Contemplando y analizando la historia de España de los dos últimos siglos, muchos historiadores han dicho que era un país proclive a los conflictos civiles. Sin embargo, en comparación con otros, no se puede decir que en la España de los siglos XVI al XVIII hubiera una mayor tendencia a la violencia que en otros lugares de Occidente. Pero esto cambió radicalmente durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, la época en la que entró en un proceso de rápida y extensa modernización política, económica y social, para la cual no estaba preparada. Y así hasta poder afirmar, sin temor a equivocarse, que nuestro país se convirtió en el escenario perfecto para la Guerra Civil.

Sin embargo, como demuestra Payne en este nuevo ensayo, verdaderamente fueron las causas políticas las que dieron singularidad a un conflicto que él califica de «revolución», provocado por la radicalización de algunos de los partidos políticos y organizaciones obreras que alcanzaron la victoria en las elecciones del Frente Popular.

Una nueva y brillante aproximación a la Guerra Civil, un episodio que aún sigue condicionando nuestra historia social y política.

Stanley G. Payne

La revolución española (1936-1939)

Un estudio sobre la singularidad de la Guerra Civil

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Titivillus 02.10.2019

Título original: La revolución española (1936-1939)

Stanley G. Payne, 2019

Editor digital: Titivillus

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INTRODUCCIÓN

UNA ÉPOCA DE GUERRAS CIVILES

La guerra civil es una forma de conflicto con una historia muy larga. Aunque algunos estudiosos utilizan ese concepto para referirse a cualquier violencia de consideración que tiene lugar en un Estado o un país, tiene más sentido llamar guerra civil a cualquier conflicto violento y relativamente prolongado que se desarrolla dentro de una misma unidad política y que no depende directamente de la participación de fuerzas extranjeras, aunque estas intervengan en él. Puede adoptar varias formas, desde las revoluciones políticas o sociales hasta insurrecciones de diverso tipo (siempre que tengan cierta duración), luchas étnicas, rebeliones anticoloniales y hasta la resistencia armada contra ocupantes extranjeros. Ahora bien, para ser una verdadera guerra civil de tipo moderno, debe haber una pugna armada generalizada cuyo objetivo es alcanzar el poder en el Estado.

Por lo general, las guerras civiles importantes de la Historia pueden agruparse en tres categorías: a) conflictos dinásticos sucesorios (que a veces combinan guerra civil con una gran guerra internacional, como en la guerra de Sucesión española de 1702-1714); b) guerras de secesión o de liberación nacional, y c) guerras civiles de índole política o ideológica a gran escala, destinadas a imponer o frustrar la creación de un régimen nuevo o revisado. Algunas han conjugado distintos tipos de conflicto o incorporado rasgos que las han dotado de un carácter todavía más complejo. Por ejemplo, cualquiera de esos conflictos puede incluir a otras pequeñas luchas civiles de orden secundario que, de mayor o menor gravedad, se libran dentro de uno de los bandos contendientes. Esto ocurrió con la lucha irregular dentro de algunas de las colonias americanas (inglesas o españolas) durante su pugna por la independencia, y un siglo más tarde también en la Guerra Civil española, en la Barcelona de mayo de 1937 y en el Madrid de marzo de 1939.

La forma de guerra civil o conflicto interno con más raigambre histórica ha sido el conflicto sucesorio, porque en los regímenes tradicionales eran frecuentes los combates por el acceso al trono. Normalmente, se trataba de pugnas por el poder relativamente sencillas, aunque pueden encontrarse excepciones. En la Castilla medieval, por ejemplo, el más extenso enfrentamiento civil fue la guerra de sucesión de la década de 1360, que terminó con la derrota y muerte de Pedro I el Cruel. La famosa guerra de las Dos Rosas, que dominó la vida política de Inglaterra durante gran parte del siglo XV, fue un conflicto exclusivamente dinástico, mientras que la guerra civil catalana que tuvo lugar en el mismo siglo (1462-1472) fue algo diferente, ya que trajo consigo transformaciones de mayor calado en cuanto al sistema político y a sus instituciones sociales, sobre todo en lo referente a la servidumbre de una importante parte del campesinado. Algo parecido podría decirse de la guerra de las Comunidades de Castilla, que se libró entre 1520-1521. Fueron luchas provocadas en parte por lo que podemos llamar el fin de la Edad Media y el comienzo de la modernidad, pues se reclamaban tanto una reforma política como mayores derechos y representación. En la España moderna, el principal conflicto sucesorio, la guerra de 1702 a 1714, empezó como una confrontación puramente tradicional, aunque acabara alumbrando importantes transformaciones institucionales en la antigua Corona de Aragón (que dejaría de existir como tal). A partir de los siglos XV y XVI, incluso en las guerras civiles fruto de problemas sucesorios, comenzaron a surgir objetivos más complejos, con elementos de índole religiosa, social e institucional, y relativos a la formación del Estado.

El segundo tipo más frecuente de guerra dentro de la misma unidad política ha sido la lucha de raíz secesionista, que en los últimos tiempos se ha denominado con frecuencia «guerra de liberación nacional». Guerras de secesión, de una u otra índole, se pueden encontrar en todos los periodos históricos y fueron relativamente habituales, por ejemplo, durante la Edad Media.

La principal guerra civil del siglo XIX en el mundo occidental, que tuvo lugar en Estados Unidos entre 1861 y 1865, fue un conflicto puramente secesionista, que, por tanto, en principio no era una guerra civil propiamente dicha, aunque así se la haya llamado normalmente incluso en Estados Unidos. Los secesionistas confederados nunca pretendieron conquistar Estados Unidos ni imponer un nuevo sistema político. En gran medida, su Constitución era una copia de la de sus enemigos, aunque con más derechos para los Estados individuales y con garantías explícitas de mantenimiento de la esclavitud negra. El combate que libraron los confederados podría considerarse la guerra de liberación nacional más grande con resultado fallido, del mismo modo que la Guerra Civil española de 1936 comportó la revolución más profunda de la historia moderna europea con resultado también fallido.

El tercer tipo de guerra civil, el que se caracteriza por un combate ideológico o revolucionario que aspira a cambiar drásticamente el sistema político y/o la sociedad con la implantación de normas totalmente nuevas, era casi inexistente en el marco político tradicional. Con todo, se podrían encontrar manifestaciones truncadas del mismo en forma de insurrecciones de esclavos o campesinos. Parece que en algunas ciudades-Estado griegas se registraron breves conflictos de este tipo.

En la época moderna, cuyo comienzo situaríamos no más tarde de la Reforma protestante, el objetivo de la rebelión armada y la guerra civil, en ocasiones de importante calado, ha sido el de introducir modelos políticos o instituciones religiosas radicalmente distintos a los existentes, primero con las rebeliones husitas ocurridas en la Bohemia del siglo XV. Esos rasgos aparecieron también en algunos de los demás conflictos del tiempo de la Reforma, especialmente en las guerras de religión francesas, en la rebelión de los Países Bajos y en algunos otros territorios influidos especialmente por el calvinismo.

En época más contemporánea, esos rasgos generaron guerras civiles revolucionarias. El término «revolución» entró en el vocabulario político general en el siglo XVII. Durante algún tiempo se utilizó para aludir a cambios de gobierno o de instituciones políticas de carácter fundamental, aunque la denominación fue aplicándose paulatinamente para hacer referencia a cambios básicos culturales y socioeconómicos. El primer gran ejemplo tuvo lugar en Inglaterra con la guerra civil y la revolución política de la década de 1640, absolutamente distintas de la guerra de las Dos Rosas. El primer caso laico, en el que la religión secular o política sustituyó a la espiritual y tradicional, fue la gran Revolución francesa de 1789, seguida de la guerra civil de 1793-1794 y de posteriores insurrecciones revolucionarias urbanas, sobre todo la de París de 1848, que alcanzaron un sangriento punto álgido con la Comuna parisina de 1871.

La Revolución francesa fue una convulsión política e ideológica, y también muy nacionalista. No fue socialista, aunque después sería una gran fuente de inspiración para numerosos socialistas. Constituyó la revolución política y democrática del siglo XVIII por excelencia, aunque incluso en los países más avanzados la democracia genuina no se conoció durante mucho tiempo. La revolución del siglo XIX fue la del nacionalismo, de gran influencia en la mayor parte de Europa. Más tarde, en competición con el socialismo, esa revolución continuará hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El socialismo creció durante la segunda mitad del siglo XIX, pero alcanzó el poder por primera vez en Rusia, la más atrasada de las potencias —no la segunda más avanzada, como Francia en el siglo XVIII— y en gran parte como consecuencia de una enorme catástrofe bélica, que destruyó el Estado y pulverizó lo que existía de sociedad civil. Ya en 1917, el concepto de revolución se había ampliado hasta aludir especialmente a acciones violentas destinadas a producir cambios drásticos en la estructura social y económica, y posteriormente ese concepto sería clave a la hora de distinguir la «verdadera revolución» de un puro y simple golpe de Estado o toma del poder. Durante la primera mitad del siglo XX, Europa no fue únicamente escenario de dos grandes guerras mundiales, sino de varias grandes revoluciones, guerras civiles revolucionarias y diversos tipos de golpes e insurrecciones políticas.

Desde Tucídides y Aristóteles, filósofos e historiadores llevan casi dos mil quinientos años debatiendo asuntos relativos a las guerras civiles. Durante la época de la Guerra Fría, cuando los focos de conflicto se fueron desplazando paulatinamente al interior de los países que entonces se denominaban Tercer Mundo, el esfuerzo por comprender la guerra civil y la revolución se convirtió en un sector de estudios en auge. Se desarrollaron taxonomías y se publicaron estudios sobre multitud de casos, además de proponerse explicaciones e interpretaciones relativas a la estructura social y a las secuencias político-históricas, así como a la formación de diversos modelos políticos.

Después del fin de la Segunda Guerra Mundial y con el comienzo de la época nuclear, las grandes guerras internacionales entre las potencias principales quedaron anticuadas, pues resultaban demasiado costosas y destructivas. Incluso en el Tercer Mundo una verdadera guerra internacional llegó a ser algo excepcional. Desde 1945, la única guerra internacional notable y continuada entre dos países fue la guerra de Irak e Irán de 1979 a 1987.

Sin embargo, durante medio siglo, el mundo ha vivido una época de guerras civiles de todos los tipos —guerras civiles étnicas, religiosas y revolucionarias, guerras civiles con o sin intervención extranjera, guerras civiles muy breves o muy largas—. Muchas de estas luchas fueron o iniciadas o estimuladas por la rivalidad de los dos bloques de la Guerra Fría, e incluso cuando una potencia como Estados Unidos intervino directamente en estos conflictos, lo hizo en lo que fundamentalmente era una guerra civil, como en Corea y en Vietnam. Pero el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética no acabaron con estos conflictos, sino que continuaron por razones étnicas, religiosas o secesionistas. Fuera del mundo de los países más desarrollados de Europa y del hemisferio occidental, las guerras civiles han llegado a ser el conflicto prototípico de nuestra época. Incluso en los márgenes de Europa, en la Federación Rusa y en los países vecinos influidos por Rusia, como Ucrania, la guerra civil sigue siendo una amenaza permanente con la forma de luchas por la secesión, a veces estimuladas por la intervención extranjera.

LA ÉPOCA DE LAS GUERRAS CIVILES REVOLUCIONARIAS EN EUROPA (1905-1949)

Durante la primera mitad del siglo XX, confluyendo con la época de las guerras mundiales, Europa fue asolada por guerras civiles mortíferas. En ellas, un nuevo «revolucionismo» político y social convergió con el auge nacionalista, generando en ocasiones un conflicto aún mayor. Las excepciones a estas luchas violentas domésticas fueron principalmente los países más democráticos y constitucionales del noroeste de Europa, desde Francia hasta Suecia.

Esta época de conflictos internos se inició en los países menos desarrollados y modernizados de la periferia de Europa —y más allá de esta—, con varios intentos de «quemar etapas» y de instalar cambios rápidos y revolucionarios. Así, empezó con la primera Revolución rusa de 1905, seguida por la semi-revolución iraní de 1906-1911, la gran rebelión campesina rumana de 1907, la exitosa revolución política de los Jóvenes Turcos de 1908, el golpe militar griego de 1909 —que implantó un régimen más liberal— y el inicio de las revoluciones mexicana y china entre 1910 y 1911, junto a la triunfante revuelta republicana portuguesa de 1910.

Aun así, no en todos los casos estas iniciativas radicales, con su consiguiente represión por parte de los poderes establecidos, desencadenaron mucha violencia. En Europa sí que la hubo, pero desde la represión de la Comuna de París, con sus 16.000 muertos oficialmente registrados[1]. En Turquía hubo verdaderos actos genocidas aun antes de la guerra mundial, con unos 200.000 armenios cristianos masacrados en los pogromos de 1894 y 1909, siendo este último el primer gran estallido de violencia yihadista del siglo XX. Por otra parte, entre 1903 y 1909 se asistió en Rusia a una larga serie de acciones terroristas, realizadas de manera sistemática y a gran escala.

La suerte de estos intentos de revolución o de cambios radicales fue muy desigual. La primera Revolución rusa fue firmemente reprimida, como pasó con la rebelión campesina rural rumana. La revolución iraní fracasó, y los Jóvenes Turcos fueron derrocados por la guerra mundial, aunque aspectos importantes de su proyecto sí se llevaron a cabo más tarde de la mano de Kemal Ataturk. El golpe portugués tuvo un éxito relativo durante una generación, mientras las rebeliones mexicana y china iniciaron procesos revolucionarios que duraron años.

Las rebeliones políticas y sociales pasaron directamente a Europa con el fin de la Primera Guerra Mundial, que disolvió los imperios de Rusia, Turquía, Alemania y Austria-Hungría. El suceso de mayores consecuencias históricas fue el estallido de la Revolución rusa en 1917, un proceso marcado por la imposición de la dictadura bolchevique unos meses después. El bolchevismo provocó una gran guerra civil en Rusia, la más mortífera en la historia europea, y su triunfo alentó el radicalismo en muchos otros territorios. Aunque el intento de invadir Europa entre 1918 y 1920 fracasó, la formación de la Internacional Comunista (Comintern) reforzó los intentos de iniciar procesos revolucionarios en muchos países.

La época de verdaderas guerras civiles entre revolucionarios y contrarrevolucionarios se inició en Finlandia y en Rusia en 1918, y acabaría extendiéndose a gran parte del mundo, pero sin llegar a afectar a ninguno de los países más avanzados, con la excepción, hasta cierto punto, de Alemania. La guerra civil rusa de 1918-1922 fue una catástrofe sin precedentes, con más de 10 millones de muertos (principalmente a causa de la hambruna y las epidemias, desastres en parte provocados por las políticas estatales). En los países bálticos, la guerra civil se vivió más como una guerra de liberación nacional, puesto que el objetivo no era solo derrotar a los comunistas, sino liberarse del imperialismo, tanto zarista como bolchevique. Una pauta distinta se siguió en sociedades de Estados consolidados, como Alemania e Italia, donde tuvieron lugar sangrientos conflictos políticos y sociales. En Hungría, donde un régimen revolucionario asumió brevemente el poder, hubo una guerra civil de escasa magnitud, pero también surgieron múltiples movimientos de liberación de sus diversas nacionalidades, acompañados por la intervención extranjera. En países tan distantes como Polonia y Portugal, el conflicto político fue en ocasiones violento, pero no implicó revoluciones sociales y nunca desembocó en una guerra civil propiamente dicha —con la excepción de dos meses en Portugal—. Asimismo, las intentonas de insurrección comunista en Bulgaria y Estonia (1924) no lograron reavivar el conflicto y fueron duramente reprimidas. La última guerra civil revolucionaria después de la Primera Guerra Mundial tuvo lugar en España en la década siguiente, aunque la percepción de la misma se vio enormemente influida por las intervenciones extranjeras registradas en el país, de manera que, según algunos, la guerra en España, más que constituir únicamente un puente entre dos épocas, forma parte de la Segunda Guerra Mundial.

Dentro del extraño mundo de la Unión Soviética, la violencia, que continuó siendo enorme, convivió con un mínimo grado de insurgencia que no logró desatar una nueva guerra civil, y no solo por la capacidad del Estado soviético de librar una especie de guerra continua contra sus propios ciudadanos. La intermitente resistencia de ciertos sectores de las minorías musulmanas nunca logró cristalizarse en un único movimiento.

Fuera de Europa, la Revolución mexicana se prolongó durante bastante tiempo con otra guerra civil limitada provocada a finales de la década de 1920, cuando el régimen nuevo reprimió duramente al catolicismo. El proceso más caótico tuvo lugar en China, que durante años corrió el riesgo de desintegrarse. Al final, la guerra civil entre el nuevo régimen revolucionario nacionalista (Kuomintang) y el movimiento comunista, iniciada en 1927, siguió durante dos décadas un tortuoso camino que pasó por varias fases. Fue un conflicto en el que los primeros revolucionarios acabarían desempeñando el papel de contrarrevolucionarios contra los comunistas.

La última fase en Europa tuvo lugar en la década de 1940, formando una parte del complejo proceso de la Segunda Guerra Mundial en los países balcánicos. En la Yugoslavia ocupada por los alemanes, y después en Grecia, se desarrolló una especie de guerra civil multipolar. Entre 1943 y 1945, en la Italia septentrional ocupada se libró una forma de guerra civil asimétrica entre fascistas y antifascistas, mientras que en las fronteras occidentales de la Unión Soviética se registraron conflictos internos, con la misma forma de guerra civil asimétrica, por parte de nacionalistas y patriotas ucranios, polacos y bálticos en contra de la ocupación soviética —en los países bálticos, el conflicto no desapareció totalmente hasta mediados de la década de 1950—. La última guerra civil europea propiamente dicha se libró en Grecia entre 1944 y 1949. En Yugoslavia, con la ayuda del Ejército soviético, ganaron los comunistas, mientras que en Grecia, gracias al apoyo de los británicos y norteamericanos, triunfaron los anticomunistas.

LA GUERRA CIVIL EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

A lo largo del medio siglo de Guerra Fría que siguió al conflicto mundial, estallaron insurrecciones revolucionarias en muchas partes del entonces denominado Tercer Mundo en lugares como Vietnam, Filipinas, Malasia, Cuba, Yemen, Nicaragua, Angola y Mozambique, por citar solo algunos ejemplos. En la mayoría de esos países se crearon condiciones que favorecieron las insurgencias y la guerra interna, y en algunos tuvieron lugar guerras civiles de consideración. Organizaciones terroristas de carácter revolucionario causaron graves conflictos en Turquía, en varios países hispanoamericanos y, en realidad, en una parte considerable del mundo, incluyendo Italia y España, aunque sin llegar a generar condiciones cercanas a las de una verdadera guerra civil, salvo en varios países hispanoamericanos. Cuando dichas condiciones coincidieron con reivindicaciones de carácter nacionalista —combinando la revolución del siglo XIX y la del XX—, los conflictos se agravaron aún más.

Lo característico de las guerras civiles revolucionarias del siglo XX era enfrentar a los colectivistas revolucionarios —generalmente comunistas, pero no siempre— con diversas fuerzas conservadoras o, al menos, anticomunistas y contrarrevolucionarias, que iban desde los grupos liberal-demócratas hasta los fascistas. En varios casos importantes, como los de Rusia y China, los revolucionarios ganaron, aunque, por lo general, los contrarrevolucionarios se impusieron en Europa —Finlandia, el Báltico, Hungría, España, Grecia— y las insurrecciones revolucionarias fueron reprimidas en Filipinas, Malasia, Centroamérica y otros lugares.

Una de las diferencias principales entre las guerras civiles revolucionarias, los conflictos internacionales y las guerras civiles de cuño más tradicional se encuentra en su mayor tendencia a la deshumanización del oponente y en el alcance relativo de las atrocidades cometidas contra la población civil, aunque es evidente que casi todos los conflictos implican algún tipo de atrocidad contra los no combatientes. En las guerras civiles tradicionales generalmente había una mayor disposición a reconocer la humanidad del adversario, como ha sucedido también en muchas guerras internacionales. Por el contrario, las guerras civiles revolucionarias podrían considerarse combates entre civilizaciones opuestas, entre unas concepciones del Estado, de la sociedad y de la economía radicalmente distintas que no toleran compromiso alguno.

Sus protagonistas han tendido a ver en el oponente no solo a un adversario político, sino al portador de una cultura o una religión totalmente enemiga, de un credo absolutamente distinto con unos valores y una moral que ponen en peligro todas las dimensiones vitales. En consecuencia, es habitual que el objetivo en esos casos no sea solo la victoria militar, sino la completa extirpación —de una u otra forma— del oponente, lo que con frecuencia ha desembocado en represiones y ejecuciones de carácter masivo. Aún antes de que se produjeran las revoluciones modernas, varios observadores ya señalaron esta tendencia en las guerras civiles.

Otros dos aspectos incrementan el derramamiento de sangre durante las guerras civiles. El primero es la ausencia de una línea clara divisoria entre los dos contendientes dentro del mismo país, de manera que la posibilidad de que exista un «enemigo interno» es mucho mayor que en las guerras internacionales. Esta es una circunstancia ubicua, que dramáticamente pone de relieve el concepto de «quinta columna» desarrollado en la España de 1936. Aparte de esto, la quiebra de la ley y del orden durante las guerras civiles permite, y en ocasiones fomenta, la comisión de actos violentos por motivos privados, frutos de deseos de venganza estrictamente personales, a veces de índole nada política.

Fue durante la guerra civil estadounidense cuando surgió la expresión «rendición incondicional», que hace imposible cualquier compromiso dirigido a permitir la existencia continuada de ambos bandos. En una unidad política no partida, solo un bando puede ostentar el monopolio de la violencia. «Por esta razón, las guerras civiles son las más brutales de todas, acentuando la animadversión y el ejercicio de la violencia hasta llevarlo a límites extremos»[2]. Sin embargo, en las guerras internacionales que enfrentan a dos estados consolidados con frecuencia se produce cierto grado de reconocimiento, tanto del enemigo como de las normas de la guerra, y ninguno «se esfuerza por destruir totalmente el enemigo»[3].

Por el contrario, las guerras civiles «generan un grado ilimitado de radicalización». Las contiendas civiles y las internacionales están «conceptualmente en las antípodas», ya que las primeras se impulsan gracias a «cuestiones de índole religiosa, valores, factores ideológicos y principios»[4].

Mao Zedong ya señaló que «la revolución es la movilización del odio». La consiguiente violencia revolucionaria es importante por su simbolismo y por su función religiosa, tanto como violencia sacrificial y redentora como por la función purgativa que conlleva el asesinato de chivos expiatorios. Por su parte, los contrarrevolucionarios, que condenan la violencia revolucionaria, ven en el sacrificio de los chivos expiatorios muertos por esa violencia una función redentora que les identifica como mártires. Postulan que ese sacrificio tiene un carácter redentor para la propia causa contrarrevolucionaria.

El caso más puro de esta tendencia se dio después de la Guerra Civil española, cuando se produjeron una serie de beatificaciones de miembros del estamento eclesiástico martirizados. El fenómeno se observó por primera vez en la Europa moderna durante las guerras de religión de los siglos XVI y XVII, manifestándose hasta sus últimas consecuencias durante el Terror de la Revolución francesa, que pudo acabar con la vida de 40.000 personas, mientras que en la consiguiente guerra civil, que también llevó el terror a varios distritos rurales, la cifra de muertos en las matanzas puede alcanzar los 200.000. Asimismo, en algunos países la represión contrarrevolucionaria fue igualmente mortífera, empezando por la represión de la Comuna de París en 1871.

ESPAÑA, ¿PAÍS DE GUERRAS CIVILES?

Observando su historia de los dos últimos siglos, en ocasiones se ha dicho que España es un país especialmente proclive a los conflictos civiles. Sin embargo, si la comparamos con otros territorios, no se puede afirmar que en la España de los siglos XVI a XVIII hubiera una mayor tendencia a la violencia interna que en otros países occidentales. Esto cambió radicalmente durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, una época en la que España entró en un proceso de rápida y extensa modernización política, económica y social, proceso para el cual no estaba muy bien preparada.

El siglo XIX fue especialmente convulso, con la historia política más complicada de entre todos los países europeos —e incluso del mundo— y, además, confusa para el estudiante de Historia. Los primeros tres cuartos del siglo conforman la «época de los pronunciamientos», aunque las intervenciones militares no constituyeron la variable independiente de esta historia política convulsa y compleja, sino que reflejaban las profundas divisiones civiles que existieron hasta la restauración de la monarquía borbónica en 1874.

Para colmo de males, España pasó más años enzarzada en guerras de todo tipo que cualquier otro país del mundo —más que, por ejemplo, Rusia—. El siglo empezó y terminó con conflictos internacionales de envergadura: la enorme contienda de la Guerra de la Independencia contra Napoleón, y la Guerra de Cuba, que terminó con el enfrentamiento contra Estados Unidos, a las que hay que añadir la guerra con Marruecos en 1859-1860. España se convirtió en esa época en el clásico país de las guerras civiles, con luchas repetidas entre liberales centralistas y tradicionalistas regionales, consecuencia de haber preservado en partes del país una sociedad tradicional bien protegida por sus instituciones y con una fuerte identidad católica. El liberalismo quedó limitado por el ritmo lento de la modernización económica, pero también influyó el gran coste de las guerras y el hecho de que la invasión napoleónica causó más destrucción —tanto demográfica como económica— que en cualquier otro territorio[5].

Las insurgencias armadas fueron muy frecuentes: primero, el conflicto entre liberales y absolutistas de 1822-1823, luego la rebelión de los campesinos catalanes (guerra dels agraviats) de 1827, seguida de la devastadora Primera Guerra Carlista (1833-1840), la insurrección carlista en Cataluña de 1846 a 1849 (a veces denominada exageradamente «Segunda Guerra Carlista»), la Segunda Guerra Carlista (1869/1873-1876) y el conflicto cantonalista republicano de 1873-1874. A todo ello deben añadirse numerosos pronunciamientos militares, varios de los cuales desembocaron en conflictos militares, y hasta 1874 una larga serie de motines e insurrecciones urbanas. Y si todo esto no fuera suficiente, España gastó —proporcionalmente— más que cualquier otro país en campañas coloniales, empezando con una década de batallas inútiles en América, en Cuba, pasando por la guerra de los Diez Años (1868-1878), la «Guerra Chiquita» de 1879-1880 y luego la campaña final (1895-1898). Un siglo convulso y violento, cuyo lento crecimiento económico no sorprende a nadie. Solo otro país pasó por tres guerras civiles en el mismo siglo, Colombia, donde la situación era semejante: liberalismo débil y fragmentado, conflictos religioso-civiles y grandes diferencias regionales.

¿Por qué era España el escenario perfecto para la guerra civil en el siglo XIX? Las guerras internacionales derivaban de la herencia colonial y de la situación geográfica del país, pero el motivo principal de los conflictos civiles fue el enfrentamiento entre los liberales y los tradicionalistas o carlistas, lo que frecuentemente se ha explicado por la escasa fuerza y las profundas divisiones internas del liberalismo decimonónico. Sin embargo, el liberalismo era igualmente débil en otros países y no propició el estallido de prolongadas guerras civiles. Sería posible poner la cuestión al revés y decir que, si tenemos en cuenta el nivel de modernización del país, el liberalismo español fue sorprendentemente fuerte y precoz. Gracias a complejas razones sucesorias, logró implantarse en el Estado y vencer en las contiendas civiles.

Quizá sea más pertinente indagar en las causas de la fortaleza del tradicionalismo carlista. El Antiguo Régimen aún estaba vigente en la España del siglo XIX, y en ciertas regiones mucho más profundamente que en ningún otro lugar de Europa Occidental, incluso más que en Portugal, que era un país bastante menos desarrollado. Hay que tener en cuenta que el País Vasco y Navarra poseían unas estructuras provinciales específicas, y que Cataluña mantenía una identidad diferenciada, lo que proporcionaba a los tradicionalistas una base más fuerte y organizada que en otros lugares.

Después de la gran devastación de la Guerra de la Independencia, la Primera Guerra Carlista de 1833-1840 fue especialmente costosa. De una población de unos 13 millones, el Gobierno liberal llegó a movilizar hasta medio millón de hombres, mientras los carlistas —que no contaban con los recursos financieros de un Estado ni con una base geográfica amplia— reclutaron alrededor de una tercera parte de esa cantidad. Fue también un conflicto marcado por las ejecuciones de civiles por ambos lados, aunque en números mucho más pequeños que en 1936-1939. El Ejército regular (liberal) perdió 66.000 hombres, cifra a la que deben añadirse las pérdidas menores entre los milicianos (además de unas 2.800 bajas entre los voluntarios británicos), de modo que las fuerzas liberales en total tuvieron al menos 80.000 muertos. Y a todo esto debemos sumar las numerosas bajas carlistas. Al menos un 1 % de la población murió entre los caídos de uno y otro bando. Aunque esta proporción es muy inferior a la de la guerra de Secesión estadounidense, supera al porcentaje de bajas militares registrado en la Guerra Civil de 1936-1939.

Si bien no tuvieron unas consecuencias tan nefastas como las de las guerras del siglo XVII, las continuas guerras deben considerarse uno de los factores fundamentales que explican el retraso español del siglo XIX.

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LA DEMOCRACIA REPUBLICANA EN ESPAÑA

Tras convocar sus primeras elecciones parlamentarias modernas en 1810, España inició una de las historias de liberalismo parlamentario más largas del mundo. Sin embargo, la historia de ese «largo siglo» del liberalismo español —que duró ciento veintiséis años hasta 1936— ha estado plagada de frustraciones y fracasos. En primer lugar, costó treinta años y una agotadora guerra civil para consolidar un régimen liberal, hecho que no se consiguió hasta 1840. En segundo lugar, el sistema tuvo que enfrentarse a dos grandes problemas: lograr que la monarquía parlamentaria respetara las leyes y la soberanía parlamentaria, y resolver el problema de la representación mediante un sufragio más directo y unas elecciones honestas.

Durante gran parte del reinado de Isabel II (1843-1868), España disfrutó de un sufragio sorprendentemente amplio si tenemos en cuenta su nivel de modernización, e incluso innovó en algunas reglas y normas en la administración de las elecciones. Sin embargo, el sufragio seguía siendo muy limitado, como, por otro lado, ocurría en la Europa de la época. El derrocamiento de la dinastía borbónica y la introducción del sufragio universal masculino no resolvieron el problema, y la inauguración de una República Federal mediante una especie de «pronunciamiento parlamentario» en 1873 empeoró la situación, sembrando el caos y dando lugar a varias guerras civiles. Es decir, en distintos momentos, el país había vivido bajo una política liberal, pero nunca de una manera permanente.

Sí se alcanzó la estabilidad con la restauración de la dinastía borbónica, bajo el reinado de Alfonso XII, en 1874. Quince años después se repuso el sufragio universal masculino, con lo que, técnicamente, en 1890 se había instaurado la democracia, aunque la realidad era muy diferente. La participación en las elecciones era incierta, y las votaciones, en muchas ocasiones, se veían corrompidas de diferentes maneras. Era la época del «caciquismo» clásico, e incluso algunas voces afirmaban que la sociedad española, aún semianalfabeta y muy atrasada, no estaba preparada para la democracia, mientras que otras insistían en que esa misma democracia estaba dominada por una élite corrupta. Ambos puntos de vista tenían algo de verdad.

El ritmo de desarrollo fue bastante moderado durante el siglo XIX, pero comenzó a acelerarse en el nuevo siglo y durante la Primera Guerra Mundial —España fue el país neutral europeo más significante—, y aún más durante la década de 1920, cuando alcanzó la tasa de crecimiento más alta de su historia. En 1930 el país había cambiado profundamente y, en parte, se trataba de una transformación tan visible que nadie podía negar.

Sin embargo, los conflictos sociales complicaban las relaciones políticas. Aunque el Partido Socialista (PSOE) se había fundado en 1879 y la Unión General de Trabajadores (UGT) en 1888, durante casi medio siglo el movimiento socialista español fue el más débil de entre los creados en los grandes países europeos. El terrorismo anarquista estalló en Barcelona en la década de 1890, y también en los primeros años del siglo XX, aunque no consiguió demasiadas acciones notables —la más importante fue el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Gobierno en 1897— hasta que no se combinó con el sindicalismo revolucionario, dando lugar a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en 1910. Al final de la Primera Guerra Mundial ya era el primer movimiento obrero de masas en España. Espoleado por el dinero alemán, inició en Barcelona una lucha de clases violenta —en 1917 se produjo el primer asesinato de un empresario industrial—, abriendo el camino a lo que se conoce como la «época del pistolerismo». Entre 1917 y 1923, en Barcelona y en otras ciudades murieron al menos 300 personas asesinadas por los pistoleros sindicalistas o de la «Policía patronal»[6], y, en ocasiones, a manos de la Policía barcelonesa bajo la denominada «ley de fugas». En 1917, la UGT protagonizó el primer intento de huelga general nacional, pero el fracaso fue estrepitoso. En la huelga y en la subsiguiente represión murieron cerca de 80 personas, lo que hizo que la UGT adoptara tácticas más pragmáticas. Los años de la guerra mundial habían generado prosperidad para las clases altas, pero la inflación y la escasez ahogaba a la clase obrera, por lo que las tensiones sociales seguían siendo significativas.

La primera parte del siglo XX estuvo caracterizada por el reformismo, la expansión y el progreso, con una clara tendencia hacia la democratización, aunque sus logros se vieron influidos negativamente por la división interna y la fragmentación. Los dos partidos del llamado «turnismo» —conservadores y liberales— padecían un evidente faccionalismo por grandes rivalidades personales, y la vida parlamentaria parecía estancada. Para colmo de males, la lucha contra la insurgencia autóctona en el Protectorado marroquí prácticamente se perdió en 1921, dando lugar a un vergonzante colapso militar.

En septiembre de 1923, con el beneplácito de Alfonso XIII, el capitán general de Barcelona, Miguel Primo de Rivera, actuó como un dictador «temporal» —técnicamente, fue el primer dictador en la historia de España— con el fin de resolver los problemas más inmediatos del país y llevó a cabo una gran reforma política. Con ayuda de Francia, Primo de Rivera pacificó el Protectorado y puso fin al terrorismo declarando ilegal a la CNT. Sin embargo, lo que teóricamente solo duraría unos meses se prolongó en el tiempo, y en 1926, conseguida una paz relativa, Primo de Rivera seguía en el poder y, de una manera lenta y bastante torpe, comenzó a elaborar una nueva Constitución, menos liberal y más autoritaria, que no contó con los apoyos suficientes, por lo que tuvo que abandonar el proyecto. Seguramente, si Primo de Rivera hubiera dimitido a tiempo, su imagen en la historia de España habría sido muchos más positiva, ya que, al fin y a la postre, supo solucionar varios entuertos graves. Una gran parte de la opinión liberal del país le dio una ferviente bienvenida en 1923, pero seis años después los apoyos habían desaparecido y el régimen del dictador ya no tenía futuro. Empujado por el rey Alfonso XIII, Primo de Rivera dimitió en 1930 y poco después murió de diabetes en París. Desde un punto de vista estrictamente político, llevó a España a un callejón sin salida.

El nuevo Gobierno nombrado por el rey, bajo el mando del general Dámaso Berenguer, buscó la manera de regresar al constitucionalismo parlamentario, pero no fue lo suficientemente hábil y rápido. Por primera vez en más de medio siglo, el sentimiento republicano comenzó a crecer. Desde una perspectiva histórica, podemos afirmar que el derrumbamiento de la monarquía parlamentaria supondría un duro golpe para la convivencia cívica, y no porque aquella poseyera una varita mágica —la mayoría de las verdaderas democracias funcionan bien sin monarquía—, sino porque España, en el siglo XIX, había tenido serios problemas de estabilidad, y en la década de 1930 la cultura europea entró en una profunda crisis, circunstancia que inevitablemente tendría consecuencias negativas para el país. Durante medio siglo, la monarquía parlamentaria había conseguido cierto éxito en su papel de moderador (regulando el acceso al Gobierno) y era un símbolo de unidad y continuidad, cualidades que, al desaparecer, dejarían al país al borde del desastre.

No hay duda de que Alfonso XIII se había desacreditado al consentir la Dictadura de Primo de Rivera, pero cabe preguntarse si un regreso inmediato a las elecciones generales tres meses después de caer el dictador habría permitido el retorno a una monarquía parlamentaria funcional, reformista y democratizadora. El rey y el general Berenguer deberían haber tomado una decisión arriesgada y, si bien no existían garantías de éxito, era su única opción. Las tácticas dilatorias actuaron como un bumerán. Los antiguos partidos monárquicos casi habían desaparecido y a los líderes que quedaban les aterrorizaba dar un salto al vacío, aunque esto es lo que sucedió en abril de 1931. La opción de convocar elecciones inmediatas podría haber fracasado, pero es difícil imaginar un resultado peor del que finalmente se produjo.

Después del desastre de 1873-1874, el republicanismo tenía mala prensa en España, y durante bastante tiempo sus partidarios fueron poco numerosos y estaban muy divididos, como lo estuvo la misma República Federal. Sin embargo, poco a poco, durante la Dictadura de Primo de Rivera la situación comenzó a cambiar. Se fundaron nuevos partidos más radicales y se creó una alianza republicana. Finalizada la Dictadura, las tácticas dilatorias y la confusión del Gobierno les proporcionaron una ventaja considerable, cada vez mayor, e incluso algunos políticos monárquicos anunciaron su conversión al republicanismo. En junio de 1930 se formó un Comité Revolucionario presidido por Niceto Alcalá-Zamora, el más veterano y conocido de estos conversos. Era un político inteligente, abogado de formación y gran erudito, que había sido jefe de la facción más pequeña del antiguo Partido Liberal. Católico y más conservador que los demás republicanos, también era un hombre hipersensible y muy egocéntrico. Posteriormente, el Comité Revolucionario consiguió el apoyo de una parte de los socialistas y de los catalanistas de izquierda (Esquerra).

Aunque el Gobierno había anunciado que pronto convocaría elecciones generales, el Comité Revolucionario pensaba recurrir al estilo convulso decimonónico y lanzar una insurrección violenta en cuanto fuera posible, mediante el típico pronunciamiento militar mal organizado. Esto se produjo a mediados de diciembre de 1930. Las tropas del capitán Fermín Galán, que dio el primer paso en Huesca el 12 de diciembre, mataron a tres policías que trataban de mantener el orden. Fueron las «primeras víctimas de la plaga de violencia política que se abatió sobre España durante el decenio de los años treinta del siglo XX»[7], las primeras de las más de 250.000 personas que murieron. El pronunciamiento fracasó debido a la escasa respuesta en el estamento militar, si bien en las huelgas violentas convocadas por la CNT —que había renacido gracias a la política tolerante de Berenguer— fallecieron 20 personas más.

No obstante, el Gobierno carecía de iniciativa y de prestigio moral para reprimir a los republicanos, que pronto recobraron la libertad, como si el intento de derrocar violentamente al Gobierno no fuera más que un deporte. Al fin, un segundo Gobierno designado por el rey convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Los candidatos monárquicos ganaron la mayoría de los escaños, pero la coalición republicana triunfó en casi todas las ciudades principales y en las capitales de provincia. La moral de los monárquicos se desplomó y, en la noche del 14 de abril, Alcalá-Zamora y sus colegas se hicieron con el Gobierno nacional en un «pronunciamiento civil», casi totalmente incruento, dando inicio a la etapa más polémica de la historia contemporánea española.

DILEMAS DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

El nuevo Gobierno republicano se presentó como una democracia constitucional y no hay duda de que esencialmente, pero no del todo, lo fue durante casi cinco años, hasta las elecciones de febrero de 1936. Su conducta y sus procedimientos fueron deficientes en algunos aspectos, como el respeto de los derechos civiles, por lo que la afirmación del distinguido historiador Javier Tusell de que la Segunda República constituía «una democracia poco democrática» es del todo acertada; sin duda alguna, la mejor definición en cuatro palabras. Pero, como decimos, durante cinco años, en sus procedimientos principales fue un régimen democrático. No convocó ningún referéndum para legitimarse, pero durante ese lustro fue un régimen legítimo sencillamente porque la mayoría de los españoles lo veían así.

Pero, a la vez que se iniciaba el régimen democrático, se puso en marcha un proceso revolucionario cada vez más violento que pronto ofreció el espectro más amplio de movimientos revolucionarios de toda Europa, planteando una serie de exigencias, cada vez más radicales, que ningún país del mundo —y desde luego, ninguna democracia— podría haber satisfecho. Al principio, una pequeña minoría de extrema derecha reaccionó de manera histérica al grito de «¡La República nos lleva al comunismo!». En 1931, este planteamiento parecía absurdo, pero seis años después se demostraría que no estaba tan lejos de la verdad.

El nuevo régimen nació con ciertas ventajas respecto a algunas de las nuevas repúblicas de la Europa del Este en 1919. Durante algún tiempo, España fue relativamente inmune a varias de las principales fuerzas motivadoras del gran conflicto europeo, como el nacionalismo —a excepción del periférico— y el imperialismo, mientras que, por la misma razón, el fascismo fue bastante débil hasta las últimas semanas de la República. En 1930, por vez primera, menos del 50 % de los españoles trabajaba en el campo. Proporcionalmente, el impacto de la depresión fue menor que en muchos otros países, en especial en lo referente al aumento del desempleo urbano, y, de hecho, en 1935 una parte considerable de la economía experimentó cierta recuperación —al menos, más que en Francia—.

Sin embargo, existían problemas estructurales de difícil solución, sobre todo, la situación de los cerca de dos millones de jornaleros y sus familias que estaban sometidos a un paro estacional y cuya conflictividad aumentó como consecuencia de la rápida modernización de la sociedad en general. Otro aspecto destacable era la incompleta integración de las distintas regiones del país, cuyos dispares niveles de modernización provocaron un problema estructural que exacerbó los nacionalismos periféricos y que estos fomentaron aún más, añadiendo una dimensión horizontal a las divisiones sociopolíticas verticales.

Es una paradoja de la historia española que el relativamente rápido desarrollo que tuvo lugar entre 1915 y 1930 no lograra superar los conflictos internos, sino que, por el contrario, se agudizaran sus consecuencias políticas. Las numerosas mejoras, junto con la expansión de la alfabetización y la creciente movilización, habían elevado tanto los niveles de conciencia política como las expectativas de una sociedad que era más moderna y productiva, y que exigía —o, al menos, lo hacía una parte significativa— cambios aún más rápidos. Durante 1930, España comenzó la fase intermedia de la industrialización, en la que los conflictos sociales se agravaron al máximo. En ese momento, los trabajadores ya se hallaban lo suficientemente movilizados como para elevar el tono de sus exigencias, pero, al mismo tiempo, el país no tenía a su alcance los medios para completar la industrialización y lograr una prosperidad generalizada.

Fue en esa coyuntura cuando crearon las condiciones ideales para generar un proceso revolucionario cuyo origen no era la opresión, sino las exigencias de cambios y de mejoras rápidas que, de repente, dieron lugar a una revolución violenta y no a una contemporización pacífica. Esta teoría fue explicada por vez primera en El Antiguo Régimen y la Revolución, de Alexis Tocqueville, donde se expone la clásica teoría conductista de la revolución en contraposición de la marxista, basada en el materialismo y en las condiciones socioeconómicas. Aunque dichas condiciones pueden ser también importantes, la revolución moderna y violenta es el resultado —psicológico, en primera instancia— de las aspiraciones crecientes de la sociedad, como sucedió durante el proceso de modernización rusa de la primera parte del siglo XX y en la España de la década de 1920, siendo esta última una sociedad más articulada que la rusa. La llegada de la República fomentó las aspiraciones sociales, que se vieron interrumpidas por los efectos de la Gran Depresión, por la victoria del centro-derecha en las elecciones de 1933 y por la derrota de la insurrección revolucionaria de 1934. Esta teoría conductista de la revolución ilumina la situación de Francia en 1789, de Rusia en 1917 y de España en la década de 1930, y también de otros países.

En cambio, una gran parte de los españoles continuaban siendo moderados o claramente católicos y conservadores. Los partidos revolucionarios, incluso unidos con las izquierdas «burguesas», nunca lograron una clara mayoría de votos en unas elecciones democráticas. La derecha esencialmente moderada de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) superó con creces a la derecha radical autoritaria, precisamente por ser más moderada y legalista. Se podría decir que el país era radical y revolucionario en su conjunto solo si se añade la derecha radical a las izquierdas, y, aun así, no lo sería por mucha diferencia. Sería más exacto decir que había importantes minorías radicales y revolucionarias que sí disfrutaban de oportunidades en un régimen democrático aún no consolidado e inmerso en una crisis económica y política sin precedentes.

En la Europa de aquel momento, España iba a contracorriente, como en 1820-1823. En la década de los años veinte, tras la primera etapa de democratización, las nuevas tendencias de cambio —salvo en la Unión Soviética— se inclinaban hacia la derecha, y en la de los años treinta hacia la derecha autoritaria y el fascismo. La coyuntura, ciertamente, era negativa, porque en los años treinta se encuentra el enfoque principal de la «larga generación» de guerras mundiales e intensos conflictos sociopolíticos que se extendió de 1914 a 1945. Este fue el periodo de más luchas internas y externas simultáneas en la historia de Europa, provocadas por los conflictos de masas originados por la industrialización, la búsqueda de igualdad y el nacionalismo moderno. Los años de la Gran Depresión no fueron propicios para nuevos experimentos democráticos.

La coyuntura general —con los cambios que habían tenido lugar en Europa central— sin duda influyó en el país, pero más en lo que a recelos y temores se refiere que como una inspiración positiva. Las izquierdas marxistas se sentían cada vez más atraídas por el espejismo de la revolución tal y como la había representado la revolución bolchevique. Al mismo tiempo, se encontraban lo bastante lejos de la tétrica realidad de la Unión Soviética estalinista como para sucumbir al desencanto, al menos hasta 1938-1939, cuando dicha realidad ya se introdujo parcialmente en la zona republicana. Casi más importante fue la aversión demostrada por las izquierdas ante la victoria del fascismo en Europa central en 1933-1934, fenómeno que tuvo un claro «efecto llamada» en diversos países y que contribuyó a la polarización en España.

Pero los problemas más serios derivaron de los profundos errores de los líderes políticos, de sus decisiones y de las relaciones existentes entre los partidos organizados, y no tanto de situaciones coyunturales o estructurales. El sistema republicano no contó con líderes de relevancia, aunque de ningún modo España fue el único país que en la época adoleció de esta característica. El drástico cambio de dirigentes políticos que tuvo lugar en 1931 se repitió en las dos elecciones siguientes, debido en parte a las exageradas consecuencias de la ley electoral, y la falta tanto de experiencia como de pericia de los diputados fue uno de los obstáculos más destacados del nuevo régimen. Las figuras más tolerantes y conciliadoras de la República se encontraban entre la minoría de centristas y conservadores moderados, que ya habían adquirido experiencia en el régimen anterior, pero se vieron ampliamente superados en número por los novatos radicalizados.

Así pues, los problemas políticos de la República comenzaron con los propios fundadores. Afirmaban representar una ruptura decisiva con el pasado, lo que no significaba aspirar a un nivel superior, sino al rechazo de la monarquía parlamentaria, pero acompañado por una vuelta a las convulsiones y el exclusivismo de los años anteriores a 1874. La ruptura, en realidad, fue con el medio siglo liberal y tolerante que precedió a 1923, y lo que se produjo fue una vuelta al tenaz sectarismo y el enorme personalismo de la política partidista decimonónica, así como a la insistencia en considerar que el Gobierno era más una especie de patrimonio que una representación de los diversos intereses nacionales.

El exceso de confianza de los republicanos de izquierda y de los socialistas se debió al aparente éxito inicial de la ruptura de 1931, cuando muchos moderados, e incluso conservadores votaron a los republicanos de izquierda, lo que durante algún tiempo mantuvo desorientados a los monárquicos. Esa situación dio lugar a unas Cortes Constituyentes y a una Constitución que no representaban al país en su conjunto. Sin duda, un Parlamento más genuinamente representativo habría elaborado una Constitución más moderada y, aun así, relativamente progresista, que habría hecho de la República una forma de gobierno más aceptable para una gran parte de la opinión pública. Podría haber favorecido, por ejemplo, el contagio del liberalismo de las clases medias a una parte significante de la población rural conservadora e incluso a la minoría obrera no revolucionaria, que no era insignificante.

La nueva Constitución de 1931 codificó principios básicos. Fue concebida a partir del programa de un importante sector de los partidos políticos izquierdistas, que se impusieron a quienes no compartían sus valores. En aspectos clave, esta Carta Magna no fue un producto del consenso nacional, como tampoco lo fueron sus predecesoras decimonónicas —con las posibles excepciones de las de 1837 y 1876— y, lo que es peor, pronto se puso de manifiesto que los grupos responsables de su redacción no se comprometieron con las normas que acababan de codificar. En cuanto perdieron las primeras elecciones de 1933, exigieron la anulación de los resultados y la oportunidad de volver a intentarlo, bajo otra ley electoral —aunque ellos mismos habían preparado la ley vigente—, ya que su concepción de la República, como hemos señalado, no era democrática —elecciones libres con resultados inciertos bajo leyes fijas—, sino «patrimonial». En realidad, lo que no aceptaban era que se adoptasen políticas distintas a las suyas. La falta de consenso sobre las leyes básicas del juego fue un claro impedimento desde el principio y, sobre todo, entre los propios republicanos.

Con frecuencia se ha formulado la pregunta de si el liderazgo republicano originario de 1931-1933 no intentó llevar a cabo reformas demasiado extensas o rápidas, sobrecargando el sistema. Teniendo en cuenta la manera en que se emprendieron dichas reformas, la respuesta es afirmativa, pero no está claro que este sea el caso si hablamos de la esencia de las propias reformas. Los logros republicanos, tanto en obras públicas como en algunos puntos clave de la reforma laboral, fueron evidentes. Hacía mucho tiempo que era necesaria una reforma militar y, en muchos aspectos, la que llevó a cabo Manuel Azaña resultó positiva. Casi todo el mundo estaba de acuerdo en que también era necesario llevar a cabo algún tipo de reforma agraria, aunque los puntos de vista de unos y otros eran del todo dispares. Por ello, la ley de 1933 no estuvo bien concebida, si bien, al contrario de lo que se ha dicho, la reforma no sufrió un retroceso absoluto durante el segundo bienio, mientras que en 1936, bajo el Gobierno del Frente Popular, la situación se volvió caótica y extremista y muchas veces no sujeta a la ley. Resultaba fundamental también la separación de la Iglesia y el Estado —que, en principio, la propia jerarquía eclesiástica aceptaba—, así como la reforma de aspectos importantes de sus relaciones, un ámbito en el que pudo haberse logrado mucho con un coste mínimo. Pero, como decía el mismo Alcalá-Zamora, insistir en quitarle derechos fundamentales y perseguir a la Iglesia y a sus fieles era plantear una «Constitución para una guerra civil».

La presentación de estas reformas como un «trágala» estuvo mal gestionada desde el principio, debido tanto a la retórica sectaria y totalmente innecesaria como a los procedimientos políticos de la coalición gobernante. En algunos temas se fomentó, de manera gratuita, una oposición antes inexistente por la ausencia del menor espíritu de conciliación o de deseo de consenso. La falta de tacto de Azaña, que parecía responder a un estilo deliberado, convirtió la reforma militar (en general, sensata) en algo que fue percibido (con exageración) como una vendetta antimilitar y que generó la hostilidad de militares que, en principio, no eran contrarios a la República.

Lo peor fueron, por supuesto, el estilo y la esencia de las reformas religiosas de 1931-1933, que se concibieron como una venganza contra los intereses católicos —pese a que la mayoría de los españoles creía más en el catolicismo que en cualquier otra doctrina o credo—, lo que dio lugar no solo a la separación de la Iglesia y el Estado, sino a la vulneración de los derechos civiles, institucionales y educativos al instigar una especie de persecución religiosa. Inicialmente, el objetivo era reducir el catolicismo a ritos puramente privados, como antes se había hecho con el protestantismo, pero después, en la primavera de 1936, se dio paso a una persecución violenta, que conllevó la clausura de escuelas, la confiscación ilegal de iglesias y otras propiedades, los ataques físicos a católicos, la prohibición de celebrar la misa en ciertas áreas y los cada vez más frecuentes incendios de iglesias y otros edificios católicos. La idea era seguir —y luego exceder— las políticas radicales de Francia y Portugal, para pasar a un extremismo superior al del México posrevolucionario, que allí había conducido a una nueva guerra civil asimétrica que duró varios años.

Por esas razones no se puede concluir que la reforma educativa de la República fuera un logro positivo o neto, por más que, con frecuencia, se la haya alabado en esos términos. La anulación de la libertad de enseñanza constituyó un atroz atropello, un atentado contra la libertad religiosa y, también, contra la cultura misma. Es cierto que el Gobierno de izquierdas construyó y abrió numerosas aulas, pero uno de los principales objetivos era cerrar las católicas, llegando, en el mejor de los casos, a una suerte de equilibrio en lo referente a las facilidades educativas.

La verdad es que las izquierdas rechazaron cualquier idea de consenso desde el comienzo, creyendo que podrían controlar la República de manera perpetua —pues era «suya»—, y prepararon una ley electoral de mayorías con la falsa idea de que eso les garantizaría la victoria en todas las elecciones. Cuando se puso de manifiesto que no era así, regresaron los intentos de manipulación anticonstitucional y la revuelta armada. A este respecto, la República, más que conseguir algún progreso respecto a la antigua monarquía parlamentaria, supuso una regresión a las convulsiones del siglo XIX. Esto era lo que Ortega y Gasset tenía en mente en 1932-1933 cuando se lamentaba de que los líderes republicanos, en lugar de ocuparse de los problemas más apremiantes, encarnasen una vuelta a ciertas obsesiones del pasado.

En un primer momento, las fuerzas abiertamente subversivas no fueron ni importantes ni numerosas, con la excepción de la CNT, flanqueada por los pocos comunistas que había en la extrema izquierda. Más tarde se produjo la subversión de la derecha radical monárquica y de la Falange fascista, pero estas fuerzas no alcanzaron el activismo de los anarcosindicalistas, que constituyeron un movimiento de masas, por más que las tácticas insurreccionales libertarias nunca supusieran una seria amenaza de derrocamiento del régimen. Quizá la principal consecuencia de su existencia fue la presión que se ejerció sobre la UGT, situación esta que debilitó el compromiso socialista con el reformismo socialdemócrata.

Después de los republicanos de izquierda, las fuerzas clave eran los dos grandes partidos nacionales, la CEDA y el PSOE-UGT. Por un lado, es imposible equipararlos, porque la CEDA siempre respetó la legalidad, no creó milicias armadas, no recurrió a la violencia y nunca lanzó una insurrección contra la República. Los grupos izquierdistas y el presidente de la República reprocharon a la CEDA que nunca se comprometiera oficialmente con el republicanismo. Los líderes de la Confederación católica defendían ciertos derechos e intereses superiores, como los de la religión, pero garantizaban el compromiso del grueso del electorado católico con los procedimientos legales y parlamentarios, y cumplieron con su promesa, que es mucho más de lo que puede decirse de los socialistas. Al contrario de estos, los cedistas siempre rechazaron la violencia, pero mantuvieron cierta ambigüedad en cuanto a las dimensiones de la reforma constitucional que buscaban. ¿Se mantendría o no la forma y la sustancia esenciales de la República democrática?

La cúpula cedista fue culpable de errores notables, por un lado, al evitar una erosión a manos de la derecha radical autoritaria y, por otro, al ir en la dirección opuesta para apaciguar a los sectores del centro. No siempre encontraron el punto medio. Es difícil evaluar la obra del único Gobierno encabezado por la CEDA, en 1935, porque Alcalá-Zamora, empleando los poderes —en realidad, poderes excesivos— de un presidente de la República, permitió que gobernara durante solo seis meses, aunque disponía de una mayoría parlamentaria estable.

En diciembre de 1935, Alcalá-Zamora se negó a seguir la lógica de la democracia parlamentaria y permitir que el partido más votado formase y dirigiese el Gobierno, aunque la alianza que le apoyaba tuviera una mayoría estable. Si lo hubiera hecho, en el peor de los casos se habría producido una significativa reforma constitucional en 1936-1937 que habría cerrado el paso a una guerra civil. Como en toda cuestión hipotética, es imposible saber exactamente qué forma habrían adoptado los cambios. La instauración de un sistema republicano semicorporativo y más autoritario podría haber significado el fin de la democracia republicana durante, quizá, una década, pero incluso ese resultado habría sido mucho menos catastrófico que lo que ocurrió en realidad. Podría haber conllevado resistencia y algún derramamiento de sangre, pero en un grado muy inferior al de los horrores de la Guerra Civil y los comienzos del régimen franquista, y habría sido mucho más reformable que este último. Visto retrospectivamente, incluso en la situación menos favorable, un Gobierno de la CEDA no habría desembocado en el peor de los resultados.

En la izquierda, la política de los socialistas fue simplemente antidemocrática. Su contribución a la coalición del primer bienio republicano fue relevante y parecía que se estaba dando un paso importante en la evolución, maduración y expansión del movimiento socialista en España, en un momento en el que solo los partidos socialistas de los países más desarrollados —Alemania y otros del norte de Europa— habían llegado tan lejos. Pero el PSOE careció de la madurez de los socialdemócratas alemanes y su respuesta ante la adversidad fue la opuesta a la de estos. Su reacción ante el final de la coalición republicana y la derrota en las elecciones generales de noviembre de 1933 supuso el comienzo de su radicalización revolucionaria, que, más que cualquier otro factor individual, fue la responsable del fracaso de la República. En Francia, por el contrario, los socialistas tardaron más tiempo en participar en un Gobierno democrático «burgués», pero dieron este paso en 1936, rechazando la «bolchevización» y el comunismo, exactamente lo contrario que hizo el PSOE.

La propagación de la insurrección revolucionaria de octubre de 1934 fue el punto de inflexión. Como el golpe bolchevique de 1917 en Rusia, esta insurrección fue tratada como un acto defensivo, si bien las instrucciones internas de los insurrectos declararon que debía dirigirse como una «guerra civil» con el fin de instaurar un régimen socialista. Participaron también los comunistas y demás grupos marxistas revolucionarios, además de los catalanistas de Esquerra —para imponer su propio régimen en Barcelona— y del sector asturiano de la CNT. La insurrección logró dominar gran parte de Asturias y fue reprimida después de dos semanas de lucha gracias a la intervención de algunas de las unidades militares de élite de Marruecos, exactamente igual que como había ordenado Azaña que se reprimiera una de las insurrecciones anarquistas anteriores. Hubo actos violentos en 15 provincias y en total murieron casi 1.400 personas. Tuvieron lugar más de 50 ejecuciones políticas en Asturias y en otras provincias, una destrucción ingente de edificios y de centros de interés cultural y artístico, y también unas ejecuciones sumarias por parte del Ejército, pero no en un número mayor que el de las ejecuciones llevadas a cabo por los revolucionarios. En los siguientes días se detuvo a cerca de 30.000 personas, aunque la mitad fueron liberadas durante el año siguiente. Tal vez no fue el «comienzo de la Guerra Civil», como se ha dicho, pero la convivencia política española nunca se recuperó del todo, y la mayor parte de los socialistas, siguiendo a Francisco Largo Caballero, nunca abandonó el revolucionismo.

El caso español de 1934-1936, con una ofensiva revolucionaria encabezada por un movimiento socialista —no comunista— contra una democracia establecida, carecía de precedentes en Occidente, salvo el de Italia en 1919-1920. La amplitud y diversidad del fenómeno revolucionario en España no tuvo parangón en otros países. Desde 1820, el país había vivido con regularidad lo que puede llamarse la «contradicción española», con formas e instituciones políticas avanzadas en un marco de relativo atraso social y económico. La oportunidad para la movilización de masas y la democracia plena durante la República llevó esta contradicción a su punto máximo.

Esto no significaba que España estuviese —simplemente— «madura» para la revolución, como sostenían los teóricos marxistas españoles, porque, en ciertos aspectos fundamentales, su sociedad había llegado a ser demasiado compleja como para que los revolucionarios la conquistaran con facilidad. Si la mano de obra urbana e industrial era, en proporción, muy superior a la de Rusia en 1917, también lo eran las clases medias y las conservadoras. En España había una población propietaria de tierra considerable que era, en esencia, contrarrevolucionaria, exactamente al revés de Rusia. Ahí estaba la gran diferencia. Con los pequeños propietarios incluidos, las clases medias eran de dimensiones más o menos iguales.

LA CRISIS DEL PARLAMENTARISMO CONSTITUCIONAL

Sin embargo, la larga crisis final de la democracia en España no la iniciaron ni los revolucionarios ni la derecha radical, sino el presidente republicano centrista Niceto Alcalá-Zamora, en uno de los máximos errores de cálculo en la historia política de España. El presidente se veía a sí mismo como el último garante de la República liberal —en la que creía firmemente—, pero era también un político de la época anterior de caciquismo, de una cultura política elitista y oligárquica poblada de personajes que representaban una forma de transición desde una sociedad más tradicional basada en el estatus y en el concepto del honor. Por ello se encontró con numerosas dificultades a la hora de superar su excesivo personalismo y su obsesión con su propio liderazgo —por no decir dominación—.

Llegó a interferir más en el funcionamiento normal del Gobierno parlamentario que el tan criticado Alfonso XIII. En cuanto la fuerza de la coalición de Azaña comenzó a declinar en 1933, el presidente le retiró su confianza, incluso antes de haber desaparecido la mayoría parlamentaria. Aun así, su interferencia en el Gobierno de Azaña fue mucho menos arbitraria que la que ejerció en las segundas Cortes (1933-1936), durante cuya existencia actuó casi siempre con el objetivo de desbaratar las opciones de un Gobierno mayoritario normal, haciendo y deshaciendo Gabinetes a voluntad y sustituyendo Ejecutivos mayoritarios por otros minoritarios, siempre a su libre albedrío. Un proceso en el que, inevitablemente, se ganó el odio de las derechas y de las izquierdas por igual.

No solo sentía una antipatía profunda hacia la CEDA y su jefe, José María Gil-Robles, sino que consideraba al jefe del centro democrático, Alejandro Lerroux, como su rival principal, ya que Alcalá-Zamora quería ser él el líder de ese sector. No estuvo dispuesto a aceptar a ninguno de los dos principales jefes parlamentarios como presidente del Gobierno, de ahí su empeño en crear un nuevo partido de centro subordinado, aunque fuera indirectamente, a su liderazgo. Inició una maniobra para socavar a Lerroux y al Partido Radical, la principal fuerza centrista, y luego, en diciembre de 1935, nombró como presidente del Gobierno a su nuevo favorito, el veteranísimo Manuel Portela Valladares, pese a no tener escaño en las Cortes. Además, Portela ostentaría la cartera de Gobernación (Interior) y uno de sus principales objetivos era manipular la administración electoral para crear una agrupación nueva de centro que pudiera reemplazar a Lerroux y a los radicales.

El presidente ya había prorrogado las Cortes y, mediante diversas maniobras, deseaba hacerlo una vez más para que el Gobierno de Portela dispusiese de más tiempo para llevar a cabo maquinaciones político-electorales caciquiles y posponer la fecha de las elecciones. Pero esos tejemanejes fueron anticonstitucionales y los partidos parlamentarios se rebelaron contra el Gobierno artificial de Portela. Así Alcalá-Zamora no tuvo más remedio que anunciar el 7 de enero de 1936 que se convocarían nuevos comicios para el 16 de febrero.

LAS ELECCIONES DEL FRENTE POPULAR

La idea del presidente era dar un trato favorable a las izquierdas, a pesar de su carácter violento y su vocación insurreccionista, para reducir el peso de las derechas en las próximas Cortes. Creía también que esto le permitiría a Portela realizar nuevas maquinaciones para crear ese «nuevo» bloque de centro, de unos 80 diputados, que mantendría el equilibrio entre izquierdas y derechas (las dos sin mayoría). Pero el cálculo resultó ser el más desastroso de la historia electoral española. Los anteriores comicios de 1933 ya demostraron que el país, por primera vez en su historia, tenía un electorado muy movilizado y consciente de sus derechos democráticos. De modo que, durante la campaña, Portela se encontró con que no era manipulable. Su grupo consiguió elegir a unos cuantos diputados en una competición que, en realidad, fue una lucha polarizada entre derechas e izquierdas. O estas volvían al poder, o el centro-derecha formaría un Gobierno nuevo más fuerte que el de 1934-1935. El fracaso de la maniobra de Alcalá-Zamora y Portela fue total.

El desastre electoral de las izquierdas en 1933 se debió en gran parte a su división, experiencia que ni las izquierdas burguesas ni el sector socialista semimoderado dirigido por Indalecio Prieto deseaba repetir. Para crear una nueva alianza lograron la participación del sector mayoritario y revolucionario del PSOE-UGT, con la condición, eso sí, de que el PSOE nunca formaría parte de un «Gobierno burgués». Por el contrario, en 1936, las izquierdas republicanas de Azaña y Diego Martínez Barrio (Unión Republicana) formarían un Gobierno minoritario pero apoyado por los votos de los partidos revolucionarios, que de ese modo pensaban arrinconar y manipular a un Gobierno débil de izquierdas, como de hecho hicieron. La alianza al principio se llamó sencillamente «bloque de izquierdas», aunque pronto asumió el término, acuñado por la Comintern en Moscú el año anterior, de «Frente Popular», es decir, una alianza no abiertamente revolucionaria, sino «antifascista» —término que se utilizaba para referirse a cualquier grupo de derechas, hasta los más moderados y democráticos, e incluso a los partidos de centro—.

La organización final del Frente Popular incluyó una amplia alianza de todas las formaciones de izquierdas salvo la FAI-CNT, que todavía rechazaba —al menos en teoría— la participación electoral. Así pues, el Frente Popular estaba compuesto por los partidos semimoderados de las izquierdas republicanas o burguesas y por los distintos grupos marxistas —como el PSOE-UGT, el PCE y el muy pequeño partido leninista independiente, el POUM, o Partido Obrero de Unificación Marxista, que «unificaba» a unos cuantos marxistas—. También incluía a otras formaciones independientes, como el minúsculo Partido Sindicalista, de tendencia socialdemócrata.

Manuel Azaña era el líder incontestable de las izquierdas moderadas y el único político que gozó de un poder y de una responsabilidad más o menos equivalentes a los del presidente Alcalá-Zamora. Además, el Azaña de 1936 se había radicalizado —en comparación con el de 1931—. Su nuevo partido de Izquierda Republicana había adoptado un programa más activo y estatalista, aunque no era revolucionario. Pero Azaña fue terminante cuando afirmó que el constitucionalismo republicano debía interpretarse no como una serie de reglas fijas con resultados inciertos, sino como unas normas partidistas que garantizaran los resultados, tal y como insistió repetidamente después de perder las elecciones de 1933. Su rechazo de una democracia liberal y tolerante, con reglas iguales para todos, a favor del radicalismo y la polarización exclusivista coincidió con una movilización de masas que agravó las consecuencias del sectarismo. De hecho, la insurrección revolucionaria de 1934 nunca recibió una sola palabra pública de condena por parte Azaña.

Como ha escrito Miguel Platón:

Su cartera pública se había distinguido por una marcada ejecutoria antidemocrática: la promoción de un golpe de Estado en 1930; la negativa a combatir los incendios de edificios religiosos en mayo de 1931; el sectarismo de la Constitución; el autoritarismo de la Ley de Defensa de la República; la expulsión de los jesuitas; la represión indiscriminada de supuestos participantes en la rebelión de Sanjurjo; las agresiones continuas a la libertad de prensa; la propuesta de no aceptar los resultados electorales de noviembre de 1933; la alianza electoral con organizaciones golpistas —PSOE, UGT, PCE, ERC— para formar el Frente Popular y, a partir de febrero [de 1936], la aplicación arbitraria de la ley ante delitos tan graves como el asesinato o los actos vandálicos[8].

La imagen de Manuel Azaña como representante máximo de una «República democrática» es una de las mayores falsedades de la historiografía española contemporánea. Aunque se hayan publicado bastantes libros hagiográficos sobre su figura, no hay uno solo que se haya atrevido a documentar todos los aspectos de su carrera republicana. La verdad es que Azaña nunca pensó en practicar la democracia, sino que insistía en una «hiperlegitimidad» de las izquierdas a la hora de controlar el régimen, fueran cuales fuesen los resultados electorales.

La particular utopía jacobina de Azaña nunca tuvo la menor posibilidad de convertirse en realidad, puesto que solo recibió el apoyo del 20 % de los votos. De ahí su insistencia en depender de los socialistas —aun cuando fuesen unos revolucionarios violentos— para ganar elecciones o convertir su programa en leyes. El destacado periodista catalán Josep Pla, el primer historiador de la Segunda República, se refirió varias veces a lo que él llamaba el «kérenskismo ideológico» de Azaña[9], comparándolo con la política del último presidente ruso, derrocado por los comunistas. En ocasiones, los revolucionarios españoles también hablaron del «papel de Kérenski», que ellos daban a Azaña, pero la comparación es engañosa e injusta para el propio Kérenski. El líder ruso, como Azaña, cometió el error de tratar de cooperar con los bolcheviques, pero nunca les entregó el poder, sino que tuvieron que derrocarle mediante un golpe de Estado directo. Azaña acabó entregando el poder a los revolucionarios el 19 de julio, cuando el recién designado José Giral les dio las armas.

El Frente Popular en España fue muy diferente de su homónimo en Francia. La Tercera República francesa era una democracia consolidada. Allí el Frente Popular era una alianza constituida para defender y afirmar esa democracia, e incluyó a los radicales centristas, mientras el Partido Socialista francés (SFIO, Sección Francesa de la Internacional Obrera) no abrazó el revolucionismo. El Frente Popular español no tenía como objetivo defender la democracia, que sus miembros ya habían violado, sino reivindicar la insurrección de 1934, un levantamiento que siempre apoyaron. Su programa insistía en la «republicanización» de las instituciones y en la completa exclusión de las derechas, aunque no incluía la colectivización directa de la propiedad. El Frente Popular español fue una alianza paradójica entre los partidos de la izquierda republicana y los movimientos revolucionarios, que ni siquiera pretendía formar un Gobierno con mayoría parlamentaria y que estaba abocado a sufrir divergencias profundas. Esta coalición se constituyó sobre la base de una total incertidumbre en cuanto al porvenir —que recordaba el conocido dicho leninista kto kogo («¿quién explota a quién?»)—, en un pulso que finalmente ganaron los revolucionarios, que consiguieron doblegar a la izquierda burguesa.

El Frente Popular puso el énfasis principal de su campaña en la denuncia de la represión de la insurrección, como si los revolucionarios no merecieran ser castigados, y se sirvió de una tremenda propaganda para describir las supuestas atrocidades que se habían cometido, aunque solo dos de los rebeldes habían sido ejecutados —uno de ellos era claramente culpable de múltiples asesinatos—. De hecho, cuando las izquierdas alcanzaron de nuevo el poder, la investigación de esta supuesta gran represión siempre se posponía, probablemente por su poca sustancia. La verdad era que, en comparación con la represión de las insurrecciones revolucionarias en Francia, Finlandia, Alemania, Hungría y Estonia, la española de 1934 fue con mucho la más leve, aunque 15.000 prisioneros quedaron en la cárcel —incluso en la pequeña y democrática Estonia tuvieron lugar en 1924 alrededor de 200 ejecuciones—.

Las derechas nunca formaron una gran alianza porque la CEDA mantenía su programa de legalismo parlamentario y no estaba dispuesta a mezclarse con la derecha monárquica autoritaria. Su lema de campaña fue «¡Contra la revolución y sus cómplices!». Gil-Robles mantenía en su programa tanto la legalidad como la cooperación parlamentaria, si bien con cierta ambigüedad en lo referente a las reformas constitucionales que se perseguían. A diferencia de los revolucionarios, la CEDA no inició actos violentos —pero sí los sufrió—, aunque su movimiento de jóvenes, la Juventud de Acción Popular (JAP), solía emplear un lenguaje extremista y provocador. Sin embargo, ni mucho menos alcanzaba las dimensiones de los socialistas de Largo Caballero, que en varias ocasiones dijo que si el Frente Popular no ganaba, «vamos a la guerra civil», como si la derrota de 1934 tan solo hubiera servido para que se produjera una mayor radicalización. La misma blandura de la represión republicana, que permitía una total libertad de campaña y propaganda a los insurrectos, parecía enardecerlos.

Hubo mucha violencia política durante la campaña, que alcanzó su punto álgido el mismo día de las elecciones, en el que perecieron 13 personas. A diferencia de 1933, la violencia no provenía en exclusiva de los revolucionarios, ya que los falangistas se mostraron muy activos contra ellos. En total, murieron 37 personas en diversos conflictos políticos entre el comienzo del mes de enero y las elecciones, y la situación empeoró después con la muerte de 50 personas más en las dos semanas siguientes[10].

Casi todo el día de los comicios transcurrió con relativa normalidad gracias a las grandes medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno. En un primer momento, el triunfo parecía de las derechas, pero después de varias horas las izquierdas comenzaron a reclamar la victoria. Los resultados oficiales no se publicaron nunca, pero, al parecer, se produjo un empate entre derechas e izquierdas, con un centro prácticamente desaparecido pese a las maniobras de Portela Valladares.

En la noche del 16 de febrero, miles de izquierdistas salieron a las calles en varias ciudades, lo que interfirió directamente en la última fase de la votación. Las amenazas se generalizaron, y llegaron a provocar el pánico del Gobierno. Se impuso el estado de alarma, y Alcalá-Zamora entregó a Portela Valladares una declaración firmada de estado de guerra por si lo juzgaba necesario. Las manifestaciones y alteraciones del orden público asustaron a los ministros y, después de 48 horas, Portela tan solo pensaba en dimitir junto a todo su Gobierno, afirmando que si declaraba el estado de guerra tendría que gobernar como «un dictador» para reprimir los motines y las insurrecciones izquierdistas y restaurar el orden. El Gobierno dimitió el 19 de febrero, tres días después de las elecciones.

De este modo se quebraron los procedimientos del Gobierno republicano, puesto que la administración gestora que presidía las elecciones debía continuar trabajando en el escrutinio final y para preparar la segunda vuelta de las elecciones, que sería dos semanas después. El escrutinio final y oficial no se conoció hasta el día 20 y por entonces nadie pudo decir quién había ganado. Sin embargo, a la vista de los motines, de las insurrecciones callejeras y de la huida del Gobierno, el presidente Alcalá-Zamora, tan amargado como enfurecido, no encontró mejor modo de resolver la situación que formando un nuevo Gobierno de izquierdas dirigido por Manuel Azaña. El Ejecutivo se estrenaría precisamente con el escrutinio oficial de las elecciones, lo que le permitiría certificar que había ganado. Una irregularidad sin precedentes. Posteriormente, las nuevas autoridades decidieron cambiar y falsificar los votos en varios distritos en los que las derechas habían conseguido la victoria, de tal modo que, al final, fueron sus oponentes quienes vencieron. El fraude fue claro en Cáceres[11] y en La Coruña, pero también hubo falsificaciones de votos en Jaén, Valencia (provincia), Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Lugo, Málaga (capital), Murcia (provincia) y Pontevedra. Esto modificó los resultados sustancialmente al cambiar la atribución de un número total de aproximadamente 30 escaños, casi todos transferidos de las derechas y el centro al Frente Popular. De esta forma, lo que parecía un empate se convirtió en una mayoría del Frente Popular. Sin estas actas dudosas, «izquierdas y derechas habrían quedado equilibradas: entre 226 y 230 escaños los primeros, y entre 223 y 227 los segundos»[12]. El escaso espacio de centro que restaba se negaba a aliarse con los revolucionarios, por lo que es fácil suponer que Gil-Robles no habría tenido demasiadas dificultades a la hora de formar una coalición mayoritaria; sin embargo, al realizarse el escrutinio bajo el control de los administradores provinciales del Frente Popular, el nuevo Gobierno de Azaña se encargó de acreditar su propia victoria.

Esta fue la primera de las cuatro fases del fraude electoral. La segunda tuvo lugar durante la segunda vuelta de las elecciones del 1 de marzo de 1936. Ante el aumento de la violencia y de los disturbios izquierdistas, las derechas se retiraron de la campaña y de los comicios, lo que permitió que el Frente Popular obtuviera algunos escaños más. La tercera fase la protagonizó la reunión de la Comisión de Actas de las Cortes, porque la Constitución autorizó que una comisión especial del Parlamento revisara los resultados para corregir los posibles abusos. Así, el 25 de marzo la nueva Comisión de Actas, del modo más arbitrario que pueda imaginarse, intervino para cambiar los resultados en varias provincias, entregando 25 escaños más de las derechas al Frente Popular. Pocos días después, anuló los resultados en Cuenca y en Granada, dos provincias donde las derechas habían ganado, y se convocaron nuevas elecciones para el 3 de mayo. Durante la campaña de estos comicios —sería la cuarta fase—, el fraude fue aún mayor, porque la violencia y la represión realizadas por los «delegados de Policía» revolucionarios —se produjeron detenciones ilegales de candidatos y activistas de derechas— imposibilitaron que se realizara la menor campaña de oposición, de tal forma que lo que había sido una victoria de las derechas se transformó en un gran triunfo de las izquierdas, que consiguieron los dos tercios del Parlamento necesarios para aprobar una reforma constitucional.

El proceso de violencia y fraude electoral que se inició en los días 16-20 de febrero de 1936 tenía como objetivo conseguir el dominio izquierdista del Gobierno, que por un lado permitía una irresponsable política de abusos, y por otro alentaba los desórdenes, las huelgas, las ocupaciones y confiscaciones ilegales… En definitiva, una espiral de violencia que marcó el inicio de la desintegración de la democracia y del Gobierno constitucional en España.

2

LA INSURRECCIÓN DEL 18 DE JULIO

Durante los años que duró la Segunda República se habló a menudo del peligro de que estallara una guerra civil, aunque en 1931 no era más que la advertencia de unos derechistas histéricos. Sin embargo, como ya vimos, Alcalá-Zamora sí señaló el problema de lo que él mismo llamó una «Constitución hecha para una guerra civil», aunque creía que él podría evitarla una vez ocupara la Presidencia de la República. Muchos llegaron a hablar en serio de este peligro después de la insurrección revolucionaria de los socialistas de 1934 —a pesar de su derrota—, y en poco más de un año, la rápida rehabilitación de los socialistas y de las izquierdas, alentada de forma contradictoria por el propio Alcalá-Zamora, sirvió para envalentonar a los revolucionarios. Como ya se ha señalado, Largo Caballero y otros repitieron la amenaza en varias ocasiones durante la campaña de 1936. Fueron los siguientes cinco meses —de febrero a julio— los que determinarían si esa amenaza se convertía o no en una realidad.

El Frente Popular fue una alianza política y electoral, pero no una alianza de gobierno. Se basaba en una contradicción fundamental: era un pacto de los republicanos de izquierda —y algunos socialistas—, que aceptaban el sistema republicano, con varios movimientos revolucionarios, que no lo aceptaban y que pretendían imponer un sistema revolucionario. El Frente Popular supuso un dilema desde el principio, y por eso Felipe Sánchez Román, uno de los amigos a quien Azaña más respetaba y líder del grupo más moderado de la alianza —el Partido Republicano Nacional—, enseguida abandonó el Frente Popular, pese a haber participado en la redacción del programa original. Tras reflexionar sobre la situación, Sánchez Román se dio cuenta de que se trataba de una contradicción insoluble: si el Frente Popular ganaba las elecciones, no podría crear un Gobierno estable porque estaría sujeto a graves e irresolubles tensiones revolucionarias. Y, en efecto, eso fue lo que sucedió.

Una pregunta fundamental que cabe hacerse es la siguiente: ¿cómo creía Azaña que podría gobernar con el Frente Popular? Debemos recordar su concepción de un régimen republicano, que para él no era un sistema constitucional con derechos iguales para todos, sino un sistema exclusivamente izquierdista, un régimen «patrimonial», si bien era del todo consciente de que sus partidarios no podrían lograrlo solos y, por tanto, era indispensable el apoyo y la colaboración de los socialistas, como ya sucedió en 1931-1933. Sin embargo, la mayoría de los socialistas únicamente ansiaba la revolución, lo que ponía de manifiesto la irresoluble paradoja interna en la que se movía el Frente Popular. Pero ¿cómo pensaba resolverlo Azaña? Parece ser que creía que el «revolucionismo» era esencialmente coyuntural y retórico, y estaba convencido de que si llegaba a constituirse un Gobierno resueltamente izquierdista —aunque «burgués»—, los socialistas lo apoyarían en la siguiente ocasión. Pero no fue así.

Desde la formación del pacto, los caballeristas dejaron claro que no participarían en un Gobierno «burgués», es decir, en un Gobierno parlamentario y no revolucionario, y así, los republicanos de izquierda se verían obligados a constituir un Gobierno minoritario apoyado circunstancialmente en las Cortes por los votos revolucionarios. Conforme a este acuerdo en la elaboración de las listas de candidatos se incluyó un número desproporcionado de candidatos republicanos, con el objetivo de dar una base más amplia al Gobierno. Sin embargo, cuánto apoyo recibirían en cuestiones de fondo era una pregunta que nadie podía responder.

Después de la formación del Gobierno de Azaña, la violencia y los desórdenes no solo no se redujeron, sino que aumentaron, ya que los revolucionarios estaban seguros de que recibirían un trato favorable. Esta circunstancia dio lugar a una cantidad asombrosa de atropellos de todo tipo. Para imponer el orden, una iniciativa contundente por parte del Gobierno para imponer el orden corría el riesgo de «romper el Frente Popular», algo que Azaña dijo que no haría jamás. Su angustia se puso de manifiesto en su correspondencia privada, donde lamentaba la espiral de violencia a la que el país se veía abocado, y concluía: «No sé… cómo vamos a dominar esto»[13]. A decir verdad, nunca lo hizo y, de hecho, practicó el «dejar hacer» hasta que estalló la Guerra Civil. Por el contrario, sí se actuó en ocasiones contra los anarquistas, que no formaban parte del Frente Popular, y en algunos momentos se adoptó alguna iniciativa a nivel local —con mortíferas acciones de la Policía, principalmente en provincias—, si bien dichas medidas fueron, a lo sumo, episódicas y esporádicas. De vez en cuando, cuando existían pruebas evidentes se detenía a uno o dos socialistas o comunistas, pero era algo excepcional, mientras que las detenciones de derechistas —por lo general, arbitrarias— alcanzaron las cuatro cifras.

Tras la destitución de Alcalá-Zamora como presidente de la República y el nombramiento de Azaña el 10 de mayo, se produjo una suerte de monopolio del Frente Popular en todas las instituciones del poder. Al antiguo presidente lo detestaban por igual las derechas y las izquierdas, pero él se sentía superado por el desenlace de su propia política. En su Diario criticó con amargura el colapso del orden público y las detenciones arbitrarias de varios miembros de su propia familia. Al final, las derechas terminaron apoyándole, en una especie de última garantía —por débil que fuera— de respeto a los derechos constitucionales.

Una vez nombrado presidente de la República, Azaña estaba dispuesto a autorizar la formación de un verdadero Gobierno de Frente Popular bajo el mando de Indalecio Prieto, el más pragmático de los líderes socialistas —tal vez habría podido evitar la guerra civil mediante una política más unida y enérgica—. Pero el movimiento socialista se hallaba dividido entre la mayoría de revolucionarios, liderados por Largo Caballero, y la ambigua minoría liderada por el ciclotímico Indalecio Prieto. Los primeros seguían manteniendo su veto a cualquier participación socialista en el Gobierno, por lo que Azaña no tuvo más opción que nombrar a uno de sus amigos más leales, Santiago Casares Quiroga, como presidente del Consejo de Ministros, aunque otras figuras importantes de su propio partido expresaron su extrañeza y su decepción por el nombramiento de un político mediocre como jefe de Gobierno. Casares Quiroga padecía tuberculosis y era un político muy sectario, como la mayoría de sus colegas, aunque expresó públicamente su rechazo al desorden constante y a las huelgas irracionales y destructivas. Pero lo más notable fue su discurso de investidura en las Cortes el 17 de mayo de 1936, cuando anunció que su Gobierno sería «beligerante contra el fascismo», ya que sabía que muchos izquierdistas tildaban de «fascista» a cualquier sector no izquierdista. A muchos semejante afirmación les pareció que se renunciaba desde el primer día a una administración imparcial.

Y así se dio carta blanca a una larga serie de atropellos que, tanto por su variedad como por gravedad, no tuvo precedentes, en tiempos de paz, en ningún otro país europeo de la época con régimen parlamentario. Los españoles tienen fama —inexacta y falsa— de impacientes, pero la verdad es que su capacidad para aguantar abusos durante los largos meses de desgobierno de Azaña y Casares Quiroga fue inigualable.

Vale la pena enumerar con cierto detalle algunos de los más notables:

Se produjo una ola de huelgas, que se inició en la primavera, la mayoría sin más objetivo económico que el de pretender la dominación de la propiedad privada y que a menudo estuvieron acompañadas de violencia y de destrucción de propiedades.

Asimismo hubo numerosas incautaciones ilegales de propiedades, sobre todo en las provincias del sur, en ocasiones legalizadas a posteriori por un Gobierno sometido a la presión de los revolucionarios. Los efectos económicos de estas confiscaciones fueron desastrosos, puesto que no fomentaron ni el desarrollo tecnológico ni la productividad, sino la mera redistribución de la pobreza. Se originó una cadena de incendios provocados y la destrucción de numerosas propiedades, especialmente en el sur.

Muchas iglesias y propiedades eclesiásticas fueron incautadas, sobre todo en el sur y en el este, pero también en otras zonas.

Un buen número de colegios católicos se cerraron, lo que provocó el inicio de una crisis educativa, así como la supresión de las actividades religiosas católicas en varias localidades, acompañada de la expulsión de sacerdotes.

El declive económico —rara vez estudiado, y nunca en detalle— fue enormemente gravoso, con una caída de la Bolsa, una fuga extensa de capitales y, en algunas provincias del sur, el abandono de los cultivos, dado que los costes de la recolección superaban con creces el valor de la cosecha. También se extendió la censura, lo que dio lugar a una grave limitación de las libertades de expresión y de reunión.

También se produjeron varios miles —no se sabe exactamente cuántas— de detenciones arbitrarias de miembros de partidos derechistas, detenciones que culminaron con el secuestro de José Calvo Sotelo, mientras que los delitos cometidos por afiliados a partidos del Frente Popular —apenas sufrieron arrestos— quedaban impunes.

La politización de la justicia, mediante la aprobación de nuevas leyes y la sustitución de jueces según el capricho del Gobierno, fue más que obvia, y su objetivo era facilitar las detenciones y los procesos políticos arbitrarios e ilegalizar a los partidos derechistas. Los cambios injustificados de funcionarios y de personal en muchos Gobiernos provinciales y municipales fueron también muy numerosos e iban dirigidos a eliminar a los representantes elegidos y sustituirlos por miembros de los partidos del Frente Popular —procedimiento que, por ejemplo, facilitó el fraude electoral en el escrutinio de 19-20 febrero—.

Asimismo se produjo una clara subversión de las fuerzas de seguridad gracias a la incorporación de elementos revolucionarios —uno de ellos estuvo al mando del escuadrón que asesinó a Calvo Sotelo—. Igual de notoria fue la incorporación de activistas socialistas y comunistas, nombrados ad hoc como policías suplentes («delegados gubernativos»).

La violencia política se agravó, aunque su extensión era muy desigual en las distintas zonas del país; algunas provincias se mantuvieron en relativa calma, pero en otras, sobre todo en las ciudades más importantes, se sucedieron los atropellos injustificados —en seis meses y medio murieron más de cuatrocientas personas como consecuencia de actos violentos—.

Se inició un proceso de disolución oficial de los grupos derechistas, que empezó en marzo con la ilegalización de los falangistas, siguió en mayo con la de los sindicatos católicos, y, ya en vísperas de la Guerra Civil, con la de los monárquicos de Renovación Española. Cuando el Tribunal Supremo anuló la ilegalización de Falange a primeros de junio, el Gobierno no hizo el menor caso y siguió deteniendo a militantes falangistas. El argumento de fondo era que el partido fascista había protagonizado episodios violentos, algo absolutamente cierto, aunque ese mismo argumento habría debido aplicarse para ilegalizar a los socialistas, comunistas y anarquistas, responsables de muchos más actos de violencia directa. El proceso se diseñó para crear un monopolio político de izquierdas, monopolio que se alcanzó, en primer lugar, en las agrupaciones sindicales. Los azañistas la llamaban «República de izquierdas», y los comunistas, como se verá, «República de nuevo tipo».

Los representantes diplomáticos de otros países pronto hicieron notar su preocupación. Sir Henry Chilton, el embajador de Gran Bretaña, se dio cuenta de inmediato de que se trataba de un proceso revolucionario, «como en Rusia», y ya en el mes de abril tuvo lugar una reunión de los representantes de los países vecinos para acordar una respuesta común cuando la revolución estallara. Algunas embajadas se prepararon para ofrecer asilo diplomático, como había hecho la brasileña con el expresidente Alcalá-Zamora después de su destitución.

Numerosos historiadores, incluso simpatizantes de las izquierdas, han calificado este marco sociopolítico de «situación prerrevolucionaria». Sin embargo, aun dándolo por cierto, no se trataba del estallido de una verdadera revolución abierta, sino de continuos ataques contra la estructura existente y del deterioro claro y constante de la misma. Por eso surge una pregunta clave: ¿cuáles eran los objetivos de los revolucionarios para pasar de estas condiciones prerrevolucionarias a la revolución directa? Entre 1932 y 1934 los anarquistas y los socialistas habían protagonizado cuatro insurrecciones revolucionarias violentas y todas habían fracasado.

Aprendieron la lección, y en 1936 pusieron en práctica el consejo que León Trotski dio en su Historia de la revolución rusa, cuando subrayó que los revolucionarios deberían actuar a la defensiva e iniciar la revolución bajo el disfraz de contestar a una agresión de los contrarrevolucionarios. De ahí que ni la FAI-CNT, ni el PSOE-UGT, ni el pequeño POUM leninista tuvieran planes concretos para lanzar una revolución inmediata, abierta y agresiva, sino que, por el contrario, su idea era continuar con el desgaste del sistema republicano y capitalista. Desarrollar un único plan coherente y organizado no era una opción para los socialistas, divididos entre la mayoría revolucionaria y la minoría —no por eso desdeñable— de los prietistas semimoderados, situación que en ocasiones desembocó en refriegas físicas entre ellos, con disparos incluidos.

Solo el principal sector revolucionario, los socialistas caballeristas, tenía un proyecto para mantener la situación de violencia y los desórdenes hasta provocar una sublevación de ciertos sectores del Ejército. De esta forma estallaría una crisis coyuntural que el débil Gobierno de Casares Quiroga no sería capaz de solucionar y obligaría a Azaña a pedir que los caballeristas se hicieran con el control del Gobierno republicano de un modo «semilegal», pero con la justificación de haber actuado a la defensiva. Y, a largo plazo, esto fue lo que más o menos sucedió. Largo Caballero asumió la Presidencia del Consejo de Ministros de un Gobierno republicano revolucionario a comienzos del mes de septiembre, aunque el resultado fue aún peor del que habían planeado, pues, al fin y a la postre, terminó con la derrota total de la revolución.

Incluso los comunistas cambiaron de táctica. Hasta 1935, la Comintern mantuvo una política guerracivilista a ultranza, pero siempre había fracasado —y en Alemania de un modo desastroso—. Por eso, en 1935 decidió adoptar la táctica fascista de presentarse de forma más moderada y crear alianzas para explotar la «legalidad burguesa». De ahí su entusiasmo por el Frente Popular, al cual dio nombre. En 1936, el PCE fue el único movimiento revolucionario español que desaconsejó con contundencia la táctica de la violencia revolucionaria y la guerra civil abiertas, y que insistió en hacer explotar el sistema utilizando medios legales o semilegales —con todas las instituciones en manos de las izquierdas— para ilegalizar a las derechas. Es decir, el plan consistía en servirse de las instituciones de la República democrática para transformarla, con poca violencia, en una «República de nuevo tipo», esto es, la República Popular revolucionaria que se logró meses después del estallido de la Guerra Civil.

Las izquierdas han insistido muchas veces en que las derechas no tuvieron paciencia y que rechazaban las «reformas», dando a entender que lo que estaba ocurriendo en España eran meras reformas democráticas, y las izquierdas revolucionarias unos socialdemócratas temporalmente desorientados. Pero semejante afirmación es categóricamente falsa. Los sectores del centro y de la derecha en España demostraron bastante más paciencia que, por ejemplo, los países angloparlantes en sus crisis de 1640, 1775 o 1861. Incluso la afirmación contraria sería más acertada, a la vista de las reiteradas declaraciones de los grupos de empresarios. Las reformas sí fueron aceptadas —salvo algunas de las más extremas, que destruían la economía—, pero, lógicamente, se pedía respeto a la Constitución y a la ley para poner fin a los actos subversivos y violentos.

En mayo de 1936, los propietarios de varios hoteles de Barcelona ofrecieron ceder una parte de las acciones de sus negocios a sus empleados, y convertirlos así en propietarios, si abandonaban las huelgas y las demandas desmesuradas. A mediados de ese mes, la Federación Patronal Española y la Confederación Española Patronal Agrícola anunciaron oficialmente que aceptaban los cambios impuestos por las nuevas leyes, dejando claro que se encontraban en el límite de sus posibilidades, y pidieron una vuelta a la ley y el orden. En la provincia de Córdoba, incluso los pequeños propietarios que pertenecían a los partidos republicanos de izquierda enviaron una carta al Instituto de Reforma Agraria en la que pedían que este organismo se ocupara de sus propiedades y pagara la compensación especificada por la ley, ya que, en las condiciones prerrevolucionarias en que se encontraba el campo, cultivar la tierra resultaba inútil.

El 7 de junio, mediante un Manifiesto firmado por 126 asociaciones empresariales de diverso tipo, se aceptó la mayoría de los cambios aprobados e incluso también algunas de las nuevas propuestas, pero se solicitaba que se tomaran medidas para frenar la anarquía. Se pidió un nuevo arbitraje, más justo y neutral, y un acuerdo oficial similar al que había negociado el Gobierno del Frente Popular francés, más moderado que su homónimo en España. A finales de junio, en la capital, una asamblea de las Cámaras de Comercio de todo el país pidió lo mismo.

¿Cuál fue la respuesta de los partidos políticos del centro y de la derecha? La protesta en las Cortes, el único foro del país no sometido a la censura, fue generalizada, pero, más allá de la queja parlamentaria, la angustia fue la nota dominante. Finalmente, el 25 de mayo, Felipe Sánchez Román, líder del pequeño Partido Nacional Republicano de centro-izquierda, planteó la formación de un nuevo Gobierno de alianza de las fuerzas del centro y de las izquierdas moderadas con el objetivo de restaurar la vigencia de la Constitución, e incluso, si fuera necesario, imponer un Gobierno con poderes especiales. Un mes más tarde, Miguel Maura, político de centro y uno de los padres fundadores de la República, propuso lo mismo en una serie de artículos publicados en El Sol, definiendo esa alternativa como «una dictadura constitucional republicana». El partido de Azaña discutió las propuestas, que fueron apoyadas por algunos de sus miembros, pero al final las rechazó de plano, prefiriendo el statu quo existente, una extraña mezcla de arbitrariedad y de caos, con el consiguiente desgaste creciente del orden constitucional.

Así, el 2 de julio, el corresponsal del New York Times contó que España vivía en la anarquía, fomentada sobre todo por los socialistas, a los que calificaba de «revolucionarios despechados y fanáticos». Entre estos, varias voces —sobre todo Largo Caballero— seguían amenazando con la «guerra civil», y numerosos caballeristas y comunistas hablaban de la necesidad de crear un «Ejército rojo» que se constituyera en la principal fuerza militar nacional. Los reportajes cinemáticos de noticias internacionales, entonces tan de moda, casi todas las semanas presentaban a las democracias occidentales escenas de iglesias en llamas y otras imágenes dramáticas de lo que volvía a denominarse la «España convulsa».

El Gobierno afirmó con contundencia que rechazaba el diálogo y esperaba la sumisión total de las derechas. La CEDA, el único partido derechista de masas, no tenía una sección paramilitar, si bien una parte de su juventud se estaba radicalizando. Los carlistas —poco numerosos— tenían sus propias milicias, pero rechazaban la cooperación con otros grupos. Los monárquicos alfonsinos buscaron apoyo y armas en Roma, pero con poco éxito, porque Mussolini creía que la vida política española era una especie de jaula de grillos. Los falangistas crecían rápidamente tanto en número como en acciones violentas, pero a mediados de marzo fueron ilegalizados y ya no pudieron formar milicias de importancia. La extrema derecha miraba al Ejército y, de hecho, varios jefes militares habían comenzado a conspirar, no tanto contra la República como contra el Frente Popular. Estos planes no eran verdaderamente importantes, porque, aunque se hablaba de una «junta de generales», tal cosa no existía. Tan solo en Madrid unos cuantos militares de alta graduación hablaban y confabulaban entre sí, pero sin mando de tropas y sin el menor poder.

LA CONSPIRACIÓN MILITAR

Dos meses después de las elecciones, cualquier foco de rebelión dentro del Ejército estaba totalmente desdibujado, y la gran mayoría de los oficiales no era proclive a alzarse en armas. Por entonces, el Ejército estaba muy dividido desde el punto de vista político y ningún mando en activo de peso —y, ciertamente, no Francisco Franco— estaba dispuesto a convertirse en líder de un movimiento contra el Gobierno. Existía una organización militar profesional semisecreta, la Unión Militar Española (UME), de tendencia derechista, pero su afiliación era muy dispersa: como máximo, contaba con un cuarto de los militares en activo y entre sus militantes no había generales importantes.

A finales de abril, el general de brigada Emilio Mola, que mandaba las fuerzas del pequeño cuartel de Pamplona, se ofreció para organizar una conspiración militar a escala nacional y recibió el apoyo de la UME en una gran parte del norte del país, aunque se trataba de un grupo muy reducido de oficiales. Lo que Mola planeaba era una insurrección amplia, para la cual no era procedente ninguna propuesta monárquica o ultraderechista, sino una reforma básica de la República. La insurrección estaría dirigida por militares, pero con el apoyo y una cierta participación del centro y de la derecha políticos. Los asociados principales de Mola fueron tres de los generales republicanos liberales más críticos con las izquierdas: Miguel Cabanellas, antiguo diputado radical al mando de la V División en Zaragoza; Manuel Goded, primer inspector general del Ejército bajo la República, al mando de las Baleares, y Gonzalo Queipo de Llano, consuegro de Alcalá-Zamora y director nacional de Carabineros, un histórico republicano centrista. Para movilizar un apoyo más amplio, a finales de mayo se reconoció al general José Sanjurjo, antiguo jefe de la intentona de 1932 y ahora desterrado en Lisboa, como líder simbólico, aunque el nuevo Gobierno estaría dirigido por un directorio o una Junta militar[14].

No había ninguna posibilidad de llevar a cabo un golpe de Estado en Madrid, bastión del Gobierno y de las izquierdas. En un principio, el proyecto era formar cuatro columnas de tropas —en teoría, mandadas por los cuatro generales principales— para marchar sobre la capital[15], pero el apoyo a la conspiración era muy dudoso. Pronto se llegó a la conclusión de que, como en el caso de la represión de las insurrecciones anteriores entre 1932 y 1934, sería indispensable el traslado rápido de las tropas de élite de Marruecos a la Península para dar mayor fuerza a la acción militar.

El jefe más lógico de la insurrección en Marruecos sería Francisco Franco, probablemente la figura más respetada en el Ejército, que había sido «desterrado» por Azaña al mando militar de las Islas Canarias. Franco había participado en una discusión en Madrid al comienzo de marzo, en la que él y sus colegas se habían puesto de acuerdo en que solo habría una rebelión si el Estado entraba en colapso total o si los revolucionarios lograban el control directo del Gobierno. Franco mantenía un contacto regular con los conspiradores, pero en una fecha tan tardía como la del 12 de julio, escribió a Mola diciéndole que la situación aún no era del todo desesperada y que debían aguardar a ver qué pasaba. Tal vez el Gobierno podía restaurar el orden.

Mientras tanto, Mola llegó a un acuerdo con los falangistas, pero el 9 de julio las negociaciones con los carlistas fracasaron. El general veía con buenos ojos la propuesta de Miguel Maura de formar una «dictadura constitucional republicana» que hiciera innecesaria una sublevación militar. A finales de junio, Mola había calculado que solo un 15 % de los oficiales se comprometerían a participar en una revuelta armada. Ante un apoyo tan reducido, el general contempló, aunque brevemente, la opción de abandonar la empresa y huir a Francia.

Uno de los conspiradores más indecisos fue el general Manuel Goded, comandante militar de las Baleares. Había sido uno de los adalides militares de la República en 1931, pero era un liberal moderado que al poco tiempo había reaccionado virulentamente en contra del izquierdismo radical. Goded buscaba tan solo una República reformada y le preocupaban los rumores sobre las negociaciones de los monárquicos con Mussolini. Así que envió a su ayudante militar para hablar con Azaña y determinar si una rectificación constitucionalista del Gobierno era posible, pero no consiguió averiguar nada. Aunque varios grupos del centro y de la derecha habían tenido contactos con los conspiradores, la situación seguía estando muy confusa.

De ahí la gran importancia del secuestro y asesinato de José Calvo Sotelo en Madrid la noche del 12 al 13 de julio de 1936. Ni mucho menos fue uno más de los 400 asesinatos políticos de aquellos meses[16]. La gran resonancia del suceso no tuvo que ver solo con el hecho de que la víctima fuera uno de los dos portavoces más importantes de las derechas en las Cortes —donde había reivindicado públicamente una dictadura anticomunista—, sino con la forma en que se hizo y por la identidad de los asesinos. Un diputado del Parlamento no podía ser detenido salvo por votación de las Cortes, y, sin embargo, Calvo Sotelo fue secuestrado en su casa, en medio de la noche, y asesinado unos minutos después por un escuadrón mixto ilegal compuesto por un oficial y varios miembros de la Guardia de Asalto, un capitán de la Guardia Civil, y cuatro milicianos socialistas, dos de ellos escoltas de los líderes principales del PSOE. El jefe era el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, uno de los criminales de 1934, procesado y condenado a una pena de treinta años por intentar derrocar el régimen, pero después amnistiado por el Gobierno y repuesto en sus funciones. Desde una perspectiva histórica, podemos decir que estos hombres formaron la primera de las tristemente famosas «checas de Madrid», que asesinaron a tanta gente durante la revolución de 1936-1937. Uno de los milicianos socialistas, Luis Cuenca, fue quien asesinó a Calvo Sotelo con dos tiros en la nuca, al estilo soviético. Ha sido descrito por un colega, Manuel Tagüeña —más tarde un destacado jefe militar comunista—, como «uno de los pistoleros a los que ciertos sindicatos de la UGT pagaban para que intervinieran en las luchas sindicales»[17].

Este asesinato «salvó» la conspiración militar. La conmoción que causó fue muy bien expresada por Gregorio Marañón en una carta que escribió dos días después. Marañón había votado por el Frente Popular en febrero, pero ahora afirmaba que «todo el país está indignado, como no lo ha estado jamás», subrayando estas últimas palabras de su propia mano. Pronto se afianzó la idea entre millones de ciudadanos de que se había cruzado una línea roja que no permitía marcha atrás. Una gran parte de los españoles estaba convencida de que ya no quedaba ni un pequeño vestigio de Gobierno constitucional. En cambio, los polemistas de izquierda siempre han insistido en que esto apenas importaba, puesto que la conspiración militar ya estaba en marcha. Semejante conclusión es ingenua, porque las conspiraciones militares estuvieron «en marcha» durante meses y, sin embargo, nunca llegaron demasiado lejos. Pero las condiciones del magnicidio convencieron a miles de oficiales militares de que no había más opción que la sublevación. El suceso provocó un efecto inmediato, convirtiéndose en el catalizador de una sublevación militar que, desde aquel instante, adquirió dimensiones importantes. El mismo Franco dio un giro de ciento y ochenta grados y se comprometió firmemente con la sublevación inmediata, al tiempo que su principal rival liberal entre los militares, Goded, renovaba su propio compromiso. Por primera vez, Franco creía que era menos peligroso rebelarse que no hacerlo. El secuestro y el posterior asesinato de Calvo Sotelo tuvo un efecto electrizante, y transformó una renqueante conspiración en una poderosa sublevación militar, con el apoyo de millones de civiles que ayudaron a desatar una guerra civil de grandes proporciones, aunque fueran pocos los que previeran la magnitud del conflicto en ciernes.

Quien mejor ha descrito el impacto del magnicidio fue el capitán Jesús Pérez Salas, un militar liberal que se mantuvo fiel a la República hasta el final:

A mediados del mes de julio llegó por fin el motivo que anhelaban las derechas españolas y que había de decidir el levantamiento militar. Este motivo fue el asesinato del señor Calvo Sotelo. No sé de quién pudo partir la idea de cometer semejante atropello, pero sí diré que ni elegido por los rebeldes podían haberlo hecho mejor los que lo cometieron. Debió ser inspirado por alguien que tenía un gran interés en que el Ejército se sublevara […]. Si aplicándole la ley de Talión los allegados, compañeros o correligionarios del teniente Castillo hubiesen disparado contra Calvo Sotelo en la calle o donde lo hubiesen encontrado, solo hubiera sido un acto más de terrorismo, que se sumaba a los muchos que se habían llevado a cabo aquel verano. Había causado gran impacto en el Ejército, y como consecuencia, habría supuesto un paso más en su intervención en el levantamiento. Por la personalidad de Calvo Sotelo, […] su muerte hubiera sido hábilmente explotada para llevar al ánimo de la oficialidad la absoluta impotencia del Gobierno para evitar atentados de esta naturaleza. Pero en forma alguna pudiera haber constituido la gota de agua que hizo rebosar el vaso. Tal fue, en realidad, el efecto que produjo al conocerse este asesinato; pero cuando fueron revelados sus detalles y se supo que habían intervenido en el mismo las fuerzas de Orden Público, la reacción fue tremenda […]. Es inútil tratar de restar importancia al hecho. Si las fuerzas de Orden Público, en las que descansan los derechos y la seguridad de los ciudadanos, son capaces de ejecutar actos de esa naturaleza, prueban evidentemente su falta de disciplina y olvido de su sagrada misión […]. Quizá hubiera podido evitarse la acción posterior del Ejército mediante una rápida y enérgica intervención del Gobierno republicano, castigando con dureza a los ejecutores y, sobre todo, expulsando del Cuerpo de Seguridad al núcleo contaminado, para dar así la sensación al país de que el Gobierno se hallaba dispuesto a terminar con el terrorismo de cualquier parte que este procediese[18].

Sin embargo, la respuesta gubernamental fue más bien la contraria.

EL FIN DE LA DEMOCRACIA REPUBLICANA

Existe cierto debate respecto a cuándo se puso punto final a la República democrática. Algunos dicen que nunca se recuperó del fraude electoral de febrero de 1936, mientras que los partidarios de la izquierda insisten en que, de alguna manera, duró hasta la victoria final de los nacionales en 1939. Aunque estaba muy preocupado, ni siquiera Franco creía que la República constitucional y democrática se daría por extinguida en febrero y afirmaba —al menos lo hizo hasta el 13 de julio— que aún había alguna posibilidad de recuperación. Franco tenía razón: en el mes de junio y en los primeros diez días de julio, aún quedaban residuos de la República constitucional y, aunque se vulneraban muchas leyes, otras se cumplían, dependiendo siempre de las diferencias de cada región.

El Gobierno de Azaña y de Casares Quiroga llegó a un punto de no retorno en los días 13 y 14 de julio, cuando tuvieron su última oportunidad de evitar una guerra civil. Pero dejaron clara su decisión al no responder con un mínimo de firmeza al asesinato de Calvo Sotelo. Todo el mundo sabía que el estallido de guerra civil estaba cerca y, para evitarlo, habría sido necesario el cese fulminante del Gobierno de Casares, una reforma drástica y urgente de los servicios de seguridad y la detención y el procesamiento de los autores del crimen. De este modo se habrían dado garantías a las derechas de que tales desmanes no se repetirían, pues ese Gobierno reformado se dedicaría a una administración constitucional e imparcial.

Pero Azaña y los suyos hicieron justo lo contrario. Por los testimonios de Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto, Juan-Simeón Vidarte, Santiago Carrillo y otros líderes izquierdistas —todos ellos hablaron con Casares—, sabemos que el jefe de Gobierno ni buscaba la reconciliación ni estaba dispuesto a esforzarse para evitar la sublevación. Por el contrario, deseaba que esta se produjera, ya que estaba seguro de que podría aplastarla. Consultaba con Azaña casi a diario, y los dos sentían un desprecio enorme por los militares, pues compartían la idea de que el Ejército español era un mero tigre de papel. De hecho, el Ejecutivo ya había tomado medidas para imponer la disciplina: había cambiado a todos los altos mandos, y la mayor parte de los generales con cargos de responsabilidad eran, como los hechos demostraron, leales al Gobierno. Además, algunos de los principales conspiradores estaban bajo vigilancia, aunque esta fuera moderada.

Azaña y Casares Quiroga tenían razones de peso para no ir más allá. La «apuesta de Azaña», que consistía en construir una alianza con la izquierda revolucionaria para defender una República parlamentaria, no revolucionaria pero sí exclusivamente izquierdista, constituía un riesgo dudosamente calculado que situaba al Gobierno entre dos fuegos. El plan se basaba en el mantenimiento del Frente Popular, pero el Gobierno corría el riesgo de convertirse más en su rehén que en su aliado. Y no había que pasar por alto la posibilidad de una ruptura con la izquierda revolucionaria, aunque Azaña y Casares Quiroga estaban decididos a no precipitarla. Sin embargo, de producirse, a los revolucionarios solo se les podría neutralizar si en los cuarteles había un Ejército relativamente fuerte.

En consecuencia, Azaña y Casares Quiroga creían en la sensatez de su política militar. Además de las medidas señaladas, bien podía ser que el peligro de las derechas —consideradas una fuerza agotada, ya en el basurero de la historia— estuviera sobrevalorado. Para el Ejército, lo más fácil habría sido actuar entre octubre de 1934 y febrero de 1936, cuando la izquierda no tenía ningún poder, pero nada se hizo entonces. Según el Gobierno, una política de neutralización más enconada habría cristalizado en una determinación dudosa y en estado latente, dejando al Gobierno indefenso frente a la extrema izquierda. Era tan frecuente que al presidente del Gobierno se le considerara un «Kérenski español» que, según cuenta en sus memorias un socialista de entonces, Casares colocó una foto del líder ruso en su oficina para recordar que debía evitar su suerte.

El presidente de la República y el jefe del Gobierno estaban convencidos de que la rebelión, si es que se producía, no iría más allá de la débil «sanjurjada» de 1932. Por tanto, era preferible que estallara para luego aplastarla con facilidad. De ese modo se liquidaría la última esperanza de las derechas y fortalecería definitivamente el régimen de izquierdas[19]. En ese sentido, su política no distaba tanto de la de los caballeristas, con la salvedad de que, mientras estos creían que, ante una sublevación militar, el Gobierno no tendría más remedio que entregar el poder a los revolucionarios, Azaña y Casares estaban seguros de que la aplastarían gracias al apoyo de las fuerzas de seguridad y de la parte más importante de las Fuerzas Armadas, que no se sublevarían. Durante unas seis semanas, varios policías siguieron la pista a algunos conspiradores. Detuvieron a unos pocos, pero no lograron identificar al que firmaba las órdenes como «El Director» (Mola)[20]. El 10 de julio —tres días antes del asesinato de Calvo Sotelo—, Casares Quiroga afirmó ante su Consejo de Ministros que la sublevación militar era inminente, si bien el Gobierno no conocía todos los detalles. Mientras tanto, los líderes revolucionarios insistieron en nuevas detenciones, pero Casares intentaba resistirse aludiendo a la falta de pruebas. Prefería no provocar a la mayoría de militares, que eran leales, y dejar estallar la rebelión para luego acabar con los desleales.

La única respuesta del Gobierno a lo sucedido el 13 de julio fue la de prometer una investigación rutinaria, como si de un accidente de tráfico se tratara, que ni siquiera se cumplió. Sí se impuso una fuerte censura para que no se conocieran los detalles del magnicidio, aunque estos se difundieron por todo el país gracias al boca oreja. La ceremonia fúnebre se limitó al entierro en el cementerio y, cuando un grupo de jóvenes —que no iban armados— se fue desde allí hasta el centro de Madrid para manifestarse, los guardias de asalto abrieron fuego contra ellos. Murieron cuatro. Posteriormente, otros tres asistentes a la concentración se quejaron de la agresión a las autoridades, lo que les costó la detención. La única medida de castigo adoptada por el Gobierno fue el encarcelamiento de falangistas y monárquicos, junto con algunos anarquistas, como si hubiesen sido ellos los responsables del asesinato.

Incluso en esas condiciones, Mola dudaba. Aún seducido por la propuesta de Miguel Maura, doce horas después de la muerte de Calvo Sotelo intentó contactar personalmente con Mariano Ansó, presidente de la Comisión de Guerra de las Cortes. No conocemos sus intenciones con exactitud, pero parece que pretendía establecer comunicación con el Gobierno para averiguar si pensaba tomar alguna medida de moderación o conciliación que hiciera innecesaria la rebelión. De todas formas, Ansó dice en sus memorias que rechazó el contacto con Mola, decisión constitucionalmente correcta, aunque poco aconsejable desde un punto de vista político o moral. Había llegado el momento crucial, y al día siguiente el general emitió las órdenes oportunas para la puesta en marcha de la sublevación. El viernes 17 de julio fue la fecha señalada para la rebelión en el Protectorado de Marruecos. Sin embargo, la decisión fue tan precipitada y las comunicaciones entre los conspiradores tan difíciles que muy pocos recibieron las instrucciones finales, lo que dejó el inicio de la insurrección en un estado de total confusión.

Mientras tanto, Largo Caballero había viajado a Londres para asistir a un congreso sindical internacional. Allí se encontró con que los líderes sindicales ingleses estaban pasmados por la ligereza con la que se hablaba de una revolución violenta en España. Sin embargo, cuando el periódico News Chronicle le entrevistó en la embajada española después del magnicidio, aseguró con bastante jovialidad que «la solución para España [era] un baño de sangre»[21]. El día 15, en Claridad, periódico de los socialistas revolucionarios, Largo Caballero volvió a dar la bienvenida a una «guerra civil a fondo». Los líderes socialistas encubrieron a los asesinos de Calvo Sotelo, a los que escondieron en sus casas, mientras Indalecio Prieto, a veces moderado, a veces muy beligerante, amenazó en su periódico bilbaíno El Liberal que el conflicto que estaba a punto de estallar «será una batalla a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que, si el adversario triunfa, no le dará cuartel, y aun habiendo ocurrido así, sería preferible un combate decisivo a esta continua sangría». Curioso argumento el de considerar a la guerra civil como un mal menor, pero entonces muchos así lo creían.

Como ya había ocurrido en otros momentos, los comunistas no eran los más numerosos, pero sí los mejor organizados. Aunque, después, la propaganda de los sublevados alegaría que la rebelión había sido necesaria para evitar una revolución comunista inminente, lo cierto es que la Comintern tenía otros planes. El mismo 13 de julio, los portavoces del PCE presentaron una nueva proposición de ley por la cual se declaraban disueltos todos los grupos derechistas, ya fueran moderados o radicales, y los principales activistas debían, por tanto, ser encarcelados. Esto habría supuesto la culminación del proyecto comunista de «revolución legal», mediante el Parlamento frentepopularista, que hacía innecesaria la insurrección revolucionaria. De ese modo se pasaría de la República constitucional «burguesa» a una «República de nuevo tipo», una «República Popular». Pero las Cortes pronto dejaron de funcionar y la propuesta ni siquiera llegó a ser discutida. Aun así, sirvió para esbozar el que sería el modo de funcionar de la nueva República de la Guerra Civil.

LOS PRIMEROS DÍAS

La sublevación tenía su base más firme en el Protectorado de Marruecos. Allí se localizaban las unidades militares de élite, cuyos oficiales apoyaban en su mayoría la rebelión. El Gobierno lo sabía, pero se equivocó al suponer que la mayor parte de los mandos superiores serían leales. Aún peor: Azaña y Casares pensaban que la principal amenaza de insurrección provendría de los revolucionarios de la FAI-CNT y, si eso llegaba a ocurrir —como en otras ocasiones entre 1932 y 1934—, sería necesario trasladar esas unidades a la Península para sofocar a los anarquistas.

Sin instrucciones claras, la rebelión se precipitó sobre las cuatro de la tarde del viernes 17 de julio, cuando, como consecuencia de una delación, varios guardias de asalto dieron con una reunión clandestina de los conspiradores en Melilla. Inmediatamente, los militares sublevados se hicieron con el poder en la ciudad, y, una vez en marcha, el levantamiento se extendió a otras zonas del Protectorado. Sobre las ocho de la tarde, Casares Quiroga se dio cuenta de que se trataba de una sublevación más amplia, posiblemente de la mayor parte del Protectorado, al que pensó aislar. Ordenó a la Marina, que estaba a las órdenes del Gobierno, que saliera para bloquear la costa marroquí, y también organizó un ataque de la endeble aviación militar. De ese modo esperaba contener la sublevación, pues en absoluto barajó la posibilidad de que tuviera un gran impacto en la Península.

Pero durante el sábado 18 quedó claro que todo el Marruecos español estaba en manos de los insurrectos y que las noticias optimistas del Gobierno no tenían base, pues algunos cuarteles importantes del sur, principalmente Sevilla —o, aún más lejos, Canarias—, se unieron a la rebelión. Ya no se podía esconder la realidad y, debido a su completo fracaso político, Casares Quiroga dimitió al final del día.

Azaña se dio cuenta de que la crisis era severa y, por vez primera desde las elecciones, decidió cambiar el rumbo de su política. Había rechazado intervenir justo después del asesinato, cuando podría haber influido en el desenlace de la situación, y, sin embargo, lo hizo cuando ya era demasiado tarde y la sublevación —ni mucho menos tan manejable como pensaban— había estallado. Azaña eligió a Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y jefe del partido más moderado del Frente Popular, para ponerse al frente de un Gobierno algo más conciliador. Aun así, el Consejo de Ministros que el nuevo presidente formó durante la noche de 18-19 de julio no era un «Gobierno nacional» que incluyera a conservadores moderados, sino un Gobierno con cierto tinte de centro-izquierda en el que estaban representados los sectores izquierdistas más moderados. Luego, antes del amanecer, telefoneó a los jefes militares que aún no se habían sublevado para que no lo hicieran —no se sabe a ciencia cierta qué les ofreció—. En sus memorias, Martínez Barrio insistió en que tan solo prometió un Gobierno moderado y justo que se mostrara favorable a la conciliación, pero otros políticos que estaban presentes en su despacho aquella noche —como Miguel Maura y Felipe Sánchez Román— afirmaron que hizo importantes concesiones y que incluso estaba dispuesto a entregar el Ministerio de Gobernación a un militar escogido por los generales sublevados.

El nuevo presidente tuvo éxito en algunas de sus llamadas, como las que hizo a los comandantes de Málaga y Valencia, pero fracasó en el contacto clave con Mola, que le dijo que era demasiado tarde. El general declaró el estado de guerra en Pamplona, como también se hizo en otros lugares del norte de España ese día y aseguró que los sublevados habían jurado solemnemente que, una vez comenzada la rebelión, lucharían hasta el final y sin dar un paso atrás. A primeras horas de la mañana del domingo 19, a los revolucionarios en Madrid se les informó del intento de conciliación, y enseguida organizaron una manifestación de protesta en las calles —en la que participaron los jóvenes más radicales del partido de Azaña— para pedir la dimisión inmediata del nuevo Gobierno. Martínez Barrio tenía la autoridad suficiente para dirigir un nuevo Ejecutivo constitucional que contara con unas Fuerzas Armadas leales que defendieron la República parlamentaria; sin embargo, se sintió atrapado entre dos fuegos —y sin un apoyo político seguro— y pronto presentó su dimisión.

La política de compromiso —asumida cuatro o cinco días después, cuando ya no tenía posibilidades claras de éxito— había fracasado, y a Azaña le quedaban dos opciones. La primera era dimitir junto a Martínez Barrio y aceptar que la República parlamentaria había llegado a su fin; la segunda, ir hacia el otro extremo y abrazar una República construida sobre los movimientos revolucionarios. Su política izquierdista había fracasado y, posteriormente, también fracasó su intento de moderación. De modo que tan solo quedaba la opción radical. Aunque sus planes habían resultado totalmente ilusorios, no tenía intención de rendirse ante sus adversarios derechistas, por lo que volvió a su política anterior, pero ahora mucho más radical, formando otro Gobierno minoritario dirigido por su amigo José Giral, que no buscaba la conciliación sino el enfrentamiento directo. Todos estos vaivenes confusos y, sobre todo, destructivos revelan la poca consistencia y el escaso sentido de la realidad de la política de Azaña.

Durante varios días, los líderes sindicales pidieron armas para los obreros revolucionarios. Esta era la base del cálculo caballerista, porque, ante un Ejército dividido, los obreros armados podrían dominar la situación, dando así el poder a los revolucionarios. Durante varias semanas, Azaña, Casares Quiroga y Martínez Barrio afirmaron que nunca harían tal cosa, porque eso supondría el final de la República parlamentaria y la apertura de una revolución violenta; es decir, el «kérenskismo». El 19 de julio, Azaña y Giral tiraron la toalla y los arsenales militares comenzaron a distribuir armas a los obreros revolucionarios, y durante las siguientes seis semanas intentarían conseguir la cuadratura del círculo al afirmar que el Gobierno estaba formado exclusivamente por republicanos de izquierda, afirmación que engañó a pocos. El poder pasó a los revolucionarios y, de hecho, el curso parlamentario había finalizado, porque durante toda la Guerra Civil las funciones de las Cortes serían poco más que simbólicas y, por lo general, inexistentes.

Pero ¿existía una verdadera posibilidad de luchar contra los sublevados con lo que quedaba de las instituciones armadas de la República? Sí, esa posibilidad existía, pero el resultado era extremadamente incierto. Alrededor de la mitad del Ejército de la Península —y la mayoría de los generales de más alto rango— no se sublevó. Leal al Gobierno permanecía la mayor parte de la Marina, al menos el 80 % de la aviación militar y más de la mitad de los guardias de asalto y de la Guardia Civil. Sin las concesiones a los revolucionarios, se habría podido garantizar una lealtad todavía más sólida, pero el Gobierno de Giral no se fiaba y optó por decantarse por los obreros revolucionarios, que comenzaron a reemplazar al Ejército y a configurar una República nueva, la República arbitraria y revolucionaria de la Guerra Civil.

Durante ocho décadas, las izquierdas españolas han denunciado la insurrección del 18 de julio, lo que, desde un punto de vista partidista, es perfectamente lógico, aunque paradójico. Es una ironía de la historia, porque lo que una parte considerable de los líderes izquierdistas, tanto gubernamentales como revolucionarios, pretendía era exactamente eso —la insurrección militar—, aunque lo que al final tuvo lugar fue mucho más allá de lo que habían deseado, dando al traste con todas sus ambiciones.

Si entramos en cuestiones contrafactuales, parece clara la conclusión de que no se habría logrado una mayor estabilidad en España sin la fisura del Frente Popular, una fisura que, sin duda, a largo plazo habría tenido lugar —el Frente Popular francés, más moderado, se fracturó completamente en 1938—. Cuestión análoga era la del porvenir del muy dividido Partido Socialista, que podría haberse escindido en dos —caballeristas revolucionarios y prietistas semisocialdemócratas— en el congreso previsto en octubre de 1936.

Con el paso del tiempo las cosas cambian, pero cualquier situación humana tiene límites. No era muy lógico creer que las derechas se dejarían avasallar indefinidamente, y fue por eso por lo que se pretendía provocar una rebelión cuyo aplastamiento las dejaría sin defensa posible. Más tarde, los apologetas de las izquierdas se quejarían de que las derechas fueron muy impacientes, aduciendo que, junto al centro, deberían haber estado dispuestas a dejarse atropellar, argumento que puede ser cierto desde una lógica partidista o de un cristianismo radical, pero no desde una perspectiva realista. Si lo analizamos desde el punto de vista de la Historia comparada, el argumento es totalmente «ahistórico» y «antiempírico». A lo largo de la Historia es difícil encontrar una sociedad relevante que hubiera actuado como las izquierdas españolas han pedido a posteriori.

De hecho, lo que llama la atención es lo contrario, es decir, la extraordinaria paciencia de las derechas. En muchos países no se habría tolerado ni la mitad de lo que durante meses se soportó en España. Quien dude de esta afirmación solo tiene que comparar el caso español con las tres grandes guerras civiles de la época moderna en los países de habla inglesa —1640, 1775 y 1861— y comprobará de inmediato que la situación en España era bastante peor. Habitualmente se da por supuesto que los países de habla inglesa son los que llevan la batuta en cuanto a democracia moderna y gobierno constitucional se refiere, y, como decimos, no se encontrará entre sus ciudadanos la menor disposición a dejarse atropellar indefinidamente.

Desde los inicios, la propaganda izquierdista afirmó que la sublevación contrarrevolucionaria constituyó una «rebelión en contra de la democracia». Cualquier persona que tenga un conocimiento de las circunstancias que vivía España en julio de 1936 se dará cuenta de que tal proposición es una incongruencia, una contradicción en los términos, puesto que la democracia ya no existía en esa fecha. De hecho, fue una rebelión en contra de la erosión de la democracia y de la desaparición de un Gobierno constitucional y del Estado de Derecho, puesto que, si aquella se hubiera mantenido, nunca se habría producido una sublevación de importancia. Es una paradoja que el general Franco, por ejemplo, que no creía en la democracia, pidiese al Gobierno la conservación de la ley y el orden, lo que habría significado el respeto a la Constitución democrática. Pero tampoco es cierto lo contrario —que la sublevación, una vez que se produjo, propusiera la restauración de la democracia—, porque lo que de verdad pretendía era imponer una dictadura militar temporal hasta que se determinase qué clase de régimen se instaurara.

Un problema nuevo que pronto surgiría es que el triunfo de una contrarrevolución no implica solamente la anulación de la revolución. Si fuera así, en España se habría vuelto a Lerroux y a Gil-Robles. Pero, como señaló Joseph de Maistre hace dos siglos, una contrarrevolución no es solo lo contrario de una revolución, sino que a menudo se convierte en una especie de revolución contrapuesta, que es lo que pasó en España. Antes del 18 de julio, las izquierdas erosionaron la democracia por medio de un proceso revolucionario de desgaste constante que duró cinco meses, pero, a su vez, la contrarrevolución creó un radicalismo de oposición igualmente violento —o aún más—, que acabó manteniendo un Gobierno autoritario durante cuatro décadas. El precio del proceso revolucionario fue, sin duda, muy elevado.

Es demasiado simplista creer que el autoritarismo de Franco fue el fruto únicamente de las malvadas ambiciones del propio dictador. Es cierto que, una vez elevado a la jefatura única, pondría de manifiesto su gran interés por mantener el poder, ambición que daría paso a un régimen personalista, pero de ningún modo creó la situación autoritaria en que se encontraba España. La realidad es que, en julio de 1936, una parte considerable de las fuerzas políticas estaban a favor de establecer algún tipo de régimen autoritario. La CNT quería imponer mediante la violencia su propia utopía en una fecha indeterminada; el caballerismo y el POUM pretendían la implantación de la dictadura del proletariado; los comunistas se afanaban por construir la «República de nuevo tipo»; los azañistas y los prietistas perseguían una República solo de izquierdas, eliminando políticamente a la mitad de la nación; los carlistas querían imponer su visión monárquica; los monárquicos alfonsinos deseaban una monarquía autoritaria y corporativista; los falangistas, su «Estado nacionalsindicalista» autoritario, e incluso bastantes líderes del centro o de la izquierda moderada pedían una dictadura temporal de constitucionalismo republicano. Fue tarea de Franco ordenar todo esto, por las buenas o por las malas.

También se ha dicho, con igual falsedad, que nadie deseaba la guerra civil. Lo exacto sería decir que nadie quería una guerra civil tan larga y destructiva, y, claro está, una guerra civil que se perdiera. Pero del mismo modo que había muchos que buscaban un nuevo régimen autoritario, los había que querían una guerra civil que —eso creían— sería breve y que ganarían. Este fue el objetivo de los comunistas hasta 1935, aunque luego cambiaron, y de los teóricos marxistas revolucionarios, como Luis Araquistáin y Joaquín Maurín, ya que muchos revolucionarios —sobre todo entre los caballeristas— insistían en que nunca podría haber una revolución verdadera sin una guerra civil de alguna clase que, naturalmente, ellos ganarían. Todos los marxistas revolucionarios la consideraban una inevitabilidad histórica, mientras los anarquistas insistían en la redención a través de su gran insurrección revolucionaria cuando llegara la hora. Los monárquicos y los falangistas también pedían alguna clase de confrontación armada, pero no pregonaban la guerra civil con tanta insistencia. Mola y Franco se dieron cuenta de que una insurrección militar solo podía triunfar mediante una especie de guerra civil que esperaban que fuera breve. Los conspiradores monárquicos pensaban lo mismo, y por eso buscaban armas en el extranjero, aunque tuvieron poco éxito.

EL EQUILIBRIO INICIAL

El Gobierno de José Giral fue una versión más izquierdista del anterior de Casares Quiroga, pero cambió radicalmente la configuración del poder dentro de lo que se llamaría en adelante «la zona republicana», con la entrega de armas a los sindicatos revolucionarios. Su poder se diluyó desde el principio. Aunque el Estado republicano nunca desapareció, tenía poca fuerza en muchas regiones, donde el poder lo administraban comités compuestos por las diversas facciones revolucionarias y, también, hasta cierto punto, por sus aliados republicanos. Algunos analistas han comparado esta situación con la de Rusia de marzo a noviembre de 1917, cuando el poder se dividió entre el Gobierno provisional y los soviets revolucionarios, pero la analogía no es del todo exacta. En la zona republicana, el Gobierno se mantuvo, y no de forma provisional, aunque durante semanas o meses sus acciones y decisiones tuvieron un alcance muy limitado. En Rusia, los soviets constituyeron una enorme red «informal» en el país entero, nada sistemática pero ubicua. En la zona republicana, los comités municipales, provinciales o regionales diferían mucho entre sí, tanto en su composición como en su estructura.

Seis semanas después del alzamiento militar, el 4 de septiembre de 1936, la formación del primer Gobierno realmente «frentepopularista» bajo la presidencia de Largo Caballero proporcionaba un cierto reconocimiento oficial a la revolución. El Gobierno republicano se amplió con ministros revolucionarios y empezó a extender su autoridad, aunque se encontró con muchas dificultades a la hora de imponerse o de reemplazar a los comités. En cualquier caso, los socialistas revolucionarios creían haber logrado su objetivo, aunque fuera en circunstancias mucho más difíciles de las que nunca hubieran contemplado en su discurso anterior sobre la guerra civil.

Quedaba claro que la sublevación incorporaba a una gran parte del Ejército, con una más que notable respuesta civil entre todos los sectores de las derechas y entre algunos elementos del antiguo centro político. No es que Casares Quiroga se hubiera equivocado en cuanto a la lealtad de los generales de mayor graduación. De los generales de división con mando efectivo solo se rebelaron Franco en Canarias y Miguel Cabanellas en Zaragoza. De los 24 principales, solo cuatro participaron en la sublevación, pero sí se unió a la misma una minoría más nutrida de los generales de brigada, además de otros generales retirados. Dos generaciones después, a la sublevación militar que inició la revolución portuguesa de 1974 se la llamaría «movimiento de los capitanes», porque contó con poco apoyo —y sí, sobre todo, con la oposición— de los generales más veteranos. Casi lo mismo, aunque en un grado menor, podría decirse de la sublevación española del 18 de julio, ya que, en muchas guarniciones, el papel de los oficiales de rango medio y subalternos fue decisivo. De los últimos, la mayoría habían sido prorrepublicanos en 1931, pero cinco años después se habían pasado al otro bando, aunque no es del todo exacto decirlo de este modo, porque en muchos casos los criterios políticos personales no se alteraron, sino que lo que cambió drásticamente fue el contexto político general.

En el momento de la insurrección había menos de 65.000 hombres con armas en los cuarteles de la Península, puesto que muchos reclutas de reemplazo tenían permiso de verano. De estos, la mitad pertenecían a unidades que se unieron a la rebelión. Pero lo fundamental no eran tanto los reclutas temporales, sino los cerca de 30.000 hombres que integraban las fuerzas en el Marruecos español, de los cuales casi 20.000 eran voluntarios españoles y marroquíes en las unidades de la Legión y de los Regulares. Eran las únicas fuerzas con experiencia de combate, y sus mandos las pusieron a disposición de los sublevados. Sin embargo, al principio su participación no estuvo del todo clara, ya que dos tercios de la Armada, incluyendo todos los buques de guerra en el Mediterráneo, salvo uno, se mantuvieron leales al Gobierno, bloqueando la salida de África de las tropas de élite.

Si se tiene en cuenta que las Fuerzas Armadas españolas, compuestas por reclutas de reemplazo, eran en general débiles, prácticamente eran igual de importantes los cerca de 65.000 hombres de los cuerpos de orden público (guardias civiles, de asalto y carabineros). Esas fuerzas de seguridad carecían de armamento pesado, pero eran voluntarios producto de una selección mucho más cuidadosa que la de los reclutas militares. La izquierda conservaba el apoyo de casi dos tercios de las fuerzas de seguridad, que desempeñaron un papel fundamental en la derrota de la rebelión en Madrid, Barcelona y otros lugares. Además, gran cantidad de los depósitos de armas y municiones —con la excepción parcial de la artillería— también seguía en manos de la izquierda. En algunas provincias no hubo ningún tipo de sublevación, y en otras fueron aplastadas en cuestión de días. Podría decirse que el plan original de Mola en parte había fracasado.

La rebelión dependía de que los sublevados contaran con líderes decididos y con unidad de acción. Allí donde hubo ambas cosas, desde el principio triunfaron, incluso cuando sus recursos eran inferiores. Por el contrario, allí donde faltaban líderes y unidad, unas fuerzas militares considerables pero fragmentadas no lograron hacerse con el control de la situación. A finales de la primera semana, los sublevados apenas dominaban un tercio de la España peninsular, que comprendía principalmente gran parte del norte y una extensión mucho más reducida del sur, en torno a Sevilla y Cádiz, pero con Córdoba y Granada aisladas. La división dentro del Ejército imposibilitó un triunfo rápido de los sublevados, creando las bases para una guerra civil prolongada en el tiempo, que, sin embargo, en sus primeras fases, los rebeldes parecían tener pocas posibilidades de ganar. Franco llegó a Marruecos el día 19 para asumir el mando de las fuerzas clave en el Protectorado, y enseguida hizo sus primeras declaraciones por radio para manifestar su confianza en la victoria final, pero aludiendo a la necesidad de tener una «fe ciega en el triunfo». Era vital para los rebeldes, porque no tenían la certeza de cómo podrían obtener esa victoria.

Desde el punto de vista económico, los republicanos mantenían una ventaja enorme, ya que controlaban cinco de las siete ciudades principales de España y la mayor parte de las zonas industriales —con prácticamente todas las fábricas de armamento y munición—, casi todos los puertos principales y centros de comunicaciones, además del aparato administrativo del Estado y la administración, y la base logística del Ejército. A todo esto, se añadían las reservas de oro y plata del Banco de España. A pesar de que, en general, España era un país subdesarrollado, sus reservas de oro eran las cuartas más cuantiosas del mundo —es decir, no era exactamente tan pobre y miserable como se decía—. El 8 de agosto, Indalecio Prieto, en una alocución radiofónica, proclamó que la victoria de la izquierda era inevitable:

Una guerra no es simplemente heroísmo […]. Si la guerra, cual dijo Napoleón, se gana principalmente a base de dinero, dinero y dinero, la superioridad financiera del Estado, del Gobierno y de la República, es evidente […]. Con los recursos financieros totalmente en manos del Gobierno, con los recursos industriales de la nación también totalmente en poder del Gobierno, podría ascender hasta la esfera de lo legendario el valor heroico de quienes tan impetuosamente se han lanzado en armas contra la República, y aun así […] serían inevitable, inexorable, fatalmente vencidos.

Durante las primeras semanas, las posibilidades de victoria parecían estar más a favor de los republicanos. Ese fue, probablemente, el único momento en el que podrían haber obtenido un triunfo rotundo. Lo que salvó a la derecha no fue solo la propia decisión con que afrontó el combate, sino el hecho de que «armar al pueblo», como se decía, no resultó ser una táctica militar eficaz. Los voluntarios más valerosos o idealistas formaron unidades de milicias dispuestas a luchar contra los rebeldes, pero, en general, los revolucionarios armados estaban entregados a hacerse con el control de la economía, y se lanzaron con igual o mayor fervor a una orgía de detenciones y asesinatos en masa, ataques a iglesias, incendios y actos de pillaje de todo tipo. Así, en los primeros momentos de la guerra, la realidad fundamental de la denominada «zona republicana» era que se trataba de una gran revolución violenta.

La paradoja principal del desastre español fue que la intención original de los rebeldes había sido realizar un golpe preventivo para cortar el proceso revolucionario antes de que desembocara en la revolución total, pero en la mayor parte del país la sublevación funcionó como un bumerán. La reacción del Gobierno republicano fue intentar debilitar a los rebeldes haciendo posible, precisamente, esa revolución —es decir, armando a los revolucionarios—, que enseguida se extendió a casi dos tercios de España.

Pero el tercero y más concluyente aspecto de esta paradoja fue que, a su vez, la extensión y profundidad de la revolución ayudó en gran medida a salvar la causa de los sublevados, porque la fijación revolucionaria en los cambios económicos, las grandes atrocidades cometidas y el pillaje desviaron una gran parte del esfuerzo militar hacia otros objetivos. Mientras tanto, los horrores de la revolución hicieron que las simpatías de amplios sectores de las clases medias y medias-bajas, así como las de casi todos los católicos, bascularan muy pronto hacia el bando sublevado, al que apoyaron masivamente en algunas partes del país.

Prieto alardeaba de la fortaleza del Gobierno, pero, en realidad la revolución lo dejó muy debilitado. El frustrado intento anterior de constituir un Gobierno moderado bajo el mando de Martínez Barrio demostraba que Azaña no había deseado caer en las garras de los revolucionarios. Solo si la alternativa era convertirse en prisionero de los militares y de la odiada derecha, Azaña prefirió la «opción de Kérenski» como la menos mala en una situación desastrosa —aunque posteriormente reconociera que haber dado poder a la revolución había proporcionado una especie de justificación a las acciones de los rebeldes—. Como dijo en plena contienda:

Mientras mantengamos contra los rebeldes la República legal, todos los yerros estarán de su parte. Si nos empañásemos en mantener contra ellos y hacerles acatar ahora una revolución, su culpa original subsistiría, agravada por el estallido revolucionario que han provocado, pero tendrían derecho a desconocerla y no servirla[22].

Claro que no fue una decisión para bien de España y resultó prácticamente un acto de suicidio para el Azaña republicano. Fue presidente hasta su dimisión en febrero de 1939, después de haber sido evacuado a Francia, pero su papel durante casi toda la contienda fue principalmente simbólico. Los republicanos de izquierda, salvo la minoría más radicalizada, se vieron cada vez más relegados durante el transcurso de la guerra; algunos huyeron al extranjero y su función principal fue mantener en el exterior la ficción de que en España seguía existiendo una República democrática.

En los primeros meses imperaba una caótica confederación izquierdista sin demasiado poder central. De poco sirvió que la mitad de las unidades militares de la Península no se hubieran sublevado. Siguiendo el guion concebido solo pocos días antes por Largo Caballero, el Gobierno disolvió oficialmente todas las unidades militares rebeldes, lo cual no tuvo repercusión alguna sobre los sublevados —que controlaban firmemente sus propias unidades—, pero no hizo más que debilitar la disciplina en las unidades leales que quedaban. La mayoría de estas se consideraban tan sospechosas que fueron disueltas, de modo que pronto quedaron pocos hombres en unidades verdaderamente organizadas para combatir.

En las primeras semanas, el Gobierno y los jefes revolucionarios constituyeron columnas de combate integradas por los restos de las unidades militares leales, de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto, y por milicianos voluntarios. La eficacia militar de estas columnas fue diversa, pero, en general, escasa. Los milicianos carecían de experiencia, de formación, de mandos competentes y de disciplina, y por ello tenían un reducido potencial de combate. Con una paga diaria de diez pesetas, eran la infantería mejor pagada del mundo, pero no estaban cohesionados. Cuando la resistencia rebelde era escasa, conseguían conquistar algunas zonas, pero cuando los sublevados mostraban cierta energía, lo normal era que los republicanos se detuvieran o se replegaran.

Los «nacionales», como no tardaron en hacerse llamar los sublevados[23], también constituyeron columnas de fuerzas mixtas, pero en las suyas tenían más peso las unidades del Ejército regular y menos las de la Guardia Civil, cuerpo que, allí donde se unió a los sublevados, con frecuencia fue destinado a tareas policiales de retaguardia, incluyendo la represión. En el norte, los nacionales no tardaron en recurrir a los 20.000 requetés carlistas, un contingente mucho menor que el de los milicianos revolucionarios, pero mucho más disciplinado, decidido y presto para el combate, con frecuencia dirigido por oficiales profesionales, y más dispuesto a luchar hasta el final. También se fue incorporando una cantidad creciente de falangistas, cuyo número a largo plazo acabaría acercándose al de los revolucionarios, pero con mayor eficacia militar. Muchos de los voluntarios falangistas se incorporaron a columnas de combate, pero otros permanecieron en la retaguardia o desempeñando labores de seguridad, especialmente de carácter represor. En total, la calidad militar de las columnas nacionales fue también dispar y a veces bastante reducida. Lograron ocupar una extensión considerable en el norte, donde gran parte de la población les apoyaba, pero no pudieron adentrarse en las principales regiones izquierdistas. En el norte, las fuerzas sublevadas, al mando de Mola, no fueron capaces de derrotar a los republicanos por sí solas y, pasados los primeros días de combate, su comandante estaba bastante desanimado, aunque en público no dejara de mostrarse enérgico y decidido.

La única posibilidad de romper este equilibrio inestable residía en las tropas de élite que estaban bajo el mando de Franco en Marruecos, que, sin embargo, estaban bloqueadas por la Armada republicana. Ante esta situación de emergencia, sabiendo que la suerte de la insurrección dependía de su iniciativa, en los últimos días de julio Franco logró crear probablemente el primer «puente aéreo» de la Historia. Primero usó algunos aviones relativamente pequeños que estaban en el Protectorado, pero se hicieron necesarios muchos más, y más grandes, y pronto los obtuvo de Hitler y Mussolini. El puente aéreo se intensificó a comienzos de agosto y, en total, durante dos meses se transportaron más de 25.000 soldados a Andalucía. La primera columna de Franco salió de Sevilla el 3 de agosto, con destino final en Madrid, y pronto la siguieron otras dos. Con ellas el curso de la guerra empezó a cambiar de manera decisiva.

3

LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA

La revolución española ocupa un lugar singular en la historia de las revoluciones. Fue la única gran revolución en un país occidental del siglo XX, la única que tuvo lugar en la época de paz de entreguerras, la última de las europeas en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial y la única de las revoluciones y guerras civiles europeas de la época que no fue, respecto a los revolucionarios, principalmente comunista.

Aún más, fue la revolución que «nunca se atrevía a decir su nombre» y, de hecho, ha desaparecido de muchos libros de Historia, así como de la llamada «memoria histórica», que recuerda poco y no conoce la Historia. En la década de los años treinta, la mayoría de los países occidentales eran democracias y, desde sus inicios, los líderes de la República revolucionaria se dieron cuenta de que la realidad de una revolución violenta podría enturbiar las relaciones con las potencias democráticas. La destrucción prerrevolucionaria ya había creado malestar entre los diplomáticos destinados en Madrid, que comenzaron a preparar los trámites de asilo diplomático necesarios para proteger a las víctimas potenciales de la violencia revolucionaria en fechas tan tempranas como el mes de abril de 1936. Incluso los líderes del Frente Popular francés estaban preocupados por su homónimo español, y se quejaban de que las numerosas noticias de atropellos de todo tipo bajo el Frente Popular en España perjudicaban sus propios intereses electorales en Francia. Así se inició pronto el «gran camuflaje» de borrar la revolución de la foto de la República en la Guerra Civil. No fue solo un propósito de los azañistas que no habían huido, o de los comunistas; sino que fueron algunos líderes anarquistas los que se dieron cuenta desde el comienzo de que sería deseable disfrazar la revolución en la medida de lo posible. La maniobra nunca convenció al astuto Gobierno británico, pero no había duda de que la mejor baza propagandística que tenían los republicanos era difundir la idea de que luchaban por la «democracia antifascista» y no revolucionaria. Lo de «antifascismo» es bastante exacto, aunque la carencia de democracia era total, pero la propaganda llegó a ser conceptualmente invariable, petrificada y persiste en el siglo XXI. Esta imagen alterada ha durado mucho más en el tiempo que la innumerable iconografía, también adulterada, de la antigua Unión Soviética.

La revolución social y económica que recorrió la zona republicana durante las semanas posteriores a la entrega de armas a los movimientos obreros el 19 de julio fue proporcionalmente la más amplia de las revoluciones obreras registradas en ningún país europeo. Prácticamente en su totalidad, su carácter fue semipluralista y semiespontáneo, efectuado por los diversos movimientos obreros mismos, sin la hegemonía de un solo grupo. No fue una revolución llevada a cabo por un Estado desde arriba o por un solo movimiento hegemónico. La protagonizaron verdaderas organizaciones obreras en el ámbito local y, al contrario que en Rusia, se hizo en gran parte desde abajo, es decir, no la organizó la cúpula de un partido político compuesta por intelectuales y militantes de clase media. En España, una gran parte de los centros de producción fueron ocupados por grupos y comités sindicales que inmediatamente adoptaron una amplia gama de medidas revolucionarias.

Por el contrario, la revolución registrada en marzo de 1917 en Rusia no fue esencialmente obrera —aunque los obreros tuvieran un gran protagonismo en ella—, sino una revolución de carácter general contra la autocracia en la que participaron varios sectores sociales, que dio lugar a una caótica variante de democracia: un sistema de gobierno dual (dvoevlastie) en el que un Gobierno provisional con atribuciones limitadas competía con una serie de consejos revolucionarios locales o de profesiones (sovietii). El golpe de Estado bolchevique, que tuvo lugar siete meses después, fue una toma del poder por las armas a cargo de un solo partido, por lo que se puede decir que, técnicamente, constituyó una contrarrevolución antidemocrática —aunque los leninistas la denominaron «la profundización de la revolución»—. Lo apoyaron muchos obreros —no todos— y en él no se involucró la gran mayoría de los rusos, que vivía en el campo.

La toma del poder local y de los centros de producción en España tuvo una participación mucho más popular y las dos organizaciones de masas obreras, la CNT y la UGT, llegaron a contar, según sus propios cálculos, con unos cuatro millones de afiliados. Además, la revolución española involucró a cientos de miles de obreros del campo y pequeños propietarios rurales —los dos sectores estarían incluidos en la cifra anterior—, en un proceso que, en este sentido, superó al ruso.

Una vez armados, los movimientos obreros le prestaron mucha más atención a la revolución que a la guerra, lo que explica en parte por qué su situación militar se precarizó tan pronto. A pesar de que miles de obreros se enrolaron como voluntarios en las milicias que combatían en el frente —y en ocasiones lucharon con verdadero arrojo, aunque con poca pericia—, no eran más que una pequeña minoría si su número se compara con el de los militantes revolucionarios que se dedicaron a tomar los centros de producción, a realizar actos de pillaje a gran escala y a cometer actos de violencia masiva contra la población civil.

La región en la que, en primer lugar, las instituciones del Estado establecieron una suerte de compromiso —o entendimiento— oficial con los revolucionarios fue Cataluña. Lluís Companys, líder de Esquerra Catalana y presidente de la Generalitat, mantuvo una serie de conversaciones con los líderes de la FAI-CNT del 19 al 22 de julio. Companys había tenido relaciones con los anarquistas años atrás e incluso había llegado a actuar como su abogado. Estaba muy influido por el clima protorrevolucionario de la primavera de 1936 y luego por el alzamiento de los anarquistas movilizados por el Comité de Defensa Confederal de la CNT, cuyos 20.000 hombres desempeñaron un papel clave en la rápida derrota de la sublevación militar en Barcelona, donde llegaron a ocupar distritos enteros. Aunque algunos líderes de Esquerra Catalana querían utilizar a la Policía y lo que quedaba del Ejército para restaurar el orden, Companys prefirió ceder y pactar. Rechazó la petición de los consejeros militares de que la Generalitat movilizara los restos de las unidades del Ejército que quedaban en Cataluña y, de hecho, entregó los 30.000 fusiles que había en el arsenal de Barcelona a la CNT. Los faístas más fanáticos preferían una gran insurrección revolucionaria, una acción acorde con su doctrina, pero los jefes cenetistas no se sentían lo suficientemente fuertes en medio de lo que ya era una guerra civil y preferían un acuerdo.

Así pues, un decreto de la Generalitat del 24 de julio aceptaba oficialmente el estallido de la revolución, si bien en términos ambiguos. Se creó el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña (CMAC), formado principalmente por la CNT, para «establecer un orden revolucionario» y ejercer «orden y vigilancia». El poder en la calle quedaba en manos de las «patrullas de control» del Comité, pero este también pasaba a formar parte del sistema revolucionario mixto decretado por la Generalitat, que oficialmente asumió los poderes del Parlamento catalán el 4 de agosto. Se llevaron a cabo depuraciones en las instituciones catalanas y se sustituyeron los tribunales por una estructura de «jurados populares», aunque lo cierto era que el poder se había fragmentado. En muchas localidades, los revolucionarios actuaban de modo espontáneo y, en gran medida, autónomo.

La situación en los siguientes meses fue tan complicada y confusa que no puede describirse en una sola frase:

Se establecieron muchos niveles de poder. Todos ellos eran capaces de coordinarse, de obedecer jerarquías o liderazgos naturales, pero también de desacatar, oponerse y caer en las descoordinaciones más absurdas. Unos sectores de esta compleja estructura se fueron institucionalizando, aunque esto no evitó que el terror se siguiera ejerciendo. Algunos se fueron radicalizando hasta ser purgados por sus propias organizaciones. A otros radicales no los tocó nadie. Una parte de las milicias del frente aceptaron encuadrarse en el Ejército, otras se negaron y solo obedecían a sus jefes políticos. Una parte de los comités locales y comarcales se coordinaban entre sí; otros se integraban a medias en las estructuras institucionales de los ayuntamientos, y desde allí los controlaban. A veces, los anarquistas iban de la mano en las patrullas de control con otras fuerzas políticas, y otras veces las amenazaban o asesinaban a sus militantes. En definitiva, la revolución era caótica y descontrolada, pero es la esencia del primer paso de la revolución[24].

De forma análoga, en toda la zona republicana —en localidades, provincias y a veces en regiones enteras— proliferaron los comités y los consejos del poder revolucionario, formados por los partidos izquierdistas y/o revolucionarios en proporciones variables que dependían de sus efectivos locales. Su composición reflejaba la fuerza que tenía cada una de estas formaciones en cada zona. En muchas, pero no en todas, también hubo miembros de la izquierda republicana de clase media. Carlos M. Rama ha definido la estructura variable de poder resultante como la «Confederación Republicana Revolucionaria de 1936-1937»[25]. Los partidos republicanos de izquierda, al haber actuado como aprendices de brujo, aceptaron su subordinación, aunque no con gusto, y, como antes se ha indicado, algunos de sus activistas huyeron al extranjero. En cambio, los republicanos más jóvenes y radicales se unieron a la revolución.

Para los portavoces de la extrema izquierda revolucionaria —sobre todo los anarquistas y los marxistas-leninistas del POUM—, el levantamiento de las fuerzas obreras en la zona republicana constituía la más profunda y genuina revolución obrera de la Historia. Andreu Nin, líder provisional del POUM, declaró que lo que estaba ocurriendo en España era «una revolución más profunda que la revolución rusa misma», y el 1 de agosto, con la exageración característica del POUM, anunció que «el Gobierno no existe». El 7 de septiembre señaló que la dictadura del proletariado era una realidad en Cataluña y la organización juvenil de su partido (la JCI, Juventud Comunista Ibérica) abogó por la formación de soviets —o sea, consejos revolucionarios autónomos— en toda la zona republicana.

George Orwell describió e hizo célebre la atmósfera de la Barcelona revolucionaria en sus memorias, que tituló Homenaje a Cataluña, aunque en otras ciudades se vivieron situaciones similares. Sobre los primeros meses de revolución, la que fuera diputada radical Clara Campoamor (paladín principal en España del sufragio femenino y del derecho al divorcio) escribió que «Madrid ofrecía un aspecto asombroso: burgueses saludando y levantando el puño y gritando en todas las ocasiones el saludo comunista para no convertirse en sospechosos; hombres en monos y alpargatas copiando de esta guisa el uniforme adoptado por los milicianos; mujeres sin sombrero; vestidos usados, raspados, toda una invasión de fealdad y de miseria moral —más que material— de gente que pedía humildemente permiso para vivir. La gente que en tiempo normal llenaba las calles y las terrazas de los cafés yacía bajo tierra o se disfrazaba»[26].

El 1 de agosto, Claridad, el periódico caballerista, proclamó: «Estamos, por obra de la intentona militar, en un profundo proceso revolucionario […]. Es preciso que todos los instrumentos del Estado, y especialmente el Ejército, sean también revolucionarios». Y el 22 del mismo mes añadió que «el pueblo no lucha ya por la España del 16 de julio, que era todavía una España dominada socialmente por las castas tradicionales, sino por una España en que estas castas sean raídas definitivamente. El más poderoso auxiliar de la guerra es ese desarraigo económico y total del fascismo, y eso es la revolución». Para esta publicación, se trataba de una «guerra social más que guerra civil». Sin embargo, con las excepciones del POUM y de una parte de los anarquistas, la mayoría de los revolucionarios coincidieron en que lo mejor era mantener la cáscara vacía del sistema republicano, aunque solo fuera por motivos propagandísticos, para conservar las relaciones con las democracias occidentales.

El problema que se presentaba a finales de agosto de 1936 era que el sistema republicano, con esta situación tan compleja, estaba perdiendo un conflicto en el que las izquierdas habían controlado la mayor parte de los recursos. Era preciso coordinarse mejor y hacerlo con rapidez. El primer intento de establecer un nuevo orden revolucionario organizado a escala nacional fue la constitución, el 4 de septiembre, del llamado «Gobierno de la victoria», con Francisco Largo Caballero al frente, pero con representación, por vez primera, de todo el Frente Popular. Parecía que, tras algunas semanas, los caballeristas estaban llevando a cabo su plan original.

Su principal desafío era promover un esfuerzo bélico más coherente, pero para ello era necesario un Estado mucho más fuerte que pusiera algo de orden en el proceso revolucionario, objetivo que solo se logró en parte. Un paso decisivo fue desprenderse de las milicias revolucionarias militarmente ineptas, encuadrándolas en un nuevo Ejército Popular oficial, institucionalizado con mandos regulares y disciplina completa, y reemplazando al anterior Ejército republicano y a las milicias. El modelo que se seguiría para crear este Ejército revolucionario regular era el Ejército Rojo de la Unión Soviética, tal y como demandaban los portavoces comunistas. Después, el 27 de septiembre, el Gobierno de Largo Caballero reordenó la función pública, dando cargos únicamente a quienes tuvieran credenciales izquierdistas. La nueva Administración marcó, por tanto, el inicio oficial de la «Tercera» República, la revolucionaria. Los siete meses que mediaron entre febrero y septiembre de 1936 habían constituido la fase de transición.

En septiembre, el Gobierno catalanista se reintegró y, por primera vez, los anarquistas entraron en un Gobierno formal. Se trataba de una clara violación del credo anarquista, opuesto a todo Gobierno organizado, y por eso se cambió la terminología y pasó a llamarse Consejo en lugar de Gobierno, con la entrada de varios miembros cenetistas en su órgano de poder y el líder del POUM, Andreu Nin, como consejero de Justicia. Este último era un paso de especial cinismo, puesto que en Lérida —el feudo del POUM— activistas de este partido habían asesinado extrajudicialmente a centenares de personas. Al fin, a primeros de noviembre, en vísperas de la huida de Madrid del ejecutivo ante el avance de Franco, se dio el paso final con la entrada de cuatro ministros cenetistas en lo que había llegado a ser el Gobierno pan-revolucionario de Largo Caballero.

El nuevo Estado revolucionario español era una administración sin precedentes, porque carecía de una fuerza dictatorial hegemónica, como sí ocurría en la Unión Soviética o en los regímenes fascistas. Tanto en Madrid como en Barcelona, se trataba más de una coalición de partidos y sindicatos que no entendían la revolución del mismo modo, por lo que las discrepancias entre sus integrantes se hicieron notar desde el primer momento. Solo les unía —hasta donde era posible— la lucha contra la derecha, entendida como una guerra contra «el fascismo». Pero esta lucha no podía verse, en términos positivos, como una idea compartida de futuro, porque anarquistas, socialistas, comunistas, republicanos de izquierdas, poumistas y nacionalistas vascos y catalanes tenían sus propias visiones al respecto. La extrema izquierda revolucionaria pretendía preservar la autonomía del proceso revolucionario mientras intentaba extenderlo, en tanto que los socialistas caballeristas querían utilizar el nuevo Gobierno para consolidar su concepto de la revolución, pero dotándola de una mejor organización militar. Con todo, en menos de un año la FAI-CNT, el POUM y los caballeristas se verían cada vez más cuestionados por los pragmáticos y estatistas, es decir, los socialistas prietistas, los comunistas y lo que quedaba de los republicanos de izquierda, que, desde diferentes puntos de vista, intentarían recuperar hasta donde fuera posible la autoridad central del Estado, canalizando la revolución y restándole peso.

El Gobierno de Largo Caballero inició el proceso de consolidación de la revolución dotándola de una estructura estatal. Sin embargo, durante meses la gran parte de esa estructura solo existió sobre el papel. En teoría, los diversos comités revolucionarios de distrito, provinciales o regionales que ostentaban el poder se encuadrarían en un nuevo sistema estatal, y a sus secretarios u otros cargos se les darían otras funciones, como las de alcalde o gobernador. El nuevo Gobierno pretendía poner fin al caos de los comités de control revolucionarios y a los escuadrones de la muerte organizados (incluso aquellos en los que participaban órganos del propio Estado republicano), para encuadrarlos en las llamadas Milicias de Vigilancia de la Retaguardia, aunque durante un tiempo este cambio también fue solo teórico. El sistema judicial, como en Cataluña, se reorganizaría en función de los nuevos «tribunales populares».

Los cambios en el control de la propiedad eran tan diversos que no llegó a constituirse un marco único. En conjunto, surgieron siete tipos de control revolucionario o estatal, y en ciertos casos siguieron evolucionando mientras la zona republicana existió:

Incautación, mediante la cual un sindicato o grupo de sindicatos, un Gobierno municipal o regional, o el Gobierno central republicano se hacían cargo de una empresa o de un conjunto de empresas. Ello no implicaba un cambio en la situación jurídica de la propiedad, pero era una práctica muy frecuente en la zona republicana.

Control o intervención: otra práctica frecuente, pero más indirecta, en la que los directivos o propietarios de la empresa asumían el control de la misma, pero bajo la supervisión de los sindicatos o de las autoridades gubernamentales.

Colectivización: traslado absoluto de la titularidad legal a los trabajadores, en quienes quedaba depositada la propiedad colectiva y quienes, directa o indirectamente, dirigían su propia empresa, por lo general a través de un comité electo. Esta fórmula fue más habitual en zonas agrícolas, como se explicará más adelante. En los entornos industriales, donde más se aplicó fue en Cataluña, aunque también, pero de forma más limitada, en otras regiones.

Socialización: una práctica que, según la teoría anarcosindicalista, implicaba la gestión obrera de todo un sector de producción. En la práctica, este sistema nunca fue más allá de un solo sector productivo en una ciudad determinada. Para los socialistas, la socialización tenía un significado más reducido y aludía a la autoridad que sobre una empresa ejercían los obreros.

Agrupaciones: reunión de empresas de un mismo sector productivo que hubieran sido colectivizadas o incautadas, con el fin de coordinar la producción con vistas a un proceso de socialización. Este sistema, que desarrolló principalmente la CNT en Cataluña, se fue encontrando cada vez con mayores resistencias en los sectores más pragmáticos.

Municipalización: asunción por parte del Gobierno municipal de cualquier actividad relacionada, aunque no exclusivamente, con los servicios y empresas públicos, sobre todo en Cataluña.

Nacionalización: el Estado asumía el control directo y pasaba a ser el dueño de la propiedad. A largo plazo, este era el objetivo principal de los comunistas, sobre todo cuando se trataba de industrias clave para el esfuerzo bélico. La Generalitat de Cataluña nacionalizó oficialmente varias fábricas de armas en agosto de 1936, una práctica que posteriormente el Estado republicano extendería, aunque era frecuente que dichas industrias fueran simplemente intervenidas.

La variedad de posibilidades fue enorme, tanto en la industria como en los servicios, aunque todas las empresas, fueran del tamaño que fueran, cayeron rápidamente en manos de asociaciones obreras. En un informe presentado ante el comité central del Partido Comunista Francés el 16 de octubre de 1936, André Marty, uno de los delegados de la Comintern en España, informaba de que en la zona republicana 18.000 empresas «están bajo control […]. El grueso de la industria española está ya controlada por los trabajadores»[27]. En cambio, era frecuente que las empresas más pequeñas quedaran en manos privadas.

Solo en Cataluña se desarrolló un sistema de colectivizaciones legal. El acuerdo oficial de la Generalitat con la CNT, como ya se ha señalado, añadió a la incorporación de los anarcosindicalistas en el Gobierno general, llamado «Consejo», la de todos los partidos de izquierda. El 24 de octubre, el nuevo conseller de Economía,el cenetista Joan Fàbregas, emitió un decreto de colectivización para toda Cataluña que formalizó la de todas las empresas de más de cien trabajadores y dispuso igualmente la de aquellas que tuvieran entre 50 y 100, si el 75 % de los mismos así lo decidía. Las empresas de menos de 50 empleados solo serían legalmente colectivizadas con el consentimiento del propietario, si estaba vivo y presente, una precisión necesaria, ya que muchos habían sido asesinados o habían huido al extranjero.

La provincia cuya economía sufrió en menor medida la reestructuración revolucionaria fue Vizcaya, que en septiembre de 1936 era la única parte del País Vasco no ocupada por Franco. La opinión vasca quedó dividida en tres sectores, ya que un tercio de la población apoyaba al nacionalismo vasco, otro a la izquierda española y el último a las derechas españolas. A finales de septiembre de 1936 se convocó una reunión de lo que quedaba de las Cortes para aprobar un estatuto de autonomía para el País Vasco —en realidad, para Vizcaya—, que garantizara la participación de los nacionalistas vizcaínos en la guerra librada por la República revolucionaria. La votación de este estatuto de amplias competencias fue la única medida importante aprobada por las Cortes durante la guerra, puesto que, durante estos años, la República funcionaba como una especie de dictadura ejecutiva de un gobierno plural y multipartidista de izquierdas, y no como un régimen parlamentario. El apoyo de los nacionalistas vascos católicos era especialmente importante para el Gobierno de Largo Caballero a la hora de protegerse de la enorme hostilidad que habían levantado en el exterior los grandes ataques a la Iglesia, al clero y a los católicos en general.

En Vizcaya se evitó la colectivización o la incautación generalizada de la industria, y la violencia revolucionaria fue considerablemente menor. El Gobierno vizcaíno asumió el control de las industrias de guerra, y en la fase final del conflicto decretó la nacionalización de algunos de los principales centros industriales cuyos propietarios fueran partidarios de Franco.

En toda la zona republicana, el mayor número de colectivizaciones tuvo lugar en el sector agrícola. A finales de 1936, el territorio en manos de la República ocupaba unos 270.000 kilómetros cuadrados, con una población de 14 millones de habitantes, mientras la zona sublevada tenía una extensión de unos 230.000 kilómetros cuadrados y estaba habitada por menos de 11 millones de personas. La primera poseía la mayor parte de la industria, pero no más de un tercio de la producción agrícola. Todas las grandes explotaciones habían sido tomadas por los sindicatos, salvo en Cataluña, donde había pocos latifundios y donde, a pesar del poder anarquista, la mayoría de los propietarios contaba con la protección de los nacionalistas de Esquerra. Cuando el 7 de octubre de 1936, Vicente Uribe, ministro de Agricultura comunista del Gobierno republicano, promulgó un decreto dictando la confiscación de todas las tierras de la zona republicana cuyos propietarios, directa o indirectamente, apoyaran a los sublevados, no hizo más que reconocer la situación real de las confiscaciones, que estaban a la orden del día en la zona.

Las propiedades de los grandes terratenientes fueron expropiadas, pero no así las de los medianos y pequeños propietarios, a menos que fueran partidarios de los sublevados —y muchos lo fueron—. En conjunto, en la zona republicana se expropió alrededor del 40 % de la tierra agrícola; en proporción, esta cita excedía a la proporción incautada en Rusia entre 1917 y 1918. De todas las tierras expropiadas, el 54 % —lo que representaba aproximadamente el 21 % de las tierras cultivables— se organizó en colectividades. Esta situación contrastaba mucho con la primera fase del régimen bolchevique ruso, en la que muy pocas tierras pasaron a manos de las nuevas entidades revolucionarias, y más bien se ampliaron los terrenos del común ya existentes.

Hasta cierto punto, la situación en la Hungría de 1919 fue más parecida a la de la España republicana. La extensión del latifundio en Hungría era mayor que en España y, técnicamente, todo fue confiscado por el Estado durante el breve régimen de Béla Kun (1919), aunque allí el Gobierno se quedó con las tierras para constituir granjas estatales colectivas. Esta decisión enfureció a los campesinos, que preferían dividir las fincas. No obstante, ni en Rusia ni en Hungría hubo sindicatos equiparables a las secciones agrícolas de la CNT y la UGT, aunque en Hungría la proporción de jornaleros sin tierra era aún mayor, mientras que en Rusia el número de trabajadores de dicho sector, en términos comparativos, era muy inferior. En España, un porcentaje bastante elevado de la población agrícola estaba dispuesto a participar en acciones colectivizadoras. Pero también aquí hubo límites, ya que casi la mitad de la tierra confiscada se destinó a explotaciones individuales.

El grado de implantación de las colectividades agrarias variaba mucho de unas regiones a otras y, en general, fue más elevado en aquellas zonas donde la propiedad había estado más concentrada. En el centro (Castilla-La Mancha) se expropió más de la mitad de la tierra agrícola, y de esta se colectivizó el 60 %, aunque en la provincia de Ciudad Real se llegó al 99 %. En Andalucía oriental se expropió el 53 % de la tierra cultivable y se colectivizó prácticamente toda. En la pequeña zona del este de Extremadura que quedó en manos republicanas se expropió gran parte de la tierra y se colectivizó casi por entero, y algo parecido ocurrió en el este de Aragón, ocupado por las milicias anarquistas durante la primera fase de la guerra, donde también se colectivizó una gran parte de lo expropiado. Por su parte, en las provincias de Levante se expropió más del 21 % de la tierra cultivable, y de este porcentaje solo se colectivizó un tercio. Todavía menor fue esa proporción en Cataluña.

En cuanto al signo político de los encargados de las colectivizaciones, abundaban los afiliados a la CNT, la UGT, o a ambas a la vez, en tanto que en algunas zonas también correspondían al POUM y al PCE, y con menos frecuencia los republicanos de izquierda. Las colectividades cenetistas eran mayoritarias en el este de Aragón y en el centro, mientras que los ugetistas predominaban en el este y en el sureste. Las más radicales solían ser las únicamente cenetistas, que a veces pretendían la inclusión social total, instituyendo salarios familiares y promoviendo diversas iniciativas destinadas a prohibir la circulación de dinero. Algunas colectividades de la UGT fueron más moderadas y funcionaban más como cooperativas que permitían iniciativas individuales.

Durante 1937, el revitalizado Estado republicano actuó de manera arbitraria para disolver varias colectividades anarquistas, sobre todo en Aragón oriental, aduciendo que eran abusivas y que suponían un obstáculo para el esfuerzo bélico. El Instituto de Reforma Agraria (IRA) reconoció oficialmente 2.213 colectividades. Sin embargo, sus cifras, al no incluir las de Cataluña, Aragón y Levante, eran incompletas. De esas 2.213, 823 las había formado la UGT, 284 la CNT y 1.106 ambos sindicatos conjuntamente. Sin embargo, según los portavoces de la CNT, esta, por sí sola, había constituido más de 3.000 colectividades, que en su mayoría no fueron reconocidas por el IRA, gestionado por los comunistas. Puede afirmarse que la cifra proporcionada por la CNT es exagerada, y quizá resultante de la inclusión en el recuento de colectividades de algunas de sus partes constituyentes como autónomas. El estudio más sistemático, realizado por Luis Garrido González, llega a la conclusión de que, después del verano de 1937, no quedaron muchas más de 1.300 colectividades, que afectaban a un total de tres millones de hectáreas y a unas 157.000 familias. De ellas, casi dos tercios las había organizado la CNT.

Por lo general, la producción económica de la zona republicana fue baja. En las décadas anteriores, la agricultura española había registrado mejoras técnicas, que, sin embargo, eran difíciles de mantener en condiciones bélicas, y las cosechas dependían en gran parte de la situación climática. Además, el objetivo de muchas colectividades era la autosuficiencia, con lo que solo una parte pequeña de su producción llegaba a los consumidores. En la zona republicana, la producción de alimentos se redujo hasta en un 25 % en 1937, y solo se tiene constancia de que mejorara la de patatas. En 1938 se produjo una reducción todavía más drástica, así que a finales de ese año la zona republicana se encontraba ante una situación de hambruna. Todavía en 1939 la producción apenas alcanzaba la mitad de la que hubo en 1935.

En la producción industrial, el único incremento notable se obtuvo en la metalurgia, sector en el que la concentración de la fabricación de armas aumentó el rendimiento. Aparte de ese sector, la perturbación que sufrieron los mercados, las materias primas, las condiciones crediticias y otros factores relativos a producción condujeron a un gran declive durante 1937, seguido de una caída aún mayor al año siguiente. Muchos se quejaban de que las fábricas de Cataluña seguían produciendo bienes de consumo si eran más fáciles de manufacturar o más rentables a corto plazo, y se escuchaban acusaciones contra quienes practicaban el llamado «capitalismo sindical» y el «egoísmo sindical». Se redujo la disciplina laboral a pie de máquina y aumentó el absentismo, llegando en ocasiones al sabotaje. En la organización económica, las transformaciones revolucionarias suelen reducir la producción, y lo mejor que puede decirse de la nueva economía revolucionaria de la zona republicana es que no la redujo tanto como en la Rusia de 1920, aunque la diferencia es escasa.

En las historias comparadas de las revoluciones, con frecuencia se pasa por alto la revolución española. ¿Por qué una revolución tan extensa ha suscitado una atención tan relativamente escasa? Al menos hay tres razones que lo explican. La primera es que a la Historia no le gustan los perdedores y la revolución española perdió la guerra. La segunda es que las revoluciones obreras de la primera mitad del siglo XX solían ser comunistas, mientras que la revolución española, más que comunista, fue anarquista y socialista. Además, no se ajustó a un único modelo. El tipo y el grado de control obrero variaban de una localidad a otra, y también las pautas de expropiación y de colectivización de la tierra. Sería imposible reflejar la revolución española en un único gráfico o en un solo mapa, aunque en términos proporcionales fuera la más extensa y la más genuinamente obrera de las revoluciones obreras de la historia europea. La tercera razón de la incierta categoría historiográfica de la revolución española tiene que ver con la negación sistemática de la misma por parte de las autoridades y la propaganda republicanas, así como de todos los medios propagandísticos de la Comintern, de muchos historiadores y, aún más, de la llamada «memoria histórica». Sobre todo, la violencia masiva y la persecución sistemática del catolicismo que trajeron consigo la revolución no tardaron en dar mala fama a la República del periodo bélico, y la opinión política internacional de la época estaba mejor informada que las generaciones posteriores. Los líderes del Gobierno republicano, así como los dirigentes soviéticos y de la Comintern, insistieron en que, de cara al exterior, la estrategia más útil era negar la propia existencia de este proceso. Hasta los líderes anarquistas catalanes entendían eso. Parecía que la ayuda de las democracias occidentales sería mucho más probable si, en la propaganda internacional, la República en guerra aparecía como una democracia parlamentaria —a pesar de que el Parlamento era un esqueleto que casi nunca se reunía—, basada en la propiedad privada y homologable a las demás de Occidente. Como ya se ha señalado, el resultado fue lo que Burnett Bolloten denominó «el gran camuflaje»[28], es decir, la negación de que la revolución hubiera llegado a existir, convirtiéndose en una revolución que no se atrevía a pronunciar su nombre.

Esa propaganda no logró sus objetivos mientras duró la guerra, pero sí la han mantenido con denuedo los entusiastas de la causa republicana en los años posteriores. En el siglo XXI, con el descrédito del comunismo y el colectivismo, el mito largamente difundido de la «democracia republicana española» ha sido la última gran invención política europea todavía viva en la primera mitad del siglo XXI.

4

LAS REPRESIONES

Los salvajes actos de represión registrados en España solo pueden ser comprendidos desde la perspectiva de las guerras civiles revolucionarias de la primera mitad del siglo XX, que fueron muy diferentes de la más importante de las guerras civiles occidentales decimonónicas, la norteamericana[29]. Esta fue una guerra de secesión política y constitucional, pero no una guerra revolucionaria, y nunca desembocó en ejecuciones en masa.

Los únicos antecedentes directos podrían encontrarse en la Revolución francesa y en la Comuna de París de 1871. Los actos de represión homicida y masiva, en los que se acuñó el término moderno de «terror», tuvieron una enorme importancia en esos conflictos primigenios, reapareciendo después en todas las guerras civiles revolucionarias de la primera mitad del siglo XX, primero en Finlandia e inmediatamente después en Rusia y otros países. Posteriormente, a lo largo de la década de 1940, reaparecerían en las guerras civiles de Yugoslavia y Grecia, en Italia y en los territorios ocupados por los soviéticos.

La sed de sangre de las guerras civiles revolucionarias nace de su carácter apocalíptico, de la pretensión de los bandos enfrentados de crear no solo un sistema político distinto, sino una sociedad y un orden cultural nuevos, totalmente libres de elementos antagónicos. En estos conflictos, el enemigo no solo se considera un adversario político, sino una especie de encarnación metafísica del mal que hay que erradicar antes de que infecte o imponga el mismo terror al bando propio. Una guerra civil revolucionaria no es un conflicto político corriente, sino una pugna entre absolutos sociales, religiosos y culturales, que se considera que exige una solución total y sin concesiones.

Durante la guerra española, ambos bandos publicitaron enormemente las atrocidades de sus adversarios —abultándolas de manera considerable— y, recurriendo a cifras siempre infladas, llegaron a atribuir al enemigo medio millón de ejecuciones[30], una exageración, en ambos casos, de entre el 500 y el 1.000 %. Estudios posteriores hablarían de un total mínimo de 120.000 ejecuciones —aunque algunos elevan esa cifra— en ambos bandos juntos —lo que suponía aproximadamente el 0,5 % de la población, una cifra, sin embargo, terriblemente alta—. Puede que sea una proporción mayor que la de la guerra civil rusa —aunque las cifras de Rusia son aún más vagas que las españolas—, pero es inferior al porcentaje de los que perdieron la vida en las dos represiones de Finlandia, donde, en una guerra civil que duró tres meses, en 1918, los dos bandos causaron la muerte de 20.000 prisioneros y civiles, es decir, casi el 0,75 % de la población finlandesa[31]. Si, al total de víctimas mortales en España se le añaden las aproximadamente 20.000 ejecuciones dictadas por tribunales militares y llevadas a cabo por el régimen de Franco entre 1939 y 1942, la desproporción comienza a reducirse.

En el caso español, las ejecuciones comenzaron casi desde el primer momento, incluso en una fase más temprana que en Rusia, donde las grandes matanzas organizadas no tuvieron lugar hasta 1918, cuando los bolcheviques iniciaron formalmente el «terror rojo». El carácter casi inmediato de las ejecuciones registradas en España tiene que ver con varios factores, dos de ellos generales, y el tercero, propio del país. El conflicto español fue la última guerra civil revolucionaria europea de la generación posterior a la Primera Guerra Mundial, y se alimentó de la propaganda, los miedos y los odios alumbrados por sus precursoras. Unido a este elemento estaba el hecho de que la década de 1930 fue una época de tensiones crecientes en la que, después del ejemplo bolchevique, llegó el ascenso del fascismo: una combinación letal que fue desatando miedos y enemistades cada vez más generalizadas.

Más propio de España fue el periodo de incubación del proceso revolucionario, que, con un acusado aumento de la violencia política a partir de diciembre de 1930, produjo casi 2.500 muertes violentas en poco más de cinco años. Ni siquiera la Revolución rusa de 1917 había tenido un preludio comparable de actos y propaganda violentos en los años inmediatamente anteriores. Durante algún tiempo, las organizaciones revolucionarias fomentaron el odio y la violencia, y propagaron el objetivo del «exterminio» —uno de los términos más usados— de la burguesía. Se asistió a un prolongado periodo de tensiones crecientes, de numerosas intentonas de insurrección revolucionaria violenta y de manifestaciones de una propaganda masiva de lo más virulenta, manifestaciones propiciadas principalmente por la izquierda revolucionaria, que hablaba de liquidar a la burguesía y a otros enemigos. Esta propaganda no solo incitaba a los suyos, sino que abonaba el campo para provocar una reacción masiva por parte de sus enemigos. Además, el discurso de algunos de los sectores radicales de la derecha, incluso antes de la guerra, también tendía a deshumanizar al adversario y a legitimar las medidas extremas.

Por otra parte, el alcance de la publicidad y de los medios de comunicación se había extendido enormemente entre 1917 y 1936. Durante los primeros meses de la guerra, los ojos de los corresponsales, agencias de noticias y fotógrafos se centraron en las grandes ciudades de la zona republicana, fuente de gran parte de las atrocidades —y de su propaganda— que se transmitían al extranjero. El historiador Ernst Nolte escribió:

Lo que el mundo exterior no simpatizante veía en la España roja era, sobre todo, el caos y el terror bolcheviques: las masas mal vestidas y armadas de rifles que llenaban las calles; los paseos en los que se ejecutaba a enemigos; la turba indisciplinada de los anarquistas; las momias de monjas sacadas de sus tumbas y colocadas en las calles; las apropiaciones violentas; las colectividades forzosas[32].

Posteriormente, el peso de la publicidad se iría desplazando, y en 1937 la zona republicana ya tenía mejor prensa en el exterior, aunque en los primeros meses la imagen del conflicto fuera a menudo muy negativa.

Las primeras ejecuciones de las que se tiene constancia en la Península se registraron en Madrid el 19 de julio, y muchas más tuvieron lugar al día siguiente, al tiempo que comenzaban a producirse también en las zonas controladas por los sublevados. En ambos territorios, el número de ejecuciones aumentó rápidamente, y en gran parte de las regiones tuvieron lugar en agosto y septiembre, aunque se extendieran a todo el otoño y a un ritmo bastante acelerado —en el caso de los sublevados, el proceso se prolongó hasta el fin del invierno—.

Los apologetas de izquierda siempre han tratado de distinguir entre los dos terrores, señalando que la represión izquierdista fue descentralizada, espontánea y poco organizada, mientras que, en su opinión, la de la derecha tuvo un carácter más planificado, centralizado e implacable. En parte, esa distinción es acertada, aunque debe señalarse que el terror revolucionario no tuvo nada de «espontáneo», ya que las formaciones revolucionarias llevaban años incitando a la violencia y ensalzándola. No obstante, en líneas generales, y al contrario que en Rusia, no tuvo un carácter centralizado, puesto que en la zona republicana no había una fuerza hegemónica. En cambio, sí existió una cierta organización para llevar a cabo el terror, aunque sobre todo a nivel local, y siempre fueron partidos, sindicatos e instituciones gubernamentales específicos.

En las ciudades republicanas, los partidos de izquierda y los sindicatos organizaron numerosos escuadrones de la muerte. También participaron republicanos de izquierda y miembros de Esquerra, aunque en menor medida que los militantes de las formaciones revolucionarias. En Cataluña, numerosos miembros de Esquerra participaron regularmente en las patrullas de control del Comité de Milicias, autorizadas formalmente y encargadas de la represión. Las tristemente famosas «checas» de Madrid y de otras ciudades, cuyo nombre procedía de las siglas del organismo estatal soviético encargado del terror rojo (CHEKA), organizaron escuadrones de la muerte que a veces contaron con el beneplácito de autoridades gubernamentales republicanas, como Manuel Muñoz, director general de Seguridad, y Ángel Galarza, ministro de Gobernación en septiembre de 1936. En ocasiones, la Policía y las Fuerzas de Seguridad republicanas participaron directamente en las checas, cuyo trabajo era públicamente alabado por los periódicos de la zona. Por otra parte, en Madrid las autoridades republicanas coordinaron en gran medida el saqueo y el pillaje a gran escala que tuvieron lugar, aunque, desde luego, no todo, amasando un tesoro considerable a base de valiosos objetos robados. En Madrid, las checas más autónomas eran las de la FAI-CNT —las que durante más tiempo operaron por su cuenta—, en tanto que, en Barcelona, la CNT funcionó bajo el Comité de Milicias oficial y luego bajo el Gobierno catalán panizquierdista, aunque varios grupos disfrutaron de una gran autonomía.

En el otro lado, Franco había anunciado públicamente que cuanta más resistencia militar opusiera la izquierda más dura sería la represión, y así lo expresó por primera vez en un telegrama enviado al Gobierno republicano el 19 de julio de 1936. El 25 de agosto, cuando sus fuerzas se dirigían a Madrid, se lanzaron octavillas sobre la ciudad con esta amenaza: «CUANTO MAYOR SEA EL OBSTÁCULO, MÁS DURO SERÁ, POR NUESTRA PARTE, EL CASTIGO». En la zona sublevada, la represión siempre estuvo dirigida por los militares, que para ejercerla se servían de la Guardia Civil y de escuadrones de falangistas, y, en ocasiones, de otros elementos derechistas. En algunas zonas se celebraron consejos de guerra sumarísimos, pero en los primeros meses también se siguieron procedimientos aún más expeditivos e informales, aunque siempre bajo el mando militar local. Posteriormente, resultó más cómodo achacar gran parte de la represión realizada en la zona nacional a los falangistas fascistas, aunque estos fueran subalternos. En la gran mayoría de los casos, las cuadrillas falangistas actuaban a instancias de las autoridades castrenses —y tenían, por tanto, escasa autonomía—, a veces acompañadas por otras milicias. Las represiones de los dos contendientes fueron extremadamente mortíferas, aunque la de los sublevados fue más eficaz. Como ha señalado David Wilkinson, «la represión de los nacionales, además de ser más exhaustiva y continua, se centró más cuidadosamente en militantes, no en enemigos de clase simbólicos»[33].

Después de meses de derramamiento de sangre indiscriminado, los dirigentes republicanos empezaron a tomar medidas para controlar y moderar la represión. El 23 de agosto se anunció la creación de un nuevo sistema judicial revolucionario que, integrado en los llamados «tribunales populares», comenzó a imponerse en gran parte de la zona republicana bajo el Gobierno de Largo Caballero. Esos nuevos tribunales estaban muy politizados, pero seguían un cierto procedimiento legal que, sin pretender poner fin a la represión, sí deseaba canalizarla y regularla, sometiéndola a cierta restricción judicial. Durante los primeros meses, esas instancias dictaron cientos de penas de muerte relacionadas con el apoyo a la sublevación militar, y en el otoño de 1936 se siguieron produciendo miles de ejecuciones en las checas y a manos de otros escuadrones de la muerte. Sin embargo, a finales del año, las reorganizadas autoridades republicanas lograron imponer cierto control y el ritmo de las ejecuciones se redujo considerablemente.

Franco no adoptó un proceso similar hasta dos meses después, a continuación de las salvajes medidas represivas adoptadas por los nacionales tras la ocupación de Málaga en febrero de 1937, en las que se produjeron 2.000 o más ejecuciones. A partir de ese momento, se expandió y se regularizó el régimen de tribunales militares, que otorgó a la represión un carácter más formal y redujo de modo considerable el número de víctimas mortales, por lo menos hasta el final de la guerra. Durante los dos últimos años de la contienda, al contrario que en sus primeros meses, la conquista de nuevos territorios por los nacionales ya no fue acompañada de tantas ejecuciones sumarias, pero ambos bandos continuaban realizándolas, aunque a un ritmo mucho menor. Entre 1937 y 1939, los escasos avances del Ejército Popular se acompañaron de más asesinatos, y durante esa fase surgió un nuevo tipo de represión: la represión «intraizquierdista». En 1937-1938 se dirigió contra la extrema izquierda revolucionaria y luego, al final de 1939, contra los comunistas (este asunto se tratará en el capítulo 12). Inmediatamente después de que acabara la guerra, Franco retomó la celebración de juicios, que desembocaron en miles de condenas a muerte.

El mayor número de asesinatos, tanto en términos absolutos como relativos, se dio en las ciudades principales y en sus alrededores, aunque en algunas zonas rurales la proporción de víctimas mortales también fue elevada (en ocasiones, incluso superior). Desde la última parte del siglo XX, un número creciente de estudios monográficos ha intentado registrar y calcular con exactitud la incidencia de la represión en muchas provincias y regiones, aunque esta línea de estudio aún está incompleta y su metodología, calidad y fiabilidad sean dispares.

El mayor número de asesinatos, que quizá llegara a los 10.000, se produjo en Madrid, donde, al contrario que en otras partes del país, la fase más intensa tuvo lugar en noviembre de 1936. En ese momento, las prisiones de la capital tenían más reclusos que ninguna otra de los dos bandos, ya que habían recibido a muchos presos de otros lugares, sobre todo del sur. La Junta de Defensa, al mando de la ciudad, consideró que esos miles de reclusos (entre ellos un número desproporcionado de oficiales militares) suponían un gran peligro para la capital. Parece que, azuzado por los consejeros soviéticos, los comunistas, socialistas y anarquistas que controlaban la Junta acordaron la «ejecución inmediata» de todos los «fascistas y elementos peligrosos»[34] que hubiera entre los prisioneros, lo que se hizo sin siquiera recurrir a juicios sumarísimos. Se llevaron a cabo ejecuciones en masa de tipo soviético, lo cual ha hecho que algunos analistas denominaran estos hechos como el «Katyn español» —en alusión al asesinato masivo de oficiales polacos por parte de Stalin en 1940—. Durante el mes siguiente, bajo la autoridad de Santiago Carrillo, consejero de Orden Público, unas 2.600 personas fueron ejecutadas y arrojadas a fosas cercanas a Paracuellos del Jarama y otras localidades situadas en el este de la capital. De todas las ejecuciones producidas en ambos lados, esta fue la más masiva.

Con el fin de obstaculizar cualquier difusión de los hechos, las autoridades soviéticas en España cometieron una segunda atrocidad, si bien fue menor en cuanto a sus consecuencias. La Cruz Roja Internacional había enviado a Madrid al doctor Georges Henny para hacer un informe sobre las condiciones humanitarias en las cárceles. Tras finalizar su investigación, se dispuso a regresar a Francia con un abultado expediente lleno de datos y fotos sobre la represión. Dos de los más fiables pilotos soviéticos de cazas de la aviación republicana —que, en parte, aún estaba bajo la autoridad soviética, no republicana— cumplieron la orden de disparar contra el avión de Air France que salió de España el 8 de diciembre, en el que el doctor viajaba. El aparato fue derribado y, aunque el delegado sobrevivió, los datos se perdieron.

En Madrid, la represión se habría cobrado muchas más vidas de no ser por el refugio que proporcionaron varias embajadas europeas y latinoamericanas de la capital, que ya habían previsto esta necesidad durante los estallidos prerrevolucionarios de la primavera de 1936. Es posible que el asilo diplomático llegara a salvar 7.000 vidas, dando cobijo a unas 11.000 personas —incluyendo mujeres y niños—, aunque las legaciones de Finlandia, Perú y Turquía acabaran siendo asaltadas por los revolucionarios, mientras que los refugiados en la de Alemania fueron capturados cuando Hitler reconoció al régimen de Franco en noviembre de 1936.

En proporción con la población, los actos de represión más extensos tuvieron lugar en Zaragoza, donde los sublevados ejecutaron, si incluimos datos de la posguerra, a cerca de 6.000 personas. La gravedad de la represión en la capital aragonesa puede atribuirse a dos factores, de los cuales el primero sería su relativo aislamiento durante la primera mitad de la contienda, en la que Zaragoza y sus alrededores fueron sometidos a una fuerte presión militar republicana —en una situación parecida a la de Madrid en noviembre de 1936, pero con los dos bandos en posiciones contrapuestas—. Parece que esta situación indujo a pensar a los sublevados, como también le ocurrió a la Junta de Defensa madrileña, que por motivos de seguridad era preciso recurrir a medidas extraordinariamente severas. En segundo lugar, la ciudad había sido un baluarte de la FAI-CNT, lo que también influyó en que se desatara una represión extrema.

Las zonas en las que la represión alcanzó las cifras máximas después de esas dos provincias fueron varias del sur, que pronto ocuparon los nacionales. Si se incluyen las cifras de posguerra, se produjeron más de 4.000 ejecuciones en Málaga, y un número similar en Badajoz y Córdoba —aunque las estadísticas para esta última promoción son discutibles, ya que ciertos analistas insisten en que las cifras son mucho más altas—, lo que supone entre seis y siete ejecuciones por cada 1.000 habitantes. Las siguen las que los republicanos llevaron a cabo en Toledo —unas 2.750, o 5,62 por cada 1.000 habitantes— y Teruel —1.400, o 5,55 por 1.000— y las de los nacionales en Ciudad Real —más de 2.600, un 5,37 por 1.000—. Otras provincias en que la represión alcanzó el cuatro o más por 1.000 fueron Tarragona, Castellón y Guadalajara, ejercida por los republicanos, y Huelva, Castellón, Toledo, Zamora, La Rioja, Valladolid y Teruel, a manos de los nacionales.

En Barcelona, los republicanos llevaron a cabo un elevado número de ejecuciones —casi 6.000—, que, sin embargo, en proporción, no llegaron a dos tercios de las que se produjeron en Madrid. Se podría especular con que los catalanistas de Esquerra hicieron más que los republicanos de izquierda en Madrid para moderar la represión, aunque necesitamos más datos para llegar a tal conclusión. El enclave nacionalista vasco de Vizcaya fue la provincia que, en manos de los republicanos durante casi un año, arrojó el índice de ejecuciones más bajo (490). Las únicas provincias donde los nacionales limitaron de igual manera la represión fueron Orense, Segovia, Las Palmas, Soria y Alicante —esta última solamente ocupada al final de la guerra—.

Ambos bandos continuaron llevando a cabo ejecuciones de carácter político durante toda la guerra, pero a un ritmo más pausado. En 1937 surgió en la zona republicana un nuevo tipo de represión, la que, instigada por el NKVD soviético, sufrió la extrema izquierda revolucionaria a manos del Gobierno de Juan Negrín, que sustituyó al de Largo Caballero. Solo en Cataluña se llegó a detener a 2.000 o más militantes del POUM y de la CNT, y, según fuentes anarquistas, varios centenares fueron ejecutados, aunque el número es difícil de verificar y puede tratarse de una exageración.

La última gran fase de la represión la llevaron a cabo los tribunales militares de Franco en la inmediata posguerra. La única investigación sistemática es la que llevó a cabo el periodista e historiador Miguel Platón, que ha analizado 22.397 expedientes de condenas de muerte realizados por los Consejos de Guerra del Ejército —ejerciendo los poderes jurídicos del estado de guerra—, contemplando algunos de ellos la pena de muerte para más de un individuo. Estos expedientes no incluyen a todos los condenados, por lo que es necesario añadir las condenas de los otros tribunales militares —y estas adiciones serían pocas—. La asesoría jurídica del Ministerio de Ejército revisaba cada condena, y a veces recomendaba una conmutación, casi siempre refrendada por Franco. Las conclusiones provisionales indican un total de entre 15.000 y 20.000 ejecuciones, con la mayor concentración en el primer semestre de 1940.

La mayoría de los líderes republicanos habían huido, por lo que un elevado número de los ejecutados —casi todos hombres— procedían de las capas bajas de las formaciones revolucionarias, culpables de delitos de sangre durante la represión republicana pero abandonadas por sus líderes. Miguel Platón afirma:

Casi todos los condenados son personas sin estudios, trabajadores manuales y sin fortuna. Literalmente, fue una ejecución masiva de pobres, intoxicados por doctrinas perversas. La lectura de los expedientes produce una gran tristeza, por la miseria y la locura que reflejan. La justicia militar, además, fue en muchos casos mediocre[35].

A pesar de los procedimientos sumarísimos, se buscaba una evidencia primaria de culpabilidad personal por asesinato, y, así, muchos miembros de las checas represivas detenidos no fueron condenados a muerte.

Hasta donde podemos precisar, la cantidad de ejecuciones que se llevaron a cabo una vez finalizada la guerra fue, en proporción, aún mayor que las que tuvieron lugar en la Rusia soviética al término de la guerra civil de 1920-1921, aunque en Rusia no se ocupó un territorio proporcionalmente tan grande y lo normal era que ni siquiera se cumpliera la formalidad de celebrar consejos de guerra. En cambio, las masivas ejecuciones sumarísimas ordenadas por Tito en la Yugoslavia posterior a la Segunda Guerra Mundial fueron proporcionalmente más numerosas que las realizadas en España. Los actos de represión cometidos durante y después de la Guerra Civil española no pueden considerarse singulares, sino que se encuadran en las atrocidades típicas de las guerras civiles revolucionarias y contrarrevolucionarias del siglo XX, aunque no cabe duda de que, en comparación con otras, ocupan un lugar notable por su dureza.

El número total de ejecuciones políticas de todo tipo realizadas en la zona republicana asciende a las 50.000. La represión de la zona sublevada ha sido analizada con menos detalle, pero, probablemente, se cobró al menos 70.000 vidas. Por su parte, durante la posguerra se realizaron casi 20.000 ejecuciones. Como ya se ha dicho, muchas de estas últimas víctimas eran culpables de crímenes de sangre, pero, por lo general, eran gente humilde y sin educación, y, en cierto modo, habían sido víctimas de sus propias organizaciones políticas, tan ávidas de sangre. El indulto habría sido un acto de clemencia de Franco bastante saludable.

La represión de la Guerra Civil española produjo un total de cerca de 150.000 víctimas mortales, es decir, aproximadamente el 0,6 % de la población, lo que supone, en términos relativos, uno de los índices más elevados de cualquier guerra civil europea de la época. En cambio, las batallas militares de la contienda no fueron especialmente mortíferas. La cifra de ejecuciones políticas es casi igual a la de las bajas militares, lo que, con mucho, constituye la nota más triste de la contienda.

UNA GUERRA DE RELIGIÓN

De las muchas atrocidades cometidas por los revolucionarios españoles, el aspecto más intenso y sádico, y también el más contraproducente, fue la sañuda persecución religiosa, el elemento más excepcional de esta guerra desde la perspectiva de la historia comparada. Asimismo, fue el más nocivo para los mismos revolucionarios, porque convertir la contienda, desde el inicio, en una lucha de católicos-anticatólicos provocó una gran determinación entre los nacionales que de otro modo quizá no hubiera existido. Este elemento motivó más a los nacionales que ayudó a los republicanos, y fue una de las causas principales de su derrota.

Se ha dicho que, hasta cierto punto, gran parte de las guerras son «guerras de religión», ya que casi todos los contendientes se esfuerzan por santificar su causa. Y, desde luego, así fue en las guerras civiles revolucionarias del siglo XX. Para los bolcheviques, la Iglesia ortodoxa era un enemigo primordial, y en Finlandia las tropas blancas se componían principalmente de granjeros luteranos para quienes las diferencias religiosas con sus enemigos eran fundamentales. En Hungría, la efímera dictadura bolchevique de Béla Kun en 1919 fue aún más lejos que los propios bolcheviques y trató de nacionalizar directamente las iglesias. Pero, a pesar de todos estos precedentes, la religión definió el conflicto español hasta extremos nunca vistos en ninguna otra guerra civil revolucionaria.

En las últimas décadas se ha dedicado bastante atención al estudio del anticlericalismo español, entre otras cosas para comprender por qué se manifestó de forma tan inusitadamente violenta. Ha existido cierta tendencia a repetir los argumentos de los propios anticlericales: que la Iglesia ostentaba un poder tiránico, que ejercía un gran dominio económico, que los sacerdotes tenían un comportamiento abusivo e hipócrita... Pero ninguno de estos argumentos, incluso si hubieran sido ciertos en otra época —algo discutible—, tenía demasiada validez en 1936: la Iglesia y el Estado llevaban cinco años separados, hacía tiempo que la Iglesia española había perdido gran parte de sus posesiones y poco podía importar a los anticatólicos que los sacerdotes fueran o no hipócritas.

El odio de la izquierda a la religión nacía fundamentalmente de los mismos sentimientos que habían empujado a los revolucionarios franceses en 1792 y durante todo el siglo siguiente: estaban convencidos de que la Iglesia era el baluarte cultural y espiritual del orden tradicional y que el clero, los edificios eclesiásticos y sus principales partidarios eran encarnaciones tanto simbólicas como tangibles de ese orden, todavía más que quienes componían los grupos políticos y económicos conservadores. En este sentido, la motivación fue hasta cierto punto religiosa y dio lugar a nuevos credos laicos rivales y sucedáneos de la fe, como el jacobinismo, el anarquismo y el marxismo-leninismo.

En España ya había tenido lugar la quema de numerosas iglesias en 1909, 1931 y durante la primavera de 1936. Los datos disponibles indican que, en total, en 1931 se produjeron ataques contra 101 establecimientos religiosos; en 1932, contra 15; en 1933, contra 70; en 1934, contra 25; en 1935, contra dos, y, finalmente, en 1936 un total casi increíble de 870 actos de incendio o destrucción de iglesias y otros edificios católicos entre el 17 de febrero y el 16 de junio[36]. El asalto ya estaba en marcha. Durante la insurrección de 1934 apareció un nuevo elemento: en Asturias se ejecutó a sacerdotes y seminaristas adolescentes por el mero hecho de serlo. Muchos son los testimonios que han quedado de la incitación a ese tipo de violencia, pero la intención de liquidar masivamente al clero que se dio en 1936 reflejó la espectacular escalada de la Guerra Civil. A pesar de la retórica del «exterminio», el único sector social que, como tal, fue señalado para sufrirlo fue el clero. Los revolucionarios pretendían, evidentemente, reprimir al conjunto de los católicos, no solo al clero, y muchos miles de fieles fueron asesinados, a veces únicamente por su fe, aunque nunca existió la intención de exterminarlos en su conjunto.

El análisis de la matanza de religiosos en España debe situarse en el marco general de las revoluciones contemporáneas y, en concreto, en los regímenes radicales anticatólicos de la Revolución francesa, primero y luego, de comienzos del siglo XX. Los jacobinos acabaron con la vida de más de 2.000 religiosos, lo que indica que solo murieron un tercio de los asesinados en España en un país demográficamente no tan diferente ni en proporciones ni en tamaño total. Queda claro que la ferocidad de los revolucionarios españoles fue más intensa. Es absurdo pensar que el poder de la Iglesia fuera mayor en la España de la década de 1930 que en la Francia del Antiguo Régimen, y la principal diferencia entre uno y otro caso debió de radicar en la cultura revolucionaria española. En México se asesinó a un número importante de clérigos, pero la inmensa mayoría de las víctimas fueron católicos laicos, los llamados «cristeros», y solamente unos 100 religiosos fueron ejecutados por su credo. En la breve guerra civil finlandesa, no hay evidencia de que un solo pastor protestante fuera ejecutado por los revolucionarios.

Solo en Rusia hubo una matanza mayor. Los historiadores han calculado que, en total, durante los más de setenta años de historia de la Unión Soviética fueron ejecutados aproximadamente 100.000 miembros del clero, pero en un solo año no hubo nada parecido a lo que sucedió en España en 1936-1937. Durante la guerra civil rusa, Lenin fue más astuto y trató de no suscitar la enemistad de los ortodoxos, limitando hasta cierto punto la percepción de la contienda como guerra religiosa. La persecución implacable empezó solamente después de la victoria comunista.

En consecuencia, podemos decir que el asesinato de casi 7.000 religiosos en España, la mayoría, aunque no todos, ejecutados en unos pocos meses, destaca proporcionalmente como la masacre de religiosos católicos más nutrida y concentrada de la que tenemos constancia histórica. Por los estudios de Antonio Montero Moreno y de Ángel David Martín Rubio sabemos que el total fue de 6.788 víctimas en toda la zona republicana, casi dos tercios pertenecían al clero secular y otro tercio al clero regular, entre ellas, 282 monjas. Estas cifras suponen casi el 20 % del clero que había en la zona republicana, y el porcentaje de obispos es aún superior.

El mayor número de asesinatos tuvo lugar en las provincias de Barcelona (1.030) y Madrid (1.009), aunque también fueron numerosos en las de Valencia (575), Huesca (359), Castellón (353), Toledo (329) y Tarragona (327), una distribución geográfica que demuestra la mano de los anarcosindicalistas, aunque no debemos descartar la participación de otras fuerzas revolucionarias. Pese a que las cifras de asesinatos fueron, como vemos, muy elevadas en algunas provincias, existieron en toda la zona republicana, concentrándose, al igual que las ejecuciones en general, en los primeros meses, aunque continuaron —pero a un ritmo mucho menor— durante toda la guerra. Por ejemplo, en febrero de 1937 solo se acabó con la vida de ocho sacerdotes, y a finales de 1938 apenas tuvieron lugar algunos asesinatos aislados en Barcelona y Madrid. El último se produjo en El Escorial el 27 de marzo de 1939, cuando la guerra estaba llegando a su fin. Aunque se solía tachar a la Iglesia de reaccionaria, parece que, en especial, se puso en el punto de mira a sus miembros más progresistas, participantes en labores sociales, quizá porque los revolucionarios veían en ellos a sus más directos rivales, quizá porque eran más visibles que los demás.

La mayoría de las víctimas mortales de la represión registrada por ambos bandos en la Guerra Civil no sufrieron tortura. Cuando sí la hubo, la mayor parte de los torturadores fueron republicanos, y las víctimas, clérigos. Julio de la Cueva ha señalado que, aunque la mayoría de estos religiosos murieron asesinados con armas de fuego,

… otros fueron ahorcados, ahogados, asfixiados, quemados o enterrados vivos. De la tortura solían formar parte la burla, el insulto, la blasfemia y la coacción, en un proceso que también podía incluir el obligar a las víctimas a quedarse completamente desnudas, además de golpearlas, hacerles cortes, desollarlas y mutilarlas. En los casos de mutilación, había una morbosa obsesión con los genitales. Todos estos «ritos violentos» a los que fueron sometidos los religiosos contribuyeron aún más a deshumanizar a personas cuya humanidad hacía tiempo que venía siendo negada por el discurso anticlerical, facilitando al mismo tiempo las «condiciones para una masacre carente de sentimiento de culpa». La conjunción de referencias culturales y sexuales, la violencia ritualizada y la humillación de la víctima —que ya no era un ser humano, sino un animal— alcanzó su más precisa expresión en casos en los que esta era tratada como un cerdo en el matadero o como un toro en la plaza. Finalmente, más allá del tipo de muerte que sufrieran, era probable que los cadáveres de los religiosos fueran arrastrados por las calles, expuestos en sitios públicos o profanados de otras muchas maneras[37].

También se registró una gran oleada de vandalismo y de destrucción de iglesias y establecimientos y objetos de arte religiosos, que se llevó por delante muchas obras preciosísimas, de valor realmente incalculable, que no solo eran propiedad de la Iglesia, sino patrimonio cultural de todos los españoles. Estos actos de vandalismo solo fueron la parte más visible de la sistemática labor de saqueo y pillaje que se registró en casi todas las regiones de la zona republicana, en parte a cargo de las propias autoridades republicanas. Los asesinatos de miembros del clero, la ejecución de miles de católicos laicos, la destrucción a gran escala de iglesias y obras de arte religioso y los intrincados y sacrílegos rituales registrados inicialmente en muchos lugares de la zona republicana no fueron tan solo actos de «incontrolados», sino que tenían como objetivo fundamental destruir el catolicismo, con el fin de sustituirlo por religiones laicas, aunque estas entraran en conflicto unas con otras.

Posteriormente, la izquierda reprocharía a la cúpula eclesiástica su apoyo a los sublevados —como si la izquierda le hubiera dejado otra alternativa—, puesto que esa jerarquía no fue capaz de mantener una ecuanimidad conciliadora ante la persecución, aunque quizá hubiera tenido la responsabilidad cristiana y pastoral de haberlo hecho. Es difícil determinar lo que el mandamiento de «amar a los enemigos» significa en la práctica cuando se asiste a la más salvaje arremetida sufrida por la Iglesia en toda su Historia. Lo que ocurrió es que la jerarquía católica, como cabía esperar, se fue comprometiendo cada vez más con el bando que protegía a la Iglesia.

Los obispos no eran santos —aunque quizá debieran haberlo sido—, sino líderes pragmáticos, e hicieron relativamente poco para mitigar la brutal represión llevada a cabo por los nacionales. Hubo algunas protestas, pero no fueron ni muchas ni persistentes. En realidad, fueron más quienes, a título personal, escondieron o protegieron a religiosos en la zona republicana que los religiosos que intentaron defender a los condenados por la represión en la zona sublevada.

Inicialmente, después de una dictadura militar temporal, Mola pretendía mantener una República, aunque no democrática, que sostuviera la separación entre la Iglesia y el Estado. En casi toda la zona sublevada, el levantamiento se inició con esa premisa, pero el tono no tardó en cambiar y pronto quedó claro que la línea divisoria de la Guerra Civil era, por lo menos, tan religiosa como política y las autoridades militares se volvieron cada vez más deferentes hacia la Iglesia y hacia la expresión de la fe católica. A mediados de septiembre de 1936, Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona, donde el apoyo a la sublevación fue de lo más generalizado, fue el primero en proclamar públicamente el carácter de «cruzada» del conflicto, con un lenguaje que más tarde se tornaría oficial, no tanto en la Iglesia como en el régimen franquista. Finalmente, el 1 de julio de 1937, todos los miembros de la jerarquía católica —con la excepción de cinco— que no habían sido asesinados por los revolucionarios, avalaron formalmente la causa del régimen de Franco en su Carta colectiva del Episcopado español al mundo entero.

En ese documento se negaba que los católicos estuvieran participando en una «cruzada» y se señalaba que la Iglesia había obedecido las leyes de la República —aunque los republicanos no siempre habían respetado sus propias leyes con respecto a la Iglesia—. En vista de la gran violencia y destrucción desatadas por la izquierda, la jerarquía católica proclamaba su apoyo a los creyentes que había entre los nacionales, que, según ellos, estaban librando una guerra justa, tal y como la definían los principios católicos tradicionales —aunque fuera evidente que no era exactamente así—. No se avalaba en ella al régimen de Franco y se advertía del peligro de caer en un «Estado autocrático» y también de la influencia de ideologías extranjeras, lo que en este contexto se refería más al peligro del nazismo que del marxismo.

El Vaticano habría preferido una postura más neutral, que, a pesar de la persecución masiva, habría sido la más adecuada para la jerarquía eclesiástica. El 21 de octubre, cuatro meses después de la Carta colectiva, el órgano oficial del Vaticano, L’Osservatore Romano, declaró que «la Iglesia no pertenece a ningún sector político o social. No es combatiente, sino mártir». La Santa Sede nunca rompió las relaciones oficiales con el Gobierno republicano y realizó una fútil intentona de mediación, tan vetada por Franco como por los republicanos. Buscó algún tipo de arreglo para los nacionalistas vascos católicos, pero esta empresa también falló. En Alemania, Hitler ya había infringido el concordato firmado con la Iglesia en 1933, de manera que Pío XI se había vuelto un virulento antinazi y, a pesar del acusado anticomunismo de la Iglesia, se mostró cauteloso y receloso con el régimen de Franco. Con todo, el impacto de la Carta colectiva fue considerable y en septiembre de 1937 la Santa Sede envió ante el Gobierno de Franco a un delegado apostólico —pero no a un nuncio oficial— para advertir al dictador de que no permitiera la entrada del nazismo en España. Al año siguiente, las relaciones entre el Vaticano y Franco quedaron regularizadas con el nombramiento de un nuncio y de un embajador oficial español ante la Santa Sede, aunque las relaciones diplomáticas del régimen español con Roma no dejaron de ser problemáticas, y el concordato con el Papado que Franco tanto ansiaba no se negoció hasta quince años después, en 1953, cuando la situación internacional había cambiado totalmente.

En líneas generales, la opinión pública católica internacional apoyó a Franco, pero con significativas excepciones. Los intelectuales católicos progresistas de Francia, de gran prestigio, adoptaron una posición propia, criticando con frecuencia a los nacionales. En 1938, a pesar de la postura oficial de la jerarquía católica de Estados Unidos, gran parte de los católicos estadounidenses expresó su apoyo a la República, basándose principalmente en el sentimiento antifascista, aunque no fuera más que un apoyo teórico.

Para la mayoría de los católicos de la zona nacional, no cabe duda de que la Guerra Civil se convirtió en una guerra de religión. Ese compromiso, que comportaba dimensiones a un tiempo espirituales, emocionales y personales, se convirtió en el motor principal de la causa franquista. Cobró tanta fuerza que incluso los fascistas de Falange tuvieron que redoblar su empeño en proclamar y definir su propia identidad católica. Es probable que la religión fuera el factor determinante para mantener la moral y la cohesión de las fuerzas franquistas.

Las únicas zonas en las que se produjo una división considerable en la opinión católica fueron el País Vasco y, en un grado menor, Cataluña. En el primero, la mitad o más de los católicos apoyó a la Republica después de que se concediera la autonomía política, en tanto que una minoría de los católicos catalanes adoptó una actitud semejante. El principal prelado de la Iglesia catalana, el cardenal Francesc Vidal i Barraquer, se aferró a una posición neutral. Fue el único integrante de peso de la alta jerarquía eclesiástica que no firmó la Carta colectiva y, después de huir al extranjero para escapar de los revolucionarios, Franco se negó a permitir su entrada en la zona nacional. Por otra parte, los dos baluartes principales que tuvo Franco en la jerarquía eclesiástica, el cardenal primado Isidro Gomá y Tomás y su sucesor, Enrique Plá y Deniel, eran catalanes.

Para gran parte de los republicanos, la contienda fue esencialmente una suerte de guerra de religión, pero, después de convertirla en eso, no fueron capaces de responder con la misma unidad que los nacionales. El anticatolicismo extremo era fundamental para su causa, pero se trataba de un sentimiento negativo que, dada la desunión inherente a la izquierda, carecía de correlatos positivos. Por otra parte, la idea de la Guerra Civil como cruzada le resultó a Franco muy útil para sus relaciones exteriores, pues le permitió aglutinar a millones de católicos y conservadores de toda Europa y Occidente en general. Como consecuencia, la católica Irlanda fue la única democracia parlamentaria occidental que oficialmente apoyó la causa franquista. Esta situación puso a la izquierda a la defensiva durante gran parte de la contienda y llegó a convertirse en su principal debilidad —junto a los demás excesos revolucionarios— en la lucha por la opinión pública mundial. La persecución religiosa tuvo un efecto bumerán para la izquierda, ya que fortaleció más a sus enemigos que a su propia causa.

Todo esto explica la importancia que, a partir de octubre de 1936, tuvo la presencia de los nacionalistas vascos en las filas republicanas. Durante el resto de la guerra hubo un ministro vasco en el Ejecutivo republicano, si bien este disimulo no engañó a nadie, porque era del dominio público que los servicios católicos habían sido erradicados en la zona republicana. Este hecho no evitó que los nacionalistas vascos negociaran con el Vaticano para obstaculizar el apoyo a Franco. Protestaron, por ejemplo, por la ejecución de dieciséis sacerdotes vascos detenidos por las tropas nacionales por sus actividades políticas nacionalistas, y Franco prohibió que volvieran a cometerse ejecuciones de curas nacionalistas. Sin embargo, el PNV no tuvo tanto éxito en su propio territorio a la hora de impedir el asesinato de sacerdotes a manos de los revolucionarios. En Guipúzcoa fueron asesinados 14, y 41 en Vizcaya. Pero también es verdad que los nacionalistas vascos dispensaron a los prisioneros políticos un trato más humanitario que el que les daban los revolucionarios.

La presencia de los vascos en el Gobierno tampoco sirvió para cambiar las políticas republicanas. En un informe presentado a sus compañeros, Manuel de Irujo, ministro sin cartera en el Gobierno de Largo Caballero, apuntó que «la opinión del mundo civilizado observa con extrañeza que conduce a la repulsión la conducta del Gobierno de la República, que no ha impedido los acusados actos de violencia y que consiente en que continúen», calificando la persecución religiosa de «sistema verdaderamente fascista» que «ya no es obra incontrolada», puesto que los organismos oficiales participaban en él[38].

Ni siquiera cuando Irujo fue nombrado ministro de Justicia en el primer Ejecutivo de Juan Negrín consiguió mucho más que liberar a unos pocos sacerdotes. La única concesión que logró arrancarle al presidente del Gobierno fue la libertad de culto privado, pero solo para los nacionalistas vascos. Hasta mediados de 1938, Negrín no mostró interés alguno en cambiar de política. Aun entonces, su débil gesto para salvar la cara no produjo ningún cambio fundamental.

De este modo, la Guerra Civil causó un gran daño a la Iglesia, al clero y a los católicos españoles, pero también desató un importante proceso de reactivización del catolicismo. Al llegar el año 1939, en muchos sentidos la Iglesia recuperó una posición más ventajosa que la que había tenido en tiempos de Alfonso XIII. La sangre de los mártires sirvió de simiente a la Iglesia española, por lo menos durante la generación siguiente. Medio siglo después, el Vaticano beatificó a 489 mártires de la Guerra Civil española, en la que fue el acto de canonización más numeroso de la Historia. Durante los años inmediatamente posteriores a la contienda, en las décadas de 1940 y 1950, el catolicismo español asistió al más notable proceso de revitalización del cristianismo tradicional del siglo XX, perdiendo terreno solamente con la llegada de la época de secularización después de 1960.

5

EL ASCENSO DE FRANCO

En 1923, después de la formación del Gobierno de Mussolini en Italia, los líderes de la Comintern decidieron que sería útil tratar a sus enemigos como «fascistas», costumbre que mantuvieron desde entonces. Una década más tarde el vocablo entró de forma generalizada en el léxico político español de izquierdas, y en los meses anteriores al estallido de la Guerra Civil ya se aplicaba a casi todos los grupos no izquierdistas. La práctica también fue ocasionalmente adoptada en Estados Unidos, donde el presidente Roosevelt trató de tildar de «fascista» al Partido Republicano en 1938 y 1940, como también hizo el presidente Truman en 1946. Desde esta perspectiva, no debe extrañarnos que el adjetivo preferido por los republicanos españoles para denominar a los nacionales fuera «fascista», sobre todo desde el momento en que algunos de ellos realmente lo eran.

El movimiento contrarrevolucionario contrario al Gobierno de Azaña y Casares Quiroga fue dirigido exclusivamente por Emilio Mola y algunos militares. El único partido español de verdadero perfil fascista, la Falange, desempeñó una función secundaria como apoyo civil, tenía permiso para difundir su propaganda y desde el primer momento ofreció voluntarios para el combate, encuadrados en batallones («banderas») de milicianos, pero siempre bajo disciplina militar y, cuando fuera posible, con oficiales profesionales al frente.

En el siglo XXI, es habitual encontrar en numerosos manuales de Historia la frase de que «el general Franco dirigió un golpe de Estado fascista el 18 de julio». Sin embargo, lo único cierto en esa sentencia es la fecha y el rango militar de Franco. Él no dirigió la sublevación, que no fue concebida como un golpe de Estado —era inviable— y tampoco fue fascista cuanto a su contenido político. Desde el comienzo recibió un gran apoyo civil, sobre todo de las fuerzas de las derechas y también de algunos sectores del centro político.

Cuando el plan inicial de Mola fracasó, la atención de los líderes rebeldes se centró en la lucha militar, que para ellos fue especialmente desesperada, al menos en los primeros días. El principal líder teórico, el general José Sanjurjo, pronto desapareció y ni siquiera llegó a entrar en combate. Murió carbonizado en un accidente de avión el 20 de julio cuando intentaba trasladarse desde su exilio portugués a la nueva «zona nacional». Tres días después, Mola creó en Burgos una Junta de Defensa Nacional presidida por Miguel Cabanellas (del Partido Radical), el más veterano de los generales semiliberales que dirigirían el nuevo Gobierno. Los primeros dos meses de vida de la Junta se caracterizaron por un permanente estado de emergencia militar, salpicado en la retaguardia por las atrocidades masivas que cometieron los nacionales como represión. El escaso éxito de la sublevación no permitía el menor desarrollo relevante de un programa político, aunque en un primer momento la Junta mantuvo el «plan abierto» original, teóricamente republicano por muy antiizquierdista que fuera.

Como muchos de los insurrectos, Franco se comprometió con la rebelión armada tan solo en la última fase de la misma. Su misión era dirigir el sector de élite del Ejército —las fuerzas en Marruecos—, ocupando el mando militar del Protectorado, adonde llegó en avión desde Canarias el domingo 19 de julio. Durante estos primeros días, el general se centró en la lucha militar y no hay datos que indiquen que en estas semanas iniciales Franco tuviera algún objetivo político concreto.

Desde sus comienzos en el Ejército, Franco se consideraba un conservador y, hasta 1931, monárquico, pero de un modo discreto y disciplinado. Al contrario de algunos de sus colegas militares, nunca participó abiertamente en política hasta abril de 1936, cuando fue candidato a las Cortes en una lista de derechas de la que poco después se retiró. Cuando, al fin, se unió al levantamiento organizado por Mola, se mostró a favor de respetar el sistema republicano —incluida la separación de Iglesia y Estado—, aunque también era partidario de realizar un viraje más autoritario, seguido de una consulta amplia para determinar el carácter definitivo del régimen. Como casi todos los comandantes militares, Franco inició la sublevación al grito de «¡Viva España!» y «¡Viva la República!», defendiendo que el objetivo era defender la legalidad que el Frente Popular había quebrado. En cuanto se unió a la sublevación, Franco fue asumiendo un papel cada vez más determinante, aunque no ingresó en la Junta de Defensa —como comandante del llamado «Ejército del Sur»— hasta el 3 de agosto cuando sus tropas se convirtieron en el sector clave de las fuerzas sublevadas.

El primer «puente aéreo» de la historia militar se puso en funcionamiento, aunque al principio fuera lento y tuviera grandes limitaciones. El Protectorado tan solo contaba con nueve aviones pequeños, por lo que el número de hombres que podían transportarse diariamente era escaso. Franco necesitaba más aviones, y cuanto antes, mientras los sublevados en la Península precisaban urgentemente armas y municiones con las que librar un combate más largo y difícil de lo esperado. Antes del alzamiento, los escasos y poco eficaces intentos de los conspiradores de buscar ayuda en el extranjero habían fracasado. Así, entre el 22 y el 24 de julio Franco envió a sus propios delegados a hablar con los dos Gobiernos que con más probabilidad estarían dispuestos a ayudarle a derrocar un sistema político izquierdista: la Alemania nazi y la Italia fascista. Mola envió emisarios con ese mismo objetivo. Los representantes de Franco tuvieron éxito en Alemania y lo mismo ocurrió un poco más tarde en Italia, pero gracias a la iniciativa paralela de Mola. Entre el 26 y 27 de julio, Hitler y Mussolini, cada uno por su lado, acordaron asistir a los sublevados mediante el envío de pequeñas cantidades de aviones y armas.

A finales de julio, Franco ya disponía de nueve bombarderos italianos de tamaño medio y más tarde de un escuadrón de aeronaves de transporte Junkers 52 alemanas, que también servían como bombarderos y hacían posible un puente aéreo más eficaz. El 5 de agosto, un pequeño convoy de barcos esquivó el bloqueo republicano, con el apoyo de los aviones italianos, que trasladaba a casi 2.000 soldados, además de bastantes equipamientos vitales. Aquel fue un gesto temerario que podría haber sido aplastado con facilidad por la flota republicana, que demostró una gran torpeza. Esta fue la única vez en toda la guerra que Franco, percibiendo que no tenía otra alternativa, asumió un riesgo. La jugada le salió bien y, sin embargo, no volvió a hacer nada parecido en los tres años siguientes. La acción sirvió para que el puente aéreo funcionara más y mejor, de manera que a finales de septiembre, cuando el bloqueo fue abandonado debido a un importante error de cálculo republicano, Franco había trasladado a un total de 25.000 hombres. El resto de las tropas, junto a las nuevas unidades de voluntarios —principalmente marroquíes— cruzaron el estrecho en octubre.

Aun así, la concentración de tropas fue tan lenta que, de no ser por la desorganización y la debilidad de las fuerzas republicanas, habría fracasado. A comienzos de agosto, Franco llevó su cuartel general a Sevilla, donde el general en la reserva Gonzalo Queipo de Llano —hasta el 18 de julio había sido director general de Carabineros— se había hecho con el control del centro neurálgico del sur de España en la operación más audaz de la sublevación. Mientras Queipo asentaba la posición de los nacionales en Andalucía occidental, Franco iniciaba la marcha hacia Madrid el 3 de agosto. Progresivamente se fue forjando el reconocimiento de que el nuevo miembro de la Junta de Burgos era el general sublevado más importante, aunque tardaría dos meses más en ser nombrado Generalísimo.

El camino quedó expedito tras la caída de su principal rival, el general Manuel Goded, un militar con ambiciones políticas —era un liberal moderado— cuya carrera había sido tan fulminante como la del propio Franco. En 1931 fue uno de los «generales republicanos» más favorecidos —a diferencia de Franco—, pero su reacción ante la radicalización republicana fue bastante extrema y se convirtió en uno de los antiizquierdistas más activos en el mando militar, aunque seguía siendo partidario de una República liberal de centro. Designado por Azaña como comandante de las Baleares, Mola le entregó originalmente el mando de la sublevación en Valencia. Sin embargo, en el último momento Mola cambió de opinión y le dio la dirección del alzamiento en Barcelona, donde la situación era más que incierta. Goded aceptó su nuevo destino, posiblemente porque creía que le proporcionaría mayores oportunidades para poner en marcha una política más liberal. Pero el cambio fue fatal; en Valencia, Goded habría podido coordinar una sublevación victoriosa que habría influido mucho en el curso de la guerra, y, sin embargo, en Barcelona la rebelión fracasó estrepitosamente. A las pocas semanas, Goded fue procesado y condenado por un tribunal militar republicano. La Generalitat le fusiló sin vacilar[39], y así fue eliminado el general sublevado que, quizá, más habría podido entorpecer el camino de Franco hacia el poder.

En el análisis histórico, el liderazgo y la estrategia militares de Franco han recibido múltiples críticas, acusándole de lentitud y de falta de imaginación. No cabe duda de que buena parte de estos reproches está justificada, pero también hay que reconocer que Franco y Mola se enfrentaban a una situación verdaderamente compleja. Franco no podía centrarse exclusivamente en la marcha hacia Madrid; por el contrario, debía organizar una estructura y una base logística, garantizar la ayuda exterior y proporcionar apoyo a los sublevados en otras regiones más débiles y amenazadas. En el sur, Granada se encontraba aislada, mientras Córdoba se enfrentaba a los ataques de unas fuerzas republicanas bien nutridas. Mola carecía de fuerza para continuar su propio avance desde el norte, mientras, en la retaguardia, tanto Huesca como Teruel estaban sitiadas. Y en el noroeste, Oviedo estaba siendo sometida a una presión aún mayor. A pesar de que la capacidad ofensiva de los republicanos era bastante reducida, mantenían la iniciativa en todas esas regiones secundarias, y a Franco le parecía inconcebible arriesgarlo todo a una carta; la de marchar sobre Madrid de inmediato, así que evitó seguir la ruta más directa hacia el norte, que era la más fácil de defender por los republicanos, y se desvió hacia Cáceres para unirse a las tropas de Mola, que necesitaban provisiones con urgencia. Después se desplazó hacia el oeste para garantizar la seguridad de la frontera con Portugal, cuyo régimen derechista y autoritario hizo lo que pudo para ayudar a los nacionales, que tomaron Badajoz el 14 de agosto. Franco se vio obligado a retrasar algunas de sus operaciones para ayudar a Queipo de Llano a fortalecer la zona meridional, conectándola con Granada y aliviando la presión sobre Córdoba. Otras unidades se vieron obligadas a trasladarse temporalmente a Huesca y Guipúzcoa. Después, en octubre, a medida que Franco fortalecía sus posiciones, desvió otros nueve batallones para socorrer a la ciudad de Oviedo. El general no estaba dispuesto a correr el riesgo de que algún sector se viniera abajo, ya que temía las repercusiones de no poder mantener las continuadas derrotas que estaban sufriendo las fuerzas republicanas. No cabe duda de que su estrategia no iba desencaminada, pero tanto mantuvo ese interés que el asalto a Madrid se pospuso considerablemente.

Durante toda la guerra, Franco prestaría muchísima atención a la logística y al avance metódico, apuntalando los frentes secundarios cuando eran atacados, para evitar así cualquier derrota, aunque fuera temporal. Detrás de esta táctica no solo había cálculo militar, sino otros de índole política y psicológica. Se ha dicho que «los aficionados se dedican a la estrategia y los profesionales a la logística», y no cabe duda de que Franco, un profesional, se dedicaba a la logística, aunque la dispersión de sus tropas iba en contra de la imaginación estratégica y la concentración de fuerzas, sus dos principales déficits como comandante.

Para llevar a cabo el avance hacia Madrid, Franco pensó en sus unidades de élite —a pesar de su escaso número—, completando sus efectivos con otras fuerzas suplementarias. Sus tropas derrotaron a todas las columnas de milicianos, que estaban mucho más nutridas. Una táctica habitual era inmovilizarlas con la amenaza de un ataque frontal y luego, gracias a la mayor disciplina y movilidad de sus fuerzas, llevar a cabo operaciones envolventes que siempre obligaban a los milicianos a huir, presos del pánico, y a causar numerosas bajas. Además, en el mes de octubre, Franco pudo concentrar durante un tiempo su escasa fuerza aérea en operaciones tácticas.

En las zonas secundarias, las dos fuerzas opuestas, de composición más simétrica, se nutrían de una mezcla de unidades del Ejército regular, fuerzas de seguridad y milicianos, aunque, en el caso de los republicanos, estos últimos fueron aumentando y lo que quedaba de las unidades militares ordinarias prácticamente se quedó en nada. Por su parte, los nacionales no dejaron de incorporar requetés carlistas a sus tropas de combate, junto con las banderas de voluntarios falangistas.

El 3 de septiembre, un mes después de iniciarse la marcha desde el sur, los sublevados ocuparon la localidad de Talavera de la Reina, situada a solo 120 kilómetros de Madrid, lo que disparó las alarmas en la capital. Para entonces, el triunfalismo republicano había desaparecido. La resistencia se intensificó con un número creciente de milicianos que fueron enviados para bloquear el avance. En ese momento, Franco podría haber trasladado sus puntas de lanza al sector de Mola, localizado en la sierra de Madrid, para realizar un ataque combinado sobre la capital. Sin embargo, insistió en ocupar el territorio situado al oeste y suroeste de Madrid, aunque la conquista de estos territorios no era crucial. En treinta días sus tropas habían recorrido 425 kilómetros hasta llegar a Talavera, pero, al encontrarse con contraataques más contundentes, precisaron dieciocho días más para recorrer los 43 kilómetros que separan esa localidad de Maqueda, adonde no se llegó hasta el 21 de septiembre.

Una vez allí, en lugar de concentrar sus fuerzas para realizar un avance relámpago contra Madrid, que todavía no había levantado sus defensas, Franco lo pospuso para atacar Toledo, donde un voluntarioso grupo de defensores en el Alcázar soportaba un asedio que ya duraba dos meses. La epopeya había generado una enorme publicidad en la prensa internacional, que tenía su propio ejército de corresponsales en España. Los detractores de Franco siempre han insistido en que el general optó por la marcha sobre Toledo para cosechar una gran victoria propagandística.

El épico suceso del Alcázar fue el más famoso de los largos asedios que los nacionales soportaron con tenacidad. Otros ejemplos fueron la defensa del cuartel gijonés de Simancas, que resistió durante un mes; la eficaz defensa de Oviedo, que resistió durante un año, aunque gran parte de la ciudad volara en pedazos, y el monumental asedio de nueve meses del santuario jiennense de la Cabeza, durante el cual, antes de rendirse, pereció la mayor parte del grupo de 250 guardias civiles que lo ocupaba. Huesca y Teruel estuvieron prácticamente sitiadas durante un año o más. El líder y ministro anarquista Juan García Oliver se lamentaba en estos términos:

Se está dando un fenómeno en esta guerra y es que los fascistas cuando se les atacan en ciudades aguantan mucho, y los nuestros no aguantan nada; ellos cercan una pequeña ciudad, y al cabo de dos días es tomada. La cercamos nosotros y nos pasamos allí toda la vida[40].

FRANCO CONSIGUE EL MANDO ÚNICO

La guerra entró en su segunda fase en septiembre de 1936, con la formación del primer Gobierno completamente frentepopularista presidido por Largo Caballero, al tiempo que Franco preparaba la arremetida definitiva sobre Madrid. En ese momento, los líderes sublevados esperaban alcanzar la victoria con prontitud, aunque la fase más decisiva aún no se había iniciado.

Los dos primeros meses estuvieron marcados por las iniciativas de Franco. Era uno de los generales más condecorados del Ejército español, en 1926 había sido el general más joven de Europa y entre 1935-1936 había ocupado durante nueve meses la Jefatura del Estado Mayor. Antes del comienzo de la guerra ya gozaba de un gran prestigio y después dirigió el único contingente veterano de combate de los dos bandos, sobre el cual parecía girar la suerte de todo el conflicto. Por otra parte, era el único general que había comenzado a tener proyección internacional; fueron sus enviados los que negociaron la asistencia clave de Hitler y, en parte, también la de Mussolini. En septiembre ya estaba claro que les sacaba una gran ventaja a los demás.

La idea de establecer un mando único militar que, al menos temporalmente, asumiera también funciones políticas, la impulsaron dos sectores: un pequeño número de veteranos generales monárquicos y los miembros del entorno de Franco, compuesto por su hermano mayor, Nicolás, y otros colaboradores. Los primeros —los militares monárquicos— fueron los principales protagonistas. Nunca estuvieron de acuerdo con el plan político de Mola y los generales semiliberales, pero la larga crisis de la primera fase de la Guerra Civil había hecho imposible un desarrollo político serio por parte de la Junta de Defensa Militar bajo el antiguo republicano Cabanellas. Elevar a Franco al mando único, con el argumento de alcanzar la unidad y una mayor eficacia en la guerra, fue la táctica más efectiva para soslayar cualquier iniciativa republicana y conducir la causa nacional con un mando más monárquico y autoritario. En esa época, casi todos los monárquicos españoles habían abandonado la idea de una monarquía parlamentaria a favor de un régimen autoritario y corporativista[41]. Es bien sabido que, hasta 1931, Franco había sido un monárquico convencido y, aunque después aceptó una República constitucional —aunque de tintes conservadores—, muchos creían que, en su fuero interno, seguía orientándose hacia el monarquismo. También era bien conocido que sus tendencias políticas eran muy derechistas. De todas formas, la candidatura de Franco fue la única baza que los militares monárquicos podían jugar, puesto que era la única convincente. Los partidarios de Franco se cuidaban mucho de no decir ni una palabra sobre la monarquía, poniendo el énfasis en el argumento de la eficacia militar, sin especificar la envergadura política de los poderes de un «Generalísimo» militar.

Rápidamente se acercaba lo que parecía ser la lucha definitiva de la contienda, la batalla de Madrid, y la mayoría de los integrantes de la Junta de Defensa estaban dispuestos a considerar la posibilidad de nombrar a un Generalísimo para dirigirla, idea que fue aprobada en una reunión en Salamanca el 21 de septiembre. Enseguida Franco se perfiló como el candidato principal, aunque no existen documentos fiables sobre el desarrollo preciso de la reunión. Según una versión, Mola, como organizador del movimiento militar, inicialmente recibió más votos que Franco, pero, al ser tan solo general de brigada, retiró su candidatura. Fuera como fuese, la reunión terminó con el voto a favor de Franco por parte de todos los miembros de la Junta, a excepción del centrista moderado Cabanellas, el más liberal de los nominalmente republicanos. Este se opuso al nombramiento de un Generalísimo, pero no organizó una oposición activa, aunque, como líder de la Junta, tardó bastantes días en publicar el acuerdo. Fue necesaria una segunda reunión, una semana después, el día 28, para ratificar la decisión y ponerse de acuerdo respecto a la asunción por parte de Franco de los poderes políticos de presidente del Gobierno.

Con esta elección se le otorgaban a Franco plenos poderes ejecutivos en calidad de director militar, pero ¿durante cuánto tiempo?, ¿con qué objetivo y con qué programa? En este sentido, hay división de opiniones y no tenemos constancia de que hubiera alguna idea clara al respecto. Cuando Franco asumió oficialmente la autoridad durante una ceremonia que se celebró el primero de octubre de 1936, se anunció que asumía los poderes de «jefe de Estado», sin citar ningún límite ni para su autoridad ni para el tiempo en que la ejercería. Y así es como Franco gobernó a partir de entonces. No todos sus colegas militares estaban de acuerdo, pero, en medio de una desesperada guerra civil, obedecieron, aunque algunos seguían creyendo que la nueva dirección sería solo temporal.

En su obra De la guerra, Carl von Clausewitz describió lo que él denominaba el fenómeno de Wechselwirkung, es decir, los cambios imprevistos que, ocasionados por la interacción recíproca entre los combatientes, producen en ocasiones nuevas tácticas políticas, e incluso una radicalización mutua. Algo así le ocurrió a Franco durante los primeros meses de la guerra. En teoría, inició el conflicto siguiendo el «proyecto abierto» de Mola, que pretendía provocar cambios decisivos pero limitando en cierta medida su envergadura.

Nada indica que, desde el principio, Franco planeara convertirse en Generalísimo, pero, según pasaban las semanas y a medida que su papel se fue volviendo más destacado, sí tomó medidas para acentuar esa preeminencia y, cuando se mencionó la posibilidad de que hubiera un mando supremo, apenas mostró reticencias. Los generales monárquicos alentaron su elección porque consideraban que Franco les conduciría con mano firme hacia la victoria y porque —y esto era igualmente importante— sería el que mejor prepararía la restauración de la monarquía. Pero, tras la caída de Alfonso XIII, el general siempre se negó a conspirar en nombre de la Corona y, cuando asumió los poderes de dictador, no se mostró dispuesto a conducir el nuevo régimen hacia la restauración, alegando en privado que la monarquía no gozaba de demasiado apoyo popular, conclusión que era bastante cierta. En 1947 dio los primeros pasos en esa dirección, pero lo hizo porque no había otra alternativa que le permitiera controlar todo el proceso. En 1936, en sus primeras declaraciones como jefe del Estado, nunca dejó traslucir que en sus planes estuviera dirigir un breve Gobierno transitorio, sino que habló de recuperar la grandeza de España, idea que implicaba un programa de larga duración.

Parece que, ya en ese momento, Franco había renunciado a la idea de instaurar una República transformada, aunque fuera de índole autoritaria y corporativa. Los italianos le instaban a seguir el modelo fascista, pero cuando el primer embajador alemán fue más allá de las instrucciones de Hitler y trató de inmiscuirse en la política doméstica de la zona nacional, Franco le llamó a consultas. En los últimos meses de 1936 —y probablemente antes— el general estaba convencido de que España necesitaba un régimen nacionalista absolutamente nuevo, moderno, unificado y autoritario, y que para ello no servía ninguno de los precedentes inmediatos, ya fueran republicanos o monárquicos. Debía ser un régimen no solamente autoritario, sino con capacidad para la movilización social, integrador y modernizador, muy católico pero capaz de reunificar el país y superar las consecuencias de la revolución en la zona republicana. Sin embargo, como de lo dicho —y de lo «pensado»— al hecho hay gran trecho, el ideario de Franco no quedó fijado hasta abril de 1937, cuando instauró un partido único oficial.

Al principio, para dirigir su nuevo Gobierno, Franco formó una Junta Técnica del Estado, que, con amplias competencias sobre la zona nacional, contaba con gestores militares y civiles derechistas. A continuación, durante su tercer mes como dictador —en diciembre de 1936—, puso en marcha un sistema nacional de propaganda e información dirigido a la creación del nuevo mito del «Caudillo», líder supremo nacional, que convertía un antiguo término castellano en equivalente de Führer o Duce. Sin embargo, era frecuente que visitantes extranjeros mencionaran su sorpresa, e incluso su decepción, ante la presencia física del nuevo Generalísimo, que, bajito y fornido, tenía una calvicie incipiente y un claro sobrepeso. Siempre era cortés y correcto, pero también cauto, y en sus primeras conversaciones con diversos dignatarios, mostró una reserva rayana en la timidez. De rostro inexpresivo, sus modales eran cada vez más fríos y distantes. No obstante, Franco había logrado escapar de la muerte en varias ocasiones y, en contra de la impresión inicial, cada vez tenía más la sartén por el mango en una brutal guerra civil. A finales de 1936 ya estaba convencido de su papel providencial, de haber recibido una especie de bendición divina para asumir el poder absoluto y alcanzar una victoria igualmente absoluta.

En términos políticos, la primera consideración de Franco fue mantener el control sobre sus colegas militares. En medio de una gran confusión, le habían hecho dictador y eran los únicos que podían deshacer su régimen. En ningún momento tuvo que hacer frente a una conspiración militar en su contra, pero durante bastante tiempo, sobre todo en los primeros años, existió un considerable descontento entre varios de sus generales, aunque nunca llegaron a romper la disciplina.

El modo en que Franco asumió el poder del Estado dio lugar a alguna reacción negativa, especialmente porque no se había determinado la duración de este mandato, y estos no eran los términos exactos aprobados por la Junta de Defensa. Las principales figuras del no oficial «partido militar» eran Cabanellas, Mola, Queipo de Llano y Andrés Saliquet. Este último carecía de prestigio dentro del Ejército, mientras los otros tres eran «generales republicanos», es decir, contrarios a una nueva dictadura. Sin embargo, Cabanellas y Queipo gozaban de una reputación dudosa entre los sublevados debido a su liberalismo[42].

Por ello, la figura principal del grupo era Mola —aunque solo fuera un general de brigada—, puesto que haber sido líder de la conspiración le daba tanto un estatus especial como cierta autoridad. La conclusión de Mola fue que Franco se había excedido, que debía limitarse a tener el mando militar supremo, dejando la dirección política del Gobierno y la administración doméstica en manos de un directorio militar encabezado por otros generales. Los tres disidentes principales y dos generales más se reunieron con Franco en Salamanca el 6 de diciembre de 1936, y allí Mola insistió en que la decisión anterior de la Junta a favor de Franco nunca había tenido el objetivo de anular el acuerdo político en el que se basaba la sublevación, que era la representación de todas las fuerzas políticas patrióticas. Por eso Franco debía entregar el gobierno político a un directorio más amplio. El nuevo dictador siempre se mostró educado y cauteloso con los otros generales, y solamente apuntó que el momento no era oportuno para tales cuestiones y que debía mantenerse la disciplina hasta la victoria final.

Luego, por primera vez, empleó la que sería su táctica predilecta: la promoción políticamente calculada y equilibrada. Ascendió a cinco de los generales de brigada más leales con el fin de contar con un apoyo más firme entre los generales de división, y también a Mola para, quizá, tranquilizarle, aunque a este no pudo comprarle tan fácilmente. La siguiente reunión militar en la que se habló de la cuestión política tuvo lugar el 23 de enero de 1937, y en ella Cabanellas repitió la misma propuesta y presentó a Franco un escrito en el cual pedía un directorio militar formado por cinco generales, dedicado a los asuntos políticos, cuyo presidente sería Mola, pero al que se incorporarían dos generales adictos a Franco. El dictador no se negó, tan solo repitió que el momento, tras el fracaso del ataque inicial a Madrid, no era «oportuno». Así pues, no existió ninguna rebelión contra Franco por parte de los generales disidentes, rebelión que, además, habría puesto fin a la ayuda extranjera.

Mola adoptó una nueva táctica, que fue tratar de movilizar discretamente a una parte de la opinión pública en la zona nacional mediante tres discursos radiofónicos. Franco aprobó el texto de los dos primeros, que se pronunciaron el 29 de enero y el 28 de febrero. En estas declaraciones se pedía unidad y patriotismo, notas constantes en la zona nacional, pero también hablaban de la importancia de la reforma agraria, de establecer unos impuestos más progresivos y una justicia igual para todos, y se decía expresamente que «un sistema de gobierno» necesitaba el apoyo de «una importante mayoría», la implantación de una «verdadera justicia social», la «independencia del poder judicial» y la «libertad de enseñanza». Según Serrano Suñer, esto alarmó a Franco, que prohibió el tercer discurso, donde se planteaba el dilema de monarquía o república. Franco volvió a alegar que no era el momento «oportuno» para abordar cuestiones políticas. Mola acató la decisión con disciplina, pero a partir de ese momento sus relaciones con Franco se volvieron muy tensas[43].

Mientras tanto, el Generalísimo seguía su propia estrategia para afianzar su poder personal. Ya había descartado una vuelta a cualquier régimen parlamentario, ya fuera monárquico o republicano, incluso aunque tuviera un carácter semiautoritario. Su idea era formar una dictadura institucionalizada con su propio sistema de partido único, organización que alentaban sus aliados alemanes e italianos, sobre todo estos últimos, más adecuados a la idea que tenía Franco. Aunque las tareas de guerra y de gobierno le ocupaban mucho, el general ya había decidido que el vehículo que utilizaría para lograr sus fines sería la principal fuerza política nueva, ahora la más grande de la zona nacional, la Falange Española de las JONS.

En febrero de 1936 Falange era un pequeño movimiento de corte fascista con menos de 10.000 afiliados, pero durante la Guerra Civil se convirtió en el partido que más rápidamente creció de la Historia de España[44]. La formación movilizó a numerosos voluntarios combatientes —más de 200.000 a lo largo de toda la guerra—, que un decreto de Franco, aprobado en diciembre de 1936, incorporó directamente al Ejército. Asimismo, por esas fechas el partido había perdido aproximadamente a la mitad de sus cuadros originales y a la mayor parte de sus principales líderes, todos ellos objetivos preferentes de la represión republicana. Su joven y carismático cabecilla, José Antonio Primo de Rivera, fue condenado y fusilado en Alicante en noviembre de 1936. Durante todo ese periodo, la militancia de la descabezada Falange se disparó, porque era el partido nacionalista más capaz de movilizar a la población para librar una guerra civil.

En vista de estas circunstancias, en abril de 1937 Franco decretó la fusión de los falangistas con los requetés, reuniendo así a los dos principales grupos de voluntarios paramilitares y formando el partido único del Estado, la Falange Española Tradicionalista (FET) de las JONS. La iniciativa fue objeto de fuertes discusiones políticas —no negociaciones—, pero se vio acompañada del consejo y de la ayuda del cuñado del Caudillo, Ramón Serrano Suñer, antiguo político de la CEDA, que había llegado a la zona nacional dos meses antes. Casi enseguida ocupó el puesto de principal asesor político de Franco y, cada vez más «fascistizado», tuvo un papel prominente tanto en el Estado como en la FET, hasta que Franco finalmente lo cesó en septiembre de 1942.

La FET mantenía la doctrina de Falange, que desde entonces fue la ideología oficial del Estado. Era típico de Franco ignorar la disonancia cognitiva creada por la unificación del movimiento más católico y tradicionalista de Europa con un partido de masas de corte fascista. Esto implicaba también una clara subordinación de los carlistas, mucho menos numerosos, pero el acto arbitrario de Franco fue acatado por casi todos los militantes de ambos grupos con disciplina patriótica.

A regañadientes, Mola y los generales semiliberales también lo aceptaron. Con innegable astucia, Franco nunca rechazó de plano sus peticiones, aunque siempre las pospuso, dando a entender que las tomaría en consideración en el futuro. La creación de la FET fue una iniciativa dirigida a cimentar su dominio mientras durara la guerra, creando un sistema que no se podría cuestionar una vez lograda la victoria. Notificó a los generales que se trataba de una exigencia de Roma y Berlín —que no era cierto—, y cuando aquellos se reunieron en Sevilla el 13 de abril, llegaron a la conclusión de que debían aceptar este hecho consumado para mantener una ayuda militar indispensable. Mola emprendió una serie de contactos políticos para tratar de consolidar una posición alternativa, alegando que se abriría la cuestión política tras la victoria militar, pero el 3 de junio de 1937 pereció en un accidente de avión. Con la muerte de la figura clave de la sublevación, ningún militar gozaba del prestigio suficiente para cuestionar a Franco.

Así, todas las fuerzas políticas de la zona sublevada le dieron su conformidad, convencidas de que, si no se mantenían unidas, probablemente la revolución acabaría con ellas. Los monárquicos eran pocos y, desde el principio, vieron en Franco a su mejor valedor. Los superaban, con mucho, los numerosos votantes católicos de la CEDA, pero esta formación había apostado por la legalidad y el parlamentarismo, que habían fracasado por completo. Muchos de sus militantes jóvenes se habían unido a la Falange y, por mor de la unidad, los dirigentes de la CEDA disolvieron el partido. Los carlistas también aceptaron la subordinación dentro de la FET, al menos mientras durara la guerra, aunque discretamente conservaron su identidad política. Como reconocimiento a su destacada contribución militar, Franco concedió a la provincia carlista de Navarra la Gran Cruz Laureada de San Fernando, la más distinguida condecoración militar española, durante una ceremonia celebrada en Pamplona en noviembre de 1937.

Hasta cierto punto, Franco logró la unidad desterrando la política, justo lo contrario de lo que ocurrió en la zona republicana. Se nombró a sí mismo jefe nacional de la FET, aceptando la disolución de otras formaciones centristas y de derechas, prohibiendo a todas las izquierdistas y exigiendo que todas las energías se dedicaran a la lucha militar. La disidencia fue mínima y solo algunos falangistas mostraron cierta resistencia. Cerca de 200 fueron detenidos, aunque después quedaron en libertad.

Para Franco, su nuevo régimen debía tener un carácter ecléctico y ser singularmente español, aunque adoptara la conformación en boga en Europa central y meridional: la de un Estado autoritario cimentado en un partido único nacionalista. Lejos quedaron las referencias que en las primeras semanas el general había hecho al modelo portugués, que era bastante más moderado. Al aceptar los «veintiséis puntos» de Falange como doctrina de Estado, Franco adoptó un credo de corte fascista, basado en el autoritarismo, el nacionalsindicalismo —con los sindicatos obreros como una parte del conjunto estatal—, el activismo, la militarización y el imperialismo. Al mismo tiempo, insistió en que el suyo era un régimen que, al no haber alcanzado su forma definitiva, seguiría evolucionando. Le preocupaba especialmente no repetir el «error de Primo de Rivera», el primer dictador de España, que no logró desarrollar una doctrina y un sistema propios, lo que condujo a su disolución. Franco pretendía plasmar eficaz y permanentemente lo que Primo de Rivera había hecho de forma incompleta y fugaz, y para ello debía construir un sistema estructurado, aunque en esta como en otras cuestiones sus avances fueron lentos.

Era evidente que Falange ocupaba un lugar muy distinto al que tenían los partidos únicos en los regímenes de Alemania, Italia o la Unión Soviética. Al contrario que en estos, el control y la organización de Falange los asumió el Estado, de manera que la FET tuvo aún menos autoridad que el Partido Fascista italiano e infinitamente menos que sus equivalentes alemán y soviético. Durante la Guerra Civil, el aparato de la FET, dirigido por su nuevo secretario general, Raimundo Fernández-Cuesta, se dedicó principalmente a la propaganda y la movilización militar.

Mientras duró la guerra, las instituciones del nuevo Estado solo se desarrollaron superficialmente, aunque a finales de enero de 1938 se inició una segunda fase de formación institucional. La Junta Técnica del Estado, dirigida en gran parte por militares, que llevaba dieciséis meses gestionando el régimen sublevado, fue sustituida por un Gobierno regular que, con ministros en su mayoría civiles, acentuó todavía más la censura sirviéndose de una nueva y draconiana ley de prensa, y comenzó a erigir el sistema nacional de sindicatos obreros estatales, conocido como nacionalsindicalismo.

Los militares eran más importantes que el partido único y, posteriormente, cuando el ministro de Gobernación, Serrano Suñer, encabezó una «visita de la victoria» a Roma en junio de 1939, uno de los generales que le acompañaban explicó a un alto cargo fascista italiano que la principal diferencia entre la Italia de Mussolini y la España de Franco radicaba en que el papel que en la primera desempeñaba el Partido Fascista en la segunda lo asumía el Ejército. Esta afirmación, sin embargo, era exagerada, porque Franco era consciente de que una dictadura puramente militar estaba condenada al fracaso. Aunque destinó un número considerable de oficiales del Ejército de Tierra y la Marina a cargos gubernamentales relevantes, sobre todo, entre 1936 y 1945, para Franco esos nombramientos se hacían a título individual y no constituían una representación corporativa de las Fuerzas Armadas.

Franco sabía que el Movimiento Nacional —como se llamaba frecuentemente a la causa de los sublevados— se había desarrollado gracias al apoyo de sectores políticos diversos. En consecuencia, al comenzar a erigir lentamente una estructura de Estado más completa durante la segunda mitad de la Guerra Civil, otorgó cierta representación a los militares, a la élite monárquica, a los falangistas, a los carlistas y a los llamados «católicos políticos», correspondientes a los muchos seguidores que había tenido la CEDA, mientras que también incorporó a unos cuantos especialistas puramente técnicos. Si el Ejército y la Falange fueron dominantes durante los primeros años, este equilibrio de poder cambiaría notablemente a partir de 1945, ya que Franco nunca dejó de reconocer lo que después se llamarían las diversas «familias políticas».

Su cuñado y ministro de Gobernación, Serrano Suñer, se convirtió durante algún tiempo en el líder principal del partido, aunque nunca alcanzó la Secretaría Nacional. Entre 1937 y 1940 dominó prácticamente la política interna, pero posteriormente, cuando se alteró el equilibrio de poder durante la Segunda Guerra Mundial, el propio Franco fue acercándose a sectores más moderados. La tendencia del dictador a incorporar la diversidad en su régimen se acentuó aún más en 1943, con el comienzo de la larga y lenta conversión de un sistema semifascista en lo que sería un régimen cada vez más «desfascistizado», lo que le permitió prolongar su vida durante muchos años.

El apoyo de la Iglesia fue fundamental. Cuando el conflicto tomó el cariz de una guerra de religión, se olvidó la pretensión inicial de Mola, que tenía pensado mantener la separación entre Iglesia y Estado. El papel del catolicismo radicaba en las actividades religiosas, la educación y, por ende, en la provisión de peso espiritual a la causa, papel que, siendo de vital importancia, poco o nada tenía que ver con el régimen político en sí. Franco recuperó el regalismo que caracterizaba a la monarquía tradicional, el cual, aun reconociendo las especiales prerrogativas de la Iglesia, no aceptaba merma alguna de la autoridad del Estado, sobre todo en su capacidad de nombrar a los principales cargos eclesiásticos, algo que el Vaticano no admitió. Al finalizar la guerra, algunos de los privilegios eliminados por la República seguían suspendidos con el fin de utilizarlos como armas de negociación política. En 1945, el régimen de Franco se presentó como el Estado más católico del mundo, pero el Papado no tenía por qué estar de acuerdo. Ambas partes no firmarían un concordato hasta pasados ochos años, en 1953, cuando el régimen se había vuelto más moderado y había conseguido cierta rehabilitación internacional.

Durante todo este tiempo se mantuvo una situación de disonancia cognitiva que suscitaba la yuxtaposición de las normas eclesiásticas y las doctrinas, en gran medida fascistas, de la FET. Los falangistas intentaron superar esa disonancia proclamando ardientemente su identidad católica y, a pesar de las constantes contradicciones, no cabe duda de que su éxito en ese sentido fue mayor que el de ningún otro movimiento fascista, con las posibles excepciones de los ustachas croatas o de la Legión del Arcángel Miguel (o Guardia de Hierro) de la Rumanía ortodoxa. Mientras la guerra duró, la jerarquía católica se mostró en extremo discreta para que esas contradicciones no constituyeran un problema grave.

A pesar de carecer de elocuencia y de un físico atractivo, en la zona nacional Franco se convirtió en un personaje carismático, construido a partir del aura que le proporcionaba un mando decidido y la victoria militar, porque, aunque Franco no había ganado todas las batallas, nunca se había visto obligado a retroceder. Había estimulado una sublevación renqueante, convirtiéndola poco a poco y paso a paso en la fuerza dominante de la contienda. También se dotó de carisma religioso, ya que por doquier se le consideraba un paladín de la religión y de los valores desdeñados por la revolución. Se veía en él al restaurador de la unidad nacional y de la cultura tradicional. Más allá de que su figura convenciera o no a algunos sublevados, el liderazgo de Franco se aceptó como indiscutible e indispensable para alcanzar la victoria.

El general evitó que se repitiera el destino de los contrarrevolucionarios en la otra gran guerra civil revolucionaria de la época, la rusa, caracterizada siempre por la desunión de los blancos. La dinámica en España funcionó a la inversa[45]. En Rusia, la centralización leninista había dado mayor fuerza a los comunistas, mientras que en España lo más parecido a Lenin en este sentido fue el Franco contrarrevolucionario.

LA GUERRA ECONÓMICA

A largo plazo, uno de los factores clave que hizo posible la victoria militar de Franco fue el hecho de que los nacionales ganaron la guerra económica. No es sorprendente que la zona republicana sufriera enormes dificultades, porque una revolución violenta es un proceso de destrucción, como bien subrayaron Lenin y Mao Zedong. Más sorprendente fue la exitosa movilización económica lograda por los nacionales, porque ellos empezaron con una Junta militar y un «Estado campamental» —en palabras de Serrano Suñer— y no poseían una gran pericia tecnocrática. Inicialmente, el territorio en poder de los alzados presentaba graves deficiencias industriales, financieras y comerciales, y solo contaba con una ventaja económica: disponía de casi el 70 % de la producción agrícola española. Sin embargo, dicho territorio no tardó en gozar de una ventaja clave: la implantación de políticas unificadas y centralizadas.

Todas las actividades financieras e industriales acabaron siendo reguladas por una serie de organismos nacionales y provinciales, y los intercambios con el extranjero, al igual que las exportaciones y el uso de metales y piedras preciosas, estaban controlados por el nuevo Estado. En algunos casos, este se hizo cargo directamente de la exportación de artículos esenciales y, para gestionar productos agrícolas clave, como el trigo y las almendras, se establecieron «servicios nacionales» que se encargaban de la financiación, la fijación de los precios y las ventas. Este ordenamiento de la economía no fue perfecto, pero logró una coherencia y una eficacia básicas que fomentó la producción y el abastecimiento, sin dejar de maximizar la exportación, especialmente de minerales. Cuando Vizcaya y Asturias fueron ganadas en 1937, la producción metalúrgica y carbonífera recibió una atención especial, de manera que a finales de 1938 el rendimiento de la industria pesada vasca ya era equiparable al de antes de la guerra. Los salarios retrocedieron a los niveles previos a febrero de 1936 y el estado de guerra decretado en toda la zona nacional garantizó la paz y la disciplina laborales. Igualmente, en el sistema bancario imperó la coordinación. Por lo general, las entidades de la zona nacional obtuvieron beneficios durante la guerra, mientras la inflación se mantuvo en niveles relativamente moderados, justo lo contrario de lo que sucedió en la zona republicana.

Este fue el resultado de una improvisación de guerra que alcanzó sus objetivos fundamentales. Era inevitable que hubiera quien hiciera trampas y que surgieran fricciones —en el ámbito local se impusieron multas—, pero, en general, las nuevas normas se aceptaron. La única zona parcialmente autónoma fue la gobernada por Queipo de Llano en Andalucía central y occidental. Esta región se regía también con una disciplina militar y, a pesar de algunas desavenencias, la coordinación con el resto de la zona nacional era la adecuada.

También fue importante la guerra económica directa que el Gobierno de Franco libró contra el enemigo, hostigando sin descanso a los buques republicanos y buscando por todos los medios obstaculizar las actividades republicanas, sobre todo en el extranjero. En 1938, los nacionales inundaron el mercado exterior con millones de pesetas republicanas incautadas en el territorio conquistado, y de este modo lograron socavar gran parte del poder de compra que le quedaba al enemigo. En septiembre de 1937 la peseta republicana aún valía casi el 60 % de la «peseta nacional», pero su valor cayó en picado durante el último año de la guerra, cuando la inflación en la zona republicana superó el 1.500 %.

La zona nacional también movilizó con mayor eficacia a las mujeres. En la republicana, algunos de los movimientos revolucionarios, sobre todo anarquistas y comunistas, hablaban mucho de la liberación y de la movilización de la mujer. Centenares de ellas habían participado, aunque brevemente, en las milicias revolucionarias de las primeras semanas y un número muy escaso llegó a ingresar momentáneamente en las filas del Ejército Popular. En cambio, la contrarrevolución nacional insistió en el papel tradicional de la mujer, aunque también las movilizó para ciertas actividades relacionadas con la guerra con igual o incluso mayor eficacia, por ejemplo, trabajos sociales, económicos y médicos. Al finalizar la contienda, la Sección Femenina de la FET había reclutado a casi 600.000 mujeres, más que todas las organizaciones femeninas del bando republicano juntas.

Franco tuvo la suerte de poder cubrir gran parte de sus gastos de guerra mediante créditos extranjeros, una posibilidad que se negó al régimen revolucionario. En total, Hitler y Mussolini entregaron el equivalente de 600 millones de dólares en armas y otros suministros, básicamente a crédito. La notable excepción fue la insistencia de Hitler en utilizar parte de los créditos alemanes en pesetas para adquirir un interés dominante en cinco empresas mineras, exigiendo además a Franco que abonara una pequeña parte de la deuda mediante el envío de minerales y víveres. El régimen nacional también obtuvo otros productos importantes a crédito, como el petróleo proporcionado por la compañía norteamericana Texaco, o la adquisición de un buen número de camiones estadounidenses, ya que no estaban incluidos en la lista de productos militares embargados por Washington.

La zona nacional mantuvo la producción y el consumo internos, una peseta relativamente estable y todas las importaciones clave, con una inflación de poco más del 10 % anual. Exactamente lo contrario sucedió en la zona republicana, cuyas divisiones políticas generaron a su vez fragmentación territorial, administrativa y económica. Durante el primer año de guerra se sucedieron seis Gobiernos distintos: los oficiales de Madrid y Barcelona, el Consejo de Aragón de los anarquistas, y los tres gobiernos provinciales de la zona republicana del norte. En dicho periodo fue habitual que las autoridades locales emitieran dinero o vales propios, de manera que «a finales de 1937, más de 2.000 asociaciones diferentes habían emitido en el área republicana cerca de 10.000 clases de billetes y medio centenar de monedas metálicas […]. De los 1.075 municipios existentes en Cataluña, 687 emitieron moneda»[46]. A esto hay que añadir que cada Gobierno tenía sus propias aduanas, con lo que los territorios se obstaculizaban entre sí. Resulta fácil comprender que esta situación, unida a la proliferación de formas de incautación revolucionaria a nivel local, dificultara el mantenimiento de la producción.

Lo mismo podría decirse de los enormes recursos financieros del Gobierno republicano. Durante los primeros meses se enviaron al exterior comisiones de compra que funcionaron de forma caótica. Estas operaciones, realizadas con poca profesionalidad, fueron objeto de estafa por parte de empresarios extranjeros y sufrieron actos de saqueo por parte de los propios administradores. Los Gobiernos regionales, y también la CNT, crearon sus propias comisiones. El hecho de que a finales de octubre de 1936 se colocaran casi todas las reservas de oro en manos soviéticas redundó, al menos en cierta medida, en algo de coordinación. Pero el mismo caos se reprodujo al final de la guerra, cuando lo que quedaba de los recursos financieros y, sobre todo, el oro, la plata y las joyas obtenidas mediante el pillaje a gran escala, se envió al extranjero, y como siempre, de manera desordenada. La parte del león se la llevaron las dos principales facciones socialistas, aunque los anarquistas se quedaron con una parte y Franco recuperó una pequeña cantidad.

Gracias a la buena climatología del año 1937, la producción agrícola republicana solo fue algo menor que en años anteriores, aunque la caída de la producción industrial fue bastante más drástica. Durante algún tiempo se estabilizó en torno al 60 % de la prebélica, en parte por el mayor peso de la industria metalúrgica en tiempo de guerra. Un problema clave, como ha demostrado Michael Seidman, fue que con la revolución obrera muchos obreros no querían obrar demasiado. La producción industrial se redujo enormemente después de marzo de 1938, cuando los republicanos perdieron las principales fuentes de producción eléctrica de Barcelona. Todavía más desastroso fue el descenso de la producción de víveres. Se agravó aún más con el lento pero constante avance de Franco, lo que significó que la zona republicana tuviera que absorber un número creciente de refugiados —cientos de miles— y que, durante el último año del conflicto, su población sufriera una severa crisis de desnutrición. Al terminar la guerra, la zona republicana estaba al borde de la hambruna.

En comparación con los actores principales de las demás guerras civiles europeas de la época, parece que la economía del régimen franquista tuvo un comportamiento singular. Contaba con la ventaja de que, aunque España estaba saliendo de una depresión, al contrario de lo que pasó en algunos países, su economía no se había debilitado por un gran conflicto internacional, un factor que sí había concurrido en las otras guerras civiles. En Rusia, los bolcheviques ganaron la contienda, pero solo a expensas de aplicar una política totalitaria muy opresiva que Lenin tuvo que relajar una vez ganada la guerra. En el caso de Finlandia, país más avanzado que Rusia, la extrema penuria económica ocasionada por la Primera Guerra Mundial estimuló la paranoia de los socialistas, circunstancia que influyó en que se iniciara la guerra civil. Más tarde, en Yugoslavia y Grecia, los trastornos económicos producidos por otra guerra mundial fueron fundamentales a la hora de desatar el enfrentamiento civil y la revolución.

El hecho de contar con importantes y saneadas fuentes económicas fue clave para la victoria de Franco. En comparación, el desastre económico de la zona republicana puede parecer aún más sorprendente, pero realmente fue el resultado inevitable de los términos impuestos por la revolución española, poniendo todavía más al descubierto sus divisiones internas y su incoherencia. En el imaginario popular, la prosperidad y el franquismo se asocian solo a la década de 1960, pero la verdad es que, sin un buen rendimiento económico, la dictadura no habría sobrevivido tras sus primeros pasos.

EL PAPEL DE MARRUECOS

Una de las numerosas paradojas de la guerra fue que la «causa nacional», de identidad tan intensamente católica, recibiera apoyo del Protectorado (musulmán) marroquí. El papel de las unidades militares marroquíes, compuestas por voluntarios musulmanes, fue esencial en la preparación de la insurrección, sobre todo en los primeros siete meses. Durante los dos años siguientes se incrementó el reclutamiento de voluntarios procedentes del Marruecos y de la Argelia francesas. Es posible que en las tropas de Franco se integraran hasta 80.000 musulmanes, lo que supuso un 7 % de su fuerza de combate[47]. Ese contingente sufrió un desproporcionado número de bajas: en torno a 11.000 hombres, un índice de mortalidad que casi duplicaba en porcentaje al que sufrieron los dos ejércitos españoles y se acerca más al de las unidades navarras o la Legión y, en el bando republicano, al de las Brigadas Internacionales.

Las autoridades militares sublevadas utilizaron con astucia el Protectorado, reconociendo tanto a los líderes locales como a las nacientes figuras nacionalistas. Se consideraba a los marroquíes como un pueblo «hermano», no solamente colonial; un hermano menor, eso sí, pero no cualitativamente inferior. Especial cuidado se puso en respetar el islam y, de hecho, la peregrinación a La Meca recibió protección oficial. Durante el reclutamiento, las autoridades españolas hicieron hincapié en la lucha común contra el ateísmo marxista, incluyendo así al islam, junto al cristianismo, en la guerra de religión contra el ateísmo revolucionario. Asimismo, la soldada que cobraban los voluntarios, aunque no era elevada para el contexto europeo-occidental[48], resultaba muy apetecible para los jóvenes de una de las zonas más pobres del Magreb, que padecía niveles considerables de desempleo. El valor de su contribución militar se reflejó en la alta proporción de medallas por mérito y valentía ganadas por estas unidades, superior al de cualquier otro sector del Ejército.

No cabe duda de que los nacionales demostraron más imaginación y flexibilidad que sus oponentes al tratar con los marroquíes[49]. En la zona republicana, el aparato propagandístico comunista marcó la pauta demonizando a los soldados del Protectorado como salvajes africanos[50] —en términos racistas—, aunque la explotación de esta imagen fue contraproducente, puesto que contribuyó a provocar un miedo irracional que en ocasiones tuvo repercusiones negativas en el combate. El odio a los marroquíes era tal que en los primeros meses muchos de los (pocos) prisioneros marroquíes capturados por los republicanos fueron ejecutados. Se les acusaba de atrocidades contra civiles, aunque, en general, la disciplina militar de los nacionales fue estricta y, probablemente, la mayor parte de esas acusaciones fuera una mera invención. Sí parece cierto, en cambio, que en las primeras semanas se les permitió el pillaje de algunos de los distritos conquistados, aunque no la violación de mujeres o el maltrato físico de civiles.

En determinado momento, los partidos revolucionarios de la zona republicana idearon algún plan para minar la retaguardia franquista fomentando la insurrección en el Protectorado mediante la promesa de, o bien independencia, o bien la cesión a Francia a cambio de ayuda militar directa. Aunque llegaron a producirse varias negociaciones, esas iniciativas acabaron siendo vetadas por el Gobierno republicano —y también por Stalin personalmente—, ya que atentaban contra la política general de quitar hierro a la revolución para intentar congraciarse con el Reino Unido y Francia. Cualquier revuelta que tuviera lugar en el Marruecos español podría extenderse al Protectorado francés, y los republicanos españoles no podían permitirse la enemistad con Francia. En 1938, la seguridad de Marruecos era una preocupación para Franco, que decidió reforzar las unidades de vigilancia, aunque el Protectorado siempre se mantuvo como un fuerte apoyo.

Ali Al Tuma, el investigador más original y riguroso del papel desempeñado por las tropas marroquíes en el bando nacional, ofrece la siguiente conclusión:

Primero, en ningún país europeo se fue tan lejos como los «africanistas» españoles cuando hablaban de conexiones de religión, historia y sangre entre ellos y sus tropas coloniales. Segundo, como resultado de esto y de las estrechas relaciones defendidas por los nacionales, la presencia de las tropas coloniales en España era, en cuanto a visibilidad y aceptación, mayor en la España nacional que en cualquier otro país europeo entre 1914-1945. Los nacionales no intentaron esconder la importancia que tenían sus tropas coloniales. Tercero, debido sobre todo a la propaganda religiosa, la España nacional quizá tuvo más éxito que las principales potencias coloniales a la hora de lograr que sus tropas coloniales abrazaran ideológicamente su causa. Sin embargo, no está claro que ese apoyo ideológico fuera tan importante, sobre todo si tenemos en cuenta los incentivos materiales que se ofrecían para participar. La afirmación de que la España derechista era más tolerante y menos racista respecto a los marroquíes es, a pesar de las explicaciones ofrecidas, como mínimo extraordinaria[51].

6

LA NO INTERVENCIÓN

La intervención extranjera desempeñó un papel decisivo en la mayor parte de las guerras civiles europeas de la primera mitad del siglo XX. Los Estados bálticos no habrían derrotado a los bolcheviques sin la ayuda de británicos y alemanes. En Hungría no fue la contrarrevolución, sino la invasión rumana, lo que derrocó la dictadura de Béla Kun. En Finlandia, fueron sobre todo los blancos los que derrotaron a los rojos, aunque lo que decidió la batalla final fue la intervención alemana. De manera semejante, los comunistas estaban ganando la guerra civil en Yugoslavia, pero la invasión soviética garantizó el triunfo final de los partisanos de Tito. Y, posteriormente, la ayuda británica y estadounidense tuvo un impacto decisivo en la guerra civil griega de 1944-1949.

Parece que la excepción fue la guerra civil rusa. La reducida intervención de Reino Unido, Francia, Japón y Estados Unidos no logró impedir el triunfo del bolchevismo. En Rusia, la implicación fundamental fue la de Alemania, cuya cooperación hizo posible la consolidación del régimen bolchevique.

En España, cuando la insurrección alcanzó condiciones de plena guerra civil —alrededor del 20 de julio de 1936—, los líderes de ambos bandos se pusieron enseguida a trabajar para conseguir apoyo y armas del extranjero. Franco y Mola enviaron sendos emisarios a Berlín y a Roma, y José Giral también lo hizo, en nombre de la República, con el Gobierno francés, y cuatro días más tarde, ya como jefe de Gobierno revolucionario, con la embajada soviética en París. En la capital de Francia, Giral creía contar con un amigo, porque el socialista Léon Blum presidía un Gobierno del Frente Popular francés, que apenas dos meses antes había ganado las elecciones. Además, el acuerdo comercial existente entre los dos países incluía la venta de armas francesas a España, por lo que el telegrama de Giral ya planteaba la solicitud de un número no especificado de «armas y aviones», petición que dos oficiales de la fuerza aérea republicana concretarían en la reunión que tuvo lugar el 21 de julio en París.

Blum insistió ante sus ministros en que el Gobierno francés debía respaldar a su homólogo español no solo por razones políticas e ideológicas, sino porque, si la derecha española conseguía el poder, España se alinearía con Alemania. Sin embargo, las noticias no tardaron en filtrarse a la prensa y, según iban apareciendo los informes sobre la violencia revolucionaria en España, los conservadores franceses orquestaron una clamorosa campaña para exigir a su Gobierno la denegación de cualquier ayuda. Igualmente, los líderes de Gran Bretaña, el aliado del que el Gobierno galo dependía cada vez más, aconsejaron cautela, mientras que los radicales centristas, principales socios de los socialistas de Blum, no deseaban ver a Francia envuelta en el conflicto. Esta compleja situación planteaba el peligro de que la Guerra Civil española causara graves disensiones en Francia, incluso en el seno del propio Gobierno del Frente Popular. Como consecuencia, Blum autorizó el envío de unos 50 aviones a la zona republicana, aparentemente a instancias de entidades privadas, si bien su apoyo no fue mucho más allá. El 25 de julio el primer ministro galo anunció que Francia «no intervendría en modo alguno» en el conflicto español.

Aunque el Gobierno se las arregló para enviar otros 17 aviones de combate a la República —envío que tuvo que ser camuflado—, la oposición en Francia era muy intensa, mientras que la posición de su aliado británico fue contundente. A primeros de agosto, parecía que los republicanos eran más fuertes que los insurrectos y Blum pensó que un acuerdo general de no intervención de las potencias favorecería a las izquierdas. El 2 de agosto, su Gobierno comenzó a considerar la posibilidad de firmar ese acuerdo internacional, pero no para maniatar a la República, sino, en realidad, para ayudarla. Si su propuesta tenía éxito y la izquierda española luchaba contra la derecha con sus propios recursos —sin ayuda extranjera—, su victoria estaría asegurada. Al menos, eso pensaba Blum. Durante el resto del mes de agosto se negoció un acuerdo general de «no intervención» entre todas las potencias europeas, incluidas las tres que ya estaban interviniendo —Berlín, Roma y Moscú—, y el 15 de septiembre se convocó en Londres la primera reunión de un Comité Oficial de No Intervención, en el que estaban representados todos los signatarios.

Según pasaban los meses, la guerra española se iba pareciendo cada vez más a un espejo en el que cualquier sector político extranjero podía verse reflejado, interpretando el reflejo según convenía a cada cual. Para los militantes antifascistas, la Guerra Civil española se convirtió en una gran lucha contra el fascismo, y para sus equivalentes anticomunistas, en la gran cruzada contra el comunismo. La extrema izquierda vio en ella su mejor oportunidad revolucionaria; los católicos y conservadores, una pugna crucial en defensa de la civilización cristiana y occidental; quienes creían que la principal amenaza era la expansión alemana, la ocasión para derrotar la política de Hitler, y quienes no tenían otro objetivo que evitar la guerra a cualquier precio respaldaron la no intervención. Algunos líderes extranjeros compartían varias de estas motivaciones.

La Comintern y los propagandistas republicanos trabajaron sin cesar para presentar la Guerra Civil como una lucha entre el fascismo y la democracia. La mayor parte de los dirigentes políticos de las democracias occidentales, especialmente en el Reino Unido, conocían demasiado bien la realidad de España como para aceptar este mito. De modo que no encontraron razones para ayudar a los revolucionarios españoles a hacerse con el poder. Les preocupaba mucho más que la implicación de las grandes potencias pudiera desembocar en una guerra europea generalizada. Evitarla era su máxima prioridad.

Las tres grandes democracias occidentales abordaron el conflicto español de forma diferente. Gran Bretaña ejercía en ese momento más influencia en los asuntos internacionales que Francia o Estados Unidos. Los Gobiernos de Stanley Baldwin y Neville Chamberlain estaban en manos de unos conservadores temerosos de que el triunfo de la izquierda en España desembocase en la expansión del comunismo. No consideraban a Franco un «fascista», sino un nacionalista de derechas, poco dispuesto a convertirse en la marioneta de Hitler y Mussolini, y cuya victoria no supondría ninguna amenaza para los intereses británicos. En sus planes resultaba fundamental la protección de las inversiones inglesas en España. Por el contrario, el Partido Laborista simpatizaba con los republicanos y no estaba nada satisfecho con la política del Gobierno británico, aunque lo cierto es que su programa oficial difería poco del pacifismo. Ni mucho menos buscaba la intervención británica directa y nunca ejerció una gran oposición.

La política exterior francesa era aún más complicada y dependía cada vez más de Gran Bretaña. Francia padecía una severa división interna y, en 1936, era el país occidental más parecido a España en este sentido. Aunque el Frente Popular francés había ganado las elecciones en vísperas de la guerra española, su margen de actuación era muy escaso. Los conservadores franceses habían reaccionado con bastante temor ante la oleada de violencia, desórdenes e incautaciones que se estaba produciendo en España en los meses anteriores al conflicto. Luego se opusieron a la revolución española con todas sus fuerzas, ya que se sentían directamente amenazados, e insistieron en la no intervención estricta, incluso advirtiendo de la posibilidad de otra guerra civil, pero esta vez en suelo francés, si el Gobierno les ignoraba.

El tercer obstáculo era el propio Gobierno de Léon Blum, una coalición más amplia y moderada que las de Azaña, Casares Quiroga o Giral. Sus principales socios en el poder, los radicales centristas, eran un partido democrático, capitalista y de clase media-baja, «radical» solo en el sentido decimonónico del término. Solo unos pocos querían cooperar con la revolución española y sus líderes recomendaron encarecidamente a Blum que no metiera a Francia en el conflicto. En cuanto a los socialistas del primer ministro, en el fondo eran unos pacifistas convencidos y su ala derecha, liderada por el secretario del partido, Paul Faure, estaba convencida —debido a su ardiente anticomunismo— de que el verdadero objetivo de Stalin en España era arrastrar a Francia a una guerra contra Alemania.

Como se ha visto, Blum había concebido el plan de no intervención como una estrategia para ayudar a los republicanos en España, pero el resultado no fue ese. Stalin, Mussolini, Salazar y Hitler firmaron el acuerdo y enviaron a sus representantes al Comité, aunque eso no les impidió seguir ayudando al bando al que ya apoyaban. Esa es la razón por la que, en ocasiones, se ha dicho que el Comité de No Intervención fue el mayor fraude diplomático del siglo XX, aunque con tantos aspirantes al título resulta difícil decidir quién es el ganador. El acuerdo no era un verdadero tratado; de ahí que fuese tan difícil obligar a los firmantes a cumplirlo. Para las grandes potencias, tenía la ventaja de permitirles evitar una declaración de neutralidad. Incluso se negaron a reconocer a ninguno de los bandos el estatus oficial de beligerantes según el Derecho Internacional. En lugar de dejar que los contendientes controlasen el movimiento de barcos en la zona en guerra, esos países consiguieron una mayor libertad para sus envíos. De hecho, el gran logro de la política de no intervención no fue evitar una injerencia significativa en España, sino evitar que el conflicto alcanzase dimensiones europeas.

Sin embargo, el Gobierno francés no «abandonó» a la República, como muchas veces se ha dicho. Por el contrario, puso en práctica lo que Blum describiría como la non-intervention relâchée (la no intervención relajada), que significaba que el Gobierno francés no entregaría armas directamente a los republicanos, si bien les ayudaría de otras formas y todo cuanto pudiera: oportunidades financieras y comerciales, libertad para que el Partido Comunista francés actuase a favor de la República, y permiso y facilidades para que las armas adquiridas en otros territorios llegasen a España a través de Francia. Incluso se permitió que los aviones de guerra republicanos aterrizasen en Francia para escapar de sus perseguidores y poder regresar a España.

Para los líderes militares franceses la Guerra Civil española constituía un verdadero dilema. Les preocupaban las implicaciones geoestratégicas, pero, desde un punto de vista político, eran derechistas y se inclinaban por favorecer una victoria franquista. El almirante Darlan, jefe de la Marina, también era de derechas, pero su planteamiento estaba marcado por las consideraciones geoestratégicas. Cuando, en noviembre de 1936, Franco obtuvo el reconocimiento oficial de Alemania e Italia, la Marina francesa elaboró un plan para contrarrestar la política del Eje mediante la rápida conquista del Marruecos español,[52] lo que habría supuesto un importante revés para los nacionales, e incluso se contempló la posibilidad de ocupar la isla de Menorca —en el siglo XVIII había estado en manos de los británicos—, ya que semejante acción habría restringido las ambiciones italianas en las Baleares. A pesar de que los británicos no aceptaron la propuesta, hasta septiembre de 1938 el mando militar francés —sobre todo la Marina— no dejó de presentar planes para llevar a cabo una intervención reducida en territorio español, acción que en su momento restringió los cálculos estratégicos de Franco. Después de esa fecha ya no lo hizo más.

De igual manera, los aliados occidentales no mostraron ningún interés en la propuesta republicana de ofrecer concesiones a cambio de que Alemania e Italia se retiraran de España. Según sus planes, se entregaría el Protectorado marroquí a Francia y Gran Bretaña, que también dispondrían de una base militar en las Baleares; a cambio, esas dos potencias cederían ciertas zonas de África que estaban bajo su control a Alemania y conseguirían que el Eje abandonase España. Ni Londres ni París dieron su aprobación a esta fantasiosa idea.

La política estadounidense fue mucho más distante. Una gran parte de la opinión pública norteamericana estaba convencida de que, en 1914-1918, la propaganda y la influencia británicas habían arrastrado al país a una guerra sin sentido. En 1936 se aprobó una legislación de neutralidad, en virtud de la cual quedaba prohibido administrar armamento estadounidense a países en conflicto, y cuando estalló la guerra en España, la prohibición se extendió a las guerras civiles.

Durante 1937-1939, la opinión pública norteamericana se fue inclinando cada vez más hacia la causa republicana. La Comintern tuvo éxito a la hora de conseguir el apoyo de las celebridades del mundo de la cultura y el espectáculo, aunque entre los conservadores también surgieron voces que declaraban simpatizar con Franco —sobre todo católicas—, si bien, en general, la población no era favorable a saltarse la ley de neutralidad.

El propio presidente, Franklin D. Roosevelt, se fue inclinando hacia la causa republicana, sobre todo cuando Hitler se volvió más agresivo y la situación geoestratégica se deterioró. En 1938, Roosevelt intentó llevar a la práctica una iniciativa privada y encubierta para ocultar la venta de aviones a la República a través de terceros. Pero el plan era demasiado complejo y nunca se puso en marcha.

Además de la Unión Soviética, el único país que apoyó directamente a los republicanos fue el Gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas. En México se había desarrollado un fuerte sentido de asimilación con las causas políticas españolas: la izquierda gobernante se identificaba con los republicanos y los conservadores con los insurgentes. De hecho, México envió casi todo el armamento del que disponía o que podía fabricar, aunque, debido a sus obvias limitaciones, no sirvió de mucho. Una gran parte de los demás países hispanoamericanos habían sucumbido a dictaduras militares durante la Depresión y apoyaban a Franco. De hecho, en las colonias españolas de la región hubo un considerable respaldo a la causa insurgente.

Las diplomacias británica y francesa presentaron diversos planes para que la no intervención fuese efectiva. El más elaborado fue un acuerdo adoptado el 20 de abril de 1937 entre Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania para patrullar los mares conjuntamente, controlando todos los barcos de pabellón no español y confiscando los envíos de armas. Esta elaborada operación se mantuvo durante meses, pese a que la malévola participación de las Marinas italiana y alemana hizo que el problema de fondo no se resolviese. Desde noviembre de 1936, con mayor o menor dedicación, los submarinos italianos realizaron operaciones militares encubiertas contra los transportes republicanos. En agosto del año siguiente, cuando el balance de la guerra empezaba a inclinarse a favor de Franco, se volvieron más activos y hundieron varios barcos, entre los que se encontraba un petrolero inglés. Gran Bretaña no podía permitir semejante acto de piratería, por lo que en septiembre de 1937 se logró un acuerdo en Nyons por el cual se obligaba a los barcos británicos, franceses e italianos que patrullaban en el Mediterráneo a poner fin al problema. Mussolini canceló entonces las operaciones de ataque de sus submarinos.

Neville Chamberlain llegó al cargo de primer ministro en mayo de 1937 en sustitución de Stanley Baldwin, y se esforzó por mejorar las relaciones anglo-italianas a fin de mantener el statu quo en el Mediterráneo y alentar la retirada de las tropas extranjeras de España. Para ello, el 15 de abril de 1938, ambos países firmaron los Acuerdos de Pascua, en virtud de los cuales se abandonaba el intento de imponer la no intervención con la esperanza de que las relaciones con Mussolini mejorasen, evitando así que se estrechase el entendimiento ya existente entre Italia y Alemania. Londres reconocía de manera oficial la conquista italiana de Etiopía y se establecía la retirada de todas las tropas italianas de España cuando terminase la Guerra Civil. Mussolini hizo honor a la última promesa, pero, a largo plazo, este intento de aplacar a los italianos no afectó a su política exterior, que se acercaba cada vez más a Hitler.

La repentina anexión de Austria por Alemania, en marzo de 1938, tuvo un impacto momentáneo en la política francesa. Blum, que se había visto obligado a retirarse, regresó a la jefatura del Gobierno y abrió las fronteras francesas al envío de armas a la República. Ante la agresiva actuación de Hitler en Europa central, declaró que era necesario combatir la iniciativa alemana en España, llegando a sugerir que, quizá, Francia debía dar un ultimátum a Alemania y exigir su retirada. Siete meses antes, en agosto de 1937, el Estado Mayor francés había añadido un «Plan E» a su programa de movilización, en el que se contemplaba la invasión de España en el caso de que Francia se encontrara en guerra al mismo tiempo con Alemania y con España. Sin embargo, en 1938 el mando militar francés aconsejó prudencia si la guerra no se extendía, confiando en la posibilidad de llegar a un acuerdo con Italia y más convencido que nunca de que lo que Stalin pretendía en España era atizar una guerra entre Francia y Alemania. Una vez más se discutió la posibilidad de llevar a cabo una operación en el Marruecos español, pero el jefe del Estado Mayor, el general Maurice Gamelin, tenía mala opinión del Ejército Popular republicano, al que creía incapaz de utilizar eficazmente el armamento francés. Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores galo advirtió de que una incursión en cualquier parte del territorio español supondría el estallido de una guerra generalizada en Europa. De modo que el Gobierno galo únicamente envió pequeños refuerzos a la frontera pirenaica, aunque durante estos meses la prensa internacional recogió toda clase de rumores sobre una intervención francesa.

En Francia y Reino Unido, la opinión izquierdista estaba muy descontenta con el resultado de la guerra, pero los conservadores que ocupaban el poder y, en gran medida, los mandos militares se sentían relativamente satisfechos. En líneas generales, los líderes democráticos reflejaban las opiniones públicas de sus respectivos países. Hasta 1939, lo más habitual era considerar que Stalin era tanto o más preocupante que Hitler. En Francia, el legado de la Guerra Civil española implicó un renovado recelo hacia la Unión Soviética, con la sensación permanente de que esta pretendía provocar la guerra entre Francia y Alemania para «romper el hielo» bélico en el continente europeo y convertirla en guerra revolucionaria.

Todos estos conflictos de intereses contribuyeron a desaconsejar cualquier posible entendimiento entre Londres y Moscú. Puede que parezca extraño, pero «en mayo de 1939 el jefe del Estado Mayor británico tuvo que “sopesar cuál sería el valor estratégico, en caso de guerra, de tener a España como enemigo y a Rusia como aliado”. Chamberlain ya lo tenía claro: “Si una alianza incapaz de proporcionar ayuda eficaz [a Polonia] nos alejara de España o la condujera al campo del Eje, perderíamos mucho más en el Oeste de lo que podríamos esperar ganar en el Este”»[53] .

Puede que, en última instancia, la relevancia de la guerra para las democracias occidentales estuviera en el papel que jugó como distracción, que impidió que se enfrentaran antes al desafío que suponían el Eje y la relación con la Unión Soviética. En este sentido, Hitler fue quien mejor evaluó la función que podía tener el conflicto español cuando dijo que su mayor utilidad era la de servir como motivo de despiste, pues permitía a Alemania gozar de una mayor libertad en otras zonas. Menos importancia tenía el resultado final, porque España no ocupaba un lugar trascendente en los planes bélicos de ninguna de las grandes potencias.

7

LA INTERVENCIÓN DE ITALIA Y ALEMANIA

Emilio Mola y los demás organizadores de la insurrección del 18 de julio no le dedicaron demasiada atención a la cuestión del apoyo extranjero. No participaron en el frustrado acuerdo anterior —de 1934— al que los monárquicos españoles llegaron con Mussolini. Aunque Mola y sus colegas trataron de reanudar indirectamente estos contactos —de nuevo a través de los monárquicos—, Mussolini ya no creía que la derecha española fuera de fiar. Como consecuencia, los sublevados iniciaron su insurrección sin ningún compromiso de ayuda exterior, aunque su situación pronto se volvió tan desesperada que, como hemos visto, Mola y Franco, por separado, intentaron granjearse el apoyo de Roma y Berlín.

Con la Guerra Civil ya en marcha, tanto Hitler como Mussolini mostraron un interés evidente en ella, aunque el dictador italiano tardó un día más en decidirse, hasta que se aseguró de que no se produciría la intervención francesa. Al final de la primera semana de agosto de 1936, Hitler envió 26 aviones de transporte Junkers-52, así como armas y municiones. Después del primer mes de combate, tanto Hitler como Mussolini habían enviado un total de 40 aviones cada uno y cierta cantidad de suministros militares. Su contribución fue bastante reducida, pero resultó crucial para la movilización de los nacionales y el avance de Franco hacia Madrid, que probablemente no habría sido posible sin ella.

La intervención de Italia y Alemania, como la de la Unión Soviética en el otro bando, se convirtió desde el comienzo en un tema de preocupación internacional. Según el aparato propagandístico republicano, se trataba de una «invasión extranjera». Es decir, la contienda ya no era una guerra civil, sino una segunda guerra de la independencia. Los nacionales alegaron exactamente lo mismo respecto a la intervención soviética y, además, aseguraban que la guerra se había debido a un complot comunista. Del mismo modo, los republicanos insistieron en que se produjo una conspiración de alemanes e italianos para instigar la rebelión militar que les permitiría adueñarse de España. En ese sentido, los dos bandos usaron el mismo argumento —la guerra nacional contra un invasor—, aunque tuvo más eficacia en el lado de Franco, puesto que no sufría tanta injerencia política en sus asuntos internos como la que ejercía el comunismo en la política republicana.

Para el Duce italiano, la contienda española era más importante que para los otros dos dictadores, Hitler y Stalin. Mussolini llegó a ver la victoria de Franco como una necesidad estratégica para Italia, ya que los italianos gozaban de cierto ascendente cultural y político sobre los nacionales, al contrario de lo que sucedía respecto a Alemania, que estaba más distante desde un punto de vista cultural. Además, cuando las ideas políticas de Franco se volvieron más radicales y «fascistizadas», tomó forma el argumento de que Italia era un modelo más fiable para la «nueva España» que el de un país nórdico y protestante, cuyo régimen político se basaba en un peculiar fanatismo racial que los españoles no podían compartir. Mussolini esperaba establecer una relación estrecha con el nuevo régimen que atraería a España a la órbita italiana como una especie de satélite. En 1935, la política extranjera fascista había entrado en una nueva fase de agresión con la conquista militar de Etiopía y buscaba la expansión de su influencia en el Mediterráneo. No obstante, en agosto de 1936 firmó el Acuerdo de No Intervención, pero no con la idea de respetarlo, sino con la esperanza de impedir que Francia prestase ayuda a la República.

Uno de los efectos más importantes de la intervención fue que tanto el Duce como Hitler adoptaron políticas paralelas respecto a España, aunque al principio cada uno actuara de modo independiente. Al Führer siempre le interesó firmar algún tipo de acuerdo con Italia. A pesar de que la prensa fascista había montado una campaña bastante agresiva en 1934 en contra del racismo nazi, al año siguiente Alemania fue el único país que apoyó la conquista italiana de Etiopía. La actitud del Duce respecto a Hitler y a la Alemania nazi fue siempre el resultado de una compleja combinación de miedo y envidia, en la que predominó la última conforme Alemania se volvía más poderosa. En octubre de 1936 los dos regímenes firmaron su primer acuerdo, que no era una alianza, sino un compromiso de amistad y colaboración que Mussolini de inmediato pasó a considerar la base de lo que denominó el «Eje Roma-Berlín». Lo definió como un acuerdo anticomunista que garantizaba el bienestar de Europa y al que los demás países podían sumarse con completa libertad.

Ya en el mes de agosto, Hitler pensaba que el conflicto español caía dentro de la esfera de influencia italiana, puesto que el dictador alemán no se había fijado objetivos políticos en el sur de Europa. Un mes más tarde comenzaron a llegar a la zona nacional pequeñas misiones de asesoría militar tanto italianas como alemanas, así como un número limitado de personal para adiestrar a las tropas franquistas en el uso del armamento extranjero. A finales de octubre, algunos participaron en la marcha de Franco sobre Madrid.

Además, durante las primeras semanas confusas de la guerra, los líderes insurgentes de Mallorca, aislados de la zona nacional peninsular, enviaron a Roma peticiones urgentes de ayuda para defenderse. Aunque el Gobierno italiano ya estaba apoyando directamente a Franco a crédito, exigió a las autoridades mallorquinas un depósito de tres millones de liras como desembolso antes de que los primeros aviones llegasen a la isla a principios de agosto. Cuando una expedición de milicianos catalanes inició la invasión de Mallorca, los insurgentes solicitaron a Roma asesores militares que coordinasen la defensa. Mussolini respondió enviando a Arconovaldo Bonaccorsi, un llamativo oficial —era pelirrojo— de las milicias del Partido Fascista, a quien se conocería como el «Conde Rossi». Empleando cinco aviones italianos y ayudado por unos 200 compatriotas militares, Rossi coordinó a las fuerzas rebeldes, inferiores en número, y el 3 de septiembre forzaron la retirada de la milicia catalana. Luego los insurgentes se apresuraron a ocupar Ibiza, mientras Rossi orquestaba una represión —que relató el escritor francés Georges Bernanos, residente entonces en la isla— que costó la vida a más de 500 mallorquines.

Aunque Roma y Berlín se mostraban muy críticas con la lentitud de Franco en su asalto a Madrid, a mediados de noviembre de 1936 reconocieron oficialmente al régimen insurgente como el único Gobierno legítimo de España y aumentaron su asistencia militar, que en ese momento se veía superada por el apoyo soviético a los republicanos.

El 28 de noviembre, Franco firmó un tratado secreto con Mussolini, el documento diplomático más importante que negoció durante la guerra, por el cual Italia se comprometía a apoyar «la independencia e integridad de España», mientras ambos regímenes se ofrecían asistencia mutua, asesoramiento y amistad, y se obligaban a no permitir que terceros países hiciesen uso de sus respectivos territorios contra el otro, en clara referencia a Francia y al paso de sus tropas entre Europa y África. El tratado comprometía a ambos Gobiernos a mantener una benévola neutralidad en el caso de que uno o los dos se viesen envueltos en una guerra con una tercera potencia, así como a proporcionar al otro material bélico e instalaciones, unos términos que pueden interpretarse como una justificación para el uso militar de las Baleares por parte de Italia. Este tratado secreto marcó el inicio de la intensificación de la ayuda militar italiana.

En los primeros meses, Hitler envió algo más de ayuda que Mussolini y, en noviembre, ya habían llegado a España los 92 aviones de la Legión Cóndor, con su respectivo personal militar alemán, a los que se sumó algo de armamento y personal de combate alemán. Aparte de esto, la ayuda alemana no fue mucho más allá. A finales de 1936, como ya hemos señalado, el dictador alemán comenzó a percatarse de que el conflicto español le resultaba muy útil como distracción de la atención internacional en sus actividades en Europa central y, por tanto, deseaba que la guerra continuara durante algún tiempo más. Incluso Hermann Göring, artífice del Plan Cuatrianual nazi, llegó a especular con la posibilidad de reducir el apoyo alemán para evitar que Franco obtuviese una victoria demasiado rápida.

Por el contrario, a Mussolini semejante idea le resultaba inaceptable. Cada vez se mostraba más crítico con la lentitud de Franco y, finalmente, decidió que había llegado el momento de aumentar la ayuda para garantizar una victoria que consideraba indispensable. El 6 de diciembre, Roma creó un programa especial, Ufficio Spagna, para coordinar la ayuda a los franquistas. Los militares italianos presentes en España se pusieron bajo el mando del asesor de más alto rango, el general Mario Roatta, y el 14 de ese mes se le comunicó a Franco —ante su sorpresa y disgusto— que estaban a punto de llegar 3.000 camisas negras del Partido Fascista que actuarían como tropas de infantería. No hacía mucho que Franco le había sugerido al embajador alemán, Wilhelm Faupel, que estaba interesado en contar con la cooperación de varias divisiones alemanas e italianas, bien entrenadas y equipadas, para avanzar sobre Madrid, pero la decisión del Duce fue unilateral y no hizo a Franco ninguna consulta previa.

A principios de 1937, ya había 10.000 soldados italianos en España, que a finales de febrero se habían convertido en 49.000, a los que había que añadir los cerca de 1.000 aviadores presentes en los escuadrones de la aviación franquista, además de su personal auxiliar. Más tarde, el Gobierno italiano anunció que en suelo español solo combatían «voluntarios» y, aunque la opinión internacional consideró esta declaración una tapadera, era, desde un punto de vista técnico, bastante exacta. Mussolini intentó limitar la exposición pública de su Gobierno enviando, principal pero no exclusivamente, a aquellos miembros del personal militar y de las milicias del Partido Fascista que se habían ofrecido voluntarios —a cambio de un mayor sueldo— para combatir en España. Ni Italia ni ninguna otra potencia intervinieron con unidades regulares de su Ejército, con la excepción de una división italiana. Posteriormente, las pruebas documentales revelarían que de los primeros 49.000 soldados de infantería, alrededor del 57 % eran voluntarios del Partido Fascista, no soldados regulares del Ejército italiano. Salvo esa única división, las unidades de infantería presentes en España eran en su mayor parte formaciones nuevas, creadas para la ocasión, condición que inicialmente redujo su efectividad.

Entre diciembre y febrero, Mussolini realizó 62 envíos de hombres y material, incluyendo 130 aviones, 5.000 cañones, 700 morteros, 1.200 ametralladoras y 3.800 vehículos. La infantería se organizó en el Corpo Truppe Volontarie (CTV), que contaba con cuatro divisiones y dos brigadas (las Frecce Nere y Frecce Azzurre), estas últimas compuestas por combatientes tanto españoles como italianos. Mientras tanto, Bonaccorsi se vio obligado a abandonar Mallorca debido a las protestas británicas.

A Franco le irritaba la autonomía del CTV, cuyos efectivos, por exigencias de Roma, debían permanecer juntos y combatir como una unidad. Los italianos estaban ansiosos de obtener una victoria y, puesto que sus unidades estaban mejor motorizadas que las españolas, ejercieron el protagonismo en una ofensiva contra Málaga, ciudad que tomaron en febrero de 1937 tras enfrentarse a una resistencia republicana dividida y mal armada. Mientras tanto, Franco mantenía sus esfuerzos para rodear Madrid, pero su ofensiva por el sur de la capital se quedó en un empate en la batalla del Jarama en ese mismo mes.

Por el momento, Franco cedió la iniciativa al CTV, esta vez en una ofensiva hacia el nordeste de Madrid, en dirección a Guadalajara, que comenzó el 8 de marzo. El mal tiempo obligó a la fuerza aérea franquista a permanecer en tierra, pero los aviones republicanos, situados en el sudeste, sí pudieron volar, con lo que las tropas italianas sufrieron importantes ataques aéreos de los que no pudieron defenderse. Por otra parte, el asalto de la división española que había de distraer al enemigo en otro sector estuvo muy mal coordinado y las pequeñas tanquetas italianas no eran rival para los T-26 soviéticos, que casi triplicaban el peso y estaban mucho mejor armados y blindados. Los italianos solo consiguieron llegar hasta Brihuega, para enseguida emprender la retirada, aunque retuvieron la mitad del terreno ocupado, dejando a unos 300 prisioneros en manos del Ejército Popular. La propaganda republicana le sacó mucho partido a la «primera derrota del fascismo» y Mussolini se sintió humillado, aunque esto solo sirvió para fortalecer su determinación de ver triunfar a Franco.

Después de Guadalajara, se sometió a los soldados italianos a una cuidadosa selección, repatriando a quienes eran demasiado mayores, estaban heridos, mal entrenados o poco motivados, que sumaron un mínimo de 9.000 hombres. En su lugar, se envió a un pequeño reemplazo de soldados en mejores condiciones. Así se redujo el CTV a 38.000 integrantes, pero mejor preparados, que lucharían en casi todas las batallas importantes hasta el final de la guerra con el apoyo de sus propias unidades de artillería y aviones, dos grupos que desempeñarían un papel significativo en las exitosas ofensivas franquistas durante los últimos veinticuatro meses del conflicto.

Aun prestando una gran ayuda, los fascistas italianos se vieron a menudo desconcertados por el carácter derechista del naciente régimen franquista y lo que para ellos eran sus aspectos «reaccionarios» y «clericales». El fascismo italiano se consideraba a sí mismo «progresista» y «moderno», aunque se opusiese al progresismo más radical y «antinacional» de la izquierda. Por ello, entre los fascistas surgieron bastantes críticas al nuevo régimen español. Por ejemplo, Roberto Cantalupo, el primer embajador italiano, que no era un fascista radical, tenía un concepto bastante pobre de Franco, la Falange y el Ejército nacional.

Pese a estas críticas y desavenencias, las relaciones entre Franco y Mussolini siguieron siendo relativamente amistosas y cordiales. Los italianos no hicieron mucho por alentar las ambiciones de la Falange, cuyos líderes se mostraban más interesados en la Alemania nazi, y después de abril de 1937, cuando la Falange pasó a ser el partido único —la Falange Española y de las JONS—, los diplomáticos italianos facilitaron una información detallada acerca de las instituciones fascistas a los nuevos dirigentes. Esas directrices influyeron, aunque no tanto como se ha dicho, en el desarrollo de las nuevas instituciones falangistas, sobre todo en el Fuero del Trabajo de 1938.

Los grandes envíos de armas se hicieron básicamente a crédito, aunque los acuerdos comerciales firmados a finales de 1936 pretendían asegurar los pagos en la medida de lo posible. Un nuevo compromiso alcanzado en agosto de 1937 permitió que un consorcio de bancos italianos, en parte, propiedad del Gobierno, otorgara al régimen franquista créditos considerables. Con ellos se pagaría la mitad de los futuros envíos de armamento, y el resto mediante exportaciones especiales, aunque esta última parte no se cumplió en su totalidad. Estas condiciones eran mucho más generosas que las concedidas por Hitler —o, no es necesario decirlo, por Stalin—, pues solo obligaban a Franco a realizar unos mínimos pagos parciales mientras durase la guerra.

El reorganizado CTV apenas participó en la ofensiva de la primavera de 1937 en la que se conquistó Vizcaya, pero tuvo una actuación destacada en la ocupación de Santander del mes de agosto. En el mes de octubre, el mando lo asumió el general Mario Berti, a quien la toma de Teruel por parte del Ejército Popular tres meses después —su única victoria ofensiva en toda la guerra— sumió en la desesperación a las tropas italianas, hasta el punto de recomendar su retirada porque preveían un estancamiento de las operaciones e incluso la derrota de los nacionales. Mussolini se negó, ya que consideraba que en la guerra de España estaba en juego el prestigio del régimen fascista y que los vitales intereses estratégicos de Italia, así como los del propio fascismo, dependían de la victoria de Franco. Una vez más aseguró al Generalísimo —en términos muy diferentes a los de Hitler— que Italia no se arredraría y que le apoyaría hasta el final de la guerra, si bien insistió, eso sí, en que el CTV solo interviniese en las ofensivas más decisivas.

La contraofensiva franquista del invierno de 1938 culminó con éxito y el CTV desempeñó un papel relevante en la rotura del frente hasta alcanzar el Mediterráneo en abril, dividiendo la zona republicana en dos. Durante esta ofensiva, Mussolini ordenó por su cuenta y riesgo a los aviones italianos con base en Mallorca que llevasen a cabo un bombardeo aéreo indiscriminado sobre Barcelona, un ataque intermitente durante tres días, del 16 al 18 de marzo, en el que murieron 980 personas, casi todas civiles, y multitud de edificios quedaron destruidos. Fue una especie de ataque terrorista destinado a acelerar el colapso de la República, aunque su efecto a corto plazo fue mínimo.

Por el contrario, la ofensiva final republicana a finales de julio de 1938 inicialmente tuvo éxito, y ello desanimó al CTV. Para entonces, al menos 3.500 soldados italianos habían perdido la vida y algunos opinaban que se les había condenado a una lucha sin fin en la que todos acabarían muertos. Posteriormente, el periodista Indro Montanelli escribió que parecía que la estrategia de Franco se basaba en el principio de que «vence el último soldado que queda en pie»[54] .

Mientras Berti abogaba por la retirada, en parte para salvar el prestigio italiano, Mussolini estaba cada vez más cansado de Franco y de su insoportable lentitud, su falta de imaginación y su incapacidad para aprovechar las oportunidades. No hacía mucho que su yerno y ministro de Exteriores, Galeazzo Ciano, había anotado en su diario que «Franco no tiene ninguna visión de síntesis en la guerra. Sus operaciones son las de un magnífico comandante de batallón». Pero ahora era el Duce quien se quejaba ante él: «Escribe en tu libro hoy, 29 de agosto, preveo la derrota de Franco. Este hombre no sabe o no quiere hacer la guerra. Los rojos son combatientes, Franco no»[55] .

No obstante esta aversión personal, Mussolini creía que el resultado de la guerra era demasiado importante para Italia como para abandonar. El triunfo de Hitler en Múnich, en septiembre de 1938, le devolvió la confianza en la victoria final, y en octubre ordenó la retirada de 10.000 soldados y sus envíos de armas disminuyeron, al tiempo que aumentaban los alemanes. A la vez, Mussolini se ofreció a reemplazar a los soldados repatriados, a lo que Franco puso reparos, pues quería evitar mayores complicaciones internacionales y confiaba en alcanzar el triunfo con las fuerzas que ya tenía. Tanto las fuerzas aéreas italianas como su artillería siguieron teniendo una gran importancia y, en los últimos días de 1938, un CTV mermado ayudó de modo significativo en la ofensiva final contra Cataluña.

Conforme las tropas franquistas se aproximaban a la frontera con Francia —que durante un año fue el principal salvavidas del Ejército republicano—, el Generalísimo se mostraba más preocupado por una posible intervención militar francesa, a la vista de lo cual Ciano advirtió en repetidas ocasiones a los embajadores de Francia y Reino Unido que, si tal cosa ocurría, se enviaría al Ejército italiano a suelo español para combatir a los franceses.

Los dirigentes fascistas se mostraron bastante satisfechos tanto con el resultado de su intervención como con la victoria de Franco. El 22 de febrero de1939, Ciano anotó que con el triunfo inminente en España «se habían puesto los cimientos del Imperio Romano Mediterráneo». Mussolini, por su parte, estaba convencido de que el victorioso régimen español se alinearía con el Eje en los asuntos europeos y de que Italia había conseguido una especie de satélite en Madrid. En parte, acertó en su primera presunción, pero se equivocó en la segunda. Aunque Franco y la mayoría de sus colegas consideraron al Duce como su amigo más cercano durante el primer año después de la Guerra Civil, el Generalísimo se negó a adoptar el papel de satélite y se volvió, cada vez con más intensidad, hacia Alemania, que no hacía sino obtener triunfos a gran escala.

Sin embargo, en muchos aspectos Mussolini siguió siendo el principal valedor de Franco en el extranjero. Se había comprometido más que Hitler con la victoria de los nacionales facilitándoles más armas y tropas. Los términos de su ayuda fueron mucho más generosos y no intentó obtener las grandes contrapartidas económicas que Hitler sí exigió. En años posteriores, años después de la derrota final del fascismo italiano, tanto el propio Franco como algunas veteranas figuras de su régimen recordarían a Mussolini como un amigo y aliado leal y generoso con cierta nostalgia.

Las relaciones con la Alemania nazi fueron sustancialmente diferentes. España en sí le importaba muy poco a Hitler, y apenas se menciona la península Ibérica en el Mein Kampf. La inversión económica alemana en España fue bastante menor que la de Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos, aunque el número de alemanes residentes era considerable. El régimen nazi invirtió mucho menos que el fascista en propaganda política y actividad cultural en España, negándose a patrocinar las actividades de la Falange o a apoyar las pretensiones de los conspiradores de extrema derecha. El Gobierno republicano había negociado dos acuerdos comerciales con la corporación Krupp en abril de 1936 para adquirir nueva artillería, e incluso una vez iniciado el conflicto, siguió intentando comprar armas en Alemania.

Por ello, la solicitud que Franco le hizo llegar la noche del 25 de julio cogió a Hitler por sorpresa, si bien esta no le impidió tomar la decisión —en unas dos horas, en la madrugada del día 26— de concederle una ayuda militar limitada. Ese mismo día, Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, organizó un Sonderstab W —un grupo especial— para coordinarla. Poco después llegaron, como ya hemos dicho, los 26 aviones de transporte Junkers-52 que en el mes agosto formarían parte del primer puente aéreo de la Historia.

El interés que movía a Hitler era a la vez político, ideológico y geoestratégico, aunque para la Alemania nazi la península Ibérica era mucho menos importante que para Italia. Más fundamental fue su papel de contrapeso estratégico con Francia, a la vez que eran relevantes ciertos objetivos económicos. Hitler deseaba evitar la consolidación de un régimen revolucionario de izquierda o «comunista» y, si era posible, instaurar otro derechista, antifrancés y proalemán. En agosto de 1936 se incrementó la ayuda militar alemana y el día 28 se autorizó la participación, en caso de ser necesaria, de un pequeño número de sus instructores y de personal especializado en operaciones de combate. Aproximadamente un mes después, se intensificó el apoyo alemán con la «Operación Otto», y luego, antes de finales de octubre y en vista de la nueva escalada soviética, se tomó la decisión de enviar un pequeño contingente aéreo —además de otras fuerzas complementarias— compuesto por 92 aviones y 3.900 hombres, conocido como Legión Cóndor, que empezó a llegar el 6 de noviembre. Franco tuvo que aceptar ciertas condiciones: todas las fuerzas alemanas quedarían agrupadas en un cuerpo especial autónomo, al mando de sus propios oficiales; se garantizaría la seguridad de sus bases y, de ahí en adelante, la guerra se desarrollaría de una manera «más racional y activa», dando prioridad a la neutralización, la destrucción o la toma de los puertos mediterráneos por los cuales entraba el material soviético. En ese momento —aunque por poco tiempo— la ayuda alemana superó a la aportada por Italia.

El anticomunismo constituía un rasgo fundamental del nacionalsocialismo alemán, ya que la existencia del Partido Comunista nacional más fuerte de Europa y la «amenaza comunista» en Alemania habían contribuido de manera decisiva al triunfo de Hitler. Posteriormente fue un argumento básico para justificar tanto su política exterior como la expansión de su fuerza militar. El primer acuerdo al que Hitler llegó con sus futuros aliados fue la firma del Pacto Anti-Comintern germano-japonés el 23 de octubre de 1936, el mismo día en que se creó lo que Mussolini llamó el «Eje Roma-Berlín». Mussolini firmó el Pacto Anti-Comintern en 1937 y el Gobierno de Franco se adhirió inmediatamente después del final de la Guerra Civil.

Hitler dejó muy claro al Duce que siempre consideraría el Mediterráneo una zona de influencia italiana en la que Alemania no pensaba intervenir, a lo que Mussolini correspondió retirando su veto al Anschluss (anexión) alemán de Austria. Así pues, durante bastante tiempo Hitler no permitió las maniobras de su primer embajador en Salamanca (capital de la zona nacional), el general Wilhelm Faupel, un ferviente nazi que deseaba ayudar a la Falange a alcanzar un papel predominante en España. Hitler retiró a Faupel, vetando así cualquier interferencia política alemana. Según un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores germano, «[a Hitler] le era indiferente el sistema político que se encontrara en el poder en España al final de la guerra, ya fuera una dictadura militar, un estado autoritario o una monarquía de tendencia conservadora o liberal»[56] . Lo único que le importaba al Führer era que ese sistema amparase la política alemana. Y por ello se negó a expandir más su apoyo a Franco y dejó a Mussolini al frente de la siguiente escalada, que tuvo lugar a finales de 1936.

Alemania ciertamente deseaba la victoria franquista, pero, como ya se ha mencionado, la continuación del conflicto servía mejor a sus intereses, porque apartaba la atención de Europa de su propio rearme y expansión. Un destacado oficial alemán resumió la política del Führer a finales de 1936 de la siguiente manera:

Si se podía continuar dirigiendo la atención del resto de las potencias europeas hacia España, esto supondría una considerable ventaja para la política alemana en Europa […]. Los intereses alemanes, los únicos que importaban, no podían centrarse en una prematura conclusión de la Guerra Civil española que pusiese en riesgo su propio rearme. Por el contrario, la política alemana se beneficiaría si la cuestión española continuaba durante un tiempo, atrayendo la atención de Europa y alejándola, por tanto, de Alemania[57] .

Esta siguió siendo la posición básica de Hitler en los dos años siguientes, hasta el otoño de 1938. Si Franco esperaba obtener más ayuda, tendría que venir de Mussolini. El 5 de noviembre de 1937, el Führer reiteró su política ante sus subordinados: el interés prioritario de Alemania seguía siendo que el conflicto español se prolongara, mientras se prestaba la máxima atención a las cuestiones de Austria y Checoslovaquia, manteniendo a Italia bien enredada y a la gresca con Francia y Gran Bretaña.

Ya en las primeras semanas de la guerra española, en Berlín se evaluaron las posibles consecuencias que este conflicto tendría en Francia. Mientras prosiguiera la contienda, la división de los franceses estaba asegurada, y ello impedía una respuesta unida a las iniciativas alemanas. Incluso se llegó a albergar una cierta esperanza de que el conflicto civil se extendiese al país vecino.

Tras la exitosa ofensiva franquista en Aragón de 1938, Hitler comunicó al líder de la Sonderstab W, Erwin Jaenecke, que no deseaba ver cómo Franco conquistaba Cataluña rápidamente, algo que, en ese momento, parecía factible. Por el contrario, Hitler prefería que se mantuviera lo que denominaba una «Cataluña roja» que siguiese actuando como manzana de la discordia entre Franco y el Gobierno francés, con lo que se eliminaba cualquier peligro de entendimiento entre París y el régimen franquista. De esta manera se podía aislar a Cataluña del resto del sistema económico español, facilitando así la obtención de materias primas por parte de Alemania al tiempo que Mussolini mantenía su objetivo de oposición a Francia. Hitler dio instrucciones a un sorprendido Jaenecke para que Franco no se dirigiese a Cataluña, aconsejándole que fuera hacia el sur. Esto, junto a los informes relativos a las discusiones francesas acerca de la conveniencia de intervenir en Cataluña y/o las Baleares, es lo que convenció a Franco de renunciar a conseguir un triunfo rápido en Cataluña, decisión inexplicable desde un punto de vista militar, para concentrarse en el lento y difícil avance hacia Valencia por las colinas y la carretera de la costa, una decisión que dejó estupefactos a sus propios subordinados.

Sin embargo, durante la mayor parte de la guerra, los jefes militares alemanes no dejaron de quejarse de la lentitud y de la falta de imaginación de las operaciones de Franco, circunstancias que llegaron a afectar a la moral de la Legión Cóndor. Para el embajador Faupel, «sus conocimientos y experiencias personales militares no son suficientes para la conducción de operaciones en su dimensión actual» y, según el general Hugo Sperrle, comandante de la Legión, «al parecer, Franco no es el líder que puede con estas tareas grandes. Según criterios alemanes, no tiene experiencia militar. Como le hicieron muy joven general en la guerra del Rif, nunca ha mandado unidades mayores y, por tanto, el mayor nivel que tiene es el nivel de jefe de batallón […]»[58] . Pero esto no preocupaba a Hitler, pues, repetimos, las tácticas dilatorias de Franco le convenían.

En 1938, Hitler quiso firmar un tratado especial de amistad con el Gobierno de Franco para vincularle aún más con Alemania. El precavido dictador español no estaba dispuesto a dar ese paso, pues era consciente de que, mientras durase la guerra, debía evitar el enfrentamiento con Francia y el Reino Unido. Solo al final del conflicto se le vio preparado para ir más allá de ese protocolo secreto que había firmado en marzo de 1937 por el cual se comprometía a que España permaneciera neutral ante cualquier conflicto bélico que estallara en Europa.

Las relaciones económicas fueron el principal punto de fricción entre la Alemania nazi y el régimen franquista. En Berlín —al contrario que en Roma— estaban decididos a sacar el máximo partido posible, sobre todo del control y de la importación de minerales. Las relaciones económicas con España estaban en manos de dos compañías, HISMA (Hispano Marroquí de Transportes, S. L., una empresa privada solo de nombre, pues la mitad de su capital procedía del Estado español), encargada de canalizar los envíos de armas, y ROWAK (Rohstoff-Waren-Handelsgesellschaft, A. G.), una empresa estatal que se ocupaba de la importación de productos españoles. Franco habría preferido unos acuerdos de compensaciones bilaterales más directos, pero, en su lugar, firmó dos protocolos comerciales en 1937, según los cuales la deuda de armas y los gastos de la Legión Cóndor se saldarían mediante el pago de un interés anual del 4 %, pero también en parte por el suministro regular de minerales y otras materias primas. Además, se permitiría la inversión de capital alemán en nuevas empresas mineras, con sometimiento a la ley española.

Al mismo tiempo, Franco intentó mantener unas relaciones económicas normales con Gran Bretaña, y en 1937 casi el 75 % de las exportaciones británicas destinadas a España fueron a parar a la zona nacional. Las relaciones comerciales con Francia —que antes de la guerra eran mucho más importantes que las que había con Alemania— se deterioraron, porque, ante la presión del país vecino, las exportaciones españolas cayeron en picado.

El Gobierno alemán estaba interesado sobre todo en la importación de pirita —esencial en la industria militar— y de hierro. En 1937, la exportación de este mineral a Alemania se duplicó y aumentó también la destinada a Gran Bretaña, mientras la dirigida a Francia prácticamente desapareció. De igual manera, se exportaba cada vez más hierro a Alemania, pero la venta a Inglaterra cayó bruscamente en 1938. Durante este año, la proporción de las exportaciones españolas —de ambas zonas— a Alemania aumentó del 11 % en 1936 hasta casi el 41 % en 1937.

Hitler también ambicionaba la propiedad directa y el control de varias empresas mineras clave para poder dominar la producción de ciertos minerales estratégicos. En poco más de un año, ROWAK creó once empresas en España, situación que el régimen franquista —por otra parte muy nacionalista— interpretaba con aprensión. El 12 de octubre de 1937 Franco decretó la nulidad de la adquisición de derechos mineros realizada por extranjeros en España desde el comienzo de la guerra. Se respetarían las inversiones extranjeras anteriores, pero se anularon 73 de las efectuadas por ROWAK y se puso en peligro el crecimiento de un gran grupo empresarial alemán, denominado MONTANA, cuyo objetivo era controlar muchos de los derechos de la industria minera. Tras largas discusiones y negociaciones, Franco firmó un decreto, a principios de junio de 1938, que permitía a los alemanes poseer hasta el 40 % del capital en empresas mineras de nueva creación. Esta posibilidad dio pie a que, para adquirir nuevas acciones, utilizaran a españoles que figurarían como propietarios nominales.

Pero este arreglo no satisfizo a Hitler y, por primera vez, en el verano de 1938 las relaciones entre los dos dictadores se deterioraron. También contribuyó la posición oficial de neutralidad que Franco adoptó cuando, en septiembre, estalló la crisis de los Sudetes. En ese momento, el enorme desgaste que había supuesto la batalla del Ebro empezaba a hacer mella en las existencias de armas alemanas, pero el Führer no estaba dispuesto a reponerlas a no ser que, a cambio, se obtuvieran compensaciones económicas.

La situación militar obligó a Franco a dar su brazo a torcer y, en noviembre de1938, tuvo que acceder a regañadientes a que Alemania controlase entre el 60 y el 75 % de las acciones en cuatro de las cinco empresas mineras del grupo MONTANA; a cambio se reanudaron los envíos de material bélico para afrontar la fase final de la guerra.

Para entonces, la política exterior hitleriana había entrado en su etapa más agresiva y la guerra de España ya no era necesaria como distracción. Ahora el Führer quería que Franco ganase rápidamente y contribuyó con su armamento a reforzar las tropas nacionales para la conquista de Cataluña. En estos momentos, la intervención francesa había dejado de ser una amenaza y la guerra llegaba a su fin.

Aunque las exigencias alemanas eran mayores que las de Mussolini, por lo general, las relaciones entre Franco y Hitler fueron efectivas para el régimen español. Es vierto que las condiciones financieras de los alemanes fueron bastante menos generosas que las de los italianos y Franco tuvo que ceder, al menos en parte, en la cuestión de las empresas mineras, pero solo se devolvió el 18 % del coste de su ayuda militar, mediante el pago o la entrega de materias primas, antes de que la guerra llegara a su fin.

España no desempeñó un papel importante en la política de Hitler, pero, sin duda, consiguió los dos objetivos que este se había propuesto: dejar que se prolongara un conflicto que distrajo y dividió a sus adversarios —y que condujo, de manera lenta pero inexorable, al triunfo de Franco—, y que en España se instaurase un régimen amistoso y antiizquierdista, orientado en general, aunque no en exclusiva, hacia las potencias del Eje y que garantizara las exportaciones de materias primas al Reich. Además, la Guerra Civil le proporcionó importantes dividendos secundarios, como la asociación más firme con Italia, cuyos problemas con Francia y Gran Bretaña eran cada vez más acuciantes.

Al final de la guerra, Franco se convirtió en el cuarto mandatario en firmar el Pacto Anti-Comintern —con Alemania, Italia y Japón—, aunque el acuerdo cultural especial que se negoció al mismo tiempo nunca llegó a ratificarse de manera oficial, debido a la oposición de la jerarquía de la Iglesia española, que se negaba a que España acabase inundada de propaganda nazi. Para Berlín fue una decepción, pero ya había conseguido sus objetivos más importantes en España.

8

LA INTERVENCIÓN SOVIÉTICA Y EL COMUNISMO

Si las intervenciones de Mussolini y Hitler en el conflicto civil español generaron una gran controversia, mayor aún fue la que suscitaron la participación de Stalin y el papel del comunismo en la contienda, debate que hasta cierto punto persiste aún en el siglo XXI. La situación de la Unión Soviética era diferente en carácter y calidad, porque se trataba de la única potencia que mantenía su propio partido político en España. La Falange era un movimiento de tipo fascista totalmente independiente de Italia, y su papel en la zona nacional quedaba subordinado al Estado, mientras que el Partido Comunista de España (PCE) era en parte una creación de Moscú, se encontraba totalmente bajo la disciplina de la Internacional Comunista, un brazo de Moscú, y llegó a tener una gran influencia en la zona republicana, con sus propias formaciones militares tanto en el interior del Ejército Popular como en las Brigadas Internacionales, criatura de la Comintern.

Los líderes de la sublevación militar del 18 de julio argumentaron que su actuación tenía como finalidad salvar al país del «comunismo» y, para muchos millones de personas, la Guerra Civil se convirtió en una lucha entre «comunismo» y «fascismo». No obstante, como ya se ha indicado, una investigación cuidadosa de los hechos pone de manifiesto que, en España, tanto el fascismo como el comunismo genuinos habían sido, en comparación con otros movimientos, fuerzas débiles, aunque los dos movimientos crecieron rápidamente en 1936 como síntoma claro del conflicto en ciernes. Ambos términos se empleaban de manera indiscriminada para referirse a la izquierda revolucionaria y a la derecha autoritaria o incluso a la derecha en general.

El PCE fue fundado en 1920, pero durante cerca de quince años constituyó un fracaso rotundo. En 1928, los directores de la Comintern declararon la apertura del «Tercer Periodo» de actividad revolucionaria en el mundo —aprovechando que los sistemas capitalistas estaban al borde de una gran crisis—, y se hacía necesario pasar al revolucionismo violento y a la guerra civil —semejantes a las tácticas del «Primer Periodo» de 1919-1924—. De manera que el guerracivilismo fue la táctica empleada por el PCE durante casi toda la historia de la Segunda República. Si bien el exclusivismo revolucionario de la Comintern prohibía la formación de alianzas con otros grupos, finalmente se aprobó la participación comunista en la insurrección socialista de 1934.

Fue entonces cuando la Comintern se dio cuenta de que en España, mucho más que en cualquier otro país de Occidente, se estaban desarrollando nuevas oportunidades de radicalización, por lo que procedió a subvencionar una campaña masiva de propaganda. En 1935 patrocinaba 42 publicaciones, bien de manera directa o, con más frecuencia, a través de organizaciones interpuestas.

El séptimo congreso de la Comintern, celebrado en agosto de 1935 en Moscú, introdujo una nueva táctica, la del Frente Popular, que alentaba a los comunistas a formar amplias alianzas electorales con otros partidos de izquierda e incluso con los demócrata-liberales burgueses. Esta iniciativa se anunció como un cambio en las tácticas, no en la estrategia, cuyo objetivo seguía siendo la dictadura del proletariado.

Al mismo tiempo se reconocía que un Frente Popular que obtuviese una decisiva victoria electoral en un país concreto estaría en disposición de introducir un nuevo tipo de régimen político: un régimen solo de izquierdas, en el que se pudieran subyugar de manera legal los intereses derechistas. Esta «República de nuevo tipo» sería muy diferente a las repúblicas de «democracia burguesa» de Francia, Suiza o Estados Unidos, y más parecida a la primera «República Popular» dominada por los soviéticos, la de Mongolia, instaurada tras la invasión y conquista de este país por el Ejército Rojo en 1921. Oficialmente, la República Popular de Mongolia no era un régimen socialista o comunista, sino que se declaró como la forma más avanzada de ese «nuevo tipo» de república.

En enero de 1936, justo después del anuncio de nuevas elecciones para mediados de febrero, los republicanos de izquierda y los socialistas prietistas negociaron una alianza que podía extenderse a otros grupos de izquierda. La FAI-CNT se abstuvo, pero los comunistas sí entraron, sobre todo gracias al respaldo de los socialistas de Largo Caballero. La propaganda comunista fue tan eficaz que la alianza adoptó el nombre urdido por la Comintern, aunque a Azaña no le gustara.

Pese a lo que sostienen ciertas tesis erróneas, el comunismo frentepopularista no introdujo un nuevo comunismo moderado que proponía que la revolución se pospusiera hasta un futuro lejano, sino que se trataba de la simple adopción de unas tácticas de alianza diseñadas para acelerarla. Durante la campaña electoral del Frente Popular de 1936, los oradores del PCE dejaron claro, tanto en sus discursos como en sus publicaciones, que si el Frente Popular ganaba, el partido aplicaría una estrategia en tres fases: en primer lugar, se implantaría una «República de nuevo tipo» y solo de izquierdas, aunque técnicamente continuaría siendo burguesa, de la que se prescindirían de los partidos conservadores y del poder capitalista. Esta sería una fase transitoria, a la que sucedería un «gobierno obrero y campesino», formado en exclusiva por comunistas y algunos otros elementos de la izquierda obrera, que abriría camino a la tercera fase: la toma comunista del poder a partir de la cual se establecería la dictadura del proletariado.

La victoria electoral frentepopularista, aunque corrupta y fraudulenta, otorgó al PCE su primera representación parlamentaria significativa —un total de 17 diputados—, así como cierto impulso político. Durante las seis primeras semanas del nuevo Gobierno de Azaña, los comunistas lanzaron una vigorosa ofensiva propagandística a favor de sus objetivos revolucionarios, reiterando tanto estos como su estrategia en tres fases, e intentando de modo enérgico promover la fusión oficial con el PSOE, mucho más numeroso pero dividido, y al que creían poder dominar. Sus esfuerzos se centraron especialmente en Madrid, donde organizaron grandes manifestaciones, intentando una y otra vez presentarse como un partido más poderoso de lo que era en realidad. En vísperas de la Guerra Civil afirmaban contar con 100.000 afiliados, aunque los historiadores han concluido que la cifra real apenas superaba los 50.000. Tales aseveraciones tuvieron el efecto, entre otros, de convencer a los conservadores españoles de que el PCE era una entidad mucho más importante de lo que en verdad era.

De repente, en el mes de abril de 1936 la línea táctica del partido se volvió más moderada debido a dos factores, uno doméstico y otro externo. Este último fue el éxito que obtuvo Hitler con la incorporación plena y el rearme de Renania, que hizo saltar todas las alarmas en el Kremlin. Moscú envió instrucciones al PCE —el segundo Partido Comunista más fuerte del oeste de Europa— para que subordinara los intereses políticos al apoyo a la Unión Soviética, al tiempo que moderaba su política interna. El factor doméstico fueron las consecuencias del triunfo del Frente Popular y su consiguiente dominio político. En ningún otro país, desde 1919 y fuera de la Unión Soviética, los comunistas habían formado parte de una coalición que controlaba por completo el poder político, lo que les llevó a aceptar, al menos nominalmente, la legalidad y no la revolución. También en abril, el PCE recibió instrucciones de dar absoluta prioridad al empleo legal del poder, esto es, se debía perseguir con empeño la construcción de una «República de nuevo tipo», pero siempre por medios legales y parlamentarios, al menos en apariencia. Se desaconsejaban las huelgas extremistas y habría que esforzarse al máximo para moderar a la CNT, pues se temía que el sindicato anarquista desencadenara otra insurrección que pudiera dar inicio a una guerra civil. También se hablaba de destruir el poder económico del capitalismo español y de eliminar a todas las fuerzas y partidos derechistas, pero sirviéndose de las leyes, no de la acción violenta y revolucionaria.

¿Significaba esto que la política comunista se había vuelto más «moderada», como muchos analistas sostienen? Sí, al menos hasta cierto punto, en lo que respecta a sus tácticas, pero sus objetivos seguían siendo los mismos. Cuatro días antes del estallido de la Guerra Civil, el PCE presentó nuevas propuestas legislativas en las Cortes con el fin de disolver los partidos derechistas, encarcelar y procesar a todos sus líderes y militantes de cierta relevancia y confiscar sus propiedades. Se calculaba que estas propuestas nada moderadas —ni siquiera constitucionales— se podían llevar a la práctica gracias a la gran mayoría parlamentaria del Frente Popular.

Por tanto, ¿cuánta responsabilidad cabe atribuir al PCE en el estallido de la Guerra Civil? Solo una mínima parte de los desórdenes y violaciones de la ley y la Constitución que tuvieron lugar durante la primavera de 1936 se debieron a los comunistas, si bien eso no significa que su política fuera moderada. Los comunistas no fueron en sí mismos responsables de provocar directamente la Guerra Civil, porque carecían del poder real para hacerlo, pero sí desempeñaron un papel activo al promover un grado de polarización extremo que esperaban controlar mediante el completo dominio izquierdista de las instituciones de la República.

LA INTERVENCIÓN SOVIÉTICA

Aunque Stalin mantenía su propio Partido Comunista en España, debido al enorme distanciamiento geográfico y a las potenciales complicaciones internacionales, le costó más que a Hitler o Mussolini tomar la decisión de intervenir militarmente. Antes de la guerra, diversos teóricos marxistas españoles que no eran comunistas ya señalaban en sus escritos que el proceso revolucionario no debía temer una intervención extranjera capitalista, porque, en tal caso, la Unión Soviética lo protegería. Pero a Stalin esto no le resultaba tan obvio.

Por ello el dictador ruso procedió con cautela y lentitud ante la solicitud que el 25 de julio de 1936 la embajada española presentó a los soviéticos en París. La ayuda que ofreció pasaba por cuatro fases. Empezaba con la recaudación de apoyo financiero de los sindicatos soviéticos, junto con una nueva ayuda económica, al comienzo del mes de agosto, seguido en una segunda fase, ese mismo mes, mediante el establecimiento de relaciones oficiales entre Madrid y Moscú con la llegada a España de un embajador soviético y personal clave. La tercera etapa tenía que ver con el envío de un reducido número de personal militar, mientras la cuarta fase, y definitiva, consistía en la intervención directa con el envío de armas soviéticas, decisión que se tomó en Moscú el 14 de septiembre.

Los objetivos soviéticos eran diversos, aunque conectados entre sí: el triunfo militar y político de las izquierdas en España; el avance geoestratégico de los intereses soviéticos en Europa Occidental, y la obtención de otros beneficios subsidiarios en diferentes áreas, como la propaganda, la movilización política, los servicios de inteligencia y las mejoras en el plano armamentístico, aunque todas estas consideraciones no estaban presentes al comienzo de la contienda y la importancia que se concedió a cada una de ellas no fue la misma.

A veces se ha planteado la pregunta de si en verdad Stalin buscaba la victoria directa en la guerra española. Las evidencias de que disponemos indican que sí, pues al menos durante el primer año, hasta el verano de 1937, se persiguió un triunfo militar rápido y completo. La ayuda militar enviada en los primeros momentos de la guerra, en octubre de 1936, superaba el total de las ayudas alemana e italiana juntas. Valía la pena correr el riesgo de que las potencias rivales no respondieran en consonancia, pero, para desgracia de los soviéticos y republicanos, Roma y Berlín contestaron a la escalada de Moscú con una contraescalada aún mayor, tal y como hemos visto en el capítulo anterior.

Otro cálculo era que la intervención fortalecería el comunismo español y la creación de esa «República de nuevo tipo» que ahora, con la Guerra Civil y la revolución, y debido a los excesos de la última, estaba desordenada y en absoluto reflejaba el esquema soviético. Cuanto más aumentaba la influencia comunista, mayor era la posibilidad de canalizar la revolución de los anarquistas y socialistas, cuya violencia y extremismo perjudicaban tanto al esfuerzo militar como a los intereses internacionales soviéticos. Se buscaba un sistema nuevo, pero no el de la extrema izquierda revolucionaria.

Georgi Dimitrov, secretario de la Comintern, dejó claro que, al contrario de lo que afirmaba la propaganda soviética ante las democracias occidentales, no se trataba de una batalla para preservar o restaurar una República parlamentaria, democrática y liberal. En sus palabras:

Ya no se plantea como antes la cuestión del Estado democrático burgués […]. No será una vieja república democrática, como por ejemplo la república norteamericana, ni será una república a la manera francesa o suiza […]. Se tratará de un tipo específico de república con una auténtica democracia popular. Todavía no será un Estado soviético, pero sí antifascista, de izquierdas, en el que participará el sector auténticamente izquierdista de la burguesía[59].

En efecto, se trataba del tipo de República enunciado en 1935, en la introducción de las tácticas del Frente Popular, de la que desaparecería cualquier influencia conservadora, donde los trabajadores controlarían la economía, aunque no fuera necesaria la plena colectivización, y constituiría «una forma especial de dictadura democrática de la clase obrera y el campesinado»[60] —según la fórmula original leninista de 1917— o, en palabras de Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, «un adelanto de lo que en 1945-1946 serían las democracias populares»[61].

Palmiro Togliatti, el supervisor de la Comintern para Europa Occidental —y más tarde su representante superior en España—, fue todavía más contundente al explicar esa política en un artículo publicado en octubre de 1936 bajo el título «Rasgos específicos de la revolución española». Allí se presentó por primera vez la que durante los siguientes cincuenta años sería utilizada como definición habitual del conflicto español por soviéticos y comunistas: una «guerra nacional-revolucionaria» de independencia frente a los Estados fascistas, a nivel internacional y, a nivel doméstico, la lucha para implantar una República revolucionaria de «tipo nuevo». El adjetivo «nacional» no solo hacía referencia a la independencia de España, sino también a la «liberación» de Cataluña, Galicia y País Vasco, en las condiciones establecidas por la Comintern. La simple definición de esta «revolución» en términos de socialismo o de dictadura del proletariado y el campesinado «no explicaría su auténtica naturaleza», pues se trataba de una forma particular de revolución demócrata-burguesa, aunque se diferenciaba de esta en que no estaba liderada por la burguesía, sino que daba un paso más al englobar una alianza frentepopularista de obreros, campesinos, pequeños burgueses progresistas, sectores avanzados de la burguesía liberal y grupos nacionales «oprimidos». En esta alianza, la clase obrera, liderada por el PCE —por muy minoritario que fuera—, estaba a punto de lograr la hegemonía, en un enfrentamiento dificultado por la extensión y la influencia del anarcosindicalismo y la existencia de retrógrados elementos socialdemócratas entre los trabajadores. El resultado no era únicamente alcanzar la revolución demócrata-burguesa, sino la construcción simultánea de ese «tipo nuevo» de República democrática popular de la que se eliminaría cualquier vestigio de «fascismo», lo que venía a significar cualquier elemento conservador. «Esta democracia de nuevo tipo no […] dejará de ser enemiga del espíritu conservador, en cualquiera de sus formas», al tiempo que «garantiza que los trabajadores españoles lograrán nuevas conquistas económicas y políticas»[62].

Se trataba de una cuidadosa y detallada recapitulación de la habitual posición de la Comintern que había sido enunciada una y otra vez en los catorce meses precedentes. Hasta la disolución de la Unión Soviética de esta doctrina no se modificó ni un ápice en lo concerniente a la revolución española de 1936-1939, e incluso posteriormente los historiadores rusos postsoviéticos han seguido haciéndose eco de ella.

El segundo gran objetivo soviético, el avance geoestratégico, estaba menos definido, porque era bastante dudoso que la intervención a favor de la revolución española animase a las democracias capitalistas a aproximarse a la Unión Soviética. Sin embargo, y pese a esta contradicción, fue uno de los objetivos básicos de la política soviética durante tres años, al menos hasta la primavera de 1939. Mientras los planes definitivos para llevar a cabo la «Operación X» (ayuda militar directa a la República) seguían adelante, el Politburó, en su reunión del 20 de septiembre de 1936, se reafirmó en la idea de que la seguridad colectiva era la base de la política exterior soviética, lo que significaba una política de doble dirección, y ello a pesar del temor expresado por su ministro de Asuntos Exteriores, Maksim Litvínov, de que una mayor intervención en la revolución española resultaría contraproducente. La mayoría de los Gobiernos occidentales eran más o menos conscientes de que la doctrina soviética a largo plazo pasaba por que otra guerra global interimperialista actuara como «rompehielos» en beneficio de la revolución mundial, y ni mucho menos deseaban verse involucrados en semejante conflicto. Por otro lado, las potencias occidentales temían que la intervención soviética en España desembocara en una expansión del comunismo. Las preocupaciones de Litvínov no iban descaminadas, ya que, casi desde el principio, numerosos líderes europeos sospechaban que el auténtico objetivo político de Stalin era provocar una guerra entre las potencias occidentales.

Los representantes soviéticos fueron los miembros más activos del Comité de No Intervención y denunciaron con firmeza la intervención de Alemania e Italia. Además, durante toda la guerra, tanto sus sistemas propagandísticos como los de la Comintern no dejaron de apelar a la opinión pública occidental. El énfasis extremo que se puso en el absoluto secreto de la «Operación X» iba dirigido a disfrazarla u ocultarla todo lo posible, lo que resultó ser un objetivo bastante ingenuo. Tanto secreto llevaba el fracaso escrito, y la activa intervención en España podía desanimar a Francia e Inglaterra a la hora de adherirse al plan soviético de seguridad colectiva. Aun así, está claro que, en este sentido, como en muchos otros, Stalin esperaba sacar partido de la diversidad de factores en juego y matar dos pájaros de un tiro: por un lado, una victoria republicana —bajo la supervisión de la Unión Soviética— podría mejorar la posición estratégica de Moscú, y, por otro, incluso si no se alcanzaba un acuerdo con las democracias occidentales, el conflicto en España podría distraer, o al menos dejar empantanadas, a las potencias fascistas, y ello aumentaría la seguridad soviética.

Fue en el ámbito de los beneficios colaterales donde los soviéticos obtuvieron sus principales logros. El estandarte del frentepopularismo antifascista constituyó un poderoso imán con el que atrajeron el respaldo político incluso de los liberales de izquierda occidentales, que hasta entonces habían tendido a ser antisoviéticos. Durante los años del «Gran Terror» en Moscú, cuando en la Unión Soviética imperaba el totalitarismo más extremo, ese antifascismo restauró cierta apariencia de progresismo y mejoró considerablemente su imagen, al menos entre los sectores de la izquierda liberal.

En Europa Occidental, la URSS ya contaba con una formidable red de inteligencia que podía ampliarse gracias al mayor alcance de las nuevas actividades de la Comintern y a las operaciones que el NKVD[63] llevó a cabo en la zona republicana. Los pasaportes de los brigadistas internacionales llegaron como caídos del cielo, aportando la documentación necesaria para infiltrarse en otros países, sobre todo en Estados Unidos, cuyos pasaportes eran muy difíciles de copiar y falsificar. Un poco más tarde fueron de ayuda en las operaciones destinadas a robar los secretos de la bomba atómica.

Por tanto, desde septiembre de 1936 el régimen de Stalin se comprometió con la guerra en España en cuatro dimensiones diferentes: 1) una participación intensa en los asuntos políticos internos republicanos y su manipulación por parte de la Comintern y el PCE; 2) una ayuda militar directa y cuantiosa, compuesta por armamento y por una selección del personal más cualificado del Ejército Rojo; 3) una importante asistencia política, propagandística y material a través de la Comintern, sus partidos y sus organizaciones encubiertas, así como del suministro de alimentos y otro material no bélico procedente de la Unión Soviética; y 4) un activo respaldo diplomático, sobre todo en el Comité de No Intervención y a través de los diversos canales de la diplomacia bilateral.

La intervención soviética en el conflicto español fue la más importante de sus acciones militares desde el final de la guerra civil rusa en 1921-1922 hasta 1938. En sus campañas anteriores contra los rebeldes musulmanes había empleado mayor número de tropas, como ocurrió también en su incursión en Manchuria y más tarde en Xinjiang, aunque estas últimas no fueron campañas muy activas. La cantidad de personal militar soviético enviado a España fue mucho más reducido —y también en comparación con la intervención alemana e italiana—, pero utilizaron armas nuevas y más sofisticados. Las fuentes soviéticas solo reconocieron el envío a España de un máximo de 3.000 hombres, de los que 200 (el 6,67 %) murieron, una proporción nada extraordinaria si se compara con la de los dos ejércitos españoles, en los que se registraron alrededor del 7 % de muertos. Este porcentaje solo fue superado por las bajas en algunas fuerzas especiales, como las Brigadas Internacionales o las fuerzas marroquíes y los requetés navarros en el bando franquista. El número de tropas soviéticas —aunque todos eran especialistas técnicos, tales como asesores, aviadores, tanquistas y mecánicos (nunca infantería)— fue escaso si se comparan con los 70.000 italianos y 16.000 alemanes que lucharon en España. Incluso si se incluye a los 42.000 miembros de las Brigadas Internacionales, fueron menos.

Ahora bien, los combatientes soviéticos compensaron este escaso número de tropas con su preparación técnica y especializada. El mayor contingente fueron los 800 aviadores que servían en la fuerza aérea republicana, seguido de los centenares de tanquistas, que constituyeron la fuerza blindada más poderosa de toda la guerra. El otro gran contingente que actuó en suelo español fueron los 600 asesores e instructores del Ejército Rojo que se encargaron de dirigir y entrenar el Ejército Popular de la República.

Después de la actividad política y militar, la tercera área de actividad relevante fue la red de inteligencia que creó y dirigió el NKVD. Aunque no había muchos agentes soviéticos en España, gozaron de un acceso a la información y de unas posiciones privilegiadas. Sus dos jefes, los comandantes Naum Belkin, Belyaev, y Alexander Feldbin-Nikolsky, Orlov, desarrollaron la principal red de inteligencia y contraespionaje de la zona republicana, y se ocupaban además de entrenar a los guerrilleros irregulares y de dirigir una gran parte de sus operaciones. Julio Álvarez del Vayo, ministro republicano de Asuntos Exteriores, permitió a Orlov un acceso total a sus comunicaciones, de manera que este informó a sus jefes moscovitas el 23 de mayo de 1937: «Es posible leer todos los criptogramas que las legaciones extranjeras envían y reciben en España»[64]. Orlov pudo extender su red a Francia y al Protectorado marroquí. Consiguió organizar un grupo de agentes e informadores en la zona nacional, y más tarde presumiría de poder informar al Estado Mayor republicano de antemano sobre casi todas las ofensivas franquistas.

La intervención en España dio a Stalin la oportunidad de bloquear la política de Hitler, de establecer un asidero geoestratégico en el otro extremo de Europa, de consolidar el otro —y único— régimen revolucionario del mundo, de construir una poderosa base para crear un Partido Comunista occidental, de obtener el apoyo de los liberales de izquierda que simpatizaban con la República, de probar sus nuevas armas y obtener experiencia militar y, finalmente, de ampliar sus operaciones de inteligencia y espionaje. Incluso le fue útil en términos económicos, porque, como se explicará en el siguiente apartado, Stalin se cobró la ayuda que prestó a los republicanos, que le pagaron en oro.

Durante el primer año de guerra, Stalin se interesó personalmente, y a diario, en la contienda española, pero dejó de ser así en el verano de 1937. Los riesgos que implicaba la intervención soviética se incrementaron por dos razones: primero, por la creciente superioridad de la Marina de Franco, que empezaba a hostigar los transportes en el Mediterráneo, por lo que los envíos soviéticos se encontraban en peligro y Stalin decidió cerrar esta ruta. Desde entonces, el material bélico llegaría a través de Francia desde los puertos del norte, un trayecto mucho más lento, complicado y costoso, por lo que la cantidad de envíos disminuyó notablemente. El segundo motivo fue la invasión japonesa de China en julio de 1937. El peligro de verse obligado a librar una guerra en dos frentes era la pesadilla estratégica de Moscú. Stalin creyó vital mantener la resistencia china y empezó a prestarle una asistencia material cuantiosa, a pesar de que el Gobierno chino era un enemigo político. La ayuda a la República española comenzó a disminuir, mientras se enviaba a China la cantidad de armas que antes había llegado a España.

Moscú nunca «abandonó» a la República, como alegaban los republicanos anticomunistas, aunque en 1938 la cuestión española había perdido importancia. Stalin estaba cada vez más perplejo por la complejidad del compromiso soviético, pero no era capaz de establecer las condiciones necesarias para negociar una retirada estratégica aceptable, y así, aunque su intervención se fue apagando, nunca llegó a extinguirse del todo antes del colapso final de la República.

EL «ORO DE MOSCÚ»

Entre las muchas ventajas con las que contaban los republicanos al comienzo de la guerra se encontraban las reservas de oro del Banco de España, que entonces estaban valoradas en 800 millones de dólares de 1936, la reserva más grande de la Historia de España y la cuarta más grande del mundo. Acumuladas especialmente como consecuencia del relativo aumento de las exportaciones en la primera parte del siglo XX, durante los primeros meses del conflicto los republicanos decidieron utilizar esta reserva para adquirir armas en el extranjero. Se enviaron delegaciones de compras a más de una decena de países, pero debido a la desorganización reinante y a los muchos Gobiernos y organismos formados por la revolución, dichos esfuerzos estuvieron descoordinados y, en ocasiones, se oponían entre sí. El Acuerdo de No Intervención provocó el cierre de mercados clave. No era infrecuente que proveedores sin escrúpulos se dedicaran a estafar a los republicanos, aunque también es verdad que algunos de sus agentes malversaron, pura y simplemente, parte del dinero.

A finales de septiembre de 1936, la Unión Soviética se había convertido en el más importante abastecedor militar. La decisión de enviar la mayor parte de la reserva restante de oro a Moscú dio pie a una de las operaciones más extraordinarias y controvertidas de toda la Guerra Civil. El nuevo Gobierno de Largo Caballero dispuso trasladar el grueso de estas reservas, así como otros activos financieros, a Cartagena. Las fuerzas franquistas todavía no habían llegado a Madrid, pero se estaban acercando, y los republicanos pensaron que el oro estaría más seguro en la zona este —siempre que no fuese cerca de Cataluña, bajo el poder, por separado, de los anarquistas y de Esquerra—. Se trataba de 10.000 cajas de oro de ley, de todas las reservas de plata, de bastante papel moneda y de otros activos financieros. Una parte de las reservas ya se había mandado a Francia para uso comercial, y en febrero de 1937 el envío había alcanzado un total de 174 toneladas, aproximadamente el 26,5 % de las reservas originales.

En octubre, el Gobierno republicano se encontró con serias dificultades para hacer un uso eficaz de su oro, mientras los agentes de Franco hacían todo lo posible para bloquear las actividades en Francia. El 4 de octubre llegó a España el primer cargamento de armas soviéticas con la promesa de que le seguirían muchos otros. No existe evidencia documental sobre las decisiones que se tomaron entonces en Madrid, pero parece que Largo Caballero y su nuevo ministro de Hacienda, Juan Negrín, se comprometieron a pagar a los soviéticos mediante transferencias en oro.

Enviar las reservas al extranjero en tiempo de guerra no fue una decisión sin precedentes. Tanto Francia como Gran Bretaña lo habían hecho en la Primera Guerra Mundial, y lo volvieron a hacer en la Segunda. Ahora bien, enviarlas al mayor Estado revolucionario del mundo en lugar de a un bastión del capitalismo —como habían hecho otros países— era algo muy distinto, aunque para entonces la República ocupaba el segundo lugar en el ránking de Estados revolucionarios. Se ha dicho que influyó mucho en Negrín su amistad con Artur Stashevski, su homólogo en la embajada soviética, pero no hay datos que lo verifiquen. Aunque era un prietista declarado en su propio partido, la actitud de Negrín hacia la Unión Soviética era muy favorable, ya que cada vez más la consideraba como la única esperanza de la República.

Lo que sí se sabe seguro es que Largo Caballero firmó una carta —redactada en francés— que se entregó al embajador soviético, Marcel Rosenberg, el 15 de octubre, en la que se pedía permiso para enviar una gran cantidad de oro a la URSS. Dos días más tarde, en otra carta indicaba que la idea era utilizar esa reserva para, con ayuda soviética, realizar pagos internacionales.

Según su propio testimonio, el comandante del NKVD Orlov recibió el día 20 un telegrama codificado del jefe del servicio de inteligencia en Moscú, Nikolái Yezhov, quien le transmitió un mensaje de «Iván Vasílievich» —pseudónimo de Stalin— en el que se le ordenaba ocuparse del traslado del oro desde Cartagena hasta Odessa en naves soviéticas. Stalin prohibió a Orlov que entregase a las autoridades españolas ningún tipo de recibo, pues ya se les haría llegar cuando el oro estuviera en la Unión Soviética. Al final se sacaron de España 7.800 cajas de oro, 510 toneladas, de las que cerca de 460 eran de oro de ley. Orlov se sirvió de los tanquistas soviéticos recién llegados a Cartagena como conductores de los camiones y durante varios días se transportó el oro a los barcos anclados en el puerto. A principios de noviembre, las reservas llegaron a la Unión Soviética junto con tres funcionarios del Banco de España.

El 7 de febrero de 1937, las autoridades soviéticas entregaron un recibo por las 7.800 cajas. Si no se tiene en cuenta el valor numismático de las monedas raras, que constituían casi todo el cargamento —solo había lingotes en 13 cajas—, el valor de mercado del oro puro podría haber ascendido a casi 518 millones de dólares de la época. En enero de 1937, Stalin recompensó a Orlov con la más preciada de las condecoraciones: la Orden de Lenin.

No hay indicios de que se produjera discusión alguna en el Gobierno republicano acerca del envío del oro a la Unión Soviética, aunque más tarde llegase a ser motivo de intensos debates. Parece ser que, en principio, la decisión la tomó Negrín con la aprobación del presidente del Gobierno; años más tarde, Largo Caballero escribió en sus memorias que no tuvo elección. Ni se consultó a Azaña ni al Consejo de Ministros, aunque Prieto, como ministro de Marina, debía saberlo por fuerza, pues era el encargado de proporcionar escolta naval, aunque posteriormente negó haberlo hecho. En realidad, es algo difícil de creer si se tiene en cuenta que, en ese momento, Negrín era un miembro muy activo del ala prietista del Partido Socialista, y en el otoño de 1936 el contacto entre ambos líderes era muy estrecho. No existen pruebas de que Prieto tomase parte en la decisión de sacar el oro, pero se le incluyó en el plan y proporcionó un amplio respaldo naval.

Por su parte, Azaña no hizo ninguna referencia al caso en su diario. Puede ser que no se le informase, ya que él mismo había ayudado a crear una situación en la que su papel era casi irrelevante. Prieto afirmó que, cuando al fin se enteró, el presidente montó en cólera y amenazó con dimitir, pero Marcelino Pascua, el nuevo embajador español en Moscú, sostenía que su buen amigo Negrín le había dicho «repetidamente» que, en realidad, Azaña nunca se opuso.

Dadas las dificultades a las que se enfrentaban los agentes comerciales republicanos en Europa y la importancia de los nuevos cargamentos de armas procedentes de la Unión Soviética, era comprensible que una parte de las reservas del Banco de España se hubieran enviado a Moscú, pero de ahí a enviarlas en su totalidad y sin la menor contrapartida de negociación concreta media un abismo. Tampoco hay indicios de que Negrín intentase establecer alguna condición comercial o negociar un acuerdo concreto a largo plazo. Ignorar todas las contingencias y, de repente, colocar todos los huevos en la misma cesta soviética suponía un desesperado intento por consolidar el apoyo de Stalin y pasar a depender de él casi en exclusiva. De ahí en adelante, la República revolucionaria estuvo, desde el punto de vista financiero y militar, en manos de la URSS, porque en España solo quedaba una mínima cantidad de oro y plata. Según Ángel Viñas, autor del estudio más importante sobre la operación del oro, al enviarlo casi todo a las arcas soviéticas, «la República perdía una baza de negociación» y se alentó, de forma inevitable, «la creciente influencia soviética en las decisiones de ciertos dirigentes de la República»[65].

Cartagena, donde se había almacenado el oro, era la principal base naval republicana y no corría ningún peligro. Para cualquier Gobierno normal, hacer lo que hizo el Gobierno republicano habría sido una locura, pero para un Estado revolucionario que luchaba por su supervivencia, enviar casi todas sus reservas al baluarte de la revolución mundial era, en cierto modo, lógico. Sin embargo, e incluso desde una perspectiva revolucionaria, el Gobierno republicano se habría encontrado en una situación más ventajosa si hubiese conservado parte de su reserva. Probablemente, tanto oro no era necesario para obtener apoyo militar.

La República siguió comprando armamento a través de otros canales europeos, pero también en Occidente utilizaban principalmente dos bancos soviéticos en París y Londres. En la capital francesa, el Partido Comunista Francés (PCF) desempeñó un papel fundamental. Fundó su propia compañía de transportes marítimos (France-Navigation) para ayudar a la República y, en el plazo de ocho meses, llegó a disponer al menos de 16 naves. Cuando terminó la Guerra Civil, tanto este como otros activos financieros siguieron en poder del PCF, que también había obtenido importantes fondos de España para crear un nuevo diario, Ce Soir, cuya tirada enseguida alcanzó el medio millón de ejemplares. Tanto la Unión Soviética como la Comintern prestaron una ayuda crucial a la República revolucionaria, pero también se la cobraron, y tanto aquella como el PCF obtuvieron beneficios de su colaboración, lo que resulta bastante irónico para tratarse de unos anticapitalistas revolucionarios.

En febrero de 1938, las autoridades soviéticas informaron de que los 430 millones de dólares que el Gobierno de la URSS ya se había gastado eran insuficientes para cubrir todos los gastos y que la República arrastraba una deuda de 15 millones de dólares en atrasos. Stalin accedió a prestar 70 millones de dólares a un interés del 3 %, la mitad de los cuales serían avalados por lo que quedaba del oro en Moscú. Según las cuentas soviéticas, en abril de 1938, las 510 toneladas de oro quedaron totalmente liquidadas. Con el nuevo acuerdo, durante la primavera y el verano de ese año se aceleró el envío de armas, de las que el Ejército Popular andaba tan necesitado después de las grandes derrotas sufridas en los meses precedentes. Según la contabilidad soviética que ha investigado Viñas, casi 340 millones de dólares se transfirieron a París para que los republicanos adquiriesen armamentos y otros suministros en Occidente, o se utilizaron para sufragar los gastos de las Brigadas Internacionales comunistas, y el resto, para pagar las armas soviéticas. Desde entonces, la ayuda pasó a depender del crédito, por lo que, en agosto de 1938, Stalin concedió un nuevo préstamo. Solo tres meses después se envió al coronel Ignacio Hidalgo de Cisneros, comunista y jefe de la aviación republicana, con una desesperada petición de más dinero y armas. Stalin extendió una tercera línea de crédito por valor de 103 millones de dólares. La República acabó la guerra debiendo una gran cantidad de dinero a Moscú, a pesar de todo el oro entregado.

Al final de la Guerra Civil, Negrín conservó los principales documentos de esta operación y, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando finalmente rompió con Moscú, se mostró muy crítico con la actuación de la Unión Soviética. Tras su fallecimiento en 1956, sus herederos entregaron la documentación al Gobierno de Franco. Ante las exigencias planteadas por el Generalísimo para que le devolviesen al menos una parte del oro, el Gobierno soviético respondió que la República se lo había gastado todo y que, de hecho, el Estado español seguía debiendo dinero a Moscú.

LAS BRIGADAS INTERNACIONALES

De todos los mitos y leyendas asociados a la Guerra Civil, ninguno ha sido tan atractivo y duradero como el de las Brigadas Internacionales (BI), conocidas entre sus numerosos admiradores como los «voluntarios por la democracia». Incluso en Estados Unidos hay al menos dos monumentos en su honor, sin duda los únicos dedicados a unos estalinistas —aunque disfrazados— en el país. Miles de hombres provenientes de diversos países —salvo de la Unión Soviética, donde Stalin lo prohibió expresamente— se ofrecieron voluntarios para luchar, bajo la tutela de la Comintern, por la causa de la República española, conquistando los corazones de casi toda la izquierda y, de paso, de muchas otras personas. Los comunistas especializados en propaganda les concedieron el mérito de haber salvado Madrid de las tropas de Franco en 1936 y presentaron a los hombres de las BI como la quintaesencia del idealismo y el sacrificio.

La idea de organizar un grupo internacional de voluntarios para luchar en España al lado de las izquierdas nació en una reunión de la Comintern celebrada en Praga el 26 de julio de 1936, después de la primera semana de combates. El precedente histórico estaba en la guerra civil rusa, donde, en 1918, se formaron unidades conocidas en ruso como Internatsionalisti, formadas principalmente por antiguos prisioneros de guerra austrohúngaros que se habían convertido al comunismo. A finales de septiembre de 1936 los brigadistas recibieron la aprobación de Moscú. Sus promotores más activos fueron los dirigentes del Partido Comunista Francés, y el 22 de octubre el Gobierno de Largo Caballero dio el visto bueno formal, aunque los anarquistas se negaron a cooperar. Para entonces, el reclutamiento estaba muy avanzado, tanto en Francia como en otros países, extendiéndose a la mayor parte del continente, a las Islas Británicas y a todo el hemisferio occidental. El reclutamiento de la mayoría de los voluntarios se canalizó a través del país galo y muy pronto se creó un campo de instrucción en Albacete.

Las dos primeras brigadas, enviadas al frente de Madrid a finales de la primera semana de noviembre, recibieron con fines propagandísticos la designación de Brigadas Internacionales 11 y 12 y, durante los siguientes 18 meses, se incorporaron voluntarios originarios de más de una veintena de países, incluyendo 2.800 de Estados Unidos, cuyo número igualaba el total de soviéticos que pasaron por España. Ser voluntario no era tarea fácil; algunos tuvieron que enfrentarse a numerosas dificultades —incluso algunos pasaron por la cárcel— y, según un informe soviético, 300 perdieron la vida cuando, en 1937, un submarino italiano torpedeó el vapor Ciutat de Barcelona.

Un alto porcentaje era comunista —un 80-90 %, según varios documentos de la Comintern—, aunque también había una minoría de jóvenes idealistas que no lo eran pero estaban dispuestos a combatir el «fascismo». Algunos de ellos estaban verdaderamente convencidos de que luchaban para defender la democracia, pero la mayoría fueron a España a colaborar con la Comintern en la implantación de una República de «tipo nuevo». En palabras de William Herrick, combatiente norteamericano de las BI y después conocido escritor: «Sí, fuimos a España a luchar contra el fascismo, pero la democracia no era nuestro objetivo»[66]. Según él, a los voluntarios norteamericanos se les instruyó para que afirmaran «que éramos antifascistas, no comunistas, cuando se nos hiciera esa pregunta en España»[67]. Y añade: «Lo irónico es que aunque casi todos los camaradas de las Brigadas Internacionales eran leninistas y estalinistas, y creían en la gran revolución proletaria, solo unos pocos […] reconocíamos que lo que había ocurrido en Cataluña y Aragón bajo la dirección de los ridiculizados anarquistas y con la ayuda de los odiados comunistas del POUM era esa misma revolución proletaria, la idea que había estado presente en cada momento de nuestras vidas. Aparentemente, debíamos más lealtad al Partido Comunista y a José Stalin que a nuestros ideales»[68].

Según consta en los informes soviéticos, pese a que la gran mayoría de los voluntarios ingresaron en las Brigadas, también lo hicieron algunos aventureros e incluso delincuentes. La disciplina era estricta e incluía un amplio adoctrinamiento político que dio lugar a un número considerable de ejecuciones disciplinarias. Además, la Comintern les exigía que, al entrar en España, entregaran sus pasaportes. Algunos jamás los recuperaron, pues eran de gran utilidad para el NKVD.

Casi todas las brigadas estaban bajo el mando de oficiales del Ejército Rojo, soviéticos pero no rusos, entre ellos Manfred Shtern, apodado Kleber, un oficial de Bukovina que fue el primer comandante de la 11 Brigada; los húngaros Mate Zalka, Lukacs, y Janos Galucz, Gall, al frente de la 12 y la 15, respectivamente, o el polaco Karol Swierczewski, Wálter o Vólter, un veterano que había combatido en la revolución bolchevique y en la guerra civil rusa y que comandaba la 35 Brigada.

El número total de voluntarios ha sido tema de controversia. Un primer estudio soviético solo mencionaba 31.237, pero las cifras aportadas por los escritores franquistas llegan a los 100.000, obviamente una exageración. El más fiable de todos los documentos disponibles de la Comintern incluye a 51.000 brigadistas que desde Albacete partieron al frente, pero existen registros en los que se menciona a los 9.000 heridos que regresaron desde el campo al combate, de modo que, según parece, en total fueron unos 42.000.

Las BI se convirtieron en un poderoso elemento propagandístico, pero ¿cuál fue su efectividad desde el punto de vista militar? Los comunistas les atribuyeron el mérito de haber cambiado la suerte en la defensa de Madrid, pero la mayoría de los españoles expertos en historia militar tienen sus dudas. El primer ataque de las tropas de Franco en el frente de la capital fue rechazado antes de que los brigadistas llegasen y, en noviembre de 1936, solo constituían, como mucho, el 10 % de los defensores. Es dudoso, por tanto, que desempeñaran un papel decisivo. Lo que sí es cierto es que lucharon con valentía y contribuyeron a la victoria. Durante los ocho meses siguientes, las BI actuaron a menudo como fuerzas de choque. Muchas veces combatieron con decisión y causaron numerosas bajas, aunque también conocieron el fracaso y la derrota, y en alguna ocasión el pánico o la desbandada.

En el verano de 1937, los informes de los asesores soviéticos se tornaron más negativos. Habían sufrido muchas bajas y el número de reclutas españoles que se incorporaban era cada vez mayor, de tal manera que, a finales de ese año, las Brigadas eran «internacionales» solo nominalmente. Murieron en combate cerca de 7.000 brigadistas, una cifra inusualmente elevada y una de las mayores que se contabilizaron en cualquier sector de tropas. Además, si caían prisioneros en manos de los nacionales, estos los trataban con mayor crueldad que a los soldados republicanos, al menos en los primeros meses.

En conjunto, entre noviembre de 1936 y el verano de 1937, las BI contribuyeron de forma notable al éxito del nuevo Ejército Popular, pero durante casi un año no actuaron dentro de la estructura del mando directo del mismo, sino como una fuerza semiautónoma de la Comintern, dirigida por sus propios mandos y por los soviéticos. En septiembre de 1937, se incorporaron a la estructura de mando republicana, pero incluso entonces lo hicieron sin perder su especial estatus de unidades de la Comintern.

Las evaluaciones de los jefes militares soviéticos, de una franqueza notable, aparecen en los informes que se recogen recogidos en el libro España traicionada, dirigido por Mary Habeck y Ronald Radosh. Según las informaciones que enviaron a Moscú, las relaciones sociales y las actitudes distaban mucho de esa idea oficial de solidaridad internacional. Entre los voluntarios se produjeron duras rivalidades por motivos de nacionalidad y actitudes sumamente intolerantes: se rechazaba a los franceses —el grupo más numeroso—, pero también los españoles recibieron un trato poco integrador. Los brigadistas apenas se esforzaron por aprender el idioma y, en general, se creían superiores a los soldados españoles. Muchos voluntarios norteamericanos eran judíos —como también lo era una gran parte de los miembros del Partido Comunista de Estados Unidos— y, sin embargo, los comportamientos antisemitas entre los brigadistas eran moneda de uso corriente.

Ya en el verano de 1937 los reclutas españoles representaban entre el 60 y el 80 % del personal de varias de las Brigadas, sin que por ello dejaran de ser despreciados por los voluntarios de otros países. Los oficiales españoles no eran muy numerosos y lo más frecuente era que los soldados estuvieran bajo mando extranjero.

Se desconoce el número total de ejecuciones —por disciplina militar o política—, aunque en las memorias de algunos de los voluntarios se hace referencia la elevada cantidad de las mismas. André Marty, principal coordinador de las Brigadas por la Comintern, afirmó públicamente que «solo hubo 500», pero ese dato resulta bastante dudoso. Incluso uno de los documentos soviéticos a los que hemos aludido refiere una ocasión en la que 20 voluntarios fueron ejecutados en el frente por falta de disciplina.

En el verano de 1938, el número de voluntarios extranjeros había disminuido tanto que Juan Negrín, entonces presidente del Gobierno republicano, propuso su repatriación. Los pocos que quedaban ya no eran de tanta ayuda y, si los licenciaban, podría aumentarse la presión sobre los Gobiernos de Italia y Alemania para que también retirasen a sus tropas. A finales de septiembre se consiguió el acuerdo con el Gobierno soviético y, en octubre, la mayoría de los voluntarios restantes desfilaron en Barcelona, entre los aplausos del público, antes de abandonar España. Solo unos centenares se quedaron hasta el final de la guerra.

Posteriormente, algunos de los veteranos supervivientes desempeñaron papeles destacados en los regímenes comunistas en Europa central que surgieron a partir de 1945. Dada su experiencia militar y su comprobada lealtad comunista, descollaron sobre todo en los Ejércitos y en las Fuerzas de Seguridad. En la República Democrática Alemana, la lucha en España se convirtió en un mito clave en las décadas de los años sesenta y setenta, y en cierto modo, la gran contienda revolucionaria antifascista fue tan relevante como la misma Revolución rusa. En Estados Unidos, los veteranos de la llamada Brigada Abraham Lincoln —en realidad, un batallón— no llegaron tan lejos, pero sí pusieron de relieve su papel de «antifascistas prematuros», como les gustaba llamarse a sí mismos. Ignoraban el hecho de que durante los dos años que duró el pacto entre Moscú y Berlín (1939-1941), fueron unos clamorosos «anti-antifascistas» que se opusieron enérgicamente a dar apoyo a Gran Bretaña y Francia en su lucha contra la Alemania nazi.

Como dijimos al comienzo de este apartado, de todos los mitos surgidos de la Guerra Civil, ninguno ha pervivido con tanta fuerza como el de las Brigadas Internacionales. La España democrática nacida después de la muerte de Franco no le debió absolutamente nada a los esfuerzos de la Comintern y, sin embargo, en 1996, sexagésimo aniversario de la guerra, los socialistas —el único de los grandes partidos guerracivilistas que ha sobrevivido y que tanto tuvo que ver con el estallido de la guerra— presentaron una moción en las Cortes para conceder la nacionalidad española a los brigadistas supervivientes e invitaron a 350 de ellos a regresar a España para recibir diversos homenajes públicos.

9

LA LUCHA POLÍTICA EN LA ESPAÑA REPUBLICANA

Desde el inicio de la Guerra Civil, los comunistas demostraron ser el grupo mejor organizado, con los objetivos y la estrategia más claros. Como ya se ha indicado, su política y su función llegaron a resultar paradójicas, porque su giro hacia el Frente Popular y la moderación parcial coincidieron con la polarización revolucionaria en España. Al comienzo de la guerra, casi todas las formaciones obreras estaban posicionadas a la izquierda del PCE. Mientras que la mayor parte de la izquierda revolucionaria celebraba el estallido de la guerra, para la Comintern suponía una complicación innecesaria que pronto se convirtió en un conflicto enormemente complejo. Desde su perspectiva, habría sido mucho mejor no haber pasado nunca por esta prueba, pero, una vez ahí, era indispensable aceptar las consecuencias.

Los líderes comunistas pronto denunciaron el oportunismo banal, la falta de disciplina, los excesos revolucionarios y la descoordinación de las primeras reacciones de los demás partidos. Insistieron en la importancia de contar con un nuevo Ejército regular —el Ejército Popular—, así como en que la guerra debía librarse bajo el estandarte de la «República democrática», es decir, no como una lucha revolucionaria, sino como un conflicto entre «el fascismo» y «la democracia». Con algo de suerte, esto permitiría, en primer lugar, que las izquierdas movilizasen el apoyo de los sectores más liberales de la clase media-baja española y, en segundo lugar, podría atraer el respaldo de Francia y Gran Bretaña no solo para apoyar a la República, sino también para desarrollar la estrategia internacional soviética de seguridad colectiva.

En la zona republicana, el izquierdismo superficial corría el riesgo de destruirse a sí mismo, por lo que los comunistas instaron a las demás fuerzas de izquierda a no malgastar su energía en una orgía revolucionaria, sino a envolverse en el estandarte de la legalidad y la democracia, maximizando el respaldo social tanto interno como extranjero. No se trataba de cancelar la revolución, sino de canalizarla con firmeza, lo que en modo alguno era una tarea sencilla. Semejante estrategia requería diseñar una política en dos niveles distintos: la propaganda internacional y la diplomacia se centrarían en la democracia, mientras que en la zona republicana se refrenaba la revolución en beneficio del esfuerzo bélico y de la república democrática de «tipo nuevo».

Así, el Partido Comunista se presentaba en España como revolucionario, pero también como una formación de orden. Como comunistas, podían mostrarse como el único movimiento que contaba con una exitosa experiencia revolucionaria —la de Rusia— y con la vivencia de lo que era en verdad la revolución. Se ganaron el apoyo significativo de elementos de la izquierda y de las clases medias-bajas que hasta entonces no se habían afiliado a ningún partido. Las pruebas existentes indican que el PCE captó a algunos elementos muy radicalizados, pero también a aquellos que buscaban un partido izquierdista más coherente y disciplinado, así como a miembros de la clase media —76.700, según el PCE, si se incluye a los pequeños propietarios—. En muchas ocasiones, los oficiales del Ejército prefirieron ingresar en el partido por el énfasis que ponía en la unidad, la disciplina y la prioridad de la guerra, y también lo hicieron los propietarios de clase media con el fin de protegerse de la colectivización indiscriminada.

El partido experimentó un rápido crecimiento. En marzo de 1937, José Díaz, el secretario general, afirmó que contaba con 249.140 afiliados, de los que, decía, el 35 % eran obreros industriales, el 25 % jornaleros, el 31 % propietarios de tierras o aparceros, mientras el resto pertenecía a las clases medias. Por su parte, la Juventud Socialista Unificada (JSU), cuya dirección estaba bajo control comunista, aseguraba contar con 300.000 miembros —probablemente una exageración—, y 45.000 el Partit Socialist Unificat de Catalunya (PSUC), que se había creado el 25 de julio de 1936 mediante la fusión de socialistas y comunistas catalanes y —en contra de los deseos de la Comintern— de otros dos pequeños partidos socialistas catalanes, aunque la nueva entidad funcionaba bajo la disciplina de la Internacional Comunista. Por primera vez no solo existía una fuerza marxista importante en Cataluña, sino que esta era comunista.

El PCE aplaudió la formación del Gobierno de Largo Caballero porque uno de sus objetivos primordiales era la recuperación de un Estado republicano más coherente. Incentivó la decisión formal soviética de enviar ayuda militar cuantiosa, mientras los comunistas ponían en marcha su propio programa de movilización. Se basaba en la creación del famoso «Quinto Regimiento» —llamado así porque existían ya cuatro regimientos de Infantería en la guarnición original de Madrid—, una formación por cuyas filas pasaron al menos 60.000 hombres. Se nutría de los miles de milicianos de las MAOC (Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas), que el PCE ya organizaba antes del comienzo de la guerra, y de la participación e influencia de dirigentes comunistas como Enrique Líster y Juan Modesto, ambos alumnos —aunque por poco tiempo— de la Academia Frunze del Ejército Rojo en Moscú. Además, en sus filas se integraron algunos de los primeros oficiales soviéticos que llegaron a España. Con esta base, los sectores comunistas desempeñaron un papel fundamental en la creación del Ejército Popular de la República en la zona centro, asumiendo destacadas posiciones de mando.

Pero la luna de miel con el Gobierno de Largo Caballero tan solo duró unas semanas. Los comunistas exigían una mayor centralización, junto con la formación de un Comité de Defensa Nacional para dirigir la guerra. Se quejaban de que Largo protegía la incompetencia y los intereses de la milicia revolucionaria, que aún no se había disuelto, al tiempo que presionaban al Gobierno para que asumiera el control de la industria y las finanzas, y nacionalizaron algunas de las industrias clave, aunque sin llegar a la colectivización completa.

Consideraban que la colectivización era legítima solo en el sector agrícola, siempre y cuando estuviera sujeta a unas condiciones bien definidas. La de Agricultura era una de las carteras que el PCE ostentaba en el Consejo de Ministros, con un veterano miembro de su Politburó al frente, Vicente Uribe, bajo cuyo control también estaba el Instituto para la Reforma Agraria (IRA). El 7 de octubre de 1936, Uribe decretó la confiscación oficial sin indemnización de todas las propiedades agrarias pertenecientes a quienes directa o indirectamente se habían visto envueltos en la sublevación militar de julio. Estas prioridades pasarían a manos de las colectividades, pero no las de los pequeños arrendatarios, que continuarían siendo usufructuarios siempre que sus tierras no superasen las 30 hectáreas de secano, cinco de regadío o tres destinadas al cultivo de frutales. Con ello se pretendía proteger a la clase media-baja. Era un hecho que la CNT, la UGT y el POUM ya habían ocupado las grandes propiedades, pero ahora se trataba de que un ministro comunista decretaba el reconocimiento oficial. Uribe también insistió en la necesidad de poner fin a cualquier tipo de violencia y desorden en el campo, porque eso asustaba a los partidarios de la República y perjudicaba la producción.

En noviembre y diciembre de 1936, el prestigio de los comunistas en la zona central republicana alcanzó su punto álgido gracias al papel de sus dirigentes en la nueva Junta de Defensa de Madrid y a la muy publicitada ayuda soviética en la defensa de la capital. El 18 de diciembre, la cúpula del PCE hizo público un manifiesto, Las ocho condiciones de la victoria, en el que se explicitaba su plan para lograrla. Definió a su formación política como «partido consecuentemente revolucionario» y rechazaba firmemente la acusación de que «sacrificamos los intereses de la revolución con tal de ganar la guerra», una idea «pueril», porque «la lucha para ganar la guerra va inseparablemente unida al desarrollo de la revolución. Pero si no ganáramos la guerra, el desarrollo de la revolución se malograría. Es preciso que esa idea penetre profundamente en las masas si no queremos amortiguar la lucha para ganar la guerra».

La cúpula comunista parecía vivir momentos de euforia, un reflejo de la fortaleza militar y política demostrada en los últimos meses. El argentino Vittorio Codovilla, principal asesor de la Comintern en España, envió un largo informe a Moscú, el 24 de diciembre, lleno de afirmaciones extravagantes. Por ejemplo, que los comunistas ya ocupaban el 80 % de los puestos de mando en el nuevo Ejército, la «mayoría» de ellos en la Policía republicana, además de contar con una generosa ayuda de otros grupos. El principal problema interno con el que se encontraban los comunistas era el gran número de seguidores anarquistas que había, imbuidos de pueriles ideas revolucionarias. El agregado militar soviético, Vladímir Górev, ya había informado de que «una lucha contra los anarquistas es absolutamente inevitable tras haber vencido a los blancos. La lucha será muy dura», y André Marty también había escrito al Secretariado de la Comintern afirmando que «tras la guerra, estaremos igualados, sobre todo porque, en ese momento, tendremos un poderoso ejército»[69].

La CNT constituía la mayor fuerza de la extrema izquierda revolucionaria, aunque el POUM marxista-leninista era el partido más contundente en sus declaraciones. Tenía muchos menos afiliados que el PCE, pero en ocasiones se definía a sí mismo como el verdadero partido comunista de España, porque era completamente independiente de Moscú y de la Internacional Comunista. Liderado por Andreu Nin, el POUM exigía la aplicación inmediata del modelo leninista sin hacer el menor caso de las recomendaciones soviéticas. En un discurso que pronunció en Barcelona el 6 de septiembre, Nin trivializó la guerra al afirmar que su principal consecuencia había sido la de acelerar «el proceso revolucionario» que ya estaba en marcha, «provocando una revolución proletaria más profunda que la misma revolución rusa»[70]. Afirmaba que no era necesario formar un nuevo Ejército regular centralizado porque las milicias revolucionarias podían ocupar ese puesto y ganar la guerra sin ayuda de nadie. Incluso el Frente Popular era un fraude, pues su compromiso con la burguesía había sido el responsable del estallido de una guerra que nunca habría tenido lugar si en la primavera de 1936 se hubiera producido una toma revolucionaria del poder antes de que los militares se sublevaran.

De esta manera, el Comité Central del POUM votó a favor de establecer de manera inmediata un régimen completamente revolucionario que, «prescindiendo en absoluto de la legalidad republicano-burguesa anterior, proceda a la inmediata convocatoria de unas Cortes Constituyentes elegidas por los Comités Obreros, Campesinos y Combatientes, que establezcan la constitución del nuevo régimen surgido de la revolución»[71]. Era un claro intento de imitar el primer sistema soviético de 1917-1918, al menos en teoría.

Puesto que Largo Caballero seguía sin cooperar del todo con el programa comunista de centralizar el poder y restringir la revolución extrema, el propio Stalin dio el paso, sin precedentes, de escribirle personalmente en el mes de diciembre. Con esta carta intentaba, en primer lugar, convencer al presidente de la necesidad de dar a la República revolucionaria una mayor cobertura nominal de constitucionalismo democrático, destacando que «la revolución española está trazando su propio rumbo, diferente en muchos aspectos del seguido en Rusia. Esto se debe no solo a las diferentes condiciones sociales, históricas y geográficas, sino también a las necesidades de la situación internacional […]. Es muy posible que, en España, el camino parlamentario sea un medio más efectivo para lograr el desarrollo revolucionario que en Rusia […]. No se debe rechazar a los líderes republicanos, sino atraerlos y acercarlos al Gobierno». Lo peor era dar la imagen de que el régimen revolucionario era «comunista», por lo que resultaba de vital importancia incorporar a los republicanos de izquierda, descartados durante meses, de una forma más directa, obteniendo así el respaldo de la «pequeña y mediana burguesía»[72].

Después de algunas dilaciones, Largo le contestó que, en general, estaba de acuerdo con el consejo, pero que Stalin no comprendía del todo la naturaleza de la situación revolucionaria española porque, entre toda la izquierda, «incluso entre los republicanos, la república parlamentaria […] no tiene partidarios entusiastas», y respecto a los republicanos de izquierda, «ellos mismos apenas hacen nada para afirmar su propia personalidad política»[73]. Estas afirmaciones reflejaban el desprecio de los republicanos respecto al Gobierno constitucional, así como el fútil papel «kérenskista» del propio Azaña como facilitador de la revolución.

Los comunistas se cuidaban mucho de no definir a la nueva «República popular» como una República parlamentarista y capitalista «normal», sino como una forma avanzada en la que se mantenían hasta cierto punto el capitalismo y la propiedad privada, pero de la que se habían eliminado todas las fuerzas derechistas y reaccionarias, y cuyo sistema económico debía ser más o menos similar a la Nueva Política Económica (NEP, por su nombre en ruso) introducida por Lenin en 1921. En realidad, les resultaba embarazoso explicar que, como ya se ha señalado, la única «República popular» existente era la implantada en Mongolia tres años después de la conquista del país por el Ejército Rojo en 1921. Desde 1924, esta fue la fórmula preferida para organizar un régimen de transición dominado por los comunistas que avanzara hacia el socialismo, y volvió a recurrirse a ella con la introducción de la táctica del Frente Popular en 1935.

El 3 de marzo de 1937, en su continuo enfrentamiento con el periódico CNT, el diario comunista Mundo Obrero afirmó que no existía ningún motivo para que los anarcosindicalistas se sintieran confusos sobre el significado y la naturaleza de este nuevo régimen en el que las izquierdas mantenían el monopolio de las Fuerzas Armadas, se había sustituido el antiguo Ejército por un nuevo Ejército Popular, la mayor parte de la tierra estaba en el poder de los campesinos, el control obrero imperaba en las fábricas, se habían producido expropiaciones a gran escala de tierras e industrias, y era la clase obrera quien dirigía la «República democrática». Mundo Obrero añadía:

Así pues, nuestra República es de un tipo especial. […] No puede ser considerada de la misma manera que la República democrática clásica […]. Es Lenin quien nos ha enseñado que lo revolucionario es tener siempre presente la realidad concreta de un país determinado para aplicar la táctica revolucionaria más conveniente, aquella que conduce de una manera segura al fin.

Dos días después, el 5 de marzo, en un maratoniano discurso ante el Comité Central del PCE, José Díaz volvió a hablar de este asunto:

Luchamos por una […] República democrática y parlamentaria de un nuevo tipo y de un profundo contenido social. […] No tiene por objetivo […] una República democrática como puede serlo la de Francia o la de cualquier otro país capitalista. Ya no existen grandes terratenientes; la Iglesia […] tampoco existe; el militarismo también ha desaparecido para no volver; tampoco existen los grandes banqueros y los grandes industriales [y] las armas están en manos del pueblo […].

Es decir, era importante no llenarse la cabeza con ideas sobre «comunismo libertario» o «socialización»[74].

No cabe duda de que, desde la perspectiva de la CNT y del POUM, así como de los socialistas caballeristas, la política comunista era contrarrevolucionaria. Gracias a su papel predominante en una gran parte del Ejército Popular, los comunistas se sirvieron de algunas unidades militares para disolver varias colectividades anarquistas en la primavera de 1937 —en junio se logró la total supresión del POUM—, pero tildar de contrarrevolucionaria sin más la política comunista es simplificar las cosas en exceso. La fórmula de la «República popular» era, en sí misma, una clara estrategia revolucionaria en dos pasos en lugar de en uno, mucho más compatible con las necesidades militares que la inmediata revolución total que pretendía la extrema izquierda.

El conflicto interno entró en crisis en mayo de 1937. Los socialistas prietistas, los comunistas y lo que quedaba de los republicanos de izquierdas estaban cada vez más descontentos con Largo Caballero —que también era ministro de Guerra— debido a la desunión que imperaba en su Gobierno y a la mala gestión del esfuerzo bélico. Se le acusaba de favoritismo, ineficacia y falta de centralización, así como de ser demasiado complaciente con la extrema izquierda revolucionaria. Los comunistas tomaron la iniciativa el 13 de mayo, provocando una crisis gubernamental; no exigieron la dimisión del presidente, pero sí una reorganización fundamental que incluía su sustitución al frente de la cartera de Guerra. El presidente Azaña tomó una de sus escasas iniciativas durante la guerra y le ofreció a Largo la oportunidad de continuar al frente del Gobierno a cambio de renunciar a su liderazgo militar. Con su terquedad y torpeza características, Largo insistió en todo lo contrario y propuso la formación de un nuevo Gobierno en el que su poder personal se incrementase. Azaña no tuvo más remedio que eliminarle completamente del ejecutivo, lo que supuso el eclipse casi total del llamado «Lenin español» durante los dos años más que duró la Guerra Civil.

Existe una frase hecha que dice que las revoluciones devoran a sus hijos. En un sentido metafórico, Largo Caballero fue totalmente devorado por una revolución que él mismo —más que ningún otro líder obrero— contribuyó a desencadenar. No solo perdió la dirección del Gobierno, sino que la censura republicana le silenció casi por completo durante el resto del conflicto. En la vida política, sencillamente dejó de existir, convirtiéndose en una de las principales bajas de la revolución.

EL PRIMER GOBIERNO DE JUAN NEGRÍN (1937-1938)

El nuevo presidente fue el socialista prietista Juan Negrín, que llegó a ser el principal líder de la República durante la guerra y encarnó el espíritu de la resistencia y de la lucha. Como consecuencia, fue el personaje más controvertido de todo el periodo y, por su final, el más odiado y repudiado. Los nacionales le acusaron de ser el «rojo traidor» por excelencia, y muchos de sus compañeros republicanos le denunciaron igualmente por haber prolongado el conflicto innecesariamente y por haber servido a los intereses de Moscú.

Negrín era una figura singular, ya que, al contrario que muchos de sus colegas, llegó tarde a la política. Era médico de formación y profesor de Fisiología, y durante muchos años se dedicó de lleno a la investigación científica y a su trabajo como médico en su clínica privada en Madrid. Entró en política en 1930, se afilió al Partido Socialista y abandonó sus investigaciones. Negrín hablaba, además de francés, alemán y otros idiomas, algo que no era frecuente en la época.

A Negrín no le interesaban demasiado las teorías marxistas. Formó parte del ala prietista del partido y, en realidad, nunca mantuvo contactos con los trabajadores o los sindicatos. Profesaba un socialismo moderado a modo de progresismo. Antes de la guerra había desempeñado un papel secundario, puesto que carecía de dotes de oratoria. Se las arreglaba mejor en el Comité Financiero de las Cortes y, gracias a su formación, ocupó el cargo de ministro de Hacienda en el Gobierno de Largo Caballero, donde trabajó en estrecha relación con los soviéticos y dispuso la salida del país de las reservas de oro. A pesar de que entre los socialistas había diversos «compañeros de viaje» criptocomunistas, Negrín nunca fue un político «bolchevizante». Admiraba a la URSS —y, hasta cierto punto, también al régimen de Mussolini— y había llegado a la firme conclusión de que confiar en la ayuda soviética era el único modo de ganar la guerra.

Posteriormente muchos afirmarían que los soviéticos escogieron a Negrín a dedo para ocupar la Presidencia del Gobierno en mayo de 1937, aunque Azaña sostenía que fue él quien le eligió. Hay algo de verdad en ambas aseveraciones, pero los auténticos promotores de Negrín fueron sus compañeros prietistas, encabezados por el propio Indalecio Prieto. Ellos fueron los más exigentes a la hora de demandar la dimisión de Largo Caballero —más que los comunistas— y propusieron a Negrín como sustituto, probablemente sabiendo que los comunistas y los republicanos de izquierda respaldarían la iniciativa.

Negrín parecía ser el candidato más apropiado. Había pasado inadvertido en las luchas internas de los últimos meses, por lo que ninguna de las grandes fuerzas le vetaría. Prieto no quería convertirse en presidente —aunque sí deseaba hacerse cargo de un nuevo y unificado Ministerio de Defensa—, mientras que, para Azaña, Negrín era una opción más acertada que la del ciclotímico Prieto.

Desde la perspectiva soviética, Negrín era el más adecuado porque se trataba de un científico de irreprochable reputación, no un socialista «bolchevizado» o un revolucionario extremista vinculado formalmente a la URSS o al Partido Comunista. Es decir, se le podía presentar como un socialdemócrata moderado de corte europeo. Por su parte, Azaña creía que su experiencia internacional y su dominio de los idiomas facilitarían el respaldo exterior.

La formación del nuevo Gobierno constituyó el punto álgido de la ofensiva para restaurar la autoridad gubernamental en los meses de abril y mayo de 1937. Los acontecimientos más dramáticos tuvieron lugar en Barcelona, donde los comunistas catalanes (PSUC) ocuparon el edificio de la Telefónica, precipitando los «hechos de mayo», una revuelta de tres días —entre el 3 y el 6 de ese mes—, protagonizada por la extrema izquierda revolucionaria, que llenó Barcelona de barricadas creando la apariencia de que se estaba librando una pequeña guerra civil dentro de otra. La revuelta terminó con la aceptación por parte de los anarquistas, al menos de facto, de un aumento de la autoridad del Gobierno. Los «días de mayo» supusieron una derrota para el anarquismo y el POUM, pero también para los catalanistas de izquierda, quienes, desde entonces, también tuvieron que aceptar la creciente autoridad del Gobierno republicano en Cataluña, empezando por la incorporación del Exèrcit catalá al Ejército Popular, y el control sobre la producción bélica de la región. En octubre, el Gobierno se trasladó de Valencia a Barcelona, que pasó a ser la capital de la República durante la segunda mitad del conflicto.

Negrín se identificó con su puesto como jefe del Gobierno desde que tomó posesión del cargo, el 17 de mayo, y se dedicó en cuerpo y alma a que los republicanos lograsen la victoria. Aunque no deseaba «sovietizar» España, consideraba que la URSS era la principal fuerza progresista del mundo y estaba más que dispuesto a colaborar con ella para lograr el triunfo. En el área económica, estaba de acuerdo con la implantación de una política al estilo de la NEP comunista, que favorecía la nacionalización de la gran industria, aunque rechazaba la colectivización general.

Redujo el Consejo de Ministros de 18 carteras a nueve, excluyendo a toda la extrema izquierda revolucionaria; no estaban representados ni la UGT, ni los anarcosindicalistas de la CNT, ni desde luego el POUM. El presidente aseguró que en su Gobierno habría una representación democrática de todos los grandes partidos políticos, pero ni un solo ministerio fue a parar a manos de la CNT[75]. La respuesta de la cúpula nacional del sindicato anarquista fue bastante conciliadora, aunque la prensa cenetista no dejaba de hablar del nuevo «Gobierno de la contrarrevolución», acusando otra vez al PCE de ser «el partido de la contrarrevolución» y afirmando retóricamente que la revolución continuaría. En cuestión de días, la UGT retiró su apoyo a Largo Caballero y accedió a respaldar al nuevo Gobierno.

Para los comunistas, había llegado el momento que Stepánov (Stoyán Mínev), el nuevo asesor de la Comintern, denominó la gran «diferenciación» política básica entre ellos y los que apoyaban su programa, por un lado, y la extrema izquierda revolucionaria por otro. Desde la primavera de 1936, el PCE había abandonado el llamamiento exclusivo a la «clase obrera», y lo había sustituido por el de «los intereses de todo el pueblo laborioso», donde podía incluirse a la clase media con el fin de aproximarse a lo que en la Unión Soviética se denominaba un gosudarstvo vsego naroda, es decir, un régimen de todo el pueblo. El PCE tan solo contaba con dos ministerios, pero, por primera vez, el Gobierno estaba dispuesto a satisfacer la mayor parte de sus exigencias sobre el esfuerzo militar y la seguridad interna. Tanto los asesores de la Comintern como los líderes del PCE comenzaron a creer que se había abierto el camino para crear lo que Díaz denominaba el gran «Partido Único del Proletariado», que englobaría al PCE y al PSOE en una gran organización dominada por los comunistas. Sin embargo, el desenlace de este plan fue muy decepcionante. Negrín ya había advertido a los comunistas que no sería un «hombre de paja», y esta independencia, casi imperceptible en la política militar, sería más marcada respecto al Partido Socialista, cuyo poder subestimaba la Comintern.

El Ministerio de Gobernación, al frente del cual estaban los socialistas Julián Zugazagoitia (ministro) y Juan Simeón Vidarte (subsecretario), ambos prietistas, inició una política de cooperación con el PCE. Los comunistas se quedaron con todos los puestos que ya tenían en la Policía y se nombró director general de Seguridad al teniente coronel Antonio Ortega, miembro del partido, así como a jefes de Policía comunistas en las tres ciudades más importantes de España. A partir de mayo de 1937, el sistema de seguridad republicano estuvo cada vez más interconectado con el NKVD, hasta el punto de que, tiempo después, Vidarte admitiría que estaba lleno de «nidos de espías y de confidentes de la GPU (NKVD)»[76].

El control de la seguridad hizo posible el lanzamiento inmediato de una ofensiva comunista contra los dos bastiones de la extrema izquierda: el POUM y las colectividades agrarias de la CNT. El 16 de junio se ilegalizó al primero y se procedió a arrestar a todos sus dirigentes. Andreu Nin, tras pasar un tiempo detenido, desapareció. Parece ser que se negó a comparecer y a declarar en un «juicio-espectáculo» al estilo soviético, lo que le condujo a la tortura y a la ejecución —su cuerpo fue enterrado en una cuneta junto a una carretera cercana en el este de Madrid—. Las unidades del Ejército Popular, dirigidas por los comunistas, habían pasado a la acción incluso antes, y habían actuado contra varias colectividades cenetistas de la zona centro. En agosto, por orden gubernamental, se disolvió el Consejo de Aragón, controlado por la CNT, se clausuraron numerosas colectividades y se arrestó a al menos 600 afiliados.

Los principales objetivos comunistas eran hacerse con el control del Ejército Popular y de la estructura policial, conseguir la unidad de acción de la UGT y la CNT bajo su hegemonía, lograr que se apoyase la total liquidación del POUM, aislar a Largo Caballero y a los anarquistas más extremistas y adueñarse indirectamente del Estado republicano. Pero la oposición a la que debían hacer frente era muy intensa y los objetivos se alcanzaron de manera muy desigual e incompleta.

Pronto surgieron las desavenencias con Prieto, que, como ministro de Defensa Nacional, no estaba dispuesto a aceptar un dominio militar comunista. Así, el 30 de julio, Stepánov informó a Moscú de que «se había acabado la luna de miel»[77] con el nuevo Gobierno porque este carecía de unidad.

Palmiro Togliatti, jefe de la Comintern para Europa Occidental —que llegó a España en calidad de asesor principal—, informó de que los problemas se debían a que los comunistas estaban presionando en exceso. El partido contaba con 329.000 afiliados y algunos de sus dirigentes pensaban que ya era hora de conseguir «la hegemonía en el Gobierno y en toda la nación». El PSUC, que en Cataluña competía con la CNT, era el principal responsable de la situación, pues hablaba de la «lucha para destruir a los elementos capitalistas» e incluso de «un Gobierno puramente proletario y comunista»[78]. Estas afirmaciones iban en contra de las directrices de la Comintern, que se vio obligada a suprimir ese lenguaje. El propio Stalin presentó una propuesta en septiembre para celebrar nuevas elecciones en la zona republicana, para las cuales se crearía una lista conjunta de comunistas y socialistas construyendo así una fachada de legitimidad para constituir un Gobierno arbitrario en el que se acrecentaría el poder de los primeros. Sin embargo, la iniciativa no prosperó, puesto que ningún otro partido o dirigente la secundó.

Con Negrín se consiguió una mayor coordinación sindical y económica, aunque fue insuficiente para alcanzar los objetivos comunistas. Aumentó la hegemonía comunista en el Ejército y en los servicios de inteligencia, pero, tras la conquista de Teruel en el mes de enero —el único, y breve, éxito ofensivo de toda la guerra—, la situación militar volvió a deteriorarse.

Mientras Prieto estuvo al frente de la cartera de Defensa, se alcanzaron mejoras en la coordinación y la movilización, pero, por el contrario, los conflictos políticos y militares entre el ministro y los comunistas se intensificaron día a día. Aún más: en el invierno de 1938, a medida que la situación militar de la República empeoraba, el variable Prieto se sumió en una profunda depresión y manifestó públicamente su pesimismo acerca del futuro.

Por primera vez, el derrotismo se convirtió en un problema entre los dirigentes republicanos. Prieto, Azaña y Giral —que ocupaba la cartera de Asuntos Exteriores— ya daban la guerra por perdida. Solo Negrín y los comunistas mostraban una clara resolución. El presidente Azaña deseaba remodelar el Gobierno para dotarlo de mayor unidad y determinación, con menos presencia de los comunistas para impresionar a Londres y a París. Como había sucedido el año anterior con Largo Caballero, se pidió al ministro de Defensa que dimitiera y aceptara otra cartera, pero Prieto se negó. En cambio, aunque varios dirigentes se quejaron a Azaña de la prepotencia de Negrín, nadie se atrevió a reemplazarle.

Diametralmente opuesto al énfasis de Negrín, el único interés de Azaña durante la segunda mitad de la guerra fue alentar una intervención extranjera constructiva que pusiera fin a la contienda, y en varias ocasiones habló con los representantes de Londres y París. Incluso ofreció la posibilidad de romper la relación con Moscú. Habría querido cesar a Negrín y formar un Gobierno más moderado a las órdenes de Prieto, pero la idea parecía más desesperada que real. Como Azaña, Prieto tenía en mente diversas opciones a la vez y estaba dispuesto a hacer concesiones ofreciendo bases militares —en Vigo, Cartagena o Mahón, o en varias a la vez— para lograr la intervención de Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, dichos países no estaban interesados en tal propuesta.

La crisis se resolvió el 3 de abril de 1938, cuando Negrín formó un segundo Gobierno en el que tanto Prieto como Giral estaban ausentes. Solo había un comunista —Uribe, todavía al frente de Agricultura— y en esta ocasión sí se incluyó a un representante de la CNT. A los soviéticos les parecía, al menos de cara a la galería, que cuantos más republicanos de izquierda hubiera mejor, de manera que, al final, se incorporó a tres socialistas —incluyendo al propio presidente— y a cinco republicanos de izquierda —entre ellos, un nacionalista catalán—. El PCE, la UGT, la CNT y el PNV contaban con un representante cada uno.

EL SEGUNDO GOBIERNO DE NEGRÍN (1938)

El segundo mandato de Negrín marcó el punto álgido de la influencia soviética y comunista en España. El propio jefe del Gobierno se hizo cargo del Ministerio de Defensa, mientras que Julio Álvarez del Vayo —un «compañero de viaje» socialista— hizo lo propio con el de Asuntos Exteriores, con un comunista como subsecretario. Otro destacado «compañero de viaje» de Izquierda Republicana, Bibiano Ossorio Tafall, se convirtió en comisario general de Guerra y se nombró a Jesús Hernández, antes ministro, comisario militar jefe para las zonas del centro y del sur. El coronel Antonio Cordón, un comunista cesado por Prieto, regresó como subsecretario del Ejército, acompañado por otro miembro del partido en el cargo de subsecretario del Ejército del Aire, que era un feudo comunista como consecuencia de la fuerte participación soviética. El nuevo Servicio de Inteligencia Militar (SIM) fue a parar a manos del socialista Santiago Garcés, ya reclutado como agente por el NKVD. El comandante Eleuterio Díaz Tendero, un comunista que fue cesado por Largo Caballero, volvió a dirigir el funcionariado en el Ministerio de Defensa. De este modo, los comunistas pasaron a controlar sectores aún más importantes de la estructura de mando.

El Ministerio de Gobernación permaneció en manos socialistas, pero los comunistas se hicieron con la mayoría de los puestos clave. Así, Eduardo Cuevas de la Peña ocupó el cargo de director general de Seguridad, mientras que un miembro del PSUC, Marcelino Fernández, sustituyó a un prietista como director general de Carabineros. El Partido Comunista se había convertido en el partido de la guerra por excelencia, e incluso, cuando las fuerzas de Franco dividieron la zona republicana en dos, el 15 de abril de 1938, siguieron identificándose más que nunca con la resistencia armada.

Negrín era ahora indispensable, y no solo para los comunistas, sino para toda la estrategia republicana de resistencia. El agotamiento constituía un grave problema, como lo eran también —cada vez más— las serias carencias de toda clase que padecía la zona republicana. Aumentaba la desafección incluso entre los trabajadores a quienes, supuestamente, beneficiaban el control obrero, la colectivización o la intervención estatal.

A partir de entonces, en la zona republicana fue tomando cuerpo la idea de que Negrín y los comunistas eran uña y carne y que el presidente no hacía sino poner en práctica una política más soviética que española. De las evaluaciones realizadas a Negrín en los informes de la Comintern se desprende que los comunistas le estaban agradecidos por su más que generosa cooperación, pues hizo posible la aplicación eficaz de muchos de sus planes. Pero no lo consideraban un agente o un criptocomunista, sino más bien un socialista prosoviético con su particular identidad política. En su resumen final de la guerra, redactado el 21 de mayo de 1939, Togliatti destacó que el segundo Gobierno de Negrín «fue sin duda el que más estrechamente colaboró con la dirección del Partido Comunista y aceptó y puso en práctica, de manera más amplia y más rápidamente que ningún otro, las propuestas del partido»[79].

Sin embargo, Negrín no les concedió a los comunistas todo lo que querían. En palabras de uno de sus críticos más implacables, Burnett Bolloten, el jefe del Gobierno no siempre se mostró receptivo a las peticiones del PCE, y los comunistas no podían correr el riesgo de irritarle en exceso. Desde el punto de vista político y militar, sí respondió a sus peticiones, pero no ocurrió lo mismo en lo referente a ciertos puestos económicos clave, que, según los comunistas, habrían permitido mejorar la producción bélica. Negrín mantuvo a numerosos amigos y colegas en posiciones relevantes —algo que los comunistas no aprobaban—, circunstancia que le valió las críticas de Togliatti por haber tolerado «la presencia de una serie de elementos indeseables, desleales a la causa de la República, y en ocasiones ladrones, especuladores y saboteadores» y por haberse negado a asumir el liderazgo de su propio partido. Hasta cierto punto, Negrín respetó la autonomía del Partido Socialista, pero no las políticas de sus dirigentes. Para alguien como él, que se había unido a la formación hacía poco tiempo y que no tenía demasiados seguidores entre sus filas, no habría sido sencillo asumir un papel más destacado dentro del PSOE.

Aunque entre 1937 y 1938 surgió un grupo de «negrinistas» cuando Negrín asumió la Jefatura del Gobierno, carecía de un apoyo significativo entre sus correligionarios. De hecho, más que un político al uso, era un gestor y un líder autoritario. Según Togliatti, se debatía entre mantenerse fiel a los comunistas y evitar la total separación de sus camaradas socialistas, pero como no controlaba su propio partido, se vio obligado a hacer «continuas concesiones […] a los mismos que sabía que eran sus enemigos»[80]. Fue el temor a la censura de sus compañeros socialistas lo que le llevó a permitir una libertad de opinión y prensa que, a juicio de los comunistas, era excesiva.

Negrín era un hombre de controvertidos hábitos personales. Los comunistas no tardaron en darse cuenta de sus vicios e intentaron explotarlos. En un informe fechado el 25 de noviembre de 1937, Togliatti describió al presidente del Gobierno como «un hombre sin escrúpulos»[81], aunque dicha descripción en boca de un comunista podría ser tanto un elogio como una crítica. El socialista Justo Martínez Amutio escribió que en cuanto los soviéticos descubrieron su afición por esas «comilonas», que se transformaban en «verdaderas juergas», intentaron utilizarla en su propio beneficio[82]. Togliatti también censuraba «su estilo de trabajo, el de un intelectual indisciplinado, fanfarrón, desorganizado y desorganizador, y su vida personal, la de un bohemio no sin alguna señal de corrupción (mujeres)»[83]. Aunque Negrín había sido un reputado científico, profesión que requiere precisión y disciplina, como gestor se mostró caótico y muy irregular en sus horarios, y no hay duda de que malgastaba parte de sus energías en satisfacer caprichos personales.

Su principal logro fue centrarse en conseguir la máxima fortaleza militar y en mantener la resistencia. Sabía esconder debilidades y proyectaba la imagen de un líder en tiempos de guerra. Fue capaz de concentrar los esfuerzos después del colapso militar de abril de 1938, y en apenas tres meses se reconstruyó un cuerpo de ejército eficaz en Cataluña, que se lanzó a la ofensiva e inició la batalla del Ebro, la más larga y costosa de la guerra. Durante varias semanas, algunos creyeron que Negrín podría darle la vuelta al conflicto, aunque finalmente no fue así.

Parece que al jefe del Gobierno no le gustaba tener que depender tanto de los soviéticos. A Vidarte, subsecretario de Gobernación, le habló en una ocasión de lo que él denominaba una «odiosa servidumbre», pero no encontraba otra alternativa, salvo «rendirse incondicionalmente»[84].

A pesar de lo que aseguraban sus numerosos críticos republicanos, nunca pretendió implantar un régimen comunista en España, si bien reconoció que, dada la situación en la que se encontraba el país, incluso en el futuro se mantendría la dependencia de la Unión Soviética. Nunca fue un revolucionario de extrema izquierda, pero aceptaba el concepto de «República de nuevo tipo», porque era algo que ya existía, aunque él pretendiera eludir la hegemonía comunista. Como explicó al encargado soviético, ya cerca del final de la guerra, una República victoriosa nunca podría volver a las elecciones totalmente abiertas de la democracia liberal, porque eso implicaría una victoria de las derechas, como había sucedido en 1933. La República debería mantenerse como un régimen autoritario. Azaña no hablaba en broma cuando, en una conversación en 1938, se refirió a Negrín como el «dictador».

Negrín fue un patriota español —al contrario que muchos de los líderes de gran parte de las izquierdas—, incluso con perfil nacionalista. A diferencia de muchos de sus congéneres, no rechazaba la extraordinaria Historia de su país, sino que la aceptaba y, hasta cierto punto, la asumía y aprobaba. Pero estaba convencido de que un Gobierno de derechas supondría la ruina de España. Ni se le pasaba por la imaginación que con Franco España pudiera vivir una época de prosperidad y creía que la salvación del país pasaba por un Estado de izquierdas fuerte y autoritario, con una política económica estatalizada y basada en la nacionalización generalizada, aunque no en la colectivización.

Más que otros dirigentes izquierdistas, se creyó la propaganda de la izquierda que afirmaba que Hitler y Mussolini controlaban el régimen de Franco. Semejante simpleza resulta sorprendente en alguien de su educación e inteligencia. En un momento de candor, justo antes del colapso final, admitió a Julián Zugazagoitia, uno de los ministros socialistas, que los partidos izquierdistas no eran mejores que los derechistas, pero que la República era la única forma de salvar a España como país: «Tengo que oponerme a que España desaparezca»[85]. En ese sentido, el aumento de su fanatismo era innegable, pero tras la Segunda Guerra Mundial, cuando vio que se había equivocado, se opuso a la política soviética en diversos artículos publicados por The New York Times y defendió la inclusión de España en el Plan Marshall, porque creía que era fundamental para el futuro desarrollo del país.

10

LA DISIDENCIA TRANSVERSAL:

LOS NACIONALISMOS CATALÁN Y VASCO

La gran debilidad de la causa republicana en la Guerra Civil fue su división interna, tanto horizontal como vertical. La extrema izquierda revolucionaria representaba la diferenciación «vertical», en términos sociales, mientras los nacionalismos catalán y vasco revelaban la división «horizontal», de regiones geográficas, que ellos decían constituían «identidades» y «culturas» distintas[86].

El presidente de la República, Manuel Azaña, deseaba alejarse todo lo posible del frente de batalla y, de hecho, pasó la mayor parte de la guerra en Barcelona. Uno de sus pasatiempos más frecuentes era la crítica amarga de los nacionalistas catalanes y vascos, a quienes acusaba de obstruccionismo sistemático y de deslealtad manifiesta. Aún más: según él, los excesos separatistas fueron un factor de gran importancia a la hora de provocar la guerra, aunque semejante acusación era exagerada.

Pero los nacionalistas no solo dividieron a los republicanos, sino que la guerra también los dividió a ellos, ya que los elementos más conservadores pronto se alinearon con los franquistas. La ruptura dentro del catalanismo databa de la época de la guerra mundial y de los años de la dictadura de Primo de Rivera, cuando se formó la nueva Esquerra, en 1931, en oposición a la Lliga Regionalista de Francesc Cambó (después Lliga Catalana), que años antes había logrado el primer éxito político del catalanismo. La aparición de la revolución de masas en la región selló esta división. En 1932, la República concedió la autonomía a Cataluña, aunque ese gesto de generosidad no impidió la participación plena de la Generalitat catalana en la insurrección revolucionaria de los socialistas dos años más tarde. Su presidente, el oportunista Lluís Companys, fue condenado a treinta años de prisión por la rebelión armada, aunque fue indultado por el Gobierno de Azaña en cuanto se formó en 1936. Esquerra lideró la versión catalana del Frente Popular y estaba en el poder cuando la guerra empezó.

El estallido de la revolución inició una intensa persecución de conservadores y católicos catalanes y, tras algunas dudas iniciales, Cambó y la Lliga se decantaron por Franco. A finales de octubre de 1936, 128 personajes catalanes de relevancia —entre ellos, dos figuras de la talla del historiador Ramon d’Abadal y del compositor Federico Mompou, a los que más tarde se uniría el más renombrado de los pintores catalanes, Salvador Dalí— firmaron un manifiesto en apoyo a la causa franquista. En el Ejército nacional se formaron batallones de voluntarios catalanes y se calcula que, aproximadamente, 40.000 jóvenes huyeron de la región para presentarse como voluntarios en las fuerzas de Franco. Posteriormente, los catalanistas de izquierda crearon otro de los grandes mitos de la Guerra Civil, el de que fue una guerra de «España contra Cataluña», una de las mayores falacias de la Historia, ya que, aunque la región formaba parte de la zona republicana y había votado al Frente Popular, el conflicto era también una guerra entre catalanes e incluso entre catalanistas.

Si analizamos las políticas individuales durante la guerra, quizá la más cínica y oportunista fue la de Lluís Companys. Como se ha explicado en el capítulo 4, la situación en Cataluña era verdaderamente complicada tras la derrota de la sublevación militar, cuya suerte estuvo determinada por la intervención decisiva de la Guardia Civil a favor del Gobierno. Además, la tensión entre los activistas de Esquerra y los cenetistas iba en aumento. Diversos líderes del propio partido catalanista deseaban restablecer el orden recurriendo a las unidades de Ejército que no se habían rebelado y con la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, pero Companys vetó cualquier enfrentamiento con la revolución anarquista y poumista.

Companys, que había sido abogado de la CNT, se decantó por crear una alianza con la revolución, autorizándola y fomentándola mediante la formación de un nuevo organismo de milicias revolucionarias catalanas oficiales, el Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA), que incorporó a otros sectores de izquierdas y se encargó del orden público y la represión, mientras la incautación económica se convertía en una práctica generalizada en las ciudades. La gran represión, que a los pocos meses asesinó a casi 6.000 personas en Barcelona, no fue una actividad realizada por unos cuantos «incontrolados», sino que la Generalitat, a través del CCMA, la autorizó.

La nueva coalición revolucionaria se centró en la revolución, la represión y la persecución religiosa, y muy poco en la guerra. En los primeros momentos, unos 20.000 voluntarios se organizaron para acudir al frente de Aragón, pero solo pudieron hacerse con la mitad oriental de esa región, mientras la CNT formaba su propio Gobierno revolucionario, el Consejo de Aragón. También se enviaron tropas a la isla de Mallorca, pero fracasaron estrepitosamente.

El 2 de agosto, Companys intentó crear un nuevo Gobierno catalán que integrase a los demás partidos izquierdistas, así como a la CNT, pero los anarquistas forzaron su disolución siete días después. Al final se constituyó un Gobierno compuesto por catalanistas de izquierdas presidido por Joan Casanovas, un separatista declarado. Durante el mes de agosto, el Comité de Milicias, Companys y Casanovas hicieron lo posible para que su Gobierno fuera virtualmente independiente de Madrid, ignorando lo poco que quedaba de la Constitución republicana. Instauraron una Consejería de Defensa y una Comisión de Industria Bélica, y acuñaron su propia moneda oficial —como también se hizo en los tres distritos de la zona republicana del norte. Como ya se señaló en el capítulo 4, la Cataluña revolucionaria era un verdadero caos monetario, con numerosos distritos locales que emitían sus propios billetes y monedas—. También establecieron sus propias aduanas y crearon un cuerpo de guardias aduaneros, lo que contribuyó a aumentar la confusión y a generar complicaciones de todo tipo. El 28 de agosto se decretó un poder de veto legislativo por el cual se declaraba que solo las normas publicadas en el Butlletí de la Generalitat tendrían valor de ley.

A pesar de la extensión de los cambios revolucionarios, los líderes de la CNT no deseaban imponer oficialmente una revolución económica anarcosindicalista —el llamado «comunismo libertario»—, pues era importante no obstaculizar una posible ayuda extranjera. También entendían que era necesario cierto grado de unidad y de coordinación para ganar la lucha militar, y durante el mes de agosto presionaron para que un único Gobierno representara a toda la izquierda. Este Gobierno, siguiendo su propia doctrina, debería sustituir al republicano mediante la creación de un «Consejo Nacional de Defensa» de estructura confederal. El Ejecutivo de Largo Caballero no accedió, pero el 27 de septiembre los anarquistas aceptaron formar parte de un nuevo Gobierno catalán dirigido por Josep Tarradellas, ocupando cuatro consejerías. Este fue el Gobierno que, en octubre, legalizó el sistema de colectivizaciones industriales y comerciales.

La Generalitat creó su propio Exèrcit Popular de Catalunya, en principio independiente del Ejército Popular, con el que intentó asumir el control militar de Cataluña y Aragón, aunque la zona oriental de esta región se mantuvo como feudo cenetista. La represión disminuyó, aunque en estos momentos ya habían muerto asesinados más de 8.000 personas en toda la región. Mientras tanto, el Gobierno catalán, pese a contar con la ayuda del emergente PSUC —el nuevo Partido Comunista catalán—, no era capaz de superar una situación en la que gran parte del poder local civil y militar estaba en manos de la CNT.

Aunque en el Gobierno de Largo Caballero recaía la responsabilidad de implantar una administración coherente para todos los territorios, no se atrevió a gobernar directamente en toda la zona republicana. De hecho, reconoció y refrendó una serie de medidas favorables a la autonomía: un nuevo estatuto para Vizcaya, el reconocimiento del Consejo de Aragón, una serie de Gobiernos multiprovinciales —dos en la zona republicana del norte: Asturias-León y Santander-Burgos-Palencia, y, más tarde, otros dos en Andalucía oriental y Murcia— y la sustitución de las diputaciones provinciales por Consejos Provinciales multipartidistas.

Para el presidente Azaña, esta situación implicaba el caos. Sus quejas sobre la política de Companys constituyen uno de los pasajes más citados de su diario de guerra:

Su deber más estricto, moral y legal, de lealtad política, e incluso personal, era haber conservado para el Estado, desde julio acá, los servicios, instalaciones y bienes que le pertenecen en Cataluña. Se ha hecho lo contrario. […] No se han privado de ninguna invasión de funciones. Asaltaron la frontera, las aduanas, el Banco de España, Montjuich, los cuarteles, el parque, la Telefónica, la CAMPSA, el puerto, las minas de potasa […] ¡Para qué enumerar! Crearon la Consejería de Defensa, se pusieron a dirigir la guerra, que fue un modo de impedirla, quisieron conquistar Aragón, decretaron la insensata expedición a Baleares, para construir la Gran Cataluña […][87].

Quizá fue una suerte que Azaña no estuviera bien informado sobre los intentos de los nacionalistas vascos y catalanes de negociar con otros Gobiernos su separación de España —uno de los aspectos menos investigados de la Guerra Civil—. Tanto el PNV como los catalanistas de izquierda lo venían intentando desde 1935, primero en París, luego en otras capitales, sin excluir la de la Alemania nazi.

La propuesta más vehemente fue la del grupo separatista Nosaltres Sols! (NS)[88], que se presentó al consulado alemán en Barcelona en mayo de 1936, en vísperas de la guerra. Se trataba de la «ampliación» de un proyecto que un líder del NS había entregado en Berlín el año anterior. En él se hacía hincapié en las similitudes entre el radicalismo nacionalista en Alemania y en Cataluña, y ofrecía «fomentar la consciencia secesionista en el sur de Francia, informar a Alemania sobre objetivos militares en España y, en caso de guerra, proporcionarle grupos armados que podrían ser “instruidos por ustedes”». El memorándum explicaba que «una Cataluña libre representaría para Alemania un paso definitivo en el desmoronamiento de Francia y la existencia de un país amigo en el Occidente Mediterráneo»[89]. En aquel momento, Berlín no estaba interesada ni en Cataluña ni en España, por lo que ignoró la propuesta.

A finales del verano y en el otoño de 1936, varios agentes catalanes —a veces en representación de la Generalitat, otras de los grupos separatistas más extremistas— buscaron en Londres, París, Ginebra, Roma e incluso Berlín apoyos para crear una Cataluña independiente. Los Gobiernos de París, Londres y Roma llegaron a considerar esa posibilidad, aunque pronto la descartaron.

La única de estas maniobras que alcanzó alguna repercusión política fue el turbio asunto conocido como L’afer Rebertés, llamado así por Andreu Rebertés, un nacionalista de izquierda que durante algún tiempo ocupó la Comisaría General d’Ordre Públic. La conspiración, dirigida por nacionalistas radicales, pretendía reemplazar a Companys por un nuevo dirigente que no fuera complaciente con el anarquismo y estableciera un absoluto dominio nacionalista en Cataluña, quizá con ayuda francesa. Pero el plan se descubrió. Varios políticos catalanistas tuvieron que huir a Francia y Rebertés fue detenido y asesinado, posiblemente por los anarquistas.

EL NACIONALISMO VASCO

La división política también se produjo entre los nacionalistas vascos, aunque en su caso fue una división provincial. Los nacionalistas de Álava y Navarra se alinearon con los carlistas y con los nacionales sublevados, cuyo nuevo Gobierno reconocería ciertos derechos de autogobierno en estas dos provincias. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) es la única entidad política que negoció con ambos bandos durante la Guerra Civil. En aquellos años tenía una fuerte identidad católica, y durante la primavera de 1936 trató con los conspiradores monárquicos en el País Vasco, mostrando más simpatía hacia los carlistas, aunque sin llegar a comprometerse. Puesto que también había quien simpatizaba con los revolucionarios, cuando empezó la guerra, la cúpula del PNV preparó una declaración de neutralidad. Algunos de los líderes más importantes, como Manuel de Irujo y Juan Ajuriaguerra, creían que el nacionalismo sacaría más provecho de la izquierda, así que, cancelando esa declaración antes de que pudiera salir a la luz, los dirigentes peneuvistas concedieron oficialmente su apoyo a la República, que solo llegó a hacerse efectivo en Vizcaya y Guipúzcoa, mientras un pequeño grupo, compuesto por los más intransigentes, al frente del cual estaba Luis Arana, hermano de Sabino Arana Goiri, se obstinó en mantener la neutralidad y marchó al exilio[90].

Por su parte, durante esas primeras semanas la Junta de Burgos mantuvo una actitud prudente. A principios de agosto de 1936, los obispos de Vitoria (Mateo Múgica) y de Pamplona (Marcelino Olaechea) hicieron pública una pastoral en la que apremiaban al PNV a poner fin a su alianza política con unos revolucionarios que no dejaban de cometer atrocidades en masa contra el clero y los católicos. Cuando los sublevados entraron en Guipúzcoa —provincia en la que el clero había defendido firmemente al nacionalismo—, juzgaron y fusilaron a 16 sacerdotes que habían mantenido una actividad política destacada, represión que Franco no tardó en condenar. Los portavoces nacionalistas hicieron un buen uso propagandístico del suceso, pasando por alto que sus aliados revolucionarios habían hecho lo mismo con otros 56 eclesiásticos en Vizcaya y Guipúzcoa.

También Franco emprendió negociaciones y reconoció los términos básicos de los fueros provinciales. Sin embargo, tanto José Antonio Aguirre como los demás líderes peneuvistas habían decidido jugársela con las izquierdas. En septiembre se llegó a una alianza con el Gobierno de Largo Caballero, comprensivo con las autonomías de toda índole, en el que Irujo entró como ministro el día 25. El primero de octubre, en su única acción significativa durante la guerra, se reunieron a toda prisa unas Cortes parciales —muchos miembros habían muerto a manos de los revolucionarios— para aprobar un Estatuto de Autonomía —tan precariamente ideado como amplio en su alcance— para el País Vasco, Estatuto que, en muchos sentidos, superaba al catalán de 1932[91]. Con bastante sorna, fue conocido como el «Estatuto de Elgueta», ya que las únicas áreas que todavía no habían caído en poder de Franco eran Vizcaya y una pequeña zona en torno a Elgueta, en Guipúzcoa. La medida fue inconstitucional, ya que la ley exigía una mayoría de dos tercios para aprobar un Estatuto y apenas había 50 diputados presentes, pero para la República en guerra el Parlamento no era más que una fachada fantasma; todas las decisiones las tomaba un Ejecutivo arbitrario y autoritario.

A continuación se creó un nuevo Gobierno en Bilbao, liderado por José Antonio Aguirre y el PNV, en teoría con el voto de los alcaldes de Vizcaya, cuyos ayuntamientos fueron ocupados por la nueva coalición. Enseguida se impuso el neologismo «Euzkadi», sin tener en cuenta su más que dudoso carácter etimológico. Este Gobierno estaba compuesto por cinco nacionalistas, tres socialistas, dos republicanos de izquierda y un comunista. Aunque nació como «Gobierno provisional», el 3 de noviembre publicó un decreto por el cual se hacía con el control de toda la autoridad estatal en Vizcaya, dejando a un lado las limitaciones impuestas por el nuevo Estatuto. Sin pérdida de tiempo, Aguirre se autoproclamó presidente permanente y se hizo cargo de todas las fuerzas militares y policiales de la provincia, ignorando la colaboración con el Gobierno republicano y negando cualquier autoridad al capitán Francisco Ciutat, a quien Largo Caballero había nombrado jefe militar de la zona norte. El Gobierno empezó a actuar en todos los sentidos como un Estado independiente; incluso estableció sus propias aduanas, que le separaban del resto de la zona republicana, y, como su homólogo catalán, envió representantes a París, Londres y Berlín —este en secreto— para poder jugar en todos los bandos.

La historiografía vasquista ha desarrollado el mito del «oasis vasco», la única parte de la zona republicana no dominada por la revolución y el terror, pero se trata de una imagen que no refleja toda la realidad. En Vizcaya la revolución adoptó unos ropajes diferentes, más nacionalistas. A diferencia de otras regiones, nunca se produjo una colectivización económica formal, pero el Gobierno vasco, al tiempo que respetaba la tierra de los agricultores vizcaínos —muchos de ellos eran nacionalistas—, intentó nacionalizar la industria y las finanzas que pertenecían a una élite económica que, en su mayor parte, no comulgaba con sus ideas. Se incautó casi todo el capital de los bancos para crear uno estatal vasco y se confiscaron los activos de las principales industrias. Luego, cuando se produjo el colapso final en 1937, el Gobierno huyó, llevándose consigo las acciones, numerosos documentos legales y títulos de propiedad de los principales organismos financieros e industriales vizcaínos, en un último intento por seguir controlándolos desde el extranjero. Tampoco Vizcaya se libró de los habituales saqueos y pillajes de cajas de seguridad y objetos valiosos, que era una práctica generalizada en la zona republicana.

La idea de que los nacionalistas vascos protegieron a la Iglesia y al clero y evitaron que el terror rojo se adueñara de Vizcaya es otro mito. Es verdad que algunas iglesias permanecieron abiertas —mientras todas se cerraron en el resto de la zona republicana—, pero la gran mayoría de ellas también se cerró en Vizcaya y fueron profanadas por los revolucionarios. Gran número de sacerdotes acabaron en la cárcel y 42 fueron asesinados tras ser, en muchos casos, objeto de torturas. En total, en Vizcaya murieron casi 500 personas víctimas de la represión, a menudo con la aquiescencia e incluso con la participación de los nacionalistas, aunque no puede negarse que el Gobierno actuó para moderar los excesos represivos.

Aguirre dio forma a su propio Eusko Gudarostea(ejército vasco), al que más tarde el mando nacional republicano intentó controlar cambiándole el nombre por el de Cuerpo de Ejército de Vizcaya. Al menos la mitad de las tropas no era nacionalista y siempre se organizaron en unidades separadas. El general Francisco Llano de la Encomienda, jefe nominal de la zona norte en sustitución de Ciutat, consiguió algo más de colaboración y el ejército vasco emprendió una ofensiva en noviembre de 1936, en principio para aliviar la presión sobre Madrid, aunque, en realidad, el objetivo era la anexión de Álava. A pesar de superar en número a sus enemigos, la incursión fue rechazada y se produjeron numerosas bajas.

Durante la primavera de 1937, el régimen de Vizcaya exploró bajo qué condiciones podría firmar una paz, primero con Mola en el frente del norte, y luego directamente con Franco. Por otro lado, seguía negociando con Gran Bretaña, a cuyo Gobierno ofreció una base naval en Vizcaya si le ayudaba a independizarse de España.

Tras el comienzo de la ofensiva franquista sobre Vizcaya —31 de marzo de 1931—, los nacionalistas empezaron a actuar de manera cada vez más independiente. Los mandos soviéticos no parecían dispuestos a enviar más refuerzos aéreos debido a la nula calidad militar de los campos de aviación de la zona, la falta de defensas y la ausencia total de profundidad geográfica. Aguirre exigía más aviones y, el 7 de abril, declaró que, si no los obtenía, el Gobierno de Euzkadi «se consideraría relevado de la lealtad con la que siempre ha procedido»[92]. Esa referencia a su «lealtad» resultaba asombrosa, incluso para el entorno de exagerada propaganda propio del nacionalismo. Al final se enviaron unos cuantos aviones, pero fueron destruidos por el enemigo antes de poder pasar a la acción. A finales de abril, el Gobierno vasco nombró de manera oficial a su presidente como comandante en jefe del Ejército de Euzkadi, liberándolo de cualquier dependencia de la cadena de mando del Ejército Popular, en su lucha contra lo que denominaba una «inmunda amalgama de mahometanos negros, protestantes rubios, legionarios sifilíticos y españoles degenerados». Una vez más, el racismo peneuvista, como antes el del catalanismo radical, volvía a enseñar las orejas.

En realidad, lo que estaba haciendo el Gobierno vasco era establecer una cierta independencia militar no solo para resistir con mayor eficacia, sino para demostrar mejor su «lealtad», mientras negociaba clandestinamente con las potencias extranjeras y con la «inmunda amalgama» franquista. En los meses de abril y mayo, Franco acordó con el Vaticano que las autoridades militares italianas actuaran como intermediarios para negociar la retirada vasca del conflicto. Para ello puso encima de la mesa unas condiciones más que generosas: la descentralización administrativa, la persecución solo de aquellos acusados de delitos comunes y vía libre a todos los dirigentes que deseasen escapar al extranjero. Sin embargo, las negociaciones fracasaron debido a la insistencia vasca en que estuviera presente alguna potencia foránea para garantizar los términos del acuerdo, algo que Franco no estaba dispuesto a aceptar. Semejante interés no solo nacía de la desconfianza, sino del insistente deseo vasco de implicar a un tercero para reducir así la soberanía española. A principios de mayo, Mola fue incluso más lejos: les prometió no bombardear Bilbao y liberar a todos los gudaris—tropas nacionalistas— que hubieran depuesto las armas.

Con todo, firmar una paz por separado no habría sido tan fácil, ya que no la habrían aceptado los aliados izquierdistas de los nacionalistas, que podrían haber desencadenado una miniguerra civil similar a la que había estallado en Barcelona esa primavera. En el mes de mayo aumentó la cooperación militar y las tropas vascas —nacionalistas y revolucionarios— resistieron con firmeza, pero cuando, a mediados de junio, el Ejército de Franco atravesó el Cinturón de Hierro —la defensa exterior—, los nacionalistas se negaron a seguir resistiendo en Bilbao. Protegieron la industria y las instalaciones municipales frente a los revolucionarios, que deseaban practicar una política de tierra quemada, y una gran parte de las tropas se rindió, aunque más de 20.000 soldados —no todos nacionalistas— emprendieron la retirada hacia Santander.

Durante todo el mes de julio, los líderes peneuvistas mantuvieron sus negociaciones con Roma, con las que esperaban conseguir la evacuación de tantos soldados como fuera posible, al amparo del avance militar del CTV italiano. Quienes no fuesen evacuados se rendirían a los italianos antes que a Franco. Este aceptó las negociaciones, pero Aguirre y sus colegas las fueron dilatando todo cuanto pudieron, con la excusa de que debía procederse con cautela para no levantar las sospechas de los mandos republicanos.

Para simplificar la operación, los vascos propusieron que las tropas franquistas no avanzasen directamente por el oeste hacia Santander, sino que lo hicieran desde el sur, a través de Reinosa. Así, los vascos no se retirarían, sino que se dejarían aislar, copados desde el sur, y su evacuación/rendición sería más sencilla. Mientras tanto, el general Mariano Gámir, que había sustituido a Llano de la Encomienda, preparaba un contraataque al este de Santander que los vascos intentaron sabotear, aunque sin éxito. Algunas de sus unidades se vieron forzadas a tomar parte porque el mando republicano colocó destacamentos de ametralladoras en su retaguardia, al estilo soviético. El asalto fracasó y hubo numerosas bajas.

En agosto, las fuerzas franquistas avanzaron de acuerdo con el plan vasco, y el día 23, cuando ya estaban cerca, las unidades vascas se rebelaron contra el mando republicano. Sin embargo, los barcos en los que debían ser evacuados no llegaron y, dos días más tarde, Franco arrebató a los italianos el control de la zona. Incluso después de tan evidente traición, las autoridades vascas tuvieron la desvergüenza de emitir un comunicado desde Francia en el que aseguraban que las únicas tropas republicanas que habían resistido con valor en Santander habían sido las suyas. En total, unos 22.000 vascos cayeron prisioneros en la playa de Santoña; la mitad de ellos, casi todos nacionalistas, recuperó la libertad poco después. Algunos se incorporaron a las fuerzas de Franco. Otros 500 fueron enviados ante tribunales militares por los crímenes que habían cometido en Vizcaya y fueron sentenciados a muerte, y unos 200 fueron ajusticiados.

Mucho más tarde la propaganda nacionalista elaboró el mito de que la Guerra Civil se había basado en la «invasión de Euzkadi» por España, mientras que lo cierto fue que, como hemos visto, trató de una guerra civil tanto entre vascos como entre españoles. Una parte importante del mito consistió en imputar un gran odio hacia los vascos por parte de los franquistas, que ejercieron una enorme represión sobre los nacionalistas. Una vez más, la verdad era otra. En Vizcaya y en Guipúzcoa, como se ha visto, hubo proporcionalmente menos terror revolucionario que en otras provincias. Bajo el Gobierno franquista, se procesó y se ajustició sobre todo a los revolucionarios que habían cometido la mayor parte de los crímenes, no a los nacionalistas, que sufrieron, en términos comparativos, una represión más leve[93].

La industria vasca, cuya producción había experimentado un brusco descenso en el primer año de la guerra, se vio favorecida por el Gobierno de Franco, que dio prioridad a la industria pesada. En general, durante la época del «primer franquismo», la economía vasca floreció más que en ninguna otra región. Desde luego, las actividades nacionalistas quedaron suprimidas, pero la idea de que la nueva dictadura trató a las provincias vascas con especial dureza es otro producto de la propaganda nacionalista. Más bien ocurrió lo contrario.

Dado que los nacionalistas no consiguieron poner en práctica su plan de evacuación con los italianos, Aguirre y otros líderes del PNV manifestaron que no les había quedado más opción que la rendición y que siempre mantuvieron su compromiso con la causa republicana. De ese modo podían mantener la ilusión de que seguía existiendo un «Gobierno vasco», ya que en ese momento un Gobierno «independiente» en el exilio habría sido ignorado por completo. Después de interceptar un telegrama de los italianos, los dirigentes republicanos ya sospechaban de los vascos, pero, desde su punto de vista, era sumamente importante que el único movimiento católico de la República revolucionaria continuara participando. Fue su único argumento en contra de la ola de críticas y denuncias suscitada por la persecución religiosa y, así, Manuel de Irujo pudo conservar la cartera de Justicia en el Gobierno Negrín.

LOS NACIONALISMOS BAJO EL GOBIERNO DE NEGRÍN

A partir de mayo de 1937, el Gobierno de Negrín comenzó a extender la autoridad estatal sobre Cataluña, incorporando, como ya vimos, el Exèrcit de Catalunya en el Ejército Popular. En Barcelona, Esquerra y el PSUC hicieron causa común contra la CNT y el POUM, provocando la revuelta del 3 al 6 de mayo, y el 1 de julio Esquerra y el PSUC formaron un nuevo Gobierno catalán todavía encabezado por Lluís Companys. Para entonces, los catalanistas conservadores habían huido en masa, así como algunos líderes y activistas de Esquerra. Los cenetistas pasaban por un mal momento y los comunistas estaban en auge, situación que hizo que Companys se quejara de la preponderancia de sus nuevos aliados. Escuchar al presidente de la Generalitat lamentar las consecuencias de su oportunismo molestaba mucho a Azaña, que escribió en su diario que aquello revelaba la hipocresía sin límites del líder que durante meses había presidido una orgía de anarquía, pillaje, destrucción y asesinatos. En octubre, el Gobierno republicano se trasladó de modo oficial a Barcelona y desde ese momento intentó incrementar la productividad de la industria catalana y destinar algo más de su producción al esfuerzo bélico.

A partir de la segunda mitad de 1937, los líderes del PNV y de Esquerra hicieron causa común para mantener el espíritu y los principios de sus autonomías y, en el caso catalán, para quejarse del poder del Gobierno de Negrín. En principio, la Generalitat se mantuvo en sus funciones, y tanto el presidente de la República como el del Gobierno se comprometieron a respetar los términos básicos del Estatuto de 1932. Pero en las condiciones de guerra total en que se encontraba el país, la autoridad gubernamental de Negrín no podía sino aumentar.

De todas las cuestiones domésticas a las que debía hacer frente el Gobierno, esta era la que más sacaba de quicio a Negrín. El propio Azaña escribió en su diario, el 29 de julio de 1937, lo siguiente:

El presidente está muy irritado por los incidentes a que ha dado ocasión el paso de Aguirre por Barcelona. Aguirre —dice— no puede resistir que se hable de España. En Barcelona afectan no pronunciar siquiera su nombre. Yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni patriotero. Pero, ante estas cosas, me indigno. Y si esas gentes van a descuartizar España, prefiero a Franco. Con Franco ya nos las entenderíamos nosotros o nuestros hijos, o quien fuere. Pero esos hombres son inaguantables. Acabarían por dar la razón a Franco[94].

Casi un año después, Negrín comunicó sentimientos semejantes a su ministro de Gobernación, Zugazagoitia, que los resumió así:

Esa puede ser, muy concreta, una razón por la que me marche del Gobierno. No estoy haciendo la guerra contra Franco para que retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. De ninguna manera. Estoy haciendo la guerra por España y para España. Por su grandeza y para su grandeza. Se equivocan gravemente los que otra cosa supongan. No hay más que una nación: ¡España! No se puede consentir esta sorda y persistente campaña separatista, y tiene que ser cortada de raíz, si se quiere que yo continúe siendo ministro de Defensa y dirigiendo la política del Gobierno, que es una política nacional. […] Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco sin otra condición que la que se desprendiese de alemanes e italianos[95].

A pesar de todo, Negrín no podía prescindir de la fachada política que ofrecían los nacionalistas vascos católicos. En 1938 estaba tan contra las cuerdas que aceptó la sugerencia de Aguirre de que la cada vez más pequeña zona republicana mostrase algo de tolerancia religiosa para intentar influir sobre la opinión católica e internacional.

Cuando en marzo de aquel año Léon Blum regresó a la Presidencia del Gobierno en Francia, los dirigentes de Esquerra y del PNV creyeron que había llegado su momento. Por vez primera, el Gobierno francés tomó en consideración la intervención militar y Companys y sus colegas volvieron a soñar con una Cataluña bajo protección francesa, incluso asociada con el país vecino. Pero el Gobierno de Blum desechó la idea, y no hay ningún dato que nos lleve a pensar que en algún momento se tomó en serio la posibilidad de crear un protectorado en Cataluña.

A mediados de agosto, Esquerra y el PNV provocaron la penúltima crisis de la República: retiraron a sus ministros del Gobierno como gesto de protesta por la puesta bajo control estatal de la industria bélica catalana, cuya nacionalización había tenido lugar hacía poco. Para entonces, Esquerra llegó a estar marginada en Cataluña y los ministros que dimitieron fueron reemplazados rápidamente por otros del PSUC y del pequeño partido izquierdista Acción Nacionalista Vasca.

La crisis de los Sudetes de 1938, que pisaba los talones a esta remodelación gubernamental, dio nuevas alas a los separatistas, porque, para justificar la separación de esta región de Checoslovaquia, Hitler se apoyó en el principio de autodeterminación de los pueblos. Como ya habían demostrado antes —aunque siempre de forma muy reservada—, los vascos y los catalanistas de izquierdas estaban más que dispuestos a negociar con el Eje.

El «problema vasco», por ejemplo, se presentaba de manera diferente según fuese el interlocutor: a Francia le garantizaban «la seguridad de su frontera sur con un Estado [vasco] amigo», lo que suponía renunciar a la región vasco-francesa; al Reino Unido le ofrecían «nuestra riqueza industrial, minera, etcétera»; a los fascistas italianos les expresaban «simpatía, en la creencia de que serán elementos que pesen en la balanza, haciendo notar nuestras relaciones con el Pacto de S. [Santoña]», y a los nazis les hablaban de «raza, derecho de autodeterminación de los pueblos, plebiscito»[96].

Durante el otoño de 1938, los nacionalistas vascos instaron a franceses y británicos a que aplicaran la «solución Múnich» a España, con París y Londres en el papel de Berlín. Pretendían hablar en nombre de un «pueblo vasco» sólido y democrático, aunque, de hecho, en las elecciones de 1936 solo un tercio de ese «pueblo» les había votado[97]. Mientras Esquerra intentaba negociar en París, un delegado del PNV enviado al Foreign Office en Londres presentó a los nacionalistas vascos como una entidad extraespañola, totalmente diferente de «los dos bandos españoles en lucha», y como una «oposición al Gobierno de Negrín». Según esta fantasía, el PNV era la única «fuerza de la reacción democrática» en España[98].

A finales de 1938, la moral catalana estaba por los suelos y la campaña que Franco desarrolló entre diciembre y febrero apenas encontró resistencia. Pese a que más de 200.000 civiles cruzaron la frontera en febrero, junto a un número similar de soldados, la mayoría de ellos regresó muy pronto a España —una realidad que normalmente se ignora—.

Es importante resaltar que las maniobras separatistas no acabaron con el final de la Guerra Civil. Por el contrario, prosiguieron en los años cuarenta y los vascos fueron los más activos. El PNV intentó negociar con un Hitler que se encontraba en la cima de su poder y Aguirre se pasó la primera mitad de 1941 en Alemania, maniobrando en vano para que este país respaldara la separación del País Vasco. Puesto que no lo consiguieron, intentaron jugar de nuevo la baza aliada a finales de año.

Varios agentes vascos comenzaron a trabajar para los servicios de inteligencia y la Oficina de Servicios Estratégicos (OSE) de Estados Unidos, tanto dentro de España como, e incluso más, en Europa Occidental y Sudamérica. También cooperaron con la resistencia francesa y ayudaron a los refugiados y a los pilotos aliados derribados mientras intentaban cruzar los Pirineos. Incluso llegaron a facilitar informes distorsionados a la OSE norteamericana con los que pretendían demostrar que España estaba a punto de entrar en la guerra mundial y provocar de ese modo que estallara un nuevo conflicto entre España y Estados Unidos, si bien la embajada norteamericana en Madrid pudo comprobar la falsedad de esas afirmaciones. Los nacionalistas tenían puestas sus esperanzas en que, ya fuera por la Segunda Guerra Mundial, ya fuera por sus secuelas, España terminaría desmembrándose. Pero volvieron a verse defraudados.

11

LA VICTORIA MILITAR DE FRANCO

Una de las muchas paradojas de la vida de Franco es que la primera campaña clave que emprendió una vez elevado a Caudillo y dictador —la batalla de Madrid— acabó en el único revés realmente serio que sufrió en toda la guerra. Como vimos en el capítulo 5, el avance sobre la capital se retrasó por tres razones: 1) la falta de efectivos, porque Franco deseaba asestar el golpe decisivo con tropas aguerridas, no milicianos, de las que carecía; 2) los problemas fundamentales de una logística construida casi totalmente desde cero; y 3) la necesidad de abastecer otros frentes en riesgo de colapso, lo que implicaba el uso de una parte considerable de sus tropas. El avance final de los últimos 70 kilómetros hacia Madrid comenzó en los primeros días de octubre de 1936, pero de una forma muy lenta, y nunca pudo contar con más de 25.000 soldados, cifra que por sí sola podría explicar el fracaso de la operación.

Mientras tanto, el intento del Gobierno republicano de crear un «Ejército de Voluntarios» con los milicianos no tuvo ningún resultado y, antes de finales del mes de septiembre, Largo Caballero anunció la formación del «Ejército Popular de la República». Sería un nuevo Ejército regular con disciplina formal, pero también un cuerpo «revolucionario» creado según el modelo del Ejército Rojo soviético, con sus comisarios políticos, la estrella roja y el puño cerrado en lugar del saludo militar habitual. No estaría formado por divisiones, sino por «brigadas mixtas», que combinaban varias clases de armas y unidades, con aproximadamente la mitad de efectivos de una división normal. El objetivo era lograr una mayor flexibilidad, con unidades más fáciles de organizar y gobernar. Las seis primeras brigadas mixtas se crearon el 16 de octubre y a las pocas semanas se emplearon en la defensa de Madrid, mientras, en las mismas fechas, se preparaban las nuevas Brigadas Internacionales de la Comintern. La consecuencia de todo ello, junto con la concentración de los milicianos, fue que la defensa de la capital resultó mucho más eficaz en la última parte de octubre de lo que habría sido un mes antes. Franco no pudo aprovechar su mejor oportunidad.

Las armas soviéticas habían empezado a llegar a la zona republicana el 4 de octubre y se utilizaron por primera vez en un pequeño ataque con carros blindados lanzado contra el flanco derecho de la punta de lanza de Franco el 29 de octubre, operación que se repitió cinco días después. Los tanques soviéticos T-26, de nueve toneladas y cañones de 45 milímetros, arrollaron por completo a los escasos vehículos de inferior blindaje y tamaño que Franco había recibido de Italia y Alemania. Con todo, ambos contraataques acabaron fracasando —como sería habitual en las acciones republicanas—, porque estas fuerzas de nueva creación carecían de preparación para coordinar la actuación combinada de infantería y artillería con el avance de los tanques, una limitación que el Ejército Popular nunca aprendió a superar. La infantería nacional respondió de modo improvisado lanzando contra los tanques soviéticos un nuevo artilugio —una botella llena de gasolina o de otro líquido inflamable—, el mismo que tres años después las tropas finlandesas utilizaron contra el Ejército Rojo cuando este invadió Finlandia. Para mofarse del ministro de Exteriores soviético de entonces lo llamaron «cóctel Mólotov».

La «batalla de Madrid» no fue solo una, sino que bajo esta denominación tuvieron lugar varias operaciones a lo largo de tres meses. La primera fue dirigir un ataque directo en el mes de noviembre contra un enemigo superior en número y en potencia de fuego, y que, además, ocupaba un terreno ligeramente más alto. Los atacantes eran más diestros en el combate, pero si lanzaban un ataque frontal perderían su principal ventaja militar, que no era otra que su mayor capacidad de maniobra en campo abierto. El ataque franquista logró ocupar un punto de apoyo en el extremo oeste de Madrid, pero sufrió numerosas bajas y no pudo avanzar. Por su parte, el principal contrataque de las nuevas brigadas mixtas republicanas no consiguió ningún resultado y solo sirvió para poner de manifiesto que, en las ofensivas, el Ejército Popular no sería mucho más eficaz que el formado por milicianos anteriormente.

Pero estos combates sí demostraron que el Ejército Popular, con la incorporación de las nuevas armas soviéticas —a veces superiores a las del Eje—, podía ser superior a su predecesor luchando a la defensiva, sobre todo si había preparado bien sus posiciones. Los nuevos aviones soviéticos eran mejores que los obsoletos modelos alemanes e italianos, y proporcionó a los republicanos el dominio del aire —al menos durante el día— en los meses siguientes. En diciembre y a principios de enero de 1937, Franco consiguió refuerzos para retomar su avance, maniobrando más hacia el noroeste, pero no logró romper el frente.

La defensa de Madrid fue el primer gran triunfo del Ejército Popular —en realidad, casi el único— y se logró gracias a varios factores: 1) la organización de las primera unidades regulares republicanas; 2) la ventaja de luchar a la defensiva desde posiciones parcialmente fortificadas; 3) la llegada de una cantidad considerable de armas soviéticas, lo que dio a los defensores superioridad en potencia de fuego, vehículos blindados y aviones; 4) un mando decidido —no ajeno al trabajo de los asesores soviéticos— que subió la moral, y 5) el reducido número de tropas que integraban las unidades de élite franquistas. Madrid únicamente habría caído si entre sus defensores se hubiera registrado un derrumbe de la moral generalizado.

La batalla supuso un punto de inflexión, el final definitivo del plan original de los sublevados, que habían previsto no más de dos o tres semanas de combate. A partir de este momento, ambos bandos se centraron en formar ejércitos masivos para soportar una guerra de desgaste. La primera operación importante de 1937 tuvo lugar en febrero, cuando Franco lanzó un ataque más amplio sobre la capital desde el sur y cruzó el valle del Jarama, en un intento de sorprender a sus defensores por los flancos sur y este. Por primera vez se producía un enfrentamiento en campo abierto de unidades más nutridas. Los nacionales ocuparon algo de terreno, pero no lograron avances significativos.

El último intento por rebasar los flancos de Madrid fue la ofensiva de marzo de 1937 en Guadalajara, que principalmente estuvo a cargo el nuevo Corpo Truppe Volontarie italiano, que fue detenido por las brigadas mixtas con la ayuda de los tanques soviéticos y del absoluto dominio republicano del aire. Aunque el ataque logró una pequeña conquista territorial, las unidades italianas abandonaron precipitadamente su línea de avance y unos 300 soldados fueron capturados. Un año después de que Mussolini conquistara Etiopía, se dijo que en Guadalajara se había producido la «primera derrota del fascismo». El resultado fue la parálisis del frente central.

Entonces, Franco aceptó el consejo de su Estado Mayor y se concentró en la zona norte republicana, mucho más pequeña pero rica en industrias y en recursos humanos, e internamente muy dividida, cuya conquista podría alterar el equilibrio de poder e inclinarlo a su favor. Esta fue la decisión estratégica más relevante de toda la guerra.

DOS ESFUERZOS DE GUERRA

De todas las guerras civiles que tuvieron lugar en Europa durante la primera mitad del siglo XX, la española fue la más importante en cuanto a movilización e innovación militar. Asimismo fue la que organizó —en ambos bandos— a un mayor porcentaje de la población: en total, más de dos millones de hombres fueron llamados a filas, aunque ningún ejército alcanzó un alto grado de preparación militar. Los frentes eran muy extensos y las operaciones ofensivas se concentraban en sectores pequeños, lo que provocaba que la mayor parte del frente quedara relativamente inactiva. Aunque introdujeron algunas armas sofisticadas, por lo general la potencia de fuego de ambos ejércitos era reducida, lo que explica que el número de bajas no fuera superior. En total, algo más de 175.000 hombres murieron en combate o a causa de las heridas —unos 25.000 eran extranjeros—, es decir, alrededor del 6 % de los movilizados. La gran vergüenza y el horror de esta guerra fue que murieron casi tantas personas en las respectivas represiones como en los combates militares.

En ningún modo se puede comparar lo que pasó en España con la hecatombe de la guerra civil rusa, en la que la economía y la sanidad se colapsaron y, posiblemente, unos 10 millones de personas murieron, sobre todo a causa de la hambruna y las epidemias, dando lugar a uno de los mayores desastres de la Historia europea contemporánea.

Los milicianos revolucionarios adquirieron cierta reputación romántica, aunque también en los primeros meses los nacionales dependieron en gran medida de los voluntarios. En la mayoría de los sectores, los frentes contaban con pocos hombres, y en Aragón, por ejemplo, fueron los milicianos los que mantuvieron la mayor parte del frente sublevado. Franco tardó más que Largo Caballero en incorporar oficialmente a los milicianos a la estructura militar regular, pero, cuando lo hizo, obtuvo mejores resultados.

La aportación más entusiasta que recibieron los sublevados provino de la Navarra carlista, que les proporcionó un total de 11.143 voluntarios requetés, 7.068 falangistas y 21.950 voluntarios y reclutas para el Ejército regular. En total, 40.461 hombres, casi el 12 % de la población, la proporción más elevada de entre todas las provincias del país. De ellos, 4.552 murieron en combate o a causa de las heridas —era frecuente que los navarros formaran parte de las tropas de choque—, es decir, perecieron el 11,3 % del total de los combatientes, casi el doble del 6 % registrado en el conjunto del Ejército franquista[99].

No tenemos cifras exactas respecto a otros voluntarios entre los nacionales, pero el mejor estudio realizado sobre el tema concluye que el número total de milicianos nacionales superó los 150.000 y que la mayoría eran falangistas. Por lo general, se encuadraron en sus propios batallones —llamados «tercios» o «banderas»— dentro del Ejército nacional y, proporcionalmente, su número de bajas también estuvo por encima de la media.

La izquierda se enfrentó al mismo problema al que han de enfrentarse casi todas las revoluciones: crear una forma de ejército revolucionario eficaz. Desde el éxito del New Model Army inglés del siglo XVII, pasando por las revoluciones de Estados Unidos y Francia, las opciones eran diversas, y en el siglo XX no resultaba sorprendente que se adoptara el modelo soviético, incluso con el mismo simbolismo revolucionario. Sin embargo, el Ejército Popular no dispuso de ciertas ventajas que sí tuvo su antecesor soviético, ya que el Ejército Rojo pudo emplear a varios miles de antiguos oficiales zaristas y supo concentrar grandes recursos en un solo frente. Las fuerzas republicanas contaron con el asesoramiento soviético y ciertas armas sofisticadas, pero no fueron capaces de alcanzar la cohesión en la estructura de mando, la destreza en el combate y, ya en la segunda mitad del conflicto, la potencia de fuego de las fuerzas de Franco.

El semipluralismo político de los revolucionarios constituyó otra desventaja. La rivalidad política se mantuvo dentro del Ejército, donde las facciones eran numerosas. El peor ejemplo fue el de la zona republicana del norte, donde llegó a haber tres estructuras políticas y militares.

Otra debilidad de las fuerzas republicanas era la falta de liderazgo y de profesionalidad del cuerpo de oficiales. Al principio, en la zona republicana había unos 9.000 oficiales del antiguo Ejército español, pero poco más de 4.000 llegaron a integrarse en el Ejército Popular. Cerca de 3.000 fueron detenidos, acusados de deslealtad, de los que más de 1.700 fueron ejecutados. La ausencia de oficiales cualificados fue tal vez la mayor debilidad de todas, porque nunca había suficientes para liderar los combates, y esta circunstancia fue un factor clave en el fracaso de sus operaciones ofensivas. Vicente Rojo, el coronel de academia militar —católico practicante— que fue nombrado jefe del Estado Mayor, tenía imaginación y talento, pero diseñar buenos planes sobre el papel no servía cuando no había oficiales competentes para llevarlos a la práctica. Un dato revelador es que casi 1.300 oficiales del Ejército regular murieron combatiendo en las fuerzas de Franco, pero solo 130 en el Ejército Popular. En este, los oficiales de milicias de mayor renombre eran comunistas, como Enrique Líster, Juan Modesto o Manuel Tagüeña, a los que podrían añadirse algunos socialistas y anarquistas destacados. Pero, sin duda, el número de oficiales cualificados era insuficiente.

La mayor controversia interna del Ejército Popular la generó el predominio de los comunistas. Tres de sus seis generales de brigada estaban vinculados al PCE y los asesores soviéticos eran especialmente influyentes en la Marina y en las Fuerzas Aéreas. Según un informe soviético, el general Yakov Smushkévich, Duglas, principal asesor de la aviación, era «en realidad comandante de todas las fuerzas aéreas»[100]. A mediados de 1937, la mitad de los militantes del PCE pertenecían a las Fuerzas Armadas y los comunistas dominaban los cuadros de los comisarios políticos. Según un informe soviético de abril de 1937, en el frente central —que era la zona de mayor predominio comunista—, 125 de los 186 comisarios de batallones y 28 de los 62 de los de brigadas eran miembros del PCE o de las JSU. En gran medida, los dos principales líderes socialistas, Largo Caballero y Prieto, dejaron, uno tras otro, el Gobierno y el Ministerio de Defensa, respectivamente, debido al enfrentamiento que las cuestiones militares suscitaban con los comunistas.

Durante el primer año de la guerra, las fuerzas republicanas superaban a las nacionales en número, aunque al terminar 1937 ya se había alcanzado la paridad y cada Ejército tenía aproximadamente 700.000 hombres. Las principales diferencias no estaban en la cantidad o en la calidad de las armas, sino en la mayor proporción de oficiales profesionales, en los 30.000 alféreces provisionales y en los nuevos suboficiales preparados por el Ejército nacional. En general, estaban mejor formados que los nuevos oficiales republicanos, más motivados y respondían más eficazmente en el combate. Resultaron muertos casi el 10 %, un porcentaje que suponía un 50 % más del registrado en el conjunto de las tropas, de ahí proviene el dicho «alférez provisional, cadáver efectivo».

El abultado número de voluntarios que ingresaban en las milicias dio lugar a la creación de un mito de carácter romántico que se refirió especialmente a los republicanos, aunque como ya se ha señalado, también fueron muchos los que apoyaron a los nacionales. En cualquier caso, el entusiasmo no duró demasiado. Los dos ejércitos dependían del reclutamiento obligatorio y, en total, apenas un 15 % de todo el personal militar eran voluntarios. La verdad es que la mayor parte de los españoles no demostraron un gran deseo de luchar unos contra otros. El fanatismo político era de minorías.

La deserción fue un problema para los dos mandos. Muchos reclutas eran «leales geográficos», es decir, hombres atrapados en una zona que habrían preferido estar en la otra o, en muchos casos, en ninguna. Era habitual que los reclutas no quisieran enfrentarse a sus compatriotas y por ello los mandos de ambos ejércitos prefirieron basar sus operaciones ofensivas en determinadas unidades clave que consideraban más fiables, si bien, según fue avanzando la guerra, dependieron cada vez más de reclutas ordinarios.

Gracias a sus victorias militares, los nacionales se hicieron con un elevado número de prisioneros. En las primeras semanas, en ocasiones se produjeron algunas ejecuciones de milicianos capturados, pero pronto se dieron cuenta de que esta medida resultaba contraproducente, y comenzó a valorarse como una posibilidad más efectiva la incorporación y «conversión» de los prisioneros. El mayor incremento llegó con la conquista de la zona norte en 1937, y a lo largo de cinco meses se hicieron con casi 150.000 prisioneros, de los cuales alrededor de la mitad se incorporaron al Ejército nacional. Algunos desertaron, pero la gran mayoría sirvió con un cierto grado de lealtad, ya que los oficiales de Franco pusieron en práctica distintas formas de motivación. La incorporación de antiguos enemigos funcionaba relativamente bien, porque, como se ha dicho, el Ejército nacional logró contar con un cuadro bastante competente de oficiales y suboficiales encargados de dirigirlos.

Tradicionalmente, los oficiales profesionales del Ejército español habían sido formados en gran parte siguiendo la doctrina militar francesa contemporánea, que ponía el énfasis en la bataille conduite (la batalla dirigida), la organización central y el control de operaciones, con poco margen para la flexibilidad y la iniciativa. No había preparación en los nuevos presupuestos ofensivos que se estaban sopesando en la Unión Soviética y Alemania, ni tampoco en el desarrollo y en la utilización de armas combinadas, que conjugaban, en un solo ataque, aviones, tanques, artillería e infantería. Ambos ejércitos intentaron aplicar tácticas y operaciones novedosas, pero los republicanos no lo hicieron con eficacia, mientras que los nacionales solo lo consiguieron parcialmente. Una mejor organización, acompañada, después de los primeros nueve meses, por una mayor o más concentrada potencia de fuego, otorgó a los nacionales una mayor cohesión y eficacia, sobre todo en las operaciones ofensivas. No se puede decir que el Ejército nacional fuera una maquinaria militar de primer orden del siglo XX —no lo era en absoluto—, pero consiguió la victoria porque, en comparación con el adversario, contaba con ciertas ventajas. O, como apuntó el general José Solchaga, uno de los mandos más veteranos de Franco: «¡Menos mal que los rojos son peores!».

LAS DECISIVAS CAMPAÑAS EN EL NORTE (1937-1938)

Si la defensa de Madrid de 1936 fue el primer punto de inflexión militar en la guerra, el segundo tuvo lugar en 1937, cuando Franco conquistó la zona norte republicana. La defensa de Madrid había convertido en un empate una contienda que, anteriormente, los nacionales estaban ganando; la victoria de Franco en el norte rompió la igualdad y les devolvió una cierta superioridad. La zona norte estaba defendida por numerosos contingentes de tropas, aunque no tan bien armados como los del centro. Además, no aprovecharon eficazmente sus propias industrias de armas y, lo que es más importante, la zona estaba dividida en tres Gobiernos regionales distintos que no cooperaban entre sí, y, por lo general, sus tropas no estaban ni bien organizadas ni bien dirigidas. Cada sector podía ser atacado por separado con una fuerza relativamente limitada, aunque compuesta por algunas de las mejores unidades de Franco.

El primer objetivo fue la provincia de Vizcaya, autónoma bajo el nuevo Estatuto. Los nacionalistas vascos difundieron más tarde el mito de una guerra entre «vascos y españoles», pero, como se ha visto, la población estaba muy dividida. Únicamente alrededor de un tercio apoyaba a los nacionalistas, mientras que otro tercio era partidario de Franco. Las fuerzas de choque nacionales se componían en buena medida de navarros, solo en parte afines a los vascos, y también de un buen número de voluntarios vascos antinacionalistas.

La ofensiva comenzó el 31 de marzo de 1937, poco después de la derrota de los italianos en Guadalajara, y al principio el Ejército nacional solo contaba con algo más de 30.000 infantes —cifra inferior a la de sus oponentes vizcaínos—, pero que eran capaces de concentrarse en los puntos de ataque. Además, contaban con el apoyo de 159 aviones y entre 150 y 200 piezas de artillería. La táctica prevista consistía en lanzar un intenso bombardeo aéreo con descargas de artillería antes de cada ataque o al mismo tiempo. Esta fue la primera vez que se realizaron los ataques de armas combinadas propios de la Segunda Guerra Mundial —aunque aquí con un escaso uso de los tanques ligeros— y también la primera que se utilizó sistemáticamente el apoyo desde el aire, aunque hubo precedentes en el último año de la Primera Guerra Mundial. Así, en 1937 se sentaron las bases de los avances del Ejército nacional durante los dos años siguientes.

Las posiciones vascas más avanzadas no tardaron en verse debilitadas, pero el efecto conjunto de las copiosas lluvias primaverales, el terreno montañoso y una defensa decidida ralentizaron el avance, que durante el mes de abril se realizó a paso de tortuga, a menos de un kilómetro al día. El bombardeo del pueblo de Guernica —del que hablaremos al final de este capítulo— fue la acción individual más notoria de toda la guerra y tuvo lugar en la fase inicial de la ofensiva. El avance se aceleró, sin dejar de ser lento, durante el mes de mayo y el 5 de junio se ocuparon los altos desde los que se domina Bilbao, que fue tomada dos semanas después. La campaña de Vizcaya había durado cerca de tres meses, pero ocasionó casi 50.000 bajas a los defensores, muchas de ellas en forma de prisioneros.

La zona norte estaba gravemente debilitada. La conquista del bastión nacionalista y católico vasco simplificaba la cuestión religiosa al restar a la zona republicana el único territorio en el que se toleraba el catolicismo, lo que alentó al Episcopado español a difundir el 1 de julio su Carta colectiva en defensa de los sublevados. Mientras tanto, el poder de Franco sobre su propio mando militar aumentó con la muerte de Mola, comandante de la ofensiva en el norte, en un accidente de avión el 3 de junio. Como ya vimos, Mola era el único subordinado capaz de haber plantado cara a Franco.

El ataque contra Santander, centro original de la zona norte, se pospuso casi un mes ante la contraofensiva republicana en el frente central —la batalla de Brunete—, pero finalmente se inició el 14 de agosto. Las fuerzas ofensivas contaban ahora con 90.000 soldados y una artillería más potente, y realizaron un movimiento de tenaza que condujo a una resolución rápida, a la que también contribuyeron la resistencia relativamente débil y el hecho de que las unidades vascas retiradas a Santander ya negociaban su rendición con los italianos que participaron en la campaña. Se hicieron unos 50.000 prisioneros y la ocupación de Santander finalizó el 1 de septiembre.

El frente nacional, ahora más reforzado, comenzó casi inmediatamente el ataque contra Asturias, último baluarte del norte. La resistencia fue más enconada y las unidades republicanas, formadas sobre todo por miembros de los movimientos obreros, defendieron enérgicamente su terreno montañoso en algunos de los combates más duros de la campaña. Esta fase duró casi dos meses, hasta el 24 de octubre. Pero ni siquiera entonces se rindieron todos los combatientes republicanos: algunos se echaron al monte, llevando a cabo pequeñas operaciones guerrilleras durante años.

La derrota republicana se debió principalmente a la confusión y la división de sus mandos, a la falta de coordinación y a la inferioridad armamentística. Todo ello hizo posible que los defensores fueran destruidos poco a poco por una fuerza invasora que, al comienzo, era inferior en número. Los recursos industriales de la zona, parcialmente desorganizados por la revolución, apenas sirvieron de ayuda mientras que los nacionales se incautaron de un verdadero arsenal de armas. El Gobierno republicano de Valencia había enviado 100 aviones en pequeños destacamentos, que los nacionales fueron destruyendo uno tras otro.

La pérdida de la zona norte supuso un desastre estratégico de primera magnitud. El historiador militar Jesús Salas Larrazábal ha calculado que para el 1 de agosto de 1937 la correlación de fuerzas se situaba 10 a 9 a favor de la República, mientras que en el mes de octubre, finalizada la campaña del norte, era de 100 a 86 a favor de Franco. Desde entonces, el pesimismo invadió a los líderes republicanos moderados, como Azaña, Prieto y Giral, que perdieron la esperanza en la victoria.

Puesto que el Ejército Popular ocupaba una posición de creciente inferioridad, puede que la estrategia más sensata hubiera sido pasar a la defensiva y realizar ataques concretos contra los puntos débiles de los enemigos. El Gobierno de Negrín y su mando militar rechazaron tal estrategia porque consideraban que conduciría a una lenta pero inevitable derrota. Creían que la alternativa de emprender una gran ofensiva —aunque no tuvieran la fuerza necesaria para ganar— podría producir beneficios colaterales importantes de tipo político y psicológico. Una derrota de Franco, aunque fuera temporal, permitiría abrir una brecha en su coalición autoritaria e incluso cambiar la política de Londres y París, alentando el apoyo internacional. Así, durante un año entero, desde mediados de 1937 a mediados de 1938, el mando republicano buscó cambiar el curso de la guerra lanzando ofensivas —Anthony Beevor las ha llamado «ofensivas de prestigio»—, pero, salvo la toma temporal de Teruel, todas fracasaron.

Con la atención de Franco puesta en el norte, se pensó en utilizar la fuerza principal del Ejército Popular, que estaba en la zona central, para recuperar la iniciativa. Para ello se barajaron dos opciones: intentar un golpe audaz hacia el sur, que alcanzara la frontera con Portugal, y cortar así la zona nacional en dos, o atacar en el frente central para distraer a las fuerzas franquistas en el norte. La primera era la base del polémico «Plan P» de Largo Caballero para aplastar a las débiles fuerzas franquistas en Extremadura, pero los asesores soviéticos, los mandos comunistas y sus aliados militares no estaban dispuestos a reducir su concentración cerca de Madrid ni a permitir que sus unidades pasasen a mandos no comunistas, lo que demuestra que los cálculos políticos también influyeron en los planes militares comunistas.

Con Negrín como presidente del Gobierno, el mando republicano decidió lanzar su ofensiva en el centro. Comenzaron con la operación de tomar La Granja, en el noroeste de Madrid, a finales del mes de mayo, pero el ataque fracasó estrepitosamente. El suceso aparece reflejado —aunque muy distorsionado— en la novela Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway.

La ofensiva principal se lanzó el 5 de julio, en el enfrentamiento conocido como la batalla de Brunete, la única ofensiva republicana de importancia que no se libró en el norte de España. Se planeó como una operación de tenaza para copar a las fuerzas de Franco situadas directamente en el oeste y en el noroeste de Madrid, pero el brazo meridional nunca entró en acción. En la parte principal participaron 80.000 hombres de las unidades del Ejército Popular más experimentadas y mejor preparadas, en gran parte comunistas. En un primer momento gozaron de una abrumadora superioridad y el primer día rompieron el frente sin dificultad.

Sin embargo, lo que ocurrió después anticipó lo que pasaría en otras ofensivas republicanas, con la excepción de Teruel. Si los republicanos solían luchar bien a la defensiva, los nacionales lo hacían aún mejor, con pequeñas unidades resistiendo desesperadamente en varios puntos fuertes. En el campo de batalla, los oficiales republicanos se mostraban indecisos, de modo que, en lugar de profundizar en el avance, sus brigadas se quedaban empantanadas en torno a pequeñas posiciones enemigas y sus oficiales no podían mantener el impulso. Tampoco sirvió para mucho la superioridad de los tanques rusos ni el control aéreo de los primeros días, porque las fuerzas republicanas no estaban preparadas para coordinarse en complejas operaciones conjuntas de armas diversas.

Franco retrasó la invasión de Santander y desplazó sus mejores unidades aéreas y algunos de sus más cualificados infantes al frente de Madrid para llevar a cabo un contraataque a gran escala. Los nacionales pronto recuperaron gran parte del terreno perdido, incluido Brunete, infligiendo más bajas de las que habían sufrido. La derrota de la ofensiva desestabilizó el frente central, pero Franco mantuvo sus prioridades y prefirió rematar la conquista del norte.

Con esta zona ya descartada, la atención de la guerra se trasladó al noreste. Las principales batallas que definieron el resultado final tuvieron lugar en Aragón y Cataluña, mientras el Gobierno republicano y los comunistas trataban de controlar los principales bastiones anarquistas y, con la sede del Gobierno en Barcelona desde octubre de 1937, aprovecharse mejor de los recursos catalanes. Se calculaba, con acierto, que las fuerzas nacionales eran débiles en Aragón, aunque, por su difícil relieve y su situación geográfica, en principio no era una región estratégica clave.

Por ello, las principales unidades comunistas se trasladaron al noreste. La batalla de Belchite se inició el 24 de agosto de 1937 y fue el último intento de apartar a Franco de la zona norte. El otro objetivo inmediato fue la toma de Zaragoza, que se encontraba en una posición expuesta y peligrosa desde el principio del conflicto, y luego penetrar en la retaguardia nacional.

Sobre el papel, las ofensivas de Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor republicano, estaban bien planeadas, pues se basaban en avances rápidos para atacar posiciones enemigas débiles. Todas seguían la misma trayectoria: lograban la sorpresa inicial y la rotura del frente, pero inevitablemente se topaban con una fuerte resistencia franquista, que conducía a la parálisis de la ofensiva. En la segunda fase, Franco siempre reaccionó con bastante rapidez enviando refuerzos para poner fin a las ofensivas republicanas. El fracaso de Belchite resultó especialmente decepcionante, porque el mando republicano acababa de transmitir a los oficiales la importancia de mantener el impulso en el ataque.

En el otoño de 1937 se amplió el Ejército Popular con una leva de 200.000 nuevos reclutas, aunque la merma de armas y material, debido sobre todo a la reducción de los envíos soviéticos, no se podía compensar. Con 700.000 hombres bajo armas, Franco había conseguido la paridad numérica y estaba logrando la superioridad técnica y de combate, así que planeó retomar el objetivo de tomar Madrid, ahora con una ofensiva por el noreste de la antigua capital.

Cuando Negrín y Rojo fueron informados de los planes del bando nacional, optaron por anticiparse a Franco con otro ataque preventivo, esta vez contra la posición más expuesta de todo el frente nacional, el estrecho saliente en torno a Teruel, que se proyectaba al este y estaba rodeado por territorio republicano por tres lados. Por primera vez, la República podía recuperar una capital de provincia empleando solamente 40.000 hombres. Las disensiones internas pospusieron la operación durante algunas semanas, pero cuando finalmente se lanzó, el 16 de diciembre, lograron ocupar todo el saliente, salvo la ciudad de Teruel. Parecía que esta caería pronto, así que Rojo planeó el traslado de algunas unidades a otros frentes.

Franco, tan lento en muchas de sus decisiones, siempre reaccionó con rapidez a una ofensiva. Tenía un acuerdo tácito con sus comandantes en sectores secundarios y, aunque no disponían de fuerzas numerosas, no tardaban en recibir refuerzos cuando estos eran necesarios. El Generalísimo canceló su ofensiva para mandar ayuda, pero el terreno montañoso y las bajísimas temperaturas retrasaron el contraataque, de manera que los exhaustos defensores de Teruel tuvieron que rendirse el 8 de enero de 1938. Era la primera victoria ofensiva republicana desde los primeros días del conflicto.

Fue entonces cuando falló el sistema de inteligencia militar republicana, porque, mientras Rojo reasignaba unidades, Franco no tenía intención de abandonar Teruel. Desde el comienzo le dio una gran importancia a las reacciones psicológicas en tiempos de guerra y no estaba dispuesto a dejar que los republicanos consiguieran una victoria, ni siquiera en un lugar de escasa importancia estratégica. De modo que siguió enviando contingentes a Aragón y lanzó una potente contraofensiva el 17 de enero. Después de un extenuante combate, penetró en un terreno más llano, iniciando una operación de tenaza, y finalmente, el 22 de febrero, logró retomar la ciudad.

A Franco le llevó dos semanas reagrupar sus unidades y el 9 de marzo, tras percibir ciertos síntomas de descoordinación en el bando republicano, lanzó una nueva gran ofensiva en Aragón. Quince días después su fuerza era mucho mayor: algunos de los ataques aéreos más devastadores de la guerra, dirigidos sobre todo contra vehículos y zonas de retaguardia, tuvieron un impacto decisivo en la moral republicana. Los nacionales avanzaron rápidamente y encontraron poca oposición. Finalmente, el 15 de abril, llegaron al Mediterráneo, dividiendo el territorio republicano en dos. Algunas unidades republicanas se derrumbaron, y la rendición y la deserción se convirtieron en problemas graves para el Ejército Popular. En el año anterior, habían sido frecuentes las ejecuciones disciplinarias, pero en este momento resultaba enormemente difícil frenar la desbandada.

La superioridad de Franco parecía abrumadora y, sin embargo, en los seis meses siguientes los acontecimientos dieron el giro más extraño de toda la contienda. Cataluña casi no tenía defensas preparadas y el Estado Mayor nacional asumió que, lógicamente, sería el próximo objetivo. Pero Franco renunció a lo que parecía un triunfo fácil y optó por desviarse hacia el sudeste, emprendiendo un costoso avance a través de una zona montañosa para después seguir la estrecha carretera costera hasta Valencia. Franco justificó esta decisión aludiendo a la necesidad de obtener más divisas mediante las exportaciones de cítricos del Levante, observación que desconcertó a su Estado Mayor.

Años después habló del peligro de una intervención francesa en Cataluña. El Gobierno de París había considerado brevemente esa alternativa, y no se sabe si a Franco se le informó de que el Consejo de Ministros francés había rechazado la propuesta. Puede que esa preocupación fuera el motivo por el que se decantó por ir hacia el sur. Además, Hitler le había comunicado a un oficial en Berlín que prefería que Franco no ocupara Cataluña para así prolongar la guerra, pero, más allá de imponer la restricción de que la Legión Cóndor no volara a menos de 50 kilómetros de la frontera francesa, no está claro hasta qué punto los planes de Hitler influyeron en la decisión de Franco. De cualquier forma, Cataluña quedó a salvo momentáneamente, mientras que la resistencia republicana se intensificó en el estrecho frente situado al norte de Valencia. La guerra se ralentizó de manera considerable entre mayo y julio de 1938, un retraso que dio la última oportunidad al Ejército Popular.

Como se ha dicho antes, el mayor logro de Negrín fue evitar un colapso militar, manteniendo e intensificando el espíritu de resistencia durante la primavera y el verano de 1938. Su última esperanza era que se produjeran cambios relevantes en la situación internacional, aunque, como el propio Azaña comentaba, involucrar a España en una gran guerra europea no era algo deseable. Cuando esos cambios se produjeron, en Múnich, a finales de septiembre de 1938, el sentido de los mismos fue directamente el opuesto a lo que Negrín esperaba, pues Hitler se apaciguó y las posibilidades de una guerra europea inmediata desaparecieron. De este modo, la última gran baza de Negrín cayó en saco roto.

Mientras tanto, el Ejército Popular logró una notable recuperación en Cataluña. Gracias a la apertura oficial de la frontera francesa durante tres meses, llegaron nuevas armas soviéticas, junto a otros materiales, que permitieron recobrar su potencia militar. Se llevó a cabo una leva nueva de casi 200.000 hombres, rastreando los últimos recursos, desde chicos de dieciséis años a hombres de treinta y cinco. La República ya había superado la frontera del millón de reclutas durante la guerra, ampliando el Ejército Popular a su cénit de 800.000 tropas o más en sus filas, aunque no todas estaban armadas adecuadamente. En Cataluña se creó un nuevo grupo, el Ejército del Ebro, al mando del comunista Juan Modesto, compuesto por tres cuerpos de ejército, todos mandados por comunistas, que recibió un porcentaje desproporcionado de las 25.000 toneladas del nuevo armamento soviético.

«¡Resistir es vencer!», llegó a ser el lema oficial de Negrín, que podría sugerir una estrategia defensiva tras el descalabro de marzo y abril. Sin embargo, el Gobierno y el mando militar republicanos mantuvieron la misma actitud del año anterior y dieron prioridad a una victoria ofensiva. El objetivo era tanto elevar la moral republicana como impresionar a las democracias occidentales con la idea de que la República podría ser un aliado valioso y decidido a ganar.

El lugar escogido fue el ángulo del Ebro cerca de Gandesa, que estaba débilmente defendido. Los ingenieros militares improvisaron una serie de puentes que permitieron cruzar el río en la noche del 24 al 25 de julio. La batalla del Ebro fue el enfrentamiento culminante de la guerra. Otra vez una ofensiva republicana lograba sorprender a los nacionales, y toda una división franquista se venía prácticamente abajo —se hicieron 4.000 prisioneros—. Puesto que los tanques y los camiones cruzaban el río con lentitud, los republicanos ocuparon una bolsa considerable de territorio —aproximadamente 20 por 40 kilómetros— al suroeste del Ebro, antes de que los refuerzos nacionales llegaran.

Como ya hizo en el diciembre anterior, Franco tomó la decisión de cancelar su propia ofensiva para responder a la iniciativa republicana. El territorio que estos habían ocupado en el Ebro era estratégicamente insignificante y en ocasiones se ha dicho que lo más astuto habría sido aislarlo para adentrarse aún más en territorio catalán. Pero en el verano de 1938 la situación internacional era muy incierta y, posiblemente, Franco pretendía respetar el territorio fronterizo con Francia. Se amplió el reclutamiento del Ejército nacional, incluyendo a los varones de dieciocho a treinta y tres años, lo que hizo que sus fuerzas aumentaran hasta alcanzar casi los 900.000 hombres. Así, el 6 de agosto organizó una contraofensiva directa de asaltos frontales.

En total, la lucha en el Ebro duró casi cuatro meses, y consistió en una serie de ataques directos realizados por las mejores unidades nacionales contra las nuevas posiciones republicanas, colina a colina, siempre precedidos por ataques aéreos sistemáticos y grandes cargas de artillería. Fue la batalla más cruenta de la guerra: hubo más de 6.000 muertos entre los nacionales, aunque las mayores pérdidas —especialmente prisioneros— se produjeron entre los republicanos. El Ejército del Ebro resistió bastante bien, mientras las unidades de Franco, que no podían maniobrar, parecían perder empuje. Por primera vez en muchos meses, los republicanos recibieron una publicidad militar positiva en el extranjero, donde se especulaba con la idea de que la guerra, que ya duraba más de dos años, había llegado a un nuevo equilibrio de fuerzas.

Esta era la situación en España en septiembre de 1938 cuando Hitler provocó la crisis de los Sudetes en Checoslovaquia. Entonces surgió el temor de una guerra con Francia y Gran Bretaña, y en París se volvió a considerar la posibilidad de una intervención en España. Para Franco, totalmente centrado en la batalla del Ebro, se trataba de un peligro mortal.

Los británicos pretendían simplificar la situación en el Mediterráneo y evitar complicaciones con España. Cuando le pidieron a Franco que su Gobierno proclamara la neutralidad ante cualquier conflicto bélico en Europa, el Caudillo lo hizo enseguida. Esto enfureció a Hitler, aunque tuvo que reconocer que Franco no tenía alternativa. Durante la crisis, el dictador español también envió 16 batallones de infantería para reforzar el Protectorado marroquí, invirtiendo por primera vez el movimiento de tropas, que solía ir en dirección contraria, y también situó unidades en los Pirineos. Gran parte de la Armada se dedicó a patrullar el estrecho de Gibraltar hasta la resolución de la crisis, a finales de septiembre, momento en el que las perspectivas para Franco eran mucho más halagüeñas.

El Ebro fue una lucha de desgaste en la que los nacionales mantuvieron su coherencia, a pesar del descenso de la moral, que se veía más en los mandos que en las tropas. El mando republicano, incapaz de reaprovisionarse y de compensar sus bajas, retiró sus últimas tropas al otro lado del río a mediados de noviembre. Algunas de las mejores unidades de Franco quedaron debilitadas, pero su Ejército había sufrido poco daño estructural y sus fuentes de suministro seguían intactas.

Durante más de un año, el mando republicano había optado por una estrategia ofensiva, pero sus fuerzas carecían de la cohesión necesaria y quizá también de las armas adecuadas para llevarla a cabo con éxito. Negrín confiaba en que el tiempo jugara a favor de la República, pero su estrategia para ganarlo no estaba bien pensada. La batalla del Ebro resultó psicológicamente contraproducente y minó la moral republicana. A finales de 1938 la situación había empeorado considerablemente, sobre todo en los ámbitos psicológicos y de abastecimiento.

Puesto que las condiciones internacionales habían dejado de ser una amenaza, a finales de diciembre de 1938 Franco invadió Cataluña. La resistencia que encontró no fue demasiado intensa y sus fuerzas alcanzaron la frontera con Francia a mediados de febrero, empujando al Gobierno republicano al exilio y reduciendo su territorio al cuarto sureste de la península Ibérica. El combate militar prácticamente había terminado, porque apenas había voluntad de resistir.

LA GUERRA EN EL MAR

De las guerras civiles europeas del siglo XX, la única en la que la lucha marítima tuvo una importancia destacable fue la española. La sublevación estuvo especialmente mal organizada en la Armada; las unidades que se adhirieron se encontraban en El Ferrol y en otros puertos del noroeste, en Cádiz y en Marruecos. En estos puntos, las fuerzas terrestres acudieron rápidamente en su ayuda, apoyo que resultó fundamental, ya que las relaciones entre oficiales y marineros eran mucho más tensas que las existentes dentro del Ejército.

En la gran base de Cartagena, y en ocasiones en los buques que estaban en alta mar, muchos oficiales fueron asesinados en el acto y arrojados por la borda, sin siquiera haberse adherido a la rebelión. Otros fueron detenidos y posteriormente juzgados y a menudo ejecutados por tribunales republicanos. La situación recordaba a la de la Armada rusa en 1917, pero en España fue aún más extrema, pues tuvo como consecuencia que alrededor de la mitad de los oficiales de la Marina de guerra de la zona republicana fueran asesinados en los primeros meses del conflicto. Esto dejó a sus barcos sin mandos, lo que colocó en una situación de desventaja a la Armada republicana durante toda la guerra y no dejaron de producirse cambios para intentar lograr un mando más coherente. Durante gran parte de la contienda, el principal asesor fue el joven capitán Nikolái Kuznetsov —que en 1945 llegaría a ser comandante en jefe de la Marina Roja soviética—, promotor de una estrategia defensiva y, en general, pasiva, centrada en la protección de los fletes republicanos de suministros.

La división original de los barcos de guerra era de dos tercios para los republicanos, con un total de 66.500 toneladas, y un tercio para los nacionales, con unas 37.000 toneladas. Desde el comienzo del conflicto, la Marina nacional, a pesar de su inferioridad numérica, poseía más capacidad de combate debido a su disciplina y a la profesionalidad de sus mandos. En la Guerra Civil no hubo ninguna gran batalla naval, puesto que, al comienzo, los nacionales eran demasiado débiles y más tarde los republicanos hicieron lo posible por evitar el combate directo.

Las principales acciones navales tuvieron lugar en tres escenarios de operaciones y en tres fases sucesivas: 1) la pugna inicial por el control del estrecho; 2) el bloqueo de la zona norte republicana, y 3) el conflicto naval en el Mediterráneo. Solo en la primera fase, cuando la superioridad numérica permitió a la Marina republicana bloquear el Protectorado, los barcos revolucionarios fueron de utilidad. El hecho de que durante más de dos meses Franco tuviera que depender del primer puente aéreo de la Historia para transportar sus tropas a la Península sin duda pesó bastante en el curso de la guerra. La situación cambió bruscamente al final de septiembre de 1936, cuando Indalecio Prieto, entonces ministro de la Marina republicana, abandonó el bloqueo para concentrar sus barcos contra la Marina franquista del noroeste —la única de cierta importancia— con el fin de aplastarla y controlar todo el norte. La maniobra fracasó estrepitosamente debido a la ineptitud de la Marina revolucionaria.

Este desastre republicano marcó un punto de inflexión. La Marina de Franco pasó a la ofensiva y mantuvo la iniciativa durante todo lo que quedaba de la guerra. De bloqueado pasó a bloqueador, consiguiendo colapsar la costa de la zona republicana del norte en la campaña de 1937. Los buques de guerra republicanos se mantuvieron inoperativos, lo que enfureció a su mando naval, que, desde Cartagena, ordenaba acciones ofensivas en vano. Posteriormente, se impondría la estrategia defensiva diseñada por el asesor soviético Kuznetsov.

En el verano de 1937, las fuerzas de Franco se concentraron en realizar ataques en el Mediterráneo contra los barcos de suministros soviéticos, iniciando así la última pero más larga fase de la guerra naval, con el objetivo de estrangular la economía republicana. Mientras el Gobierno republicano decidía no atacar los barcos alemanes e italianos que abastecían los puertos de Franco, el Caudillo no tuvo tantos miramientos. Ante sus constantes asaltos, Stalin cerró la ruta mediterránea para enviar suministros, que después del verano de 1937 fueron enviados a puertos franceses para luego transportarlos por tierra, un procedimiento más lento y costoso. Por el contrario, Italia mandó 290 cargamentos y Alemania otros 180 sin que ni uno solo fuera interceptado o hundido, al menos que sepamos.

En marzo de 1938, los nacionales sufrieron su única derrota naval cuando el nuevo crucero Baleares, añadido a la flota un año antes, fue hundido por un torpedo republicano. Por entonces, la flota franquista estaba algo envalentonada y no tomó las precauciones pertinentes, pero el hecho es que esta acción causó una gran pérdida de vidas.

Según José Cervera Pery, los nacionales perdieron más tonelaje en barcos de guerra porque los republicanos eludieron el combate directo: los ocho buques de guerra republicanos directamente hundidos pesaban 5.676 toneladas en total, menos de la mitad del peso del Baleares. Pero tal comparación es engañosa, porque un número mucho mayor de barcos de guerra republicanos fue retirado del servicio por averías o daños. La flota de Franco hundió 35 mercantes republicanos (un total de 57.158 toneladas) y capturó 227 (257.577 toneladas). Además, hundió 18 barcos extranjeros (71.668 toneladas) y capturó otros 97 (255.484 toneladas). Willard Frank ha calculado que, en total, la República perdió 554 buques de todo tipo, 144 en acciones llevadas a cabo por italianos y alemanes (principalmente ataques aéreos), y que fueron hundidos un total de 106 buques que transportaban material militar para la República. Por su parte, los nacionales solo perdieron 31 navíos. La Armada republicana nunca se recuperó de los efectos de la revolución y no aprovechó en absoluto su ventaja inicial, al menos en cuanto a número de barcos se refiere.

LA GUERRA AÉREA

La guerra española fue la primera guerra civil europea del siglo XX donde la potencia aérea tuvo un papel relevante y, además, novedoso. Gran parte del conflicto se libró de modo similar a las campañas coloniales y a las de la Primera Guerra Mundial, pero la guerra en el aire anticipó algunos aspectos de la Segunda Guerra Mundial, aunque de una manera menos elaborada.

En la división inicial, los republicanos se quedaron con unos 200 pilotos y más de 200 aviones, mientras los nacionales contaban con más de 100 pilotos y unos 100 aviones —en estos totales se incluyen pilotos militares y civiles, pero hay que señalar que todos los aviones eran aparatos anticuados—. A la altura del 9 de septiembre de 1936 ambos bandos habían conseguido más o menos el mismo número de aviones del extranjero, que eran algo más modernos —64 los republicanos y 67 los nacionales—, los republicanos mediante compras internacionales y los nacionales, a crédito de Roma y Berlín. Estos últimos eran pilotados por personal italiano y alemán, mejor preparado y más combativo, lo que dio a Franco cierta superioridad aérea durante esta primera fase.

La situación cambió totalmente a finales de octubre con la llegada al frente central de un número considerable de nuevos aviones soviéticos —más modernos y eficaces que los italianos y los alemanes—, guiados por aviadores de la Unión Soviética. Durante un tiempo, estos constituyeron la mayor parte de los pilotos republicanos, mientras que más de la mitad del personal aéreo del bando nacional eran italianos o alemanes.

En cuestión de días, Hitler decidió contrarrestar la escalada de la ayuda soviética y puso en marcha su propia contraescalada, aunque se limitó a la guerra aérea. Envió una reducida unidad, la Legión Cóndor, con 90 aviones y pequeñas cantidades de otras armas, cuya eficacia inicial no fue muy grande debido a la obsolescencia de los aparatos alemanes, aunque en 1937 recibió aviones más modernos. La espina dorsal de la fuerza aérea franquista era el caza biplano italiano Fiat CR-32 («Chirri»), modelo del que Mussolini envió 377 unidades durante todo el conflicto. Más lento que los cazas soviéticos, el CR-32 era también más sólido y maniobrable, lo que permitía que pilotos experimentados plantaran batalla con éxito a los aviones soviéticos, aunque estos fueran más modernos. El éxito republicano en las batallas del Jarama y de Guadalajara —en febrero y marzo de 1937— se debió a su relativa superioridad en el aire, aunque ya en la época de Brunete —en julio— se puso de manifiesto que este dominio había desaparecido.

Con diferencia, el aspecto que, relativo a la guerra aérea, creó mayor controversia fue la cuestión de los bombardeos de ciudades. Los alemanes ya habían comenzado, aunque tímidamente, a bombardear ciudades desde el aire en la Primera Guerra Mundial, una práctica que continuaron en la siguiente, si bien los principales protagonistas de bombardeos de civiles durante la Segunda Guerra Mundial serían los angloamericanos —la RAF británica acuñó el concepto de «daños colaterales» referidos a la destrucción causada por sus acciones aéreas—. En España, los republicanos comenzaron inmediatamente —los días 18 y 19 de julio de 1936— a realizar bombardeos aéreos y navales de ciudades en la zona sublevada, aunque las bajas fueron poco numerosas. Aun así, Franco no tardó en buscar represalias.

Los primeros ataques de importancia que realizaron los nacionales fueron los bombardeos nocturnos de Madrid entre el 19 y el 22 de noviembre, en los que murieron un mínimo de 133 personas, la mayoría civiles. En total, los bombardeos sobre Madrid durante aquellas semanas acabaron con la vida de 312 personas, aunque fue la artillería de campo la autora de la mayoría de las bajas.

Otros «daños colaterales» de los bombardeos fueron las represalias en forma de matanzas de prisioneros políticos realizadas en las dos zonas. Los más adeptos a las revanchas eran los republicanos, en parte porque sufrían ataques más certeros. En total, varios miles de prisioneros murieron como consecuencia de estos actos de venganza, en ocasiones más de los que fallecieron por los bombardeos aéreos.

Después de la batalla de Guadalajara, Franco concentró sus unidades aéreas más potentes en la zona norte, lo que le aseguraba la superioridad en el aire en esa campaña clave. Estas fueron las primeras operaciones parecidas a las de la Segunda Guerra Mundial, pues se combinaban diferentes armas: aviones, artillería e infantería —aunque con utilización nimia de los vehículos blindados, porque los nacionales no tenían tanques eficaces y el terreno no era apropiado—. Puede que la artillería fuera más importante que los medios aéreos, pero, desde entonces, los ataques combinados serían característicos de las ofensivas de Franco.

En el otoño de 1937 —punto medio de la contienda—, Franco ya había conseguido la superioridad aérea. Sus aviadores pilotaban casi 150 aviones, había un número equivalente de la Aviazione Legionariaitaliana y unos 90 de la Legión Cóndor. El apoyo aire-tierra funcionó a pleno rendimiento durante las ofensivas franquistas de 1938. Para entonces, las fuerzas aéreas republicanas se concentraban en sus escuadrones de cazas y, a pesar de que estos se encontraban en inferioridad numérica, durante el verano de 1938 tuvieron lugar algunos de los principales combates aéreos de la guerra sobre el río Ebro. En su momento álgido, unos 150 cazas republicanos se enfrentaron a unos 200 de los nacionales.

Una de las innovaciones fue el uso sistemático del fuego antiaéreo. El de la Legión Cóndor era el más preciso; entre sus armas figuraba el primer modelo del cañón alemán de 88 milímetros, más tarde famoso como arma antitanque, pero originalmente concebido como cañón antiaéreo, aunque en España solo hubo 79 unidades, acompañadas de 116 cañones antiaéreos más pequeños. Los republicanos utilizaron diversos modelos de cañón antiaéreo de última generación y rápido disparo —más de 300 unidades procedentes de la Unión Soviética, Suiza y Suecia—, en ocasiones con excelentes resultados.

Según los datos más fiables disponibles, las fuerzas aéreas republicanas recibieron directamente de la Unión Soviética 680 aviones, a los que hay que añadir unos 200 fabricados siguiendo los planes soviéticos en la zona republicana —en Cataluña y Levante—, en lo que sería el principal éxito de su industria bélica. Sin embargo, de estos entraron en servicio menos de 160. Unos 180 aviones de combate más se consiguieron por otros canales y también hubo más de 200 aeronaves de segunda fila —de estos dos últimos grupos, casi la mitad vino de Francia—. Al inicio, había disponibles unos 230 aviones obsoletos, conformando un total que superaba los 1.450 de todo tipo. Más de 1.100 se perdieron en acciones de combate, accidentes o averías.

Los nacionales recibieron de Alemania más de 600 aviones de primera categoría y 125 de segunda; de Italia, más de 700 de primera categoría y 30 de segunda, y 38 de otros países. A estos se les añadieron más de 100 disponibles al inicio del conflicto, dentro de un total de cerca de 1.600, es decir, un 10 % más que los republicanos. Alrededor de 1.000 se perdieron en acciones de combate y accidentes, de manera que las pérdidas de ambas fuerzas aéreas no fueron muy diferentes[101].

En España, la guerra aérea anticipó la de la Segunda Guerra Mundial, no por el bombardeo masivo de objetivos civiles urbanos, que casi no existió, sino por haberse ensayado las primeras operaciones importantes con apoyo aire-tierra y el empleo de armas combinadas.

EL CASO DE GUERNICA

El acontecimiento más tristemente famoso de toda la guerra fue el bombardeo de la localidad vizcaína de Guernica, de 7.000 habitantes —incluido su extrarradio—, lugar de tradicionales ceremonias vascas, que tuvo lugar a finales de abril de 1937, durante la primera fase de la campaña del norte. No fue este el primer bombardeo importante en la zona, ya que el intento alemán de bombardear Bilbao el 4 de enero fue un total fracaso. En la capital vizcaína murió una sola persona, pero el resultado principal fue la matanza como represalia de 224 prisioneros políticos a manos de los bilbaínos, así como la muerte inmediata, a golpes, de un aviador alemán que había saltado en paracaídas.

La Legión Cóndor tuvo un papel importante en la campaña de Vizcaya, lanzando hasta 70 toneladas de bombas en solo unos días, una cantidad enorme para lo que fue la guerra de España. Con la tecnología disponible, los aviones no podían realizar bombardeos exactos, y la única manera de acertar en un objetivo era mediante operaciones de saturación sobre la zona elegida. Una de las más eficaces fue un ataque contra las posiciones vascas en el frente de Ochandiano, donde se lanzaron 60 toneladas de bombas en masa, que segaron la vida de más de 200 soldados y abrieron una vía de penetración para las tropas de Mola.

La principal restricción sobre los bombardeos en Vizcaya fue el veto impuesto por Franco cuando el general de división Hugo von Sperrle, comandante de la Legión Cóndor, pidió permiso para sembrar el terror con otro bombardeo en Bilbao después de que los civiles vascos hubieran apaleado a muerte al aviador alemán el 4 de enero. Franco se negó porque, como un coronel de la Luftwaffe escribió años después, «políticamente era algo inaceptable»[102]. Franco quería evitar las provocaciones innecesarias en Vizcaya, donde todavía esperaba convencer a los nacionalistas vascos para que abandonaran la alianza con la República. Ordenó que solo se atacaran ciudades y pueblos para alcanzar blancos militares. Estas directrices eran bastante parecidas a las que siguieron las fuerzas aéreas británica y estadounidense antes de la invasión de Francia en 1944, cuando durante varios meses atacaron instalaciones militares e industriales ubicadas en muchas localidades francesas, causando la muerte de más de 35.000 civiles galos.

En contra de lo que se ha dicho, la operación realizada en Guernica no tuvo un carácter singular entre los ataques de ambos bandos, con la posible excepción de la cantidad de bombas incendiarias, que llegó a ser absolutamente normal en la guerra mundial. La Marina y las fuerzas aéreas republicanas habían lanzado ataques indiscriminados contra poblaciones con civiles desde el primer día de la guerra, y en septiembre de 1936 la publicación azañista Política alardeó de los daños causados en localidades «inundadas de hierro y fuego».

En los inicios de la campaña del norte, el mando nacional determinó que las ciudades de la retaguardia serían bombardeadas prácticamente de forma indiscriminada si constituían objetivos militares directos. Un defecto principal de la estrategia aérea fue, sin embargo, la falta de coordinación completa entre los mandos nacionales, alemanes e italianos. Al comienzo, hubo tres bombardeos intensos en Durango, de 9.000 habitantes, la segunda ciudad de Vizcaya —a pesar de ser entonces una localidad mayoritariamente carlista y no nacionalista—, porque estaba situada justo detrás del frente inicial. En tres bombardeos, del 31 de marzo y el 2 y el 4 de abril, se lanzaron casi 15.000 kilos de bombas, lo que causó una importante destrucción en la población. En un principio, las autoridades hablaron de 200 civiles muertos, pero una investigación posterior reveló que se produjeron 336 bajas mortales.

Debido al escaso número de las tropas nacionales, el avance era muy lento, pero, finalmente, el 25 de abril se consiguió romper una parte del frente y ya era evidente que los vascos tendrían que retroceder, concretamente a través de Guernica. En la mañana del 26, el teniente coronel Wolfram von Richthofen —sobrino del famoso «Barón Rojo» de la Primera Guerra Mundial—, jefe de operaciones de la Legión Cóndor, preparó un bombardeo de la ciudad por la tarde. Como todos sus colegas alemanes e italianos, no estaba nada satisfecho con el avance lento de Mola y, posiblemente, no entendían que Franco fuera tan poco generoso con el número de tropas asignadas a la ofensiva. Richthofen buscaba alentar una operación de tenaza para copar a los gudarisantes de pasar por Guernica. No cabe duda de que la ciudad era un blanco militar legítimo por su situación, según las normas de guerra de la época, ya que estaba situada a 10 kilómetros del frente y el objetivo era destruir su puente y también una parte significativa de la ciudad, para bloquear las comunicaciones y hacer o difícil o imposible la retirada vasca. Albergaba tres batallones de tropas vascas y varias pequeñas fábricas de armas y municiones que producían, entre otras cosas, bombas incendiarias parecidas a las que destruyeron la localidad. El hecho de que Guernica contara con seis refugios antiaéreos es señal de que que las autoridades municipales también la consideraban un posible blanco. El 26 era día de mercado, pero este quedó suspendido a mediodía por la sensación de peligro reinante, y, en total, había poco más de 5.000 civiles en la ciudad, pues muchos ya habían sido evacuados.

Richthofen buscaba probar la eficacia de combinar bombas explosivas con bombas incendiarias para provocar una gran destrucción urbana. El plan incluía un componente de terror subsidiario, ya que también participarían cazas para ametrallar a la población. En cambio, la idea de que contemplaba objetivos políticos o simbólicos para «punir» o «atemorizar» a los nacionalistas vascos es absurda, porque un militar extranjero como Richthofen no tenía el menor conocimiento de tales asuntos y no hay mención alguna a ello en su diario y en sus notas. El único objetivo político, si existió, habría sido demostrar la fuerza militar alemana y su importancia para la España franquista.

Participaron en el ataque 47 aviones, entre ellos 29 bombarderos medios y cinco cazas alemanes, y tres bombarderos y 10 cazas italianos, y se lanzaron 27.250 kilos de bombas, principalmente bombas pesadas de 250 kilos y bombas incendiarias. El ataque se llevó a cabo en tres fases: 1) Entre las cuatro y las seis de tarde, de modo desorganizado, tres bombarderos alemanes lanzaron sus bombas contra el puente, objetivo principal de la operación. Ni una sola dio en el blanco. 2) Sobre las seis y media, llegaron los demás bombarderos, que, durante un espacio de veinte minutos, lanzaron todos sus proyectiles sobre la ciudad, provocando numerosos incendios. 3) Sobre las siete, y durante más de media hora, los cazas atacaron con sus ametralladoras las carreteras que rodeaban la ciudad.

La segunda fase fue la decisiva. El objetivo era destruir los distritos lindantes del sur para bloquear la carretera y el paso por la ciudad. Con la combinación de bombas pesadas e incendiarias, el efecto fue demoledor, con cientos de casas derribadas y multitud de materiales de madera incendiados. Casi la mitad de los edificios de la ciudad quedaron destrozados.

Después de algunos días surgió el debate sobre la cifra de víctimas. Las autoridades vizcaínas llevaron a cabo un censo, pero eliminaron muchos datos, probablemente porque no respaldaban las pretensiones propagandísticas. A falta de un recuento oficial correcto, parece que fueron unos 200 muertos, o sea, menos que en los bombardeos de Durango. La destrucción de la ciudad fue más el resultado de los incendios que de las explosiones, lo que explica la cantidad relativamente pequeña de víctimas. Los bomberos de Bilbao, que estaban a 34 kilómetros de distancia, tardaron horas en llegar y al final se retiraron, incapaces de controlar el incendio. Casi milagrosamente, el principal elemento histórico de Guernica, el legendario roble bajo el cual se habían jurado diversos cargos en generaciones anteriores, no sufrió daños.

Aunque el bombardeo no fue otra cosa que una operación improvisada aquel mismo día por el Estado Mayor de la Legión Cóndor y, sin duda, bastante confusa en su realización, para Richthofen constituyó un éxito táctico, porque, como anotó, «la localidad quedó completamente cerrada al tráfico durante veinticuatro horas»[103]. Sin embargo, no alcanzó ningún éxito estratégico debido a la ausencia total de coordinación con el mando de Mola. El avance de la infantería siguió siendo muy lento y las tropas vascas tuvieron tiempo más que suficiente para retirarse tres días después[104].

El bombardeo desde el aire de una ciudad no implicó, en sí mismo, la menor novedad en el conflicto español, y también había precedentes en el hecho de que Richthofen experimentara con una técnica nueva, ya que era algo frecuente entre los mandos alemanes y soviéticos en España. En realidad, la de Guernica fue una operación más secundaria, como objetivo militar, que la de Durango y otras. Y lo más singular, al fin y al cabo, no fue tanto la cantidad de víctimas como la proporción de la ciudad que resultó destruida, aproximadamente la mitad. En otros bombardeos aéreos de ciudades durante la guerra murieron tantas personas como en Guernica, pero, proporcionalmente, la destrucción de edificios fue aquí mucho mayor.

Los ataques contra Durango, donde murieron más civiles que en Guernica, pasaron casi totalmente desapercibidos entre todas las noticias de la guerra en España, mientras el bombardeo de Guernica pronto llegó a ser la principal cause célèbre de todo el conflicto. En los últimos días de abril, había cuatro corresponsales internacionales en Bilbao y fueron indispensables para convertir el bombardeo en una enorme baza propagandística para los republicanos, que lo presentaron como una calculada acción terrorista. Pronto se añadió la cifra de 1.654 muertos, que elevaba al 800 % el número de víctimas, cantidad absolutamente desproporcionada, incluso en el contexto de la Guerra Civil española, que ha dado lugar a tantas exageraciones. El principal promotor fue el corresponsal británico George Steer, cuyo motivo parecía ser el de alertar a la opinión pública británica de los peligros de la guerra aérea moderna. Desde entonces en adelante, la denuncia de los bombardeos aéreos franquistas se convirtió en un elemento clave de la propaganda republicana[105]. Y aún más eficaz que los medios impresos fue el gran mural de Picasso, preparado para la Exposición Universal de París prevista para ese mismo año. Se convirtió en un símbolo mundial, el más notable retrato artístico de los horrores de la guerra moderna y sin duda el cuadro más famoso del siglo XX[106].

La campaña puso en serios aprietos al Gobierno de Franco, que negó cualquier responsabilidad, afirmando que los incendios habían sido provocados por revolucionarios anarquistas. La excusa no era convincente y el escándalo llegó a irritar incluso a Hitler, que insistió a Franco para que eximiera de cualquier responsabilidad a la Legión Cóndor. Irónicamente, puede que todo el asunto acabara beneficiando a Hitler —de alguna manera, era lo que planeaba Richthofen—, porque acentuó el temor a la capacidad de destrucción de la Luftwaffe y fomentó la actitud de apaciguamiento hacia el Führer, exactamente lo contrario de lo que buscaba Steer.

El Gobierno republicano dio tanta importancia al bombardeo de Guernica y a otras incursiones aéreas de los nacionales, casi siempre más eficaces y destructivas que las de los republicanos, que a comienzos de 1938 instó a la Sociedad de Naciones a enviar una misión a España para evaluar cómo habían sido y sus consecuencias. La Sociedad lo remitió a una comisión cuyo informe acabó siendo contraproducente para los republicanos. Su conclusión fue que «tanto el reducido número [de aviones] generalmente implicados como las pautas de los bombardeos apuntaban a la existencia de una doctrina que otorgaba prioridad a la destrucción de determinados objetivos como puentes o estaciones de tren»[107], no de blancos civiles indiscriminados.

El único gran bombardeo indiscriminado de una ciudad como objetivo deliberado para sembrar el terror fue el ordenado directamente por Mussolini en marzo de 1938. Pasando por encima de Franco y de la cadena de mando habitual, intervino personalmente para ordenar a los aviones italianos estacionados en Mallorca que durante tres días bombardearan el centro de Barcelona, acción que acabó con la vida de 980 personas, casi todos civiles. Esta fue la única vez que el Duce se inmiscuyó directamente en las operaciones militares en España, parece que con el objetivo de demostrar la destreza de los aviones italianos y atemorizar a la población civil. Estos ataques, carentes de motivación militar, irritaron enormemente a Franco. El papa Pío XI envió una nota reprendiendo al dictador español, aunque debería habérsela mandado a Mussolini.

Se ha dicho que los primeros grandes bombardeos aéreos de la Historia fueron las incursiones que tuvieron lugar en la Guerra Civil española, aunque esta afirmación sería más acertada si se comparan con la Primera Guerra Mundial, no con la Segunda, ya que durante la Gran Guerra ninguno de los dos bandos contaba con bombarderos pesados, que no entrarían en acción hasta 1941. Después de la campaña de Vizcaya, prácticamente los únicos bombardeos aéreos realizados por los nacionales sobre ciudades fueron los ataques contra los puertos orientales, cuyo objetivo eran las instalaciones portuarias, los almacenes y los medios de transporte. En realidad, puede que los republicanos realizaran más bombardeos individuales, aunque el resultado no fue muy positivo. Una de las excepciones fue la incursión realizada en noviembre de 1937 en la pequeña localidad cordobesa de Cabra, de dudosa relevancia militar, que acabó con la vida de, al menos, 100 personas. Durante toda la guerra, unos 8.000 civiles murieron en la zona republicana a causa de los ataques aéreos, mientras que en la zona nacional fueron poco más de 1.000.

12

LA GUERRA CIVIL INTERNA Y EL FIN DEL CONFLICTO

El profundo conflicto interno entre las izquierdas es característico de las guerras civiles en la Historia contemporánea de España. Durante los dos enfrentamientos principales del siglo XIX, las luchas intestinas fueron muy graves. En la primera guerra carlista (1833-1840), los liberales pasaron por dos Constituciones distintas, y la segunda estuvo precedida por violentos motines dentro del bando liberal, y durante la segunda (1869/1873-1876) tuvieron lugar dos cambios completos de régimen, el primero acompañado de numerosos levantamientos populares, y el segundo, de luchas intestinas de diverso tipo.

La Segunda República siempre fue propensa a los conflictos, con cuatro insurrecciones revolucionarias en contra de las instituciones republicanas entre 1932 y 1934, la insurgencia prerrevolucionaria de la primavera de 1936 y los conflictos registrados durante la propia Guerra Civil. Para los republicanos, como ha escrito Edward Malefakis, la guerra no fue tanto la sencilla alegoría moral que la propaganda se afanó por presentar como una «tragedia griega o un drama moderno, en el que el protagonista aparece como principal enemigo de sí mismo, incapaz de triunfar porque no puede controlarse»[108]. Parece que la correspondencia de Negrín posterior a la contienda coincide con esta apreciación.

El conflicto, como decimos, era inherente a las izquierdas españolas y habría tenido lugar incluso si las derechas no se hubieran rebelado. En la primavera de 1936, El Socialista se preguntaba por la profundidad de estas divisiones, que implicaban que, si la revolución llegaba a estallar, se produciría un agudo enfrentamiento entre los propios revolucionarios. «En pocas palabras, la tragedia de la España republicana fue que entre sus filas siempre acechó la posibilidad de una guerra civil intestina mientras se libraba la gran Guerra Civil contra los nacionales»[109]. Como señala Malefakis, el término «lealistas» (loyalists, que todavía se emplea en la historiografía en lengua inglesa), utilizado para identificar a los revolucionarios de la República bélica, se acuñó principalmente para la propaganda exterior. Dentro de la zona republicana, los propios revolucionarios no solían utilizarlo.

La verdad es que el conflicto interno habría sido aún mayor si no se hubiera producido una guerra civil, porque, de hecho, fue el desafío mortal a todas las izquierdas en conjunto lo que consiguió una cierta unidad de facto que de otro modo hubiese sido inexistente. El antifascismo negativo les unía más que cualquier proyecto positivo en común. La mayoría de los sectores de izquierda se sacrificaron para mantener una resistencia común hasta marzo de 1939. En sí mismo, este era un hecho relevante que no habría sido posible salvo en el entorno de una absoluta guerra civil contra unos contrarrevolucionarios cada vez más fuertes.

Cuatro fueron las fuentes principales de la disidencia republicana interna en la guerra: 1) la extrema izquierda revolucionaria, principalmente, pero no solo, los anarcosindicalistas de la FAI-CNT, que al principio intentaron centrarse en la revolución social y económica más que en el esfuerzo bélico; 2) los nacionalistas catalanes y vascos, que tenían sus propios objetivos y que intentaron negociar la partición de España con las potencias extranjeras; 3) la Comintern y el PCE, que, sin intentar imponer un régimen comunista, sí deseaban extender lo más posible su dominio, llegando a ejercer una cierta hegemonía durante los Gobiernos de Negrín de 1937-1938; y 4) la creciente oposición de los más o menos moderados republicanos de izquierda, primero, y después, cada vez más, de una parte de los socialistas, que aspiraban a alcanzar una paz negociada y que se oponían a Negrín y a los comunistas, aunque nunca llegaron a la ruptura total.

La Guerra Civil exigió ajustes constantes a toda la izquierda, porque cristalizó una situación revolucionaria en un contexto bastante distinto al de sus iniciales proyectos utópicos. A partir de septiembre de 1936, gran parte de la historia de la política republicana puede escribirse en términos de las cada vez más frecuentes concesiones anarquistas. Primero, transigieron con el Gobierno catalán, que de ninguna manera formaba parte de su ideología, y después se integraron en el Gobierno republicano. Su participación en varias de las juntas de la zona republicana puede explicarse como una forma de acelerar el proceso revolucionario en tiempo de guerra, y así se presentó la misma justificación tras la entrada en el Gobierno republicano de Largo Caballero. En el lenguaje retórico que habitualmente empleaban los revolucionarios, la CNT rebautizó a ese Gobierno como «Consejo Federal de Defensa», con el objetivo de fingir que se trataba de un consejo confederal anarquista. Así pues, los anarcosindicalistas se lanzaron cuesta abajo por el resbaladizo sendero de la colaboración, que les llevó a transigir cada vez más. El núcleo duro revolucionario intentó resistir mediante la creación de una pequeña organización ultra, Los Amigos de Durruti.

El otro grupo principal de la extrema izquierda revolucionaria, el POUM, apenas contaba con una pequeña fracción de los seguidores de la CNT. Por minúsculo que fuera, el POUM pretendía repetir las tácticas que, según entendía, se habían utilizado con éxito en la revolución bolchevique de 1917-1918. Pero, en lugar de poseer la fuerza hegemónica del leninismo que tanto amaba, se encontró en una situación débil y minoritaria y no planteó ninguna estrategia que no fuera la fuerza de la «voluntad revolucionaria» y la propaganda. Totalmente independiente de la URSS, criticaba a esta en términos parecidos a los de Trotski, pero, al contrario de lo que decían los comunistas, el POUM no era literalmente trotskista. Su jefe, Andreu Nin, rompió con Trotski en 1934, aunque el partido le tenía en muy alta consideración. Su defensa de la revolución total y el hecho de que su baluarte fuera Cataluña hicieron que, de facto, el POUM y la CNT fueran aliados, pero el doctrinario marxismo-leninismo de Nin y sus compañeros les hacía ser aún más intransigentes que los anarquistas, cada vez más proclives a cooperar.

La función del Gobierno de Largo Caballero era coordinar todas estas diferencias en una sola administración, algo que nunca llegó a conseguir de forma completa. Por eso, en la primavera de 1937, el PCE y el PSUC tomaron sus propias iniciativas unilaterales, a veces con la colaboración de la Generalitat —en Cataluña—, y disolvieron varios comités revolucionarios de la CNT.

La primera gran crisis estalló en Barcelona alrededor de las tres de la tarde del 3 de mayo, cuando varios camiones de guardias de asalto, a las órdenes del consejero comunista de Seguridad de la Generalitat, intentaron tomar el edificio de la Telefónica, en el centro de la ciudad, que los cenetistas tenían controlado desde el 19 de julio anterior. Posteriormente se ha especulado mucho acerca de si se trató de una «provocación» deliberada, planeada y orquestada por los comunistas y sus aliados para que los cenetistas emprendieran una inútil revuelta que se pudiera utilizar como excusa para aplastarlos. Quizá nunca sea posible resolver esta incógnita. Los documentos soviéticos revelan la existencia de agentes de la URSS en el seno de la CNT y del POUM —lo que a nadie puede sorprender—, así como un deseo de alentarles a cometer nuevos excesos que pudieran ser utilizados en su contra. Pero no hay pruebas de que este fuera el propósito de la iniciativa del 3 de mayo, que también puede considerarse una más del conjunto de medidas adoptadas en las últimas seis semanas, para reducir la autonomía revolucionaria de los anarquistas. Algunos líderes del PSUC admitieron después que la acción se emprendió por iniciativa de los comunistas —sin la aprobación directa de la Generalitat—, aprovechando que estaban al mando de las fuerzas de seguridad.

La consecuencia de esta acción fueron los fets de maig, tres días de guerra civil a pequeña escala dentro de la gran Guerra Civil, y el primero de una serie de enfrentamientos encarnizados cuyo último gran exponente fue la revuelta anticomunista en Madrid en marzo de 1939. Los combates en la calle empezaron la tarde del 3 de mayo y continuaron hasta la madrugada del día 6. En estos tres días murieron 218 personas en Barcelona y 279 en toda Cataluña[110]. Tal vez la nota más grotesca de este conflicto fue la petición del presidente Azaña, que, atrapado en la ciudad, pidió a la fuerza aérea republicana que bombardeara el trayecto hasta el puerto para facilitar su salida. Esta anécdota, contada por su biógrafo principal, fue sin duda la única ocasión en la que el jefe de uno de los dos bandos pidió el «autobombardeo» de una de sus ciudades, pero el Gobierno republicano fue más prudente y Azaña consiguió huir sin el «autoataque» aéreo.

Los líderes del POUM creían que había llegado el momento de lanzarse a la lucha revolucionaria por el poder, pero los jefes cenetistas no lo vieron del mismo modo. Estos querían restringir la lucha y ponerle fin mediante la negociación, mientras llegaban los refuerzos republicanos. De hecho, la CNT admitió la derrota y todo acabó como un claro triunfo del poder estatal y la consiguiente reducción de la autonomía catalana. Los cenetistas aceptaron su exclusión de los Gobiernos de la República y de Cataluña, la disolución de gran número de comités y de colectividades locales, y más tarde hasta la desaparición del Consejo de Aragón, el principal «gobierno regional» anarquista. Hubo después algunos asesinatos de izquierdistas en la zona republicana, principalmente a manos de comunistas. La colaboración cenetista en la causa antifascista llevaba a una concesión tras otra, hasta el punto de que, a mediados de 1938, el Gobierno de Negrín y los comunistas llegaron a la conclusión, algo paradójica, de que los anarcosindicalistas eran sus mejores aliados en la lucha, más fiables que los socialistas, de los que cada vez se distanciaban más.

Antes de mayo de 1937, Stalin había decidido la supresión total del POUM, como partido comunista rival que tenía cierta simpatía por Trotski, e insistió en luchar contra la línea de la Comintern para España. Una vez formado el Gobierno de Negrín, los comunistas prosoviéticos pudieron imponer su hegemonía en el aparato de seguridad. El 16 de junio se detuvo a la cúpula y a varios militantes del partido, que fue totalmente suprimido, aunque, que sepamos, solo Nin fue torturado y asesinado. El POUM no volvió a reaparecer mientras duró la guerra y los activistas clandestinos del partido se mostraron más dispuestos a colaborar con el Gobierno, aunque, para ciertos sectores de la izquierda, la supresión total de un partido genuinamente revolucionario y antifascista fue el gran escándalo político de la historia de la zona republicana.

LA «TERCERA REPÚBLICA»: ¿UNA «REPÚBLICA POPULAR»?

Terminada la guerra, uno de los pocos puntos en los que coincidieron los franquistas, los comunistas y los supervivientes del POUM, que normalmente no coincidían en nada, era que la República revolucionaria de la época bélica, que los comunistas siempre denominaban una «República de nuevo tipo», había sido una «república popular» dominada por los comunistas, la primera de su clase en Europa. La propaganda franquista insistió en ello, mientras que años después, en 1961, el antiguo líder poumista Julián Gorkin publicó el libro España, primer ensayo de democracia popular.

Esta fue también la posición adoptada por los líderes comunistas españoles. En 1947, cuando se estaban creando los nuevos regímenes comunistas del Este de Europa, el veterano propagandista del PCE Félix Montiel —más tarde virulento anticomunista— publicó un artículo titulado «España fue una República popular y volverá a serlo» en Nuestra Bandera, principal revista teórica del partido. Quince años después, Dolores Ibárruri, Pasionaria, escribiría en su ortodoxa y estalinista autobiografía que, en la zona republicana, «la República democrática burguesa se transformó en una República popular, la primera en la historia de las revoluciones democráticas burguesas». En la historia oficial del partido, publicada en Moscú en 1966, los editores recalcaron que el régimen español se había convertido en «una nueva República» desde la formación del Gobierno de Giral el 19 de julio de 1936, que, al producir «una brusca aceleración de todo el proceso de la revolución democrática española», condujo a «una República de nuevo tipo en la que, junto a los estamentos utilizables del viejo Estado, no contaminados por la infección fascista y reaccionaria, se integraban organismos nuevos creados por las masas». A la misma conclusión llegaron otros autores comunistas[111].

El líder eurocomunista Santiago Carrillo repitió reiteradamente la misma conclusión. Durante el congreso de partidos comunistas celebrado en Moscú en 1969 declaró que «no hay que olvidar que España ha sido la primera democracia popular en Europa»[112], y todavía en 1984 admitió que «es claro que si la República hubiera vencido, habríamos sido el primer ejemplo de una democracia popular, creada no por la intervención del Ejército soviético, sino por la lucha del pueblo y con una pluralidad de fuerzas políticas»[113]. Esta interpretación se repitió en numerosas ocasiones en la historiografía soviética.

La conclusión de los expertos sobre este asunto es algo distinta. Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, hacia el final de su meticuloso estudio sobre la política de la Internacional Comunista, afirman que «puede decirse que la política de la Comintern en España apunta, sin lugar a dudas, al modelo de democracia popular»[114]. No obstante, su opinión es que la República revolucionaria de la época bélica mantuvo ciertos vestigios del Estado de Derecho, residuos de la Segunda República prebélica, que hasta cierto punto frustraron los designios de Stalin, mencionando en este sentido el rechazo que suscitó la propuesta del dictador soviético de celebrar unas nuevas y manipuladas elecciones a finales de 1937.

Esta conclusión parece la correcta. Una cuidadosa comparación pone de manifiesto que la «tercera República» española de la etapa bélica, aunque muy distinta a la Segunda República vigente hasta febrero de 1936, no constituyó el mismo tipo de régimen instaurado por los soviéticos en los países de Europa Oriental. En primer lugar, estos fueron totalmente ocupados y controlados por el Ejército Rojo. Además, aunque los comunistas llegaron a tener una posición predominante en el Ejército Popular republicano, no pudieron someterlo al control que los soviéticos sí lograron imponer, al menos inicialmente, a todas las Fuerzas Armadas de sus Estados satélite. La misma distinción puede hacerse en relación con la Policía.

En segundo lugar, en los regímenes del Este, los soviéticos no tardaron en crear partidos socialistas-comunistas y organizaciones pantalla que dominaron toda la actividad política. En España, desde 1935, el PCE intentó unir en un solo partido a socialistas y comunistas, pero su incapacidad para hacerlo generó gran frustración. En los países del Este, lo normal era que los soviéticos permitieran unas primeras elecciones parcialmente libres y que después todas fueran controladas. Está claro que al Frente Popular español, como demuestran sus propias prácticas electorales entre febrero y mayo de 1936, no le gustaban las elecciones libres, pero después solventó el problema dejando por completo de celebrarlas y casi nunca convocando el Parlamento. Era evidente que lo que pretendía Stalin en 1937 con su propuesta de elecciones era dar un paso más hacia la consolidación de un régimen de mayor influencia comunista, algo que los demás partidos rechazaron.

En tercer lugar, en los regímenes de Europa Oriental, el Estado nacionalizó las industrias básicas y, en la mayoría de los casos, acometió una amplia confiscación de tierras, generalmente acompañada de la colectivización de las mismas. En esta dimensión hay más semejanzas, y en la historia oficial de la Segunda Guerra Mundial del Ejército Rojo se alardea de que, en España, los comunistas llevaron a cabo un amplio programa de nacionalizaciones, aunque no fue exactamente así. En cuanto a política y estructuras económicas hubo diferencias considerables. En los primeros momentos de la «Tercera República» española, gran parte del Estado desapareció y, cuando comenzó a recuperarse, la política económica fue la causa de continuos conflictos. El programa comunista de control y nacionalización de la industria solo pudo aplicarse de forma limitada y sin lograr revertir del todo la revolución libertaria. En líneas generales, ese programa era similar al de la Nueva Política Económica leninista de 1921 y, aunque en septiembre de 1937 un subsecretario comunista de la Generalitat anunció la aplicación de una NEP catalana, no llegó a materializarse completamente.

Así pues, la República revolucionaria española fue un régimen singular, sin correlato exacto en ninguna otra revolución o guerra civil, que a lo largo de un contradictorio proceso, conjugó la colectivización autónoma libertaria con la presencia de un Estado reconstituido y cada vez más centralizado, que solo llevó a cabo un determinado número de nacionalizaciones directas. En lo referente a la estructura política, fue siempre un régimen semipluralista en el que cada uno de los cuatro principales sectores izquierdistas mantuvo su autonomía. Los comunistas solo pudieron acabar con el POUM, e incluso en este asunto tuvieron que respetar ciertos límites legales, salvo en el caso de Andreu Nin. La «Tercera República» no fue democrática, pero sí mantuvo un semipluralismo político de múltiples partidos de izquierda y recuperó un marco legal limitado.

La «Tercera República» fue un Estado soberano, no un satélite de la Unión Soviética, y la hegemonía comunista fue limitada. Algunos comunistas españoles hablaron de instaurar un régimen dirigido directamente por ellos, pero no está claro que lo hubieran conseguido aunque hubiesen intentado hacerlo. En cierto modo, la fortaleza de los comunistas se basaba en la subordinación a la disciplina militar y a la victoria (aunque, en realidad, ellos tampoco dejaran de hacer partidismo con los asuntos militares). Si se hubiera producido un enfrentamiento entre los comunistas y los sectores no comunistas del Ejército Popular antes de marzo de 1939, no se puede afirmar que todas las unidades dirigidas por oficiales comunistas hubiesen intentado imponer una dictadura comunista. Y aunque lo hubieran conseguido, la pírrica victoria resultante habría debilitado irremediablemente el esfuerzo bélico, cuestión esta que los soviéticos conocían muy bien.

La República española era realmente un caso singular, cualquier comparación con las democracias populares comunistas solo puede referirse a su primerísima fase pre-totalitaria, o, más exactamente, tal vez a Checoslovaquia durante el periodo frentepopularista de 1945 a 1948. Como mucho, podríamos apuntar dos puntos de aproximación: en primer lugar, la «Tercera República» española fue lo más parecido que existió en la historia de Europa Occidental a una República popular, aunque no solo fuera un ejemplo incompleto de la misma, sino algo fundamentalmente distinto del modelo soviético; en segundo lugar, la lucha en España proporcionó a los soviéticos experiencias que aplicaron en Europa Oriental, donde pudieron proceder de forma más directa.

AL FINAL, ¿STALIN ABANDONÓ A LA REPÚBLICA?

Como consecuencia de sus experiencias en la Guerra Civil, los partidos de izquierda españoles no comunistas llegaron a ser probablemente los más anticomunistas que hubo en el mundo occidental. El cansancio de la guerra crecía constantemente en 1938 y muchos estaban convencidos de que la política soviética quería seguir adelante con la contienda hasta que no quedase un solo español en pie, sin arriesgar nada por su parte. Más tarde se llegó a afirmar que Stalin abandonó a la República en las fases finales de la guerra.

Ya en junio de 1938, Togliatti informó a Moscú de la existencia de un plan que pretendía unir a republicanos de izquierda y a socialistas para exigir a Azaña el nombramiento de un nuevo jefe de Gobierno que pusiese fin al conflicto. Pese al resentimiento que provocaba Negrín, el presidente de la República le tenía algo de miedo. Incluso durante la crisis gubernamental de agosto de 1938 se abstuvo de actuar y Negrín pudo controlar su tercer Gobierno todavía más férreamente.

No obstante, el presidente del Gobierno era consciente de que los principales sectores no comunistas le apoyaban menos que nunca y, en diciembre de 1938, sondeó a los dirigentes del PCE acerca de la creación de un nuevo Frente Nacional. El propio Togliatti temía que en realidad se tratara de una «dictadura militar» negrinista, pues observó que «el parlamentarismo no existiría», aunque el PCE pudiera convertirse en el núcleo dirigente del Frente, un hecho que, al principio, se ocultaría. Negrín subrayó al encargado soviético Marchenko que «no hay vuelta atrás al antiguo parlamentarismo», ya que «sería imposible permitir el anterior “libre juego” de los partidos, porque, de esa manera, la derecha podría abrirse camino de nuevo hacia el poder»[115]. Pero la Comintern rechazó —y, de hecho, vetó— la propuesta de Negrín «porque tiene tendencias a la dictadura personal»[116]. No se fiaban de él.

Sin embargo, los documentos soviéticos prueban que Stalin nunca «abandonó» a la República, aunque sí redujo bastante su ayuda. La intervención en España nunca fue más que una sola carta en un juego muy complejo, con intereses importantes en Asia, Europa y el Medio Oriente. El Gobierno soviético tenía grandes y peligrosos adversarios en ambos lados de sus enormes fronteras, y a partir de la invasión directa de China en julio de 1937, el expansionismo japonés llegó a ser una gran preocupación. Pronto Stalin envió aproximadamente la misma cantidad de armas a China que antes había mandado a España. Ya desde hacía meses, los soviéticos pensaban que la victoria en España sería difícil y tal vez costara demasiado. Tan temprano como mayo de 1937, el ministro de Asuntos Exteriores, Maksim Litvínov, dijo al embajador británico que la Unión Soviética podría llegar a aceptar la existencia de un Estado fascista en Madrid siempre que no se convirtiese en un satélite ni de Alemania ni de Italia.

Conforme la situación internacional se complicaba, los objetivos soviéticos cambiaban. Ya no se trataba tanto de alcanzar la victoria como de que existiera la posibilidad de animar a París y a Londres a cambiar su política y prestar asistencia a la República, o, incluso si no fuera así, al menos mantener los intereses del Eje enfocados en España, desalentando sus avances en Europa central y del Este. En último término, podría servir de elemento de negociación. Esta última opción también era importante, dado que, entre las múltiples alternativas de la política soviética, siempre se mantuvo abierta la posibilidad de un acercamiento con Alemania, tal y como el propio Litvínov expresó al corresponsal del periódico francés Le Temps el día de Navidad de 1937.

Durante 1938, la diplomacia soviética hizo varios intentos para explorar una vía de salida de España mediante negociación, pero no encontró una alternativa adecuada. La presencia militar seguía disminuyendo, aunque numéricamente nunca hubo mucho personal soviético en España. En un momento dado, pudo llegar a superar los 1.000 hombres, pero, después del desastre diplomático en Múnich y el fracaso evidente en la batalla del Ebro, el número se redujo. El 23 de octubre de 1938 quedaban unos 250 y el 4 de enero de 1939, tan solo 218.

Sin embargo, a pesar de no fiarse del todo de Negrín, la Unión Soviética sostuvo hasta el final la resistencia republicana. Desde el comienzo, Dimitrov, el jefe de la Comintern, había reiterado la prioridad básica: que la principal responsabilidad de los comunistas españoles, como la de las otras secciones comunistas, era contribuir a la defensa de la Unión Soviética, y el mejor modo de hacerlo era que la República siguiera combatiendo. Y eso a pesar de que, en plena batalla del Ebro, no se recibió ningún envío de armas soviéticas después de agosto.

La situación en la zona republicana llegó a ser muy crítica, y el 11 de noviembre Negrín preparó una carta extensa dirigida a Stalin —de nada menos que 18 hojas—, entregada por mediación del jefe de las fuerzas aéreas republicanas, el general comunista Ignacio Hidalgo de Cisneros. Negrín prometió a Moscú el apoyo futuro de una República que, después de la victoria, sería «más fuerte que nunca», con una Marina «de consideración». Solicitaba otro gran envío de armas: 250 aviones, otros tantos tanques, 650 piezas de artillería y 4.000 ametralladoras, entre otras cosas[117].

Es dudoso que el dictador soviético quedara impresionado con la forma en que el presidente presumía del futuro poder militar y naval de la República, pero no tenía otra alternativa. Tras un breve retraso, dio su visto bueno y accedió a satisfacer al menos algunas de las peticiones. En el mes de agosto anterior, el Gobierno soviético había informado a los representantes republicanos de que ya solo quedaba una tonelada y media del oro, por lo que se extendía un crédito de otros 70 millones de dólares. Para este nuevo envío se concedió una segunda línea de crédito en diciembre, por un importe de 103 millones de dólares, una gran suma en aquella época.

Los registros soviéticos indican que el envío se preparó en diciembre e incluía 15 torpederos, 134 aviones de combate, 40 tanques, 359 piezas de artillería, 3.000 ametralladoras, 40.000 fusiles y mucha munición. Parte del cargamento arribó a Cataluña en enero de 1939, antes de la caída de la región, pero, según parece, una gran parte quedaba aún en tránsito por territorio francés. En realidad, muy poco pudo utilizar el Ejército Popular y una parte fue capturada intacta por las fuerzas de Franco.

Incluso cuando cayó Cataluña en febrero de 1939 —para muchos, incluyendo a Azaña, el toque de difuntos para la República—, la política soviética siguió inalterable. Sin estrategia de salida, Stalin dio órdenes de continuar resistiendo a toda costa, porque creía que la lucha contra el fascismo en España limitaría su avance en otros lugares. No obstante, el 16 de febrero se canceló cualquier movimiento del material que quedaba en tránsito por Francia, con la intención de recuperar esas armas y devolverlas a su punto de origen. Solo en este sentido abandonó la Unión Soviética a la República, pero, tres semanas más tarde, Stalin volvió a estar dispuesto a enviar más armamento a la República si se encontraba un modo de transporte adecuado. El 7 de febrero, nuevo personal soviético llegó con otro pequeño contingente, aunque un grupo todavía más numeroso abandonó el país veinte días más tarde y, con él, dos de los principales asesores militares.

Durante las semanas finales, la confianza de Negrín en el PCE y en los jefes militares comunistas no hizo más que aumentar, lo que explicaría la concesión de ascensos para ellos, el último de los cuales tuvo lugar el 3 de marzo. Los defensores de la teoría del «abandono» afirman que se trató de una provocación cuidadosamente tramada para forzar a los republicanos no comunistas a sublevarse y luego conseguir la responsabilidad de la rendición, pero no existe la menor evidencia que apoye tal especulación.

Durante la semana anterior a la rebelión del coronel Casado, los principales asesores, tanto de la Comintern como del Gobierno soviético, no estaban preparando su marcha, sino discutiendo la forma en que habría de intensificarse la resistencia. A Togliatti y a sus camaradas les preocupaba mucho el peligro de un levantamiento anticomunista, porque sabían que al PCE se le consideraba «el partido de la guerra» y que había llegado a ser odiado por los otros grupos. Por eso, a finales de febrero de 1939 enviaron un telegrama a Moscú preguntando si ya había llegado la hora de que el PCE pudiera finalmente «tomar a través de medidas de fuerza todas las palancas del poder y la dirección de la guerra»[118], o sea, una dictadura comunista de facto. La respuesta de Moscú se hizo esperar. El 4 de marzo volvieron a plantear la pregunta y esta vez Stalin les respondió al día siguiente, horas antes de que Casado se rebelara. Stalin estableció las condiciones para un nuevo envío de armas, siempre que el Gobierno republicano continuase resistiendo y se encontrara una forma segura de transporte a través de Francia. Pero su telegrama vetaba categóricamente la posibilidad de formar una dictadura comunista, porque en Moscú se dieron cuenta de que no solo no tendría éxito, sino que una dictadura comunista en España minaría la estrategia soviética. Por el contrario, se alentaba la formación de un nuevo Gobierno de Defensa Nacional de todos los partidos dispuestos a resistir.

ACTO FINAL: LA REVUELTA ANTICOMUNISTA

La evacuación de Cataluña de todo el Gobierno aumentó al máximo las tensiones internas, aunque a los pocos días Negrín volvió a lo que quedaba de la zona republicana, esencialmente el cuarto suroriental de la Península. El PCE sacó a la luz un manifiesto denunciando a los «traidores» y «capitulacionistas», pero los otros partidos empezaron a perderles el miedo que les habían tenido en 1938. En un acto sin precedentes, el comité frentepopularista de Madrid censuró de manera formal al PCE por sus calumnias y excesos. En Jaén y otras localidades, el PSOE abandonó el Frente Popular y en algunos lugares donde los militares comunistas no eran demasiado poderosos se llegó a arrestar a algunos miembros del partido por sus desmanes y por lo que se denominaron sus «actividades ilegales».

Durante 1938 algunos líderes de segunda fila y afiliados al PCE especularon con la necesidad de hacerse con el poder por la fuerza, pero no hay ninguna evidencia de que tales cuestiones se discutieran seriamente. En cambio, a principios de febrero, con el Gobierno a punto de huir por un tiempo a Francia cruzando la frontera catalana, Boris Stepánov, número dos de la Comintern en España, comunicó a los dirigentes comunistas madrileños que lo indispensable era «una dictadura democrática-revolucionaria» en la que, en lugar de un Gobierno, Negrín estaría al frente de «un Consejo de defensa, trabajo y seguridad general, con un par de ministros y dos o tres personalidades políticas, no ministros, y un par de militares (fieles y enérgicos)»[119]. El 18 de febrero Stepánov fue a Moscú para recibir instrucciones sobre cómo proceder en el caso de que Negrín o las otras fuerzas republicanas decidieran capitular. Pero cuando Negrín regresó de Francia a Madrid, las relaciones con los comunistas eran más fuertes que nunca.

A finales de febrero, un nuevo manifiesto del partido hizo hincapié en las oportunidades que ofrecía una situación internacional muy cambiante, situación que podría traer a la República la ayuda que necesitaba para triunfar. Este argumento se había defendido con insistencia durante más de dos años, pero, después de Múnich, contaba con pocos partidarios en la zona republicana, donde se creía más probable que una resistencia a toda costa, en las condiciones de semihambruna que existían, no traería la victoria, sino una dictadura comunista, seguida de la derrota inevitable.

Aunque la gran mayoría de los republicanos parecía estar de acuerdo, nadie se atrevía a asumir una responsabilidad directa. A finales de diciembre tuvo lugar una discusión intensa entre los líderes de la FAI-CNT, que luego hablaron con Azaña, insistiéndole en que despidiera a Negrín y nombrara un Gobierno que pusiera fin a la guerra. El presidente replicó que la idea era correcta pero que ya era «demasiado tarde», uno de sus típicos circunloquios. El 31 de enero, mientras se evacuaba Barcelona, Vicente Rojo, jefe republicano del Estado Mayor, declaró la guerra irremediablemente perdida y recomendaba la rendición inmediata sin condiciones. Azaña, como de costumbre, estaba paralizado. Como dice su principal biógrafo, «todo el mundo se lo pedía»[120], pero no se atrevió a tomar ninguna iniciativa.

En enero y febrero comenzó a tomar forma en Madrid una conspiración anticomunista, organizada alrededor del coronel Segismundo Casado, militar profesional y jefe del frente central. Como en la de Mola tres años antes, solo se implicó una parte del Ejército, pero los líderes de los principales partidos y movimientos no comunistas (PSOE, CNT y republicanos de izquierda) sí participaron. Esperaban que una República libre de las influencias comunistas y soviéticas sería más aceptable a los ojos de Franco para negociar la paz. Casado y algunos camaradas incluso llegaron a creer que oficiales de carrera que no hubiesen participado en políticas partidistas serían más eficaces en tal empresa.

El principal líder civil era el venerable Julián Besteiro, catedrático de Filosofía, dirigente de la «derecha» socialista, antiguo alcalde de Madrid y una destacada figura de la izquierda no comunista, la única importante —aparte de Negrín— que no había huido del país. Pese a ser el marxista intelectualmente más serio de todos los dirigentes socialistas, siempre había defendido la democracia y la legalidad, rechazando con firmeza la radicalización de la izquierda desde sus comienzos. Con independencia de lo que pudiera obtenerse en una negociación con Franco, creía que era indispensable aceptar la realidad y la verdad, y eso significaba aceptar la derrota y restaurar la paz.

Puesto que Negrín no escribía casi nada y era raro que dijera algo que fuera en contra de la propaganda oficial, es difícil saber exactamente qué pensó durante estas últimas semanas. ¿Habría aceptado la victoria de Franco si este le garantizaba una paz sin represalias? Sin duda, tenía la esperanza puesta en el horizonte internacional, a lo sumo en el estallido de una guerra europea que salvara la República, y, como poco, en una intervención que permitiera negociar una paz sin represalias. Entregó a sus principales camaradas y seguidores grandes cantidades de dinero y joyas, procedentes de fondos estatales y del botín revolucionario, para que pudieran mantenerse, y mantenerle a él, en el exilio.

Que Franco tenía otra idea parece desprenderse de la promulgación en Burgos de la draconiana Ley de Responsabilidades Políticas, cuyo preámbulo —que ocupaba 24 páginas del Boletín Oficial del Estado—dejaba claro que la ley no solo se iba a aplicar a los numerosos delitos violentos revolucionarios, sino también a cualquiera que hubiese ostentado un puesto de responsabilidad política o de liderazgo entre las izquierdas, incluyendo no solo los «actos», sino, además, las «omisiones graves». Se aplicaría con carácter retroactivo desde el primero de octubre de 1934 a cualquier persona mayor de catorce años que, desde entonces, hubiera atentado contra el orden público o se hubiese opuesto al Movimiento Nacional, bien mediante «actos concretos», bien mediante «pasividad grave». Como ha señalado Guillermo Cabanellas, según esa ley habría sido posible arrestar y procesar a media España.

Casado, que desde mediados de febrero venía actuando como figura clave, era un oficial de carrera que había permanecido en el Ejército republicano y tomado parte en la instrucción y desarrollo del Ejército Popular. Estuvo al frente de dos cuerpos de ejército de Andalucía hasta que Negrín le nombró jefe de la zona central en mayo de 1938. Los teóricos de la provocación han interpretado el nombramiento de Casado como una hábil estratagema comunista, pero este planteamiento resulta demasiado complejo, poco convincente y hace de los comunistas unos clarividentes. Aunque Casado ya había criticado la desigual distribución de las armas soviéticas entre los distintos sectores del Ejército Popular —unos comentarios que le costaron su primer mando importante—, había colaborado también con los asesores de Moscú y los jefes militares comunistas aunque nunca fue uno de ellos.

Si bien Negrín había entrado en una fase de depresión, trató de asegurar la continuidad de la resistencia realizando algunos cambios en el mando militar, anunciados el 3 de marzo, y otros más dos días más tarde. El nombramiento de mayor número de mandos comunistas en posiciones cruciales le parecía la única solución. En esos momentos, la situación era desesperada, no solo desde el punto de vista militar, sino también en cuanto a los suministros. Durante 1938, la zona republicana había vivido en condiciones de escasez y pronto se encontraría en la hambruna. Era una situación absolutamente al límite de sus posibilidades. Así las cosas, Togliatti mandó un telegrama urgente a Moscú preguntando si los comunistas deberían responder a una posible revuelta contra Negrín imponiendo una dictadura de resistencia total.

El mismo día que se comunicó la segunda ronda de nuevos nombramientos, el 5 de marzo, estalló una revuelta de republicanos anticomunistas y quintacolumnistas falangistas en la base naval de Cartagena, donde, a mediodía, la flota republicana, desafecta y bajo jefes socialistas, había desertado y huido a Argelia. Poco después de medianoche, Casado anunció por radio desde Madrid la formación de un Consejo de Defensa Nacional multipartidista, nominalmente presidido por el veterano general José Miaja —comandante militar de la defensa de Madrid en 1936—, que había abandonado a los comunistas.

Según el Consejo, con la reciente dimisión del presidente Azaña y de otros líderes republicanos —que se habían quedado en Francia—, así como con la desaparición de las Cortes, el Gobierno de Negrín había perdido toda legitimidad. En esta situación de emergencia, y bajo el estado de guerra oficial declarado en enero de 1939, algunos jefes del Ejército asumieron el poder junto a una coalición multipartidista, para poner fin al influjo comunista y soviético e intentar hacer lo mismo con la guerra. Aunque en el horizonte no existía la confirmación de que se iba a dar un golpe comunista concreto —ni se les acusó de prepararlo—, se declaró que el Gobierno estaba bajo influencia soviética y que era un obstáculo para la independencia y el bienestar de España.

Durante la mayor parte del día siguiente, Negrín —que estaba en su nuevo puesto de mando en Murcia— intentó negociar con el Consejo para evitar las represalias y establecer algún tipo de frente común, llegando incluso a dar el traspaso oficial del poder al Consejo. Este se negó a aceptar ningún tipo de trato con el presidente, quien, comenzada la noche del día 6, junto a la mayoría de los dirigentes comunistas, abandonó el país en avión, sin intentar resistirse[121].

Las unidades comunistas leales a Negrín quedaron sin órdenes, pero tres de los cuatro cuerpos de Ejército de la región de Madrid estaban bajo el mando de jefes comunistas, por lo que los líderes comunistas decidieron hacer frente al Consejo. Así comenzó una semana de luchas en la capital durante la cual las fuerzas comunistas, más numerosas, prácticamente arrasaron el cuartel general del Consejo, aunque los combates tuvieron lugar a pequeña escala. La cuestión finalmente se decantó con el envío de refuerzos desde Guadalajara, al mando del cenetista Cipriano Mera, y, sobre todo, cuando los jefes comunistas se dieron cuenta de que no podían contar con el respaldo del resto del Ejército Popular. Durante los siguientes días reinó la confusión, pero un buen número de oficiales se avinieron a aceptar al Consejo, cuya autoridad quedó establecida el 13 de marzo. Siete días después, y de manera oficial, se suprimió la estrella roja soviética como insignia del Ejército republicano. En los combates de Madrid habían perecido 243 personas, algunas de ellas víctimas de asesinatos políticos, plaga que la zona republicana nunca consiguió extirpar. En todas las luchas intestinas entre antifascistas durante la guerra murieron un total de 1.000 personas.

La situación internacional cambiaba rápidamente y el 15 de marzo Hitler consumó la destrucción de Checoslovaquia, pero, al contrario de lo que esperaban Negrín y los comunistas, este hecho no reportó ningún beneficio a la República. Londres y París no buscaban asumir nuevas responsabilidades, sino que se aproximaron a Franco e intentaron obtener garantías de neutralidad en caso de que estallara una guerra europea. Por su parte, el Consejo de Defensa rechazó la estrategia de Negrín, que buscaba extender el conflicto español hasta convertirlo en un enfrentamiento de carácter internacional, por lo peligroso y destructiva que habría resultado para España.

Casado y sus camaradas mantenían la ilusión de que unos mandos militares profesionales y anticomunistas podrían negociar con Franco de modo eficaz para lograr algunas concesiones, pero no ocurrió así. El Generalísimo no quería hacer más concesión que la de permitir la salida del país a los restantes líderes republicanos y todos, salvo el noble Besteiro, lo hicieron. Cuando el 26 de marzo Franco lanzó su «Ofensiva de la Victoria», no hubo lucha. Los soldados republicanos abandonaron sus posiciones o se rindieron y, al día siguiente, el Consejo ordenó el fin de la resistencia. El 1 de abril, Franco pudo anunciar que la guerra había terminado.

La Guerra Civil finalizó como había empezado, con una parte considerable del Ejército republicano rebelándose contra el Gobierno, al que acusaban de estar bajo el dominio del comunismo, afirmación que, en 1939, era bastante acertada. La sublevación de 1936 había sido preventiva, concebida para tomar las riendas del Estado republicano antes de que pudieran hacerlo los revolucionarios. También la de Casado tenía algún elemento preventivo, pues se consideraba que la resistencia continuada solo incrementaría el poder de los comunistas. La primera rebelión, con su fracaso parcial, hizo estallar la Guerra Civil; la segunda le puso fin. El asesinato de Calvo Sotelo y la respuesta que el Gobierno dio al suceso, en parte concebida para alentar una débil rebelión militar, fueron los catalizadores de la rebelión de 1936, pero la de Casado, al contrario de lo que sostienen algunos, no fue producto de ninguna provocación específica, sino de las ineludibles circunstancias de aquellos momentos.

Las encarnizadas luchas en el seno de la coalición republicana reflejaron su carácter profundamente dividido y contradictorio. Un pesimista diría que esta condición solamente sirve para subrayar su carácter español, aunque no se debe olvidar que se trataba de una época de conflicto y fragmentación en casi toda Europa. Más impresionante es el hecho de que la coalición izquierdista se las arreglara para sobrevivir durante tres años. Durante la primera mitad de la guerra, el conflicto interno provino de la tensión entre revolución y guerra, que a veces van juntas pero que en una guerra civil total se socavan mutuamente. En 1937, a pesar de la influencia creciente de los comunistas, la extrema izquierda revolucionaria decidió deponer las armas para continuar la lucha antifascista, pero, en 1939, los partidos libres de Moscú y de las exigencias de la política extranjera soviética habían perdido toda esperanza de poder continuarla. Por motivos patrióticos, políticos y éticos se quejaban de la semihegemonía comunista, pero, ante todo, la consideraban un obstáculo para la paz. Casi ningún partidario de Casado había abandonado el antifascismo, pero ya no encontraban el modo de seguir resistiendo y, en algunos casos, su anticomunismo había llegado a ser igual de fuerte.

LOS FACTORES DETERMINANTES

Fueron muchos los factores que contribuyeron a la victoria de Franco y a la derrota de los revolucionarios. Figuran a continuación los más importantes.

El principal error de la izquierda fueron las políticas del Gobierno de Azaña/Casares-Quiroga en las semanas anteriores al conflicto, quienes, desdeñando por completo a la oposición, hicieron caso omiso de los graves peligros que implicaría un enfrentamiento armado, y mantuvieron una política de hostigamiento y provocación que parecía retar a la oposición a sublevarse.

Un segundo factor determinante fue la mayor cohesión militar de los sublevados y el liderazgo de Franco, que mostró mayor iniciativa durante las primeras difíciles semanas, para después imponer y mantener una unidad que, tras acabar con los conflictos políticos, sirvió para aprovechar eficazmente los recursos en el esfuerzo bélico. Además, su astuta diplomacia logró mantener el apoyo de Hitler y Mussolini, mientras evitaba su interferencia doméstica y conservaba unas relaciones aceptables con las democracias europeas.

También fue fundamental el mayor apoyo exterior que recibieron los sublevados, al menos durante los dos últimos años de guerra. La ayuda recibida se utilizó con más eficacia que la que los soviéticos proporcionaron a la República. Y, además, los nacionales no dejaron de incrementar sus recursos con armas y prisioneros tomados a los republicanos. Durante la última fase de la contienda, al menos una cuarta parte del armamento que utilizaron había sido incautado al enemigo, mientras que un importante número de tropas eran exprisioneros republicanos.

Asimismo, resultó clave la movilización social y económica de los recursos humanos y materiales, que en la zona nacional se aprovecharon mucho mejor que en el bando republicano. La gran debilidad de los republicanos fue su desunión —vicio español frecuente— que obstaculizó una movilización y concentración militar eficaces. Esto trajo consigo numerosos problemas internos específicos, que iban desde la desunión dentro de las filas socialistas hasta la disidencia de nacionalistas vascos y catalanes.

También debe señalarse que la fuerza de la revolución social y económica registrada en la zona republicana dividió a la izquierda, obstaculizó la movilización militar y económica y, desde el principio, ahuyentó a la opinión pública en las democracias occidentales, al tiempo que consolidaba la oposición de los nacionales. Probablemente, el aspecto más contraproducente de la revolución fue su inicio como guerra de religión, que, consolidando un apoyo masivo y fervoroso de los católicos a los sublevados —tanto a nivel internacional como doméstico—, es probable que fuera el factor que más moral y compromiso aportara a este bando.

13

EL LUGAR DE LA GUERRA CIVIL

EN LA HISTORIA

La Guerra Civil no fue la más importante de las guerras civiles revolucionarias que tuvieron lugar en Europa durante la primera mitad del siglo XX. Esa distinción pertenece a la guerra civil rusa de 1918-1921, tanto por sus dimensiones, aún mayores, como por la enorme importancia histórica de sus consecuencias. En cambio, si no fue la más grande y la más importante, fue de todas ellas la guerra civil revolucionaria más singular por razones tan variadas como numerosas.

Fue la más singular, primero, por su ubicación geográfica, pues fue la única que tuvo lugar en Europa Occidental. Fue también singular por ser la única que se desarrolló durante la época de entreguerras. Solamente en España había unas condiciones que permitían un estallido de las izquierdas radicales durante la década de 1930 —los cambios políticos radicales en otros países fueron en la otra dirección—. Luego, después de algunos años y de bastante vacilación, España —o, mejor dicho, una parte de ella— se sumó a esa otra corriente nueva con la formación del régimen de Franco.

Otra singularidad es que fue la única guerra civil revolucionaria europea no provocada ni directa ni indirectamente por una guerra exterior, sino que estalló en un país «neutral» durante tiempos de paz —las demás guerras civiles europeas surgieron como secuelas de las dos guerras mundiales—. En España surgió por razones casi exclusivamente domésticas, como resultado extremo de la tendencia española en la época contemporánea a la división y la fragmentación.

Fue la única guerra civil europea de la época no provocada por los comunistas —las demás, sin excepciones, habían sido instigadas por estos—. En España, como ya se ha explicado, la política comunista buscaba la eliminación del sistema vigente, pero, con mayor experiencia y pragmatismo que los movimientos izquierdistas españoles, los comunistas entendían que era importante no provocar una guerra civil que podría trastocarlo todo, sino utilizar el dominio izquierdista total de las instituciones para convertir la Segunda República en una «República de nuevo tipo» precomunista[122]. Ni siquiera durante la guerra los comunistas consiguieron el control. Aunque lograron un estatus especial bajo Negrín, sobre todo en los asuntos militares, la República revolucionaria era semipluralista y multipartidista, a diferencia del bando revolucionario en las otras guerras civiles.

La extrema izquierda revolucionaria insistió en que la revolución que acompañó a la guerra fue la más intensa, profunda y popularmente movilizada que había tenido lugar jamás en Europa, aún más que la propia Revolución rusa. Al menos en cierto sentido, sin duda tenían razón, y su problema consistió en que la contrarrevolución fue también más fuerte que en Rusia. España en 1936 era un país social y cívicamente más moderno que la Rusia de veinte años antes, y la movilización y participación directa en ambos lados era mayor. Las izquierdas españolas eran más fuertes que las izquierdas no comunistas en otros países, no tanto en sus números proporcionales —al comienzo había muchísimos izquierdistas no comunistas en Rusia—, sino en su firmeza, identidad y espíritu de combate. Y así, durante el primer año del conflicto incluso tendieron a tachar a los comunistas pragmáticos de «contrarrevolucionarios».

Otra gran singularidad de la revolución española fue el enorme esfuerzo que se hizo para camuflarla y disfrazarla. Los únicos casos parcialmente semejantes fueron los de Yugoslavia y Grecia durante la Segunda Guerra Mundial y por la misma razón: para tratar de «vender» el nuevo sistema revolucionario y autoritario a las democracias occidentales. En España, hasta los anarcosindicalistas llegaron a comprender la importancia de este disfraz. Hubo otros falsos montajes propagandísticos en la época que tuvieron éxito, al menos temporalmente, como en los casos de la Unión Soviética y China, pero después de algunos años la mayor parte de la opinión internacional reconoció la verdad. Aún más singular en el caso español fue el éxito duradero de este montaje. Todos los demás mitos de la política radical del siglo XX —comunismo, fascismo, nazismo, maoísmo, castrismo— han sido desmitologizados y rechazados, pero la llamada «República democrática española» sigue en pie en el siglo XXI como el único mito superviviente.

Otros aspectos notables y singulares fueron que se trató de la más moderna de las guerras civiles en sus tácticas y armas militares, y también la más movilizada en términos de participantes, hasta el momento. Ambos ejércitos combinados movilizaron a más de dos millones de hombres, casi el 10 % de la población total, un porcentaje mayor que en Rusia o en cualquier otro país.

Aún más destacado fue su singular condición de guerra de religión, por la importancia y el carácter masivos de la violencia anticlerical y por la virulenta reacción que esta desató. En ciertos sentidos, fue este un componente casi tan importante como la movilización militar. En todas las guerras civiles revolucionarias de la primera mitad del siglo XX incidieron factores religiosos, pero nunca de forma tan determinante como en España. A pesar de la religiosidad nominal del conjunto de la población, en Rusia era frecuente un cierto anticlericalismo entre el campesinado, que no vivió la guerra civil rusa desde presupuestos religiosos en parte porque el odio de los bolcheviques a la religión no se expresó completamente hasta una fase posterior. En España, la gran importancia de la cuestión religiosa surgió del peso que tradicionalmente había tenido el catolicismo y de la obsesión con él de los revolucionarios.

No fue del todo sorprendente que la contrarrevolución acabara por imponerse, ya que eso era lo habitual en los países europeos. Había vencido en Finlandia, los Estados bálticos, Alemania, Italia y Hungría, y lo mismo ocurrió posteriormente en Grecia. Las excepciones fueron Rusia y, después, Yugoslavia. En España, la novedad consistió en que su Estado contrarrevolucionario no era el típico régimen parlamentario europeo, sino un sistema autoritario y radical, aunque no se puede considerar tan extraño teniendo en cuenta las condiciones europeas de la década de 1930, muy diferentes de las de la década anterior. Gracias a su combinación desigual de represión, astucia política y suerte en materia de relaciones internacionales, el nuevo sistema se mantuvo en el poder más que ningún otro Estado contrarrevolucionario, a excepción del régimen democrático parlamentario de Finlandia.

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN LA HISTORIA MILITAR

La guerra española fue la única de su época en la que se opusieron dos ejércitos totalmente organizados, poco interesados en un enfrentamiento irregular después de los primeros meses —los republicanos organizaron partidas de guerrilla, bajo instrucción soviética, pero no tuvieron gran impacto—. El Ejército Rojo de la guerra civil rusa pudo, obviamente, movilizar más hombres, pero, en proporción, los dos bandos españoles formaron ejércitos mejor organizados.

La Guerra Civil se libró con una asombrosa diversidad de armas procedentes de muchos países europeos y de Norteamérica. El Ejército Popular utilizó 35 tipos distintos de fusiles y 19 clases de ametralladoras, en tanto que los nacionales también usaron un amplio abanico de armas —a las que se unieron muchas tomadas a los republicanos— y lo hicieron con algo más de pericia, aunque la diversidad del armamento y las municiones supusiera un gran desafío para ambos bandos. Posteriormente, algunos analistas señalaron que la guerra había supuesto un hito en la historia militar, presagiando armas y tácticas de la Segunda Guerra Mundial. Aunque algo exagerada, la afirmación es cierta. En gran medida, la Guerra Civil española fue un conflicto de baja intensidad —aunque con ciertas batallas concretas de gran intensidad— que en su mayoría se libró con armas que se estaban quedando obsoletas.

No obstante, es verdad que los soviéticos, alemanes e italianos introdujeron algunas de sus últimas innovaciones armamentísticas —sobre todo aviones, pero también tanques soviéticos y cañones antiaéreos alemanes de último modelo— y hasta cierto punto utilizaron la guerra como campo de pruebas para sus armas y tácticas, aunque para ninguno de ellos esta fuera la razón principal para intervenir. La única táctica novedosa de relevancia que se utilizó en España fue la utilización de armas combinadas, que pretendía coordinar el empleo de la infantería, la artillería, los vehículos blindados y, sobre todo, el apoyo aire-tierra. Esas prácticas se convirtieron en la doctrina habitual de las Fuerzas Armadas soviética y alemana, pero en España solo pudieron aplicarse de manera rudimentaria o incompleta. Franco, sus lugartenientes y los comandantes republicanos, que tenían poca o ninguna preparación en la materia, fueron labrando su experiencia mediante la prueba y el error. Los asesores alemanes y soviéticos proporcionaron algo de instrucción, dieron consejos y, en ocasiones, los soviéticos contribuyeron a la dirección de las operaciones, en tanto que el personal alemán, italiano y soviético manejaba con frecuencia aviones, tanques y artillería. En líneas generales, quienes dieron un uso más eficaz a las armas combinadas fueron los nacionales, en cuyas operaciones desempeñaron un papel más importante a partir de la primavera de 1937.

No obstante, nunca se puso en práctica en toda su extensión la combinación de armas desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. La fantasía de que los alemanes pusieron a prueba en España la Blitzkrieg es enormemente exagerada, porque, en la época de la Guerra Civil, los estrategas germanos todavía no habían desarrollado del todo esa doctrina. Los tanques alemanes recibidos en España, pequeños e inadecuados, no podían competir con los vehículos soviéticos, de mayores dimensiones y potencia. Además, gran parte de la Guerra Civil española se libró en terrenos montañosos, que nada tenían que ver con los campos de Polonia, Francia o la Unión Soviética. En consecuencia, las operaciones mecanizadas fueron bastante sencillas. Los soviéticos pocas veces consiguieron utilizar eficazmente sus blindados.

En la última parte del conflicto, los mejores tanques de Franco eran los alrededor de 80 vehículos soviéticos incautados a los republicanos en relativamente buenas condiciones, organizados en dos unidades en el Ejército nacional. Este es solo uno de los muchos ejemplos de la profusa utilización que hicieron los sublevados del armamento incautado, un importante aspecto —poco mencionado— de la superioridad armamentística que ya tenían en 1938. Los cazas Polikárpov fabricados en la zona republicana y aprehendidos o terminados por Franco estuvieron en su Ejército del Aire durante unos quince años, mientras los tanques soviéticos, cada vez más obsoletos, formarían parte de sus unidades acorazadas durante casi dos décadas.

Otro mito de la guerra es el que afirma que, a consecuencia de los bombardeos de Guernica y otros lugares, España se convirtió en un campo de pruebas para llevar a cabo bombardeos estratégicos. Es cierto que, a través de las operaciones de la Legión Cóndor, los alemanes aprendieron a mejorar sus técnicas de bombardeo, pero no hubo ninguno estratégico de importancia. Se produjeron muchos ataques contra ciudades e instalaciones portuarias, pero siempre a pequeña escala. La Luftwaffe alemana no desarrolló grandes planes de bombardeo estratégico, ni siquiera en la guerra mundial, y nunca dispuso de bombarderos pesados capaces de transportar cargas suficientes para ello. Esta fue una de las razones por las que Alemania perdió la batalla de Inglaterra de 1940. Los ataques aéreos en España causaron numerosos daños, pero en la Guerra Civil una incursión aérea de envergadura era aquella en la que moría, como poco, un centenar de personas. No pueden compararse esas acciones con los desastres producidos en la Segunda Guerra Mundial, que causaron la muerte de miles personas en un solo bombardeo masivo.

La experiencia en España animó a los alemanes a especializarse aún más en la utilización de aviones de combate para apoyar operaciones en tierra. Asimismo, se puso de manifiesto la importancia de la concentración y los ataques en masa, además de la necesidad de utilizar tanto cazas para escoltar a bombarderos como cañones antiaéreos de gran calidad. En España, los pilotos de caza alemanes también desarrollaron la formación de combate en cuña de cuatro, sistema que les reportaría una ventaja táctica en el primer año de la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, a los alemanes no les impresionó la superioridad técnica de los tanques soviéticos, porque el Ejército Popular, mal preparado, pocas veces los utilizó con eficacia, y hasta 1942 no pusieron demasiado empeño en situarse al mismo nivel.

En 1936, los soviéticos, tan atrasados en muchos sentidos, estaban desarrollando la única flota estratégica de bombarderos cuatrimotores del mundo —los TB-3—, pero resultaron lentos y fáciles de atacar. El Gobierno de Negrín pidió que se enviaran algunas de esas naves, pero Stalin se negó, aduciendo que había demasiados problemas para transportarlas. Los bombarderos medios enviados a España, los bimotores Túpolev «Katiuska», de buena línea y rápidos, evidenciaron deficiencias técnicas y escasas cualidades defensivas. Los bombardeos republicanos no solían ser efectivos.

De todas las potencias, fue la Unión Soviética la que más interés mostró en estudiar la Guerra Civil española. Esto no se reflejó en la cantidad de personal que envió a España, bastante menor que el de italianos y germanos, sino en la magnitud de los estudios que se realizaron posteriormente. Como escribe Mary Habeck, la principal especialista occidental en el tema, «los oficiales soviéticos […], al contrario que sus homólogos alemanes, creían que el conflicto representaba una imagen válida de una gran guerra futura»[123]. Centenares de asesores militares soviéticos enviaron a la URSS numerosos informes que acabaron componiendo un apartado bastante considerable de los archivos del Ejército Rojo. Llegado el 23 de septiembre de 1937, el ministerio de Defensa soviético había preparado 57 cuadernos informativos y había publicado tres libros y 13 panfletos sobre las campañas en España. A los pocos meses aparecieron tres libros más y otros cuatro panfletos, algunos con grandes tiradas, de entre 6.000 y 10.000 ejemplares. Según el historiador militar Yuri Rybalkin, las dos principales editoriales militares publicaron entre 1937 y 1941 un total de 56 libros y artículos militares sobre las operaciones en España, eso sin incluir la larga lista de artículos aparecidos en otras publicaciones castrenses.

Los especialistas del Ejército Rojo obtuvieron experiencias útiles en muchos sentidos, desde la gestión y la ingeniería a ciertos tipos de sistemas de armamento. Los tanques soviéticos, como hemos visto, fueron, con mucho, los mejores en España, pero también pusieron de manifiesto serias deficiencias que, al corregirse, ayudaron a los especialistas en blindados a acelerar la transformación del BT-5 de la guerra española en el T-34, generalmente reconocido como el mejor de los tanques de la Segunda Guerra Mundial. En 1938, las nuevas aeronaves soviéticas de la guerra española se estaban quedando obsoletas en comparación con los últimos modelos alemanes, aunque esto aceleró el desarrollo de aviones más rápidos y eficientes, así como de los formidables aviones concebidos para realizar ataques aire-tierra que se fabricaron en 1942-1943. Hubo mejoras en las armas de infantería y de artillería, y también en otros tipos de equipamiento. Con todo, la Guerra Civil española no fue un factor determinante en este sentido, y en 1941, el Ejército Rojo poseía una gran cantidad de armamento anticuado, fruto de la hiperproducción estalinista de años anteriores, que había prestado más atención a la fabricación en masa que al desarrollo de nuevos modelos, algo que no se corrigió hasta 1942-1943.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los especialistas fue el error que se cometió en el análisis soviético respecto a las «lecciones militares» de la guerra española, esto es, la decisión en 1939 de abandonar la doctrina ofensiva de la concentración de vehículos blindados y las «operaciones en profundidad» —es decir, la Blitzkrieg al estilo soviético— a favor de pasar a la defensiva. No fue solo una consecuencia de haber sacado conclusiones erróneas del fracaso de los blindados soviéticos en España, sino también de otros cálculos políticos y estratégicos concebidos y apoyados por Stalin. Se dieron cuenta de su error en 1940-1941, cuando, con dificultad, volvieron a la doctrina anterior.

Fueron sobre todo los mandos militares francés e italiano los que o sacaron conclusiones erróneas o aprendieron poco de la guerra española. En 1938, los franceses habían llegado a la conclusión de que la experiencia española reforzaba su doctrina de priorizar la defensa, mientras que el hecho de que en España los nacionales ganaran con ayuda italiana fomentó cierta complacencia entre los italianos. Estos no hicieron mucho caso de las deficiencias de sus armas, y el ritmo con el que se desarrollaron las mejoras y se introdujeron nuevos modelos fue demasiado lento. De hecho, muy poca atención se prestó a las flagrantes deficiencias de las tanquetas italianas.

Los que mejor analizaron las «lecciones» fueron los alemanes, que se dieron cuenta de que las condiciones en España eran especiales —con una geografía muy accidentada—, y que una guerra en los campos de Europa central o del este sería muy diferente. Sacaron provecho de experiencias clave, como el uso de armas combinadas y el apoyo aire-tierra, que fueron fundamentales en las grandes victorias de 1939 a 1942. En cambio, no prestaron la suficiente atención a las deficiencias de sus tanquetas, que se mejoraron poco, probablemente porque las operaciones de los tanques soviéticos no habían tenido éxito.

LA GUERRA CIVIL EN LA HISTORIA INTERNACIONAL Y EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Durante la Guerra Civil, ambos bandos hicieron gala de un discurso muy patriótico para definir su lucha como una batalla contra un invasor extranjero. Ambos crearon mitos que hacían hincapié en los supuestos orígenes exógenos del conflicto. Los republicanos afirmaban que fue una conspiración tramada entre Hitler y Mussolini la que provocó la guerra y que la insurrección militar no fue más que un instrumento de aquellos. Los comunistas fueron los primeros en defender esta idea, que siempre estaría presente en el término oficial que los soviéticos utilizaron desde entonces para designar el conflicto: «la guerra nacional-revolucionaria de España». Y, por su parte, los nacionales propagaron la noción de que fue consecuencia de un complot comunista para llevar a cabo un golpe de Estado revolucionario, que hizo necesario un alzamiento militar preventivo. Si la lucha republicana se definía como una batalla antifascista librada contra Alemania e Italia, la de los nacionales se presentaba como fundamentalmente anticomunista y en contra de la Unión Soviética.

Ciertamente, en 1938 los cálculos internacionales condicionaron la estrategia de ambos bandos, ya que la situación europea era cada vez más tensa. Como se ha visto, en la primavera de ese año Franco, desvió sus operaciones fuera de Cataluña y en dirección a Levante, al menos en parte para evitar cualquier actividad en la frontera francesa que París pudiera interpretar como una provocación. Por su parte, Negrín estaba convencido de que la clave del conflicto estaba en la dimensión internacional. Con la seguridad de que pronto estallaría una gran guerra, el eslogan «Resistir es vencer» abogaba por continuar en la lucha hasta que una intervención franco-británica —se creía— salvara a la República.

Los republicanos siempre insistieron en que su guerra se encuadraba en otro conflicto más grande contra el fascismo y se creían vindicados cuando, solo seis meses después del fin de la Guerra Civil, la invasión alemana de Polonia provocó el gran conflicto europeo. Anunciaron enseguida que la contienda española había sido la «primera batalla», la «primera vuelta» o «el preludio» de la Segunda Guerra Mundial. También algunos estudios eruditos sostuvieron esta teoría, empezando por el de Patricia van der Esch, Prelude to War: The International Repercussions of the Spanish Civil War (1951). ¿Estaban equivocados?

En un sentido obvio, la respuesta debe ser que sí. La guerra española fue un claro enfrentamiento revolucionario/contrarrevolucionario entre la izquierda y la derecha, con las potencias fascistas apoyando a esta y la Unión Soviética a aquella. En cambio, el «preludio» a la Segunda Guerra Mundial en Europa no fue el conflicto español, sino el pacto germano-soviético de agosto de 1939, que lo puso todo del revés proporcionando a Hitler la seguridad suficiente como para invadir Polonia. Al contrario de la rivalidad en España, se constituyó una entente totalitaria cuyo propósito era permitir que la URSS se hiciese con una considerable porción de terreno en el Este de Europa mientras Alemania conquistara, si podía, grandes territorios en el centro y el oeste. Con ello se trocaban por completo los términos del conflicto español, creando el equivalente de un acuerdo amistoso entre Franco y Dolores Ibárruri.

La fórmula puede invertirse con la conclusión de que la Guerra Civil y la revolución española constituyeron la última de las crisis revolucionarias derivadas de la Primera Guerra Mundial, que antes había tenido lugar en el este y el centro, y finalmente pasó al oeste de Europa en un país neutral, cuya politización había quedado postergada por esa neutralidad. En términos militares y armamentísticos, la Guerra Civil se asemejó tanto a la Gran Guerra como a la Segunda, y la situación en España tenía más rasgos propios de una crisis revolucionaria propia del fin de la Primera Guerra Mundial que de una crisis doméstica de la era de la Segunda. Entre ellos destacan: 1) el colapso de las instituciones, diferente de los golpes de Estado y las imposiciones legalistas del autoritarismo que surgirían en la década de 1930; 2) el estallido de una guerra civil revolucionaria/contrarrevolucionaria, un fenómeno bastante más habitual tras la Primera Guerra Mundial, pero desconocido en la década de los años treinta y que, después, solo resurgiría en los Balcanes; 3) la formación de un Ejército Rojo típico del fin de la primera gran guerra europea: el Ejército Popular; 4) la enorme exacerbación del nacionalismo en la zona de Franco y en Cataluña y Vizcaya; 5) el empleo en la mayor parte del conflicto de conceptos y material militares más propios de la Primera Guerra Mundial; y 6) el hecho de que la extrema izquierda marxista tanto en España como en el extranjero la aplaudiera exactamente en estos términos como el último y mayor de todos los brotes revolucionarios de la época posterior a la Primera Guerra Mundial.

Mucho más que la intervención en España, fue la negociación del pacto con Hitler la que obedeció a la clásica doctrina estalinista de promover la «segunda guerra imperialista» —mientras que la Unión Soviética permanecía técnicamente neutral—, un término que, desde 1925, venía utilizando para referirse al próximo gran conflicto en Europa. Según esa doctrina, Moscú debía alentar el enfrentamiento entre las potencias imperialistas, porque otra gran guerra debilitaría a los principales Estados capitalistas. Mientras tanto, la URSS se fortalecería todo lo posible y estaría preparada para entrar en el conflicto en el momento decisivo, determinando su resultado y abriendo Europa al avance del comunismo. Hasta cierto punto, así es como funcionó a la larga, pero entre 1933 y 1939 el miedo y la frustración hicieron presa en Stalin debido a que la agresión alemana parecía apuntar a la Unión Soviética y no tanto a Occidente. Por eso, Moscú emprendió su política de seguridad colectiva que resultó ser un estrepitoso fracaso. En 1939, en cambio, el pacto germano-soviético estableció las condiciones preferidas por la URSS, aunque este «pacto con el diablo» llevó a la crisis a varios de los partidos de la Comintern.

En contradicción con la política soviética vigente entre 1934 y 1939, la Comisión Ejecutiva de la Internacional Comunista lanzó el eslogan de que el enfrentamiento armado entre Alemania y las democracias occidentales era una «guerra imperialista» en la que los comunistas no debían verse implicados. En septiembre de 1939, durante la invasión alemana y soviética de Polonia, se explicaba en una circular a los varios partidos de la Comintern que «hasta ahora, todos los esfuerzos por encender la hoguera de la revolución mundial han fracasado. ¿Cuáles son los requisitos previos de una revolución? Una guerra prolongada tal y como se explica en los escritos de Marx, Engels y Lenin. Por tanto, ¿cuál debe ser la actitud de la URSS para acelerar la revolución mundial? Apoyar a Alemania para que empiece una guerra y asegurarse de que esta continuará»[124].

Este radical rechazo del «antifascismo», que hacía de Moscú un semialiado de Berlín, fue sencillamente demasiado para miles de comunistas en varias partes del mundo, que abandonaron el partido. Pero provocó poco revuelo en el PCE, cuyos líderes repetían con docilidad la cantilena y afirmaban tajantemente que la guerra española no había tenido nada que ver con la nueva guerra mundial. Su manifiesto del 25 de septiembre de 1939 proclamaba que ambas guerras eran completamente independientes: «La guerra europea actual no tiene nada en común con la guerra justa, con la guerra de independencia nacional que llevaban los obreros, los campesinos, las masas populares de España contra la reacción interior e internacional»[125]. La guerra europea era simplemente una lucha entre dos «imperialismos capitalistas».

Varios historiadores han negado que la Guerra Civil tuviese un efecto significativo en las relaciones internacionales. Según Pierre Renouvin, sus consecuencias fueron «modestas», y afirma que «sería una exageración ver en esta guerra un “preludio de la de Europa”»[126]. A. J. P. Taylor mantuvo la tesis de que el conflicto español no ejerció ninguna influencia importante sobre las grandes potencias, y el autor de The Origins of the Second World War (1986), P. M. H. Bell, llegó a la conclusión de que, en lo concerniente a los grandes asuntos internacionales, el conflicto fue, simplemente, un caso de «mucho ruido y pocas nueces».

Muy importante era la actitud del Gobierno conservador en Londres, para quien Franco era un dictador aceptable, ciertamente mejor que los revolucionarios republicanos, más o menos lo que gente como los españoles «merecían», alguien que podía meterlos en cintura y proteger los intereses generales. Era un derechista autoritario, pero no un lacayo de Hitler, y podría mantener la independencia de España. Así fue, a la larga, pero el camino era muy complicado y no era imposible que acabara en el desastre.

Para los republicanos, el Caudillo nacional era un mero títere de Hitler, aunque lo cierto es que Alemania tenía menos influencia en la España nacional que la Unión Soviética en la España republicana; pero no cabe duda de que Franco se sentía decididamente orientado hacia los países del Eje. Tras la caída de Francia en 1940, comenzó a sentir interés por entrar en la guerra al lado de Hitler siempre que este estuviera dispuesto a concederle las exorbitantes condiciones que Franco quería imponerle.

Al año siguiente, la invasión alemana de la Unión Soviética despertó gran entusiasmo en Madrid. En 1939, la destrucción a manos de Alemania del régimen católico y autoritario de Varsovia —que no solo se parecía al español, sino que había demostrado sus simpatías hacia este— no gustó a Franco y a sus socios en el poder, pero el ataque alemán a la URSS, a la que consideraban su principal enemigo, se recibió con regocijo. Por una vez, el Generalísimo estuvo de acuerdo con sus enemigos republicanos cuando declaró en público, en julio de 1941, que la gran guerra europea era una continuación de la lucha contrarrevolucionaria y antisoviética de los nacionales en la Guerra Civil. Desde junio de 1940 había declarado la «no beligerancia» de España —lo que no quería decir «neutralidad»—, un estatus predispuesto hacia los países del Eje.

Con todo, Franco no dejó de insistir en las condiciones que debían cumplirse antes de entrar en guerra: apoyo económico y militar masivo, y la cesión de todo Marruecos, el noroeste de Argelia y una gran porción de tierra en la zona occidental del África francesa. Hitler no podía permitirse tales promesas, porque, de hacerlas, se enfrentaría al régimen francés de Vichy, cuya cooperación era indispensable para Alemania. Por tanto, Franco nunca dio el salto, aunque durante mucho tiempo confió en la victoria alemana. Ni siquiera la entrada de Estados Unidos en la guerra alteró demasiado los cálculos en Madrid. En 1942 todavía se creía que, cuando las condiciones llegaran a ser más favorables, España podría entrar en el conflicto. Solo a finales de 1942 Franco empezó a entender que Hitler nunca podría lograr la victoria y que España ya no debía pensar en participar en el conflicto. En 1943, cuando la campaña del noroeste de África se había acercado a España, hubo tanta preocupación en Madrid por una invasión alemana como por la de los aliados angloamericanos. Aun así, el régimen español no se volvió oficialmente a la neutralidad hasta octubre de 1943, demasiado tarde para preservar todos los intereses del régimen.

La Segunda Guerra Mundial solo llegó a parecerse un poco más a la coalición de la Guerra Civil española en diciembre de 1941, cuando se creó una especie de alianza de «frente popular» internacional, algo sin duda completamente imposible si no hubiera sido por las agresiones irracionales e insensatas de Alemania y Japón. Fue muchísimo más amplio que el Frente Popular español —solamente una alianza de izquierdas, salvo por los nacionalistas vascos de Vizcaya—, pues incluía a los grandes sectores conservadores de la sociedad capitalista estadounidense y británica, e incluso elementos de extrema derecha —sin excluir a algunos fascistas patrióticos en algunos países—. Fue esta enorme coalición la que ganó la guerra. Si Hitler hubiera librado una guerra a la española, solo contra las izquierdas representadas por la Unión Soviética, probablemente habría ganado la contienda. Ni la guerra europea de 1939-1941, centrada en el acuerdo germano-soviético, ni la guerra verdaderamente mundial de 1941-1945 fueron un reflejo de la española.

Aunque la Guerra Civil no fue ningún «preludio» o «primera vuelta» de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un impacto significativo en las relaciones internacionales. Sin necesidad de vincular ambos conflictos, los historiadores han ofrecido el argumento de que el español ayudó a sentar algunas bases psicológicas en las relaciones internacionales. Se ha sugerido que el comportamiento de Gran Bretaña y Francia con respecto a la guerra española hizo creer a Hitler y Mussolini que las democracias estaban dispuestas a aceptar mayor número de acciones agresivas. Según esta interpretación, la Guerra Civil no fue ningún preludio, sino un eslabón en una serie de sucesos: las crisis en las que las potencias fascistas actuaron de modo agresivo y las democracias con pasividad: Etiopía (1935), Renania (1936), España (1936-1939), Austria (1938) y los Sudetes (1938).

La política hitleriana de utilizar y prolongar el conflicto español para distraer a Europa de su propia carrera armamentística y su expansión por Centroeuropa tuvo bastante éxito. Por un lado, se sirvió de las complicaciones provocadas por la situación en España para evitar llegar a acuerdos con Francia y Reino Unido y, por otro, calculó —y acertó en este cálculo— que la continuación de la guerra serviría para dividir internamente a Francia y que esta dejaría de prestar toda su atención a Alemania, en un momento —de 1936 a 1938— en el que el rearme alemán no había llegado al punto de equilibrar las fuerzas entre ambos países.

Además, la Guerra Civil fue un incentivo para lograr esa entente germano-italiana a la que Hitler siempre había aspirado. Mussolini fue el dictador que más invirtió en la lucha española, privando a la política italiana de su libertad de maniobra y vinculándola cada vez más a Alemania, quien llevaría la voz cantante en casi todas las iniciativas futuras. Esta reordenación posibilitó la anexión de Austria en marzo de 1938 y facilitó el avance hasta Checoslovaquia.

Desde esta perspectiva, no puede decirse que Francia y Reino Unido ignorasen a España, sino que, por el contrario, le prestaron más atención que a Austria y Checoslovaquia. Como ha apuntado Willard Frank:

Incluso en 1938, el año de Múnich, los parlamentarios británicos presentaron casi tantas interpelaciones acerca de España y el Mediterráneo como sobre Alemania y Centroeuropa […]. La Cámara de los Diputados francesa tuvo que suspender sus deliberaciones dos veces el mismo día porque el tema de España amenazaba con provocar una refriega[127].

La cuestión española dividió a Francia y complicó y desorientó su política general, reforzando la tendencia a dejar en manos británicas la toma de decisiones. De esta manera, Londres se convirtió en el elemento dominante en la alianza entre las dos democracias.

La intervención germano-italiana en España provocó una contraescalada soviética, pero no fue lo bastante grande como para que la República ganara la guerra. A Stalin le amedrentaron las posibles consecuencias internacionales si llevaba su intervención demasiado lejos, lo que resultó incluso ventajoso para Alemania, en el sentido de que aumentó las sospechas de las democracias europeas y las alejó aún más de la revolucionaria y subversiva Unión Soviética. En Francia solo sirvió para que su alto mando militar se reafirmara en la convicción de que el objetivo de la política soviética era provocar una guerra entre las potencias occidentales —convicción que era, además, cierta—. Cuanto más intervino Stalin en España y más agresivo era su papel en el Comité de No Intervención, menos posibilidades había de un acercamiento entre París y Moscú contra Berlín. La política de la URSS resultó ser contraproducente y solo benefició a sus servicios de espionaje. En abril de 1939, la Unión Soviética estaba más aislada que en julio de 1936.

El estallido de la guerra europea no dependió en absoluto de la española. Igualmente se habría producido sin esta, pero las ramificaciones de la lucha en España ayudaron a determinar el ritmo de los asuntos europeos. Sin las complicaciones creadas, las democracias podrían haberse mostrado más enérgicas con Hitler, y quizá Mussolini hubiese retrasado, e incluso evitado, una entente con Alemania. De igual manera, de no haber podido aprovecharse de todas esas distracciones, los movimientos de Hitler en 1938 habrían sido más lentos.

Después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mito de la «guerra nacional-revolucionaria española» desempeñó un papel destacado en el establecimiento de las nuevas democracias populares soviéticas en el Este de Europa. Sirvió de faro a las posibilidades de revolución en Occidente y los veteranos de las Brigadas Internacionales ocuparon puestos relevantes en el desarrollo de los subsiguientes regímenes totalitarios, sobre todo en asuntos militares y de seguridad. Donde llegó a ser de verdad importante fue en la República Democrática Alemana, porque se convirtió en un referente básico del antifascismo occidental revolucionario[128].

En cuanto al régimen de Franco, cometió una serie de errores fundamentales en la Segunda Guerra Mundial que le alejaron de ser el dechado de prudencia que en ocasiones se ha dicho, pero evitó cometer el error fundamental. A la larga, las evasivas de Franco llegaron a irritar a Hitler, que consideraba al dictador español un desagradecido que no valoraba la ayuda que le había prestado y un miope sin remedio por pensar que su régimen sobreviviría si Alemania era derrotada. Confesaba estar profundamente desilusionado con el general, al que creía un oportunista cínico y carente de principios, y llegó a decir que durante la Guerra Civil el idealismo no estaba en el bando de Franco; estaba en el de los rojos. Como muchos otros observadores, Hitler consideraba a Franco un incompetente en política y creía que su Gobierno «reaccionario» no tardaría en caer. Ello provocaría otra guerra civil y, cuando tal cosa pasara, dijo el Führer, no dudaría en ponerse, esta vez, al lado de los «rojos»[129].

Durante la segunda mitad de la guerra mundial en Europa, ambos bandos pretendieron lo mismo del Gobierno español: que se mantuviese neutral y no apoyase al contrario. En 1944, cuando los aliados ya iban ganando, Washington comenzó a presionar al régimen de Madrid incluso más de lo que había insistido Berlín. A regañadientes, Franco hizo las concesiones necesarias para sobrevivir, pero nunca fue más allá de lo que le obligaron. Cuando terminó la guerra, había formulado una nueva política estratégica que haría posible la supervivencia de su régimen, a pesar del ostracismo internacional de 1945 a 1949, y luego ganar la plena prosperidad en un mundo posfascista. Políticamente, España viviría en un «estado de excepción» durante cuatro décadas.

EPÍLOGO

LA MANIPULACIÓN POLÍTICA DE LA GUERRA CIVIL EN EL SIGLO XXI

Veinticinco años después del fin de la Guerra Civil, en 1964, el régimen de Franco organizó una gran conmemoración por los «Veinticinco Años de Paz», la más extensa orgía propagandística en todo el largo «reinado» de Franco. Fue la época de la más rápida e intensa transformación de España a lo largo de su Historia. Cuando Franco murió en 1975, la España agrícola y semianalfabeta de 1936 había sido reemplazada por un país transformado y moderno —moderno en casi todos los aspectos, salvo en la estructura política—. La Transición a la democracia que comenzó en el siguiente año tuvo éxito no solo por las iniciativas y acuerdos constructivos de sus nuevas élites políticas, sino porque la transformación experimentada en otros ámbitos había creado las bases de una moderna sociedad civil.

Un siglo antes —en 1875-1876— había existido una decidida conciencia histórica y una clara determinación de no repetir los errores del pasado. Aunque las izquierdas, en un principio, adoptaron la posición de los republicanos de 1931, insistiendo en la rendición de todo el Gobierno ante ellas, pronto el nuevo liderazgo hizo evidente su buena fe y su firmeza. En 1977, las izquierdas acabaron pactando y colaborando en el único proceso de toda la Historia contemporánea de España que negoció una Constitución entre los principales sectores políticos.

España tenía fama de ser la tierra del fracaso y la división políticos, pero en 1978 recibió el aplauso internacional, virtualmente unánime, por el éxito de su democratización. Además, ofreció el primer ejemplo en toda la Historia contemporánea de Europa, desde la Revolución rusa, de una transición pacífica, sin violencia entre las fuerzas políticas nacionales[130], no por rebelión o por derrocamiento, sino desde dentro hacia fuera, empleando las mismas leyes e instituciones de la dictadura para alcanzar la democracia. En ningún otro país tuvo lugar un proceso semejante con un régimen autoritario firmemente establecido durante tantos años, sin que confluyera con una derrota militar exterior. En 1936-1937 el horror de la Guerra Civil fascinó a toda Europa y al mundo occidental; cuarenta años más tarde, el proceso cívico español era una maravilla a ojos de casi todos.

La conciencia de la Historia fue muy importante en este proceso, porque hubo una voluntad evidente de no repetir los errores sectarios de 1931-1936. Se llegó a crear un entendimiento tácito que consistía en que se dejaría la Historia en manos de los historiadores y de los medios de comunicación, y que no se emplearían argumentos ni propaganda derivados de la Historia en la competición política diaria. La Historia en sí estuvo muy presente durante la Transición, no como arma política en la lucha partidista, sino en las universidades, en las publicaciones de todo tipo y en los medios de comunicación. Probablemente, la Historia contemporánea haya recibido más publicidad durante estos años que en cualquier otra época. Hubo también cierto grado de ecuanimidad: todo el mundo tenía su punto de vista, pero existía tolerancia para aceptar puntos de vista diferentes. En 1990, un historiador tan solvente como Javier Tusell afirmó, sin duda con un poco de exageración, que se podría leer un escrito sobre la Historia más reciente sin saber si el historiador tendía a la izquierda o a la derecha.

En el mundo de la política, la actitud con respecto a la Historia cambió por primera vez durante la campaña electoral socialista de 1993. Hasta entonces, el éxito electoral de Felipe González había sido extraordinario. Nadie en la historia parlamentaria del país había ganado tres elecciones consecutivas. En este contexto, los socialistas volvieron a su antigua idea de «hiperlegitimidad» —que tácitamente habían abandonado durante la Transición—, según la cual solo las izquierdas podían ostentar el poder legítimamente. Es decir, empezaron a olvidar la Historia. Ya no aceptaban la posibilidad de una derrota, opción perfectamente normal en la vida política democrática. En 1993, González comenzó a emplear una nueva retórica al enfrentarse a José María Aznar y al Partido Popular, alegando que un voto a favor de este sería un voto para volver al franquismo. Después del tono blandengue empleado por Aznar en el segundo debate de televisión, González ganó los comicios de 1993 —aunque no con una victoria tan contundente como en ocasiones anteriores—, pero a costa de haber transgredido una de las normas de la Transición. El empleo de la Historia como arma política se repetiría en las elecciones siguientes, aunque los efectos conseguidos fueron menores.

Sin embargo, el argumento político basado en una versión de la historia llegaría a ser más importante en el siglo XXI. Ya no se trataba de una singularidad de la Historia o de la vida política española, sino más bien una variante específicamente española de una tendencia más general. Era una consecuencia, en el mundo occidental, del dominio de las doctrinas de la corrección política, la nueva religión que ha llegado a ser prácticamente de dominio universal. Esta es la primera religión secular, o ideología moderna, que no tiene nombre oficial, sino que se denomina con varios términos, como «el buenismo» o la pensée seule. Es también la primera que ha surgido de la democracia, y no de las sociedades y culturas predemocráticas, y la primera cuyos orígenes son, en una parte considerable, norteamericanos. También es original porque, mucho más que en el caso de sus predecesoras, es el resultado de la secularización del cristianismo —especialmente del protestantismo liberal—, mezclado con residuos de un marxismo transformado.

Su influencia principal con respecto a la Historia ha surgido con la doctrina del victimismo, concepto absolutamente fundamental en esta ideología. Con el declive de las doctrinas clásicas de izquierda, como el socialismo, el comunismo y el anarquismo, las ideas clave no se fijaban tanto en conceptos socioeconómicos, sino en cuestiones políticas y socio-morales. La principal, ya a finales del siglo XX, es la del victimismo, reemplazando el ideal histórico del héroe —la norma clásica— por el de la víctima. En la aplicación de esta nueva norma, la Historia es muy importante porque esta se define básicamente como la crónica de la victimización. Las personas identificadas como víctimas son los beatos y mártires de esta nueva religión. Mientras el cristianismo predicaba el rechazo del mundo pecaminoso, la nueva religión secular predica la transformación milenaria de un mundo pecaminoso y victimario por medio del progresismo actual, algo que, entre otras cosas, requiere el rechazo de la Historia y, por tanto, de la civilización occidental en su forma y cultura históricas.

Entendida de este modo, la Historia es una narración de la opresión y de la ausencia de nuevas normas que deben dominar la sociedad, tanto en su comprensión del pasado como del futuro. Los protagonistas de la Historia han sido por definición unos victimarios y merecen la condena más severa. Como en la antigua Unión Soviética, la función de la Historia es «desenmascarar» y denunciar esta opresión y controlar la vida política cotidiana para repudiarla. La nueva doctrina impone un «presentismo» cuyas normas deben ser consideradas válidas universalmente y para cualquier época. La arrogancia y la conciencia de superioridad moral de los victimistas son totales.

El movimiento de la «memoria histórica» en España es, sobre todo, una hechura de esta ideología, aunque alguna de sus facetas pueda tener, al menos en parte, unos orígenes más serios. La Asociación para la Memoria Histórica, dirigida por Emilio Silva, fue fundada en primera instancia para recuperar los restos de algunos de los represaliados en la Guerra Civil que no habían sido identificados y sepultados debidamente. De tales orígenes dignos, sin embargo, pasó a convertirse en una maniobra puramente política para encomiar a los revolucionarios de la Guerra Civil, bautizándolos como «demócratas», y denunciar a Franco. Todo esto, basado en una versión simplista y sesgada de la Segunda República y la Guerra Civil, en un primer momento culminó en lo que se conoce informalmente como la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero (2007), que proveyó fondos públicos para actos y propaganda, y la excavación de fosas.

Esta ley ha sufrido una nueva radicalización mediante la presentación en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley número 190-1 por el Grupo Parlamentario Socialista, el 22 de diciembre de 2017. Intelectualmente adolece de los mismos defectos de la legislación de diez años antes, ya que presenta la «memoria histórica» como memoria y como historia, cuando no puede ser ni la una ni la otra. Como he explicado en otras publicaciones[131], la «memoria histórica» no existe. Es un oxímoron, una contradicción en sus propios términos. La verdadera memoria es siempre individual y subjetiva, mientras la Historia es objetiva, basada no en memorias subjetivas, sino en documentos y otros datos más objetivos. No es una obra únicamente individual, sino que es producto del trabajo de todos los historiadores serios que buscan la objetividad. Los historiadores profesionales que trabajan en el campo técnico que se llama «memoria colectiva» están de acuerdo en que se trata de una creación cultural o política, un artefacto del presente con respecto al pasado.

La nueva propuesta socialista es bastante peor que su antecesora, que pretendía establecer una interpretación de la Historia a través de la acción del Estado, porque pretende criminalizar el juicio y las opiniones de los historiadores, al estilo soviético. Busca crear una checa historiográfica mediante la creación de una Comisión de la Verdad, que tendrá la capacidad de decretar los términos de discusión de la Historia española contemporánea. Para los que infringen tal norma arbitraria se prescriben castigos directos: encarcelamiento de uno a cuatro años, multas de hasta 150.000 euros y, para profesores y maestros, la inhabilitación para la docencia. La aprobación de una norma de este calado significaría el comienzo del fin del Estado liberal y democrático de derecho creado en 1977-1978[132].

La interpretación de la Guerra Civil presentada por la «memoria histórica» es simplista, maniquea y ahistórica. De entrada, nunca hay ninguna discusión sobre los orígenes de la contienda, ni de la larga serie de atropellos que se produjeron entre febrero y julio de 1936. Siempre se presenta a la Segunda República como un paraíso democrático, sin la menor discusión sobre los graves abusos que tuvieron lugar. No hay una palabra de autocrítica de los socialistas, cuando este partido fue la fuente principal de la violencia política de 1934-1936. Según ella, la amplia insurrección militar de 1936 no fue tal, sino un «golpe de Estado fascista» contra una democracia casi perfecta. La revolución, a pesar de sus grandes dimensiones, casi no se discute, porque pasar por encima de ella forma parte del «gran camuflaje» que ha llegado hasta el siglo XXI. Lo que más llama la atención es que todo esto no tiene nada que ver con la Historia, sino que, después de ochenta años, todavía no es más que la repetición de los tópicos de la propaganda guerracivilista.

Puesto que las izquierdas viven inmersas en la cultura del victimismo, lo más importante para ellas es la cuestión de las víctimas. Es notable que todas parecen ser de izquierdas, dato realmente extraordinario en una gran guerra civil. Las víctimas resultado del asesinato en masa de no izquierdistas por izquierdistas no parecen ser «víctimas», una conclusión aún más extraordinaria cuando algunos escritores izquierdistas sugieren que las víctimas de la violencia izquierdista en cierto sentido «lo merecían» por no ser obreros —salvo que, en realidad, algunas sí que eran obreros—. Casi nunca se refiere a la enorme violencia anticatólica —por su volumen e intensidad, única en el mundo— y en ocasiones se sugiere que la Iglesia y los católicos igualmente «lo merecían». Todo esto es una farsa y un fraude del mismo concepto de victimismo. Mientras los derechistas, por lo general, «lo merecían», nunca hay la menor disposición de reconocer —a pesar del gran número de evidencias presentado— que al menos una parte considerable de las víctimas —realmente victimarios—, izquierdistas juzgados y condenados por los tribunales militares, sí eran culpables de acciones condenables en aquella época en los tribunales de cualquier país.

Todo este discurso parece que derive más de un cuento de hadas que de la Historia seria, pero es un discurso dominante, incluso en la mayor parte de las universidades. En el siglo XXI, la época de la «posverdad», del victimismo y de las políticas de identidad, la Historia, sobre todo la contemporánea, ha llegado a estar muy politizada y tergiversada en casi todos los países europeos y occidentales, pero en ninguno como en España.

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STANLEY GEORGE PAYNE. (Denton, Texas, 1934) es un hispanista estadounidense. Doctor en Historia por la Universidad de Columbia y profesor emérito de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde ostenta la cátedra Hilldale-Jaume Vicens Vives. También es codirector del Journal of Contemporary History, miembro de la American Academy of Arts and Sciences (Academia Americana de Artes y Ciencias), y, desde 1987, académico de la Real Academia Española de la Historia.

Payne escribe con cierta frecuencia artículos de opinión en los periódicos españoles ABC y El Mundo sobre actualidad hispana. También en la Revista de Libros colabora asiduamente con sus ensayos bibliográficos.

Con dilatada presencia en el panorama académico español, dirigió en la Universidad de Burgos, en julio del 2005, el curso «La represión durante la guerra civil y bajo el franquismo: historia y memoria histórica». El 9 de junio de 2004, la Universidad privada católica Cardenal Herrera-CEU lo nombró doctor honoris causa. En 2006 Payne fue el director del curso «La guerra civil: conflicto revolucionario y acontecimiento internacional» en la Universidad Rey Juan Carlos, España.

En 2009 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Notas

[1] Aunque algún historiador ha insistido en que esto incluye principalmente a los que murieron en la batalla, y que los ejecutados no fueron más de 4.000. Incluso si esto fuera cierto, habría sido una represión muy sangrienta. El estudio más reciente, de John M. Merriman, Massacre. The Life and Death of the Paris Commune, Basic Books, Nueva York, 2017, no consigue resolver la cuestión, sino que insiste en que todos estos muertos registrados fueron víctimas de ejecuciones políticas. <<

[2] D. Diner, Cataclysms: A History of the Twentieth Century from Europe’s Edge, UW Press, Madison, Wisconsin, 2008. <<

[3] Ibíd., págs. 12-13. <<

[4] Ibíd. <<

[5] Es probable que la invasión napoleónica de 1812 hiciera más daño a Rusia, pero duró solo un año. <<

[6] La historiografía española a menudo ha considerado que este fenómeno era específico de los patrones barceloneses, pero la verdad es que no fue algo tan singular desde un punto de vista internacional. Las sangrientas luchas obreras fueron frecuentes en Estados Unidos entre 1870 y 1930, donde los patrones norteamericanos crearon verdaderos cuerpos armados privados. Véase L. Adamic, Dinamita, La Linterna Sorda, Madrid, 2017. <<

[7] M. Platón, La Segunda República: de la esperanza al fracaso, Actas, Madrid, 2017, pág. 12. <<

[8] M. Platón, Segunda República: de la esperanza al fracaso, ob. cit., pág. 12 <<

[9] J. Pla, Historia de la Segunda República española, Destino, Barcelona, 1940, IV, passim. Los herederos del gran escritor y periodista catalán han rechazado los pedidos de varias editoriales para hacer una nueva edición de esta obra, juzgándola «políticamente incorrecta» y sumamente incómoda para las izquierdas del siglo XXI y su llamada «memoria histórica». <<

[10] En cuanto a los datos sobre la violencia, véase M. Álvarez Tardío, «The Impact of Political Violence during the Spanish General Election of 1936», Journal of Contemporary History (julio de 2013), 48: 3, págs. 463-485, y también E. González Calleja, Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936), Comares,Granada, 2015, págs. 257 y sigs., y J. Blázquez Miguel, España turbulenta. Alteraciones, violencia y sangre durante la II República, María Dolores Tomás Pérez, Madrid, 2009. <<

[11] El fraude cometido en Cáceres se admite en la obra del escritor socialista F. Ayala Vicente, Las elecciones en la provincia de Cáceres durante la Segunda República, Editora Regional de Extremadura, Mérida, 2001. <<

[12] El estudio clave es M. Álvarez Tardío y R. Villa García, 1936: Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, Espasa, Madrid, 2017. <<

[13] En una carta a su cuñado y mejor amigo, Cipriano Rivas Cherif, del 19 de marzo de 1936, publicada por este en su Retrato de un desconocido, Grijalbo, Barcelona, 1980, págs. 665-668. <<

[14] Es decir, una visión no acostumbrada de la conspiración militar, muy distorsionada bajo el mandato de Franco, sino que se basa en la nueva investigación de Roberto Muñoz Bolaños, cuyo estudio sobre el tema está en prensa. <<

[15] Según parece, este es el origen del concepto de cuatro columnas avanzando sobre Madrid apoyadas por una «quinta columna» de otros activistas encubiertos en la capital. Se ha dicho que Mola lo planteó en un discurso de radio a inicios del mes de octubre, aunque no se ha encontrado la cita exacta. <<

[16] Como, por ejemplo, el asesinato horas antes del oficial socialista de la Guardia de Asalto José Castillo, muerto, según parece, por un oficial del Ejército afiliado a Falange Española. Fue este asesinato, muy al estilo acostumbrado en aquellos meses, lo que estimuló a los activistas de izquierdas a secuestrar a Calvo Sotelo. <<

[17] M. Tagüeña Lacorte, Testimonio de dos guerras, Planeta, Barcelona, 1978, pág. 73. <<

[18] J. Pérez Salas, Guerra de España (1936-1939), Imprenta Grafo, México, D. F., 1947, págs. 82-83. <<

[19] Implícitamente, Franco estaba de acuerdo con ese planteamiento; al menos ese fue su punto de vista durante cuatro meses: una sublevación débil no haría más que empeorar la situación para las derechas. <<

[20] Casares Quiroga sirvió de enlace en el pronunciamiento republicano fracasado de diciembre de 1930 y fue detenido enseguida. Mola, entonces director general de Seguridad, le trató con la máxima consideración, trasladándole inmediatamente a una cárcel más cómoda en Madrid. Por eso Casares siempre consideró que Mola era un perfecto caballero, y creía que, como hombre de tendencias básicamente liberales, nunca se rebelaría. Se equivocó. <<

[21] Según A. Trapiello, Las armas y las letras, Destino, Barcelona, 2010, pág. 80. <<

[22] M. Azaña, «La velada en Benicarló», en Obras completas, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2007, vol. 6, pág. 58. <<

[23] El término «nacionales»se tradujo inmediatamente al inglés y algunos otros idiomas como «nacionalistas» y así ha quedado en la historiografía anglosajona, entrando también en el léxico español del siglo XXI, aunque en castellano es anacrónico y «presentista», es decir, no histórico. En general, los republicanos se llamaban a sí mismos «republicanos», el único término conveniente también a la propaganda oficial de «la democracia». A la vez, uno y otro bando no tardó en referirse al adversario con los términos «fascista» y «rojo», respectivamente, a pesar de que la mayor parte de los nacionales no fueran fascistas y algunos de los republicanos no fueran verdaderos rojos. <<

[24] J. Barraycoa, Los (des)controlados de Companys, Libros Libres,Madrid, 2016, pág. 114. <<

[25] C. M. Rama, La crisis española del siglo XX, Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1960. <<

[26] C. Campoamor, La revolución española vista por una republicana (París, 1937), Espuela de Plata, Madrid, 2005, pág. 102. <<

[27] Citado en C. Serrano, L’Enjeu espagnol: PCF et la guerre d’Espagne, Messidor-Éd. sociales, París, 1987, pág. 65. <<

[28] B. Bolloten, The Grand Camouflage: The Spanish Civil War and Revolution 1936-1939, Frederick A. Prager Publisher,Nueva York, 1961. La censura franquista dio la bienvenida al libro, pero no permitió más que una versión resumida en castellano, con diseño de formato tendencioso, titulada El gran engaño, Barcelona, 1961. La versión íntegra no salió en España hasta 1999. <<

[29] Es importante subrayar «occidental» en esta comparación, porque, con mucho, la mayor fue la rebelión Taiping en China de 1850 a 1864, probablemente la guerra civil de mayores dimensiones de toda la historia humana, aún mayor que la rusa, en la que murieron 20 millones de personas. Fue mucho más radical y despiadada que la coetánea guerra civil estadounidense, y se trató de una guerra civil religiosa en contra del sistema chino tradicional. <<

[30] En relación con la represión realizada por los nacionales, esta cifra la repitió Inside Fascist Spain (Dentro de la España fascista), 1943, un noticiario propagandístico cinematográfico producido en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y visto en los cines por millones de norteamericanos. Es un buen ejemplo de cómo la propaganda frentepopularista era recogida con frecuencia por otros medios en el extranjero. <<

[31] Las cifras finlandesas, las más precisas que tenemos sobre ningún país, necesitan de una mayor explicación, ya que al menos la mitad de las muertes no las ocasionaron ejecuciones directas, sino las terribles condiciones imperantes en los campos de internamiento de los prisioneros rojos en los cerca de seis meses posteriores al fin de los combates. En total, son cifras elevadas, aunque no tan altas como las registradas en la década de 1890 en los campos «reconcentrados» que los españoles administraron en Cuba o los británicos en Sudáfrica (que, en ambos casos, no eran principalmente de enemigos políticos o militares, sino de una población civil de mujeres, niños y ancianos). Estas últimas fueron campañas de guerras coloniales, aunque la de Cuba tuvo una dimensión reducida de guerra civil. <<

[32] E. Nolte, La Guerra civil europea, 1917-1945: nacionalsocialismo y bolchevismo, Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1994, pág. 239. <<

[33] D. Wilkinson, Revolutionary War: The Elements of Victory and Defeat, Page Flicklin, Palo Alto, California, 1975, pág. 59. <<

[34] Así aparece en el texto que da cuenta de la reunión que el Comité Nacional de la CNT celebró en Madrid el 8 de noviembre de 1936, citado en su totalidad por J. Martínez Reverte en La batalla de Madrid, Crítica, Barcelona, 2004, págs. 577-581. <<

[35] Memorándum de Miguel Platón al autor, 26 de octubre de 2017. <<

[36] Según la investigación más reciente de M. Álvarez Tardío y R. Villa García, «El impacto de la violencia anticlerical en la primavera de 1936 y la respuesta de las autoridades», Hispania Sacra, lxv, 132 (2013), págs. 683-764. <<

[37] J. de la Cueva, «Religious persecution, anticlerical tradition and revolution: On atrocities against the clergy during the Spanish Civil War», Journal of Contemporary History, 33: 3, 1998, págs. 355-369. <<

[38] Citado en V. Palacio Atard, Cinco historias de la República y de la Guerra, CSIC,Madrid, 1973, págs. 111-112. <<

[39] En 1934, Lluís Companys había dirigido un alzamiento armado contra la República. Fue condenado a treinta años, pero Azaña lo indultó. El presidente de la República se cuidó mucho de no dispensar el mismo trato a Goded, que fue fusilado enseguida. <<

[40] B. Bolloten, La guerra civil española: revolución y contrarrevolución, Madrid, Alianza, 2015, pág. 423. <<

[41] A pesar de que la propaganda posterior hablaba de que el pretendiente don Juan era «un demócrata de toda su vida», durante la Guerra Civil y los años inmediatamente posteriores abrazó el autoritarismo. Solamente giró hacia el parlamentarismo en 1943, cuando se convenció de que las potencias del Eje perderían la Segunda Guerra Mundial. <<

[42] Puede sorprender que Queipo de Llano se considerara «liberal» después de su reputación como hombre autoritario y artífice de una represión violenta en Sevilla en 1936, pero, en realidad, había sido un fuerte oponente de Primo de Rivera y un líder en el pronunciamiento militar republicano que fracasó estrepitosamente en diciembre de 1930. Además, era consuegro del presidente republicano Alcalá-Zamora y había sido el primer jefe de la casa militar de este. También llegó a sufrir cierto desprestigio entre la opinión católica por la grosería de sus charlas radiofónicas en Sevilla, a las cuales Franco puso fin en 1937. <<

[43] Las palabras citadas son de B. Félix Maíz, Mola frente a Franco: Guerra y muerte del general Mola, Laocoonte Editorial,Pamplona, 2008, págs. 396-397. Maíz fue un ayudante civil de Mola, y este texto no se publicó hasta después de la muerte del primero. <<

[44] Con la posible excepción, en la zona republicana, del Partido Comunista. El crecimiento explosivo de estas dos fuerzas extremistas fue la expresión más clara del impacto radicalizante de la Guerra Civil en las dos zonas. <<

[45] Obviamente, se trataba de circunstancias geográficas y de un sistema de comunicaciones diferentes. El problema de la dispersión geográfica y de las enormes distancias en Rusia resultó ser insuperable, mientras, en comparación, España es un país mucho más compacto. <<

[46] J. A. Sánchez Asiaín, «Recursos económicos y organización territorial en la República de la Guerra Civil», Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 60, 85, 2008, págs. 523-524. <<

[47] Fueron agrupados en los regimientos de Tropas o Fuerzas Regulares Indígenas, pero los regimientos de Regulares no fueron exclusivamente marroquíes, puesto que normalmente se incluía un 20 % de tropas españolas para facilitar la comunicación y la cohesión militares. <<

[48] Sobre todo en comparación con la soldada de 10 pesetas diarias que recibían los milicianos republicanos. <<

[49] La mejor descripción de la movilización del Marruecos español sigue siendo el de S. E. Fleming, «Spanish Morocco and the Alzamiento Nacional, 1936-1939: The Military, Economic and Political Mobilization of a Protectorate», Journal of Contemporary History, 18, 1983, págs. 27-42. La política de movilizar a muchos voluntarios afroasiáticos —un total de varios millones— en sus ejércitos fue moneda corriente en Gran Bretaña y en Francia en las dos guerras mundiales. Los nacionales tan solo siguieron su ejemplo, primero en Marruecos y luego en la Guerra Civil. <<

[50] El eslogan «No pasarán» de la batalla de Madrid se utilizó primero en una canción que decía: «Los moros no pasarán». <<

[51] Ali Al Tuma, Guns, Culture and Moors: Racial Perception, Cultural Impact and the Moroccan Participation in the Spanish Civil War (1936-1939), Routledge, Abingdon, Oxon, 2018, págs. 227-229. <<

[52] Técnicamente, el Protectorado sobre Marruecos pertenecía a Francia, quien había concedido una zona a España. Se hubiera justificado la iniciativa militar como la revocación de la concesión de 1913. <<

[53] J. Edwards, The British Government and the Spanish Civil War, Macmillan, Londres, 1979, pág. 213, y M. J. Carley, 1939: The Alliance That Never Was and the Coming of World War II, Ivan R. Dee Publisher, Chicago, 1999, pág. 144, citados en D. Tierney, FDR and the Spanish Civil War. Neutrality and Commitment in the Struggle that divided America, Duke University Press, Durham, Carolina del Norte, 2007, pág. 136. <<

[54] I. Montanelli, Soltanto un giornalista, Biblioteca Univ. Rizzoli, Milán, 2002, pág. 37. <<

[55] G. Ciano, Diario, Rizzoli, Milán, 1996, págs. 103 y 164. <<

[56] A. Viñas, La Alemania nazi y el 18 de julio, Alianza, Madrid, 1977, pág. 363. <<

[57] R. W. Whealey, Hitler and Spain: The Nazi Role in the Spanish Civil War 1936-1939, Ohio University, Lexington, Kentucky, 1989, págs. 54-55. <<

[58] M. Merkes, Die deutsche Politik gegenüber dem spanischen Bürgerkrieg, 1936-1939, Bonn, L. Röhrscheid, Bonn, 1969, págs. 112-113. <<

[59] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: La Internacional Comunista y España, 1919-1939, Planeta, Barcelona, 1999, pág. 321. <<

[60] Según se cita en A. I. Sobolev et al., Outline History of the Communist International, Progress Publishers, Moscú, 1971, págs. 416-417 y 436. <<

[61] Elorza y Bizcarrondo, ob. cit., pág. 321. <<

[62] P. Togliatti, International Press Correspondence 16, núm. 48, 24 de octubre de 1936, I, págs. 292-295. <<

[63] El acrónimo corresponde al nombre ruso del Comisariado Popular para Asuntos Internos (Naródny Komissariat Vnútrennij Del) que, entre otras cosas, se ocupaba de la Policía soviética y de los asuntos de seguridad y de inteligencia. <<

[64] Cita en J. Costello y O. Tsarev, Deadly Illusions, Crown Publishers, Nueva York, 1993, pág. 272. <<

[65] A. Viñas, El oro español en la Guerra civil, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1976, pág. 187. Esta afirmación se omitió en la edición revisada. <<

[66] W. Herrick, Jumping the Line, Madison, University of Wisconsin Press, Wisconsin, 1998, pág. 16. <<

[67] Cita en B. Bolloten, La Guerra Civil española: revolución y contrarrevolución, Alianza, Madrid, 1989, pág. 464. <<

[68] Ibíd. <<

[69] Habeck y Radosh, España traicionada, Planeta, Barcelona, 2002, págs. 55 y 60. Rossiiskaya Akademiya Nauk, Komintern I grazhdanskaya voina v Ispanii, Moscú, 2001, págs. 149-171. <<

[70] Publicado como folleto con el título El proletariado español ante la revolución en marcha, y de nuevo en A. Nin, Los problemas de la revolución española, Ruedo Ibérico, París, 1971, págs. 173-191. <<

[71] La Batalla, Barcelona, 18 de septiembre de 1936. <<

[72] El texto original en francés apareció completo por primera vez en la obra de S. de Madariaga, Spain: A Modern History, Frederick A. Prager, Nueva York, 1958, págs. 672-674. <<

[73] De la fotocopia del original en francés recogida en la obra de D. Ibárruri et al., Guerra y revolución en España, 1936-1939, Progreso, Moscú, 1966, II, págs. 102-103. <<

[74] Este discurso se ha vuelto a imprimir en varias ocasiones, la última en J. Díaz, La Guerra y el Frente Popular, Vosa, Madrid, 1990, págs. 37-131. <<

[75] La CNT había entrado en el Gobierno ocupando cuatro carteras al comienzo de noviembre de 1936, justo cuando los ministros abandonaron Madrid ante el avance de Franco. <<

[76] J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1973, pág. 751. <<

[77] Cita en Habeck y Radosh, ob. cit., págs. 219-220. <<

[78] Ibíd., págs. 389-390. <<

[79] P. Togliatti, Escritos sobre la guerra de España, Crítica, Barcelona, 1980, pág. 229. <<

[80] Togliatti, ob. cit., págs. 231 y 234. <<

[81] Ibíd., pág. 154. <<

[82] J. Martínez Amutio, Chantaje a un pueblo, G. del Toro, Madrid, 1974, pág. 368. <<

[83] Togliatti, ob. cit., pág. 231. <<

[84] Vidarte, ob. cit.,pág. 855. <<

[85] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, Tusquets, Barcelona, 2001, págs. 428-429. <<

[86] En un estudio de las modestas dimensiones de la obra presente es imposible entrar en la génesis, tan complicada, de estos movimientos. Dos libros clave para empezar son G. Tortella et al., Cataluña en España: Historia y mito, Gadir, Madrid, 2016, y J. Juaristi, Historia mínima del País Vasco, Taurus, Madrid, 2013. <<

[87] M. Azaña, Obras completas, ob. cit., vol. IV, págs. 314-315. <<

[88] Se trata de la transcripción literal al catalán del nombre del partido irlandés Sinn Fein, que en inglés se traduciría como «Ourselves Alone» (Nosotros solos). <<

[89] J. F. Fuentes, El País, 5 de junio de 2018. El historiador Xosé M. Núñez Seixas descubrió este documento en los archivos alemanes. <<

[90] Luis Arana Goiri volvió a España en 1941 y parece que no tuvo grandes dificultades para instalarse en España, salvo que no podía participar en actividades políticas. <<

[91] Entre otras cosas, el texto estipulaba que «el País Vasco podrá adoptar el sistema tributario que juzgue justo y conveniente», una concesión asombrosa, pero el Gobierno republicano estaba desesperado. <<

[92] Fundación Pablo Iglesias, XXIV, en P. Moa, Una historia chocante: los nacionalismos vascos y catalán en la historia contemporánea de España, Ediciones Encuentro, Madrid, 2004, pág. 391. <<

[93] Esta es la conclusión de F. Molina, «Lies of our Fathers: Memory and Politics in the Basque Country under the Franco Dictatorship, 1936-68», Journal of Contemporary History, 49, 2, 2014, págs. 296-319. Molina anota que una de las expresiones máximas de esta falacia propagandística se encuentra en la obra de P. Preston, El Holocausto español, Penguin Random House, Madrid, 2011, con la ausencia casi total de datos objetivos.

Es verdad que la represión franquista fue bastante dura con los revolucionarios en Vizcaya y Guipúzcoa. Los mejores datos que tenemos indican que en estas dos provincias los republicanos ejecutaron aproximadamente a 800 personas, mientras que, después, la justicia de Franco ejecutó a aproximadamente 2.700, entre las cuales, proporcionalmente, había menos nacionalistas que revolucionarios. <<

[94] M. Azaña, Obras completas, IV, pág. 701. <<

[95] Zugazagoitia, ob. cit.,pág. 155. <<

[96] P. Moa, Una historia chocante, Ediciones Encuentro, Madrid, 2004, pág. 433. <<

[97] En dos largas conversaciones que mantuvimos en la antigua Délégation d’Euzkadi, en la Rive Droite parisina, en septiembre de 1958 y junio de 1959, el campechano y simpático presidente José Antonio de Aguirre me explicó con toda franqueza que la opinión pública del País Vasco en 1936 estaba triangulada: un tercio apoyaba a los nacionalistas, otro a la izquierda española y otro a la derecha. <<

[98] Según el documento británico citado por S. Juliá, Vida y tiempo de Manuel Azaña (1880-1940), Taurus, Madrid, 2018, pág. 441. <<

[99] R. Salas Larrazábal, Cómo ganó Navarra la Gran Cruz Laureada de San Fernando, Industrias Gráficas España,Madrid, 1980. <<

[100] A. Beevor, La Guerra Civil española, Crítica, Barcelona, 2005, pág. 153. <<

[101] No hay estadísticas definitivas sobre la mayor parte de los aspectos significativos de la Guerra Civil, dada la ausencia de registros finales y objetivos. Por ello han sido materia de controversias sin fin. Los datos citados en el texto son de tres de las obras más sistemáticas y mejor investigadas: L. Molina Franco y J. M. Manrique García, Las armas de la Guerra Civil española, La Esfera de los Libros, Madrid, 2006; L. Molina Franco, El legado de Sigfrido. La ayuda militar alemana al Ejército y la Marina nacional en la Guerra Civil española (1936-1939), Inédita Editores, Madrid, 2005; y J. Salas Larrazábal, Guerra aérea 1936/39, 4 vols., Fundación AENA, Madrid, 1998-2003. <<

[102] Citado en J. S. Corum, «The Persistent Myth of Guernica», Military History Quarterly, 22, 4, verano de 2010, págs. 16-23. <<

[103] Ibíd. <<

[104] El único estudio completo y objetivo es de R. Muñoz Bolaños, Guernica. Una nueva historia, Espasa, Madrid, 2017. <<

[105] No lo era en las primeras semanas de la guerra, cuando la mayor parte de esos ataques fue republicana. Empezó en noviembre de 1936, y mucho más con Guernica. Véase R. Stradling, Your Children Will Be Next: Bombing and Propaganda in the Spanish Civil War, 1936-1939, University of Wales Press, Cardiff, 2008. <<

[106] Habría que señalar que Guernica solo proporcionó a la obra su nombre y no su inspiración, porque Picasso ya había comenzado a pintarla antes, en protesta por los horrores de la guerra, utilizando clásicos temas cubistas propios, y solo le dio ese título una vez iniciada la campaña de propaganda. <<

[107] Citado por K. Schmider, «German Military Tradition and the Expert Opinion on Werner Mölders», Global War Studies, 7, 1, 2010, págs. 6-29. <<

[108] E. E. Malefakis, en R. Higham (ed.), Civil Wars in the 20 th Century, University Press of Kentucky, Lexington, 1972, pág. 97. <<

[109] Ibíd., pág. 111. <<

[110] El estudio definitivo del número de bajas es de M. Aguilera, Compañeros y camaradas: Las luchas entre antifascistas en la Guerra Civil española, Actas, Madrid, 2012, págs. 80-171. <<

[111] Nuestra Bandera, 23 de diciembre de 1947, págs. 1027-1049; D. Ibárruri, El único camino, Editions Sociales, París, 1962, pág. 436; D. Ibárruri, et al., Guerra y revolución en España (1936-1939), Progreso, Moscú, 1966, I, págs. 256-257; J. Sandoval y M. Azcárate, Spain 1936-1939, Lawrence & Wishart, Londres, 1963, pág. 85. <<

[112] Citado en W. Solano, El POUM en la historia: Andreu Nin y la revolución española, Los Libros de la Catarata, Madrid, 1999, pág. 174. <<

[113] S. Carrillo, «El comunismo a pesar de todo»,citado en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: La Internacional Comunista y España, 1919-1939, ob. cit., pág. 384. <<

[114] Elorza y Bizcarrondo, ob. cit., pág. 386. <<

[115] Habeck y Radosh, ob. cit., págs. 499-500. <<

[116] Elorza y Bizcarrondo, ob. cit., pág. 427. <<

[117] Hay que recordar que, en sus derrotas de 1938, el Ejército Popular perdió numerosas armas, muchas de las cuales acabaron en manos de Franco. <<

[118] En Elorza y Bizcarrondo, ob. cit., pág. 432. <<

[119] A. L. Encinas (ed.), Las causas de la derrota de la República española: informe elaborado por Stoyán Mínev (Stepánov), delegado en España de la Komintern (1937-1939), Miraguano, Madrid, 2003, pág. 169. <<

[120] S. Juliá, ob. cit., pág. 444. <<

[121] Parece que Negrín y el Politburó del PCE estaban de acuerdo en marcharse, pero Togliatti, que entonces estaba en Valencia, no aceptó la huida, que calificó de «trágico error», e incluso llegó a decir que sospechaba de la complicidad de Negrín con Casado. Togliatti no huyó hasta el 24 de marzo. En cambio, algo más tarde, Dimitri Manuilski, jefe de la Comisión Ejecutiva de la Comintern, le dijo a Jesús Hernández en Moscú que los comunistas españoles habían manejado la situación con astucia, resistiendo hasta el final, y luego dejando que Casado se hiciese responsable de la capitulación. Esta no era la opinión de Stalin. Durante la autopsia oficial que se realizó en la Secretaría de la Comintern el 28 de julio, el veredicto fue una crítica severa a los líderes comunistas por no haber organizado mejor la resistencia y no haber combatido a Casado hasta el final. <<

[122] Esta conclusión no pretende decir que el Partido Comunista no contribuyera al estallido, porque sí lo hizo en su afán de conseguir nuevas leyes más radicales que eliminaban los residuos de la Constitución, pero no apoyó la violencia revolucionaria (como los socialistas y los anarquistas) para conseguir, directa o indirectamente, un cambio de régimen. Esta fue la gran diferencia en el caso español. <<

[123] M. R. Habeck, Storm of Steel: The Development of Armor Doctrine in Germany and the Soviet Union, Cornell Studies in Security Affairs, Ithaca, Nueva York, 2004, págs. 344-345. <<

[124] Citado en A. C. Brown y C. B. MacDonald, On a Field of Red: The Communist International and the Coming of World War II, G. P. Putnam's Sons, Nueva York, 1981, pág. 508. <<

[125] Citado en F. Hernández Sánchez, Guerra o revolución: El Partido Comunista de España en la Guerra Civil, Crítica, Barcelona, 2010, pág. 458. <<

[126] P. Renouvin, Histoire des relations internationales, Librairie Armand Colin, París, 1965, 8, pág. 112. <<

[127] W. C. Frank, «The Spanish Civil War and the Coming of the Second World War», The International History Review, 9: 3, agosto de 1987, págs. 368-409. <<

[128] J. McLellan, Antifascism and Memory in East Germany: Remembering the International Brigades, Clarendon Press, Oxford, 2004; A. Kramer, «The Cult of the Spanish Civil War in East Germany», Journal of Contemporary History, 39, 4, octubre de 2004, págs. 531-560. <<

[129] Según A. Speer, Spandau, Ishi Press, Nueva York, 1967, pág. 167. <<

[130] En los últimos años, diversas voces han insistido en que no se puede decir que la Transición fuera «pacífica», porque se produjeron centenares de asesinatos políticos. Tal conclusión es muy ambigua, porque confunde deliberadamente las muertes por terrorismo de parte de grupos marginales con el empleo más sistemático de la violencia por parte de las grandes fuerzas políticas nacionales. Esto no ocurrió en la Transición, mientras, al contrario, en la República, el PSOE-UGT, uno de los principales movimientos nacionales, fue también el principal autor de la violencia política. <<

[131] Véanse mis ensayos España. Una historia única, Temas de Hoy, Madrid, 2008, págs. 387-409, y En defensa de España, Espasa, Madrid, 2017, págs. 277-291. <<

[132] En mi caso, las consecuencias son irónicas. En el siglo pasado, durante la década de 1960, mis primeras obras fueron prohibidas por el franquismo. En el siglo XXI, si las izquierdas se salen con la suya, el círculo se cerrará y mis últimas obras podrían ser suprimidas por las izquierdas de la autoritaria «memoria histórica». <<