En el contexto de una Europa convulsa donde las guerras y las revoluciones se suceden sin tregua, en 1936 estalla la Guerra Civil española, cuyo final coincide prácticamente con el inicio del conflicto más sangriento de la Historia universal: la Segunda Guerra Mundial. Stanley G. Payne desgrana paso a paso el porqué de la guerra que dividió a España entonces y hasta muchos años después, así como las causas que llevaron a la derrota de los republicanos.

Para el autor, ya en 1931, coincidiendo con la proclamación de la Segunda República, se inicia en España un proceso revolucionario de izquierdas que, lejos de trabajar por la implantación de la democracia en un país que no la conocía, combate denodadamente por hacerse con el poder y rechazar frontalmente las expectativas de otras facciones ideológicas. Se instauró así una «democracia poco democrática» que lleva a afirmar a Payne que la revuelta militar del 18 de julio de 1936, aunque ilegal, no fue una rebelión contra la democracia porque esta, como tal, ya no existía en España.

Stanley G. Payne

¿Por qué la República perdió la guerra?

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Titivillus 24.03.15

Título original: ¿Por qué la República perdió la guerra?

Stanley G. Payne, 2010

Traducción: José C. Vales

Editor digital: Titivillus

Coeditor: SergioS

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INTRODUCCIÓN

LA ÉPOCA DE LOS CONFLICTOS INTERNOS EN EUROPA: 1905-1936

La primera mitad del siglo XX fue un tiempo de conflictos sin precedentes en Europa y en la mayor parte del mundo. De hecho, a las tres décadas que van de 1914 a 1945 se las llama en ocasiones «la época de las guerras mundiales», pero también constituyen un tiempo de intensas confrontaciones y conflictos internos en el seno de las sociedades europeas. Si se puede encontrar alguna explicación a esta carnicería, probablemente guarde alguna relación con el hecho de que esta época también fue un tiempo de transformaciones e innovaciones sin precedentes en el que convergieron las tensiones entre lo antiguo y lo nuevo. Las décadas que ocupan el período 1890-1930 constituyeron una suerte de «era axial» de la modernidad clásica, en la que hicieron su aparición por vez primera la mayoría de los inventos y aparatos característicos de nuestro mundo contemporáneo. Fue también un tiempo de cambios culturales sin precedentes, en el que salieron a la superficie todas las ideologías políticas revolucionarias del siglo XX. Estas coincidieron en el tiempo con modelos de relaciones internacionales y episodios militares que animaron, o al menos hicieron posible, un nivel de potencia bélica nunca visto hasta entonces: la intensificación del nacionalismo, la competitividad entre los distintos imperios, la rivalidad económica, las doctrinas radicales del «vitalismo» y el activismo, la industrialización de nuevas formas de tecnología militar y una asombrosa expansión de los medios de comunicación y de los servicios de propaganda en general.

La convergencia de tantas nuevas ideas y acontecimientos resultó profundamente desestabilizadora, mucho más, en realidad, que cualquier otra secuencia de condiciones que jamás se hubiera dado en una época concreta de la historia humana. Todo ello contribuyó al nacimiento de una era de conflictos, y no solo guerras mundiales, sino también conflictos internos generalizados.

Una característica significativa de este período fue la profunda inestabilidad social, junto a la sensación de que se iban a producir cambios vertiginosos, para bien o para mal. Para muchos, todo esto iba acompañado de cierta esperanza en una drástica transformación que traería un alto nivel de vida y novedosas diversiones, o en una utopía absolutamente nueva. Para otros, los cambios políticos, sociales e internacionales de la época de la guerra mundial, seguidos al poco por una depresión económica sin precedentes, generaron una gran ansiedad, malos presagios y miedo.

El sentimiento de un gran cambio –político, cultural, o los dos a la vez– fue generalizado, y no solo porque concluyera una época, sino porque, en general, se estaba poniendo fin a la sociedad tradicional. Esto fue produciendo unas expectativas apocalípticas en algunas élites culturales y sociales, algo que tuvo lugar con una fuerza extraordinaria en Rusia antes de 1917, y después en Alemania. En los movimientos revolucionarios esto se tradujo en expectativas milenaristas. Finalmente, la convergencia de todas estas influencias, cuando se mezclaron con un nivel de conflictividad internacional desconocido hasta el momento, provocó una profunda desestabilización, exigencias de cambios radicales o mejoras y tal cantidad de levantamientos internos y generalizados que algunos historiadores han llegado a hablar de un «clima de guerra civil europea generalizada».

Desde la Revolución francesa el peligro de rebeliones internas, convulsiones o guerras civiles había estado latente en la mayor parte de Europa. En el siglo XIX, la preocupación se había centrado en tres tipos de conflictos diferentes: las divisiones entre liberales y tradicionalistas, las rebeliones y guerras de nacionalistas que pretendían la secesión o la unificación (en ocasiones de minorías que se oponían a esta última) y, más tarde, poco a poco, fue ganando relevancia la «cuestión social», que hacía referencia al creciente malestar de los trabajadores en las áreas industrializadas y de los campesinos pobres en los países más atrasados.

A lo largo de la mayor parte del siglo XIX, la guerra civil había sido un fenómeno propio de los países católicos del suroeste de Europa, como la lucha entre el liberalismo y el tradicionalismo en España, Portugal e Italia, o la conflictividad sociopolítica en el contexto más radical de Francia. El conflicto entre liberales y tradicionalistas dominó la década de los veinte y los treinta del siglo XIX y dio paso a una creciente aprensión frente al nacionalismo y a su posible mezcla con el liberalismo, mientras el anarquismo y el socialismo se convertían en graves preocupaciones a partir de los años setenta.

La época de enfrentamientos internos y revolucionarios del siglo XX comenzó en 1905, en la Europa periférica y en países no europeos, lo que refleja las contradicciones y los desafíos que la rápida modernización planteó a los países menos desarrollados. La revolución fallida de Rusia en 1905 fue seguida de la gran revuelta campesina de Rumania dos años después. En 1909, los militares griegos se rebelaron para instaurar un régimen más liberal, y al año siguiente una insurrección republicana derrocó la monarquía en Portugal. Fuera de Europa se produjo una revolución política en Irán (1906), y los jóvenes turcos nacionalistas se hicieron con el poder en Estambul (1908), mientras que los procesos revolucionarios que comenzaron en China y México poco después se extendieron, se enquistaron y no se resolvieron durante muchísimos años.

El gran catalizador de los conflictos internos en Europa fue el cúmulo de consecuencias derivadas de la Primera Guerra Mundial. Durante la guerra, el Gobierno alemán desarrolló una estrategia atrevida y original para fomentar la subversión y la revolución en el interior de los países enemigos con el objetivo de derrocar el orden establecido en Rusia y socavar los imperios del Reino Unido y Francia. Así se consiguió excitar la llama de la yihad (guerra santa) contra el tirano imperialista en los territorios musulmanes del Reino Unido, Francia y Rusia, con sabotajes internos en la industria armamentística, junto a un intento fallido de guerra biológica en el interior de Estados Unidos, o incitando a la rebelión y enviando armas a Irlanda, financiando secretamente a pacifistas y socialistas para subvertir al Ejército en Francia, fomentando la guerra de clases y el terrorismo en Barcelona para socavar la producción bélica española, que trabajaba para la Entente, y animando la violenta revolución en Rusia. Solo en este último país la política subversiva tuvo resultados efectivos.

La Primera Guerra Mundial se diferenció de las guerras normales en que los dos bandos la entendieron como una guerra de ideales, y también por la insistencia en ambos lados en una victoria absoluta y total, un empeño bastante diferente al que había marcado los conflictos hasta aquel momento. La guerra duró tanto y fue tan destructiva –en sus efectos inmediatos y en sus consecuencias– que en buena parte de la Europa central y oriental se percibió como una especie de revolución. Puso fin a cuatro imperios en esas regiones, desató una revolución generalizada y una guerra civil en las tierras del imperio zarista y amenazó con generar calamidades parecidas en la mayor parte del continente. Los «daños colaterales» fueron enormes, especialmente en el Imperio otomano, donde las limpiezas étnicas masivas de armenios se resolvieron aproximadamente con un millón de muertos.

Pero lo peor fue el hecho de que la «Gran Guerra», como fue conocida al principio, no acabó de resolver los problemas que la habían originado: solo tuvo el efecto de permitir una tregua de veinte años, hasta que se desató una guerra aún más destructiva que aquella. La crisis económica y social se cebó en los años inmediatos de la posguerra, y luego se tornó más aguda al empezar la década de 1930, al tiempo que el conflicto cultural de principios de siglo fomentaba doctrinas más radicales y segregacionistas, permitiendo que salieran a la luz las ideologías revolucionarias. Solo las democracias bien asentadas del norte y del noroeste pudieron evitar las peores consecuencias. La conflictividad interna, gravísima y sin precedentes, algunas veces resuelta en forma de guerra civil, continuaría dándose de manera intermitente hasta que se produjo cierta estabilización al final de la Segunda Guerra Mundial, exactamente cuando se cumplía la mitad del siglo.

LAS GUERRAS CIVILES REVOLUCIONARIAS EN LA ÉPOCA DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Aunque entre 1905 y 1912 se produjeron distintas convulsiones políticas que sacudieron algunos países periféricos del mundo occidental, la guerra civil revolucionaria que estalló en Europa (a partir de 1917 y 1918) fue el resultado de las convulsiones derivadas de la Primera Guerra Mundial. La Rusia zarista no sufrió efectivamente una derrota militar en los primeros años de revueltas, pero se vio abocada a un gran desorden económico y social interno, precisamente a raíz del conflicto, y el resultado final fue una rebelión política generalizada contra el régimen zarista, en marzo de 1917, con el que comenzó el largo y complejo proceso conocido como la «Revolución rusa». Después de que los bolcheviques de Lenin llevaran a cabo un exitoso golpe de Estado contra el Gobierno Provisional revolucionario, en noviembre de 1917, el escenario ruso estaba ya preparado para que estallara una verdadera guerra civil.

Sin embargo, la primera guerra civil generalizada de Europa en aquella época estalló en Finlandia, en enero de 1918, cuando los socialistas fineses lanzaron una insurrección revolucionaria contra el recién instaurado Gobierno parlamentario independiente de Finlandia, con la excusa de que este estaba fomentando la «lucha de clases». Aquella fue la primera de las tradicionales confrontaciones entre «rojos» y «blancos». Carl-Gustaf Mannerheim, el jefe militar «blanco» (que hasta entonces había sido general de división del ejército zarista), organizó las fuerzas contrarrevolucionarias de un Gobierno parlamentario elegido democráticamente y las condujo a la victoria tras una sangrienta guerra civil que duró tres meses. El conflicto finlandés se desarrolló de un modo violento y generalizado, y durante el mismo se produjeron las primeras ejecuciones de civiles a gran escala (por ambos bandos); la mayoría de las víctimas entre los rojos no perecieron en combate, sino que fueron prisioneros de guerra que fallecieron por malnutrición y enfermedades. A pesar de que las consecuencias políticas de aquella primera guerra civil revolucionaria se alargaron en el tiempo, en general quedaron superadas por el hecho de que el bando vencedor en Finlandia fue un régimen parlamentario democrático que poco después consiguió la integración política de la mayoría –si no todos– de los socialistas vencidos.

La gran guerra civil de Rusia solo adquirió dimensiones verdaderamente decisivas en la primavera de 1918, porque inicialmente los otros sectores políticos y sociales no contaban con una organización suficiente para hacer frente a los bolcheviques. Rusia empezó a sufrir un proceso paulatino de caos y de desintegración; al principio los seguidores de Lenin solo controlaban las grandes ciudades, y tuvieron grandes dificultades a la hora de instaurar un nuevo sistema político. La guerra civil que se desató entonces duró al final tres años y se desarrolló a lo largo de distintas fases. La resistencia inicial quedó en manos de los grupos cosacos del sureste ruso, y también en manos de los liberales en algunas ciudades de la Rusia oriental. En el otoño de 1918, los sectores sociales más conservadores comenzaron a preparar la resistencia y a organizarse mejor desde el punto de vista militar. A lo largo del año siguiente pareció que los blancos podían vencer a los bolcheviques –que cambiaron su nombre y pasaron a llamarse comunistas–, pero estos resistieron denodadamente en las ciudades y pusieron en marcha un nuevo ejército de proporciones gigantescas: el «Ejército Rojo». Por otro lado, también consiguieron dividir y controlar a la mayor parte del campesinado rebelde. En 1920 prácticamente habían ganado la guerra; entonces lanzaron una invasión sobre Polonia con la idea de trasladar la revolución al corazón de Europa, pero fueron repelidos.

La guerra civil en Rusia fue el enfrentamiento más largo y más complejo de cuantos conflictos internos se dieron en la Europa de posguerra, debido sobre todo al enorme tamaño del imperio y a sus múltiples nacionalidades. En realidad se llegaron a producir pequeñas guerras civiles independientes entre los distintos grupos étnicos más desarrollados. Además, se desató una corriente de rebeldía entre la enorme población campesina de Rusia, la mayor parte de la cual era iletrada y carecía de cualquier interés o compromiso político. Los campesinos odiaban a ambos bandos en conflicto y lo único que deseaban era que los dejasen vivir en paz, ocupándose de las tierras de labranza que tenían en propiedad; en la última fase de la guerra el campesinado llegó a revolverse contra los victoriosos comunistas, que requisaban la producción campesina a punta de pistola. En esta fase final fueron necesarias campañas militares a gran escala del Ejército Rojo para aplastar las revueltas campesinas más importantes. Cuando acabó la guerra, entre 1922 y 1923, los comunistas podían presumir de haberlo conquistado todo, excepto los territorios más occidentales del viejo imperio zarista, y reorganizaron el país como una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

En Alemania y en el Imperio austro-húngaro (las potencias derrotadas de la Primera Guerra Mundial), el antiguo régimen también sucumbió políticamente, y nuevas naciones independientes se abrieron camino en el seno del viejo imperio de Austria y Hungría. La derrota militar, la penuria económica y el resentimiento social no hicieron sino generar graves tensiones, de modo que los comunistas confiaban en que la revolución no tardaría en difundirse con rapidez por toda Europa central. Sin embargo, solo en la derrotada Hungría llegaron a colapsar verdaderamente todas las instituciones del Estado; en ese momento se hizo con el poder un partido compuesto por una alianza temporal de socialistas y comunistas, los cuales formalizaron un gobierno que tuvo una vida muy breve: un Gobierno conocido como el régimen de Béla Kun, por el nombre del ministro de Exteriores, dirigido conforme al ideario bolchevique derivado de la URSS.

En cualquier caso, el régimen revolucionario de Hungría no duró mucho más que la guerra civil de Finlandia. Los blancos húngaros intentaron organizar un cuerpo armado para contrarrestarlo, pero fueron incapaces de desatar una verdadera guerra civil, aunque sí llegó a producirse un violento conflicto interno. En realidad, el régimen de Béla Kun fue derrocado por la invasión del ejército rumano, el cual, con el apoyo tácito de las potencias occidentales, restauró el orden en Hungría, donde se instituyó un régimen conservador que gobernó el país durante el siguiente cuarto de siglo.

En Alemania, la situación política, social y económica continuó desenvolviéndose en términos conflictivos, como había ocurrido desde que concluyó la guerra y hasta el otoño de 1923. Algunos historiadores alemanes se refieren al lustro de 1918 a 1923 como la época de «la guerra civil alemana». Esta afirmación, sin embargo, es un tanto exagerada, pues nunca se llegó a dar una situación de verdadera guerra civil. La contrarrevolución en Alemania, paradójicamente, fue obra de los socialdemócratas, la fuerza política más importante de la izquierda y la fuerza que lideró la primera fase de la República de Weimar: los socialistas moderados fueron quienes insistieron en conservar un sistema parlamentario democrático que respetara la propiedad privada. Sofocaron con decisión todos los intentos de sublevación promovidos por los obreros radicales, que pronto quedaron en manos de la dirección del Partido Comunista de Alemania (KPD). Aunque se convocaron distintas huelgas generales y se organizaron manifestaciones de carácter violento, y en ocasiones ciertas zonas quedaron en manos de los prorrevolucionarios, el Gobierno del nuevo régimen democrático, con el apoyo del Ejército y de las milicias derechistas, sofocaron todos los estallidos radicales con una violencia brutal. Por su parte, tampoco tuvieron éxito los dos golpes de mano de la derecha radical. Unos 5.000 izquierdistas pudieron haber sido asesinados; sin embargo, se trata de una cifra ínfima en comparación con las masacres de Rusia y Finlandia. En todo caso, los hechos demuestran que la República de Alemania, como la Tercera República francesa de 1871, nació como un régimen contrarrevolucionario.

En Italia, el Partido Socialista cayó en manos de los massimalisti («maximalistas») revolucionarios; allí también se habló de guerra civil entre 1919 y 1921. Los socialistas italianos, en cualquier caso, no eran leninistas y el Partido Comunista de Italia era un grupo pequeño y débil. La fuerza importante del país, novedosa y extremista, la constituía el nacionalismo revolucionario, representado por el Partito Nazionale Fascista (PNF). Los fascistas adoptaron las tácticas violentas de los bolcheviques, pero defendían una revolución nacional italiana más que una revolución internacional obrera. En términos filosóficos, al menos, su doctrina respecto a la violencia era incluso más radical que la de los comunistas, y proclamaban una «revolución antropológica» para crear un «hombre nuevo», dominante y comprometido con el fascismo, un nuevo imperio y una Italia moderna y próspera. En 1925, su líder, Benito Mussolini, se convirtió en dictador de la nación, pero al principio el fascismo italiano no contó con demasiados imitadores en el resto de Europa.

Lenin aseguró que a la Primera Guerra Mundial le sucedería una «guerra civil internacional», pero fuera de Rusia los comunistas solo tuvieron un éxito pasajero en Hungría, de donde fueron desalojados casi de inmediato. Pero en lugar de entrar en una época de revolución internacional y de guerras civiles, tras la Primera Guerra Mundial la mayoría de las sociedades políticas europeas adoptaron actitudes decididamente contrarrevolucionarias, temerosas de un repentino resurgimiento de una gran crisis política impulsada desde el comunismo. Los beneficiarios de esta situación no fueron los revolucionarios, sino las fuerzas de la derecha, al menos hasta las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial.

En 1919 la mayoría de los países europeos contaban con regímenes parlamentarios, excepto en Moscú. A principios de 1922, sin embargo, los sistemas parlamentarios comenzaron a hundirse, principalmente en las sociedades más débiles y menos desarrolladas del este y del sur de Europa. A lo largo de la década de los veinte surgieron sistemas autoritarios en Italia, Polonia, Portugal y Lituania. Más adelante, durante la crisis y la depresión de los años treinta, aumentaría el número de regímenes autoritarios, e incluso llegaron a superar la cifra de sistemas parlamentarios existentes.

El régimen parlamentario de nueva creación más importante de la época fue la República de Weimar, en Alemania. Tras la guerra y los cinco años de crisis que sufrió el país, la república consiguió alcanzar cierta estabilidad y durante un breve período de tiempo disfrutó de alguna prosperidad, aunque la estructura política de partidos tendía cada vez más a la fragmentación, y cuando la depresión de 1930 generó una gran crisis social y un aumento insoportable del desempleo, se hizo imposible formar una mayoría política en el Parlamento. Tanto los nacionalsocialistas de Hitler como los comunistas crecieron enormemente y se convirtieron en movimientos de masas; una vez más los alemanes comenzaron a hablar de los peligros de una guerra civil, sobre todo cuando el KPD se erigió como la fuerza política comunista más importante fuera de la Unión Soviética. Desde 1930 a 1933 Alemania estuvo en manos de «Gobiernos presidencialistas» que gobernaban legalmente por decreto, pero en ningún caso pudo conseguirse una verdadera mayoría política para establecer un Gobierno parlamentario real. En estas condiciones, en enero de 1933 Adolf Hitler se erigió en canciller de Alemania, como representante de una coalición multipartidista, y utilizó inteligentemente una combinación de manipulaciones legales y amenazas violentas para convertir su Gobierno en una dictadura monopartidista en menos de seis meses. Aquello fue un desastre de primera magnitud, tanto para Alemania como para Europa en su conjunto, y tuvo un impacto mucho mayor que la formación del régimen de Mussolini una década antes. Poco a poco, casi toda Europa se encontró conviviendo con la amenaza de regímenes totalitarios y con el temor a un ataque comunista o fascista (o de ambos), incluso en países en los que dichas fuerzas políticas podían ser efectivamente muy débiles. Todo ello incrementó la conflictividad política interna hasta unos niveles desconocidos en los últimos tiempos, y estimuló las nuevas tendencias hacia la radicalización de la política y la escalada de la violencia. Solo los sistemas parlamentarios más antiguos y asentados, pertenecientes a los países más prósperos del norte y el noroeste de Europa, pudieron resistir dicha tendencia.

En tanto que país neutral durante la Gran Guerra, España solo se había visto parcialmente afectada por las convulsiones de dicho conflicto, y el viejo régimen continuó ostentando el poder durante varios años más. Las tensiones económicas y la frustración política que generaba un sistema democrático puramente nominal había estimulado un movimiento que exigía reformas políticas, además de una huelga general promovida por los socialistas en 1917. Pero, de todos modos, el sistema español resistió la tormenta. El único movimiento político de masas que podría ostentar un carácter potencialmente revolucionario en la España de aquellos años era el anarcosindicalismo de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), y no el socialismo o el comunismo.

El descontento fue en aumento durante los años de posguerra, se llevaron a cabo huelgas generales radicales y la violencia aumentó considerablemente en las áreas industriales. A todo ello se unía un creciente malestar por las pérdidas y frustraciones que acarreó un intento frustrado de pacificar el Protectorado español del Norte de Marruecos, que conoció en los años veinte el movimiento insurgente más importante de todas las colonias de África y Asia. El sistema parlamentario parecía estancado y sometido a los designios y el control de los intereses establecidos, e incapaz de llevar a cabo las reformas imprescindibles.

Estos y otros factores animaron al capitán general de Barcelona, Miguel Primo de Rivera, a poner fin abruptamente a medio siglo de Gobiernos parlamentarios estables en España: impuso una dictadura política en septiembre de 1923 que fue aceptada de buen grado por la Corona y, al principio, también por parte de la opinión pública progresista. Primo de Rivera resolvió la crisis militar en Marruecos, reprimió la violencia socio-política sin contemplaciones (aunque no llegaron a producirse ejecuciones políticas) y gobernó un país que conoció más de cinco años de notable prosperidad. Sin embargo, la dictadura más liviana de todas cuantas se dieron en el siglo XX no consiguió llevar a cabo ni la más mínima reforma política efectiva y, por tanto, no resolvió en ningún caso los problemas políticos de España a largo plazo ni planteó ninguna alternativa viable. Las consecuencias políticas de todo ello fueron muy negativas, pues se eliminaron los Gobiernos parlamentarios sin ofrecer ninguna alternativa viable a dicho sistema. En el este y en el centro de Europa, la guerra mundial y las derrotas militares habían abierto la puerta a las convulsiones políticas y a la posibilidad de estallidos revolucionarios. En la vida política de la España neutral, sin embargo, los drásticos cambios que iban a tener lugar fueron el resultado de las desastrosas consecuencias de una dictadura de siete años que dejó tras de sí únicamente un erial político.

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UN CONFLICTO ENDÓGENO

El único proceso revolucionario del continente europeo durante el período de entreguerras tuvo lugar en España a partir de 1931. Fue absolutamente excepcional por cuanto no fue un proceso catalizado por una guerra internacional, sino que fue resultado, casi exclusivamente, de factores endógenos, lo cual, en este sentido, lo convierte en el caso más singular de todos cuantos se puedan someter a consideración. Fue aún más extraordinario puesto que España había tenido todo un siglo de Gobiernos parlamentarios, aun cuando aquel primitivo desarrollo parlamentario tuviera serias deficiencias. Durante la segunda mitad de ese período había prevalecido en España un sistema monárquico constitucional, estable y reformista, ajeno a cualquier presión significativa de índole militar o extranjera de Europa.

Por otra parte, la innovación y los virulentos giros institucionales habían sido características peculiares de la vida política española durante más de un siglo, prácticamente desde 1810; la transición rápida hacia nuevos modelos o regímenes contaba con varios precedentes. En todo caso, en 1931 de ningún modo resultaba evidente que estuviera comenzando un proceso revolucionario y no un cambio de régimen. Gracias sobre todo a su neutralidad, el país había conseguido evitar buena parte de la crisis sobrevenida tras la Primera Guerra Mundial, aunque sufrió algunas consecuencias parecidas a las de otros países, y esta estabilidad parcial duró algunos años aún. El catalizador inmediato del cambio de régimen fue el proceso político de la dictadura bajo Primo de Rivera, desde 1923 hasta 1930, aunque esta había sido una de las formas de autoritarismo más livianas de su tiempo y había resuelto, más que exacerbado, los problemas militares más acuciantes del país. En aquellos mismos años concluyeron también las dictaduras temporales en Grecia y Yugoslavia, y las consecuencias políticas en esos países fueron muy escasas.

¿Por qué en España ocurrió algo diferente? Pueden aportarse varias respuestas distintas. En Grecia, la dictadura de 1926 fue tan breve que no logró sustituir por completo el sistema parlamentario, y otro tanto puede decirse del primer Gobierno de Averescu en Rumanía. Tanto en Rumanía como en Yugoslavia el sistema se vio reforzado gracias al aumento de territorio del Estado como resultado de la Primera Guerra Mundial y un fuerte sustrato nacionalista (en el caso de Yugoslavia, del nacionalismo serbio). La dictadura española duró lo suficiente para destruir por completo el sistema parlamentario precedente, y después de su caída la monarquía no pudo sostenerse, porque no contaba con el refuerzo que le hubieran proporcionado los cimientos del nacionalismo o del imperialismo. Además, se daba en España una particularísima incompetencia de sus líderes políticos, tanto en el Rey, como en la clase política. Se había producido una especie de cambio generacional en el país, y la clase política no contaba ni con la juventud ni con la energía necesarias para sustentar la monarquía. Finalmente, después del fin de la dictadura, se retrasaron las elecciones durante quince meses, incluso más que en Rusia. Aunque los monárquicos técnicamente ganaron las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, su derrota en todas las grandes ciudades generó un enorme resurgir de confianza y ambición por parte de la nueva coalición republicana. Los políticos monárquicos de mayor edad perdieron completamente los papeles, y en cuarenta y ocho horas Alfonso XIII tuvo que abandonar el país.

Los acontecimientos en España mostraron una vez más que los procesos revolucionarios a menudo comienzan rápida y pacíficamente, y, relativamente, con poco esfuerzo –en ocasiones prácticamente sin ninguno– por parte de los revolucionarios. Desde luego, esta generalización no siempre se da, pero describe bastante ajustadamente la situación en la Francia de 1789, en la Rusia de marzo de 1917 y en la España de 1931. Los procesos revolucionarios que dan comienzo con poca conflictividad habitualmente evolucionan en una serie de fases o secuencias arquetípicas; las primeras fases suelen ser moderadas, y esto, una vez más, describe la situación en España, pues el régimen de abril de 1931 adoptó la forma de una república democrática, basada en los sistemas económicos y sociales preexistentes. Uno de sus ministros socialistas, Francisco Largo Caballero, declaró que en España «el extremismo» no podía tener futuro, dado el gran éxito del reformismo pacífico. Irónicamente, algún tiempo después, él mismo sería uno de los principales líderes en adoptar «el extremismo» como una táctica indispensable.

Los acontecimientos en España no se precipitaron como en la Rusia de 1917, porque España era un país estable, completamente en paz, y no estaba sujeto a presiones radicales importantes de ningún tipo, ni internas ni externas. La cronología de los acontecimientos fue de algún modo parecida a la de Francia en la década de 1790. El error que cometió uno de los líderes republicanos de 1931, cuando comparó la aparente democratización pacífica del país con la violencia y la sangría de la Francia revolucionaria, fue comparar la España de 1931 con la Francia de 1792 y 1793, dado que la comparación debería haberse establecido con la Francia de 1789. España se radicalizaría muy pronto. Es más, ese comentario pasaba por alto el hecho de que los republicanos habían intentado inicialmente implantar la república mediante una revuelta militar en diciembre de 1930. Aunque en aquella ocasión fracasaron estrepitosamente, algunos de ellos no mostrarían excesivo pudor a la hora de volver a las tácticas violentas o ilegales.

Por otra parte, la ausencia de consenso político no era un hecho excepcional, pues, como ya hemos visto, durante la década de los treinta la divergencia de criterios políticos era casi más extrema que en cualquier otra época de la historia. La desgracia de España fue intentar dar con un nuevo sistema político en tales circunstancias. En 1919, por ejemplo, la democracia liberal disfrutaba de un prestigio mayor que en 1931, y la democratización posiblemente pudiera haberse implantado con más facilidad en 1923 que en 1931. [1]

Otro detalle en el que España resultaba excepcional era que su sociedad política entre 1931 y 1936 era la más plural, desde todos los puntos de vista, de todos los países que experimentaron procesos revolucionarios: había una amplísima variedad de alternativas, con rapidísimos cambios en el poder político, de tal modo que las diferentes opciones políticas pudieron tener ciertas posibilidades de éxito en distintas ocasiones. A lo largo de fases sucesivas, tuvieron su oportunidad proyectos de régimen muy distintos: una democracia liberal (1931-1932 y 1933-1934), la república exclusivista «jacobina» de extrema izquierda (1932-1933 y 1936), una coalición católica (1934-1935), el socialismo revolucionario (1936), la «nueva fórmula» de la república popular (1937-1938) y una especie de semifascismo (1937-1939); la última opción venció finalmente por la fuerza de las armas. Ningún otro país experimentó semejante caleidoscopio de posibilidades de regímenes ni sufrió tal variedad de procesos revolucionarios extremos.

Lo fundamental para que se precipitara el proceso en España fue la presencia del elemento básico en todas las revoluciones: la revolución psicológica que conlleva un considerable aumento de las esperanzas en el futuro, que se produjo entre 1914 y 1931. Dichas expectativas habían aumentado y se habían fortalecido no tanto gracias al desarrollo político, sino a la rapidísima expansión social y económica de la década de los veinte, que fue durante algunos años una de las más importantes del mundo; semejante expansión produjo una asombrosa modernización que quedó brutalmente truncada, aunque no invertida del todo, con la Gran Depresión. En torno a 1930 el empleo en el sector primario había descendido a menos de la mitad de la fuerza laboral, y estos cambios decisivos provocaron una demanda cada vez mayor de discursos políticos de mayor calado y reformas institucionales y sociales más profundas. Los efectos iniciales de la depresión fueron comparativamente más leves en España que en la mayoría del resto de los países, pero sus consecuencias, sin embargo, contribuyeron a exacerbar la radicalización que impulsó las exigencias de reformas dirigidas a alcanzar objetivos revolucionarios, en una típica demostración de la teoría fundamental de la revolución tal y como se ha comentado en la Introducción.

Nada de esto se percibía en 1931, pues, aunque en realidad solo había un acuerdo parcial, la sensación general era que en la coalición gobernante inicial existía un consenso político para mantener la democracia liberal. Sin embargo, de los tres sectores que inicialmente lideraron la República (izquierda republicana, los socialistas y los centristas radicales[2]), solo el último hizo de la democracia liberal parlamentaria y de las reglas del juego electoral un valor fundamental en sí mismo[3]. Los republicanos izquierdistas de Manuel Azaña no identificaron la República con un proceso democrático que debe respetarse legal y procedimentalmente, sino como un proyecto de reforma radical para el cual el mismo Azaña y otros líderes del partido en ocasiones utilizaron el término «revolución». Para ellos, «la República» era un programa político e ideológico de carácter especial, no necesariamente una democracia funcional, cuyo objetivo más importante era la exclusión permanente de los intereses católicos y conservadores de la participación en su Gobierno.

Esta idea alcanzó un grado incluso mayor en los socialistas, que se comprometieron únicamente a una «lealtad parcial» al nuevo régimen democrático y basaron esa semilealtad en una convicción que sostenían la mayoría de los líderes (si no todos): que el nuevo sistema inauguraba un cambio fundamental que subyugaría permanentemente los intereses políticos y económicos conservadores, iniciando un proceso indefinido de reformas que culminaría en el socialismo. Este no era el resultado de un nuevo análisis estructurado de la doctrina marxista, por una parte, o de la sociedad española, por otra, sino que se formulaba como una idea bastante superficial según la cual, puesto que las fuerzas conservadoras no habían hecho nada, literalmente, para defender la monarquía o prevenir la implantación de la República –un proceso inmediato, no violento, pero en todo caso anómalo e irregular–, España había cambiado definitivamente y para siempre. Como resultado de un rápido desarrollo económico, el materialismo histórico había debilitado irremediablemente, al parecer, los fundamentos de las fuerzas de derechas, las cuales, a partir de ese momento, apenas tendrían capacidad alguna para evitar el advenimiento del socialismo.

El resultado político de este nuevo sistema de fuerzas fue un régimen radicalmente reformista que comenzó en algunos aspectos a cercenar bruscamente ciertos derechos civiles, dando lugar a un sistema que el historiador Javier Tusell definiría más adelante lacónicamente como «una democracia poco democrática», la mejor descripción acuñada jamás a propósito de la Segunda República, y en solo cuatro palabras. El régimen pareció concentrarse en primer lugar en la esfera religiosa, tolerando o cuasi tolerando «la quema de conventos» que tuvo lugar durante los días 12 y 13 de mayo de 1931, la violenta expresión de un sentimiento que había ido forjándose durante más de una generación[4], coronado por la absoluta negación del principio de una iglesia libre en un país libre y el cercenamiento constitucional de los derechos religiosos, con la idea de poner en marcha un plan para dar fin a la educación católica. Todo ello constituye la variante española de las restricciones que se aplicaron a la Iglesia en Francia en 1905; también se siguieron las prácticas de las repúblicas radicalmente anticlericales de Portugal y México; este último país, en 1926, había intentado simplemente ilegalizar las misas católicas en todo el territorio, siguiendo más tarde una política generalizada de asesinatos selectivos de los líderes católicos[5]. En realidad, las políticas republicanas españolas de 1931 y 1932 eran solo el principio; en junio de 1936 los servicios religiosos quedarían completamente suprimidos en algunas regiones de España y las escuelas católicas se cerrarían en la mayor parte del país[6]. Luego vendrían los asesinatos masivos, en un grado incomparablemente superior a cualquier cosa que se hubiera visto en México.

A lo largo de 1932, a medida que las reformas se ocupaban de los asuntos laborales, el ejército y la autonomía catalana, y posteriormente del eterno problema de la reforma agraria, la opinión pública se fue polarizando cada vez más. El centro político (los radicales) abandonó la coalición de gobierno, alegando que resultaba imposible hacer compatible un régimen republicano constitucionalmente basado en la democracia y la propiedad privada con la convivencia con los socialistas. En septiembre de 1933 la alianza entre los socialistas y la izquierda republicana también se quebró, estableciendo el escenario para la celebración de nuevas elecciones en noviembre de ese mismo año.

Los primeros grupos que rechazaron el nuevo régimen republicano con violencia e insurrecciones fueron los comunistas (PCE) y los anarcosindicalistas de la FAI-CNT. Entre 1931 y 1933 el Partido Comunista siguió la estrategia del llamado «Tercer Período» de la Internacional Comunista, que consistía en promover la insurrección y la revolución, pero el partido era demasiado pequeño como para intentar llevar a cabo nada serio. Por el contrario, los activistas de la FAI-CNT aprovecharon la inauguración del régimen democrático para causar toda suerte de estragos sobre sus enemigos, provocando veintitrés asesinatos en Barcelona durante las primeras semanas de la República. Más adelante llevaron a cabo tres insurrecciones revolucionarias sucesivas en enero de 1932, en enero de 1933 y en diciembre de ese mismo año. No consideraban que esos estallidos fueran una guerra civil en sí mismos, sino que lo entendían como el principio de lo que esperaban que sería un levantamiento generalizado de todo el país contra el sistema capitalista. Aunque cada una de esas insurrecciones se extendió por media docena de provincias, o quizá por alguna más, todas adolecían de una organización muy deficiente y ninguna alcanzó ni remotamente a desestabilizar el país, a pesar de los actos de terrorismo y de la muerte de varios centenares de personas[7]. Algunos pequeños sectores de la derecha radical organizaron una revuelta militar, dirigida por José Sanjurjo, uno de los generales más relevantes del país. Tuvo lugar el 10 de agosto de 1932. Esta revuelta, llamada «sanjurjada», se formuló en efecto como un antiguo y desfasado «pronunciamiento», y prácticamente la totalidad del Ejército la ignoró. Murieron diez personas. Durante los primeros tres años de la República, los enemigos violentos del nuevo régimen no disfrutaron de excesivos apoyos. Ninguna de las cuatro revueltas, tres de la extrema izquierda y una de la extrema derecha, tenía realmente posibilidades de ser una verdadera amenaza para el sistema en aquel momento.

La República con frecuencia restringió los derechos civiles e impuso una censura más amplia que la que había existido normalmente bajo el régimen de la monarquía parlamentaria. La Ley para la Defensa de la República, de carácter especial, otorgaba al Gobierno amplios poderes para suspender los derechos civiles y las garantías constitucionales. Preveía tres niveles diferentes de suspensión: «estado de alarma», «estado de prevención» y «estado de guerra». Estos tres niveles se invocaron con mucha frecuencia durante esos años, tanto contra la derecha como contra la extrema izquierda, de modo que, en total, la Segunda República pasó más días con las garantías constitucionales suspendidas, o parcialmente suspendidas, que en un estado de normalidad constitucional. Estas cosas no las inventó Franco.

Este fue uno de los modos que encontraron los republicanos para crear su propia versión del «estado de seguridad» desarrollado por la República de Alemania, la cual había formado unos nuevos cuerpos especiales de policía que se ocuparían de la vigilancia en grandes eventos y en situaciones especiales de emergencia. Del mismo modo, los republicanos potenciaron la Guardia Civil, destinada a la seguridad en áreas rurales, con un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia de Asalto, destinada a servicios especiales en las ciudades. La propia nomenclatura «de Asalto» era el reflejo español del movimiento hacia el desarrollo de organizaciones paramilitares que se produjo en la política europea en el período de entreguerras.

A lo largo de 1932 las fuerzas conservadoras consiguieron reorganizarse: al principio adoptaron la forma de la nueva Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), de raíces católicas, que en lo sucesivo sería el partido político más grande de España. El tamaño y la fuerza de este resurgir conservador representó una verdadera conmoción para la izquierda, dada la superficialidad del análisis que habían hecho de la sociedad española en los últimos años.

Para cuando se celebraron las elecciones de noviembre de 1933, la mayoría de los socialistas expresaban una grave desilusión con la República, la cual ya no parecía que fuera a ser automáticamente un paso previo inevitable hacia el socialismo. Aunque la coalición izquierdista había conseguido sacar adelante una nueva ley electoral solo unos pocos meses antes de los comicios –pergeñada efectivamente para perpetuar el control izquierdista de la República y otorgar una ventaja enormemente desproporcionada a las grandes coaliciones–, los socialistas se negaron a seguir en coalición con las fuerzas republicanas de izquierdas, a las que tildaron de irremisiblemente «burguesas».

Las elecciones de 1933 depararon un resultado casi diametralmente opuesto al que se produjo dos años antes: la CEDA ganó por pluralidad de votos, aunque no logró mayoría absoluta en escaños[8]. Durante algún tiempo, los radicales –el segundo partido en escaños– lideraron un Gobierno de minoría que recibió el apoyo de la CEDA, una forma de Gobierno minoritario que también se reproduciría al otro lado del espectro político tras las elecciones de 1936.

Los dirigentes de la izquierda republicana y de los socialistas respondieron con la exigencia de que el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, anulara los resultados electorales y permitiera cambiar las reglas electorales para celebrar nuevas elecciones con el fin de garantizar la victoria de una coalición de izquierdas. No denunciaban que las elecciones hubieran sido un fraude: simplemente protestaban ante el hecho de que la victoria hubiera caído del lado del centro y la derecha. Rechazaron en ese momento el principio básico según el cual la democracia constitucional descansa en la asunción de las reglas de juego y en la supremacía de la ley, sobre lo que se denomina «reglas de juego fijas y resultados inciertos», e insistieron en un resultado garantizado –que les otorgaría el poder– y que solo podría alcanzarse mediante la manipulación de las reglas electorales.

Mientras que la CEDA había aceptado la ley electoral redactada por sus oponentes izquierdistas, la izquierda sostenía que no se podía permitir que el partido católico ganara las elecciones –incluso bajo las normas electorales redactadas por la izquierda–, porque la CEDA proponía ciertos cambios fundamentales en el sistema republicano. Aunque la izquierda había promovido y ejecutado un cambio de sistema en España, y los socialistas proponían ir incluso mucho más lejos e implantar el socialismo, la izquierda alegaba que a la derecha católica no se le podía permitir introducir cambio alguno. La izquierda insistía en que la República no pretendía ser un régimen democrático igualitario para todos, sino un sistema exclusivamente identificado con la izquierda, y no con los deseos expresados por la sociedad española. Así pues, la forma de la República democrática y parlamentaria, si fuera necesario, no sería más que una ficción o un disfraz para legitimar el poder de la izquierda.

La situación de la izquierda en España en 1933 no tenía precedentes en la reciente historia de Europa; el equivalente más cercano –aunque mucho más extremo– era el de la Unión Soviética. La socialdemocracia alemana, por ejemplo, se había esforzado enormemente para conseguir la igualdad de derechos para todos al fundar la República de Weimar (sobre cuya Constitución se modeló en parte la Constitución republicana española), e incluso los socialistas revolucionarios «maximalistas» de Italia, entre 1919 y 1922, jamás habían propuesto seriamente manipular los resultados electorales. Frente al ascenso del fascismo, su último gesto importante fue el sciopero legalttarto (huelga que reclama la ley), de mediados de 1922, que solo exigía un retorno a la ley y el orden y a un Gobierno democrático.

¿Cuáles fueron las fuentes del concepto «patrimonialista» de la izquierda española según el cual debería implantarse un régimen exclusivamente izquierdista? Es difícil determinarlas. Solo diez años antes, en 1923, la mayoría de la izquierda española había exigido una plena democratización. Pero tan pronto como se implantó la democracia, la izquierda la rechazó, pues percibieron que la democracia en ningún modo garantizaba su supremacía.

La primera «izquierda» española, en 1810, había sido realista, coherente y moderada. Aunque en aquellos momentos España carecía del verdadero impulso de una sociedad civil para sostener un sistema liberal constitucional moderno, la Constitución que redactaron en 1812 sirvió como un faro del liberalismo europeo, desde Portugal a Rusia, durante las décadas siguientes. Los «exaltados» de la extrema izquierda irrumpieron por vez primera en el panorama político entre 1820 y 1823, y se convirtieron en una maldición para la vida política española desde entonces. Mientras que los llamados «doceañistas» habían aprendido de su experiencia y trataron de ajustar sus objetivos políticos a los intereses y las posibilidades de la sociedad real, los exaltados avanzaron hacia objetivos más extremos, los cuales, fueran o no deseables en sí mismos, no se correspondían en absoluto con la estructura y los valores de la sociedad española. De aquella época nace el objetivo de la izquierda española de intentar imponer sus valores por las buenas o por las malas. A lo largo de la mayor parte del siglo XIX, esto se resolvió en una combinación de pronunciamientos militares (la mayoría de los pronunciamientos sirvieron a los proyectos más liberales) y algaradas callejeras. El desarrollo de los movimientos revolucionarios obreros (anarcosindicalistas y marxistas) acentuó el extremismo. Desde la década de 1860 también se produjeron corrientes de republicanismo radical que atravesaron numerosas vicisitudes y mutaciones, hasta que encontraron su encarnación más innovadora en los nuevos partidos que se crearon como reacción a la dictadura de Primo de Rivera. Estos últimos, en conjunción con otros grupos izquierdistas, desarrollaron la doctrina según la cual todo lo que se opusiera a la izquierda era reaccionario y, de inmediato, se consideraba ilegítimo: un nuevo estilo de «izquierdismo cañí» que no encuentra una modalidad equivalente en ningún sitio fuera de España, al menos en Europa.

En noviembre de 1933, el presidente Alcalá Zamora, un católico liberal, rechazó cuatro peticiones distintas de la izquierda republicana y de los socialistas que exigían anular los resultados electorales y cambiar las reglas ex post facto, es decir, implantar una ley a posteriori y con carácter retroactivo. En ese sentido, el presidente insistió en la ley de las reglas de juego fijas y de los resultados inciertos[9]. Aun así, el hecho de que la mayoría de los fundadores de la República rechazaran la democracia electoral en cuanto perdieron unas elecciones solo significa que su deseo de implantar una verdadera democracia era, como mucho, dudoso. El establecimiento de la democracia dependería del centro, y en alguna medida también de la derecha moderada, a menos que la izquierda cambiara su modo de entender las cosas. Sin embargo, aunque la derecha moderada, al revés que la izquierda, se ajustó a la ley, su último objetivo no era mantener una república democrática, sino convertirla en una especie de régimen distinto de tendencias conservadoras y corporativistas. Desde luego, no parecía muy probable que los demócratas liberales centristas, liderados por Alejandro Lerroux y su Partido Radical, con poco más del 20% del voto popular, pudieran mantener un régimen democrático.

En realidad, la mayoría de los sistemas políticos modernos han comenzado con pasos indecisos durante sus primeros años, así que el fracaso de la República no era evidente a finales de 1933. El proceso constituyente aún no se había transformado en un proceso revolucionario. Pudieron haber ocurrido varios acontecimientos de carácter más positivo: el centro podría haber crecido y haberse convertido en una fuerza mayor o más fuerte, la derecha moderada podría haberse deslizado más hacia el centro, y la izquierda moderada –incluso los socialistas– podrían haberse transformado en una fuerza política más moderada y democrática, y haber aceptado la igualdad de derechos para todas las fuerzas políticas. Desgraciadamente, nada de eso ocurrió: el centro se hizo cada vez más pequeño y más débil, la derecha moderada no se movió de un modo significativo hacia el centro, y la izquierda solo se hizo más radical y excluyente, y continuó insistiendo en un régimen izquierdista al tiempo que la mayoría del movimiento socialista abrazaba la revolución violenta[10].

La radicalización del socialismo español y de la Unión General de Trabajadores (UGT) durante los años 1933 y 1934 confundió a todos los analistas, porque aquella deriva parecía ir contra la tendencia de todos los partidos socialistas o socialdemócratas de Europa occidental, los cuales se habían tornado más moderados y pragmáticos, buscando resultados prácticos más que soluciones revolucionarias. ¿Qué significaba esto en realidad? ¿Ocurría solo porque «España es diferente»?

Las razones eran de índole práctica; en realidad, casi visceral. Los primeros signos de que la coalición izquierdista estaba perdiendo poder habían aparecido en verano de 1933. El hundimiento final de la coalición izquierdista se corroboró tras el estrepitoso fracaso en las elecciones, y estos fueron los factores principales del radicalismo izquierdista en España, aunque las perspectivas de un socialismo internacional, cada vez más dudosas, sobre todo en Centroeuropa, probablemente también desempeñó algún papel. Para los socialistas españoles, el principal objetivo no era ni la democracia ni la revolución: se trataba puramente de una cuestión de poder. La gran expansión de su movimiento les había proporcionado una cucharadita del poder por vez primera en su historia, y el sabor les había encantado: fuera como fuera, no estaban dispuestos a entregarlo de buena gana.

El giro hacia posturas violentas se materializó en la campaña electoral de 1933, cuando los socialistas fueron responsables de la mayoría de los incidentes, que se resolvieron con alrededor de veintiséis muertes. Sus objetivos particulares durante los siguientes meses serían los miembros de una nueva organización fascista: la Falange Española. Paradójicamente, fue el principal estudioso del marxismo entre los líderes del socialismo, el profesor de filosofía Julián Besteiro, también jefe de la comisión ejecutiva de UGT, quien más abiertamente se opuso a la propuesta revolucionaria de carácter violento. Besteiro advirtió que España no era Rusia, que una revolución armada en España requeriría, de hecho, más violencia de la que los bolcheviques habían ejercido en la Rusia completamente fragmentada de 1917 y que, aun así, probablemente fracasaría, y que la «dictadura del proletariado» que invocaban los revolucionarios ya no era más que un concepto superado en el mundo democrático occidental[11].

En enero de 1934, en cualquier caso, Largo Caballero –ahora cabecilla de los revolucionarios– reemplazó a Besteiro como líder de la UGT, una organización que, junto con las Juventudes Socialistas, se convertiría de entonces en adelante en la base fundamental del radicalismo socialista[12]. Un Comité Revolucionario preparó un programa exigiendo la nacionalización de la tierra (aunque no de la industria), la disolución de las órdenes religiosas y la disolución del Ejército y la Guardia Civil. El programa, además, exigía unas Cortes democráticamente elegidas para que ratificaran dichos cambios, una vez que los revolucionarios hubieran asumido el poder. Todo ello subrayaba el carácter contradictorio de las políticas socialistas, puesto que no se podía esperar, desde un punto de vista realista, que un Parlamento elegido democráticamente ratificara las posiciones socialistas[13].

Las instrucciones del Comité declaraban que la insurrección debería tener «todos los caracteres de una guerra civil», y que su éxito dependía de «la extensión que alcance y la violencia con que se produzca»[14]. Se elaboró un mapa de Madrid, por distritos, con puntos clave señalados como objetivos, y listas de personas que debían ser arrestadas. El Comité Revolucionario planeó utilizar miles de voluntarios milicianos, con la complicidad de bastantes guardias de asalto y guardias civiles: algunos de los insurrectos vestirían uniformes de la Guardia Civil. Se hizo uso habitual del viejo manual preparado por el mariscal Mijail Tujachevsky y otros oficiales del Ejército Rojo en 1928 para la ofensiva revolucionaria del «Tercer Período» de la Internacional Comunista. Tujachevsky redactó La insurrección armada con el seudónimo A. Neuberg y el texto fue ampliamente difundido y leído asiduamente entre los comunistas alemanes.

Pío Moa tiene razón al sugerir que la insurrección de los socialistas españoles fue la más organizada, la más elaborada y la mejor armada de todas las acciones de insurrección que tuvieron lugar en Europa occidental durante el período de entreguerras. Y fue así porque no se trató, como se ha dicho, de una reacción defensiva y desesperada (como la de los socialistas austríacos en febrero de 1934, después de la implantación de un Gobierno autoritario), sino una actividad agresiva, larga y cuidadosamente planificada que había estado preparándose teórica y retóricamente durante más de un año y que tácticamente se planificó durante nueve meses. Ninguna de las acciones de insurrección de los comunistas o espartaquistas en Alemania, por ejemplo, revelaron ese grado de preparación (véase capítulo 2).

Entretanto, Manuel Azaña y otros líderes republicanos de izquierdas se concentraron en una prolongada serie de maniobras, entre abril y julio de 1934, que insistían en la «hiperlegitimación» de un Gobierno izquierdista de la República que no precisara respetar el veredicto de las elecciones democráticas. Por un lado pretendían animar, o forzar, al presidente Alcalá Zamora a sustituir un Gobierno de minoría con una coalición de la izquierda moderada, a pesar de su absoluta falta de apoyos en el Parlamento. Así, ese Gobierno se encargaría de convocar de inmediato unas nuevas elecciones.

Si Alcalá Zamora no se mostraba de acuerdo, la alternativa era doblegar al presidente con una especie de «pronunciamiento civil». Lo que Azaña parece haber tenido en mente a finales de junio era un acuerdo entre la Izquierda Republicana, la Esquerra catalana y los socialistas. Este grupo podría formar una alternativa de gobierno de la izquierda en Barcelona, dando lugar a una especie de pronunciamiento político, el cual, apoyado por una huelga general de los socialistas, pudiera «convencer» al presidente de que a esa coalición se le debía permitir acceder al poder. Naturalmente, este proceso no podría ser del todo pacífico, puesto que una huelga general en España inevitablemente acarrearía violencias, pero no tendría por qué ser una insurrección armada. El 1 de julio Azaña declaró que la nueva comunidad autónoma de «Cataluña es el único poder republicano que hay en pie en la República»: una afirmación completamente absurda, y absolutamente apartada de la realidad. Continuó diciendo que la situación política era la misma que la de antes de la caída de la monarquía, lo cual no era sino otra declaración ridícula. Azaña, luego, invocaba el pronunciamiento militar republicano de diciembre de 1930, declarando que «unas gotas de sangre generosa regaron el suelo de la República y la República fructificó. Antes que la República convertida en sayones del fascismo o del monarquismo […] preferimos cualquier catástrofe, aunque nos toque perder»[15], aunque esta no fue desde luego la cantilena que entonó más tarde, en los años 1938 y 1939, después de que su retórica se hubiera hecho realidad en todos sus extremos.

Azaña y los republicanos de izquierda estaban probablemente influenciados por una tendencia general en Europa, extendida durante los cuatro años anteriores, que derivaba hacia gobiernos presidencialistas (al menos parcialmente extra parlamentarios), como en Alemania, aunque allí esta estrategia acabó en desastre. Sin embargo, la maniobra política que Azaña pretendió activar en 1934 se demostró imposible, porque los socialistas, obsesionados con la revolución, rechazaron cualquier colaboración con los «burgueses», por muy de izquierdas que pudieran ser.

Puesto que Alcalá Zamora se negó a permitir a la izquierda formar un Gobierno extraparlamentario, los socialistas y sus socios esperaron que prorrogara la fórmula de un Gobierno de minoría liderado por Lerroux y sus radicales centristas, negándole siempre a la CEDA su derecho parlamentario normal a participar en la administración. Pero el líder de la derecha, José María Gil, anunció, antes de la reanudación de las sesiones de Cortes el 1 de octubre, que su partido exigiría varias carteras en una coalición de gobierno mayoritaria, concediéndole así a la República su primer Gobierno mayoritario normal en todo un año. Alcalá Zamora solo podía haberse negado a esta petición al precio de convocar nuevas elecciones, lo cual entendió como algo absolutamente injustificado.

La entrada de tres cedistas en un Gobierno de coalición de centro-derecha dominado por Alejandro Lerroux y los radicales centristas se convirtió de hecho en la justificación expresa de la insurrección revolucionaria lanzada por los socialistas y la Alianza Obrera (una nueva asociación formada por otros grupos obreristas), junto con la Esquerra catalana, el 4 de octubre. El argumento de la izquierda era que tanto Mussolini como Hitler habían accedido al poder legalmente con solo una minoría de escaños en una coalición gubernamental. Semejante fundamento descansaba en la idea de que la CEDA era «fascista», incluso aunque el nuevo partido católico hubiera observado escrupulosamente la legalidad y, al contrario que los socialistas, hubieran evitado cualquier tipo de violencia y de acción directa, a pesar de que numerosos miembros del partido hubieran sido asesinados por la izquierda. La única actividad «fascista» con la que tuvo relación la CEDA fue la violencia que la izquierda desató contra ella. En este sentido, el PSOE tenía más características de una organización fascista que la CEDA, como señaló el veterano socialista Besteiro. La insurrección también asumió, en interés de España –o, al menos, de la izquierda–, abandonar el ámbito parlamentario, aunque una proposición semejante era de todo punto dudosa.

Aunque la insurrección estalló en quince provincias, acompañada de una revuelta frustrada de la Generalitat catalana en Barcelona, solo tuvo éxito en Asturias, donde se extendió por toda la cuenca minera y la mayor parte de Oviedo. Se enviaron algunos destacamentos del Ejército desde el Protectorado de Marruecos y de otros lugares, que tuvieron que emplearse durante más de dos semanas de combates hasta que la revuelta fue finalmente sofocada. Los revolucionarios cometieron numerosas atrocidades, asesinando a más de 40 sacerdotes y civiles, llevando a cabo una destrucción generalizada e incendios premeditados, y saqueando al menos quince millones de pesetas de los bancos, la mayoría de los cuales nunca se recuperó. Para sofocar la insurrección, los militares celebraron numerosas ejecuciones sumarias, que se han estimado en una horquilla que va desde las 19, por lo bajo, a las 100 o más por lo alto. En total, murieron casi 1.500 personas, la mayoría de ellos revolucionarios. Otros 15.000 fueron arrestados, y durante las primeras semanas tras la algarada hubo torturas a los prisioneros[16].

Las insurrecciones contra gobiernos parlamentarios tenían precedentes en Europa; la primera, tal y como hemos visto, la habían lanzado los socialistas fineses en enero de 1918, precipitando la guerra civil en Finlandia. En Alemania se habían producido confusas intentonas por parte de los espartaquistas en 1919, los comunistas en 1921, y, más adelante, algaradas distintas de nazis y comunistas dos años después. Solo la guerra civil resultante en Finlandia había igualado o excedido la insurrección española de 1934 en cuanto a violencia e intensidad se refiere.

Las consecuencias de la insurrección frustrada de octubre fueron mucho más intensas y traumáticas que las de otras revueltas anarquistas o de la «sanjurjada» militar, porque en Asturias los revolucionarios se habían hecho con el control de prácticamente toda una provincia y fue precisa una campaña militar para sofocarla. Desde ese momento, la polarización se haría cada vez más intensa, y muchos historiadores se han referido a esa insurrección bien como el «preludio» o «la primera batalla» de la Guerra Civil. En su planificación, los socialistas lo reconocieron como una forma de guerra civil, para la cual podría haber sido un violento preludio, pero este no fue todavía el comienzo de la Guerra Civil de 1936, simplemente porque fue completamente sofocada. La República democrática, como se encargarían de demostrar los acontecimientos, permaneció intacta y hubo aún numerosas oportunidades de superar esa extremada polarización. No es que fuera inevitable otra insurrección, bien de la izquierda o de la derecha, pero para evitarla los líderes políticos necesitarían aprovechar las oportunidades que quedaban. La intensidad y la amplitud de la insurrección de Asturias era una advertencia, pero no convertía la guerra civil en algo inevitable.

Hay pocas dudas de que la división ideológica que se había producido en España se había visto influida por el giro hacia alarmantes poderes y alternativas radicales en distintos lugares de Europa durante los cuatro años precedentes. Pero la repentina democratización de 1930 y 1931 había sido exclusivamente endógena en sus orígenes y, en menor medida, lo mismo puede decirse de la nueva polarización. Los socialistas, por ejemplo, no estaban realmente muy influenciados por sus homónimos del extranjero, pues ninguna de las agrupaciones socialistas europeas se había rebelado contra un Gobierno parlamentario desde 1918. Del mismo modo, en ningún otro país los conservadores habían sido tratados desdeñosamente como «fascistas». Más que abrir la puerta al «fascismo», los Gobiernos del Partido Radical, de 1933 a 1935, diseñaron los Gabinetes más democráticos y equilibrados que tuvo la República, particularmente si se considera la violenta oposición a la que tuvieron que hacer frente, tan diferente de las condiciones de 1931 y 1933. En realidad, la izquierda española creía que Europa se dirigía hacia nuevas alternativas políticas, pero en ningún otro lugar la izquierda rechazó los procedimientos constitucionales y parlamentarios. Toda esa ideología revolucionaria era, más que otra cosa, el producto interno de la tradición de los «exaltados» y de los acontecimientos recientes que se desarrollaron en España.

2

POLARIZACIÓN

Todas las nuevas formas de Estado establecidas en Europa después de 1919 eran sistemas fragmentados y multipartidistas, y la mayoría de ellas llevaban en sí el germen de la polarización. Tales características no eran únicas de España. Lo diferente fueron los tres cambios drásticos de Gobierno en un plazo de cinco años y la progresiva radicalización del proceso: el intento de democratización inicial se transformó en una fractura cada vez mayor y en una potenciación de ciertas posibilidades de una revolución y/o una guerra civil. La única patología característica del caso español era que no existía una fuerza hegemónica estable, bien en forma de una coalición democrática, un movimiento nacionalista o un partido hegemónico; ni siquiera existía un Gobierno autoritario de excepción, capaz de llevar a cabo un plan concreto.

Durante cerca de un año, desde octubre de 1934 hasta septiembre de 1935, el país fue gobernado por una coalición de la CEDA y los radicales de Lerroux, y esta fórmula condujo a la tercera fase de la República. El bienio inicial de 1931-1933 fue un tiempo de reformismo avanzado, a veces incluso radical; el segundo período, liderado por el Partido Radical entre 1933 y 1934, fue una época de Gobierno centrista y de una administración equilibrada. El Gobierno de Lerroux que dirigió la tercera fase (1934-1935) fue una coalición de centro derecha que se deslizó hacia posiciones mucho más conservadoras, reformando o anulando buena parte de las reformas anteriores; en fin, se trataba de un desarrollo perfectamente normal en un sistema político representativo en el que los resultados electorales pueden conducir a la ejecución de distintas políticas; sin embargo, según la izquierda, este proceder era el comienzo del «fascismo».

Más allá de los cambios políticos, el otro gran drama de 1935 fue la campaña propagandista sobre la represión. En España se contaban mil historias terribles: la derecha insistía y exageraba las atrocidades de los revolucionarios, invocando los horrores de Rusia; la izquierda lanzaba una enorme campaña de propaganda (con el dinero de la Internacional y de la izquierda europea en general), exagerando la amplitud y la brutalidad de la represión en Asturias y en otros lugares[1]. El contexto internacional era importante en ambos lados. Para la derecha, lo que había ocurrido era una mezcla indisoluble de los procedimientos de Lenin, Stalin y Béla Kun; para la izquierda, aquello era un fascismo amenazante y sin paliativos (aunque, de hecho, en aquel momento era imposible citar atrocidades cometidas por los fascistas equivalentes a las que habían perpetrado los soviets). La izquierda generalmente tenía las de ganar en esta batalla de propaganda, porque contaba con el apoyo de sus homónimos en otros países, encantados al confirmar sus viejos prejuicios sobre «la España inquisitorial» y ante la atractiva idea de tener la posibilidad de combatirla.

Según la campaña de propaganda izquierdista, el número de revolucionarios encarcelados prácticamente doblaba la cifra real, e incluía toda la población carcelaria del país –más de 30.000 personas– en la categoría de «presos políticos». Alguna verdad había en las denuncias de ambas partes, aunque en ambos casos eran exageradas. Del mismo modo que se podían contar asesinatos en las filas de los revolucionarios, también las fuerzas militares habían llevado a cabo un buen número de ejecuciones sumarias. Durante dos meses, o más, algunos de los prisioneros fueron tratados brutalmente, apaleados y, quizá en algunos casos, torturados.

En términos generales, de todos modos, el aspecto más notable de la represión española de 1935 fue su relativa benevolencia. Cientos de revolucionarios fueron procesados por un tribunal militar, pero solo dos fueron ejecutados; uno de ellos era claramente culpable de numerosos asesinatos y el otro era un militar amotinado. En 1935, hombres con esos antecedentes podrían haber sido ejecutados en cualquier otro país democrático. Además, el Partido Socialista nunca fue ilegalizado, algunos de sus centros permanecieron abiertos durante todo el proceso y, tras las primeras semanas, los principales líderes disfrutaron de privilegios especiales a lo largo del breve período de su confinamiento. Se permitió que una comisión internacional los visitara para llevar a cabo una investigación, y en poco más de un año a los revolucionarios se les permitiría participar en unas nuevas elecciones democráticas en las que pudieron alcanzar el poder legalmente. Desde un punto de vista histórico, la represión de la República española, en realidad, fue de una benevolencia sin precedentes, y no admite ni la más ligera comparación con las políticas infinitamente más brutales que se produjeron en similares circunstancias en la Francia de 1871, en Alemania (1918-1923), en Italia (1921-1922) y en un buen número de otros países.

A la vista de los hechos, la represión se quedó a medias. En este sentido, podría compararse con el Tratado de Versalles que se le impuso a Alemania en 1919. Fue suficiente para enfurecer a la izquierda y proporcionarle el tema principal de sus campañas de propaganda, pero en general fue tan limitada que no reprimió a la izquierda de un modo definitivo, en absoluto, y solo consiguió estimular su recuperación.

Siendo esto así, el Gobierno habría actuado de un modo más inteligente si hubiera adoptado una política de firme conciliación basada en principios estrictos. Por ejemplo, debería haber iniciado una investigación oficial sobre las torturas y los malos tratos en Asturias durante las primeras semanas, y tal vez una eventual política de amnistía para casi todos los revolucionarios, excepto para aquellos que hubieran sido acusados de los crímenes más violentos. Es posible que estas políticas no hubieran tenido éxito, pero cualquier cosa habría sido mejor que esa política débil y dubitativa que se llevó a cabo, que ni condujo a una represión efectiva ni a una verdadera conciliación.

Por otro lado, otra perspectiva podría argüir que la represión, aunque al principio fue muy violenta en la cuenca minera, en términos generales fue demasiado limitada e inefectiva. Fracasó a la hora de mantener la ley constitucional y a la hora de castigar a aquellos que la habían quebrantado tan violentamente. La represión republicana de 1934 y 1935 fue de una tibieza sin precedentes en la reciente historia de la Europa occidental: la más tibia sin duda ejercida por cualquier estado liberal o semi liberal que haya sufrido el desafío de una subversión revolucionaria importante en la Europa de los siglos XIX o XX. En 1871, la Tercera República francesa había anegado la Comuna de París en un baño de sangre, procediendo a miles de ejecuciones sumarias. La represión zarista de la revolución rusa y el estallido de terrorismo masivo de 1905-1907 fueron comparativamente más moderados que lo ocurrido en Francia, pero, en todo caso, la represión fue severísima y provocó al menos 5.000 ejecuciones. Las unidades del ejército alemán, la policía y los Freikorps que reprimieron los desórdenes alemanes desde 1918 a 1923 también actuaron con bastante mayor dureza de lo que lo hicieron las fuerzas del Estado en la República española, y otro tanto ocurrió en la diminuta Estonia, que tuvo que presenciar más de un centenar de ejecuciones tras el golpe de Estado comunista de diciembre de 1924. La respuesta a la revolución comunista y socialista maximalista en Italia y en Hungría tras la Primera Guerra Mundial había sido el inmediato fortalecimiento de las fuerzas autoritarias, que se formalizó en nuevos regímenes que perpetuaron la represión.

En España, la República mantuvo el Gobierno democrático ininterrumpidamente, la derecha continuó acatando la Constitución, el apoyo al fascismo era casi inexistente y no aumentó, y muchas libertades civiles se restauraron pronto, seguidas de un completo restablecimiento de la legalidad a principios de 1936. Comparado con otros países, el liberalismo español de centro-derecha, dividido como estaba, era impresionante. Como la izquierda revolucionaria se negaba a renunciar a las tácticas revolucionarias, el único camino para salvar la República podría haber sido una verdadera represión, exactamente como habría ocurrido también en el caso de la Alemania de Weimar en 1932 y 1933. En ambos países, las políticas indulgentes con grupos extremistas abrieron la puerta al desastre. La falta de un castigo más significativo a los revolucionarios no benefició la causa de la democracia liberal en España y, probablemente, aceleró su desaparición.

El argumento definitivo utilizado por la izquierda para justificar la insurrección era el supuesto peligro que acarreaba la derecha, etiquetada como una fuerza encubierta del fascismo. Sin embargo, si ese hubiera sido el caso, una insurrección fracasada solo habría incrementado el peligro, pues a lo largo del año siguiente, el centro y la derecha dominaron el panorama político absolutamente. No solo ocurrió que sobrevivió la República, sino que casi de inmediato se restablecieron por completo las libertades. Que los líderes socialistas realmente no creían su propia propaganda se demuestra en el hecho de que antes de la revuelta todos ellos acordaron que no añadirían sus firmas y sus nombres a las proclamas revolucionarias, de modo que pudieran negar cualquier responsabilidad en caso de fracaso. Es decir, que incluso aunque la insurrección fracasara y acabara otorgando más poder a la derecha, los socialistas esperaban que la ley constitucional sobreviviera y les permitiera, a algunos de ellos, evitar la persecución, como efectivamente ocurrió. Esto no evitó que la izquierda etiquetara los dos años de estabilidad democrática y de Gobierno constitucional del centro derecha, en los cuales España comenzó a superar los efectos de la depresión, como el «bienio negro». En realidad, el primer Gobierno del Partido Radical (1933-1934) había sido el más aceptable de la administración republicana. No revocó reforma alguna, sino que, simplemente, dejó de ejecutarlas en interés exclusivamente de la izquierda[2]. El Gobierno más conservador de 1935, por el contrario, desvió la legislación económica hacia la derecha, alterando radicalmente un buen número de reformas.

La CEDA fue paciente y moderada en su estrategia, pero se trataba de una maniobra poco meditada. Habría sido bastante mejor insistir en la necesidad de ajustarse a las prácticas parlamentarias reglamentadas y acceder a puestos de más relevancia en el Gobierno desde primeros de 1934, en lugar de someterse constantemente a los caprichos del presidente. Entretanto, los elementos más conservadores de la CEDA dominaron en ocasiones las políticas económicas y, a pesar del legalismo del partido, su movimiento juvenil adoptó un lenguaje y un estilo más agresivo y cuasi fascista, excepto por lo que se refería al ingrediente clave del fascismo: la violencia. La CEDA fue también extraordinariamente descuidada al no conceder una prioridad especial a la reforma electoral, puesto que el sistema de representación, con fuertes desviaciones, era uno de los defectos más importantes de la República. Constantemente, Alcalá Zamora exigió al partido que «se declarara republicano», pero la CEDA no podía conceder ese extremo, dado que el «republicanismo» en España era un indicativo de apoyo a un régimen sectario que negaba buena parte de sus derechos a los católicos.

Cuando la coalición gobernante se descompuso en septiembre de 1935 como resultado de dos escándalos económicos menores que erosionaron la fortaleza de los radicales[3], Gil Robles concibió esperanzas de llegar a ser primer ministro de una coalición dirigida por la CEDA. En los sistemas parlamentarios, normalmente al jefe del partido más votado se le ofrece la posibilidad de formar Gobierno. Sin embargo, el presidente Alcalá Zamora le entregó temporalmente el poder a un centrista independiente (Joaquín Chapaprieta) y lo convirtió en primer ministro: su administración apenas duró tres meses. En ese momento, el presidente de la República rechazó categóricamente aceptar las prácticas constitucionales normales. Con la idea de que la CEDA era demasiado derechista, simplemente nombró como siguiente primer ministro a un amigo personal, Manuel Portela Valladares, un viejo político del desaparecido Partido Liberal que ni siquiera tenía escaño en el Parlamento. Como Portela no contaba con apoyo alguno en las Cortes, para evitar entregarle el poder a la CEDA, tendría que convocar nuevas elecciones al Parlamento, aunque las Cortes electas apenas llevaran dos años trabajando. A estas alturas, la negativa de la izquierda primero y también del presidente, aunque desde otro punto de vista, a permitir el normal funcionamiento parlamentario y la elección de un Gobierno estaban convirtiendo el futuro democrático de la República en algo extraordinariamente problemático. Es imposible ignorar los resultados electorales y los procedimientos parlamentarios elementales, y, al mismo tiempo, querer mantener una democracia.

Los tres años de manipulación del Parlamento y de control del Gobierno por parte de Alcalá Zamora (en el período 1933-1936) pueden compararse con los tres años de manipulación del presidente alemán Paul von Hindenburg entre 1930 y 1933. Las consecuencias de ambas actuaciones fueron desastrosas, aunque no tan inmediatas en el caso de España. De los seis años en total que pueden reunirse en ambos países, la única vez en la que un Gobierno disfrutó de una mayoría parlamentaria normal fue en España, de octubre de 1934 a diciembre de 1935. Pero mientras que Hindenburg fue prácticamente incapaz de promover una mayoría democrática, Alcalá Zamora se negó a permitir que gobernara una mayoría democrática que, ciertamente, sí existía en España. Se trataba en realidad de dos situaciones bastante diferentes y, en este sentido, la responsabilidad de Alcalá Zamora fue bastante mayor que la de Hindenburg. Aunque un Gobierno liderado por la CEDA hubiera introducido medidas más conservadoras –e incluso moderadamente autoritarias–, eso habría sido preferible a la quiebra absoluta que tuvo lugar tras unas nuevas elecciones del todo contraproducentes. El intento del presidente de situarse por encima de los procedimientos parlamentarios normales no consiguió «centrar la República», como deseaba, sino que condujo a todo lo contrario.

La decisión de Alcalá Zamora de convocar prematuramente nuevas elecciones fue su gran error, el mayor de todos los que cometió. Sin duda, tenía buenas intenciones, como la mayoría de la gente, pero de buenas intenciones está el infierno lleno. La idea de que en una república democrática podía aún manipular el resultado e imponer un Gobierno de amigotes solo consiguió revelar una asombrosa carencia de buen juicio, así como una falta absoluta de respeto por el sistema democrático. Tanto Azaña como Alcalá Zamora eran esencialmente personalidades decimonónicas incapaces de comprender la democracia del siglo XX. Las precipitadas elecciones presumiblemente ofrecerían dos resultados contrapuestos: o bien ganaba la izquierda (que ahora se posicionaba en los presupuestos de 1934, no de 1931) y entonces procedería a poner en marcha los objetivos de la insurrección, instaurando un régimen excluyente de izquierdas y favoreciendo la guerra civil, o bien ganaba la derecha, que también derivaría hacia un sistema político diferente. En Alemania, en 1933, y en España, en 1936, los presidentes republicanos necesitaban contemporizar e intentar ganar tiempo para que las condiciones pudieran mejorar con el transcurso de los años.

En comparación con el resultado de las elecciones de 1936, la composición de las Cortes en 1933 gozaba de mayor equilibrio. La CEDA obtuvo una pluralidad de escaños, aunque no alcanzó la mayoría absoluta, y no pudo gobernar sin el centro, que desempeñó un papel de moderador relativamente exitoso en el período 1933-1935. Este Parlamento tuvo una gran oportunidad de «centrar la República», en un grado bastante superior al de los parlamentos de 1931 y 1936, cuya composición estaba más radicalizada. Si se hubiera permitido al Parlamento de 1933 completar su mandato y gobernar durante dos años más, ese lapso al menos podría haber concedido un cierto tiempo de pausa para que se rebajara la polarización. Pero aunque no hubiera ocurrido, las consecuencias a largo plazo de permitir que un Parlamento completara su mandato democrático difícilmente habrían sido peores que las consecuencias de volver a las elecciones en 1936. Las nuevas elecciones no serían más que un plebiscito excluyente entre izquierdas y derechas; y de ahí se derivarían movimientos radicales hacia regímenes menos democráticos, de una parte o de otra, cuando no un completo desastre.

Solo los partidos de centro rechazaron medios antidemocráticos y se sometieron a la democracia constitucional, pero el presidente, en vez de intentar ampliar el centro, lo cual era su responsabilidad, realizó movimientos para destruir el Partido Radical, mediante la manipulación, en un esfuerzo por someter al centro a su control personal, destruyendo en el proceso una buena parte del mismo. En pocas palabras, el único partido importante que sustentaba la democracia liberal era el Partido Radical. La ausencia de doctrinarismo y su buena disposición al acuerdo lo convirtieron en un partido sospechosísimo a ojos tanto de la izquierda como de la derecha, a pesar de que fuera el único grupo de importancia que siempre había aceptado las reglas constitucionales y democráticas, sin importar lo injustamente que lo trataran otras fuerzas políticas. Los nimios escándalos económicos que se dieron durante su mandato, utilizados como fundamento de la contienda política por la derecha y la izquierda para desacreditarlos y dividirlos –y que condujeron a la rápida desintegración del partido–, fueron en sí mismos prácticamente insignificantes (sobre todo si se comparan con la enorme corrupción que se desató durante la Guerra Civil, durante los primeros años del régimen de Franco o durante los gobiernos democráticos socialistas de los ochenta y los noventa). Las fuerzas de la derecha y de la izquierda que denunciaron la «inmoralidad» del Partido Radical tendrían oportunidad muy pronto de dar ejemplo de sus propias ideas de moralidad, comenzando a asesinarse unos a otros masivamente, al tiempo que el modo en que iban a manejar la propiedad y las finanzas conseguiría que las pequeñas debilidades de los desventurados radicales parecieran una reunión parroquial.

LAS ELECCIONES DE FEBRERO DE 1936

Las elecciones de febrero de 1936 adquirieron prácticamente un carácter plebiscitario en el que los electores debían inclinarse bien por el apoyo a la insurrección de 1934 y una República de izquierdas, o bien en favor de la derecha y de alguna suerte de nuevo régimen conservador. La democracia liberal había dejado de ser ya un objetivo. Así que esos comicios no fueron unas elecciones normales en una democracia estable y consensuada, sino un referéndum para elegir entre posiciones extremas en un nuevo sistema no consolidado, aunque, en uno y otro caso, aún no estaba claro hasta dónde podían llegar los vencedores.

Al convocar nuevas elecciones arbitrariamente, el presidente Alcalá Zamora planeaba que su nuevo primer ministro, Portela Valladares, se inventara un nuevo Partido de Centro Democrático por medio de la manipulación de los poderes del Gobierno. Esta era la forma más rancia de las «viejas políticas» y no revelaba sino el infantilismo de un presidente en su constante esfuerzo para manejar el sistema republicano. La sociedad española estaba ya, a esas alturas, muy movilizada políticamente y era demasiado consciente de los trámites políticos como para que pudiera funcionar semejante añagaza. El centro había sido eliminado como una opción viable, y la persona más responsable de ello era el propio Alcalá Zamora.

La izquierda republicana y los «semimoderados» del sector de los socialistas de Prieto habían aprendido las lecciones del sistema electoral y establecieron contactos serios entre los distintos grupos de izquierdas durante 1935 para restaurar la unidad de acción. Bien al contrario, los socialistas de tendencia más revolucionaria, liderados por Largo Caballero, rechazaron con vehemencia cualquier relación o asociación con los «partidos burgueses». En la revista mensual Leviatán, en el semanario Claridad –portavoz del «caballerismo»– y en otras publicaciones, Luis Araquistáin y los principales teóricos del «caballerismo» proclamaron su absoluta «bolchevización», adhiriéndose a la misma política de revolución violenta de los comunistas. (Aunque, irónicamente, los caballeristas abogaron por la violencia en el preciso momento en que los comunistas estaban empezando a modificar su postura, desde el insurreccionismo a la participación política en el Frente Popular)[4].

Después de que el Gobierno anunciara la convocatoria de nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936, la izquierda republicana y los «prietistas» alcanzaron un pacto electoral que adoptó el nombre de Frente Popular, tomado de la terminología comunista (para disgusto de Azaña; los propios comunistas, de hecho, no tuvieron nada que ver con la elección del nombre). Largo Caballero y sus seguidores, en consecuencia, dieron un giro radical, acordando una participación plena de los socialistas en la alianza electoral con el fin de derrotar a la derecha y obtener la liberación de todos los revolucionarios encarcelados, pero impusieron algunas condiciones. En primer lugar, la alianza se limitaría estrictamente a las elecciones, excluyendo el plan de Prieto para promover una subsiguiente coalición de gobierno. En segundo término, todos los demás grupos y partidos izquierdistas, no importaba cuán incendiarios y destructivos fueran sus programas en ese momento o hubieran sido en el pasado, tendrían derecho a unirse al Frente Popular y se les debía permitir la alianza. Eso incluía a los comunistas, al pequeño grupo leninista del POUM o al diminuto Partido Sindicalista[5] de Ángel Pestaña, aunque la CNT insistía, como siempre, en la abstención electoral.

Los partidos más moderados de la izquierda republicana abandonaron pronto el Frente Popular: fue el caso del exiguo Partido Nacional Republicano, liderado por el distinguido jurista Felipe Sánchez Román. Aunque se le concedió la posibilidad de redactar buena parte del programa oficial del Frente Popular, Sánchez Román acabó por convencerse de que la coalición, dividida irremisiblemente entre revolucionarios y no revolucionarios, pero apuntando a la total exclusión del centro y la derecha, era un pasaporte para el desastre seguro.

El programa del Frente Popular llamaba a la «republicanización», esto es, la reanudación de las reformas radicales del período 1931-1933 y una purga del funcionariado y de la judicatura para establecer un régimen exclusivo de izquierdas. No había en el programa ninguna condena de la insurrección de octubre, la cual recibía en efecto un apoyo tácito, sino que se exigía una «amnistía general» para todos los crímenes políticos cometidos desde noviembre de 1933. Al mismo tiempo se exigía que las excepciones a dicha amnistía se refirieran a los militares del Estado y a los miembros de la administración, que serían investigados para ver si se habían visto envueltos en algún exceso. En otras palabras, los criminales disfrutarían de inmunidad, mientras que aquellos que habían hecho cumplir la ley y la Constitución podrían ser perseguidos. En este detalle se adivina la raíz de la política a la que se aferraron los militares rebeldes seis meses después, cuando perseguirían por «rebelión militar» a los oficiales que, precisamente, se negaron a unirse a su rebelión militar. Como la izquierda en enero, los militares rebeldes en julio apelarían a la «hiperlegitimidad» de su propio y particular nuevo orden.

La relativa moderación del programa del Frente Popular ha sido subrayada con frecuencia, pero su carácter puede entenderse mejor comparándolo con su homónimo más cercano: el Frente Popular formado pocos meses después en Francia. Esta última formación representaba una coalición heterogénea que reunía a socialistas, comunistas, los radicales franceses y varios partidos más pequeños de ideología socialista. El objetivo del Frente Popular francés era, en primer lugar, la defensa de la democracia existente en el país contra el fascismo y la derecha radical, no transformarla en un régimen exclusivo y excluyente de izquierdas. Proponía reformas sociales y económicas, pero sin cambios estructurales básicos. Es más: los radicales franceses utilizaron el nombre de Rassemblement Populaire (Grupo Popular, o Agrupación Popular), puesto que Front Populaire, utilizado habitualmente en la propaganda, era originalmente un término de la Internacional Comunista. En último término, el Frente Popular francés proporcionó bases sólidas para establecer un Gobierno, puesto que los radicales y los socialistas, y otros partidos de izquierda más pequeños, colaborarían a la hora de formar una coalición democrática, parlamentaria y respetuosa con la ley, también apoyada por los votos comunistas en el Parlamento. Los tres componentes principales de esa coalición –radicales, socialistas y comunistas– tomaron posiciones más moderadas que sus homónimos españoles. Además, el Frente Popular francés carecía del tono hostil que se encuentra en los discursos españoles, pues los componentes de uno de los dos partidos mayoritarios, los radicales, eran verdaderos demócratas liberales y se situaban a la derecha de los republicanos de izquierdas españoles. Abandonarían el Frente Popular más tarde ante indicios de radicalización y, tras dos años de colaboración, el Frente Popular francés se desintegró completamente; los radicales permanecieron en el poder gracias a una alianza con la derecha moderada: era el tipo de fórmula que habría sido la salvación de la República española[6].

Las elecciones del 16 de febrero de 1936 fueron, en términos generales, libres, y en un primer momento los resultados de la primera ronda de votaciones fueron generalmente aceptados. A pesar de algunas acusaciones de fraude en varias provincias, la única zona donde fue evidente que se había producido una grave corrupción o manipulación fue Galicia (hubo manipulación en Lugo por parte del Gobierno, y en La Coruña por parte de la izquierda republicana). Los primeros resultados procedentes de los distritos urbanos indicaron un fuerte incremento de los votos de la izquierda, debido en alguna medida al apoyo electoral de los anarcosindicalistas, aunque la verdadera dimensión de su victoria aún no estaba clara. El escrutinio oficial de los resultados no tendría lugar hasta el 20 de febrero.

Alrededor del 17 de febrero era ya evidente que el Frente Popular no solo había ganado, sino que había obtenido una sólida mayoría parlamentaria. Los hechos no fueron contestados en aquel momento, pero poco después habría una gran confusión y controversia a propósito de los resultados totales y exactos, aún más confusos precisamente por el sistema de alianzas electorales. El Gobierno nunca llegó a dar estadísticas precisas, y el periódico católico El Debate fue el único diario a nivel nacional que publicó informes precisos de todas las provincias y de los distritos más importantes. Más adelante los resultados provocaron serias polémicas y los historiadores han propuesto diversas estimaciones sobre los votos totales, aunque dichas estimaciones están fuertemente condicionadas por las preferencias personales.

En definitiva, el único modo de reconstruir los resultados con alguna seguridad era compilar los totales originales por cada distrito tal y como se publicaron en la prensa, una tarea que llevó a cabo treinta y cinco años más tarde el historiador Javier Tusell y un grupo de colegas. De acuerdo con su estudio, el 72% de los ciudadanos con derecho a voto acudieron a las urnas. El 34,3% votó por la izquierda; el 5,4% votó por el centro; y un 32,2 % votó a la derecha y al centro-derecha. Se podrían presentar estos datos de otro modo: de casi diez millones de votantes, el 47,2 %, votaron al Frente Popular, mientras que el 45,7 % votó a la derecha y a sus aliados. La CEDA continuó siendo el partido más votado, con 101 escaños, pero sus potenciales aliados eran muy débiles. Los socialistas obtuvieron 88 escaños y la Izquierda Republicana de Azaña, 79, al tiempo que otros partidos republicanos de izquierdas conseguían mejores resultados que los grupos conservadores más pequeños. Gracias a la desviación de la ley electoral de representación no proporcional, el Frente Popular conseguía el 60% [7].

Una imagen bastante diferente se obtiene si se hace un esfuerzo (evidentemente difícil) para analizar las votaciones de acuerdo con los partidos individualizados y por candidatos. A este respecto, el mejor estudio es el de Juan José Linz y Jesús de Miguel, que han intentado separar los totales por partidos, sobre todo con la idea de averiguar cuántos votos obtuvo la coalición de centro derecha. Sus resultados son menos concluyentes de los que se han ofrecido anteriormente, pero sugieren que el Frente Popular recibió directamente alrededor del 43 % del voto, que la derecha recibió solo el 30,4%, y que los varios partidos de centro y de centro-derecha habrían obtenido un total colectivo de un 21%; aún habría un 5,6% de votos que habrían ido a parar a candidatos inclasificables[8]. En total, la izquierda tendría un apoyo ligeramente superior a lo que indicaban los votos, dado que una indeterminada proporción de anarcosindicalistas no fueron a votar. En todo caso, la abstención global alcanzó el 28 % –en 1933 fue el 32,6 %– y esa cifra indicaba que, a pesar de la locura en ciertos partidos, la sociedad española en su conjunto no estaba tan hiperpolitizada como podría suponerse.

La CEDA obtuvo en torno al 23,2% de todo el voto emitido, mientras que los socialistas obtuvieron el 16,4%, y los dos principales partidos republicanos, el 19,6% (aunque es difícil distinguir el voto socialista del voto republicano de izquierda, debido en parte al gran número de candidaturas de la izquierda republicana). En todo caso, los aliados de la CEDA añadieron muchos menos votos a la derecha, así que la CEDA solo alcanzó el 19% de los escaños con un 23,2% de los votos, mientras que las dos principales formaciones republicanas de izquierda obtuvieron el 27,2% de los escaños con un 19,6% del voto.

Las elecciones fueron un desastre para el centro, debido no tanto al descenso en su número de votos absoluto como a las consecuencias de las manipulaciones de Alcalá Zamora y a la posición de debilidad de los partidos de centro que podrían considerarse aliados. En total, las diversas candidaturas de centro y de centro derecha obtuvieron en torno al 21 % del voto, bajando desde el 26,3 % que tuvieron en 1931 y del 22,3 % que consiguieron en 1933, pero en las primeras elecciones el centro se había aliado a menudo con la izquierda ganadora y en las segundas con la derecha, que también había ganado. En 1936, los partidos de centro o bien habían acudido a las urnas independientemente o, en algunos casos, en alianzas con una derecha débil en provincias donde esta tenía menos fuerza. En la mitad de las provincias el pretendido nuevo centro de Portela Valladares ni siquiera fue capaz de presentar candidatos, al tiempo que los del Partido Radical perdían votos en masa.

La mayoría absoluta del Frente Popular en el Parlamento representaba un asombroso giro desde los resultados de 1933, aunque fuera la consecuencia de un voto en bloque dirigido a las grandes coaliciones y de un sistema electoral fuertemente desproporcionado, dado que el modelo general de voto en realidad era más estable de lo que los resultados en términos de escaños parlamentarios podrían hacer ver. El principal cambio no era una desviación hacia los extremos, sino un giro del centro derecha al centro izquierda, junto con la unidad electoral de la izquierda y, en alguna medida, una participación más importante de la extrema izquierda. Aunque resulta imposible cuantificarlo, hubo también una parte de «voto útil», emitido por un indeterminado número de moderados centristas que calcularon que ganaría la izquierda o la derecha y, no queriendo desperdiciar su voto, se lo entregaron a la formación que menos les disgustaba.

Además, a pesar de la abrumadora representación de la izquierda y de la derecha y de la parcial desaparición del centro en el Parlamento, la tendencia no era tan extremista como pudiera parecer. La Izquierda Republicana lideraba la lista del Frente Popular, obteniendo el mayor número de votos en treinta y seis provincias, mientras que los socialistas solo vencieron en ocho. Las candidaturas comunistas siempre quedaron por detrás y, en realidad, tenían una sobrerrepresentación parlamentaria, gracias a que se le concedieron un sorprendente número de candidatos sobre los votos del Frente Popular. La Falange fascista obtuvo solo 46.000 votos, apenas un poco más de un 0,5 % del total, posiblemente el menor porcentaje de voto para un partido fascista de carácter nacional en toda Europa. (Incluso así, sacó 7.500 votos en Jaén, donde, si este total se hubiera combinado con los votos de la derecha, el Frente Popular podría haber perdido). La relativa autenticidad del mapa político derivado de estos comicios se confirmó cinco meses después, cuando comenzó la Guerra Civil. La división de España en términos generales se ajustaba a los resultados electorales.

El proceso electoral había sido razonablemente ordenado, aunque hubo, desde luego, excepciones: seis personas fueron asesinadas en distintos lugares del país y aproximadamente treinta personas resultaron heridas. Al caer la noche del 16 de febrero grandes multitudes se manifestaron en numerosas ciudades a favor del Frente Popular. Se incendiaron iglesias y edificios religiosos, y al día siguiente hubo incluso desórdenes más graves por toda la geografía. A medianoche del día 16, la dirección de la CEDA recibió informes según los cuales los gobernadores provinciales se mostraban reacios a controlar a la muchedumbre y que en algunos lugares las masas estaban entorpeciendo el registro de los resultados electorales. Dado que nunca se ha llevado a cabo una investigación sobre esta cuestión, es imposible decir hasta qué punto fueron graves estos desórdenes y cuál fue su extensión[9].

Durante las primeras horas del 17 de febrero, Gil Robles apremió al primer ministro para que declarara la ley marcial con el fin de controlar los disturbios, pero Portela se negó a adoptar medidas rigurosas, aunque a la mañana siguiente aceptó imponer un liviano «estado de alarma». Después del Consejo de Ministros celebrado el día 17, Alcalá Zamora entregó al primer ministro un decreto firmado, pero sin fecha, para imponer la ley marcial cuando lo considerara oportuno, pero el septuagenario Portela, como sus compañeros de gabinete, estaba cada vez más aterrorizado.

El jefe del Estado Mayor, el general Francisco Franco, hasta ese momento era partidario de que el Ejército no interviniera en los asuntos políticos, a menos que el país se encontrara al filo del colapso absoluto. Apremió al ministro de la Guerra y al comandante de la Guardia Civil para que tomaran decisiones más enérgicas, pero estos se negaron. Tras averiguar que el primer ministro había recibido un decreto sin fecha para imponer la ley marcial, Franco intentó facilitar la decisión enviando órdenes a los comandantes de las distintas regiones militares para que iniciaran los preparativos. La ley marcial se declaró al poco en seis provincias, pero la mayoría de los oficiales militares eran reacios a actuar a menos que recibieran el apoyo de la Guardia Civil y de los Guardias de Asalto, al tiempo que el comandante del instituto armado actuó rápidamente para informar a sus subordinados de que el Gobierno no había proclamado oficialmente la ley marcial, lo cual, desde luego, era cierto. Entonces Franco exigió a Portela que fechara el decreto y lo pusiera en vigor, pero el primer ministro se negó, al parecer porque exigió que el Ejército se hiciera responsable de dicho acto, algo que Franco consideró de todo punto imposible.

Para profundo disgusto de Alcalá Zamora y otros muchos, el Gobierno al completo dimitió el 19 de febrero, contrariamente al procedimiento normal, dado que estaba programado que los resultados electorales se registraran y se validaran al día siguiente. Inmediatamente, se hizo cargo de la situación un nuevo Gobierno de la izquierda republicana dirigido por Azaña, y se nombraron nuevos oficiales de izquierda por toda España para registrar y constatar su propia victoria electoral. Alcalá Zamora y otros declararían más adelante que los resultados se alteraron significativamente en un buen número de distritos, pero esto aún es una cuestión que pertenece al ámbito del debate histórico.

Las circunstancias en las que se desarrolló la segunda vuelta, el día 1 de marzo, fueron bastante problemáticas en varias regiones. A esas alturas, los disturbios de la izquierda ya se habían convertido en habituales en ciertos lugares, y en algunas zonas los candidatos conservadores se retiraron alegando coacciones. En la segunda vuelta barrió el Frente Popular, aumentando aún más su mayoría.

El fraude más llamativo relacionado con las elecciones de 1936 tuvo lugar en el propio Parlamento recién elegido. En el sistema republicano, el primer y más importante objetivo de unas nuevas Cortes era el de formar una Comisión de Actas para revisar los resultados electorales y determinar si alguno debía ser anulado o revocado, debido a los fraudes u otras irregularidades. Este procedimiento, ciertamente sospechoso, significaba que los vencedores en cada elección asumían el poder de juzgar a los perdedores y decidir si su representación debía reducirse aún más. Este poder se había ejercido con moderación cuando lo tuvo en sus manos el centro derecha en 1933, pero el victorioso Frente Popular decidió manipular significativamente la asignación de escaños.

La Comisión de Actas comenzó sus trabajos el 24 de marzo. Anuló por completo las elecciones en Cuenca y en Granada, dos provincias conservadoras ganadas por la derecha, y además se asignaron uno o más escaños en otras ocho provincias. Se debían celebrar nuevas elecciones en las dos primeras provincias; el resto de los escaños se reasignaron simplemente a la mayoría del Frente Popular, aunque al centro también le dieron algunos escaños, y en Jaén, un escaño arrebatado a los radicales se le entregó a la CEDA para que la cosa no pareciera excesivamente partidista. No se presentó ninguna prueba de que las irregularidades en Granada fueran tantas ni tan amplias como para afectar al resultado, mientras que en Galicia las irregularidades fueron ignoradas en su mayor parte, precisamente porque dichos fraudes habían favorecido más al Frente Popular que a la derecha. No hubo ningún caso en que se le quitara a la izquierda un escaño. Entretanto, la derecha acusó a la izquierda de haber robado las elecciones en cuatro o cinco provincias, donde los disturbios del 17 al 20 de febrero habían hecho posible que se falsificaran los resultados, pero la mayoría del Frente Popular en la Comisión rechazó la posibilidad de cualquier investigación. En total, treinta y dos escaños cambiaron de asignación política, principalmente para beneficio de la izquierda. Así fue como una mayoría original que se acercaba al 60 % de los escaños se convirtió en una mayoría de aproximadamente dos tercios de la Cámara. A través de medios fraudulentos se había creado un margen suficientemente importante para permitir la reforma de la Constitución republicana.

Pero lo peor aún estaba por venir. En la breve campaña para la repetición de las elecciones en Cuenca y Granada el 5 de mayo, las coacciones fueron tan graves que las candidaturas conservadoras se retiraron, y así el Frente Popular pudo obtener una victoria absoluta e incontestable[10]. En comparación, las elecciones organizadas por Hitler en Alemania, en marzo de 1933, fueron parcialmente libres, lo cual no dice mucho a favor del Frente Popular español. La aniquilación de la democracia electoral en España, por tanto, se desarrolló a lo largo de cuatro fases: 1) Las irregularidades relativamente limitadas acontecidas entre el 16 y el 17 de febrero; 2) Una coacción parcial en la segunda vuelta del 1 de marzo; 3) La manipulación fraudulenta de los resultados a manos de la Comisión de Actas a finales de marzo; y 4) La total exclusión de la derecha en la repetición de las elecciones de Cuenca y Granada el 5 de mayo.

Esto demuestra la falsedad de una opinión habitual de la izquierda: que la revuelta militar del 18 de julio fue una rebelión contra la democracia. Los militares rebeldes pueden ser acusados de muchas cosas, pero no pueden cargar con el sambenito de haberse rebelado contra una democracia electoral, porque eso ya no existía en España.

Bien al contrario, en el país se había desarrollado lo que la mayoría de los historiadores llaman una «situación prerrevolucionaria», pues en España había florecido un numerosísimo abanico de movimientos revolucionarios, más importantes y variopintos que en cualquier otro país occidental. En realidad, la situación española podría ajustarse perfectamente a la que describe la teoría tocquevilliana o la teoría conductista de la revolución: que las situaciones revolucionarias se desarrollan no en tiempos de grandes hambrunas y opresión, sino en momentos de mayor bienestar y libertad. Una repentina y notable frustración en estas circunstancias –en este caso, la Gran Depresión, la pérdida de poder en 1933 y el fracaso de las cuatro insurrecciones revolucionarias– produjo una feroz radicalización.

El factor clave en España fue el papel de la izquierda moderada. En Francia, los radicales y muchos de los socialistas renunciaron al extremismo, pero Azaña y la izquierda republicana española no tuvieron interés alguno en fomentar una democracia consensuada. Insistieron en aliarse con los revolucionarios, pues consideraban que ese era el único medio para obtener una absoluta mayoría de izquierdas que pudiera excluir al centro y a la derecha del poder. El primer historiador de la República, el famoso periodista catalán Josep Pla, calificó esta postura como el «kerenskismo ideológico» de Azaña[11]. Aliarse con el centro habría requerido moderación democrática y la necesidad de llegar a acuerdos, algo que entre la izquierda republicana era poco menos que un anatema. Como Kerensky, los izquierdistas estaban seguros de que podrían manejar a los revolucionarios.

La pendiente hacia la Guerra Civil comenzó con las elecciones, y algunos españoles han considerado el conflicto inevitable, pero esto es más que dudoso. La Guerra Civil se hizo inevitable solo a mediados de julio, no antes, e incluso entonces, la mayoría de los sectores, tanto de la izquierda como de la derecha, no pretendieron llegar a una verdadera guerra civil: ¿quién, aparte de los militares rebeldes, deseaba realmente una guerra civil?

La respuesta no es la izquierda o la derecha en términos generales, sino los revolucionarios más extremistas de la izquierda y el núcleo duro de la extrema derecha. Entiéndase desde el principio que la mayoría de los defensores de una violencia generalizada en España no estaba pensando en términos de una guerra civil larga y tremendamente destructiva que durara tres años, del mismo modo que muy pocos americanos en 1860 y 1861 creían que cualquier conflicto armado entre los estados pudiera durar cuatro años y segar cerca de 700.000 vidas (casi el 3 % de la población total, o, proporcionalmente, más de dos veces el número de víctimas que hubo en España). Tanto en la izquierda revolucionaria como en la extrema derecha la idea era que un conflicto corto y virulento podría resolverse en cuestión de semanas, no en meses o años.

En su Congreso Nacional de Reunificación, celebrado en Zaragoza en mayo de 1936, la FAI-CNT se reafirmó en la idea de que su objetivo final era emplear «la vía insurreccional» para acceder al poder, tal y como se había intentado tres veces en el pasado reciente. Los líderes cenetistas dejaron claro, en todo caso, que aún no había llegado el momento de realizar otro esfuerzo de «gimnasia revolucionaria», y en ningún momento antes del 18 de julio formularon ningún plan en ese sentido[12], aunque sus seguidores se enzarzaron en numerosas huelgas, disturbios y actos violentos.

Los revolucionarios marxistas abrazaron más directamente el concepto de guerra civil como un paso necesario en la consolidación de la dictadura del proletariado y, en realidad, como un paso indispensable para completar el proceso. Tal había sido la posición del PCE antes de septiembre de 1935 y fue declarada explícitamente por Luis Araquistáin, principal teórico y gurú de los caballeristas, en sus artículos del Leviatán y Claridad, y por Joaquín Maurín, líder del POUM, en su libro Hacia la segunda revolución (1935). Los conceptos de guerra civil que manejaban Araquistáin y Maurín eran esencialmente idénticos: una guerra civil revolucionaria era inevitable, pero sería breve, porque la izquierda la ganaría rápidamente. Ambos sostenían que la larguísima guerra civil de Rusia (1918-1921), tan destructiva, no tendría que repetirse, puesto que la izquierda revolucionaria en España era más fuerte, al tiempo que el peligro de una intervención contrarrevolucionaria extranjera se consideraba un asunto menor. Ello se debía al hecho de que en torno a 1935 y 1936 las relaciones europeas se estaban tensando hasta tal punto que los estados potencialmente contrarrevolucionarios carecían de la libertad o de la iniciativa para intervenir en España. Y si por casualidad se produjera esa intervención, ambos teóricos estaban convencidos de que la revolución podría contar con la Unión Soviética, que llevaría a cabo un movimiento rápido para desbaratarla. (La primera parte de sus cálculos era en alguna medida acertada, pero pasaba por alto que la gran diferencia respecto a Rusia era que, mientras la izquierda revolucionaria en España era mayor y estaba mejor organizada que en Rusia, era la derecha la que, en comparación, era proporcionalmente más fuerte y estaba menos desmoralizada. Los cálculos sobre las intervenciones extranjeras eran también profundamente erróneos).

Semejantes ideas, de todos modos, no constituían las políticas oficiales ni de socialistas ni de comunistas. La política caballerista no disponía de una doctrina real a propósito de una hipotética guerra civil, pero planeaba continuar con su ofensiva prerrevolucionaria hasta provocar una revuelta contrarrevolucionaria de los militares, la cual se preveía como una débil intentona que podría superarse fácilmente con una huelga general. Se suponía que este proceso, o uno muy semejante, allanaría el camino para un liderazgo caballerista de un nuevo Gobierno revolucionario. En alguna medida, eso fue lo que ocurrió, aunque hubo un error de cálculo en cuanto a la importancia del pronunciamiento militar, que fue mucho más poderoso de lo que nadie había previsto.

El PCE estaba creciendo rápidamente, pero permaneció como uno de los partidos pequeños, y los planes de la Internacional habían cambiado drásticamente ante la estrategia del Frente Popular. Es más, la victoria electoral le había dado a la izquierda un poder absoluto tanto en el Parlamento como en el Gobierno de España –un hecho sin precedentes en la historia de los países europeos, salvo en Alemania o Escandinavia–, lo cual le procuraba la posibilidad de iniciar las primeras fases de un proceso revolucionario mediante un procedimiento, al menos nominalmente, legal. Por tanto, cualquier perspectiva de guerra civil tenía que ser desalentada con vehemencia, puesto que un conflicto armado solo conseguiría que los resultados políticos fueran más problemáticos. Solo Santiago Carrillo y otros líderes muy jóvenes de las nuevas Juventudes Socialistas Unificadas (JSU, que agrupaba también a las Juventudes Comunistas) presentaron momentáneamente un análisis distinto. Aquella primavera, Carrillo declaró en un discurso que la inevitable guerra civil crearía un nuevo y poderoso ejército revolucionario, como ocurrió en la Unión Soviética, que sería el instrumento para completar con éxito la revolución, pero este tipo de discursos fue desautorizado de inmediato por los líderes del partido.

Para Azaña y Casares Quiroga, los dos primeros ministros de los últimos cinco meses de paz, la prioridad era mantener la alianza del Frente Popular con los partidos revolucionarios, lo cual requería resistir una oleada de violencia prerrevolucionaria y los disturbios subsiguientes. Haber actuado de un modo más firme contra los revolucionarios habría roto la alianza del Frente Popular y entonces habría sido necesario dialogar con el centro e incluso, tal vez, con la derecha moderada, una posibilidad impensable para Azaña y para Casares Quiroga. Así pues, el Gobierno también acabó asumiendo la inevitabilidad de un conflicto militar, pero en estos las previsiones fueron bastante distintas de las de los caballeristas. Casares Quiroga, tras sustituir a Azaña como primer ministro en mayo, pensaba que sería posible sofocar con facilidad una débil rebelión militar y que, como consecuencia, el Gobierno –y no los revolucionarios– obtendría mayor fuerza y autoridad, y resultaría más sencillo controlar a los militares sublevados. El principal error de prácticamente toda la izquierda fue el de menospreciar a la derecha, de quien pensaban que se rendiría, impotente, ante la fuerza un cambio histórico inevitable.

La extrema derecha, a diferencia de la CEDA, sí había debatido durante varios años la posibilidad de una revuelta armada para obtener el poder, tal y como se explicará en el capítulo siguiente. En cualquier caso, todos los planes pergeñados por los grupos monárquicos habían quedado en nada, pues adolecían de una falta absoluta de respaldo popular. Cualquier insurrección contrarrevolucionaria que pudiera imaginarse dependía de los militares, pero hasta mediados de julio de 1936 no hubo un apoyo militar suficiente.

El desarrollo de los acontecimientos durante la primavera y las primeras semanas del verano de 1936 se encaminaba irremediablemente hacia un desenlace violento, a menos que se produjera un cambio en la política gubernamental. Y hubo, en efecto, varias propuestas para un cambio radical, cualquiera de las cuales podría haber evitado la Guerra Civil.

La alternativa más debatida fue la posibilidad de formar un Gobierno republicano de amplio espectro encabezado por Indalecio Prieto, que vencería la resistencia de los socialistas y crearía una coalición mayoritaria, de modo que se pudiera resolver el problema de las minorías o gobiernos presidenciales típicos tanto de Weimar como de la República española. Esta posibilidad ocupó el centro de atención político después de que Azaña fuera elevado a la Presidencia en mayo, y siguió discutiéndose, aunque con menos vigor, hasta junio. Al menos se plantearon dos versiones diferentes de un hipotético Gobierno de amplio espectro dirigido por Prieto; el más plausible era una especie de coalición exclusiva de miembros del Frente Popular que combinaría, sobre todo, a miembros de la izquierda republicana y a socialistas. Menos posibilidades tenía un amplio «Gobierno nacional» que también pudiera contar con los partidos centristas e incluso con el ala más liberal de la CEDA.

Dependiendo de la alternativa elegida, un nuevo Gobierno de Prieto podría haber sido más o menos democrático, pero habría sido más fuerte y más firme que el gabinete minoritario de Casares Quiroga. Prieto avanzó su decisión de reprimir la violencia con absoluta firmeza, con el fin de lograr lo que él llamaba «la despistolización de España», satisfacer las demandas de los grupos obreros mediante la aceleración de las reformas sociales y económicas (en vez de soportar la creciente ola de huelgas con sus exigencias, a menudo desorbitadas, y los numerosos asaltos a la propiedad privada) y, finalmente, eliminar el peligro de una guerra civil mediante el compromiso de una purga drástica del estamento militar, ante el cual Azaña y Casares Quiroga temblaban.

Todas estas propuestas se toparon con la absoluta negativa de los caballeristas, que no estaban dispuestos a permitir que los socialistas participaran en un «Gobierno burgués». Su idea era que los socialistas solo formaran parte de un Gobierno revolucionario que pudieran dominar con la intención de apartar a todos los «burgueses», incluidos los republicanos de izquierdas. Así pues, Prieto podría haber formado una nueva coalición solo a costa de dividir al Partido Socialista. No hay pruebas ciertas para saber si se negó a ello porque era demasiado leal a su partido como para permitir una escisión (los socialistas tenían bastante más sentido común que la mayoría de los grupos de lo que los soviéticos llamaban partiinost), o si pensó que hacerlo le dejaría sin la fuerza necesaria para mantener un Gobierno.

Una propuesta alternativa que comenzó a sugerirse por aquellos días consistía en salvaguardar el sistema constitucional mediante la formación de un peculiar Gobierno de excepción de raíz republicana, una especie de dictadura temporal, republicana, constitucionalista o legalista, en alguna medida parecida a los gobiernos alemanes de 1930-1933. Claudio Sánchez Albornoz y varios líderes republicanos de izquierdas concibieron este Gobierno como un gabinete «cincinnatiano» o temporalmente autoritario, con plenos poderes para restaurar la ley y el orden, después de lo cual volvería a hacerse cargo del país un Gobierno parlamentario normal. La última propuesta importante de este tipo la adelantó el centrista Miguel Maura, uno de los fundadores de la República, en una serie de cinco artículos que publicó en El Sol entre el 18 y el 27 de junio. Esta alternativa fue, de todos modos, rechazada de plano tanto por Azaña como por Casares Quiroga.

Una propuesta en alguna medida diferente vino de la mano de Felipe Sánchez Román, el famoso abogado y profesor que encabezaba el diminuto Partido Nacional Republicano. Azaña era amigo personal de Sánchez Román, a quien respetaba enormemente por su clara y equilibrada inteligencia; al propio Azaña, al parecer, le habría gustado verlo liderando un Gobierno republicano de izquierdas. En todo caso, Sánchez Román se opuso al Frente Popular español por su extremismo e insistió en la necesidad de formar un Gobierno más moderado y responsable que los gabinetes minoritarios de Casares Quiroga. En un encuentro con los líderes de su partido el 30 de mayo, Sánchez Román obtuvo la aprobación para hacer una propuesta de coalición de todos los partidos republicanos de izquierda y de centro que gobernaría bajo la premisa de un estricto constitucionalismo, el restablecimiento de la ley y el orden, y la prohibición de todas las milicias políticas. A los socialistas se les permitiría unirse a la coalición gubernamental si se decidían a acatar y apoyar aquel programa.

Azaña y la mayoría del resto de los líderes republicanos de izquierdas no aceptaron, porque esta propuesta de crear un Gobierno exclusivamente republicano, de amplio espectro y constitucionalista habría roto el bloque del Frente Popular. El nuevo presidente de la República no solo se negó a llegar a acuerdos de compromiso con la derecha, sino que también rechazó alcanzar acuerdos con el centro; todas estas decisiones se basaban en la idea de que solo el Frente Popular podía garantizar una República exclusivamente de izquierdas. Pero el problema era que una República exclusivamente de izquierdas también significaba el final de la democracia, así como la posibilidad cierta de un pronunciamiento militar. La previsión de Azaña y Casares Quiroga era que una revuelta militar sería una acción débil que podría aplastarse con facilidad y que, en consecuencia, solo podría fortalecer al Gobierno.

Junto a este fundamental error de cálculo, la fantasía más extendida era el sueño de Azaña: una República radical, pero no revolucionaria, y semidemocrática que pudiera gobernar España permanentemente. Esta era la ilusión de un escritor aficionado a la política, e ignoraba la realidad de que solo tres tipos de régimen podrían funcionar durante algún tiempo: una coalición de gobierno republicano de amplio espectro, una dictadura de la izquierda o una dictadura de la derecha. Los gobiernos minoritarios de Azaña-Casares Quiroga no se correspondían con ninguna de esas tres posibilidades, pero colmaban las ilusiones sectarias a corto plazo.

Azaña solo se dio cuenta de lo que ocurría la noche del sábado 18 de julio, después de la repentina dimisión de Casares; entonces supo que la revuelta militar que había estallado no era una repetición de la ridícula «sanjurjada» de 1932, sino una enorme rebelión en la que iban a participar la mayor parte de las fuerzas armadas. Durante varios días, los líderes de los grupos revolucionarios habían exigido que el Gobierno «armara al pueblo», pero no se referían a la gente común y normal, sino a las organizaciones revolucionarias, las verdaderas responsables de la violencia y de los actos arbitrarios contra los que los militares habían iniciado su rebelión. Tanto Azaña como Casares Quiroga se habían negado a darles armas, porque eran conscientes de que eso sería tanto como entregar el poder a los revolucionarios.

Bien al contrario, por primera y última vez Azaña intentó –demasiado tarde– moverse hacía el centro en un intento de formar un Gobierno más amplio y también más representativo. Con ello no conseguiría más que hacer saltar por los aires el Frente Popular, pero se había convertido en un requisito obligatorio si quería mantener el constitucionalismo republicano, y, al parecer, Azaña llegó inmediatamente a la conclusión de que sería mejor hacer saltar por los aires el Frente Popular que hacer saltar por los aires a España. Azaña encargó a Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y jefe de Unión Republicana, el más moderado de todos los partidos del Frente Popular, que formara un nuevo Gobierno más o menos en la línea de las propuestas que Sánchez Román había planteado dos meses antes. Sánchez Román aceptó participar en una coalición republicana de la izquierda moderada y del centro izquierda que intentaría negociar las condiciones para dar fin a la rebelión militar, incluso a costa de algunas concesiones a los rebeldes.

A esas alturas ya se había perdido mucho tiempo y era demasiado tarde. Solo cinco días antes, un Gobierno moderado y representativo podría haber evitado la Guerra Civil, pero, por definición, nunca se puede evitar que ocurra algo que ya ha comenzado a ocurrir. Azaña no comprendía muy bien –ni por carácter ni por inteligencia– en qué consistía un Gobierno democrático y se dio cuenta demasiado tarde de que las democracias siempre se han gobernado, sobre todo, desde el centro. Un Gobierno sectario o tiránico, como aquellos que formaron Azaña y Casares Quiroga, no podría sostener una democracia. Tal y como estaban las cosas, los militares rebeldes se negaron a considerar un acuerdo, mientras que en cuestión de horas el Gobierno de Martínez Barrio quedó minado por una manifestación violenta organizada por los caballeristas y por algunos de los elementos más radicales del propio partido de Azaña.

La idea del Gobierno nunca fue la de hacer una purga demasiado amplia del estamento militar, sino más bien utilizar a la mayor parte del Ejército, que se suponía leal, para sofocar cualquier pequeña revuelta organizada por pequeños y minoritarios sectores de la milicia o por algún grupúsculo revolucionario. Una vez que se hizo evidente que una buena parte del Ejército podía unirse a los rebeldes, el plan, como poco, se tambaleaba. Temeroso de que no hubiera suficientes militares y fuerzas de seguridad que se mantuvieran leales, el nuevo Gobierno minoritario exclusivamente de izquierdas, liderado por José Giral, formado el 19 de julio, repentinamente cambió de idea, olvidó la firmeza de Casares Quiroga y comenzó a distribuir armas entre las organizaciones revolucionarias, consumando lo que Josep Pla llamó el «kerenskismo ideológico» de Azaña. Esta decisión garantizaba la liquidación de la República parlamentaria y el comienzo de un nuevo régimen revolucionario, al principio muy confuso. En ningún caso resultaba evidente que el Gobierno izquierdista no pudiera sofocar la rebelión mediante los procedimientos habituales y utilizando lo que quedaba de las Fuerzas de Seguridad, pero la virtual entrega del poder a los revolucionarios garantizaban el final de la República parlamentaria y, también, una guerra civil de enormes dimensiones. La Segunda República se había terminado y la República Revolucionaria del Frente Popular había comenzado. Al dar este paso, los republicanos de izquierda validaron las acusaciones fundamentales que los rebeldes formulaban contra ellos.

Salvo por el esfuerzo tardío de formar el Gobierno de Martínez Barrio –demasiado tardío para ser efectivo–, las disposiciones políticas de Azaña y Casares Quiroga solo habían tenido el efecto de animar, en vez de contener, la posibilidad de una contienda civil. Otra alternativa durante el fin de semana del 18 y 19 de julio fue, simplemente, la de conceder el poder a la oposición, tal y como hizo Alfonso XIII el 14 de abril de 1931, pero, desde luego, las situaciones eran absolutamente distintas. En 1931 parecía que muy pocos individuos estaban dispuestos a luchar por la monarquía, mientras que en 1936 había muchos voluntarios dispuestos a luchar por un régimen revolucionario, aunque sería mucho más violento de lo que Azaña jamás pudo imaginar.

3

18 DE JULIO

Con la rebelión militar que estalló en Marruecos entre el 17 y el 18 de julio dio comienzo un conflicto largamente anticipado pero en ningún caso inevitable. Durante algún tiempo se había vivido en una situación difícil, con graves disturbios y abusos de poder, pero que se iniciara una guerra civil total entre la derecha y la izquierda dependía sobre todo de la decisión de los militares rebeldes, pues los contrarrevolucionarios carecían de cualquier control de la situación. Si los rebeldes no hubieran actuado, podría haberse producido un tipo diferente de guerra civil entre facciones de la izquierda, tal y como de hecho ocurrió en la zona republicana, donde estalló la disensión en dos ocasiones; pero sin la rebelión militar, la izquierda habría continuado dominando absolutamente el panorama político en España.

En torno a los primeros días de julio, el primer ministro Casares Quiroga y el líder socialista «centrista» Prieto parecían estar dispuestos a aceptar, e incluso impulsar, una asonada militar de ese tipo, considerando que ese sería el modo más sencillo de clarificar la situación y reforzar la posición del Gobierno de la izquierda republicana. Todas las previsiones de la izquierda, fueran extremistas o moderadas, estaban basadas en lo que entendían –en parte correctamente y en parte de modo erróneo– como una debilidad, apocamiento y división de la derecha, en la que incluían a los militares. Y era verdad que la derecha estaba dividida, dubitativa e insegura respecto a cómo actuar, y tanto era así que un Gobierno sensato de Azaña y Casares Quiroga podría haber impedido fácilmente una guerra civil. La ironía de la situación para la izquierda residía en el hecho de que un Gobierno más sólido, prudente y riguroso que hubiera aplicado la ley probablemente podría también haber ido consolidando, al menos durante algún tiempo, su propia versión de una República exclusivamente de izquierdas, apartando a la derecha, y para ello solo hubiera sido necesario ser más legalista y haber gobernado con más coherencia. En otras palabras, la idea básica de casi toda la izquierda –según la cual la derecha no estaba en condiciones de poder enfrentarse a la izquierda– probablemente era correcta, pero todo dependía de cómo gobernara y actuara la izquierda. Habría sido posible consolidar la dominación izquierdista sin una gran guerra civil. Esta era la firme pero prudente estrategia recomendada por la Internacional, aunque el Partido Comunista había ido más lejos y más deprisa de lo que Azaña tenía en mente. En realidad, la particular combinación española de sectarismo e injusticia y, al mismo tiempo, la irresolución de aquel Gobierno de la izquierda moderada, incapaz de hacer cumplir la ley con firmeza, junto a una izquierda revolucionaria violenta, incendiaria e indisciplinada, dio como resultado una mezcla de amenazas y caos que provocó la mayor respuesta violenta que pudiera imaginarse. No había nada inevitable en todo aquello. Era previsible que se produjera una revuelta militar de algún tipo, tal y como muchos observadores esperaban, pero bien podría haber sido una rebelión débil, tal y como toda la izquierda suponía, y habría fracasado a la hora de generar una guerra civil de grandes proporciones.

En Francia, la enorme ola de huelgas que estalló en junio tras la victoria electoral del Frente Popular francés fue mayor en términos absolutos y comparativos que la oleada de huelgas generales que hubo en España exactamente por las mismas fechas. La diferencia era, en primer lugar, que en Francia se produjo muy poca violencia y, en segundo término, que el Gobierno actuó con prontitud y resolutivamente para arbitrar un final al conflicto obrero, algo posible también porque los trabajadores franceses estaban más unidos y sus objetivos eran de índole práctica más que revolucionaria. El caos provocado por los conflictos laborales españoles era bastante más difícil de controlar.

Los análisis de la situación en España durante aquellos meses de junio y julio hablaban en términos de caos, anarquía, y se comentaban los preparativos para la revolución. Ya en abril los cuerpos diplomáticos extranjeros de Madrid mantuvieron conversaciones con el fin de decidir cómo deberían actuar si estallaba una revolución violenta. En definitiva, la cuestión que se planteaba era: ¿hasta qué punto es peligrosa la situación? Ciertamente, España albergaba los dos únicos grandes movimientos revolucionarios de Europa occidental en aquel tiempo, pero estaban divididos entre sí, del mismo modo en que estaban enfrentados los dos pequeños partidos comunistas y los republicanos de izquierdas más moderados; los socialistas, por su parte, también estaban divididos en varias facciones. Así pues, no era sorprendente que distintos líderes políticos de los movimientos revolucionarios plantearan claramente la cuestión: ¿cómo iba a tener éxito una revolución en España en semejantes condiciones? Incluso aunque los revolucionarios vencieran a la derecha, ¿no se enfangarían después en una lucha y en una guerra civil entre ellos? La respuesta a esta cuestión era probablemente afirmativa, tal y como se demostró durante la Guerra Civil que disputaron a continuación la izquierda y la derecha. En este punto, varios historiadores, como Edward Malefakis, han reconocido que se había desarrollado una especie de situación prerrevolucionaria, pero al mismo tiempo advierten que habría sido difícil que se hubiera podido llevar a cabo la revolución con éxito. El planteamiento es válido, pero no cabe duda de que existía una situación prerrevolucionaria de coacción, ilegalidad y aumento de la violencia que habría resultado intolerable en cualquier otro país en aquel tiempo. La mayor parte de las grandes rebeliones y guerras civiles se han iniciado con una provocación bastante menor, como las de Inglaterra en 1640 y 1688, y las de Estados Unidos en 1775 y 1861.

El ala ultraderechista de los monárquicos había comenzado a conspirar contra la República prácticamente en cuanto se hundió la monarquía, al tiempo que la persecución religiosa ofreció notables estímulos a la recuperación del carlismo. Tras la victoria parcial de la derecha legalista en 1933, los representantes de los dos grupos monárquicos firmaron un acuerdo con el Gobierno de Mussolini, el 31 de marzo de 1934, que les proporcionaría un apoyo financiero, entrenamiento militar y un cierto número de armas para llevar a cabo la revuelta, pero todo esto quedó finalmente en nada y no tuvo consecuencia alguna[1].

El Ejército estaba casi tan dividido como la sociedad política española en su conjunto, y los escasos y débiles esfuerzos que se hicieron para hacer estallar una revuelta tras la victoria del Frente Popular solo recabaron una respuesta muy limitada. El Gobierno de Azaña se movió con rapidez para poner prácticamente todas las comandancias en manos de generales de confianza. Algunas camarillas de oficiales comenzaron a conspirar, pero no hubo un objetivo concreto hasta que el general Emilio Mola, que había sido nombrado recientemente gobernador militar de la comandancia de Pamplona, entró en escena a finales de abril para ampliar y unificar una red más amplia de conspiradores; este proceso no se completó hasta principios de julio, debido a lo incierto de los apoyos con los que supuestamente contaban. El plan político que esbozó Mola proponía mantener la forma republicana de gobierno, pero implantaría una dictadura de emergencia que pudiera organizar unas nuevas elecciones constituyentes con garantías más conservadoras y autoritarias, presumiblemente prohibiendo la mayoría de los partidos de izquierdas y manteniendo la separación de Iglesia y Estado.

Después se desatarían las especulaciones respecto a las razones por las que el Gobierno republicano no llevó a cabo acciones más rigurosas para purgar el Ejército, pero había razones de profundo calado para que ocurriera así. La «apuesta de Azaña» de explotar el apoyo de la izquierda revolucionaria con la idea de promover una República de izquierdas, semiparlamentaria pero no revolucionaria, fue un riesgo mal calculado que inevitablemente situó al Gobierno entre dos fuegos. La posibilidad de una ruptura con la izquierda revolucionaria no podía desestimarse y, en realidad, dada la reciente historia, algún tipo de insurrección revolucionaria –se habían producido cuatro, como mínimo, en los últimos cuatro años– parecía al menos tan probable como una rebelión militar. Si tal cosa acontecía, la izquierda revolucionaria solo podría ser abatida por un ejército con una fortaleza relativamente importante. Azaña esperaba ser el líder de aquella alianza con la izquierda revolucionaria, y no su prisionero: sin embargo, esa fue realmente su condición política a partir del 19 de julio de 1936.

En realidad, ejercer una política más agresiva para neutralizar a los militares podía simplemente sacar a la luz y cristalizar una oposición que, de otro modo, permanecería solo en estado latente, al tiempo que se dejaba al Gobierno indefenso ante las presiones de los revolucionarios. Aunque Casares se parecía cada vez más a Alexander Kerensky, el primer ministro ruso que había sido víctima de Lenin, esta era una posición que el líder español había decidido evitar a toda costa, y se decía que había colocado una foto de Kerensky en la pared de su despacho para tenerlo siempre presente. En junio, su ministro del Interior (llamado de Gobernación) envió circulares a todos los gobernadores provinciales con la orden de evitar cualquier enfrentamiento innecesario con los militares en sus respectivos territorios.

Hay pruebas de que Casares informó al Consejo de Ministros el 10 de julio de que realmente existía una conspiración militar y que podía estallar en cualquier momento. El Gobierno tuvo la posibilidad de abortar el movimiento mediante una serie de arrestos inmediatos; sin embargo, carecían de pruebas concluyentes respecto a los líderes, y no sería posible llevar a cabo las detenciones con sustento legal. Aunque los fundamentos de la ley estaban siendo cada vez más ignorados en España, aún no habían desaparecido por completo. La alternativa era esperar a que el movimiento rebelde madurara y, entonces, aplastarlo completamente, y esa fue la decisión que tomó al final el primer ministro. Al analizarlo con la perspectiva de los años, ese plan resulta una completa estupidez, aunque es cierto que en aquellos momentos, a fecha del 10 de julio de 1936, la lectura del Gobierno no era del todo inexacta o errónea.

La opinión pública moderada y conservadora en España había demostrado ser notablemente tolerante. La interminable serie de abusos que habían sufrido los conservadores durante la primavera y las primeras semanas del verano de 1936 no tenía precedentes en ningún país de Europa en tiempos de paz. Entre esos abusos destacaban una ola de huelgas masivas, violentas y destructivas, cierres arbitrarios de escuelas católicas, incautación de iglesias y propiedades eclesiásticas, aplicación de la censura a nivel general, miles de detenciones arbitrarias, impunidad ante los actos criminales de miles de miembros de los partidos del Frente Popular, manipulación y politización de la Justicia, disolución arbitraria de distintas organizaciones derechistas, repetición arbitraria de elecciones en Cuenca y Granada con la exclusión de la oposición, subversión de las Fuerzas de Seguridad y un gran incremento de la violencia, con un resultado de, al menos, 444 asesinatos políticos[2]. La toma de gobiernos provinciales y locales decretada por Azaña en una buena parte del país creó las condiciones para que se desarrollara una administración coercitiva similar a la que se dio tras el golpe de mano fascista en Italia, que se apropió de los gobiernos locales del norte de Italia durante el verano de 1922; sin embargo, hasta el 10 de julio, en España no se había producido ninguna revuelta de raíz conservadora contra unas condiciones de opresión tan extremas que, sin duda, hubieran provocado feroces rebeliones en muchos otros países.

El elemento catalizador de la revuelta contrarrevolucionaria fue el asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo, que se había convertido en portavoz de la oposición en las Cortes[3]. El crimen tuvo lugar a primera hora del 13 de julio. Se ha dicho en alguna ocasión que la conspiración de los militares ya estaba a punto de culminarse para esas fechas y que la rebelión militar habría tenido lugar aunque no se hubiera cometido el asesinato, pero semejante análisis ignora el punto principal. En efecto, podría haberse dado algún tipo de revuelta militar, pero habría sido mucho más débil y probablemente se habría sofocado sin muchas dificultades, tal y como el Gobierno había imaginado.

El secuestro y el asesinato de Calvo Sotelo representaron el culmen de una larga cadena de disturbios, violencia y abusos políticos y administrativos que habían tenido lugar bajo el mandato de los gobiernos de la izquierda republicana. La excusa inmediata para cometer el magnicidio fue el asesinato callejero del teniente José Castillo, un oficial socialista perteneciente a los Guardias de Asalto; lo mataron los falangistas la noche del 12 de julio. Los militantes de izquierda exigieron venganza de inmediato y presionaron al ministro del Interior para que firmara una nueva serie de detenciones de derechistas. Las detenciones políticas arbitrarias habían sido una característica de la política gubernamental desde el mes de marzo. Es más, las unidades de los Guardias de Asalto que llevaron a cabo esos arrestos añadieron ilegalmente los nombres de los líderes parlamentarios de la derecha, a pesar de que estos disfrutaban de inmunidad parlamentaria.

Además, las unidades policiales se constituyeron de un modo completamente ilegal. La que fue a arrestar a Calvo Sotelo estaba dirigida por un capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, indultado por el Frente Popular de una larga condena de prisión tras el amotinamiento en la insurrección de 1934. Condés aún no había sido reintegrado por completo en sus funciones, pero la policía izquierdista actuaba con independencia de la legalidad. Condés dirigía un grupo variopinto, compuesto por varios guardias de asalto en activo, otros policías que ya no estaban en servicio y varios activistas revolucionarios, sobre todo socialistas. A lo largo de los últimos meses, el Gobierno había reclutado a cientos de activistas del Partido Socialista y del Partido Comunista para prestar servicios policiales como «delegados» especiales, algo bastante parecido al sistema que utilizó Hitler para reclutar y emplear a miembros de las SA y las SS como Hilfs-polizei durante las primeras semanas de su régimen en Alemania, aunque en España el número de este tipo de comisarios policiales fue bastante menor. No hay indicio alguno, en todo caso, de que los militantes que acompañaban a Condés hubieran recibido ninguna autorización legal.

Durante algún tiempo Calvo Sotelo había estado animando al Ejército a la rebelión, pero permanecía en Madrid para asistir al siguiente debate de las Cortes precisamente porque no tenía la seguridad de que los militares se decidieran finalmente a hacerlo. Fue secuestrado por Condés en su piso, en mitad de la noche; inmediatamente, un militante socialista le pegó un tiro en la nuca y luego lo arrojaron al cementerio principal[4].

Casi peor que el asesinato en sí mismo fue la respuesta del Gobierno. Aunque prometió investigarlo, hizo pocos esfuerzos para cumplir su promesa. En vez de promover un esfuerzo para reconciliarse con la oposición, que era lo que se precisaba desesperadamente, el Gobierno impuso una censura absoluta con la idea de ocultar los hechos y se preparó para una confrontación armada mediante otra ronda de arrestos arbitrarios de falangistas y derechistas, como si estos hubieran sido los responsables de la situación. No hubo ninguna revisión de la política policial, ningún intento de renovación ministerial y poco o ningún deseo de apresar a los verdaderos responsables del crimen.

La respuesta política más contundente fue la del portavoz del Partido Comunista, al que se le ordenó, desde la Internacional, que preparara una nueva legislación en el Parlamento con el fin de ilegalizar los partidos de derechas, encarcelar sin fianza a sus líderes y principales militantes, y suprimir y confiscar los principales periódicos conservadores[5]. Estas ideas, del todo inconstitucionales, constituyeron con mucho el esfuerzo más radical para implantar un «nuevo tipo» de República exclusivamente de izquierdas, estrangulando para siempre a los elementos más importantes de la oposición política. Muy pronto todas estas previsiones, junto a otras muchas, se formalizaron de un modo extremadamente violento y revolucionario en lo que se llamaría eufemísticamente «Zona republicana».

El Consejo de Ministros se reunió dos veces el día 13 y acordó suspender las sesiones en el Parlamento, condenó el asesinato de Calvo Sotelo en una breve declaración y prometió una investigación exhaustiva y la persecución de los criminales, pero nada de eso se llevó a cabo realmente. Bien al contrario, en cuestión de pocos días, los asesinos recibieron notificación de buenos ascensos y fueron elevados a puestos de mayor responsabilidad. Con el Parlamento desactivado, el Gobierno no tomó ni la más mínima medida para proteger a la oposición política, que se sintió más vulnerable y desprotegida que nunca, con parlamentarios sometidos a secuestros y asesinatos en medio de un estado policial y a merced de los grupos revolucionarios. De hecho, el Gobierno continuó con su política habitual de culpar a las víctimas. Siguiendo el espíritu de la propuesta comunista, el Ejecutivo anunció la decisión de cerrar en Madrid los locales del partido monárquico Renovación Española y también de la anarcosindicalista CNT (que no era miembro del Frente Popular), a pesar de que no existía ni la más mínima prueba de que ninguna de esas dos agrupaciones hubieran estado implicadas en ningún crimen, y luego ordenó el arresto de numerosos derechistas. Tras el funeral de Calvo Sotelo, la policía abrió fuego contra una manifestación de conservadores desarmados, en el centro de Madrid, y mataron a muchos de ellos. El día 15 la Dirección General de Seguridad declaró que otros 185 líderes provinciales y locales de la Falange habían sido arrestados, y se añadieron a los varios centenares de miembros de ese partido que ya se encontraban en prisión. Al día siguiente, en línea con la política gubernamental de intensificación de la polarización, todos los locales conservadores de Barcelona fueron cerrados.

Ni el Gobierno ni los socialistas de Prieto (el sector más relacionado con el grupo de asesinos) hicieron el más leve gesto para modificar la situación. Su política más bien parecía destinada a utilizar la fuerza para resolver la cuestión del asesinato de Calvo Sotelo: seguramente lo consideraban inevitable y, en todo caso, creían que saldrían vencedores. Prieto, personalmente, protegió a los asesinos y hay pruebas de que intervino para advertir al Gobierno de que no se atreviera a investigar el caso ni a arrestar a nadie. Puesto que el asesino era uno de los escoltas personales de Prieto, los socialistas consideraron indispensable vetar cualquier investigación que pudiera delatar el papel preponderante del socialismo en la violencia desatada que asolaba el país. Se dijo que Casares Quiroga había declarado en privado que estaba deseando que se produjera una rebelión, puesto que así se podría eliminar por completo a los elementos rebeldes en el seno del Ejército.

Un cálculo semejante podría haber estado justificado, como mucho, en torno al 12 de julio, puesto que Mola había encontrado grandes dificultades en su propuesta rebelde. La mayoría de los oficiales no querían rebelarse, las relaciones con los falangistas eran tensas y los carlistas (que habían estado entrenándose en milicias rurales, al menos en Navarra) se negaron a aceptar las condiciones políticas que les ofrecía el general. Tras el rechazo aparentemente definitivo de estos últimos, Mola escribe una amarga carta al líder carlista Manuel Fal Conde: «Recurrimos a ustedes porque contamos únicamente en los cuarteles con hombres uniformados, que no pueden llamarse soldados […] De cuantos han actuado en esta aventura, la única víctima voy a ser yo»[6]. En ese momento, todo lo que Mola podía esperar era una insurrección fallida o, quizá, nada en absoluto y, después, su arresto o el destierro.

El asesinato de Calvo Sotelo tuvo un efecto eléctrico sobre la práctica totalidad de la oposición contra la izquierda, proporcionando a la vez el catalizador que se necesitaba para transformar una conspiración inane en una poderosa rebelión que podría desembocar en una guerra civil generalizada, aunque, de hecho, nadie pudo prever la amplitud del conflicto que finalmente se desató. Las consecuencias políticas, psicológicas y emocionales del asesinato de Calvo Sotelo fueron más el resultado de sus circunstancias concretas que del mero hecho del asesinato del líder monárquico. Si hubiera sido asesinado en una esquina por unos asesinos de izquierda comunes, tal vez podría haber tenido alguna consecuencia, pero mucho menor que la que se produjo ante el espectáculo de la policía actuando en coalición con militantes revolucionarios, secuestrando al portavoz principal de la oposición política y asesinándolo después. Fue un crimen sin precedentes en la historia de los sistemas parlamentarios occidentales…, si es que lo que quedaba de la República española podía considerarse aún un régimen parlamentario constitucional, puesto que la violación de las leyes y de los procedimientos electorales se había convertido en una práctica habitual y, en algunos casos, sistemática. Era el equivalente español del «caso Matteotti» en Italia en 1924. Ese suceso sirvió en su momento para precipitar la dictadura fascista, mientras que en España, el asesinato de Calvo Sotelo fue el catalizador de la Guerra Civil. El asesinato de Matteotti fue responsabilidad de los fascistas, y el de Calvo Sotelo, de los socialistas: ambos grupos eran la principal fuente de violencia política en sus respectivos países.

Este dramático acontecimiento se describe habitualmente como el producto de las violentas pasiones políticas del momento y suele advertirse que no hubo en él ni planificación ni premeditación. Esto no es completamente cierto en este caso, puesto que los extremistas de izquierda habían planeado durante bastante tiempo atentar contra Calvo Sotelo, aunque la decisión final se tomó a raíz de los acontecimientos de la noche del 12 de julio. También se ha argumentado de tanto en tanto que el crimen representó un intento deliberado de clarificar la situación y provocar la rebelión militar que durante tanto tiempo la izquierda había estado esperando, alcanzando así la catarsis final de la polarización absoluta[7], pero esta conclusión siempre quedará más allá de cualquier posibilidad de verificación.

Entre los militares, el asesinato movilizó mucho más apoyo a favor de la revuelta del que podría haber suscitado si no se hubiera producido. El ejemplo más sorprendente fue el caso del general Franco. Aunque era monárquico en principio, Franco había aceptado la legitimidad de la República y se había identificado con la derecha moderada y legalista de la CEDA, evitando cualquier actividad política subversiva. Mientras que Azaña había estado implicado en la insurrección militar de 1930, había intentado por todos los medios anular los resultados de las elecciones democráticas de 1933 y se había visto implicado en complejas maniobras para frustrar el normal funcionamiento del Gobierno parlamentario de 1934, el único movimiento de Franco de ese tipo fue su fracasado intento del 17 de febrero para que se activara unilateralmente un decreto de ley marcial sin fecha que Alcalá Zamora había entregado a Portela. El 23 de junio Franco escribió a Casares Quiroga para decirle que el Ejército permanecía leal a la República (en aquel momento era una declaración perfectamente cierta), pero le apremiaba a cambiar algunas de sus políticas. Y en torno al 12 de julio envió una nota a Mola diciéndole que la situación no estaba tan deteriorada como para que no se pudiera reparar y que no se encontraba en disposición de unirse a la rebelión. La noticia del asesinato, que le llegó al día siguiente, tuvo en el general un efecto decisivo y convenció a Franco de que en ese momento sería más peligroso no rebelarse que hacerlo. De inmediato despachó un nuevo mensaje a Mola en el que aseguraba que ahora estaba firmemente comprometido con la causa y que la rebelión no debía aplazarse[8]. Años después, en un discurso de 1960, Franco sugirió que la insurrección militar nunca habría adquirido la fortaleza necesaria de no haber sido por aquel asesinato. Dos días después de la decisión de Franco, los carlistas también comprometieron su apoyo a Mola y el plan final adquirió forma.

La rebelión se ha descrito frecuentemente como un «golpe de Estado», pero esto es técnicamente inexacto. Un golpe de Estado requiere una organización decisoria central, como en Grecia en 1967, o en Chile en 1973. En Grecia no hubo contienda armada, y en Chile, muy poca.

Mola se dio cuenta de que él no podía movilizar los apoyos decisivos que se precisaban, de modo que la rebelión probablemente fracasaría de manera estrepitosa en Madrid. Así pues, se requería una concentración de fuerzas en la periferia, especialmente en las regiones más conservadoras del norte, y contar con las unidades de combate de élite acantonadas en el Protectorado de Marruecos. Mola no esperaba una guerra civil generalizada y prolongada, sino que, al igual que los revolucionarios marxistas, intuía solo un breve conflicto que apenas duraría unas pocas semanas.

Así pues, la situación en España, en alguna medida, estaba a medio camino entre la Rusia de 1917, donde las fuerzas contrarrevolucionarias habían sido completamente aplastadas y solo pudieron reconstruirse lenta y penosamente tras un proceso confuso y desordenado que duraría más de un año, y la Grecia de 1967 y el Chile de 1973, donde las fuerzas militares unidas llevaron a cabo un golpe quirúrgico y rápido. Si los militares españoles hubieran estado unidos, de una parte o de otra, no se habría producido la Guerra Civil.

Lo cierto es que los preparativos de Mola estaban prendidos con alfileres, porque el general carecía de recursos para hacer nada más. En lugar de intentar un golpe rápido y concertado contra el Gobierno, la rebelión iba a comenzar en las regiones del sur el día 18 de julio, en las regiones centrales el día 19, y en otras áreas periféricas el día 20. Es más, Mola había fracasado al intentar establecer contacto con los comandantes de la Armada (que en general eran más conservadores que los hombres del Ejército), así que la coordinación naval para transportar las unidades de combate militares desde Marruecos era muy deficiente. Difícilmente las cosas podrían haber estado peor planificadas, así que, al menos en eso, Casares Quiroga no andaba del todo descaminado.

Lo que tanto el Gobierno como los revolucionarios estaban esperando era un estallido caótico de los rebeldes más exaltados en distintas comandancias provinciales; pensaban que estos brotes podrían aislarse con facilidad. La rebelión que estalló finalmente adoleció de una coordinación deficiente y, en efecto, hubo algaradas de exaltados en las comandancias provinciales, pero la rebelión, que fue anunciada precipitadamente en el Protectorado de Marruecos alrededor de las cinco de la tarde del día 17 de julio, comenzó a desarrollarse y a crecer hasta adquirir enormes dimensiones al día siguiente, el 18 de julio. Todo el Protectorado y Canarias, así como los militares de Sevilla y de otras regiones, se unieron a la revuelta.

Manuel Azaña y la izquierda republicana minoritaria que controlaban las instituciones gubernamentales tenían tres opciones: 1) rendirse a los rebeldes, tal y como hizo Alfonso XIII en 1931 y como habían hecho muchos otros gobiernos españoles ante los pronunciamientos y asonadas del siglo XIX; 2) utilizar las Fuerzas de Seguridad del Estado para intentar sofocar la revuelta; y 3) dar vía libre a los revolucionarios mediante el proceso de «armar al pueblo». Dado el grado de movilización y radicalización del país, la primera opción era difícilmente factible. Los rebeldes no tenían en absoluto la fuerza para hacerse con las ciudades más grandes y los centros estatales de manera inmediata, al tiempo que las organizaciones obreras y revolucionarias jamás habrían aceptado una rendición del Gobierno, sino que habrían planteado toda la resistencia de la que hubieran sido capaces. Incluso aunque el propio Gobierno hubiera intentado evitar la confrontación, se habría producido un conflicto armado generalizado, aunque en ese caso los rebeldes habrían dominado el territorio en un breve espacio de tiempo.

Bien al contrario, Azaña y el nuevo Gobierno de la minoría de izquierda republicana, liderado por José Giral, formado el 19 de julio, intentó dar salida a la segunda y tercera opciones, aunque en ambos casos de modo incompleto o parcial. El Gobierno intentaba resistir con las fuerzas de seguridad leales, pero inmediatamente comenzó a distribuir armas a los revolucionarios (un pequeño número de estos ya se había armado o se estaba armando en aquellos momentos). El resultado fue un «kerenskismo voluntario parcial» que permitió a los partidos obreros apropiarse de la mayor parte del poder en lo que pronto se denominaría «zona republicana». Este estado de cosas generó en los diez meses siguientes una dualidad de poderes que, en alguna medida, se parecía a la que hubo en Rusia durante el período revolucionario entre marzo y noviembre de 1917, aunque en España dicha dualidad no se definió tan clara y formalmente como en el caso del Gobierno Provisional y de los Soviets de Rusia.

4

MOVILIZACIÓN PARA LA GUERRA

El concepto de guerra civil, por definición, implica un cierto equilibrio de fuerzas, aunque no necesariamente una igualdad militar. Si una parte goza de una fuerza notablemente superior a la de su enemigo, el conflicto civil obviamente no puede durar mucho. En Rusia, los contrarrevolucionarios al principio carecían absolutamente de tropas organizadas; sin embargo, los bolcheviques contaban con unas fuerzas tan limitadas que no pudieron aprovecharse de su leve superioridad para consolidar plenamente su posición durante el primer año, lo que concedió tiempo a sus opositores para movilizarse y reorganizarse.

Una característica especial del caso español fue la gran división existente en el seno del Ejército y de otras fuerzas de seguridad. El Gobierno no se había equivocado al suponer que la mayoría de los generales al mando en activo permanecerían leales a la República; muy pocos se unieron a la rebelión, y Franco y Miguel Cabanellas fueron los dos únicos generales de división en activo que se adhirieron a la revuelta, aunque estuvieron acompañados por un buen número de generales retirados. Muchos años después, la revolución portuguesa de 1974 adoptaría el nombre de Revuelta de los Capitanes, precisamente porque recibió un mínimo apoyo de los generales de mayor edad. Algo parecido podría haberse dicho de la rebelión del 18 de julio de 1936 en España, aunque la percepción general fue distinta porque contaba con el liderazgo de Mola, Sanjurjo, Franco, Queipo de Llano y Cabanellas (dos de ellos ya estaban retirados). En realidad, en la mayoría de los pequeños cuarteles fue decisivo el papel de los oficiales de rango medio, e incluso de los militares de rango más bajo.

Las unidades que se encontraban en la Península, que apenas contaban con 90.000 hombres, se fracturaron claramente: menos de la mitad se unieron a la causa rebelde, pero el elemento decisivo fue que los rebeldes contaron aproximadamente con 25.000 hombres pertenecientes a las unidades de élite de la Legión y de los regulares de Marruecos, acantonados en el Protectorado[1]. En cualquier caso, inmediatamente se comprendió que la intervención de estas fuerzas sería un asunto muy complejo, porque dos tercios de la Armada, incluidos todos los navíos del Mediterráneo, se negaron a unirse a la rebelión. Otra característica especial fue la importancia que tenían las fuerzas de orden público: en España, donde el ejército regular era un poder débil formado a partir de reclutamientos temporales, las fuerzas de orden público estaban constituidas aproximadamente por unos 65.000 hombres (Guardia Civil, Guardias de Asalto y Carabineros), los cuales, aunque no contaban con armas pesadas, tenían un personal cuidadosamente seleccionado y, en algunos casos, con más disciplina que las tropas del propio Ejército. La izquierda conservó el apoyo de algo más de la mitad de dichas Fuerzas de Seguridad, las cuales desempeñaron un papel principal en el aplastamiento de la revuelta en Madrid, Barcelona y otras muchas otras zonas, y actuaron incluso con más virulencia que los obreros armados. Es más, un significativo porcentaje de armas y depósitos de municiones (con alguna excepción en lo que se refiere a artillería) quedó en manos de la izquierda.

En cuanto a las posibilidades económicas de ambos bandos, los republicanos al principio gozaron de una enorme ventaja, pues contaban con el apoyo de cinco de las siete ciudades más grandes de España y de la mayoría de las zonas industriales, además de la reserva de oro y plata del Banco de España, la cuarta más importante del mundo (por más que se haya difundido la imagen de que España era un país totalmente subdesarrollado). El 9 de agosto, Indalecio Prieto pronunció un discurso fundamental por radio en el que declaraba que la victoria de la izquierda sería inevitable:

Una guerra no es simple heroísmo […]. Si la guerra, cual dijo Napoleón, se gana principalmente a base de dinero, dinero y dinero, la superioridad del Estado […] es evidente. Con los recursos financieros totalmente en manos del Gobierno, podría ascender hasta la esfera de lo legendario el valor heroico de quienes impetuosamente se han alzado en armas contra la República, y aun así […], serían inevitable, inexorable, fatalmente vencidos.

Así podría haber sido si hubiera habido un Gobierno fuerte y coherente, tal y como se suponía en la proclama de Prieto, pero ese no era el caso. El Gobierno republicano no desapareció, como han sugerido algunos estudios históricos, pero su autoridad se redujo enormemente, puesto que en casi todas las localidades el poder quedó en manos de los grupos revolucionarios. Que casi la mitad de las unidades militares de la Península no se hubiera rebelado en realidad no sirvió de mucho. El Gobierno de Giral disolvió oficialmente todas las compañías que se habían rebelado, pero esta medida no tuvo ningún efecto perjudicial en los rebeldes y solo consiguió debilitar la disciplina en las unidades leales. En las primeras semanas de lucha, los republicanos confeccionaron columnas mixtas con soldados pertenecientes a lo que quedaba de las unidades del Ejército, los fieles de la Guardia Civil y Guardias de Asalto, y nuevos elementos de la milicia voluntaria. Como era previsible, la efectividad militar de tales columnas no fue demasiada. Si la resistencia rebelde era débil, las plazas acababan conquistándose, pero en aquellos lugares en los que los rebeldes gozaban de alguna fortaleza, los republicanos eran bloqueados o, simplemente, resultaban vencidos.

En principio, había casi 50.000 hombres de tropa en las unidades que no se habían rebelado[2], pero algunas de ellas intentaron más adelante unirse a los rebeldes o fueron sospechosas de querer desertar y fueron disueltas. Después de un corto período de tiempo, solo quedaban fieles a la República poco más de 10.000 hombres dispuestos en tropas organizadas pertenecientes al antiguo ejército. Este fue el factor principal, junto con la inicial intervención extranjera –con la que Prieto no contó en su ecuación– complicada por los efectos tanto domésticos como internacionales de la explosión revolucionaria en la zona republicana. Los milicianos de la República se convirtieron, al menos oficialmente, en las tropas mejor pagadas del mundo, con un sueldo de diez pesetas diarias, pero carecían de liderazgo, adiestramiento y disciplina.

Los «nacionales» –así se llamó desde muy pronto a los rebeldes– también concentraron su fuerza en columnas mixtas, pero las suyas estaban formadas por más unidades regulares, y en el noreste utilizaron muy provechosamente los requetés carlistas, generalmente más disciplinados y valientes, y también un buen número de voluntarios falangistas. La calidad militar de estas columnas también era bastante limitada. Fueron capaces de ocupar una buena parte del norte de España, especialmente en regiones donde la población tendía a apoyarlos políticamente, pero no pudo avanzar en las regiones con fuerte presencia izquierdista. Las fuerzas de Mola en el norte nunca fueron capaces de derrotar a los republicanos por sí mismas, y durante los primeros días de lucha el militar se sintió desanimado, aunque gradualmente la situación general comenzó a mejorar para los rebeldes.

Las expectativas de los nacionales –pronto se hizo evidente– se verían confirmadas o frustradas dependiendo del trabajo de las únicas fuerzas experimentadas y preparadas realmente para el combate: los 25.000 legionarios y regulares, aproximadamente, que estaban en Marruecos. El 19 de julio Franco ya se había hecho con el mando del Protectorado y lo que él denominaba «el ejército de África», pero los navíos de guerra republicanos controlaban toda la costa mediterránea y bloqueaban Marruecos, frustrando cualquier intento del general por trasladar las tropas a la Península. Tal vez fueron transportados unos 700 hombres por barco antes de que el bloqueo fuera efectivo. Luego, Franco mostró su ingenio militar al establecer el primer gran puente aéreo de la historia militar, pero este plan adoleció de serias deficiencias, porque solo había aviones pequeños en el Protectorado. A finales de julio dispuso de nueve bombarderos italianos de tamaño mediano, y poco después recibió un escuadrón de junkers de pasajeros, de fabricación alemana, que también podían utilizarse como bombarderos. Durante las primeras dos semanas del puente aéreo posiblemente llegaron a trasladarse unos 1.500 hombres y el 5 de agosto un pequeño convoy marino pudo burlar el bloqueo, con el apoyo crucial de la aviación italiana. Esto, junto con la ayuda de algunos otros pequeños convoyes que lograron evitar el bloqueo, permitió desplazar a otros 2500 hombres, que transportaron equipamiento de vital importancia. Fueron operaciones muy arriesgadas que tenían todos los números para fracasar y que deberían haber sido frustradas por la flota republicana, pero esta se mostró débil e incapaz hasta límites desconocidos, aunque tras aquellas primeras jornadas el bloqueo se intensificara notablemente. Esta fue la única ocasión durante toda la guerra en la que Franco corrió un gran riesgo, tal vez pensando que en aquel momento no tenía otra opción. Lo asumió, pero nunca volvió a hacer nada parecido en lo sucesivo. El puente aéreo se incrementó posteriormente con el uso de aviones alemanes e italianos, de tal modo que a finales de septiembre, cuando el bloqueo finalmente quedó roto, Franco había transportado un total de 16.000 hombres. El resto, junto con otros voluntarios, cruzaron el estrecho en octubre, después de que se levantara finalmente el bloqueo.

Fue una concentración de fuerzas extremadamente lenta, tanto que habría fracasado absolutamente si no hubiera sido por la debilidad y la desorganización de las fuerzas republicanas. A principios de agosto Franco trasladó su cuartel general a Sevilla, donde el general retirado Gonzalo Queipo de Llano se había hecho con el control del centro neurálgico del sur de España con poco más que un puñado de hombres en la operación más crucial y audaz de toda la revuelta militar[3]. Tan pronto como Queipo sometió a los insurgentes de Andalucía occidental, Franco inició su marcha hacia el norte el 3 de agosto.

En años recientes se ha criticado ampliamente el liderazgo militar y la capacidad estratégica de Franco, y se le ha acusado de lentitud y de falta de imaginación[4]. Sin duda, una buena parte de esta crítica está justificada, pero Franco y Mola se enfrentaron en agosto y septiembre a una complejísima situación. Franco no podía concentrarse exclusivamente en su marcha hacia Madrid, sino que tuvo que organizar una infraestructura y una base logística desde cero, consolidar la ayuda exterior y, además, proporcionar ayuda crucial a otras regiones en las que los nacionales apenas resistían bajo una enorme presión. En el sur, Granada estaba completamente aislada del resto de la zona nacional, mientras que Córdoba estaba amenazada ante un inminente ataque de un importante contingente republicano. Mola carecía de las fuerzas necesarias para continuar su propio avance por las montañas del norte hacia Madrid, mientras que a su retaguardia, tanto Huesca como Teruel se veían asediadas. Además, intentó llevar a cabo una segunda ofensiva sobre la provincia fronteriza de Guipúzcoa, que era clave. En el noroeste, Oviedo se encontraba incluso más acosada, recibiendo suministros por un estrecho pasillo que la unía a Galicia, pero sufriendo continuos ataques. Y aunque la capacidad ofensiva de los republicanos era muy limitada, estos llevaban la iniciativa en todas esas regiones, salvo en Guipúzcoa. Franco consideró que era imposible arriesgarlo todo en una única jugada desesperada en dirección a Madrid.

Evitó seguir la ruta más directa hacia el norte, que era también la que podía defenderse más fácilmente, y, por el contrario, se dirigió por Cáceres, hacia el noroeste para unirse con Mola, que apenas contaba con municiones y necesitaba aprovisionamiento urgente. Inmediatamente después se movió hacia el oeste para asegurar la frontera con Portugal, cuyo Gobierno hizo todo lo posible por ayudar a los rebeldes, y se hizo con Badajoz el 14 de agosto. Franco tuvo que aplazar algún tiempo sus operaciones para dedicar algunas de sus unidades de élite a consolidar la zona sur de Queipo de Llano, conectándola con Granada y aliviando la presión sobre Córdoba. Otras unidades tuvieron que enviarse temporalmente a Huesca y Guipúzcoa. Luego, cuando las fuerzas de Franco aumentaron en octubre, destinó otras nueve pequeñas unidades a Asturias, para permitir que Oviedo siguiera resistiendo. Creía que era necesario mantener el resto de los frentes y no deseaba correr el riesgo de un fracaso en cualquier sector por temor a que ello desembocara en un colapso generalizado. Algunas de estas previsiones estaban, sin duda, bien fundamentadas, pero la tendencia se convirtió en una manía exagerada y retrasó significativamente el asalto final a Madrid. A lo largo de toda la guerra, Franco se equivocaría estableciendo minuciosos aparatos logísticos y fuerzas de asalto, y reforzando frentes secundarios cuando los atacaban, con el fin de evitar incluso una derrota temporal en cualquier zona. No solo se trataba de un cálculo militar, sino de una estrategia política y psicológica. Se dice frecuentemente que «los aficionados se dedican a la estrategia, y los profesionales a la logística», y Franco, como profesional, desde luego, se entregó a la logística, pero dispersó sus fuerzas y operativos a costa de una estrategia imaginativa y de una concentración de fuerzas; estos fueron sus dos grandes puntos débiles como comandante en jefe.

En las vastas extensiones de Rusia, tanto los blancos como los rojos en varias ocasiones llevaron a cabo avances muy rápidos, pero tuvieron que retirarse con igual prontitud porque carecían de apoyo logístico y reservas. Tal fue el caso de Kolchak, en Siberia occidental y en los Urales orientales entre 1918 y 1919, y el de Denikin en Ucrania y el sur de Rusia en 1919, pero ellos carecían por completo de infraestructura, y una vez que pasaban a la defensiva todos los frentes se perdían. Franco era lento, pero todos sus avances se asentaban sobre bases sólidas y nunca tuvo que ordenar una retirada.

En otras áreas secundarias las dos fuerzas combatientes eran más parejas en sus estructuras, y en ambos bandos las tropas estaban formadas por una mezcla de unidades regulares del Ejército, fuerzas de seguridad y milicianos. Los insurgentes utilizaron a los requetés carlistas como tropas de combate, y paulatinamente se fueron enviando más y más banderas falangistas al frente de combate, aunque al principio muchos falangistas se utilizaron para operativos de seguridad y represión, y expediciones para ocupar las zonas más agrestes y remotas. A otros pequeños grupos milicianos procedentes de distintos grupos derechistas también se les asignaron operaciones de seguridad al principio, pero después fueron sustituidos por fuerzas regulares de seguridad[5].

En la marcha principal hacia Madrid Franco calculó que podía confiar en sus unidades de élite, ocasionalmente apoyadas o compensadas con otras tropas. A pesar de lo limitado de sus fuerzas, consiguieron vencer a columnas de milicianos muy superiores en número mediante el procedimiento de fijar al enemigo con la amenaza de un ataque frontal y, después, con la ventaja de una disciplina y una maniobrabilidad mayor, llevar a cabo despliegues por los flancos para forzar a la milicia enemiga a una retirada desordenada, con las consiguientes bajas. Además, a principios de octubre Franco pudo concentrar su escasa fuerza aérea en trabajos de apoyo táctico.

El 3 de septiembre, un mes después de que hubiera comenzado el avance desde el sur, los nacionales tomaron Talavera, una población situada a solo ciento veinte kilómetros de Madrid, lo cual hizo saltar todas las alarmas en la capital. Para esas fechas el triunfalismo republicano de las primeras semanas ya se había evaporado. La resistencia se debilitaba a medida que se iban enviando más y más milicianos contra las tropas que avanzaban hacia Madrid. En ese punto, si no antes, Franco probablemente debería haber transferido sus fuerzas de asalto al sector de Mola, en las montañas del norte de Madrid, para poder desarrollar así un ataque concertado sobre la capital. Pero, bien al contrario, Franco, que siempre parecía decantarse por lo más evidente –en vez de aplicar más imaginación y resolución– insistió en ocupar paso a paso todo el territorio del sur y suroeste de Madrid, aunque la conquista de esta zona no fuera en absoluto crucial. En treinta días, las fuerzas de Franco habían avanzado 425 kilómetros hasta Talavera, pero, enfrentándose a contraataques más fuertes, necesitó dieciocho días para cubrir los 43 kilómetros que hay hasta Maqueda, donde llegó el 21 de septiembre.

Con la fase más crucial de la lucha a punto de comenzar, Franco fue elegido como mando único. La crítica habitual señala que en ese momento debería haber lanzado un ataque rápido y virulento sobre Madrid, que hasta ese momento no había comenzado a preparar su defensa. Ciertamente, un avance más rápido sobre la capital habría aliviado la presión sobre el Alcázar de Toledo (a poca distancia al sur de Madrid), cuyos defensores habían soportado un asedio de más de dos meses y que ya alcanzaba dimensiones épicas; además, se le estaba concediendo una amplia cobertura en los medios internacionales[6]. En cualquier caso, Franco optó por un ataque directo a Toledo, dejando para más adelante el avance hacia Madrid, y sus críticos siempre han insistido en que lo hizo para obtener una victoria propagandística de gran repercusión.

La defensa del Alcázar fue el episodio más famoso de una serie de grandes asedios en los cuales los nacionales resistieron con gran tenacidad. Otros casos fueron los del cuartel de Simancas en Gijón, que resistió durante un mes; la exitosa defensa de Oviedo, que duró un año; y el asedio de nueve meses sobre el Santuario de la Cabeza en la provincia de Jaén, donde 250 guardias civiles sufrieron el 80% de las bajas antes de rendirse. Huesca y Teruel sufrieron también asedios o se encontraron en condiciones de semiasedio durante un año o incluso más tiempo. El liderazgo de los militares profesionales y la disciplina tuvieron mucho que ver en estas circunstancias, y la fe religiosa también desempeñó un importante papel. El líder anarquista García Oliver se lamentaba: «Se está dando un fenómeno en esta guerra, y es que los fascistas, cuando les atacan en ciudades aguantan mucho, y los nuestros no aguantan nada, ellos cercan una pequeña ciudad, y al cabo de dos días es tomada. La cercamos nosotros y nos pasamos allí la vida»[7].

La fase final del avance sobre Madrid comenzó el 3 de octubre, pero solo se comenzó a emplear toda la potencia armada a mediados de mes. Las unidades de combate de vanguardia de Franco apenas superaban los 14.000 o 15.000 hombres, precisamente en el momento en que tanto las tropas como las armas de los republicanos comenzaban a aumentar notablemente. En agosto, el Gobierno de Giral había emitido un decreto para la formación de un «ejército voluntario», basado en los milicianos, pero también comenzó a conformarse un ejército regular mediante reclutamientos o levas. A los comunistas, que crecieron rápidamente como grupo de combate, se les ordenó desde la Internacional que se concentraran en el desarrollo militar, y casi desde el principio de la guerra hicieron llamamientos para formar un nuevo ejército regular basado en el modelo del Ejército Rojo de la Unión Soviética. La extrema izquierda revolucionaria se opuso a esa sugerencia con firmeza durante el mes de agosto, pero cuando las fuerzas de Franco comenzaron a amenazar Madrid, todos los partidos del Frente Popular empezaron a entender que necesitaban una organización militar más sólida.

Para los caballeristas había llegado el momento de poner en marcha su estrategia: un nuevo Gobierno revolucionario liderado por ellos mismos y que pudiera integrar a otros grupos izquierdistas. Los dirigentes de la Internacional consideraban que dicha estrategia era una mala idea, porque entonces no se podría ocultar la realidad de una revolución en los medios públicos del extranjero; preferían que todos los partidos del Frente Popular se unieran en torno al Gobierno de Giral, puesto que un primer ministro republicano de izquierdas ofrecería una imagen internacional más moderada. Por la misma razón, no deseaban que el PCE entrara en el Gobierno por nada del mundo, pero Largo Caballero se negaba a tomar posesión de la Presidencia del Gobierno si no se contaba con la participación de los comunistas.

Al final, el primer Gobierno revolucionario plenamente organizado tomó posesión el 5 de septiembre, con Largo Caballero como líder y con la participación de los partidos más importantes del Frente Popular, aunque no estuvo presente la FAI-CNT. Se unió más tarde un representante del PNV vasco y la CNT entraría finalmente dos meses después. El primer objetivo de este Gobierno era coordinar los trabajos militares, aunque, desde el punto de vista de Largo Caballero y sus seguidores, su función era la de convertirse en el primer Gobierno de una revolución triunfal que tendría su expresión plena en todas las instituciones del Estado. Esta dualidad de propósitos generó una tensión que no pudo solventarse mientras Largo permaneció como primer ministro.

El llamado «Gobierno de la Victoria», tal y como fue jaleado, marcó el comienzo de un Estado republicano reorganizado y revolucionario. El 27 de septiembre se llevó a cabo toda la reorganización del personal de la administración y se declararon cesantes a todos los funcionarios y solo fueron readmitidos aquellos que podían demostrar sus credenciales izquierdistas. Aquel mes de septiembre también marcó el comienzo formal de una nueva «Tercera» República revolucionaria, cuyo objetivo sería consolidar la revolución a través de las instituciones del Estado, aunque durante muchos meses buena parte de esta nueva estructura solo sería real sobre el papel. Las distintas regiones afiliadas a la República revolucionaria, los comités provinciales y regionales que ostentaban algún poder en la zona republicana se encontraban ahora, al menos teóricamente, sometidos al nuevo sistema estatal, y a sus presidentes o líderes se les otorgaron nuevos títulos como gobernadores, en un intento de coordinarlos y mantenerlos bajo control, aunque al principio este nuevo organigrama no tuvo efectos reales. El nuevo Gobierno intentó acabar con el caos de los comités de control revolucionario y con los escuadrones de la muerte, declarándolos a todos como «Milicias de Vigilancia de la Retaguardia», aunque durante algún tiempo esta estructura solo existió sobre el papel. El sistema de justicia iba a reorganizarse basándose en una nueva red de «tribunales populares».

La política más incisiva del nuevo Gobierno de Largo Caballero tuvo que ver con una mayor coordinación de las acciones militares. Largo Caballero ordenó la formación de un nuevo mando central el día 5 de septiembre, y once días después decretó la institución de un mando central unificado concebido para dirigir todas las unidades militares en la zona republicana, aunque al principio este organismo tuvo un poder territorial muy limitado. El 27 de septiembre, el Gobierno dio forma a un Ejército Popular con mando central, con una estructura de unidades completamente nueva, y poco después promulgó una orden para incorporar a cerca de 150.000 milicianos en toda la zona republicana antes del 20 de octubre, aunque esta fecha tope no pudo cumplirse. Con una estrella roja como insignia oficial, y tras haber adoptado el saludo del puño en alto característico del Rote Front de los comunistas alemanes, y con la promulgación (el 16 de octubre) de un decreto para la organización de un sistema de comisarios políticos que vigilaran a los mandos militares regulares, el ejército republicano se convirtió en una suerte de variante española del Ejército Rojo[8]. Las primeras seis brigadas mixtas, las unidades básicas de armas combinadas del nuevo Ejército Popular, se establecieron el día 16 de octubre, al tiempo que llegaban las primeras armas soviéticas a principios del mismo mes de octubre –se recibieron en cantidades mucho más importantes a lo largo de la segunda quincena–; las unidades republicanas recibieron el apoyo de los primeros contingentes de las nuevas Brigadas Internacionales organizadas por la Internacional, que fueron adiestradas en Albacete. Durante más de dos meses los nacionales habían sido los principales receptores de la ayuda internacional, pero esta situación comenzó a cambiar, y sustancialmente, a favor de la República[9].

El nuevo armamento soviético se utilizó en un primer momento para llevar a cabo un pequeño contraataque blindado contra el flanco derecho del avance de Franco; se produjo en Seseña el 29 de octubre y se repitió después, cinco días más tarde. Los tanques soviéticos T-26 de nueve toneladas, con su pesadísimo blindaje y cañones de 45 mm, superaban con claridad al pequeño número de vehículos de blindaje ligero que Franco había recibido de los italianos. A pesar de todo, ambos ataques resultaron fallidos, porque las fuerzas republicanas adolecían de la formación imprescindible para coordinar la infantería de asalto y la artillería en un avance rápido: esta fue una debilidad que el Ejército Popular nunca pudo resolver. La infantería de los nacionales respondió a los ataques improvisando armas inflamables (botellas llenas de gasolina u otros líquidos incendiables) que arrojaba contra los tanques soviéticos; tres años más tarde, el Ejército finlandés, utilizando la misma técnica contra los soviéticos, llamaría a ese artefacto «cóctel Molotov», burlándose del nombre del ministro de Exteriores de Stalin.

Tras algunos desencuentros y disputas, el Gobierno republicano decidió concentrar todos sus esfuerzos en una implacable defensa de Madrid, aunque Azaña (que como Lenin era un tanto cobarde y temía por su seguridad física) había volado hacia Valencia a mediados de octubre, y poco después, el 6 de noviembre, todo el Gobierno republicano lo siguió hasta la capital mediterránea. La defensa de la capital quedó en manos de una nueva Junta de Defensa de Madrid, con el general José Miaja como responsable de los asuntos militares. En este momento comenzaron a tener relevancia por vez primera los comunistas. Tenían dos carteras en la Junta: Defensa (Antonio Mije) y Seguridad (Santiago Carrillo), a quienes se asignaron todos los medios disponibles para el combate, al tiempo que se iniciaba una política de asesinatos masivos de prisioneros políticos. (Esto último fue el resultado de un acuerdo promovido por la CNT y, al parecer, también otros partidos de izquierda). Fue parte de un intento desesperado de acabar con una presunta «quinta columna»[10] que los nacionales tendrían en la capital.

Los eslóganes del «¡No pasarán!» (copiado de los franceses en Verdún, en 1916) y «¡Madrid será la tumba del fascismo!», promovidos especialmente por los comunistas, se convirtieron en lemas y consignas de la defensa, y cuando la guerra de propaganda alcanzó su cénit, con frecuencia se invocaron las comparaciones con la guerra civil de Rusia. En este sentido, la mitología soviética tuvo más presencia en el conflicto español que en cualquier otro. Cuando un comunicado estallaba en Madrid diciendo: «¡La guerra es a muerte, y hay que luchar contra el enemigo hasta su total exterminio!»[11], Queipo de Llano y otros portavoces rebeldes decían lo mismo en la zona nacional utilizando términos parecidos.

El asalto a la ciudad de Madrid comenzó el día 6 de noviembre: Franco contaba con unas fuerzas que apenas superaban los 20.000 hombres. Los defensores de la capital duplicaban ese número y, además, contaban con un poder de fuego notablemente superior. Los atacantes dependían de su capacidad militar, obviamente superior, pero lo cierto es que lo tenían todo en contra, pues a esas alturas ya habían perdido su gran ventaja: la capacidad de maniobra en campo abierto. Un ataque frontal contra las trincheras enemigas era algo bien distinto, y una operación de Franco dirigida a los flancos, aunque no era imposible, resultaba también bastante problemática, debido a la escasez de la infantería nacional. En lugar de optar por estas vías, el general procedió del mismo modo que durante toda la guerra: llevando a cabo operaciones directas y naturales. En este caso, intentó avanzar para ocupar las colinas que se levantan sobre el terreno en el oeste y en el sur, a las afueras de la ciudad. El día 7 de noviembre los republicanos incluso se las habían arreglado para conseguir una copia del plan de ataque. Los asaltantes habían conseguido hacerse con un punto fuerte al oeste de Madrid, pero no pudieron avanzar más. En el bando opuesto, un contraataque de las nuevas Brigadas Mixtas no consiguió nada positivo y simplemente reveló que el nuevo ejército republicano no sería mucho más efectivo en la ofensiva que las milicias voluntarias que lo habían precedido[12].

En noviembre, los combates pusieron en evidencia que el nuevo Ejército Popular podría luchar con cierta eficacia en la defensa de la capital, siempre que gozara de posiciones bien equipadas. En torno al 23 de noviembre, las unidades de élite de Franco, que habían actuado como punta de lanza, contaban al menos con un 30% de bajas y estaban a punto de perder su ímpetu. Los nuevos aviones soviéticos eran superiores a los modelos enemigos de fabricación alemana e italiana, más obsoletos, lo que concedió a las fuerzas republicanas cierta superioridad en el aire, al menos durante las horas diurnas, a lo largo de los meses siguientes. Sin embargo, dada la ineptitud del Ejército Popular a la hora de desarrollar acciones ofensivas, la superioridad en hombres y material no fue suficiente para que pudieran hacerse con la iniciativa operativa. A lo largo de todo el mes de diciembre y a principios de enero, Franco reunió contingentes de refuerzo con vistas a futuros ataques para penetrar las defensas de la ciudad, y maniobró para desplazarse hacia el noroeste, pero careció de la fuerza necesaria para continuar su avance[13].

La defensa de Madrid tuvo éxito gracias a varios factores: 1) la reorganización propiciada por la formación de las primeras unidades regulares del Ejército Popular, bastante superior a los batallones de milicianos; 2) la ventaja de la lucha defensiva desde posiciones parcialmente fortificadas frente a un ataque directo; 3) la llegada de grandes cantidades de armas soviéticas, lo que concedió a los defensores gran superioridad en poder de fuego, blindados y aviones; 4) un liderazgo decidido, lo que elevó la moral de los republicanos; 5) el limitado número de tropas en las unidades de élite de Franco. Madrid habría caído solamente si la moral de los defensores se hubiera resquebrajado.

La batalla de Madrid marcó un punto de inflexión determinante, pues representaba el final definitivo de los planes originales de los rebeldes, según los cuales se pretendía conseguir una victoria rápida. Aquel plan había supuesto, en principio, que no se darían más de dos o tres semanas de combates, como mucho. Aunque la caída de Madrid no habría significado el final definitivo de la guerra, sí habría representado un golpe durísimo para la moral de los republicanos y la posibilidad de una victoria rebelde en el plazo de pocos meses.

El conflicto se convertiría ahora en una larga guerra civil con tácticas de desgaste, y ambos bandos se concentraron en recabar grandes cantidades de armas muy destructivas: les esperaba una guerra larga, mucho más organizada y agotadora. El Ejército Popular creció muy rápidamente, aunque el ingreso rápido de soldados no favorecía un buen adiestramiento, y contó con el apoyo de 41.000 voluntarios de las Brigadas Internacionales[14]. Las fuerzas de Franco aumentaron también gracias a un reclutamiento intensivo en Marruecos y a la llegada de tropas italianas, con cerca de 50.000 hombres a primeros de 1937, aunque aproximadamente la mitad de aquel contingente se retiró pronto. En febrero las defensas de Málaga se encontraban en un completo caos y la ciudad cayó rápidamente ante una ofensiva hispano-italiana, pero durante dos meses más la atención de Franco estuvo centrada en nuevos intentos para conquistar definitivamente Madrid.

La operación más importante hasta ese punto tuvo lugar a mediados de febrero, cuando Franco lanzó un ataque masivo a través del valle del río Jarama con el fin de rodear la capital desde el sur y el este. Por primera vez, solo unidades del ejército regular de ambos bandos se enfrentaban en campo abierto. Aunque los nacionales ganaron algún terreno al principio, no consiguieron adelantos significativos. Las Brigadas Mixtas se emplearon en una de las batallas más feroces y eficaces en las que participaron, deteniendo por primera vez el avance enemigo en campo abierto. La relativa superioridad aérea facilitó el éxito republicano, al menos al principio, pero las bajas en ambos bandos fueron más elevadas que en las acciones que se llevaron a cabo en los extrarradios de la ciudad de Madrid[15], pues en comparación estas fueron operaciones más limitadas.

La última intentona dirigida a rendir la capital fue la ofensiva que se llevó a cabo en marzo, desde Guadalajara; fue una campaña conjunta hispano-italiana en la que el principal esfuerzo corrió a cargo de un cuerpo recientemente constituido: el Corpo Italiano de Truppe Volontarie (CTV). A pesar de haber logrado una brecha inicial, el avance quedó detenido gracias a las Brigadas Mixtas, apoyadas por los tanques soviéticos, claramente superiores, y cuando el tiempo mejoró, gracias a un absoluto control aéreo. Aunque la ofensiva de los nacionales concluyó con la toma de un minúsculo pedazo de territorio, las unidades italianas abandonaron precipitadamente sus líneas más adelantadas, y el resultado fue una importantísima victoria propagandística de los republicanos. Cayeron presos varios centenares de italianos y la batalla de Guadalajara fue jaleada como «la primera derrota del fascismo», ya que se producía solo un año después de la conquista de Etiopía por parte de Mussolini. La consecuencia real fue que el frente central quedó paralizado y en punto muerto.

La defensa de Madrid entre noviembre de 1936 y marzo de 1937 fue el éxito más notable del Ejército Popular, una victoria defensiva que jamás se volvería a repetir. De momento, Franco aceptó el consejo de su cúpula militar y, abandonando la capital, se concentró en la zona republicana del norte, ya dividida, donde las conquistas podían desequilibrar la balanza a su favor.

5

REVOLUCIÓN

La revolución que tuvo lugar en la zona republicana durante las semanas posteriores al aprovisionamiento de armas de los movimientos obreros revolucionarios del 19 de julio fue la revolución obrera más amplia y casi la más espontánea de las que se habían producido en un país europeo, incluida Rusia. La Revolución de marzo de 1917 en Rusia no había sido específicamente una revolución obrera (aunque los obreros tuvieron un lugar destacado en ella), sino una revuelta política generalizada contra la autocracia: participaron varios sectores sociales y propiciaron una especie de democracia y un sistema de gobierno dual. El golpe de Estado de los bolcheviques, siete meses después, fue una toma del poder por medios políticos militares, y lo ejecutó una facción organizada que actuó como un grupo contrarrevolucionario contra la democracia, con el objetivo de establecer una dictadura y desarrollar una revolución socioeconómica radical. La Revolución rusa fue apoyada por muchos trabajadores, aunque no todos, y la mayoría del campesinado apenas participó.

El aprovisionamiento de armas a los movimientos obreros en España permitió a estas agrupaciones apoderarse del control de una buena parte del poder público y de las instituciones económicas de la zona republicana, mucho más y mejor de lo que inicialmente se había visto en Rusia o incluso en Hungría en 1919. Además, en la revolución española también se implicaron trabajadores del campo, organizados por los sindicatos revolucionarios, y en este punto también su implicación fue mucho mayor que la de los campesinos en Rusia y Hungría. El paralelismo más cercano tal vez pueda encontrarse en las revueltas de Letonia en 1917.

La revuelta militar había sido calificada como una insurrección preventiva contra el Gobierno republicano de la izquierda en particular y contra el proceso revolucionario en términos generales. A pesar de su fracaso en dos tercios del territorio español, la reacción rebelde solo consiguió desencadenar toda la virulencia del proceso que pretendía evitar y, en principio, empeoró la situación de los contrarrevolucionarios en vez de mejorarla. Desde el punto de vista de los líderes socialistas, los anarquistas y los dirigentes del POUM, la acción de los rebeldes les había favorecido enormemente, pues antes de la rebelión militar ninguna de esas organizaciones tenía una estrategia clara que les permitiera hacerse con el poder; por su parte, los caballeristas simplemente esperaban rentabilizar la revuelta militar para acceder al poder.

Los cínicos y los contrarrevolucionarios podrían argumentar que todo ello no fue más que la lógica culminación de la dejación de funciones de la izquierda republicana y su abandono del constitucionalismo tras la formación del Frente Popular. En cuanto a Azaña y Giral, el aprovisionamiento de armas a los revolucionarios solo fue la aterrorizada respuesta que dieron los republicanos a la situación, con el fin de intentar detener el curso de los acontecimientos ante la incertidumbre de la fuerza de la rebelión y las posibilidades de sofocarla. Sin embargo, la iniciativa de entregar armas al pueblo fue un fracaso (como la mayoría del resto de sus decisiones políticas), no dio resultados militares de importancia y solo contribuyó a sofocar la rebelión en aquellos lugares en los que esta era relativamente débil, lo cual podría haberse conseguido sin necesidad de acudir a la milicia obrera. En la mayoría de los lugares en los que la rebelión se desarrolló con alguna fuerza, la nueva milicia republicana fue incapaz de revertir la situación. Las milicias armadas dedicaron la mayor parte de sus energías a las actividades revolucionarias, incluido el pillaje, incendios premeditados y violencia generalizada contra la población civil. Aunque miles de trabajadores se presentaron voluntarios y algunos lucharon con valentía –aunque con escasa destreza militar– solo una minoría se mostró dispuesta a entregarse a los trabajos militares. Aproximadamente una semana después de que les entregaran las armas, la organización militar se atascó en un callejón sin salida; solo pudo desatascarse ante la noticia de la lenta marcha del ejército de Franco desde África. Entretanto, la revolución social y económica que concedía el poder a los obreros y la colectivización seguía su curso a marchas forzadas.

Todos los grupos izquierdistas de la zona republicana crecieron rápidamente, liderados por los dos principales movimientos sindicales, la CNT y la UGT; ambos proclamaban que tenían dos millones de afiliados a finales de 1936. Durante aquellos primeros meses, la CNT probablemente se expandió con más rapidez debido a su estructura laxa y flexible. Además, algunas de las áreas rurales del suroeste, donde la UGT era más fuerte, pronto se perdieron en favor de los insurgentes.

La Generalitat catalana no tardó en instaurar un sistema dualista revolucionario cuando, el 22 de julio, su presidente, Lluis Companys, oficialmente aceptó que junto a su propia administración gobernara un Comité Central de Milicias Antifascistas lideradas por la CNT, cediendo a este grupo muchas competencias[1]. El Comité, cuya cúpula contaba con representantes de la Esquerra y otros partidos revolucionarios pequeños, fue capaz de movilizar a 40.000 hombres, aunque no todos se destinaron al campo de batalla. Durante las primeras semanas el Comité controló la mayoría de los asuntos en Cataluña, pero se desarrolló un fuerte antagonismo y una tensa rivalidad revolucionaria entre la CNT y el nuevo partido comunista catalán, el Partit Socialist Unificat de Catalunya (PSUC)[2]. Este era el tercer partido marxista-leninista que se fundaba en España, y se formó en la primera semana de la Guerra Civil tras la fusión de cuatro pequeños grupos catalanes de tendencia revolucionaria. (Los más importantes de estos grupos eran los socialistas y los comunistas).

Los líderes de la CNT declararon que su organización era perfectamente capaz de asumir todas las competencias gubernamentales en Cataluña, pero que aceptaban la continuidad de una Generalitat catalana limitada mientras durara la crisis militar y, también, para no excitar la animadversión de potencias extranjeras. El principal aliado de la CNT era un minúsculo grupo leninista (aunque no estalinista), el POUM, que desde el principio estuvo más comprometido incluso que los anarquistas en la necesidad de una revolución a l'outrance, haciendo gala de una determinación fanática a la hora de imitar a Lenin en el período 1917-1918 (al menos, tal y como los dirigentes del POUM lo entendían).

El Butlletí de la Generalitat, el órgano oficial de Companys, anunció que el verdadero poder estaba en manos del Comité de Milicias, que había establecido un nuevo orden revolucionario que todos los demás partidos deberían respetar. Como en casi todas las revoluciones violentas, el nuevo orden era absolutamente autoritario. Horacio Prieto, secretario del Comité Nacional de la CNT, se mostró explícito algún tiempo después: «Nosotros fuimos derechos a la dictadura; ni los mismos bolcheviques, en su primera oportunidad histórica, fueron tan rápidos en la implantación del poder absoluto como los anarquistas en España»[3].

Otros comités multipartidistas dispuestos a ejercer el poder revolucionario, análogos al Comité Central de Barcelona, crecieron también en ciudades, provincias y, en ocasiones, en regiones en toda la zona republicana. Representaban a las fuerzas revolucionarias más fuertes en cada área, aunque la mayoría de ellos también respondían a amplias alianzas de todos los partidos de izquierdas. Carlos M. Rama ha denominado la estructura de poder resultante como «la Confederación Republicana Revolucionaria de 1936-1937»[4]. Los partidos republicanos de izquierdas, que habían ejercido de aprendices de brujo, aceptaron su subordinación. Los republicanos más jóvenes y más radicales se unieron con vehemencia a los revolucionarios, mientras que los sectores más adultos y moderados simplemente fueron ignorados.

Esta nueva estructura de poder produjo de inmediato una revolución social y económica en toda la zona republicana, e incluso, aunque de un modo mucho más limitado, en el nuevo régimen nacionalista vasco de Vizcaya. La publicación caballerista Claridad declaraba el 1 de agosto: «Estamos, por obra de la intentona militar, en un profundo proceso revolucionario [–]. Es preciso que todos los instrumentos del Estado, y especialmente el ejército, sean también revolucionarios», y el día 22 de ese mismo mes añadía que «el pueblo no lucha ya por la España del 16 de julio, que era todavía una España dominada socialmente por las castas tradicionales, sino por una España en que estas castas sean raídas definitivamente. El más poderoso auxiliar de la guerra es ese desarraigo económico y total del fascismo, y eso es la revolución». Claridad lo llamaba «una guerra social, más que guerra civil». Sin embargo, con la excepción del POUM, la mayoría de los revolucionarios estaban de acuerdo en que era mejor conservar la apariencia, aunque fuera artificial, de un Gobierno parlamentario republicano, aunque solo fuera con vistas a la propaganda y a las relaciones exteriores.

En la industria y en buena parte del sector agrario, y también en alguna medida en los servicios, los revolucionarios siguieron el mismo proceso: fueron desde el control de los trabajadores, al principio, hasta la colectivización. En un informe dirigido al Comité Central del Partido Comunista de Francia el 16 de octubre, el delegado de la Internacional André Marty informaba de que en la zona republicana se habían hecho «con el control» de unas 18.000 empresas. «La mayor parte de la industria española está controlada en estos momentos por los trabajadores»[5].

Al principio no se anunció ningún tipo de colectivización formal; los sindicatos simplemente se hacían con el mando. Solo en Cataluña, donde Companys estaba intentando encauzar la revolución, se desarrolló una estructura legal para la colectivización industrial. En agosto, el Gobierno catalán creó un Consell d'Economía de Catalunya, en el que estaban representados todos los partidos de izquierdas, que sacó a la luz finalmente su propio Pla de Transformació Socialista del País, aunque el plan nunca llegó a ejecutarse realmente. La CNT entró en el Gobierno catalán en septiembre, y el 24 de octubre el nuevo conseller de Economía, Juan Fábregas, emitió un decreto de colectivización.

Este decreto formalizaba la colectivización de todas las plantas industriales que tuvieran más de 100 trabajadores y preveía la colectivización de aquellas que tuvieran entre 50 y 100 obreros, si el 75 % de la plantilla de una determinada empresa la aprobaba. Los negocios con menos de 50 trabajadores podrían colectivizarse legalmente solo con el consentimiento del propietario –si estaba vivo y al frente de la empresa–, aunque en realidad, de facto, se entregaría el poder a los obreros. Sin embargo, la nacionalización fue rechazada porque contravenía la doctrina anarcosindicalista. Además, los negocios más pequeños y las tiendas de Cataluña se reunieron en «agrupaciones» de mayor tamaño, también llamadas «concentraciones», que servían como una forma intermedia para el control y la coordinación[6]. Los movimientos revolucionarios generalmente no aprobaban la confiscación de las propiedades muy pequeñas, a menos que los propietarios fueran claramente proinsurgentes. En Asturias, las empresas mineras e industriales no fueron formalmente colectivizadas, pero se sometieron al absoluto control de los sindicatos.

El gran plan de la CNT para llegar al «comunismo libertario» se basaba en lo que llamaban la «socialización» (un modelo distinto de la nacionalización estatal), que consistía en entregar al poder de los sindicatos todas las ramas de la producción. La idea era que la socialización garantizaría la representación sindical y la autonomía, al tiempo que evitaría la dominación del Estado. Este tipo de conceptos no coincidía con las ideas socialistas, y en la industria de las grandes ciudades la UGT frecuentemente se negó a colaborar. En realidad, la socialización no se aplicó nunca más allá de industrias individuales en varias ciudades.

Los líderes de la CNT eran conscientes de que la colectivización solo era un primer paso y que se enfrentaban al reto de modernizar e incrementar la producción. Cuando fue posible, se adquirieron nuevos equipamientos, pero dada la situación de guerra abierta, eso ocurrió en escasísimas ocasiones. No había un plan global. Las fábricas a menudo continuaron produciendo solo bienes civiles, bien porque era más fácil o porque resultaba más provechoso, y las empresas colectivizadas serían acusadas posteriormente de entregarse a un «capitalismo sindical» y a un «egocentrismo sindical» en Barcelona. Los servicios de apoyo financiero eran absolutamente precarios y en muchas tiendas y fábricas se daban deficiencias laborales en la disciplina, crecía el absentismo e incluso, en ocasiones, se producían sabotajes[7].

La creación de colectividades tuvo más amplitud en la agricultura. Aunque las pequeñas propiedades generalmente fueron respetadas, esto no siempre fue así. Los sindicatos agrarios de la CNT y de la UGT ocuparon todas las propiedades grandes y muchas otras de tamaño mediano. Edward Malefakis, autor del principal estudio sobre la reforma agraria anterior a la guerra, ha llegado a la conclusión de que en las catorce provincias que formaban el núcleo central de la zona republicana, el 41% de toda la tierra fue expropiada. Dicha extensión representaba más de la mitad de la tierra cultivable, y de esta cantidad, aproximadamente el 54% se organizó en colectividades, y el resto fue reasignado a campesinos individuales[8].

Esta situación constituye un notable contraste respecto a las dos primeras fases del régimen bolchevique, o respecto al de Hungría en 1919. Malefakis ha señalado que, proporcionalmente, durante la España republicana se expropió dos veces más tierra que durante la primera década del régimen bolchevique, y también se organizó en nuevas colectividades más territorio cultivable que en Rusia. En Rusia, del 75 % al 80% de todas las tierras cultivables ya estaba en manos del campesinado y Lenin les permitió ocuparse de casi todo el 20%, que eran con frecuencia las mejores tierras y las más productivas. Se produjo muy poca colectivización o nacionalización de tierras en el Estado bolchevique en los primeros años. Las propiedades expropiadas se incorporaban en general al sistema comunitario tradicional entre el campesinado (el mir), hasta que Stalin comenzó a desmantelar ese sistema diez años después. La situación en Hungría fue en cierta medida más semejante a la que se dio en la República española. Allí la mayor parte de la tierra estaba concentrada en fincas más grandes que en España y todas fueron confiscadas bajo el breve régimen de Béla Kun, pero el Gobierno conservó la tierra para implantar granjas colectivas nacionalizadas, enfureciendo notablemente a los campesinos, que habrían preferido que las dividieran y se las cedieran en propiedad. Tanto el campesinado húngaro como el ruso vivían en una sociedad mucho más tradicional que el campesinado agrario en la España de 1936. En aquellos dos países no había nada equivalente a las agrupaciones campesinas de la CNT o de la UGT, aunque en Hungría había proporcionalmente incluso más campesinos sin tierra, mientras que, proporcionalmente, en Rusia había muchos menos, aunque el campesinado en su conjunto era incluso más pobre que en España.

En las colectividades normalmente dominaba un color político, bien de la CNT, de la UGT o una mezcla de CNT y UGT, que contaban con el POUM en algunas zonas, más bien escasas. El tamaño y el funcionamiento de dichas colectividades variaban considerablemente. Las colectividades exclusivas de la CNT tendían a ser más radicales, adoptando una implicación social absoluta, salarios familiares y algunos intentos de prohibir el uso del dinero. Otras colectividades de la UGT eran más moderadas y funcionaban más como cooperativas con reparto de beneficios entre sus propietarios. Favorecidos por las condiciones climáticas de aquel año, la producción agrícola aumentó en algunas zonas en 1937, para desplomarse junto a la industria en 1938.

Nunca será posible decir cuántas colectividades agrarias se formaron. Durante el último período de la Guerra Civil, después de que muchas colectividades anarquistas se hubieran arruinado, el Instituto de Reforma Agraria (IRA), dependiente del Gobierno, anunció que había reconocido oficialmente 2.213 organizaciones colectivistas. Este número, en cualquier caso, no incluía las colectividades de Cataluña, Aragón o Levante, así que el número que se daba era incompleto. Del total oficial, 823 habían estado a cargo de la UGT, 284 fueron organizadas por la CNT y 1.106 por los dos sindicatos conjuntamente. Desde la CNT se aseguraba que solo ellos habían formado más de 3.000 colectividades, la mayoría de las cuales nunca llegaron a ser catalogadas por el IRA, una organización dominada por tendencias comunistas. El número que daba la CNT es, sin duda, una exageración, y puede que se haya alcanzado contando todas las secciones semiautónomas de las colectividades como colectividades en sí mismas. Uno de los pocos estudios precisos sobre este asunto sugería que incluso el IRA practicó también este tipo de recuentos, de modo que el número total de colectividades agrarias realmente existentes puede que, en realidad, no superara las 1.500 organizaciones[9].

Para los portavoces de la extrema izquierda revolucionaria, el nacimiento de colectivizaciones obreras en la zona republicana constituía una revolución proletaria más profunda, auténtica y espontánea que la que se había vivido en la Rusia de 1917. Así, Andreu Nin, el líder del POUM, declararía que lo que estaba sucediendo en España era «una revolución proletaria más profunda que la revolución rusa misma», y el día 1 de agosto afirmó, con el típico e hiperbólico lenguaje del POUM, que «el Gobierno no existe». El 7 de septiembre anunció que la dictadura del proletariado ya existía en Cataluña, al tiempo que las juventudes del POUM, denominadas JCI, llamaban a la formación de soviets revolucionarios en toda la zona republicana. A pesar de todas estas exageraciones, no cabe duda de que hubo más actividad revolucionaria, inmediata, directa, espontánea, pero también organizada, entre los trabajadores españoles de 1936, más avanzados y políticamente conscientes, que en la atrasada Rusia de 1917, y en el campo la diferencia era aún mayor. No solo se expropiaron más tierras en España que en Rusia (proporcionalmente), sino que la población rural en sí misma tenía una conciencia mucho más revolucionaria. Los campesinos rusos solo querían más tierra, pero no participaron en el proyecto revolucionario de los bolcheviques.

George Orwell hizo mundialmente famoso el ambiente revolucionario de Barcelona a través de sus memorias de la época de la guerra, pero se dieron similares circunstancias en otras ciudades. La antigua diputada del Partido Radical, Clara Campoamor (en tiempos de la República, heroína del sufragio femenino y del derecho al divorcio en España) escribió inmediatamente después:

Madrid ofrecía un aspecto asombroso: burgueses saludando levantando el puño y gritando en todas las ocasiones el saludo comunista para no convertirse en sospechosos, hombres en mono y alpargatas copiando de esta guisa el uniforme adoptado por los milicianos, mujeres sin sombrero, vestidos usados, raspados, toda una invasión de fealdad y de miseria moral, más que material, de gente que pedía humildemente permiso para vivir. La gente que en tiempo normal llenaba las calles y las terrazas de los cafés yacía bajo tierra o se disfrazaba[10].

Sin embargo, en las distintas historias comparativas de las revoluciones modernas, pocas veces se puede encontrar un capítulo dedicado a la revolución española[11]. ¿Por qué una revolución tan evidente ha sido ignorada con tanta frecuencia en los análisis comparativos? Hay tres razones fundamentales. Una es que la historia la escriben los vencedores, y la revolución española fracasó relativamente pronto. Una segunda razón es que las revoluciones denominadas obreras en el siglo XX han sido habitualmente revoluciones comunistas, y la revolución española no fue una revolución comunista. Y es más, la revolución española no puede definirse o describirse de acuerdo con un modelo único o singular. El carácter –y también la intensidad– del control social y político de las organizaciones obreras variaba de ciudad a ciudad y de provincia a provincia, y abarcaba desde sencillas «incautaciones» a colectivizaciones oficiales, pero también se produjeron «intervenciones» estatales en ciertas industrias. Del mismo modo, la extensión y el modelo exacto de la expropiación de tierras y de colectivización variaba de provincia a provincia. Dibujar un panorama o un mapa generalizador de la revolución española sería imposible.

La tercera razón que explica el estatus historiográficamente pobre de la revolución española radica en el sistemático negacionismo republicano. La violencia generalizada relacionada con la revolución le granjeó de inmediato una reputación muy negativa a la República combatiente, y pronto algunos de los líderes republicanos más moderados, por un lado, y los jefes de la Internacional, por otro, se dieron cuenta de que la estrategia más inteligente sería negar la existencia de la revolución. Durante la guerra, el apoyo de las democracias occidentales sería más factible si la República combatiente podía presentarse ante la comunidad internacional sencillamente como una democracia parlamentaria que admitía la propiedad privada y se mostraba como un Estado homologable a otras democracias occidentales. El resultado fue lo que Burnett Bolloten llamó «el gran camuflaje»[12], esto es, la negación radical de que la revolución hubiera existido jamás, lo cual se convirtió en un lema básico de la propaganda republicana y de la Internacional a lo largo de todo el conflicto. La revolución española se convirtió en una revolución que no se atrevía a utilizar su verdadero nombre.

Este tipo de propaganda no resultó especialmente eficaz mientras duró la guerra, pero, curiosamente, fue mucho más efectiva con posterioridad entre los historiadores, que sí deberían saberlo. En consecuencia, en términos generales, esas ideas se convirtieron en la línea oficial de la izquierda española y, desde el punto de vista histórico, conformaron un código más eficaz para su causa que la realidad de una revolución violenta. En el siglo XXI, con el descrédito del socialismo y el colectivismo, el dogma de la «democracia republicana» bajo el régimen del Frente Popular se ha configurado como la ficción oficial no solo para la izquierda española en general, sino también, desde 2004, para el Gobierno de Rodríguez Zapatero en particular.

6

TERROR

Para comprender el carácter de la salvaje represión que marcó la guerra de España es necesario tener presente la naturaleza específica del conflicto. Las guerras civiles de carácter revolucionario de la primera mitad del siglo XX fueron conflictos de transición hacia la «modernidad clásica», un proceso en el que tienen mucho que ver las grandes transformaciones culturales y sociales, y que generaron tensiones y odios a gran escala. Los únicos precedentes directos podrían encontrarse en la Revolución francesa y en la Comuna de París de 1871. Las represiones mediante asesinatos, que al principio fueron denominadas con el término «terror», fueron una de las características principales de aquellos primeros conflictos, y luego reaparecieron en todas las guerras civiles revolucionarias de la primera mitad del siglo XX, primero en Finlandia, luego en Rusia y en otros lugares. En la década de los cuarenta reaparecerían en las guerras civiles de Yugoslavia y Grecia.

La sed de sangre en las guerras civiles revolucionarias es la consecuencia lógica de la naturaleza apocalíptica de este tipo de conflictos, en concreto, el deseo de cada bando de crear una nueva sociedad –y no solo un orden político diferente– limpia de elementos antagonistas. En esos conflictos el enemigo se percibe no solo como un oponente común, sino como la encarnación metafísica del mal, que debe ser erradicado antes de que imponga el mismo terror sobre el bando propio. Una guerra civil de carácter revolucionario no es simplemente un conflicto político, sino una contienda absoluta y definitiva en la que están implicadas la sociedad, la religión y la cultura, y en la que se exige una resolución definitiva e intransigente.

Durante la guerra de España los distintos bandos difundieron las atrocidades de los contrarios (y, en términos generales, las exageraron), engordando las estadísticas, anunciando a bombo y platillo en ocasiones que el otro bando había asesinado a medio millón de personas[1], y en algún caso multiplicaban por diez las cifras reales. Estudios posteriores revelarían que hubo un total de 120.000 ejecuciones aproximadamente, reuniendo los asesinatos de una y otra parte: es decir, un poco menos del 0'5 % de la población total, una cifra estremecedoramente elevada. Proporcionalmente, es tal vez mayor que las cifras correspondientes a la guerra civil en Rusia, aunque desde luego fue mucho menor que las que se dieron en Finlandia, donde en una guerra civil de tres meses y en las semanas siguientes se produjeron más de 20.000 víctimas de la represión (uniendo los crímenes de ambos bandos), una cifra que casi alcanza el 0'7 % de la pequeña población finlandesa. Si se añade al número de asesinados en España las casi 30.000 ejecuciones que se llevaron a cabo durante el régimen de Franco, entre 1939 y 1942, las cifras proporcionales finlandesas y españolas se acercan bastante, pero los totales del país báltico siguen siendo más elevados y fueron el resultado de solo ocho meses, y no seis años como en el caso español.

Las ejecuciones masivas comenzaron a producirse casi de inmediato en la guerra de España, mucho antes que en el caso de Rusia. En este país hubo muchísimos asesinatos arbitrarios desde el principio de la Revolución, en marzo de 1917, pero los asesinatos masivos organizados comenzaron en 1918, algunos meses después de que el golpe de Estado llevara a los bolcheviques al poder, cuando comenzó oficialmente el «Terror Rojo».

La inmediatez de las ejecuciones a gran escala que se produjeron en España se debió a varios factores. Los dos primeros eran de índole más general, y el tercero específico de España. El conflicto español fue el último de todas las guerras civiles revolucionarias que se dieron en la Europa de la época, alimentado por la propaganda, los temores y los odios que sembraron los conflictos precedentes. Relacionado con este aspecto hay que recordar el hecho de que la década de los treinta fue un período de creciente tensión en el que el temprano ejemplo de la irrupción de la ideología bolchevique se vio inmediatamente seguido por el auge del fascismo, una combinación mortal que desató un aumento generalizado del miedo y del odio. El aspecto específico del caso español fue el largo recorrido precedente hasta el episodio revolucionario final, con un incremento paulatino de la violencia desde 1931, y un total de más de 2.000 muertes por razones políticas durante esos cinco años, hasta 1936. Ni siquiera la Revolución rusa tuvo semejante prólogo sangriento. En España se había vivido un largo período de tensión que poco a poco iba en aumento, con numerosas insurrecciones en las que se desataba la violencia revolucionaria y las más virulentas formas de propaganda, especialmente a cargo de la izquierda revolucionaria, que hablaba de «exterminio» y de la liquidación de la burguesía. Y todo ello acompañado de un discurso –tanto desde la derecha como desde la izquierda– que solo pretendía deshumanizar y demonizar al adversario.

Además, la publicidad y los medios de prensa se habían multiplicado y expandido enormemente entre 1917 y 1936. Durante los primeros meses de la guerra, la mirada de los corresponsales extranjeros, fotógrafos y agencias de prensa se había fijado sobre todo en las grandes ciudades de la zona republicana, lo cual propició una gran difusión de las atrocidades en el extranjero. Tal y como escribió Ernest Nolte, «lo que el mundo exterior no simpatizante veía en la España roja era sobre todo el caos y el terror bolcheviques: las masas mal vestidas y armadas de rifles que llenaban las calles; los paseos en los que se ejecutaba a enemigos; la turba indisciplinada de los anarquistas; las momias de monjas sacadas de sus tumbas y colocadas en las calles; las apropiaciones violentas; las colectivizaciones forzosas»[2]. Posteriormente, la influencia de la publicidad se dividió, y hacia 1937 la zona republicana estaba recibiendo un mejor trato de la prensa extranjera, pero durante los primeros meses su imagen fue a menudo muy negativa[3].

Las primeras ejecuciones registradas en la Península tuvieron lugar en Madrid, el 19 de julio, pero al día siguiente se produjeron muchas más, aunque las fotografías más difundidas de los asesinatos que sucedieron a la caída del Cuartel de Montaña en Madrid revelaban sobre todo unas atrocidades debidas en parte a la ferocidad del combate. Aproximadamente por esas mismas fechas comenzaron las ejecuciones en las zonas dominadas por los insurgentes. En ambos bandos aumentaron vertiginosamente los asesinatos masivos, y las cifras más elevadas de ejecuciones tuvieron lugar entre agosto y septiembre, y continuaron produciéndose a gran escala en ambos lados a lo largo de todo el otoño.

Los apologistas de la izquierda siempre han intentado establecer una distinción entre las conductas criminales de unos y de otros, argumentando que la represión de la izquierda fue descentralizada, espontánea y asociada a organizaciones marginales, al tiempo que se sostiene que la represión de la derecha fue mucho más organizada, centralizada e implacable. Es cierto que hay alguna verdad en esta distinción, aunque esos aspectos han sido exagerados. No había nada de «espontáneo» en el terror revolucionario, pues la revolución violenta había sido planificada y publicitada por los grupos revolucionarios durante años. En todo caso, es cierto que no fue planificada desde el Gobierno en términos generales, como en Rusia, puesto que no había una fuerza hegemónica única en la zona republicana.

En realidad, hubo una considerable organización de la represión en las ciudades republicanas, donde los partidos izquierdistas formaron numerosos escuadrones de la muerte y abrieron locales especiales para acomodarlos. Hubo miembros de la Izquierda Republicana y de la Esquerra Republicana de Catalunya que también participaron en estos escuadrones, aunque en menor número que los miembros de los partidos revolucionarios. En Barcelona los afiliados de la Esquerra eran miembros de las llamadas «Patrullas de Control» que llevaron a cabo la segunda fase de la represión. Las conocidas «checas» de Madrid fueron organizadas por escuadrones de la muerte; el nombre de estos lugares deriva del acrónimo original del aparato represivo del Estado en la Unión Soviética (CHEK, Chrezvychainaya Komissiya, Comisión Extraordinaria), y en algunos casos fueron específicamente autorizadas por cargos del Gobierno republicano, como Manuel Muñoz, director general de Seguridad, y Ángel Galarza, ministro de Gobernación en septiembre de 1936, que en su momento había amenazado de muerte a Calvo Sotelo durante un debate en las Cortes. La policía oficial republicana y las fuerzas de seguridad también participaron en ocasiones en la represión, y el trabajo de las checas fue públicamente elogiado en los periódicos de la capital[4]. Es más, las autoridades gubernamentales republicanas coordinaron buena parte de los saqueos y los pillajes a gran escala que se produjeron, acaparando un considerable tesoro en bienes robados[5]. En Madrid, las checas más independientes fueron las que estaban a cargo de la FAI-CNT, que operaron a su arbitrio durante un largo período de tiempo, mientras que en Barcelona el sistema del dualismo gubernamental revolucionario encauzó en alguna medida la represión que ejercían los anarquistas.

En la zona nacional la represión fue controlada y dirigida en todo momento por los militares. En algunas áreas, los falangistas –ellos sobre todo– y otros ayudantes civiles disfrutaron de una autonomía muy limitada para entregarse a actos represivos por su cuenta, pero dicha autonomía nunca fue más allá de la que los jefes militares locales aprobaban. Muy poco después se convirtió en un asunto recurrente y provechoso el hecho de culpar de la represión en la zona nacional a los falangistas «fascistas», pero en realidad estos grupos siempre actuaron en calidad de subordinados. En la inmensa mayoría de los casos, las patrullas falangistas actuaron a instancias de las autoridades militares y con frecuencia llevaron a cabo las ejecuciones que estas aprobaban, acompañados a veces por otros grupos milicianos –que en ocasiones actuaban como sustitutos de los falangistas–, o por la Policía armada, por la Guardia Civil o, simplemente, por patrullas militares. La represión que llevaron a cabo los nacionales fue de algún modo más amplia y efectiva, debido a que estaba relativamente centralizada. En cierta medida fue también más selectiva y cuidadosa, tal y como observó David Wilkinson: «La represión nacionalista, además de ser más amplia y continuada, fue dirigida cuidadosamente contra los activistas políticos más que contra las clases enemigas simbólicas»[6].

Los líderes de la zona republicana comenzaron a controlar y a moderar la represión antes que Franco. El día 23 de agosto se anunció la creación de un nuevo sistema de tribunales revolucionarios, los llamados «tribunales populares», y posteriormente el Gobierno del Frente Popular, dirigido por Largo Caballero, fue implantándolos paulatinamente a lo largo de la mayor parte de la zona republicana. Estos nuevos tribunales estaban altamente politizados, pero también es cierto que seguían un procedimiento legal que, sin embargo, no pretendía acabar con la represión realmente, sino regularizarla y canalizarla, encauzándola en alguna medida en los límites de un control jurídico[7]. Durante los primeros meses, estas instituciones decretaron cientos de sentencias de muerte, y durante el otoño aún se llevaron a cabo miles de ejecuciones en las checas y a manos de otros escuadrones de la muerte; el proceso único de ejecuciones más importante de toda la guerra fue ordenado por la Junta de Defensa de Madrid durante los meses de noviembre y diciembre. En todo caso, en diciembre las autoridades republicanas, ya reorganizadas, estaban comenzando a recuperar el control de la situación, y entonces el número de ejecuciones descendió notablemente.

Franco adoptó una actitud semejante solo dos meses después, tras la salvaje represión que sucedió a la caída de Málaga en febrero de 1937. Desde ese momento, el sistema de tribunales militares en la zona nacional se extendió territorialmente y se regularizó, proporcionando más orden y formalidad a los procedimientos, reduciendo de manera considerable el número de víctimas, al menos hasta el final de la Guerra Civil. La persecución sistemática se reinició a gran escala tras el fin de la guerra y entonces se decretaron miles de sentencias de muerte.

El mayor número de asesinatos, tanto en números absolutos como proporcionalmente, tuvo lugar en las grandes ciudades y sus alrededores, aunque en algunas áreas rurales el número de víctimas fue también muy elevado. Durante el último cuarto de siglo se han elaborado numerosos estudios monográficos que han intentado registrar y calibrar la incidencia exacta de la represión en muchas provincias y regiones, aunque dicha investigación aún permanece incompleta. Es más, la calidad, la metodología y la fiabilidad de dichos estudios varían considerablemente de unos a otros, y abarcan desde los trabajos cuidadosos y precisos que se han llevado a cabo en Cataluña y Levante gracias a Josep M. Solé Sabaté, Joan Villarroya y Vicent Gabarda Cebellán[8], a otros ensayos que son metodológicamente descuidados y mucho menos precisos[9].

El mayor número de asesinatos –se elevó quizá hasta los 9.000 o 10.000 crímenes– tuvo lugar en la ciudad y la provincia de Madrid. A diferencia de la mayoría del resto de las regiones, la fase más intensa de la represión ocurrió en noviembre y en los primeros días de diciembre. Para esas fechas las cárceles de la ciudad albergaban más detenidos que en Barcelona o en cualquier otro lugar, pues cientos de personas habían sido enviadas a la capital desde otros lugares, especialmente desde el sur. La Junta de Defensa, con poder absoluto en la ciudad, consideró que acoger a aquellos miles de prisioneros (entre los que había un número desproporcionado de oficiales del Ejército) constituía un enorme riesgo para la seguridad. Aparentemente animados por los soviéticos[10], los comunistas, los socialistas y los cenetistas que controlaban la Junta, acordaron conjuntamente la «ejecución inmediata» de todos «los fascistas y elementos peligrosos» que hubiera entre los prisioneros[11], sin un juicio sumario siquiera y al estilo de las ejecuciones masivas soviéticas, similares a los asesinatos masivos de Katyn, en Bielorrusia, en 1940. Bajo el mando de Santiago Carrillo, que era consejero de Orden Público, durante las cinco semanas siguientes fueron ejecutadas, en grandes grupos, más de 2.000 personas y arrojadas a fosas comunes en las cercanías de Paracuellos del Jarama y otros emplazamientos del este de Madrid. Los asesinatos masivos solo concluyeron con el nombramiento del cenetista Melchor Rodríguez como director de Prisiones, a principios de diciembre[12].

En un intento por rebajar el escándalo relativo a la matanza de Paracuellos, las autoridades soviéticas llevaron a cabo una enorme atrocidad individual con la intención de acallar la información relativa a la atrocidad general. La Cruz Roja Internacional había enviado al doctor Georges Henny a la capital de España para informar sobre las condiciones humanitarias; el doctor intentó regresar a Francia con un amplísimo dossier de datos y fotografías sobre la represión en Madrid, pero ese material, al parecer, nunca salió de España. Las autoridades soviéticas ordenaron que dos de los pilotos soviéticos de caza más avezados de la fuerza aérea republicana (parte de la cual se encontraba bajo mando soviético y no bajo el de la España republicana) abatieran el avión de Air France en el que el médico pretendía abandonar España el 8 de diciembre[13].

La represión en Madrid se habría cobrado incluso más vidas si no hubiera sido por la abundancia de refugios que había en la capital: un considerable número de embajadas europeas y latinoamericanas. «El asilo diplomático» pudo salvar cerca de 7.000 vidas, y dio cobijo a cerca de 11.000 personas (incluidos mujeres y niños), aunque las embajadas de Finlandia, Perú y Turquía fueron en ocasiones asaltadas por los revolucionarios, mientras que los refugiados en las de Alemania y Austria fueron detenidos cuando Hitler reconoció oficialmente el régimen de Franco en noviembre de 1936[14].

Si la represión republicana en Madrid se cobró el mayor volumen de víctimas en términos absolutos, en proporción con la población la represión más severa tuvo lugar en Zaragoza, donde los nacionales ejecutaron a casi 6.000 personas, si se incluyen las cifras de la posguerra. La extrema dureza de la represión en Zaragoza puede atribuirse a dos factores: en primer lugar, la relativa situación de aislamiento de la ciudad durante la primera mitad del conflicto, cuando la ciudad y sus alrededores estuvieron sujetos a una considerable presión militar (una situación de algún modo parecida a la de Madrid en noviembre de 1936). Esto, al parecer, convenció a los jefes de los nacionales en Zaragoza, como en su momento a los de la Junta de Defensa de Madrid, de que se precisaba una represión especialmente dura para mantener la seguridad. En segundo término, la ciudad había sido una plaza fuerte de la FAI-CNT, lo cual también propiciaba una tendencia a una represión feroz. El número absoluto de ejecuciones de los republicanos en Barcelona fue bastante alto, cerca de 5.700, pero proporcionalmente no superó los dos tercios de los crímenes de Madrid. La provincia republicana (con mando republicano durante un año o más) con el índice más bajo de ejecuciones fue Vizcaya, con 490 asesinatos.

Las ejecuciones políticas continuaron en ambos bandos a lo largo de toda la guerra, pero a un ritmo menor. A lo largo de 1937 y 1938 surgió una nueva forma de represión en la zona republicana: la represión de la extrema izquierda revolucionaria bajo el Gobierno de Negrín, espoleado por el NKVD soviético, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (Narodny Komissariat Vnutrennij Del). Al menos 2.000 militantes del POUM y de la FAI-CNT fueron arrestados solo en Cataluña, y las fuentes anarquistas aseguran que cientos de personas fueron ejecutadas, aunque el número exacto aún es incierto[15].

La última fase de la represión en la Guerra Civil la llevaron a cabo los Tribunales de Guerra del Estado Nuevo de Franco, que despachó aproximadamente 50.000 sentencias de muerte. Aunque no hay pruebas fiables, es posible que el 40% de dichas sentencias fueran conmutadas, de modo que se llevaron a cabo unas 30.000 ejecuciones[16]. Hasta donde sabemos, las cifras fueron proporcionalmente más elevadas que en la Rusia de 1921, aunque en este país con frecuencia no se daba siquiera la formalidad de los juicios sumarísimos en los tribunales militares. Por otro lado, las ejecuciones sumarísimas en masa de Tito al final de la Segunda Guerra Mundial fueron incluso mayores en proporción que las españolas, mientras que el Gobierno parlamentario griego fue mucho más benévolo al final de la guerra civil en Grecia. Y en la medida en que el conflicto político en Francia entre 1943 y 1944 puede considerarse una guerra civil, la «épuration sauvage» de 1945 en ese país fue más moderada que en España, y según las investigaciones más solventes, las ejecuciones en Francia se elevaron a unas 7.300 aproximadamente.

7

UNA GUERRA DE RELIGIÓN

Distintos comentaristas han señalado que, en algún sentido, la mayoría de las guerras son en realidad «guerras de religión»[1], y tal es el caso ciertamente en las guerras civiles y revolucionarias del siglo XX. Los bolcheviques consideraron a la Iglesia ortodoxa su principal enemigo, mientras que sus contrarios, los blancos, exigían violentamente la restauración de la religión tradicional. La milicia de los blancos en Finlandia estaba compuesta sobre todo por campesinos luteranos, para quienes la diferencia religiosa respecto a sus enemigos era fundamental. En Hungría, el régimen de Béla Kun llegó mucho más lejos en materia religiosa que los mismísimos bolcheviques (y en otros aspectos también), e intentó nacionalizar las iglesias, algo que fue demasiado radical incluso para Lenin. Así pues, con todos estos precedentes, la religión sirvió para definir el conflicto en España de un modo que excedió al de cualquier otra guerra civil revolucionaria.

En las últimas décadas se han llevado a cabo algunas investigaciones destinadas a estudiar el anticlericalismo español[2] y a intentar comprender por qué adquirió la forma de una violencia sin precedentes. A menudo, la mayoría de los trabajos no hacen más que repetir los argumentos de los propios anticlericales: que la Iglesia mantenía un poder tiránico sobre el pueblo, que ejercía un enorme dominio económico, que los sacerdotes eran malvados e hipócritas… Ninguno de esos argumentos tiene la menor validez ni sirve para explicar lo ocurrido en 1936: Iglesia y Estado habían permanecido separados durante cinco años; la Iglesia en España había perdido desde hacía mucho tiempo la mayoría de sus fuentes de ingresos económicos y, finalmente, a los anticlericales difícilmente podría incumbirles que los curas fueran hipócritas o buenos católicos. El odio de la izquierda hacia la religión estaba esencialmente motivado por los mismos sentimientos que motivaron a los revolucionarios en la Francia de 1792 y a lo largo de todo el siglo siguiente: la Iglesia era el baluarte cultural y espiritual del orden tradicional, un orden que la izquierda estaba empeñada en destruir, y tanto el clero como sus propiedades eran representaciones de ese orden tradicional, incluso más tangibles y simbólicas que los miembros de los grupos políticos centristas y conservadores. La motivación, en otras palabras, era en sí misma religiosa y, dado que el credo revolucionario enfatizaba la violencia, se hizo uso de una violencia generalizada. Los arrestos generalizados y las ejecuciones masivas que tenían como objetivo al clero comenzaron en Rusia, en 1918. En España se había producido una importante quema de iglesias en 1909, en 1931 y en la primavera de 1936[3], pero el intento de destruir para siempre al clero en 1936 reflejaba una escalada de la violencia en la Guerra Civil. A pesar de toda la retórica sobre el «exterminio», principalmente en los libros publicados en España durante estos últimos diez años, el único sector social que fue señalado como objetivo de «exterminio» desde todos los puntos de vista fue el clero.

A lo largo de la historia del islamismo, en ocasiones se han llevado a cabo persecuciones generalizadas de cristianos –aunque con frecuencia se trataban de fuertes restricciones–, pero dichas persecuciones no se aplicaron exclusivamente al clero. La limpieza étnica de armenios y asirios que llevaron a cabo los turcos entre 1915 y 1916 estaba dirigida a eliminar pueblos cristianos completos, y no solo a su clero. Otro tanto puede decirse de las matanzas generalizadas de cristianos durante el último Imperio persa o de católicos en el Japón del siglo XVII. En España, desde luego, los revolucionarios intentaron reprimir a los católicos, y no solo al clero, y miles de católicos laicos fueron asesinados en ocasiones solo a causa de su religión, si bien nunca hubo la intención de exterminar a todos los católicos en general.

La matanza del clero debería estudiarse en el contexto de las modernas revoluciones y, en concreto, desde la perspectiva de los regímenes radicales y anticatólicos de la primera mitad del siglo XX. El período jacobino de la Revolución francesa acabó aproximadamente con 2.000 miembros del clero. Es decir, menos de un tercio de la cifra absoluta de muertos que se produjo en España y, dado que no había mucha diferencia entre el número total de las dos comunidades religiosas, la ferocidad de los revolucionarios españoles fue, evidentemente, mucho mayor. Es absurdo pensar que el poder de la Iglesia era mayor en la España de la década de los treinta que en la Francia del Antiguo Régimen; la principal diferencia en los niveles de represión debe buscarse en primer lugar en la cultura revolucionaria española. Durante la guerra civil rusa, muchos clérigos fueron asesinados, pero es prácticamente imposible dar con estadísticas fiables y la mayoría de los historiadores se ven obligados a confiar en estimaciones más bien dudosas. El total de los asesinados en Rusia pudo tal vez haber superado el total de las víctimas que se produjeron en España, pero el clero en Rusia era también mucho más numeroso. La persecución de católicos en México tras la revolución mexicana fue muy intensa y hubo un gran número de muertos. Fueron asesinados muchos clérigos, pero allí también el número de muertes fue más elevado entre los católicos en general, sobre todo entre los llamados «cristeros», y no hubo matanzas específicas de sacerdotes y clérigos. En definitiva, el asesinato de casi 7.000 religiosos, la mayoría en el transcurso de unos pocos meses, probablemente se mantiene, en proporción, como la masacre más importante y la más concentrada de sacerdotes y religiosos católicos de la que se tenga constancia histórica.

El terror anticlerical se ha entendido como la expresión de una extrema oposición a la religión, pero también fue la declaración de una rivalidad radical frente a las nuevas religiones seculares –jacobinismo, anarquismo o marxismo-leninismo[4]–. Bruce Lincoln ha denominado a este fenómeno «antirreligiosidad milenarista» (millenial antinomianism), un término con el que pretende expresar el sentimiento de los revolucionarios de liberarse completamente de todo tipo de normas, leyes o moralidad al tiempo que arrancan de raíz el viejo orden en el proceso de establecer su nueva utopía milenarista.

Respecto a lo ocurrido en España, el estudio clásico sobre las víctimas pertenece a Antonio Montero Moreno: la Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939 se publicó por vez primera en 1961 y, en términos generales, es un trabajo definitivo, aunque investigadores posteriores han añadido algunas precisiones[5]. La lista de víctimas, ligeramente corregida por las investigaciones de Ángel David Martín Rubio, es la siguiente:

Sacerdotes seculares |  | 4.022
Religiosos |  | 2.376
Religiosas |  | 282
Seminaristas |  | 95
Obispos |  | 12
Administrador apostólico |  | 1

El total asciende a 6.788 víctimas, casi el 10 % de todo el clero, y respecto a los obispos, el porcentaje es obviamente muy superior, así como el de religiosos y clérigos seculares, superando el 20% en todas las categorías del clero masculino. Ese porcentaje sería más alto todavía si nos referimos a la zona de mayor implantación republicana. Concluido el año 1936, el número de asesinatos decayó notablemente. Por ejemplo, en febrero de 1937 solo fueron asesinados ocho religiosos, y en los últimos meses de 1938 solo se produjeron asesinatos ocasionales en Cataluña y en Madrid. La última víctima fue asesinada en El Escorial, el 27 de marzo de 1939, precisamente cuando la guerra estaba llegando a su final. Aunque habitualmente se acusaba a la Iglesia de reaccionaria, algunos miembros del sector más progresista del clero, muy activos en el trabajo social, fueron considerados, al parecer, como objetivos muy especiales, aunque tal vez ello se deba a que eran los elementos más visibles de la Iglesia.

La mayoría de las víctimas de la represión durante la Guerra Civil no fue torturada. Y cuando se produjeron torturas, los ejecutores de las mismas fueron sobre todo los republicanos. Desde luego, solo se puede especular respecto a las razones por las que ocurrió todo esto, pero sin duda se relacionó al clero con los mismos motivos que habían conducido a la izquierda a iniciar un proceso de violencia política bajo un régimen democrático. Los miembros del clero fueron elegidos como víctimas de ritos de humillación y torturas, y con ellos se utilizó un sadismo especial. Julio de la Cueva ha señalado que mientras que la mayoría fueron asesinados con armas de fuego (el método habitual en ambos bandos),

otros fueron colgados, ahogados, asfixiados, quemados vivos o enterrados vivos. En muchísimas ocasiones, las víctimas fueron torturadas, a veces de modos sorprendentemente sofisticados. Burlas, insultos, blasfemias e incitación a la blasfemia formaban muy probablemente parte de dichas torturas, que también podían completarse forzando a las víctimas a permanecer desnudos, golpeándolas, pinchándolas, hiriéndolas o mutilándolas […]. Todos estos «ritos de violencia» ejecutados sobre el clero contribuían además a deshumanizar a personas cuya humanidad había sido negada desde hacía mucho tiempo por el discurso anticlerical y, al mismo tiempo, facilitaba las «condiciones para una masacre sin sentimiento de culpa». La combinación de insultos culturales y sexuales, la violencia ritualizada y la humillación de la víctima –a la que ya no se consideraba un ser humano, sino un animal– alcanzaba su expresión más precisa en los casos en que los sacerdotes eran tratados como cerdos en el matadero o toros en la plaza. Finalmente, despreciando la muerte de las víctimas, los cadáveres de los religiosos se arrojaban tranquilamente a las calles, y se exponían en las plazas públicas o se profanaban de muchos otros modos[6].

La similitud con las formas más extremas de matanzas antijudías es aterradora.

También se produjo una enorme ola de vandalismo y destrucción de iglesias y de todo tipo de propiedades eclesiásticas[7]. El resultado fue la desaparición o destrucción de muchísimas obras de arte, históricas y maravillosas, cuyo valor era incalculable; se trataba de piezas artísticas que no solo formaban parte de las propiedades de la Iglesia, sino del patrimonio cultural de toda España. Esta inmensa destrucción y vandalismo fue solo el aspecto más visible de la enorme cantidad de saqueos y pillajes que se produjeron en la zona republicana, una circunstancia propia de las revoluciones violentas. Las matanzas de religiosos, la destrucción de iglesias y del arte religioso, y los rituales elaboradamente sacrílegos que se llevaron a cabo al principio en la mayoría de las ciudades de la zona republicana no eran simples actos de vandalismo desenfrenado y arbitrario, sino que tenían como objetivo fundamental la destrucción del cristianismo con la idea de que pudiera ser reemplazado por las nuevas religiones políticas y revolucionarias.

Posteriormente, la izquierda reprochó a los líderes de la Iglesia su firme alineamiento con la causa rebelde y el apoyo que prestaron a los nacionales, pero es que la jerarquía eclesiástica fue incapaz de mantener un espíritu de conciliadora ecuanimidad ante la feroz persecución de la izquierda, aunque tal vez pudo haber ejercido la responsabilidad cristiana y pastoral de haberse mantenido imparcial. Es difícil determinar qué significa el mandato cristiano de «amar a los enemigos» en términos de comportamiento práctico ante el ataque más salvaje contra la Iglesia a lo largo de su historia. Lo que ocurrió fue que los líderes eclesiásticos se fueron comprometiendo cada vez más, muy comprensiblemente, con el bando que apoyaba y protegía a la Iglesia. Los obispos no eran santos –aunque quizá deberían haberlo sido–, sino dirigentes eclesiásticos con ideas más prácticas, y no hicieron mucho para mitigar la ferocidad de los nacionales contra sus enemigos[8].

El plan original de Mola había sido mantener una República –aunque no una República democrática– que continuaría manteniendo la separación de Iglesia y Estado. En prácticamente toda la zona nacional tal fue el plan con el que comenzó la revuelta, pero el tono cambió rápidamente. Pronto se hizo evidente que la línea divisoria en la Guerra Civil tenía un carácter religioso, incluso más que político, y las autoridades militares poco a poco fueron mostrando más deferencia hacia la Iglesia y hacia la expresión de los sentimientos católicos. A mediados de septiembre de 1936, el ferviente y ultracatólico obispo Marcelino Olaechea, en Pamplona –donde el apoyo de los nacionales era más fuerte y seguro–, sería el primero en proclamar públicamente que el conflicto era una «cruzada», un tipo de lenguaje que más tarde se convirtió en oficial, no en la Iglesia, sino en el régimen de Franco. Finalmente, en julio de 1937, salvo cinco miembros de la jerarquía de la Iglesia, todos los demás apoyaron la causa del régimen de Franco y firmaron la famosa Carta colectiva. De los cinco que se negaron a firmar, cuatro ocupaban las diócesis del País Vasco o Cataluña.

La Carta colectiva negaba que los católicos estuvieran comprometidos en una «cruzada», pero señalaba que la Iglesia siempre había acatado las leyes de la República, leyes que los propios republicanos no habían respetado. Ante la enorme violencia y la destrucción desatada por la izquierda, los jerarcas de la Iglesia declararon su apoyo a la fe católica que demostraba la causa insurgente, a quienes favorecerían en tanto estaban combatiendo en una guerra justa, tal y como se define en los principios tradicionales católicos[9].

El Vaticano habría preferido una postura más neutral, la cual, a pesar de la persecución generalizada contra el clero, habría sido una actitud más apropiada y ajustada en la jerarquía de la Iglesia. El papa Pío XI, que ya había salido escaldado de sus relaciones con Hitler, se mostró cauteloso y escéptico respecto al régimen de Franco[10]. El impacto de la Carta colectiva fue considerable, no obstante, y en septiembre de 1937 el Vaticano nombró un representante ante el Gobierno de Franco, aunque no un nuncio oficial.

Para los católicos de la zona nacional no cabía duda alguna de que la Guerra Civil se había convertido en una guerra de religión[11]. Este convencimiento, que abarcaba elementos espirituales, emocionales y personales, se consolidó como la fuerza principal que impulsaba la causa de Franco. Era una idea tan poderosa que incluso los falangistas fascistas tuvieron que redoblar sus esfuerzos para proclamar y definir su identidad católica. Este fue probablemente el factor más importante en la cohesión y en la fuerza moral de las tropas de Franco.

Para la mayoría de los republicanos el conflicto también fue, en alguna medida, una guerra de religión, pero, como habían sido ellos los que la habían desatado, tal vez no estaban en condiciones de responder con la misma unidad y claridad que el bando contrario. El extremo anticatolicismo era fundamental para su causa, pero ello no podía proporcionarles una bandera común semejante a la que habían enarbolado cuando promovieron la revolución o una República exclusivamente de izquierdas. Por otro lado, publicitar la Guerra Civil como cruzada le resultó muy útil a Franco en las relaciones internacionales, ganando para su causa a millones de católicos y otros sectores conservadores en toda Europa y en el mundo occidental[12]. Así, la católica Irlanda fue la única democracia occidental que apoyó la causa de Franco. Este detalle puso a la izquierda a la defensiva y constituyó su mayor debilidad en la lucha por conseguir el favor de la opinión pública mundial. En conjunto, la persecución religiosa se convirtió en un bumerán para la izquierda, porque fortaleció a sus enemigos más que las propias ideas políticas de los rebeldes, y ese fue probablemente el gran error de la revolución en general.

De ahí la importancia de los nacionalistas católicos vascos en las filas de los republicanos, a principios de septiembre de 1936. La reacción inicial de los nacionalistas vascos (PNV) había sido ambigua: los nacionalistas de Álava y Navarra habían apoyado a las fuerzas de Mola. El PNV solo se comprometió con el Frente Popular de la República tras conseguir la garantía de que el Estado le concedía la autonomía a la región y el compromiso de que un nacionalista vasco tendría una cartera ministerial en el Gabinete republicano hasta que terminara la guerra. Este tipo de conducta camaleónica no engañaba a nadie realmente, pero permitió a los vascos negociar con el Vaticano para intentar detener el apoyo que se le podría dar a Franco[13], aunque el objetivo real y secreto de la diplomacia vasca a lo largo de toda la guerra era una intervención extranjera que favoreciera su separación de España[14].

Así pues, de un lado, la Guerra Civil causó graves daños a la Iglesia y a su clero, y, por otra parte, también excitó el comienzo de una importante revitalización del catolicismo. Ya en 1939 se devolvió a la Iglesia una posición que en algunos aspectos era más favorable que la que había ostentado durante el reinado de Alfonso XIII. La sangre de los mártires[15] se convirtió en semillero de la Iglesia, que durante la siguiente generación, en los años cuarenta y cincuenta, experimentó la mayor recuperación del cristianismo tradicional que se dio en cualquier país occidental durante el siglo XX.

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INTERVENCIÓN Y NO INTERVENCIÓN

La intervención extranjera con frecuencia desempeña un papel crucial a la hora de decidir el resultado de las guerras civiles de raíz revolucionaria. Los estados bálticos nunca podrían haber rechazado a los bolcheviques sin la ayuda de británicos y alemanes. La invasión rumana, y no la contrarrevolución húngara, fue lo que consiguió derrocar el régimen de Béla Kun. La invasión alemana destruyó el Estado yugoslavo, abriendo la puerta a la guerra civil, pues no permanecieron en el país las fuerzas necesarias para controlarlo, y la invasión rusa selló el triunfo de los partisanos comunistas. En Finlandia los «blancos» habían vencido cómodamente a los «rojos», puesto que en ese momento los bolcheviques no estaban en disposición de poder actuar, y la ayuda alemana selló la victoria. La ayuda británica y americana sería también decisiva en la guerra civil de Grecia, entre 1944 y 1949.

Rusia podría considerarse una excepción, porque la escasa intervención de Gran Bretaña, Francia, Japón y Estados Unidos no pudo evitar el triunfo de los bolcheviques. De todos modos, en Rusia, la intervención crucial fue la de Alemania en 1917 y 1918; sin la ayuda y la cooperación alemana, la consolidación inicial del régimen bolchevique habría sido imposible. Una vez que los bolcheviques se afianzaron en el poder durante un año, las grandes dimensiones de Rusia, así como su orografía, la movilización militar del nuevo régimen y la debilidad y división de la oposición, hicieron prácticamente imposible cualquier intervención extranjera. Si en Rusia los recursos económicos hubieran estado tan divididos como en España (donde la división territorial no estaba del todo equilibrada, pero había colocado aproximadamente un tercio del país en manos de los insurgentes), los apoyos extranjeros, aunque hubieran sido pocos, habrían tenido un impacto mucho mayor. En la práctica, lo que ocurrió fue que los bolcheviques se adueñaron de la parte principal de la vieja Rusia, donde se concentraba la mayor parte de la población y la mayor parte de su economía moderna, y esto les proporcionó unos cimientos muy sólidos. La oposición, profundamente dividida, solo estaba localizada en la periferia del país, sin bases bien cimentadas en ninguna zona importante de Rusia, salvo en Siberia: era una oposición extremadamente débil en comparación con el poder bolchevique y tuvo que afrontar obstáculos que finalmente resultaron insuperables.

Si dos bandos enfrentados no pueden sentar bases sólidas y consolidarlas en una parte significativa de un país en cuestión, es imposible que se dé efectivamente una larga guerra civil de desgaste. Los blancos rusos se encontraron en buena medida en la misma situación que sus homólogos húngaros, pero sin el beneficio de una gran intervención extranjera. Su potencial de combate en 1918 y 1919, aunque era proporcionalmente superior, fue incapaz de imponerse a su condición política radicalmente minoritaria y socialmente periférica, sobre todo si se compara con la unidad y la rigurosa fortaleza organizativa de los bolcheviques. Esta fue la otra clave principal de su victoria.

España había estado ausente de los grandes centros de poder político durante varias generaciones y no tenía aliados internacionales fiables, pero hasta entonces no los había necesitado –excepto en la ocasión de 1898–. Por otro lado, Salvador de Madariaga, como representante de la República en la Liga de las Naciones, en Ginebra, había emprendido por su cuenta una nueva política, trabajando por la paz internacional y asumiendo el liderazgo al frente de los países más pequeños. Esta fue la iniciativa española más significativa en política internacional a lo largo de más de un siglo, aunque todo quedó finalmente en nada[1].

Aunque el discurso del Frente Popular estaba repleto de la habitual retórica antifascista, cuando Azaña volvió a gobernar, en 1936, procuró olvidar sus convicciones en política internacional y colaboró de buena gana con otros Gobiernos con la idea de poner fin a las sanciones contra Italia por la invasión de Etiopía. Más adelante, tanto él como el resto de la izquierda española se quejarían amargamente por la ausencia de apoyo internacional hacia la República y contra el fascismo, pero cuando él tuvo la oportunidad de actuar en una situación parecida, no mostró ningún interés al respecto.

Los líderes de la conspiración militar no habían estado involucrados en las viejas negociaciones con Mussolini; fueron acuerdos que propiciaron los monárquicos españoles en 1934 y que finalmente fracasaron. Los militares rebeldes de 1936 buscaron armas tanto en Alemania como en Italia, pero Mussolini consideraba que la derecha española no era precisamente fiable. Así que los insurgentes comenzaron su rebelión sin ninguna perspectiva de apoyo extranjero, pero pronto su situación se tornó tan desesperada que tanto Mola como Franco pusieron en marcha nuevas estrategias con la idea de encontrar ayuda, tanto en Roma como en Berlín.

Por su parte, el Gobierno republicano contaba con un buen amigo –si no un aliado– en París, donde acababa de tomar posesión un Gobierno del Frente Popular francés de la mano de Léon Blum; además, un reciente acuerdo entre los dos países abría la posibilidad a que Francia le vendiera armas a España. Así que inmediatamente Giral despachó un telegrama dirigido a Blum pidiéndole una cantidad –no precisada– de «armas y aviones», y poco después, el 21 de julio, se presentó una solicitud más concreta en París. Blum estaba dispuesto a satisfacer la demanda republicana, pero la noticia de esta decisión se filtró de inmediato a la prensa. Y como también aumentaban los informes de una tremenda violencia revolucionaria en España, los conservadores franceses lanzaron una escandalosa campaña para exigir a su Gobierno que negara ese apoyo a la República española. Los líderes de Gran Bretaña, por aquel entonces aliados acérrimos de Francia, aconsejaron prudencia, al tiempo que los radicales (centristas) franceses, los principales aliados en la coalición gobernante de Blum (y bastante más moderados que los republicanos de izquierda españoles) se oponían a la injerencia francesa. Así que lo que sucedía era que se corría el peligro de que la Guerra Civil española pudiera generar una discordia generalizada en Francia, incluso en el seno del mismísimo Gobierno del Frente Popular. Por tanto, el ejecutivo permitió que se enviaran unos cuarenta aviones a la zona republicana, aparentemente sufragados por determinados partidos, pero se negó a entregar otro tipo de armas, y el 25 de julio anunció que Francia «no intervendría de ningún modo» en el conflicto español[2].

Los emisarios que Mola y Franco enviaron a Roma y a Berlín, las dos capitales de la política autoritaria antiizquierdista y antisoviética de Europa, fueron recibidos sin demasiado entusiasmo y, por otro lado, un telegrama que Franco envió el 23 de julio solo recibió el rechazo absoluto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. Sin embargo, sus emisarios personales se las arreglaron para poder verse con Hitler en Núremberg el día 25 de ese mes. Su petición de ayuda sorprendió de algún modo al dictador alemán, que en realidad no tenía ningún interés en los asuntos españoles, pero tras dos horas de deliberación, tomó una decisión rápida, aparentemente basada en la necesidad de frenar el avance del comunismo (o así se presentó) y contar con un amigo de Alemania al sur de la frontera de Francia. Los primeros aviones de transporte Junker-52 llegaron al Marruecos español el 27 de julio, y a lo largo de las dos semanas siguientes se enviaron un total de veintiséis aparatos, así como otros quince cazas y pequeñas cantidades de armas[3]. Mussolini se mostró algo más dubitativo, pero en el transcurso de las cuarenta y ocho horas siguientes decidió hacer otro tanto, aunque al principio su ayuda fue bastante más modesta[4].

El Gobierno de Blum hizo los preparativos necesarios para enviar otros diecisiete aviones de guerra franceses a los republicanos, pero tuvo que disfrazar el envío y pronto se hizo evidente que la oposición a esa ayuda, en el interior de Francia y también en su aliado británico, era demasiado intensa como para ignorarla. Los almirantes de la Armada francesa, aunque de ideas bastante conservadoras, estaban, sin embargo, muy preocupados por las implicaciones geoestratégicas del conflicto español y proponían apoyar a la República, pero sus homólogos británicos se negaron a cualquier intervención y rechazaron firmemente ese tipo de argumentos. Así pues, el día 2 de agosto, el Gobierno francés comenzó a difundir la idea de un acuerdo de no injerencia que se establecería entre las distintas potencias europeas. Con ello no se pretendía maniatar a la República española, sino más bien ayudarla, pues, si la propuesta tenía éxito y se respetaban los acuerdos previstos, ni Alemania ni Italia podrían intervenir de ningún modo, y la izquierda española estaba convencida de que podría salir vencedora si el conflicto se limitaba exclusivamente a una guerra interna sin material ni apoyo extranjeros. Durante lo que quedaba de agosto todas las potencias europeas, incluidas las dos que ya estaban interviniendo en España, firmaron el acuerdo de no injerencia, y a mediados de septiembre un Comité de No Intervención, con representación de todos los firmantes, comenzó las reuniones en Londres.

Las grandes potencias pretendían, sobre todo, restringir la magnitud de la guerra secundando la negativa de Alemania a reconocer el estatus oficial de «facción beligerante» a cada bando tal y como se expresaba en la ley internacional. Berlín anunció esta política para impedir que la flota republicana pudiera bloquear los puertos a través de los cuales Alemania estaba enviando material bélico a los rebeldes. A un Gobierno legalmente constituido como el de la República –más allá de lo que pueda pensarse de sus políticas– normalmente se le reconocía el estatus de fuerza beligerante, pero las potencias adoptaron la posición de que España estaba sufriendo un proceso revolucionario, que no había Gobierno alguno que mereciera un reconocimiento pleno, y esto limitó la capacidad y los derechos de guerra naval por ambos bandos.

El Gobierno más implicado en el resultado de la contienda era el de Portugal. La izquierda española había participado activamente en la política del país vecino con la intención de derrocar al régimen de Lisboa entre 1932 y 1933, y el hombre fuerte de Portugal, Salazar, sospechaba que su autoritario Estado Novo difícilmente podría sobrevivir si la izquierda revolucionaria dominaba el resto de la Península. Aunque Portugal apenas contaba con potencial militar propio, el Gobierno de Lisboa proporcionó apoyo logístico a los insurgentes desde el primer momento. Como en los asuntos externos dependía enormemente de su aliado británico, Portugal firmó el Acuerdo de No Injerencia, a pesar de las quejas de Salazar (en privado) y continuó manteniendo relaciones diplomáticas con el Gobierno republicano. El día 8 de septiembre se produjo una revuelta fallida de carácter izquierdista en Lisboa, con tres barcos de guerra implicados, en el puerto de Lisboa: aquel suceso fue un toque de atención muy importante para Salazar, que a finales de ese mismo mes anunció que un grupo de voluntarios portugueses estaban formando una legión por su cuenta para luchar a favor de los insurgentes españoles. El Gobierno republicano, casi inmediatamente, rompió las relaciones formales con Lisboa[5].

Cada uno de los tres dictadores importantes de la época que intervinieron en la guerra de España lo hizo por diferentes razones y con diferentes grados de compromiso. El único común denominador afectaba (aunque solo parcialmente) a los dictadores de Alemania e Italia: tanto Hitler como Mussolini esperaban la victoria de Franco, pero mientras que para Hitler era un asunto menor, para Mussolini se había convertido en una prioridad absoluta. Este consideraba que la victoria de Franco era una necesidad imperiosa desde el punto de vista estratégico, y no tardó mucho en invertir, proporcionalmente, más recursos que Hitler en la guerra de España para conseguir su objetivo. (También invirtió más que Stalin en el otro bando). Aunque la Alemania nazi gozaba de un gran prestigio en España, los italianos tuvieron una relación más fluida con los nacionales por razones culturales y políticas; con los distantes alemanes jamás tuvieron esa relación. Es más, a medida que las propias ideas de Franco se radicalizaban y se «fascistizaban», Italia podía servir más como modelo a España que un país septentrional, fundamentalmente protestante, cuyo régimen estaba basado en un peculiar fanatismo racial que la derecha española ni siquiera podía comprender, y mucho menos compartir. Así pues, Mussolini pretendió establecer una relación especial que podría fomentar la creación de una «Nueva España», que se convertiría en una especie de país satélite en la órbita de Italia[6].

Aunque su apoyo a las fuerzas de Franco aumentó en agosto, Mussolini firmó el Pacto de No Intervención, no con la intención de cumplir su palabra, sino con la esperanza de que aquel tratado disuadiera a Francia de enviar ayuda a los republicanos. Lo que esperaba, en principio, era que la ayuda alemana e italiana pudiera permitir a los nacionales obtener una victoria bastante rápida. En el transcurso de los primeros treinta días de la guerra, tanto Italia como Alemania enviaron aproximadamente cuarenta aviones cada uno, así como pequeños cargamentos de otros suministros y municiones.

El resultado fue que tanto Mussolini como Hitler se encontraron adoptando políticas muy semejantes respecto a España, aunque al principio cada uno actuaba por su cuenta. Desde ese momento la guerra de España comenzó a adquirir cada vez más importancia en las relaciones europeas, e incluso más trascendencia que la que había tenido la Revolución rusa. Hitler siempre había estado interesado en algún tipo de acuerdo o alianza con Italia, pero el régimen fascista se había mostrado un tanto dubitativo. Los dos países habían sido enemigos durante la Primera Guerra Mundial, y el racismo nazi había provocado una vehemente polémica antinazi en la prensa italiana en 1934. Alemania, en todo caso, había sido el único país que había apoyado a Italia en la conquista de Etiopía. La actitud de Mussolini hacia Hitler y la Alemania nazi siempre fue una mezcla de temor y envidia, pero a medida que Alemania se fue haciendo cada vez más fuerte y ambos regímenes fueron participando juntos en el mismo bando en España, la envidia comenzó a sobrepujar al temor. En octubre de 1936 los dos regímenes firmaron su primer tratado importante; no era exactamente una alianza, sino simplemente un tratado de entendimiento, de amistad y cooperación, que Mussolini saludó como el establecimiento del «Eje Roma-Berlín». Aquel tratado se vendió como un acuerdo por el bienestar de Europa, enfocado como un pacto contra el comunismo, y Mussolini declaró que todos los demás países podían adherirse a él libremente. Así pues, casi desde el principio, la guerra de España y las intervenciones de Alemania e Italia se presentaron como una lucha contra el comunismo y la influencia soviética, y, en ese sentido, el conflicto español formaba parte de una especie de guerra civil europea en la que otros Estados podrían desear intervenir.

Hitler señaló que consideraba que el conflicto español entraba sobre todo en la esfera de influencia italiana, dado que él no tenía objetivos propios en el extremo sur de Europa. En septiembre llegaron a España pequeñas comisiones de asesoramiento militar procedentes tanto de Alemania como de Italia, así como un número muy pequeño de personal militar, dispuestos todos a adiestrar a las tropas de Franco en el uso de armas extranjeras. A finales de octubre algunos de esos soldados participaron en combate junto a las fuerzas de Franco en el asalto final a Madrid.

Además, durante las primeras semanas de confusión, los líderes de la rebelión en Mallorca enviaron peticiones urgentes a Roma para que enviaran apoyo militar. Cuando una expedición de la milicia catalana comenzó a invadir la isla, los insurgentes también pidieron a Roma asistencia en forma de consejería militar, y Mussolini envió a un flamante oficial, alto y pelirrojo, perteneciente a la milicia del Partido Fascista: Arconovaldo Bonaccorsi, que llegó a ser conocido como el comte Rossi. Utilizando cinco aviones recién llegados de Italia y un grupo de 200 militares italianos, Rossi coordinó las fuerzas rebeldes: las milicias republicanas sufrieron una severa derrota el 3 de septiembre. El éxito de la defensa de la isla sirvió de trampolín para la conquista de Ibiza, que pronto quedó en manos de los nacionales. Allí se establecieron más unidades aéreas y más adelante desempeñaron un papel muy activo en la guerra. Cuando el personal militar italiano en la isla superó el millar de personas, el temor comenzó a desatarse en Londres y París.

Tanto Roma como Berlín fueron muy críticos con la lentitud de Franco en su avance hacia Madrid, pero, aunque el general fracasó a la hora de conquistar la capital, el 18 de noviembre Hitler y Mussolini reconocieron su nuevo régimen como el único y legítimo Gobierno de España, y, además, incrementaron su presencia y su apoyo militar, que en ese momento ya estaba empezando a superar el que los soviéticos prestaban a los republicanos. El 28 de noviembre Franco firmó un tratado secreto con Mussolini: fue su acuerdo más importante de toda la guerra. Italia se comprometía a favorecer «la independencia y la integridad de España» y ambas partes se comprometían a un apoyo mutuo, cooperación y amistad; también prometían que no permitirían que sus territorios fueran utilizados por un tercer país con el ánimo de perjudicar al otro; este último punto estaba dedicado especialmente a Francia, y limitaba la posibilidad de que las tropas francesas pudieran pasar por España, desde Europa, hasta África. Además, se añadían algunos vagos acuerdos de tipo comercial, pero sobre todo el tratado comprometía a los dos países a una benévola neutralidad si uno de los dos entraba en guerra con una tercera potencia, y a proporcionar suministros y maquinaria. Este tratado secreto marcó el principio de una amplia expansión de la intervención italiana en España.

En los primeros meses Hitler había enviado a España más ayuda que Mussolini –aunque no mucha más– y a principios de noviembre de 1936 despachó un pequeño batallón aéreo alemán, la Legión Cóndor, con aproximadamente noventa aviones, además de otras pequeñas unidades y otras armas. De todos modos, aparte de este despliegue, su aportación fue limitada, y hacia finales de 1936 comenzaría a decir que lo más interesante de la guerra de España era su función como maniobra de distracción, porque así otras potencias europeas no prestarían atención a las actividades alemanas en Europa central, y que desde el punto de vista de Alemania sería deseable que la guerra se alargara varios años.

Para Mussolini semejante argumentación era inaceptable. El italiano comenzó a mostrarse cada vez más crítico con la lentitud de las operaciones de Franco, y decidió enviar mucho más apoyo. El 14 de diciembre le dijeron a Franco –para su sorpresa e irritación– que 3.000 camisas negras, voluntarios del Partido Fascista, estaban a punto de llegar a España. Franco había sugerido poco antes al embajador alemán que estaría interesado en la ayuda que le pudieran prestar varias divisiones italianas o alemanas, bien entrenadas y bien equipadas, en el frente central, pero la decisión de Mussolini se tomó unilateralmente, sin consultársela a nadie.

El número de tropas italianas en España se incrementó rápidamente, alcanzando los 49.000 hombres a finales de febrero de 1937; alrededor del 57 % de ellos pertenecían a la milicia voluntaria del Partido Fascista, tal y como revelarían los documentos más tarde. El Gobierno italiano anunció que solo irían a España los voluntarios. Solo se envió una única gran unidad regular, la División Littorio; el resto de las tropas las formaban voluntarios del Ejército y la milicia, agrupados en nuevas unidades, y esta fue una de las razones de su escasa efectividad. La infantería se organizó como el Corpo di Truppe Volontarie (CTV), y lo componían 36.000 hombres en cuatro divisiones y dos brigadas (las brigadas estaban compuestas de tropas tanto italianas como españolas)[7]. Además, los hombres de la fuerza aérea italiana estuvieron sirviendo a las fuerzas de Franco y formaron varios escuadrones completos de aviones[8]. En total, entre diciembre y febrero, Mussolini envió 62 cargamentos con hombres y material, incluidos 130 aviones, 500 cañones, 700 morteros, 12.000 ametralladoras y 3.800 vehículos. A partir ese momento en adelante, las armas italianas, incluidas las de gran calibre, formarían la artillería más importante en el ejército de Franco[9].

Los italianos estaban deseosos de una victoria rápida, pero la pretensión de abrir una brecha en la ofensiva de Guadalajara, en marzo de 1937, acabó estancándose y Mussolini solo consiguió un desastroso escándalo propagandístico. Entonces se llevó a cabo un detallado análisis del personal militar destinado a España y se envió de vuelta a casa a muchos soldados mayores, pobremente entrenados y poco adecuados para el combate, y/o a voluntarios escasamente motivados; al mismo tiempo, se envió a España un pequeño número de soldados mejor equipados y preparados. Estos procesos redujeron el tamaño del CTV hasta menos de 30.000 hombres, un número que más adelante disminuiría aún más, pero, a cambio, proporcionarían una mayor efectividad en el combate. Las unidades italianas –infantería, artillería y aviación– desempeñarían un significativo papel en las ofensivas clave de Franco durante lo que restaba de la guerra.

Los fascistas italianos a menudo se sentían desconcertados ante el carácter extremadamente derechista del régimen de Franco, y lo que ellos veían como elementos en exceso «reaccionarios» y «clericales» de su política. Por el contrario, el fascismo italiano se veía a sí mismo como un movimiento «progresista» y «moderno» –en el sentido ideal de esos términos–, y los líderes italianos intentaron animar una evolución política en Franco para que moderara su nuevo sistema y encauzarlo hacia un régimen más parecido al que existía en Italia. Apremiaron al caudillo español a formar un nuevo y gran «partido único» y le proporcionaron las líneas maestras de la nueva política desde Roma; estas ideas solo tuvieron influencia en algunas de las nuevas instituciones franquistas, especialmente en el Fuero del Trabajo, promulgado en 1938.

Los grandes cargamentos de armas se enviaron a Franco fundamentalmente a crédito y en agosto de 1937 los dos regímenes firmaron en Roma un acuerdo mediante el cual un consorcio de bancos italianos (en parte propiedad del Gobierno italiano) concedía al régimen franquista enormes créditos, con los que se pagarían buena parte de los futuros envíos y cargamentos. El acuerdo se estableció en términos mucho más generosos que los que propuso Hitler (o Stalin en el otro bando), y solo se exigían pequeños pagos mientras durara la guerra.

El nuevo CTV, ya racionalizado y ordenado, desempeñó un importante papel en la conquista de la zona republicana del norte en 1937, pero la contraofensiva republicana de diciembre en Teruel agotó la paciencia y el ánimo de su jefe, que finalmente recomendó la retirada de los italianos. Mussolini se negó a abandonar, y su decisión se vio justificada casi de inmediato ante el éxito de la siguiente ofensiva de Franco, donde el CTV –a pesar de la baja moral de su comandante– desempeñó un papel destacado en el avance que, en abril de 1938, dividió en dos lo que quedaba de zona republicana. Fue durante esa ofensiva cuando Mussolini, por propia iniciativa, ordenó que los aviones estacionados en Mallorca llevaran a cabo bombardeos indiscriminados sobre Barcelona durante tres días seguidos, del 16 al 18 de marzo. Con mucho, este fue el bombardeo más duro sobre cualquier ciudad por ambas partes: se destruyeron muchos edificios y murieron 980 civiles. Parece que se hubiera pretendido una especie de incursión con la intención de aterrorizar a los republicanos y precipitar su rendición, aunque, si ese era su objetivo, el ataque fracasó.

Por otra parte, la ofensiva final republicana del Ebro tuvo deprimentes consecuencias en el CTV. Para entonces, al menos 3.500 de sus hombres habían muerto en combate, y algunos de los supervivientes expresaron la idea de que estaban condenando a los italianos a ir a morir en una guerra interminable en España. Un periodista italiano escribiría más adelante que les parecía como sí la estrategia de Franco se basara en el principio de que «vence el último soldado que queda en pie»[10]. El general Mario Berti, jefe de las tropas italianas en España, volvió a aconsejar la retirada del CTV, en parte para salvaguardar el prestigio italiano. Mussolini cada vez estaba más disgustado con Franco y se quejaba de que era desesperadamente lento y siempre fracasaba a la hora de aprovechar las buenas ocasiones que se le presentaban. Su yerno y ministro de Asuntos Exteriores, Galeazzo Ciano, escribió en su Diario: «Franco no tiene ninguna visión de síntesis en la guerra. Sus operaciones son las de un magnífico comandante de batallón». Mussolini se lamentó ante Ciano, cuando comenzó la ofensiva republicana en el Ebro, y le dijo: «Escribe en tu libro hoy, 29 de agosto, que preveo la derrota de Franco. Este hombre no sabe o no quiere hacer la guerra. Los rojos son combatientes; Franco, no»[11].

A pesar de su enfado, Mussolini creía que el resultado de la guerra era demasiado importante como para que Italia abandonara, y el triunfo de Hitler en Múnich, en septiembre de 1938, confirmó al Duce en su idea de la victoria final. En todo caso, cuando los envíos de armas alemanes aumentaron de manera momentánea, Italia intentó bajar su perfil ligeramente, y en octubre retiró a 10.000 hombres como un gesto diplomático. Para entonces, un número significativo de las tropas del CTV eran reclutas españoles, pero aún combatían acompañados por escuadrones aéreos italianos, con más de 100 aviones, un grupo blindado con 100 tanques ligeros y los cuerpos de artillería del CTV, con casi 600 armas, muchas de grueso calibre.

Cuando las fuerzas de Franco se acercaron a la frontera con Francia, la principal esperanza y fuente de recursos de la República, el caudillo mostró su preocupación por los rumores que había respecto a una probable intervención militar francesa. Entonces, Ciano advirtió repetidamente a los embajadores británicos y franceses que, si eso llegaba a ocurrir, todo el ejército italiano se lanzaría a la guerra contra Francia en tierra española…, aunque, en realidad, nunca existió el menor peligro de que Francia se decidiera a intervenir.

Los dirigentes fascistas estaban bastante satisfechos con los resultados de sus políticas, tal y como Ciano lo registró en su diario el día 22 de febrero de 1939, donde señaló que, con la inminente victoria en España, «se estaban sentando las bases para un nuevo Imperio Romano del Mediterráneo». Mussolini confiaba en que el victorioso régimen español se alinearía con el Eje en los asuntos europeos y que Madrid se convertiría en una especie de satélite de Roma. En gran medida estaba en lo cierto respecto a su primera idea, pero no respecto a la segunda. Aunque Franco y la mayoría de sus compañeros considerarían a Mussolini como su amigo más cercano durante el primer año tras la guerra, Franco rechazaría de plano la condición de satélite de Italia y volvería su mirada poco a poco hacia Alemania.

En muchos sentidos, Mussolini fue el apoyo más sólido de Franco en el extranjero. Se había comprometido bastante más que Hitler en la victoria de los nacionales y le proporcionó más armas y muchas más tropas. Además, las condiciones del apoyo italiano fueron más generosas, y no se molestaron en obtener la fuerte contrapartida económica que exigía Hitler. En años posteriores, mucho después del hundimiento del fascismo italiano, Franco y un buen número de figuras veteranas del régimen recordarían a Mussolini, con cierta nostalgia, como un amigo leal y generoso.

Por otro lado, las doctrinas de Hitler estaban basadas en una extraña teoría racial en la que el papel de España carecía de todo sentido. El país no era prioritario para el dictador alemán, aunque valoraba su situación estratégica e inscribió la guerra de España en su plan general anticomunista, pero también intentó aprovecharse económicamente de la situación. El carácter secundario que para Hitler tenía la guerra de España se demostró sobre todo en el hecho de que, hasta la primera mitad de 1938, el régimen alemán alivió su escasez de divisas extranjeras mediante la venta de armas de inferior calidad a la República a través de terceros países, principalmente Grecia. Las armas de baja calidad al parecer también se las vendieron a Franco a través de los mismos canales. Este doble juego habría sido impensable en los italianos[12].

El anticomunismo era una característica fundamental del nacionalsocialismo; el temor al comunismo alemán y a la «amenaza comunista» habían sido elementos indispensables para el ascenso de Hitler al poder. La política exterior de Alemania y la expansión del poder militar alemán se justificaban también con esos mismos argumentos. El primer acuerdo de Hitler con sus futuros aliados fue la firma del Pacto Germano-Nipón contra el Comunismo Internacional, el 23 de octubre de 1936, el mismo día en que cerró los acuerdos con Italia, en lo que Mussolini acabó llamando el Eje Roma-Berlín. A lo largo del conflicto español, los diplomáticos alemanes e italianos justificarían ante otras potencias su apoyo a Franco alegando la necesidad de frenar a la Unión Soviética.

El primer embajador alemán fue un ferviente nazi que solo se ocupó de ayudar a la Falange en su objetivo de alcanzar un papel dominante en el nuevo régimen, y también apremió a Alemania para que enviara la ayuda necesaria que permitiera a Franco alcanzar una victoria rápida. Hitler era absolutamente contrario a ambos objetivos, así que vetó cualquier injerencia política e insistió en que, bien al contrario, Alemania debía concentrarse en obtener beneficios económicos. El ministro de Exteriores registró su postura: «Le era indiferente el sistema político que hubiera en el poder en España al final de la guerra, ya fuera una dictadura militar, un estado autoritario o una monarquía de tendencia conservadora o liberal»[13]. Lo único que importaba era que el régimen que saliera de la guerra apoyara la política de Alemania. Hitler se negó a aumentar su compromiso militar, y a finales de 1936 permitió que Mussolini se ocupara de la nueva escalada militar.

Aunque Hitler deseaba la victoria de Franco, la prolongación del conflicto español serviría mejor a los intereses de la política alemana porque distraería la atención respecto al rearme del país y su política expansionista. Las intenciones de Hitler a finales de 1936 quedaron bien expresadas en las palabras de un dirigente militar alemán:

Si la atención de las potencias europeas pudiera dirigirse aún más hacia España, ello conllevaría notables ventajas para la política alemana en Europa […]. Así pues, por el interés de Alemania, que era lo único que importaba, no interesaba una pronta resolución de la Guerra Civil española, porque podría poner en peligro el rearme de Alemania. Bien al contrario, la política alemana podría seguir su curso si la cuestión de España continuaba durante el tiempo suficiente para captar la atención de Europa y apartarla de Alemania[14].

Esta sería la postura de Hitler durante casi los dos años siguientes, hasta finales de 1938. Cualquier incremento de la ayuda extranjera a Franco procedería de Mussolini, no de Hitler. El 5 de septiembre de 1937, Hitler reiteró claramente estas decisiones políticas a sus subordinados: la prolongación del conflicto español era aún de vital interés para Alemania. Distraería la atención de los siguientes movimientos de Hitler contra Austria y Checoslovaquia, al tiempo que mantenía a Italia en un enorme embrollo y entretenidos a Francia y al Reino Unido. Mussolini de ningún modo estaba contento con esta situación, porque obligaba a Italia a cargar con la mayor parte del trabajo; y al mismo tiempo, como aseguró el Duce, irían empeorando sus relaciones con París y Londres mientras que Hitler gozaba de la libertad para hacer lo que quisiera. Con todo, Mussolini continuó haciendo movimientos para acercarse a Hitler, y en noviembre de 1937 firmó el Pacto contra el Comunismo Internacional.

La actitud de Hitler se tornó incluso más cínica en 1938. Sorprendió al coronel Erwin Jaenecke, jefe del equipo de Sonderstab W (coordinación de intervención), cuando le dijo que esperaba que Franco no conquistara Cataluña, lo cual, en aquel momento, resultaba bastante factible. Por el momento, Hitler prefería lo que él llamaba «una Cataluña roja». Cataluña se convertiría en un hueso para entretener a los perros (Franco y el Gobierno francés), y eliminaría cualquier posibilidad de acuerdo entre Francia y Franco. Además, Cataluña quedaría aislada económicamente del resto de España, y para Alemania sería mucho más fácil seguir obteniendo materias primas en el resto del Estado, al tiempo que Mussolini se quedaba enfangado en el país vigilando a Francia. Hitler dio órdenes a Jaenecke para que aconsejara a Franco que prescindiera de Cataluña y que siguiera golpeando el sur. En cualquier caso, no hay ninguna prueba de lo que Jaenecke le dijo exactamente a Franco, y no se sabe si semejante consejo –en caso de que se diera– fue un factor significativo o determinante en la inexplicable decisión de Franco, cuando renunció a una victoria rápida y decisiva en Cataluña y, por el contrario, se concentró en un avance lento y difícil por las montañas y la carretera de la costa hacia Valencia: aquella decisión ciertamente desconcertó a sus subordinados.

Entre los mandos militares se criticó mucho el paso lento y el carácter poco imaginativo de aquella operación de Franco; estos incomprensibles bandazos estratégicos a veces generaban problemas de compromiso con la causa en el seno de la Legión Cóndor. Respecto a Franco, el embajador Wilhelm Faupel pensaba que «sus conocimientos y experiencias personales militares no son suficientes para asumir con fiabilidad la dirección de las operaciones en su dimensión actual», mientras que el general Hugo Sperrle, jefe de la Legión Cóndor, entendía que «por lo que hemos visto, Franco no es un líder que pueda llevar a cabo estas grandes empresas. Según los criterios alemanes, no tiene experiencia militar. Como lo ascendieron a general siendo muy joven, en la Guerra del Rif, nunca ha mandado unidades mayores y, por tanto, a lo único que llega es al nivel de jefe de batallón»[15]. En cualquier caso, aunque todos estos asuntos llegaran a oídos de Hitler, no les concedía la menor importancia, pues, al parecer, las tácticas dilatorias de Franco le venían que ni pintadas al Führer.

Durante todo el tiempo que duró la guerra, Franco eludió las sugerencias alemanas para que firmara un tratado de amistad, y solo se avino a firmar un protocolo secreto, que se firmó en marzo de 1937 y que lo único que prometía era la neutralidad española en cualquier guerra generalizada. Los puntos de fricción más importantes residían en las relaciones económicas, en las que Berlín –contrariamente a Roma– estaba decidido a obtener todo el provecho posible, especialmente en el control y en la importación de minerales españoles. Las relaciones económicas fueron administradas por dos corporaciones comerciales: HISMA (Hispano-Marroquí de Transportes, S. L.), una empresa que solo nominalmente era privada y que se ocupaba de canalizar cargamentos de armas, y una corporación estatal de importación, ROWAK (Rohstoff-Waren-Handelsgesellschaft AG), que se ocuparía de las importaciones desde España. El régimen alemán buscaba sobre todo piritas y minerales de hierro, y el porcentaje de las exportaciones españolas hacia Alemania creció rápidamente. ROWAK también creó once compañías propias en España, aunque un decreto de Franco en octubre de 1937 anulaba cualquier adquisición de derechos de minas que se hubieran firmado desde el comienzo de la Guerra Civil. El objetivo de los alemanes era crear una enorme empresa (parcelada o en sistema de holding) que se ocupara de adquirir derechos de explotación minera, MONTANA, cuyo desarrollo se estaba poniendo en peligro con dicho decreto franquista. Tras muchas negociaciones, Franco aceptó un acuerdo, en junio de 1938, por el que a los alemanes se les permitía adquirir hasta el 40% del capital de las nuevas compañías mineras, un porcentaje que los nazis esperaban elevar sustancialmente mediante la compra de participaciones a través de testaferros españoles.

Pronto se vio que todos aquellos acuerdos eran inaceptables para Hitler, y así fue como las relaciones entre las dos dictaduras comenzaron a deteriorarse. El enojo alemán aumentó aún más por la posición oficial de neutralidad que adoptó el régimen de Franco cuando se produjo la crisis de los Sudetes en septiembre de 1938. En aquel momento, el desgaste que había exigido la batalla del Ebro había reducido drásticamente las reservas de armas y suministros alemanes de que disponía Franco, y Hitler demostró que no iba a reponerlos de buena gana y sin concesiones. La situación militar finalmente obligó a humillar la cabeza a Franco; en noviembre de 1938, el general español aceptó de mala gana el control alemán de cuatro de las cinco principales compañías mineras de MONTANA, en las cuales tendrían entre el 60% y el 75% de los derechos de explotación. Como contrapartida, este acuerdo se resolvió en una reanudación de los suministros armamentísticos alemanes destinados a la campaña final de la guerra. Franco había conseguido evitar un dominio económico generalizado del país, y aunque los contratos financieros alemanes eran menos generosos que los de Mussolini, solo un 18%, aproximadamente, del coste del apoyo militar alemán fue sufragado directamente o con materias primas hasta el final de la guerra[16].

Para entonces Hitler ya estaba embarcado en la fase más agresiva de su política exterior y la guerra de España ya no servía como elemento de distracción. Por vez primera desde el inicio del conflicto, el líder nazi deseó una victoria rápida de Franco. Los nuevos cargamentos de armas sirvieron a las principales fuerzas de Franco: se llevó a cabo una exitosa invasión de Cataluña y la guerra entró en su fase final.

En ningún momento España tuvo un papel importante y directo en la política de Hitler. Tácitamente, el Führer entendía que todo el Mediterráneo pertenecía a la esfera italiana. Hitler había logrado sus dos objetivos: un conflicto español de larga duración que distrajera y dividiera a sus adversarios, mientras favorecía el inexorable triunfo de Franco, y, en segundo término, la implantación de un régimen amigo y antiizquierdista en España, orientado hacia las potencias del Eje, y, aunque no fuera exclusivamente así, garantizando enormes suministros de materias primas. Pero aún había otro detalle importante: la guerra de España le había proporcionado lo que él consideraba un dividendo colateral de la mayor importancia, una relación mucho más estrecha con una Italia que estaba cada vez más enfrentada a Francia y a Inglaterra.

En los últimos días de la Guerra Civil, Franco se convirtió en el cuarto firmante del Pacto contra el Comunismo Internacional (junto a Alemania, Italia y Japón), así como de un tratado secreto de amistad que garantizaba una política favorable por parte de España si Alemania se veía involucrada en una guerra con una tercera potencia, además de un acuerdo de cooperación especial entre los dos países. Sin embargo, un acuerdo cultural que se negoció al mismo tiempo jamás fue ratificado, principalmente debido a los prebostes de la Iglesia española, que se resistían a ver España atestada de propaganda pagana de carácter racista. Esto causó algún disgusto en Berlín, pero no era más que un asunto secundario en unos momentos en los que los temas más apremiantes eran de carácter económico. Los principales objetivos alemanes se habían conseguido.

Para las tres principales democracias del mundo, la guerra de España resultó muy problemática, y cada potencia actuó al respecto de modo diferente. Para los ciudadanos de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos la guerra de España era una especie de espejo en el que podían ver el reflejo de los temas políticos que más les importaban. Para los militantes antifascistas, la guerra era un gran combate contra el fascismo, y para los militantes anticomunistas, la guerra constituía una cruzada anticomunista. La extrema izquierda la interpretaba como una gran oportunidad revolucionaria, y los católicos y los conservadores como una batalla crucial para defender la civilización cristiana. Todos aquellos que creían que el expansionismo alemán era la principal amenaza vieron en España la oportunidad de desbaratar la política alemana. Y aquellos cuyo primer objetivo era, simplemente, evitar una guerra generalizada a toda costa apoyaron de buena gana la no intervención.

En aquel momento, el Reino Unido mostraba una iniciativa mucho mayor en los asuntos internacionales que Francia o Estados Unidos, y tanto la propaganda de la República como la de la Internacional Comunista se centraron en Gran Bretaña más que en ningún otro país. De todos modos, el problema de la represión o del Terror Rojo situó a los portavoces de la República a la defensiva, y se vieron obligados a replicar con cuatro argumentos fundamentales: que el nivel de la represión se había exagerado enormemente, que la rebelión militar había exigido una severa represión, que la represión de los «fascistas» era mucho peor, y que las ejecuciones en la zona republicana se controlaron casi inmediatamente. Los argumentos principales que se presentaron a favor de la República fueron, en primer término, que los insurgentes se habían rebelado contra un Gobierno legítimo; segundo, que España había sido invadida por Italia y Alemania; y tercero, que los republicanos españoles habían sido el primer pueblo del mundo en ser sometido a un bombardeo indiscriminado con intención de aterrorizarlo. Un cuarto tema era que la República estaba llevando a cabo un duro combate contra el fascismo, que pronto se convertiría en una amenaza para el mundo entero. En 1938 la República ya había ganado sobradamente la batalla de la propaganda, y tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos la gran mayoría de aquellos que tenían una clara opinión al respecto (que en Estados Unidos representaba a veces menos de la mitad de aquellos a los que se les preguntaba) era favorable a la República, pero, aun así, la mayor parte no deseaba que su Gobierno modificara su política al respecto y se involucrara en una guerra que no les concernía[17].

A lo largo de toda la contienda el Gobierno británico estuvo en manos de los conservadores, que rechazaron los argumentos de los republicanos y que temían que el triunfo de la izquierda en España solo favoreciera la expansión del comunismo. A su juicio, Franco no era un fascista, sino un nacionalista de tendencia derechista que probablemente no acabaría siendo una marioneta de Hitler o Mussolini, así que su victoria no amenazaría los intereses británicos. El Partido Laborista, por el contrario, favorecía a la República y no estaba en absoluto satisfecho con la política del Gobierno conservador, pero era también pacifista y no presentó una alternativa solvente a dichas políticas[18].

El escenario francés era mucho más complejo. Léon Blum, el premier socialista, deseaba apoyar a sus homólogos españoles, pero tenía ante sí tres obstáculos decisivos. Uno era que la política exterior francesa empezaba a ser extremadamente dependiente de Gran Bretaña, que exigía la no injerencia. El segundo era la aguda fractura en la política interior de Francia: en 1936, Francia era el país cuyo sistema político de partidos y sus divisiones más recordaban a las que se habían dado en España. El Frente Popular francés también había conseguido el control del Parlamento, pero, como en España, el margen favorable de voto popular era muy escaso. El país estaba terriblemente dividido: los conservadores franceses se oponían con vehemencia a la revolución española e insistían en la no intervención.

El tercer obstáculo se encontraba en el seno del propio Gobierno de Blum, una coalición más amplia y moderada que la que estaba gobernando en Madrid. Su principal compañero de coalición, el Partido Radical, era un partido de ideas capitalistas, democrático y de clase media, y era «radical» solo en el sentido en que esta palabra se utilizaba en el siglo XIX, y sus dirigentes apremiaron a Blum a no permitir que Francia se involucrara en el conflicto. Además, el propio partido socialista francés de Blum tenía fuertes convicciones pacifistas y su ala más moderada, liderada por el secretario del partido, Paul Faure, era fervientemente anticomunista; además, estaban seguros de que el verdadero objetivo de Stalin era que Francia se embarcara en una guerra contra Alemania.

El Pacto de No Intervención que todas las potencias europeas firmaron no fue un verdadero tratado y, por tanto, resultaría muy difícil llevarlo a la práctica. El acuerdo permitía que todas las potencias pudieran soslayar una declaración de neutralidad, al tiempo que se negaban a reconocer el derecho de ambos bandos al estatus de beligerante oficial en la ley internacional. Así pues, ninguno de los dos contendientes españoles tuvo el derecho reconocido a controlar el movimiento de barcos en la zona de guerra, lo cual concedía a las potencias más importantes una mayor libertad para sus propios barcos. En cierto sentido, la política no intervencionista fue un éxito: no en cuanto a evitar una intervención significativa en España, sino más bien en su objetivo global: impedir la escala bélica que pudiera desembocar en una guerra internacional.

Las diplomacias francesa y británica presentaron distintos planes para intentar que la no intervención resultara más efectiva. El plan más elaborado fue un acuerdo entre el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania para iniciar una vigilancia naval conjunta de los cuatro países; comenzaría a patrullarse el 20 de abril de 1937 para impedir el desembarco de armas. Aquel plan se llevó a cabo durante varios meses, con la fraudulenta participación de los navíos alemanes e italianos. Los submarinos italianos ya habían estado implicados en operaciones encubiertas contra los barcos de la República desde noviembre de 1936 y, más adelante, en agosto de 1937, fueron aún mucho más activos, hundiendo varios navíos, incluido un petrolero británico. Gran Bretaña no podía permitir esa clase de piratería; en septiembre, en Nyon, se llegó a un acuerdo para llevar a cabo operaciones de vigilancia más intensas en el Mediterráneo: se ocuparían de ello las flotas del Reino Unido, Francia e Italia, y entonces Mussolini ordenó que se cancelaran todos los ataques desde sus submarinos[19].

Neville Chamberlain sustituyó a Stanley Baldwin como primer ministro británico en mayo de 1937 y trabajó para mejorar las relaciones con Italia sobre la base del statu quo en el Mediterráneo, al tiempo que intentaba animar la retirada de las tropas italianas de España. Estos esfuerzos condujeron a los Easter Accords anglo-italianos del 15 de abril de 1938, que efectivamente ignoraban el Pacto de No Intervención con la esperanza de mejorar las relaciones con Mussolini y tratar de impedir unas relaciones más estrechas entre Italia y Alemania. Los Easter Accords aseguraba el statu quo del Mediterráneo, reconocía la conquista de Etiopía por parte de Italia y preveía la retirada de todas las tropas italianas de España, pero solo después de que concluyera la guerra. Aunque Mussolini cumpliría este último compromiso, este ejercicio de apaciguamiento no tuvo ningún efecto en la política a largo plazo de Italia, que fue acercándose cada vez más a Alemania.

Entretanto, el Gobierno francés no solo no «abandonó» a su suerte a la República, sino que, bien al contrario, practicó lo que el propio Blum describiría más adelante como la non-intervention relâchée (una no intervención relajada). Esto significaba que aunque el Gobierno francés no proporcionaría armas a la República, le ofrecería todo tipo de servicios en el interior de Francia para ayudarla: es decir, facilidades financieras y comerciales, todo tipo de suministros que no fueran armas, concedería libertad al aliado electoral del Gobierno, el Partido Comunista Francés, para embarcarse en numerosos proyectos pro-republicanos, y utilizaría los servicios de transporte para los cargamentos soviéticos y de otras armas a través del territorio francés.

La guerra se presentaba como un grave dilema para los jefes militares franceses, que estaban preocupados por las implicaciones geoestratégicas de la contienda, aunque en términos políticos muchos de ellos eran partidarios de Franco. Así pues, después de que Alemania e Italia reconocieran oficialmente a Franco en noviembre de 1936, el almirante Darlan y sus colegas desarrollaron un plan de contingencia para una invasión rápida del Marruecos español, y también contemplaron la ocupación de la Menorca republicana, pues así podrían comprobar cuáles eran en realidad las ambiciones italianas. Los británicos, de todos modos, se negaron a consentir semejante acción, aunque el ejército francés, y especialmente la Armada, planteó varías propuestas teóricas para una intervención militar limitada que se desarrollaría en septiembre de 1938, pero después todos los planes de contingencia fueron abandonados.

La repentina anexión de Austria a Alemania, en marzo de 1938, tuvo un fuerte impacto en todo el mundo, aunque solo momentáneo. Blum, que poco antes había sido forzado a dimitir, volvió a asumir la cartera de primer ministro, y oficialmente abrió las fronteras francesas al envío de armas, en lugar de hacerlo sin la cobertura oficial, como había hecho en su anterior mandato. También aconsejó emitir un ultimátum a Franco a propósito del irregular uso de fuerzas alemanas, pero esta idea no fue apoyada por sus colegas, aunque en agosto de 1937 el mando general había añadido un llamado «Plan E» a su estrategia de movilización, previendo una invasión de España si el país se veía envuelto en una guerra contra Alemania y España. En todo caso, los mandos militares franceses recomendaron cautela en tanto no se extendiera la guerra, y esperando aún que pudiera producirse un acuerdo con Italia y más convencidos que nunca de que, con la guerra de España, Stalin estaba promoviendo una guerra entre Francia y Alemania. Una vez más se abrió el debate sobre la necesidad de una operación en el Marruecos español, pero el jefe del mando, el general Gamelin, no tenía una buena opinión del Ejército Popular español y entendió que no estaban capacitados para hacer un uso efectivo de las armas francesas, al tiempo que el Ministerio de Exteriores advertía que una incursión en cualquier parte del territorio español significaría una guerra total en Europa. La única decisión que se tomó finalmente fue la de enviar unos refuerzos menores a la frontera, pero a lo largo de todo el mes de marzo en la prensa se difundieron los rumores de una posible intervención francesa[20].

La nueva coalición gubernamental en París no duró más de un mes, y a mediados de 1938 los socialistas fueron expulsados del Gobierno y el Frente Popular francés acabó por desintegrarse. En junio la frontera se cerró al transporte de las armas (al menos teóricamente, aunque no en la práctica). La non-intervention relâchée continuaría vigente durante un tiempo, cuando todos los distintos planes de mediación propuestos bien por las democracias occidentales o por el Vaticano fracasaron, debido a la terquedad de Franco.

La política de Estados Unidos fue más distante. La posición política americana, en el ámbito internacional, había regresado al llamado «aislacionismo» (aunque el término es una considerable exageración) durante los años veinte, cada vez más convencidos de que la propaganda británica había embarcado a Estados Unidos en una guerra sin sentido en 1917 y 1918, y todo en nombre del imperialismo británico y francés. En 1936 Estados Unidos ya contaba con una legislación que promovía la neutralidad y prohibía los envíos de armamento americano a potencias en guerra en cualquier lugar del mundo y, tras el comienzo de la guerra de España, esta prohibición se amplió también a todas las guerras civiles. Una restricción tan explícita no se había promulgado en ningún otro país industrializado.

Entre 1937 y 1938 la opinión pública americana generalmente se inclinaba a favor de la República. La Internacional logró un gran triunfo al conseguir el apoyo de personalidades del mundo cultural y del entretenimiento[21]. Por otra parte, algunos conservadores americanos y la gran mayoría de católicos apoyaban a Franco, pero, de todos modos, ni siquiera aquellos que eran partidarios de la República deseaban que Estados Unidos se implicara en el conflicto de un modo significativo.

El presidente Franklin D. Roosevelt inicialmente planteó la idea de una política de no intervención casi con tanta rapidez como el Gobierno francés. Al principio creía que la guerra se resolvería más rápidamente si se detenía su expansión. Pero en 1938 sus ideas ya eran muy favorables a la República, en parte por razones geoestratégicas, pero no consideró conveniente enfrentarse al Congreso americano, aunque apoyó una iniciativa secreta, finalmente abortada, para vender aviones a la República a través de terceros países. Para entonces cada vez se había convencido más de que aquella guerra civil en España era una nueva táctica de subversión fascista, no comunista, y temía que pudiera expandirse hasta Latinoamérica. La guerra de España influiría mucho en el pensamiento de Roosevelt y la consecuencia fue que en el futuro no dudaría en adoptar posturas más rígidas en temas estratégicos[22].

Junto a la Unión Soviética, el único país que adoptó una posición firme en apoyo de la República fue el Gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas, que envió cargamentos navales a la República con todas las armas que pudo reunir y fabricar. La industria armamentística mexicana, en cualquier caso, era muy débil y no pudo hacer una gran contribución al respecto. Del mismo modo que la izquierda gobernante se identificaba con la República, los conservadores mexicanos se identificaron firmemente con los nacionales. Divisiones parecidas se podían encontrar en otros países latinoamericanos[23].

La opinión de de la izquierda en Francia y en el Reino Unido estaba amargamente defraudada con el resultado de la guerra, pero los conservadores, los Gobiernos en el poder y, en general, los jefes militares estaban relativamente satisfechos. Los mandatarios democráticos, en su mayoría, habían reflejado en sus políticas la opinión de sus países. Hasta 1939 se consideraba que Stalin era un problema mucho más grave que Hitler. Las consecuencias de la guerra de España en Francia no fueron más que nuevas y serias sospechas respecto a la Unión Soviética y un persistente sentimiento de que este país solo pretendía provocar una guerra revolucionaría entre Francia y Alemania. Esto también impidió que se avanzara en cualquier proyecto de entendimiento militar entre Londres y Moscú, cualquiera que fuese el peso que el nuevo régimen de Franco pudiera mostrar contra los soviéticos. Aunque pudiera parecer extraño,

en Mayo de 1939 el jefe del mando militar en Londres tenía que evaluar «el equilibrio estratégico en caso de guerra, y decidir si le convenía España como enemigo y Rusia como aliado». Chamberlain ya lo había decidido: «Si una alianza que es incapaz de proporcionar suficiente ayuda efectiva quisiera dejar fuera a España o conducirla al ámbito del Eje nosotros perderíamos mucho más en el oeste de lo que jamás imaginamos que podríamos ganar en el este»[24].

La importancia final de la guerra para las democracias occidentales pudo haber residido sobre todo en su función de distracción frente al reto del Eje y frente a la posibilidad de establecer relaciones con la Unión Soviética con mayor rapidez. En este sentido, Hitler entendió el valor internacional del conflicto español mejor que nadie. El resultado final de la guerra, paradójicamente, fue menos importante desde el punto de vista internacional, pues España no figuró de manera significativa en los planes bélicos de ninguna de las grandes potencias.

9

LA POLÍTICA SOVIÉTICA

La política soviética respecto a España llegó a ser tan polémica como la intervención alemana y, además, fue mucho más compleja; tenía una importantísima dimensión política interna, añadida al papel militar soviético, y formaba parte de una estrategia internacional más amplia que, en sí misma, era más complicada que la de Alemania. A diferencia de las potencias del Eje, la Unión Soviética había intentado intervenir en los asuntos españoles ya desde que había tomado la decisión de organizar el Partido Comunista de España (PCE) en 1920. Bien al contrario, la política italiana en España había estado dirigida principalmente hacia los temas culturales, excepto por una modesta subvención que se le concedió a la Falange en 1935 y 1936; el acuerdo con los monárquicos en 1934 pronto se convirtió en papel mojado. Y el Tercer Reich, por su parte, se había limitado a desarrollar pequeñas actividades propagandistas. Durante quince años, el PCE fue un completo fracaso, uno de los partidos comunistas europeos más débiles. Hubo varios cismas y numerosos cambios en la dirección del partido, hasta que en octubre de 1932 la Internacional señaló al ex cenetista José Díaz como secretario general. Díaz dirigió un equipo compuesto por líderes comunistas como Vicente Uribe y el jovencísimo Jesús Hernández, junto con la primera mujer y faro del partido, la elocuente propagandista vizcaína y jefa de la sección femenina del partido, Dolores Ibárruri, Pasionaria, que se convertiría en la figura comunista más conocida durante la Guerra Civil. Estos nuevos líderes eran duros, con iniciativa, trabajadores hasta la extenuación, disciplinados y absolutamente leales a Moscú. Ellos proporcionarían un liderazgo contundente y eficaz en las terribles luchas que iban a tener lugar.

En 1928 la Internacional declaró el comienzo del Tercer Período de la lucha revolucionaria, que iba a coincidir con una gran crisis del mundo capitalista. Casi inevitablemente, España pronto se convirtió en el nuevo territorio de las insurrecciones izquierdistas, con nada menos que cinco algaradas entre 1930 y 1934, aunque la Internacional y el partido español tuvieron poco que ver en ellas, puesto que el Tercer Período prohibía alianzas con otros grupos[1]. La Internacional, en primer lugar, comenzó a reconsiderar esas tácticas en 1934, permitiendo que el PCE participara en la Alianza Obrera, liderada por los socialistas, muy al principio de la insurrección de 1934.

Aunque los comunistas desempeñaron solo un modesto papel en el «octubre español», esta fecha marcó el comienzo de un avance muy importante para el partido. Mientras que Largo Caballero y otros líderes socialistas negaron cualquier responsabilidad con el fin de evitar la persecución legal, los comunistas enarbolaron la bandera de la revuelta, proclamando descaradamente (y falsamente) que ellos habían sido su verdadera inspiración y los líderes de la algarada. La Internacional se dio cuenta de que en España se estaban abriendo nuevas y enormes oportunidades para la izquierda, y en una medida mucho mayor que en cualquier otro país europeo, y subvencionó una campaña de propaganda masiva: en 1935 llegaron a patrocinar cuarenta y dos publicaciones diferentes, bien directamente o, con mayor frecuencia, a través de organizaciones. interpuestas[2].

En agosto de 1935, la Internacional presentó la nueva táctica del Frente Popular, que permitía a los partidos comunistas formar parte de determinadas alianzas políticas con la idea de presentarse a las elecciones y con otros objetivos. Esto se anunció como un cambio de táctica, no como un cambio de estrategia final, pues el objetivo seguía siendo la dictadura del proletariado. Los líderes de la Internacional también explicaron que un Frente Popular exitoso podría estar en disposición de introducir una nueva forma de régimen político: una «nueva fórmula» exclusivamente de izquierdas o una República «del pueblo», en la cual todos los intereses de los conservadores serían eliminados de raíz, como en la República Popular de Mongolia en 1924. Un régimen semejante no sería técnicamente un régimen comunista o socialista, sino que se presentaría como la fórmula más avanzada de un «nuevo tipo» de democracia burguesa.

Contrariamente a la idea errónea que con frecuencia se propaga, el comunismo del Frente Popular no se presentó como una nueva clase de comunismo moderado en el que se renunciaba a la revolución hasta un futuro muy lejano; simplemente iban a aplicar tácticas más indirectas para apresurar la revolución. Durante la campaña electoral del Frente Popular español en 1936, por ejemplo, el portavoz del PCE dejó bien sentado en discursos y publicaciones que un Frente Popular exitoso ejecutaría un proceso que constaría de tres fases: en primer lugar, se instauraría un nuevo tipo de República, exclusivamente de izquierdas, aunque técnicamente aún burguesa, en la que todos los partidos conservadores y los poderes capitalistas serían eliminados. Más adelante, el Gobierno de la República sería sustituido por un Gobierno obrero y campesino, exclusivamente formado por comunistas y algunos otros elementos de la izquierda obrera; este Gobierno prepararía el camino para desarrollar la tercera y última fase: la toma de posesión del comunismo, que establecería la dictadura del proletariado.

La victoria del Frente Popular concedió al PCE su primera delegación parlamentaria en la historia, con diecisiete diputados. Durante las primeras seis semanas del nuevo Gobierno, los comunistas lanzaron una vigorosa campaña basada en sus objetivos revolucionarios. Concentraron la mayor parte de sus actividades en Madrid, lo que pareció convencer a los conservadores de que el PCE era más poderoso y numeroso de lo que era en realidad.

En abril de 1936, la línea táctica comunista cambió ligeramente y se tornó un poco más moderada, debido a dos factores: uno de índole interior y otro externo. El factor externo fue la exitosa remilitarización de Renania en marzo, que marcó el comienzo de la expansión militar de la Alemania nazi. Esto hizo saltar todas las alarmas en el Kremlin, que ordenó al PCE que subordinara las tácticas políticas a la promoción de la Unión Soviética y moderara su política interior en España. El factor interno fue, simplemente, el éxito electoral y el dominio político del Frente Popular. En ningún otro país, desde la Revolución rusa, los comunistas habían formado parte de una coalición que dominara totalmente el poder a través de medios legales y no revolucionarios. En abril, el PCE recibió órdenes de dar prioridad absoluta a utilizar el poder político desde la legalidad y no desde la revolución, y de intentar formalizar cuanto antes la construcción del «nuevo tipo» de república por medios legales. Se desaconsejaban completamente las huelgas extremistas y se llevarían a cabo todos los esfuerzos posibles para moderar a la FAI-CNT, pues existía cierto temor a que estos desatasen otra insurrección que pudiera desembocar en una guerra civil.

Así pues, la política comunista se tornó más moderada en sus maneras, aunque los objetivos seguían siendo igual de radicales. En los días previos a la Guerra Civil, fue el portavoz del PCE quien presentó nuevas propuestas legislativas para encarcelar y perseguir a los líderes del Gobierno republicano de 1934 y para abolir todos los partidos conservadores, encarcelando a sus dirigentes y confiscando sus propiedades. Eran propuestas dictatoriales, no moderadas. Los comunistas eran el grupo más sincero de las Cortes a la hora de proclamar con insistencia la necesidad de utilizar lo que quedaba de la legalidad republicana para instaurar un «nuevo tipo» de régimen republicano. Carecían de la fuerza para provocar una guerra civil, aunque lo hubieran pretendido, pero promovieron activamente el máximo grado de polarización, una situación que, en su opinión, podrían utilizar en su provecho, ya que dominaban las instituciones de la República. Este parecía ser el objetivo que podría alcanzarse en España sin la necesidad de que se produjeran insurrecciones violentas que, según había pontificado la Internacional durante los últimos quince años, serían un paso indispensable para la revolución. Para los comunistas, era el mejor escenario posible[3].

El comienzo del conflicto, pues, se recibió como una mala noticia en Moscú, bastante más que en Roma o en Berlín. La guerra de España planteaba a Stalin un problema que jamás resolvería del todo. Durante cerca de dos décadas la Unión Soviética había predicado la necesidad de las revoluciones colectivistas violentas. Ahora –paradójicamente y contra los deseos soviéticos– una revolución de aquellas había estallado en España, pero se trataba de una revolución anarquista y socialista que se había producido en medio de una guerra civil generalizada que amenazaba con hacerla fracasar, y, de todos modos, la revolución no podía atribuirse por completo ni a los comunistas españoles ni a la Unión Soviética. Además, los contrarrevolucionarios podrían sofocarla y cortarla de raíz con la ayuda de Alemania e Italia; de ahí que la izquierda revolucionaria de todo el mundo volviera la mirada hacía la Unión Soviética, como la primera y única potencia revolucionaria del mundo, para que prestara ayuda armamentística a la República española.

Esto planteaba un dilema gravísimo, porque la ayuda militar, aunque era muy lógica desde cualquier punto de vista, contradecía la diplomacia soviética y su política de seguridad. Cuando adoptó la táctica del Frente Popular, Stalin también asumió una política internacional dirigida a promover la «seguridad colectiva» frente a los nazis y se propuso realizar todos los esfuerzos posibles de cara a un nuevo entendimiento con Francia y el Reino Unido, lo cual, naturalmente, obligaba a apartar temporalmente los proyectos revolucionarios. La intervención en España resucitaba en Europa el fantasma del comunismo revolucionario, pero en esta ocasión, en occidente, e impedía cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo de seguridad internacional patrocinado por la Unión Soviética. Stalin nunca pudo hallar la cuadratura de este círculo.

Todas las pruebas sugieren que el dictador soviético, cuyo poder alcanzaría el nivel de absoluto control totalitario en 1937 y 1938, con el Gran Terror, actuó muy lentamente al principio, y que poco a poco fue inclinándose hacia una intervención militar directa en España. El primer ministro español, José Giral, volvió la mirada al Gobierno soviético el 25 de julio de 1936, y le envió una carta, solicitando armas, mandada por medio de la embajada española en París, puesto que España nunca había establecido relaciones oficiales con el régimen comunista. El primer indicio de cualquier tipo que sugería un apoyo soviético fue el anuncio de una campaña de donaciones de ciudadanos soviéticos para financiar al bando republicano; aquella fue la primera de una serie de campañas que, al parecer, al final de la guerra, habían recaudado 1.416.000 libras esterlinas. Desde el principio la Internacional desarrolló vehementes campañas propagandísticas y financieras para apoyar la causa republicana, y a lo largo de todo el conflicto creó una increíble cantidad de organizaciones tapadera con ese propósito por toda Europa y América. El sector más importante de la Internacional era el Partido Comunista de Francia, que lideró esos trabajos y constituiría un sustento fundamental para la actividad pro-republicana a lo largo de todo el conflicto.

Al parecer, Stalin dedicó mucha atención a la guerra de España, concediéndole una considerable prioridad hasta mediados de 1937. Las relaciones diplomáticas con Madrid se establecieron definitivamente en agosto de 1936, pero la importancia de la propaganda y la imagen se reflejaba en el hecho de que los primeros miembros del personal soviético en llegar a la capital no fueron diplomáticos, sino periodistas y cineastas. Más tarde, Stalin dio unos breves pasos hacia la posibilidad de una intervención militar al enviar un pequeño número de pilotos soviéticos en calidad de «turistas» y a título individual, que ayudarían a la fuerza aérea republicana, que adolecía de una notable escasez de personal.

Aunque tanto en el seno del Gobierno soviético como en la Internacional, los fervientes comunistas y revolucionarios presionaban a Stalin para que actuara de una vez, no lo hizo hasta que comprobó dos cosas: la primera, que la República podía seguir resistiendo y encauzando su caótica revolución; la segunda, el coste financiero de la operación. Ambas cuestiones se respondieron, al menos provisionalmente, a mediados de septiembre de 1936. El nombramiento del primer Gobierno exclusivo del Frente Popular, con Largo Caballero al frente, se produjo el 5 de septiembre y proporcionó perspectivas de mayor disciplina y unidad en el seno del mundo revolucionario. La segunda pregunta quedó contestada cuando las autoridades republicanas se apresuraron a hacer uso de la reserva de oro español, la cuarta más importante del mundo[4]. Los primeros envíos de oro por valor de cientos de millones de dólares salieron hacia París, y a mediados de septiembre casi todo el resto se transportó a Cartagena, desde donde se podía sacar a cualquier lugar del extranjero con más facilidad.

A mediados de septiembre Stalin ya había tomado una decisión, con la connivencia del Politburó; se creó un comité especial en Moscú para ejecutar la «Operación X»[5], pues ese era el nombre en clave, para enviar un fuerte apoyo militar a la República. A finales de septiembre comenzaron a llegar las primeras armas, seguidas de cargamentos mayores −y bastante más grandes que los que enviaban Hitler y Mussolini a los nacionales– que lo hicieron en la segunda mitad de octubre. Los nuevos tanques soviéticos eran vehículos blindados de alta calidad, de los que hasta entonces carecían ambos bandos, mientras que los aviones soviéticos último modelo, pilotados por personal soviético, superaban a cualquier aparato disponible en Italia o Alemania, lo que permitió a los republicanos dominar los cielos de Madrid durante las cruciales batallas de noviembre y diciembre.

Del mismo modo que la ayuda alemana e italiana mejoró claramente el potencial de combate de los nacionales durante los primeros meses, la ayuda soviética se reveló crucial para la defensa de Madrid, y en ambos casos esos apoyos no hicieron sino prolongar lo que podría haber sido una guerra civil relativamente corta. La diferencia en España, comparada con los primeros momentos de la guerra civil en Rusia, fue que ambos bandos contaban con apoyos, y la implicación soviética quedaba contrarrestada por una implicación aún mayor de Alemania e Italia, especialmente de esta última. La intervención extranjera no determinó por sí misma el resultado final del conflicto, pero contribuyó significativamente a alterar las condiciones del combate y a convertir el conflicto en una guerra de desgaste mucho más larga y dura de lo previsto, todo lo cual hizo del enfrentamiento de España un caso único entre todas las guerras civiles de la época[6].

La intervención soviética pretendía alcanzar un complejo grupo de objetivos interrelacionados: la victoria militar y política en España; el avance geoestratégico de los intereses soviéticos en Europa occidental; y beneficios colaterales en otros aspectos, como los relativos a la propaganda, la movilización política y el apoyo popular, o los estudios y la mejora de los servicios de inteligencia y del Ejército. Todos estos objetivos tenían, naturalmente, una importancia desigual.

Respecto al primero de ellos, los documentos disponibles revelan que al menos durante el verano de 1937, si no antes, Stalin pretendió capacitar a la República para obtener una victoria militar sin paliativos, aunque la preocupación inicial fuera solamente evitar la derrota. Fue una apuesta atípica en él. Lo que hacía que el riesgo pareciera asumible era que la intervención soviética, al principio, había adquirido un volumen mucho mayor que todo lo que habían hecho Alemania e Italia, y era previsible que las dos potencias fascistas no respondieran a una nueva escalada. Desafortunadamente para la República y los soviéticos, eso fue lo que hicieron Alemania e Italia.

Para Moscú, un beneficio relacionado con la intervención soviética sería el fortalecimiento del comunismo español. Cuanto más fuerte fuera la influencia soviética y el comunismo español, mayores serían las posibilidades de abordar una revolución en España de acuerdo con el «nuevo modelo» de república popular. Georgi Dimitrov, el secretario de la Internacional, fue el primero en dejar bien claro que, contrariamente a la línea propagandística internacional de la Komintern dirigida a las democracias occidentales, la guerra de España no era una batalla para restaurar la República democrática liberal. En sus propias palabras:

Ya no se plantea como antes la cuestión del Estado democrático burgués […]. [España] no será una vieja república democrática, como por ejemplo la república norteamericana, ni será una república a la manera francesa o suiza […]. Se tratará de un tipo específico de república, con una auténtica democracia popular. Todavía no será un Estado soviético, pero si antifascista, de izquierdas, en el que participará el sector auténticamente izquierdista de la burguesía[7].

Se refería a un nuevo tipo de república en la que todos los poderes conservadores y capitalistas serían eliminados, con una economía controlada por los trabajadores, pero que no quedaría completamente colectivizada. Constituiría «un modelo especial» de la «dictadura democrática del proletariado y el campesinado[8], o, como han señalado Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, «un adelanto de lo que en 1945 y 1946 serán las democracias populares»[9].

Palmiro Togliatti, el supervisor de la Internacional Comunista para la Europa occidental (que pronto desempeñaría un importantísimo papel en España), explicó los objetivos políticos con más precisión en un artículo publicado en octubre con el título «Características especiales de la Revolución española». Seguramente por primera vez, este mandatario presentó la definición paradigmática del conflicto español, una definición que permanecería durante más de medio siglo en los idearios soviéticos y comunistas: el enfrentamiento de España era «una guerra nacional-revolucionaria», una guerra que se llevaba a cabo tanto para alcanzar la independencia de España frente a los estados fascistas como para implantar, en el ámbito interior, una democracia revolucionaria de un «nuevo tipo». En este modelo «nacional» residía no solo la independencia de España, sino también la «liberación» de Cataluña, Galicia y el País Vasco. La definición de esta «revolución» simplemente como socialismo o como una dictadura democrática del proletariado y el campesinado «no explicaría su verdadera naturaleza», porque se trataba de una forma especial de revolución democrática-burguesa. No obstante, difería de otras revoluciones democrático-burguesas en que no estaba dirigida por la burguesía, sino que, al contrario, representaba un estadio más avanzado, implantado por una alianza del Frente Popular en la que cabrían obreros, campesinos, la pequeña burguesía progresista, los sectores más avanzados de la burguesía liberal y los «grupos nacionales» «oprimidos». Dentro de esta alianza, la clase trabajadora –mandada por el PCE, a pesar de su condición minoritaria– ya estaba adquiriendo una posición hegemónica, aunque la lucha se complicó por el tamaño y la influencia del anarcosindicalismo y la existencia de elementos socialdemócratas retrógrados entre los trabajadores españoles. El objetivo no sería simplemente la formalización de una revolución democrático-burguesa, sino la implantación simultánea de un «nuevo tipo» de república democrática popular que eliminaría cualquier rastro de «fascismo» (esto es, todas las ideologías conservadoras). Por tanto, «este nuevo tipo de democracia no dejará […] de enfrentarse a cualquier forma de espíritu conservador», al tiempo que «ofrece una garantía de futuras conquistas económicas y políticas gracias a los obreros de España»[10]. Lo dicho constituía una detallada recapitulación de la posición oficial de la Internacional tal y como se enunció una y otra vez durante los catorce meses anteriores. No se iba a producir ninguna desviación de esta doctrina básica respecto a la revolución española de 1936-1939 hasta la disolución de la Unión Soviética, más de medio siglo después, y sería repetida por varios historiadores en la Rusia postsoviética incluso después de la caída de la URSS.

Los representantes soviéticos asumieron el papel más activo de todos los miembros del Comité para la No Intervención de Londres, denunciando la intervención alemana e italiana; mientras tanto, la propaganda de la Internacional jamás dejó de excitar la opinión pública occidental a su favor. Durante todos esos meses, la «Operación X» se mantuvo en el más estricto secreto, aunque el intento de disimular la intervención soviética fue de todos modos inútil.

Los soviéticos conseguirían mayores beneficios en otros ámbitos colaterales. La consigna del antifascismo del Frente Popular resultó ser un poderoso imán para obtener apoyos entre los liberales de izquierdas occidentales que antaño habían sido incluso antisoviéticos. Durante los años del Gran Terror, cuando el totalitarismo llegó a sus límites más extremos en el interior de la Unión Soviética, el antifascismo recuperó en el exterior una cierta apariencia de progresismo y concedió un mayor estatus moral a Moscú, al menos en ciertos sectores de la izquierda liberal. De hecho, excepto por los años del Pacto Nazi-Soviético (1939-1941), el antifascismo permanecería como la bandera constante de la Unión Soviética hasta su hundimiento en 1991, y contribuyó a adornarlo de un prestigio mayor del que jamás habría disfrutado si no hubiera contado con ese emblema[11].

La Unión Soviética ya contaba con una formidable red de inteligencia, y la enorme esfera de influencia de las actividades de la Internacional y de las operaciones de la NKVD en la zona republicana sirvió para ampliar aún más dicha red. La lluvia de pasaportes extranjeros que traían los miembros de las Brigadas Internacionales, previamente organizadas por la Internacional en septiembre y octubre de 1936, proporcionaron documentación para penetrar en nuevos países, como en Estados Unidos (cuyos nuevos pasaportes eran especialmente difíciles de duplicar o falsificar). Solo unos pocos años después, ese aprendizaje de los servicios de inteligencia contribuiría de un modo importante al éxito del espionaje soviético y permitiría averiguar los secretos de la bomba atómica.

La guerra de España también proporcionaría la primera ocasión para probar el nuevo armamento soviético, desarrollado bajo los planes quinquenales, del mismo modo que sirvió para que los alemanes hicieran lo propio. También proporcionaría la primera experiencia bélica significativa a algunos cuadros de élite del Ejército Rojo. Esta experiencia les ayudaría a mejorar la siguiente generación de armas soviéticas, aunque las conclusiones que extrajeron los analistas del Ejército Rojo respecto a las tácticas en algunas ocasiones resultarían ser erróneas.

Así pues, desde septiembre de 1936, el régimen soviético se comprometió en la guerra de España en cuatro aspectos fundamentales: 1) una participación militar importante y directa, en forma de armas y personal procedentes del Ejército Rojo; 2) una participación política importante a través de la Internacional y el PCE; 3) un importante apoyo de tipo material, propagandístico y político a la República a través de la Internacional, sus partidos y las organizaciones tapadera, así como a través de la provisión de alimentos y otros suministros no militares procedentes de la Unión Soviética, junto a otros apoyos paralelos procedentes de distintas empresas (ficticias) internacionales; y 4) un apoyo diplomático activo en favor de la República, especialmente en el Comité para la No Intervención, así como a través de la diplomacia bilateral con las potencias occidentales.

Para la Unión Soviética, el coste material de todas estas operaciones fue mínimo. Antes de que acabara octubre de 1936, la mayor parte del oro que quedaba en el Banco de España, aproximadamente por valor de unos 530 millones de dólares, fue empaquetado y embarcado rumbo a Moscú, y se utilizaría para pagar armas y otros suministros durante los siguientes dieciocho meses. Jamás se realizó una auditoría independiente sobre esos pagos y negocios. Cuando todas las reservas se agotaron, en 1938, el Gobierno soviético ampliaría los créditos hasta alcanzar un valor de más de 100 millones de dólares.

En determinados aspectos, la intervención en España constituyó la acción militar soviética más amplia desde el final de la guerra civil rusa, Es cierto que habían desplegado muchísimas tropas en campañas internas soviéticas contra los musulmanes rebeldes (en 1936 ya llevaban mucho tiempo sometidos) y también se habían utilizado muchos hombres en la conquista de la Mongolia exterior en 1921 y para la invasión del norte de Manchuria en 1929, pero otras operaciones, como las que se desarrollaron en Irán y en Sinkiang, no habían necesitado más que un puñado de soldados. En cifras, el personal militar que se envió a España fue escaso: las fuentes soviéticas no reconocieron más que 3.000 personas, como máximo; de ellas, aproximadamente 200 (o un 6,67 %) cayeron en combate. Este porcentaje de bajas se ajusta a la ratio de muertes de los dos ejércitos contendientes en España, que alcanzaba alrededor de un 6% de bajas; el porcentaje solo se eleva en ciertos cuerpos especiales, como las Brigadas Internacionales: aproximadamente, el 15 % de sus hombres cayeron; o las tropas navarras del bando de Franco, cuyas pérdidas también fueron porcentualmente muy elevadas. El potencial humano de los soviéticos en España fue superado con mucho por los 16.000 alemanes y los 70.000 italianos que en un momento u otro sirvieron en España; aunque se incluyeran los 41.000 voluntarios de las Brigadas Internacionales, la participación soviética quedaría muy por detrás de la que ofrecieron las potencias del Eje[12].

En cualquier caso, el nivel profesional del personal soviético compensaba el escaso número de militares que enviaron. No llegó ni un solo soldado raso de infantería (como la gran mayoría de los italianos). El contingente más importante lo formaban cerca de 800 hombres pertenecientes a tripulaciones aéreas que volaron en la fuerza aérea de la República; después, los más numerosos eran varios centenares de hombres pertenecientes a las dotaciones de blindados. Del resto, muchos eran oficiales, algunos de alto rango; los demás eran personal de apoyo técnico, casi todos oficiales con graduación o sin ella, o sus equivalentes. Aproximadamente, 600 eran oficiales de distinto rango que desempeñaron papeles clave en dirección, desarrollo y formación del nuevo Ejército Popular de la República.

Tras el personal militar y las armas, y el trabajo de la Internacional a través del PCE, el tercer ámbito importante de la actividad soviética era la seguridad y la red de inteligencia creada por el NKVD[13]. Los dos directores del NKVD, el mayor Naum Belkin (llamado Belyaev) y el mayor Alexander Nikolsky (Orlov) desarrollaron las principales redes de inteligencia y contrainteligencia en la zona republicana, y también desempeñaron un importantísimo papel a la hora de formar y dirigir la «guerrilla» republicana contra Franco, para lo cual mantenían campos de entrenamiento. El ministro republicano de Asuntos Exteriores permitió que Orlov tuviera acceso a todas las comunicaciones del Ministerio, así que, tal y como informó el 23 de mayo de 1937, «se pueden leer todos los criptogramas que se envían y se reciben de todas las legaciones extranjeras en España»[14]. El espionaje soviético incrustó un equipo de agentes en la zona nacional, utilizando informadores tanto civiles como militares, así como periodistas extranjeros como Kim Philby. Más adelante, Orlov fanfarroneaba de que por eso le fue posible informar a la cúpula militar republicana sobre todas las ofensivas que Franco estaba planeando llevar a cabo. Aunque Orlov era un embustero patológico, parece que esto sí era verdad y, en definitiva, contribuye a explicar las frecuentes ofensivas de carácter preventivo que llevó a cabo el Frente Popular desde Sigüenza hasta el Ebro. El periodista británico Philby también fue reclutado para que intentara asesinar a Franco, aunque finalmente esto resultó de todo punto imposible.

La contrainteligencia y la seguridad eran aspectos muy importantes. El NKVD organizó su propio sistema de prisiones en la zona republicana: un pequeño entramado de tipo soviético. Este sistema fue el responsable de la ejecución de varios extranjeros y de algunos voluntarios de las Brigadas Internacionales, así como de ciertos disidentes republicanos españoles, de los cuales el más famoso fue Andreu Nin, dirigente del POUM, arrestado y asesinado en junio de 1937. Para entonces, el NKVD mantenía su propio crematorio para deshacerse de los cadáveres, aunque el número total de las ejecuciones seguramente no fue más allá de unos cuantos centenares.

Los soviéticos tuvieron el mérito de haber institucionalizado «la primera escuela extraterritorial de espionaje del NKVD»; la fundaron en la zona republicana y se dedicaba a formar nuevos espías soviéticos. Algunos miembros de las Brigadas Internacionales fueron captados por su potencial y se convirtieron en alumnos de aquella escuela; a la mayoría de ellos se les asignaron luego determinadas actividades de espionaje en Europa occidental y en Norteamérica. Es más, la implantación de esta escuela en España estaba llamada a proporcionar asistencia técnica a los equipos especiales de secuestro y asesinato del NKVD que se dedicaban, a atrapar o liquidar a los dirigentes de la «Rusia Blanca» y a los trotskistas en Francia.

Así pues, la intervención soviética en España proporcionó a la Unión Soviética grandes oportunidades para intentar frustrar las políticas de Hitler, para establecer una base geoestratégica en el otro extremo de Europa, para consolidar el único régimen revolucionario (aparte del soviético) del mundo, para levantar unos cimientos sólidos para otro partido comunista en occidente, para obtener nuevos apoyos de los liberales de izquierdas en occidente, que eran partidarios de la Republica, para comprobar la efectividad de las armas soviéticas y obtener más experiencia militar, y para expandir sus redes de inteligencia. Los principales riesgos eran, por una parte, una derrota militar indirecta, y por la otra, una sobreexposición estratégica. El ministro de Asuntos Exteriores, Maxim Litvinov, advirtió a Stalin que la intervención podría volverse contra ellos y que los acuerdos de seguridad colectiva con las potencias occidentales podrían tornarse más difíciles, en lugar de favorecerlos.

La situación estratégica de los soviéticos se volvió mucho más compleja en el verano de 1937 por dos razones. La primera era la nueva ofensiva de la Armada de Franco en el Mediterráneo, con la complicidad de los submarinos italianos de Mussolini, que llevaron a cabo numerosos ataques contra los barcos que traían cargamentos para la República. Esto incrementó los riesgos de los barcos soviéticos y obligó a Stalin a cerrar la ruta mediterránea para la entrega de armas soviéticas. En consecuencia, todos los suministros militares tendrían que enviarse desde los puertos del norte de Rusia a Francia, donde podrían desembarcarse y transportarse, con gran pérdida de tiempo y un gran incremento de los costes.

El segundo acontecimiento problemático fue la invasión japonesa de China, que comenzó en julio de 1937. Una guerra con dos frentes era una pesadilla estratégica para los soviéticos, y Stalin consideró vital mantener la resistencia china, aunque el Gobierno chino fuera un enemigo político. Casi de inmediato Stalin comenzó a enviar a ese país tanta o más ayuda que la que había enviado previamente a la República española. Como consecuencia, los suministros para los españoles disminuyeron sustancialmente en la segunda mitad de 1937 y en 1938, aunque nunca cesaron del todo. A medida que la situación en Europa se tornaba cada vez más explosiva, Stalin parece haber quedado atónito ante la complejidad del compromiso soviético con la República, pero nunca fue capaz de encontrar una salida estratégica aceptable. Así pues, el apoyo fue disminuyendo paulatinamente al final, pero en ningún momento cesó por completo antes del hundimiento final de la República combatiente.

10

LA CONTRARREVOLUCIÓN DE FRANCO

En ocasiones se ha dicho que Franco fue el líder contrarrevolucionario más exitoso del siglo XX[1]. Podría considerarse una afirmación válida, sobre todo teniendo en cuenta que, curiosamente, Franco no fue claramente consciente de esa ambición hasta el 12 de julio de 1936, ni siquiera una semana después, cuando llegó a Tetuán para comandar el Ejército de África. Siempre había sido conservador, pero bajo la República se había comportado como un conservador relativamente moderado que al principio de la rebelión no mostró ningún desacuerdo con el proyecto «abierto» de Mola, según el cual se mantendría la República como forma de gobierno, con separación de poderes entre Iglesia y Estado, y un referéndum y/o unas Cortes constituyentes para determinar el carácter del nuevo régimen. Franco y casi todos los jefes militares del resto de las comandancias nacionales se integraron en la rebelión bajo el eslogan: «¡Viva España! ¡Viva la República!».

La Junta de Defensa Nacional, instituida por Mola en Burgos el 23 de julio, fue una «junta militar» típica de una situación de provisionalidad. Su jefe, el general Miguel Cabanellas, presidía, al menos nominalmente, la Junta como general más veterano en activo, aunque al final resultó un poco embarazoso descubrir que era masón, un liberal moderado y antiguo candidato del Partido Radical (centrista en España, a pesar de su nombre). Los dos primeros meses de combates se convirtieron en una sucesión de situaciones de emergencia, marcadas en la retaguardia por crímenes y asesinatos indiscriminados contra la izquierda.

La guerra entró en una segunda fase en septiembre, con la formación del primer Gobierno verdadero del Frente Popular, dirigido por Largo Caballero, precisamente cuando Franco estaba intentando dirigir sus tropas en su ataque final contra Madrid. Los jefes militares insurgentes esperaban que se alcanzara la victoria en el transcurso de unos pocos meses, aunque la fase decisiva del combate aún no había comenzado.

Para entonces Franco ya se había revelado como el general rebelde más importante. Ya gozaba de más prestigio que cualquiera de sus colegas incluso antes de que comenzara la guerra, y luego se ocupó de dirigir las únicas fuerzas de combate de elite que hubo en la guerra, en ambos bandos, y todo el conflicto giró en torno al uso de esas fuerzas. Es más, él era el único general que había desarrollado un importante perfil internacional, y fueron sus representantes los que negociaron el crucial apoyo de Hitler y Mussolini. En septiembre ya era claramente el cabecilla de la revuelta y el líder de sus compañeros militares al mando[2].

La idea de crear un mando único se fundamentaba en dos razones: la minoría en la que se encontraban los veteranos generales de tendencia monárquica y los miembros del propio séquito de Franco, compuesto por varios oficiales de bajo rango, junto con unos pocos socios clave, como su hermano Nicolás. Una vez se aceptó el objetivo de nombrar un «Generalísimo» en la reunión de la Junta del 21 de septiembre, Franco se mostró como el candidato perfecto, aunque no existe ningún documento fiable en absoluto sobre cómo se desarrolló aquella reunión. Una versión bastante informada ha sugerido que Mola inicialmente contaba con tantos votos como Franco, pero que al final retiró su candidatura. Como quiera que ocurriera, aquella reunión terminó con todos los miembros de la Junta votando a Franco, excepto Cabanellas[3].

El otro tema principal tiene que ver precisamente con lo que los miembros de la Junta de Defensa Nacional entendían que estaban votando. Si elegían «Generalísimo» a Franco, obviamente le estaban concediendo poderes gubernamentales en calidad de dictador militar, pero… ¿por cuánto tiempo? ¿Y cuáles serían los objetivos políticos a largo plazo? No hay prueba alguna que confirme que estos temas se debatieran en profundidad. Cuando Franco fue investido oficialmente con la autoridad de Generalísimo en una ceremonia celebrada el 1 de octubre, su asunción del poder se anunció como si estuviera asumiendo toda la autoridad de un jefe del Estado, sin la más mínima indicación de que hubiera una limitación temporal. Y así fue como Franco se convirtió en un gobernante vitalicio.

En su obra, ya clásica, Carl von Clausewitz escribió sobre los efectos de las guerras en lo que él llamaba Wechselwirkung, los cambios imprevistos producidos por la interacción recíproca de los bandos en conflicto y las nuevas tácticas o políticas que resultan de los mismos, y en ocasiones con una tendencia a la mutua radicalización. Algo de ese tipo ocurrió con Franco durante los primeros meses de la guerra. Comenzó el conflicto aparentemente en consonancia con el «proyecto abierto» de Mola, que se formulaba como un cambio político decisivo, pero también, en cierta medida, como un cambio limitado.

No existe ningún indicio de que Franco planeara inicialmente convertirse en Generalísimo, pero, una vez que se planteó el asunto, no le hizo ascos en absoluto. Los mandos militares de tendencia monárquica colaboraron con su nombramiento porque consideraban que Franco, en el mando único, proporcionaría un liderazgo firme a la causa y contribuiría a obtener una victoria y, también, a preparar la restauración monárquica. El Generalísimo había sido un monárquico leal hasta 1931, pero después siempre se había negado a conspirar en favor de la monarquía y, una vez que asumió el poder, durante muchos años mostraría escasa inclinación a conducir el nuevo régimen hacia una restauración. Es más, en sus primeros discursos como Generalísimo no hubo indicación alguna de que planeara instaurar un breve Gobierno Provisional, sino que, más bien, hablaba de restaurar la grandeza de España, lo cual, si se consideraba literalmente, implicaba una agenda a muy largo plazo.

Para entonces parecía que Franco había concebido la idea de una república reformada, incluso una república autoritaria y tecnocrática. Los italianos lo animaron a utilizar Italia como modelo, aunque es difícil averiguar hasta qué punto Franco imitó el modelo transalpino. Cuando el nuevo embajador alemán se excedió en sus atribuciones e intentó inmiscuirse en la política nacional, Franco tuvo que exigir su renuncia. A principios de 1937, como muy tarde, y probablemente incluso antes de esa fecha, el general había llegado al convencimiento de que España necesitaba un régimen completamente nuevo de nacionalismo moderno y de que ninguno de los precedentes –monárquicos o republicanos– servían ya de nada. Es dudoso que Franco hubiera leído jamás a Joseph de Maistre, el teórico político saboyano de principios del XIX, pero de todos modos actuó implícitamente de acuerdo con la sentencia de De Maistre: «La contrarrevolución no es lo contrario de la revolución, sino más bien una revolución contraria». Para sacar adelante un país partido en dos y superar los efectos de la gran revolución que había estallado en la zona republicana, España necesitaba un nuevo tipo de régimen político, moderno, fuerte, incluso radical, autoritario, socialmente implicado; un nuevo régimen de partido único, integrador y modernizador que también pudiera ser católico[4].

Sin embargo, era más fácil imaginarlo que llevarlo a cabo, y no comenzó a tomar forma hasta que Franco, arbitrariamente, se sacó de la manga su nuevo partido único, la Falange Española Tradicionalista de las JONS (FET), en abril de 1937. La Falange no tenía líderes fuertes, pero se había fortalecido a lo largo de los meses precedentes como el partido radical nacionalista más capaz de movilizar a la población en torno a la Guerra Civil[5]. La fusión con los carlistas los convirtió en los dos principales viveros de paramilitares voluntarios, pero la idea de unificar el movimiento más derechista, católico y absolutamente tradicionalista de Europa occidental con un partido fascista generó evidentes disonancias ideológicas desde el principio y, finalmente, implicó la subordinación de los carlistas, a los que se les concedió unas mínimas parcelas de influencia[6].

La división interna en el seno del Ejército fue uno de los principales factores de la Guerra Civil, más que el golpe de Estado, pero la dirección del nuevo régimen, además de la pronta elección de Franco como Generalísimo, concedió a los nacionales unidad y un sólido liderazgo. Era una situación completamente diferente a la que se daba con los antibolcheviques en Rusia o entre los contrarrevolucionarios en otros países. En Rusia, el leninismo había constituido la fuerza de los bolcheviques; en España el equivalente más cercano de un Lenin fue el contrarrevolucionario Franco, pero en el extremo opuesto. Esta fue una de las importantes ventajas de los nacionales, probablemente indispensable para su victoria.

Franco consiguió la unidad política en parte gracias a la anulación de ciertos políticos, autoproclamándose jefe nacional absoluto de la FET, disolviendo otros partidos (el resto de partidos conservadores aceptaron su disolución y, de hecho, ellos mismos habían comenzado el proceso) y exigiendo que todas las energías se concentraran en la lucha militar. Esta prioridad se aceptó con escasas reticencias. Era verdad que en el invierno de 1937, Mola, Queipo de Llano y algunos otros jefes militares ya habían mostrado su malestar con el estilo arrogante de la dictadura personalista que Franco empezaba a desarrollar, pero Mola insistió ante sus colegas y afirmó que cualquier cuestión referida a los cambios que debería efectuar Franco tendría que posponerse hasta la hora de la victoria. En junio de 1937, el general Mola falleció en un accidente aéreo y ninguno de los otros militares tenía la autoridad suficiente como para cuestionar al Generalísimo.

Franco concebía su nuevo régimen como una fórmula ecléctica y exclusivamente española, lo cual en buena medida se reveló como algo del todo cierto, aunque adoptó la forma de los regímenes nacionalistas de partido único que ya estaban de moda en el centro y en el este de Europa. Durante los primeros meses Franco había hecho pocas referencias al modelo portugués, que, al parecer, había sido también lo que Mola tenía en mente, pero el sistema de Salazar en Lisboa pronto fue rechazado por demasiado moderado, pues mantenía parcialmente un compromiso con el parlamentarismo. Aceptando los «Veintiséis puntos» de la Falange como doctrina oficial, Franco adoptó un credo fascista para su nuevo régimen, pero siguió insistiendo en su eclecticismo y en su deseo de incorporar nuevos cambios y reformas. Un régimen de partido único con una ideología formal, incluso aunque no se desarrollara en todos sus términos, era algo que Franco consideraba fundamental para evitar repetir «el error de Primo de Rivera». Franco pretendía llevar a cabo en todos sus extremos y de forma permanente lo que Primo de Rivera había hecho solo de modo incompleto y transitorio, y eso significaba implantar un régimen con un sistema rígidamente estructurado.

Durante la Guerra Civil, el aparato de la FET se dedicó especialmente a la propaganda y a la movilización militar[7]. Dada la duración del conflicto, solo se había producido un mínimo desarrollo de las instituciones del nuevo Estado, aunque se formalizó un Consejo de Ministros regular –la mayoría de ellos civiles– a finales de enero de 1938[8].

Los militares eran más importantes que el partido estatal y cuando el cuñado de Franco y ministro de Gobernación, Ramón Serrano Suñer, cumplimentó una «visita de la victoria» a Roma, en junio de 1939, uno de los generales que lo acompañaban explicó a un alto dignatario fascista que la diferencia entre la Italia fascista y la España de Franco era que el papel que había desempeñado el Partido Fascista en la primera lo desempeñaba el Ejército en la segunda. En cualquier caso, eso era en cierta medida una exageración. Franco se dio cuenta desde el principio de que una dictadura exclusivamente militar estaría condenada al fracaso. Nombró a un considerable número de hombres del Ejército y de la Armada para desempeñar cargos de importancia en el Gobierno, sobre todo durante la década de 1936 a 1945, pero solo en calidad de nombramientos a título individual, no como representantes corporativos de las Fuerzas Armadas.

Franco también se percató de que estaba liderando un Movimiento Nacional de características semiplurales y con algunas diferencias internas. Desde el principio concedió alguna representación en el seno del Gobierno y en el aparato del Estado a los militares, a los monárquicos, a los falangistas, a los carlistas y a los llamados «católicos políticos», y también nombró a un cierto número de especialistas técnicos relativamente apolíticos. Si los militares y los falangistas dominaron durante la primera década, el equilibrio de fuerzas cambiaría considerablemente después, cuando Franco reconoció la existencia de distintas «familias políticas», pues con ese nombre se las conocería, que ampliarían aún más el movimiento.

Y en la medida en que el conflicto adquirió las características de una guerra de religión, el apoyo de la Iglesia se tornó fundamental. Después del primer mes de combates, la idea de mantener la separación de Iglesia y Estado se olvidó sin hacer excesivo ruido. La consideración especial que se prestó al catolicismo, en todo caso, tenía que ver principalmente con las actividades religiosas y, en alguna medida, con la educación, y no tanto con el modo de gobernar en sí mismo. Cuando concluyó la guerra, a pesar de la innegable identificación de los trabajos de la guerra con la religión, Franco aún no había restaurado todos los privilegios de los que la Iglesia había disfrutado en 1930.

Aparte de esto, se produjeron considerables disonancias ideológicas entre las doctrinas fascistas de la Falange y la Iglesia. Los falangistas respondieron reafirmando con vehemencia su identidad católica, a pesar de algunas contradicciones fundamentales, que eran bastante mayores de las que tenía cualquier otro movimiento fascista, con la excepción de la Ustashi croata y de la Guardia de Hierro rumana. Los prebostes católicos demostraron una extraordinaria discreción y tuvieron mucho cuidado de no plantear el tema de las contradicciones ideológicas y morales mientras duró la guerra.

El Vaticano, en todo caso, ya se había quemado los dedos con Hitler y Mussolini, así que fue más cauteloso. Incluso después de que Franco hubiera obtenido la victoria absoluta, las negociaciones para firmar un nuevo concordato transcurrieron muy lentamente, y en un momento dado estuvieron a punto de provocar un desencuentro diplomático. Hacia 1945 el régimen de Franco se presentaría a sí mismo como el régimen más católico del mundo, una categoría que ya se había empezado a proclamar mucho antes, pero el Papado no necesariamente estaba de acuerdo. El concordato solo se firmó mucho más tarde, en 1953, después de que el régimen se hubiera moderado un tanto y hubiera obtenido un mínimo grado de reconocimiento internacional gracias a la Guerra Fría.

Los trabajos bélicos se organizaron con más eficacia en la zona nacional que en la de sus adversarios, y prácticamente en todos los sentidos. El territorio de los rebeldes tenía graves deficiencias en industria, economía y comercio, y solo podía presumir de una ventaja: el territorio «nacional» aproximadamente contaba con el 70% de la producción agrícola. Su ventaja económica en este aspecto, de todos modos, tuvo tanta importancia como el fundamento que sentó las bases de su superioridad política y, en alguna medida, también militar: una política y una legislación absolutamente unificada y centralizada. Todas las actividades económicas e industriales estaban sujetas a una estricta regulación estatal por medio de una serie de consejos nacionales y provinciales. Asimismo, todo cambio de moneda extranjera estaba sometido al control del Estado, así como las exportaciones, junto a los negocios del oro y la joyería. Los productos más importantes destinados a la exportación en algunos casos los asumía directamente el Estado, y en determinadas zonas clave destinadas a la agricultura, como las dedicadas al trigo, el algodón o las almendras, se establecían unos «Servicios Nacionales» que se encargaban de administrarlos, fijar los precios y venderlos. Las regulaciones económicas del nuevo Estado no eran solo exhaustivas, sino que, además, eran generalmente coherentes y eficaces, y hacían posible una producción sostenida y el consumo durante la guerra, aparte de una maximización del potencial exportador de la zona durante la contienda, sobre todo en lo que se refería a minerales. Cuando Vizcaya y Asturias fueron ocupadas en 1937, la producción metalúrgica y del carbón recibió una atención preferente, hasta el punto de que en 1938 la industria pesada vasca ya estaba produciendo más que antes de la guerra. Los niveles de los salarios se redujeron y volvieron a los que había antes de febrero de 1936, y la ley marcial garantizó la paz laboral y la disciplina. El sistema bancario estaba completamente controlado por el nuevo régimen y los bancos de la zona nacional, por lo general, obtuvieron beneficios durante la guerra, al tiempo que la inflación permaneció en niveles relativamente moderados[9].

Las fuerzas de Franco también aplicaron la guerra económica directamente contra su enemigo, hostigando a la flota republicana sin piedad, haciendo enérgicos esfuerzos para debilitar las actividades financieras de la República en el extranjero y, más adelante, en 1938, inundando el mercado internacional con millones de pesetas republicanas requisadas, para eliminar de este modo buena parte del poder adquisitivo de la República. En septiembre de 1937 la peseta republicana todavía valía casi el 60% de la peseta nacional, pero se hundió sin remedio durante los últimos meses de la guerra, cuando la inflación en la zona republicana alcanzó más del 1.500%.

Franco tuvo suerte al poder pagar la mayor parte de la guerra con créditos extranjeros, algo que se le negó al régimen revolucionario. En total, Mussolini y Hitler aportaron alrededor de 600 millones de dólares en material bélico, preferentemente en forma de créditos, y la principal excepción fue la insistencia alemana en utilizar los créditos en pesetas para adquirir participaciones mayoritarias en cinco empresas mineras y exigir a Franco que devolviera una pequeña parte de la deuda mediante cargamentos de minerales y productos alimenticios. Otros productos caros también se obtenían en ocasiones mediante créditos, por ejemplo, las grandes cantidades de petróleo de la compañía americana Texaco. En total, la zona nacional mantuvo la producción y el consumo, una peseta estable, importó razonablemente y logró estabilizar la inflación en niveles moderados de poco más del 10% anual. El éxito económico fue fundamental para que se produjera la victoria de Franco. Su política, en este sentido, fue más efectiva que la de los bolcheviques victoriosos en Rusia.

Y exactamente lo contrario aconteció en la zona republicana, cuyas divisiones políticas generaban también divisiones territoriales, administrativas y económicas. Durante el primer año de contienda, la República tuvo seis Gobiernos diferentes: los de Madrid y Barcelona, el Consejo de Aragón (anarquista), y los tres gobiernos diferentes de la zona norte. Otras áreas también intentaron tener su propia moneda o bonos, de modo que «a finales de 1937, más de 2.000 organizaciones diferentes habían emitido en el área republicana cerca de 10.000 clases de billetes y medio centenar de monedas metálicas […]. De los 1.075 municipios existentes en Cataluña, 687 emitieron moneda»[10]. Además, cada uno de los distintos Gobiernos, en las costas, controlaban su propio comercio exterior y su cambio de moneda extranjera, al menos durante el primer año, y también mantenían aduanas exclusivas e independientes, incluso entre distintas zonas republicanas. Cuando a todo esto se añadía el control local por parte de los revolucionarios en muchas regiones, es fácil comprender por qué era tan difícil conseguir una coordinación económica en la zona republicana.

Y otro tanto ocurría con los importantes recursos financieros de la República. Durante los primeros meses de la guerra, se enviaron al extranjero distintas comisiones de compras que operaron de un modo caótico y despilfarrador; fueron operaciones propias de gentes poco o nada preparadas que a menudo resultaban estafadas por los proveedores y, en ocasiones, eran los propios administradores los que robaban el dinero destinado a adquisiciones en el extranjero. Los gobiernos regionales actuaron enviando a sus propias comisiones, como hizo la CNT. Si hubieran dejado la mayor parte del crédito en manos soviéticas, al menos habrían conseguido un cierto nivel de coordinación. El mismo caos volvió a aparecer al término de la guerra, cuando lo que quedaba de los recursos financieros, especialmente el oro, la plata y las joyas obtenidas con saqueos y expolios masivos, se enviaron en su mayor parte al extranjero, aunque de un modo desordenado y caótico. Las dos facciones principales del socialismo se quedaron con la mayor parte, aunque los anarquistas se quedaron con una buena porción[11], mientras que solo una mínima parte del expolio pudo ser recuperada por Franco.

Aunque la producción agrícola se incrementó notablemente en la zona republicana gracias al buen tiempo durante 1937, la producción industrial se hundió. Desde octubre de 1936 hasta marzo de 1938, se estabilizó en torno al 55 o 60% de la producción anterior a la guerra, pero desde ese momento, con las fuentes de energía eléctrica de Barcelona en manos del Ejército Nacional, la producción se hundió rápidamente. Peor incluso fue el desastroso declive de la producción alimentaria. Durante el último año de la guerra la población de la zona republicana sufrió una malnutrición severa y se encontraba al borde de la inanición cuando terminó el conflicto[12].

Por lo que hasta ahora ha podido saberse, la actuación económica del régimen de Franco durante el conflicto español fue única y excepcional en el conjunto de las guerras civiles europeas de su época. Tuvo la ventaja de que, aunque España estaba saliendo de la depresión (en el caso de España, quizá más una recesión severa que una Gran Depresión), la economía no se vio alterada por una gran guerra exterior, como ocurrió en casi todos los otros casos. Los bolcheviques ganaron la guerra, pero a costa de unas políticas tan opresivas y totalitarias que dejaron la estructura de su propia zona económicamente exhausta, tal y como admitió el propio Lenin. En el caso de Finlandia, relativamente más avanzada, la extrema hambre resultante de la Primera Guerra Mundial elevó la paranoia de los socialistas fineses, ya sometidos a la propaganda de los bolcheviques, y fue un factor determinante en su decisión de entablar una guerra civil. Más adelante, en Yugoslavia y Grecia, las interferencias que generó la Segunda Guerra Mundial serían fundamentales.

Si las condiciones estables en el ámbito internacional fueron un factor importante en el éxito de Franco, ello hace que el desastre económico de la República resulte aún más sorprendente y, sobre todo, es la expresión más gráfica de las divisiones internas y de la incoherencia de la izquierda española.

11

¿UNA SEGUNDA CONTRARREVOLUCIÓN?

Hugh Thomas tituló la cuarta y última parte de su clásica Historia de la Guerra Civil con el epígrafe «La guerra de las dos contrarrevoluciones». Ciertamente, la extrema izquierda revolucionaria –la FAI-CNT, el POUM y también los caballeristas– acusaron a los comunistas y sus aliados (la izquierda republicana y los socialistas de las ramas prietista y negrinista) de imponer una contrarrevolución. ¿Es esto cierto? La acusación siempre enfureció a los comunistas, puesto que ellos proclamaban que fueron los únicos revolucionarios serios en España, los únicos que tenían la experiencia necesaria para llevar a buen término una revolución. Insistían en que, simplemente, pretendieron aplicar la imprescindible disciplina revolucionaria, indispensable para que la revolución tuviera éxito a largo plazo.

El crecimiento del comunismo español, en afiliados y poder, se debió a tres factores: la disciplina centralizada de la estructura del partido, que le confirió más cohesión, flexibilidad y eficacia que cualquiera de los otros partidos de izquierdas; su énfasis en un poder militar centralizado, para lo cual estaba mejor preparado que cualquier otro partido; y el fuerte apoyo de la Internacional y de la Unión Soviética, lo que le confería, por un lado, un prestigio especial, y por otro, abundantísimos recursos militares. El partido rápidamente se presentó como la fuerza que más se empeñaba en mantener la disciplina y combatir en la Guerra Civil, generando un interés muy especial hacia su causa y atrayendo a sus filas a muchos nuevos miembros, entre ellos a oficiales del ejército republicano, y gente de clase media aterrorizada ante el extremismo y la anarquía de la extrema izquierda revolucionaria.

La Internacional fijó las líneas maestras de la política comunista en España, poniendo el énfasis en una disciplina rigurosa, en la limitación de la revolución y en una concentración absoluta en las labores militares. La Internacional, al principio, insistió en intentar mantener tanto como fuera posible el ejército regular y luego, cuando fue evidente que resultaba prácticamente imposible, señaló la importancia de organizar un nuevo ejército regular, el Ejército Popular, por analogía con el original Ejército Rojo de 1918. Desde el principio, la organización subrayó que la guerra debía afrontarse bajo la bandera de la «República democrática», que no debía considerarse como una lucha revolucionaria, sino como un conflicto entre «democracia y fascismo». La Internacional sostenía que esto era indispensable por dos razones: la primera, porque permitiría a la izquierda movilizar a los sectores más liberales de las clases medias bajas en España, confiriendo de este modo a los republicanos de izquierdas una base de apoyo más amplia; en segundo término, porque con un poco de suerte así conseguirían el apoyo de Francia e Inglaterra no solo para ayudar a la izquierda en España, sino también para fortalecer la estrategia diplomática soviética sobre la seguridad global.

Aunque los dirigentes soviéticos y de la Internacional pensaban en términos de analogía respecto a la guerra civil rusa, también pusieron de relieve diferencias significativas. En Rusia, los bolcheviques ocuparon la mayor parte del espacio de la extrema izquierda revolucionaria, desplazando, apropiándose o eliminando a los anarquistas y a los revolucionarios socialistas (SR) de izquierdas. Aunque escogieron una línea más moderada frente al campesinado, aceptaron la nacionalización estatal para la economía urbana, y solo moderaron su postura en 1921, después de que la fase principal de la guerra hubiese concluido con su victoria absoluta. En su estela, la lucha en España fue en algunos sentidos incluso más compleja. En 1936 era más importante ganar la batalla de la opinión extranjera, que requería una línea de actuación más moderada, mientras que, por otra parte, el resto de sectores de la extrema izquierda eran mucho más fuertes que sus homólogos rusos. No podían eliminarse fácilmente y resultaba muy difícil integrarlos en un proyecto, pues los partidos de extrema izquierda en España ya habían definido su propia agenda. No obstante, su política de «revolución total ya» tenía que combatirse por tres razones: la primera y más importante, porque se apropiaba de los recursos para la revolución económica y social en detrimento de los esfuerzos bélicos, lo cual tendría como consecuencia la derrota en la guerra; en segundo término, reducían considerablemente la base de apoyo acaparando a las clases medias bajas; y en tercer lugar, aterrorizaban a la opinión pública en Francia e Inglaterra.

La Internacional también insistía en que era un grave error permitir a los rebeldes monopolizar la llamada al patriotismo, de modo que los comunistas intentaron hacer hincapié en ese asunto, más incluso de lo que se había hecho en Rusia. Así pues, incluso antes de que concluyera el mes de julio de 1936, algunos portavoces del partido como Dolores Ibárruri, Pasionaria, insistieron en que España estaba siendo sometida a una invasión extranjera y que los rebeldes estaban llevando a cabo un violento ataque con marroquíes salvajes que asesinaban, violaban y saqueaban a los españoles. Esta idea rápidamente se exageró y se definió como una lucha patriótica contra la invasión fascista de Alemania e Italia, una definición que resultaba aceptable y que de inmediato fue adoptada por toda la izquierda. Así pues, ambos bandos en la Guerra Civil presentaron el conflicto en términos parecidos: según la izquierda, era una lucha contra la invasión de Alemania e Italia; según la derecha, una guerra para impedir que España cayera en manos de la Unión Soviética[1].

Para la Internacional, la situación había llegado a un punto extremadamente paradójico. Durante quince años había intentado por todos los medios provocar o aprovechar situaciones revolucionarias. Habían organizado múltiples iniciativas violentas en Alemania, insurrecciones en Bulgaria, Estonia y el sureste asiático, e incluso un intento de dinamitar todo el Gobierno de Bulgaria. Sin embargo, la política revolucionaria del llamado Tercer Período les había explotado en las manos desastrosamente en Alemania, al tiempo que la deriva hacia el Frente Popular en España de pronto generaba una nueva contradicción, puesto que, paradójicamente, el proceso revolucionario en España se desarrollaba al mismo tiempo que la necesidad de moderación en las tácticas comunistas. La consecuencia fue que, en vísperas de la Guerra Civil, la gran mayoría de los trabajadores españoles ya se habían posicionado táctica y políticamente a la izquierda del PCE.

Sin embargo, la Internacional había desarrollado durante más de una década y media tácticas y estrategias flexibles para rentabilizar del mejor modo las posibilidades revolucionarias en un país dado a largo plazo. En China, donde sobre todo se había llevado a cabo una estrategia indirecta, todo acabó en un perfecto desastre en 1927, pero España podría proporcionar mejores perspectivas. Solo los comunistas tenían una política concreta diseñada para minimizar la radicalización a corto plazo, al tiempo que se optimizaba una clara política revolucionaria a largo plazo. Los anarquistas y los caballeristas carecían de una estrategia a largo plazo y daban bandazos de una propuesta a otra.

Los dirigentes de la Internacional habían intentado evitar que la situación en España fuera incendiaria a lo largo de la primavera y principios del verano de 1936, comprendiendo que un estallido revolucionario podría resultar contraproducente. Proyectaron una sencilla estrategia dividida en fases, desde el Frente Popular hasta la República Popular, y luego el gobierno obrero y campesino, pero no pudieron controlar a toda la izquierda en su conjunto o, para el caso, no pudieron evitar que las fuerzas conservadoras permanecieran sentadas mientras la izquierda llevaba a cabo su programa.

Para la Internacional, la revolución se convirtió rápidamente en un gravísimo problema. Una revolución de un izquierdismo infantilizado y fuera de control corría el riesgo de autodestruirse, impidiendo de este modo concentrarse en la lucha militar, y estimularía la intervención de los enemigos extranjeros, al tiempo que anularía el valor de la opinión pública democrática en Francia e Inglaterra. El Frente Popular disfrutó de la ventaja de controlar lo que quedaba de las instituciones republicanas. En lugar de emplear este poder para desatar una orgía revolucionaria, la política soviética exigió a todas las fuerzas izquierdistas que enarbolaran la bandera de la legalidad y de la democracia, aprovechando todo el apoyo posible en el interior y en el extranjero. La revolución no tendría marcha atrás, pero tenía que canalizarse de otro modo, más firme, lo cual, junto con un poderoso y nuevo Ejército Popular, sentaría las bases para una nueva república popular mientras la guerra se estuviera dirimiendo. Una estrategia como aquella requería ejecutar una política en dos niveles: la propaganda y la diplomacia internacional haría hincapié en la democracia, mientras que en el interior, en la zona republicana, la revolución tendría que ser canalizada para apoyar los trabajos bélicos y «un nuevo modelo de república democrática».

El partido creció rápidamente. En marzo de 1937, José Díaz, el secretario general, proclamaría que contaban con 249.140 afiliados, de los cuales supuestamente un 35 % eran obreros industriales, un 25 % jornaleros, un 31 % pequeños propietarios o granjeros, y el resto pertenecerían, al parecer, a las clases medias. Las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), que estaban en su mayoría bajo el control comunista, proclamaban que tenían 300.000 afiliados (probablemente, una exageración), y el Partit Socialist Unificat de Catalunya (PSUC), el nuevo partido comunista catalán formado el 25 de julio de 1936 (contra la voluntad de la Internacional), aseguró que había crecido hasta contar con 45.000 miembros. Por vez primera había una importante fuerza comunista en Cataluña[2].

Paradójicamente, el partido creció primero como un partido para la revolución, pero en segundo término como un partido de orden. Si la cuestión era dirigir la única revolución que iba a darse en la Europa central y occidental en casi dos décadas –y ciertamente la mayor revolución directa de trabajadores que jamás se hubiera dado–, los comunistas podían presentarse como el único movimiento con una experiencia solvente y conocimiento de los resortes revolucionarios. En mitad de la crisis de la guerra civil y la revolución, una reivindicación semejante atrajo un apoyo significativo de parte de la izquierda y de algunos de los sectores de las clases más bajas que aún no se habían afiliado. Al mismo tiempo, el PCE también creció como partido capaz de implantar el orden, aunque fuera un orden revolucionario, el cual se basaría en la unidad, la disciplina, la organización, las prioridades militares y el mantenimiento de una economía mixta protegida, al menos en parte, de la colectivización directa. Este rasgo atrajo a algunos de los nuevos afiliados más radicales, pero también a aquellos que estaban buscando un partido más razonable y disciplinado para poder seguir con la guerra. Así pues, la mayoría de los oficiales profesionales del ejército republicano se unieron al PCE antes que a ningún otro partido, mientras que los pequeños propietarios de las clases bajas y medias –según los datos del PCE, 76.700 pequeños granjeros, por ejemplo– en ocasiones se afiliaron para buscar protección contra las colectivizaciones indiscriminadas.

A lo largo de agosto de 1936 el PCE se mantuvo parcialmente a la defensiva, incapaz de afrontar todos los excesos centrífugos de la extrema izquierda, pero al mes siguiente, la formación del Gobierno de Largo Caballero proporcionó la oportunidad de llevar a cabo los aspectos más importantes del programa comunista. La primavera anterior, mucho antes de que comenzaran los combates, la Internacional había enviado a España a Vittorio Vidali (alias Carlos Contreras) para que se hiciera cargo de la organización paramilitar del partido, y durante las primeras semanas de la guerra los comunistas se dedicaron a la movilización militar, basada en su muy publicitado «Quinto Regimiento» (llamado así porque la antigua guarnición de Madrid había contado con cuatro regimientos de infantería). Este proceso consiguió movilizar efectivamente al menos a 60.000 hombres[3]; al principio, buena parte de esos soldados pertenecían a las milicias comunistas, llamadas MAOC (Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas), que se habían organizado antes de que comenzara la lucha, bajo la dirección de varios oficiales como Enrique Líster y Juan Modesto, ambos con un breve adiestramiento en la Academia Frunze, del Ejército Rojo, en Moscú. Esto permitió a las unidades comunistas y a sus oficiales desempeñar un importante papel en el desarrollo del Ejército Popular en la zona central, y en los nombramientos de los primeros mandos.

Sin embargo, la luna de miel con el Gobierno de Largo Caballero apenas duró unas semanas, pues los comunistas pronto comenzaron a exigir más centralización y la formación de un comité de defensa nacional en el que ellos llevarían la voz cantante. No transcurrió mucho tiempo antes de que comenzaran a quejarse de que Largo protegía a los incompetentes así como los intereses personales de las milicias revolucionarias, que aún no estaban plenamente integradas en el nuevo ejército. También presionaron al Gobierno para tomar el control de la industria y de la economía, con la nacionalización de ciertas industrias clave, pero evitando una colectivización generalizada.

El único ámbito en el que los comunistas admitían la legitimidad de una colectivización parcial era la agricultura, y solo en condiciones cuidadosamente definidas. Agricultura era una de las dos carteras que ostentaron en el Gobierno de Largo Caballero; estaba en manos de un miembro del Politburó llamado Vicente Uribe, que así pudo controlar el Instituto de Reforma Agraria (IRA). En un decreto clave del 7 de octubre, Uribe declaró la confiscación sin indemnización de todas las propiedades agrarias que pertenecieran a aquellos que, directa o indirectamente, hubieran estado implicados en la rebelión contra la República. Grandes extensiones de tierra pasarían a manos de los colectiveros, pero los agricultores que ya eran arrendatarios de pequeñas parcelas en dichas propiedades continuarían disfrutando del uso permanente de sus tierras (con la precisión de que cada propiedad no excediera las treinta hectáreas de tierra de secano, cinco de regadío, o tres hectáreas, de frutales). Esta última provisión iba dirigida a proteger a las clases medias bajas al tiempo que legalizaba la expropiación de una enorme cantidad de tierras. En realidad, casi todas esas propiedades en la zona republicana ya habían sido usurpadas por la CNT, la UGT o el POUM. Más adelante, Uribe insistió en que debía acabarse con la violencia y el desorden en el campo, porque los conflictos no hacían más que minar el apoyo a la República y alteraba los ritmos de producción.

A lo largo de noviembre y diciembre, el prestigio de los comunistas en la zona central de la República alcanzó su máximo, precisamente por el papel que los dirigentes del partido desempeñaron en la Junta de Defensa de Madrid y por el apoyo largamente anunciado de la Unión Soviética. El 18 de diciembre, los prebostes del PCE lanzaron un manifiesto explicando el plan de victoria de los comunistas («Las ocho condiciones de la Victoria»), reafirmándose en sus tesis básicas sobre la unidad, la disciplina y la necesidad de priorizar los esfuerzos militares.

Las acusaciones que de vez en cuando se nos hacen, diciendo que sacrificamos los intereses de la revolución con tal de ganar la guerra, son, además de pérfidas, pueriles. La lucha para ganar la guerra va indispensablemente unida al desarrollo de la revolución. Pero si no ganáramos la guerra, el desarrollo de la revolución se malograría. Es preciso que esta idea penetre profundamente entre las masas si no queremos amortiguar la lucha para ganar la guerra. Luchamos por crear una sociedad mejor en la que sea imposible la repetición de hechos tan criminales y monstruosos como esta subversión facciosa. Pero a todos los ilusos o irresponsables que quieren cometer en su propia provincia o pueblo ensayos de «socialismo» o de «comunismo libertario» o de otra índole hay que hacerles comprender que todos esos ensayos se vendrán a tierra como castillos de naipes si no se aniquila a los fascistas […]. Nuestro Partido –partido consecuentemente revolucionario, que no juega con los intereses de las masas trabajadoras, sino que se esfuerza y labora sin descanso por unir a las masas en la lucha– no quiere sacrificarlas estérilmente, no quiere hacer ensayos revolucionarios prematuros a costa de los trabajadores, sino crear las condiciones necesarias para el triunfo. Y hoy las condiciones necesarias para el triunfo de las masas trabajadoras se resumen en una sola: hacer converger todos los esfuerzos hacia un objetivo único: ganar la guerra.

Más adelante el manifiesto resumía el programa comunista en ocho puntos. Los objetivos económicos eran: 1) la nacionalización y la reorganización de las «industrias básicas y, en primer lugar, las industrias de la guerra»; 2) la creación de un Consejo Coordinador de la industria y de la economía en general, en el cual estén representados todos los técnicos y especialistas del Frente Popular, para que este alto organismo del Estado oriente y dirija la producción y que todos acaten y apliquen sus decisiones; 3) «que se implante el control obrero sobre la producción, pero que los organismos encargados de aplicarlo actúen de acuerdo con el plan trazado por el Consejo Coordinador»; 4) «que en el campo se produzca cuanto haga falta para el frente y para la retaguardia sobre la base de un plan establecido por representantes de organizaciones campesinas, partidos y organizaciones del Frente Popular, pero que se respete el producto del trabajo, sea individual o colectivo, de las masas campesinas y se asegure a los productores agrícolas un precio remunerador para sus productos y mercados nacionales e internacionales». Esto no era una invocación al socialismo bélico de la guerra civil de Rusia, sino más bien un práctico plan presocialista similar a la Nueva Política Económica de Lenin, de 1921, que fue introducido en su momento cuando los líderes comunistas rusos hubieron reconocido la existencia de gravísimos obstáculos para la implantación inmediata del socialismo.

En ese momento los prebostes del partido parecían estar pasando por un período de euforia que reflejaba su crecimiento político y militar en los meses inmediatamente anteriores. El día 24 de diciembre, un extenso informe del argentino Vittorio Codovilla, consejero jefe de la Internacional en España, presumió de que los comunistas ostentaban el 80% de los puestos de mando del nuevo ejército y una «mayoría» de los puestos importantes de la policía republicana; el mayor problema en este punto era aún la oposición de los anarquistas. Antes, el agregado militar soviético, Vladimir Gorev, había asegurado que «la lucha contra los anarquistas será absolutamente inevitable tras la victoria contra los Blancos. Y la lucha será a muerte»; mientras, el consejero de la Internacional André Marty había escrito al Secretariado General que «tras la guerra, también acabaremos con ellos, y más cuando en ese momento dispongamos de un ejército fuerte»[4].

De toda la extrema izquierda revolucionaria, la fuerza más importante era la CNT. Pero los más abiertamente revolucionarios y resolutivos eran los del POUM (marxistas leninistas), un grupo mucho menor que el PCE, pero, tal y como ha dicho de sí mismo en ocasiones, el verdadero partido comunista de España, para diferenciarse del PCE, al que consideraban el partido de los soviéticos en España. Liderado por Andreu Nin, el POUM exigió inmediatamente la aplicación del modelo original leninista en España, aunque en un proceso completamente independiente de Moscú. En un discurso pronunciado en Barcelona el 6 de septiembre, Nin había intentado trivializar la guerra, declarando que su principal consecuencia sería acelerar «el proceso revolucionario» que ya estaba en marcha, «provocando una revolución proletaria más profunda que la propia revolución rusa»[5]. No había ninguna necesidad de imponer un ejército regular centralizado; la milicia revolucionaria era suficiente para ganar la guerra (en este punto se desviaba absolutamente de la teoría y el modelo leninista). Incluso el Frente Popular era para ellos una lamentable farsa, porque sus acuerdos oscuros con la burguesía habían sido los responsables de que ahora se estuviera produciendo una guerra civil y no el golpe de mano directo de los revolucionarios que ya debería haberse producido en la primavera de 1936[6].

Así pues, el comité central del POUM había votado la inmediata implantación de un Gobierno revolucionario que «prescindiendo en absoluto de la legalidad republicanoburguesa anterior, proceda a la inmediata convocatoria de unas Cortes Constituyentes, elegidas por los Comités de Obreros, Campesinos y Combatientes, que establezcan la constitución del nuevo régimen surgido de la revolución»[7] Nin y sus colegas insistían en que la Rusia de 1917-1918 proporcionaba un modelo seguro para la España de 1936.

La Internacional denunció constantemente al POUM como «trostkista», incluso aunque hubiera roto con el propio Trotski, quien, a cambio, proclamó que el POUM era un partido incompetentemente revolucionario. El verdadero «trotskismo» no era el problema, sino el hecho de que el POUM fuera un partido comunista independiente y rival que criticaba el estalinismo; así que los representantes soviéticos recibieron órdenes de aislar al partido de Nin y prepararse para liquidarlo completamente.

Como Largo Caballero aún no estaba colaborando plenamente, el propio Stalin dio el paso sin precedentes de escribirle una carta en diciembre. Su objetivo era inculcar en Largo Caballero la necesidad de conferir a la República revolucionaria una mayor apariencia de constitucionalismo democrático, haciendo hincapié en que «la revolución española debe seguir su propio camino, diferente en muchos aspectos de aquella que se produjo en Rusia. Esto se debe no solo a las diferentes condiciones sociales, históricas y geográficas, sino también a las necesidades de la situación internacional […]. Es muy posible que el camino parlamentario pueda ser un medio más efectivo de desarrollo revolucionario en España que en Rusia. Los dirigentes republicanos no deberían rechazarse, sino atraerse y unirse al Gobierno». Lo peor que podía ocurrir era dar la impresión de que el régimen revolucionario era en algún sentido «comunista», y por eso era importante incorporar a los republicanos de izquierdas y conseguir el apoyo de la «pequeña y mediana burguesía» en la mayor medida posible[8].

Con alguna demora, Largo Caballero contestó que, en general, estaba de acuerdo con el consejo, pero que Stalin no comprendía del todo la naturaleza de la situación revolucionaria en España, puesto que, entre toda la izquierda española, «incluso entre los republicanos, la institución parlamentaria […] no tiene partidarios entusiastas». Y respecto a los republicanos de izquierdas, «ellos mismos apenas hacen nada para afirmar su propia personalidad política»[9].

En el interior de la zona republicana, el discurso comunista debía tener en cuenta dos frentes, pues, de un lado, tenía que convencer a los anarcosindicalistas y a otros miembros de la extrema izquierda revolucionaria de que la política comunista no era contrarrevolucionaria, mientras que, por otra parte, tenía que convencer a los escépticos y extremistas, entre los que había socialistas y anarquistas, de que la idea de la Internacional de «república democrática» era por el momento el único objetivo práctico. La política económica correcta para una «república popular» era algo muy parecido a la Nueva Política Económica (NEP) de 1921.

La Internacional sostenía que las fases iniciales de una revolución más «canalizada» (moderada) serían necesarias solo mientras continuara la guerra. Esta política no negaría ni haría reversible la revolución, pero controlaría sus excesos, requiriendo temporalmente, tal y como decía la vieja fórmula de Lenin, «un paso atrás», mientras que la victoria en la guerra y la consolidación de la fase inicial de una revolución encauzada representaría «dos pasos adelante». En una polémica que el periódico CNT entabló con el diario oficial comunista Mundo Obrero, este insistía el 3 de marzo de 1937 en que los anarcosindicalistas no tenían ninguna razón para dudar del significado y la naturaleza de un régimen de transición como el que proponían, en el cual la izquierda tendría el monopolio de todas las Fuerzas Armadas, el viejo ejército sería reemplazado por un Ejército Popular, los campesinos poseerían la mayor parte de la tierra, el control obrero dominaría las fábricas, habría expropiaciones a gran escala de tierras e industrias, y la «república democrática» sería dirigida sobre todo por la clase trabajadora. Mundo Obrero continuaba:

Así pues, nuestra República es un tipo especial. Una República democrática y parlamentaría de un contenido social como no ha existido nunca. Y esta no puede ser considerada de la misma manera que la República democrática clásica; es decir, que aquellas que han existido y existen donde la democracia es una ficción que se basa en el predominio reaccionario de los grandes explotadores. Sentado esto, precisa que digamos a los compañeros de CNT que no cometemos ninguna abjuración ni contradecimos las doctrinas del marxismo revolucionario al defender la democracia y la República. Es Lenin quien nos ha enseñado que lo revolucionario es tener siempre presente la realidad concreta de un país determinado para aplicar la táctica revolucionaria más conveniente, aquella que conduce de una manera segura al fin.

En otras palabras, los comunistas afirmaban que los anarcosindicalistas, los miembros del POUM y algunos socialistas de izquierdas se quejaban erróneamente de que los comunistas estaban defendiendo la democracia liberal capitalista, y solo porque su propaganda lo difundía internacionalmente. En el interior, en la España republicana, la «república democrática» se refería exclusivamente al «nuevo modelo» de régimen monopolístico de izquierdas que había sido introducido sobre todo en el discurso de la Internacional en 1935. El término, pues, se refería estrictamente a un semipluralismo político limitado que excluía a todo el centro político y la derecha, es decir, al menos al 50 % de la población, pero abrazaba la posibilidad temporal de cierta cantidad de propiedad privada, al estilo de la NEP soviética, al tiempo que se ejecutaba la nacionalización de las principales industrias. Su contenido era bastante diferente del que propugnaba la democracia liberal capitalista y constituía un «nuevo tipo o modelo», aunque ciertos rasgos externos pudieran ser los mismos.

En un discurso maratoniano, al estilo soviético, dirigido al comité central del PCE el 5 de marzo, José Díaz intentó ser más preciso:

Luchamos por una República democrática, por una República democrática y parlamentaria de un nuevo tipo y de un profundo contenido social. La lucha que se desarrolla en España no tiene por objetivo el establecimiento de una República democrática como puede serlo la de Francia o la de cualquier otro país capitalista. No, la República democrática por la que nosotros luchamos es otra. Nosotros luchamos por destruir las bases materiales sobre las que se asientan la reacción y el fascismo […].

En una república como la que presentaba «ya no existen grandes terratenientes; la Iglesia, como fuerza dominadora, tampoco existe; el militarismo también ha desaparecido para no volver; tampoco existen los grandes banqueros, los grandes industriales». «Las armas están en manos del pueblo», y así sucesivamente, de modo que en una lucha tan compleja era importante no perder la cabeza con las ideas de «comunismo libertario» o «socialización»[10].

No cabe duda alguna de que desde el punto de vista de la CNT y del POUM, y de muchos caballeristas también, la política de la Internacional era contrarrevolucionaria. En junio de 1937, dicha política estaría dirigida a la completa supresión del POUM y la subordinación general de las dos principales fuerzas ultrarrevolucionarias. Pero definir como «contrarrevolucionarias» las políticas comunistas, pura y simplemente, tal y como hacen Hugh Thomas y otros historiadores, es obviamente una simplificación basada en una comprensión errónea de los hechos. La fórmula de la «república popular» era en sí misma una evidente estrategia revolucionaria que se desarrollaría en dos o más fases, y no en una sola etapa, y era mucho más compatible con las necesidades militares, políticas y propagandísticas de una guerra civil generalizada que la estrategia de una revolución total e inmediata de carácter socioeconómico que reclamaba la extrema izquierda.

El cese de Largo Caballero como primer ministro en mayo de 1937 proporcionó la gran oportunidad de avanzar en este programa comunista, aunque la elección de Juan Negrín como nuevo dirigente del Gobierno republicano fue el resultado de cálculos meditados y más complejos. Negrín era un socialista prietista y el candidato de ese sector del partido para sustituir a Largo Caballero, mientras que el presidente Azaña, que ostentaba la principal autoridad, lo escogió porque quería un primer ministro que fuera menos radical y más sofisticado en la política internacional, y que tuviera más posibilidades de intentar alcanzar una paz negociada.

Pero Negrín se convirtió en la figura más controvertida de la Guerra Civil, el único dirigente importante al que odiaba no solo el otro bando, sino que también lo despreciaba la mayoría de los del propio. Contrariamente a lo que se dijo de él más adelante, Negrín no fue elegido por los soviéticos, que no tenían tanto poder como para controlar el Gobierno republicano. En todo caso, era perfectamente aceptable, pues era un profesor de fisiología de una impecable reputación profesional, y no tenía fama ni de socialista «bolchevique» ni de revolucionario radical[11].

La formación del Gobierno de Negrín fue el producto de una lucha por recuperar la autoridad central que alcanzó su punto más alto en los meses de abril y mayo, y llegó a su cénit en los llamados «hechos de mayo», una revuelta de tres días impulsada por la extrema izquierda revolucionaria en Barcelona, del 3 al 6 de mayo de 1937, de la que se hablará más adelante, en el capítulo 13. Estos «días de mayo» representaron un severo fracaso para los anarquistas revolucionarios y también, a juzgar por los resultados finales, para los catalanistas de izquierdas, quienes a partir de ese momento tuvieron que aceptar la creciente autoridad del Gobierno republicano en Barcelona, capital de la zona republicana desde octubre de 1937.

Negrín se convirtió en el dirigente principal de la República durante la guerra: demostró poseer más determinación de la que habían sospechado los prietistas o el mismo Azaña. Redujo el Consejo de Ministros de dieciocho a nueve miembros, y excluyó a la CNT de su primer Gobierno, al tiempo que obtuvo el apoyo político de la UGT. Los comunistas continuaron ostentando dos carteras. Negrín aceleró los trabajos para recomponer la autoridad estatal y para centralizar y fortalecer las operaciones militares. Se dio cuenta de que la ayuda soviética se había convertido en algo imprescindible y se mostró dispuesto a satisfacer la mayor parte de las exigencias comunistas en materia militar, aunque no necesariamente en el resto de las políticas nacionales. Con Negrín en el poder, los socialistas siguieron siendo el partido más importante; Prieto era jefe del nuevo Ministerio de Defensa Nacional unificado, que se ocupaba de todas las ramas de las Fuerzas Armadas.

El control de la seguridad fue posible gracias al lanzamiento de una inmediata ofensiva comunista contra dos bastiones de la extrema izquierda: el POUM y los colectivos campesinos de la CNT. El POUM fue declarado ilegal el 16 de junio y sus líderes, arrestados. Nin también cayó. Al parecer se negó a confesar en un «juicio público» al estilo soviético, fue torturado y luego ejecutado; lo enterraron en la cuneta de una carretera, al este de Madrid[12]. Las unidades del Ejército Popular dirigidas por los comunistas ya habían entrado en acción en la primavera de 1937 contra algunos colectiveros de la CNT en la zona centro, y en agosto el Gobierno disolvió el Consejo de Aragón (dirigido por la CNT), desmantelando la mayoría de los colectivos de la región y arrestando al menos a 600 cenetistas.

Sin embargo, las fricciones no tardaron en aparecer en el seno del nuevo Gobierno y ya el 30 de julio, Stepanov (alias del búlgaro Stoyan Minev), consejero de la Internacional, envió un informe a Moscú advirtiendo que «la luna de miel se ha terminado», porque, a pesar de las muchas concesiones, el Gobierno de Negrín no acepta sistemáticamente todas las propuestas soviéticas. El jefe de la Internacional para Europa occidental, Palmiro Togliatti, que había llegado a España en calidad de consejero jefe, informó de que los comunistas habían estado presionando mucho. Como el PCE presumía de que sus afiliados superaban los 329.000, algunos de sus líderes pensaron que podrían intentar luchar «por la hegemonía en el Gobierno y en la nación en su conjunto». Junto con la CNT en Cataluña, el PSUC fue el más culpable de esas disensiones internas; contradecían la línea política de la Internacional y hablaban de «luchar por la destrucción de todos los elementos capitalistas» e incluso de «un Gobierno puramente proletario y comunista»[13]. La Internacional pudo anular estas tendencias, y el propio Stalin presentó una propuesta en septiembre para celebrar elecciones en la zona republicana: los socialistas y comunistas irían en listas coaligadas de modo que pudieran arrasar en los comicios, y así crear una base más legítima para realzar el poder del Gobierno de Negrín y de los comunistas. En cualquier caso, esta iniciativa soviética no llegó a ninguna parte, porque ninguno de los otros partidos la apoyaron.

Con Negrín en el poder se alcanzó una mayor coordinación sindical y económica, y Prieto obtuvo cierto éxito en su movilización militar, pero sus conflictos con los comunistas siguieron en aumento. Tras una pequeña victoria militar −la conquista de Teruel en enero–, la situación bélica volvió a deteriorarse gravemente, y durante el invierno de 1938 Prieto cayó en una profunda depresión que solo consiguió incrementar el pesimismo del público y los combatientes.

Por vez primera el derrotismo se convirtió en un verdadero problema entre los dirigentes republicanos, y Azaña, Prieto y Giral (ahora ministro de Exteriores) comentaron en privado su convencimiento de que la guerra estaba perdida. Solo Negrín y los comunistas mostraron una resolución firme, así que los otros les dejaron vía libre. En abril de 1938 se formó un segundo Gobierno de Negrín, ya sin Prieto y sin Giral. Solo quedó un comunista, pero un representante de la CNT volvió al Consejo de Ministros. Los soviéticos, como siempre, estaban muy interesados en mantener en el gabinete tantos republicanos de izquierdas como fuera posible de cara al exterior, de modo que la composición final incluyó a tres socialistas (contando al propio Negrín), cinco republicanos de izquierdas (uno era un catalanista) y un representante del PCE, otro de UGT, otro de la CNT y otro del PNV.

Este segundo Gobierno de Negrín marcó el culmen de la influencia soviética y comunista. El propio Negrín asumió la cartera del Ministerio de Defensa. El «compañero de viaje» Álvarez del Vayo, socialista, regresó como ministro de Exteriores, con un subsecretario comunista. El dirigente y también «compañero de viaje» Bibiano Ossorio Tafall, de Izquierda Republicana, se convirtió en comisario general de guerra, mientras que el antiguo ministro Jesús Hernández, comunista, fue nombrado comisario general militar para las zonas centro y sur. El personaje más fiable en el alto mando era el coronel comunista Antonio Cordón, a quien Prieto había destituido, que se convirtió en subsecretario del Ejército, y otro comunista fue nombrado subsecretario de la Fuerza Aérea, un feudo absolutamente comunista. El nuevo Servicio de Inteligencia Militar (SIM) se puso en manos del socialista Santiago Garcés, que ya había sido reclutado como agente de la NKVD. El comandante Eleuterio Díaz Tendero, comunista, que había sido cesado por Largo Caballero, fue reintegrado a su puesto en la dirección de la oficina de personal en el Ministerio de Defensa, al tiempo que los comunistas conseguían el control de la mayor parte de la estructura de mando de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de la Gobernación quedó bajo el mando de un socialista, pero los comunistas ostentaron la mayoría de los puestos clave, y el comunista Eduardo Cuevas de la Peña fue nombrado director general de Seguridad. Un miembro del PSUC sustituyó a un prietista como director general de Carabineros, un cuerpo que Negrín había ampliado hasta alcanzar los 60.000 hombres. Los comunistas se convirtieron en el partido de la guerra por excelencia y ahora se identificaba más que nunca con la resistencia militar, incluso cuando la zona republicana fue dividida en dos por las fuerzas de Franco el 15 de abril de 1938.

Llegado este punto, Negrín era imprescindible para la resistencia republicana. Es evidente, a juzgar por las evaluaciones que se hicieron en los informes de la Internacional, que los comunistas agradecían su estrecha colaboración, pero no lo consideraban ni un agente ni un comunista encubierto, sino más bien un socialista prosoviético que tenía sus propias ideas políticas. Nunca les concedió todo lo que pedían y se negó a hacer ciertas cosas que pretendían los comunistas, especialmente en cuestiones nacionales. Aunque surgió una facción llamada de los «negrinistas» en 1937 como consecuencia de su jefatura en el poder, no contaba con ninguna base real en el seno de su partido, pero retuvo el poder porque ninguno de los otros líderes tuvo el coraje de intentar sustituirlo.

¿Cuáles eran los objetivos personales y los ideales de Negrín? Puesto que no escribió nada, es difícil responder a esa cuestión. El socialista Martínez Amutio señaló que Negrín «no fue por convicción comunista, como tampoco fue un militante socialista de conciencia e ideales firmemente asentados. Despreciaba a la base de los sindicatos, con los que nunca tuvo contacto»[14], y estas consideraciones son correctas, al parecer, dentro de unos límites. Togliatti también informó al respecto: «No está ligado a las masas. En el PS era un derechista»[15], aunque el último adjetivo es un tanto exagerado. Según sus propios criterios, Negrín –al contrario que la mayor parte de la izquierda– no era simplemente un patriota español, sino incluso un poco nacionalista español. Como casi toda la izquierda, era fuertemente sectario, convencido de que los Gobiernos de derechas arruinarían su país. Simplemente no podía concebir que España pudiera llegar jamás a ser un país próspero bajo la bota de Franco, aunque, de hecho, así ocurrió. Si Negrín no era un extremista revolucionario, tampoco puede considerársele un verdadero demócrata, tal y como sus recientes partidarios revisionistas pretenden equivocadamente. Él creía que la salvación del país residía en un Estado fuerte, autoritario e izquierdista, con una política económica estatal basada en la nacionalización extensiva, pero no una colectivización revolucionaria extrema, y dio la casualidad de que estas ideas coincidieron en aquel momento con la política comunista. En todo caso, Negrín no pretendía un régimen comunista en España, y probablemente incluso deseó evitarlo a toda costa, pero reconoció que tal y como estaban las cosas, la República dependería del apoyo soviético. Sus ideales políticos coincidieron con los de los comunistas en la medida en que él también pretendía un «nuevo modelo de república democrática» –esto es, un régimen autoritario de izquierdas–, pero, desde su punto de vista, no una que simplemente fuera dominada por los comunistas.

Por lo visto, creyó la propaganda de la izquierda –que Hitler y Mussolini habían tomado el control del régimen de Franco–, aunque una credulidad semejante resulta sorprendente en alguien de su inteligencia y perspicacia. En un momento de candor, justo antes del hundimiento final de la República, dijo a su viejo colega socialista y ministro del Gobierno, Julián Zugazagoitia, que la situación política de la República era terrible y que los partidos de izquierdas no eran mejores que los de derechas, pero que, de todos modos, la República era el único camino para salvar a España como país: «Tengo que oponerme a que España desaparezca»[16]. Curiosamente, tras la Segunda Guerra Mundial, su posición cambió de manera sustancial. Negrín al fin rompió con los soviéticos después de que se hiciera evidente cuál era su «nuevo modelo de república democrática», y se opuso a la política soviética publicando varios artículos en el New York Times, apremiando a la inclusión de España en el Plan Marshall de la posguerra, porque se dio cuenta de cuán importante podía ser esto para el futuro desarrollo del país. Para entonces ya había sido expulsado del Partido Socialista. En algunos aspectos, Negrín fue una figura trágica, en un sentido bien distinto, por ejemplo, del patético Azaña.

12

DOS MODELOS DE GUERRA

La Guerra Civil española, entre todos los conflictos internos de la época, fue en la que se llevó a cabo la más amplia movilización, la que más innovaciones militares aplicó y en la que se combatió a mayor escala. El conflicto ruso duró más, se combatió en una enorme extensión geográfica y en un momento u otro se involucraron muchos más hombres (y mujeres), pero, a pesar de que cinco millones de personas se integraron en las distintas facciones, en ningún momento el Ejército Rojo contó con más de 500.000 hombres plenamente movilizados y listos para el combate. Antes de que terminara el año 1937 los dos ejércitos de España eran más grandes que el ruso, estaban mejor organizados y también mejor armados[1].

No obstante, ninguno de los dos ejércitos de España podía compararse con el de las grandes potencias. Aproximadamente, un total de dos millones de hombres fueron llamados a combatir (entre los dos bandos), lo cual, de acuerdo con la población existente, representaba un reclutamiento incluso más amplio que el de los bolcheviques, pero había también graves limitaciones en el adiestramiento, en la organización y en la dirección militar. Aunque las líneas del frente eran extremadamente largas, las operaciones ofensivas solían centrarse en puntos concretos, y la mayor parte del frente permanecía inactivo. Sobre todo, la lucha en España fue un conflicto de baja intensidad marcado por una serie de batallas concretas de alta intensidad. A pesar de la utilización de nuevas armas muy sofisticadas, la capacidad de fuego en general fue escasa, lo que explica por qué el número total de bajas no fue muy alto. En conjunto, no murieron más de 150.000 hombres (30.000, aproximadamente, no eran españoles), una proporción que no excede mucho el 6% de todos los hombres que fueron llamados al combate. Es una cifra significativa, pero bastante más baja que la que se da en guerras de alta intensidad. En este aspecto, las bajas en la guerra civil rusa fueron proporcionalmente mucho mayores, aunque desde el punto de vista militar esta última fue un conflicto de una intensidad incluso más baja. La mayor pérdida proporcional de vidas en la guerra rusa se debió en gran medida a la desnutrición y a las epidemias generalizadas, así como a la ejecución ocasional de prisioneros.

Si el ejército republicano confió en gran medida en las milicias de voluntarios durante los dos primeros meses, el voluntariado también fue importante al principio para los nacionales y podría decirse que fueron más eficaces desde el punto de vista militar. Los falangistas, los carlistas y también otros grupos de derechas proporcionaron a los rebeldes un buen número de voluntarios. Los dos primeros movimientos eran, obviamente, los más importantes, pero otras fuerzas derechistas también formaron parte de las milicias al principio, con nombres locales como los Guardias Cívicos, los Caballeros de Santiago, los Caballeros Patriotas, los Voluntarios de España y los Caballeros de La Coruña. De todos modos, estos grupos sirvieron más como fuerzas auxiliares de seguridad que como milicia combatiente. El voluntariado de los nacionales fue muy común en el norte conservador, donde apenas la mitad de las tropas pertenecían a la soldadesca regular durante los primeros meses. Las líneas del frente eran muy largas, pero, al menos, en alguna medida existían, mientras que en la guerra rusa no existieron prácticamente líneas del frente permanentes. En la mayoría de las regiones los frentes se mantenían con muy pocos hombres, y en Aragón, por ejemplo, las milicias locales de los nacionales mantuvieron buena parte del frente defensivo, si puede llamarse así, en torno a Zaragoza y Teruel, reforzadas por algunas unidades pequeñas del Ejército y, al principio, de la Guardia Civil. Aunque los mejores milicianos de la derecha se revelaron en alguna medida más diestros en el combate que sus oponentes revolucionarios, Franco fue más lento en incorporar oficialmente la milicia en la estructura de mando militar, cosa que solo hizo en diciembre de 1936.

Por el número que proporcionalmente emplearon y por su dedicación a la causa, la contribución más heroica procedió del carlismo navarro, que proporcionó un total de 11.443 voluntarios para la milicia carlista (requetés), 7.068 para las unidades de la Falange, y 21.950 voluntarios y reclutas para el ejército regular. En total sumaban 40.461 voluntarios y reclutas procedentes de una provincia cuya población era de 345.883: es decir, cerca del 12%, la proporción más elevada en toda España. De todas esas gentes, 4.552 murieron en combate o por heridas graves (los navarros con frecuencia formaban parte de las unidades de choque), un porcentaje del 13,2, más del doble de la proporción del 6% que corresponde a todo el ejército de Franco. En un reconocimiento oficial, el 8 de noviembre de 1937, Franco otorgó la Gran Cruz Laureada de San Fernando (la más alta condecoración española) a toda la provincia de Navarra[2].

No es posible ofrecer el mismo tipo de precisiones estadísticas respecto a los voluntarios de otras milicias que se integraron en ambos bandos. Los falangistas componían el contingente más numeroso de los nacionales. A menudo tenían las motivaciones más diversas, pues los reclutadores falangistas les decían a los antiguos izquierdistas y a los sindicalistas que la mejor prueba de la lealtad al Movimiento Nacional sería inscribirse como voluntarios. El mejor estudio al respecto concluye que el número total de participantes en todas las milicias de los nacionales superaba los 150.000, la mayoría, falangistas. En total, más de 17.000 se anotaron efectivamente como caídos o muertos por heridas u otras causas, con más de 85.000 heridos, pero ambas estadísticas probablemente adolecen de datos duplicados. Al menos el 15 % del millón de hombres (o más) que sirvieron en el ejército nacional procedía de las milicias. Un gran número de ellos sirvieron en sus propios batallones (llamados «tercios» o «banderas»), como unidades regulares del Ejército, demostrando una valentía más allá de lo común y sufriendo un desproporcionado número de bajas.

Todas las grandes revoluciones se enfrentan al problema de crear un nuevo ejército eficaz. Tal fue el caso de Inglaterra en 1642, el de las colonias norteamericanas en 1775 y 1776, el de Francia en 1792 y 1793, el de Rusia en 1918, y el de China después de 1927. En esos casos los revolucionarios procuraron crear un «nuevo modelo» de Ejército que, no obstante, acababa teniendo la estructura de un ejército regular. No es sorprendente que los revolucionarios españoles al principio se resistieran a formar un nuevo ejército, puesto que, en alguna medida, semejante resistencia se dio también en los demás casos citados. La creación de un Ejército Popular no resolvía la cuestión realmente, porque la revolución española era única entre las grandes revoluciones del siglo XX en su semipluralismo político. El conflicto político persistió en el seno del Ejército, y la tendencia a crear facciones solo conseguía aumentar su debilidad. Esto fue particularmente reseñable en las regiones del norte, con cuatro organizaciones militares independientes, desde Asturias hasta Cataluña.

La dirección y el liderazgo fue siempre el talón de Aquiles de los republicanos. El Ejército Rojo soviético había resuelto ese problema incorporando a miles de oficiales de las antiguas fuerzas zaristas, incluso aunque no fueran comunistas, controlándolos políticamente mediante el nombramiento de comisarios políticos destinados a todas las unidades, sin importar el tamaño de las mismas. Había aproximadamente 10.000 oficiales del ejército regular en la zona republicana, pero solo unos 3.500 sirvieron efectivamente en el Ejército Popular. Alrededor de 3.000 fueron arrestados por deslealtad y la mayoría de ellos fueron ejecutados, antes o después; el resto de los oficiales permaneció en una especie de limbo del cual algunos intentaron salir huyendo a la zona nacional. La mayoría de los mandos veteranos del nuevo ejército republicano eran profesionales del antiguo ejército, junto con algunos de los grandes líderes de las milicias del PCE, como Líster, Modesto y Tagüeña, a quienes podrían añadirse los principales consejeros soviéticos, así como los oficiales del Ejército Rojo que comandaron las primeras Brigadas Internacionales. El núcleo principal de la fuerza aérea republicana fue comandado indirectamente por los consejeros soviéticos. Un buen número de socialistas y anarquistas también ocuparon cargos de alta responsabilidad. El antiguo profesor de la Academia Militar, el coronel Vicente Rojo, un católico practicante que, sin embargo permaneció fiel a la República, goza de gran reputación entre los historiadores[3]. Fue el primero en ocupar el cargo de jefe del Estado Mayor en el frente central y más tarde, en 1937, jefe del Estado Mayor del Ejército Popular en su totalidad; luego ascendió a general.

La cuestión del control comunista se convirtió en el asunto interno que más dividió al ejército republicano, sobre todo cuando la Internacional, los consejeros del Ejército Rojo, los líderes del PCE y los oficiales comunistas españoles en su conjunto intentaron nombrar y promover exclusivamente a los comunistas. Manfred Stern, uno de los primeros oficiales soviéticos en llegar, informó de que durante la primera fase del desarrollo del nuevo ejército, «el partido había conseguido que Largo Caballero nombrara a cinco camaradas, de una lista elevada por el partido, para trabajar en el Estado Mayor, con la intención de ser los ojos y los oídos en la dirección central [–]»[4]. Tres de los primeros seis jefes de brigada eran afiliados comunistas. Cuando se creó el Estado Mayor republicano, dos de los puestos más importantes fueron para oficiales comunistas, mientras que otro se convirtió en jefe de información y personal del Ejército, con poder para aprobar o rechazar oficiales basándose solo en la fiabilidad política. Además, los comunistas no tardaron en implantar el nuevo sistema de comisariados políticos. De acuerdo con un informe soviético de abril de 1937, 125 de los 186 comisarios de batallón y 28 de los 62 comisarios de brigada en el frente central eran miembros del partido o bien pertenecían a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), casi totalmente controladas por los comunistas. Dos de los tres grandes líderes socialistas, Largo Caballero y Prieto, fueron expulsados del Gobierno en 1937 y 1938 en buena medida debido a las tensiones político-militares con los comunistas. De todos modos, en otras regiones, la prevalencia comunista no fue tan intensa como en el frente central en 1937.

A partir del otoño de 1936 los dos regímenes combatientes se dedicaron cada vez más a formar ejércitos gigantescos, una tendencia que empezó en el bando de los insurgentes, aunque en los doce meses siguientes, a partir del mes de septiembre, reclutaron menos hombres. En general, los nacionales lo hicieron mejor. Todo su sistema de mandos era más profesional, y los instructores alemanes que comenzaron a llegar en 1937 estaban más preparados que el pequeño número de oficiales soviéticos que ayudaba a los republicanos. Durante más de un año las tropas republicanas superaron con mucho las de Franco, pero hacia marzo de 1937 el Ejército Nacional había reclutado a 350.000 hombres, a los que siguieron otros 450.000 a finales de 1938. A finales de 1937 se alcanzó aproximadamente el equilibrio, con casi 700.000 hombres por cada bando. La diferencia crucial era que los cerca de 30.000 «alféreces provisionales» y otros oficiales sin graduación de las fuerzas de Franco estaban mejor adiestrados y en combate se comportaban bastante mejor que los republicanos.

En otras guerras civiles la deserción era un problema en ambos bandos[5]. Muchos soldados reclutados por uno y otro ejército se llamaban «leales geográficos»: eran hombres atrapados en una zona y que habrían preferido estar del otro lado. Como los nacionales ganaban la mayoría de las batallas, también capturaban a muchos más prisioneros. En las primeras semanas hubo una tendencia a ejecutar a los milicianos capturados, pero los nacionales pronto se dieron cuenta de que esto no solo era escandaloso e inmoral, sino que resultaba contraproducente. Los nacionales comenzaron ocupando una pequeña zona y, a medida que avanzaban, ocuparon más y más provincias que previamente eran de la República, haciendo prisioneros cada vez a más soldados. Así que la cuestión de incorporar a los antiguos soldados enemigos y «convertirlos» fue uno de los asuntos principales para ellos y tuvo una importancia que los Republicanos ni siquiera imaginaron. El salto cuantitativo más trascendente en este aspecto se produjo con la conquista de la zona norte republicana en 1937. La conquista reportó casi 200.000 prisioneros en un período de escasos meses, la mayor captura por parte de uno de los dos bandos hasta el final de la guerra. La mayoría de esos prisioneros fueron liberados de inmediato y alrededor de unos 100.000 ingresaron en el Ejército Nacional, concediéndole por vez primera una paridad numérica aproximada respecto a sus enemigos. Algunos desertaron más adelante, pero la gran mayoría sirvió más o menos lealmente a medida que los mandos de Franco fueron descubriendo distintos medios de motivarlos, tanto de naturaleza positiva como negativa[6]. Puede que la guerra de España fuera el lugar donde se sacara el mayor partido posible del hecho de incorporar a un bando los soldados enemigos, y más que en cualquiera de las guerras civiles revolucionarias, aunque esto también lo intentaron otros ejércitos, especialmente el Ejército Rojo en la guerra de Rusia. Esta decisión resultó bastante provechosa en parte, porque, como ya se ha indicado, la movilización de Franco y el programa de adiestramiento tuvieron éxito a la hora de diseñar un cuadro de oficiales fiable y relativamente extenso, además de oficiales sin graduación para apoyar a los jefes.

Franco, Rojo y todos los oficiales profesionales españoles de ambos bandos habían recibido amplia formación en la doctrina militar francesa. Esto significaba que no solamente hacían hincapié en la ofensiva directa, sino también en la bataille conduite, la organización y el control centralizados de todas las operaciones que dejaba poco espacio a la flexibilidad y la iniciativa. En ninguno de los dos bandos los mandos estaban versados en las nuevas doctrinas ofensivas que se estaban estudiando en la Unión Soviética y en Alemania, ni en el desarrollo y el empleo de armamento combinado. Ambos bandos intentaron poner en marcha nuevas tácticas y operaciones, pero los republicanos generalmente no tuvieron éxito y los nacionales solo en parte. Una organización y una dirección superiores, a menudo acompañadas por un armamento mejor y una potencia de fuego más elevada, confirió a los nacionales una mayor cohesión que la de sus enemigos republicanos, particularmente en las labores ofensivas. El Ejército Nacional no podría describirse como una máquina militar del siglo XX de primer nivel –estaba muy lejos de ser nada parecido–, pero ganó la guerra porque ostentaba ciertas ventajas sobre los contingentes republicanos, menos eficaces. O, como precisó en su diario el coronel (luego general) José Solchaga, uno de los comandantes veteranos de Franco: «¡Menos mal que los rojos son peores!».

Los alemanes[7] y los italianos siempre criticaron a Franco por su lentitud y falta de imaginación militar, pero su temperamento y experiencia personal probablemente impedían que el imperturbable Caudillo de los nacionales pudiera pensar en otra alternativa. A principios de 1937, si no antes, Franco había llegado a la convicción de que sería una guerra larga. Sus decisiones siempre habían sido prudentes y metódicas. Había retrasado su marcha hacia Madrid para mantener la fuerza de los nacionales en media docena de frentes distintos, y creía que necesitaba consolidar una posición nacional más amplia, tanto política como militar, antes de atacar Madrid. Así pues, Franco hizo de la necesidad virtud y parece ser que asumió que un avance relativamente lento era en realidad lo mejor que podía hacerse y lo más deseable, con la idea de pacificar el país provincia por provincia, consolidando la fuerza política y purgando la oposición[8].

Si la defensa de Madrid en 1936 fue el primer punto de inflexión de la guerra, el segundo se produjo cuando Franco pasó a la defensiva en el frente central y comenzó su asalto a la zona republicana del norte el 31 de marzo de 1937. Uno de los jefes de la cúpula militar, el general Juan Vigón, varios subordinados suyos y también los oficiales jefes alemanes advirtieron que la zona central republicana, defendida por numerosísimas tropas bien equipadas con armas soviéticas, se había convertido en un hueso demasiado duro de roer. Por el contrario, la conquista de la zona norte, que poseía las principales industrias pesadas de España y los principales recursos de hierro y carbón, podría alterar en su beneficio el equilibrio de fuerzas en la guerra, como, de hecho, así fue.

Aunque la zona norte estaba defendida por un notable número de tropas, estas no estaban tan bien armadas y organizadas como en la región central y, sobre todo, estaban divididas en tres gobiernos regionales que cooperaban poco entre ellos. Cada sector pudo atacarse poco a poco y por separado, comenzando por la provincia vasca de Vizcaya. La ofensiva comenzó con un pequeño número de tropas, pero eran de las mejores de las que disponía Franco, apoyadas por 200 aviones y 200 piezas de artillería. El modus operandi fue bombardear intensa e indiscriminadamente la zona antes del asalto de infantería, acompañando el bombardeo con un aluvión indiscriminado de fuego de artillería. Esta fue la primera vez que se utilizó en Europa el estilo de fuego combinado propio de la Segunda Guerra Mundial (con la salvedad de los tanques) y la primera vez en la historia que se lanzaba un bombardeo sistemático desde el aire. Estos ataques sentaron las bases para los avances del Ejército Nacional durante los dos años siguientes[9]. Aunque el frente vasco al principio se perforó con rapidez, una desafortunada combinación de fuertes lluvias, un terreno accidentado y una tenaz defensa consiguieron ralentizar el avance durante buena parte del mes de abril. En esta fase se produjo el bombardeo de Gernika, que se analizará al final de este capítulo. El avance continuó muy lentamente por las colinas de Vizcaya durante todo el mes de mayo, y las cumbres que rodean la ciudad de Bilbao se ocuparon el 5 de junio; finalmente, se tomó la ciudad el 19 de junio. Esta fase inicial de la campaña del norte fue la más lenta, y duró casi tres meses, pero infligió aproximadamente 48.500 bajas en el enemigo, y muchos de ellos cayeron prisioneros[10]. La zona norte había quedado seriamente debilitada, mientras que la conquista del bastión del nacionalismo vasco clarificaba la cuestión religiosa y animó al episcopado español a publicar su Carta colectiva del 1 de julio sobre el comportamiento de los nacionales.

El asalto sobre Santander se retrasó al menos durante un mes por culpa de una contraofensiva republicana en el frente central (se verá más adelante), pero finalmente comenzó el 14 de agosto. Esta campaña fue bien distinta a la de Vizcaya: consistió en una operación envolvente mucho más hábil, apoyada por el hecho de que lo que quedaba de la resistencia vasca se había retirado hacia el oeste y estaba negociando con los italianos su propia rendición[11]. Para Franco, la ofensiva de Santander fue estratégicamente la operación más exitosa de la guerra desde las primeras fases de la marcha sobre Madrid. La moral de la resistencia republicana estaba baja, muchas de las tropas de la provincia conservadora apenas tenían ningún interés en combatir (en Cantabria ni siquiera habían votado al Frente Popular). Es posible que se llegaran a capturar hasta 50.000 soldados de la resistencia: la ocupación de Santander se completó en dos semanas y media, el día 1 de septiembre.

El asalto sobre la Asturias oriental comenzó casi inmediatamente, con las tropas más fuertes de Franco y en mucho mayor número que en el resto de la campaña del norte. En Asturias el contingente republicano, basado en movimientos obreros, defendieron con tenacidad sus montañas, en la que puede considerarse tal vez la lucha más feroz de toda la campaña. La fase final duró casi dos meses, y el último bastión de resistencia se rompió el 24 de octubre. Incluso entonces, no todos los republicanos se rindieron, y muchos se echaron al monte y mantuvieron una pequeña lucha de guerrillas durante bastantes años[12].

Las fuerzas republicanas adolecieron sobre todo de falta de mando y de coordinación, lo que posibilitó que salieran derrotadas frente a un ejército invasor numéricamente inferior. Los republicanos apenas hicieron uso de los recursos industriales de la zona norte y los 100 aviones de guerra que les enviaron no se utilizaron eficazmente y casi todos se perdieron. Las enormes reservas de armamento con las que contaban –hasta cerca de 250.000 rifles, varios centenares de armas automáticas y 500 cañones– también desaparecieron, y buena parte de ellos pasaron a manos de los nacionales. La campaña del norte también generó un nuevo fenómeno: los refugiados republicanos comenzaron a huir al extranjero. Al menos 165.000 personas fueron evacuadas; la mayoría regresaron a la zona republicana a través de Francia, pero alrededor de unos 35.000 se vieron abocados a un exilio indefinido. La República había perdido una región industrial clave, así como cerca de 200.000 soldados, la mitad de los cuales se reincorporaron en las tropas franquistas. Esos soldados habían constituido, tal vez, el porcentaje más elevado de voluntarios, y también probablemente habían sido algunos de los mejores soldados republicanos, y su pérdida jamás se pudo compensar.

Para la República combatiente, la consecuencia de todo ello no fue sino un desastre estratégico de primera magnitud, algo que no pasó desapercibido para dirigentes como Azaña, Prieto y Giral, quienes desde ese momento perdieron cualquier esperanza de alcanzar la victoria. Jesús Salas Larrazábal ha calculado que en agosto de 1937 la correlación de fuerzas y materiales podía rondar un 10 a 9 a favor de los republicanos, pero que a finales de octubre de ese mismo año ya podía establecerse una correlación de 86 a 100, y esta vez a favor de Franco.

De nuevo Franco había tomado la iniciativa estratégica, una iniciativa que los mandos republicanos intentarían arrebatarle de tanto en tanto, pero sin ninguna eficacia. Un problema básico para estos últimos había sido cómo unir sus dos zonas o, si esto no era factible, cómo dar con un medio para dividir la zona nacional en dos. El controvertido «Plan P» de Largo Caballero, en mayo de 1937, que proponía una ofensiva contra las débiles fuerzas de los nacionales en Extremadura, podría haber conseguido ese objetivo, pero los soviéticos y los comunistas no se arriesgaron a debilitar la hegemonía que a duras penas habían conseguido en el frente central, demostrando así que las cuestiones políticas también influían mucho en las decisiones de los militares comunistas. El mando republicano se dio cuenta de que la concentración de las fuerzas de Franco en el norte confería a los republicanos una notable ventaja en casi todo el territorio restante, pero no encontraron ningún modo de aprovechar esa ventaja con eficacia.

Lo primero que intentaron fue tomar la iniciativa en operaciones menores dirigidas al frente central, durante abril y mayo, la última de las cuales sirvió como telón de fondo para la novela de Hemingway Por quién doblan las campanas[13]. La primera gran ofensiva del Ejército Popular fue la operación Brunete, que comenzó el 5 de julio, solo después de que Bilbao hubiera caído en manos de los nacionales. Se planteó como una maniobra envolvente para abrir una brecha en las fuerzas de Franco que se encontraban al oeste y al noroeste de Madrid, pero el ala del sur de las fuerzas de ataque nunca llegó a actuar y toda la maniobra se tornó imposible. La parte más importante de la operación concentró a 80.000 hombres de las unidades republicanas más experimentadas y mejor equipadas; un considerable número de esos soldados eran comunistas o tenían comunistas al mando. Al principio consiguieron avances notables gracias al efecto sorpresa, con una aplastante superioridad de la infantería, de la artillería y de la aviación.

Lo que aconteció tras ese primer día de éxito republicano pudo entenderse como un presagio de lo que iba a ser el resto de la contienda. Si los republicanos a menudo combatían bien a la defensiva, los nacionales lo hacían incluso mejor. Las unidades nacionales resistieron desesperadamente en unas pocas plazas fuertes. Los mandos republicanos mostraron entonces inseguridad y falta de iniciativa. Sus brigadas se empantanaron en torno a unas posiciones enemigas pequeñas y bien defendidas, y sus oficiales fueron incapaces de mantener el impulso inicial. Los tanques soviéticos, francamente superiores, resultaron poco útiles, porque las fuerzas republicanas carecían del adiestramiento adecuado y fallaba la coordinación en operaciones de armas combinadas. Así pues, el avance inicial no pudo aprovecharse y pronto fue contrarrestado.

Brunete proporcionó un breve respiro a lo que quedaba de la zona norte, pero solo duró un mes más o menos. Rápidamente, Franco destinó su fuerza aérea y un buen número de sus mejores unidades a un contraataque concertado y recuperó todo el territorio que durante aquel breve lapso se había perdido, mientras que las bajas para el Ejército Popular fueron bastante mayores que las que sufrieron los nacionales.

A partir de ese momento el foco de la lucha comenzó a dirigirse hacia el noreste, donde acabaría fijándose ya durante el resto de la guerra. Fue el mando republicano quien dio este viraje en la orientación de la guerra y semejante decisión puede considerarse discutible, puesto que la mayor parte de Aragón no era un escenario decisivo: así pues, parece que la decisión obedecía a prioridades políticas más que militares. La sede del Gobierno pronto se trasladaría a Barcelona y había mucho interés en sofocar a los anarquistas en el noreste, lo que significaba cambiar el enfoque militar. Las principales unidades comunistas fueron destinadas a la zona y la ofensiva contra Zaragoza, conocida como «Operación Belchite», comenzó el 24 de agosto, con el objetivo de irrumpir en la retaguardia de Franco e impedir la conquista de lo que quedaba de la zona norte[14].

Las ofensivas de Rojo estuvieron bien diseñadas y todas intentaban abrir una brecha en uno de los sectores más débiles del enemigo. Las operaciones seguían un mismo plan, procurando la sorpresa operativa y un avance rápido; pero después de aquel empuje inicial, las pequeñas unidades de los nacionales se empleaban tenazmente en la defensa, provocando un nuevo empantanamiento del avance republicano; acto seguido llegaban los refuerzos de Franco y el final de la ofensiva. Estas operaciones apenas ralentizaron la conquista de la zona norte. La actuación del Ejército Popular en Belchite representó un serio disgusto para los mandos republicanos, que pensaron que habían puesto especial cuidado en inculcar en sus oficiales de campo la importancia de mantener el empuje en las ofensivas. En realidad, los mandos republicanos nunca prestaron una atención adecuada al adiestramiento y a la formación de sus tropas, especialmente en lo que tocaba a los oficiales jóvenes y oficiales sin graduación, y eso constituiría siempre el talón de Aquiles de su ejército.

Se hizo un esfuerzo importante con la idea de ampliar el Ejército Popular aquel otoño, con la llamada a filas de 200.000 nuevos reclutas. Esto reparó en cierto modo las enormes pérdidas sufridas durante el verano, aunque los equipamientos deteriorados o perdidos no podían reemplazarse fácilmente, debido a la disminución de los envíos armamentísticos soviéticos. Con aproximadamente 650.000 hombres, el ejército de Franco aún era ligeramente inferior, pero estaba mejor equipado y dirigido; los espías indicaron finalmente que Franco estaba planeando un nueva ofensiva desde el noreste sobre Madrid para aislar y ocupar la capital.

En lugar de concentrar los recursos del Ejército Popular en la defensa, donde los republicanos parecían mejores, Negrín y Rojo decidieron llevar a cabo otra «ofensiva de prestigio» que pudiera distraer a Franco y llamar la atención internacional sobre una victoria republicana. El objetivo era el punto geográficamente más expuesto de todo el frente nacional: una estrecha franja de terreno situada al este de Teruel; aquel lugar podía conquistarse con una pequeña ofensiva que no precisara más de 40.000 hombres.

El asalto comenzó el 16 de diciembre, pero se había retrasado por problemas internos. De todos modos, la franja se ocupó pronto, exceptuando la propia ciudad de Teruel, y Rojo comenzó a enviar a algunas de sus unidades a otros lugares. En cualquier caso, Franco tenía un compromiso tácito con los mandos de los frentes secundarios: aunque sus líneas no fueran muy sólidas, si se enfrentaban a un ataque importante, él enviaría refuerzos de inmediato. En este caso canceló su propia ofensiva y trasladó numerosos refuerzos hacia Teruel. Sin embargo, un tiempo terriblemente malo y el terreno montañoso dificultaron el contraataque, y los agotados defensores de Teruel finalmente se rindieron al ejército republicano el 6 de enero de 1938. Puesto que aquella había sido la primera capital de provincia conquistada por la República desde las primeras semanas de la guerra, produjo un gran regocijo en el Gobierno de Negrín, tras lo cual se planeó de nuevo una retirada de las principales unidades.

En este punto, los espías republicanos fallaron, pues la estrategia de Franco estaba enormemente condicionada por factores políticos y psicológicos, tal y como él los concebía, y él creía que en una guerra civil no se podía permitir ni una derrota pasajera ni la pérdida de una capital. Aunque muchos de sus generales y los mandos alemanes consideraban importante ignorar un escenario secundario como Teruel y concentrar fuerzas para asestar un golpe decisivo sobre Madrid, Franco pensaba de otro modo, siguiendo sus instintos personales y políticos, y no tanto las prioridades militares. Es más, solo consultaba con su equipo de oficiales y, tras ser nombrado Generalísimo, se consideró a sí mismo un instrumento de la divina Providencia que jamás debería ser cuestionado por sus subordinados. Esta visión estrecha y terca condujo a Vigón, jefe del Estado Mayor, a comentar a uno de los ministros del nuevo Gobierno: «Hay veces que pienso que no se debe hacer lo que se va a hacer y como basta que a Franco se le ponga una objeción para que se empeñe en salirse con la suya, he decidido utilizar el método de decirle todo lo contrario de lo que creo para que así acabe por hacer lo que pienso»[15].

Franco continuó trasladando importantes contingentes a Aragón, lanzando una poderosa contraofensiva el 17 de enero. El 5 de febrero ya había conseguido romper las líneas y adentrarse en mejor terreno, iniciando una operación envolvente o de pinza con la que se recobró la ciudad el día 22. Solo necesitó dos semanas para la reorganización, tras lo cual Franco desató una ofensiva total en Aragón, que comenzó el 9 de marzo, apoyada por algunos de los ataques aéreos más devastadores de la guerra, especialmente contra vehículos y zonas de retaguardia, lo cual desmoralizó enormemente a los republicanos. El 15 de abril los nacionales llegaron al Mediterráneo, cortando el territorio republicano en dos. Para el 19 de ese mes la ribera sur del Ebro ya estaba en manos de Franco. Para los republicanos esto fue un desastre de las mismas dimensiones que la pérdida de la zona norte. Algunas unidades republicanas se hundieron, y la rendición incondicional y la deserción se convirtieron en gravísimos problemas para la República. A lo largo de todo el año 1937 las ejecuciones disciplinarias se habían ido convirtiendo en algo habitual, como ocurrió en el Ejército Rojo durante la guerra de Rusia, pero en este punto dificilmente se podía detener semejante desbandada.

La superioridad de Franco, al parecer, se había tornado aplastante, pero se convirtió en pura realidad ante el profundo pesimismo de Prieto y su abandono como ministro de Defensa de la República; sin embargo, durante los seis meses siguientes los acontecimientos dieron el giro más extraño que se hubiera visto en cualquier fase de la guerra de España. Aunque Cataluña permanecía casi indefensa, Franco renunció aparentemente a un triunfo fácil y, en vez de atacarla, optó por un difícil avance hacia el sur, a través de un terreno montañoso y a lo largo de una estrecha franja costera en dirección a Valencia. No hay una hipótesis clara que explique este tipo de actuación. Al parecer, Franco había estado pensando en regresar al sur durante algunos meses y habló de la necesidad de obtener divisas extranjeras dominando las exportaciones de cítricos de Levante. Años después hizo referencia al peligro de la intervención francesa en Cataluña, aunque a mediados de marzo el nuevo Gobierno francés había tomado la firme decisión de no intervenir. En Berlín, Hitler señaló que prefería que Franco no ocupara Cataluña para que la guerra se pudiera prolongar de acuerdo con los intereses de Alemania[16], pero no está nada claro que la decisión de Franco estuviera motivada por la opinión de Hitler. Puede que Franco desestimara el peligro que podría representar Cataluña y quisiera estrangular la zona más importante de la República lo antes posible[17]. En cualquier caso, Cataluña fue ignorada por el momento, mientras que la resistencia republicana se concentraba en el norte de Valencia. Aunque los nacionales avanzaban lentamente pero a un ritmo constante, la guerra se ralentizó entre mayo y julio, concediendo de este modo a los republicanos una última oportunidad.

Negrín merece alguna consideración por haber evitado el colapso de la República en aquel momento. Más adelante se le echaría la culpa de haber prolongado la guerra sin ninguna esperanza, pero su fe no residía únicamente en la resistencia militar, sino que esperaba un cambio de rumbo radical en la política internacional. Por desgracia para los republicanos, cuando esto finalmente ocurrió, en septiembre de 1938, el giro político tomó un rumbo distinto al que Negrín había esperado. Mientras tanto, las fuerzas republicanas en Cataluña experimentaron una notable recuperación, apoyadas por la apertura oficial de la frontera francesa entre marzo y junio, coincidiendo con el flujo más importante de suministros. Casi 200.000 hombres más fueron llamados a filas, aumentando el Ejército Popular hasta su punto álgido, aunque no todas sus unidades estaban adecuadamente armadas. Un contingente armado completamente nuevo, el Ejército del Ebro, fue creado bajo el mando de Modesto, con otros tres comunistas al mando en cada uno de sus tres cuerpos, y recibió un envío desproporcionado de 25.000 toneladas de nuevas armas soviéticas.

El eslogan de Negrín era en esos momentos «¡Resistir es vencer!», lo cual, probablemente, sugería la necesidad de una estrategia defensiva, pero, bien al contrario, se embarcaron en otra «ofensiva de prestigio», basándose en la idea de que una victoria temporal elevaría el reconocimiento de la República en el extranjero y animaría a los países a proporcionarles más ayuda. El lugar elegido era un reducto poco defendido en el Ebro, cerca de Gandesa, a unos 100 kilómetros río arriba desde la desembocadura en el Mediterráneo. El exitoso ataque sobre el Ebro en la noche del 24 y 25 de julio fue el principal logro de ingeniería del Ejército Popular, cuyos ingenieros montaron con rapidez varios puentes. Por vez primera, una unidad importante de los nacionales se rindió, concediendo 4.000 prisioneros; pero a esta ofensiva le siguió la misma secuencia de hechos que todas sus precedentes y, pronto, todo lo conseguido se convirtió en humo. Aquel ataque virulento surtió efecto y los republicanos consiguieron salvar Valencia, al menos por el momento, y ocuparon una zona de aproximadamente veinte por treinta kilómetros, pero, ante la superioridad aérea del enemigo, la posibilidad de que llegaran los refuerzos de tropas procedentes desde el otro lado del río resultaba extremadamente compleja.

Una vez más, Franco canceló todas sus operaciones con el fin de responder a la iniciativa republicana, reuniendo sus fuerzas para una contraofensiva masiva en el Ebro. La pequeña franja ocupada por el Ejército del Ebro era insignificante desde el punto de vista estratégico, y se ha dicho repetidamente que si Franco quiso responder a ese ataque, debería haber pasado de largo, utilizando la superior maniobrabilidad de sus fuerzas para aislar a las unidades republicanas y, al mismo tiempo, avanzar decididamente en Cataluña. Su fuerza aérea podría haber diezmado a los republicanos mientras trataban de huir de una operación como la sugerida. Sin embargo, Franco siguió su habitual predilección por los ataques frontales masivos: lanzó la primera fase de esta contraofensiva del Ebro el 6 de agosto. Los combates subsiguientes fueron los más largos y los más duros de la guerra; consistieron en una serie de ataques directos de las mejores unidades de Franco sobre los defensores republicanos, colina por colina, y en todos los casos precedidos de un bombardeo masivo de la fuerza aérea y la artillería. Las bajas fueron proporcionalmente elevadas por ambos bandos, pero el Ejército del Ebro ofreció la mejor actuación en combate del ejército republicano durante toda la guerra, aun cuando tuvo que enfrentarse a un terrible potencia de fuego, mientras que las unidades de Franco parecían estar perdiendo un tanto su empuje en el combate. Por vez primera en seis meses el Ejército Popular pudo enviar noticias favorables al extranjero, mientras que el peligro de una guerra europea crecía a pasos agigantados.

Cuando la crisis internacional sobre Checoslovaquia se intensificó, la cuestión de España se discutió una vez más en el seno del Gobierno francés y en los altos mandos militares. El almirante Darlan, jefe de la Armada francesa, insistió en que por el momento Hitler se quedaría enfangado en Europa central y que, incluso en el caso de una guerra generalizada, le resultaría de todo punto imposible invadir Francia. Aconsejó que Inglaterra y Francia adoptaran cuanto antes una estrategia periférica, haciendo uso de su absoluto dominio del mar, atacando Libia e Italia, y haciéndose con el Marruecos español y neutralizando la presencia del Eje en España mediante el procedimiento de cruzar los Pirineos -y apropiarse de Guipúzcoa y Navarra. En cualquier caso, cualquier plan de una acción ofensiva se rechazó de plano en París, aunque eso era algo de lo que Franco no podía estar del todo seguro. La tensión creció notablemente en el cuartel general de Franco durante las difíciles operaciones que había ordenado, aunque el general más adelante admitió su seria preocupación de que la crisis internacional pudiera afectar gravemente a la guerra de España.

Así pues, Franco aceptó rápidamente la sugerencia británica de que se declarara neutral en caso de un conflicto generalizado europeo. Esta declaración repentina y sorprendente de neutralidad enfureció a Hitler, aunque comprendía que Franco difícilmente podría haber hecho otra cosa. Franco también envió dieciséis batallones de infantería para reforzar el Protectorado y situó otras unidades a lo largo de los Pirineos. Además, buena parte de su Armada tuvo que dedicarse a patrullar el estrecho de Gibraltar. La crisis internacional se resolvió solo a finales de septiembre con las concesiones que Francia y el Reino Unido le hicieron a Hitler en la Conferencia de Múnich.

Franco continuó con su preferencia por la bataille conduite y el ataque directo. Además de una notable potencia de fuego, las fuerzas franquistas conservaron su disciplina y determinación, dominando la situación en una desoladora guerra de desgaste. El Ejército del Ebro era incapaz de reponer sus suministros o de reemplazar las bajas que se producían en sus filas, y finalmente se retiraron una vez más, cruzaron el río y huyeron a mediados de noviembre. Las fuerzas de Franco perdieron al menos a 6.000 hombres, pero las bajas republicanas fueron aún mayores. El Ejército Nacional capturó a 20.000 prisioneros, y el anuncio oficial de que habían enterrado los cadáveres de más de 13.000 hombres puede que no fuera del todo exagerado. Franco había sufrido casi un total de 50.000 bajas, con mucho la mayor cantidad de toda la guerra, y algunas de sus mejores unidades habían sido seriamente debilitadas, pero, en cualquier caso, su ejército había sufrido solo unos pequeños daños estructurales y sus fuentes de suministros seguían intactas. Por el contrario, las mejores unidades del Ejército Popular habían caído definitivamente y no podían reemplazarse ni en cantidad ni en calidad, al tiempo que las reservas de armas disminuían peligrosamente[18].

La operación del Ebro había sido una apuesta desesperada, una partida que Negrín y sus jefes militares ganaron a corto plazo y que perdieron a largo plazo. Si se hubieran mantenido a la defensiva, probablemente podrían haber resistido hasta la primavera de 1939, aunque, aun así, es probable que todas esas operaciones no hubieran resultado decisivas en absoluto. Como el general Robert E. Lee durante la guerra civil americana, el mando republicano había optado por una estrategia ofensiva que duraría casi un año y medio, pero sus fuerzas carecían de la necesaria cohesión y probablemente también carecían del armamento adecuado para llevarla a cabo con éxito. Sin embargo, temían que quedarse a la defensiva podría resultar fatal desde el punto de vista político y psicológico. Además, en aquel otoño de 1937 las circunstancias no estuvieron precisamente del lado de la República, y en realidad solo lo estuvieron en un breve instante a finales del verano de 1938. Las condiciones económicas se tornaron cada vez más desesperadas, como los problemas de suministros militares.

La moral y la reputación internacional eran factores fundamentales en la estrategia ofensiva republicana, y alimentaban el deseo de que un éxito, aunque fuera mínimo, no solo pondría fin a la larga lista de derrotas, sino que elevaría los abatidos ánimos de sus soldados. Era imprescindible un mínimo atisbo de victoria para mantener viva la esperanza de un apoyo extranjero más amplio, porque parecía difícil que nadie pudiera conceder apoyo alguno a un ejército incapaz de vencer en una sola batalla. Las consecuencias de la ofensiva del Ebro, en cualquier caso, fueron. como un bumerán psicológico y dejó la moral republicana bajo mínimos. Con los conflictos internacionales temporalmente solucionados, Franco invadió Cataluña en diciembre de 1938, con una serie de golpes decisivos, y las tropas nacionales alcanzaron la frontera francesa a mediados de febrero, conduciendo al Gobierno republicano momentáneamente al exilio y reduciendo su territorio al cuarto suroriental de España. La lucha militar prácticamente había concluido, porque en las filas republicanas tampoco había mucha intención de resistir.

LA GUERRA EN EL MAR

La Guerra Civil española se diferencia militarmente de todas las otras guerras civiles y rebeliones de Europa de esta época en que se combatió en el mar y en el aire tanto como en la tierra. La única fuerza naval significativa en la guerra rusa se debió a la intervención británica, principalmente en 1919, que desempeñó un decisivo papel en el Báltico, contribuyendo a garantizar la independencia de los estados bálticos. Los aviones participaron en la guerra rusa, en ambos bandos, pero solo en un grado mínimo, mientras que en la guerra civil griega el poder aéreo lo ejercieron exclusivamente las fuerzas gubernamentales, que eran contrarrevolucionarias. La dimensión naval fue extremadamente importante a lo largo de todo el conflicto español por dos razones: la primera, porque ambos bandos dependían del mar para recibir las importaciones de armas; y en segundo término, porque la geografía española tiene una extensísima línea de costa, y con islas, y disponía, además, de un territorio exterior ocupado por los nacionales en el Protectorado de Marruecos.

En el momento de organizar la rebelión, Mola se equivocó totalmente a la hora de tomar medidas para asegurar la participación de la Armada con su bando, aunque en general los oficiales navales solían proceder de los estratos sociales más elevados y eran más derechistas en sus actitudes políticas que los hombres del Ejército. Lo que ocurría era que, históricamente, los mandos de la Armada preferían evitar el activismo político; por el contrario, generalmente los soldados de la marina tenían un nivel más alto de conciencia política que los soldados rasos y, en parte debido a los recintos cerrados en los que vivían, tendían a organizarse mejor desde un punto de vista político. Así, cuando los oficiales conservadores de la Armada pretendieron utilizar sus barcos para ayudar a los rebeldes, con frecuencia tuvieron que hacer frente a motines a bordo.

Las unidades navales se unieron a la insurgencia en primer lugar en El Ferrol y en otros puertos del noroeste, y también en Cádiz, donde las Fuerzas Armadas cercanas acudieron pronto en su ayuda. En Cartagena, particularmente, y en otras unidades de la Armada que se encontraban en mar abierto, los oficiales que quisieron unirse a la rebelión fueron a veces asesinados sin más y arrojados por la borda; de hecho, a veces los mataban aunque ni siquiera hubieran pretendido unirse a la rebelión. Otros eran depuestos y arrestados, y más tarde procesados (y a menudo también ejecutados) por los tribunales republicanos. El resultado de esta matanza revolucionaria, una versión extrema de lo que ocurrió en la Armada rusa en 1917, fue que cerca de la mitad de todos los oficiales de la Armada fueron asesinados por la izquierda durante los primeros meses de la guerra, dejando sus barcos, en la mayoría de los casos, sin oficiales competentes que pudieran dirigirlos: una debilidad elemental que perjudicó a la Armada republicana a lo largo de todo el conflicto. Los comités de marineros –soviets marítimos– se organizaron en los barcos de guerra republicanos y continuaron funcionando durante meses, lo cual constituía un gran obstáculo para los mandos y para la operatividad[19].

Cuando Indalecio Prieto se convirtió en ministro de la Marina en septiembre de 1936, quiso introducir en el cuerpo una mayor disciplina, y a lo largo de la primera mitad de la guerra se produjeron frecuentes cambios en los mandos de los navíos, en un esfuerzo, generalmente inútil, por alcanzar más eficacia operativa. Prieto nombró como comisario jefe naval a un político socialista menor, Bruno Alonso, y desde entonces hubo una tendencia a que los socialistas fueran casi tan numerosos en la Armada como los comunistas en el ejército, pero eso no resultó especialmente beneficioso para la marina. Durante la mayor parte de la guerra el consejero jefe naval soviético fue el joven capitán Nicolái Kuznetsov (que en 1945 se convertiría en el comandante de toda la Armada soviética), que generalmente proponía estrategias conservadoras o pasivas destinadas a la protección o conservación de la Armada republicana.

Aunque la Armada española en ningún caso era tan poderosa como en siglos pasados, aún era proporcionalmente la rama más potente de las Fuerzas Armadas españolas al principio de la guerra. Contaba con dos acorazados, cinco cruceros (con otros dos a punto de construirse), once destructores (con otros seis en construcción), diez torpederos y varios submarinos, además de otras muchas naves de menor envergadura. España no era una potencia naval, pero tampoco era un país insignificante en este aspecto.

La izquierda consiguió mantener en sus filas dos tercios de esos barcos, totalizando alrededor de 66.500 toneladas, mientras que el tonelaje de los nacionales apenas alcanzaba las 37.000. Estos últimos contaban con el viejo acorazado España, que al principio no se encontraba completamente operativo, el crucero Almirante Cervera (en el dique seco de El Ferrol) y el crucero República (luego rebautizado como Navarra), muy viejo, que no pudo utilizarse efectivamente hasta 1937, solo un destructor, doce naves muy pequeñas y ningún submarino. En todo caso, controlaban los dos nuevos cruceros cuya construcción estaba a punto de concluir y que en breve desempeñarían funciones clave. El Canarias estuvo listo para entrar en acción a finales de septiembre y el Baleares entró en combate en febrero de 1937. Durante 1937 el Gobierno italiano vendió a Franco cuatro de sus destructores más obsoletos, así como dos submarinos nuevos, pero los primeros eran de mala calidad y de escasa utilidad. Además, la flota de submarinos italianos serviría de apoyo en alguna medida durante el invierno de 1937 y mucho más durante el período clave en el que el equilibrio de fuerzas comenzó a inclinarse a mediados de aquel año a favor de los rebeldes. Finalmente, debe tenerse en cuenta que la Armada de Franco, aunque al principio solo era la mitad que la de la marina enemiga, siempre fue cualitativamente superior y más combativa, debido a su disciplina, mucho mejor, y a la dirección de oficiales profesionales.

La Armada republicana estaba inicialmente compuesta por el acorazado Jaime I, los cruceros Libertad, Méndez Núñez y Miguel de Cervantes, diez de los once destructores existentes (y con otros seis en construcción), todos los submarinos y trece naves más pequeñas. Su punto débil sería la falta de dirección y una pobre actuación en combate, de modo que la inicial superioridad republicana en el mar, como en tantas otras áreas, se desperdició de mala manera.

No hubo ninguna gran batalla naval durante la guerra, en primer lugar, debido a la debilidad inicial de los nacionales, y en segundo término, debido a los problemas de mando de los republicanos y sus dudas estratégicas. La acción naval durante la guerra española puede dividirse en tres escenarios y fases: 1) la lucha inicial por el control del Estrecho; 2) el bloqueo de la zona norte republicana; y 3) el conflicto naval en el Mediterráneo. El fracaso a la hora de conseguir que la Armada se adhiriera a la rebelión –fue una acción muy mal coordinada– significó que las fuerzas republicanas estuvieron en disposición de bloquear la costa marroquí, y esa fue la única ocasión durante todo el conflicto en la que la Armada sirvió de algo a los republicanos. Si Franco hubiera sido capaz de transportar rápidamente sus fuerzas a la Península, probablemente los insurgentes habrían obtenido una victoria rápida, mientras que así tuvieron que depender sobre todo del transporte aéreo, retrasando muchísimo las operaciones militares.

En ese punto, cuando la situación naval favorecía tan claramente a la República, Indalecio Prieto, ministro de la Marina, llevó a cabo otro de esos giros bruscos tan frecuentes en su larga y ciclotímica carrera. La única franja de costa que dominaban los nacionales era el noroeste, donde se las habían arreglado para hundir el B-6, uno de los cinco submarinos que se habían enviado para atacar a las fuerzas rebeldes. Así que Prieto decidió a finales de septiembre abalanzarse sobre ese bastión de la fuerza naval rebelde y envió al grueso de la flota republicana para que lo destruyera, dejando solo cuatro destructores para mantener el bloqueo de Marruecos.

Resultó que la apuesta de Prieto fue finalmente uno de los puntos de inflexión decisivos de la guerra. La inteligencia alemana e italiana ayudó a los mandos navales de Franco a identificar rápidamente la dimensión de esta maniobra y a aprovechar la oportunidad que se les ofrecía para romper el bloqueo del Estrecho. El nuevo crucero Canarias, apenas equipado, entró en acción por vez primera, acompañado por el Cervera. Cruzaron el Estrecho el 29 de septiembre, hundieron un destructor republicano y dañaron gravemente otro, deshaciendo el bloqueo. A mediados de octubre se convocó a toda la flotilla republicana que se había enviado al norte sin haber conseguido nada. Se retiraron todos los navíos a Cartagena, donde la flota permaneció casi permanentemente a la defensiva.

Tras lo ocurrido, la pequeña fuerza naval de Franco en el norte pasó a la ofensiva, liderada por el viejo acorazado España y un solo destructor, acompañados por varios navíos menores. El único destructor republicano y los tres submarinos que quedaron en el norte resultaron completamente ineficaces, y Franco declaró formalmente el bloqueo de la costa norte republicana al tiempo que daba comienzo la ofensiva terrestre sobre Vizcaya en la primavera de 1937. La caída de la provincia vasca consiguió que el bloqueo fuera más efectivo, concediendo a los nacionales otra base importante y una línea de frente costera más corta, mientras que la actuación de dos navíos de guerra republicanos en esa zona seguía siendo completamente irrelevante. Esta situación produjo incredulidad y rabia en el mando naval republicano en Cartagena, que ordenó acciones ofensivas a las que nadie atendió. Dos de los submarinos republicanos huyeron a Francia, donde todos los oficiales que quedaban y la mayoría de la tripulación se pasaron a los nacionales. El último submarino que quedaba fue hundido en aguas asturianas[20]. Los nacionales habían utilizado su flota naval, mucho más pequeña, con más eficacia, y representó una contribución importantísima de cara a la victoria final.

Desde ese momento, las naves de Franco pudieron concentrarse contra la flota republicana del Mediterráneo, iniciando la larga fase final de la guerra naval, que duró un año y medio. El Mediterráneo era un canal de abastecimiento soviético fundamental para la República, así como lo era en gran medida también el sur de Francia. A principios de 1937 el nuevo crucero Baleares se incorporó a la flota de Franco en el sur, colaborando en la conquista de Málaga y garantizando un control absoluto del Estrecho y de casi toda la costa sur. En noviembre el grueso de la flota de Franco ya estaría concentrada en el Mediterráneo, mientras Mussolini enviaba submarinos italianos contra las naves republicanas: primero, durante tres meses, desde noviembre a febrero de 1937, y más adelante, con muchos más efectivos, en agosto de ese mismo año. Poco antes, el Comité para la No Intervención había intentado ejecutar un «plan de control» de las cuatro potencias para que se cumplieran sus mandatos. Aunque el plan fracasó; la intervención de las flotas británica y francesa para poner freno a los actos de «piratería» de los italianos tuvo efectos inmediatos. Los ataques italianos cesaron por completo, pero su objetivo estratégico de reducir el comercio republicano ya se había conseguido.

El mando naval republicano decidió poco después del comienzo de la guerra no atacar a los barcos de suministros alemanes e italianos destinados a los puertos de Franco, precisamente para evitar complicaciones internacionales. Franco no tuvo tantos escrúpulos. Desde diciembre de 1936 su fuerza naval detuvo todos los barcos soviéticos que intentaban entrar por el estrecho de Gibraltar. Las naves llevaban poco o nada que pudiera denominarse suministro bélico, pero en abril de 1937 ya se habían detenido 84 navíos de varios países. Cuatro fueron hundidos, siete se declararon prisioneros de guerra, y muchos cargueros fueron confiscados. Por el contrario, durante el curso del conflicto, Italia envió a Franco 290 cargueros con material, sobre todo militar, y Alemania envió otros 180, pero ninguno fue hundido o interceptado con éxito.

Desde finales de 1936, los suministros militares soviéticos se habían enviado sobre todo en barcos republicanos, pero el gran número de naves perdidas en el Mediterráneo occidental obligó a Stalin a cancelar la ruta mediterránea de abastecimiento. El volumen de los envíos soviéticos disminuyó radicalmente, y todo lo que se enviaba se hacía a través de Francia.

El dominio cada vez más evidente de los nacionales provocó en sus filas tal vez un exceso de confianza. Sufrieron su primer desastre naval en marzo de 1938, cuando el nuevo crucero Baleares fue hundido por un torpedo procedente de un destructor republicano, con gran pérdida de vidas humanas.

En la guerra de España nunca se produjo una significativa operación de fuerzas conjuntas en la que participaran a un mismo tiempo los contingentes de tierra, mar y aire. La única operación anfibia –aparte de cruzar el estrecho, en 1936– se produjo prácticamente al final de la guerra, y el resultado fue el segundo desastre naval de los nacionales. Cuando ciertos elementos favorables a Franco se rebelaron en Cartagena el día 5 de marzo de 1939, el Generalísimo se apresuró a enviar una expedición precipitada para socorrerlos. Después de que los leales republicanos recuperaran el control del puerto, la mayor parte de la flotilla nacional regresó a sus bases, pero el buque de transporte Castillo de Olite, que iba sin escolta, continuó hasta Cartagena, donde fue hundido por las baterías de la costa, con la pérdida de más de 1.000 hombres. En aquel momento las principales fuerzas de la Armada republicana simplemente desertaban, atracando en los puertos franceses de Túnez, donde las autoridades francesas se hacían cargo de los navíos para entregárselos a Franco[21].

Según José Cervera Pery, los nacionales técnicamente perdieron más tonelaje en barcos de guerra hundidos, puesto que los ocho navíos que perdió la República totalizaban solo 5.676 toneladas, menos que las del Baleares solo. Sin embargo, esta comparación es engañosa, puesto que un número mucho mayor de barcos de guerra republicanos resultaron dañados y quedaron fuera de combate. La flota de Franco hundió 35 mercantes republicanos, totalizando 57.158 toneladas, y capturó otros 227, que ascienden el total hasta las 257.577 toneladas. Además, hundió 18 barcos extranjeros que totalizaban 71.668 toneladas, y capturó otros 97, hasta completar 255.484 toneladas. Willard Frank ha calculado que en total la República perdió 554 barcos de diverso tipo, 144 de ellos debido a ataques italianos y alemanes (principalmente italianos), y que un total de 106 barcos extranjeros con suministros para la República fueron hundidos, 75 de ellos gracias a operaciones italianas y alemanas. En comparación, los nacionales perdieron un total de 31 barcos de diverso tipo[22]. La Armada republicana fue prácticamente inútil ante los navíos mercantes de los nacionales. Nunca se recuperó de los efectos iniciales de la revolución, que condujo a la flota a la indisciplina, la desunión y a una dirección insolvente; de modo que la ventaja inicial en navíos de guerra se desperdició completamente[23].

LA GUERRA AÉREA

La guerra de España fue el primer conflicto del siglo XX en el que la fuerza aérea desempeñó un papel clave, y fue mucho más importante que en cualquier otra guerra civil que se hubiera dado hasta el momento. La fuerza aérea italiana había sido muy relevante en la conquista de Etiopía, en 1935 y 1936, pero en esa operación la potencia aérea se limitó exclusivamente a un bando. Aunque buena parte de la guerra de España era parecida a las campañas coloniales o a la Primera Guerra Mundial, el uso de la potencia aérea se realizó de un modo que claramente presagiaba el modo de actuar en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ha de reconocerse que la guerra aérea en España, más que desarrollarse en todo su potencial, simplemente apuntó hacia el futuro. Solo en unos pocos casos la potencia aérea por sí sola tuvo una influencia decisiva en los acontecimientos. En algunos casos el efecto fue más importante en la vertiente psicológica y en la moral que en términos de destrucción militar[24].

En la inicial división de fuerzas, los republicanos contaban con aproximadamente 250 o 275 pilotos y 430 aviones de todo tipo (tanto civiles como militares), incluidos la mayoría de los escuadrones de cazas españoles pertenecientes a la fuerza aérea; los rebeldes contaban con una cantidad de pilotos que oscilaría entre los 160 y 190 pilotos, y 120 aviones (tanto civiles como militares). Ambos bandos recibieron pequeñas cantidades de aviones procedentes del extranjero durante las primeras semanas, aunque los nacionales recibieron bastantes más que los republicanos. Ambos bandos lucharon también por conseguir comprar cualquier tipo de avión que pudieran conseguir en el mercado internacional, y así fue como comenzaron a aparecer aviones de segunda mano en ambos ejércitos, y en casi todos los casos en cantidades tan pequeñas que no podían formar verdaderos escuadrones. Los republicanos pronto se dieron cuenta de que no tenían suficientes pilotos bien preparados y en los primeros meses pagaron salarios altísimos a muchos mercenarios extranjeros. El 9 de septiembre ambos bandos ya habían conseguido aproximadamente el mismo número de aviones del exterior (64 los republicanos y 67 los nacionales), pero los 31 aviones italianos y los 25 aviones alemanes que recibieron los segundos resultaron más útiles, y los pilotaron aviadores más preparados y agresivos. Así pues, Franco fue capaz de revertir muy pronto la inicial superioridad aérea de la República, imponiendo al menos un cierto dominio aéreo durante la fase principal del avance sobre Madrid.

Todo cambió significativamente a finales de octubre, cuando un considerable número de aviones soviéticos, pilotados por rusos, llegaron al frente central. Los Polikarpov I-15 biplanos, llamados «chatos» por sus enormes morros achatados, eran más rápidos y alcanzaban mayor altura que cualquiera de los aviones de Franco; y el nuevo «Katiuska» soviético, un bombardero medio, podía volar más rápido que cualquiera de los cazas enemigos, aunque solía adolecer de graves problemas técnicos. El Polikarpov I-16 monoplano (llamado «mosca» por los republicanos y «rata» por los nacionales), que no tardaría en llegar a España, fue el primer avión de combate del mundo con tren de aterrizaje plegable, y era incluso más rápido que los I-15, aunque quizá no gozaba de tanta maniobrabilidad[25]. En noviembre los republicanos habían recuperado una relativa superioridad aérea en el frente central y la mantendrían al menos durante cerca de seis meses.

El poder aéreo de Franco se vio significativamente fortalecido por la decisión que Hitler tomó el 30 de octubre: ordenó hacer frente a la escalada soviética con una contraescalada por su parte. La decisión tomó la forma de un pequeño cuerpo aéreo, la Legión Cóndor, que consistía en 90 aviones, junto con sus propios cañones antiaéreos, piezas de artillería y dos compañías de tanques muy ligeros, aunque estos últimos no pudieron competir con los vehículos soviéticos, mucho más grandes. La efectividad de la Legión Cóndor fue al principio un tanto limitada, debido al carácter un poco obsoleto de los aviones alemanes, pero todo eso se mejoraría notablemente en 1937[26]. Al menos numéricamente, la columna vertebral de la fuerza aérea de Franco serían los cazas biplanos italianos Fiat CR-32 (los «chirris»), de los cuales Mussolini enviaría cerca de 400 durante el curso de la guerra. Aunque eran más lentos que los modelos soviéticos, eran duros y con gran maniobrabilidad, y, cuando los pilotaba gente experta y valiente, podían dar la batalla frente a los aparatos soviéticos más avanzados.

Los republicanos formaron a la mayoría de sus nuevos aviadores en la Unión Soviética, aunque más de un centenar se entrenaría finalmente en Francia y otros en la propia zona republicana. Los nacionales también formaron a nuevos pilotos y tripulaciones, y convirtieron a un considerable número de pilotos comerciales en pilotos de combate. Durante un tiempo, la mayoría de los pilotos republicanos fueron aviadores soviéticos, mientras que casi dos tercios de los pilotos y tripulantes de la fuerza aérea de Franco eran alemanes e italianos (pero los segundos casi doblaban en número a los primeros)[27].

En noviembre de 1936 los bombarderos medianos de Franco pudieron operar con efectividad únicamente durante la noche, y solo llevaron a cabo bombardeos masivos de partes de Madrid entre el 19 y el 22 de noviembre, matando a 133 personas, principalmente civiles. Aunque muy débiles en volumen, comparados con los de la Segunda Guerra Mundial, esos ataques constituyeron las primeras ofensivas aéreas sostenidas sobre una ciudad en la historia de la aviación y favorecieron una intensa propaganda republicana y de la Internacional, aunque para entonces la fuerza aérea republicana ya había llevado a cabo incursiones con bombardeos contra al menos veinte ciudades que estaban en manos de los nacionales[28]. Franco pronto canceló esos ataques porque resultaban completamente ineficaces, y el coste en vidas civiles y en el ámbito de la propaganda le concedía ventaja al enemigo. En total, el bombardeo de Madrid se cobró al menos 312 víctimas. En abril de 1937 casi 1.300 personas habían muerto por el bombardeo de la capital, pero la gran mayoría fueron víctimas del fuego de artillería.

En cualquier caso, había un tipo de «daños colaterales» de esas incursiones aéreas, que no era otro que el de la matanza de prisioneros políticos en represalia. Puede que esas represalias comenzaran en el bando nacional, pero los grandes practicantes de asesinatos de represalia fueron los republicanos, en parte porque fueron ellos precisamente los objetivos de la mayoría de las incursiones aéreas efectivas. En total, miles de prisioneros fueron ejecutados en represalia por los ataques aéreos.

En la lucha por Madrid los republicanos pudieron utilizar su superioridad aérea en alguna medida en el Jarama y mucho más decisivamente en Guadalajara, en marzo de 1937. Las condiciones meteorológicas fueron cruciales en esta última batalla, y la mayoría de los aviones de Franco no pudieron ser empleados.

Después Franco concentró la mayor parte de sus unidades aéreas en el norte, donde sus tropas encabezaban la ofensiva, puesto que los escuadrones de bombarderos republicanos, a pesar de la velocidad de los Katiuskas, habían demostrado que no constituían ninguna amenaza. La utilización combinada de armamento, al estilo de la Segunda Guerra Mundial, uniendo potencia aérea con la artillería y el asalto de infantería (aunque sin verdaderos vehículos blindados), se produjo por primera vez en la conquista que Franco emprendió de la zona norte de España en 1937. En realidad, la artillería pudo ser incluso más importante que la fuerza aérea, pero en su actuación conjunta representó una importante contribución al triunfo de los nacionales.

Durante el avance hacia el interior de Vizcaya, a finales de abril, se produjo el acontecimiento más conocido y más ampliamente publicitado de toda la guerra: el bombardeo del centro foral de Vizcaya, Gernika, lugar donde tradicionalmente se juraban los fueros y que entonces era una pequeña ciudad de 5.000 habitantes. La mayoría de los edificios fueron consumidos por el fuego (no directamente por el bombardeo) y, proporcionalmente, fue la destrucción más grande de cualquier ciudad, con la posible excepción de Belchite, que, además, resulto destruida después durante los combates terrestres. El bombardeo de Gernika se publicitó ampliamente como una atrocidad planificada, la deliberada destrucción de una pequeña ciudad con un especial significado histórico y político. Aquello resultó un asunto tremendamente embarazoso para el Gobierno de Franco, que oficialmente negó toda responsabilidad, y respondió que el fuego lo había desatado la FAI-CNT, y que era lo mismo que habían hecho cuando huyeron en retirada de las poblaciones de Guipúzcoa el verano anterior. El alboroto propagandístico irritó incluso a Hitler, que insistió en que el Gobierno insurgente absolvía a los participantes alemanes de cualquier responsabilidad.

La operación de Gernika difícilmente se puede considerar única o extraordinaria. La Armada republicana y su fuerza aérea habían sometido a muchas ciudades a bombardeos indiscriminados desde los primerísimos días de la guerra, y durante septiembre de 1936 el periódico de Azaña, Política, había fanfarroneado de la destrucción que habían causado en esas zonas, «inundadas de hierro y fuego». A lo largo de los meses siguientes se llevó a cabo, por parte de los dos bandos, una larga serie de incursiones aéreas sobre distintas poblaciones. Ninguno de esos ataques podría llamarse «devastador», debido a la falta de precisión y a las pequeñas cargas de las bombas, aunque de todos modos murieron cientos de personas. Ninguno de los dos bandos contaba con grandes bombarderos capaces de efectuar bombardeos estratégicos.

La Legión Cóndor se utilizó mucho en la ofensiva contra Vizcaya y descargó setenta toneladas de bombas en pocos días, una cantidad notable para tratarse de la guerra de España. Durango fue duramente bombardeada el primer día de campaña, con casi 200 muertos civiles, pero comparativamente tuvo menos publicidad; el número de edificios destruidos resultó escaso. Cuando fue atacada Gernika, el 26 de abril, la ciudad ya se encontraba solo a diez kilómetros aproximadamente de la línea del frente y poseía varias fábricas pequeñas de armas, una guarnición militar y, lo que también es importante, estaba conectada por un puente con una de las dos vías principales que podían favorecer la retirada de los vascos. En cualquier caso, la declaración de objetivo prioritario había sido retirada algún tiempo antes, cuando el general Hugo von Sperrle, comandante de la Legión Cóndor, había solicitado permiso para llevar a cabo una incursión para aterrorizar Bilbao, después de saber que un aviador alemán que había caído en paracaídas había sido golpeado hasta la muerte por civiles vascos encolerizados. Además, Franco había abandonado la táctica de bombardeos directos sobre las poblaciones y especialmente quería evitar escandalosas matanzas aéreas en el País Vasco, donde todavía confiaba atraer políticamente al PNV a su causa y apartarlo de la alianza con los republicanos. El día 10 de enero había ordenado a su comandante del aire, el general Alfredo Kindelán, que reiterara a Sperrle que no deberían llevarse a cabo ataques aéreos sobre ninguna ciudad sin su aprobación personal, aunque Gernika se encontraba tan cerca del frente que quizá no estaba incluida en la prohibición. Nunca ha sido posible clarificar el nivel exacto de aprobación que recibió esta operación, pero como mínimo debería haber tenido una aprobación formal de Mola, comandante del norte, o de su jefe al mando, Juan Vigón.

Los registros alemanes que se conservan son claros al respecto: durante un período de tres horas la ciudad y el puente fueron atacados por pequeñas oleadas de bombarderos medianos: diecinueve Junker 52, dos Heinkel 111, un Dornier 17, y tres Savoia-Marchetti italianos. Cada uno de esos aparatos sobrevoló la ciudad en una sola ocasión, y como ninguno podía transportar más de una tonelada de bombas, el total lanzado sobre el pueblo fueron alrededor de veinticinco toneladas. Apenas fue una operación que merezca señalarse, en comparación con el ataque sobre Durango que se ejecutó casi un mes antes. Y murió menos gente en Gernika –alrededor de 170 muertos–, aunque durante muchos años se dieron cifras diez veces superiores.

El puente apenas recibió daño alguno, cosa poco sorprendente dado el bajísimo nivel de precisión en los bombardeos en aquel tiempo, pero las fábricas de armas y los cuarteles de la ciudad eran también objetivos prioritarios. Las bombas incendiarias lanzadas contra estos objetivos iniciaron una serie de incendios que quedaron fuera de control durante horas en una ciudad que tenía más construcciones de madera de lo que es habitual en España. Los bomberos de Bilbao tardaron horas en llegar e, incapaces de controlar el fuego, al parecer se retiraron. Aunque las bombas no habían dañado más del 20% de los edificios, más de la mitad quedaron arrasados por el fuego. El histórico roble de los fueros vascos, sorprendentemente, resultó ileso[29].

La operación aérea fue planificada para causar una enorme destrucción en la ciudad, pero no hay prueba alguna de que fuera un experimento especial o que tuviera ningún objetivo político particular. El objetivo último era bloquear las líneas de retirada vascas, una operación relativamente común, y al principio los periódicos de Bilbao no plantearon las exageradas acusaciones que pronto comenzaron a aparecer en la prensa extranjera. A partir de entonces las fuerzas aéreas de Franco ya no desatarían más ataques directos sobre ciudades, aunque los republicanos continuarían atacando ciudades de vez en cuando. En total, puede que incluso hubiera más ataques de los bombarderos republicanos, aunque la suma de todos los daños resultó considerablemente menor; los bombardeos republicanos sobre ciudades consistían en pequeñas operaciones con mínimas cargas de bombas que, aparentemente, se descargaban más como gestos de represalia que con intenciones militares. A lo largo de toda la guerra, aproximadamente 8.000 civiles de la zona republicana murieron debido a ataques aéreos, y en la zona nacional, una cifra ligeramente superior al millar.

Al cumplirse la primera mitad de 1937, en términos generales Franco ya gozaba de una superioridad numérica en el aire y había conseguido equilibrar la batalla en cuanto a la calidad del material. Sus pilotos siempre habían sido superiores tanto en recursos técnicos como en audacia, aunque los aviadores soviéticos y republicanos, en el otro bando, no eran incompetentes. Los aviadores españoles de Franco ahora pilotaban aproximadamente 150 máquinas, junto a un número ligeramente superior de la Aviazione Legionaria italiana y alrededor de unos 90 aviones de la Legión Cóndor. El apoyo aire-tierra operó a su más alto nivel durante las ofensivas de Franco en 1938. Para entonces, la fuerza aérea republicana se concentró en sus escuadrones de cazas, y los mayores combates aéreos tuvieron lugar sobre el Ebro en el verano de 1938.

El principal bombardeo de terror tuvo lugar en marzo de 1938, cuando Mussolini personalmente ordenó que los aviones italianos con base en Mallorca llevaran a cabo tres incursiones de bombardeos sobre el centro de Barcelona, que mataron a 980 personas, casi todas civiles[30]. Los historiadores han especulado sobre cuál pudo ser el motivo de semejante orden: tal vez se sintió celoso ante la poderosa ocupación de Austria por parte de Hitler un día antes (que no proporcionó ninguna compensación a Italia), tal vez pretendió ser una advertencia a Francia para que no se opusiera a la intervención italiana, o quizá fue el resultado de la irritación de Mussolini con la exasperante lentitud de Franco y sus operaciones militares, o quizá fue el resultado de una mezcla de las tres hipótesis. Esos bombardeos no tenían ningún propósito militar y enfadaron mucho a Franco, que en ningún caso fue consultado. Franco no podía controlar a Mussolini, pero reiteró las órdenes a sus propias fuerzas de no atacar las ciudades directamente. El embajador alemán en Salamanca fue igualmente crítico, pues en aquel momento concreto Hitler no deseaba más complicaciones internacionales en España, mientras que el papa Pío XI enviaba una nota de reconvención a Franco.

Las incursiones aéreas durante la guerra de España se han denominado «los primeros grandes bombardeos de la historia», pero esta afirmación es exagerada. Los dos únicos bombardeos que podrían calificarse de tales serían, tal vez, los de Durango y Gernika, y solo si se consideran proporcionalmente y se tiene en cuenta el pequeño tamaño de los objetivos. En España ninguno de los dos bandos tenía la menor capacidad para realizar bombardeos estratégicos, una capacidad que en aquel momento solo podían desarrollar Gran Bretaña y la Unión Soviética. En aquellos años solo esta última contaba con una flota de bombarderos cuatrimotores, ninguno de los cuales se envió jamás a España, aunque el Gobierno republicano los solicitó expresamente. Durante el último año de la guerra se efectuaron repetidas incursiones aéreas sobre instalaciones portuarias en las ciudades de la costa oriental, pero las ciudades en sí no fueron objetivos, aunque inevitablemente sufrieron en alguna medida[31].

Otra de las innovaciones en la guerra de España fue el uso sistemático de los cañones antiaéreos. Los de la Legión Cóndor eran los más precisos y efectivos, y empleaban por primera vez los famosos cañones de 88 mm, originalmente diseñados como dispositivos antiaéreos, aunque a España llegaron en escaso número. Los republicanos utilizaron los últimos modelos de cañones antiaéreos de fuego rápido de fabricación soviética, suiza y sueca, y en ocasiones con cierta efectividad.

Según los datos disponibles más fiables, la fuerza aérea republicana dispuso de 680 aviones operativos procedentes de la Unión Soviética, a los que hay que añadir los casi 250 fabricados en España a partir de diseños soviéticos (aunque no todos estuvieron listos a tiempo para el combate). Aproximadamente unos 180 aviones más, de primera línea de combate, se consiguieron acudiendo a otras fuentes, así como otros 200 aparatos diversos para usos de segunda línea procedentes de distintos lugares. (Casi la mitad de los aviones de las dos últimas categorías vinieron de Francia). A todo ello deben añadirse otros 230 aviones españoles de los que se disponía en la zona republicana. En total, más de 1.500 aeronaves de todo tipo. Más de 1.100 se perdieron como resultado de las acciones enemigas, derribos o accidentes (el número de accidentes fue notablemente alto).

Los nacionales recibieron más de 600 aviones de primera línea y otros 125 de segunda línea, todos de fabricación alemana; los italianos entregaron 700 de primera línea y 30 de segunda; además, contaron con otros 38 procedentes de otros países. A todas esas máquinas hay que añadir un pequeño número de aviones que ya se encontraban en la zona nacional, así como otros cuatro aviones republicanos que se capturaron y se pusieron al servicio de los rebeldes. En total, más de 1.600 aparatos, unos pocos más que los republicanos. De todos esos aviones, cerca de 1.000 se perdieron por acciones enemigas o por accidentes. A la conclusión de la guerra, los nacionales capturaron o se le devolvieron desde el territorio colonial francés 110 aviones de primera línea y otros 147 de segunda. Además, más de un centenar se capturaron en Cataluña o se devolvieron desde Francia.

La guerra aérea en España presagiaba lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, especialmente como ensayos de los primeros refuerzos significativos procedentes de fuego aire-tierra y el empleo de armas combinadas, tácticas que solo estaban en pañales en la Primera Guerra Mundial. Aparte de eso, los combates aéreos tuvieron un gran impacto en la opinión pública mundial, que se dio cuenta finalmente del potencial de la guerra aérea como un instrumento de destrucción masiva, incluso aunque en España el daño infligido fuera muy pequeño comparado con lo que se produciría después.

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GUERRAS CIVILES EN LA GUERRA CIVIL

Las expresiones «guerras civiles en la Guerra Civil» o «guerras civiles dentro de la Guerra Civil» son clichés habituales para referirse a la República. Los conflictos de mayo de 1937 en Barcelona y marzo de 1939 en Madrid no fueron, obviamente, guerras civiles a gran escala, pero tampoco fueron simples altercados. En ambos casos se dieron varios días de combates generalizados, y en ambos casos con cientos de muertos; brigadas completas del Ejército Popular lucharon unas contra otras en 1939. La República española siempre fue proclive a sufrir enfrentamientos internos, y las insurgencias violentas precedieron a la implantación de la propia República. En primer lugar, la coalición republicana ya había lanzado un pronunciamiento militar en diciembre de 1930 contra el Gobierno de Alfonso XIII, no durante la dictadura, sino durante el período en el que la monarquía comenzaba a aceptar, aunque muy lentamente, la posibilidad de nuevas elecciones. Luego se sucedieron las cuatro insurrecciones revolucionarias del período 1932-1934. Respecto a los republicanos, como ha escrito Malefakis, la Guerra Civil fue para ellos no tanto el drama moral que la propaganda republicana siempre ha intentado presentar como «una tragedia griega o un drama moderno, con el retrato de un protagonista cuyo principal enemigo es él mismo, incapaz de salir adelante porque es incapaz de sobreponerse a sí mismo»[1]. El propio Negrín podría haber estado de acuerdo con esta afirmación.

Aunque fueron capaces de excluir al resto de la sociedad española, los movimientos revolucionarios disentían tan violentamente entre ellos que obligaron al periódico El Socialista a preguntarse retóricamente en la primavera de 1936 si sería posible alguna vez una única revolución victoriosa. La izquierda española se movilizó mucho más que sus homólogos rusos, pero, precisamente por eso no fue posible el desarrollo de una única fuerza hegemónica como la que tuvieron los bolcheviques. «La tragedia de la España republicana, en breve, fue que había una guerra civil interna y latente en sus filas mientras combatía en la gran Guerra Civil contra los nacionales»[2].

Existían cuatro fuentes de disensiones internas: 1) la extrema izquierda revolucionaria, que al principio intentó concentrarse en la revolución social y económica más que en los esfuerzos militares; 2) los nacionalismos vasco y catalán, que normalmente intentaron sacar el mayor provecho posible de la situación, hasta el punto de intentar negociar en secreto con potencias extranjeras la separación y la división de España; 3) la Internacional y el PCE, que no quisieron imponer un régimen comunista, pero desearon dominar la República tanto como les fuera posible, estableciendo en 1937 y 1938 una pequeña hegemonía, con la colaboración de Negrín; y 4) la creciente oposición, aunque prácticamente oculta, de los elementos más o menos moderados: al principio solo eran los republicanos de izquierdas, y ya en 1938 cada vez más socialistas, que preferían una paz negociada y comenzaron a oponerse radicalmente a Negrín y los comunistas.

La Guerra Civil exigió un constante proceso de ajuste en toda la izquierda, porque habían creado una situación revolucionaria distinta para cada una de sus diferentes utopías, imaginaciones y proyecciones. La FAI-CNT, por ejemplo, aspiraba a una ausencia completa del Estado y a una sociedad sin clases, objetivos que se alcanzarían mediante una violenta insurrección generalizada; pero en lugar de eso, se encontraron envueltos en una desesperada guerra civil, para cuyo desarrollo su utopía no era más que un estorbo. Los líderes del POUM pretendían repetir las tácticas bolcheviques de 1917 y 1918, pero, en vez de convertirse en una fuerza hegemónica como los leninistas originales, se encontraron en franca minoría y sin ninguna otra estrategia que no fuera voluntarismo y hacer propaganda de su ilusoria marcha hacia el poder.

La FAI-CNT inmediatamente comenzó a comprometerse cada vez más con el fin de lograr la unidad revolucionaria, combatir en la guerra y manipular la opinión pública extranjera. Se convirtieron en el único movimiento anarquista de la historia en unirse a un Gobierno normal, aunque fuera revolucionario. Lentamente, pero ya sin remedio, fueron aceptando cada vez más la lógica de la situación. Una minoría se rebeló al fin y, enfrentándose a lo que ellos consideraban provocaciones estatistas y comunistas, se produjo la rebelión de los «días de mayo» (fets de maig, en catalán) en Barcelona, desde el 3 al 6 de mayo de 1937, en los que posiblemente llegaron a morir cuatrocientas personas[3]. Los principales líderes de la CNT contribuyeron a poner fin a la lucha y reanudaron la colaboración, después de lo cual hicieron una concesión tras otra, a pesar de ser excluidos del primer Gobierno de Negrín. La prioridad «de facto» era el antifascismo, más que el anarquismo o el anarcosindicalismo, así que en 1938 se desarrolló una situación anómala en la que Negrín y los comunistas dependieron más de la CNT que de cualquier otra fuerza política.

El POUM no era ni anarquista ni trotskista, tal y como decían los comunistas, sino un pequeño partido cuyos líderes estaban decididos a que España fuera una imitación de Rusia, algo que hasta los comunistas entendían que era imposible. Su postura de révolution a l'outrance, junto con el baluarte catalán, compartido con la CNT, hizo de estas dos formaciones dos firmes aliados, pero el marxismo-leninismo doctrinario de Nin y de los líderes del POUM dio como resultado una línea más categóricamente revolucionaria que la de la CNT. Stalin estaba decidido a acabar con el POUM, y no solo por eso, sino, sobre todo, porque era un partido comunista rival que además estaba vinculado amistosamente a Trotski, aunque los líderes no estuvieran de acuerdo con él. La disolución del partido fue sencillísima después de que se formara el Gobierno de Negrín y los comunistas adquirieran la hegemonía total en las fuerzas de seguridad y en buena parte del Ejército. Todos los dirigentes de primera fila, y un buen número de afiliados, fueron arrestados, aunque solo Nin fue torturado y asesinado. El partido nunca se recuperó, pero los líderes clandestinos que reemplazaron a los arrestados expresaron un incontestable deseo de colaborar con el Gobierno[4].

El papel del nacionalismo vasco y catalán fue distante y a veces subversivo, a pesar de su colaboración formal con el Gobierno de la República. El PNV dominó el Gobierno vasco (que poseía solo Vizcaya) durante los once meses de su existencia e ignoró la dirección de Madrid-Valencia tanto como pudo, mientras negociaba su propia paz por separado, aunque dichas negociaciones nunca se consumaron excepto por una rendición sediciosa de las tropas vascas en Santander en agosto de 1937. Un ministro nacionalista vasco permaneció en el Gobierno republicano sobre todo como símbolo de unidad y como gesto propagandístico hacia los católicos, pero, mientras tanto, el PNV estaba negociando en secreto, tanto con Londres como con París, promoviendo una intervención extranjera que permitiera la partición de España[5].

La Generalitat catalana solo tenía representación del catalanismo izquierdista. El sector conservador del catalanismo apoyaba a Franco, igual que una minoría de los nacionalistas vascos. El Gobierno de Lluis Companys jugó a un triple juego: 1) Durante los primeros meses intentaron colaborar con la FAI-CNT, siguiendo un papel aparentemente «kerenskista », pero, de hecho, obteniendo una peculiar simbiosis por la que ambos abrazaban la revolución y también la regularizaban en alguna medida. 2) Al mismo tiempo, la Generalitat, al menos oficialmente, cooperaba con el Gobierno republicano, mientras seguía desarrollando ampliamente sus propias políticas. El Gobierno republicano comenzó a reafirmar lentamente su autoridad, y desde mediados de 1937 la autonomía catalana se fue reduciendo progresivamente, hasta que en 1938 apenas quedaba nada. 3) Como los vascos, la izquierda catalanista se embarcó en sus propias maniobras diplomáticas en el extranjero, aunque no en la misma medida. Ante estas actitudes, el resentimiento en parte de los líderes republicanos fue, naturalmente, muy grande.

Contra todo esto, así como contra las divisiones internas y dudas de los socialistas, los comunistas salieron a la palestra en 1937 como el partido de la unidad. Si los socialistas fueron la fuerza política clave durante el primer año de conflicto, el papel fue después asumido por los comunistas, aunque la Internacional continuó acallando todas las propuestas sobre la posibilidad de que los comunistas se hicieran formalmente con la dirección del país. Lograr un cierto equilibrio entre las demandas bélicas y la propaganda internacional fue fundamental, y nadie puso más énfasis en esos dos conceptos que los comunistas. La fórmula para España seguía siendo «un nuevo modelo de república», bajo una dirección no comunista, y Negrín fue ciertamente lo mejor que pudieron encontrar.

Después de que concluyera la guerra, una de las pocas cosas en las que estuvieron de acuerdo los franquistas, los comunistas y los supervivientes del POUM –los cuales normalmente nunca estuvieron de acuerdo en nada– era que la República revolucionaria combatiente había sido una «república popular» dirigida por los comunistas. La propaganda franquista hizo hincapié en este asunto, mientras que años después, en 1961, el antiguo líder del POUM, Julián Gorkin, publicó un libro titulado España, primer ensayo de democracia popular, en el que olvidaba convenientemente que en realidad había habido un precedente en 1924: Mongolia.

Por su parte, los comunistas españoles siempre lo supieron, pues José Díaz había anunciado oficialmente una «República de tipo nuevo» en su maratoniano discurso del 5 de marzo de 1937. Dolores Ibárruri, la comunista española favorita de Stalin, escribiría años más tarde en su autobiografía ortodoxamente estalinista que en la zona republicana «la República democrática burguesa se transformó en una República popular, la primera en la historia de las revoluciones democráticas burguesas». Y continuaba diciendo que, mientras que el pueblo ruso había creado los primeros soviets revolucionarios en 1905, en España, durante «la guerra nacional revolucionaria», el pueblo español había creado «la República popular, que después de la Segunda Guerra Mundial ha sido en algunos países una de las formas de transición pacífica hacia el socialismo»[6]. En 1947, cuando los nuevos regímenes del Este estaban aún en proceso de construcción, el veterano propagandista del PCE (y luego vehemente anticomunista) Félix Montiel, publicó un artículo titulado «España fue una República popular y volverá a serlo» en el principal órgano teórico del partido, el mensual Nuestra Bandera[7]. Más tarde, en la historia oficial del partido, publicada en Moscú en 1966, los editores hicieron hincapié en que el régimen español se había convertido en «una nueva República» cuando se proclamó el Gobierno de Giral el 19 de julio de 1936, y que eso produjo «una brusca aceleración de todo el proceso de la revolución democrática española», dando como resultado «una república de nuevo tipo en la que, junto a los estamentos utilizables del viejo Estado, no contaminados por la infección fascista y reaccionaria, se integraban organismos nuevos creados por las masas…»[8]. Así fue también la interpretación que hicieron José Sandoval y Manuel Azcárate en un libro que publicaron en Londres en 1963[9].

El líder eurocomunista, Santiago Carrillo, fue exactamente igual de directo en varias ocasiones. En el Congreso de Partidos Comunistas celebrado en Moscú en 1969, declaró que «no había que olvidar que España había sido la primera democracia popular de Europa»[10], y llegó incluso a admitir, ya en 1984, que «es claro que si la República hubiera vencido, habríamos sido el primer ejemplo de una democracia popular, creada no por intervención del ejército soviético, sino por la lucha del pueblo y con una pluralidad de fuerzas políticas»[11]. Este tipo de interpretación fue la que quedó en la historiografía soviética, la cual siempre definió el conflicto español como «una guerra nacional-revolucionaria», conservando la definición originalmente avanzada por Dimitrov, Manuilski y Togliatti en septiembre y octubre de 1936[12].

La conclusión de la mayoría de los historiadores profesionales es bastante diferente, pero generalmente están de acuerdo con respecto a la posición preeminente que ocuparon los comunistas. Burnett Bolloten dedicó tres libros a este problema, mientras que David T. Cattell, autor del primer estudio universitario, concluía que «a partir de las evidencias parece claro que el partido se hallaba en posición de tomar el poder absoluto– si quería y cuando quisiera»[13], aunque esto era, sin duda, una exageración. Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, al final de su meticuloso estudio sobre la política de la Internacional, han escrito que «el proceso es bien conocido [–] y [–] se encuentra perfectamente dibujado en la España de 1937. Es así como, sin coincidencias internacionales, puede decirse que la política de la Komintern en España apunta, sin lugar a dudas, al modelo de la democracia popular»[14]. Su conclusión es que, a pesar de todo, sobrevivieron ciertos vestigios de la normativa legal, residuos de la Segunda República de preguerra, que en cierta medida frustraron los planes de Stalin, y señalan que el plan de este último de manipular unas nuevas elecciones en 1937, que habrían representado un paso decisivo hacia la consolidación de una república popular, fue decididamente rechazado por el resto de los partidos.

Esta parece la conclusión correcta. Una minuciosa comparación revela que la «Tercera» República española de los años de la guerra, aunque era muy distinta de la Segunda, que duró hasta la primavera de 1936, no constituyó precisamente el mismo tipo de régimen que más adelante establecieron los soviéticos en el centro y el este de Europa. Existían diferencias fundamentales. En primer lugar, todos y cada uno de los estados satélites de la URSS fueron ocupados completamente y controlados por el Ejército Rojo. Aunque los comunistas consiguieron una posición dominante en el Ejército Popular de España, realmente no lo llegaron a controlar del todo, o no del mismo modo en que controlaron desde el principio todas las fuerzas armadas de sus estados satélites. En estos últimos –al principio más marionetas que satélites– se crearon nuevos ejércitos populares, pero absolutamente controlados por los soviéticos. Y lo mismo puede decirse respecto a la policía en ambos casos.

En segundo término, en los regímenes del Este los soviéticos inmediatamente formaron partidos unificados socialistas-comunistas, y organizaciones tapadera, de modo que pudieran dominar toda la actividad política. En España, el PCE pretendió unificar los dos partidos desde 1935, pero la imposibilidad de conseguirlo solo generó una enorme frustración. En los países del Este, los soviéticos permitían una elección inicial que era parcialmente libre, pero que estaba también parcialmente controlada, después de lo cual todas las elecciones que se celebraron estaban completamente controladas. El Frente Popular español, ciertamente, no creía en las elecciones democráticas, como quedó demostrado en las elecciones que llevaron a cabo en Cuenca y en Granada en mayo de 1936, pero, después de aquello, se resolvió el problema no convocando elecciones en absoluto. La propuesta de Stalin, en el otoño de 1937, de celebrar elecciones cuidadosamente controladas, en el ambiente violento y autoritario de la Guerra Civil, estaba claramente dirigida a dar un paso decisivo hacia la consolidación de un nuevo tipo de régimen, pero todos los demás partidos rechazaron la idea.

Y en tercer lugar, en los regímenes del este de Europa, el Estado nacionalizaba industrias básicas y en la mayoría de los casos llevaba a cabo una amplísima confiscación de tierras, habitualmente junto a colectivizaciones estatales (aunque no siempre). En este punto las coincidencias podrían parecer incluso mayores y, de hecho, en la historia oficial del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial se jactan de que en España los comunistas estaban llevando a cabo un amplísimo programa de nacionalización. Pero en realidad no fue ese el caso, porque en política y estructura económica había considerables diferencias entre el caso español y los regímenes del Este. En los estados satélites del Este, los grandes cambios fueron ejecutados por un estado monolítico y cada vez más autoritario. En la Tercera República española buena parte del Estado ya había desaparecido y después de que comenzara a ser restaurado quedó como un estado semipluralista en el que había grandes conflictos en torno a la política económica. El programa comunista para el control estatal y la nacionalización solo pudo llevarse a cabo en parte, y nunca fue posible revertir completamente la revolución libertaria, especialmente en el campo. Este programa era bastante similar a la Nueva Política Económica que Lenin planteó en 1921, y de hecho el subsecretario del PSUC para asuntos económicos del Gobierno catalán, Estanislau Ruiz i Ponsetí, anunció un programa de Nueva Política Económica para Cataluña en septiembre de 1937[15], aunque no se pudo llevar a efecto en su totalidad.

La República revolucionaria española fue un tipo único de régimen que no tuvo parangón en ninguna otra revolución o guerra civil. En un proceso contradictorio, la República combatiente combinó la colectivización autónoma libertaria y un Estado restaurado y cada vez más centralizado, con un control estatal cada vez mayor y algunas nacionalizaciones directas. Desarrolló también un proceso previo de autonomía local y regional (de julio a octubre de 1936), seguido de una progresiva restricción de la autonomía. Políticamente se quedó como un régimen semipluralista, y cada uno de los cuatro principales grupos izquierdistas siguieron manteniendo su autonomía. Los comunistas pudieron eliminar solo al POUM, pero incluso ahí tuvieron que observarse determinados límites legales, excepto en el caso particular de Andreu Nin. Aunque la Tercera República no era democrática, sí fue semipluralista y recuperó un marco legal, aunque limitadísimo.

La Tercera República fue un Estado soberano y no un satélite de la Unión Soviética, y existían límites claros a la parcial hegemonía comunista. Aunque algunos comunistas españoles hablaron de instaurar un régimen comunista, no está en absoluto claro cómo podrían haberlo conseguido. La fuerza de los comunistas se basaba en cierta medida en el hecho de que subordinaban otros factores a la disciplina militar y a la victoria (aunque, desde luego, en la realidad, también jugaban a la política con los asuntos militares). Si se hubiera declarado un enfrentamiento definitivo entre los comunistas y los sectores no comunistas del Ejército Popular antes de marzo de 1939, no es seguro que todas las unidades comandadas por oficiales comunistas hubieran colaborado necesariamente con el fin de imponer una dictadura comunista. Y aunque lo hubieran hecho, se habría producido una lucha interna de tal calibre que no se habría conseguido más que una victoria pírrica, porque aquello no habría hecho más que debilitar los trabajos militares, algo que los soviéticos entendieron perfectamente.

En cierto sentido, desde luego, puede entenderse que todos los grupos izquierdistas pretendían instaurar una forma de república popular –esto es, un régimen exclusivamente izquierdista y, por tanto, no democrático–, y no una democracia liberal. Sin embargo, cada grupo tenía sus propias ideas respecto a qué clase de régimen izquierdista y no democrático quería. Los republicanos de izquierdas estaban en su mayoría desilusionados con la revolución y solo querían algo que no se desviara mucho de un régimen capitalista y democrático; los anarquistas pensaban en su utopía; y el PSOE estaba dividido. Los prietistas pretendían una versión socialmente más avanzada del régimen republicano de izquierdas, al menos en el corto plazo, mientras que los caballeristas al principio declararon que exigían un régimen leninista, como el POUM, aunque estos lo propugnaban sin ambages y con fórmulas extremas. Sin embargo, ningunas de estas versiones españolas de regímenes exclusivamente izquierdistas se parecía a la democracia popular estalinista, aunque las propuestas de los seguidores del POUM y los caballeristas se acercaban bastante. La República española permaneció como un caso singular, y cualquier comparación con las democracias populares del Este de Europa solo puede referirse a la primerísima fase pre-totalitaria.

Todo lo que puede decirse se reduce a dos factores: primero, que la Tercera República española fue la aproximación más cercana a la república popular en toda la historia del occidente europeo, aunque no solo fuera incompleta, sino también, en algunos sentidos, esencialmente distinta al modelo soviético; y segundo, que la lucha en España proporcionó a los soviéticos la experiencia que luego les sirvió y que aplicaron en el este de Europa, donde fueron capaces de actuar mucho más directamente.

Durante los últimos meses de 1938 el pesimismo aumentó en los partidos que se oponían a Negrín, a quien en un momento dado Azaña se refirió en su diario como «el dictador». El propio Negrín habría estado dispuesto a firmar la paz si hubiera conseguido un compromiso humanitario por parte de Franco, pero tal concesión no se hizo.

Una vez que esa opción fracasó, decidió continuar la lucha con la esperanza de que se diera algún cambio en la situación internacional que favoreciera a la República. Cuando la batalla del Ebro estaba a punto de acabar, hizo un esfuerzo suplementario para reabrir la vía soviética, y el día 11 de noviembre confió una carta personal dirigida a Stalin al comandante de la fuerza aérea, el general comunista Ignacio Hidalgo de Cisneros, que partió inmediatamente hacia Moscú. En este documento de dieciocho páginas, Negrín hacía un enorme esfuerzo para explicarle a Stalin el desarrollo político y militar de la situación, con la idea de animar a los soviéticos, e incluía el compromiso de una estrechísima colaboración futura entre la victoriosa República y la Unión Soviética. Con un lenguaje un tanto parabólico, daba a entender que comprendía que el semipluralismo que seguía vigente en la zona republicana era inadecuado desde el punto de vista soviético y que estaba dispuesto a imponer un control más férreo en cuanto le fuera posible. Le aseguró a Stalin que otro cargamento importante de armas llevaría a la República a la victoria y pintaba una España futura de color rosa en la que una especie de economía próspera y productiva se habría recompuesto de inmediato, de manera que sería posible organizar «una Marina mercante y de guerra de consideración», e incluso, en un momento dado, podría fabricar barcos para la Unión Soviética[16].

Tras algunas dudas, los soviéticos respondieron favorablemente, concediendo al Gobierno republicano un importante préstamo por segunda vez, puesto que, según las cuentas soviéticas, el oro que se había enviado ya se había gastado. El último gran cargamento de armas soviéticas comenzó a cruzar Francia (cuyo Gobierno, a pesar del hundimiento del Frente Popular francés, seguía favoreciendo a la República) en enero de 1939. En cualquier caso, solo una parte de ese envío llegó a Cataluña antes de que lo hicieran las tropas de Franco, y la mayor parte llegó demasiado tarde para que resultara útil.

Negrín comprendió entonces que su apoyo político se estaba debilitando. En diciembre comenzó a sondear a los líderes del PCE sobre la posibilidad de crear un nuevo Frente Nacional– Aunque los otros partidos inicialmente no serían disueltos, Togliatti informó a Moscú que no estaba seguro respecto a esa maniobra y sugería que podía ser simplemente una pura fachada de una «dictadura militar», advirtiendo que «el parlamentarismo no existirá» y que se celebraría alguna especie de plebiscito para legitimarlo. De acuerdo con la idea de Negrín, el PCE iba a formar el núcleo central directivo de la formación resultante, aunque eso se ocultaría al principio[17].

Algunos días más tarde, Negrín explicó su idea al representante soviético Marchenko, que informó de que Negrín había salido con aquella propuesta porque los socialistas insistían en rechazar la formación de un partido unido con los comunistas. Así que Negrín había propuesto una afiliación doble (en los viejos partidos y en el nuevo Frente Nacional), aunque «la dirección del nuevo partido, en lo que respecta a organización y propaganda, debe estar en manos de los comunistas»[18]. Marchenko añadía que Negrín había resuelto lo siguiente:

No hay vuelta atrás al viejo parlamentarismo; será imposible permitir el «libre juego» de partidos, tal y como se entendía antes, porque si fuera así, la Derecha podría intentar de nuevo acceder al poder. Esto significa que es necesario que haya o una organización política unificada o una dictadura política.

Marchenko estaba seguro de que podría utilizar una ocasión semejante para «comenzar la formación de su partido político unificado en España [–], incluso sin los comunistas [y eso significaba «contra ellos»] si rechazan la oferta», pero no pensaba que todo eso pudiera llevarse a cabo realmente.

También informó de que Negrín menospreciaba la política contrarrevolucionaria de la Generalitat catalana y declaraba que «la Esquerra está procurando regresar a la situación existente antes del 18 de julio. Pero esa involución no sucederá. La burguesía no recuperará el lugar que ocupó antaño. Todos los sectores principales de la economía española serán nacionalizados. Y España no permitirá por nada del mundo que la burguesía catalana recupere sus privilegios»[19]. Es obvio que Negrín no era ni un «liberal» ni un «demócrata», tal y como sus apologistas han seguido manteniendo absurdamente; lo que resulta menos obvio es hasta qué punto su idea de «partido único» y la propuesta de la nacionalización de la industria era la respuesta a una crisis de la situación concreta o reflejaba sus preferencias a largo plazo.

Aquel mismo día la Internacional contestó que la propuesta de Negrín era de todo punto inaceptable, «porque tiene tendencias a la dictadura personal»[20], lo cual recordaba las palabras de Azaña. Igualmente importante era la consideración de que un frente como el que se proponía técnicamente suplantaría al propio PCE y no le garantizaría la preeminencia en la agrupación; además, los líderes de la Internacional no confiaban mucho en Negrín. El plan apuntaba a una república popular en la que los comunistas no necesariamente mandarían, y se echaría a perder toda la imagen propagandística de la República en el extranjero, porque la propuesta imitaría el Estado de partido único de Franco, la FET.

Franco lanzó la invasión de Cataluña a finales de diciembre de 1938 y lo hizo a un ritmo sostenido. Con Barcelona a punto de caer, el Gobierno finalmente decretó la ley marcial en la zona republicana el 23 de enero de 1939[21]. Para entonces la deserción se había convertido en algo habitual y solo los dirigentes comunistas respondieron con la lógica que implica la ley marcial. A principios de febrero, Boris Stepanov, uno de los dos consejeros jefe de la Internacional, comenzó a hablar con los líderes del partido en Madrid sobre la necesidad de «una dictadura democrático-revolucionaria». Si se seguía esta propuesta, el Gobierno normal sería sustituido por «un consejo de defensa, trabajo y seguridad, con un par de ministros y otras dos o tres personalidades políticas, no ministros, y un par de militares (fieles y enérgicos)»[22].

En cualquier caso, a medida que iba disminuyendo la fortaleza del Ejército Popular, los otros partidos comenzaron a perder el miedo a los comunistas y tendieron a disentir cada vez más abiertamente. Después de que el PCE difundiera un manifiesto impreso que denunciaba a los «traidores» y los «capitulacionistas», el comité del Frente Popular de Madrid tomó la medida sin precedentes de censurar formalmente al PCE por sus excesos y calumnias, y en Jaén y en otros lugares hubo delegaciones del PSOE que abandonaron definitivamente el Frente Popular. Y en los pocos lugares donde había unidades militares no comunistas, las autoridades locales llegaron incluso a arrestar a miembros del partido, alegando actos ilegales o despóticos.

Cuando el Gobierno republicano salió de Cataluña y se instaló en territorio francés, los consejeros de la Internacional y los dirigentes del partido en la zona centro se sintieron confusos y se preguntaron cómo podía mantenerse la resistencia sin imponer algún tipo de dictadura de emergencia. El 18 de febrero Stepanov salió hacia Moscú con órdenes de traer instrucciones respecto a los procedimientos que debían seguir si Negrín o los otros partidos decidían rendirse.

Aunque Negrín se había enfurecido con el soberbio comportamiento de los comunistas, enseguida regresó a lo que quedaba de zona republicana y volvió a establecer estrechas relaciones con ellos y, según Togliatti, dependiendo de ellos cada vez más. Aunque pronto se desarrollaría el mito del «abandono» por los comunistas en los últimos momentos, una tesis que siguió generando libros incluso a finales del siglo XX, ese abandono no se produjo en realidad. Stalin había estado buscando una salida estratégica durante la primavera y el verano de 1938, advirtiendo a los diplomáticos alemanes y a los de otros países que la Unión Soviética aceptaría una solución de compromiso que podría incluir incluso algunas concesiones no especificadas a los franquistas, pero Hitler no mordió el anzuelo. Stalin no pudo inventar otra solución y continuó apoyando a la resistencia republicana como parte de su política de seguridad general y colectiva. Y el 5 de marzo, los dirigentes de la Internacional en Moscú enviaron un telegrama a España sugiriendo la posibilidad de más envíos de armas, si es que se podían encontrar medios para entregarlas[23], aunque parecía bastante improbable.

Así pues, la conspiración contra Negrín y los comunistas, que había comenzado a adquirir forma en Madrid durante los dos primeros meses de 1939 no fue el producto de ninguna provocación concreta de los comunistas, diseñada para promover una rendición que pudiera ocultar un abandono por parte de los soviéticos, evitando a los comunistas la humillación de la rendición. Precisamente porque ni Negrín ni los comunistas estaban dispuestos a rendirse, todos los otros grupos importantes –PSOE-UGT, FAI-CNT y los republicanos de izquierdas– apoyaron la secreta iniciativa del coronel Segismundo Casado, comandante del frente central, de derrocar el régimen y firmar la paz con Franco. Casado y un buen número de otros jefes militares fueron unos ilusos al pensar que militares profesionales no afiliados a ningún partido podrían negociar con Franco de un modo que a Negrín le resultaría imposible[24].

Así pues, fue irónico, aunque no ilógico, que la Guerra Civil concluyera exactamente igual que empezó: con una rebelión militar contra el Gobierno republicano, y basándose en la idea de que este se había tornado tiránico y que cada vez estaba más dominado por los comunistas. En 1936 había elementos para apoyar solo una parte de esa afirmación, pero en 1939, como resultado de la guerra, esas ideas eran perfectamente correctas. La rebelión de 1936 había sido preventiva, un ataque para conseguir el control del Estado antes de que la situación degenerara posteriormente en un caos prerrevolucionario. La rebelión de Casado también reveló un elemento de prevención, porque una resistencia continuada solo incrementaría el poder de los comunistas. La primera rebelión dio principio a la Guerra Civil; la segunda, acabó con ella. En todo caso y contrariamente a lo que sugiere el mito, la insurgencia de Casado no respondió a ninguna provocación específica o a nada que prendiera la chispa, sino que reflejaba las desesperadas circunstancias a las que la República se veía reducida.

Las constantes luchas intestinas en el seno de la República combatiente simplemente reflejaban el contradictorio carácter de una alianza izquierdista que se las arregló para mantenerse unida durante casi tres años, a pesar de los frecuentes conflictos por culpa de los deseos de Negrín y los comunistas de imponer un control central y alcanzar una cohesión militar. Esas circunstancias habían precipitado los «sucesos de mayo» en 1937, tras lo cual la CNT se avino a afirmar una vez más la alianza antifascista para continuar la guerra. Una sugerencia semejante de Negrín y de los comunistas en 1939 se encontró con una oposición casi absoluta. Ninguno de los grupos izquierdistas había renunciado al antifascismo, pero se habían dado cuenta de que cualquier resistencia militar resultaba inútil, al tiempo que su anticomunismo aumentaba hasta convertirse en un sentimiento tan fuerte como el antifascismo.

La rebelión comenzó en los primeros minutos del 6 de marzo y el resultado fue una lucha tan fuerte en Madrid y en los alrededores como en «los días de mayo» de Barcelona, dos años antes; entraron en combate incluso unidades del ejército comunistas y no comunistas[25]. De todos modos, los soviéticos decidieron que la situación se había tornado insostenible solo después de que estallara el golpe de Casado, no antes. Negrín, los principales líderes del PCE y los consejeros soviéticos que quedaban huyeron apresuradamente de España. En realidad, apenas hubo resistencia en la ofensiva final de Franco («Ofensiva de la Victoria»), el 26 de marzo, porque las defensas que quedaban de la República se derrumbaron solas.

Franco pudo declarar la completa victoria de su bando el 1 de abril de 1939[26].

14

CAUSAS DE LA DERROTA REPUBLICANA

La derrota excitó amargas reflexiones en una buena parte de los republicanos; la mayoría eran excusas, y solo algunas tenían un carácter relativamente objetivo. Casi todos los republicanos preferían atribuir la victoria de Franco a la intervención del Eje y a la mayor potencia de sus Fuerzas Armadas, aunque otros evaluaron la situación con más claridad: hubo quien puso el acento en la desunión de la izquierda, así como en la desastrosa dirección de los partidos que la representaban[1]. Aunque el resultado de la guerra ya era definitivo, la cuestión de la derrota no se resolvió y las dudas respecto a los errores republicanos, sus debilidades o excesos, se han mantenido como problemas históricos relevantes[2]. Los factores que explican la derrota republicana pueden sintetizarse analíticamente en torno a una serie de temas clave. Algunos de los problemas son anteriores a la Guerra Civil, comenzando por el error de no intentar evitar el conflicto.

Infravaloración de los peligros de la guerra. Desde el mismo comienzo del gobierno de la República, los líderes de los partidos republicanos se equivocaron a la hora de evaluar el alcance de la oposición a sus proyectos y a su forma de gobernar. Creyeron que el país había cambiado enormemente durante los últimos años, cuando España vivió una modernización acelerada, aproximadamente de 1910 a 1930, pero exageraron las dimensiones de ese cambio y malinterpretaron el carácter del mismo. Creyeron que tendrían que vérselas con una sociedad que había sufrido una transformación casi absoluta y que se mostraría a su favor con total claridad. Durante las últimas décadas, las clases medias se habían expandido, en lugar de contraerse, y fueron estos sectores de las clases medias en expansión los que proporcionarían la mayor oposición a la izquierda, si bien es cierto que una parte de esas clases medias sí apoyaba a la izquierda moderada. Desde noviembre de 1933 los dirigentes de la izquierda se decantaron por la polarización de una manera precipitada e imprudente, sobrevalorando su propia fuerza e infravalorando la de sus adversarios. El principal error fue el de suponer que el país podía gobernarse en exclusiva desde la izquierda en un régimen parlamentario y que la oposición de la derecha se había debilitado radicalmente tras los citados cambios históricos.

Abandono de la democracia. Aunque si se observa el proceso con perspectiva histórica es evidente que el proceso revolucionario se inició en 1931, la República no se instauró como un régimen revolucionario, sino como una democracia liberal. Los dirigentes de la izquierda republicana y los socialistas creían que, debido a los recientes cambios en la sociedad española, siempre podrían ganar las elecciones; sin embargo, dadas las políticas que llevaron a cabo, ese no fue el caso. Para la izquierda, la democracia no era un objetivo –esto es, la confianza en un sistema de reglas fijas y con resultados inciertos–, sino, simplemente, uno de los medios por los que se podría ratificar su propia «hiperlegitimación» y su supuesto derecho a permanecer en el poder. El resultado fue un juicio erróneo, unos análisis equivocados y unas políticas fallidas. Ante todos esos fracasos, por supuesto, la alternativa fue la política de la violencia, que se puso en práctica reiteradamente en las cinco insurrecciones revolucionarias que se dieron entre diciembre de 1930 y octubre de 1934. El absoluto fracaso de estas algaradas significó que, aunque la política de la violencia nunca fue rechazada de manera expresa hasta después de haber perdido la Guerra Civil, fue necesario volver a una estrategia electoral en 1935 y 1936. Fue más el resultado de la desesperación que de una convicción, y la izquierda la puso en marcha sin convicción y sin compromiso. En ese momento, una vez más, parece que el análisis erróneo de la situación fue más que evidente. El país solo podría ser gobernado por una de tres alternativas durante la República, bien por algún gabinete en una democracia centrista y liberal, bien por algún tipo dictadura de la derecha o de la izquierda. La primera opción se desestimó, pero la segunda tampoco se adoptó claramente, lo cual dio como resultado la situación contradictoria e híbrida de 1936. La incapacidad para aprender de la experiencia fue extraordinaria. En 1936 se repitieron todos los errores del bienio 1931-1932, pero de un modo mucho más extremo, exagerado y multiplicado.

Una unidad simplemente negativa. En el sistema político de la República, absolutamente fragmentado, cualquier proyecto político serio dependía de la formación de una alianza. Los líderes de la izquierda republicana siempre lo supieron, aunque no puede decirse lo mismo de los líderes de los movimientos revolucionarios, cuya postura respecto a las alianzas con la izquierda moderada se movía entre la negativa absoluta y la connivencia temporal y oportunista, con pocas excepciones. Los proyectos políticos de la izquierda moderada y de los revolucionarios eran muy diferentes, tanto que siempre ha resultado muy difícil comprender por qué la izquierda moderada no se alió con el centro democrático, con quien les habría resultado mucho más fácil tratar y con el que, en muchos sentidos, tenían bastante más puntos en común. La respuesta a esta cuestión, por supuesto, guarda relación con la profunda aversión que la izquierda sentía hacia la derecha y con su decisión de llevar a cabo un programa radical de reformas, para lo cual el apoyo de los socialistas parecía, cuando menos, indispensable. El problema fue que la izquierda moderada nunca pudo contar con el total apoyo de los socialistas, lo que significaba que el programa de Azaña no era viable ni a corto ni a largo plazo. La unidad del Frente Popular resultó más perjudicial que beneficiosa, porque estaba basada en la aversión que todos los partidos participantes sentían hacia la derecha; sin embargo, aunque unidos, estos fueron incapaces de diseñar un programa común de gobierno. El programa del Frente Popular fue solo una plataforma de cara a la campaña electoral, no un plan al que pudiera ceñirse una administración durante la siguiente legislatura. No obstante, la Guerra Civil cimentó esta nociva unidad, fundamentándose en la citada oposición común al «fascismo»; en todo caso, el problema de un programa único de gobierno continuó siendo irresoluble, dados los términos en los que se planteaba: eso habría sido tanto como resolver la cuadratura del círculo. Así pues, el Gobierno del Frente Popular se convirtió en una especie de contradictio in terminis, y aunque hubo uno desde septiembre de 1936 hasta marzo de 1939, sus políticas en algunos sectores cambiaron drásticamente a lo largo de ese período.

Las contradicciones del socialismo español. De todos los grandes partidos socialistas europeos de la época, el PSOE era el más contradictorio y el más dividido. Solo una pequeña minoría moderada y democrática, la liderada por Julián Besteiro, mantenía ideas políticas coherentes y razonadas. El llamado «centro» que seguía a Indalecio Prieto no proponía políticas uniformes, sino que daba bandazos de un lado a otro, y siempre de modo oportunista. Desde 1933, y dirigido por la mayoría liderada por Largo Caballero, el PSOE desarrolló políticas inflexibles y sin concesiones, pero de tal extremismo que resultaban tan impracticables como autodestructivas. La sentencia de Madariaga según la cual la Guerra Civil fue, en primer lugar, un producto de la guerra civil entre socialistas es una exageración, pero sí esconde una parte de verdad. En países como Alemania y Francia, los partidos socialistas intentaron defender la democracia, y pagaron un alto precio por ello, sobre todo en Alemania, mientras que en España el Partido Socialista se convirtió en uno de los principales obstáculos para la democracia.

El problema del «anarquismo organizado». El aspecto más característico y curioso de la política española y de las organizaciones sindicales era la existencia del oxímoron «anarquismo organizado». El hecho de que un gran porcentaje de las organizaciones sindicales estuvieran dominadas por el anarcosindicalismo distorsionó enormemente el ideario de la izquierda española y en buena medida animó la radicalización de los socialistas. Aunque en 1936 algunos miembros de la CNT votaron al Frente Popular, la fuerza del anarquismo redujo significativamente la posibilidad de una amplia mayoría de la izquierda democrática. Esto minó políticamente a la República, y luego, durante la Guerra Civil, debilitó también el régimen revolucionario desde el punto de vista militar, especialmente durante el primer año, que resultó crucial.

Errores a la hora de tomar medidas concretas para evitar la Guerra Civil. La Guerra Civil, como tal, solo la estaban deseando la extrema derecha y la extrema izquierda, y ni siquiera todos los miembros de esos sectores. Entonces, ¿por qué unos sectores relativamente tan pequeños y radicales consiguieron su objetivo? Las respuestas son complejas, pero el factor más importante fue que los líderes de la izquierda republicana que controlaban el Gobierno de España entre febrero y julio de 1936 no estaban especialmente interesados en tomar las medidas necesarias para evitar la guerra, aunque no desearan una verdadera guerra civil.

Antes de revisar errores políticos concretos, es importante plantear la siguiente cuestión: ¿por qué no entendieron la Guerra Civil como una amenaza? Había dos razones. La primera era que consideraron las elecciones de febrero de 1936 –que habían ganado los partidos de izquierdas por un margen muy estrecho (en parte debido a la división del centro-derecha)– como un mandato de carácter histórico y permanente. Por supuesto, aquella victoria no era nada de eso, sino un resultado electoral que, sencillamente, les había dado la victoria por un estrecho margen y, en otras circunstancias, dicho resultado podría haber variado de manera sustancial. Sin embargo, todos los líderes izquierdistas –independientemente del partido al que pertenecieran– lo vieron como un resultado determinante, exactamente como en 1931, cometiendo el mismo error una vez más. En segundo término, como consideraron todas esas circunstancias en términos de acontecimientos históricos permanentes, creyeron que el mismo análisis falaz podía extenderse al ámbito militar. Prácticamente toda la izquierda creía que los militares españoles habían asumido del mismo modo el cambio histórico y que se habían fragmentado y «domesticado» políticamente. La creencia común era que aunque pudiera producirse una insurrección militar, en las algaradas no participarían más que una pandilla de extremistas, como en 1932, y que podrían ser aplastadas con facilidad.

En cierto sentido, podría decirse que el respeto a la ley y el orden de los sectores conservadores de la sociedad narcotizó a la izquierda. A pesar de sus protestas, la derecha había respondido a todos los estallidos de la izquierda con gestos políticos, inútiles y vanos en la práctica. En general, la izquierda dio por sentado que no importaba el tenor de las provocaciones, pues eso era todo de lo que eran capaces los conservadores.

¿Qué debería haber hecho el Gobierno republicano para evitar la Guerra Civil? Si nos basamos en sus preferencias políticas, tuvo varias opciones. Dado que declaró que estaba completamente decidido a mantener la coalición del Frente Popular con los revolucionarios violentos, probablemente debió purgar el Ejército de un modo drástico. Sin embargo, precisamente porque estaba decidido a mantener la alianza con los revolucionarios violentos, no podía hacerlo; si lo hacía, ¿quién protegería al propio Gobierno de sus aliados revolucionarios? En este sentido, la política de la administración Azaña-Casares fue desastrosamente contradictoria.

Una opción distinta se presentaría con la fallida oportunidad de crear un Gobierno más amplio con Prieto en 1936. El historiador no puede asegurar cuáles podrían haber sido las consecuencias, dado el carácter ciclotímico, compulsivo y oportunista de este dirigente; sin embargo, la escasa información disponible relativa a sus intenciones indican que habría intentado tomar el control de la situación, eliminando la violencia política por una parte y purgando drásticamente el Ejército. En un momento dado, esta habría sido una decisión coherente.

Un Gobierno de Prieto habría representado la «opción de izquierdas». La «opción de derechas» habría supuesto una política seria para mantener la ley y el orden y llegar a acuerdos con los moderados. Pero eso era precisamente lo que el Gobierno de Azaña y Casares Quiroga no quería de ningún modo, y por ello insistieron en mantener la alianza con los revolucionarios. Una segunda variante de esta «opción de derechas» habría sido la de aceptar la recomendación del sector más moderado de la izquierda Republicana de Azaña: que el Gobierno de Casares Quiroga hiciera la cuadratura del círculo sin romper del todo con el Frente Popular, sino imponiendo un Gobierno republicano de excepción a corto plazo que pudiera gobernar por decreto, una variante española de los Gobiernos que se establecieron en Alemania entre 1930 y 1933 según el artículo 48 de la Constitución de Weimar. La respuesta de Azaña y de Casares Quiroga fue que esa opción era «demasiado extremista» e innecesaria (y probablemente también habría provocado la ruptura del Frente Popular), pero, desde luego, se equivocaban de nuevo. Por otra parte, puesto que el Gobierno no disponía de una política coherente, haber impuesto la incoherencia por decreto no habría hecho más que agravar la situación.

La paradoja de todo esto –aunque es un detalle prácticamente ignorado por la historiografía republicana– surge de que aunque ni el Gobierno ni la mayoría de los revolucionarios deseaban que se diera una verdadera guerra civil, todos ellos habían llegado a preferir –e incluso deseaban provocarla– una rebelión militar, pues de ese modo se «clarificaría» el ambiente político. Se daba por sentado que cualquier rebelión sería débil, como en 1932, y permitiría completar la marginalización de la derecha, el único objetivo común de la izquierda. Para Casares Quiroga, aquello fortalecería a su Gobierno; para los caballeristas, una rebelión mostraría con claridad que no había alternativa a un Gobierno revolucionario. Casares estaba equivocado; Largo Caballero estaba en lo cierto a corto plazo, pero absolutamente errado a largo plazo.

Todo esto explica la respuesta –que en cualquier otra circunstancia habría sido tachada de delirante– tanto del Gobierno como de los dirigentes socialistas al secuestro y asesinato de Calvo Sotelo. La única reacción de los líderes socialistas fue la de proteger a los asesinos, ocultar sus identidades y enconar el proceso de polarización. El Gobierno hizo un mínimo gesto formal para indicar que lo investigaría, pero en realidad le dio la vuelta a la situación para castigar a los conservadores en lugar de perseguir a los autores del crimen. Lo cierto es que el 13 de julio, líderes como Azaña, Casares Quiroga, Prieto y Largo Caballero instigaron el estallido de un conflicto corto y limitado (por el que Largo Caballero había estado suplicando desde hacía mucho tiempo), porque todos ellos creían que apenas se producirían algunas refriegas que, además, solo redundarían en su beneficio político. Quizá nunca en la historia una rebelión militar fue deseada con tanto ardor por sus oponentes–, pero, obviamente, cometieron un error de cálculo.

Un Gobierno democrático que respetara la ley y la Constitución sencillamente habría aplicado la ley y buscado el consenso con el centro y la derecha moderada, pero el Gobierno de aquel momento no pudo hacerlo porque habría resultado incoherente con el resto de sus principios políticos. Y este era el verdadero núcleo del problema.

A última hora de la noche del 18 de julio el presidente Azaña comprendió que sus cálculos eran del todo erróneos, pero ya era tarde para rectificar. Un poco después, esa misma noche, hizo lo que debería haber hecho semanas antes: designar un Gobierno más moderado de conciliación nacional. Solo unos días antes esa iniciativa podría haber tenido éxito, pero una vez que la rebelión había comenzado– ya era demasiado tarde. Aún más, cualquier Gobierno de ese tipo tenía que estar preparado para resistir la reacción violenta de los revolucionarios e incluso de los sectores más radicales del propio partido de Azaña, que a primera hora de la mañana del 19 de julio comenzaron las algaradas. Fue el típico ejemplo del proverbio anglosajón Too little, too late, o, en la versión castiza española: «A buenas horas mangas verdes».

La incoherencia del Gobierno de Giral. El siguiente Gobierno propuesto por Azaña entre el 19 y el 20 de julio, una nueva administración en minoría bajo la dirección del profesor republicano de izquierdas José Giral, fue también un típico ejemplo de ambivalencia «kerenskista» y de confusión. Después de que el Gobierno de izquierda republicana hubiera fracasado conspicuamente a la hora de resolver los problemas con los que se había enfrentado y, lo que es aún peor, tras haber conducido al país al estallido de una guerra civil generalizada, los dirigentes agravaron la situación al entregar armas a los revolucionarios, como si estuvieran decididos a demostrar que las acusaciones de sus enemigos estaban fundamentadas. Ni el propio Kerensky en Rusia llegó tan lejos. A la hora de organizar la administración, el Gobierno fue un desastre y ni pudo plantear la resistencia militar ni la estructura de la retaguardia. El Gobierno de Giral no pudo dirigir la revolución o llegar a un acuerdo con los revolucionarios, como hizo el Gobierno de Companys en Barcelona. Ni siquiera en Madrid, donde el Gobierno aún ostentaba alguna autoridad, dicha autoridad se utilizó con sentido común. En definitiva, el Gobierno de Giral representó siete semanas de tiempo perdido en el que, tras los primeros días, la situación se fue deteriorando cada vez más, excepto por lo que tocaba al entusiasmo de los revolucionarios. En la práctica, la única decisión positiva fue comenzar las negociaciones con Moscú.

Naturalmente, parte de todo esto fue responsabilidad de los socialistas caballeristas, el sector político más responsable de la Guerra Civil. Pensaron que una débil revuelta militar produciría una crisis política, a la que la UGT respondería con una huelga general que les permitiría acceder al poder: un concepto táctico semejante al de los sindicalistas revolucionarios en Francia, Italia y España en las primeras décadas del siglo XX. Pero la crisis que estalló fue mucho más grave de lo que habían previsto y, en lugar de procurarles el poder, tuvo el efecto de hacer que todo saltara por los aires, incluido el Gobierno republicano. Fue necesario que pasara un mes y medio de confusión y de deterioro militar antes de que los socialistas pensaran en cambiar de táctica y organizaran una coalición más amplia del Frente Popular que acabaría por crear un nuevo tipo de régimen republicano revolucionario.

Disidencia regional y nacionalista. Un factor relevante en la derrota republicana fue la incapacidad para utilizar de forma conjunta los recursos de todas las regiones que se hallaban en la zona republicana. En su diario, Manuel Azaña se quejaba de esto, más que de cualquier otro aspecto del conflicto interno. El problema abarcaba dos aspectos principales: el localismo revolucionario por una parte y, por otra, las políticas de la izquierda catalanista y vasca. Dejar el poder armado en manos de los revolucionarios en julio de 1936 dio como resultado la creación de una serie de gobiernos regionales, locales y revolucionarios por toda la zona republicana, y el problema se agudizó aún más en el norte. Así pues, Franco no se vería obligado a enfrentarse a unas fuerzas republicanas: unidas en la zona norte, pues, sencillamente, tal unidad no existía. Bien al contrario, tuvo la posibilidad de conquistar la zona de forma fragmentaria, provincia a provincia, lo cual era mucho más sencillo, y eso explica por qué pudo controlar prácticamente toda la zona norte empleando menos tropas de las que tenía el enemigo en su conjunto.

El segundo aspecto relevante fue la política autonómica que llevaron a cabo los nacionalistas durante la guerra. José Antonio de Aguirre y el PNV fueron mucho más allá de la autonomía y actuaron como si Vizcaya fuera virtualmente un estado independiente, y siguió practicando ese doble juego durante toda la contienda. Los catalanistas de izquierdas en la Generalitat desarrollaron más o menos la misma política, aunque en menor grado. Incluso después de que el Gobierno republicano consiguiera centrarse y lograra una mayor coordinación, en 1937 y 1938, tuvo enormes dificultades para controlar los recursos de la totalidad de la zona republicana.

La revolución. Los dos obstáculos más graves para la victoria izquierdista fueron, por una parte, la revolución y, por otra, la superioridad militar de Franco, que cada vez se hizo más evidente. El proceso revolucionario había minado la República constitucional durante la primavera y las primeras semanas del verano de 1936 y, finalmente, provocó una grave insurrección. La decisión de la izquierda republicana de armar a los movimientos revolucionarios para sofocar la insurgencia militar permitió en ese momento que los revolucionarios se hicieran con la mayor parte de la zona republicana. El desprecio de los revolucionarios hacia el ejército regular, unido a su dedicación casi exclusiva a la revolución social y económica, y su negación a emplear más de un cierto número de voluntarios milicianos en la lucha armada, pronto desencadenó la catástrofe. Tras la formación del Gobierno de Largo Caballero en septiembre de 1936, algunos movimientos revolucionarios comenzaron a cooperar con la formación de un Ejército Popular (regular), pero la CNT y el POUM solo lo hicieron parcialmente y de mala gana, de modo que hasta 1938 no se pudo lograr la sumisión completa al ejército regular; hasta entonces, las fuerzas revolucionarias jamás se habían sometido a sus dictámenes. Los movimientos revolucionarios no solo se mostraron reticentes a cooperar desde el punto de vista militar, sino que manifestaron la misma reticencia a hacerlo en los asuntos políticos, económicos y financieros. A la hora de posibilitar la superioridad militar de Franco, todos estos aspectos fueron tan importantes como la superior capacitación técnica de las fuerzas rebeldes o la ayuda que recibieron de sus aliados extranjeros.

La superioridad militar de Franco. Una de las explicaciones más habituales para mostrar las razones de la derrota republicana guarda relación con la superioridad militar y armamentística de Franco. En cierto sentido, es una perogrullada y una obviedad. Franco comenzó el conflicto al mando del único grupo de fuerzas de combate de calidad, el ejército de África, y el Ejército Nacional que puso en marcha siempre gozó de una dirección más sólida, de una mayor formación y, durante la segunda mitad de la guerra, de más y mejor armamento y potencia de fuego. En estos aspectos, la superioridad era innegable.

Sin embargo, durante los primeros doce o quince meses del conflicto, esas ventajas fueron relativas, y solo se convirtieron en superioridad absoluta en el otoño de 1937. Después el tiempo siempre fue en contra de los republicanos y de las posibilidades de que ganaran la guerra. En todo caso, esto plantea la cuestión de por qué la izquierda actuó de un modo tan desastroso durante la primera parte de la guerra, cuando tenía más posibilidades de alcanzar la victoria.

Aunque Franco estaba más capacitado que nadie en el bando republicano para ejercer una dirección sólida y única en su bando, ya hemos visto que tenía serias limitaciones como «Generalísimo». Sus operaciones lentas, en exceso prudentes y carentes de imaginación dan a entender que nunca intentó un golpe decisivo y rápido para alcanzar una victoria total, lo que concedió a los republicanos más tiempo para reorganizarse y prepararse, y comenzaron a hacerlo en cierta medida a partir de septiembre de 1936.

Errores de la política militar republicana. En ningún momento los republicanos consiguieron optimizar sus recursos militares, excepto, quizá, con el Gobierno de Negrín en 1938. Como la izquierda no imaginaba que la derecha fuera capaz de enfrentarse al proceso revolucionario desatando una verdadera guerra civil, no se encontraban mentalmente preparados para entablar un conflicto bélico en serio (muy distinto de una revolución caótica); de todos modos, los comunistas se las arreglaron para contestar con rapidez y firmeza. Cuando comenzó la formación del Ejército Popular, se tardó mucho tiempo en lograr una colaboración y un compromiso de todas las fuerzas, si es que estos se lograron en algún momento. Ni el armamento, ni los cuadros de mando, ni los centros de formación eran los adecuados. Durante el bienio 1937-1938, Vicente Rojo lamentaría sobre todo el hecho de que la formación y los conocimientos de los oficiales jóvenes y los sargentos aún eran muy deficientes, un elemento de inferioridad respecto al Ejército Nacional que resultó tan relevante como el uso de un armamento superior por parte de este último. El Ejército Rojo soviético consiguió en parte resolver ese tipo de problemas en Rusia en 1918 y 1919, pero el Ejército Popular español nunca aprendió a utilizar adecuadamente a sus oficiales profesionales procedentes de las viejas fuerzas prerrevolucionarias con la misma eficacia con que lo hizo el Ejército Rojo con los viejos oficiales zaristas. Eso no habría resuelto todos los problemas, pero habría sido un pequeño paso adelante. El argumento de los republicanos era el de que los contrarrevolucionarios tenían más fuerza en España y que en el viejo Ejército español había pocos oficiales políticamente fiables.

La mejor ocasión de los republicanos de haber ganado la guerra se produjo muy pronto, en julio y agosto de 1936, precisamente cuando habría sido mucho más fácil aplastar la insurrección en sus primeras fases, en lugar de intentar vencer al ejército de Franco en 1937 o 1938, cuando ya se había convertido en una fuerza muy consolidada. Los principales problemas, como hemos visto, tenían que ver con la confusión y la ineptitud del Gobierno de Giral y con los graves excesos de la revolución. Los republicanos estuvieron más cerca que nunca de la victoria a finales de julio de 1936; jamás volverían a tener una oportunidad semejante durante lo que quedaba de la guerra.

La ingenuidad y la pobreza analítica de los líderes de los movimientos revolucionarios fueron extraordinarias. Aunque algunos de sus teóricos reconocieron explícitamente que la revolución no podría triunfar sin que se llevara a cabo una guerra civil o un conflicto semejante, se negaron a afrontar el problema a fondo, con la posible excepción de algunos dirigentes a título individual, como Prieto. La fantasía de una victoria «inevitable» tras una guerra civil «breve» y «sencilla» fue un ejemplo más del ingenuo análisis que hicieron de ese y otros muchos problemas, algo que al final resultó desastroso.

La ineptitud en la política naval. En ningún ámbito de los asuntos militares se reveló la ineptitud republicana con tanta evidencia como en la táctica y en la estrategia naval. La izquierda comenzó el conflicto con una enorme superioridad en el mar –en una proporción aproximada de dos a uno–, mayor incluso que en tierra o en el aire, pero fue incapaz de utilizarla para apuntarse ni una sola victoria parcial. Los efectos de la revolución fueron incluso más desastrosos en los navíos que entre las fuerzas terrestres, porque en la Armada socavó completamente la disciplina y la estructura de mando, hasta tal punto que ya no se pudo restaurar más adelante. El tipo de mejoras que se introdujeron con la formación del Ejército Popular a partir de otoño de 1936 no tuvo una correspondencia lógica en la Armada republicana, que jamás volvió a recuperar su capacidad de combate. Ni siquiera los comunistas fueron capaces de desempeñar un papel de importancia en la Armada.

Aún más: lo poco que quedaba de fuerza de combate en la Armada republicana se desperdició completamente con una estrategia de todo punto incoherente. El bloqueo de Marruecos por mar no se sostuvo con la fuerza y la firmeza necesarias, y la decisión de Prieto de trasladar el grueso de su fuerza naval a las costas del norte, donde se desperdició por completo, fue un desastre estratégico que permitió a Franco controlar el estrecho y transportar la totalidad de sus tropas a la Península para iniciar su marcha hacia Madrid. Tras este desastre estratégico, la Armada republicana apenas tuvo un papel significativo, aparte del de proteger barcos de suministro, algo que llevaría a cabo cada vez con menos eficacia.

Intervención extranjera. La tercera de las cuatro explicaciones más recurrentes para dar cuenta de la derrota republicana pone el acento en que la intervención extranjera favoreció especialmente a Franco. Como toda generalización, una conclusión semejante apenas puede ser rebatida, pero esta afirmación no puede aplicarse a todas las fases del conflicto. El peso de la intervención extranjera favoreció a Franco en agosto y septiembre de 1936; pero durante los meses siguientes la injerencia foránea favoreció al Frente Popular, si bien finalmente volvió a beneficiar a Franco en 1937.

Los republicanos siempre se quejaron de que la política de no injerencia tuvo un efecto pernicioso para el Frente Popular y, efectivamente, así fue, aunque el Gobierno de Blum no la había concebido en ese sentido cuando Francia sugirió una política de ese tipo a principios de agosto de 1936. Había cierta ingenuidad en aquellas quejas, porque no era previsible que los Gobiernos extranjeros desearan favorecer en ningún caso la revolución del Frente Popular en España, tan diferente del Frente Popular en Francia. Pocos Gobiernos extranjeros contemplaron el régimen revolucionario del Frente Popular español como digno de ostentar el estatus de «Gobierno legítimo», y la propaganda republicana tuvo poco éxito a la hora de modificar esa opinión general según la cual los que se estaban enfrentando en España eran dos regímenes violentos y tiránicos, uno revolucionario y otro contrarrevolucionario, los dos cometiendo atrocidades generalizadas. El argumento de la legalidad de un régimen que respetaba muy poco la legalidad no era demasiado convincente.

En términos generales, los líderes revolucionarios creyeron que el ambiente internacional sería neutral respecto a la revolución en España, pero ese no fue más que otro ejemplo de la pobreza de su análisis y de su limitada percepción de la realidad. En todos los casos de revolución, desde 1917, las potencias internacionales han intervenido, o han estado a punto de hacerlo, y siempre contra las fuerzas de la revolución. El modo en que se desarrollaron los hechos en España fue diferente de los casos anteriores, pero de todos modos se ajustaron a los cánones habituales. La relación entre Rusia y Alemania en 1917 y 1918 había sido la única excepción, y solo porque Alemania mantuvo su estrategia durante la Primera Guerra Mundial de apoyar las fuerzas subversivas y revolucionarias para debilitar la Entente. La Alemania de la Primera Guerra Mundial había desempeñado un papel análogo al de la Unión Soviética después de 1919. Hitler no seguiría la misma política. Los líderes de los movimientos revolucionarios habían asumido que, como había sido relativamente fácil para ellos subvertir una democracia débil, el resto del entramado también se derrumbaría, pero, una vez más, se equivocaron.

El caos financiero y económico. Los problemas que se habían dado en el ámbito político y en el militar también aparecieron en la economía y las finanzas. La quiebra de la economía revolucionaria nunca pudo restañarse del todo y, simplemente, se parcheó. El único ámbito en el que la economía de la zona republicana se comportó bien fue en el rendimiento de la agricultura en 1937, sobre todo debido al buen tiempo. Los errores económicos fueron una cuestión que irritó sobremanera a los soviéticos; el propio Stalin, ante el embajador español, advirtió que la República debería mejorar ostensiblemente en el aspecto económico, sobre todo en la producción militar. El régimen del Frente Popular comenzó la guerra con unos recursos económicos muy poderosos y la acabó con las finanzas hechas un desastre. Solamente a mediados de la Guerra Civil, y después de haber perdido la zona norte, fue posible unificar las finanzas de la República, pero para entonces ya era demasiado tarde. Buena parte de los recursos se despilfarraron en empresas desastrosas en España y en el extranjero, mientras que las rentas procedentes de las inversiones en la Unión Soviética nunca pudieron verificarse del todo. El enorme saqueo que tuvo lugar al principio se dirigió a enriquecer a determinados grupos políticos y a individuos concretos.

Comunismo y política soviética: ¿fortaleza o debilidad? Cuando terminó el conflicto, una de las pocas cosas en las que los nacionales y la mayoría de los republicanos podrían haber estado de acuerdo era en sus enconadas denuncias contra los comunistas. ¿El papel de los soviéticos y de los comunistas en la guerra fue una ayuda o un obstáculo para la República? La extrema izquierda republicana insistió durante mucho tiempo en que si se hubiera seguido con la labor revolucionaria con más tenacidad, se habría conseguido ganar la guerra, pero esta es una fantasía que no puede tenerse en cuenta seriamente. Es cierto que la revolución generó cierto fervor entre una minoría notable, pero resultó imposible trasladar ese entusiasmo al ámbito de los trabajos militares.

Entre los historiadores más avisados ha habido una tendencia a convenir en que, efectivamente, el programa comunista constituía la política más coherente si se quería ganar la guerra y, desde luego, la más sensata de entre todos los grupos de izquierdas. El plan era relativamente claro, unificado, y presentaba una política militar concertada y convincente, un programa práctico para encauzar la revolución (aunque fuera aborrecible para la extrema izquierda revolucionaria), un plan de coordinación política, un programa racional para estimular la producción económica y militar, y una propuesta pragmática para la unidad social en el interior de la zona republicana, así como una intención propagandística clara y atractiva. Es más, la Unión Soviética fue la única potencia que proporcionó a la República una ayuda militar relevante, sin la cual Franco podría haber ganado la guerra a finales de 1936.

La izquierda moderada a menudo cooperó con los comunistas y admitió muchos de los programas citados anteriormente, pero más adelante se puso de acuerdo con los otros grupos no comunistas en sentenciar que la participación soviética iba dirigida a establecer una dominación absoluta, siempre de acuerdo con los siniestros designios de la política exterior de la URSS. Esta crítica a los comunistas no era del todo injusta, pero estaba bastante distorsionada.

Obviamente, Stalin estaba decidido a que la política de la URSS en España le fuera rentable, pues de otro modo no tendría ninguna utilidad para Moscú. La política soviética pretendía conseguir la hegemonía en España, lo cual se logró parcialmente en 1938, pero no pretendía crear un régimen comunista en un futuro inmediato, simplemente porque una ambición semejante habría estado condenada al fracaso.

Entre los distintos proyectos políticos que había en la zona republicana parece poco dudoso que los comunistas fueron quienes proporcionaron a la izquierda la mejor ocasión para triunfar. Esto no impide admitir el hecho de que los comunistas se comportaron a veces con arrogancia y presunción, y que en ocasiones fueron violentos y forzaron la situación solo para conseguir sus propios objetivos políticos. Sus prioridades partidistas en la estrategia militar no fueron desinteresadas, pues pretendían llevar la iniciativa con la idea de constituir la fuerza mayoritaria en aquellos cuerpos del Ejército donde los comunistas predominaran. En alguna ocasión tuvieron la oportunidad de vetar determinadas acciones estratégicas que podrían haber sido más efectivas que las suyas propias, pero eso habría permitido que salieran a la luz iniciativas que no eran suyas y que, tal vez, no podían controlar. Y hasta cierto punto se arrogaron derechos extraterritoriales para sus departamentos de inteligencia y para sus servicios de seguridad.

No obstante, su programa era el más práctico y el único que tenía visos de ser efectivo en las condiciones dadas de una guerra civil generalizada. Toda la historia del siglo XX demuestra que los grandes logros del comunismo guardan relación con los asuntos militares y de seguridad, y con la propaganda y la desinformación. Siempre se ocuparon más de destruir que de construir. Los usos en los que depositaron todas sus fuerzas siempre fueron más destructivos que creativos, y a menudo se burlaron de los objetivos más elevados de la civilización y, efectivamente, en ocasiones los subvirtieron. Pero ha de admitirse que los comunistas sí obtuvieron logros significativos en los ámbitos específicos que se han citado: la cuestión bélica, la seguridad, la propaganda y la desinformación.

Sin embargo, a finales de 1938 el comunismo de la zona republicana se estaba convirtiendo en un factor más pernicioso que beneficioso, porque comenzó a incrementar la coacción hasta unos niveles que cada vez iban generando más rechazo, aunque semejantes actitudes hubieran sido aceptadas al principio por la izquierda en aras de ganar la guerra. Sobrevolaba el sentimiento de que el futuro de la República iba a ser una especie de dictadura, con Negrín y los comunistas al frente, de que ya no había esperanza alguna de ganar la guerra y que solo se estaba prolongando por deseos de la política soviética. En ambas sospechas había algo de verdad.

La Internacional insistía en que ellos sabían mucho más de revoluciones que la izquierda española y presentaron un programa para racionalizar la revolución. Era pragmático y juicioso, pero generó posteriores conflictos, como la insistencia de Negrín y de los comunistas de continuar la guerra más allá del punto en el que la mayoría ya solo deseaba rendirse.

Unidad, desunión y el Gobierno de Negrín. Ningún aspecto de la conducta de Franco en la guerra fue tan crucial para su victoria como la unidad de mando que él mismo ejerció; el régimen del Frente Popular en ningún momento contó con nada parecido y en un grado semejante, ni siquiera durante el Gobierno de Negrín. En el bando republicano, la figura más parecida a Franco en cuanto a niveles de poder fue la de Juan Negrín. Pero este hombre llegó a ser el líder más impopular de todos los dirigentes republicanos, aunque lo cierto es que sus opositores nunca sugirieron una alternativa viable a su política, salvo la rendición. Negrín no representaba la política comunista en sí, tal y como decían sus enemigos (porque había algunas diferencias entre su postura y la de los comunistas), pero estaba de acuerdo con ellos en muchos aspectos, respondiendo a las necesidades de la guerra tras diez meses de batalla.

Negrín fue el gran líder del régimen del Frente Popular durante la Guerra Civil. Su Gobierno fue más centralizado y en algunos aspectos más autoritario que el de sus predecesores, pero fue el único que concedió a la República no tanto una oportunidad para vencer, sino la posibilidad de seguir combatiendo. Esta era la razón por la que no fue sustituido –por la que no pudo serlo en realidad– en 1938, a pesar del creciente rechazo que se fue generando hacia él en el resto de los partidos. Suponer que las cosas fueron de otro modo es ilusorio, pues Negrín no hizo más que ser la representación de la realidad de la causa republicana entre 1938 y 1939.

Incluso en opinión del propio Negrín, la gran debilidad del Frente Popular no fue tanto su incapacidad militar como la ausencia de unidad, el desánimo y los errores de los dirigentes políticos, tal y como dejó claro en sus comentarios sobre sus conversaciones con George Orwell tras la guerra:

También [Orwell] inquiría por las causas de nuestra derrota, que yo sostuve y sostengo más se debió a nuestra inconmensurable incompetencia, a nuestra falta de moral, a las intrigas, celos y divisiones que corrompían la retaguardia, y por último a nuestra inmensa cobardía que a la carencia de armas. Cuando digo «nuestra», naturalmente, no me refiero a los héroes que lucharon hasta la muerte o sobrevivieron a toda suerte de pruebas, ni a la pobre población civil, siempre hambrienta y al borde de la inanición. Me refiero a «nosotros», a los dirigentes irresponsables, quienes, incapaces de prevenir una guerra, que no era inevitable, nos rendimos vergonzosamente, cuando aún era posible luchar y vencer. Y conste que no distingo cuando digo «nosotros». Como en el pecado original, hay una solidaridad en la responsabilidad, y el único bautismo que puede lavarnos es el reconocimiento de nuestras faltas y errores comunes[3].

15

UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

La guerra de España ha tenido muchos nombres diferentes y se ha descrito de distintos modos. La mayoría de los apelativos han derivado del conflicto ideológico o de las luchas de poder internacionales. Solo muy de tanto en tanto esta guerra se ha analizado en los términos que mejor la definen: como una lucha entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, una lucha arquetípica en la Europa de la primera mitad del siglo XX, aunque se trate también de un caso singular por su localización geográfica, por la época en que se produce y por sus características particulares. Las razones de esa reticencia a tratar la Guerra Civil como un conflicto revolucionario ya se han explicado en el capítulo 5. El rasgo político-ideológico más reseñable a la hora de interpretar la guerra de España fue la definición de la Unión Soviética, que durante décadas –y hasta hoy en alguna medida– calificó el conflicto como «la guerra nacional-revolucionaria de España» y, al contrario que algunos comentaristas occidentales, confería una importancia de primer nivel a la lucha revolucionaria[1].

Tal y como ya indicamos, las características más peculiares de la Guerra Civil española guardan relación con los siguientes elementos: 1) la época: mucho después de la ola revolucionaria de 1917-1923 y antes de la Segunda Guerra Mundial, apartándose radicalmente de las tendencias políticas de la Europa de los años treinta; 2) su localización: la única guerra civil a gran escala entablada en el occidente de Europa durante esa época; y 3) sus orígenes: de todos los conflictos violentos internos que se dieron entre 1917 y 1949, este fue el único que no estuvo directamente provocado por una guerra extranjera. Hubo otros factores diferenciadores, algunos únicos y otros solo parcialmente diferentes.

La tercera de las conclusiones citadas, sin embargo, precisa alguna aclaración. Aunque a mediados de los años treinta se gozaba de cierta paz en Europa, también fue una época de grandes conflictos políticos y de una tensión internacional cada vez mayor, de modo que el contagio transnacional de esa tensión pudo ser un factor a tener en cuenta. El caso soviético fue fundamental para la radicalización del socialismo español, mientras que el POUM proponía su propia versión. Del mismo modo, la derecha hispana respiraba no tanto del fascismo como de los regímenes católicos autoritarios, un tanto más moderados, como los de Austria y Portugal. Además, la Guerra Civil generó su propio Wechselwirkung, contribuyendo, por un lado, al rápido ascenso de los comunistas y de la influencia soviética, y, por otro, a la decisión de Franco de adoptar un modelo semifascista basado en el modelo italiano.

Las nuevas Repúblicas de Francia (1871) y de Alemania (1918-1919) nacieron como regímenes democráticos, pero contrarrevolucionarios. Ese no era el caso de las nuevas Repúblicas del sur de Europa durante los primeros años del siglo XX. La República española fue una versión más avanzada y radical del tipo de régimen instaurado por el golpe de Estado en Grecia en 1909 (que finalmente dio lugar a la República de Grecia durante un breve período) y semejante a la insurrección republicana de Portugal un año después. Los nuevos regímenes de Grecia y Portugal, en cualquier caso, constituían variantes del liberalismo radical decimonónico, mientras que la República española avanzó en dirección contraria a sus predecesoras francesa y alemana, y fue mucho más allá que las de Grecia y Portugal, abriendo un proceso revolucionario en el siglo XX que resultó difícil de canalizar, desviar o derrotar.

La Guerra Civil constituyó el clímax de ese proceso revolucionario, cuyo equivalente en amplitud y profundidad probablemente solo se podría encontrar en el noreste de Europa, en Rusia, Finlandia y Letonia. En España, los movimientos obreros revolucionarios movilizaron sectores sociales comparativamente más amplios que en cualquier otro lugar, con las posibles excepciones de Finlandia y Letonia. Solo en Rusia el potencial de la base social para la revolución era mayor, pero eso se debía a que en ese país existía una estructura social muy diferente en la que el grueso de la numerosísima sociedad campesina estaba enormemente descontento. En Rusia, de todos modos, la proporción de población agraria afiliada en las organizaciones revolucionarias fue mucho menor que en España.

Aunque la extrema fragmentación de la política española no era un fenómeno extraño en la Europa de la primera mitad del siglo XX, la debilidad del nacionalismo en España era una circunstancia única, sin equivalente en ninguna otra parte, salvo en Rusia. En términos comparativos, este fue el principal «factor dominante» antes de la implantación del Movimiento Nacional de Franco. Por el contrario, el nacionalismo había sido un factor determinante en el reordenamiento de la política en Grecia y Portugal, y desempeñó un papel prioritario en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Durante esa época de máxima conflictividad interna, el nacionalismo sirvió con bastante frecuencia como «factor ausente» por el que se luchaba para la restauración de los valores nacionales. Solo en Rusia el nacionalismo era más débil, aunque en España el papel del nacionalismo inexistente fue desempeñado en parte por la religión.

Todos los demás conflictos fueron iniciados por los comunistas y, generalmente, tomaron la forma de guerras civiles de comunistas contra anticomunistas, pero este no fue el caso de España, donde el comunismo siempre había sido un movimiento irrelevante. La Guerra Civil española también fue única por el hecho de que comenzó con una revuelta contrarrevolucionaria y no con una insurrección revolucionaria. Al mismo tiempo debe recordarse que la izquierda fracasó en cinco insurrecciones sucesivas entre 1930 y 1934, una circunstancia sin precedentes. La división de la izquierda y la fuerza del Estado español era tal que la izquierda no tenía más remedio que renunciar a la insurrección y virar hacia las tácticas electorales del Frente Popular, siguiendo los precedentes establecidos por Mussolini y Hitler, quienes también se percataron de que el insurreccionismo no funcionaba.

La guerra de España también tiene la particularidad de ser la guerra civil de un verdadero Frente Popular, con mucha más pluralidad en su seno que en cualquier otro conglomerado semejante en Europa. Es un hecho reconocido que el engrudo que unía los distintos elementos del Frente Popular era más negativo que positivo, puesto que la unidad de la izquierda estaba basada en el antifascismo más que en un objetivo común constructivo. Las profundas diferencias entre los distintos movimientos izquierdistas constituyeron su gran debilidad, aunque se mantuvieron unidos durante casi tres años y sacrificaron muchas cosas por su causa, aunque de hecho fuera una causa más destructiva que constructiva.

Respecto a la expansión de la revolución en la zona republicana durante la primera fase de la guerra, el único paralelismo europeo se podría encontrar en el régimen de Béla Kun en Hungría, que había sido el producto de una catastrófica derrota del ejército nacional y de la desintegración del Estado. Por el contrario, tras el golpe de estado bolchevique en Rusia, Lenin no propuso llevar a cabo de inmediato una profunda revolución socioeconómica, ni los rojos tampoco lo impusieron en Finlandia. Más tarde, en Yugoslavia y Grecia (sobre todo en este último), los comunistas fueron refrenados por las tácticas del frente unido, y también por las complejidades de las diversas nacionalidades, junto con la situación internacional. En España, los movimientos revolucionarios entendieron el Frente Popular en términos «kerenskistas», al menos hasta que la situación militar se volvió claramente en su contra, al tiempo que observaban los asuntos internacionales con relativa indiferencia, aunque esto último cambiaría muy pronto. Cuando Italia invadió Etiopía, los izquierdistas españoles concedieron al asunto muy poca atención; cuando las armas italianas entraron en España, la historia cambió completamente. La revolución española fue única por su rapidez, por el enorme número de obreros que estuvieron implicados («la mayor revolución proletaria del siglo XX en Europa») y por su carácter «semipluralista» y no comunista. Nunca se había producido algo semejante. Pero fue un absoluto fracaso y tan solo dejó para la historia un mito romántico.

Lo malo del «semipluralismo» y del carácter no comunista de la revolución española fue su profunda desunión, que tampoco tuvo parangón en ningún otro país, ni siquiera en Alemania en 1918 y 1919. La desunión y la consabida ineptitud de los dirigentes fueron las principales debilidades de la izquierda, tal y como acabó reconociendo el propio Juan Negrín. Este fue el factor más importante en la derrota de la izquierda.

En la mayoría de las guerras civiles revolucionarias, la izquierda tenía alguna ventaja gracias a la superioridad del modelo bolchevique como sistema de militarización. Sin embargo, esa ventaja no se produjo en España, donde se dio todo lo contrario, debido al semipluralismo y a la división interna de la izquierda, y donde la derecha disfrutaba de un liderazgo fuerte y único, basado en un sólido modelo militar (aunque no especialmente sofisticado) que además obtuvo un apoyo significativo del extranjero. Al principio, la República tenía abundantes recursos, pero se equivocó a la hora de utilizarlos con inteligencia; desde muy pronto se encontró con que el mercado internacional de armas le cerraba sus puertas, así que la abrumadora superioridad económica y financiera que tuvo al principio no pudo proporcionar la superioridad de la que tanto presumió Indalecio Prieto. Por el contrario, el éxito de la política económica de Franco fue uno de los aspectos más sorprendentes de la guerra, Todo esto refleja la superioridad de una contrarrevolución administrada con inteligencia frente a una revolución colectivista de la izquierda. También ha de señalarse que esta superioridad de Franco dependió, además, de la habilidad para conseguir más armamento y suministros mediante créditos.

La Guerra Civil española fue también única en su aspecto de guerra de religión, debido al estallido de un violento anticlericalismo popular y a la vehemente respuesta que este generó. En cierto sentido se puede afirmar que esto fue casi tan importante como la movilización militar. Todas las guerras civiles revolucionarias de la primera mitad del siglo XX tuvieron características religiosas, pero ninguna tomó unos visos tan radicales como la española. En Rusia, a pesar de la religiosidad de la población en general, el campesinado a menudo mostró un moderado anticlericalismo y no contempló la guerra civil en términos de religiosidad radical, en parte porque el odio de los bolcheviques a la religión no se difundió con demasiada intensidad en el campo. La especial relevancia del tema religioso en España era resultado del papel tradicional que desempeñaba la religión en el país y de la fijación que tenían los revolucionarios con la Iglesia.

La intervención extranjera fue un asunto de la mayor importancia para ambos bandos y adquirió una significación igual o superior a la que tuvo en las guerras civiles de Letonia o de Hungría, y, más tarde, de Grecia (véase la «Conclusión»). Esto no fue algo que planearan ambos bandos, si bien los teóricos marxistas de la Guerra Civil, como Araquistáin y Maurín, se refirieron en ocasiones a lo que ellos imaginaron que sería la ayuda de la Unión Soviética, una ayuda natural y obligatoria. Concluían que el apoyo exterior a la acción de una rebelión militar sería poco probable, puesto que ninguno de los golpes o pronunciamientos históricos había recabado jamás un apoyo semejante, pero que si finalmente se daba, la lógica de las circunstancias obligaría a la Unión Soviética a contrarrestarlo. En realidad, si la rebelión militar hubiera sido tan débil como la izquierda había imaginado (y en alguna medida provocado), ni Hitler ni Mussolini habrían intervenido. Los teóricos marxistas escribían sin tener en cuenta estos aspectos, como si ignoraran el alcance de la radicalización de la política europea y de los modos de acción violenta que se habían desarrollado en Europa central.

No fue una sorpresa que venciera la contrarrevolución, porque eso era lo que había ocurrido, en general, en todos los países europeos. La contrarrevolución había triunfado en Finlandia, en los estados bálticos, en Alemania, en Italia y en Hungría, y más adelante triunfaría también en Grecia. Las excepciones fueron Rusia y, más tarde, Yugoslavia. La novedad en el caso español fue que el Estado nacido de la contrarrevolución no se basó en un típico sistema parlamentario al estilo europeo, sino en un nuevo régimen radical y autoritario. Este fue el movimiento contrarrevolucionario que logró la mayor movilización popular. Gracias a una mezcla de astucia política, represión y suerte en los asuntos internacionales, este movimiento pudo conservar el poder durante mucho más tiempo que cualquier otro, excepto el régimen democrático parlamentario de Finlandia.

Desde el punto de vista militar, la Guerra Civil española también tuvo un carácter genuino, pues fue la que contó con la movilización más elevada y la que dispuso de los mayores avances bélicos de todas las guerras civiles, aunque la sofisticación militar se basó en gran medida en la participación de las potencias extranjeras. Fue la única guerra civil de la época que enfrentó a dos grandes ejércitos completamente organizados y movilizados. Dada la enorme población de Rusia, el Ejército Rojo reclutó a muchos más hombres que su homólogo español, pero en proporción a la población de ambos países, el Ejército Popular español fue mayor. Y lo mismo puede decirse del Ejército Nacional, tanto en términos comparativos como absolutos, pues fue con mucho el ejército contrarrevolucionario más grande y equipado de la Europa de aquella época.

La guerra de España se emprendió con una increíble variedad de armamento procedente de Europa y Norteamérica. Se dijo más adelante –más entre los republicanos y quienes les apoyaron, pero también a veces entre los nacionales y sus aliados– que el conflicto marcó un hito en la historia de los asuntos militares y del armamento, y que avanzó lo que serían las tácticas y el armamento de la Segunda Guerra Mundial. Alguna verdad hay en esta afirmación, aunque quizá pueda resultar un tanto exagerada. La guerra de España fue, en términos generales, un conflicto de baja intensidad, y sobre todo se combatió con armas que se habían quedado obsoletas.

En cualquier caso, es cierto que los soviéticos, los alemanes y, en cierta medida, los italianos trajeron a España algunas de sus armas más novedosas –sobre todo aviones, pero también tanques soviéticos– y podría decirse que utilizaron la guerra como un campo de pruebas para usarlas, si bien esa no fue la principal razón que impulsó su intervención. La única táctica importante realmente novedosa que se ensayó en España fue el empleo de armamento combinado, en el que se precisaba la coordinación de la infantería, la artillería, los blindados y, sobre todo, la cobertura aire-tierra. Estos planteamientos militares se estaban convirtiendo en teoría habitual en las fuerzas soviéticas y alemanas, pero se aplicaron con frecuencia en España, aunque con fundamentos rutinarios o de modo incompleto. Franco, sus lugartenientes y los mandos republicanos tenían muy poca preparación en la teoría y la práctica de esas materias, y tuvieron que adquirir experiencia en el campo de batalla y a fuerza de recurrir a la teoría del ensayo y error. Los consejeros alemanes y soviéticos proporcionaron alguna instrucción. Los últimos llegaron a colaborar en la dirección de las operaciones, y fue personal alemán, italiano y soviético el que con frecuencia pilotaba los aviones, conducía los tanques u operaba con la artillería. En términos generales, el uso combinado de armas se desarrolló con más efectividad en el bando de los nacionales y desempeñó un importante papel en las operaciones de mayor importancia desde la primavera de 1937 en adelante, mientras que los republicanos tuvieron grandes dificultades a la hora de utilizar esta metodología bélica. Los pilotos españoles de la fuerza aérea de Franco llegaron incluso a desarrollar por su cuenta algunas innovaciones, como la de ametrallar «en cadena» las posiciones enemigas en tierra, es decir, una operación de cazas volando en círculo y dando sucesivas pasadas para repetir un mismo ataque.

En cualquier caso, el uso completo y total de armas combinadas que se utilizó tan ampliamente en la Segunda Guerra Mundial no se empleó en la guerra de España. Las imaginativas teorías según las cuales los alemanes probaron la táctica que posteriormente se llamó Blitzkrieg resultan bastante exageradas, pues los estrategas alemanes no la habían desarrollado del todo en el momento en que el conflicto español concluyó. Los tanques alemanes que se utilizaron en España eran pequeños y poco apropiados, y no podían competir con los tanques soviéticos, más rápidos y de mayor tamaño. Además, buena parte de la guerra de España tuvo lugar en terrenos montañosos, en un paisaje muy distinto de los campos de Polonia, Francia y la Unión Soviética. De hecho, las operaciones con tanques apenas se practicaron en España. En escasas ocasiones los soviéticos tuvieron la oportunidad de hacer un uso efectivo de su superioridad en sus blindados, y los pequeñísimos tanques alemanes e italianos que se enviaron a España se utilizaron en contadas ocasiones. Cuando se cumplía ya la última fase de la guerra, los mejores tanques de Franco eran los cerca de 80 vehículos soviéticos que habían capturado a los republicanos y que entraron a formar parte de dos unidades de tanques del Ejército Nacional. Este es solo uno de los muchos ejemplos en los que se observa cómo los nacionales utilizaron en gran medida el armamento que arrebataban a los republicanos, lo que constituyó un aspecto importante para la superioridad armamentística de los rebeldes a lo largo de 1938. Los cazas Polykarpov, fabricados en la zona republicana, de los que se apoderó Franco al final de la guerra estarían volando con la fuerza aérea española durante casi quince años más.

Otro de los mitos recurrentes sobre la Guerra Civil española sugiere que el bombardeo de Gernika y de otras poblaciones españolas fue una prueba sobre el terreno de los bombardeos estratégicos que se harían famosos en la Segunda Guerra Mundial. La experiencia de la Legión Cóndor en España permitió a los alemanes comprender algunos detalles para mejorar sus técnicas de bombardeo, pero en España no se produjo ningún bombardeo estratégico de envergadura. Aunque hubo muchos bombardeos sobre poblaciones, todos fueron a pequeña escala. Muchos de ellos resultaron terribles para las personas que los padecieron, pero normalmente en la guerra de España un ataque aéreo no podía causar más que un centenar de muertos. Estas cifras soportan con dificultad cualquier comparación con las sanguinarias hecatombes de la Segunda Guerra Mundial. La Luftwaffe alemana no había desarrollado aún planes importantes destinados a bombardeos estratégicos; sus aviones estaban diseñados para bombardeos tácticos en operaciones combinadas y para dispensar cobertura aire-tierra[2]. Esta sería una de las principales razones de la derrota de la Luftwaffe en la batalla de Bretaña en 1940. Los primeros bombarderos alemanes que se vendieron a España eran más aviones de transporte lentos que podían equiparse para transportar bombas. Las dos poblaciones que sufrieron más daños –Durango y Gernika– no fueron atacadas con la idea de un bombardeo estratégico (en ese caso, el objetivo habría sido Bilbao, una ciudad que, de hecho, sufrió muy pocos daños), sino con el objetivo de atacar la retaguardia del frente de batalla vasco. La experiencia en España confirmó a los alemanes en su preferencia por el uso de los ataques aéreos de cobertura en operaciones de campo. Una de las principales lecciones fue la importancia de la concentración de fuego en los objetivos y los ataques directos, junto con la necesidad de cazas para escoltar a los bombarderos y la importancia de contar con fuego antiaéreo de primera calidad. En España, los pilotos de caza alemanes también desarrollaron la formación de combate llamada «fingen four», que les proporcionó cierta superioridad táctica durante el primer año de la Segunda Guerra Mundial[3]. Por otra parte, los alemanes no parecieron demasiado impresionados por la superioridad técnica de los tanques soviéticos, puesto que estos se utilizaron en raras ocasiones y con pocos resultados en el poco preparado Ejército Popular, por lo que no se esforzaron en alcanzar a los soviéticos en este sentido hasta 1941 o 1942, cuando ya era demasiado tarde.

En 1936 los soviéticos contaban con más de un plan sobre bombardeos estratégicos y para entonces ya estaban desarrollando la única flota de bombarderos pesados cuatrimotores que había en el mundo: los TB-3[4], que resultaron ser demasiado lentos y difíciles de defender. El Gobierno de Negrín le pidió a Stalin que enviara algunos a España, pero los soviéticos se negaron aduciendo problemas de transporte. El bombardero medio que se envió –el bimotor Katiuska– parecía el más adecuado por su rapidez, pero al final se detectaron graves defectos técnicos y demostraron tener unas cualidades defensivas muy pobres. En muy pocas ocasiones los bombardeos republicanos resultaron efectivos; el éxito más importante tuvo lugar en Guadalajara en 1937. De hecho, ninguna potencia continental mostraría una considerable capacidad de bombardeo estratégico durante la Segunda Guerra Mundial; esa operación fue una especialidad exclusiva de Gran Bretaña y Estados Unidos.

Entre todas las potencias, la Unión Soviética fue la que más interés mostró a la hora de estudiar la guerra de España. Esto se vio con claridad no tanto en el número de hombres que envió a la lucha, que fue considerablemente menor que el que enviaron Italia y Alemania, sino en la cantidad de sus estudios bélicos. Allí donde los alemanes fueron escépticos y selectivos a la hora de extraer conclusiones, los soviéticos se aproximaron con más amplitud pero también con más ingenuidad. Mary Habeck, la principal especialista occidental en este sentido, ha escrito que «los oficiales soviéticos […], a diferencia de sus homónimos alemanes, creían que el conflicto representaba una imagen válida de una futura gran guerra». El Alto Mando soviético «estaba convencido de que el conflicto era un modelo fiable de las guerras modernas y consideró cada nueva experiencia de combate como una valiosa lección para aprender cómo debería luchar el Ejército soviético en el futuro». Poco después de que diera comienzo la guerra, «el comisario de Defensa, Kliment Voroshilov, despachó órdenes detallando las tácticas específicas y la tecnología que sus hombres tenían que estudiar»[5]. Los varios centenares de consejeros militares soviéticos enviaron a Rusia abundantes y prolijos informes que finalmente acabaron componiendo una sección entera de los archivos del Ejército Rojo. «Los especialistas que regresaban a Rusia tras el combate se sometían a exhaustivos interrogatorios sobre la efectividad de los equipos que se estaban utilizando y los métodos de uso»[6].

Ninguna otra fuerza europea prestó tanta atención a las supuestas lecciones que se podían extraer de la guerra de España como el Ejército Rojo. Para el 23 de noviembre de 1937, el ministro de Defensa soviético ya había preparado 57 cuadernos informativos y había publicado tres libros y trece folletos sobre la guerra en España. En el transcurso de pocos meses aparecieron tres libros nuevos y cuatro folletos más, algunos con unas tiradas notables, de 6.000 a 10.000 ejemplares. En fin, el oficial de artillería e historiador militar Yury Rybalkin ha contabilizado un total de 56 libros y ensayos militares sobre las operaciones en España, publicados por las dos editoriales militares más importantes de Rusia entre 1937 y 1941, sin contar la larguísima lista de artículos aparecidos en periódicos y revistas de carácter militar. Además, los estudios no publicados se destinaron a las academias militares soviéticas. Se dictaron numerosas conferencias y se formaron grupos de estudio y debate. El detallado examen soviético cubrió prácticamente todos los aspectos del conflicto, tanto armamentísticos como operativos[7].

Pero se ha planteado la cuestión de si los analistas del Ejército Rojo extrajeron las conclusiones correctas o si en ocasiones se engañaron, y este es un tema bastante más complejo de lo que parece. El asunto que ha concitado más atención fue la decisión que se tomó después de la guerra de España de desestimar las doctrinas ofensivas a base de blindados y «operaciones intensivas» que desarrollaron el mariscal Mijail Tujachevsky y sus colegas (todos perecieron durante el «gran terror» de Stalin). Ese desprecio por las operaciones blindadas supuso un cambio en la dirección contraria a la de los preparativos de la Wehrmacht alemana, preparativos que contribuyeron decisivamente en la espectacular conquista de Francia en 1940. En cualquier caso, tal y como ha señalado Habeck, es equivocado concluir que ese grave error se debió exclusivamente a las escasas conquistas de los blindados soviéticos en España. Un cambio tan erróneo en la política militar se basaba tanto o más en la decisión de romper con las prioridades de los mandos que fueron purgados en 1937. El pobre papel de los blindados soviéticos en España tan solo animó a tomar la decisión de una nueva orientación táctica. Obviamente, en España no se había llevado a cabo ninguna ofensiva profunda (excepto, quizá, la de Franco en Aragón en la primavera de 1938), y a finales de 1939 los cuerpos blindados de tanques del Ejército Rojo fueron desmantelados. Las doctrinas bélicas soviéticas regresaron al concepto de «combate posicional» y de «frente permanente», con los movimientos ofensivos dirigidos a «corroer el frente enemigo», en lugar de emplearse en rápidas penetraciones. La única ventaja que obtuvieron en este sentido de la guerra de España fue la de que los mandos se animaron a prestar más atención a las tácticas defensivas, en las que el Ejército Rojo era muy deficiente.

Los analistas soviéticos estaban equivocados, obviamente, al considerar el conflicto de España como un precedente válido ante una futura guerra europea. Los ejércitos de España carecían de suficientes armas, potencia de fuego, mando y formación como para proporcionar demasiadas lecciones de cara a las grandes campañas de mediados del siglo XX. Esto es especialmente significativo si se tiene en cuenta la topografía de España y se compara con la del este de Europa. Las montañas desempeñaron un papel fundamental en los combates en España, pero esa orografía es inexistente en la Rusia europea, en la mayor parte de Polonia y en el este de Alemania.

El error más notorio se refiere a la decisión de eliminar los planteamientos sobre los blindados y su organización, pero el Ejército Rojo bien pudo haber adquirido una útil experiencia en otros ámbitos, desde la administración militar y la ingeniería hasta la utilización de otro tipo de sistemas armamentísticos. Aunque los tanques soviéticos eran, con mucho, los mejores que había en España, también revelaron notables defectos; a partir de su estudio, los planificadores soviéticos aceleraron el desarrollo del B-5 y lo convirtieron, en 1941, en el T-34, que fue, sin duda, el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. En 1938 la aviación soviética se estaba quedando obsoleta frente a los últimos modelos alemanes, pero esto estimuló el desarrollo de aviones más rápidos y eficaces, que ya se estaban fabricando en 1942 y 1943. También se consiguieron notables mejoras en la artillería y en las armas de infantería, y en otras clases de equipamientos. La experiencia de la guerra de España no fue únicamente decisiva en estos ámbitos, y en 1941 buena parte del equipamiento soviético se había quedado anticuado (en parte como resultado de la obsesión de Stalin por la superproducción militar de mediados de los años treinta)[8], si bien es cierto que los amplios estudios soviéticos desempeñaron un importante papel en el desarrollo de un mejor armamento y en la ejecución técnica en determinadas áreas.

La guerra de España puso de relieve indirectamente la debilidad de la Armada soviética. Stalin había tomado la decisión de remediar esta carencia poniendo en marcha un plan especial, a finales de 1935, con el que se crearía la «flota Bolshoi»; la decepcionante experiencia naval durante la confrontación española solo contribuyó a reforzar dichos planes. Ivan Maisky, el embajador soviético en Londres y representante de la confederación soviética ante el Comité de No Intervención, apremió en diversas ocasiones a la Unión Soviética, a lo largo de 1937, para que interviniera en el Mediterráneo, pero siempre recibió la contundente negativa del mando naval soviético, el almirante Vasily Orlov, quien sostenía que la Armada soviética era demasiado débil. Stalin aceptó su postura, pero en julio de 1937 Orlov fue eliminado en una purga militar y Stalin redobló los esfuerzos para ampliar su Armada. El asesoramiento naval soviético a las fuerzas republicanas fue tímido, como la actuación de la Armada republicana en general, y esta experiencia no hizo sino subrayar la debilidad de la Armada soviética y sus deficiencias teóricas.

Si el Ejército Rojo extrajo en ocasiones lecciones equivocadas, no fue el único. Para los analistas militares franceses, la guerra de España confirmaba la importancia de la defensa y de las armas antitanque. Al principio, la Armée de l'Air, que había obtenido el reconocimiento de arma independiente en 1933, parecía que había sacado conclusiones más apropiadas relativas a la concentración y a la superioridad aérea, junto con las operaciones de cobertura aire-tierra, pero a principios de 1938 todos los cambios y reformas previstos en la aviación francesa fueron desestimados[9].

Para los mandos militares italianos, el éxito de sus unidades en España, coronado por la victoria final, simplemente confirmó sus políticas y prioridades, por lo general inadecuadas. La fuerza aérea italiana no había adoptado los conceptos del general Emilio Douhet, uno de los pioneros de la teoría del bombardeo estratégico, y sus mandos estaban divididos respecto a la experiencia de la guerra de España, aunque la mayoría creía que se hizo lo correcto al esforzarse, sobre todo, en la cobertura aire-tierra. El hecho de que el biplano Fiat CR-32 fuera el único caza capaz de operar con cierto éxito desde el principio hasta el final del conflicto les impidió darse cuenta de que tanto ese avión como el bombardero medio Savoia-Marchetti se estaban quedando completamente obsoletos. «Las lecciones de la Guerra Civil española, plasmadas en informes sobre bombardeos tácticos, precisión de bombardeos, tipos de bombas y otros asuntos técnicos relacionados, no se aprendieron», en parte porque el ministro del Aire italiano creía que el conflicto de baja intensidad de España carecía de las «características de una guerra europea generalizada»[10]. El brillo inadecuado de las diminutas tanquetas italianas –uno de los fallos más obvios– mereció una atención muy limitada, cuando debería haber estimulado el desarrollo de modelos más competitivos. Las deficiencias en la formación de los oficiales de infantería y en las tropas eran sencillamente ignoradas, al tiempo que el éxito relativo de los submarinos italianos en la guerra naval no declarada de Mussolini tampoco contribuyó a remediar los problemas que se habían presentado, ya que los objetivos político-militares de la campaña se habían conseguido. En la Segunda Guerra Mundial saldrían a relucir bastantes más deficiencias que las relativas a la formación y el equipamiento, que ya se habían revelado parcialmente en España; sin embargo, los planificadores italianos extrajeron pocas conclusiones al respecto.

Italia pagó el precio más alto de todas las potencias que intervinieron en el conflicto español. Carecía de la capacidad industrial de Alemania o de la Unión Soviética, así que los casi 800 aviones y los 7500 vehículos de diverso tipo (además de abundante equipamiento) que Mussolini envió a España constituían una notable proporción del arsenal italiano. Casi todo el equipamiento que estaba en buen estado tras el conflicto se quedó en España y no había sido completamente reemplazado para cuando Italia entró en la guerra europea, en 1940.

En términos generales, el conflicto español no respondió ni a los parámetros de la Gran Guerra ni a los de la Segunda Guerra Mundial, sino que supuso una transición entre las dos, con características de ambas. Buena parte del armamento era propio de la Primera Guerra Mundial, aunque en ocasiones el empleo de los blindados, de los últimos modelos de artillería y de la fuerza aérea fue más propio de la Segunda Guerra Mundial. Las tácticas defensivas fueron con frecuencia exitosas, como en la Primera Guerra Mundial, pero las ofensivas de Franco apenas anunciaban las que se producirían en la Segunda Guerra Mundial.

La teoría de que la Guerra Civil fue la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial podría darse la vuelta para concluir que la revolución española y la Guerra Civil constituyeron la última de las crisis revolucionarias de la época de la Primera Guerra Mundial. Precisamente porque el armamento militar y las características de buena parte del conflicto recordaban a las de dicha guerra tanto o más que a las de la Segunda, la situación española tuvo más características de una crisis revolucionaria posterior a la Primera Guerra Mundial que de un conflicto interno propio de la época de la Segunda Guerra Mundial. Entre las características citadas destacan las siguientes: 1) el absoluto hundimiento de las instituciones nacionales, un hecho que contrasta con los golpes de estado y las imposiciones legalistas del autoritarismo de la época de la Segunda Guerra Mundial; 2) el desarrollo de una guerra civil a gran escala entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, un fenómeno relativamente frecuente después de la Primera Guerra Mundial, pero prácticamente desconocido durante la década de los treinta y que solo se dio en Yugoslavia y Grecia durante y después de la Segunda Guerra Mundial; 3) el desarrollo de un típico «Ejército Rojo», de la clase formada tras la Primera Guerra Mundial, en forma de Ejército Popular; 4) una exacerbación extrema del nacionalismo en la zona nacional y en partes de Cataluña y País Vasco, un proceso también más propio de la Primera Guerra Mundial y de la posguerra; 5) un uso frecuente de los conceptos y del material militar típicos de la Primera Guerra Mundial; y 6) el hecho de que no fuera el resultado de ningún plan pergeñado por las grandes potencias y, en ese sentido, más parecido a las crisis posteriores a la Primera Guerra Mundial que a las guerras civiles entre comunistas y anticomunistas que se entablaron como secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Del mismo modo, la extrema izquierda revolucionaria, tanto dentro como fuera de España, saludó la revolución española como la última y una de las mayores revueltas revolucionarias de la época de la primera posguerra mundial.

Los dos bandos en la guerra de España desarrollaron un discurso marcadamente patriótico que definió su lucha como una batalla contra un invasor extranjero. Unos y otros desarrollaron un mito referido a las supuestas raíces exógenas del conflicto. Los republicanos inventaron la idea de que la guerra comenzó gracias a una conspiración promovida por Hitler y Mussolini, que utilizaron a los rebeldes militares como a «tontos útiles» para su propio beneficio y que su intervención sería la primera fase de un plan para hacerse con el control total de España.

Los dirigentes de los nacionales, por su parte, propagaron la idea de que el comunismo soviético era el responsable de haber originado el conflicto, que la rebelión del 18 de julio había sido imprescindible para impedir la llegada al poder de comunistas y soviéticos, pues ese era el plan que estaban poniendo en marcha desde hacía un mes, y que la intervención militar soviética era parte de una estrategia para hacerse con el control absoluto del país. Definían su lucha como una reafirmación tanto del nacionalismo europeo como de la civilización cristiana occidental, y como parte de un combate europeo y mundial contra el comunismo en general y la política soviética en particular.

Las consideraciones internacionales se fueron haciendo cada vez más importantes en ambos bandos a partir de 1938. Franco temía –mientras que Negrín lo deseaba– que las tensiones en Europa se agudizaran hasta el punto de que se produjera una intervención militar de Francia. A medida que avanzaba la guerra, tanto el Gobierno de Negrín como los dirigentes soviéticos fueron llegando al convencimiento de que un cambio en la política de las democracias occidentales sería la clave para una victoria de la izquierda.

Casi desde el principio los republicanos declararon que la suya era parte de una lucha más amplia contra el fascismo, y que pronto se convertiría en una guerra mucho mayor. Poco después, cuando Alemania invadió Polonia, declararon que el conflicto español había sido la «primera batalla» o una «ronda previa» de la guerra de Europa, un verdadero «prólogo». Esta idea también se convirtió posteriormente en tema habitual de ciertos estudios universitarios, empezando por el de Patricia van der Esch: Prelude to War: The International Repercussions of the Spanish Civil War, publicado en 1951.

El problema para este tipo de análisis es que las fuerzas contendientes en España desde 1936 hasta 1939 y los bandos en conflicto en Europa en 1939 y 1940 eran bastante diferentes. La guerra de España fue una encarnizada lucha revolucionaria/contrarrevolucionaria entre la izquierda y la derecha, con las potencias fascistas y totalitarias apoyando a la derecha y la potencia totalitaria soviética apoyando a la izquierda. La guerra europea, por otra parte, solo comenzó cuando se formó una Entente «pan-totalitaria» gracias al pacto nazi-soviético, que permitió a la Unión Soviética apoderarse de una enorme franja al este de Europa, al tiempo que dejaba libre las manos a Alemania para conquistar todo lo que deseara del resto del continente. Esto era todo lo contrario de lo que ocurría en España. Solo mucho después, cuando Hitler se revolvió contra Stalin, el listado de alianzas comenzó a parecerse más a los aliados que participaban en España, pero incluso entonces las cosas eran considerablemente distintas. La «gran alianza» de 1941-1945 contra Hitler no fue un Frente Popular, sino una coalición internacional extraordinariamente amplia que abarcaba desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, y en absoluto era lo mismo que aquel «nuevo tipo» de república revolucionaria exclusivamente izquierdista de España. El líder clave de la resistencia contra Hitler fue Winston Churchill, que dijo que si él hubiera sido ciudadano de España habría apoyado a Franco.

Sin embargo, aunque la guerra de España no fuera un simple «prólogo» o una «ronda previa» de la Segunda Guerra Mundial, contribuyó significativamente al modo en el que se desarrolló la guerra europea. Sin unir directamente la guerra de España y la Segunda Guerra Mundial, los historiadores a menudo avanzan la idea de que la guerra de España contribuyó en buena medida a sentar las percepciones y la psicología que precipitó el gran conflicto. Así, se ha afirmado que el comportamiento de Inglaterra y Francia frente a la Guerra Civil española solo consiguió animar a Hitler y Mussolini, que creyeron que las democracias occidentales carecían de valor para la lucha y que no se enfrentarían jamás a los deseos y las iniciativas ulteriores de las potencias fascistas. Según esta interpretación, la guerra de España no sería un prólogo excepcional, sino, sencillamente, el más largo en una serie de crisis en las que las potencias fascistas actuaron agresivamente y las democracias, pasivamente: Etiopía (1935-1936), Renania (1936), Austria (1938) y los Sudetes (1938).

La política de Hitler de utilizar y prolongar el conflicto español como una enorme maniobra de distracción para apartar la atención de su propio rearme y de su expansión por Europa central resultó en todos los sentidos un éxito. Por un lado, utilizó las complicaciones que surgieron de la guerra de España como una excusa para evitar alcanzar cualquier acuerdo de entendimiento con el Reino Unido y Francia. Por otra parte, calculó con acierto que la prolongación de la guerra acabaría dividiendo a Francia internamente y la distraería respecto a Alemania durante el período 1936-1938, cuando el proceso de rearme alemán aún no había alcanzado el equilibrio de fuerzas que pretendía.

La Guerra Civil española también proporcionó un incentivo para el comienzo de los acuerdos italo-alemanes que Hitler siempre había deseado. Mussolini acabó completamente comprometido con la lucha en España, que poco a poco fue privando a la política italiana de libertad de actuación y la ató a Alemania, que fue la parte dominante del Eje e impuso las iniciativas más importantes. El realineamiento italiano hizo posible que Hitler incorporara Austria casi de inmediato, en marzo de 1938, habilitándolo para avanzar rápidamente contra Checoslovaquia.

Desde esta perspectiva, no fue tanto que Gran Bretaña y Francia ignoraran la guerra de España, sino que en ocasiones le dedicaron más atención que a Austria y Checoslovaquia, aunque sin decidirse a llevar a cabo ninguna acción determinante. Tal y como Willard Frank ha señalado, «incluso en 1938, el año de Múnich, los parlamentarios británicos plantearon casi el doble de preguntas sobre España y el Mediterráneo que sobre Alemania y Europa central […]. La cámara de diputados francesa tuvo que suspender sus deliberaciones dos veces en un día por temor a una pelea generalizada en la Asamblea a propósito de la cuestión española»[11]. La cuestión española, en efecto, dividió a Francia internamente, al tiempo que complicaba y desorientaba sus políticas generales. De ahí que Francia acabara secundando una vez más las decisiones británicas y que el Reino Unido terminara siendo dominante en la alianza de las dos democracias.

La intervención italiana y alemana provocó una contraintervención soviética en la que Stalin no invirtió lo suficiente para asegurar la victoria republicana (suponiendo que esta hubiera sido posible) por temor a las consecuencias internacionales y también debido a las objetivas limitaciones del poder soviético. Aun así, el hecho de que se produjera una significativa intervención soviética resultó beneficioso para Alemania, porque no hizo sino aumentar las sospechas y la enemistad occidental contra la Unión Soviética. Para el mando militar francés, esto solo confirmaba su convicción de que el objetivo de la política soviética era provocar la guerra entre las potencias occidentales. Cuanto más intensa fuera la intervención de Stalin en España y más agresivo fuera el papel de los representantes soviéticos en el Comité de No Intervención, menos posibilidades había para un acercamiento entre París y Moscú en contra de Berlín. Las políticas soviéticas resultaron contraproducentes, salvo por los beneficios del espionaje, y la Unión Soviética estaba más aislada en abril de 1939 que en julio de 1936. Hitler fue mucho más listo que Stalin, como demostraría por segunda vez entre 1939 y 1941, hasta que cometió el error, absurdo y fatal, de entrar en guerra con las dos potencias más grandes del mundo al mismo tiempo.

El estallido de la guerra en Europa no dependió del conflicto español y habría tenido lugar aunque no hubiera habido guerra en España. Incluso aunque la Guerra Civil se hubiera alargado hasta el otoño de 1939, es dudoso que esto hubiera detenido a Hitler en su avance hacia el este de Europa, pero, comoquiera que fuera, las ramificaciones de la guerra de España marcaron en cierta medida el ritmo de los asuntos internacionales. Sin las complicaciones derivadas de la cuestión española, las democracias occidentales podrían haber tomado medidas más severas contra Hitler y, presumiblemente, Mussolini podría haber retrasado o incluso evitado el acuerdo que firmó con él, más allá de que parezca lógico el que ambos dictadores acabaran juntos. Del mismo modo, sin las ventajas que les proporcionaron las distracciones españolas, Hitler probablemente no habría tenido la ocasión de moverse con la rapidez con que lo hizo en 1938.

Sin embargo, este escenario puede entenderse de un modo totalmente opuesto. Una República española sin guerra civil y dominada exclusivamente por la izquierda, operando como el régimen más izquierdista al oeste de la Unión Soviética, podría haberse convertido en un factor desestabilizador, aunque en menor medida.

El Gobierno británico llegó pronto a la conclusión de que una España dominada por el régimen de Franco sería independiente de Alemania y no sería una amenaza para los intereses británicos. A la larga, así es como salieron las cosas, pero, como dijo Wellington a propósito de la batalla de Waterloo, «fue algo muy arriesgado». La amplia colaboración entre Madrid y Berlín, junto al entusiasmo de Franco por entrar en el conflicto europeo en tanto pudiera obtener ciertos beneficios, suscitó la posibilidad de que los cálculos de Londres acabaran en desastre. Casi resultó así, y en varias ocasiones el Gobierno británico temió lo peor.

Algunos derechistas franceses, como el almirante Darlan, comandante de la Armada, y el teniente coronel Louis-Henri Morel, un militar francés que ejercía de agregado militar ante el Gobierno republicano, creían que por razones estratégicas Francia debería mirar para otro lado respecto a la política de los revolucionarios españoles y proporcionar armas a la República, e incluso llevar a cabo alguna intervención militar limitada. El objetivo no era tanto derrotar a Franco (aunque la intervención hubiera tenido ese efecto) como frustrar cualquier expansión o mejora de la situación geopolítica de Alemania e Italia.

Churchill pensaba prácticamente lo mismo. Nadie detestaba el comunismo o cualquier forma de revolución izquierdista más que él. Su posición oficial fue la neutralidad, pero una neutralidad que se inclinaba hacia la República, pues Churchill también dijo que, como británico, apoyaba a las potencias que se oponían a la expansión de Alemania e Italia. En 1938 creía que la política del Gobierno británico respecto a España era quijotesca e irresponsable, no respecto a los asuntos internos españoles precisamente, sino respecto a los efectos del conflicto español en la situación internacional[12]. Esta es una cuestión importante que los historiadores no pueden ignorar, pues las consecuencias de la guerra de España generaron una situación peligrosísima en el Mediterráneo occidental, que solo se mantuvo bajo control gracias a una serie de acontecimientos complejos que bien podrían haber resultado fatales.

La transformación de Franco en Caudillo durante la Guerra Civil creó una nueva personalidad, prepotente y arrogante, y decidida a volver a hacer de España una gran potencia. Así que los nuevos planes navales de junio de 1938 y abril de 1939 proponían un fabuloso programa de construcción naval, oficialmente aprobado por el régimen en septiembre de 1939, que proponía para la década siguiente un gasto de 5.500 millones de pesetas con el fin de construir una enorme flota de cuatro acorazados, catorce cruceros y muchos otros navíos menores; a todo ello le seguiría la construcción de una enorme y nueva fuerza aérea. El plan naval presuponía que la política de España se uniría al «grupo autárquico» (esto es, el Eje), aunque con absoluta «libertad» e «independencia». Proponía que España entrara en la guerra en el momento más oportuno para «romper el equilibrio», haciendo de este modo a España «la clave de la situación», «el árbitro de los dos bloques»[13], aunque Franco jamás tuvo la menor posibilidad de actuar en ese sentido.

En realidad, la posición lógica de España en ambas guerras mundiales era la neutralidad. El país solo tenía una importancia estratégica periférica, no central. Stalin había estado interesado en España como parte de una gran estrategia, complejísima y sobredimensionada, que finalmente resultó demasiado difícil y contradictoria como para poderla llevar a buen término. El interés de Hitler en la guerra de España formaba parte también de una estrategia más amplia, y secundaria más que esencial, hasta que el problema de centrar toda la presión posible contra Gran Bretaña adquirió una importancia principal a finales del verano de 1940. Incluso entonces, la participación española no era un objetivo tan importante como para hacer grandes concesiones a Franco. Después de aquello, Hitler se enfadó cada vez más con él y declaró que el Caudillo español había sido increíblemente desagradecido por la ayuda alemana durante la Guerra Civil e inconcebiblemente miope al pensar que su régimen podría sobrevivir a una derrota de Alemania. Manifestó que estaba profundamente desilusionado con Franco, a quien ahora veía como un oportunista cínico y sin principios, y más adelante señaló que «durante la Guerra Civil, el idealismo no estaba en el bando de Franco; estaba entre los rojos». Como muchos otros observadores, creía que Franco era un incompetente y estaba seguro de que el Gobierno «reaccionario» de Franco no tardaría en caer. Y cuando llegara ese momento, dijo el Führer, la próxima vez apoyaría a los rojos españoles[14].

Durante los dos últimos años de la Segunda Guerra Mundial, ambas partes exigieron lo mismo del Gobierno español: que permaneciera neutral. Para cuando los aliados empezaron a dominar la situación, a principios de 1944, Washington comenzó a presionar al régimen español más de lo que Berlín lo había hecho jamás. Esto fue posible porque la economía española dependía mucho más del comercio con los aliados que del intercambio con Alemania. De mala gana, Franco hizo las concesiones necesarias para sobrevivir, pero nunca fue ni un paso más allá de lo que era imprescindible. Para cuando terminó la guerra, ya había formulado una nueva estrategia política que capacitaría a su régimen para sobrevivir, e incluso prosperar durante algún tiempo, en un mundo post-fascista.

Después, tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, el mito de «la guerra nacional-revolucionaria española» desempeñó un papel menor en la creación de las democracias populares comunistas en Europa central y oriental. Fue como un faro para las posibilidades de la revolución en Occidente, y los veteranos de las Brigadas Internacionales desempeñaron un papel importante a la hora de desarrollar algunos de los nuevos regímenes totalitarios, especialmente en los asuntos militares y de seguridad. El mito adquirió especial importancia en la República Democrática de Alemania como una referencia indispensable del antifascismo revolucionario occidental[15].

Dadas las condiciones en que se plantearon, los mitos de la Guerra Civil española nunca pudieron realizarse, porque en ambos bandos las premisas solo admitían la absoluta eliminación del enemigo. Dichas premisas quedaron finalmente superadas tras la Transición española de 1976-1978, que rechazó ambas secuencias de mitos. La creación de una nueva democracia española no representó un regreso al 16 de julio de 1936, ni siquiera a 1931, sino que fue una nueva salida hacia la construcción de un régimen moderno basado en un amplio consenso democrático con igualdad de derechos para todos. En la medida en que pueda considerarse una reivindicación de alguna de las fuerzas políticas de los años treinta, esas fuerzas habrían sido las de los radicales de Lerroux y los pequeños partidos de centro liberales y demócratas, pero en ningún caso los de la derecha o de la izquierda.

CONCLUSIÓN

EL FINAL DE UNA ÉPOCA CONVULSA EN EUROPA

La última fase de las guerras intestinas en Europa tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial y en los años inmediatamente posteriores. Debido a las profundas diferencias ideológicas entre las distintas potencias involucradas en el conflicto, en la mayoría de los países se formaron minorías cuya orientación política tendía precisamente a conformarse con la ideología de los países enemigos. No obstante, en casi todos los casos las minorías disidentes apoyaron a sus propios Gobiernos nacionales, aunque no siempre.

En Polonia, cuya sociedad era multiétnica, los invasores soviéticos (1939) animaron la animadversión interna contra los polacos para vincular a los ucranianos y a los habitantes de Bielorrusia con la Unión Soviética. Posteriormente, la invasión alemana de la Unión Soviética animó las revueltas antirrusas y anticomunistas entre los distintos grupos étnicos del imperio de Stalin. Los conflictos internos en el oeste y en el sur de la Unión Soviética se enconaron cada vez más. Más tarde, la insurgencia interna contra el imperialismo soviético continuó viva durante años en Ucrania, Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el conflicto entre los fascistas y los antifascistas en el norte de Italia generó lo que algunos han dado en llamar la «guerra civil de Italia» (entre 1943 y 1945); una versión mucho más limitada de ese conflicto también se dio en Francia.

En cualquier caso, las únicas guerras civiles reales estallaron solo en la Yugoslavia ocupada y en Grecia. Bajo el impacto de la invasión alemana de 1941, Yugoslavia comenzó un proceso de escisión, con una notable cantidad de organizaciones políticas centradas únicamente en la defensa de las distintas nacionalidades. El Partido Comunista de Yugoslavia, liderado por Josip Broz (Tito), organizó el único frente político general y multiétnico, lo que disfrazó el hecho cierto de que estaba controlado por los comunistas, y finalmente montó una organización multipartidista en 1943, la AVNOJ (Consejo Antifascista para la Liberación de Yugoslavia), para acoger todas las tendencias étnicas. Las mayoría de fuerzas integrantes no eran más que pequeños partidos minoritarios que inmediatamente fueron controlados por los comunistas. El ejército de guerrilleros de Tito, los partisanos, que en ocasiones formaron algunas unidades militares regulares, lideraron la lucha contra los ocupantes alemanes e italianos, al tiempo que dedicaban una atención similar, o incluso mayor, a la guerra civil que mantenían contra las clases altas y las fuerzas conservadoras que dominaban la política en Croacia y Serbia. Los partisanos sobrevivieron a las violentas y repetidas embestidas alemanas, y poco a poco fueron creciendo y fortaleciéndose, con la significativa ayuda de Gran Bretaña. En 1944 habían alcanzado un poder inimaginable, y en la última fase de la guerra los soviéticos consiguieron expulsar a los alemanes, permitiendo que los comunistas yugoslavos ganaran la guerra civil y se adueñaran de todo el país; en el que impusieron una dictadura al estilo soviético; al tiempo, llevaron a cabo masacres generalizadas contra sus oponentes, comparativamente mucho más amplias que las ejecuciones que el régimen de Franco ordenó en España al final de la Guerra Civil.

La otra gran guerra civil a gran escala tuvo lugar en Grecia y se desarrolló en tres fases distintas. Bajo la ocupación alemana, los comunistas griegos (KKE) se convirtieron en la fuerza de resistencia más activa y tuvieron intención de hacerse con el control de todo el país, como sus homólogos en Yugoslavia. Pusieron en marcha una primera fase de guerra civil mediante ciertos ataques militares contra grupos de resistencia rivales y anticomunistas, en 1943. A finales del año siguiente, el Gobierno griego regresó a Atenas, donde los comunistas, que poseían una notable fuerza militar, se amotinaron y se rebelaron, comenzando así una segunda fase de la guerra civil, en diciembre de 1944. La insurrección fue aplastada, y no por el débil Gobierno griego, sino por unidades del ejército británico que Churchill envió rápidamente desde Italia. La monarquía parlamentaria, entonces, hizo los movimientos propicios para consolidar su posición en el país, y los comunistas emprendieron el tercer y último asalto de la guerra civil en 1947, ocupando buena parte del norte del país.

Fue la intentona comunista más seria y decisiva para hacerse con Grecia, y el resultado en buena medida quedó determinado por la declaración y puesta en marcha de la nueva «Doctrina Truman» contra las insurgencias comunistas en todo el mundo, y el envío a Grecia de apoyo militar americano a gran escala. La guerra civil griega quedó marcada por las habituales ejecuciones políticas, muy numerosas, y acabó con la completa derrota de los comunistas. Para entonces, la época de la Segunda Guerra Mundial había concluido y comenzaba la Guerra Fría.

La primera mitad del siglo XX en Europa constituye «la época de las guerras mundiales», la época en la que no solo se dio la violencia internacional más generalizada en la historia de Europa, sino también la época en la que se sucedieron los conflictos internos más importantes. Al finalizar este medio siglo, la época de la «modernidad clásica» estaría llegando a su fin, y los factores que estimularon los conflictos violentos –subrayados al principio de este libro– también habían sido superados en su mayor parte. El feroz nacionalismo, la rivalidad de distintos imperios e imperios emergentes, las ideologías basadas en el fundamentalismo y el conflicto y la teoría de la economía autárquica, todo ello desapareció o entró en un proceso de declive. La expansión y la transformación de los medios de comunicación y de la tecnología de la información contribuyeron a poner fin a la época clásica de la propaganda política, al tiempo que el salto espectacular en la tecnología armamentística disuadió a las grandes potencias de embarcarse en una guerra directa. Así pues, la tercera escena del proceso revolucionario mundial del siglo XX no trajo una tercera guerra mundial, sino la Guerra Fría, muy diferente a las otras –larga, cara y destructiva–, pero que no acarreó otro holocausto bélico.

Del mismo modo, los factores que habían animado las guerras internas en Europa también se debilitaron y, prácticamente, desaparecieron. El totalitarismo creó un monopolio estatal de violencia interna en la mitad oriental de Europa, y en occidente, con la excepción de la Península ibérica, las democracias liberales y las socialdemocracias se estabilizaron y maduraron, y el encanto de las ideologías revolucionarias declinó drásticamente. A finales de la década de los cuarenta comenzó un rápido crecimiento económico que duró casi un cuarto de siglo; sin embargo, cuando se ralentizó, se evitó una gran depresión y se completó una transformación social sin precedentes. Todo esto rebajó y desanimó las peticiones de un cambio violento, que se redujeron ostensiblemente en Occidente. En toda Europa occidental la respuesta al trauma de la Segunda Guerra Mundial fue mucho más positivo y constructivo que la que hubo respecto a la Primera Guerra Mundial, y el fuerte liderazgo de Estados Unidos ayudó en gran medida. Como resultado de todos estos profundos cambios, el tiempo de los conflictos internos había quedado atrás.

Esta época de convulsiones internas fue el resultado de tres procesos interrelacionados: el conjunto de cambios, presiones e ideas generadas internamente por el clímax de la modernidad clásica, los efectos de las guerras mundiales y las consecuencias de la debilidad interna o las contradicciones particulares de cada país. Las tierras del noroeste de Europa, que no sufrieron una derrota en la Primera Guerra Mundial y que ya habían resuelto muchos de sus problemas internos, nunca se desestabilizaron, incluso aunque experimentaran momentos de conflictividad. Todas las guerras civiles y conflictos internos en otras partes de Europa fueron similares en la medida en que cada una desarrolló una confrontación social revolucionaria bien distinta de la tradicional lucha política entre élites[1]. En términos generales puede decirse que las guerras civiles y los graves disturbios internos se desencadenaron por las consecuencias de guerras extranjeras, aunque también reflejaban las tensiones a las que nos hemos referido. En este sentido, la unicidad de la guerra de España permanece invariable, como lo es el hecho de que, más que cualquier otra, se convirtió en una verdadera guerra de religión. En general, las guerras civiles no fueron significativas como contiendas militares, bien por la escasa movilización o por su corta duración, bien por la insignificancia de su armamento o su tecnología, aunque aquí también, en alguna medida, la guerra de España fue excepcional en todos los aspectos. El papel de la intervención extranjera varió considerablemente de un conflicto a otro. Fue importante en los casos de Rusia, Letonia, Hungría, España y Grecia –aunque en sentidos bastante distintos– y menos en los demás.

El papel del comunismo fue fundamental. Todos esos conflictos fueron guerras civiles de comunistas contra no comunistas, con la excepción de la crisis de posguerra (Primera Guerra Mundial) en Italia y las excepciones parciales de España y Alemania[2]. Incluso en estos últimos casos el comunismo se convirtió en fuerza hegemónica durante la República revolucionaria española y llegó a controlar la actividad revolucionaria de izquierdas en Alemania. En solo dos países ganaron los comunistas, pero esto no invalida el hecho de que crearon un modelo totalitario únicamente bien diseñado para la guerra, aunque con frecuencia fuera incapaz de superar todos los obstáculos a los que se enfrentó. El modelo bolchevique desarrolló dictaduras absolutas y una movilización casi total, aunque esto solo funcionó cuando pudo interrelacionarse con los grandes recursos económicos y demográficos del interior de Rusia, unos cimientos verdaderamente enormes. Los partisanos de Tito se enfrentaron a problemas mucho más graves, de modo que sus logros también fueron los más notables, utilizando el mismo modelo, mezclado con el desarrollo de un frente multinacional de considerable atractivo popular. Sin embargo, los comunistas normalmente buscaban aliados en el interior y en el exterior. Incluso en Rusia, desde mediados de 1918 en adelante, cuando no tenían aliados formales, muchos izquierdistas de otros partidos se unieron a su causa, al tiempo que también tuvieron cierto éxito a la hora de manipular las nacionalidades sometidas. Solo en España, Italia y Finlandia los comunistas no llegaron a controlar el poder ni a ser una fuerza hegemónica sobre el núcleo revolucionario.

Normalmente, en los conflictos internos había considerables incentivos para que una o más potencias extranjeras se animaran a intervenir, puesto que la naturaleza radical e ideológica de dichos conflictos tenía ramificaciones internacionales, aunque el objetivo de una potencia concreta al principio pudiera ser solo el de promover el proceso de subversión, como fue el caso de Alemania en Rusia en 1917 y 1918. La intervención extranjera generalmente favorecía la contrarrevolución, pero, en los dos casos en los que vencieron los revolucionarios, la intervención más crucial favoreció a estos últimos, lo cual advierte de su importancia. Tanto en Rusia como en Yugoslavia los comunistas en ocasiones disfrutaron de respaldos muy significativos por parte de potencias no comunistas, una paradoja solo explicable gracias a las contradicciones y exigencias de una guerra mundial. Esto no invalida el hecho de que en ambos casos los comunistas desarrollaron una considerable fuerza por sí mismos. Solo en Alemania un largo proceso de insurgencias, aunque intermitente, pudo contenerse sin una decisiva ayuda extranjera; de todos modos, en ese caso la insurgencia nunca alcanzó el nivel de una guerra civil generalizada. En Finlandia, el hecho de que los bolcheviques no estuvieran en disposición de intervenir con contundencia permitió que los contrarrevolucionarios quedaran en disposición de consumar su victoria prácticamente solos, aunque no del todo.

Los éxitos contrarrevolucionarios casi siempre dieron como resultado democracias parlamentarias, pero no siempre. La victoria de la reacción en Hungría restauró el viejo régimen decimonónico con solo algunas reformas menores, dando lugar a un sistema bastante menos que democrático; por su parte, el régimen de Franco comenzó su larguísimo periplo como un sistema semifascista. Una vez más, el caso español ha de quedar fuera, aunque la propia época en la que tuvo lugar –finales de la década de los treinta– fue un factor crucial.

La relevancia internacional de las guerras civiles también resultó desigual. Generalmente, los conflictos en los países grandes tuvieron mayor influencia en el exterior. La guerra civil de Grecia fue más importante que otros casos que afectaron a pequeños países, debido a la relación que tuvo con las grandes potencias y el comienzo de la Guerra Fría. La lucha en España fue percibida en muchos casos como una guerra con una enorme relevancia internacional, pero, tal y como ya hemos dicho, su relevancia fue secundaria e indirecta.

La importancia histórica de la mayoría de estos conflictos fue considerable. Las consecuencias de la guerra de Rusia contribuiría a condicionar buena parte del curso del siglo XX, la guerra de España marcó el futuro de este país durante cuatro décadas y la guerra civil de Grecia desempeñó un papel relevante a la hora de que cristalizara la Guerra Fría. Estas tres guerras fueron las únicas que tuvieron una importante influencia histórica, aunque el resultado de la guerra de Finlandia contribuyó a consolidar el moderno sistema parlamentario finlandés, que ha gobernado el país desde entonces y ha contribuido a desarrollar una de las sociedades más productivas, progresistas y prósperas del siglo XX. Los resultados de las guerras en Estonia y Letonia garantizaron el comienzo de la independencia nacional para esos países, mientras que el fracaso de los revolucionarios en Alemania consolidó la democracia liberal durante una década, aunque poco más.

La Guerra Fría, desde luego, ocupó el lugar de la tercera guerra mundial y en algunas ocasiones se ha descrito como una «guerra civil internacional». En ocasiones sí pudo entenderse algo semejante, pero, en general, el concepto es un tanto exagerado. En la medida en que estuvieron implicadas las dos grandes potencias, la Guerra Fría fue una guerra «por poderes» que en ocasiones desató guerras civiles en otras partes del mundo. El conflicto armado durante esta larga época de más de cuarenta años tuvo lugar casi exclusivamente en lo que vino a llamarse «el Tercer Mundo», sobre todo en el mundo afroasiático: así fue como se evitó la confrontación directa entre las superpotencias. Las dos guerras más importantes de la segunda mitad del siglo, en Corea y en Indochina, tuvieron características propias de guerra civil. La única guerra de cierta extensión de finales del siglo XX que fue estrictamente internacional fue el conflicto entre Irán e Irak.

Respecto a Europa, los enormes cambios que se produjeron tras la Segunda Guerra Mundial –la mayoría, cambios muy favorables en la mitad occidental del continente–, junto con las condiciones de la Guerra Fría, abrieron un largo período de estabilidad tanto interna como externa. La revolución había llegado a Europa oriental, pero no por medio de la insurrección o la guerra civil, como fue postulado por el marxismo-leninismo. Llegó con los fusiles del Ejército Rojo (la doctrina estalinista), con las excepciones de Yugoslavia y Albania. Debido al absoluto control soviético solo hubo alguna algarada sin demasiada importancia y mucha opresión. Los partidos comunistas desempeñaron papeles importantes en Francia y en Italia, pero fueron absolutamente incapaces de desestabilizar esas sociedades. Los principales estallidos nuevos de revoluciones políticas en Europa vendrían principalmente de la dirección opuesta, en la forma de rebeliones contra el comunismo en Alemania oriental (1953), Hungría (1956), Checoslovaquia (1968) y Polonia (1980). Las únicas acciones militares internacionales en Europa después de 1945 fueron las invasiones soviéticas de Hungría y Checoslovaquia. La Guerra Fría había fijado una frontera a la expansión comunista en Europa, así que las guerras civiles revolucionarias se trasladaron a otros continentes, alcanzando primero el clímax en China entre 1945 y 1949.

Si la época de las guerras civiles en Europa había concluido, la nueva época de las guerras civiles en el mundo acababa de comenzar. Durante la segunda mitad del XX, la guerra civil, no la guerra internacional, se convirtió en la forma predominante del conflicto violento en la mayor parte del mundo. Hubo varias razones para ello. Una era que la Guerra Fría en sí misma promovía la guerra civil en las partes menos desarrolladas del mundo. Como el punto muerto atómico aconsejó a las superpotencias no enfrentarse directamente, estas decidieron apoyar a distintos contendientes en diferentes conflictos internos por todo el mundo. Muchos de esos conflictos adquirieron la forma de guerras civiles o rebeliones de comunistas contra no comunistas, aunque no en todos los casos. Un segundo factor fundamental, y de casi igual importancia, fue la descolonización y la emergencia de muchos nuevos Estados en África y Asia, cuyos territorios, dirigentes, sistemas políticos y hegemonías étnicas estaban siendo contestados violentamente de distintos modos en el interior. Los dirigentes soviéticos descubrieron pronto que el camino más fácil y rápido para oponerse a los intereses occidentales en todo el mundo era promover los «movimientos de liberación nacional» (una política instituida por Lenin en 1918), independientemente de si eran comunistas o no. Los Gobiernos de los Estados recientemente instituidos podían entonces enfrentarse a rebeliones internas, lo cual los incitaba a convertirse en clientes de una superpotencia u otra. Así pues, muchos de los factores que habían animado las guerras internas en los países europeos antes de 1945 –ideologías radicales, conflictividad social, manipulación extranjera, secesión étnica– fueron también muy habituales en otras partes del mundo después. El foco del nacionalismo viró hacia Asia y África, provocando tensiones secesionistas o, simplemente, guerras civiles ínterétnicas que, de tanto en tanto, acababan en genocidios.

El final de la Guerra Fría de ningún modo rebajó la frecuencia de guerras civiles o de graves conflictos internos, especialmente en África y en Oriente Próximo. Las divisiones ideológicas de la Guerra Fría fueron sustituidas inmediatamente por nuevos radicalismos en torno a las etnias y/o la religión. Así pues, la guerra civil regresó a Europa durante unos años con el desmoronamiento de Yugoslavia, y amenazó con estallar en los Estados postsoviéticos, aunque adquirió una forma relevante tan solo como rebelión étnica en Chechenia y en el Cáucaso. La guerra civil ideológica persistió en algunos Estados africanos[3], mezclada con los conflictos étnicos, como las insurgencias ideológicas en algunos países de Sudamérica, pero en general las nuevas fallas se asimilaban a las quiebras étnicas y religiosas. Además ha de tenerse en cuenta el problema de los Estados fallidos de África, el sur de Asia e incluso, posiblemente, América del Sur, los cuales están muy expuestos a futuros conflictos internos. Las guerras civiles europeas asociadas a las luchas clásicas de la modernización, las ideologías radicales y las consecuencias de desastrosos conflictos internacionales concluyeron en 1949, pero la guerra interna ha sustituido en el mundo a las guerras internacionales como forma predominante de conflicto en el siglo XXI.

STANLEY GEORGE PAYNE. (Denton, Texas, 1934) es un hispanista estadounidense. Doctor en Historia por la Universidad de Columbia y profesor emérito de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde ostenta la cátedra Hilldale-Jaume Vicens Vives. También es codirector del Journal of Contemporary History, miembro de la American Academy of Arts and Sciences (Academia Americana de Artes y Ciencias), y, desde 1987, académico de la Real Academia Española de la Historia.

Payne escribe con cierta frecuencia artículos de opinión en los periódicos españoles ABC y El Mundo sobre actualidad hispana. También en la Revista de Libros colabora asiduamente con sus ensayos bibliográficos.

Con dilatada presencia en el panorama académico español, dirigió en la Universidad de Burgos, en julio del 2005, el curso «La represión durante la guerra civil y bajo el franquismo: historia y memoria histórica». El 9 de junio de 2004, la Universidad privada católica Cardenal Herrera-CEU lo nombró doctor honoris causa. En 2006 Payne fue el director del curso «La guerra civil: conflicto revolucionario y acontecimiento internacional» en la Universidad Rey Juan Carlos, España.

En 2009 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Notas

Notas al capítulo 1

[1] Tal es la teoría de Fernando del Rey Reguillo, en «¿Qué habría sucedido si Alfonso XIII hubiera rechazado el golpe de Primo de Rivera en 1923?», en N. Townson (ed.), Historia virtual de España (1870-2004). ¿Qué hubiera pasado?, Madrid, 2004, págs. 93-137. <<

[2] Esto es, el Partido Republicano Radical; no debe confundirse con los efímeros grupos del Partido Radical Socialista de 1931-1933. <<

[3] Para un análisis comparativo de las diferencias entre la democratización de 1931-1932 y 1976-1978, véase M. Álvarez Tardío, El camino a la democracia en España: 1931 y 1978, Madrid, 2005. <<

[4] El estudio más reciente sobre el auge del anticlericalismo corresponde a E. Sanabria, Republicanism and Anticlerical Nationalism in Spain, Nueva York, 2009. Véase también C. P. Boyd (ed.), Religión y política en la España contemporánea, Madrid, 2007. <<

[5] En México, esta situación simplemente señaló el comienzo de una nueva fase en la guerra civil tras la contienda inicial promovida por la revolución de 1911. El estado tiránico mexicano fue incapaz de suprimir el movimiento popular llamado «Cristero» y tuvo que ofrecer una solución de compromiso; el resultado final fue el asesinato selectivo de cientos de líderes cristeros. En total, casi 100.000 personas murieron en aquella espantosa guerra civil impulsada por la persecución política impuesta por el régimen revolucionario. La completa libertad religiosa no llegó a México hasta la presidencia del católico Manuel Ávila Camacho, en 1940. El mejor análisis de estos hechos se debe al profesor francés Jean Meyer, La cristiada, 3 vols., México, D. F., 1973 (ya en su vigésima edición), así como Meyer, El sinarquismo, el cardenismo y la Iglesia, 1937- 1947, México, D. F., 2003; A. Azkue, La cristiada: los cristeros mexicanos (1926-1941), Barcelona, 2000; y L. López Beltrán, La persecución religiosa en México, México, D. E, 1987. <<

[6] Véase M. Arbeloa, La Iglesia que buscó la concordia (1931-1936), Madrid, 2008, donde se ofrece un breve repaso a la situación de la Iglesia y el Estado durante la República. Véanse también M. Álvarez Tardío, Anticlericalismo y libertad de conciencia, Madrid, 2002, y J. Vara Martín, Un episodio en la historia de España: la lealtad de los católicos al poder, Valencia, 2004. Para la reacción del Vaticano, V. Cárcel Ortí, Pío XI: entre la República y Franco, Madrid, 2008. <<

[7] El principal historiador del anarquismo español es Julián Casanova; véanse De la calle al frente: el anarcosindicalismo en España (1931-1939), Barcelona, 1997, y Anarquismo y violencia política en la España del siglo XIX, Zaragoza, 2007; y J. Brademas, Anarquismo y revolución en España (1930-1937), Barcelona, 1974. El mejor análisis sobre la doctrina anarcosindicalismo es de J. Paniagua Fuentes, La larga marcha hacia la anarquía. Pensamiento y acción del movimiento libertario, Madrid, 2008. <<

[8] R. Villa García, «La modernización de España: las elecciones nacionales de 1933», tesis doctoral de la Universidad Rey Juan Carlos, 2009, con un detallado, riguroso y definitivo estudio de esas elecciones. <<

[9] Sobre el papel de Alcalá Zamora, véase A. Alcalá Galve, Alcalá-Zamora y la agonía de la República, Sevilla, 2002. <<

[10] A. de Blas, El socialismo radical en la II República, Madrid, 1978. <<

[11] Sobre Besteiro, véanse A. Saborit, Julián Besteiro, Madrid, 2008; y P. de Blas Zabaleta y E. de Blas Martín-Meras, Julián Besteiro: nadar contra corriente, Madrid, 2003. <<

[12] Para la historia de la UGT durante la República, véase M. Bizcarrondo, Historia de la UGT, vol. 3: «Entre la democracia y la revolución, 1931-1936», Madrid, 2008. <<

[13] J. Avilés Farré, «Los socialistas y la insurrección socialista de octubre de 1934», en Avilés Farré (ed.), «Violencia y política en España, 1875-1936», Espacio, Tiempo y Forma, Serie V; Historia Contemporánea, t. 20, 2008, págs. 129-157; constituye un buen análisis de los objetivos socialistas. <<

[14] Del texto de instrucciones para la insurrección, en S. Juliá (ed.), Largo Caballero: escritos de la República, citado en P. Moa, Los orígenes de la Guerra Civil española, Madrid, 1999, págs. 404-414. Para los facsímiles de algunos de los numerosos avisos públicos de carácter incendiario de los socialistas durante 1933 y 1934, véase la segunda parte de P. Moa: 1934: comienza la Guerra Civil. El PSOE y la Esquerra emprenden la contienda, Madrid, 2004. Los textos de Moa sobre la insurrección de 1934 han sido criticados ampliamente, pero ninguno de los datos que ha presentado el autor ha podido rebatirse. <<

[15] M. Azaña, Mi rebelión en Barcelona, Madrid, 1935, pág. 35. <<

[16] Existe una amplísima literatura a propósito de este acontecimiento traumático y fuertemente polarizado. El estudio más detallado es de P. I. Taibo II, Asturias, 1934, Gijón, 1984,2 vols., favorable a los revolucionarios. Véanse también E Aguado Sánchez, La revolución de octubre de 1934, Madrid, 1972; B. Díaz Nosty, La comuna asturiana, Madrid, 1974; A. del Rosal, 1934: el movimiento revolucionario de octubre, Madrid, 1983; y P. Moa, Los orígenes de la Guerra Civil española, Madrid, 1999, y 1934: comienza la Guerra Civil. El PSOE y la Esquerra emprenden la contienda, Madrid, 2004. <<

Notas al capítulo 2

[1] B. D. Bunk, Ghosts of Passion, Martyrdom, Gender, and the Origins of the Spanish Civil War, Durham, Carolina del Norte, 2007. Se trata de un ensayo sobre las campañas de propaganda, sus imágenes y su influencia. <<

[2] Sobre el papel y la personalidad de los radicales, el único gran partido democrático liberal, véanse O. Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical, 1908-1936, Madrid, 1976; y N. Townson, La República que no pudo ser: la política de centro en España, 1931-1936, Madrid, 2002. <<

[3] J. C. García Rodríguez, El caso Strauss: el escándalo que precipitó el final de la II República, León, 2008. <<

[4] S. Juliá, La izquierda del PSOE, 1935-1936, Madrid, 1979. <<

[5] S. Juliá, Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936), Madrid, 1979. <<

[6] Algunas de estas diferencias se han publicado en M. S. Alexander y H. Graham (eds.), The French and Spanish Popular Fronts: Comparativa Perspectives, Cambridge, 1989. Véanse también S. Wolikow, Le Front Populaire en France, Bruselas, 1996; y un breve resumen en P. Benard y H. Dubief, The Decline of the Third Republic 1914-1938, Cambridge, 1988, págs. 285-333. <<

[7] J. Tusell, et al., Las elecciones del Frente Popular, Madrid, 1971, 2 vols. <<

[8] J. J. Linz y J. de Miguel, «Hacia un análisis de las elecciones de 1936 en España», Revista Española de Opinión Pública, núm. 48, abril-junio, 1977, págs. 27-67. <<

[9] A principios de 2009, finalmente se recuperaron los diarios de Alcalá Zamora, durante largo tiempo desaparecidos. Según todos los indicios, deberían de tener anotaciones sobre los informes de irregularidades cometidas en las votaciones. Dichos diarios se depositaron en el Archivo Histórico Nacional y en el momento de redactar este libro aún se están investigando. <<

[10] El único estudio al respecto es de R. Villa García, «The Failure of Electoral Modernization: The Elections of May 1936 in Granada», Journal of Contemporary History, 44:3, julio de 2009, págs. 401-429. <<

[11] J. Pla, Historia de la Segunda República española, Barcelona, 1940, 4 vols., pássim. <<

[12] J. Getman-Eraso, «"Cease Fire, Comrades" Anarcho-Syndicalist Revolutionary Prophesy, Anti-Fascism and the Origins of the Spanish Civil War», Totalitarian Movements and Political Religions, 9:1, marzo de 2008, págs. 93-114. <<

Notas al capítulo 3

[1] F. Olaya Morales, La conspiración contra la República, Barcelona, 1979; J. Gil Pecharromán, Conservadores subversivos: la derecha autoritaria alfonsina (1913-1936) Madrid, 1994; M. Blinkhorn, Carlism and Crisis in Spain, 1931-1939, Cambridge, 1975; I. Saz, Mussolini contra la II República (1931-1936), Valencia, 1986. <<

[2] Esta es la conclusión de un amplio estudio –el más extenso que se ha llevado a cabo hasta el momento– realizado por el infatigable Juan Blázquez Miguel, «Conflictividad en la España del Frente Popular (febrero-julio de 1936)», Historia 16, núm. 328 (agosto, 2003), págs. 76-86. El ensayo más actualizado y el análisis más completo respecto al problema de la violencia política en España durante este período es el de E. del Rey Reguillo, «Reflexiones sobre la violencia política en la II República Española», en M. Gutiérrez Sánchez y D. Palacios Cerezales (eds.), Conflicto político, democracia y dictadura: Portugal y España en la década de 1930, Madrid, 2007, págs. 19-97. El estudio más reciente sobre el papel de la violencia en 1936 es de G. Ranzato, «El peso de la violencia en los orígenes de la Guerra Civil de 1936-1939», en J. Avilés Farré (ed.), «Violencia y política en España, 1875-1936», Espacio, Tiempo y Forma, Serie V; Historia Contemporánea, t. 20, 2008, págs. 159-182. <<

[3] A. Bullón de Mendoza, José Calvo Sotelo, Barcelona, 2004. <<

[4] A. Semprún, El crimen que desató la Guerra Civil, Madrid, 2005; I. Gibson, La noche en que mataron a Calvo Sotelo, Barcelona, 1983; y L. Romero, Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo, Barcelona, 1983. <<

[5] Mundo Obrero, Madrid, 14 de julio de 1936. <<

[6] Citado en un manuscrito no publicado de Melchor Ferrer, «La conspiración militar de 1936 y los carlistas», pág. 28. <<

[7] Véase aquí el análisis del oficial del ejército republicano Jesús Pérez Salas, que luchó con la República en la Guerra Civil, Guerra en España (1936 a 1939), México D. F., 1947, págs. 82-83. <<

[8] Algunos comentaristas han cuestionado la exactitud de esta secuencia de acontecimientos; señalan que el Dragon Rapide, el avión comercial inglés contratado para llevar a Franco a Marruecos, ya había abandonado Inglaterra el día 11 de julio con la intención de aterrizar en las islas Canarias, donde Franco era comandante general, tres días después. Sin embargo, el avión fue contratado por los conspiradores españoles con el deseo de que Franco se animara a utilizarlo. Cuando el avión partió de Inglaterra, el general aún no tenía ninguna intención de sumarse a la revuelta, y solo cambió de opinión el día 13. <<

Notas al capítulo 4

[1] Se han publicado algunas investigaciones sobre la revuelta en el Protectorado; la más reciente es la de J. Gil Honduvilla, Marruecos, ¡17 a las 17!, Sevilla, 2009. <<

[2] A mediados de julio, muchos soldados estaban abandonando ya el servicio militar, así que nunca ha sido posible establecer exactamente cuántos permanecían en sus unidades cuando se produjo la rebelión. <<

[3] Sobre esta operación, véase J. Ortiz Villalba, Del golpe militar a la guerra civil: Sevilla 1936, Sevilla, 2006; este estudio puede cotejarse con el libro recientemente publicado de J. Fernández-Coppel, Queipo de Llano. Memorias de la guerra civil, Madrid, 2008, págs. 11-111. <<

[4] C. Blanco Escolá, La incompetencia militar de Franco, Madrid, 2000; J. Semprún, El genio militar de Franco, Madrid, 2000; y J. A. Vaca de Osma, La larga guerra de Francisco Franco, Madrid, 1991. El tratamiento más amplio y equilibrado, en todo caso, es el del Blázquez Miguel, Auténtico Franco: trayectoria militar, 1907-1939, Madrid, 2009. <<

[5] Los voluntarios carlistas alcanzarían prácticamente un número aproximado de 60.000 hombres. Las bajas ascendieron a 34.000 combatientes, aunque en las estadísticas suelen incluirse los heridos. Cayeron en torno a los 6.000 hombres, un porcentaje de mortandad que ronda el 10%, aproximadamente el doble que todo el ejército de Franco en su conjunto. Véase J. Aróstegui, Los combatientes carlistas en la guerra civil española, Madrid, 1989, 2 vols., y para una breve visión de conjunto, el excelente estudio de E J. de Lizarza, «Los combatientes carlistas en la Guerra de España, 1931-1936», en S. G. Payne (ed.), Identidad y nacionalismo en la España contemporánea: el carlismo, 1833-1875, Madrid, 1996, págs. 123-138. La provincia de Navarra tuvo el grado más alto de movilización en proporción y números absolutos, con un total de 40.461 carlistas, voluntarios falangistas y levas del Ejército, cuando la población total de la provincia ascendía a 345.881 De ellos, murieron más de 4.500, y se dio un porcentaje incluso mayor de pérdidas que en los requetés carlistas de toda España en su conjunto. R. Salas Larrazábal, Cómo ganó Navarra la Gran Cruz Laureada de San Fernando, Madrid, 1980.

Según R. Casas de la Vega, Las milicias nacionales en la Guerra de España, Madrid, 1977, 2 vols., en octubre de 1936 se habían alistado aproximadamente 36.000 voluntarios falangistas, y muchos otros lo hicieron después. Finalmente, casi 200.000 hombres servirían en las banderas falangistas del llamado Ejército Nacional, pero algunos de ellos pertenecían a levas del ejército regular. Murieron unos 10.000 aproximadamente, el mismo porcentaje que el de todo el Ejército en su conjunto. <<

[6] A. Bullón de Mendoza, El Alcázar de Toledo, fin de una polémica, Madrid, 1997. <<

[7] Citado en B. Bolloten, La Guerra Civil española: revolución y contrarrevolución, Barcelona, 1989, pág. 423. <<

[8] Los principales trabajos históricos a este respecto son los de R. Salas Larrazábal, El Ejército Popular de la República, Madrid, 1973, 4 vols.; M. Alpert, El Ejército Popular de la República, 1936-1939, Barcelona, 2007; G. Cardona, Historia militar de una guerra civil: estrategia y tácticas de la guerra de España, Barcelona, 2006; y C. Engel, Historia de las Brigadas Mixtas del Ejército Popular de la República, 1936-1939, Madrid, 1999. <<

[9] Sobre el apoyo soviético a la República, véase Y. Rybalkin, Stalin y España, Madrid, 2007; D. Kowalsky, La Unión Soviética y la Guerra Civil española. Una revisión crítica, Barcelona, 2003; y también, A. Viñas, El escudo de la República: el oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, Barcelona, 2007. <<

[10] Este término, que se hizo muy común durante la Segunda Guerra Mundial, siempre se ha atribuido a un comunicado de Mola en el cual, supuestamente, se jactaba de dirigir cuatro columnas de tropas que se abatirían sobre la capital, apoyadas por una «quinta columna» subversiva que se encontraría en el interior de Madrid. <<

[11] M. Martínez Bande, La marcha sobre Madrid, Madrid, 1968, pág. 314. <<

[12] El estudio más reciente al respecto es de J. M. Reverte, La batalla de Madrid, Barcelona, 2004. <<

[13] M. Martínez Bande, La lucha en torno a Madrid en el invierno de 1936-1937, Madrid, 1984. <<

[14] Véanse C. Vidal, Las Brigadas Internacionales, Madrid, 2006; y R. Skoutelsky, Novedad en el frente: las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil, Madrid, 2006. <<

[15] A. Díez, La batalla del Jarama, Madrid, 2003. <<

Notas al capítulo 5

[1] Sobre Cataluña durante la Guerra Civil, véanse M. Solé Sabaté y J. Villarroya (eds.), Breu història de la Guerra Civil a Catalunya, Barcelona, 2005; J. M. Solé Sabaté, La Guerra Civil a Catalunya, Barcelona, 2004; E. Ucelay da Cal, La Catalunya populista: imatge, cultura i política en 1 'etapa republicana (1831-1939), Barcelona, 1982; M. Cruells, El separatisme catalá durant la Guerra Civil, Barcelona, 1975; V. Castells, Nacionalisme catalá i guerra civil a Catalunya, Barcelona, 1975; y P. Moa, Una historia chocante: los nacionalismos catalán y vasco en la historia contemporánea de España, Madrid, 2004, págs. 337-438. <<

[2] J. Almendros, Situaciones españolas, 1936/1939: el PSUC en la Guerra Civil, Barcelona, 1976; y R. Casteras, Las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña y la revolución, Barcelona, 1982. <<

[3] H. Prieto, El anarquismo español en la lucha política, París, 1946, pág. 7. Esta afirmación, aunque es técnicamente correcta, requiere alguna precisión. Los anarquistas aceptaron casi de inmediato una suerte de pluralismo político, mientras que los bolcheviques se dirigieron a la formalización del totalitarismo. Hay abundante literatura a propósito del anarcosindicalismo durante la guerra de España. El trabajo más sistemático y objetivo es el de R J. Alexander, The Anarchists in the Spanish Civil War, Londres, 1999, 2 vols. El estudio más detallado en español, escrito exclusivamente desde el punto de vista de los cenetistas, es de J. Peirats, La CNT en la revolución española, 3 vols. La edición más reciente (la cuarta) se publicó en Cali, Colombia, en 1988. Véase también su trabajo sobre Los anarquistas en la crisis política española, Buenos Aires, 1964. También proporciona amplia información un estudio, más antiguo, de los trotskistas franceses Pierre Broué y Émile Témime, La révolution et la guerra d'Espagne, París, 1961. El mejor estudio transversal pertenece a J. Casanova, De la calle al frente: el anarcosindicalismo en España (1931-1939), Barcelona, 1977. <<

[4] C. M. Rama, La crisis española del siglo XX, México D. F., 1960. <<

[5] Citado en C. Serrano, L'Enjeu espagnol: PCF et la guerra d'Espagne, París, 1987, pág. 65. <<

[6] Sobre la colectivización en Cataluña, véanse Pérez-Baró, Treinta meses de colectivismo en Cataluña, 1936-1939, Barcelona, 1974; A. Castells Durán, Les col-lectivitzacions a Barcelona, 1936-1939, Barcelona, 1993; J. M. Bricall, Política económica de la Generalitat, 1936-1939, Barcelona, 1970; y P. Pagés, La Guerra Civil espanyola a Catalunya (1936-1939), Barcelona, 1997. <<

[7] La única historia social de calidad referida a los tiempos de la Guerra Civil y que trata la vida de la gente común es la de M. Seidman, A ras de suelo: historia social de la República durante la Guerra Civil, Madrid, 2003. Para una aproximación a la experiencia revolucionaria desde la perspectiva de los trabajadores, más que desde la de las organizaciones revolucionarias, véase su Workers against Work: Labor in Paris and Barcelona during the Popular Fronts, Berkeley, 1991, así como sus artículos «Work and Revolution: Workers: Control in Barelona in the Spanish Civil War, 1936-1938», Journal of Contemporary History, núm. 17, julio, 1982, págs. 409- 433; «Towards a History of Workers. Resistance to Work: Paris and Barcelona during the French Popular Front and the Spanish Revolution (1936-1938)», Journal of Contemporary History, núm. 23, abril, 1988, págs. 193-219; «The Unorwellian Barcelona», European History Quarterly, marzo, 1990, págs. 163-180; e «Individualisms in Madrid during the Spanish Civil War», Journal of Modern History, marzo, 1996, págs. 63- 82. <<

[8] E. Malefakis, «La revolución social», en E. Malefakis (ed.), La Guerra de España. 1936-1939, Madrid, 1996, págs. 319-354. Ramón Tamames había calculado con anterioridad que la tierra expropiada en la zona republicana comprendía un 60% de la «tierra sembrada». R. Tamames, «La República, La era de Franco» en Historia de España, vol. VII, Alfaguara Madrid, 1975, pág. 332. Las diferencias entre regiones eran considerables. En el País Valenciano, por ejemplo, solo algo más del 14% de la tierra cultivable fue expropiada, según A. Bosch Sánchez en Ugetistas y libertarios: Guerra Civil en el País Valenciano, 1936-1939, Valencia, 1983, pág. 372. <<

[9] A. Garrido González, E Quilis Tauriz, N. Rodrigo González y J. M. Santcréu Soler, «Las colectivizaciones en la Guerra Civil», en J. Aróstegui (ed.), Historia y memoria de la Guerra Civil, Valladolid, 1988, vol. 2, págs. 63-124. El estudio más amplio sobre las colectivizaciones agrarias es de W. L. Bernecker, Colectivizaciones y revolución social: el anarquismo en la Guerra Civil española, 1936-1939, Barcelona, 1982; tal y como indica el título, está dedicado a la CNT. Para un repaso más breve y más general, véase el capítulo de Bernecker «La revolución social», en S. G. Payne y J. Tusell (eds.), La Guerra Civil: una nueva visión del conflicto que dividió España, Madrid, 1996, págs. 485-533. Hay numerosas monografías de carácter local sobre la colectivización en distintas regiones. <<

[10] C. Campoamor, La revolución española vista por una republicana, París, 1937; ed. española, en Madrid, 2005. <<

[11] Véase P. A. Jureidini, et al., Casebook on Insurgency and Revolutionary Warfare. 23 Surmmary Accounts, Washington, D. C., 1962, págs. 547-574; en este estudio se trata a los «nacionales» como un «movimiento revolucionario», puesto que se rebelaron contra el Gobierno republicano. <<

[12] B. Bolloten, The Grand Camouflage: The Spanish Civil War and Revolution, 19361939, Nueva York, 1961; ed. española, El gran engaño, Barcelona, 1961. <<

Notas al capítulo 6

[1] Esta fue una cifra repetida en el noticiario cinematográfico propagandista de posguerra Inside Fascist Spain (1943), producido en Estados Unidos. <<

[2] E. Nolte, La guerra civil europea, 1917-1945: nacionalsocialismo y bolchevismo, México, D. E, 1994, pág. 239. <<

[3] Respecto a los medios británicos, a los que particularmente los republicanos necesitaban impresionar, pueden rastrearse sus opiniones en el nuevo trabajo de D. Deacon, British News Media and the Spanish Civil War, Edimburgo, 2008. <<

[4] C. Vidal, Checas de Madrid, Barcelona, 2003. <<

[5] La mayoría de esas piezas robadas se transportó a Francia en las últimas fases de la guerra. No hay un estudio fiable y amplio sobre los saqueos sistemáticos, pues los registros no se han conservado. Buena parte de lo que se conoce aparece resumido en la obra de J. A. Sánchez Asiaín, «Recursos económicos y organización territorial en la República de la Guerra Civil», Anales del a Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, núm. 85, 2008, págs. 516-521. Y también se ofrecen algunos datos distintos en F. Olaya Morales, El expolio de la República, Barcelona, 2004, con una particular atención a los grupos socialistas. Para la participación anarquista, véase M. Mir, Diario de un pistolero anarquista, Barcelona, 2006. La controversia pública al respecto tuvo que ver con la disputa entre Prieto y Negrín a propósito de la utilización de una parte de lo saqueado después de que la guerra hubiese concluido. Véase A. Herrerín, El dinero del exilio: Indalecio Prieto y las pugnas de posguerra (1939-1947), Madrid, 2007. Para estudios comparativos, los saqueos en Rusia con los bolcheviques se describen en S. McMeekin, History's Greatest Heist: The Looting of Russia by the Bolsheviks, New Haven, 2009. <<

[6] D. Wilkinson, Revolutionary War: The Elements of Victory and Defeat, Palo Alto., California, 1975, pág. 59. <<

[7] G. Sánchez Recio, Justicia y guerra en España: los tribunales populares (1936- 1939), Alicante, 1991. <<

[8] J. M. Solé Sabaté, La repressió franquista a Catalunya (1938-1953), Barcelona, 1985; J. M. Solé Sabaté y J. Villarroya i Font, La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-193.9), Barcelona, 1989.1990, 2 vols.; V. Gabarda Cebellán, Els afusellaments al País Valencia (1938-1956), Valencia, 1993 y La represión en la retaguardia republicana: País Valenciano, 1936-1939, Valencia, 1996. <<

[9] El volumen de literatura sobre la represión, en parte universitaria y en parte divulgativa o polemista, ha crecido enormemente en los últimos años. J. Ruiz, «Seventy Years On: Historian and Repression During and After the Spanish Civil War», Journal of Contemporary History, 44:3, julio, 2009, págs. 449-472, proporciona un excelente ensayo sobre la evolución histórica e historiográfica de este tipo de estudios. Las investigaciones de tipo general más interesantes son: R. Salas Larrazábal, Pérdidas de la guerra, Barcelona, 1977; S. Juliá (ed.), Víctimas de la guerra civil, Madrid, 1999; y A. D, Martín Rubio, Los mitos de la represión en la guerra civil, Madrid, 2005. Entre otras notables investigaciones y estudios monográficos, cabe destacar F. Alia Miranda, La guerra civil en retaguardia: conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real, 1936-1939, Ciudad Real, 1994; J. Casanovas, et al., El pasado oculto: fascismo y violencia en Aragón, Madrid, 1992; R. Casas de la Vega, El terror: Madrid, 1936, Madrid, 1994; J. Cifuentes Chueca y P. Maluenda Pons, El asalto a la República: los orígenes del franquismo en Zaragoza (1936-1939), Zaragoza, 1995; E Espinosa Maestre, La justicia de Queipo (Violencia selectiva y terror fascista en la II División de 1936), Montilla, 2000, y La columna de la muerte (El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz), Barcelona, 2003; A. D. Martín Rubio, La represión roja en Badajoz, Oviedo, 1995; F. Moreno Gómez, 1936: el genocidio franquista en Córdoba, Barcelona, 2008; J. Rodrigo, Hasta la raíz: violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, Madrid, 2008; E. Silva, Las fosas de Franco, Madrid, 2003; y E. de A. Vega Gonzalo, Aniquilar la Falange: cronología persecutoria del Nacionalsindicalismo, Barcelona, 2005. <<

[10] Esta es la conclusión de Ángel Viñas y otros. Véase A. Viñas, El escudo de la República: el oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, Barcelona, 2007, págs. 35-87. <<

[11] Extraído del texto de la reunión del Comité Nacional de la CNT en Madrid, el 8 de noviembre de 1936, citado por extenso en J. Reverte, La batalla de Madrid, Madrid, 2004, págs. 577-581. <<

[12] Hay varios estudios al respecto, el más reciente de los cuales es el de C. Vidal, Paracuellos-Katyn: un ensayo sobre el genocidio de la izquierda, Madrid, 2005. Aparte del hecho de que no se trató de un verdadero genocidio, la comparación con Katyn se debe a ciertos elementos: estilo de la ejecución, el hecho de que casi la mitad de las personas que fueron asesinadas brutalmente eran oficiales del Ejército, y la relación con la influencia soviética. Véanse también C. Fernández, Paracuellos del Jarama: ¿Carrillo culpable?, Barcelona, 1983; I. Gibson, Paracuellos: cómo fue, Barcelona, 1983. Respecto al papel de Melchor Rodríguez, véase A. Domingo Zamora, El ángel rojo. La historia de Melchor Rodríguez, el anarquista que detuvo la represión en el Madrid republicano, Córdoba, 2009. <<

[13] Sobre este incidente, véase C. Vidal, págs. 207-213; y también I. Gibson, Paracuellos: cómo fue, Barcelona, 1983. <<

[14] J. Rubio, Asilos y canjes durante la guerra civil española, Barcelona, 1979, y los trabajos de A. M. Moral Roncal, El asilo diplomático en la Guerra Civil española, Madrid, 2001, y Diplomacia, humanitarismo y espionaje en la Guerra Civil española, Madrid, 2008. <<

[15] El mejor estudio es el de E Godicheau, La guerre d'Espagne: République et révolution en Catalogne (1936-1939), París, 2004, págs. 174-328. <<

[16] El mejor estudio al respecto en todos los sentidos es el trabajo de Julius Ruiz sobre Madrid, cuya conclusión es que el número total de ejecuciones tras el final de la Guerra Civil pudo haber superado los 30.000. J. Ruiz, «A Spanish Genocide? Reflections on the Francoist Repression after the Spanish Civil War», Contemporary European History, 14:2, 2005, págs. 171-191, y Franco's Justice: Repression in Madrid after the Spanish Civil War, Oxford, 2005. <<

Notas al capítulo 7

[1] Véanse J, Flori, La guerra santa: la formación de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, Madrid, 2003; y A. Becker, War and Faith: The Religious Imagination in France, 1914-1918, Oxford, 1998. <<

[2] El trabajo más reciente es el de E. A. Sanabria, Republicanism and Anticlerical Nationalism in Spain, Nueva York, 2009. <<

[3] V. Cárcel Ortí, La persecución religiosa en España durante la Segunda República, Madrid, 1990. <<

[4] He desarrollado el tema de la llamada religión política en mi ensayo «On the Heuristic Value of the Concept of Political Religion and Its Application», en R. Griffin, R. Mallen y J. Tortorice (eds.), The Sacred in Twentieth-Century: Essays in Honour of Professor Stanley G. Payne, Houndmills-Nueva York, 2008, págs. 21-35. <<

[5] Las fuentes secundarias componen un corpus muy amplio. Entre las publicaciones más reseñables se encuentran V. Cárcel Ortí, La gran persecución: España, 1931-1939, Barcelona, 2000; Caídos, víctimas y mártires: la Iglesia y la hecatombe de 1936, Madrid, 2008; y J. Alberti, La Iglesia en llamas: la persecución religiosa en España durante la Guerra Civil, Barcelona, 2008. <<

[6] J. de la Cueva, «Religious Persecution, Anticlerical Tradition and Revolution: On Atrocities against the Clergy during the Spanish Civil War», Journal of Contemporary History, 33:3, 1998, págs. 355-369. Véase también el artículo de De la Cueva «"Si los curas y frailes supieran…". La violencia anticlerical», en S. Juliá (ed.), Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, 2000, págs. 191-233. <<

[7] Para el vandalismo en Cataluña, véase J. Bassegoda Nonell, La arquitectura profanada: la destrucción sistemática del patrimonio arquitectónico religioso catalán (1936-1939), Barcelona, 1989. <<

[8] Los principales estudios sobre la jerarquía de la Iglesia y la Guerra Civil son los siguientes: A. Álvarez Bolado, Para ganar la guerra, para ganar la paz: Iglesia y guerra civil, 1936-1939, Madrid, 1995; H. Raguer, La pólvora y el incienso: la Iglesia y la Guerra Civil española (1836-1939), Barcelona, 2001; R. Comas, Isidro Gomá, Francesc Vidal i Barraquer: dos visiones antagónicas de la Iglesia española en 1939, Salamanca, 1977; R. Muntanyola, Vidal i Barraquer, cardenal de la pau, Monserrat, 1976; y M. L. Rodríguez Aisa, El cardenal Gomá y la guerra de España. Aspectos de la gestación pública del Primado, 1936-939, Madrid, 1981. <<

[9] Desde luego, la extrema violencia de los nacionales, especialmente en la ejecución de civiles, no se ajustaba a los principios tradicionales católicos de la guerra justa. <<

[10] V. Cárcel Ortí, Pío XI entre la República y Franco: angustia del Papa ante la tragedia española, Madrid, 2008; y A. Marquina Barrio, La diplomacia vaticana y la España de Franco (1936-1945), Madrid, 1983. <<

[11] El mejor artículo de análisis al respecto es de M. Vincent, «La Guerra Civil española como Guerra de Religión», en Alcores, núm. 4, 2007, págs. 57-73. <<

[12] J. J. Tusell y G. García Queipo de Llano, El catolicismo mundial y la guerra de España, Madrid, 1993. <<

[13] Un acontecimiento muy llamativo y revelador fue la ejecución de 14 curas en Guipúzcoa a manos de insurgentes; los 14 habían sido portavoces de la causa nacionalista vasca. Fueron juzgados rápidamente en tribunales militares y ejecutados antes de que concluyera el año 1936. Los curas guipuzcoanos habían sido encausados de acuerdo con el modelo de juicio y los procedimientos expeditivos de los nacionales, y no porque fueran sacerdotes, naturalmente, sino por su condición de voceros del nacionalismo. Franco ordenó finalmente que no se prosiguiera con esas detenciones, aunque, tras la caída de Bilbao, se condenaron a muerte a otros dos curas. Del lado contrario, los nacionalistas vascos estuvieron lejos de tener éxito a la hora de proteger a los curas en el interior de su propio territorio, puesto que en total los revolucionarios asesinaron a 14 curas en Guipúzcoa y a otros 41 en Vizcaya. <<

[14] J. J. Díaz Herrera, Los mitos del nacionalismo vasco. De la Guerra Civil a la secesión, Barcelona, 2005; J. C. Jiménez de Aberásturi, De la derrota a la esperanza: políticas vascas durante la Segunda Guerra Mundial (1937-1947), Oñate, 1999; y F. de Meer, El Partido Nacionalista Vasco ante la guerra de España (1936-1937), Pamplona, 1992. <<

[15] En octubre de 1987 la Iglesia católica beatificó oficialmente a 489 mártires de la Guerra Civil española, la beatificación general más importante en la historia de la Iglesia. <<

Notas al capítulo 8

[1] Véanse M. A. Egido León, La concepción de la política exterior durante la II República, Madrid, 1987; F. Quintana Navarro, España en Europa, 1931-1936, Madrid, 1993; y J. A. Cortada (ed.), Spain in the Twentieth-Century World, Westport, Connecticut, 1980, págs. 14-40. Madariaga explicó su política en Spain: A Modern History, New York, 1958, págs. 464-465, y más ampliamente, en sus Memorias (1921-1936), Madrid, 1977. Véase también C. Fernández Santander, Madariaga, ciudadano del mundo, Madrid, 1991. <<

[2] Sobre las políticas anteriores y de fondo del Reino Unido y Francia, véase M. Thomas, Britain, France and Appeasement: Anglo-French Relations in the Popular Front Era, Oxford, 1996. <<

[3] La intervención alemana se trata en A. Viñas, Franco, Hitler y el estallido de la Guerra Civil: antecedentes y consecuencias, Madrid, 2001; M. Merkes, Die deutsche Politik gegenüber dem spanischen Bürgerkrieg, 1936-1939, Bonn, 1969; H.-H. Abendroth, Hitler in der spanischen Arena: die deutsch-spanischen-Beziehungen in Spannungsfeld der europäischeninteressen Politik vom Ausbruch des Bürgerkrieges bis zum Ausbruch des Weltkrieges, 1936-1939, Paderborn, 1973; y R. H. Whealey, Hitler and Spain: The Nazi Role in the Spanish Civil War, Lexington, Ken., 1989. <<

[4] J. E Coverdale, La intervención fascista en la guerra civil española, Madrid 1979; y A. Rovighi y F. Stefani, La partecipazione italiana ella guerra civile spagnuola, Roma, 1992, 2 vols. <<

[5] Sobre los antecedentes inmediatos de las relaciones hispanolusas, véase H. de la Torre Gómez, A relaçao peninsular na antecámara da guerra civil de Espanha (1931-1936), Lisboa, 1998. Sobre Portugal y la guerra de España, véanse C. Oliveira, Salazar e a guerra civil de Espanha, Lisboa, 1987; I. Delgado, Portugal e a guerra civil de Espanha, Lisboa, s.d.; F. Rosas (ed.), Portugal e a guerra civil de Espanha, Lisboa, 1998; y A. Pena Rodríguez, El gran aliado de Franco. Portugal y la guerra civil española: prensa, radio, cine y propaganda, La Coruña, 1998. <<

[6] Este aspecto de las relaciones hispano-italianas ha sido estudiado por M. Heiberg, Emperadores del Mediterráneo: Franco, Mussolini y la guerra civil española, Barcelona, 2003. <<

[7] E. Chiappa, Il Corpo di Truppe Volontarie durante la Guerra Civile spagnola 19361939, Milán, 1999; y J. L. de Mesa, El regreso de las Legiones. (La ayuda militar italiana a la España nacional, 1936-1939), Granada, 1999. <<

[8] Sobre el papel cada vez más importante de la aviación italiana en el conflicto, véase F. Pedriali, Guerra di Spagna e aviazione italiana, Roma, 1992. <<

[9] Un apreciable estudio al respecto puede encontrarse en G. Rochat, Le guerre italiane, 1935-1943: Dall'impero di Etiopia alla disfatta, Turín, 2005, págs. 98-141. <<

[10] I. Montanelli, Soltanto un giornalista, Milán, 2002, pág. 37. <<

[11] G. Ciano, Diario, Milán, 1996, págs. 103 y 164. <<

[12] Estos negocios se descubrieron gracias a Morten Heiberg y Mogens PeIt, Los negocios de la guerra: armas nazis para la República española, Barcelona, 200.5. Algunos mandos de Franco supieron de estas ventas (gracias, quizá, a la inteligencia italiana) y protestaron enérgicamente. El Gobierno alemán fingió que era completamente inocente, pero al final esas ventas cesaron a principios de 1938. Los investigadores suponen que en aquellas transacciones también pudieron participar intermediarios soviéticos, lo cual es perfectamente posible. Algunas de las armas y otros materiales, de todos modos, nunca llegaron a manos republicanas, porque fueron interceptadas y requisadas por las fuerzas navales de Franco, posiblemente como resultado de información confidencial. <<

[13] Citado en A. Viñas, La Alemania nazi y el 18 de Julio, Madrid, 1977, pág. 363. <<

[14] Citado en R W. Whealey, Hitler and Spain: The Nazi Role in the Spanish Civil War 1936-1939, Lexington, 1989, págs. 54-55. <<

[15] Citado en M. Medies, Die deutsche Politik gegenüber dem spanischen Bürgerkrieg, 1936-1939, Bonn, 1969, págs. 112-113. <<

[16] Sobre las relaciones económicas entre Alemania y el régimen español, véanse G. T. Harper, German Economic Policy in Spain during the Spanish Civil War, 1936-1939, La Haya, 1967; y más ampliamente, C. Leitz, Economic Relations between Nazi Germany and Franco's Spain, 1936-1945, Oxford, 1996; y R. García Pérez, Franquismo y Tercer Reich: las relaciones económicas hispano-alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, Madrid, 1994. <<

[17] H. García, Mentiras necesarias: la batalla por la opinión británica durante la Guerra Civil, Madrid, 2008. Este trabajo proporciona un análisis objetivo y sagaz sobre la propaganda de ambos bandos en Gran Bretaña. <<

[18] Buchanan, Britain and the Spanish Civil War, Cambridge, 1997; E. Moradiellos, La perfidia de Albión: el Gobierno británico y la Guerra Civil española, Madrid, 1996; W. L. Kleine-Ahlbrandt, The Policy of Simmering. A Study of British Policy during the Spanish Civil War, La Haya, 1962; y J. Avilés Farré, Pasión y farsa: franceses y británicos ante la Guerra Civil española, Madrid, 1994. Otros estudios más amplios sobre diplomacia internacional: E. Moradiellos, El reñidero de Europa: las dimensiones internacionales de la Guerra Civil española, Barcelona, 2001; M. Alpert, Aguas peligrosas: una nueva historia internacional de la Guerra Civil española, Madrid, 1997; J. E Berdah, La democracia asesinada. La República española y las grandes potencias, 1931-1939, Barcelona, 2002; y M. Casanova, La diplomacia española durante la Guerra Civil, Madrid, 1996. <<

[19] Para el papel de la armada italiana, véase F. Bargoni, L’impegno navale italiano durante la guerra civile spagnuola (1936-1939), Roma, 1992; y más ampliamente, R. Mallen, The Italian Navy and Fascist Expansionism, 1935-1940, Londres, 1998. <<

[20] J. Martínez Parrilla, Las fuerzas armadas francesas ante la Guerra Civil española (1936-1939), Madrid, 1987; y P. Jackson, «French Strategy in the Spanish Civil War», en C. Leitz y J. Dunthorn (eds.), Spain in an International Context, 1936-1959, Nueva York, 1999, págs. 55-79. No hay aún un estudio exhaustivo sobre Francia y la guerra de Espada. Pueden encontrarse algunas investigaciones parciales en J. Borrás Llop, Francia ante la Guerra Civil española: burguesía, interés nacional e interés de clase, Madrid, 1981; C. Serrano, L'enjeu espagnol: PCF et guerre d'Espagne, París, 1987; y P. Barruso, El frente silencioso: la Guerra Civil española en el sudoeste de Francia (1936-1940), Alegia, Guipúzcoa, 2001. <<

[21] M. Rey García, Stars for Spain: la Guerra Civil española en los Estados Unidos, La Coruña, 1997. <<

[22] D. Tierney, FDR and the Spanish Civil War. Neutrality and Commitment in the Struggle that divided America, Durham, Carolina del Norte, 2007; y «Franklin D. Roosevelt and Covert Aid to the Loyalist in the Spanish Civil \Van>, Journal of Contemporary History, 39:3, 2004, págs. 299-313; y J. M. Thomàs, Roosevelt y Franco. De la Guerra Civil española a Pearl Harbour, Barcelona, 2007, págs. 21-71. Sobre la opinión pública americana y la diplomacia, véanse F. J. Taylor, The United States and the Spanish Civil War, Nueva York, 1956; y R. Traína, American Diplomacy and the Spanish Civil War, Bloomington, Indiana, 1968. <<

[23] Falcoff y F. B. Pike (eds.), The Spanish Civil War 1936-1939: American Hemispheric Perspectives, Lincoln, Nebrasla, 1982. <<

[24] J. Edwards, The British Government and the Spanish Civil War, Londres, 1979, pág. 213; y M. J. Carley, 1939: The Alliance that never was and the Coming of World War II, Chicago, 1999, pág. 144; en Tierney, FDR, ob. cit. pág. 136. <<

Notas al capítulo 9

[1] El papel del PCE en la primera insurrección anarcosindicalista de enero de 1932 no está del todo claro. El primer ministro, Azaña, declaró en las Cortes, el 21 de enero de ese año, que la algarada había sido apoyada con fondos de la Internacional. Véase en Obras completas, Madrid, 2007, vol. 3, pág. 907. En realidad, la Internacional estuvo estudiando durante mucho tiempo cómo podrían aprovecharse del celo revolucionario de la CNT, y hubo comunistas a título particular que sí participaron en las tres insurrecciones. <<

[2] Véanse R. Cruz, El Partido Comunista de España en la II República, Madrid, 1987; y El arte que inflama: la creación de una literatura bolchevique en España, 1931-1936, Madrid, 1999. <<

[3] La estrategia de la Internacional en España se estudia en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: la Internacional Comunista y España, 1919-1939, Barcelona, 1999, y S. G. Payne, Unión Soviética, comunismo y revolución en España (1931-1939), Barcelona, 2003. <<

[4] La existencia de una reserva de oro tan enorme en el Banco de España no era sino un indicador de que España no era un país económicamente tan depauperado como a menudo se proclama. <<

[5] Literalmente, sería «Operación J», puesto que en cirílico la 'X' rusa se corresponde aproximadamente con la T española. <<

[6] Cada vez hay más estudios relacionados con el papel soviético en la guerra: R. Radosh, M. Habeck y G. Sevostianov (eds.), España traicionada: Stalin y la Guerra Civil, Barcelona, 2001; D. Kowalsky, La Unión Soviética y la Guerra Civil española: una revisión crítica, Barcelona, 2003; F. Schauff, La victoria frustrada: la Unión Soviética, la Internacional Comunista y la Guerra Civil española, Barcelona, 2008; y los distintos trabajos de Ángel Viñas, El oro de Moscú, Madrid, 1979; La soledad de la República, Barcelona, 2006; y El honor de la República, Barcelona, 2009, que dedica mucha atención al papel de la Unión Soviética y añade numerosos detalles que clarifican un buen número de temas. <<

[7] Citado en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: la Internacional Comunista y España, 1919-1939, Barcelona, 1999, pág. 321. <<

[8] Citado en A. I. Sobolev, et al., Outline History of the Comunist International, Moscú, 1971, págs. 416-417 y 436. <<

[9] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas…, ob. cit., pág. 321. <<

[10] International Press Correspondance, vol. 16, núm. 48, 24 de octubre de 1936, págs. 1292-1295. <<

[11] He tratado el carácter cambiante del antifascismo soviético en «Soviet Anti-Fascism: Theory and Practice, 1921-1941», en Totalitarian Movements and Political Religions, 4:2, otoño de 2003, págs. 1-62. <<

[12] En términos numéricos, los aproximadamente 70.000 marroquíes (y argelinos) voluntarios que lucharon en el Ejército de Franco fueron más importantes como fuerzas de infantería que todos los italianos juntos, puesto que los marroquíes, proporcionalmente, pasaron más jornadas dedicadas al combate y, por tanto, sufrieron muchas más bajas. El otro contingente extranjero significativo en las filas de los nacionales fueron los casi 8.000 portugueses voluntarios. Aparte de los citados, el número total de soldados procedentes de otros países probablemente no excedía los 1.500. Véanse C. Othen, Las Brigadas Internacionales de Franco, Barcelona, 2007; J. Keene, Luchando por Franco: voluntarios europeos al servicio de la España fascista, 1936-1939, Barcelona, 2002; y J. L. de Mesa, Los otros internacionales: voluntarios extranjeros desconocidos en el Bando Nacional durante la Guerra Civil (1936-1939), Madrid, 1998. <<

[13] El acrónimo se basa en la expresión rusa para Comisariado Popular de Asuntos Internos, que en aquel momento se ocupaba de la policía y la seguridad en Rusia, tanto nacional como internacionalmente. <<

[14] Citado en J. Costello y O. Tsarev, Deadly Illusions, Nueva York, 1993, pág. 272. <<

Notas al capítulo 10

[1] Entre otros, lo afirma Michael Seidman al principio de su próximo trabajo sobre la movilización interna en la zona nacional. <<

[2] Algunos estudios biográficos en P. Preston, Franco: una biografía, Barcelona, 1993; J. P. Fusi, Franco: autoritarismo y poder personal, Madrid, 1985; y J. Palacios y S. G. Payne, Franco, mi padre, Madrid, 2008. <<

[3] Hay dos relatos bien documentados respecto a esa reunión. El general Alfredo Kindelán presenta su versión en Mis cuadernos de guerra, Barcelona, 1982, págs. 103-104; y Félix Maíz, un asesor civil de Mola, que ofrece una versión distinta del asunto en su póstumo Mola frente a Franco. Guerra y muerte del general Mola, Pamplona, 2007, págs. 287-289. Maíz no estuvo presente en la reunión, pero asegura haber tenido acceso a las notas que preparó el coronel Federico Montaner, que actuó como secretario de la cumbre militar. <<

[4] El mejor trabajo sobre el liderazgo político de Franco durante el conflicto es el de J. Tusell, Franco en la Guerra Civil, Barcelona, 1992. <<

[5] La historia de la Falange se estudia en J. M. Thomas, Lo que fue la Falange, Barcelona, 1999; J. L. Rodríguez Jiménez, Historia de la Falange Española de las JONS, Madrid, 2000; y S. G. Payne, Franco y José Antonio: el extraño caso del fascismo español, Barcelona, 1997. <<

[6] Sobre el papel político del carlismo durante el conflicto, véase J. C. Peñas Bernaldo de Quirós, El carlismo, la República y la Guerra Civil (1936-1937), Madrid, 1996. <<

[7] Sobre la evolución del partido, véase J. M. Thomas, La Falange de Franco. Fascismo y fascistización en el régimen franquista (1937-1945), Barcelona, 2001. <<

[8] El desarrollo del nuevo Estado se trata en J. L. Orella, La formación del Estado Nacional durante la Guerra Civil española, Madrid, 2001; y en S. G. Payne, El régimen de Franco, 1936-1975, Madrid, 1987, págs. 91-241. La historia más detallada del régimen es la de L. Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, Madrid, 1984, 8 vols. <<

[9] La historia económica de la zona nacional se trata ampliamente en J. A. Sánchez Asiaín, Economía y finanzas en la Guerra Civil española (1936-1939), Madrid, 1999; y La banca española en la Guerra Civil, 1936-1939, Madrid, 1992; y P. Martín Aceña y E. Martínez Ruiz (eds.), La economía de la Guerra Civil, Madrid, 2006. <<

[10] J. A. Sánchez Asiaín, «Recursos económicos y organización territorial en la República de la Guerra Civil», Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 60: 85, 2008, págs. 523-524. <<

[11] La principal denuncia de la venta de objetos procedentes del expolio y saqueo generalizado, desde el punto de vista anarquista (que ignora prácticamente el papel que tuvo la FAI-CNT en esas actividades) aparece en los dos libros de F. Olaya Morales, La gran estafa: Negrín, Prieto y el patrimonio nacional, Barcelona, 1996; y El expolio de la República, Barcelona, 2004. <<

[12] Además del trabajo publicado por Martín Aceña y Martínez Ruiz, véanse J. M. Bricall, Política económica de la Generalitat, Barcelona, 1979, 2 vols.; y «La economía española (1936-1939)», en M. Tuñón de Lara (ed.), La Guerra Civil española 50 años después, Barcelona, 1985, págs. 359-417; y J. Palafox, «La economía», en S. Payne y J. Tusell (eds.), La Guerra Civil: una nueva visión del conflicto que dividió España, Madrid, 1996, págs. 195-265. <<

Notas al capítulo 11

[1] X. M. Núñez Seixas, ¡Fuera el invasor! Nacionalismos y movilización bélica durante la Guerra Civil española (1936- 1939), Madrid, 2006. <<

[2] J. Puigsech Farrà, Nosaltres, els comunistes catalans. El PSUC á la Internacional Comunista durant la Guerra Civil, Vic, 2001. <<

[3] A. Blanco Rodríguez, El Quinto Regimiento en la política militar del PCE en la Guerra Civil, Madrid, 1993. <<

[4] M. Habeck, R. Radosh y G. Sevostianov, Spain Betrayed: The Soviet Union in the Spanish Civil War, New Haven, 2001, págs. 55, 60; Rossiiskaya Akademiya Nauk, Komintern i grazhadnskaya vaina v Ispanii, Moscú, 2001, págs. 149-171. <<

[5] Publicado en forma de folleto, «El proletariado español ante la revolución en marcha», más adelante reimpreso en Los problemas de la revolución española, de A. Nin, París, 1971, págs. 173-191. <<

[6] Los principales textos de los escritores de POUM son V. Alba, El marxismo en España (1919-1939) (Historia del BOC y del POUM), México, D. F., 1973, 2 vols.; y W Solano, El POUM en la Historia: Andreu Nin y la revolución española, Madrid, 1999. <<

[7] La Batalla, Barcelona, 18 de septiembre de 1936. <<

[8] El texto original, en francés, apareció por primera vez en S. de Madariaga, Spain: A Modern History, Nueva York, 1958, págs. 672-674. <<

[9] De una fotocopia del original en francés, en D. Ibárruri, et al, Guerra y revolución en España, 1936-1939, Moscú, 1966, págs. 102-103. <<

[10] Este discurso se ha reimpreso en varias ocasiones, recientemente en J. Díaz, La Guerra y el Frente Popular, Madrid, 1990, págs. 37-131. <<

[11] La única biografía amplia de este personaje es la de E. Moradiellos, Don Juan Negrín, Barcelona, 2006. <<

[12] La defensa más reciente del POUM es de A. Cruz González, Las víctimas de Negrín: reivindicación del POUM, Málaga, 2008. <<

[13] Citado en Habeck, Radosh y Sevostianov, Spain Betrayed…, ob. cit., págs. 219-220 y 389-390. <<

[14] En una carta a Bolloten, La Guerra Civil…, ob. cit., pág. 589. <<

[15] En su informe del 25 de noviembre de 1937, en P. Toglíatti, Escritos de la guerra de España, Barcelona, 1980, pág. 154. <<

[16] J. Zugazagoitia, Historia de la guerra de España, Buenos Aires, 1940, págs. 428-429. <<

Notas al capítulo 12

[1] La atención histórica que se ha prestado a la guerra de España a menudo se ha centrado en los temas políticos, propagandísticos o internacionales, y se ha dejado de lado la historia militar, esto es: la guerra en sí misma. Los primeros estudios serios fueron las extensas series de «Monografías de la Guerra de España», preparadas por el Servicio Histórico Militar bajo la dirección del teniente coronel (luego general) J. M. Martínez Bande. No es sorprendente que esos ensayos se escribieran desde el punto de vista del ejército victorioso. La historia militar más amplia y detallada al respecto, y una de las más imparciales, es la del Blázquez Miguel, Historia militar de la Guerra Civil española, Madrid, 2004-2008, 6 vols. El mejor tratamiento militar en un volumen de historia general sobre la guerra se encontrará en R. y J. M. Salas Larrazábal, Historia general de la guerra de España, Madrid, 1986. Otros trabajos importantes son R. Salas Larrazábal, Historia del Ejército Popular de la República, Madrid, 1973, 4 vols.; J. Semprún, Del Hacho al Pirineo: el Ejército Nacional en la Guerra de España, Madrid, 2004; G. Cardona, Historia militar de una guerra civil. Estrategia y táctica de la guerra de España, Barcelona, 2006; C. Vidal, La guerra que ganó Franco. Historia militar de la guerra civil española, Barcelona, 2006; M. Alpert, El Ejército Popular de la República, 1936-1939, Barcelona, 2007; C. Engel, Estrategia y táctica en la guerra de España, 1936-1939, Madrid, 2008; y J. M. Reverte, El arte de matar: cómo se hizo la Guerra Civil española, Barcelona, 2009. <<

[2] R. Salas Larrazábal, Cómo ganó Navarra la Gran Cruz Laureada de San Fernando, Madrid, 1980. <<

[3] Su principal hagiógrafo es C. Blanco Escolá, Vicente Rojo, el general que humilló a Franco; Barcelona, 2003. <<

[4] Citado en R. Radosh, et al. (eds.), Spain Betrayed–, ob. cit., pág. 298. <<

[5] P. Corral, Desertores: la Guerra Civil que nadie quiere contar, Barcelona, 2006. <<

[6] El único estudio al respecto es de J. Mathews, «Our Red Soldiers: The Nationalist Army's Management of its Left-Wing Conscripts in the Spanish Civil War 1936-1939», Journal of Contemporary History, de próxima aparición. <<

[7] Con la excepción de Adolf Hitler, que prefería –y consiguió– que hubiera una guerra larga en España. <<

[8] En sus memorias, Roberto Cantalupo, el primer embajador italiano ante Franco, asegura que el Caudillo le dijo en aquel entonces, en su último encuentro, el 4 de abril de 1937: «Debemos realizar la tarea, necesariamente lenta, de redención y pacificación, sin la cual la ocupación militar sería totalmente inútil. La redención moral de las zonas ocupadas será larga y difícil, porque en España las raíces del anarquismo son antiguas y profundas. Ocuparé España ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, ferrocarril a ferrocarril [–]. Nada me hará abandonar este programa gradual. Me dará menos gloria, pero mayor paz interior». R. Cantalupo, Fu la Spagna. Ambasciata presso Franco. Febbraio-Aprile, 1937, Milán, 1948 y Barcelona, 1951, pág. 231. Por supuesto, no es una cita auténtica, sino una recreación de Cantalupo, de lo que él creyó entender, o de lo que deseaba presentar como la postura y las ideas de Franco. El general italiano Emilio Faldella, más adelante, confirmó personalmente al historiador americano John Coverdale, que Franco prácticamente le dijo lo mismo a él. J. Coverdale, La intervención fascista en la Guerra Civil española, Madrid, 1979, pág. 264. <<

[9] Las operaciones combinadas, coordinando los ataques aéreos con la artillería y los tanques, se desarrollaron por vez primera en 1918, en el frente occidental, y las pusieron en acción los ejércitos británico y francés, aunque aquellas primeras operaciones no constituyeron un despliegue tan enorme como los que se produjeron en la Segunda Guerra Mundial. <<

[10] Hay abundantes estudios sobre la Guerra Civil en el País Vasco y la campaña de Vizcaya. Entre los numerosos trabajos se encuentran los de M. Amilibia, Los batallones de Euskadi, San Sebastián, 1978; P. Barruso, Verano y revolución: la Guerra Civil en Guipúzcoa (julio-septiembre de 1936), San Sebastián, 1996; J. Díaz Herrera, Los mitos del nacionalismo vasco. De la Guerra Civil a la secesión, Barcelona, 2005; J. M. Goñi Galárraga, La Guerra Civil en el País Vasco: una guerra entre católicos, Vitoria, 1989; M. González Portilla y J. M. Garmendia, La Guerra Civil en el País Vasco. Política y economía, Madrid, 1988; J. L. de la Granja y J. A. Echaniz (eds.), Gernika y la Guerra Civil. Symposium: 60 aniversario del bombardeo de Gernika (1937), Gernika-Lumo, 1998; M. Tuñón de Lara (ed.), Gernika: 50 años después (1937-1987). Nacionalismo, República, Guerra Civil, San Sebastián, 1988; y J. A. Urgoitia Badiola (ed.), Crónica de la Guerra Civil en la Euskadi peninsular, Oiartzun, 2001-2002, 4 vols. Los principales estudios técnicos son los de Martínez Bande, La Guerra en el norte (hasta el 31 de marzo de 1937), Madrid, 1969; Vizcaya, Madrid, 1971; y El final del frente norte, Madrid, 1972. <<

[11] A. Onaindía, El Pacto de Santoña: antecedentes y desenlace, Bilbao, 1983; y, sobre todo, X. Cándano, El Pacto de Santoña: la rendición del nacionalismo vasco al fascismo, Madrid, 2006. <<

[12] J. A. Cabezas, Asturias: catorce meses de guerra civil, Madrid, 1975. <<

[13] Esto se trata en la primera parte de M. Martínez Bande, La ofensiva sobre Segovia y la batalla de Brunete, Madrid, 1972. <<

[14] J. M. Martínez Bande, La gran ofensiva sobre Zaragoza, Madrid, 1973. <<

[15] P. Sáinz Rodríguez, Testimonio y recuerdos, Barcelona, 1978, pág. 342. <<

[16] Whealey, Hitler and Spain–, ob. cit., pág. 60. <<

[17] Véase el debate al respecto en Blázquez, Historia militar, t. 5, págs. 165- 172; y Viñas, El honor, ob. cit., págs. 348-368. <<

[18] Hay más literatura sobre la batalla del Ebro que sobre cualquier otra batalla de la guerra: M. A. Baquer, El Ebro; la batalla decisiva de los cien días, Madrid 2002; F. Cabrera Castillo, Del Ebro a Gandesa. La batalla del Ebro, Madrid, 2002; J. Henríquez Caubín, La batalla del Ebro, Madrid, 1972; E X. Hernández, Ebro 1938, Barcelona, 2005; J. Llarch, La batalla del Ebro, Barcelona, 1972; J. M. Martínez Bande, La batalla del Ebro, Madrid, 1978; L. M. Mezquida y Gené, La batalla del Ebro, Barcelona, 1970; J. M. Reverte, La batalla del Ebro, Barcelona, 2003; y M. Tuñón de Lara, La batalla del Ebro, Barcelona, 1997. <<

[19] J. Cervera Pery, Alzamiento y revolución en la Marina, Madrid, 1978; y D. Sueiro, La flota es roja, Madrid, 1983. <<

[20] El papel de la flota de submarinos republicana se trata en G. Rodríguez Martín-Garzo y J. Martínez Aller, Submarinos republicanos en la Guerra Civil, Madrid, 1982. <<

[21] L. Romero, Desastre en Cartagena, Barcelona, 1971. Para una valoración comunista muy negativa del mando naval republicano en el último año de la guerra, véase P. M. Egea Bruno, «La visión comunista sobre la armada republicana: el informe de 1938», en J. Avilés Farré (ed.), Historia, política y cultura: homenaje a Javier Tusell, Madrid, 2009, t. 1, págs. 307-356. <<

[22] W. Frank, Jr., «Naval Operations in the Spanish Civil War, 1936-1939», Naval War College Review, 37: 1 (enero-febrero de 1984), págs. 24-55. <<

[23]  Entre los principales estudios sobre la guerra en el mar se encuentran J. L. Alcofar Nassaes, La Marina en la guerra de España, Madrid, 1975; M. Alpert, La Guerra Civil española en el mar, Madrid, 1987; R Cerezo Martínez, Armada española siglo XX, Madrid, 1983, vol. 3; J. Cervera Pery, La guerra naval española (1936-1939), Madrid, 1988; y E Moreno, La guerra en el mar, Barcelona, 1959. <<

[24] La investigación más amplia está en J. Salas Larrazábal, Guerra aérea, Madrid, 1998-2003, 4 vols. Véanse también C. Saiz Cidoncha, Aviación republicana, Madrid, 2006, 3 vols.; S. Rello, La aviación en la guerra de España, Madrid, 1969-1972, 4 vols.; y J. M. Solé Sabaté y J. Villarroya, España en llamas: la guerra civil desde el aire, Madrid, 2003. <<

[25] E. Abellán Agius, Los cazas soviéticos en la guerra aérea de España, 1936-1939, Madrid, 1999. <<

[26] R. Garriga Alemany, La Legión Cóndor Madrid, 1975; P. Elstob, La Legión Cóndor, Madrid, 1974; P. Laureau y J- Fernández, La Legión Cóndor, Boulogne-sur-Mer, 1999; L. Molina y J. M- Manrique, Legión Cóndor: la historia olvidada, Valladolid, 2000; y R. Arias Ramos, La Legión Cóndor en la Guerra Civil, Madrid, 2003. <<

[27] P. Pedriali, Guerra di Spagna e aviazione italiana, Roma, 1992. <<

[28] R. Stradling, Your Children will be Next: Bombíng and Propaganda in the Spanish Civil War, 1936-1939, Cardiff, 2008. <<

[29] Los principales estudios al respecto son los de K- A. Maier, Guernica, 26-4-37, Madrid, 1976; y J. Salas Larrazábal, Guernica, Madrid, 1987. <<

[30] J. Villaroya Font, Els bombardeigs de Barcelona durant la Guerra Civil (1936-1939), Barcelona, 1999; y J. Villaroya y J. M. Solé Sabaté, Catalunya sota les bombes (1936-1939), Barcelona, 1986. <<

[31] J. L. Infiesta Pérez y J. Coll Pujol, Bombardeos del litoral mediterráneo durante la Guerra Civil, Valladolid, 2000, 2 vols. <<

Notas al capítulo 13

[1] E. E. Malefakis, en R. Higham (ed.), Civil Wars in the 20th Century, Lexington, Kentucky, 1972, pág. 97. <<

[2] Ibíd., pág. 111. Malefakis, más adelante, señala correctamente que el término «lealista» (loyalist), que todavía se utiliza en la literatura inglesa, se desarrolló sobre todo para utilizarla en la propaganda de cara al extranjero. En España los revolucionarios no se refirieron nunca a sí mismos como «lealistas». <<

[3] Hay abundantes ensayos al respecto, especialmente en castellano y en catalán. El análisis más reciente es el de E. Gallego, Barcelona, mayo de 1937, Barcelona, 2007. <<

[4] V. Alba, et al., El proceso del POUM (junio de 1937-octubre de 1938), Barcelona, 1989; L. Iglesias, Experiencias de la revolución española. (El POUM, Trotski y la intervención soviética), Barcelona, 2003.; F. Godicheau, La Guerre d'Espagne. République et révolution en Catalogne, París, 2004; y J. M. Zavala, En busca de Andreu Nin: vida y muerte de un mito silenciado de la Guerra Civil, Barcelona, 2005. <<

[5] F. de Meer, El Partido Nacionalista Vasco ante la guerra de España (1936-1937), Pamplona, 1992; J. Díaz Herrera, Los mitos del nacionalismo vasco. De la Guerra Civil a la secesión, Barcelona, 2005; X. Cándamo, El pacto de Santoña (1937). La rendición del nacionalismo vasco al fascismo, Madrid, 2006; y J. C. Jiménez de Aberásturi, De la derrota a la esperanza: políticas vascas durante la Segunda Guerra Mundial, Bilbao, 1999. <<

[6] Ibárruri, El único camino, París, 1962, pág. 436. <<

[7] Nuestra Bandera, 23, diciembre de 1947, págs. 1027-1049. <<

[8] D. Ibárruri, et al., Guerra y revolución en España (1936-1939), Moscú, 1966, t. I, págs. 256-258. <<

[9] J. Sandoval y M. Azcárate, Spain, 1936-1939, Londres, 1963, pág. 85. <<

[10] Citado en W. Solano, El POUM en la historia: Andreu Nin y la revolución española, Madrid, 1999, pág. 174. <<

[11] S. Carrillo, El comunismo a pesar de todo, citado en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: la Internacional Comunista y España, 1919-1939, Barcelona, 1999, pág- 384. <<

[12] Se pueden citar, entre otros, los siguientes ejemplos: K. 1. Maidanik, Ispanskii proletariat v natsionalnorevoliutsionnoi voine, Moscú, 1960, pág. 3. Kommunisticheskii Internatsional: Kratkii istoricheskii ocherk, Moscú, 1969, pág. 444, citado en B- Bolloten, The Spanish Civil War: Revolution and Counterrevolution, Chapel Hill, 1991, pág. 315; y A. A. Grechko, ed., Istoriya vtoroi mirovoy voiny, 1919-1945, Moscú, 1974, 2, pág. 51. Hay muchos más. <<

[13] D. T. Cattell, Communism and the Spanish Civil War, Berkeley, 1956, pág. 211. <<

[14] Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: la Internacional Comunista y España, 1919-1939, Barcelona, 1999, pág. 386. <<

[15] E. Ruiz i Ponseti, Les empreses collectivizades i el nou ordre econòmic, Barcelona, 1937. <<

[16] R. Radosh, M. Habeck y G. Sevostianov (eds.), Spain Betrayed…, ob. cit., págs. 503511. <<

[17] Citado en Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas…, ob. cit., pág. 426. <<

[18] Citado en Radosh, Habeck y Sevostianov (eds.), Spain betrayed, ob. cit., pág. 498. <<

[19] Las citas de los últimos dos párrafos, en ibíd., págs. 499-500. <<

[20] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, ob. cit., pág. 427. <<

[21] El general Rojo y otros destacados militares habían apremiado a los políticos para que se diera este paso desde hacía mucho tiempo, pero los dirigentes republicanos siempre se habían negado porque ello implicaba reconocer un estado de guerra formalmente, lo cual implicaba que la República era una parte beligerante, como los nacionales, lo que podría favorecer que los estados extranjeros reconocieran oficialmente a Franco como mandatario. <<

[22] A. L. Encinas Moral (ed.), Las causas de la derrota de la República española: informe elaborado por Stoyan Minev (Stepanov), delegado en España de la Komintern (19371939), Madrid, 2003, pág. 169. <<

[23] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas…, ob. cit., pág. 433. <<

[24] El mejor estudio al respecto es A. Bahamonde Magro y J. Cervera Gil, Así terminó la guerra de España, Madrid, 1999. <<

[25] Murieron un total de 233 soldados, al parecer menos que en Barcelona. J. M. Martínez Bande, El final de la Guerra Civil, Madrid, 1985, pág. 287. <<

[26] La fase final de la guerra se narra en L. Romero, El final de la guerra, Barcelona, 1976; y se analiza muy lúcidamente en L. Español Bouché, Madrid, 1939: del golpe de Casado al final de la Guerra Civil, Madrid, 2004. <<

Notas al capítulo 14

[1] La mejor recopilación de reflexiones de líderes republicanos ha sido editada por Carlos Rojas, Por qué perdimos la guerra. Antología de los vencidos en la contienda civil, Barcelona, 2006. <<

[2] El mejor estudio reciente es el de J. Sánchez Cervelló, ¿Por qué hemos sido derrotados? Las divergencias republicanas y otras cuestiones, Barcelona, 2006. Este es uno de los mejores libros publicados con motivo del septuagésimo aniversario del conflicto. <<

[3] Carta de Negrín a Herbert L. Matthews en el libro de este último: Half of Spain Died, Nueva York, 1973, pág. 231, traducida por Carlos Rojas en su antología Por qué perdimos la guerra…, ob. cit., págs. 482-483. <<

Notas al capítulo 15

[1] El estudio general más reciente en Rusia, de Nikolai Platoshkin, Grazhdanskaya vaina v Ispanii, 1936-1939, Moscú, 2005, utiliza el término común «guerra civil», pero en cierto modo repite la interpretación soviética. <<

[2] La guía de la Luftwaffe, Luftkriegführung (1935), hace hincapié en la importancia del bombardeo estratégico, pero nunca se llevaron a cabo preparativos específicos para ponerlos en práctica. <<

[3] Las conclusiones extraídas por los mandos del aire de las principales potencias tras la guerra de España se estudian en J. S. Corum, «The Spanish Civil War: Lessons Learned and Not Learned by the Great Powers», en The Journal of Militaty History, 62:2, abril, 1998, págs. 313 y 314. <<

[4] Unos pocos años antes, el «colosalismo» soviético había fabricado el primer superbombardero de seis motores, pero se estrelló durante un vuelo de pruebas y tuvo que ser desestimado. Se hizo un funeral oficial para honrar a la numerosa tripulación, se les consideró héroes y fueron enterrados en el cementerio de Novodevichy, en Moscú. <<

[5] M. R. Habeck, Storm of Steel: The Development of Armor Doctrine in Germany and the Soviet Union, Ithaca, Nueva York, 2004, págs. 344-345; y «Dress Rehearsals, 1937-1941», en R. Highman y E W. Kagan (eds.), The Military Story of the Soviet Union, Londres, 2000, págs. 93-108. <<

[6] O. Sarin y L. Dvoretsky, Alien Wars: The Soviet Union's Aggressions against the World, 1919 to 1989, Novato, California., 1996, pág. 3. <<

[7] Rybalkin, Stalin en España, Madrid, 2007, págs. 145-171. <<

[8] Esta es la conclusión de D. R. Stone, Hammer and Rifle: The Militarization of the Soviet Union, 1926-1933, Lawrence, Kansas, 2000. <<

[9] M. Alexander, The Republic in Danger: General Maurice Gamelin and the Politics of French Defense, 1933-1940, Nueva York, 1992, págs. 155-170. Por otra parte, los dos principales estudios no oficiales fueron razonablemente perspicaces: M. Duval, Les leçons de la guerre d'Espagne, París, 1938; y C. Rougeron, Les enseignements aériens de la guerre d'Espagne, París, 1940. <<

[10] J. Gooch, Mussolini and bis Generals: The Armed Forces and Fascist Foreign Policy, 1922-1940, Cambridge, 2007, pág. 383. Véase también B. Sullivan, «Fascist Italy's Military Involvement in the Spanish Civil War», Journal of Military History, núm. 59 (octubre de 1995), págs. 697-727. <<

[11] W. C. Frank, fr., «The Spanish Civil War and the Coming of the World War», The International History Review, 9:3, agosto de 1987, págs. 368-409. <<

[12] Entre los miles de libros y ensayos sobre Churchill (Churchilliana) no hay, al parecer, ningún estudio preciso sobre su posición sobre la guerra de España, aunque el trabajo de E. J. Sánchez, «Churchill and Franco: 1936-1955» (tesis en Cambridge University, n. d.) contribuye a señalar el camino. Al principio Churchill percibía España como un lío irresoluble que solo conseguiría enturbiar las imprescindibles relaciones defensivas entre Inglaterra y Francia, y escribió en agosto de 1936 que «este maldito barullo español no es asunto de ninguno de nosotros dos. Ninguna de esas facciones españolas expresan nuestra idea de civilización» (Sánchez, ob. ch., pág. 16). Además, en octubre de ese mismo año reflejó la opinión común de que la violencia revolucionaria era más arbitraria e indiscriminada que lo que él llamaba «duras represalias» de los nacionalistas (Sánchez, ob. cit.,. pág. 18). De todos modos, ya en febrero de 1937 comenzó a decantarse un tanto hacia la República, en una carta personal al ministro de Hacienda, Juan Negrín, ofreciéndole consejo sobre dónde podría comprar aviones para la Fuerza Aérea republicana. (De Churchill a Negrín, 22 de febrero de 1937, Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, 33:57). En cualquier caso, dos meses después dijo en los Comunes: «No se me entienda que si tuviera que elegir entre el comunismo y el nazismo, escogería el comunismo». (Citado en D. Reynolds, In Command of History: Churchill Fighting and Writing the Second World War, Londres, 2004, pág. 102). Así pues, a lo largo de 1937 sus ideas eran cambiantes, pero comenzaron a cristalizar en 1938, especialmente después de Múnich. En una carta al Daily Telegraph (30 de diciembre de 1938) proponía la urgente mediación en la guerra que permitiera sobrevivir a la República española, tanto por razones de seguridad y estrategia imperial británica como porque había percibido cierta moderación en el Gobierno de Negrín, que ofrecería a los españoles un futuro menos vengativo y más esperanzador. (Agradezco aquí a Paul Preston su referencia). Cuando Churchill se convirtió en primer ministro, en 1940, tuvo que retornar obligatoriamente a la política de Chamberlain respecto a España, porque las alarmantes circunstancias del momento no permitían ninguna alternativa. En 1944, sin embargo, cuando las circunstancias en Europa comenzaron a cambiar drásticamente, Churchill mantenía esa política no por oportunismo, sino por convicción. También se produjeron algunos ajustes cuando accedió al poder el Gobierno laborista que le sucedió. <<

[13] Esta situación política aparece mejor presentada y analizada en M. Ros Agudo, La guerra secreta de Franco (1939-1945), Barcelona, 2002, págs. xxiii-xxv y 44-45. <<

[14] Hitler's Table Talk, 1941-1944: His Private Conversations (trad. ingl.: Cameron y R. H. Stevens), Nueva York, 2000, págs. 569-570. <<

[15] J. McLellan, Antifascism and Memory in East Germany: Remembering the International Brigades, Oxford, 2004; y A. Krammer, «The Cult of the Spanish Civil War in East Germany», Journal of Contemporary History, 39:4 (octubre de 2004), págs. 531-560. <<

Notas a la Conclusión

[1] Las principales excepciones serían las convulsiones en el llamado «Portugal revolucionario», de 1910 a 1926, la era de la Primera República, y las que se dieron en Grecia durante y después de la Primera Guerra Mundial. <<

[2] Alguien podría también añadir aquí el caso de Finlandia, pero, aunque los revolucionarios socialdemócratas fineses no eran bolcheviques, fueron firmes aliados suyos y desempeñaron el mismo papel que los bolcheviques. <<

[3] Y en algún punto de Oriente Medio, como en Yemen del Sur, incluso adquirió la forma de una guerra civil entre comunistas. <<