El significado de la Segunda República española, eclipsado en gran parte por la sangrienta y catastrófica guerra civil que la siguió, fue en el fondo, y sin lugar a dudas, el de una entidad histórica por derecho propio, uno de los mayores intentos nacionales de democratización y reforma política habidos en Europa entre las dos guerras mundiales. Empeñado en nadar contra la corriente del fascismo europeo de la época, y situado en el marco histórico del liberalismo español, el régimen se esforzó por establecer las primeras bases verdaderamente democráticas de la historia de España e instituir reformas fundamentales en el ámbito estatal. Pues bien, a partir de ahí, el libro de Stanley G. Payne se dedica a destacar las reformas emprendidas en materia de política y gobierno en ese período, y a analizar las relaciones Iglesia-Estado, la educación y la cultura, las obras públicas, los asuntos militares y la sociedad en su conjunto, con el fin de someter a examen los éxitos y fracasos de esas reformas, así como los motivos de sus limitaciones: un análisis de los conflictos políticos y de la consiguiente escisión social que lleva a Payne a explorar con brillantez las fuentes y el carácter de la polarización política que se desarrolló como resultado de los enfrentamientos de la República tanto con la derecha como con la izquierda.

Al final, Payne somete a examen a los actores políticos principales de este drama histórico y analiza el papel que desempeñaron en el colapso definitivo de la República, prestando a la vez cuidadosa atención al progresivo deterioro de su política en la primera mitad de 1936. De esta manera, al analizar la importancia de la violencia política en la caída de la democracia, así como los motivos del fracaso final del régimen, Payne nos presenta una interpretación sólida y detallada de ese período histórico, y destaca sobre todo su llamativo paralelismo con la República de Weimar alemana. Un espléndido libro de historia, pero también un minucioso análisis político.

Stanley G. Payne

La primera democracia española

La Segunda República, 1931-1936

ePub r1.0

Titivillus 22.12.2021

Título original: Spain’s first democracy. The Second Republic, 1931-1936

Stanley G. Payne, 1993

Traducción: Luis Romano Haces, 1995

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

A Julia

«Lo viejo está muriéndose y lo nuevo no puede nacer. En el interregno se presentan gran variedad de síntomas malignos».

Antonio Gramsci (1891-1937)

PREFACIO

Durante muchas décadas el general Franco y sus propagandistas afirmaron con insistencia que la sociedad y la cultura española no estaban capacitadas sencillamente para una política democrática y ésta, en consecuencia, nunca podría tener éxito en España, punto de vista compartido en ocasiones por los observadores extranjeros. Hace más de veinte años, estando todavía Franco en el poder, sugerí en el segundo tomo de mi Historia de España y Portugal que el balance del liberalismo político en España no era tan negativo como habían pretendido tantas personas y que revelaba una capacidad decidida para hacer una reforma y un autogobierno representativos, aunque un año antes había terminado yo mi estudio sobre La Revolución y la Guerra Civil Española con la clara conclusión de que un segundo intento de establecer una democracia en España tenía que evitar el extremismo y sectarismo de la década de 1930.

Poco después España y Portugal abanderaban lo que iba a terminar convirtiéndose en la tercera gran ola democratizadora del siglo XX, enterrando los viejos tópicos referentes a la ineptitud de las sociedades de la Península para practicar la democracia. El éxito de la monarquía democrática despertó seguidamente mi interés por los motivos del fracaso del primer intento y el resultado es el presente libro.

Quiero dar las gracias a Juan J. Linz y a Robert Kern por su cuidada lectura de este estudio y por sus sugerencias referentes a mejoras, y estoy agradecido asimismo a Lydia Howarth por haber corregido el manuscrito final.

Las ilustraciones reproducidas son cortesía de Información y Revistas, S. A.

CAPÍTULO 1

LA RIGUROSA PRUEBA DE LA MODERNIZACIÓN DE ESPAÑA

La aparición y el éxito inicial de la Segunda República en España fue el acontecimiento político más insólito, y probablemente el más positivo, de Europa durante los primeros años de la gran depresión. Esto iba en contra del curso de las cosas reinantes en la Europa del Sur y Oriental, donde los países menos desarrollados iban sucumbiendo a gobiernos autoritarios. Mientras los sistemas políticos de países más adelantados de Europa Central se veían sometidos a graves desafíos o iniciaban una decadencia, la sociedad española se embarcó en su primera experiencia completa en la democracia moderna, en dramático contraste con la dirección perceptible en los asuntos europeos.

Aunque fueron necesarios muy pocos años para evidenciar que el aparente consenso democrático de España era poco fiable, los primeros logros de la República no carecieron de importancia ni fueron tampoco una simple racha de suerte de un tipo distinto de sociedad «latinoamericana» o «mediterránea». Constituyeron la culminación de dos generaciones de reforma y modernización de lenta puesta en marcha que en años recientes habían hecho progresos para franquear parte del abismo existente entre España y la Europa noroccidental por primera vez en más de un siglo.

El drama de la historia de España se deriva en medida considerable de su situación periférica en Europa Occidental, como el vínculo geográfico más cercano con África y el Oriente Medio. De todos los países occidentales, sólo la Península Ibérica fue conquistada, convertida e inculturada en su mayor parte por una civilización oriental y, entre todos los territorios islamizados en general, fue también el único totalmente reconquistado y reconvertido por el cristianismo. La generalizada imagen de una «España Mora» y de las cualidades semiorientales de la cultura española lleva arrastrándose ya desde la Edad Media. En realidad, el perfil cultural y la religión de la España cristiana han sido siempre plenamente occidentales y ortodoxos, e incluso su idioma contiene menos arabismos (menos del 2 por ciento) que lo que muchos creen. Sin embargo, España fue territorio de frontera durante la Edad Media y —a excepción de Cataluña, el rincón nororiental, típicamente «latino» y «europeo»— no alcanzó nunca plenamente el nivel más alto del desarrollo cultural, educativo y económico occidental.

Fue la herencia de España y Portugal, como sociedades de frontera empeñadas en una cruzada en la primera línea de la cristiandad, lo que les permitió encabezar la expansión de la Europa moderna iniciada en el siglo XV. Aquélla fue acompañada después por un desarrollo más completo de la economía española y un florecimiento de su educación y cultura hacia la parte final del siglo XVI que catapultó a los reinos de la Península Ibérica desde esa periferia al desempeño de un papel directivo en la vida europea. Esa dinámica evolución se vio detenida durante el siglo XVII. Hacia 1650 tanto el poderío militar de España como el económico habían experimentado una seria decadencia. Aunque la Corona española conservó todavía durante mucho tiempo el primer imperio mundial, se había convertido ya en una potencia militar europea de segunda clase.

El siglo XVII influyó crucialmente en la aparición del «atraso» español, pues a la vez que se estancaban su economía y su vida cultural, España no logró participar en términos generales en la «modernización» de la ciencia, la tecnología, la producción económica, las relaciones comerciales y las estructuras políticas, típicas más bien de la Europa Noroccidental (Inglaterra, Holanda, parte de Francia) durante ese período. Con una definición más acusada que en ninguna otra cultura mundial precedente, la historia de la civilización occidental ha estado dividida en dos ciclos distintos: el «antiguo régimen» de la cristiandad occidental que abarca mil años desde comienzos de la Edad Media hasta el siglo XVIII y la «modernidad» —la época de la ciencia, tecnología, industrialización y democratización modernas— desde los siglos XVII y XVIII hasta la actualidad. El filósofo historicista alemán Oswald Spengler hizo la observación de que el apogeo de la cultura del «antiguo régimen» se había logrado en la España del siglo XVII[1], lo que, de ser cierto, habría hecho de España el país occidental más «típico» o representativo del cénit o cristalización del primer ciclo milenario de la cultura occidental. No existe ningún método evidente para comprobar una generalización tan amplia, pero es desde luego más cierto que las anquilosadas estructuras del antiguo régimen español no fueron capaces de lograr la transición a la incipiente modernización durante el siglo XVII.

El nadir de la decadencia se había echado encima antes de 1700, y el siglo XVIII fue para España una época de desarrollo limitado bajo la nueva dinastía borbónica. Crecieron tanto la población como el producto bruto, pero el crecimiento fue más extensivo que intensivo, es decir, implicó más la expansión de unas estructuras, las existentes, que la transformación cualitativa de la actividad cultural y económica. Al mismo tiempo, sería un error ignorar del todo las reformas educativas de ese período o unos cambios de la política social y fiscal que redujeron drásticamente los efectivos nominales de la aristocracia hacia 1780.

La época de la modernización directa se inició con el comienzo del liberalismo del siglo XIX, que empezó relativamente tarde en España, cuando el colapso del antiguo régimen provocado desde fuera por la invasión napoleónica de 1808. Aquello permitió que una pequeña minoría de liberales de las clases superior y media introdujesen la Constitución liberal de 1812, derogada a su vez, dos años después, por el retorno del antiguo régimen en la persona del exiliado monarca Fernando VIL Siguieron seis decenios de caos intermitente al quedar el país preso en una trampa histórica. El antiguo régimen era demasiado débil y sus dirigentes demasiado ineptos para permitirle sobrevivir, pero las fuerzas del flamante liberalismo no eran tampoco demasiado vigorosas, carentes del respaldo de una economía productiva o de una sociedad alfabetizada en general. Por ese motivo, los tres primeros cuartos del siglo XIX constituyeron un periodo de persistente conflicto dentro de la elite, en el que surgieron los militares como un árbitro casi inevitable, con participación directa en un sistema político demasiado débil y dividido para funcionar por sí mismo.

La Constitución liberal fue restablecida en 1820 por un pronunciamiento militar que condujo a una radicalización de las cosas y a un estado de guerra civil en el nordeste, terminados por una invasión francesa que restauró el absolutismo en 1823. Diez años después la familia real se escindió en torno a la sucesión dinástica, poniéndose los tradicionalistas del lado de don Carlos, hermano menor del rey y supuesto heredero suyo, mientras los partidarios de su hija única, la princesa Isabel, de dos años de edad, abrazaron un liberalismo moderno en apoyo del trono. La inmediata Primera Guerra Carlista (1833-1840) fue una lucha agotadora entre las fuerzas del tradicionalismo y las de un liberalismo moderado, sin precedentes en cuanto a ensañamiento y duración en Europa Occidental. Tras la derrota final de los tradicionalistas, los liberales se dividieron en moderados y progresistas, prevaleciendo los primeros durante el largo reinado de Isabel II (1833-1868). Una Constitución de cuño más avanzado, de 1837, fue sustituida en 1845 por la Constitución moderada del mismo año, que se convirtió en el documento normativo de la monarquía constitucional de España (con una revisión en 1876) durante casi un siglo. Sin embargo, ni los moderados mismos eran un partido moderno, sino una imprecisa alianza de elites. Las elecciones, a base de un sufragio sumamente restringido, se controlaban desde Madrid, y los líderes moderados, la reina y la camarilla de la corte impedían por norma el acceso de los progresistas al gobierno. Aunque otro levantamiento militar les dio el poder momentáneamente a estos últimos en 1854, junto con la oportunidad de introducir en 1855 una Constitución más progresista, otra intervención pretoriana restauró al año siguiente el gobierno de los moderados, y en la década de 1860, la Corona restringió todavía más el acceso a la política. Ello provocó un levantamiento militar y civil de amplia base en 1868, la llamada «revolución gloriosa», que trajo consigo otra Constitución temporal más al año siguiente, acompañada del principio del sufragio universal masculino. Da la impresión de que aquella mayor libertad sólo sirvió para exacerbar el fratricida conflicto político, provocando la abdicación en 1873 de Amadeo de Saboya, el príncipe italiano traído a España como nuevo soberano constitucional. Ello fue seguido de un esfuerzo abortivo para implantar una «república federal» (1873-1874), que se hundió por su propio peso cuando distintas agrupaciones provinciales trataron de instituir unos «cantones» cuasiindependientes. Una vez más tomaron las riendas los militares restaurando la dinastía regular en la persona del joven príncipe Alfonso, heredero del trono, que reinó con el nombre de Alfonso XII (1874-1885).

El verdadero arquitecto del sistema de la Restauración fue su líder civil, el veterano político profesional (e historiador por vocación) Antonio Cánovas del Castillo. Sus objetivos eran el orden y la estabilidad basados en un liberalismo elitista moderado. Con Cánovas surgieron dos partidos políticos básicos, los conservadores y los liberales, que durante más de tres decenios se alternaron básicamente dentro de un sistema «de turnos» arbitrado por la Corona. Por primera vez desde la terminación del antiguo régimen se consiguió la estabilidad política y fue creado un sistema de acceso al poder para unas elites políticas competidoras, aunque se trataba de un sistema oligárquico y en manera alguna democrático.

España no se había implicado en absoluto desde 1814 en ninguna guerra internacional de envergadura, pero la guerra constituyó un azote continuo de su sociedad y su economía durante el siglo XIX. La Guerra de la Independencia (1808-1814) fue seguida por una década de campañas coloniales cada vez más frustrantes que terminaron en una gran derrota. Hubo guerras civiles en 1822-1823, 1833-1840 y 1869-1876, así como varias campañas de menor relieve contra rebeldes locales y una breve guerra internacional con Marruecos (1859). España había conservado Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y otras islas del Pacífico Occidental, y carecía de otras ambiciones internacionales, pero aquellas últimas posesiones la involucraron en una guerra colonial de diez años en Cuba (1868-1878), seguida finalmente por una desastrosa campaña de tres años (1895-1898) que terminó con la humillación y derrota total de la guerra con los Estados Unidos (Guerra de Cuba). Se perdieron todos los retazos significativos que quedaban del histórico imperio, quedándole solo unos pequeños enclaves en África Noroccidental. O sea que, vistas las cosas en su conjunto, España pasó más años en guerra que casi ningún otro país durante el siglo XIX, con un coste grandísimo, no sólo en vidas humanas (en la Primera Guerra Carlista se perdió un 1 por ciento de la población y hubo más de cincuenta mil muertos en la campaña final de Cuba), sino también en gastos y retraso económico.

Aunque el régimen de la Restauración no logró conservar los restos del Imperio, consiguió establecer un nuevo modus vivendi con las fuerzas armadas y alejar a los militares de una intervención abierta en la política. Con todo, la alta jerarquía militar siguió siendo una elite privilegiada con una virtual autonomía en la administración militar, escaños en un Senado por designación, e incluso con una participación ocasional de los generales de más rango como primeros ministros temporales en los momentos de transición.

La época del liberalismo convulsivo (1810-1874) había sido la más difícil por tratarse de un período en el que hubo únicamente un crecimiento económico marginal. Desde 1800 hasta 1860 la expansión del producto nacional bruto de España equivalió aproximadamente al (relativamente lento) crecimiento demográfico, y no se registró un aumento proporcionado. Ello se había debido en grado muy pequeño a la pérdida de la mayoría del Imperio Hispanoamericano, pues las investigaciones recientes indican que a este último le correspondió menos del 6 por ciento del producto nacional bruto en su fase final[2]. No se debió ello tampoco a una «dependencia» o explotación por parte de potencias más adelantadas, dado que durante la mayor parte del siglo XIX —especialmente durante el período de crecimiento más lento— las condiciones internacionales de intercambio favorecieron a España, y sólo pasaron a ser negativas ya avanzado el siglo, en un momento en el que aumentó de hecho la tasa de crecimiento[3]. Ese lamentable rendimiento económico se debió más bien al estancamiento parcial de la agricultura, a una expansión muy limitada de la industria, y al creciente proteccionismo de la política del Estado, que aisló del todo la mayor parte de la economía nacional, reduciendo la competencia, el ritmo de adaptación y el establecimiento de nuevas relaciones de exportación[4]. Como consecuencia, mientras los productos manufacturados españoles supusieron en 1800 casi el 5 por ciento del total europeo, se habían reducido en 1913 a un precario 2 por ciento dentro de una economía internacional mucho más grande[5].

La venta de la mayoría de las tierras de la Iglesia y comunales entre 1836 y la década de 1880 desvió gran parte del limitado capital de España hacia los bienes raíces, creando temporalmente la ilusión de una renta nacional mayor debido a la rápida expansión de las tierras de cultivo de cereales, hasta que la disminución de su productividad reclamó una búsqueda de alternativas. El Estado absorbía también una proporción considerable del capital disponible a través de una copiosa emisión de deuda, al tiempo que el creciente proteccionismo desestimulaba la transformación estructural. De todas maneras, no escapa al término «cultural» parte de la explicación del retraso de la industrialización, por la escasa vocación de las elites españolas a invertir o hacer ensayos en empresas económicas de nuevo cuño. El fin del antiguo régimen no terminó en absoluto con las actitudes y valores propios de la vida tradicional, y la conversión a un sistema de propiedad privada y métodos capitalistas no generó por sí misma una burguesía muy productiva. Siguió siendo norma la tendencia a invertir principalmente en el campo, las fincas urbanas y los bonos del Estado, excluyendo en cambio las empresas innovadoras industriales o comerciales, más arriesgadas.

El resultado fue un modelo español, casi único, de modernización decimonónica, liberal en su estructura institucional formal, pero de hecho elitista y oligárquico, favorecido por las condiciones de intercambio que, aunque terminó disfrutando incluso de una balanza de pagos positiva, permaneció parcialmente cerrado a la economía internacional, carente de cualquier política activa de desarrollo industrial y orientado hacia una agricultura semitradicional que sólo empezó a crecer en productividad y a cambiar lentamente de estructura después de 1860. Considerado un país pobre de la Europa del Sur, la renta per cápita de España venía a ser la misma de Italia en las décadas medias y finales del siglo XIX; Italia comenzaría a crecer con más rapidez sólo en la década de 1890, para aumentar intermitentemente su ventaja en la de 1950[6].

La primera década de la Restauración fue relativamente próspera, y durante unos cinco años a mediados de la década de 1880, España dominó el mercado mundial del vino, debido principalmente a la epidemia de la filoxera en Francia. La agricultura aumentó durante el medio siglo que media entre 1860 y 1910 a un ritmo de crecimiento neto del 1 por ciento anual, mientras que la expansión industrial alcanzó la modesta cifra de alrededor del 2 por ciento al año entre 1830 y 1910. Tras el cambio de las leyes mineras de 1854-1855, se produjo un aumento importante en la producción de cobre, convirtiéndose España en la mayor exportadora de cobre de Europa, al tiempo que aumentaban también los envíos al extranjero del hierro vizcaíno. La producción textil catalana estuvo a la cabeza de la industria durante la mayor parte de ese período, beneficiándose sustancialmente de la ampliación del mercado cubano después de 1882. Sin embargo, se pudo notar un cambio a la baja en la mayoría de las áreas de la exportación después de 1887 al aumentar casi en todo el mundo las barreras arancelarias. España se convirtió enseguida en un líder de esa tendencia mediante su drástica tarifa protectora propia de 1891, que defendía el mercado nacional, pero hacía muy poco para estimular su desarrollo ulterior. Hacia 1900 la industrialización se confinaba principalmente en Cataluña y el País Vasco, seguidos por Asturias y la región valenciana. La producción textil y alimentaria ascendía al 67 por ciento de la producción industrial, sólo el 13,68 por ciento correspondía a la metalurgia y la industria química juntas[7].

Durante el siglo XIX tuvo España un índice de crecimiento demográfico bastante bajo en comparación con la norma europea, debido al casamiento tardío, a unos índices globales de nupcialidad bajos y unos índices de mortalidad altos. En 1900 la población del país alcanzó los dieciocho millones y crecía con más rapidez debido a la reducción del índice de mortalidad, aunque éste siguió siendo desmesuradamente alto. En 1930 la población alcanzó casi los 24 millones y se iniciaba entonces finalmente un descenso impresionante de la mortalidad infantil. Todo el aumento de población de principios del siglo XX o bien se concentró en las ciudades o se desplazó hacia ellas, o engrosó la cuantiosa emigración (principalmente hacia Hispanoamérica), que en 1912 alcanzó un máximo anual de 134 000[8]. El desarrollo urbano se aceleró a partir de 1890 y durante la primera parte del siglo XX los centros principales empezaron a adquirir el perfil y los hábitos de las ciudades típicas europeas modernas.

Durante las últimas décadas del siglo XIX se inició una transición hacia una agricultura de exportación más intensiva, centrada en el vino, los productos cítricos y las aceitunas[9]. Las zonas productoras de cereales de Castilla y León empezaron a perder parte de su influencia después de 1900, al tiempo que la producción global de trigo descendía del 41 por ciento de la producción agrícola total en 1797 al 27,5 por ciento en 1910[10]. Por otra parte, la lenta transformación de las técnicas y los cultivos, junto con la aceleración de las oportunidades del empleo urbano, se tradujeron en un descenso de las cifras absolutas de la mano de obra agrícola masculina de alrededor del 18 por ciento entre 1900 y 1930, aunque seguía siendo desproporcionadamente grande y adolecía de desempleo estructural.

Fue en ese período, poco después de comienzos de siglo, cuando empezaron a ocupar cada vez más la pública atención los problemas básicos de la agricultura latifundista del Centro y Sur del país. Los reformadores se dieron cada vez más cuenta de que el proletariado rural constituía el mayor y más serio problema del país. Los grandes predios donde trabajaban eran producto de la expansión aristocrática en la época medieval tardía y la moderna temprana así como de la transformación de los anticuados patrones de tenencia en la propiedad privada capitalista durante el siglo XIX. El problema no se reducía a la desigual distribución, puesto que hacia 1700 había habido proporcionalmente más campesinos sin tierras en Inglaterra que en España[11], pero los latifundios ingleses habían adquirido rápidamente una técnica eficaz y ayudaron con frecuencia a encabezar la modernización agrícola al tiempo que dejaban mano de obra disponible para el funcionamiento de la revolución industrial. En Francia, en cambio, había pasado más tierra directamente a manos de las clases medias y del campesinado incluso antes de terminar el antiguo régimen[12]. España no había experimentado ni la modernización de los latifundios de Inglaterra ni la acusada tendencia a la desmembración de los mismos de Francia.

La extensión del terreno sometido a cultivo aumentó de 12 millones de hectáreas en 1833 a unos 20 millones en 1910 y 22,4 millones en el catastro de 1930. Este último reveló que 7,5 millones de hectáreas se concentraban en propiedades de 250 hectáreas o más, y aproximadamente otro tercio de la tierra estaba en manos de un 1,8 por ciento del número total de propietarios en predios mediano-pequeños a mediano-grandes de entre 10 y 250 hectáreas de extensión, mientras que el tercio restante (para ser precisos, el 36 por ciento) de la tierra pertenecía a un 98 por ciento de los propietarios de tierras en minifundios de menos de 10 hectáreas. En las cinco provincias latifundistas de Andalucía Occidental (Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla) los grandes predios ascendían al 42 por ciento del total[13]. En su conjunto, el 60 por ciento de la población agraria de Castilla la Nueva carecía de tierras; en Andalucía era aún mayor ese porcentaje. Esto quiere decir que no menos del 40 por ciento de la mano de obra agraria de España carecía completamente de empleo durante parte del año.

La primera fase importante de crecimiento acelerado se produjo en España entre 1910 y 1930. La agricultura siguió expandiéndose lentamente, atenida a una reestructuración paulatina, mientras la industria progresaba lanzada. Durante el medio siglo precursor, de 1860 a 1910, la agricultura, la industria y los servicios habían crecido a unos ritmos anuales respectivos del 1,5, 2 y 1,6 por ciento, pero de 1910 a 1930 los mismos aumentaron en un 1,7, 2,5 y 2,9 por ciento[14]. Durante ese intervalo de dos décadas, la economía española empezó a acortar por vez primera en un siglo la distancia que la separaba de los países europeos principales, reduciendo aproximadamente en un 12,5 por ciento, según una medición catastral, la diferencia existente entre su propio producto proporcional y los de Gran Bretaña, Francia y Alemania[15].

La lucha por la reforma, 1885-1923

Aunque las autodestructoras convulsiones de 1868-1875 desacreditaron la causa republicana durante más de una generación, el nuevo Partido Liberal hizo suya enseguida la política reformista. Sus mayores logros fueron obra del «largo gobierno liberal» de 1885-1890 que restituyó los juicios por jurado, estableció una ley formal de asociaciones que legalizaba los sindicatos, completó un nuevo Código Civil y estrenó el sufragio universal masculino en las elecciones de 1890.

El lado oscuro de la política de la Restauración residía en su innata estructura caciquil (la palabra cacique [=jefe de tribu] es de origen indoamericano). Las elecciones se hacían desde Madrid, controladas básicamente por los «caciques» locales. Algunos especialistas sostienen que los sistemas de clientelismo y caciquismo son naturales e inherentes a las sociedades de Europa del Sur con anterioridad a su modernización completa. Mecanismos similares podrían haber existido en Italia, Grecia y Portugal (así como en otros países). Es cierto también que continuó reinando la apatía incluso después de la introducción del sufragio universal masculino, y algunos distritos electorales se constituyeron en forma de seguros «encasillados» (especie de canonjías) para cualesquiera candidatos que desearan nombrar quiénes ocupaban el poder. Los liberales o los conservadores no subían al poder como resultado de las elecciones, sino que recibían del rey el encargo de «hacerlas» en favor propio, garantizándose así una mayoría parlamentaria durante varios años. Sin embargo, incluso en los primeros años, no toda la opinión pública era apática, y por ese motivo, en las regiones más adelantadas o donde existía una mayor conciencia política se hacía necesario recurrir a los pucherazos (consistentes en un fraude electoral directo o un «cocinamiento» de las elecciones). Al entrar el siglo XX se hizo más corriente recurrir en algunas zonas a la compra descarada de votos, y la distribución de favores a nivel local en vísperas de elecciones fue siempre una práctica común. Comoquiera que en algunos distritos sólo se presentaba un único candidato, una medida reformadora de 1907 (conocida como el artículo 29) se encargó de simplificar los procedimientos usuales y de eliminar un aspecto del control del sufragio al estipular que a partir de entonces, los candidatos que se presentasen en distritos sin competidores, serían declarados elegidos automáticamente. En consecuencia, se declararon así 119 de un total de 404 diputados elegidos en 1910, número que ascendió a 146 de 409 en 1923[16].

Durante la mayor parte del siglo XIX España había ido a la cabeza de la atrasada Europa del Sur y Oriental en el intento de introducir unas formas políticas liberales de corte moderno y avanzado en ausencia de la base correspondiente de desarrollo social y económico. Durante los decenios de 1820 y 1830 el liberalismo español había constituido una de las principales fuentes de inspiración contemporáneas de los nacionalistas italianos, los decembristas rusos y los liberales germanos. Antes del fin del siglo la experiencia española se vería repetida en diferente medida en cada uno de los demás Estados independientes de Europa del Sur, dado que cualquiera de ellos se encontraba con muchas de esas mismas contradicciones entre la política y la sociedad. Aunque Italia alcanzó enseguida una estabilidad mayor, ningún otro Estado del Sur de Europa halló la posibilidad de dejar atrás los sistemas, esencialmente elitistas y clientelistas, característicos de ese período, con la posible excepción de la Serbia de finales de siglo[17].

En España el esquema fundamental mencionado de control electoral nunca se vería quebrantado del todo bajo la monarquía constitucional. Sin embargo, las elecciones fueron haciéndose poco a poco cada vez más auténticas en algunas de las ciudades mayores, y al cabo de pocos años se concedió una representación algo más amplia a terceros partidos, algunos de ellos republicanos. Entre 1907 y 1923 se les permitiría a esos republicanos ocupar entre el 2 y el 4 por ciento de los escaños del Parlamento, a pesar de que el abstencionismo registrado aumentó después del cambio de siglo.

La «regeneración» se convirtió en el lema fundamental de comienzos del siglo XX en respuesta al desastre nacional, imperial y militar, de 1898. El hecho de que otros países de Europa del Sur como Italia, Portugal y Grecia experimentaran también humillaciones extrafronterizas en la década de 1890 era un flaco consuelo cuando la nueva generación de dirigentes españoles andaba en busca de claves capaces de acelerar la modernización interna. El primero de los libros reformistas del género «catastrofista», Los males de la patria, de Lucas Mallada, había sido publicado nada menos que en 1890. Definía acertadamente el caciquismo no como la causa sino como un efecto del subdesarrollo social, económico y educativo de la sociedad. Posiblemente el fallo máximo residía en la educación, a la que España —que había disfrutado en otro tiempo del sistema educativo superior proporcionalmente mayor del mundo— le dedicaba en ese momento o la más baja o una de las más bajas asignaciones presupuestarias per cápita de Europa. El flaco existente en la educación pública se veía muy escasamente compensado por las escuelas católicas que proporcionaban gran parte de la instrucción elemental. La proporción de personas capaces de leer y escribir había aumentado de acaso el 35 por ciento en 1877 a sólo el 44 por ciento en 1900, lo que situaba a España sólo por delante de Rusia, Portugal y unas pocas regiones de los Balcanes[18].

Al igual que en Rusia, la cultura de la elite era mucho más pujante, porque el período regeneracionista coincidió con la «época de plata» (generación del 98) moderna de las Letras Españolas, inferior sólo al «Siglo de oro» de principios de la Edad Moderna. En los años veinte de este siglo, la cultura española presentó figuras de talla mundial como los pensadores Ortega y Gasset y Unamuno, el novelista Pío Baroja, los poetas Juan Ramón Jiménez y García Lorca, un hombre de ciencia del calibre del histólogo Ramón y Cajal y pintores de vanguardia de la talla de Picasso, Gris y Miró.

Aunque el catolicismo había perdido parte de su posición en la vida española, la Iglesia seguía siendo una institución importante. Los liberales habían confiscado en el decenio de 1830 la mayoría de su patrimonio rústico, pero los sectores moderados del liberalismo habían logrado enseguida un modus vivendi con el catolicismo, consagrado en el Concordato de 1851. Durante el resto del siglo XIX el régimen liberal de España —especialmente bajo el liderato de los conservadores parlamentarios— fue el más católico y clerical de todo el suroeste de Europa. Los privilegios especiales de que gozaba todavía la Iglesia y su hostilidad a la innovación convertían tanto a la Iglesia como al clero en un blanco continuo de la izquierda y también del Partido Liberal oficial. El progresismo español sostenía que, sin unos cambios drásticos y una reducción radical de la influencia católica en la educación, la cultura e incluso en la economía, nunca sería posible una modernización y democratización completa de España[19].

La identidad religiosa del país estaba marcadamente dividida según las regiones y las clases sociales. El Norte de España era católico en términos generales, mientras que la Iglesia acusaba mucho menos su presencia y tenía menos partidarios en el Sur (diferencia que databa hasta cierto punto de la Edad Media). Por otra parte le era imposible en gran medida al clero mantener una presencia adecuada en las zonas urbanas de nueva expansión, por lo que no únicamente gran parte del campesinado del Sur sino también la mayoría de la nueva clase obrera iba dejando de ser católica. La animosidad de los radicales de la clase media y de los descatolizados obreros se demostró de manera patente en los grandes disturbios anticlericales de la Semana Trágica de Barcelona en julio de 1909, en cuya ocasión la destrucción de docenas de iglesias y otros edificios religiosos puso en dramática evidencia hasta qué punto se culpaba a la Iglesia de los males de la sociedad española contemporánea[20].

La España de comienzos del siglo XX era un caso único en cuanto a la ausencia de una fuerza significativa en el nacionalismo español, a la vez que, en el otro extremo, habían surgido pujantes movimientos de nacionalismo regional centrífugo de nuevo cuño que buscaban la separación del Estado español central. La ausencia de nacionalismo español es explicable debido a varios rasgos fundamentales de la historia de España. El Estado español dinástico tenía ya casi cinco siglos y había sido una gran potencia durante un prolongado período, mientras que en épocas más recientes no se había enfrentado a rivalidades importantes o a desafíos con otros Estados europeos. España no tenía delante ningún estímulo de unificación nacional ni de irredentismo de importancia. La lenta modernización frenaba además a los nuevos grupos de interés que fomentaban el nacionalismo en otros países. Por otra parte, la ausencia virtual de un nacionalismo español quería decir también que brillaba por su ausencia el apoyo principal que necesita cualquier tipo de política derechista moderna potencialmente autoritaria.

La monarquía española clásica había gobernado un Estado confederativo, no unitario, por lo menos antes del siglo XVIII, que había permitido la conservación de instituciones e identidades regionales distintas, especialmente en la región nororiental de la Península. Ulteriormente, el lento índice de modernización había hecho imposible integrar todas esas identidades regionales en una identidad nacional común, como había ocurrido en el caso de Francia durante el siglo XIX. O sea que el nacionalismo moderno catalán y vasco tiene sus raíces en unas instituciones, idiomas e identidades características, pero no aflora hasta el siglo XIX como consecuencia de unos patrones de modernización más dinámicos en estas regiones en comparación con los del promedio español. A comienzo del siglo XX la industria moderna se acumulaba desproporcionadamente en Cataluña y el País Vasco. Mientras en la mayoría de los demás países el regionalismo centrífugo ha procedido de regiones atrasadas que se sienten postergadas, en España produjeron esa divergencia las dos zonas de más rápido desarrollo. En ambas regiones el nacionalismo fue abanderado especialmente por las clases medias e inicialmente tuvo poco apoyo entre los trabajadores, especialmente los nuevos inmigrantes de otras regiones. Al ser Cataluña la parte más moderna y dinámica de España, el nacionalismo catalán empezó primero a desarrollarse, surgiendo como una fuerza importante muy al principio del siglo XX. El nacionalismo vasco fue más lento. Aunque el Partido Nacionalista Vasco se formó en 1895, no empezó a adquirir una fuerza electoral significativa hasta la Primera Guerra Mundial ni se convirtió tampoco en un frente potente hasta el advenimiento de la Segunda República[21].

Al principio del siglo XX existían dos formas distintas, competidoras, de movimientos obreros revolucionarios, el anarcosindicalismo y el socialismo. El anarquismo bakuninista entró en España en 1868, y la combinación del anarquismo y el sindicalismo en forma de instrumento organizativo produjo posteriormente el anarcosindicalismo. Pero sólo surgió un movimiento permanente de importancia al fundarse la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) en 1910-1911. Se convirtió en una organización de masas a finales de la Primera Guerra Mundial, interviniendo en numerosos actos de pistolerismo (violencia política) y huelgas tumultuosas. En 1927 los anarquistas más inflexibles organizaron una Federación Anarquista Ibérica (FAI), separada, para garantizar el predominio de la ideología y la táctica anarquistas dentro del conjunto de la CNT[22].

La primera agrupación socialista marxista fue organizada en Madrid en 1879, pero no consiguió muchos miembros. El Partido Socialista oficial (PSOE) y su movimiento sindical (UGT, Unión General de Trabajadores) surgieron en 1888. Este partido español era una organización socialista bastante típica de la Segunda Internacional, dedicada a la actividad sindical y a presentarse a las elecciones, renunciando a toda militancia revolucionaria en pro de ganancias tangibles. Durante casi una década del siglo XX no llegó a ganar un solo escaño en el Congreso, hasta que una «conjunción» electoral con los republicanos efectuada en 1910 situó por fin a un socialista en las Cortes. El asunto del comunismo y la Tercera Internacional dividieron lastimosamente el partido después de 1919. El socialismo español optó finalmente por la Internacional «Dos y media» o Reconstruccionista, encabezada por los austríacos, a medio camino entre el revolucionarismo y la socialdemocracia. Aunque el número de miembros había caído a plomo en 1923, el partido se fijó un derrotero estricto no comunista[23].

A esas alturas el anarcosindicalismo había dejado totalmente atrás al socialismo dentro de la organización trabajadora y la CNT se había convertido en el mayor movimiento laboral de masas de España con casi un millón de miembros, siendo el primero y único movimiento de masas anarcosindicalista de toda Europa. Los marxistas lo atribuían con disgusto al atraso español y a la estructura de taller pequeño de la industria española, que no producía unas concentraciones de trabajadores tan densas como las de otros países más adelantados o incluso de la atrasada Rusia. Sin embargo, visto que el marxismo ganaba adhesión de masas en algunas sociedades decididamente más atrasadas que España y que el anarcosindicalismo no tenía tampoco un éxito similar en ninguna otra sociedad menos adelantada que España, el argumento sólo del atraso es totalmente inadecuado para explicar este fenómeno, en el que hay que considerar otros muchos factores. En Rusia, por ejemplo, los anarquistas lograron arraigo entre los campesinos ucranianos y los obreros y artesanos judíos, residentes unos y otros en aldeas y ciudades pequeñas, y representantes además de los sectores más individualistas de la sociedad. Por otra parte, los anarquistas de San Petersburgo estaban ganando apoyo rápidamente en algunas de las áreas industriales más modernas y concentradas en vísperas del golpe de Lenin de 1917.

Durante el siglo XIX y principios del XX, el Estado español era débil, más débil desde luego que en algunos otros países subdesarrollados. La falta de penetración estatal facilitaba a los anarquistas el concebir el Estado como un factor nulo o negativo, haciéndose más fácil ignorarlo al no ser una fuente de progreso, ni siquiera de un poder decisivo. Por otro lado, la sociedad española tenía una larga tradición histórica de localismo y particularismo, pactista y confederativo a nivel nacional, y traducido en un autogobierno de facto a nivel local[24]. El anarcosindicalismo echó raíces tanto en el atrasado Sur agrario como en una Cataluña que se modernizaba e industrializaba. En ambos casos ese proceso se veía alentado probablemente por el muy amplio contexto social y cultural. En la Andalucía Suroccidental, donde el anarquismo había ganado el respaldo más fuerte, las clases medias bajas y los obreros de las ciudades se habían sentido muy atraídos desde mediados del siglo XIX hacia un republicanismo radical sumamente individualista, igualitario y anticlerical, muy apto para crear un ambiente más propicio a un movimiento libertario entre las clases trabajadoras. Además, los anarquistas andaluces no atraían solamente a la gente más depauperada, sino a una sección transversal más amplia de la sociedad[25]. La Cataluña de comienzos del siglo XX rebosaba individualismo y particularismo político a nivel burgués, situación acaso no totalmente ajena al creciente libertarismo de los trabajadores.

El éxito del anarcosindicalismo en España se atribuía en parte al fracaso socialista. La UGT, socialista, fue fundada inicialmente en Barcelona, con mucho el centro proletario de todo el país, pero la directiva madrileña del movimiento no se entendió con Cataluña y terminó retirándose a la capital de España[26]. El socialismo español era al principio intolerante, rígido y carente de imaginación. Andaba a la greña tanto con los sindicalistas moderados de Cataluña[27] como con los anarquistas incendiarios y tardó mucho en desarrollar una estrategia capaz de alcanzar el proletariado más numeroso y pobre, situado no en las ciudades sino en la España profunda del Sur. Mientras la UGT se atenía al restrictivo principio de los sindicatos gremiales, la CNT adoptó en 1919 el sindicato único (sindicalismo industrial), elevando al máximo su potencial de movilización.

En último término, los anarcosindicalistas de la CNT tuvieron más éxito en el desarrollo de un sindicalismo radical sencillamente porque eran más radicales, y también más violentos, practicando a menudo la violencia contra los trabajadores que se resistían a unirse a sus filas. La violencia y el revolucionismo anarcosindicalista terminaron formando un círculo vicioso perpetuado traducido en una autorradicalización de las relaciones industriales que con frecuencia forzaba la decisión, provocando una polarización de actitudes y acciones laborales que nunca habrían adoptado ese mismo curso a través de medidas sindicales pacíficas como las que practicaban normalmente los socialistas. El anarcosindicalismo evidenció en consecuencia una capacidad de autogeneración revolucionaria de la que carecían sencillamente los marxistas, más disciplinados y moderados[28].

Hubo un movimiento lento pero creciente en general hacia la organización y regularización en la sociedad española posterior a 1900, al entrar en el orden del día político oficial la reforma social profesional. En 1903 se estableció bajo la égida del Estado un Instituto de Reformas Sociales para llevar a cabo investigaciones y compilar informaciones que permitieran estimular la mejora de las condiciones sociales[29]. Algunas medidas gubernamentales destinadas a fomentar los limitados seguros de los trabajadores fueron seguidas por la formación del Instituto Nacional de Previsión, una organización de tipo también semiautónomo para estudiar los problemas de las pensiones y recomendar posibles mejorías. Aunque despacio, cobró impulso el mejoramiento de las condiciones laborales. En la industria textil la jornada de trabajo se vio limitada por una ley en 1913 a diez horas (aunque a todas luces no se convirtió en realidad) y en 1920 la de los mineros del carbón se redujo a siete horas, al tiempo que se incorporaba al gobierno ese mismo año un Ministerio de Trabajo. Entretanto, los intereses comerciales, industriales y agrícolas del país empezaron a cobrar cierto grado de organización corporativa en vísperas de la Primera Guerra Mundial, al tiempo que las clases profesionales españolas pequeñas y los empleados del Estado empezaban a formar también sus propios grupos corporativos[30].

Los seis años últimos de la monarquía parlamentaria regular (1917-23) constituyeron una época de crisis continua[31]. La neutralidad en la Primera Guerra Mundial estuvo acompañada por una actividad económica acelerada y escaseces puntuales que a su vez provocaron inflación y un rápido aumento del descontento entre los obreros y los trabajadores del campo[32] y en las clases medias profesionales[33]. León Trotsky (exiliado temporalmente en España en 1916) anticipó la idea de que España se había convertido en la «Rusia del Oeste», una sociedad atrasada atrapada ahora en unas contradicciones evolutivas sin salida que la hacían madura para la revolución. Esa idea fascinó también a varios pensadores españoles de primera fila[34] e iba a reaparecer con más fuerza bajo la Segunda República. Se vio estimulada momentáneamente por la triple crisis de 1917, que provocó la impresión de que España se tambaleaba al borde de un caos por el estilo del de Rusia.

Lo que, en realidad, se había desarrollado en España durante la Primera Guerra Mundial no era tanto una situación revolucionaria como una crisis de autoridad[35]. Al ser el país más grande e importante de la Europa neutral, España se aprovechó considerablemente del conflicto, que también la dividió a su vez cada vez más. La escisión existente entre los germanófilos, conservadores, y los izquierdistas y liberales que respaldaban a la Entente era más seria que en ningún otro país neutral excepto Grecia, y produjo una «guerra civil de palabras» y la primera gran polarización de izquierda-derecha del siglo. Los conservadores se dieron cuenta de que España no poseía ni la fuerza ni la ventaja geográfica precisas para intervenir del lado de Alemania y se concentraron con éxito en mantener neutral al país, mientras los izquierdistas y liberales hacían presión a favor de una intervención del lado de la Entente. El gobierno conservador de 1914-1915 cayó en diciembre de 1915 después de una pequeña crisis de procedimiento parlamentaria, pero la administración liberal que lo sucedió carecía de poder para gobernar con eficacia y sólo consiguió malquistarse con los militares.

Tres drásticas iniciativas nuevas hicieron su aparición en el crítico año de 1917. Muchos jefes y oficiales del ejército ingresaron en una nueva organización ilegal de los mismos (una especie de sindicalismo militar), las Juntas Militares, que dio pábulo a la insubordinación, pidió aumento de sueldo y ejerció una fuerte presión sobre el gobierno[36]. Los catalanistas y otros elementos progresistas situados fuera de los dos partidos principales aprovecharon la oportunidad para convocar una «Asamblea Parlamentaria» autónoma en Barcelona para presionar en pro de una reforma constitucional de envergadura, pero no lograron el apoyo de los militares ni de los sectores más liberales de los partidos del establishment. Por último, la socialista UGT hizo en agosto el esfuerzo más serio en forma de una huelga general en España para exigir mejoras económicas y reformas políticas democráticas, pero no logró conseguir el pleno respaldo de la CNT ni un apoyo amplio del mundo laboral en general[37]. Cada una de esas iniciativas representaba intereses distintos y tenía objetivos incompatibles entre sí, lo que suponía una escasa amenaza para el sistema establecido.

Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, las dificultades del ajuste económico se vieron exacerbadas por dos problemas nuevos e importantes. Uno fue el nacimiento de una violenta lucha de clases en las zonas industriales por vez primera en la historia de España. En 1919 la CNT era un movimiento de masas (con casi un millón de miembros) capaz de generar huelgas a gran escala acompañadas de asesinatos políticos. La violencia había empezado en Barcelona en 1917, fomentada en parte por agentes alemanes que trataban de desbaratar un centro industrial puesto al servicio de los aliados. El sector más temerario de la CNT recurrió a la violencia política en forma de pistolerismo, que halló por respuesta la vigilancia particular de una «policía empresarial», seguida a su vez por una represión estatal bajo ley marcial (en la que la policía regular hizo uso de la ley de fugas «abatido cuando intentaba escapar[38]»). La aparición del nuevo y pequeño Partido Comunista de España (PCE) no hizo más que empeorar el problema.

Entre 1918 y 1920 el intenso conflicto existente en los centros industriales se combinó con el llamado «Trienio bolchevique» de las provincias agrarias del Sur y del Centro-Sur. De hecho ese «trienio» sólo duró de la primavera de 1918 a la de 1920 en forma de huelgas y disturbios generalizados de los trabajadores del campo, incluyendo numerosos casos de incendios y destrucción de propiedades. La violencia (pistolerismo) contra las personas fue mucho menos común en el área rural, pero las huelgas campesinas provocaron en una ocasión la intervención del ejército y suscitaron un temor extendido, aunque totalmente exagerado, a que los despojados trabajadores del campo españoles trataran de emular a los bolcheviques de Rusia[39].

El otro nuevo problema capital residía en la prolongada guerra colonial en el nuevo protectorado marroquí de España. Después de la debacle de 1898 el neoimperialismo tenía menos apoyo en España que en cualquier otro país europeo importante (o que en muchos de los pequeños). Aunque estaban en juego intereses económicos españoles de poca monta, el factor principal que llevó al gobierno a establecer un protectorado en el 5 por ciento norteño de Marruecos en 1913 tuvo probablemente un carácter más defensivo que agresivo: evitar el flanqueamiento total tanto geográfico como militar por parte de Francia y el postergamiento absoluto ante las demás potencias occidentales de Europa. Las cabilas de nativos del Norte de Marruecos eran hostiles y belicosas. Un conflicto de fronteras habido allí había provocado indirectamente ya una crisis política nacional de importancia en España en 1909. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, se hizo un esfuerzo para ocupar el protectorado español entero, dejado hasta entonces en gran parte en manos de los rifeños, pero el inepto ejército español sufrió una resonante derrota en el Rif en 1921, seguida de dos años de humillante estancamiento. La guerra de Marruecos era la más sucia y difícil existente en el momento en cualquier parte del mundo afroasiático. Se traducía en una creciente discordia intestina en España al resistirse los políticos civiles a adoptar una política militar más dinámica y costosa, a la vez que parte de los mandos del ejército pedían insistentemente una venganza y la conquista total. Todo ese tiempo respiraba el país entero una exigencia mayoritaria de una investigación oficial de las «responsabilidades» del desastre de 1921, y los jefes del ejército temían que esa campaña pudiera llevar a un debilitamiento de las instituciones militares.

En medio del creciente descontento y hastío político, los antiguos partidos republicanos no eran capaces de presentar una alternativa viable, no tanto a causa del falseamiento electoral (aunque siguió produciéndose durante 1923) como a su propia falta de prestigio y seguidores. El desastre supuesto por la República Federal de 1873-1874 —cuatro presidentes en un año y una virtual desintegración cívica nacional— había desacreditado al republicanismo durante dos generaciones. La primera señal de una revitalización republicana fue el apoyo ganado entre los obreros y los electores de clase media baja en Barcelona en los años posteriores a 1900 por el demagógico Partido Republicano Radical, recientemente fundado por Alejandro Lerroux[40]. Dado a un anticlericalismo feroz, su apogeo fue fugaz, arrollado enseguida por la expansión de la izquierda revolucionaria y también del catalanismo. Una forma nueva y más pragmática de republicanismo surgió en el Partido Republicano Reformista de Melquíades Álvarez en 1914, que hacía más hincapié en los principios básicos de la reforma política y la democracia que en la instauración de una república[41].

En términos generales, el republicanismo existente en el contexto español abogaba por una democracia parlamentaria directa y el cumplimiento de todas las reformas identificadas con el liberalismo clásico de la clase media, incluyendo la separación de la Iglesia y el Estado, una rápida expansión de los medios educativos y una reforma administrativa e institucional básica. Los republicanos se diferenciaban entre sí respecto a problemas como la centralización frente a la descentralización y demostraban escaso interés por reformas sociales dirigidas por el Estado que no concernieran a los derechos civiles, la democratización política y la expansión educativa. A pesar de ello, el Partido Socialista estableció alianzas electorales temporales con algunos grupos republicanos sobre la base de un reformismo político democrático entre 1910 y 1918. Aun así, los pequeños partidos republicanos demostraron su incapacidad para beneficiarse del creciente descontento social y político anterior a 1923, y los reformistas de Melquíades Álvarez terminaron uniendo fuerzas con el Partido Liberal del establishment monárquico.

En 1923 el sistema parlamentario había llegado a un bajo nivel de estimación. Los partidos establecidos estaban divididos y eran ineficaces, al tiempo que los grupos de la oposición carecían de fuerza o de acceso legal. Aunque a finales de 1922 se formó una nueva «Concentración Liberal» que controló completamente las elecciones de mayo de 1923, la mayoría de los hombres mayores de edad de hecho ni siquiera intentaron votar, y la opinión pública acusaba en su conjunto un abismo entre el pays réel y el pays officiel. (Véase la tabla 1.1.) Reinaba un clima de crisis permanente aunque poco acusada, y en medio del descontento general, un pequeño número de generales del ejército tomaron la iniciativa para llevar a cabo un nuevo pronunciamiento destinado a desplazar —aunque sólo con carácter temporal— a los políticos parlamentarios. Encabezado por el general Miguel Primo de Rivera, aquel levantamiento incruento que se inició el 13 de septiembre de 1923, apenas tropezó con resistencia por parte del gobierno parlamentario, que parecía estar ansioso de dimitir. El rey, Alfonso XIII, presidió una monarquía constitucional cuyo soberano era más el regulador del acceso que un simple espectador pasivo de unas elecciones democráticas genuinas. Había sido siempre responsabilidad de la Corona determinar qué líder o grupo debía formar el gobierno siguiente, dado que bajo el sistema del liberalismo oligárquico el gobierno siguiente no era fruto de unas elecciones democráticas que, de hecho, no se efectuaban nunca. Era en realidad el nuevo gobierno quién dirigía y controlaba siempre unas elecciones hechas para obtener una mayoría parlamentaria y gobernar con ella. Comoquiera que el gobierno parlamentario decidió de hecho dimitir, don Alfonso le confirió al general Primo de Rivera el cargo de Primer ministro para que formase un gobierno propio con el objeto de resolver la crisis y decretar las reformas necesarias y ser sucedido a continuación por la reanudación del funcionamiento constitucional normal. Aunque se procuró en un principio disfrazar aquel drástico cambio con una fachada de legalidad, se trataba de hecho de una dictadura de urgencia que dio lugar a la primera dictadura militar en la historia de España[42].

Tabla 1.1. Abstencionismo voluntario y forzado en las elecciones españolas, 1899-1923

Año | Votantes registrados | Porcentaje de abstenciones | Porcentaje de votantes afectados por el artículo 29 | Porcentaje total de no votantes
1899 | 4 273 000 | 35 | … | 35
1901 | 4 300 000 | 33 | … | 33
1907 | 4 579 000 | 33 | … | 33
1910 | 4 650 000 | 24 | 29 | 54
1914 | 4 714 000 | 31,2 | 21,1 | 52,4
1916 | 4 754 000 | 31,5 | 35,7 | 67,2
1918 | 4 720 000 | 29,6 | 11,3 | 40,9
1919 | 4 720 000 | 36 | 19,4 | 55,4
1920 | 4 750 000 | 33,6 | 17,6 | 51,2
1923 | 4 783 000 | 35,5 | 35,1 | 70,6

Fuente: Miguel Martínez Cuadrado, La burguesía conservadora (1874-1931), Madrid, 1973, 404.

La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930

La primera dictadura española del siglo XX no se inició esgrimiendo una doctrina o ideología explícitas, sino simplemente con el objetivo de salvar a España de la oligarquía política que la había maladministrado, restableciendo la ley y el orden y la unidad nacional, haciendo frente a los problemas financieros y económicos y resolviendo el embrollo de Marruecos. Por su parte Primo de Rivera era un general muy profesional, de sólido prestigio militar, valiente y jovial, que había alimentado crecientes ambiciones políticas en los últimos años. Negando sin embargo albergar deseos de dictador, anunció al principio que su nuevo «Directorio Militar» gobernaría sólo durante noventa días, e insistió en que la Constitución del año 1876 seguía siendo la ley de la nación.

El problema más fácil de resolver fue el del orden público. La ley marcial puso rápido fin a la violencia política; en los siete años siguientes se oyó hablar poco de los anarquistas y comunistas. «Salvar a España de los políticos» resultó en cambio una cosa mucho más difícil, porque los jefes militares estaban muy poco preparados para hacer frente a los complejos problemas administrativos. Pasaron enseguida los noventa días, pero el Directorio Militar gobernó durante dos años y medio, dando paso por último en febrero de 1926 a un gabinete regular, compuesto principalmente por civiles, pero encabezado siempre por el dictador temporal.

Al principio el problema más difícil de abordar fue el de Marruecos. El ejército español carecía sencillamente de la fuerza y eficacia necesarias para aplastar la insurrección y ocupar todo el protectorado. Durante 1924 Primo de Rivera tuvo que llevar a cabo una retirada estratégica parcial a un costo considerable, a fin de acortar las líneas españolas y proporcionarse un área de respiro donde organizar las unidades de combate. El jefe rifeño Abdul Karim cometió entonces el fatal error de irrumpir también hacia el Sur en la zona francesa, lo que se tradujo en una cooperación militar francoespañola que atrapó a sus huestes en un torniquete a partir de 1925. Una operación francoespañola anfibia ocupó el corazón de la zona insurgente y en 1926 los rebeldes habían quedado derrotados, completándose las operaciones finales de limpieza durante los dos años siguientes[43].

El otro triunfo de la dictadura fue el desarrollo económico. El nuevo régimen cabalgó en la cresta de la gran prosperidad de los años veinte, lo que se tradujo en la más rápida industrialización de la historia de España. La expansión de la renta nacional y estatal permitió a la dictadura acometer el mayor programa de obras públicas visto nunca en España, iniciando la construcción del sistema de carreteras modernas del país, y promover un crecimiento económico ulterior[44]. En las relaciones laborales introdujo un sistema de comités paritarios (de representación igual) que hacían de árbitros entre el capital y el trabajo en la negociación de nuevos contratos. La socialista UGT accedió a participar en ese sistema, que benefició a algunos sectores del trabajo industrial, pero sin llegar a tener nunca alcance nacional[45].

El problema insoluble de la dictadura fue la reforma política. Primo de Rivera trató al principio de fomentar la honestidad y la eficiencia en la administración provincial nombrando como supervisores a delegados militares, pero ello creó más problemas que soluciones, y nunca llegó a realizarse una descentralización proyectada del gobierno y la administración locales. Ocurrió de hecho lo contrario, porque la limitada autonomía otorgada a las cuatro provincias catalanas en 1913 (la Mancomunitat) fue abrogada enseguida, dejando a los catalanes y vascos cada vez más agraviados con el renuevo de la centralización[46].

La dictadura tuvo el respaldo de una especie de frente cívico, la Unión Patriótica Española (UPE), formada en 1924, adicta a un amorfo credo basado en el nacionalismo, un catolicismo derechista, y un gobierno fuerte autoritario, junto con unos principios corporativos en la organización económica y política. Da la impresión de que Primo de Rivera tenía in mente un futuro político basado en algún tipo de fuerza nacionalista moderna de derechas complementada por un Partido Socialista domesticado que podría representar el trabajo organizado, aunque de hecho sus planes eran demasiado confusos para cristalizar en alternativas bien definidas. La dictadura puso también énfasis en unas relaciones estrechas con la Iglesia católica que no se tradujeron sin embargo en un apoyo económico excesivo.

Al cabo de cinco años se hizo un esfuerzo para emprender una reforma constitucional a través de la convocatoria de una Asamblea Nacional elegida por representación corporativa indirecta en vez de unas elecciones directas. Atestada de partidarios de la dictadura, propuso convertir el sufragio corporativo parcial en un sistema permanente, reduciendo el alcance de las elecciones directas y aumentando mucho los poderes de la Corona y del ejecutivo central. Aunque la dictadura había sido recibida positivamente por la mayoría de la opinión de la clase media en 1923, había sido completamente incapaz de plasmar algún tipo de nuevo consenso a favor de un sistema más autoritario como solución a largo plazo. La reforma constitucional propuesta en 1928-1929 fue ásperamente criticada por una prensa todavía básicamente libre y consiguió poco apoyo, desconcertando en último término tanto a Primo de Rivera como al rey antes de ser arrumbada calladamente[47].

La dictadura había sobrevivido ya con mucho cualquier utilidad que hubiera brindado anteriormente y había sido completamente incapaz de proporcionar una alternativa política. A comienzos de 1930 el descontento aumentaba por todas partes. La agricultura se resentía ya del comienzo de la depresión, el presupuesto estaba ya muy sumido en los números rojos y la peseta había caído en barrena. Incluso aquellos hombres de negocios que habían apoyado en su día al régimen se habían vuelto más escépticos, mientras la burguesía catalana en particular se había vuelto completamente contra él. Los socialistas se habían distanciado cada vez más[48], mientras que los intelectuales y la pequeña pero ruidosa población estudiantil universitaria se habían lanzado a una oposición estrepitosa[49]. Por primera vez en dos generaciones los partidos republicanos crecían rápidamente. Por último, y esto fue lo más decisivo, la dictadura había perdido el respaldo de los militares, algunos sectores de los cuales habían sido siempre fríos para con ella. Primo de Rivera padecía a esas alturas una seria diabetes y se había aletargado. El rey estaba cada vez más desconcertado con la dictadura y era lo suficientemente perspicaz para no sentirse atraído por ninguna propuesta de constitución autoritaria. Ante una parte de los militares en activa conspiración contra un dictador militar, Primo de Rivera accedió a la petición real de su dimisión a finales de enero de 1930.

El dictador se había ido, pero después de seis años y medio, no era demasiado fácil deshacerse del gobierno autoritario. Todas las alternativas derechistas se había desacreditado al tiempo que crecía la oposición republicana e izquierdista. La iniciativa quedaba ahora en manos de un monarca cada vez más desconcertado que encontraba muy difícil desmontar del tigre en que se había convertido el autoritarismo de derechas.

CAPÍTULO 2

LA TRANSICIÓN REPUBLICANA, 1930-1931

Durante decenios después del desastre de la República Federal, los adultos españoles solían comentar al ver crios peleando, «esto es una república». Durante los primeros años del siglo XX, sólo una minoría relativamente pequeña de la gente interesada en el progreso y la reforma se sentía atraída por las agrupaciones republicanas. Aquello empezó a cambiar después de 1925, pues la continuación de la dictadura ayudó a crear condiciones idóneas para la máxima expansión del republicanismo en la historia de España. Ese aumento repentino fue promovido además por la constante campaña propagandística de la dictadura para desacreditar los antiguos partidos parlamentarios monárquicos por su corrupción e ineptitud. Estos últimos tenían en la sociedad unas raíces relativamente superficiales y una organización endeble. Su vida se había centrado en torno a las elecciones y las sesiones parlamentarias; como ninguna de ellas existía desde 1923, se habían extinguido en su mayoría durante un período de varios años. Como consecuencia, la creciente repulsa contra la férula autoritaria y la asociación de la monarquía con ella, produjeron una nueva ola de apoyo en sectores considerables de la intelectualidad y de clases medias anteriormente nada atraídas por el republicanismo.

Se veía alentada también una nueva orientación por los rápidos cambios experimentados en la estructura social y económica y hasta cierto límite en la cultura española en los años transcurridos entre 1915 y 1930. Ello produjo la expansión proporcionalmente más rápida de la población urbana y de la fuerza laboral industrial de toda la historia de España. (Véase tabla 2.1.) Entre 1910 y 1930 el empleo industrial se había casi duplicado, del 15,8 por ciento de la fuerza laboral al 26,5 por ciento. Aquello superó incluso el desplazamiento proporcional hacia el empleo industrial de la gran década de prosperidad de la segunda postguerra mundial en la década de 1960, única época que igualó a los años 20 como período de expansión y modernización[1]. Aunque la agricultura siguió siendo el sector individual más grande, en 1930 el porcentaje de la población activa dedicada a la agricultura y la pesca se había reducido a menos de la mitad por primera vez, habiéndose contraído del 66 por ciento en 1910 al 45,5 por ciento de 1930, una disminución proporcional nunca igualada antes o después[2]. España había dejado de ser el país abrumadoramente rural y agrario de antes de 1910. Debido a la expansión urbana y a la prosperidad del transporte y las comunicaciones, el crecimiento del empleo en los servicios fue incluso más rápido que el de la industria, aumentando de un 20,8 por ciento en 1920 al 28 por ciento en 1930. Esto constituía también un indicador capital del aceleramiento de la modernización social y económica[3].

Tabla 2.1. Cambios de la fuerza laboral española, 1920-1930

Sector | Porcentaje en 1920 | Porcentaje en 1930
Agricultura y pesca | 57,2 | 45,5
Minería | 2,3 | 2,1
Industria fabril | 15,6 | 19,2
Construcción | 4,1 | 5,2
Total de la industria | 22,0 | 26,5
Transporte y comunicaciones | 2,9 | 4,6
Comercio | 5,9 | 7,6
Otros servicios | 12,0 | 15,8
Total de servicios | 20,8 | 28,0

Fuente: Estadísticas históricas de España siglos XIX-XX, Madrid, 1989, 79.

La fuerza laboral activa totalizaba en 1930 aproximadamente 8 773 000 personas. De ellas, unos 2 325 000 eran trabajadores industriales, alrededor de 1 900 000 trabajadores del campo y casi 2 500 000 pertenecía a los servicios. Había más de un millón de propietarios minifundistas, 700 000 arrendadores y aparceros rurales, 400 000 hombres de negocios y artesanos en menor escala, y unos 225 000 funcionarios gubernamentales. Los terratenientes de bastante importancia eran unos 12 000 y los sirvientes domésticos unos 350 000[4].

Estaban en marcha mejoras considerables en materia de educación. El analfabetismo de la población adulta descendió en casi un 9 por ciento durante los años 20, constituyendo también la mejora más rápida hecha en el curso de diez años en toda la historia de España. También experimentaban una rápida expansión las oportunidades para la mujer, otro indicador básico. La proporción de mujeres dentro de la fuerza laboral aumentó casi en un 9 por ciento durante los años 20, y es digno de destacar que el porcentaje de ellas entre los estudiantes universitarios casi se duplicó de un 4,79 a un 8,3 por ciento en los cuatro años que median entre 1923 y 1927. Por otra parte, el número absoluto de estudiantes universitarios casi se duplicó también entre 1923 y 1930. Aunque España seguía estando seriamente subdesarrollada frente a la Europa del Noroeste, aquellos rápidos cambios se iban traduciendo en una sociedad cada vez más educada, cada vez más ubicada en ciudades y potencialmente más sintonizada con una democratización, algo equivalente a lo que un historiador ha llamado «un ambiente republicano[5]». Se estaba produciendo asimismo un nivel mucho más elevado de conciencia social y política y una acusada revolución en el aumento de expectativas, especialmente entre los trabajadores industriales y los jornaleros del campo. Desde luego, aquellas expectativas iban a revestir tal dimensión que con toda lógica cualquier sociedad democrática que no hubiese alcanzado todavía una modernización completa iba a hallar grandes dificultades para satisfacerlas, sobre todo en un momento de incipiente depresión.

Ante estos hechos, aunque una pequeña minoría de monárquicos de derecha estaban a favor del establecimiento de un sistema de autoritarismo real vagamente similar a la dictadura monárquica impuesta unos meses antes por el rey Alejandro en Yugoslavia, esto no constituía una opción para Alfonso XIII, quien nunca la consideró en serio. La opinión cívica no la habría tolerado mucho tiempo, y la respuesta habría sido probablemente una sublevación militar. Para el rey y sus consejeros, la única alternativa viable residía en tratar de facilitar el regreso al sistema parlamentario anterior a 1923. Como éste ya no existía, no se podía intentar esa transición de la noche a la mañana.

El 30 de enero de 1930 fue nombrado un nuevo gobierno provisional a las órdenes del general Dámaso Berenguer, un miembro de la casa militar del rey que había asumido en el pasado altos cargos militares, aunque había evitado una implicación directa en las controversias políticas de la dictadura. Para iniciar un regreso gradual a la constitucionalidad, su gobierno canceló rápidamente las medidas políticas principales de Primo de Rivera. Fue disuelta la Asamblea Nacional corporativa, se decretó una amnistía política general, y fueron restituidos en sus cargos los catedráticos universitarios depuestos por la dictadura. Se levantó en abril la prohibición impuesta a la CNT anarcosindicalista; aumentaron enseguida palpablemente la actividad sindical y los movimientos de huelga. Pero nada de ello fue suficiente para conseguir la participación pública de los antiguos líderes parlamentarios[6]. El gabinete de Berenguer estuvo compuesto en consecuencia por monárquicos ultraderechistas y por unas cuantas figuras de segunda fila del viejo Partido Conservador. No representaba a ningún sector importante de la sociedad política y por lo mismo mantuvo una actitud vacilante ante el dilema del salto al vacío de unas nuevas elecciones[7].

Algunos de los políticos más liberales del antiguo sistema apañaron entre ellos un «Bloque Constitucional», pero era poco más que un grupo de tertulia de las elites y carecía de base sólida. En el extremo opuesto, varias figuras reciamente identificadas con la dictadura, como el ministro de Hacienda de Primo de Rivera, José Calvo Sotelo, organizaron una nueva «Unión Monárquica Nacional», destinada a abrir camino a un sistema autoritario de derechas de carácter más permanente. Este grupo siguió siendo muy reducido y elitista, aunque estaba flanqueado por otras nuevas minúsculas organizaciones ultraderechistas[8].

Proliferaron rápidamente las nuevas organizaciones republicanas. El único partido republicano «histórico» de alguna cuantía era el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que se había ido moderando conforme pasaban los años hasta terminar convirtiéndose en una especie de democracia liberal centrista, equidistante de la derecha y de la izquierda. En cambio, el viejo Partido Republicano Federal era un cascarón vacío. Era más importante la nueva agrupación Acción Republicana, formada en 1925 y dirigida por intelectuales y profesionales más jóvenes, entre ellos, el más destacado Manuel Azaña, jefe de departamento del Ministerio de Gracia y Justicia. Esa nueva organización proponía un tipo de república reformista más radical e izquierdista que el ya anticuado Partido Radical.

Se había unido a esas tres formaciones el Partit Catalanista Republicà, formado en su origen como ala izquierda del catalanismo político en 1917 para crear una Alianza Republicana informal en 1926. Las organizaciones republicanas no fueron de hecho especialmente activas al principio dentro de la oposición a Primo de Rivera, que había estado dirigida en cambio por figuras militares, políticos monárquicos reformistas, intelectuales inconformistas y estudiantes universitarios. Sólo empezaron a ponerse muy en boga cuando el descontento alcanzó proporciones mayores en 1929-1930. Algunos de los republicanos más extremistas se escindieron de las demás organizaciones en 1929 dando lugar a un partido más avanzado, de tipo jacobino, el Partido Republicano Radical Socialista, inspirado sin duda en la terminología francesa de finales de siglo. En 1930 Acción Republicana se había constituido en partido político, y figuras del máximo relieve del régimen parlamentario anterior, como el ex primer ministro conservador José Sánchez Guerra[9], el católico progresista Ángel Ossorio y Gallardo, y el reformista Melquíades Álvarez habían hecho declaración pública de su falta de fe en la monarquía al tiempo que el jefe de una rama menor de los antiguos liberales monárquicos, Niceto Alcalá Zamora, y Miguel Maura, hijo del famoso y cuatro veces Primer ministro conservador, se declararon por su parte republicanos. Al unirse, formaron un nuevo partido republicano conservador, la Derecha Liberal Republicana (DLR), mientras tres de los principales intelectuales del país, encabezados por el mundialmente famoso pensador José Ortega y Gasset, organizaban una pequeña Agrupación al Servicio de la República[10].

Las fuerzas republicanas iban cobrando envergadura sobre todo en la mayoría de las regiones centrífugas (a excepción de las provincias vascongadas, de carácter más conservador). Las dos nuevas agrupaciones catalanistas de izquierda, la ultraliberal Acció Catalana y el extremista Estat Català, eran ambas republicanas, aunque el ala izquierda de la primera se había escindido recientemente con el nombre de Acció Republicana de Catalunya, si bien ambas alas volvieron a unirse en febrero de 1931 para formar una coalición nueva, la Esquerra Republicana de Catalunya[11]. En Galicia los republicanos regionalistas formaron su propio partido ORGA (Organización Republicana Gallega Autónoma), mientras se desarrollaba en la región valenciana un partido republicano regionalista, similar, aunque algo más débil.

Las agrupaciones republicanas unieron sus fuerzas en una reunión efectuada en San Sebastián el 17 de agosto de 1930. Su acuerdo, conocido posteriormente como el «Pacto de San Sebastián», reunió a los radicales, la Acción Republicana, los radical-socialistas, la ORGA, los tres partidos catalanistas y la más conservadora DLR, que estarían representados juntamente por un «Comité Ejecutivo de la Conjunción», encabezado por el moderado Alcalá Zamora de la DLR, y dedicado al derrocamiento directo de la monarquía. Aunque no se firmó ningún documento formal, todos los partidos convinieron en subordinar sus intereses particulares al objetivo común, comprometiéndose también a dar pasos hacia el establecimiento de un amplio sistema de autonomía regional para Cataluña una vez establecida la República[12].

El Partido Socialista no fue incluido al principio. Desde su conflicto interno en torno a la Tercera Internacional en 1919-1921, este partido había tendido cada vez más a la moderación. Sus jefes principales habían dado la bienvenida a la formación del primer gobierno laborista democrático en Inglaterra en 1924. Pablo Iglesias, su legendario jefe y fundador virtual, había declarado que aquello podía deshacer el daño infligido por el bolchevismo, mientras el veterano jefe de la UGT, Francisco Largo Caballero, celebró la victoria laborista como el «hecho más importante en toda la historia del socialismo democrático[13]». Sin embargo, en el contexto español aquello había revertido en una política de colaboración sindical con las instituciones sociales de la dictadura. En 1924 los representantes de la UGT habían aceptado asientos en varias juntas y comités patrocinados por el gobierno, incluyendo el carácter de miembro de Largo Caballero en el Consejo de Estado, seguido de una participación activa en los comités paritarios de trabajo del régimen. Primo de Rivera había esperado de hecho una colaboración aún mayor, pero la UGT sacó unos beneficios muy limitados de aquellas relaciones y su afiliación tuvo un crecimiento muy marginal de los 210 617 miembros de 1923 a la todavía modesta cifra de 223 449 en 1927. En 1928 el desasosiego laboral iba en aumento dado que los salarios reales disminuyeron. En el congreso del Partido Socialista de 1928 el socialdemócrata Indalecio Prieto, el opositor más declarado a la colaboración con la dictadura, declaró: «Somos el coco, como antes lo eran esos pobres comunistas, responsables hasta cierto punto, con nosotros, y con los sindicalistas, por sus excesos, del advenimiento de esta situación[14]». Aunque el partido había rechazado entonces su demanda de poner fin a toda colaboración, no hubo iniciativas ulteriores. Sin embargo, los socialistas no eran oficialmente republicanos, y a principios de 1930 una valoración hecha por la policía estimaba que seguían constituyendo más una fuerza estabilizadora que una oposición.

A mediados de ese año, la lógica del propio interés empezó a empujarlos hacia los republicanos, cuando incluso la apolítica CNT respaldaba la necesidad de una República y la realización de unas elecciones completamente democráticas y entró en unas negociaciones un tanto vagas con los dirigentes republicanos. En consecuencia, Prieto asistió al Pacto de San Sebastián como observador, y en octubre los líderes del Partido Socialista y de la UGT llegaron a un acuerdo con el Comité Republicano, según el cual Prieto, Largo Caballero y Fernando de los Ríos se le incorporarían como representantes socialistas y la UGT apoyaría la proyectada sublevación con una huelga general.

Aun cuando España no había sufrido todavía los peores efectos de la depresión internacional, algunos sectores de la economía nacional habían estado sometidos a tensión desde hacía más de un año y la peseta seguía cayendo. En ese clima, la UGT creció rápidamente, pero tras su legalización en abril, la CNT aumentó incluso con mayor rapidez. La UGT trató de no quedarse atrás creando una importante federación nueva de trabajadores del campo (FNTT, Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra), para organizar a los jornaleros rurales principalmente en el Centro y el Sur. Hacia junio la actividad huelguista de la CNT se extendía rápidamente, con la UGT a menudo codo con codo en su apoyo. El mal tiempo de aquel año perjudicó en gran medida la economía agraria de Andalucía, que se convirtió en un foco capital de conflictividad laboral. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo, el número de huelgas de 1930 superó más de diez veces el del año anterior (402 a 29), el número de huelguistas aumentó cinco veces, a 247 460, y el de jornadas de trabajo perdidas aumentó más de diez veces, hasta 3 745 360. Durante el verano y el otoño empeoró continuamente la posición del gobierno. Todos los esfuerzos hechos en pro de una mayor colaboración fueron rechazados por los políticos moderados, y las limitadas medidas de represión consistentes en detener a una serie de personajes republicanos sólo lograron aumentar la oposición.

Seguro del apoyo socialista, el Comité Republicano se convirtió en octubre en un sedicente gobierno provisional. Niceto Alcalá Zamora pasó a ser en la sombra un Primer ministro nombrado, dándole al movimiento un sesgo moderado que muy bien podría ser aceptable para extensos sectores, mientras que Miguel Maura, su compañero de la Derecha Liberal Republicana, sería ministro de Gobernación. El prominente «republicano histórico», Alejandro Lerroux, prez de los radicales, fue relegado con sus sesenta y seis años de edad, a la función básicamente decorativa de ministro de Relaciones Exteriores, combinándose la izquierda y la derecha de los políticos republicanos para envolver tácticamente al centro[15].

El «Gobierno Provisional» siguió adelante con sus planes de sublevación, mientras un «Comité Militar» de jefes y oficiales republicanos encabezado por el veterano general de brigada Gonzalo Queipo de Llano preparaba por su cuenta una rebelión militar para mediados de diciembre que sería apoyada por una huelga general. La CNT siguió escalando sus propias acciones huelguistas durante el otoño, pero desdeñó las medidas de los republicanos hacia una acción concertada. Las posturas políticas de la mayoría de los jefes y oficiales del ejército a esas alturas eran moderadas, por lo que los conspiradores republicanos lograron concitar muy escaso apoyo para una rebelión declarada. Sin embargo, dos jóvenes republicanos exaltados de la guarnición de la ciudad pirenaica de Jaca precipitaron las cosas por su cuenta el 12 de diciembre, tres días antes de lo establecido en el plan general de la insurrección[16]. Los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández se hicieron con el control de la guarnición de Jaca, declararon por su cuenta la ley marcial al amanecer, e intentaron marchar sobre Huesca, capital de la provincia, aunque les pararon los pies tropas leales[17].

Tres días después, el 15 de diciembre, fecha designada originalmente, un puñado de militares republicanos dirigidos por Queipo de Llano y el entonces legendario aviador Ramón Franco[18] se hicieron momentáneamente con el control del aeródromo militar de Cuatro Vientos, situado en las afueras de Madrid; pero al no recibir ningún apoyo, huyeron enseguida en avión a Portugal[19]. No hubo ninguna huelga general de apoyo en la capital, debido a la división existente dentro de la directiva socialista[20], aunque la UGT inició paros en gran escala en las ciudades principales del Norte y el Este, consiguiendo también en algunas zonas el apoyo de la CNT. En Alicante la huelga se convirtió brevemente en una insurrección, y fue enviada allá, desde Marruecos, una unidad de la Legión. La empresa entera fue un fracaso completo; fueron detenidos algunos miembros del Gobierno Provisional y el resto se escondieron o exiliaron. Galán y García Hernández fueron sometidos enseguida a consejo de guerra y ejecutados[21].

Aquello fue una victoria pírrica para el gobierno de Berenguer, todavía tan lejano como siempre de conseguir cualquier apoyo centrista o conservador de importancia. Los militares rebeldes ejecutados se convirtieron enseguida en mártires contra la tiranía monárquica y, cuando el gobierno anunció finalmente el 8 de febrero de 1931 que se celebrarían elecciones parlamentarias el primero de marzo, los republicanos, socialistas, centristas y conservadores moderados, sin excepción, o bien anunciaron su abstención o apremiaron a la Corona para que pospusiese las elecciones hasta que no se formase un gobierno más representativo.

La envergadura de aquel rechazo fue tal que tanto don Alfonso como el general Berenguer vieron con claridad que el gobierno carecía de legitimidad para seguir más adelante. De ese modo llegó a su fin la dictablanda del ministerio autoritario «blando» de Berenguer el 14 de febrero, para ser sustituido por un gobierno conservador más normal que representaba por lo menos a algunas fuerzas políticas civiles. Los candidatos iniciales fueron los dirigentes del nuevo Partido Constitucionalista, primero José Sánchez Guerra y después Melquíades Álvarez, pero ambos toparon con una abstención sistemática de los residuos de los antiguos partidos parlamentarios y fueron incapaces de formar un gobierno efectivo. Ninguno de los demás personajes importantes de la generación anterior quiso aceptar la invitación real. No se halló mejor opción que nombrar a un almirante apolítico de la armada, Juan Bautista Aznar, que formó un gabinete muy conservador a base de políticos profesionales de la vieja guardia sin ningún apoyo nuevo. Aquello representaba una especie de última posición de un círculo ultraconservador todavía leal al rey, que había agotado todas las alternativas.

El gobierno de Aznar trató al principio de conseguir un mínimo de legitimidad devolviendo el cargo a los miembros de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales que habían sido destituidos por la dictadura. Fueron pospuestas de momento las elecciones para permitir que el gobierno se organizase y éste anunció el 16 de marzo una serie de fases electorales consecutivas del nivel local al nacional. Las elecciones de concejales se efectuarían el 12 de abril, las de las diputaciones (asambleas provinciales) seguirían el 3 de mayo, las elecciones parlamentarias generales el 7 de mayo, y se designaría un Senado nuevo el 14 de mayo. El gobierno de Aznar chocó contra un verdadero torrente de oposición sobre todo por parte de los estudiantes universitarios, al hallarse la masa estudiantil madrileña en un estado de insurrección virtual tras haber matado la policía a un estudiante en la universidad, al tiempo que la oleada de huelgas mantenía su ímpetu. La calma volvió solo, hasta cierto punto, hacia finales de marzo, cuando empezó la campaña electoral.

La táctica de iniciar el regreso a la normalidad con unas elecciones municipales no estuvo bien escogida desde el punto de vista del gobierno, porque la mayor fuerza de los republicanos residía en las ciudades más grandes. El voto urbano iba a atraer la máxima atención; incluso antes de 1923 se le había considerado como el único voto honrado, con un recuento imparcial y a salvo de las uñas de los caciques rurales y provinciales. Aunque no contaban con una fuerte presencia en las elecciones municipales capaz de derribar por sí misma a la monarquía, los republicanos y la izquierda trataron la contienda municipal como una especie de plebiscito popular, e hicieron lo mismo algunos ministros del gobierno. Los monárquicos invirtieron bastante tiempo y dinero para asegurarse un gran número de votantes conservadores, pero sus fuerzas estaban divididas, puesto que los residuos de los antiguos partidos Liberal y Conservador rehusaron el cooperar de lleno con el gobierno y rechazaron la nueva Unión Monárquica Nacional por su mentalidad autoritaria. Los antiguos liberales llegaron incluso a alquilar los servicios de una flamante empresa publicitaria madrileña para mejorar su imagen, pero los partidos monárquicos del régimen anterior se habían basado en sistemas de clientelismo y manipulación que no se podían resucitar de la noche al día. Por otra parte, los rápidos cambios sociales y el aumento de la alfabetización durante los ocho años últimos habían hecho muchísimo más difícil influir o manipular el voto popular.

La apertura de la campaña coincidió con el sometimiento a consejo de guerra de Niceto Alcalá Zamora, cabeza del Comité Republicano y del Gobierno Provisional, y de otros cinco miembros que no habían sido capaces de escapar a la detención. Aquel acontecimiento evidenció de modo impresionante la debilidad de los sentimientos monárquicos en los medios de información, entre los intelectuales y entre las clases medias urbanas en general. El presidente del tribunal militar se situó de hecho a favor de su absolución y la sentencia final fue un simple gesto, seis meses. Fue suspendida inmediatamente, dejando en libertad a los acusados. Aquel juicio supuso una abrumadora victoria moral y política para los republicanos y puso la campaña muy en primer plano.

Los partidos republicanos y los socialistas se presentaron unidos, mientras la CNT, rehusando su participación como de costumbre, dejó a sus miembros libres para votar como quisieran, lo que aumentó en general el voto republicano y socialista. La Alianza Republicana evitó la presentación de un programa específico, pero hizo una vigorosa campaña en pro de un voto decisivo a favor del progreso y el cambio institucional. Aunque las primeras elecciones se desarrollaron exclusivamente a nivel municipal, apenas se tocaron los problemas locales. El debate se centró en cambio en el futuro de las instituciones nacionales.

La campaña alcanzó un clima incandescente en las dos semanas que precedieron a la votación, y se produjo la movilización más intensa existente hasta entonces en la historia de España. Un redactor jefe de Sevilla hizo la observación de que la campaña en curso, «tan diferente de… elecciones anteriores, nos recuerda los métodos empleados en las elecciones presidenciales de Estados Unidos[22]». Los socialistas sobre todo eran bien conscientes de aquella dirección contra corriente de la política española y sostenían que podía iniciar en Europa una tendencia nueva de envergadura. En palabras de Largo Caballero: «Nuestra lucha es internacional a la vez que nacional… Si derrocamos a la monarquía, morirá también el fascismo en Europa[23]». Eso era totalmente improbable, pero la iniciativa republicana española representaba claramente un rumbo nuevo único en la Europa de la era de la depresión.

El resultado colmó realmente las expectativas que podría haber tenido la Alianza Republicana. Con un censo electoral que registraba 5 440 103 votantes adultos varones, una afluencia del 53,56 por ciento podría parecemos pequeña comparada con la mayoría de los demás países occidentales europeos, pero constituía de hecho la participación más densa de la historia de España, con una oportunidad de fraude también decididamente inferior a cualquier momento anterior. Por otra parte, de acuerdo con el «artículo 29» de la ley electoral de 1907, en los distritos donde sólo se presentara un candidato o alianza, salía elegida automáticamente la lista de candidatos existente. Una vez que hubo expirado el 5 de abril el período obligatorio de presentación de candidaturas, el gobierno aplicó esa ley, y en consecuencia no se produjo campaña alguna en unos distritos —principalmente rurales y del Norte— donde residía un 20,25 por ciento del electorado. El índice real de participación del total del país donde hubo de hecho elecciones ascendió al 67,16 por ciento del electorado combinado correspondiente a sus distritos.

Se presentaban a elección un total de 81 099 escaños de concejales. Los candidatos monárquicos ganaron 34 233, casi un tercio de ellos gracias al articulo 29 en los distritos rurales. Aquello ascendía al 42,2 por cierto del total. Los candidatos inclasificables, algunos de ellos probablemente monárquicos, ganaron 4813 (5,9 por ciento) y los comunistas, que se presentaron como revolucionarios leninista-estalinistas, unos 67 escaños. En consecuencia, la alianza republicano-socialista no llegó a ganar la mayoría absoluta de los votos, pero lo hizo aplastantemente en las capitales de provincia, donde los republicanos lograron el 44,8 por ciento de los puestos y los socialistas otro 16,8 por ciento, correspondiéndoles a los monárquicos sólo el 27 por ciento[24].

Los miembros del gobierno quedaron abrumados ante el resultado y el conde de Romanones, ministro de Relaciones Exteriores y la figura más influyente del gabinete, hizo una declaración a la prensa antes de cerrar la noche en que admitía una «derrota monárquica absoluta[25]». El general Sanjurjo, director de la guardia civil, explicó a los miembros del gabinete que aquel resultado iba a tener un gran efecto psicológico en el cuerpo militarizado de su mando, en el que ya no se podía confiar «con carácter absoluto» para sostener la monarquía. De camino a un consejo de ministros de urgencia al día siguiente, el almirante Aznar replicó a una pregunta de un periodista: «¿Puede haber crisis mayor que la de una nación que se acuesta monárquica y despierta republicana?»[26]. Todos los ministros del gobierno menos dos estuvieron de acuerdo en que la administración existente no tenía otra alternativa que la dimisión. En palabras de Romanones: «El mauser [fusil reglamentario de la guardia civil] es una respuesta inadecuada al resultado del sufragio[27]».

Los miembros del Gobierno Provisional republicano habían esperado quedar bien en las ciudades mayores, pero el alcance de su victoria los incitó a hacer presión por una toma de posesión más rápida de lo que se habían imaginado nunca[28]. El día 13 de abril publicaron una declaración afirmando que las elecciones municipales tenían «el valor de un plebiscito» y pidiéndole a la monarquía que «se sometiese a la voluntad nacional[29]». En respuesta al llamamiento del Gobierno Provisional de que se produjesen manifestaciones públicas, multitudes eufóricas se lanzaron a la calle en distintas capitales de provincia y en las ciudades más grandes, cantando a voz en cuello el «Himno de Riego» (un himno de los liberales desde comienzos del siglo XIX) y «La Marsellesa[30]».

El rey se mantuvo tranquilo, dando al principio la impresión de creer que seguían estando abiertas varias opciones. Romanones, en cambio, temía que la pretoriana tradición del ejército español no había terminado y que las unidades militares podían precipitar una rebelión armada. Le envió al monarca una nota escrita en la mañana del 14 de abril advirtiéndole que «la única solución» era salir del país lo más rápidamente posible[31]. Don Alfonso accedió enseguida, aunque propuso antes constituir un consejo de regencia para administrar los intereses de la Corona y formar un gobierno constituyente que pudiese efectuar unas elecciones regulares y convocar la formación de un nuevo Parlamento constitucional.

La República tuvo su primera proclamación a las 6 de la mañana del 14 de abril por parte de los concejales republicanos recién elegidos en la villa guipuzcoana de Eibar (donde eran fuertes los socialistas), acción que se repitió en otras localidades durante la mañana y las primeras horas de la tarde. A eso de la 1.30 de la tarde el alcalde de Barcelona puso el gobierno de la segunda ciudad de España en manos del catalanista de izquierda Lluís Companys y otros concejales republicanos acabados de elegir. Una hora después, Francesc Macià, de setenta y un años de edad, jefe del militante Estat Català y de la Esquerra, una confederación numerosa de agrupaciones catalanistas de izquierda, declaraba desde el Gobierno Civil de la provincia: «En nombre del pueblo de Cataluña proclamo el Estado catalán, bajo el régimen de una República catalana que libremente y con una amabilidad completa reclama la colaboración de los demás pueblos de España para crear una Confederación de pueblos ibéricos…»[32]. Pocos minutos después, ese mensaje fue transmitido por radio a toda España.

Lluís Companys, primer alcalde republicano de Barcelona, llevado en hombros por sus simpatizantes hasta el ayuntamiento.

Entretanto Romanones había acudido a la residencia de Alcalá Zamora «con bandera blanca», según dijo, proponiendo a los republicanos que accedieran a la formación de un nuevo gobierno constitucionalista para efectuar unas elecciones constituyentes. Alcalá Zamora rehusó y pidió en cambio que el rey dejara el país «antes de ponerse el sol[33]». A las 4 de la tarde, mientras se formaban en el centro de Madrid grandes y entusiasmadas multitudes republicanas, el general Sanjurjo acudió a declarar su lealtad y la de la guardia civil al Gobierno Provisional, al tiempo que los altos mandos del ejército rehusaron inequívocamente emprender acción alguna en apoyo de la monarquía. Berenguer, entonces ministro de Guerra, admitió que todo estaba perdido y don Alfonso, sin abdicar formalmente, accedió a abandonar España inmediatamente. A las 8 de la tarde los dirigentes republicanos se habían hecho cargo del Ministerio de Gobernación, desde cuyo balcón, en la Puerta del Sol, Alcalá Zamora proclamó oficialmente la instauración de la República de acuerdo con la «voluntad nacional[34]».

Como vemos, el Gobierno Provisional tomó el poder pacíficamente y en medio de una euforia general. Las grandes multitudes y el contagioso entusiasmo popular indicaban que se estaba produciendo un cambio popular dramático. Los republicanos aclamaron aquel cambio hacia una España progresista y moderna, llena de éxito, libre de las contradicciones y limitaciones del siglo XIX. Se oían con frecuencia comparaciones con la Revolución francesa, pero con la ventaja de que la República española había nacido sin violencia. La Voz, uno de los diarios más ardientemente republicanos de Madrid, decía, «España. Dueña de sus destinos. El nuevo régimen viene puro e inmaculado, sin traer sangre ni lágrimas[35]».

Semejante entusiasmo era comprensible, pero la comparación histórica delataba una confusión nada pequeña. La Revolución francesa había degenerado en la represión y la violencia al cabo de sólo tres años, por lo que cualquier paralelismo futuro con su fase de máximo conflicto exigía aguardar a una fase ulterior, que de momento era aún imprevisible. Por otro lado, la Revolución francesa, tanto en su fase constructiva inicial como en su desenlace final después de 1830, había adoptado la forma de un liberalismo elitista bajo una monarquía parlamentaria, un sistema que había sido instaurado en España, nada menos que en 1812, para ser tirado por la borda como saldo y finiquito en 1923. Podría haberse visto un paralelismo histórico más exacto en la fundación de la Tercera República de Francia en 1871. Esta última, sin embargo, había adoptado una forma muy conservadora durante un decenio, que aumentó su estabilidad y se hallaba muy lejos del talante del nuevo gobierno de España y sus seguidores. La República española estuvo basada sin duda alguna en los ideales de 1789, pero incluía además la intención de alcanzar, además de la libertad, la fraternidad y la democracia, cierto grado de igualdad, un proyecto fundamentalmente socialdemócrata de amplia reforma, reflejado en el clima a menudo delirantemente aprobador de grandes sectores de la población común y corriente.

La dificultad que encaraba España para conseguir la estabilidad y un grado razonable de consenso bajo una forma avanzada de democracia republicana en los primeros años treinta podría entenderse mejor si se considera también el nivel relativo de modernización cultural, social y económica existente en aquel momento en el país. Aunque se había logrado un progreso impresionante y acelerado durante la generación de entre, aproximadamente, los años 1910 y 1930, aquello constituía sólo el primer gran paso dado para elevar a España al nivel de la Europa Noroccidental. De hecho seguía conservando un retraso de varias generaciones enteras. Sobre la base de la cultura cívica, índices de alfabetización y desarrollo económico, se podía considerar que en 1930 España estaba al nivel de la Inglaterra de los años 1850 y 1860 o al de Francia en 1870 y 1880. Ni la Inglaterra de mediados del siglo XIX ni siquiera Francia al comienzo de su Tercera República tuvieron que hacer frente a unas pruebas políticas tan serias como las que sufrió España en la década de 1930. El principio de la Inglaterra victoriana vivió bajo un controlado sistema de oligarquía modernizadora. Francia, tras salir de la segunda dictadura bonapartista, tuvo que afrontar una insurrección revolucionaria en sólo una gran ciudad, y la misma fue reprimida con una ferocidad exacerbada que dejó atrás la de cualesquiera de los bandos de la Guerra Civil española. Dejando a un lado la equívoca experiencia de la Comuna, el movimiento de la clase trabajadora fue muy débil en la Francia de la primera década de la Segunda República, pero, con un grado de desarrollo similar en 1930, la sociedad política española se vio sometida a graves presiones de movilizaciones de masas.

La multitud celebra la proclamación de la República en la calle de Alcalá, corazón de Madrid, el 15 de abril de 1931.

En consecuencia el nuevo proyecto republicano no admitía mucha comparación ni con la Revolución francesa ni con la fundación de la Tercera República en Francia. Representaba más bien una partida, significativamente nueva, hacia un reformismo liberal democrático y en cierta extensión, socialdemocrático, en medio de una época de fascismo y autoritarismo de derechas reinante en la Europa del Centro, el Sur y el Este. En ese sentido, señalaba la segunda vez en poco más de un siglo que España mostraba el camino para lograr la liberalización. Y del mismo modo que la Constitución liberal española de 1812 y su restauración en 1820 habían servido de inspiración a una generación de liberales en países tan diferentes como Italia, Alemania y Rusia, la Segunda República iba a representar un nuevo gran empeño en practicar el reformismo democrático durante una década en la que la corriente seguía con fuerza el sentido opuesto. Los liberales de principios del siglo XIX habían fracasado, sin embargo, porque la sociedad española no estaba debidamente preparada para un gobierno liberal y el clima internacional les era hostil. Un acelerado nuevo desarrollo había ayudado a hacer posible el decisivo avance de 1931, pero subsistía el peligro de que ese mismo progreso hubiese armado una especie de trampa dentro del desarrollo, suscitando demandas nuevas y una movilización de gran envergadura antes de haber concluido el desarrollo de los medios precisos para satisfacerlas.

La coalición republicana descansaba en una alianza de amplia base entre la izquierda republicana, el centro-derecha republicano y los socialistas. La cabeza del Gobierno Provisional y su Primer ministro fundador fue Niceto Alcalá Zamora, que antes de 1923 había sido el líder de una de las ramas menores del viejo Partido Liberal y también dos veces ministro bajo el antiguo régimen parlamentario. Destacado jurista y autoridad en materia de derecho, Alcalá Zamora era un hombre de considerable cultura, ducho en la práctica de la más florida retórica andaluza. Era capaz de entregarse a una vena oratoria interminable, repleta de florituras literarias a la antigua, un estilo que ya se estaba haciendo anacrónico. Como la mayoría de los políticos españoles, tenía un acusado sentido del ego y era sumamente personalista en su estilo y modales, pero también un liberal muy sincero de auténtico corte decimonónico. Había sido monárquico durante mucho tiempo y veterano de la «antigua política», y en 1931 era uno de los más recientes conversos importantes al republicanismo. Su liberalismo se combinaba con un catolicismo personal devoto, cosa rara entre los dirigentes republicanos. Aquello, junto con su posición de dirigente más antiguo de la nueva Derecha Liberal Republicana, la más conservadora de las agrupaciones republicanas, lo convertían en un símbolo de la moderación y fiabilidad republicanas, calculado desde un principio para tranquilizar a los conservadores.

Otros tres moderados tuvieron también cargos en el primer gobierno republicano. Alejandro Lerroux (ministro de Relaciones Exteriores), su lugarteniente principal en el Partido Radical —de clase media—, Diego Martínez Barrio (ministro de Comunicaciones), que era el jefe de los radicales en Sevilla, y Miguel Maura (ministro de Gobernación), cofundador más joven del partido de Alcalá Zamora. Los radicales representaban de ese modo la fuerza principal del centro-derecha republicano y vieron crecer rápidamente su apoyo en los sectores moderados de las clases medias. El centro-derecha estaba a favor de un cambio político y hasta cierto límite institucional, pero abogaba por una transformación cultural bastante limitada. Se oponían a cualquier reforma drástica social o económica. Entendían la democracia republicana ante todo como un sistema político democrático liberal, como una gama de reglas nueva y más libre del juego político, pero sin implicar necesariamente un proyecto de cambio estructural de gran envergadura.

El verdadero punto de apoyo de la coalición estaba en los partidos de la izquierda republicana de clase media, cuya concepción de la República iba bastante más allá de un cambio de reglas del juego político para embarcarse en una drástica revolución cultural junto con una reforma social (aunque este último objetivo no dejó de ser una cosa relativamente vaga y limitada). Su agrupación más importante fue el Partido de Acción Republicana, encabezado por el escritor y funcionario del Estado Manuel Azaña (ministro de Guerra) y Marcelino Domingo (ministro de Instrucción Pública). Asociada con ellos estaba la galleguista ORGA, representada en el gobierno por Santiago Casares Quiroga (ministro de Marina), así como la Esquerra Catalana, representada por Nicolau d’Olwer (ministro de Hacienda). El sector más extremo de la izquierda de clase media estaba en el nuevo Partido Republicano Radical Socialista, que iba tras de conseguir una reforma más extensiva en materia cultural y social e incluso, posiblemente, económica. Los radical-socialistas estaban representados en el gabinete por Álvaro de Albornoz (ministro de Obras Públicas).

Enseguida iba a dar mucho que hacer la afiliación masónica de muchos políticos republicanos. Durante más de cien años la Orden Masónica había sido intensamente combatida en España por los conservadores católicos que veían en la masonería la punta de lanza del anticlericalismo liberal. Una considerable sección representativa de los republicanos eran desde luego masones, pero los historiadores pondrían de hincapié posteriormente que los mismos masones se fueron dividiendo cada vez más en el aspecto político, terminando en algunos casos en campos opuestos de la Guerra Civil. Está claro que la masonería española no representaba ninguna conspiración monolítica[36], aunque también es cierto que en el segundo año de la República el sector dominante de los masones madrileños se implicarían a fondo en la política republicana de izquierdas, lo que a su vez provocó considerable resistencia entre los miembros más moderados de la orden[37].

El extremo izquierdo de la coalición estaba compuesto por los socialistas, que tuvieron tres representantes en el gobierno: Francisco Largo Caballero (ministro de Trabajo), Indalecio Prieto (ministro de Hacienda) y Fernando de los Ríos (ministro de Justicia). El 22 de febrero de 1930 una asamblea conjunta de los comités nacionales del Partido Socialista (PSOE) y la federación de sindicatos (UGT) había decidido mediante un voto combinado de treinta y cinco contra doce permanecer en la coalición y participar como aliado total en el nuevo gobierno. Esa decisión no se había sometido a un análisis a fondo[38], pero sostenía en general que una república completamente democrática, comprometida con una modernización y cambio básicos, completaría el desarrollo de la «democracia burguesa» en España, eliminaría los residuos del «feudalismo» y el tradicionalismo, iniciaría unas reformas sociales e institucionales audaces, y abriría en términos generales el camino a una transición hacia un modelo de socialismo sin especificar de alguna manera, en un momento sin especificar del futuro. Los socialistas, aún menos que la izquierda republicana, identificaban el nuevo sistema con la práctica democrática formal como un fin en sí misma, definiendo los últimos objetivos que esperaban de la República como unos cambios institucionales y socioeconómicos de gran envergadura.

Gobierno provisional de la República, 30 de junio de 1931.

La decisión de participar en el gobierno republicano fue aprobada para la fase de apertura de la consolidación inicial del nuevo régimen, cuando era de esperar que el gobierno se hallase en su momento más débil, y no se extendía necesariamente a una participación permanente dentro de un gobierno democrático «reformista burgués». Aun así, el Partido Socialista español había ido ya más allá que su equivalente francés (y antiguo modelo), porque los socialistas franceses seguían rechazando la participación directa en el gobierno de la Tercera República. Habían establecido coaliciones electorales victoriosas con los liberales de clase media (principalmente el Partido Radical francés) en 1924 y volverían a hacerlo en 1932, pero los socialistas franceses no irían más allá de proporcionar un apoyo del voto parlamentario a ministerios compuestos esencialmente por liberales de la clase media. Entre los grandes partidos socialistas, el español figuraba en 1931 sólo después del alemán en cuanto a su grado de colaboracionismo democrático.

A excepción de los más moderados —Alcalá Zamora y Lerroux— los dirigentes y políticos republicanos tenían muy poca experiencia política práctica. No representaban únicamente una generación nueva, sino también unos sectores nuevos que habían desempeñado unos papeles muy limitados, si acaso, dentro del régimen parlamentario anterior. Con la excepción parcial de los socialistas, provenían principalmente de los sectores más liberales y radicales de las clases intelectuales y profesionales, pero tenían poca continuidad con las antiguas elites y elementos profesionales que habían manejado el viejo sistema parlamentario. Desde el punto de vista propio de los republicanos, aquello era ante todo una ventaja, al estar libres de la corrupción de la «vieja política», pero su inexperiencia y su enfoque doctrinario los dejaba desprovistos de algún punto de contacto con grandes sectores moderados y conservadores de las clases medias que no compartían sus objetivos políticos.

Los dirigentes republicanos se hallaban impresionados por el reciente aumento de la actividad huelguista, mucha de ella, al menos parcialmente, Con fines políticos, y por las eufóricas multitudes lanzadas a las calles de las grandes ciudades. Pero lo que no llegaban a captar totalmente era que cientos de miles, más aún, millones, de obreros y trabajadores del campo, aclamaban la República como el comienzo de lo que esperaban que iba a constituir una gran mejora, tal vez un cambio decisivo, para su propia situación. O sea que la República no sólo hacía cuajar los sueños e ideales de los políticos e ideólogos de la clase media, sino también las difusas expectativas de millones de españoles corrientes de que había empezado una época nueva de reformas radicales.

Aunque la actitud adoptada hacia la República podía variar muchísimo en diferentes sectores, existía muy escasa hostilidad declarada. Desde el extranjero, Alfonso XIII recomendó a sus partidarios que colaborasen con el nuevo régimen. A juzgar por la respuesta general, incluso muchos de los considerados como votantes por los candidatos monárquicos o por lo menos como no votantes por los republicanos, adoptaron una actitud relativamente benigna, aunque pasiva, hacia el nuevo régimen. Al principio, la oposición más intransigente no ascendía a más del 15 por ciento, probablemente menos, del electorado. Se hallaba compuesta por la extrema derecha —la diminuta minoría carlista, el limitado número de recalcitrantes de la dictadura (Unión Monárquica Nacional), y un pequeño residuo de monárquicos ultraconservadores— además de la izquierda revolucionaria del minúsculo Partido Comunista, que rechazaba la República por tratarse sencillamente de otra forma más de moda de la represión burguesa.

El Gobierno Provisional se encontró en una situación técnicamente revolucionaria, al habérsele permitido hacerse con el poder sin resistencia alguna y ejercer el poder por completo sin la mediación de un proceso legal. Actuó rápidamente para regularizar su situación constitucional, primero con un decreto en la tarde del 14 de abril que le daba temporalmente a Alcalá Zamora el poder legal propio de jefe del Estado (en lugar del rey) así como de presidente del gobierno (primer ministro). Al día siguiente, la nueva y oficial Gaceta de la República publicó el texto de un Estatuto Jurídico especial promulgado a fin de proporcionar un código legal y constitucional al Estado y a la sociedad en el ínterin previo a la realización de una Constitución nueva.

Aquel estatuto contenía seis disposiciones básicas:

1.a Prometía unas nuevas Cortes Constituyentes para preparar una Constitución democrática basada en «normas de justicia», a cuyo juicio se someterían todos los actos del Gobierno Provisional, aunque entretanto este último se reservaba plenos poderes en lo tocante a la ley y el gobierno, «sometido a normas jurídicas».

2.a Prometía someter a un juicio de responsabilidades a aquellos actos de delincuencia pública que no hubieran pasado por un proceso completo con anterioridad a la dictadura o que hubieran sido cometidos por los gobiernos extraparlamentarios de 1923-1931.

3.a Prometía «respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y de cultos», lo que abrogaba implícitamente el Concordato de 1851 que había otorgado a la Iglesia católica una posición privilegiada.

4.a Garantizaba los derechos civiles y reconocía «el derecho sindical y la libertad corporativa», considerando esto último como la «base de una nueva ley social», un compromiso explícito con los sindicatos.

5.a «La libertad privada queda garantizada por la ley. En consecuencia, no podrá ser expropiada sino por causas de utilidad pública y previa la indemnización correspondiente. Mas este gobierno adopta, como norma de su actuación, que el derecho agrario debe responder a la función social de la tierra».

6.a «El gobierno se reserva la facultad de someter los derechos ciudadanos a un régimen de fiscalización previa, dando cuenta de ello a las Cortes en su día».

Este estatuto era una fiel y honrada declaración de los planes del gobierno. Prometía una Constitución democrática, poniendo hincapié al mismo tiempo en que mantendría las riendas firmes en materia de gobierno, y que se comprometía con respecto a los sindicatos y con la necesidad de algún tipo de reforma de la propiedad o del trabajo en el campo.

El gobierno declaró una amnistía de todos los presos políticos al mismo tiempo que afirmaba que no habría amnistía para los dirigentes de la dictadura. El «Himno de Riego» fue proclamado himno nacional en vez de la «Marcha Real» y la bandera rojo y gualda, enseña oficial desde 1785, se convirtió en una «bandera republicana», tricolor, cambiando una banda roja por el color morado.

El primer problema peliagudo del gobierno surgió de sus aliados catalanistas. Francesc Macià —alto, delgado, de mirada fiera y blanco bigote, un excoronel del ejército que parecía la viva imagen de un anciano Don Quijote catalán— se había convertido en la figura dominante en Barcelona[39], donde había proclamado unilateralmente el día 14 una «República catalana» dentro de una «Federación ibérica», sin formar parte lo uno ni lo otro del Pacto de San Sebastián. Siguió adelante, también unilateralmente, con el nombramiento de los funcionarios estatales principales de Cataluña. Como consecuencia, tres de los flamantes ministros del gabinete republicano se personaron apresuradamente en Barcelona, donde pusieron hincapié en la importancia de atenerse a aquel pacto que había prometido un estatuto de autonomía para Cataluña como parte de un proceso constitucional en toda forma, no unilateral. Enseguida quedó concertado un acuerdo con Macià, quien no trataba tanto de subvertir el pacto como de acelerar el proceso, mediante el cual los catalanistas renunciaban a cualquier pretensión inmediata de conseguir un Estado catalán a cambio del establecimiento inmediato de un poder ejecutivo autónomo, la Generalitat, con sede en Barcelona, para las cuatro provincias catalanas y la facultad de preparar los términos de su propio estatuto de autonomía, someterlo a un referéndum popular en Cataluña y a la aprobación de las próximas Cortes Constituyentes republicanas. El 21 de abril Alcalá Zamora firmó un decreto que establecía la Generalitat; ésta tendría entretanto autoridad en materia de educación, obras públicas, hacienda y sanidad[40]. Alcalá Zamora hizo su primera visita de Estado a Barcelona el 27 de abril y fue recibido con entusiasmo, aunque el comienzo de la autonomía de facto catalana fue recibida con hostilidad en otras regiones, donde se habló de boicotear los artículos procedentes de la región «separatista».

Dejando aparte el pequeño número de víctimas que acompañó la abortiva sublevación y huelgas de diciembre de 1930, la entrada de la República había sido prácticamente incruenta. Sin embargo, la violencia política reapareció enseguida en Barcelona, por iniciativa de los anarquistas locales. Pistoleros de la FAI y la CNT reaccionaron ante la restauración de las libertades civiles en 1931 como habían hecho en 1922, con una serie de ataques contra sus enemigos declarados, los derechistas Sindicatos Libres[41]. En menos de un mes, 22 trabajadores antiCNT habían muerto a tiros[42], pero no hubo procesamientos y a todas luces ni siquiera detenciones, dado que todos los homicidas eran izquierdistas. Correspondió a los redactores más responsables de Solidaridad Obrera, órgano oficial de la CNT, publicar un editorial el 22 de abril, titulado «Es preciso terminar», pidiendo a los comités de organización de la CNT y la FAI que declarasen «que ellos son absolutamente opuestos al retorno a los atentados individuales, procedimiento que, si en el orden material es completamente ineficaz, en el moral hace aborrecibles a los que a tal procedimiento apelan». Aquella primera nueva ola de violencia anarquista fue puesta bajo control a todas luces por los anarquistas mismos.

Durante sus primeras semanas el nuevo gobierno catalán disfrutó de una luna de miel en sus relaciones con la CNT. Los líderes de la Esquerra estaban convencidos de que la violencia política del pasado había sido un fruto de la represiva política derechista. La policía desvió sus ojos de aquella ola inicial de violencia anarquista y Lluís Companys, el nuevo gobernador civil de Barcelona, ordenó en mayo una destrucción a gran escala de los archivos de distrito, haciendo tabla rasa por igual de las fichas de trabajadores inocentes, asesinos anarquistas y delincuentes comunes. Como presidente de la nueva Generalitat, Macià dijo con insistencia a los anarcosindicalistas «Soy vuestro hermano[43]». Muchos cenetistas habían votado por la Esquerra en las elecciones municipales y su órgano oficial describía a Macià como «un hombre honrado» con el que habían contraído una «alianza[44]», aunque aquello iba a cambiar pronto.

Dejando a Cataluña con su limitada autonomía recientemente establecida, el Gobierno Provisional asumió el control de todas las demás regiones, nombrando comisiones gestoras (de carácter administrativo) de republicanos en todas partes en sustitución de los gobiernos provinciales. Reemplazó también todos los ayuntamientos donde tenían mayoría los monárquicos y anunció el 30 de abril que habría que efectuar nuevas elecciones en todos los ayuntamientos donde se hubiesen presentado protestas formales relativas a prácticas sucias el 12 de abril (aproximadamente el 5 por ciento del total).

No se produjo ninguna purga general del aparato del Estado en su conjunto. Miguel Maura, ministro de Gobernación, estableció enseguida por decreto que no se despediría a ningún funcionario regular del Estado únicamente por motivos políticos y por lo tanto, la gran mayoría de los empleados estatales admitidos bajo la monarquía conservaron sus puestos. Sin embargo, se hicieron numerosos cambios en los niveles más altos, acompañados por una arrebatiña alocada entre los antiguos candidatos republicanos (entre los que figuraban muchos aspirantes nuevos que se declararon sencillamente republicanos después del 14 de abril). El gobierno se esforzó en cierta medida por hacer frente a la nueva avalancha de oportunistas, pero el enchufismo (plaga nacional) e incluso el nepotismo, desempeñaron su eterno papel; uno de los más flagrantes casos de este último fue el nombramiento de Aurelio Lerroux, hijo adoptivo del líder radical, para un alto puesto de la Telefónica. Maura confesó posteriormente que le había proporcionado bastante frustración la búsqueda de elementos competentes:

¡Los gobernadores civiles! Ellos fueron los sayones del suplicio a que estuve sometido los cinco meses que aún permanecí en el potro de tormento de la Puerta del Sol. ¡Los gobernadores! Sólo con evocarlos, al cabo de treinta años, ¡aún se me pone la carne de gallina!

La flor y nata me venía del campo radical-socialista. Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz disponían de una clientela sencillamente única e indescriptible. Claramente se veía que a ese partido habían ido a parar los viejos elementos tradicionalmente rebeldes a lo constituido[45].

Durante los primeros cinco meses, el Gobierno Provisional, en ausencia de un Parlamento, gobernó por decretos que tendrían que ser aprobados ulteriormente por las Cortes Constituyentes. En algunas áreas —especialmente las de Trabajo, Instrucción Pública y Guerra— los ministros del Gobierno Provisional dieron los primeros pasos de lo que se había concebido ya como unas reformas fundamentales y de gran alcance. Los decretos de los ministerios de Justicia y del Trabajo proporcionaron una protección a los arrendatarios de propiedades agrarias pequeñas (en espera de una reforma agraria de más envergadura), extendieron la legislación existente sobre accidentes laborales y compensación de manera que incluyese por primera vez a los jornaleros rurales, establecieron una jornada laboral de ocho horas y extendieron al campo la competencia de los comités de arbitración laboral. El ministro de Instrucción Pública inició un aumento sin precedentes de la construcción de nuevas escuelas, aumentó un poco los sueldos de los maestros, y decretó el comienzo de la coeducación en los centros de enseñanza secundaria. El ministro de Guerra puso en marcha un programa de largo alcance de reorganización y modernización del ejército, reduciendo los efectivos de la oficialidad e introduciendo cambios en aspectos clave de su estructura. Un decreto del 26 de mayo redujo el número de divisiones de dieciséis a ocho. Fueron abolidos el grado de teniente general y todas las capitanías generales. Se anunciaron planes para incentivar el retiro anticipado en masa del exceso existente de jefes y oficiales, reexaminar todos los ascensos por méritos efectuados bajo la dictadura y cerrar la Academia Militar General a cuyo mando estaba el general Franco. Las reformas militares, sobre todo, fueron acogidas calurosamente por la opinión progresista, suscitando elogios, por ejemplo, de don José Ortega y Gasset[46].

Todo el mundo entendía que los partidos republicanos no tenían prioridad alguna más alta que la secularización de la política y la sociedad, aunque no estaba del todo claro hasta dónde se habían propuesto llegar. Las primeras medidas que afectaron a los católicos fueron un decreto del 2 de mayo que prohibía la venta o transferencia de propiedades de la Iglesia y otro, cuatro días después, que daba fin a la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas públicas. El Vaticano aconsejó al principio a la jerarquía episcopal que mostrase respeto y moderación al tratar con el nuevo régimen. El Debate, el más prominente diario católico, recomendó una cooperación combinada con una movilización política de nuevo cuño para defender los principios católicos conservadores.

El primer pronunciamiento católico oficial bajo el nuevo régimen fue una carta pastoral del arzobispo de Toledo y primado, don Pedro Segura y Sáenz, fechada el 1.o de Mayo, pero publicada en la prensa en general sólo seis días después. El cardenal Segura afirmaba repetidas veces que la Iglesia no estaba comprometida con ninguna forma específica de gobierno, pero expresó su agradecimiento a la abatida monarquía por su respeto a la Iglesia y su apoyo a la religión católica, gesto que provocó gran antipatía en muchos republicanos. Llamaba a una «cruzada» de oración y penitencia y hacía saber que esperaba que el nuevo régimen respetara los derechos de la Iglesia. Reclamaba también una «acción prudente» de parte de los católicos en la esfera política, apremiándolos a que se uniesen a fin de elegir delegados católicos para las nuevas Cortes y se opusiesen a los que trataban de «destruir la religión». Su pastoral suscitó inmediatamente las iras de los republicanos anticlericales, que como es natural vieron en ella un llamamiento a la confrontación política.

Durante la primera semana de mayo se produjo un acalorado debate dentro de la prensa católica acerca del curso político adecuado. El Debate recomendó una política de «accidentalismo» y de aceptar el mal menor. El influyente diario monárquico ABC insistía en que sólo la monarquía podía garantizar un orden social católico. Los pragmatistas existentes entre los conservadores españoles trazaron enseguida planes para organizar un gran movimiento de «Acción Nacional» que sería «neutral» con respecto del régimen, aunque dedicado a la salvaguardia de los intereses conservadores y católicos. Pero aquello resultaba inadecuado para los monárquicos de pura cepa, y a las pocas semanas habían hecho planes para organizar un nuevo «Círculo Monárquico Independiente» y lanzar una campaña de propaganda y guerra económica enderezada a desacreditar rápidamente la República dentro del país y en el extranjero.

El Gobierno Provisional mantuvo en general un firme control del orden público y negó a los monárquicos, o a cualquier otra fuerza que tratase de derrocar el nuevo régimen, el derecho a celebrar mítines o manifestaciones públicas, aunque se permitían los mítines privados, a puertas cerradas. De acuerdo con ello, la primera reunión privada del «Círculo Monárquico» recibió autorización de la policía para celebrarse en un local cerca del centro de Madrid el domingo, 10 de mayo. Informes posteriores señalan que se dejó oír la «Marcha Real» a gran volumen a través de las ventanas abiertas, tras lo cual, jóvenes enardecidos salieron a la acera echando vivas a la monarquía, produciéndose una pelea con espectadores republicanos. La policía cerró inmediatamente el nuevo centro monárquico y detuvo a numerosos participantes[47], pero se extendió rápidamente el rumor de que los monárquicos habían matado a un taxista y a media tarde se congregó una multitud para prender fuego a las oficinas del ABC. Según los informes de la prensa, alguien disparó sobre la gente, hiriendo a dos personas, tras lo cual la turba trató de asaltar el edificio.

En ese momento justo, un mes escaso dentro del nuevo régimen, se presentó un problema básico de orden público de la España de comienzos del siglo XX. La policía municipal era débil y del todo incapaz para ejercer un control serio de la multitud. En cualquier caso de importancia había que acudir a las unidades de la guardia civil, pero ésta era un instituto nacional armado, militarizado (fundada en 1844 sobre el modelo de la gendarmerie francesa). Destinada a mantener el orden en la zona rural, carecía de entrenamiento para ejercer un control moderado de las multitudes y normalmente iba armada solo con fusiles mauser. Cuando la multitud se lanzó de repente al asalto del edificio, el pelotón de guardias civiles que lo defendían apuntó con los mauser y disparó, matando a dos personas e hiriendo a muchas más[48]. Se había iniciado una trágica secuencia de provocación grosera y represalia brutal.

Aquella noche se reunió el gobierno en el Ministerio de Gobernación, mientras fuera aullaba una multitud que pedía la dimisión de Maura. Los miembros del gabinete eran muy conscientes de la anarquía que había quemado a la Primera República en 1873-1874, y Maura en especial estaba resuelto a mantener el orden. Advirtió que algunos miembros del Ateneo, el prestigioso centro cultural liberal (del que era presidente Azaña, ministro de Guerra), estaban repartiendo ya listas de iglesias y otros edificios eclesiásticos que había que incendiar al día siguiente. Azaña, sin embargo, se negó a intervenir entre los miembros del Ateneo y dirigió enérgicamente en el gabinete a la oposición para el empleo ulterior de la guardia civil[49].

Apenas se había vuelto a reunir el gobierno en la mañana del día 11, cuando se supo que había comenzado ya la quema de los conventos. Maura afirma que Azaña dijo en aquella ocasión que «todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano» y que hizo saber altaneramente a sus colegas que dimitiría «si hay un solo herido en Madrid por esa estupidez[50]». Según Maura, los únicos entre los demás miembros del gabinete que comprendieron la gravedad de la situación fueron los socialistas, Prieto y Largo Caballero, pero en vista de la actitud de casi todos los demás dirigentes republicanos, no iban a aceptar ninguna responsabilidad llamando a la guardia civil. No sólo se negó el gobierno a proteger las propiedades de la Iglesia, sino que accedió incluso a recibir a una delegación de los incendiarios. Maura se marchó entonces a su casa y se preparaba para dimitir cuando se enteró de que el gobierno había dado marcha atrás. Tras recibir más informaciones sobre la continuada quema de iglesias y otros edificios eclesiásticos, el gabinete decidió muy a su pesar que había que intervenir. En vez de autorizar el empleo de la policía o de la guardia civil, había decidido declarar la ley marcial y sacar el ejército a las calles de Madrid. Aquel comportamiento espasmódico, primero el no saber adoptar unas medidas normales y prudentes y después la reacción exagerada mediante una violencia excesiva iba a convertirse en un método bastante usual del gobierno republicano.

El 12 de mayo la quema de iglesias se extendía por Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz, Alicante y otras ciudades del sureste del país. Y no terminó antes de que fuesen quemados o saqueados, por completo o en parte, más de cien edificios de la Iglesia. Los desmanes alcanzaron su máxima gravedad en Málaga (cuarenta y un incendios), la región valenciana (veintiuno), Alicante (trece) y Madrid (once). Se desconocía con certeza la identidad de los incendiarios. En Madrid habían tomado la iniciativa los liberales radicales del Ateneo, que fueron seguidos, ya sea allí o en otros sitios, por los anarquistas y comunistas. El grueso de la destrucción tuvo lugar en ciudades donde era fuerte la FAI-CNT. En cada uno de los casos, los disturbios fueron controlados con facilidad en cuanto las autoridades locales pusieron algún empeño. No hubo muertos puesto que el encono de las turbas se dirigió contra las propiedades de la Iglesia, como en 1909, y no contra los miembros del clero, como había ocurrido en los primeros tumultos anticlericales de 1835. Pero en el curso de la quema fueron destruidos y dañados importantes iglesias y colegios y obras de arte irrecuperables[51]. Le dieron por último a Maura carta blanca para hacer frente a futuros disturbios. Expulsó por negligencia al director general de seguridad, a cinco gobernadores y a numerosos funcionarios de rango inferior, pero no se hizo nada para detener y juzgar a los centenares de personas que habían tomado parte en la quema[52].

El efecto de indignada conmoción que produjo la quema de conventos en la opinión moderada y conservadora fue enorme. Incluso una asociación liberal republicana, la «Agrupación al Servicio de la República», de Ortega y Gasset, publicó una extensa declaración que reclamaba al gobierno que emprendiese una acción más firme y eficaz. Todo aquello apuntaba a la necesidad de un cuerpo de policía moderno, entrenado y equipado para ejercer un control metódico de la multitud. El único punto del reglamento de la guardia civil referente a tales asuntos eran los tres toques de corneta antes de abrir fuego. Aquélla no podía funcionar en absoluto en una república democrática enfrentada con una agitación social creciente[53], y el 15 de mayo tomó el Gobierno la decisión inicial para crear un cuerpo de policía nacional nuevo, de perfil más urbano. Enseguida tomó forma en los guardias de asalto de uniforme azul oscuro[54], elegidos de acuerdo con rígidas normas de admisión de personal (con una estatura mínima de un metro ochenta centímetros), sometidos a una férrea disciplina y armados con pistolas y porras en vez de fusiles de infantería. Aquel nuevo cuerpo de treinta mil miembros, aproximadamente tan numeroso como la guardia civil, iba a estar listo para el otoño.

Sin embargo, la consecuencia más inmediata de la quema de conventos fue cierta radicalización de la reforma política para dar contento a la izquierda. Fueron detenidos más militantes monárquicos y el 18 de mayo fue expulsado del país el obispo de Vitoria por ejercer acciones subversivas. El 22 de mayo el gobierno declaró una libertad religiosa completa a la vez que desterraba la presencia de imágenes religiosas en las escuelas públicas (haciendo hincapié en que la costumbre de besar imágenes era antihigiénica). El 30 de mayo el Vaticano manifestó su descontento negándose a aceptar las credenciales de Luis de Zulueta, el nuevo embajador republicano. Al día siguiente el gobierno se desquitó suspendiendo temporalmente El Debate. La jerarquía eclesiástica española respondió publicando una carta pastoral colectiva de protesta el 3 de junio en la que insistía en que la libertad total e igualitaria de todas las religiones y la propuesta separación de la Iglesia y el Estado violaban el Concordato de 1851, al tiempo que protestaba por la secularización de los cementerios y la eliminación de la instrucción religiosa obligatoria. El cardenal Segura, primado de España, había abandonado el país después del 11 de mayo, al negarse el gobierno a garantizar su seguridad personal. Los comentarios que hizo en el extranjero fueron sumamente críticos, y al día siguiente de su regreso en junio, fue detenido y deportado sumariamente. Entretanto se producían diversos incidentes en ciudades de provincias. En una serie de ellas los nuevos ayuntamientos republicanos amenazaron con incautarse de los colegios de la Iglesia. En agosto y tras haber sido detenido en la frontera el vicario general de Vitoria llevando varias cartas del cardenal Segura con instrucciones para vender objetos propiedad de la Iglesia y situar su importe en el extranjero, el cardenal Segura fue obligado a renunciar a su sede.

Sólo había hecho falta un mes para traer la confrontación, la violencia y la salida del ejército a las calles bajo ley marcial. Un comienzo diáfano y prometedor había empezado a nublarse.

CAPÍTULO 3

LA CONSTITUCIÓN REPUBLICANA

El Gobierno Provisional prometió hacer unas elecciones para nombrar un nuevo Parlamento constituyente en unos términos que romperían por completo con el viejo sistema de elecciones amañadas o corruptas. La nueva legislatura sería unicameral al haberse suprimido el Senado. En lugar de la antigua estructura a base de circunscripciones electorales de un solo miembro, tan fáciles de manipular por el caciquismo, la nueva ley electoral del 8 de mayo establecía un sistema de listas con distritos grandes con varios candidatos. Ello estaba organizado por provincias sobre la base de un escaño por cada 50 000 habitantes o fracción mayor de 30 000, con la disposición adicional de que cualquier ciudad con una población de 100 000 o más personas constituiría un distrito electoral aparte. Además, el gobierno republicano adoptó una variación de la ley italiana de Acerbo, destinada a impedir la fragmentación. A la lista electoral que ganase por mayoría absoluta en cualquier distrito se le garantizaba un 80 por ciento de los escaños de esa circunscripción y si la lista que sacara más votos en un distrito dado ganaba sólo una mayoría relativa, se le garantizaban el 67 por ciento de los escaños. La lista más grande dentro de un distrito quedaba limitada por el mismo dispositivo a un máximo del 80 por ciento de los escaños, reservando siempre un 20 por ciento para la minoría (segunda en volumen total), a condición de que ésta obtuviese al menos el 20 por ciento de los votos. Además, cada votante tenía el derecho de no votar por todos los escaños de su distrito, pudiendo limitarse a votar por sólo el 80 por ciento de ellos. La edad de votar para los varones se reducía de los 25 a los 23 años, quedando a la decisión del nuevo Parlamento el tema del sufragio femenino. Sin embargo, las mujeres y el clero podían presentarse a las elecciones parlamentarias y saldrían elegidos de hecho algunos diputados incluidos en estas dos especificaciones, entre ellos las primeras mujeres elegidas diputadas en la historia de España.

El ministro de Gobernación impartió instrucciones categóricas de que las autoridades locales no interfiriesen de manera alguna en el proceso electoral, y no hay duda de que las tres elecciones republicanas fueron con mucho las más honradas y democráticas de España en ese sentido. Se produjeron con todo irregularidades en ocasiones, y los gobiernos republicanos no se abstuvieron tampoco totalmente de involucrarse en el proceso electoral. Muchos miembros de alto nivel de la administración se presentaron como candidatos, empezando por el subsecretario de Gobernación e incluyendo a numerosos directores generales de ministerios y gobernadores (aunque no como candidatos en las provincias donde gobernaban).

Elecciones municipales parciales se efectuaron por vez primera el 31 de mayo en 882 localidades, incluyendo cuatro capitales de provincia, donde se habían presentado pruebas de corrupción en las elecciones del 12 de abril tras haberse producido en ellas triunfos de los monárquicos. En esas elecciones municipales parciales, de acuerdo con el más perspicaz tratadista de la transición republicana:

… la tendencia principal… condujo a una victoria republicana casi completa, en una proporción de 8 a 1. Pero habría que señalar que la victoria «republicana» de mayo, al igual que la victoria «monárquica» de abril tenía connotaciones caciquistas. En ambos casos el rival sufrió discriminación, incluso fue «perseguido»… El resultado inequívoco fue, en consecuencia, que en las elecciones de junio los republicanos se habían asegurado el predominio en cientos de ayuntamientos rurales a base de sustituir el caciquismo monárquico por su propio tipo de manejo electoral[1].

En varias zonas se formó una «guardia civil de republicanos» sui generis que patrulló las calles durante la campaña, desalentando probablemente a la oposición.

Los partidos de la coalición republicano-socialista dominaron totalmente la campaña parlamentaria, no a base de represión sino de una mayor militancia y una organización más eficaz. La derecha estaba todavía atolondrada por las secuelas del colapso de la monarquía y reveló su incapacidad organizativa. Las dos principales fuerzas conservadoras fueron en consecuencia un nuevo y pequeño partido católico llamado Acción Nacional y un Partido Agrario nuevo, de derechas. Sólo en el País Vasco y Navarra existió una coordinación efectiva entre las agrupaciones derechistas, y el conjunto de los partidos conservadores presentaron sólo 123 candidatos en comparación con 144 de los socialistas solos y 608 del total de los partidos republicanos[2]. No fueron pocos los conservadores que se apresuraron a «chaquetear», siendo Galicia donde probablemente la «republicanización» llegó más lejos, y los antiguos monárquicos hallaron enseguida identidades nuevas. El paso más descarado tuvo lugar, sin embargo, en Colunga (Asturias), donde se formó un efímero Partido Monárquico-Republicano[3].

El nuevo sistema favorecía sin duda las coaliciones multipartidistas. En once distritos donde seguía siendo importante la influencia conservadora, los republicanos y socialistas unificaron sus listas. En veintisiete distritos hubo una coalición principalmente republicano-socialista, flanqueada además por candidaturas aliadas menores que esperaban ganar los escaños de la minoría. En veinticinco distritos se dio una competición electoral directa entre republicanos y socialistas, y en ocasiones dos o más partidos republicanos se presentaron también compitiendo entre sí[4].

Sólo cuatro partidos destacaban como fuerzas de importancia[5]. La Derecha Liberal Republicana (DLR) de Alcalá Zamora y Maura era el más conservador y, como reveló el resultado, el más débil. Se presentaba como el único partido republicano católico y nominalmente el más empeñado en recibir conversos de la monarquía. Pero, aunque presentó 116 candidatos, su campaña no estuvo bien organizada y su campaña recaudatoria nacional sólo recogió cincuenta y ocho mil pesetas (unos 6000 dólares[6]).

El Partido Radical, de Lerroux, ocupaba el centro y se convirtió enseguida en la mayor fuerza de los moderados, dejando atrás a la Derecha Liberal en la captación de antiguos conservadores y elementos moderados de clase media. A Lerroux le encantaba declarar que la República tenía que ser legalista y moderada o si no no habría República. Sus propios admiradores le llamaban el «Tardieu español», haciendo referencia al entonces Primer ministro conservador de Francia, pero aquella comparación exageraba probablemente su grado de conservadurismo.

A la izquierda se hallaba el partido pequeño-burgués Radical-Socialista, una imitación de su equivalente francés de comienzos de siglo Los radical-socialistas esperaban atraerse a los trabajadores y hablaban a menudo de «justicia social» y de una «transformación del concepto legal de la propiedad». Sus máximos directivos, Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo, eran doctrinarios y extremistas. Albornoz insistía en que la República no debía ser conservadora «porque no hay nada que conservar», y Marcelino Domingo decía que el nuevo Parlamento debía ser «una convención, una asamblea tempestuosa[7]».

Los flanqueaba de cerca el partido azañista de Acción Republicana, que hablaba poco de asuntos socioeconómicos pero era casi igual de doctrinario[8]. Azaña detestaba la moderación de Lerroux y su propensión al compromiso incluso más que su fama de corrupto, y daba vueltas al eslogan de don Alejandro, recalcando en cambio que «la República debía ser radical y si no, dejaría de existir[9]». Azaña declaró que tan pronto como se hubiese completado la Constitución, su partido buscaría una alianza con los socialistas contra los radicales para garantizar la existencia de una República «revolucionaria» y «laica».

A la izquierda de la coalición estaban los socialistas, que habían crecido hasta convertirse en un movimiento de masas con una gran base sindicalista nacional por vez primera. Aunque había una división interna nada pequeña, el liderato dominante mantuvo al partido firmemente alineado dentro de la coalición. Largo Caballero, ministro de Trabajo, hablaba de una «revolución legal» y afirmaba que el verdadero «extremismo no echaría nunca raíces en España[10]». Sin embargo, los socialistas no trataron de ocultar en absoluto las diferencias que había entre ellos y los partidos republicanos. Percibiendo la competencia de los revolucionarios militantes de la CNT-FAI, sus oradores recalcaban también la naturaleza circunstancial de la coalición, atentos a apresurar el advenimiento de un socialismo total.

A nivel local la alianza fracasó en ocasiones, pero no por culpa de los socialistas. La divergencia más común consistía en que los demás partidos excluían a veces a la DLR debido a su conservadurismo, mientras que en unos pocos casos los radical-socialistas se presentaron solos para no tener que ir junto a la DLR. Los más maleables de todos eran los radicales, dispuestos normalmente a aliarse ya sea con la DLR o con los partidos izquierdistas, según exigieran las circunstancias.

Durante la campaña se produjeron incidentes violentos menores, pero sólo se sabe de dos víctimas, una en el País Vasco y la otra en Granada. Hubo varios incidentes de menor importancia. Un caso fue una arremetida socialista en un mitin electoral del nuevo Partido Liberal Demócrata de Melquíades Álvarez en Oviedo, que causó muy pocos daños, pero hizo que don Melquíades se retirara de la campaña en protesta por ello[11].

Las elecciones del 28 de junio proporcionaron un triunfo arrollador de la alianza republicano-socialista, con numerosas variaciones individuales, según los distritos[12]. El sistema de alianzas multipartidistas, junto con la opción del voto limitado, hizo imposible calcular con precisión absoluta los totales del sufragio nacional de cada partido, pero en la tabla 3.1. se presentan las aproximaciones más cercanas.

Tabla 3.1. Totales del voto por partidos de las elecciones de 1931

| Totales de promedio | Totales máximos
Socialistas | 1 941 627 | 2 097 802
Radicales | 1 755 948 | 1 629 507
Radical-socialistas | 1 283 514 | 1 487 873
Derecha Republicana Liberal | 793 270 | 1 104 732

Fuente: Tusell, Constituyentes, 103.

La participación osciló entre un mínimo del 56 por ciento en Ceuta y un 61 por ciento en la provincia de Almería y un máximo del 88 por ciento en Palencia. Hubo cierto grado de abstencionismo derechista, pero también, sin duda, debido a la orientación, predominantemente liberal, del electorado. El esquema común, establecido ya bajo el viejo sistema antes de 1923, de una participación más elevada en el Norte (excepto en Galicia) y más baja en el Sur, se repitió en general. Aunque la derecha ganó casi todos sus escaños en el conservador Norte, incluso allí la mayor parte del voto favoreció a la alianza republicana. El índice total de abstención fue del 30 por ciento, alto para algunos países, pero bajo para España. No hubo grandes cambios de participación entre las tres elecciones de la República, por lo que hay que reconocer que el talante del electorado en su conjunto —no meramente el de la izquierda medular— fue más liberal de lo que iba a ser en 1933 o 1936. (Véase tabla 3.2.)

Pese a ciertas irregularidades, fue una contienda con mucho más honrada y genuinamente democrática que ninguna vista en España. Después se produjeron no pocas acusaciones de fraude electoral y la Comisión de Actas del nuevo Parlamento examinó las pruebas de los casos más serios. Sólo en la provincia de Lugo consideró que había pruebas suficientes para exigir una nueva votación. La comisión dictaminó que en varias otras provincias se habían producido irregularidades menores, aunque no de suficiente magnitud como para alterar los resultados[13].

La ley electoral tenía prevista una segunda vuelta de votación en las provincias y distritos donde ninguna lista hubiese ganado al menos un 20 por ciento de los votos. Por ese motivo se efectuaron posteriormente una serie de votaciones de segunda vuelta en veintiocho distritos. De los cuarenta y seis escaños pendientes, los socialistas ganaron diez y las agrupaciones derechistas tres, pasando los treinta y tres escaños restantes a diversos partidos republicanos, la mayoría de ellos ganados por grupos republicanos más izquierdistas[14]. Como vemos, los resultados de la segunda vuelta no se diferenciaron sobremanera de la contienda principal, aunque los partidos republicanos lograron agrandar un poco su ventaja. En conjunto, la composición final de las Cortes Constituyentes se formó con 327 republicanos, 123 socialistas y 54 derechistas (incluyendo a los nacionalistas vascos).

Tabla 3.2. Escaños parlamentarios obtenidos en la primera vuelta, 1931

Coalición Republicana
Socialistas | 113
Radicales | 87
Esquerra Republicana | 36
Derecha Republicana Liberal | 27
Federalistas | 19
Galleguistas | 19
Acción Republicana | 16
Radical-socialistas | 61
Republicanos independientes | 18
«Al Servicio de la República» | 7
Liberal-demócratas | 4
Total | 407
Oposición
Nacionalistas vascos | 6
Lliga Catalana | 2
Partido Agrario | 14
Acción Nacional | 5
Tradicionalistas | 4
Monárquicos | 1
Derechistas diversos | 19
Total | 51

Fuente: Tusell, Constituyentes, 128.

Los socialistas y los radicales fueron los principales ganadores. El PSOE apareció por vez primera como un partido electoral de masas, mientras en cambio, con la relativa frustración de la DLR de Alcalá Zamora, los radicales se alzaron como la primera fuerza del republicanismo moderado. Lerroux, que ganó 133 789 votos en Madrid y fue elegido en otras cuatro capitales de provincia, se convirtió en el nuevo paladín del centro, que veía en él al dirigente que podía salvar la República para la causa conservadora.

Dos semanas después de las elecciones, se reunió el 11 de julio el Consejo Nacional de la Alianza Republicana, y Lerroux y Azaña llegaron a un acuerdo, accediendo a formar un amplio bloque parlamentario republicano con los radicales, Acción Republicana, los federalistas y varias otras agrupaciones menores. Alcalá Zamora y Maura, dado su resultado electoral tan poco lucido, se interesaron tanto más en conservar sus puestos en el Gobierno y, en consecuencia, la composición del gabinete no resultó alterada por el resultado de los comicios.

La ofensiva anarquista

El primer desafío al que tuvo que hacer frente la República llegó de la izquierda anarquista. Durante la dictadura, las agrupaciones de afinidad anarquista más exaltada se habían organizado en forma de una pequeña federación (la FAI - Federación Anarquista Ibérica), con la intención de dominar a la anarcosindicalista CNT, que en 1930-1931 se expandió de nuevo rápidamente hasta convertirse en movimiento de masas. La CNT había sido la fuerza mayor situada tras la actividad huelguista que tanta presión había hecho contra los últimos gobiernos monárquicos, pero la luna de miel que acompañó la fundación de la República fue cosa breve. Pese a la política conciliadora de los gobiernos republicano y catalán, el día 1.o de Mayo se produjeron en Barcelona estallidos de violencia menores obra de los faístas (militantes de la FAI), produciéndose además ese mes varios otros incidentes menores. A partir del fin de abril hubo huelgas de importancia en siete provincias del Norte industrial y del Sur agrario, así como numerosas huelgas menores. Los cenetistas desempeñaron sin duda un papel destacado en la quema de conventos del 12-14 de mayo. Como hemos señalado, la ley marcial fue declarada en Madrid el 12 de mayo y se extendió enseguida a siete provincias del Sur y del Este, y también a Logroño. Para entonces estaban produciéndose disturbios en la zona rural del Sur (aunque con poca violencia contra las personas), debido a lo cual, cuando se levantó la ley marcial en Madrid el 21 de mayo, aún permanecía en vigor en algunas partes de Andalucía.

El suceso más sangriento de las primeras semanas se produjo en las afueras de San Sebastián el 28 de mayo. Huelguistas del vecino puerto de Pasajes trataron de marchar contra la ciudad, pero les salió al paso la guardia civil, y como los huelguistas porfiaron en entrar, abrió fuego, y mató a ocho e hirió a más de cincuenta[15], lo que condujo a la declaración de la ley marcial en la zona. Aquel suceso, junto con la inmediatamente anterior quema de conventos, planteó los dilemas básicos del problema del orden público en la República. Este régimen había empezado con buenas intenciones y bastante empeño en apaciguar a la izquierda anarquista, pero al mismo tiempo reclamó prudentemente el ejercicio de los «plenos poderes». De hecho se había permitido al principio que los anarquistas asesinaran impunemente a algunos obreros católicos derechistas y no se había hecho nada para controlar a los primeros incendiarios de iglesias y conventos. Como el asunto adquirió enseguida verdadera gravedad, el gobierno dio un bandazo hacia el extremo opuesto, acudiendo a la mortífera guardia civil e incluso sacando el ejército a las calles. Los huelguistas y manifestantes que no querían dispersarse eran sometidos ipso facto a fuego a discreción. Semejante estado conflictivo era sin duda inevitable dentro del contexto existente: los anarquistas rechazaban el reformismo socialdemócrata y no querían cooperar con los comités paritarios (unos comités de arbitraje laboral respaldados por el Gobierno), y optaban por la acción directa. A causa de ello una huelga general en Gerona llevó a la declaración de la ley marcial en la provincia el 18 de junio, y doce días después se adoptó una medida similar en Málaga tras haberse producido allí una serie de huelgas[16].

Elementos anarcosindicalistas moderados, los «construccionistas», eran partidarios dentro de la CNT de tácticas más pragmáticas. Cuando se reunió en Madrid a mediados de junio el primer congreso nacional de la CNT desde 1919, los temas principales se referían a la política a adoptar para con la República democrática y a la estructuración de unas federaciones laborales más amplias y organizadas de carácter nacional (más parecidas a la UGT), que pudieran sustituir la existente autonomía «de gato montes» por una actuación sindicalista más disciplinada. Los anarcosindicalistas más moderados deseaban sostener un régimen democrático que garantizase plenos derechos civiles, libertad laboral y tomase medidas enérgicas para sacar adelante una mayor justicia social. Aunque aquel congreso se negó a respaldar a la República, aprobó un programa mínimo redactado por los moderados para presentárselo al gobierno. La proposición de establecer unas federaciones nacionales de la industria salió adelante con un voto aplastante en contra de la enconada oposición de la FAI, con lo que salió reforzada la directiva de elementos moderados en las oficinas nacionales de la CNT[17].

En cuanto a la militancia de la FAI, era relativamente modesta y constaba al principio de poco más de diez mil miembros, mientras que la CNT aseguraba en agosto tener ochocientos mil afiliados, pero los partidarios de la acción directa ganaron adeptos entre las nuevas filas. Los faístas predicaban una vaga doctrina de un «comunismo libertario» o sea un comunalismo totalmente descentralizado que se debía conseguir mediante huelgas radicales y la insurrección armada[18]. La primera acción laboral de envergadura después del congreso fue la convocatoria de una huelga de teléfonos nacional por parte del sindicato único de los trabajadores de teléfonos de la CNT para el 4 de julio, víspera de la apertura de las nuevas Cortes Constituyentes. El servicio empezó interrumpiéndose en ciudades grandes como Barcelona y Sevilla, en que a veces hacían de esquiroles los trabajadores de la UGT. Como la CNT se negaba a trabajar dentro del nuevo marco legal de relaciones laborales, Largo Caballero declaró la huelga ilegal. Ante la perspectiva de una creciente violencia obrera, las primeras unidades de la nueva guardia de asalto republicana, aún en formación, recibieron órdenes de hacer «fuego sin previo aviso» si era necesario, y enseguida habían sido detenidos dos mil cenetistas. Solidaridad Obrera, órgano principal de la CNT, que había declarado con orgullo el 1.o de Mayo que «España es un país revolucionario sin igual en Europa», advertía ya el 2 de julio que el nuevo régimen estaba convirtiéndose rápidamente en «una República administrada por verdugos y asesinos».

El Socialista había afirmado ya el 13 de junio: «No vacilamos en decirlo: todo el pistolerismo, todos los crímenes que se han cometido en Barcelona, incluso la ley de fugas, son obra indirectamente de los Sindicatos Únicos. La Confederación Nacional de Trabajo es una organización obrera a base de pistolas». Y el 9 de julio:

Cuando advino la dictadura, Cataluña, y especialmente Barcelona, incluso los trabajadores, aplaudieron al dictador, porque vieron en la nueva situación política el medio único de verse libres de aquellos hechos deshonrosos. Desapareció la dictadura y la monarquía y pronto asomaron los procedimientos de violencia. En Barcelona todo el mundo estaba armado; los sindicalistas se entregan a toda clase de excesos. ¿A dónde conducirá a Barcelona esta situación?

El diario republicano La Voz se lamentaba el 24 de julio: «Sencillamente intolerable. La pobre y débil economía española no puede resistir este constante asalto. Se cierran las fábricas. Nadie construye. El comercio no vende. Las industrias secundarias languidecen». Aunque esas quejas eran exageradas, reflejaban una reacción republicana común contra la ofensiva anarquista.

Aunque los anarquistas, casi por definición, no podían tener aliados, su postura revolucionaria tuvo como paralelo el diminuto Partido Comunista de España. El undécimo pleno del Comité Ejecutivo de la Comintern, reunido en abril de 1931, aclamó la llegada de la crisis definitiva del capitalismo que estaba produciendo al parecer una lucha revolucionaria en los países capitalistas. De ese modo el Partido Comunista de España declaraba la guerra a la República, con el objetivo de reemplazarla lo antes posible con una «República-Consejos de trabajadores, campesinos y soldados», puro lenguaje soviético de 1917[19].

La única ciudad donde tenían una fuerza significativa tanto los anarquistas como los comunistas era Sevilla, centro comercial y de la industria ligera de Andalucía, donde no había reinado la paz ni siquiera durante los primerísimos días felices de la República. La cuarta capital de provincia de España, Sevilla, se situaba sólo detrás de Barcelona como escenario de la agitación laboral. En las primeras semanas de la República la CNT contaba aproximadamente con veintiséis mil miembros —como el 30 por ciento de la fuerza laboral— mientras la CGTU (llamada allí Unión Local de Sindicatos) comunista contaba con unos quince mil (casi el 18 por ciento). En 1931 Sevilla era la cosa más parecida a un centro del comunismo español (al haber absorbido anteriormente los comunistas a parte de la CNT local), que ejercía el monopolio entre los estibadores. En comparación, la UGT tenía al principio sólo unos cuatro mil miembros en Sevilla y no creció significativamente durante dos años más.

Las manifestaciones comunistas del 14 de abril en Sevilla habían degenerado en minidisturbios, mientras que otra manifestación al día siguiente logró organizar una fuga de la cárcel. Fueron saqueadas varias armerías y hubo incluso un intento de asalto de un cuartel de infantería local, produciéndose muchos tiroteos y un muerto. La ley marcial se proclamó en Sevilla ya el 16 de abril, al tercer día de la República, antes que en ninguna otra parte de España. Hubo en conjunto allí treinta y cuatro huelgas entre abril y diciembre, la mayoría de ellas entre abril y julio[20].

Uno de los principales generales republicanos, Miguel Cabanellas, fue enviado a Sevilla como capitán general de la región. Propuso sus propias soluciones para la agitación laboral: medidas de reforma económica para aumentar el empleo acompañadas por una continuación de la ley marcial, prohibición de las huelgas, clausura de los locales sindicales de la CNT y comunistas, y deportación de los revolucionarios, agitadores laborales y delincuentes locales a Guinea Ecuatorial. Aquello era demasiado para que lo tragasen los ministros socialistas del Gobierno; Cabanellas fue sustituido al fin y la ley marcial levantada el 15 de junio[21].

Los militantes de la CNT de Sevilla se oponían abiertamente a los comunistas, pero, al igual que otros grupos regionales, se inclinaron cada vez más hacia la FAI. La mayor ola de huelgas, de junio y julio, empezó a llegar al clímax el 18 de julio, con una violenta manifestación huelguista que condujo a una huelga aún mayor dos días después, con más actuación violenta en el curso de la cual murieron un cenetista y un policía. El 22 de julio se había convertido ya en una huelga general en toda Sevilla, secundada por los comunistas. La ley marcial, tras haber permanecido levantada durante sólo treinta y siete días, fue impuesta de nuevo y se declaró el cierre oficial de la CNT. La policía urbana de Sevilla contaba sólo con cuarenta y nueve miembros. Eran totalmente insuficientes para hacer frente a aquella situación y fueron reforzados con una milicia civil constituida ad hoc. El suceso más atroz de todo el episodio huelguista se produjo en las primeras horas del 23 de julio, cuando unos miembros de esa milicia conservadora aplicaron la ley de fugas a cuatro detenidos comunistas en el parque central de Sevilla, matándolos sin más. Más tarde, ese mismo día, se dio orden a la artillería de que derribara a cañonazos un edificio donde había un bar propiedad de un comunista. Los disturbios terminaron por fin en Sevilla el 26 de julio, tras haber perecido en ellos un mínimo de veinte personas (dieciséis en la capital y cuatro en la provincia) y haber resultado heridas más del doble[22]. Una comisión parlamentaria de investigación, dirigida por socialistas, indagó después sobre la matanza del 23 de julio, pero no fue capaz de alcanzar ninguna conclusión definitiva.

El 1.o de agosto declaraba Solidaridad Obrera que «a partir de ahora sabemos que las Cortes Constituyentes están contra el pueblo. A partir de ahora no puede haber ni paz ni un minuto de tregua entre las Cortes Constituyentes y la CNT». Los sindicatos de la CNT aceptaron ocasionalmente la mediación en las disputas laborales del gobernador civil de alguna provincia dada, cosa que ocurrió en Cataluña y en Cádiz, pero prevaleció en general la línea faísta que rechazaba una arbitración normal. Conforme avanzaba el verano, los líderes anarquistas que habían regresado del exilio con la llegada de la República ganaban cada vez más apoyo entre las federaciones regionales más activas[23]. La larga y enconada huelga telefónica fue zanjada al fin en condiciones moderadas el 28 de agosto, pero un día antes se inició una nueva ola de huelgas en Barcelona al declararse en huelga veinte mil obreros metalúrgicos. Los presos de la cárcel Modelo de Barcelona se amotinaron, apoderándose temporalmente de la misma, tras lo cual la CNT de Barcelona declaró una huelga general el 3 de septiembre exigiendo la libertad de todos sus miembros detenidos en los últimos meses. Macià, presidente de la Generalitat, que había encabezado una suscripción para recaudar fondos a favor de los trabajadores de teléfonos de la CNT, mantuvo su política de apaciguamiento. Apoyó la nueva exigencia de la CNT de que se dejasen en libertad todos sus miembros que estaban presos en Barcelona, pero el gobierno local y la autoridad policíaca estaban en manos del gobernador civil, el republicano católico conservador José Anguera de Sojo (el tercer gobernador provincial en cinco meses), quien adoptó una línea dura y rodeó de guardias civiles la sede local de la CNT. Para cuando terminó aquella huelga, había habido por lo menos seis muertos y además habían sido detenidos muchos cenetistas, para mayor seguridad, en un barco prisión[24].

Septiembre fue un mes agitado en todas partes, pues la huelga general de Barcelona fue seguida por otra en Zaragoza y estuvo acompañada por muchas huelgas menores, algunas con tumultos, extendidas por lo menos a dieciocho provincias, produciéndose algunos muertos más. Octubre trajo consigo más de lo mismo, con huelgas e incidentes por lo menos en doce provincias y varios muertos más de carácter político. Los disturbios fueron más pertinaces en parte de Andalucía y Extremadura.

Esa extensión de las huelgas y la frecuente violencia, tanto por parte de los trabajadores como de las autoridades, fueron parte del dinámico proceso mediante el que logró la FAI invertir rápidamente las conclusiones del congreso de junio de la CNT y establecer la hegemonía del anarquismo revolucionario. El faísmo era un fenómeno básicamente urbano, con mucho menos respaldo entre los cenetistas rurales, pero esa circunstancia le proporcionaba una influencia mayor. A finales de verano, la fusión de los acrónimos —CNT-FAI— reflejó una nueva política de total confrontación con el orden social establecido y con la República misma.

Los líderes moderados de la CNT se hallaron representando a una minoría, al menos en las ciudades. Adoptaron una posición pública en la declaración treintista del 1.o de septiembre, llamada así al estar firmada por treinta figuras más moderadas, encabezadas por Ángel Pestaña y Joan Peiró. Denunciaban la violencia y el revolucionarismo faístas, afirmando lisa y llanamente que podían conducir a un «fascismo republicano». Los treintistas recalcaban la necesidad de una educación laboral, organización sindical práctica, objetivos sensatos y un sentido de responsabilidad política, y amenazaban con una ruptura completa entre su sector de sindicalismo laboral y el anarquismo revolucionario, pero los treintistas sólo lograron un apoyo firme en Valencia y en el estratégico suburbio barcelonés de Sabadell, mientras los faístas se hacían dueños de Solidaridad Obrera y dominaban la mayor parte de la CNT de Cataluña y el resto de España. Llegó a haber incluso unos cuantos altercados callejeros violentos entre los dos sectores, acusando algunos treintistas a la FAI de tener las características de una organización leninista[25].

La política socialista

El contraste entre la política de la FAI-CNT y la de los socialistas era como la diferencia existente entre la noche y el día. Durante los meses finales de la Monarquía y la primera fase de la República, los dirigentes del partido se atuvieron a la idea de que la participación socialista en el gobierno era necesaria para estabilizar y proteger la naciente democracia republicana y que esta última proporcionaría a su vez las condiciones necesarias para avanzar hacia el socialismo. Se asociaba a ello la conclusión predominante de que la «revolución burguesa» postulada por el marxismo nunca se había completado, y que durante un siglo el país había seguido viviendo en una especie de casa a medio camino entre un tradicionalismo y feudalismo mezclados con capitalismo y un tipo de liberalismo muy limitado. Esto puede haber constituido una lectura errónea de la historia de España[26], porque el liberalismo elitista del siglo XIX había tenido de hecho un claro paralelo con los desarrollos producidos en Europa Noroccidental, cosa que confundía a las clases medias y la intelectualidad republicanas con la burguesía verdadera que iba a volverse enseguida cada vez más antiliberal, pero esta interpretación proporcionó una base lógica teórica e histórica para toda una serie de colaboraciones. La irrupción republicana fue una cosa desde luego buena para la UGT, que había tenido sólo 277 011 miembros a finales de 1930 y alcanzó en cambio un total de 1 041 539 en junio de 1932, rivalizando o superando por primera vez sus efectivos a los de la CNT[27].

El problema de continuar o no esa colaboración constituyó el tema principal del Congreso Extraordinario del partido que tuvo lugar en Madrid el 10 de julio, cuatro días antes de la apertura de las Cortes Constituyentes. El informe del comité sobre esta cuestión recomendaba continuar con ella hasta que se redactara la Constitución y se estableciera el primer gobierno regular. Sin embargo, fuera de Alemania y Escandinavia, los partidos socialistas europeos se hacían eco todavía de la ortodoxia de la Segunda Internacional y mantenían una postura ambivalente en lo tocante al tema de la colaboración regular. Por esa razón el informe mencionado terminaba afirmando que «el partido se declara en principio contra la participación en el poder», pero que el partido seguiría colaborando en el futuro, de ser necesario, para evitar el regreso de los poderes derechistas o una amenaza de envergadura a las nuevas formas. El pragmático Indalecio Prieto, reconocido plenamente a esas alturas como el jefe del centro socialdemócrata o centro-derecha del partido, añadió allí una enmienda que facultaba a la delegación parlamentaria socialista y a la comisión ejecutiva del partido a tomar conjuntamente las decisiones futuras en torno a problemas fundamentales de ese tipo siempre que pudiera cambiar la situación o aparecer una nueva crisis[28].

La oposición a continuar aquella participación vino del catedrático madrileño de filosofía, Julián Besteiro, que había sucedido al fundador del partido, Pablo Iglesias, como figura central de la directiva socialista tras la muerte de éste en 1925, y de una minoría ultraizquierdista que sostenía que tanto la participación como el reformismo eran totalmente inadecuados y constituían una trampa que desviaba al movimiento de sus objetivos revolucionarios[29]. Besteiro nunca claudicó de su postura de que aquella colaboración estaba equivocada, debido a las razones opuestas: porque el socialismo español era todavía relativamente débil e inmaduro y por lo mismo se vería inevitablemente comprometido, diluido y desviado de su auténtico objetivo de trabajar de modo paciente y constructivo por un futuro socialista. Besteiro había ganado la reputación de ser el teórico marxista más distinguido del partido. Sostenía que la doctrina marxista era una hipótesis idealista que se convertía en realidad dentro de un desarrollo histórico, igual que en los ejemplos de la teoría científica[30], pero que era completamente imposible acelerar la historia artificialmente, remachando de ese modo la ortodoxia kautskista de otrora de la vieja Segunda Internacional[31]. Besteiro recomendó encarecidamente que el partido se limitase a concurrir a las elecciones y a trabajar por el logro de una reforma social práctica en el Parlamento. Había dimitido de sus puestos directivos tanto en el partido como en la UGT a principios de 1931, pero después aceptó la presidencia de las nuevas Cortes con la esperanza de facilitar una legislación reformista. En el congreso de julio advirtió que, en las condiciones existentes, la participación continua en el gobierno podría llevar al desgaste y agotamiento del movimiento o a un adelantamiento prematuro hacia un gobierno socialista que, entonces, tendría que ser dictatorial:

Pero yo he dicho antes que nosotros en el poder, a la larga, o nos dejamos arrastrar por los elementos que abusan de nuestra bondad, o tendremos que tener mano dura y ser dictadores. Y yo temo más una dictadura socialista que una dictadura burguesa. De la segunda nos defenderíamos; en la primera mataríamos nosotros solos[32].

Su moción abstencionista fue rechazada en el congreso, que votó por la moción de Prieto enmendada, 10 607 contra 8362, una división relativamente reñida, que indició que gran parte del partido no estaba completamente de acuerdo.

El más entusiasta de todos fue el jefe de la UGT, Largo Caballero, en su nuevo puesto de ministro de Trabajo. Para aquel viejo líder sindical, bajo y de ojos azules, que había dedicado toda su vida a asuntos prácticos de organización y reformismo laboral, aquello era casi un sueño convertido en realidad. No soportaba en cambio en absoluto el extremismo de la CNT y su negativa a prestarse al arbitraje. El 21 de julio reclamó que el gobierno adoptase una línea más dura ante los disturbios anarquistas[33]. Como contraste, Prieto, que había impulsado inicialmente la línea colaboracionista y era un político más sofisticado y hábil, daba cabida a una vena de pesimismo intermitente y antes de terminar el año hablaba incluso de dimitir como ministro de Hacienda debido a los obstáculos existentes, al paso que por entonces Largo Caballero llegó a especular ocasionalmente sobre un gobierno republicano del todo socialista[34].

La redacción de la Constitución

Se había acordado que las Cortes Constituyentes se reunieran el 14 de julio, Día de la Bastilla, lo que suscitaba recuerdos de la Revolución francesa y de las Repúblicas francesas. La composición de las mismas mostraba una hiriente discontinuidad con la de los últimos Parlamentos de la monarquía[35]. Para la mayoría izquierdista aquello era exactamente como debía ser, una ruptura completa con un pasado monárquico corrupto y retrógrado. La verdad es que a la nueva asamblea le faltaba experiencia política práctica y sabiduría y carecía además de contacto con sectores significativos de la sociedad española. El colapso de las viejas organizaciones políticas y la confusión de la derecha había dejado muy mal representada a una gran minoría conservadora y católica y había tenido también el efecto de hacer creer a los diputados republicanos y socialistas que representaban al conjunto de la sociedad española más de lo que ocurría en realidad.

El nuevo cuerpo legislativo provenía predominantemente de las clases medias profesionales y burocráticas, que suponían el 81 por ciento de la Cámara, encabezado por abogados (150) y maestros y profesores catedráticos (80[36]). Esas cifras incluían también a los intelectuales más destacados del país, pues dos de los pensadores españoles más conocidos, José Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno, eran diputados, al igual que el famoso médico y ensayista Gregorio Marañón, y Ramón Pérez de Ayala, uno de los dos novelistas principales del país (los dos últimos directivos con Ortega de la pequeña «Agrupación al Servicio de la República»). Lo más curioso es que el asesoramiento y el comentario político de aquellos sabios era por lo general muy sensato y más de fiar que el de la mayoría izquierdista. Ortega, por ejemplo, recomendó que las Cortes Constituyentes evitasen la retórica, la venganza y el radicalismo contraproducente, centrándose en cambio en una reforma pragmática y en los asuntos económicos[37]. Aquel oportuno consejo fue rechazado de plano.

En mayo había nombrado Alcalá Zamora una Comisión Jurídica Asesora especial, de trece miembros, con el encargo de preparar un proyecto de borrador constitucional para someterlo a la consideración de las nuevas Cortes. Aquella comisión estaba compuesta por elementos moderados que prepararon un borrador que incluía una legislatura bicameral y una presidencia con amplios poderes y que reconocía una libertad de creencias total, incluyendo a la Iglesia católica, que disfrutaría de un estatuto especial. Se trataba de una cosa tan sensata y moderada que el gobierno republicano lo rechazó enseguida. Los miembros de las nuevas Cortes formaron en cambio otro comité constitucional. Encabezado por el catedrático de derecho Luis Jiménez de Asúa, un socialista relativamente moderado, estaba compuesto por cinco socialistas, cuatro radicales, tres radical-socialistas, dos catalanistas, y siete miembros de otros partidos republicanos. Desempeñando un papel destacado tanto los socialistas[38] como los radical-socialistas, completaron un borrador de 121 artículos que sometieron a las Cortes el 27 de agosto. Jiménez de Asúa lo presentó como «de izquierda, pero no socialista», «democrático, iluminado por la libertad y de un gran contenido social». Citó entre las «constituciones madres» que habían aportado su inspiración al borrador el documento mexicano de 1917[39], la primera Constitución soviética de 1918[40], y la Constitución alemana de Weimar de 1919. Definía la República como un «Estado integral», no federal[41], y estipulaba una separación completa de la Iglesia y el Estado, con la disolución de todas las órdenes religiosas y la nacionalización de sus propiedades. Jiménez de Asúa recalcó también que la Constitución propuesta garantizaba el derecho a la propiedad privada, aunque su objetivo residía en «avanzar gradualmente hacia su socialización[42]», el proyecto daba también al Parlamento el derecho a confiscar propiedades sin indemnización.

La discusión en serio se inició el 11 de septiembre y llevó a un debate de tres meses de duración, a veces acalorado, a menudo subido de tono, y muy ocasionalmente elocuente, normalmente en forma de prolongadas sesiones que empezaban a las 4 de la tarde y seguían intermitentemente hasta muy entrada la noche. La primera discusión fuerte surgió en torno al intento de los socialistas y radical-socialistas de definir el nuevo Estado en el artículo 1.o como una «República de trabajadores», cosa no aceptable por entero a toda la izquierda republicana. Adquirió un nivel aún más polémico la discusión del grado de autonomía que iba a permitir el Estado republicano, porque los socialistas y la Acción Republicana de Azaña querían conservar un Estado central bastante fuerte que se limitaría a conceder una autonomía limitada a algunas regiones en especial. El texto final se redactó así: «España es una república democrática de trabajadores de todas clases, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones».

El artículo 2.o establecía la igualdad de todos los españoles ante la ley, mientras que el artículo 4.o declaraba el castellano como idioma oficial de la República, añadiendo que «Todo español tiene obligación de saberlo y de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones». Otras secciones de la Constitución renunciaban a la guerra como instrumento de política nacional, dividían los poderes del gobierno en los que se declaraban de la exclusiva competencia del Estado español (artículo 14), los correspondientes a esferas en las que el Estado podía legislar, aunque podían administrar las regiones autónomas (artículo 15) y determinadas materias cuya jurisdicción podría corresponder en exclusiva a la competencia de aquellas regiones autónomas que se pudieran crear (artículo 16). No se llegó a un acuerdo en lo tocante a la abolición de la pena de muerte, por lo que ese tema fue omitido.

El artículo 36, que estipulaba el derecho de todos los ciudadanos de uno u otro sexo mayores de 23 años para votar en las elecciones mediante sufragio universal, directo e igualitario resultó controvertidísimo. Los radicales y la izquierda republicana se opusieron con vigor a la concesión del voto a la mujer debido a su supuesto conservadurismo y religiosidad. Victoria Kent, diputada radical socialista, una de las tres mujeres elegidas, llegó nada menos que a afirmar que «la mujer es retrógrada, reaccionaria e inculta[43]», pero las feministas conservadoras de la «Unión de Damas Españolas» demostraron estar sorprendentemente bien organizadas. Presentaron una petición con las firmas de millón y medio de mujeres a favor del derecho a votar. Una inusual alianza de socialistas y moderados logró la aprobación del tema con una votación de 160 contra 121.

La gran discusión siguiente giró en torno al artículo 44, que afirmaba que:

La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes… En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.

Fue aprobado por un estrecho margen. Este artículo chocó con la oposición no sólo de la pequeña minoría derechista, sino también con el pequeño grupo de republicanos conservadores encabezados por Maura y Alcalá de Zamora, y estuvo a punto de provocar la dimisión del último como presidente.

La confrontación en tomo al artículo 44 constituyó el preludio del mayor conflicto concreto, la controversia sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Gran parte de la opinión católica de entonces aceptaba ya una separación formal de la Iglesia y el Estado, pero pretendía una legislación especial que garantizase una libertad completa para el culto y la educación católica, que le garantizase a la Iglesia el control completo de sus propiedades, y que se hiciese cargo de la continuación del presupuesto eclesiástico mediante el cual el Estado pagaba los sueldos de los párrocos. Pero, muy al contrario, el borrador propuesto declaraba que «El Estado disolverá todas las órdenes religiosas y nacionalizará sus bienes», y fue seguido el 13 de octubre por una enmienda socialista que pretendía la prohibición permanente de todas las órdenes religiosas. Aquello creó una situación tan explosiva que incluso la derecha republicana amenazó con pasarse a la oposición.

La formulación final fue algo más moderada. La desarrolló Manuel Azaña, el firme e ingenioso ministro de la Guerra que se había convertido entonces en la figura dominante de la izquierda republicana. En el discurso más citado de todo el debate constitucional, declaró el 15 de octubre: «La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica». No quería decir con aquella expresión que no hubiese todavía muchos millones de católicos en España, sino que en la cuarta década del siglo XX el catolicismo había perdido su antiguo papel hegemónico en la cultura, la política y la sociedad. Azaña añadió: «Nosotros tenemos de una parte la obligación de respetar la libertad de conciencia», pero insistió en que estaba primero la protección de la seguridad del Estado republicano. Por lo tanto: «A mí que no me vengan a decir que esto es contrario a la libertad; porque esto es una cuestión de salud pública[44]». Hizo hincapié en que, en vez de proscribir todas las órdenes, sólo hacía falta en aquella ocasión expulsar a los jesuitas, y que se podía legislar en el futuro para prohibir cualquier enseñanza a los miembros de órdenes religiosas. No habría ningún reconocimiento jurídico especial de la Iglesia en lo tocante a subvención económica, derechos o propiedades. Aquellos términos, algo más suaves, resultaron aceptables para los socialistas, que retiraron su enmienda. El revisado artículo 26 fue aprobado por 175 votos contra 59, lo que provocó la salida en masa de la minoría derechista, así como las dimisiones de los dos ministros católico-republicanos, Maura y Alcalá Zamora[45].

El artículo siguiente (27) garantizaba la libertad de conciencia, junto con la jurisdicción civil sobre todos los comentarios. El artículo 29 aseguraba el derecho al habeas corpus, y en títulos siguientes se reconocía el derecho de todas las confesiones a enseñar libremente su propia doctrina dentro de sus «establecimientos», entendiendo por tales a los edificios de las mismas.

El artículo 71 determinaba el mandato del presidente de la República, designado por un colegio electoral especial con una duración de seis años. El presidente tenía la facultad de nombrar al Primer ministro encargado de formar gobierno y de ratificar el gabinete de ministros propuesto por aquél, estipulándose que un gabinete tenía que tener una mayoría parlamentaria para permanecer en el poder. Se le concedía al presidente la facultad de disolver las Cortes hasta dos veces durante un mandato presidencial, pero la segunda disolución tendría que ser revisada y aprobada por el nuevo congreso resultante. De no ser así, el presidente sería destituido (artículo 81). Se le admitía por otra parte un poder de veto muy parcial y limitado en materia legislativa (artículo 83). Podía también ser llevado a comparecer ante el nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales por acuerdo de tres quintas partes del voto del Congreso que lo destituiría, desde luego, de hallarlo culpable de infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales[46].

Ese modelo de presidencia se basaba en medida considerable en el de la contemporánea República de Weimar y trataba de lograr una especie de compromiso entre el sistema presidencial estadounidense y el parlamentario francés. De hecho, al aumentar la inestabilidad política después de 1933, la autoridad de facto del presidente español aumentó también constantemente, lo que lo convirtió hasta un grado significativo en eje y árbitro del sistema gubernamental y político entre septiembre de 1933 y febrero de 1936[47].

El título VII trataba de la justicia, y el artículo 94 aseguraba a todos una justicia gratuita e imparcial mediante una judicatura del todo independiente y responsable de sus actuaciones propias civiles y criminales. El sistema de justicia se hacía más unitario al abolirse la jurisdicción aparte militar y eclesiástica (excepto en tiempo de guerra). Aunque no quedaban totalmente definidos los límites jurisdiccionales existentes entre distintas secciones y niveles, el sistema quedaba sometido a un Tribunal Supremo y también a un Tribunal de Garantías Constitucionales. Este último tendría autoridad para juzgar la constitucionalidad de cualquier legislación que le fuese presentada y se le dio también jurisdicción en lo tocante a la resolución de cualesquiera conflictos entre el Estado español y cualesquiera regiones autónomas futuras[48].

El título VIII, dedicado a la hacienda pública, fue redactado minuciosamente y especificaba que todos los impuestos tenían que ser votados por el Congreso. Cada año tendría que presentar en octubre el gobierno al Congreso para su aprobación un único proyecto de presupuesto general, quedando específicamente prohibidos los presupuestos secundarios o excepcionales como los que se habían añadido durante la dictadura.

En otras secciones se establecían términos indulgentes para el divorcio de cualesquiera de las partes de un matrimonio, se asignaba la igualdad de derechos para los hijos habidos fuera del matrimonio y se prometía que «El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia». La Constitución reconocía también la responsabilidad de la República de «asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias para una existencia digna», y prometía: «La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metódica y se inspirará en ideales de solidaridad humana».

La Constitución podría ser reformada mediante el voto, acorde con la reforma de dos terceras partes de los diputados durante los cuatro años primeros de vida constitucional, y por la mayoría absoluta en lo sucesivo. En la práctica, la creciente fragmentación de la vida política iba a imposibilitar la reforma de la Constitución republicana en ningún momento.

En la mayoría de sus aspectos, se trataba de una Constitución democrática liberal típica del primer tercio del siglo XX, influida posiblemente más por la de Weimar que por ninguna otra existente. Divergía, sin embargo, de otros sistemas parlamentarios «de clase media» en determinados aspectos neurálgicos. La Constitución republicana española brindaba garantías sociales mayores, por vago y general que fuese su texto, y mencionaba explícitamente el tema de la nacionalización de la propiedad. Su trato de la Iglesia católica (cosa que analizaremos más a fondo en el capítulo siguiente) fue más allá de la separación de las esferas, rechazó el principio de una Iglesia libre en un Estado libre, y sujetó a la Iglesia católica (y sólo a ella) a severas restricciones y a cierto grado de persecución; algunos aspectos de ésta —sobre todo la prohibición de impartir la enseñanza los religiosos— tendrían graves consecuencias. La Constitución avanzó también más en dirección a una democracia plebiscitaria que la mayoría de sus predecesores, incluso que otros sistemas democráticos. El Parlamento era unicameral y sería elegido por sufragio universal (y no exclusivamente masculino[49]).

La mayoría de los republicanos quedaron contentos con la Constitución, y al fin la aprobaron las Cortes el 9 de diciembre. Sin embargo, y desde el comienzo mismo se vio sometida a las críticas más severas desde la derecha e incluso desde parte del centro[50]. Toda la opinión católica, con rarísimas excepciones, repudió el artículo 26, mientras que el artículo 44 llenó igualmente de preocupación a la mayoría de los conservadores. Ortega y Gasset acusó a las Cortes Constituyentes de sectarismo y de radicalismo huero ya desde el 9 de septiembre[51], motejando a los extremistas radical-socialistas más exaltados de jabalíes, apodo que se mantuvo. Calificaría más adelante al nuevo documento de «Constitución lamentable, sin pies ni cabeza, ni el resto de materia orgánica que suele haber entre los pies y la cabeza[52]». El 6 de diciembre, cuando la Constitución se acercaba a su término, pronunció en Madrid una magna conferencia en la que recalcó que «es preciso rescatar el perfil de la República… Lo que no se comprende es que habiendo sobrevenido la República con tanta plenitud y tan poca discordia, sin apenas herida, ni apenas dolores, hayan bastado siete meses para que empiece a cundir por el país desazón, descontento, desánimo, en suma, tristeza[53]».

Formación del gobierno de Azaña

Tras ser aprobado el artículo 26, Alcalá Zamora, que había dimitido en protesta, fue sucedido como Primer ministro por don Manuel Azaña Díaz, el escritor y funcionario público, de 51 años de edad, que se ocupaba del Ministerio de la Guerra. Sencillamente un año antes nadie habría imaginado aquel ascenso de Azaña, pero los acontecimientos de 1931 lo revelaron como la personalidad política más impresionante y el verdadero líder de la izquierda burguesa, saludado por Ortega como «la revelación» de la República. Salvador de Madariaga, que tan a menudo estuvo en desacuerdo con la política de Azaña, lo definiría más adelante como «el español de más talla que reveló la breve etapa republicana[54]».

Azaña había nacido en el seno de una familia acomodada de Alcalá de Henares, ciudad provinciana situada a unos treinta kilómetros al este de Madrid. Huérfano a temprana edad, lo crió su abuela paterna y estudió durante cuatro años en el colegio de los agustinos de El Escorial antes de obtener la licenciatura en Derecho y después el doctorado en la Universidad de Madrid. Con ingresos propios ya desde muy joven, llevó una vida de señorito literato durante unos años, pero la ruina de la fortuna familiar lo obligó pronto a conseguir una colocación en la burocracia del Estado. Consiguió el cargo de jefe de negociado en el archivo general del notariado del Ministerio de Justicia, colocación que le dejaba tiempo libre para escribir y después para dedicarse a la política. En 1913 había participado activamente en la nueva Liga de Educación Política formada por Ortega y otros y el año siguiente se convirtió en temprano miembro del Partido Republicano Reformista, de Melquíades Álvarez. Fue un partidario declarado de los aliados durante la guerra europea y contendió dos veces, sin éxito, por un escaño en las Cortes por el Partido Reformista.

Su trabajo literario se enfocó hacia tres campos: la crítica literaria (especialmente una serie de escritos sobre el novelista Juan Valera); las bellas letras (una novela y un drama teatral, además de otra novela casi terminada en los años del advenimiento de la República); y la escritura didáctica y las traducciones (destaca entre lo más notable de ellas en este sentido sus Estudios de política francesa contemporánea, aunque sólo terminó un tomo sobre política militar). Azaña tuvo mucha actividad en el Ateneo, principal centro cultural madrileño, donde ocupó varios años el cargo de secretario hasta ser elegido presidente en 1930. Por este motivo era ya muy conocido desde hacía tiempo en la vida literaria y cultural de la capital, aunque nunca había publicado ninguna obra de verdadera importancia y sus escritos suscitaron un interés muy limitado. El mordaz crítico que era Azaña se definía como un «autor sin lectores[55]».

Manuel Azaña Díaz

Su punto más débil como político, junto con su falta de experiencia, era probablemente su personalidad, altanera, áspera y arrogante en extremo. Miguel Maura haría más adelante esta observación: «El Azaña que conocí en 1930 carecía del más elemental trato de gentes. Cuando quería ser amable era adusto. Cuando alguien le era indiferente, resultaba el prototipo de la grosería». Evidenciaba un «desdén por todo y por todos, nacido de la convicción que le poseía de ser un genio incomprendido y menospreciado…», mostrándose a menudo «despectivo, soberbio, incisivo sin piedad y sin gracia, reservado para cuántos fuesen sus habituales contertulios, despiadado en los juicios sobre las personas y los actos ajenos; en una palabra, insoportable[56]».

Tampoco era atrayente su aspecto físico. De mediana estatura, grueso, cargado de espaldas y sobrado de carnes, calvo, el semblante sumamente pálido, carirredondo y tristón, normalmente inexpresivo, adornado por varias verrugas grandes que hacían las delicias del caricaturista. En las contadas ocasiones en que se reía o sonreía, podía llegar a ser bastante simpático para con sus íntimos. Éstos no eran numerosos, pero muy adictos. Azaña no se había casado hasta los cuarenta y ocho años, y lo hizo entonces con la hermana, muy joven, de su mejor amigo.

Pese a su tendencia al retraimiento intelectual, Azaña era al mismo tiempo atraído de un modo algo contradictorio por la vida pública, en parte porque

era un hombre teatral; le gustaba el escenario. En una ocasión se vistió de cardenal para un baile de disfraces, propendía a la grandilocuencia. Alguno de sus mejores escritos está en forma de diálogo, casi escénico. La realidad le disgustaba, en el fondo la despreciaba; prefería recrearla él mismo. Como muchos buenos artistas, no advertía sus defectos y errores; eran el público y la crítica los que se equivocaban[57].

Acaso no era cosa accidental que su mejor amigo y cuñado fuese un conocido director teatral.

La experiencia de la dictadura de Primo de Rivera había cristalizado sus ideas políticas y reorientado sus actividades. Azaña había sacado en conclusión que el liberalismo histórico español había fracasado debido tanto a su timidez como a su debilidad, debido a no haber sido, en sus palabras, suficientemente «radical». No había aceptado nunca del todo la opinión reinante en general de que la política es el arte de lo posible, porque creía que España poseía una oportunidad única de lograr una dramática ruptura y un conjunto decisivo de nuevas reformas, que sólo podrían tener éxito si se rechazaba el compromiso con el conservadurismo y los católicos. Uno de sus biógrafos ha calificado su posición como «intransigencia liberal[58]», pero este término no es del todo adecuado. Azaña no era liberal en el sentido liberal-demócrata, sino un sectario liberal virulento. En un mitin efectuado en 1930, azuzó al auditorio con estas palabras: «No temáis que os llamen sectarios. Yo lo soy[59]». Y no se trataba de mera retórica. Azaña era en algunos aspectos el último de una larga lista de reformistas liberal-radicales del «largo siglo XIX» de España, convencido de que sus predecesores habían fracasado por haber sido demasiado tímidos.

Su fuerza estribaba en unas ideas firmes y claras que cristalizaban los objetivos de la izquierda moderada, en una clara voluntad de capitanear sin un asomo de compromiso serio ni el menor atisbo de corrupción, y sus convincentes facultades oratorias. Maura hace esta observación: «La oratoria de Azaña ofrece la particularidad de que no se parecía a ninguna anterior. Es fría, helada, dura, incisiva, monótona, sin matices de voz ni de gesto y, sin embargo, demoledora y fascinante. ¡Cuántas veces oyéndole sentado frente a frente en los escaños del Congreso me hacía esta reflexión: “¿Cómo es posible que la oratoria de este hombre convenza, subyugue y arrastre a las masas?”! ¡Nunca llegué a explicármelo!»[60].

Su lengua y su inteligencia le hacían a la vez respetado y temido, aunque su retórica llegó a hacerse contraproducente.

Sus famosas frases incisivas e hirientes contribuyeron, no poco, al terrible odio que las derechas llegaron a dedicarle… Las lanzaba con auténtico regodeo y, sabiendo su alcance, como un verdadero masoquista perseguidor de la enemistad y del odio hacia su persona.

Una vez le pregunté la razón de esa manía de herir por herir, que hacía que no perdiese ocasión de desprestigiar al adversario, y me contestó: «Lo hago porque me divierte». Estoy seguro de que era cierto. Positivamente gozaba pensando en lo que contra él desencadenaba. Reconozcamos que no era un carácter corriente y vulgar[61].

Pero, como tantos intelectuales metidos en la política, lo caracterizaba también una ambivalencia profunda. Físicamente tímido y por naturaleza opuesto a la violencia, estaba determinado, sin embargo, a no contraer nunca un compromiso. Su ambición y energía políticas, innegablemente grandes, tenían sus limitaciones, porque carecía de la paciencia, tolerancia y nervio necesarios en la política cotidiana a lo largo de un prolongado período de liderato, y sufría periódicamente de baches profundos de ensimismamiento con nostalgias de retiro. En la mañana de su derrota electoral de 1933, un partidario suyo se escandalizó al hallarse con un Azaña dedicado a leer plácidamente una historia esotérica sobre el Imperio Bizantino, a mil años de distancia en el tiempo y el espacio.

Lo que buscaba Azaña era una República reformista radical que no se limitase a acabar con la monarquía, sino también con la influencia cultural y política de la Iglesia católica y la oligarquías conservadoras dominantes. Aquello se llevaría a cabo a base de una reforma institucional incisiva, incluso intolerante, y a través de un amplio programa educacional nuevo. Sus objetivos básicos eran los de un radicalismo decimonónico de clase media, y pretendía modernizar España y hacer cambiar su «carácter nacional» a base de completar la revolución cultural del siglo XIX en la España de 1930. Para Azaña, como para la izquierda en general, la República no era tanto una forma o conjunto de instituciones —democracia constitucional con sus reglas de juego— como un proyecto de reforma específica de la política de Iglesia y Estado, de educación y gobierno.

Como la mayoría de los intelectuales y escritores, no estaba realmente interesado en los asuntos económicos ni tenía un programa particular de modernización económica del tipo que buscaba Ortega. Al principio daba la impresión de no acabar de darse cuenta de que en la década de 1930 el marco histórico no era ya el del siglo XIX, porque unos nuevos desafíos, esperanzas y ambiciones estaban creando entre los trabajadores españoles unas demandas radicalmente distintas, a las que no podía ser indiferente la izquierda moderada.

Subyace aquí una profunda ironía, porque Azaña tenía suficientes conocimientos de la sociedad española básica como para darse perfecta cuenta de que, incluso en el año 1931, el republicanismo progresista de clase media no representaba ya en realidad una clara mayoría de la población, y que era indispensable una alianza con el principal partido organizado de los trabajadores —los socialistas— para tener el apoyo popular imprescindible para mantenerse en el poder. Y le preocupaba mucho más mantener la alianza con los socialistas que con los republicanos centristas y conservadores, cuyo apoyo sólo consideró necesario durante la redacción de la Constitución. Los socialistas y la izquierda republicana no empezaron a llegar a un entendimiento especial hasta septiembre, cuando los socialistas se decidieron a aceptar el principio básico de la autonomía catalana y la izquierda burguesa manifestó a su vez el apoyo a una reforma agraria más radical que la que preferían los republicanos moderados.

Cuando la legislación anticlerical provocó la dimisión de Alcalá Zamora, Azaña se convirtió en el sustituto de rigor, dado que la izquierda republicana se había convertido entonces en el centro de gravedad de la coalición gobernante. Los socialistas consideraban a los radicales centristas demasiado burgueses y básicamente conservadores, al paso que Lerroux y sus partidarios radicales no disimulaban su creciente disgusto por seguir siendo aliados de los socialistas. En el segundo gobierno republicano formado a mediados de octubre, Azaña combinó el Ministerio de la Guerra con el cargo de Primer ministro, cambiando a su aliado gallego Santiago Casares Quiroga del Ministerio de Marina al neurálgico puesto de ministro de Gobernación (en sustitución de Maura). Aunque Lerroux permaneció en el gabinete como ministro de Relaciones Exteriores, sus días estaban contados. La multipartidista alianza republicano-socialista estaba en vías de reducirse rápidamente a una alianza de los socialistas con los partidos de la izquierda republicana que iba a gobernar en los dos años siguientes. Aquello permitiría mantener la orientación política «francamente izquierdista» que Azaña consideraba imprescindible para consolidar la República.

Al mismo tiempo Azaña tenía el sentido práctico necesario para darse cuenta de que algunos de los gestos más extremistas de la izquierda en las Cortes Constituyentes eran contraproducentes. Las Cortes habían creado, por ejemplo, una Comisión de Responsabilidades especial, y la legislación ulterior le dio poderes para investigar y castigar los abusos del poder político producidos bajo el régimen precedente en cinco campos: (1) la política marroquí; (2) la política social ejercida en Barcelona antes de la dictadura; (3) el pronunciamiento de 1923; (4) las responsabilidades administrativas y políticas de las dictaduras de Primo de Rivera y Berenguer; y (5) los consejos de guerra de Galán y Hernández. El gobierno se esforzó lo más que pudo en moderar aquel proceso, comprendiendo la limitada utilidad de las venganzas y la dificultad existente en muchos casos para determinar las «responsabilidades». Sin embargo, la comisión se apresuró a detener a doce hombres que eran, o bien viejos generales retirados, o funcionarios civiles relativamente poco importantes, al haber muerto o estar en el exilio otros personajes más importantes. De los grandes protagonistas, sólo fue a la prisión Berenguer. Azaña se sintió irritado por la mezquindad de los procedimientos, pues temía que podían convertir en mártires a algunas personas sin importancia sin conseguir por otra parte ningún resultado positivo.

El 12 de noviembre la Comisión de Responsabilidades presentó cargos formales contra el rey. Don Alfonso fue acusado de «una inclinación incontrolable hacia el poder absoluto», aunque no se presentó ninguna prueba concreta. En vez de ello, y aduciendo el «público conocimiento», el rey fue declarado oficialmente convicto del «delito de alta traición» por una mayoría parlamentaria aplastante. Don Alfonso fue despojado oficialmente de todos sus títulos y dignidades y fueron confiscados todos sus bienes en España.

El trabajo de esa comisión continuó durante un año más. Tres de sus cinco subcomités terminaron declarando que habían sido incapaces de incoar procedimiento alguno. Por último se presentaron en junio de 1932 cargos en dos categorías, no por delitos específicos de ningún tipo, sino simplemente por haber colaborado con la dictadura y por responsabilidades políticas. Seguidamente fueron vistos por un Tribunal de Responsabilidades compuesto para ese fin por veintiún diputados a Cortes seleccionados. Las sentencias fueron decepcionantes: ocho generales y funcionarios de rango menor fueron sentenciados a veinte años de inhabilitación (pérdida de derechos civiles). A cuatro personajes civiles y militares que habían desempeñado papeles de importancia en el pronunciamiento y la dictadura se les aplicaron sentencias más duras y a otros dos generales situados en la misma categoría se les trató con más benevolencia porque posteriormente habían colaborado en el advenimiento de la República. La única pena mayor le fue impuesta a Severiano Martínez Anido, el general que había llevado a cabo en Barcelona la violenta represión de los años 1920-1922 y fue condenado a veinticuatro años de prisión e inhabilitación[62].

Esto no equivalió precisamente a una persecución brutal, pero constituyó desde luego en la mayoría de los casos una venganza sectaria, dado que casi todos los acusados se habían limitado, técnicamente, a obedecer las leyes del país. Sentaba el precedente de que a cada vuelta de la rueda de la fortuna política se podría tomar venganza de los que anteriormente habían ocupado el poder. Peor que las penas impuestas fue el modo de imponerlas, pues ello violaba la promesa hecha por los republicanos de unas instituciones judiciales independientes, dado que el proceso entero fue efectuado por bandos políticos del Congreso. No se consiguió nada, se había perdido no poco y Azaña estuvo totalmente acertado en su opinión de que el procedimiento entero había sido un error.

La elección presidencial de Alcalá Zamora

Cuando la Constitución se acercaba a su terminación en los últimos días de 1931 había llegado el momento de la elección del primer presidente regular de la República, que en ese caso inicial iba a estar a cargo de las Cortes Constituyentes. Había pocos dirigentes republicanos antiguos de verdadera talla. Había ciertas simpatías, incluso entre los políticos rivales que trataban de neutralizarlo, a favor de Lerroux, pero sus propios radicales fueron inamovibles en no querer perderlo como activo líder de su partido. Asentado sólidamente Azaña como Primer ministro, el otro único candidato de talla era Alcalá Zamora. Había desempeñado inicialmente un papel muy activo en el debate parlamentario, pero hacía enojar a menudo a la izquierda, y en las últimas semanas había adoptado un perfil menos acusado, especialmente tras su dimisión a cuenta del artículo 26, para no perder ya más partidarios. Hombre de pelo cano y bastantes escrúpulos, Alcalá Zamora era también vanidoso y ambicioso, producto de aquella vieja escuela política que apenas podía resistirse a las formas más exageradas de la grandilocuencia retórica, notable en su caso por un estilo fraygerundiano[63]. Su propio grupo político, rebautizado entonces como el Partido Republicano Progresista[64], era tan pequeño, que carecía de una masa electoral propia, políticamente apreciable, susceptible de influir en la presidencia. Su elección podía tranquilizar a la opinión moderada y conservadora, y tenía una reputación personal mejor que la de Lerroux. No es pues extraño que Alcalá Zamora fuese elegido por mayoría abrumadora como primer presidente republicano regular el día 10 de diciembre.

La conclusión de la Constitución y la normalización de los asuntos políticos volvió a poner en el candelero la identidad de la coalición republicana, especialmente en lo que toca a los socialistas. Algunos miembros del propio partido de Azaña no compartían su interés en mantener la alianza con estos últimos y en algún momento él mismo sacó en conclusión que el gobierno tendría que convertirse en una coalición de partidos republicanos en exclusiva. Pero al mismo tiempo, incluso los moderados se resistían desde luego a despedir a los socialistas, por temor a verlos en la oposición[65]. El resultado fue que, cuando el gobierno de Azaña se reorganizó por primera vez el 15 de diciembre, se inclinó hacia la izquierda, dejando fuera no a los socialistas, sino a los radicales. Lerroux y sus partidarios prefirieron situarse como la alternativa a la izquierdista coalición de Azaña, desplazándose así hacia lo que, a lo largo de 1932 se convirtió en una posición intermedia: ni de total apoyo ni de plena oposición. Vista en retrospectiva, aquella maniobra resultó fatal, porque señaló el comienzo de la escisión de los republicanos entre moderados e izquierdistas, una insalvable disyuntiva que siguió aumentando hasta el momento de no poder ser mayor. Una vez evidenciado que los partidos republicanos eran incapaces de entenderse entre ellos, se hizo cada vez más difícil defender el régimen parlamentario democrático de sus enemigos tanto de la izquierda como de la derecha. Corresponde ya al punto de vista de cada uno el echarle el peso de la culpa a los republicanos moderados por resistirse a llegar a un entendimiento con los socialistas, o a los republicanos de izquierda por preferir una alianza con los socialistas a una política más moderada en armonía con los demás grupos republicanos.

Niceto Alcalá Zamora, Primer ministro y primer presidente de la República, en el jardín de su casa, verano de 1931.

Lerroux fue sustituido como ministro de Relaciones Exteriores por el izquierdista republicano Luis de Zulueta. El catalanista Jaume Carner sucedió a Prieto en la cartera de Hacienda. Prieto pasó al ministerio de Obras Públicas, para el que se hallaba bastante más cualificado, y cambiaron de manos unas cuantas carteras más. El Gobierno quedó compuesto entonces por la «coalición azañista» básica de los republicanos de izquierda y los socialistas, lista ya para llevar a cabo el programa de reformas básicas, meollo del proyecto de la izquierda republicana.

El problema del orden público

El orden público se había convertido desde luego en un problema muy serio, y la primera iniciativa del gobierno de Azaña fue la introducción el 20 de octubre de un proyecto de «Ley de Defensa de la República». Llevaba el sello personal de Azaña, que había escrito ya en su diario el 20 de abril: «Propongo una política enérgica, que haga temible a la República[66]». Había empleado el mismo lenguaje en su discurso de investidura como Primer ministro, afirmando entonces que «si no fuese respetada, el gobierno la hará temer», anotando con satisfacción aquella noche (14 de octubre) en su diario que el discurso «ha dado la impresión de autoridad y seguridad[67]».

El proyecto de ley en sí se inspiraba en parte en la Ley de Defensa de la Democracia de la República de Weimar, aprobada en 1925, pero, a pesar de sus duras disposiciones, no iba a resultar a la larga más eficaz para defender la democracia que su precursora alemana[68]. El texto especificaba once categorías de delitos sujetas a su jurisdicción. A saber: (1) incitación a resistir o desobedecer la ley; (2) incitación a la indisciplina militar o al conflicto entre las fuerzas armadas y el Gobierno; (3) difusión de noticias o rumores destinados a perturbar la paz o la economía; (4) actos de violencia contra las personas o la propiedad, e incitación a los mismos; (5) cualquier acto o declaración destinado a desacreditar al gobierno y a sus instituciones; (6) apología de la monarquía o sus dirigentes, y el empleo de emblemas o insignias asociados con los mismos; (7) posesión ilegal de armas de fuego o explosivos; (8) cualquier forma de suspensión de empleo o trabajo sin causa justificada; (9) todas las huelgas no anunciadas con ocho días de antelación (de no ser modificada por legislación ulterior), todas las huelgas no relacionadas con las condiciones laborales, y todas las huelgas cuyos participantes se negasen a someterse a arbitraje; (10) los aumentos injustificados de precios; y (11) la falta de celo y la negligencia de los empleados públicos. Esta ley sería de competencia del ministerio de Gobernación, al que se le conferían también poderes excepcionales de censura, facultándolo para prohibir toda clase de reuniones públicas, ya fuesen políticas, religiosas o sociales, que permitiesen intuir una perturbación de la paz, para clausurar todos los centros y asociaciones que pudieran prestarse a la incitación de cualesquiera de los hechos especificados y para confiscar cualquier tipo de armas que se creyera necesario, incluso de propiedad legal[69]. Cualquiera que infringiese alguna de dichas estipulaciones podría ser sometido a detención durante un período indefinido, al exilio interno o a una multa hasta de 10 000 pesetas. No existía prácticamente ninguna disposición dedicada a la apelación contra el encausamiento y la única estipulación existente era un recurso con el que cualquier persona detenida o inculpada podría apelar directamente al ministro de Gobernación siempre que lo hiciera dentro de las veinticuatro horas de su detención o encausamiento. Esta figura ni siquiera existía en el proyecto de ley original, sino que fue introducida en forma de enmienda por el diputado católico progresista Ossorio y Gallardo y aceptada por el gobierno[70].

Aquel represivo proyecto de ley hacía peligrar gravemente los derechos civiles y revela de modo muy elocuente el talante del gobierno de Azaña. El único ministro del gabinete que se opuso fue Indalecio Prieto, que una vez más demostró tener más discreción que sus colegas. Otros socialistas exteriorizaron cierta intranquilidad al darse cuenta de que tales disposiciones dictatoriales sólo favorecían a quienes pudiesen permanecer en el gobierno, pero el proyecto se abrió camino a través de unas Cortes Constituyentes de las que se había retirado la derecha, y topó sólo con la fuerte oposición de viejos liberales monárquicos como Santiago Alba y Antonio Royo Vilanova, que hicieron resaltar el hecho de que las leyes de la monarquía parlamentaria habían sido más liberales. Se iban a encargar de su cumplimiento sobre todo los nuevos guardias de asalto, la mayoría de cuyas unidades se incorporaban al servicio en aquellos momentos. En palabras ulteriores del socialista Juan Simeón Vidarte[71], el nombre mismo del nuevo cuerpo era probablemente una «majadera» equivocación que daba pábulo a la nueva imagen de un gobierno republicano agresivo y de mano dura.

Se autorizó a que la Ley de Orden Público permaneciese en vigor hasta la disolución de las Cortes Constituyentes. Cuando la Constitución se acercaba a su terminación se evidenció que aquella ley iba en contra de la garantía de los derechos civiles incluida en ella, al tiempo que las Cortes Constituyentes proponían mantener su poder legislativo algún tiempo más. En vez de tratar de resolver la contradicción resultante, el gobierno dispuso sencillamente que la ley permaneciese en vigor como una adición a la Constitución. Había entrado en acción inmediatamente, pues un político derechista de Zaragoza fue sentenciado antes de concluir noviembre a seis meses de exilio interno por haber pronunciado en la Diputación Provincial un discurso que atacaba la labor de las Cortes Constituyentes. No es extraño que Azaña pudiera jactarse casi dos años después de que había tenido «en mis manos, señores diputados, un poder como pocos lo habrán tenido en este país en los tiempos modernos», y de que lo había empleado «en poner el pie encima a los enemigos de la República, y cuando alguien ha levantado la cabeza más arriba de la suela de mi zapato, en ponerle el zapato encima[72]».

La primera línea de la defensa ciudadana en la zona rural seguía siendo la guardia civil, y distintas unidades de la misma habían matado a siete personas en algunas manifestaciones agrarias habidas en las provincias de Toledo y Salamanca durante el mes de septiembre. Otras dos más cayeron en acciones emprendidas por la guardia civil en las provincias de Burgos y Córdoba en noviembre, lo que se sumaba a la lista de víctimas iniciada en mayo. Sevilla siguió siendo el mayor centro de disturbios durante el otoño. Más de la mitad de su fuerza laboral asalariada estaba organizada, constituyendo el tercer porcentaje más alto del país después de Barcelona y Oviedo. Una huelga importante de estibadores efectuada en Sevilla en noviembre se tradujo a su vez en una lucha violenta entre los anarquistas y los comunistas. En conjunto, entre septiembre y diciembre fueron muertas por lo menos cuatro personas más en incidentes políticos y laborales, incluyendo a un hombre de negocios, un anarquista, y dos obreros acusados de ser esquiroles[73]. Una nueva ola de huelgas de la CNT estalló en los dos últimos meses del año, concentrada principalmente en las provincias industriales del Norte y las agrarias del Sur; aunque los socialistas se pronunciaban duramente en contra de aquel desorden, los miembros nuevos y más jóvenes de la UGT se sumaban a veces a las actividades huelguistas.

El nuevo suceso de más notoriedad se produjo el último día del año en el pequeño y remoto pueblo de Castilblanco, provincia de Badajoz, en pleno Suroeste profundo. El invierno constituía siempre una época de desempleo, angustia y miseria para los trabajadores del campo en todo el Sur. Cinco días antes de Navidad, la guardia civil había disuelto una manifestación pacífica de jornaleros en paro que pedían trabajo, organizada por el sindicato local de la UGT. Los líderes provinciales del sindicato en la UGT de Badajoz convocaron entonces una huelga general provincial de dos días para exigir la destitución del gobernador provincial (miembro del partido azañista de Acción Republicana) y del comandante local de la guardia civil, acusados ambos de complicidad con los terratenientes en el bloqueo de la aplicación de las nuevas reformas laborales republicanas. El 30 de diciembre se produjeron manifestaciones pacíficas, pero al día siguiente, el alcalde de Castilblanco envió el destacamento local de cuatro números de la guardia civil a la Casa del Pueblo de la aldea (sede de la UGT) a pedirles que suspendieran la segunda manifestación. Cuando llegaron los guardias, se hallaron muy desbordados en número por un gran grupo de trabajadores, y las mujeres presentes se burlaron de ellos. Tal vez presas del pánico, los civiles reaccionaron de la manera usual, abriendo fuego, matando al parecer a un hombre e hiriendo a otros dos. Pero en aquel caso, se vieron los cuatro rodeados muy de cerca y sin poder disparar por segunda vez. Los enfurecidos trabajadores se lanzaron desde todas partes contra los guardias civiles a los que abatieron rápidamente, matándolos y ensañándose con ellos con sus navajas y aperos campesinos. Les aplastaron el cráneo y les sacaron los ojos, y supuestamente algunas mujeres bailaron ante los cadáveres mutilados de las víctimas, montando una escena que, en palabras del general Sanjurjo, director entonces de la guardia civil, había sido peor que todo lo ocurrido en las guerras de Marruecos. Con gran publicidad de prensa en los primeros días de enero, Castilblanco hizo correr «un estremecimiento de horror por todo el país[74]». El mismo día de aquella carnicería, un trabajador del campo que participaba en la huelga fue muerto a tiros por los guardias en otra parte de la provincia, y a consecuencia de los sucesos muchos labradores fueron detenidos en Castilblanco, y después diez de ellos sentenciados a cadena perpetua.

El comienzo de 1932 no fue muy alentador, pues en los días 3 y 4 de enero hubo huelgas y disturbios en cuatro provincias, incluyendo un ataque a un cuartel de la guardia civil en la provincia de Valencia. La guardia civil mató en esos dos días a un total de cinco anarquistas y obreros en huelga, mientras que un sacerdote moría asesinado en Bilbao, en un incidente aparte, al parecer político. La Benemérita (sinónimo de la guardia civil) por ajuste de cuentas se tomó la venganza de lo de Castilblanco el 5 de enero en Arnedo, pequeña localidad semiindustrial de la provincia de Logroño. Los obreros de una fábrica local estaban en huelga y se habían reunido en la plaza del pueblo para protestar. Una unidad reforzada de la guardia civil (veintiocho números) les ordenó dispersarse y, tras haber sido recibida con gritos desafiantes, abrió fuego directamente sobre la multitud, matando posiblemente a no menos de once personas (incluyendo a un niño y posiblemente hasta a cuatro mujeres) e hiriendo a muchas más[75].

Arnedo fue a todas luces un Castilblanco a la inversa, y suscitó ruidosas protestas en las Cortes, aunque más por parte de los radical-socialistas de la clase media que de unos socialistas desconcertados ante la gravedad del problema de orden público y el hecho de encontrarse implicados trabajadores de la UGT. El gobierno prometió una investigación y castigo completos, y el 5 de febrero sustituyó a Sanjurjo como director de la guardia civil por don Miguel Cabanellas, uno de los pocos generales formalmente partidarios de la República. Sanjurjo fue puesto al mando de los carabineros (un cuerpo de policía fronteriza y de aduanas), que no intervenían normalmente en los problemas de orden público y control de multitudes.

Numerosos incidentes se sucedieron sin tregua. El 6 de enero, al día siguiente de los sucesos de Arnedo, la guardia civil se vio implicada en un tiroteo contra unos huelguistas en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), con un saldo de otros dos trabajadores muertos. Varias huelgas extendidas por el País Vasco protestaron contra los sucesos de la vecina Arnedo, al tiempo que seguía habiendo disturbios rurales menores en la provincia de Badajoz. El 17 de enero hubo un brote de violencia callejera en Bilbao: carlistas y nacionalistas vascos chocaron con elementos socialistas matando a tres de estos últimos. La UGT convocó inmediatamente una huelga general como protesta y destruyó el local bilbaíno de Acción Católica. Antes de concluir el día siguiente, el gobierno invocó la Ley de Defensa de la República y clausuró muchos centros políticos en el País Vasco, deteniendo a un número indeterminado de nacionalistas vascos, carlistas y otros derechistas.

Durante todo este tiempo la FAI-CNT se dedicaba a calentar motores para su primera ofensiva concertada contra la República, que empezó en la provincia de Valencia el 18 de enero con la quema de iglesias en tres localidades. El movimiento principal —según el plan de la FAI, el comienzo de una insurrección revolucionaria— se inició en dos localidades industriales de la provincia de Barcelona el día 19 y para el 21 se había extendido por la cuenca del Llobregat en las afueras de Barcelona. Los cenetistas lograron apoderarse momentáneamente de seis pequeños municipios y cortar en varios sitios las líneas ferroviarias en torno a la Ciudad Condal. En la villa minera de Fígols fue proclamado un estado de «comunismo libertario» revolucionario, acaso en toda forma por primera vez en un ayuntamiento español. El manifiesto oficial de la CNT, publicado en Barcelona el día 20, declaraba que la República no había sido capaz de cumplir sus promesas, «De todo ello resulta que el Estado es el primer enemigo del pueblo[76]».

Cuando el Congreso inició sus actividades al día siguiente, el gobierno de Azaña recibió un voto de confianza abrumador: 285 contra 4. A aquellas alturas el ejército había vuelto a salir a la calle y el Primer ministro informaba a las Cortes de que «El Gobierno no tiene inconveniente en declarar que se preparaba en España un movimiento revolucionario para el día 25 con el objeto de derribar la República», añadiendo que los elementos subversivos habían recibido ayuda e instrucciones del extranjero, «de poderes enemigos del Estado español», refiriéndose tal vez a actividades de los comunistas de curso paralelo a las de los anarquistas. Todo aquello, prosiguió, era del agrado de la «extrema derecha», pero Azaña prometió que les daría pocas oportunidades, jactándose de haberle dicho al general que tenía el mando del ejército en Cataluña: «no le doy más que quince minutos entre la llegada de las fuerzas al lugar de los sucesos y la extinción de éstos[77]». Añadió que enviaba un delegado general especial del gobierno a las provincias vascongadas y Navarra para que aplicase la Ley de Defensa de la República a los elementos subversivos derechistas de allí.

La insurrección anarcosindicalista principal de Cataluña fue sofocada por el ejército y la guardia civil en tres días, pero estallaron aquí y allá chispazos subversivos en la semana siguiente. Se supo que unos comunistas que se habían apoderado fugazmente de la pequeña localidad de Sollana, en la provincia de Valencia, habían proclamado allí una «república soviética». Enseguida quedaron detenidos varios cientos más de anarcosindicalistas así como cierto número de comunistas, y un tribunal especial de Barcelona condenó rápidamente a los líderes y a otros inculpados convictos de responsabilidad especial a ser deportados a una colonia penal en Guinea Ecuatorial. El 10 de febrero zarpó un buque de Barcelona con 104 presos cenetistas (incluyendo a Buenaventura Durruti y a los hermanos Ascaso), que se detuvo para recoger a otros 15 presos más (algunos de ellos comunistas) en Valencia y Cádiz.

Aunque todos los partidos del Congreso condenaron la insurrección y las huelgas generales revolucionarias concomitantes —un rudimentario «juego a la revolución» típicamente anarquista— tres diputados radical-socialistas (uno de ellos Ramón Franco) interpelaron al gobierno en el Congreso el 11 de febrero a cuenta de la aplicación de la Ley de Defensa de la República para llevar a cabo unas deportaciones penales tan rápidas, en palabras suyas «un acto inicuo, desconocido bajo la monarquía o la dictadura», cosa técnicamente correcta. Casares Quiroga, el mercúrico y enfermizo amigo íntimo de Azaña que era ministro de Gobernación, replicó que la República se había enfrentado a una grave amenaza revolucionaria. En varios sitios, dijo, los revoltosos habían proclamado la «República soviética» e informó de que Radio Moscú había anunciado públicamente la existencia de una lucha por una República soviética en España en el mismo momento en que llegaban al Ministerio de Gobernación las primeras noticias de aquella subversión.

El país estuvo tranquilo durante una quincena, sólo para encontrarse con más disensiones a mediados de febrero, con huelgas y disturbios políticos al menos en siete provincias diferentes. Perecieron varias personas más en esos choques que culminaron en un suceso más grave en Zaragoza el 16 de febrero en el que la policía mató a cuatro cenetistas. Las consecuencias de la subversión no eran alentadoras, porque aquella cadena de acontecimientos no debilitaba, sino que reforzó de hecho el predominio de la FAI dentro de la CNT, cuyo moderado secretario, Ángel Pestaña, se vio forzado a dimitir en febrero.

La censura de prensa se había endurecido tanto que el 19 de febrero Royo Villanova, Unamuno y otros solicitaron en las Cortes que el Gobierno volviera sencillamente a la aplicación estricta de la vieja Ley de Prensa liberal monárquica de 1883, que ofrecía sólo algunas garantías contra el afán incendiario y la difamación, pero dejaba más libertad que el nuevo y draconiano régimen republicano. Azaña replicó en palabras secas y capciosas que «el régimen de prensa es de absoluta libertad. Todo el mundo puede decir lo que quiera, siempre que no ataque a la República en los actos definidos por la ley[78]», una fórmula que suscribirían desde luego de buena gana la mayoría de las dictaduras. Posteriormente, el 9 de marzo, Lerroux, Unamuno, Melquíades Álvarez, Maura y otros miembros de la Cámara hicieron presión para que al menos los periódicos que no hubiesen resultado convictos por un fallo judicial específico, no fueran suspendidos arbitrariamente por el gobierno. Azaña admitió que el poder de éste era «extraordinario», pero culpó de ello a los problemas que provenían del régimen anterior, cosa que había sido ya la disculpa de rigor por los excesos cometidos por la política y los gobiernos españoles durante el siglo XIX. El Gobierno, dijo, se limitaba a defender la libertad, y añadió su citadísima frase socarrona: «Ladran, luego cabalgamos», aunque unos minutos después tuvo que tomar de nuevo la palabra, esta vez para suavizar el efecto de sus comentarios[79]. A lo largo de 1932 el prestigio de Azaña se mantuvo en alto, pues incluso algunos elementos moderados siguieron aclamando al único republicano que a la vista de todos aparecía como un jefe realmente fuerte. En una ocasión, el mismo Mussolini declaró, con su acostumbrada extravagancia, que Azaña era lo único que había en España parecido al fascismo debido a la firmeza de su liderazgo[80].

Marzo y abril trajeron una mejora limitadísima del orden público. En más de veinte provincias se registraron sucesos violentos, explosiones de bombas y huelgas políticas, produciéndose al menos siete muertes más. La prohibición legal siguió pesando sobre muchas nuevas reuniones políticas de derechas, pero los derechistas se dedicaban ya a devolver los golpes en forma de interrupciones violentas de mítines izquierdistas. Entre febrero y abril fueron interrumpidos mítines republicanos y socialistas, «reventados» incluso en varios casos, en diez provincias diferentes. La primavera registró un aumento de la conflictividad directa entre grupos políticos, no de extrema izquierda, sino a base de broncas a puñetazo limpio entre republicanos o socialistas, de un lado, y carlistas u otros derechistas del otro, y en un caso entre socialistas y radicales. La división política se ahondaba también entre los estudiantes universitarios. La Federación Universitaria Española (FUE), de alma republicana, que había dominado las universidades en 1930-1931, se veía desafiada ahora en algunos casos por la Federación de Estudiantes Católicos y la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas (carlista). El 6 de abril se produjo una reyerta importante entre estudiantes republicanos y derechistas en la Universidad de Madrid, y hubo ese mes disturbios en cinco universidades y colegios. Aumentaba también la preocupación debido al aumento de la delincuencia común, sobre todo de los atracos a mano armada, y el 8 de abril varios diputados trataron de presentar un proyecto de ley para restablecer la pena de muerte.

La semana del 10 al 17 de abril fue dedicada a festejos y actos conmemorativos en honor del primer aniversario de la República. Aquello le dio a Azaña una oportunidad para exhibir el opulento nuevo mobiliario del Palacio de la Presidencia (residencia y despachos del Primer ministro) situado en la Castellana. Se había hecho con muebles y objetos artísticos procedentes de uno de los palacios reales. Como el año anterior, la UGT brilló por su ausencia en las marchas y manifestaciones del 1.o de Mayo, aunque el paro fue general ese día. A pesar de ello, la prensa se hizo eco de conflictos violentos al menos en siete provincias, traducidos en diez muertos y muchos lesionados.

Durante el resto de mayo, Sevilla fue el escenario conflictivo principal, con otra huelga general de la CNT a finales de mes. Los motines y peleas dentro de las cárceles, encabezados principalmente por los anarquistas, constituyeron una nota general de la primavera, incluyendo un motín en una leprosería. Todo aquello culminó con una fuga en masa de veintiséis presos en la provincia de Cádiz y el cese, el 5 de junio, de la directora general de Prisiones, la radical-socialista Victoria Kent (la funcionaria de más rango en la España de entonces).

En total, el Ministerio del Trabajo registró 139 huelgas en los tres primeros meses de 1932 y 124 en los tres que van de abril a junio. Asturias registró el mayor número de ellos en el trimestre primaveral, con 35, así como el máximo número de huelguistas en cuanto a huelgas, mientras Sevilla ocupaba ese año el tercero en ambos apartados[81]. Pero las huelgas asturianas tuvieron con menos frecuencia un carácter político, y la conflictividad más intensa se registró en los reductos cenetistas de Barcelona y Sevilla.

En los meses de junio a julio perecieron un total de al menos trece personas en las huelgas y manifestaciones. El más resonante de los sucesos de julio fue una insurrección de inspiración comunista de labradores pobres y obreros en la Villa de Don Fadrique, provincia de Toledo, donde abrieron una especie de trinchera alrededor de la pequeña localidad y la defendieron armados de escopetas y aperos de labranza para mantener a raya a la guardia civil. Ésta recibió refuerzos, lo que decidió a los aldeanos a rendirse al día siguiente, tras la muerte de dos de ellos y un guardia civil.

La opinión general de la extrema izquierda en 1932 abundaba en que la República había resultado peor que la monarquía. Como consecuencia de su política incendiaria, la extrema izquierda había sufrido más víctimas y detenciones en poco más de un año de República que en ocho años de descarado régimen autoritario. Comentaba El Socialista el 11 de junio:

Comunistas y anarcosindicalistas actúan de manera que la clase obrera se halla en permanente desesperación. Su concepto de la revolución implica esos crímenes que hacen imposible la vida de los trabajadores. A ese fin tiran el pescado al río. El pescado sube de precio. Los trabajadores reniegan de la República. Para ello también imponen jornales que no se pueden pagar, puesto que no es lógico que un edificio valga la suma de los salarios que se han invertido en las obras… De ahí procede en gran parte el paro forzoso sevillano. Los obreros se llaman a engaño y odian la República, «que los condena a la miseria».

El panorama social de Sevilla con todo lo que tiene de doloroso para el proletariado, lo han forjado ahora, en su agudización trágica, comunistas y sindicalistas… El extremismo insensato ha hecho esa absurda Sevilla de hoy, anarquizada, que es ciertamente un polvorín. Pero un polvorín que sólo estalla contra el proletariado.

La extrema izquierda buscaba el dominio revolucionario, pero en ese proceso dividió la organización laboral y convirtió a gran parte de la izquierda en enemiga de la República, creando un serio obstáculo para la consolidación de la democracia[82].

CAPÍTULO 4

LAS REFORMAS REPUBLICANAS

La República inició la época de reforma más intensa en España desde que las instituciones del liberalismo se habían implantado por vez primera en la década de 1840. Las agrupaciones republicanas de izquierda intentaron ir bastante más allá del reformismo, principalmente jurídico, del liberalismo clásico, y remodelar aspectos mayores de la sociedad, la cultura y las instituciones nacionales. Aquello implicaba la separación de la Iglesia y el Estado y una restricción muy dura del catolicismo a fin de dar nueva forma al carácter nacional, dar una gran expansión a la educación, la reforma y modernización de las fuerzas armadas, la autonomía regional, unas reformas agrarias de gran alcance, la intensificación de las obras públicas, y una reforma agraria básica en favor de los minifundistas y de los trabajadores del campo desprovistos de tierras. No todos los partidos republicanos estuvieron de acuerdo en los aspectos principales y la extensión de la reforma a efectuar en cada una de esas áreas, y algunos de esos proyectos resultaron controvertidísimos dentro de las Cortes Constituyentes mismas.

La Iglesia y el Estado

El apartado correspondiente a la política religiosa fue el artículo 26 de la Constitución, que decía así:

Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, asociaciones e instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero.

Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:

1.a Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.

2.a Inscripción de las que deban subsistir en un registro especial dependiente del Ministerio de Justicia.

3.a Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes de los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.

4.a Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.

5.a Sumisión a todas las leyes tributarias del país.

6.a Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la asociación.

7.a Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.

De acuerdo con los datos de la Iglesia, en 1930 el clero sumaba 34 176 sacerdotes a lo que hay que añadir más de 60 000 religiosos de ambos sexos (predominantemente monjas). Además de dirigir la vida espiritual de los fieles, participaban activamente en actividades educativas y de beneficencia, influyendo por lo mismo en determinadas áreas sociales, sobre todo en la vida familiar. Los protestantes, en cambio, seguían siendo poquísimos, apenas un 0,1 por ciento de la población total.

Además de separar la Iglesia y el Estado, el gobierno republicano introdujo el matrimonio civil y el divorcio, prometía hacer un sistema de enseñanza estatal completamente laico, terminar con la paga estatal del clero, disolver la Compañía de Jesús y prohibir a los miembros de las órdenes religiosas el ejercicio de la industria, el comercio y la enseñanza, lo que eliminaría prácticamente a la larga las escuelas católicas. Los jerarcas eclesiásticos y muchos católicos seglares estaban dispuestos a aceptar a regañadientes la separación de la Iglesia y el Estado, pero habían contado todavía con conservar determinados artículos del Concordato, en especial los referentes al subsidio eclesiástico, a la libertad de las órdenes y a todas las demás actividades católicas. La determinación del Gobierno de poner fin a la «paga de los curas» tuvo por resultado el convertir a la Iglesia católica en España en una asociación voluntaria de fieles que tendría que mantenerse a base de contribuciones individuales. La mayoría de los católicos españoles aportaron relativamente poco dinero, por lo que la cancelación de la paga en cuestión era casi más difícil de aceptar que la separación misma de la Iglesia y el Estado. Pero a la larga era más terrible todavía la arremetida contra las órdenes religiosas y la clara determinación consiguiente de eliminar la enseñanza católica. «Estos últimos constituían un ataque a los derechos básicos de los ciudadanos católicos y con ellos se ejercía un ataque intolerable contra la Iglesia, incompatible, según señalarían enseguida los críticos, con los mismos principios liberales de la Constitución[1]».

En años posteriores, incluso personas partidarias de la izquierda sacarían en consecuencia que la radical campaña anticlerical fue un error mayúsculo, pero los republicanos de izquierda y los socialistas partieron en 1931 de la convicción de que la gran mayoría de los católicos practicantes eran enemigos acérrimos del progreso y de que, a fin de cuentas, no quedaba nadie con quien malquistarse dentro de los derechistas católicos dado que todos ellos eran de antemano enemigos decididos de la nueva República. Era cierto desde luego que la gran mayoría de los católicos eran conservadores fervorosos y que la Iglesia estaba plenamente identificada con el antiguo orden, tanto en lo político como en lo económico. En consecuencia, a fin de establecer una nueva República radical había que atacar directamente al catolicismo, dejándolo fuera de combate con la mayor rapidez posible. Si hubiera habido la intención de establecer un sistema democrático liberal de «vive y deja vivir», podría haber dado buen resultado un modus vivendi. Ésa era la meta de Alcalá Zamora y de los republicanos más moderados, pero la izquierda republicano-socialista insistió en imponer una solución radical.

El artículo 26 establecía solamente las directrices generales de una política anticlerical, dejando a cargo de una legislación ulterior la codificación de sus aspectos específicos. Por lo mismo, un decreto del 24 de enero de 1932 disolvía la Compañía de Jesús y confiscaba sus bienes de propiedad oficial. Aquello acabó con toda la actividad formal de los jesuitas, aunque sus miembros individuales no fueron expulsados del país y pudieron seguir dedicándose a otras funciones religiosas. La Compañía retiró de España la mayoría de su personal joven, aunque en algunas ciudades los colegios de jesuitas siguieron funcionando como instituciones nominalmente privadas[2]. Según escribiría Alcalá Zamora años después, aquello fue una medida destructora que le produjo al Gobierno muy poca compensación económica e hirió en cambio profundamente los sentimientos de millones de católicos y dio un ejemplo, contraproducente del todo, de falta de respeto a la libertad de creencias y a los derechos civiles[3].

Otro decreto, del 30 de enero, secularizó oficialmente todos los cementerios, unificando la administración de los civiles y los religiosos y traspasando la administración de estos últimos a los ayuntamientos respectivos. Todas las ceremonias religiosas externas quedaban sometidas a la regulación de las autoridades locales, que podrían restringirlas o prohibirlas si lo creían conveniente. Aquello estaba de acuerdo con la legislación republicana general que prohibía las manifestaciones religiosas de carácter público. Hubo numerosos casos de funcionarios locales republicanos que impusieron multas por celebrar actos de culto en público e incluso por sacar crucifijos a la calle, y llegaron a darse casos de poner multas a párrocos por supuestas alusiones monárquicas en los sermones. Todo aquello sacaba de quicio a la sensibilidad católica general, al añadir el insulto a la injusticia. Además de eso, otras medidas legislativas estipularon que el subsidio eclesiástico terminaría totalmente a finales de 1933 y que, entretanto, la exigua paga de los curas se vería reducida en un 20 a 30 por ciento, y la de otros miembros del clero en un 50 por ciento, recortando el presupuesto entero del clero de sesenta y siete millones de pesetas en 1931 a sólo veintidós millones en los nueve primeros meses de 1932.

Las Cortes aprobaron una ley el 2 de febrero que autorizaba el divorcio civil por vez primera en la historia de España. Sus condiciones eran francamente restrictivas, exigiéndose pruebas de adulterio por parte al menos de uno de los cónyuges, y de hecho no se tradujo en ninguna avalancha repentina de divorcios, consumándose un total aproximado de sólo 3500 durante los dos años 1932-1933.

Lo más controvertido de toda la legislación siguiente fue la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, introducida en el Congreso en octubre de 1932, porque iba a determinar el grado de limitación de la actividad católica, sobre todo en la enseñanza. Delimitaba los derechos y funciones de todas las personas e instituciones religiosas, reduciéndolas principalmente a ejercer actividades espirituales y de culto, prohibiendo expresamente el ejercicio de la actividad docente regular a los religiosos y religiosas (que constituían casi el 100 por cien del personal docente de las escuelas católicas), así como la mayoría de los programas de beneficencia y de atención curativa especial. Todas las iglesias y demás edificios religiosos fueron declarados propiedad de la nación, aunque las congregaciones religiosas podían seguir utilizándolos para fines estrictamente religiosos. Las organizaciones religiosas tendrían también derecho a adquirir más propiedades, pero sólo en la medida necesaria para ejercer actividades exclusivamente religiosas. Cualquier excedente sería confiscado y su producto invertido en bonos destinados a reducir la deuda del Estado. Se prohibía a todos los miembros de la Iglesia el ejercicio del comercio y la industria así como de la enseñanza y el recurso a terceras personas para ejercer esas actividades, todas estas funciones deberían terminar con el año de 1933. La ley estipulaba de nuevo la fecha límite del subsidio del clero, declaraba que la Iglesia tendría que pagar impuestos y especificaba por último el derecho del Gobierno para vetar cualquier nombramiento de la jerarquía eclesiástica que le pareciera inadecuado.

Se recibieron muchas peticiones por parte de asociaciones de padres y otras agrupaciones católicas a favor de las escuelas religiosas. Cuando el diputado demócrata-cristiano Ossorio y Gallardo preguntó quién iba a encargarse de las escuelas de retardados mentales, se le contestó que lo haría el gobierno. El diputado republicano Federico Fernández de Castillejo expresó su pesar porque «Este proyecto va contra principios consagrados en el mundo, como el de la libre emisión del pensamiento, del cual es consecuencia la libertad de enseñanza[4]». Pero el Gobierno replicó una vez más que aquello era cuestión de salud pública. Las condiciones finales de la ley exigieron que los colegios de enseñanza secundaria católicos cerrasen el 1.o de octubre de 1933 y las escuelas primarias en el primer semestre de 1934. Cerró la discusión una votación que arrojó el resultado de 240 contra 34, y la ley quedó aprobada el 11 de mayo de 1933 por 278 votos contra 50, votando los radicales con la coalición del gobierno. Se especuló mucho sobre si Alcalá Zamora se negaría a firmarla, pero tras una demora de tres semanas, lo hizo el 2 de junio.

Victoria Kent, primera directora general de Prisiones republicana y primera mujer que ejerció cómo funcionaría de máximo rango en la administración del Estado español.

La respuesta de los católicos aireó su escándalo y sentimiento de desafuero; las líneas se endurecieron y las posiciones se radicalizaron. Al principio, tras la forzada dimisión del primado, el cardenal Segura, los asuntos eclesiásticos habían estado en manos del moderado y pragmático nuncio papal monseñor Tedeschini y el moderadamente liberal cardenal catalán Vidal i Barraquer, arzobispo de Tarragona[5]. Una carta pastoral colectiva del episcopado publicada el 1.o de enero de 1932 aconsejaba el respeto hacia la autoridad constituida, pero condenaba la nueva legislación sin reserva y exhortaba a todos los católicos a que trabajasen de modo constructivo por su rápida revocación. Las procesiones de Semana Santa se suprimieron como protesta en 1932 y 1933, aunque, desafiando abiertamente el edicto gubernamental, muchas casas de católicos exhibieron ostentosamente emblemas confesionales externos. En 1933, al coincidir el Viernes Santo con el segundo aniversario de la República, el comercio en general cerró sus puertas pero la conmemoración del nuevo régimen se pospuso para el día siguiente. El 2 de junio, fecha de la firma de la Ley de Congregaciones, Vidal i Barraquer publicó otra carta pastoral denunciando cualquier interferencia en las actividades de la Iglesia y declarando que aquella ley los convertía en «un departamento administrativo del Estado». Al día siguiente el papa Pío XI publicó la encíclica Dilectissima nobis, que denunciaba la nueva legislación. Muchos católicos se pusieron a trabajar para eludir sus aspectos más draconianos. Algunas de las órdenes dedicadas a la enseñanza, procedieron a constituir centros docentes nominalmente privados bajo la dirección nominal de seglares católicos o incluso de algunos de los profesores seglares. Se constituyó una nueva asociación, la SADEL (Sociedad Anónima de Enseñanza Libre), para permitir que seglares católicos se responsabilizasen formalmente de colegios en los que impartían la enseñanza religiosos vestidos de seglares[6].

La expansión de la enseñanza

Uno de los mayores obstáculos para la modernización de España y la estabilización de un sistema político representativo residía en lo inadecuado de la instrucción pública. De ser tal vez el país de mayor densidad de escuelas latinas e instituciones de enseñanza superior de Europa en 1600, España había descendido en menos de un siglo a un nivel de abandono educativo y a mediados del siglo XIX tenía, junto con Portugal, la población más analfabeta de Europa Occidental. La mayor parte de la enseñanza había estado en manos de la Iglesia, que se concentró en la aristocracia y las clases medias. A mediados del siglo XIX las reformas liberales habían secularizado y centralizado un sistema universitario relativamente reducido e iniciado el desarrollo de un sistema moderno de escuelas públicas, aunque con fondos lamentablemente inadecuados. El progreso fue lento, aunque relativamente firme, pero en 1930 seguían siendo analfabetos al menos una cuarta parte de los adultos, a la vez que muchas aldeas pobres, así como algunos suburbios de ciudades grandes, seguían careciendo totalmente de escuelas. (Véase tabla 4.1.)

Los dirigentes republicanos no tenían una prioridad mayor que la enseñanza, porque a sus ojos una República progresista dependía de una educación impartida y garantizada por escuelas públicas laicas. El precedente más cercano se situaba probablemente en las «Leyes de Ferry» francesas de 1881-1886, bautizadas así debido al famoso ministro de la Tercera República, autor de un sistema de instrucción pública laico, centralizado, gratuito y obligatorio. Es de notar, sin embargo, que el sistema de enseñanza de la Tercera República francesa se había organizado básicamente para sostener un statu quo de clase media y tenía unos objetivos bastante más modestos que los del programa educativo de la República en España[7].

Tabla 4.1. El analfabetismo en España (10 años o más de edad)

| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1970
Hombres | 36,8 | 32,1 | 28,1 | 19,5 | 13,8 | 5,1
Mujeres | 54,0 | 47,5 | 41,2 | 32,0 | 23,2 | 12,1
Ambos | 45,3 | 40,0 | 34,8 | 25,9 | 18,7 | 8,9

Fuente: Junta Nacional de Alfabetización, en Víctor García Hoz, La educación en la España del siglo XX, Madrid, 1980.

Al comienzo de la República había en España por lo menos 33 000 escuelas públicas, en su mayoría pequeñas, con una población escolar de entre 1,5 y 2 millones de alumnos, al tiempo que otro millón más o menos carecía casi por completo de instrucción. Entre 1909 y 1931 había construido el Estado 11 128 escuelas, con un promedio aproximado de 500 al año[8], ritmo que los dirigentes republicanos se proponían acelerar mucho. Pero el proyecto de cerrar las escuelas católicas iba a agravar el problema a corto plazo. El Ministerio de Justicia calculó que las escuelas de la Iglesia contaban con 351 037 alumnos de enseñanza primaria y 17 098 estudiantes de secundaria, aunque los portavoces católicos insistieron en que las verdaderas cifras eran mucho más altas[9]. Rodolfo Llopis, socialista, el nuevo director de enseñanza primaria, admitió que era difícil de buenas a primeras reunir datos completos sobre las necesidades educativas. Su cálculo inicial fue que las 33 000 escuelas públicas tenían un personal de más de 37 000 maestros, y que para cubrir las necesidades del total de la población mediante el sistema de escuelas públicas harían falta 27 151 escuelas más y, al menos, otros tantos maestros. El déficit existente, junto con el nuevo vacío creado al cerrar las escuelas católicas, se remediaría manteniendo un alto índice de expansión —más de 5000 escuelas nuevas cada año— en los cinco años siguientes.

Desde luego las Cortes Constituyentes se volcaron más en las necesidades educativas que ningún otro Parlamento de la historia de España. Ochenta y ocho de sus miembros —casi una quinta parte— eran maestros o profesores de un tipo u otro, aunque sólo cinco de ellos lo eran de escuelas primarias y cuatro más inspectores de las mismas. La provisión de los fondos adecuados era otra cuestión. Un decreto de junio de 1931 delegó la autoridad de la construcción de escuelas primarias a los ayuntamientos, a los que se encargó la constitución de comisiones municipales que colaborarían con el Ministerio de Instrucción Pública. Pero su base financiera era limitada y se basaba en unas rentas públicas bastante rígidas en forma de impuestos de la propiedad o imposiciones indirectas. Aquel dinero tendría que llegar básicamente del presupuesto nacional.

La dotación estatal directa para el aceleramiento de la construcción y la provisión de más plazas de maestros había empezado ya muy al comienzo del Gobierno Provisional, y las Cortes adoptaron en octubre de 1931 una especie de plan quinquenal que proyectaba la creación de veintisiete mil escuelas nuevas y un número equivalente de nuevas plazas de maestros, entendiéndose generalmente como «escuelas» unos centros rurales de una sola aula o a veces la adición de otra aula con su respectivo enseñante a un centro ya existente. Sin embargo, no se pudo mantener aquel ritmo de expansión. Marcelino Domingo, el primer ministro de Instrucción Pública, gastó más de lo que le permitía el presupuesto y fue sustituido en el segundo gabinete de Azaña por el moderado profesor socialista, de talante socialdemócrata, Fernando de los Ríos.

Era necesario también aumentar el cuerpo magisterial y mejorar los sueldos, miserables por lo general. El viejo dicho castellano «hambriento como un maestro de escuela» correspondía a una cruda realidad. En 1931 la mayor parte de los empleados del Estado recibían una paga mínima de cuatro mil pesetas al año, y los conserjes de algunos ministerios cobraban más que muchos maestros de escuela de aldea. Sólo el 1 por ciento de los maestros del país llegaban a ganar las ocho mil pesetas, mientras que en algunos ministerios recibían por lo menos aquel sueldo hasta un 25 por ciento del personal. Los maestros esperaban tener un sueldo mínimo de cuatro mil pesetas, cosa que la República no podía proporcionarles[10].

El objetivo residía en un único cuerpo magisterial unificado y en septiembre de 1931 se estipuló, de entrada, un sueldo de cuatro mil pesetas para todos los graduados del sistema escolar reorganizado dentro de la norma en el país, pero un decreto del mes siguiente asignaba a 6833 maestros del nivel más bajo un sueldo mínimo anual de sólo tres mil pesetas (en un momento en el que las reformas laborales habían hecho posible que los trabajadores manuales no cualificados ganasen más de dos mil pesetas anuales si trabajaban el año entero). Sin embargo, los maestros recién graduados solían tener una paga mucho mayor, a veces hasta de siete mil pesetas[11]. Cuando se suscitó más adelante, en el debate sobre la Ley de Confesiones, la cuestión de cómo iba a hallar el Estado profesores de segunda enseñanza cualificados para cubrir el vacío supuesto por el cierre de los colegios católicos, De los Ríos contestó que se organizarían cursos intensivos para capacitar pedagógicamente a un buen número de candidatos con licenciatura universitaria, que serían atraídos por la mejora de los sueldos. España disponía desde luego de un número significativo de graduados universitarios subempleados, y el cuerpo docente del Estado aumentó de 36 680 que había al llegar la República a más de 46 000 en 1933, pero esto significaba que la mayoría de los aumentos presupuestarios tendrían que servir obviamente para cubrir los mayores gastos salariales, mientras bajaba durante 1932 y 1933 el ritmo efectivo de construcción de escuelas. En conjunto, la partida presupuestaria de la enseñanza casi se duplicó en 1931 y siguió aumentando hasta alcanzar un nivel de más del 7 por ciento del total en 1934. (Véase tabla 4.2.) Sin embargo, en presencia de una acusada depresión no se disponía de dinero para cubrir todas las necesidades, y aquel programa de urgencia que carecía a menudo de una planificación cuidada no supo emplear siempre los fondos con una eficacia máxima.

Tabla 4.2. Porcentaje destinado a Instrucción Pública en los presupuestos nacionales

1931 | 5,69
1932 | 5,92
1933 | 6,57
1934 | 7,08
1935 | 6,60
1936 | 6,54

Fuente: datos del Anuario Estadístico de España y de Manuel Pérez Galán, La enseñanza en la Segunda República, Madrid, 1975, correlacionados por Charles F. Gallagher, Culture and Education in Spain, vol. 5, The Second Republic (American Universities Field Staff Reports, n. 22, 1979).

Se tropezó con una gran resistencia por parte de los padres católicos intransigentes a la vez que en algunas zonas rurales donde los padres no eran especialmente religiosos les pareció impertinente el énfasis que se ponía ahora en las escuelas mixtas. Se había organizado ya en 1930 una Federación de Amigos de la Educación (FAE), de matiz católico, y la movilización de los católicos se aceleró en 1932 con la organización de una confederación de padres católicos de más amplitud, aunque sus afiliados no llegaron a alcanzar el número deseado[12]. Como resultado de la ulterior victoria del centro y la derecha en las elecciones de 1933, los colegios católicos no llegaron a cerrar de hecho de acuerdo con el plan original, y permanecieron abiertos hasta el triunfo del Frente Popular en 1936.

Marcelino Domingo afirmaría más adelante que se habían creado 12 988 «escuelas» en los años 1931 a 1933, en comparación con sólo 3421 bajo el gobierno de centro-derecha de 1933 a 1935[13]. Esas cifras engañan. Un estudio más minucioso revela que durante el período republicano entero se construyeron menos de 10 000 nuevas escuelas (Véase tabla 4.3.).[14] Lo que se entendía a veces oficialmente como «escuelas» parece referirse de hecho a plazas de maestro (o sea, empleos), que al parecer habían aumentado en unos 14 000 hasta el momento en que empezó la Guerra Civil. Aunque no fue una cosa tan impresionante como dieron a entender los portavoces republicanos, fue de todas maneras un logro considerable[15]. Si la República hubiera disfrutado de una generación de paz, es muy posible que hubiera formado una nueva generación más prudente y madura que la de sus padres.

Tabla 4.3. Construcción de escuelas, 1931-1936

Año | Número de escuelas | Aumento sobre el año anterior
1931-1932 | 35 989 | 2543
1932-1933 | 37 072 | 1083
1933-1934 | 38 499 | 1427
1934-1935 | 40 830 | 2331
1935-1936 | 42 766 | 1936

Fuente: véase tabla 4.2.

La República coincidió en términos generales con el apogeo de la alta cultura de principios del siglo XX, la fase final de la «época de plata» española. Aunque los años de la República no destacaron tanto en producción literaria como la segunda mitad de los años veinte[16], poetas de la talla de Federico García Lorca añadieron lustre a una literatura que había contado ya con luminarias tales como el novelista Pío Baroja, el poeta Juan Ramón Jiménez, el dramaturgo Jacinto Benavente y filósofos y ensayistas de la talla de Unamuno, Ortega y Madariaga.

La política de la República trataba de dar mayor difusión a la cultura superior y hacer más asequible la enseñanza universitaria. Se creó un nuevo tipo de sistema de extensión de la enseñanza denominado «universidades populares», sobre la base de un modelo existente ya en Madrid, se organizó en Santander una universidad especial de verano, y se abrió en la Universidad de Granada un nuevo Instituto Nacional de Estudios Árabes (que se convertiría después en algo así como un centro mundial). Pero a lo que se dio más publicidad fue a la formación de «misiones pedagógicas», destinadas a llevar la cultura moderna a remotas zonas rurales. Incluían las mismas minimuseos, representaciones teatrales (algunas de ellas organizadas por García Lorca), funciones de marionetas y proyección de transparencias, películas, conciertos y bibliotecas ambulantes[17]. Esas misiones empezaron a funcionar en el verano de 1933. Aunque hubo que restringirlas después por escasez de fondos, la política republicana logró inyectar savia nueva en las actividades correspondientes a la educación superior y extensión de la enseñanza[18].

La reforma militar de Azaña

El desorden existente en el ejército español había constituido todo un problema durante más de un siglo. Dada la debilidad del gobierno español, la fragmentación de las fuerzas políticas y la influencia de los altos mandos del ejército como árbitros de la política, se habían malogrado un plan de reforma tras otro. La mayoría de los personajes políticos tenían pocos conocimientos en materia militar, pero don Manuel Azaña había adquirido fama como el experto en asuntos militares de la izquierda republicana, especialmente con su libro Estudios de política francesa contemporánea: La política militar, publicado en 1919, y varios artículos y documentos de tema de posición del partido de los años veinte. Para Azaña, en palabras suyas, era una «cuestión de vida o de muerte poner bajo control, reformar y “republicanizar” a los militares».

Como en casi todas las cosas, su modelo residía en la Tercera República francesa, aunque Azaña decía con insistencia que copiar o servirse de un modelo no era lo mismo que imitar. Creía que el ejército francés había padecido algunos de los defectos que aquejaban al español antes de la reforma republicana francesa que empezó en 1905. En su lectura, un tanto simplista, de la historia reciente de Francia, la reforma efectuada por la Tercera República había constituido un éxito imponente al transformar la estructura, el papel político, y la psicología de los mandos del ejército francés. Aquella interpretación ignoraba desde luego su tradición de la grande muette (la gran muda), que a diferencia de su masculino homólogo español, se mantuvo alejada de la política desde mucho antes de la reforma republicana. Ignoraba también el hecho de que el esfuerzo republicano francés de ajustar los ascensos y nombramientos militares a las actitudes políticas había producido graves problemas morales y había habido que abandonarlo. Se le había escapado por último, captar el hecho de que la vocación política de los jefes militares españoles se debía menos a ningún tipo de carácter codicioso o violento propio de ellos que a la debilidad y división de la sociedad civil española.

En la reforma que emprendió como ministro de Guerra y Primer ministro, Azaña tuvo dos objetivos: «republicanizar» el ejército y corregir sus problemas institucionales y profesionales, resultantes estos últimos de una estructura atrasada e ineficaz, y una lastimosa falta de modernización en cuanto a disponibilidad combativa. Como una modernización efectiva costaría más de lo que el gobierno podía afrontar, el objetivo más práctico iba a ser una reforma estructural, destinada a ahorrar dinero a la larga.

La máxima prioridad de Azaña residió en establecer un control del personal y de los nombramientos, para iniciar el proceso de «republicanización». A este fin empezó a legislar por decreto en cuanto asumió el cargo. Su primer decreto del 22 de abril de 1931 exigió que todos los jefes y oficiales hiciesen por escrito un juramento de lealtad a la República o dimitiesen de sus cargos. Sólo una minoría de los jefes y oficiales se habían opuesto en realidad al advenimiento de la República y sólo seis de ellos en desempeño de puestos activos optaron por dimitir[19]. La republicanización exigía también cambiar el nombre del ministerio. Primo de Rivera, imitando el estilo francés, había cambiado el nombre de Ministerio de Guerra a Ministerio del Ejército, pero como aquel cambio había sido hecho por el dictador, Azaña —pese a su furibunda francofilia— le devolvió el nombre de Ministerio de Guerra, extraña nomenclatura para un régimen que había renunciado en teoría a la guerra como instrumento de política nacional, algo tan contradictorio como el término de «guardia de asalto» para el nuevo cuerpo de policía urbana.

Dentro del ministerio Azaña formó un consejo especial de jefes oficiales partidarios de la República como asesores, conocido por sus críticos como el gabinete negro, compuesto de militares que no habían caído en gracia durante el régimen anterior. Sin embargo, no dejó de darse cuenta del grado de partidismo y resentimiento evidenciado por aquellos asesores y, por lo mismo, dejó al general monárquico Ruiz Fornells como subsecretario del ministerio con cierto carácter de freno equilibrador.

El sistema de ascensos había constituido desde muchos años antes un asunto muy delicado dentro del escalafón. La mayoría de los jefes y oficiales daban preferencia a la rigurosa antigüedad, mientras que una minoría era partidaria de los méritos de guerra, lo que favorecía a la elite combativa y había convertido en 1927 a Francisco Franco en el general de brigada más joven de Europa. Un decreto de mayo de 1931 restablecía la antigüedad estricta, al tiempo que uno posterior hacía saber el 3 de junio que todos los ascensos por méritos desde 1923 serían sometidos a revisión. Al mismo tiempo, comoquiera que un objetivo residía en poner el ejército en las manos de los jefes de más confianza para la República, el decreto del 4 de mayo especificaba también que los nombramientos y ascensos principales de la más alta graduación seguirían siendo de la competencia directa del gobierno (mediante elección, obviando la antigüedad). En realidad quedaron al final como estaban casi todos los ascensos antiguos por méritos, y nunca se llegó a aplicar del todo el regreso a la antigüedad. Aunque la mayoría de los mandos más altos fueron conferidos enseguida a jefes partidarios nominalmente de la República, Azaña nunca supo hallar una fórmula acertada para determinar el conjunto de los ascensos. Lo que hizo su política fue dar una gran sensación de favoritismo político en los dos años siguientes que terminó uniendo a muchos militares de alta graduación en su oposición al ministerio.

Uno de los peores problemas era la sobreabundancia misma de jefes y oficiales, que eran casi 21 000 frente a unos efectivos de 118 000 soldados rasos y suboficiales, algo así como tres veces más de los necesarios. La solución de Azaña fue simple y directa e incluso bastante generosa. Un decreto del 25 de abril de 1931 permitía a todos los jefes y oficiales optar por un retiro inmediato y completo conservando la paga entera durante la duración normal de su carrera. Aunque la medida equivalía a tener que mantener la paga a miles de oficiales por no hacer nada, Azaña juzgaba que aquello estaba ya ocurriendo en realidad y que, a la larga, una reducción tajante del escalafón ahorraría mucho dinero. La mayoría de los generales dimitieron y en una ocasión posterior Azaña presumió de que la mitad del escalafón había aceptado el retiro bajo el nuevo régimen, aunque de hecho el número de retirados parece haber estado más cerca de los 8000[20]. Realizó de ese modo la reducción más radical lograda en el escalafón en más de un siglo, aunque es más discutible si aquello contribuyó en algo a «republicanizar» el ejército, porque hay pruebas evidentísimas de que los más inclinados a dejar el servicio activo fueron la minoría más progresiva o izquierdista de la oficialidad.

La reforma estructural empezó con un decreto del 25 de mayo que redujo el número de divisiones de dieciséis a ocho, asignando a cada una de ellas dos brigadas de infantería (compuesta cada una de dos regimientos), una brigada de artillería y un escuadrón de caballería. Dejaron así de existir aproximadamente la mitad de las unidades militares existentes (en general muy inferiores a sus efectivos teóricos) y Azaña declaró que esa reforma ahorraría a la hacienda pública un mínimo de 200 millones de pesetas al año. Un decreto subsiguiente, del 3 de junio, reorganizó y redujo también el «ejército de África», situado en el protectorado de Marruecos. De un modo parecido, el ministro de Marina, Santiago Casares Quiroga, amigo íntimo y compañero de Azaña, redujo la armada en su estructura de once unidades operativas a sólo cinco.

Un objetivo mayor de aquella reforma residió en el sistema de justicia militar, tenido por un feudo presuntuoso, poseído de espíritu de casta, e impenetrable a la autoridad civil. El decreto primerísimo de Azaña, abolía el 17 de abril la infame «Ley de Jurisdicciones» de 1906, que había dado a los tribunales militares facultades para enjuiciar a cualquier portavoz o publicación civil culpable de haber insultado a los militares. Un segundo decreto del 11 de mayo reducía la jurisdicción del sistema de tribunales militares a los «actos o delitos de naturaleza esencialmente militar», por lo que los miembros del ejército podían ser encausados en los tribunales civiles por cualquier tipo de transgresiones de carácter no militar. (No se eliminó, sin embargo, la jurisdicción militar sobre determinadas categorías de infracciones cometidas por civiles que violasen normas en detrimento de la policía, como los ataques verbales o de otro tipo hechos a la misma, así como las infracciones cometidas por civiles en situaciones de ley marcial, cosa que iba de acuerdo con la política de mano dura del gobierno en materia de orden público). Fue abolido también el Consejo Supremo de Guerra y Marina y sustituido por una sala especial militar del Tribunal Supremo civil. Se abolieron además por completo todas las prácticas religiosas tradicionales de las fuerzas armadas.

Las siete academias militares diferentes fueron reducidas a tres, si bien se planeó una nueva para la aviación. Fue suprimida también la Academia Militar General de Zaragoza, creada por Primo de Rivera sólo tres años antes y dirigida entonces por el general Francisco Franco porque tendía a fomentar un rígido espíritu de casta, al tiempo que se restablecía el Estado Mayor Central, suprimido en 1925 por Primo de Rivera. Se suprimieron también en su totalidad las capitanías generales regionales de distrito, que databan de principios del siglo XVIII, así como los grados de capitán general y teniente general. Otro decreto unificaba las dos situaciones separadas de oficiales en activo y de la reserva (los primeros procedían de las academias y los segundos por ascenso a partir de la clase de tropa). Todos estos decretos iniciales fueron ratificados por las Cortes Constituyentes en la legislación regular aprobada en agosto de 1931.

Azaña se preocupó también por modernizar la tecnología militar en lo que permitiera el presupuesto, y la beneficiaria principal fue la fuerza aérea, constituida formalmente por primera vez como un cuerpo aéreo aparte por un decreto del 26 de junio de 1931 como el Cuerpo de Aviación. Hasta entonces había constituido un «servicio» especial dentro del ejército, que había sido disuelto oficialmente por Berenguer a finales de 1930 por su abierta simpatía por la República. El acto de Azaña le confirió estructura y autonomía[21], y más adelante, el 5 de abril de 1933, creó él mismo una Dirección General de Aeronáutica, encargada de supervisar tanto la fuerza aérea como la aviación civil, bajo la autoridad del Primer ministro.

Se llevaron a cabo más cambios, a un ritmo más lento, en los últimos meses de 1931, el año siguiente, y la primera parte de 1933. Un rasgo del esfuerzo hecho para democratizar el ejército fue la mejora de categoría que se les dio a los suboficiales mediante la creación en diciembre de 1931 de un nuevo cuerpo de suboficiales, situado entre los oficiales regulares y las graduaciones más bajas del ejército. Se compondría de las cuatro graduaciones de sargento primero, brigadas, subayudantes y subtenientes. Sin embargo, el 60 por ciento de las futuras plazas disponibles en las academias profesionales se reservaría a aquellos suboficiales que, fuese por antigüedad o a través de exámenes especiales demostrasen su capacidad para ejercer como oficiales. En lo sucesivo, a los aspirantes a ingresar en las academias para ser oficiales de carrera se les exigiría haber terminado un curso universitario normal y seis meses de servicio con la tropa.

Otro objetivo de Azaña era conseguir un sistema más igualitario de servicio militar obligatorio análogo al del concepto de «nación en armas» de la ley francesa de servicio universal de 1905. Los obstáculos principales surgieron, sin embargo, del hecho de que el ejército español ni necesitaba ni podía hacerse cargo de todos los reclutas disponibles, al tiempo que el sistema «de cuota» mediante el cual los pudientes podían reducir su servicio militar a seis meses (o eximirse totalmente del mismo en algunos casos) mediante el pago de una suma situada fuera del alcance de las clases más pobres producía unos ingresos anuales de unos 15 millones de pesetas. En consecuencia se conservó el antidemocrático sistema «de cuota», aunque a partir de octubre de 1931 Azaña hizo un serio intento de mejorar las condiciones materiales de los reclutas ordinarios proporcionándoles mejor rancho y mejores cuarteles.

Un problema conflictivo inevitable era el tener que ahorrar gastos. El presupuesto militar para 1932 fue reducido a 390 millones de pesetas en comparación con los 478 millones del primer año de la República, procediendo la mayor parte del ahorro de la reducción de costos administrativos, la eliminación de las unidades superfluas y algunas pequeñas reducciones hechas en Marruecos. En cambio aumentaron, muy ligeramente, los gastos en mantenimiento y equipo, porque seguía siendo necesario pagar los sueldos de los casi 9000 oficiales y suboficiales que se habían retirado (aunque esos gastos se transfirieron a una partida diferente del presupuesto del Estado). De hecho, los gastos ordinarios ascendieron a 402 millones de pesetas en 1932 y a 433 en 1933, pero no había dinero para permitir una modernización auténtica o aumentar los sueldos a niveles equivalentes a los de otros ejércitos de Europa Occidental. Las seis pequeñas fábricas de armas administradas por el Cuerpo de Artillería fueron traspasadas por ley en febrero de 1932 a un nuevo Consorcio de Industrias Militares supeditado al Ministerio de la Guerra, compuesto por representantes del gobierno, la industria privada y los sindicatos, pero no se pudo poner en marcha ninguna modernización tecnológica de alcance. En conjunto, el presupuesto de 1933 cubrió las necesidades de un ejército peninsular de 145 000 hombres más una fuerza adicional de 35 000 en Marruecos, compuesta ésta de 25 500 europeos (incluyendo 4000 de la Legión extranjera) y casi 9500 marroquíes (regulares).

La reacción de los militares fue en su mayor parte negativa, y se expresó especialmente en los dos periódicos militares. La Correspondencia Militar y Ejército y Armada, y en la murmuración reinante en docenas de guarniciones. Los militares querían saber por qué la reforma y reducción de gastos de los servicios gubernamentales tenía que hacerse sobre todo a expensas de las fuerzas armadas, y el Gobierno anunció enseguida que habría reducciones equivalentes en otros ministerios. Aquello suscitó tal aluvión de protestas de los empleados del Estado que nunca llegó a cuajar el plan correspondiente.

¿Qué juicio se podría hacer de la reforma de Azaña? Como tantos españoles del siglo XIX y comienzos del XX, Azaña tenía la tendencia a hablar más de la cuenta y luego lo arrastraba su propia retórica. Por otra parte, su mordaz estilo daba a indicar a veces que el objetivo más importante consistía sencillamente en poner a los militares en su sitio. Según proclamó en las Cortes el 1.o de marzo de 1932, «Del ejército no habla nadie, pero el ejército tampoco habla. Cada cual en su sitio».

Las palabras por las que se le recordaría más (aunque incurriendo desde luego en la inexactitud) proceden de un discurso pronunciado en Valencia el 7 de junio de 1931, donde prometió en un mitin republicano que trituraría el caciquismo político «con la misma energía y resolución que he tenido para triturar otras cosas no menos amenazadoras para la República[22]». Después sacaron en limpio algunos que aquello se refería al ejército, y de ahí provienen las ulteriores referencias hechas a la supuesta baladronada de Azaña de que «iba a triturar» a los militares.

La oratoria de Azaña iba siempre más allá que sus actos, porque su reforma fue de hecho limitada, llevó a cabo una modernización muy escasa, y la democratización lograda en las fuerzas armadas fue relativamente modesta. Hubo una republicanización también escasa, si entendemos por tal una purga política de alguna envergadura, y los izquierdistas culparían más adelante a Azaña de haber sido un «blandengue» incapaz en absoluto de purgar el ejército de sus más peligrosos elementos.

A pesar de todo, y de una serie de graves limitaciones, aquello fue de todas maneras el esfuerzo más serio hecho para reformar las fuerzas armadas en más de un siglo. Ni desmanteló ni arruinó el ejército como afirmaron los críticos derechistas, pero se las arregló para darle cierta racionalidad a su estructura organizativa y mejorar algunos aspectos de su funcionamiento. No se habría podido conseguir más en un período tan breve, al tiempo que se lograron reducciones de gastos significativos[23].

El fallo más grande de la ley de la reforma residió en las relaciones públicas, donde el desastroso estilo político de Azaña hizo que las nuevas medidas políticas parecieran mucho más insultantes para los militares de lo que habría sido necesario[24]. Azaña mismo reconoció en su diario que se había dejado influir más de la cuenta por su propia camarilla militar haciendo nombramientos muy desacertados, dando la impresión de que el Ministerio de la Guerra daba cabida al favoritismo político. En cualquier caso, muchos jefes y oficiales se sintieron postergados por su ministro y acabaron compartiendo la idea de que aquella reforma era un «ataque» contra las instituciones militares. De esa manera empezó una animadversión cada vez mayor en las relaciones entre los militares y la República que no había existido en abril de 1931.

La sanjurjada

La pasiva actitud de los militares con ocasión de la llegada de la República no se debió tanto a cierto entusiasmo hacia una política progresista como a una reacción contra los fallos de la dictadura, que había comprometido y desprestigiado al ejército, estimulando el deseo de muchos militares de evitar cualquier implicación política. Los militares eran más conservadores que liberales y en general más monárquicos que republicanos. Una vez que se evidenció que la República tomaba un derrotero izquierdista y tenía en la mira al ejército para reformarlo a fondo, empezaron a circular los rumores de una conspiración militar contra el nuevo régimen ya en junio de 1931. A mediados de ese mes dos generales antiguos, acérrimamente monárquicos, Emilio Barrera y Luis Orgaz, fueron detenidos junto con otros dos militares más jóvenes y seis monárquicos civiles, aunque fueron puestos en libertad enseguida la mayoría de estos últimos. El mes siguiente, una serie de generales monárquicos, en su mayoría retirados, empezó a conspirar de modo más activo consiguiendo alguna ayuda financiera de aristócratas acaudalados. En agosto, Azaña deportó a Canarias al general Orgaz y a otros dos jefes de menor graduación, pero carecía de jurisdicción directa sobre los militares retirados.

La figura protagonista durante el primer año de la República fue el general José Sanjurjo, el «León del Rif», todo un héroe de las primeras campañas de Marruecos. Había desempeñado tiempo antes cierto papel en el establecimiento de la dictadura en 1923, pero es dudoso que su relación con el advenimiento de la República fuese más importante. Director general de la guardia civil durante la fase final de la monarquía, su negativa a emplear la única policía nacional del país contra los republicanos después de las elecciones municipales fue uno de los factores que decidieron la caída de aquélla. Con 1,57 m de altura, Sanjurjo era exclusivamente un hombre de acción con un sentido político de lo más rudimentario, y prudentemente rehusó el escaño de las Cortes para el que le había elegido el voto entusiasta de los republicanos en junio de 1931. Hizo de árbitro apaciguador a favor del gobierno republicano durante las primeras semanas; éste le había enviado a Tetuán a sofocar una perturbación surgida en el protectorado inmediatamente después del cambio de régimen y después al aeródromo de Tablada, junto a Sevilla, tras una fracasada semianarquista rebelión surgida allí en junio. Sin embargo, distaba totalmente de ser un hombre de convicción progresista y, dadas sus confusas ideas políticas, no es sorprendente que se convirtiese en la meta de las maniobras emprendidas por unos cuantos republicanos de derechas que contemplaban una «conspiración constitucionalista» para restablecer la ley y el orden e imponer una democracia estrictamente liberal capaz de evitar todas las salidas de tono izquierdistas y excluir prácticamente las reformas serias. Don Manuel Burgos y Mazo, de setenta años de edad, político veterano del régimen monárquico, fue el primero en contactar con Sanjurjo ya en noviembre de 1931[25], y al cabo de dos meses sus esfuerzos se vieron reforzados por Melquíades Álvarez, jefe del pequeño Partido Liberal-Demócrata. En las primeras semanas de 1932 el nombre de Sanjurjo había perdido su aureola para el Gobierno. La «crisis de la guardia civil», provocada por los sucesos de Castilblanco y Arnedo, suscitó unas exigencias de la izquierda que se tradujeron en hacer de Sanjurjo el chivo expiatorio, por lo que fue sustituido el 5 de febrero por el general Miguel Cabanellas como director general.

Aquello fue un serio golpe para Sanjurjo, que empezó a mostrar más interés hacia las personas que le decían que la República necesitaba un golpe de timón decidido. Su contacto principal entre los republicanos de más categoría era don Alejandro Lerroux, que siempre había tratado de mantener buenas relaciones con los militares y, procurando jugar dos cartas al mismo tiempo, había advertido a Azaña ya nada menos que a mediados de 1931 del peligro del descontento castrense. Lerroux no quiso aparecer implicado en ninguna conspiración militar, pero tanto Burgos y Mazo como Sanjurjo se reunieron en consejo con don Alejandro y le hicieron presión para que adoptase una actitud más firme contra la izquierda[26]. En la primavera de 1932 existieron ya al parecer dos o incluso tres tramas conspirativas distintas. Mientras Burgos y Mazo trataba de convencer a Sanjurjo para que encabezase una rebelión «constitucional», los generales retirados monárquicos trataban de promover una restauración mediante un golpe de Estado. También, al parecer, un puñado de jefes militares de alto rango consideraban la conveniencia de un movimiento exclusivamente militar para «enderezar» el curso de la República, equidistante en términos políticos entre las conspiraciones «constitucionalista» y monárquica.

Para establecer una disciplina más firme, el gobierno de Azaña aprobó dos nuevas leyes. La primera, del 9 de marzo de 1932, autorizaba al gobierno para pasar al retiro a cualquier general que hubiera estado seis meses sin desempeñar ningún cargo activo (en situación de disponible). Facultaba también al Gobierno para suspender de sueldo a todo militar retirado culpable de cualquier acto incluido dentro del gran abanico de actividades proscritas por la Ley de Defensa de la República y suprimía la prensa política militar, entonces ya muy hostil para con el gobierno. La meta era permitir la expurgación selectiva de los altos cargos y de impactar en el bolsillo de los retirados conspirantes. Una segunda ley, del 16 de abril, ordenaba la revisión obligatoria de todas las sentencias aún en vigor impuestas por tribunales de honor del ejército con anterioridad a la abolición de éstas por la nueva Constitución. Aquello tenía por objetivo revocar determinadas decisiones, tomadas anteriormente por los tribunales de honor, que se habían traducido en la degradación, o incluso la expulsión de militares izquierdistas. Como aquellos tribunales habían castigado en realidad con más frecuencia los actos inmorales o deshonrosos que las opiniones políticas, la nueva ley suscitó un tremendo antagonismo entre los militares que la consideraban como un intento de atacar el honor militar y politizar todavía más los nombramientos del personal.

En junio Azaña estaba bien al tanto de la conspiración existente entre algunos altos jefes militares, y en la noche del 7 de junio permaneció despierto hasta las 3 de la madrugada esperando más noticias de una rebelión al parecer en puertas[27]. Aunque se practicaron unas cuantas detenciones más, el gobierno no encontró pruebas concluyentes de la conspiración. Azaña juzgó, acertadamente, que el complot carecía de un respaldo serio o extenso y que el fracaso de un golpe mal planeado fortalecería a la larga a la República. Y la conspiración continuó así su curso, como escribiría más adelante el hijo de uno de los principales protagonistas:

No sabemos si encaja con exactitud el calificativo de conspiración a una serie ininterrumpida de entrevistas, viajes, o sobremesas muy poco recatadas, según confiesa uno de los testigos. «Se celebraron», dijo éste, «fraternales comidas en la piscina de la Isla de Madrid, en las que se reunían Sanjurjo y Goded en conferencia y a las que asistíamos el hijo del primero, Justo, y yo, como escuderos. A todas ellas asistía, desde lejos, un jefe de la policía de Madrid[28]».

La conspiración se debilitó debido a un incidente que ocurrió durante un desayuno de despedida, al aire libre, de alumnos graduados de las academias militares, celebrado en la base del ejército situada en Carabanchel, en las afueras de Madrid, el 27 de junio. El general Manuel Goded, el nuevo Jefe del Estado Mayor, concluyó sus comentarios sobre la ceremonia más o menos con estas palabras: «Ahora sólo me resta dar un viva a España, y nada más». Uno de los jefes del ejército de un republicanismo más radical, presente allí, el teniente coronel Julio Mangada (al que Azaña tildaba en privado de «loco») mostró gran indignación por la actitud de Goded y por no haber exclamado éste «¡Viva la República!», lo que provocó un intercambio de palabras con el destacado general y el arresto de Mangada. Por este motivo. Mangada, poseído literalmente de un acceso de cólera, se arrancó la guerrera y la pisoteó.

El asunto fue puesto inmediatamente en conocimiento de Azaña por sus asesores militares republicanistas, que insistieron al parecer para que el ministro hiciera algo ante el desacato cometido contra la República. Azaña mantuvo discretamente el arresto de Mangada, pero pasadas unas horas relevó de sus cargos a los generales de división y brigada asistentes al acto, que se habían implicado en apoyo de Goded y contra Mangada. Azaña tuvo en cuenta la gran capacidad del general Goded y no quiso hacer un mártir del Jefe de Estado Mayor, pero Goded dimitió entonces repentina y tajantemente en solidaridad con los compañeros suyos que acababan de ser depuestos. Fue sustituido por el general Masquelet, uno de los pocos generales de más rango declaradamente republicanistas[29]. Como los tres generales que habían cambiado de puesto o dimitido estaban implicados en la conspiración, sus perspectivas de éxito en Madrid —donde todas las unidades importantes quedaban desde ese momento bajo el mando de generales leales— se vieron muy reducidas debido a aquel incidente.

Burgos y Mazo afirma que él puso a Sanjurjo en contacto con los mandos de la gran guarnición de Sevilla muy a principios de julio y que había redactado después un «manifiesto constitucional republicano» para iniciar el golpe con el mismo, pero lo cierto es que Sanjurjo se decidió finalmente por actuar en exclusiva con otros militares que, en su mayoría, eran más derechistas que Burgos y Mazo. Cuando se evidenció, durante el mes de julio, que Lerroux y los republicanos moderados no tenían capacidad para imponer un cambio en el Gobierno, los planes encaminados a un simple pronunciamiento se combinaron toscamente bajo el mando supremo nominal del general retirado Emilio Barrera, que tenía más antigüedad que Sanjurjo. Es dudoso que estuviesen implicados en él directamente mucho más de cien jefes y oficiales, pero se tomó la decisión de actuar rápidamente antes de que el gobierno pudiese terminar la legislación a favor de un estatuto catalán de autonomía, al que se oponían directamente los militares más derechistas, opuestos al «desmembramiento» de España. Aquel plan tenía más de un pronunciamiento decimonónico que de un golpe de Estado quirúrgico tipo siglo XX, dado que los conspiradores sabían que probablemente serían incapaces de apoderarse inmediatamente de Madrid entera. Contaban, sin embargo, con hacerse con algunas posiciones fuertes dentro de la capital así como con el control completo de Sevilla y de otras capitales de provincia. Entonces se enviarían refuerzos desde estas últimas para ayudar a conseguir el control de Madrid, un esquema que se parece algo al que adoptaría más adelante la gran conspiración de 1936. Se suponía que la carlista Navarra se alzaría en apoyo del plan, pero no se había hecho mucho para garantizarlo. La idea básica era que habría relativamente poca lucha, dado que la mayoría del ejército se sumaría al alzamiento y el apoyo al gobierno se haría agua de borrajas. En palabras de uno de los conspiradores más jóvenes: «Nunca se creyó que llegaría el momento de combatir[30]».

De hecho aquella conspiración se convirtió enseguida en un secreto a voces. Se hicieron algunas detenciones preventivas más, incluyendo a los cuarenta y siete participantes detenidos al tiempo en una reunión monárquica efectuada en Madrid. En la mañana del 10 de agosto, poco después de las 7 de la mañana, grupúsculos de civiles derechistas y un puñado de efectivos del ejército empezaron a avanzar hacia el Ministerio de la Guerra desde direcciones opuestas. Siguieron noventa minutos de escaramuzas (en ese tiempo Azaña fisgaba de vez en cuando desde detrás de una cortina de una de las ventanas de arriba del Ministerio) antes de que varias unidades importantes de la guardia civil y la guardia de asalto sofocaran la rebelión. Murieron unas diez personas, dos de ellas civiles de derechas. Entretanto, los conspiradores habían enviado a Sanjurjo a Sevilla, el centro activo más importante del Sur, debido en parte a que se temía que pudiera ser demasiado republicanista y sería preferible mantenerlo alejado de Madrid. Aquella mañana se las arregló para hacerse con el mando de la guarnición de Sevilla, diciendo que se les sumarían enseguida compañeros de todas partes de España. En vez de ello, se encontraron con una huelga general en la ciudad, al tiempo que unidades leales a la República fueron enviadas a toda prisa hacia el Sur para que convergiesen en lo que se había convertido en el único foco de la rebelión. Sanjurjo, en vista de los hechos, huyó de allí el día once temprano, rindiéndose horas después en la cercana Huelva. Como solo había sido capaz de arrastrar a la rebelión una guarnición completa, al complot entero le dio mucha gente el nombre de la sanjurjada, aunque en realidad él no fue ni el organizador principal ni el jefe de la misma. Ninguna otra guarnición lo secundó, y los únicos combates tuvieron lugar en Madrid. Aunque el general Barrera fue puesto a buen recaudo en el extranjero en una avioneta particular, docenas de otros sospechosos fueron detenidos, especialmente en Madrid, y sobre todo monárquicos de los más prominentes. La fracasada rebelión dio lugar a su vez a una nueva andanada de quema de iglesias por parte de la extrema izquierda, sobre todo en Sevilla y Granada.

En los meses siguientes, unos 200 jefes y oficiales comparecieron a juicio por rebelión armada. Muchos de ellos adujeron como defensa que su deber era defender la patria contra todos los enemigos, españoles y extranjeros incluyendo al gobierno izquierdista de Madrid. El defensor de un general preguntó por qué se había justificado la rebelión de los republicanos Galán y García Hernández en diciembre de 1930, mientras que la de su defendido se consideraba sediciosa. Al ser el rebelde detenido de más alta graduación, Sanjurjo fue condenado a muerte, pero como el gobierno no quería crear un mártir, le conmutaron la pena por la de cadena perpetua[31]. La conmutación provocó manifestaciones tumultuosas de las agrupaciones izquierdistas; un obrero murió en una de ellas en Vizcaya. Por último, 145 jefes y oficiales fueron deportados a Villa Cisneros (casi igual que lo ocurrido con los anarquistas enviados a Guinea a comienzos de año), y alrededor de 300 militares más, sospechosos de complicidad, fueron despojados del mando o pasados a la lista de la reserva. A consecuencia de los hechos, el gobierno clausuró por diferentes plazos de tiempo un total de 128 diarios y semanarios[32]. Se hicieron además varios cambios en las fuerzas de policía. Fue suprimida la Dirección General de Carabineros, donde había mandado Sanjurjo desde febrero, y se puso su personal bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda. Se dio un paso similar con la guardia civil, que fue transferida al Ministerio de Gobernación, y la guardia de asalto fue incrementada en 2500 números más.

Azaña, como es natural, quedó contento con el desenlace, que tuvo el efecto de romper un atolladero temporal existente en las Cortes y de permitir al gobierno avanzar más rápidamente en la cuestión de la autonomía catalana y lograr la aprobación del primer proyecto de ley de reforma agraria. Observó con satisfacción que los militares habían sido eliminados como factor de la ecuación política por primera vez en más de un siglo.

La autonomía regional

La reacción contra el centralismo estuvo en las raíces mismas de la guerras civiles españolas del siglo XIX y dio origen posteriormente a potentes movimientos de nacionalismo regional en Cataluña y el País Vasco. Corrientes nacionalistas, mucho más débiles, se habían desarrollado también en regiones tan diferentes como Galicia, Valencia, Andalucía y Aragón. El movimiento catalanista era el más antiguo y poderoso y a la vez el más moderno, y había dado origen tanto a un gran partido catalanista moderado, la Liga Regionalista, rebautizada en 1933 como la Lliga Catalana[33], como a unas agrupaciones no menos poderosas de talante liberal izquierdista que, con el advenimiento de la República, se habían aliado en su mayoría dando lugar a la Esquerra Catalana. El nacionalismo vasco estaba dominado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), fundado en 1895 e inicialmente mucho más exclusivista y separatista que el antiguo movimiento catalanista. Durante la primera parte del siglo XX una nueva generación de dirigentes vascos habían moderado este movimiento, pero para los liberales y los izquierdistas seguía siendo sospechosamente tradicionalista, clerical y derechista.

Los catalanistas de la izquierda liberal, muy por el contrario, apoyaron con fuerza al movimiento republicano y sus dirigentes habían participado en el no poco ambiguo «Pacto de San Sebastián», donde los jefes republicanos habían prometido actuar rápidamente a favor de la autonomía catalana a cambio del apoyo de la República por parte de los catalanes. La prematura proclamación por el líder de la Esquerra, Macià, de un Estat català había provocado la primera minicrisis republicana, según hemos referido en el capítulo 2, traducida en la inmediata restauración de la Generalitat, brazo ejecutivo del Parlamento catalán medieval (suprimido en 1713), como un poder ejecutivo regional de facto. El 24 de mayo de 1931 los concejales catalanes habían elegido una legislatura provisional (Diputación provisional), que se reunió el 9 de junio y nombró inmediatamente una comisión encargada de preparar el borrador de un estatuto de autonomía[34]. Hubo algo más que un poco de aprensión por toda España cuando Macià hizo afirmaciones como «Soy el presidente de un Estado revolucionario e izquierdista», y cuando la Esquerra hizo su campaña para las elecciones parlamentarias nacionales sobre la base de un nacionalismo francamente demagógico, con una resonante declaración a favor de la «socialización de la tierra y la propiedad[35]», rumbo a una victoria aplastante[36].

Sin embargo, el texto que presentó la comisión catalana el 20 de junio fue calificado de moderado en la mayoría de sus puntos, al no poner en tela de juicio, por ejemplo, la soberanía del Estado español en el reñidísimo tema de los aranceles. El borrador del estatuto fue aprobado por los concejales catalanes de modo casi unánime y sometido a un plebiscito popular el 2 de agosto. Participó el setenta y cinco por ciento del electorado, y el 99 por ciento de los votantes aprobó el estatuto, que fue presentado al gobierno de Madrid dos semanas después. Pero en aquel momento, las Cortes Constituyentes habían iniciado el debate de la Constitución, y se pospuso el del estatuto. Por otra parte, pese a la relativa moderación del proyecto catalán, algunas estipulaciones habían ido más allá de lo que la coalición republicana estaba preparada para reconocer, y se transfirió el asunto a un comité a comienzos de 1932.

Los dirigentes nacionalistas vascos trataron de moverse con idéntica rapidez y convocaron una reunión de los alcaldes pronacionalistas de los ayuntamientos vascos en Guernica, sede de los juramentos forales tradicionales el 17 de abril de 1931, que fue seguida por una asamblea de los alcaldes nacionalistas de las tres provincias el 8 de mayo en San Sebastián, para iniciar los planes para un estatuto de autonomía. Para atajar lo que temían que pudiera ser una propuesta nacionalista conservadora, la nueva Comisión Gestora republicana de Guipúzcoa anunció el 7 de mayo la formación de una nueva comisión encargada de preparar una propuesta de autonomía provincial para Guipúzcoa. La asamblea de alcaldes actuó entonces con celeridad autorizando a la prestigiosa Sociedad de Estudios Vascos para redactar un proyecto cuanto antes. El 31 de mayo presentó ya un texto de estatuto general del Estado vasco, y a pesar de ciertas reservas, los republicanos y socialistas vascos accedieron a apoyarlo.

Pero aquella proposición fue enmendada radicalmente por una asamblea de delegados municipales que incluía a los de los ayuntamientos de Navarra, que se reunieron en Estella (Navarra) el 14 de junio. Incluía la misma un alto grado de autonomía, la restauración del sufragio no democrático tradicional en las elecciones internas, y una autonomía total en lo tocante a relaciones Iglesia-Estado, incluyendo el derecho a negociar un Concordato aparte vasco-navarro con el Vaticano. Los representantes de los ayuntamientos navarros se reunieron el 10 de agosto para estudiar un estatuto navarro propuesto por la Comisión Gestora navarra en funciones, pero en vez de ello, los delegados de unos municipios que abarcaban el 89,5 de la población de Navarra votaron a favor de incluir a Navarra en el proyecto vasco.

Sólo en las provincias vascongadas y en Navarra se habían atrevido las fuerzas de la derecha a hacer una campaña vigorosa, y con gran éxito, en las recientes elecciones para las Cortes. Aquel advenimiento entre adversarios, combinado con los términos que se proponían para el nuevo estatuto, produjo buena alarma en la coalición gobernante. El dirigente socialista asturiano, activo en Bilbao, Indalecio Prieto, advirtió del peligro de un «Gibraltar vaticanista», al tiempo que el Ministerio de Guerra se estremecía sólo de pensar en el peligro de una rebelión regionalista y en la posible necesidad de intervenir con el ejército. Lo cierto es que José Antonio de Aguirre, lehendakari del Partido Nacionalista Vasco (PNV), se reunió con uno de los generales monárquicos que conspiraban durante el verano de 1931, pero no hubo manera de que se pusieran de acuerdo[37]. El 21 de agosto el gobierno suspendió la publicación de cuatro periódicos en Bilbao, dos en San Sebastián y tres en Pamplona, a la vez que procedía a incautarse de las fábricas de armas de las localidades vascas de Guernica y Eibar. Seguidamente se efectuaron maniobras militares en Vizcaya y Navarra.

La relación existente entre los partidos de trabajadores y la autonomía regional era ambivalente. Los socialistas vascos apoyaban la autonomía hasta cierto punto, pero se oponían al nacionalismo por considerarlo clerical y derechista[38]. Los socialistas desconfiaban también del catalanismo, al tiempo que las amistosas relaciones existentes entre el nuevo gobierno de Barcelona empezaron a deteriorarse enseguida[39]. Existían sin embargo, pequeños grupos independientes socialistas y comunistas en Cataluña que apoyaban enérgicamente la autonomía[40], a la vez que el Comintern y el Partido Comunista de España procuraban explotar el nacionalismo regional para acelerar el proceso revolucionario.

El estatuto vasco propuesto fue presentado al Primer ministro el 22 de septiembre, pero el debate parlamentario concluyó en una decisión tomada el día 26, de que las cláusulas religiosas eran anticonstitucionales, lo que dio al traste con el proyecto entero. En las semanas siguientes, los portavoces nacionalistas vascos tomaron parte muy activa dentro de la minoría que se opuso a la aprobación del articulo 26 de la Constitución, llegando a ser abofeteado en la Cortes Leizaola, uno de sus portavoces, por un diputado anticlerical. El 15 de octubre, tras ser aprobada aquella legislación, Aguirre declaró que era «completamente inútil seguir discutiendo en las Cortes[41]», y toda la delegación vasconavarra las abandonó ostensiblemente.

Los vascos tendrían que renunciar a la deseada autonomía en las relaciones Iglesia-Estado, lo que significaba en gran medida tener que volver al enfoque original de la comisión de la Sociedad de Estudios Vascos. El 6 de noviembre el Gobierno republicano decidió que las comisiones gestoras de las cuatro provincias (incluyendo a Navarra) se responsabilizaran de hacer un nuevo borrador y el 8 de diciembre decretó que la nueva comisión encargada de hacerlo se compusiera de un representante de cada una de las cuatro Comisiones Gestoras y de tres representantes de los municipios vascos, aunque, tras haberse quejado los socialistas de su falta de representación, se añadieron también tres delegados socialistas vascos. En diciembre, convertida ya en realidad la Constitución republicana, los diputados del PNV empezaron a reconsiderar su posición, manifestando una reconciliación condicional con el nuevo régimen al votar por Alcalá Zamora como presidente, mientras el resto de la minoría católica se abstenía. A finales de 1931 la coalición vasconavarra de nacionalistas, derechistas y tradicionalistas carlistas empezaba a escindirse al aumentar las diferencias existentes entre los nacionalistas y los carlistas. El 20 de diciembre los líderes carlistas decidieron que no tenían nada que hacer con un estatuto de autonomía preparado principalmente por las comisiones gestoras republicanas. A aquellas alturas iban en aumento los incidentes violentos entre carlistas y socialistas, culminando en el del 17 de enero de 1932 en el que cayeron muertos tres socialistas al protestar contra un mitin tradicionalista en Bilbao[42].

El nuevo procedimiento de instauración de un estatuto vasco exigía que unas asambleas independientes de cada una de las cuatro provincias votasen en torno al tema de un estatuto único, o sea un único estatuto de autonomía para las cuatro. Los grupos en cuestión se reunieron el 31 de enero de 1932 y aprobaron ese principio en una proporción de once a uno, votando a favor de él los representantes de ochenta y cinco municipios navarros. El nuevo documento tenía unas atribuciones algo más limitadas que su predecesor, pero conservaba la mayoría de los aspectos relativos a la autonomía en materia de legislación interna, regulación social, y política económica, a la vez que dejaba en manos del Estado más autonomía en asuntos de interés conjunto. No se mencionaba un «Estado vasco» y la nueva entidad autónoma recibía el término de «unidad autónoma político-administrativa dentro del Estado español», que recibiría el nombre de «País Vasconavarro» en español y el de «Euzkadi» en vascuence. Sus ciudadanos sólo prestarían el servicio militar dentro de la región vasconavarra, salvo para prácticas especiales y en casos de emergencia, pero toda la legislación religiosa se ajustaría a la existente en el resto del Estado español. El estatuto propuesto conservaba el concierto económico especial de las tres provincias vascongadas y el convenio de Navarra referentes a fiscalidad, pero necesitaría una nueva reasignación de la carga tributaria precisa. Debido sobre todo a la insistencia de los socialistas, el Parlamento regional propuesto estaría constituido por una mitad de diputados elegidos por sufragio universal, igualitario y proporcional de cada una de las cuatro provincias por igual y por otra mitad de listas generales elegidas dentro de la región entera como unidad (esto último otorgaba algo más de voz a las masas obreras de las zonas industriales). Cada provincia gozaría además de autonomía interna y se proporcionaba un amplio autogobierno a los municipios[43].

La oposición al borrador anterior había venido de la izquierda; el nuevo texto suscitó la hostilidad de la derecha. Las objeciones de los carlistas fueron numerosas y de fundamento: el proyecto entero era modernista e ignoraba el restablecimiento de instituciones tradicionales, se ajustaba a una República izquierdista y aceptaba sin más una Constitución anticlerical y atea; se le criticó además de sobrerrepresentar a la izquierda y de subrepresentar a los tradicionalistas. El 19 de junio de 1932 se congregó en Pamplona una asamblea de representantes de los municipios para someter a votación el nuevo documento. Los procedentes de las localidades de las tres provincias vascongadas votaron abrumadoramente a favor del mismo, pero los representantes de 123 ayuntamientos navarros votaron en contra, haciéndolo a favor las delegaciones de sólo 109, absteniéndose 35[44]. Desde entonces, la carlista Navarra, con mucho la provincia más derechista de España, adoptaría una postura cada vez más antagónica frente a los intereses del nacionalismo vasco[45]. Por otra parte, el rechazo del segundo proyecto por parte de Navarra plantearía la redacción de un documento algo diferente, ajustado únicamente a las tres provincias del País Vasco. A la exasperación de los nacionalistas se añadió el hecho de que la retirada de la rural Navarra empezó a suscitar dudas en una Álava igual de rural[46], y también una agitación contra el estatuto de parte de los intereses derechistas de esta provincia y de las otras dos del País Vasco. Ya en 1933 el nacionalismo era fuerte únicamente en las dos provincias industriales costeras de Vizcaya y Guipúzcoa[47].

Entretanto, la Comisión del Estatuto en las Cortes de Madrid había presentado su propio proyecto de estatuto de autonomía para Cataluña, muy similar al propuesto originalmente por Barcelona, aunque con algunos cambios que delimitaban la extensión de la autonomía catalana. Francesc Cambó, el portavoz principal del catalanismo moderado, declaró aquellos cambios como aceptables, pero provocaron tremendas protestas en Barcelona. Para entonces se había iniciado una reacción antiseparatista en otras partes de España. Prominentes figuras republicanas de tan distinto matiz como Lerroux, Ortega y Gasset, Maura, Melquíades Álvarez, y el diputado, más liberal, Felipe Sánchez Román declaraban sin excepción que el proyecto básico de autonomía iba demasiado lejos. Hubo protestas estudiantiles contra el estatuto catalán en la Universidad de Madrid y en varias otras ciudades, mientras que el 27 de abril el ayuntamiento de Palencia (Castilla la Vieja) hizo presión para que los diputados castellanos se retirasen del Congreso como protesta.

El debate en las Cortes se inició el 6 de mayo, para estancarse inmediatamente en un laberinto de críticas que se tradujo a fin de cuentas en unas doscientas solicitudes de enmiendas y mociones distintas. Azaña trató de enderezar la situación mediante un largo y enérgico discurso el 27 de mayo que establecía una clara distinción entre lo que podría debilitar realmente el Estado y el propio y sincero compromiso de la República hacia una autonomía legítima, aunque un tanto limitada. Pero aquello tuvo poco efecto, y a pesar de las sesiones dobles, continuó la discusión parlamentaria, aunque debilitándose su energía, durante la mayor parte del verano. Fue necesario el efecto de shock de la sanjurjada el 10 de agosto para volver a galvanizar las energías reformistas, y se aprobó finalmente el estatuto catalán el 9 de septiembre por una votación de 314 contra 24. Como un gesto de aliento hacia los cada vez más frustrados vascos, la ceremonia de la firma que ponía oficialmente en vigor la autonomía catalana tuvo lugar en San Sebastián, capital de Guipúzcoa, al tiempo que se produjeron en toda Cataluña grandes celebraciones, acompañadas algunas por gritos de «¡Viva España!».

El estatuto otorgaba al gobierno catalán la jurisdicción exclusiva en materia de derecho civil y en la mayoría de las áreas de la administración interna, especialmente en las de sanidad, transportes y bienestar público. Recibía también la facultad de administrar la legislación general española en lo tocante a obras públicas, seguros, explotación minera, bosques, agricultura y ganadería, servicios sociales y orden público, y compartiría con el Estado español la administración de los impuestos y la educación. Determinadas áreas fundamentales como los aranceles, el control fronterizo, las relaciones exteriores y las fuerzas armadas, seguían siendo de competencia exclusiva del Estado español; Cataluña tendría su legislatura, himno y bandera propios, y el catalán y el castellano serían idiomas cooficiales dentro de su territorio. Habría también un tribunal especial de apelaciones (el Tribunal de Casación) catalán, con jurisdicción en las áreas traspasadas a la administración catalana[48].

La federación de la Esquerra de Macià barrió en las primeras elecciones al Parlamento catalán el 30 de noviembre de 1932, tras las cuales Macià fue elegido primer presidente de la Generalitat y formó un gabinete exclusivamente de la Esquerra[49]. El traspaso de servicios se inició poco después. Durante el primer año, la administración de Macià se ocupó a fondo con los trámites de aprobación de una nueva legislación reguladora y anduvo sumamente activa en lo referente a asuntos culturales, fomentando el uso del catalán y trabajando de veras para extender los servicios de educación y bibliotecas. Fue un logro muy especial la mejora de los servicios de salud pública, incluyendo alguna atención a los psiquiátricos. Macià se esforzó también mucho en sacar adelante la reforma agraria y en estimular las cooperativas rurales, la experimentación agrícola y el crédito del campo. La única fuente de conflicto fueron los impuestos, porque sólo una tercera parte de los recaudados en Cataluña iban a parar a la Generalitat[50].

El tercer movimiento nacionalista notable, el gallego, era considerablemente más débil que los nacionalismos catalán o vasco, debido al menos en parte al subdesarrollado carácter rural de Galicia. Los republicanos izquierdistas galleguistas se habían reunido en una «Organización Republicana Gallega Autónoma», que constituyera la parte fundamental de la «Federación Republicana Gallega» en 1930, pero era un sector político más ocupado con los problemas de la España republicana en Madrid que con el nacionalismo gallego, al tiempo que el «Partido Galleguista» formado a finales de 1931 era mucho más débil. La primera asamblea dedicada a discutir la autonomía gallega se reunió en La Coruña el 4 de junio de 1931 para estudiar proposiciones provenientes de cuatro agrupaciones distintas. Adoptó provisionalmente el proyecto preparado por la Federación Republicana Gallega[51], pero aquella proposición, y otra más moderada que la sucedió, sucumbieron a la oposición, tanto en Madrid como en Galicia. Otra asamblea, que se reunió en Santiago de Compostela el 3 de junio de 1932, nombró una nueva comisión para que presentase otra proposición más que estuvo lista para el otoño. Entonces se reunió en diciembre una asamblea plenaria de los representantes municipales de Galicia en Santiago, y en ella fue aprobado el proyecto por un 76 por ciento de los municipios gallegos que representaban casi el 84 por ciento de los habitantes de la región. El siguiente paso a dar, de rigor, sería un plebiscito regional, pero las sucesivas crisis de gobierno de 1933 lo harían imposible, y no volvió a haber circunstancias favorables hasta después de las elecciones de 1936[52].

En el año 1932 se pusieron en marcha iniciativas autonómicas de otras varias regiones. La «Unión Aragonesa» convocó una gran asamblea en Zaragoza el 26 de junio, y en una reunión habida en Valencia el 1 de noviembre los alcaldes de 229 de los 263 municipios de la provincia votaron para que se procediese a la preparación de un estatuto para la autonomía de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón[53]. El 23 de noviembre se izó una «bandera andaluza» delante del ayuntamiento de Sevilla para simbolizar la puesta en marcha de un movimiento andalucista[54].

Las reformas laborales

Para los socialistas, las dos áreas fundamentales de la reforma residían en el trabajo y en la propiedad de la tierra. La iniciativa de lo primero le competía al ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, que trató de explotar al máximo las posibilidades existentes de reformismo republicano. El hecho de que se pudiese lograr una posición de relativa hegemonía para el sindicalismo socialista de una manera legal y constitucional a través de la administración republicana se lo facilitaba con gran eficacia. La fórmula reformista no sólo daría lugar a un sólido nuevo sistema de legislación obligatoria en el marco laboral español, sino que comprometería en él asimismo el apoyo de la izquierda de clase media, multiplicando el poder potencial del partido y de la UGT, dándoles una base más amplia que la que podrían conseguir ellos solos. Por este motivo Largo Caballero pudo declarar lleno de confianza al comienzo de la República que «el radicalismo», refiriéndose con ello al revolucionarismo violento, no podía tener cabida en España.

Declaró a El Socialista el 18 de abril de 1931 que había ideado ya «un plan de organización corporativa[55]». Lo construía sobre la base de la legislación social del régimen anterior, incluyendo la de la dictadura, vigente aún en su totalidad, y estaba destinado explícitamente a funcionar dentro de un marco de capitalismo socialdemócrata. El programa de Largo Caballero admitía que, de momento, la economía española se mantendría «dentro de la órbita de un sistema económico determinado» y que no sería posible «ir más allá de los límites establecidos en los países más adelantados del occidente europeo[56]».

El núcleo de la reforma de Largo Caballero fue presentado en ocho leyes[57], cuyos términos básicos estableció él mismo en una serie de decretos emitidos en sus tres primeros meses como ministro. Las nuevas leyes de Largo Caballero, igual que otros decretos reformistas de la fase inicial, fueron aprobados como legislación obligatoria por las Cortes Constituyentes. Se trataba de cuatro leyes sobre la regulación laboral —la Ley de Contratos Laborales, la de los Jurados Mixtos, la de la Colocación Obrera, y la de Intervención Obrera— junto con reformas administrativas básicas —reestructuración del ministerio mismo y creación de delegaciones provinciales del ministerio— y dos leyes sobre organización —la Ley de Asociaciones Obreras y la Ley de Cooperativas.

El primer decreto del activo ministro, del 22 de abril de 1931, estableció el 1.o de Mayo como fiesta nacional del trabajo, y lo siguieron otros más en una sucesión bastante rápida. Un decreto del 7 de mayo señaló el comienzo de un sistema nacional de jurados mixtos, comités conjuntos de arbitración laboral, que habían funcionado por primera vez de manera limitada en el campo de trabajo industrial durante la dictadura. Ratificado su funcionamiento por legislación posterior, el 27 de noviembre, los jurados mixtos se hicieron extensivos también al resto de la industria así como a la agricultura y los servicios. Se prestó mucha atención a simplificar los procedimientos para hacerlos más eficaces, y se destinaron muchos más fondos para su mantenimiento. Los sindicatos participantes y las asociaciones patronales nombrarían sus jurados respectivos en cada ramo y en cada distrito local. Esos miembros tenían que alcanzar un acuerdo unánime en lo tocante al presidente o si no, tendría que nombrarlo el ministerio, que nombraba además al secretario de cada jurado mixto.

Todavía más importante fue la aprobación de una nueva Ley de Contratos Laborales el 21 de noviembre, que reorganizó una ley ya existente con el objeto de facilitar los contratos colectivos (es decir, por sindicatos) como base de los contratos de trabajo a partir de entonces. Se encargó de que todos los contratos y acuerdos laborales se ajustasen totalmente a la legislación nacional laboral, especialmente en lo referente al trabajo de las mujeres y niños, al descanso dominical, la duración de la jornada laboral y el seguro. La jornada de ocho horas se había hecho ya normativa por obra de decretos anteriores, del 1 y 3 de julio. Los términos de las regulaciones laborales de todas las fábricas que diesen empleo a cincuenta o más personas tendrían que estipularse por escrito, aunque en las empresas menores podían seguir existiendo unas relaciones más informales. Se negociarían las normas generales correspondientes a cada ramo y cada área a través de los jurados mixtos. Los contratos colectivos tendrían que hacerse por escrito y con una validez mínima de dos años, y se definían también las condiciones en que podían rescindirse los contratos. Todo esto se puede comparar en general con la legislación alemana y escandinava de esa época y con la del New Deal de E D. Roosevelt en lo tocante a la regulación de los términos colectivos del trabajo y hasta cierto punto fue calcado de las líneas normativas respectivas de la República de Weimar[58].

Francisco Largo Caballero, primer ministro de Trabajo de la República.

Otras leyes se encaminaron a reducir el desempleo. Uno de los decretos iniciales de Largo Caballero (28 de abril de 1931) determinaba que se contratase por obligación a los jornaleros de cada término municipal antes de poder traer trabajadores de fuera. Otro decreto (8 de mayo de 1931) estipulaba el laboreo forzoso (cultivo obligatorio) de determinada parte de las grandes fincas cada año, para mitigar los problemas suscitados por el absentismo de los propietarios y por retirar tierras del cultivo, encargando a los gobiernos provinciales de la administración y el cumplimiento de esta ley.

El 8 de abril de 1932 fue aprobada la versión final de un nuevo proyecto de Ley de Asociaciones Laborales. Ponía al día la legislación existente y facilitaba la organización y actividad de los sindicatos. Los sindicatos agrarios estarían también capacitados para negociar contratos colectivos de arriendo para grupos de pequeños campesinos.

La reorganización administrativa del Ministerio de Trabajo no se terminó hasta fines de 1932. La principal reforma nueva, la creación de delegaciones provinciales en todo el país para hacer cumplir los cambios y arreglar los problemas, tuvo por objeto que las nuevas medidas políticas se hicieran efectivas incluso en las provincias más pobres y facilitar la organización y representación de los trabajadores. Se trataba evidentemente de un buen paso adelante para los trabajadores españoles, pero nunca llegó a alcanzar las metas que deseaba Largo Caballero, porque no se pudieron desarrollar los mecanismos necesarios a escala nacional completa. Dentro del aparato administrativo republicano las delegaciones provinciales siguieron estando subordinadas a los gobernadores civiles de cada provincia, y su eficacia real estuvo determinada en gran medida por estos últimos.

La más controvertida parcela legislativa fue la proposición de una «Ley de Intervención Obrera en la Gestión de la Industria», presentada a las Cortes en octubre de 1931, pero no sometida nunca a votación debido a la fuerte oposición. Aquel proyecto de ley supuso un audaz empeño socialista de convertir en realidad ya al principio algunas de las implicaciones más avanzadas de la Constitución, aunque de hecho tenía menos alcance del que parecía, al proponer el establecimiento de «comisiones gestoras de obreros y empleados» sólo en aquellas empresas que dieran empleo a más de cincuenta personas. Los miembros de esas comisiones tendrían que estar afiliados a sindicatos debidamente constituidos e iban a tener un papel esencialmente consultivo sólo en los aspectos técnicos del trabajo. En cambio no iban a tener voto en las mesas directivas ni autoridad alguna en lo tocante a la financiación o las utilidades. No se trataba de una proposición de auténtico «control obrero», pero aun así representaba un cambio de alguna importancia, y no recibió el apoyo general de los partidos republicanos[59].

Un objetivo mayor de la reforma laboral residía en crear un sistema nacional de seguro general y completo, una cosa que denominó Largo Caballero «el seguro integral». El artículo 46 de la Constitución, referente al trabajo, era detallado y especificaba entre otros aspectos que «Su legislación social regulará: los casos de seguros de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad»; había existido ya durante más de veinte años un Instituto Nacional de Previsión, pero carecía de recursos para extender la cobertura del seguro a gran escala por todo el país. Largo Caballero se movió con rapidez para proporcionar a los jornaleros del campo las mismas oportunidades que tenían ya los obreros de la industria, pero habrían hecho falta fuertes subsidios del Estado para crear un amplio sistema de seguros nacional y en consecuencia, los logros en su conjunto fueron más bien limitados. Durante los años de la República el seguro de pensiones se extendió a 1 300 000 trabajadores más, alcanzando un total nacional de 5 500 000, mucho más de la mitad de la población activa de 8 800 000. En 1935 los fondos dedicados al seguro de maternidad eran 12,5 veces superiores a los existentes en 1926, aunque distaban de ser completos. Se avanzó mucho en cuanto al seguro por accidentes, aumentando los pagos en un 300 por ciento entre 1933 y 1935[60].

Las reformas laborales constituyeron un logro impresionante. El trabajo organizado y los obreros en general obtuvieron mejoras salariales, poder, respeto y mejores condiciones de trabajo que las que habían conocido nunca[61]. Se prestó mucha atención a los derechos y situaciones de las mujeres trabajadoras, aunque es cierto que siguieron existiendo problemas graves[62]. Los resultados conseguidos fueron más impresionantes en la agricultura, donde los jornales aumentaron acusadamente en los años 1932-1933. Es evidente que los términos de la legislación estaban redactados a favor de la UGT, pero la negativa general de la CNT a participar en los jurados mixtos y demás instituciones no fue culpa ni del Gobierno republicano ni de los socialistas.

Existieron al mismo tiempo serias cortapisas para el cumplimiento de las reformas laborales. Dependían, para empezar, de una imposición local que a menudo brilló por su ausencia. Los funcionarios republicanos provinciales eran por lo común mucho más conservadores que los socialistas del Ministerio del Trabajo. Se produjo además en cosa de meses una fuerte resistencia entre los patronos, especialmente en los distritos rurales, donde se empeñaban cada vez más en ignorar o en sabotear de arriba a abajo gran parte de aquella reforma. Unos cuantos aspectos de ella, por ejemplo el decreto concerniente a los términos municipales, estaban sencillamente equivocados, porque, sin ir más lejos, servían de muy poco en las zonas de desempleo masivo y por otra parte impedían el flujo de la mano de obra.

Por todos esos motivos, no se puede establecer un balance riguroso de las reformas laborales. Fueron en general progresistas y saludables y presentaban facetas sumamente beneficiosas, y sirvieron sobre todo para mejorar la paga de los jornaleros. Es evidente que hicieron subir los costos, en algunas áreas más de lo que podía soportar la economía, pero fueron en general beneficiosos para una sociedad conflictiva y subdesarrollada en una época de depresión.

Obras públicas

El desarrollo de las Obras Públicas constituía desde luego una necesidad perentoria, cuyo remedio se inició por primera vez en gran escala en tiempos de la dictadura, que puso en marcha un sistema moderno de carreteras y aumentó las inversiones dedicadas a ferrocarriles y obras hidráulicas. El último gobierno regular de la monarquía, enfrentado a un aumento de la deuda pública, había hecho cortes considerables en 1930, a la vez que el programa original de la República puso mucho menos hincapié en los problemas económicos que en la reforma política, institucional y sociocultural. El primer ministro de Obras Públicas republicano, Álvaro de Albornoz, canceló gran número de proyectos anteriores, aunque en agosto de 1931 anunció un nuevo programa para Andalucía y Extremadura que gastaría 423 millones de pesetas en tres años, en parte mediante una financiación del déficit. Tenía por objetivo la construcción de carreteras y sistemas de riego e iba destinado a combatir el desempleo en la parte más pobre de España.

El principal ministro de Obras Públicas de la República fue Indalecio Prieto, que sustituyó a Albornoz en el segundo gabinete de Azaña de diciembre de 1931 y permaneció en el cargo durante veintiún meses. Puso el máximo hincapié en los programas hidráulicos, cuyos gastos casi se triplicaron en 1933 en comparación con el último presupuesto regular de la monarquía. En noviembre de 1933 (poco después de dejar el cargo Indalecio Prieto) fue aprobado un nuevo Plan Nacional de Obras Hidráulicas para los veinticinco años siguientes, trazado bajo la supervisión de Manuel Lorenzo Pardo, el principal ingeniero y planificador de regadío de España, cesado por el sectario y superficial Albornoz y restituido al cargo por Prieto. Mientras que la construcción de presas y los nuevos programas de regadío efectuados bajo la dictadura habían estado relativamente descentralizados y se autorizaban en aquellas zonas donde se necesitaban más, la política ministerial de Prieto tuvo un carácter más nacional y centralizado. Se dirigió por otra parte más hacia el Sur, tendiendo a cubrir tanto las necesidades inmediatas como las de a largo plazo, enfocada hacia algunas de las zonas más secas y pobres en las que los propietarios mismos se resistían a pasar al sistema de regadío. Aunque el plan se basó en la asignación presupuestaria pública, una nueva ley de 1932 exigía que todos los terratenientes cuyos predios incluyesen un 20 por ciento de tierra de regadío pagasen determinada cantidad de los proyectos nuevos. El objetivo era triplicar en veinticinco años la superficie de tierra irrigada y los resultados inmediatos fueron impresionantes. Mientras la dictadura había aumentado ya en casi el doble el número de embalses de veintinueve existentes en 1920 a cincuenta y uno en 1930 y algo más que duplicado el volumen total de capacidad de agua, entre 1930 y 1935 se construyeron un total de veintinueve pantanos más —en su mayoría mayores— más que triplicando la capacidad total de agua embalsada[63].

Indalecio Prieto

En 1932 inició además Prieto nuevos y significativos desembolsos en ferrocarriles, principalmente en el Norte, aunque más de la mitad del costo iba a estar a cargo de los gobiernos e instituciones locales, y establecieron un nuevo sistema de supervisores e inspectores del Estado para las compañías de ferrocarriles, todavía de propiedad privada. Se inició en Madrid un proyecto de gran alcance de construcción de nuevas oficinas gubernamentales, los nuevos ministerios, para proporcionar espacio administrativo moderno adecuado a un gobierno del siglo XX.

Comoquiera que la administración republicana, de un carácter fiscal bastante conservador, se resistía a aceptar todo lo que no fuese una cantidad relativamente modesta de déficit presupuestario, se impusieron límites estrictos a la expansión de las obras públicas. El logro principal fue la construcción masiva del programa de obras hidráulicas, aunque nunca se cumplió el objetivo paralelo de crear suficientes nuevos empleos en obras públicas para eliminar el desempleo[64].

La reforma agraria

Todo el mundo reconocía que la existencia de un enorme proletariado rural sumido en la miseria en la mitad sur del país constituía el más importante problema social de España, pero las propuestas existentes para hacerle frente eran diferentes en extremo. La postura de los conservadores sostenía que aquel problema estaba tan gravemente tarado por limitaciones técnicas y económicas que no era posible en absoluto su solución inmediata; sólo se podían destinar unas partidas limitadísimas para la adquisición de secciones de los latifundios destinados a la distribución, de tal manera que el problema básico sólo se podría resolver mediante una modernización a largo plazo, capaz de transformar la estructura de la agricultura y absorber la mano de obra excedente mediante el empleo urbano. En el extremo opuesto se situaban los distintos grupos de revolucionarios que clamaban al unísono por una reforma agraria radical, con la confiscación o adquisición de las propiedades más extensas y su distribución entre los jornaleros y minifundistas, de preferencia en forma de unidades de explotación colectiva. Ocupando una especie de término medio estaban las distintas actitudes de los republicanos de clase media, quienes creían que había que tratar de hacer la reforma agraria, pero no estaban de suyo dispuestos a hacer grandes sacrificios para proporcionar la financiación adecuada y desde luego no creían en la colectivización de la agricultura[65].

Aunque el problema era grave, sus dimensiones eran prácticamente las mismas que en la mitad meridional de Italia y de Portugal, y no alcanzaban dimensiones coloniales ni tercermundistas. En el México de 1940, por ejemplo, incluso después de la reforma de Lázaro Cárdenas, las propiedades de más de mil hectáreas ocupaban en conjunto el 61,9 por ciento de la superficie agrícola del país, mientras que la estadística equivalente para España era de alrededor del 5 por ciento[66].

España se caracterizaba tanto por unos minifundios diminutos como por los grandes latifundios, concentrados los primeros principalmente en el Norte. Técnicamente el grueso de las unidades de explotación agraria —casi 42 millones de un total nacional de un poco más de cincuenta y cuatro millones en 1959— se componía de posesiones minúsculas de menos de media hectárea, en que a menudo una familia era dueña de unas cuantas de esas fincas enanas. Ascendían éstas en su conjunto a menos del 11 por ciento de toda la superficie de cultivo de España. Las fincas de entre media y una hectárea hacían un total de casi 6 900 000 y componían en conjunto otro 10 por ciento de la tierra cultivada, mientras las de una a cinco hectáreas eran 4 243 122 y suponían casi el 18 por ciento de las tierras cultivadas. En 1959 había 596 035 posesiones de entre cinco y diez hectáreas, correspondientes sólo al 8,3 por ciento de la superficie cultivada, y sólo 439 404 «fincas medianas» de entre diez y cien hectáreas de extensión que sumaban alrededor del 25 por ciento de la superficie cultivada. Como vemos, propiedades muy pequeñas, de menos de diez hectáreas equivalían al 99,1 por ciento del total de fincas rústicas[67].

Había unas cincuenta mil propiedades extensas de más de cien hectáreas y algo más de mil latifundios propiamente dichos, de más de mil hectáreas. Este total de algo más de cincuenta y una mil propiedades grandes de más de 100 hectáreas de superficie ocupaban alrededor del 35 por ciento del total del terreno cultivado (correspondiendo a los verdaderos latifundios sólo un 5 por ciento del total), aunque constituían el 53,5 por ciento de los bienes raíces y contenían proporcionalmente más superficie no cultivada[68].

El problema no residía sólo en las dimensiones estrictas de las propiedades, sino incluso más en la ineficacia técnica de la mayor parte de la agricultura española, debida a una combinación del frecuente absentismo de los propietarios de los grandes predios y la falta de alternativas existente para unos jornaleros subempleados y sumidos en la miseria. La aristocracia no constituía más que una parte del problema total, dado que poseía sólo un 6 por ciento de la tierra. La propiedad de la mayoría de las posesiones grandes tenía un origen relativamente reciente, el grueso de los títulos de la propiedad rural databa de mediados del siglo XIX, y una minoría significativa de comienzos del siglo XX. Era más significativo el hecho de que, existiendo un mercado interior protegido y abundante mano de obra barata, la mayoría de los propietarios tenían poco incentivo racional para modernizar sus técnicas, aunque en determinadas regiones había habido una mejoría lenta, pero continua, desde finales del siglo XIX.

El asunto se complicaba aún más debido al considerable abismo político y cultural existente entre las poblaciones agrarias del Norte y el Sur de España. Las familias propietarias —pequeños propietarios, propietarios de clase media y latifundistas ricos combinados— comprendían el 60 por ciento de la población agraria del Norte y Centro de España, e incluso más en el tercio septentrional solo. Esto le daba al Norte de España e incluso a parte de la España central un perfil político más conservador, reforzado por la identidad y cultura religiosa católica extensivas a la mayor parte de la población rural.

En el Sur, en cambio, las familias con propiedad agraria constituían poco más de un tercio de la población rural. Los 1 900 000 jornaleros varones adultos del campo de España se concentraban, aunque desde luego no exclusivamente, en el Sur, donde todavía en 1956 alcanzaban un 43,3 por ciento de la población rural activa[69]. La población agraria del Sur de España no sólo tenía muchas menos propiedades y era en general más pobre, sino que se había ido separando cada vez más de la religión establecida hasta entonces, lo que exacerbaba el antagonismo hacia el orden existente. Un aumento, lento pero continuo, de la proporción de la población correspondiente al Sur, debido principalmente a un índice menor de emigración, hacía aumentar inevitablemente el crónico desempleo y el malestar general. Aunque la agricultura española en general iba modernizándose lentamente, la difícil situación habitual del 1 900 000 jornaleros y de los estratos más bajos de los 700 000 pequeños arrendatarios y aparceros —sujetos a jornales muy bajos o a rentas relativamente altas, o a ambas cosas, a lo que se añadía la inseguridad de los contratos de arrendamiento o aparcería— mejoraba muy poca cosa.

La agitación y la actividad huelguista entre los trabajadores del campo había alcanzado proporciones notables por primera vez en 1903-1904, y disminuyó después para resurgir con más fuerza que nunca en el denominado trienio bolchevique de 1918-1920. La ligera mejora de condiciones de comienzos y mediados de los años veinte, unida al aumento de la alfabetización y al renuevo de la organización y la agitación, potenció la toma de conciencia de gran parte del empobrecido Sur. Esta tendencia no hizo más que acentuarse bajo los efectos de la predepresión agrícola que se inició con una caída general de los precios en 1927, seguida muy de cerca por una reducción de la superficie cultivada y un claro aumento del desempleo ya desde la primavera de 1929. La mala meteorología de los años 1930-1931 exacerbó todavía más la crisis agraria[70], aunque la llegada de la República trajo de pronto nuevas esperanzas. En consecuencia el nuevo régimen coincidió con un ahondamiento del sentido de indignación y un salto repentino en cuanto a expectativas, lo que produjo unas condiciones más volátiles que las que había habido hasta entonces.

Los dirigentes republicanos reconocían en general que había que hacer algo, pero los socialistas insistían en que había que darle a aquello una gran prioridad. Sin embargo, no hubo acuerdo alguno en cuanto a la solución, y es cierto que no había opciones fáciles. Nos dice Edward Malefakis:

España carecía de todas las ventajas que habían hecho más fácil la reforma agraria en otras naciones. A diferencia de los nuevos continentes de América del Norte y del Sur, ni el Estado ni los municipios poseían tierra laborable que se pudiera entregar a los campesinos por disposición ejecutiva y sin expropiación. En contraste con Grecia en la década de 1920 o con la Francia revolucionaria, le pertenecía a la Iglesia tan poca tierra, que la vía alternativa que habría permitido evitar la expropiación de propiedad individual estaba también cerrada. A diferencia de Rumania en 1918 y Argelia en 1963, no pertenecían a extranjeros extensiones importantes de tierra, por lo que no se podía desviar hacia fuera del marco político de la nación ninguna de las repercusiones que habrían seguido a la expropiación de la propiedad particular. Ni pertenecía tampoco en España suficiente tierra a la nobleza para hacer posible una reforma agraria significativa sobre la base única de una cruzada antiaristocrática. Si había que distribuir tierra entre los campesinos, sólo había un grupo al que se le podía quitar: a los propietarios burgueses que, en la mayoría de los aspectos esenciales, estaban plenamente integrados en la estructura política de la nación, y no podían ser sujetos de expropiación sino a costa de atacar algunos de los principios básicos de esa estructura[71].

El Gobierno Provisional actuó rápidamente, por decreto, para dar algún alivio a los arrendatarios rurales y a los jornaleros subempleados. Una medida adoptada el 29 de abril de 1931 protegió a los arrendatarios contra la cancelación repentina de sus arrendamientos, mientras que, desde el Ministerio del Trabajo, decretó Largo Caballero la jornada de ocho horas, inició la expansión de los jurados mixtos e impuso los controvertidos decretos sobre los términos municipales para conservar las oportunidades laborales existentes para la población local, y el laboreo forzoso, que exigía a los grandes propietarios que se atuviesen a los «usos y costumbres» conservando en cultivo una proporción razonable de su superficie o que procediesen a la entrega a las asociaciones de labradores de una proporción equivalente de la misma.

El primer paso dado hacia una reforma agraria fue el nombramiento de una Comisión Técnica presidida por el eminente jurista liberal Felipe Sánchez Román, que presentó un proyecto a las Cortes Constituyentes el 20 de julio de 1931. Proponía establecer al año de cincuenta a setenta y cinco mil familias sin tierras por períodos de doce a quince años en tierras tomadas exclusivamente de las propiedades más grandes. No iba a haber ninguna expropiación sin una compensación razonable, aunque se aceptaba de entrada que aquello podría costar hasta un 7 por ciento del presupuesto anual del Estado. El borrador proponía financiar la mayor parte del programa con un impuesto aplicado a los grandes terratenientes. Se trataba de una proposición coherente, técnicamente sensata y honrada, pero chocó con una rígida oposición de los conservadores y no fue apoyada por los socialistas, que querían algo más[72].

En consecuencia, la proposición de Sánchez Román fue sustituida por un proyecto alternativo redactado por Alcalá Zamora, que proponía concentrarse especialmente en las propiedades de los aristócratas y las abandonadas. La Comisión de Agricultura de las Cortes, que enmendó el proyecto en octubre, le dio unos términos mucho más radicales. El proyecto revisado no concedía exención a las tierras sometidas a cultivo directo, ninguna compensación en la expropiación de tierras de aristócratas que procediesen de dominios señoriales tradicionales y una compensación de las demás tierras a razón de poco más del tercio a la mitad de su valor de mercado. Esta medida había pesado casi tanto como la aprobación del artículo 26 en la dimisión de Alcalá Zamora como Primer ministro. Como reacción presentaron dos proyectos más moderados Diego Hidalgo, de los radicales (a pesar de su lerrouxista nombre, el más conservador de los partidos republicanos en las cuestiones económicas) y Juan Díaz del Moral (un escritor notable sobre temas agrarios del Sur) de la orteguiana Agrupación al Servicio de la República[73]. Aquellas proposiciones fueron rechazadas categóricamente por los socialistas, que lograron que se presentara a las Cortes el 26 de noviembre el proyecto de ley principal con sus aspectos más radicales acentuados. Pero a la coalición de Azaña le faltó la fuerza necesaria para pasar por el Parlamento esa legislación entera, y aquella controversia se convirtió en uno de los principales factores de la retirada de los radicales del gobierno en diciembre[74].

La gran extensión de la oposición llevó al gobierno a presentar una versión más, algo más moderada, que fue remitida a la comisión el 24 de marzo de 1932. Su debate se convirtió en el principal drama legislativo del verano de 1932 (eclipsando incluso al del estatuto catalán), pues se le dedicaron como tres cuartas partes de la discusión en las Cortes entre el 10 de mayo y el 9 de septiembre. Igual que en el caso de la autonomía catalana, el atasco fue roto al final por la catarsis de la sanjurjada, que fortaleció de veras al gobierno a la vez que debilitaba a la oposición. El 8 de septiembre Azaña mismo pronunció por primera vez un gran discurso a favor de la reforma agraria, y al día siguiente los principales partidos republicanos (incluyendo a los radicales) se unieron a la aprobación del proyecto de ley por la aplastante votación de 318 contra 19. Sólo los agrarios votaron contra él, pero más de un cuarto de los diputados —130 en total, incluyendo a Ortega y su pequeña agrupación— se abstuvieron. El gobierno añadió todavía una enmienda en la que se culpaba a la gran aristocracia, a los Grandes de España de la reciente rebelión, a pesar de que, de los treinta y un aristócratas detenidos en conexión con ella, sólo dos eran Grandes y no existían pruebas de ningún tipo de que estuviesen implicados la mayoría de ellos. La enmienda los castigaba confiscando sin compensación todas las tierras propiedad de Grandes de España sometidas a la nueva legislación, aunque se les permitía conservar los bosques y las tierras de pastoreo y una porción menor de sus tierras cultivadas. Azaña declaró que la República era «revolucionaria» y tenía que adoptar normas de justicia revolucionaria: por esa razón carecía de importancia (en una expresión típica de la lógica azañista) el que los distintos Grandes tuviesen algo que ver con la rebelión; había que romper el poder económico de la derecha monárquica, y aquellas confiscaciones constituirían un arranque libre de gastos para la reforma agraria.

La Ley de Reforma Agraria de septiembre de 1932 resultó complicada en extremo, pero era en general más suave que las leyes de reforma agraria de Europa Oriental de la década anterior. Como se iban a proporcionar compensaciones para todas las tierras, excepto las de los Grandes, y se respetó el principio de propiedad privada —con límites que variaban de acuerdo con la cantidad sujeta a expropiación en las diferentes categorías—, constituía más una reforma auténtica que un acto revolucionario. La ley definía trece categorías de tierra expropiables, con unos límites máximos no sometidos a expropiación que variaban de 100 a 150 hectáreas tratándose de viñedos, a 300 a 600 hectáreas si se trataba de cultivos de cereales (la categoría más común) y de 400 a 750 hectáreas en los pastos y dehesas parcialmente cultivados. Estipulaciones adicionales permitían reducir en ciertos casos los límites excluyentes, aplicándose la más importante de ellas al ruedo o sea las tierras que rodeaban de cerca las aldeas y localidades rurales, permitiendo la expropiación de todas las tierras sin cultivar en un radio de dos kilómetros en torno a las aldeas habitadas que superasen la tierra tasada a más de 1000 pesetas (es decir, alrededor de 20 hectáreas de cultivos de cereales) por cada propietario residente en el municipio en cuestión. Aquello satisfizo una exigencia de los socialistas, que esperaban hacer más atrayente la labranza colectiva mediante la asignación de secciones de fincas grandes directamente adyacentes a las zonas habitadas. Sólo cuatro tipos de propiedades quedaron sujetas a una expropiación completa: la tierra procedente del dominio feudal, la tierra de arrendamiento permanente, la tierra de zonas propiamente de regadío que no estuviese regada y la tierra cuyo cultivo se considerase inadecuado o muy deficiente, manifiestamente mejorable. Estipulaciones muy complejas definían los casos en cuestión para salvaguardar la pertinencia del proceso y su objetividad. Casi ninguna de aquellas especificaciones era cosa nueva, y habían sido presagiadas todas ellas en la serie de proyectos de reforma agraria desarrollados desde 1907. Por otra parte, el máximo total que cada propietario podría tener libre de expropiación no se computaría sobre la base del total de sus propiedades rústicas en cada distrito municipal. La tierra calificada como directamente cultivada (un término muy flexible) le aportaría a su propietario una bonificación hasta del 33 por ciento más en su límite máximo dentro de cada municipio no sujeto a expropiación, con lo que el grueso de la tierra cultivable de la nación quedaba a salvo de riesgos[75].

Aquella ley produciría unos efectos dramáticos sólo en las zonas de latifundios del Sur y Centro-Sur del país, donde en algunos municipios el 50 al 60 por ciento, o incluso en unos pocos casos el 70 por ciento de la tierra podía estar sujeta a expropiación. En las tres provincias fundamentalmente latifundistas, ello podría incluir el 46,3 por ciento de la tierra de cultivo, en Badajoz, el 46,6 por ciento, en Córdoba, y el 52,8 por ciento, en Sevilla. Pero incluso allí había tantas limitaciones individuales, que la extensión real de tierra susceptible de expropiación era de hecho considerablemente menor. Además, la cláusula de arrendamiento referente a la expropiación de tierras en arriendo permanente se restringía a los distritos con latifundios, quedando excluidas las pequeñas unidades de arriendo tradicionales del Centro y Norte de España.

Con todo, en otros sentidos el efecto de las complejas estipulaciones de la ley era paradójico, porque la gran mayoría de los predios sujetos técnicamente a la obligatoriedad del registro y potencialmente susceptibles de algún grado de expropiación, ni eran latifundios ni tampoco estaban situados en las principales provincias latifundistas. Cuando se terminó de hacer en 1933 el censo de los propietarios de tierras que podrían estar sujetas a expropiación, contenía 79 554 nombres, más de dos tercios de la España Central y del Norte y no de los distritos latifundistas, aunque en su mayoría no iban a quedar de hecho muy afectados por la expropiación. Si el censo se hubiera limitado a las once provincias más latifundistas, sólo habrían sido afectados potencialmente 20 469 propietarios. Por otra parte, de 879 371 unidades de tierra potencialmente afectadas, sólo el 17,6 por ciento estaban situadas en las once provincias latifundistas. Casi todas las estipulaciones salvo la cláusula de arriendos se aplicaron por igual a todas las regiones, debido a la insistencia de los socialistas en que la ley fuese uniforme y tuviese el máximo alcance posible. En los pequeños distritos municipales montañosos del Norte y en las zonas de denso cultivo de Levante junto al Mediterráneo, las exenciones de la cláusula de arriendos eran muy superadas por los efectos de la cláusula del ruedo, porque al existir tantos municipios pequeños en esos distritos ocurría que casi la mitad de la tierra quedaba clasificada como tierra del ruedo. Incluso en el Sur, había un número considerable de propietarios medianos e incluso bastante pequeños que, a causa de los intrincados términos de la reforma, verían en realidad sujeta a expropiación una proporción mayor de su total de propiedades que la que les correspondería a la mayoría de los latifundistas, debido a las consecuencias de las cláusulas de arriendo y de ruedo y a la ausencia de los totales acumulativos correspondientes a cada gran terrateniente[76].

Como consecuencia, a pesar de existir sólo de diez a doce mil verdaderos latifundistas, los términos potenciales de la reforma afectaron en teoría a no menos de ochenta mil propietarios. Podían verse afectadas casi novecientas mil fincas, aunque las verdaderamente grandes eran entre treinta y cuarenta mil. Los socialistas habían aceptado algo que en la mayoría de los aspectos era una reforma muy moderada, pero insistieron en que se aplicase muy extensamente, suscitando la enemistad de hacendados medianos y pequeños. Y a la inversa, sus opositores principales dedicaban su trabajo especialmente a proteger sobre todo la propiedad de los hacendados medianos y grandes, al tiempo que ignoraban los intereses de los propietarios medianos y mediano-pequeños.

Aunque sólo se iban a confiscar de un golpe algunas heredades extensas de los Grandes de España, los términos de compensación podían variar muchísimo. Un complejísimo conjunto de fórmulas se encargaban de que los dueños de propiedades pequeñas y medianas recibieran el 20 por ciento del valor total en efectivo y una compensación complementaria de un 67 por ciento, el resto en bonos a diez años con un 5 por ciento de interés. Los dueños de los latifundios más grandes recibirían inicialmente solo el 1 por ciento en efectivo y una compensación complementaria que ascendía sólo al 28 por ciento. Sin embargo, una vez terminada la valoración, resultó que las estipulaciones más extremas de la compensación limitada iban a afectar a unos pocos. No más de 99 de los 262 Grandes iban a sufrir las expropiaciones más rigurosas dado que en su mayoría no poseían suficiente tierra de las categorías indicadas en distritos individuales, y las propiedades afectadas iban a sumar menos de seiscientas mil hectáreas, capaces de dar acomodo a poco más de sesenta mil familias sin tierras, una exigua minoría de las que las necesitaban. Si las expropiaciones seguían adelante de acuerdo con la legislación, la mayor parte de la tierra tendría que venir de otros propietarios y de fincas más pequeñas, a las que correspondía un mayor índice de compensación, lo que elevaría mucho la carga del Estado. Por lo demás, el Gobierno convino también en redimir las hipotecas existentes en las unidades expropiadas y dar una compensación por las cosechas y cultivos afectados, lo que subía los costos todavía más[77].

La ley concedía prioridad a los campesinos totalmente carentes de tierras como beneficiarios de las adjudicaciones disponibles. A petición de los socialistas, se concedió la segunda prioridad a sociedades de trabajadores del campo ya existentes que se habían constituido por lo menos dos años antes (en la mayoría de los casos, por la UGT[78]). La tercera prioridad les correspondía a los dueños de fincas de menos de diez hectáreas, mientras que la última prioridad en la adjudicación de tierras se le dio a los pequeños arrendatarios y aparceros que ocupaban unidades de menos de diez hectáreas. Este último apartado mejoró con la circunstancia de que a los arrendatarios que hubiesen trabajado una misma tierra en unidades de menos de veinte hectáreas durante seis años o más se les garantizaba el arriendo enfitéutico (vitalicio), que se aplicaría también a los arrendatarios de unidades mayores que las hubiesen trabajado durante treinta años o más. La propiedad final del total de las fincas sujetas a la reforma agraria correspondería al Estado y no pasaría directamente a los labradores, disposición que provocó muchas críticas. Se creó un Instituto de Reforma Agraria con un consejo ejecutivo propio, así como juntas provinciales para administrar la reforma, y se dispuso también la creación de un Banco Agrario Nacional para proporcionar crédito a los beneficiarios y ayudar a otros pequeños labradores necesitados[79].

El resultado fue un programa complicado en extremo, básicamente inadecuado para lograr los objetivos buscados por sus promotores iniciales y desesperadamente escaso de fondos. Se disponía de tan poco dinero que, como se indica en la tabla 4.4, después de más de dos años sólo se habían dejado establecidas 12 260 familias, un número tan diminuto que apenas llegaba a constituir un comienzo. Entre los defectos básicos estuvieron la determinación de los socialistas de aplicarlo al país entero, incluso a regiones donde no era apropiado, la negativa categórica a conceder la propiedad directa, y el rechazo de cualquier programa de redistribución fiscal, ya fuese mediante un impuesto sobre la renta o un impuesto adicional sobre las grandes propiedades, para financiarlo. Como consecuencia, la reforma terminó sin conseguir lo uno ni lo otro, pretendiendo los socialistas extenderla y mostrando la izquierda republicana de clase media demasiada tibieza en lo referente a los cambios económicos básicos necesarios para darle apoyo y financiamiento para hacerla eficaz. O sea que la oposición derechista tuvo más éxito en la defensa de sus intereses en este apartado que en ningún otro. Según escribiría más adelante un líder republicano, la debilidad de la reforma no ganó simpatizantes para la defensa de la República, pero el hecho mismo de que existiese, y con una estructura tan complicada, le buscó a la República nuevos enemigos en el centro y la derecha.

Tabla 4.4. Tierra expropiada y ocupada bajo la Ley de Reforma Agraria hasta el 31 de diciembre de 1934

| Número de fincas | Extensión (en hectáreas) | Propietarios establecidos
Expropiadas | 468 | 89 133 | 8609
Ocupadas | 61 | 27 704 | 3651
Total | 529 | 116 837 | 12 260

Fuente: Instituto de Reforma Agraria, Agrarian Reform in Spain, Londres, 1937, 29.

Las reformas republicanas vistas en retrospectiva

La legislación reformista de 1931-1933 representó un esfuerzo significativo, a menudo impresionante, para remediar algunos de los problemas cruciales de la democratización y modernización de España. Hubo logros de envergadura en cuanto a construcción de nuevas escuelas, expansión del cuerpo de maestros del Estado, reforma y modernización del trabajo, y un programa más creativo de obras públicas, dirigido hacia el Sur y hacia un crecimiento económico futuro. Aunque limitada, la reforma militar de Azaña fue la más extensa, y en algunos aspectos, la mejor concebida en más de un siglo. Por primera vez se dio un avance decisivo en cuanto a autonomía regional, indispensable para el desarrollo de una democracia moderna estable en España. Además, el nuevo sistema amplió sobremanera los derechos de la mujer. El articulo 25 de la Constitución especificó que no habría ninguna distinción de los privilegios legales por el sexo, al tiempo que la legislación ulterior establecería unos términos liberales en lo tocante al divorcio y al aborto[80].

Pero algunas de las reformas fundamentales fueron muy defectuosas en cuanto a objetivo o diseño y en último término contraproducentes. Aquella obsesión anticlerical que insistía en que la mera separación de la Iglesia y el Estado era una cosa inadecuada, que había que perseguir el catolicismo y eliminar la enseñanza católica, constituyó un error fundamental que nunca se podrá justificar sin más haciendo referencia a la ejecutoria anterior de la Iglesia. Azaña mismo reconoció en cierta medida la contradicción existente en tratar de construir una democracia sobre la base de negar derechos, aunque insistía en que aquello era necesario por motivos de «salud pública». La consecuencia fue el comienzo de un proceso de polarización política y la aparición de una nueva derecha católica hostil a la democracia republicana. Y además zancadilleó hasta cierto punto la expansión educativa, porque muchas de las nuevas escuelas hicieron falta sencillamente para sustituir a las instituciones católicas que iban a ser suprimidas arbitrariamente.

La plataforma republicana dio total prioridad a una consumación de la reforma liberal decimonónica en cuanto a democratización, secularización y revolución cultural, pero casi por definición eso era una cosa inadecuada para hacer frente al total de problemas del siglo XX. Ortega y unos pocos más llamaron la atención sobre la ausencia de una política económica coordinada hacia el logro de una expansión y modernización económicas, sin las que jamás se podrían resolver los problemas básicos. Los republicanos de clase media carecían sencillamente de objetivos económicos y se les escapó incluso prestar atención a una reforma fiscal y a una tributación más progresista. Los socialistas se dedicaron mucho más a los asuntos sociales y económicos y se puede considerar a Prieto y Largo Caballero —con métodos sumamente distintos— como ministros desarrollistas y modernizadores. Sin embargo, la preocupación última de los socialistas residía en la redistribución y, en cierta medida, en promover el colectivismo, por encima de la modernización y el aumento de la productividad. Estas dos últimas, por descontado, no constituían los objetivos supremos de la mayoría de las agrupaciones políticas europeas de los años treinta.

Incluso algunas de las reformas más positivas, como la autonomía catalana y la reorganización de las fuerzas armadas, incluyeron aspectos negativos de importancia. Los términos del estatuto de autonomía eran básicamente justos y razonables; en parte por esa misma razón no satisficieron del todo a los catalanistas de izquierda y en consecuencia resultaron inadecuados para capear la primera crisis grave en 1934. Al mismo tiempo, el relativo éxito del catalanismo provocó una reacción antagónica entre los militares y otros sectores de la derecha, donde empezaba a desarrollarse un nuevo nacionalismo a contracorriente españolista de ultraderecha. Aunque la reforma militar tuvo mucho más de positivo que de negativo, sus logros fueron limitados, y el estilo mismo de liderato de Azaña era contraproducente. Puede haber sido también un error gastar tanto como lo que se gastó en los militares. Habría sido mejor gastar aquel dinero en educación o en obras públicas.

Aparte de la eclesiástica, la más problemática de todas las reformas fue la agraria, que implicó intereses económicos de envergadura y reveló el grado de división existente en las agrupaciones políticas y sociales. Ninguno de los partidos republicanos regulares se hallaba realmente comprometido en una reestructuración radical de la propiedad ni está muy claro de qué habría servido una expansión masiva del número de minipropietarios rurales. Dejando muy aparte la fundamental división de prioridades existente entre los republicanos de clase media y los socialistas, se tropezaba con la limitadísima base material existente para el financiamiento y el crédito, la modernización y la productividad, claves de cualquier mejoría real. La reforma fue concebida en su mayoría como un «juego de suma de ceros» bastante penalizador. A la vez que se malquistaba con la mayoría de los propietarios de tierras, la limitada reforma no era realmente convincente para los arrendatarios pobres y los jornaleros. En algunos casos pudo haber exacerbado la expresión de resentimiento, como en el caso de los disturbios campesinos que aumentaron en la provincia de Badajoz en los tres últimos meses de 1932[81].

Se ha dicho que la Segunda República trató de resolver demasiados problemas y practicar demasiadas reformas a la vez, sobrecargando inevitablemente el sistema. Esto tiene algo de cierto. El modelo históricamente más cercano de que dispusieron los líderes republicanos fue el reformismo de fin de siglo de la Tercera República francesa, pero la secuencia de los hechos y la estructura de los problemas existentes en España eran de suyo muy diferentes. La Tercera República francesa se instaura tras haberse logrado en las décadas de 1840-1870 la ruptura fundamental hacia la industrialización moderna y el desarrollo técnico. La primera década de la Tercera República francesa se dedicó principalmente a la consolidación política en ausencia de toda reforma estructural, cultural, institucional o social de alcance. El reformismo republicano francés no se puso en marcha hasta 1880 y se concentró en la educación y la sanidad, prestando también alguna atención a la vivienda, las condiciones de trabajo y la ayuda mutua. Su ritmo fue mucho más cuidadoso y mesurado y cubrió una prolongada segunda fase de la historia de esa República[82]. La Iglesia y el Estado se separaron en 1905, sólo cuando la República llevaba ya tres décadas y media de existencia y estaba firmemente afianzada. E incluso en Francia, aquella politización de la política militar posterior a 1900, que Azaña tenía en tan alta estima, fue considerada como un error y se moderó a continuación en gran manera.

La Segunda República española había seguido mucho más de cerca el patrón de la República portuguesa que se había proclamado en 1910 y había procedido inmediatamente a hacer una tajante separación de la Iglesia y el Estado. En los dieciséis años siguientes, acumuló el récord más triste de Europa en lo tocante a luchas intestinas e inestabilidad. No hace falta decir que ningún español se rebajaría a aprender una lección a partir de los males de los portugueses. Desde la perspectiva de Azaña, a los portugueses les había faltado sencillamente ser suficientemente autoritarios y radicales.

Aunque el liberalismo había llegado pronto, la plena democratización había llegado tarde a España, que en consecuencia tenía más problemas que resolver a la vez, pero esto no basta en absoluto para explicar la incapacidad de los republicanos para concebir una amplia plataforma nacional de progreso que habría podido apoyar una clara mayoría. La modernización parcial y desigual había fragmentado ya la sociedad tanto en lo cultural como en lo político. Exceptuando los esfuerzos hechos para superar la escisión regionalista y promover las obras públicas, las reformas republicanas tendieron más a reflejar esa fragmentación que a proporcionar medios para superarla.

La alternativa práctica habría podido ser una coalición mayoritaria de republicanos de clase media a favor de la democratización política y la modernización económica, esquivando los intentos radicales de revolución cultural e institucional a corto plazo y con un programa social más modesto. Lo habían propuesto personalidades tan dispares como Ortega, Lerroux y Alcalá Zamora, en todo o en parte. Eso habría tenido que hacer frente a una oposición inicial más fuerte de la izquierda, pero se habría ganado a la derecha moderada. No tenemos garantías de que eso habría tenido éxito, pero difícilmente su fracaso habría sido una cosa peor que lo que se produjo a fin de cuentas.

La coalición reformista que gobernó en realidad —compuesta por republicanos de izquierda y socialistas— era demasiado débil y poco representativa y a la vez llena de contradicciones mutuas para poder tener éxito. Los socialistas se engañaron durante dos años creyendo que habían ganado un fuerte aliado en la burguesía progresista, cuando lo cierto es que Acción Republicana y los radical-socialistas sólo representaban a la pequeña burguesía radical de profesionales universitarios y sectores limitados de las clases medias, aunque probablemente no a la mayoría de las mismas. Una consecuencia de ello fue que los socialistas cargaran con un peso excesivo. Para la Izquierda Republicana los socialistas eran los dueños de un gran apoyo secular, necesario para garantizar el éxito de una especie de democracia radical. Aunque relativamente bien representados en las elecciones de 1931, los socialistas no tenían la fuerza necesaria para desempeñar tal papel, especialmente frente a la competencia revolucionaria de los anarcosindicalistas y las excesivas expectativas de gran parte de los trabajadores españoles.

Las reformas de 1931-1933 fueron, por lo mismo, los triunfos de una temporada, pero a la vez inadecuadas en algunos aspectos y contraproducentes en otros. El problema principal no fue tanto que la coalición gobernante intentase hacer demasiado, porque había que hacer mucho. Residió más bien en que aquel paquete de reformas, en parte liberales, en parte izquierdistas, era políticamente contradictorio e inviable, y no satisfizo en su conjunto ni a las clases medias ni a los sectores trabajadores. Ante aquel creciente descontento, la alianza se rompió enseguida, para sucumbir ante la reacción de los moderados y conservadores.

CAPÍTULO 5

DECADENCIA DE LA COALICIÓN REPUBLICANA DE IZQUIERDAS

El sofocamiento de la sanjurjada, seguido en menos de un mes por el cumplimiento del programa de reformas básicas, llevó a la alianza republicana al apogeo de su poder y sus logros. Había triunfado contra toda la oposición y carecía de rivales serios. La posición del gobierno parecía ser tan dominante que incluso Lerroux (de momento algo desacreditado debido a los rumores de complicidad suya con Sanjurjo) ponía de relieve que los radicales, aunque fuera de la coalición gobernante, eran también en un sentido amplio republicanos de izquierdas. Su fuerza creció también dentro de la prensa, dado que los nuevos propietarios de los principales periódicos republicanos de Madrid se alinearon firmemente detrás de la administración azañista[1].

Pero el gobierno seguía siendo de coalición, y allí estaba el problema. Éste era doble, referido al futuro de la alianza con los socialistas de una parte, y a la unidad interpartidaria de las agrupaciones republicanas de la otra. En un discurso pronunciado en Santander el 30 de septiembre, Azaña suscitó públicamente el problema del futuro del poder de los republicanos de izquierda, y recomendó la formación de una amplia confederación capaz de proporcionar una base para el gobierno republicano después que hubiera terminado el trabajo de la administración existente y los socialistas hubieran salido de ella. La respuesta fue favorable en general, aunque existían obstáculos. La única baja fue la de la Agrupación al Servicio de la República, orteguiana y nunca un verdadero grupo «izquierdista» republicano, pues sus miembros o bien habían votado en contra o se habían abstenido básicamente tanto en el proyecto de ley catalán como en el agrario. Su disolución fue anunciada el 13 de octubre. Finalmente se anunció el 23 de diciembre el nacimiento de una nueva confederación, la FIRPE (Federación de Izquierdas Republicanas Parlamentarias), que reunió en su seno a los partidos republicanos de izquierda, que habían ocupado entre ellos por lo menos el 30 por ciento de los escaños de las Cortes[2]. Pero sólo hicieron falta unos cuantos meses para revelar que aquella aparente unidad era un tanto ilusoria y que seguía habiendo un potencial de seria división dentro de las agrupaciones republicanas de izquierda.

Azaña se hallaba entonces en el cenit de su poder nominal, pero sus actitudes y sentimientos personales seguían siendo disimuladamente ambiguos. Había escrito en su diario el 20 de agosto:

Mi situación es dramática. Cada suceso de éstos me clava al poder, donde no quiero estar, y a medida que me destaca sobre los demás, se agrava la carga que pesa sobre mí. Me aterra pensar que no tengo ahora sustituto posible que satisfaga a los republicanos y sea capaz de dirigir al Gobierno. ¿Adónde va a conducirnos todo esto?

El problema se hacía tanto más acuciante cuanto que no había perspectivas de un sistema democrático de coexistencia más amplio capaz de satisfacer a las principales fuerzas sociales y políticas. Azaña y la mayoría de sus colegas seguían concibiendo la política republicana como un «juego de suma de ceros» en el que su proyecto particular era consustancial con la República misma y no podía albergar división alguna del poder.

Esa circunstancia se evidencia de un modo dramático, y casi cómico, en un debate de las Cortes sobre la independencia judicial el 23 de noviembre. En el curso del año anterior el ministro de Justicia había cesado a varios cientos de funcionarios judiciales —magistrados, jueces y fiscales— por tener una identidad abiertamente católica o simpatías monárquicas, en ocasiones por haber hecho observaciones monárquicas dentro de un cargo privado, en unos pocos casos por seguir empleando títulos aristocráticos, y en una ocasión por haber dado albergue a un jesuita. Movidos por ello, los radicales y los agrarios presentaron un proyecto de ley para exigir al gobierno que actuase con la mayor rapidez posible para crear el Tribunal de Garantías Constituyentes que había sido ya propuesto en las Cortes. El problema de fondo se evidenció dramáticamente en un debate que se produjo entre Azaña y el nuevo líder derechista católico José María Gil Robles:

Azaña:…Se hacen ciertas protestas contra las modificaciones en el personal de la Magistratura y se dice: «Se pone en peligro la independencia del poder judicial». No. ¿Por qué? En primer lugar, yo no sé lo que es el poder judicial. Aquí está la Constitución. Yo no gobierno con libros de texto, ni artículos, ni con tratados filosóficos y doctrinales. Gobierno con este librito —la Constitución— y digo que se me busque en este libro el poder judicial, a ver si lo encuentran. Va mucha e importante diferencia de decir «poder judicial» a decir «administración de justicia»; va todo un mundo en el concepto del Estado. ¿Independencia del poder judicial? ¡Según! ¿Independencia de qué?

Gil Robles: Del Gobierno, de las intromisiones del Gobierno.

Azaña: Pues yo no creo en la independencia del poder judicial.

Gil Robles: Pero lo dice la Constitución.

Azaña: Dirá lo que quiera la Constitución; lo que yo digo…

Gil Robles: Artículo 94.

Azaña: Lo que yo digo, es que ni el poder judicial, ni el legislativo, ni el ejecutivo pueden ser independientes del espíritu público nacional, y menos hostiles al espíritu público que penetra a todo el Estado.

Gil Robles: Eso lo dijo ya Primo de Rivera.

Azaña: Pues alguna vez tenía que acertar Primo de Rivera. Lo que no se puede consentir a los funcionarios de todo orden, vistan o no toga, es que se sienten ante una mesa a despachar con el ánimo de contrariar la voluntad del espíritu público y del Estado.

El proyecto fue derrotado por 142 votos contra 100, señalando por primera vez que los radicales votaron directamente contra el Gobierno[3].

La segunda ofensiva anarquista

La destrucción, las muertes y la derrota que había conocido la primera ofensiva de la FAI-CNT contra la República y el capitalismo español en 1931-1932 no habían desanimado a los revolucionarios. Aunque se quejaban de que las medidas políticas republicanas eran «peores que la monarquía», el grado de represión había sido relativamente blando en la mayoría de los casos, y la mayoría de los cuadros anarquistas permanecían intactos. Por otra parte, la organización laboral había obtenido unos logros impresionantes desde la caída de la monarquía. Aunque eso se debía principalmente al reformismo socialista dentro de la República, ejerció también el efecto de animar a los militantes cenetistas para hacer cosas mayores. Por consiguiente, 1932 había sido un año de radicalización general de la FAI-CNT, mediante la purga sistemática de los moderados y un dominio de la militancia anarquista revolucionaria en la mayoría de los sectores de un movimiento laboral que contaba entonces casi con un millón de afiliados.

Hubo numerosas huelgas en septiembre y octubre de 1932, acompañadas de explosiones de bombas en cinco ciudades principales y quemas u otras agresiones contra las iglesias en nueve ciudades, volviendo a ser particularmente serias las cometidas en Sevilla. Una pequeña localidad de la provincia de Huelva fue tomada brevemente por la FAI y por lo menos cinco obreros hallaron la muerte en esos dos meses, la mayor parte en choques con la policía.

No todos los disturbios laborales eran obra de los anarquistas. Durante el otoño hubo cada vez más quejas de «anarquía» en el área rural de Extremadura y en las provincias de Sevilla y Jaén, con informaciones sobre invasiones de fincas en cuatro provincias del Sur así como en Zaragoza, Toledo y Ávila. En algunas de esas zonas predominaba claramente la UGT y estuvieron implicados trabajadores del campo socialistas, y en el Suroeste hubo pruebas de que algunas de las Casas del Pueblo de las aldeas habían tomado la iniciativa para imponer su propia interpretación de los decretos sobre el laboreo forzoso. La aprobación de la legislación de la reforma agraria no había hecho otra cosa que estimular a los jornaleros militantes a emprender la acción directa, lo que a su vez llevó a dos interpelaciones en las Cortes. El diario azañista Ahora se lamentaba así el 12 de noviembre:

Como resultado de propagandas demagógicas irresponsables, se ha producido en el campo extremeño un estado de verdadera anarquía que imposibilita el normal desarrollo de las faenas agrícolas. Choques sangrientos e incidentes cotidianos hacen ilusoria la propiedad en las comarcas de Extremadura. La autoridad pierde cada día más prestigio y aumenta la audacia de los fautores del desorden.

En la segunda mitad de noviembre hubo intentos de huelgas generales en seis capitales de provincia, empezando por Sevilla el día 16 de ese mes. Sin embargo, la más importante parada laboral desde el comienzo de la República fue la huelga en Asturias de treinta mil mineros del carbón, que empezó el día catorce. Las consecuencias de la depresión habían producido unos excedentes de carbón y la semana laboral de los que aún tenían empleo se había reducido a cuatro días o menos. Aquella huelga constituía todo un atolladero para la UGT, y el gobierno accedió por último a adquirir cien mil toneladas —casi un tercio del excedente de carbón—, pero la calma completa no volvió a Asturias hasta pasado casi un mes. Otra huelga de la UGT de bastantes proporciones se inició en Salamanca el 5 de diciembre y se propagó enseguida fuera de la ciudad. La dirección nacional de la UGT en Madrid hizo lo más posible para poner fin a aquellos paros, aunque los obreros sin trabajo de la UGT pedían unos subsidios de paro demasiado altos para todos los que no tenían trabajo. Cuando los trabajadores ferroviarios de la UGT amenazaron con una paralizadora huelga nacional de ferrocarriles si no recibían concesiones mayores, Indalecio Prieto, ministro socialista de Obras Públicas adoptó una postura decidida contra ellos y a favor del interés público de la nación.

Continuaron los actos menores de violencia política durante las últimas semanas de 1932. Los elementos antiizquierdistas eran entonces ya más agresivos. Un socialista fue muerto en Vizcaya por los nacionalistas vascos y otros dos por los derechistas en Orense y Ciudad Real a la vez que recibía la muerte en la provincia de Córdoba el alcalde socialista de una localidad pequeña. Dos guardias de asalto fueron matados en la provincia de Valencia y un juez en la de Córdoba. Frente a todos esos homicidios, hubo poquísimas detenciones y también muy pocas condenas.

El objetivo de la FAI era provocar otra insurrección revolucionaria, acompañada por un mayor esfuerzo en cuanto a coordinación y planificación que en enero de 1932. Tomaron la iniciativa Juan García Oliver y sus cuadros de defensa de la FAI, que contaban con dar origen a rebeliones simultáneas en las zonas industriales y ciudades pequeñas, principalmente en Cataluña y Andalucía, aunque incluían también otras zonas del Noreste y de Levante. En el último momento, la confederación ferroviaria de la CNT decidió no participar y reinó hasta el fin confusión sobre si el comité nacional de la CNT apoyaba en realidad aquella tentativa. En los últimos días de 1932, estaba a la vista la actividad prerrevolucionaria de la FAI-CNT, con explosiones de bombas en una serie de ciudades. El 3 de enero la policía había descubierto unos pequeños locales de fabricación de bombas en Zaragoza y San Sebastián, dos escondrijos con bombas en Barcelona y uno en Valencia. En la primera semana de enero estallaron una serie de disturbios menores en puntos muy dispersos al tiempo que se iniciaba en Alcalá de Henares un consejo de guerra contra seis soldados y varios civiles acusados de participar en una conspiración comunista.

La nueva miniinsurrección empezó al anochecer del 8 de enero de 1933. Los principales ataques fueron obra de anarquistas armados contra comisarías e instalaciones militares de Barcelona, así como de al menos otras siete localidades de Cataluña. Algunos débiles ataques contra cuarteles del ejército en Madrid fueron rechazados fácilmente. Murieron en Barcelona al menos ocho personas, incluidos dos guardias. El episodio más cruento fue un asalto de la FAI contra un cuartel del ejército de Lérida en el que murieron cinco faístas y un soldado. Varias personas más perecieron en otros incidentes en Cataluña. Aquella noche estallaron más de veinte bombas en la ciudad de Valencia y varios pueblos de la provincia fueron ocupados momentáneamente por la FAI, que mató a cinco guardias civiles en uno de ellos. Se produjeron también disturbios en Sevilla, Zaragoza, Málaga, Gijón y otras ciudades más.

El gobierno estaba relativamente bien informado y al día siguiente (9 de enero) declaró la ley marcial en las provincias más afectadas. Cerró las oficinas de los sindicatos de la CNT en toda España y puso en marcha proyectos de legislación nueva para erigir un penal especial en los territorios africanos. Los conflictos continuaron en zonas de Barcelona y Valencia, y hubo un intento de huelga general en Granada, pero el día once se había restablecido el orden en general, aunque siguió habiendo disturbios menores. Hubo informes distintos sobre la muerte de más de ochenta personas, en su mayoría supuestos revolucionarios, pero el gobierno no publicó nunca estadísticas completas de aquellos sucesos[4]. El esperado apoyo de las masas nunca se hizo realidad. Se trata de otro caso de anarquistas españoles «jugando a la revolución», emprendiendo sublevaciones pequeñas y dispersas, a menudo aisladas, sin posibilidades de éxito. Lo que es innegable es que los ataques de la FAI y la CNT contra la República y la sociedad española habían sido persistentes, constituyendo la arremetida más extensa lanzada desde cualquier procedencia contra un nuevo régimen de España desde la última guerra carlista.

El efecto tanto de la CNT como de la FAI fue destructor. Además de los centenares de detenidos y las duras multas impuestas a las principales publicaciones anarquistas, el apoyo popular disminuyó. La FAI empezó a perder miembros y pronto habían abandonado también la CNT como un tercio de sus afiliados.

Casas Viejas

Pero el gran drama de la insurrección de enero de 1933 no se produjo en ningún centro importante de la FAI como Barcelona, Zaragoza o Valencia, sino en el pueblo de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz, en el extremo Sur. Casas Viejas, tenía una población de unas 2000 personas, incluyendo casi quinientos braceros, de los que se decía que apenas cien tenían un empleo seguro. De seis mil hectáreas de tierra cultivable de su término, poco más de dos mil se sembraban en algunos años. Aunque la FAI-CNT prestaba mucha menos atención al campo que a las zonas industriales, Casas Viejas era uno de tantos pueblos andaluces donde se habían hecho planes para secundar la insurrección anarquista del Noreste. Consecuentes con ello, al amanecer del día 11, cuando la insurrección se extinguía ya en todas partes, los braceros anarcosindicalistas de Casas Viejas —una buena parte del total de ellos— se apoderaron de la pequeña localidad, declararon el «comunismo libertario», destruyeron los archivos municipales y rodearon el pequeño edificio en que vivían los cuatro guardias civiles del pueblo, hiriendo de muerte a dos de ellos. A eso del mediodía llegaron de la cercana Medina Sidonia una docena de guardias civiles y despejaron enseguida las calles, disparando los fusiles prudentemente al aire para evitar bajas innecesarias. Cogieron presos a cuatro o cinco insurrectos, incluyendo al menos a uno que había participado en el asalto al cuartelillo de la guardia civil. Le dieron una gran paliza, haciéndole revelar la identidad de los demás participantes. Entretanto se había derrumbado la moral de aquellos revolucionarios in fieri tras la llegada de los primeros refuerzos, y casi todos los rebeldes de aquella mañana habían escapado del pueblo acogiéndose al monte.

A eso de las 5 de la tarde, los guardias recibieron nuevos refuerzos, consistentes en doce guardias de asalto y cuatro guardias civiles más. Exploraron cuidadosamente la rústica localidad y hacia el anochecer se acercaron a la choza, techada de paja, de Francisco Cruz Gutiérrez, un carbonero septuagenario, conocido por su apodo de «Seisdedos», cuyos dos hijos y un yerno habían intervenido a buen seguro en el suceso. Los tres estaban dentro de la cabaña con otros miembros de la familia y cuando un guardia civil entró por la puerta, lo mataron de un tiro de escopeta. La cabaña estaba rodeada, pero era difícil hacer fuego sobre ella porque estaba situada en una hondonada y los guardias de asalto no tenían fusiles. Los campesinos que estaban dentro de ella sabían tirar bien, y también otros sublevados situados en los montículos y tejados vecinos dispararon sobre los guardias, hiriendo a varios. Entre las 10 y las 11 de la noche llegaron unos cuantos guardias más con una ametralladora que se negó a disparar.

Por último, hacia las 2 de la mañana llegaron cuarenta guardias de asalto más bajo el mando del capitán Manuel Rojas. Formaban parte de una compañía entera enviada desde Madrid a Jerez la noche anterior y se había pasado el día entero patrullando por Jerez; sin haber descansado debidamente durante casi 48 horas, se les ordenó desplazarse a Casas Viejas. El capitán declaró posteriormente que la Dirección General de Seguridad les había dado órdenes directas de que sofocaran cualquier resistencia aquella noche, aunque hubiera que quemar cabañas. Fue reparada la ametralladora y se hizo posible expulsar así a la mayoría de los francotiradores de los alrededores, tras lo cual llegó un telegrama del gobernador civil de la provincia indicándoles que destruyeran la cabaña si era preciso para acabar con la resistencia. Prendieron fuego a la choza, cuyo techo ardió como una antorcha. Se permitió que escaparan a una mujer joven y un niño, pero todos los demás moradores de la choza murieron de heridas de bala o quemados. Los muertos fueron en total cuatro anarcosindicalistas de la aldea implicados en el asalto de la mañana anterior, el anciano «Seisdedos» y otro hombre joven, y dos mujeres. Durante el asedio fue muerto un guardia y heridos unos cuantos.

Guardias de asalto ponen sitio a la cabaña de «Seisdedos» en Casas Viejas, Cádiz, el 11 de enero de 1933.

Al amanecer, los agotados guardias estaban llenos de cólera y frustración. Se dio una batida al pueblo para detener a cualquiera que pudiera estar implicado en los hechos. En esa batida fue muerto a tiros un anciano y detenidos doce jóvenes (probablemente inocentes en su mayoría, puesto que casi todos los rebeldes activos habían escapado al llegar los refuerzos de los guardias el día anterior). Los doce detenidos (en su mayoría muy jóvenes) fueron llevados en tropel hasta los humeantes restos de la choza para que vieran los cadáveres. El capitán Rojas atestiguó después que uno o más de ellos hicieron gestos insolentes, y entonces los guardias de asalto abrieron fuego, abatiendo rápidamente a tiros a los doce. En total murieron veintidós personas civiles en Casas Viejas, doce de ellas ejecutadas sumariamente a sangre fría y perecieron tres guardias (incluyendo dos que murieron después a consecuencia de las heridas[5]).

Durante una quincena no aparecieron otras noticias en los medios que la limitada versión oficial de que unos veinte anarquistas habían sido muertos en una insurrección habida en la provincia de Cádiz. Pero poco después, la prensa anarquista superviviente empezó a difundir una versión diferente, más cercana a la verdad[6]. El gobierno defendió enérgicamente su dura actitud, lamentándose Azaña en su diario el 15 de enero de que «nadie quería obedecer, excepto a la fuerza[7]». Una vez que las Cortes reanudaron sus sesiones el 1 de febrero, la oposición empezó a cuestionar la actuación del gobierno y al día siguiente, el diputado radical-socialista disidente Balbontín lanzó la acusación de que la actuación de los guardias de asalto en Casas Viejas había sido peor que cualquier cosa ocurrida durante la monarquía. El 15 de febrero el Partido Radical inició una política de obstrucción parlamentaria sistemática. Como el gobierno se negó a practicar una investigación, siete diputados de la oposición marcharon a Casas Viejas por su cuenta e informaron de mucho de lo ocurrido en las Cortes el 23 de febrero. Al día siguiente, un diputado lanzó la acusación de que aquello era todavía mucho peor que la conocida ejecución de Francisco Ferrer en 1909, que se había convertido en una «causa célebre» internacional, aunque por lo menos había seguido a un proceso apegado a la ley. En consecuencia, le quedaba al gobierno poca alternativa a nombrar el día 24 una comisión oficial parlamentaria para que investigase lo ocurrido.

El 7 de marzo, después de haber revelado la verdad un guardia de asalto y de que el capitán Rojas hubiese hecho al gobierno una confesión parcial y secreta de lo ocurrido, Azaña comunicó la dimisión de Arturo Menéndez, director general de Seguridad, así como que el capitán Rojas y su segundo habían sido relevados del mando. La comisión investigadora informó entonces en las Cortes de que los hechos se habían correspondido sustancialmente con la acusación, pero que no había pruebas de que hubiera estado implicado en ellos ningún miembro del gobierno. El gobierno replicó a su vez que en otras partes habían sido sacrificados innecesariamente miembros de la policía para evitar muertes en la población civil y que numerosos francotiradores habían hecho fuego sobre los guardias de asalto en Casas Viejas en la noche del 11 al 12 de enero, verdaderas, a todas luces, estas dos alegaciones.

El capitán Rojas y otros oficiales de la guardia de asalto sostuvieron tenazmente que Arturo Menéndez les había dado instrucciones categóricas de hacer un castigo ejemplar con los rebeldes y que no querían «ni prisioneros ni heridos», al tiempo que un oficial del Estado Mayor con destino en el Ministerio de Guerra de Azaña aseguró que había recibido órdenes directas de Azaña en estos términos: «Ni prisioneros ni heridos. Tiros a la barriga». Esto último implicó probablemente un perjurio por parte del capitán, pero había bastantes pruebas circunstanciales de que Arturo Menéndez había dado unas órdenes excepcionalmente duras. Finalmente el capitán Rojas fue procesado en marzo de 1934, resultó convicto y recibió la pena de 21 años de cárcel[8], y fue el único miembro de las fuerzas de seguridad procesado en firme por cometer atrocidades en acto de servicio durante la República hasta 1936.

Las Cortes habían suprimido la pena de muerte el 6 de septiembre de 1932 y reducido la pena máxima de prisión a veinte años, pero el gobierno estaba determinado a imponer una política muy firme contra la subversión. Casas Viejas fue la peor de varias atrocidades cometidas por los cuerpos de seguridad durante la coalición republicana de izquierdas, y fue un hecho muy censurado por el centro, la derecha y la extrema izquierda, aunque el gobierno superó un voto de confianza con la abstención de la oposición. Lo que más sacudió los ánimos del público español fue que se hubiese aplicado el trato más despiadado a un grupo sin importancia de trabajadores del campo pobrísimos, posiblemente analfabetos del Sur profundo, mientras los líderes anarquistas, más sofisticados, y los obreros cualificados del Noreste industrial, que eran los rebeldes de más importancia, hubiesen sido tratados con mucho más cuidado. Por otro lado, la medida política del gobierno de crear un nuevo cuerpo, los guardias de asalto, para disponer de un control policíaco más humano, daba la impresión de ser un tiro por la culata, puesto que fueron esos guardias los principales perpetradores de aquella atrocidad.

Los que ocupaban el gobierno se consideraban, por supuesto, más ofendidos que ofensores, puesto que ningún gobierno de la monarquía había recibido un ataque tan extremado y sostenido de parte de los anarquistas y comunistas como el que recibía la República democrática. En un país subdesarrollado que estaba experimentando una modernización tan rápida, la democratización política tuvo el efecto de incitar a la extrema izquierda a la práctica de acciones cada vez más extensas y violentas, dando lugar a la aparente paradoja de que, cuanto más libre y moderna se hacía la sociedad, se volvían al parecer más acusadas sus contradicciones sociales y políticas.

Por otra parte, el sofocamiento de la insurrección de enero sólo produjo un alivio temporal de los disturbios, que volvieron a producirse a las pocas semanas. Estallaron bombas al menos en veinte ciudades entre marzo y junio, y tres guardias civiles fueron muertos en la isla canaria de la Gomera el 23 de marzo. Da la impresión también de que hubo un aumento de la delincuencia común, lo que hace más difícil distinguir la violencia política de la puramente delictiva.

Entre febrero y junio la CNT intentó provocar huelgas generales al menos en nueve ciudades grandes o medianas y entre los campesinos de la provincia de Sevilla, y muchas otras huelgas ordinarias, en que tal vez la más notable de ellas fue la emprendida por los mineros de Asturias a partir del 7 de febrero para protestar contra los despidos. Los socialistas declararon una huelga general nacional para el 1.o de Mayo, como el año anterior, sencillamente como un gesto de observancia. Ese día la UGT se abstuvo de participar en marchas o manifestaciones por respeto a la participación de los socialistas en el gobierno, aunque la CNT y los comunistas hicieron todo lo posible para compensar tal ausencia. Tres días después, el 4 de mayo, la Solidaridad de Obreros Vascos (SOV, de carácter nacionalista) declaró una huelga general en la comarca de Bilbao con ocasión de una visita de Azaña, y 71 nacionalistas que estaban presos iniciaron una huelga de hambre.

La CNT, a su vez, decidió como primera actividad suya de importancia desde enero, efectuar una nueva huelga de protesta a escala nacional para pedir la excarcelación de cientos de anarcosindicalistas presos. La misma comenzó el 8 de mayo, con disturbios y explosiones de bombas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Asturias. Sacó de sus puestos de trabajo a muchos obreros de esas provincias y se convirtió en una huelga general virtual en La Coruña y Salamanca, extendiéndose más el día 9. Ese día perecieron tres personas en Madrid (dos de ellas guardias) y otra en Alicante, al tiempo que morían en Játiva dos guardias civiles y tres huelguistas. Esa agitación duró como término medio tres días, con disturbios de menos bulto en localidades muy dispersas, con un grado de alteración particularmente alto en Valencia. En total fueron detenidos dos mil obreros más. El nacimiento y la agitación política produjeron considerable malestar en las cárceles, y se produjo una fuga en masa de una cárcel de Valencia.

El desasosiego rural seguía siendo intenso en el Suroeste, con numerosas denuncias de invasión de fincas, derribos de árboles, matanzas de ganado y quemas de cosechas. Hubo varios tiroteos en la provincia de Badajoz en febrero con una serie de muertos. El 1 de marzo, la Asociación General de Ganaderos declaró que el valor del ganado de la provincia había disminuido en un tercio debido a la frecuencia de las matanzas de reses, aunque se trataba sin duda de una exageración. Se supo que el alcalde de una pequeña localidad de Córdoba había sido muerto, supuestamente por un socialista, el 25 de marzo; en la provincia de Sevilla fueron abatidos dos hombres identificados como «invasores» de fincas, y una semana después fue asesinado al parecer un cura de Ciudad Real, identificado como administrador de fincas rústicas. Esas muertes y otras similares deben incluirse mejor en las macroestadísticas, puesto que a menudo eran más que dudosas las circunstancias y responsabilidades respectivas. El 8 de mayo dos mil personas llegaron a Madrid desde Sevilla para protestar contra la «anarquía económica» reinante en el Sur. Doce días después Pedro Caravaca, secretario de la «Federación Económica de Andalucía», que había organizado aquella marcha de protesta, fue asesinado a tiros en una calle de Sevilla; el ministro de Gobernación estuvo presente en sus funerales. La «Federación Patronal» de Madrid publicó después unas estadísticas sobre los «crímenes sociales» acaecidos en la primera mitad de 1933, alegando que habían producido 102 muertos además de 140 heridos. Si se incluye la pérdida de vidas humanas en la insurrección de enero, esa estadística se quedó probablemente corta.

El gobierno se debilita

Los sucesos de Casas Viejas y los continuos disturbios no sólo alentaban a la oposición, sino que acentuaban además la división intestina de la Alianza Republicana. Aquella amplia unidad de la izquierda republicana pretendida por la FIRPE se reveló enseguida como un fracaso, puesto que muchos de los otrora incendiarios radical-socialistas o se desplazaron hacia posiciones más moderadas o adoptaron actitudes más críticas contra el gobierno. La respuesta de Azaña apuntó en el sentido opuesto, porque ahora le parecía más importante que nunca la coalición con los socialistas. En un gran discurso pronunciado en Madrid el 14 de febrero declaraba que como «todas las sociedades modernas están en un trance de transformación vertiginosa», era vital «si es posible, que en nuestro país se haga una transformación profunda de la sociedad española, ahorrándonos los horrores de una revolución social[9]», indicando con estas frases su propia inclinación hacia una posición reformista más acusadamente socialdemócrata que hasta entonces.

A comienzos de la primavera se centró mucho la atención en unas elecciones aproximadamente a 19 000 escaños de concejales en 2478 ayuntamientos —un equivalente total a alrededor del 10 por ciento de toda España y situados principalmente en el conservador Norte del país— donde las elecciones no habían tenido oposición en 1931 y donde desde el comienzo de la República esos escaños habían sido ocupados por comisiones gestoras nombradas por el gobierno. Gil Robles pidió formalmente al gobierno que suspendiera la Ley de Defensa de la República durante aquella campaña, en vista de que, de acuerdo con los tajantes términos de ella, cualquier crítica hecha al gobierno podía acarrear un duro castigo. Tras haberse negado Azaña, una moción presentada para suspender la ley fue derrotada en las Cortes por 132 votos contra 87. Durante la campaña, los conservadores presentaron una serie de alegatos referentes al recorte de la libertad electoral y a las agresiones de poca monta por parte de la izquierda. Durante ese tiempo, el Partido Radical se dedicó a hacer su campaña de oposición propia, quejándose de que durante dos años el gobierno había mostrado un favoritismo sistemático por la UGT (cosa que era cierta desde luego) y de que los funcionarios locales habían fomentado de hecho los trastornos agrarios en el Sur y el Suroeste.

Los resultados de las elecciones municipales parciales del 23 de abril se tradujeron en la primera clara derrota del gobierno. De los 19 000 puestos municipales, los partidos del gobierno ganaron sólo 5048 (1826 de ellos socialistas), la derecha un número aproximadamente igual (unos 4000 de ellos de los agrarios), mientras que los republicanos moderados e independientes situados fuera del gobierno sacaron la mejor parte, con unos 6000, yendo a parar los 2500 restantes a diversos partidos independientes de todos los matices y a elementos locales inclasificables[10]. La derecha se había recuperado, aunque la opinión pública incluso del conservador Norte no había perdido su republicanismo, sino que respaldaba ampliamente un tipo de democracia republicana más moderada y conservadora. Azaña trató de restarle importancia al hecho, descalificando a aquellos municipios, principalmente del Norte, comparándolos con los que en la Inglaterra del siglo XVIII se denominaban «burgos podridos» (rotten boroughs), completamente manipulados y controlados.

Fue en aquellas circunstancias cuando el 11 de mayo aprobaron las Cortes los términos finales de la Ley de Congregaciones Religiosas, que firmó de mala gana Alcalá Zamora el 2 de junio. Hubo nuevos casos de incendios o intentos de ellos contra edificios de la Iglesia en más de una veintena de localidades en los meses de mayo y junio, aunque los portavoces católicos mencionaron con orgullo el gran número de colgaduras de carácter religioso visibles en casas particulares de Madrid y otras ciudades con ocasión de la festividad del Sagrado Corazón el 23 de junio. A aquellas alturas eran cada vez más los republicanos que ponían en duda la sabiduría política revelada con el estricto cumplimiento de la prohibición de exhibir objetos de carácter confesional, traducido en tantas multas de poca monta impuestas en los años 1931-1932.

Ante el claro debilitamiento de la posición del gobierno, Azaña les propuso una tregua a Lerroux y los radicales —el único partido republicano importante de la oposición— a fin de completar la legislación básica republicana. Los radicales se negaron en redondo, aunque votaron con el gobierno el 7 de junio en favor de una nueva ley para instaurar un Tribunal de Garantías Constitucionales, que haría de suprema instancia de apelación en lo relativo a la constitucionalidad de la legislación futura. Pese a las protestas de la oposición, la nueva ley eximía específicamente de la revisión constitucional la legislación obra de las Cortes Constituyentes entonces en funciones.

El prestigio de la alianza gobernante se debilitó todavía un poco más debido a la hostilidad de algunos de los intelectuales más señeros de la nación que ocupaba escaños en la Cámara. Luminarias como Ortega y Gasset y Unamuno habían empezado por criticar al Gobierno cuando se presentaron en otoño de 1931 algunos de los proyectos más extremistas del articulado de la Constitución y habían mostrado una hostilidad aún más declarada un año después. Unamuno declaró en un discurso pronunciado en el Ateneo de Madrid el 28 de noviembre de 1932: «No me importa que me tachen de derechista». Dijo después a la prensa que el gobierno republicano estaba ejerciendo «una dictadura de mayoría parlamentaria» y practicando de hecho «eso que llaman revolución y es guerra civil[11]». Ortega y Gasset, tras haber disuelto su propia agrupación política, siguió criticando el sectarismo del gobierno, y durante la primavera de 1933 pronunció una serie de discursos en distintas partes del país sobre la necesidad de formar un gran partido de unidad nacional capaz de terminar con la discordia y concentrarse en las perentorias tareas de la modernización. En octubre llegó a afirmar:

La República utiliza ideas viejas mandadas a retirar en todas las naciones. Es lamentable que la República, que ha podido aprovechar el momento de su instauración maravillosa para realizar una gran obra nueva, haya utilizado tan sólo programas y postulados del siglo XIX, sin crear una ideología y una filosofía político-social nuevas[12].

Aquella crítica actitud se reflejaba cada vez más en la prensa liberal madrileña. El Sol, La Voz y Luz, hasta entonces simpatizantes con Azaña, sufrieron nuevos cambios en su administración y desde mediados de 1933 se dedicaban a atacar con fuerza al gobierno por su parcialidad, sectarismo y actitud discordante. El enfoque de Ortega y Gasset, aparentemente elitista, le ganó apoyo político directo, pero el rechazo de los principales intelectuales y de la prensa madrileña liberal empañaron aún más el apagado lustre de la coalición gobernante.

Reajuste del gabinete

El gabinete tuvo que enfrentarse a un reajuste debido a la creciente disensión de los partidos republicanos y más específicamente a la funesta enfermedad de Jaume Carner, ministro de Hacienda que padecía un cáncer de garganta terminal. Azaña se había visto obligado a encargarse de la supervisión del ministerio de Carner desde el 24 de febrero, una situación que no podía continuar por mucho tiempo. Tras haber logrado la aprobación de la principal legislación nueva, completada en los primeros días de junio, fue a ver al presidente para obtener su aprobación, necesaria para el nombramiento de un nuevo ministro de Hacienda. Pero Alcalá Zamora se había sentido cada vez más preocupado con la coalición gobernante, a la que él se oponía en el fondo, y desde hacía semanas había tenido conversaciones con dirigentes de grupos políticos republicanos más moderados teniendo en perspectiva la formación de una coalición más conservadora que pudiera sustituir a Azaña[13]. Por lo mismo, en vez de aceptar la sustitución del ministro de Hacienda como quería Azaña, el presidente optó por tratar el asunto como una crisis total del gabinete e «iniciar consultas» con una larga lista de veinte lideres de partidos republicanos, incluyendo a intelectuales de la talla de Ortega, Unamuno y Marañón, conocidos entonces por sus críticas actitudes. La mayoría de ellos recomendaron una ampliación y equilibramiento de la coalición existente, inclinándola algo más hacia la derecha.

Aparte de Azaña, los otros dos únicos jefes de partido con una posibilidad real de formar gobierno eran Prieto, de los socialistas, y Marcelino Domingo, de los radical-socialistas. Ninguno de ellos fue capaz de conseguirlo. En el caso de Prieto, Alcalá Zamora expresó que contaba con un regreso del Partido Radical para formar una coalición equilibrada, pero la comisión ejecutiva socialista y su grupo parlamentario vetaron cualquier negociación con los radicales, no dejando otra alternativa que la continuación de Azaña, quien dio a conocer su nuevo gabinete el 13 de junio. El economista y director financiero Agustín Viñuales se convirtió en ministro de Hacienda, la Esquerra Republicana de Cataluña entró en el gabinete al ser nombrado ministro de Marina Lluís Companys, y entró también en la coalición el pequeño Partido Republicano Federal al ser nombrado uno de sus dirigentes, José Franchy Roca, ministro de Industria y Comercio.

El precio que puso el Partido Republicano Federal fue la extinción de la draconiana Ley de Defensa de la República. Las Cortes aprobaron en consecuencia el 25 de julio una nueva Ley de Orden Público. Abarcaba muchas de las disposiciones de la antigua ley, pero de un modo más cualificado. La nueva ley definió tres estados diferentes de excepción legal. El primero y más benigno, denominado «estado de prevención», podía ser impuesto por un máximo de sesenta días sin suspender las garantías constitucionales y ofrecía más semejanza con la legislación de 1867 durante la fase más represiva del régimen isabelino y con la de la dictadura que con las normas jurídicas de la monarquía constitucional. Le permitía al gobierno prohibir reuniones y publicaciones, hacer viajes, e intervenir en el comercio y la industria.

La segunda categoría, el «estado de alarma», podía ser declarado por el Consejo de Ministros siempre que lo exigiera la «seguridad del Estado» y lo autorizaba para detener a personas, entrar en domicilios particulares e imponer el exilio temporal a una distancia hasta de 250 kilómetros del lugar de residencia. La tercera y más grave categoría era el «estado de guerra», o de ley marcial durante el cual el mando pasaba a manos de los militares sin la estipulación de formar «consejos de guerra» conjuntos de civiles y jefes militares como ocurría en la legislación de la monarquía constitucional. Además, la Ley de Orden Público autorizaba la formación de tribunales de emergencia, compuestos por jueces provinciales facultados para tratar sumariamente todos los delitos contra el orden público cometidos bajo los estados de prevención y alarma[14].

Esta legislación fue aprobada sin mucha oposición, y los nuevos poderes se pusieron en práctica por vez primera para imponer el estado de prevención en Sevilla del 18 de agosto al 18 de octubre. A partir de entonces, uno u otro de aquellos estados de excepción estarían en vigor en alguna parte de España y en algunos momentos en toda la nación, casi a diario hasta que estalló la Guerra Civil.

El 26 de julio, al día siguiente de la aprobación de la nueva Ley de Orden Público, las Cortes aprobaron con la aplastante mayoría de 244 votos contra 4 una disposición que limitaba el alcance de los juicios por jurado. Excluía de la jurisdicción de estos últimos todos los delitos cometidos contra las Cortes o sus miembros, contra el gobierno o la forma de gobierno existente, así como el homicidio, el delito incendiario, el terrorismo, el robo a mano armada y el empleo de explosivos. Para que aquello no fuese considerado antiliberal, Álvaro de Albornoz, ministro de Justicia radical-socialista, dijo en el Congreso: «Yo no participo, en modo alguno, de las ideas liberales y democráticas del siglo diecinueve. Yo declaro ante la Cámara que soy cada día menos liberal y menos demócrata y cada vez comulgo menos con esos tópicos liberales y democráticos… Para mí no hay derecho alguno sino en el Estado y por el Estado». Justificó su posición ante el hecho de que en once casos de delitos de sedición o rebelión llevados en Bilbao ante un jurado de acusación en 1932, no se había realizado un solo procesamiento.

La ambivalencia socialista

Pese a una larvada indecisión, el compromiso de los socialistas con la coalición republicana aumentó de hecho en 1932 y la primera parte de 1933. El decimotercer Congreso del PSOE tuvo lugar del 6 al 13 de octubre de 1932, y la moción de continuar con la participación, una vez encabezada por Indalecio Prieto, fue aprobada por los representantes de las secciones votando a favor 23 718 miembros del partido contra 6356, un margen más sólido que el del año anterior. Aunque se encendió una acalorada discusión sobre la responsabilidad habida por no haber prestado un apoyo eficaz a la fracasada rebelión republicana de 1930, los dirigentes estuvieron relativamente unidos en cuanto a los objetivos a corto plazo. Incluso Besteiro admitió que no era aconsejable de momento una retirada de la coalición. En una reñida votación Largo Caballero le ganó a Besteiro la presidencia de la comisión ejecutiva del partido por 15 817 votos contra 14 261. El Congreso de la UGT, que se inició al día siguiente de cerrarse el congreso del partido, resultó un gran triunfo para Besteiro, que fue nombrado presidente de la comisión ejecutiva del sindicato[15]. La cosa más parecida a un ala izquierda semidisidente estuvo representada por la Juventud Socialista (JS). En su tercer Congreso Nacional de febrero de 1932 aprobaron la eliminación virtual del presupuesto de la defensa, la retirada de todo el ejército de Marruecos, y una reducción drástica de las fuerzas armadas. Las Juventudes Socialistas habían solicitado además a la directiva del partido que iniciara la formación de organismos paragubernamentales encargados de sustituir más adelante a los ministerios del «régimen burgués[16]».

El enorme crecimiento de la UGT en los años 1930-1932 la había convertido en el centro de gravedad del movimiento socialista, dado que el número de miembros había aumentado hasta ser casi 20 veces los del Partido Socialista, que en comparación, siguió siendo bastante pequeño y de elite. A mediados de 1932 la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra) había alcanzado los 445 000 miembros, o sea casi la mitad del total. Sin embargo, esto representaba a una nueva agrupación de trabajadores, atrasados, relativamente poco preparados e inestables, muy diferentes de los obreros industriales cualificados y semicualificados que habían constituido antes el grueso del sindicato, y entre los líderes más antiguos y moderados aumentaba la preocupación de que aquella inundación de trabajadores del campo analfabetos o semianalfabetos pudiera distorsionar seriamente el carácter del movimiento sindical. Al mismo tiempo, el mayor aumento de la afiliación al partido se había producido en Andalucía, que tenía ya mayor número de miembros que ninguna otra región[17].

Las primeras reformas laborales de 1931-1932 habían producido un gran entusiasmo, pero aquello dio paso a una frustración tanto más grande en el verano de 1932, cuando se evidenció que al gobierno le faltaban los instrumentos necesarios para convertir en realidad todas las nuevas disposiciones, especialmente en las zonas rurales. Hubo una disminución de la extensión de tierra cultivada en 1931 debido a la situación económica y hasta cierto punto debido también a las reformas. A mediados de 1932 un número considerable de arrendatarios a gran escala y de los intermediarios, que en realidad administraban gran parte de la tierra en las grandes haciendas del Sur, reducían sus actividades aduciendo que los jornales habían alcanzado niveles antieconómicos. Las dos partes estaban descontentas, porque las condiciones del mercado no permitían a los terratenientes ganar mucho dinero, al tiempo que la reducción del área cultivada les dificultaba aún más a los jornaleros el hallar empleo, de manera que el aumento de jornal no favorecía a algunos. Muchos de los terratenientes en menor escala lo pasaban muy mal y en 1932 tomaron en ocasiones iniciativas concertadas para eludir el cumplimiento de los términos de las reformas laborales. Según las estadísticas presentadas por el Ministerio del Trabajo, el 83 por ciento de las infracciones o quejas de infracciones de las ordenanzas laborales en 1932 tuvieron que ver con las cometidas por los patronos[18].

Aquella revolución de aumento de las expectativas que se había producido al principio se iba convirtiendo en muchas regiones en desilusión e incluso amargura y cólera, bajo el impacto unido de la depresión y la resistencia patronal. Los mineros del carbón de Asturias se indignaban al ver cómo perdían empleos y les reducían el tiempo de trabajo a la vez que el país seguía importando carbón inglés (de Cardiff) más barato y de mejor calidad, y los líderes de la UGT no siempre eran capaces de hacerles conservar la disciplina, pese al argumento de la UGT de que las huelgas eran contraproducentes en tiempos de depresión y siendo un socialista ministro de Trabajo[19]. Trabajadores disidentes ferroviarios constituyeron su propio sindicato rival de ferrocarriles y trataron de organizar una gran huelga. La directiva nacional de la UGT se mantuvo firme, evitándola, pero a costa de perder varios miles de afiliados. En Salamanca, donde los trabajadores del campo de la UGT se quejaban de que el sistema de los jurados no funcionaba en realidad y que los aumentos de salarios acordados no se estaban pagando en su totalidad, no se pudo evitar una breve huelga general a mediados de diciembre de 1932[20]. Aunque los líderes de la UGT lograron poner pronto fin a aquella huelga, se sentían cada vez más preocupados por la rivalidad y las tácticas extremistas de la CNT, cuya incesante presión sobre los sindicatos socialistas era cada vez más difícil de ignorar. Incluso en un reciente congreso del partido que había vuelto a apoyar la participación, algunos de los líderes más importantes del mismo eludieron el dar la cara, mientras Largo Caballero especificaba que el partido «no es [puramente] reformista, ni lo es el espíritu de sus miembros. Y ahí está la historia del partido para demostrarlo, para demostrar que la legalidad se ha roto cuando ello convenía a nuestras ideas… Nadie intenta someter a revisión nuestra doctrina. Se trata ahora únicamente de una cuestión de táctica[21]».

Tabla 5.1. Estadística de las huelgas en España

| Número de huelgas | Trabajadores en huelga
1930 | 402 | 247 460
1931 | 734 | 236 177
1932 | 681 | 269 104
1933 | 1127 | 843 303

Fuente: Anuario Español de Política Social 1934-1935, Madrid, 1936.

Aunque como dos tercios de los nuevos convenios arbitrados por los jurados mixtos seguían siendo considerados como favorables para los trabajadores[22], la actividad huelguista aumentó acusadamente en 1933, según indica la tabla 5.1, y se iban involucrando cada vez más sindicatos de la UGT. El aumento de las huelgas tuvo varias causas, una de ellas era que la gran proporción de los nuevos contratos negociados en 1931 eran acuerdos de dos años a renovar durante 1933. La incitación continua de parte de la CNT fue otro factor, a lo que hay que añadir el creciente desempleo (véase tabla 5.2) al entrar España en el punto más bajo de su depresión (véase capítulo 6), la frustración de los trabajadores ante las limitaciones prácticas del sistema de jurados y la efectiva realización de las nuevas ordenanzas, así como una impaciencia creciente por tomar de una vez la iniciativa antes de que las cosas volvieran a ponerse verdaderamente mal de nuevo. De ahí la aparente paradoja de que conforme se ahondaba la depresión, las acciones de huelga aumentaron más del doble y el número de jornadas de trabajo perdidas saltó de 3 589 473 en 1932 a 14 440 629 en 1933.

Las protestas de los patronos y propietarios de tierras aumentaron, cada vez con más quejas sobre la acción directa por parte de trabajadores del campo y arrendatarios socialistas en el Sur de España. La realización legal de exigencia del laboreo forzoso era sumamente complicada y requería varios pasos y fases diferentes. Cada vez más los jornaleros, arrendatarios y aparceros tomaron las cosas de su mano, prendiendo a veces fuego a los cortijos de los propietarios que, a sus ojos, se negaban a colaborar. Los terratenientes acudieron a su vez a la violencia como respuesta, haciendo fuego en algunos casos sobre los intrusos o los sospechosos de ser incendiarios[23]. En el verano de 1933 el gobernador provincial, republicano, de Badajoz, dimitió, aduciendo entre otros motivos, que los alcaldes socialistas de los pueblos se negaban a colaborar para mantener la ley y el orden. Es imposible comprobar al por menor todas las acusaciones y recriminaciones. En la macroestadística, la producción agrícola descendió un poco en 1933 en comparación con el año anterior, pero el factor principal fue sin duda de tipo meteorológico; proporcionalmente las cosechas del Sur resistieron bien en comparación con las del Norte del país.

Tabla 5.2. Aumento del desempleo, julio-diciembre 1933

| Desempleo agrícola | Total de desempleados
Julio | 341 018 | 544 837
Agosto | 387 570 | 588 837
Septiembre | 395 253 | 611 701
Octubre | 368 106 | 586 105
Noviembre | 391 205 | 603 995
Diciembre | 414 690 | 618 947

Fuente: Anuario Estadístico de España 1933-1934, Madrid, 1935.

El papel de los socialistas del gobierno asumió un aspecto defensivo en la primavera y verano de 1933, reduciéndose a mantener sencillamente la situación reinante. Los líderes del partido eran conscientes de que el gobierno en general y la estrategia socialista en particular estaban haciendo frente a graves obstáculos. Para Besteiro aquello no significaba otra cosa sino que había llegado el momento de retirarse del gobierno. Para Prieto significaba que el partido tenía que seguir una política todavía más pragmática. En cambio, para Largo Caballero, se trataba de continuar la coalición en el poder todo lo más posible, manteniendo al mismo tiempo una disposición a adoptar una alternativa francamente tajante si era preciso. En un importante discurso pronunciado en Madrid el 23 de julio, Largo Caballero insistió una vez más en que «El Partido Socialista va a la conquista del poder dentro de la Constitución y de las leyes del Estado», pero advirtió también contra el peligro del «fascismo» —refiriéndose al crecimiento del poder de la derecha—, convertido entonces en un gran motivo de preocupación. Aquello podría hacer necesaria una toma del poder mediante la acción directa. Recordó a su auditorio, nominalmente marxista, que Marx había declarado categóricamente que era inevitable una dictadura del proletariado para consolidar una sociedad socialista y que, aunque probablemente sería todavía posible adueñarse del gobierno por métodos parlamentarios, la democracia liberal sola nunca sería suficiente. Habría que llevar a la práctica la dictadura definitiva del proletariado con la menor violencia posible, pero ello dependería del grado de resistencia existente[24].

En el mes siguiente los líderes socialistas tuvieron ocasión de definir sus preferencias posibles en discursos pronunciados en la escuela de verano de Torrelodones de las Juventudes Socialistas. Besteiro fue el primero que habló y aquellos jóvenes radicales lo recibieron con frialdad. Un mes antes había señalado la responsabilidad que les tocaba a los socialistas italianos y alemanes por haber empujado a la burguesía hacia el fascismo debido al desarrollo prematuro del poder socialista, aun teniendo en cuenta que el desarrollo socialista en Alemania había adoptado principalmente la forma de una participación en gobiernos parlamentarios[25]. Y puso en guardia en Torrelodones contra el extremismo, afirmando que «si un estado mayor envía a su ejército al combate en condiciones desfavorables, se hace totalmente responsable de la consiguiente derrota y desmoralización», y añadió que «a menudo es más revolucionario resistir la locura colectiva que dejarse arrastrar por ella[26]».

Prieto era menos desafiante, pero advirtió que existían unos límites concretos de lo que podía conseguir el socialismo español en el estado de desarrollo existente y teniendo en cuenta las cambiantes relaciones de las fuerzas políticas de Europa y de España. Puso de relieve el engaño existente en las comparaciones que hacía el ala izquierda del partido entre la Rusia de 1917 y la España de 1933. En Rusia la mayoría de las instituciones políticas se habían venido abajo antes de que empezara la revolución socialista; en España estaban intactos el gobierno, la Iglesia y las fuerzas armadas y había a la vez una burguesía mucho más fuerte que la rusa.

Ya desde los últimos meses de 1932 Largo Caballero había sido cada vez más consciente de la radicalización del sentimiento de los trabajadores y de la necesidad de adaptarse a ella. En su discurso de Torrelodones defendió una vez más la participación en el gobierno que calificó de actitud marxista ortodoxa, refiriéndose a una carta de Engels a Kautsky en 1875 en la que afirmaba el primero que una república democrática constituía la forma política específica que conduciría a la dictadura del proletariado. «Yo mismo he tenido siempre fama de hombre conservador y reformista. Han confundido las cosas», dijo Largo Caballero, y recalcó: «Hoy estoy convencido de que es imposible llevar a cabo una tarea socialista dentro de una democracia burguesa».

Vamos a suponer que llega el momento de intentar la instauración de nuestro régimen. No sólo fuera de nuestras filas, sino en ellas mismas, hay quien teme que fuera preciso implantar una dictadura. Si esto ocurre, ¿cuál sería nuestra situación? Porque nosotros no podemos renunciar ni podemos realizar acto alguno que tienda a impedir el logro de esta aspiración.

Citó a Marx una vez más en lo referente a que el último cambio hacia el socialismo no se podía efectuar por otros medios que por la dictadura del proletariado. Con respecto al único modelo existente, la Unión Soviética, afirmó que no estaba de acuerdo con la política soviética exterior, pero que sí lo estaba, plenamente, con la política interna de Rusia[27]. Dijo todo aquello en el momento del clímax de la genocida campaña contra el campesinado soviético, cosa que revela probablemente no que Largo Caballero predicara el asesinato en masa, sino que tenía bastante ignorancia de lo que estaba hablando. El viejo líder sindical navegaba ahora en medio de un mar de fondo político que no podían dominar sencillamente sus facultades mentales y emocionales, pero les dijo a los jóvenes militantes precisamente lo que ellos querían oír y se oyeron en aquel momento los primeros gritos de «¡Viva el Lenin español!»[28].

La radicalización de las organizaciones laborales en Madrid en 1933 nos pinta perfectamente el dilema de tener que afrontar las relaciones industriales de España en general y las socialistas en particular. La capital de España nunca había sido un centro industrial importante. Aparte del comercio y el gobierno, el mayor sector del empleo estaba constituido por la industria de la construcción, que había tenido un gran auge con la expansión tanto de las obras públicas, como de la construcción privada durante los años 1920. Aquello atrajo muchos nuevos obreros de las zonas rurales que, a pesar de su a menudo limitada capacitación, se habían organizado gracias a la UGT, que ejercía más o menos tanto monopolio laboral en Madrid como la CNT en Barcelona. Con la República, la organización laboral había alcanzado un nuevo apogeo, y se habían organizado ya sindicalmente la mayoría de los obreros de Madrid, pero gracias al predominio de la UGT, el capital se había visto poco afectado por huelgas de importancia o disturbios laborales en los años 1931-1932.

En 1933 el desempleo había alcanzado un 30 por ciento o más en la industria de la construcción en Madrid. Por primera vez, la CNT hizo un esfuerzo considerable para organizar a los obreros de un sector significativo de la economía madrileña, dirigiéndose especialmente a los peones en paro (obreros de escasa cualificación). Su objetivo era conseguir que reconocieran su importancia los patronos más importantes y romper el monopolio de la UGT en lograr nuevos miembros en las obras en construcción. En septiembre, cuando se hundía el gobierno de Azaña, el Sindicato Único de la Construcción (SUC), de la CNT, inició una huelga de cinco mil obreros de la construcción, que se extendió rápidamente y duró tres semanas, pese a los grandes esfuerzos que hizo la UGT por romperla. Irónicamente, el sistema de jurados mixtos de la República había conseguido un buen aumento en las utilidades económicas a favor de los obreros de la construcción de Madrid, pero la depresión había impuesto tantos despidos, que miles de obreros estaban maduros para una radicalización. La SUC ganó su huelga no tanto en términos económicos como en el logro de unos derechos de negociación colectiva iguales que los de la UGT, orillando el jurado mixto oficial. La táctica legalista y reformista de la UGT había quedado desbordada por la acción directa de los anarcosindicalistas. Y se producían ahora como consecuencia fuertes presiones de los jóvenes líderes ugetistas de obreros y empleados de comercio para emular aquella táctica, lo que trajo consigo que el sistema de arbitración por jurados no volviera a levantar cabeza en la capital[29].

La caída de la coalición de Azaña

La creciente fuerza de la oposición, el aumento del malestar laboral, y las difíciles relaciones internas existentes entre los sectores clave de la coalición dejaban ver a mediados del verano que los días del gobierno estaban probablemente contados. Se había completado ya la legislación básica del proyecto republicano original y elementos que se hacían oír mucho entre los socialistas y más aún entre los republicanos de izquierda se cuestionaban ahora la necesidad o conveniencia de mantener la coalición. La actividad de la Cámara se redujo en picado en agosto, dedicándose la mayoría de las sesiones a discutir fastidiosos detalles técnicos de la nueva legislación sobre los arriendos de las fincas rústicas en medio de temperaturas bochornosas y con tan poca asistencia, incluso de los diputados de la mayoría, que con frecuencia no se veían en la Cámara más de cuarenta o cincuenta diputados. Ya a finales de julio, tanto Alcalá Zamora como Azaña, así como los líderes de varios de los grupos republicanos más importantes, se dedicaban a hacer sondeos sobre la formación de un nuevo gobierno de «concentración republicana» que excluyera a los socialistas.

El sector más disidente del gobierno eran los radical-socialistas, el mayor de los partidos republicanos de izquierda, que acusaba bastante inclinación hacia el centro y expresaba una clara antipatía hacia los socialistas. El año anterior se había escindido de ellos un pequeño Partido de Izquierda Radical Socialista, y a finales del verano de 1933 el partido en sí se había roto virtualmente debido a una lucha por el poder entre los centristas, encabezados por el veterinario Félix Gordón Ordás[30] (apodado satíricamente por algunos «el Marañón de los veterinarios»), jefe de la Alianza de Labradores (de campesinos de clase media), y los centro-izquierdistas, encabezados por Marcelino Domingo y Albornoz. Tras un estridente congreso extraordinario celebrado a finales de septiembre, Gordón Ordás y los centristas se hicieron con el control, después de lo cual Marcelino Domingo y el centro-izquierda formaron su propio Partido Radical Socialista Independiente[31]. Aquella triple escisión anuló virtualmente a los radical-socialistas como fuerza política. Entretanto, el ya minúsculo Partido Republicano Federal se iba a escindir también pronto en otros tres, muestra todo ello del carácter fisíparo de las organizaciones republicanas.

El gobierno sufrió otra derrota con la formación del recientemente autorizado Tribunal de Garantías Constitucionales. Veinte de los treinta y cinco miembros del tribunal constitucional fueron elegidos por las Cortes, designados automáticamente ex officio, o nombrados por el Colegio de Abogados (asociación nacional) y las facultades universitarias, pero los otros quince lo fueron con carácter general sobre una base regional por los municipios de toda España. La votación tuvo lugar el 3 de septiembre, y los partidos del gobierno ganaron sólo cinco plazas, mientras que los de la oposición, encabezados por los radicales, ganaron diez, doblando el total de votos de los del gobierno. Aquella derrota parecía confirmar la tesis de la oposición de que el gobierno ya no reflejaba la opinión pública, aunque, de haberse mantenido la coalición original de 1931, habría triunfado fácilmente, por haberles correspondido a los radicales casi el 30 por ciento de los votos.

Cuando volvieron a abrirse las Cortes tres días después, Azaña negó que la elección de un organismo judicial pudiera considerarse como un voto de castigo político. El gobierno ganó fácilmente un voto parlamentario por 146 votos contra 3, pero la abstención de la mayoría de los diputados socavó todavía más su posición. Aunque seguía aumentando su propia ambivalencia[32], Azaña sentía que no podía rendirse, aunque sólo fuese porque una administración más conservadora o unas nuevas elecciones, o ambas cosas, debilitarían probablemente a la izquierda. Alcalá Zamora le hizo una serie de preguntas críticas y, sacando en conclusión que la mayoría existente era demasiado vacilante para durar mucho, decidió retirarle la confianza a la coalición establecida y abrir consultas con vistas a un nuevo gabinete, más amplio y moderado, encabezado por Lerroux. El patriarca radical estaba más que ganoso de acceder, e intentó sin éxito interesar a elementos moderados e independientes como Ortega, Marañón y Sánchez Román en la formación de un gabinete. Entretanto la coalición saliente fue derrotada en otro foro de la opinión pública: en las elecciones internas para el Colegio de Abogados y las universidades el 10 de septiembre del mismo modo que lo había sido antes cuando los conservadores ganaron a últimos de mayo las elecciones para las juntas de la Academia de Jurisprudencia y el Colegio de Médicos. Y el 12 de septiembre un ufano Lerroux pudo anunciar la formación de un nuevo gobierno de concentración republicana, compuesto por otros cinco representantes radicales, cinco representantes de los distintos partidos republicanos de izquierdas, y un republicano independiente. Anunció un programa dirigido hacia la cancelación de la Ley de Términos Municipales, una reducción tanto de los impuestos como de los gastos, la readmisión de los funcionarios despedidos por motivos políticos, y la suspensión de las relaciones diplomáticas recién establecidas con la Unión Soviética. Entretanto continuaron las huelgas y disturbios laborales en las provincias agrarias del Sur, con informes de más de cincuenta casos de incendios de fincas sólo en la provincia de Cádiz durante el verano. Los socialistas hostilizaron al nuevo gobierno materialmente a cada paso, y algunos de los republicanos de izquierda empezaron a apartarse de su nueva alianza. El 3 de octubre el gobierno de Lerroux fue rechazado en el Congreso, intercambiando en esa ocasión enconados comentarios del Primer ministro saliente y Azaña.

A Alcalá Zamora le costaba trabajo barajar cualquier tipo de administración alternativa. Contaba con que algún político republicano independiente moderado pudiera ser capaz de formar una coalición que no concitase tanta hostilidad desde la izquierda, pero no había ningún líder de ese tipo. El presidente estaba ansioso por evitar la alternativa —una disolución del Parlamento y nuevas elecciones— dado que la Constitución sólo le permitía recurrir una disolución regular dentro de un término presidencial, pero se evidenció que la única opción a la vista era formar una coalición de carácter temporal cuya tarea consistiría en convocar elecciones. En consecuencia, el 9 de octubre se anunció una amplia coalición de los grupos republicanos encabezada por el lugarteniente de Lerroux, el sevillano Diego Martínez Barrio, y al día siguiente fueron disueltas oficialmente las Cortes, fijando el 19 de noviembre como fecha de unas nuevas elecciones.

De esa manera había llegado a su fin la primera gran etapa de la República. Había logrado mucho, realizando reformas importantes y de gran alcance. El gobierno de Azaña había cometido también errores capitales, gobernando a veces de un modo grosero y rígido y hostigando innecesariamente a la oposición, en particular a la derecha moderada. Se había despreciado y ofendido estúpidamente a la opinión católica, se seguía gastando todavía demasiado dinero en el ejército, y la persecución de la enseñanza religiosa anuló gran parte del esfuerzo hecho para extender la educación. Se habían hecho trascendentales reformas laborales, pero la reforma agraria se había convertido en una cosa tan confusa y contradictoria, que provocaría únicamente frustración. Los mismos republicanos de izquierda se atuvieron a una política fiscal y económica conservadora, llena de limitaciones técnicas y contradicciones políticas. El nuevo régimen se había visto sometido a unos ataques sin precedentes de los anarquistas y la izquierda comunista, al tiempo que crecía rápidamente una reacción derechista. La rivalidad por el prestigio entre los principales políticos republicanos había llegado al extremo, eclipsando los intereses y objetivos comunes y revelando una debilidad básica de la cultura política republicana. Los socialistas, aliados principales de los republicanos de izquierda, mostraban también ahora su alejamiento dando un golpe de timón hacia la izquierda más extremista.

La estrategia básica de Azaña, la alianza centro-izquierdista entre republicanos de izquierda y socialistas, había fracasado. Las alternativas principales eran una coalición republicana de centro que excluyese a toda la izquierda obrera así como a la derecha no republicana, según había sugerido Gordón Ordás y, más vagamente, Ortega y Gasset, o bien la estrategia ulterior de Lerroux de una coalición de centro-derecha para incorporar y democratizar a la derecha moderada no republicana. Mientras los republicanos moderados habían rechazado la alianza de centro-izquierda, su alternativa ideal de una amplia alianza centrorrepublicana era inviable, no tanto debido a la oposición de los socialistas como al rechazo de la mayoría de la izquierda republicana. Sin embargo, la consecución de una coalición centrista era la única estrategia que no implicaba contradicciones insuperables, como las ya manifestadas por la alianza centroizquierdista y las que revelaría ulteriormente una coalición de centro-derecha. No hay desde luego pruebas de que una coalición republicana de centro habría tenido una base suficientemente amplia para durar, aunque podría haber tenido éxito alentando sencillamente una democratización política básica y una reforma social moderada al tiempo que se granjeaba la opinión católica. Semejante derrotero habría sido complicadísimo y habría exigido mucho tacto y cooperación. Acaso habría sobrepasado sencillamente las posibilidades emocionales de los políticos republicanos de clase media, ambiciosos, personalistas en extremo y vanidosos, que en varios aspectos acusaban mucho más los vicios tradicionales de la política española decimonónica que el nuevo espíritu progresista que invocaban con retórica regularidad. Una alternativa de ese tipo, por remota que fuese su probabilidad de éxito, podría haber sido la única esperanza de consolidación de un sistema democrático durante una década de depresión. En lo sucesivo, la política republicana quedaría cada vez más a merced de los extremos.

CAPÍTULO 6

LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SUS RESULTADOS

La desgracia de la República fue haber coincidido con la gran depresión mundial y a partir de este hecho obvio es fácil sacar en conclusión que el conflicto político y social de España fue alimentado en gran medida por el impacto de aquella depresión. En cambio, una serie de historiadores y comentadores a partir de Vicens Vives[1] y Gabriel Jackson han hecho resaltar que el efecto proporcional de la depresión en España fue menor que en muchos otros países y que las fuentes de conflicto principales fueron políticas e ideológicas, así como estructurales e históricas, sin deberse primariamente a la depresión misma. Este argumento no deja de ser acertado. El desempleo absoluto no era tan grande en España como en los países muy industrializados, y los conflictos sociales y políticos se debían en gran medida a estímulos políticos directos cuyo ritmo no obedecía de ningún modo directo al rendimiento económico del momento. En cualquier caso, España no fue inmune del todo a la depresión, y las nuevas presiones económicas aumentaron el malestar social de una manera que no puede considerarse como independiente de los conflictos que se desarrollaron[2].

La recién terminada década de los años veinte había constituido el máximo período de auge de toda la historia de España, con rápido aumento del desarrollo industrial y del empleo en los servicios, y un crecimiento significativo de las exportaciones, de tal manera que 1930 fue probablemente el año de máximo volumen de exportaciones registrado en el país, incluso mayor que en las cúspides precedentes de 1913-1918. En 1930 el empleo rural declinaba con relativa rapidez en términos proporcionales y con un 45,5 por ciento abarcaba ya menos de la mitad de la fuerza laboral (aunque esa proporción no iba a volver a cambiar significativamente durante un cuarto de siglo), y la agricultura produjo sólo un 40 por ciento de la renta nacional. La mano de obra industrial había aumentado hasta ser el 26,5 por ciento del total, y la industria produjo aproximadamente el 34 por ciento de la renta nacional. Aunque la mayoría de los españoles seguían viviendo en comarcas rurales y ciudades pequeñas, la urbanización crecía rápidamente.

La economía española estaba arropada hasta cierto punto por su limitada dependencia del mercado exterior. Aunque la producción nacional cayó en picado en 1930, se debió a que la agricultura sufrió una meteorología muy adversa y a la pérdida de mercados de exportación agraria, puesto que la producción industrial de hecho aumentó. (Véase tabla 6.1.) La depresión sólo empezó a impactar en realidad en la economía industrial en 1932, pero el producto nacional bruto aumentó de hecho, debido a la recuperación de la agricultura con la República. En 1935 la industria había recuperado sus niveles de 1929-1931, pero los sectores primarios de la agricultura se resentían debido a la pérdida de mercados.

Tabla 6.1. Fluctuaciones de la producción económica (100 = media de 1900-1930)

| Agricultura | Industria | Producción total
1929 | 129,6 | 141,9 | 134,5
1930 | 99,4 | 144,0 | 117,2
1931 | 101,9 | 146,1 | 119,6
1932 | 129,1 | 132,8 | 130,6
1933 | 122,2 | 122,1 | 122,2
1934 | 127,2 | 134,4 | 130,1
1935 | 113,2 | 142,4 | 124,9
1940 | 75,6 | 96,0 | 83,8

Fuente: L. Benavides, Política económica en la Segunda República española, Madrid, 1972, 268.

Los productores españoles estaban protegidos ya por una de las murallas arancelarias más altas del mundo[3]. Aunque los sectores principales de la exportación agrícola —el vino, los cítricos, la aceituna— sufrieron un serio declive, los sectores que producían sobre todo para el mercado nacional —especialmente el trigo, pero también las hortalizas— se portaron relativamente bien, con unas cosechas espléndidas en los años 1932 y 1934. En el fondo de la depresión en 1933, hubo un bajón del 7 por ciento en los precios agrícolas, pero gran parte de aquella pérdida se recuperó en el año siguiente. Además, la lenta pero bastante firme modernización de la producción agrícola que había ido produciéndose durante el medio siglo anterior, continuó más o menos al mismo ritmo durante los años de la depresión.

Industrias básicas tales como la metalurgia, la minería, el cemento, la producción química y la energía habían crecido más aprisa que la economía en conjunto durante la década de 1920, pero después cayeron más del promedio en los años 1932 y 1933. Sufrieron sobre todo la metalurgia y la minería, cayendo la primera por lo menos un 50 por ciento a finales de 1933. La construcción se veía también muy afectada en varias comarcas, aunque no en todas. La industria textil sufrió menos, apuntalada tal vez por el aumento de los salarios reales y el poder de adquisición durante la República. En 1935, sin embargo, la producción industrial casi se había recuperado, gracias al mantenimiento de la demanda y al aumento del crédito estatal para la construcción.

Las exportaciones habían llegado a alcanzar alrededor del 8 por ciento del producto nacional bruto durante la parte principal de los años 1920 y casi el 10 por ciento en 1930 (casi un 84 por ciento compuesto por alimentos y materias primas). En 1933 el volumen comercial de algunos productos descendió hasta en un 75 por ciento y escasamente llegó al 4 por ciento del producto nacional en 1935. Las exportaciones e importaciones combinadas habían alcanzado al 23 por ciento del producto nacional durante 1929-1930, pero sólo el 12 por ciento en 1934. Después de la Primera Guerra Mundial, el único año en que España había disfrutado de un balance comercial favorable había sido 1919. El coeficiente de cobertura había sido de un promedio del 83 por ciento en los años 1926-1931, pero esa cifra descendió a sólo el 60 por ciento en 1932-1935 al no seguir las importaciones el ritmo de caída de las exportaciones. El bajón de la exportación se acusó al máximo en algunos minerales, como el plomo, seguido por el vino y el aceite de oliva, pero la exportación de cítricos sufrió una disminución menor y la demanda extranjera de la almendra española se mantuvo firme. El gobierno logró cerrar con éxito varios acuerdos concretos comerciales y de trueque, lo que alivió un poco la situación. El más importante fue un convenio comercial con Francia en 1933 que establecía la reciprocidad y ciertas reducciones tarifarias mutuas. Se negociaron acuerdos de trueque para el petróleo soviético y el trigo de Argentina, pero en otros aspectos se endurecieron los aranceles frente a unos cuantos países. (Véase tabla 6.2.) Pero en general no se subió más la barrera arancelaria, ya bastante alta, la renta nacional se mantuvo con respecto a la capacidad general interna de adquisición, y en 1932 la peseta no sólo se había estabilizado, sino que se había revaluado ligeramente, todo lo cual contribuyó a aumentar la importación.

La principal controversia política relacionada con el comercio internacional se debió a la considerable importación de cereales efectuada en 1932 para compensar la notoria escasez resultante de la mala cosecha nacional de 1931. El gobierno fijó unos precios mínimos del trigo velando por el interés de los cosecheros españoles, y en 1932 los mismos se esforzaron en que subieran los precios debido a la reducción de la cosecha y al aumento de los jornales. Aunque el Ministerio del Trabajo ayudó a negociar algunos ajustes a la baja de los salarios para salvar la cosecha de 1932, autorizó también la importación de casi 300 000 toneladas de cereales entre abril y junio de ese año. Los precios del trigo alcanzaron su máximo en julio, momento en el que gran cantidad de grano nacional que había sido retirado fue volcado en el mercado, haciendo desplomarse los precios. Todo ello coincidió con una estupenda cosecha de trigo en 1932, lo que para el otoño había llevado el precio de los cereales a su punto mínimo de muchos años. El Ministerio de Agricultura se vio denunciado a mansalva por haber autorizado una importación excesiva[4]. Aquello afectó no solamente a los grandes productores de trigo, sino incluso más a los pequeños cosecheros, porque la mayoría de los pequeños propietarios y arrendatarios produjeron por lo menos bastante cantidad de trigo y el mercado respectivo no se recuperó para ellos hasta 1934-1935.

La dictadura había seguido una política económica expansionista, aunque aquello condujo a la larga a unos déficits mayores y un debilitamiento de la divisa nacional. Los dirigentes republicanos se comprometieron a lograr una honrada unificación de las cuentas del país en vez de los presupuestos de la dictadura y procuraron evitar el aumento de la deuda, pero no pudieron negarse a ciertas políticas reflacionistas en medio de la gran depresión. A causa de todo ello, la llegada de la República no señaló una ruptura drástica con la política económica general, porque el verdadero cambio se había producido ya en 1925-1926, cuando Primo de Rivera hizo cambiar la política tradicional de escaso intervencionismo del Gobierno español.

Tabla 6.2. Volumen proporcional del comercio exterior

1929 | 100
1930 | 100,5
1931 | 73,8
1932 | 52,5
1933 | 54,5
1934 | 58,0

Fuente: Servicio de Estudios, Banco de España, Ritmo de la crisis económica española en relación con la mundial, Madrid, 1934, 40-41.

Indalecio Prieto, el primer ministro de Hacienda republicano, hubo de enfrentarse a problemas formidables, porque la reacción inicial hacia el nuevo régimen consistió en un leve pánico financiero con alguna evasión de capital y un descenso temporal del 20 por ciento en el valor de la peseta[5]. Adoptó medidas enérgicas para detener la caída de la peseta, declarando inmediatamente de tomar posesión: «No estoy aquí como socialista, sino sólo como ministro de Hacienda[6]». Aunque sus esfuerzos por devolver a España al patrón oro fracasaron pronto, la peseta, que había caído de 9,09 frente al dólar al entrar la República a 11,86 pesetas por dólar el 16 de enero de 1932, empezó a revalorizarse ligeramente durante el año 1932. Prieto se las arregló también para hacerse con algo más de control gubernamental en el Banco de España, que era de propiedad privada.

Los impuestos eran bajos en general y los líderes republicanos sentían poca inclinación a subirlos. Don José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda de la dictadura, había subido las contribuciones ligeramente y hecho una estructura fiscal algo más progresista en una reforma que efectuó en 1926-1927, pero el apreciable aumento de los ingresos estatales habido desde entonces se debió sobre todo a una mayor eficacia recaudatoria[7]. Jaume Carner, que sucedió a Prieto, añadió un modesto aumento de algunos impuestos de más volumen, pero el nuevo impuesto sobre la renta siguió siendo bastante modesto. Aprobado a fines de 1932 para ser aplicado en 1933, su horquilla empezaba por un 1 por ciento y aumentaba hasta el 6,8 por ciento en ingresos situados entre 100 000 y un millón de pesetas. En las rentas superiores a un millón, el primer millón soportaba un gravamen del 7,7 por ciento y los siguientes del 11 por ciento[8]. Aquello pudo haber aumentado la presión fiscal total en alrededor del 10 por ciento.

El gasto del gobierno durante la República fue moderadamente expansionista, lo que se tradujo en déficits permanentes. Los mayores aumentos se dedicaron a la educación, las fuerzas de seguridad y las obras hidráulicas. Entre 1930 y 1933 los presupuestos tanto del Ministerio de Instrucción Pública como del de Gobernación aumentaron aproximadamente un 50 por ciento, superando continuamente el aumento del último al del primero. El aumento proporcionalmente mayor correspondió al desarrollo de las obras hidráulicas; Primo de Rivera no había invertido nunca más de 60 millones de pesetas anuales en la construcción de presas, pero Prieto gastó aproximadamente 80 millones en 1932 y 175 en 1933. Se produjeron también aumentos significativos en el financiamiento de la deuda y en el personal (especialmente en los retiros de los militares), y los gastos sociales aumentaron más en general en 1933. En consecuencia, el presupuesto total sobrepasó los 4000 millones de pesetas por primera vez en 1932, con lo que había subido un 12 por ciento en dos años, aumentando sin cesar. Los déficits no eran ninguna novedad para el gobierno español. Los de las administraciones republicanas empezaron por 373 millones en 1931, subieron a 535 millones en 1932, a 616 en 1933, y a 812 millones en 1934[9]. Los déficits presupuestarios se financiaban con bastante facilidad mediante bonos a corto plazo al 5 por ciento (algunos sólo a 24 meses). Se observaron escrupulosamente su pago y los plazos de amortización, lo que ayudó a mantener el valor de la peseta[10]. Teniendo en cuenta los problemas a que se encararon, las administraciones de la República no pueden ser acusadas sin más de despilfarradoras, aunque los portavoces de la oposición se extendían con ganas mencionando el número de lujosos grandes coches Chrysler importados para los altos funcionarios del gobierno.

De hecho, la emisión de pagarés del tesoro disminuyó en el primer año de la República, y sólo recuperó y superó el nivel del último año de la Monarquía en 1932, momento en el que el volumen de dinero empezó de hecho a reducirse, según indica la tabla 6.3. En conjunto el Banco de España elevó muy ligeramente el tipo de redescuento[11], todo lo contrario de una política reflacionista. Los líderes republicanos y socialistas, con pocas excepciones, tenían unas ideas económicas muy rudimentarias, y la teoría keynesiana sobre estrategias reflacionistas amplias se salían de sus alcances[12]. Incluso la izquierda republicana pensó al principio en reducir el déficit y tratar de crear unos pocos puestos de trabajo más mediante las obras públicas. Los socialistas, cuando se vieron presionados, no pudieron añadir otra táctica que la de redistribución mediante impuestos fuertes y los arreglos salariales unilaterales, o la confiscación directa. No hubo mucho interés en proporcionar crédito barato o subsidios a las empresas tambaleantes, lo que hizo que aumentara enseguida la antipatía entre el gobierno por un lado y los negocios y la industria por el otro, incluso cuando como consecuencia crecía con más fuerza el desencanto de los trabajadores. Al igual que en otros países, se hizo bastante para reducir los cuadros de funcionarios públicos, criticados en general por su excesivo número y su ineficacia, y para lograr una mayor productividad mediante aumentos de sueldos en determinadas categorías[13], aunque no está tan claro si lograron mucho con esas medidas.

Tabla 6.3. Aumento en la circulación de billetes de banco (1913 = 100)

1929 | 312,9
1930 | 239,7
1931 | 267,5
1932 | 259,9
1933 | 255,2
1934 | 249,5
1935 | 248,5

Fuente: Benavides, Política económica, 251.

Gracias al aislamiento parcial de la economía nacional y a la política laboral de la República, el aumento de los salarios reales que había sido un rasgo significativo en los años 1920, continuó de hecho durante la depresión. Los salarios reales habían aumentado a un promedio aproximado del 2 por ciento anual de 1923 a 1929, y de acuerdo con un cómputo lo hicieron en un 2,9 por ciento en el año 1930. Durante los tres años siguientes, los salarios reales aumentaron en conjunto por lo menos un 7 por ciento más —incluso con más rapidez los de los jornaleros del campo (véase tabla 6.4)— aunque en conjunto cayeron en un mínimo del 3 por ciento (posiblemente más) entre 1933 y 1935[14]. Los aumentos salariales nominales pueden traducirse directamente a ganancias reales porque se produjeron en medio de unos precios generalmente estables. Hay que tener en cuenta además que ese cómputo no tiene en cuenta el considerable aumento en ingresos accesorios y condiciones de trabajo en los dos primeros años de la República[15]. Por lo tanto, pese al aumento del desempleo, la renta per cápita se mantuvo estable según indica la tabla 6.5.

Tabla 6.4. Salario de los jornaleros en la provincia de Córdoba, 1930-1934

Salario por jornada de ocho horas
Tipo de trabajo | 1930 | 1932 | 1933 | 1934
Recogida de aceitunas | 5,50 | 6,50 | 5,85 | 5,75
Siembra a mano | 6,00 | 9,00 | 8,10 | 8,10
Siega con hoz (7 horas) | … | 9,40 | 8,50 | 9,00
Siega con guadaña (6 horas) | … | 11,00 | 9,90 | 10,40
Azadonar olivares | 4,50 | 5,75 | 5,25 | 5,25
Sin especificar | 3,75 | 4,75 | 4,25 | 4,25

Fuente: M. Pérez Yruela, La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba 1931-1936, Madrid, 1979, 179.

Tabla 6.5. Ingresos per cápita (en pesetas)

1929 | 1092
1930 | 1033
1931 | 1020
1932 | 967
1933 | 1078
1934 | 1078
1935 | 1033
1939 | 729
1940 | 819

Fuente: Benavides, Política económica, 251.

El rendimiento del capital no se mantuvo constante, pero a pesar del aumento de las quejas —que en algunos sectores rondaron la histeria— referentes a los ruinosos efectos de la política republicana, las utilidades de la mayoría de ellos no sufrieron una caída desastrosa, aunque sectores como la minería y la metalurgia sufrieron desde luego un duro golpe. La Bolsa bajó, pero el índice general de quiebras no pareció haber aumentado mucho, aunque muchas más empresas recurrieron en ocasiones a la suspensión de pagos. La renta no se redujo drásticamente aunque el tipo real de interés descendió un poco. Las utilidades declaradas por la banca, que habían sido de un promedio del 16 por ciento de 1923 a 1930, cayeron al 11,6 por ciento de 1931 a 1935, lo que no puede llamarse una situación calamitosa[16]. Las utilidades declaradas en general por las empresas principales, excepto unas pocas en los sectores más afectados, se mantuvieron francamente estables, mientras que la renta agrícola en su conjunto aumentó en términos generales tanto en 1932 como en 1934. El Anuario Financiero de 1933 (en general el más bajo de ese tiempo) revelaba que sólo una minoría de las empresas registraron unas utilidades significativamente inferiores a las del año anterior, mientras unas pocas las superaron bastante. El total del ahorro en los bancos y cajas de ahorros aumentó continuamente de alrededor de 4000 millones de pesetas en 1929 a 5 227 405 335 pesetas en 1934[17]. El número de nuevos vehículos a motor matriculados disminuyó de un máximo de 37 335 en 1929 a un mínimo de 11 105 en 1932, pero repuntó rápidamente el año siguiente hasta alcanzar los 26 064 en 1935[18].

La causa principal de sufrimiento para la población en general fue, por lo tanto, el desempleo, que aumentó sin parar durante todo el período republicano. (Véase tabla 6.6.) El desempleo siguió aumentando incluso cuando la economía y producción generales mejoraban, debido a la pérdida de mercados de exportación, aumento de los costos laborales, y preocupación por una racionalización y una productividad mayores, consecuencia natural todo ello de la depresión, de las reformas republicanas, y de la constante aunque lenta modernización de la economía. El desempleo alcanzó su máximo con 821 322 parados en junio de 1936, afectaba entonces aproximadamente al 10 por ciento de la población activa. Comoquiera que las estadísticas españolas incluían también a las personas que tenían un empleo limitado a tiempo parcial, el desempleo absoluto no llegó probablemente nunca más allá del 7 por ciento, una cifra modesta si se compara con las de Alemania o Estados Unidos. Pero en España no había, en cambio, apenas subsidios de desempleo. A Largo Caballero no le fue posible conseguir mucho en este campo en los años 1931-1933 debido a la penuria de fondos, aunque en 1931 se inició un sistema de seguro de desempleo. Nunca le tocó siquiera la mitad del 1 por ciento del presupuesto nacional. Sabemos, por ejemplo, que en febrero de 1933 sólo el 2,4 por ciento de los que figuraban como totalmente desempleados recibían algún tipo de compensación, e incluso la misma no pasaba del 60 por ciento de su salario normal durante un máximo de sesenta días consecutivos al año[19].

Tabla 6.6. Desempleo total

| Desempleo completo | Desempleo parcial | Total
Enero de 1932 | … | … | 389 000
Junio de 1932 | … | … | 446 263
1 de julio de 1933 | 285 900 | 258 900 | 544 800
Octubre de 1933 | 348 200 | 237 900 | 586 100
Diciembre de 1933 | 351 800 | 267 000 | 618 900
Enero de 1934 | 381 200 | 243 900 | 625 100
Febrero de 1934 | 378 100 | 230 600 | 608 700
Marzo de 1934 | 416 300 | 250 300 | 666 600
Diciembre de 1934 | 406 743 | 261 155 | 667 897

Fuente: diversas, compiladas en J. Hernández Andreu, Depresión económica, 175.

El desempleo fue particularmente duro en industrias como la minería, la metalurgia y (menos continuo) en la construcción, pero su grueso se concentró en la agricultura. Dedicándose aproximadamente el 45 por ciento de la población activa a la agricultura (y gran parte de ella subempleada incluso en tiempos relativamente buenos), la parcela agraria del desempleo subió del 58 por ciento a comienzos de 1932 al 65 por ciento en 1936[20]. Como más de la mitad de la población agraria activa tenía alguna tierra de su propiedad y es menos probable que figurase en estas estadísticas, la incidencia real del desempleo en los trabajadores sin tierras fue evidentemente muy superior al promedio nacional. En 1934 un portavoz de la Cámara mencionó unas tasas de desempleo del 46 por ciento entre los jornaleros del campo de la provincia de Jaén, el 39 en la de Badajoz y el 36 por ciento en la de Córdoba.

La tradicional válvula de seguridad de la emigración quedó además bloqueada casi del todo. En 1928 habían emigrado sólo a Argentina 33 000 españoles, pero con la depresión aquella corriente salvadora empezó a invertirse. En 1935 había habido un regreso neto de aproximadamente doscientos mil emigrantes, al tiempo que los jóvenes trabajadores que habían constituido una emigración interna, del campo a las ciudades, en busca de trabajo estaban regresando en algunos casos también a sus pueblos.

Así pues, aunque el impacto proporcional de la depresión fue más suave en España que en otras partes y las cifras de desempleo absoluto eran relativamente modestas, el sector más pobre de la población recibió un golpe durísimo y lo pasaba en realidad bastante peor que los obreros en paro, por ejemplo, de Alemania, donde el índice nacional de desempleo era mucho más alto. No crearon aquellas presiones los conflictos sociales y políticos de los años republicanos, pero los intensificaron, exacerbando su amargura.

CAPÍTULO 7

LA POLÍTICA EXTERIOR

La política exterior no supuso nunca una gran preocupación para los líderes republicanos, por dos motivos básicos. España había sido el gran país neutral de Europa Occidental, sin amenazas exteriores y exenta de implicaciones en los grandes duelos de potencias. Se añade el hecho de no existir deseos tangibles ni capacidad para cambiar tal estado de cosas, al tiempo que, por el contrario, la gran mayoría de los dirigentes políticos estaban totalmente absorbidos por problemas internos mucho más acuciantes y conflictivos. A diferencia de casi todos los países más débiles y subdesarrollados del Sur y Este de Europa, el nacionalismo no constituía ni una fuerza política significativa ni un problema para España. Aunque la sociedad española padecía un subdesarrollo económico, el Estado español era uno de los Estados de más antigua existencia continua del mundo, y había sido expansionista militante mucho antes de que llegara a existir siquiera el nacionalismo moderno. Una vez perdido su histórico imperio, el país se había sumido en luchas intestinas y no volvió a constituir un peligro serio para ninguna otra potencia. La ideología de la derecha española consistía en distintas variantes de catolicismo, conservadurismo y tradicionalismo, todas ellas muy ajenas a los vectores románticos y radicales del nacionalismo moderno, al tiempo que la izquierda estaba absorbida por los problemas políticos y sociales internos. La lentitud misma de su desarrollo económico antes de la Primera Guerra Mundial desalentaba el desarrollo de nuevos intereses nacionalistas sociales y económicos. Cuando España volvió a implicarse en el imperialismo moderno con el establecimiento del pequeño protectorado del Norte de Marruecos, la motivación primaria fue más defensiva que ofensiva: para evitar verse completamente envuelta en lo geográfico por el expansionismo francés. El que las expresiones más activas del nacionalismo fuesen las fuerzas centrífugas del catalanismo y el nacionalismo vasco constituyen de suyo un elocuente testimonio de la debilidad, es más, de la virtual inexistencia, de cualquier sentimiento o movimiento definido de nacionalismo español[1].

El progresismo republicano no dejaba de tener, sin embargo, ciertas nociones y preferencias claras en materia de asuntos exteriores. Sus miembros fueron en general francófilos, en apoyo de la más antigua república democrática de Europa, y la cosa más parecida a un modelo para ellos. Casi todos habían apoyado a los aliados durante la Primera Guerra Mundial y en consecuencia respaldaban en general el cuasidemocrático statu quo favorecido por las grandes potencias de Europa Occidental y asociado a la Liga de las Naciones. Le reprochaban también en general a la monarquía el haber carecido, como afirmaban Azaña y otros, de una auténtica política exterior, dejando a España convertida en una indolente nulidad en el concierto de las potencias. En consecuencia, Azaña recalcó que el nuevo régimen tenía que superar «aquel espíritu de achicamiento y de encogimiento[2]» característico de la monarquía y hacer que la voz de España volviera a oírse, y que lo hiciera del lado de una neutralidad activa y progresista que no proyectase ambiciones draconianas en el escenario internacional[3].

Al igual que la mayoría de sus colegas, Azaña estaba absorbido por los asuntos nacionales, por lo que el principal portavoz de la política exterior de la República fue el sofisticado internacionalista Salvador de Madariaga, intelectual, erudito y ensayista, que escribía con fluidez y casi por igual en español, francés e inglés. Secundado en ocasiones por Ortega, Madariaga fue el principal portaestandarte del europeísmo bajo la égida del Gobierno republicano, o sea la unidad dentro de la diversidad, bajo la del patrimonio común occidental, humanista y progresista[4].

No siendo más que un liberal moderado, Madariaga se daba perfecta cuenta de que la República constituía potencialmente «el régimen más avanzado de Europa después de Rusia» y debía desempeñar en consecuencia un papel decidido a favor de la paz y la armonía. Él y otros liberales españoles estaban también de acuerdo con ello dentro del más noble sentido de una tradición histórica que permitiría poner en práctica los principios de derecho internacional compilados por vez primera por teóricos españoles, como los gigantes del siglo XVI Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. Todavía antes, el gran teólogo y filósofo mallorquín Ramón Llull (Raimundo Lulio) había propuesto la reunión de una asamblea internacional para resolver los problemas de Europa a finales del siglo XIII. En 1931 la Fundación Carnegie subvencionaba una «Asociación Internacional Vitoria-Suárez» como complemento de la sociedad del mismo nombre que existía ya en Madrid[5], y en 1933 tuvo lugar en Salamanca una gran conmemoración internacional de Vitoria y sus obras.

El cargo de ministro de Asuntos Exteriores distaba de ser el más importante entre los numerosos administrativos republicanos. Empezando por Lerroux en 1931 (quien, a pesar de su apellido, ni siquiera sabía mucho francés, y no digamos ningún otro idioma extranjero[6]), los ministros de Asuntos Exteriores carecían de experiencia o de aptitudes (o de ambas cosas) y se les cambiaba con frecuencia llegando a ocupar el cargo diez personajes distintos en poco más de cinco años. Se puso empeño en nombrar embajadores republicanos bien cualificados en las capitales principales, aunque, pese a una serie de dimisiones iniciales, se mantuvo el conjunto principal de figurones aristócratas conservadores monárquicos que siguieron formando la base del cuerpo diplomático español. Después de la sanjurjada fueron purgados parte de los miembros más declaradamente monárquicos del servicio diplomático, pese a que no se disponía siempre de sustitutos adecuados. La relativa falta de prestigio de los asuntos exteriores y general falta de interés en ellos se reflejaba también en la falta de discusión en las Cortes sobre los temas de la política exterior.

Salvador de Madariaga, fotografiado durante una entrevista de la BBC.

Aquella actitud general plasmó el papel de Madariaga, que fue nombrado primero embajador en Washington, en mayo de 1931, para ser enviado pronto a Ginebra, donde desempeñó el cargo de representante español de facto (aunque nunca de jure) ante la Sociedad de Naciones durante casi cinco años. Ésta tuvo una importancia muy especial para Madariaga y para la mayoría de la clase política republicana, que de hecho incorporó directamente a la Sociedad de Naciones a la nueva Constitución. El artículo 6 declaraba: «España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional», y el artículo 77 estipulaba: «El presidente de la República no podrá firmar declaración alguna de guerra sino en las condiciones prescritas en el Pacto de la Sociedad de Naciones, y sólo una vez agotados aquellos medios defensivos que no tengan carácter bélico». Cualquier declaración de guerra no sólo tendría que ser votada por las Cortes, sino también seguida de todos los procedimientos y disposiciones de arbitraje establecidas por la Sociedad de Naciones.

Los principios básicos de una neutralidad activa, tal como la entendía Madariaga, consistirían en trabajar para fortalecer la Liga, colaborar con Gran Bretaña y Francia, ejercer una colaboración igual o incluso mayor con las democracias menores de Europa Occidental (cuyo poder e intereses se identificaban presumiblemente más con los de España), mantener una estrecha colaboración con los países iberoamericanos y con Portugal, y seguir defendiendo de manera constructiva los derechos de España sobre Gibraltar[7].

La elección de España para el Consejo de la Sociedad de Naciones dio ocasión para que Madariaga fuera destinado a Ginebra, y don Salvador ocupaba la presidencia del mismo cuando fue llevado a la Sociedad de Naciones el problema de la agresión de los japoneses a Manchuria en enero de 1932. Fue tan decidido en su denuncia de la invasión japonesa —en un momento en el que las demás potencias de Europa Occidental se inclinaban a pasarla por alto— que Madariaga se ganó enseguida el remoquete de «Don Quijote de la Manchuria». Aquella postura molestó un poco a la delegación británica, pero le ganó el respeto de las democracias europeas menores y de algunas de las delegaciones iberoamericanas[8].

La actividad de Madariaga consiguió por lo menos algún grado de éxito al constituir una especie de entente entre los miembros del «Grupo de los Ocho», agrupación de los seis países democráticos de segunda fila declaradamente neutrales (España, Suiza, Holanda y los tres países escandinavos), además de Bélgica y Checoslovaquia (aunque estos dos últimos se retiraron de aquel grupo oficioso cuando Alemania abandonó la Liga en octubre de 1933). Aquella actitud gozaba del estímulo más directo de Luis de Zulueta, ministro de Relaciones Exteriores, de la izquierda republicana, de diciembre de 1931 a junio de 1933, con la tenencia más prolongada de ese cargo durante la República. El tándem Zulueta-Madariaga brindó el más firme liderato en política exterior que iba a conocer la República.

En su ejecutoria, Madariaga actuó en la Comisión de los Doce que investigó la invasión de Manchuria, presidió el Comité de Aviación de la Conferencia Internacional de Desarme que se reunió en febrero de 1932, fue uno de los mediadores oficiales en la Guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay así como en la disputa fronteriza habida entre Perú y Colombia, y presidió también más adelante el Comité de la Liga que recomendó ejercer sanciones contra Italia por la invasión de Etiopía. Madariaga propugnó siempre el objetivo del desarme mundial y últimamente una especie de Estado federal mundial. En la Conferencia de 1932 propuso la supresión de la aviación militar y la creación de una comisión internacional de aeronáutica civil como también la iniciación de un desarme general mediante reducciones mutuas de todos los presupuestos militares[9]. Todo esto no suscitó ningún entusiasmo especial en el seno de la envidiosa opinión política española, muy poco interesada en los asuntos exteriores y pronta a resentirse porque destacase tanto una personalidad única como la de Madariaga, y desde luego con una gran tendencia a desdeñar sus «quijotescas» proposiciones.

Entre 1931 y 1934 España poseyó en Ginebra una autoridad moral bastante mayor que la que le habría correspondido normalmente por su poder económico o militar. Su objetivo fue nominalmente llegar a ser un poco más independiente de las dos potencias dominantes, Gran Bretaña y Francia. Aquello, por supuesto, hacía muy poca gracia en Londres y en París, al temer los diplomáticos británicos que Madrid fuera a acercarse demasiado a París[10], y temer los franceses que Madrid llegara a adquirir una independencia más auténtica. Sin embargo, cuando venían mal dadas, la diplomacia española no podía evitar —ni hizo demasiado por evitarlo— el ponerse del lado de París y Londres en los asuntos de más alcance. Junto con Estados Unidos, eran los países de mayor intercambio comercial con España, y pese al enojoso tema de Gibraltar y a las fricciones con Francia a cuenta de Marruecos, no había en el candelero antagonismos activos de mayor monta. En cambio, fueron principalmente políticos de derechas los que trataron de establecer unas relaciones más estrechas con Alemania, tanto antes de la llegada de Hitler al poder como después de ella, resaltando siempre el hecho de que históricamente jamás había habido un conflicto entre España y Alemania. Pero se puede decir también que no había convergencia de intereses, especialmente después de enero de 1933.

La prensa francesa, en su mayor parte relativamente conservadora, fue al principio algo hostil hacia la República y disfrutaba explayándose a cuenta de cada información que llegaba sobre divisiones internas o disturbios sociales en España, al tiempo que se mostraba bastante amistosa para con el rey, que residió en París durante algunos años. Pero aquello empezó a cambiar en 1932, cuando el centro-izquierda francés empezó a lograr una mayor unidad y energía, ganando las elecciones nacionales de 1932. En la segunda mitad de ese año, la prensa francesa perdió bastante de su hostilidad, y Eduardo Herriot, el Primer ministro, del Partido Radical, decidió enderezar el entuerto mediante una visita oficial de Estado en octubre de 1932. Ni la organizaron bien desde el principio ni tampoco fue recibida en España con demasiada simpatía, pero terminó sin embargo con un éxito aceptable, traduciéndose en un nuevo tratado comercial razonablemente constructivo así como en otros dos acuerdos de menos relieve. Posteriormente, en diciembre de 1935, se firmó un contrato especial de compra de armas.

El ahondamiento de la depresión económica trajo dificultades con todos los países socios mercantiles importantes, agravadas por las nuevas disposiciones de la República (sobre todo en lo tocante al trabajo) y por nuevas restricciones comerciales. Hubo problemas más serios con Estados Unidos que con Gran Bretaña o Francia, debido en gran medida a la actitud, más dura, de los Estados Unidos[11].

El foco mayor de fricción activa en las relaciones con las principales potencias europeas no residió en la posesión británica del Peñón de Gibraltar (aunque se mantuvo siempre la protesta, nunca se ejercieron presiones activas), sino en los enojosos términos de la administración del enclave de Tánger en el protectorado de Marruecos. A pesar de estar situada en lo mejor de la zona española, en pleno estrecho y justo frente a la península, Tánger era una ciudad libre internacional, sometida a una administración multinacional, que favorecía mucho los intereses de Francia frente a los de España. El estatuto internacional existente iba a expirar en mayo de 1936, y durante los dos años anteriores, la administración de centro-derecha de Madrid trató de conseguir una revisión más favorable. Se oponían a ella el gobierno francés y no la apoyaban Gran Bretaña ni Italia, las otras dos potencias de la comisión internacional de gobierno. Fue uno de los pocos asuntos de política exterior que se discutieron realmente en las Cortes, pero la correlación de poder existente evidenció una vez más que España difícilmente podría imponerse en un contencioso con una potencia importante si no la apoyaba directamente otra gran potencia. El nuevo tratado, firmado en París en noviembre de 1935, le otorgaba a España concesiones muy limitadas, aunque sus términos fueron algo menos enojosos que los anteriores[12].

La política general de la República referente al protectorado de Marruecos consistió en aceptar el statu quo, que en 1931 gozaba en general de la aquiescencia de la población indígena. Dentro de España, sólo la izquierda revolucionaria propuso la independencia de Marruecos[13]. Se hizo algo por racionalizar y modernizar algunos aspectos de la administración, que estaba centralizada bajo el cargo de un alto comisario civil, y se intentó reducir los gastos. Aunque los marroquíes aceptaban en términos generales la ocupación española, crecía el sentimiento nacionalista y hubo disturbios y manifestaciones de escasa importancia en 1931, 1933 y 1934, y de nuevo en junio de 1936. La política española consistió siempre en apoyar la autoridad de los jefes marroquíes más conservadores y reprimir con mano suave toda nueva actividad política descarada.

En 1934 el gobierno de centro-derecha de Lerroux tomó una actitud más enérgica y anunció el 19 de abril que una expedición española de volumen muy reducido a las órdenes del coronel Capaz (intitulado a veces «el último de los conquistadores») había ocupado oficialmente el pequeño enclave de Ifni, situado en la costa atlántica del protectorado francés. Se trataba de un territorio virtualmente deshabitado (la antigua Sta. Cruz de Mar Pequeña), cuyos derechos por parte de España habían sido reconocidos por varios tratados con Marruecos y otras naciones entre 1767 y 1884. El gobierno de Azaña se había mostrado ya favorable a su ocupación, y en consecuencia, se encargó de la expedición el coronel Capaz, delegado de Asuntos Indígenas en el protectorado del Rif. Asimismo se dieron algunos pasos para extender la ocupación militar del Sahara español, situado inmediatamente al Sur del Marruecos francés, donde las incursiones nómadas a través de las fronteras habían dado pábulo a que el gobierno francés explorase la posibilidad de adquirir aquel territorio para Francia.

Un objetivo prioritario de la política republicana fue establecer unas relaciones más estrechas con Iberoamérica. El artículo 24 de la Constitución garantizaba un trato preferencial para todos los ciudadanos de los países hispánicos de América (comprendidos los brasileños) y para los portugueses, estipulando que los naturales de estos países residentes en España podían adquirir la ciudadanía española sin perder la suya. En 1931 vivían en Hispanoamérica aproximadamente tres millones de personas de nacionalidad española, sobre todo en Argentina y Cuba. Las legaciones españolas existentes en México y Brasil fueron ascendidas al rango de embajadas de primera clase y las Cortes aprobaron la creación de un Centro de Estudios de Historia de América, el primero de esa clase en España, en la Universidad de Sevilla. Madariaga ejerció mucha actividad mediadora para resolver la cruenta disputa fronteriza del Chaco, y la diplomacia española ayudó con éxito a resolver unos cuantos enfrentamientos violentos de menor importancia. Madariaga tomó la iniciativa en Ginebra en distintos asuntos de interés para los países hispanoamericanos, y existió al menos cierta tendencia de parte de varias delegaciones hispanoamericanas a seguir sus iniciativas en la Sociedad de Naciones. Por otra parte, las relaciones económicas con Hispanoamérica eran limitadas, debido esencialmente a la no complementariedad de las economías, sufriendo España en general un balance comercial negativo. Julio Álvarez del Vayo, el ingenioso embajador en México durante el primer bienio republicano, fue desusadamente activo, aunque España disfrutó tal vez de unas relaciones más íntimas con Chile que con cualquier otro país hispanoamericano. Ya antes de la República se había hablado de algún tipo de federalismo panhispánico, aunque existían desde luego demasiados obstáculos prácticos para emprender cualquier iniciativa seria en ese sentido[14].

Los problemas de las grandes potencias empezaron a hacerse más difíciles a partir de 1933. El último paso importante dado por la administración azañista fue consumar el mutuo reconocimiento diplomático entre los gobiernos español y soviético en julio de 1933, aunque se limitó a intercambiar representantes de rango menor, sin establecer embajadas a máximo nivel. Aquellas relaciones fueron congeladas después por la centroderecha, y el primer embajador oficial soviético no llegó hasta después del comienzo de la Guerra Civil.

El crecimiento de la fuerza política conservadora después de 1933 trajo consigo preferencias nuevas en política exterior. La opinión católica procuró distanciar a España todavía más de las políticas británica y francesa, buscando una neutralidad estricta en las discusiones entre las grandes potencias. La actitud básica de Mussolini hacia la República era hostil[15], y el desarrollo de la política de apaciguamiento de Francia para con Italia en 1935 dio la impresión de producirse a costa de terceros, por ejemplo, España en África. Aunque no hubo intereses españoles directamente amenazados, el hecho de que los intereses y la opinión española fuesen ignorados totalmente provocó resentimientos, y uno de los pocos debates sobre política exterior de las Cortes republicanas. El resultado fue un ligero desplazamiento de la alineación general de España, que se aproximó un poco a Inglaterra —que mostraría cierto apoyo a la posición española con respecto de Tánger, aunque por lo demás se inclinó a garantizar el statu quo— así como un movimiento ligerísimo en dirección a la Alemania nazi, donde el gobierno de centro-derecha consideró fugazmente la adquisición de armas. El gobierno español fue uno de los cinco cuyos representantes supervisaron ese año el plebiscito del Sarre, ganado por Alemania.

El asunto más preocupante a finales de 1935 fue la invasión de Etiopía por Italia y el consiguiente embargo económico de la Sociedad de Naciones contra ésta, respaldado enérgicamente por Madariaga. El gobierno español apoyó las sanciones impuestas por la Liga, pero hizo profesión de una neutralidad estricta en el caso de una extensión de la guerra, postura compartida por casi todos los partidos políticos del país. Es de observar que los derechistas pidieron una neutralidad absoluta y la no participación en las sanciones.

Las relaciones más tensas para España atañían al vecino Portugal, país sometido entonces a una directriz política muy diferente. Al tiempo que la política española se volvía radicalmente democrática, la dictadura introducida en 1926 por los militares portugueses iba adoptando una forma más rígida e institucionalizada en 1931-1933 bajo el «Estado Novo» de Oliveira Salazar. Los portugueses habían temido una posible intervención española desde hacía bastante más de medio milenio, por lo que «o perigo espanhol» (el peligro español) se había estereotipado en sus actitudes, reavivándose en los años siguientes a 1910 en los que los monárquicos portugueses organizaron en el suelo español varias intentonas de hacer incursiones contra el naciente régimen republicano portugués de 1910 a 1926. Las relaciones habían mejorado durante la dictadura de Primo de Rivera, que se empeñó en serio por poner en práctica unos contactos amistosos y respetuosos, especialmente tras la introducción de un régimen paralelamente autoritario en Portugal[16].

Quisieron las cosas que el nacimiento de la nueva República española coincidiese con una serie de rebeliones armadas en los territorios ultramarinos portugueses (Madeira, las Azores, Guinea) a partir del 4 de abril de 1931[17]. Las autoridades lisboetas temieron que pudiera existir alguna conexión. La nueva prensa republicana española hacía unas críticas feroces del autoritario régimen portugués, y los elementos opositores portugueses se reunían en España con una libertad de movimientos total. Cierto número de ellos se concentraron junto a la frontera portuguesa con ocasión de otras rebeliones portuguesas en agosto y diciembre de aquel año, lo que hizo que el gobierno portugués pidiera que se les impidiese ejercer actividades a menos de cien kilómetros de la frontera. El 28 de agosto de 1931, unos exiliados portugueses lanzaron una bomba contra la embajada portuguesa en Madrid, y en esa ocasión la opinión española volcó su simpatía y su sentimiento de pesar hacia el embajador[18].

El gobierno de Azaña se esforzó muy poco en disimular su hostilidad hacia el régimen portugués, e hizo lo que pudo para alentar su derrocamiento, poniendo en práctica lo que el principal historiador español del problema denomina una guerra oculta contra el gobierno de Salazar. Ramón Franco, director general de Aviación por breve tiempo con Azaña, proporcionó armas para ayudar a la rebelión portuguesa de agosto de 1931, al tiempo que Azaña mismo, siendo ministro de Guerra, permitió el apoyo económico de los militares portugueses, autorizados a acogerse a España al fracasar su rebelión. En junio de 1932 se autorizó el desembarco en Bilbao de un cargamento de armas alemanas adquirido por los rebeldes portugueses, y posteriormente el constructor de buques y hombre de negocios bilbaíno Horacio Echavarrieta hizo arreglos para financiar un alijo de armas mayor, destinado a los demócratas portugueses de la oposición. Cuando alegó carecer de fondos para seguir adelante con aquel negocio, Azaña autorizó a que el Consorcio de Industrias Militares le vendiera las armas a crédito a Echevarrieta para su exportación, de manera que pudiera pasarlas a la oposición portuguesa. Se firmó un contrato en octubre de 1932, pero aquellas armas nunca fueron más allá de Cádiz, donde quedaron depositadas en un almacén (para ser adquiridas posteriormente por los socialistas españoles con destino a su levantamiento de 1934). Los hechos básicos fueron aireados en su día en un debate de las Cortes en marzo de 1935[19].

Después de establecerse la República en España algunos derechistas españoles se refugiaron también en Portugal, pero el gobierno de Lisboa se abstuvo discretamente de darles un apoyo abierto contra el régimen republicano. El historiador español De la Torre dice:

Sin embargo, me parece que en caso alguno puede equipararse el alcance de los comportamientos de los emigrados políticos españoles en Portugal y el de los portugueses en España, ni las respectivas actitudes hacia ellos de las autoridades de uno y otro país… Que yo sepa, no hubo en Portugal ni el contrabando de armas, ni las acciones conspirativas de frontera que se dieron en el Estado vecino[20].

Una ventaja que sacó el régimen portugués de su situación fue la oportunidad de utilizar pruebas de un auténtico «peligro español» a favor de su propia propaganda dentro de los sectores conservadores de la opinión portuguesa. Además de eso, el presidente Alcalá Zamora logró convencer en abril de 1933 a la administración de Azaña para que brindase un firme apoyo a Lisboa contra las crecientes presiones internacionales sobre las colonias portuguesas desde África del Sur y la posibilidad de un nuevo entendimiento angloalemán a costa de Portugal. Tras la formación de un nuevo gobierno de centro-derecha en Madrid a finales de 1933, las relaciones mejoraron acusadamente. Lerroux repitió las garantías de apoyo a las colonias portuguesas en cuanto fue Primer ministro en septiembre de 1933 y de nuevo después en un discurso pronunciado en 1935. El apogeo de las buenas relaciones llegó con la visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Armindo Monteiro a Madrid en 1935, en medio de las especulaciones de la prensa portuguesa sobre la posibilidad de una alianza peninsular oficial entre los dos países (que haría realidad Franco pocos años después). En medio de la armonía reinante en 1935 se hicieron gestiones para alcanzar un nuevo entendimiento completo con Portugal a través de un tratado comercial y otro de no agresión, aunque las negociaciones respectivas nunca llegaron a cristalizar[21].

La situación se invirtió dramáticamente después del triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936. Dada la ejecutoria de la primera administración de Azaña y la intensificada beligerancia de la izquierda española, las autoridades de Lisboa temieron de veras algún tipo de ataque o de estallido revolucionario montado desde España. En realidad, el gobierno izquierdista de Madrid se mostró entonces escrupulosamente correcto y Azaña puso gran cuidado en asegurar al embajador de Portugal que su gobierno no tenía nada que temer del de Madrid, que consideraba a su representación en Lisboa como su «embajada más importante». Azaña, como es obvio, fue incapaz de tener a raya a la izquierda revolucionaria, cuyos militantes emitieron una serie de amenazas contra el personal de las embajadas de Alemania, Italia y Portugal. Cuando la situación se deterioró en España, el gobierno alemán ordenó a su embajador que se retirase a París, y se informó de que los representantes de las embajadas de Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Argentina y Suecia tenían encuentros en Madrid para analizar el problema del asilo diplomático en el caso de una emergencia[22]. Los elementos emigrados de la oposición portuguesa volvieron a sus actividades conspirativas junto a la frontera en Galicia y Extremadura, mientras que tenía lugar en Madrid en mayo una reunión bastante concurrida de grupos de la oposición lusitana. A aquellas alturas el gobierno portugués estaba alarmado de verdad y no se esforzó ya gran cosa en restringir las actividades de los derechistas españoles que conspiraban contra el régimen republicano desde su exilio portugués. Aunque las relaciones entre Lisboa y Madrid siguieron siendo formalmente correctas, se habían hecho más tirantes que en ningún momento desde más de un siglo antes, todo un presagio de la explosión que iba a producirse en España.

CAPÍTULO 8

EL RESURGIMIENTO DE LA DERECHA, 1933-1934

La reorganización de la derecha tardó dos años y medio en alcanzar su plena forma. La ausencia de organizaciones modernas del nuevo cuño político derechista al comienzo de la República y el descrédito general adquirido por la derecha durante la dictadura y la fase final de la monarquía obstaculizaban su empeño en recuperar el poder. Sólo después de quedar completa una Constitución liberal de izquierda se puso en marcha una reacción seria, alimentada por los continuos disturbios y la legislación reformista que la siguieron. El realineamiento básico se compuso de cuatro elementos diferentes, aunque un tanto interrelacionados: el catolicismo político, las fuerzas monárquicas, una reorganización de intereses económicos con militancia nueva, y la aparición de un nuevo movimiento fascista[1]. El más importante de ellos era con mucho la aparición de un catolicismo político de masas, algo desconocido hasta entonces en la historia moderna de los regímenes parlamentarios españoles.

A pesar de la posición firmemente conservadora, por no decir frecuentemente reaccionaria, de la opinión católica y de la Iglesia desde la caída del antiguo régimen, el único partido oficialmente católico de alguna importancia había sido el tradicionalismo carlista del siglo XIX. Sin embargo, en contra de una opinión importante, la Iglesia española moderna nunca se casó con el carlismo. Durante la mayor parte de los siglos XIX y comienzo del XX, el principal protector de los intereses católicos había sido de hecho el Partido Conservador monárquico, ya desde sus prolegómenos como Partido Moderado en los años 1830 y 1840. La jerarquía eclesiástica nunca había aprobado el sistema parlamentario liberal en ningún momento del siglo XIX, pero se inclinaba a aceptar una situación de facto dentro de la que el Partido Conservador le reservaba a la Iglesia una posición más privilegiada que en ningún otro país europeo occidental y en ningún otro país católico europeo de importancia, salvo acaso la Austria de los Habsburgo. Hubo de vez en cuando algunas tentativas de organizar unas fuerzas políticas específicamente católicas, que abarcasen desde la extrema derecha hasta el primer partido español demócrata-cristiano en 1922, pero ninguna de ellas cuajó, en gran medida porque, antes de 1931, no había una necesidad especial de un nuevo partido católico confesional[2].

Como hemos explicado en el capítulo 3, la mayoría de los dirigentes políticos católicos contaban con que se podría lograr algún modus vivendi razonable con la República, pero cada mes que pasaba les hacía ver más claro que haría falta una representación católica nueva y fuerte. La empresa no se podía dejar ya a los conservadores monárquicos puesto que habían pasado a ser un factor nulo. La única alternativa viable residía en la creación de una nueva organización política de masas derechista de forma moderna capaz de funcionar dentro del sistema parlamentario. Sólo unos pocos días después del nacimiento de la República, El Debate, el diario católico más sofisticado e influyente de España, declaraba que los católicos tenían que unirse bajo los principios de «Religión, Patria, Orden, Familia y Propiedad»; aunque se trataba exactamente de los mismos principios que había defendido la derecha monárquica durante el año anterior, el cardenal Pacelli le indicó en un telegrama al arzobispo Vidal i Barraquer que los católicos españoles debían seguir en 1931 el ejemplo de los católicos bávaros en 1919 tras la caída de su monarquía[3], al tiempo que don Ángel Herrera Oria, director de El Debate, invocaba el del monárquico mariscal Hindenburg, que había aceptado la presidencia de la República alemana por imperativo patriótico. Aquello no implicaba necesariamente la plena aceptación del liberalismo, ni ideológica ni políticamente. Durante las dos generaciones anteriores la posición católica básica, tanto en lo político como en lo económico, había cuajado en forma de un corporativismo conservador, explícitamente aconsejada en la política económica por la encíclica Quadragesimo Atino, publicada en mayo de 1931.

La principal nueva agrupación católica formada ante las primeras elecciones republicanas fue Acción Nacional, con base especial en la conservadora mitad norte-central de España. Consiguió llevar a las Cortes Constituyentes un puñado de diputados, y su líder principal, José María Gil Robles, un joven catedrático universitario elocuente y de gran agilidad mental, empezó enseguida a coger fama como el principal portavoz parlamentario de la derecha. Sus interpelaciones forzaron al Primer ministro a reconocer situaciones dignas de ser reseñadas, como en el caso de un intercambio dialéctico habido el 9 de marzo de 1932, al protestar Gil Robles por el arbitrario cierre de un periódico católico por expresar opiniones opositivas:

GIL ROBLES: ¿Tiene el Gobierno unas normas para sus amigos políticos y otras para sus enemigos?

AZAÑA: ¡Naturalmente[4]!

Tras haberlo obligado por decreto el gobierno a cambiar de nombre en abril de 1932, el partido tuvo su primera asamblea con el de Acción Popular en octubre de ese año[5]. Se acordó actuar legalmente dentro del régimen y rechazar la violencia, pero fue adoptada una posición oficialmente «accidentalista» en cuanto a la forma de gobierno, y declaró que toleraría la diversidad de opiniones entre sus miembros. La posición básica de su directiva coincidía en que la monarquía era inadecuada como bandera política, pero según admitió Gil Robles años después en sus memorias: «En un orden teórico fui y soy monárquico», y también «La inmensa mayoría de los afiliados a Acción Popular eran decididamente monárquicos[6]».

Sin embargo, no toda la opinión católica era tan monárquica, y existía una gran tendencia a organizarse por agrupaciones regionales. Acción Popular se asoció en consecuencia con una serie de organizaciones políticas católicas que constituirían un nuevo gran paraguas político, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que tuvo su primer gran congreso nacional en Madrid el 28 de febrero de 1933. Los delegados afirmaban representar a un total de 735 058 afiliados en un momento en el que la Acción Republicana de Azaña contaba con unos 130 000. Azaña pudo haber estado en lo cierto hasta cierto punto cuando afirmó que España en su conjunto había dejado de ser católica, pero un mayor número de españoles seguían creyendo más en el catolicismo que en cualquier otro credo o ideología. Los católicos militantes no pasaban de ser una gran minoría dentro de la sociedad española, pero estando en su mayor parte organizados en la CEDA, esta última estaba en condiciones de convertirse en la mayor fuerza política unida del país, como demostraron las dos elecciones republicanas siguientes. El catolicismo se prestaba muy en especial para movilizar políticamente a las mujeres que, se decía, componían el 45 por ciento de la afiliación de la CEDA en Madrid, lo que de ser cierto, suponía con mucho la mayor proporción de afiliación femenina de cualquier grupo de los importantes.

La discusión que se organizó enseguida en torno a la CEDA tenía que ver con su verdadera identidad e intenciones. Los republicanos moderados esperaban ganársela para una República liberal moderada con derechos iguales para todo el mundo. Los republicanos de izquierda y la izquierda obrera calificaron a la CEDA como el caballo de Troya de un autoritarismo derechista, «objetivamente fascista», y la historiografía ha seguido discutiendo ese tema hasta la actualidad[7].

De hecho parece estar bastante claro que las intenciones básicas de la CEDA eran hacerse con un poder político decisivo con medios legales —constituyendo la excepción una situación «de emergencia» no muy bien definida— para imponer entonces unas revisiones constitucionales fundamentales capaces de proteger la religión y la propiedad y hacer cambiar el sistema político básico. La CEDA no era ni el partido verdaderamente democrático que querían ver algunos de sus amigos y aliados, ni tampoco, en ningún sentido auténtico o categórico, el partido «fascista» que señalaban sus enemigos. La plataforma de la CEDA era la de un corporativismo católico, no únicamente como estructura económica sino también como organización política. Aunque los portavoces principales de la CEDA solían ser retraídos a la hora de definir sus objetivos a largo plazo, su meta no era ni un Estado fascista ni la restauración de la monarquía, sino una República corporativa y conservadora, reorganizada mediante una representación corporativa que entrañaría alguna limitación de los derechos democráticos directos. Aquello podría estar alejadísimo de la República de 1931-1933, pero tampoco era el estado mussoliniano o hitleriano que le imputaban sus enemigos. Si la CEDA tuvo algún modelo (y si un partido español de los grandes había sido capaz de tomar en serio a los portugueses), podría haberlo sido el conservador y autoritario «Estado Novo» de la vecina Lusitania. En 1934 el único régimen autoritario que encomiaban sin reservas El Debate y los cedistas era el nuevo Estado corporativo católico de Dollfuss y Schuschnigg en Austria, que puso a Dios por escrito en el primer artículo de su Constitución.

José María Gil Robles, jefe de la CEDA.

Aunque El Debate y otras publicaciones asociadas con la CEDA presentaban a veces artículos a favor de la Italia fascista, Gil Robles puso cierto empeño en diferenciar su movimiento del fascismo. El cargo de fascista, en honor a la verdad, lo aplicaban de vez en cuando los diputados católicos en las Cortes Constituyentes contra la administración de Azaña, aludiendo a su poder estatal arbitrario. El demócrata-cristiano catalán Carrasco Formiguera se refirió a lo que él denominó «concepto fascista del Estado» de Azaña, el viejo político liberal Royo Vilanova calificó al nuevo régimen de «República fascista», y los portavoces nacionalistas vascos dirían que el proyecto de educación de 1933 era una expresión de «estatismo gentileano» (haciendo referencia a Gentile, primer ministro de Educación de Mussolini) y de «fascismo puro[8]».

La posición de la CEDA ante el fascismo y el autoritarismo parecía un tanto equívoca. Gil Robles visitó Roma a comienzos de 1933 y asistió en septiembre a la concentración del Partido Nazi en Núremberg, y don Ángel Herrera viajó posteriormente a Alemania, en mayo de 1934. Pero Gil Robles seguía afirmando que la CEDA rechazaba el estatismo, tanto comunista como fascista, y a principios de 1933 declaró: «No se lucha contra el marxismo con milicias hitlerianas o legiones fascistas, sino con un programa social avanzado[9]», postura que reiteró en una asamblea de su partido en Barcelona el 21 de marzo. El Debate no respaldó nunca directamente a Mussolini ni a Hitler, desviándose aquí de la tendencia existente en la prensa de extrema derecha, pero les daba desde luego un trato más favorable que desfavorable[10], y en otoño de 1933 Gil Robles declaraba que se podía aprender mucho de ellos, aunque siguió evitando siempre cualquier aprobación declarada. Sus observaciones más objetables se le escaparon en el calor de un magno discurso de campaña electoral el 15 de octubre: «Queremos una patria totalitaria, y me sorprende que se nos invite a que vayamos fuera en busca de novedades, cuando la política unitaria y totalitaria la tenemos en nuestra gloriosa tradición», refiriéndose al nuevo concepto adoptado unos años antes por ideólogos de la derecha radical, de que la monarquía unificada de Isabel y Fernando, que había creado el Estado español en el siglo XV, era una especie de «régimen totalitario» (de hecho, una interpretación errónea de la historia de España). Y siguió diciendo: «El poder ha de ser íntegro para nosotros. Para la realización de nuestro ideal no nos detendremos en formas arcaicas. Cuando llegue el momento, el Parlamento se somete o desaparece. La democracia será un medio, pero no un fin. Vamos a liquidar la revolución[11]». La ambigüedad de la CEDA con respecto del fascismo se traslucía en el saludo oficial de su movimiento juvenil, Juventudes de Acción Popular (JAP): alzaban el brazo derecho sólo a medias y luego lo doblaban a la izquierda delante del pecho, mientras exclamaban «¡jefe, jefe, jefe!».

El realineamiento monárquico

Era sencillamente natural que un movimiento derechista semimoderado como la CEDA se hiciera con el grueso de la opinión católica y conservadora de clase media. Las clases medias conservadoras, por definición, querían evitarse problemas y aquella alternativa, técnicamente legalista, reflejaba sus costumbres y valores. Sin embargo, algunos grupos pequeños de la derecha monárquica, más extremista, no podían aceptar siquiera la relativa moderación de la CEDA. Aunque la mayoría de los monárquicos común y corrientes siguieron a la CEDA[12], un sector más pequeño de elementos doctrinarios organizaron una solución más definida para la derecha radical.

Se formó en torno a un diario llamado Acción Española que empezó a publicarse en diciembre de 1931. Los activistas de Acción Española procedían de tres áreas: antiguos partidarios del jefe conservador monárquico don Antonio Maura, el ala más ultraconservadora del catolicismo social, y el carlismo. Cada una de esas tres antiguas fuentes había sido sustituida dentro de la ideología de la nueva agrupación; porque el maurismo clásico había sido demasiado legalista y parlamentario, el naciente socialcatolicismo español de los primeros años veinte demasiado heterogéneo, remilgado, e incluso democrático[13], y el carlismo demasiado reaccionario y retrógrado[14]. El respaldo financiero llegó de los conservadores adinerados, sobre todo de la bien organizada elite industrial-financiera de Bilbao[15].

El título mismo de Acción Española evidenciaba una inspiración en la derecha radical francesa maurrasiana. El fascismo italiano era una influencia secundaria, más distante. Sus principales colaboradores extranjeros fueron miembros de la Action Française, seguidos de integralistas nacionalsindicalistas portugueses y unos pocos fascistas italianos. Acción Española aplaudía al hitlerismo en general, pero criticaba el alma secular y la demagogia del movimiento alemán, y sostenía que el Führerprinzip (principio de un Führer) no era un sustituto de la monarquía.

Acción Española prometía resucitar la ideología española tradicional, fundada en la religión y en unas sólidas instituciones monárquicas. Se inspiró bastante en el régimen de Primo de Rivera al que habían estado asociados casi todos sus miembros; la crítica del fracaso de aquel régimen era para ellos un objetivo primario[16]. Echaban la culpa a la falta de apoyo de la elite y a la ausencia de una clara visión de una nueva estructura autoritaria moderna.

El director de Acción Española era Ramiro de Maeztu, en sus comienzos un escritor noventayochista que se había convertido a los principios de la autoridad y la religión en los años de la Primera Guerra Mundial. Maeztu iba a proporcionar una definición histórica definitiva a la ideología tradicional española en su polémico libro Defensa de la Hispanidad (1934), escrito en defensa de la cultura y religión hispánicas tradicionales, tanto europeas como americanas, planteadas en oposición tanto al socialismo soviético como al liberalismo materialista angloamericano[17].

El líder político supremo de la agrupación fue al final José Calvo Sotelo, joven maurista en su tiempo y ministro de Hacienda de Primo de Rivera. Obligado a acogerse al extranjero en 1931, se convirtió al radicalismo derechista bajo la influencia de la Action Française y otras ideas francesas e italianas en su exilio de París. El regreso de Calvo Sotelo a España fue posible primero gracias a su elección para el nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales y por último al ser elegido diputado a Cortes en la lista del nuevo partido monárquico Renovación Española en 1933. Este último, brazo político de Acción Española, se organizó tras evidenciarse que la CEDA rechazaba los principios de su agrupación. La CEDA a su vez fue acusada de excesivamente moderada, condescendiente y ambigua —insuficientemente nacionalista y autoritaria— mientras que Renovación Española resultaba demasiado pequeña y estrecha de miras. Posteriormente se escindió lastimosamente en un ala más conservadora y otra más radical, desgarradas por los choques de personalidades[18].

Entonces, Calvo Sotelo trató de formar una coalición más amplia de grupos derechistas radicales, que cobró porte con el nombre de Bloque Nacional, organizado en diciembre de 1934 a raíz de la insurrección de Asturias. Calvo Sotelo y los escritores de Acción Española no proponían la restauración, sino la instauración de una monarquía autoritaria, que tendría que ir precedida por un período indeterminado de dictadura. En su manifiesto funcional, el Bloque Nacional pedía la creación de un «estado integrador» encargado de concentrar las energías nacionales. El Congreso de elección directa sería sustituido por una Cámara corporativa, elegida mediante sufragio «orgánico» del tipo de las de Italia, Portugal o Austria, y los problemas sociales y económicos se resolverían mediante una regulación estatal, la intervención económica y medidas reflacionarias. Calvo Sotelo daba a entender claramente que aquello no tenía vías de producirse mediante la movilización política y que exigiría probablemente una intervención armada de las fuerzas militares. El nuevo Estado adoptaría una política nacionalista militante y fomentaría particularmente el desarrollo de las fuerzas armadas. Rechazaría el laicismo, restaurando la identidad católica del gobierno español[19].

El derechismo radical de Acción Española y el Bloque Nacional no se diferenciaban del fascismo genérico por ningún tipo de miramiento con respecto a la violencia y la dictadura ni tampoco por diferencia alguna en cuanto al objetivo imperial, sino por unas estrategias socioeconómicas y fórmulas culturales distintas. Acción Española propugnaba la restauración de las elites derechistas tradicionales y temía la aparición de competidores de nuevo cuño, aunque tuvieran una orientación nacionalista. Tanto los neomonárquicos como los fascistas españoles luchaban por crear un Estado corporativo, pero para estos últimos aquello implicaba una movilización laboral y una articulación radicalmente nueva de los intereses nacionales detrás del nacionalsindicalismo. En lo tocante a lo religioso y lo cultural, los neomonárquicos eran clericales y neotradicionalistas, mientras que los incipientes fascistas españoles eran católicos, pero no clericales y les apasionaba combinar el tradicionalismo con la modernización.

Sin embargo, y a diferencia de muchos otros derechistas, a Calvo Sotelo no le molestaba que lo tildaran de fascista. Su propia definición del fascismo parece haber sido algo imprecisa, referida de un modo bastante vago a un nacionalismo y corporativismo autoritarios. En honor a la verdad, cualquier análisis del régimen ulterior de Franco —especialmente la «fase culminante» del sistema franquista de 1937 a 1959— revelará que se basó más en las ideas y doctrinas de Calvo Sotelo y de la agrupación de Acción Española que en las del partido fascista, la Falange Española, que utilizó Franco como base de su propio partido único. La dependencia de los militares, las Cortes corporativas y la instauración monárquica correspondían por entero a aquella doctrina. El sistema nacionalista mismo funcionó más que nada como un organismo de control regulador estatal, apegado más o menos a las directrices concebidas por Calvo Sotelo. Y de manera similar, el carácter intensamente católico del sistema franquista en su apogeo correspondió mucho más a la concepción de Acción Española que a la de los falangistas.

Con mucha más claridad que el moderado Gil Robles o el radical jefe falangista José Antonio Primo de Rivera, Calvo Sotelo se dio cuenta de que la alternativa más factible del sistema republicano no era ni un parlamentarismo conservador ni un nacionalsindicalismo popular, sino una movilización integrada de todos los recursos de la derecha contrarrevolucionaria. La diferencia, por supuesto, no era sólo una cuestión de táctica, sino también de valores. Para el jefe de la CEDA, semejante nivel de dictadura era una cosa repugnante, mientras que para los falangistas era inadecuada y reaccionaria. La política de Calvo Sotelo llegó a hacerse catastrófica. La reacción derechista de los militares en la que terminó por confiar, sólo se podía conseguir en una situación de polarización intensa bajo la amenaza de un cataclismo. Por ello es tan irónico que el mismo asesinato final de Calvo Sotelo constituyese una parte integral del proceso mismo de que dependía para la realización de sus ideas y consecución de sus objetivos.

El autoritario monarquismo alfonsino en apoyo del exilado rey y su heredero no constituyó, sin embargo, el único sector significativo del monarquismo derechista, dado que, con la República, revivió el carlismo tradicionalista, cobrando nueva vitalidad. Al ser la derecha radical clásica de España, y sin duda el prototipo original decimonónico de una fuerza de ese tipo, el carlismo había sido el único movimiento de masas de la Península durante gran parte del siglo pasado. Las derrotas sufridas en dos cruentas guerras civiles, sumadas a los extensos cambios sociales y culturales, habían erosionado muchísimo la razón de ser del carlismo, pero del mismo modo que la proclamación de la anticlerical Primera República había hecho despertar al carlismo en 1873, el anticlericalismo y la radical movilización de masas izquierdistas de la Segunda República lo consiguieron también en los primeros años de la década de los treinta. Le había proporcionado una base doctrinal más contemporánea e integrada en los primeros años del siglo XX el teórico político Juan Vázquez de Mella y Fanjul, quien adoptó plenamente los principios carlistas al molde de un corporativismo católico derechista encabezado por una monarquía tradicionalista, pero teóricamente descentralizada.

Durante la primera fase de la República, Manuel Fal Conde, un nuevo dirigente de Sevilla, supo reunir las ramas principales del carlismo bajo un enérgico liderazgo. Su apoyo popular se concentraba desproporcionadamente en la provincia nororiental de Navarra, reino en otros tiempos e históricamente autónoma. Parte de los carlistas unieron fuerzas después con Renovación Española dentro del Bloque Nacional de Calvo Sotelo, aunque la asociación resultó bastante incómoda.

La principal formulación nueva de la doctrina carlista fue El Estado nuevo (1935) de Víctor Pradera. Se establecía en él la identidad católica y una forma de corporativismo societario, dentro de una monarquía, pero autónomo del Estado aunque parcialmente regulado por él y compatible asimismo con una descentralización regional parcial. Aunque la organización juvenil carlista, al igual que las Juventudes de Acción Popular de la CEDA, adolecía de facetas del vértigo fascista y empleaba en ocasiones eslóganes de ese tipo, el corporativismo carlista, monárquico, tradicionalista, ultracatólico y descentralizado en parte, se diferenciaba claramente del autoritarismo moderno, radical y centralizado de Italia y Alemania[20].

La aparición del fascismo español

Tardó en plasmarse en España un movimiento categóricamente fascista, debido en medida considerable a la debilidad de su nacionalismo. Durante los años veinte el espacio político fue monopolizado por la dictadura de Primo de Rivera, simpatizante del fascismo italiano, pero carente de un contenido político equivalente al fascista. Algunos conatos de imitación apuntados a crear un nuevo nacionalismo extremista o protofascismo entre 1923 y 1931 nacieron muertos. La primera figura digna de mención que propagó la doctrina fascista en España fue Ernesto Giménez Caballero, director de La Gaceta Literaria (principal revista literaria vanguardista de la España de finales de los veinte[21]). Pero le faltó capacidad o la oportunidad para crear un movimiento político y enseguida se vio ignorado por el establishment cultural, predominantemente liberal e izquierdista, convertido en sus propias palabras en un «Robinson Crusoe literario[22]».

El primer grupo fascista organizado y continuo fue un núcleo formado en Madrid por Ramiro Ledesma Ramos, joven intelectual que empezó publicando un semanario, La Conquista del Estado, de nombre derivado de un prototipo fascista italiano ampliamente conocido. Seguían a Ramiro Ledesma un puñado de estudiantes, eran diez, pero enseguida hicieron rancho común con Onésimo Redondo Ortega, un abogado ultraderechista de Valladolid. En octubre de 1931 fundaron la primera organización política española de categórico cuño fascista, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, expresión típicamente prolija, que dio lugar al popular acrónimo de JONS y al término de jonsistas, aplicado a sus escasos miembros. Ledesma Ramos fue posiblemente la figura intelectual más incisiva en la historia del fascismo español. Aspiraba a desarrollar un nacionalismo revolucionario de tipo fascista que pudiera competir con la izquierda entre las clases bajas, pero la JONS nunca atrajo a más de unos dos mil partidarios en torno a Castilla la Vieja, sin que lograra nada parecido a una movilización política[23].

Elementos importantes de la extrema derecha española pusieron empeño, con energía y un mejor financiamiento, en promover un fascismo español en 1933. El triunfo de Hitler llamó vivamente la atención y el interés, no tanto de los fascistas potenciales —pues al parecer había muy pocos en España— como de los ultraderechistas consumados o los potenciales, que eran mucho más numerosos. En el verano de 1933 los representantes de los financieros e industriales adinerados bilbaínos se pusieron a buscar un posible jefe para un fascismo español, contrarrevolucionario y demagógico.

La figura más llamativa en ese sentido era José Antonio Primo de Rivera, hijo mayor del difunto dictador, que se hallaba en plena evolución, despegado del autoritarismo monárquico conservador, hacia una forma más radical de autoritarismo nacionalista que, al principio, no se diferenciaba mucho del de Calvo Sotelo. En 1933, el joven abogado —conocido enseguida por todo el mundo como José Antonio— se interesaba ya a fondo en algo bastante parecido al fascismo (de cuño italiano) como vehículo capaz de dar forma y contenido ideológico al régimen autoritario nacional procurado con tanta inseguridad como poco éxito por su padre. A diferencia de Ramiro Ledesma, que inicialmente mostró una mayor perspicacia ideológica, José Antonio no se mostró al principio opuesto a emplear la etiqueta de «fascista», aunque se decidió bautizar al nuevo movimiento que fundó en octubre de 1933 con el nombre, más original, de Falange Española (FE).

La Falange empezó desde el principio con mucho mayor respaldo financiero que la JONS, impulsando a esta última a fusionarse con ellos a principios de 1934, y la organización resultante recibió el nombre de Falange Española de las JONS. En los dos años siguientes, la Falange se distinguió sobre todo por su insignificancia. Al igual que la Guardia de Hierro rumana y algunos otros movimientos fascistas, dependía más que nada de un creciente número de partidarios entre los estudiantes de universidad, pero a diferencia del movimiento rumano, fue del todo incapaz de lograr un apoyo de mayor espectro. La depresión había producido en España proporcionalmente menos desempleo entre los sectores de clase media baja que en Europa Central y Centro-oriental, lo que evitó una seria desestabilización de lo que constituye a ojos de muchos la «clase potencialmente fascista» por excelencia.

La única ventaja de ese período «de hablar en el desierto» fue que les dio a los líderes del movimiento algún tiempo para reflexionar sobre lo que en realidad buscaban. Al cabo de un año o cosa así, José Antonio Primo de Rivera empezó a «virar hacia la izquierda», al asumir matices más radicales el componente nacionalsindicalista de los falangistas. A diferencia de otros movimientos fascistas, los falangistas concretaron un programa oficial, el de los Veintisiete Puntos, antes de terminar 1934. A esas alturas se produjo una reacción, algo atrasada, ante el peligro de caer en la imitación —ya Ledesma se había quejado del «mimetismo» inicial de los falangistas—, y antes de concluir 1934, los líderes falangistas negaban ser fascistas. Aun admitiendo que tenían mucho en común, por ejemplo, con los fascistas italianos, los falangistas hacían gran hincapié en la hispanidad y singularidad del movimiento falangista.

En realidad, por su estilo, organización y doctrina, la Falange no se diferenciaba en ningún aspecto realmente significativo del partido de Mussolini. La retórica falangista seguía en ocasiones la línea produccionista del fascismo italiano temprano, y José Antonio habló de convertir a España en un «gigantesco sindicato de productores», aunque nunca se aclaró la articulación exacta de esa frase. La Falange esgrimía la idea de una reforma agraria significativa y se daba perfecta cuenta de que la solución del eterno subempleo estaba en la industrialización, pero su única propuesta radical concreta fue la nacionalización de la banca y el crédito[24].

Como otros muchos dirigentes fascistas, José Antonio proyectaba un carisma inconfundible entre sus pocos seguidores. En realidad fue tal vez el más ambiguo de los jefes de partidos fascistas europeos de aquella época, al combinar un esteticismo quisquilloso con un auténtico aunque contradictorio sentido de los escrúpulos morales, un cultivado tono de distancia e ironía y, para ser un político español de aquella época, una dosis escasísima de espíritu sectario y de rencilla política. Entre todos los líderes del fascismo nacional europeo, fue acaso al que más le asqueaba la brutalidad y la violencia que lleva consigo toda empresa fascista, y sin embargo, por inseguro y rebuscado que fuera su enfoque, nunca renunció a los objetivos básicos del fascismo[25].

Hasta la primavera de 1936, Falange no había contado probablemente nunca con más de diez mil afiliados regulares. Trató de constituir un movimiento sindicalista nacionalista y antimarxista, la CONS (Confederación Obrera Nacional-Sindicalista), que pretendía contar con veinticinco mil miembros a principios de 1935, cifra realmente dudosa. En agosto de 1934 firmó un acuerdo con Renovación Española en el que Falange prometía no hacer nada que obstaculizase la expansión de los monárquicos, a cambio de una subvención mensual[26], pero aquel arreglo no duró mucho tiempo. En la segunda mitad de 1935 el Gobierno italiano les proporcionó una subvención mensual de 50 000 liras (unos 4500 dólares de entonces), suma inadecuada para llevar muy lejos al partido. Aquella suma fue reducida pronto a la mitad y después suprimida totalmente[27]. En España, el fascismo categórico no estuvo nunca en condiciones de hacer frente a las fuerzas de la izquierda en una contienda política directa, como en Europa Central[28]. Aquella tarea quedó de cuenta de la derecha conservadora.

La movilización de los intereses económicos

La combinación de la depresión, las reformas republicanas laboral y de los reglamentos, y el aumento de las huelgas y los disturbios, provocaron una oposición y movilización crecientes entre las organizaciones de los intereses económicos. Tanto la Confederación Gremial Española como la Confederación Patronal Española se habían organizado en vísperas de la Primera Guerra Mundial, seguidas de una Federación de Industrias Nacionales en 1924. Existían además numerosas estructuras provinciales y regionales organizadas por asociaciones económicas tanto sectoriales como de ámbito general, así como una serie de agrupaciones de agricultores y ganaderos. Desde luego estas últimas fueron las primeras en proyectar una influencia política directa con la aparición del pequeño Partido Agrario en las Cortes Constituyentes para proteger allí los intereses de los hacendados conservadores. En marzo de 1933 los terratenientes de más talla se congregaron para formar la nueva Confederación Española Patronal Agrícola, y las diferentes agrupaciones de agricultores y ganaderos ejercieron una oposición activa a la reforma agraria y su legislación respectiva[29].

Las principales fuerzas industriales y comerciales se dieron cuenta de que sus organizaciones estaban demasiado divididas y tenían una estructura demasiado débil para constituir grupos de presión eficaces, al menos en la mayoría de los casos, y ello se tradujo en la formación de una nueva Unión Nacional Económica en noviembre de 1931. Sin embargo, la UNE padecía las mismas limitaciones que las organizaciones anteriores y nunca fue capaz de lograr su objetivo de actuar en forma de un único portavoz, unido y potente, de los intereses de la economía. En julio de 1933 se convocó en Madrid una gran conferencia de protesta, a la que asistieron representantes, según los anuncios, de «más de mil» agrupaciones económicas locales, provinciales, regionales, sectoriales y nacionales. Se dio un nuevo paso adelante para conseguir un frente único, sólido y apiñado, con la formación de un Bloque Patronal nuevo, y de ámbito nacional, en febrero de 1934[30].

La mayoría de los grandes intereses económicos se declararon independientes de partidos específicos, pero apelaron a las fuerzas patrióticas de centro-izquierda, centro y derecha para que opusieran resistencia a las costosas reformas que aumentaban el coste de la producción y alteraban las relaciones de propiedad existentes. En la práctica, apoyaron básicamente al centro-derecha y a la derecha, desde el Partido Radical a Renovación Española. Es cierto que algunos hombres de empresa menores eran republicanos de izquierda, o sea que no todos los sectores de las clases patronales se alineaban sin más con la derecha política. Los grandes intereses económicos no sólo buscaban la revocación de la mayoría de las reformas del primer bienio, sino además un fortalecimiento positivo propio en forma de más apoyos arancelarios y créditos y nuevos contratos estatales de obras públicas. Intentaban como meta última conseguir unas relaciones corporativas especiales con el Estado español. Las elecciones de noviembre de 1933 les brindaban la oportunidad de más alcance para hacer cambiar el rumbo de las cosas. Invirtieron en aquella campaña sumas considerables de dinero, cuyos beneficiarios principales fueron la CEDA y los radicales. Con todo, los intereses económicos y patronales nunca fueron capaces de hablar eficazmente con una sola voz. Los empresarios menores hallaban que sus intereses estaban mal representados por las grandes empresas que dominaban en las asociaciones de más peso. Por otra parte, otros empresarios de tipo más liberal, especialmente en Cataluña, tenían a veces una actitud radicalmente distinta de las posiciones derechistas de los principales grupos de intereses. Como vemos, la fragmentación de las fuerzas sociales y políticas tenía un paralelo, aunque en menor grado, en la relativa fragmentación de los intereses económicos[31].

Las elecciones a Cortes de noviembre de 1933

Las elecciones de noviembre de 1933 constituyeron la segunda contienda parlamentaria democrática en la historia de España y las únicas realmente reñidas, habida cuenta del desbarajuste de la derecha en 1931. La campaña duró un mes entero y fue en general muy activa, incluso apasionada, aunque hubo relativamente pocos incidentes hasta muy avanzada la misma. Aunque reñida de veras, no fue una campaña de polarización o amenaza total por parte de los partidos principales, exceptuando dos discursos de Gil Robles[32] y una llamada ocasional a la revolución hecha por un orador socialista.

El sistema electoral existente había sido diseñado para beneficiar a los grandes partidos o alianzas de carácter nacional, pero el efecto que ejerció en 1933 fue diametralmente opuesto al que se había producido dos años antes. Entonces los distintos partidos republicanos y los socialistas habían formado alianzas triunfadoras en la mayoría de los distritos, pero en 1933 los partidos republicanos estaban divididos y se había hecho trizas la alianza con los socialistas. La directiva socialista se sintió traicionada por el resultado del primer bienio y por el veto que les habían aplicado al final muchos republicanos, incluyendo a algunos republicanos de izquierda. En consecuencia, los socialistas prefirieron ir solos, cosa que hicieron también en la mayoría de los casos los partidos de la izquierda republicana. Los grandes beneficiarios del voto de la clase media-baja, liberal y moderada, emitido por gente desilusionada con los dos primeros años iban a ser los radicales, mientras la CEDA capitalizaría la reacción católica a gran escala producida entre los sufragistas rurales del Norte y los de la clase media en general. En un número considerable de provincias los radicales y los cedistas formaron una alianza de centro-derecha, aunque la CEDA consiguió también un entendimiento electoral general con los demás partidos derechistas (carlistas, agrarios, Renovación Española) sobre la base de una amplia amnistía, la defensa de la propiedad, y la prioridad de someter a revisión la legislación laica y socialista. Los socialistas y la CEDA se dedicaron mutuamente gran parte del lado ofensivo de sus campañas, señalando especialmente los socialistas el uniforme que vestían los jóvenes de la JAP y su invocación al estado corporativo como precursores del fascismo. La CEDA, entretanto, contaba con ser favorecida por una innovación republicana, la concesión del voto a las mujeres, verdadera innovación de la Constitución[33].

En el año último gran parte de la prensa, desde la conservadora moderada a liberal hasta la ultraderechista, se había consagrado al cultivo de un continuo crescendo de críticas al gobierno republicano de izquierdas y a las Cortes Constituyentes. Una serie interminable de nuevos libros volcaban críticas y acusaciones de todo tipo, desde las razonables hasta las más sucias y desde críticas detalladísimas de los gajes y honorarios embolsados por los diputados a Cortes de los partidos del gobierno[34] hasta las diatribas ideológicas más absolutas.

La campaña desplegó muchas emisiones de radio y algunos vuelos de candidatos en avión. La CEDA hizo uso de los esquemas más elaborados, llegando a imprimir al parecer doscientas mil fotos en color y a presentar «cortos» cinematográficos de discursos de Gil Robles. En los últimos días se emitieron «spots» de radio hasta veinte veces al día, e incluso aparecieron algunos anuncios de neón. En esos días los tumultos estudiantiles cerraron varias universidades, mientras la huelga de la construcción produjo en Madrid la muerte de tres trabajadores.

El día de las elecciones transcurrió en general tranquilo: hubo algunos disturbios y un total de seis muertos[35]. Los socialistas presentaron después acusaciones de fraude electoral —a cargo, sobre todo, de los radicales— en dos provincias gallegas (Orense y Pontevedra) y en Granada, con algunas pruebas en qué apoyar sus reclamaciones, y hubo indicios de fraudes menores izquierdistas en Valencia, pero aunque estuviesen justificadas todas aquellas acusaciones, se puede decir en último término que fue una contienda electoral libre y limpia.

Los grandes ganadores fueron los radicales y la CEDA, y ambos sacaron ventaja tanto del sistema electoral como de la reacción de los moderados y los conservadores. Los radicales, que supieron jugar la partida mejor que ninguno, lograron una representación superior a la que les correspondía, con 104 diputados, mientras la CEDA se alzó con la mayor delegación parlamentaria unitaria: 115 diputados. Los socialistas sufrieron un gran castigo por presentarse solos y les quedaron sólo 60 escaños, aunque habían conservado la mayor parte de su voto popular. La gran perdedora fue la izquierda republicana, privada de un apoyo de coalición en la mayoría de las provincias y abandonada por muchos de sus antiguos votantes, y quedó desinflada del todo. (Véase la tabla 8.1.)

Tabla 8.1. Resultados electorales de 1933

Sector | Número estimado de votantes | Porcentaje total de votantes | Número de escaños | Porcentaje de escaños
Izquierda revolucionaria | 190 244 | 2,24 | 1 | 0,2
Socialistas | 1 685 318 | 19,84 | 62 | 13,1
Republicanos de izquierda | 1 199 976 | 14,13 | 36 | 7,6
Republicanos del centro | 2 548 939 | 30,01 | 176 | 37,2
Derecha moderada | 2 059 290 | 24,25 | 153 | 32,4
Extrema derecha | 777 254 | 9,15 | 45 | 9,5
Diversos | 32 259 | 0,38 | … | …

Fuente: Irwin, 1933 Cortes Elections, 269.

Había habido sin duda algún desplazamiento de la opinión pública hacia el centro y el centro-derecha, unido a una movilización mucho más intensa del voto derechista, aunque el cambio real de la opinión fue muy inferior al que daba a entender el teatral cambio de la composición del Congreso. El índice general de abstención, del 32 por ciento, no se alejó del promedio de los tres comicios republicanos. Se situaba así bastante por encima de la norma europea occidental, pero no era sorprendente en un país con un 25 por ciento de adultos analfabetos. Otro factor debilitador de la izquierda fue el alejamiento de los anarcosindicalistas, con un índice de abstención a todas luces mayor que en 1931[36].

El sistema electoral había producido el efecto de un gran vaivén de péndulo y no el de un simple ajuste[37]. Los socialistas y republicanos de izquierda, autores principalmente del nuevo sistema, se veían ahora convertidos en una minoría pequeña e impotente, y tanto más inclinada hacia una radicalización. El nuevo Parlamento iba a estar más equilibrado en lo político y lo ideológico, pero iba a contener unas agrupaciones, izquierdistas y derechistas, mutuamente antagonistas, que producirían casi inevitablemente una polarización más acusada. Por otra parte, la discontinuidad de la experiencia parlamentaria, tan marcada en las Cortes Constituyentes, iba a continuar. En 1931 sólo 64 diputados habían tenido escaños en el antiguo Congreso monárquico, y el 55,6 por ciento de los diputados elegidos aquel año no volvieron a sentarse en los Congresos republicanos siguientes. El 46 por ciento de los diputados elegidos en 1933 no se habían sentado en las Cortes Constituyentes y tampoco serían elegidos de nuevo en 1936, y en esas últimas elecciones republicanas la proporción aproximada de diputados noveles vendría a ser la misma[38]. Del gran bloque de los nuevos diputados de la CEDA, sólo diez tenían experiencia parlamentaria anterior.

Julian Besteiro, votando en Madrid en noviembre de 1933.

El único rasgo potencialmente constructivo de las nuevas Cortes fue el mayor poder del centro democrático. Los radicales casi igualaban en número a los cedistas, mientras que los republicanos progresistas de Alcalá Zamora y los republicanos conservadores de Maura habían conservado la mayoría de sus escaños (aunque bajaban de un total combinado de 28 a sólo 21), los liberaldemócratas de Melquíades Álvarez ascendieron de un total de dos a ocho, y los nacionalistas vascos perdieron sólo dos escaños.

Las derrotadas izquierdas reaccionaron con rabia y desesperación, temiendo que un gobierno derechista o semiderechista deshiciera la mayoría de las reformas logradas en el bienio anterior. Estaban menos dispuestos que la derecha en 1931 a aceptar una derrota electoral temporal, a pesar de haber redactado ellos la ley electoral y haber administrado las elecciones un gabinete de republicanos. «De ahí», escribe Santos Juliá, «que tanto los republicanos de izquierda como los socialistas reaccionaran sin demora para solicitar, algunos, la formación de un gobierno de concentración republicana que, en caso de no obtener la mayoría al presentarse ante las Cortes, las disolviera y convocara nuevas elecciones[39]».

Se hicieron varias propuestas que apuntaban en ese sentido todavía bajo el calor de las elecciones. La primera fue presentada por el ministro de Justicia radicalsocialista de izquierda Botella Asensi justo al día siguiente (20 de noviembre), apremiando a Alcalá Zamora para que firmase inmediatamente un decreto para anular el resultado de las elecciones. Tal solicitud fue repetida por Gordón Ordás, de otro modo más moderado ministro de Industria radical-socialista, quien propuso que el presidente disolviera el Parlamento antes de que se efectuase la segunda ronda del desempate electoral[40]. En el mismo tono, Largo Caballero declaraba que la única salida sería una disolución lo antes posible[41].

Algo después, el 4 de diciembre, al día siguiente de efectuarse la segunda ronda de los comicios, Azaña se entrevistó privadamente con Martínez Barrio, el Primer ministro provisional. Se lamentaba de que la izquierda estuviese tan seriamente subrepresentada en el nuevo Congreso en comparación con el total de su voto combinado, ignorando la circunstancia de que la izquierda había redactado aquella ley electoral, dirigido la campaña respectiva y la política de alianzas exactamente como le pareció oportuno, y había sido derrotada en unas elecciones libres y limpias. En consecuencia lo presionó para que se formara inmediatamente un nuevo gobierno republicano de coalición para efectuar unas nuevas elecciones. Aunque la proposición fue rechazada por Martínez Barrio, fue repetida al día siguiente en una carta al Primer ministro firmada por Azaña, Casares Quiroga y Marcelino Domingo[42].

Otra proposición fue presentada a Alcalá Zamora por el diputado socialista Juan Negrín en nombre de la delegación parlamentaria socialista, presionándolo para que se formara un nuevo gobierno republicano de izquierdas, se redactase una nueva ley electoral que garantizara la victoria de las izquierdas, que se cancelaran entonces los resultados electorales y se hicieran nuevas elecciones. Cuando el presidente les preguntó que cómo esperaban que un Parlamento nuevo fuera a aprobar una ley para su propia extinción, Negrín replicó que las nuevas Cortes aceptarían un decreto presidencial que pospusiera temporalmente su convocación. En ese tiempo podría aprobar una nueva ley electoral una Diputación Permanente reconvocada de las antiguas Cortes Constituyentes[43]. Alcalá Zamora rechazó todas aquellas solicitudes de hacer trampa al proceso constitucional, pero toda aquella impaciencia por parte de los autores de la nueva democracia para pasar por alto el proceso democrático no auguraba nada bueno para el futuro de la política española.

Mientras el presidente se mantenía firme contra todos aquellos empeños de burlar el resultado de las elecciones, el gabinete provisional de Martínez Barrio tuvo que hacer frente a otra crisis más de orden público, de inspiración anarquista. El año de 1933 había señalado una etapa de decadencia tanto para la FAI como para la CNT, pero los faístas empecinados sacaron en conclusión de algún modo que había llegado la hora para un último espasmo insurreccional antes de que pudiera formarse un nuevo gobierno regular. Se trataba de otro «juego revolucionario» anarquista más, con la idea de que, como Barcelona renqueaba, había que tomar la iniciativa en Zaragoza y otros centros más periféricos de la actividad faísta, lo que encendería de algún modo una mayor insurrección. La realidad fue que sólo el sector zaragozano del movimiento mostró verdadero entusiasmo por el novísimo paroxismo[44].

El 1 de diciembre estallaron dos grandes bombas en Barcelona, y al día siguiente, a petición de la Generalitat catalana misma, el gobierno declaró el estado de prevención en toda Cataluña, y dos días después en toda España. La policía empezó a cerrar los centros de la CNT, y también los de los carlistas y de la Falange, como buena medida. La insurrección, la última de los tres ochos[45], empezó el 8 de diciembre (fecha señalada para la apertura de las nuevas Cortes) con explosiones e incidentes en ocho ciudades distintas. En la mañana del día 9 se había declarado en todo el país el estado de alarma. Los disturbios principales se produjeron en Zaragoza y Barcelona, pero hubo también incidentes violentos en otras nueve provincias del Norte, Este y Sur. Hicieron descarrilar varios trenes; la voladura de un puente en Valencia produjo una catástrofe en la que, según distintas fuentes, murieron entre 16 y 20 pasajeros. El episodio más espectacular se produjo en la localidad de Villanueva de la Serena (Badajoz), donde se sublevó el sargento encargado de un centro local de reclutamiento del ejército, apoderándose del cuartelillo con ayuda de unos cuantos soldados y unos quince civiles anarquistas. Se movilizaron tropas para tomar el cuartel a la mañana siguiente. Murieron siete rebeldes, incluyendo el sargento.

La rebelión tuvo su fuerte en Zaragoza, de donde se extendió a cuatro provincias vecinas. La FAI-CNT se adueñó momentáneamente de varias pequeñas ciudades de Huesca, Álava y Logroño, donde declaró oficialmente el «comunismo libertario», quemando archivos y aboliendo el dinero. El 12 de diciembre las autoridades habían logrado un amplio control de la situación, y un mes después el Ministerio de Gobernación informaba de que la insurrección había costado la vida a once guardias civiles, otros tres policías, y setenta y cinco civiles, unas estadísticas probablemente incompletas. Fueron detenidos centenares de activistas de la CNT[46].

El gobierno de centro-derecha

El problema más difícil al que tuvo que enfrentarse la República fue el intento de formar un nuevo gobierno estable a partir de un Parlamento nuevo lastimosamente fragmentado y polarizado. La Constitución dejaba la iniciativa en manos del presidente, que se vio entonces situado en la primera fila de los trajines políticos, posición que iba a conservar durante más de dos años, hasta las siguientes elecciones. Don Niceto estaba ansioso por ejercer un papel más dominante y, a pesar de las destructoras consecuencias de algunas de sus maniobras, sus a menudo miopes iniciativas trataban sinceramente de sentar un régimen liberaldemócrata más moderado, equidistante de la derecha y la izquierda.

La CEDA contaba en aquel momento con la delegación parlamentaria más numerosa, normalmente la base de una coalición idónea. Pero Gil Robles se había adelantado a decir, más de una vez, que la CEDA no estaba aún preparada para gobernar, por no hallarse aún totalmente unificada ni madura como organización política, y lo estaba en cambio para apoyar a un gobierno no izquierdista moderado, compuesto por otros partidos. De ahí que, a ojos de Alcalá Zamora, la mejor opción se situaba claramente en el partido número dos, los radicales de Lerroux, principal fuerza del centro. A los radicales no les faltaban inconvenientes: don Alejandro acababa de cumplir los setenta, y su energía empezaba a declinar. Los radicales habían sido siempre personalistas y oportunistas y habían dado cabida últimamente a muchos nuevos elementos conservadores, moderados, deseosos de hacer carrera con la República. Su postura en muchos temas era no poco ambigua, y carecían de un programa completamente definido. Algunos de los viejos líderes radicales habían logrado en años anteriores bastante fama de corruptos en su desempeño del gobierno local. Su partido era muy localista, se componía de muchos grupos provinciales distintos, aglutinados por el carisma de Lerroux. La talla de la directiva radical era en el mejor caso dudosa, y les faltaban al parecer portavoces sólidos, experimentados y enérgicos, capaces de hacer frente a los grandes problemas. Un diputado de la CEDA dijo: «Esta minoría radical me recuerda un viaje en barco: personas de toda edad y condición, reunidas únicamente para hacer el viaje[47]». Pero la diversidad misma de los radicales podía constituir también una fuente de energía. A finales de 1933 se habían convertido en varios sentidos en la mayor fuerza existente en la vida política local, e incluían en sus filas a muchos alcaldes y presidentes de diputaciones provinciales, especialmente en Levante y en el Sur[48].

Lerroux presentó su nuevo gobierno a las Cortes el 19 de diciembre. Su gabinete se componía de siete radicales (contado él mismo), dos republicanos independientes y un ministro de los republicanos progresistas de Alcalá Zamora, otro de los liberaldemócratas[49], y otro de los agrarios, más conservadores. Prometió mantener la Constitución republicana y las reformas positivas del bienio anterior, ejercer un gobierno equitativo para todo el mundo, y la corrección de todo tipo de abusos. El problema residía en que los cuatro partidos que componían la nueva coalición, representaban entre todos apenas un tercio de los votos de la Cámara y no podían sobrevivir sin la aquiescencia de la CEDA. Gil Robles estaba dispuesto a concedérsela, a pesar de sus expresiones ocasionalmente amenazadoras durante la campaña. Aquel mismo día presentó a las Cortes el programa legislativo de la CEDA, que incluía una amnistía completa para los presos políticos, una revisión de la legislación en materia religiosa y la anulación de determinadas reformas económicas. Atacó a los jurados mixtos, al laboreo forzoso y a la legislación referente a los términos municipales, y ejerció presión además en pro de una reducción de la extensión de tierra sometida a expropiación bajo la reforma agraria. Al mismo tiempo expresó Gil Robles la necesidad de ejercer un esfuerzo mayor contra el desempleo y de una expansión de las obras públicas, que se pagarían con unos impuestos más altos. Estableció públicamente sus diferencias con el jefe falangista José Antonio Primo de Rivera sobre el tema de una dictadura nacional, afirmando que «la deificación del Estado y la anulación de la personalidad individual» iban contra sus principios. En tanto que el gobierno radical procediese actuando de una manera constructiva de acuerdo con las normas de la CEDA, disfrutaría, al menos de momento, del apoyo del voto de la misma, extendido también a un nuevo proyecto de ley del ministro de Agricultura progresista, de febrero de 1934, que permitía a los yunteros extremeños desprovistos de tierras que permaneciesen de momento en las tierras donde se les había situado con carácter temporal[50]. Gil Robles empezó a utilizar términos como «en deferencia a», «disposición a trabajar dentro de la» y «respeto por» la República[51]. Los agrarios, representados esta vez en el gobierno, fueron más lejos: el 23 de enero de 1934 su minoría se reorganizó oficialmente como el Partido Agrario Español y declaró su deseo «de acatar el régimen legalmente establecido», aunque aquello provocó la dimisión de los cinco diputados más conservadores del grupo.

Lerroux estaba a sus anchas. Y convencido de que los radicales cumplían toda una tarea patriótica empezando a domesticar a las derechas dentro de la República, algo que, con todo acierto, consideraba necesario para la supervivencia del régimen[52]. El tanto más inmediato para la CEDA fue que la nueva administración ignoró la Ley de Congregaciones, aprobada seis meses antes, lo que permitió a los colegios católicos seguir funcionando con normalidad. En enero de 1934, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Pita Romero, fue enviado a Roma a iniciar negociaciones para establecer un nuevo Concordato y poco después, el 4 de abril, se aprobó una ley que autorizaba al gobierno a seguir pagando a los curas de más de 40 años de edad en las localidades pequeñas un sueldo equivalente a dos tercios del de 1931. La Semana Santa de aquella primavera se celebró por todo lo alto por primera vez en tres años, y los radicales anticlericales de la vieja ola vieron con gran disgusto cómo el nuevo ministro de Gobernación radical participaba a pie en una procesión sevillana.

El compromiso centroderechista —única opción viable en las circunstancias inmediatas— provocó enseguida nuevas tensiones tanto en su ala izquierda como en la derecha. Martínez Barrio, figura número dos del Partido Radical y jefe del reciente gobierno provisional, evidenció un descontento creciente a cuenta del giro de su partido hacia la derecha. Se ha especulado con que sintiera también envidia por el encumbramiento logrado por el nuevo miembro más ilustre del partido, don Santiago Alba —figura muy importante en el antiguo Partido Liberal de la monarquía—, que acababa de ser elegido presidente de las Cortes. Martínez Barrio era además Gran Maestre del Gran Oriente español, o sea el masón número uno de España, y por lo tanto, el líder del liberalismo masónico. La muy leída revista Blanco y Negro publicó una entrevista que le había hecho el 4 de febrero, en la que declaraba que era «un hombre de izquierdas», y afirmaba que no podía colaborar con una política centroderechista. Recibió como contestación un manifiesto público de 16 de los diputados radicales más conservadores, que pedían una revisión de la Constitución, una política más propicia hacia la Iglesia, y la dimisión de cualquier ministro del Gobierno que no estuviese de acuerdo. Lerroux trató de suavizar todo el asunto, pero a final de mes Martínez Barrio dimitió de su cartera de ministro de Guerra, junto con el ministro de Hacienda, radical también. Dos meses y medio después, abandonaría del todo el partido[53], seguido por una serie de diputados radicales más liberales y un sector liberal del partido en Valencia, uno de los baluartes radicales[54].

Aquello exigía una reorganización del gobierno de Lerroux al cabo de sólo dos meses y medio, y siguiendo su costumbre, el presidente Alcalá Zamora, sacó ventaja de la ocasión para desplegar toda su pompa y retórica, tratando el asunto como una crisis grave que podía exigir una intervención presidencial. En pocos días quedó reorganizado el gabinete prácticamente sobre la misma base. Rafael Salazar Alonso, un político del sector más conservador del partido, se convirtió en ministro de Gobernación, y Salvador de Madariaga aceptó la cartera de Instrucción Pública, cumpliéndose de esta manera, aunque por poco tiempo, el objetivo de Lerroux de incluir en su gabinete por lo menos a uno de los intelectuales más prestigiosos del país[55].

Entretanto, la complacencia mostrada por la CEDA apoyando a un gobierno de centro-derecha había puesto furiosos a sus recientes aliados electorales de la extrema derecha, que rompieron enseguida con el partido de Gil Robles, pasando rápidamente a una posición totalmente polarizada y subversiva. Aunque la CEDA había ganado el apoyo del Vaticano, los monárquicos buscaron el respaldo directo del partido fascista de Mussolini, e hicieron negociaciones para lograr un apoyo italiano a un derrocamiento violento de la República por la derecha monárquica. Representantes de Renovación Española y de la Comunión Tradicionalista (carlista) se reunieron en Roma el 31 de marzo con el ministro italiano del Aire Italo Balbo y firmaron con él un acuerdo secreto que prometía a los rebeldes españoles 1 500 000 pesetas de ayuda económica, 10 000 fusiles, 200 ametralladoras y otras formas de ayuda, además de la oportunidad de entrenar a voluntarios militares en Libia, entonces colonia italiana. Se convenía además en aquel pacto que el nuevo régimen español negociaría un tratado de neutralidad y amistad con Italia y que se coordinarían los intereses comerciales mutuos[56]. El primer medio millón de pesetas les fue pagado al día siguiente, y enseguida marcharon a Libia unos cincuenta voluntarios tradicionalistas a recibir entrenamiento militar. El arreglo entero se mantuvo en secreto con éxito, pero se convirtió pronto en letra muerta porque los grupos monárquicos demostraron su incapacidad para concitar la fuerza y unidad precisas para aprovecharse de él. Ni un arma fue enviada a España, y el proyecto entero fue cancelado por Mussolini un año después al no haber sido capaces los monárquicos españoles de dar muchas señales de vida. El Duce no deseaba complicar su política exterior al estar preparando su ataque a Etiopía[57]. A pesar de todo, las publicaciones españolas de extrema derecha empezaron desde aquel momento a discutir abiertamente la doctrina de justificación de la insurrección[58], y en mayo los carlistas se desplazaron todavía más hacia la derecha. Se disolvió la junta existente, que había estado dispuesta a colaborar con los monárquicos alfonsinos, y fue nombrado un nuevo secretario general, Manuel Fal Conde. Extremista y exclusivista, Fal Conde trataba de efectuar una restauración carlista manu militari y estimuló el entrenamiento de las milicias tradicionalistas (requetés).

Entretanto el Gobierno había cumplido su promesa de introducir una legislación de amnistía, presentada por el ministro de Justicia, Ramón Álvarez Valdés, liberaldemócrata, el 23 de marzo. Álvarez Valdés se vio pronto en aprietos al declarar que se oponía a todos los intentos de hacerse con el poder mediante la fuerza, ya se tratara de derechistas en 1932 o de anarquistas en 1933. El astuto Indalecio Prieto, percibiendo un lado flaco por donde se podía debilitar al gobierno, quiso saber si Álvarez Valdés repudiaba también a los rebeldes republicanos de Jaca de diciembre de 1930. Dicho sea en su honor, el ministro de Justicia mantuvo una postura coherente, recalcando que la República había sido traída al país por las elecciones del 14 de abril de 1931. Su negativa a aprobar la conducta de Galán y García Hernández le acarreó una andanada furiosa de la izquierda, que afirmaba que Álvarez Valdés había difamado a los sagrados mártires de la República. El infeliz ministro —cuya postura personal era de hecho irreprochable— dimitió enseguida, para ser sustituido el 17 de abril por Madariaga, quien ocupó temporalmente dos ministerios. Madariaga creía que era necesario hacer lo más posible para conseguir la reconciliación política nacional antes de que la polarización llegara al extremo. Cuando los socialistas pusieron la objeción de que la nueva ley concedía la amnistía exclusivamente por los actos cometidos hasta el 3 de diciembre de 1933 con lo que quedaban excluidos los muchos centenares de anarcosindicalistas detenidos después de la insurrección más reciente, la fecha límite fue extendida hasta el 14 de abril de 1934, tercer aniversario de la proclamación de la República. Se aprobó el día 20 por 269 votos contra uno.

Enseguida se presentó un callejón sin salida a nivel presidencial, al oponerse Alcalá Zamora a la ley porque debilitaba a la República y dejaba en libertad a sus enemigos. Prefirió devolverla al Congreso para su reconsideración, cosa que le permitía hacer el artículo 83 de la Constitución, pero el artículo 84 exigía el refrendo respectivo de al menos un ministro del gobierno para un acto de ese tipo, y ninguno de los ministros en funciones accedió. Lerroux, siguiendo su costumbre, sugirió un compromiso. Se promulgarían con la amnistía dos decretos adicionales, especificando uno que no se restituyese nada de la tierra expropiada a los Grandes ni a ninguna de las personas convictas de implicación en la sanjurjada, y el otro que ninguno de los jefes militares amnistiados volviese al servicio activo. La amnistía, de fecha 20 de abril, fue anunciada al fin oficialmente el 2 de mayo. Y por primera vez desde agosto de 1932 se autorizó la apertura de la sede de Acción Española, y Calvo Sotelo regresó a España dos días después.

Entonces, Alcalá Zamora provocó deliberadamente una crisis de gobierno, adjuntando a su firma de la nueva ley un ampuloso memorándum de treinta y cuatro páginas en forma de un mensaje a las Cortes, en el que se detallaban todas las objeciones jurídicas y políticas del presidente contra ella[59]. Gil Robles le prometió a Lerroux el apoyo de los votos de la CEDA para un voto de confianza parlamentario, pero el viejo león no deseaba crear una nueva crisis que pudiera amenazar el equilibrio de las instituciones republicanas y dimitió el día 25. Al día siguiente corrieron rápidamente rumores de que los radicales y sus amigos del alto mando militar preparaban un golpe. Aunque se trataba evidentemente de una falsa alarma, se declaró en toda España el estado de alarma, mientras Azaña y otros muchos republicanos de izquierda pasaban la noche en vela[60], aliviados de sólo pensar que el presidente había sabido vetar la continuación de Lerroux como Primer ministro.

Al día siguiente, Alcalá Zamora pidió a Ricardo Samper, uno de los lugartenientes de Lerroux, que formase gobierno. Hombre sencillo, calvo, de cara cómica y alargada, Samper era un veterano radical valenciano, antiguo partidario del novelista Blasco Ibáñez desde el lado más liberal del partido. Aunque el veto de don Niceto a Lerroux puso furiosos del todo a muchos radicales, constituían el partido de compromiso por excelencia, y Lerroux les recomendó que colaborasen. El nuevo gabinete de Samper se compuso de ocho radicales, un ministro agrario, otro de los republicanos progresistas y otro liberaldemócrata, además de un independiente. Y Madariaga (que nunca había sido diputado) regresó a Ginebra. La impresión general de que se trataba de un gabinete de nulidades manipuladas por Alcalá Zamora era bastante atinada. Azaña hizo la desdeñosa observación de que habría preferido que semejante conjunto de ceros a la izquierda hubiesen pertenecido a un gobierno monárquico.

Aquella crisis puso en el candelero el problema mayor del gobierno republicano en los dos años siguientes: una negativa generalizada a permitir el funcionamiento normal del sistema parlamentario constitucional. Se trataba de una crisis personal y artificial provocada por el presidente mismo, que se las había arreglado para vetar como Primeros ministros a los líderes de los dos mayores partidos del Congreso. En un sentido, su interferencia y manipulación había llegado a mayores extremos que los imputados a don Alfonso XIII, porque, según evidenciarían los acontecimientos, trataba personalmente de sustituir a Lerroux —al que veía entonces como rival personal— como líder del centro republicano[61]. En el proceso de los acontecimientos consiguió ganarse la enemistad de todos, porque había sido incapaz de bloquear la ley de amnistía del centro y la derecha, que a partir de entonces cada vez lo aborrecieron más, y al mismo tiempo fracasó de lleno en su intento de apaciguar a las izquierdas, que exigían mucho más. En los dos años siguientes se repetiría varias veces ese tipo de maniobra, cada vez para mayor descrédito y debilitamiento del sistema parlamentario.

CAPÍTULO 9

LA INSURRECCIÓN REVOLUCIONARIA DE 1934

Varios historiadores aseguran que el proceso más decisivo ocurrido durante la historia de la República antes de julio de 1936 fue el cambio de la política socialista en 1933-1934, aunque no existe coincidencia en cuanto a las causas de ese cambio. Unos lo atribuyen sobre todo al peligro que suponía la derecha tras la derrota socialista en las elecciones de 1933 y el ascenso consiguiente de la CEDA. Otros señalan la influencia del estado de cosas reinante en Europa Central tras la implantación del régimen de Hitler y de una dictadura derechista en Austria, señales claras de la derrota de los dos movimientos socialistas más fuertes de Europa. Algunos citan también el relativo empeoramiento de la depresión en 1932-1933. Finalmente apuntan otras el comienzo de la radicalización socialista en el verano de 1933, un fenómeno no relacionado específicamente con la cronología de los asuntos exteriores ni con la derrota electoral nacional, sino originado al parecer por el debilitamiento de la coalición de los socialistas con la izquierda republicana, la creciente frustración que sufrían las iniciativas reformistas republicanas, y la pendiente amenaza de la pérdida del gobierno[1].

Escribe Santos Juliá:

Quizá convenga recordar en este contexto que las primeras manifestaciones de dirigentes socialistas sobre la necesidad de adueñarse de todo el poder o de conquistarlo por los medios que fuese —lo que no excluía naturalmente el empleo de la violencia— no guardan relación alguna con un presunto temor a la amenaza del fascismo. Los socialistas comenzaron a elaborar el discurso de la conquista del poder inmediatamente que fueron excluidos del gobierno y ante la perspectiva de que fuesen los radicales quienes se hicieran con la presidencia. En estos momentos, nadie identificaba a Lerroux con el fascismo y nadie, ni siquiera Lerroux, pensaba que a los dos meses tendría que gobernar apoyado parlamentariamente por la CEDA. A los socialistas les bastó sentirse excluidos, expulsados de la responsabilidad de gobernar para anunciar sus nuevas intenciones políticas: ese cambio, todavía incipiente, es incomprensible si no se tiene en cuenta que todos consideraban a la República como criatura propia y todos creían gozar de un derecho, anterior a las elecciones y al voto popular, para gobernarla[2].

La posibilidad de un cambio fundamental en la política no fue, sin embargo, el mero resultado de los cálculos de determinados líderes. Estaba muy condicionado por una creciente marea de descontento entre los obreros de la UGT en 1933 y 1934. El ahondamiento de la depresión se tradujo en un aumento continuo del desempleo, según señala la tabla 9.1, al tiempo que la reforma laboral y social habían perdido el tren menos de un año después de la aprobación de una ley de reforma agraria mal concebida. Los grandes intereses económicos —muy en especial los grandes latifundistas— pasaron a la ofensiva en el año 1933, cuando se demostró que un Estado español relativamente débil carecía del aparato administrativo necesario para imponer todas las nuevas reformas, sobre todo en el campo. Las nuevas regulaciones estaban convirtiéndose en letra muerta en parte de algunas provincias rurales, y Largo Caballero aseguraba que en sus últimos meses como ministro de Trabajo recibía continuamente a delegaciones de trabajadores de provincias que acudían a Madrid para apremiar al partido para que interviniese[3]. El comité nacional de la UGT se había reunido, ya el 18 de junio de 1933, para hacer frente al problema de la disminución de afiliados. A finales de ese año, el número de ellos se había reducido hasta en un tercio. La FNTT se quejaba de que en las provincias campesinas del Sur los jornales habían bajado hasta en un 60 por ciento (dato, probablemente, muy exagerado) y que en algunas comarcas sólo se daba trabajo a los jornaleros que estuviesen dispuestos a salirse del sindicato. La combinación de todos esos factores dio pábulo a una militancia cada vez mayor entre muchos trabajadores socialistas, y todavía en mayor medida en las Juventudes Socialistas.

Tabla 9.1. Aumento del desempleo

Junio de 1932 | 446 263
Agosto de 1933 | 588 174
Diciembre de 1933 | 618 947
Abril de 1934 | 703 814

Fuente: Boletín del Ministerio de Trabajo, Enero, 1935, en Preston, CSCW, 219.

Fue en medio de ese clima donde Largo Caballero había ventilado la idea de una revolución directa en la escuela de verano de las Juventudes Socialistas en agosto de 1933, opinión que repitió, aunque usualmente en términos más discretos o equívocos, en una serie de discursos pronunciados el año siguiente. La izquierda socialista aumentó sin cesar en fuerza e influencia bajo su liderato fáctico, aunque no estaba claro qué nuevas medidas políticas u objetivos podrían sustituir al colaboracionismo. La izquierda más exaltada se había opuesto siempre a la participación, pero Largo Caballero y los demás líderes no tenían una estrategia alternativa que proponer. Al caer el primer gobierno de Lerroux, los jefes del partido habían dado su apoyo a una tentativa malograda de Felipe Sánchez Román, diputado moderado de la izquierda republicana, para reorganizar la coalición izquierda republicana-socialista, incluso con una base más moderada.

El desastre electoral que sobrevino enseguida, evidenció que no era posible ninguna forma de coalición izquierdista y que era inevitable un gobierno más conservador. Si, como hemos indicado en el capítulo 8, la primera reacción fue una solicitud urgente hecha a Alcalá Zamora de que se tomaran disposiciones para cambiar la ley electoral, disolver el nuevo Parlamento y hacer después unas nuevas elecciones en condiciones más favorables a las izquierdas, la segunda consistió en prepararse para tomar medidas activas. En consecuencia, en una reunión conjunta de las comisiones ejecutivas del partido y la UGT el 25 de noviembre de 1933, se acordó que si se hacían con el poder «elementos reaccionarios», los socialistas «tendrían que alzarse enérgicamente[4]», aunque quedó en el aire lo que significaba aquello exactamente. Cuando la FAI-CNT lanzó su última miniinsurrección el 8 de diciembre, la comisión ejecutiva del partido se pronunció inmediatamente desmintiendo cualquier conexión.

Aunque se hablaba mucho de revolución en algunos centros, y se oían disparates cada vez mayores sobre la similitud con la situación reinante en Rusia en 1917, la única estrategia que supo concebir la directiva del partido fue una especie de acción semidefensiva indefinida para impedir que formaran gobierno las derechas. El continuo deterioro reflejado por las relaciones industriales servía sólo para exacerbar el clima de militancia reinante entre los trabajadores socialistas. El primer gobierno de Lerroux había suspendido el decreto de los términos municipales en algunas provincias, y el segundo gobierno de don Alejandro había abrogado por completo, con carácter provisional, a principios de 1934. Incluso algunos socialistas podrían haber admitido que la ley de los términos había sido mal pergeñada. Mucho más serio era el cambio que se había iniciado en el funcionamiento de los jurados mixtos, que habían dejado de ser particularmente favorables a los trabajadores. Aunque toda la legislación reformista seguía vigente en los libros, parte de ella no se ponía en práctica en absoluto, al tiempo que el desempleo mantenía su aumento inexorable. La respuesta de la directiva seguía siendo equívoca. El 3 de enero bramaba El Socialista: «¿Armonía? ¡No! ¡Lucha de clases! ¡Odio a muerte a la burguesía criminal!», pero cinco días después una delegación de la FNTT visitaba al ministro de Trabajo para presionarlo a fin de que siguiera exigiendo la práctica de la legislación existente. Entretanto la CEDA anunciaba unos planes para cambiar radicalmente las normas existentes e incluso para tratar de aumentar los efectivos de la guardia civil para controlar la disidencia.

Aumentaba también la animosidad contra los antiguos aliados de los socialistas y Azaña mismo expresó su alarma. Anotaba en su diario el 2 de enero: «Una derrota electoral y sus desastrosas consecuencias deben repararse en el mismo terreno», lamentando la creciente tendencia de los socialistas a amontonar a los republicanos reformistas democráticos dentro de la categoría general de fuerzas burguesas reaccionarias. Aunque el gobierno de Lerroux había rechazado claramente el hacer más reformas y no convertía en realidad todas las que se habían promulgado, no era un gobierno descaradamente reaccionario que justificase «una respuesta violenta». Azaña lo expuso sucintamente: «El país no secundará una insurrección, porque en sus cuatro quintas partes no es socialista», cosa que resumía exactamente la proporción de votos que habían recibido los socialistas. Un gobierno socialista revolucionario no tendría otra legitimidad que la fuerza: «Su poder alcanzaría a dónde alcanzasen las pistolas. Tal situación, insoportable a mi pensamiento político e insostenible en la realidad, daría pretexto a una reacción espantosa». Tanto el análisis como la profecía iban a resultar completamente acertados.

Besteiro y la directiva veterana de la UGT seguían oponiéndose a la radicalización. Pese a su enfoque teórico, o debido a él, Besteiro tenía un sentido mucho más claro de la situación general que la mayoría de sus colegas. Se daba cuenta de que la sociedad española había entrado en una zona de peligro situada entre el subdesarrollo puro y duro de una parte y una situación madura para un socialismo próspero y pacífico de la otra. Había afirmado en uno de sus discursos principales del verano anterior que los obreros españoles reflejaban todavía demasiado la reacción destructiva propia de las primeras fases de la industrialización, enfocada contra la disciplina y la moderación, al mismo tiempo que la economía española había alcanzado ya un nivel de desarrollo lo suficientemente complejo para no poder ser «conquistada» ya fácil y directamente por una única clase revolucionaria. Advirtió con clarividencia que, en una situación bastante parecida en la Italia de 1920, la ocupación de fábricas por los sindicalistas socialistas había sido el preludio de una triunfante reacción fascista. La sociedad española no estaba preparada para una hegemonía socialista creativa, que según la definición de Besteiro tendría que ser democrática.

A principios de enero hubo encuentros de los líderes del partido con los de la UGT para determinar una línea de acción. Besteiro procuró emplear tácticas dilatorias, insistiendo que cualquier iniciativa tajante debía ser aprobada por un Congreso Nacional en pleno de la UGT y tenía que tener unas metas perfectamente claras. Para dar respuesta a esta última objeción, la comisión ejecutiva del partido aprobó el 13 de enero un programa de diez puntos redactado por Indalecio Prieto. Exigía:

La nacionalización de la tierra.

Mayor prioridad para los proyectos de regadío.

Una reforma radical de la educación.

La disolución de todas las órdenes religiosas, con incautación de sus bienes y la expulsión de las consideradas peligrosas.

La disolución del ejército, para sustituirlo por una milicia democrática.

La disolución de la guardia civil.

Una reforma de la burocracia con una purga de elementos antirrepublicanos.

Una mejora de las condiciones de los obreros de la industria, pero sin nacionalización de ésta por el momento.

Una reforma tributaria, con la introducción de un impuesto de la herencia.

Todos estos cambios, iniciados por decreto, serían ratificados por una nueva legislatura elegida democráticamente.

Largo Caballero añadió a ese programa cinco puntos tácticos de acción concreta, incluyendo la inclusión en el nuevo gobierno de todas las fuerzas que colaborasen a llevarlo al poder. Besteiro y la comisión ejecutiva de la UGT respondieron con un largo programa de su propio cuño, clamando la formación de una asamblea corporativa nacional especial encargada de iniciar un gran programa contra el desempleo y poner en marcha una nacionalización de la industria de gran envergadura y cuidadosamente planificada[5].

A aquellas alturas la anciana directiva oficial de la UGT perdía el contacto a ojos vistas con los líderes a nivel más bajo y con gran parte de los miembros ordinarios, influidos cada vez más por la nueva militancia. Cuando se reunió el 27 de enero el comité nacional de la UGT, votó con bastante mayoría por la aceptación de la propuesta más radical del partido, dando lugar así a la dimisión inmediata de Besteiro y sus colegas moderados de la directiva. El comité nacional procedió entonces a elegir una comisión ejecutiva nueva, dominada por los caballeristas[6], y Largo Caballero se sintió libre para asumir activamente el puesto de secretario general de la UGT, para el que había sido elegido en 1932, aunque se había negado a aceptarlo mientras predominasen los besteiristas. Llevaba ya más de cinco años de presidente del partido y ahora encabezaba también los sindicatos del mismo. Los caballeristas dominaban ya una serie de distintas federaciones de la UGT y al día siguiente asumieron el mando de la FNTT, la mayor de todas, y seguidamente el de la neurálgica sección madrileña del partido[7]. A comienzos de febrero se constituyó un comité revolucionario de enlace bajo el mando personal de Largo Caballero. Sus diez miembros representaban al partido, a la UGT y a la organización de las Juventudes Socialistas.

El comité revolucionario quedó encargado de la organización técnica y financiamiento de una insurrección revolucionaria así como de entablar negociaciones con posibles colaboradores. Siguiendo la tradición española de larga historia, Indalecio Prieto se encargaría de establecer contactos con cualesquiera elementos simpatizantes que se pudieran hallar entre los militares. En aquel inseguro proceso, las Juventudes Socialistas, cuyos representantes tenían tres de los diez puestos del comité, empezaron a ocupar el primer plano. Iban a desempeñar un papel de primera fila en la creación de milicias de voluntarios, y aportaron también un sentido de la revolución más sofisticado, «bolchevique», en forma de un golpe directo y violento. Mientras Largo Caballero y los líderes «de siempre» habían sido preparados para la aplicación de tácticas sindicales y electorales, y habían concebido siempre la actividad revolucionaria en forma de una huelga general de los trabajadores, los nuevos activistas de las Juventudes Socialistas estaban muy inspirados por lecturas sobre la Revolución Rusa. Pensaban más bien en términos de violencia organizada. Se sentían también más atraídos hacia las pequeñas pero revolucionarias agrupaciones comunistas de España, menospreciadas hasta entonces por la directiva del partido tanto por su extremismo como por su insignificancia[8].

En aquella situación llegaron noticias de la represión de un intento de sublevación de los socialistas austríacos contra el nuevo régimen autoritario de Viena[9]. Celebrada con júbilo por la prensa católica española, produjo una fuerte impresión negativa en la izquierda, sobre todo entre los socialistas, y dio lugar a una fugaz huelga de simpatía de la UGT en Asturias.

El descenso de la afiliación de las dos principales federaciones sindicales nacionales no se tradujo tanto en una reducción de las huelgas como en una febril preocupación en contrarrestar ese descenso y la presión sobre los trabajadores mediante un aumento de los movimientos huelguistas. El paro laboral más intenso fue una huelga general de la CNT en Zaragoza que duró seis semanas e incluyó el envío de dieciocho mil hijos de obreros a Barcelona para que les dieran de comer los camaradas catalanes. Entretanto, una huelga de tipógrafos en Madrid cerró durante unos días los principales periódicos derechistas de la capital. El gobierno declaró el estado de alarma, cerrando las sedes de las Juventudes Socialistas, los comunistas y la CNT. La JAP (la organización juvenil cedista) se encargó por su parte de que El Debate siguiera saliendo, y después de diez días más o menos, los demás diarios conservadores lograron reanudar su publicación. La huelga había sido rota, y el sindicato de impresores de la UGT tuvo que negociar el mejor arreglo que pudo. La larga huelga de la construcción se arregló por fin el 20 de marzo mediante un laudo del Ministerio del Trabajo que reducía la semana laboral a 44 horas manteniendo una paga equivalente a 48 horas. Una huelga metalúrgica en Madrid continuó hasta el 1.o de junio, para arreglarse entonces sobre una base muy similar, unas condiciones laborales nada draconianas. Pero habían constituido discusiones enconadas, acompañadas por disturbios nada pequeños, destrucción de propiedades y explosiones de bombas ocasionales. Se reveló además en aquella ocasión una tendencia creciente a que, en algunas áreas, los ugetistas y cenetistas hiciesen causa común en algunos de aquellos conflictos.

La iniciativa para tratar de organizar una izquierda obrera más amplia había sido tomada ya en Barcelona por Joaquín Maurín y su Bloc Obrer i Camperol (BOC, Bloque Obrero y Campesino, marxista-leninista independiente), centrado en Barcelona. El BOC constituía un desenvolvimiento de la vieja Federación Comunista Catalano-Balear (FCCB), la sección catalana del Partido Comunista de España original (PCE), que había sido expulsada del partido en 1928 por haberse negado a aceptar la línea de Moscú. En un momento dado había reunido casi a la mitad de la militancia del PCE y en marzo de 1931, en vísperas del advenimiento de la República, se había fusionado con el Partit Comunista Català (PCC), una diminuta agrupación comunista catalana disidente, para formar el BOC. La postura de Maurín era paralela a la del Partido Comunista regular en lo tocante a su rechazo de la República y del reformismo parlamentario. Maurín era posiblemente la cosa más parecida a un teórico marxista original de España y había sostenido con empecinamiento que la actitud política entera de los socialistas había estado equivocada, porque la República no había constituido el comienzo de una revolución democrática burguesa completa. Una especie de revolución capitalista burguesa se había producido en la España del siglo XIX dentro de una burguesía débil e incompetente sin traer la democracia. En los años treinta la burguesía española estaba sencillamente agotada y había dejado de ser progresista y activamente reaccionaria. Las clases medias ni podían completar la revolución democrática ni servir como un aliado eficaz rumbó a una revolución socialista y, por lo mismo, la política socialista había sido totalmente descabellada. En cambio España había desarrollado ya una sociedad lo suficientemente avanzada como para cristalizar en torno a dos fuerzas sociales, la burguesía derechista y los trabajadores izquierdistas. Les correspondía ahora a estos últimos finiquitar la revolución democrática, y también moverse directamente hacia una revolución socialista, con el doble objetivo de llevar a cabo casi simultáneamente una revolución democrática y socialista. Rechazaban a los socialistas por su compromiso y su reformismo, y al minúsculo grupo comunista por su estalinismo y dominio soviético, pero entretanto los marxistas disidentes eran poco más que unas sectas.

A comienzos de 1933 se tomó una iniciativa nueva, poco después de hacerse Hitler con el poder en Alemania, al unirse el BOC con el pequeño partido socialista catalanista, la Unió Socialista de Catalunya (USC[10]), para formar una Alianza Obrera Antifascista (AOA), utilizando la terminología de la Alleanza del Lavoro (Alianza del Trabajo), una alianza antifascista de gran parte de las izquierdas italianas de 1922. Los objetivos de la AOA, que cambió poco después su nombre a Alianza Obrera (AO), probablemente para evitar todo matiz negativista y para simplificar, eran triples: defender los avances de la clase obrera, derrotar al fascismo en España, y preparar una revolución creadora de una república socialista federal. Al BOC y la USC se sumaron después los treintistas, que se habían escindido de la CNT, la Unió de Rabassaires de los aparceros catalanes, la diminuta Izquierda Comunista (trotskista) de Andreu Nin, y (en diciembre de 1933) las secciones catalanas del Partido Socialista y de la UGT[11].

Maurín y los líderes barceloneses de la AO esperaban extenderse hasta constituir una organización de toda España. Acompañado por un líder socialista de Barcelona, Maurín se entrevistó con Largo Caballero y otras figuras socialistas en Madrid en enero de 1934, y Largo Caballero devolvió la visita a Barcelona el mes siguiente. Existía sin embargo, una divergencia fundamental entre la meta de Maurín y la de Largo Caballero. Maurín tenía puestas sus esperanzas en que la AO se convirtiera en el vehículo creador de una gran fuerza revolucionaria nueva marxista-leninista; Largo Caballero y los dirigentes socialistas veían en ella sencillamente una gran organización-paraguas para instrumentalizar una huelga general en la que desempeñaría el papel principal el ya existente Partido Socialista. Da la impresión sin embargo, de que la pequeña Izquierda Comunista Trotskista tomó la iniciativa el 21-22 de abril, extendiendo su actividad a una gran huelga que cerró en Madrid la mayoría de los bares, cafés y demás locales públicos como protesta contra una gran concentración de la CEDA en El Escorial[12].

El dilema de costumbre en cualquier plan de acción unida de la izquierda obrera residía en la colaboración de la CNT y la UGT. Y como de costumbre, la CNT votó negativamente en una concurrida reunión de representantes regionales de toda España efectuada en Barcelona el 10 de febrero. Se negaron a sumarse a cualquier acción revolucionaria no apuntada directamente a lograr el objetivo anarquista de un comunismo libertario. La situación al caso era diferente únicamente en Asturias, donde la grave depresión de la industria minera y otros problemas habían contribuido a que se produjese allí el índice de huelgas más alto de toda España. También habían colaborado allí por primera vez los socialistas y los anarcosindicalistas en la huelga general de 1917 y habían participado en una serie de acciones conjuntas desde la entrada de la República. Se explica así que las secciones asturianas de la CNT y la UGT firmasen una inusitada alianza el 31 de marzo, que dio origen a un frente unido llamado la «Alianza Revolucionaria», destinada a crear «un régimen de igualdad económica, política y social fundado en principios socialistas federalistas», un intento único en su clase de sintetizar las aspiraciones revolucionarias de los socialistas y los anarcosindicalistas[13].

El 5 de mayo El Socialista anunció la formación de la Alianza Obrera en Madrid para «la lucha contra el fascismo en todas sus formas y la preparación de los movimientos de la clase obrera para el establecimiento de una República federal socialista». Aquello repetía exactamente la fórmula de la AOA de Barcelona de un año antes. Bajo la Alianza Obrera, cada organización asociada era libre de llevar a cabo su propia actividad y propaganda independientemente, pero tenía que haber comités al nivel regional de cada área para la mutua coordinación, y los mismos terminarían eligiendo un comité nacional. Pero la abstención de la CNT en todas partes salvo en Asturias, quería decir que la AO tendría que componerse básicamente de los socialistas y una serie de aliados menores, cuya importancia se limitaba casi siempre a parte de Cataluña. Después de cierto tiempo, la USC, catalana y cofundadora original de la alianza, la abandonó en protesta contra el dominio de los socialistas con la base en Madrid.

En la primavera de 1934 pasó a asumir el papel más activo en los asuntos rurales la FNTT, federación de obreros del campo de la UGT, centrada en Extremadura y Andalucía. Si es cierto que la situación de los obreros de ciudad había empeorado muy poco en los últimos meses, existía en cambio una sensación creciente de desesperación entre los trabajadores del campo, que habían sufrido un aumento de más del 50 por ciento en el desempleo en los dos años anteriores. El nuevo trato que les había ofrecido la República parecía esfumarse, mientras los terratenientes endurecían cada vez más su postura y solían hallar mil maneras de eludir, o en algunos casos, ignorar sencillamente la legislación de reforma de 1931-1933. Sin subsidios de desempleo ni otros recursos, aquellos jornaleros con las manos vacías tenían que oír a menudo «¡Comed República!». Tenían la sensación creciente de que el gobierno se había convertido en el amigo de los hacendados y el enemigo de los trabajadores, aunque los hechos no confirmaran siempre esa interpretación. Se habían revocado algunas de las disposiciones más excesivas, pero el gobierno trataba de mantener la mayoría de las nuevas estipulaciones y regir los jurados laborales con mano pareja. Los trabajadores ganaban todavía algunas de las negociaciones, y de hecho el gobierno radical se mostró más neutral en esos asuntos que su predecesor. Hay que decir también que, en los 10 meses que van de diciembre de 1933 a septiembre de 1934 se distribuyó tierra a más familias rurales que durante los últimos diez meses de la administración de Azaña. En la primavera de 1934 algunas de las organizaciones de intereses económicos que habían respaldado a los radicales en las elecciones se quejaban de haber sido traicionadas. La reducción de los jornales contra la que protestaban los trabajadores del campo seguía siendo relativamente pequeña[14], aunque el desempleo continuaba extendiéndose bastante aprisa, y algunos de los dispositivos destinados a combatirlo, como el laboreo forzoso, no se aplicaban rigurosamente.

La nueva directiva caballerista de la FNTT encabezaba su primera declaración en El Obrero de la Tierra del 3 de febrero con este titular: «¡Nos declaramos a favor de la Revolución!». Exigían la plena socialización y ensalzaban la colectivización soviética. Y sin embargo, la directiva de la FNTT bombardeaba al Ministerio del Trabajo con solicitudes de tipo práctico y pedía con frecuencia al Ministerio de Gobernación que interviniese más la policía para exigir el cumplimiento de las disposiciones laborales y los contratos de trabajo, y para revocar los recientes cierres de Casas del Pueblo (centros socialistas) en una serie de municipios. Protestas de ese tipo fueron bastante frecuentes en la tercera semana de marzo y culminaron en una petición hecha a Alcalá Zamora. La FNTT se quejaba de que cientos de recursos hechos por impago de salarios no habían tenido respuesta (lo que puede haber sido muy cierto) y de que habían sido encarcelados quinientos trabajadores sólo en la provincia de Badajoz. La prensa socialista estaba llena de relaciones de casos horripilantes sobre la arbitraria reducción de jornales (posiblemente cierta en casos individuales, pero no extensible necesariamente al conjunto de los dueños de tierras) y de draconianas intervenciones de la policía, incluyendo la muerte a tiros de cuatro jornaleros durante una huelga rural.

La nueva administración de Samper, aunque elegida a dedo por Alcalá Zamora, revelaba al parecer una actuación más derechista que la del reciente gobierno de Lerroux. Un decreto del 4 de mayo anuló las disposiciones originales de la reforma agraria en lo tocante a confiscación directa, garantizando la compensación de cualquier expropiación. El 24 de mayo las Cortes votaron, 254 contra 44, para abolir la Ley de Términos Municipales, al mismo tiempo que se estipulaba que no podía haber una reducción unilateral de los salarios. El nuevo ministro de Gobernación, Rafael Salazar Alonso, era un hombre de línea dura. Mientras que el ministro de Gobernación de Azaña, Casares Quiroga, había intervenido en la sustitución de un total de 270 alcaldes o municipios locales en un período de dos años. Salazar Alonso utilizó el centralizadísimo sistema español para suspender a un total de 193 en menos de siete meses, sobre todo, según dijo, a fin de eliminar el empecinado favoritismo socialista, especialmente en las provincias de Badajoz, Cáceres, Alicante y Jaén[15].

Después de una última apelación al ministro del Trabajo el 28 de abril, el comité nacional de la FNTT se reunió el 11-12 de mayo para considerar una huelga nacional de la UGT, que calificó la huelga agraria de idea equivocada. Sería una empresa difícil y económicamente algo injusta debido a que la cosecha de primavera se realizaba en tiempos diferentes en las distintas regiones y sería sumamente difícil de coordinar, a la vez que una huelga general sería un golpe más fuerte para los minifundistas y aparceros, que a menudo necesitaban recurrir a unos cuantos jornaleros en la época de la cosecha, que para los latifundistas. En las condiciones existentes, una huelga semejante sería considerada como provocativa y reprimida, desde luego, por la fuerza. El comité revolucionario de Largo Caballero quería reservar cualquier huelga general para un momento de máxima crisis política. Envió mensajes a sus secciones provinciales recalcando que una huelga agraria nacional no tenía nada que ver con su movimiento revolucionario, al tiempo que la UGT le dijo a la FNTT que no contara con un apoyo de los sindicatos de ciudad.

El comité nacional de la FNTT redactó una lista de diez demandas de bastante alcance, pero no realmente revolucionarias. Incluían el turno riguroso (contratar la gente en orden riguroso según la lista organizada por el sindicato), la ilegalización de la maquinaria agrícola en muchas comarcas, la creación de comités locales de supervisión de los trabajadores de la tierra en todos los distritos para garantizar el cumplimiento de los contratos, y otros cambios destinados a inclinar el equilibrio de las relaciones laborales claramente a favor de los trabajadores del campo. Tales exigencias, de gran envergadura, pueden haber sido prerrevolucionarias, pero no eran revolucionarias en lo de exigir un cambio de la propiedad de tierras. El objetivo básico era una nueva estructura de las relaciones laborales y no la eliminación del capitalismo agrario en sí[16].

La actitud oficial del Ministerio de Agricultura se mantuvo en términos bastante conciliatorios, mientras que el ministro de Trabajo, el radical José Estadella, hizo demostraciones significativas.

El 24 de mayo el Gobierno ordenó a los inspectores del campo del Ministerio de Trabajo que evitasen discriminaciones en la contrata y apremió a las mesas de arbitraje rurales a que concertasen rápidamente contratos de recolección favorables para los trabajadores. El 2 de junio el gobierno hizo aún más concesiones endureciendo una legislación que obligaba a los propietarios a contratar a los jornaleros sólo a través de las oficinas locales de empleo (aunque no necesariamente siguiendo el «tumo riguroso» que exigían los socialistas) y autorizando a sus inspectores del campo para asignar jornaleros adicionales a cada propietario en las zonas donde fuese grave el desempleo. Entretanto, los contratos de recolección extendidos por las mesas locales de arbitraje establecían unos salarios mínimos tan altos como los que habían prevalecido durante la época de Azaña[17].

Se hacían claros progresos, pero a ojos de la FNTT los contrarrestaba negativamente la rigurosa política policíaca de Salazar Alonso, quien consideraba cualquier mención de la huelga como una subversión intolerable, declarando fuera de la ley muchos mítines huelguistas locales y deteniendo a un número considerable de líderes locales. El Gobierno no tenía desde luego intención alguna de dar satisfacción a las diez peticiones, y contra la enérgica desaprobación de Largo Caballero y la UGT, la FNTT convocó una huelga nacional agraria para el 5 de junio.

Mientras el Boletín mensual del Ministerio del Trabajo mencionaba noventa y ocho huelgas agrarias en los cinco primeros meses de 1934, la huelga general de la FNTT se declaró en un total de 1563 municipios repartidos por la mayoría de las comarcas importantes de España. Fue especialmente efectiva en las zonas latifundistas; fueron afectados aproximadamente la mitad de los municipios rurales de Córdoba, Málaga y Ciudad Real, y como la cuarta parte de los de Badajoz, Huelva y Jaén. La huelga recibió también el apoyo de la UGT en la provincia de Sevilla, donde duró más e implicó más sabotajes de la propiedad y las instalaciones que en ningún otro sitio, y no terminó hasta el 20 de junio. La conducta se mantuvo en general a raya por ambos lados, y el gobierno no declaró la ley marcial. Hay noticia de un total de trece muertos, no tanto en choques con la policía como en los encuentros entre huelguistas y esquiroles. La policía detuvo aproximadamente a siete mil participantes en una huelga que se había declarado ilegal, pero antes de un mes habían soltado a la mayoría de ellos. En cambio, los tribunales de urgencia juzgaron y condenaron a una serie de líderes de la FNTT a penas de cuatro o más años de cárcel. La huelga había constituido un fracaso total, y la mayor filial de la UGT quedó seriamente debilitada y desalentada. Muchas Casas del Pueblo del Sur de España no volverían a abrirse hasta febrero de 1936[18].

Mientras tanto en Madrid y varias otras partes del país se estaba desarrollando un drama de menos dimensiones pero proporcionalmente mucho más mortífero, entre las Juventudes Socialistas (JS) y otros elementos activistas de izquierda de un lado y los militantes de Falange Española, la nueva organización fascista, del otro. Las Juventudes Socialistas en especial tomaron trágicamente en serio la formación de un partido fascista y no estaba dispuesta a sufrir la misma suerte que sus camaradas, en manos parecidas, en Italia, Alemania y Austria. Por esa razón, en España fue la izquierda la que tomó la iniciativa. El primer joven fascista fue abatido en noviembre de 1933, seguido por otros siete falangistas muertos a intervalos durante el invierno y la primavera de 1934[19]. Un tiroteo abierto entre falangistas y socialistas en Don Benito (Badajoz), dejó un saldo de ocho heridos. El 10 de junio, mientras la huelga agraria caldeaba los ánimos en algunas comarcas, tuvo lugar otra escaramuza entre miembros de ambas agrupaciones en Madrid en la zona recreativa de la Casa de Campo, al otro lado del Manzanares. En este caso fue muerto a tiros un joven de Falange y por lo visto se ensañaron en su cadáver[20].

Bastante antes de aquello, los editores de la prensa derechista ridiculizaban a los falangistas tildándolos de ser más «franciscanos» que «fascistas», dando a entender que las iniciales «FE» (Falange Española) querían decir en realidad «Funeraria Española», y que había que llamar al fundador Juan Simón (el enterrador de la canción) en vez de José Antonio[21]. Aunque la prensa falangista había anunciado el 1.o de febrero que no iba a tomar represalias, se trataba a todas luces de una decisión temporal. A principios de junio la Falange había organizado ya ocho centurias, algo así como compañías, en Madrid, su centro más importante, y formado también una «Falange de la sangre», para las represalias violentas. Al atardecer del 10 de junio, un autocar del que bajaban jóvenes socialistas en Madrid recibió una rociada de balas desde un coche con falangistas que pasó a su lado. Una joven llamada Juanita Rico resultó muerta y otras dos personas gravemente heridas[22]. A Juanita se le tributó un entierro concurridísimo y en los dos años siguientes se honró su memoria como «la primera víctima del fascismo» en España. Desgraciadamente era cierto, pues la preocupación de la izquierda por la violencia fascista era ya una profecía cumplida, y Juanita Rico no iba a ser la última víctima. La lucha incesante entre los falangistas y socialistas iba a prolongarse durante dos años, alcanzando un clímax en la primavera y comienzo del verano de 1936, donde terminó encendiendo la chispa final que provocó el estallido de la Guerra Civil.

Viendo en retrospectiva, años después, los hechos de 1934, se lamentaría Indalecio Prieto:

Se había dejado adrede manos libres a las Juventudes Socialistas, a fin de que, con absoluta irresponsabilidad cometieran toda clase de desmanes, que al impulso de frenético entusiasmo, resultaban dañosos para la finalidad perseguida. Nadie ponía coto a la acción desaforada de las Juventudes Socialistas, quienes, sin contar con nadie, provocaban huelgas generales en Madrid, no dándose cuenta de que frustraban la huelga general, clave del movimiento proyectado, pues no se puede someter a una gran ciudad a ensayos de tal naturaleza. Además, ciertos hechos que la prudencia me obliga a silenciar cometidos por miembros de las J. S. no tuvieron reproches, ni se les puso freno, ni originaron la llamada a la responsabilidad[23].

De cualquier modo, después del fracaso de la huelga agraria, que sólo sirvió para fortalecer el centro-derecha y la derecha, «empezó a enfriarse el ardor revolucionario de Prieto e incluso de Largo Caballero[24]». En Madrid la Alianza Obrera bloqueó todas las propuestas de acción revolucionaria de la Izquierda Comunista Trotskista en el verano de 1934 alegando que la UGT tenía que evitar las acciones parciales. El 31 de julio el comité nacional de la UGT efectuó una indagación sobre el desastre de la FNTT. Largo Caballero recalcó enérgicamente que no quería una repetición de la fracasada huelga general de 1917 ni iba a seguir a ciegas las tácticas leninistas[25].

Los conflictos catalán y vasco

Para los catalanistas, el gran logro de la República era su autonomía, que aportó una mayor libertad política y administrativa y la oportunidad de introducir cambios ulteriores. El otro lado de la moneda fueron las relaciones sociales, en cuyo campo los líderes de la izquierda catalanista aseguraron al principio que la República y la autonomía iban a iniciar un capítulo completamente nuevo. Como hemos visto, lo que ocurrió no implicó novedad alguna; la democracia y la autonomía no ejercieron ninguna impresión en la CNT, y las relaciones sociales empeoraron enseguida hasta alcanzar un clima tipo 1917-1923, último período en el que Cataluña había conocido un gobierno parcialmente constitucional. En 1933 era ya corriente que los catalanes le echaran la culpa a una policía controlada por Madrid. Desde luego esta última no mostraba entusiasmo alguno por tener que servir a las órdenes de las autoridades autonómicas; cuando tuvo lugar el traspaso de las funciones de seguridad en abril de 1934, gran parte del personal de la policía regular dimitió o fue trasladado. Se fundó un nuevo cuerpo de policía catalán, los mossos d’esquadra, en cuyo uniforme figuraban entre otras cosas espardenyes (alpargatas) y capotes con galón dorado, dedicado a patrullar las localidades rurales y complementar a la guardia civil (conocida entonces en Cataluña como guardia nacional republicana).

A diferencia de las provincias vascongadas, Cataluña se hallaba dividida políticamente en una izquierda moderada y una derecha más moderada. En las elecciones nacionales de 1933, la conservadora Lliga Catalana había sacado ventaja del cambio de la opinión y de la nueva dinámica de alianzas para superar a la Esquerra, dueña hasta entonces del poder, por 25 escaños contra diecinueve. En cambio, en las segundas elecciones regionales catalanas, celebradas en enero de 1934, la Esquerra ganó con buen margen, correspondiéndole 162 216 votos a la izquierda unida y sólo 132 942 a la Lliga. Fueron las únicas elecciones ganadas por los republicanos españoles de izquierda en 1933-1934, lo que dio origen al dicho de que Cataluña era el «último bastión» de la República izquierdista original.

Pero la disensión existente dentro de las filas catalanistas había crecido mucho en 1932-1933, al rebelarse los elementos extremistas contra el eclecticismo y la creciente moderación de la dominante Esquerra. Los separatistas extremistas del original Estat Català de Macià protestaban contra el compromiso establecido con el gobierno español y formaron varias agrupaciones disidentes. Los separatistas más derechistas formaron un Partit Nacionalista Català, separatista y muy pequeño, mientras los separatistas de izquierda adoptaban una orientación cada vez más nacional-socialista y marxista, formando el pomposamente titulado Estat Català (Força Separatista d’Extrema Esquerra) (Estado Catalán - Fuerza Separatista de Extrema Izquierda), así como el posterior Partit Català Proletari (que se fusionaría después con los comunistas catalanes y varias otras pequeñas agrupaciones catalanas marxistas). La tendencia a la disensión existente en el catalanismo político hizo que el semanario satírico Be Negre (La Oveja negra), publicase este sardónico pareado: «D’Estats catalans/N’hi ha mes que dits a les mans» («Hay más estados catalanes/que dedos en las manos[26]»).

Pero la nueva fuerza más importante del nacionalismo catalán era la juventud de la Esquerra, formada en conjunción con el partido gobernante en 1932 con el nombre de Joventut d’Esquerra Republicana - Estat Català (JEREC, «Juventud de la Izquierda Republicana - Estado Catalán»). Los jóvenes milicianos de la JEREC adoptaron el nombre de escamots (pelotones), vestían camisas verde oliva, y luchaban a brazo partido contra la CNT, lo que hizo que algunos los calificaran de «fascistas catalanes». Los jefes de los escamots, como el policía y antiguo oficial del ejército Miquel Badía y el médico Josep Dencàs, hablaban de preparar el camino para una Esquerra en forma de partit unie del Estat Català, dirigiendo un nuevo orden social corporativo «nacional» y «socialista», si bien algunos comentaristas opinaban que sus objetivos se acercaban bastante más a los del México postrevolucionario o a los regímenes de Europa Oriental que a los de la Italia fascista[27].

El anciano Macià murió por causas naturales el día de Navidad de 1933, sucediéndole el líder político más prominente del catalanismo republicano izquierdista, Lluís Companys[28]. El nuevo presidente de la Generalitat no disfrutaba de las íntimas relaciones que Macià había establecido con Alcalá Zamora, pero los catalanistas esperaban que completase los traspasos de responsabilidades gubernamentales que tan lentamente se habían efectuado durante el año anterior y agilizara un programa de reforma activa para el desarrollo de la región.

Aunque Cataluña era el centro industrial mayor de España, tenía también una importante economía agraria. La agricultura catalana era en general más moderna y la propiedad de la tierra estaba más distribuida que en el Centro y Sur de España, pero seguía teniendo problemas. En la zona rural la presión más militante provenía de la «Unió de Rabassaires» (UR), una organización de aparceros que trabajaba gran parte de la tierra en las comarcas de mayor producción vinícola; Companys había ayudado a constituirla unos quince años antes. Aunque la UR fue haciéndose cada vez más radical, la meta de la mayoría de sus miembros residía en convertir en propiedad suya la tierra que trabajaban[29]. Aquella idea encajaba perfectamente en las tesis socioeconómicas del republicanismo de izquierda y en el tipo de reforma que los líderes catalanistas intentaban conseguir dentro de la autonomía.

En abril de 1934 la Generalitat aprobó su reforma socioeconómica más importante, la «Llei de Contractes de Conreu» (Ley de Contratos del Cultivo), destinada a dar a los rabassaires acceso a la propiedad de la tierra. Con la tenencia de rabassa morta (de cepa muerta) en las comarcas productoras de uva, los aparceros poseían normalmente las viñas mientras vivían las cepas (unos 50 años), repartiendo las ganancias a medias con el propietario y conservando parte de la tierra hasta que habían muerto unos tres cuartos de las vides. A principios del siglo XX había surgido un problema nuevo debido a que los nuevos tipos de vid introducidos después de la epidemia de la filoxera de la década de 1890, vivían sólo unos veinticinco años, limitando el tiempo de tenencia y reduciendo los ingresos en algún sentido. La nueva legislación permitiría a los aparceros y arrendatarios comprar la tierra que hubiesen cultivado directamente durante un mínimo de quince años, con lo que era bastante parecida en ese sentido a la propuesta ley de arrendamientos que no había logrado salir adelante en las Cortes Españolas el verano anterior. Establecía también un mínimo de seis años para los contratos de arrendamiento, representando en esto un esfuerzo para resolver un conflicto económico existente para la mayor parte del campo catalán en beneficio de lo que podríamos llamar el estrato inferior de la clase media-baja, en oposición a la clase media-alta y a los ricos. Muchos rabassaires y otros arrendatarios catalanes eran ya en realidad pequeños capitalistas en tanto que poseían normalmente algo de dinero así como equipo de su propiedad, al tiempo que los grandes empresarios de Barcelona y la gente muy acaudalada no controlaba gran parte de la zona rural. Desde el comienzo de la República, los rabassaires constituían una parte importante del voto de la Esquerra. Su militancia había crecido y habían violado o ignorado cada vez más los contratos existentes, de manera que hacia 1934 se había acumulado mucha confusión legal. La organización de los rabassaires era más fuerte en las provincias de Barcelona y Gerona, donde había una sociedad rural de clase media-baja más desarrollada y que se hacía oír —aun careciendo técnicamente de tierras en algunos casos— más que la de las provincias, menos desarrolladas, de Tarragona y Lérida.

El estatuto catalán le daba a la Generalitat ciertas facultades para legislar en los asuntos civiles, pero la Constitución reservaba la legislación social para la jurisdicción del gobierno central, al paso que la Ley de Reforma Agraria reservaba al Parlamento español todo lo referente a todos los contratos de cultivo. La Lliga y otras agrupaciones conservadoras catalanas protestaron sosteniendo que la nueva legislación era radical, injusta para con los propietarios y además inconstitucional. Presentaron una apelación al Tribunal de Garantías Constitucionales. Ésta fue aprobada por el gabinete de Madrid el 4 de mayo, y el 10 de junio el alto tribunal decidió, por una votación de 13 contra 10, que la Ley de los Contratos de Cultivo era inconstitucional[30].

El veredicto desencadenó fortísimas protestas en Barcelona y algunas otras partes de Cataluña. Cuando se reunió la Generalitat dos días más tarde, aprobó una legislación idéntica desafiando al tribunal, con una cláusula además que hacía retroactiva la aplicación de dicha ley a su fecha original, al tiempo que la Esquerra y la minúscula Unió Socialista de Catalunya anunciaban su retirada del Congreso nacional. El Primer ministro, Samper, indignado, preguntó por qué habían tomado una iniciativa tan tajante sin ninguna tentativa de negociar, y señaló su buena disposición a discutir aquel problema esforzándose por alcanzar un compromiso.

Durante el resto del verano de 1934, la discusión del asunto de los rabassaires siguió estando en el candelero de la atención pública. Toda la izquierda, así como los nacionalistas vascos, apoyaron a la Esquerra. En un discurso ante el Congreso el 21 de junio, Azaña saludó a Cataluña como el «último bastión que le quedaba a la República», añadiendo literalmente: «El poder autónomo de Cataluña es el último poder republicano que queda en pie en España[31]». Aquello era un disparate peligroso de la peor ralea. Se rumoreó incluso que Azaña y sus partidarios hablaban de retirarse a Barcelona para formar allí un nuevo gobierno provisional ad hoc de la República. El dirigente de la Lliga, Cambó, señaló que era irracional que el gobierno autónomo ignorase los términos de cambio, sobre todo cuando Azaña y la izquierda eran los responsables principales de los términos de la Constitución: «… de manera que, si de algo ha de protestar Su Señoría es de sus propios actos[32]». Condenó también que se hablase de Cataluña como de un simple baluarte de la izquierda, puesto que una Cataluña democrática tenía que incluir y representar a toda su ciudadanía. El doctor Josep Dencàs, jefe principal de la JEREC y de los escamots, camisas verdes fue nombrado entretanto nuevo consejero de Seguridad del gobierno catalán, y se puso a trabajar (con mucha ineficacia, cosa que se comprobó enseguida) para desarrollar los medios de resistencia armada en Barcelona[33].

El 26 de junio, el gabinete de Madrid decidió por voto considerar la última ley catalana del cultivo nula y sin efecto, puesto que era mera repetición de una legislación que acababa de ser declarada anticonstitucional. Y anunció al día siguiente que pensaba pedir autorización para decidir por decreto en lo tocante a las cosas que había que dirimir directamente con la Generalitat. Aquello lo reprobaron tanto los derechistas como Azaña, quien lo calificó de «un verdadero golpe de Estado». Cuando las Cortes expresaron su clara desaprobación, el gobierno de Samper desistió de su empeño de asumir facultades plenarias y el 4 de julio anunció que el gobierno se limitaría a pedir un voto de confianza para resolver legalmente aquel asunto y obtener después la autorización presidencial para suspender la sesión del Congreso, alegando que los diputados estaban al borde del agotamiento y que el gobierno necesitaba concentrarse en la solución de complicados temas económicos. Aquel día se produjo en las Cortes un acalorado debate cuando Gil Robles lanzó la acusación de que la rebelión de la Generalitat tenía cómplices en el Congreso mismo. Un diputado socialista que trató de hacerle callar fue agredido físicamente, mientras, según las crónicas, Prieto y algunos otros diputados sacaban a relucir las pistolas. Don Santiago Alba, el presidente del Congreso, abandonó la cámara durante diez minutos, como protesta[34]. El gobierno ganó a continuación el voto de confianza por 192 votos contra 62, aunque votaron a su favor en realidad menos de la mitad de los diputados.

La Generalitat procedió a aprobar el 10 de julio treinta disposiciones que la autorizaban a poner en práctica los términos de la controvertida legislación, pero al mismo tiempo se hicieron diversas tentativas encaminadas a hallar una solución. Companys se hallaba en desventaja al carecer de relaciones personales íntimas con Alcalá Zamora como las que había logrado establecer Macià, pero no era ningún extremista. El día antes de aprobar los nuevos reglamentos, La Publicitat, uno de los diarios principales de la Esquerra, declaraba que si aquel contencioso implicaba «algún error que pudiera corregirse con dignidad», el asunto debía resolverse mediante negociación. Poco después, el consejero de Justicia de la Generalitat se entrevistó con Samper, mientras que el gobierno catalán afirmaba oficialmente que procuraría que la legislación se adaptase a las «leyes básicas» de la República. Aunque dos redactores de periódicos catalanes habían sido condenados a ir a la cárcel por los tribunales de la República en los dos meses últimos por difamar a la República y su aparato judicial, el gobierno de Madrid siguió colaborando en la delegación de competencias administrativas y fiscales a Barcelona, haciendo entrega de más facultades en materia tributaria el 12 de julio.

Justamente cuando parecía posible una solución del conflicto catalán, empezó a desarrollarse una nueva discusión con las provincias vascongadas, donde había fracasado, a finales del año anterior, un tercer intento de cuajar un estatuto de autonomía, debido a la oposición de la provincia de Álava. Hicieron que se disparase el nuevo conflicto unas nuevas disposiciones tributarias sobre vinos procedentes del gobierno nacional de Madrid e impugnadas por alcaldes y concejales de las provincias vascongadas como una violación del concierto económico de que habían gozado siempre estas provincias y un serio golpe contra la hacienda de su gobierno local. Numerosas visitas hechas a Madrid no lograron producir un acuerdo. Los portavoces vascos empezaron a pedir que se celebrasen elecciones provinciales cuanto antes posible, dado que no las había habido todavía con la República, e hicieron planes para hacer unas extraordinarias para ellos a mediados de agosto para elegir una nueva Comisión Ejecutiva de todo el País Vasco, encargada de defender sus derechos.

El 10 de agosto, víspera de realizarse la nueva iniciativa vasca, el gobierno de Samper prometió celebrar elecciones para las diputaciones provinciales de toda España en el plazo de tres meses y prometió además respetar los términos del concierto económico. Adoptó también la postura de que la elección especial de una Comisión Ejecutiva vasca por los municipios sería ilegal y procedió durante la semana siguiente más o menos a detener a veinticinco alcaldes y treinta concejales en Vizcaya y quince alcaldes y veintitrés concejales en Guipúzcoa. Sin embargo, una Comisión Vasca interina creada por los nacionalistas para supervisar aquellas elecciones especiales anunció el 21 de agosto que las elecciones se habían celebrado ya. Un incidente de importancia, producido ese día en San Sebastián, conllevó la detención de ochenta y siete nacionalistas, incluyendo diez alcaldes más. El 26 de agosto José Antonio de Aguirre, el jefe nacionalista, se entrevistó con Samper, quien le repitió la promesa del gobierno de hallar una solución hacedera. La misma se reiteró en una nota del gobierno varios días después en que se comprometía a respetar todos los privilegios fiscales vascos, suspender toda recaudación del impuesto sobre la renta en las provincias vascongadas y hacer todo lo que estuviera en sus manos para que fuese una representación vasca a Madrid para negociar directamente todos esos asuntos en cuanto volvieran a abrirse las Cortes. Y preguntó en tono lastimero: «¿Qué más puede hacer el gobierno?»[35].

Mientras tanto, los nacionalistas vascos, poniendo por obra una propuesta del diputado bilbaíno Indalecio Prieto, siguieron adelante con sus planes de celebrar una asamblea especial de sus representantes recién elegidos junto con diputados a Cortes, simpatizantes con ellos, de las tres provincias en Zumárraga el 2 de septiembre. La villa fue acordonada por la policía, que sólo permitió entrar en ella a los diputados. Aproximadamente quince diputados de la Esquerra Catalana (presentes allí en señal de solidaridad), cinco diputados de Vizcaya y otros cinco de Guipúzcoa, y uno de Álava, se reunieron brevemente y acordaron enseguida que todos los demás concejales de los ayuntamientos vascos dimitiesen el día siete. Aquello produjo una ola de dimisiones en las dos provincias vascas del Norte, pero en Álava sólo hubo tales dimisiones en cinco de los 77 municipios de la provincia. Se produjo a continuación una reunión de los representantes de los nacionalistas vascos, socialistas, la UGT, los comunistas y republicanos de izquierda en San Sebastián. Los partidos de izquierdas querían hacer un frente común con los nacionalistas vascos contra el centro-derecha y la derecha, pero los nacionalistas vascos no prometieron otra cosa que oponerse «con toda su fuerza» a una restauración monárquica o a una nueva dictadura, negándose a unir sus fuerzas en general con la izquierda.

Hacia un Octubre Rojo

La crisis política del verano y comienzos del otoño de 1934 se desarrollaba sobre el telón de fondo de una relativa recuperación económica. La cosecha del año había sido una de las dos mejores en la historia de España, y la producción industrial iba recobrándose de la depresión de 1932-1933, aunque el aumento del desempleo sólo se había detenido temporalmente. Aquella mejora proporcional no se tradujo en ninguna mejora significativa de la situación económica inmediata de los trabajadores pero pone de relieve el hecho de que los sucesos de septiembre-octubre de 1934 fueron ante todo un asunto político, aunque sin duda muy condicionado por un contexto general de depresión.

Al empezar el otoño pronunció Alcalá Zamora en una ceremonia celebrada en Valladolid uno de sus barrocos discursos típicos, en el que se dio gusto diciendo que la República tendría pronto:

… economía sana, presupuesto nivelado, poca deuda exterior, con una transformación política en paz y orden, compensado el antiguo desgaste de las guerras civiles. Por todo eso, al alcance de la España de nuestro tiempo se muestra un porvenir de grandeza y bienestar como jamás pudo soñarse… En el año 1935 y, si me apuráis, en los meses que quedan del 34, el horizonte de la grandeza española puede aparecer diáfano y sin nubes, si los españoles queremos que España sea uno de los paraísos relativos de la tierra. La impaciencia y la inquietud española no tienen justificación[36].

La inminente crisis política era, por supuesto, más un asunto emotivo, de resentimientos reprimidos y de sectarismo político que de cálculo racional. Tres días más tarde, cuando se disponía a presenciar unas maniobras militares en León, Martínez Barrio advirtió a Alcalá Zamora de que había serios rumores de que estaba a punto de ser secuestrado por las fuerzas de seguridad o por el ejército. Aquella noche anotó el presidente en su diario: «Creía estar soñando o hallarme en un manicomio[37]».

El comité revolucionario socialista bajo la dirección de Largo Caballero seguía haciendo preparativos para una posible sublevación, pero su organización era bastante limitada[38]. Tenía mucha importancia su sincronización y desencadenamiento y Largo Caballero creía que el elemento disparador de la rebelión podría ser la entrada de la CEDA en el gobierno republicano. Paradójicamente abundan los testimonios de que Largo Caballero estaba convencido de que Alcalá Zamora nunca permitiría la entrada de la CEDA al poder. Vemos que Paul Preston escribe que «los socialistas trataban de mantener el carácter progresista del régimen republicano con unas amenazas de revolución que esperaban no tendrían que cumplir nunca[39]».

El principal publicista del socialismo revolucionario era el periodista y ensayista Luis Araquistáin. Su revista mensual Leviatán declaraba en su primer número, de mayo de 1934: «La República es un accidente» y añadía que «el socialismo reformista está fracasado», sacando como conclusión: «No fiemos únicamente en la democracia parlamentaria, incluso si alguna vez el socialismo logra una mayoría: si no emplea la violencia, el capitalismo le derrotará en otros frentes con sus formidables armas económicas[40]». Sólo unas cuantas semanas antes había escrito atinadamente en la revista estadounidense Foreign Affairs (abril de 1934) que un fascismo auténtico, al estilo italiano o alemán, era imposible en España debido a la ausencia de gran cantidad de veteranos de guerra en paro o estudiantes universitarios sin futuro, y que —en comparación con Alemania— ni había una gran población desempleada ni un apoyo virtual para un nacionalismo o un imperialismo español, ni tampoco líderes de peso. Todo eso era verdad. Pero para la izquierda española, el equivalente funcional del fascismo eran sencillamente las derechas, en general, y muy en especial su fuerza más importante, la CEDA, debido a la oposición de la CEDA a las reformas republicanas y en gran medida a la democracia republicana misma. No caracterizó a la CEDA precisamente la introducción de una política de masas o de mítines de multitudes, pero su amplia movilización propendía a la escalada de ese fenómeno. La concentración de 50 000 jóvenes japistas en El Escorial el 22 de abril se pareció muchísimo a un gran mitin fascista, henchido de eslóganes como «¡Antiparlamentarismo!» o «¡El jefe no se equivoca nunca!», referido a Gil Robles, al que recibieron al grito de «¡Jefe, jefe, jefe!» en un mitin algo menor celebrado en Covadonga, cuna simbólica de la nación española, el 6 de septiembre.

Mientras tanto, las fuerzas principales de la izquierda republicana se sometían a una reorganización y asumían una posición más avanzada. En un mitin celebrado el 1-2 de abril, el partido azañista de Acción Republicana, el escindido Partido Radical Socialista Independiente, y la mayor parte del izquierdista-galleguista Partido Republicano Gallego se fusionaron para formar un Partido de Izquierda Republicana, nuevo, unido. Lo más notable de él fue su nuevo programa económico, anunciado ya en un discurso de Azaña el 11 de febrero. Reclamaba una mayor regulación estatal del crédito y las finanzas, el control de determinadas industrias por organismos estatales o incluso su posible nacionalización, la extensión de las obras públicas, la continuación de la reforma agraria, aunque exceptuando claramente a los propietarios pequeños y medianos, la creación de un Banco Nacional del Crédito Agrícola, una revisión arancelaria, una reforma progresista de los impuestos, la expansión de la Seguridad Social y la creación de un consejo económico central del gobierno[41]. De ese modo, la Izquierda Republicana, de clase media, trataba de acercarse a los socialistas y suscitar un mayor apoyo de una opinión izquierdista cada vez más radicalizada. Más adelante, a finales de junio, celebraron su primer Congreso las flamantes Juventudes de Izquierda Republicana, declarándose sus miembros: «izquierdistas, demócratas, parlamentaristas, por este orden». Con voz más estridente aún que la de su partido matriz, las Juventudes de Izquierda Republicana querían dejar muy claro que, si hacía falta, los objetivos izquierdistas estaban por encima de una democracia técnica y legalista, según las circunstancias[42].

En mayo, Martínez Barrio, que ya había dimitido antes de un puesto en el gobierno radical, abandonó definitivamente el Partido Radical para formar un diminuto Partido Radical Demócrata, situado claramente a la izquierda de su partido anterior. Como Gran Maestre del Gran Oriente Español, fue capaz de llevarse consigo alrededor de un tercio de los masones del Partido Radical[43]. La posición de la agrupación de Martínez Barrio como el sector más moderado de un amplio republicanismo de izquierdas de clase media estaba muy cerca de lo que quedaba del Partido Radical-Socialista original, dirigido entonces por Gordón Ordás, que compartía con ella una antipatía igual hacia los socialistas. En un discurso del 25 de julio decía en tono de queja:

La trágica situación de España es la existencia numerosísima de dos grandes fuerzas que fuera de la República están actuando, una fuerza de extrema derecha que, por procedimientos internos o importados de Italia o de Alemania, quiere establecer aquí el Estado totalitario con el dominio capitalista, y otra de extrema izquierda que, por procedimientos análogos a los de Lenin, quiere establecer aquí el tipo totalitario de aspecto proletario[44].

Martínez Barrio y Gordón Ordás instaron a Felipe Sánchez Román, el otro centro-izquierdista republicano moderado de importancia, a que se les uniese, pero este último organizó aparte un Partido Nacional Republicano. Los partidarios de Martínez Barrio y Gordón Ordás se unieron entonces, a finales de septiembre, para formar un nuevo Partido de Unión Republicana. Ocuparon los puestos principales de la directiva el relativamente pragmático Martínez Barrio y sus antiguos compañeros radicales, que adoptaron un programa mínimo, moderado pero firme. Reclamaban una mayor atención por las obras públicas y la reforma agraria, y también por un equilibrio presupuestario, unido a un restablecimiento de la autoridad del Estado y la disolución de todos los partidos o agrupaciones que trataran de subvertirlo y a la ilegalización de todas las organizaciones políticas paramilitares[45].

A partir de abril, los dirigentes republicanos de izquierdas se habían ido alarmando cada vez más con la posibilidad de un golpe derechista o de la entrada de la CEDA en el gobierno. Hubo sucesivas reuniones entre Azaña, Miguel Maura, Sánchez Román y Martínez Barrio, este último, había visitado a Alcalá Zamora el 7 de julio instándole a que nombrase un nuevo gobierno de todos los republicanos, encargado de organizar unas nuevas elecciones capaces de invertir los resultados del año anterior[46]. Para Azaña tenía una importancia no menor el restablecimiento de la alianza con los socialistas, y hubo una reunión una semana después a la que asistieron Largo Caballero y otros, para estudiar el asunto, pero los socialistas caballeristas no se impresionaron con el nuevo programa económico muy intervencionista de Izquierda Republicana y desecharon cualquier reanudación de la alianza.

Eran un secreto casi a voces los preparativos socialistas para algún tipo de acción directa. El 6 de junio la policía madrileña descubrió un alijo de 616 pistolas y 80 000 cartuchos, cuyos guardianes alegaron que estaban destinados a un diputado socialista del Congreso, y en el domicilio de éste fueron halladas otras 54 pistolas. Sin embargo, después del fracaso de la huelga agraria, la única medida directa del gobierno contra los socialistas consistió en una censura más frecuente de su prensa, cada vez más incendiaria. Trató de mantenerse imparcial ante la escalada de violencia entre los socialistas y falangistas. Ochenta de éstos fueron detenidos en la sede de Falange de Madrid el 11 de julio, tras lo cual, un decreto del Ministerio de Gobernación declaraba ilegal cualquier mitin donde se hiciera uso del saludo fascista con el brazo en alto o del revolucionario con el puño cerrado. La canícula fue testigo de más desfiles públicos de las Juventudes Socialistas, al tiempo que el comité nacional de la UGT denunciaba públicamente el 1.o de agosto a la administración de Samper con la grotesca exageración de que era «un régimen del fascismo blanco». Con más exactitud, ponía de relieve que de los 415 días del «gobierno lerrouxista», 222 habían transcurrido en estado de prevención o alarma, y que sólo había habido 93 días de normalidad constitucional y derechos civiles plenos (y 60 de ellos habían pertenecido al período electoral[47]).

El escándalo principal en lo tocante a descubrimientos de armas antes de la revolución de octubre tuvo lugar en la costa asturiana el 10 de septiembre. Consistió en un alijo de armas que el gobierno de Azaña había conseguido originalmente para unos rebeldes portugueses dos años antes y que al final habían logrado adquirir los socialistas a través de terceros del Consorcio Estatal de Industrias Militares. Las armas fueron cargadas desde un almacén situado en el Sur del país en un «bou» llamado La Turquesa que se puso a descargarlas de noche frente a la costa asturiana, y que fue descubierto enseguida por los carabineros. La Turquesa, con la mayoría de aquellas armas aún a bordo, salió hacia mar abierto y se fue hasta Burdeos, donde tanto el barco como su carga fueron confiscados por el cónsul de España. Indalecio Prieto, director general de la operación, estaba cerca del lugar del desembarco, pero se las arregló para despistar a la policía y huir enseguida a Francia, donde permanecería durante los diecisiete meses siguientes[48]. La Casa del Pueblo de Madrid fue registrada por la policía el día 11. El registro permitió descubrir un número considerable de armas de fuego, 107 cajas pequeñas de cartuchos, y 37 paquetes de bombas de mano. En la capital y otros sitios fueron descubiertos entonces varios otros pequeños escondrijos con armas en poder de los socialistas, pero también unos días después y a la búsqueda de armas en la carretera de Madrid a León, la guardia civil mató por error a un conductor inocente[49].

El volumen de huelgas se mantuvo alto durante todo el verano. Hubo numerosos choques menores con tiroteos así como frecuentes actos incendiarios en partes muy distintas de España. Murieron a tiros cuatro personas moderadas y conservadoras, y una serie de trabajadores. Las muertes más divulgadas fueron el asesinato del jefe provincial de Falange en Guipúzcoa, abatido en San Sebastián, seguida del asesinato en represalia, aquel mismo día, de Manuel Andrés Casaus, ministro de Gobernación en el último Gobierno republicano de izquierda.

El mayor de los paros laborales del verano fue una huelga general convocada por la UGT en Madrid con motivo de la celebración en la capital de un gran mitin de protesta de las principales asociaciones de terratenientes. Murieron en total seis personas en Madrid en aquella ocasión. Decía un editorial de El Sol al día siguiente:

Arma que se emplea demasiado en menesteres impropios termina por mellarse hasta no poder ser usada cuando llega el momento propicio, porque no solamente se embota ella y cansa su filo, sino que además aquellos menesteres van produciendo la reacción adecuada para contrarrestarla y perfeccionar el arma contraria.

… Empleándose todos los resortes revolucionarios con desmedida frecuencia para combatir un fascismo que no existe, sino como pálido remedo, lo que en definitiva puede ocurrir es que produzca todas las condiciones necesarias, el suelo, el clima, para que surja el fascismo. No ese fascismo enclenque, señoritil, que tenemos por razón de moda, sino el verdadero, el temible, contra el cual no valen las armas que se arrojan contra el Estado liberal. No de distinta manera se ha engendrado en otros países.

Creyendo que seguían las lecciones de la historia, los socialistas fueron aquel mes cada vez más presa de la confusión hasta terminar ignorando por completo las verdaderas lecciones de aquélla.

Hasta entonces los socialistas habrían tratado sin éxito de superar el ámbito de la Alianza Obrera. La CNT, a excepción de su rama asturiana, seguía negándose a participar. Por otra parte se hacían cada vez más íntimas las relaciones entre las Juventudes Socialistas y el pequeño Partido Comunista (PCE), especialmente en Madrid, donde el entierro de un miembro del Comité Central comunista asesinado por falangistas el 29 de agosto se convirtió en una gran ocasión para fraternizar las dos agrupaciones. Las juventudes socialistas y comunistas celebraron su primer mitin juntas en un estadio de Madrid a principios de septiembre para protestar contra el nuevo decreto del Ministerio de la Gobernación que prohibía la participación de menores de edad en las agrupaciones políticas. Un objetivo principal de la política comunista había sido siempre la inclusión de los socialistas en un Frente único de ambos partidos que podría darles una mayor influencia en una organización socialista, que era mucho más grande y heterogénea, y estaba mucho menos unificada. Los socialistas se habían negado siempre a ello, al tiempo que desbordaban a los comunistas con la nueva y militante Alianza Obrera, que incluía a todas las organizaciones socialistas y marxistas de España, excepto a los comunistas mismos. Unírseles era una cosa claramente preferible al continuo aislamiento, y el alto mando moscovita de la Tercera Internacional, siguiendo un precedente reciente ocurrido en Francia, terminó dando la luz verde a los líderes comunistas españoles. El 12 de septiembre el PCE se unió oficialmente a la Alianza Obrera.

Ocuparon el primer plano del mes de septiembre una nueva serie de crisis legales de poca monta entre Barcelona y Madrid, culminadas sin embargo por la tajante resolución del contencioso de la reforma agraria catalana. El 9 de septiembre, un abogado catalán sometido a juicio por desacato al tribunal, fue «rescatado» a la fuerza por una multitud, y cuando el Fiscal del Estado en Barcelona trató de poner coto a aquella interferencia, Miquel Badía, jefe de los mossos d’esquadra, ordenó sin más que lo detuviesen. El gobierno de Madrid, indignado, puso en marcha el 10 de septiembre algunas medidas constitucionales de intervención directa para restaurar la integridad del tribunal (debido a que aquél no era más que uno de tantos abusos judiciales y carcelarios ocurridos en Barcelona). La Generalitat respondió consecuentemente obligando a Badía a dimitir el día 12. Las agrupaciones izquierdistas catalanas celebraron por aquel entonces una serie de mítines multitudinarios, pero cuando los tradicionalistas catalanes quisieron celebrar uno, ya autorizado, noventa y nueve de ellos fueron detenidos sin más. Entonces, y para poner coto al abuso de los procedimientos judiciales, el gobierno promulgó una nueva disposición que limitaba el poder de la Generalitat sobre el personal de los tribunales. La respuesta de Companys el día 25 fue tan desmedida, que el gobierno de Madrid presentó una demanda contra el catalán ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, acusándolo de perjuicio y desacato. A pesar de todo, aquella secuencia de revancha de opereta terminó en un compromiso práctico en torno al conflicto agrario original. El 13 de septiembre publicó la Generalitat una serie de disposiciones nuevas que modificaban ligeramente los términos originales de acuerdo con la línea deseada por Madrid, y cuando se abrieron las Cortes para la temporada de otoño el 1.o de octubre, el Primer ministro anunció que aquella modificación equivalía a una revisión de la Ley de Contratos del Cultivo dotada de «carácter y fuerza de ley», por lo que consideraba que dicha legislación era constitucional, lo que resolvía finalmente el prolongado contencioso[50].

Por desgracia, la resolución de la Ley de Contratos del Cultivo no fue el asunto principal del orden del día de apertura de las Cortes, porque el gobierno de Samper dimitió inmediatamente. Cuatro días antes había anunciado la CEDA que no apoyaría por más tiempo a un gobierno minoritario ineficaz y que exigiría la participación en cualquier nueva coalición. Con un carácter similar, los líderes del Partido Radical se habían reunido el 29 de septiembre, poniéndose de acuerdo en no ceder a más presiones del presidente o de la izquierda para mantener a Lerroux fuera del cargo de Primer ministro. En consecuencia, cuando Samper inauguró la nueva temporada de las Cortes el 1.o de octubre, el único portavoz que contestó a su discurso fue Gil Robles, quien se limitó a decir que tenía que haber un cambio de gobierno, lo que motivó la inmediata dimisión del gabinete.

Era muy de esperar que la entrada de la CEDA en el gobierno podía desencadenar una rebelión socialista, pero la CEDA y la directiva de los radicales estaban dispuestos a correr tal riesgo, y sin duda algunos de ellos preferían hacer frente a una insurrección en un momento en el que la izquierda seguía dividida y el centro-derecha estaba unido y fuerte[51]. A Alcalá Zamora no le quedaba mucho entre qué escoger, dado que una coalición encabezada por Lerroux con inclusión, como ocurrió, de tres cedistas, era la única fórmula capaz de lograr una mayoría parlamentaria. La alternativa era la disolución, cosa a que se resistía el presidente porque podía verse sometido a una revisión parlamentaria y a la acusación de haber convocado dos elecciones en el transcurso de un año. Los tres ministros cedistas serían Rafael Aizpún (Justicia), José Oriol Anguera de Sojo (Trabajo), y Manuel Giménez Fernández (Agricultura). Aunque tenían los tres fama de moderados, Giménez Fernández era probablemente el más liberal de los dirigentes de la CEDA. El otro cambio grande del nuevo gobierno se debió a la insistencia de Alcalá Zamora en sustituir como ministro de Gobernación al duro Salazar Alonso por Eloy Vaquero, más liberal, un autodidacta, profesor y abogado cordobés, y compinche de Lerroux[52].

Aunque Largo Caballero había dudado de que fuese a llegar siquiera un día así, ésa era la «provocación» que aguardaban los socialistas. El Socialista había anunciado amenazante el 27 de septiembre:

Las nubes van cargadas camino de octubre. Repetimos lo que dijimos hace meses: ¡Atención al disco rojo! El mes próximo puede ser nuestro octubre. Nos aguardan días de prueba, jornadas duras. La responsabilidad del proletariado español y de sus cabezas puede ser enorme. Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado. Y nuestra política internacional. Y nuestros planes de socialización.

El Heraldo de Madrid, diario republicano de izquierda, sacaba esta conclusión en la mañana del 4 de octubre: «La República del 14 de abril se ha perdido tal vez para siempre. La que hoy inicia su vida no nos interesa. A nuestra República la conceptuamos ya exánime».

Cuando se filtraron al público noticias de la nueva coalición el 4 de octubre, los líderes republicanos de izquierda de clase media trataron de lograr una fórmula común de protesta, pero fracasaron. Les impedía hacerlo, al menos hasta cierto punto, el que la formación del nuevo gobierno no era resultado de ninguna acción directa extraparlamentaria, como en Italia, o de una componenda clandestina, como en Alemania, sino una coalición, escrupulosamente legal y constitucional de los dos partidos mayores elegidos menos de un año antes por sufragio democrático en unas elecciones libres. En la tarde del 5 de octubre, la Izquierda Republicana de Azaña emitió el manifiesto siguiente: «Izquierda Republicana declara que el hecho monstruoso de entregar el gobierno de la República a sus enemigos es ya una traición; rompe toda solidaridad con las instituciones actuales del régimen y afirma su decisión de acudir a todos los medios de defensa de la República». Declaraciones un tanto parecidas, fácilmente interpretables como un alineamiento de los republicanos de izquierda con la insurrección de la Alianza Obrera que se iniciaba, fueron emitidas por la Unión Republicana (de Martínez Barrio), el Partido Nacional Republicano (de Sánchez Román), el Partido Republicano Conservador (de Miguel Maura, que dijo que el nuevo gobierno estaba «engendrando una guerra civil»), la Izquierda Radical Socialista, y el Partido Federal Autónomo. El problema nacía, desde luego, de la insistencia de los republicanos de izquierda en identificar la República no con la democracia o con la ley constitucional, sino con un conjunto específico de ideas políticas y de políticos y en considerar como una traición cualquier cambio de unos y otros.

La iniciativa de la Alianza Obrera empezó a entrar en acción el 4 de octubre, pero estaba divididísima y descentralizada, y tan escasamente coordinada que apenas se podía hablar de un verdadero plan. Tampoco se anunció ningún programa o conjunto de objetivos; el programa acordado en enero de 1934 no fue publicado por primera vez hasta enero de 1936[53]. A nivel nacional, la iniciativa descansaba sobre todo en el arma tradicional de la huelga general, que empezó en Madrid, Barcelona y todas las zonas donde los socialistas estaban fuertes el 5 de octubre. Sin embargo, los preparativos hechos para una insurrección revolucionaria eran débiles o inexistentes. En Madrid, por ejemplo, la fuerza armada iba a estar a cargo de la milicia organizada nominalmente de las Juventudes Socialistas[54], de elementos izquierdistas ganados supuestamente para la causa dentro de los cuarteles, y de estratagemas para atraerse a los elementos simpatizantes de las fuerzas de seguridad, especialmente los guardias de asalto. La verdad es que las Juventudes Socialistas sencillamente no estaban preparadas para una actividad militar seria, y fracasaron todos los dispositivos encaminados a captar sectores de los militares y la policía. No existía la más remota comparación entre el ejército ruso de 1917 —desmoralizado por tres años de derrota, malos mandos, y millones de bajas— y el modesto pero eficaz ejército español de 1934, muy descansado, relativamente unido, y con una moral del todo intacta. Los planes para apoderarse de los centros públicos neurálgicos de Madrid se desmoronaron enseguida en forma de escaramuzas débiles e inútiles. La huelga en sí fue razonablemente efectiva, pero tanto los obreros como sus líderes se limitaron a quedarse en casa, desalentados además con el «paqueo» callejero que mantuvieron durante unas cuarenta y ocho horas los francotiradores de los sectores armados de las Juventudes Socialistas. Se alzaron algunas barricadas en los distritos obreros, pero las masas revolucionarias brillaron en general por su ausencia en las calles.

La respuesta del gobierno corrió casi pareja en su lentitud con el ritmo letárgico de la ofensiva obrera misma. Si Largo Caballero no había creído nunca que Alcalá Zamora fuese a permitir la entrada en el gobierno de ministros de la CEDA, Lerroux tampoco había pensado que los socialistas fuesen a armar una insurrección de verdad[55]. La ley marcial tardó más de veinticuatro horas en ser declarada en toda España, pero al fin se impuso en la mañana del 6 de octubre. El ministro de Guerra, radical, del nuevo gabinete, era Diego Hidalgo, que había ocupado ese cargo desde diciembre de 1933. Hidalgo pertenecía a uno de los sectores más liberales del Partido Radical y había sido uno de los radicales que más habían apoyado la reforma agraria, pero desconfiaba del jefe del Estado Mayor del ejército, general Masquelet, por considerarlo demasiado liberal y posiblemente simpatizante con los rebeldes. Por esa razón, Hidalgo había escogido ya a un asesor especial en la persona del general Francisco Franco, que siete años antes se había convertido en el general más joven de cualquier ejército europeo, y era todo un héroe de las campañas de Marruecos y una de las figuras más prestigiosas entre los militares españoles. Hidalgo le había concedido el primer ascenso al rango de general de división disponible bajo el gobierno de centro-derecha. Hidalgo había invitado a Franco a asistir a las recientes maniobras del ejército en León y había regresado con él a Madrid. Enseguida que se inició la rebelión, Hidalgo puso la coordinación de su represión a cargo de Franco, quien durmió en una habitación del Ministerio de la Guerra durante las dos semanas siguientes[56].

En Barcelona la Alianza Obrera encontró un aliado en el gobierno de la Generalitat, que había estado organizando unos planes bastante poco entusiastas de resistencia armada contra Madrid dependientes del desenlace de la crisis autonómica del verano y de la lucha por el poder en Madrid. La Alianza Obrera empezó su huelga general en la capital catalana el 5 de octubre, con cierto éxito, si tenemos en cuenta que la mayoría de las organizaciones laborales estaban dominadas por la CNT. Al día siguiente se intentó extender la huelga a toda Cataluña con la ayuda de los escamots camisas verdes de la Esquerra. Al mismo tiempo, los mossos d’esquadra detuvieron a algunos de los principales líderes anarquistas, por temor a que fuesen a sabotear la operación. A las 8 de la mañana del día 6, se pronunciaba Companys desde el balcón de la sede de la Generalitat en estos términos: «Catalanes: las fuerzas monarquizantes y fascistas… han asaltado el poder… La República en sus fundamentales postulados democráticos se encuentra en gravísimo peligro[57]». Aseguró que todos los republicanos auténticos se habían sublevado y que la Generalitat asumía todo el poder en Cataluña. Anunció la formación del «Estado Catalán dentro de la República Federal Española» e invitó a los demás republicanos de izquierda a que estableciesen un nuevo gobierno provisional de la República en Barcelona. La Generalitat tenía el respaldo de todas las agrupaciones catalanistas republicanas de izquierda y de los pequeños partidos obreros de la Alianza Obrera.

Guardias de asalto cachean a la gente durante la huelga revolucionaria de Madrid, octubre de 1934.

Companys era un hombre básicamente sensato que llevaba meses sometido a presiones extremas de los catalanistas radicales. Todos los preparativos de la rebelión habían quedado en manos del conseller de Governació, el aventurero extremista Josep Dencàs. Había organizado sobre el papel siete mil escamots voluntarios, y logró dotar de armas a algunos de ellos, pero al igual que los socialistas de Madrid, no estaban preparados para luchar de veras. La respuesta popular en la capital catalana se pareció menos al activo entusiasmo de Madrid y Barcelona en abril de 1931 que a la pasiva ansiedad de Berlín en septiembre de 1938: un relativo silencio, nada de multitudes en las calles, gente que se apresura hacia sus casas. La rebelión catalana, en dos palabras, adoptó la forma de una especie de pronunciamiento civil, en la esperanza no de conquistar Madrid, sino de que se les reuniesen el número suficiente de izquierdistas en un esfuerzo común.

El comandante de las guarniciones militares del distrito de Barcelona era el general Domingo Batet. Su ascendencia catalana había hecho suponer o esperar a algunos de los líderes de la rebelión que adoptaría una actitud de espectador pasivo, pero la de Batet fue en realidad enérgica y absolutamente decisiva. Declaró la ley marcial en toda Cataluña a las 9 de la mañana, sólo una hora después de la proclamación de Companys, y para las 11.30 de aquella noche un pequeño destacamento del ejército había emplazado estratégicamente artillería ligera que empezó a cañonear el palacio de la Generalitat. Justo antes, dos salvas que impactaron en la sede de la CADCI, el sindicato de dependientes ultracatalanistas, habían matado a su líder, Jaume Compte, provocando su rendición, mientras se rendía con la misma rapidez la Comandancia General de Somatenes (cuartel general de la milicia catalana). El bombardeo del ayuntamiento de Barcelona, el otro centro rebelde que quedaba, empezó justo antes del amanecer, y enseguida asomó otra bandera blanca. Sin duda Dencàs le había prometido a Companys que el ejército de la guarnición no ofrecía un peligro inmediato y que por la mañana empezarían a llegarles refuerzos. Como ambas cosas eran inexactas, Companys entregó la Generalitat a las 6 de la mañana. Batet le echó entonces un rapapolvo sobre los males que trae el recurrir a la fuerza y exigió que anunciara su rendición a través de la radio. Dencàs había contado con el apoyo de la milicia catalanista de las zonas rurales, pero en vez de eso desertó parte de su policía. Escapó por una escotilla de escape a través del alcantarillado, cosa que sin duda tenía preparada de antemano y dio lugar a muchas burlas. En conjunto, la fracasada rebelión de Barcelona causó la muerte de cuarenta y seis personas, ocho soldados y treinta y ocho civiles[58].

Hubo escaramuzas menores en varias partes de Cataluña el 6 y el 7 de octubre, al apoderarse las agrupaciones de la Alianza Obrera de varias localidades, incluyendo, por muy poco tiempo, parte de Gerona y de Lérida. Fueron sometidas enseguida por el ejército y la policía[59], aunque cometieron antes varios homicidios, incluyendo el asesinato, por lo menos, de un sacerdote.

Azaña permaneció en Barcelona durante la rebelión, sus intenciones eran dudosas. Desde luego no iba a desempeñar un papel de leal oposición a Alcalá Zamora y Lerroux. No intentó en absoluto advertir al gobierno, y el pronunciamiento de su partido podía ser interpretado fácilmente como un apoyo a la rebelión. Azaña había salido de Madrid el 27 de septiembre, llevando solo una maleta, para asistir a los funerales de su exministro de Hacienda Jaume Carner. Pasó después los días 3 y 4 de octubre en una serie de entrevistas con dirigentes de la izquierda catalanista. Se ha barajado que un objetivo de aquellas conversaciones era disuadir a Companys de su intento de declarar el separatismo. Es muy probable que Azaña permaneciese en la Ciudad Condal debido a que su denso clima izquierdista la convertía en el lugar más seguro en una crisis. A las 8 de la mañana del 6 de octubre se fue de su habitación del Hotel Colón a casa de un amigo barcelonés, en la que fue detenido tres días más tarde, y trasladado seguidamente a un buque prisión[60].

El comité revolucionario de Largo Caballero había nombrado en teoría comisiones rebeldes en todas las capitales de provincia de España, pero la mayoría de las ciudades permanecieron tranquilas, mientras que los socialistas de la zona rural del Sur de España estaban todavía agotados debido a la fracasada huelga agraria. Hubo varias huelgas y disturbios en puntos dispersos del Sur, en los que murieron algunas personas, pero en general no hubo insurrección en esa parte[61]. En Aragón algunos grupos anarquistas provocaron estallidos sueltos por su cuenta. Una huelga general en Zaragoza duró del 6 al 9 de octubre, y los anarcosindicalistas declararon el comunismo libertario efímeramente en algunas localidades menores.

Aparte de Asturias, las únicas rebeliones socialistas serias se produjeron en las dos provincias vascongadas industriales: Vizcaya y Guipúzcoa, y en Palencia y León. La huelga general se hizo efectiva durante algunos días en las zonas industriales de Vizcaya, mientras que en Guipúzcoa los socialistas se apoderaron temporalmente de las villas de Mondragón y Eibar, proclamando oficialmente la revolución social y matando a dos rehenes en la primera. Acudieron tropas desde otras regiones y hubo algo de lucha antes de ser pacificada la zona[62]. En Palencia se inició una insurrección de los mineros socialistas el día 5, apoderándose durante varios días de parte de la provincia. La rebelión estalló al día siguiente en León (parte de cuya guarnición había sido enviada ya a otro sitio), y se apoderó como de tres cuartas partes de la provincia durante varios días, hasta que recuperaron el control de la zona destacamentos militares.

El gran drama de la insurrección de 1934 se produjo en Asturias, donde una Alianza Obrera unida y revolucionaria, con base especialmente en la cuenca minera, implantó la primera comuna revolucionaria de Europa Occidental desde la de París de 1871. Vista la ineptitud y falta de agallas de los preparativos socialistas en la mayoría de las demás regiones, ¿por qué fue la rebelión asturiana tan fiera y decidida? La primera respuesta está en la unidad de la izquierda obrera en una región donde casi el 70 por ciento de los obreros estaba sindicado. Aunque estaba muy lejos de ejercer un monopolio, el Sindicato Minero Asturiano de la UGT se había hecho una sólida posición aproximadamente en los años de la Primera Guerra Mundial, sólo para contemplar un descenso precipitado tanto del sindicato como del empleo ante la competencia extranjera durante los años veinte. La República había proporcionado una gran oportunidad para la reorganización sindical, pero la ausencia de soluciones eficaces para los problemas de la minería y la metalurgia durante la depresión hizo que aquella renovada actividad sindical se tradujese sencillamente en frustración y agresividad, exacerbándose sobre todo la actitud de los obreros más jóvenes. El hecho de que la fuerza laboral siguiera siendo parcialmente rural y parte de los obreros trabajasen en el campo además de la mina, amortiguó los efectos de la industrialización, pero a todas luces no retrasó la radicalización[63]. Como hemos visto, Asturias había encabezado proporcionalmente los movimientos huelguistas de España bajo la República, haciendo cada vez más causa común la UGT y la CNT; fruto de ello fue la Alianza Revolucionaria, formada el 31 de marzo y única alianza de obreros a la que se había sumado la CNT. Por otra parte, aquella militante unidad se tradujo en que los sindicatos asturianos desarrollasen objetivos propios de un régimen «socialista federal» como fruto de la insurrección[64].

La revolución de Asturias empezó la noche del 4 al 5 de octubre. Cayó rápidamente en su poder la cuenca minera, y sólo resistieron hasta el segundo día tres importantes cuarteles de la guardia civil. El plan defensivo de las autoridades locales fue pasivo, atenido a que la guardia civil resistiría en sus puestos de distrito como lo había hecho siempre durante las miniinsurrecciones anarquistas. Pero la fuerza y espíritu combativo de la insurrección asturiana eran mucho mayores. Fueron movilizados enseguida más de veinte mil milicianos de la clase obrera. Aunque muchos carecían de armas, fueron adquiriéndolas sucesivamente en cada cuartel que se les rendía y terminaron apoderándose de la fábrica de cañones de Trubia así como de 29 piezas de artillería. Además, en los primeros días, los milicianos mineros hicieron una innovación en lo tocante al armamento: el empleo de cartuchos de dinamita que, encendidos, utilizaban como bombas de mano, lo que infundió al principio el terror entre sus enemigos. El sexto día de la insurrección avanzaron sobre Oviedo, una ciudad de 80 000 habitantes, capital de la provincia, con una guarnición de 900 soldados además de 300 hombres de las fuerzas de seguridad. Como estas fuerzas parecían ser insuficientes para defender toda la zona urbana, los mandos del ejército, un tanto débiles y divididos, recurrieron a otro sistema de defensa pasiva, organizada exclusivamente en torno a nueve puntos fuertes de la ciudad. Entonces, ocho mil mineros revolucionarios ocuparon la mayor parte de Oviedo, incluyendo el centro de la ciudad. En la «zona liberada», proclamaron oficialmente los mineros la revolución proletaria, suprimieron la moneda oficial, e implantaron además un terror revolucionario que costó la vida a más de veinte personas, en su mayoría sacerdotes. Como los combates continuaron, parte de la ciudad sufrió voladuras ocasionadas por la artillería, los bombardeos y la dinamita. Aunque la falta de coordinación privó a los revolucionarios del apoyo de otros contingentes de la UGT de León y Palencia, el gobierno fue a su vez incapaz de proporcionar a los defensores del orden refuerzos inmediatos. El único apoyo que recibieron en los primeros días consistió en dos escuadrones de la aviación española que trataron de bombardear y ametrallar las posiciones de los rebeldes, matando a diez personas cuando una bomba cayó en la plaza mayor el día 10.

Enseguida empezaron a enviar a toda prisa refuerzos militares a la región y había que nombrar un nuevo jefe de campaña de los mismos. A Franco le habría gustado aquel puesto, pero el nuevo Primer ministro, Lerroux, prefirió tener al mando de aquellas fuerzas a un miembro de la minoría liberal del alto mando del ejército, y le confió al inspector general del mismo, el general Eduardo López Ochoa el mando de la principal columna de socorro. López Ochoa era un republicano liberal, y masón, y había sido uno de los encartados en la conspiración militar de 1930 a favor de la República. Fue enviado en avión a Galicia en la tarde del día 6. Al día siguiente empezó a abrirse camino hacia el este con un modesto contingente de 360 soldados; iban en camiones y la mitad de ellos tuvieron que quedar destacados de camino para mantener el paso abierto. Entretanto, unos efectivos de guarnición de 460 soldados y guardias habían resistido en Gijón, importante ciudad costera y puerto, adonde llegaron ya los primeros refuerzos por mar el día 7, seguidos de unidades mayores procedentes del protectorado de Marruecos, el día 10[65], por lo que la principal ayuda militar de Oviedo llegó desde Gijón, rumbo sur, el día 11. Aquella operación implicó también el primer empleo histórico militar de un autogiro (en gran parte invento español) como elemento de reconocimiento de la columna de Gijón, que ocupó de nuevo la parte principal de la capital de Asturias entre el 12 y el 13 de octubre. El comité revolucionario de Oviedo cedió su puesto temporalmente el día 12 a un comité compuesto exclusivamente de comunistas mientras los grupos principales de milicianos empezaban a retirarse. La lucha más encarnizada se produjo probablemente entre los días 14 y 17 por el control de los aledaños del sur y del este que cubrían el acceso a la cuenca minera. Para entonces había llegado ya otra columna de socorro del este y López Ochoa disponía de un total de 15 000 soldados y 3000 guardias concentrados en la comarca, lo que superaba el número de los milicianos mineros. Tras un parlamento efectuado el día 18, los revolucionarios se rindieron y al día siguiente se inició la ocupación relativamente pacífica de la cuenca minera.

Se produjo entonces una situación muy tensa entre el moderado general López Ochoa y su subordinado principal, el duro teniente coronel Juan Yagüe, comandante de las unidades de elite de la Legión y regulares, traídas desde Marruecos. Yagüe, compañero íntimo de Franco, se quejaba de que las órdenes de López Ochoa habían expuesto a sus tropas a peligros innecesarios durante el avance y de que López Ochoa había accedido a las exigencias del comité revolucionario de que no se las dejase entrar en las localidades principales de la cuenca[66]. Y acusaba además al comandante en jefe de que había sido «un blandengue» con los revolucionarios y no les había exigido entregar todas sus armas. El día 20 fue dinamitado un camión lleno de soldados, informando el ejército de 25 muertos. Aquello provocó un decreto inmediato de López Ochoa de que cualquiera que llevase armas o las tuviera en su casa sería sometido a juicio sumarísimo y, de ser culpable, ejecutado inmediatamente. Al parecer dio también su aprobación a una serie de ejecuciones sumarias efectuadas bajo la ley marcial. Algunos «pacos» siguieron disparando sobre los soldados y los guardias, y tampoco fueron recuperadas todas las armas; siguió habiendo actividades guerrilleras menores hasta principios de 1935. Es imposible determinar el número exacto de vidas humanas que costó la insurrección de octubre. Las estimaciones más fiables hablan de 1200 muertos entre los rebeldes, 1100 de ellos en Asturias[67]. Los muertos entre el ejército y las fuerzas de seguridad se aproximan a 450, concentrados también principalmente en Asturias[68].

Guardias civiles transportados en camión durante la represión del Octubre Rojo en Asturias en 1934.

Tras la ocupación militar, las comarcas mineras fueron registradas a fondo, produciéndose miles de detenciones. Cientos de los prisioneros fueron sometidos a palizas y torturas sistemáticas, sobre todo en la represión policíaca especial efectuada en Asturias por la guardia civil, a las órdenes del comandante Lisardo Doval[69]. Bastantes de los detenidos fueron muertos literalmente a palos o por la tortura. En toda España se practicaron más de 15 000 detenciones, aunque la izquierda asegura que el total fue por lo menos el doble[70].

En los dieciocho meses siguientes, España se llenó de relatos de atrocidades. Las derechas resaltaban la violencia de los revolucionarios y los asesinatos de sacerdotes y otras personas civiles (al parecer unos cuarenta en total, incluyendo 34 eclesiásticos y seminaristas, y un diputado a Cortes conservador —Marcelino Oreja, en Mondragón—.[71] Las izquierdas hablaban de docenas y docenas de ejecuciones con y sin juicios sumarísimos, supuestas atrocidades cometidas por los militares contra las familias de los mineros, y del maltratamiento brutal y continuo de algunos de los prisioneros[72]. Gabriel Jackson escribiría al respecto treinta años después: «En realidad, cualquier forma de fanatismo o crueldad de las que iban a caracterizar la Guerra Civil se produjo ya en la revolución de octubre y a continuación de ella sus repercusiones: una revolución utópica desfigurada por un terror rojo esporádico; una represión sanguinaria sistemática de las “fuerzas del orden”; confusión y desmoralización de la izquierda moderada; revanchismo vengativo fanático por parte de la derecha[73]».

Hubo también numerosas detenciones y procesamientos dentro de las fuerzas armadas, empezando por seis jefes de las guarniciones del ejército y la guardia civil de Oviedo, condenados todos ellos a prisión. Además, un teniente del ejército y un soldado raso recibieron penas graves por haberse sumado a los revolucionarios. En los grados inferiores de la guardia civil fueron condenados a penas de cárcel nueve hombres, incluyendo un oficial y cuatro suboficiales. Al igual que a los jefes de mayor grado, se les acusó de negligencia en el cumplimiento del deber, salvo a un guardia civil inculpado por haberse sumado a los revolucionarios. Los casos de deserción o amotinamiento entre las tropas de tierra fueron raros, pero el caso fue diferente entre los marineros. Existían unas cuantas células izquierdistas organizadas entre ellos al tener una mayor identidad común debido al carácter circunscrito de la vida a bordo. Aunque ninguno de los distintos motines supuestos tramados en los barcos llegaron realmente a producirse, fueron arrestados y procesados 72 marineros. En cambio, los únicos soldados castigados directamente por excederse en la represión fueron cuatro regulares marroquíes ejecutados sumariamente por López Ochoa.

Para la izquierda el resultado fue un desastre, con la pérdida de muchas vidas y miles de militantes detenidos además de los que estaban ya en la cárcel, la detención o huida de la mayoría de sus dirigentes, el cierre de muchas (aunque no todas) sedes locales del Partido Socialista y la UGT, y la eliminación de la izquierda como fuerza parlamentaria y política en los dieciséis meses siguientes. El fiasco entero había querido justificarse en base a las siniestras intenciones fascistoides de la CEDA. Si aquellas intenciones hubieran sido tales como las pintaba la izquierda, la CEDA habría tenido entonces una oportunidad de dar el golpe con más facilidad que nunca. De hecho, Ramiro Ledesma Ramos, intelectual fascista de veras, escribiría unos meses después que gran parte de la derecha española era «aparentemente fascista, pero, en muchos casos, esencialmente antifascista» debido a su legalismo y aversión a la violencia, mientras que gran parte de la izquierda española era «aparentemente antifascista, pero en muchas de sus características y objetivos, esencialmente fascista», debido a su inclinación a emplear la violencia y su rechazo del legalismo democrático[74].

Los historiadores han considerado casi con unanimidad la insurrección revolucionaria como el comienzo de la decadencia de la Segunda República y del gobierno constitucional y el consenso constitucional en España. Historiadores tan diferentes como Gerald Brenan, Salvador de Madariaga, Raymond Carr, Gabriel Jackson, Richard Robinson, Carlos M. Rama, Carlos Seco Serrano, y Ricardo de la Cierva la han descrito ya sea como «el preludio» o como la «primera batalla» de la Guerra Civil. La evaluación más citada es tal vez la de Madariaga:

La rebelión de 1934 es imperdonable. La decisión del presidente de llamar a la CEDA para que participase en el gobierno no sólo era inobjetable, no sólo era inevitable, sino más que tardía. El argumento de que el señor Gil Robles intentaba traer el fascismo era a la vez hipócrita y demostrablemente falso… En lo que respecta a los mineros asturianos, su rebelión se debió totalmente a una prepotencia doctrinaria y teórica. Si se hubieran alzado en una rebelión los hambrientos campesinos de Andalucía, ¿quién no habría comprendido su desesperación? Pero los mineros asturianos estaban bien pagados, y de hecho, aquella industria entera, debido a la connivencia de los patronos y los obreros, se mantenía funcionando a un ritmo artificial mediante subsidios estatales muy por encima de los que se merece una economía sana. Por último, el caso catalán no estaba más justificado[75].

Edward Malefakis escribe: «La tragedia de la izquierda española, y en último término, de España misma, fue que en 1934 careció de confianza en sí misma para superar la crisis que estaba atravesando como había salvado la derecha su propia crisis en 1931-1933[76]». Raymond Carr hace la siguiente observación:

Los socialistas podrían haber hecho la reflexión de que, igual que la CEDA, tenían su forma propia de accidentalismo. Eran un partido comprometido en teoría a lograr cambios sociales mayores, que tenían que destruir la sociedad burguesa, pero habían accedido a colaborar dentro de un gobierno parlamentario burgués.

La revolución de octubre constituye el origen inmediato de la Guerra Civil. La izquierda, sobre todos los socialistas, había rechazado los procesos legales del gobierno; el gobierno contra el que se rebelaron estaba legitimado electoralmente. La izquierda iba a airear mucho posteriormente el argumento de la «legalidad» para condenar la rebelión de los generales en julio de 1936 contra un gobierno elegido[77].

De los grandes líderes socialistas —además de Besteiro, quien había reconocido siempre el desastre que podía acarrear una revolución—, el que más rápidamente se dio cuenta de la magnitud del error y más se arrepintió de él, decidido a no repetirlo nunca, fue Indalecio Prieto. Años después, confesó lo siguiente en un discurso pronunciado en la ciudad de México el 1.o de Mayo de 1942:

Me declaro culpable, ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en el movimiento revolucionario de 1934. Lo declaro como culpa, como pecado; no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo… Y yo acepté misiones que rehuyeron otros, porque tras ellas asomaba no sólo el peligro de perder la libertad, sino el más doloroso de perder la honra. Sin embargo, las asumí[78]…

A partir de ese momento, el objetivo de la izquierda republicana y del ala moderada de los socialistas consistiría en restaurar la actividad política unificada, no revolucionaria, para superar los desastres gemelos de 1933 y 1934.

CAPÍTULO 10

EL GOBIERNO DE CENTRO-DERECHA, 1934-1935

La alocución por radio a la nación de Lerroux del 7 de octubre pidió calma y respeto a la Constitución. El Primer ministro expresó su confianza en que la mayoría de los catalanes apoyarían el orden establecido legalmente y prometió que el gobierno «conservaría las libertades que les había reconocido la República», asegurando además que triunfaría «el imperio de la ley». Cuando se oían todavía los disparos ocasionales de los «pacos» volvieron a abrirse las Cortes el día 9 con un aplauso atronador para Lerroux, que iba a afrontar la tarea de completar la derrota de la insurrección y encargarse de su inevitable represión con la máxima equidad posible. Esto último iba a ser difícil, porque del mismo modo que la sanjurjada había fortalecido a la coalición republicana de izquierda, la fracasada insurrección llenó de energía a la derecha e incluso llevó a algunos liberales moderados a reclamar una política de un rigor extremado. La prensa derechista rebosaba en narraciones de atrocidades espeluznantes y aseguraba a sus lectores que los revolucionarios culpables de aquellos hechos no podían ser seres humanos. El 19 de octubre de 1934 incluso El Sol alzaba el tono: «Para las fieras capaces de hechos monstruosos que ni un degenerado es capaz de imaginar, pedimos castigo tremendo, implacable, definitivo. A los hombres, como hombres, a las fieras, como fieras».

Bastante más de quince mil personas fueron detenidas en las semanas siguientes, incluyendo unas tres mil tanto en Madrid como en Barcelona, unas mil quinientas en Vizcaya y Guipúzcoa y la mayoría de las demás en Asturias. De acuerdo con lo previsto en la legislación republicana de seguridad, los tribunales militares se pusieron a actuar enseguida mediante juicios sumarísimos de excepción contra las principales figuras del movimiento. Un tribunal de Barcelona pronunció enseguida seis sentencias de pena de muerte, empezando por el comandante Pérez Farrás y otros dos antiguos oficiales del ejército que habían estado al mando del nuevo cuerpo de policía catalán (los mossos d’esquadra) y el somatén, implicados en la insurrección.

Los términos de la represión se convirtieron en el drama político principal de los tres meses siguientes. Las Cortes, que se habían negado antes a restaurar la pena de muerte tras la última insurrección anarquista, aprobaron esta vez el restablecimiento de la pena capital. Toda la derecha exigió severidad, pero el presidente, el cardenal Vidal i Barraquer, Cambó, los dirigentes de la Lliga Catalana, y algunos otros políticos moderados pidieron indulgencia, y la conmutación de las penas de muerte. Aunque la postura del nuevo gobierno era al principio unánimemente opuesta a la conmutación (con la excepción del caso del capitán Federico Escofet, cuya implicación había sido limitada[1]), empezó a tener enseguida una serie de prolongadas reuniones. Alcalá Zamora, en otra más de sus acostumbradas extralimitaciones de las prerrogativas presidenciales, presentó al gabinete el 18 de octubre una de sus interminables exposiciones, citando el artículo 102 de la Constitución, que rezaba: «En los delitos de extrema gravedad, podrá indultar el presidente de la República, previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del gobierno responsable». Dejó claro que haría uso de su autoridad aun en el caso de que el gobierno se negase a apelar a él[2]. La tensión resultante dio pie a un rumor, aireado por Radio Toulouse, de que podrían obligar al presidente a que dimitiera para ser sustituido por un gobierno militar presidido por el general Franco, aunque no hay señales de que hubiese ninguna conspiración militar en aquel momento. Aunque las presiones que ejerció y el procedimiento con el que amenazaba eran básicamente anticonstitucionales, es evidente que Alcalá Zamora no tenía la menor intención de dejar el puesto[3].

El 31 de octubre hubo dos reuniones del gabinete y dos más al día siguiente, amenazando Alcalá Zamora directamente con retirarles la confianza e imponer una reorganización del gobierno o la celebración de nuevas elecciones. Aunque el informe del Tribunal Supremo no recomendó la conmutación, Lerroux optó al fin por ceder a fin de hacer las paces con el presidente y apaciguar a los moderados. Tras otra reunión del gabinete el 5 de noviembre, Lerroux anunció que de las primeras veintitrés sentencias de muerte, se conmutarían veintiuna.

La reapertura oficial de las sesiones de las Cortes tuvo lugar en consecuencia el 5 de noviembre, y Lerroux expresó su satisfacción a las derechas:

Y moriré satisfecho de haber prestado a mi patria el servicio de haberos arrancado a vosotros, los monárquicos, todos estos elementos que hoy constituyen la derecha de la República… Se nos acusa de fascistas y de haber alterado el espíritu de la República. ¿Qué proyectos se han aprobado contrarios al espíritu y la letra de la Constitución?… No habrá modificación de leyes fundamentales, si no es siguiendo el curso prescrito en la misma Constitución.

Melquíades Álvarez, el veterano republicano y líder de los liberal-demócratas, hizo notar que él había sido un dirigente del movimiento popular de protesta de 1917, pero que tanto él como sus compañeros habían evitado la comisión de asesinatos políticos y delitos comunes. Invocó el ejemplo de los fundadores de la Tercera República francesa que ejecutaron en masa a los communards y concluyó afirmando que «Con aquellos fusilamientos se salvó la República, y las instituciones, y se mantuvo el orden». Calvo Sotelo pronunció un discurso todavía más duro, y al referirse a los socialistas españoles resaltó: «Su técnica discrepa de la de todos los partidos socialistas solventes de Europa, puesto que ninguno patrocina la lucha de clases de forma violenta». En una situación así, añadió, el ejército se había convertido en «la columna vertebral» de España. El gobierno ganó entonces un fácil voto de confianza por 233 votos contra ninguno, absteniéndose la extrema derecha. Aunque ninguno de los diputados de la izquierda y el centro-izquierda regresó al principio al Congreso, Martínez Barrio y Miguel Maura lo hicieron el día 9, seguidos seis días después por los diputados de la izquierda catalanista. Una vez que el gobierno puso fin a la censura temporal del debate parlamentario antes de mediar noviembre, volvieron a sus escaños otros diputados. Entretanto, y por una votación de 161 contra 13, la CEDA sacó adelante una moción que establecía que todos los diputados personalmente implicados en la insurrección habían perdido el derecho a sus escaños y ordenaba una investigación de todos los sindicatos, que acarreaba la disolución de los que resultasen implicados así como la confiscación de sus bienes para resarcir los daños causados a la propiedad.

Don Alejandro Lerroux pronunciando un discurso al aire libre.

El primer conflicto de la nueva temporada fue un ataque contra dos miembros del gabinete, Samper e Hidalgo, por su presunta responsabilidad en su gobierno anterior al ser incapaces de prevenir la preparación de la insurrección. Sin el apoyo de la CEDA, dimitieron el 16 de noviembre, teniendo que hacer también Lerroux de ministro de Guerra en vez de Hidalgo y sustituyendo el veterano radical Juan José Rocha a Samper como ministro de Relaciones Exteriores, lo que se consideraba como una cartera de segunda. Como Rocha había sido ya ministro de Guerra en el primer gobierno de Lerroux y ministro de Marina en las tres últimas administraciones, empezó a ser conocido desde entonces como «Miss Ministerios», porque le correspondió siempre alguna cartera en los siguientes gabinetes.

Durante aquella minicrisis, los rumores de conspiración militar que habían circulado desde algunas semanas antes, asumieron una forma más concreta cuando dos generales de la línea dura, Goded y Fanjul, presionaron a Gil Robles para que adoptara una política más firme en la represión prometiéndole el apoyo de los militares. Pero habían hablado demasiado pronto; después de dos días de sondear la opinión de los militares, regresaron a aconsejar al líder de la CEDA que siguiese colaborando con el gobierno de coalición, porque los jefes del ejército eran contrarios en general a la adopción de ninguna responsabilidad política y unas nuevas elecciones prematuras podrían devolverle el poder a la izquierda[4].

Se nombró una comisión de cuatro ministros del gabinete para que hicieran una recomendación de cómo proceder en el caso de la autonomía de Cataluña. Presentaron el 28 de noviembre un proyecto de ley que suspendía la autonomía temporalmente, encargándose sin embargo de que todos sus derechos y garantías se restableciesen en un plazo no mayor de tres meses una vez que se devolviesen las plenas garantías constitucionales a toda España. Se nombraría entretanto un gobernador general interino en Barcelona al tiempo que una nueva comisión determinaría el grado de autonomía de que gozaría la administración catalana en ese intervalo. En los diez días siguientes fue derrotado en la Cámara un proyecto de ley de la extrema derecha para sustituir el estatuto de autonomía de Cataluña por una legislación completamente nueva, pero la CEDA añadió enmiendas al proyecto de ley principal para que se suspendiese indefinidamente la autonomía hasta el momento en que el gobierno y las Cortes juzgasen oportuno reinstaurarlas, paso a paso. Esta versión enmendada fue aprobada al fin el 14 de diciembre. Trece días después, el gobierno nombró a Manuel Portela Valladares como gobernador general. Político viejo, veterano del antiguo Partido Liberal monárquico, Portela había ganado una reputación positiva como último gobernador provincial constitucional de Barcelona en 1923. Procedió a nombrar alcalde de Barcelona a José Pich y Pon, un veterano político radical, y puso en manos de los radicales el ayuntamiento de la Ciudad Condal. Entretanto se le hizo imposible al gobierno preparar un nuevo presupuesto adecuado para el año siguiente, por lo que el 14 de diciembre prorrogaron sencillamente por tres meses el anterior.

El debate sobre la represión prosiguió sin tregua. Mientras la extrema derecha condenaba el «apaciguamiento» pretendido por el gobierno al conmutar la mayoría de las penas de muerte, subía de tono la protesta de la izquierda ante los brutales procedimientos represivos de Asturias. Mientras en Cataluña y el resto de España los términos de la represión parecen haber sido relativamente moderados, la ejecutoria de la guardia civil en Asturias, donde se encargó de practicar las investigaciones el brutal comandante Lisardo Doval, parece haber sido un cruel punto y aparte. Seguían a la orden del día palizas y torturas feroces, y murieron varios presos más. En el caso de atrocidad que recibiría después más publicidad, un periodista investigador liberal que trabajaba con el pseudónimo de Luis Sirval, fue detenido arbitrariamente, y después muerto sin más de un tiro en la cárcel por un sádico oficial de la Legión búlgaro, apellidado Ivanov. La continuación de la censura bajo la ley marcial imposibilitaba casi del todo el reportaje independiente, por lo que una comisión especial de diputados socialistas y republicanos de izquierda efectuó por su cuenta una misión investigadora. Su informe sirvió para desechar los relatos de atrocidades más exagerados de ambas partes, pero aportó pruebas de que continuaban las palizas y la tortura en las cárceles de Asturias. Como se acumulaban las protestas y Doval intentó apelar por su cuenta a los diputados monárquicos para que le diesen una protección especial, Lerroux trasladó al execrable comandante el 7 de diciembre, pero ni así se moderó del todo la actuación de la guardia civil en Asturias. En enero 564 presos firmaron una carta colectiva protestando contra el empleo de la tortura en la cárcel de Oviedo. Aquella carta fue seguida por otra carta colectiva de protesta dirigida a Alcalá Zamora, que incluía las firmas de personajes eximios moderados y conservadores como Unamuno y Valle Inclán. A aquellas alturas la protesta se había hecho internacional, una cosa equivalente en la época de la depresión a la campaña a favor de Ferrer en 1909, concediéndole mucha atención la izquierda de toda Europa Occidental e invirtiendo también recursos considerables la Comintern. Se permitió la visita a Asturias de una comisión de diputados laboristas y en febrero de 1935 el diputado socialista francés Vincent Auriol habló con Lerroux mientras su partido recogía miles de firmas de peticiones de amnistía en Francia. Los consejos de guerra continuaron, pero fueron conmutadas todas las penas de muerte, salvo las de dos presos ejecutados en febrero, el sargento y desertor del ejército Diego Vázquez, que había luchado al lado de los revolucionarios, y un obrero conocido como «El Pichilatu», acusado de varios asesinatos.

Aunque el gobierno había tratado de ser tolerante, y lo fue en realidad en la mayoría de los casos, no hay duda de que la represión no se llevó a cabo bien. La justicia fue desigual y en Asturias se le dio rienda suelta a su administración en manos de la guardia civil. Aunque sólo se produjeron cuatro ejecuciones —todas de sujetos convictos de delitos sanguinarios— los presos de Asturias fueron demasiado maltratados, lo que produjo otra serie de muertes. Por otra parte, la rebelión del gobierno de la Esquerra no fue un motivo constitucional adecuado para suspender la autonomía catalana, sin establecer una diferencia entre los excesos cometidos por una agrupación política y los derechos constitucionales de la región[5]. Tras la rebelión, el gobierno sustituyó en las semanas siguientes a más de una octava parte de los alcaldes de toda España[6]. El mantenimiento de la censura fue contraproducente y pasado un tiempo incluso los diputados monárquicos iniciaron un debate en las Cortes sobre lo innecesario de su prolongación. Por fin se levantó la ley marcial en la mayor parte de España el 23 de enero de 1935, aunque se mantuvo en las provincias de Madrid, Barcelona y otras seis del Norte que se habían señalado ya sea en la rebelión de octubre o en la última insurrección anarquista. Tres semanas después, Calvo Sotelo hizo la observación de que, en los casi cuatro años transcurridos desde el comienzo de la República, España había disfrutado sólo de veintitrés días de plenitud constitucional en todo el país. Los excesos cometidos en Asturias, y también la difundida propaganda derechista sobre aquellas atrocidades, fueron todavía más contraproducentes, acrecentando la simpatía hacia la izquierda entre los sectores más moderados del centro-izquierda y el centro. Lo mismo se podría decir de la renuencia del gobierno a dejar en libertad a los dirigentes izquierdistas que habían tenido poca responsabilidad o ninguna. El prolongado cautiverio de Azaña y el empeño en procesarlo se volvieron también en contra, ganándole al ilustre preso más simpatías y prestigio entre la izquierda e incluso parte del centro. Otro ejemplo más fue la política de aprovecharse de la situación para cerrar muchos centros de la CNT y detener a centenares de anarcosindicalistas fuera de Asturias, que no habían tenido nada que ver con la sublevación; semejante práctica originó una mayor simpatía mutua entre los anarquistas y los socialistas —y mejores perspectivas para la unidad de la izquierda que las existentes antes de la rebelión. La insurrección había constituido un desastre para los socialistas, pero los errores de cálculo y excesos de la represión tuvieron el efecto de devolverle a la izquierda gran parte de la fuerza perdida. Además, las discusiones resultantes terminaron debilitando al gobierno mismo, dividiendo entre sí al centro y la derecha.

Probablemente la voz más clara y razonable de las Cortes de 1935 fue la del centrista catalán Francesc Cambó. Contestó al discurso de Calvo Sotelo del 13 de febrero dos días después negando taxativamente que la democracia en sí fuese responsable de los males de la sociedad española contemporánea o incapaz de producir progreso y concordia. Los peores horrores del momento presente, afirmó, no se estaban dando en la Europa Occidental democrática, sino en las nuevas dictaduras de Europa Oriental y Central. Y señaló otra causa del deterioro de la situación de España:

Asistimos a un período de debilidad del poder público, como quizá no lo habíamos vivido nunca, y esta debilidad, que nace en el sistema colectivo, se refleja en la Cámara, pues yo he de decir que no he pertenecido a ninguna tan insensible a las heridas que se infieren al interés público como la Cámara actual.

Cambó se instituyó además en el principal defensor de los intereses de Cataluña y del principio constitucional de la autonomía.

El procesamiento de los afectados por la represión siguió su curso, que continuaría hasta el comienzo de 1936. De todos los acusados, el más conocido era Azaña, que había sido puesto en libertad por decisión del Tribunal Supremo el 28 de diciembre de 1934. Los resultados de la investigación judicial en el papel que había desempeñado, junto con los hechos relacionados con el arreglo inicial para proporcionar armas a los exiliados portugueses y el asunto de La Turquesa, fueron presentados a la Cámara el 15 de febrero de 1935, aunque el debate sobre este último caso no empezó hasta el 20 de marzo. Saltaba a la vista que no había pruebas que conectasen a Azaña ni con la trama ni con el estallido de la insurrección misma, y que sacar a la luz el asunto de las armas para los conspiradores portugueses era peligroso para un aspecto delicado de las relaciones exteriores. Azaña fue aclamado públicamente por una gran multitud cuando salió del Congreso tras la conclusión del estéril debate del 21 de marzo, y fue absuelto totalmente de cualquier cargo relacionado con la insurrección misma por el Tribunal Supremo el 6 de abril.

La ronda final del procesamiento de Azaña giró en torno al informe de una comisión parlamentaria especial de veintiún diputados referente a su responsabilidad en la adquisición de las armas a través del asunto de La Turquesa. La comisión fue lentísima en la entrega de su informe. Pese a aquella dilación, resultado del entorpecimiento provocado por los miembros radicales de la comisión que se resistían a encausar al ex Primer ministro, la recomendación final hecha a la Cámara el 20 de julio fue que el juicio de Azaña en lo tocante a su participación en aquel asunto fuese remitido al Tribunal de Garantías Constitucionales debido a que implicaba temas internacionales. Los radicales eludieron aquella sesión, que se tradujo en 189 bolas negras de la derecha contra 68 bolas blancas de la izquierda y el centro. Para seguir adelante con aquel proceso hacía falta una mayoría absoluta (222 bolas), y en consecuencia, Azaña se vio libre de todo encausamiento ulterior.

Mientras tanto, la última serie de consejos de guerra pidió penas de muerte para algunos de los principales dirigentes socialistas de Asturias, incluyendo a Ramón González Peña —posiblemente el líder más importante de la insurrección— y el moderado Teodomiro Menéndez, que en realidad se había opuesto siempre al alzamiento[7]. En aquel caso, el Tribunal Supremo recomendó la conmutación de la pena para González Peña y varios más. El asunto se discutió en un consejo de ministros el 29 de marzo, y Lerroux propuso la conmutación para González Peña y otros veinte, incluyendo a Teodomiro Menéndez. El gabinete se escindió por la mitad, votando a favor Lerroux y los otros seis radicales, y los tres cedistas, el agrario y el liberal demócrata en contra[8]. Aquella votación fue suficiente para zanjar el asunto, pero sirvió también para deshacer el gabinete, y Alcalá Zamora inició ya consultas para una nueva coalición al día siguiente.

La reconstrucción de la coalición no fue viable porque tanto la CEDA como los agrarios pidieron una representación mayor y competían entre sí por las carteras de más peso. Alcalá Zamora seguía decidido a excluir a la CEDA de cualquier posición de poder proporcional a su fuerza parlamentaria. Se decidió por la solución provisional de invocar el artículo 81 de la Constitución que lo facultaba para suspender las funciones de la Cámara durante 30 días y nombrar un gabinete interino: lo presidió Lerroux y se compuso principalmente de radicales, pero incluía a dos diputados del Partido Republicano Progresista —el de Alcalá Zamora— y en Gobernación el independiente Portela Valladares (que no era diputado a Cortes), en reconocimiento a su reciente labor como gobernador general de Cataluña. Aunque Alcalá Zamora lo calificó hiperbólicamente como «el mejor gobierno de la República», estaba compuesto en su mayor parte por paniaguados del presidente y el Primer ministro. Un sorprendente número de aquellos ministros habían sido miembros de la antigua facción de García Prieto del Partido Liberal monárquico, y por primera vez dentro de la República, un general y un almirante ocuparon las carteras de Guerra y Marina respectivamente. Aquel gobierno fue capaz por fin de acabar con la ley marcial en toda España el 9 de abril y presidió un aniversario de la República bastante aburrido (en comparación con la Semana Santa, que aquel año se celebró con ganas), pero evidentemente tenía los días contados. Tratando de dar una nota positiva y de identificarse con luminarias prestigiosas, el Gobierno otorgó la recién creada «Banda de la República» a Ortega y Gasset. Éste eludió aceptar la condecoración diciendo que ya no tenía nada que ver con la política. Pero al hacerlo, expresó el desencanto de muchos elementos moderados.

El logro más positivo del gobierno interino fue devolver las competencias autonómicas, exceptuando la de orden público, a una Generalitat reconstituida a mediados de abril. El nuevo presidente fue Pich y Pon, el político radical más importante de la región, que ejerció en colaboración con la Lliga. En el curso de la primavera las condiciones se deterioraron. Por una parte, Pich y Pon otorgó muchos cargos a compinches suyos, lo que no mejoró la eficiencia ni la honradez. Por la otra, al haber terminado la ley marcial, la FAI-CNT cobró una nueva actividad. Disturbios de poca monta, como quemas periódicas de tranvías municipales, se hicieron más frecuentes, y también la violencia contra las personas. El 29 de junio volvió a establecerse la ley marcial en la provincia de Barcelona, adonde se trasladaron en avión los ministros de Guerra y Gobernación para restablecer el orden[9].

Durante el mes de abril los cuatro líderes de partidos de la coalición anterior (Lerroux, Gil Robles, Melquíades Álvarez y Martínez de Velasco) empezaron a conseguir un nuevo acuerdo por el inescapable motivo de que el único gobierno viable pasaba por renovar la coalición, especialmente entre los radicales y la CEDA. Gil Robles exigió entonces una mayor representación de su partido, a lo que accedió Lerroux. Alcalá Zamora había agotado sus alternativas y en consecuencia, el 6 de mayo formó gabinete una nueva coalición bajo el mando de Lerroux. Gil Robles, el más importante de los cinco ministros de la CEDA, se encargó del neurálgico ministerio de la Guerra. Federico Salmón, uno de los políticos más progresistas de la CEDA, se convirtió en ministro de Trabajo. En cambio, el liberal Manuel Giménez Fernández, que había ejercido una política bastante reformista como ministro de Agricultura de la coalición del otoño-invierno, fue vetado por ese motivo por la mayoría conservadora de su propio partido. Giménez Fernández fue sustituido por el ultraconservador Nicasio Velayos, del Partido Agrario. El «inevitable» Rocha («Miss Ministerios») siguió de ministro de Relaciones Exteriores, como en los dos gabinetes precedentes. En conjunto el nuevo gobierno se compuso de cinco cedistas, cuatro radicales (incluyendo al Primer ministro), dos agrarios, un liberal demócrata, y un independiente, Portela Valladares, que siguió en Gobernación. El logro principal de Alcalá Zamora en aquel nuevo arreglo fue mantener la exclusión del cargo de «premier» del líder del partido más grande; Gil Robles por su parte había decidido no insistir en conseguirlo.

Aunque se había levantado la ley marcial en la mayor parte de España, se mantenía un estado de alarma o de prevención en dieciséis provincias. El 6 de junio el gobierno obtuvo la aprobación para prorrogar aquella situación por otros treinta días, la octava prórroga de un estado de excepción constitucional en la República. Aquello le dio oportunidad a Calvo Sotelo para declarar aquel día en el Congreso que la situación demostraba a todas luces «que la Constitución no es viable». Los gobiernos de Lerroux de principios de 1935 se habían esforzado intermitentemente en superar el dilema que les planteaba una censura continua y habían presentado dos proyectos distintos para dos leyes nuevas de regulación de la prensa (en febrero y mayo, respectivamente), pero terminaron por desistir, incapaces de alcanzar un equilibrio estable entre los derechos civiles y la necesidad de controlar una agitación incendiaria y subversiva.

La continua represión había traído consigo un firme establecimiento del principio de conmutación de la pena capital. No se producirían ya más ejecuciones, y el nuevo gobierno empezó sus labores con una serie de indultos, incluso de delincuentes comunes. El procesamiento nuevo más importante fue el de Companys y demás consellers (consejeros) de la Generalitat rebelde. Había reinado la incertidumbre con respecto a qué tribunal sería competente para encargarse de su caso dentro del sistema judicial republicano, un tanto ambiguo y no consolidado totalmente, y, debido a su relación con un gobierno regional autónomo, se había acordado remitirlo al Tribunal de Garantías Constitucionales. El 6 de junio dio a conocer éste su veredicto, de que eran culpables todos de «rebelión militar» y fueron condenados cada uno a treinta años[10].

Los consejos de guerra seguían juzgando casos que se referían a actos de violencia cometidos durante la insurrección. En el balance de junio, se pronunciaron otras nueve condenas de muerte, aunque no parecía probable que fueran a ejecutarse, y se impusieron muchas penas de cárcel largas. Pero para entonces, levantada ya la ley marcial, había cobrado mucha más fuerza la indignada reacción de la izquierda. Los mineros asturianos hicieron en aquel momento su primera nueva huelga de simpatía en solidaridad con los condenados, y varios jueces recibieron por correo amenazas anónimas de muerte[11].

Mayo y junio fueron una temporada de nuevas y grandes concentraciones políticas. Azaña inició su retorno político con un mitin enorme que llenó en mayo el estadio de Mestalla, en Valencia. La CEDA fue el partido más activo en cuanto a organización de mítines gigantes y Gil Robles se dirigió a un auditorio más o menos tan grande como el de Azaña también en Mestalla, el 30 de junio. Para no ser menos, Lerroux dirigió la palabra a una gran audiencia en el mismo sitio una semana después, proclamando: «¿Quién ha evolucionado? Ellos [la derecha]; y así en otras cosas… Yo os profetizo que la República está definitivamente instaurada en España[12]».

Los dirigentes monárquicos, dolidos de veras con el «oportunismo» de la CEDA, se inclinaban a estar de acuerdo con Lerroux en ese punto. Aunque seguía existiendo una tensión considerable entre los radicales y la CEDA, el Primer ministro se sentía convencido aquel verano de que había salvado la República al domesticar al partido más fuerte de la derecha. Da la impresión de que creía que, si los republicanos de izquierda se aposentaban y unían dando lugar a un partido oposicionista grande, pero responsable, la misión de los radicales consistiría en mantener un equilibrio del poder entre una izquierda y una derecha republicanas, y que pronto podría enfrentarse a un honroso retiro[13].

La reforma republicana «rectificada»

Un gobierno de coalición cedorradical era ya posible, porque, además de su común oposición a la izquierda, ambos partidos reconocían la necesidad de «rectificar» las reformas del primer bienio. Pero diferían profundamente en cuanto al carácter y extensión de la rectificación en sí. Los radicales buscaban sólo una rectificación auténtica, equivalente a una moderación, mientras en algunos aspectos neurálgicos la CEDA buscaba una contrarreforma, especialmente de la política religiosa y socioeconómica, y unos cambios básicos de la Constitución.

Los términos de las relaciones industriales habían empezado ya a cambiar algo con los primeros gobiernos de Lerroux de 1933-1934, lo que fue un factor potenciador de la radicalización sindical, pero en cualquier caso, antes de la insurrección de octubre no había habido inversión legal alguna de las reformas básicas.

La situación había cambiado mucho como resultado de la insurrección. Aunque los sindicatos de la UGT no fueron disueltos en general (al no ser capaz el gobierno de probar su responsabilidad en la rebelión), fueron suprimidos centenares de jurados mixtos, sobre todo en las comarcas industriales, y entretanto habían ido perdiendo fuerza en el campo. Un decreto del gobierno del 1 de noviembre de 1934 había establecido la categoría legal de huelga abusiva (más o menos, ilegal) que, a partir de entonces se aplicaría a todas las huelgas emprendidas al margen de temas laborales específicos o que no se apegasen a todas las disposiciones legales. En semejante situación, los patronos serían libres en lo sucesivo para rescindir contratos o despedir a trabajadores.

Federico Salmón, el nuevo ministro de Trabajo de la CEDA en mayo de 1935, era un representante del ala «social católica» de su partido. Trató de conseguir que los jurados fuesen más neutrales y eficaces incorporándoles funcionarios del Estado como presidentes, pero ni la UGT ni la CNT se prestaron a participar, y Salmón tuvo que admitir virtualmente que en aquel momento los trabajadores no estaban representados equitativamente. En muchas zonas los jurados dejaron prácticamente de funcionar, al tiempo que la aplanadora oficial suprimía algunas conquistas concretas. Volvió a implantarse, por ejemplo, en las industrias de la construcción y metalúrgica la semana de 48 horas. Y seguía aumentando el paro. Los patronos habían despedido a miles de obreros por haber participado en huelgas políticas o de otro tipo, aunque se les había instado oficialmente a que no tomasen represalias. La mejora de la producción industrial en 1934-1935 y el aumento de la confianza empresarial y de la inversión con el centro-derecha pudo haber reducido la tasa de crecimiento del paro en 1935, pero desde luego no consiguió invertir la tendencia existente, dado que los patronos procuraron limitar y racionalizar el empleo de unos obreros que seguían disfrutando en general de mejores salarios que en 1931. Las estadísticas del desempleo de 1935 (véase tabla 10.1) acusan un bajón significativo a mediados de año debido al gran aumento estacional del empleo agrícola, pero el problema de conjunto seguía empeorando.

Tabla 10.1. Desempleo, 1934-1936

1934
Enero | 625 097
Abril | 703 814
Julio | 520 847
Octubre | 629 730
1935
Enero | 711 184
Abril | 732 034
Julio | 578 833
Diciembre | 780 242
1936
Enero | 748 810
Febrero | 843 872

Fuente: Boletín informativo de la oficina central de colocación obrera y defensa contra el paro, en J. Tusell, La Segunda República en Madrid, Madrid, 1970, 84, 128.

Entonces Salmón dio prioridad a reducir el paro. Introdujo inmediatamente un nuevo plan para gastar 200 millones de pesetas en nuevas construcciones y obras públicas, con subsidios e incentivos mutuales destinados a movilizar un volumen total de nueva inversión privada al menos cuatro veces mayor. Aquel plan se encaminaba en gran medida, aunque no en exclusiva, hacia el sector privado y también a nivel local. Fue aprobado en junio de 1935 y señaló el primer plan directo de empleo nuevo por parte del gobierno. Aquel dinero se gastó, de hecho, muy poco a poco y en proporciones pequeñas y nunca desencadenó el volumen de construcciones y empleos nuevos que se esperaban. Seguidamente, Luis Lucia, uno de los dos políticos democratacristianos más importantes de la CEDA, se convirtió en ministro de Obras Públicas en septiembre y estableció la base de un nuevo programa de obras públicas que fue presentado al Congreso en vísperas del hundimiento de la coalición. Aquellas iniciativas bien intencionadas, la segunda de las cuales llegó demasiado tarde para su aprobación, adolecieron de demasiado poco y demasiado tarde y no consiguieron reducir el aumento del paro.

Más discutible fue la revisión de la reforma agraria. Había sido ministro de Agricultura durante gran parte de 1934 el republicano progresista Cirilo del Río, quien trató de seguir con el programa básico de la reforma agraria y corregir a la vez otros abusos. Se procedió en consecuencia a desahuciar a los aparceros colocados en 1931-1932 en tierras sin cultivar, se anuló la Ley de Términos Municipales, se suspendieron las revisiones de rentas y se agilizaron los procedimientos para desahuciar a los arrendatarios insolventes, pero siguió adelante sin trabas la reforma agraria regular, estableciéndose más familias sin tierra en 1934 que durante 1932-1933.

El ministro de Agricultura del primer gobierno cedorradical de octubre de 1934 fue el avanzado político social católico y cristiano demócrata Giménez Fernández. Su primera actuación importante había sido prolongar por un año más (hasta el 31 de julio de 1935) la ocupación continuada de tierras no labradas anteriormente trabajadas por los yunteros en Extremadura desde 1932-1933. Aunque aquel asunto escindió la CEDA (Gil Robles lo apoyó), la medida fue aprobada el 20 de diciembre de 1934. La segunda actuación importante de Giménez Fernández fue un decreto del 2 de enero de 1935 que alteró un tanto los términos de la administración de la reforma agraria. Durante el resto del año no hubo más expropiaciones forzosas, se dio preferencia a las familias sin tierras que tuviesen instrumentos de cultivo propios y se fijó para ese año el objetivo de establecer diez mil campesinos sin tierras en terrenos nuevos. No se trataba, en contra de la afirmación de la izquierda, de un intento de acabar con la reforma, sino sencillamente de un esfuerzo por hacerla menos costosa y más eficaz. El número total de no propietarios a establecer era exactamente el mismo que había sido propuesto por Azaña para 1933, al tiempo que la terminación de las expropiaciones forzosas tenía por objeto, al menos en parte, ahorrar dinero hasta que se elaborase un sistema de compensación más flexible. De hecho, la colonización de acuerdo con la reforma agraria siguió su curso normal hasta mayo de 1935.

Giménez Fernández topó con la oposición más dura en sus proyectos de beneficiar a los arrendatarios rurales. Él se atuvo a la posición socialcatólica de que la propiedad privada era un derecho básico, pero no absoluto, y su usufructo estaba sujeto a regulación por las necesidades objetivas de la comunidad. Dando extensión a un plan anterior obra de del Río, propuso que se permitiera a los arrendadores adquirir la tierra de cultivo que hubiesen trabajado por un mínimo de doce años a precios acordados mutuamente con los propietarios o fijados por una arbitración independiente. De no ser así, se les garantizarían seis años de arrendamiento, recibir una compensación por las mejoras hechas, disfrutar de la oportunidad de que fijasen esas rentas tribunales de arbitraje, y sólo se les desahuciaría por impago de la renta. Giménez Fernández adujo que el gobierno carecía sencillamente de fondos para compensar a los propietarios por la expropiación legal a un ritmo superior al lentísimo existente y que, en consecuencia, la alternativa idónea era posibilitar a los arrendatarios a largo plazo productivos la adquisición de sus tierras de cultivo en el mercado privado. Aquella constructiva propuesta chocó contra una tormenta de críticas cual si fuese una subversión de la propiedad privada: se le motejó enconadamente de bolchevique blanco y tuvo que renunciar a sus términos principales. La legislación aprobada por último en el Congreso en febrero-marzo de 1935 otorgó a los arrendatarios únicamente unos plazos mínimos de cuatro años y cierta compensación por las mejoras hechas, y dejó el arbitraje en manos de los tribunales corrientes[14].

Cuando la CEDA volvió al gobierno en mayo de 1935, se hizo cargo del ministerio el ultraconservador Nicasio Velayos, del Partido Agrario. En los meses siguientes, muchos propietarios —posiblemente no menos de «varios miles[15]»— aprovecharon una estipulación surgida en la reciente legislación que permitía a los dueños expulsar a los arrendatarios a fin de trabajar las tierras directamente, en muchos casos con carácter fraudulento, sin dedicarse en absoluto al cultivo directo. El número de labradores desahuciados ilegalmente debieron haber sido decenas de miles, pero Velayos se negó a intervenir para ver si se observaban las reglas.

Presentó al Congreso en julio su proposición de una nueva «Ley de Reforma de la Reforma Agraria». Introdujo en ella el principio de que no se efectuarían expropiaciones de ningún tipo sin una compensación completa, al tiempo que se cambiaban sustancialmente los métodos para calcularla a favor de los terratenientes. Anulaba el inventario de las propiedades sometidas técnicamente a la expropiación, lo que permitió a los propietarios de ocho novenas partes de las tierras incluidas en tal categoría vender sus propiedades a terceros, otorgarlas a los hijos o adoptar una serie de medidas diversas para obtener la exención. Determinados tipos de tierras quedaban ahora totalmente excluidas, y prohibidos todos los experimentos colectivos. El proyecto de ley revocaba también las estipulaciones relativas a los ruedos (uno de los aspectos más dudosos del primer proyecto) y los convenios de expropiación de propiedades arrendadas. El aumento de los costes de administración de la reforma iba a reducir radicalmente el número de nuevos campesinos establecidos, al tiempo que se les fijaba un listón muy alto a los solicitantes. Por último, como un regalito hecho a los moderados y cristianodemócratas, el proyecto le daba al Estado el derecho a incautar cualquier tierra por motivos de «utilidad social», pero sin incluir asomos de ningún plan a que atenerse en tal medida.

El nuevo proyecto de Velayos fue denunciado a voz en cuello por la izquierda así como por parte del centro. El líder de Falange, José Antonio Primo de Rivera, calculó públicamente que a aquel paso, la reforma agraria tardaría más de 160 años en completarse y advirtió que el enmendado proyecto se mantendría en pie únicamente «hasta el próximo movimiento de represalia». Cuando fue aprobada la enmienda el 25 de julio, los republicanos de izquierda se ausentaron temporalmente del Congreso una vez más.

En general, 1935 fue un año de represalias feroces en el Centro y Sur de la España rural, con numerosas expulsiones y despidos, reducción de jornales, y cambios arbitrarios en las condiciones del trabajo. El historiador conservador más importante de ese período opina que la ofensiva de los terratenientes en el Sur… «alcanzó proporciones… de auténtico ensañamiento, incluyendo violencias así como la muerte de una serie de socialistas y trabajadores del campo». Y termina diciendo que «La actuación de las derechas y los derechistas en el campo… en el segundo semestre de 1935 fue uno de los principales determinantes del odio de la Guerra Civil y, probablemente, de la Guerra Civil misma[16]».

Otra área básica de reforma para el gobierno cedorradical fue la política militar, aunque ahí había diferencias de interés e intenciones entre los dos socios de la coalición. Entre septiembre de 1933 y diciembre de 1935 hubo en total siete ministros de Guerra diferentes, pero los dos que ejercieron una influencia importante fueron el radical Diego Hidalgo (ministro de enero a noviembre de 1934) y Gil Robles (ministro de mayo a diciembre de 1935). El objetivo de los radicales residía en bienquistarse a los militares —a los que Lerroux consideraba relativamente liberales en el fondo del alma— tras la supuesta trituración de Azaña, a fin de hacerlos sentirse más a gusto con la República, sin necesidad de hacer más cambios ni gastar mucho más dinero. A todos los procesados anteriormente y amnistiados después por la legislación de 1934, salvo a los cabecillas de la sanjurjada, se les brindó la opción de pasar a la reserva con la paga entera, o volver al servicio activo. La mayoría optaron por la primera de las dos opciones, pero algunos elementos clave como el general Emilio Mola (último director general de Seguridad de la monarquía), el general Andrés Saliquet, el coronel José Millán Astray, y algunos otros, prefirieron volver al servicio activo. A Franco se le otorgó el primer nuevo ascenso a general de división, al tiempo que el 19 de julio de 1934 Diego Hidalgo publicaba un nuevo decreto prohibiendo cualquier actividad política a los militares. Cuando Hidalgo fue obligado a dimitir, Lerroux asumió también la importante cartera y procuró ejercer una política castrense ecuánime y constructiva que tuviese en cuenta a la vez más preocupaciones de los altos jefes conservadores de línea dura y de los de talante republicano.

Cuando Gil Robles entró en el Ministerio de la Guerra en 1935, los izquierdistas profetizaron lo peor, temiendo la preparación de un golpe de Estado de la CEDA. Calvo Sotelo y su Bloque Nacional, al tener tan escaso apoyo civil, buscaban públicamente el apoyo de los militares, y aclamaban al ejército como «la columna vertebral de la patria». Gil Robles se burlaba de la idea de un golpe y decía que, por un lado, una dictadura nunca podría resolver los problemas políticos del país, y por el otro, que la CEDA tenía un apoyo político legal suficiente para triunfar. «El pueblo», y no el ejército, era la «columna vertebral», mientras que el ejército era «el brazo armado» del Estado para todos los ciudadanos y no debía intervenir en la política[17]. Propuso, sin embargo, hacer más derechistas a la oficialidad y a los altos mandos del ejército, y mejorar su preparación combativa para hacer frente a cualquier sublevación futura.

Los altos nombramientos que hizo Gil Robles fueron muy derechistas. El otrora diputado agrario y ultraderechista general Joaquín Fanjul se convirtió en su subsecretario en el ministerio, y Franco fue nombrado jefe de Estado Mayor. Gil Robles se quejó públicamente de la «influencia masónica» en los mandos del ejército, y retiró de sus cargos y en algunos casos envió a la reserva a unos cuarenta altos jefes militares de mentalidad liberal que habían sido nombrados por Azaña. Se devolvieron nombres antiguos a los regimientos, se le devolvió a la Iglesia su presencia en los cuarteles y se sometió a una revisión parcial el Código de Justicia Militar, como también a determinados casos de ascensos por méritos de guerra que habían sido anulados por Azaña. Un proyecto presentado para reducir en dos años la edad del paso a la reserva fue bloqueado por la intensa oposición del presidente y de los generales republicanos más antiguos, algunos de los cuales habrían sido eliminados por él.

No había dinero para subir las pagas, pero en diciembre aprobó el Congreso una ley que ascendía a tenientes a todos los subtenientes creados por Azaña, lo que aumentaba a la oficialidad en 3500 hombres, de modo que el número total de la misma subió a alrededor de 14 000. Se aumentó al 8 por ciento la proporción de voluntarios en el total de los nuevos reclutas, y una nueva ley del mes de julio exigía a todos los aspirantes a ingreso en cualesquiera de los cuerpos de seguridad la permanencia previa de tres años en el servicio militar activo.

Pese a la escasez de dinero, se trazó un plan de rearme en tres años, proyectándose un nuevo presupuesto extraordinario que se costearía a base del ahorro y de una fiscalidad más progresista, pero esta última fue estrangulada por el gobierno. Se crearon dos brigadas nuevas y se hicieron planes para la adquisición de nuevos aviones militares, tanques, artillería y ametralladoras, aunque en realidad se pudo comprar muy poca cosa[18]. El aspecto más turbio de todos aquellos planes fue una proposición de Cándido Casanueva, el ministro de Justicia, de la CEDA, de hacer unos arreglos con abastecedores alemanes para aquel rearme, que incluirían una «tajada» que iría a parar a los fondos de campaña electoral del partido[19]. Nada de esto llegó a cuajar.

Desde finales de 1933 se había ido formando una nueva asociación semiclandestina entre la oficialidad y jefes de las guarniciones españolas. Denominada la Unión Militar Española (UME), era una especie de variante, más derechista, del movimiento de las Juntas Militares que había prosperado en los años 1917-1919. Gil Robles menospreciaba a la UME, pues no quería saber nada con sectarismos castrenses que se apartaran de una línea militar profesional estricta y de tipo más conservador. Su objetivo principal fue lograr la inversión completa de todas las reformas del personal y políticas de Azaña. La UME fue organizada y estaba dirigida por monárquicos, especialmente los oficiales de Estado Mayor el capitán Bartolomé Barba Hernández y el teniente coronel Valentín Galarza, pero era una organización flexible, atrayente para los jefes y oficiales en activo más por motivos profesionales que por su programa político. Pudo haber sido alentada y protegida por el general Fanjul y otros jefes nombrados por Gil Robles.

Cambió también la política educativa. Las conquistas más positivas fueron obra de Filiberto Villalobos, un liberaldemócrata que actuó como ministro de Instrucción Pública durante ocho meses, entre abril y diciembre de 1934, antes de ser obligado a renunciar por la CEDA[20]. Entre el 29 de diciembre de 1934 y el 30 de diciembre de 1935, la cartera en cuestión se convirtió en un balón de fútbol, y cambió de manos siete veces entre seis ministros diferentes, incluyendo al ubicuo y pertinaz Rocha (durante un mes), para terminar con un breve regreso a Villalobos. Los primeros gobiernos radicales no cortaron los gastos de la enseñanza, sino que los aumentaron hasta alcanzar un máximo histórico del 7,08 por ciento del total de los gastos del Estado, que descendió al 6,6 por ciento en 1935. El número de escuelas nuevas construidas se redujo a sólo 1300 en 1934, pero al no cerrarse más escuelas católicas, el déficit fue mucho menor. En julio de 1934 se estandarizaron los requisitos y exámenes de todos los niveles de la enseñanza secundaria, y en agosto (Ley de 1934), se reorganizó el bachillerato en forma de ciclos sucesivos, reforma bien recibida en general. Al mismo tiempo se acabó con la enseñanza mixta en las escuelas primarias, y en 1935 fue eliminado en su mayor parte el aparato de inspección de las escuelas nacionales, desarrollado en la época de la izquierda. La política de enseñanza del centro-derecha se hizo cada vez más conservadora, sobre todo en 1935. Después de la insurrección de octubre fue suprimida la representación estudiantil en las universidades, a la vez que cobraban cada vez más actividad las agrupaciones educativas católicas[21].

De todos los cambios hechos y por hacer, el más elemental para la CEDA era la reforma constitucional. La táctica a seguir consistía básicamente en contrarrestar la legislación anticatólica, introducir aspectos del programa social de la CEDA, fortalecer las instituciones conservadoras (como las fuerzas armadas), y preparar una reforma constitucional fundamental. Pero aunque ese objetivo era absolutamente crucial, la directiva del partido no tenía demasiada prisa, porque cualquier enmienda constitucional adoptada antes del 9 de diciembre de 1935 (4.o aniversario de la Constitución) requeriría una mayoría de dos tercios, mientras que después de esa fecha, bastaría con una mayoría simple parlamentaria. Además, la ley exigía la disolución de la Cámara tras haber aprobado alguna enmienda, y por otra parte, la coalición cedista no necesitaba enfrentarse a nuevas elecciones hasta noviembre de 1937, por lo cual, en ese aspecto, el más crítico de todos, su directiva procedió lógicamente con lentitud.

Alcalá Zamora coincidía en cuanto al objetivo de la reforma constitucional, pero sus objetivos propios eran básicamente distintos, porque deseaba cambiar la carta magna republicana por otra más moderada y eficaz, pero sin dejar de ser esencialmente liberaldemócrata. Había presentado una larga exposición al primer gabinete cedorradical en enero de 1935, proponiendo la reforma de los cuatro artículos pertenecientes a los estatutos regionales, de los artículos 26 y 27 referentes a la religión, y del artículo 51 relativo a la Cámara única, a fin de crear un sistema legislativo bicameral. Propuso también un cambio en lo referente a la socialización de la propiedad y a hacer cambios en otros veintisiete artículos, lo que equivalía virtualmente a una nueva Constitución[22]. El Gobierno nombró una comisión parlamentaria presidida por el liberaldemócrata Joaquín Dualde para preparar un conjunto formal de proyectos de borradores. Pero aquello avanzó muy poco, debido al menos en parte a que la CEDA y otros grupos no consideraban necesario hacerlo antes de diciembre.

Entretanto se tomaba muy en serio una reforma de la ley electoral. El 16 de junio se celebró una primera reunión de los representantes de los partidos, seguida de otra reunión no mucho después. La CEDA era partidaria de la representación proporcional, mientras que los radicales y la mayoría de los demás partidos republicanos instaban por la eliminación del quorum del 40 por ciento y pedían cortar en dos los distritos electorales más grandes. Lerroux anunció que tomaría de su cuenta la elaboración de una nueva ley electoral que «satisficiera a todo el mundo», basada en un sistema mayoritario en los distritos menores y la representación proporcional únicamente en los cuatro o cinco mayores. Pero sus energías acusaban un serio decaimiento, y nunca cristalizó aquella proposición[23].

El 5 de julio presentó Lerroux al Congreso las proposiciones de la comisión Dualde. Su preámbulo afirmaba con orgullo:

Por primera vez en la historia política de España, una revisión constituida se realiza aprovechando las posibilidades jurídicas que otorga la misma Constitución vigente. Los regímenes preconstitucionales y las Constituciones han tendido a la inmutabilidad, con lo cual todo cambio no tuvo más trámites que los de la violencia.

Aquella proposición contenía las líneas maestras para la revisión de no menos de 41 de los 125 artículos de la Constitución. Primaban en ella la revisión de las disposiciones referentes a la autonomía regional, para salvaguardar el orden público y la unidad, la democratización de los artículos en materia religiosa, previéndose la negociación de un Concordato, una revisión del artículo 44, que permitía la expropiación sin compensación, la creación de un Senado, y la revisión de las prerrogativas presidenciales para conferir al presidente mayor libertad para disolver el Parlamento, reduciendo en cambio su autoridad sobre la conducta ordinaria del gobierno. La proposición se ganó el respaldo de la coalición gubernamental, pero fue rechazada vehementemente por toda la izquierda. Inmediatamente se nombró una comisión de veintiún diputados para estudiarla y hacer otras recomendaciones detalladas que pudieran ser discutidas en la Cámara en los últimos meses del año.

Aquellas proposiciones eran más moderadas que los objetivos establecidos anteriormente por la CEDA y en especial por la JAP, su agrupación joven. Es dudoso que aquellos cambios hubiesen completado la reforma constitucional deseada por el movimiento católico. Las publicaciones de la JAP habían estado exigiendo una ejecutiva más fuerte, con limitaciones del poder de la Cámara[24]. En distintos momentos del año 1935 Gil Robles trató de alejarse de la retórica nacionalista, extremadamente autoritaria de la JAP —a menudo más cercana al Bloque Nacional de Calvo Sotelo que a la CEDA—, aunque no emprendió ninguna acción decisiva para silenciarla. El líder de la CEDA dio algunas indicaciones respecto a que reconocía la importancia del Parlamento, aunque creía también que había que reducir algo sus facultades y funciones[25].

Un problema más inmediato que la reforma constitucional era el del presupuesto. Los gobiernos republicanos hallaron cada vez más difícil su preparación, no porque se tambaleasen al borde de la bancarrota —ocurría casi el extremo contrario—, sino a causa de la fragmentación política. El acuerdo se veía obstaculizado por el crecimiento del déficit, permanente aunque escasamente abrumador, la continua depresión relativa, y sobre todo, por la inestabilidad de los gobiernos[26]. Durante el gobierno cedorradical de mediados de 1935, aquel problema quedó en las manos, muy expertas, de don Joaquín Chapaprieta, acaudalado abogado y hombre de negocios, miembro del ala de don Santiago Alba dentro del antiguo Partido Liberal, y último ministro de Trabajo antes de la dictadura. Elegido como republicano independiente en 1933, Chapaprieta tenía alguna fama como experto en administración y hacienda. Sus proposiciones iniciales, presentadas el 29 de mayo, preveían la reducción del déficit de 750 millones de pesetas en un tercio durante el año en curso, con la meta de lograr un equilibrio completo en 1937 o en los últimos meses de 1936 mediante una combinación de unas reducciones presupuestarias en determinadas categorías, modestos aumentos y revisiones tributarios, y una mejora en la recaudación. Sus reducciones apuntaban al recorte de los gastos de la administración del gobierno y del personal, al tiempo que conservaba los neurálgicos programas de obras públicas y social. Hizo esta observación: «En política económica no veo que los gobiernos de izquierdas hayan tenido una política distinta de los de centro y derecha[27]», y tenía la creencia de que con una administración más sólida, la economía española recibiría pronto inversiones considerables tanto de fuentes nacionales como extranjeras. Chapaprieta reflotó una parte significativa de la deuda pública, pero sus proposiciones principales suscitaron una fuerte oposición de la izquierda, el funcionariado civil, y determinados grupos de interés económico. Una característica notable de su plan de reorganización administrativa y reducción presupuestaria era la eliminación de tres ministerios del gobierno, para condensar sus actividades entre los ministerios restantes[28].

En cuanto fue aceptada su reforma el 19 de septiembre, dimitieron repentinamente los dos ministros agrarios, en primer lugar por oponerse ellos a que se devolviesen más competencias (en aquel caso, las de obras públicas) a la restaurada Generalitat catalana, y en parte también por el impacto de la reforma en sus ministerios. No había ningún motivo para que su dimisión se tradujera en una crisis mayor, puesto que ninguno de los partidos principales de la coalición se sentía afectado y ambos estaban perfectamente preparados para mantener la coalición existente sobre la misma base, pero al día siguiente, para cumplir escrupulosamente con los precedentes políticos, dimitió formalmente el gabinete entero, como paso preliminar para reorganizar la coalición.

El colapso de los radicales y la frustración del sistema parlamentario

Aquella crisis de gobierno le dio a Alcalá Zamora una oportunidad dorada para debilitar a los radicales y a la CEDA y tratar de desplazar el gobierno de manera más decisiva hacia el centro. En vez de autorizar inmediatamente la reconstitución de la coalición por los dos partidos parlamentarios más grandes, abrió otra tanda completa de consultas, lo que hizo opinar al radical Guerra del Río: «Estamos en un manicomio». El plan inicial de Alcalá Zamora fue pedirle al distinguido presidente del Congreso, el antiguo líder del Partido Liberal y ahora radical converso, don Santiago Alba, que formase una nueva coalición que abarcara todo el centro-izquierda, incluyendo a los republicanos de izquierda y al ala más moderada de los socialistas, el grupo de Besteiro (a pesar de la palmaria oposición de éstos a participar en el gobierno). Alba aceptó aquella responsabilidad, pero halló que Gil Robles no admitía la coalición con ningún elemento situado más allá del centro, y desistió enseguida[29].

No queriendo acudir a los líderes de ninguno de los dos partidos mayores del Congreso para que encabezasen el gobierno siguiente, Alcalá Zamora se volvió en cambio hacia el ministro de Hacienda, hombre independiente que no pertenecía a ningún partido, pidiéndole que reorganizase la coalición, una decisión garantizada para hacer el próximo gabinete lo más débil posible. Una vez más, Lerroux y Gil Robles dieron su anuencia, y Chapaprieta formó enseguida un nuevo gobierno, cargándolo ligeramente hacia el centro mediante la inclusión de un miembro de la Lliga Catalana como ministro de Marina. Chapaprieta era un hombre menudo, de poco más de metro y medio de alto, inteligente, enérgico y de recia voluntad. De acuerdo con la austeridad presupuestaria planificada, redujo el número de ministerios de trece a nueve a base de combinar una serie de asignaciones ministeriales. La CEDA siguió teniendo tres carteras: Gil Robles la de Guerra, Lucia la de Obras Públicas y Comunicaciones, y Salmón la de Trabajo y Justicia. Se evidenció de nuevo, lamentablemente, el manipulador papel del presidente, facultado por la Constitución para designar cada nuevo Primer ministro encargándose éste por su parte de escoger a los ministros de su gabinete.

El nuevo gobierno se presentó a la Cámara el 1 de octubre, donde tuvo que hacer frente a una andanada de Calvo Sotelo. El líder monárquico definió la situación como «crisis patológica», la decimotercera o decimocuarta en los cuatro años y medio de la República, en los que el gobierno del país había soportado setenta ministros diferentes, con ministerios que habían conocido diez ministros diferentes, ministros que habían tenido al menos cuatro carteras distintas, y gobiernos de no más de treinta días de duración, todo ello con el acompañamiento de prolijas declaraciones presidenciales, a la vez «difusas y profusas, de prosa fraygerundiana y gongorina». La manera de manipular los gobiernos Alcalá Zamora «desconoce y oscurece la llamada egregia soberanía del Parlamento». Calvo Sotelo echó en cara que Alcalá Zamora no sólo determinaba personalmente, casi en cada ocasión, quién tenía que ser el Primer ministro, sino que interfería además en la selección de los diferentes ministros, cosa que era técnicamente anticonstitucional. En consecuencia, «el Jefe del Estado dirige en la actualidad la política española. A mí no me parece mal que el Jefe del Estado tenga un poder dirimente fuerte. Todo lo contrario. Si España hubiera de vivir de manera definitiva en régimen republicano, yo votaría cien veces mejor por una República presidencialista que por una República parlamentaria». A ojos de Calvo Sotelo el fallo residía en primer lugar en que el sistema republicano estaba dividido sin remedio contra sí mismo, y en segundo lugar en que: «El Jefe del Estado no apoya a la contrarrevolución». En un momento en el que la revolución, dijo: «está más viva hoy que hace un año».

Las tareas principales de la nueva administración eran de tipo financiero, y Chapaprieta planeaba completar su reforma fiscal y administrativa lo antes posible. El nuevo ministro cedista de Obras Públicas, el democratacristiano Luis Lucia, se dedicaba al mismo tiempo a la redacción de un nuevo programa de obras públicas en beneficio de las comunidades rurales pequeñas, a base de mejorar las carreteras, las comunicaciones y los servicios ferroviarios, al tiempo que se mantenía el programa existente de construcción de presas. Además de empezar a equilibrar el presupuesto, el nuevo gobierno esperaba también preparar una reforma electoral que introdujese cierta proporcionalidad, redujese el quorum del 40 por ciento, y dividiese al menos los distritos más grandes. Ganó fácilmente el voto de confianza por 211 contra 15, desde luego con muchísimas abstenciones. Los diecisiete decretos básicos de reducción presupuestaria habían aparecido ya en la Gaceta el 30 de septiembre. Se eliminaban cinco direcciones generales (secciones administrativas) en el Ministerio de Agricultura, tres en el de Justicia, y así sucesivamente. Los sueldos y gratificaciones gubernamentales superiores a las 1000 pesetas se reducirían automáticamente en un 10 por ciento. Se eliminarían en lo sucesivo la mitad de las vacantes de empleo en el gobierno, como también 597 conserjes en los ministerios y 300 automóviles oficiales. Chapaprieta presentó al Congreso una exposición más detallada de su presupuesto el 15 de octubre, en la que explicaba que había reconvertido ya gran parte de la deuda del 5 al 4 por ciento y reducido en 400 millones de pesetas el monto total presupuestario, mientras se aumentaban los impuestos en una cantidad aproximadamente equivalente y una mejor recaudación había añadido en los cinco meses anteriores otros 172 millones de pesetas más de ingresos públicos. Por lo tanto, aunque el gobierno planeaba gastar 400 millones más que antes en obras públicas y 250 millones más en la defensa nacional, el déficit calculado previamente para 1936 se reduciría sólo a 148 millones, y sería eliminado totalmente para finales de año. Aquello parecía una hazaña impresionante y asombró a la Cámara. En general, la producción industrial había acusado cierto aumento a la vez que la cosecha de 1935 fue excelente, tanto fue así que se originó el problema de cómo retirar del mercado los excedentes de cereales a fin de mantener unos precios adecuados.

Chapaprieta reconoció públicamente el especial papel ejercido en su gabinete por Gil Robles, que acudía a menudo a los consejos de ministros media hora antes para analizar asuntos importantes con él. Chapaprieta a su vez visitó al ministro de la Guerra, a veces a diario, prestándole una consideración especial dentro de su ajustadísimo presupuesto.

Un objetivo final del nuevo gobierno era normalizar la vida política, y en tal contexto se autorizó la reapertura de todos los centros políticos de Barcelona, exceptuando al extremista Estat Català. Los mítines multitudinarios continuaron, batiendo un récord Azaña con una gran concurrencia (200 000 o más personas) que acudió a oírle hablar durante más de tres horas al sur de Madrid. La CEDA anunció sus planes para un mitin del «medio millón», y se autorizó a los socialistas para celebrar también ellos uno, así como un nuevo congreso nacional.

La violencia política no había desaparecido desde luego, pero el ritmo de 1935 fue algo menos fuerte que en los dos años precedentes. El gobierno anunció, detalle curioso, que sólo habían resultado muertas 140 personas en actos de violencia política desde el inicio de la República, aunque la cifra real era mucho mayor. Todo aquel tiempo continuaron su labor represiva los consejos de guerra, traducida en numerosas condenas con penas de prisión largas, así como más de aquellas ritualizadas penas de muerte que no llegaban a ejecutarse. El 6 de octubre se produjo la única condena por haberse excedido en la represión misma, consistente en imponerle a uno de los acusados en el caso de asesinato de Sirval —el teniente Dmitri Ivanov, que había tirado del gatillo— la exigua condena de seis meses de prisión y una indemnización de 15 000 pesetas a la familia de la víctima por considerarle culpable de homicidio por imprudencia. La última gran ronda de consejos de guerra tuvo lugar los primeros días de 1936, y treinta y cuatro líderes de las milicias socialistas, incluyendo a los militantes socialistas más activos de ellas, pertenecientes anteriormente a la guardia civil y a la de asalto, fueron condenados a penas de distinta duración.

Y fue en aquel ambiente de parcial mejoría económica, con perspectivas de alguna reforma constructiva y un precario equilibrio económico, cuando estallaron de pronto los principales escándalos por corrupción de la República. Correspondió el primero a un novedoso artilugio electrónico de juego, tipo ruleta, conocido como el «Straperlo[30]», cuyos propietarios habían esperado legalizar su uso en España mediante negociaciones personales con algunos políticos, sobre todo radicales. Hubo al parecer un toma y daca de sobornos, pero la legalización nunca llegó a cristalizar, y los frustrados propietarios terminaron buscando una compensación o una venganza. David Strauss, un hombre de negocios holandés que era el promotor principal, había logrado ponerse al fin en contacto con Indalecio Prieto (que había trasladado temporalmente su exilio a Holanda) y con Azaña, que instó a Strauss a que escribiese al presidente de la República, cosa que se apresuró a hacer[31].

En vez de presentar aquel material a los tribunales para su investigación, Alcalá Zamora retuvo la correspondencia, presentándosela primero a Lerroux justo antes de la crisis de septiembre. Don Alejandro le echó a un lado, por considerarla una nimiedad sin importancia (como así era hasta cierto punto). Pero aquello le daba a Alcalá Zamora una nueva oportunidad de manipular y desacreditar al mayor partido del centro, su principal competidor personal por el espacio político. Los antiguos radicales de la política municipal de Barcelona se habían ganado justa fama de corruptos en los primeros años del siglo, fama que el extendido partido cógelotodo de los años republicanos nunca había sido capaz de quitarse del todo de encima. A pesar de que habían sido el presidente y la derecha después de todo los responsables de las continuas crisis desde finales de 1933, el espectáculo producido por tantos y tantos ministros radicales —encabezados por el incansable Rocha— jugando al «quítate que me ponga» con las carteras ministeriales, dio pie a la cínica convicción entre ciertos medios de que la principal motivación de todas aquellas crisis era permitir que el mayor número de radicales antiguos posible se hiciera con la jugosa pensión ministerial[32]. El partido se había extendido mucho en los años 1931-1932, como una especie de paraguas político republicano moderado sin una ideología definida, al menos comparado con las agrupaciones de izquierda y derecha, que discutían los temas políticos en unos términos maniqueístas de salvación y condenación. Lerroux siguió apoyándose en sus veteranos compinches del liderato del partido, personas leales para con él, pero no demasiado competentes en la mayoría de los casos, que a menudo daban la impresión de ser un hatajo de mercachifles del partido (cosa que sin duda eran algunos[33]).

Alcalá Zamora sólo informó al nuevo Primer ministro de la existencia de aquellas cartas después del primero de octubre, y Chapaprieta se alarmó ante las potenciales complicaciones. Aconsejó al presidente que no le contestase a Strauss y que le dejase llevar el asunto a los tribunales si le parecía, de seguro el consejo más sensato y oportuno. Y es de creer que Alcalá Zamora habría seguido la vía de la discreción de no haber mediado un incidentillo pocos días después. Los radicales habían organizado algunos grandes banquetes «de desagravio» (sin mayor implicación de suyo) a Lerroux en vista del dudoso modo con que el «señor presidente» le había despojado sin más de la cabecera del gobierno. Uno de los banquetes se celebró en el lujoso Hotel Ritz de Barcelona el 9 de octubre, al que asistió con cierta ostentación Gil Robles, quien se deshizo en elogios hacia don Alejandro. El anciano jefe radical, en su contestación, añadió unas palabras que indicaban más o menos que hay que respetar siempre a quien ocupa la jefatura del Estado, independientemente de la opinión que se pueda tener de la persona en cuestión[34]. Aquel incidente ofendió en lo más hondo la susceptible y puntillosa vanidad de don Niceto, y antes de anochecer el día siguiente informó al Primer ministro de que iba a entregar al gobierno toda la correspondencia referente al Straperlo, cosa que hizo el 15 de octubre. El consejo de ministros se hizo cargo del asunto inmediatamente, al tener noticias de que Azaña se disponía a hacer referencia pública al mismo en un inminente mitin multitudinario. Se decidió anunciar que se había recibido una demanda de origen extranjero en lo tocante a irregularidades cometidas por determinados funcionarios españoles y que se procedía a entregarla al fiscal del Tribunal Supremo para su investigación.

En cuanto se publicó la noticia (19 de octubre), los diputados de la oposición, oliendo sangre, pidieron una investigación parlamentaria completa, y enseguida fue nombrada la comisión de costumbre. A diferencia del paso de tortuga empleado por el Congreso en los dos años y medio anteriores, la «comisión del Straperlo» se movió con rapidez desacostumbrada, dando su informe a la Cámara a los cuatro días. De acuerdo con los datos disponibles, David Strauss había tratado primero de conseguir autorización para su máquina de juego en Barcelona a finales de 1933 y fue presentado al dirigente radical de allí, Pich y Pon (entonces subsecretario de Marina) y a Aurelio Lerroux, sobrino e hijo adoptivo del jefe del partido. Los dos convencieron a Strauss para formar una nueva sociedad en la que Pich y Pon y Aurelio Lerroux[35] recibían el 50 por ciento de las acciones a cambio de obtener la correspondiente autorización del gobierno. Consiguieron la aprobación del ministro de Gobernación, entonces Salazar Alonso, y de su subsecretario (Eduardo Benzo), aunque al parecer no recibieron en realidad soborno alguno estos funcionarios, y era necesario obtener también el visto bueno del Primer ministro, Samper. Un íntimo colega de éste, Sigfrido Blasco Ibáñez, hijo del famoso novelista radical, prometió supuestamente arreglar aquel asunto a cambio de un soborno de 400 000 pts. para el Primer ministro y una cantidad menor para el ministro de Gobernación. Se consiguió el permiso y en agosto de 1934 Strauss obsequió a don Alejandro y a Salazar Alonso con sendos relojes de oro valorados cada uno en 4600 pesetas, único valor en dinero o especies que se sepa que cambió de manos. El casino con el Straperlo se abrió en San Sebastián el 12 de septiembre de 1934, pero lo clausuró la policía tres horas después, supuestamente porque Strauss no había entregado el dinero del soborno. Strauss, enfurecido, exigió entonces a Aurelio Lerroux la devolución de todo lo que había invertido, pero este último lo convenció al parecer de que sería posible montar aquel negocio con éxito en la isla balear de Formentera, siempre que se pagaran unos pequeños sobornos a Juan José Rocha, ministro entonces de Marina, a Pich y Pon, a Benzo y a algunos otros. Strauss invirtió entonces dinero para abrir un nuevo casino en Formentera, para ver cómo se lo cerraban sin más a los ocho días debido a la presión ejercida por personas económicamente influyentes de Baleares. Strauss intentó seguidamente salvar lo más posible de sus inversiones exigiendo la devolución de 50 000 pesetas supuestamente pagadas a Aurelio Lerroux y otras 25 000, pagadas a Benzo. Se disolvió la sociedad en cuestión y Strauss reconoció haber recibido unas 75 000 pesetas frente a las 450 000 que aseguraba haber perdido[36].

El documento principal presentado por Strauss y su abogado estaba escrito en correcto español, pero carecía de firmas y no se acompañaba de prueba alguna de haber pagado sobornos. Tal vez sea casi imposible averiguar la verdad de todos aquellos alegatos, pues los dos relojes de oro fueron las únicas cosas valorables que cambiaron de dueño. El juego del Straperlo no estaba prohibido en realidad por las leyes españolas existentes, y cuando el informe se sometió a debate en la Cámara el 28 de octubre, Arranz, jefe independiente de la comisión parlamentaria, declaró: «No me atrevería a afirmar que en los hechos enjuiciados pueda existir delito». Sin embargo, el informe de la comisión recomendó que todas las personas importantes que habían sido objeto de alegaciones graves —Salazar Alonso, entonces alcalde de Madrid, Pich y Pon, gobernador general de Cataluña, Aurelio Lerroux, representante del gobierno en la Compañía Telefónica Nacional, el diputado a Cortes Blasco Ibáñez, el subsecretario de Gobernación, Benzo, y otras dos personas de menos relieve— presentaran la dimisión de sus cargos. Lo hicieron inmediatamente.

El informe del Straperlo causó auténtica sensación, simbolizada con máxima elocuencia en las palabras del líder falangista José Antonio Primo de Rivera, quien declaró en el Congreso: «Aquí hay sencillamente un caso de descalificación de un partido político: que es el Partido Republicano Radical». Pocos días después, les gritó a los diputados desde las tribunas del Congreso: «¡Viva el estraperlo!». Aquello se convirtió para los elementos extremistas de la izquierda y la derecha en un símbolo perfecto para satirizar la pretendida corrupción invencible del sistema parlamentario. Otros diputados más moderados censuraron también duramente a los radicales, y sus aliados de la CEDA se mostraron cada vez más celosos en lo tocante al procesamiento. Una reñida votación parlamentaria salvó a Salazar Alonso, pero, esa misma votación, ordenó el procesamiento de todos los demás mencionados en el informe, pese a la ausencia de pruebas claras.

Al día siguiente dimitían los dos principales políticos radicales del gobierno, Lerroux y Rocha, pero en esa ocasión no hubo ninguna «crisis presidencial», dado que Alcalá Zamora no tenía alternativa para Chapaprieta. Este último reorganizó su gabinete con el jefe agrario Martínez de Velasco como sustituto de Lerroux en Relaciones Exteriores, mientras dos radicales de segunda fila se hacían cargo de las dos carteras que tenía entonces el ubicuo Rocha. Poco después, el 19 de noviembre, el cedista Ignacio Villalonga fue nombrado para sustituir a Pich y Pon en Barcelona, donde trabajó en colaboración con los políticos de la Lliga.

El impacto del escándalo fue muy profundo en los radicales. Hubo toda una serie de reuniones, pero a los setenta y un años Lerroux estaba cada vez más apagado y había perdido toda su inspiración. No sabía que hacer y no ofrecía tampoco recursos ni capacidad de liderazgo. Aunque siguieron en la coalición, los radicales se abstuvieron en el voto inicial de confianza del nuevo gobierno, dando la impresión de ser incapaces de contraatacar o de tomar medidas enérgicas para limpiar su reputación. La opinión general de la Cámara era de que las imputaciones eran básicamente ciertas, aunque no se había podido probar casi nada hasta entonces. Los radicales a su vez se habían vuelto cada vez más hostiles hacia el Primer ministro, aunque el desdichado Chapaprieta había tratado de disuadir a Alcalá Zamora de que permitiera que aquel escándalo llegara a convertirse en un asunto político y sólo había actuado en el asunto como un honesto intermediario[37].

La actualidad del Congreso había vuelto a disminuir, con las escasas apariciones de la izquierda y la desorientación de los radicales. Sólo algún ataque personal ocasional de parte de un miembro de la oposición —o el famoso del 12 de noviembre del radical Pérez de Madrigal contra el Primer ministro— era capaz de suscitar un interés momentáneo, llegándose a veces a un desbarajuste verbal o un tumulto, cosa que calificó en una ocasión, a mediados de noviembre, el presidente del Congreso de un «espectáculo vergonzoso».

El 28 de noviembre estalló otro escándalo, cuando el exinspector general de administración colonial, un antiguo oficial del ejército apellidado Nombela, presentó una protesta pública ante la Cámara a cuenta de un pago indebido de fondos públicos por parte de Lerroux cuando era Primer ministro, que se había traducido en el cese de Nombela como consecuencia de sus primeras protestas. Aquel turbio asunto se originó con la cancelación de un contrato de transportes marítimos con las colonias algunos años antes al no haber prestación de servicios. En abril de 1935 el Tribunal Supremo había fallado a favor del demandante, un anciano consignatario catalán apellidado Tayá, que exigía 3 millones de pesetas como liquidación. El tribunal había ordenado que determinase la suma final una comisión de expertos, pero Tayá, que había tenido tratos financieros con Lerroux en años anteriores, se las arregló para conseguir que le pagaran directamente a cargo de los fondos de administración colonial a través de Moreno Calvo, subsecretario de Lerroux como Primer ministro. Nombela había protestado, y un subcomité de ministros del gabinete había revisado el asunto, pero aprobó de rutina el pago el 11 de julio. Nombela volvió a protestar, esta vez directamente ante Gil Robles, y el 17 de julio, el consejo de ministros canceló aquel pago, pero al mismo tiempo fue cesado Nombela. Éste pedía ahora justicia y la restitución de su buena fama.

Había pocas dudas de que se había cometido alguna irregularidad; pero ese tipo de problemas no se resuelven normalmente llevándolos al Congreso, donde se convierten fácilmente en fútbol político. Nombela había llevado el asunto directamente a Alcalá Zamora[38], y Chapaprieta vio la mano del presidente, decidido a acabar con Lerroux y con el poder que les quedaba a los radicales, tras aquella apelación al Congreso[39]. La Cámara nombró inmediatamente una comisión investigadora, presidida, como en el caso del Straperlo, por el conservador independiente Arranz. Se descubrió que la única persona culpable era, de nuevo el subsecretario Moreno Calvo, pero en esta ocasión Arranz dimitió de su puesto en la comisión debido al blando lenguaje del informe. Fue sustituido en la fase final por un liberaldemócrata.

El informe se discutió en una sesión nocturna de la Cámara del 7 al 8 de diciembre, y fue aprobado por 105 votos contra 7, aceptándolo la CEDA y absteniéndose la mayoría de los diputados. La minoría monárquica presentó entonces un voto particular contra Lerroux por prevaricación y falsificación, pero don Alejandro fue absuelto técnicamente por una votación de 119 votos contra 60. En cambio, una votación dirigida contra Moreno Calvo, arrojó 116 votos contra 48.

Este segundo escándalo —aunque en último término no había habido ningún pago incorrecto— acabó de desacreditar a Lerroux y a los radicales, estando pendientes aún más demandas por corrupción contra éstos. Los escándalos del estraperlo y de Nombela han sido comparados con el affaire de Stavisky en la Francia de 1933-1934, en el que los políticos radicales franceses habían estado implicados en un escandaloso caso de soborno. Aunque el caso de Stavisky sacudió los cimientos de la política francesa, su desenlace final no le afectó gran cosa, y a la larga, el Partido Radical francés, sumamente institucionalizado, sufrió un perjuicio relativamente menor. Pero en el sistema político español, mucho más fragmentado y apenas institucionalizado, el efecto combinado de los casos del Straperlo y Nombela —aunque no pasaron de ser unas minucias— el daño fue devastador.

Existen dos razones para explicarlo. Una es que en España, a diferencia de otros países, por ejemplo, de Europa Oriental o Iberoamérica, que trataban asimismo de establecer sistemas democráticos, los funcionarios del gobierno eran honrados por lo general y no se prestaban a tapujos financieros. Cuando se descubrieron casos de corrupción pública, el clamor resultante fue lógicamente mucho más fuerte.

Un segundo motivo es que muchas agrupaciones políticas españolas argumentaban a base de términos utopistas de una moralidad absoluta y una ideología doctrinaria. En un clima político tan sobrecargado, el espectáculo que daban los radicales de un partido democrático «normal y cógelotodo», acostumbrado al tejemaneje político ordinario e involucrado en un grado de corrupción de cierto bulto, provocó una censura universal, y la rápida descomposición del viejo partido. Los radicales tenían una estructura y cohesión interna limitadas: su punto más fuerte residía en la política de nivel local y en la resolución de los problemas corrientes de la gente. Habían conseguido más alcaldes, más concejales y miembros de las diputaciones provinciales que ninguna otra fuerza política concreta, pero esas pequeñas personalidades locales no estaban capacitadas para proporcionar una gran directiva a nivel nacional. La mayoría de sus miembros eran afiliados recientes de motivación pragmática. Cuando su organización nacional se fue a pique y un Lerroux agotado y amargado evidenció su pérdida de capacidad de liderazgo, muchos radicales común y corrientes se pusieron a buscar nuevos pesebres políticos[40].

En medio de aquel tedioso panorama, el menudo y asediado Primer ministro luchaba por llevar a cabo su reforma presupuestaria y financiera. Con ocasión de un acto público, llamó a capítulo a la Cámara por los intereses sectarios y partidistas de la mayor parte de los diputados y su falta de interés por asuntos económicos acuciantes[41], y tenía razón sobrada para hacerlo. Ante el desbarajuste de los radicales, la mayoría de Chapaprieta dependía de la CEDA, la mayor parte de cuyos diputados se oponían a aspectos clave de sus reformas presupuestarias y de impuestos. Cuando se reunió el consejo de ministros el 9 de diciembre, Gil Robles volvió a decirle al Primer ministro que la CEDA aceptaría el pequeño aumento propuesto para los impuestos de sociedades, pero que tendría que votar contra otros aspectos, especialmente contra un pequeño aumento de los impuestos del patrimonio. Para Chapaprieta, carente de partido o mayoría propia alguna y azotado por todo tipo de presiones partidistas, aquello fue el colmo. Como había previsto la CEDA, el Primer ministro dimitió, señalando en su nota a la prensa que el fracaso de su gobierno equivalía a «una confesión de la incapacidad de esta Cámara para dejar terminado un solo presupuesto ordinario[42]».

La pelota volvía a estar en el tejado del presidente, que se había negado a permitir que ninguno de los líderes de los dos mayores partidos del Congreso presidiesen un gabinete con normalidad, y en el caso de Gil Robles, le denegó taxativamente el máximo cargo ejecutivo. Hubo al parecer varios elementos detrás de aquella «gran estrategia» de don Niceto. Uno era impedir a toda costa que la CEDA dominase en el gobierno, y el segundo consistía en tener a Lerroux alejado del poder, cosas ambas que había logrado ampliamente. Igual que las izquierdas, el presidente prefería unas nuevas elecciones que debilitasen a las derechas, pero se encontró él a su vez en una posición constitucional ambigua. Habiendo disuelto ya unas Cortes, aunque constituyentes, una segunda disolución podía proporcionar motivos para la censura consiguiente. El objetivo positivo de Alcalá Zamora, por otro lado, era una reforma constructiva de la Constitución, muy necesitada de enmienda. Había contado con mantener el gobierno existente sometido a su arbitraje y manipulación hasta que se aprobasen las reformas constitucionales, planteadas ya para su discusión en las últimas semanas del año, posiblemente junto con una ley de reforma electoral. Una enmienda constitucional incluso muy limitada, o simplemente un cambio de las reglas de la reforma constitucional, podrían bastar de suyo para provocar la autodisolución espontánea de las Cortes que la hubiesen votado. De aquella manera, y de una buena vez, se podía conseguir alguna clase de reforma constitucional así como la liquidación de una Cámara centroderechista —aborrecida por el presidente y por la izquierda— sin que el Jefe de Estado tuviese que cargar con la responsabilidad de tal disolución. Pero la gran incógnita era ahora cómo conseguir que la Cámara siguiera funcionando hasta conseguir aquella reforma en vista de la creciente hostilidad de la CEDA y del incipiente colapso de los radicales.

Los cálculos de Gil Robles eran, desde luego, diferentes. Aunque se daba perfecta cuenta del constructivo carácter de las reformas financieras de Chapaprieta, Gil Robles estuvo lejos de hacer el máximo esfuerzo para superar la oposición existente hacia ellas dentro de su partido. Visto el grave derrumbe de los radicales, la caída del gobierno presente dejaría escasa alternativa al deseado objetivo de un gabinete dominado por la CEDA con Gil Robles de Primer ministro. Un gobierno así podría continuar las contrarreformas conservadoras de 1935 y, por lo menos, iniciar el proceso de la reforma constitucional, aunque podría no ser capaz de hacerse con la mayoría del 51 por ciento de la Cámara necesaria después del 9 de diciembre. Aquella meta sería una reforma mucho más derechista que la deseada por Alcalá Zamora, con un ejecutivo mucho más poderoso y una estructura parcialmente corporativa al menos, y al presidente apenas le quedaría otra alternativa que disolver las Cortes por iniciativa propia. El planteamiento de Gil Robles era correcto, pero no tuvo del todo en cuenta la infinita capacidad de manipulación del presidente.

Alcalá Zamora inició sus consultas el 10 de diciembre. Su primera tentativa residía en convencer al honrado y apreciado líder agrario Martínez de Velasco para que formase una nueva coalición centro-derechista como maniobra dilatoria, con las Cortes en suspenso durante treinta días. Pero una fuerte oposición de la CEDA y otros elementos demostró que aquello era imposible.

Al anochecer del día 11 de diciembre se veía muy claro que Alcalá Zamora tenía menos intenciones que nunca de nombrar un gobierno de la CEDA, aunque ello equivaliese a una disolución directa con toda la incertidumbre consiguiente. Gil Robles fue directamente a ver al Jefe de Estado para protestar en tono airado y vehemente contra aquel salto en el vacío. Prometió que un gobierno encabezado por la CEDA equilibraría el presupuesto con más fondos para obras públicas y las medidas para aliviar el paro, terminaría los procesos todavía pendientes originados en la insurrección, fortalecería simultáneamente la economía y las fuerzas armadas e iniciaría también la reforma constitucional, pero Alcalá Zamora se mantuvo inamovible[43].

Habían vuelto a circular rumores de un golpe militar, y el Ministerio de Guerra se hallaba ya bajo la vigilancia armada de destacamentos de la guardia civil. Dentro del ministerio, dos militares de bastante peso (Fanjul y Varela) hablaban apresuradamente tratando de convencer al enojadísimo e indignado líder de la CEDA de que había llegado la hora de emplear las fuerzas armadas. Por vez primera, Gil Robles llegó a vacilar. Otro pronunciamiento parcial sería un desastre, pero si los altos mandos de las fuerzas armadas estaban unidos detrás de una actuación de ese tipo para prevenir la violación de la ley constitucional y una disolución «ilegal» del Parlamento, Gil Robles facilitaría aquel paso «decretando el estado de guerra y transmitiendo las órdenes[44]». La figura clave era entonces Franco, quien, como jefe del Estado Mayor, podría aglutinar de modo más eficaz a los militares. Consultado inmediatamente, Franco fue categórico: la crisis presente, no era de un carácter tal que justificara la intervención militar. Gran parte del ejército no apoyaría un paso así, lo que en aquel momento sólo podría terminar en un desastre[45].

Alcalá Zamora consultó entonces con Miguel Maura tratando de formar una nueva coalición centroderechistas, pero aquella jugada suscitó enseguida el veto de Gil Robles, al tiempo que Chapaprieta rechazaba repetidas peticiones de hacer un nuevo intento. No quedaba entonces otra alternativa que preparar la disolución, pero el presidente trató entonces de recurrir a un gobierno de gestión (interino) a base de elementos centristas, lo suficientemente fuerte para formar una coalición de centro capaz de conseguir el equilibrio del poder. Su elección cayó en Maura y en el anciano político exliberal Manuel Portela Valladares, que había demostrado su tacto y firmeza como ministro de Gobernación a principios de año. El que Portela no fuese miembro de la Cámara ni tuviera un partido que lo respaldara no era un punto flaco a los ojos del presidente, porque así tendría que ser más dependiente de él y leal a una nueva coalición centrista dirigida indirectamente por el Jefe de Estado mismo. Miguel Maura, en cambio, se negó indignado a participar en tal jugada, la más ambiciosa y escandalosa de las manipulaciones del presidente, y comunicó a los reporteros de la prensa el 13 de diciembre que Alcalá Zamora planeaba formar un gobierno mediante una «vieja política del peor estilo».

Y de ese modo se formó un gabinete el 14 de diciembre encabezado por Portela Valladares con la clara idea de organizar unas nuevas elecciones (aunque no se las mencionó de momento), en las que sería posible, en palabras de Alcalá Zamora, «centrar la República» a base de conseguir de 140 a 150 diputados mediante un nuevo bloque centrista. El Jefe de Estado calculaba que Portela, que tenía casi setenta años de edad, necesitaría varios meses para llevar a cabo aquel plan. En consecuencia se presentó el gobierno como una nueva coalición centrista que empezaría cerrando el Congreso durante treinta días de acuerdo con la prerrogativa del presidente. Se componía de dos independientes (Portela mismo y Chapaprieta, en Hacienda), los radicales (inmediatamente desautorizados por Lerroux), dos militares (un general y un almirante, encargados respectivamente de los Ministerios de Guerra y Marina), un agrario, un liberaldemócrata, un republicano progresista, y un ministro de la Lliga Catalana.

Manuel Portela Valladares cuando era gobernador general de Cataluña en 1935

Gil Robles entregó a la prensa una extensa nota el 16 de diciembre, afirmando que a resultas de la crisis desaparecía cualquier posibilidad de que la CEDA realizase sus objetivos económicos, como el gran programa nuevo de obras públicas, el crédito gubernamental para combatir el paro y mantener los precios de los cereales, o el fortalecimiento de las fuerzas armadas. Dimitieron los representantes de la CEDA en los ayuntamientos y diputaciones provinciales en todo el país y los medios del partido lanzaron toda una campaña de propaganda contra el nuevo gobierno y, por implicación, contra el presidente, al que desde ese momento Gil Robles había resuelto echar fuera. La izquierda, en cambio, estaba jubilosa, y supo interpretar el nombramiento del nuevo gobierno como el preludio de unas nuevas elecciones.

La izquierda pasó inmediatamente a apodar el período centroderechista de 1934-1935 como el bienio negro, dedicado a la destrucción de las reformas republicanas, aunque tal enfoque propagandístico se pasaba de simplista. No habían sido anuladas por ley ninguna de las principales reformas republicanas, exceptuando la draconiana reducción de una reforma agraria que nunca había sido muy extensa. Se había dejado que perdiese fuerza en la práctica gran parte de la reforma laboral, cosa que había ocurrido también con el programa discriminatorio contra la Iglesia, habiéndose iniciado ya negociaciones con el Vaticano para establecer un nuevo Concordato. Con esas notables excepciones, la legislación reformista seguía en pie y los Parlamentos de 1934-1935 habían aprobado en total 180 elementos de legislación nueva, que en varios aspectos complementaban las reformas originales. Pero lo que desde luego parecía decidido en aquel momento era un veto a más reformas junto a una determinación general de limitar las que se habían efectuado. Los resultados temporales de ese tipo son cosa normal en los sistemas representativos, pero para la izquierda equivalía todo aquello a dos años de reacción y esterilidad.

El bienio en sí había sido realmente una época de esterilidad, porque ni la CEDA ni los radicales habían sido capaces de cumplir sus objetivos principales, y todas las fuerzas políticas, exceptuando parcialmente a los partidos más centristas, compartían la responsabilidad por aquel fracaso. El concepto de oposición leal era del todo ajeno a la izquierda, pues los republicanos de izquierda identificaban el régimen exclusivamente con sus propios objetivos y proyectos, denegando a sus rivales una representación eficaz o una participación en el poder. Los anarquistas y socialistas fueron peores todavía, y en cuanto a la postura y la retórica de la CEDA eran a menudo provocativas y amenazadoras. La actividad de los monárquicos fue ante todo obstruccionista.

Hicieron sentir su peso numerosas influencias negativas, entre ellas el destructivo poder de una gran prensa tendenciosa de los partidos, la influencia de los grupos de presión, y los efectos de los escándalos financieros. La represión se ejerció con gran torpeza y fue en último término contraproducente, suscitando simpatía hacia la izquierda entre los elementos moderados del centro. Fue inepta la política social y económica de unos gobiernos cada vez más efímeros, y la misma reforma de Chapaprieta inadecuada y restrictiva. A los trabajadores les tocó una organización sindical demasiado politizada, y el endeble movimiento sindical católico, con apenas un cuarto de millón de afiliados, fue incapaz de brindar una alternativa no izquierdista viable.

Alcalá Zamora estuvo motivado por el laudable objetivo de defender un gobierno democrático centrista y liberal, pero una vanidad y un ego demasiado grandes no le permitieron ser un presidente plenamente funcional. Sus continuas interferencias imposibilitaron el normal funcionamiento del Congreso y de la Constitución. Nada se ganó con su incesante manipulación y la negativa de un mayor acceso a la CEDA. Incluso habría sido preferible la posibilidad del dominio de Gil Robles en el gobierno y la introducción en la República de aspectos más conservadores y autoritarios que el derrumbe absoluto que se produjo en 1936.

Sólo los partidos del centro se empeñaron de verdad en romper con las fuerzas antidemocráticas y apegarse al perfil de una democracia constitucional. Vista así la cosa, habría dado resultado esforzarse más por ampliar el centro, tal vez en el sentido de los nacionalistas vascos o de la Lliga Catalana con anterioridad a 1935. Una política de miras más amplias podría también haber sacado ventaja de la escisión de la CNT. Todos los líderes responsables, salvo el presidente, reconocieron la importancia de mantener una coalición viable, prosiguiendo la labor gubernativa y evitando unas elecciones prematuras que podrían traducirse en otra oscilación del péndulo, inherentemente destructora. Si se hubieran retrasado las elecciones hasta el final del mandato constitucional, en noviembre de 1937, había por lo menos algunos motivos para creer que la polarización podía reducirse, el centro se habría fortalecido algo, y la economía habría seguido mejorando a la vez que el aumento de la tensión internacional podría haber alentado de hecho la moderación nacional. Una amnistía de los presos políticos en 1936 (aunque prácticamente impensable con la CEDA) habría atenuado mucho la frustración y resentimiento de la izquierda, y en cualquier caso, una coalición dirigida por la CEDA pudo decididamente haber gobernado hasta 1937. Más aún, cierto grado de reforma electoral (siguiendo las líneas de una mayor proporcionalidad, tan deseadas por la CEDA y por la Lliga) habrían moderado la polarización electoral[46].

El único gran partido que apoyó la democracia liberal fueron los radicales. Su misma ausencia de doctrinarismo y su tendencia al compromiso los hacían sospechosos por antonomasia a los ojos de las agrupaciones doctrinarias y extremistas, y sin embargo constituyeron la única fuerza política de peso que jugó siempre de acuerdo con el código constitucional y democrático, por injustamente que les cargaran la mano. Las agrupaciones extremistas de izquierda y derecha que execraban la «inmoralidad» de los radicales, iban a dedicarse enseguida al mutuo asesinato a gran escala a la vez que el modo que tuvieron de manejar las finanzas del Estado y otras sólo un año después, durante la Guerra Civil, convertirían los pecadillos de los desdichados radicales en algo así como una tómbola catequística. Vemos así que el concepto de la moralidad política es sumamente elástico. Hablará siempre en pro de los radicales el hecho de que para bien o para mal camparon siempre como los principales defensores y practicantes de una democracia republicana y ello debe merecerles una cierta hazaña en la historia de España[47].

El fracaso político de 1935 fue tanto más hiriente si lo comparamos con el éxito de España en esa época en el campo de las artes y, aunque muy modesto, también en el de la ciencia. La República coincidió con un boom general de la publicación, traducido en muchas colecciones de libros originales y de obras traducidas. Hubo un teatro pujante con dramaturgos añejos como Jacinto Benavente y otros novedosos como Alejandro Casona, mientras Federico García Lorca, la estrella nova más luminosa en un firmamento literario impresionante, además de poeta, llegó a estrenar tres obras dramáticas distintas en poco más de doce meses entre el otoño de 1934 y el final de 1935. Otros nuevos poetas de la talla de Vicente Aleixandre, Rafael Alberti y Jorge Guillen estaban adquiriendo fama propia, mientras que los pintores españoles —Picasso, Gris y Miró— coronaban el mundo de la pintura internacional. El violoncelista Pau Casals era ya un mito internacional, y empezaban a llamar la atención creadores de cine españoles del tipo de Luis Buñuel. Don Ramón Menéndez Pidal estaba en el apogeo de sus facultades y era ya el decano de los historiadores españoles; acababa de empezar su enciclopédica Historia de España en 40 tomos. En 1935 un entomólogo español de fama mundial presidió en Madrid un Congreso Internacional de Entomología, y España triunfaba también en los concursos de belleza, cuando Alicia Navarro, «Miss España 1935», ganaba en Londres el título de «Miss Europa». La piel de toro pudo asomarse además a otra dimensión máxima del espectáculo deportivo internacional cuando el boxeador guipuzcoano Paulino Uzcudun luchó, y perdió por puntos, por el campeonato mundial de pesos pesados.

CAPÍTULO 11

LAS ELECCIONES DE 1936

Era ampliamente previsible que un gobierno tan irregular como el de Portela Valladares no podía ser más que el preludio de la disolución del Congreso y de unas nuevas elecciones. Quedaban en pie dos cuestiones básicas: una era el momento de los nuevos comicios; y la otra la estructura de las alianzas que iban a contender en ellos. De acuerdo con las memorias de Portela[1], éste convino inicialmente con Alcalá Zamora que su gobierno seguiría en funciones durante un mínimo de dos meses, lo que le daría tiempo para adquirir un firme control de los mecanismos administrativos y organizar una nueva y eficiente organización centrista. Las nuevas elecciones no se anunciarían hasta mediados de febrero de 1936, para ser celebradas a comienzos de abril, pero distintas presiones aceleraron aquel calendario reduciendo considerablemente el proyecto en cuestión.

Portela Valladares, alto y nada joven, la cabeza coronada por una nívea melena, se aparecía ante algunos observadores como una especie de mago o hechicero envejecido, encargado de lanzar un nuevo conjuro capaz de superar de algún modo la fragmentación cívica. Durante toda la segunda mitad de diciembre se afanó con los usuales cambios de personal y sustituciones de gobernadores civiles, en un esfuerzo por hacerse con un mecanismo de poder político nuevo y adicto con la mayor rapidez posible.

La innovación más notable del nuevo gobierno de coalición extraparlamentaria consistió en el total restablecimiento de las garantías civiles por una de las primeras veces en la historia de la República. La prensa izquierdista resurgió en todo su esplendor, dedicada por un lado a atacar a los militares y a los gobiernos del bienio negro —sinónimo consagrado para ella de los dos últimos años de gobierno centroderechista— y por el otro a elogiar el autosacrificio y los supuestos logros de los rebeldes de 1934. La izquierda socialista sostenía ahora que la revolución de octubre, aunque aparentemente había sido un desastre, había sido de hecho una victoria defensiva, porque había demostrado a las fuerzas reaccionarias y fascistas que no serían toleradas y había salvado a la República de desviarse del todo hacia la derecha.

Aparte del Primer ministro, el miembro más activo de la coalición fue Chapaprieta, dedicado esta vez no a reformas financieras (que había que posponer de momento) sino a los intentos de negociación de una nueva y amplia alianza electoral de centro-derecha que podría incluir a la CEDA. Como se sabía que la izquierda (según veremos luego) había tenido éxito en los últimos meses en la reconstrucción de la alianza izquierdista republicano-socialista, Chapaprieta tenía muy claro que un nuevo frente izquierdista amplio sólo podía ser derrotado por una alianza, de la misma amplitud, de todas las fuerzas parlamentarias constitucionalistas del centro y la derecha moderada. Aunque la CEDA había lanzado una furiosa campaña contra el presidente y contra el gobierno de Portela, Chapaprieta prosiguió sus negociaciones y tuvo una alentadora entrevista con Gil Robles el 19 de diciembre[2].

Se convirtió en un obstáculo de calibre el plan, anunciado por el nuevo gobierno, de prorrogar por decreto el presupuesto en vigor por tres meses más. Era necesario tomar una medida de ese tipo, puesto que no se había votado un presupuesto, pero la Constitución indicaba que sólo las Cortes tenían el poder presupuestario y de cualquier prorrogación de este tipo. Alcalá Zamora y Portela asumieron la no poco ingenua postura de que, como el presupuesto anterior había sido aprobado por la Cámara, era legal que el gobierno prorrogase temporalmente aquel mismo presupuesto en ausencia de sesiones de la Cámara, pasando por alto el hecho de que tenían cerrada la Cámara intencionadamente. Gil Robles escribió una vehemente carta de protesta al presidente de las Cortes el 17 de diciembre, y hubo una reunión de los líderes de las diferentes minorías parlamentarias el día 23 para discutir aquel problema[3].

El líder de la CEDA estaba cada vez más impaciente. Pensaba (y no se equivocaba) que los objetivos de fondo de Portela eran tan antiderechistas como antiizquierdistas, y el 27 de diciembre anunciaba la CEDA sus planes de formación de «un amplísimo frente contrarrevolucionario» en el que no se admitiría ningún partido que siguiera formando parte del gobierno de Portela. Cuando se reunió el consejo de ministros el 30 de diciembre, Portela Valladares denunció las actividades de varios miembros del gabinete que mantenían negociaciones a espaldas del gobierno, a pesar de haber dado él ya su aprobación nominal a los esfuerzos de Chapaprieta para negociar con la CEDA. Dimitió entonces el gabinete entero, tras lo que Alcalá Zamora autorizó inmediatamente a Portela para sustituir a todos los ministros del mismo, cosa que logró hacer para las 7 de aquella tarde. El nuevo gabinete se componía de dos radicales disidentes, un republicano progresista, un liberaldemócrata y unos cuantos independientes. La nota entregada a la prensa al día siguiente justificaba la formación del nuevo gabinete como un esfuerzo necesario para crear un centro republicano capaz de superar la polarización existente entre la izquierda y la derecha antes de que fuese demasiado tarde. El 31 de diciembre fue prorrogado el presupuesto por decreto a pesar de la dudosa constitucionalidad del procedimiento, y el 2 de enero la Gaceta publicaba un decreto presidencial suspendiendo las Cortes por otros treinta días. Su objeto era desde luego darle tiempo al nuevo gabinete para conseguir el control de los mecanismos políticos y administrativos antes de celebrar las nuevas elecciones.

A aquellas alturas, la rutina gubernamental de la República española había iniciado un curso paralelo al de algunos de los aspectos negativos de la República de Weimar en sus últimos años de vigencia en Alemania. En ambos casos la autoridad presidencial había suplantado el funcionamiento normal del Parlamento. Aunque esa tendencia no había ido ni con mucho tan lejos como la de Alemania entre 1930 y 1933, la intermitente costumbre de Alcalá Zamora de nombrar gobiernos efímeros sin apoyo parlamentario iba traduciéndose en un vacío de autoridad parecido, y facilitaba, en vez de ponerle coto, el comportamiento irresponsable de los partidos políticos.

El 2 de enero cuarenta y seis diputados de la CEDA en unión de cierto número de diputados radicales y monárquicos, solicitaron del presidente de la Cámara una reunión inmediata de la Diputación Permanente del Congreso —el pequeño organismo permanente que podía ser convocado cuando el Congreso no celebraba sesiones— para acusar al Primer ministro y a su gabinete de responsabilidades penales incurridas por la prorrogación ilegal del presupuesto y la suspensión «anticonstitucional» del Parlamento. Portela accedió a comparecer ante la Diputación Permanente, cuya reunión se fijó para el 7 de enero. Pero el día anterior, Portela fue a ver al presidente y publicó inmediatamente un decreto de éste que disolvía el Parlamento y convocaba elecciones para el 16 de febrero, al tiempo que anunciaba que estaría representado en la reunión de la Diputación Permanente por su ministro de Agricultura.

Cuando se reunieron al día siguiente, Miguel Maura acusó al gobierno de Portela en los siguientes términos:

Está pendiente una acusación contra el gobierno con todos los requisitos que la Constitución exige para que sea cursada. Y cuando está pendiente esa acusación motivada, el presidente de la República, de acuerdo con el gobierno, disuelve el Parlamento y no comparece siquiera ante la Diputación. Eso es veinte veces peor que lo de la monarquía y no tiene nada que ver ni de cerca ni de lejos con la República[4].

Portela pondría enseguida manos a la obra para cocinar su nuevo Partido del Centro Democrático (una especie de puesta al día del Partido Republicano Progresista de Alcalá Zamora), mientras la CEDA se preparaba para lanzar una gran operación electoral por su cuenta.

Creación del Frente Popular

Todos los republicanos de izquierda, junto con muchos socialistas estaban de acuerdo en que el motivo del desastre electoral de 1933 había estado en la ruptura de su alianza. Para los republicanos de izquierda su renovación se convirtió en una meta básica. En abril de 1935 los primeros en lograr un convenio de unidad de acción fueron tres partidos republicanos de izquierda, la Izquierda Republicana de Azaña, la Unión Republicana, más moderada, de Martínez Barrio, y el minúsculo Partido Nacional Republicano. El 12 de abril, cuarto aniversario de la derrota de la monarquía, emitieron una declaración conjunta especificando los requisitos mínimos de la restauración de una democracia republicana tal como la definían ellos: el restablecimiento de las garantías constitucionales, la excarcelación de los detenidos de octubre, la abolición de la tortura policíaca, poner fin a cualquier discriminación contra los liberales e izquierdistas en los empleos del Estado, libertad para todos los sindicatos, readmisión de todas las personas cesadas desde octubre por motivos políticos, y el restablecimiento de todos los ayuntamientos sustituidos por el gobierno desde octubre[5].

Desde noviembre de 1934 Azaña e Indalecio Prieto habían mantenido correspondencia sobre la necesidad de reconstruir la alianza. Prieto aprovechó su libertad en el exilio para convertirse en la figura más activa de la directiva socialista. La línea de argumentación que adoptó a partir de noviembre de 1934 rezaba que la insurrección había luchado para defender la democracia republicana y no para imponer la revolución y que la meta fundamental tenía que situarse en la restauración completa de la democracia republicana. Ya en enero de 1935 alcanzó una concordancia básica de opiniones con Azaña: los socialistas y los republicanos de izquierdas tenían que restablecer su alianza en unas nuevas elecciones adoptando un programa sumamente moderado dentro de los cauces del constitucionalismo republicano y dejando lugar para un número considerable de candidatos republicanos de izquierda dentro de la coalición electoral de modo que ésta disfrutase de una sólida base parlamentaria para formar un gabinete compuesto exclusivamente de republicanos de izquierdas[6]. El 23 de marzo de 1935 escribió Prieto a la comisión ejecutiva del partido esbozando algunos planes iniciales, recalcando la importancia de la alianza con los republicanos de izquierda, y mencionando también la necesidad de disciplinar a las Juventudes Socialistas[7]. A finales de aquel mes, Juan-Simeón Vidarte, hombre de confianza de Prieto, secretario de la comisión ejecutiva y cabeza de facto del aparato del partido, había publicado una circular del mismo que hacía mucho hincapié en la importancia de las libertades republicanas, la naturaleza defensiva de la insurrección de octubre, y el carácter moderado y responsable del partido[8]. El 14 de abril, cuarto aniversario de la fundación de la República, Prieto y el republicano centroizquierdista Sánchez Román publicaron sendos artículos en El Liberal, periódico de Prieto, sobre la necesidad de unidad de la izquierda.

Largo Caballero protestó cuanto pudo contra cualquier alianza en una carta dirigida a la comisión ejecutiva el 29 de abril. Santos Julia ha llamado a esto el comienzo del caballerismo como facción aparte dentro del partido. Aquella carta recalcaba la naturaleza proletaria, revolucionaria y clasista del partido y la UGT, y protestaba contra cualquier movimiento o gesto que apuntase a una alianza con los republicanos de izquierda[9]. A aquellas alturas los socialistas se hallaban claramente divididos en tres sectores, los pequeños e impotentes marxistas «ortodoxos» de cuño propio de la «derecha» besteirista, el «centro» socialdemócrata prietista, y la «izquierda» caballerista. Desde abril de 1935 hasta el comienzo mismo de la Guerra Civil, la prensa socialista estaría colmada de enconada polémica entre estos tres sectores. El 28 de abril, el día anterior a la carta formal de protesta de Largo Caballero, Besteiro pronunció su discurso de entrada en la Academia de Ciencias Políticas y Morales sobre «Marxismo y antimarxismo», asegurando que Marx no había propuesto la dictadura del proletariado como un objetivo de suyo necesario o deseable, y que el verdadero marxismo conducía a un socialismo democrático[10].

La principal tribuna de expresión de Prieto en 1935 era El Liberal, diario bilbaíno de su propiedad, donde publicó una serie de cinco artículos a finales de mayo, reproducidos por lo menos en otros ocho periódicos, sobre la necesidad de un programa práctico de unidad más amplia. Advirtió que cuando los incendiarios portavoces de las Juventudes Socialistas hablaban sobre el socavamiento del socialismo, sus palabras debían empezar por dirigirse antes que nada contra las sectarias actividades de las Juventudes Socialistas mismas. Recopiladas en el opúsculo Posiciones socialistas del momento, recibieron como contestación inmediata Las falsas «posiciones socialistas» de Indalecio Prieto, de Carlos de Baráibar, que sostenía entre otras cosas que una nueva coalición electoral sería una cosa inútil porque, para el momento en que se celebrasen las próximas elecciones, el gobierno cedorradical habría cambiado ya totalmente la ley electoral, cuando de lo que se trataba era de destruir el sistema entero.

La nueva ola del radicalismo caballerista propugnaba como objetivo la «bolchevización», o sea convertir el socialismo español en el mismo tipo de «instrumento revolucionario» que había sido el bolchevismo ruso en 1917. Sus portavoces principales eran el Leviatán, revista teóricamente mensual de Araquistain y el nuevo semanario caballerista Claridad, que empezó a publicarse en julio. Araquistain afirmaba aquel mes en Leviatán: «Hoy la CEDA está más cerca de la Izquierda Republicana que de los monárquicos de Renovación Española, e Izquierda Republicana más cerca de la CEDA —en cuanto a su concepción final de la República— que del Partido Socialista». Profetizó que la CEDA se uniría con los republicanos moderados y acudiría a las elecciones siguientes «con bandera francamente republicana». Araquistain concluía con que Azaña «y unos cuantos más como él» postulaban como principio una democracia «utópica» situada por encima de las clases sociales, pero aseguraba a sus lectores que un proyecto de aquel tipo sería destruido por procesos históricos inevitables. La afirmación más extremista en cuanto a «bolchevización» la constituyó probablemente el opúsculo Octubre, segunda etapa, escrito por Carlos Hernández Zancajo, presidente de la comisión ejecutiva de la sección madrileña de las Juventudes Socialistas, y otros colegas de él. Reclamaba la expulsión de los besteiristas y la total bolchevización del partido, pidiendo una consumación de la revolución de octubre española mediante una segunda fase que construyera una organización leninista centralizada con un aparato político secreto, un ejército rojo revolucionario, y el establecimiento final en todo el mundo de una dictadura del proletariado[11].

Las organizaciones socialistas no sólo tenían que dirimir la cuestión de la alianza con los republicanos de izquierda, situados a su derecha, sino también con el pequeño pero creciente Partido Comunista, más a la izquierda. La insurrección de octubre, a la que los comunistas sólo pudieron sumarse en el último minuto, después de un cambio habido en la línea de Moscú, señaló una ruptura para ellos. Por vez primera participaron como un aliado total con los demás movimientos obreros de importancia en una empresa revolucionaria. Más aún, mientras la línea socialista enmudeció posteriormente —negando cínicamente Largo Caballero cualquier responsabilidad a fin de evitar una pena de cárcel grave—, los comunistas se envolvieron en la enseña de la insurrección, identificándose plenamente con ella, exagerando mucho en los procesos la importancia de su propio papel y ganando así las simpatías de algunos de los sectores más incendiarios de los demás movimientos obreros. Su objetivo era un frente unido con los socialistas que los colocara en una posición de apoderarse de la organización más grande, y desde noviembre de 1934 hasta todo el primer semestre de 1935 hicieron continuas proposiciones a los socialistas de establecer unos comités de enlace amplios, encargados de coordinar las distintas organizaciones de los dos movimientos e incluso de iniciar la fusión de la UGT y de la CGTU, el sindicato comunista. A pesar de la actitud procomunista de muchos de los bolchevizantes del PSOE, la directiva de este partido (empezando por Largo Caballero y sus más íntimos) rechazaron tenazmente aquellas proposiciones, estableciendo solo un comité conjunto para administrar el socorro a las víctimas de la represión[12]. La Alianza Obrera se había extinguido virtualmente y a mediados de 1935 los socialistas se hallaron de hecho aislados.

El verano de 1935 constituyó una época de grandes mítines izquierdistas multitudinarios. La mayor concentración comunista efectuada en España se celebró en Madrid el 2 de junio, y no dejó dudas de que el partido estaba creciendo. Pero las mayores multitudes eran obra de Azaña, especialmente sus grandes mítines al aire libre del 26 de mayo en Valencia y el 14 de julio en Baracaldo. El volumen de las multitudes azañistas no escapó siquiera a la izquierda socialista. Los sectores prietistas celebraron también unos cuantos mítines unidos con los republicanos de izquierdas, y algunas de las concentraciones izquierdistas se efectuaron bajo la bandera de la Alianza Obrera o del Frente Antifascista, para mantener la idea de que existía algún tipo de unión de amplio espectro.

Los caballeristas no se dejaron impresionar al principio. Sostenían que lo que menos falta hacía era resucitar la diluida Alianza Obrera. Las llamadas a la acción conjunta fueron atribuidas (en parte estaban en lo cierto) a las exigencias de la política soviética exterior, e interpretaron al principio las grandes multitudes azañistas como puro sentimentalismo pequeñoburgués. Araquistain exclamaba infalible que Azaña no debía olvidar realmente el papel que estaba desempeñando, dando a entender que no era otro que el de Kerensky, al servicio de los bolchevistas/caballeristas.

La iniciativa en la unión de la izquierda había sido emprendida en Francia en 1934 por las organizaciones comunistas y socialistas y dio lugar al gran rassemblement populaire de izquierdistas y liberales de clase media (principalmente los radicales franceses) en París, el Día de la Bastilla, 14 de julio de 1935. Aquella directriz de la política comunista culminó en la decisión del Séptimo Congreso de la Comintern celebrado en Moscú el mes siguiente para adoptar una política de establecimiento de un Frente Popular político con otras agrupaciones izquierdistas y con liberales burgueses para cerrar la puerta al fascismo y preparar el camino para el triunfo del socialismo. Como de costumbre, la política de los comunistas funcionaría a diferentes niveles, de acuerdo con las circunstancias. En un país donde existieran verdaderas probabilidades de dominar a través de un frente único de trabajadores, ésa sería la opción preferible, mientras que, en el caso contrario, la misión de un frente popular no consistía en suprimir la posibilidad de la revolución, sino en reforzar la izquierda para apresurar la llegada de ese día en aquellas situaciones donde compareciera la amenaza del fascismo o de la derecha[13]. Pero mientras la iniciativa para el Frente Popular de Francia llegó en gran medida de los comunistas, su escaso número en España les daba apenas oportunidad para suscitar aquí un pacto de este tipo.

Los factores primordiales seguían siendo en España, primero, la unión de los republicanos de izquierda y segundo las negociaciones entre ellos y los socialistas. En el verano de 1935 los republicanos de izquierda empezaron a ocuparse de la definición de un programa electoral común, pero durante algún tiempo no se avanzó nada en las negociaciones con los socialistas debido a la oposición caballerista. Azaña hizo uso de la palabra en el mayor de todos los mítines multitudinarios de aquel año en el Campo de Comillas, junto a Madrid el 20 de octubre. Asistieron por lo menos 200 000 personas (según los organizadores, muchas más), y puede haber sido el mayor mitin político de la historia de España hasta entonces, figurando en el auditorio muchos socialistas y comunistas. El discurso de Azaña fue más bien moderado, y puso adrede mucho cuidado en no contestar a los saludos puño en alto de los muchos jóvenes revolucionarios[14]. Estaba bien claro que se trataba de algún tipo de movimiento de rechazo a los excesos de la represión y a las frustraciones políticas del momento. Aquel fenómeno de movilización de masas impresionó incluso a los caballeristas, y el 2 de noviembre, su órgano, Claridad, habló por primera vez de la posibilidad de una alianza electoral temporal con los republicanos de izquierda, siempre que no entrasen en ella los elementos más moderados de esa agrupación.

El 14 de noviembre Azaña envió una carta formal a la directiva del Partido Socialista proponiendo una nueva alianza electoral con su programa común y recibió una contestación sorprendentemente rápida y positiva. Largo Caballero estaba incubando en aquel momento uno más de los chaqueteos que habían caracterizado a su liderato —si se le podía llamar así— en los once años últimos. Reunió inmediatamente a las comisiones ejecutivas de todas las agrupaciones socialistas de peso (el partido, la UGT, y las Juventudes Socialistas) y las mismas aceptaron la propuesta de Azaña, siempre que se incluyese al Partido Comunista y su sindicato, la CGTU. Esto último quedaba claramente fuera de la propuesta hecha por Azaña, que no tenía la menor intención de formar un Frente Popular al estilo francés o de la Comintern.

Pero Largo Caballero estaba ahora decidido a practicar otra de sus hegelianas contorsiones de Flucht nach vorn (= huida hacia adelante). Había dispuesto que la UGT propusiera a la CGTU iniciar un proceso de fusión de ambas organizaciones sindicales y adoptó también la postura de que el Partido Comunista y la CGTU tenían que tener derecho a participar en la aprobación del programa electoral de la nueva alianza. Aquel cambio chaquetero sorprendió y enfureció a Indalecio Prieto y al «centro» socialista, porque la nueva virada caballerista podía desplazar el peso de la alianza más hacia la izquierda y dejar a los tres partidos republicanos de izquierda muy superados en número frente a las cuatro organizaciones obreras. Los comunistas se apresuraron a aceptar el ofrecimiento de la UGT, y la fusión de las dos organizaciones sindicales empezó el 30 de noviembre.

Aquellas diferencias se vieron cara a cara en una reunión del comité nacional del partido, el 16 de diciembre. Largo Caballero insistió en la participación de los comunistas en la preparación del programa de la nueva alianza electoral, a sabiendas de que ese punto había sido rechazado inicialmente por los jefes republicanos de izquierdas. En ese momento —sin duda alguna para provocar y debilitar a Largo Caballero— Indalecio Prieto sacó de nuevo a colación un viejo asunto que había dividido a la directiva en vísperas de la insurrección de octubre. Propuso que la minoría parlamentaria socialista se atuviese en sus actividades a las decisiones de la comisión ejecutiva y del comité nacional. Largo Caballero se opuso con vehemencia a aquella propuesta por sus motivos de costumbre, no muy confesables (ya anteriormente había dimitido temporalmente de la presidencia del partido a causa de ello). Consideró la proposición como una movida de los moderados para ganar peso político y sostuvo la postura de que en una organización revolucionaria había que tomar todas las decisiones por unanimidad (lo que sin duda habría garantizado que jamás habría una revolución). Cuando el comité nacional aprobó la proposición de Prieto por nueve votos contra cinco, con dos abstenciones, Largo Caballero dimitió definitivamente, y a su dimisión se sumaron las de sus tres máximos partidarios de la comisión ejecutiva. La creciente antipatía, convertida ya en odio declarado, entre Prieto y Largo Caballero había salido a la luz, y contribuido a que se dividiera el partido. A partir de entonces, la comisión ejecutiva y el comité nacional del partido estarían dominados por el centro prietista, y la UGT por la caballerista izquierda (aunque dos de las agrupaciones regionales más importantes del sindicato, la de Asturias y la de las Vascongadas, eran básicamente prietistas). De hecho la UGT se había escindido del partido y a partir de entonces funcionaría casi como su propio sindicato socialista separado.

Las negociaciones en curso entre los socialistas y los republicanos de izquierda se acelerarían rápidamente en la semana posterior al anuncio oficial de las elecciones por Portela, aunque el pacto oficial de creación de lo que iba a ser conocido enseguida como el Frente Popular (con bastante disgusto de Azaña) no se anunció hasta el 15 de enero. Largo Caballero y la UGT no participaron directamente en él, pero se las arreglaron para imponer algunas condiciones básicas[15]. Primera, la alianza tendría unos fines estrictamente electorales (a diferencia del plan de Prieto de mantener una estrecha colaboración con un gobierno postelectoral de republicanos de izquierdas); segunda, aunque el nuevo programa sería republicano, y no un programa revolucionario, los socialistas y otros miembros dejarían bien claras las diferencias existentes entre un programa electoral temporal y sus propios objetivos a largo plazo; y tercera, todas las demás agrupaciones y partidos obreros que deseasen participar, podrían unirse a la nueva alianza electoral. En consecuencia, aunque el programa del Frente Popular fue negociado por los líderes de los partidos republicanos de izquierda y el socialista, se sumaron a la alianza electoral resultante el Partido Comunista, la CGTU, el pequeño Partido Sindicalista disidente de Ángel Pestaña, y el nuevo Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), resultado de la unión de la Izquierda Comunista de carácter trotskista, y el BOC marxista-leninista en septiembre de 1935[16].

Si Prieto había tenido al principio bastantes dificultades para conseguir la aquiescencia de la izquierda socialista, Azaña las tuvo sin cesar con los dos partidos republicanos izquierdistas, más moderados. Inicialmente, Martínez Barrio había buscado una unión de las agrupaciones republicanas de izquierda solas, pero Azaña lo convenció de que era indispensable el apoyo de los socialistas. Tras haber accedido a esto, el dúctil Martínez Barrio no puso reparos a la inclusión final de los comunistas y otros elementos de la extrema izquierda. En cambio, Felipe Sánchez Román, líder del diminuto Partido Nacional Republicano (compuesto básicamente por profesionales progresistas y unos cuantos pequeños industriales de los más progresistas), había reconocido siempre la indispensabilidad de los socialistas. Tomó parte activa en la negociación de los términos principales del programa de la alianza y él mismo escribió gran parte de él. Pero en el último momento se retiró de una alianza que tanto había hecho por promover, como protesta a la inclusión en ella del stalinista Partido Comunista.

El manifiesto del Frente Popular fue bastante extenso. Exigía una «amplia amnistía» de los delitos políticos cometidos desde noviembre de 1933 y la readmisión de los empleados del Estado suspendidos, trasladados o cesados «sin garantía de expediente o por motivos de persecución política». Proponía una reforma del Tribunal de Garantías Constitucionales «a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen». Entre otros objetivos estaban una reforma del reglamento de la Cámara para facilitar el trabajo de las comisiones parlamentarias, establecimiento de la independencia del poder judicial, y la investigación y persecución de los actos de violencia injustificada cometidos por la policía, así como una revisión de la Ley de Orden Público (redactada en su día precisamente por los republicanos de izquierda), «para que, sin perder nada de su eficacia defensiva, provea de una mejor garantía al ciudadano contra la arbitrariedad del poder».

En las cuestiones económicas, «los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del Partido Socialista». El manifiesto proponía en vez de ello una ayuda económica a la agricultura, una ley de arrendamiento nueva y más progresista, y un estímulo a las formas colectivas de la producción. Las referencias a la industria eran más vagas, se recalcaba la necesidad de «un criterio estricto de subordinación al interés del conjunto de la economía». El manifiesto prometía protección para la industria nacional y un estímulo a la investigación del Estado en beneficio de ella, junto con nuevas medidas de protección de la pequeña empresa. Se daba gran prioridad a una importante expansión de las obras públicas, aunque no se indicaba cómo habría que pagarla. El manifiesto reclamaba una reforma tributaria más progresista, pero no daba detalles sobre la misma y pedía también una recaudación y administración fiscal más eficaces.

«La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática…». Por lo tanto, «no aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del Partido Socialista», pero prometían el completo restablecimiento de la legislación social de 1931-1933 y sobre todo el apoyo a los salarios de los trabajadores del campo, junto con el total restablecimiento de la legislación respecto a la autonomía regional[17].

Se trataba estrictamente de un programa electoral y no de un programa de gobierno de coalición. No se hizo ningún esfuerzo, ni se habría podido hacer, para despejar las contradicciones existentes entre los revolucionarios y los republicanos, cuyo papel a los ojos de los primeros era básicamente kerenskista. Dos días antes de la publicación del manifiesto, El Socialista, que no era desde luego un órgano de los bolchevizantes, declaraba: «Cabe, pues, que nosotros digamos: 1936, año revolucionario. Victoriosas las izquierdas, nada se opondrá a que el 1936 sirva para dar comienzo a la revolución que no llegó a producirse al desmoronarse el régimen monárquico y amanecer el republicano».

Se ha recalcado a menudo la relativa moderación del programa del Frente Popular de España, pero se puede entender mejor su carácter comparándolo con su equivalente más cercano, el contemporáneo Frente Popular de Francia. Éste representaba también una coalición heterogénea que reunía a socialistas, comunistas y liberales de clase media (principalmente a los radicales franceses). Pero el objetivo del Frente Popular francés residía antes que nada en defender la democracia reinante en Francia contra la amenaza del fascismo. Proponía algunas reformas sociales, pero eran relativamente más sencillas que las de su homólogo español, y no incluía agrupaciones de peso que defendieran una rápida transformación en un colectivismo revolucionario ni en la dictadura del proletariado, como en el caso español. El Frente Popular francés no proponía llevar a cabo cambios institucionales drásticos para asegurar el futuro predominio político de la izquierda, y hacía en cambio de la democracia un valor por derecho propio. Los radicales se las arreglaron incluso para imponer el título formal de «Rassemblement Populaire» (Formación Popular), debido a que «Front Populaire» se identificaría demasiado con la Comintern. Por último, el Frente Popular francés proporcionaba una base positiva para gobernar, pues los socialistas y los radicales colaborarían en la formación de una coalición democrática, parlamentaria y apegada a la ley. O sea que el Frente Popular francés reflejaba un consenso democrático (aunque de origen reciente) y carecía del grado de matices hostiles de reformismo radical que insinuaba su equivalente español. Ambos frentes populares abarcaban fuerzas políticas liberales e izquierdistas inherentemente contradictorias, por lo que la coalición francesa empezó ya a romperse antes de pasar un año, cosa que habría ocurrido también sin duda en España de no haber intervenido la Guerra Civil, a pesar de la posición liberal radical de la Izquierda Republicana de Azaña. El Frente Popular español aparecía situado, sin embargo, un poco a la izquierda de su homólogo francés, y por lo mismo —al combinarse ello con la posición ultraderechista de sus adversarios principales—, fue capaz de contribuir a una polarización política nacional decisiva que nunca llegó a producirse en Francia.

El único partido obrero/revolucionario representado en el comité central del Frente Popular fue el Partido Socialista. Los republicanos de izquierda le negaron un asiento a los comunistas, y se brindaron en cambio a aceptar a un representante de la UGT, cosa que éstos despreciaron. El plan original de Azaña-Prieto se llevó al extremo de que a los partidos republicanos de izquierda les correspondió la parte del león en las candidaturas electorales, aun siendo más que dudoso que fueran a proporcionar la parte del león de los votos. En total 193 candidatos republicanos de izquierda aparecieron en las listas electorales del Frente Popular en comparación con 125 socialistas. A los demás pequeños partidos obreros les correspondieron sólo 25 candidaturas, diecinueve de las cuales fueron para los comunistas, potencialmente el único partido aparte de los republicanos de izquierdas que estaba más representado de la cuenta en lo tocante a la distribución de escaños[18]. La FAI-CNT rechazó oficialmente la participación en las elecciones, con la intención declarada de hacer campaña contra ellas. Pero la propaganda al caso de los anarcosindicalistas fue tan débil y vacilante que la mayoría de los observadores sacaron la conclusión de que muchos, acaso la mayoría de los miembros de la CNT, votarían por el Frente Popular, aunque la única posición en ese sentido fue adoptada por la CNT de Asturias, y eso con carácter no oficial[19].

Se encargó de dirigir la campaña electoral socialista Largo Caballero, dado que Prieto permanecía en el exilio (al no haber sido eximido nunca de complicidad en la insurrección) y sólo podía participar a través de artículos publicados en la prensa. El 12 de enero, justo antes de la formación oficial del Frente Popular, Largo Caballero recalcó mucho que los arreglos electorales no significaban un regreso a un simple reformismo socialdemocrático, y puso de hincapié que la República tenía que convertirse en una «República socialista». «Quede bien claro que nosotros no hipotecamos nuestra ideología ni nuestra libertad de acción por lo por venir[20]». Claridad llegó a aceptar básicamente la teoría de las «dos clases» del POUM, aclarando que, aunque la pequeña burguesía republicanoizquierdista podría sobrevivir por el momento con el apoyo electoral de los obreros, al fin y a la postre tendría que unirse a ellos en una revolución obrera, o regresar a la burguesía formal. El 9 de febrero, Martínez Barrio —representante por excelencia de la pequeña burguesía dentro del Frente Popular— repitió su máxima programática de que la empresa en que estaban empeñados era esencialmente una «empresa conservadora», pero aquel mismo día proclamaba El Socialista: «Estamos decididos a hacer en España lo que se ha hecho en Rusia. El plan del socialismo español y del comunismo ruso es el mismo. Ciertos detalles del plan pueden cambiar, pero no los decretos fundamentales del mismo…».

Pese a la incesante antipatía de los republicanos de izquierdas, el Frente Popular constituyó toda una bonanza para los comunistas, quienes instaron la formación de comités del Frente Popular a todos los niveles. Los comunistas ponían todo su esfuerzo en propugnar la unidad de la izquierda, mucho más que los caballeristas, y las experiencias comunes hechas en la cárcel por militantes de diversas organizaciones en los años 1934-1935 hacían parecer más tangible aquella meta. Las relaciones entre los comunistas y las Juventudes Socialistas, sobre todo, se hicieron cada vez más estrechas. Para las juventudes, los comunistas representaban una revolución auténtica, un marxismo-leninismo categórico y victorioso, que además, predicaba la unidad de la izquierda sin desdecirse de sus objetivos revolucionarios.

La propaganda de los partidos obreros, como la de la derecha, fue a menudo virulenta, cargada de narraciones de las atrocidades cometidas por la represión. Se capitalizó mucho la supuesta cifra de treinta mil presos izquierdistas aún tras las rejas cuando en realidad eran poco más de la mitad[21]. Sea cual fuese el número exacto, la represión en sí y el no haber amnistiado a aquellos miles de presos constituyó el arma más fuerte del arsenal electoral del Frente Popular, que se atrajo así el apoyo de elementos moderados y de anarquistas que de otro modo no es de creer que hubiesen votado por la izquierda. Sin embargo, y a la vista de la imponente campaña que desarrollaban las derechas, no había más confianza de la cuenta. Aunque se contaba lógicamente con que el Frente Popular iba a salir mejor parado que las desunidas izquierdas de 1933, no había una suposición por descontado de una victoria decisiva. En el curso de una entrevista muy bien difundida, en la víspera de las elecciones, Largo Caballero dio rienda suelta al pesimismo y profetizó virtualmente una derrota.

Las campañas del centro y de la derecha

Portela Valladares se sentía muy orgulloso del hecho de que el período de la campaña electoral hubiese restablecido unas garantías civiles plenas durante una de las pocas ocasiones de ese tipo de la historia de la República, pero halló más difícil de lo imaginado sacar adelante a su nuevo Partido del Centro Democrático. Gran parte de la sociedad estaba ya movilizada políticamente y era consciente de su papel cívico, por lo que en la mayoría de los casos no tenían sentido las manipulaciones administrativas y electorales a la antigua. En una situación tan tensa, con casi todo el espacio político ocupado ya, era casi imposible la creación de una nueva fuerza política a partir de la nada. Portela había contado con disponer al menos de un mes más antes de anunciar las elecciones, pero la oposición de la derecha había hecho imposible aquella dilación. Muy a principios de febrero trató de ganar tiempo proponiéndole a Alcalá Zamora que pospusiese la fecha real de las elecciones hasta alrededor del 10 de marzo (de acuerdo con la dilación de 40 días que la Constitución le permitía decretar al presidente), pero este último puso pegas, alegando que aquello crearía demasiadas complicaciones[22].

Portela ha reivindicado que lo que el presidente quería sobre todo era hacer lo más posible para que la izquierda lograra una representación mayor, incluso hasta de 180 escaños, mientras que Portela esperaba que las fuerzas centristas consiguieran por lo menos 100 escaños, para que mediasen entre una derecha más débil y una izquierda más fuerte. Calculaba que la Lliga podía ganar la mayoría en Cataluña, obteniendo al menos 20 escaños, y que los centristas consiguieran cuarenta más entre el Sur y la región valenciana, a sumar a unos veinte de su Galicia natal y al menos a otros veinte del resto de España[23]. Pero la realidad demostraría que casi todo eso estaba fuera de su alcance.

El manifiesto del Partido del Centro Democrático del 28 de enero rechazaba tanto la «guerra civil» como la «revolución roja», y propugnaba el proceso constitucional, la unidad nacional y el progreso. Pero aquel manifiesto era de suyo vago y estaba lleno de perogrulladas liberales, de tal modo que, aunque más apetecible que los extremismos de izquierda o derecha, la nueva formación fue incapaz de presentar una imagen clara. El plan de Portela apuntaba más hacia una alianza con la izquierda que con la derecha, pero, aunque el Frente Popular le puso al principio algo de mejor cara, sólo se llegó a conseguir una alianza normal centro-izquierda en Lugo, donde el Primer ministro dominaba toda la maquinaria política[24]. Un objetivo esencial era consumar la desintegración de los radicales, atrayéndose el mayor número posible de ellos, pero esto dio también muy poco resultado. Portela sólo gozaba de una influencia significativa en algunas provincias de Galicia y del Sureste, y el 7 de febrero dio a entender que su partido estaba dispuesto a aliarse con la derecha en las circunscripciones donde no lograra entenderse con la izquierda. Resultaron de ahí algunas alianzas centroderechistas que terminaron formándose en varias provincias del Sur donde la derecha estaba dispuesta a aliarse debido a su relativa debilidad[25]. En la de Alicante empezó Portela tratando de entenderse con la derecha; cuando esto le resultó imposible, hizo tratos con la izquierda, poniendo el gobierno provincial y la mayoría de los ayuntamientos en manos de los republicanos de izquierda o de los socialistas. La derecha reaccionó ante aquello ofreciéndole condiciones más favorables, y entonces, los flamantes cargos izquierdistas locales fueron sustituidos por decreto con derechistas[26]. El resultado final fue que Portela sólo pudo presentar candidaturas en la mitad, más o menos, de los distritos electorales de todo el país y, cuando consiguió hacer alianzas, tuvo que hacerlo normalmente con la parte más débil.

La campaña electoral más fuerte a cargo de partidos moderados fue la del País Vasco y la de Cataluña. Tanto los nacionalistas vascos como la Lliga Catalana se esforzaron al máximo. Los residuos de los radicales lucharon cuánto pudieron e hicieron su campaña más fuerte en Cataluña. Pero, debido a un sinfín de deserciones, sólo lograron lanzar setenta y ocho candidatos, y sólo 23 de ellos llegaron a ocupar sitio en listas electorales de amplia coalición centro-derechista[27].

La derecha era mucho más fuerte que el centro, pero nunca estuvo tan unida como el Frente Popular. Las agrupaciones monárquicas pidieron a Gil Robles que hiciera una gran alianza nacional de la derecha con un programa muy conservador, cosa que la CEDA rechazó con gran sentido común. Las coaliciones derechistas hicieron a menudo referencia en aquella campaña a un «Bloque Nacional», que en realidad nunca existió, pues la CEDA hizo todas sus alianzas sobre una base provincial. Donde la izquierda era fuerte, como en el Sur y en Asturias, la CEDA estableció alianzas centroderechistas. En Salamanca, más conservadora, se alió con los tradicionalistas y los agrarios, y en la carlista Navarra, sólo con los tradicionalistas. En Cataluña formaron un amplio Front Català de l’Ordre (Frente Catalán del Orden) la CEDA, la Lliga, los radicales y los tradicionalistas. La estrategia electoral de la CEDA resultó a la larga excesivamente ambigua y oportunista, porque una alianza amplia y más categórica sólo con el centro habría favorecido probablemente tanto al centro como a la derecha moderada, cosa propugnada siempre por Chapaprieta.

La campaña de la CEDA constituyó en sus aspectos únicos la más elaborada que hubo en España antes de 1977. No pasó por alto ninguna avenida o ningún medio de expresión. Lanzaron su mensaje electoral luces de neón, teléfonos, emisiones de radio, cortos cinematográficos preparados ad hoc, y grandes anuncios murales, amén de 50 millones de folletos y 10 000 posters. Gil Robles y otros dirigentes del partido estuvieron en continuo movimiento, desplazándose a menudo en avión, al estilo de Hitler en 1932. Se dice que sólo en Madrid distribuyó el correo medio millón de folletos destinados a los electores y el gran anuncio de la Puerta del Sol, centro de la Villa y Corte, tenía tres pisos de alto.

El leitmotiv de la campaña de la CEDA «¡Contra la revolución y sus cómplices!», parece sonar aún. Su propaganda machacaba los temas de la insurrección, las atrocidades cometidas por los revolucionarios y el gran aumento de la delincuencia con la República, sin omitir una serie de cosas alucinantes a cuenta de la supuesta colectivización de la familia y los niños en la Unión Soviética estalinista. Sin embargo, en algunos momentos, daba la impresión de que la campaña de la CEDA apuntaba tanto contra Alcalá Zamora como contra la izquierda, pues no cesaban sus denuncias de los bloqueos del presidente contra el acceso de la CEDA al gobierno y su complicidad con la izquierda, muy ciertas las primeras y en cambio básicamente inconsistente esta última. Digamos también que la CEDA denunció públicamente una pequeña serie de abusivas manipulaciones que cometía entonces Portela Valladares en su empeño de crear un nuevo gobierno dirigido por el centro.

Como de costumbre, los portavoces de la JAP eran más extremistas que los líderes principales de la CEDA. Las no siempre demasiado juveniles multitudes de la JAP aclamaban a Gil Robles al estilo mussoliniano al grito de «¡Jefe, jefe, jefe!». Los líderes de la JAP proponían destituir a Alcalá Zamora, darle plenos poderes a un nuevo ejecutivo derechista, disolver el Partido Socialista y redactar una nueva Constitución. Gil Robles y la directiva principal procuraron mantener siempre la ambigüedad básica del gran partido, rehusando a comprometerse en ningún momento con un anteproyecto concreto de todos los cambios que se producirían si la CEDA conseguía la mayoría absoluta a que apuntaba. Sin embargo, y presionado por la JAP, Gil Robles se vio forzado a anunciar en la semana final de la campaña que el objetivo de las próximas Cortes sería la revisión de la Constitución.

Los peores tremendismos de la derecha no provenían de Gil Robles, sino de Calvo Sotelo y los monárquicos, que defendían una postura clara y sin ambigüedades. Calvo Sotelo insistía en que en 1934 los republicanos de izquierda habían matado ya su Constitución y que la República democrática había muerto ya dado que la mayoría de los españoles políticamente activos en el invierno de 1936 habían dejado también de reconocer su legalidad y validez y tampoco pensaban en respetarla en el futuro. Repetía siempre que España necesitaba un Estado autoritario, corporativo, unitario, católico y nacionalista. Seguía exaltando a los militares como la «columna vertebral» de la nación y aceptaba de buena gana los calificativos de «militarista» y «pretoriano» (como también el de «fascista»), porque sólo los militares podían salvar a España del estallido revolucionario y de la guerra civil que se incubaban. Afirmaba categórico que aquellas elecciones iban a ser «las últimas en mucho tiempo[28]», cosa que, por desgracia, resultó ser cierta.

Al mismo tiempo se alzaban muchas voces en tono sensato y moderado. En La Publicidad, un diario provincial republicano moderado de Granada, un redactor se lamentaba así:

Oyendo a los líderes de los partidos en sus discursos o leyendo sus escritos y manifestaciones se llega a la plena evidencia de que actualmente ninguno de ellos tiene una visión clara y cabal, ni ha hecho un estudio concienzudo de la situación social y económica y sicológica de nuestro país, a la vista de la historia y de la evolución de las ideas y sistemas en el mundo. Vivimos en plena epilepsia política gesticulante. Esto parece un país de simios y posesos[29].

Una minoría significativa de los españoles buscaba un terreno político centrado y sensato, pero se hallaba con la mayor parte del espacio político ocupado ya por la izquierda, ya por la derecha.

Aunque los dos lados ponían de relieve constantemente el carácter plebiscitario y decisivo, incluso cuasiapocalíptico, de la contienda electoral, hubo relativamente pocos incidentes durante la campaña y murieron en ella muy pocas personas. Las quejas principales tuvieron que ver con hechos violentos cometidos por las fuerzas políticas conservadoras en la parte rural de Granada, provincia donde se habían extendido cuatro mil permisos de armas de fuego en relativamente poco tiempo. La Bolsa subió de hecho durante la campaña, debido en considerable medida a que se preveía sobre todo algún tipo de triunfo derechista, aunque no la mayoría absoluta.

Los resultados electorales

La situación general para los comicios del 16 de febrero fue buena, y las elecciones fueron en general libres y limpias. Las únicas comarcas donde hubo pruebas palmarias de corrupción o coacciones se situaron en Galicia (debido a la manipulación del gobierno y en La Coruña de los republicanos de izquierda) y en Granada, donde la votación fue dominada en algunos distritos rurales por la aplicación de la fuerza por la derecha[30]. Los primeros resultados conocidos en circunscripciones urbanas indicaban una presencia de la izquierda mayor de la prevista, debida en cierta medida al apoyo electoral de los anarcosindicalistas y ya entrada la noche estaba claro que ganaba el Frente Popular, aunque no se conocía todavía las dimensiones de su triunfo. El escrutinio oficial del resultado definitivo no se completaría hasta cuatro días después, el 20 de febrero.

Celebración multitudinaria del triunfo del Frente Popular en el centro de Madrid el 17 de febrero de 1936

Pero el día 17 estaba ya muy claro no sólo el triunfo del Frente Popular, sino también que iba a tener la mayoría parlamentaria. El hecho en sí no fue impugnado de momento, pero enseguida hubo mucha confusión y discusiones en lo tocante a los totales generales del voto popular, más desconcertantes aún habida cuenta del irregular funcionamiento del sistema de alianzas. El gobierno nunca publicó unas cifras globales exactas, y el diario católico El Debate fue el único periódico de difusión nacional que publicó informaciones relativamente completas y precisas de todas las provincias y distritos principales. Los resultados encendieron polémicas posteriormente, y los historiadores emplearían después estimaciones aproximadas muy influidas por sus preferencias políticas[31]. Las mismas sugerirían unas diferencias tales del voto popular como de casi 5 millones para las izquierdas y menos de 4 millones para la derecha, cifra conseguida al parecer, añadiéndole al Frente Popular los resultados de la segunda vuelta electoral en algunas provincias el 1.o de marzo y restando de la derecha todos los votos anulados por una nueva Cámara, sumamente parcial, así como los de aquellos distritos de los que se retiró la derecha en la segunda vuelta. En último término, la única manera de reconstruir aquel resultado con exactitud consistió en compilar los totales originales de votos de cada distrito según aparecieron en la prensa, tarea que efectuaron treinta y cinco años después el historiador Javier Tusell y un grupo de colaboradores. Los totales resultantes aparecen en la tabla 11.1[32].

Tabla 11.1. Resultado de las elecciones del 16 de febrero de 1936

Categoría | Número total | Porcentaje del electorado
Votantes potenciales | 13 553 710 | …
Votos emitidos | 9 864 783 | 72,0
Frente Popular | 4 555 401 | …
Frente Popular con Centro (Lugo) | 98 715 | 34,3
Centro | 400 901 | 5,4
Nacionalistas vascos | 125 714 | …
Derecha | 1 866 981 | …
Derecha con el Centro | 2 636 524 | 32,2

Fuente: Javier Tusell y otros, Las elecciones del Frente Popular, Madrid, 1971, 2:13.

De los totales acumulativos se evidencia que el Frente Popular ganó las elecciones, pero su margen sobre la derecha puede parecemos grande o pequeño según se categoricen los votos resultantes del centro y la derecha, que unidos, superaron el total de la izquierda. De casi diez millones de votantes, un 47,2 por ciento votaron por el Frente Popular y sus aliados, mientras un 45,7 por ciento lo hicieron por la derecha y los suyos. Si calificamos todo este voto de derechista, nos saldrá entonces que la derecha quedó atrás por solo un 1,5 por ciento del total de votantes, mientras que los votos emitidos exclusivamente a favor del centro sólo llegan al 4,1 por ciento si nos referimos al Centro Democrático de Portela, o bien al 5,4 por ciento, si se añade el voto de los nacionalistas vascos.

Si descomponemos, en cambio, el voto siguiendo las listas electorales de cada distrito, se presenta un cuadro algo distinto. Admitimos de antemano que esto es muy difícil de hacer con total precisión debido a la complejidad del sistema de alianzas y a la existencia de varias listas electorales menores o incompletas. La mayor aproximación lograda en este sentido es obra de Juan Linz y Jesús de Miguel, que se han esforzado en separar los totales de los diferentes partidos, especialmente en lo que atañe a las listas de la coalición de centro-derecha. (Véase tabla 11.2.) Sus resultados son menos definitivos que los totales brutos que hemos presentado antes, pero dan a entender que el Frente Popular recibió directamente alrededor del 43 por ciento de los votos emitidos, que la derecha recibió directamente solo el 30,4 por ciento, y que a las diferentes agrupaciones del centro y centro-derecha les corresponde un total colectivo del 21 por ciento, yendo a parar el 5,6 por ciento de los votos a candidatos inclasificables[33].

Tabla 11.2. Diputados elegidos en la primera vuelta el 16 de febrero de 1936

Frente Popular | Bloque Nacional | Centro
Socialistas (88) | CEDA (101) | Partido Centrista (21)
Izquierda Republicana (79) | Tradicionalistas (15) | Lliga Catalana (12)
Unión Republicana (34) | Renovación Española (13) | Radicales (9)
Esquerra Catalana (22) | Agrarios (11) | Progresistas (6)
Comunistas (14) | Derechistas independientes (10) | Nacionalistas vascos (5)
Acció Catalana (5) | Conservadores (2) | Liberal-Demócratas (1)
Independientes de izquierda (4) | Conservadores (2) | Total (54)
Unió Socialista de Catalunya (3) | Monárquicos independientes (2)
Galleguistas (3) | Partido Nacionalista Español (1)
Republicanos federales (2) | Católicos (1)
Unió de Rabassaires (2) | Total (156)
POUM (1)
Partit Català Proletari (1)
Estat Català (1)
Revolucionarios catalanes nacionalistas (1)
Partido Sindicalista (1)
Sindicalistas independientes (1)
Esquerra Valenciana (1)
Total (263)

Fuente: Tusell y otros, Las elecciones, 2:82-83.

El índice de abstención del 28 por ciento —frente al 32,6 por ciento de 1933— señala que, a pesar del frenesí observable en muchas agrupaciones, la sociedad española en su conjunto no estaba tan ultrapolitizada como se podría suponer. Es dudoso que se pueda atribuir directamente más del 1 o 2 por ciento de esa abstención a la coacción derechista en provincias, aunque una pequeña parte de la misma debe atribuirse sin duda a aquellos anarcosindicalistas que siguieron negándose a participar en las elecciones. El índice de abstención alcanzó su máximo en Cádiz, Málaga y Sevilla, donde el analfabetismo y la pobreza coincidían con un apoyo considerable al anarcosindicalismo.

El voto izquierdista reveló su máxima fuerza en el Sur y el Suroeste —las regiones agrarias de gran pobreza y de poder de la UGT y la CNT— así como en Levante, donde la izquierda estaba bien organizada y existía una tradición histórica de oposición, y también en gran parte del Cantábrico y en Madrid. Fue particularmente fuerte en la mayoría de las ciudades principales donde era más fácil movilizar a las masas. La participación anarquista constituyó una verdadera ayuda en algunas comarcas, en tanto que en determinados distritos el Frente Popular atrajo votos de elementos moderados o de clase media que habían ido al centro-derecha en 1933, pero que se sentían indignados por las represiones y frustraciones de 1935.

La derecha, en cambio, había logrado sus mejores bazas en los típicos baluartes de la sociedad católica y minifundista del Norte y Castilla la Vieja y León, aunque tuvo focos significativos de fuerza en muy distintas partes del país. La CEDA siguió siendo el partido más fuerte de España, recibiendo por lo menos el 23,2 por ciento del total de votos emitidos, mientras los socialistas obtuvieron el 16,4 por ciento y los dos partidos nacionales de republicanos de izquierda unidos un total del 19,6 por ciento (aunque desde luego es difícil separar con precisión el voto de los socialistas del de los republicanos de izquierda). Los aliados de la CEDA, en cambio, le dieron menos votos, por lo que ésta obtuvo únicamente un 19 por ciento de los escaños con un 23,2 por ciento de los votos, mientras que los socialistas obtenían el 21,4 por ciento de los escaños con un 16,4 por ciento de los votos, y los dos partidos principales de la izquierda republicana un 27,2 por ciento de los escaños con un 19,6 por ciento del voto[34].

Las elecciones fueron un desastre para el centro, no tanto debido a la disminución del número absoluto de los votantes como a las consecuencias de la manipulación de Alcalá Zamora y al carácter de las alianzas que pudo establecer el centro. En total, los diferentes candidatos de centro y centro-derecha consiguieron alrededor del 21 por ciento de los votos, frente al 26,3 por ciento de 1931 y el 22,3 por ciento de 1933, pero en la primera de esas elecciones el centro se había aliado en muchos casos con una izquierda triunfante y en la segunda con una derecha victoriosa. En 1936 las pequeñas agrupaciones del centro o bien se habían presentado como independientes o en algunos casos con una derecha más débil en provincias donde ésta tenía menos fuerza. Las maquinaciones de Alcalá Zamora habían contribuido a destruir al único partido de peso del centro, a la vez que su empeño de sustituirlo con una formación novedosa e instrumentada, sacada de la nada por un gobierno estrictamente provisional, fracasó por completo. En la mitad de las provincias Portela no fue capaz siquiera de presentar candidatos al tiempo que los radicales se veían abandonados en masa por sus electores de antaño. Los diminutos partidos centroliberales de Miguel Maura y Sánchez Román carecían de aliados y no estaban mucho mejor situados los liberal-demócratas de Melquíades Álvarez. Sólo 8 de los setenta y ocho candidatos radicales salieron elegidos, seis como aliados de la derecha, dos como independientes. Posteriormente, el Congreso de los frentepopulistas les negó los escaños a tres de ellos, y uno de los cinco restantes se convirtió en independiente, quedando en la última Cámara republicana sólo cuatro radicales liderados por Santiago Alba. De todos los cambios supuestos por las elecciones de 1936, uno de los mayores lo constituyó probablemente el gran número de moderados que habían votado anteriormente por los radicales y constituían ahora el ala más conservadora de los electores del Frente Popular. Los votantes radicales eran a menudo más liberales que los líderes del partido, y en la segunda vuelta, efectuada dos semanas después, pasaron a la izquierda al parecer todavía más de los antiguos votos radicales[35]. El centro ganó unos pocos escaños en alianza con el Frente Popular en las provincias gallegas de La Coruña y Lugo, donde se produjeron probablemente dos de las campañas más corruptas y manipuladas. Aunque los nacionalistas vascos, que se negaron a asociarse con la izquierda o la derecha, mantuvieron la mayor parte de su terreno, su voto descendió frente al de 1933. En una contienda bastante polarizada en general, ninguno de los movimientos autonomistas hizo un papel demasiado bueno a fin de cuentas.

La mayoría absoluta de escaños ganada por el Frente Popular suponía un alucinante vaivén del péndulo en comparación con los resultados de 1933, pero ése es el efecto de votar en bloque para los sistemas de alianzas, aunque de hecho el perfil del voto en España era bastante más estable de lo que daba a entender el resultado en cuanto a escaños en la Cámara. La gran mayoría de los votos fueron emitidos prácticamente en el mismo sentido que en 1933; las mayores diferencias las constituían el desplazamiento de los votantes radicales y la participación parcial de los miembros de la CNT. En consecuencia, el cambio principal no se produjo hacia los extremos de la derecha y la izquierda, y residió en un desplazamiento del centro o centro-derecha hacia el centro-izquierda, unido a la consecución de la unidad izquierdista. Aunque es imposible de medir, existió también el fenómeno del voto útil, emitido por un número indeterminado de elementos moderados que imaginaron que iba a ganar la izquierda o la derecha y no quisieron desperdiciar su voto, emitiéndolo del lado al que se oponían menos.

Hay que insistir en que, pese a la voluminosa representación de la izquierda y la derecha y la virtual desaparición del centro, la tendencia del voto no fue en manera alguna tan extremista como parecía. Los republicanos de izquierda encabezaron la lista del Frente Popular, obteniendo el mayor número de votos izquierdistas en treinta y seis provincias, frente a sólo ocho de los socialistas. En Madrid, Azaña y Julián Besteiro —y no los caballeristas— obtuvieron el mayor número de votos, y en total los republicanos de izquierda consiguieron 151 de los 263 votos del Frente Popular. Los candidatos comunistas ocuparon invariablemente el último lugar, y de hecho estuvieron más representados que lo que les correspondía debido al éxito que lograron al obtener un considerable número de puestos en la lista electoral del Frente Popular. La Falange sólo consiguió 46 466 votos, o sea apenas más del 0,5 por ciento del total, posiblemente el más bajo porcentaje de votos de un partido fascista en toda Europa.

Los socialistas caballeristas alegaron desde luego, apoyándose en bastantes pruebas, que de hecho a los republicanos de izquierda se les había concedido deliberadamente una representación superior a la real en la composición de las listas electorales para darles la fuerza parlamentaria necesaria para formar gobierno propio. La consecuencia fue una representación desventajosa para los socialistas[36], mientras que la CNT no estuvo representada directamente en absoluto.

La relativa autenticidad del mapa electoral dibujado por las elecciones se confirmó cinco meses después, cuando empezó la Guerra Civil. La división de España en dos campamentos armados se ciñó grosso modo a los resultados electorales[37].

La precipitada dimisión de Portela Valladares

El resultado electoral dejó al principio estupefacta a la derecha, que había tenido bastante confianza en la victoria, aunque ninguno de los portavoces derechistas impugnó en los primeros días la validez del triunfo del Frente Popular. El proceso electoral había sido en general muy ordenado, aunque un total de seis personas resultaron muertas en distintas partes del país aquel día, y hubo aproximadamente treinta heridos. Al anochecer del 16 de febrero hubo ya manifestaciones tumultuarias a favor del Frente Popular en una serie de ciudades. Ardieron varias iglesias y otros edificios religiosos, produciéndose al día siguiente algunos disturbios de carácter más grave. No hay sin embargo, ningún indicio de que aquella agitación interfiriese de modo significativo en el recuento y registro de los votos.

La primera reacción táctica de la CEDA fue muy similar a la de los republicanos de izquierda en noviembre de 1933. En cuanto las izquierdas se dieron cuenta de que habían perdido desastrosamente en aquella ocasión, empezaron a importunar al presidente pidiéndole que anulase las elecciones y formase un gobierno extraordinario encargado de organizar unos nuevos comicios más favorables a la izquierda. De modo similar, en las primeras horas del 17 de febrero Gil Robles fue a ver a Portela Valladares a apremiarle para que no dimitiera y que declarara en cambio el estado de guerra, quedando en el poder como una especie de dictador temporal, prometiéndole un pleno apoyo casi incondicional. La diferencia principal entre la proposición de Gil Robles en 1936 y la de Azaña en 1933 fue que el primero no propuso celebrar más elecciones —al menos por el momento—, sino sencillamente el gobierno por decreto. Portela le contestó que estaba profundamente decepcionado y lleno de aprensión, pues temía que unas elecciones tan polarizadas fuesen el preludio de una guerra civil, pero que no podía hacer de dictador por motivos de principios. Había dirigido el proceso electoral y se resistía a dar por nulos sus propios esfuerzos, por decepcionantes que fuesen los resultados. En segundo lugar, era demasiado viejo y no tenía ambiciones de dictador. En tercer lugar, y probablemente lo más importante, carecía de un partido político o fuerza organizada en que apoyarse, ni una ideología indicada (para una dictadura) al haber sido liberal toda su vida. Por último, aunque contaba con que la situación iba a deteriorarse rápidamente, todos los efectos no iban a dejarse sentir hasta pasadas unas semanas o meses, y a raíz de unas elecciones habría habido poco apoyo para una dictadura[38]. Portela sabía bien que pronto iban a llegar cosas peores, pero no tenía madera de dictador y por lo tanto pensaba dimitir lo antes posible una vez registrados los resultados de las elecciones el 20 de febrero. Cuando se le objetó que aquello era demasiado precipitado y que Martínez Barrio había permanecido en el cargo durante un mes después de haber dirigido las elecciones de 1933, Portela insistió en que la situación era del todo distinta, puesto que Martínez Barrio había sido entonces líder en uno de los mayores partidos vencedores de aquellas elecciones y tenía por lo mismo el apoyo del segundo partido más grande de la nueva Cámara. El continuo aumento de los disturbios sólo fortaleció su resolución de dimitir cuanto antes.

El jefe del Estado Mayor, el general Franco, se sentía cada vez más alarmado. Avanzada la noche del 16 de febrero, telefoneó al inspector de la Guardia Civil, el general Pozas, planteándole la necesidad de sofocar cualquier disturbio, pero, según el testimonio posterior de Franco, Pozas se negó a adoptar ningún tipo de medidas especiales. Todavía más tarde, el general Fanjul acudió al Ministerio de la Guerra a informar de que los disturbios estaban llegando al extremo en algunos distritos, tras lo cual Franco despertó al ministro, general Molero, quien supuestamente accedió a presionar al Primer ministro para que declarase el estado de guerra[39].

Alcalá Zamora presidió un consejo de ministros especial a eso del mediodía del 17 de febrero, inmediatamente después de haber concluido un violento disturbio en Madrid. A continuación anunció Portela la declaración del estado de alarma, incluyendo la previa censura, durante siete días, y añadió en su nota de prensa que el presidente le había dado ya una autorización firmada para imponer el estado de guerra en el momento que le pareciera necesario[40]. En el transcurso de aquel día dimitieron los gobernadores en tres de las provincias donde los disturbios fueron más extensos, y se ordenó la salida a la calle de unidades del ejército para mantener el orden en varias ciudades. Según el Primer ministro, Franco fue a verlo alrededor de las 7 de la tarde para instarle «cortés y respetuosamente» a que no dimitiese sino que se mantuviese en su cargo con carácter indefinido, recurriendo a la imposición del estado de guerra si era necesario. Le prometió el apoyo del ejército, pero Portela puso objeciones de nuevo[41]. La versión de Franco difiere de la de Portela en que el primero declara que fue a ver al Primer ministro hacia las 2 de la tarde del día 18 para insistirle en que la situación estaba desbordándose y que había que imponer el estado de guerra, y que el Primer ministro le contestó sencillamente que tenía que «consultarlo con la almohada». Añade que más adelante, aquella misma tarde, otros varios militares de alta graduación acudieron a decirle que el ejército tenía que actuar por cuenta propia, si era necesario, pero que les contestó que tenían que consultar primero con los comandantes de sus regimientos para concretar su grado de apoyo. Como muchas de las respuestas recibidas fueron negativas, Franco se negó a actuar por su cuenta[42].

Portela afirma que, a instancias de Gil Robles, se entrevistó con él de nuevo en un lugar retirado junto a la carretera del Norte en las afueras de Madrid y que resistió de nuevo sus apremios para que permaneciese en el poder e ignorase los resultados de las elecciones[43]. Pero las noticias recibidas a la mañana siguiente de todo el país eran aún más desalentadoras. Portela llegó a convencerse de que sería muy difícil seguir resistiéndose a la insistencia apasionada, casi violenta, de que fueran puestos inmediatamente en libertad todos los presos y se restituyese en sus cargos a los funcionarios locales expulsados de ellos en 1934. En consecuencia, concertó con Martínez Barrio que fuese a verlo aquella tarde a fin de informar a Azaña de que Portela pensaba dimitir en menos de cuarenta y ocho horas. La noticia le ocasionó un visible desagrado al jefe de Unión Republicana, porque ni él ni sus compañeros estaban ansiosos por asumir la responsabilidad directa del gobierno para tranquilizar a las masas de la izquierda[44].

En la mañana del día 19, la prensa nacional se hacía eco de unos rumores de conspiración militar y de un posible golpe que habían empezado a circular ya durante la campaña electoral. Cuando se reunió el gabinete a media mañana, las informaciones sobre manifestaciones, motines, quemas de iglesias y adueñamiento de varias cárceles por los presos o liberación de éstos, eran todavía más numerosas que el día anterior, por lo que los ministros acordaron por unanimidad dimitir inmediatamente. Portela opinaba que incluso los republicanos de izquierda estaban alentando aquellos tumultos, y que en consecuencia debían encargarse de la responsabilidad del gobierno cuanto antes. Al pasar por el Ministerio de la Gobernación de camino al palacio presidencial, se encontró con Franco que estaba esperándolo. Franco volvió a insistir en que Portela no debía dimitir, sino imponer el estado de guerra inmediatamente. Cuando Portela le hizo la objeción de que parte del ejército podría no colaborar, Franco le contestó que se podían traer de Marruecos unidades del Tercio y de los regulares para fortalecer la disciplina. Pero, aunque Portela estuvo de acuerdo con mucho de lo que dijo Franco[45], tenía ya tomada su decisión.

Marchó entonces directamente a ver a Alcalá Zamora y presentarle inmediatamente la dimisión efectiva del gabinete entero. El presidente puso resistencia ante la incorrección de semejante maniobra e insistió en que se mantuviese el gobierno existente hasta la apertura de la nueva Cámara, si era necesario, imponiendo el estado de guerra cuyo decreto estaba firmado ya. Ante la renuncia de Portela, Alcalá Zamora insistió en convocar al gabinete entero al palacio presidencial, pero se halló con que los únicos ministros en funciones dispuestos a plantar cara a la explosiva situación eran los dos altos jefes de las fuerzas armadas al cargo de los ministerios de Guerra y Marina, excluidos por la Constitución de ocupar el cargo de Primer ministro. En consecuencia, el gobierno provisional dimitió en masa el día 19, sin esperar siquiera la publicación de la versión oficial de los resultados de las elecciones a la mañana siguiente, acarreando consigo el éxodo en masa de muchos gobernadores provinciales y otros funcionarios gubernamentales locales, que dimitieron aterrados sin esperar la llegada de unos sustitutos adecuados[46].

CAPÍTULO 12

LA IZQUIERDA VUELVE AL PODER, FEBRERO A MAYO DE 1936

El nuevo gobierno de republicanos de izquierda encabezado por Azaña se organizó enseguida y tomó posesión antes de concluir el 19 de febrero. A Azaña le desagradaba el indecoroso apresuramiento en dimitir de su predecesor, porque eso obligaba a la nueva administración a hacerse cargo de las cosas mucho antes de que hubiesen concluido las responsabilidades del gabinete de Portela[1]. Como el gobierno iba a componerse exclusivamente de republicanos de izquierda, Azaña contaba con reunir una representación lo más amplia posible, que abarcara desde el centro-izquierda hasta la Unión Republicana de Martínez Barrio (en la que no confiaba demasiado por estar compuesta de exradicales) y hasta Felipe Sánchez Román, a quien respetaba mucho, a pesar de haberse retirado del Frente Popular. Pero siendo como era un liberal prudente, Sánchez Román rechazó el ofrecimiento de Azaña, temiendo con razón que, en las circunstancias del momento, el nuevo gobierno iba a estar sometido a una presión intolerable de la izquierda obrera.

De los trece miembros del gabinete (incluyendo al Primer ministro), diez eran de Izquierda Republicana y fuerzas afiliadas, dos de Unión Republicana y uno republicano independiente liberal-izquierdista. Casi todos eran hombres de carrera liberal (en su mayoría abogados y catedráticos), y algunos de medios adinerados. Azaña siguió el precedente de Portela, nombrando a un general como ministro de Guerra en la persona del anciano Carlos Masquelet, un general liberal y republicano que había sido uno de sus asesores en los años 1931-1933. Masquelet sustituyó también a Franco como jefe del Estado Mayor.

Azaña se dirigió a la nación por radio en la tarde siguiente (20 de febrero). Su mensaje fue tal vez el más conciliador desde que había sido por primera vez Primer ministro en 1931, en estos términos:

El gobierno se dirige con palabras de paz. Espera que toda la nación corresponda a los propósitos de pacificación, de restablecimiento de la justicia y la paz… No tenemos que perseguir a nadie mientras todos se limiten al cumplimiento de los derechos que la Constitución a todos nos concede. El que no esté en paz con la ley y las autoridades públicas, podrá temer el rigor del gobierno, que en ningún caso se apartará de lo que le manden sus deberes y las leyes… A su vez el pueblo debe de confiar en que aplicaremos puntualmente lo concertado… Unámonos todos bajo esa bandera en la que caben los republicanos y no republicanos, y todo el que sienta el amor a la patria, la disciplina y el respeto a la autoridad constituida[2].

El orden público constituía un problema grande y el gobierno, de momento, se tomó un respiro. Hubo informes de quemas, vandalismo y manifestaciones cargadas de violencia por lo menos en once provincias y, probablemente, en muchas más, menudeando los asaltos a los locales de las agrupaciones derechistas e incluso en algunos casos, a los del Partido Radical. Azaña hizo el día 20 la observación de que «La irritación de las gentes va a desfogarse en iglesias y conventos, y resulta que el gobierno nace, como el 31, con chamusquinas. El resultado es deplorable. Parecen pagados por nuestros enemigos[3]». Nombró ministro de Gobernación al afable y honrado Amos Salvador, de Izquierda Republicana, un arquitecto muy apreciado, propietario de valiosas fincas, que carecía de la energía y habilidad exigidas por una tarea tan difícil[4]. Para el neurálgico puesto de director general de Seguridad, el nuevo gobierno nombró a José Alfonso Mallol, un exradical socialista de mediana edad que había ejercido como gobernador civil en dos provincias diferentes durante el primer bienio. Mallol tuvo que plegarse enseguida a la política de restituir en sus puestos a varios oficiales izquierdistas revolucionarios de la guardia civil y la guardia de asalto convictos de rebelión armada en 1934.

Pero era más urgente todavía la necesidad de cumplir la promesa, hecha en la campaña electoral, de una amnistía general de los revolucionarios encarcelados, lo antes posible, porque cientos de izquierdistas estaban tomando ya la justicia por su cuenta en las prisiones provinciales[5]. Fue convocada apresuradamente la Diputación Permanente de las Cortes el 21 de febrero y, con la colaboración de la derecha, se acordó enseguida la concesión de una amnistía general para todos los encarcelados o convictos por delitos políticos y sociales desde las elecciones de 1933, entre los que se incluían también cierto número de falangistas, que abandonaron la prisión al día siguiente entre los alrededor de 15 000 excarcelados oficialmente.

El gobierno procedió a disolver aproximadamente la mitad de los ayuntamientos de España, restituyendo en sus puestos en la mayoría de los casos a los concejales de izquierdas que habían sido destituidos en 1934 basándose en que, como estos últimos habían sido elegidos legalmente en la mayoría de los casos, debían cumplir el resto de su mandato independientemente de si habían estado implicados o no en insurrecciones violentas. De modo similar, se nombraron nuevas comisiones gestoras en todos los gobiernos provinciales (en su mayoría derechistas) donde las había constituido el primer gobierno izquierdista en los años 1931-1933[6].

Al ser excarcelado, Lluís Companys, presidente anterior de la Generalitat Catalana, lanzó un discurso por radio dirigido a su circunscripción catalana en el que elogiaba el esfuerzo hecho en octubre de 1934 y se negaba a regresar a Barcelona mientras no se hubiese restablecido oficialmente la autonomía. Tras dos prolongadas sesiones, la Diputación Permanente se puso por último de acuerdo el 26 de febrero respecto a los términos en que se autorizaba al Parlamento catalán a que reanudara sus funciones y eligiera a un nuevo presidente, cosa que hizo inmediatamente, eligiendo a Companys aquel mismo día. Quedó rápidamente restablecido todo el sistema legal y político de la autonomía catalana. Estando todavía en Madrid, Companys asistió a un gran mitin socialista-comunista, celebrado en la plaza de toros el 26 de febrero, donde saludó puño en alto en medio de banderas rojas y retratos de Lenin y Stalin.

Regresó a Barcelona el 2 de marzo, recibiendo un saludo entusiasta de la multitud. Una vez más exaltó los logros de octubre y procedió a restituir en sus puestos a casi todos los miembros de su gabinete que habían sufrido la derrota. Fueron dos excepciones notables los líderes militares catalanes protofascistas de aquella asonada, el consejero de gobernación Dencàs y el jefe de policía, Badía, que no los recuperaron. (El último, junto con su hermano, caería muerto a tiros poco después, víctimas de pistoleros anarquistas, en uno de los pocos asesinatos políticos que se produjeron en Barcelona en la primavera de 1936). A partir de entonces Companys adoptaría una actitud conciliadora hacia el Madrid republicano y la izquierda situada dentro de Cataluña[7]. El 3 de marzo, el Tribunal de Garantías Constitucionales de Madrid declaró inconstitucional la legislación del 2 de enero de 1935 que había anulado la autonomía catalana.

Se cree que participaron unas 250 000 personas en el desfile triunfal del Frente Popular que se celebró en Madrid el 1 de marzo. Los participantes socialistas y comunistas destacaron en él con miles de jóvenes uniformados, emblemas revolucionarios e himnos trepidantes. Pero fue aún más importante el decreto emitido aquel día por el gobierno que exigía a todos los empresarios españoles la readmisión de todos los trabajadores despedidos por motivos políticos o por huelgas políticas desde comienzos de 1934 y a resarcirles por los salarios perdidos en una cuantía no inferior a 39 días de paga ni a más de seis meses, según los diferentes casos. Al día siguiente empezaron a poner en vigor la nueva ley los gobernadores civiles y las mesas laborales de cada distrito. La Cámara de la Industria de Madrid y otras organizaciones empresariales protestaron alegando que todo lo que habían hecho los empresarios había sido legal bajo la legislación en vigor en 1934 y que el nuevo decreto produciría el caos y unos costes abrumadores. Los derechistas afirmarían más adelante que por lo menos en un caso una viuda situada al cargo de un negocio fue obligada a readmitir a un obrero responsable de la muerte de su esposo en un altercado político.

La segunda vuelta electoral se efectuó el 2 de marzo. Se llevó a cabo en todos aquellos sitios donde la lista electoral más votada había recibido menos del 40 por ciento de los votos, pero gracias al sistema de alianzas ocurrió ello en menos provincias que en 1933, y sólo fue necesario en Castellón, Soria y las provincias vascongadas. La derecha se retiró en gran medida, por lo que la izquierda sacó mejor resultado que nunca, aunque se trataba de distritos en general moderados. La derecha brindó su apoyo en el País Vasco a los nacionalistas, que ganaron así en Vizcaya y Guipúzcoa, mientras los dos escaños de Álava se dividieron. En suma el Frente Popular, que había sacado en la primera vuelta solo una delantera de cinco escaños en esas cinco provincias, ganó ocho, la derecha (que había sacado una ventaja de once) añadió sólo tres, mientras que el centro (principalmente nacionalistas vascos), ganó nueve, incluyendo uno en Soria para Miguel Maura.

La respuesta inicial de la CEDA fue conciliadora. El liderato del partido había quedado temporalmente en manos del demócrata cristiano Giménez Fernández[8], quien explicó a El Adelanto de Segovia el 22 de febrero que la CEDA era sencillamente «la derecha de la República» y actuaría siempre «dentro de la legalidad y dentro de la República». Cuando el consejo nacional de la CEDA se reunió el 4 de marzo, declaró que el total de los votos revelaba que el partido estaba más fuerte que nunca, aunque con menos diputados debido al modo con que había funcionado el sistema de alianzas. Prometió que continuaría la «lucha legal» y que apoyaría al gobierno «en cuanto afectara el orden público y al interés nacional», y que se opondría a «cuanto fuese revolucionario[9]». Poco después, en la primera reunión de la nueva delegación parlamentaria de la CEDA, celebrada el 19 de marzo, Giménez Fernández suscitó dramáticamente la pregunta de si el partido apoyaría a «la democracia o al fascismo», y la delegación de la CEDA se decidió por la democracia, aunque se hizo la salvedad de que, si la democracia resultaba imposible, el partido se disolvería para que sus miembros pudieran seguir su propio camino[10]. Estaba haciéndolo ya la agrupación juvenil de uno de los sectores más extremistas del partido, la Derecha Regional Valenciana, que había iniciado conversaciones secretas con oficiales del ejército y otros elementos sobre la posibilidad de una rebelión armada. Aunque la posición oficial del partido estaba clara, sus juventudes, más exaltadas, empezaban ya a cruzar otros linderos.

El nivel de disturbios y violencia siguió siendo alto y no disminuiría hasta el último tramo de marzo. Siguió habiendo numerosos incidentes con quemas de iglesias, y casi cada día moría alguien en altercados políticos. La mayor perturbación se produjo en Granada donde, supuestamente como respuesta a un violento incidente cometido por la derecha, se produjo el 10 de marzo una huelga general con tumultos multitudinarios, incluyendo el incendio de la imprenta y las oficinas del diario conservador El Ideal, junto con las de centros políticos derechistas y una serie de iglesias, y por lo menos dos casas particulares. Dos personas resultaron muertas y por lo menos siete heridas[11]. Incluso en Pamplona fue colocada una bandera comunista en el balcón del gobierno provincial, y doce izquierdistas quedaron heridos a consecuencia de un choque con la policía.

La mayoría de las víctimas de las agresiones políticas fueron derechistas o no izquierdistas asesinados por izquierdistas, aunque algunos de estos últimos cayeron también asesinados por derechistas y falangistas. Sin embargo, la mayoría de las bajas sufridas por la izquierda fueron causadas por la policía al tratar de reprimir manifestaciones y disturbios[12]. En una demostración realmente grotesca, Amós Salvador trató precariamente de tranquilizar a la opinión pública asegurando que la situación no era tan grave como parecía, alegando que los peores incidentes eran obra de «bandas de gente joven no pertenecientes a ninguna disciplina o partido», cosa que era técnicamente cierta en algunos casos, aunque a menudo estaba bien clara su alineación política. La respuesta sistemática de los dirigentes izquierdistas era que la violencia se debía a provocaciones de los falangistas y de la derecha y que las acciones de los izquierdistas eran sencillamente una respuesta a aquellas provocaciones. Los principales líderes izquierdistas se pronunciaron ocasionalmente en contra de la violencia de sus partidarios, pero las agrupaciones jóvenes extremistas campaban ampliamente por su lado.

Aunque los elementos derechistas tomaron a veces la iniciativa en la violencia cometida en provincias, las refriegas mayores de las ciudades importantes estuvieron a cargo de los jóvenes socialistas y comunistas y de los falangistas. El 27 de febrero clausuró la policía el centro falangista de Madrid por tenencia ilícita de armas por parte de sus miembros. Por supuesto que no se hizo nada por controlar los centros izquierdistas. El gobierno reconocería después que unos fascistas habían sido muertos en Almoradiel. El 6 de marzo cuatro miembros de la CONS, el sindicato obrero de la Falange, que no se sumaron a una huelga izquierdista y trabajaban en la demolición de la vieja plaza de toros de Madrid, fueron abatidos con armas automáticas. Al día siguiente, moría a consecuencia de las heridas de disparos de pistola recibidas días antes en un ataque sufrido en un mitin del SEU (Sindicato Español Universitario, falangista) un miembro de este último. Cuatro días después, el 11 de marzo, dos jóvenes estudiantes de derecho, uno falangista y el otro tradicionalista, caían muertos a tiros en Madrid, disparados al parecer por miembros de las Juventudes Socialistas. Como aquel caído era ya el sexto afiliado a Falange abatido a tiros en Madrid en cinco días, los falangistas tomaron represalias enseguida. En la mañana del 13 de marzo, varios pistoleros dispararon sobre el conocido líder socialista y catedrático de derecho, Luis Jiménez de Asúa, uno de los padres de la Constitución republicana. Logró escapar ileso, pero su escolta murió poco después de las heridas. Como ya no se trataba de un derechista atacado por la izquierda, sino del caso contrario, la policía se esforzó por hacer detenciones, y encarceló a algunos estudiantes falangistas, aunque el verdadero asesino huyó en avión a Francia[13]. El entierro del policía de escolta muerto se convirtió a su vez en ocasión para otra manifestación y otro disturbio. Ardieron las oficinas de un periódico derechista que nunca volvió a publicarse, a la vez que ardían dos iglesias importantes de los suburbios de Madrid, quedando una totalmente destruida por dentro. Sin embargo, la declaración oficial publicada por la Dirección General de Seguridad situaba aquellos hechos en una perspectiva más clara que la de otros escritores posteriores, al relacionar el atentado contra Jiménez de Asúa con las anteriores muertes de «fascistas» de Almoradiel, el asesinato de los obreros el día 6 y el de los estudiantes el día 11[14]. Hubo un muerto en los disturbios que siguieron al entierro del escolta policíaco, y al parecer dos comunistas fueron abatidos después en un bar en un segundo atentado falangista[15].

El efectuado sobre Jiménez de Asúa suponía algún tipo de escalada, porque en medio de toda la violencia de los años republicanos, los líderes de los partidos principales, aunque iban acompañados frecuentemente por escoltas armados (desde 1934), casi nunca habían sido objetivo de intentos directos de asesinato. Azaña presidió un consejo de ministros de muy larga duración, seguido de una declaración oficial que exigía calma y orden. Lo que estaba claro es que aquel atentado había sido obra de falangistas, el único movimiento categóricamente fascista del país, que había quedado aislado y excluido de toda alianza electoral por la CEDA en las recientes elecciones. Aunque el grueso de la violencia desde la entrada de la República había procedido siempre de la izquierda, el gobierno de Azaña juzgó que la prohibición de la Falange sólo podría beneficiar al orden público y reducir la provocación y las excusas de los revolucionarios. El 14 de marzo fue detenida toda la junta política y la directiva nacional del partido, incluyendo a José Antonio Primo de Rivera, y se hizo también una redada de muchos de los jefes provinciales. Tres días después, un tribunal de Madrid declaraba fuera de la ley al partido por posesión ilegal de armas y actividades violentas y suspendía todas sus actividades. Aquello «acabaría» sencillamente con el «fascismo», aunque en realidad no era la cosa así de fácil. La Falange no pudo volver a actuar más como un movimiento político ordinario, pero la España republicana no era un Estado policíaco. Aunque el partido pasó a la clandestinidad, los nuevos miembros de la Falange superaron con mucho el número de los detenidos. Desacreditada la moderación cedista, miles de miembros de la JAP empezaron a pasarse a Falange, al tiempo que otros muchos hacían causa común con los falangistas. La ilegalización del partido se tradujo en una disminución momentánea de la violencia en la segunda mitad de marzo, pero su tasa volvió a aumentar a mediados de abril, para mantenerse a un nivel alto.

El gobierno no podía permitirse el mismo enfoque con los revolucionarios que con los fascistas, puesto que se debía a los votos de los revolucionarios. Aunque los izquierdistas podrían refunfuñar (con alguna razón) del conservadurismo de los jueces que eran demasiado indulgentes con los falangistas encarcelados, la policía era de hecho más rigurosa con estos últimos, al tiempo que hacía la vista gorda la mayoría de las veces que los izquierdistas atacaban a los falangistas[16]. Los republicanos de izquierda se sentían cada vez más desconcertados por la incapacidad o falta de interés de los líderes izquierdistas para controlar a sus activistas. Política, órgano del partido de Azaña, decía el 27 de marzo:

Resulta casi una perogrullada decir que el fascismo no es temible por lo que representa numéricamente, sino porque, tratándose de un fenómeno de disgregación social, se engendra en la demagogia y la agitación estéril. De ahí que la táctica fundada en la teoría de la «revolución permanente» haya sido desechada por sus resultados catastróficos en Alemania y en otros países afectados por el fascismo… No se comprende cómo fuerzas que no representaron nunca el obrerismo extremo remueven métodos de derrota y sufren el deslumbramiento de una revolución a la que falta incluso el proceso previsto por Marx.

Luis Romero ha presentado tal vez el mejor resumen analítico de la dialéctica de la violencia que se desató en la primavera de 1936:

El gobierno se ve incapaz de controlar el orden, y los incidentes con sangre —muertes y heridos graves— salpican toda España. Templos, conventos, centros derechistas, imágenes en ocasiones con valor artístico más o menos grande, son quemados o saqueados en diversos puntos. A mediados de marzo en Yecla se desencadenó un ataque de furia iconoclasta que prendió fuego a las iglesias y en particular a un número elevado de imágenes; el día 22 del mismo mes, en Oviedo matan al que fue fugaz ministro liberal-demócrata, Alfredo Martínez García-Argüelles, que había desempeñado la cartera de Trabajo, Justicia y Sanidad en el primer gobierno de Portela. El 31 por la mañana, cuando salía de su domicilio de Madrid, Cava Baja, número 22, el estudiante de medicina Antonio Luis Espiñeira, de 19 años, de ideología «fascista», es agredido a tiros por tres o cuatro pistoleros que luego huyen; el mismo día, en Sevilla, cuatro individuos mataron a tiros a Manuel Giráldez Mora, «afiliado al fascio», que cumplía el servicio militar, aunque la causa del atentado es que trabajaba en el muelle como capataz…

Algunos autores, y Josep Pla entre ellos, publican una larga relación de hechos sangrientos; no todos se reflejaban en la prensa, sobre la cual se ejerció la censura, pero basta un repaso de los periódicos para comprobar el elevado número de delitos de sangre de origen políticosocial. La escasa importancia que se les atribuye, salvo a los casos de mayor relieve, es indicio de que impresionan escasamente a la opinión pública, a menos que ocurrieran en la misma ciudad o región. Comenta Pla: «La fórmula política imperante ¿permitía abrigar la esperanza de algún apaciguamiento? Era, a mi entender, imposible. En primer lugar, la fórmula política encubierta con las palabras Frente Popular, era la revolución misma. Significaba, como ya dijimos, la posibilidad de hacer la revolución con impunidad completa. Son los elementos del Frente Popular mismo, los aliados del gobierno, las fuerzas que constituyen su mayoría parlamentaria, los que cubren, dirigen y mantienen la subversión»… Este texto quizá adolezca de una visión propia de posguerra que fue cuando se escribió este libro, lo cual hace que se generalice demasiado. Lo que ocurría es que los republicanos estaban obligados a pagar en mala moneda la victoria que el Frente Popular les había dado. Poquísimas veces los desmanes provienen de un elemento de Izquierda o Unión Republicana; los actores de los atentados como de los destrozos, incendios y demás son socialistas y comunistas, y, en ocasiones, anarcosindicalistas. Y aunque se ha estado insistiendo en el extremismo político de los seguidores de Largo Caballero, a la hora de la acción los partidarios de Prieto no se quedaban atrás.

Las derechas tampoco demostraban ser mancas, aunque en este período, por lo general, actuaban a la defensiva. En los pueblos principalmente, votantes y militantes de la CEDA recurrían a las armas con frecuencia; según quien redactara la noticia, le colocaba la etiqueta de «fascista» (en calidad de matador o de víctima) y asunto concluido. En publicaciones de carácter derechista posteriores a la guerra, se ponen de manifiesto incendios, destrucciones y otros horrores sin citar cómo empezaron; en algún caso consigue averiguarse que fueron consecuencia de la «muerte de un socialista», o de dos… Los falangistas también actuaban, y a partir de estas fechas, más; sucede que entonces y después se jactaron de ello, lo cual ha permitido a otros elementos, que actuaban con mayor discreción política, aceptar que se carguen todas las culpas sobre Falange.

En los libros publicados durante la guerra o en el exilio se ha exagerado de tal manera, que acusar a los falangistas se ha convertido en un tópico sin valor demostrativo. Unos utilizaban la exageración como arma política, pero muchos lo hacían porque habían llegado a creerlo; más adelante fueron copiándose unos a otros[17]…

Romero hace la observación de que a los derechistas les ofendía sobremanera la violencia anticlerical y destructiva y aprovechaban el asunto para atraerse a la gente moderada y de recursos modestos:

La tolerancia del gobierno, que reaccionaba con retraso y escasa energía frente a los desmanes, atrajo a la derecha a muchos españoles que, en razón de su débil economía, de la precariedad de sus ingresos, del desamparo sociocultural en que se debatían, carecían de otras razones si no eran las religiosas para unirse a quienes eran sus «enemigos» naturales. La izquierda burguesa, gobernante en este momento, rabiosamente anticlerical y con elevado porcentaje de masones entre sus dirigentes, creía ver una válvula de escape en los ataques a la Iglesia. Casi podrá decirse que se complacían en ellos, al considerarlos un desquite histórico y justiciero[18].

Algunos sectores de la izquierda republicana reaccionaron sin embargo, con más alarma que la del gobierno. A mediados de marzo los gobernadores de cinco provincias diferentes dimitieron debido a su incapacidad para hacer frente a aquellos problemas, y en algunos casos porque se daban cuenta de que el gobierno no estaba haciendo un esfuerzo serio para mantener el orden. En último término esta circunstancia suscitó la cuestión del futuro del Frente Popular, que seguía existiendo a nivel político, pero no a nivel gubernamental. El destacado historiador y dirigente moderado de Izquierda Republicana Claudio Sánchez Albornoz fue uno de los primeros en poner en el candelero el tema de la descomposición de la alianza con la izquierda obrera, y antes del fin de marzo habló con Azaña de la necesidad de prepararse para una mayoría parlamentaria diferente y más responsable, incluso sin el apoyo de los socialistas[19].

Los militares

El eterno «problema de los militares» había sido resuelto supuestamente por las reformas de Azaña en 1931-1933, pero la izquierda descubrió enseguida que eso no era cierto. Actuando en consecuencia, el Frente Popular resucitó en 1936 el añejo asunto «de las responsabilidades» que había dominado en gran medida la vida política en los años 1921-1923 y 1931. Su demanda de amnistía para los presos políticos responsables de homicidios durante la insurrección de octubre no incluyó a los militares que habían matado gente durante la represión. De acuerdo con la lógica de la izquierda, los primeros habían sido hechos «políticos» y los segundos, hechos «criminales». La demagoga por excelencia en lo tocante a este tema fue la mordaz Dolores Ibárruri, «La Pasionaria», líder de primera fila del Partido Comunista, que exclamaba en un discurso pronunciado el 1 de marzo:

Vivimos en una situación revolucionaria que no puede ser demorada con obstáculos legales, de los que ya hemos tenido demasiados desde el 14 de abril. El pueblo impone su propia legalidad y el 16 de febrero pidió la ejecución de sus asesinos. La República debe satisfacer las necesidades del pueblo. Si no lo hace, el pueblo la derribará e impondrá su propia voluntad[20].

El gobierno de Azaña halló que no podía resistirse a aquellas demandas, repetidas desde casi todos los sectores de la izquierda obrera, y el 10 de marzo arrestó al general López Ochoa, exinspector general del ejército que había estado a la cabeza de la campaña de Asturias (en la que, paradójicamente, había sido criticado por los militares de la línea dura por ser demasiado indulgente con los rebeldes). Fueron detenidos también un capitán de la guardia civil y otros oficiales más.

Las presiones de los militares a favor de un golpe no eran del todo un secreto para los dirigentes del gobierno, que reaccionaron haciendo cambios en todos los altos mandos, colocándolos casi sin excepción en manos de generales de talante republicano o en el peor caso neutrales. Franco fue sustituido como jefe del Estado Mayor y se le dio el mando de las Islas Canarias, a miles de kilómetros en pleno Atlántico, desde donde le sería imposible conspirar directamente con los demás generales. Fanjul, el anterior subsecretario, fue dejado sin empleo. El general Goded, director general de Aeronáutica, fue trasladado a las Islas Baleares, el general Mola lo fue de un alto mando en Marruecos a la XII Brigada, situada en Pamplona, y así sucesivamente. Cuando quedó organizada totalmente la «cúpula militar» a mediados de marzo, una estimación calculaba que de los veintidós mandos supremos del ejército, catorce estaban en manos de elementos leales a la República, cuatro en manos de conservadores, y sólo tres en las de conspiradores potencialmente activos. Se procedió acto seguido a seguir más o menos la misma política con los altos mandos de la guardia civil. Un decreto especial del 21 de marzo inauguró la categoría de disponible forzoso (sin cargo activo) destinada a los jefes y oficiales sospechosos, y en los cinco meses que mediaron hasta el 18 de julio, el gobierno trasladó a 206 de los 318 capitanes del cuerpo, a 99 de los 124 comandantes, a 68 de los 74 tenientes coroneles, y a los 26 coroneles[21]. Todos los elementos izquierdistas expulsados del ejército y los cuerpos de seguridad por complicidad en los sucesos de 1934 fueron restituidos por decretos del 22 de febrero y 2 de marzo.

El odio a los militares era tan intenso entre la izquierda que hubo frecuentes casos de insultos en público a los oficiales del ejército e incluso algunos casos de agresión física. Azaña consigna en su diario que un ayudante del nuevo ministro de Guerra, oficial de conducta irreprochable había recibido empellones de una turba izquierdista, y el 13 de marzo el ministro de Guerra publicó una nota expresando su «indignación por las injustas agresiones» hechas a los oficiales, instando a estos últimos a que no permitiesen las provocaciones. El ministerio en cuestión negó además públicamente que hubiese ningún peligro de «conspiraciones militares» de que se rumoreaba y declaró que los militares merecían el respeto y el apoyo de todo el mundo por ser «el más firme apoyo del Estado republicano[22]».

El gobierno se había asegurado desde luego la lealtad de la mayoría de los más altos jefes militares. La rebelión que se produciría el 18 de julio sólo recibiría respaldo al nivel activo más alto del director general de Carabineros (Queipo de Llano), dos de los generales de división (Cabanellas y Franco), y dos de los de brigada (Goded y Mola). Pero el simple traslado de los cargos distó mucho de detener la conspiración, que se había iniciado ya en la tarde del 16 de febrero entre los militares de extrema derecha y no cesó después en ningún momento.

Existía de hecho una organización semisecreta, la Unión Militar Española (UME), y en la primavera de 1936 aseguraba tener 3436 miembros, o sea alrededor de una cuarta parte de los jefes y oficiales en activo, junto con el apoyo de 1843 retirados y 2131 suboficiales[23]. El matiz político de la UME era antiizquierdista, pero por lo demás su programa era impreciso. Era una organización profesional de jefes y oficiales de tipo sindical, carecía de una estructura y liderato rigurosos y no constituía un instrumento eficaz de conspiración.

En 1935 se había creado una organización izquierdista equivalente, de más directa implicación, la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA) mediante la fusión de la Unión Militar Republicana (creada en Marruecos el año anterior) y la minúscula y clandestina Unión Militar Antifascista, dirigida por comunistas. La UMRA no tenía más allá de unos pocos cientos de miembros, pero contaba entre ellos con dos generales, incluyendo el nuevo director general de Aeronáutica, Miguel Núñez de Prado. La pertenencia a la masonería tenía también importancia en la UMRA, cuyas dos ramas principales estaban en Madrid y Barcelona[24].

El 8 de marzo algunos de los principales militares antiizquierdistas se reunieron en Madrid en casa de un dirigente de la CEDA que era oficial de la reserva[25]. Cinco horas de conversación no llegaron a traducirse en un acuerdo completo ni en un plan de acción detallado, aunque convinieron en estar prestos a rebelarse si el sector revolucionario de los socialistas asumía el poder o si se producía una emergencia grave que amenazase con un colapso completo. Al general retirado Rodríguez del Barrio, se le encargó que hiciese de una especie de enlace y organizador en Madrid, pero sus actividades del mes siguiente sólo sirvieron para que fuesen detenidos dos jefes militares y no dieron resultado. Se habló y se dijo de una fecha tope del 20 de abril sin que ocurriese nada. Se le concedió cierta primacía al general Sanjurjo entre los rebeldes, pero vivía en Portugal e hizo poca cosa por organizar directamente una conspiración[26].

A consecuencia de todo esto, al comenzar la primavera había ya muchos cabos, pero ninguna trama eficaz. Hasta que cayó enfermo, el general Rodríguez del Barrio trató de coordinar los planes existentes en Madrid con otros varios generales; Sanjurjo vegetaba semiasilado en el extranjero, Franco había asumido un mando con el Atlántico de por medio, y los diferentes grupos de la UME estaban inseguros y carecían de organización. Los tradicionalistas entrenaban en forma semisecreta su propia milicia, pero sólo eran dignos de mención en Navarra. La Falange había sido disuelta y sus miembros habían pasado a la clandestinidad. Aun así, su número aumentaba rápidamente. Parte de los jóvenes de la JAP se volvían ya hacia la Falange o hacían sus planes propios paramilitares en unas pocas zonas, pero después del 19 de febrero los líderes de la CEDA habían regresado rápidamente a la legalidad. Calvo Sotelo y los monárquicos más extremistas propugnaban una dictadura corporativa patrocinada por los militares, pero carecían de apoyo directo, tanto civil como militar.

El Primer ministro y el ministro de Guerra eran conscientes de que el complot estaba en marcha, pero se resistían a purgar directamente a los militares, por varias razones. Por una parte, tenían un bajo concepto de los mandos del ejército y dudaban de su capacidad para organizar una conspiración eficaz. Por la otra, no podían abandonar del todo sus esfuerzos de coexistencia con la derecha. Existía además la paradoja de que el ejército era en último término la única protección del gobierno de Azaña contra la izquierda revolucionaria en el caso de desintegración del Frente Popular. En consecuencia el gobierno vacilaba en ir más allá de alguna pálida demostración del tipo de un decreto del 18 de abril que autorizaba al gobierno a suspender la pensión a cualquier militar retirado que perteneciese de seguro a alguna organización política ilegal, tal como la Falange. El gobierno estaba jugando con fuego, o dicho con más precisión, con dos fuegos diferentes, y no se atrevía a tratar de extinguir ninguno de ellos por temor a que el otro se escapara del control. Aquel modo de actuar, tan indeciso, continuó durante cinco meses, y terminó desastrosamente.

Se ahonda la escisión de los socialistas

El triunfo electoral no resolvió las divisiones internas de las filas socialistas, y no hizo otra cosa que ahondarlas, porque inmediatamente se suscitó la pregunta de cómo había que utilizar la victoria. Los prietistas continuaban sus maniobras tratando de seguir un derrotero relativamente moderado aliados con los republicanos de izquierda, mientras que los caballeristas seguían vetando tenazmente la participación en el gobierno, e incluso, en algunos casos, la colaboración con él. Insistían en practicar una política radical buscando la alianza con los comunistas e incluso con la CNT.

El problema interno principal que tenían que resolver los socialistas era el de la jefatura nacional, dado que Largo Caballero había dimitido de su puesto en diciembre y la comisión ejecutiva en funciones tenía más de tres años al haber sido elegida después del XIII Congreso del Partido Socialista de octubre de 1932. El 8 de marzo se celebraron nuevas elecciones para la directiva de la sección madrileña del partido y las ganaron los caballeristas —que normalmente hacían referencia a sí mismos como socialistas «de izquierdas» o «revolucionarios marxistas»— por un margen de tres a uno. O sea que los socialistas de izquierdas se adueñaron de ese modo del control de la sección madrileña del partido y de la mayoría de la UGT, su principal base de apoyo. Los prietistas —llamados también «centristas» o «moderados»— ejercían el control del aparato nacional del partido, la dirección de El Socialista, diario del partido, la poderosa sección vasca de la UGT[27], y también la sección asturiana de la UGT. Sin embargo, tras la dimisión de Largo Caballero y tres partidarios suyos de la Comisión Ejecutiva, la retirada de otros dos miembros hizo que la Comisión Ejecutiva en funciones estuviese compuesta por Prieto y cuatro partidarios suyos, que en total suponían menos de la mitad de los miembros nominales. Un nuevo congreso del partido sería desde luego crucial. Los caballeristas insistían en celebrarlo en Madrid, su gran baluarte, mientras los prietistas votaron por aplazarlo y hacer un posible congreso en otoño en Asturias, donde eran mucho más fuertes. El resultado fue un empate, sin ser capaces ni los izquierdistas ni los moderados de imponer su política a los demás.

La estrategia básica de los socialistas izquierdistas residía en disponer las cosas para que el gobierno de Azaña, después de haber completado su tarea aparentemente kerenskiana, diese lugar a un gobierno socialista, presumiblemente (aunque eso nunca estuvo claro) por medios legales. Como su partido solo poseía un quinto de los votos de la Cámara, un gobierno revolucionario encabezado por los socialistas tendría que ser de coalición, apoyado por los comunistas y por otros; en sus fases iniciales requeriría también el apoyo del voto de los republicanos de izquierda. En otras palabras, tendría que invertirse la relación actual de los socialistas y los republicanos de izquierda. Pese a haber mucha retórica en torno a la «dictadura del proletariado», no había ningún plan ni preparación para una toma directa del poder de tipo revolucionario. La única otra alternativa que estudiaron fue la respuesta necesaria a un intento de golpe militar o derechista, que adoptaría la forma de una huelga general revolucionaria, seguida supuestamente de una entrega del poder a un régimen dirigido por socialistas, aunque posiblemente no de inmediato.

En esa situación el Partido Comunista fue capaz de desempeñar un papel de alguna importancia por vez primera. Dieciséis diputados comunistas convertían a su partido en una fuerza de la minoría parlamentaria (gracias también en parte a los caballeristas), y la influencia comunista se veía reforzada por sus estrechas relaciones con las Juventudes Socialistas, por la ayuda proporcionada a las víctimas de la represión por el Socorro Rojo Internacional, y por un montón de organizaciones de primera línea y auxiliares, desde agrupaciones culturales y deportivas femeninas hasta la oficial Amigos de la URSS. El partido era un firme defensor tanto del Frente Popular en general como de la administración azañista en particular, aunque sólo fuese a corto plazo. Las exigencias que planteaban los comunistas al gobierno no se referían exclusivamente al cumplimiento de la plataforma del Frente Popular, sino que se extendían a la expropiación de tierras en gran escala sin compensación y a la eliminación efectiva de los partidos derechistas ya fuese por vía judicial, legislativa o gubernamental, como en el caso de la ilegalización de Falange. Una vez logrado esto, se esperaba que la administración de Azaña diese paso a una coalición izquierdista revolucionaria que podría denominarse «Gobierno Obrero-Campesino». Pero incluso esto seguiría siendo una fase preliminar, y en una reunión conjunta de comunistas y socialistas celebrada en Madrid justo antes de las elecciones, José Díaz, secretario del Partido Comunista, había manifestado que «Un gobierno obrero-campesino no equivale todavía a la dictadura del proletariado ni a la construcción del socialismo[28]», que constituiría la tercera fase, no la segunda, de un proceso trifásico. Posteriormente los comunistas reprendieron a los caballeristas por hablar con poca seriedad de la dictadura del proletariado.

La directiva comunista apremiaba por la creación de «Bloques Populares» que representasen a las agrupaciones del Frente Popular en los niveles local y provincial de toda España, de «Alianzas Obreras» individuales de todas las agrupaciones obreras, y por la unidad orgánica con los socialistas. En los primeros meses de 1936 se llevó a cabo la fusión de la pequeña CGTU comunista con la UGT. El 4 de marzo el Comité Central comunista envió una larga carta a la Comisión Ejecutiva socialista proponiendo la formación de un comité permanente de enlace que llevaría a la creación de un partido unido marxista-leninista. Serían sus bases:

Independencia completa con respecto a la burguesía y ruptura completa del bloque de la socialdemocracia con la burguesía; realización de antemano de la unidad de acción; reconocimiento de la necesidad del derrocamiento revolucionario de la dominación de la burguesía y la instauración de la dictadura del proletariado en la forma de soviets; renuncia al apoyo de la propia burguesía en caso de guerra imperialista; edificación del partido sobre la base del centralismo democrático, asegurando la unidad de voluntad y acción, templada por la experiencia de los bolcheviques rusos.

El partido unificado llevaría una alianza obrero-campesina más amplia a un gobierno obrero-campesino que sustituiría en último término a la administración de Azaña. Ese régimen prepararía el camino hacia el socialismo mediante la confiscación de todas las fincas rurales grandes, la nacionalización de la gran industria y la sustitución de las fuerzas armadas por una Guardia Roja revolucionaria[29]. En ese momento la única proposición más extremista vino del POUM, que apremiaba por una alianza de todas las agrupaciones revolucionarias que procedería directamente a la implantación de un régimen socialista.

Durante la campaña electoral, un Largo Caballero de 66 años de edad había recalcado que los socialistas de izquierda no estaban separados del PCE por «ninguna diferencia grande. ¡Qué digo yo! ¡No hay ninguna diferencia!». Y añadió: «El punto fundamental: la conquista del poder no se puede hacer con la democracia burguesa». Largo Caballero se había lamentado además de que «había incluso socialistas» que no eran capaces de darse cuenta de la belleza de una dictadura socialista-comunista y todavía «hablan contra todas las dictaduras[30]».

El 5 de marzo la Comisión Ejecutiva de la UGT propuso a la ejecutiva del partido que se formase un nuevo comité conjunto de dos representantes de cada uno de los partidos obreros para unir fuerzas para el cumplimiento del programa del Frente Popular. Dos semanas después, la directiva caballerista de la sección madrileña del partido anunciaba que haría presión en el siguiente congreso del partido para que se diese prioridad a la creación de un partido unido con los comunistas.

Fue en medio de ese clima cuando el besteirista Gabriel Mario de Coca publicó un breve libro criticando la «bolchevización del partido», y concluía diciendo:

Cierro mi trabajo con la impresión del triunfo bolchevizante en todos los frentes del partido. La minoría parlamentaria de las nuevas Cortes estará impregnada de un fuerte tono leninista. Prieto tendrá escasos diputados a su favor y Besteiro estará completamente solo como discrepante marxista…

Y la impresión que todo esto deja en relación al porvenir obrero y nacional no puede ser más pésima. El ciempiés bolchevizante está solo y señor en el horizonte proletario y mi marxismo sólo puede imaginar que va en busca de una de sus rotundas victorias. Si en octubre de 1934 no logró más que Gil Robles gobernara una etapa negra de Constitución suspensa y poderes excepcionales, con el más horrible y estéril derroche de sangre obrera, sólo cabe esperar que en el futuro complete su obra definitiva[31].

Aquella profecía, exacta como pronóstico a largo plazo, exageraba sin embargo la situación que se presentaba en marzo de 1936. El dominio prietista del aparato del Partido Socialista equivalía sencillamente a que todas las proposiciones directamente comunistas serían bloqueadas por completo en tanto que los centristas siguieran siendo dueños del control, y de hecho no se inició nunca ningún proceso de fusión del partido, y siguió ensanchándose en cambio el abismo interno existente entre la izquierda socialista y el centro prietista. Claridad presentó el 19 de marzo los objetivos de la izquierda socialista: un régimen obrero, la colectivización de la propiedad, una «confederación» de las «nacionalidades ibéricas», y la disolución del ejército regular, pero ninguno de ellos fue aceptado como meta inmediata de trabajo por la directiva prietista.

Las tácticas comunistas de fusión sólo tuvieron éxito con las Juventudes Socialistas. El 5 de abril se crearon las Juventudes Socialistas Unificadas (ISU), fusionándose los cuarenta mil o más miembros de las Juventudes Socialistas con sus tres mil miembros de la formación homologa comunista en unas condiciones que equivalían a una toma de posesión de parte de la directiva comunista[32]. Los oradores comunistas pronunciaron unos discursos más extremistas que los de ningún otro grupo de dirigentes de partido durante la primavera de 1936, y el 1 de abril Mundo Obrero apremiaba: «Todo el poder deberá ser para las alianzas obreras y campesinas, que con carácter nacional serán los órganos encargados de ejercer la dictadura de la clase proletaria, superando la etapa democrática burguesa rápidamente, transformándola en la revolución socialista».

Pero, por el momento, los comunistas apoyaron a la administración de Azaña mucho más que a la izquierda socialista. Y se opusieron más que esta última a la gran ola de huelgas que se iniciaba, tildándola de prematura y contraproducente, cosa que era en realidad. De momento, propusieron únicamente una extensión radical de la reforma agraria que sería pagada con bonos del Estado. En esos meses el Partido Comunista presentó el concepto del «pueblo laborioso», no refiriéndose a la clase obrera, sino a todas las personas productoras, incluyendo a los minifundistas, a la clase media baja, e incluso al sector «no fascista» de la burguesía. Los estrategas comunistas se dieron buena cuenta de que no se podía dar un salto sin más al régimen revolucionario y que era importante el mantenimiento temporal del Frente Popular. La afiliación de su partido crecía rápidamente, y el PCE se convirtió en un auténtico partido de masas por vez primera con una estructura perfectamente desarrollada, aunque suscita algunas dudas el que tuviese en junio ya realmente los 100 000 miembros de que alardeaba[33].

Aparte de los comunistas, la otra preocupación de Largo Caballero y la directiva de la UGT era conseguir alguna forma de acción conjunta con la CNT. Esta última era recelosa y rechazaba los intentos de acercamiento de la UGT, que en ocasiones apuntaba a una alianza y llegó a hablar incluso vagamente de una fusión. Los portavoces de la CNT refiriéndose a aquélla, se quejaban de «que nunca se sabe cómo será estructurada y que frecuentemente se orienta por el camino de la absorción[34]» de la CNT y sacaban siempre en conclusión que «la revolución de España sería de tipo libertario[35]» y no marxista-leninista. Sin embargo, por la primavera de 1936 había entre los miembros de la CNT y la UGT unos sentimientos más fraternales que en muchos años. La experiencia común de la represión los había acercado entre sí, lo mismo que la común expectativa de nuevas victorias decisivas. Iba a haber muchas huelgas unidas de la UGT y la CNT aquella primavera, aunque iba a seguir reinando la gran rivalidad de siempre.

En aquella situación de creciente violencia, vértigo huelguista, y más y más bravatas sobre la revolución, hizo su aparición otro nuevo síntoma a poco de empezar el mes de abril: una distribución de folletos falsos, confeccionados al parecer por agentes provocadores derechistas que presentaban planes detallados de una revolución violenta, con listas de personas de derechas que había que eliminar[36]. La ultraderecha estaba ansiosa por terminar de una vez con toda aquella agitación prerrevolucionaria, pero se daba cuenta también de que la oportunidad no se presentaría por sí sola de no ser que se diera por lo menos otro paso adelante en materia de provocación y polarización.

La Comisión de Actas

La Cámara inauguró sus sesiones el 15 de marzo con una de trámite presidida por el «presidente de edad» (el diputado más viejo), un conocido derechista gaditano. Su negativa a terminar la sesión con un «¡Viva la República!» provocó un tumulto, y los diputados comunistas cantaron la «Internacional» en el Congreso por primera vez. Estaban representados treinta y tres partidos políticos. Había habido un gran cambio de diputados e infinidad de caras nuevas. Incluso entre los socialistas, que con la CEDA habían disfrutado de la mayor continuidad en cuanto a volumen de delegación entre 1933 y 1936, casi la mitad de sus diputados eran nuevos en la Cámara. Las Cortes aprobaron la continuación del existente «estado de alarma» por otros treinta días (de hecho conservó su permanencia hasta el comienzo de la Guerra Civil), y al día siguiente fue elegido Martínez Barrio presidente de la Cámara. Enseguida hubo más incidentes. El 20 de marzo hubo que impedir mediante el empleo de la fuerza que varios diputados izquierdistas agrediesen a uno conservador[37].

Bajo el sistema republicano, la primera tarea importante de una Cámara nueva consistía en elegir una Comisión de Actas encargada de revisar los resultados electorales y decidir si había que anularlos o revisarlos en alguna circunscripción debido a fraudes u otras irregularidades. Aquello suponía en realidad que los vencedores de los comicios respectivos tenían la facultad de sentarse a juzgar a los perdedores y determinar si había que reducir todavía más su representación parlamentaria. Aquella facultad fue ejercida con moderación por el centro-derecha en 1933, pero el Frente Popular trató de llevar a cabo una revisión exagerada de todos los distritos ganados por el centro y la derecha en 1936. La extrema izquierda pedía la anulación de casi todos los triunfos de las derechas[38], alegando, según pretendía El Socialista el 20 de marzo, que «ni un solo diputado de derechas puede afirmar que alcanzó limpiamente su escaño». El 17 de marzo se votó la composición de la comisión con una gran mayoría izquierdista.

Carlos Seco Serrano expone la situación en estas palabras: «La superioridad izquierdista no era tan absoluta que proporcionase el quorum reglamentariamente preciso para la aprobación de las leyes. A corregir esta circunstancia se aplicaría, en breve, la Comisión de Actas, acudiendo a tal número… que para lograr el “desempate”, hubo que batir todas las marcas del antiguo régimen en cuanto a manipulación[39]». O, expuesto en palabras de Madariaga:

Conquistada… la mayoría, fue fácil hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió una Comisión de Actas y ésta procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsó de las Cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; se trataba de la ejecución de un plan deliberado y de gran envergadura. Se perseguían dos fines: hacer de la Cámara una convención, aplastar a la oposición y asegurar el grupo menos exaltado del Frente Popular[40].

Los votos decisivos de la Comisión de Actas fueron los de los republicanos de izquierdas, aunque se vieron presionados constantemente por los partidos obreros. Se decidió no poner en duda los resultados en una serie de provincias impugnadas por la extrema izquierda, en las que sin embargo, las pruebas de que existía la «certeza moral» de fraude o coacción derechista carecían de solidez. La comisión empezó por anular el 24 de marzo la elección de los candidatos conservadores de Burgos y Salamanca. Cuando los diputados derechistas pidieron la investigación de la exigua victoria izquierdista en Valencia y del triunfo del Frente Popular en Cáceres, su exigencia fue ignorada y el 31 de marzo los diputados derechistas se retiraron temporalmente de la Cámara.

Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes en 1936.

La cosa más parecida a un palmario ejemplo de fraude y coacción pueden haber sido los comicios de Granada. Se obtuvieron 70 declaraciones juradas de ciudadanos de esa provincia relativas a amenazas de violencia, presiones económicas y fraude del voto. En una serie de pueblos pobres no aparecieron votos de la izquierda, mientras que en una localidad de montaña (Huéscar), los dos mil votos aparecían ganados por la derecha[41]. Desde las elecciones se habían incautado en esa provincia un total de 10 298 armas de fuego, principalmente de personas de derechas. Aunque no llegó a hacerse una presentación completa y detallada de todas las pruebas, se anularon los resultados y se convocó a nuevas elecciones[42]. Se produjo un veredicto bastante similar en la provincia de Cuenca, donde se calculó que si se excluían todos los votos fraudulentos, las victoriosas derechas no hubieran llegado al exigido 40 por ciento, aunque en este caso las pruebas no eran tan claras y los nacionalistas vascos se negaron a votar con la mayoría, cosa que habían hecho antes.

Galicia tenía la peor marca de manipulación electoral, pero la minoría radical no consiguió que se sometiese a nuevo examen ningún caso del voto del Frente Popular en Pontevedra. Se dejó en pie de manera parecida el triunfo izquierdista de La Coruña, aunque sus procedimientos resultaban bastante dudosos. Hubo en cambio mucho más interés en anular el voto derechista de Orense, porque así se le podía quitar el escaño a Calvo Sotelo. Los términos realmente incendiarios e incluso groseros de Dolores Ibárruri animando a la comisión a que tirasen aquellos votos, resultaron enconados en demasía y más bien contraproducentes. Se le concedió la palabra al mismo Calvo Sotelo y pronunció un elocuente discurso. Puso de manifiesto la imposibilidad de que hubiera habido nada menos que 106 000 votos fraudulentos, como pretendían los comunistas, y se explayó revolviendo las contradicciones del proceso de revisión. Si España tenía que tener una dictadura marxista o totalitaria, las elecciones carecerían de importancia, pero si debía seguir habiendo una República democrática, sólo podría existir sobre la base de respetar los resultados electorales. Terminó comparando aquella purga con la eliminación que hizo Hitler de los diputados comunistas en cuanto se convirtió en canciller, y aquello parece que hizo reflexionar a los republicanos de izquierda. La mayoría reconsideró el asunto y, con gran enojo de la extrema izquierda, se le permitió conservar su escaño a Calvo Sotelo.

El resultado final fue la anulación completa de las elecciones de Cuenca y Granada, provincias en que había ganado la derecha, y hubo anulaciones parciales que afectaron a uno o más escaños en Albacete, Burgos, Ciudad Real, Jaén, Orense, Asturias, Salamanca y Tenerife. Se celebrarían nuevas elecciones en las dos provincias mencionadas antes y los escaños sueltos de todas las demás fueron traspasados sin más a la mayoría del Frente Popular, aunque el centro obtuvo también unos cuantos escaños, y otro de Jaén, restado a los radicales, fue concedido a la CEDA para no dar una impresión de parcialidad total. No hubo pruebas de fraude claro y descarado más que en Granada y acaso en parte de Galicia[43]. Las irregularidades gallegas fueron ignoradas en su mayoría debido a que habían favorecido más al Frente Popular que a la derecha. Innecesario decir que en ningún caso se le quitó un escaño a la izquierda. La derecha presentó la acusación de que la izquierda les había robado las elecciones en cuatro o cinco provincias donde los disturbios de los días 17-20 de febrero habían permitido la falsificación de los resultados electorales. Negaron categóricamente aquellos cargos los diputados frentepopulistas de la comisión y nunca fueron investigados. Un total de treinta y dos escaños cambiaron de mano, en su mayoría a favor del Frente Popular, saliendo más favorecida que ningún otro partido la Unión Republicana de Martínez Barrio, una entidad relativamente pequeña. Después de efectuados todos aquellos traspasos de escaños, la composición final de la Cámara fue de 277 escaños para la izquierda, 60 para el centro, y 131 para la derecha.

En el curso de esa reorganización de los resultados electorales, el presidente de la comisión, Indalecio Prieto, dimitió. No se debió su dimisión a que objetase en principio la invalidación de los votos derechistas fraudulentos, sino a que pensaba que la mayoría del Frente Popular estaba yendo demasiado lejos. Habría preferido también presenciar una investigación menos parcial del proceso electoral de Galicia, aunque Alcalá Zamora dio al principio la impresión de estar tan preocupado por proteger las manipulaciones de la administración de Portela como el Frente Popular por las de la derecha[44].

Dolores Ibárruri, «La Pasionaria».

El veredicto final del estudio más concienzudo de aquel proceso electoral concluye así:

Si las irregularidades no afectan a la suma total de sufragios obtenidos por ambas fuerzas políticas, en cambio el número de diputados, aparte de las modificaciones producidas por la ley electoral, se vio gravemente afectado por su discusión de las actas en las Cortes, a la que merecidamente se puede calificar de penosa. Si cabe acusar a las derechas de este momento de haber tenido una mentalidad mucho más reaccionaria que conservadora y de haber aprovechado al electorado más ignorante en el terreno político, cabe también acusar a las izquierdas, de que teniendo más a la vista los beneficios momentáneos que los de a largo plazo, actuó con sentido absolutamente partidista en la determinación de actas válidas y no válidas. La izquierda debería haber comprendido que, a largo plazo, le resultaba incluso más rentable el consolidar el sistema democrático que, creándose una mayoría momentánea, lanzar a la derecha por el camino de la subversión. De esta discusión de las actas hay, además, que hacer especialmente responsable a la izquierda burguesa, pues buena parte del socialismo y del comunismo se colocaban ya al margen del sistema democrático. Es la izquierda republicana, que teóricamente constituía el puntal más firme y la base de la República, la que se beneficia más de las modificaciones en la distribución de las actas y es quien es incapaz de enfrentarse al extremismo en las Cortes de manera directa. Es ella, finalmente, la que, ante la intervención personal de Azaña para evitar que se impidiera el acceso a las Cortes de Calvo Sotelo, recurre a afirmar, como hemos visto que hace un diputado, la «necesidad de sacrificio». Y esa frase es suficientemente expresiva de su olvido de las esencias democráticas[45].

Alcalá Zamora estuvo de acuerdo con la derecha en esta ocasión:

… Con todo esto la hueste parlamentaria del Frente Popular [sic], si bien cercana a la mayoría absoluta, y desde luego superior a doscientos diputados, no alcanzaba aquélla con los resultados del 16 de febrero. Llegó a esa mayoría absoluta, y aun a la aplastante, en las etapas del sobreparto electoral, todas de licitud y violencias manifiestas, tal como las pedían y echaban de menos los hombres decididos y prácticos en 1933…

La fuga de los gobernadores y su reemplazo tumultuario por irresponsables y aun anónimos, permitió que la documentación electoral quedase en poder de subalternos, carteros, peones camineros o sencillamente audaces asaltantes y con ello todo fue posible… Ya las elecciones de segunda vuelta del 1 de marzo, aunque afectaron a muy pocos escaños, fueron resultado de coacciones y pasó lo que el gobierno quiso. ¿Cuántas actas falsificaron?… Lo de Cáceres no podía negarse… En cuanto a La Coruña y a toda Galicia, como también pasa desgraciadamente en Almería, a causa de incurables males endémicos, todas las elecciones deben reputarse nulas aunque documentalmente aparezcan válidas. El cálculo más generalizado de las alteraciones postelectorales podría ser de ochenta actas; pero de ese número… hay que deducir, por no haber sido todas las alteraciones en provecho del Frente Popular, ya que como precio de su complicidad se adjudicaron deslealmente actas a hombres de las oposiciones…

Las mayores y más patentes audacias las llevó a cabo la Comisión de Actas del Congreso… En la historia parlamentaria de España, no muy escrupulosa, no hay memoria de nada comparable a la Comisión de Actas de 1936[46].

Reanudación de la reforma radical

La política de la nueva administración de Azaña iba a ser más directamente intervencionista y más radical que la de 1931-1933, por varias razones. La más importante fue sin duda la presión de los partidos obreros, pero esto le convenía teóricamente al giro a la izquierda adoptado por Izquierda Republicana en su constitución formal de 1934, mucho más estatista e intervencionista que su predecesora, la Acción Republicana. Aunque se había producido alguna recuperación de la depresión existente en 1934-1935, aquella mejora no había repercutido en el desempleo, que seguía empeorando, alcanzándose un total de parados de 843 872 a finales de febrero de 1936[47]. Esta cifra incluía las personas con desempleo parcial, pero alcanzaba de todos modos a casi el 9 por ciento de la población activa.

Como de costumbre, las tensiones más agudas se produjeron en el campo. El invierno en que triunfó el Frente Popular fue lluvioso en extremo, el más húmedo del siglo hasta entonces, lo que se tradujo en grandes pérdidas de cosechas y un mayor paro rural. Mientras en el área urbana el desempleo sólo había aumentado en un 5 por ciento, el desempleo rural aumentó en algunas comarcas en más del 20 por ciento. La coincidencia de las mayores privaciones con el triunfo electoral de la izquierda volvió a producir un rápido aumento de la sindicación rural, que recuperó y superó el nivel de afiliados de 1933[48]. La radicalización del estado de ánimo de los jornaleros del campo fue extremada. El 3 de marzo los vecinos de Cenicientos, pequeña localidad agreste de la provincia de Madrid, ocuparon unos terrenos de paso que afirmaban habían sido antes parte de las tierras comunes del pueblo y estaban prácticamente abandonadas. Fue la primera de una larga serie de ocupaciones directas ilegales de terrenos ocurridas en docenas de localidades y en las que participaron decenas de miles de jornaleros y minifundistas en las provincias de Madrid, Toledo, Salamanca y Murcia, y después en otras más del Centro y del Sur.

El gobierno trató de responder con mucha más rapidez y radicalización que antes. El nuevo director del Instituto de Reforma Agraria declaró antes de que terminase febrero: «El concepto de propiedad privada, con todos sus privilegios y prerrogativas, en lo referente a la tierra, es anticuado tanto de hecho como en teoría[49]». Mariano Ruiz Funes, ministro de Agricultura, publicó un decreto el 3 de marzo instando a los yunteros que habían sido desposeídos en Extremadura durante el año anterior a que solicitasen su restitución. Esos términos experimentaron una rápida expansión y el 20 de marzo «eliminó todas las demás exenciones y autorizó al Instituto de Reforma Agraria a que ocupase inmediatamente cualquier finca rústica en cualquier parte de España si le parecía socialmente necesario[50]». Esta medida suponía un intento (posibilitado irónicamente por una cláusula de la revisión legislativa de 1935) de atajar la acción directa de los sin tierra, pero enseguida se reveló su fracaso total en ese sentido.

A pesar del empeño de Ruiz Funes en agilizar aquel proceso, la colocación de los yunteros procedió a un ritmo mesurado durante dos semanas, consiguiendo alrededor de tres mil la autorización para ocupar tierras. La FNTT, socialista, decidió que la cosa iba demasiado despacio, y al amanecer del 25 de marzo lanzó una ocupación en masa de tierras en la provincia de Badajoz, en la que participaron unos sesenta mil jornaleros y arrendatarios. Aunque Azaña ordenó el envío de tropas y fueron detenidos algunos activistas, el gobierno hubo de ceder enseguida retirando las tropas y soltando los detenidos el día 30. Se reinició la ocupación en masa, la legalizada después como hecho consumado por el gobierno.

Con la entrada de la temporada primaveral llegó un intervalo de calma. Para recoger la cosecha primaveral de cereales el gobierno estableció el turno riguroso (pero no los términos municipales), sustituyó a los presidentes de los jurados mixtos y empezó a imponer multas fuertes a los terratenientes que infringían los nuevos contratos de trabajo. Esas medidas, aunque más extensas que las adoptadas en 1931-1933, no tuvieron éxito en su empeño de evitar un gran brote de huelgas campesinas. El Ministerio de Agricultura registró 192 entre el 1 de mayo y el 18 de julio, lo que igualaba aproximadamente al total de las efectuadas en 1932 y se acercaba a la mitad de las habidas en el más agitado período anterior de doce meses (1933). En esta ocasión colaboraron los socialistas con los anarquistas, provocando extensos paros laborales comarcales. En algunas semanas de finales de la primavera, llegaron a estar en huelga al mismo tiempo por lo menos 100 000 trabajadores de la tierra.

Los costes laborales aumentaron muchísimo, y a un ritmo mucho más alto que en 1931-1933. En muchas provincias se fijaron jornales de 11 a 13 pesetas diarias, aproximadamente el doble de 1935, y por lo menos un 20 por ciento más que en 1933. Por otra parte, los sindicatos rurales impusieron a menudo acuerdos para limitar la maquinaria y otras reformas estructurales. El turno riguroso equivalió a aceptar a muchos jornaleros inexpertos registrados en la localidad y también se impuso con frecuencia la política del alojamiento (o sea un «alojamiento» directo de los jornaleros en una parcela de tierra específica), traducido en algunos casos en que los trabajadores se adueñaban prácticamente de la tierra o exigían el contrato de más jornaleros que los que hacían falta. Aunque en junio el gobierno mismo hizo presión para que los jornaleros se basaran en el rendimiento de acuerdo con una norma de producción específica, los sindicatos acordaron al parecer una reducción del ritmo de trabajo. El estudio más exhaustivo ha sacado en conclusión al respecto que, en comparación incluso con los niveles anteriores más altos (1933), los costes laborales rurales habían subido en conjunto en junio y julio en un 50 a 60 por ciento[51]. El objetivo de la FNTT y la CNT no era tanto en ese momento apoderarse de la tierra como conseguir una alteración draconiana de las condiciones laborales y un nuevo dominio sindical de la economía agraria existente.

El gobierno trató de hacerse con el control de la reforma agraria y de agilizarla mediante una legislación nueva que Ruiz Funes presentó a la Cámara el 19 de abril. La misma reducía considerablemente los límites máximos de la propiedad exenta de la reforma (del 16,6 al 62,5 por ciento, según la categoría), restablecía los niveles originales de compensación de 1932-1933, y le otorgaba al gobierno una autoridad completa para expropiar cualquier predio rural «por razones de utilidad social». Otro proyecto de ley propuso dos semanas después iniciar la expropiación por tasación, imponiendo una sobretasa de más del 100 por ciento en los terratenientes con ingresos agrarios de más de 20 000 pesetas al año. Además el gobierno se movió mucho más aprisa que durante el primer bienio. El 2 de junio aprobaron las Cortes la devolución de todas las tierras quitadas a los nuevos arrendatarios durante el bienio conservador, y el 11 de junio se aprobaba una versión mucho más radical de la Ley de Reforma Agraria original de 1932. Según indica la tabla 12.1, se redistribuyó mucha más tierra en los cinco meses que van de marzo a julio de 1936 que en los cinco años anteriores de la República.

Tabla 12.1. Distribución de tierras bajo el Frente Popular, 1936

Mes | Campesinos establecidos | Superficie ocupada (hectáreas)
Marzo | 72 428 | 249 616
Abril | 21 789 | 150 490
Mayo | 5940 | 41 921
Junio | 3855 | 55 282
Julio | 6909 | 74 746
Total | 110 921 | 572 055

Fuente: Boletín del Instituto de la Reforma Agraria (marzo-julio, 1936), en Malefakis, Agrarian Reform, 377.

Los especialistas coinciden en que estas cifras son incompletas, dado que el IRA era bastante lento en el registro de las transferencias reales. En los meses de junio y julio la prensa se hizo eco de traspasos de tierras que no aparecían en las estadísticas del IRA, mientras que el mismo Ruiz Funes declaraba públicamente que con fecha 19 de junio 193 183 campesinos con sus familias habían sido colocados en 755 888 hectáreas[52], una estadística probablemente de mucha mayor exactitud. Da la impresión de que el IRA había adquirido algún control de la situación durante la primavera. Aunque las condiciones se habían radicalizado para golpear con más dureza a los terratenientes acaudalados y someter más tierras a una expropiación potencial, no se resucitó la cláusula del ruedo en 1932 que afectaba a los propietarios modestos. Aunque se procedía virtualmente a la expropiación de tierras de los más ricos, los propietarios de nivel medio que perdían tierras llevaban camino de que se les pagara con cierta aproximación al valor real del mercado, al tiempo que los nuevos arrendatarios podían aprovechar aquellas disposiciones para adquirir definitivamente su tierra. Pero aun así, en las condiciones reinantes en 1936, no era lo suficiente para devolver la paz al campo del Sur de España.

Una continuación rápida y general de la reforma agraria era la única política económica clara del nuevo gobierno. Procedió en cambio despacio tocante a dar pasos concretos para combatir el paro o la depresión, y las declaraciones más incisivas referentes a problemas económicos en la Cámara procedían de los portavoces centristas y derechistas. El gobierno de Azaña nunca llegó a presentar un presupuesto entero, pero aumentó los gastos en la mayoría de las categorías. Fueron rechazadas de plano las reformas de Chapaprieta, y aumentó la nómina estatal, con cantidad de empleos nuevos, innecesario decir que para izquierdistas de confianza[53].

Un objetivo evidente de la política laboral era el pleno restablecimiento de los jurados mixtos, tal como habían existido en 1931-1933, pero esta vez se procedió poco a poco y no se emprendió una acción categórica a escala nacional hasta el 28 de mayo[54]. Como hemos indicado, el 3 de marzo el gobierno había decretado una restitución y compensación general de los trabajadores despedidos por motivos políticos, aunque resistió las demandas de los comunistas y socialistas que pedían la cárcel para los empresarios que hubiesen violado las ordenanzas laborales. El gobierno tenía que hacer frente desde luego a una avalancha de demandas en materia laboral, especialmente tras el comienzo de la gran ola de huelgas de abril, cuyos objetivos no eran sólo mejores salarios y condiciones de trabajo, sino cambios categóricos de las condiciones laborales, como la semana de 36 horas y el retiro con pensión a los sesenta años. Se restableció enseguida la semana de 44 horas en la metalurgia y la construcción, pero los empresarios españoles carecían de recursos para hacer frente a muchas de las nuevas exigencias. Los costes laborales aumentaron vertiginosamente y en la primavera lo hizo también el número de quiebras. Los sindicatos se opusieron en ocasiones al cierre de las empresas y pedían que se les dejara hacerse cargo de ellas. Por último, en el mes de mayo, el gobierno anunció planes de aumento del gasto público para combatir el desempleo y también la introducción de una legislación tributaria más progresista, pero no llegaron a verse realizados antes del comienzo de la Guerra Civil.

El otro gran campo de activación gubernamental fue la enseñanza, a la que regresó como ministro Marcelino Domingo. Presentó inmediatamente planes para cerrar los colegios donde enseñaba personal religioso a más tardar a mediados de 1936. Un decreto del 29 de febrero anunciaba la creación de 5300 nuevos empleos docentes estatales. El ministro afirmó que en 1931 España necesitaba 27 151 «escuelas» (aulas) nuevas y que se habían construido 16 409, 12 988 de ellas en los años 1931-1933. De las 10 472 que seguían haciendo falta, se construirían la mitad (5300) en los diez meses que quedaban de 1936, y se dejarían terminadas las demás a más tardar el 1 de mayo de 1938[55].

Marcelino Domingo publicó otro decreto el 6 de mayo autorizando a que los inspectores escolares comarcales lograsen soluciones temporales en las zonas donde hicieran mucha falta nuevas aulas y no se pudieran construir por distintas razones. Esto condujo a una serie de incautaciones de escuelas privadas y algunos otros locales que incluso el órgano oficial de Izquierda Republicana, Política, admitía el 29 de mayo que en algunas ocasiones habían sido de «dudosa legalidad». Cinco días después protestaba la Lliga en la Cámara de que había habido muchas incautaciones arbitrarias de escuelas privadas. En algunos casos se cerraron escuelas sencillamente por el motivo de haber impartido una instrucción confesional. El 4 de junio un diputado de la CEDA afirmaba que en los veinticinco días anteriores al 15 de mayo se habían cerrado, incautado o incendiado un total de 79 escuelas privadas con 5095 alumnos.

El gobierno de Azaña, como era de esperar, estaba totalmente absorbido con los asuntos interiores y prestó poca atención a los dramáticos sucesos que se estaban produciendo entonces en Europa y en África. Pese al acusado antifascismo del Frente Popular, Azaña no tenía interés en seguir participando en las sanciones económicas contra Italia por la invasión de Etiopía actitud que contrastaba diametralmente con la del último gobierno parlamentario encabezado por Chapaprieta. Azaña temía unas complicaciones diplomáticas, económicas y militares a las que España sencillamente no estaba en condiciones de hacer frente. Según Madariaga, portavoz de la República en Ginebra: «Lo primero que me dijo Azaña fue: “Tiene que librarme del artículo 16 [el de las sanciones]. No tengo nada que ver con él”. Ése era su lenguaje oficial. Su lenguaje no oficial era: “¿Qué me importa a mí el Negus [el depuesto Haile Selassie]?”[56]». Los políticos republicanos de izquierda no se consideraban implicados en ninguna grande y continuada lucha internacional entre la democracia y el fascismo. Después del comienzo de la Guerra Civil aquella actitud cambiaría.

Propagación de la violencia y los disturbios

En el mes de abril los disturbios siguieron y aumentaron, adoptando cuatro formas distintas: quemas y asaltos perpetrados en edificios de la Iglesia, huelgas y manifestaciones en las ciudades que adoptaban con frecuencia un sesgo violento (implicando ocasionalmente más incendios), la ocupación directa de fincas rústicas en las provincias del Centro y Sur ya sea en forma de ocupación permanente o de imposición de nuevas condiciones laborales controladas por los trabajadores, y los choques directos entre los grupos políticos, efectuados a menudo por pequeñas «escuadras» de choque de la izquierda (sobre todo la socialista y la comunista, y ocasionalmente la anarquista) y de los falangistas.

En palabras de Madariaga:

El país había entrado en una fase claramente revolucionaria. Ni la vida ni la propiedad estaban a salvo en ninguna parte. Es un prejuicio absoluto explicar aquel estado de cosas con chillidos de loro en variaciones de la palabra «feudal». No se trataba ya de que al propietario de miles de hectáreas otorgadas a sus antepasados por el rey Fulano de Tal le invadieran la residencia y le dejaran el ganado sangrando con las patas rotas en los humeantes campos de su propiedad. Era el modesto médico o abogado madrileño que tenía un chalet con cuatro habitaciones y baño y un huerto del tamaño de un pañuelo, que veía cómo le ocupaban la casa unos trabajadores de la tierra que en absoluto carecían de casa ni pasaban hambre, y acudían a recogerle la cosecha: llegaban diez hombres a hacer el trabajo de uno y se le quedaban en casa hasta que terminaban. Era el secretario del sindicato local de jardineros que iba a decirle con amenazas a la chica que regaba las rosas que todo riego tenían que hacerlo los del sindicato; era un movimiento encaminado a prohibir la conducción del propio coche e imponer la aceptación de un chófer del sindicato[57].

En la España rural los trabajadores del campo tropezaban a veces con la guardia civil o con terratenientes armados. En los años 1934-1935 el gobierno había concedido 270 000 permisos particulares de armas de fuego, en su mayor parte a personas de derechas, y en muchas provincias la gente de derechas distaba de estar indefensa[58], aunque parte de aquellos permisos habían sido rescindidos y muchas armas confiscadas por la nueva administración. En las provincias de Málaga y Sevilla seis jornaleros habían resultado muertos el primero de abril, al parecer durante la «invasión de fincas». Más adelante de ese mes, la guardia civil de Huelva mató a tiros a cuatro jornaleros, al parecer tras haberse descontrolado una manifestación. Los policías y la guardia civil sufrían también una o más muertes cada semana, a veces en choques directos, otras bajo el fuego de francotiradores. El asesinato político más notorio de la primera mitad de abril, perpetrado por falangistas el día 13, fue el de Manuel Pedregal, un juez madrileño que había condenado a los encartados en el atentado a Jiménez de Asúa. En Barcelona, abril fue el mes más violento de la primavera, con numerosos casos de incendios y explosiones de bombas, algunos de ellos en conexión con una gran huelga metalúrgica de la CNT. La CNT cometió también cuatro asesinatos políticos aquel mes, abatiendo a los hermanos Badía del Estat Català así como a dos obreros no izquierdistas, pero a continuación las agresiones se calmaron un tanto y la violencia letal se hizo más rara en la capital catalana.

Los incidentes de más relieve se produjeron en Madrid a mediados de abril. En pleno desfile del Día de la República, el 14 de abril, un falangista lanzó una bomba de humo contra la tribuna presidencial, y cuando desfilaba la guardia civil parte de la multitud prorrumpió en insultos contra ella. Algunos oficiales de la misma, fuera de servicio y de paisano, reconvinieron a los abucheadores situados junto a la tribuna presidencial. En ese momento abrieron fuego varios izquierdistas, y mataron a un oficial de la guardia civil de 55 años de edad que estaba entre la multitud e hirieron a dos números de la misma, fuera de servicio, así como a una mujer y a un niño. El entierro del teniente de la guardia civil Anastasio de los Reyes, efectuado dos días después, se convirtió en una gran manifestación derechista que degeneró en una batalla campal en las calles de Madrid. Aunque se había prohibido que el cortejo fúnebre desfilara por el centro de la Villa y Corte, sus organizadores insistieron en hacerlo y elementos izquierdistas hicieron fuego sobre él en numerosas ocasiones. En total cayeron muertas seis personas —al parecer todas ellas participantes en el cortejo fúnebre— y hubo muchos heridos[59]. Ese mismo día hubo también una algarada izquierdista de graves consecuencias en Jerez de la Frontera, algo así como una copia de los incidentes de Granada de los días 9-10 de marzo, con la quema de las oficinas de dos periódicos y la detención temporal de «enemigos de la clase obrera». Se produjeron muchos heridos, pero no se sabe de muertos.

Azaña se sentía cada vez más violento e incluso asustado con todo aquel desorden[60], pero adoptó la actitud de costumbre el 17 de abril, y declaró que todo se había debido a la provocación fascista. Fue precisamente el día en que el gobierno introdujo la nueva legislación que estipulaba que los jefes militares retirados que ingresaran en agrupaciones políticas ilegales perderían automáticamente la pensión. Un general monárquico retirado implicado en la conspiración fue desterrado a las Canarias y numerosos jefes y oficiales de la guardia civil fueron cambiados de puesto. Los tribunales empezaban entonces también el juicio de las personas acusadas de haber cometido crímenes durante la represión de 1934, que acarreó la condena de un sargento de la guardia civil acusado de haber matado a un alcalde socialista. Se decía que su condena a doce años de cárcel y una multa de quince mil pesetas había sido el primer caso de ese tipo en la historia de la Benemérita[61].

La situación variaba enormemente de unas provincias a otras. Algunas no habían sido afectadas gran cosa, y en varias se esforzaron bastante más las autoridades en mantener el orden que en otras. Entre los peores casos estaba Fernando Bosque, gobernador civil de Oviedo, al que citaba el Mundo Obrero del 20 de abril pronunciando estas palabras:

He nombrado delegados del Frente Popular en toda Asturias, los cuales realizan batidas antifascistas con buen resultado: meten en la cárcel a curas, médicos, secretarios de ayuntamiento y al que sea. Cumplen admirablemente su cometido. Algunos de los delegados son comunistas, e incluso como Fermín López, de Irún, condenados a muerte por su intervención en los sucesos de octubre… El de Teverga tiene en la cárcel al telegrafista y al secretario judicial; al primero le hace atender por el día el servicio telegráfico y por la noche lo encarcela. Entre los detenidos figuran dos canónigos de Covadonga.

Esta descarada declaración muestra con perfecta claridad por qué no podía haber orden público bajo la administración de la izquierda republicana. Aquello suscitó un escándalo en Madrid y por último Bosque, que había sido trasladado como gobernador civil de Huesca a Oviedo el 11 de marzo, fue obligado a dimitir, cosa que anunció finalmente el ministro de Gobernación el 18 de junio[62].

La amenaza de violencia estaba presente incluso en la Cámara. En palabras de un historiador socialista:

Las Cortes, desde que comenzaron a funcionar, asfixiaban al gobierno y actuaban de caja de resonancia de la guerra civil, pues devolvían a la nación, centuplicada, su propia turbulencia. Los diputados se injuriaban y agredían de obra; cada sesión era un tumulto continuo; y como casi todos los representantes, cabales representantes, de la nación iban armados, podía temerse cualquier tarde una catástrofe. En vista de la frecuencia con que se exhibían o insinuaban las armas de fuego, se adoptó la denigrante precaución de cachear a los legisladores a la entrada[63].

La destitución de Alcalá Zamora

Tanto las izquierdas como las derechas hicieron campaña contra el presidente antes de las elecciones. La CEDA en particular, convencida de que le había robado su mandato anterior, no trataba de ocultar el hecho de que, si las ganaba, pediría a las nuevas Cortes que revisaran la última disolución de la Cámara, con el objetivo de destituir a Alcalá Zamora de acuerdo con la Constitución.

Sin embargo, el objetivo del presidente nunca había sido entregar todo el poder a la izquierda, y tras el completo fracaso de su estrategia electoral, Alcalá Zamora enfocó su animosidad contra las izquierdas y su nuevo gobierno, cuyo extremismo y comportamiento general hallaba incluso más insoportable que el de la CEDA. No hay duda de que don Niceto buscaba sinceramente lo que creía mejor para la República, pero su estilo vanidoso, inflado y personalista, con sus constantes zancadilleos, le hicieron malquistarse con casi todos los políticos principales de la izquierda y la derecha, e incluso del centro. En las primeras semanas del nuevo gobierno de Azaña, Alcalá Zamora asistió varias veces al consejo de ministros e intentó en vano alentar un curso de mayor moderación. En su opinión, la nueva administración estaba sirviéndose del estado de alarma y de la suspensión parcial de las garantías constitucionales no ya para mantener la ley y el orden, sino para dejar manos libres a las fuerzas del desorden[64]. Las mutuas relaciones se hacían cada vez más tensas, y Azaña asegura que obligó al presidente a dar marcha atrás a base de hablarle en un idioma duro y agresivo[65].

En una ocasión, los jornaleros ocuparon el 20 de febrero una finca de la provincia de Jaén de la que Alcalá Zamora era copropietario. Cuando llegaron los guardias de asalto detuvieron a los parientes del presidente, pero hicieron muy poco o nada para poner fin a la ocupación ilegal, y terminaron poniendo en libertad a los últimos, con la advertencia de que no regresasen a sus casas[66]. Según las quejas del presidente al gobernador, la guardia de asalto no hizo uso de la autoridad creada por la suspensión de las garantías para restablecer el orden, sino que «La dejó… prácticamente en manos de los perturbadores; ordenaba a la autoridad que la emplease al servicio y según el criterio de éstos[67]».

Encareció a Azaña que anunciase un programa legislativo detallado lo antes posible y que procediese a través de las vías legales con remedios positivos, pero en la mayoría de los temas el gobierno parecía no tener prisa. En cambio, Alcalá Zamora protestó enérgicamente contra uno de los primeros decretos del gobierno y contra las condiciones terminantes de la readmisión y compensación de los trabajadores despedidos en 1934, dado que en algunos casos «hubo pequeños patrones de talleres domésticos llevados en familia, donde ésta se vio obligada a convivir con los asesinos del padre o del hermano… En el Banco de España, según me refirió su exgobernador Zavala, se exigió por el gobierno la readmisión de quien había disparado siete tiros de pistola contra un subgobernador…»[68]. Alcalá Zamora consiguió vetar tajantemente una proposición,

… por absolutamente ilegal…, opuesta incluso a la Constitución misma. Se trata de crear unas comisiones municipales, a la vez revolucionarias y caciquiles, las cuales fijarían arbitrariamente a cada propietario sus gastos de cultivo y además podrían, por el juicio que sobre éste formaran, privarle sin la menor indemnización de todos sus bienes rústicos para darlos en disfrute individual o colectivo a quien quisieran. Se prohibía todo amparo judicial y el recurso gubernativo, siempre sin garantías, quedaba también suprimido si habían estado unánimes, como era de prever, los tiranos locales[69].

Y añade:

Hubo un momento en que tuve esperanzas de enmienda en la tolerancia de la anarquía. Fue cuando coincidieron las alarmas del extranjero, transmitidas a la vez por Buylla, Barcia y Madariaga, que reflejaban la inquietud incluso con burlas en extremo sarcásticas de los mismos soviets. Entonces me llevaron los ceses de varios gobernadores, pero en forma atenuada y honorífica, que no merecían, de dimisión voluntaria. Firmé la fórmula de injusta benevolencia respecto al de Jaén, culpable contra mi familia y contra mí, lo cual me impulsaba a extremar la delicadeza, pero devolví los otros cuatro decretos, relativos a las provincias de Cádiz, Granada, Murcia y Logroño, aconsejando al gobierno que llegara siquiera a la mínima sanción de destituirlos si no se atrevía al procesamiento. Reconocieron los ministros que no me faltaba razón, pero suplicaron la firma de tales lenidades para no disgustar a los elementos del Frente Popular. Eran casos gravísimos en los que se había llegado a complicaciones internacionales con desagravio humillante; incendios de casas y fábricas de enemigos políticos; asesinatos de guardias con empleo de sus mismas armas; y choque sangriento contra la guardia de un cuartel, con varios muertos.

… el gobierno me ocultaba cuánto ocurría…, sólo me refirieron en un consejo el incendio de dos iglesias en Alcoy, llevado a efecto por el ayuntamiento en corporación. Invité a poner remedio y el ministro de Justicia se inhibió por creer que correspondía el caso al de Gobernación, el cual permaneció mudo ante las preguntas con aquella actitud en él tan fácil de indiferencia desdeñosa, que le había encargado Azaña… Sabiendo yo que mi teléfono estaba intervenido, dije una noche de graves trastornos que estaba resuelto a no acostarme sin hablar con el ministro de Gobernación. Viose éste obligado a llamarme… y hacia la medianoche hubo entre nosotros el siguiente diálogo:

«Le llamo para decirle que sigue el deporte».

«¿Y llama usted deporte a esa vergüenza de incendios?»

«Sí, en ellos terminan las manifestaciones que antes son pacíficas.»

«Pero la de hoy estaba presidida por el ministro de la Guerra y por usted mismo y ha acabado en el incendio de la iglesia de San Luis, a la vista y a pocos pasos del ministerio lleno de guardias y frente al propio despacho de usted. ¿Cómo no ha podido evitarse?»

«Los guardias no lo han conseguido por impedirlo, aunque no ha habido choque, el público. Por poco queman también el convento de las trinitarias.»

«Pero ¿usted no sabe quién está allí enterrado? Su profanación hubiese sido la última ignominia ante el mundo.»

«No lo sé, pero se ha salvado por casualidad.»

«Quién estaba allí enterrado era Cervantes. ¿No lo sabía usted?»

«No.»

No lo sabía, ni le importaba, ni eso ni nada[70].

A finales de marzo, el nuevo asunto de más importancia, aparte de las partidistas deliberaciones de la Comisión de Actas, eran las elecciones municipales, cuya celebración había sido fijada por el gobierno para el mes siguiente en toda España, salvo Cataluña. No había habido elecciones municipales desde el comienzo de la República, excepto las efectuadas en una minoría de circunscripciones en 1933. Aunque la Constitución establecía que se sometieran a elección la mitad de los puestos cada tres años, el gobierno tenía ahora la intención de efectuar unas elecciones municipales totalmente plebiscitarias. La CEDA alzó su protesta por considerarlo anticonstitucional, alegando además que, ante el clima existente de violencia, desorden y censura, sería imposible hacer una campaña y unas elecciones imparciales. Alcalá Zamora se mostró de acuerdo y advirtió además que el inevitable triunfo de las izquierdas degeneraría en una demanda revolucionaria de un nuevo sistema izquierdista, análogo al originado por el triunfo republicano del 12 de abril de 1931[71].

El presidente poseía aún el poder constitucional requerido para destituir al gobierno, aun teniendo la mayoría parlamentaria, como había hecho en septiembre de 1933 y en diciembre de 1935, sustituyéndolo por un gobierno de minoría capaz de celebrar nuevas elecciones. El 31 de marzo Chapaprieta habló con don Niceto y le instó a que lo hiciera, añadiendo que creía que el presidente podía contar con el apoyo del ejército en una crisis[72]. El Jefe de Estado se resistía a dar aquel paso porque podría poner al país al borde de la guerra civil. El gobierno por su parte tenía casi decidido deponer al presidente, pero a la vista del problema de las elecciones municipales, optó por la discreción como política más atinada. Algunos republicanos de izquierda coincidían en que lo más apropiado sería posponer aquellas elecciones, tanto más si se perfilaba una crisis constitucional. El 3 de abril, horas antes de abrirse la primera sesión ordinaria de las nuevas Cortes, el gobierno anunció su posposición[73].

Aquella tarde se dirigió Azaña al nuevo Congreso por vez primera, recalcando especialmente la necesidad de una política económica más radical. Prometió gobernar dentro de la ley y la Constitución, pero advirtió:

Hay otro género de obstáculos: las agresiones y reacciones ofensivas de los intereses lastimados por la política del gobierno. Sí, es cierto, vamos a lastimar intereses cuya legitimidad histórica no voy a poner en cuestión, pero que constituyen la parte principal del desequilibrio que padece la sociedad española. ¡Ahora quisieran los que nos acusaban de destruir la economía española que aquella otra política no se hubiera interrumpido, porque ahora el sacrificio tendrá que ser mayor! Venimos a romper toda concentración abusiva de riqueza dondequiera que esté; a equilibrar las cargas sociales y a no considerar en la sociedad más que dos tipos de hombres: los que colaboran en la producción y los que viven del trabajo y a costa de la labor ajena. Para los privilegiados de España se presentará la opción entre acceder al sacrificio o afrontar los efectos de la desesperación. Si la reacción ofensiva de los intereses lastimados llega a producir lo que se produjo contra la política de las Cortes Constituyentes, habremos perdido la última coyuntura legal, parlamentaria y republicana de atacar de frente el problema y resolverlo en justicia.

No hubo detalles ni discusión de los problemas económicos básicos aparte de una referencia a «la creciente actividad interventora del Estado en la regulación de los problemas de la producción y del trabajo[74]».

La CEDA regresó con ocasión de la apertura de las Cortes, y en una reunión de su grupo parlamentario, la gran mayoría votó a favor de seguir colaborando con el gobierno[75]. El Debate había sugerido ya que había la posibilidad de un entendimiento sobre la base de desarmar todas las milicias políticas y emprender un extenso programa nacional para superar el desempleo y la depresión. Pero la verdad es que el gobierno había dejado bien claro que se proponía desarmar únicamente a la Falange e imponer su propio programa económico, aunque fue muy vago y lento en cuanto al desarrollo del mismo.

Ya antes del discurso de Azaña había sido presentada una petición al presidente de la Cámara en el sentido de que se invocase el artículo 81, que permitía a un nuevo Congreso producido por una segunda disolución durante un mismo mandato presidencial el derecho a someter a examen dicha disolución, y, de hallar injustificada esa acción, votar en su caso la destitución del presidente de la República. Aquella petición había sido organizada por Prieto y estaba firmada por diecisiete diputados de los partidos obreros, sobre todo de los socialistas. El argumento inicial era que la disolución de 1933 debía contar como una disolución ordinaria y no como la conclusión proforma de unas Cortes Constituyentes de corta duración, dado que las primeras Cortes siguieron funcionando hasta casi dos años después de que quedara terminada la Constitución. Los portavoces del centro y la derecha sostuvieron que el asunto era tan complicado que habría que presentarlo al Tribunal de Garantías Constitucionales. Existía también el artículo 82, referente a la destitución pura y simple, que estipulaba que una iniciativa de destitución del presidente tenía que estar respaldada por cien diputados con tres días de antelación, y aprobada entonces por tres quintas partes de los miembros del Congreso. Prieto prefirió eludir el artículo 82 por temor a no reunir entonces los votos necesarios. La propuesta inicial arrojó 181 contra 88, con muchas abstenciones, y el crucial debate fue fijado para el 7 de abril[76].

En cuanto a Azaña, permaneció indeciso durante tres días. En diciembre de 1931 había adoptado la posición de que la disolución de las Cortes Constituyentes no debía contar en contra del presidente, y no eran pocos los republicanos de izquierda que vacilaban tanto ante la hipocresía implícita en destituir al presidente ahora por haber hecho lo que le habían rogado que hiciera durante dos años, como por el hecho de convertir la presidencia en la más descarada pelota del juego de la pasión partidista. Por último, como ocurría siempre con Azaña, salió ganando el sectarismo. Empleando un lenguaje típicamente exagerado, afirmó Azaña: «Me dije que no podía cargar con la responsabilidad de dejar en la presidencia de la República a su mayor enemigo[77]». Su decisión de comprometer en su destitución al gobierno, y por lo mismo a todos los partidos del Frente Popular, decidía de antemano el resultado.

El argumento empleado el día 7 de abril fue bizantino, por no decir otra cosa. Justificaba la destitución sobre la base de que la última disolución «no había sido necesaria» porque (1) debía haber sido hecha mucho antes y (2) cuando se llevó a cabo, tuvo un carácter indebido, con la intención de manipular el resultado. Había desde luego algo de verdad en el último cargo. Además, Prieto leyó a voz en cuello frases de discursos de la campaña de Gil Robles en las que se declaraba que la disolución de enero había estado injustificada. Alcalá Zamora se había malquistado con casi todas las personalidades políticas importantes. No hubo nadie que hablara en favor suyo, aunque algunos dirigentes del centro y la derecha instaron por la aplicación de un procedimiento más prudente y deliberado, ya fuese acudiendo al artículo 82 o trasladando el asunto al Tribunal de Garantías Constitucionales. Miguel Maura hizo esta advertencia: «¿Qué necesidad tenéis de manchar la limpieza de unas Cortes, para hacer creer a las gentes que obráis solamente por pasión? ¡Oídlo bien! Lo que nos estamos jugando esta tarde es más que un mero pleito político y personal: es la esencia de la República». Los diputados del Frente Popular entendieron aquello bastante bien y procuraron ajustar del todo la «esencia de la República» a su propio dominio eliminando el último obstáculo que se oponía al poder absoluto. Hubo 238 votos en pro de la destitución y sólo cinco de los diputados de Portela votaron contra ella, con la abstención de la derecha y del resto del centro.

Citando de nuevo a Madariaga:

Y ahora este Parlamento que debía su existencia al decreto presidencial, un decreto que había convertido una mayoría de la derecha en una mayoría de la izquierda y que demostró de esa manera, en cualquier caso para satisfacción de la izquierda, que la nación había cambiado radicalmente de opinión, y que por lo tanto el Parlamento anterior ya no representaba la voluntad de la nación en el momento en que fue disuelto, este Parlamento declaraba oficialmente por 238 contra 5 (la derecha se abstuvo) que la disolución no había sido necesaria. Es decir, no vaciló en mostrar al mundo que la República española era incapaz de mantener a su primer presidente en el cargo durante más de la mitad de su mandato, y a fin de satisfacer su revanchismo (aunque no es fácil averiguar por qué), se entregó a la más flagrante negación de la lógica que puede mostrar la historia de una nación libre[78].

La Constitución preveía que el presidente de las Cortes ocupase un puesto vacante presidencial de la nación hasta que unas elecciones especiales, mediante compromisarios, nombrasen al nuevo presidente, y en consecuencia, Martínez Barrio pronunció aquella noche el juramento como presidente interino. A continuación, las Cortes, creyendo al parecer que no había otros asuntos serios que tratar en medio de aquella crisis nacional, se tomó ocho días de vacaciones.

Enormemente ofendido, Alcalá Zamora no mostró gesto alguno de rebelión. Sabía que estaba en sus manos apelar al apoyo de los militares en una especie de golpe para mantenerse en el cargo (y se sabe que un coronel del Estado Mayor, posiblemente Valentín Galarza, le instó a que lo hiciera), pero no deseaba asumir responsabilidad alguna en el desencadenamiento del grave conflicto que veía echarse encima[79]. Escribió posteriormente:

Es posible que de haber yo resistido, la guerra de tres años hubiera sido de tres meses, semanas o días, pero aún con eso, entonces tan dudoso, habría sido mi guerra, la mía, con sus muertos, sus horrores, sus iniquidades y sus estragos sobre mi conciencia. Ha sido la guerra de ellos, de unos y otros, que se jactan de las falsas y execrables glorias, de las epopeyas populares o nacionales y los años triunfales: para ellos íntegras esas mentirosas glorias, con sus terribles responsabilidades[80].

El duelo parlamentario del 15-16 de abril

Las nuevas Cortes no iniciaron su trabajo ordinario hasta el 15 de abril en que Azaña presentó su programa legislativo. Incluía reparaciones por la persecución política, el total restablecimiento de la autonomía de Cataluña, la reforma del reglamento de la Cámara para agilizar el proceso legislativo, y la reforma de la elección de los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y del presidente del Tribunal Supremo, para asegurar el dominio de los izquierdistas en los dos tribunales más altos. Todo ello había formado parte del programa del Frente Popular, y los dos primeros puntos habían sido realizados ya por decreto. En su conjunto, aquel programa mal podía ser considerado como una respuesta adecuada al fermento protorrevolucionario que afectaba ya a gran parte del país.

Azaña, en consecuencia, puso también de manifiesto que: «El fenómeno a que asistimos en España es el acceso al poder político de nuevas clases sociales, fenómeno que localizamos en el primer tercio de este siglo». «Por el momento», el gobierno se preocupaba sobre todo del desempleo y de los problemas de trabajo en el campo, aunque los continuos déficits, las débiles finanzas estatales y el negativo balance de pagos limitaba seriamente los recursos del Estado. Azaña admitía de ese modo que la situación de la economía era seria y declaró que era muy importante estabilizar la deuda exterior para no poner en peligro importaciones vitales. Expuso también que sería necesario reducir gastos en algunas áreas no especificadas así como redistribuir más los ingresos mediante una tributación progresiva, extender las obras públicas y acelerar la reforma agraria. Había que mantener los salarios, pero controlarlos también de modo suficiente para impedir la inflación. Azaña terminó diciendo que había que emprender las reformas principales sobre una base de virtual autofinanciación, tarea tan difícil que no estaba en condiciones de dar datos específicos. Enfocó la violencia y el desorden situándose en parte en un papel de espectador: «Ya sé yo que estando arraigada como está en el carácter español la violencia, no se la puede proscribir por decreto, pero es conforme a nuestros sentimientos desear que haya sonado la hora en que los españoles dejen de fusilarse los unos a los otros», y mencionó también la circunstancia de que el gobierno no había reprimido determinados excesos por «piedad y misericordia».

Calvo Sotelo y Gil Robles contestaron en nombre de las derechas, con la diferencia de que el primero, hablando en el de la derecha radical, denunció de plano la situación existente, y pidió una alternativa tajante de la misma, mientras que el jefe de la CEDA trató todavía de influir en el gobierno para que moderase su política aun cuando siguiera en el poder. En un discurso cuyo texto y apéndice llenaron once extensas páginas del Diario de Sesiones, Calvo Sotelo presentó el primero de lo que iba a convertirse en una serie de informes estadísticos de supuestos actos de violencia, afirmando que entre el 16 de febrero y el 1.o de abril habían muerto en incidentes políticos un total de 74 personas, con 345 heridos, y habían sido incendiadas 106 iglesias, 56 de ellas totalmente destrozadas. Citó a continuación discursos de líderes revolucionarios que indicaban que aquello no era más que el comienzo de la destrucción. Hizo también la siguiente advertencia, en oposición a la dictadura del proletariado: «Yo quiero decir en nombre del Bloque Nacional que España podría salvarse también con una fórmula de Estado autoritario y corporativo».

Gil Robles habló después, entre gritos y gran alboroto y dijo que las reformas sociales necesarias tendrían los votos de la CEDA, pero que estaban siendo agredidas personas de derechas en toda España y que no daba ya la impresión de que constituyese la principal preocupación hacer una reforma social atenida a la legalidad. Gil Robles advirtió en contra del sectario concepto de tratar de gobernar sólo para la mitad de España: «Una masa considerable de la opinión española que, por lo menos, es la mitad de la nación, no se resigna a morir; yo os lo aseguro». Y volviéndose hacia Azaña, añadió:

Yo creo que S. S. va a tener dentro de la República otro sino más triste, que es el de presidir la liquidación de la República democrática… Cuando la guerra civil estalle en España, que se sepa que las armas las ha cargado la incuria de un Gobierno que no ha sabido cumplir con su deber frente a los grupos que se han mantenido dentro de la más estricta legalidad.

Aquella sesión fue también la ocasión en que José Díaz, secretario del Partido Comunista, declaró en un discurso pronunciado después que Gil Robles «moriría con los zapatos puestos». Martínez Barrio, presidente de la Cámara, llamó la atención a José Díaz, y ordenó que se borrara aquella frase de las actas del día. Benito Pabón, del minúsculo Partido Sindicalista, el más moderado de los grupos obreros, apremió después a los partidos obreros para que apoyasen al gobierno con más lealtad dado que «Azaña no ha empleado la violencia contra los excesos de las masas obreras».

La Cámara se reunió al día siguiente en un clima sobrecargado por el cortejo fúnebre de de los Reyes, cuyos participantes amenazaron en un momento dado con marchar hacia el Congreso. Azaña empezó faroleando con su fanfarronería de costumbre y afirmó una vez más que eran la derecha y sus «profecías» quienes alimentaban el desorden: «Yo no me quiero lucir sirviendo de ángel custodio de nadie. Pierdan SS. SS. el miedo y no me pidan que les tienda la mano… ¿No querían violencia, no les molestaban las instituciones sociales de la República? Pues tengan violencia… Aténgase a las consecuencias…». A pesar de aquel lenguaje incendiario proveniente de un Primer ministro parlamentario, Azaña iba a quedar del todo consternado cuando la derecha le tomó la palabra.

Azaña subrayaba la importancia de mantener la unidad de la izquierda. «Es preciso que no se abra en nuestra coalición ni una brecha. No seré yo quien la abra.» Después recogió velas de la provocativa actitud que acababa de adoptar. Volviéndose a Gil Robles le preguntó:

¿Con qué autoridad increpa S. S. a esos hombres que un día por venganza o por despiste se han lanzado a una revolución? La venganza es un instinto que no debe entrar, no ya sólo en la vida personal, mucho menos en la vida pública. En ningún momento tiene nadie derecho a tomarse eso que se llama la justicia por su mano… Nadie puede pintar con bastante crudeza y vigor, no digo la contrariedad, la repugnancia del gobierno delante de ciertos hechos que se producen esporádicamente en España; nadie puede dudar de los desvelos del gobierno por impedirlos o por reprimirlos; yo estoy persuadido de que las llamas son una endemia española; antes quemaban a los herejes, ahora queman a los santos, aunque sea en imagen.

Aquel endeble argumento de echar la culpa de los males a un supuesto «carácter español» demuestra cuánto le costaba a Azaña descender a encararse con la realidad. La tomó a continuación con la prensa extranjera por hacer que las cosas parecieran peores de lo que eran y la culpó de desalentar la afluencia del turismo primaveral.

Juan Ventosa, de la Lliga terminó con estas palabras:

Sólo con asistir a este debate, sólo con escuchar las manifestaciones de ayer y de hoy —insultos reiterados, incitaciones al atentado personal, invocaciones a aquella forma bárbara y primitiva de la justicia que se llama ley del talión, petición insólita y absurda del desarme de las derechas, y no de todos—, sólo con presenciar y observar el espíritu de persecución y opresión que se manifiestan en algunos sectores de la Cámara, claramente se ve la génesis de todas las violencias que se están desarrollando en el país.

Las elecciones especiales de Cuenca y Granada

El 9 de abril anunció el gobierno que, de acuerdo con el fallo de la Comisión de Actas, se había anulado totalmente el triunfo electoral en las provincias de Cuenca y Granada y se convocaban nuevas elecciones para el 5 de mayo. Los dos bandos se aprestaron en un esfuerzo máximo. La CEDA preparó una candidatura de batalla para Granada, compuesta por cinco candidatos cedistas jóvenes y arrojados, cuatro falangistas y un «independiente» (de hecho, tradicionalista), el coronel José Enrique Varela (muy dedicado ya a la conspiración militar). La unión con Falange causó verdadera sensación, porque en las elecciones ordinarias la CEDA le había vuelto la espalda al partido fascista. Como consecuencia, José Antonio Primo de Rivera había perdido su escaño en la Cámara y, como casi todos los demás jefes principales de su partido, estaba en la cárcel. Esto da la medida de lo que habían cambiado ya las cosas en sólo dos meses. La candidatura del Frente Popular estaba compuesta exclusivamente por representantes de la izquierda obrera, sin ningún republicano de izquierda, otra señal del nuevo estado de las cosas.

La descripción más sencilla de la campaña para las nuevas elecciones en Granada consiste en decir que se habían invertido, posiblemente en exceso, las condiciones reinantes en la campaña original. En enero y febrero había habido coacción derechista contra la izquierda, y en abril y mayo ocurrió sin más el caso contrario. Gil Robles aseguró que en un momento dado le habían ofrecido a la derecha un trato que le permitiría tener los tres escaños de la minoría. Denunció aquella presión en una carta escrita al ministro de Gobernación, que leyó en la Cámara para ser consignada en el acta del día[81]. Al fallar aquella medida, los obstáculos que se le pusieron a la derecha fueron tales, que se retiró del todo de las elecciones de Granada.

En el caso de Cuenca se organizó el 23 de abril una lista electoral original derechista con nombres de tanto relieve como el político monárquico Antonio Goicoechea, José Antonio Primo de Rivera y el general Franco. Fue José Antonio quien indicó privadamente desde la cárcel que se retirase la candidatura de Franco, porque le daba a la lista electoral derechista un matiz demasiado militar y sólo serviría para exacerbar la presión del gobierno. Franco accedió enseguida[82], pero el 27 de abril la Junta Provincial del Censo decidió a favor de una petición de Prieto de que no se permitiera la presentación de ningún candidato nuevo que no hubiera recibido por lo menos un 8 por ciento de los votos emitidos en las elecciones originales. En 1933 se había producido en Cuenca un triunfo derechista completo, y en la votación original del 16 de febrero de 1936 la izquierda no había llegado a ganar un solo escaño. La izquierda estaba dispuesta a darle una vuelta total al asunto; para darle un tono adecuado a la campaña se les dio a un número considerable de miembros de la agrupación miliciana socialista conocida como «La Motorizada» la categoría oficial de policía auxiliar de la campaña como delegados gubernativos[83], Esto fue parte de un proceso con el que el gobierno de Izquierda Republicana colocó activistas de los partidos obreros dentro de las estructuras ordinarias de la policía, un proceso que posibilitaría ulteriormente cosas como el extrañísimo asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio.

El 1.o de Mayo hubo un impresionante desfile unido de socialistas y comunistas Castellana abajo en el que participaron unas 300 000 personas, provocando un escándalo mayúsculo entre la gente católica de clase media el eslogan de «hijos sí, maridos no» que coreaban algunas de las activistas más jóvenes. Aquella gran manifestación fue pacífica, pero las celebradas en muchas otras partes del país dieron lugar a los alborotos de costumbre, con varios muertos y muchos heridos.

Dos días después se originó el sonadísimo bulo de los caramelos —según un rumor que se suscitó en un distrito obrero madrileño de que las monjas de una de las contadas escuelas católicas aún existentes repartían caramelos envenenados entre sus pequeños alumnos—, elocuente indicación del grado que había alcanzado la histeria en aquel momento. Enseguida empezó a arder una iglesia y fueron agredidos religiosos y religiosas, y al día siguiente seis iglesias y escuelas católicas fueron pasto de las llamas, y resultan agredidas unas cuarenta personas, religiosas y seglares, y por lo menos una, muerta[84]. En la noche del 4 de mayo el gobierno se sintió obligado a anunciar públicamente que no había habido envenenamiento de ninguna clase. Los políticos izquierdistas redujeron todo aquel asunto a «otra provocación más» de la derecha[85].

En la ciudad de Cuenca fueron quemados en los días 1 y 2 de mayo la sede local de la CEDA y varios otros locales derechistas, y por lo menos, otra iglesia. Los nuevos «delegados gubernativos» llegaron en la tarde del 1.o de Mayo y en los tres días siguientes camparon con mano de hierro poniéndole muy difícil la campaña a la derecha. Prieto llegó también en automóvil la tarde del día uno para pronunciar el discurso principal de la campaña izquierdista. Escribiría años después: «Cuando llegué al teatro, humeaban cerca las cenizas de la hoguera en que habían ardido los enseres de un casino derechista asaltado por las masas populares. En un céntrico hotel hallábanse sitiadas desde la víspera significadísimas personalidades monárquicas. El ambiente era de frenesí[86]». El líder socialista pronunció aquel día uno de sus discursos más importantes y sofisticados de aquel año, esforzándose por un lado en alentar a la izquierda hacia el triunfo electoral y al máximo, por el otro, en poner freno al tipo de desorden y violencia que seguía produciéndose en aquel momento fuera del teatro.

Enseguida sacó a relucir su satisfacción personal por la retirada de la candidatura de Franco. Al tiempo que elogió la pericia profesional del general, demostró su acostumbrada presciencia al indicar que sus aptitudes hacían precisamente de Franco el personaje de perfil más capaz de encabezar una potencial rebelión militar, y añadió diplomáticamente: «No me atrevo a atribuir al general Franco propósitos de tal naturaleza».

Con idéntica previsión del futuro, Indalecio Prieto dedicó gran parte de su discurso al problema del orden público. Mientras que ponía de hincapié con certeras palabras que la verdadera causa de la mayoría de los excesos del momento nacían como reacción a la injustificada dureza de la represión que había seguido a la revolución de octubre, insistió enérgicamente que había llegado la hora de atajar dichos excesos y mostrar una mayor disciplina.

¡Basta ya! ¡Basta, basta! ¿Sabéis por qué? Porque en esos desmanes cuya explicación os he dado, no veo signo alguno de la fortaleza revolucionaria. Si lo viera, quizá los exaltase. No, un país puede soportar la convulsión de una revolución verdadera… Lo que no puede soportar es la sangría constante del desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata; lo que no soporta una nación es el desgaste de un poder público y de su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad. Podrían decir espíritus simples que este desasosiego lo producen sólo las clases dominantes. Ello, a mi juicio, constituye un error. De ese desasosiego no tarda en sufrir los efectos perniciosos la propia clase trabajadora en virtud de trastornos y posibles colapsos de la economía… En el exterior España es hoy un país sobre el cual se ha colgado el papel de insolvente.

Si el desmán y el desorden se convierten en un sistema perenne… no se va a la consolidación de la revolución, ni se va al socialismo, ni se va al comunismo; se va a una monarquía desesperada, que ni siquiera está dentro del ideal libertario; se va a un desorden económico que puede acabar con el país.

Su advertencia final, otra vez acertada del todo, fue que la continuación del desorden sólo aumentaría la posibilidad de una reacción «fascista[87]».

Los cuatro últimos días de la campaña electoral de Cuenca evidenciaron que las palabras de Prieto no habían surtido el menor efecto. Se había ordenado a varias compañías de guardias de asalto patrullar por la provincia y el gobernador civil dio orden además de proceder a la detención preventiva de decenas de derechistas, tantas que hubo que habilitar prisiones de emergencia para alojarlos hasta que pasaran los comicios. Se registró un triunfo abrumador del Frente Popular en medio de la coacción armada y un descarado fraude electoral, desempeñando un papel descollante los delegados prietistas, a pesar de la casi increíble franqueza demostrada por su líder en el discurso del 1.o de Mayo, como flagrante burla a su llamada a la moderación. Por una parte había pedido él una mayor responsabilidad y moderación, pero por la otra puso también todo su empeño en que la izquierda «barriese» en aquellas elecciones especiales.

Luis Romero les dedicó el más idóneo epitafio:

Las segundas elecciones de Cuenca son un episodio que electoralmente puede calificarse de vergonzoso, en el cual Prieto desempeñó un papel preponderante; las tomó de su cargo. Toda clase de atropellos y abusos fueron cometidos, se recurrió a la violencia más extrema, a las ilegalidades más descaradas. El gobernador civil, la Junta del Censo, y para dar remate, los muchachos de «La Motorizada», pistola en mano, ganaron aquellas elecciones con ninguna gloria. A Primo de Rivera lo despojaron de un acta que había ganado en votaciones, a pesar de que el gobernador anunció que sus papeletas no se computarían, como así se hizo en distintos colegios, y ese anuncio de la primera autoridad provincial retrajo a eventuales votantes[88].

No fue únicamente Largo Caballero, sino también a veces el mismo Prieto, quien dio expresión a la dualidad casi esquizofrénica del socialismo español.

Al día siguiente, Calvo Sotelo se levantó en la Cámara para dar lectura de sus últimos datos sobre la violencia, aseverando que entre el 1.o de abril y el 5 de mayo habían muerto 47 personas en refriegas políticas. Santiago Casares Quiroga, otro de los incondicionales de Azaña, ahora ministro de Gobernación, le contestó que el gobierno: «es el primero en condenar y execrar los lamentables sucesos ocurridos», pero dijo también que, sin embargo, el único problema real provenía de la derecha. «Pero a mí me preocupan sólo las derechas y en cambio no me preocupa la revolución social. En las masas proletarias he encontrado lealtad y ayuda para salir del trance.» Dijo que un objetivo primario de la política del gobierno residía en desarmar a las derechas, a las que se les habían confiscado trece mil armas de fuego en la provincia de Granada y siete mil en la de Jaén. Pero ni una palabra sobre desarmar a las izquierdas. Calvo Sotelo replicó que era irracional suponer que la violencia reinante se debiera únicamente a rumores lanzados por la derecha a fin de perjudicarse a sí misma, y añadió que la derecha no quería una guerra civil, pero que la violencia tenía que cesar de ambas partes, no sólo de una. El fascismo «aquí y fuera no es un momento primero, es un momento segundo. No es una acción, es una reacción».

Dos días antes, José Antonio Primo de Rivera se había decidido a hacer un cambio fundamental en las tácticas de la Falange. Anteriormente había procurado evitar toda implicación en la conspiración militar porque le parecían reaccionarios y explotadores sus objetivos y su estilo. Pero había abandonado toda esperanza de unas relaciones políticas normales o un proceso apegado a la legalidad dentro del régimen de la izquierda republicana. Por ese motivo escribió una Carta a los militares de España, distribuida enseguida como hoja clandestina, instándolos a que se prepararan rápidamente para una intervención política decisiva[89]. Desde finales de abril los pluriformes cordones de la conspiración militar habían empezado a trenzarse de una manera más clara por vez primera, aunque aquello era sólo del dominio de una pequeña minoría dentro de los mismos militares.

CAPÍTULO 13

EL DERRUMBE, MAYO A JULIO DE 1936

Ningún otro candidato estaba en condiciones de disputarle a Azaña la presidencia. No cabe duda de que él habría preferido ver la jefatura del Estado en manos de Felipe Sánchez Román, cuya estatura personal era, a ojos de Azaña, inversamente proporcional a las exiguas dimensiones de su partido y fuerza parlamentaria. Como Sánchez Román no era miembro del Frente Popular, eso era imposible. Largo Caballero daba preferencia a la candidatura del meteórico Álvaro de Albornoz, situado muy claramente a la izquierda de Azaña, pero Albornoz propendía a la irresponsabilidad y tenía escaso apoyo. En consecuencia, la Unión Republicana propuso enseguida como candidato a Azaña y, tras superar la resistencia nominal de Izquierda Republicana, el partido de Azaña —que al principio se resistió a perder su liderazgo en aras del cargo, más distante, de Jefe de Estado—, Prieto ayudó a que los votos socialistas se pusieran de ese lado, y el problema quedó resuelto enseguida.

La votación de los compromisarios para la nueva elección presidencial tuvo lugar el 26 de abril. Como gran parte de la derecha se abstuvo, la izquierda barrió en aquellas elecciones, logrando el Frente Popular 358 compromisarios frente a los 63 de la oposición, y Azaña fue elegido abrumadoramente por una asamblea especial de electores el 10 de mayo en el Palacio de Cristal del madrileño Parque del Retiro. La solemne ceremonia de su investidura tuvo lugar al día siguiente, y Gil Robles asegura que le impresionó la extrema palidez y aparente ensimismamiento que mostraba el nuevo presidente[1].

Los motivos de los principales jefes izquierdistas para elevar a Azaña a la presidencia suscitaron mucha discusión, que no ha terminado aún del todo. Aunque parecía estar bastante claro que entre los socialistas la iniciativa entera había sido obra de Prieto, el socialista de izquierda Luis Araquistain sostendría más adelante que el asunto entero era una trama maquiavélica para quitarle al gobierno su timonel supremo, arrinconando a Azaña hacia la egregia presidencia y dejando la admiración en manos de una figura de menor talla que sería del todo incapaz de moderar a los revolucionarios, llevando de ese modo al máximo la táctica del Caballo de Troya del Frente Popular[2]. Pero habla en contra de esto la evidente iniciativa de Prieto, no de Largo Caballero, y el gran resentimiento de este último por la actividad mostrada por Prieto para que la comisión ejecutiva del partido respaldase enseguida la candidatura de Azaña[3].

En cuanto a Azaña, se ha especulado con la idea de que él esperaba realmente tener más eficacia para estabilizar el régimen desde la presidencia —que aceptó el nuevo cargo por motivos positivos— frente a la interpretación de que aceptó la presidencia sobre todo por consideraciones negativas, al ser incapaz de seguir controlando los acontecimientos, prefiriendo aquella escapatoria hacia un cargo más retirado y protocolario. No disponemos de pruebas adecuadas para resolver esta incógnita, y acaso no sería realista una disyuntiva categórica. Existen pocas dudas de que Azaña deseaba sustraerse a determinado nivel, cosa que había dado ya a entender en más de una ocasión, pero en expresión de algunos de sus amigos, indicó también la justificación de que las facultades de la presidencia podrían permitirle de algún modo proteger la República con más eficacia.

Con todo, el principal personaje político de aquel drama no fue Azaña, ni Largo Caballero, sino Indalecio Prieto. Está claro que su plan a largo plazo era hacer un reajuste del gobierno que permitiera consolidar el poder de un régimen republicano de izquierda-socialista. A ese fin había que destituir a Alcalá Zamora y retirar a Azaña de la política activa al cargo de presidente. Fuera de circulación la única personalidad política dominante de veras, quedaría abierto el camino para una coalición más fuerte liderada por Prieto, capaz de gobernar con más firmeza y eficacia y dotada de una base más amplia.

El mismo Azaña se daba también cuenta al parecer de que el gobierno existente de izquierda republicana (técnicamente minoritario) no era capaz de gobernar con eficacia, y desde principios del mes anterior (abril) había habido una serie de conversaciones privadas y reuniones entre los dirigentes más moderados y prácticos del centro-izquierda encaminados a establecer una base para un gobierno mayoritario más fuerte, capaz de restablecer la autoridad y el orden, sin dejar de seguir sacando adelante las reformas básicas. Prieto fue la figura clave de aquellas conversaciones un tanto fuera de lo corriente, que incluyeron también en ocasiones a los dos dirigentes más progresistas de la CEDA, Giménez Fernández y Luis Lucia, a Miguel Maura, del Centro Republicano, y también al inteligente y pragmático Claudio Sánchez Albornoz, y ocasionalmente incluso a Besteiro. Sánchez Albornoz ha escrito que a comienzos de mayo una reunión de la elite de Izquierda Republicana (ministros y exministros) sacaron en conclusión que sólo una dictadura republicana legalista a corto plazo podría restablecer el orden y salvar al régimen[4].

El problema residía en cómo lograr una mayoría progresista de centro o centro-izquierda. Ése había sido siempre el dilema básico de Alcalá Zamora, y su eliminación cambió sólo un poco los términos de la ecuación. Una auténtica coalición republicana centrista habría exigido probablemente la escisión de la CEDA o de los socialistas, o posiblemente de ambos. La CEDA sólo podría haber quedado incluida en la medida en que Lucia y Giménez Fernández pudieran haberse atraído a una minoría significativa de diputados de la CEDA quitándole a ésta los más liberales, pero las perspectivas de tal maniobra eran más que dudosas. El centro de gravedad seguía vinculado al restablecimiento de la alianza izquierda republicana-socialista que había dirigido el gobierno durante el primer bienio.

Aunque Prieto alegaría posteriormente que las intenciones de Azaña no eran del todo serias[5], el nuevo presidente, el mismo día de su investidura, le pidió a Prieto que formase el nuevo gobierno. Hay pocas dudas de que aquello le interesaba de veras o incluso de que era la mejor opción imaginable. El diputado socialista por Bilbao no era un hombre milagroso, pero su sentido común y su patriotismo habían atraído la atención de otros líderes del centro e incluso de la derecha moderada. Todos los grupos republicanos de izquierda, e incluso Portela Valladares, parecían dispuestos a apoyar una coalición encabezada por Prieto. Giménez Fernández estaba personalmente entusiasmado en colaborar en ese sentido, porque en una ocasión José Antonio Primo de Rivera había propuesto medio en serio que, si Prieto patrocinase un nacionalismo socialista, Falange se sumaría a su rama del Partido Socialista, convirtiéndose él (José Antonio) en subordinado[6].

El tipo de gobierno que proponía Prieto al parecer no era una gran «coalición nacional», sino sencillamente una auténtica coalición de Frente Popular (probablemente sin los comunistas ni el POUM), capaz de llevar a cabo unas reformas económicas aceleradas, aplastar la latente conspiración militar con una purga limitada pero decisiva del ejército, y restablecer el orden mediante una política policíaca más enérgica y responsable para conseguir la despistolización de España. Propuso dar una atención prioritaria a la reforma agraria y a nuevos proyectos de regadío y más construcciones de viviendas, esto último sobre todo a fin de reducir el paro. Tenía también la intención de aumentar la guardia de asalto, básicamente republicanista, y reducir al mismo tiempo el poder de la guardia civil.

Pero el obstáculo principal seguía residiendo en la izquierda socialista, que se negaba a abandonar su postura, mantenida tenazmente desde el otoño de 1933, de que el partido no debía volver a entrar en otra coalición de gobierno con los republicanos de izquierda. En palabras de Paul Preston: «En el sentido más auténtico, la ambigüedad de la actitud socialista frente a la República iba a ser el factor crucial de 1936[7]». A ojos de los socialistas de izquierda, la presidencia de Azaña, que no habían apoyado la mayoría de ellos, debía únicamente facilitar la tarea de los republicanos de izquierda de llevar adelante y liquidar la «fase burguesa» de la República. El 9 de mayo Claridad decía con mucho énfasis que la España presidida por Azaña sería totalmente diferente de la de su primer gobierno de 1931: «Azaña se ha dado cuenta de ello y de ahí su drama interior. Azaña no es capaz de enfrentarse violentamente con esta marcha ascensional e inevitable del proletariado. No puede ser ni un Kerensky ni un Hitler… Ojalá que sea un buen comadrón de la historia. Esperemos[8]». Largo Caballero se lamentaría más adelante de que «según Prieto, el Partido Socialista no tuvo otro papel en la vida política española que el de mozo de estoques de Azaña[9]», y la izquierda socialista estaba dispuesta a evitarlo, temiendo que Prieto se convirtiera en el «Noske español». En consecuencia, en una votación apresurada de la mayor parte de la delegación parlamentaria socialista, se rechazó, por 49 contra 19, la participación en el gobierno.

Aquello fue un amargo golpe para Prieto, pero era un desenlace previsible. La izquierda socialista se consolidaba, y la escisión existente en las filas socialistas se abrió algo más. Pero Prieto no echó mucha leña en aquel fuego. Había esperado, a fin de cuentas, contra toda esperanza que, enfrentada a una nueva ecuación política después de la exaltación de Azaña, la izquierda socialista cambiaría de opinión. Al haber fracasado aquello, el único recurso práctico habría consistido en escindir oficialmente el partido, lo que en muchos sentidos habría sido muy de desear y habría reconocido un hecho virtualmente consumado. Pero la identidad del partido y la lealtad al mismo estaban hondamente desarrolladas entre los socialistas, al tiempo que la polarización básica de la vida política española había abierto en ésta un abismo mucho más profundo que la escisión existente entre los socialistas, y por ello Prieto no se atrevió a dividir oficialmente el partido. Cuando su amigo socialista y aliado Juan-Simeón Vidarte le instó a que siguiese adelante y formase una coalición, alegando con fundamento que una vez que fuese Prieto Primer ministro los caballeristas no se atreverían a votar de veras contra él, Prieto rehusó hacerlo, añadiendo con amargura: «¡Que se vaya Caballero [sic] a la mierda!». Según Vidarte, Prieto temía desempeñar el papel de un «Briand español» y dejar atrás a gran parte del partido en medio de la polarización existente[10]. Por otra parte, y siendo un político práctico, no debió haber creído que una escisión del partido fuese viable de no ser que lograse llevar consigo por lo menos una simple mayoría de la delegación parlamentaria, cosa imposible en aquel momento. Aunque siguió habiendo algunas conversaciones con los elementos más liberales de la CEDA[11], la posibilidad de un gobierno de Prieto o cualquier tipo de gobierno más amplio del Frente Popular había terminado por el momento. Azaña se volvió entonces a Martínez Barrio, cuyo partido había ganado un número de escaños nada despreciable gracias a la Comisión de Actas, pero él rehusó rápidamente debido a los formidables obstáculos existentes.

O sea que Azaña se vio realmente arrinconado. De no ser que quisiera romper el Frente Popular, cosa que no tenía intención de hacer, la única alternativa era algún tipo de gobierno de Azaña sin Azaña, dirigido por alguno de sus compañeros de Izquierda Republicana. Él mismo reconocía que su partido andaba muy escaso en cuanto a capacidad de liderazgo[12], pero no halló mejor alternativa que recurrir a uno de sus colaboradores más íntimos, Santiago Casares Quiroga, que había sido durante el mes anterior —con una ineficacia total— ministro de Gobernación. Casares era totalmente leal a Azaña, y sus esposas eran amigas íntimas. Había dado pruebas de energía como ministro de Gobernación en los años 1931-1933 y había gozado antes de cierta fama de hombre recio y decidido, aunque esto se debió más a la emocionalidad y a la retórica partidista que a sus logros. En 1936 padecía tuberculosis, y su acción más notable en el mes anterior se había limitado a trasladar a muchos oficiales de la guardia civil. Según Martínez Barrio, cuando se anunció su nombramiento como Primer ministro, «La opinión pública y los propios grupos del Frente Popular no ocultaron su sorpresa y disgusto[13]», porque estaba claro que Azaña había hecho un nombramiento muy dudoso procedente de su camarilla personal. Según su cuñado, Rivas Cherif, Azaña mismo tenía sus reservas, pero no tuvo otra alternativa[14]. En el nuevo gabinete, Casares tendría también el ministerio de la Guerra para eludir la necesidad de un miembro militar y, supuestamente, controlar mejor el ejército. Gabriel Franco, ministro de Hacienda, se negó a continuar en el cargo debido a la contradictoria y caótica política fiscal del gobierno y fue sustituido por un miembro de Izquierda Republicana. Se amplió el gabinete para dar entrada a un representante de la Esquerra Catalana, Juan Lluhí Vallescà, como ministro de Trabajo, cometido para el cual demostró enseguida ser incompetente. En conjunto el último gobierno ordinario de la República incluyó siete ministros de Izquierda Republicana, tres de Unión Republicana, uno de la Esquerra, y un Republicano Independiente en el neurálgico Ministerio de Gobernación.

Aquel exiguo esfuerzo constituyó la última iniciativa política directa de Azaña antes de que empezara la Guerra Civil. A partir de entonces se recluyó en la presidencia, preocupado, al parecer, por la estética, posiblemente lo que más le interesaba. Dio comienzo a una importante redecoración del Palacio de Oriente, mientras residía temporalmente en la Casita del Palacio del Pardo (cerca del edificio donde residiría Franco durante treinta y seis años). Aumentó la partida presupuestaria presidencial, aumentando sobremanera la dotación de coches de lujo[15], y dedicó su atención a preparar una nueva legislación que establecería graves penas por las agresiones cometidas contra la familia presidencial. En sólo una ocasión posterior, en la noche del 18 al 19 de julio, haría un tardío esfuerzo tratando de establecer un gobierno de coalición más amplio y eficaz, medida que ya entonces llegaba al menos con seis o siete días de atraso.

Casares Quiroga presentó su nuevo gabinete a la Cámara el 19 de mayo, en unos términos beligerantes:

Al cabo de cinco años, la República necesita todavía defenderse de sus enemigos. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Estando yo en la cabecera de este banco azul, prometo que durará lo menos posible. La táctica de la simple defensa no basta. Es más eficaz el ataque a fondo…

Al enemigo declarado lo aplastaremos. No puedo presenciar tranquilo cómo, cuando esos enemigos se alzan contra la República y son llevados a los tribunales, algunos de estos tribunales perdonan sus culpas y los absuelven. Hemos de pensar en aquellas leyes que hayamos de traer a la Cámara para cortar este abuso radicalmente… Y digo que cuando se trata del fascismo, yo no sé permanecer al margen de esas luchas y os manifiesto que contra el fascismo el gobierno es beligerante.

Santiago Casares Quiroga

El nombramiento de Casares había agradado a Claridad, que el 13 de mayo lo elogió como uno de los mejores posibles, debido al descarado partidismo del Primer ministro. En cambio, no sólo los moderados, sino también algunos republicanos de izquierda criticaron mucho lo «beligerante» de su discurso, que lo hacía a la vez sectario y ambiguo[16], dado que la propaganda izquierdista llamaba por rutina «fascistas» a todos los derechistas. Casares, por otro lado, añadió en sus aseveraciones que la izquierda tenía que obedecer también a la ley, y renunciar a «huelgas políticas fuera de la ley, incautaciones que no pueden ser permitidas y actos de violencia que son un trágala o una coacción».

La sesión parlamentaria de aquel día fue una de las más tumultuosas, con mucho griterío, interrupciones y excesos verbales. Gil Robles advirtió una vez más del peligro de guerra civil de no ser que la ley se aplicara con firmeza a todo el mundo y Calvo Sotelo se vio implicado en un intercambio de insultos con un diputado socialista. Juan Ventosa halló que las observaciones de Calvo Sotelo eran demasiado partidistas, pero dejó claro:

… pero yo creo que los «enemigos de la República» son todos aquellos que provocan diariamente los desórdenes públicos que determinan este estado de anarquía en que se está consumiendo España. En todos los países donde se ha instaurado el fascismo precedieron a éste desórdenes y persecuciones como los que vienen sucediendo en España… Yo os llamo la atención sobre la evidente similitud que existe entre la situación política en que se encontraba Italia en los años 20 y 21, y de Alemania en años posteriores.

Estaba claro desde el comienzo que la administración de Casares Quiroga no iba a dar contestación a los problemas de España, y siguieron conversando los políticos moderados del centro-izquierda y el centro-derecha sobre la formación de una nueva coalición práctica fuerte. Seguían implicadas en aquellos intentos las mismas personalidades que se ocupaban del tema en abril y comienzos de mayo, y el líder soñado seguía siendo, a falta de cualquier alternativa real, Indalecio Prieto. El conocido periodista Manuel Aznar escribía en El Heraldo de Aragón el 29 de mayo: «Se habla cada día más de un gobierno Prieto y se dice quiénes lo compondrán». Pero el quid de la cuestión seguía residiendo en su disposición a partir en dos (o no) al Partido Socialista, que sufría en ese preciso momento aún más convulsiones internas. Una escenificación de aquéllas presentaba a la comisión ejecutiva del partido aprobando la participación en el gobierno (aunque la misma sería rechazada siempre por la UGT), con Ricardo Zabalza de la FNTT, un disidente de la UGT, haciéndose cargo del Ministerio de Agricultura, Miguel Maura del de Exteriores, y Lucia, de la CEDA, del Ministerio de Comunicaciones (al parecer para asegurar la unidad nacional). Sin embargo, y debido a la creciente lucha intestina del partido. Prieto no pudo decidirse a dar aquel salto, y Gil Robles, por parte de la derecha, había sido siempre muy escéptico en lo tocante a esos temas. Bajo ciertas condiciones, habría apoyado una coalición de base más amplia con votos cedistas, pero no hay ningún indicio de que estuviese dispuesto a aprobar la participación de la CEDA en un gobierno de Prieto. Informa de que prohibía el 2 de junio cualquier participación de representantes de la CEDA en tales negociaciones, y poco después es evidente que aquel proyecto fue archivado en su totalidad[17].

El gobierno de Casares Quiroga siguió adelante con las medidas laborales y económicas de su antecesor, así como con las relativas al cambio educativo y la reforma judicial. El nuevo ministro de Instrucción Pública, Francisco J. Barnés, fue incluso más radical que Marcelino Domingo.

El gobierno de Azaña ordenó el 28 de febrero que los inspectores visitaran las escuelas a cargo de congregaciones religiosas. Al parecer esos inspectores habían cerrado a menudo escuelas por iniciativa propia. Pero con el nombramiento de Barnés daba la impresión de que el cierre de las escuelas a cargo de congregaciones y la incautación ilegal de las escuelas privadas se había convertido de hecho en una política oficial. Los portavoces de la CEDA pidieron que no se cerrasen escuelas mientras no hubiera plazas disponibles para sus alumnos en las escuelas del Estado. El ministro les contestó que los católicos tenían que pagar ahora su pecado de omisión por no haber desarrollado suficientemente el sistema estatal desde 1933. El 4 de junio, se retiró la CEDA temporalmente de la Cámara tanto por el insultante lenguaje del ministro como porque su política constituía una «ofensa intolerable a la conciencia católica del país». Los cedistas siguieron quejándose de la persecución religiosa, mientras el gobierno seguía adelante con su política secularizadora[18].

El gobierno era «beligerante» no únicamente contra el «fascismo», las escuelas particulares, y la estructura de la propiedad, sino también contra la judicatura existente, por no considerarla adecuadamente izquierdista. El 3 de junio fue presentada una nueva legislación para crear un jurado especial, tal como preveía el artículo 99 de la Constitución, para exigir responsabilidades a los jueces, magistrados y fiscales que pudiesen incurrir en delitos civiles o criminales. Contra las protestas de las derechas, el proyecto fue aprobado el 10 de junio: fue seguido de otra medida, aprobada por las Cortes el 9 de julio, que preveía el retiro forzoso de los jueces y fiscales, que, según la CEDA, no era otra cosa que un arma política a utilizar contra los derechistas.

Después del orden público, el problema más serio al que tenía que hacer frente el nuevo gobierno era el económico. Los precios subían rápidamente, la peseta sufría una seria devaluación y los valores de la Bolsa habían caído como es natural. El gobierno de Azaña había adoptado la postura de que todos los problemas económicos habían sido causados por las derechas, pero había continuado con una contradictoria política de expansión de las principales partidas presupuestarias y aplicación de una línea más intervencionista, esperando al mismo tiempo estabilizar la peseta y reducir tanto el desequilibrio comercial como la deuda interna. La reforma tributaria progresiva propuesta por Gabriel Franco, ministro de Hacienda de Azaña, no se había discutido nunca en la Cámara, donde los diputados estaban demasiado ocupados en denunciarse entre sí. El 14 de mayo quiso saber el Bloque Patronal si el gobierno estaba a favor de abolir el empleo capitalista y eliminar la industria privada[19].

Del discurso de investidura de Casares Quiroga el 19 de mayo se deducía claramente que el gobierno seguía careciendo de una política coherente. Se refirió únicamente a mantener la aceleración de la reforma agraria, a restablecer todas las regulaciones laborales de 1931-1933, y a añadir otros 100 millones de pesetas a los 90 ya destinados a Obras Públicas para combatir el desempleo. No había respuesta posible a la crítica tanto del centro como de la derecha de que la administración de la izquierda republicana era el único gobierno izquierdista nuevo de Europa carente de una estrategia fiscal seria: ni claramente deflacionista ni claramente reflacionaria, aunque en la práctica se acercaba algo más a esta última. Es obvio que el gobierno no estaba apegándose a la relativa moderación del programa original del Frente Popular, pero tampoco lo había sustituido con una alternativa sistemática. En vez de ello, implantó medidas de remiendo, como la de limitar la cantidad de dinero que se podía sacar del país, y nunca fue capaz de preparar un presupuesto. Por último, el 30 de junio, el gobierno pidió a la Cámara que prorrogase el presupuesto anterior durante el tercer trimestre del año. Las únicas observaciones lúcidas en materia económica hechas en el Congreso procedieron del centro y de la derecha; los diputados del Frente Popular se preocupaban por otros asuntos.

El mayor desbarajuste económico se produjo en parte en la zona rural del Centro y Sur del país, mientras la industria urbana resultó algo menos afectada. De todas maneras, los grandes aumentos de los costes de producción, debidos especialmente a las subidas salariales y al aumento de los beneficios adicionales, unidos a la pérdida de inversiones, se convirtieron en toda una cuesta arriba. Disminuyó a ojos vistas la actividad de la industria catalana debido al descenso de la demanda interna y externa y a la evasión del capital[20]. A mediados de junio, hasta los portavoces de la derecha elogiaban a León Blum, líder del gobierno del Frente Popular en Francia, por haber desarrollado un plan coherente de reconstrucción nacional tanto para el capital como para el trabajo, y Calvo Sotelo tuvo palabras positivas para el New Deal de Roosevelt, por la misma razón. Andando el tiempo, Fernando Varela, de Unión Republicana, admitía que mal podría aquel gobierno remediar el desempleo cuando ni siquiera era capaz de redactar un presupuesto, padecía un déficit tanto fiscal como de balanza de pagos y tenía que habérselas con una estructura fiscal que no era suficientemente fuerte para absorber todas las reposiciones laborales impuestas por el decreto de febrero[21].

El 11 de junio votaron por fin las Cortes el restablecimiento de la ley original de reforma agraria del 15 de septiembre de 1932, pero las derechas alzaron el grito porque los nuevos decretos, más radicales aún, habían ido mucho más allá que la legislación original, técnicamente correcta. Mucho más graves que cualquier incautación de latifundios eran los problemas laborales y el gran aumento de los costes debidos a los nuevos convenios salariales y alojamientos (asignación de trabajadores a las propiedades). El 15 de mayo, la Confederación Española Patronal Agrícola solicitó formalmente que entrasen en vigor todas las relaciones laborales —actitud nueva en ella—, pero pidió también que quedasen allí las cosas[22]. Doce días después el gobernador de la provincia de Badajoz informaba de que algunos peones no querían aceptar siquiera salarios de 12 pesetas diarias, más del doble de los que habían recibido el año anterior[23]. En ocasiones los mismos minifundistas y aparceros tenían que «tirar dinero» para evitar los ruinosos alojamientos[24], Por otra parte, la repercusión práctica de la aceleración de la reforma agraria se iba haciendo cada vez más desordenada e incierta. Algunas de las pocas familias que habían recibido tierras en 1935 se veían ahora obligadas a devolverlas sencillamente porque las habían recibido durante la legislación anterior, cuando la superficie media de las adjudicaciones era de sólo 5,5 hectáreas, y Ruiz Funes admitió ante la Cámara el 27 de mayo que en realidad no se podía esperar que el índice de éxito económico de unas fincas tan pequeñas fuese mayor del 40 por ciento, lo que equivalía de hecho a que el gobierno admitía ya que no era probable que tuviera éxito la mayor parte de su reforma agraria. Los patronos empezaron a exigir que todos los convenios salariales incluyeran normativas de producción, especificándose el grado de labor efectiva que se estaba pagando mediante aquellos grandes aumentos salariales. Como era de esperar, los socialistas y comunistas rechazaron las normas de producción, pero el inepto ministro de Trabajo Lluhí admitió el 1.o de julio que convenía probablemente que hubiese normas de producción. En la interpelación ante la Cámara la oposición lanzó el grave cargo de que, partiendo de las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, el coste total de la cosecha superaría a su valor de mercado, y Lluhí tuvo dificultades para urdir una réplica.

La actitud de los socialistas —o al menos la de la UGT— era que había llegado la hora de la socialización de la industria, pero no presentaron ningún plan concreto. El 9 de junio presentó el gobierno una legislación dirigida a la industria minera de Asturias y León que preveía que los pozos de mina y filones que ya no se explotasen activamente pasaran a formar parte de cooperativas obreras. A finales de ese mes los diputados socialistas y comunistas reclamaban que el grado de obstrucción de los terratenientes era tal que en algunas comarcas habían tenido que encargarse de levantar la cosecha las autoridades locales o bien los sindicatos de trabajadores del campo.

El impulso a favor de las autonomías regionales

La pleamar de cambios desencadenada por el triunfo del Frente Popular aceleró todos los movimientos regionalistas. El restablecimiento de la autonomía catalana se vio seguido pronto por una nueva iniciativa de los nacionalistas vascos. El efecto revulsivo que produjeron, unido a los ejemplos a la vista de nuevas iniciativas obreras de todo tipo y el estímulo, o al menos el apoyo, que les brindaba la administración de la izquierda republicana, potenció las fuerzas autonomistas de todas las regiones importantes.

Enseguida se restablecieron la mayoría de las competencias básicas de la autonomía catalana. La Esquerra había aprendido mucho más del chasco de 1934 que, por ejemplo, los socialistas de izquierda en cualquier parte, y la moderada Lliga estaba en la mejor disposición para desempeñar en Cataluña el papel de una leal oposición conservadora. En consecuencia, y a diferencia del resto de España, los dos polos de la política catalana revelaron una actitud de mutua colaboración. Aunque había muchas huelgas y algún desorden a cargo de la CNT, hubo pocas muertes. Comparada con Madrid o Sevilla, Barcelona (y desde luego Bilbao) respiraba una calma relativa. Fue restablecida el 10 de mayo la Junta de Seguridad Catalana, estableciéndose condiciones para el traspaso de otras competencias autonómicas, y el 2 de junio se devolvió a Barcelona, por decreto, la crucial administración del orden público.

En aquel momento Indalecio Prieto, desde luego el líder no nacionalista más influyente de Bilbao, se dio cuenta de que cualquier otro retraso en la concertación de la autonomía vasca sólo redundaría a favor de los nacionalistas más radicales, mientras que el Partido Nacionalista Vasco se dio cuenta cabal de que la autonomía sólo les podía llegar con la democracia y no de la derecha o de una alianza con ésta. Se estableció una comisión especial en la Cámara, compuesta por José Antonio de Aguirre (el líder del PNV), un socialista vasco y un diputado vasco de la izquierda republicana, encargados de elaborar los términos de la autonomía vasca, y el 24 de mayo declaraba Prieto en Bilbao que estaba decidido a conseguir la autonomía vasca lo antes posible, aunque aquello fuese su último logro político. En abril recibió esta comisión un nuevo plan de estatuto vasco y su aprobación estaba casi lista a mediados de julio.

A comienzos de mayo se reunieron en Caspe los representantes de las tres provincias aragonesas para iniciar la redacción de un estatuto para Aragón, moldeado muy de cerca por el catalán[25]. Los delegados de los agrarios y la CEDA empezaron a trabajar sobre un estatuto para Castilla y León el 20 de mayo, aunque hubo disidentes que lo querían en exclusiva para Castilla la Vieja y León, mientras que el 9 de junio, el ayuntamiento de Burgos votaba a favor de un estatuto para Castilla la Vieja sola. El 29 de mayo se inició una campaña en Gijón para conseguir apoyo para un estatuto asturiano, mientras que estaban ya en marcha esfuerzos de más ámbito al respecto en la región valenciana. El 6 de julio se reunió en Sevilla un cuerpo de delegados para iniciar la redacción de un estatuto para Andalucía, mientras que el día 15 otro organismo parecido se dio cita en Santa Cruz de Tenerife para preparar un documento similar para las Islas Canarias.

Donde iba más adelantado un proceso de ese tipo era en Galicia, cuya campaña autonomista estaba promovida activamente por el Frente Popular. El 28 de junio se celebró en la región un plebiscito para votar en torno a un estatuto recién preparado, con una participación electoral del 74,52 por ciento, y un 74 por ciento de votantes a su favor. Este último resultado sorprendió a todos los observadores objetivos, dado que Galicia contaba tradicionalmente con el más elevado índice de abstención de España, y el número de votantes registrados en las elecciones generales de febrero había sido considerablemente inferior. De hecho, antes del plebiscito, los galleguistas se habían esforzado por conseguir una excepción del requisito constitucional de que tenía que votar a favor de una propuesta de estatuto una mayoría absoluta del electorado. Se sacó la conclusión general de que había habido una manipulación tremenda, sobre todo después de que se demostró que en algunas circunscripciones rurales, típicamente abstencionistas, se había registrado el voto favorable del 100 por cien del electorado local. El nuevo estatuto gallego fue enviado oficialmente a la Cámara el 15 de julio para su ratificación final[26].

Ante el desarrollo de campañas autonómicas en toda España, hubo peticiones tanto de la ultraderecha como de la izquierda revolucionaria de que aquel proceso fuera sometido a normas generales. Calvo Sotelo expuso en el ABC del 20 de mayo que tendría que haber estatutos de autonomía para todas las regiones o para ninguna, mientras el POUM, marxista-leninista, pregonaba la creación de una «Unión de Repúblicas Socialistas de Iberia», una especie de Unión Soviética, uno de los pocos puntos en que coincidía con el stalinista Partido Comunista de España.

La reunificación de la CNT

La CNT llevaba largo tiempo debilitada por su desastrosa serie de miniinsurrecciones de 1931-1933 y la represión provocada por las mismas. El segundo congreso extraordinario en la historia de esta organización se produjo en Zaragoza en los primeros diez días de mayo con el fin de reunificar la CNT y forjar una política unitaria. Los delegados de Zaragoza representaban oficialmente a unos sindicatos con un total de 550 595 afiliados. Ese número indicaba una disminución de entre el 40 y 50 por ciento frente al apogeo de la organización en 1931-1932, aunque aquel declive estaba siendo rápidamente subsanado por una activa campaña de expansión en la que desempeñaron papeles de importancia la nueva ofensiva de huelgas y la competencia con la UGT. El informe del secretariado de la CNT ridiculizaba las pretensiones de los socialistas caballeristas diciendo que alardear de un «Lenin español» recordaba aquella fábula del sapo que quiso convertirse en buey. Hacía hincapié además en que la división interna y la «indecisión» del movimiento anarcosindicalista en los dos años últimos había permitido a los comunistas y demás partidos marxistas crecer a expensas de ellos y había hecho que la izquierda burguesa se encaramara en el poder con una política «exactamente como cuando Casas Viejas[27]».

El comité encargado de investigar el papel desempeñado por la CNT en la insurrección de octubre atribuyó tanto la iniciativa como el fracaso de aquel intento a la «iracundia de los socialistas por haber sido arrojados del poder». Y le dedicaban también una participación igual en aquella vergüenza a Azaña, el «jefe del radicalismo socializante, el político más cínico y fríamente cruel que nació a la vida española». Ridiculizaban también el exiguo esfuerzo de los catalanistas y de los socialistas, excepto en Asturias, y justificaban en cambio la no participación de la CNT en ninguna parte, hecho que «obedeció a que no quiso ser la vanguardia de sacrificio por unas facciones que hubiesen rematado fríamente a nuestros supervivientes de la lucha contra el gobierno». Se declaró que la unión con la UGT sólo sería posible sobre la base de una renunciación completa de esta última a cualquier colaboración con un gobierno republicano, un acuerdo para «destruir completamente el régimen político y social», y el apoyo del 75 por ciento de los afiliados en un referéndum hecho a tal fin[28].

Aquel congreso propugnó una vez más «el método insurreccional por la conquista de la riqueza social». Un informe sobre la implantación del comunismo libertario declaraba que su objetivo era suprimir la propiedad privada y reorganizar la sociedad sobre la base de sindicatos y comunas autónomos que constituirían la «Confederación Ibérica de Comunas Autónomas Libertarias». Se suprimirían también el ejército y la policía, se entregarían todas las armas a las comunas, y se enseñaría en las escuelas la teoría de la no existencia de Dios[29].

Aunque las relaciones con la UGT seguían siendo difíciles, hubo más colaboración a nivel local que nunca, al convertirse en iniciativas conjuntas UGT-CNT un número creciente de las nuevas huelgas multitudinarias. El 24 de mayo Largo Caballero abrazó públicamente en Cádiz a un líder de la CNT, pero siguieron en pie la mayoría de sus diferencias. En algunas huelgas de gran envergadura la CNT asumió la iniciativa en oposición a la UGT, cuyos líderes trataban a veces de seguir un método más prudente que el indicado por la retórica revolucionaria.

La «radicalización competitiva» entre ambos movimientos alcanzó su clímax en Málaga, donde una huelga de los de la salazón del pescado de la CNT no fue secundada por el sindicato local de pescadores de la UGT. Como represalia, el 10 de junio los pistoleros de la CNT asesinaron a un concejal comunista que había apoyado a la UGT. Entonces se lanzó a la huelga la UGT malagueña, pero lo hizo contra sus «hermanos proletarios» de la CNT, atacando a varios centros cenetistas locales, y causando una serie de heridos de ambas partes. Tras haber sido asesinado el 11 de junio el presidente socialista de la Diputación Provincial, aparentemente por cenetistas, el gobierno clausuró todos los centros de la CNT de la provincia, pero la violencia continuó. Fueron enviados desde Madrid a toda prisa refuerzos de la policía; fueron detenidos muchos cenetistas, y uno muerto, mientras los socialistas y comunistas distribuían hojas volantes en las que se acusaba a la CNT de «servir al fascio».

El cisma socialista se profundiza

La creciente polarización de la política nacional no se tradujo en un alivio de la escisión existente entre la «izquierda» y el «centro» de los socialistas, que no hizo otra cosa que aumentar. Aquello hizo imposible cualquier respuesta coherente del Partido Socialista y la UGT a la crisis de la República. La «izquierda» estaba empeñada en evitar cualquier nueva coalición que pudiera fortalecer al gobierno de la izquierda republicana y tildaba constantemente a todos los que apoyaban aquella táctica de «traidores» que merecían ser expulsados del partido, mientras el centro prietista —que carecía de una verdadera mayoría en el partido, pero controlaba la comisión ejecutiva— vio siempre frustrados sus esfuerzos.

Aunque la política de la izquierda socialista era exclusivamente negativa y destructora, encaminada al deterioro de la estructura económica y en último término del gobierno de la izquierda republicana, carecía de plan revolucionario propio. La izquierda socialista, según ha indicado Santos Juliá, no era un grupo unido, sino que se componía de cuatro núcleos distintos:

1.o La mayoría de la UGT, liderada por Largo Caballero, constituía la fuerza principal. A pesar de su radical postura, los líderes ugetistas llegaron a sentirse algo asustados por la ingente nueva ola de huelgas. Pese a lo que renegaban de Prieto y de Besteiro, querían evitar una escisión oficial, tanto en el partido como en la UGT, y pese a sus habladurías filocomunistas, eludieron ulteriores fusiones con los comunistas.

2.o Formaban un segundo grupo los retóricos revolucionarios apiñados en torno a Araquistain y el cuadro editorial de Claridad. Aunque eran los principales proveedores de la retórica revolucionaria, tenían desde luego mucho más interés que Largo Caballero en sostener el gobierno de Casares Quiroga, que Araquistain consideraba fundamental.

3.o Constituían un tercer sector las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), dominadas desde mayo prácticamente por los comunistas. Muy receptivas antes del argumento del POUM de pasar directamente a la revolución, se apegaban ahora a la línea comunista de una lealtad temporal a la más abierta fórmula del Frente Popular.

4.o Había también un pequeño número de criptocomunistas del tipo de Julio Álvarez del Vayo, cuñado de Araquistain, que tenían cierta influencia pero sin formar un grupo organizado. Sólo estos criptocomunistas estaban realmente interesados en la escisión oficial del partido, para unir la izquierda socialista con los comunistas[30].

A pesar de la baladronada de Araquistain a un reportero estadounidense de que «los socialistas españoles somos ahora más avanzados, más comunistas, que el Partido Comunista[31]», la izquierda socialista estaba basada en el sindicalismo de la UGT y no mostraba en general ni mucha comprensión ni interés por la táctica leninista de la «vanguardia del partido». Araquistain trataba de compensar esa realidad «platicando» —en una especie de «estilo latinoamericano»— sobre el papel de un «caudillo revolucionario» con respecto de las masas, hasta el punto de que El Socialista se quejó el 13 de mayo de que Claridad: «está forjando la autoridad universal del futuro dictador».

El 25 de mayo la comisión ejecutiva prietista convocó una reunión del comité nacional del partido, que decidió que el siguiente congreso del mismo tendría lugar en octubre en Asturias. Se hicieron unas elecciones especiales con el fin declarado de cubrir los puestos vacantes en la comisión ejecutiva, y el centro presentó una lista moderada encabezada por Ramón González Peña al tiempo que advertía a través del comité nacional que las secciones locales del partido que no se atuviesen a las ordenanzas e instrucciones del mismo serían disueltas. Los caballeristas, que controlaban la sección madrileña del partido replicaron con una lista electoral propia, encabezada por Largo Caballero, e hicieron planes para convocar su propio congreso del partido en Madrid a finales de julio, aunque el centro advirtió que aquello constituiría un congreso cismático que sólo produciría una ruptura oficial del partido.

El conflicto interno del histórico partido alcanzó un punto álgido en un mitin socialista celebrado el 31 de mayo en la pequeña ciudad sevillana de Écija, donde Prieto y González Peña trataron de dirigir la palabra a un auditorio socialista cada vez más hostil que incluía a muchos caballeristas. Se oyeron insultos, después volaron piedras y botellas y por último sonaron tiros de escopeta, lo que obligó a los líderes asturianos centristas a salir corriendo hacia los coches que los aguardaban. Salieron pisando el acelerador, seguidos por los izquierdistas ecijanos también en vehículos de motor. Hubo varios heridos, y el secretario de Prieto fue capturado temporalmente en la carretera por sus perseguidores, que lo llevaron a Écija, donde lo liberó por último ¡la guardia civil!

La guerra de palabras se enconó todavía más cuando Prieto acusó a Largo Caballero de haber traicionado al partido en octubre de 1934. Prieto empezó entonces a tomar en serio una inevitable escisión formal y se expresaba cada vez con más pesimismo. La Petite Gironde, de Burdeos, citó el 15 de junio estas supuestas palabras suyas: «Es injusto considerar a todos los derechistas como fascistas. El peligro fascista sólo existe donde lo produce la izquierda. El próximo congreso del Partido Socialista va a producir una escisión». Dos días después, declaraba en su propio periódico El Liberal: «Pensemos viendo la ruta peligrosa por donde van las cosas que alguna razón pueden tener nuestros impugnadores». Y tras haber presentado Jiménez de Asúa una petición en el Congreso para la construcción de una prisión especial para los detenidos políticos, Prieto apostilló: «Que nos preparen el presidio con todo el confort posible, por si no tenemos de nuevo la fortuna de atravesar la frontera. Que el porvenir nos depare de nuevo la expatriación o el presidio. Nos estará bien merecido. Por insensatos».

Cuando el secretariado prietista publicó a fin de mes los resultados de la elección especial para la comisión ejecutiva, la lista electoral de González Peña fue declarada vencedora con 10 933 votos contra 2876. Este sufragio parece muy bajo en vista de los 59 000 votantes que resultan de las listas de miembros del partido, pero la administración de éste había anulado sistemáticamente los votos de los grupos caballeristas locales que no habían pagado sus cuotas o tenían deudas por infracciones de otro tipo, e ignorado también los votos de los miembros de las JSU que no podían considerarse como afiliados propiamente dichos al partido[32].

El 2 de julio Claridad contestó que en realidad se habían depositado casi 22 000 votos a favor de Largo Caballero y aseguraba además que en un reciente congreso habido en Jaén, la plataforma revolucionaria, que incluía la formación de una amplia alianza obrero-campesina y un partido unificado socialista-comunista, se había impuesto por 1438 votos contra 523. Y solicitaba que se eligiese un comité especial de investigación, seleccionado a medias por la comisión ejecutiva y por la sección madrileña del partido, para hacer el escrutinio de los resultados electorales, pero la comisión ejecutiva decidió enseguida que aquello estaba de sobra.

En la segunda semana de julio, Largo Caballero estuvo en Londres representando a la UGT en el Congreso Internacional de sindicatos. Allí, una vez más, echó por tierra la versión asiduamente cultivada por los moderados, que intentaban presentar la insurrección de 1934 como un intento de «salvar la democracia republicana», recalcando en cambio que no había sido otra cosa que un «movimiento de clases[33]». El 10 de julio otro congreso socialista provincial de Andalucía, esta vez en Cádiz, respaldó la postura izquierdista por una votación de 88 contra 2.[34]

Aparte de las JSU, dominadas por los comunistas, la única unidad que campaba en junio lo hacía en Cataluña, donde las secciones regionales catalanas de los partidos socialista y comunista, unidas a la pequeña Unió Socialista de Catalunya, de carácter regional, y al Partit Català Proletari, llegaron a un acuerdo para la formación de un nuevo y unido Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), que como es lógico estuvo cada vez más dominado por los comunistas[35].

El «oasis catalán»

Cataluña constituyó de hecho una excepción parcial dentro de aquel rompecabezas de desgobierno, polarización extrema y violencia que fue la primavera de 1936. Aunque la CNT mantuvo «en funciones» un gran volumen de actividad huelguista y hubo numerosos incidentes debidos a las huelgas así como explosiones de bombas, sin muertos, sólo se registraron en la Ciudad Condal tres asesinatos políticos (dos de ellos los de los hermanos Badía en abril). La economía catalana sufrió, como la del resto de España, pero escasearon el gran desorden y las quemas de importancia. El gobierno catalán sacó adelante una nueva versión de la «Llei de Contractes de Conreu» (Ley de Contratos de Cultivo), que la Lliga aceptó básicamente, resolviéndose las diferencias iniciales de 1934.

Lluís Companys, de nuevo presidente de la Generalitat, había aprendido mucho más que los caballeristas. Hizo esfuerzos mucho más serios que los de Azaña y Casares Quiroga para mantener el orden, lo que le ahorró a Cataluña por lo menos los peores efectos de una nueva tanda de quemas de iglesias y persecución religiosa. Companys trató además de alentar un amplio acuerdo laboral para reforzar la economía, pero en esto tuvo menos éxito. No promovió la política de polarización, y en mayo, el Estat Català, sección más extremista, se separó de la Esquerra, aunque siguió participando en el gobierno catalán. Aunque existía también en Cataluña una aguda tensión entre la izquierda y la derecha, tanto el gobierno de Companys como el centro-derecha se esforzaron en conseguir un entendimiento. Las autoridades cerraron una serie de centros locales de la Lliga, pero los líderes de ésta procuraron estar a la altura de la responsabilidad de una oposición leal, y a principios de julio Companys había iniciado negociaciones para conseguir un nuevo acuerdo con los conservadores catalanes[36].

La ola de huelgas y los disturbios de mayo y junio

Las primeras semanas que siguieron al triunfo del Frente Popular no se caracterizaron sobre todo por más huelgas de las usuales. Las medidas negativas adoptadas por ciertos intereses empresariales —el abandono de una serie de empresas, una serie de huelgas empresariales y sobre todo, la evasión de capital— constituían una respuesta a los resultados de las elecciones, pero al principio no se debieron a una nueva gran presión de los sindicatos. La administración de Azaña, como hemos visto ya, se había apresurado a iniciar el restablecimiento de la estructura y autoridad de los jurados mixtos, aunque la nueva legislación que les devolvería del todo su carácter original no fue aprobada en la Cámara hasta el 20-21 de junio. Las grandes huelgas sólo hicieron su aparición con el «buen tiempo» de mediados de la primavera, con un gran aumento en mayo que siguió acrecentándose en el mes de junio. En sólo esos dos meses, la actividad huelguista fue aproximadamente tan grande como en todo 1932 o en 1934 (menos octubre), y en los primeros seis meses y medio de 1936 fue mayor que en todo 1933 (récord anterior en la historia de España), si tenemos en cuenta también el número total de huelguistas. (Véase tabla 13.1.) El volumen absoluto, que pudo haber implicado a no menos de un millón de huelguistas al mismo tiempo a finales de junio, no fue proporcionalmente mayor que el de la ola de huelgas que se desarrolló en Francia tras el triunfo allí del Frente Popular en mayo. Se cree que la ola de huelgas de Francia de finales de mayo y junio afectó posiblemente en su apogeo a dos millones de obreros, más o menos la misma proporción, servatis servandis que en España. La diferencia principal es que en Francia el gobierno encauzó rápidamente las huelgas hacia convenios económicos pragmáticos, mientras que los masivos paros laborales de España adoptaban más bien un tono prerrevolucionario. No se debía eso a que la CNT y la UGT pidieran ya la colectivización inmediata de la industria o las tierras, sino a que los términos económicos impuestos en España estaban tan fuera de lugar que en muchos casos escapaba sencillamente a la capacidad de los patronos hacer los pagos o, si se cumplían por completo, habría equivalido al control fáctico de los obreros. Éstos consiguieron en muchos casos imponer el «coto cerrado laboral», lo que se tradujo en el despido de un número considerable de miembros de sindicatos católicos, lo que trajo consigo un derrumbe precipitado de los sindicatos católicos, poco fuertes[37]. Un dato digno de notar es que todo esto estaba ocurriendo en un momento en el que la tasa oficial de desempleo se situaba en unos 800 000 (aproximadamente el mismo total que en Francia, lo que indica que el paro registrado era proporcionalmente casi el doble en España —aunque a su vez las estadísticas españolas incluían también a los de empleo parcial). Esto pone de hincapié el carácter esencialmente político de muchas de las huelgas, rasgo recogido por muchos comentadores.

Tabla 13.1. Actividad huelguista durante la República

Huelgas por años
1931 | 734
1932 | 681
1933 | 1127
1934 | 594
1935 | 181
1936 | 1108
Huelgas por meses en 1936
Enero | 26
Febrero | 19
Marzo | 47
Abril | 105
Mayo | 242
Junio | 444
Julio | 225

Fuente: Boletín del Ministerio de Trabajo, 1936.

La gran huelga de marineros de mayo tuvo repercusiones internacionales, pues paralizó también a barcos españoles que se hallaban en algunos puertos del extranjero. A principios de junio, los estibadores y los tripulantes de barcos habían logrado un triunfo total con gran aumento de sueldos, reducción de horas y abultados beneficios adicionales. Los términos del convenio exigirían de hecho tal aumento en mano de obra que ni habría tripulantes ni espacio suficientes a bordo de los buques mercantes españoles para alojarlos, lo que dejó a algunos barcos atracados en los puertos y al comercio español enfrentado a unos costes catastróficos. Indalecio Prieto llamó la atención el 25 de mayo sobre que los términos acordados iban a provocar «una crisis infinitamente mayor[38]» que la explotación padecida por los estibadores y marineros.

En Barcelona las demandas de los empleados en los hoteles podrían haber arruinado a la industria hotelera. Cuando los propietarios ofrecieron ceder a los trabajadores parte de su propiedad en forma de acciones a cambio de un arreglo más solidario, la CNT no la aceptó. En operaciones similares, la Compañía de Tranvías de Valencia y una línea ferroviaria de Andalucía se vieron obligadas a disolverse, teniendo que hacerse cargo de los servicios los respectivos gobiernos locales. De un modo menos espectacular, iban hacia la ruina también cientos de pequeños empresarios. Tras haber accedido la asociación de contratistas a las exorbitantes demandas de los obreros cenetistas de la construcción en Sevilla, el secretario del comité nacional de la CNT, Horacio Prieto, instó a sus camaradas a que moderasen sus demandas antes que unos patronos desesperados, que estaban dispuestos ya a conceder cualquier cosa razonable, se lanzaran en brazos de una reacción protofascista.

El desempleo aumentó inevitablemente en algunas categorías, la producción general disminuyó, bajaron los ingresos por impuestos y huía del país cada vez más capital. Cada vez se hacía más difícil consolidar la deuda y colocar los bonos del Estado. Los dirigentes empresariales suplicaron al gobierno que adoptara medidas decisivas para estabilizar la economía y conseguir algún tipo de convenio con los sindicatos. El 7 de junio La Veu de Catalunya publicó un manifest (manifiesto) firmado por 126 asociaciones de empresarios locales y regionales. Expresaba su buena disposición a aceptar la mayor parte del programa económico del Frente Popular, pero apremiaba al gobierno para que adoptase medidas inmediatas para controlar la anarquía económica, sugiriendo una congelación temporal de los aumentos salariales, una reforma de los tribunales laborales para conseguir arbitrajes imparciales, y una «Conferencia del Trabajo» nacional destinada a enderezar las cosas. Las resoluciones adoptadas por una asamblea extraordinaria de las cámaras nacionales del comercio y la industria celebrada en Madrid, según señala El Sol del 26 de junio y 5 de julio, expresaron la misma preocupación. Aquellas apremiantes peticiones fueron ignoradas virtualmente.

La huelga tal vez más llamativa y conflictiva fue la iniciada por la CNT el 1.o de junio en la construcción madrileña. Según hemos indicado, el Sindicato Único de la Construcción (SUC), cenetista, había crecido muchísimo en Madrid, sobre todo a base de defender a obreros no cualificados. El 19 de abril había decidido por votación pedir la semana de 36 horas, un aumento de paga del 15 al 17 por ciento para los obreros cualificados y semicualificados, y del 50 por ciento para los peones (no cualificados). La UGT se hizo eco al mes siguiente de todas aquellas demandas para no verse desbordada por el sindicato rival. Los empresarios, enfrentados a aumentos de costes ruinosos, adoptaron la línea dura, y poco después de iniciarse, la huelga afectó a 110 000 obreros, al haberse unido a los de la construcción los de otros sindicatos afines. Como de costumbre, la CNT se negó a colaborar con el jurado mixto, aunque la UGT estaba dispuesta a hacerlo, por lo que el Ministerio de Trabajo presentó unilateralmente su propio laudo el 3 de julio sobre la base de una semana de 40 horas y unos aumentos salariales situados entre el 5 y 12 por ciento, muy generosos, dadas las circunstancias, sin ser ruinosos para los patronos. Los huelguistas de la UGT votaron, tres contra uno, a favor de aceptar aquellos términos, que fueron rechazados por el SUC. Incluso los ugetistas se incorporaron al trabajo con lentitud, y la huelga seguía en pie cuando empezó la Guerra Civil[39].

Las huelgas grandes como aquella incluían manifestaciones a gran escala y a menudo violencia; la CNT sobre todo tenía poco empacho en hacer uso de la fuerza para imponer sus huelgas. Al final de la primavera se hallaban en huelga en Barcelona 60 000 empleados de tiendas, y se aseguraba que aproximadamente la mitad de los obreros de Madrid hacían paro en julio, aunque ese estado de cosas, como de costumbre, era muy diferente en las distintas partes del país[40].

Los líderes mismos de la izquierda socialista empezaban a preocuparse lo suyo ante la proliferación y radicalización de las huelgas. El 22 de mayo la comisión ejecutiva de la UGT estableció que no habría más huelgas de la UGT sin autorización directa de la federación nacional correspondiente, pero esto fue ignorado a veces. A partir de la segunda mitad de mayo la prensa republicanista acusó una alarma creciente y Política, órgano principal de Izquierda Republicana, clamaba cada vez con más frecuencia por que hubiese ley y orden. El 23 de junio, los editores de Solidaridad Obrera admitían también que la ola de huelgas se había descontrolado y recomendaban que la CNT en su conjunto podría optar por tratar de conseguir precios más bajos en vez de unos convenios salariales cada vez más altos y menos realistas. Como alternativa, otros líderes de la CNT sugerían que los sindicatos podrían muy bien reservar su esfuerzo para la gran huelga general revolucionaria en algún momento no especificado del futuro. El liderazgo del Partido Comunista empezó también por hacer algo para moderar la ola de huelgas, pero tenía una influencia limitadísima en las organizaciones laborales.

El mayor desorden laboral no estaba en las ciudades, sino en las comarcas rurales de Castilla la Nueva y del Sur. La FNTT rechazó de plano cualquier norma de trabajo mínimo o de productividad, como también, por considerarla inadecuada, la propuesta del gobierno a dar tierras a 100 000 nuevos campesinos al año. La CNT sumaba también con gran rapidez nuevos afiliados en la zona rural del Sur y seguía fijando términos todavía más radicales. Los alojamientos y siegas por asalto (iniciación arbitraria de la cosecha por iniciativa de los jornaleros) ponían a los pequeños propietarios al borde de la ruina, y tampoco remediaban todas las necesidades de los peones. Los nuevos contratos de trabajo en el campo imponían condiciones muy duras para aumentar al máximo el empleo de la mano de obra masculina. El gran aumento de costes laborales con la República había hecho que muchos propietarios tendieran a mecanizar el trabajo lo más posible y ahora los nuevos contratos de trabajo del Sur de España ponían trabas específicas al empleo de la maquinaria[41]. El mal tiempo de aquel año, con siembras y cosechas tardías, y la falta de crédito para los pequeños propietarios y nuevos campesinos complicaron a tal punto los problemas, que el Ministerio de Agricultura llegó a pronosticar una disminución del 27 por ciento en la cosecha de trigo[42]. Parte de las tierras estaban abandonadas sin más y los pequeños propietarios sólo deseaban recurrir al mínimo de jornaleros posible. Las condiciones más extremas azotaron probablemente a la provincia de Badajoz, donde más de un tercio de los jornaleros adultos habían recibido ya algún terreno. Aquello solo sirvió para suscitar la apetencia de más ayuda económica lo que se traducía en actividades arbitrarias a gran escala, mientras «miles de jornaleros andaban de acá para allá… buscando en vano trabajo en una provincia en la que parece haber reinado un caos completo en vísperas de la Guerra Civil[43]». A finales de junio la UGT había iniciado una campaña nacional en pro de la expropiación inmediata sin compensación de todas las tierras sin cultivar, y al parecer seguían produciéndose en algunas provincias las apropiaciones ilegales de una forma u otra.

Probablemente nunca será posible conseguir un censo exacto de todas las tierras que cambiaron de dueño en aquellos meses. Un prominente historiador social saca esta conclusión:

Nuestra hipótesis, nada segura y sometida a cualquier comprobación en uno u otro sentido, es que la ocupación de hecho de tierras, bien en calidad de yunteros, de beneficiarios legales de ocupaciones, de asentados en expropiaciones ya tramitadas, de ocupaciones de hecho —a veces incluso en forma de alojamiento—, transmitidas simplemente por la Comisión de Policía Rural a la Junta Provincial Agraria, debía acercarse al millón de hectáreas cuando estalló la Guerra Civil[44].

Ese cálculo, el mejor que se puede hacer sin mucha mayor investigación, equivaldría a alrededor del 2,5 por ciento de los 40 millones de hectáreas de propiedad agraria de España, o al 5 por ciento de los aproximadamente 20 millones de hectáreas de tierra de cultivo. Aquello no era todavía una revolución, pero se podría considerar como el comienzo de la misma. El cambio de la propiedad de la tierra había provocado ya consecuencias de envergadura en algunas provincias del Sur donde la proporción de tierra de cultivo que había cambiado de dueño era muy superior al 5 por ciento[45].

Sin embargo, la gran mayoría de los trabajadores de la tierra de la UGT y la CNT tenían al parecer pocas nociones de lo que es una revolución económica hecha a fondo. Es evidente que en su mayoría querían jornales mucho más altos o bien tierra de su propiedad donde trabajar en condiciones fáciles. Según advirtió Julián Besteiro en el Congreso y según señalaba un experto en cuestiones agrarias en El Sol (15 y 17 de julio), el efecto real de todas las huelgas y el acosamiento rural, especialmente en el Suroeste, no se tradujo en una revolución positiva de la propiedad y la producción, sino en desviar la mayor proporción posible de la renta a corto plazo hacia los jornaleros y algunos pequeños propietarios. La mecanización se frustró, y los medianos propietarios y a veces incluso los pequeños estaban arruinándose sin que se hiciera ningún verdadero intento de construir la base de una economía rural más moderna y eficiente. Las consecuencias económicas de la prerrevolución agraria en el Sur de España fueron básicamente destructoras.

Muchas huelgas estuvieron acompañadas por actos de violencia, cuyo ritmo había empezado a acelerarse a mediados de abril. La incidencia de la violencia siguió aumentando con el avance del buen tiempo, alcanzando un clímax hacia el 25 de mayo y manteniéndose muy cerca de aquel nivel en las siete semanas siguientes. Las izquierdas mataban falangistas y derechistas, y caían izquierdistas a su vez, principalmente por obra de los falangistas, la policía tiraba a matar contra los obreros en huelga (generalmente en las manifestaciones), y a veces morían a tiros miembros de las fuerzas de seguridad. Tras haber matado los falangistas al director de un diario socialista de Santander el 3 de junio, cuatro falangistas o sospechosos de serlo fueron asesinados en esa ciudad en las 48 horas siguientes.

Una de las retahílas de incidentes más descabelladas de entonces, aunque no causó muertos, se inició en Alcalá de Henares el 15 de mayo: varios oficiales de la guarnición local fueron agredidos por izquierdistas, que a continuación prendieron fuego a la casa de uno de ellos. Los socialistas de Alcalá de Henares pidieron entonces al gobierno el traslado de los dos regimientos de aquella guarnición, alegando que había tendencias fascistas y conspiratorias entre sus oficiales. Casares Quiroga accedió, y se ordenó a ambas unidades que estuviesen dispuestas para el traslado en 48 horas. Cuando los jefes y oficiales protestaron, fueron arrestados una serie de ellos, sometidos a consejo de guerra, y condenados a distintas penas de prisión, lo que exacerbó los sentimientos de indignación existentes entre los militares. De un modo bastante parecido, después de una refriega ocurrida en Oviedo el 23 de mayo entre unos obreros y la guardia civil, las protestas producidas por el empleo de la fuerza por esta última se tradujeron en el arresto y procesamiento de cinco oficiales de la Benemérita.

La peor mortandad por explosiones de violencia de aquella primavera se produjo el 29 de mayo cerca de la pequeña localidad de Yeste, en la provincia de Albacete. Los vecinos de un pueblo cercano de la sierra llamado La Graya habían perdido gran parte de sus medios de vida tras la inauguración en el año anterior de un nuevo pantano que ocupó el valle situado justo debajo como consecuencia del programa en curso de obras públicas de la República. Aproximadamente unas mil familias habían ganado el sustento del derribo de árboles y otras actividades en la zona situada ahora bajo el agua, mientras que el bosque que quedaba en las laderas situadas sobre ella no se podía explotar económicamente por el motivo opuesto, quedaba una distancia demasiado grande entre los troncos derribados y el agua necesaria para su transporte. La nueva diputación provincial nombrada por la administración de Azaña había abierto algunos terrenos comunes a la explotación forestal de los trabajadores locales, pero al llegar el buen tiempo muchos de ellos empezaron a tomar la ley por su mano y cortar madera ilegalmente en propiedad privada, aunque no podían explotarla en grandes cantidades. Ante las quejas de los dueños de esas tierras, se ordenó a los leñadores que suspendieran aquella actividad, y fueron enviados 19 guardias civiles a La Graya, donde detuvieron a seis trabajadores el 27 de mayo. Su detención provocó una gran concentración de trabajadores que acudieron con sus familias de las aldeas vecinas y bloquearon la carretera el día 29 cuando la guardia civil trataba de llevar a los detenidos a Yeste. Las autoridades locales trataron de apaciguar a la multitud ordenando la excarcelación de los detenidos.

Pero cuando el destacamento de la guardia civil reanudó su marcha hacia Yeste, se vio rodeado y casi aplastado en la carretera por una multitud tal vez de dos mil personas. Un guardia civil resultó muerto al ser golpeado en la cabeza con un «gancho pinero», y todos los demás sufrieron lesiones de algún tipo, desde contusiones hasta heridas de importancia. Tres de ellos lograron hacerse con sus armas y separarse de la muchedumbre justo lo suficiente para empezar a disparar una salva tras otra contra ella, casi a quemarropa. Los disparos de los máuseres hicieron que aquel gentío huyese al punto presa del pánico y conforme otros guardias se reponían y recuperaban las armas, se sumaban al tiroteo. Para cuando aquella multitud se puso fuera de tiro, quedaban en el suelo diecisiete muertos y habían resultado heridas más de treinta personas[46].

Aquel cruento suceso reflejaba el sentido de desesperación reinante entre los despojados leñadores, así como su extremada hostilidad y agresividad, como también la demostradísima ineficacia de la guardia civil —tanto por su poca preparación como por el mal equipo— para ejercer un control humano de las masas. Se alzó un vendaval de protestas de la extrema izquierda que hablaba de otro Arnedo o Casas Viejas, aunque las circunstancias fuesen del todo diferentes. El asunto se ventiló en la Cámara el 5 de junio, aunque se acordó entonces dejarlo en manos del juez instructor.

La única respuesta del gobierno a aquellos incidentes consistió en detener más falangistas y también en algunos casos en cerrar los centros o secciones locales de la CNT que seguían haciendo huelgas ilegales o violentas, pasando por alto los jurados mixtos. Ninguna de tales medidas dio gran resultado, porque tanto las organizaciones fascistas como las anarcosindicalistas crecían con gran rapidez. No es exagerado decir que por cada falangista detenido —y llegó a haber al final siete mil encarcelados— diez jóvenes derechistas se sumaban a su movimiento para tomar parte en la acción directa contra la izquierda[47].

Ni dio tampoco resultado alguno en el apaciguamiento de las pasiones la censura parcial de la prensa, que se mantuvo hasta el último día. En palabras de un estudioso americano:

La censura gubernamental procuraba suprimir las noticias referentes a huelgas y asesinatos porque los ministros temían el contagio de la violencia. Había que enviar apresuradamente a la oficina de prensa ejemplares de los diarios para su previo examen; las secciones suprimidas aparecían como espacios en blanco o con tipografía borrosa. Le Temps de París, que llegaba a Madrid con unos días de retraso, ofrecía a menudo más información que los diarios de la capital de España. Sólo cuando uno conseguía un rimero de diarios de provincias y leía las páginas tituladas Conflictos sociales podía darse cuenta cabal de las proporciones de un descontento laboral que escapaba a las estadísticas oficiales[48].

El consejo nacional de Izquierda Republicana dio a conocer el 30 de mayo una declaración pública en la que se lamentaba así: «España ha sido juzgada en el exterior como un país en permanente guerra civil, incapaz para la convivencia democrática. La República ha sido vista como un régimen interino e inestable, al que los propios republicanos dificultan la base de su afianzamiento[49]». Urgía a todas las secciones locales del partido a que hicieran lo más posible por aplacar las pasiones y mantener la legalidad. Política, el diario del partido, hacía frecuentes llamamientos a la moderación a la vez que lamentaba que los convictos falangistas y derechistas recibieran a menudo condenas leves. Las delegaciones parlamentarias de Izquierda Republicana y Unión Republicana aprobaron el 11 de junio una resolución conjunta pidiendo al gobierno que tomase medidas más enérgicas para restablecer el orden. En los días siguientes Política elogió a la CGT francesa porque acababa de firmar un impresionante convenio laboral nacional nuevo que amortiguaba la ola de huelgas de Francia, al tiempo que seguía acusando la actitud de la CNT de pasarse por alto los jurados de arbitraje y tratar de arruinar a la UGT. Defendía al mismo tiempo la postura de la pequeña burguesía y recalcaba la importancia de la alianza entre los republicanos de izquierda pequeño-burgueses y las organizaciones laborales, achacando la máxima responsabilidad del torbellino social y económico a los grandes empresarios. La única polémica digna de tal nombre entre Política y Claridad tuvo lugar durante la segunda quincena de junio, cuando el primero echó la culpa a la izquierda socialista del alucinante incidente de Écija y de la subversión interna del Partido Socialista y de la unidad del Frente Popular.

El 11 de junio, el gobierno propuso a la Cámara, como de costumbre, prorrogar el estado de alarma durante otros treinta días y aquella mañana publicó nuevas órdenes contra la posesión ilegal de armas (aunque casi nunca llegaron a detener a socialistas por tal motivo), junto con más sanciones contra los empresarios que burlaban las regulaciones laborales oficiales y más medidas para acabar con las huelgas producidas con medios ilegales. Todo ello acompañado de más traslados en las guarniciones militares y cuarteles de la guardia civil, aunque no hay pruebas de que se consiguiera nada con tales medidas. El gobierno se daba entonces cuenta cabal de que estaba librando una batalla en dos frentes, con la mayor confusión, incertidumbre e incoherencia imaginarias. Buena prueba de ello es que nos hallamos a mediados de junio a Casares Quiroga haciendo observaciones positivas referentes a la guardia civil.

La confrontación en la Cámara

Algunos republicanos moderados perdieron en cuestión de días sus esperanzas en el gobierno de Casares Quiroga y enseguida unos cuantos propusieron la adopción de medidas más tajantes. Felipe Sánchez Román había tomado parte activa en unas conversaciones de seis semanas de duración en torno a la formación de una coalición mayoritaria mayor y más fuerte, pero el líder propuesto, Indalecio Prieto, había rehusado a jugárselo todo debido al veto de los socialistas de izquierda. Como consecuencia, una asamblea de la directiva del minúsculo Partido Nacional Republicano (PNR), de Sánchez Román, aprobaba la siguiente declaración el 25 de mayo:

En los actuales momentos, robustecida la autoridad del PNR por haber previsto las dificultades que encontraría en su camino la política del Frente Popular, y con la libertad de enjuiciamiento que le proporciona su apartamiento de las funciones de gobierno, le corresponde la misión de hacer coincidir a los republicanos en la apreciación de la gravedad del momento político, en el reconocimiento del fracaso del llamado Frente Popular en la forma que actualmente se desenvuelve y en la necesidad de poner en práctica los medios de acción para salvar al país y a la República.

El concierto de acción política ha de descansar sobre las bases siguientes:

Ejecución inmediata del programa de defensa del Estado republicano. Tal vez una referencia a la vigorosa Ley de Seguridad del Estado aprobada por el primer gobierno de Azaña restableciendo con todo vigor el principio de autoridad, reconstrucción económica y política social concertada por los partidos de Izquierda Republicana, Unión Republicana y otros republicanos nacionalistas.

Cumplimiento de las reformas beneficiosas para la clase obrera incorporadas al programa electoral del Frente Popular.

Se pondrán en práctica aquellas medidas necesarias para evitar que las fuerzas políticas y sociales principalmente interesadas en la ejecución del plan político representen el obstáculo más fuerte para su realización.

Se adoptarán las siguientes medidas:

a) Reprimir severamente la incitación a la violencia revolucionaria como forma de contienda civil o política.

b) Desarme general.

c) Disolución de las organizaciones económicas, profesionales, políticas o confesionales cuya actuación amenace gravemente la independencia, la unidad constitucional, la forma democrático-republicana o la seguridad de la República española.

d) Prohibición del funcionamiento de sociedades uniformadas o militarizadas.

e) Ley de responsabilidad de los jefes o elementos directivos de las organizaciones políticas por los delitos motivados por la propaganda de aquéllas.

f) Se exigirá responsabilidad a las autoridades locales por las infracciones de las leyes cometidas en el ejercicio de sus funciones. Se podrá privar, en donde las circunstancias lo exijan, a los alcaldes del ejercicio de la política de orden público, transfiriéndola a otras autoridades, institutos o delegados especiales.

g) Se reformará el reglamento de la Cámara modificando la estructura y funciones de las comisiones parlamentarias, para que con el auxilio de los organismos técnicos rindan eficacia y rapidez en el trámite formativo de las leyes.

El requerimiento de nuestra agrupación política a los partidos de Izquierda Republicana y Unión Republicana debe ser hecho por el señor Sánchez Román a los jefes de los grupos políticos expresados.

Una vez concertados, los republicanos invitarán públicamente al Partido Socialista Obrero a compartir con los republicanos las funciones de gobierno para realizar los objetivos del plan político aprobado.

En el caso de que rechacen los socialistas el requerimiento de colaboración, los republicanos [de izquierda] aconsejarán al presidente de la República la formación de un gobierno integrado por los representantes de todas las fuerzas republicanas [se refieren al parecer a los partidos del centro] que coincidan en la apreciación de la conveniencia de la política aprobada por los partidos de izquierda.

Se designará un equipo de ministros republicanos para integrar en el gobierno a quienes se reconozca autoridad, competencia y prestigio. Actuarán por encima de exigencias de partido con renuncia y proscripción de toda tendencia demagógica.

Si el gobierno no cuenta con asistencia parlamentaria, se suspenderán las sesiones de Cortes de conformidad con los preceptos constitucionales.

En otro caso, podrá intentarse la presentación al Parlamento de bases que autoricen al gobierno a legislar por decreto, dentro de las atribuciones que concede el artículo 81 de la Constitución, y sobre las materias concretas propias del plan político de urgente realización[50].

Por algo era Sánchez Román el personaje político a quien tal vez admiraba más Azaña por su ponderación, sabiduría y discernimiento, pero el presidente no mostró inclinación alguna a seguir aquel consejo, juicioso aunque tajante, de su buen amigo. Habría exigido del Jefe de Estado el abandono de aquella estrategia básicamente izquierdista a que se había aferrado siempre y habría roto oficialmente el Frente Popular, aunque este último no existía ya oficial mente a nivel nacional desde las elecciones.

De todas maneras, aquella proposición del PNR, en cierta manera una alternativa lógica al proyecto precedente de una coalición mayoritaria con Prieto, halló apoyo en algunos de los republicanos de izquierda más moderados y prudentes, así como entre los sectores del centro, y tal vez en el mismo Prieto. Fue discutido a todas luces en la reunión de los grupos parlamentarios de Izquierda Republicana y Unión Republicana, que debieron haber pasado la propuesta al gabinete de Casares Quiroga, que la rechazó[51]. Casares declaró que no hacía falta ninguna coalición especial ni un gobierno dotado de poderes extraordinarios, afirmando en la sesión siguiente de las Cortes, el 16 de junio, que aquello podría «abrir el camino a la dictadura».

En los dos meses últimos de la República, las Cortes se constituyeron en el único tablero de resonancia política no sometido a la censura, y en esa última fase los principales portavoces de los dos lados en pugna fueron el Primer ministro de una parte y Calvo Sotelo de la otra. Aunque Gil Robles y los portavoces del centro siguieron subiendo a la tribuna de vez en cuando, Calvo Sotelo, más claro y con menos compromisos, se había convertido cada vez más en la voz de la derecha. Casares Quiroga y Calvo Sotelo eran gallegos, aunque del todo diferentes en cuanto a físico, estilo y afinidad política, y se detestaban con toda el alma. Casares era enjuto, intenso, emotivo y padecía físicamente de una consunción que, aunque controlada, nunca se le curó del todo. Calvo Sotelo era ancho de espaldas, corpulento, un hombre como un toro, robusto, analítico y dotado de un mayor control emocional, aunque no tenía en absoluto pelos en la lengua.

La sesión del 16 de junio fue posiblemente la más dramática y también la más citada de la historia de la República. Gil Robles leyó otro de sus resúmenes periódicos del desorden reinante, afirmando que del 15 de febrero al 15 de junio la violencia política había costado la vida a 269 personas y habían sido heridas 1287 personas más, con 160 iglesias totalmente destruidas, y habían sufrido daños 251 iglesias y otros edificios religiosos. En el mes transcurrido desde el nombramiento de Casares Quiroga, había habido 69 muertos y habían sido destruidas 36 iglesias. Aquella seria de acusaciones de la derecha constituía sencillamente el reverso de las que hacía la izquierda; mientras ésta repetía que la culpa de todo la tenía la derecha, los portavoces derechistas achacaban categóricamente toda la violencia al gobierno y a la izquierda. Gil Robles concluyó con una lista final de los desórdenes que afirmó que habían sido cometidos en las últimas veinticuatro horas, y dio la noticia de que el Club Automovilista Británico había puesto en conocimiento de sus socios que era inseguro conducir vehículos de motor en España debido a la violencia reinante, incluyendo que los izquierdistas sometían a extorsión monetaria a la gente que circulaba en automóvil por la carretera.

Entonces tomó la palabra Calvo Sotelo e indicó que era ya la cuarta vez en tres meses que se dirigía a la Cámara a causa del problema de orden público. En aquel momento la sesión se había caldeado de veras con frecuentes interrupciones y alusiones personales, táctica a cuyo empleo contra el Primer ministro no pudo resistirse Calvo Sotelo cuando aquél interrumpió su discurso con una observación. Calvo Sotelo insistió en que la situación de España sólo podía corregirse mediante un «Estado integrador» autoritario, y que si un Estado de ese tipo había que llamarlo «fascista», entonces «yo me declaro fascista». Casares subió al estrado para atacar al orador de la derecha y afirmó: «Después de lo que ha dicho su señoría ante el Parlamento, de cualquier cosa que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, haré responsable ante el país a su señoría». Casares negó además que el Socorro Rojo Internacional practicara la extorsión en las carreteras, una mentira descarada, pues el mismo Alcalá Zamora había sido uno de los atracados[52].

Como de costumbre, el diputado de la Lliga Juan Ventosa nos proporciona el análisis más objetivo y elocuente:

Lo que más me alarma de la sesión de hoy es el optimismo del presidente del Consejo de Ministros, que encuentra la situación bastante agradable e incluso soportable. No parece verosímil. Le dejo la responsabilidad de esa afirmación ante España y ante el extranjero, pues en todas partes, desgraciadamente, son conocidos los hechos que aquí ocurren. Y lo más grave que pueda aducirse es el argumento de que todo lo que pasa ahora está justificado por lo que ocurrió hace dos años. Yo no quiero discutir lo que ocurrió. Pero ¿es que los excesos e injusticias de unos pueden justificar el atropello, la violencia, y las injusticias de los demás? ¿Es que estamos condenados a vivir en España perpetuamente en un régimen de conflictos sucesivos, en que a la subida al poder o al triunfo de unas elecciones se inicie la caza, la persecución o el aplastamiento del adversario? Si fuera así, habríamos de renunciar a ser españoles, porque ello sería incompatible con la vida civilizada de nuestro país.

Ventosa acusó a la nueva legislación de «republicanizar la justicia», calificándola acertadamente como un proyecto para «destruir la independencia del poder judicial», y terminó así:

Mantened el Frente Popular o rompedlo; haced lo que os plazca; pero si el gobierno no está dispuesto a dejar de ser beligerante, para imponer a todos por igual el respeto a la ley, vale más que se marche, porque por encima de los partidos y combinaciones está el interés supremo de España, que se halla amenazada por una catástrofe.

Joaquín Maurín, del POUM, se levantó para defender exactamente lo contrario, asegurando: «El gobierno no ha hecho ni la centésima parte de lo que contiene el programa del Frente Popular», y también que lo que se necesitaba era el gobierno de los partidos revolucionarios, la nacionalización de gran parte de la economía, y la eliminación del fascismo, que era: «hoy un peligro real».

Después de haber hablado Gil Robles por segunda vez, Calvo Sotelo se levantó para pronunciar la andanada más famosa de su vida, citada después muy a menudo como una especie de epitafio:

Yo tengo, señor Casares Quiroga, anchas espaldas. Su señoría es hombre fácil y pronto para el gesto de reto y para las palabras de amenaza. Le he oído tres o cuatro discursos en mi vida, los tres o cuatro desde ese banco azul, y en todos ha habido siempre la nota amenazadora. Bien, señor Casares Quiroga. Me doy por notificado de la amenaza de su señoría… Yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para bien de mi patria y para gloria de España, las acepto también… Pero, a su vez, invito al señor Casares Quiroga a que mida sus responsabilidades estrechamente… repase la historia de los veinticinco últimos años y verá el resplandor doloroso y sangriento que acompaña a dos figuras que han tenido participación primerísima en la tragedia de dos pueblos: Rusia y Hungría. Fueron Kerensky y Karolyi. Kerensky fue la inconsciencia; Karolyi la traición a toda una civilización milenaria. Su señoría no será Kerensky, porque no es inconsciente, tiene plena consciencia de lo que dice, de lo que calla y de lo que piensa. Quiera Dios que su señoría no puede equipararse jamás a Karolyi.

José Calvo Sotelo

Aquel debate terminó al fin con un voto de confianza ganado por el gobierno por un amplio margen.

Julián Zugazagoitia, el director de El Socialista, escribiría más adelante que aquella sesión:

… fue uno de los días en que mayor preocupación observé en Prieto. A su inquietud se unía una suerte de sorda irritación: «Ésta es una Cámara sin sensibilidad. No sé si es que estamos sordos o es que lo fingimos. El discurso que ha pronunciado Gil Robles esta tarde es de una gravedad inmensa. Cuando detrás de mi banco oía risotadas e interrupciones estúpidas, no podía evitar el sentirme abochornado. Gil Robles, que tenía conciencia de lo que estaba diciendo, debía considerarnos con una mezcla de piedad y desprecio. Recuerde que el jefe de la CEDA nos ha dicho que su fuerza política, después de madurado examen, había venido desarrollando su actividad en el área de la República, y que él, personalmente, no sabía si había cometido una ligereza culpable al aconsejar a sus amigos esa conducta, pero que, en todo caso, cada día era mejor su autoridad para convencerlos de que no se debía romper con ella. Esa merma de mi autoridad, decía, procede de la conducta de la República y de la disminución de mi propia fe en que pueda acabar siendo un cauce legal y una voluntad nacional. Y todavía ha añadido “condeno la violencia, de la que ningún bien me prometo, y deploro que amigos muy queridos y numerosos se acojan a esa esperanza como única solución”. La interpretación de esas palabras no puede ser más diáfana. La propia CEDA está siendo absorbida por el movimiento que en connivencia con los militares están preparando los monárquicos». Con una suerte de desánimo fatalista, Prieto añadió: «Una sola cosa está clara: que vamos a merecer, por estúpidos, la catástrofe[53]».

Perdida al parecer toda esperanza de una coalición mayoritaria más amplia de centro-izquierda/centro, analizó aquella situación cada vez más desesperada Miguel Maura, uno de los fundadores de la República en una serie de artículos, muy leídos, aparecidos en El Sol entre el 18 y el 27 de junio. Observaba entre otras cosas que:

En la vida provincial y rural son las masas anónimas y exaltadas las que mandan y gobiernan a través de gobernadores sometidos a los comités jacobinos del Frente Popular, cuyos excesos y desmanes tiene aquella autoridad que refrendar, a través de los alcaldes y presidentes de gestoras[54], verdadera plaga bolchevizante que está asolando el país. Los ciudadanos pacíficos viven con la sensación de que las leyes son letra muerta y que los incendios, asaltos, allanamientos de morada, homicidios, insultos y agresiones a la fuerza armada han dejado de figurar en los preceptos del Código Penal para quienes pueden alegar como eximente el uso de una camisa roja y azul[55], o la insignia estrellada con la hoz y el martillo. El puño en alto es un salvoconducto y talismán que permite los mayores excesos.

La reacción no podía faltar. Así ha tomado cuerpo hasta llegar a ser una realidad preocupadora lo que se llama «fascismo». La masa incorporada a ese movimiento se ha formado por aluvión… aunque del auténtico y legítimo fascismo italiano no tiene este movimiento de la opinión española sino el nombre y tal cual postulado doctrinal, que la mayoría de los afiliados desconoce.

Hoy, la República no es otra cosa —quiero creer que inconscientemente— que la parte exaltada y revolucionaria de la masa proletaria, que al socaire del sistema democrático y liberal y de la ceguera de algunos hombres representativos de los partidos republicanos prepara con prolija minuciosidad el asalto al poder y el exterminio de la organización social, capitalista y burguesa. Nos lo dicen ellos mismos en sus propagandas en la prensa y en actos públicos.

… Si la República ha de ser eso, la República está inexorablemente condenada a muerte próxima, a manos de esos mismos que hoy se dicen sus únicos defensores o, lo que es más probable, a manos de la reacción opuesta.

Maura invocaba la necesidad de una «dictadura republicana nacional» multipartita[56] para salvar al país, pero añadía «no abrigo la menor esperanza de que mis razonamientos logren convencer a quienes tienen sobre sí el peso de la mayor responsabilidad en la hora actual de España». Aquella sombría conclusión era totalmente acertada, porque el elocuente análisis de Maura, preciso tanto en su perspectiva como en el detalle, sólo sirvió para suscitar las sabidas condenas de la prensa de la izquierda republicana, caballerista, comunista y anarquista. Política despotricaba el 28 de junio asegurando que aquella proposición era «tan reaccionaria como [la que] pudiera ocurrírsele a cualquier líder de las derechas intransigentes». Cuatro días antes había asegurado [ese periódico] a sus lectores que si la CEDA llegase a volver al gobierno «establecería un fascismo tan inhumano y feroz como el de los nazis».

De los grupos del Frente Popular el que se mostró más preocupado fue Unión Republicana, el más moderado de ellos. Celebró un congreso nacional del 27 al 29 de junio en Madrid y en él advirtió Martínez Barrio: «Lo que no puede [soportar el pueblo español] es vivir en un estado de constante insurrección» y propuso como posible solución «la colaboración gubernamental con los socialistas, incluso cediendo a éstos la dirección». Sin embargo, en el discurso final, dijo que el gobierno de Casares Quiroga no terminaría pronto, y repitió Martínez Barrio que, a la larga tenían que mirar hacia una colaboración con los socialistas, posiblemente bajo el liderazgo de ellos. Las referencias a un posible gabinete de Prieto podían verse todavía de vez en cuando en la prensa de la izquierda republicana[57], y el 2 de julio citaba un diario francés al político ovetense afirmando que lo que necesitaba la República era un gobierno que no fuese «dictatorial, pero sí autoritario. La autoridad tenía que residir, más que en las personas, en las instituciones[58]». Ya había escrito Ossorio y Gallardo unos días antes:

De la situación actual nadie está contento. Hablo con representantes de todos los sectores del Frente Popular y en la intimidad de la conversación todos se muestran tan preocupados, tan inquietos, tan acongojados, como las clases conservadoras. Ésta es la verdad, la pura verdad, aunque luego hay que disimularlo en servicio del partidismo[59].

El último debate de las Cortes, largo y conflictivo, empezó a las 7 de la tarde del 1.o de julio y duró doce horas, salpicadas de frecuentes improperios e incidentes. Al menos en dos ocasiones hubo diputados implicados en mutuos empujones y golpes, un diputado de la CEDA fue expulsado de la Cámara, e incluso el presidente de ella, Martínez Barrio, llegó a amenazar con irse de allí como protesta. Fue también aquélla la sesión en la que el socialista Ángel Galarza contestó a Calvo Sotelo haciendo la observación de que: «Pensando en su señoría encuentro justificado todo, incluso el atentado personal», palabras que Martínez Barrio ordenó fuesen tachadas del acta del día, aunque las recogieron varios periodistas[60].

El asunto principal fue la interpelación de la derecha a Ruiz Funes, ministro de Agricultura, que los socialistas trataron de «guillotinar», sin conseguirlo, por falta de votos. José María Cid habló en nombre del Partido Agrario, recitando una larga letanía de abusos ocurridos en el campo y concluyendo: «¿Acaso quiere el gobierno convertir el régimen capitalista en marxista? ¡Pues dígase con toda claridad!». Ruiz Funes replicó que el gobierno tenía que vérselas con graves problemas, incluyendo no menos de ocho mil reclamaciones pendientes por daños ante el Ministerio de Agricultura por pérdidas de empleos y reducciones ilegales de salarios en los dos años anteriores. Y aseguró: «En todas las cuestiones de trabajo en que intervengo respeto el límite del beneficio industrial. No permito que se juegue con esto de que el gobierno tolera que se vaya a una socialización».

En aquella fase final, el grupo izquierdista de política más claramente definida era el relativamente insignificante Partido Comunista. Dos de sus prioridades para la fase en curso del Frente Popular —la incautación de extensiones de terreno considerables y el comienzo de la eliminación directa de los grupos políticos derechistas— habían sido iniciadas ya poco a poco por el gobierno, aunque éste no las definiera en absoluto en los mismos términos. El 1.o de julio la delegación comunista de la Cámara presentó a las demás delegaciones del Frente Popular una proposición de ley para ordenar la detención de cualquier persona que ocupase un puesto de responsabilidad en el momento de la insurrección de Asturias, de Lerroux para abajo, y someterla a un procesamiento plenario con incautación de sus bienes[61]. La constitucionalidad de la misma era muy dudosa y no fue aceptada por los republicanos de izquierda, pero el 9 de julio los comunistas obtuvieron un voto favorable de los demás grupos del Frente Popular para retrasar las vacaciones estivales hasta que quedase zanjado el asunto de las «responsabilidades» de la representación[62].

Las últimas ocho sesiones ordinarias de las Cortes a principios de julio se dedicaron principalmente a discutir la restitución de las tierras comunales tradicionales a los municipios y un posible y muy fuerte impuesto adicional a los terratenientes más acaudalados. Conforme aumentaba el calor veraniego se reducían el interés y la asistencia al Congreso. Éste tomó también de su cuenta ampliar la legislación de la amnistía, alegando en contra los diputados del centro y la derecha que cualquier iniciativa de ese tenor sería injusta de no extenderse la amnistía a las personas que habían defendido en 1934 el orden establecido.

Hubo unas cuantas señales de moderación. Tras una reunión especial de la camarilla política del Frente Popular y unas visitas de la comisión ejecutiva socialista al Primer ministro el 9 y 10 de julio, volvió a surgir la especulación en torno a un posible cambio de gobierno. Circulaban rumores sobre si la izquierda socialista habría perdido el control de su delegación parlamentaria y ésta se hallaría dispuesta a apoyar una coalición de base más amplia, aunque nunca hubo prueba alguna que apoyase tal especulación. En una entrevista hecha a un reportero argentino el 11 de julio, Calvo Sotelo dijo que a pesar del aumento de las huelgas, creía que había menos peligro de otra insurrección izquierdista que en febrero.

Los rumores y conversaciones del 9 al 11 de julio se revelaron como una fugaz calma antes de la tormenta final. Calvo Sotelo y los principales líderes de la CEDA habían sido informados ya de que era inminente una rebelión militar y habían prometido su apoyo.

El asesinato de Calvo Sotelo

La extrema tensión reinante en el verano de 1936 ha eclipsado el hecho de que la gran mayoría de los españoles llevaban una vida muy normal y gastaban en divertirse una cantidad de dinero mayor de la normal. Los cines estaban abarrotados, hubo numerosos festivales de verano y acontecimientos atléticos especiales, siendo el más llamativo de ellos la «Olimpiada Popular» internacional, que iba a inaugurarse en Barcelona el 19 de julio como antítesis de los Juegos Olímpicos oficiales a celebrar aquel verano en el Berlín de Hitler[63]. La «Olimpiada Popular» tenía un matiz político acusadísimo, pero en todas las demás partes muchos millones de personas trataban sencillamente de pasarlo bien y de olvidar las disensiones sociales y políticas.

Pero la violencia continuaba sin respiro apreciable, al ritmo de la quema de iglesias y la incautación de bienes eclesiásticos. Un grupo de miembros de la CEDA de Levante pidieron la intervención del ministro de Justicia, pues en una circunscripción de la provincia de Valencia que incluía 41 localidades con una población total de unas 100 000 personas habían cerrado todas las iglesias y expulsado a 88 sacerdotes. En la tarde del sábado 11 de julio se produjo en Valencia un incidente de mayor resonancia cuando cuatro falangistas armados se apoderaron brevemente del micrófono de Radio Valencia y anunciaron el inminente estallido de una «revolución nacionalsindicalista». Aquello provocó un tumulto izquierdista en la cuarta ciudad mayor de España con incendios de centros derechistas que no se apaciguó hasta que salió a las calles un regimiento de caballería.

Cuatro días antes El Socialista se lamentaba en estos términos: «El sistema de la violencia como política de partido se va extendiendo en proporciones intimidantes y ninguna ventaja de orden civilizador se desprende de la eliminación alevosa de ciudadanos. Un retroceso psicológico nos ha conducido al “gangsterismo” político…». A aquellas alturas, un Prieto pesimista había perdido finalmente las esperanzas de salvar la situación política inmediata y consideraba ya como cosa inevitable algún tipo de colapso, explosión o rebelión armada de la derecha que ya no podía tardar en producirse. Dejó de lanzar sus insistentes y desoídos llamamientos a la moderación y pasó entonces a poner su énfasis en la unidad de la izquierda, apremiando al gobierno a que estuviese más vigilante y preparado, y escribió estas palabras en El Liberal del 9 de julio: «Hombre prevenido vale por dos y un gobierno prevenido vale por cuarenta».

La fase violenta final y concluyente empezó en Madrid el 2 de julio cuando un grupo de pistoleros de las JSU disparó contra un bar frecuentado por falangistas, matando a dos estudiantes falangistas además de a otro cliente. Aquella noche, unos pistoleros falangistas abrieron fuego contra un grupo de obreros que salían de una Casa del Pueblo cercana, matando a dos obreros ugetistas e hiriendo de gravedad a varios. Al día siguiente fueron descubiertos dos cadáveres en las afueras de Madrid. Uno de ellos fue identificado como un estudiante de 18 años de edad, hijo de un conocido hombre de negocios, no afiliado a Falange, pero amigo de falangistas, que había estado detenido durante varios días y fue después muerto a tiros. El otro era el de un oficial de infantería retirado, de treinta años de edad, o afiliado o simpatizante de Falange, que había sido secuestrado y recibido treinta y tres puñaladas. El gobierno respondió con más detenciones de falangistas; en los tres días siguientes dio a conocer la detención de trescientos falangistas y derechistas sólo en la provincia de Madrid, aunque según costumbre, no hubo detenciones de socialistas[64].

Los hechos culminantes se produjeron el fin de semana siguiente. A eso de las 10 de la noche del domingo, 12 de julio, José del Castillo, teniente de la guardia de asalto, fue muerto a tiros en una céntrica calle madrileña cuando iba a pie a presentarse a su servicio en el turno de noche. Castillo había sido oficial del ejército y era un socialista ferviente que había pasado a la guardia de asalto, y que fue arrestado en 1934 por negarse a obedecer órdenes durante la represión. El gobierno de Azaña lo había devuelto una vez más al servicio activo, y en los últimos meses había destacado por su celo en reprimir a la derecha; había herido gravemente a un estudiante tradicionalista durante la carnicería del 16 de abril, y había tomado parte también en diversas operaciones antifalangistas. Militante de la UMRA y líder de la milicia socialista, era desde hacía tiempo un hombre marcado[65].

El teniente José del Castillo

Su asesinato suscitó inmediatamente reacciones enconadas entre sus camaradas de la UMRA, la guardia de asalto y la milicia socialista. Dos meses antes, el 8 de mayo, habían asesinado en Madrid los falangistas al capitán Carlos Faraudo, miembro del ejército en servicio activo y también figura prominente de la UMRA e instructor de la milicia socialista. Aunque enseguida habían sido detenidos dos falangistas por el asesinato de Faraudo, sus compañeros de la UMRA habían jurado vengarse si volvía a caer otro de los suyos. Enseguida de enterarse de la muerte de del Castillo, un grupo de oficiales de la guardia de asalto fueron directamente al Ministerio de Gobernación en demanda de acción y los recibió el subsecretario, Bibiano Ossorio Tafall, de Izquierda Republicana, que era asiduamente cortejado entonces por los comunistas e iba a revelarse después como un filocomunista consumado[66]. Los llevó enseguida a ver al ministro, Juan Moles, quien dio aprobación a su demanda de detención de derechistas prominentes como represalia y ordenó que la Dirección General de Seguridad proporcionara rápidamente listas de derechistas sospechosos para detenerlos aquella noche. Una vez confeccionadas las listas, los oficiales de la guardia de asalto regresaron directamente a su cuartel central de Pontejos, situado a menos de una manzana del ministerio, donde se prepararon las órdenes de detención, que fueron entregadas a distintos pelotones de guardias de asalto[67].

El efervescente cuartel de Pontejos fue visitado aquella noche por multitud de otras personas, incluyendo activistas y milicianos socialistas y comunistas además del personal autorizado. Había sido una política habitual del gobierno restituir a sus cargos al personal izquierdista independientemente de las acusaciones pendientes en su contra y de dar por buena la creciente politización de las funciones de la policía, incluyendo el ingreso intermitente en ella de activistas izquierdistas civiles, como en el caso de los milicianos socialistas «comisionados» a las elecciones de Cuenca. No es extraño pues que los pelotones de guardias de asalto que aquella noche detuvieron docenas de derechistas en Madrid estuviesen a veces acompañados por personas civiles de izquierdas[68].

Como no se podían detener en una sola noche todas las personas que figuraban en las listas, se hizo en algunos casos una selección de los derechistas más importantes. No está claro si las listas originales preparadas por la Dirección General de Seguridad incluían los nombres de líderes parlamentarios de primera fila como Calvo Sotelo y Gil Robles, que poseían inmunidad y contra los que no existían cargos, pero al parecer sus nombres y los de unos cuantos líderes derechistas más fueron añadidos en el cuartel de Pontejos, con el objetivo, al parecer, de retenerlos al menos temporalmente como rehenes para evitar más asesinatos de parte de la derecha o incluso de hallar pruebas inculpatorias que permitieran despojarlos de la inmunidad parlamentaria.

La unidad encargada de detener a Calvo Sotelo no iba dirigida por un oficial de la guardia de asalto, sino por un capitán de la guardia civil, de nombre Fernando Condes. Al igual que el asesinado teniente del Castillo, Condes había sido antes oficial del ejército (condecorado en la campaña final de Marruecos), y había pasado a la guardia civil, donde había sido uno de los contados oficiales izquierdistas de ésta. Había desempeñado un papel directo en la fracasada insurrección de octubre de 1934 en Madrid, que le había ganado una cadena perpetua, para ser indultado por el triunfo del Frente Popular. Pero, como había traicionado a la guardia civil en 1934, incluso las administraciones de Azaña y Casares Quiroga vacilaron ante su inmediata restitución al servicio. Por último se había incorporado a éste, ascendido a capitán en recompensa por su anterior rebelión. Pero aun así no había vuelto todavía al servicio activo e iba vestido de paisano cuando iba al mando de un camión con guardias de asalto en las primeras horas del 13 de julio. Acompañaban a Condes de diez a doce guardias de asalto uniformados (nunca se ha averiguado el número exacto de ellos), excepto uno que no estaba de servicio aquella noche e iba también de paisano, al igual que cuatro jóvenes socialistas, en su mayoría relacionados con «La Motorizada». La informal reunión y el despacho público de las órdenes en el cuartel de Pontejos apuntan en contra de la posibilidad de una conspiración tramada de antemano, según se dijo después.

El pelotón de Condes se dirigió al edificio donde vivía Calvo Sotelo no lejos del centro de Madrid y no tuvo dificultad para entrar en él. (Hay algunas pruebas de que este pelotón u otros intentaron detener también a personajes como Gil Robles y Lerroux, pero ambos se habían ausentado de la ciudad.) A la puerta de su piso mostró Condes al jefe monárquico su carnet de guardia civil, y le aseguró que no se trataba de una detención —puesto que tenía inmunidad parlamentaria—, sino que lo iban a conducir a una reunión urgente con el director general de Seguridad. Calvo Sotelo pudo ver el camión oficial de la guardia de asalto abajo en la calle junto a una farola y sin mayor resistencia accedió a acompañarlos. Condes ordenó al conductor que los llevara de regreso al cuartel de Pontejos. Cuando el camión había dejado atrás solo unas pocas manzanas, un joven de las JSU, sumamente exaltado, llamado Luis Cuenca (alias «Victoriano Cuenca» y «El Cubano»), uno de los que habían recibido antes carnets de guardias de asalto cuando las elecciones de Cuenca, le disparó a Calvo Sotelo de repente dos tiros de pistola en la nuca matándolo casi instantáneamente. La ausencia de pruebas completas da a entender que se trató de un hecho perpetrado sobre la marcha, lo que desmiente por completo la versión de que el objetivo de aquella misión era detener al principal líder monárquico, cosa que suscitó desde luego un escándalo policíaco de un calibre insuperable. Para ganar tiempo, dejaron el cadáver de Calvo Sotelo en el depósito del cementerio de la Almudena, el principal de Madrid.

Aunque el gobierno impuso inmediatamente la censura[69], la noticia se difundió rápidamente en la mañana del día 13. En cuanto se conocieron los hechos, toda la derecha y muchos elementos moderados quedaron convencidos de que constituían la prueba más decisiva y alucinante de todas las acusaciones hechas sobre el partidismo político de la administración del orden público. En toda la historia de los regímenes parlamentarios no se había dado jamás el caso de que un jefe de la oposición parlamentaria hubiera sido asesinado por un destacamento de la policía nacional. Condes se dio cuenta enseguida de que había sido responsable de una metedura de pata inmensa, de incalculables consecuencias, y se dirigió inmediatamente a la sede principal del Partido Socialista y habló después con Prieto, que le aconsejó que se escondiera, en vista de que aquella situación no tenía remedio[70]. La primera respuesta política vino de los líderes del Partido Comunista, que decidieron aquella mañana apremiar públicamente al gobierno para que disolviera todos los partidos políticos derechistas y fascistas, detuviera a todas las personas conocidas por ejercer actividades importantes en esas agrupaciones y se incautara de los principales periódicos conservadores[71].

El Consejo de Ministros se reunió dos veces aquel día, acordó suspender la sesión de las Cortes, condenó el asesinato de Calvo Sotelo en un breve comunicado, y declaró que habría una investigación y procesamiento públicos completos del mismo, pero dio a conocer también la decisión de clausurar los centros de Renovación Española (organización monárquica) y de la CNT de Madrid (aunque ninguna de ellas estaba implicada en el asunto) y de detener a muchos más derechistas. El día 15 de julio, el director general de Seguridad dio a conocer que habían sido detenidos en los últimos días 185 jefes provinciales y locales de Falange, y al día siguiente fueron clausurados todos los centros derechistas de Barcelona. Como vemos, la única respuesta inmediata efectiva del gobierno fue iniciar un proceso de prohibición de la actividad política de la derecha. Claridad tronaba complacido el 15 de julio: «¿No quieren este gobierno? Pues que se sustituya por un gobierno dictatorial de izquierdas. ¿No quieren el estado de alarma? Pues que haya guerra civil a fondo». Los jefes de redacción iban a tener muy pronto más «guerra civil a fondo» de la que esperaban. En cuanto a Prieto no hizo ya nada para corregir aquella situación y se limitó a reclamar en El Liberal del día 14 la unión de la izquierda y a amenazar a la derecha si se atrevía a responder con nueva violencia de su parte.

El día 14, Marcelino Domingo habló con Martínez Barrio, quien convino en instar a Azaña para que sustituyera la administración de Casares Quiroga por un gobierno mejor, pero Azaña se negó, diciendo que aquello equivaldría a hacer a Casares Quiroga responsable del asesinato[72]. La investigación judicial siguió su curso, obstaculizada por el encubrimiento de la documentación de la guardia de asalto. Tres guardias de asalto sin importancia fueron detenidos, pero ninguno de los principales. Por último, se dio orden de detener una serie de guardias del pelotón de Condes (que al parecer se habían escondido), pero no se dio ninguna orden relativa a Condes, quien se había refugiado en el domicilio de un líder socialista.

Mientras la UMRA sólo vio en el asesinato de del Castillo uno más dentro de una serie de asesinatos de oficiales izquierdistas, los derechistas no tuvieron la menor duda de que el asesinato de Calvo Sotelo era fruto de una conspiración izquierdista organizada. Muchos lo vincularon con los dos asesinatos previo secuestro cometidos por la izquierda el fin de semana anterior como parte de una nueva táctica izquierdista consistente en secuestrar y asesinar después a sus víctimas. Los entierros tanto de del Castillo como de Calvo Sotelo tuvieron lugar el día 14. A continuación, jóvenes falangistas y derechistas marcharon hacia el centro de Madrid, donde les salieron al encuentro gran número de agresivos guardias de asalto. Hubo bastantes tiros y cayeron muertos entre dos y cinco manifestantes, según las diferentes referencias periodísticas. Aunque todo el mundo veía ya una ruptura completa entre la izquierda y la derecha, las medidas del gobierno contra la CNT sólo exacerbaron la hostilidad existente entre ambas centrales laborales, y en una refriega habida aquel día en Madrid cayó muerto un cenetista. Es de advertir que no todos los oficiales de la guardia de asalto eran izquierdistas declarados, y al parecer hubo varios que protestaron contra el papel desempeñado por su cuerpo en el asesinato de Calvo Sotelo y por el fuego abierto aquel día contra unos manifestantes inermes. Sus protestas condujeron a su arresto por insubordinación[73].

El gobierno no pudo negarse a convocar una reunión de la Diputación Permanente de las Cortes a las 11.30 de la mañana del día 15. Aquella sesión final de una sección del Parlamento republicano fue abierta por el conde de Vallellano, monárquico, quien lanzó esta acusación:

Este crimen, sin precedentes en nuestra historia política, ha podido realizarse merced al ambiente creado por las incitaciones a la violencia y al atentado personal contra los diputados de derechas que a diario se profieren en el Parlamento… Nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto.

Tras lo cual, salió inmediatamente del recinto.

El discurso principal de aquel día fue pronunciado con agresividad y elocuencia por Gil Robles. Tras haber expuesto su último resumen estadístico de los desórdenes, que incluían, en sus palabras, sesenta y un muertos en sucesos de fondo político entre el 16 de junio y el 13 de julio, denunció que cada día leía en periódicos del Frente Popular frases como «hay que aplastar al adversario» o que había que «practicar con él una política de exterminio».

Sé que vais a hacer una política de persecución, de exterminio y de violencia de todo lo que signifique derechas. Os engañáis profundamente: cuánto mayor sea la violencia, mayor será la reacción; por cada uno de los muertos surgirá otro combatiente… Vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella. Muy vulgar por muy conocida, pero no menos exacta, es la frase de que las revoluciones, como Saturno, devoran a sus propios hijos. Ahora estáis muy tranquilos, porque veis que cae el adversario. Ya llegará un día en que la misma violencia que habéis desatado se volverá contra vosotros.

Los diputados derechistas no aseguraron que el gobierno hubiese planeado u ordenado la ejecución, sino que era responsable de las circunstancias que la habían hecho posible.

Ventosa y Portela hablaron por el centro; el primero afirmó que el gobierno de Casares Quiroga era absolutamente incompetente para hacer frente a la crisis del momento debido a su confesado partidismo y a su negativa a aplicar la ley por igual a todos, y que el Primer ministro era «un hombre que se prestaba más para desencadenar una guerra civil que para devolver la normalidad». Portela hizo hincapié en que la eterna letanía del gobierno de atribuir todos los excesos e irregularidades al pretendido desorden que había heredado era un fraude absoluto, dado que durante su gobierno (el de Portela) había habido, insistió, libertad constitucional y una justicia igual para todos.

El papel de la violencia

La violencia desempeñó desde luego un papel primordial en la vida y en la muerte de la Segunda República, y fue proporcionalmente más generalizada que en ningún otro régimen de la Europa Central u Occidental de aquella época. A partir de las elecciones del día 16 de febrero de 1936, se había producido una rápida reescalada de la violencia que culminó en los terribles sucesos del 12-13 de julio. Al gobierno no le interesaba en absoluto compilar ni publicar «estadísticas de crímenes políticos» y por ese motivo, los únicos datos globales presentados en la primavera y verano de 1936 fueron los proporcionados por los líderes derechistas, sobre todo Gil Robles, en discursos parlamentarios dedicados a denunciar el creciente caos. Dejando a un lado los numerosos casos de incendio y destrucción de la propiedad, las fuentes derechistas, eclesiásticas y seglares, aseguraban que se habían producido 204 asesinatos políticos entre el 16 de febrero y mediados de mayo, 65 más en el mes siguiente, y otros 61 entre mediados de junio y el 13 de julio[74]. Aunque estas cifras fueron rechazadas por exageradas en su tiempo, fueron aceptadas ocasionalmente en años posteriores por algunos autores izquierdistas como un reflejo aproximadamente exacto del estado general de cosas[75].

El único estudio estadístico detallado de la violencia política durante ese período (o cualquier otra fase de la República) es el que hizo Edward E. Malefakis, reelaborado y complementado por Ramiro Cibrián[76]. En ausencia de registros oficiales, este estudio se basó en el prominente diario español de los años republicanos, El Sol, complementado por la extensa cobertura de los asuntos españoles en La Nación y La Prensa de Buenos Aires, para compensar las limitaciones impuestas por la censura reinante en España. Su investigación arrojó un total de 273 homicidios políticos del 31 de enero al 17 de julio de 1936, alrededor del 20 por ciento menos de las cifras presentadas por Gil Robles (330 en el período que va del 16 de febrero al 13 de julio). La tabla 13.2 presenta una sucinta descomposición por distritos y categorías.

Tabla 13.2. Muertes causadas por la lucha política, del 3 de febrero al 17 de julio de 1936

Madrid | 45
Barcelona | 3
Sevilla, Málaga y Granada | 35
Otras capitales de provincia | 54
Otras ciudades | 13
Total (centros urbanos) | 150
Localidades rurales en 13 provincias con reforma agraria | 34
Aldeas en 13 provincias con reforma agraria | 32
Localidades rurales en otras provincias | 25
Aldeas en otras provincias | 28
Total (centros rurales) | 119
Suma total | 269

Fuente: Datos proporcionados por E. E. Malefakis en J. J. Linz, «From Great Hopes to Civil War: The Breakdown of Democracy in Spain», en Linz y A. Stepan (edición a cargo de), The Breakdown of Democratic Regimes: Europe, Baltimore, 1978, 188.

Esos datos señalan en general dos puntos culminantes de la violencia, situados al principio y al final de este último período de la República. La ola inicial de incidentes mortales que tuvo lugar en el primer mes después del triunfo electoral del Frente Popular se redujo tras la ilegalización de la Falange a mediados de marzo. El volumen de incidentes volvió a aumentar después de mediar abril para alcanzar una segunda cúspide alrededor del 25 de mayo, que se mantendría hasta el colapso final. Estos datos refutan por completo la aseveración del historiador estadounidense Gabriel Jackson de que se había producido un declive relativo en las últimas semanas que precedieron a la Guerra Civil[77].

Esas muertes se concentraron especialmente en varias ciudades grandes, encabezadas por Madrid, con Sevilla y Málaga a continuación. Hubo también un alto índice de desorden en algunas partes de la conservadora Castilla la Vieja, con Logroño a la cabeza. En cambio no existió correlación en cuanto a la incidencia de violencia en 1936 y la insurrección revolucionaria de 1934. En los centros principales implicados en esta última, Asturias acusó apenas un índice mediano de incidentes violentos en 1936, mientras Cataluña y el Pais Vasco figuraron entre las regiones más pacíficas. Dos de las regiones que habían acusado algunas de las más altas concentraciones de actividad extremista campesina, Extremadura y Andalucía oriental, no acusaron en 1936 índices de violencia particularmente altos.

Cibrián formula una teoría para explicar la distribución regional de la violencia en 1936 que combina las tres variables de la fuerza socialista, la polarización política y la radicalización política. Mide la fuerza socialista por los votos recibidos por el Partido Socialista en las elecciones de febrero, la polarización sumando los votos combinados de los partidos situados claramente a la derecha o la izquierda, y la radicalización por el número combinado de candidatos presentados en un distrito dado por los comunistas y falangistas. Las magnitudes combinadas producidas por esos factores se correlacionan por lo general muy de cerca con los diferentes niveles regionales de violencia[78].

Juan Linz ha observado que el total aproximado de los 270 homicidios políticos de España en los cinco meses y medio primeros de 1936 contrasta desfavorablemente con el volumen de los 207 homicidios políticos registrados en Italia durante los cuatro meses y medio primeros de 1921[79], posiblemente el apogeo de la violencia allí. Como Italia tenía una población casi un 50 por ciento mayor que la de España, el índice de violencia italiano fue proporcionalmente claramente inferior.

Los totales provisionales correspondientes a las muertes políticas producidas en los cinco años de la República serían aproximadamente los que se presentan en la tabla 13.3.

Tabla 13.3. Total de homicidios políticos

Año | Mes | Suceso | Número de muertes
1931 | Abril | Asesinatos anarquistas en Barcelona | 22
| Mayo | Quema de conventos | 3
| Mayo | San Sebastián | 8
| Julio | Huelga general de Sevilla | 20
| Sep. | Huelga general de Barcelona | 6
| Sep.-Dic. | Diversos incidentes | 12
| Dic. | Castilblanco | 5
1932 | Ene. | Arnedo y otros incidentes | 16
| Ene. | Insurrección anarquista | 30
| Feb. | Diversos incidentes | 6
| Marzo-Abril | “ ” | 7
| Mayo-Julio | “ ” | 24
| Ago. | Sanjurjada | 10
| Sep.-Dic. | Diversos incidentes | 9
1933 | Ene. | Insurrección anarquista | 80
| Feb.-Mayo | Diversos incidentes | 23
| Junio-Sep. | “ ” | 4
| Oct.-Nov. | Campaña electoral y huelga madrileña | 9
| Dic. | Insurrección anarquista | 89
1934 | Nov.-Junio | Falangistas asesinados por la izquierda | 9
| Junio-Dic. | Asesinados por los falangistas | 5
| Junio | Huelga nacional del campo | 13
| Oct. | Insurrección de octubre | 1500
1935 |  | Ejecuciones | 2
|  | Diversos incidentes | 43
1936 |  | Numerosos incidentes | 270
Total |  |  | 2225

Fuentes: numerosos periódicos, monografías y otras obras correlacionadas por el autor.

La violencia fue en España proporcionalmente más grave que la de las luchas intestinas producidas antes del derrumbe de la democracia en Italia, Alemania[80], y Austria[81], con la posible excepción de los primeros meses de semiguerra civil en la República de Weimar en 1918-1919[82]. Los desorbitados poderes legales empleados, por los diferentes gobiernos republicanos, la semimilitarización del sistema policíaco y judicial y la prontitud en tirar del gatillo de la guardia civil y los guardias de asalto, vistos incluso en su conjunto, fueron inadecuados para controlar la situación, y equivalieron a lo que llamaría el socialista Juan-Simeón Vidarte unos «palos de ciego».

Convendría no olvidar que la extensión de la violencia fue muy inferior en los tres primeros años de la República y no amenazó entonces con desestabilizar el régimen. La violencia realmente grave sólo empezó tras haberse agudizado la polarización política en 1934. El cambio de los socialistas hacia la violencia y las tácticas insurreccionistas crearon en España una polarización mucho más grave que la desarrollada nunca en los otros tres países mencionados, donde los socialistas y comunistas emplearon tácticas más moderadas. El carácter de la violencia producida en España se diferenció también de la de los casos centroeuropeos, al deberse el grueso de ella a una gran insurrección revolucionaria. Los llamados Zusammenstösse (choques entre grupos rivales), tan comunes en Alemania e Italia, lo fueron mucho menos en España, debido a la debilidad numérica de los fascistas españoles y a la renuencia de la derecha no fascista a implicarse en la violencia callejera organizada. En palabras de Paul Preston, la violencia de la derecha corrió de cuenta de «pistoleros aislados y no de escuadrones de Camisas Negras o de grupos de las SA[83]», y en cierta medida podría decirse también lo mismo de la izquierda.

Aunque la espiral final de la violencia en 1936 fue extrema, otras formas de gobierno han soportado violencias o desórdenes casi iguales sin venirse abajo. En los acontecimientos finales de la República tuvo importancia crucial el carácter de la política gubernativa. Desde 1931 a 1935, las diferentes administraciones republicanas habían adoptado generalmente una mano dura contra cualquier expresión desaforada de violencia, tanto de la izquierda como de la derecha. Pero en 1936, el gobierno de Azaña-Casares Quiroga tuvo miedo a adoptar medidas realmente fuertes, debido en parte a que su propia política había quedado enredada en una alianza con una actividad protorrevolucionaria y sus líderes no supieron hallar una manera de superar esta contradicción. Ni siquiera llegaron a perseguir una política partidaria coherente y sistemática, pues sus únicas medidas —dirigidas principalmente contra las derechas— fueron demasiado limitadas para reprimir con eficacia a los activistas falangistas o a los conspiradores militares. Por lo mismo, las dos polaridades se hicieron cada vez más violentas y extremas, hasta que se disolvió el gobierno mismo.

El golpe final y decisivo fue el asesinato del líder derechista Calvo Sotelo por un grupo compuesto por guardias de asalto izquierdistas insubordinados y socialistas exaltados. Aquel asesinato fue por su efecto el equivalente español al Asunto Matteotti en Italia. Este último produjo una crisis que precipitó la dictadura fascista; el primero fue el último catalizador de la guerra civil. El que Matteotti fuese matado por fascistas y Calvo Sotelo por socialistas refleja las diferencias existentes en cuanto a fuente principal de violencia entre los dos sistemas. Pero hubo también otras diferencias, igualmente importantes, entre la situación de Italia y la de España. En la primera, el gobierno fascista había alimentado la violencia contra la oposición izquierdista aunque probablemente no había ordenado el asesinato de Matteotti, y sus propios partidarios lo obligaron por último a hacerse responsable de su muerte. En España, el gobierno republicano de izquierdas nunca había alentado la violencia, pero sencillamente fue incapaz de reprimirla y después demostró su absoluta ineficacia para perseguir a los responsables.

Podemos preguntarnos, por último, por qué la violencia desempeñó un papel tan grande en la socavación del sistema en la República española cuando un elevado y continuo índice de muertes por terrorismo fue incapaz de lograr un efecto similar en la monarquía democrática existente desde 1975. La respuesta está probablemente en la negativa del gobierno de la izquierda republicana a hacer un esfuerzo serio para reprimir el desorden en ambos lados, vendido todo el tiempo al apoyo político y en materia de votos, de los socialistas, una de las mayores fuentes de la violencia. La monarquía democrática posterior a 1975 hizo esfuerzos enérgicos para garantizar los derechos civiles a todo el mundo y reprimir y perseguir la violencia política procedente de cualquier parte, al tiempo que todos los partidos políticos de importancia —llegando a incluir por último a los sectores principales del nacionalismo vasco— repudiaron categóricamente la violencia. Por este motivo, con la monarquía democrática, la violencia política, aun siendo extensa, se ha visto limitada a pequeños grupos terroristas de actividad clandestina. Aunque se produjeron más de setecientos asesinatos políticos (en su gran mayoría obra del movimiento terrorista vasco ETA) en los 16 años que median entre el comienzo de 1976 y el final de 1991, esto no se puede comparar con las más de 2200 muertes habidas bajo la República en poco más de cinco años, incluyendo una gran insurrección y la implicación de algunas de las principales fuerzas políticas.

La rebelión militar del 17 al 20 de julio

La conspiración y rebelión militar española de 1936 es posiblemente la que ha hecho correr más tinta, si no la investigada más a fondo, de la historia mundial. Numerosos detalles de ella han sido relatados con cariño, a menudo muy embellecidos y con frecuencia se ha enmascarado la verdad entera, en la historiografía oficial y no oficial del prolongado régimen franquista que la siguió[84]. La conspiración en sí fue extensa y compleja, afectada también de división interna, y tardó lo suyo en madurar. Como hemos visto antes, algunos generales con mando empezaron a conspirar a las primeras noticias del triunfo del Frente Popular, y el general Franco, un jefe del Estado Mayor muy circunspecto, se alarmó lo suficiente para instar a los dirigentes políticos a que efectuasen un golpe de Estado constitucional, si no existía alguna contradicción al respecto, e incluso para considerar por vez primera la necesidad de la acción directa de los militares. Franco sacó enseguida en conclusión, sin embargo, que esto último no era posible a causa de que los mandos militares estaban demasiado divididos políticamente, y su parecer era acertado sin duda alguna. Aunque la administración azañista actuó con rapidez para colocar casi todos los mandos principales en manos de generales de su confianza, otros altos militares derechistas convinieron —aunque en términos vagos— en hacer planes para actuar contra el régimen el 10 de marzo. En abril pululaba ya la conspiración derechista. Los grupos de la UME hacían ya planes en todas las guarniciones de España con escasa coordinación, la sedicente «junta de generales» se reunía periódicamente en Madrid tratando en vano de establecer la máxima coordinación posible. Calvo Sotelo y otros líderes de la extrema derecha monárquica incitaban sin tregua a los militares, los tradicionalistas habían formado su propia Junta Suprema Militar Carlista en San Juan de Luz, al otro lado de la frontera francesa, y los falangistas se preparaban también por su cuenta para actuar. Algunos de los sectores más moderados de la JAP, como los conectados con la rama valenciana de la democracia cristiana, la Derecha Regional Valenciana (DRV), habían empezado a hacer planes, tan independientes como ineficaces, días después del triunfo del Frente Popular. Los políticos del gobierno estaban en conocimiento de no pocas de esas cosas, pero no es sorprendente el que dudasen de veras que aquel caleidoscopio de potencial rebelión pudiera llegar a cuajar en un peligro efectivo.

El alto jefe militar que surgió al fin como organizador fue el general de brigada Emilio Mola, veterano de las campañas de Marruecos y último director general de Seguridad de la monarquía, que empezó a ser reconocido en abril por los jefes de distintas secciones de la UME de las guarniciones de la región Norte-Central de España como la cabeza planificadora de un levantamiento contra el gobierno. Sin embargo, la trama nacional de la conspiración sólo empezó a tomar forma un mes después, porque la respuesta de los militares era en general lenta aunque acumulativa, según se multiplicaban los hechos sangrientos y se extendía la tensión. Por otra parte, era difícil resolver la cuestión de la autoridad y la legitimidad. El militar rebelde más antiguo durante la República había sido Sanjurjo, cuya prominencia y antigüedad había recibido el espaldarazo de su liderazgo parcial de la fracasada rebelión de agosto de 1932. Desde que se le había amnistiado había vivido en el exilio en Portugal, y le faltó oportunidad o capacidad para organizar una conspiración eficiente desde el extranjero. En consecuencia, a finales de mayo traspasó su autoridad activa a Mola, quien planeaba convertir a Sanjurjo en la cabeza en funciones de una junta militar en cuanto hubiese cristalizado la rebelión.

Mola se entregó también a una planificación política embrionaria y se presentaba el resultado de un levantamiento con éxito no como una restauración monárquica sino como una República autoritaria derechista. Conservaría algunos vestigios liberales, como la separación de la Iglesia y el Estado, pero aumentaría mucho la autoridad del gobierno y establecería probablemente alguna especie de sistema corporativo, bastante por el estilo del Estado Novo autoritario republicano del vecino Portugal. Trataba al parecer de atraerse la mayoría de las fuerzas del centro así como de la derecha.

El problema principal era el ejército mismo. Los jefes y oficiales constituían también una clase burocrática, y la gran mayoría de sus miembros no deseaban implicarse en una empresa desesperada que pudiera fácilmente acarrearles la ruina. Tenían que estar preocupados por sus familias y sus pensiones. El gobierno republicano seguía existiendo, y la Constitución seguía siendo la ley de la nación, aunque cada día perdiera algo de su vigencia. Los revolucionarios no habían intentado todavía hacerse cargo del poder directamente; al cabo de unos cuantos meses, podrían empezar a aposentarse, y entonces la crisis se aliviaría. El activismo militar había constituido un desastre para la política española entre 1917 y 1931; la mayoría de los jefes y oficiales se daban buena cuenta de ello y no deseaban en absoluto lanzarse a la aventura. Ocurría además que la feroz propaganda de la izquierda dejaba bien claro que, de haber cualquier confrontación radical, los militares disidentes no serían tratados con tanta indulgencia como en las generaciones anteriores. Por esos motivos, algunos de los principales rebeldes potenciales sólo se comprometerían desde luego plenamente en un levantamiento tras haber llegado a la negativa conclusión de que sería más peligroso para ellos el no hacerlo, y esa situación no maduró hasta el mes de julio.

Los enlaces existentes entre los militares y las agrupaciones civiles eran exiguos. Mola recibió al fin apoyo económico de los monárquicos y la CEDA, pero de hecho nunca gastó la mayor parte de aquel dinero y tenía en poca estima a las fuerzas políticas derechistas[85]. Tenían escasos efectivos paramilitares que ofrecer[86], y Mola les tenía cierta aversión, como unos fracasados poco de fiar. Por otra parte, aunque Calvo Sotelo había alentado siempre la rebelión militar, no hay indicios claros de que desempeñara ningún papel en la conspiración. Esto puede haberse debido a que Mola procuraba no comprometerse con la ultraderecha monárquica, que gozaba de escaso apoyo popular.

La fuerza antiizquierdista más importante implicada en la acción directa era la Falange. Sin embargo, y a pesar de su carta abierta en la que a comienzos de mayo instaba a los militares a rebelarse, José Antonio Primo de Rivera tenía la misma opinión de los militares que Mola de los políticos civiles. No accedió a la participación de los falangistas en un levantamiento militar hasta el 29 de junio y la limitó entonces a un plazo de once días. Mola trató de fijar una fecha de entrevista del 10 de julio, pero tuvo que cancelarla debido a la ausencia de un apoyo adecuado así como a la detención de uno de los principales falangistas implicados. Era aún más difícil tratar con los jefes tradicionalistas. Tras haberse visto obligado a cancelar su primera fecha proyectada, Mola hizo un último esfuerzo para hacer tratos con los tradicionalistas el 9 de julio, y esa vez tuvo éxito: en los seis días siguientes se acordaron algunos términos imprecisos.

En el resto del país la situación seguía siendo confusa y problemática; todavía el 12 de julio se dice que Franco le envió un mensaje urgente a Mola expresando su renuencia a comprometerse en un levantamiento en ese momento[87]. La mayoría de los jefes y oficiales sólo actuarían siguiendo órdenes recibidas directamente desde arriba, y éstas no eran de prever. La conspiración se vio además debilitada debido a que se basaba sobre todo en consideraciones preventivas. Daba la impresión de que sólo se podría lanzar una contrarrevolución triunfante a la vista de una amenaza revolucionaria madura, pero la izquierda revolucionaria seguía pensándolo. El trastorno económico era grande, había considerable violencia en algunas áreas, y el gobierno dejaba ver claramente que era partidario de la izquierda y no ejercería una administración imparcial respecto al centro y la derecha. Pero la izquierda estaba desunida en su conjunto y hasta entonces no se apreciaba ninguna acción apuntada directamente al derrocamiento inmediato del Estado republicano.

Esto evidencia la decisiva importancia del asesinato de Calvo Sotelo. A los ojos de muchos representó el descontrol total del radicalismo y de la complicidad gubernamental, el fin mismo del sistema constitucional. En los treinta años siguientes los apologistas del levantamiento militar harían referencia a documentos falseados referentes a que el asesinato de Calvo Sotelo era sólo el preludio de una trama comunista para adueñarse del poder a finales de julio. En realidad no se ha descubierto nunca un plan izquierdista concreto para apoderarse del gobierno, y es absolutamente insostenible que los comunistas —una fuerza todavía relativamente pequeña— pudiesen haber soñado con semejante cronología. Por otra parte, todos los grupos parlamentarios afirmaban que, en su opinión, los días de gobierno nominalmente parlamentario estaban contados y esperaban que iba a sucederlo en un futuro próximo alguna especie de régimen revolucionario. Esa creencia se manifestó con toda claridad en múltiples pronunciamientos públicos de la primavera y verano de 1936.

Mola había hecho una nueva planificación para que la rebelión militar se iniciase en los días 18, 19 y 20 de julio en una serie de zonas, extendiéndose a partir de la sólida posición del ejército en el protectorado marroquí hacia la parte meridional de la Península y después a las guarniciones del Norte. Se precipitó en Marruecos en la tarde del 17 debido a un delator, pero los sublevados se hicieron dueños enseguida del protectorado entero, a pesar de que la mayoría de la pequeña población española del mismo había votado por el Frente Popular. Pese a ello y debido a los muchos cabos sueltos y al escalonamiento cronológico del programa de Mola, no se produjo un levantamiento generalizado en las guarniciones peninsulares en las 36 horas siguientes.

Posteriormente se ha especulado mucho sobre por qué el gobierno de la izquierda republicana no tomó unas medidas más rigurosas para impedir un levantamiento de aquella magnitud. La conspiración no constituía precisamente un secreto porque, aunque el gobierno desconocía los detalles, los rumores habían circulado durante meses, habían sido detenidos determinados contactos civiles, y se conocía la clara hostilidad de la mayoría de los conjurados activos. El gobierno había adoptado de hecho no pocas medidas para mantener al ejército bajo control. Habían sido cambiados casi todos los mandos supremos, y la mayoría de los generales antiguos en activo, según demostraron los acontecimientos, fueron leales al régimen. Habían sido detenidos muchos activistas civiles, falangistas en su mayoría, y algunos de los principales conspiradores estaban sometidos, al menos, a una vigilancia parcial[88].

Hubo motivos de mucha hondura que explican por qué Azaña y Casares Quiroga no fueron más allá. Acaso el más fundamental de ellos fue que se sintieron atrapados entre dos fuegos. Toda la política de Azaña estaba apostada por el mantenimiento del Frente Popular, pero el gobierno corría peligro de convertirse más en su prisionero o su rehén que en un aliado. Tampoco estaba descontada la posibilidad de algún tipo de ruptura con la izquierda revolucionaria, aunque tanto Azaña como Casares Quiroga estaban decididos por su parte a no tener parte en su precipitación. De llegar a producirse aquello, sólo se podía neutralizar a una izquierda revolucionaria lanzada a las calles mediante un ejército relativamente fuerte en sus cuarteles. Azaña deseaba ser aliado de la izquierda revolucionaria, pero no su prisionero. Tras haberse convertido en presidente de la República, se volvió un hombre cada vez más angustiado, asustado y retraído. En una conversación que tuvo con Gil Robles inmediatamente después de su investidura de Jefe del Estado, parecía haber perdido su arrogancia acostumbrada, y le dijo: «No sé adónde vamos a parar. Que sus amigos me den, por lo menos, un margen de confianza. Que no me creen complicaciones. Bastantes problemas tengo por el lado contrario[89]». Uno de los analistas más perspicaces del presidente afirma que las preocupaciones referentes a la conspiración militar «no desempeñaron un papel equiparable al de las acciones y actitudes de la extrema izquierda en la preocupación agónica de Manuel Azaña[90]».

O sea que a Azaña y Casares Quiroga les parecía atinada y coherente. Habían tomado algunas medidas y no querían sobrestimar sin más el peligro de la derecha. La sanjurjada había sido una finta indecisa y se sabía que los militares se hallaban divididos. El momento idóneo para que hubiesen actuado habría sido entre octubre de 1934 y febrero de 1936, y no habían hecho nada. Por otra parte, una política agresiva de neutralización de los militares podría servir sin ir más lejos para cristalizar una determinación que de otra manera podría muy bien seguir latente y dejaría en cambio al gobierno cada vez más indefenso frente a la izquierda revolucionaria. Casares Quiroga había empezado a hablar encomiásticamente de la guardia civil, cuya disciplina necesitaba entonces, y rechazaba desdeñosamente cualquier preocupación a cuenta de los militares, que achacaba a histerias personales o al miedo, o a actitudes sectarias muy superadas[91]. Los portavoces de la izquierda revolucionaria habían hecho frecuentes referencias al papel de Casares como al de un Kerensky, hasta al punto que, según el socialista Juan-Simeón Vidarte, tenía en su despacho una foto del político ruso para que le recordase la necesidad de evitar un destino semejante[92]. Juan Moles, el ministro de Gobernación republicano independiente, consideraba importante no arrinconar a los militares hacia un sentimiento reactivo de solidaridad[93]. A consecuencia de todo esto, los oficiales izquierdistas de la guardia de asalto y la UMRA se habían convertido en unos críticos descarados del Primer ministro y habían estado a punto de amotinarse durante algunas horas tras la muerte del teniente del Castillo.

Hay testimonios de que Casares informó por primera vez al Consejo de Ministros en la reunión del 10 de julio de que existía sin duda una conspiración militar, y que podría estallar en las siguientes cuarenta y ocho horas. Les proporcionó bastante información, aunque el gobierno no había sido capaz de identificar a «El Director» (Mola) que había firmado los documentos principales. Tenían la opción de hacer abortar el levantamiento mediante una serie de arrestos inmediatos, pero les faltaban pruebas concluyentes sobre los cabecillas y ello les impedía procesarle en firme. La alternativa era esperar el momento de su maduración —suponiendo siempre que sería poco más que una repetición de la sanjurjada— y aplastarlo por completo una vez que empezara, y ésa fue la decisión tomada ya por Azaña y por él[94].

El gabinete se reunió una semana después en la tarde del viernes, 17 de julio, dos horas escasas antes de que se iniciase la rebelión en Marruecos. Según una versión, Casares admitió que era posible que los rebeldes lograran apoderarse de todo el protectorado, pero sabía a qué atenerse cuando aseguró que una escuadra leal les impediría llegar a la Península. Sin embargo, y más allá de esa limitada conclusión, el Primer ministro parecía como paralizado y no adoptó ninguna iniciativa importante[95]. No quería hacer de Kornilov, ni tampoco de Noske, pero parecía más decidido que nunca a no ser otro Kerensky. En las cruciales veinticuatro horas siguientes, el gobierno hizo un poco más que dejar correr el tiempo, mientras el levantamiento empezaba a extenderse (un tanto despacio) a algunas de las guarniciones peninsulares.

Desde el día 15 se habían visto ocasionalmente en las calles de Madrid patrullas socialistas y comunistas durante tres días, pero ninguno de los dos movimientos obreros de masas tenía una auténtica milicia paramilitar. Aunque Largo Caballero había hablado el 16 de junio de la necesidad de crear un «ejército rojo», los socialistas habían organizado poco más que la escasa afiliación del grupo «La Motorizada» de Madrid. Algunos grupos de la FAI-CNT habían empezado a reunir armas, pero carecían de milicias debidamente equipadas y organizadas. Sólo los comunistas estaban mejor preparados, y habían organizado ya posiblemente a alrededor de dos mil hombres en sus MAOC, en su mayoría en la zona de Madrid, con jefes como Enrique Líster, que había recibido algún entrenamiento en la Academia Frunze de Moscú[96], mientras que el organizador principal de la UMRA era el capitán Eleuterio Díaz Tendero, oficial comunista situado en el Estado Mayor del ejército republicano.

En la tarde del sábado, 18 de julio, Largo Caballero y otros líderes revolucionarios empezaron a exigir el «armamento del pueblo», refiriéndose a los socialistas y comunistas. Casares se resistía todavía a hacerlo, sumido en un estado de semiparálisis. Por último, el teniente coronel Juan Hernández Saravia, secretario militar personal de Azaña (que acababa de recibir un destino activo en el Ministerio de Guerra), se hizo responsable de la entrega inicial del armamento necesario para dotar a cinco batallones de voluntarios de los partidos del Frente Popular de Madrid[97].

A eso de las 10 de aquella noche dimitió Casares Quiroga, y Azaña autorizó a Martínez Barrio, como líder del «ala derecha» del Frente Popular, a formar una nueva y más amplia coalición de «todos los partidos republicanos» de la izquierda y centro, excluyendo únicamente a los comunistas y al POUM en la izquierda, y a la CEDA y demás grupos derechistas, y en el centro sólo a la Lliga. Martínez Barrio recibió una virtual carta blanca de atribuciones para aplastar el levantamiento y restablecer el orden. Miguel Maura se negó a participar en ella aduciendo que era demasiado poco y demasiado tarde, y Prieto tuvo que hacer lo mismo también enseguida obedeciendo instrucciones del Partido Socialista, aunque este último le prometió después todo su apoyo al nuevo gobierno[98].

A eso de las 4 de la mañana del día 19 Martínez Barrio empezó a ponerse en contacto telefónico con los comandantes de los distritos militares de la Península. Aunque no pudo establecer contacto con todos, se encontró con que varios de los que eran leales a la República, habían sido ya depuestos de hecho por jefes menos antiguos. Martínez Barrio pudo hablar también directamente con el general Mola, y desde entonces la principal controversia relativa al fracaso de su efímero intento de gobierno giraría en torno a los términos de aquella conversación. Martínez Barrio ha asegurado que se limitó a decirle a Mola que el nuevo gobierno restablecería el orden y la justicia y le pidió insistentemente que no se rebelara[99]. Hay otras fuentes, en cambio, que afirman que fue mucho más lejos, hasta llegar incluso a sugerirle un pacto político directo con los militares, que podrían nombrar sus propios candidatos para los ministerios de Guerra y Marina, así como para el de Gobernación. El peso de las pruebas existentes da a entender que se trataron desde luego esos temas[100], y que si Azaña hubiese tenido el valor suficiente para autorizar un compromiso menos fuerte una semana antes, podría haberse evitado la guerra civil total. La realidad es que Mola contestó que era demasiado tarde, porque los sublevados se habían juramentado a no dejarse disuadir por ningún tipo de tratos o compromisos políticos en el cumplimiento de su derrocamiento del régimen.

El gran compromiso se había intentado demasiado tarde, aunque Martínez Barrio siguió trabajando por la formación de una nueva coalición de centro-izquierda que quedó terminada hacia las 5 de la mañana del día 19. Se apoyó especialmente en Felipe Sánchez Román y Marcelino Domingo por ser sus lugartenientes de más peso, y su coalición incluyó cinco miembros de Unión Republicana, tres de Izquierda Republicana, tres del PNR de Sánchez Román, un miembro de Esquerra, y un general antiguo, el republicano José Miaja, que no tenía afiliación partidista, en el Ministerio de Guerra. Aquella coalición suponía todo un desplazamiento de la izquierda moderada hacia el centro-izquierda, sin ser tampoco una amplia coalición tipo unidad nacional. Aun así, fue rechazada enseguida por algunos de los elementos más radicales del propio partido de Azaña, y a las 7 de la mañana la izquierda socialista había organizado ya una manifestación en las calles de Madrid contra ella. Aquello fue ya lo último para Martínez Barrio, que había dormido sólo cosa de una hora en las últimas 48, y a eso de las 8 de la mañana dimitió, lanzando más adelante la acusación de que «el gobierno de Martínez Barrio había muerto a manos de los socialistas de Caballero, los comunistas y también de republicanos irresponsables[101]».

La tentativa del compromiso se había esfumado y el nuevo gobierno encabezado por José Giral, que lo siguió inmediatamente, constituía básicamente un reanudación del de Casares Quiroga. La Guerra Civil había empezado, y terminado con ella la vida constitucional de la República, sustituida por lo que se ha llamado la «Tercera República[102]», la «República Popular Española[103]», y la «Confederación Republicana Revolucionaria[104]». La República que vivió esa guerra fue en diferente grado lo que indican esas denominaciones, pero no una continuación del régimen parlamentario de 1931-1936.

CAPÍTULO 14

¿POR QUÉ FRACASÓ LA REPÚBLICA?

Como el drama de la República desembocó en una de las guerras civiles de mayor relieve de este siglo, su propia historia se ha visto eclipsada casi siempre por el conflicto que la siguió, para convertirse también enseguida en parte de la historia internacional. Sin embargo, está perfectamente claro, parafraseando a Ortega[1], que la Guerra Civil no se puede entender sin conocer la historia de la República que la precedió. La opinión general ha presentado habitualmente explicaciones simplistas y compendiadas del fracaso de la República que van desde la teoría conspiratoria —una trama de la izquierda o de la derecha, o de las potencias del Eje o de la Unión Soviética, de acuerdo con una de las primeras— hasta, en el extremo más abstracto, el irresistible extremismo de la izquierda o la derecha (o ambas), o las inevitables limitaciones del atraso. Mientras que la supuesta responsabilidad de las potencias extranjeras no pasa de una filfa, producto de la propaganda de la Guerra Civil de un lado u otro, las demás explicaciones «estándar» no contienen otra cosa que parte de la verdad, que en cualquier caso se queda lejos de proporcionar una explicación completa y adecuada.

La fundación de la República democrática española puede ser vista, dentro de una amplia perspectiva, como la fase final de la extensa ola de liberalización que siguió el final de la Primera Guerra Mundial, que añadiera diez nuevas repúblicas, en cada caso nominalmente democráticas, en la Europa Central y del Este (así como el Estado libre de Irlanda) a las que existían ya en Francia, Suiza y Portugal. El que aquella nueva ola de democratización no impactase antes de lleno en España se debió sobre todo a su neutralidad en la guerra, lo que le dio al régimen oligárquico establecido unos años más de vida de los que le habrían correspondido. Sin embargo, incluso los primeros impulsos de la democratización prebélica habían tenido ya repercusiones muy grandes en España y contribuyeron junto con la debacle colonial a la ruina del sistema parlamentario monárquico en 1923 y de la efímera dictadura que lo siguió. Vistas así las cosas, la democratización española no fue algo totalmente distinto dentro de la cronología europea general, sólo que España dio ese paso en dos fases diferentes, la segunda mucho más fuerte que la primera.

La paradoja, según hemos señalado, estriba en que la revulsiva democratización republicana se produjo sólo durante el segundo año de la Gran Depresión, después de haber descendido en su conjunto la pleamar general de democratización de Europa y cuando la historia fluía precisamente en el sentido opuesto. Las razones de este rezago se deben en parte a la sin igual posición geográfica de España y a la mencionada neutralidad, combinadas con la debilidad del nacionalismo hispanista y de la derecha en general, y unido todo ello al efecto acumulativo de la tradición liberal y progresista española —una fuente de iniciativas reincidentes desde 1810— estimulada por los acontecimientos políticos y económicos de los últimos años veinte. En último término, como era de prever, todos los nuevos regímenes republicanos o nominalmente democráticos establecidos tras el fin de la Gran Guerra fracasaron, exceptuando sólo a Finlandia, Irlanda y Checoslovaquia. Aunque los desenlaces no estaban predeterminados en ningún caso, los avatares de este tiempo no apuntaban desde luego a favor de un buen resultado. Más aún, como todos los demás nuevos regímenes democráticos establecidos en la subdesarrollada Europa Oriental y Meridional dieron origen a regímenes más autoritarios, no se puede desechar a la ligera el argumento vinculado al atraso social y económico. Por otra parte, los niveles solos del desarrollo pueden no ser siempre del todo determinantes, porque la democracia fracasó también en una Alemania mucho más moderna y lo hizo también, en época más reciente, en otras sociedades económicamente más adelantadas que la España de 1936[2]. En cambio, los primeros sistemas parlamentarios liberales se introdujeron y estabilizaron en países situados entonces a un nivel de modernización inferior al de la España de la Segunda República.

Detlev Peukert ha descrito el drama de la República de Weimar como el paradigma de los «años de crisis de la época clásica moderna[3]», es decir, el período en el que alcanzaron su plena expresión y conflicto directo las fuerzas típicas políticas, culturales, sociales y económicas de la primera parte del siglo XX. Es evidente que ese planteamiento no puede trasladarse con exactitud a España, por estar mucho menos adelantada, aunque España no estaba en realidad tampoco tan atrasada como han supuesto muchos autores. Su crecimiento económico y cambio social durante los años veinte habían estado entre los más rápidos del mundo, la alfabetización progresaba con bastante rapidez, y el sector agrario de su fuerza laboral empezaba a situarse por debajo del 50 por ciento por vez primera. Por otra parte tenía España ya un historial de gobierno liberal moderno mucho más prolongado que el de Alemania, aunque poseía todavía menos experiencia en cuanto a democratización directa. La larga carrera del gobierno constitucional de España —aunque a menudo caracterizada sólo por sus interrupciones— había hecho surgir un desconcertante panel de partidos, igual de complicado y dotado por lo menos de tantas opciones diferentes, sociales e ideológicas, como el de Alemania. Hasta ese punto, la Segunda República constituyó una versión característicamente española de la «crisis (política y cultural) de la época clásica moderna», habida cuenta de que todas las fuerzas decisivas, políticas e ideológicas, del siglo XX surgieron y convergieron en España, aunque en una sociedad considerablemente menos adelantada respecto al desarrollo educativo y tecnológico que Alemania. Movimientos como el neotradicionalismo, el anarquismo, el comunismo trotskista-leninista, y el micronacionalizado con movimiento de masas estaban más desarrollados en España que en Alemania, aunque el fascismo español fue bastante endeble durante algún tiempo. En total se prestaron en España durante la República un mínimo de doce proyectos reformistas izquierdistas y liberales diferentes, sin contar toda la gama de propuestas contrarrevolucionarias. Una lista mínima incluiría los siguientes:

1.o Democracia liberal moderada (los distintos partidos del centro)

2.o Nacionalismo y autonomía regionales (PNV, Esquerra Catalana y muchas otras agrupaciones)

3.o Izquierda republicana moderada (Unión Republicana, Partido Nacional Republicano)

4.o Izquierda republicana radical (Izquierda Republicana, radical-socialistas)

5.o Socialismo evolucionista democrático (Besteiro)

6.o Socialdemocracia avanzada (I. Prieto)

7.o Socialismo semirrevolucionario (Largo Caballero y la izquierda socialista)

8.o Leninismo (BOC-POUM)

9.o Trotskismo (izquierda comunista)

10.o Stalinismo (PCE)

11.o Sindicalismo (treintistas, Partido Sindicalista)

12.o Anarcosindicalismo (FAI-CNT)

La Segunda República se inició con ciertas ventajas sobre algunos de los nuevos regímenes democráticos de Europa Oriental. No era necesario formar una nación recién unida o construir un nuevo sistema nacional a partir de escombros, ni de reconstruir una economía devastada por la Primera Guerra Mundial ni de absorber gran número de refugiados de un territorio irredentorista, hacer frente un sentimiento monárquico populista de masas ni de habérselas con una población mayoritariamente campesina (en el sentido antropológico), aún admitiendo que los problemas agrarios de España eran desde luego graves. Y la proliferación y fragmentación de los partidos políticos estaban inicialmente aún más acusadas en una República euro-oriental como la de Polonia[4].

Los problemas capitales que, en general, asedian a la República, se pueden dividir, para su análisis, en tres categorías: los estructurales, los coyunturales, y los más técnicamente políticos. En cada una de ellas se evidenciaron deficiencias graves. Los problemas estructurales sociales y económicos eran sin duda serios, de los que el peor era la crítica situación de los casi dos millones de jornaleros desprovistos de tierras con sus familias, situación exacerbada por el hecho de que España era un país en rápida modernización con movilización de masas democráticas. Los bajos salarios, la limitada productividad y las pobres condiciones de vida de cuatro millones más de obreros de la industria y los servicios constituían también todo un problema, aunque no tan acuciante traducido a descarnada miseria social. Aunque la industria y las finanzas se habían expansionado rápidamente en los años veinte, su capacidad para soportar más expansión y perfeccionamiento durante la depresión era, en el mejor caso, problemática. Un tipo especial de problema estructural residía en la incompleta integración de las regiones principales con sus diferentes índices de modernización, gestadores de un nacionalismo regional moderno, lo que añadía una escisión política horizontal a las divisiones sociopolíticas verticales. Al mismo tiempo, sería difícil dictaminar de modo concluyente que esos problemas estructurales fuesen de suyo decisivos, pues algunos de ellos habían sido peores una generación antes. El rápido desarrollo producido entre 1915 y 1930 no había superado ninguna de esas dificultades, pero en cambio había ejercido el efecto, un tanto paradójico, de agudizarlas. Las recientes mejoras económicas, unidas al aumento de la educación y a la creciente movilización, habían elevado los niveles de consciencia y de expectativas. Una sociedad algo más moderna, productiva, y políticamente consciente exigía un cambio todavía más rápido que el que se había producido últimamente o que el que era, en realidad, posible. Hacia 1930 España había empezado a entrar en la fase media de una expansión industrial en la que los conflictos sociales se agudizaban al máximo. Era un momento en el que los obreros estaban lo suficientemente movilizados para pedir mucho más, dándose en cambio también el caso de que no estaban aún disponibles los medios requeridos por una completa industrialización y el logro de la prosperidad general.

Y la coyuntura resultaba todavía más negativa porque los años treinta constituyeron el clímax de la «larga generación» de guerra mundial e intenso conflicto sociopolítico que se extendió de 1914 a 1945. Éste fue el período de la más extrema disensión interna y externa de la historia moderna, provocada por el clímax del nacionalismo e imperialismo europeos, y por batallas sociales y políticas multitudinarias sobre los temas de la modernización, la democracia y la igualdad. Por todos esos motivos, los años de la depresión no eran los más propicios para hacer experimentos democráticos nuevos. En gran parte de Europa se crearon condiciones ventajosas para la derecha autoritaria y el fascismo, y ese tipo de influencia se dejó sentir en España a partir de 1933, convirtiéndose en un factor crucial para las preferencias políticas tanto de la derecha como de la izquierda. Con todo, sería difícil de demostrar que la coyuntura histórica determinó necesariamente por sí sola el curso de los acontecimientos. España fue durante largo tiempo notablemente inmune a algunas de las principales fuerzas motivadoras del gran conflicto europeo, como el nacionalismo intenso (salvo el caso de los micronacionalismos) y el gran imperialismo, a la vez que el fascismo genérico siguió siendo débil hasta las últimas semanas de la República. El impacto de la depresión fue proporcionalmente inferior al producido en varios otros países, y gran parte de la economía estaba recuperándose en 1935, proporcionalmente más que en Francia y en los Estados Unidos.

Sin embargo, la coyuntura ejerció un poderoso efecto a través del radicalizador impacto de los acontecimientos neurálgicos que se producían en el extranjero, tanto respecto a las inspiraciones positivas como a las aprensiones negativas. La izquierda se sentía cada vez más atraída por el espejismo de la revolución, en parte la que representaban la revolución bolchevique y la Unión Soviética. Aunque los anarquistas marchaban al compás de sus propios tambores, los socialistas y demás agrupaciones marxistas se sentían más y más atraídos hacia el ideal leninista (aunque desde luego no siempre convencidos por él) y al mismo tiempo estaban lo suficientemente alejados de la escalofriante realidad de la Unión Soviética de Stalin para no sentirse desilusionados. Igual o mayor era el rechazo de las izquierdas contra los triunfos del fascismo y de la derecha autoritaria en Europa Central y otras partes en 1933-1934, que supusieron un fuerte efecto demostrativo negativo, contribuyendo en gran medida a la polarización de España.

Se puede argumentar también que los problemas peores y de más peso surgieron de la dinámica específica del liderazgo político, de las preferencias políticas y de los conflictos de partido más que del inevitable efecto de los problemas estructurales o de las influencias coyunturales internacionales. Desde luego es cierto que el sistema político republicano padeció un liderazgo impresionantemente pobre en todos los sectores principales, aunque no tuvo tampoco el monopolio de esta negativa característica, no menos evidente en un país más moderno, como era Alemania.

Los problemas políticos de la República empezaron antes que nada con los fundadores mismos de ella. Aunque pretendían representar —y en algunos aspectos lo hicieron— una ruptura decisiva con el pasado, los republicanos de izquierda siguieron siendo un típico producto del liberalismo y el radicalismo español modernos. Reflejaron el pertinaz sectarismo y personalismo de la política faccional decimonónica de estilo antiguo y su insistencia a apegarse al gobierno más como una especie de patrimonio que como una amplia representación del sinfín de distintos intereses nacionales. Al igual que lo que les ocurrió a una serie de líderes responsables de cambios de régimen en el siglo XIX, no representaron tanto un esfuerzo para superar y rebasar las divisiones del pasado como el celo de un grupo nuevo que quiso imponer sus propios valores y vengarse de sus derrocados precursores.

Ese resurgimiento del radicalismo pequeñoburgués decimonónico había sido provocado, sin duda, por la dictadura de Primo de Rivera. Aunque el régimen del marqués de Estella había constituido una forma de autoritarismo sumamente moderado, había destruido empero la continuidad constitucional y sus consecuencias pesaron como una oscura sombra sobre la vida de la República. Le corresponde a aquélla la responsabilidad de haber iniciado la nueva política de polarización y represión a la que los republicanos de izquierda respondieron en parte con la misma moneda, siendo incapaces de superar la ruptura original con el liberalismo producida en 1923.

La nueva Constitución de 1931, a la vez que codificó principios importantes, se ajustó al patrón de las demás Constituciones españolas modernas anteriores en cuanto a creación de un importante sector de la sociedad política destinada a ser impuesta a aquel sector de la sociedad que no compartía sus valores. En algunos aspectos clave no tuvo más de amplio consenso ni de acuerdo nacional que el que habían tenido sus antecesoras del siglo XIX (con la excepción parcial de la Constitución de 1876). Ocurrió algo aún peor, que reveló enseguida que los grupos que habían sido más responsables de la redacción de la Constitución no estaban dispuestos a cumplir con las reglas que acababan de imponer precisamente ellos. En cuanto perdieron las elecciones siguientes, exigieron la anulación de su resultado y la oportunidad de intentarlo de nuevo, porque su concepción de la República era «patrimonial», en cuanto a que fueron incapaces de tolerar que ella representase otras políticas que las suyas propias. A decir verdad, pocos sectores de la política española fueron incondicionalmente leales a la República como método democrático y había que buscarlos en el cada vez más angosto centro del espectro político[5]. La falta de consenso en lo tocante a reglas básicas de juego constituyó un obstáculo desde su mismo comienzo, y algunas obras escritas después dan a entender que un acuerdo básico de las elites tiene más importancia que el puro nivel de desarrollo para garantizar la estabilidad de una democracia nueva[6].

Para los sectores clave de la coalición fundadora de la República, el nuevo sistema no representaba tanto un compromiso con un conjunto de reglas constitucionales como la ruptura decisiva y la hegemonía definitiva de un proceso reformista básico liberal-izquierdista que no sólo implicaba cambios políticos decisivos sino también cambios irreversibles en las relaciones Iglesia-Estado, la educación, la cultura y la estructura socioeconómica, junto con la solución de dilemas neurálgicos en lo tocante a autonomía regional y reforma militar. La mayoría de aquellas formas eran saludables, pero no deberían haber excluido un respeto equivalente al proceso democrático, aun a costa de su inversión parcial o temporal.

Muchas personas se han planteado la pregunta de si la directiva política republicana original no trataría en realidad de reformar demasiadas cosas demasiado aprisa, lo que sobrecogió irremediablemente al sistema. Si nos atenemos al modo en que se emprendieron aquellas reformas, la respuesta es un sí categórico, pero no está tan claro el que ello hubiera ocurrido forzosamente con la sustancia de muchas de las reformas mismas. El país tenía gran necesidad de continuar la reforma modernizadora, y una amplia política que se concentrara en aquellas reformas técnicas y prácticas que aportarían beneficios innegables —el desarrollo educativo, la reforma militar, la autonomía regional, las obras públicas, la mejora de las condiciones laborales, y cierto grado de reforma agraria— constituían en la mayoría de los aspectos unas necesidades nacionales tan absolutas, que acaso no habría sido necesariamente imposible la formación de una coalición nacional a favor de ellas.

Los logros republicanos en materia de enseñanza, autonomía regional, obras públicas y trabajo fueron fecundos e impresionantes. La reforma militar llegaba con gran retraso y fue en muchos aspectos positiva, aunque estuvo sometida a limitaciones notables. Casi todo el mundo estaba de acuerdo en que la reforma agraria era necesaria, pero, como hemos visto, la legislación correspondiente no estuvo bien concebida en cuanto a sus términos sociales y técnicos, aunque sus objetivos eran encomiables. Era también necesaria una separación y reforma en las relaciones de la Iglesia y el Estado, y allí podría haberse logrado mucho a un coste mínimo.

En cambio, la introducción política y el estilo de las reformas fueron muy mal llevados desde el comienzo, debido a la sectaria mentalidad y procedimientos de la coalición izquierda republicana-socialista. En algunos terrenos fue fomentada sin necesidad una oposición no existente al principio debido a la ausencia de espíritu de conciliación o deseo de consenso de parte de los reformistas. Una política militar en general razonable fue convertida por la falta de tacto de Azaña en algo que —con bastante exageración— dio la impresión de ser una revancha antimilitarista, suscitando hostilidad entre unos jefes y oficiales que no eran al principio hostiles hacia la República. Lo peor de todo, desde luego, fueron tanto el estilo como la sustancia de las reformas religiosas, concebidas como una venganza contra los intereses eclesiásticos —pese a que la mayoría de los españoles creían en el catolicismo más que en cualquier credo filosófico o político— que implicó no sólo la separación de la Iglesia y el Estado sino una flagrante infracción de los derechos civiles y una persecución de la devoción religiosa.

Hubo también fallos de calibre en la política económica. La reforma fiscal estuvo mal enfocada al tener que destinar cantidades de dinero innecesarias a la sustitución de todo el sistema de enseñanza católico. Aquello dejó tanto menos dinero para promover el empleo, añadir infraestructuras necesarias y estimular la expansión económica, por no hablar de la reforma agraria. La mayoría de los líderes republicanos tenía una ignorancia en materia económica que corría pareja con su falta de interés en la misma, de lo que se sigue el que no prestasen la debida atención a esta área, pero se trata de un fallo tan común de esa década, que en absoluto es típicamente español o republicano.

El enfoque de algunos de esos problemas como un «juego de suma de ceros» fue contraproducente sobremanera. Aquella perspectiva extendió el precedente de que había que dar cada nuevo giro del timón político para tomar venganza de los anteriores dueños del poder, estableciendo nuevas jurisdicciones retroactivas politizadas, el polo opuesto a cualquier consenso. En ese sentido, la República, muy lejos de representar un mejoramiento del viejo sistema monárquico constitucional anterior a 1923, representó en aspectos cruciales una regresión al faccionalismo extremo de mediados del siglo XIX. Eso es lo que tenía en la mente Ortega en 1932-1933 cuando se lamentaba de que los líderes republicanos, en vez de tratar los problemas más importantes del siglo XX, representaran en cambio un regreso a determinadas fijaciones del pasado.

Una de las consecuencias más destructoras del nuevo «republicanismo patrimonial» fue que desdibujó las realidades de la sociedad española a los ojos de la mayoría de los nuevos líderes. Desconocían por una parte la importancia de los intereses conservadores[7] y de las creencias de la gente y el potencial del extremismo revolucionario por la otra, a la vez que exageraban con excesivo optimismo el probable atractivo de sus propias formas de progresismo republicano. Tal exceso de confianza se debió a los efectos iniciales de la ruptura de 1931, momento en el que los intereses conservadores estuvieran demasiado indecisos y desorientados para contender con eficacia en las primeras elecciones celebradas, y salieron de allí un Parlamento y una Constitución que no representaban al conjunto del país[8]. En cambio, un Parlamento provisto de una representación más auténtica se habría empeñado probablemente en sacar adelante una Constitución más moderada, aunque progresista, que pudiera haber hecho la República más aceptable a la gran masa de la opinión. Aquello habría producido en algunos aspectos una política social más moderada, indisponiéndose con los obreros todavía más aprisa de como lo hizo en realidad, pero podría haber alimentado un liberalismo democrático más amplio en las clases medias, buena parte de la población campesina, e incluso en una minoría de los trabajadores, lo que pudiera haber producido unas mayorías electorales más estables. No hay garantía alguna de que hubiera sido ése el desenlace —los antagonismos sociales podrían haberse intensificado hasta el punto de no haber dejado sobrevivir a ningún régimen democrático liberal—, pero la estrategia moderada ofrecía una alternativa potencialmente viable a la política de la polarización.

El funcionamiento del sistema republicano se vio obstaculizado además por un sistema electoral defectuoso y un índice sumamente alto de rotación del personal político. El sistema electoral corrigió en demasía al alza el problema potencial de la proporcionalidad multipartidista dando origen a efectos muy sesgados que traducían cualquier desplazamiento de la opinión pública o cualquier cambio importante de las estrategias de las alianzas en masivas oscilaciones polarizantes de la representación. En consecuencia, le tocó al sistema político padecer a un mismo tiempo los efectos tanto de la fragmentación como de la polarización. Un error mayúsculo fue no haber avanzado hacia una reforma electoral en 1935.

La exagerada volatilidad del personal político fue otra de las consecuencias destructoras de la dictadura, que había acabado con las viejas fuerzas políticas existentes y dejado tras sí un vacío, ocupado, no es de sorprenderse, por novatos en materia política. La teatral rotación de ese personal que se produjo en 1931 se repitió en cada una de las dos elecciones siguientes, debido en parte a las exageradas consecuencias de la ley electoral, y constituyó una de las mayores precariedades del nuevo régimen. Las figuras más tolerantes en tiempos de la República aparecieron sobre todo entre la minoría de centristas y conservadores moderados que habían adquirido ya experiencia bajo el régimen precedente, aunque se vieron sumamente desbordados por los grupos radicalizados de novatos que habían empezado a destacar después de 1931.

Los intereses económicos españoles se comportaron de modo muy similar a como lo han hecho los grandes intereses económicos en cualquier otra parte en circunstancias similares, apoyando al centro-derecha y a la derecha moderada, aunque en algunos casos se desplazaron hacia la derecha radical. Mercedes Cabrera, la principal estudiosa de la política de los grupos de interés, deduce que no desarrollaron ninguna alternativa real por su parte y que esperaban sobre todo que un régimen republicano más estable y moderado pudiera conservar la ley y el orden. Los grandes terratenientes constituyeron el principal sector que fue más atraído por la derecha radical, pero ni siquiera ellos como conjunto desempeñaron ningún papel corporado dedicado a derrocar directamente el sistema[9].

Las fuerzas abiertamente subversivas no eran al principio ni numerosas ni importantes, con la excepción parcial de la CNT. Ésta se hallaba flanqueada en la extrema izquierda por los comunistas, mientras que posteriormente la República hubo de enfrentarse a la subversión de la ultraderecha monárquica y de la Falange. Ninguna de ellas fue realmente significativa, salvo los anarquistas. Éstos constituían un movimiento de masa, pero sus tácticas insurreccionistas libertarias nunca amenazaron en serio con derrocar el régimen. Tal vez la consecuencia principal del extremismo anarquista fue ejercer una presión en la UGT que debilitó el compromiso socialista con el reformismo socialdemócrata.

Mucho más importantes y decisivas fueron las posturas de lo que Juan Linz ha llamado los grandes partidos «semileales»: los socialistas y la CEDA. La ambigüedad de la CEDA era de cajón, porque el gran partido nunca podría comprometerse sin más al «republicanismo» ni al sistema democrático. La contribución de la CEDA no residió en «republicanizar» la derecha, sino en asegurar el compromiso del grueso del electorado católico con los procedimientos parlamentarios y legalistas. Ello tuvo no poca importancia para la República, pero en absoluto resolvía el problema del futuro de la misma, según denunciaban a cada paso las izquierdas. Aunque la CEDA fue mucho más renuente que los socialistas en recurrir a la violencia política, adoptó una postura ambigua en lo tocante a los objetivos últimos, que para no pocos de sus miembros consistían claramente en sustituir la República por un sistema corporativo y más autoritario. Esa ambigüedad fue utilizada a su vez, tanto por el presidente centrista como por la izquierda, para negar a la CEDA un acceso constitucional normal al gobierno.

La directiva de la CEDA fue a su vez culpable de graves errores que ayudaron a socavar la normalidad política. Pero más importante todavía que la cuestión de su ambigüedad en lo tocante a últimos objetivos fue lo que hizo la CEDA en 1935. Sus excesos al aplicar la represión fueron del todo contraproducentes y no hicieron más que ayudar a que se formase una izquierda más amplia, fuerte y aglutinada. No fue capaz de llevar a cabo una reforma constructiva en áreas cruciales y se concentró en cambio en ejercer una política reaccionaria de deshacer ciertos aspectos de la legislación anterior. No supo poner énfasis en cambios vitales del sistema que estaban ya a su alcance, como la reforma electoral —apoyada con todo empeño por el, en lo demás, antagónico Alcalá Zamora—, cosa que podría haber tenido un impacto fundamental reductor de la polarización en las elecciones siguientes. Además, a finales de ese año, Gil Robles y sus correligionarios adoptaron un estilo político arrogante y autocomplaciente que sencillamente hizo el juego a las manipulaciones de don Niceto, error complicado encima por su exclusivista acercamiento a los comicios que dividieran la oposición al Frente Popular.

A pesar de todos esos errores, hay que cuestionar seriamente la política exclusionista contra la CEDA. La CEDA no era una pequeña agrupación revolucionaria violenta terrorista o fascista que pudiera ser suprimida o ignorada sin más. Representaba de hecho a la mayor unidad de orientación política específica existente entre los ciudadanos españoles. Ningún sistema democrático español podría funcionar ni sobrevivir jamás sin llegar a un entendimiento con la opinión católica, orientación preferida por gran parte de la población si no por su mayoría. Hay que cuestionar por lo mismo si el modo de actuar adecuado en 1934-1935 debiera haber consistido —o no— en atenerse al proceso constitucional ortodoxo, dado que una democracia no puede funcionar mucho tiempo de otra manera. No es convincente el no justificar de lleno la decisión inicial de Alcalá Zamora de concederle a la CEDA sólo una participación limitada en 1934, y tampoco se puede calificar la violenta reacción de la izquierda sino de injustificada y desastrosa para la nación. En aquella ocasión, tanto el presidente como el Primer ministro, junto con el partido dominante de la coalición, estaban plenamente comprometidos con la democracia parlamentaria. La situación brindaba una oportunidad razonable para ampliar la base del gobierno, crear una mayoría estable, y plasmar un consenso democrático más amplio, justo como planeaba Lerroux. Pero a continuación, Alcalá Zamora se negó a atenerse de lleno a la lógica de la democracia parlamentaria permitiendo que encabezase el gobierno el partido más grande. De haberlo hecho así, el peor guión imaginable habría conducido en último término a una coalición dominada por la CEDA que habría efectuado una reforma constitucional muy fuerte en 1936. Si ello se hubiera traducido en un sistema semicorporativo y más autoritario, podría haber constituido el fin de la democracia republicana durante una década o algo así, pero habría evitado los horrores de la Guerra Civil y el régimen de Franco. Visto en retrospectiva, incluso el peor guión imaginable con la inclusión de la CEDA difícilmente habría producido un resultado peor.

Los socialistas dentro de la izquierda desempeñaron un papel similar al de la CEDA en la derecha por su «semilealtad». Su contribución a la coalición del primer bienio es digna de señalar, pues marcó un gran paso adelante en la evolución, maduración y expansión del socialismo en España en un momento en el que sólo en los países más desarrollados de Alemania y la Europa del Norte habían avanzado los partidos socialistas tanto como el PSOE. Pero le faltó a éste la madurez y unidad de los socialdemócratas alemanes, y su respuesta a la adversidad política fue directamente opuesta a la de estos últimos[10]. Aunque accedió a una colaboración gubernamental cinco años antes que los socialistas franceses, sus ambigüedades reflejaron bastante de cerca las de los socialdemócratas austríacos del «dos y medio», porque los socialistas franceses se comprometieron a la postre en una colaboración socialdemócrata completa igual que la que tuviera el caballerismo en la fase ascendente de España.

La polarización cuaja no tanto con el triunfo de la CEDA en 1933 como con la insurrección de 1934, que puso de evidencia que el grueso de la izquierda obrera estaba vendido a distintas formas de acción revolucionaria. La riqueza y diversidad del abanico revolucionario durante la República apenas tiene igual en el mundo. Su extensión y variedad se debieron a la combinación de una estructura social conflictiva y subdesarrollada con un sistema político democrático movilizado y sumamente fragmentado. La política española moderna se había caracterizado normalmente por una combinación más que peculiar de formas e instituciones políticas avanzadas en medio de un innegable atraso socioeconómico, combinación que diferencia a España, por ejemplo, de la mayor parte de Europa Oriental y de los Balcanes. La oportunidad existente de movilización de masas y democracia sin trabas en medio de la depresión[11], tras una generación sin precedentes de modernización acelerada, elevaron de pronto a la «contradicción española» clásica a un nuevo nivel que convertía los desafíos revolucionarios en casi inevitables, aunque no forzosamente irresistibles.

Esto no quiere decir que España estuviese sencillamente «madura» para la revolución, como han sostenido muchos teóricos, porque en algunos aspectos clave su sociedad se había convertido ya en algo demasiado fuerte y complejo para que lo conquistasen los revolucionarios. Si la fuerza laboral urbana e industrial era proporcionadamente mucho mayor que la de Rusia en 1917, lo eran también las clases medias y la derecha en general. Algunas de las condiciones clave que alentaron el éxito de la revolución en sociedades más atrasadas, como el dominio extranjero económico y político o la ausencia de instituciones libres, no se daban en absoluto en España, cuyas circunstancias eran mucho más parecidas a las de Italia después de 1919. Allí había sucumbido la izquierda a una coalición derechista-fascista muy similar en varios aspectos a la que en último término ganó la Guerra Civil española, cosa sobre la que habían advertido muchas veces los elementos moderados entre 1934 y 1936, y que la mayoría de la izquierda se negó a escuchar. Los análisis políticos efectuados por los líderes y teóricos de la izquierda revolucionaria, al igual que muchos de los efectuados por los republicanos de izquierda, tuvieron con frecuencia más un efecto de enmascarar que de clarificar las realidades más neurálgicas.

Está, por supuesto, fuera de lugar esperar que quienes rechazaron básicamente la democracia parlamentaria, tanto por la izquierda como por la derecha, se hubiesen responsabilizado de salvaguardar las instituciones parlamentarias. La principal responsabilidad en la salvaguarda de la democracia constitucional residió en sus principales creadores, los liberales y los republicanos de izquierda.

De todos los sectores políticos, sólo los liberales centristas —los de Alcalá Zamora, Maura, los radicales, y la Lliga catalana— adoptaron posiciones situadas ante todo en defensa de la democracia constitucional y las reglas del juego. Sin embargo, los partidos pequeños como los de Maura, Sánchez Román, e incluso la respetable Lliga, carecieron de la fuerza precisa para influir decisivamente en la situación, de tal manera que los papeles principales del centro fueron desempeñados por Alcalá Zamora y por Lerroux y sus radicales. Para que la Segunda República española llegara a estabilizarse en forma de una democracia constitucional como la Tercera República francesa, habría sido necesario probablemente que los radicales moderados de clase media hubiesen desempeñado básicamente el mismo papel estabilizador que sus homónimos y equivalentes franceses, cosa que desde luego trataron de hacer en 1933-1935. Los radicales españoles fracasaron, aunque sus pecados fueron más de omisión que de comisión. O sea que no cometieron faltas importantes que violasen la letra y el espíritu de la práctica democrática, como la mayoría de los demás partidos de importancia, sino que les faltó una organización fuerte a unos objetivos claros y fructíferos. Los radicales se convirtieron enseguida en los únicos representantes en España de algo que era mucho más común en las demás democracias establecidas —un sector político de bastante volumen, dedicado a la política cucharera y a una filosofía liberal tolerante que vive y deja vivir. En la sobrecargada atmósfera española tal política tenía un atractivo limitadísimo y equivalía a una ausencia de moralidad y de metas. A los radicales les faltó también liderazgo al ser Lerroux demasiado viejo y escaso de energía, y carecer de visión o de capacidad las demás figuras del partido. En consecuencia, los radicales fracasaron por ser tan poca cosa, pero si hubiesen poseído un peso significativo, la democracia constitucional podría haber durado.

En una situación cada vez más polarizada en la que la mayor parte de los actores de importancia tenían un compromiso limitado o nulo con la democracia, el presidente, Alcalá Zamora, se consideró siempre el supremo garante de la república liberal. Esto era, desde luego, técnicamente cierto, y no había la menor duda de la sinceridad de don Niceto, pero él mismo se convirtió enseguida en un problema muy grande. Aunque Alcalá Zamora era un liberal y constitucionalista sincero, y un distinguido jurista, era también un producto de la vieja tradición y cultura liberal decimonónica de España. Se trataba de una cultura política esencialmente elitista y oligárquica, cuajada de notables provincianos y figurones del partido. Representaba una forma de transición salida de una cultura tradicional basada en buena medida en el prestigio, la aristocracia, y los conceptos del linaje y del honor. Por lo mismo, le costaba trabajo superar un elitismo y personalismo profundos, y una obsesión por el prestigio y las preocupaciones egocéntricas.

Por las razones que fuesen —algunas de ellas temores objetivamente fundados frente al poder de las fuerzas antidemocráticas de la izquierda y la derecha— Alcalá Zamora llegó enseguida a concebir su papel como el de un poder moderador independiente, de un estilo casi monárquico. Se puede afirmar con seriedad que don Niceto interfirió de modo más descarado en el normal funcionamiento del gobierno constitucional que el tan criticado don Alfonso XIII. En cuanto empezó a desvanecerse la fuerza inicial de la coalición de Azaña, el presidente entró en acción, relevando del poder al líder de la izquierda republicana incluso antes de que hubiera desaparecido técnicamente su mayoría parlamentaria. En cualquier caso, la interferencia de Alcalá Zamora en el gobierno de Azaña fue menos abierta que su actitud cuando las Segundas Cortes, durante cuya vigencia actuó constantemente obstaculizando la posibilidad de un gobierno parlamentario mayoritario normal, haciendo y deshaciendo a su arbitrio gabinetes minoritarios o no del todo representativos. En semejante proceso, cosechó inevitablemente el aborrecimiento tanto de la derecha como de la izquierda, decididas también ambas a retirarlo del cargo lo antes posible.

En algún sentido es perfectamente comprensible que el presidente sintiese la necesidad de intervenir para restablecer algún tipo de equilibrio o salvaguardia ante la izquierda y la derecha a la vez. Es menos defendible su palpable inclinación a procurar destruir una estructura que funcionaba en el centro —Lerroux y los radicales— a fin de reconstruirla en una forma nueva, subordinada indirectamente a su «presidencial» liderazgo. Aquello fue una locura rematada y no es de sorprender que terminara en un desastre. El hecho mismo de que Alcalá Zamora contara en serio con reconstruir un centro nuevo a partir del centro de gravedad del poder estatal indica hasta qué punto siguió siendo, cultural y psicológicamente, un liberal del antiguo régimen, totalmente incapaz de entender el carácter y fuerza de las nuevas instituciones políticas y la nueva sociedad que él mismo había ayudado a formarse bajo la República.

El otro único líder republicano que disfrutó de una responsabilidad equivalente a la de Alcalá Zamora fue Manuel Azaña, el único otro político que llegó a tener unos poderes e iniciativa más o menos iguales en el liderazgo nacional durante un período casi tan largo como el de él. Azaña confesaba públicamente que era «sectario» y no «liberal». Fue terminante, al menos durante su primer gobierno, en cuanto a que había que interpretar el constitucionalismo republicano mediante reglas esencialmente partidistas a fin de conseguir sus objetivos, pero no llegó a entender hasta demasiado tarde que semejante enfoque hacía imposible la democracia republicana. Él mismo reconocía la magnitud de su soberbia y arrogancia, pero tenía tal fe en su propia capacidad de juicio (en ocasiones muy limitada), que se llegó a convencer de que era indispensable. Su rechazo de una democracia liberal más tolerante en aras de una política radicalizante y polarizadora coincidió con una movilización y radicalización de las masas que aumentó en gran manera las consecuencias de su sectarismo. Cuando los principales líderes de la política republicana rechazaron en la práctica las reglas de juego que ellos mismos habían creado, el estado en sí no pudo seguir funcionando.

Aunque decidido a representar una política nueva, Azaña se describió a sí mismo en privado como el «mayor tradicionalista» de la vida pública española. Fue en realidad mucho más hijo de la vieja cultura elitista y sectaria del siglo XIX de lo que él creía. Descendiente directo de los exaltados de 1820, Azaña representaba tanto lo viejo como lo nuevo. Fue el último vástago de una larga letanía de políticos burgueses sectarios y decimonónicos, y se le puede calificar exagerando muy poco como el último gran protagonista de la arrogancia castellana tradicional de la historia de España.

Azaña recalcó siempre el papel crucial de su propia izquierda burguesa en el devenir de la República, y dijo a voz en cuello en un discurso pronunciado el 17 de julio de 1931:

Miradlo bien, republicanos, que el día de nuestro fracaso no tendremos a mano el fácil recurso de echar la culpa a nuestro vecino. No; si la República española se hunde, nuestra será la culpa. Si no sabemos gobernar, la culpa será nuestra. No hay a quien echar el fardo de la responsabilidad. Ved que la libertad trae consigo esta tremenda consecuencia: la de una responsabilidad ineludible, no sólo ante nuestros conciudadanos, sino ante la historia[12].

Mucho mejor escritor que político, mucho mejor moldeador de palabras que dirigente de personas. Azaña tenía en realidad escasa auténtica capacidad política, y era en realidad, en palabras de Portela Valladares, más «antipolítico» que «político[13]». Su hibridez extrema lo proyecta en un papel de protagonista de tragedia clásica. Manuel Azaña no fue otra cosa que el ejemplo más patente del fracaso del liderazgo en la República[14].

Azaña clamaba por la necesidad de «una política radical» debido a las lecciones de la historia reciente, pero, igual que tantos otros intelectuales del primer tercio del siglo XX, leyó mal esa historia. Casi dos generaciones después, el siguiente grupo de políticos españoles que tuvieron la oportunidad de establecer un régimen democrático, leyeron su historia con más exactitud, y pusieron hincapié en la tolerancia, la igualdad de derechos y el consenso. Su tarea fue más fácil en medio de una ciudadanía moderna, urbana, con más educación general, y próspera, y dentro del contexto de una Europa próspera, estable y democrática. Pero su éxito no fue un resultado inevitable. Sacó provecho decisivamente de un liderazgo capaz, hábil y prudente que, determinado a evitar los errores del pasado, supo repudiar calladamente el sectario legado de la República. La Segunda República probablemente lo tuvo todo en su contra desde el comienzo, pero recibió desde luego un flaco servicio de sus propios dirigentes principales, que facilitaron sobremanera el trabajo de los inteligentes enemigos de la República.

MONOGRAFÍAS GENERALES SOBRE LA REPÚBLICA

Existen numerosas relaciones generales de la Segunda República española, en su mayoría superficiales y muchas de ellas tendenciosas. Los primeros estudios generales tuvieron un carácter periodístico o político (a menudo ambas cosas). Ya durante la Guerra Civil, publicó Marco Alessi una crítica de la Italia fascista en La Spagna dalla monarchia al governo di Franco, Milán, 1937, mientras Juan Guixé defendía el programa de reformas en Le vrai visage de la République espagnole, Paris, 1938.

Las relaciones más extensas son dos obras de cuatro tomos en español, tituladas ambas Historia de la Segunda República española, siendo también las dos unas críticas acusadamente conservadoras. La primera fue escrita por el prominente periodista y ensayista catalán Josep Pla inmediatamente después de la Guerra Civil y publicada en Barcelona en 1940-1941. Proporciona extensos fragmentos de discursos y sesiones parlamentarios e incluye bastantes listas de disturbios y actos de violencia sin ninguna referencia a su origen. La segunda, obra del veterano periodista franquista Joaquín Arrarás, Madrid, 1956-1963, ofrece muchos aspectos similares, pero está más acabada y también profusamente ilustrada, aunque sus referencias a las fuentes de origen dejan a veces mucho que desear. Estas dos extensas descripciones se centran mucho en la narrativa política en detrimento de otros aspectos. Ocurre lo mismo con la síntesis, más breve, obra del conocido historiador Melchor Fernández Almagro, Historia de la República española (1931-1936), Madrid, 1940. La posterior, Historia secreta de la Segunda República, Madrid, 1954-1955, 2 vols., obra del autor policíaco Eduardo Comín Colomer, pretende ser una revelación, no es en realidad una obra histórica, sino una diatriba.

No abundan los estudios serios en otros idiomas. El primer tratado de envergadura publicado fuera de España ocupa la primera mitad de The Spanish Republic and Civil War, de Gabriel Jackson, Princeton, 1965, que, sin ser una historia completa, consiguió una perspectiva general más acabada, convirtiéndose en la exposición clásica desde una perspectiva moderada de izquierda. La crisis española del siglo XX, de Carlos M. Rama, México-Buenos Aires, 1960, presenta muchos rasgos parecidos, pero trató de tener un alcance todavía mayor, y fue el primer libro sobre el tema escrito por un especialista hispanoamericano. La Deuxième République espagnole 1931-1936, París, 1962, es una obra tan breve que ni es una historia ni un libro propiamente dicho, sino una sucinta monografía analítica centrada en varios problemas neurálgicos.

El primer estudio objetivo publicado en español fue presentado por Carlos Seco Serrano en el volumen 6 de la Historia de España de la Editorial Gallach, Barcelona, 1968. Lo siguió enseguida la obra, mucho más extensa, de Ricardo de la Cierva, Historia de la Guerra Civil española, I. Antecedentes: Monarquía y República 1898-1936, Madrid, 1969, dedicada sobre todo a constituir otra historia política completa de la República desde una perspectiva conservadora. El detallado estudio de de la Cierva ocupó en la derecha moderada el lugar que había ocupado el de Jackson en la izquierda moderada, y se le puede considerar como el mejor relato escrito en un solo volumen antes de que empezara a desaparecer la censura.

La década de los setenta fue la más abundante en publicaciones generales de este tema debido a la creciente libertad de expresión, culminada con la muerte de Franco en 1975 y el fin de la dictadura poco después. La mejor obra general dedicada al tema que apareció fue Cara y cruz de la República 1931-1936, de Luis Romero, Barcelona, 1980, una relación inquisitiva y bien escrita que se aprovechó de parte de lo investigado recientemente y sigue siendo una de las dos historias del tema en español más equilibradas y objetivas. Otras producciones de la década de la liberación han sido La II República, de Manuel Tuñón de Lara, Madrid, 1976, un análisis sobre todo estructural, y La Segunda República fue así, de Eduardo de Guzmán, Barcelona, 1977, obra narrativa, muy competente, que evitó en general las distorsiones e inexactitudes. La adornada obra de Jesús Lozano González La Segunda República, Barcelona, 1973 trató esa época entera hasta el fin de la Guerra Civil.

Otras descripciones generales de los años 1970 son menos recomendables. Las más extensas fueron La República, Madrid, 1973, 5 vols., e Historia de la República (1931-1936), Barcelona, 1977, 2 vols., de Federico Bravo Morata, que podrían haber sido escritas perfectamente treinta años antes. Estas obras presentan una perspectiva y un análisis crítico deficientes, defienden a los políticos republicanos y se basan en el concepto de que «el pueblo no estuvo a la altura de sus líderes», idea más que vacía, habida cuenta de la escasa talla de la mayoría de sus dirigentes.

Merece mención aparte La Segunda República, Madrid, 1989, obra de Julio Gil Pecharromán muy profesional y minuciosamente informada. Aunque se trata de un libro de sólo 194 breves páginas de texto, constituye, palabra por palabra, el tratado más preciso existente.

STANLEY GEORGE PAYNE. (Denton, Texas, 9 de septiembre de 1934) es un hispanista estadounidense. Doctor en Historia por la Universidad de Columbia y profesor emérito de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde ostenta la cátedra Hilldale-Jaume Vicens Vives.

También es codirector del Journal of Contemporary History, miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias (American Academy of Arts and Sciences) y, desde 1987, académico correspondiente de la Real Academia Española de la Historia.

Payne escribe con cierta frecuencia artículos de opinión en los periódicos españoles ABC y El Mundo sobre actualidad hispana. También en la Revista de Libros colabora asiduamente con sus ensayos bibliográficos. Con dilatada presencia en el panorama académico español, dirigió en la Universidad de Burgos, en julio del 2005, el curso La represión durante la guerra civil y bajo el franquismo: historia y memoria histórica.

Ha publicado una veintena de libros y más de 150 artículos en revistas especializadas, mayoritariamente sobre la Historia de España. Los primeros libros de Payne, traducidos al castellano en los años sesenta, hubieron de ser publicados en París por la editorial Ruedo Ibérico, ya que eran inaceptables para la censura franquista. Entre los títulos de este autor destacan: Falange. Historia del fascismo español (1965), El nacionalismo vasco. De sus orígenes a la ETA (1974), La primera democracia española: La Segunda República, 1931-1936 (1993), Unión Soviética, comunismo y revolución en España (2003), El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936) (2005), 40 preguntas fundamentales sobre la Guerra Civil (2006), Franco y Hitler. España, Alemania, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto (2008) y España. Una historia única (2012).

El 9 de junio de 2004, la Universidad CEU Cardenal Herrera lo nombró doctor honoris causa. En 2006 Payne fue el director del curso «La guerra civil: conflicto revolucionario y acontecimiento internacional» en la Universidad Rey Juan Carlos, España. En 2009 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. En 2013 ha sido galardonado con el premio Españoles Ejemplares, otorgado por la fundación presidida por Santiago Abascal Conde, DENAES, en la categoría de Arte y Humanidades.

NOTAS

[1] Oswald Spengler, The Decline of the West, Nueva York, 1926, 1:107-108, 148-150. <<

[2] Leandro Prados de la Escosura, De imperio a nación: Crecimiento y atraso económico de España (1780-1930), Madrid, 1988, 67-94. <<

[3] Leandro Prados de la Escosura, Comercio exterior y crecimiento económico en España, 1826-1913, Madrid, 1982, y «Las relaciones reales de intercambio entre España y Gran Bretaña durante los siglos XVIII y XIX», en P. Martín Aceña y L. Prados, (edición a cargo de), La nueva historia económica de España, Madrid, 1985, 119-165. <<

[4] Figuran éstas entre las conclusiones principales de Prados, De imperio. <<

[5] Ibíd. Véase también Jordi Nadal, El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, Barcelona, 1975; N. Sánchez-Albornoz (edición a cargo de), La modernización económica de España, 1830-1930, Madrid, 1985; y J. Nadal, A. Carreras, y C. Sudriá (edición a cargo de) La economía española en el siglo XX: Una perspectiva histórica, Barcelona, 1987. <<

[6] Albert Carreras, Industrialización española: estudios de historia cuantitativa, Madrid, 1990; Pedro Fraile, «Crecimiento económico y demanda de acero: España 1900-1950», en Martín Aceña y Prados, La nueva historia económica, 71-100; Rosa Vaccaro, «Industrialization in Spain and Italy (1860-1914)», The Journal of European Economic History 9, invierno de 1980; y C. Molinas y L. Prados de la Escosura, «Was Spain Different? Historical Backwardness Revisited», Explorations in Economic History 26, octubre de 1987, 385-402. <<

[7] Jordi Nadal, «La industria fabril española en 1900» en Nadal, Carreras y Sudriá, La economía española, 23-61. <<

[8] Véase N. Sánchez Albornoz (edición a cargo de), Españoles hacia América: la emigración en masa, 1880-1930, Madrid, 1988. <<

[9] Véanse los artículos sobre la agricultura española de finales del siglo XIX de A. M. Bernal, J. Sanz Fernández, R. Robledo Hernández, y R. Garrabou en J. L. García Delgado (edición a cargo de), La España de la Restauración, Madrid, 1985, así como R. Garrabou y otros (edición a cargo de), Historia agraria de la España contemporánea, Barcelona, 1986, vol. 2; R. Garrabou, Un fals dilema: modernitat o endarreriment de l’agricultura valenciana (1850-1900), Valencia, 1985; y R. Garrabou (edición a cargo de), La crisis agraria de fines del siglo XIX, Barcelona, 1988. <<

[10] Prados, De imperio, 121. <<

[11] Richard Lachmann, Front Manor to Market: Structural Change in England, 1536-1640, Madison, 1987. <<

[12] En 1797 la aristocracia española era dueña de alrededor del 50 por ciento de la tierra española, la Iglesia del 17 por ciento, mientras que las tierras comunes, las propiedades de la clase media y los minifundios de los campesinos (de «realengo») sumaban sólo en conjunto alrededor del 33 por ciento. Diez años antes, los campesinos de Francia eran dueños o laboraban como semipropietarios el 40 por ciento de la tierra, los propietarios burgueses ocupaban otro 20 por ciento, el estado llano una cantidad aproximadamente igual, los dominios de la nobleza ascendían sólo al 16 por ciento y la Iglesia era dueña del 4 por ciento. Guy Hermet, Le problème meridional de l’Espagne, París, 1965, 2. <<

[13] Pascual Carrión, Los latifundios en España, Madrid, 1932, 51-52. <<

[14] Prados, De imperio, 227. <<

[15] Ibíd., 224. <<

[16] La estructura de la política de la Restauración aparece expuesta por José Varela Ortega, Los amigos políticos, Madrid 1977; Javier Tusell, Oligarquía y caciquismo en Andalucía, Barcelona, 1976, 2 vols.; y Robert W. Kern, Liberals, Reformers and Caciques in Restoration Spain 1875-1909, Albuquerque, 1974. Carlos Serrano, Le tour du peuple, Madrid, 1987, analiza el fracaso de los primeros desafíos al sistema hechos en la década de 1890. <<

[17] Véase Gail Stokes, Politics as Development: The Emergence of Political Parties in Nineteenth-Century Serbia, Durham, N. G, 1990. <<

[18] El volumen colectivo publicado bajo la dirección de G Serrano y S. Solaun, 1900 en Espagne fessai d’histoire culturelle, Burdeos, 1988, proporciona un incisivo panorama de la cultura española de hace unos cien años. <<

[19] Sobre el catolicismo español del siglo XIX véanse William J. Callahan, Church, Politics and Society in Spain, 1750-1874, Cambridge, 1984, y Frances Lannon, Privilege, Persecution, and Prophecy: The Catholic Church in Spain, 1875-1975, Oxford, 1987. <<

[20] Joan C. Ullman, The Tragic Week, Cambridge, 1968, y Joaquín Romero Maura, La rosa de fuego, Barcelona, 1975. <<

[21] Brindan acceso a la historia de Cataluña los ocho volúmenes de la Història de Catalunya, publicados bajo la dirección de P. Vilar, Barcelona, 1979-1982, especialmente el volumen sexto referente al período de 1868 a 1939, de Josep Termes. Sobre el siglo XX, véase Albert Balcells, Historia contemporánea de Cataluña, Barcelona, 1983. El nacionalismo catalán presenta ahora una amplia bibliografía. Véanse Jaume Rossinyol, Le problème national catalan, París, 1974; J. M. Poblet, Història básica del catalanisme, Barcelona, 1975; J. A. González Casanova, Federalisme i autonomia a Catalunya (1868-1939), Barcelona, 1974; y los textos publicados por F. Cucurull, Panorámica del nacionalisme català, París, 1975, 6 vols.

La bibliografía de la historia y el nacionalismo vascos se halla también en rápido crecimiento. El Diccionario histórico del País Vasco, Bilbao, 1982, 2 vols., de F. García de Cortázar y M. Montero, constituye un útil instrumento. Mi Basque Nationalism, Reno, 1975 presenta una relación en inglés desde comienzos del movimiento nacionalista hasta los años de la Guerra Civil. <<

[22] La mejor introducción breve a la historia de las organizaciones laborales en España en Benjamín Martin, The Agony of Modernization. Labor and Industrialization in Spain, Ithaca, 1990. Existe en español una obra en tres volúmenes de M. Tuñón de Lara, El movimiento obrero en la historia de España, Barcelona, 1972, un tanto parcial y hoy en día anticuado.

El principal estudio de los orígenes del anarquismo español es Josep Termes, Anarquismo y socialismo en España: La Primera Internacional (1864-1881), Barcelona, 1972, pero véase también Clara Lida, Anarquismo y revolución en la España del siglo XIX, Madrid, 1972. Entre los estudios generales están Robert W. Kern, Red Years/Black Years: Political History of Spanish Anarchism, 1911-1937, Filadelfia, 1978; César Lorenzo, Les anarchistes espagnols et le pouvoir 1868-1939, París, 1969; Manuel Buenacasa, El movimiento obrero español 1886-1926, Barcelona, 1928; A. Padilla Bolívar, El movimiento anarquista español, Barcelona, 1976; Jacques Maurice, L’anarchisme espagnol, Madrid, 1968 e Historia de la F. A. I., Bilbao, 1977. El estudio más preciso y sistemático hecho sobre el anarquismo bético es Jacques Maurice, El anarquismo andaluz, Barcelona, 1990.

Las obras principales sobre la ideología anarquista temprana son José Álvarez Junco, La ideología política del anarquismo español (1868-1910), Madrid, 1976, y George R. Esenwein, Anarchist Ideology and the Working-Class Movement in Spain, 1868-1898, Berkeley-Los Ángeles, 1989. Los estudios principales sobre los orígenes y primeros años de la CNT son J. Romero Maura, La Rosa de Fuego, Barcelona, 1975; Xavier Cuadrat, Socialismo y Anarquismo en Cataluña (1899-1911), Madrid, 1976; y Antonio Bar, La CNT en los años rojos, Madrid, 1981. En cuanto a la cultura anarquista, véanse Lily Litvak, La musa libertaria, Barcelona, 1981 y España 1900: Modernismo, anarquismo, y fin de siglo, Barcelona, 1990, que se puede comparar con Richard D. Sonn, Anarchism and Cultural Politics in Fin-de-Siècle France, Lincoln, Neb., 1989. <<

[23] La principal historia del socialismo español es la Historia del socialismo español, cinco volúmenes, Barcelona, 1989, publicada bajo la dirección de M. Tuñón de Lara, aunque en parte generalizada y parcial. Sobre sus años primeros véanse V. M. Arbeloa, Orígenes del PSOE (1873-1880), Madrid, 1972; A. Elorza y M. Ralle, La formación del PSOE, Barcelona, 1989; Francisco Mora, Historia del socialismo obrero español, Madrid, 1902; y J. J. Morato, El Partido Socialista Obrero, Madrid, 1918; reimpr. 1976. E. del Moral (edición a cargo de), Cien años de socialismo en España, Madrid, 1977, presenta la primera bibliografía básica. Hay varios estudios generales breves, como A. Padilla Bolívar, El movimiento socialista español, Barcelona, 1977.

El estudio principal hecho sobre los primeros años de la UGT es «La Unión General de Trabajadores: Ideología y Organización (1888-1931)», de Manuel Pérez Ledesma, tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 1976. Véase también su obra El obrero consciente. Madrid, 1987 y J. Aisa y V. M. Arbeloa, Historia de la Unión General de Trabajadores, 1888-1931, Bilbao, 1974; así como el estudio un tanto deformado de Amaro del Rosal, Historia de la UGT de España (1901-1939), Barcelona, 1977, 2 vols. <<

[24] Véase Helen Nader, Liberty in Absolutist Spain, Baltimore, 1990. <<

[25] Jacques Maurice, El anarquismo andaluz, Barcelona, 1990, y Temma Kaplan, Anarchists of Andalusia, 1868-1903, Princeton, 1977. <<

[26] Javier Paniagua, Anarquistas y Socialistas, Madrid, 1989, estudia las primeras relaciones existentes entre ambos movimientos. <<

[27] Miquel Izard, Revolució industrial i obrerisme: Les «Tres Classes de Vapor» a Catalunya 1869-1913, Barcelona, 1970. <<

[28] Hallaremos el análisis más extenso, expresado en términos un tanto diferentes, en la larga introducción de Albert Balcells a su obra El arraigo del anarquismo en Cataluña: Textos de 1926-1934, Barcelona, 1973, que reproduce el debate inicial de este problema efectuado por teóricos catalanes marxistas y anarquistas en el periódico L’Opinió durante 1928. En su obra Marxism and the Failure of Organized Socialism in Spain, 1879-1936, Cambridge, 1990, 1-84, Paul Heywood analiza con algún detalle las insuficiencias del enfoque adoptado por el Partido Socialista. <<

[29] El estudio más completo de estos primeros pasos vacilantes es la obra de J. I. Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social en España: La Comisión y el Instituto de Reformas Sociales. Madrid, 1988. <<

[30] Francisco Villacorta Baños, Profesionales y burócratas: Estado y poder corporativo en la España del siglo XX, 1890-1923, Madrid, 1989. <<

[31] El estudio más completo y fiable en un volumen sobre la España del siglo XX es el de Javier Tusell, El siglo XX, Manual de historia de España, VI, Madrid, 1990. El mejor estudio general hecho en inglés sigue siendo el de Raymond Carr, Spain 1808-1975, Oxford, 1982. El mejor estudio breve hecho en otro idioma es Guy Hermet, L’Espagne au XXe siècle, París, 1986. Podemos hallar un punto de vista soviético en Ispániya 1918-1972 gg. Istoríchesskii ócherk, de la Akadémiya Nauk SSSR, Moscú, 1975, en tanto que el de Werner Krauss (edición a cargo de), Spanien 1900-1965, Múnich, 1972, es de palpitante actualidad. <<

[32] Gerald Meaker, The Revolutionary Left in Spain, 1914-1923, Stanford, 1974, proporciona un excelente estudio general de la izquierda obrera de esos años. <<

[33] Sobre la rebelión de las clases medias, véanse Villacorta Baños, Profesionales, 331-502, y L. Rodríguez Camuñas, El problema de las clases medias como principio de regeneración nacional, Madrid, 1923. <<

[34] Salvador de Madariaga se interesó por este tema en «Spain and Russia: A Parallel», New Europe, 4, 1917, 198-204, y Ortega y Gasset lo recogió después brevemente en España Invertebrada, Madrid, 1921. <<

[35] El mejor análisis escrito en cualquier idioma sobre el impacto de la Primera Guerra Mundial en España es el de Gerald H. Meaker, «Spain», en H. Schmitt (edición a cargo de). Neutral Europe Between War and Revolution 1917-1923, Charlottesville, Va., 1988, 1-65. <<

[36] Véase Carolyn P. Boyd, Pretorian Politics in Liberal Spain, Durham, N. G, 1979. <<

[37] J. A. Lacomba Avellán, La crisis española de 1917, Málaga, 1970, es la menor monografía existente. <<

[38] Sobre el problema de la violencia anarquista, llamada en ocasiones «terrorismo», durante el primer cuarto de este siglo, véanse Rafael Núñez Florencio, El terrorismo anarquista, 1888-1909, Madrid, 1983; J. Romero Maura, «Terrorism in Barcelona and Its Impact on Spanish Politics 1904-1909», Past and Present 41, 1968, 130-183; Walther L. Bernecker, «Strategien der “direkten Aktion” under Gewaltanwendung im spanischen Anarchismus», en W. Mommsen y G. Hirschfeld (edición a cargo de), Sozialprotest, Gewalt, Terror, Stuttgart, 1982, 107-134; Albert Balcells, «Violencia y terrorismo en la lucha de clases de Barcelona de 1913 a 1923», Estudios de Historia Social 3-4, 1987, 37-79; Ángel Pestaña, Lo que yo aprendí en la vida, Barcelona, 1934, reproducido en su Trayectoria sindicalista, Madrid, 1974; y en su Terrorismo en Barcelona (edición a cargo de), J. Tusell, Barcelona, 1979; León-Ignacio, Los años del pistolerismo, Barcelona, 1981; Amaro del Rosal, La violencia, enfermedad del anarquismo, Barcelona, 1976; y Colin Winston, Workers and the Right in Spain, 1900-1930, Princeton, 1985. <<

[39] Véanse Antonio Barragán Moriana, Conflictividad social y desarticulación política en la provincia de Córdoba 1918-1920, Córdoba, 1920; M. Tuñón de Lara, Luchas obreras y campesinas en la Andalucía del siglo XX: Jaén (1917-1920), Sevilla (1930-1932), Madrid, 1978; y J. M. Macarro, Conflictos sociales en la ciudad de Sevilla en los años 1918-1920, Córdoba, 1984. <<

[40] José Álvarez Junco, El emperador del Paralelo: Lerroux y la demagogia populista. Madrid, 1990, J. B. Culla i Clarà, El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901-1923), Barcelona, 1986; y John R. Mosher, The Birth of Mass Politics in Spain: Lerrouxismo in Barcelona, 1901-1909, Nueva York, 1991. <<

[41] Véase Manuel Suárez Cortina, El reformismo en España, Madrid, 1986. Sobre el líder de este partido, están Mariano Cuber, Melquíades Álvarez, Madrid 1985; Maximiano García Venero, Melquíades Álvarez: Historia de un liberal, Madrid, 1974; y E. G. Gingold, «Melquíades Álvarez and the Reformist Party, 1901-1926» (tesis doctoral, University of Wisconsin), 1973. <<

[42] Javier Tusell, Radiografía de un golpe de estado, Madrid, 1987, presenta una detallada descripción del pronunciamiento y de la descomposición del gobierno parlamentario. El fracaso de los liberales aparece estudiado en Thomas G. Trice, Spanish Liberalism in Crisis: a Study of the Liberal Party during Spain’s Parliamentary Collapse, 1913-1923, Nueva York, 1991.

En Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, de Carlos Seco Serrano, Madrid, 1979, hallaremos un estudio indulgente de cómo enfrentó don Alfonso los graves problemas planteados al gobierno de España. Véase también Vicente Pilapil, Alfonso XIII, Nueva York, 1969. <<

[43] Shannon E. Fleming, Primo de Rivera and Abd el-Krim: The Struggle in Spanish Morocco, 1923-1927, Nueva York, 1991, y S. E. Fleming y A. K. Fleming, «Primo de Rivera and Spain’s Moroccan Problem, 1923-1927», Journal of Contemporary History (citado en lo sucesivo como JCH), 12:1, enero de 1977, 85-100. <<

[44] James Rial, Revolution from Above: The Primo de Rivera Dictatorship in Spain, 1923-1930, Fairfax, 1986, se enfoca en la política económica de aquel régimen. <<

[45] El estudio principal de la política de la dictadura es Shlomo Ben-Ami, Fascism from Above: The Dictatorship of Primo de Rivera in Spain 1923-1930, Oxford, 1983. Véase también J. L. Gómez Navarro, El régimen de Primo de Rivera, Madrid, 1991. <<

[46] Anthony D. McIvor, «Spanish Labor Policy during the Dictablanda of Primo de Rivera», tesis doctoral, Universidad de California, San Diego, 1982; Eduardo Aunós, Política social de la dictadura, Madrid, 1944; y Alfredo Montoya Melgar, Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España: La dictadura de Primo de Rivera, Murcia, 1981. <<

[47] Véase M. García Canales, El problema constitucional en la dictadura de Primo de Rivera, Madrid, 1980, y en lo tocante a las relaciones con la Italia fascista, G. Palomares Lerma, Mussolini y Primo de Rivera, Madrid, 1989. <<

[48] José Andrés Gallego, El socialismo durante la dictadura, 1923-1930, Madrid, 1977, estudia aspectos de la política socialista de aquellos años. <<

[49] G. García Queipo de Llano en Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera, Madrid, 1988, estudia exhaustivamente la oposición de la mayoría de los grandes intelectuales españoles. <<

[1] Insiste en este aspecto Shlomo Ben-Ami, «The Republican “take-over”: prelude to inevitable catastrophe?», en P. Preston (edición a cargo de), Revolution and War in Spain 1931-1939, Londres, 1984, 14-34. <<

[2] Durante el gran auge de 1960-1975, la fuerza laboral agrícola experimentó un descenso del 19 por ciento respecto al total de la fuerza laboral española. <<

[3] El sector de servicios de la fuerza laboral española no volvería a mostrar una expansión significativa hasta después de 1960. <<

[4] Algunos de estos datos están tomados de M. Tuñón de Lara, Historia de España: la población, la economía, la sociedad (1898-1931), Madrid, 1984, 601. <<

[5] Shlomo Ben-Ami, The Origins of the Second Republic in Spain, Oxford, 1978, 26-36. <<

[6] Existe un estudio detallado de la deserción de los antiguos líderes parlamentarios en Carlos Seco Serrano, «El cerco de la monarquía: La ruptura de los partidos dinásticos con Alfonso XIII durante la dictadura de Primo de Rivera», Boletín de la Real Academia de la Historia, 187:2, 1987, 161-269. <<

[7] Berenguer publicó posteriormente unas memorias, De la dictadura a la República, Madrid, 1975. <<

[8] Shlomo Ben-Ami, «The Forerunners of Spanish Fascism: Unión Patriótica y Monárquica», JCH 9:1, enero de 1979, 49-79. <<

[9] José Sánchez Guerra, Al servicio de España, Madrid, 1931. <<

[10] El mejor relato general de las maniobras políticas de 1930 se encuentra en Ben-Ami, Origins, aunque Eduardo de Guzmán, 1930; Historia política de un año decisivo, Madrid, 1973, presenta buen número de detalles. <<

[11] M. Baras i Gómez, Acció Catalana (1922-1936), Barcelona, 1984, presenta el estudio más completo sobre Acció Catalana. «Estat Català», tesis doctoral, Universidad de Columbia, 2 vols., de Enrique Ucelay da Cal, constituye el estudio más acabado de esa organización hasta la muerte de su fundador, Francesc Macià, en 1933. La formación de la Esquerra aparece tratada en el estudio más extenso hecho sobre esta coalición, M. D. Ivern i Salvá, Esquerra Republicana de Catalunya (1931-1936), Montserrat, 1988, 1, 1-73. Véanse también J. B. Culla i Clara, El catalanisme d’esquerra (1928-1936); Josep M. Poblet, Historia de l’Esquerra Republicana de Catalunya, Barcelona, 1976; y Da Cal, «La formació d’Esquerra Republicana de Catalunya», L’Avenç 4, julio-agosto de 1977, así como otras referencias en Ivern i Salvá, Esquerra Republicana, 1, 51-52. <<

[12] Sobre el compromiso por la autonomía de Cataluña, véase Adolfo Hernández Lafuente, Autonomía e integración en la Segunda República, Madrid, 1980, 16-43. <<

[13] El Socialista, 5 y 13 de febrero, 1924, citado en Paul Preston, The Coming of the Spanish Civil War, Londres, 1978, 15. <<

[14] Citado en Maximiano García Venero, Historia de las Internacionales en España, Madrid, 1958, 3, 423. A. C. Sáiz Valdivielso, Indalecio Prieto, Barcelona, 1984, es su única biografía, pero véase también el prólogo de Edward Malefakis a los Discursos fundamentales de Prieto, Madrid, 1975, 7-32. <<

[15] Lerroux ofrece su versión de esta maniobra en sus memorias, La pequeña historia, Madrid, 1963, 60-67. <<

[16] El Comité Republicano había enviado unos emisarios, encabezados por Santiago Casares Quiroga, político de la ORGA, a Jaca en la víspera de aquella acción para informar a Galán y a García Hernández de que la fecha había sido pospuesta. Casares Quiroga, en mal estado de salud, llegó a Jaca entrada la noche anterior y se fue a la cama sin haber establecido contacto con los conspiradores. Vemos de este modo que ya en los albores mismos de su vida política republicana evidenció lo que iba a manifestarse como una ineptitud continua para encararse a situaciones críticas. <<

[17] Por lo menos cinco soldados y miembros de la policía cayeron en el episodio de Jaca, además de varios heridos. El texto de las proclamas revolucionarias, preparado por Galán, pero de hecho nunca publicado, decretaba la ejecución sumaria de cuantos se resistieran. Afirmaban con bastante inexactitud que aquel movimiento estaba dirigido por oficiales, del grado de capitán para abajo, que se sometería a graves purgas el escalafón superior y que el ejército sería sustituido por una nueva y extensa guardia nacional. Se nombraría un «comité de productores» especial para supervisar cada fábrica de España. Este bando nunca publicado aparece por entero en Emilio Mola Vidal, Tempestad, calma, intriga y crisis, Madrid, sin fecha, 56-57. Véase también Graco Marsá, La sublevación de Jaca, Madrid, 1931, pero sobre todo el reciente estudio de J. M. Azpiroz Pascual y F. Elbot Broto, La sublevación de Jaca, Zaragoza, 1984. <<

[18] Ramón Franco, hermano menor del ya famoso general, era todo un héroe de leyenda nacional por derecho propio, equiparable en España a Lindbergh, tras su triunfal vuelo transatlántico en el hidroavión Plus Ultra de España a Argentina, en 1926. <<

[19] Los conspiradores militares republicanos habían formado una pequeña «Unión Militar Republicana». Existen tres memorias de este grupo: Eduardo López Ochoa, De la dictadura a la República, Madrid, 1931; Gonzalo Queipo de Llano, El movimiento reivindicativo de Cuatro Vientos, Madrid, 1933; y Ramón Franco, Madrid bajo las bombas, Madrid, 1931. <<

[20] El moderado y apolítico Julián Besteiro, presidente del comité nacional de la UGT, se opuso a hacer una huelga general y nunca despachó órdenes en ese sentido, según admitiría posteriormente en un debate de las Cortes el 11 de abril de 1934. La división existente en el seno de la directiva fue sometida a extensa discusión en el congreso del partido de 1934. Actas de las sesiones celebradas por el XIII Congreso ordinario del PSOE, Madrid, 1934. Un manuscrito de Antonio Bartolomé y Más, existente en la sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, da una versión lerrouxista de los sucesos de diciembre. <<

[21] José Casado García, Por qué condené a los capitanes Galán y García Hernández, Madrid, 1935, presenta la justificación del jefe militar que presidió su consejo de guerra. J. Arderíus y J. Díaz Fernández, Vida de Fermín Galán, Madrid, 1931, es una obra típica de la bibliografía republicana sobre Galán: no una biografía seria, sino una especie de hagiografía novelada. <<

[22] Citado en Ben-Ami, Origins, 233. <<

[23] El Socialista, 5 de abril de 1931. <<

[24] Todos estos datos son del Anuario Estadístico de España 1932. Como estudio de carácter local, véase A. M. Lorenzo Górriz, Movilización popular y burguesía republicana en Castellón de la Plana: Las elecciones del 12 de abril de 1931, Castellón de la Plana, 1988. <<

[25] ABC (Madrid), 14 de abril de 1931. <<

[26] Citado en Ben-Ami, Origins, 241. <<

[27] Id., 242. <<

[28] Lerroux, Pequeña historia, 20; Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos, Ciudad de México, 1954, 107-109. <<

[29] El Sol (Madrid), abril de 1931. <<

[30] La única muerte se produjo en Huelva, ABC (de Sevilla), 14 de abril de 1931. <<

[31] Conde de Romanones, Las últimas horas de una monarquía, Madrid, 1931, 8. <<

[32] La Vanguardia (Barcelona), 15 de abril de 1931. La proclamación de la República en Barcelona aparece expuesta con detalles en José Gaya Picón, La jornada histórica de Barcelona, Madrid, sin fecha. <<

[33] Romanones ha dado dos versiones, algo diferentes, de estos acontecimientos en sus Últimas horas y en Reflexiones y recuerdos: Historia de cuatro días, Madrid, 1940. La de Alcalá Zamora apareció en El Sol, 17 de mayo de 1931. <<

[34] El recuerdo más extenso de aquellos días escrito por un político republicano es Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII, Barcelona, 1966, 141-189. Las memorias principales obra de monárquicos, además de las de Romanones, son las de Emilio Mola Vidal en sus Obras Completas, Valladolid, 1940 y las de Juan de la Cierva y Peñafiel, Notas de mi vida, Madrid, 1955, 343-372.

Existen dos extensas crónicas de aquellos meses: Fernando Díaz Plaja, España, los años decisivos: 1931, Madrid, 1970 y J. L. Fernández-Rua, 1931: La Segunda República, Madrid, 1977. Tres relaciones de los últimos días de la monarquía, simpatizantes con la Corona, son las de Julián Cortés Cavanillas, La caída de Alfonso XIII, Madrid, 1932; Álvaro Alcalá Galiano, La caída de un trono, Madrid, 1933; y J. M. Tavera, Los últimos días, Barcelona, 1976. Entre otras más están A. Piracés. Por qué se proclamó la Segunda República en España, Barcelona, 1931; Rafael Sánchez Guerra, Proceso de un cambio de régimen, Madrid, 1932; Nicola Pascazio, La rivoluzione di Spagna, Roma, 1933; y Julio Merino, Todos contra la Monarquía, 1930-1931, Barcelona, 1985. <<

[35] Josep Pla, el primer historiador de la Segunda República, cita irónicamente palabras similares de Fernando VII el 19 de julio de 1920, referentes a la primera restauración del liberalismo, y de Estanislao Figueras, primer presidente de la Primera República, el 11 de febrero de 1873. Este último había proclamado que «Un pueblo capaz de realizar esta profunda transformación sin el más leve desorden demuestra que es un pueblo apto para la libertad», sangrantes últimas palabras habida cuenta de la lastimosa historia de aquel nuevo régimen. Josep Pla, Historia de la Segunda República española, Barcelona, 1940, 1, 102. <<

[36] El principal historiador de la masonería española es J. A. Ferrer Benimeli. Véanse su Masonería española contemporánea, Madrid, 1980, 2 vols., y sus obras publicadas La Masonería en la historia de España, Zaragoza, 1985 y Masonería: Política y sociedad, Madrid, 1989, 2 vols., así como J. Ignacio Cruz, «Masonería y política en la II República», Historia 16, 14:160, agosto de 1989, 21-27. Podríamos fijarnos además en que diversos sectores de la masonería europea fueron capaces de mostrar nuevos entusiasmos políticos de muy diverso cuño. Algunas logias masónicas italianas del rito escocés se convirtieron enseguida a un ardiente entusiasmo fascista, y en el primer año del gobierno de Mussolini eran masones no menos de doce de los veintiocho miembros del Gran Consejo Fascista, aunque el Duce los obligó muy pronto a escoger entre el fascismo y la masonería. Véase Claudio Segrè, Italo Balbo; A Fascist Life, Berkeley-Los Ángeles, 1987, 139. <<

[37] Esto queda patente en el principal estudio de la masonería durante la República, M. D. Gómez Molleda, La Masonería en la crisis española del siglo XX, Madrid, 1986. <<

[38] Como declararía Largo Caballero en un discurso dirigido más adelante a la juventud socialista: «Aunque tenemos algunas ideas teóricas, no tenemos tiempo para exponerlas, porque absorbe nuestra actividad una tarea más urgente, la de hacer frente al enemigo común». Largo Caballero, Posibilismo socialista en la democracia, Madrid, 1933, 9. <<

[39] Aunque no hay ninguna biografía definitiva de Macià, la bibliografía al respecto es extensa, empezando por L. Aymamí i Baudina, Macià, Barcelona, 1933. Hay una bibliografía de obras posteriores en Ivern i Salva, Esquerra, 50, y, más recientemente, en el sucinto Francesc Macià de Enric Jardí, Barcelona, 1991. <<

[40] Las relaciones iniciales entre Cataluña y el Gobierno Provisional aparecen en Hernández Lafuente, Autonomía, 47-66. <<

[41] Colin Winston, Workers and the Right in Spain, 1900-1936, Princeton, 1985, presenta un estudio definitivo de los Sindicatos Libres. <<

[42] Todos estos derramamientos de sangre aparecen en la prensa. Winston hace mención de dieciséis en Barcelona y otros tres tanto en Badalona como Sabadell (id., 291-292). <<

[43] La Vanguardia, 3 de mayo de 1931. <<

[44] Solidaridad Obrera, 24 de abril y 11 de junio, 1931, en Ben-Ami, Origins, 263. <<

[45] Maura, Así cayó, 266, 267. <<

[46] Ortega afirmaba en Crisol, el 1 de junio de 1931: «No hay en el mundo otro pueblo que sea capaz de hacer cosa parecida, cuando todos, conste así, todos sueñan con hacerlo». <<

[47] Tres de los jóvenes monárquicos más militantes, los famosos hermanos Miralles, pasaron dos años en la cárcel como resultado de este incidente. Fueron finalmente juzgados y absueltos en 1933. Joaquín Arrarás, Historia de la Segunda República española, Madrid, 1956-1963, 2, 185. <<

[48] El Sol, 11 de mayo de 1931; Maura, Así cayó, 245. Este incidente condujo además a la detención de más monárquicos y al cierre de ABC durante un largo período de tiempo. <<

[49] Maura, Así cayó, 246-250. <<

[50] Ibíd., 251-252. <<

[51] Los historiadores de temas eclesiásticos han reunido una lista de 119 agresiones a propiedades de la Iglesia del 11 al 13 de mayo, aunque la prensa anduvo muy lejos entonces de informar de todos ellos. Antonio Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa en España, Madrid, 1961, 25, Francisco Narbona, La quema de conventos, Madrid, 1959, y Arrarás, Segunda República, 2, 74-100, presentan detalladas descripciones de ellas desde el punto de vista católico. Véase también Vicente Cárcel Ortí, La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939), Madrid, 1990, 107-114. <<

[52] Las agresiones a los edificios y la propiedad católicos siguieron produciéndose esporádicamente durante los dos años siguientes y se reanudaron en gran escala en 1936. La primera sentencia que se conoce se produjo en Zaragoza en abril de 1934, cuando un incendiario fue condenado a diez años de cárcel y una multa de 15 000 pesetas por haber prendido fuego a una iglesia. Cárcel Ortí, Persecución religiosa, 113. <<

[53] Marcelino Domingo, La experiencia del poder, Madrid, 1934, 88-90, expresa cuánto sufrieron algunos miembros del gabinete ante la ausencia de un cuerpo policíaco más moderado y humano. <<

[54] Se trataba en realidad de una «policía antidisturbios». El nombre oficial de guardias de asalto fue probablemente demasiado agresivo, pero expresa muy bien la belicosidad y decisión del Gobierno de hacer frente a cualquier oposición. <<

[1] Shlomo Ben-Ami, The Origins of the Second Republic in Spain, Oxford, 1978, 274, 275. <<

[2] Este relato sobre las elecciones de 1931 sigue de cerca el minucioso estudio de Javier Tusell, Las Constituyentes del 1931: unas elecciones de transición, Madrid, 1982, 25-40. <<

[3] Véase Ben-Ami, Origins, 264-270, y los irónicos comentarios de Julio Camba, Haciendo de República, Madrid, 1968, 91-99. <<

[4] Tusell, Constituyentes, 39-45. <<

[5] Los mejores estudios sobre el nuevo sistema republicano de partidos se encuentran en J. J. Linz, «The Party System in Spain: Past and Future», en S. Lipset y S. Rokkan (edición a cargo de), Party Systems and Voter Alignments, Nueva York, 1967, 197-282, y Santiago Varela, Partidos y parlamento en la Segunda República, Barcelona, 1978. <<

[6] De acuerdo con el director de su campaña electoral, Joaquín Chapaprieta, en su obra La paz fue posible, Barcelona, 1971, 150-156. <<

[7] Citado en Ben-Ami, Origins, 293. <<

[8] El principal estudio es Eduardo Espín, Azaña en el poder: El partido de Acción Republicana, Madrid, 1980. <<

[9] Citado en Ben-Ami, Origins, 293. <<

[10] Ibíd., 281. <<

[11] Respecto a la violencia durante esta campaña, véase Tusell, Constituyentes, 72-76.

El incidente de más resonancia fue con mucho el supuesto «complot de Tablada», relacionado con la pretendida conspiración de Ramón Franco y elementos extremistas de izquierda en Andalucía (donde Franco figuraba como candidato) para iniciar un levantamiento armado en el aeródromo de Tablada, situado en las afueras de Sevilla, el 27 de junio y declarar un «Estado republicano de Andalucía» independiente. Algunos de los acusados fueron detenidos antes del día 27, al tiempo que Franco se rompió una pierna al hundirse un tablado de la campaña electoral, pero no está claro en absoluto si existió de hecho semejante conspiración. Véanse Blas Infante Pérez, La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía, Sevilla, 1931; J. L. Ortiz de Lanzagorta, Blas Infante, Sevilla, 1979; y M. Tuñón de Lara, Luchas obreras y campesinas en la Andalucía del siglo XX Jaén (1917-1920) Sevilla (1930-1932), Madrid, 1978, 169-178. <<

[12] Existen actualmente numerosos estudios electorales de carácter local de los años republicanos, aunque con suficientes lagunas para alimentar tesis doctorales en años presentes y futuros. Enumerados alfabéticamente por ciudades o provincias, están entre ellos: S. de Pablo, La Segunda República en Álava: elecciones, partidos y vida pública, Bilbao, 1989; J. Sánchez y M. A. Mateos Rodríguez, Elecciones y partidos en Albacete durante la Segunda República (1931-1936), Albacete, 1977; M. García Andreu, Alicante en las elecciones republicanas 1931-1936, Alicante, 1985; para Aragón: E. Fernández Clemente y C. Forcadell, Estudios de historia contemporánea de Aragón, Zaragoza, 1978, 141-190. A. Peiró Arroyo y E. Pinilla Navarro, Nacionalismo y Regionalismo en Aragón (1868-1942), Zaragoza, 1981, 125-204; y L. Germán Zubero, Aragón en la II República, Zaragoza, 1984, 225-303; J. A. González Casanova, Elecciones en Barcelona (1931-1936), Madrid, 1969; L. Palacios Buñuelos, Las elecciones en Burgos, 1931-1936, Madrid, 1980; D. Caro Cancela, La Segunda República en Cádiz: Elecciones y partidos políticos, Cádiz, 1987; M. A. Cabrera Acosta, Las elecciones a Cortes durante la 11 República en las Canarias occidentales, Tenerife, 1990; Mercé Vilanova, Atlas electoral de Catalunya durant la Segona República, Barcelona, 1986; J. A. Sancho Calatrava, Elecciones en la II República: Ciudad Real (1931-1936), Ciudad Real, 1989; Antonio Barragán, Realidad política en Córdoba 1931, Córdoba, 1980; P. Cornelia i Roca, Las elecciones de la Segunda República a la ciutat de Girona 1931-1936, Gerona, 1975; L. E. Esteban Barahona, El comportamiento electoral de la ciudad de Guadalajara durante la Segunda República, Guadalajara, 1988; A. Cillán Apalategui, Sociología electoral de Guipúzcoa (1900-1936), San Sebastián, 1975; S. Hernández Armenteros, Jaén ante la Segunda República, Granada, 1988; E. Pardas Martínez, La Segunda República y La Rioja (1931-1936), Logroño, 1982; A. Millares Cantero, La Segunda República y las elecciones en la provincia de Las Palmas, Las Palmas, 1982; Conxita Mir, Lleida (1890-1936), Montserrat, 1985; F. Bermejo Martín, La II República en Logroño, Logroño, 1984; M. Mante Bartra, La problemática de la Segunda República a través del estudio de una situación concreta: el Mataró de los años treinta, Mataró, 1977; J. M. Quintana, Menorca, siglo XX: De la Monarquía a la República, Mallorca, 1976; J. A. Ayala, Murcia y su huerta en la Segunda República, 1931-1939, Murcia, 1978; J. Gómez Salvago, La Segunda República: Elecciones y partidos políticos en Sevilla y provincia, Sevilla, 1986; L. Aguiló Lucia, Las elecciones en Valencia durante la Segunda República, Valencia, 1974; J. Serralonga Urquidi, Eleccions y partits polítics a la Plana de Vic (1931-1936), Barcelona, 1977; F. Costa Vidal, Villena durante la Segunda República: Vida política y elecciones, Alicante, 1989; y J. Bueno, C. Gaudo, y L. Germán, Elecciones en Zaragoza capital durante la Segunda República, Zaragoza, 1980. Entre los numerosos artículos publicados sobre las elecciones republicanas, destacan los de Mercedes Villanova Ribas sobre las efectuadas en Cataluña. <<

[13] Tusell, Constituyentes, 141-154. <<

[14] Anuario Estadístico 1932, Madrid. 1933; Tusell, Constituyentes, 133-139. <<

[15] Véase Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, 1983, 319-320. El Gobierno se sintió abochornadísimo e hizo lo más que pudo para eliminar los informes sobre este incidente, cuya única referencia publicada en Madrid apareció en las páginas posteriores del diario republicano La Voz. Maura, ministro de Gobernación, que se había negado «categóricamente» a reformar la guardia civil o a «alterar una sola coma de las famosas ordenanzas», escribiría posteriormente: «fue un verdadero milagro que la descarga cerrada no causase mayor número de víctimas en un lugar tan angosto y con la potencia de las armas que empleaban», y admitió que un tipo de policía diferente armada con porras y pistolas habría podido disolver la manifestación de modo más pacífico. Así cayó, 279. <<

[16] No fueron los anarquistas la única fuente de preocupaciones en la campaña electoral. El 20 de junio dos regimientos de infantería patrullaron brevemente las calles de Oviedo tras haber alterado los socialistas violentamente un mitin del Partido Liberal Demócrata. <<

[17] La CNT publicó una Memoria del Congreso extraordinario celebrado en Madrid, los días 11 al 16 de junio de 1931, Barcelona, 1931. El principal estudio hecho de la FAI-CNT durante la República sigue siendo el de John Brademas, Anarcosindicalismo y revolución en España, 1930-1937, Barcelona, 1974. En inglés véase Robert W. Kern, Red Years, Black Years, Filadelfia, 1978, y en francés, César Lorenzo, Les anarchistes espagnols et le pouvoir, 1968-1939, París, 1969. <<

[18] Se estudian las doctrinas de la FAI en el artículo introductorio de Antonio Elorza, La utopía anarquista bajo la Segunda República, Madrid, 1973, y en Xavier Paniagua, La sociedad libertaria: Agrarismo e industrialización en el anarquismo español (1930-1939), Barcelona, 1982. <<

[19] El principal estudio hecho sobre el Partido Comunista de España durante la República es Rafael de la Cruz, El Partido Comunista de España en la Segunda República, Madrid, 1987. Véanse también Joan Estruch, Historia del Partido Comunista de España, Barcelona, 1978; Pelai Pagès, Historia del Partido Comunista de España, Barcelona, 1978; Antonio Padilla Bolívar, El movimiento comunista español, Barcelona, 1979; y Víctor Alba, El Partido Comunista en España, Barcelona, 1979. <<

[20] El mejor estudio es el de J. M. Macarro, La utopía revolucionaria: Sevilla en la Segunda República, Sevilla, 1985, 13-14. De acuerdo con su relación, las mismas se tradujeron en veinte nuevos contratos laborales y cinco contratos mejorados, habiendo sido incitadas trece de esas huelgas por los esfuerzos de los patronos para reducir beneficios. Véanse también, de Macarro Sevilla la roja, Branes, Sevilla, 1989; N. Salas, El Moscú sevillano: Sevilla la roja, Sevilla, 1990; y, referente a lo sucedido en el campo, M. Tuñón de Lara, Luchas obreras y campesinas en la Andalucía del siglo XX: Jaén (1917-1920) Sevilla (1930-1932), Madrid, 1978. <<

[21] Guillermo Cabanellas, Cuatro generales, Barcelona, 1979, 1, 231-232. <<

[22] Macarro, Utopía, 149-155. <<

[23] El más famoso de ellos fue Buenaventura Durruti, sujeto de varias biografías, siendo la más completa de ellas, Abel Paz, Durruti, Barcelona, 1978. <<

[24] Existe una descripción derechista pero francamente precisa de los sucesos de septiembre de 1931 en Barcelona en Josep Pla, Historia de la Segunda República española, Barcelona, 1940, 1, 190-199. <<

[25] Los principales estudios sobre el conflicto intestino de la CNT son los de Eulalia Vega, Anarquistas y sindicalistas, 1931-1936, Valencia, 1987, y El trentisme a Catalunya (1930-1933), Barcelona, 1980. Son también importantes Manuel Buenacasa, La CNT, Los «Treinta» y la FAI, Barcelona, 1933, y dos obras de Albert Balcells, Crisis económica y agitación social en Cataluña, 1930-1936, Barcelona, 1971 y «La crisis del movimiento anarcosindicalista y el movimiento obrero en Sabadell entre 1930 y 1936», en su Trabajo industrial y organización obrera en la Cataluña contemporánea (1900-1936), Barcelona, 1974. Véase también la biografía Ángel Pestaña de A. M. de Lera, Barcelona, 1978. <<

[26] Este tema fue sometido a debate en la historiografía española más de una generación después. Véase J. S. Pérez Garzón, «La revolución burguesa en España: los inicios de un debate científico, 1966-1979», en M. Tuñón de Lara y otros, Historiografía española contemporánea, Madrid, 1980, 98-112. <<

[27] El papel y la actitud de la UGT fueron expuestos por uno de sus líderes, Enrique de Santiago, en su obra La UGT ante la revolución, Madrid, 1932. <<

[28] El Socialista, 12 de julio de 1931. <<

[29] Expresados, por ejemplo, en dos libros, Javier Bueno, El Estado socialista: Nueva interpretación del comunismo (Madrid), que apareció en junio de 1931, y Gabriel Morón, La ruta del socialismo en España, Madrid, 1932. <<

[30] Declaró en el Congreso de la UGT de 1932: «El marxismo es una posición idealista que constituye la realidad de la historia estudiando los movimientos económicos», como las hipótesis de «los poetas de la ciencia». Citado en Marta Bizcarrondo, Araquistain y la crisis socialista en la II República, Madrid, 1975, 183. <<

[31] Besteiro explicó su posición en su obra Marxismo y antimarxismo, Madrid, 1935 y es a su vez el sujeto de una serie de libros. El primero, de Andrés Saborit, Julián Besteiro, Ciudad de México, 1961, es una biografía política, mientras que el de E. Lamo de Espinosa, Filosofía y política en Julián Besteiro, Madrid, 1973, y Carlos Díaz, Besteiro: El socialismo en libertad, Madrid, 1976, tratan de sus ideas políticas y filosóficas. <<

[32] El Socialista, 12 de julio de 1931. <<

[33] Según sus compañeros de gabinete. Maura, Así cayó, 278-287; Manuel Azaña, Obras completas, Ciudad de México, 1965-1968, 4, 37. <<

[34] Los principales discursos de Largo Caballero correspondientes a este período están reunidos en su obra Posibilismo socialista en la democracia, Madrid, 1933. Como biografía del tercer ministro socialista, véase Virgilio Zapatero, Fernando de los Ríos, Madrid, 1974. Enrique López Sevilla nos brinda un estudio general en El Partido Socialista Obrero Español en las Cortes Constituyentes de la Segunda República, México, D. F., 1969, y Juan-Simeón Vidarte ha escrito unas memorias dignas de lectura, Las Cortes Constituyentes de 1931-1933, Barcelona, 1976. Entre los numerosos escritos de los últimos años de Prieto, el primer volumen de sus Convulsiones de España, 3 vols., México, D. F., 1967-1969, contiene el material más extenso sobre la época de la República. <<

[35] En total, combinados los tres Parlamentos republicanos, sólo un 11,7 por ciento del número total de diputados se había sentado en el Parlamento de la monarquía constitucional. Juan J. Linz, «Continuidad y discontinuidad en la elite política española, de la Restauración al Régimen actual», en Estudios de ciencia política y sociología: Homenaje al Profesor Carlos Ollero, Guadalajara, 1972, 361-423. <<

[36] Julio Gil Pecharromán, La Segunda República, Madrid, 1989, 43. <<

[37] Los discursos y escritos políticos de Ortega y Gasset correspondientes a esta época se hallan reunidos en su Rectificación de la República, Madrid, 1973, los de su colega Ramón Pérez de Ayala en los Escritos políticos, de éste, Madrid, 1967, y los de Unamuno en su República española y España republicana, Salamanca, 1979. Los principales estudios son los de Gonzalo Redondo, Las empresas políticas de José Ortega y Gasset, Madrid, 1970; Andrew Dobson, An Introduction to the Politics and Philosophy of José Ortega y Gasset, Cambridge, 1989; y Jean Becarud, Miguel de Unamuno y la Segunda República, Madrid, 1965. Véanse también Gabriel Morón, Historia política de José Ortega y Gasset, Madrid, 1965; V. Romano García, José Ortega y Gasset, publicista, Madrid, 1976, 243-251; y M. Cabrera y A. Elorza, «Urgoiti-Ortega: El “partido nacional” en 1931», en J. L. García Delgado (edición a cargo de), La II República española: El primer bienio, Madrid, 1987, 233-263.

El papel de los intelectuales en su conjunto aparece tratado en J. Tusell y G. García Queipo de Llano, Los intelectuales y la Segunda República, Madrid, 1990; J. Becarud y E. López Campillo, Los intelectuales españoles durante la II República, Madrid, 1978; y Paul Aubert, «Los intelectuales en el poder (1931-1933)», en García Delgado, La II República, 169-231. V. M. Arbeloa y M. de Santiago, Intelectuales ante la Segunda República, Salamanca, 1981 presentan una breve antología de distintas opiniones de los principales intelectuales de entonces. <<

[38] Según afirmación, por ejemplo, del periodista socialista Luis Araquistain, miembro de la comisión, en El Sol, 8 de diciembre de 1931. <<

[39] Véase Ma. P. Villabona, «La Constitución mexicana de 1917 y la española de 1931», Revista de Estudios Políticos (mencionada en lo sucesivo como REP) 31-32, enero-abril de 1983, 199-208. <<

[40] Aunque era relativamente moderado, Jiménez de Asúa hablaba favorablemente de la Unión Soviética y trataba de establecer una distinción entre el Terror Rojo de 1918-1921 y lo que prefería mencionar como el «régimen jurídico» soviético, como si este último hubiese sustituido al primero. Libertad (Madrid), 27 de mayo de 1931. <<

[41] Sobre el desarrollo y aplicación de este concepto véase F. Tomás y Valiente, «El “Estado integral”: Nacimiento y virtualidad de una fórmula poco estudiada», en J. L. García Delgado (edición a cargo de), La II República española: El primer bienio, Madrid, 1987, 379-395. <<

[42] Citado en Arrarás, Segunda República, 1, 148-149. <<

[43] Citado en Arrarás, Segunda República, 1, 156. <<

[44] Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, 15 de octubre de 1931, 1666-1672. De no indicarse lo contrario, las citas de discursos parlamentarios aparecidas en este capítulo y los siguientes están tomadas de la misma fuente y no se hará referencia a ellas. <<

[45] El estudio más completo del debate sobre el artículo 26 es el de Fernando de Meer, La cuestión religiosa en las Cortes de la Segunda República, Pamplona, 1975. Véanse también V. M. Arbeloa, La semana trágica de la Iglesia en España (octubre de 1931), Barcelona, 1976; Cesare Marongiu Buonaiuti, Spagna 1931: La Seconda República e la Chiesa, Roma, 1976; y F. Astarloa Villena, Región y religión en las Constituyentes de 1931, Valencia, 1976. <<

[46] Véase Joaquín Tomás Villarroya, «Presidente de la República y Gobierno: Sus relaciones», REP 31-32, enero-abril de 1983, 71-99. <<

[47] Gil Pecharromán calcula que en los sesenta y tres meses de República en tiempo de paz hubo dieciocho gabinetes distintos, de una duración media de unos tres meses y medio. Entre ellos, sólo dos cayeron a causa de votaciones parlamentarias adversas, tres lo hicieron al retirárseles la confianza del presidente, tres más como resultado de las elecciones de Parlamentos nuevos y un nuevo presidente, y nueve debido a desacuerdo interno. Gil Pecharromán, Segunda República, 78. La última cifra es un síntoma de la extrema fragmentación que se produjo enseguida. <<

[48] M. Bassols, La jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, Madrid, 1981. <<

[49] El principal estudio contemporáneo fue el de Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española (9 de diciembre de 1931): Antecedentes, texto, comentarios, Madrid, 1932. La parte publicada del Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes, 1931-1933, Madrid, 1933, comprende 25 volúmenes, mientras que la Crónica de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, Madrid, 1931-1934, preparada por Arturo Mori, se compone de doce volúmenes. Se puede encontrar un tratamiento detallado de los debates en Fernando de Meer, La Constitución de la II República, Pamplona, 1978. Luis Jiménez de Asúa publicó después La constitución política de la democracia española, Santiago de Chile, 1942; así como sus desenfadadas Anécdotas de las Constituyentes, Buenos Aires, 1942. La terminología y vocabulario de las Cortes Constituyentes y la política republicana en general aparecen en J. F. García Santos, Léxico y política de la Segunda República, Salamanca, 1980, y M. A. Rebollo Torio, Vocabulario político, republicano y franquista (1931-1971), Valencia, 1978. Alfonso García Valdecasas presenta un resumen breve en «La elaboración del texto constitucional», REP 31-32, enero-abril de 1983, 57-70, y M. García Canales nos presenta una extensa bibliografía en «La Constitución española y su aplicación (Bibliografía comentada)», en REP 31-32, enero-abril de 1983, 209-264. Luis de Sirval (seudónimo), Huellas de las Constituyentes, Madrid, 1933, brinda un enfoque anecdótico obra de un periodista del momento. En cuanto a comparaciones con Constituciones españolas anteriores, véanse F. Fernández Segado, Las Constituciones históricas españolas, Madrid, 1981, y J. F. Merino Merchán, Regímenes históricos españoles, Madrid, 1988. <<

[50] La crítica más detallada fue publicada por Alcalá Zamora tras su destitución como presidente bajo el título: Los defectos de la Constitución de 1931, Madrid, 1936. <<

[51] Aquel día escribió en Crisol: «Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron en el advenimiento de la República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: ¡No es esto, no es esto! La República es una cosa. El “radicalismo” es otra». <<

[52] Luz, Madrid, 16 de julio de 1932. <<

[53] Publicada inmediatamente como el opúsculo Rectificación de la República, Madrid, 1931. <<

[54] Salvador de Madariaga, Españoles de mi tiempo, Barcelona, 1974, 293. <<

[55] Las primeras biografías de Azaña fueron obra de Frank Sedwick, The Tragedy of Manuel Azaña and the Fate of the Spanish Republic, Columbus, Ohio, 1963, y Emiliano Aguado, Don Manuel Azaña Díaz, Barcelona, 1972, pero el estudio político más completo es el de Santos Juliá, Manuel Azaña, una biografía política, Madrid, 1990. Retrato de un desconocido, por Cipriano de Rivas Cherif, Barcelona, 1980, es un retrato entrañable obra de su cuñado y la mejor fuente en cuanto a detalles íntimos. J. M. Marco, La inteligencia republicana, Manuel Azaña, 1897-1930, Madrid, 1988, es bueno sobre sus primeros años. José Montero, El drama de la verdad en Manuel Azaña, Sevilla, 1979, estudia su vida intelectual, y Manuel Muela, Azaña, estadista, Madrid, 1983, sus objetivos y proyectos políticos. Son importantes también los prólogos de Juan Manchal a los cuatro volúmenes de las Obras completas de Azaña, México, D. F., 1965-1968, y el libro de Marichal La vocación de Manuel Azaña, Madrid, 1968. La colección Azaña, Madrid, 1980, y Los que le llamábamos Don Manuel, de Josefina Carabias, Madrid, 1980, son obras publicadas por admiradores suyos, aunque a veces no carecen de crítica. Se pueden encontrar otros estudios de este tema en cinco libros recientes, L. Arias, Azaña o el sueño de la razón, Madrid, 1990; J. M. Marco, Azaña, Madrid, 1990; Jesús Ferrer Solá, Azaña: Una pasión intelectual, Barcelona, 1991; J. Peña González, Manuel Azaña: El hombre, el intelectual y el político, Madrid, 1991; y Ministerio de Justicia, Azaña, jurista, Madrid, 1990; así como en Carlos Rojas, Dos presidentes: Azaña/Companys, Barcelona, 1977; dos libros de Víctor Alba, Los sepultureros de la República, Barcelona, 1977 y Los conservadores en España, Barcelona, 1981; y tres artículos en Historia contemporánea, vol. 1, 1988. <<

[56] Maura, Así cayó, 223-225. <<

[57] Del prólogo de Manuel Fraga Iribarne a Rojas, Dos presidentes. <<

[58] Marichal, Vocación, 133-134, 141-143. <<

[59] Citado en Alba, Conservadores, 253. <<

[60] Maura, Así cayó, 229. <<

[61] Ibíd., 230. <<

[62] Martínez de Anido, al igual que otros personajes destacados, permaneció a salvo en el exilio. Sobre todo, este proceso, véase Carolyn P. Boyd, «“Responsabilidades” and the Second Republic, 1931-1936», en M. Blinkhorn (edición a cargo de), Spain in Conflict 1931-1939, Londres, 1986, 14-35. <<

[63] Las principales piezas oratorias públicas de Alcalá Zamora pronunciadas durante el período republicano aparecen coleccionadas en sus Discursos, Madrid, 1979. <<

[64] Su correligionario Miguel Maura había seguido un sendero aparte, formando su propio y minúsculo Partido Republicano Conservador, con el que coqueteó fugazmente Ortega y Gasset. <<

[65] Analiza este punto más a fondo Juan Avilés Farré, La izquierda burguesa en la Segunda República, Madrid, 1985, 118-121. <<

[66] Obras completas, 4:93. <<

[67] Ibíd., 4, 185. <<

[68] Véase Gerhard Jasper, Der Schutz der Republik: Studien zur staatlichen Sicherung der Demokratie in der Weimarer Republik, 1922-1930, Tubinga, 1963. <<

[69] El Sol, 21 de octubre de 1931. <<

[70] El mejor análisis está en Ballbé, Orden público, 323-335. <<

[71] Vidarte, Cortes Constituyentes, 293. <<

[72] Obras completas, 2:871-872. <<

[73] Estos incidentes aparecen detallados en Macarro, Utopía, 174-195. <<

[74] Esta frase aparece en Gabriel Jackson, The Spanish Republic and the Civil War 1931-1939, Princeton, 1965,70. Las noticias aparecidas en la prensa madrileña fueron un tanto contradictorias. Luis Jiménez de Asúa y otros, Castilblanco, Madrid, 1933, presentan la versión socialista de aquellos sucesos.

Parecen justificadas las anotaciones de Azaña en su diario, comentando la «horrible barbarie» de Castilblanco: «La guardia civil ha sido siempre dura, y lo que es peor, irresponsable. “Con un papel, paga”, dice el pueblo, refiriéndose a su impunidad. La guardia civil ha servido mucho y bien a la antigua política y sus caciques la emplearon en asuntos electorales, y en cuestiones sociales, aumentaron no sólo su número, sino la frecuencia y la amplitud de sus intervenciones. En los pueblos pequeños, el jefe del puesto es un reyezuelo. Y las vejaciones personales son incontables. Todo esto siembra el odio.

Hay socialistas que no son enemigos de la guardia civil, por ejemplo, Besteiro, que hace tiempo me dijo: “Es una máquina admirable. No hay que suprimirla, sino hacer que funcione en favor nuestro”». Obras completas, 4, 294. <<

[75] Los informes de la prensa a raíz del incidente varían respecto al número de víctimas. <<

[76] Existen breves descripciones del levantamiento en Kern, Red Years, 107-109, y en Arrarás, Segunda República, 1, 255-259. <<

[77] Obras completas, 2, 139-144. <<

[78] Obras completas, 2, 167-171. El 19 de febrero, catorce periódicos madrileños formaron una «Liga Defensora de la Prensa» para protegerse contra el Gobierno. El autor derechista Domingo de Arrese, en su obra Bajo la Ley de Defensa de la República, Madrid, 1933, 9-14, presentó una lista de los periódicos multados o suspendidos entre 1931 y 1933. <<

[79] Obras completas, 2, 191-200. <<

[80] El demócrata cristiano Ángel Ossorio y Gallardo (que se alinearía del lado republicano durante la Guerra Civil) publicó un atinadísimo comentario de lo que calificó como «el inquietante caso de Azaña»:

«Hoy no es el señor Azaña un cultivador del poder personal. Vive en contacto con el Parlamento… Huye de lo espectacular y rimbombante, tan característico de todos los dictadores, discute llanamente, de vez en cuando se deja convencer. Su preocupación de la eficacia del mando le hace unas veces olvidar la ley y otras quebrantar su propia ley. Si O’Donnell no hubiera dicho aquello de no morir de empacho de legalidad, Azaña lo habría inventado. El honesto desenfado con que procrea leyes legítimas, mas no jurídicas; la rapidez con que pide y logra del Parlamento facultades para erigir su criterio o el de sus colaboradores en normas obligatorias; el desdén que no disimula hacia los modos de derecho, hacen del Jefe del Gobierno algo más respetable y peligroso que un dictador: el doctrinario de la arbitrariedad… España lo necesita hoy, y según las trazas, lo necesitará mucho tiempo. Mas por lo mismo que sus cualidades son tan excelentes, hácese en él archidañosa la tendencia al poder abusivo, porque no lo impone airadamente, sino que convence a las gentes de su conveniencia. Cuando alguien le interpela sobre la injusticia de una determinación, se contenta con responder: el Estado la necesitaba. Y aplauden la subversiva, la anárquica tesis, todos los que ayer clamaban por la vindicación de la libertad, y hasta hay quien dice: “Yo no odiaba la dictadura, sino al dictador”. ¡Pues eso es la simiente fascista! Su evolución aparece luego fatal, irreprimible. El Estado se halla por encima del derecho individual, porque la nación es el Estado. Pronto seguirá el ciclo abominable. El Estado es el Gobierno, el Gobierno es un partido. El partido es su jefe, Luis XIV se paseará entre nosotros sin plumas, encajes ni espadín, sino tocado de un flexible gesto de campechano. Es así de arriesgada la política de don Manuel Azaña. Hoy la traza él; mañana será su prisionero». Luz, Madrid, 5 de marzo de 1932. <<

[81] Véase este análisis en Tuñón de Lara, Luchas obreras. 245-246. <<

[82] Hasta el punto de que el especialista francés en la materia, Guy Hermet, cree que el extremismo de los anarcosindicalistas, combinado con su capacidad de generar el seguimiento de masas, constituyó el principal obstáculo a la consolidación de la democracia liberal en España. Hermet, L’Espagne au XXme siècle, París, 1983. <<

[1] Frances Lannon, Privilege, Persecution and Prophecy: The Catholic Church in Spain 1875-1975, Oxford, 1987, 182. <<

[2] Según Joaquín Arrarás, la Compañía de Jesús en 1932 tenía 3630 miembros españoles, 2987 de los cuales vivían en España. Lo hacían en 40 residencias oficiales y dirigían 8 universidades y centros superiores, 21 colegios de enseñanza secundaria, 3 «colegios máximos», 6 noviciados, 2 observatorios astronómicos, y un total de 163 escuelas primarias y profesionales, al tiempo que dirigían 481 asociaciones piadosas y enviaban muchos misioneros al extranjero. En sus colegios de enseñanza secundaria (en general muy acreditados y elitistas) estudiaban un total de 6798 estudiantes, y una leprosería administrada por ellos atendía a 635 pacientes. Los cálculos del patrimonio de los jesuitas en España andaban por los 200 millones de pesetas (más de 20 millones de dólares), y sólo fue confiscada una parte del mismo. Ya desde la ofensiva del Partido Liberal en 1910 los jesuitas habían traspasado sistemáticamente la titularidad de muchas de sus propiedades. J. Arrarás, Historia de la Segunda República española, Madrid, 1956-1963, 1, I, 281. <<

[3] Niceto Alcalá Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931, Madrid, 1936, 93. <<

[4] Citado en Arrarás, Segunda República, 2:123. <<

[5] El Arxiu Vidal i Barraquer, 6 volúmenes, Montserrat, 1976, publicado por M. Batllori y V. M. Arbeloa, proporciona un acervo de material vital sobre la obra del cardenal y sobre las principales personalidades y problemas relacionadas con las relaciones Iglesia/Estado. <<

[6] El estudio más completo en un volumen sobre el conflicto habido entre la Iglesia y la República se halla probablemente en José M. Sánchez, Reform and Reaction, Chapel Hill, 1964. Además de las referencias citadas en el capítulo anterior, véanse C. Marongiu Buonaiuti, «La Santa Sede e la República Spagnola dopo la Constituzione (9 diciembre 1931-19 novembre 1933)», Storia e Política 23:4, 1984, 600-644, y los estudios hechos por Manuel Ramírez Jiménez en sus obras Los grupos de presión en la Segunda República española, Madrid, 1969, 193-262, y Las reformas de la II República, Madrid, 1977, 9-42. Revisa la bibliografía sobre este tema E. García de Cortázar, «La Iglesia imposible de la Segunda República (Comentario bibliográfico)», REP 31-32, enero-abril de 1983, 295-311.

Entre las obras escritas en la época, la política del gobierno aparece expuesta por Álvaro de Albornoz, La política religiosa de la República, Madrid, 1935, al tiempo que el sacerdote vasco Antonio de Pildain, uno de los pocos miembros del clero dentro de las Cortes Constituyentes y uno de los elocuentes defensores de la Iglesia, publicó una colección de sus discursos, En defensa de la Iglesia y la libertad de enseñanza, Madrid, 1935. Alfred Mendizábal, Aux origines d’une tragédie, París, 1937, presenta el punto de vista de uno de los poquísimos católicos liberales de entonces, mientras que E. Allison Peers, Spain, the Church and the Orders, Londres, 1945, es un prominente hispanista británico que rompe lanzas a favor de la Iglesia. <<

[7] Véanse Barry R. Bergen, «Molding Citizens: Ideology, Class and Primary Education in Nineteenth-Century France», tesis doctoral, Universidad de Pensilvania, 1987, y algunas obras francesas más antiguas como Mona Ozouf, L’École, l’Église et la Repúblique, 1871-1914, París, 1982, y Pierre Chevalier, La separation de l’Église et de l’école: Jules Ferry et Léon XIII, París, 1981. <<

[8] Para más datos, véase Encamación González, Sociedad y educación en la España de Alfonso XIII, Madrid, 1988. <<

[9] La controversia sobre la enseñanza secundaria en lo tocante a este punto se estudia en E. Díaz de la Guardia Bueno, Evolución y desarrollo de la Enseñanza Media en España, 1875-1930, Madrid, 1988. <<

[10] Datos sacados en su mayoría de un trabajo no publicado de David V. Holtby, «Education during the Second Republic: Toward a Reconsideration», con permiso de su autor. <<

[11] Mariano Pérez Galán, La enseñanza en la Segunda República española, Madrid, 1975, 49-50, 339-340. <<

[12] Presentaron la posición católica Teodoro Martínez, Hacia una España comunista: La escuela única, Valladolid, 1931, y de manera más convincente, Enrique Herrera Oria, Educación de una España nueva, Madrid, 1934. <<

[13] Gaceta de la República, 29 de febrero de 1936. <<

[14] Véanse también los datos que aparecen en los capítulos 7 y 8 de Mercedes Samaniego Boneu, La política educativa de la Segunda República durante el bienio azañista, Madrid, 1977. <<

[15] Existen actualmente una serie de estudios hechos sobre la reforma y expansión de la enseñanza durante la República; tal vez el mejor sea el de Pérez Galán, Enseñanza en la Segunda República. Están además, aparte de Samaniego Boneu, Política educativa, otros como Antonio Molero Pintado, La reforma educativa de la Segunda República española, Madrid, 1977; la colección La revolución laica, Valencia, 1983; David V. Holtby, «Society and Primary Schools in Spain, 1898-1936», (tesis doctoral, Universidad de Nuevo México, 1978); Manuel de Puelles Benítez, Educación e ideología en la España contemporánea (1767-1975), Barcelona, 1980, 316-341; y Carlos Alba Tercedor, «La educación en la II República», en M. Ramírez Jiménez (edición a cargo de), Estudios sobre la II República española, Madrid, 1975, 49-85. Hay también estudios de carácter regional, como el de E. Cortada Andrev, Escuela mixta y coeducación en Cataluña durante la II República, Madrid, 1988, y X. Cid Fernández, Educación e ideología en Ourense na IIa República, Santiago de Compostela, 1989. Los abanderados republicanos de la reforma educativa presentaron su posición en la obra de Marcelino Domingo, La escuela en la República, Madrid, 1932, y en la de Rodolfo Llopis, La revolución en la escuela, Madrid, 1933. <<

[16] Según Julián Marías, «La vida intelectual durante la República/2», El País (Madrid), 10 de agosto de 1981. <<

[17] Patronato de misiones pedagógicas, Madrid, 1934-1935, 2 vols., y Francisco Caudet, «Las misiones pedagógicas, 1931-1935», Cuadernos hispanoamericanos 453, 1988, 93-108. <<

[18] Eduardo Huertas Vázquez, La política cultural de la Segunda República española, Madrid, 1988, pasa revista a los principales programas culturales de la República, y G. Santonja, La República de los libros: El nuevo libro popular, Barcelona, 1989, estudia la expansión de la publicación. Ian Gibson, Federico García Lorca, Nueva York, 1989, 319-345, 407-412, describe la experiencia del grupo teatral «La Barraca» encabezado por el malogrado poeta. <<

[19] Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la Guerra Civil, Madrid, 1983, 139. <<

[20] El estudio más completo es el de Michael Alpert, La reforma militar de Azaña (1931-1933), Madrid, 1982, que revela que se retiraron 7613 jefes y oficiales de un total de 20 576, o sea un porcentaje del 36,9 (pág. 156). Se retiraron también al parecer más de mil sargentos (incluidos también en aquellas disposiciones). <<

[21] Azaña empezó por restablecer sencillamente el «servicio» aéreo, nombrando director general de Aviación al comandante Ramón Franco, hermano menor del general y héroe del aire republicano. Sin embargo, la continua radicalización política del brillante aviador y su posible conexión con una de las primeras rebeliones anarquistas (junio de 1931) movió a Azaña a sustituirlo y a reorganizar aquel servicio como un cuerpo aparte. <<

[22] El texto entero rezaba así:

«Mientras queden en los pueblos o en las capitales confabulaciones personales, económicas, bancadas o territoriales de las gentes que, durante más de un siglo han venido monopolizando el esquilmo de la nación; mientras eso no quede triturado, y disuelto por la acción gubernamental de los partidos, no podemos tener la seguridad de que un día no nos han de dar una sorpresa. Dicho en una palabra: bien destruyendo la organización municipal o apoderándose del Gobierno por algún medio ilícito y corrompido. Eso hay que triturarlo, hay que deshacerlo; y hay que deshacerlo desde el Gobierno.

Yo os aseguro que, si alguna vez tengo participación en ese género de asuntos, he de triturar, he de arrancar esta organización con la misma energía, con la misma resolución, sin perder la serenidad, que he puesto en deshacer otras cosas no menos amenazadoras para la República». (Ovación). El Pueblo (Valencia), 9 de junio de 1931, citado en Eduardo Espín, Azaña en el poder: El partido de Acción Republicana, Madrid, 1980, 330. <<

[23] El estudio principal es el de Alpert, Reforma militar de Azaña, mientras que la descripción más detallada referente a los militares durante la República es la de Mariano Aguilar Olivencia, El ejército español durante la Segunda República, Madrid, 1986. Además de El poder militar, de Cardona, Carolyn Boyd nos proporciona un análisis excelente y conciso en su capítulo «Las reformas militares», en L. Suárez Hernández, (edición a cargo de), Historia General de España y América, Madrid, 1986, vol. 17, 141-173. F. Bravo Morata, La República y el Ejército, Madrid, 1978, carece de objetividad, pero la colección Les Armées espagnoles et françaises: Modernisation et reforme entre les deux Guerres Mondiales, Madrid, 1989, vale la pena.

Entre los principales estudios de la época, que varían considerablemente de acuerdo con la perspectiva del autor, se hallan N. Cebreiros, Las reformas militares, Santander, 1931; J. García-Benítez, Estudios de política militar contemporánea de España, Madrid, 1931; Eduardo Benzo, Al servicio del ejército, Madrid, 1931; Tomás Peire, Una política militar expuesta ante las Cortes Constituyentes, Madrid, 1933; y Guillermo Cabanellas, Militarismo y militaradas, Madrid, 1933; así como la obra de Ramón Franco, Decíamos ayer, Barcelona, 1932 y las observaciones del general Emilio Mola Vidal en sus Obras completas, Valladolid, 1940. Las motivaciones y actitudes de Azaña se reflejan en sus discursos y en su diario, en los volúmenes segundo y cuarto de sus Obras completas, México, D. F., 1965-1968. <<

[24] Decenios después, el general de aviación e historiador militar Ramón Salas Larrazábal, expresó una opinión generalizada:

Azaña cometió, con contumacia inconcebible, el grave error del uso, y aun abuso, de la frase hiriente y mordaz, y el autobombo excesivo en discursos, declaraciones y conversaciones; de manera muy especial, en sus largos preámbulos a los decretos reformadores en los que con mucha frecuencia acusaba a tirios y troyanos de todos los males que él venía a reparar, y anunciaba a bombo y platillo consecuencias inmediatas de sus medidas, que no sólo no se produjeron, sino que en ocasiones fueron causa de efectos totalmente contrarios a lo previsto por el legislador…

Las medidas, en términos generales, eran bienintencionadas y muchas de ellas acertadas, pero seguían maleadas por el prejuicio, tan poco justificado a la sazón, de ver en el ejército un enemigo nato de la República al que había que humillar. [Historia del Ejército Popular de la República, Madrid, 1973, vol. 1, 22-23].

El coronel Segismundo Casado, último jefe militar del Madrid republicano durante la Guerra Civil, se lamentaba todavía más tarde:

«Si el señor Azaña hubiera guardado al ejército la consideración debida, no solamente por su excelsa misión, sino también por haber acatado lealmente la República, es indudable que esas mejoras hubieran merecido la aquiescencia de la mayoría de la oficialidad. Pero, desgraciadamente, el señor Azaña no era un hombre equilibrado, pues padecía un complejo de inferioridad civil, que se reflejaba en el odio y el desprecio incontenibles que sentía por el hombre militar. Este complejo fue perfectamente comprobado durante su larga actuación política». [Pueblo, 7 de octubre de 1986, en Aguilar Olivencia, El Ejército, 235]. <<

[25] Manuel Burgos y Mazo, La Dictadura y los constitucionalistas, Madrid, 1935, 4:195, y Antología histórica, Valencia, 1944, 157-164. <<

[26] La versión, muy precavida, de Lerroux a este respecto, aparece en La pequeña historia, Madrid, 1963, 144-145. <<

[27] Azaña, Obras completas, 4, 399. <<

[28] Manuel Goded, Un faccioso cien por cien, Zaragoza, 1939, 18. <<

[29] La explicación de Azaña de este incidente aparece en su diario (Obras completas, 4, 413-418) y en su discurso en la Cámara al día siguiente. <<

[30] Emilio Esteban Infantes, La sublevación del general Sanjurjo, Madrid, 1933, 31. <<

[31] Durante el año siguiente, las fotos, ampliamente difundidas, de Sanjurjo y varios militares compañeros suyos vestidos de presidiarios entre otros delincuentes comunes, llenaron de indignación a muchísimos otros militares que no se habían implicado en aquella rebelión. <<

[32] En Segunda República, de Arrarás, 1:419-484, aparece un relato detallado y exacto en términos generales de la sanjurjada. Enseguida surgieron numerosas publicaciones, obra en gran parte de los apologistas del general. Están entre ellas, además de las memorias de su ayudante, Esteban Infantes, General Sanjurjo, obras del tipo de R. Gómez Fernández, «El 52»: de general a presidiario, Madrid, 1932; Andrés Coll, Memorias de un deportado, Madrid, 1933; A. Cano y Sánchez Pastor, Cautivos en las arenas, Madrid, 1933; Luciano de Taxonera, 10 de agosto de 1932, Madrid, 1933; y otra ulterior, Sanjurjo, Madrid, 1943, de C. González Ruano y E. R. Tarduchy. Se puede sacar algo en limpio sobre el papel desempeñado por Barrera en la obra de Julio Milego, El general Barrera, Madrid, 1935. <<

[33] Hay un excelente estudio de Isidre Molas, Lliga Catalana, Barcelona, 1972, 2 vols. El político más prominente de la Lliga, Francesc Cambó, fue también una figura de máxima categoría de la política española. Existen dos biografías cortas: M. García Venero, Vida de Cambó, Barcelona, 1952, e Ignacio Buqueras, Cambó, Barcelona, 1987, pero la obra principal al respecto es el magistral Cambó de Jesús Pabón, Barcelona, 1969; tal vez se trata de la única biografía independiente de una figura del siglo XX en España. Como obra póstuma se han publicado Las Memorias (1876-1936), Barcelona, 1987, de Cambó. Bernat Muniesa, Burguesía catalana ante la República española (1931-1936), 2 vols., es un relato sumamente crítico del conservadurismo catalán durante la República. <<

[34] Aquellos ayuntamientos estaban compuestos o bien por representantes de la Esquerra elegidos el 12 de abril o por comisiones gestoras de la misma nombradas por el gobierno republicano. De ese modo consiguió la Esquerra dos tercios de los escaños de la primera legislatura catalana mediante un proceso boicoteado por la Lliga como también por los republicanos federalistas y la Derecha Republicana de Alcalá Zamora. También apuntaron hacia la oposición los intereses locales rurales, que temían el dominio de Barcelona. Se editaron entonces varias relaciones: Antoni Rovira i Virgili, Catalunya y la República, Barcelona, 1931; F. de Solá Cañizares, El moviment revolucionari a Catalunya, Barcelona, 1932; y Lliga Catalana, Historia d’una política 1901-1933, Barcelona, 1933. <<

[35] Citado en Shlomo Ben-Ami, The Origins of the Second Republic in Spain, Oxford, 1978, 295. <<

[36] Isidre Molas, El sistema de partidos políticos en Cataluña, 1931-1936, Barcelona, 1974, proporciona un buen vistazo general del sistema político catalán durante la República. <<

[37] La versión de Aguirre aparece en su Entre la libertad y la revolución, 1930-1935, Bilbao, 1935, 152-153. La de Ramón Sierra, Euzkadi, Madrid, 1941, 128-131, es un tanto tendenciosa. <<

[38] El estudio básico es el de Ricardo Miralles Palencia, El socialismo vasco durante la II República, Bilbao, 1988. <<

[39] Albert Balcells, «Anarquistas y socialistas ante la autonomía catalana, 1930-1936», en M. Tuñón de Lara (edición a cargo de), La crisis del Estado español 1898-1936, Madrid, 1978, 81-108, proporciona un excelente panorama del problema. <<

[40] Roger Arnau, Marxisme catalá i qüestió nacional catalana, 1930-1936, París, 1974, 2 vols., es una colección de textos básicos. Véanse también Andreu Nin, Els moviments d’emancipació nacional, Barcelona, 1935, y su obra La cuestión nacional en el Estado español, Barcelona, 1979, colección póstuma de documentos y escritos suyos. <<

[41] Euzkadi (Bilbao), 16 de octubre de 1931. Los discursos aparecen compilados y expuestos por entero o resumidos en Domingo de Arrese, El País Vasco y las Constituyentes de la Segunda República, Madrid, 1931. <<

[42] El Pensamiento Navarro, Pamplona, 19-22 de enero de 1932, citado en Martin Blinkhorn, Carlism and Crisis in Spain 1931-1939, Cambridge, 1975, 77. <<

[43] Aparece un extenso análisis de este tema en Aguirre, Entre la libertad, 196-217. <<

[44] Euzkadi (Bilbao), 21 de junio de 1932. J. M. Jimeno Jurío, Navarra jamás dijo no al Estatuto Vasco, Pamplona, 1977, sostiene que aquella votación no representó en realidad a la mayoría de los navarros. El creciente conflicto resultante entre los nacionalistas vascos y otros elementos católicos aparece tratado en J. M. Goñi Galárraga, La Guerra Civil en el País Vasco: Una guerra entre católicos, Vitoria, 1989, 37-114. <<

[45] Blinkhorn, Carlism and Crisis, estudia la fuerza política dominante de Navarra. Nos brinda un vistazo del problema su escrito «War on Two Fronts: Politics and Society in Navarre, 1931-1936», en P. Preston (edición a cargo de), Revolution and War in Spain 1931-1939, Londres, 1984, 59-84. Ha crecido considerablemente en años recientes la bibliografía existente sobre las minorías liberal e izquierdista en Navarra: J. J. Virto Ibáñez, Partidos republicanos de Navarra, Pamplona, 1986 y «La Navarra que fue a la guerra», Historia 16, febrero de 1989, 11-20; A. García Sanz, Republicanos navarros, Pamplona, 1985; y dos libros de E. Majuelo Gil, La II República en Navarra, Pamplona, 1986 y Luchas de clases en Navarra (1931-1936), Pamplona, 1989. <<

[46] Santiago de Pablo, El nacionalismo vasco en Álava (1907-1936), Bilbao, 1988. <<

[47] El estudio fundamental del nacionalismo vasco durante este período es obra de J. L. de la Granja, Nacionalismo y II República en el País Vasco, Madrid, 1986, mientras que J. P. Fusi Aizpurúa, El problema vasco en la II República, Madrid, 1979, ofrece el análisis más incisivo. Referente a la neurálgica provincia de Vizcaya, véase J. J. Díaz Freire, Expectativas y frustraciones en la Segunda República, Vizcaya, 1931-1933, Bilbao, 1990. <<

[48] El debate sobre el estatuto y su estructura aparece tratado en J. M. Roig i Rosich, L’Estatut de Catalunya a les Corts Constituents, 1932, Barcelona, 1978 y Manuel Gerpe Landín, L’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’Estat integral, Barcelona, 1977.

Respecto a las dimensiones autonómicas básicas de Cataluña y otras regiones, véase Adolfo Hernández Lafuente, Autonomía e integración en la Segunda República española, Madrid, 1980 y su artículo «En torno a la bibliografía sobre la cuestión autonómica en la Segunda República española», REP, 31-32, enero-abril de 1983, 279-286, así como Santiago Varela, El problema regional en la Segunda República española, Madrid, 1976. Los nacionalismos en la España de la II República, Madrid, 1991, publicado bajo la dirección de J. Beramendi y R. Maíz, contiene valiosos artículos sobre los distintos movimientos de aquellos años. Se puede hallar una perspectiva soviética preglásnost en L. V. Ponomaryova, «Natsionalyi voprós v Ispanii i osvobodítelnoe dvizhéñe katalóntsev v 1931-1933 gg.», en el Institut Istorii Akadémiya Nauk SSSR, Iz istorii osvobodítelnoi borby ispánskogo naroda, Moscú, 1959, 55-122. <<

[49] Ismael E. Pitarch, Sociología dels polítics de la Generalitat (1931-1939), Barcelona, 1977, estudia la elite política catalana. <<

[50] José Arias Velasco, La Hacienda de la Generalidad, 1931-1938, Barcelona, 1977. J. Camps i Arboix, El parlament de Catalunya (1931-1932), Barcelona, 1976, proporciona un tratamiento más amplio de la legislatura catalana. <<

[51] X. Vilas Nogueira, «La primera fase del proceso estatutario gallego: Asamblea de La Coruña, del 4 de junio de 1931», Boletín de Ciencia Política, 11-12, abril de 1973, 185-204. <<

[52] Véase Alfonso Bozzo, Los partidos políticos y la autonomía en Galicia, 1931-1936, Madrid, 1976. Emilio González López, Memorias de un diputado de las Cortes de la República, La Coruña, 1989, presenta las de uno de los dos líderes fundamentales de la ORGA. Algunos de los documentos básicos aparecen en B. Cores Trasmonte (edición a cargo de), El Estatuto de Galicia, La Coruña, 1976. <<

[53] Alfons Cucó, El valencianismo político, 1874-1939, Barcelona, 1977, constituye el estudio principal. <<

[54] Véase J. A. Lacomba Avellán, Regionalismo y autonomía en la Andalucía contemporánea (1875-1936), Granada, 1988. <<

[55] Santos Juliá, «Francisco Largo Caballero y la lucha de tendencias en el socialismo español», Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (1983-1984), 857-885, lo califica de plan de «corporativismo obrero». <<

[56] Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Labor realizada desde la proclamación de la República hasta el 8 de septiembre de 1932, Madrid, sin fecha. <<

[57] Ibíd. <<

[58] Existe un breve estudio, obra de S. González Gómez y M. Redero San Juan, «La Ley de Contratos de Trabajo de 1931», en J. L. García Delgado (edición a cargo de), La II República española: el primer bienio, Madrid, 1987, 75-93. J. de Hinojosa Ferrer, El contrato de trabajo, Madrid, 1932, es un estudio de esa época, mientras que S. González Gómez, «Antecedentes históricos de la ley de trabajo de la II República», Studia Histórica, 1:4 1983, 89-103, analiza el trasfondo. <<

[59] A. Martín Valverde, «El proyecto de ley de intervención obrera de la Segunda República Española», en M. Alonso Olea y otros, Estudios de Derecho del Trabajo. En memoria del profesor Gaspar Bayón Chacón, Madrid, 1980, 279-293. Estudios Sociales y Económicos de la Asociación Patronal, El control obrero, Madrid, 1931, presentó el enfoque de los empresarios. <<

[60] El estudio básico es el de Mercedes Samaniego Boneu, La unificación de los seguros sociales a debate: La Segunda República, Madrid, 1988. <<

[61] Julio Aróstegui, «Largo Caballero, ministro de Trabajo», en J. L. García Delgado (edición a cargo de), La II República española: El primer bienio, 59-74, presenta un claro panorama del tema. A. Montoya Melgar, Ideología y lenguaje en las leyes laborales de la Segunda República, Murcia, 1983, estudia la doctrina y la terminología, mientras que A. Mazueco Jiménez, «La política social socialista durante el primer bienio republicano», Estudios de Historia Social 14, 1980, 135-155, presenta una crítica desde la izquierda. El Anuario Español de Política Social correspondiente a 1934 proporciona los textos de toda la legislación de la reforma social y económica. <<

[62] Gloria Núñez, Trabajadoras en la Segunda República, Madrid, 1989, presenta un gran acopio de datos sobre los problemas de las mujeres trabajadoras. <<

[63] Enrique Prieto Tejeiro, Agricultura y atraso en la España contemporánea, Madrid, 1988, 67. <<

[64] El estudio más detallado corresponde a David W. Beck, «Public Works in Spain, 1926-1933», tesis doctoral, Universidad de México, 1980. <<

[65] José Sánchez Jiménez, «Política y agrarismo durante la Segunda República», Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea 8, 1987, 211-233, analiza diferentes soluciones propuestas, que clasifica diversamente como técnicas, colectivistas, socialistas, católicas, monárquico-conservadoras y fascistas. <<

[66] Estos datos proceden de E. E. Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain, New Haven, 1970, 72, que sigue siendo el estudio fundamental de la reforma agraria republicana. <<

[67] G. García-Badell, «La distribución de la propiedad agrícola de España en las diferentes categorías de fincas», Revista de Estudios Agro-Sociales, 30, enero-marzo de 1960. <<

[68] Ibíd. <<

[69] Malefakis, Agrarian Reform, 98. Añade que «si se tiene en cuenta el trabajo diurno de la mujer, la proporción de la población agrícola formada por los trabajadores diurnos ascendería al 50,2 por ciento en el Sur de España frente al sólo 21,8 por ciento del resto de la nación». <<

[70] El informe hecho por encargo del Ministerio del Trabajo, La crisis agraria andaluza de 1930-1931, Madrid, 1931, fue sombrío en extremo. <<

[71] Malefakis, Agrarian Reform, 91. <<

[72] Ibíd., 166-179; Pascual Carrión, Los latifundios en España, Madrid, 1932, 420-434. <<

[73] Juan Díaz del Moral y José Ortega y Gasset, La reforma agraria y el Estatuto catalán, Madrid, 1932. <<

[74] Malefakis, Agrarian Reform, 179-185. <<

[75] Ibíd., 205-210. <<

[76] Ibíd., 210-218. <<

[77] Ibíd., 218-225. <<

[78] Los escasos esfuerzos hechos en cuanto a agricultura colectiva aparecen estudiados en Julián Casanova y otros, El sueño igualitario: Campesinos y colectivizaciones en la España republicana, 1931-1936, Zaragoza, 1989, y Luis Garrido González, Colectividades agrarias en Andalucía: Jaén (1931-1939), Madrid, 1979. <<

[79] Véanse, además del clásico estudio obra de Malefakis, Jacques Maurice, La reforma agraria en España en el siglo XX (1900-1936), Madrid, 1975; M. Tuñón de Lara, Tres claves de la Segunda República, Madrid, 1985, 21-92; y la corta revisión de Ramírez Jiménez, Los grupos de presión, 165-192. Alejandro López, El boicot de las derechas a las reformas de la II República: La minoría agraria, el rechazo constitucional y la cuestión de la tierra, Madrid, 1984, analiza la oposición derechista. <<

[80] Sobre el desarrollo de los derechos de la mujer en España, véanse Condesa Campo-Alonge, La mujer en España, Madrid, 1964 y M. A. Capmany, El feminismo ibérico, Barcelona, 1970, y sobre la legislación del divorcio, véase Ricardo Lezcano, El divorcio en la II República, Madrid, 1979. <<

[81] Francisca Rosique Navarro, La reforma agraria en Badajoz durante la II República, Badajoz, 1988, 225-228. <<

[82] Véase Sanford Elwitt, The Third Republic Defended: Bourgeois Reform in France: 1880-1914, Baton Rouge, 1986. <<

[1] Esta actitud incluyó a Luz, El Sol, y La Voz, aunque su apoyo sólo fue temporal y enseguida giraron hacia la oposición. Sobre la proliferación de la prensa partidista durante la República, véase el catálogo que aparece en Antonio Checa Godoy, Prensa y partidos políticos durante la II República, Salamanca, 1989. <<

[2] Juan Avilés Farré, La izquierda burguesa en la II República, Madrid, 1985, 159-165. <<

[3] Joaquín Arrarás, Historia de la Segunda República española, Madrid, 1956-1963, vol. 2, 53, observa que hasta el doctor Marañón, hombre liberal y normalmente muy equilibrado, en un prólogo a los Tópicos revolucionarios del diputado radical socialista Fernando Varela, apoyó el punto de vista de que la «juridicidad» podía convertirse ocasionalmente en «arbitrariedad» y aseguraba que «sin estas fugas oportunas y breves de la juridicidad habitual, el proceso se anularía». El diputado demócrata cristiano Ossorio y Gallardo se lamentaba, con bastante más juicio, de que semejante modo de pensar era peligroso y se hallaba extendido entre los republicanos que gobernaban, porque «eso es lo que han dicho y sentido, ¡con absoluta buena fe!». Ahora, 15 de noviembre de 1932. <<

[4] La minisublevación recibió una cobertura de prensa considerable. Aparecen relatos cortos y sintetizadores en John Brademas, Anarcosindicalismo y revolución en España, Madrid, 1974, 98-103, y en Robert W. Kern, Red Years, Black Years, Filadelfia, 1978, 115-118. <<

[5] Los hechos básicos fueron expuestos en el informe preliminar de la oposición a la Cámara el 23 de febrero y en el informe oficial de la comisión investigadora encargada del caso en el 10 de marzo. Manuel García Ceballos ha publicado una compilación de material en Casas Viejas: Un proceso que pertenece a la historia, Madrid, 1965, pero la reconstrucción más completa del suceso es la de Jerome Mintz, The Anarchists of Casas Viejas, Chicago, 1982. Entre otras obras, están Gerard Brey y Jacques Maurice, Historia y leyenda de Casas Viejas, Madrid, 1977 y Antonio Ramos Espejo, Después de Casas Viejas, Barcelona, 1984. <<

[6] La versión anarquista aparece presentada de lleno en Ramón Sender, Viaje a la aldea del crimen, Madrid, 1934. Federico Urales, España, 1933: La barbarie gubernamental, Barcelona, 1933, constituye una acusación general de la represión del Gobierno. <<

[7] J. Arrarás (edición a cargo de), Memorias íntimas de Azaña, Madrid, 1939, 15 de enero de 1933. <<

[8] El Sol, 23, 24 y 27 de mayo de 1934. Rojas fue excarcelado por los nacionales tras el comienzo de la Guerra Civil, y éstos le otorgaron un destino en el ejército. Participó en la brutal represión de Granada en 1936-1937 llegando a cosechar criticas incluso de sus camaradas nacionales, traducidas en un consejo de guerra con expulsión del ejército al terminar la Guerra Civil, según Ramón Salas Larrazábal citado en Mintz, Anarchists, 287, 307. <<

[9] Obras completas, México, D. F., 1965-1968, vol. 2, 635. <<

[10] Según El Sol, 25 de abril de 1933, y el Anuario Estadístico de 1934, y otras fuentes citadas por William J. Irwin en The 1933 Cortes Elections, Nueva York, 1991, 3. Unos resultados iniciales bastante diferentes aparecieron primero en El Sol y otros diarios antes de que se dispusiera de todos los datos y esos resultados de carácter bastante fragmentario son los que aparecen citados por una serie de historiadores al referirse a las elecciones. <<

[11] Citado en Emilio Salcedo, Vida de Don Miguel, Salamanca, 1964, 357. <<

[12] El Sol, 9 de octubre de 1933. J. Becarud y E. López Campillo examinan las actitudes y tendencias políticas de los intelectuales en aquellos meses en «Radicalización y vacilaciones de los intelectuales españoles en 1933-1934», en M. Tuñón de Lara (edición a cargo de), La crisis del Estado español 1898-1936, Madrid, 1978, 321-341. <<

[13] Había incluso llegado a animarlos a que ayudasen al gobierno a completar el programa legislativo en curso agotando de esa manera su mandato político y abriendo camino a una reestructuración de la coalición. Véanse las detalladas observaciones de Diego Martínez Barrio, de los radicales, que se encontró con Alcalá Zamora cinco veces durante ese tiempo, en sus Memorias (Barcelona, 1983), 176-178. <<

[14] Existe un sucinto análisis de esta ley en Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional 1812-1983, Madrid, 1983, 359-363. <<

[15] El Sol, 23 de octubre de 1932; El Socialista, 23 y 25 de octubre de 1932; Paul Preston, The Coming of the Spanish Civil War, Londres, 1978,77-78 (CSCW), y Amaro del Rosal, Historia de la UGT de España 19 011 939, Barcelona, 1977, vol. 1, 350-352. <<

[16] El Socialista, 12 de febrero de 1932. <<

[17] Sobre la estructura y afiliación del Partido Socialista, véase Manuel Contreras, El PSOE en la II República, Madrid, 1981, 61-206. Dos estudios de carácter regional son Ricardo Miralles, El socialismo vasco durante la II República, Bilbao, 1988, y J. M. Palomares Ibáñez, El socialismo en Castilla: Partido y sindicato durante el primer tercio del s. XX, Valladolid, 1988, y, referido a Valladolid: A. de Prado Moura, El movimiento obrero en Valladolid durante la II República (1931-1936), Valladolid, 1985. <<

[18] Boletín del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, abril, 1933, en Preston, CSCW, 71, 217. <<

[19] Adrian Shubert, The Road to Revolution in Spain: The Coal Miners of Asturias 1860-1934, Urbana y Chicago, 1987, 141-149. Debido al número de huelgas salvajes y al activismo de su minoritaria CNT, Asturias encabezó al país en cuanto al número de huelgas en proporción con la población obrera durante 1932-1933. <<

[20] Salamanca fue una de las distintas provincias de León y Castilla la Vieja en que había un número considerable de jornaleros sin tierras cuya militancia igualó en ocasiones a la de sus compañeros del Sur de España. Véase Carlos Hermida Revillas, Economía agraria y agitaciones campesinas en Castilla la Vieja y León: 1900-1936, Madrid, 1989, 216-270, en cuya obra dice sobre la huelga de Salamanca (pág. 250): «Los incidentes fueron muy numerosos, con manifestaciones, choques con la guardia civil, y bloqueo de carreteras y del servicio telefónico». <<

[21] El Socialista, 13 de octubre de 1932, citado en Contreras, El PSOE, 245. <<

[22] Según Avilés Farré, Izquierda Burguesa, 187, un total de 22 670 de los aproximadamente 35 000 acuerdos negociados por los jurados durante 1933 se consideraron como favorables para los trabajadores. Pero seguían pesando la significativa minoría ganada por los empresarios y los efectos del creciente desempleo. <<

[23] Véanse las citas de prensa que hace Preston en CSCW, 78. <<

[24] El Socialista, 25 de julio de 1933. <<

[25] Ibíd., 4 de julio de 1933. <<

[26] Estas dos citas proceden de Preston, CSCW, 85. <<

[27] El Socialista, 16 de agosto de 1933. Los principales discursos pronunciados entonces por Largo Caballero están reunidos en sus Discursos a los trabajadores, Madrid, 1934. <<

[28] Andrés de Blas Guerrero presenta una sucinta panorámica del proceso de radicalización del socialismo español en su obra El socialismo radical en la II República, Madrid, 1978. Podemos hallar un enfoque soviético clásico en S. P. Porhárskaya, «Táktika ispánskoi sotsialistícheskoi rabóchei pártii v piérvye gódy burzhuázno-demokraticheskoi revollútsii (1931-1933 gg.)», en Institut Istórii Akadémiya Nauk SSSR, Iz istórii osvobodítelnoi borby ispánskogo naróda, Moscú, 1959, 263-307. <<

[29] Existe un detallado estudio de Santos Juliá, Madrid 1931-1934: De la fiesta popular a la lucha de clases, Madrid, 1984, y un resumen en inglés en su «Economic crisis, social conflict and the Popular Front: Madrid, 1931-1936», en P. Preston (edición a cargo de), Revolution and War in Spain 1931-1939, Londres, 1984, 137-158. <<

[30] Los discursos y artículos principales de Gordón Ordás aparecen reunidos en su obra en dos volúmenes, Mi política en España, México, D. F., 1961-1962. <<

[31] Avilés Farré, en su Izquierda burguesa, 199-202, y Manuel Ramírez Jiménez, en Las Reformas de la II República, Madrid, 1977, 91-124, tratan la desintegración de los radical-socialistas. <<

[32] Ya el día de Navidad había escrito en su diario:

«Me extravía mi formación de artista y mi sensibilidad por lo histórico y temo que he transportado la acción política al ángulo invulnerable de los valores estéticos. Entre mi pensamiento y, más exactamente, mi actitud, mi disposición de ánimo y la realidad de mi país, hay una distancia que no se llena con toda mi popularidad y mi autoridad personal, comprobadas cotidianamente.

Otra vez la repulsión es tanta, que siento náuseas e impulsos de fuga… Con todo, la única moral en este sitio es sujetarse al trabajo por el futuro de España. ¡El futuro de España!… ¡Terrible secreto!». <<

[1] C. Martí, J. Nadal y J. Vicens Vives, «El moviment obrer a Espanya de 1929 a 1936 en relació amb la crisis económica», Serra d’Or, febrero de 1961. <<

[2] Los principales estudios de la depresión en España y su relación con la economía mundial son obra de Juan Hernández Andreu, Depresión económica en España 1925-1934, Madrid, 1980 y España y la crisis de 1929, Madrid, 1986. Véase también Leandro Benavides, Política económica en la II República española, Madrid, 1972, y, para tener más referencias, Francisco Comín, «Una guía bibliográfica para el estudio de la economía en la Segunda República», REP 31-32, enero-abril de 1983, 313-334. <<

[3] Estudian los aranceles industriales F. Pelecha Zozaya, El proteccionismo industrial en España (1914-1931), Barcelona, 1987, y P. Fraile Balbín, Industrialización y grupos de presión: la economía política de protección en España 1900-1950, Madrid, 1991. <<

[4] Marcelino Domingo, ministro entonces de Agricultura, da su propia versión en su obra La experiencia del poder, Madrid, 1934, 240-248. <<

[5] Sobre estos problemas iniciales, véanse Juan Ventosa y Clavell, La situación política y los problemas económicos de España, Barcelona, 1932, y Charles Lefaucheux, La peseta et l’économie espagnole depuis 1928, París, 1935. <<

[6] El Sol, 22 de abril de 1931. <<

[7] Según destaca Calvo Sotelo en su En defensa propia, Madrid, 1932, 64-65. <<

[8] Ramírez Jiménez, Las reformas de la II República, Madrid, 1977, 171-184; Benavides, Política económica, 122-123. La renta per cápita aquel año fue de 1075 pesetas. <<

[9] «Resúmenes estadísticos, 1931-1934», citado en Hernández Andreu, Depresión económica, 195, y en Benavides, Política económica, 122-142. <<

[10] Esto aparece brevemente resumido en Douglas W. Richmond, «The Politics of Spanish Financial and Economic Policies During the Second Republic, 1931-1933», The Historian 49:3, mayo de 1987:348-367. Brinda una historia detallada de la hacienda Francisco Comín Comín, Hacienda y economía en la España contemporánea, (1800-1936). Vol. 2, La Hacienda transicional (1875-1936), Madrid, 1988. <<

[11] Véase en especial Pablo Martín Aceña, La política monetaria en España, 1919-1935, Madrid, 1984. <<

[12] El «Keynes español» de aquella época fue Germán Bernácer, que ocupaba la cátedra de física y química de la Escuela de Comercio. Bernácer fue discípulo del excéntrico teórico estadounidense Henry George, que sostenía que la dolencia económica se debía a la monopolización de la propiedad de la tierra y se podía curar mediante la nacionalización de la misma. El primer libro de Bernácer, Sociedad y felicidad: Ensayo de mecánica social, 1916, fue largo y prolijo, e ignorado en términos generales. Fue más importante su artículo «La teoría de las disponibilidades como interpretación de las crisis económicas y del problema social», que publicó en la Revista Nacional de Economía en 1922, seguido de un empeño suyo en presentar una nueva teoría del interés y de los ciclos económicos en su segundo libro La teoría del interés (1925). Sostenía que la expansión económica podía deberse a una serie de factores, tales como una mayor inversión, el crecimiento del consumo o la expansión monetaria. Pero mientras la mayoría de los economistas prekeynesianos tendían a sostener que las crisis se debían, entre otras cosas, a tensiones existentes en el mercado crediticio, Bernácer sustentaba que se debían sencillamente a una reducción del consumo, debida ya sea a la inflación o al mucho ahorro. Más aún, negaba que existiesen ya mecanismos autocorrectores de ningún tipo capaces de limitar la duración de una depresión. Esa teoría de la «demanda efectiva», que ignoraba ampliamente el papel de la inversión, fue desarrollada por él ulteriormente en numerosos artículos publicados en la Revista Nacional de Economía y, a partir de 1933, en Economía Española. Como georgista que era, Bernácer sostenía que la renta de la tierra constituía la verdadera fuente del interés producido por el capital, por lo cual la propiedad pública de los recursos naturales era la clave de la economía, mientras que otros remedios usuales, como las obras públicas, la tasa de interés, etc., eran cosa secundaria y no resolverían básicamente el problema. Con el advenimiento de la República, Bernácer se convirtió en el jefe del servicio de estudios del Banco de España. Criticaría posteriormente tanto el New Deal estadounidense como los frentes populares español y francés por presentar elementos secundarios y no ir al meollo de los problemas económicos. Véase G. Ruiz, Germán Bernácer, un economista anticipativo (Madrid, 1984). <<

[13] J. M. Canales Aliende, La administración de la Segunda República: la organización central del Estado, Madrid, 1986. <<

[14] Francisco Comín, «La economía española en el período de entreguerras (1919-1935)», en J. Nadal, A. Carreras y C. Sudriá (edición a cargo de), La economía española en el siglo XX, Barcelona, 1987, 105-149. <<

[15] No existe ningún estudio de autoridad concerniente al monto de los aumentos de los salarios. Juan Avilés Farré, La izquierda burguesa en la II República, Madrid, 1985, 186, informa de que las Cámaras de Comercio publicaron unos datos en 1933 que indicaban que en los tres años anteriores (desde 1930) los salarios habían subido de un índice de 107 al 124, o sea alrededor del 16 por ciento, lo que concuerda con los cálculos de Albert Balcells, Crisis económica, 167. Mercedes Cabrera. La patronal ante la II República, Madrid, 1983, sugiere algo así como el «20 por ciento en términos reales», (pág. 132), lo que es probablemente demasiado alto. Sin embargo, Jordi Palafox, «La gran depresión de los años treinta y la crisis industrial española», Investigaciones económicas 11, 1980, 5-46, saca en conclusión que, en su conjunto, el aumento de los salarios reales fue algo más alto del 20 por ciento. Desde luego, según dice Malefakis, Agrarian Reform, las categorías individuales de los jornaleros campesinos se duplicaron temporalmente en algunas provincias. <<

[16] Comín, «La economía». <<

[17] Benavides, Política económica, 137. <<

[18] Ibíd., 256. <<

[19] Balcells, Crisis económica, 127. <<

[20] Según datos de diversas fuentes compilados por Benjamin Martin, The Agony of Modernization, Ithaca, 1990, 348-349. <<

[1] Como introducción general a la política exterior de la España moderna véase James W. Cortada (edición a cargo de), Spain in the Twentieth-Century World, Westport, Conn., 1980. <<

[2] Discurso pronunciado el 19 de abril de 1933 en Bilbao; el texto aparece en Manuel Azaña, Obras completas, México, D. F., 1966, 2, 689. <<

[3] Salvador de Madariaga, Bosquejo de Europa, México, D. F., 1951. <<

[4] La política exterior española en el primer bienio republicano aparece evaluada en Ismael Saz Campos, «La política exterior de la Segunda República en el primer bienio (1931-1933): Una valoración», Revista de Estudios Internacionales 6:4, 1985, 843-858. <<

[5] Véase C. Barcia Trelles, Francisco de Vitoria, fundador del Derecho internacional moderno, Madrid, 1928. <<

[6] Según admite Lerroux refiriéndose a su propio turno de servicio, «la política internacional fue el asunto menos importante». La pequeña historia, Madrid, 1963, 99. <<

[7] Madariaga expone estos principios en Spain: A Modern History, Nueva York, 1958, 464-465, y, con mayor extensión, en sus Memorias (1921-1936), Madrid, 1977. Véase también Carlos Fernández Santander, Madariaga, ciudadano del mundo, Madrid, 1991. <<

[8] Madariaga, Memorias, 290-317, 344-354. <<

[9] Madariaga había publicado anteriormente el libro Disarmament, Nueva York, 1928, sobre sus proposiciones. <<

[10] Véase el breve estudio de J. F. Pertierra, Las relaciones hispano-británicas durante la República española (1931-1936), Madrid, 1984. <<

[11] Estos problemas aparecen detallados por Douglas Little, Malevolent Neutrality: The United States, Great Britain, and the Origins of the Spanish Civil War, Ithaca, 1985. Pese a su inflado título, este estudio tiene poco o nada que ver con los «orígenes de la Guerra Civil», y se refiere principalmente a las relaciones económicas de Gran Bretaña y Estados Unidos con la República. Una importante manzana de la discordia fue la amenaza de nacionalizar la compañía telefónica subsidiaria de la ITT que se había constituido durante la dictadura. Proyectan algo más de luz sobre las relaciones estadounidenses las memorias del embajador de los Estados Unidos, el elegante historiador Claude G. Bowers, My Mission to Spain, Nueva York, 1954. <<

[12] M. A. Egido León, La concepción de la política exterior durante la II República (1931-1936), Madrid, 1987, 329-339. Este detallado estudio brinda la mejor relación escrita sobre las posturas y prácticas de política exterior durante la República. <<

[13] Véase el mismo en lo tocante al análisis de los objetivos de la extrema izquierda en materia de política exterior, 521-610. <<

[14] Véase el mismo en lo tocante al análisis de los problemas referentes a la formación de un federalismo panhispánico, 171-195, 296-299. <<

[15] Ismael Saz Campos, Mussolini contra la II República, Valencia, 1986. <<

[16] Hipólito de la Torre Gómez, Do «perigo espanhol» a amizade peninsular: Portugal-Espanha, 1919-1930, Lisboa, 1985. <<

[17] João Soares, A Revolta de Madeira, Lisboa, sin fecha. <<

[18] H. de la Torre Gómez, La relación peninsular en la antecámara de la guerra civil de España (1931-1936), Mérida, 1988; Cesar Oliveira, Portugal e a II República de Espanha, 1931-1936, Lisboa, 1985. <<

[19] De la Torre, La relación, 32-33, basado en documentos existentes en la publicación del Gobierno portugués A Espanha Vermelha contra Portugal, Lisboa, 1937, 20-25, 106-109; J. L. Alcofar Nassaes, «Azaña frente a Oliveira Salazar», Historia y Vida 163, octubre de 1981, 92-106; y Manuel Azaña, Obras completas, México, D. F., 1965-1968), 1, 130-131, 265. <<

[20] De la Torre, La relación, 39. <<

[21] Ibíd., 72-87. <<

[22] Informe de la embajada portuguesa, 1 de abril de 1936, Ibíd., 110. Desde 1933, los diplomáticos y hombres de negocios extranjeros habían profetizado, cada vez con más frecuencia, el peor desenlace imaginable como consecuencia de la creciente polarización política, a veces en términos espeluznantes y apocalípticos. (Véase Little, Malevolent Neutrality, 132 y en todas partes). Desgraciadamente resultaron acertadas aquellas jeremiadas. <<

[1] El único estudio general hecho de todos los grupos derechistas existentes durante la República es el de Richard A. H. Robinson, The Origins of Franco’s Spain, Londres, 1970. Véanse también los artículos reunidos en Paul Preston, Las derechas españolas en el siglo XX, Madrid, 1986. <<

[2] Hallará una breve panorámica de la cultura religiosa y política católica moderna en España en mi Spanish Catholicism, Madison, 1984. <<

[3] En los documentos publicados del cardenal Vidal i Barraquer, Església i Estal durant la segona República espanyola, Montserrat, 1971, 1, 27-29. <<

[4] Mencionado en Robinson, The Origins, 81. <<

[5] José Monge Bernal, Acción Popular, Madrid, 1936, constituye un estudio temprano hecho por un entusiasta. <<

[6] José María Gil Robles, No fue posible la paz, Barcelona, 1968, 79. Hay otros dos libros más sobre el «jefe» de la CEDA. El de Juan Arrabal, José María Gil Robles, Ávila, 1935 fue una especie de biografía electoral llena de admiración, mientras que Gil Robles, caudillo frustrado, Madrid, 1967, de J. W. Gutiérrez Ravé, constituye un ataque lanzado desde la ultraderecha. <<

[7] El estudio más concienzudo es el de José Ramón Montero, La CEDA, Madrid, 1977, 2 vols. Robinson ha presentado la valoración positiva de la CEDA de más sutileza histórica en The Origins, y Preston la acusación más hiriente en The Coming of the Spanish Civil War, Londres, 1978 (CSCW). La sección de prensa y propaganda de la CEDA fue activísima; Montero nos da en su CEDA 1, 495, una lista de publicaciones. <<

[8] Citado de Robinson, The Origins, 118, 124. <<

[9] Ibíd., 115. <<

[10] El corresponsal de El Debate en Berlín en 1932-1933 fue Antonio Bermúdez Cañete, que había participado en el primer esfuerzo hecho para plasmar un movimiento fascista español en 1931. <<

[11] ABC, 17 de octubre de 1933. Véase también Montero, CEDA, 2:249-255. <<

[12] Gil Robles visitó a Alfonso XIII en París en junio de 1933 para conseguir su visto bueno político hacia la CEDA, cosa que supo lograr, al menos circunstancialmente. En aquella sazón el rey se sentía escéptico respecto a lo que pudiera llegar a conseguir el nuevo partido monárquico Renovación Española y por ese motivo deseaba ver lo que podría llevar a cabo la CEDA, dado que aquello no comprometía formalmente a la monarquía. S. Galindo Herrero, Los partidos monárquicos bajo la Segunda República, Madrid, 1956, 115; J. Cortés Cavanillas, Confesiones y muerte de Alfonso XIII, Madrid, 1951, 32, 106. <<

[13] Véase Óscar Alzaga, La primera democracia cristiana en España, Barcelona, 1973. <<

[14] Raúl Morodo, Orígenes ideológicos del franquismo, Madrid, 1985, es un estudio ideológico consumado que hace sobrar al de Luis M.a Ansón, Acción Española, Zaragoza, 1960. <<

[15] En Orígenes, 65-73, presenta Morodo una lista de patrocinadores. <<

[16] Víctor Pradera, Al servicio de la Patria: Las ocasiones perdidas, Madrid, 1930, es el primero en formular esa crítica. <<

[17] Obra de Ramiro de Maeztu, Madrid, 1974 y, más concretamente, Frente a la República, Madrid, 1955, antología de sus escritos de aquellos años. Los estudios principales son Vicente Marrero, Maeztu, Madrid, 1955 y, con carácter más sucinto, Ricardo Landeira, Ramiro de Maeztu, Boston, 1978. Douglas Foard, presenta una lúcida perspectiva en «Ramiro de Maeztu y el fascismo», Historia 16 4:37, mayo, 1979, 106-116. <<

[18] El principal estudio es el de Julio Gil Pecharromán, «Renovación Española: Una alternativa monárquica a la Segunda República», tesis doctoral, Universidad Complutense, 1985, 2 vols. <<

[19] Existe bastante bibliografía sobre Calvo Sotelo, pero no hay ningún estudio adecuado de él. Publicó dos colecciones de escritos suyos a principios de los años treinta, En defensa propia, Madrid, 1933, y La voz de un perseguido, Madrid, 1933, 2 vols., y destacó algunas de sus concepciones económicas en El capitalismo contemporáneo y su evolución, Madrid, 1935. Dos estudios preliminares de la primera parte de su carrera son Manuel Pi y Navarro, Los primeros veinticinco años de Calvo Sotelo, Zaragoza, 1961, y J. Soriano Flores de Lemus, Calvo Sotelo ante la Segunda República, Madrid, 1975. Todas las relaciones biográficas de carácter general han sido escritas por admiradores suyos. Las principales son Aurelio Joaniquet, Calvo Sotelo, Madrid, 1939; Eduardo Aunós, Calvo Sotelo y la política de su tiempo, Madrid, 1941; y general Felipe Acedo Colunga, José Calvo Sotelo, Barcelona, 1957. Eugenio Vegas Latapié, uno de los principales escritores y activistas de Acción Española, publicó El pensamiento político de Calvo Sotelo, Madrid, 1941, así como sus propios Escritos políticos, Madrid, 1940, y más adelante Memorias políticas, Madrid, 1983.

A partir de 1933 aparecieron en España toda una serie de libros sobre la ideología corporativista. Acaso los más notables son Eduardo Aunós, La reforma corporativa del Estado, Madrid, 1935, y Joaquín Azpiazu, El Estado Corporativo, Madrid, 1936. <<

[20] El estudio básico es Martin Blinkhom, Carlism and Crisis in Spain, 1931-1939, Londres, 1975, 1-206. Luis Redondo y Juan Zavala, El Requeté, Barcelona, 1957, 225-310, un relato carlista. <<

[21] Carmen Bassolas, La ideología de los escritores: Literatura y política en La Gaceta Literaria (1927-1932), Barcelona, 1975. <<

[22] Véase Douglas W. Foard, The Revolt of the Aesthetes: Ernesto Giménez Caballero and the Origins of Spanish Fascism, Nueva York, 1989. <<

[23] Existen dos biografías de cuerpo completo tituladas Ramiro Ledesma Ramos, la mejor, la de José M.a Sánchez Diana, Madrid, 1975. <<

[24] El mejor estudio de la doctrina falangista original es el de Javier Jiménez Campos, El fascismo en la crisis de la Segunda República española, Madrid, 1979. Véase también Bernd Nellessen, Die verbotene Revolution, Hamburgo, 1963. <<

[25] Hay numerosos estudios biográficos de José Antonio Primo de Rivera. Y siguen apareciendo otros nuevos. El mejor es el de Ian Gibson, En busca de José Antonio, Barcelona, 1980. <<

[26] Pedro Sainz Rodríguez me dio en Lisboa en mayo de 1959 una copia del texto de aquel convenio. Entretanto ha sido publicado por Gil Robles en su obra No fue posible, 442-443. <<

[27] El primero en publicar documentación perteneciente a esas relaciones fue Ángel Viñas, La Alemania nazi y el 18 de julio, Madrid, 1974, seguido de cerca por John E. Coverdale, Italian Intervention in the Spanish Civil War, Princeton, 1975, 57-58. Pero el estudio más completo del tema aparece en Ismael Saz Campos, Mussolini contra la II República, Valencia, 1986. <<

[28] Una narración detallada del partido durante la República aparece en mi obra Falange: A History o Spanish Fascism, Stanford, 1961, 1-115. <<

[29] Véase Mercedes Cabrera, La patronal ante la II República, Madrid, 1983, 61-71, 152-195, 274-286. <<

[30] Ibíd., 50-57, 215-218, 233-236. <<

[31] Esta situación podría compararse con distintos aspectos de la fragmentación surgida entre los intereses sociales y económicos de la clase media alemana durante la República de Weimar, puestos de relieve en la obra de historiadores tan distintos como Jurgen Kocka, Heinrich Winkler, Larry E. Jones, y Peter Fritzsche. En España, las organizaciones de los intereses tendieron a una asociación menos eficaz con los partidos políticos y a fragmentarse en cambio siguiendo perspectivas regionales. En Francia, durante la generación fundadora de la Tercera República, prevaleció un ambiente sumamente distinto, según nos indica Hermán Lebovics, The Alliance of Iron and Wheat in the Third French Republic, 1860-1914: Origins of the New Conservatism, Baton Rouge, 1988. <<

[32] Uno de ellos fue una llamada por el «poder total», empleando la democracia solo como un medio para «hacer desaparecer el Parlamento», si hacía falta, pronunciada el 15 de octubre, según hemos visto antes (en la nota 11), y otro de ellos un segundo discurso tremendista del 2 de noviembre, en el que declaró que «vamos a someter a prueba a la democracia, acaso por última vez… Si mañana el Parlamento se opone a nuestros ideales, iremos contra el Parlamento», citado esto último en Robinson, The Origins, 141. <<

[33] R. M. Capel Martínez, El sufragio femenino en la Segunda República española, Granada, 1975. <<

[34] En su Oligarquía y enchufismo, Madrid, 1933, 61-70, Joaquín del Moral aseguraba que los ganadores eran los 27 diputados de la Acción Republicana de Azaña, cuyos emolumentos totales ascendían a 278 841 pesetas al mes, o sea 9943 por diputado, y los 41 diputados de la Esquerra Catalana, cuyos diferentes puestos en el gobierno suponían unos ingresos mensuales combinados de 476 000 pesetas, o sea un promedio de 11 609 por diputado. <<

[35] Robinson, The Origins, 150. Esta cifra, sin embargo, incluye tanto a los tres miembros de la CEDA asesinados al parecer por la izquierda durante la fase final de la campaña en provincias, como a un mínimo de tres personas (incluyendo a otro cedista) muertos según noticias el día de las elecciones. El Debate, 21 de noviembre de 1933, y Monge Bernal, Acción Popular, 217, 360-361, aseguran en cambio, que por lo menos fueron asesinados el doble de cedistas, pero no se puede comprobar esa cifra. <<

[36] William J. Irwin ha calculado la abstención aproximada de unos 545 000 cenetistas, que podrían haber supuesto un 6,02 por ciento del total de votos. The 1933 Cortes Elections, Nueva York, 1991, 270-271. Por otra parte, los derechistas pagaron a algunos cenetistas para que no votaran; Robinson The Origins, 337, presenta bastantes pruebas de que se produjeron sobornos de tal guisa. El efecto de la abstención anarquista llegó muy posiblemente al máximo en la provincia de Cádiz, donde dejó de votar el 62,7 por ciento del electorado, permitiendo de ese modo que un 25 por ciento o menos de los electores sacasen adelante una lista de centro-derechas que incluía al jefe de Falange, José Antonio Primo de Rivera. <<

[37] El secretariado del Partido Socialista informó posteriormente de que, según sus propios cálculos, los diversos partidos de la desunida izquierda habían obtenido de hecho unos 30 000 votos populares más combinados que las unidas derechas en la primera vuelta de las elecciones. Ello podría ser cierto, porque, de acuerdo con las cifras de Irwin que aparecen en la tabla 8.1, los porcentajes del voto total habrían sido un 33,97 para la primera coalición y un 33,40 para toda la derecha, pero esto deja fuera desde luego el 30 por ciento del electorado que votó por el centro, más afín por lo común con la derecha moderada. Para mayor estudio del comportamiento electoral, véase Barry B. Seldes, «Social Cleavages and Electoral Behavior: The Case of Republican Spain», tesis doctoral, Universidad de Rutgers, 1971. <<

[38] En conjunto, casi dos tercios de los diputados durante la República tuvieron escaños en sólo uno de los tres Parlamentos republicanos, y sólo 71 de un total de 992 fueron miembros de los tres Congresos. Estas tablas estadísticas están tomadas de J. J. Linz, «Continuidad y discontinuidad en la élite política española», en Estudios de Ciencia Política y Sociología (Homenaje al profesor Carlos Ollero), Madrid, 1972, 362-394. <<

[39] Santos Juliá, Historia del socialismo español, edición a cargo de M. Tuñón de Lara, Barcelona, 1989, 3:85. <<

[40] Alcalá Zamora, Memorias, Barcelona, 1977, 259-260. <<

[41] De acuerdo con un documento citado en Santos Juliá, Manuel Azaña, Madrid, 1990, 311. <<

[42] El texto de esta carta era algo más velado, aunque su intención estaba perfectamente clara, y la cita entera Diego Martínez Barrio en sus Memorias, Barcelona, 1983, 212. Dicha proposición aparece corroborada en Alcalá Zamora, Memorias, 260. Véase el análisis de Carlos Seco Serrano, «De la democracia la guerra civil», Historia General de España y América, Madrid, 1986, 17: xxii-xxiii. <<

[43] Alcalá Zamora, Memorias, 260. <<

[44] Zaragoza era el cuartel «nacional» de la FAI. Véase Graham Kelsey, «Anarchism in Aragon during the Second Republic: The emergence of a mass movement», en M. Blinkhorn (edición a cargo de), Spain in Conflict 1931-1939, Londres, 1986, 60-82, y Enrique Montañés, Anarcosindicalismo y cambio político: Zaragoza 1930-1936, Zaragoza, 1989. <<

[45] Los tres ochos fueron las tres miniinsurrecciones del 18 de enero de 1932, el 8 de enero de 1933 y el 8 de diciembre de 1933. <<

[46] John Brademas, Anarcosindicalismo y revolución en España, Madrid, 1974, 112-117; Joaquín Arrarás, Historia de la Segunda República española, Madrid, 1956-1963, 2, 250-256; y Robert W. Kern, Red Years, Black Years, Filadelfia, 1978, 123-125. <<

[47] Citado en Jesús Pabón, Palabras en la oposición, Sevilla, 1965, 196. <<

[48] El estudio básico de este partido es Octavio Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical 1908-1936, Madrid, 1976. Véase también Andrés de Blas Guerrero, «El Partido Radical en la política española de la Segunda República», REP, 31-32, (enero-abril de 1983), 137-164. Antonio Marsá Bragado, El republicanismo histórico, Madrid, 1933, presentó la imagen propia del Partido Radical en este contexto. <<

[49] Los liberaldemócratas constituían el nuevo partido de Melquíades Álvarez, estudiado en esa época por Mariano Cuber en su Melquíades Álvarez, Madrid, 1935, y de modo más amplio en el libro del mismo título de M. García Venero, Madrid, 1974, y en E. G. Gingold, «Melquíades Álvarez and the Reformist Party, 1901-1936», tesis doctoral, Universidad de Wisconsin, 1973. <<

[50] Los yunteros habían sido provistos de tierras bajo la égida de la Ley de Intensificación del Cultivo, y no por la reforma agraria misma, y carecían de los certificados de tenencia proporcionados por esta última. <<

[51] Según observa Preston, CSCW, 107. <<

[52] Lerroux escribiría más adelante en sus memorias que las elecciones de 1933 podrían haber sido consideradas como una derrota de los republicanos, y que éstos deberían haber agradecido a la CEDA y los agrarios el apoyo por éstos al siguiente gobierno republicano. La pequeña historia, Madrid, 1963, 210-212. <<

[53] Ruiz Manjón es quien mejor estudia este punto en El Partido, 413-419. <<

[54] Sobre el Partido Radical en Valencia véanse Stephen Lynam, «Modérate Conservatism and the Second Republic: The case of Valencia», en M. Blinkhorn (edición a cargo de), Spain in Conflict 1931-1939, Londres, 1986, 133-159, y L. Aguiló Lucia, «El sistema de partidos políticos en el País Valencià durante la Segunda República», en M. Tuñón (edición a cargo de), La Crisis del Estado español, Madrid, 1978, 505-516. <<

[55] Lerroux había invitado a Madariaga a que formara parte de su primer gobierno en septiembre de 1933, pero don Salvador hizo ver que mantenía unas relaciones cordiales con los socialistas y se opuso a amnistiar en absoluto a Sanjurjo, condiciones ambas que Lerroux no podía aceptar. Madariaga era a pesar de eso todo un conservador con una elitista aura liberal, cosa que evidenciaría enseguida en un nuevo ensayo referente a reforma política, Anarquía o jerarquía, publicado en forma de libro a finales de 1934. Afirmaba en él que la democracia con sufragio universal directo era una receta infalible para la demagogia y el desastre político y preconizaba en cambio limitar la democracia directa al nivel local, y que los representantes elegidos a ese nivel inferior, eligiesen a su vez por vía indirecta y orgánica las asambleas provinciales y la nacional, por ese orden. Esa «democracia orgánica» sería complementada por un sistema corporativo de administración económica nacional. Véanse también P. C. González Cuevas, «Salvador de Madariaga y la democracia orgánica», Historia 16 9:127, noviembre de 1986, 27-31, y G. Fernández de la Mora, Los teóricos izquierdistas de la democracia orgánica, Barcelona, 1985. <<

[56] El estudio más completo está en Saz Campos, Mussolini, 66-85. Antonio de Lizarza Iribarren, Memorias de la conspiración, Pamplona, 1969, 34-36, son las de uno de los participantes españoles. <<

[57] John F. Coverdale, Italian Intervention in the Spanish Civil War, Princeton, 1975, 64. <<

[58] La más llamativa fue un opúsculo publicado por el canónigo Aniceto de Castro Albarrán, El derecho a la rebeldía, Madrid, 1934, pero Catolicismo y República, de Eugenio Vegas Latapié, Madrid, 1934 incluyó un apéndice sobre «Insurrección» que trataba de dar legitimidad a ese concepto. <<

[59] Alcalá Zamora ha presentado su versión de esto en sus Memorias, Barcelona, 1977, 271-274. La versión de Lerroux está en Pequeña historia, 248-252. <<

[60] Manuel Azaña, Mi rebelión en Barcelona, Madrid, 1935, 82. <<

[61] Algunos radicales y conservadores empezaron a llamar a Alcalá Zamora un «Alfonso en rústica», rebajándolo a una edición barata del rey destronado. <<

[1] Una de las exposiciones más convincentes de esta interpretación aparece en J. M. Macarro Vera, «Causas de la radicalización socialista en la II República», Revista de Historia Contemporánea, 1, diciembre de 1982. Julio Merino, Los socialistas rompen las urnas: 1933, Barcelona, 1986, incluye muchos detalles, pero añade poca sustancia. <<

[2] Santos Juliá, Historia del socialismo español (1931-1939), vol. 3 de M. Tuñón de Lara (edición a cargo de), Historia del socialismo español, Barcelona, 1989, 79. <<

[3] Paul Preston, The Coming of the Spanish Civil War, Londres, 1978, (CSCW), 100. <<

[4] Citado en Juliá, Historia, 85. <<

[5] Se pueden hallar los textos de ambos proyectos en Dolores Ibárruri y otros. Guerra y revolución en España, Moscú, 1967, 1:52-57, mientras que Juliá da el del partido, Historia, 347-349. La versión de Largo Caballero aparece en su obra Mis recuerdos, México, D. F., 1954, 134-135. <<

[6] Amaro del Rosal ha publicado gran parte de las discusiones efectuadas allí y en otras reuniones de máximo nivel de la UGT en los dos meses anteriores en su libro 1934: Movimiento revolucionario de octubre, Madrid, 1983, 34-204. <<

[7] Respecto a la sección madrileña, véase A. Pastor Ugeña, La Agrupación Socialista Madrileña durante la Segunda República, Madrid, 1985, 2 vols. <<

[8] Véanse las observaciones de Juliá, Historia, 101-106. <<

[9] El estudio más reciente sobre el derrumbe de los socialistas austríacos es A. G. Rabinbach, The Crisis of Austrian Socialism, 1927-1934, Ithaca, 1983. <<

[10] Referente a este grupo, véase A. Balcells, Ideari de Rafael Campalans, Barcelona, 1973. <<

[11] Según Maurín, el BOC creció de unos tres mil miembros que tenía en 1931 a cinco mil en 1934, con una afiliación apreciable fuera de Cataluña sólo en Castellón y Valencia. (Respuesta a un cuestionario del 24 de febrero de 1968). No existe ningún estudio crítico convincente sobre Maurín. Veánse Antoni Monreal, El pensamiento político de Joaquín Maurín, Barcelona, 1984; Manuel Sánchez, Maurín, gran enigma de la guerra y otros recuerdos, Madrid, 1976; Víctor Alba, Dos revolucionarios: Andreu Nin/Joaquín Maurín, Madrid, 1975; y el libro de Maurín La revolución española, Barcelona, 1932; 1977. Una historia del BOC constituye el primer volumen de la serie de Víctor Alba El marxisme a Catalunya, Barcelona, 1974-1975), que dedica a Nin y a Maurín los volúmenes tercero y cuarto. V. Alba (edición a cargo de), La Nueva Era 1930-1936, Gijón, 1976, es una antología del periódico principal del BOC, y J. Coll y J. Pane, Josep Rovira, Barcelona, 1978, la biografía de uno de sus líderes de segunda fila. Se puede hallar un excelente análisis de las maniobras ideológicas implicadas en este caso en Paul Heywood, «The Development of Marxist Theory in Spain and the Frente Popular», en M. S. Alexander y F. Graham (edición a cargo de), The French and Spanish Popular Fronts, Cambridge, 1989, 116-130. Respecto al Partido Socialista en Barcelona durante la República, véase Albert Balcells, «El socialismo en Cataluña durante la Segunda República (1931-1936)», en Sociedad, política y cultura en la España de los siglos XIX-XX, Madrid, 1973, 177-213. <<

[12] La Izquierda Comunista aparece tratada en Pelai Pagès, El movimiento trotskista en España (1930-1935), Barcelona, 1977; Ignacio Iglesias, Leon Trotski y España, Madrid, 1977; y Francesc Bonamusa, Andreu Nin y el movimiento comunista en España (1930-1937), Barcelona, 1977. Existen distintas antologías de los escritos de su líder, Andreu Nin, publicadas bajo los títulos: Los problemas de la revolución española (1931-1937), París, 1971; Por la unificación marxista, Madrid, 1978; y La revolución española, Barcelona, 1978. <<

[13] Adrián Shubert, The Road to Revolution in Spain, Urbana-Chicago, 1987, 141-162; Juliá, Historia, 115-116. <<

[14] Véase J. M. Macarro Vera, «Octubre, un error de cálculo y perspectiva», en G. Ojeda (edición a cargo de), Octubre 1934, Madrid, 1985, 269-282. <<

[15] Rafael Salazar Alonso, Bajo el signo de la revolución, Madrid, 1935, 75-77, 122-128. <<

[16] Preston, CSCW 114-115, y E. E. Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain, New Haven, 1970, 317-342. George A. Collier, Socialists of Rural Andalusia: Unacknowledged Revolutionaries of the Second Republic, Stanford, 1987 es una obra digna de consideración a este respecto. Se trata de un estudio antropológico de una localidad habitada por mil jornaleros en la sierra del norte de la provincia de Huelva. Los socialistas ganaron allí las elecciones municipales en abril de 1933 y administraron la localidad y la comarca hasta octubre de 1934. Se interesaron al parecer poca cosa por la colectivización y por el socialismo auténtico, y buscaron en vez de ello cambios radicales en las relaciones laborales. Les dio pábulo una revolución muy prometedora, estimulados hasta el extremo por su aparente éxito. En Robert Edelman, Proletarian Peasants: The Revolution of 1905 in Russia’s Southwest, Cornell, 1986, se puede leer un ejemplo diferente de unos campesinos que presentan gran parte de las actitudes y comportamiento de los obreros proletarios. <<

[17] Malefakis, Agrarian Reform, 337. <<

[18] Los mejores relatos de esta huelga aparecen en Malefakis, Agrarian Reform, 338-342, y M. Tuñón de Lara, Tres claves de la República, 130-153. <<

[19] En el caso más sensacional, el del asesinato deliberado del líder estudiantil falangista Matías Montero Rodríguez, el 9 de febrero de 1934, el individuo responsable del mismo (que no era miembro oficial de las Juventudes Socialistas) fue detenido. Convicto y condenado a 20 años de cárcel, fue excarcelado tras el triunfo del Frente Popular en 1936. <<

[20] Estos datos se basan en el reportaje de esos incidentes aparecido en la prensa madrileña, especialmente en El Sol. <<

[21] Véase ABC, 13 de febrero de 1934. <<

[22] Estos sucesos aparecen tratados con más detalle en mi obra Falange: A History of Spanish Fascism, Stanford, 1961, 51-58. <<

[23] Indalecio Prieto, Discursos en América, México, D. F., 1944, 106. O también, en comentarios ulteriores de Largo Caballero sobre las Juventudes Socialistas: «Hacían lo que les daba la gana». Mis recuerdos, 141. <<

[24] Preston, CSCW, 117. <<

[25] Boletín de la UGT, agosto de 1934, Id., 118. <<

[26] La disgregación del catalanismo de izquierda aparece tratada en E. Ucelay da Cal, «Estat Català», tesis doctoral, Universidad de Columbia, 1979, 495-549, M. D. Ivern i Salva, Esquerra Republicana de Catalunya (1931-1936) (Montserrat, 1988), 1:265-428. <<

[27] Dencàs declaraba:

«¿Soy comunista? ¿Soy fascista? Ni yo lo sé. Pero de lo que me doy cuenta es de que, cualquier programa político, para triunfar, tiene que movilizar gente joven, darles una mística, una disciplina y hacerles entrar en acción. Esto es lo que quiero hacer en Cataluña. Quiero escapar de los viejos moldes del republicanismo. No quiero meterme tampoco en los moldes —ignorados en casa— pero ya anticuados en otros países donde hay un marxismo dogmático. Formar un movimiento político fuerte y entusiasta, basado en dos principios fundamentales: nacionalismo y socialismo, eso es lo que quiero». Citado en J. Miravitlles, Crítica del 6 d’octubre, Barcelona, 1935, 117, citado a su vez en Da Cal, «Estat Català», 541-542. <<

[28] La primera biografía suya fue la de Ángel Ossorio y Gallardo, Vida y sacrificio de Companys, Buenos Aires, 1943, pero J. M. Poblet, Vida i mort de Lluís Companys, Barcelona, 1976, constituye un estudio más completo. <<

[29] Albert Balcells estudia el desarrollo de este problema en su obra El problema agrari a Catalunya (1890-1936): La qüestió rabassaire, Barcelona, 1968. <<

[30] Defendió aquel caso en nombre de la Generalitat Amadeu Hurtado, según refiere en sus memorias: Quaranta anys d’advocat, Esplugues de Llobregat, 1967, 2:256-298.

En cuanto a aspectos técnicos, véase André Lubac, Le Tribunal Espagnol des Garanties Constitutionelles, Montpellier, 1936. <<

[31] Obras completas, México, D. F., 1965-1968, 2, 977-982. <<

[32] Jesús Pabón, Cambó, Barcelona, 1969, vol. 2, pt. 2, 356-358. <<

[33] Durante el año anterior Dencàs había servido eficazmente como conseller de Sanidad y Asistencia Social y merece su parte en los logros del nuevo gobierno en materia de instalaciones sanitarias y médicas. Sus escamots habían hecho su primera aparición con sus camisas verdes en un desfile multitudinario efectuado en el estadio de Montjuich, Barcelona, en octubre de 1933. Desde aquel momento, sus adversarios habían hablado cada vez más del «fascismo catalán», y los mismos escamots solían referirse a ellos mismos como el «Ejército catalán de liberación». El único estudio al respecto es J. M. Morreres Boix, «El enigma de Josep Dencàs», Historia Nueva 21, octubre, 1978, 94-104. <<

[34] Joaquín Arrarás, Historia de la Segunda República española, Madrid, 1956-1963, 2:381-382. <<

[35] Ibíd., 395-396. <<

[36] Alcalá Zamora, Discursos. Madrid, 1979, 638-645. <<

[37] Alcalá Zamora, Memorias, Barcelona, 1977, 279-284. <<

[38] Sobre los tan prolongados como mal enfocados preparativos de la insurrección, véanse las memorias de Rosal, 1934, 205-206, y Juan-Simeón Vidarte, El Bienio Negro y la insurrección de Asturias, Barcelona, 1978, 163-236, y con referencia al contexto general, los estudios de la colección Octubre 1934: Cincuenta años para la reflexión, Madrid, 1985. <<

[39] Preston, CSCW, 127. <<

[40] Marta Bizcarrondo lo ha estudiado en Araquistain y la crisis socialista en la II República: Leviatán (1934-1936), Madrid, 1975. Véanse también la antología editada por Paul Preston, Leviatán, Madrid, 1976, y de Preston «The Struggle against Fascism in Spain: Leviatán and the Contradictions of the Socialist Left, 1934-1936», en M. Blinkhorn (edición a cargo de), Spain in Conflict, Londres, 1986, 40-59. <<

[41] Juan Avilés Farré, La izquierda burguesa en la II República, Madrid, 1985, 232-236. Aquel movimiento hacia la izquierda económica por parte de la Izquierda Republicana puede compararse con el «Nuevo Movimiento Radical» del Partido Radical francés entre 1926 y 1932. La diferencia residía, desde luego, en que los radicales franceses constituían una agrupación mucho más fuerte y de cimientos más amplios y no los devoró a la larga el nuevo izquierdismo económico. Véase Mildred Schlesinger, «The Development of the Radical Party in the Third Republic: The New Radical Movement, 1926-1932», Journal of Modern History 46:3, septiembre de 1974, 476-501. <<

[42] Avilés Farré, Izquierda burguesa, 243-244. <<

[43] Ibíd., 239-240. <<

[44] Ibíd., 245-246. <<

[45] Ibíd., 246-248. <<

[46] Alcalá Zamora, Memorias, 277-278. Alcalá Zamora escribiría más adelante que sufrió una noche de insomnio pertinaz tras la visita de Martínez Barrio, porque se dio cuenta entonces de que la izquierda nunca aceptaría el funcionamiento normal de la Constitución si ello significaba su exclusión del poder, lo que hacía casi inevitable algún tipo de rebelión o colapso. <<

[47] Arrarás, Segunda República, 2:410. <<

[48] Prieto dio más adelante su versión en su artículo «Mi escapatoria de 1934», El Socialista, (Toulouse), 5 de julio de 1951. Víctor Alba ha denunciado sus incongruencias como líder socialista en su obra Los sepultureros de la República, Barcelona, 1977, 105-195. La reconstrucción más completa del suceso del Turquesa, aparece en P. I. Taibo II, Asturias 1934, Gijón, 1984, 1, 81-96. <<

[49] El Sol, 18 de septiembre de 1934. <<

[50] Aquellas conclusiones aparecen bien resumidas en Arrarás, Segunda República, 2:424-443. <<

[51] J. M. Gil Robles, No fue posible la paz, Barcelona. 1968, 161; Salazar Alonso, Bajo el signo, 319-320. <<

[52] Entrevistas mías con Eloy Vaquero en Nueva York, mayo-junio de 1958. <<

[53] En El Liberal (periódico de Prieto, Bilbao), 23 de enero de 1936. <<

[54] Aunque algunos de ellos hallaron la energía precisa para agredir la fachada del domicilio de su «bestia negra», Besteiro. Preston, CSCW 133. <<

[55] Alejandro Lerroux, La pequeña historia, Madrid, 1963, 302. <<

[56] Elsa López y otros, Diego Hidalgo, Madrid, 1986 y Concha Muñoz Tinoco, Diego Hidalgo, Badajoz, 1986, son unos breves relatos de su carrera. Hidalgo publicó unas memorias del momento sobre su experiencia como ministro de Guerra, ¿Por qué fui lanzado desde el Ministerio de la Guerra?, Madrid, 1935. <<

[57] El texto catalán original se puede ver en Lluís Aymamí i Baudina, El 6 d’octubre tal com jo l’he vist, Barcelona, 1935, 249-251. <<

[58] Existen varias descripciones contemporáneas de aquel tragicómico drama en Barcelona: L. Aymamf i Baudina, El 6 d’octubre tal com jo l’he vist, Barcelona, 1935; Enrique de Angulo, Diez horas de Estat Català, Madrid, 1935; F. Gómez Hidalgo, Cataluña-Companys, Madrid, 1935; Angel Estivill, 6 d’octubre: L’ensulsiada deis jacobins, Barcelona, 1935; Jaume Miravitlles, Critica del 6 d’octubre, Barcelona, 1935; y de edición más reciente, Manuel Cruells, El 6 d’octubre a Catalunya, Barcelona, 1970, y J. Tarín-Iglesias, La rebelión de la Generalidad, Barcelona, 1988. <<

[59] Sebastiá Campos i Terre, El 6 d’octubre a les comarques, Barcelona, 1935; reimpresión, Tortosa, 1987. Se produjeron también unos cuantos disturbios dispersos en las zonas rurales catalanas en las semanas siguientes. Véase también Ricard Vinyes i Ribes, La Catalunya internacional: El front-populisme en l’exemple catalá, Barcelona, 1983, 98-120. <<

[60] El recuerdo de Azaña al respecto es Mi rebelión en Barcelona, Madrid, 1935, reimpreso en el vol. III de sus Obras completas. Afirma que los líderes catalanes le dijeron que no se le daría a un levantamiento otro empleo que el de un tanto de regateo (págs. 74-76), cosa muy verosímil. El matiz de pronunciamiento decimonónico de todo aquello es doblemente irónico tratándose de Azaña. Don Manuel nunca habría respaldado una violencia revolucionaria, pero está fuera de duda que deseaba el triunfo de la ilegal insurrección, lo que indica que algunos de sus instintos políticos no diferían demasiado de los de aquellos militares hispanos a la antigua por los que expresara un desdén realmente exacerbado. <<

[61] Véase J. D. Carrión Iñiguez, La insurrección de 1934 en la provincia de Albacete, Albacete, 1990. <<

[62] El mejor estudio sucinto de la revuelta en las Provincias Vascongadas es el de J. P. Fusi, «Nacionalismo y revolución: Octubre de 1934 en el País Vasco», en G. Jackson y otros. Octubre 1934, Madrid, 1985, 177-196. <<

[63] Véase Ludolfo Paramio, «Revolución y conciencia preindustrial en octubre del 34», en Jackson y otros, Octubre 1934, 301-315. <<

[64] Se estudia el trasfondo asturiano en Adrián Shubert, The Road to Revolution in Spain: The Coal Miners of Asturias 1860-1934, Urbana-Chicago, 1987. Saca en conclusión que la minería, por sí misma, no produce necesariamente una fuerza laboral más unida o radical que los demás sectores del empleo industrial, y destaca en cambio el contexto histórico y económico de Asturias. El carbón asturiano, aunque relativamente abundante, es de poca calidad, y la industria respectiva nunca estuvo suficientemente capitalizada ni fue lo debidamente eficaz para lograr una alta productividad. Tanto la dictadura como la República habían tratado en vano de darle remedio, cuando la única solución auténtica residía en un mayor desarrollo o diversificación, algo virtualmente imposible durante la depresión. La Asturias contemporánea es estudiada de modo más general en David Ruiz y otros, Asturias contemporánea, 1808-1975, Madrid, 1981. Sobre la CNT en esta región, véase A. Barrio Alonso, Anarquismo y anarcosindicalismo en Asturias (1890-1936), Madrid, 1988. Los preparativos de la rebelión aparecen detallados en Taibo, Asturias 1934, 1, 17-112, y en el artículo de Taibo «Las diferencias asturianas», en Octubre 1934, 231-242. <<

[65] La izquierda criticó a diestro y siniestro el empleo de tropas marroquíes como también la traída de la Legión del protectorado, pero Azaña había recurrido también tanto al Tercio como a los regulares en 1934. Las fuerzas de África no ejercieron un monopolio en cuanto a atrocidades si se las compara con los españoles de uno y otro lado, y no se las debe hacer responsables principales de las ejecuciones sumarias que tuvieron lugar. <<

[66] Según observaciones de Yagüe citadas en J. Arrarás (edición a cargo de), Historia de la Cruzada española, Madrid, 1940, 7:259. <<

[67] Algunos de los cálculos más precisos en cuanto a víctimas, aparecen en Aurelio de Llano Roza de Ampudia, Pequeños anales de quince días, Oviedo, 1935, la mejor de las crónicas de esa época; y también en Bernardo Díaz Nosty, La comuna asturiana, Madrid, 1974; y en Taibo, Asturias 1934, 2:243. <<

[68] Un informe del gobierno del 30 de octubre de 1934 menciona a 20 oficiales y soldados muertos y 43 desaparecidos, con un total de 263. La guardia civil sufrió al parecer 111 bajas y otras fuerzas de policía un total de 81. Véanse E. Barco Teruel, El «golpe» socialista del 6 de octubre de 1934, Madrid, 1984, 258 y F. Aguado Sánchez, La revolución de octubre de 1934, Madrid, 1972, 503.

La bibliografía sobre el «Octubre rojo» español adquirió envergadura enseguida y ha seguido aumentando. El general Eduardo López Ochoa publicó unas memorias, Campaña militar en Asturias en octubre de 1934, Madrid, 1936. Otros relatos de la época, además del de Llano Roza, incluyen a Reporteros unidos, Octubre rojo, Madrid, 1934; Ignacio Núñez, La revolución de octubre de 1934, Barcelona, 1935, 2 vols.; J. S. Valdivielso, Farsa y tragedia de España en el 1934, Oviedo, 1935; Heraclio Iglesia Somoza, Asedio y defensa de la cárcel de Oviedo, Vitoria, 1935; Jenaro G. Geijo, Episodios de la revolución, Santander, 1935; M. Martínez de Aguiar, ¿A dónde va el Estado español? Rebelión socialista y separatista de 1934, Madrid, 1935; Vicente Madera, El Sindicato Católico de Moreda y la revolución de octubre, Madrid, 1935; y el pequeño tomo de entrevistas de Luis Octavio Madero, El octubre español, Madrid, 1935.

Entre los principales relatos contemporáneos de tendencia izquierdista, se pueden destacar: Manuel Grossi, La insurrección de Asturias, Barcelona, 1935; Antonio Ramos Oliveira, La revolución española de octubre, Madrid, 1935; Manuel D. Benavides, La revolución fue así (Barcelona, 1937); José Canel (pseudónimo), Octubre rojo en Asturias, Madrid, 1935; Ramón González Peña, Un hombre en la revolución, Madrid, 1935; Marcelino Domingo, La revolución de octubre, Madrid, 1935; «Ignotus» (Manuel Villar), El anarquismo en la insurrección de octubre, Valencia, 1935; Solano Palacio, La revolución de octubre, Barcelona, 1935; y Julián Orbón, Avilés en el movimiento revolucionario de Asturias, Gijón, 1934.

Entre otros estudios detallados posteriores, además de las obras ya citadas de Aguado Sánchez, Barco Teruel, Díaz Nosty, y Taibo, J. A. Sánchez Saúco, La revolución de 1934 en Asturias, Madrid, 1974, y David Ruiz, Insurrección defensiva y revolución obrera: El octubre español de 1934, Barcelona, 1988. Marta Bizcarrondo, Octubre del 1934; Reflexiones sobre una revolución, Madrid, 1977, compila una serie de textos, con una introducción sobre los orígenes de la Alianza Obrera. Hay bibliografías más detalladas en Jackson y otros, Octubre 1934, 320-344, y en Taibo, Asturias, 1934, 2, 245-251. Antonio Padilla Bolívar, 1934: Las semillas de una guerra, Barcelona, 1988, presenta una crónica del año entero. <<

[69] Doval había perdido su puesto en el ejército por su implicación en la sanjurjada, pero había sido admitido en la guardia civil en la reciente amnistía. Franco parece haber alentado su destino a Asturias. <<

[70] El número total de presos «nuevos» encerrados en las cárceles españolas durante 1935 fue aproximadamente de 15 000, pero puede haber habido un número adicional de ellos, detenidos temporalmente en octubre y noviembre de 1934. <<

[71] Gabriel Jackson, The Spanish Republic and the Civil War, 1931-1939, Princeton, 1965, 166, los calcula en unos cuarenta, cifra que parece ser aproximadamente correcta. El principal estudio hecho sobre las agresiones al clero es el de Ángel Garralda, La persecución religiosa del clero en Asturias (1934 y 1936-1937), Avilés, 1977, 2 vols. Véase también ACNP de Oviedo, Asturias roja: Sacerdotes y religiosos perseguidos y martirizados, Oviedo, 1935, y la hagiografía Los mártires de Turón, Madrid, 1935.

Casi inevitablemente en medio de una revolución violenta tuvieron que ocurrir cierto número de delitos comunes (crímenes, violaciones, robos) al socaire de la tormenta revolucionaria. El informe del gobierno En servicio a la República: La revolución de octubre en Asturias, Madrid, 1935, hace referencia a tres mujeres violadas y asesinadas al parecer por los revolucionarios. <<

[72] Uno de los informes más completo es «Ignotus» (Manuel Villar), La represión de octubre, Barcelona, 1936. Sin embargo, incluso tras la victoria del Frente Popular en 1936, no se llevó a cabo una investigación sistemática completa, por lo cual no se dispone de estadísticas fiables. <<

[73] Spanish Republic, 167. <<

[74] Ramiro Ledesma Ramos, ¿Fascismo en España?, Madrid, 1935,38. (Letra cursiva en el original). <<

[75] Salvador de Madariaga, Spain: A Modern History, Nueva York, 1958, 434-435. <<

[76] Edward Malefakis, en R. Carr (edición a cargo de), The Republic and the Civil War in Spain, Londres, 1971, 34. <<

[77] Raymond Carr, ibíd., 10. Richard Robinson lo expresa aún con más fuerza:

Tanto los socialistas como la CEDA tenían ideales compatibles con la democracia liberal, pero mientras la táctica evolucionaría era un dogma para la CEDA, no lo era para los socialistas. Éstos habían acusado a la primera de fascista en 1933, pero mientras Largo Caballero había amenazado con el empleo de la violencia desde el otoño de 1931, Gil Robles no contestó con otras amenazas hasta el otoño de 1933. Fueron los socialistas, no la CEDA, quienes se volvieron contra el sistema democrático. [Richard A. H. Robinson, The Origins of Franco’s Spain, Londres, 1970, 106. <<

[78] Indalecio Prieto, Discursos en América, México, D. F., 1944, 102. <<

[1] Federico Escofet ha publicado una nota biográfica, De una derrota a una victoria, Barcelona, 1984, 69-143. <<

[2] Alcalá Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931, Madrid, 1936, 190-191. <<

[3] Sin embargo, la versión que dejó en sus Memorias, Barcelona, 1977, 292-294, es reducida y engañosa. <<

[4] Gil Robles, No fue posible la paz, Barcelona, 1968, 145-148. <<

[5] Existen dos informes sobre la represión, distintos, pero no incongruentes, en Gabriel Jackson, The Spanish Republic and the Civil War 1931-1939, Princeton, 1965, 159-164, y Ricardo de la Cierva, Historia de la Guerra Civil española, vol. 1, Perspectivas y antecedentes 1898-1936, Madrid, 1969,455-456. <<

[6] Un total de 1116 a 8436 que había, según Rafael Salazar Alonso, Bajo el signo de la revolución, Madrid, 1935, 116-129. <<

[7] Teodomiro Menéndez había sufrido muchísimo en la cárcel e intentado suicidarse, aunque no quedó claro si había sido sometido a tortura física. <<

[8] El breve informe de Lerroux aparece en su obra La pequeña historia, Madrid, 1963, 373-374. <<

[9] Sobre los términos de represión que se dieron en la zona rural de Cataluña durante 1935, véase Unió de Rabassaires, Els desnonaments rústics a Catalunya, Barcelona, 1935, y Ricard Vinyes i Ribes, La Catalunya internacional: El frontpopulisme en l’exemple català, Barcelona, 1983, 98-138. <<

[10] Alardo Prats, El gobierno de la Generalidad en el banquillo, Madrid, 1935, da un relato del juicio. <<

[11] Joaquín Arrarás, Historia de la Segunda República, Madrid, 1956-1963, 3:153. <<

[12] Citado en Arrarás, Segunda República, 3, 161. Cambó, como de costumbre, hizo la observación más oportuna sobre el fenómeno de tales actos multitudinarios. Puso de relieve que: «La excitación de las masas es la preparación indispensable para un golpe fascista o para una revolución proletaria… Estas concentraciones no las puede emplear nunca un partido que quiera mantener una posición de centro», citado en Jesús Pabón, Cambó, Barcelona, 1969, 2, 433. <<

[13] La actitud de Lerroux quedó simbolizada del modo más gráfico por un desfile militar seguido de un banquete al que asistieron tanto él como Gil Robles en la archicedista ciudad de Salamanca. Escribiría más tarde refiriéndose a aquella ocasión:

«Había llegado a formularme esta conclusión: para que la República se equilibre y dure, necesita pasar de la triste experiencia demagógica de sus dos años con Azaña a la experiencia de otros dos años de gobierno templado y moderado que faciliten más tarde el de gabinetes de centro, equilibrados y progresivos. La segunda experiencia pide que el poder vaya a manos de la CEDA. Que vaya y en él pierda ese partido rigideces doctrinarias, adquiera ductibilidad, se homogenice más, acabe de organizarse y se vincule a la República, por muy de derechas que sea. Después, el péndulo recobrará su marcha sincrónica». [Lerroux, Pequeña historia, 393].

Aquello condujo a que se hablase de un «Pacto de Salamanca», que había sustituido supuestamente al original «Pacto de San Sebastián». <<

[14] Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain, New Haven, 1970, 343-355. Véase también J. Tusell y J. Calvo, Giménez Fernández, precursor de la democracia española, Sevilla, 1990, 70-100. <<

[15] Malefakis, Agrarian Reform, 362. <<

[16] De la Cierva, Historia, 1:487. <<

[17] Richard A. H. Robinson, The Origins of Franco’s Spain, Londres, 1970, 226-227. <<

[18] Hallará el lector el mejor estudio sucinto de la administración militar en el año 1935 en Carolyn Boyd, Historia General de España y América, Madrid, 1986, 17, 162-169, y el más completo en Mariano Aguilar Olivencia, El Ejército español durante la Segunda República, Madrid, 1986, 365-468. <<

[19] Documents on German Foreign Policy, Washington, D. G, 1950, serie C, vol. 4, docs., 303, 330, 445, citados originalmente en Paul Preston, The Coming of the Spanish Civil War, Londres, 1978, 159 (CSCW). <<

[20] Antonio Rodríguez de las Heras, Filiberto Villalobos: Su obra social y política (1900-1936), Salamanca, 1985, 177-272, brinda una detallada relación de su obra durante el gobierno de Samper y el cuarto de Lerroux. <<

[21] Véase Mariano Pérez Galán, La enseñanza en la Segunda República española, Madrid, 1975, 203-304, y Manuel de Puelles Benítez, Educación e ideología en la España contemporánea (1767-1975), Barcelona, 1980, 342-345. <<

[22] Tales fueron las proposiciones que don Niceto elaboró en su pequeño libro. Los defectos de la Constitución de 1931, Madrid, 1936. En sus Memorias, sostiene que Azaña llegó a admitirle incluso que la Constitución era todavía más defectuosa que lo que aseguraba el presidente, pero que, como la reforma se había convertido en un tema tan polarizador entre la izquierda y la derecha, él, Azaña, tenía que oponerse a aquella reforma.

En las primeras semanas de 1935 apareció el nuevo libro de Madariaga sobre la representación popular Jerarquía o anarquía que proponía una representación parcialmente indirecta y corporativa junto con una votación directa limitada. La gente se fijó en su parcial coincidencia con la crítica efectuada por la derecha moderada, lo que redundó en cierta atención hacia el libro. <<

[23] Véase Francesc Carreras, «Los intentos de reforma electoral durante la Segunda República», REP, 31-32, enero-abril de 1983, 165-197. <<

[24] En distintos artículos semanales aparecidos en el periódico JAP de noviembre de 1934 a marzo de 1935. <<

[25] Robinson, The Origins, 208-215. <<

[26] Calvo Sotelo, que estaba a favor de más financiación del déficit, hizo la observación de que la República había tenido un presupuesto de doce meses, otro de nueve, dos de seis meses, y cinco prórrogas de trimestre. <<

[27] Citado en Arrarás, Segunda República, 3, 148. <<

[28] Joaquín Chapaprieta, La paz fue posible, Barcelona, 1971, 165-201. Véanse también «Las reformas tributarias en la II República española», en Manuel Ramírez Jiménez, Las reformas de la II República, Madrid, 1977, 185-198, y J. Gil Pecharromán, «La opinión pública ante las reformas hacendísticas de Joaquín Chapaprieta», Hispania, 47, 167, 1987, 1001-1026. <<

[29] Véase el análisis de Carlos Seco Serrano en su prólogo a Chapaprieta, La paz, 58-59. <<

[30] «Straperlo» (= estraperlo) fue un neologismo que combina los apellidos de sus dos inventores y promotores, Strauss y Perle. Este término pasó enseguida al idioma de la calle, convirtiéndose en la palabra de uso nacional para designar el mercado negro, totalmente generalizado a partir de la Guerra Civil. La rueda del Straperlo se diferenciaba de la de la ruleta convencional en que no funcionaba exclusivamente a base del puro azar, sino siguiendo unos mecanismos complicados, pero regulares, que podían calcular los jugadores duchos (aunque el empleado de turno tenía también sus medios para intervenir, si lo creía conveniente, en el resultado, «echando fuera» un cálculo ganador). En teoría, aquello daba origen a un nuevo juego, más de «maña» que de suerte ciega. <<

[31] Se dijo que había proporcionado el contacto inicial el periodista liberal mexicano Martín Luis Guzmán, antes administrador de El Sol y amigo personal de Azaña. La principal carta de Strauss a Alcalá Zamora, acompañada de muchas supuestas pruebas documentales, estaba fechada el 5 de septiembre de 1935. Chapaprieta, La paz, 267-268; Octavio Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical 1908-1936, Madrid, 1976, 503-504; Alcalá Zamora, Memorias, 312. <<

[32] Gil Robles nos dice que en el período inmediatamente posterior a las elecciones de 1933 había llegado a un acuerdo de trabajo con Cambó para que la CEDA y la Lliga hicieran todo lo posible para no perder de vista a los radicales en el poder, y adoptar medidas comunes si se producían señales significativas de corrupción financiera. No fue posible, 144. <<

[33] Véanse las francas observaciones que hace el periodista y algún tiempo ministro radical César Jalón en sus Memorias políticas, Madrid, 1973, 214-218 y en muchas partes. <<

[34] Chapaprieta, La paz, 256-260. <<

[35] Jalón, que sentía el máximo respeto y admiración por Lerroux, hacía referencia a su hijo adoptivo y camarilla respectiva como «el clan Aurelio» y como la aduana. Memorias, 223. <<

[36] Véase en especial la abundante cobertura de El Debate, 26 de octubre de 1935 y días siguientes. <<

[37] El impacto del asunto del Straperlo en los radicales aparece tratado en Ruiz Manjón, El Partido, 500-527. <<

[38] Según Alcalá Zamora admite en sus Memorias, 311. Asegura también que el contrato original con Tayá había sido cancelado por no prestación de servicios, cosa que parece cierta. <<

[39] Chapaprieta, La paz, 307-309; Lerroux, Pequeña historia, 394-400. <<

[40] Ruiz Manjón somete a examen el colapso interno en El Partido, 529-559. Esto se puede comparar con la situación, muy diferente, en 1990, cuando un Estado socialista sólidamente organizado, con una mayoría parlamentaria escasa fue capaz de quitarse de encima unos escándalos financieros mucho más graves, e incluso aumentar su voto en las elecciones autonómicas de Andalucía. <<

[41] Chapaprieta, La paz, 82. <<

[42] Citado en Arrarás, Segunda República, 3:267. <<

[43] La versión de Gil Robles aparece en No fue posible, 361-364. Alcalá Zamora justificó posteriormente su veto a Gil Robles en vista de la incapacidad de éste para poner coto a los elementos autoritarios «fascistas» de su partido, especialmente a la JAR Aseguró que Gil Robles trató de justificar ante él su permisiva política al respecto alegando que aquellos elementos (ultras) eran menos peligrosos con la CEDA, donde podía controlarlos, que si se pasaban a la Falange. Memorias, 341, 343. <<

[44] Gil Robles da su explicación de su maniobra en No fue posible, 362-366. <<

[45] Franco reiteró su postura del 11 de diciembre de 1935 en una carta escrita a Gil Robles durante la guerra, aclarando en ella que aquella postura suya era compartida por otros generales, y que no había que culpar a Gil Robles. Esa carta se publicó por primera vez en El Correo de Andalucía, el 6 de abril de 1937. <<

[46] El mejor análisis de esas diferentes alternativas aparece en J. J. Linz, «From Great Hopes to Civil War: The Breakdown of Democracy in Spain», en J. Linz y A. Stepan (edición a cargo de), The Breakdown of Democratic Regimes: Europe, Baltimore, 1978, 142-215. <<

[47] Lerroux reconoció muy bien la ecléctica composición de su partido durante la República, recalcando que hacía todo un servicio con la incorporación de unos elementos tan variopintos a la democracia republicana, y especuló sobre su posible desaparición final una vez que se hubiesen consolidado una izquierda y una derecha auténticamente republicanas. En Ruiz Manjón, El Partido, 677-685, se puede hallar una valoración final de los radicales. <<

[1] Manuel Portela Valladares, Memorias, Madrid, 1988, 160-161. <<

[2] Joaquín Chapaprieta, La paz fue posible, Barcelona, 1971, 353-360. <<

[3] J. M. Gil Robles, No fue posible la paz, Barcelona, 1968, 386-390. <<

[4] Citado en Joaquín Arrarás, Historia de la Segunda República española, Madrid, 1956-1963, 3:293. <<

[5] La Libertad (Madrid), 13 de abril de 1935; Diego Martínez Barrio, Orígenes del Frente Popular español, Buenos Aires, 1943, 24-31. <<

[6] El mejor estudio es Santos Juliá, Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936), Madrid, 1979, 27-41. <<

[7] Su texto aparece por primera vez en Carlos de Baráibar, Las falsas «posiciones socialistas» de Indalecio Prieto, Madrid, 1935, 139-145. <<

[8] Su texto apareció en La Libertad (Madrid), el 30 de marzo de 1935. Véase Juan-Simeón Vidarte, El bienio negro y la insurrección de Asturias, Barcelona, 1978, 387-398. <<

[9] Juliá, Historia, 147-148. <<

[10] Julián Besteiro, Marxismo y antimarxismo, Madrid, 1935. Preston hace observar que «sus insinuaciones de que la violencia de la Izquierda Socialista apenas se diferenciaba de la del fascismo, no le granjearon las simpatías de los caballeristas». Paul Preston, The Coming of the Spanish Civil War, Londres, 1978, CSCW, 138. Los besteiristas publicaron su propio seminario Democracia de junio a diciembre de 1935. Hemos de recordar que entonces no existía en España una auténtica «derecha socialista», como el neosocialismo de Déat de Francia o el «planismo» de Man de Bélgica. El besteirismo era esencialmente una vuelta al Kautskismo. <<

[11] El análisis más detallado de la radicalización socialista es el de Santos Juliá, La izquierda del PSOE 1935-1936, Madrid, 1977. Véase también Andrés de Blas Guerrero, El socialismo radical en la II República, Madrid, 1978. Se pueden hallar unos estudios sucintos y útiles en Preston, CSCW, 131-150, y en su «The struggle against Fascism in Spain: Leviatán, y las contradicciones de la Izquierda Socialista, 1934-1936», en M. Blinkhorn (edición a cargo de), Spain in Conflict 1931-1939, Londres, 1986, 40-59, siendo el más amplio vistazo resumido la obra de Helen Graham, «The Eclipse of the Socialist Left. 1934-1937», en F. Lannon y P. Preston (edición a cargo de), Elites and Power in Twentieth-Century Spain, Oxford, 1990, 127-151. <<

[12] Tocante a estas maniobras, véase Julia, Orígenes, 12-26, y Rafael Cruz, El Partido Comunista de España en la Segunda República, Madrid, 1987, 217-247. <<

[13] El estudio más reciente, y posiblemente el mejor, del Frente Popular en Francia es Julián Jackson, The Popular Front in France 1934-1938, Cambridge, 1988. Véanse también Karl G. Harr, Jr., The Genesis and Effect of the Popular Front in France, Lanham, Md., 1987, y Georges Lefranc, Histoire du Front Populaire, París, 1974. Víctor Alba, El Frente Popular, Barcelona, 1976, es un estudio muy general. El desarrollo del Frente Popular francés y su influencia en España, y en el conjunto de Europa, aparecen en M. S. Alexander y H. Graham (edición a cargo de), The French and Spanish Popular Fronts: Comparative Perspectives, Cambridge, 1989, y en H. Graham y P. Preston (edición a cargo de), The Popular Front in Europe, Nueva York, 1987. <<

[14] Los tres discursos principales de Azaña en 1935 fueron publicados como Discursos en campo abierto, Madrid, 1936. El gran mitin de Comillas aparece descrito por un testigo presencial, Henry Buckley, en su The Life and Death of the Spanish Republic, Londres, 1940, 179-188, y por Frank Sedwick, The Tragedy of Manuel Azaña and the Fate of the Spanish Republic, Athens, Ohio, 1963, 145-150. <<

[15] Algunas relaciones un tanto dispares sobre aquel encuentro y la escisión en sí pueden hallarse en Claridad, 23 de diciembre de 1935; El Socialista, 20-25 de diciembre, 1935; Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos, México, D. F., 1954, 146-148; Vidarte, El bienio negro, 26; y G. Mario de Coca, Anti-Caballero, Madrid, 1936, 152-154, 193-198. <<

[16] Joaquín Maurín, líder del BOC, seguía apegado básicamente a su teoría biclasista de la revolución española, según la cual la burguesía no podía desempeñar ya un papel progresista. Sólo la clase trabajadora entera podía garantizar una revolución socialista, que tendría que dar lugar enseguida a una fase socialista revolucionaria, aunque los pequeños sectores progresistas de la pequeña burguesía podrían colaborar con la izquierda obrera en la fase democrática inicial.

La Izquierda Comunista de Andreu Nin había terminado por romper con Trotsky en el otoño de 1934, al rechazar aquélla la insistencia de éste en el «entrismo», o sea en la fusión con el Partido Socialista, al que Nin y sus camaradas consideraban demasiado socialdemócrata y comprometido con el republicanismo burgués. La decisión de Maurín y Nin de formar un partido nuevo en 1935 en vez de unirse a los socialistas tuvo consecuencias destructoras, porque debilitó a los socialistas y dejó aislado al POUM, al tiempo que facilitaba a los comunistas la absorción de las Juventudes Socialistas y de las asociaciones menores socialistas catalanas en 1936. Maurín y Nin habrían preferido sobre todo un bloque revolucionario de la izquierda obrera no estalinista, pero se unieron al Frente Popular como la mejor opción disponible. Sobre la formación del POUM y su postura revolucionaria, véase Joaquín Maurín, Revolución y contrarrevolución en España, Barcelona, 1935; París, 1966; Víctor Alba, Historia del POUM, vol. 2 de El marxismo a Catalunya, Barcelona, 1974; y en inglés: V. Alba y S. Schwartz, Spanish Marxism versus Soviet Communism: A History of the POUM, New Brunswick, N. J., 1988, 87-110. <<

[17] Este manifiesto apareció en la prensa el 16 de enero de 1935. <<

[18] Juliá, Los orígenes, 134-149. <<

[19] Adrián Shubert, «A Reinterpretation of the Spanish Popular Front: The Case of Asturias», en Alexander y Graham, The French and Spanish Popular Fronts, 213-225. Véase Diego Abad de Santillán, Por qué perdimos la guerra, Buenos Aires, 1940, 36 y César M. Lorenzo, Les anarchistes espagnols et le pouvoir 1868-1939, París, 1969, 89-92. <<

[20] El Sol, 14 de enero de 1936. <<

[21] La población penal de España verificada oficialmente el 15 de febrero de 1936, era de 34 526 personas. El promedio anterior a mediados de 1934 había sido de unas 20 000, por lo que el número de nuevos presos debidos a la insurrección andaba presumiblemente en torno a los 15 000. Benito Pabón, uno de los dos diputados elegidos por el Partido Sindicalista de Pestaña, admitió otros tantos en la Cámara el 2 de julio de 1936. <<

[22] Portela Valladares, Memorias, 167-168. <<

[23] Ibíd. <<

[24] Portela indica que se consiguió también una inteligencia más indirecta con Martínez Barrio en Sevilla. Ibíd., 166. <<

[25] Con todo, en la provincia de Badajoz Portela se las arregló para hacer un trato con los socialistas, según explica J.-S. Vidarte en Todos fuimos culpables, Barcelona, 1977, 38-41. <<

[26] Según Joaquín Chapaprieta, La paz fue posible, Barcelona, 1971, 390-396. <<

[27] Octavio Ruiz Manjón, El partido Republicano Radical 1908-1936, Madrid, 1976, 559-572. <<

[28] La mejor descripción breve de la campaña de la derecha aparece en Richard A. H. Robinson, The Origins of Franco’s Spain, Londres, 1970, 241-247. <<

[29] La Publicidad (Granada), 23 de enero de 1936, en Miguel Pertíñez Díaz, Granada 1936: Elecciones a Cortes, Granada, 1987, 46. <<

[30] El único estudio existente es Pertíñez Díaz, Granada 1936, (citado en la nota precedente), y se limita principalmente a citar las versiones de periódicos partidistas locales mutuamente hostiles. <<

[31] Javier Tusell halla que, de todos los grandes relatos históricos, el que más se acerca a las cifras reales es la ultraderechista Historia de la Cruzada española, Madrid, 1940, dirigida por Joaquín Arrarás. En Tusell y otros, Las elecciones del Frente Popular, Madrid, 1971, 2:15, aparecen las estimaciones de distintos autores. <<

[32] Esto es lo que más se acerca al estudio definitivo que probablemente llegaríamos a tener y tiene en cuenta los totales correspondientes a cada distrito referentes al máximo número de votos del candidato de cabecera de cada lista (presumiblemente el número total absoluto de votantes que eligieron esa lista concreta en la circunscripción), con alguna corrección cuando una lista consiguió tanto la mayoría como la minoría en un distrito dado. <<

[33] Juan J. Linz y Jesús M. de Miguel, «Hacia un análisis regional de las elecciones de 1936 en España», Revista Española de la Opinión Pública, 48, abril-junio de 1977, 27-67. <<

[34] De acuerdo con el análisis hecho en Linz y De Miguel, «Las elecciones de 1936». <<

[35] Ruiz Manjón, El Partido, 572-588. <<

[36] En Badajoz, donde en 1933 los socialistas habían obtenido 139 000 votos frente a los 8000 del partido de Azaña, los de Izquierda Republicana habían recibido cuatro de las diez concejalías de la lista del Frente Popular a fin de negar representación a los besteiristas, según Preston, CSCW, 148. Shubert, en «A Reinterpretation», 221, asegura que en Asturias cada candidatura concedida a los republicanos representó 8552 votos, mientras que «cada puesto socialista equivalía a 12 775». <<

[37] Las principales diferencias surgidas tras el comienzo de la Guerra Civil aparecerían en Castilla la Nueva y Galicia, cuyas identidades se invirtieron. Castilla la Nueva había votado en su mayoría por la derecha, pero quedó en la zona republicana debido a la fuerza centrípeta de Madrid, mientras Galicia, que sacó más diputados del Frente Popular que ninguna otra región, fue ganada por los sublevados. El voto popular en Galicia resultó de hecho claramente más triangulado que en la mayoría de las regiones y por lo mismo, el resultado se vio muy influido por el sistema de alianzas, de tal modo que la mayoría real obtenida allí por el Frente Popular fue considerablemente inferior que lo que hacía suponer el número de diputados. <<

[38] La versión de Portela Valladares aparece en sus Memorias, 175-182, y la de Gil Robles en No fue posible, 492-497. <<

[39] La versión de Franco aparece en Arrarás, La Segunda República, 4:50-51. <<

[40] Portela Valladares, Memorias, 182-184. <<

[41] Id., 184-185. <<

[42] Arrarás, La Segunda República, 4:57-58. <<

[43] Portela Valladares, Memorias, 186-187. <<

[44] Id., 188-190. Puede verse otra perspectiva diferente en J.-S. Vidarte, Todos fuimos culpables, Barcelona, 1977, 40-50. <<

[45] Añade de un modo algo críptico, tras mencionar el ofrecimiento de Franco de traer a la Península las unidades de elite: «En esto [Franco] tenía razón. Las noticias más frescas que llegaban al ministerio no hacían otra cosa que confirmar con creces las que se habían recibido antes», refiriéndose probablemente a la expansión de los disturbios. Portela Valladares, Memorias, 192. <<

[46] Como se podría esperar, hay cierta diferencia entre la prolija versión de Portela Valladares, Memorias, 192-196, y la explicación, más nítida, de Alcalá Zamora, Memorias, Barcelona, 1977, 347-348, que titula esa breve sección de su relato «Dimisión-huida de Portela». Don Niceto asegura que, hasta el último minuto, Portela estaba convencido de que iba a tener éxito su maniobra electoral centrista, pero se le vinieron abajo los nervios en la tarde del día 16. Afirma que lo que más preocupaba a Portela el día 17 eran los disturbios de la izquierda, pero que después lo fueron alarmando cada vez más las presiones de los militares el día 18 justo antes de caer presa del pánico debido a las crecientes revueltas de la izquierda para, finalmente, dimitir ante la situación el día 19. Alcalá Zamora, según algunas citas, se quejaba un mes más tarde en una conversación privada de Portela en estos términos: «Me falló del todo; se aterró y, en su deserción, no obstante, mis esfuerzos, dejó que el frente revolucionario se llevara indebidamente sesenta actas con los atropellos postelectorales». J. Tusell y J. Calvo, Giménez Fernández, precursor de la democracia española, Sevilla, 1990, 201. <<

[1] En cuanto le llegaron las nuevas de la dimisión de Portela, Azaña escribió en su diario (Obras completas, México, D. F., 1965-1968, 4:564):

«Lo regular sería, en nuestro sentir, que el gobierno aguardase a la reunión de las Cortes para dimitir. Hoy, ni siquiera sabemos cuál es el resultado electoral, ni por tanto, qué mayoría tenemos… Entrando de improviso, y a un mes de distancia de la apertura de las Cortes, nuestra situación sería más delicada y difícil, sin el respaldo del Parlamento… Siempre he temido que volviésemos al gobierno en malas condiciones. No pueden ser peores. Una vez más hay que segar el trigo en verde».

Respecto del virtual miedo al triunfo y a tener que encabezar un nuevo gobierno, véase la introducción de Marichal al III Volumen de las Obras completas de Azaña, págs. xxvii-xxix. <<

[2] Azaña asegura que el tono de aquel mensaje «lo habíamos acordado en el consejo, a fin de calmar el desordenado empuje del Frente Popular y aconsejar a todos la calma». Ibíd., 4, 566. <<

[3] El Sol, 21 de febrero de 1936. <<

[4] Véanse las observaciones al tenor de Manuel Portela Valladares en sus Memorias, Madrid, 1988, 197-198. <<

[5] El Socialista dio a conocer el 18 de febrero que algunos grupos del Frente Popular se las habían arreglado para abrir ya una serie de cárceles el día anterior, y noticias de tipo similar aparecieron en varios otros diarios izquierdistas. <<

[6] El Sol, 26 de febrero de 1933. <<

[7] Cataluña bajo el Frente Popular es analizada en Ricard Vinyes, La Catalunya Internacional: el frontpopulisme en l’exemple català, Barcelona, 1983. <<

[8] Caracteriza la distancia existente entre los líderes de la izquierda y la derecha el que Azaña pudiese anotar en su diario que se había encontrado personalmente con Giménez Fernández por primera vez el 20 de febrero, y añade: «Asegura que no le separa de mí más que la política religiosa. Nunca le he oído hablar, ni leído nada suyo. Ignoro si vale para algo… Me aparece como un conservador utópico, para discursos en los juegos florales». Azaña escribió también que las derechas: «Tienen un miedo horrible. Ahora quieren pacificar… Si hubiesen ganado las elecciones, no se habrían cuidado de pacificar y, lejos de dar la amnistía, habrían metido en la cárcel a los que aún andan sueltos». Cuando Giménez Fernández se le quejó de las violentas agresiones hechas contra los centros y periódicos de la CEDA, Azaña le quitó importancia a aquello con una finta retórica de repertorio: «Tienen ustedes que convencerse», le dijo riendo, «de que la derecha de la República soy yo y ustedes unos aprendices extraviados». Obras completas, 4, 570 y 572. <<

[9] El Debate, 6 de marzo de 1933; Gil Robles, No fue, 575. <<

[10] Gil Robles, No fue, 576. <<

[11] Véase Miguel Pertínez Díaz, Granada, 1936: Elecciones a Cortes, Granada, 1987, 102-106 y la espeluznante pieza propagandista de Ángel Gollonet y José Morales, Rojo y azul en Granada, Granada, 1937. <<

[12] Muchos incidentes de éstos, aunque con mucho no todos, se pueden reconstruir a partir de una prensa censurada parcialmente. Aparecen extensos relatos de aquellos disturbios en Josep Pla, Historia de la Segunda República española, Barcelona, 1940, vol. 4 y Joaquín Arrarás, Historia de la Segunda República española, Madrid, 1908, vol. 4, y también en Fernando Rivas, El Frente Popular, Madrid, 1976. <<

[13] David Jato, La rebelión de los estudiantes, Madrid, 1967, 285-289, relata aquellos incidentes desde la perspectiva falangista. Juan Antonio Ansaldo, ¿Para qué…?, Buenos Aires, 1953, describe cómo llevó a Biarritz en avioneta a los pistoleros falangistas. <<

[14] El único historiador de la República que sitúa estas cosas en una perspectiva objetiva es Luis Romero, Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo, Barcelona, 1982, 40-42. <<

[15] Según Rivas, El Frente, 122. <<

[16] Luis Romero comenta al hablar de los izquierdistas que cometían actos violentos: «La policía nunca los detenía». Historia 16 100, agosto de 1984, 55. <<

[17] Luis Romero, Por qué y cómo, 56-58. <<

[18] Ibíd., 59. Sin embargo, como hemos visto ya, a Azaña no le hacían la menor gracia aquellas atrocidades anticlericales.

El caso incendiario más espectacular del mes de marzo, aparte del tumulto de Granada, se produjo en la localidad de Yecla, donde ardieron en un solo día catorce iglesias y otros edificios de la Iglesia. Aquel huracán de incendios y tumultos provocó la huida temporal de parte de la población de Yecla, pero dio pie a que el órgano comunista Mundo Obrero, se preguntase retóricamente el 21 de marzo cuántas iglesias habría que quemar en toda España si había habido que incendiar tantas en una ciudad relativamente tan pequeña. <<

[19] Claudio Sánchez Albornoz, De mi anecdotario político, Buenos Aires, 1972, 116. <<

[20] Mundo Obrero, Madrid, 2 de marzo de 1936. <<

[21] Rivas, El Frente, 149-151. <<

[22] Arrarás, Segunda República, 4:87-88. <<

[23] Antonio Cacho Zabalza, La Unión Militar Española, Alicante, 1940, no constituye un relato totalmente fiable. <<

[24] Juan-Simeón Vidarte, Todos fuimos culpables, Barcelona, 1977, 1:50-51. Referente a la diminuta minoría izquierdista de la oficialidad, léase la primera parte de las memorias de Antonio Cordón, Trayectoria, Barcelona, 1977. <<

[25] De los ocho generales que asistieron, sólo dos tenían mandos activos y cinco estaban retirados. Estuvieron presentes también dos coroneles monárquicos (Galarza y Varela). <<

[26] Véase F. Olaya Morales, La conspiración contra la República, Barcelona, 1979, 314-323, y Daniel Suerio, «Sublevación contra la República», Pt. 2, Historia 16 8:90, octubre de 1983, 21-32. <<

[27] Sobre los socialistas vascos en aquella fase final, véase, además del libro de Miralles citado antes, su artículo «La crisis del movimiento socialista en el País Vasco, 1935-1936», Estudios de Historia Social 3-4, 1987, 275-287. <<

[28] El Socialista, 12 de febrero de 1936. <<

[29] Mundo Obrero, 5 de marzo de 1936. Se trataba esencialmente del mismo programa de 13 puntos que había publicado Mundo Obrero el 15 de febrero, la víspera de las elecciones. <<

[30] Claridad, 25 de enero de 1936. <<

[31] Gabriel Mario de Coca, Anti-Caballero, Crítica marxista de la bolchevización del Partido Socialista, Madrid, 1936, 207, 211. <<

[32] Ricard Viñas, La formación de las Juventudes Socialistas Unificadas, Madrid, 1978. La memoria biográfica del antiguo activista de las Juventudes Socialistas, Ángel Merino Galán, Mi guerra empezó antes, Madrid, 1976, 73-99, destaca el hecho de que la unificación fue efectuada exclusivamente por la directiva suprema, sin consulta alguna. <<

[33] Véase Rafael Cruz, El Partido Comunista de España en la Segunda República, Madrid, 1987, 248-293, y del mismo autor «El Partido Comunista y el Frente Popular, 1935-1936», Historia 16 11: 123, julio de 1986, 22-28. <<

[34] Solidaridad Obrera, 15 abril de 1936. <<

[35] Ibíd., 24 de abril de 1936. <<

[36] Según apareció en Claridad, 6 de abril y 30 de mayo de 1936, comentado por Paul Preston, The Coming of the Spanish Civil War, Londres, 1978; CSCW. <<

[37] Muchos de aquellos incidentes no se registraron en el Diado de sesiones, aunque a veces los sacaba a relucir la prensa. <<

[38] Mundo Obrero presentó su lista el 19 de febrero. <<

[39] Carlos Seco Serrano en la Historia de España, Barcelona, 1968, 6:158. <<

[40] Salvador de Madariaga, España, Buenos Aires, 1964, 359-360. <<

[41] Véase Preston, CSCW, 175. <<

[42] El estudio más cabal es el de Pertíñez Díaz, Granada 1936, 106-122. <<

[43] Las derechas habían dispuesto desde luego de más dinero que las izquierdas para intentar corromper el proceso electoral en varias comarcas, pero, a excepción de Granada, la principal interferencia se debió probablemente a las maquinaciones del Ministerio del Interior, hechas para favorecer al centro. <<

[44] Véase el prólogo de Prieto a Luis Solano Palacio, Vísperas de la guerra de España, México, D. F., sin fecha, 6-7. <<

[45] Javier Tusell Gómez y otros, Las elecciones del Frente Popular en España, Madrid, 1971, 2:190. <<

[46] Alcalá Zamora, Memorias, Barcelona, 1977, 351. <<

[47] Boletín del Ministerio de Trabajo, en Preston, CSCW, 178. <<

[48] Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain, New Haven, 1970, 367-368. <<

[49] Citado en Mercedes Cabrera, La patronal ante la II República, Madrid, 1983, 293. <<

[50] Malefakis, Agrarian Reform, 369. <<

[51] Ibíd., 373. <<

[52] El Sol, 23 de junio de 1936. <<

[53] El mejor estudio sucinto de la política económica del último gobierno republicano es el de J. M. Macarro Vera, «Social and Economic Policies of the Spanish Left in Theory and in Practice», en M. S. Alexander y H. Graham (edición a cargo de), The French and Spanish Popular Fronts, Cambridge, 1989, 171-184. <<

[54] Sobre la restauración de los jurados mixtos y el problema de los costos laborales, véase J. Montero, Los Tribunales de Trabajo (1908-1938), Valencia, 1976, 193-198. <<

[55] Mariano Pérez Galán, La enseñanza en la Segunda República española, Madrid, 1975, 309-322; Manuel de Puelles Benítez, Educación e ideología en la España contemporánea (1767-1975), Barcelona, 1980, 345-347. <<

[56] Salvador de Madariaga, Spain: A modern History, Nueva York, 1985, 475. <<

[57] Madariaga, Spain, 452-453. <<

[58] Una de tantas provincias donde los terratenientes se volvieron agresivos fue Guadalajara. Véase A. R. Diez Torres, «Guadalajara 1936: La primera crisis del caciquismo», Estudios de Historia Social, 1987, 3-4, 289-305. <<

[59] La mayoría de aquellos sucesos fueron descritos por la prensa. Las relaciones más extensas aparecen en Rivas, El Frente, 172-190, y en Ian Gibson, La noche en que mataron a Calvo Sotelo, Madrid, 1982, 250-253. Las autoridades policíacas de Madrid se esforzaron en comportarse de un modo responsable, deteniendo a numerosos obreros por sospechar que habían disparado contra el cortejo fúnebre y arrestando incluso brevemente, para interrogarlo, al teniente de la guardia de asalto y socialista militante José Castillo, quien se mostró agresivo al reprimir aquella manifestación, disparando a quemarropa e hiriendo gravemente a uno de los participantes. <<

[60] En la tarde del 16 de abril, Azaña le espetó con enojo al diputado socialista J.-S. Vidarte: «Ustedes [los socialistas] con sus silbidos contra la guardia civil ponen a esta gente contra la República, como el día 14, cuando la manifestación». Vidarte, Todos fuimos, 90-91. <<

[61] Ibíd., 103. <<

[62] Romero, Por qué y cómo, 87; Arrarás, Segunda República, 4:242. <<

[63] Antonio Ramos Oliveira, Historia de España, México, D. F., 1952, 3, 244. <<

[64] Alcalá Zamora, Memorias, 353. <<

[65] Según las cartas que escribió a su cuñado, Cipriano de Rivas Cherif, citado en la obra de este último Retrato de un desconocido, Barcelona, 1980, 667-672. Azaña recordaría más adelante, durante la Guerra Civil, que Alcalá Zamora actuaba como si fuera «el líder de la oposición antirrepublicana». Obras completas, México, D. F., 1965-1968, 4, 719. En este caso, como de costumbre, emplea Azaña el término «republicano» en su sentido sectario habitual. <<

[66] Y, añade Alcalá Zamora, al parecer con mucha razón, porque cuatro miembros de su familia fueron asesinados en las ejecuciones en masa que se produjeron en Jaén al principio de la Guerra Civil. Memorias, 353. <<

[67] Ibíd., 352. <<

[68] Ibíd., 357. <<

[69] Ibíd. <<

[70] Ibíd., 358. <<

[71] Ibíd., 359. <<

[72] Joaquín Chapaprieta, La paz fue posible, Barcelona, 1971, 407-412. <<

[73] Carta de Azaña en Rivas Cherif, Retrato, 674. <<

[74] Chapaprieta, La paz, 414, hace la desdeñosa observación de que «Azaña hablaba de los problemas económicos con su acostumbrada ignorancia de ellos». <<

[75] O al menos eso le dijo Giménez Fernández a Gabriel Jackson años después, The Spanish Republic and the Civil War, 1931-1939, Princeton, 1965, 215. <<

[76] La relación completa de los problemas constitucionales implicados y de la sesión del 3 de abril aparece en Joaquín Tomás Villarroya, La destitución de Alcalá Zamora, Valencia, 1988, 85-106. <<

[77] Azaña a Rivas Cherif, en Retrato, 676. <<

[78] Madariaga, Spain, 454. Vidarte, Todos fuimos, 75, pone en boca de Julián Besteiro las palabras siguientes, dichas al parecer a la delegación parlamentaria socialista: «Me parece que los que menos autoridad tenemos para decir que las Cortes de la CEDA no estaban bien disueltas somos nosotros, que en mítines, en la prensa y en todas partes no nos cansábamos de solicitar la disolución». <<

[79] Alcalá Zamora, Memorias, 360-373. <<

[80] Ibíd., 372. <<

[81] Gil Robles, No fue posible, 559-560. <<

[82] Este episodio aparece explicado en diferentes maneras por el cuñado y medianero de Franco, Ramón Serrano Suñer, en sus Memorias, Barcelona, 1977, 56-58; José Gutiérrez Rave, Gil Robles, caudillo frustrado, Madrid, 1967, 165; Gil Robles, No fue posible, 563-567; y Maximiano García Venero, El general Fanjul, Madrid, 1967, 227. <<

[83] La única fuerza armada de los socialistas madrileños fue un grupo conocido como «La Motorizada», por su costumbre de desplazarse en automóviles, autocares o camiones. Se nutría especialmente de miembros del sindicato ugetista de las «Artes Blancas» (compuesto sobre todo de panaderos) así como de algunos de las JSU. Organizados en torno al primero de marzo, sus integrantes eran al parecer tan adictos a Prieto como a Largo Caballero, lo que nos indica lo simplista que es atribuir todo aquel activismo a los caballeristas.

Los comunistas del área madrileña habían organizado también sus propias Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC) que, aunque de escaso número, tenían un carácter paramilitar más descarado y recibían algo de «instrucción» de fin de semana de oficiales de la UMRA. Véase Enrique Líster, Memorias de un luchador, Madrid, 1977, 67. <<

[84] Regina García, Yo he sido marxista, Madrid, 1953, 115, constituye un relato hecho por la otra socialista hija de una de las víctimas más destacadas. <<

[85] Nos dice Romero con su dura sinceridad habitual: «Costumbre bastante generalizada, entonces y ahora y más en la izquierda que en la derecha, es la de achacar culpas de hechos criminales o vergonzosos a misteriosos agentes provocadores que se presume pertenecen y obran por cuenta e instigación del bando opuesto. Obsérvese que esos agentes provocadores nunca son habidos, y que cuando alguna vez se da con los culpables y se los identifica, pertenecen a organizaciones propias o afines, no a las contrarias, y que acaban siendo defendidos con energía por los suyos. De abundar los auténticos agentes provocadores serían desenmascarados por el partido en el cual han conseguido infiltrarse… Lo que abunda son los individuos exaltados por naturaleza, que se dejan arrastrar por furias fanáticas que les privan del raciocinio, y los inducen a cometer actos impolíticos y torpes, que indignan y avergüenzan a sus correligionarios». Por qué y cómo, 103. <<

[86] Indalecio Prieto, Cartas a un escultor, Buenos Aires, 1961, 94. <<

[87] Josep Pla, Historia de la Segunda República española, Barcelona, 1940, 4:437-438. Prieto lo consideró posteriormente como uno de los discursos más importantes de su carrera política, lo hizo reimprimir dos veces durante la Guerra Civil y lo citó en numerosas ocasiones en escritos posteriores suyos. Pero Claridad rechazó de plano el 4 de mayo aquel mensaje, a la vez que sostenía que lo que más falta hacía era intensificar aún más la lucha de clases. <<

[88] Romero, Por qué, 100. <<

[89] Primo de Rivera, Obras completas, Madrid, 1952, 919-923. <<

[1] Cuenta Gil Robles: «La palidez del rostro [de Azaña] era cadavérica… A todos nos impresionó también su nerviosismo… A pesar del extraordinario dominio de la palabra que tenía, vaciló varias veces al pronunciar la breve fórmula de fidelidad a la República… En su recorrido hasta el coche que le llevaría a palacio se mostró frío y esquivo. No sonrió ni pestañeó una sola vez», No fue posible la paz, Barcelona, 1968, 605. Es posible que Gil Robles no fuese capaz de recordar cada detalle con la precisión con que lo narra, pero está fuera de duda que para entonces Azaña estaba alarmado de verdad. <<

[2] Véase la introducción de Marichal al vol. III de las Obras completas de Azaña, México, D. F., 1965-1968, xxxi-xxxii. <<

[3] Por ejemplo, Juan-Simeón Vidarte, Todos fuimos culpables, Barcelona, 1977, 1:74-80; Julián Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, París, 1968, 1:20; e incluso Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos, México, D. F., 1954, 155. <<

[4] Claudio Sánchez Albornoz, De mi anecdotario, Buenos Aires, 1972, 127. <<

[5] Aunque Azaña no ha dejado testimonios al respecto, su cuñado y confidente Cipriano de Rivas Cherif asegura que don Manuel respaldó con seriedad la opción de Indalecio Prieto. Retrato de un desconocido, Barcelona, 1980, 328. <<

[6] Aunque aquella proposición era escasamente admisible, en una carta escrita al autor de este libro el 30 de octubre de 1959, Prieto expresó su nostálgica pesadumbre por no haber hecho un mayor esfuerzo para lograr un entendimiento con los elementos de miras más amplias situados a la derecha de los socialistas. <<

[7] Paul Preston, The Coming of the Spanish Civil War, Londres, 1978, 178 (CSCW). <<

[8] Ibíd. <<

[9] Largo Caballero, Mis memorias, 145. <<

[10] Vidarte, Todos fuimos, 117-126; Indalecio Prieto, Convulsiones de España, México, D. F., 1967, 1, 164 y 3, 135-136; Amaro del Rosal, Historia de la U. G.T. de España 1901-1939, Barcelona, 1977, 1,479. <<

[11] Según la versión de José Larraz, que participó en aquellas conversaciones, ABC, 16 de junio de 1965. <<

[12] Obras completas, 4, 570-571. <<

[13] Diego Martínez Barrio, Memorias, Barcelona, 1983, 329, véase Josefina Carabias, Azaña: los que le llamábamos don Manuel, Barcelona, 1980, 230-233. (Hay que advertir, sin embargo, que las memorias de Martínez Barrio figuran entre las más engañosas e incompletas correspondientes a políticos de aquella época). <<

[14] Retrato, 328-329. <<

[15] Véanse las observaciones que hace Alcalá Zamora, hombre austero en lo económico, Memorias, Barcelona, 1977, 378. <<

[16] El diputado Mariano Ansó, de Izquierda Republicana, escribiría años después que la actitud de Casares asegurando estar «en estado de guerra contra una fracción [considerable] del cuerpo nacional» era algo «totalmente desacostumbrado en los jefes de gobierno». Yo fui ministro de Negrín, Barcelona, 1976, 118. En la misma vena véase Félix Gordón Ordás, Mi política en España, México, D. F., 1962, 2:526. <<

[17] Gil Robles, No fue posible, 618-619; Joaquín Arrarás, Historia de la Segunda República española, 4, 275; Vidarte, Todos fuimos, 135-136; y Juan Avilés Farré, La izquierda burguesa en la II República, Madrid, 1985, 305. Años después, poco antes de su muerte, escribió Giménez Fernández: «Desde abril de ese año, Besteiro, Maura, Sánchez Albornoz y yo pensábamos sobre un posible gobierno parlamentario de centro, que comprendiera desde la derecha socialista de Besteiro y Prieto hasta la izquierda democristiana de Lucia, para oponerse y combatir la demagogia fascista y frentepopulista. Desgraciadamente, este plan, que en principio no les parecía mal ni a Gil Robles ni a Prieto, no pudo cuajar por los siguientes obstáculos: a) La miopía política de Martínez Barrio que, a cambio de lograr siete actas en el despojo que se hizo a las derechas pasando de treinta y cinco a cuarenta y dos, no se dio cuenta de que su grupo pasaba de ser fiel de la balanza en la Cámara a quedar englobado en la derecha, resultando, como luego demostró el curso de los sucesos, completamente inoperantes, b) El miedo de Azaña, percatado de que se le escapaba el control de las izquierdas y que aceptó por ello a pasar a la Presidencia…, sin darse cuenta de que al destituir a don Niceto perdía un apoyo fortísimo en sus propósitos repentinamente templados… c) La obstinación de Prieto que, para no ser tachado de traidor a los suyos, no quería escindir la minoría parlamentaria socialista mientras no contara con la mayoría de ella; pues aunque en mayo de 1935 pasó de treinta a cuarenta y cinco adeptos, sobre todo después de la agresión a Negrín en Écija, le faltaban ocho diputados, que no llegaron a decidirse en tiempo útil para haber provocado la escisión y tras ella la crisis con la que, según Sánchez Albornoz, estaría conforme Azaña para solucionarla con un gobierno Prieto, ya que, también por miedo, no aceptaba la jefatura Sánchez Román, d) La presión a favor de la guerra civil en la derecha, donde las juventudes de Acción Popular, irritadas por los atropellos de la extrema izquierda y la lenidad de los poderes públicos, pasaban en oleadas al fascismo o a los requetés, los financieros volcaban sus arcas a favor de quienes preparaban la rebelión y, finalmente, Gil Robles nos planteó a finales de mayo a Lucia y a mí la imposibilidad de seguir preparando la posición centro, que realmente queríamos muy pocos, pues la mística de la guerra civil se había apoderado desgraciadamente de la gran mayoría de los españoles». [Citado por Carlos Seco Serrano en su prólogo a Javier Tusell Gómez y otros, Las elecciones del Frente Popular en España, Madrid, 1971, 1:xvii-xviii]. <<

[18] Richard A. H. Robinson, The Origins of Franco’s Spain, Londres, 1970, 226-267. Todos los colegios católicos fueron objeto de una incautación oficial por un decreto del 28 de julio, tras el inicio de la Guerra Civil. <<

[19] Información, 14 de mayo de 1936, en Mercedes Cabrera, La patronal ante la II República, Madrid, 1983, 30-3-04. <<

[20] Véase Alberto Balcells, Crisis económica y agitación social en Cataluña de 1930 a 1936, Esplugues de Llobregat, 1971, 233-234. <<

[21] Véase de nuevo aquí el análisis de J. M. Macarro Vera, «Social and Economic Policies of the Spanish Left in Theory and in Practice», en M. S. Alexander y H. Graham (edición a cargo de), The French are Spanish Popular Fronts, Cambridge, 1989, 171-184. <<

[22] Cabrera, La patronal, 291. <<

[23] Hoy (Badajoz), 27 de mayo de 1936, en Francisca Rosique Navarro, La reforma agraria en Badajoz durante la II República, Badajoz, 1988, 304. <<

[24] M. Pérez Yruela, La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba 1931-1936, Madrid, 1979, 204. <<

[25] Caspe: Un estatuto de autonomía, Zaragoza, 1977; Luis Germán Zubero, Aragón en la II República, Zaragoza, 1984, 189-206; y R. Sainz de Varanda, «La autonomía de Aragón en el período del Frente Popular», en M. Tuñón de Lara (edición a cargo de). La crisis del Estado español, Madrid, 1978. 517-533. <<

[26] X. Vilas Nogueira, O Estatuto Galego, Pontevedra, 1975; Alfonso Bozzo, Los partidos políticos y la autonomía de Galicia (1931-1936), Madrid, 1976; Xavier Castro, O galeguismo na encrucillada republicana, Orense, 1985; Bernardo Maíz, Galicia na IIa República e baixo o franquismo, Vigo, 1987; Adolfo Hernández Lafuente, Autonomía e integración en la Segunda República, Madrid, 1980, 386-390. <<

[27] El Congreso confederal de Zaragoza (mayo, 1936), Toulouse, 1955. Las cifras de la CNT del I de mayo de 1936 arrojaron poco más del 30 por ciento de los trabajadores industriales catalanes dentro de sus sindicatos en comparación con más del 60 por ciento a finales de 1931. Balcells, Crisis económica, 198. <<

[28] Solidaridad Obrera, 11 de mayo de 1936. Véase también el comentario de John Brademas, Anarcosindicalismo y revolución en España (1930-1937), Esplugues de Llobregat, 1974, 168-170. <<

[29] Solidaridad Obrera, 13 de mayo de 1936. <<

[30] El mejor análisis es el de Santos Juliá, La izquierda del PSOE (1935-1936), Madrid, 1977. <<

[31] New York Times, 26 de junio de 1936. <<

[32] El Socialista, 1 de julio de 1936, y las memorias de Vidarte, a la sazón a la cabeza del secretariado, Todos fuimos, 195-208. Asegura que él anuló también algunos votos de su Badajoz natal por los mismos motivos. <<

[33] Claridad, 10 de julio de 1936. <<

[34] Ibíd., 13 de julio de 1936. <<

[35] Véanse J. L. Martín i Ramos, Els orígens del Partit Socialista Unificat de Catalunya, Barcelona, 1977 y, sobre los antecedentes de sus componentes, Montserrat Roig, Rafael Vidiella, Barcelona, 1976, e Imma Tubella, Jaume Compte i el Partit Català Proletari, Barcelona, 1979. <<

[36] Angel Ossorio y Gallardo, Vida y sacrificio de Companys, Buenos Aires, 1943, 148-155; M. D. Ivern i Salvà, Esquerra Republicana de Catalunya (1931-1936), Montserrat, 1988, 2:177-210; Jesús Pabón, Cambó, Barcelona, 1969, 2:486-489; y M. García Venero, Historia del nacionalismo catalán, Madrid, 1967, 2, 417-419.

En su capítulo «L’oasi català: un miratge», Ricard Vinyes i Ribes (La Catalunya internacional, Barcelona, 1983, 303-335), disiente de tal interpretación, resaltando que el primero que sugirió el concepto del «Oasis catalán» fue Manuel Brunet, como una propuesta de mejora en La Veu de Catalunya el 4 de marzo de 1936. Desde luego hubo muchas huelgas y bastantes disturbios en Cataluña, pero la diferencia (con el resto del país) fue considerable a dos niveles: política de gobierno y administración, y la tasa, considerablemente menor, de homicidio político. <<

[37] A finales de 1935 distintas agrupaciones laborales católicas se habían unido en un «Frente Nacional Unido de Trabajo», que contaba con 276 389 miembros, que en ese momento constituían técnicamente casi el 20 por ciento de los trabajadores organizados de España. En junio de 1936 el gobierno cerró su sede madrileña debido a supuestas «provocaciones», lo que constituía parte de la política consumada gubernamental de ir cerrando «progresivamente» las organizaciones derechistas, al compás del apremio periódico de los comunistas. <<

[38] El Sol, 26 de mayo de 1936. <<

[39] Francisco Sánchez Pérez, «La huelga de la construcción en Madrid (junio-julio, 1936)», Historia 16, 14:154, febrero de 1989, 21-26. <<

[40] Debido a esa acusada variación, sólo se puede alcanzar un claro entendimiento de la situación reinante tras hacer un estudio monográfico de cada región principal. Un ejemplo parcial de esto último aparece en el estudio de J. A. Alarcón Caballero, El movimiento obrero en Granada en la II República (1931-1936), Granada, 1990, 420-426. <<

[41] Como aparece en los términos establecidos el 26 de junio por el jurado mixto de Córdoba, estudiado a M. Pérez Yruela, La conflictividad campesina en la Provincia de Córdoba, 1931-1936, Madrid, 1979, 412-429. <<

[42] E. E. Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain, New Haven, 1970, 384. <<

[43] Ibíd., 383. Baldomero Díaz de Entresotos, Seis meses de anarquía en Extremadura, Cáceres, 1937, constituye una relación melodramática publicada después de la Guerra Civil, pero la realidad fue de suyo bastante seria. <<

[44] Manuel Tuñón de Lara, Tres claves de la Segunda República, Madrid, 1985, 194-195. <<

[45] Casi todas las formas de actividad agraria radical presentes en la revolución rusa de 1905, tal como las detalla Teodor Shanin, Russia 1905-1907: Revolution as a Moment of Truth, New Haven, 1986, 84-90, hallaron expresión en la España del Sur en la primavera de 1936. Esto no quiere decir que las condiciones existentes se correspondieran en términos generales en ambos países como un conjunto, pero hubo algunos claros paralelismos entre Rusia y la agitación agraria del Sur de España. <<

[46] El estudio más completo aparece en Fernando Rivas, El Frente Popular, Madrid, 1976, 275-280. <<

[47] Calvo Sotelo lanzó en las Cortes el 6 de mayo la acusación de que estaban en la cárcel entre ocho y diez mil falangistas y derechistas, posiblemente una exageración. Los falangistas aseguraban que setenta miembros de Falange habían perecido de muerte violenta entre noviembre de 1933 y junio de 1936, y los cedistas aseguraban haber perdido a veintiséis miembros por muerte violenta antes de 1936. Las dos acusaciones son con probabilidad aproximadamente exactas.

Es un cambio insoslayable el repentino aumento del apoyo a la ahora ilegalizada organización, y el volumen de reacción existente en la derecha en general. El diputado democristiano Ossorio y Gallardo se lamentó el 10 de junio en Ahora, de que el comportamiento de la izquierda se había vuelto irracional y destructor, sin ningún resultado positivo a la vista: «El Frente Popular fue creado para combatir el fascismo, pero por el camino que llevan las cosas en España, el único fascismo va a ser el del Frente Popular».

Agustín Calvet («Gaziel»), el prestigioso director conservador de La Vanguardia de Barcelona escribía en ésta el 12 de junio:

«¿Cuántos votos tuvieron los fascistas en España, cuando las últimas elecciones? Nada: una ridiculez… Hoy, por el contrario, los viajeros llegan de las tierras de España diciendo: “Allí todo el mundo se vuelve fascista”. ¿Qué cambio es ése? Lo que ocurre es, sencillamente, que allí no se puede vivir, que no hay gobierno… Y en esta situación, buscan instintivamente una salida… ¿Cuál es la forma política que suprime radicalmente esos insoportables excesos? La dictadura, el fascismo. Y he aquí cómo sin querer, casi sin darse cuenta, la gente se siente fascista. De los inconvenientes de una dictadura no saben nada, como es natural. De ellos sabrían después, cuando hubiesen de soportarlos.

»… Fascismo es, en el caso de España y de Francia, la sombra fatal que proyecta sobre el suelo del país la democracia misma, cuando su descomposición interna la convierte en anarquía. Cuanto más crece la podredumbre, tanto más se agiganta el fantasma. Y la preocupación alucinada que el Frente Popular triunfante experimenta por el fascismo vencido no es, por lo tanto, otra cosa que el miedo de su propia sombra». <<

[48] Frank Manuel, The Politics of Modern Spain, Nueva York, 1938, 168. <<

[49] Joaquín Arrarás, Historia de la Segunda República española, Madrid, 1956-1963, 4:280. <<

[50] Maximiano García Venero, Historia de las Internacionales en España, Madrid, 1958, 3, 106-108 Este documento nunca fue publicado por el PNR, pero García Venero asegura haber visto el original y no tuvo «duda de su autenticidad». <<

[51] Aviles Farré, La izquierda, 306-307; Gil Robles, No fue posible, 680. <<

[52] Alcalá Zamora, Memorias, 376-378, dice que fue obligado a entregarles dinero dos veces. <<

[53] Zugazagoitia, Historia de la guerra de España, Buenos Aires, 1940, 9. <<

[54] Refiriéndose a aquellas mesas administrativas especiales nombradas por el gobierno en determinadas provincias donde había predominado la derecha. <<

[55] Los colores de las Juventudes Socialistas Unificadas. <<

[56] Hans Buchheim ha puntualizado: «La dictadura es un aspecto legítimo de las constituciones republicanas», que no debe ser confundido con un «régimen autoritario» que funciona en forma de «un dictador sin límites temporales». Durante las crisis de la República romana, se establecía una dictadura «a la que se dotaba de poderes ilimitados, sin que tuviera que rendir cuenta de su administración… Pero hay que tener en cuenta que la duración de su mandato estaba limitada a un máximo de seis meses». Totalitarian Rule, Middletown, Conn, 1968, 21. <<

[57] La libertad, 28 de junio de 1936. <<

[58] Le Petit Journal (París), 2 de julio de 1936, en Gil Robles, No fue posible, 681. <<

[59] Y añadía Ossorio y Gallardo: «Y si esto es así, ¿a quién le apetece el frenesí actual? ¿A quién aprovecha? Sólo tendría explicación lo que vemos si los revolucionarios estuvieran seguros de ganar la revolución. Mas serían muy ciegos si lo creen. En España no ganará el juego la primera revolución, sino la segunda: la de la reedificación». Ahora, 30 de junio de 1936. <<

[60] Luis Romero, Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo, Barcelona, 1982, 165-166. <<

[61] Claridad, 3 de julio de 1936. <<

[62] Mundo Obrero, 10 de julio de 1936. <<

[63] C. Santacana y X. Pujadas, L’altra olimpíada: Barcelona’36, Badalona, 1990. <<

[64] Todos aquellos sucesos aparecieron en la prensa madrileña. Hay resúmenes de los relatos en Luis Romero, Por qué y cómo, 167-170, y Rivas, El Frente, 350-351. <<

[65] Durante mucho tiempo se había supuesto que a Castillo lo habían matado pistoleros falangistas, suposición natural puesto que éstos habían sido responsables de casi todos los asesinatos de socialistas en el área madrileña. Sin embargo, el estudio más objetivo disponible, el de Ian Gibson, La noche en que mataron a Calvo Sotelo, (Madrid, 1982, descubrió algunas pruebas que indican que podrían haber cometido su asesinato elementos carlistas en venganza por el tiroteo del 16 de abril, págs. 204-214. <<

[66] Los suspicaces entre los republicanos de izquierda más moderados, como el líder galleguista Emilio González López, cargaron después contra Ossorio Tafall por el papel que había desempeñado en este asunto, Entrevista que mantuve con González López en Nueva York, el 10 de junio de 1958. <<

[67] La reconstrucción más precisa de estos sucesos es el libro de lan Gibson, La noche en que mataron a Calvo Sotelo, Madrid, 1982. Muchos detalles valiosos, amasados entre mucha interpretación y distorsiones, aparecen en la Comisión sobre ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936, Barcelona, 1939, Ap. I y la Causa General: La dominación roja en España, Madrid, 1943, preparadas ambas por encargo especial del régimen franquista. <<

[68] Al menos un líder de los milicianos comunistas ha admitido su participación en tales redadas de detención, otra señal innegable del gran deterioro de los métodos normales de la policía. Juan Tagüeña, Testimonio de dos guerras, Barcelona, 1978, 72. <<

[69] Los órganos derechistas Ya, y La Época, publicaron aquel día la escasa información disponible, y fueron suspendidos inmediatamente, con carácter indefinido, por orden del gobierno. <<

[70] Vidarte, Todos fuimos, 213-214; Prieto, Convulsiones, I, 162. <<

[71] Mundo Obrero, 14 de julio de 1935. <<

[72] Aviles Farré, La izquierda, 311. <<

[73] Según Romero, Cómo y por qué, 252. <<

[74] En las intervenciones de Gil Robles y Calvo Sotelo, frecuentemente citadas aquí y en otras partes, y reproducidas extensamente en las obras históricas mayores, de varios volúmenes, y en R. de la Cierva (edición a cargo de), Los documentos de la primavera trágica, Madrid, 1967.

Las descripciones generales breves, como las de P. Vicente Murga, Determinación de la Guerra civil española, San Juan, Puerto Rico, 1936, y Hugh R. Wilson, Descent into Violence, Spain January-July, 1936, Ilfracombe, Devon, 1969, son en el mejor caso partidistas y sensacionalistas. <<

[75] Véase José Peirats, La CNT en la revolución española, Toulouse, 1951, 1:121. <<

[76] Ramiro Cibrián, «Violencia política y crisis democrática: España en 1936», REP 6, noviembre-diciembre de 1978, 81-115. <<

[77] The Spanish Republic and Civil War, Princeton, 1965, 222. <<

[78] Cibrián, «Violencia política». <<

[79] Renzo de Felice, Mussolini il fascista: La conquista del potere, Turin, 1966, 35-39, 87. <<

[80] Respecto a fechas de la República de Weimar, véanse Eve Rosenhaft, Beating the Fascists? The German Communists and Political Violence 1929-1933, Cambridge, 1983 y Richard Bessel, Political Violence and the Rise of Nazism: The Storm Troopers in Eastern Germany, 1925-1934, Londres, 1984. <<

[81] Gerhard Botz, Gewalt in der Politik: Attentate, Zusammenstösse, Putschversuche, Unruhen in Östereich 1918 bis 1934,, 2.a ed., Viena, 1983. <<

[82] Hannsjoachim W. Koch, Der deutsche Bürgerkrieg: eine Geschichte der deutschen und österreichischen Freikorps 1918-1923, Berlin, 1978; el relato anónimo Die Münchner Tragödie: Entstehung, Verlauf und Zusammenbruch der Räterepublik München, Berlin, 1919; Heinrich Hillmayr, Roter und Weisser Terror in Bayern nach 1918, Munich, 1974; y H. A. Winkler, Von der Revolution zur Stabilisierung: Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924, Berlín y Bonn, 1984. <<

[83] Paul Preston, The Spanish Right Under the Second Republic, Conferencia de 1971, 6. <<

[84] La historiografía seria es mucho menos prolija, pero no exenta de detalle. El estudio más amplio es F. Olaya Morales, La conspiración contra la República, Barcelona, 1979, aunque viciada en parte al constituir una relación parcial escrita desde la perspectiva opuesta. El mejor estudio hecho en español sigue siendo Ricardo de la Cierva, Historia de la guerra civil española: Antecedentes, Madrid, 1969, 735-816. En inglés estudian el tema mis obras Politics and the Military in Modern Spain, Stanford, 1967, 314-340, y The Franco Regime, Madison, 1987, 78-100. <<

[85] Gil Robles ha escrito que la CEDA proporcionó una subvención «poco antes del alzamiento», pero indica que él no tuvo contacto directo alguno con los conspiradores militares principales. Aunque esto suene un tanto a ingenuo, podría ser técnicamente correcto. Gil Robles asegura que dio a los miembros de su partido instrucciones de «actuar cada cual individualmente según su conciencia, sin implicar al partido; establecer contacto directo con las fuerzas militares, no formar milicias autónomas y, sobre todo, esperar órdenes concretas en cuanto el alzamiento se produjese». No fue posible, 730, 798. <<

[86] El secretario de la sección valenciana, DRV (Derecha Regional Valenciana), le prometió al parecer a Mola 1250 voluntarios para el comienzo del alzamiento y 50 000 para cinco días después. La Cierva, Historia, 743-744; pero en la mayoría de los terrenos, ni la CEDA ni la JAP podían hacer promesas convincentes de ese tipo. <<

[87] Véase Romero, Por qué y cómo, 238; Ramón Garriga, Los validos de Franco, Barcelona, 1981, 25; y Ramón Serrano Suñer, Memorias, Barcelona, 1977, 52-60.

Pasados los años, Franco recalcaría su resistencia a sublevarse. Según comentó el 29 de junio de 1965: «Siempre dije a mis compañeros “Mientras haya alguna esperanza de que el régimen republicano pueda impedir la anarquía o no se entregue a Moscú, hay que estar al lado de la República, que fue aceptada por el rey primeramente, por el gobierno monárquico después y luego por el ejército”». Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, 1979, 452. Consecuentemente, los exaltados conspiradores de Pamplona habían llegado a referirse a Franco burlonamente como «Miss Canarias 1936» por su «coquetería». <<

[88] Para un análisis más a fondo, véase Vicente Palacio Atard, «El Gobierno ante la conspiración de 1936», en Aproximación histórica a la guerra de España, Madrid, 1970, 133-165. <<

[89] Gil Robles, No fue posible, 608. <<

[90] Juan Marichal, en su introducción a las Obras completas de Azaña, 3: xxxii. <<

[91] Zugazagoitia, Historia, 5-6; Prieto, Convulsiones, 1, 163 y 3, 143-144; Vidarte, Todos fuimos, 146-147, 190-192; Largo Caballero, Mis memorias, 161-163. <<

[92] Vidarte, Todos fuimos, 151-152. <<

[93] Ibíd., 192. <<

[94] Ibíd., 252-255. <<

[95] Ibíd., 255-256; Martínez Barrio, Memorias, Barcelona, 1983, 358-359. <<

[96] Las MAOC tenían por objetivo convertirse en «las bases de organización del futuro ejército rojo obrero y campesino». Material de discusión para el Congreso Provincial del Partido Comunista que se celebra en Madrid, durante los días 20, 21 y 22 de junio de 1936. <<

[97] Eligió de Mateo Sousa, «La sublevación en Madrid», Historia 16, 15, 165, enero de 1990, 111-116. Además, uno o dos jefes militares izquierdistas más se pusieron a distribuir armas aquella noche, según distintas fuentes citadas en Burnett Bolloten, The Spanish Civil War, Chapel Hill, 1991, 39, 754. <<

[98] Martínez Barrio, Memorias, 361-363; Azaña, Obras completas, 4: 714-715. Existe cierto desacuerdo entre Martínez Barrio y Azaña en cuanto a la amplitud de la nueva coalición, que según Azaña tenía que extenderse «desde las derechas republicanas hasta los comunistas», mientras Martínez Barrio se contradice en este sentido y en otras afirmaciones que hace. <<

[99] Martínez Barrio, Memorias, 363-364 y Antonio Alonso Baño, Homenaje a Diego Martínez Barrio, París, 1978, 67-107. <<

[100] Vidarte, Todos fuimos, 236-238, 252-253, 280-284, confirma este aserto basándose en los informes de los escuchas del gobierno que escucharon aquellas conversaciones, como lo hizo Sánchez Román (que había estado en el despacho con Martínez Barrio en ese momento) a una tercera persona, según afirma Gil Robles en No fue posible, 791. Una edición de El Pensamiento Navarro, (Pamplona) que apareció más tarde aquel mismo día afirmaba que le habían ofrecido a Mola el Ministerio de la Guerra. Se pueden hallar más referencias al caso en Bolloten, Spanish Civil War, 755. Véanse también, J. M. Iribarren, Con el general Mola, Madrid, 1945, 102-103; Zugazagoitia, Historia, 58-65; Luis Romero, Tres días de julio, Barcelona, 1967, 158, 193; Maximiano García Venero, El general Fanjul, Madrid, 1970, 287-290; Largo Caballero, Mis memorias, 156-157; y J. Pérez Madrigal, Memorias de un converso, Madrid, 1943-1951, 7, 65-68. <<

[101] En una carta escrita a Madariaga, citada en el prólogo a la cuarta edición de España de Madariaga, Buenos Aires, 1944. Martínez Barrio escribe que, cuando se esforzaba para formar aquella coalición, se dio cuenta de que «Ya no era la rebelión militar nuestro enemigo peor. El más eficaz estaba dentro de nosotros mismos. Lo constituía la irresolución, la desorientación, el temor a las decisiones heroicas…». Memorias, 361. <<

[102] Término «acuñado» por Burnett Bolloten, especialmente en el capítulo cuarto de Spanish Civil War, titulado «The Revolution and the Rise of the Third Republic». <<

[103] Título normativo de la Comintern, empleado por vez primera por la directiva comunista española al referirse a la República en marzo de 1937, y elaborada después hasta lo infinito en el órgano comunista español oficial Nuestra Bandera, en los años que siguieron inmediatamente a la II Guerra Mundial. <<

[104] Denominación para el primer año de la Guerra Civil inventada por Carlos M. Rama, La crisis española del siglo XX, México, D. F., 1960. <<

[1] Según formuló Ortega en su «Epílogo para ingleses» de las últimas ediciones de La rebelión de las masas: «Tendrá el inglés o el americano todo el derecho que quiera a opinar sobre lo que ha pasado y debe pasar en España, pero ese derecho es una injuria si no acepta una obligación correspondiente: la de estar bien informado sobre la realidad de la Guerra Civil española, cuyo primero y más sustancial capítulo es su origen, las causas que la han producido». <<

[2] Todavía están discutiendo los historiadores hasta qué punto corrió peligro, por ejemplo, la Tercera República francesa. Véase Philippe Bernard y Henri Dubief, The Decline of the Third Republic, 1914-1938, Cambridge, 1988. <<

[3] Detlev Peukert, Die Weimarer Republik: Krisenjahre der klassischen Moderna, Fráncfort, 1987. <<

[4] Véanse a este respecto las convincentes observaciones de Edward Malefakis, «La Segunda República española: Algunas observaciones en su 50 aniversario», La II República española, Barcelona, 1983, 97-109. <<

[5] Se podría sostener que la judicatura constituyó un elemento de notoria fortaleza, porque el sistema judicial permaneció ampliamente al margen de una politización abierta, atrayéndose en ese sentido críticas tanto de la derecha como de la izquierda. No practicó una discriminación indebida en lo tocante a los culpables de delitos o violencia políticos ya en la izquierda (como en la Alemania de Weimar) o en la derecha. La acuciante preocupación de la izquierda por sacar adelante una legislación nueva para la purga política del cuerpo judicial señala claramente que éste se había mantenido en un grado considerablemente libre de la partidista hegemonía izquierdista de 1936. <<

[6] Dankwart Rustow recalca la crucial importancia del consenso logrado entre las elites al iniciarse un sistema nuevo, puesto que «las luchas más duras se producen contra los defectos de nacimiento de la comunidad política». «Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model», Comparative Politics 2, abril de 1970, 337-363. Véase Herbert J. Spiro, Government by Constitution, Nueva York, 1959, 361-383; Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Oppression, New Haven, 1971, 71; Samuel P. Huntington, «Will More Countries Become Democratic?», Political Science Quarterly 99, verano de 1984, 193-218; y J. Higley y R. Gunther, Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, Cambridge, 1992. <<

[7] Tanto los republicanos de izquierda como los socialistas tendieron a confundir en general los intereses de los intelectuales izquierdistas de clase media y pequeños sectores progresistas con los del conjunto de la burguesía, grosero error de cálculo sociopolítico que volvió a caer en un momento sorprendentemente tardío y desde luego en forma diferente, en la misma confusión hallada en Rusia en 1905. Véase Teodor Shanin, Russia, 1905-1907: Revolution as a Moment of Truth, New Haven, 1986, 73 y en otras partes. <<

[8] En Alemania, por ejemplo, la Constitución de Weimar fue creada por una coalición provisional de socialistas moderados, demócratas de clase media, y el centro católico (este último participó en la empresa, porque el catolicismo político, siempre minoritario en Alemania, era allí más liberal y progresista que en España). <<

[9] Mercedes Cabrera, La patronal ante la II República, Madrid, 1983, 307-312. <<

[10] H. A. Winkler, «Choosing the Lesser Evil: The German Social Democrats and the Fall of the Weimar Republic», JCH, 25:2-3, mayo-junio de 1990, 205-207, y la obra de Winkler, Der Weg in die Katastrophe: Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1930-1933, Berlín, 1990. <<

[11] En observación de Sydney Tarrow sobre un período posterior de conflictos en Italia, la crisis tiende a desarrollarse cuando «el conflicto social es transparente y las oportunidades políticas se hallan en expansión», y no en los tiempos de restricción de los derechos y oportunidades políticas. Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy, 1965-1975, Nueva York, 1989, 48-49. <<

[12] Joaquín Arrarás, Historia de la Segunda República española, Madrid, 1956-1963, 1:231-232. <<

[13] Manuel Portela Valladares, Memorias, Madrid, 1988, 211. <<

[14] Al liderazgo le corresponde gran parte de la culpa por la bajísima puntuación obtenida por la República en las mediciones operativas practicadas por T. R. Gurr y M. McClellan, Political Performance: A Twelve-Nation Study, Beverly Hills, 1981, 72. La puntuación sumaria correspondiente a la República española fue de -7,80, comparada con -6,01 de Alemania entre 1923 y 1932 y -3,95 Yugoslavia entre 1921 y 1929. La República acusó también el máximo en cuanto a polarización, con un 15,9 en ese parámetro en comparación con el 6,16 de la Alemania de Weimar. Además, el promedio de duración de los gabinetes, de sólo 101 días en España, se compara desfavorablemente incluso con el de Austria durante la crisis de la depresión (149 días), y fue más del doble de malo que el de Alemania o Italia. <<