Breve y completo relato del conflicto armado, sus complejos orígenes, el derrumbe de la segunda república y el desarrollo de la dictadura franquista.

Payne ofrece en este libro una visión completa y breve del conflicto que dividió España entre los años 1936 y 1939, y lo enmarca en la historia europea del siglo XX y en el contexto de las guerras civiles revolucionarias. Analiza la compleja vida política republicana, el papel de la intervención alemana, italiana y soviética, y el desarrollo de la dictadura franquista.

Stanley G. Payne

La Guerra Civil Española

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Titivillus 22.05.18

Título original: The Spanish Civil War

Stanley G. Payne, 2014

Traducción: Jesús Cuéllar Menezo

Editor digital: Titivillus

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PREFACIO

La Guerra Civil española fue el conflicto bélico más importante ocurrido en Europa en la década anterior a la Segunda Guerra Mundial y ha generado una bibliografía ingente. Incluso pasadas tres generaciones sigue suscitando interés y las polémicas que desató continúan encontrando partidarios, no solo en España, en cuyo seno la contienda tiene todavía una importante presencia, tanto en la historiografía como en el discurso partidista.

La primera historia objetiva del conflicto, publicada por Hugh Thomas en 1961, se amplió hasta convertirse dieciséis años después en una obra más exhaustiva de 1.100 páginas. Aunque en un solo volumen sea imposible captar por completo y de manera definitiva un conflicto tan complejo como la Revolución Francesa, la edición revisada de Thomas, en su calidad de relato concentrado, sigue sin superarse. El presente libro no constituye una descripción exhaustiva de la guerra, sino que intenta aclarar asuntos clave, indagando en las cuestiones más llamativas dentro de un marco analítico y comparado, sin dejar de incorporar los resultados de las investigaciones más recientes. Su objetivo principal es responder al mandato de José Ortega y Gasset, que en 1938 proclamaba que lo más importante era comprender el carácter y el origen de la contienda.

INTRODUCCIÓN

La guerra civil en la Europa del siglo XX

La Guerra Civil española fue el enfrentamiento político y militar más importante registrado en Europa durante la década anterior a la Segunda Guerra Mundial. Su polarización no solo afectó a España sino que suscitó una intensa reacción en millones de europeos y americanos. La guerra recibió muchos nombres. Los izquierdistas y también muchos progresistas la han entendido de muy diversas maneras: un combate «entre el fascismo y la democracia», «entre el pueblo y la oligarquía» (o «contra el ejército»), «la revolución frente a la contrarrevolución» e incluso «el futuro frente al pasado». En diversos momentos, derechistas y conservadores la calificaron de lucha del «cristianismo contra el ateísmo», «la civilización occidental contra el comunismo», «España contra la anti-España» y «el orden público frente a la subversión». Aunque esas etiquetas sean antitéticas, no siempre son mutuamente excluyentes, porque la guerra fue enormemente complicada y contradictoria, y en todas esas denominaciones había, en mayor o menor medida, algo de verdad, aunque algunas fueran más precisas que otras.

La guerra la desataron los problemas internos de España, pero una vez que las tres grandes dictaduras europeas iniciaron una limitada intervención, muchos comenzaron a considerarla un conflicto internacional en el que se combatía por poderes. En otros países, las actitudes tuvieron más que ver con la opinión que se tenía de los Estados implicados en el conflicto que con la propia guerra, porque muchos consideraban que el resultado de la misma podría influir en el equilibrio de poder existente en Europa occidental.

Es importante no perder de vista que la Guerra Civil española tuvo lugar en una época, que va desde 1918 a 1949, en la que muchos países europeos sufrieron conflictos civiles similares. En este sentido, lo singular del enfrentamiento civil español fue sobre todo que tuviera lugar en un país europeo occidental, y que fuera el único que estallara en el periodo de entreguerras, al margen de la Primera Guerra Mundial, de sus inmediatas secuelas y de la Segunda Guerra Mundial.

Las tres décadas que van desde 1914 a 1945 constituyen la era de las guerras mundiales, las más destructivas de la historia, pero en Europa, donde se iniciaron esos combates, ese fue también el periodo de los conflictos políticos más intensos, que desató guerras civiles en muchos países —Rusia, Finlandia, Letonia, España, Hungría, Yugoslavia, Grecia y Polonia—, así como levantamientos y revueltas generalizados en Alemania, en tanto que varios países más se vieron con frecuencia al borde del enfrentamiento civil. Todo ello nos lleva a plantearnos por qué la época de los conflictos internacionales más generalizados también fue la de las perturbaciones internas más agudas.

Algunas de las causas principales de las guerras mundiales están bastante claras y tienen que ver con el choque de imperios rivales, el nacionalismo, el militarismo y una estrecha competencia económica, además de con la utilización generalizada de la tecnología industrial moderna, las nuevas técnicas de movilización de masas, la propaganda y la aparición de nuevas ideologías radicales. Las guerras desataron con frecuencia tensiones internas, que al mismo tiempo también alentaban otros factores. El comienzo del siglo XX fue una época de rápidos y decisivos cambios industriales, económicos y tecnológicos, y también de transformaciones sociales y culturales. La sociedad y la cultura tradicionales nunca se habían visto tan cuestionadas como al inicio de lo que algunos historiadores denominan «modernidad clásica», origen de problemas y oportunidades singulares que fueron acompañados de turbulencias nunca vistas. La transformación que experimentó la vida corriente gracias a la tecnología fue paralela a la aparición de nuevas ideologías políticas y sociales, que en ciertos casos se convirtieron en movimientos de masas. El liberalismo de las generaciones anteriores se había tornado conservador y fue cuestionado por el anarquismo, el socialismo, el comunismo y el nacionalismo radical, y después por el fascismo. En realidad, desde esa época, pocas innovaciones ideológicas cabe señalar.

Las rápidas transformaciones fueron acompañadas de un acusado incremento de las expectativas populares, que alentaron todavía más demandas de cambio, con frecuencia de índole revolucionaria. Durante la década anterior a la Primera Guerra Mundial, en la periferia europea y mundial estallaron revueltas sociales y políticas, empezando por la primera Revolución Rusa de 1905 y siguiendo por la iraní de 1906, la gran insurrección campesina rumana de 1907, la rebelión de los Jóvenes Turcos de 1908, el levantamiento militar griego de 1909, el derrocamiento de la monarquía portuguesa y el inicio de la Revolución Mexicana en 1910 y la Revolución China de 1911.

Desde la periferia de Europa, esas tensiones fueron avanzando hacia el núcleo del continente durante la Primera Guerra Mundial, lo cual fue tensando cada vez más los lazos políticos y sociales internos de los Estados europeos. La guerra, y no los movimientos revolucionarios, fue lo que produjo el derrumbe del régimen zarista ruso en 1917, y al finalizar la contienda al año siguiente, gran parte de los regímenes de Europa oriental y central corrieron un riesgo similar de caída o derrocamiento. Durante el año 1919 se produjeron conflictos internos nunca vistos en gran parte del mundo.

En 1918 habían estallado guerras civiles en Finlandia y Rusia, y ya no se trataba de la clásica contienda civil en la que dos adversarios entablan una lucha política con objetivos equivalentes y valores similares, sino que era un nuevo tipo de guerra civil revolucionaria como la desatada por primera vez en Francia durante la década de 1790 y en 1871. En las nuevas guerras civiles pugnaban por alcanzar el poder programas revolucionarios y contrarrevolucionarios absolutamente opuestos que no solo aspiraban al dominio político, sino a imponer programas sociales, económicos, culturales e incluso religiosos radicalmente antagónicos: lo que se contraponía eran dos formas de vida que, al ser tan contrarias, prácticamente enfrentaban a dos civilizaciones distintas. Esos conflictos civiles se libraron con un grado de crueldad y de violencia insólitos, que fue mucho más allá del campo de batalla. Durante la guerra civil rusa, el «terror rojo» y su correlato contrarrevolucionario no solo aspiraban a la conquista sino, hasta cierto punto, a la eliminación absoluta de la oposición, a la erradicación física y política del adversario, como si unos y otros representaran principios religiosos o metafísicos opuestos, fuerzas del bien o del mal absoluto que no solo había que domeñar sino extirpar por completo. El resultado fue un estallido de violencia política sin precedentes en el antiguo Imperio zarista, en tanto que también se producían conflictos violentos internos en la Europa central y meridional. Algunos historiadores califican de «guerra civil alemana» los levantamientos y revueltas registrados en Alemania entre 1918 y 1923, pero en realidad las instituciones germanas nunca se derrumbaron del todo. Sin embargo, Hungría sí sufrió durante tres meses una dictadura comunista, en tanto que en Italia tres años de convulsiones internas condujeron al desarrollo del fascismo, un nuevo tipo de autoritarismo radical y violento.

En Europa, las condiciones internas solo se estabilizaron a mediados de la década de 1920, aunque posteriormente tuvieran que enfrentarse a las nuevas perturbaciones generadas por la Gran Depresión de 1929. Millones de personas buscaron una solución en el comunismo o en diversas clases de fascismo, aunque el primero no lograra ir mucho más allá de la Unión Soviética. Por el contrario, la mitad de los países europeos cayeron en manos de dictaduras nacionalistas, de las cuales la más poderosa y radical fue el régimen nazi de Hitler, que no tardó en desatar otra gran conflagración. Durante esta Segunda Guerra Mundial la violencia militar y, a veces, política superó límites nunca vistos, al tiempo que en diversos países se desataban graves conflictos internos. Tanto Yugoslavia como Grecia sufrieron grandes y prolongadas guerras civiles, en tanto que la imposición de un comunismo de cuño soviético producía en Polonia, y también en los antiguos Estados bálticos, en Ucrania y en Bielorrusia, guerras civiles de alcance limitado.

Esta época de grandes conflictos no llegó a su fin hasta después de 1945, cuando se alcanzó una estabilidad relativa gracias al triunfo de la democracia en gran parte de Europa occidental y a la imposición del totalitarismo comunista en el Este. No obstante, durante las tres décadas anteriores el nivel de conflictividad interna de los países europeos había alcanzado niveles inusitados en la época contemporánea.

Vista desde esta perspectiva, la Guerra Civil española no fue totalmente anómala, sino más bien el único gran conflicto interno que estalló en Europa occidental durante la década de 1930. En él estarían presentes todas las tensiones, odios e ideologías de las demás convulsiones, añadiéndose también rasgos propios, típicos de España y, hasta cierto punto, del conjunto de Europa durante la década anterior a la Segunda Guerra Mundial.

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MODERNIZACIÓN Y CONFLICTO EN ESPAÑA

Desde el siglo XVI al XVIII, España sufrió menos conflictos internos que otros grandes países de Europa occidental como Francia, Inglaterra o Alemania. No obstante, esa tendencia cambió drásticamente con la transición a la modernidad política del siglo , cuando España se convirtió en el país más proclive al conflicto de toda Europa occidental.

La larga historia de España se ha caracterizado por altibajos de carácter extremo. A los romanos les costó mucho más conquistar la península ibérica, casi dos siglos, que ninguna otra parte de su imperio, pero después el territorio que denominaron «Hispania» se convirtió en una parte esencial del mundo latino. De Roma saldrían su nombre, sus lenguas, sus leyes, su cultura, su religión y sus primeras estructuras sociales. Al desmembrarse Roma, el nuevo reino visigodo creó en lo que entonces se llamó «Spania» la primera de las naciones históricas de Europa, dotada de un código legal escrito y de una incipiente y novedosa estructura identitaria e institucional. Sin embargo, los visigodos nunca fueron capaces de alcanzar la unidad política, y la división interna contribuyó enormemente a su súbito derrocamiento.

El curso de la historia española se alteró drásticamente el año 711 cuando una invasión musulmana acabó con la monarquía visigótica, ocupando pronto gran parte de la península. Durante los tres siglos siguientes casi todo el país adoptó la religión y la cultura musulmanas, entrando a formar parte de un entorno medio-oriental cuyos centros se encontraban en La Meca y Bagdad. Con grandes dificultades, en las zonas montañosas septentrionales sobrevivieron pequeñas y aisladas comunidades cristianas que poco a poco fueron fortaleciéndose hasta acabar reconquistando toda la península ibérica. Ha sido este el único caso de relevancia en la historia mundial en el que un territorio extenso, conquistado militarmente por los musulmanes e incorporado al entorno religioso y cultural islámico, fue posteriormente reconquistado por completo por una parte reducida de su población originaria, que no solo expulsó a los intrusos sino que reinstauró su propia religión y cultura. Si a lo largo de la historia los españoles no hubieran tenido ningún otro logro, este bastaría para singularizarlos en los anales de la humanidad.

Al llegar el siglo XVI, la corona española era la principal potencia militar de Europa y regía los destinos de un gran imperio dinástico de carácter multinacional que incluía los Países Bajos, Portugal, gran parte de Italia y algunas zonas del este de Francia. Todavía más importante fue la conquista y ocupación de gran parte del hemisferio occidental y de las islas Filipinas, que propició por primera vez en la historia la creación de un imperio auténticamente mundial, en el que el sol nunca llegaba a ponerse. En materia de religión, España fue también el baluarte de la Contrarreforma, promoviendo una Edad de Oro de la alta cultura que, expresándose principalmente en términos religiosos, literarios y artísticos, alcanzó su punto culminante durante la última gran fase de la época tradicional de la historia europea, en el preciso momento en que esta llegaba a su fin.

En ese momento, España inició un acelerado declive que ya no le permitiría volver a recuperar su prestigio. Aun manteniendo durante dos siglos más su imperio de ultramar, el coste desmesurado de las interminables guerras dinásticas y la incapacidad de participar en los nuevos procesos de desarrollo y modernización que se estaban iniciando en la Europa noroccidental dejaron el país enormemente debilitado y empobrecido, sacudido por un hambre y unas plagas que redujeron la población en más del 15 por ciento. Después de alcanzar niveles imponentes durante el ciclo de la cultura europea tradicional, España, mucho más que ninguno de sus vecinos, a excepción de Portugal, se quedó parcialmente estancada en ese molde, hasta el punto de que el desarrollo moderno supuso un gran desafío al que se dio una respuesta titubeante y limitada.

Olvidadas las glorias pasadas, durante el siglo XVII, España encarnó una serie de mitos y tópicos, plasmados de tres maneras. La primera fue el mito de la «Leyenda Negra» que, desarrollada sobre todo, pero no exclusivamente, por protestantes extranjeros, presentaba a los españoles como un pueblo insólitamente cruel, agresivo, violento, sádico incluso, y proclive al fanatismo religioso. A finales del XVII, este mito lo sustituyó en cierta medida el tópico del español orgulloso, perezoso, indolente e irresponsable, incapaz de contribuir al progreso y al conocimiento, o sin interés en ellos. Posteriormente, a comienzos del XIX, surgió el tercer tópico, el de la «España romántica», que, dando un nuevo giro a supuestas idiosincrasias, fue el primero de los mitos en retratar al español de forma parcialmente favorable. Para los viajeros y escritores extranjeros que lo desarrollaron, España era una tierra semioriental, de arcaico pintoresquismo que, con una fascinante renuencia a modernizarse, estaba habitada por una sociedad singular que seguía aferrándose a valores como el honor, el individualismo, el valor físico, la fe y el idealismo, la tradición y las artes; rasgos todos ellos supuestamente perdidos en países más modernos, pero también más insulsos como Francia o Inglaterra. Con estos aditamentos, España era retratada como un territorio romántico, pintoresco y tradicional.

El siglo XVIII, última fase histórica del Antiguo Régimen, fue un periodo de recuperación al que puso violentamente fin la invasión napoleónica de 1808. La Guerra de la Independencia, como los españoles llaman a la posterior contienda de seis años de duración, fue más devastadora que las registradas en otras zonas de Europa, aunque los españoles se complacieran pensando que el ejército más poderoso del mundo nunca fue capaz de dominar por completo su país y que su resistencia popular fue mucho más generalizada y combativa que la de cualquier otro enemigo de Napoleón, sirviendo de inspiración a gran parte de Europa. La invasión francesa, al derrocar a la monarquía tradicional, también allanó el camino a la modernidad política en España, ya que los patriotas liberales promovieron la Constitución de 1812, la segunda carta magna escrita que se aprobó en un país extenso de la Europa continental y que durante las tres décadas siguientes influiría en gran parte de Europa. Sin embargo, también puso de manifiesto el inicio de la «contradicción española» contemporánea, porque proporcionó a España un sistema político más avanzado del que, con su cultura en gran medida tradicional y su endeble sistema educativo, podían sustentar una sociedad y una economía subdesarrolladas. En consecuencia, los sesenta años posteriores fueron un prolongado periodo de convulsiones, la época más confusa de la historia de Europa, durante la cual se sucedió una caleidoscópica serie de Gobiernos débiles, representantes de pequeños sectores sociales. Uno tras otro y con rapidez se sucedieron los pronunciamientos[1], en los que diversos sectores castrenses pasaban a la acción para cambiar Gobiernos o proporcionar acceso a los mismos a nuevos grupos. En 1821 hicieron su aparición los liberales radicales que, conocidos como «exaltados», se convertirían en un rasgo permanente de la política española durante más de cien años, en tanto que nuevas fuerzas radicales, representantes de ideologías sectarias que solo apelaban a sectores minoritarios de la población, trataban de empujar al país a la introducción de cambios cada vez más profundos, para los que no estaba en absoluto preparado. Esta «era de los pronunciamientos», la época de máxima convulsión, alcanzó su apogeo durante el llamado «sexenio democrático» de 1868-1874, viéndose reducida al absurdo cuando la breve introducción del sufragio universal masculino, una nueva y temporal dinastía y, finalmente, una república federal, acabaron en una guerra civil de tres años.

En España hubo un total de cinco guerras civiles en poco más de medio siglo, tres de ellas breves y relativamente limitadas, una de ellas —la primera guerra carlista de 1833-1840—, larga, destructiva y extremadamente gravosa. En líneas generales, las guerras civiles decimonónicas fueron pugnas entre liberales y tradicionalistas, ambos monárquicos (los últimos conocidos como carlistas por su adhesión a Don Carlos, primer aspirante tradicionalista al trono), que acabaron con la victoria total de los primeros. De una u otra manera, durante el siglo XIXEspaña estuvo en guerra durante más años que cualquier otro país europeo. La centuria se inició y terminó, respectivamente, con grandes guerras contra Francia y Estados Unidos; hubo, además, cinco contiendas civiles de diversa magnitud, una breve guerra con Marruecos y un total de veinticinco años de campañas coloniales en Latinoamérica, así como otras escaramuzas menores. La persistencia prácticamente constante de los conflictos armados fue determinante a la hora de postergar el desarrollo económico.

Al final se recuperó la estabilidad con la restaurada monarquía constitucional de 1875, el primer régimen contemporáneo español que conjugó el orden, el progreso y el respeto a los derechos fundamentales. El desarrollo económico y educativo se aceleró después del cambio de siglo y se produjo un nuevo florecimiento literario y artístico (la llamada Edad de Plata, después de la Edad de Oro de los siglos XVIy XVII). El analfabetismo se redujo, mientras aumentaban las obras públicas y se introducían las primeras reformas sociales modernizadoras. La industria se desarrolló con mayor rapidez, la estructura agrícola comenzó lentamente a modernizarse y, al llegar el año 1930, menos de la mitad de la mano de obra trabajaba en el campo. La censura prácticamente desapareció y a paso lento, pero seguro, las elecciones comenzaron a ser más dignas. El régimen evitó entrar en la Primera Guerra Mundial, pasando más bien a desempeñar un papel humanitario de cierta importancia y recogiendo grandes beneficios económicos en su calidad de principal país neutral de Europa. Al llegar la década de 1920 España tenía uno de los índices de crecimiento más elevados del mundo y las condiciones de vida y los niveles sanitarios mejoraban con rapidez.

Con todo, en 1917 el país, hasta cierto punto víctima de sus propios éxitos, entró en una nueva época de crisis política, ya que la modernización parcial no había hecho más que acentuar los problemas y contradicciones que aún quedaban por solventar. No era esa una situación singular, puesto que esos años fueron un periodo de graves conflictos en gran parte de Europa. El régimen español se veía acuciado, por un lado, por quienes, en demanda de mayor democratización, abogaban por el establecimiento de una nueva república, y, por otro, por los partidarios de la revolución social. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su central sindical afín, la Unión General de Trabajadores (UGT), se desarrollaron con más lentitud que sus homólogos de otros países, pero en España surgió otra clase de movimiento obrero revolucionario, el anarcosindicalista, que llegó a dominar al movimiento sindical rival, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Los anarquistas aspiraban a una utopía que, basada en la formación de comunas y sindicatos autónomos, prescindiría del Gobierno central.

La primera huelga general convocada por los socialistas en 1917 fue un fracaso: durante la huelga y la represión resultante perecieron casi cien personas y a partir de 1919 aumentó la violencia política. Entre 1897 y 1921 los anarquistas asesinaron a tres presidentes del Gobierno y hubo otros dos atentados contra el principal líder del Partido Conservador y tres contra el rey Alfonso XIII. En ocasiones, los estallidos de violencia anarquista desataron una virulenta represión por parte de la policía y el Ejército. En general, los socialistas no recurrieron a la violencia, pero junto a los anarquistas surgió un nuevo e incendiario rival, el pequeño Partido Comunista de España (PCE), que contribuyó todavía más a las actividades de un terrorismo político que entre 1919 y 1923 causó la muerte a varios cientos de personas.

El país se enfrentaba tanto al riesgo de fractura horizontal como de conflicto sociopolítico vertical. Aunque España era uno de los Estados históricos más antiguos de Europa, si no el más antiguo, cuyo origen se remontaba a la monarquía visigótica de los siglos VIy VII, durante el XIXy el XXle costó mucho convertirse en una nación moderna, unificada y políticamente movilizada. Geográficamente está dividida por múltiples cadenas montañosas. Por otra parte, además del castellano común, en ella se hablan otras tres lenguas: el catalán en Cataluña, el euskera en el País Vasco y el gallego en Galicia. A los problemas emanados del atraso se añadía un desarrollo económico absolutamente desigual, concentrado abrumadoramente en el norte y el noreste del país. Esas divisiones y un sistema educativo rezagado hicieron que la percepción de la unidad política, expresada a través de un nacionalismo español global, fuera comparativamente débil, y que a comienzos del siglo XX, en Cataluña y el País Vasco, las dos zonas más modernas e industrializadas, ambas con lengua propia, se viera cuestionado por movimientos nacionalistas regionales (que, como cabía esperar, de forma típicamente española, estaban internamente muy divididos). Durante mucho tiempo el nacionalismo vasco fue minoritario, en tanto que el catalán cobró fuerza con mucha mayor rapidez.

Además, la única nueva aventura exterior de España le estalló en la cara. Sus dirigentes habían evitado participar en el imperialismo europeo de finales del XIX, pero la ocupación por parte de Francia de gran parte de Marruecos en 1913 indujo a Madrid a aceptar el establecimiento de un pequeño protectorado sobre el 5 por ciento del territorio marroquí, situado al norte del país, para salvaguardar sus propias fronteras. Sin embargo, el levantamiento de la población autóctona del norte de Marruecos se convertiría en la revuelta más dinámica de las registradas en el mundo afroasiático después de 1919. Para el ejército español supuso una humillante derrota en 1921, que acentuó todavía más la sensación de crisis en el país.

En ese momento, España estaba tan fragmentada que hasta un Partido Liberal transitoriamente unificado fue incapaz de proporcionar un auténtico liderazgo y, en medio del aplauso inicial de muchos moderados y liberales, el veterano general Miguel Primo de Rivera implantó en 1923 una dictadura temporal. Con ayuda francesa resolvió el conflicto marroquí, al tiempo que reprimía, con un recurso mínimo a la fuerza, la violencia política dentro de España. Durante cinco años el país disfrutó de la mayor prosperidad de su historia, pero al final de la década había llegado políticamente a un callejón sin salida. Al iniciarse la dictadura se había proclamado que sería un breve interregno destinado a solucionar problemas, promover una administración más eficaz y reformar el sistema político. Resolvió temporalmente uno o dos problemas, pero también creó un erial político, eliminando los antiguos partidos parlamentarios sin crear nada que los sustituyera. Ante el fracaso del proyecto, a comienzos de 1930 Primo de Rivera abandonó el poder, pero no había ningún nuevo líder que pudiera retomar la senda del parlamentarismo. La oposición se creció al tiempo que se radicalizaba, pidiendo el fin de la propia monarquía, a pesar de que la breve república federal de 1873-1874 había sido un desastre sin paliativos.

No obstante, como la esperanza es eterna, en España se inició en 1931 el único proceso revolucionario surgido en la Europa de entreguerras. Fue algo absolutamente singular en la Europa de esa generación, ya que ni lo atizó ni lo catalizó una guerra, sino que fue el resultado casi exclusivo de la acción de factores endógenos en tiempo de paz. Sin embargo, en 1931 no estaba nada claro que se estuviera iniciando un proceso revolucionario y no una transición a una democracia plena, ya que durante el siglo anterior los cambios súbitos habían sido un rasgo habitual de la vida política española.

En gran medida gracias a su neutralidad, el país se había ahorrado las principales repercusiones de la crisis europea posterior a la Primera Guerra Mundial, aunque sí sufrió algunas de las experiencias que se observaron en otros lugares. El catalizador inmediato del cambio de régimen fue la dictadura de Primo de Rivera de 1923-1930, aunque esta había sido una de las manifestaciones de autoritarismo más suaves de la época. Por el contrario, en Grecia y Yugoslavia, cuando las dictaduras temporales llegaron a su fin en esos mismos años, poca resistencia suscitó la vuelta al antiguo régimen.

¿Por qué España fue diferente? Varias son las respuestas. En Grecia, la dictadura de 1926 fue tan breve que no llegó a sustituir del todo el régimen parlamentario, pero la española se prolongó lo suficiente como para arrasar las instituciones parlamentarias anteriores. Al contrario que en otros países, cuando en España llegó la caída de la monarquía, esta no se vio reforzada por el sentimiento nacionalista, en tanto que los anteriores líderes conservadores ya eran mayores y especialmente ineptos. El cambio generacional había calado y la monarquía no tenía a su servicio ni a jóvenes ni energía. Igualmente importante fue que las nuevas elecciones se pospusieran durante quince meses. Aunque la intentona militar republicana de finales de 1930 fuera un absoluto fracaso, el débil y acomodaticio Gobierno monárquico no impidió la participación política de los republicanos y sus resultados mejoraron enormemente en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Técnicamente, los candidatos monárquicos ganaron con una considerable ventaja, pero su derrota en casi todas las grandes ciudades generó una enorme oleada de confianza dentro de la nueva coalición republicana. Los pocos líderes monárquicos que quedaban perdieron el temple y los republicanos rechazaron de plano la oferta de la Corona, que pretendía celebrar elecciones nacionales para determinar la nueva Constitución. Alfonso XIII abandonó el país en menos de cuarenta y ocho horas, y el 14 de abril de 1931 se proclamó una República democrática que, aunque carente del aval de un referéndum o unas elecciones legislativas, vio aceptada su legitimidad por gran parte del espectro político.

La situación española puso de relieve un tópico: a saber, que los procesos revolucionarios con frecuencia comienzan de forma rápida y pacífica, y con un esfuerzo relativamente escaso. Esta generalización no siempre es cierta, pero sí refleja con exactitud la situación imperante en la Francia de 1789, en la Rusia de marzo de 1917 y en la España de 1931. Los procesos revolucionarios que se inician de forma escasamente conflictiva pasan por diversas fases, y las primeras son relativamente moderadas, algo que una vez más describe la situación española, porque el nuevo régimen de abril de 1931 adoptó la forma de una república democrática, basada en las estructuras sociales y económicas vigentes. Uno de sus ministros socialistas, Francisco Largo Caballero, declaró que en España el «extremismo» no tendría futuro por el éxito del reformismo pacífico. Irónicamente, en poco más de tres años, él mismo sería uno de los líderes que más recurriría al «extremismo», viendo en él una táctica indispensable.

En España los acontecimientos no se precipitaron tanto como en la Rusia de 1917, porque al principio España era un país estable que hasta hacía poco había disfrutado de cierto grado de prosperidad, además de encontrarse completamente en paz, ajeno a presiones internacionales. La cronología que siguieron los acontecimientos españoles fue más similar a la de la Francia de la década de 1790. El error que cometió uno de los líderes republicanos al contrastar la democratización aparentemente pacífica de su país con la violencia de la Francia revolucionaria radica en que comparó la España de 1931 con la Francia del terror de 1792-1793, en tanto que la comparación debería haberse hecho con la de 1789, mucho más moderada. Pero España no tardaría en radicalizarse.

Lo que se había producido primero en el país era la más fundamental de las revoluciones: la del incremento de las expectativas, de carácter socio-psicológico, que tuvo lugar durante la generación de 1914-1931. Era algo que había acentuado no tanto la evolución política como la rápida expansión económica y el cambio sociocultural de la década de 1920, que, siendo durante algunos años los más rápidos del mundo, produjeron un primer «despegue» de la modernización que se vio brutalmente truncado por la Gran Depresión, que sin embargo no llegó a invertir la tendencia del todo. El empleo en el sector primario había caído hasta encuadrar a menos de la mitad de la población activa y esos cambios decisivos atizaron las demandas, tanto de una mayor libertad de expresión política como de cambios sociales e institucionales. En España, los efectos iniciales de la depresión de la década de 1930 fueron desproporcionadamente más suaves que en la mayoría de los países, pero sus repercusiones alentaron todavía más las reivindicaciones políticas. Todo ello refleja perfectamente la concepción conductista o tocquevilliana de la revolución, según la cual las efusiones revolucionarias no suelen emanar de un agravamiento de la opresión, ni siquiera de las condiciones estructurales per se, sino que las desencadenan, de forma aparentemente paradójica, una mayor libertad y una mejora notable de las condiciones de vida, sobre todo cuando estas se ven temporalmente frustradas por un nuevo contratiempo —en el caso de España, la dictadura—, que va seguido de una depresión económica y de los conflictos políticos que conlleva el nuevo régimen.

La otra gran explicación es de orden estructuralista y su ejemplo más difundido es el marxismo, aunque también haya otras variantes. La teoría conductista no rechaza por completo la relevancia de la interpretación estructuralista, porque si no hubiera contradicción o retraso estructural la secuencia conductista que directamente desencadena la revolución no tendría ese efecto. En los países del norte de Europa, mayormente protestantes, el liderazgo de las élites modernizadoras produjo una transformación de carácter evolutivo que resolvió las contradicciones internas, por lo menos en cuanto a la reducción de las presiones revolucionarias, y la principal excepción a este respecto es la «revolución reaccionaria» de la Guerra Civil estadounidense. En el resto de Europa, las élites modernizadoras —aun presentando enormes variaciones en sus niveles de éxito— no estuvieron a la altura de las circunstancias y no lograron resolver unos conflictos y unas contradicciones que, en la secuencia conductista indicada, podían transformarse con rapidez en una crisis auténticamente revolucionaria.

Al llegar el año 1930, España había caído en una especie de «trampa del desarrollo» que, situada en la fase intermedia de la modernización, es la que desata el conflicto más grave. El crecimiento había sido lo suficientemente grande como para fomentar la reivindicación de mejoras más rápidas; sin embargo, no se dispondría de medios para responder a esas demandas hasta que el país no lograra alcanzar una fase de modernización madura. De repente, España se vio embarrancada a mitad de camino, que es la situación más peligrosa, y el potencial de radicalización lo agravó aún más su estructura demográfica. Al igual que en Rusia, Alemania e Italia, en términos absolutos la nueva generación española había alumbrado la cohorte de jóvenes varones más nutrida de la historia, que proporcionalmente también era más grande que ninguna de las cohortes posteriores.

Esos peligros no eran evidentes en 1931, porque al principio la coalición gobernante aceptó una república liberal, democrática y parlamentaria. Sin embargo, de los tres sectores que impulsaban el nuevo régimen —los republicanos de izquierda de clase media, los socialistas y los radicales de centro—, solo los últimos otorgaban valor a la democracia liberal y a las normas del sistema electoral parlamentario. Por el contrario, para los republicanos de izquierda, también llamados «izquierda burguesa», la nueva república tenía menos que ver con un proceso democrático que hubiera que respetar escrupulosamente que con un proyecto de reforma radical, que en algunas ocasiones Azaña y otros líderes calificaban de «revolución». Para ellos, «la República» no era tanto un sistema político como un determinado programa de reformas cultural e institucional, que hacía indispensable excluir permanentemente a los católicos y a los conservadores de cualquier participación en el Gobierno.

Veinte años antes, algunos republicanos de izquierda, conscientes de que durante la época de los pronunciamientos el extremismo y la intransigencia habían conducido al país al desastre, habían tenido actitudes más moderadas. Pero se radicalizaron con la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera, llegando a la conclusión de que la cesión y la cooperación solo conducirían a la vuelta al poder de la derecha, que, según su errónea evaluación, estaba tan erosionada políticamente que era un montón de chatarra histórica. En consecuencia, su actitud era un tanto contradictoria. Por una parte, los republicanos de izquierda estaban convencidos de que el cambio histórico había destripado a los intereses conservadores, pero, por otra, insistían en la necesidad de reprimir vigorosamente dichos intereses, aunque fuera vulnerando, en caso de necesidad, la práctica democrática y el respeto pleno a los derechos y libertades.

Por su parte, todavía en mayor medida, los socialistas, que por primera vez asistían a un rápido incremento de sus bases, solo se comprometieron relativamente con el nuevo régimen democrático. Gran parte de sus dirigentes estaban convencidos de que esta suponía el inicio de un cambio fundamental que subyugaría para siempre al conservadurismo político, iniciando un proceso ilimitado de reformas destinado a culminar en el socialismo. Como las fuerzas conservadoras parecían totalmente desorganizadas y nada habían hecho para defender la monarquía, los socialistas llegaron a la errónea conclusión de que en el futuro no podrían hacer mucho por evitar el advenimiento del socialismo.

En consecuencia, los republicanos de izquierda y los socialistas pergeñaron un régimen radicalmente reformista, que casi de inmediato procedió a cercenar ciertos derechos y a silenciar a la oposición, convirtiéndose en un sistema que, como lacónicamente señalaría Javier Tusell, principal historiador político español de finales del siglo XX, no era «una democracia muy democrática», y quizá esta sea la mejor síntesis que se haya hecho de la Segunda República. Donde primero se apreció esta situación fue en la esfera religiosa, cuando el nuevo Gobierno reaccionó con lentitud ante la «quema de monasterios» de los días 11 y 12 de mayo de 1931, solo un mes después del establecimiento de la República. El clima de anticlericalismo radical venía acentuándose desde hacía más de una generación. Turbas organizadas, principalmente compuestas por anarquistas y republicanos extremistas, quemaron más de cien iglesias y otros establecimientos religiosos de Madrid y otras ciudades, de manera que, después de la indiferencia inicial, fue preciso recurrir al Ejército para que restableciera el orden.

En junio de 1931 se celebraron unas elecciones a Cortes constituyentes basadas en la idea de que solo debían tener plenos derechos las fuerzas prorrepublicanas. Desde la caída de la monarquía los conservadores seguían en estado de shock y, en cualquier caso, no estaban lo suficientemente bien organizados como para haber ganado los comicios, pero, pese a todo, se disuadió activamente a la oposición de hacer campaña, lo cual contribuyó a que la coalición gobernante obtuviera una amplia mayoría de escaños. Esto condujo a la redacción de una nueva Constitución que, muy influida por la de la República de Weimar germana, no era un reflejo preciso de gran parte de la opinión pública española y que rechazó el consenso, restringiendo drásticamente los derechos de los católicos. Esta situación imposibilitaría prácticamente cualquier posible acuerdo nacional, porque el catolicismo seguía siendo la religión imperante y aún podía movilizar a más gente que cualquier otro movimiento político.

El anticlericalismo extremo era algo bastante habitual en el suroeste de Europa y ciertas zonas de Latinoamérica a comienzos del siglo XX. La transición hacia los regímenes parlamentarios modernos y la separación de la Iglesia y el Estado venían desatando conflictos desde la Revolución Francesa. La restricción drástica de las libertades religiosas y la persecución de la Iglesia produjeron grandes tensiones en países tan distintos como Francia, Portugal y México, llegando a desatar en este último una especie de guerra civil entre 1926 y 1929. En lugar de aprender de esos conflictos, la izquierda española estaba decidida a seguir su ejemplo.

Irónicamente, justo cuando el Vaticano y los líderes eclesiásticos estaban por primera vez dispuestos a aceptar una separación de cuño americano entre la Iglesia y el Estado, los partidos de izquierda rechazaron un borrador de Constitución que, basándose en la necesidad de promover una absoluta libertad religiosa para todos los sectores, proponía precisamente ese ordenamiento. Esos partidos insistieron en aprobar normativas que restringían enormemente ciertas actividades católicas, sobre todo las de las órdenes monásticas, y en expulsar a los jesuitas (por tercera vez en la historia de España). Además, para obstaculizar la educación católica y convertir la educación en un monopolio estatal, anunciaron la intención de prohibir la docencia a las órdenes religiosas. Esas políticas de 1931-1933 solo eran el principio: en junio de 1936 se prohibieron por completo los servicios religiosos en algunas zonas y en casi todo el país se clausuraron las escuelas católicas.

Los principales líderes del nuevo régimen eran Manuel Azaña y los republicanos de izquierda, que tomaban como modelo la Tercera República francesa, fundada en 1871. Sin embargo, sus tácticas eran bastante diferentes de las de sus antecesores galos. La Tercera República comenzó siendo un régimen contrarrevolucionario que reprimió con dureza a la Comuna de París, ya que sus dirigentes moderados comprendieron que solo podrían consolidar el nuevo régimen si este procedía de manera ordenada y respetando la ley[2]. La República francesa había evolucionado con cuidado, paso a paso, y no procedió a implantar la separación entre Iglesia y Estado, ni a la consiguiente confiscación de los edificios eclesiásticos, la supresión de las órdenes religiosas y el cierre de la mayoría de las escuelas católicas hasta tres décadas después, cuando el régimen ya estaba totalmente consolidado.

Antes de llegar al poder, los líderes republicanos franceses ya eran políticos muy veteranos, en tanto que en 1931 gran parte de los dirigentes y diputados españoles eran principiantes. Al principio, la República francesa la dirigieron moderados, en tanto que la española de 1931-1933 estuvo dominada por una coalición compuesta por los sectores más extremistas del republicanismo y el socialismo. Liberados de la presión de la izquierda, al principio los líderes franceses evitaron caer en el anticlericalismo radical para centrarse en la educación y la «revolución de la conciencia», pero, en Madrid, la insistencia de los republicanos de izquierda españoles en granjearse el apoyo de los socialistas, y no en llegar a un acuerdo con el centro moderado, fomentó una posición más doctrinaria.

Con todo, la primera rebelión contra la nueva República no surgió de la derecha sino del extremismo revolucionario de izquierdas, el del anarcosindicalismo de la CNT (cada vez más dominada por los revolucionarios de la FAI, Federación Anarquista Ibérica) y del diminuto Partido Comunista de España (PCE). Este seguía la estrategia de la Komintern (Internacional Comunista), que siempre que fuera posible aspiraba a fomentar la insurrección y la revolución, pero su tamaño era demasiado pequeño como para conseguir nada. Entre tanto, los militantes de la CNT-FAI vieron en los primeros tiempos de la República una oportunidad para vengarse de sus enemigos. Durante las primeras semanas de existencia del régimen cometieron veintitrés asesinatos políticos en Barcelona y promovieron tres levantamientos revolucionarios consecutivos en enero de 1932, enero de 1933 y diciembre de 1933. Para los anarquistas, esos estallidos no eran realmente una guerra civil, sino el principio de un levantamiento que, según vanamente esperaban, se alzaría en todo el país contra el sistema capitalista. Esas insurrecciones tuvieron lugar en alrededor de media docena de provincias pero, a pesar de los actos de terrorismo y la muerte de varios cientos de personas, todas estuvieron mal organizadas y nunca pusieron en peligro la estabilidad de la República.

Sectores minoritarios de extrema derecha alentaron una débil sublevación militar, que, dirigida por José Sanjurjo, uno de los generales más destacados del país, estalló el 10 de agosto de 1932, sin apenas contar con apoyos dentro del Ejército. Causó diez muertos. Durante los tres primeros años de la República, sus enemigos violentos no tuvieron muchos apoyos. Ninguna de las cuatro sublevaciones —tres promovidas por la extrema izquierda revolucionaria y una por la derecha radical— amenazaron realmente al nuevo régimen.

Con frecuencia, la República limitó más los derechos ciudadanos e impuso una censura más profunda que la que había sido habitual durante la monarquía constitucional. La Ley de Defensa de la República le otorgó amplios poderes para suspender derechos y garantías constitucionales. En 1933 se modificó ligeramente, pero las leyes republicanas siguieron contemplando tres niveles distintos de suspensión de los derechos y libertades: el «estado de alarma», el «estado de prevención» y el «estado de guerra», que se utilizaron con frecuencia, tanto contra la derecha moderada y extrema como contra la extrema izquierda, de manera que, en conjunto, la Segunda República vivió prácticamente el mismo número de días de suspensión total o parcial de las garantías constitucionales que en situación de normalidad. Igualmente, los republicanos, manteniendo en funcionamiento la Guardia Civil, un cuerpo policial de carácter militar que cuidaba del orden público en el campo, crearon un nuevo cuerpo, la Guardia de Asalto, basado en una fuerza creada en la República de Weimar, que actuaría en las ciudades. Su propio nombre, al incluir la palabra «asalto», daba idea de la tendencia general hacia la paramilitarización de la vida política europea, y también de la actitud agresiva del nuevo régimen.

Durante 1932 el Gobierno aprobó reformas laborales favorables a los sindicatos; intentó reorganizar el Ejército y concedió a Cataluña un estatuto de Autonomía. Al año siguiente tomó medidas para abordar el arraigado problema agrario y la tenencia de la tierra en un país en el que casi un quinto de la población la componían jornaleros sin tierra y sus familias. La situación política se polarizó todavía más, aunque la legislación resultante fuera de alcance limitado.

El principal partido moderado español de clase media tenía un confuso nombre, Partido Radical, que ya no encajaba con su credo. Durante la República se fue desplazando con decisión hacia el centro, al haber alcanzado su principal objetivo: un sistema democrático. En 1932 abandonó la coalición gobernante, considerando improcedente que los socialistas se incorporaran a un Gobierno constitucionalmente basado en la propiedad privada. Entretanto, los principales sectores de la derecha comenzaron por fin a organizarse, constituyendo la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que a partir de ese momento sería el partido político más nutrido de España y, en proporción, la principal formación política católica del mundo. La magnitud y fortaleza de ese resurgimiento conmocionaron a la izquierda, poniendo de manifiesto lo superficial que era su análisis de la sociedad española.

Con el paso del tiempo se evidenciaron las diferencias entre los republicanos de izquierda y los socialistas, lo cual puso fin a la coalición gobernante en septiembre de 1933, creando el marco propicio para las elecciones generales del mes de noviembre. Después de dos años y medio de República, la mayoría de los socialistas comenzaron a manifestarse enormemente desilusionados con el nuevo régimen, que ya no parecía conducir hacia el socialismo. Aunque la coalición acababa de redactar una nueva ley electoral concebida para perpetuar el dominio de la izquierda, al otorgar una representación desproporcionada a las grandes alianzas, los socialistas rechazaron bruscamente el mantenimiento de la coalición con sus antiguos aliados de la izquierda republicana, a los que ya tachaban de irremediablemente «burgueses».

Los comicios de 1933, en los que la CEDA se impuso, aunque sin alcanzar una mayoría de escaños, tuvieron resultados diametralmente opuestos a los de dos años antes. El número de escaños socialistas se redujo, en tanto que los republicanos de izquierda fueron prácticamente barridos del mapa. Los líderes de estos dos grupos reaccionaron exigiendo que el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, anulara los resultados de las elecciones, para permitirles cambiar la normativa electoral y así garantizar la victoria a una izquierda escarmentada y reunida. No aducían que la votación hubiera sido improcedente o carente de validez sino que protestaban porque la victoria hubiera sido para la derecha y el centro. Mientras que la CEDA había aceptado una ley electoral redactada por sus adversarios, la izquierda afirmaba que no se podía permitir que el partido católico ganara los comicios, ni siquiera gracias a normas aprobadas por la izquierda, porque la CEDA abogaba por introducir cambios fundamentales en el régimen republicano. Aunque la izquierda acababa de alterar drásticamente el orden político español y los socialistas pretendían ir todavía más allá y avanzar hacia el socialismo, la izquierda señalaba que, independientemente del número de votos que hubiera recibido la derecha católica, no se podía permitir que esta introdujera más cambios. La izquierda insistía en que la República no fuera un régimen democrático igual para todos, sino un proyecto exclusivamente suyo.

Era una posición sin parangón en la historia reciente de los sistemas parlamentarios europeos. Los socialdemócratas alemanes, por ejemplo, habían puesto un gran empeño en defender la igualdad de derechos para todos durante la República de Weimar, y ni siquiera los «maximalistas» revolucionarios socialistas de la Italia de 1919-1922 habían llegado a proponer realmente la manipulación de los resultados electorales. Ante el avance del fascismo, su última gran iniciativa había sido la «huelga legalista» de mediados de 1922, que se había limitado a solicitar la recuperación del orden público y del sistema democrático.

¿De dónde procedía esa concepción «patrimonial» que tenía la izquierda española de un régimen exclusivamente dedicado a defender sus presupuestos? Es difícil saberlo. Solo diez años antes, en 1923, gran parte de la izquierda había exigido una democratización completa. Pero, cuando la tuvo, la rechazó en el momento en que no garantizó su preponderancia.

Los primeros izquierdistas españoles, los liberales de 1810, habían sido realistas, coherentes y moderados. Aunque en ese momento España carecía de la sociedad civil necesaria para mantener un régimen parlamentario moderno, durante la siguiente generación la Constitución de 1812 que ellos alumbraron fue un hito del liberalismo europeo, desde Portugal hasta Rusia. El germen de la izquierda intransigente o extrema se encuentra en los «exaltados» de 1821-1823, dispuestos a imponer sus valores por las buenas o por las malas. Durante gran parte del siglo XIXesto generó una combinación de pronunciamientos —la mayoría con programas liberales— y disturbios urbanos. El ascenso de los movimientos revolucionarios obreros, anarcosindicalistas y marxistas, acentuó ese extremismo. Se fue desarrollando una actitud que sostenía que cualquier oposición que encontrara la izquierda sería reaccionaria y por tanto ilegítima, una postura que no tendría un correlato similar en ninguna parte de Europa occidental.

En noviembre de 1933 el presidente Alcalá-Zamora, un católico liberal, rechazó en cuatro ocasiones las demandas de los republicanos de izquierda y los socialistas, que pretendían que anulara los resultados de unas elecciones limpias, cambiando las normas a posteriori. No obstante, el hecho de que la mayoría de los fundadores de la República rechazara la democracia electoral en cuanto perdió unas elecciones hacía pensar que las perspectivas de esa democracia eran, en el mejor de los casos, inciertas. En ese momento, y a menos que la izquierda cambiara de enfoque, la situación dependería todavía más del centro y, hasta cierto punto, de la derecha moderada. Sin embargo, aunque la derecha moderada de la CEDA, al contrario que la izquierda, sí acatara la ley, su objetivo final no era mantener una República democrática, sino transformarla en otro régimen, más conservador y corporativo, e incluso moderadamente autoritario. No parecía probable que los demócratas liberales de centro, encabezados por el Partido Radical de Alejandro Lerroux, con poco más del 20 por ciento de los votos, pudieran sustentar por sí solos un régimen democrático. Sin embargo, durante nueve meses España fue gobernada por Lerroux, presidente de un Gobierno en minoría, compuesto mayoritariamente por radicales, pero con el apoyo parlamentario de la CEDA.

Bastantes sistemas políticos contemporáneos surgieron en medio de la incertidumbre, así que el fracaso de la República no era algo predeterminado. Podrían haberse producido varias evoluciones positivas: el centro podría haber ampliado su base o fortalecerla; la derecha moderada podría no haberse limitado a acatar la ley, pasando a apoyar directamente la democracia, y la izquierda moderada —incluso los socialistas— podría haberse tornado aún más moderada y democrática, aceptando la igualdad de derechos para todos. Por desgracia, nada de eso ocurrió: el centro no tardó en perder base y en debilitarse, la derecha moderada no se desplazó con decisión hacia el centro y la izquierda no hizo más que radicalizarse y volverse excluyente, insistiendo denodadamente en el carácter izquierdista de la República, en tanto que gran parte de los socialistas comenzaron a inclinarse por la revolución violenta.

La radicalización del socialismo español y de la UGT durante 1933 y 1934 desconcertó a los analistas, porque parecía ir en contra de la tendencia imperante en los demás partidos socialistas o socialdemócratas de Europa occidental, que se habían ido haciendo más moderados y pragmáticos, buscando soluciones más prácticas que revolucionarias. ¿Por qué los socialistas españoles eran distintos?

Los motivos de la radicalización eran viscerales. Los primeros indicios de que la coalición izquierdista originaria estaba perdiendo fuelle se apreciaron durante el verano de 1933. Después de su derrumbe vino la derrota electoral. Para los socialistas españoles, lo primordial no era ni la democracia ni la revolución, sino pura y simplemente el poder. La gran expansión de su movimiento y la participación en una coalición de gobierno los habían acercado por primera vez a un poder que, de una u otra manera, tenían intención de conservar.

El programa de los socialistas españoles se basaba en una concepción de la sociedad española que hacía hincapié en la corrupción y debilidad de una burguesía avariciosa que tenía ante sí a una mayoría de trabajadores pobres y explotados. Sin embargo, la realidad era más compleja. En esa época, 1933-1934, se llegó al fondo de la depresión económica, pero en una economía como la española, no del todo abierta al comercio internacional, los efectos fueron en proporción menos graves que en otros países. El desempleo urbano registrado nunca alcanzó el 9 por ciento, siendo muy inferior al de muchos otros países, aunque sí había mucho subempleo y, en ocasiones, el paro rural era muy elevado. Teniendo en cuenta la productividad de la economía española, los militantes de los sindicatos gremiales socialistas ganaban sueldos dignos. La peor situación era la de los jornaleros sin tierra del Sur, pero sus penurias eran estructurales y solo podía superarlas el desarrollo económico, no la redistribución de recursos.

Por otra parte, los socialistas adolecían de un análisis deficiente de las clases medias, un estrato más amplio de lo que ellos creían. Si se tenía en cuenta a todos los pequeños agricultores propietarios de explotaciones familiares, el número de obreros resultante en el conjunto de la sociedad española era menor del que calculaban los socialistas y más problemático el resultado de una confrontación violenta.

Se observó un giro hacia la violencia durante la campaña electoral de 1933, cuando los socialistas fueron responsables de gran parte de los incidentes, que produjeron veintiocho muertos. En su punto de mira aparecían especialmente los militantes de la nueva organización fascista Falange Española y los de la CEDA. Pero no todos los líderes socialistas eran partidarios de las tácticas violentas. Entre ellos, el principal estudioso del marxismo, el profesor de filosofía Julián Besteiro (presidente del Comité Ejecutivo de la UGT), que se opuso abiertamente a la violencia revolucionaria. Besteiro advirtió de que España no era Rusia, que en realidad una revolución armada precisaría de una mayor violencia que la utilizada por los bolcheviques en la Rusia absolutamente fragmentada de 1917 y que probablemente fracasara. También advirtió de que la «dictadura del proletariado» a la que aspiraban los revolucionarios rusos era un concepto superado en el mundo democrático occidental.

No obstante, en enero de 1934, Largo Caballero, ya por entonces líder de los revolucionarios, sustituyó a Besteiro al frente de la UGT, que, junto a las Juventudes Socialistas, sería a partir de ese momento baluarte principal del radicalismo socialista. El Comité Revolucionario preparó un programa que abogaba por la nacionalización de la tierra, la disolución de todas las órdenes religiosas y también la del Ejército y la Guardia Civil. También pedía que un parlamento elegido democráticamente ratificara esos cambios, una vez que los revolucionarios hubieran tomado el poder. Así se ponía de relieve el carácter ilusorio y contradictorio de la práctica socialista, ya que no era realista esperar que unas Cortes democráticamente elegidas ratificaran una toma del poder por parte de los socialistas.

Según las instrucciones del comité, la insurrección debía tener «todos los caracteres de una guerra civil» y su triunfo descansaría «en la extensión que alcance y en la violencia con que se produzca»[3]. Un mapa de Madrid, que indicaba puntos neurálgicos, iba acompañado de listas de personas a las que habría que detener. El Comité Revolucionario tenía pensado recurrir a miles de milicianos voluntarios y, con la complicidad de parte de la policía, algunos de los insurrectos llevarían uniformes de la Guardia Civil. Seguirían planes contemplados en un manual que, escrito por el mariscal Mijaíl Tujachevski y otros oficiales del Ejército Rojo en 1928, se había publicado con el seudónimo de A. Neuberg y con el título La insurrección armada con el fin de dar directrices en el extranjero a las rebeliones auspiciadas por la Komintern.

El levantamiento de los socialistas españoles de 1934 fue la acción insurreccional mejor organizada y la que contó con mejor armamento de todas las registradas en Europa occidental y central durante el periodo de entreguerras. En contra de lo que señalarían con posterioridad sus defensores, ello no se debió a que se tratara de una reacción «defensiva» a la desesperada (como la de los socialistas austriacos en febrero de 1934, después de que se pusiera fin al régimen parlamentario en su país), sino una agresión cuidadosamente planificada que retóricamente llevaba gestándose más de un año y tácticamente nueve meses. Ninguna de las acciones insurreccionales ocurridas en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ni siquiera las organizadas por los comunistas, puso de manifiesto un grado de preparación equivalente.

Durante la generación anterior, y más que en ningún otro país occidental, autores y activistas políticos españoles habían utilizado la metáfora de la «guerra civil» para insistir en la necesidad de un cambio rápido y decisivo, aunque en la mayoría de los casos no pretendieran que se les tomara en serio. Sin embargo, cuando El Socialista proclamó el 25 de septiembre de 1934 que «Renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una utopía. Bendita la guerra», estaba haciendo una llamada a la violencia.

Entretanto, entre abril y julio de 1934 Manuel Azaña y otros líderes republicanos de izquierda realizaron una serie de maniobras que insistían en el carácter hiperlegítimo de un Gobierno izquierdista. Por una parte, a pesar de la falta de apoyos parlamentarios, intentaban alentar u obligar al presidente Alcalá-Zamora a nombrar un Ejecutivo de coalición minoritario compuesto por la izquierda moderada, cuyo propósito habría sido convocar a la mayor brevedad posible nuevas elecciones.

Si Alcalá-Zamora no cedía, la alternativa era presionarle con una especie de pronunciamiento civil o una toma del poder pacífica. Parece que lo que Azaña tenía en mente a finales de junio era una entente entre los republicanos de izquierda, la Esquerra catalana y los socialistas. Así se podría haber instaurado un Gobierno alternativo en Barcelona, que, con el apoyo de una huelga general socialista, habría desatado una crisis de magnitud suficiente como para convencer al presidente de la República de que ese Gobierno debía asumir el poder. El proceso no habría sido del todo pacífico, porque una huelga general habría conllevado inevitablemente cierta violencia, pero no habría sido una insurrección armada. Azaña se dejó llevar por su propia retórica. El 1 de julio proclamó con grandilocuencia que «Cataluña es el único poder republicano que queda en pie en la península», una afirmación absurda y ajena a la realidad. Y añadió otra ridícula afirmación: que la situación del momento era igual a la registrada antes del derrumbe de la monarquía. Pero aún fue más allá, ya que, invocando el levantamiento militar violento republicano de diciembre de 1930, señaló que «Unas gotas de sangre generosa regaron el suelo de la República y la República fructificó. Antes que la República convertida en sayones del fascismo o del monarquismo… preferimos cualquier catástrofe, aunque nos toque perder»[4] (nada tenía que ver esta melodía con la que entonaría años después, una vez en marcha la catástrofe convocada por esa retórica). Sin embargo, en 1934 los designios de Azaña se revelaron inviables, porque los socialistas, con la vista puesta en la revolución, rechazaron la colaboración con la «burguesía», aunque fuera con los republicanos de izquierda.

Alcalá-Zamora se negó a permitir que la izquierda constituyera un Gobierno extraparlamentario, pero esta esperaba que él continuara con la fórmula del Ejecutivo centrista en minoría, dirigido por Lerroux y los radicales, negando para siempre a la CEDA cualquier oportunidad de participar en el mismo. Sin embargo, José María Gil Robles, líder de la coalición derechista, anunció antes de la apertura de las Cortes el 1 de octubre que su partido exigiría varias carteras en una coalición de gobierno con apoyo parlamentario mayoritario, lo cual otorgaría a la República su primer Ejecutivo normal y mayoritario en un año. Alcalá-Zamora solo podría haberse opuesto a esta exigencia convocando nuevas elecciones, algo que, según comprendió, estaba absolutamente injustificado.

La entrada de los tres cedistas en ese Gobierno de coalición centro-derechista dominado por Alejandro Lerroux y los radicales sirvió para justificar el levantamiento revolucionario propiciado por los socialistas, la llamada Alianza Obrera (una nueva formación revolucionaria constituida junto a otros grupos obreros menores) y la Esquerra catalana el 4 de octubre. La izquierda aducía que tanto Hitler como Mussolini habían tomado el poder legalmente, amparándose en una minoría de escaños para entrar en un Gobierno de coalición, analogía esta que giraba en torno a la estigmatización de la CEDA, a la que se tachaba de «fascista», aunque esa nueva formación católica, a pesar de algunos excesos retóricos de sus líderes, había respetado la legalidad. A diferencia de los socialistas, la CEDA se había abstenido de recurrir a la violencia y la acción directa, a pesar de que algunos de sus miembros habían sido asesinados por la izquierda. Como señaló irónicamente el veterano socialista Julián Besteiro, en ese momento el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tenía más rasgos propios de una organización fascista que la CEDA. La inminente insurrección también daría por hecho algo dudoso, que a España —o por lo menos a la izquierda— le beneficiaría prescindir del régimen parlamentario.

Aunque al levantamiento, acompañado por una frustrada revuelta del recién creado Gobierno autónomo catalán, estalló en quince de las cincuenta provincias españolas, solo triunfó en el Norte, en Asturias, donde los revolucionarios ocuparon toda la cuenca minera y también gran parte de Oviedo. Se tuvieron que enviar destacamentos militares desde el Protectorado marroquí, registrándose combates durante dos meses hasta que la revuelta fue finalmente sofocada. Los revolucionarios cometieron numerosas atrocidades, llegando a asesinar quizá a 100 eclesiásticos y civiles, llevando a cabo generalizados actos de destrucción e incendios provocados, y llevándose por lo menos un botín de 15 millones de pesetas de los bancos, que en su mayoría nunca se recuperó. Para acabar con la insurrección, el Ejército realizó varias ejecuciones sumarias, cuyo número se cifra entre 19 y varias veces esa cifra. En total, hubo casi 1.500 muertos, la mayoría revolucionarios. Otras 15.000 personas fueron detenidas y durante las semanas posteriores al levantamiento se maltrató a los prisioneros, aunque sin llegar a los niveles masivos posteriormente señalados por la propaganda izquierdista.

Los levantamientos contra los regímenes parlamentarios no carecían de precedentes en la Europa de entreguerras. El primero lo habían protagonizado los socialistas de Finlandia en enero de 1918, precipitando así el inicio de la guerra civil en el país. En Alemania había habido por lo menos cinco confusas intentonas insurreccionales entre 1919 y 1923; por otra parte, varios levantamientos nacionalistas de tendencia derechista se habían hecho con el poder en Bulgaria en 1923, y en Polonia y Portugal en 1926. Con todo, desde el punto de vista de la violencia y la intensidad relativas, solo la guerra civil finlandesa había estado al mismo nivel o había superado a la insurrección revolucionaria española de 1934.

2

DE LA INSURRECCIÓN REVOLUCIONARIA AL FRENTE POPULAR

El levantamiento de 1934 tuvo profundas repercusiones. En Asturias los revolucionarios se hicieron con el control de gran parte de la provincia y fue precisa una campaña militar de más de dos semanas para derrotarlos. A partir de este momento se agudizó la polarización y algunos historiadores han calificado la insurrección de «preludio» o de «primera batalla» de la guerra civil posterior. No obstante, la República democrática se mantuvo intacta y todavía habría sido posible superar o por lo menos mitigar la creciente polarización.

Casi todos los sistemas políticos instaurados en Europa después de 1919 fueron de carácter multipartidista, pero la República española destacó por los tres sucesivos y drásticos giros gubernamentales que sufrió en menos de cinco años, lo cual dificultó la continuidad y fomentó la radicalización. Con todo, más singular fue la ausencia de una fuerza hegemónica coherente de las que, para bien o para mal, solventaron las crisis en otros países. La República fue incapaz de producir una coalición mayoritaria viable, un movimiento nacionalista dominante, un gran partido hegemónico e incluso un Gobierno autoritario temporal capaz de imponer su voluntad.

Durante casi un año, entre octubre de 1934 y septiembre de 1935, España estuvo gobernada por una coalición radical-cedista. En tanto que el primer bienio republicano de 1931-1933 había sido el tiempo del reformismo progresista y en ocasiones extremista, su segunda fase, la de 1933-1934, dirigida por los radicales, la caracterizó una administración equilibrada de carácter centrista. El Gobierno que Lerroux presidió durante la tercera fase, entre 1934 y 1935, fue una coalición de centro-derecha que avanzó hacia posiciones mucho más conservadoras, revisando o anulando varias de las reformas anteriores y revirtiendo abruptamente gran parte de la limitada reforma agraria. En cierto sentido, esto era algo normal en un régimen político representativo en el que resultados electorales distintos podían conducir a la aplicación de diferentes políticas, pero, según la izquierda, esto supuso el inicio del «fascismo».

Al margen de los notables cambios de política, el otro gran drama del momento fue una escabrosa propaganda centrada en la represión. En España cundían por doquier los relatos de atrocidades: la derecha relataba con múltiples retoques las atrocidades de los revolucionarios en Asturias, en tanto que la izquierda (con apoyo monetario de la Komintern y de otros partidos de izquierdas europeos) lanzaba una gigantesca campaña de propaganda, exagerando el alcance y la brutalidad de la represión del levantamiento. Para ambos bandos el contexto internacional era importante. Para la derecha, lo ocurrido en España conjugaba a Lenin, Stalin y el régimen comunista húngaro de Béla Kun; para la izquierda, no era más que el avance del fascismo. En general, la izquierda, con el apoyo de sus colegas de otros países y encantada de ver refrendados sus prejuicios sobre la supuesta revitalización de la «España inquisitorial», fue la que más partido sacó a este combate propagandístico.

Los datos preferidos de la izquierda, que aún citan libros de historia del siglo XXI, duplicaban el número de revolucionarios detenidos al incluir en el cómputo de «prisioneros políticos» a toda la población carcelaria del país, que era de más de 30.000 reclusos (la mitad de ellos delincuentes comunes), aunque fuera difícil considerar prisioneros de conciencia a los detenidos por cometer crímenes violentos. Las afirmaciones de ambos bandos tenían parte de verdad, aunque ambas exageraban. Del mismo modo que los revolucionarios habían cometido asesinatos, el Ejército también había llevado a cabo ejecuciones sumarias. Durante los dos meses posteriores al restablecimiento del orden algunos prisioneros fueron tratados con brutalidad, golpeados y, en unos pocos casos, torturados.

Sin embargo, en general, el aspecto más notable de la represión llevaba a cabo en la España de 1934-1935 fue su carácter relativamente indulgente. Cientos de revolucionarios fueron sometidos a consejos de guerra, pero solo dos fueron ejecutados, y estaba claro que uno de ellos era culpable de múltiples asesinatos, en tanto que el otro era un militar amotinado. En 1935, puede que ambos hubieran sido ejecutados en la mayoría de los países democráticos. Al margen de esto, el insurreccional PSOE no fue ilegalizado, algunas de sus sedes siguieron abiertas y, pasadas las primeras semanas, los principales prisioneros accedieron a privilegios especiales. Se permitió que una comisión de investigación internacional los visitara y en poco más de un año los revolucionarios pudieron de nuevo participar en unas nuevas elecciones democráticas que les ofrecieron la oportunidad de acceder legalmente al poder que acababan de intentar tomar por la fuerza. En realidad, lo que no tenía precedentes históricos era una represión tan leve, de manera que la llevada a cabo por la República no podía compararse ni por asomo con las prácticas más brutales que, en circunstancias similares, habían tenido otros países, incluso democráticos. En 1871 la recién estrenada Tercera República francesa había ahogado en sangre la Comuna de París, llevando a cabo miles de ejecuciones sumarias. En proporción, la represión zarista de la primera Revolución Rusa y del masivo estallido terrorista de 1905-1907 fue más moderada que la francesa, pero pese a todo, severa, produciendo bastante más de 5.000 ejecuciones. En Alemania, las unidades del Ejército y de la policía, además de los Freikorps, que reprimieron las insurrecciones del periodo 1919-1923, también habían actuado con mucha más dureza que la República española, ejecutando a varios miles de obreros. En Finlandia, la represión acometida en 1918, después de una auténtica guerra civil, fue mucho más generalizada, y lo mismo podía decirse de la diminuta Estonia de 1924, donde, después de una fallida intentona de golpe de Estado comunista, se produjeron cientos de ejecuciones.

En España, la República no suspendió el orden democrático y el principal partido de derechas siguió respetando la Constitución, en tanto que el apoyo al fascismo, prácticamente inexistente, no se incrementó. Por otra parte, muchos derechos y libertades no tardaron en reinstaurarse, antes de su plena recuperación a comienzos de 1936. En comparación con otros países, el liberalismo del presidente Alcalá-Zamora y de los radicales de Lerroux fue impresionante. Pese a todo, el Gobierno podría haber ido más lejos en sus iniciativas de conciliación, promoviendo, por ejemplo, una investigación oficial sobre los malos tratos cometidos en Asturias y quizá aprobando una rápida amnistía para los acusados de delitos leves. Es dudoso que esa política hubiera logrado aplacar a la izquierda, pero podría haber sido mejor que la debilidad que caracterizó la actitud del Gobierno. Inicialmente la represión fue rigurosa en la cuenca minera, pero a la larga no castigó con gran severidad a muchos de los revolucionarios. Esto no benefició a la democracia liberal y puede que precipitara su final. Para salvar la República se necesitaba una política más vigorosa, de una u otra índole.

Hasta los revolucionarios violentos buscan una capa de legitimidad y en muchos casos prefieren presentar sus acciones como reacciones defensivas. Como Lev Trotski escribió con franqueza en su Historia de la Revolución Rusa: «Al bando atacante le interesa casi siempre aparecer a la defensiva. Al partido revolucionario le interesa la cobertura legal»[1]. En consecuencia, en la Rusia de 1917 los bolcheviques presentaron su golpe de Estado como una medida defensiva frente a una inminente acción contrarrevolucionaria, enmascarándolo detrás del supuesto objetivo de entregar el poder a los soviets representativos y de garantizar la celebración de nuevas elecciones democráticas.

En España, el argumento que utilizó la izquierda para justificar la insurrección fue la inminente amenaza de toma del poder por parte de fuerzas conservadoras, tachadas de criptofascistas. Si ese era el caso, el fallido levantamiento no hizo más que incrementar el peligro, porque en el año posterior el centro y la derecha se impusieron por completo y pocos diputados de izquierdas quedaron en las Cortes para cuestionar a esas fuerzas. Sin embargo, en esas circunstancias la República no solo sobrevivió sino que no tardó en recuperar plenamente las libertades. Que los líderes socialistas no se creían su propia propaganda lo demuestra el hecho de que antes del levantamiento acordaran que ninguno vinculara su nombre a las proclamas revolucionarias, para poder así negar su responsabilidad en las mismas en caso de que la intentona fracasara. Es decir, aunque la insurrección no triunfara y acabara dando más poder a la derecha, el cálculo de los socialistas era que no habría «fascismo» sino que el Estado de derecho sobreviviría, permitiéndoles a la larga evitar los tribunales, como en realidad acabó ocurriendo. Sin embargo, no tardaron en tachar los dos años de estabilidad democrática y de régimen constitucional de centro-derecha, en el que España comenzó a superar los efectos de la depresión, de «bienio negro». En realidad, el primer Gobierno del Partido Radical de 1933-1934 había sido el más imparcial de la administración republicana. En esa fase no anuló ninguna reforma, pero sí dejó de gestionarlas exclusivamente en beneficio de la izquierda. Por el contrario, el Gobierno de centro-derecha de 1935, más conservador, sí aprobó una legislación económica sesgada hacia la derecha, alterando de manera considerable varias de las reformas anteriores.

La CEDA fue paciente y moderada en su estrategia y, a diferencia de la izquierda, evitó la violencia, pero en ocasiones sus dirigentes utilizaron una retórica muy virulenta e incendiaria. En esa coalición, solo había una minoría auténticamente demócrata-cristiana como la que había ayudado a estabilizar Bélgica, Holanda, Checoslovaquia, Suiza y, durante un tiempo, Austria y Alemania. En general, lo que la CEDA defendía era un régimen alternativo de carácter corporativo, no liberal-democrático, que seguía la doctrina oficial de la Iglesia desde 1931 y que, por tanto, a pesar de su insistencia táctica en el respeto a la legalidad, no hizo más que acentuar la polarización. Su movimiento juvenil, las Juventudes de Acción Popular (JAP), adoptó una retórica prácticamente fascista, aunque no participara en actos de violencia fascista. Años después, el líder de la CEDA, Gil Robles, admitiría arrepentido que había sido un gran error no aceptar por completo la Constitución de 1931, aunque hubiera sido enmendando los artículos que discriminaban a los católicos. Además, social y económicamente, la CEDA rechazó siempre la búsqueda de puntos en común.

Cuando la coalición gobernante se vino abajo en septiembre de 1935 a consecuencia de dos pequeños escándalos financieros que erosionaron la fortaleza de los radicales, Gil Robles lógicamente esperaba convertirse en presidente de Gobierno en una coalición liderada por la CEDA. En los sistemas parlamentarios, lo normal es que el líder del principal partido tenga la oportunidad de formar gobierno. Sin embargo, el presidente de la República Alcalá-Zamora entregó el poder a un presidente de Gobierno independiente y centrista, cuyo tembloroso Ejecutivo apenas se mantuvo en pie tres meses. A continuación, el presidente de la República se negó rotundamente a seguir las prácticas constitucionales habituales. Aduciendo que la CEDA era demasiado derechista nombró presidente del Gobierno a su amigo personal Manuel Portela Valladares, un político de la vieja escuela que ni siquiera era diputado. En ese momento la CEDA retiró su apoyo a cualquier Ejecutivo que no tuviera apoyo parlamentario. Portela no tenía más respaldo que el del presidente, así que este no tenía más alternativa que entregar el poder a la CEDA o convocar nuevas elecciones, aunque a la legislatura aún le quedaran casi dos años de vida. Alcalá-Zamora optó por convocar elecciones, a pesar de que constituirían una especie de plebiscito en el que se elegiría exclusivamente entre izquierda y derecha. Cabía esperar que cualquiera que ganara introdujera cambios de calado en el sistema democrático.

Los tres años de manipulación de las Cortes y de injerencia en el Gobierno por parte de Alcalá-Zamora durante el periodo 1933-1936 podrían compararse con los tres años de manipulación del presidente Paul von Hindenburg en la Alemania del periodo 1930-1933, en ambos casos con resultados desastrosos. De esos casi seis años de vida institucional en dos repúblicas democráticas distintas, el único caso de Gobierno compuesto gracias a una mayoría parlamentaria normal fue el de España entre octubre de 1934 y diciembre de 1935. Sin embargo, en tanto que Hindenburg, ante un Parlamento todavía más fragmentado que el de Madrid, fue realmente incapaz de encontrar una mayoría parlamentaria, Alcalá-Zamora se negó a permitir que gobernara la mayoría en Cortes que sí había en España. Aunque un Gobierno dominado por la CEDA hubiera aprobado medidas más conservadoras y un tanto autoritarias, eso habría sido preferible al caos y el derrumbe que tuvo lugar después de unas elecciones completamente innecesarias y contraproducentes. La insistencia del presidente en situarse por encima de las normas parlamentarias no «centró la República», como era su intención, sino más bien lo contrario.

A Alcalá-Zamora le molestaba mucho que el anciano Alejandro Lerroux fuera el líder del único gran partido centrista del país, en tanto que la propia formación política del presidente de la República había sido un fracaso. En consecuencia, contribuyó al descrédito de los radicales manipulando el chantaje al que los había intentado someter un granuja y empresario de casinos, que acusaba de corrupción a los radicales, en tanto que intrigó para sustituir a estos por un nuevo partido centrista que crearía artificialmente su amiguete Portela Valladares. La idea de que en una República democrática siguiera siendo posible manipular los resultados electorales mediante el establecimiento de un Gobierno de amiguetes de cuño decimonónico revelaba una atroz falta de cabeza, así como un desprecio fundamental por el propio sistema democrático. Esas maniobras, destinadas a convertir al presidente en líder de un nuevo centrismo, tuvieron el efecto contrario: debilitaron irremisiblemente al centro, convirtiéndolo en un cero a la izquierda en las elecciones posteriores, lo cual solo podía conducir a un nuevo régimen radical de izquierdas, a un sistema derechista más autoritario o al caos. En realidad, de diferentes maneras y en momentos distintos, esas tres posibilidades se materializarían. En la Alemania de 1933 y en la España de 1936 lo que más necesitaban los dos presidentes republicanos era conservar la estabilidad, manteniendo a los extremos lejos del poder y ganando más tiempo para superar la depresión económica y alcanzar algún tipo de equilibrio político.

El único gran partido nacional pura y simplemente partidario de la democracia liberal era el Partido Republicano Radical. Su rechazo del doctrinarismo y su disposición al acuerdo le hacían sospechoso, tanto para la izquierda como para la derecha, aunque, por muy injusto que fuera el trato que recibieran de las demás fuerzas, fue la única formación política de tamaño aceptable que siempre respetó la Constitución y las normas democráticas. Los triviales escándalos financieros, deliberadamente politizados por la izquierda y la derecha para desacreditar a los radicales, condujeron al rápido declive del partido aunque, en sí mismos, fueran insignificantes en comparación con los gigantescos casos de corrupción registrados posteriormente durante la Guerra Civil, los inicios del régimen de Franco o los propios Gobiernos democráticos posteriores a la Transición. Durante esos mismos años, un escándalo financiero mucho más grave no logró acabar con el Partido Radical francés, porque este se asentaba en un sistema democrático totalmente consolidado. Las fuerzas de izquierda y de derecha que censuraron la «inmoralidad» de los radicales españoles no tardarían en poner de manifiesto su propia concepción de la moralidad asesinándose mutuamente y a gran escala, en tanto que su propia manera de gestionar la propiedad y las finanzas convertiría los deslices de los desventurados radicales en una merienda parroquial.

Las elecciones de 1936

Los comicios de febrero de 1936 se convirtieron en una especie de plebiscito, en el que había que elegir entre apoyar la insurrección y una República totalmente de izquierdas que excluyera al centro y la derecha, o mostrarse partidario de la derecha y de algún tipo de nuevo régimen conservador. No fueron unas elecciones normales en una democracia estable y consensuada, sino un referéndum en el que, en un sistema nuevo y no consolidado, había que optar entre extremos, aunque, en uno y otro caso, no estuviera claro hasta dónde podía llegar el ganador.

Al convocar nuevas elecciones arbitrariamente, lo que pretendía Alcalá-Zamora era que Manuel Portela Valladares, elegido presidente del Gobierno a dedo, inventara un nuevo Partido del Centro Democrático gracias al poder de manipulación del aparato del Estado. Era una maniobra que aplicaba con ganas la «vieja política» de la época predemocrática, poniendo de manifiesto la ingenuidad del presidente de la República en su constante empeño por manipular el sistema. En ese momento, la sociedad española ya estaba demasiado movilizada y tenía demasiada conciencia política como para que la maquinación funcionara. El centro ya no era una opción viable y el principal responsable de esa situación era el propio Alcalá-Zamora.

Los republicanos de izquierda y el sector semimoderado de los socialistas, encabezado por Indalecio Prieto, habían aprendido las lecciones del sistema electoral que ellos mismos habían creado durante 1935 e intentaron restablecer la unidad de acción. Por su parte, el sector socialista más revolucionario, el encabezado por Largo Caballero, rechazó de plano la asociación con los «partidos burgueses», incluso con los republicanos de izquierda. En el mensual Leviatán, el nuevo semanario caballerista Claridad y en otras publicaciones, Luis Araquistáin y otros teóricos del socialismo revolucionario proclamaron su completa «bolchevización», sumándose así a la misma política de revolución violenta promovida por los comunistas (irónicamente, justo en el momento en que estos estaban abandonando la doctrina de la insurrección revolucionaria y la guerra civil para promover la constitución de un Frente Popular, una política de corte electoral, más moderada).

Una vez convocadas las elecciones el 15 de enero de 1936, los republicanos de izquierdas y los socialistas de Prieto firmaron un pacto electoral que adoptó el nombre de la nueva alianza comunista: Frente Popular (algo que no agradó del todo a Azaña, porque los propios comunistas no tenían nada que ver con el acuerdo). Posteriormente, Largo Caballero y los suyos dieron un giro de 180º, aceptando la participación completa de los socialistas en la alianza electoral para derrotar a la derecha y conseguir la liberación de miles de revolucionarios encarcelados, pero impusieron sus condiciones. En primer lugar, la alianza tendría un carácter estrictamente electoral, con lo que se dejaba de lado el plan que tenía Prieto de ligarla a un posterior Gobierno de coalición, amparado por una mayoría parlamentaria. En segundo lugar, si así lo deseaban, había que permitir a todos los demás partidos izquierdistas, por extremistas que hubieran sido sus programas pasados o presentes, unirse al Frente Popular. De este modo, el frente incluiría a los comunistas, al minúsculo POUM (Partido Unificado de Unificación Marxista, de tendencia leninista) y al igualmente diminuto Partido Sindicalista (escisión moderada de los anarquistas), aunque la FAI-CNT, fiel a su ideario anarcosindicalista, insistiera en abstenerse, por lo menos en teoría, de participar en cualquier proceso electoral.

El Frente Popular fue rápidamente abandonado por formaciones republicanas de izquierda más moderadas como el minúsculo Partido Nacional Republicano, dirigido por el destacado jurista Felipe Sánchez Román. Aunque se reconocía que era él quien había redactado gran parte del programa oficial del Frente Popular, Sánchez Román llegó a la conclusión de que este, a pesar de estar irremediablemente dividido entre revolucionarios y no revolucionarios, aspiraba a la exclusión total del centro y la derecha y conduciría, por tanto, al desastre.

Su programa abogaba por la «republicanización» de todas las instituciones, sin pretender llevar la democracia al conjunto de la población, sino profundizar en las reformas anticlericales, educativas y socioeconómicas del periodo 1931-1933, acompañándolas de una purga de funcionarios públicos y de la judicatura para alumbrar un régimen exclusivamente izquierdista. No se condenaba la insurrección de octubre, tácitamente refrendada, y se exigía una «amnistía total» para todos los delitos políticos cometidos antes de noviembre de 1933, independientemente de lo violentos que hubieran sido. Sin embargo, ese mismo programa exigía que la amnistía no afectara a los agentes de orden público, a los que se investigaría para determinar si habían cometido algún exceso. Aquí se aprecian las raíces de la política seguida seis meses después por los militares alzados, que acusarían de «rebelión militar» a cualquier funcionario que se negara a unirse a su sublevación. Al igual que la izquierda en enero, los militares sublevados de julio apelarían a una «hiperlegitimidad» de su nuevo orden, ajena a consideraciones legales.

Con frecuencia se ha recalcado la relativa moderación del programa del Frente Popular, pero la mejor manera de evaluar su carácter es comparándolo con su homólogo más cercano, el del Frente Popular formado en Francia pocos meses después. En este también aparecía una heterogénea coalición de socialistas, comunistas, radicales y varios pequeños partidos socialistas. El objetivo primordial del Frente Popular galo era defender la democracia existente en su país del fascismo y de la extrema derecha para aprobar reformas, no para convertir el sistema en un nuevo y exclusivista régimen de izquierdas. Con todo, los radicales franceses preferían la expresión Rassemblement Populaire a la de Frente Popular, con sabor a la Komintern. El FP francés proporcionó una base positiva para un Gobierno democrático, porque los radicales, los socialistas y los pequeños partidos izquierdistas se propusieron colaborar en la formación de una coalición parlamentaria mayoritaria, algo que los propios puntos programáticos firmados en Madrid hacían imposible. Los tres integrantes principales del frente francés —radicales, socialistas y comunistas— adoptaron posturas más moderadas que los republicanos de izquierda, los socialistas y los comunistas españoles. En consecuencia, el Frente Popular francés careció de los rasgos extremistas que surgieron al sur de los Pirineos, y uno de sus principales partidos, el Radical, situado a la derecha de los republicanos de izquierda españoles, era una formación genuinamente partidaria de la democracia liberal. Los radicales estaban dispuestos a abandonar el frente ante cualquier extremismo peligroso y, pasados dos años, la alianza se rompió por desavenencias sobre cuestiones económicas, de manera que el PR francés se mantuvo en el poder aliándose con la derecha moderada (aplicando una fórmula que habría sido la salvación de la República española). Los republicanos de izquierda españoles no quisieron ceder terreno, ni siquiera ante el centro democrático, entrando en un peligroso juego que como cabía esperar acabó en catástrofe. Por su parte, los socialistas caballeristas declararon en privado y en público, en El Socialista, que, si perdían las elecciones, la única alternativa sería la «guerra civil».

La campaña electoral se vio empañada por una creciente violencia, ya que los partidos izquierdistas se aprovecharon de la recuperación plena de los derechos y libertades para volver a la acción directa. La situación fue más grave que en los comicios de 1933, así que, según la investigación preliminar de Manuel Álvarez Tardío, durante la campaña y las propias elecciones se produjeron un mínimo de treinta y cuatro muertes. La votación tuvo lugar el 16 de febrero de 1936, inicialmente de manera ordenada. Sin embargo, a última hora de la tarde, concentraciones izquierdistas bastante nutridas se lanzaron a las calles de las capitales de provincias y otras poblaciones, obstaculizando el desarrollo de las votaciones por lo menos en doce provincias. Proclamando la victoria de la izquierda, en varias ciudades irrumpieron en las cárceles y liberaron a los revolucionarios que aún estaban presos. En varias circunscripciones electorales, turbas izquierdistas pusieron fin a las votaciones o destruyeron las actas, lo cual condujo a la repetición de los comicios en esas zonas entre el 17 y el 19 de febrero. En esos casos, los representantes de la derecha, o bien abandonaron los órganos de verificación de los resultados o se vieron obligados a hacerlo, y en esas nuevas elecciones el Frente Popular obtuvo una abrumadora mayoría. La presión de las turbas izquierdistas fue tal que varios gobernadores provinciales y presidentes de diputaciones, temiendo verse en medio de otra insurrección, dimitieron inmediatamente y abandonaron el proceso electoral antes del recuento de votos.

A primera hora del 17 de febrero, Gil Robles instó al presidente del Gobierno, Portela Valladares, a declarar el estado de guerra para controlar la creciente acción de las turbas, pero este se negó, aunque a la mañana siguiente impuso el «estado de alarma», más leve. Después de la reunión del consejo de ministros del propio 17 de febrero, Alcalá-Zamora, con autoridad para declarar el estado de guerra, entregó al presidente del Gobierno un decreto firmado pero sin fecha con el que podría declarar ese estado cuando lo considerara oportuno, pero, con setenta años, Portela tenía cada vez más miedo y, como la mayoría de sus ministros, solo pensaba en dimitir.

El prestigioso general Francisco Franco, jefe del Estado Mayor y relativamente joven, instó tanto al ministro de la Guerra como al director general de la Guardia Civil a tomar medidas enérgicas para restablecer el orden, pero estos se negaron. Al enterarse de que el presidente del Gobierno había recibido un decreto sin fecha que le permitía declarar el estado de guerra, Franco tomó la decisión de ordenar a los capitanes generales de las regiones militares que aplicaran el decreto. El estado de guerra se declaró brevemente en seis provincias, pero la mayoría de los capitanes generales eran reacios a actuar, a menos que recibieran el apoyo directo de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, en tanto que el director general del primer cuerpo informó a sus subordinados, con razón, que el Gobierno no había declarado oficialmente el estado de guerra. A continuación, Franco instó a Portela a poner fecha al decreto y a aplicarlo, pero el presidente del Ejecutivo se negó. Se ha dicho que sugirió que fuera el Ejército el que asumiera esa decisión, pero Franco rechazó de plano tal posibilidad.

Para gran disgusto de Alcalá-Zamora y muchos otros, el 19 de febrero el Gobierno en pleno dimitió, sin siquiera esperar, como era su obligación, al recuento de los resultados electorales. Inmediatamente asumió el poder un Gobierno republicano de izquierda en minoría, que, presidido por Azaña, nombró cargos izquierdistas para que al día siguiente certificaran oficialmente en todo el país la victoria de los suyos. Los resultados demostraron que el voto popular había arrojado prácticamente un empate: 46 por ciento de sufragios a favor del Frente Popular, 47 por ciento a favor de la coalición antirrevolucionaria, y casi el 7 por ciento a favor del centro, los nacionalistas vascos y los candidatos independientes. A continuación, el Gobierno se negó a publicar el recuento total de votos, vergonzoso para la izquierda. Sin embargo, el sistema electoral, muy poco proporcional, concedió al Frente Popular una mayoría de 257 escaños. Las últimas investigaciones realizadas por Roberto Villa García, principal estudioso de las elecciones republicanas, indican que las acciones de las turbas y los desórdenes alteraron los resultados por lo menos en doce provincias, produciendo un mínimo de treinta escaños a favor del Frente Popular, lo cual posibilitó su mayoría parlamentaria (en las otras treinta y ocho provincias en las que las votaciones no se vieron obstaculizadas la derecha obtuvo el 51 por ciento de los sufragios, frente al 44 por ciento del Frente Popular).

La repetición de los comicios en cinco provincias en las que el recuento previo no había sido concluyente tuvo lugar el 1 de marzo en problemáticas circunstancias. La violencia y la acción de las turbas de izquierdas estaban cada vez más presentes: se produjeron ataques a sedes de partidos de derechas y quemas de iglesias, y en algunas circunscripciones se restringieron las reuniones de esos partidos; además, se produjeron varios asesinatos. Todo ello distorsionó aún más los resultados de las elecciones, de manera que en esa segunda ronda barrió la izquierda. Pasada la tormenta, el Frente Popular se quedó con alrededor del 60 por ciento de los escaños de las nuevas Cortes, aunque la votación popular inicial hubiera arrojado prácticamente un empate, con una pequeña ventaja para la derecha.

El sistema electoral, al recompensar las alianzas y el voto en bloque, favoreció claramente a la izquierda, del mismo modo que en 1933 había favorecido al centro y a la derecha. La CEDA siguió siendo el principal partido, con 101 escaños, pero sus aliados eran mucho más débiles. Los socialistas tenían 88 escaños y el partido de Azaña 79, en tanto que, en total, otras formaciones republicanas reunían más diputados que los partidos de derechas menores.

El resultado fue un desastre para el centro, no tanto porque se redujeran sus votos en términos absolutos, sino por las manipulaciones de Alcalá-Zamora y la debilidad de los partidos centristas en las alianzas. En 1931 el centro se había aliado frecuentemente con una izquierda fuerte y en 1933 con una derecha igualmente fuerte. En 1936, los partidos de centro tuvieron que presentarse por su cuenta o, en algunos casos, aliarse con la derecha en provincias en las que esta era débil. En la mitad de las provincias, el nuevo partido centrista de Portela Valladares ni siquiera pudo presentar candidatos.

La mayoría absoluta del Frente Popular en las Cortes representaba un vuelco imponente respecto a los resultados de 1933, pero tenía que ver con el voto en bloque a grandes coaliciones y con un sistema electoral muy poco proporcional. Las pautas del voto eran más estables de lo que el número de escaños resultante parecía indicar. La cantidad relativamente mayor de escaños obtenida por los republicanos de izquierdas, si se compara con la de los socialistas, no se debió tanto a una mayor moderación de los votantes como al hecho de que las listas del Frente Popular simplemente llevaban más candidatos de la primera tendencia, porque los socialistas se habían negado de antemano a participar en cualquier nuevo Gobierno parlamentario, aceptando dejar que los republicanos de izquierda obtuvieran más votos para facilitar la formación del Ejecutivo (que pese a todo estaría en minoría). La ventaja final del Frente Popular fue fruto principalmente de la violencia, la acción de las turbas y las manipulaciones políticas ocurridas entre el 16 de febrero y el 1 de marzo. Aunque sea imposible de calibrar, también se observó el fenómeno del llamado voto útil, en el que un número indeterminado de moderados que no quería desperdiciar su sufragio, calculando que iba a ganar o bien la izquierda o bien la derecha, otorgó su voto al bando al que menos se oponía. Los fascistas de Falange apenas obtuvieron 40.000 votos, poco más del 0,5 por ciento, lo cual posiblemente supusiera el porcentaje más reducido obtenido por un partido fascista de carácter nacional en toda Europa.

El Gobierno transitorio de Portela Valladares no cumplió en absoluto con su responsabilidad de organizar unas elecciones imparciales. Su miedo a la izquierda, conducente a su falta de disposición a mantener o a reinstaurar el orden público, obstaculizó las acciones del presidente Alcalá-Zamora, que se vio con las manos atadas. La última manipulación de este, la formación del propio Gobierno de Portela, fue un fracaso absoluto.

Con todo, el más destacado fraude electoral fue el que tuvo lugar en las nuevas Cortes. Según la legislación republicana, la primera gran labor de todo nuevo Parlamento era constituir una comisión que revisara los resultados electorales (la Comisión de Validez de las Actas Parlamentarias) y determinara si había que anular alguno o invertir su signo si se detectaba algún tipo de fraude o irregularidad. Este dudoso procedimiento suponía que los vencedores de cada una de las elecciones tenían capacidad para juzgar a los perdedores y decidir si había que reducir todavía más su representación. En 1933, el centro-derecha había ejercido con moderación esa capacidad, pero el Frente Popular, cuya victoria se basaba en bastante medida en la acción de las turbas, decidió manipular la atribución de escaños de forma todavía más flagrante.

La Comisión de Validez comenzó a funcionar el 24 de marzo, anulando por completo las elecciones celebradas en Cuenca y Granada, dos provincias conservadoras en las que había ganado la derecha, y modificando la atribución de algunos otros escaños en ocho provincias más. En Cuenca y Granada habrían de repetirse las elecciones; en tanto que en las demás circunscripciones los escaños se atribuyeron mayormente al Frente Popular, aunque el centro obtuvo unos pocos y en Jaén un escaño atribuido a los radicales pasó a la CEDA. En Granada no se presentaron pruebas de que las irregularidades hubieran sido tantas como para afectar al resultado, en tanto que en Galicia se hizo prácticamente caso omiso de las que sí se observaron porque habían beneficiado más al Frente Popular que a la derecha. A la izquierda no se le arrebató ningún escaño. La derecha denunció que desde el principio la izquierda se había apropiado de las elecciones en una docena de provincias en las que los desórdenes del 16 al 20 de febrero habían falseado los resultados, pero la mayoría del Frente Popular en la comisión se negó a investigar tal cosa. Un total de treinta y dos escaños más cambiaron de manos, en su mayoría a favor de la izquierda. Lo que inicialmente había sido una mayoría de casi el 60 por ciento de los escaños, acabó siendo una mayoría de dos tercios. Utilizando medios fraudulentos se había alcanzado una ventaja lo suficientemente abultada como para permitir la modificación de la Constitución.

Después de haberse empeñado durante más de dos años en obstaculizar a la derecha, Alcalá-Zamora coincidió en ese momento con las críticas que esta lanzaba al proceso electoral y en sus memorias escribiría que el Frente Popular solo alcanzó una mayoría absoluta abrumadora gracias a la Comisión de Validez, en medio de una situación caracterizada por la violencia y la ilegalidad manifiesta:

La fuga de los gobernadores y su reemplazo tumultuario por irresponsables y aun anónimos, permitió que la documentación electoral quedase en poder de subalternos, carteros, peones camineros o sencillamente audaces asaltantes y con ello todo fue posible…Ya las elecciones de segunda vuelta del 1 de marzo, aunque afectaron a muy pocos escaños, fueron resultado de coacciones y pasó lo que el gobierno quiso. ¿Cuántas actas falsificaron?…

Las mayores y más patentes audacias las llevó a cabo la Comisión de Actas del Congreso… En la historia parlamentaria de España, no muy escrupulosa, no hay memoria de nada comparable a la Comisión de Actas de 1936.[2]

Lo peor estaba por venir. Durante la breve campaña de las elecciones parciales de Cuenca y Granada del 5 de mayo se llevaron a cabo acciones de coacción extremas para excluir a los candidatos conservadores, de manera que el Frente Popular alcanzó una victoria incontestable y total. De este modo, la erradicación de la democracia electoral en España se produjo en cuatro fases: (1) las irregularidades del 16-17 de febrero, decisivas en doce provincias; (2) la coacción parcial de la segunda ronda del 1 de marzo; (3) la manipulación de los resultados por parte de la Comisión de Validez a finales de marzo; y (4) la exclusión total de la derecha en las elecciones parciales celebradas en Cuenca y Granada el 5 de mayo. Estaba claro que la democracia electoral había llegado a su fin antes del inicio de la Guerra Civil, algo que puede considerarse una consecuencia, desde luego no la causa, de ese derrumbe.

3

EL DERRUMBE DE LA DEMOCRACIA

En tiempo de paz, las condiciones imperantes en la España de febrero a julio de 1936, que acabaron produciendo la Guerra Civil, no tuvieron parangón en los Estados europeos del siglo XX, porque en ningún otro lugar, y en ausencia de una crisis externa, hubo un régimen parlamentario responsable de un colapso similar del orden público. Las elecciones las había ganado, aunque fuera de manera cuestionable, una alianza de izquierdistas moderados y revolucionarios. Como estos se negaron a participar en cualquier régimen que no fuera revolucionario, el nuevo Gobierno lo integró una coalición minoritaria de partidos republicanos de izquierda, presidida por Azaña. Aunque este Ejecutivo no dejara de perder autoridad, durante los siguientes cinco meses siguió siendo el actor principal, responsable de guiar al país y de evitar la quiebra del sistema o la guerra civil. En ambos cometidos fracasó, porque sus prioridades estaban, en primer lugar, en el mantenimiento de un régimen exclusivamente izquierdista, que rechazó cualquier concesión al centro o a la derecha moderada y, en segundo lugar, en evitar la ruptura con los revolucionarios, porque necesitaban su apoyo para permanecer en el poder. El primer historiador de la República, el destacado periodista catalán Josep Pla, calificó la estrategia de Azaña de «kerenskysmo ideológico»[1], en alusión al presidente del Gobierno Provisional ruso, que cayó ante los bolcheviques.

Lo que Azaña pretendía era completar el programa del Frente Popular, consolidando cambios radicales destinados a garantizar el dominio de la izquierda moderada. Para aliarse con el centro se habría necesitado moderación, un anatema para Azaña, que siempre había sostenido que hasta ese momento los progresistas españoles siempre habían fracasado precisamente por su moderación y tendencia a ceder, algo que él estaba decidido a evitar. Se comprometió a seguir una política de reforma rápida y radical, que, según sus propias palabras, «de ninguna manera»[2] podía ser equivalente a la de su primer Gobierno de 1931-1933, más contenida. No era esto algo que pudiera ponerse en práctica sin el apoyo de los partidos revolucionarios, pero Azaña esperaba que estos fueran moderando sus exigencias. De no ser así, posteriormente estaría dispuesto a romper con ellos una vez aplicado su programa. Esta posición explica todavía más que, a pesar de la creciente hostilidad del Ejército, Azaña no acometiera una purga o una reorganización drástica del mismo. Le parecía improbable que un sector abultado de las Fuerzas Armadas se alzara contra el Gobierno; además, al fin y al cabo, él tendría que depender de ellas para mantener a raya a los revolucionarios. Entretanto, el Gobierno se mostró reacio a contener demasiado a estos, manteniendo hacia el Ejército una actitud relativamente complaciente.

Donde más tensiones había era en el campo. El invierno había sido muy lluvioso, el más húmedo del siglo hasta ese momento, lo cual produjo pérdidas de cosechas y un incremento del paro. En tanto que el desempleo urbano español era bastante menor que el de muchos otros países, aunque durante el año anterior se hubiera incrementado ligeramente, en algunas zonas rurales el paro era un grave problema que había ido a peor. El nivel de vida no había empeorado en los dos años anteriores, porque la incipiente recuperación económica iniciada en 1935 había producido un ligero incremento del consumo global en el país, pero el aumento constante del paro (no infrecuente en la primera fase de una recuperación), que coincidió con la victoria de la izquierda, alentó una rápida expansión de los sindicatos socialista y anarquista. La radicalización en las provincias latifundistas del Sur alcanzó límites nunca vistos.

Todo ello desencadenó, a partir de marzo y con la participación de miles de jornaleros del centro y el Sur del país, una serie de tomas y ocupaciones directas de tierras en decenas de pueblos. El Gobierno aceleró inmediatamente el ritmo de la desganada reforma agraria republicana, que ponía la tierra en manos de los pequeños propietarios, ampliando enormemente su alcance mediante una nueva legislación que permitía al Estado español «ocupar inmediatamente cualquier finca cuando lo considerase socialmente necesario»[3].

Esto no fue suficiente para la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), sindicato socialista del campo, que el 25 de marzo inició una masiva ocupación de tierras en la provincia de Badajoz, en la que participarían en torno a 60.000 jornaleros y arrendatarios. Esta iniciativa era totalmente ilegal y al principio el Gobierno intentó intervenir, pero no tardó en tirar la toalla, legalizando a posteriori las ocupaciones. También ratificó la toma de la administración local y provincial en gran parte del Sur del país por parte de los socialistas, que según un historiador establecieron una «dictadura en los pueblos»[4], llevando a cabo ocupaciones de tierras arbitrarias, repartos forzosos de trabajadores entre los empresarios y una depuración de funcionarios locales. De este modo, durante el mes de marzo se asistió al inicio de un proceso generalizado y forzoso de traslado de la propiedad de la tierra, en algunos casos autorizado por el Gobierno y en los demás fruto de las acciones arbitrarias de revolucionarios, principalmente socialistas, hasta que a mediados de julio por lo menos el cinco por ciento de la propiedad agraria del país, un mínimo de 800.000 hectáreas, había cambiado de manos, mayormente de forma absolutamente arbitraria. Los hacendados rurales también sufrieron una amplia gama de sanciones y cambios, con el resultado de que, según el estudio más exhaustivo, al llegar el mes de julio el coste de la mano de obra rural se había incrementado entre un 50 y un 60 por ciento. Esto era ruinoso para muchos terratenientes, que comenzaron a abandonar cada vez más propiedades, aduciendo que los costes laborales superaban el valor de las cosechas. Sin embargo, en casi todos los demás aspectos económicos, el Gobierno actuó con sorprendente lentitud e indecisión, sin llegar a presentar un presupuesto a las Cortes.

El otro sector de mayor activismo fue la educación, donde el ministerio del ramo aceleró la expansión de la escuela pública republicana, anunciando que todos los centros con docentes religiosos serían clausurados al finalizar el curso escolar. Pero ese plazo no llegó a cumplirse, porque ya en el mes de mayo decenas de colegios católicos habían sido clausurados, ocupados o quemados.

Comenzaron a producirse desórdenes de toda índole, en un proceso que alcanzó su punto culminante en abril. Las acciones eran de cuatro tipos: ataques contra inmuebles religiosos o incendio de los mismos; huelgas y manifestaciones en las ciudades, que solían acabar violentamente (y que en ocasiones conllevaban también incendios provocados); ocupación directa de fincas agrícolas en zonas del centro y el Sur del país, bien de forma permanente o con el fin de imponer condiciones laborales controladas por el obrero, y enfrentamientos directos entre las formaciones políticas, generalmente protagonizados por pequeñas cuadrillas de pistoleros de izquierdas (principalmente socialistas y comunistas, pero en ocasiones también anarquistas) y falangistas (y muy ocasionalmente otras organizaciones de derechas).

La situación variaba enormemente de una provincia a otra. Algunas estaban relativamente tranquilas y en otras los cargos públicos pusieron bastante más empeño en mantener el orden que en otras. Entre los peores estaba Fernando Bosque, recién nombrado gobernador civil de Oviedo, que, según la cita del periódico comunista Mundo Obrero del 2 de abril, decía:

He nombrado delegados del Frente Popular [militantes que colaboraban con la policía] en toda Asturias, los cuales realizan batidas antifascistas con buen resultado: meten en la cárcel a curas, médicos, secretarios de ayuntamiento y al que sea. Cumplen admirablemente su cometido. Algunos de los delegados son comunistas, e incluso, como Fermín López Irún, condenados a muerte por su intervención en los sucesos de octubre… El de Taverga tiene en la cárcel al telegrafista y al secretario judicial; al primero le hace atender por el día el servicio telegráfico y por la noche lo encarcela. Entre los detenidos figuran dos canónigos de Covadonga.

Esas afirmaciones, descaradamente difundidas por la virulenta prensa comunista, causaron escándalo en Madrid y Bosque fue destituido. No obstante, su franca (y parece que precisa) descripción dejaba claro por qué la administración republicana de izquierdas no iba a imponer la ley, puesto que la práctica de nombrar ayudantes de la policía a militantes revolucionarios se convirtió en algo cada vez más habitual. Era como poner a la zorra a guardar las uvas y recordaba lo que tres años antes había ocurrido en Alemania cuando Hitler había nutrido la Hilfspolizei de militantes de las SA y SS nazis¸ aunque en España esa práctica no llegara a ser tan generalizada.

La primera medida importante de las nuevas Cortes fue sustituir a Alcalá-Zamora en la presidencia de la República. De una u otra manera, la izquierda y la derecha estaban hartas de sus manipulaciones y ambas habían lanzado campañas en su contra. Alcalá-Zamora había criticado con dureza los primeros decretos del Gobierno, que exigían la readmisión de todos los obreros despedidos en 1934 y el abono de indemnizaciones a los mismos, porque, en algunos casos, según el presidente de la República, había:

… pequeños patronos de talleres domésticos llevados en familia, donde esta se vio obligada a convivir con los asesinos del padre o del hermano… En el Banco de España, según me refirió su gobernador Zavala, se exigió por el gobierno la readmisión de quien había disparado siete tiros de pistola contra un subgobernador.

Alcalá-Zamora decía que había vetado enérgicamente un decreto

absolutamente ilegal… opuesto incluso a la Constitución misma. Se trataba de crear unas comisiones municipales, a la vez revolucionarias y caciquiles, las cuales fijarían arbitrariamente a cada propietario sus gastos de cultivo y además podrían, por el juicio que sobre este formaran, privarle sin la menor indemnización de todos sus bienes rústicos para darlos en disfrute individual o colectivo a quien quisieran. Se prohibía todo amparo judicial y el recurso gubernativo, siempre sin garantías, quedaba también suprimido si habían estado unánimes, como era de prever, los tiranos locales.[5]

El presidente seguía teniendo poderes constitucionales para disolver el Gobierno —algo que había hecho muchas veces en el pasado—, ahora con más razón, dado que técnicamente el Ejecutivo estaba en minoría. El 31 de marzo el ex presidente del Gobierno centrista Joaquín Chapaprieta le instó a disolver el Ejecutivo de Azaña, añadiendo que, en caso de crisis, él creía que el presidente de la República podría contar con el apoyo del Ejército. Alcalá-Zamora se mostró remiso a llegar tan lejos, porque eso habría acercado el país a la guerra civil. Sin embargo, durante el siguiente consejo de ministros, el último al que el presidente tuvo la oportunidad de asistir, criticó enérgicamente la política de seguridad del nuevo Gobierno, su tolerancia frente a los generalizados desórdenes causados por la izquierda, la irresponsabilidad de determinados ministros y del propio Azaña, la irregular atribución de múltiples escaños durante los disturbios del 16 al 19 de febrero y posteriormente gracias a la manipulación de la Comisión de Actas, y la urgencia de retomar de inmediato la senda del régimen constitucional. De este modo, el presidente de la República firmó su propia sentencia de muerte política.

Cuando las Cortes iniciaron oficialmente sus sesiones en abril, la izquierda presentó una moción, invocando el Artículo 81 de la Constitución, que estipulaba que, si en un mandato presidencial se producían dos disoluciones de las Cortes, las resultantes de la segunda consulta electoral podrían votar la destitución del presidente de la República si consideraban improcedente la segunda disolución. Evidentemente, aquí no se tenía en cuenta que durante más de dos años la principal reivindicación de la izquierda había sido la convocatoria de nuevas elecciones. La coherencia se consideraba irrelevante frente al objetivo de sustituir al presidente centrista por alguien de izquierdas, lo cual concedería a estas prácticamente el monopolio del poder. Tampoco se entró a valorar si la disolución de 1933 podía considerarse un caso especial, por tratarse de unas breves Cortes constituyentes, no ordinarias; por otra parte, también se rechazaron las peticiones del centro y la derecha que, aduciendo la complejidad del asunto, pedían que lo solventara el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Durante el posterior interregno de tres días, Chapaprieta visitó en dos ocasiones al presidente, que insistió en que no dimitiría, que para la estabilidad y la pervivencia de la República era indispensable que su primer presidente terminara su mandato legal y que, si se resistía a un «golpe de Estado parlamentario» anticonstitucional, tendría el respaldo de las Fuerzas Armadas. Chapaprieta contestó que si Alcalá-Zamora estaba tan seguro, no debía marear la perdiz por más tiempo y tenía que actuar con decisión, retirando de inmediato la confianza al Gobierno y nombrando otro más moderado, que respetara la Constitución, reinstaurara el orden público y obtuviera el apoyo de un amplio espectro político. Esto habría supuesto una continuación de la política de injerencias que el presidente venía practicando desde 1933, siendo más justificable que ninguna de sus intervenciones anteriores. Sin embargo, llegado ese punto, Alcalá-Zamora perdió súbitamente el temple, posiblemente por la insistencia de su asesor más íntimo, su hijo Niceto, profesor de Derecho en la Universidad de Valencia.

En el debate parlamentario del 7 de abril la izquierda recurrió a argumentaciones bizantinas, aduciendo que la última disolución de las Cortes —a pesar de haber proporcionado a la propia izquierda el único medio de acceso al poder, después del fracaso de la insurrección revolucionaria— era, pese a todo, «no necesaria», porque (1) tendría que haberse producido mucho antes y (2) cuando se hizo, se llevó a cabo de manera improcedente, intentando manipular el resultado. Evidentemente, el segundo punto tenía parte de razón, aunque la lógica de todo el debate fuera incoherente. Sin embargo, Alcalá-Zamora se había enajenado el apoyo de casi todas las principales personalidades políticas y nadie salió en su defensa. La votación en la que se decidió su destitución arrojó 238 votos a favor y solo 5 diputados de centro dejaron constancia de su oposición. En palabras del distinguido intelectual centrista Salvador de Madariaga:

Y ahora este Parlamento, que debía su existencia al decreto presidencial, un decreto que había convertido una mayoría de la derecha en una mayoría de la izquierda y que demostró de esa manera, en cualquier caso para satisfacción de la izquierda, que la nación había cambiado radicalmente de opinión… no vaciló en mostrar al mundo que la República española era incapaz de mantener a su primer presidente en el cargo durante más de la mitad de su mandato… se entregó a la más flagrante negación de la lógica que puede mostrar la historia reciente de una nación libre[6].

Indignado, Alcalá-Zamora no hizo ademán alguno de rebelión. Sabía que, para mantenerse en el poder, podría recabar apoyos suficientes en un Ejército cada día más inquieto, pero no quería ser responsable de desatar la grave crisis que veía en el horizonte. En sus memorias admitió que, de haber hecho tal cosa, puede que la guerra civil no hubiera estallado o que hubiera estallado de otra manera, pero que él se habría convertido en una especie de dictador, de manera que, independientemente de qué hubiera sido de él, «habría sido mi guerra, la mía, con sus muertos, sus horrores, sus iniquidades y sus estragos sobre mi conciencia. Ha sido la guerra de ellos, de unos y otros»[7]. Fue esta una posición escrupulosa (porque, en medio de sus vanidades personales, el presidente era, en materia procedimental y monetaria, un hombre muy honrado), a la que quizá se le escapara la gran responsabilidad histórica que el propio Alcalá-Zamora tenía para con su país.

El 15 de abril, durante la primera sesión ordinaria de las Cortes, Azaña presentó su programa de Gobierno, que incluía reparaciones para la izquierda por las sanciones sufridas a consecuencia de su desaforado comportamiento (pero no había compensación alguna para los propietarios que habían asistido a la destrucción a gran escala de sus propiedades a manos de la izquierda), la recuperación plena de la autonomía catalana y la reforma de las normas que regían la elección de los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y el presidente del Tribunal Supremo, para someter al poder judicial al control de la izquierda.

Azaña reconoció que se había producido un incremento de los actos violentos y los desórdenes, pero lo minimizó aduciendo que la violencia estaba «arraigada… en el carácter español» y que, por tanto, él se lavaba las manos. Posteriormente añadió que «yo no quiero lucir sirviendo de ángel custodio de nadie» y, volviéndose hacia los diputados de la derecha, los desafió directamente, diciendo «¿No queríais violencia… Pues tomad violencia. Ateneos a las consecuencias»[8]. Era un gesto extraordinario después de que la CEDA hubiera respetado durante cinco años la legalidad republicana, un estrambótico espectáculo de un presidente de Gobierno parlamentario desafiando a la oposición a lanzarse a algo parecido a una guerra civil. Detectando que había ido demasiado lejos, posteriormente intentó suavizar sus afirmaciones, pero una vez más acabó achacando la violencia y el desorden al carácter español, como si el Gobierno poca o ninguna responsabilidad tuviera en el mantenimiento de la legalidad.

En cumplimiento de la Constitución, el 26 de abril tuvieron lugar unos comicios especiales para elegir a los compromisarios encargados de elegir a su vez al nuevo presidente de la República. Como gran parte de la derecha se abstuvo, en la votación barrió la izquierda, y el 10 de mayo Azaña fue votado por abrumadora mayoría nuevo presidente de la República, durante una reunión especial de compromisarios celebrada en el parque del Retiro madrileño. Para que él ocupara ese cargo era preciso elegir a un nuevo presidente del Gobierno, e incluso Azaña reconoció la posición de debilidad que ocupaba el Ejecutivo minoritario existente.

En general se consideraba que el sucesor más probable era Indalecio Prieto, líder del sector semimoderado del PSOE y rival principal de Largo Caballero, cabeza visible de los revolucionarios. Prieto propuso que un Frente Popular de amplia base, similar al francés, le convirtiera en el primer presidente de Gobierno socialista de España, con un programa basado en un férreo control del orden público (que el calificó de «desarme de España»), la aceleración de las reformas económicas y la purga del Ejército para acabar con la amenaza de insurrección militar. Puede que este no hubiera sido un Gobierno muy democrático, pero quizá hubiera servido para aportar firmeza. Sin embargo, al ser vetado por los revolucionarios, que dominaban la bancada socialista, desapareció la mejor oportunidad disponible de conformar un Ejecutivo mayoritario que pudiera hacerse con el control de una situación cada vez más caótica.

Azaña no encontró mejor alternativa que otro conjunto de ministros republicanos endeble y minoritario, dirigido por uno de sus más estrechos colaboradores, Santiago Casares Quiroga. De personalidad voluble, débil y partidista, este tenía una considerable experiencia ministerial, pero muchos lo consideraron una opción decepcionante, incluso dentro de su propio partido, escaso de líderes fuertes o prominentes. Por otra parte, Casares tenía tuberculosis, lo cual le privaba de energía y le crispaba los nervios. Las fiebres que solía sufrir tenían su réplica en las crecientes convulsiones que sufría el país. Con ese gesto de debilidad, Azaña se replegó a las funciones representativas de la presidencia y solo reapareció dos meses después, una vez iniciada la Guerra Civil, para intentar materializar un pacto más moderado, pero ya era demasiado tarde.

El 19 de mayo, durante su toma de posesión, Casares Quiroga proclamó el carácter fervientemente izquierdista de su nuevo Gobierno, insistiendo en que todos los problemas de España nacían de la derecha (a la que la izquierda ya no dejaba de tachar de «fascista») y en que ese Ejecutivo sería, en sus propias palabras, «beligerante contra el fascismo». El único movimiento realmente fascista, Falange, había sido ilegalizado y reprimido en marzo. Al final, serían detenidos y encarcelados unos 2.000 de sus militantes, a los que en general no se acusó de más crimen que el de tenencia ilícita de armas.

En mayo y junio estaba en pleno apogeo la principal oleada de huelgas de la historia de España, que acabó llevando a abandonar su puesto de trabajo a un millón de personas al mismo tiempo. Muchos de esos paros tenían más que ver con el deseo de dominar un determinado sector económico que con la reivindicación de mejoras salariales y laborales. En términos proporcionales, la gran oleada de huelgas que en junio sacudió Francia había afectado a todavía más trabajadores, pero el país vecino, al contrario que España, tenía un Gobierno frentepopulista coherente que no tardó en promover la creación de nuevos contratos laborales que pusieran fin a las huelgas. Pero en Madrid, a excepción de alguna ley partidista, el Gobierno parecía paralizado. El proceso de confiscación de tierras, en algunos casos promovido por las autoridades y en los demás por grupos revolucionarios, seguía a buen ritmo y, con ciertas intermitencias, la violencia política se iba extendiendo todavía más. En los casos más graves, la policía tenía que intervenir y muchos de los muertos eran obreros participantes en manifestaciones violentas; sin embargo, prácticamente no se tomaron medidas para atajar la violencia, cuyo origen solía estar en los propios aliados del Gobierno.

Quien empezó sobre todo a recurrir a la violencia política fue la izquierda, pero los falangistas intentaron responder con la misma moneda. La represión de Falange hizo que desapareciera como fuerza política pero, en ciertos sentidos, aceleró su conversión en una especie de organización terrorista clandestina, ya que un número creciente de jóvenes derechistas y nacionalistas se lanzó a unirse al movimiento, viendo en él la mejor manera de arremeter contra la izquierda. Esa organización clandestina no tardó en ser mucho más numerosa de lo que nunca lo había sido el partido legal. Como escribió el 12 de junio el director de La Vanguardia, el periódico más respetado de Barcelona, el «fascismo», que anteriormente no tenía ningún apoyo, estaba creciendo a pasos agigantados en España.

¿Cuántos votos tuvieron los fascistas en España cuando las últimas elecciones? Nada: una ridiculez… Hoy, por el contrario, los viajeros llegan de las tierras de España diciendo: «Allí todo el mundo se vuelve fascista» ¿Qué cambio es este? Lo que ocurre es, sencillamente, que allí no se puede vivir, que no hay gobierno… Y en esta situación, buscan instintivamente una salida… ¿Cuál es la fórmula política que suprime radicalmente esos insoportables excesos? La dictadura, el fascismo. Y he aquí cómo sin querer, casi sin darse cuenta, la gente se siente fascista. De los inconvenientes de una dictadura no saben nada, como es natural. De ellos sabrán después, cuando hubiesen de soportarlos.

… Fascismo es, en el caso de España y Francia, la sombra fatal que proyecta sobre el suelo del país la democracia misma, cuando su descomposición interna la convierte en anarquía. Cuanto más crece la podredumbre, tanto más se agiganta el fantasma.

En otros países, los noticieros cinematográficos semanales daban cuenta de los violentos desórdenes que ocurrían en España, dando una imagen del país cada vez más convulsa. Alarmados, dirigentes del propio partido de Azaña emitieron el 30 de mayo un comunicado en el que lamentaban que «España ha sido juzgada en el exterior como un país en permanente guerra civil, incapaz para la convivencia democrática. La República ha sido vista como un régimen interino e inestable, al que los propios republicanos dificultan la base de su afianzamiento»[9].

¿Una revolución en España?

Ya desde marzo, el profundo agravamiento del desorden venía desatando la alarma en las legaciones extranjeras y las que más preocupación mostraban eran las del Reino Unido, Francia, Portugal y Alemania. En Francia, los periódicos conservadores comenzaron a especular cada vez más con la posibilidad de que en España se produjera o una revolución o una guerra civil. El 2 de abril los embajadores de Argentina, el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos y Suiza se reunieron para discutir la posible concesión de asilo en caso de que estallara una revolución violenta (una preocupación que no tardaría en materializarse). A mediados de abril, el embajador alemán había trasladado su residencia a París, dejando la legación en manos de su encargado de negocios. No obstante, en ese momento la actitud más importante era la de los diplomáticos británicos, que ponía de manifiesto una creciente inquietud, alentada por la percepción de que España iba a correr la misma suerte que Rusia.

Muchos historiadores, incluso algunos partidarios de la izquierda, han calificado la situación imperante durante la primavera de 1936 de «prerrevolucionaria», en tanto que otros han señalado que no había peligro real de revolución porque los movimientos partidarios de la misma eran demasiado diversos y contradictorios, y pugnaban entre sí. Ambas afirmaciones deben ponderarse. En ese momento España albergaba la más amplia y diversa panoplia de movimientos revolucionarios de cierta magnitud que podía encontrarse. Es superficial achacar tal situación únicamente al «retraso» o a la «injusticia social» (explicaciones que aún siguen utilizándose). España no era uno de los países más atrasados del mundo, ni tampoco uno de los más injustos, aunque estaba lejos de estar totalmente desarrollada y tenía graves problemas sociales. Las situaciones potencialmente revolucionarias no surgen en las sociedades más pobres y oprimidas en las que la gente carece absolutamente de capacidad de presión. Los movimientos revolucionarios, como la mayoría de los fenómenos políticos modernos, exigen un cierto nivel de educación y desarrollo. Las situaciones revolucionarias no emanan de condiciones de opresión masiva, sino en sociedades que han experimentado un crecimiento, unas mejoras o un desarrollo que han estimulado una disposición psicológica más proclive a la búsqueda de cambios todavía más rápidos. De este modo, las aspiraciones revolucionarias saltan a la palestra cuando las mejoras se frustran temporalmente, creando problemas y decepciones nuevos para los que se busca una solución más radical. El primero en perfilar esa interpretación de la revolución fue Alexis de Tocqueville en su clásico El Antiguo Régimen y la revolución, que podría aplicarse a situaciones tan variadas como la Francia de finales del siglo XVIII, la Rusia de comienzos del XX, la España de la década de 1930 y otras sociedades en las que se produjeron revoluciones. En España, la revolución de las expectativas crecientes la habían desatado el rápido crecimiento y la prosperidad relativa de la década de 1920, que fueron seguidas de un proceso de democratización. Primero el súbito comienzo de la Gran Depresión (a pesar de que sus efectos fueran relativamente moderados en España), después la derrota electoral de la izquierda en 1933 y a continuación el fracaso de todos los levantamientos revolucionarios, constituyeron reveses que avivaron el ansia de cambios más rápidos, activada por la victoria del Frente Popular.

Sin embargo, los revolucionarios españoles adolecían de una gran debilidad: su división extrema. Entre ellos estaba el único movimiento anarcosindicalista de masas del mundo, un amplio movimiento socialista —con mucho el más radical de Europa después de la caída del socialismo italiano— y dos partidos comunistas, el PCE, típica formación de cuño moscovita, que ahora crecía con rapidez, y el diminuto pero hiperrevolucionario POUM. En mayor o menor medida, todos estaban de acuerdo con los republicanos de izquierda en que la unidad era necesaria para vencer a la derecha, pero más allá de eso, sus programas, bastante divergentes, en realidad eran mutuamente excluyentes. Esto era algo que en ocasiones reconocían los propios líderes revolucionarios, que se preguntaban cómo podría llegar a triunfar algún día una revolución colectivista en España cuando sería inevitable que sus partidarios acabaran enfrentándose entre sí.

Solo el POUM postulaba la toma inmediata del poder mediante una revolución violenta, algo que ese partido, dada su escasez de militantes, no tenía la más mínima posibilidad de conseguir. Además, cuando Joaquín Maurín, dirigente del POUM, defendió abiertamente la revolución en abril, Largo Caballero se distanció de la propuesta, aduciendo que en ese momento los socialistas no estaban dispuestos a acometer la revolución. La CNT, después de promover tres intentonas revolucionarias entre 1932 y 1933, estaba bastante tocada y continuaba reconstruyéndose. El congreso de reunificación celebrado en Zaragoza en mayo insistió en que la forma de acabar alcanzando el poder sería la «vía insurreccional», pero los líderes cenetistas dejaron claro que por el momento no tenían intención de seguirla. Más bien se involucraron en la masiva oleada de huelgas y en incendiarias actividades anticlericales, participando en un proceso de «competencia en la radicalización» con sus compañeros socialistas de la UGT, para ver quién planteaba demandas más extremistas y causaba mayores trastornos.

El Partido Comunista crecía con rapidez, pero seguía teniendo muchos menos militantes que los movimientos socialista o anarcosindicalista, y las tácticas de la Komintern habían cambiado drásticamente en 1935. Su primer gran éxito habían sido las elecciones españolas, que otorgaron a la izquierda autoridad legal completa sobre el Gobierno y las Cortes. La izquierda tenía poder para iniciar las primeras fases de un proceso revolucionario mediante medios teóricamente legales y, aunque el principal representante de la Komintern hablaba en sus informes de una «revolución en marcha», Moscú rechazaba de plano cualquier perspectiva de insurrección o guerra civil revolucionaria, porque consideraba que un conflicto armado no haría más que complicar el resultado de un proceso que, por lo menos en teoría, ya estaba en manos de la izquierda. El frentepopulismo de la Komintern aspiraba a implantar su propia «República de nuevo cuño», mucho más extremista que la de Azaña, pero cuyas primeras fases se ampararían principalmente en medios legales y parlamentarios, de los que se consideraba responsable al Gobierno de Casares Quiroga.

Como los socialistas, principales partidarios de acciones radicales, estaban profundamente divididos, la facción de Prieto aspiraba a imponer una mayor disciplina y habría preferido formar un Gobierno de coalición que, aunque exclusivamente izquierdista, habría sido más amplio. A pesar de que la mayoría caballerista revolucionaria logró vetar el acuerdo, más allá de continuar minando la estructura socioeconómica vigente y esperar su oportunidad, esta no tenía estrategia alguna para acometer directamente la revolución. Los caballeristas tenían muy en cuenta la idea trotskista de que los revolucionarios necesitan algún tipo de legitimidad y que es preciso que parezca que actúan a la defensiva. En consecuencia, no dejaban de achacar el desorden a la derecha, con la esperanza de provocar algún tipo de reacción militar, que daban por hecho sería débil y susceptible de sofocarse mediante una huelga general. Supuestamente esto habría precipitado una crisis de tal magnitud que el poder se habría entregado a los socialistas revolucionarios para que estos salvaran la República. Hasta cierto punto, eso fue lo que ocurrió, aunque las circunstancias fueran bastante distintas de lo que los caballeristas se imaginaban.

Una vez iniciada la Guerra Civil, muchos españoles sostuvieron que era inevitable. Sin embargo, pocas cosas hay inevitables en la vida humana. Como pronto, el conflicto no se tornó inevitable hasta mediados de julio, solo pocos días antes de que empezara realmente. Pero ni siquiera entonces la mayoría de los sectores de la izquierda o la derecha buscaban una guerra civil, por lo menos de larga duración y con gran derramamiento de sangre, lo cual nos obliga a plantearnos si, aparte del Ejército levantisco, había alguien que la quisiera realmente.

La respuesta es que, en general, no la querían ni la izquierda ni la derecha, pero sí algunos de los revolucionarios izquierdistas más extremistas y la derecha ultramontana, aunque incluso esos dos grupos creían que sería breve. Los anarquistas no veían en su insurrección definitiva una guerra civil, sino una especie de asunción milenarista del poder por parte de los trabajadores. Sin embargo, sí había algunos teóricos marxistas que consideraban que la guerra civil era un paso necesario para alcanzar la dictadura del proletariado. Esta había sido la postura comunista hasta septiembre de 1935 y era la que abiertamente defendían Luis Araquistáin, principal teórico caballerista, en sus artículos en Leviatán y Claridad, y también Maurín, del POUM, en su libro Hacia la segunda revolución (1935). Araquistáin y Maurín tenían una idea esencialmente similar de la guerra civil: era inevitable una contienda civil revolucionaria, pero sería breve y la izquierda la ganaría con rapidez. Para ellos, no habría que repetir un combate tan largo y tan destructivo como la guerra civil rusa (1917-1921), porque la izquierda revolucionaria era más fuerte en España y considerablemente menor el peligro de contrarrevolución avalada desde el exterior. Supuestamente, esta idea se basaba en que en 1935-1936 las relaciones europeas se estaban tensando hasta tal punto que los Estados potencialmente contrarrevolucionarios carecerían de margen de maniobra para intervenir. Y, según creían ambos teóricos, si llegaban a hacerlo la Unión Soviética no tardaría en bloquear sus iniciativas.

No obstante, esta teoría solo era doctrina oficial para el POUM. Cuando Santiago Carrillo, secretario general de las recién creadas Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), dominadas por los comunistas, pronuncio un discurso declarando que la inevitable guerra civil crearía, como en la Unión Soviética, un nuevo y poderoso ejército revolucionario, que serviría de instrumento para completar la revolución, los propios líderes del PCE no tardaron en hacerle callar.

Para Azaña y Casares Quiroga, presidentes de Gobierno en los últimos cinco años de República parlamentaria, la prioridad era mantener el Frente Popular con los partidos revolucionarios, para lo cual era preciso esperar a que remitiera la oleada de desórdenes y actos violentos revolucionarios. La toma de medidas contundentes contra esa oleada habría supuesto el fin de la alianza y habría precisado de un entendimiento con el centro democrático y quizá incluso con la derecha moderada, alternativas impensables para Azaña y Casares. Por otra parte, el Gobierno comenzó por fin a dar por hecho que quienes atizaban al Ejército a rebelarse acabarían consiguiéndolo, pero aquí su cálculo era distinto. Casares contaba con poder derrotar fácilmente una revuelta débil, lo cual otorgaría a su Gobierno más fuerza y autoridad, facilitándole el control de los revolucionarios. Sin embargo, esto era como jugar con fuego. Un error fundamental que cometía toda la izquierda era menospreciar totalmente a la derecha, a la que veía asistir impotente a los cambios históricos. Era esta una creencia a la que se entregaba con devoción y solo comprendió su error cuando ya era demasiado tarde.

¿Alternativas?

A menos que hubiera un cambio de política, esa trayectoria conducía a un violento final. Pero hubo varias propuestas de cambio que podrían haber evitado la Guerra Civil. La que más se debatió fue la constitución de un Gobierno más fuerte, encabezado por Indalecio Prieto, pero el sector revolucionario socialista, obsesionado con su propia política catastrofista, que según ellos garantizaría su llegada al poder sin una gran guerra civil, siguió vetándolo. El 15 de junio, un periódico francés citaba unas declaraciones de Prieto en las que señalaba que «Es injusto considerar a todos los derechistas como fascistas. El peligro fascista no existe, salvo que venga generado por la izquierda. El próximo congreso del PSOE producirá una escisión». La alternativa de Prieto siguió discutiéndose hasta finales de junio, pero él se negó a formalizar la ruptura dentro del campo socialista, aunque en una ocasión las tensiones entre las dos facciones del partido condujeron a un enfrentamiento violento.

Distinta fue la propuesta que hizo Felipe Sánchez Román desde su diminuto Partido Nacional Republicano (PNR), de centro-izquierda. Azaña era amigo de Sánchez Román, al que respetaba por sus opiniones firmes y equilibradas, y hubiera querido nombrarle presidente del Gobierno de no haber sido porque Sánchez Román abandonó el Frente Popular por las contradicciones internas que este sufría. Sánchez Román insistía en la necesidad de constituir un Gobierno más moderado y responsable, y durante una reunión de la cúpula de su partido obtuvo la aprobación para intentar formar una amplia coalición de formaciones republicanas de izquierda y de centro, que gobernaría desde el más estricto respeto al constitucionalismo, reinstaurando el orden público y prohibiendo las milicias políticas. Los socialistas podrían unirse a ella a condición de que estuvieran dispuestos a apoyar su programa, algo improbable.

Azaña, Casares y gran parte de los líderes republicanos de izquierda rechazaron la propuesta porque habría supuesto la ruptura del Frente Popular. El nuevo presidente de la República no solo se negó a llegar a un acuerdo con la derecha, sino que descartó hacerlo con el centro, aduciendo que solo el Frente Popular podría garantizar una República exclusivamente izquierdista. Aquí el problema radicaba en que una República de ese tipo también implicaba el fin de la democracia, así como la probabilidad de que se produjera algún tipo de levantamiento militar. La principal fantasía era el sueño que tenía Azaña: una República radical pero no revolucionaria y semidemocrática que pudiera regir permanentemente los destinos de España. Era la ilusión de un diletante literario metido a político, ajeno a la realidad de que, en última instancia, solo había tres alternativas políticas: una coalición republicana de amplio espectro, con partidos de centro-izquierda, centro y centro-derecha; una dictadura de izquierdas y una dictadura de derechas. Los Gobiernos de Azaña y Casares Quiroga, sin encajar en ninguna de esas alternativas, reflejaban ilusiones sectarias cortoplacistas. La noche del 18 al 19 de julio, cuando Azaña intentó poner en marcha la propuesta de Sánchez Román, iba con una semana de retraso, porque la Guerra Civil ya había comenzado. Sus políticas, más que frenar esa posibilidad, la alentaron.

También se barajó la formación de un Gobierno republicano de excepción que, suspendiendo temporalmente las libertades y derechos constitucionales, gobernara por decreto, opción que ya se había tomado en varios países. Incluso en el propio partido de Azaña hubo unos pocos líderes que propusieron este posible gobierno de carácter «cincinático» o régimen autoritario temporal que, con plenos poderes para recuperar el orden público, volviera después a dar paso a un sistema parlamentario ordinario.

La última propuesta de esta índole la hizo el centrista Miguel Maura, uno de los fundadores de la República, en una serie de artículos publicados en el prestigioso periódico madrileño El Sol entre el 18 y el 27 de junio. Su conclusión fue que:

En la vida provincial y rural son las masas anónimas y exaltadas las que mandan y gobiernan a través de gobernadores sometidos a los comités jacobinos del Frente Popular, cuyos excesos y desmanes tiene aquella autoridad que refrendar, a través de los alcaldes y presidentes de gestoras, verdadera plaga bolchevizante que está asolando el país. Los ciudadanos pacíficos viven con la sensación de que las leyes son letra muerta y que los incendios, asaltos, allanamientos de morada, homicidios, insultos y agresiones a la fuerza armada han dejado de figurar en los preceptos del Código Penal para quienes pueden alegar como eximente el uso de una camisa roja y azul [colores de las Juventudes Socialistas Unificadas], o la insignia estrellada con la hoz y el martillo. El puño en alto es un salvoconducto y talismán que permite los mayores excesos.

La reacción no podía faltar. Así ha tomado cuerpo hasta llegar a ser una realidad preocupadora lo que se llama «fascismo». La masa incorporada a ese movimiento se ha formado por aluvión… aunque del auténtico y legítimo fascismo italiano no tiene este movimiento de la opinión española sino el nombre, y tal cual postulado doctrinal, que la mayoría de los afiliados desconoce...

Hoy, la República no es otra cosa —quiero creer que inconscientemente— que la parte exaltada y revolucionaria de la masa proletaria, que al socaire del sistema democrático y liberal y de la ceguera de algunos hombres representativos de los partidos republicanos prepara con prolija minuciosidad el asalto al poder y el exterminio de la organización social, capitalista y burguesa... Nos lo dicen ellos mismos en sus propagandas en la prensa y en actos públicos.

… Si la República ha de ser eso, la República está inexorablemente condenada a muerte próxima, a manos de esos mismos que hoy se dicen sus únicos defensores o, lo que es más probable, a manos de la reacción opuesta.

Maura abogaba por una «dictadura nacional republicana» multipartidista que salvara al país, pero añadía que «No abrigo la menor esperanza de que mis razonamientos logren convencer a quienes tienen sobre sí el peso de la mayor responsabilidad en la hora actual de España». No se equivocaba Maura en esta lúgubre conclusión, porque su revelador análisis, tan certero en su perspectiva como en su descripción, solo suscitó las habituales críticas acerbas de la prensa izquierdista. El 28 de junio, Política, una publicación republicana de izquierdas, rechazó la propuesta con una andanada, diciendo que era «tan reaccionaria como pudiera ocurrírsele a cualquier líder de las derechas intransigentes». Con todo, de forma más positiva la valoraron unos pocos líderes republicanos de izquierda, de los más moderados y responsables.

En ese momento, el democristiano Ángel Ossorio y Gallardo escribió:

De la situación actual nadie está contento. Hablo con representantes de todos los sectores del Frente Popular y en la intimidad de la conversación todos se muestran tan preocupados, tan inquietos, tan acongojados, como las clases conservadoras. Esta es la verdad, la pura verdad, aunque luego hay que disimularlo en servicio del partidismo.

Y si esto es así, ¿a quién le apetece el frenesí actual? ¿A quién aprovecha? Solo tendría explicación lo que vemos si los revolucionarios estuvieran seguros de ganar la revolución. Mas serían ciegos si lo creen. En España no ganará el juego la primera revolución, sino la segunda: la de la reedificación[10].

Aquí Ossorio se acercaba al quid de la cuestión: gran parte de los revolucionarios estaban en realidad demasiado seguros de que podrían ganar si el combate duraba poco.

Prieto era el único líder importante de los partidos obreros que abogaba por la reinstauración del orden público, pero ni sus propios seguidores solían hacerle caso y, según uno de sus más íntimos colaboradores afirmó, con gesto de desánimo fatalista, «Una cosa está clara: nos vamos a merecer, por estúpidos, la catástrofe»[11]. Cuando otro dirigente socialista llevó a las Cortes una propuesta de ley para la construcción de una cárcel especial para presos políticos, que nada bueno presagiaba en una República aún supuestamente democrática, sarcásticamente Prieto instó en su propio periódico, El Liberal de Bilbao, a que les prepararan [a los políticos republicanos] unas cárceles lo más cómodas posible, si es que antes no tenían la suerte de poder cruzar la frontera, como él mismo había hecho en 1934. En su opinión, lo que el futuro les deparaba era de nuevo cárcel o exilio. Y se lo merecerían, por insensatos.

En esta fase final, la única formación izquierdista que, aparte del POUM, tenía una política claramente definida era el PCE, que comenzó a desempeñar un papel algo más influyente. La línea de la Komintern seguía inalterable: la unidad del Frente Popular y la utilización de la República de izquierdas eran vitales para convertir el régimen en una «República de nuevo cuño» totalmente dominada por la izquierda. (Esto era especialmente irónico, ya que en la única «República democrática de nuevo cuño», la República Popular de Mongolia, la colectivización comunista acababa de tener como consecuencia la desaparición de un tercio de la población. No hace falta decir que de esto nunca se habló en España). Para aplicar esa política sería necesario recurrir a todos los medios legales —y algunos ilegales, siempre en nombre de «la República»— para reprimir e ilegalizar a la derecha. El 10 de junio Mundo Obrero, órgano de prensa del PCE, declaró que «la actitud del enemigo exige un ataque a fondo… El Gobierno ha sido demasiado tolerante». Para llevar a cabo una auténtica política frentepopulista habría que «destruir todos los focos de apoyo al fascio que este tiene en la Magistratura, en el Ejército, en los Cuerpos armados. Castigar los intentos reaccionarios de la patronal… Imponer la solución a los conflictos por ellos provocados». Los comunistas habían comenzado a organizar sus Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC), un pequeño cuerpo en el que, según Antonio Mije, miembro del comité central del PCE, debían estar los primeros «hombres del futuro ejército rojo obrero y campesino de España»[12], afirmación esta que anticipaba ajustadamente su función futura. El 13 de junio Mundo Obrero explicaba que la fase actual, dedicada a destruir el poder organizado de la derecha, debía haber finalizado por completo cuando llegara el momento del levantamiento violento contra los restos de la República burguesa y el establecimiento de un régimen soviético obrero y campesino. Entretanto, los comunistas intentaban contener a los socialistas y anarquistas más virulentos, aduciendo que su extremismo podía ser contraproducente, y en junio la cúpula del PCE instó en Sevilla a la interrupción temporal de la toma arbitraria de edificios eclesiásticos, porque daba la impresión de que la izquierda era demasiado anárquica.

De forma poco sistemática, el Gobierno ya había comenzado a ocuparse de dos de las prioridades de los comunistas —la confiscación de extensiones considerables de tierra y el inicio de la represión directa de las formaciones de derechas-, aunque el Ejecutivo no definiera igual que ellos esos objetivos. La Falange había sido ilegalizada a mediados de marzo, los sindicatos católicos comenzaron a clausurarse a finales de mayo y posteriormente se cerraron algunos centros monárquicos. El 1 de julio, el grupo comunista de las Cortes presentó un proyecto de ley que contemplaba la detención de cualquiera que hubiera ocupado cargos de responsabilidad en la época de la insurrección de 1934, desde el presidente del Gobierno hasta los cargos municipales, que serían sometidos a procesos plenarios y verían confiscadas sus propiedades. La propuesta encajaba con la pretensión del Frente Popular de subvertir el orden legal de 1934, pero la confiscación de propiedades por razones políticas, que vulneraba directamente la Constitución, no fue aceptada por los republicanos de izquierda. Sin embargo, el 9 de julio los comunistas sí consiguieron que los demás socios del Frente Popular aceptaran posponer el receso parlamentario veraniego hasta que se hubieran solventado las «responsabilidades» de la represión. Por el contrario, los crímenes violentos cometidos por la izquierda en 1934 y 1936 seguirían quedando impunes.

Aunque los socialistas caballeristas reivindicaban de vez en cuando y en público la creación de una amplia «milicia revolucionaria», en la práctica poco hacían, pero mejor organizados estaban los comunistas, aun siendo menos numerosos. En mayo llegó a España Vittorio Vidali (conocido como «Carlos Contreras»), asesor especial de la Komintern para cuestiones paramilitares y otras actividades violentas, y aquí contó con el apoyo de Enrique Líster y otros jóvenes dirigentes que habían pasado brevemente por la Academia Frunze que el Ejército Rojo tenía en Moscú. A mediados de junio el partido anunció que en Madrid las MAOC contaban con 2.000 hombres y que su objetivo era constituir «una organización de masas con un carácter semimilitar» que sentaría «las bases de organización del futuro ejército rojo obrero y campesino»[13]. Para no poner en entredicho a las MAOC, las unidades terroristas se desgajaron de la organización. En Madrid constituían una especie de guerrilla urbana que se enfrentaba con los falangistas, pero intentaban no matar a policías para no alarmar todavía más a las clases medias. Los comunistas también influyeron en la formación de la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA), una pequeña organización de oficiales izquierdistas constituida como contrapeso a la Unión Militar Española (UME), compuesta por mandos de derechas y mucho más numerosa.

Con todo, es importante no perder de vista el hecho de que la polarización cada vez mayor de la situación política solo movilizaba a sectores minoritarios, aunque importantes, de la población. La gran mayoría de los habitantes del país seguía llevando su vida con normalidad. Los cines, con aforos proporcionalmente superiores a los de ningún otro país, estaban llenos y en verano había numerosas fiestas y actos especiales.

Al acentuarse el calor estival, en Madrid se inició la ola de violencia definitiva. El 2 de julio pistoleros de las JSU mataron a dos estudiantes falangistas y la Falange respondió al día siguiente, acabando a tiros con dos obreros de la UGT y dejando gravemente heridos a otros. El día 4 aparecieron dos cadáveres en las afueras de la ciudad. Se determinó que el primero era el de un muchacho de dieciocho años que, sin ser de Falange, sí tenía amigos en ese partido y que, después de haber estado secuestrado varios días, había sido ejecutado. El segundo era de un oficial de infantería retirado de treinta años, miembro o simpatizante de Falange, igualmente secuestrado y después muerto a cuchilladas (presentaba treinta y tres). Como de costumbre, la reacción del Gobierno no fue una búsqueda exhaustiva de los responsables sino más detenciones de falangistas, como si ellos fueran responsables de asesinar a sus propios militantes y simpatizantes. Durante los tres días siguientes, el Gobierno, solo en la provincia de Madrid, anunció la detención de 300 falangistas y derechistas. Ya se había abandonado cualquier supuesta aspiración a la reconciliación y parecía que la política del Gobierno era presionar todavía más a la derecha para que se rindiera por completo o se lanzara a una levantamiento armado (llegado ese punto, se consideraba que beneficiaría al Ejecutivo). Hasta Prieto había abandonado los llamamientos a la moderación y parecía a la espera de una catarsis definitiva.

Ese fin de semana tuvieron lugar los acontecimientos trascendentales. En torno a las 10 de la noche del domingo 12 de julio el teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo resultó muerto a tiros en una céntrica calle madrileña. Castillo, antes oficial militar, se había trasladado a la Guardia de Asalto y después había sido detenido por su tumultuosa participación en la insurrección de 1934. A pesar de su historial, al igual que todos los revolucionarios había sido amnistiado y después destinado a labores de seguridad. Castillo, que se había distinguido por su celo en la represión de derechistas, había disparado en el pecho a un manifestante carlista desarmado y había participado en varias acciones contra los falangistas. Militante de la UMRA y líder de la milicia socialista, parece que los domingos por la tarde también ayudaba a preparar a las MAOC comunistas. Tenía los días contados desde hacía tiempo.

Su asesinato desató inmediatamente reacciones virulentas entre sus compañeros de la UMRA, la Guardias de Asalto y las milicias socialista y comunista, porque dos meses antes otro destacado oficial de la UMRA había muertos a tiros en Madrid. Militantes de esta asociación ya habían jurado que, si era asesinado otro de los suyos, llevarían a cabo una represalia contra un importante líder derechista, así que, en cuanto se enteraron de la muerte de Castillo, oficiales izquierdistas de la Guardia de Asalto se dirigieron directamente al Ministerio del Interior. Allí los recibió Bibiano Ossorio Tafall, subsecretario republicano de izquierdas cuya confianza intentaban ganarse desde hacía tiempo los comunistas y de los que no tardaría en convertirse en «compañero de viaje». Ossorio los llevó ante el ministro, que aprobó la exigencia de que se detuviera a una nueva lista de falangistas. Pero los oficiales se negaron a que las detenciones las realizaran policías armados por el procedimiento habitual, insistiendo en llevarlas a cabo ellos mismos, algo a lo que el ministro, en un acto de debilidad, accedió.

El cuartel de Pontejos de la Guardia de Asalto, situado a solo una manzana por detrás del propio edificio del ministerio, estaba dominado por oficiales izquierdistas, que esa noche confraternizaron con varios guardias de asalto (que en algunos casos no estaban de servicio), guardias civiles de izquierdas, izquierdistas de otras unidades policiales y algunos militantes socialistas y comunistas. El Gobierno había seguido la política de devolver sus puestos a los izquierdistas, independientemente de cuál fuera su historial, y de fomentar la politización de las actividades policiales, por ejemplo mediante la inclusión intermitente de militantes civiles, muchos socialistas y comunistas, a los que a veces se encomendaba colaborar con la policía. De manera que las brigadas de la Guardia de Asalto que se dispusieron a realizar las detenciones las componía una incontrolada mezcolanza de miembros de ese cuerpo, guardias civiles, agentes de policía fuera de servicio de otras unidades y militantes socialistas y comunistas.

Por su cuenta y riesgo, los oficiales añadieron a la lista otros nombres, entre ellos los de dos líderes clave de la derecha, José María Gil Robles, de la CEDA, y José Calvo Sotelo, monárquico y principal portavoz de la oposición en las Cortes, uno y otro en teoría protegidos por inmunidad parlamentaria. Es imposible saber si esa conspiración policial-revolucionaria tenía pensado desde el principio asesinarlos.

Resultó que Gil Robles no estaba en Madrid, pero una brigada dirigida por el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés se fue directamente al domicilio de Calvo Sotelo. Al igual que el asesinado Castillo, Condés había participado en la insurrección de 1934, lo cual inicialmente le había valido una condena a cada perpetua. El Gobierno republicano de izquierdas no le devolvió su puesto hasta el 1 de julio, pero después le ascendió a capitán para recompensar sus anteriores actos sediciosos. Ayudaba a adiestrar a la milicia socialista de Prieto, La motorizada, y todavía no se había reincorporado del todo al servicio en la Guardia Civil. De manera que no iba de uniforme en el momento de liderar esa variopinta brigada que, con cuatro militantes socialistas de La motorizada, se presentó en casa de Calvo Sotelo en torno a las 2 de la madrugada del 13 de julio.

El líder monárquico se había quedado en Madrid para participar en un importante debate parlamentario que, dedicado al problema del orden público, había de celebrarse el día 14. Aunque en privado se le había dado a entender que el Ejército no tardaría en sublevarse, ni él ni los demás líderes de la derecha formaban parte de la conspiración militar. En multitud de ocasiones había mostrado su talante atrevido en las Cortes, llegando incluso a instar públicamente al Ejército a intervenir —aunque fuera en un lenguaje ligeramente metafórico—, porque, como decía en privado, el Ejército necesitaba saber que había grupos de civiles que lo apoyarían. Para Calvo Sotelo no había más solución que la imposición de un régimen autoritario y el hecho de que estuviera dispuesto a proclamarlo en público le había convertido en blanco político principal de la izquierda. En dos ocasiones los portavoces comunista y socialista en las Cortes habían hablado de asesinarle, algo que sin duda habían discutido extraoficialmente los militantes revolucionarios. Hacía poco que Calvo Sotelo (al igual que otras personalidades) había pedido a las autoridades policiales que le cambiaran sus guardaespaldas, porque se había enterado de que sus funciones tenían más que ver con la vigilancia que con la protección, pero no tenía ni idea de si los nuevos eran más fiables. El 12 de julio, ya ni Calvo Sotelo ni nadie sabía con seguridad qué iba a pasar en España. A pesar de las informaciones que tenía sobre la conspiración militar, no podía estar seguro de cuándo iba a sublevarse el Ejército y ni siquiera de que fuera a hacerlo.

En el portal del inmueble los vigilantes aceptaron los papeles que acreditaban la identidad de Condés y los demás, que sin encontrar obstáculos se dirigieron al piso del líder monárquico. A Calvo Sotelo le enseñaron la tarjeta de identidad de Condés y desde su ventana pudo comprobar que un vehículo de la Guardia de Asalto aguardaba en la calle bajo la luz de una farola. Condés le aseguró que no era esa una detención ilegal sino que simplemente se le iba a conducir a un interrogatorio de urgencia en la Dirección General de Seguridad. Con esas garantías, permitió que se lo llevaran los agentes, pero cuando el vehículo policial solo había avanzado unas pocas manzanas, uno de los militantes socialistas, Luis Cuenca (delegado policial en las fraudulentas elecciones de Cuenca), descerrajó de repente dos tiros en la nuca al líder monárquico, matándole casi al instante. Algunos integrantes de la brigada declararon posteriormente que esa acción no estaba planeada, sino que fue una especie de «accidente», pero esos testimonios no resultan del todo creíbles, porque desde el principio la operación se había concebido como una venganza. El cuerpo fue arrojado a la puerta del depósito de cadáveres del principal cementerio de Madrid, el de la Almudena, donde no fue identificado hasta mediada la mañana siguiente.

Como el asesinato lo llevaron a cabo y organizaron socialistas prietistas, no cabe sorprenderse de que los líderes de esta facción fueran los primeros en ser informados del mismo, parece que por sus propios autores. Posteriormente, Julián Zugazagoitia, director de El Socialista, escribiría que, al recibir la noticia alrededor de las 8 de la mañana exclamó: «¡Ese atentado es la guerra!»[14]. Los dirigentes socialistas no mostraban preocupación alguna por el orden constitucional republicano, ahora fatalmente vulnerado. De acuerdo con la actitud adoptada por Prieto durante los quince días anteriores, dieron por hecho que ya era inevitable un conflicto de grandes proporciones: una sublevación militar o derechista, una guerra civil o ambas cosas. A los asesinos les dijeron que se ocultaran y Condés se trasladó al piso de la líder revolucionaria socialista Margarita Nelken, que en las Cortes había abogado por la extensión del desorden y la violencia a todo el país.

El Gobierno, aunque prometió investigar, no hizo nada por apaciguar los ánimos. Como de costumbre, impuso inmediatamente la censura y procedió a otra oleada de detenciones de falangistas y derechistas, como si ellos hubieran sido los responsables del asesinato, pero poco o ningún empeño puso en detener a sus autores. No obstante, el juez de instrucción Ursicino Gómez Carbajo, encargado del caso, sí intentó seriamente investigarlo y detuvo a varios guardias de asalto, lo cual demostró que aún quedaban vestigios del Estado republicano. Condés y Cuenca seguían en libertad y, siete días después, al iniciarse los combates, la investigación se interrumpió súbitamente, quedando en libertad los pocos detenidos que había. Tanto Condés como Cuenca murieron combatiendo en la sierra de Madrid durante los primeros días de la Guerra Civil. Por el contrario, varios de los socialistas participantes en el secuestro y asesinato, militantes como Francisco Ordóñez y Santiago Garcés, asumirían después cargos de relevancia en las fuerzas republicanas.

La primera reacción política fue la de algunos líderes del Partido Comunista, que seguramente seguían instrucciones de la Komintern. Esa misma mañana decidieron que la nueva crisis suponía un estímulo para promover la «República de nuevo cuño». Por la tarde, diputados comunistas presentaron a los demás integrantes del Frente Popular la siguiente iniciativa legislativa, que inmediatamente publicó Mundo Obrero:

Artículo 1º: Serán disueltas todas las organizaciones de carácter reaccionario o fascista, tales como Falange Española, CEDA, Derecha Regional Valenciana y las que, por sus características, sean afines a estas, y confiscados los bienes muebles e inmuebles de tales organizaciones, de sus dirigentes e inspiradores.

Artículo 2º: Serán encarceladas y procesadas sin fianza todas aquellas personas conocidas por sus actividades reaccionarias, fascistas y antirrepublicanas.

Artículo 3º: Serán confiscados por el gobierno los diarios El Debate, Ya¸ Informaciones y ABC y toda la prensa reaccionaria de las provincias.

Esta expeditiva propuesta, totalmente inconstitucional, era un gran paso hacia la formación de la República «de nuevo cuño», exclusivamente izquierdista, pero el Gobierno, al posponer las sesiones parlamentarias, imposibilitó la presentación de la propuesta antes del inicio de los combates, después de los cuales sus disposiciones se impondrían de forma sumamente violenta en la llamada «zona republicana».

El consejo de ministros se reunió dos veces el 13 de julio y prometió una investigación a fondo y un proceso judicial, pero nada de eso ocurrió. Más bien, los asesinos no tardarían en ser ascendidos a puestos de mayor responsabilidad. Después de esquivar la acción parlamentaria, el Gobierno, siguiendo la práctica habitual de culpar a las víctimas, anunció la decisión de cerrar las sedes madrileñas, tanto de la agrupación monárquica Renovación Española como de la CNT, aunque parecía claro que ni una ni otra estaban implicadas en los hechos, y la de detener a todavía más derechistas. El 15 de julio se informó de la detención de otros 185 falangistas. Al día siguiente, en consonancia con la estrategia de acentuar la polarización, se cerraron en Barcelona todas las sedes derechistas.

Varios líderes republicanos de izquierda instaron a Azaña a sustituir a Casares Quiroga por otro presidente de Gobierno más conciliador, pero el presidente de la República lo rechazó. Admitía que Casares acabaría teniendo que irse, pero aducía que sustituirle de manera inmediata equivaldría a hacerle responsable del asesinato, como si Casares no hubiera tenido responsabilidad alguna en la situación del momento.

El Gobierno no pudo evitar la convocatoria de una reunión de la Diputación Permanente de las Cortes el 15 de julio a las 11,30 de la mañana. El debate lo inició el monárquico conde de Vallellano, quien enérgicamente proclamó que:

Este crimen, sin precedentes en nuestra historia política… ha podido realizarse merced al ambiente creado por las incitaciones a la violencia y al atentado personal contra los diputados de derecha que a diario se profieren en el Parlamento… Nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto[15].

Nunca antes en la historia de los regímenes parlamentarios europeos había sido secuestrado y asesinado un líder de la oposición por la policía. Los diputados de derechas y de centro no decían que fuera el propio Gobierno el que hubiera planeado u ordenado el asesinato, pero sí que este había alentado las circunstancias que lo habían hecho posible.

La variedad y magnitud de las vulneraciones que sufrió la Constitución española entre febrero y julio de 1936 no tenía precedentes en la historia de los regímenes parlamentarios. Entre ellas figuraban:

La gran oleada de huelgas, muchas de ellas sin objetivos prácticos y más bien destinadas al control de propiedades, con frecuencia acompañada de actos de violencia y destrucción.

Tomas ilegales de propiedades, sobre todo en las provincias meridionales, algunas legalizadas a posteriori. El historiador Manuel Tuñón de Lara calculó que, entre las tomas ilegales y la aceleración de la reforma agraria, en cinco meses cambió de manos en torno al cinco por ciento de la propiedad agraria. Las repercusiones económicas fueron en general negativas, porque no fomentaron ni la modernización ni la productividad, sino una redistribución carente de capital o de desarrollo técnico.

Una oleada de incendios provocados y destrucción de propiedades, sobre todo en el Sur.

Ocupación de iglesias y propiedades eclesiásticas en el Sur y el Este del país.

Un enorme deterioro de la situación económica, nunca estudiado en detalle, que conllevó una gran caída del mercado bursátil, huida de capitales y, en algunas provincias meridionales, abandono de cultivos, cuando los costes superaron el valor de mercado de los productos. De manera que varios alcaldes del Sur, en lugar de condenar a los propietarios al exilio intentaron condenarlos a «quedarse».

Una amplia censura, que limitaba enormemente la libertad de expresión y reunión.

Varios miles de detenciones arbitrarias, que culminaron en el secuestro de Calvo Sotelo.

Práctica impunidad para los miembros de los partidos del Frente Popular, que no solían ser detenidos. En ocasiones se arrestaba a los anarquistas porque no formaban parte del Frente.

Politización de la justicia mediante la creación de un tribunal especial que censuró y purgó a la judicatura, así como mediante reglamentos y políticas que facilitaban las detenciones políticas y la ilegalización de los partidos de derechas.

Disolución de las formaciones derechistas, empezando por los falangistas en marzo, continuando con los sindicatos católicos en mayo, y siguiendo con los monárquicos de Renovación Española en julio.

Incremento de la coacción electoral, que culminó en la eliminación de la actividad opositora durante las elecciones especiales celebradas en mayo en Cuenca y Granada.

Autoridades municipales y provinciales de carácter arbitrario, ya que gran parte de la administración local se encomendó a personas nombradas por el Gobierno central. Las elecciones municipales previstas para el 31 de marzo de 1936 se pospusieron sine die.

Politización y subversión de las fuerzas de seguridad.

Incremento de la violencia política, que sin embargo fue muy desigual en diferentes partes del país. Posteriores estudios históricos han situado entre 300 y 444 la cifra de víctimas mortales ocasionadas por la violencia política entre febrero y julio de 1936.

Gil Robles protestó enérgicamente contra esos abusos sin precedentes, señalando que todos los días leía en los periódicos izquierdistas incitaciones a «aplastar al adversario» o a la necesidad de «realizar con él una política de exterminio», y añadió que:

sé que vais a hacer una política de persecución, de exterminio y de violencia de todo lo que signifique derechas. Os engañáis profundamente; cuanto mayor sea la violencia, mayor será la reacción; por cada uno de los muertos surgirá otro combatiente… vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella. Muy vulgar, por muy conocida, pero no menos exacta, es la frase de que las revoluciones son como Saturno, que devoran a sus propios hijos. Ahora estáis muy tranquilos porque veis que cae el adversario. ¡Ya llegará un día en que la misma violencia que habéis desatado se volverá contra vosotros![16]

Prieto, que normalmente era un buen orador, respondió sin convicción y, al insistir en que Calvo Sotelo había sido asesinado en venganza por la muerte de Castillo, repitió el endeble argumento presentado en el primer comunicado del Gobierno. Ni este ni Prieto parecían comprender que su supuesto razonamiento situaba a las fuerzas de seguridad al mismo nivel que los asesinos de la Falange, que mataban por razones políticas, confirmando prácticamente las acusaciones de la derecha.

El Gobierno no se esforzó por enderezar la situación, en tanto que los socialistas esperaban displicentes a la sublevación militar, que tenían pensado aplastar con una huelga general que Largo Caballero estaba convencido de que los conduciría al poder. El 15 de julio el semanario socialista Claridad despotricaba sobre la derecha: «¿No quieren este gobierno? Pues que se sustituya por un gobierno dictatorial de izquierdas. ¿No quieren el estado de alarma? Pues que haya guerra civil a fondo».

Al día siguiente Claridad publicaba un artículo titulado «Técnica del contragolpe de Estado» para explicar cómo derrotar una sublevación que la extrema izquierda no solo esperaba sino que deseaba fervientemente. Según el artículo, esa derrota podría conseguirse de inmediato disolviendo las unidades militares rebeldes y liberando a sus soldados de la disciplina militar, entregando masivamente armas al «pueblo» —este término no aludía, por supuesto, al conjunto del pueblo español, sino a las organizaciones revolucionarias— y después, conjugando la acción de las milicias revolucionarias resultantes con la de los sectores castrenses leales para derrotar a lo que quedara de la sublevación. A continuación, los revolucionarios sustituirían el Gobierno republicano de izquierdas. En realidad, todo ese desarrollo pronosticaba en gran medida lo que ocurriría en las seis semanas siguientes, aunque el resultado de la insurrección militar sería bastante distinto a los cálculos de los socialistas.

Hacía tiempo que Luis Araquistáin, director de Claridad, había pronosticado que habría una guerra civil y, después del asesinato de Calvo Sotelo, no se equivocó al considerar que este sería su catalizador. En una carta a su esposa decía que la consecuencia inevitable sería «nuestra dictadura o la otra»[17]. Esta valoración también era correcta, porque la República democrática, aunque aún se mantuviera, había dejado prácticamente de existir.

El 16 de julio, representantes de todos los partidos obreros del Frente Popular (es decir, menos los republicanos de izquierda) se reunieron para organizar en todo el país comités que crearan una milicia armada y solicitar armas al Gobierno. No obstante, la UGT, controlada por los caballeristas, no se mostró de acuerdo, porque quería armar directamente a los sindicatos socialistas. Sus líderes preguntaron quién iba a garantizar el comportamiento futuro de esos comités de milicianos multipartidistas, por qué debían asumir la responsabilidad de enfrentarse a la sublevación derechista, cómo podían estar los congregados seguros de que el Gobierno no fuera a intentar disolver esos comités y, si era el Gobierno el que los autorizaba, ¿no podría él mismo posteriormente intentar desarmarlos? A pesar de lo mucho que se había hablado de bolchevización, a fin de cuentas la estrategia de los caballeristas, a la espera de que el Gobierno les entregara directamente el poder, seguía siendo relativamente pasiva. Pero esa entrega era algo a lo que Casares Quiroga se negó, aunque, tres días después, su sucesor no se mostraría tan remilgado.

El espectáculo de la preparación para la guerra civil disparó las alarmas en la sede moscovita de la Komintern. Sus dirigentes exigieron a los líderes comunistas españoles que presionaran para lograr medidas rigurosas con las que desarmar a la derecha y evitar la confrontación civil, que no contemplaban con la misma complacencia que Araquistáin, Maurín y otros. Desde 1919, en ningún país europeo había habido una situación tan favorable a la extrema izquierda como la de la España de 1936. La fórmula del Frente Popular le había otorgado el control de la mayoría de las instituciones y ese poder había que utilizarlo de la manera más enérgica posible, pero también evitar la guerra civil, que podría poner en peligro ese mismo poder. La cúpula de la Komintern, con mucha más experiencia en una guerra civil revolucionaria que sus colegas izquierdistas españoles, no quería que el dominio que en ese momento tenía la izquierda, amparándose en instituciones reconocidas y legítimas, lo fuera a poner en riesgo una guerra civil de impredecible resultado.

El 17 de julio, pocas horas antes del inicio de la sublevación militar, los dirigentes de la Komintern Gueorgui Dimitrov y Dmitri Manuilski enviaron un mensaje urgente al buró político del PCE, insistiendo en que se tomaran de inmediato medidas excepcionales para frustrar lo que ellos consideraban «conjura fascista» y evitar la guerra civil. Se ordenaba a los líderes comunistas españoles fomentar al máximo la unidad del Frente Popular y seguir insistiendo en el programa vigente, utilizando las competencias del Gobierno para detener a gran número de derechistas, purgar el Ejército, la policía y la administración del Estado, y eliminar por completo la prensa conservadora. Además, debían presionar para que se constituyera un «tribunal de urgencia» especial que, con plenos poderes revolucionarios, pudiera aplicar penas máximas a los derechistas y confiscarles sus propiedades, en tanto que el PCE debía también constituir alianzas de obreros y campesinos con las demás formaciones obreras, que sirvieran como unidades de enlace del Frente Popular. No todas esas órdenes, algunas inconstitucionales y revolucionarias, formaban parte del programa «moderado» que con frecuencia se atribuye a los comunistas españoles, sino que encajaban con la estrategia frentepopulista de la Komintern, consistente en utilizar el poder del Estado, no la subversión o la insurgencia, para imponer un dominio total de la izquierda en una República «de nuevo cuño».

Los líderes republicanos de izquierda continuaron hostigando a la derecha, sin hacer el más mínimo gesto que indicara una modificación real de esa actitud. Posteriormente, el ex presidente de Gobierno centrista Portela Valladares haría en sus memorias la siguiente acusación: «Casares veía con confianza y satisfacción que estallara el movimiento militar, para presentarse ante las Cortes luego, a recoger los aplausos del vencedor»[18]. Santiago Carrillo, el desenvuelto y joven líder de las recién constituidas Juventudes Socialistas Unificadas, ha señalado que él, Prieto y el secretario general del PCE José Díaz fueron a hablar con Casares para instarle a entregar armas a los nuevos comités obreros que se estaban constituyendo, pero que, según Carrillo, «aquel hombre flaco, enfermo, con ojos de fiebre, trató de convencernos de que el gobierno dominaba la situación y que la amenaza no era tan grave. Llegó a decir que estaba deseando que se sublevaran para poderlos aplastar»[19].

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LA SUBLEVACIÓN MILITAR DEL 18 DE JULIO

Desde el inicio de la Segunda República en 1931, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha habían conspirado contra ella, pero en sus primeros años ninguna tuvo relevancia. Los «alfonsinos», monárquicos de ultraderecha partidarios acérrimos del ex rey Alfonso XIII, comenzaron a conspirar casi en cuanto se vino abajo la monarquía, en tanto que la persecución religiosa durante la República estimuló la reaparición de sus rivales, los monárquicos tradicionalistas o carlistas, de orígenes decimonónicos. No obstante, pocos monárquicos estaban dispuestos a conspirar directamente, así que la frustrada sublevación del general José Sanjurjo de agosto de 1932 solo triunfó en una plaza (Sevilla) y no tardó en fracasar, ya que tuvo menos apoyo que cualquiera de los tres levantamientos anarquistas.

Lo primero que proporcionó una base teórica a la llamada «instauración» (no restauración) de una monarquía de nuevo cuño, neotradicionalista, católica y corporativo-autoritaria, fue la creación de la publicación monárquica Acción Española. Pero el partido alfonsino Renovación Española nunca suscitó grandes apoyos. En conjunto, las dos formaciones monárquicas, la Comunión Tradicionalista, carlista, y Renovación Española, no superarían el 10 por ciento del voto. Después de la victoria parcial de la CEDA en las elecciones de 1933, la extrema derecha perdió fe en su propia fuerza y se volvió hacia la Italia de Mussolini, firmando el 31 de marzo de 1934 un acuerdo con su Gobierno en virtud del cuál este proporcionaría apoyo monetario, instalaciones para formación militar y una reducida cantidad de armamento para contribuir a una posible insurrección monárquica en España. La propia necesidad de buscar apoyos en el extranjero daba fe de la debilidad de esta conspiración, que como cabía esperar acabó en nada y que al año siguiente se había convertido en papel mojado.

El levantamiento revolucionario de 1934 polarizó a la sociedad española, pero su derrota y, al principio, la aparente fuerza del Gobierno republicano del momento, más conservador que el anterior, restó fuelle a la reacción derechista. El único apoyo popular que tenía la extrema derecha radicaba en el carlismo rural navarro. Cuando gran parte de la opinión pública conservadora estaba representada en la CEDA, semimoderada y legalista, solo el Ejército tenía capacidad para imponer un posible cambio de régimen de signo derechista.

Sin embargo, el estamento castrense estaba casi tan dividido políticamente como la propia sociedad española. Durante gran parte del siglo XIX sus preferencias políticas habían sido bastante liberales y, de hecho, gran parte de las sublevaciones de la época de los pronunciamientos (1814-1874) se habían producido en defensa de alguna causa liberal. El único dictador militar de España había sido Primo de Rivera. En general, a medida que el espectro político se desplazaba hacia la izquierda, el Ejército basculaba hacia posiciones más conservadoras, aunque con límites y excepciones. Algunos oficiales seguían apoyando políticas liberales y la bancarrota política del régimen de Primo de Rivera desencantó a los altos mandos del Ejército, llevándolos a evitar responsabilidades políticas directas, algo que demuestra la ausencia prácticamente total de oposición al advenimiento en 1931 de la República, que muchos de ellos apoyaron.

El Gobierno de Azaña de 1931-1933 tuvo un comportamiento tan inepto con el Ejército como con el conjunto de la sociedad española, empeñándose en agraviarlo como grupo profesional y en recalcar que la mentalidad izquierdista no le tenía ningún respeto. Aunque Azaña consiguió suscitar la hostilidad de las Fuerzas Armadas, estas siguieron sin mostrar interés en asumir un papel político. Sus simpatías iban desde el liberalismo moderado al conservadurismo, con una minoría izquierdista y otra monárquica derechista un poco mayor. Entre la primavera de 1934 y la de 1936, todas las intentonas de fomentar la intervención del Ejército fueron fallidas. Como señaló Franco en el invierno de 1936, el Ejército estaba demasiado dividido internamente y, al margen del mantenimiento del orden público, no apoyaba ninguna otra posición. Cualquier iniciativa destinada a promover su intervención directa o a fomentar un golpe de Estado estaba condenada al fracaso.

La única intentona de pasar nuevamente a la acción la habían realizado José Antonio Primo de Rivera y los líderes de Falange Española, pero la debilidad de este partido hizo que la iniciativa pronto se quedara en nada. Como ya se ha dicho, en marzo de 1936 el Gobierno consiguió la ilegalización por vía judicial de Falange, aunque los fundamentos jurídicos del fallo no estuvieran claros. Sin embargo, esto, más que el final de algo, fue el principio, ya que los falangistas, mediante la acción clandestina, volvieron a planear una sublevación violenta, participando en una escalada de violencia callejera contra la izquierda.

La victoria electoral del Frente Popular desató respuestas muy diversas entre la derecha, todas ellas partidarias de algún tipo de reacción armada. En cuanto empezaron a conocerse los resultados electorales, varios altos mandos militares comenzaron a conspirar y el Gobierno de Azaña, al poco de asumir el poder, entregó casi todos los puestos de mando importantes a generales de su confianza. En secreto, un pequeño grupo de mandos retirados se reunió varias veces en Madrid, y después tuvo un encuentro con varios importantes generales, entre ellos Franco, que acababa de ser destinado a las Islas Canarias, un puesto que constituía casi un exilio. Solo pudieron acordar mantenerse en contacto y estar listos para pasar a la acción si alguno de los grupos revolucionarios intentaba tomar el poder.

Mientras la tensión crecía durante los meses de marzo y abril, la conspiración militar fue ampliándose, pero sin llegar a coordinarse. A finales de 1933 se había organizado una asociación de oficiales semiclandestina, la Unión Militar Española (UME), que, con varios miles de integrantes, había tenido como objetivo inicial la defensa de intereses profesionales y corporativos castrenses, sin una identidad política definida. Sin embargo, las secciones constituyentes de la UME solían ser de derechas y durante la primavera de 1936 la opinión militar fue basculando cada vez más en esa dirección. En diversas plazas comenzaron a conspirar células locales, aunque al principio lo hicieran de forma descoordinada. Calvo Sotelo y otros líderes monárquicos trataron de alentar a los conspiradores, pero parece que al principio no tuvieron mucho éxito. En Navarra y otros pocos lugares, los carlistas reanudaron los entrenamientos de su propia milicia, llegando incluso a constituir una Junta Suprema Militar Carlista al otro lado de la frontera francesa, en San Juan de Luz, pero estaban relativamente aislados. No obstante, lo que para muchos supuso un cambio de tendencia fue que jóvenes militantes de gran parte de los sectores moderados de la CEDA comenzaran a contemplar la posibilidad de la resistencia armada.

Azaña y Casares Quiroga no eran en modo alguno ajenos a esta situación, pero desconfiaban de que ese caleidoscopio de posibles sublevados pudiera llegar a juntarse. La derecha había estado dividida durante gran parte de los años de República y solo había promovido una sublevación armada, que terminó inmediatamente en el más vergonzoso fracaso. No obstante, los cálculos del Gobierno eran cortos de miras, porque, al avanzar la situación revolucionaria, era inevitable que la oposición de derechas se tornara más combativa y que pudiera comenzar a buscar a tientas algún tipo de acción unitaria. Entre los oficiales de más rango se apreciaba que el principal organizador era el general de brigada Emilio Mola, veterano de las campañas de Marruecos y último director general de Seguridad de la monarquía. El Gobierno de Azaña le había destinado al puesto relativamente menor de gobernador militar de Navarra, pero a finales de abril todas las secciones de la UME en el Norte y el centro de España reconocían su liderazgo en la organización de la sublevación. Al mes siguiente comenzó a constituirse una red más amplia de conspiradores. En teoría, su jefe era Sanjurjo, pero, como desde que había sido amnistiado vivía en Portugal, carecía de oportunidades y de capacidad para organizar una revuelta. A finales de mayo trasladó su autoridad a Mola que, en cuanto triunfara la sublevación, tenía pensado depositar en Sanjurjo la jefatura de una junta militar.

A finales de abril se plasmó el primer y rudimentario plan de Mola en un documento cuyo objetivo no era la restauración de la monarquía, sino el establecimiento de una «dictadura militar» que contaría con la colaboración de diversos comités provinciales de aliados, entre ellos «grupos políticos», «sociedades e individuos aislados» y «milicias afectas a la causa» y «contra-revolucionarias». Se recalcaba que «la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares»[1]. No obstante, ese lenguaje tan implacable, que quizá aludiera en términos eufemísticos a ejecuciones sumarias, no prefiguraba la represión absolutamente masiva que se inició en el mismo momento que comenzaron los combates y que, sin precedentes en la historia española, sí los tenía, y numerosos, en guerras civiles recientemente registradas en otros países.

Este esbozo se tornó más detallado en un documento redactado el 5 de junio, titulado «El Directorio y su obra inicial», que estipulaba que el nuevo régimen sería una «dictadura republicana», que se constituiría inicialmente en un «Directorio» exclusivamente militar, término este tomado del régimen de Primo de Rivera. El régimen se basaría en un modelo autoritario semipluralista de tipo «portugués», no de cuño fascista o «italiano». Y Mola concluía que el «Directorio se comprometerá, durante su gestión, a no cambiar en la Nación el régimen republicano, mantener en todo las reivindicaciones obreras legalmente logradas» y a «crear un Estado fuerte y disciplinado». La Constitución de 1931 sería suspendida y se constituiría un «Parlamento Constituyente», elegido por votantes provistos de un «carné electoral», al que no accederían ni los analfabetos ni los criminales. Quedarían algunos vestigios de liberalismo como la «separación de la Iglesia y el Estado, libertad de cultos y respeto a todas las religiones». Una serie de comisiones regionales trabajarían para solucionar el problema agrario, «sobre la base del fomento de la pequeña propiedad», pero permitiendo «la explotación colectiva donde ella no fuera posible»[2].

Para Mola, el principal problema radicaba en el propio Ejército, porque la mayoría de los oficiales no estaban dispuestos a involucrarse en empresas desesperadas que fácilmente podrían conducirlos a la ruina. El régimen republicano aún no había caído en manos de revolucionarios y la Constitución seguía siendo la ley, aunque estuviera cada vez menos vigente. Gran parte de los militares parecían estar dispuestos a seguirle el juego a Azaña: pasados unos cuantos meses, los revolucionarios podrían moderarse y la crisis amainaría. Durante la generación anterior, el activismo militar había resultado catastrófico, lo cual hacía que la mayoría de los oficiales estuvieran todavía menos ansiosos de volver a saltar a la palestra. Además, la feroz propaganda de la izquierda dejaba claro que a los rebeldes derrotados no se les trataría con la misma indulgencia que en ocasiones anteriores. Así que muchos posibles sublevados, como el general Franco, solo se comprometerían cuando consideraran que era realmente más peligroso no levantarse en armas que hacerlo, situación esta que no maduró hasta mediados de julio.

La conexión con las asociaciones civiles era escasa. Ni los monárquicos ni la CEDA disponían de fuerzas paramilitares y, para Mola, ambos grupos eran unos fracasados poco fiables. Aunque en la conspiración no participaron dirigentes de ninguna formación de derechas, en los últimos días Gil Robles ofreció apoyo económico a Mola y ordenó a sus seguidores de la CEDA que colaboraran totalmente con el Ejército si se producía un levantamiento armado.

Entre los involucrados en la acción directa, el principal grupo antiizquierdista era Falange, pero su carismático y joven líder, José Antonio Primo de Rivera, no confiaba en el Ejército y hasta el 29 de junio no aceptó involucrarse plenamente en la sublevación militar, pero limitando la cooperación a los siguientes once días. Los carlistas sí tenían un contingente paramilitar de voluntarios, pero el 9 de julio su negativa a aceptar los presupuestos políticos de Mola llevó a este a pensar que la conspiración acabaría en fracaso y que él se vería obligado a cruzar disfrazado los Pirineos.

Franco, uno de los principales mandos militares, se mostró remiso. Aunque monárquico de convicción, en 1931 había aceptado la necesidad de una «evolución» política más democrática, identificándose posteriormente con el centro y la derecha moderada. Su papel como coordinador de las operaciones militares contrarrevolucionarias en la Asturias de 1934 y su actitud posterior como jefe del Estado Mayor durante el Gobierno de Gil Robles entre 1935-1936 le convirtieron en un hombre marcado para la izquierda, y durante varios meses en parte había esperado que le detuvieran, algo que no ocurrió. En su nuevo puesto de comandante general de Canarias recibió clases particulares de inglés, bromeando con su esposa y su hija con que el estudio de idiomas le daría algo que hacer en la cárcel. Su consejo para Mola fue que solo se recurriera a la sublevación armada en caso de extrema necesidad, puesto que, en su opinión, la situación no era desesperada. Durante algunos meses la conspiración siguió su camino sin Franco.

En realidad, él, como la mayoría de los conjurados, estaba practicando un doble juego. El 23 de junio escribió una carta personal a Casares Quiroga, insistiendo en que el Ejército era mayormente leal (algo probablemente correcto en ese momento), pero instando al presidente del Gobierno a que adoptara una política de mayor respeto hacia el estamento castrense y hacia el orden público. No hubo respuesta y en esa época fue cuando Franco indicó por primera vez que aceptaría participar en el levantamiento, aunque las dudas todavía le carcomieran. Parece que el 12 de julio todavía estaba enviando un mensaje urgente a Mola para decirle que aún no había llegado el momento de sublevarse.

Muchos oficiales solo actuarían si se lo mandaban directamente sus superiores, algo improbable, porque casi todos los puestos de mando se habían depositado en manos de generales susceptibles de rechazar la sublevación. Además, la organización de la misma seguía adoleciendo de fundamentos principalmente preventivos. Parecía que solo se podría organizar con éxito una contrarrevolución ante una amenaza revolucionaria madura; sin embargo, no había indicios de que la extrema izquierda fuera a promover una toma directa del poder. El desorden económico era grande, en ciertas zonas la violencia era considerable y el Gobierno dejó más claro que nunca que no sería imparcial y que no se impondría la ley. Sin embargo, la izquierda estaba dividida y no existía ninguna acción revolucionaria cuyo objetivo fuera la toma del poder.

En esas circunstancias, el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo tuvo un efecto electrizante, proporcionando el catalizador para transformar una renqueante conspiración en una poderosa sublevación que podría desatar una guerra civil de grandes proporciones, aunque pocos previeran la magnitud del conflicto posterior. Quien mejor ha descrito el impacto de ese hecho fue el capitán Jesús Pérez Salas, que se mantendría fiel a la República hasta el final:

A mediados del mes de julio llegó por fin el motivo que anhelaban las derechas españolas y que había de decidir el levantamiento militar. Este motivo fue el asesinato del señor Calvo Sotelo. No sé de quién pudo partir la idea de cometer semejante atropello; pero sí diré que ni elegido por los rebeldes podían haberlo hecho mejor los que lo cometieron. Debió ser inspirado por alguien que tenía un gran interés en que el ejército se sublevara…Si aplicándole la ley del Talión los allegados, compañeros o correligionarios del teniente Castillo hubiesen disparado contra Calvo Sotelo en la calle o donde lo hubiesen encontrado, solo hubiera sido un acto más de terrorismo, que se sumaba a los muchos que se habían llevado a cabo aquel verano. La impresión que este acto hubiera causado en el Ejército habría sido desde luego deplorable, y como consecuencia, habría constituido un paso más hacia la intervención de este en el levantamiento. Por la personalidad de Calvo Sotelo, ex ministro de la Dictadura, su muerte hubiera sido hábilmente explotada para llevar al ánimo de la oficialidad la absoluta impotencia del gobierno para evitar atentados de esta naturaleza. Pero en forma alguna pudiera haber constituido la gota de agua que hizo rebosar el vaso. Tal fue, en realidad, el efecto que produjo al conocerse este asesinato; pero cuando fueron revelados sus detalles y se supo que habían intervenido en el mismo las fuerzas de Orden Público, la reacción fue tremenda… Es inútil tratar de restar importancia al hecho. Si las fuerzas de Orden Público, en las que descansan los derechos y la seguridad de los ciudadanos, son capaces de ejecutar actos de esa naturaleza, prueban evidentemente su falta de disciplina y olvido de su sagrada misión… Quizá hubiera podido evitarse la acción posterior del ejército mediante una rápida y enérgica intervención del Gobierno republicano, castigando con dureza a los ejecutores y, sobre todo, expulsando del Cuerpo de Seguridad al núcleo contaminado, para dar así la sensación al país de que el gobierno se hallaba dispuesto a terminar con el terrorismo de cualquier parte que este procediese[3].

Sin embargo, como ya se ha indicado, el Gobierno no hizo tal cosa y no tomó medidas eficaces, quizá en parte por el veto de los socialistas, que protegieron a los asesinos, salidos principalmente de sus propias filas.

La reacción que esto suscitó fue espectacular. Ya parecía más peligroso no sublevarse que hacerlo. Pocas horas después de conocer la noticia, Franco cambió de idea y envió un mensaje a Mola trasladándole su apoyo firme a una inmediata sublevación. Dos días después, los líderes carlistas comprometían también por primera vez todas sus tropas en la conjura.

Durante los treinta años siguientes, partidarios de la sublevación militar esgrimirían documentos falsos para afirmar que el asesinato de Calvo Sotelo no era más que el preludio de un complot comunista para tomar el poder unas semanas después. Sin embargo, no había ningún plan concreto a ese respecto. Aunque hubieran querido, los comunistas eran demasiado débiles para hacer tal cosa. Pero todos los grupos revolucionarios habían proclamado que los días del régimen parlamentario estaban contados y que esperaban que en un futuro próximo se estableciera un régimen revolucionario, posición esta que se perfiló y en alguna ocasión describió con detalle en múltiples declaraciones públicas. Nadie sabe qué habría ocurrido en realidad si los militares no se hubieran sublevado.

Posteriormente se especuló mucho con las razones que explicaban que el Gobierno republicano de izquierdas no hubiera tomado medidas más expeditivas para impedir la sublevación, algo que Franco en cierto modo esperaba. La conspiración no era precisamente un secreto. El Gobierno desconocía pormenores esenciales, pero ciertos contactos civiles importantes habían sido detenidos y se había identificado a algunos de los participantes directos en el complot, aunque no a Mola. En realidad, el Gobierno había tomado bastantes medidas para imponer la disciplina en el Ejército. Había cambiado a casi todos los altos mandos y gran parte de los generales con cargos de responsabilidad eran, y así lo demostrarían los hechos, leales a la República. Miles de civiles derechistas habían sido detenidos, a menudo por razones poco sólidas, y también varios oficiales, y algunos de los principales conspiradores estaban bajo vigilancia, aunque fuera parcial.

Azaña y Casares Quiroga tenían razones de peso para no ir más allá. La «apuesta de Azaña», consistente en explotar una alianza con la izquierda revolucionaria para defender una República parlamentaria no revolucionaria, pero sí izquierdista, constituía un riesgo dudosamente calculado que situaba al Gobierno entre dos fuegos. Era una política que se basaba en el mantenimiento del Frente Popular, pero el Gobierno siempre corría el peligro de convertirse más en su prisionero o rehén que en su aliado. No había que descontar por completo la posibilidad de ruptura con la izquierda revolucionaria, aunque Azaña y Casares Quiroga estaban decididos a no ser responsables de precipitarla. Sin embargo, de producirse esa ruptura, solo se podría neutralizar del todo a los revolucionarios en las calles si en los cuarteles había un ejército relativamente fuerte. Por otra parte, los republicanos de izquierda desdeñaban políticamente a los militares, considerándolos un tigre de papel.

En consecuencia, Azaña y Casares creían en la sensatez de su política respecto al Ejército. Se habían tomado algunas medidas y bien podía ser que el peligro de las derechas —consideradas una fuerza agotada, ya en el basurero de la historia— estuviera sobrevalorado. Para el Ejército, lo más fácil habría sido actuar entre octubre de 1934 y febrero de 1936, cuando la izquierda estaba impotente, pero nada se había hecho entonces. Según el Gobierno, una política de neutralización de los militares más enconada habría podido cristalizar una determinación meramente latente, dejando al mismo tiempo al Gobierno indefenso frente a la extrema izquierda. Era tan frecuente que esta calificara el papel del Gobierno como de «Kerensky español» que, según las memorias de un socialista, Casares Quiroga colocó una fotografía del líder ruso en su oficina para recordar que debía evitar su suerte. En junio se tomaron varias medidas para relajar las tensiones con el Ejército, pero esos gestos no supusieron ningún cambio real de política. Sin embargo, al llegar el mes de julio el Gobierno comenzó a considerar inevitable algún tipo de reacción violenta castrense, aunque siguiera sin ver en ella una gran amenaza.

Hay testimonios que indican que el 10 de julio Casares Quiroga informó por primera vez a su consejo de ministros de la existencia de una conjura militar, que podría estallar en las cuarenta y ocho horas siguientes. Casares podría haber abortado la acción mediante detenciones inmediatas, pero, al carecer de pruebas concluyentes respecto a los cabecillas, no podría haberlos sometido a un proceso judicial eficaz. Esas sutilezas no fueron un obstáculo en el caso de los falangistas y los civiles de derechas, pero el Gobierno sí creía necesario tratar al Ejército con una corrección constitucional que no solía dispensar a los civiles. De ahí la decisión de esperar a que explotara la rebelión, para después aplastarla por completo. En realidad, el Gobierno se tomaba más en serio la posibilidad de otro levantamiento anarquista o incluso la táctica que entonces seguían los comunistas de infiltrarse en el cuerpo de suboficiales. Parece que la última advertencia que dirigió a los mandos militares españoles en Marruecos tenía que ver tanto o más con esa infiltración como con el peligro de abierta sublevación militar.

El plan pergeñado por Mola seguía una peculiar sucesión de fases: la sublevación se iniciaría en el Protectorado marroquí y en el sur de España entre el 17 y 18 de julio, y en las siguientes cuarenta y ocho horas se produciría el levantamiento en el resto de las plazas peninsulares. Era una táctica extrañamente dilatoria, más propia de un pronunciamiento decimonónico que de un golpe de Estado del siglo XX, pero Mola no tenía esperanzas de poder llevar a cabo un puro y simple golpe de Estado. Llegó a la conclusión de que los rebeldes no tendrían fuerza suficiente para hacerse con las ciudades principales, sobre todo con Madrid, y que más bien debían acometer una insurrección general que después se centrara en la toma de la capital y otros baluartes izquierdistas. Se calculaba que toda esa operación se prolongaría durante no más de dos semanas.

El prematuro descubrimiento de la conjura la precipitó en Marruecos poco antes de las 5 de la tarde del viernes 17 de julio. Casares Quiroga ordenó inmediatamente al comandante principal del protectorado que sofocara con mano dura la rebelión y convocó una reunión del consejo de ministros para esa misma noche. Según la mayoría de los testimonios, al día siguiente admitió que los rebeldes podrían hacerse con todo el Protectorado marroquí, pero no se equivocó al pronosticar que una Armada leal impediría que las unidades de combate más veteranas llegaran a la península. Casares parecía confiar en que cualquier rebelión que tuviera lugar en la península podría sofocarla el Gobierno con sus propias fuerzas. Decidido a no ser un nuevo Kerensky, rechazó todos los llamamientos que instaban a «armar al pueblo».

Desde la noche del 15 de julio se habían visto algunas patrullas socialistas y comunistas en las calles de Madrid, en tanto que la CNT había comenzado a enviar las suyas todavía antes a Barcelona. Sin embargo, ninguno de los movimientos obreros tenía una milicia paramilitar de peso y veía en el Gobierno la fuente principal de armamento, aunque en Barcelona la CNT ya había comenzado a buscarlo más seriamente. Solo los comunistas, a pesar de que su objetivo era evitar la guerra civil, estaban mejor preparados para la misma gracias a las MAOC.

El día dieciocho, cuando la sublevación se iba lentamente extendiendo, la UGT convocó una huelga general. Cuarenta y ocho horas antes, Largo Caballero había proclamado la necesidad de constituir un «ejército rojo» revolucionario y al llegar la tarde del 18 él y otros líderes revolucionarios exigían cada vez con más insistencia que el Gobierno armara a los obreros. Casares siguió negándose, al igual que Lluís Companys, presidente de la Generalitat catalana. Se dice que el presidente del Gobierno afirmó que se ejecutaría a cualquier oficial que entregara armas. Casares convocó una reunión de urgencia en torno a las 6 de la tarde del día 18, a la que asistieron los socialistas y otros dirigentes del Frente Popular, que volvieron a exigir la entrega de armas. Una vez más, Casares se negó.

Aunque la mayoría de las unidades militares no se unieron a la sublevación ese día, esta comenzó a extenderse por algunas zonas de Andalucía, lo cual indicaba que otras pudieran estar en disposición de hacerlo también. Seguía sin estar clara la magnitud de la sublevación, pero cada vez había más indicios de que la apuesta por una rebelión débil tenía las de perder. Cada hora que pasaba era mayor la presión sobre el Gobierno de Casares y en torno a las 10 de la noche, ante su fracaso en todos los frentes, este dimitió.

Enfrentado a una crisis que no esperaba tan grave, Azaña decidió de repente cambiar de rumbo, aunque fuera con una semana de retraso. Decidió llegar a una reconciliación limitada con el centro e incluso, hasta cierto punto, con la derecha moderada, algo que podría haber funcionado de haberlo intentado unos pocos días antes. Autorizó a Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y líder de Unión Republicana, el partido más moderado del Frente Popular, a postularse para el puesto de presidente del Gobierno para intentar formar una amplia coalición de todos los partidos republicanos de izquierda y centro-izquierda, que solo dejara fuera al PCE y al POUM. Parece que Martínez Barrio era el único líder importante de la izquierda republicana que había comprendido realmente la importancia del asesinato de Calvo Sotelo y el único que había hecho gestos conciliadores a la derecha. Parece que se le autorizó a pergeñar un acuerdo moderado que sirviera para sofocar la sublevación, restaurando de manera general el orden. Implícitamente, ese Gobierno habría supuesto el fin del Frente Popular, al incluir a elementos más moderados, algo por lo que Sánchez Román venía abogando desde hacía semanas, viendo en esa medida la única posibilidad de pervivencia del sistema parlamentario. El problema al que se enfrentó Martínez Barrio la noche del 18 al 19 de julio era que, por definición, cuando algo ya se ha puesto en marcha, es demasiado tarde para tomar medidas que lo eviten. Sánchez Román aceptó participar en las negociaciones y parece que fue el principal asesor de Martínez Barrio durante las siguientes horas. Por otra parte, Miguel Maura se negó a participar aduciendo que Azaña había esperado demasiado tiempo y que la situación estaba fuera de control, y los hechos le dieron la razón. Indalecio Prieto también tuvo que rechazar la invitación por las instrucciones que recibió del comité ejecutivo del PSOE, pero, incurriendo en una contradicción típica de él y a título personal, prometió apoyar las iniciativas desde fuera del nuevo Gobierno.

En torno a las 4 de la mañana del 19 de julio Martínez Barrio comenzó a ponerse en contacto telefónico con los mandos de las regiones militares. Aunque no logró hablar con todos, sí constató que varios de los leales a la República estaban siendo depuestos por jóvenes oficiales sublevados. Consiguió hablar con Mola, que cinco días antes había enviado a un oficial para que intentara hablar con el ministro de la Gobernación, aunque se desconoce con qué objeto. Posteriormente, la principal polémica sobre la iniciativa del nuevo presidente del Gobierno tendría que ver con las condiciones en que se desarrolló su conversación con Mola. Martínez Barrio declaró que se había limitado a asegurar al militar que el nuevo Ejecutivo reinstauraría el orden, pidiéndole que no se sublevara. Otras fuentes afirman que fue mucho más lejos, llegando incluso a sugerir la posibilidad de un acuerdo político en virtud del cual los militares podrían nombrar a los titulares de los ministerios de la Guerra, Marina y Gobernación. Los datos disponibles apuntan que sí se discutió algún tipo de acuerdo y resulta irónico que, una semana antes, un arreglo mucho más limitado podría haber evitado la crisis.

Mola rechazó cualquier tipo de acuerdo, contestando que ya era demasiado tarde. Los sublevados habían jurado no dejarse disuadir por ningún acuerdo o pacto político una vez iniciada la sublevación. El presidente había acabado haciendo lo que tendría que haber hecho mucho antes, pero su iniciativa se topó con el rechazo de plano de los alzados, cuya posición convertía en inevitable una guerra civil, del tipo que fuera.

El gran acuerdo se había intentado demasiado tarde, pero, por el momento, el nuevo presidente del Gobierno siguió tratando de crear su coalición de centro-izquierda, concluyéndola en torno a las 5 de la madrugada del 19 de julio. Sus principales lugartenientes eran Sánchez Román y Marcelino Domingo. En la nueva coalición había cinco ministros de la propia Unión Republicana, tres de la Izquierda Republicana azañista, uno de Esquerra y un general moderado, José Miaja, en el Ministerio de la Guerra. La coalición marcaba un ligero viraje hacia el centro-derecha, pero seguía promoviendo un Gobierno en minoría, no una amplia coalición centrista de unidad nacional.

El objetivo del Ejecutivo de Martínez Barrio era mantener el orden constitucional, sin ceder ni ante los sublevados de derechas ni ante los revolucionarios de izquierdas. Probablemente sus líderes no supieran que en Madrid, por lo menos dos oficiales de izquierdas ya habían comenzado a entregar armas a los revolucionarios. Tanto Martínez Barrio como Sánchez Román se oponían a esa entrega, insistiendo en que abriría la puerta a la revolución y la anarquía. Posteriormente, el segundo declararía que le dijo al nuevo presidente del Gobierno que esa era una medida «militarmente ineficaz y preñada de peligros inconcebibles»[4]. Parece que Martínez Barrio estuvo de acuerdo. Su Gobierno representaba la última oportunidad de mantener la integridad de la República. Dado que en la madrugada del día 19 de julio la mayoría de las unidades militares, así como las de la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, no se habían unido a la sublevación, un Gobierno republicano responsable todavía podría haber contenido la insurrección y restablecer el orden.

Sin embargo, al llegar el amanecer, los ministros de Martínez Barrio no solo habían sido repudiados por los sublevados sino por gran parte de la izquierda, incluyendo el sector más radical del propio partido de Azaña. En ocasiones se atribuye al director de Política, órgano oficial de la Izquierda Republicana azañista, la responsabilidad de organizar el apoyo de militantes de su partido a una manifestación que, con participación también de los socialistas, exigió a primera hora de la mañana la dimisión inmediata del nuevo Ejecutivo. Para Martínez Barrio, que solo había dormido alrededor de una hora en las últimas cuarenta y ocho, esta fue la gota que colmó el vaso, y en torno a las 8 de la mañana dejó de esforzarse, lanzando posteriormente la acusación de que «el Gobierno de Martínez Barrio había muerto a manos de los socialistas de Caballero, de los comunistas y también de republicanos irresponsables»[5]. Posteriormente añadiría que la indecisión, la desorientación y el miedo a tomar decisiones heroicas habían conseguido que el principal enemigo del Gobierno no fuera la sublevación militar sino los propios republicanos[6].

Las maniobras del propio Azaña y de sus asesores más cercanos los habían colocado en una posición en la que tenían que elegir entre tres opciones: 1) rendirse a los sublevados como había hecho Alfonso XIII en 1931 y otros Gobiernos españoles ante otros pronunciamientos, golpes de Estado o insurrecciones del siglo XIX; 2) intentar mantener el sistema político utilizando lo que quedaba de sus fuerzas de seguridad para sofocar la insurrección (parece que ese fue su plan inicial) o 3) ceder ante los revolucionarios «armando al pueblo», lo que también agravaría la guerra civil. En 1931 Alfonso XIII había declarado que no quería desatar un enfrentamiento civil, pero en ese momento la derecha era tan débil que en realidad no había peligro de que lo hubiera. Por el contrario, en julio de 1936 la radicalización había llegado a tal punto que los revolucionarios estaban decididos a resistir costara lo que costara, de manera que habría sido enormemente difícil poner en marcha la primera opción, en tanto que la aplicación única de la segunda de repente comenzó a parecer dudosa. En consecuencia, Azaña y sus colegas trataron de nadar entre dos aguas, aplicando a la vez la segunda y la tercera.

Después del descalabro de su única y tardía iniciativa conciliadora, en parte por los radicales de su propio partido, Azaña retomó inmediatamente su fracasada política anterior, formando otro Gobierno en minoría de republicanos de izquierda que, encabezado en esta ocasión por el profesor de química José Giral, era fundamentalmente una versión más izquierdista del Ejecutivo de Casares Quiroga. Aunque el Gobierno de Giral tomó medidas para resistir junto a las fuerzas de seguridad aún leales a la República, al contrario que Casares, no era reacio a otorgar más poder a los revolucionarios y comenzó a «armar al pueblo», posibilitando así la constitución de nuevas milicias revolucionarias que no tardarían en hacerse con el poder de facto y en acentuar el enfrentamiento civil. Así se fomentó la aparición de un poder dual en ciertos aspectos similar al de la Rusia revolucionaria de marzo a noviembre de 1917. En el caso español la situación se prolongó durante más de seis semanas, hasta que en la primera de septiembre se constituyó un nuevo Gobierno de coalición revolucionario presidido por Largo Caballero. Los socialistas revolucionarios creían haber logrado su objetivo, aunque fuera en circunstancias mucho más difíciles de las que nunca hubieran contemplado en su discurso anterior sobre la guerra civil.

No tardó en quedar claro que la sublevación no era flor de un día sino una gran iniciativa que, destinada a derrocar a la izquierda, decidiría la suerte del país durante bastante tiempo. El Gobierno no se había equivocado al considerar que gran parte de los generales en activo eran leales y muy pocos se unieron a la rebelión. De los grandes generales en activo, solo lo hicieron Franco y Miguel Cabanellas, al mando de una división de Zaragoza. De los veinticuatro principales, solo cuatro participaron en la sublevación, pero sí se unió a la misma una minoría algo más nutrida de generales de brigada, además de otros generales retirados. Dos generaciones después, a la sublevación militar registrada durante la revolución portuguesa de 1974 se la llamaría «insurrección de los capitanes», porque contó con poco apoyo (y mayormente la oposición) de los generales más veteranos. Lo mismo podría decirse de la sublevación española del 18 de julio, porque en muchas guarniciones el papel de los oficiales de rango medio y subalternos fue decisivo. De los últimos, la mayoría habían sido prorrepublicanos en 1931, pero cinco años después se habían pasado al otro bando[7].

En ese momento había menos de 90.000 hombres en armas en los cuarteles de la península, porque muchos reclutas de reemplazo tenían permiso de verano. De estos, menos de la mitad pertenecían a unidades que se unieron a la rebelión, pero lo fundamental no eran los reclutas, sino los aproximadamente 30.000 hombres que integraban las fuerzas destacadas en el Marruecos español, de los cuales unos 20.000 eran voluntarios españoles y marroquíes en las unidades especializadas de la Legión y los Regulares. Eran la única fuerza de combate con experiencia que tenía el Ejército y sus mandos la pusieron totalmente a disposición de los sublevados. Sin embargo, al principio, su participación fue problemática porque dos tercios de la Armada, incluyendo todos los buques de guerra del Mediterráneo, salvo uno, se mantuvieron leales al Gobierno, bloqueando la salida de África de las tropas de élite.

Si tenemos en cuenta que las fuerzas armadas españolas eran en gran medida un contingente débil, compuesto por reclutas de reemplazo, de casi igual importancia eran los aproximadamente 67.000 hombres de los cuerpos de orden público (guardias civiles, de asalto y carabineros, estos últimos destinados principalmente en la aduanas). Esas fuerzas de seguridad carecían de armamento pesado, pero sus integrantes eran fruto de una selección mucho más cuidadosa que la de los reclutas militares. La izquierda conservaba el apoyo de más de la mitad de las fuerzas de seguridad, que desempeñaron un papel todavía más fundamental que las nuevas milicias revolucionarias en el aplastamiento de la rebelión en Madrid, Barcelona y otros lugares. Además, gran cantidad de depósitos de armas y municiones (con la excepción parcial de la artillería) también seguía en manos de la izquierda. En algunas provincias no hubo ningún tipo de sublevación y en otras, la que hubo fue aplastada en cuestión de días.

La rebelión dependía principalmente de que los sublevados contaran con líderes resueltos y con unidad de acción. Donde hubo ambas cosas, al principio triunfaron, incluso cuando sus recursos eran inferiores. Por el contrario, allí donde faltaban líderes y unidad, unas fuerzas militares considerables pero fragmentadas no lograron hacerse con el control de la situación. A finales de la primera semana, los sublevados apenas dominaban un tercio de la España peninsular, situado principalmente en una amplia franja territorial del Norte conservador y una extensión mucho más reducida del Sur, en torno a Sevilla y Cádiz. La división dentro del Ejército (en gran medida, tal como Franco había previsto) imposibilitó el triunfo del golpe de Estado, creando las bases para una guerra civil, que, sin embargo, en sus primeras fases, los rebeldes parecían tener pocas posibilidades de ganar. El embajador italiano informó a Mussolini de que la sublevación había fracasado, en tanto que Franco, que el 19 de julio había hecho unas primeras declaraciones por radio, manifestó su confianza en la victoria final, pero haciendo un llamamiento a tener «fe ciega en el triunfo». Era una fe necesaria, porque no saltaba a la vista con qué medios se podía obtener esa victoria.

Desde el punto de vista económico, los republicanos mantenían una enorme ventaja, ya que controlaban cinco de las siete ciudades principales y gran parte de las zonas industriales (entre ellas prácticamente todas las fábricas de armamento y munición), además de las imprescindibles reservas de oro y plata del Banco de España. A pesar de que España era un país en general subdesarrollado, sus reservas de oro eran las cuartas más cuantiosas del mundo. El 9 de agosto Indalecio Prieto, en una alocución radiofónica retransmitida desde Madrid, proclamó que la victoria de la izquierda era inevitable:

Una guerra no es simplemente heroísmo… Si la guerra, cual dijo Napoleón, se gana principalmente a base de dinero, dinero y dinero, la superioridad financiera del Estado, del gobierno y de la República, es evidente... Con los recursos financieros totalmente en manos del Gobierno, con los recursos industriales de la nación, también totalmente en poder del Gobierno, podría ascender hasta la esfera de lo legendario el valor heroico de quienes tan impetuosamente se han lanzado en armas contra la República, y aún así… serían inevitable, inexorable, fatalmente vencidos.

Al principio, la izquierda contaba aproximadamente con la mitad del ejército de tierra de la península, dos tercios de la Armada, el grueso de las fuerzas aéreas y casi dos tercios de las de seguridad. En consecuencia, durante las primeras semanas las probabilidades parecían estar más a su favor y quizá ese fue el único momento en el que podrían haber obtenido una victoria rotunda. Lo que salvó a la derecha durante esas primeras semanas no fue solo la propia decisión con que afrontaron sus combates, sino el hecho de que «armar al pueblo» no creó una nueva y fiable fuerza de milicias, ya que simplemente abrió las compuertas del desastre. Una minoría de los izquierdistas más valerosos o idealistas constituyó unidades de milicianos dispuestas a luchar contra los rebeldes, pero, en general, estaban más entregados a la labor de hacerse con el control de la economía, lanzándose a una orgía de detenciones, ataques a iglesias, asesinatos en masa, incendios y actos de pillaje. Al principio, la realidad fundamental de lo que pasó a denominarse «zona republicana» fue la de una revolución violenta. Una paradoja del desastre español fue que, en tanto que los rebeldes habían intentado dar un golpe preventivo para hacerse con el poder antes de que estallara realmente una revolución, la reacción del Gobierno republicano fue la de posibilitar precisamente esa revolución, que comenzó a extenderse en casi dos tercios de España. El tercero y más concluyente aspecto de esa paradoja fue que, a su vez, la revolución ayudó a salvar la causa de los sublevados, porque su fijación en las atrocidades y el pillaje desvío una enorme cantidad de energías del conflicto militar, en tanto que los horrores de la revolución violenta que estaba teniendo lugar hicieron que las simpatías de gran parte de las clases medias y medias-bajas, así como las de casi todos los católicos, bascularan hacia el bando sublevado, al que apoyaron masivamente en algunas partes del país.

Prieto alardeaba de la fortaleza del Gobierno, pero en realidad la revolución lo dejó enormemente debilitado. La frustrada constitución del Gobierno de Martínez Barrio había demostrado que para Azaña lo prioritario era no caer en las garras de los revolucionarios, aunque entre 1933 y 1936 hubiera desplazado a su propio partido, Izquierda Republicana, cada vez más escorado hacia la izquierda. Sin embargo, si la alternativa era convertirse en prisionero de los militares y de la odiada derecha, Azaña prefería la opción de Kerensky, que para él era la menos mala, aunque posteriormente reconociera que haber dado poder a la revolución había proporcionado una especie de justificación a las acciones de los rebeldes. Como diría ya en plena contienda:

Mientras mantengamos contra los rebeldes la República legal, todos los yerros estarán de su parte. Si nos empeñásemos en mantener contra ellos y hacerles acatar ahora una revolución, su culpa original subsistiría, agravada por el estallido revolucionario que han provocado, pero tendrían derecho a desconocerla y no servirla[8].

Los republicanos de izquierda se irían viendo cada vez más relegados durante el curso de la guerra y su labor principal sería la de mantener en el exterior la ficción de que en España seguía existiendo una República democrática.

En Madrid, el nuevo Gobierno de Giral, en contra de lo que muchos han señalado, no «desapareció», pero su autoridad menguó enormemente, porque en casi todas las poblaciones el poder de facto cayó en manos de revolucionarios. El resultado fue una caótica confederación izquierdista que inicialmente tuvo una autoridad de lo más limitada. De poca ayuda fue que la mitad de las unidades militares de la península no se hubieran sublevado. Siguiendo el guión concebido solo pocos días antes por Largo Caballero, el Gobierno disolvió oficialmente todas las unidades militares rebeldes, lo cual no tuvo repercusión alguna sobre los sublevados y no hizo más que debilitar la disciplina en las unidades leales. La mayoría se consideraban tan sospechosas que también fueron disueltas, de modo que solo quedaron poco más de 10.000 hombres organizados para combatir en defensa de la izquierda. En las primeras semanas, el Gobierno y los líderes revolucionarios constituyeron columnas de combate integradas por los restos de las unidades militares leales, de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, y por milicianos voluntarios. La eficacia militar de esas unidades fue diversa, aunque en general escasa. Los milicianos, al carecer de experiencia, de formación, de mandos competentes y de disciplina, tenían un reducido potencial de combate. Con una paga diaria de 10 pesetas, eran la infantería mejor pagada del mundo, pero en general carecían de cohesión. Cuando la resistencia rebelde era escasa, conseguían conquistar algunas zonas, pero cuando los sublevados mostraban cierta energía, lo normal era que los republicanos se detuvieran o replegaran.

Los nacionales, como no tardaron en hacerse llamar los sublevados[9], también constituyeron columnas de fuerzas mixtas, en las que sin embargo tenían más peso las unidades del Ejército regular y menos las de la Guardia Civil, que, allí donde se unió a los sublevados, fue destinada más frecuentemente a labores policiales en la retaguardia. En el Norte, los nacionales no tardaron en recurrir a los 20.000 requetés carlistas, un contingente mucho menor que el de los milicianos revolucionarios, pero mucho más disciplinado, decidido y presto para el combate, además de más dispuesto a luchar hasta la muerte. También se fue incorporando a la lucha un número creciente de falangistas, cuyo número acabaría acercándose al de los revolucionarios, pero su eficacia militar fue diversa. Algunos se incorporaron a columnas de combate, otros fueron enviados a la retaguardia y a desempeñar labores de seguridad. En consecuencia, la calidad militar de las columnas nacionales también fue dispar e igualmente limitada. Lograron ocupar una extensión considerable en el Norte, donde gran parte de la población les era favorable, pero no pudieron adentrarse mucho en las principales regiones izquierdistas. En el Norte, las fuerzas sublevadas, al mando de Mola, no iban a ser capaces de derrotar a los republicanos por sí solas, y pasados los primeros días de combate su comandante se desanimó, aunque en público no dejara de mostrarse enérgico y decidido. La única posibilidad de alcanzar la victoria residía en las tropas de élite que estaban al mando de Franco en Marruecos, que sin embargo estaban bloqueadas por la Armada republicana. Si Franco no conseguía resolver ese problema, parecía probable que la brevísima guerra civil que ambos bandos habían anticipado se convirtiera en realidad.

5

LA BATALLA DE MADRID: PRIMER PUNTO DE INFLEXIÓN

Franco partió de las Canarias el 18 de julio en avión y al día siguiente llegó al Marruecos español para asumir el mando de las principales fuerzas allí estacionadas. Había comenzado a granjearse reputación como oficial en el campo de batalla durante las largas y arduas campañas que entre 1912 y 1926 se libraron en el protectorado para sofocar la insurgencia local, y su prestigio entre los militares de la zona no tenía parangón. Desde el principio, todo el protectorado cayó en poder de los sublevados, proporcionándoles una base militar y las únicas unidades del Ejército prestas para el combate. Los líderes de la sublevación comenzaron inmediatamente el traslado de tropas a la península, pero durante las primeras veinticuatro horas, antes de que la Armada republicana estableciera un bloqueo, solo lograron trasladar a 700 hombres.

En cuanto Franco se unió a la sublevación, asumió un papel preponderante en la misma, algo que acentuó todavía más el hecho de que su teórico jefe supremo, el general José Sanjurjo, muriera en un accidente de avión el 20 de julio cuando intentaba trasladarse desde su exilio portugués a la llamada «zona nacional». A continuación, el 23 de julio, Mola creó en Burgos, para que rigiera los destinos de los sublevados, una Junta de Defensa Nacional presidida por el general Miguel Cabanellas, el más veterano de los comandantes rebeldes. Franco no se unió oficialmente a la misma hasta el 3 de agosto, pero desde el principio asumió el mando en Marruecos, tomando la iniciativa tanto militar como diplomática.

Con el fin de trasladar a sus tropas a la península, Franco estableció el primer puente aéreo militar de la historia. Pero, al solo tener a su disposición nueve pequeños aviones, el número de hombres que podía trasladar diariamente, aun con varios vuelos diarios, era escaso. Necesitaba más aviones y los necesitaba pronto, porque los sublevados de la península precisaban con urgencia armas y municiones con los que librar un combate más largo y difícil de lo esperado. Antes del alzamiento, los escasos y poco decididos intentos de los conspiradores por buscar ayuda en el extranjero habían fracasado por completo. Ahora la asistencia era urgente y entre el 22 y el 24 de julio Franco envió a sus propios delegados ante los dos Gobiernos que con más probabilidad podían ayudarle a derrocar un sistema político izquierdista consolidado: la Alemania nazi y la Italia fascista. Mola envió emisarios con ese mismo objetivo. Los representantes de Franco tuvieron éxito en Alemania y lo mismo ocurrió en Italia, pero con una iniciativa conjunta. Entre el 26 y el 27 de julio, Hitler y Mussolini, cada uno por su lado, acordaron enviar en cuanto fuera posible pequeñas cantidades de aviones y armas.

A finales de julio Franco dispuso de nueve bombarderos de tamaño medio italianos, seguidos enseguida por un escuadrón de aeronaves de transporte Junkers 52 alemanas, que también servirían de bombarderos. Durante las primeras dos semanas de puente aéreo, es posible que 1.500 hombres cruzaran en avión el estrecho, y el 5 de agosto un pequeño convoy esquivó el bloqueo, con el inestimable apoyo aéreo de Italia. Esta operación y otras pocas pequeñas naves que también consiguieron superar el bloqueo trasladaron a otros 3.000 hombres, además de bastantes equipamientos vitales. Fue una atrevida operación que tenía todas las posibilidades de haber sido aplastada por la flota republicana, que demostró una torpeza infinita. No cabe duda de que esta fue la única ocasión de toda la guerra en la que Franco, percibiendo que no tenía otra alternativa, asumió un gran riesgo. Le salió bien, pero nunca hizo nada parecido. A continuación, el puente aéreo se intensificó con el concurso regular de aviones alemanes e italianos, de manera que a finales de septiembre, cuando el bloqueo se había prácticamente abandonado a causa de otro enorme error de cálculo republicano, Franco había trasladado a un total de 16.000 hombres. Los demás, junto a nuevas unidades de voluntarios (principalmente marroquíes) cruzaron el estrecho en octubre.

Fue una lenta concentración de tropas, tan lenta que, de no ser por la desorganización y debilidad de las fuerzas republicanas, habría fracasado por completo. A comienzos de agosto, Franco trasladó su cuartel general a Sevilla, donde el general en la reserva Gonzalo Queipo de Llano (entonces director general de carabineros), se había hecho con el control del centro neurálgico del sur de España con muy pocas tropas, en lo que sería la operación más crucial y audaz de la sublevación. Mientras Queipo asentaba la posición de los alzados en Andalucía occidental, Franco iniciaba la marcha hacia Madrid el 3 de agosto. Para entonces, cada vez se iba reconociendo con más claridad que era el general sublevado más importante, aunque tardaría dos meses más en ser nombrado generalísimo.

En los últimos años, el liderazgo y la estrategia militares de Franco han recibido múltiples críticas, que le achacan lentitud y falta de imaginación. No cabe duda de que buena parte de ellas está justificada, pero Franco y Mola tenían ante sí una situación difícil. Franco no podía centrarse exclusivamente en su marcha hacia Madrid, sino que, partiendo de cero, tuvo que organizar una estructura y una base logística, conseguir ayuda exterior y proporcionar ayuda vital a los sublevados de regiones en las que apenas podían defenderse. En el Sur, Granada estaba completamente aislada de la zona sublevada, en tanto que Córdoba se encontraba amenazada por los ataques de nutridas fuerzas republicanas. Mola carecía de fuerza para continuar su propio avance y cruzar la sierra norte de Madrid, en tanto que, a su retaguardia, tanto Huesca como Teruel estaban sitiadas. Además, intentaba mantener una ofensiva secundaria que penetrara en la provincia fronteriza vasca de Guipúzcoa. En el noroeste, Oviedo, que se mantenía gracias a una estrecha vía de abastecimiento que la unía con Galicia, estaba sometida a una presión todavía mayor. A pesar de que la capacidad ofensiva de los republicanos era limitada, seguían teniendo la iniciativa en todas esas regiones secundarias, salvo en Guipúzcoa, donde posteriormente la recuperarían. A Franco le parecía inconcebible arriesgarlo todo a la carta de marchar sobre Madrid.

Evitó tomar la ruta más directa hacia el Norte, que también era la más fácil de defender para los republicanos, y se desvió hacia Cáceres para unirse allí a las tropas de Mola, que, a punto de quedarse sin municiones, necesitaba provisiones urgentemente. Después se desplazó brevemente más hacia el Oeste para garantizar la seguridad de la frontera con Portugal, cuyo régimen derechista y autoritario hizo todo lo que pudo por ayudar a los nacionales, que tomaron Badajoz el 14 de agosto. Franco tuvo que retrasar ligeramente algunas de sus propias operaciones para dedicar algunas de sus pequeñas unidades de élite a fortalecer la zona meridional de Queipo de Llano, conectándola con Granada y aliviando la presión que sufría Córdoba. Otras unidades tuvieron que trasladarse temporalmente a Huesca y Guipúzcoa. Posteriormente, en octubre, a medida que Franco iba cobrando fuerza, desvió otras nueve pequeñas unidades a Oviedo para posibilitar su resistencia. Creía necesario mantener los demás frentes y no estaba dispuesto a correr el riesgo de que algún sector se viniera abajo, porque tenía miedo a las grandes repercusiones que pudiera tener interrumpir súbitamente la creciente serie de derrotas que estaban sufriendo los republicanos. No cabe duda de que, en parte, esa inquietud no iba mal encaminada, pero la tendencia se acentuó en exceso, posponiendo considerablemente el asalto a Madrid. Durante toda la guerra, Franco pecaría de exceso de atención a la logística y el avance metódico, apuntalando los frentes secundarios siempre que eran atacados, para así evitar derrotas en cualquier sector, aunque fueran temporales. Detrás de esta actitud no solo había un cálculo militar, sino otros de índole política y psicológica. Se ha dicho que «los aficionados se dedican a la estrategia y los profesionales a la logística» y no cabe duda de que Franco, un profesional, se dedicaba a la logística, pero la dispersión de sus tropas iba en contra de la imaginación estratégica y la concentración de fuerzas, sus dos principales limitaciones como comandante.

En la inmensidad de los territorios rusos, en diversas ocasiones los blancos y los rojos llevaron a cabo avances rápidos durante la guerra civil, para después tener que replegarse con igual celeridad por falta de apoyo logístico y de reservas. Eso fue lo que le ocurrió a Kolchak en Siberia occidental y en el este de los Urales entre 1918 y 1919 y a Denikin en Ucrania y el sur de Rusia en 1919. Carecían totalmente de infraestructura y, cuando se vieron obligados a pasar a la defensiva, todos sus frentes se vinieron abajo. Franco era lento, pero como todos sus avances se asentaban en bases sólidas, nunca tuvo que batirse en retirada.

Para la labor esencial de avanzar hacia Madrid, Franco calculó que debía basarse sobre todo en sus unidades de élite, a pesar de su reducido número de hombres, y completar sus efectivos con unas pocas fuerzas suplementarias. Esas unidades derrotaron a las columnas de milicianos, mucho más nutridas: una táctica habitual era inmovilizarlas con la amenaza de un ataque frontal y después, gracias a la mayor disciplina y movilidad de las tropas sublevadas, llevar a cabo operaciones envolventes que obligaban a los milicianos a huir presos del pánico, con las consiguientes bajas. Además, al llegar el mes de octubre, durante un tiempo Franco pudo concentrar su escueta fuerza aérea en operaciones tácticas.

En las zonas secundarias, las dos fuerzas, de composición más simétrica, se nutrían de una mezcla de unidades del Ejército regular, fuerzas de seguridad y milicianos, aunque en el caso de los republicanos el número de estos últimos fue aumentando y los restos de las unidades militares ordinarias mermaron hasta irse quedando en nada. Los nacionales no dejaron de incorporar a requetés a sus tropas de combate, a las que también fueron añadiendo banderas de voluntarios falangistas.

El 3 de septiembre, un mes después de iniciarse la marcha desde el Sur, los sublevados ocuparon la localidad de Talavera, situada a solo 120 kilómetros de Madrid, lo cual disparó las alarmas en la capital. Para entonces, el triunfalismo republicano de las primeras semanas había dejado de existir. La resistencia se intensificó con el número creciente de milicianos que eran enviados a combatir el avance de las tropas de Franco. En ese momento, este podría haber trasladado sus puntas de lanza al sector de Mola, situado en la sierra de Madrid, para lanzar un ataque combinado contra la capital. Sin embargo, Franco insistió en ocupar paso a paso el territorio situado al oeste y suroeste de Madrid, aunque su conquista no fuera crucial. En treinta días, sus tropas habían recorrido 425 kilómetros hasta llegar a Talavera, pero, al encontrarse con contraataques más contundentes, precisaron dieciocho para recorrer los 43 kilómetros que separan esa localidad de Maqueda, adonde no se llegó hasta el 21 de septiembre.

Cuando estaba a punto de iniciarse la fase más crucial de los combates, Franco fue elegido Generalísimo de los ejércitos y dictador de facto por sus colegas de la Junta de Defensa. Se suele criticar que entonces no lanzara un ataque rápido contra Madrid, que hasta ese momento no había levantado defensas. Sin embargo, Franco optó por atacar Toledo, posponiendo aún más el avance, y sus detractores siempre han señalado que lo hizo para cosechar una gran victoria propagandística que consolidara su liderazgo. En la academia militar del Alcázar de Toledo un voluntarioso grupo de defensores venía soportando un asedio de más de dos meses, llamando la atención de la prensa internacional, ya obsesionada con los combates que tenían lugar en España. Después de la liberación de los sitiados vino una gran operación represiva que se cobró la vida de varios cientos de republicanos, más de los que habían perecido en la propia defensa del Alcázar.

El épico suceso del Alcázar fue el más famoso de los asedios que los nacionales resistieron con gran tenacidad. Otros ejemplos fueron la defensa del cuartel gijonés de Simancas, que resistió durante un mes; la eficaz defensa de Oviedo, que resistió durante un año, aunque gran parte de la ciudad volara en pedazos, y el monumental asedio de nueve meses del santuario jiennense de la Cabeza, durante el que, antes de rendirse, pereció el 80 por ciento del grupo de 250 guardias civiles que lo ocupaba. Huesca y Teruel aguantaron prácticamente sitiadas durante un año o más. Como lamentó el líder anarquista José García Oliver:

Se está dando un fenómeno en esta guerra y es que los fascistas cuando les atacan en ciudades aguantan mucho, y los nuestros no aguantan nada; ellos cercan una pequeña ciudad, y al cabo de dos días es tomada. La cercamos nosotros y nos pasamos allí toda la vida[1].

Mucho tenían que ver en esta situación la profesionalidad de los mandos y la disciplina, y quizá también la fe religiosa.

La fase final del avance sobre Madrid, situada a solo 70 kilómetros de Toledo, se inició el 3 de octubre, pero no alcanzó su nivel máximo hasta mediado el mes. Las unidades de combate de Franco, que iban en primera línea, iniciaron la arremetida final solo con unos 15.000 hombres, una fuerza que más tarde llegaría a casi 25.000, exactamente cuando comenzaban a aumentar de volumen las tropas y las armas de los republicanos. Aunque las unidades leales del Ejército regular nunca habían llegado a disolverse del todo, los esfuerzos republicanos por reorganizar la Primera División en Madrid habían sido infructuosos. El Gobierno de Giral tuvo que ampararse cada vez más en las milicias, a las que en agosto intentó dotar de un mando central con el decreto de formación de un «Ejército voluntario» basado en ese contingente. También comenzó a complementarlas con reclutas ordinarios, al igual que los nacionales, que ya habían comenzado el alistamiento en su zona. Los comunistas, cuyo movimiento crecía con rapidez, recibieron órdenes de la Komintern de centrarse en el desarrollo militar, y casi desde el principio de la guerra abogaron por la creación de una nueva fuerza militar regular basada en el modelo del Ejército Rojo de la Unión Soviética. La extrema izquierda revolucionaria (sobre todo la FAI-CNT y el POUM) se opusieron a esa medida durante el mes de agosto, pero hasta los anarquistas comenzaron a aceptar la necesidad de contar con una mayor coordinación. Postulaban la formación de un nuevo régimen revolucionario basado en un gobierno totalmente sindical cenetista-ugetista, que se habría llamado «Consejo Confederal Sindical», o algo parecido, evitando así la etiqueta de «gobierno» para mantenerse fiel al credo anarquista, pero la UGT no aceptó la propuesta. Sin embargo, en un momento en el que las fuerzas de Franco combatían cada vez más cerca de Madrid, el conjunto de los partidos del Frente Popular comenzó a aceptar la necesidad de una mejor organización militar.

Para los caballeristas, había llegado el momento de poner en práctica la estrategia de constitución de un nuevo Gobierno revolucionario liderado por ellos, incluyendo a las demás formaciones de izquierdas. Los jefes de la Komintern, que no veían esta propuesta con buenos ojos, porque no serviría para camuflar la revolución ante el exterior, preferían que todos los partidos del Frente Popular se unieran al Ejecutivo de Giral, porque un presidente de Gobierno republicano de izquierdas ofrecía una imagen internacional más moderada. Por la misma razón, querían mantener al PCE fuera del Gobierno, pero Largo Caballero se negó a presidir un Ejecutivo sin participación comunista y su nuevo Gobierno se constituyó el 4 de septiembre. A él se uniría posteriormente un representante de los nacionalistas vascos del PNV y la CNT acabaría entrando también dos meses después. La principal labor de ese Gobierno era dar más impulso al esfuerzo militar, pero, para Largo Caballero y sus seguidores, era igualmente importante ser el primer Gobierno de una revolución triunfante que debía plasmarse en las instituciones del Estado. Este doble propósito generaría tensiones que no se llegarían a superarse mientras Largo Caballero ocupó la presidencia de Gobierno.

El objetivo inmediato del llamado «Gobierno de la victoria» era promover un esfuerzo bélico más coordinado. Una de las primeras medidas de Largo Caballero fue ordenar la formación de un nuevo Estado Mayor, y el 16 de septiembre decretó que todas las unidades militares de la zona republicana se sometieran a un mando central único, que sin embargo inicialmente solo pudo hacer valer su autoridad en el sector central. El 27 de septiembre el Gobierno anunció la constitución de un nuevo «Ejército Popular» revolucionario, con una estructura totalmente nueva, y poco después decretó la incorporación al mismo de los alrededor de 100.000 milicianos que había en la principal zona republicana, fijando el 20 de octubre como fecha límite para esa incorporación (algo que no se cumplió). Tomando una estrella roja como divisa, el saludo con el puño cerrado de la milicia comunista alemana de la Rote Front y la creación por decreto el 16 de octubre de un cuerpo de comisarios políticos que actuaría junto a los oficiales ordinarios, esas nuevas fuerzas armadas eran una especie de Ejército Rojo español. Las primeras seis Brigadas Mixtas, unidades básicas del Ejército Popular que combinaban varias armas, se organizaron el 16 de octubre, en tanto que las primeras remesas de armamento soviético llegaron el 4 de ese mismo mes, recibiéndose durante la segunda mitad del mes cantidades cada vez mayores, secundadas por las primeras unidades de las nuevas Brigadas Internacionales que, creadas a instancias de la Komintern, se prepararon en Albacete. Durante más de dos meses, los nacionales habían sido los principales perceptores de ayuda exterior, lo cual les ayudó a transformar una sublevación estancada en una guerra civil de envergadura; en ese momento, la ayuda exterior comenzó a volverse a favor de la República.

Las nuevas armas soviéticas se utilizaron por primera vez durante un pequeño ataque con carros blindados lanzado contra el flanco derecho de la punta de lanza de Franco el 29 de octubre y repetido cinco días después. Los tanques soviéticos T-26, de seis toneladas y cañones de 45 mm, arrollaron por completo a los pocos vehículos de inferior blindaje que Franco había recibido de Italia y Alemania. Con todo, ambos ataques acabaron en fracaso, porque las fuerzas republicanas carecían de formación para coordinar los ataques de su infantería y su artillería con el rápido avance de los tanques, debilidad esta que el Ejército Popular nunca aprendería a superar. La infantería nacional respondió lanzando contra los tanques soviéticos un improvisado artilugio (una botella llena de gasolina o de otro líquido inflamable); el mismo que utilizarían tres años después las tropas finlandesas contra el Ejército Rojo, llamándolo «cóctel Molotov» (para mofarse del ministro de Exteriores soviético).

Después de algunas disensiones, el Gobierno de Largo Caballero decidió defender la capital, aunque el presidente Azaña hubiera huido a Valencia a mediados de octubre, seguido de todos los ministros republicanos el 6 de noviembre. La resistencia de la capital se puso en manos de la nueva Junta de Defensa de Madrid, cuya presidencia se encomendó al general José Miaja. Aquí fue donde los comunistas se situaron por primera vez en primera línea, ya que ocupaban dos consejerías en la Junta: Guerra (Antonio Mije) y Orden Público (Santiago Carrillo). Al mismo tiempo, los tres principales grupos revolucionarios (socialistas, anarquistas y comunistas), con el fin de acabar con la supuesta «quinta columna»[2] que constituían los nacionales que había en la ciudad, acordaron llevar a cabo una política de liquidación masiva de los prisioneros políticos más peligrosos.

Los lemas «¡No pasarán!» (utilizado ya en francés en el Verdún de 1916) y «¡Madrid será la tumba del fascismo!», promovidos sobre todo por los comunistas, se convirtieron en consignas, estableciéndose constantemente comparaciones con la guerra civil rusa en un momento en el que la batalla propagandística alcanzaba su punto culminante. Uno y otro bando habían adoptado un discurso de lo más extremista. Cuando un comunicado de Madrid proclamaba con estridencia que esta era una guerra a muerte y que había que luchar hasta que el enemigo fuera completamente exterminado[3], Queipo de Llano y otros portavoces de los sublevados reproducían la idea con un tono parecido.

El ataque a la ciudad lo inició el 6 de noviembre una fuerza compuesta por poco más de 20.000 hombres, enfrentada a un contingente de defensores de prácticamente el doble, que además contaba con mayor potencia de fuego. Los atacantes dependían de una mejor capacidad de combate, pero lo tenían todo en su contra, porque habían perdido su principal ventaja, que radicaba en una mayor capacidad de maniobra en campo abierto. Mucho más difícil era un ataque frontal contra enemigos parcialmente atrincherados; sin embargo, la posibilidad de que Franco acometiera una operación envolvente, aun sin ser imposible y quizá siendo una opción mejor, también era cuestionable por los limitados recursos humanos. En consecuencia, Franco procedió como lo haría durante toda la guerra, con operaciones directas y obvias, que en este caso le llevaron a avanzar ligeramente por un terreno que se iba elevando poco a poco en dirección a los arrabales occidentales y meridionales de la ciudad. El día 7 los republicanos llegaron incluso a hacerse con una copia del plan de ataque. El ataque franquista logró un punto de apoyo en el extremo oeste de Madrid, pero no logró avanzar más. Por su parte, el primer y principal contraataque de las nuevas Brigadas Mixtas republicanas no consiguió nada y solo puso de manifiesto que, en las ofensivas, el Ejército Popular solo sería ligeramente más eficaz que las tropas de milicianos anteriores.

Con todo, los combates de noviembre demostraron que el Ejército Popular podía ser mucho mejor en las labores defensivas, sobre todo si había preparado sus posiciones. Al llegar el 23 de noviembre las principales unidades de las puntas de lanza franquistas habían sufrido por lo menos un 30 por ciento de bajas y estaban perdiendo empuje. En general, los nuevos aviones soviéticos eran mejores que los obsoletos modelos alemanes e italianos a los que hacían frente, lo cual otorgó a los republicanos el dominio del aire, por lo menos de día, durante los meses siguientes. Sin embargo, dada la ineptitud del Ejército Popular en las ofensivas, su superioridad numérica no bastó para concederle la iniciativa en las operaciones. Durante diciembre y a primeros de enero Franco recabó refuerzos para volver a intentar horadar las defensas de la ciudad, maniobrando más hacia el noroeste, pero sin fuerza suficiente para cruzar las líneas.

La defensa de Madrid fue el primer triunfo del Ejército Popular —uno de los pocos que logró— y supuso que la Guerra Civil se convirtiera en un conflicto de desgaste. Ese triunfo se logró gracias a varios factores: 1) la organización de las primeras unidades regulares del Ejército Popular, bastante superiores a las milicias; 2) la ventaja de luchar a la defensiva, desde posiciones parcialmente fortificadas; 3) la llegada de una cantidad considerable de armas soviéticas, que otorgó a los defensores superioridad en potencia de fuego, vehículos blindados y aviones; 4) un mando decidido (no ajeno a los asesores militares soviéticos) que subió la moral, y 5) el reducido número de hombres que integraba las tropas de élite franquistas. Madrid solo habría caído si entre los defensores se hubiera registrado un derrumbe generalizado de la moral.

La batalla supuso un punto de inflexión, el final definitivo del plan original de los sublevados, que, contemplando una victoria rápida, había previsto que no habría más de dos o tres semanas de combates. La caída de Madrid no habría supuesto el punto final de la guerra, pero sí habría sido un gran golpe para la moral republicana, incrementando las probabilidades de que Franco se impusiera poco tiempo después.

A partir de ese momento, ambos bandos se centraron en desarrollar ejércitos masivos para entablar una agotadora pugna. El Ejército Popular creció con más rapidez, aunque sus soldados tenían peor preparación, y contó con la ayuda de 41.000 voluntarios de las Brigadas Internacionales, unidades especiales dirigidas por los comunistas y reclutadas por la Komintern en toda Europa y América. Las fuerzas de Franco se incrementaron gracias a un intenso reclutamiento en Marruecos (que acabaría proporcionando 70.000 combatientes voluntarios) y a la llegada de casi 50.000 italianos a comienzos de 1937, aunque casi la mitad de ese contingente no tardara en retirarse. En febrero, Málaga, con unas defensas desorganizadas, cayó rápidamente en manos de una fuerza combinada de tropas franquistas e italianas, pero, posteriormente, durante casi dos meses más, la atención de Franco volvió a centrarse en tomar Madrid.

La principal operación realizada hasta la fecha tuvo lugar a mediados de febrero, cuando Franco lanzó un ataque más amplio sobre la capital cruzando el valle del Jarama, con el fin de sorprender a sus defensores por los flancos sur y este. Por primera vez se producía el choque en campo abierto de unidades más nutridas. Los nacionales ocuparon algo de terreno, pero sin lograr avances significativos. Las Brigadas Mixtas republicanas libraron una de sus batallas más vigorosas y eficaces, impidiendo un gran avance de Franco en campo abierto. Al éxito contribuyó la relativa superioridad republicana en el aire, por lo menos al principio, pero, en comparación, las bajas que sufrieron ambos bandos fueron mayores que en las operaciones de menor calado llevadas a cabo en los alrededores de la capital.

La última intentona de rebasar los flancos de Madrid fue la ofensiva realizada en marzo en Guadalajara, una operación conjunta cuya responsabilidad principal recayó en el recién constituido Corpo di Truppe Volontaire (CTV) italiano. A pesar de los éxitos iniciales, los avances los detuvieron las Brigadas Mixtas, con ayuda de tanques soviéticos y, una vez que mejoró el tiempo, gracias al control absoluto del aire. Aunque el ataque terminó con una pequeña ganancia territorial, las unidades italianas abandonaron precipitadamente su línea de avance más profunda, lo cual supuso una gran victoria propagandística para los republicanos. Cayeron prisioneros unos 200 italianos y, solo un año después de la conquista de Etiopía por parte de Mussolini, se proclamó que en Guadalajara se había producido la «primera derrota del fascismo». El resultado fue la parálisis absoluta del frente central.

La defensa de Madrid entre noviembre de 1936 y marzo de 1937 fue el éxito más notable del Ejército Popular, una victoria defensiva temporalmente decisiva que no volvería a repetirse. Por el momento, Franco aceptó el consejo de su estado mayor y se concentró en la zona norte republicana, mucho más pequeña pero rica en industrias e internamente dividida, cuya conquista podría alterar el equilibrio de poder, inclinándolo decisivamente a su favor.

6

REVOLUCIÓN

La revolución social y económica que recorrió la zona republicana durante las semanas posteriores a la entrega de armas a los movimientos obreros del 19 de julio fue proporcionalmente la más importante de las revoluciones obreras registradas en ningún país europeo y prácticamente en su totalidad tuvo un carácter espontáneo. La llevaron a cabo auténticas organizaciones obreras en el ámbito local y, al contrario que en Rusia, se hizo desde abajo, no la organizó la cúpula de un partido político compuesta por intelectuales y militantes de clase media. En España, gran parte de los centros productivos fueron ocupados con rapidez por grupos y comités sindicales que adoptaron una amplia gama de medidas revolucionarias.

Por el contrario, la revolución registrada en marzo de 1917 en Rusia no había sido de carácter obrero (aunque los obreros tuvieran mucho protagonismo en ella), sino una revolución general contra la autocracia en la que participaron varios sectores sociales, dando lugar a una caótica variante de democracia: un sistema de gobierno dual en el que un Parlamento con atribuciones limitadas competía con una serie de consejos revolucionarios locales (soviets). El golpe de Estado bolchevique ocurrido siete meses después, al ser una toma del poder por las armas a cargo de un solo partido, constituyó una contrarrevolución antidemocrática. Lo apoyaron muchos obreros, pero no todos, y en él no se involucraron la mayoría de los rusos, que vivía en el campo.

La toma del poder local y de los centros productivos por parte de los movimientos obreros españoles tuvo una participación mucho mayor de las organizaciones de masas obreras, la CNT y la UGT, que llegaron a contar con más de 4 millones de militantes, y de otras más pequeñas, y fue mucho más lejos que la de Rusia o la Hungría de 1919. Además, la revolución española involucró directamente a cientos de miles de obreros del campo y pequeños propietarios rurales, en un proceso que también superó con mucho al ruso y el húngaro.

Una vez armados los movimientos obreros, la revolución, y no la guerra, fue lo que durante semanas más atrajo su atención. A pesar de que miles de obreros se enrolaron voluntariamente en las milicias que combatían en el frente, luchando en ocasiones con bravura, aunque con poca pericia, no eran más que una pequeña minoría de los militantes de las organizaciones revolucionarias que, como gran parte de sus compañeros, se dedicaron a tomar los centros productivos, realizar actos de pillaje a gran escala, provocar incendios y cometer actos de violencia masiva contra la población civil.

La única región en la que los restos de las instituciones republicanas intentaron de inmediato llegar a un entendimiento con la revolución fue Cataluña, donde la Generalitat introdujo un sistema de dualismo revolucionario. El 22 de julio su presidente Lluís Companys reconoció oficialmente que, además de las propias instituciones del Estado, había un Comité Central de Milicias Antifascistas dirigido por la CNT al que aquel cedía muchas de sus atribuciones. Durante las primeras semanas, ese comité controló gran parte de lo que ocurría en Cataluña. Los dirigentes de la CNT declararon que su movimiento era perfectamente capaz de hacerse cargo de la región, pero aceptaron la formación de un Comité Central de Milicias de Cataluña formado por varios partidos, además del mantenimiento de una limitada Generalitat mientras durara la crisis militar, algo que serviría para no asustar a las potencias extranjeras. A continuación, el Butlletí de la Generalitat anunció que el poder real estaba en manos del Comité Central de Milicias, que había establecido un nuevo orden revolucionario que todos debían respetar. Con participación de todas las formaciones de izquierda, era un órgano totalmente autoritario. Así lo reconocería después de manera explícita Horacio Martínez Prieto, secretario del Comité Nacional de la CNT: «Nosotros fuimos derechos a la dictadura; ni los mismos bolcheviques, en su primera oportunidad histórica, fueron tan rápidos en la implantación del poder absoluto como los anarquistas en España»[1]. Sin embargo, hay que matizar esa declaración, porque los anarquistas no tardaron en aceptar un cierto semipluralismo, en tanto que los bolcheviques avanzaron posteriormente hacia el totalitarismo.

De forma análoga al Comité de Milicias catalán, en toda la zona republicana —en localidades, provincias y a veces regiones enteras— proliferaron los comités y los consejos del poder revolucionario, formados por varios partidos. Su composición reflejaba la fuerza relativa de cada una de las formaciones de izquierdas en cada zona y en muchas de ellas, pero no en todas, también hubo miembros de la izquierda republicana de clase media. Carlos M. Rama ha calificado la compleja y confusa estructura de poder resultante de «Confederación Republicana Revolucionaria de 1936-1937»[2]. Los partidos republicanos de izquierda, después de actuar como aprendices de brujo, aceptaron su subordinación. Los republicanos más jóvenes y radicales se unieron a la revolución, en tanto que algunos de los más moderados huyeron al extranjero.

Para los portavoces de la extrema izquierda revolucionaria, el levantamiento de los movimientos obreros en la zona republicana constituía la más profunda y auténtica revolución obrera de la historia. Andreu Nin, líder provisional del POUM, declaró que lo que estaba ocurriendo en España era «una revolución proletaria más profunda que la revolución rusa misma» y el 1 de agosto, con la exageración típica del POUM, anunció que «el Gobierno no existe». El 7 de septiembre señaló que la dictadura del proletariado era una realidad en Cataluña y la organización juvenil de su partido (la Juventud Comunista Ibérica, JCI) abogó por la formación de soviets en toda la zona republicana.

George Orwell hizo famosa la atmósfera de la Barcelona revolucionaria en sus memorias Homage to Catalonia [Homenaje a Cataluña], pero en otras ciudades se vivieron condiciones similares. Sobre los primeros meses de revolución, la en su día diputada radical Clara Campoamor (paladín principal en España del sufragio femenino y del derecho al divorcio) escribió que:

Madrid ofrecía un aspecto asombroso: burgueses saludando levantando el puño y gritando en todas las ocasiones el saludo comunista para no convertirse en sospechosos, hombres en mono y alpargatas copiando de esta guisa el uniforme adoptado por los milicianos; mujeres sin sombrero; vestidos usados, raspados, toda una invasión de fealdad y de miseria moral, más que material, de gente que pedía humildemente permiso para vivir. La gente que en tiempo normal llenaba las calles y las terrazas de los cafés yacía bajo tierra o se disfrazaba[3].

El 1 de agosto Claridad proclamó que «Estamos, por obra de la intentona militar, en un profundo proceso revolucionario… Es preciso que todos los instrumentos del Estado, y especialmente el ejército, sean también revolucionarios», añadiendo el 22 del mismo mes que «el pueblo no lucha ya por la España del 16 de julio, que era todavía una España dominada socialmente por las castas tradicionales, sino por una España en que estas castas sean raídas definitivamente. El más poderoso auxiliar de la guerra es ese desarraigo económico y total del fascismo, y eso es la revolución». Para esta publicación, se trataba de «guerra social más que guerra civil». Sin embargo, con la excepción del POUM, la mayoría de los revolucionarios coincidía en que lo mejor era mantener la cáscara vacía del sistema parlamentario republicano, aunque solo fuera por motivos propagandísticos y para conservar las relaciones exteriores.

El problema que se presentaba a finales de agosto era que el sistema de dualidad revolucionaria, en el que el Gobierno era una cáscara vacía, estaba perdiendo rápidamente la guerra y era preciso coordinarse mucho mejor y hacerlo con rapidez. El primer intento de establecer un nuevo orden revolucionario organizado fue la constitución el 4 de septiembre de 1936 del llamado «Gobierno de la victoria» de Largo Caballero, con representación de todo el Frente Popular. Su principal desafío era promover un esfuerzo bélico más coherente, pero para eso era necesario un Estado mucho más fuerte que también pudiera comenzar a poner orden en el proceso revolucionario, algo que solo logró en parte. El 27 de septiembre el Gobierno de Largo Caballero reordenó la función pública, dando únicamente cargos a quienes tuvieran credenciales izquierdistas. La nueva administración marcó por tanto el inicio de la «Tercera» República, la revolucionaria, de manera que los seis meses que mediaron entre febrero y septiembre de 1936 habían constituido una fase de transición a la revolución, en cierto modo equivalente a la que se vivió en Rusia entre marzo y noviembre de 1917. Sin embargo, el nuevo Estado revolucionario español carecía de una fuerza dictatorial hegemónica y lo que había era una coalición de partidos y sindicatos que no entendían del mismo modo la revolución, objeto de discrepancias profundas entre sus integrantes; solo estaban unidos —hasta donde podían estarlo— por la lucha contra la derecha, entendida como guerra contra el fascismo. Sin embargo, desde la perspectiva de la izquierda, esa guerra no podía entenderse positivamente en tanto que visión compartida del futuro del país, porque anarquistas, socialistas, comunistas, republicanos de izquierdas, poumistas y nacionalistas vascos tenían sus propias ideas al respecto. La extrema izquierda revolucionaria seguía intentando preservar la autonomía del proceso revolucionario, mientras intentaba extenderlo, en tanto que los socialistas caballeristas querían utilizar el nuevo Gobierno para consolidar la revolución, pero dotándola de un mejor liderazgo militar. Con todo, al año siguiente la FAI-CNT, el POUM y los socialistas caballeristas se irían viendo cada vez más cuestionados por los semimoderados pragmáticos y estatistas, es decir, los comunistas, los socialistas prietistas y lo que quedaba de los republicanos de izquierda, que, desde diferentes puntos de vista, intentaban recuperar hasta donde fuera posible la autoridad del Estado, canalizando la revolución y restándole peso.

El Gobierno de Largo Caballero inició el proceso de consolidación de la revolución dándole una estructura estatal, pero durante meses gran parte de esa estructura solo existió sobre el papel. A partir de ese momento, en teoría los diversos comités revolucionarios de distrito, provinciales o regionales que ostentaban el poder se encuadrarían en un nuevo sistema estatal y a sus presidentes, secretarios u otros cargos se les darían otros títulos como el de alcalde o gobernador. El nuevo Gobierno pretendía poner fin al caos de los comités de control revolucionarios y a los escuadrones de la muerte organizados (incluso aquellos en los que venían participando órganos del propio Estado republicano), para encuadrarlos en las llamadas Milicias de Vigilancia de la Retaguardia, aunque durante un tiempo este cambio también fue únicamente teórico. El sistema judicial se reorganizaría en función de los nuevos «tribunales populares».

No obstante, los cambios en el control de la propiedad eran tan diversos que no llegó a surgir un marco único. En conjunto habían surgido siete tipos de distintos de control revolucionario o estatal, que en muchos casos seguirían evolucionando mientras existió la zona republicana:

Incautación: mediante la cual un sindicato o grupo de sindicatos, un Gobierno municipal o regional, o el Gobierno central republicano se hacían cargo de una empresa o conjunto de empresas. Esto no suponía un cambio en la situación jurídica de la propiedad, pero sí fue práctica habitual en toda la zona republicana.

Control o intervención: otra práctica común pero más indirecta, en la que los directivos o propietarios de la empresa quedaban a cargo de la misma, pero bajo la supervisión de los sindicatos o las autoridades gubernamentales.

Colectivización: traslado absoluto de la titularidad legal a los trabajadores, en quienes quedaba depositada la propiedad colectiva y quienes, directa o indirectamente, dirigían su propia empresa, normalmente a través de un comité electo. Esta fórmula fue más habitual en zonas agrícolas (como se explicará más adelante) y donde más se aplicó en entornos industriales fue en Cataluña, aunque también se dio, de forma más limitada, en otras regiones.

Socialización: una práctica que según la teoría y la práctica anarcosindicalistas conllevaba la gestión obrera de todo un sector de producción. En la práctica, este sistema nunca fue más allá de un sector productivo en una ciudad determinada. Para los socialistas, la socialización tenía un significado más limitado y aludía a la autoridad que sobre una empresa ejercían los obreros.

Agrupaciones: reunión de empresas de un mismo sector productivo que hubieran sido colectivizadas o incautadas, con el fin de coordinar la producción con vistas a un proceso de socialización. Este sistema, que desarrolló principalmente la CNT en Cataluña, se fue topando cada vez con más resistencia en los sectores más pragmáticos.

Municipalización: asunción por parte del Gobierno municipal de cualquier actividad relacionada, aunque no exclusivamente, con los servicios y empresas públicos, sobre todo en Cataluña.

Nacionalización: el Estado asume el control directo y pasa a ser dueño de una propiedad; este era el objetivo principal de los comunistas, sobre todo cuando se trataba de industrias clave para el esfuerzo bélico. La Generalitat de Cataluña nacionalizó oficialmente varias fábricas de armas en agosto de 1936, una práctica que posteriormente extendería el Estado republicano, aunque era frecuente que esas industrias fueran simplemente intervenidas.

La situación siguió siendo muy variada en la industria y los servicios, aunque todas las empresas, fueran del tamaño que fueran y de una u otra manera, cayeron rápidamente en manos de asociaciones obreras. En un informe presentado ante el comité central del Partido Comunista Francés el 16 de octubre, André Marty, miembro de la Komintern, informaba de que en la zona republicana 18.000 empresas «están bajo control… El grueso de la industria española está ya controlada por los trabajadores»[4] . Sin embargo, era muy habitual que las empresas más pequeñas quedaran en manos privadas.

Solo en Cataluña se desarrolló un sistema oficial de colectivización legal. El equivalente catalán del Gobierno de Largo Caballero fue una coalición de más amplio espectro que, presidida por Companys, se constituyó en Barcelona a últimos de septiembre. Fue más allá de la coalición inicial caballerista, limitada a miembros del Frente Popular, para incluir a representantes de la extrema izquierda revolucionaria: el minúsculo POUM y la enorme CNT. Por primera vez en la historia, los anarquistas dejaron a un lado sus escrúpulos y entraron en un Gobierno, aduciendo que este era un régimen revolucionario y que la propia revolución estaba en peligro, situación esta que precisaba de iniciativas novedosas. El 24 de octubre el nuevo conseller de Economía de la CNT, Joan Porqueras i Fàbregas, emitió un decreto de colectivización para toda Cataluña que formalizó la colectivización de todas las empresas de más de 100 trabajadores, disponiendo igualmente la de aquellas que tuvieran entre 50 y 100 si el 75 por ciento de los mismos así lo decidía. Las empresas de menos de 50 empleados solo serían legalmente colectivizadas con el consentimiento del propietario, si estaba vivo y presente (la precisión era necesaria, ya que muchos habían sido asesinados o habían huido al extranjero).

La provincia cuya economía menos experimentó la reestructuración revolucionaria fue Vizcaya, que en septiembre de 1936 era la única parte del País Vasco no ocupada por Franco. Este quedó dividido en tres partes, ya que más o menos un tercio de la población apoyaba a los nacionalistas vascos, otro tercio a la izquierda revolucionaria y el resto a los nacionales españolistas. En septiembre de 1936 el Gobierno republicano y lo que quedaba de sus Cortes (muchos de cuyos miembros habían sido asesinados o habían huido al extranjero) votaron un estatuto de autonomía para el País Vasco, de amplias competencias, en lo que constituyó la única medida de relevancia aprobada por ese demediado Parlamento durante toda la guerra. Lo hicieron porque gran parte de los nacionalistas vascos, aunque católicos y no revolucionarios, estaban dispuestos a formar parte de la coalición revolucionaria si podían acceder a una amplia autonomía. El Gobierno de Largo Caballero se la concedió, en parte para protegerse de la enorme oleada de hostilidad que habían levantado en el exterior los ataques a la Iglesia y el clero.

En Vizcaya, el líder del Partido Nacionalista Vasco (PNV) José Antonio de Aguirre dirigía una coalición de nacionalistas, republicanos de izquierda e izquierdistas revolucionarios, con predominio de los primeros. Se evitó la colectivización o la incautación generalizada de la industria vasca y la oleada de violencia revolucionaria fue considerablemente menor, aunque el Gobierno asumió el control de las industrias de guerra y en la fase final decretó la nacionalización de algunos de los principales centros industriales cuyos propietarios fueran partidarios de Franco.

En toda la zona republicana, donde más frecuente fue la creación de colectividades fue en el sector agrícola. A finales de 1936 el territorio en poder de la República ocupaba unos 270.000 kilómetros cuadrados, con una población de 14 millones de habitantes, en tanto que la zona sublevada se extendía por una extensión de unos 230.000 kilómetros cuadrados y estaba habitada por 10,5 millones de personas. La primera tenía gran parte de la industria del país, pero no más de un tercio de su producción agrícola. Todas las grandes explotaciones habían sido tomadas por los sindicatos, salvo en Cataluña, donde había menos latifundios y donde, a pesar de la influencia anarquista, la mayoría de los propietarios de tierras contaba con la protección de los nacionalistas de la Esquerra. Cuando el 7 de octubre de 1936 el ministro de Agricultura comunista del Gobierno republicano promulgó un decreto que dictaba la confiscación de todas aquellas tierras de la zona republicana cuyos propietarios directa o indirectamente apoyaran a los sublevados, no hizo más que reconocer legalmente una situación que la práctica ya había refrendado.

Todas las propiedades de grandes terratenientes fueron expropiadas, pero las de los propietarios medianos y pequeños, a menos que fueran partidarios de los sublevados, solo lo fueron en cierta medida. En conjunto, en la zona republicana se expropió alrededor del 40 por ciento de la tierra agrícola; en proporción, esto suponía alrededor del doble de la incautada en Rusia entre 1917 y 1918. De todas las tierras expropiadas, el 54 por ciento (lo cual representaba el 21 por ciento de las cultivables) se organizó en colectividades. Esta situación contrastaba enormemente con la primera fase del régimen bolchevique ruso, donde muy pocas tierras pasaron a manos de los revolucionarios, ampliándose más bien los terrenos del común ya existentes.

Hasta cierto punto, la situación en la Hungría de 1919 había sido más similar a la de la España republicana. La extensión del latifundio en Hungría era mayor que en España y técnicamente todos fueron confiscados por el Estado durante el breve régimen de Béla Kun, pero el Gobierno se quedó con las tierras para constituir granjas estatales colectivas, lo cual enfureció a los campesinos, que querían dividir las fincas. No obstante, ni en Rusia ni en Hungría había sindicatos equiparables a las secciones agrícolas de la CNT o la UGT, aunque en Hungría sí había un número todavía mayor, y desproporcionado, de jornaleros sin tierra, en tanto que en Rusia la proporción de ese sector era enormemente inferior. En España un porcentaje mucho más elevado de la población agrícola, conscientemente revolucionario, estaba dispuesto a participar en acciones colectivizadoras, pero también aquí había límites, ya que casi la mitad de la tierra confiscada se destinó a explotaciones individuales.

El grado de implantación de las colectividades agrarias variaba enormemente de unas regiones a otras y, en general, donde más se extendió fue allí donde la propiedad había estado más concentrada. En el centro del país (la actual Castilla-La Mancha), se expropió más de la mitad de la tierra agrícola, y de esta se colectivizó el 60 por ciento, aunque en la provincia de Ciudad Real se colectivizara el 99 por ciento. En Andalucía occidental se expropió el 53 por ciento de la tierra cultivable, convirtiéndose en colectividades casi todo ese porcentaje. En la pequeña zona del este de Extremadura que quedó en manos republicanas se expropió gran parte de la tierra, colectivizándose casi toda. Algo parecido ocurrió en el este de Aragón, ocupado por las milicias anarquistas durante la primera fase de la guerra, donde gran parte de la tierra fue colectivizada. Por otra parte, en las provincias orientales de Levante se expropió más del 21 por ciento de la tierra cultivable, y de este porcentaje solo se colectivizó un tercio. Todavía menor fue esa proporción en Cataluña.

Lo normal era que las colectividades fueran de alguna de las tres siguientes tendencias políticas: de la CNT, la UGT o de ambas conjuntamente, en tanto que en algunas zonas también aparecían el POUM y el PCE, y todavía con menos frecuencia los republicanos de izquierda. Las colectividades cenetistas eran mayoritarias en el este de Aragón y en el centro del país, en tanto que las ugetistas eran predominantes en el este y sureste. Las más radicales solían ser las únicamente cenetistas, que pretendían la inclusión total del sujeto, instituyendo salarios familiares y promoviendo diversas iniciativas para la prohibición del dinero. Algunas colectividades de la UGT eran más moderadas y funcionaban más como cooperativas que permitían iniciativas individuales.

Durante 1937 el revitalizado Estado republicano actúo de manera arbitraria para disolver varias colectividades anarquistas, sobre todo en Aragón oriental, aduciendo que eran abusivas y que suponían un obstáculo para el esfuerzo bélico. El Instituto de Reforma Agraria (IRA) estatal reconoció oficialmente 2.213 colectividades. Sin embargo, sus cifras, al no incluir las de Cataluña, Aragón y Levante, eran incompletas. De esas 2.213, 823 las había formado la UGT, 284 la CNT y 1.106 ambos sindicatos conjuntamente. No obstante, según los líderes de la CNT era esta la que, por sí sola, había constituido más de 3.000 colectividades, que en su mayoría no fueron reconocidas por el IRA, gestionado por los comunistas. Puede decirse casi con seguridad que la cifra proporcionada por la CNT era exagerada, y quizá resultante de la inclusión en el recuento de colectividades de algunas de sus partes constituyentes semiautónomas. El estudio más sistemático, el de Luis Garrido González, llega a la conclusión de que después del verano de 1937 no quedaron mucho más de 1.300 colectividades, que afectaban a un total de 3 millones de hectáreas y a unas 157.000 familias. De ellas, casi dos tercios las había organizado la CNT.

En general, la producción económica de la zona republicana fue escasa. En las décadas anteriores la agricultura española había registrado importantes mejoras técnicas, que sin embargo eran difíciles de mantener en condiciones bélicas, y las cosechas dependían enormemente de la situación climática. Además, el objetivo de muchas colectividades era la autosuficiencia, con lo que una parte menor de su producción llegaba a los mercados. En la zona republicana la producción de alimentos se redujo hasta en un 25 por ciento en 1937, y solo se tiene constancia de que mejorara la de patatas. En 1938 se produjo una reducción todavía más drástica, así que a finales de ese año la zona republicana se encontraba ante una situación de hambruna. Todavía en 1939 la producción apenas alcanzaba la mitad de la prebélica de 1935.

En la producción industrial, el único incremento notable se observó en la metalurgia, en la que la concentración en la fabricación de armas incrementó enormemente el rendimiento. Aparte de ese sector, la perturbación que sufrieron los mercados, las materias primas, las condiciones crediticias y otros factores productivos condujo a un gran declive durante 1937, seguido de un caída todavía mayor al año siguiente. Había quienes se quejaban de que las fábricas de Cataluña seguían produciendo bienes de consumo si eran más fáciles de manufacturar o más rentables y se escuchaban acusaciones contra quienes incurrían en prácticas de «capitalismo sindical» y «egoísmo sindical». A pie de máquina se redujo la disciplina laboral y aumentó el absentismo, llegándose a veces al sabotaje. En la organización económica, las transformaciones revolucionarias suelen reducir la producción, y lo mejor que se puede decir de la nueva economía revolucionaria de la zona republicana es que no la redujo tanto como la de Rusia en 1920, aunque no por mucha diferencia.

En las historias comparadas de las revoluciones contemporáneas con frecuencia se pasa por alto la revolución española. ¿Por qué una revolución tan importante ha suscitado una atención relativamente escasa? Hay por lo menos tres razones. Una es que a la historia le gustan los perdedores y la revolución española no tardó en ser derrotada. La segunda es que las revoluciones en teoría obreras del siglo XX solían ser comunistas y la revolución española, más que comunista, fue anarquista y socialista. Además, no se ajustó a un único modelo. El tipo y también el grado de control obrero variaban de una localidad y de una provincia a otra. También las pautas de expropiación y de colectivización de la tierra. Sería imposible reflejar en un único gráfico o mapa la revolución española, aunque en términos proporcionales fuera la más importante y espontánea de las revoluciones obreras de la historia europea.

La tercera razón de la incierta categoría historiográfica de la revolución española tiene que ver con la sistemática negación de la misma que practicó el régimen republicano. La violencia masiva que conllevó la revolución no tardó en dar mala fama a la República del periodo bélico y algunos de sus líderes más moderados, así como los dirigentes soviéticos y de la Komintern, insistieron en que, de cara al exterior, la estrategia más útil era negar la propia existencia de ese proceso. Parecía que la ayuda de las demás democracias occidentales sería mucho más probable si en la propaganda internacional la República en guerra aparecía simplemente como una democracia parlamentaria basada en la propiedad privada y homologable a las demás de Occidente. El resultado fue lo que Burnett Bolloten denominó «el gran camuflaje»[5]: la negación de que la revolución hubiera llegado a existir, posición que se convirtió en elemento fundamental de la propaganda de la República y la Komintern. La revolución española se convirtió en una revolución que no se atrevía a pronunciar su nombre.

Esa propaganda no logró del todo sus objetivos mientras duró la guerra, pero sí la han mantenido con denuedo los entusiastas de la República del periodo bélico. En el siglo XXI, con el descrédito del socialismo y el colectivismo, los relatos proizquierdistas han quitado más hierro que nunca a la revolución, viendo en el dogma de la «democracia republicana» el mito más eficaz para revestir el Frente Popular español.

7

EL TERROR

Para comprender los salvajes actos de represión registrados en España hay que tener en cuenta el carácter de las guerras civiles revolucionarias de la primera mitad del siglo XX. Fueron conflictos propios de la transición a la «modernidad clásica», un proceso de enormes transformaciones culturales y sociales que en algunos países generó tensiones y odios inusitados. Los únicos antecedentes directos podrían encontrarse en la Revolución Francesa y en la Comuna de París de 1871. Los actos de represión masiva y homicida, en los que primero se utilizó el término «terror», fueron un importante elemento de esos conflictos primigenios, reapareciendo después en todas las guerras civiles revolucionarias de la primera mitad del siglo XX, primero en Finlandia e inmediatamente después en Rusia y otros países. Posteriormente, a lo largo de la década de 1940, reaparecerían en las guerras civiles de Yugoslavia y Grecia.

La sed de sangre de las guerras civiles revolucionarias nace de su carácter apocalíptico, de la pretensión de los bandos enfrentados de crear no solo un sistema político distinto, sino una sociedad y un orden cultural nuevos, totalmente libres de elementos antagónicos. En estos conflictos el enemigo no solo se considera un adversario corriente, sino una especie de encarnación metafísica del mal que hay que erradicar antes de que infecte o imponga el mismo terror al bando propio. Una guerra civil revolucionaria no es un conflicto político corriente sino una pugna entre absolutos sociales, religiosos y culturales, que se considera que exige una solución total y sin concesiones.

Durante la guerra ambos bandos publicitaron enormemente las atrocidades de sus adversarios (abultándolas de manera considerable) y, recurriendo a cifras de lo más infladas, atribuyeron en ocasiones al enemigo medio millón de ejecuciones,[1] una exageración, en ambos casos, de entre el 600 y el 800 por cien. Estudios posteriores hablarían de un total de algo más de 120.000 ejecuciones durante la guerra en ambos bandos (lo que suponía un poco menos del 0,5 por ciento de la población, una cifra horriblemente elevada). En términos proporcionales, es esta una cantidad superior a las equivalentes de la guerra civil rusa, siendo por otra parte inferior a las de las ejecuciones registradas en Finlandia, donde una guerra civil de tres meses y su posguerra generaron una represión en la que los dos bandos causaron más de 20.000 muertos, es decir, casi el 0,75 por ciento de la pequeña población finlandesa. Si al total de víctimas mortales en España se le añaden las al menos 28.000 ejecuciones llevadas a cabo por el régimen de Franco entre 1939 y 1942, la desproporción comienza a reducirse, sobre todo porque en España los muertos fueron producidos por ejecuciones directas[2].

En el caso español, las ejecuciones masivas comenzaron casi inmediatamente, incluso antes que en Rusia, donde las grandes matanzas organizadas no se iniciaron hasta 1918, cuando los bolcheviques iniciaron inicialmente el «terror rojo». El carácter inmediato de las ejecuciones a gran escala registradas en España tiene que ver con varios factores, dos de ellos generales y el tercero propio del país. El conflicto español fue la última guerra civil revolucionaria europea de su generación, y se alimentó de la propaganda, los miedos y los odios alumbrados por sus precursoras. Unido a este elemento iba el hecho de que la década de 1930 fuera una época de tensiones crecientes en la que después del ejemplo del bolchevismo vino el ascenso del fascismo: una combinación letal que fue desatando miedos y enemistades cada vez más generalizados. Más propio de España fue el periodo de incubación de la revolución que, con un acusado incremento de la violencia política a partir de 1931, produjo unas 2.500 muertes violentas en poco más de cinco años. Ni siquiera la Revolución Rusa de 1917 había tenido un preludio así, sin parangón histórico. Las organizaciones revolucionarias fomentaron el odio, la violencia y el «exterminio», uno de sus términos favoritos. Se había asistido a un prolongado periodo de tensiones crecientes, a múltiples intentonas de insurrección revolucionaria violenta y a manifestaciones de propaganda masiva de lo más virulento, propiciadas sobre todo por la izquierda revolucionaria, que hablaba de liquidar a la burguesía, en tanto que el discurso derechista, incluso antes de la guerra, ya había en ocasiones tendido a deshumanizar también al adversario y a legitimar el recurso a medidas extremas.

Por otra parte, el alcance de la publicidad y los medios de comunicación se había extendido enormemente entre 1917 y 1936. Durante los primeros meses de guerra los ojos de los corresponsales, camarógrafos y agencias de noticias extranjeros se centraron especialmente en las grandes ciudades de la zona republicana, fuente de gran parte de las atrocidades que se trasmitían al extranjero. Como ha escrito Ernst Nolte:

Lo que el mundo exterior no simpatizante veía en la España roja era sobre todo el caos y el terror bolcheviques: las masas mal vestidas y armadas de rifles que llenaban las calles; los paseos en los que se ejecutaba a enemigos; la turba indisciplinada de los anarquistas; las momias de monjas sacadas de sus tumbas y colocadas en las calles; las apropiaciones violentas; las colectivizaciones forzosas.[3]

Posteriormente, el peso de la publicidad se iría desplazando y en 1937 la zona republicana ya tenía mejor prensa en el exterior, pero en los primeros meses de guerra su imagen fue frecuentemente negativa.

Las primeras ejecuciones de las que se tiene constancia en la península se registraron en Madrid el 19 de julio, y muchas más se producirían al día siguiente, al tiempo que se iniciaban también en las zonas controladas por los sublevados. En ambas zonas el número de ejecuciones aumentó rápidamente, y en gran parte de las regiones la mayoría tuvo lugar en agosto y septiembre, aunque durante todo el otoño continuaran produciéndose a un ritmo bastante acelerado (en el caso de los sublevados el proceso se prolongó hasta entrado el invierno).

Los defensores de la izquierda siempre han tratado de distinguir entre los dos terrores, señalando que la represión izquierdista fue descentralizada, espontánea y poco organizada, en tanto que, en su opinión, la de la derecha tuvo un carácter más planificado, centralizado e implacable. En parte, esa distinción es certera, pero el terror revolucionario no tuvo nada de «espontáneo», porque las formaciones revolucionarias llevaban años incitando a la violencia y ensalzándola. No obstante, en líneas generales, y al contrario que en Rusia, no tuvo un carácter centralizado, porque en la zona republicana no había una fuerza hegemónica.

Pese a todo, en las ciudades republicanas, donde los partidos de izquierda constituyeron numerosos escuadrones de la muerte, contando con locales especiales y prisiones, la represión estuvo bastante organizada. En ella participaron también republicanos de izquierda y miembros de Esquerra, aunque en menor medida que los militantes de las formaciones revolucionarias. En Barcelona, militantes de Esquerra participaban regularmente en las llamadas «patrullas de control» del Comité de Milicias, encargadas de la segunda fase de la represión. Las tristemente famosas «checas» de Madrid y de otras ciudades, cuyo nombre procedía de las siglas del organismo estatal ruso encargado del terror rojo (CHEKA), organizaron escuadrones de la muerte que en ocasiones contaron con la autorización de autoridades gubernamentales republicanas como Manuel Muñoz, director general de seguridad, y Ángel Galarza, ministro de la Gobernación en septiembre de 1936, que anteriormente había amenazado de muerte a Calvo Sotelo en una sesión parlamentaria. A veces, la policía y las fuerzas de seguridad republicanas participaban en las actividades de las checas, cuyo trabajo era públicamente alabado por los periódicos republicanos. Por otra parte, las autoridades republicanas coordinaron buena parte (aunque desde luego no todo) del saqueo y el pillaje a gran escala que tuvo lugar, amasando un tesoro considerable a base de valiosos objetos robados. En Madrid, las checas más autónomas eran las de la CNT-FAI, las que durante más tiempo operaron por su cuenta, en tanto que en Barcelona, en líneas generales, fue el Comité de Milicias el que coordinó la represión, cuyos principales responsables (aunque desde luego no los únicos) fueron los anarquistas.

Desde el principio, Franco había anunciado públicamente que cuanta más resistencia militar opusiera la izquierda, más dura sería la represión, y así lo proclamó por primera vez en un telegrama enviado al Gobierno republicano el 19 de julio. El 25 de agosto, cuando sus fuerzas se acercaban a Madrid, se lanzaron octavillas sobre la ciudad, amenazando con que, «CUANTO MAYOR SEA EL OBSTÁCULO, MÁS DURO SERÁ, POR NUESTRA PARTE, EL CASTIGO». En la zona sublevada, la represión siempre estuvo dirigida por los militares, que para ella se servían de fuerzas regulares, de la Guardia Civil y de milicianos. En ciertas zonas se celebraron consejos de guerra sumarísimos, pero en otros se siguieron procedimientos todavía más expeditivos e informales. En algunas áreas, fueron los falangistas y otros auxiliares derechistas los que más disfrutaron de autonomía para realizar sus propios actos represivos, algo que sin embargo nunca fue más allá de lo aprobado por los jefes militares locales. Posteriormente resultaría más cómodo achacar gran parte de la represión realizada en la zona sublevada a los fascistas falangistas, aunque estos casi siempre fueran subalternos. En la gran mayoría de los casos, las cuadrillas falangistas actuaban a instancias de las autoridades castrenses, llevando a cabo ejecuciones aprobadas por estas, a veces acompañadas por otras milicias (que en ocasiones llegaban a sustituir a los falangistas). En otros casos, los que llevaban a cabo las ejecuciones eran cuadrillas del Ejército o de guardias civiles. Las represiones de ambos contendientes fueron en extremo mortíferas, pero la de los sublevados fue más exhaustiva y eficaz. Como ha señalado David Wilkinson, «la represión de los nacionales, además de ser más exhaustiva y continua, se centró más cuidadosamente en militantes, no en enemigos de clase simbólicos...».[4]

Después de meses de un derramamiento de sangre prácticamente indiscriminado, los dirigentes republicanos tomaron medidas para controlar y moderar la represión varios meses antes que Franco. El 23 de agosto se anunció la creación de un nuevo tipo de sistema judicial revolucionario que, integrado por los llamados «tribunales populares», comenzó a imponer lentamente en gran parte de la zona republicana el Gobierno frentepopulista de Largo Caballero que, compuesto por toda la izquierda, tomó posesión dos semanas después. Esos nuevos tribunales estaban enormemente politizados, pero también seguían un procedimiento legal que, sin pretender poner fin a la represión, sí deseaba canalizarla y regularla, sometiéndola a cierto control judicial. Durante los primeros meses esas instancias dictaron cientos de penas de muerte relacionadas con el apoyo a la sublevación militar y en el otoño de 1936 se siguieron produciendo miles de ejecuciones en las checas y a manos de otros escuadrones de la muerte. La ronda de asesinatos más numerosa de toda la guerra y de los dos bandos fue la ordenada por la Junta de Defensa de Madrid en noviembre de ese año, y tuvo como consecuencia otras 2.500 ejecuciones. Sin embargo, a finales de ese año las reorganizadas autoridades republicanas habían logrado imponer cierto control y el ritmo de las ejecuciones se redujo drásticamente.

Franco no adoptó un cambio similar hasta dos meses después, a continuación de las salvajes medidas represivas tomadas por los nacionales después de la ocupación de Málaga en febrero de 1937, en las que se produjeron 2.000 o más ejecuciones. A partir de ese momento, en la zona sublevada se expandió y regularizó el régimen de tribunales militares, que otorgó a la represión un carácter más formal, reduciendo de modo considerable el número de víctimas mortales, por lo menos hasta el final de la guerra. Durante los dos últimos años de contienda, al contrario que en sus primeros meses, la conquista de nuevos territorios por parte de Franco ya no fue acompañada de ejecuciones sumarias, pero ambos bandos continuaran realizándolas, aunque a un ritmo mucho menor. Entre 1937 y 1938 los escasos avances del Ejército Popular fueron acompañados de nuevos asesinatos y durante esa fase surgió un nuevo tipo de represión, que, utilizada por las autoridades republicanas y los comunistas contra la extrema izquierda revolucionaria (anarquistas y poumistas), se cobró muchas menos víctimas mortales. Inmediatamente después de finalizada la guerra, Franco retomó la celebración sistemática de juicios, que produjeron miles de condenas de muerte y ejecuciones a gran escala.

El mayor número de asesinatos, tanto en términos absolutos como relativos, tuvo lugar en las ciudades principales y en sus alrededores, aunque en algunas zonas rurales la proporción de víctimas mortales también fuera elevada, quizá incluso más. En el último cuarto de siglo un creciente número de estudios monográficos ha tratado de registrar y calcular con exactitud la incidencia de la represión en muchas provincias y regiones, aunque esta línea de estudio aún se encuentra incompleta, y su metodología, calidad y fiabilidad sean muy dispares.

El mayor número de asesinatos, que quizá llegara a los 10.000, se produjo en Madrid, donde, al contrario que en otras partes del país, la fase más intensa fue la de noviembre de 1936. En ese momento, las prisiones de la capital tenían más reclusos que ninguna otra de las de ambos bandos, ya que habían recibido a cientos de presos, sobre todo del Sur. La Junta de Defensa, al mando de la ciudad, consideró que esos miles de reclusos (entre ellos un número desproporcionado de oficiales) suponían un gran peligro para la capital. Parece que, azuzados por los soviéticos, los comunistas, socialistas y anarquistas que controlaban la junta acordaron la «ejecución inmediata» de todos los «fascistas y elementos peligrosos»[5] que hubiera entre los prisioneros, lo cual se hizo sin siquiera recurrir a juicios sumarísimos y mediante ejecuciones en masa de tipo soviético, lo cual ha hecho que algunos analistas calificaran los hechos de «Katyn español» (en alusión al asesinato masivo de oficiales polacos por parte de Stalin en 1940). Durante el mes siguiente, bajo la autoridad de Santiago Carrillo, consejero de Orden Público, unas 2.500 personas fueron ejecutadas y arrojadas a fosas cercanas a Paracuellos del Jarama y otras localidades situadas al este de la capital.

Con el fin de obstaculizar cualquier difusión de los hechos, las autoridades soviéticas cometieron una segunda atrocidad. La Cruz Roja Internacional había enviado a Madrid al Dr. Georges Henny para hacer un informe sobre las condiciones humanitarias en las cárceles. Después de terminar su investigación, se dispuso a regresar a Francia con un abultado expediente lleno de datos y fotos sobre la represión. Dos de los más fiables pilotos de cazas de la aviación republicana (que en parte estaba bajo la autoridad soviética, no española) cumplieron la orden de disparar contra el vuelo de Air France en el que Henny abandonaba España el 8 de diciembre. Aunque el delegado sobrevivió, los datos se perdieron.

En Madrid, la represión se habría cobrado muchas más vidas de no ser por el refugio que proporcionó un número considerable de embajadas europeas y latinoamericanas de la capital, que ya habían previsto esa necesidad durante los estallidos prerrevolucionarios de la primavera de 1936. Es posible que el llamado asilo diplomático llegara a salvar 7.000 vidas, dando cobijo a unas 11.000 personas (incluyendo mujeres y niños), aunque las legaciones de Finlandia, Perú y Turquía acabaran siendo asaltadas por los revolucionarios, en tanto que los refugiados en las de Alemania y Austria fueran capturados cuando Hitler reconoció al régimen de Franco en noviembre de 1936.

En relación con la población, los actos de represión más importantes tuvieron lugar en Zaragoza, donde los sublevados ejecutaron, si incluimos datos de la posguerra, a un total de casi 6.000 personas. La gravedad de la represión en la capital aragonesa puede atribuirse a dos factores, de los cuales el primero sería su relativo aislamiento durante la primera mitad de la contienda, en la que Zaragoza y sus alrededores fueron sometidos a una fuerte presión militar republicana (en una situación bastante parecida a la de Madrid en noviembre de 1936, pero con ambos bandos en posiciones contrapuestas). Parece que esta situación convenció a los líderes sublevados, al que igual que les ocurrió a los de la Junta de Defensa madrileña, de que por motivos de seguridad era preciso recurrir a medidas extraordinariamente severas. En segundo lugar, la ciudad había sido un baluarte de la FAI-CNT, lo cual también sirvió para desatar una represión extrema. Entre los centros de la zona nacional en los que la represión fue especialmente inclemente están Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga.

En Barcelona los republicanos llevaron a cabo un elevado número de ejecuciones —casi 6.000—, que sin embargo, en proporción, no llegaron a dos tercios de las de Madrid, ya que los catalanistas de Esquerra en ocasiones ayudaron a moderar la represión. El enclave nacionalista vasco de Vizcaya fue la provincia que, en manos de los republicanos durante poco más de un año, arrojó el índice de ejecuciones (490) más bajo.

Ambos bandos continuaron llevando a cabo ejecuciones de carácter político durante toda la guerra, pero a un ritmo más pausado. Durante 1937 surgió en la zona republicana un nuevo tipo de represión: la que, instigada por el NKVD soviético, sufrió la extrema izquierda revolucionaria a manos del Gobierno de Negrín, que sustituyó al de Largo Caballero. Solo en Cataluña se llegó a detener a 2.000 o más militantes del POUM y de la CNT, y según fuentes anarquistas varios cientos fueron ejecutados, aunque el número sea imposible de verificar. El caso más tristemente famoso fue el de Andreu Nin, secretario político del POUM, detenido por la policía republicana y después torturado y asesinado por el NKVD.

La última gran fase de la represión la llevaron a cabo los tribunales militares de Franco en la inmediata posguerra. Según un resumen posteriormente elaborado por el propio Franco, se dictaron unas 51.000 sentencias de muerte, de las cuales se conmutaron unas 23.000 por otras penas menores, lo cual indica que entre 1939 y 1942 tuvieron lugar otras 28.000 ejecuciones. Los defensores de Franco han señalado que estas las dictaron tribunales militares legítimos y que algunos de los ejecutados eran responsables de asesinatos múltiples durante la represión republicana. Sin embargo, esos juicios fueron de carácter sumarísimo y los acusados eran despachados con cajas destempladas. Es cierto que algunos de ellos fueron condenados por crímenes violentos, pero una gran parte lo fue por delitos políticos, sobre todo por haber ocupado algún tipo de cargo en el bando perdedor.

Hasta donde podemos precisar, la cantidad de ejecuciones realizadas después de la guerra fue, en proporción, todavía mayor del total perpetrado por la Rusia soviética al finalizar la guerra civil de 1920-1921, aunque en Rusia lo normal era que ni siquiera se cumpliera la formalidad de celebrar consejos de guerra. Por otra parte, las masivas ejecuciones sumarísimas ordenadas por Tito en la Yugoslavia posterior a la Segunda Guerra Mundial fueron proporcionalmente más numerosas que las realizadas en España. Los actos de represión cometidos durante y después de la Guerra Civil española no pueden considerarse singulares, sino que se encuadran en las atrocidades típicas de las guerras civiles revolucionarias y contrarrevolucionarias del siglo XX, aunque no cabe duda de que, en comparación con otros, ocupan un lugar preponderante por su dureza.

El número total de ejecuciones de todo tipo realizadas en la zona republicana ascendió a unas 56.000. La represión de la zona sublevada se ha estudiado con menos precisión, pero probablemente se cobrara por lo menos 70.000 vidas (y posiblemente más), cifra esta a la que hay que añadir las 28.000 ejecuciones que tuvieron lugar una vez finalizada la guerra. En consecuencia, las represiones de la Guerra Civil española produjeron un total de 150.000 o más víctimas mortales, es decir, aproximadamente el 0,6 por ciento de la población, lo cual supone, en términos relativos, uno de los índices más elevados de cualquier guerra civil europea del momento.

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UNA GUERRA DE RELIGIÓN

Se ha dicho que, hasta cierto punto, gran parte de las guerras son «guerras de religión», ya que casi todos los contendientes se esfuerzan, de una u otra manera, por santificar su causa. Y desde luego así fue en las guerras civiles revolucionarias del siglo XX. Para los bolcheviques la Iglesia ortodoxa era un enemigo primordial, en tanto que sus adversarios blancos hacían hincapié en la reinstauración del orden religioso tradicional. En Finlandia las tropas blancas se componían principalmente de granjeros luteranos para quienes las diferencias religiosas con sus enemigos eran algo fundamental. En Hungría, la efímera dictadura instaurada por Béla Kun en 1919 fue más lejos que los bolcheviques en materia religiosa y trató de nacionalizar directamente las iglesias. A pesar de todos esos precedentes, la religión definió el conflicto español hasta extremos nunca vistos en ninguna otra guerra civil revolucionaria.

En las últimas décadas se ha intentado en cierta medida estudiar el anticlericalismo español, para comprender por qué se manifestó de forma tan inusitadamente violenta. En su mayoría, esos estudios se limitan a repetir los argumentos de los propios anticlericales: que la Iglesia ostentaba un poder tiránico, que ejercía un gran dominio económico, que los sacerdotes tenían un comportamiento abusivo e hipócrita. Sin embargo, ninguno de esos argumentos tenía mucha validez en 1936: la Iglesia y el Estado llevaban cinco años separados, hacía tiempo que la Iglesia española había perdido gran parte de sus posesiones, y poco podía importar a los anticlericales que los sacerdotes fueran o no hipócritas o buenos católicos. El odio de la izquierda a la religión nacía fundamentalmente de los mismos sentimientos que habían motivado a los revolucionarios franceses en 1792 y durante todo el siglo posterior: estaba convencida de que la Iglesia era el baluarte cultural y espiritual del orden tradicional y que el clero, los edificios eclesiásticos y sus principales partidarios eran encarnaciones tan simbólicas como tangibles de ese orden, todavía más que quienes formaban los grupos políticos y económicos conservadores. En este sentido, la propia motivación era hasta cierto punto religiosa, expresando nuevas religiones laicas rivales y radicales o sucedáneos de la fe como el jacobinismo, el anarquismo y el marxismo-leninismo. Para Bruce Lincoln el fenómeno es un «antinomianismo milenarista» que expresa el deseo de los revolucionarios de liberarse totalmente de las normas, leyes o pautas morales a la hora de instaurar su nueva utopía milenarista.

En España ya se había producido la quema de muchas iglesias en 1909, 1931 y durante la primavera de 1936. Los datos disponibles indican que, en total, en 1931 se produjeron ataques contra 101 establecimientos religiosos; en 1932, 15; en 1933, 70; en 1934, 25; en 1935, 2, y 208 en los primeros seis meses de 1936, además de que durante la insurrección de 1934 aparece un nuevo elemento: en Asturias se ejecuta deliberadamente a sacerdotes y seminaristas adolescentes. Muchos son los testimonios que han quedado de la incitación a ese tipo de violencia, pero la intención de liquidar masivamente al clero que se da en 1936 reflejó la espectacular escalada de la Guerra Civil. A pesar de la retórica del «exterminio», el único sector social que, como tal, fue señalado para sufrirlo fue el clero, al que algunos revolucionarios de la zona republicana pusieron en el punto de mira.

En la historia del islam a veces se han desatado generalizadas persecuciones de cristianos, que sin embargo no solo se han centrado en el clero. La limpieza étnica de armenios y otras minorías cristianas llevada a cabo por los turcos entre 1915-1916 eliminó a pueblos cristianos enteros, no solo a sus sacerdotes. Lo mismo puede decirse de la masiva matanza de cristianos registrada en el Imperio persa o de católicos en el Japón del siglo XVII. En España, evidentemente, los revolucionarios pretendían reprimir al conjunto de los católicos, no solo al clero, y muchos miles de civiles católicos fueron asesinados, en ocasiones únicamente por su fe, pero nunca existió la intención de exterminar al conjunto de los fieles de ese credo.

En consecuencia, el análisis de la matanza de religiosos debería situarse en el marco general de las revoluciones contemporáneas y, en concreto, en los regímenes radicales anticatólicos de comienzos del siglo XX. La fase jacobina de la Revolución Francesa acabó con la vida de unos 2.000 religiosos. Lo cual supone que murieron menos de un tercio de los asesinados en España y, dado que el número total de religiosos en ambos países no era muy distinto, queda claro que la ferocidad de los revolucionarios españoles fue mucho mayor. Es absurdo pensar que el poder de la Iglesia fuera mayor en la España de la década de 1930 que en la Francia del Antiguo Régimen, y la principal diferencia entre uno y otro caso debió de radicar en la cultura revolucionaria española. Durante la guerra civil rusa muchos clérigos fueron asesinados, pero no existen cifras precisas y los historiadores se basan mayormente en cálculos difusos. Es probable que el número total de religiosos asesinados en Rusia superara al total de los muertos en España, pero en Rusia el clero era mucho más numeroso. En México se asesinó a cierto número de clérigos, pero la mayoría de las víctimas fueron civiles católicos, los llamados «cristeros» y unos pocos religiosos fueron ejecutados simplemente por su credo. En consecuencia, podemos decir que el asesinato de casi 7.000 religiosos, la mayoría, aunque no todos, en el curso de unos pocos meses, destaca proporcionalmente, siendo la más nutrida y concentrada masacre de religiosos católicos de la que tenemos constancia histórica.

No obstante, el terror iba dirigido directamente contra el catolicismo, no contra todos los cristianos. La exigua minoría protestante, que apenas representaba el 0,1 por ciento de la población, en algunos casos se identificó con la izquierda. Gran parte de las iglesias protestantes de la zona republicana siguieron abiertas. Sí se persiguió a los protestantes en la zona sublevada, donde se les impusieron cada vez más restricciones y donde unos pocos pastores protestantes fueron ejecutados.

El estudio clásico sobre las víctimas mortales del clero católico es el de Antonio Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939, publicado en 1961, una obra prácticamente definitiva, aunque investigadores posteriores hayan aportado algunos detalles más. El recuento de víctimas, ligeramente corregido por la obra posterior de Ángel David Martín Rubio, quedaría como sigue:

Clero católico asesinado en la zona republicana

entre 1936-1939

Clero secular

4.022

Clero regular

2.376

Monjas

282

Seminaristas

95

Obispos

12

Administrador diocesano

1

El total es de 6.788 víctimas, casi el 10 por ciento del total del clero y un porcentaje mucho mayor de obispos, religiosos y sacerdotes: mucho más del 20 por ciento en todas las categorías de hombres ordenados. El porcentaje sería mucho mayor si nos ciñéramos al núcleo de la zona republicana. Después de 1936 el número de asesinatos se redujo drásticamente. Por ejemplo, en febrero de 1937 solo ocho miembros del clero resultaron muertos y en los últimos meses de 1938 solo hubo asesinatos ocasionales en Cataluña y Madrid. El último asesinato se produjo en El Escorial el 27 de marzo de 1939, cuando la guerra estaba llegando a su fin. Aunque se solía tachar a la Iglesia de reaccionaria, parece que se puso especialmente en el punto de mira a sus miembros más progresistas, participantes en labores sociales, quizá porque los revolucionarios veían en ellos a sus más directos rivales, quizá porque eran más visibles que los demás.

La mayoría de las víctimas mortales de la represión registrada durante la Guerra Civil no fueron torturadas, pero cuando hubo torturas era más frecuente que sus autores fueran republicanos. Julio de la Cueva ha señalado que aunque la mayoría de los asesinatos se cometían con arma de fuego,

otros fueron colgados, ahogados, asfixiados, quemados o enterrados vivos. En muchas ocasiones, las víctimas fueron torturadas, a veces de forma sorprendentemente elaborada. De la tortura solían formar parte la burla, el insulto, la blasfemia y la coacción para caer en ella, en un proceso que también podía incluir el obligar a las víctimas a quedarse completamente desnudas, además de golpearlas, hacerles cortes, desollarlas y mutilarlas. En los casos de mutilación, había una morbosa obsesión con los genitales... Todos estos «ritos violentos» a los que fueron sometidos los religiosos contribuían aún más a deshumanizar a personas cuya humanidad hacía tiempo que venía siendo negada por el discurso anticlerical, facilitando al mismo tiempo las «condiciones para una masacre carente de sentimiento de culpa». La conjunción de referencias culturales y sexuales, la violencia ritualizada y la humillación de la víctima —que ya no era un ser humano sino un animal— alcanzó su más precisa expresión en casos en los que esta era tratada como un cerdo en el matadero o como un toro en la plaza. Finalmente, al margen del tipo de muerte que sufrieran, era probable que los cadáveres de los religiosos fueran arrastrados por las calles, expuestos en sitios públicos o profanados de otras muchas maneras.[1]

También se registró una gran oleada de vandalismo y de destrucción de iglesias y de establecimientos y objetos de arte religiosos, que se llevó por delante muchas obras preciosísimas, de valor realmente incalculable, que no solo eran propiedad de la Iglesia, sino patrimonio cultural de todos los españoles. Esa enorme destrucción y esos actos de vandalismo solo fueron la parte más visible de la sistemática labor de saqueo y pillaje que se registró en casi todas las regiones de la zona republicana, en parte a cargo de las propias autoridades. La matanza del clero, la ejecución de muchos miles de católicos, la destrucción a gran escala de iglesias y obras de arte religioso, y los intrincados y sacrílegos rituales registrados inicialmente en muchas ciudades de la zona republicana no solo fueron actos incontrolados, sino que tenían como objetivo fundamental destruir el catolicismo, con el fin de sustituirlo por religiones laicas, aunque estas entraran en conflicto unas con otras.

Posteriormente, la izquierda reprocharía a la cúpula eclesiástica su gran apoyo a los sublevados (como si la izquierda le hubiera dejado otra alternativa), puesto que esa jerarquía no fue capaz de mantener una conciliadora ecuanimidad ante la persecución, aunque quizá tuviera la responsabilidad cristiana y pastoral de haberlo hecho. Es difícil determinar lo que el mandamiento de «amar a los enemigos» significa en la práctica cuando se asiste a la más salvaje arremetida sufrida por la Iglesia en toda su historia. Lo que ocurrió es que la jerarquía católica, como cabía esperar, se fue comprometiendo cada vez más con el bando que protegía a la Iglesia.

Los obispos no eran santos -aunque quizá debieran haberlo sido- sino líderes pragmáticos, e hicieron relativamente poco para mitigar la ferocidad de la brutal represión de los sublevados. Hubo algunas protestas, pero no fueron ni muchas ni persistentes. En realidad, fueron mucho más numerosos quienes, a título personal, escondieron o protegieron a religiosos en la zona republicana que los religiosos que en la sublevada intentaron defender a los condenados por la represión.

Inicialmente, Mola pretendía mantener una República, aunque no de carácter democrático, que mantuviera la separación entre la Iglesia y el Estado. En casi toda la zona sublevada, el levantamiento se inició con esa premisa, pero el tono no tardó en cambiar, quedando pronto claro que la línea divisoria de la Guerra Civil era, por lo menos, tan religiosa como política, y las autoridades militares se volvieron cada vez más deferentes hacia la Iglesia y hacia la expresión de la fe católica. A mediados de septiembre de 1936, Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona, donde el apoyo a la sublevación fue de lo más generalizado, ardiente y de carácter ultracatólico, sería el primero en proclamar públicamente el carácter de «cruzada» del conflicto, con un lenguaje que más tarde se tornaría oficial, no en la Iglesia sino en el régimen franquista. Finalmente, el 1 de julio de 1937, todos los miembros de la jerarquía católica —salvo cinco— que no habían sido asesinados por los revolucionarios, avalaron formalmente la causa del régimen de Franco en su Carta colectiva del Episcopado español al mundo entero .

En ese documento se negaba que los católicos estuvieran participando en una «cruzada» y se señalaba que la Iglesia había obedecido las leyes de la República, algo que los más acendrados republicanos no siempre habían hecho. En vista de la gran violencia y destrucción desatadas por la izquierda, la jerarquía eclesiástica proclamaba su apoyo a los creyentes que había entre los sublevados, que según ellos estaban librando una guerra justa, según la definían los principios católicos tradicionales (aunque era evidente que no era así). No se avalaba en ella al régimen de Franco y se advertía del peligro de caer en un «Estado autocrático» y también de la influencia de ideologías extranjeras, algo que en este contexto aludía más al nazismo que al marxismo.

El Vaticano habría preferido una postura más neutral, que, a pesar de la masiva persecución, habría sido la más adecuada para la jerarquía eclesiástica. La Santa Sede realizó una fútil intentona de mediación (tan vetada por Franco como por los republicanos) y buscó algún tipo de arreglo para los nacionalistas vascos, pero esta empresa también fue fallida. Hitler ya había infringido en 1933 el concordato firmado con la Iglesia, de manera que Pío XI se había vuelto un virulento antinazi y, a pesar del acusado anticomunismo de la Iglesia, se mostró cauteloso y receloso con el régimen de Franco. Con todo, el impacto de la Carta colectiva fue considerable y en septiembre de 1937 la Santa Sede envió ante el Gobierno de Franco a un delegado apostólico, pero no a un nuncio oficial, advirtiendo constantemente a Franco de que no permitiera la penetración del nazismo en España. Al año siguiente las relaciones entre el Vaticano y España quedaron más regularizadas con el nombramiento de un nuncio y de un embajador oficial ante el Vaticano. No obstante, las relaciones diplomáticas del franquismo con la Santa Sede no dejaron de ser problemáticas y el concordato con el Papado que Franco tanto ansiaba no se negoció hasta pasados quince años, en 1953, cuando la situación internacional había cambiado totalmente.

En líneas generales, la opinión pública católica internacional apoyó a Franco, pero con numerosas excepciones. Los intelectuales católicos progresistas de Francia, de gran prestigio, adoptaron una posición propia, criticando con frecuencia a los sublevados españoles, y llegado el año 1938, a pesar de la posición oficial de la jerarquía católica de EE.UU., gran parte de los católicos de ese país expresó su apoyo, aunque fuera teórico, a la República, basándose principalmente en el sentimiento antifascista.

Para la mayoría de los católicos de la zona nacional, no cabe duda de que la Guerra Civil se convirtió en una guerra de religión. Ese compromiso, que comportaba dimensiones a un tiempo espirituales, emocionales y personales, se convirtió en motor principal de la causa franquista. Cobró tanta fuerza que hasta los fascistas de Falange tuvieron que redoblar su empeño en proclamar y definir su propia identidad católica. Es probable que la religión fuera el factor determinante para la moral y la cohesión de las fuerzas franquistas.

Las únicas zonas de España en las que se produjo una división considerable en la opinión pública católica fueron el País Vasco y Cataluña. En el primero, alrededor de la mitad de los católicos apoyó a la República después de que esta concediera autonomía política a la región, en tanto que una minoría de los católicos catalanes adoptó la misma actitud. El principal prelado de la Iglesia catalana, el cardenal Francesc Vidal i Barraquer, se aferró a una posición neutral. Fue el único integrante de peso de la jerarquía eclesiástica que no firmó la Carta colectiva y, después de que huyera al extranjero para escapar de los revolucionarios, Franco se negó a permitir su entrada en la zona nacional. Por otra parte, los dos baluartes principales que tuvo Franco en la jerarquía eclesiástica, el cardenal primado Isidro Gomá y Tomás y su sucesor, Enrique Pla y Deniel, eran catalanes.

Para gran parte de los republicanos, la contienda fue también una especie de religión, pero, después de convertirla en algo parecido, no fueron capaces de responder a ella con la misma claridad y unidad que los sublevados. El anticatolicismo extremo era fundamental para su causa, pero era este un sentimiento negativo que, dada la desunión inherente a la izquierda, carecía de correlatos positivos. Por otra parte, la idea de la Guerra Civil como cruzada le resultó a Franco muy útil para sus relaciones exteriores, aglutinando a millones de católicos y a otros conservadores de toda Europa y el mundo occidental. A consecuencia de ello, la católica Irlanda fue la única democracia occidental que apoyó la causa franquista. Esta situación puso a la izquierda a la defensiva durante gran parte de la guerra, constituyendo su principal debilidad en la lucha por la opinión pública mundial. La persecución religiosa tuvo un efecto bumerán para la izquierda, fortaleciendo más a sus enemigos que a su propia causa.

Todo esto explica la importancia que, a partir de septiembre de 1936, tuvo la presencia de los nacionalistas vascos en las filas republicanas. La reacción inicial del PNV había sido ambigua, ya que los nacionalistas de Álava y Navarra habían apoyado a las fuerzas de Mola. El sector principal del PNV no se comprometió con la República frentepopulista hasta que esta no concedió la autonomía al País Vasco, y durante el resto de la guerra hubo un ministro nacionalista vasco en el Ejecutivo republicano. En realidad, este tipo de camuflaje no engañó a nadie, ya que era del dominio público que los servicios católicos habían sido erradicados en la zona republicana, aunque sí permitió que los nacionalistas vascos negociaran con el Vaticano para obstaculizar el apoyo a Franco. Protestaron, por ejemplo, por la ejecución de dieciséis sacerdotes vascos, detenidos por las tropas de Franco por sus actividades políticas nacionalistas, y Franco prohibió que volvieran a cometerse ejecuciones de ese tipo. Sin embargo, el PNV no tuvo tanto éxito en su propio territorio a la hora de impedir el asesinato de sacerdotes a manos de los revolucionarios, y catorce fueron asesinados en Guipúzcoa y cuarenta y uno en Vizcaya, foco nacionalista principal. No obstante, el trato que los propios nacionalistas vascos dispensaron a los prisioneros políticos fue en general humano (distinto al que les daban los revolucionarios).

La presencia de los vascos en el Gobierno tampoco sirvió para cambiar las políticas republicanas. En un informe presentado el 9 de enero de 1937 a sus compañeros, Manuel de Irujo, ministro sin cartera en el Gobierno de Largo Caballero, observó que «la opinión del mundo civilizado observa con extrañeza que conduce a la repulsión la conducta del Gobierno de la República, que no ha impedido los acusados actos de violencia y que consiente en que continúen», calificando la persecución religiosa de «sistema verdaderamente fascista» que «ya no es obra incontrolada», puesto que los organismos oficiales participaban en él.[2]

Ni siquiera cuando Irujo fue nombrado ministro de Justicia en el primer Gobierno de Negrín consiguió mucho más que liberar a unos pocos sacerdotes. La única concesión que arrancó fue la libertad de culto privado, pero solo para los nacionalistas vascos. Hasta mediados de 1938 Negrín no mostró interés en cambiar de política. Sin embargo, a pesar de esa intentona de hacer un gesto con el que salvar la cara, no hubo cambios fundamentales al respecto.

De este modo, la Guerra Civil causó un gran daño a la Iglesia y a su clero, pero también desató un importante proceso de reactivación del catolicismo. Al llegar el año 1939, la Iglesia recuperó una posición en muchos sentidos más ventajosa que la que había tenido en tiempos de Alfonso XIII. La sangre de los mártires sirvió de simiente a la Iglesia española, por lo menos durante la generación posterior. Medio siglo después, en 1987, el Vaticano beatificó a 489 mártires de la Guerra Civil española, en la que fue la beatificación más numerosa de la historia del catolicismo. Durante los años inmediatamente posteriores a la contienda, en las décadas de 1940 y 1950, el catolicismo español asistió al más importante proceso de revitalización del cristianismo tradicional de cuantos se produjeron en el mundo occidental durante el siglo XX.

9

LA CONTRARREVOLUCIÓN DE FRANCO

De Franco se ha dicho que lideró el movimiento contrarrevolucionario de más éxito del siglo XX. Es esta una conclusión de lo más irónica si tenemos en cuenta que Franco todavía no tenía esas ambiciones ni siquiera el 12 de julio de 1936, ni tampoco una semana después, cuando llegó al Marruecos español para tomar el mando del Ejército de África. Siempre había sido un conservador, pero también se había mostrado discreto y nunca se le había considerado un «general político». Al contrario que algunos de sus compañeros, nunca había participado abiertamente en política, salvo en mayo de 1936, cuando fue brevemente candidato en una lista de derechas, para después retirarse inmediatamente. Cuando por fin se unió a un levantamiento ya planeado, Franco acató la pretensión de Mola de respetar el sistema republicano, con separación entre la Iglesia y el Estado, y la de que hubiera probablemente un referéndum o unas nuevas Cortes que determinaran el carácter definitivo del régimen. Como casi todos los capitanes generales, Franco inició la sublevación al grito de «¡Viva España! y ¡Viva la República!». Se decía que el objetivo era recuperar la legalidad, corrompida por el Frente Popular.

La Junta de Defensa Nacional, constituida por Mola en Burgos el 23 de julio de 1936, era una junta íntegramente militar y provisional. En teoría, Miguel Cabanellas la presidía por su condición de general más veterano en activo, aunque su condición de masón, liberal moderado y ex candidato del Partido Radical, acabó convirtiéndole en un engorro. Los primeros dos meses de existencia de la Junta se convirtieron en un prolongado estado de emergencia militar, salpicados en la retaguardia por las atrocidades masivas que cometían los nacionales al reprimir a la izquierda.

La guerra entró en su segunda fase en septiembre de 1936, con la formación del primer Gobierno totalmente frentepopulista, presidido por Largo Caballero, al mismo tiempo que Franco concentraba a sus fuerzas para la arremetida definitiva sobre Madrid. En ese momento, los jefes sublevados esperaban alcanzar la victoria con prontitud, aunque la fase más decisiva de los combates aún no se había iniciado.

Entre los generales rebeldes, el más destacado era Franco. Era uno de los oficiales más condecorados del Ejército español, en 1926 había sido el general más joven de Europa y entre 1935-1936 había ocupado durante nueve meses la jefatura del Estado Mayor. Antes del comienzo de la guerra ya tenía gran prestigio y después dirigió el único gran contingente de combate existente en ambos bandos, sobre el que parecía girar la suerte de todo el conflicto. Por otra parte, era el único general que había comenzado a tener proyección internacional y fueron sus enviados los que negociaron la asistencia clave de Hitler y, en parte, también la de Mussolini. En septiembre ya estaba claro que sacaba mucha delantera a los demás.

La idea de establecer un mando único militar que, por lo menos temporalmente, asumiera también funciones políticas, la impulsaban dos sectores: un pequeño número de veteranos generales monárquicos y los miembros del propio entorno de Franco, compuesto por su propio hermano Nicolás y otros importantes colaboradores. Los integrantes de la junta aceptaron la idea de que un ejército precisaba de un generalísimo que dirigiera la fase decisiva de la contienda. Una vez que la junta se mostró de acuerdo en este punto durante su reunión del 21 de septiembre, Franco se perfiló como candidato principal, aunque no existen documentos fiables sobre el desarrollo preciso de la reunión. Según una versión bien fundada de la misma, al principio Mola recibió más votos que Franco, pero, al ser solo general de brigada, retiró su candidatura. Fuera como fuere, está claro que la reunión terminó con el voto unánime a favor de Franco de todos los miembros de la junta, a excepción del moderado Cabanellas (que se oponía al nombramiento de un generalísimo).

También es preciso dilucidar qué estaban votando precisamente los integrantes de la Junta. Al elegir a Franco se le otorgaban plenos poderes ejecutivos en calidad de dictador militar, pero ¿por cuánto tiempo, con qué objetivo último y con qué programa? No tenemos constancia de que hubiera mucho debate al respecto. Cuando Franco asumió oficialmente la autoridad durante una ceremonia celebrada el 1 de octubre de 1936, se anunció que asumía los poderes de «Jefe de Estado», sin limitar en modo alguno esa autoridad ni el tiempo en que la ejercería. Y así es como Franco gobernó a partir de ese momento.

En su obra clásica De la guerra, Carl von Clausewitz describió lo que él denominaba Wechselwirkung, es decir, los cambios imprevistos que, ocasionados por la interacción recíproca entre los combatientes, producen a veces nuevas tácticas o políticas, e incluso una radicalización mutua. Algo así le ocurrió a Franco durante los primeros meses de guerra. En teoría, inició el conflicto siguiendo el «proyecto abierto» de Mola, que pretendía ocasionar cambios decisivos, pero al mismo tiempo limitar en cierta medida su envergadura.

Nada indica que desde el principio Franco planeara convertirse en generalísimo, pero semana a semana, a medida que su papel se iba tornando más y más destacado, sí tomó medidas para acentuar esa preeminencia y cuando se mencionó la posibilidad de que hubiera un mando supremo prácticamente no mostró reticencias. Los generales monárquicos alentaron su elección porque consideraban que Franco les conduciría con mano firme hacia la victoria y que también, y esto era igualmente importante, sería el que mejor prepararía la restauración monárquica. Hasta 1931 había sido un fiel monárquico, pero después siempre se había negado a conspirar en nombre de la Corona y nunca se comprometió a ese respecto. Una vez que asumió el poder absoluto, no se mostró dispuesto a conducir el nuevo régimen hacia la restauración y, cuando en 1947 dio los primeros pasos en esa dirección, lo hizo porque no había otra alternativa mejor y de forma que él pudiera controlar por completo el proceso. En 1936, en sus primeras declaraciones como jefe del Estado, no dejó traslucir en modo alguno que en sus planes estuviera un breve Gobierno transitorio, sino que habló de recuperar la grandeza de España, algo que, en su literalidad, conllevaba la existencia de un programa de muy larga duración.

Parece que entonces ya había renunciado a la idea de instaurar una República transformada, aunque fuera de índole autoritaria y corporativa. Los italianos le instaban a partir del modelo fascista, pero cuando el nuevo embajador alemán fue más allá de las instrucciones de Hitler y trató de inmiscuirse en la política española, Franco le hizo llamar. A finales de 1936 y muy posiblemente antes de ese momento ya estaba convencido de que España necesitaba un régimen nacionalista absolutamente nuevo, moderno, unificado y autoritario, y que para eso no servía ninguno de los precedentes inmediatos, ya fuera republicano o monárquico. Es dudoso que Franco llegara a leer al teórico político saboyano de comienzos del siglo XIX Joseph de Maistre, pero implícitamente aceptó su máxima: «La contrarrevolución no es lo contrario de la revolución, sino que más bien constituye una revolución opuesta». Desde este punto de vista, lo que España necesitaba era un régimen nuevo y moderno, fuerte e incluso radical, que pudiera reunificar el país y superar las consecuencias de la revolución registrada en la zona republicana. Debía ser un régimen no solo autoritario sino con capacidad para la movilización social, integrador y modernizador, un nuevo sistema de partido único que también se proclamara fervientemente católico.

Sin embargo, como del dicho —y del pensamiento— al hecho, hay mucho trecho, las ideas de Franco no quedaron claras hasta que en abril de 1937 no constituyó por decreto un nuevo partido oficial: Falange Española Tradicionalista de las JONS (FET de las JONS). Durante los primeros nueve meses de guerra, Falange había crecido con más rapidez que ningún otro partido político de la historia de España: contaba con varios cientos de miles de militantes y por sus milicias pasaron muchas decenas de miles de voluntarios. Sin embargo, un decreto aprobado en 1936 incorporó a todas las milicias al Ejército franquista, en tanto que el partido, en los primeros meses de guerra, había perdido a gran parte de sus cuadros, en su mayoría atrapados en la zona republicana, donde el carismático y joven cabecilla del movimiento, José Antonio Primo de Rivera, fue condenado y ejecutado en noviembre de 1936. Durante todo ese periodo, la militancia de la descabezada Falange se había disparado porque era el partido nacionalista radical más capaz de movilizar a la población para librar una guerra civil. El decreto franquista del mes de abril, que al fusionar a Falange con los carlistas supuso la reunión de los dos principales grupos de voluntarios paramilitares, prescindía del hecho de que intentar unir al movimiento más de derechas, católico y tradicionalista de Europa occidental con un partido fascista creaba una enorme disonancia cognitiva. Al tiempo, implicaba una clara subordinación de los carlistas, mucho menos numerosos, que en el nuevo partido único obtendrían puestos de mucho menos relieve.

La división interna del Ejército fue uno de los factores que más determinó que la situación en 1936 degenerara en guerra civil y que no se quedara en golpe de Estado, pero el liderazgo militar del nuevo régimen, coronado por la elección de Franco, otorgó a los nacionales una dirección y una unidad férreas, que el propio Franco logró mantener, conjugando la autoridad militar con la astucia política. Totalmente distinta había sido la situación en la otra gran guerra civil de la época, la rusa, ya que en el seno de los blancos antibolcheviques había cundido la desunión. En Rusia, la centralización leninista había dado fuerza a los comunistas, pero en España, lo más parecido que hubo a Lenin fue el contrarrevolucionario Franco, lo cual supuso una gran ventaja para los sublevados, indispensable para su victoria.

Para dirigir su nuevo régimen, Franco empezó por constituir la llamada Junta Técnica del Estado que, con amplias competencias sobre la zona nacional, contaba con gestores militares y civiles derechistas. A continuación, durante su tercer mes como dictador (en diciembre de 1936) puso en marcha un sistema nacional de propaganda e información dedicado a la creación del nuevo mito del «Caudillo», supremo líder nacional, que convertía un antiguo término castellano en equivalente de los de Führer o Duce. Sin embargo, era frecuente que los visitantes extranjeros mencionaran su sorpresa e incluso su decepción ante la presencia física del nuevo Generalísimo, que, bajito y fornido, tenía una calvicie incipiente y sobrepeso. Siempre era cortés y correcto, pero también cauto, y en sus primeras conversaciones con visitantes y dignatarios, mostraba una reserva rayana en la timidez. De rostro inexpresivo, sus modales eran cada vez más fríos y distantes. No obstante, en sus primeras campañas Franco había logrado escapar a la muerte en varias ocasiones y, en contra de la impresión inicial, cada vez tenía más la sartén por el mango en una brutal guerra civil. A finales de 1936 ya estaba convencido de su papel providencial, de haber recibido una especie de bendición divina para asumir el poder absoluto y alcanzar una victoria igualmente absoluta.

A pesar de carecer de elocuencia y de un físico imponente, en la zona nacional Franco se volvió una especie de personaje carismático. El origen de esa condición no era desde luego estética ni principalmente retórica, aunque la retórica sí tuviera mucho que ver con ella. Más bien se basaba en el aura que daba un mando decidido y en la victoria, porque, aunque Franco no había ganado todas las batallas, nunca se había visto obligado a retroceder. Había galvanizado a una sublevación renqueante, convirtiéndola paso a paso en la fuerza dominante en la contienda. También se dotó de carisma religioso, ya que por doquier se le consideraba un paladín de la religión y de los valores espirituales desdeñados por la revolución. Esta percepción la reforzaba el hecho de que el discurso nacionalista y tradicionalista viera en él al restaurador de la unidad nacional y la cultura tradicional que la revolución pretendía destruir. Dejando de lado esas consideraciones, e independientemente de que a algunos sublevados les convencieran o no, el liderazgo de Franco se aceptó como algo indiscutible e indispensable para alcanzar la victoria.

Todas las fuerzas políticas de la zona sublevada le dieron su aquiescencia, convencidas de que, si no se mantenían unidas, probablemente la revolución acabara con ellas por separado. Los monárquicos eran pocos y desde el principio vieron en Franco a su mejor valedor. Los superaban, con mucho, los numerosos votantes católicos de la CEDA, pero esta había apostado por la legalidad y el parlamentarismo, que habían fracasado por completo. Muchos de sus militantes jóvenes se habían unido a la Falange y, por mor de la unidad, los dirigentes de la CEDA aceptaron la disolución de su propio partido. Los carlistas también aceptaron la subordinación dentro de FET, al menos mientras durara la guerra, aunque discretamente conservaran su identidad política. En reconocimiento de su destacada contribución militar, Franco concedió a la provincia carlista de Navarra la Gran Cruz Laureada de San Fernando, la más distinguida condecoración militar española, durante una ceremonia celebrada en Pamplona en noviembre de 1937.

Hasta cierto punto, Franco logró la unidad desterrando la política, nombrándose a sí mismo Jefe Nacional y absoluto de FET, aceptando la disolución de otras formaciones centristas y de derechas, prohibiendo todas las izquierdistas y exigiendo que todas las energías se dedicaran a la lucha militar. La disidencia fue mínima, aunque unos pocos falangistas mostraran cierta resistencia. Durante algún tiempo unos 200 fueron detenidos, aunque después fueron liberados.

El único problema de relevancia podría haber sido que al llegar el invierno de 1937 Mola, Queipo de Llano y otros generales ya estaban descontentos con la soberbia que Franco estaba mostrando al ejercer su dictadura personal. Con todo, el propio Mola insistió ante sus colegas en que cualquier posible cambio político habría de posponerse hasta la hora de la victoria. En junio de 1937 Mola murió en un accidente de avión y ninguno de los demás tenía prestigio suficiente para cuestionar al Generalísimo. Si en algún momento alguno se pasaba un poco de la raya, Franco le privaba inmediatamente del mando hasta que mostrara signos de contrición. Mes a mes, el dictador se iba convenciendo de su carácter providencial y de que sus especiales dones superaban a los del resto de los mortales.

Para él, su régimen era algo ecléctico y singularmente español, aunque adoptara la conformación entonces habitual y en boga en Europa central y oriental: la de un Estado autoritario, regido por un partido único nacionalista. Lejos quedaron las referencias que en las primeras semanas Franco había hecho al modelo portugués, más moderado. Al aceptar los Veintiséis Puntos de Falange como doctrina de Estado, Franco adoptó un credo fascista, basado en el autoritarismo, el nacionalsindicalismo (los sindicatos dirigidos por el Estado), el activismo, la militarización y el imperialismo. Al mismo tiempo, insistía en que el suyo era un régimen que, al no haber alcanzado su forma definitiva, seguiría evolucionando. Le preocupaba especialmente no repetir el «error de Primo de Rivera», primer dictador de España que no había logrado desarrollar una doctrina y un sistema propios, lo cual condujo a su caída. Lo que Franco pretendía era plasmar eficaz y permanentemente lo que Primo había hecho de forma incompleta y fugaz, para lo cual había que levantar un régimen, un sistema estructurado, aunque en esta, como en otras cuestiones, sus avances fueron lentos.

Era evidente que Falange ocupaba aquí un lugar muy distinto al que tenían los partidos únicos en los regímenes de Alemania, Italia y la Unión Soviética. Al contrario que en esos casos, el control y la organización de Falange los asumió el Estado, de manera que FET tuvo todavía menos autoridad que el Partido Fascista italiano e infinitamente menos que sus equivalentes alemán o soviético. Durante la Guerra Civil, el aparato de FET, dirigido por su nuevo secretario general Raimundo Fernández Cuesta, se dedicó principalmente a la propaganda y la movilización militar. Mientras duró la guerra, las instituciones del nuevo Estado solo se desarrollaron superficialmente, aunque a finales de enero de 1938 se iniciara una segunda fase de desarrollo institucional. La Junta Técnica del Estado, dirigida por militares, que llevaba dieciséis meses gestionando el régimen sublevado, fue sustituida por un Gobierno ordinario que, con ministros en su mayoría civiles, acentuó todavía más la censura sirviéndose de una nueva y draconiana ley de prensa, comenzando poco a poco a erigir el sistema nacional de sindicatos estatales, conocido como nacionalsindicalismo.

Los militares eran más importantes que el partido único y, posteriormente, cuando el cuñado de Franco y ministro de la Gobernación Ramón Serrano Suñer encabezó una «visita de la victoria» a Roma en junio de 1939, uno de los generales que le acompañaba explicó a un alto cargo fascista italiano que la principal diferencia entre la Italia de Mussolini y la España de Franco radicaba en que el papel que en la primera desempeñaba el Partido Fascista, en la segunda lo tenía el Ejército. Esa afirmación, sin embargo, era un tanto exagerada. Franco era muy consciente de que una dictadura puramente militar estaría condenada al fracaso. Aunque destinó a un número considerable de oficiales del Ejército de Tierra y la Marina a cargos de relevancia gubernamentales, sobre todo entre 1936 y 1945, para Franco esos nombramientos se hacían a título individual y no constituían una representación corporativa de las Fuerzas Armadas.

Franco sabía que el «Movimiento Nacional» —como se llamaba frecuentemente a la causa de los sublevados— se había desarrollado gracias al apoyo de actores políticos bastante diversos. En consecuencia, al comenzar a erigir lentamente una estructura de Estado más compleja durante la segunda mitad de la Guerra Civil, otorgó cierta representación a los militares, la élite monárquica, los falangistas radicales, los carlistas y a los llamados «católicos políticos» surgidos de los muchos seguidores que tenía la CEDA, en tanto que también incorporó a unos cuantos especialistas puramente técnicos. Si el Ejército y la Falange fueron dominantes durante la primera década, este equilibrio de poder cambiaría notablemente con posterioridad, ya que Franco no dejó de reconocer la diversidad de lo que después se llamaría «familias políticas». Su cuñado y ministro de la Gobernación Serrano Suñer (que antes de la guerra había destacado en la CEDA) se convirtió en líder principal de la nueva Falange, aunque nunca llegara a la secretaría general del Movimiento. Entre 1937 y 1940 dominó prácticamente la política interna, pero posteriormente, al alterarse el equilibrio de poder durante la Segunda Guerra Mundial, el propio Franco fue acercándose a sectores más moderados. La tendencia del dictador a incorporar la diversidad a su régimen autoritario unitario proporcionó a este alternativas que le permitirían prolongar su vida durante muchos años.

El apoyo de la Iglesia fue fundamental. Cuando el conflicto tomó el cariz de una guerra de religión se olvidó la pretensión inicial de Mola, que tenía pensado mantener la separación entre Iglesia y Estado. El papel del catolicismo radicaba en las actividades religiosas, la educación y, por ende, en la provisión de peso espiritual a la causa, algo que, siendo de vital importancia, poco o nada tenía que ver con el régimen político. Franco recuperó el regalismo que caracterizaba a la monarquía tradicional, que, reconociendo las especiales prerrogativas de la Iglesia, no aceptaba merma alguna en la autoridad del Estado, lo cual afectaba a la capacidad de nombramiento de los principales cargos eclesiásticos, algo que el Vaticano no admitió. Aunque la religión recuperó en gran medida su papel en la zona franquista, al finalizar la guerra algunos de los privilegios eliminados por la República seguían suspendidos con el fin de utilizarlos como arma de negociación política. En 1945 el régimen de Franco se presentaría como el Estado más católico del mundo, pero el papado no tenía por qué estar de acuerdo. Ambas partes no firmarían un concordato hasta pasados dieciséis años, en 1953, cuando el régimen se había vuelto más moderado y había conseguido cierta rehabilitación internacional.

En todo ese tiempo se siguió apreciando la disonancia cognitiva que suscitaba la yuxtaposición de las doctrinas fascistas de Falange y las normas eclesiásticas. Los falangistas intentaron superarla proclamando ardientemente su identidad católica y, a pesar de las constantes contradicciones, su éxito en ese sentido fue mayor que el de ningún otro movimiento fascista, con la posible excepción de los ustachas croatas (o de la Guardia de Hierro de la Rumanía ortodoxa). Mientras no terminó la guerra, la jerarquía católica se mostró en extremo discreta, intentando no convertir esas contradicciones en un problema.

El papel del Marruecos español

Una de las numerosas paradojas de la guerra fue que la causa nacional, de identidad tan acendradamente católica, también tuviera cierto apoyo en el territorio musulmán del Protectorado marroquí. Este había sido la zona primordial en la preparación del golpe y el papel de las unidades militares marroquíes, compuestas por voluntarios musulmanes, fue esencial, sobre todo durante los primeros siete meses de combate. Durante los dos años siguientes fueron reclutados muchos más voluntarios musulmanes, ahora procedentes también del Marruecos y la Argelia franceses. Es posible que en las tropas de Franco se integraran hasta 80.000 musulmanes, lo cual supuso casi el 7 por ciento de su fuerza de combate. Ese contingente sufrió un desproporcionado número de bajas, ya que murieron en torno a 11.000 de sus hombres. Ese índice de mortalidad, algo más del doble del que sufrieron los dos ejércitos españoles juntos, coincidió más con el de las unidades navarras y, en el bando republicano, las Brigadas Internacionales.

Las autoridades militares sublevadas utilizaron con astucia el Protectorado, reconociendo tanto a los líderes tradicionales locales como a las nacientes figuras nacionalistas. Especial cuidado se puso en respetar el islam y la peregrinación a La Meca recibió protección oficial. Durante el reclutamiento, las autoridades españolas hicieron hincapié en la lucha común contra el ateísmo marxista, en tanto que la soldada que cobraban los voluntarios, sin ser elevada para el contexto europeo-occidental, sí resultaba muy apetecible para los jóvenes de una de las zonas más pobres del Magreb, que padecía niveles considerables de desempleo.

En uno u otro momento, todos los partidos revolucionarios de la zona republicana idearon algún plan para minar la retaguardia franquista fomentando la insurrección en la colonia, prometiendo la independencia o incluso ofreciéndose a ceder el Protectorado a Francia a cambio de ayuda militar directa. Aunque se produjeron algunas negociaciones, todas esas iniciativas acabaron siendo vetadas pro el Gobierno republicano (y también personalmente por Stalin), porque iban en contra de la política general de quitar hierro a la revolución y la subversión, y de intentar congraciarse con el Reino Unido y Francia. Cualquier revuelta que tuviera lugar en el Marruecos español podría extenderse al protectorado francés y los republicanos españoles no podían permitirse la enemistad con Francia.

La movilización social y económica

En prácticamente todos los sentidos, el esfuerzo bélico de la zona sublevada se organizó de manera más eficiente que el de sus adversarios. Inicialmente, el territorio en poder de los alzados sufrió graves deficiencias industriales, financieras y comerciales, y solo contaba con una ventaja económica: casi el 70 por ciento de la producción agrícola nacional. Sin embargo, no tardó en disponer de otra ventaja económica clave: políticas unificadas y centralizadas. Todas las actividades financieras e industriales acabaron siendo reguladas por una serie de organismos nacionales y provinciales, y todos los intercambios con el extranjero, al igual que las exportaciones y el uso de metales y piedras preciosas, estaban controlados por el Estado. En algunos casos, este se hizo directamente cargo de la exportación de artículos esenciales, y para gestionar productos agrícolas clave como el trigo y las almendras se establecieron «servicios nacionales», encargados de la financiación, los precios y la comercialización. El ordenamiento de la actividad económica por parte del nuevo Estado no solo fue meticuloso sino, en general, coherente y eficaz, fomentando el mantenimiento de la producción y el consumo, sin dejar de maximizar el potencial exportador, sobre todo de los minerales. Cuando Vizcaya y Asturias fueron conquistadas en 1937, la producción metalúrgica y carbonífera recibió una especial atención, de manera que a finales de 1938 el rendimiento de la industria pesada vasca ya era equiparable al de antes de la guerra. Los salarios retrocedieron a niveles previos a febrero de 1936 y la ley marcial garantizó la paz y la disciplina laborales. Por otra parte, en el sistema bancario imperó la coordinación y, en líneas generales, las entidades de la zona nacional sacaron beneficios durante la guerra, en tanto que la inflación se mantuvo en niveles relativamente moderados.

Fue este un sistema improvisado que, pese a todo, alcanzó sus objetivos fundamentales. Era inevitable que hubiera quien hiciera trampas y que surgieran ciertas fricciones, y en el ámbito local se impusieron muchas multas, pero, en líneas generales, se aceptaron las normas de la época bélica. La única zona parcialmente autónoma fue la situada en el centro y el oeste de Andalucía, donde a Franco le pareció prudente ratificar el control regional de Queipo de Llano mientras durara la guerra. Esto supuso el establecimiento de una especie de satrapía regional, que sin embargo funcionaba con una estricta disciplina militar y que, a pesar de ciertas fricciones, se coordinaba adecuadamente con el resto de la zona sublevada.

Las fuerzas de Franco también libraron una guerra económica contra el enemigo, hostigando sin descanso a los buques republicanos y tratando por todos los medios de obstaculizar las actividades financieras republicanas en el extranjero. Posteriormente, en 1938, los sublevados inundaron el mercado exterior con millones de pesetas de la República incautadas, para socavar gran parte del poder de compra que le quedaba al enemigo. En septiembre de 1937 la peseta republicana todavía valía casi el 60 por ciento de la «peseta nacional», pero su valor cayó en picado durante el último año de guerra, cuando la inflación en la zona republicana superó el 1.500 por ciento.

En general, la zona sublevada movilizó sus recursos humanos y sociales con eficacia y así fue también en el caso de las mujeres. En la republicana, algunos de los movimientos revolucionarios, sobre todo anarquistas y comunistas, hablaban mucho de la liberación y la movilización de la mujer. Cientos de ellas habían participado en las milicias revolucionarias en las primeras semanas y un número muy escaso llegó incluso a entrar momentáneamente en las filas del Ejército Popular. Por el contrario, la contrarrevolución nacional volvió a insistir en el papel tradicional de la mujer, aunque la movilizó por lo menos con la misma eficacia, cuando no mayor, para desempeñar labores sociales, económicas y médicas. Al finalizar la guerra, la Sección Femenina de FET había reclutado a casi 600.000 mujeres, más que todas las organizaciones femeninas del bando republicano juntas.

Franco tuvo la suerte de poder librar gran parte de la guerra amparándose en créditos exteriores, una posibilidad que se le negó al régimen revolucionario. En conjunto, Hitler y Mussolini proporcionaron unos 600 millones de dólares en forma de material militar y de otra índole, principalmente a crédito. La principal excepción tuvo que ver con la insistencia de Hitler en utilizar parte de los créditos en pesetas para adquirir un parte considerable de cinco empresas mineras, exigiendo también a Franco que abonara una pequeña parte de la deuda con envíos de minerales y víveres. En ocasiones, hubo productos valiosos que se consiguieron gracias a otro tipo de financiación: ese fue el caso de la gran cantidad de petróleo proporcionada por la compañía estadounidense Texaco, así como el de muchos camiones también de EE.UU. (vehículos no incluidos en la lista de productos de uso militar, objeto de embargo oficial por parte de ese país).

En conjunto, la zona sublevada mantuvo la producción y el consumo internos, una peseta estable y buenas importaciones, sufriendo únicamente cierta inflación de poco más del 10 por ciento anual. Ese éxito económico fue esencial para la victoria de Franco.

Exactamente lo contrario sucedió en la zona republicana, cuyas divisiones políticas generaron a su vez fragmentación territorial, administrativa y económica. Durante el primer año de guerra, hubo en ella seis gobiernos distintos: los oficiales de Madrid y Barcelona, el Consejo de Aragón, anarquista, y los tres de la zona norte. Durante el primer año de guerra era habitual que las autoridades locales emitieran monedas o vales propios, de manera que «A finales de 1937 más de dos mil organizaciones diferentes habían emitido en el área republicana cerca de 10.000 clases de billetes y medio centenar de monedas metálicas… De los 1.075 municipios existentes en Cataluña, 687 emitieron moneda».[1] A esto habría que añadir que cada uno de los gobiernos de las zonas costeras tenía sus propias aduanas, que los separaban incluso de las demás zonas republicanas. Resulta fácil comprender que todo esto, unido a la proliferación de formas de incautación revolucionaria a nivel local, dificultara el mantenimiento de la producción.

Lo mismo podría decirse de los cuantiosos recursos financieros de la República. Durante los primeros meses se establecieron en el exterior numerosas comisiones de compra que funcionaron de forma caótica y despilfarradora. Esas operaciones, realizadas con poca profesionalidad, fueron objeto de estafa por parte de proveedores extranjeros, sufriendo en ocasiones saqueos a manos de sus propios administradores. Los gobiernos regionales, y también la CNT, cobraban sus propias comisiones. El hecho de que a finales de octubre de 1936 se colocara el crédito que quedaba en manos soviéticas redundó al menos en cierto grado de coordinación. El mismo caos se reprodujo al final de la guerra, cuando lo que quedaba de los recursos financieros, y sobre todo del oro, la plata y las joyas obtenidas mediante el saqueo a gran escala, fue mayormente enviado al extranjero, como siempre de manera desordenada. La parte del león se la llevaron las dos principales facciones socialistas, aunque los anarquistas se quedaron con una parte y Franco recuperó una pequeña cantidad.

Gracias al buen tiempo imperante durante el año 1937, la producción agrícola republicana solo se redujo ligeramente, pero más drástica fue la caída de la producción industrial. Durante un tiempo se estabilizó en torno al 60 por ciento de la prebélica, en parte a causa del mayor peso de la metalurgia en tiempo de guerra. Sin embargo, se redujo enormemente después de marzo de 1938, cuando los sublevados se hicieron con las fuentes principales de producción eléctrica de Barcelona. Todavía más desastroso fue el descenso en la producción de víveres. Una situación que agravó todavía más el hecho de que el lento pero constante avance de Franco significara que la zona republicana tenía que absorber un número creciente de refugiados, cientos de miles, de manera que durante el último año de guerra la población de la zona republicana sufrió una grave desnutrición. Al terminar la contienda estaba al borde de la hambruna.

En comparación con los actores principales de las demás guerras civiles europeas de la época, parece que la economía del régimen franquista tuvo un comportamiento singular. Contaba con la ventaja de que, aunque España estaba saliendo de una depresión, al contrario que en los demás países su economía no se había visto gravemente perturbada por un gran conflicto internacional, un factor que sí había precedido las demás guerras civiles. En Rusia, los bolcheviques ganaron la contienda, pero solo a costa de aplicar políticas totalitarias de lo más opresivo que, como incluso Lenin se vio obligado a reconocer, destriparon económicamente el país. En el caso de Finlandia, relativamente más avanzada que Rusia, las extremas penurias económicas ocasionadas por la Primera Guerra Mundial acentuaron la paranoia de los socialistas, influyendo en que iniciaran la guerra civil. Posteriormente, en Yugoslavia y Grecia, los trastornos económicos producidos por la Segunda Guerra Mundial serían fundamentales a la hora de desatar el enfrentamiento civil y la revolución.

La estabilidad de la producción económica fue clave para el éxito de Franco, lo cual hace que, en comparación, el desastre económico de la zona republicana resulte todavía más sorprendente, demostrando gráficamente las divisiones internas y la incoherencia de la izquierda española.

10

LA INTERVENCIÓN Y LA NO INTERVENCIÓN EXTRANJERAS

En ocasiones la intervención extranjera tuvo un papel fundamental en el resultado de las guerras civiles europeas de comienzos del siglo XX. Los Estados bálticos no podrían haber derrotado a los soviéticos sin la ayuda de británicos y alemanes. En Hungría, no fue la contrarrevolución sino la invasión rumana lo que derrocó al régimen de Béla Kun. En Finlandia, fueron sobre todo los blancos los que derrotaron a los rojos, pero lo que decidió la victoria fue la asistencia alemana. Posteriormente, la invasión soviética garantizó el triunfo definitivo de los partisanos yugoslavos de Tito, en tanto que la ayuda británica y estadounidense tuvo un impacto decisivo en el resultado de la guerra civil griega de 1944-1949.

Parece que la excepción fue la guerra civil rusa. La limitada intervención de Francia, el Reino Unido, Japón y Estados Unidos no logró impedir el triunfo del bolchevismo. Sin embargo, en Rusia la implicación crucial fue la de Alemania, cuya cooperación hizo posible la consolidación inicial del régimen bolchevique.

Durante más de un siglo España había estado alejada de la política de las grandes potencias y carecía de aliados, pero es cierto que, salvo en 1898, tampoco los había necesitado. Por otra parte, Salvador de Madariaga, en su calidad de representante en funciones de la República ante la Sociedad de Naciones, en Ginebra, había asumido, prácticamente solo, un papel propio, pasando a liderar a las potencias menores frente a la agresión de Japón e Italia. Esta fue la iniciativa diplomática española de más relevancia en el curso de más de un siglo, pero se quedó en nada.

Aunque el discurso frentepopulista estaba dominado por la retórica antifascista, a su regresó al poder en 1936 Azaña intentó evitar cualquier obligación en materia de política exterior, cooperando con otros Gobiernos para poner fin a las sanciones económicas impuestas contra el régimen fascista italiano después de la invasión de Etiopía. Posteriormente, a él y al resto de la izquierda les amargaría bastante la falta de apoyo extranjero a la República revolucionaria que se enfrentaba al fascismo, pero ningún interés mostró el propio Azaña en ayudar a una víctima de Mussolini cuando tuvo oportunidad de hacerlo.

Los líderes de la conspiración militar no habían participado en el frustrado acuerdo al que los monárquicos habían llegado con Mussolini en 1934. Mola y sus colegas habían intentado que Italia y Alemania les proporcionaran armas, pero en ese momento Mussolini no creía que la derecha española fuera de fiar. En consecuencia, los mandos militares comenzaron su golpe sin compromisos de ayuda exterior, pero su situación se tornó tan inmediatamente desesperada que Mola y Franco, por separado, intentaron granjearse el apoyo de Roma y Berlín.

Por su parte, estaba claro que el Gobierno republicano tenía un amigo, aunque no un aliado, en París, donde el Frente Popular de Léon Blum acababa de llegar al poder. Además, un acuerdo reciente entre ambos países facilitaba la venta de armas francesas a España. En consecuencia, en cuanto ocupó su cargo, Giral envió un telegrama pidiendo «armas y aeroplanos», sin precisar número; después vendría una solicitud más precisa, presentada en París el 21 de julio. Cuando Blum se disponía a acceder a la petición, la noticia se filtró a la prensa. Mientras proliferaban las informaciones sobre la violencia revolucionaria en España, los conservadores franceses lanzaron una ruidosa campaña para exigir que su Gobierno negara la ayuda al español. Los líderes del Reino Unido, un aliado crucial del que el Gobierno francés cada vez dependía más, aconsejaron cautela, en tanto que los radicales centristas, principal socio de gobierno de Blum, no querían que Francia se viera envuelta en el conflicto. Todo esto planteaba el peligro de que la Guerra Civil española provocara graves disensiones en Francia, incluso en el seno del propio Gobierno frentepopulista. En consecuencia, Blum permitió el envió de unos cuarenta aviones a la zona republicana, aparentemente a instancias de vendedores privados, pero se negó a proporcionar mucho más, y el 25 de julio anunció que Francia «no intervendría en modo alguno» en la contienda española.

Entretanto, los emisarios enviados por Mola y Franco a Roma y Berlín, los dos centros del autoritarismo antiizquierdista y antisoviético de Europa, no recibieron inicialmente mucho ánimo, y el 23 de julio un telegrama enviado por Franco se topó con la tajante negativa del Ministerio de Exteriores germano. Con todo, sus enviados personales lograron entrevistarse con Hitler en Núremberg, el día 25 de julio, muy a última hora. La solicitud de ayuda sorprendió al dictador alemán, que no tenía interés en la situación de España ni la conocía, pero después de dos horas de conversación tomó una decisión rápida, parece que destinada a aprovechar la oportunidad de obstaculizar el avance del comunismo (que es lo que se le presentó) y de establecer un régimen amigo en la frontera meridional de Francia. El primer avión de transporte Junkers-52 llegó al Protectorado marroquí a última hora del 27 de julio y durante las dos semanas siguientes se proporcionaron un total de veintiséis unidades, así como quince aviones de combate y pequeñas cantidades de armas y municiones. Menos resuelto se mostró Mussolini, aunque en cuarenta y ocho horas decidió, por su cuenta, hacer lo mismo, animado al saber que no tendría que enfrentarse a la intervención francesa, aunque al principio su ayuda fue más modesta que la de Hitler. La contribución alemana e italiana, aun siendo limitada, fue crucial para la movilización de los sublevados en Marruecos y para el avance de Franco hacia Madrid, que puede que no hubiera sido posible sin ella.

El Gobierno de Blum dispuso el envío de otros diecisiete aviones franceses a la República, pero disfrazó el flete y no tardó en comprender que la oposición interna y la de su aliado británico eran demasiado importantes como para no hacerles caso. Por el contrario, los mandos de la Armada francesa, aun siendo bastante conservadores, estaban alarmados con las repercusiones geoestratégicas de la guerra en España y eran partidarios de apoyar a la República, pero sus homólogos británicos rechazaron de plano sus razones. En consecuencia, el 2 de agosto el Gobierno francés comenzó a proponer la firma de un acuerdo de no intervención por parte de las potencias europeas. La idea no era atar de pies y manos a la República, sino ayudarla, porque, si la propuesta tenía éxito y se respetaba el acuerdo resultante, Alemania e Italia no podrían intervenir y la izquierda española estaba convencida de que, si la guerra se libraba únicamente con recursos internos, podría ganarla. Durante los demás días de agosto, el resto de las potencias europeas, entre ellas Alemania e Italia, firmaron el acuerdo de no intervención, aunque la última continuó involucrándose descaradamente en España, aumentando incluso ligeramente su ayuda. A mediados de septiembre comenzó a reunirse en Londres un Comité de No Intervención, con representación de todos los firmantes.

Las grandes potencias intentaron limitar el alcance de la guerra secundando la negativa de Alemania a reconocer el carácter oficial que, según el derecho internacional, podrían tener los dos beligerantes. Berlín anunció esta política para impedir que la flota republicana, mejor dotada, bloqueara los puertos desde los que Alemania estaba enviando material militar. Lo normal habría sido que, al margen de lo que se pudiera pensar de las políticas o situación interna de la República, un Gobierno legalmente constituido como el suyo gozara del reconocimiento de la condición de beligerante, pero las potencias dieron por hecho que España había caído en manos de la revolución y que ninguno de los bandos merecía un reconocimiento total, lo cual limitó el derecho a recurrir a la guerra naval de ambos contendientes.

El Gobierno que con más desesperación contemplaba el posible resultado de los combates era el portugués. Entre 1932 y 1933 la izquierda española había participado en iniciativas destinadas a derrocar el régimen de Lisboa y el hombre fuerte luso, el jefe de Gobierno António de Oliveira Salazar, temía que su autoritario Estado Novo fuera incapaz de sobrevivir si la izquierda revolucionaria se imponía en el resto de la península. Portugal apenas tenía recursos militares propios, pero el régimen lisboeta proporcionó apoyo logístico a los sublevados desde el principio. En vista de que sus relaciones europeas dependían prácticamente de su aliado británico, firmó, a pesar de las protestas, el Acuerdo de No Intervención, pero siguió manteniendo relaciones diplomáticas con la República. Ante la ayuda portuguesa a Franco, Londres hizo la vista gorda, porque no conllevaba una importante provisión de armamento luso. Sin embargo, la frustrada revuelta izquierdista que se produjo el 8 de septiembre en tres buques de guerra portugueses atracados en el puerto de Lisboa alarmó a Salazar, que a finales de ese mes anunció la constitución de una legión de voluntarios lusos que lucharía junto a los sublevados españoles. Al mes siguiente rompió relaciones con el Gobierno republicano, pero se cuidó de no reconocer oficialmente a Franco, limitándose a enviar ante su régimen un «representante especial» a finales de 1937.

Aunque los tres principales dictadores de Europa —Hitler, Mussolini y Stalin— firmaron el Acuerdo de No Intervención, los tres lo infringieron inmediatamente, aunque de forma un tanto distinta y en diferentes grados. Tanto Hitler como Mussolini buscaban la victoria de Franco, pero para el segundo esta no tardó en convertirse en una enorme prioridad. En proporción, no tardó en destinar a ese fin muchos más recursos que Hitler (o que Stalin para el otro bando). La Alemania nazi tenía más prestigio, pero los italianos disfrutaban de una vía de acceso a los sublevados que, por la distancia cultural, al principio los alemanes no tuvieron. Además, en un momento en el que las ideas del propio Franco se iban volviendo más radicales y «fascistizadas», Italia podía servir más de modelo que un país norteño, mayoritariamente protestante, cuyo régimen se basaba en un singular fanatismo racial que la derecha española no podía compartir. En consecuencia, Mussolini trató de establecer una relación especial que atrajera a la «Nueva España» hacia la órbita mediterránea italiana, como si fuera una especie de satélite.

Mussolini firmó el Acuerdo de No Intervención, no porque pretendiera cumplirlo, sino porque esperaba que impidiera la ayuda de Francia a la República. Al principio pensaba que una reducida ayuda italiana y alemana podría permitir a los nacionales alcanzar una victoria relativamente rápida. En los primeros treinta días, Italia y Alemania enviaron unos cuarenta aviones cada una, así como pequeñas cantidades de material y municiones.

Consecuencia de todo ello fue que Mussolini y Hitler acabaran adoptando políticas relativamente equiparables en España, aunque al principio uno y otro hubieran actuado por su cuenta. A partir de ese momento, la Guerra Civil española comenzó a cobrar un gran relieve en la política europea. Hitler siempre había tenido interés en alcanzar algún tipo de acuerdo o de alianza con Italia, pero el régimen fascista se había mostrado ambiguo. Ambos países habían sido enemigos en la Primera Guerra Mundial y en 1934 el racismo nazi había desatado una virulenta polémica antinazi en la prensa fascista italiana. Por otra parte, Alemania había sido el único país en apoyar la conquista italiana de Etiopía. La actitud de Mussolini hacia Hitler y la Alemania nazi siempre conjugaría el miedo y la envidia, pero a medida que Alemania se fortalecía y cuando ambos regímenes intervenían para apoyar al mismo bando en España, la envidia comenzó a superar el miedo. En octubre de 1936 los dos Gobiernos firmaron su primer acuerdo importante, no una alianza, simplemente un pacto de amistad y consulta mutua que, según Mussolini, suponía el establecimiento de un «Eje Roma-Berlín». Se aducía que el acuerdo, de carácter anticomunista, buscaba el bienestar de Europa, y Mussolini invitó a otros países a firmarlo. De ese modo, casi desde el principio, la guerra en España y las intervenciones de Alemania e Italia se presentaron como una lucha contra el comunismo y la influencia soviética, encuadrando el conflicto en una especie de guerra civil europea en la que otros Estados podrían querer participar.

Hitler señaló que para él el conflicto español estaba en la esfera de influencia italiana, porque sus objetivos en la Europa meridional eran marginales. En septiembre llegaron de Berlín y Roma pequeñas comisiones de asesores militares y con ellas un reducido grupo de oficiales cuya labor era enseñar a las tropas de Franco a utilizar el armamento extranjero. A finales de octubre, varios de esos combatientes se unieron a las fuerzas franquistas en su arremetida definitiva contra Madrid.

Además, durante la confusión de las primeras semanas, los líderes sublevados de Mallorca habían enviado mensajes urgentes a Roma solicitando ayuda militar. Cuando una expedición de milicianos catalanes invadió la isla, los alzados también solicitaron un asesor militar y Mussolini envió a Arconovaldo Bonaccorsi, un alto, pelirrojo y extravagante oficial de las milicias del Partido Fascista, al que se acabó llamando «conde Rossi». Sirviéndose de cinco aviones recién llegados de Italia y de unos 200 soldados italianos, Rossi coordinó a los sublevados, que estaban muy en minoría, y el 3 de septiembre se retiraron los destacamentos de milicianos catalanes. Este éxito defensivo sirvió como trampolín para la conquista por parte de los sublevados de la cercana isla de Ibiza. Posteriormente, en ambas islas se instalarían otras unidades aéreas italianas que participaron activamente en el curso de la guerra. Cuando la presencia de personal militar italiano en las Baleares sobrepasó los 1.000 hombres, la inquietud se disparó en Londres y París.

Hitler y Mussolini, aunque criticaban la lentitud con la que Franco avanzaba hacia Madrid, el 18 de noviembre reconocieron que el suyo era el único Gobierno legítimo que había en España, incrementando una ayuda militar que en ese momento ya era superada por la que los soviéticos prestaban a los republicanos. El 28 de noviembre Franco firmó un tratado secreto con Mussolini, el acuerdo más importante de la guerra. Italia se comprometía a respetar «la independencia y la integridad de España» y ambas partes prometían ayudarse mutuamente, consultarse y mantener relaciones de amistad, además de no permitir que otras potencias utilizaran sus respectivos territorios para atacar al otro firmante: este punto aludía implícitamente a Francia y al traslado de tropas francesas desde África a Europa. Además de contener acuerdos comerciales un tanto imprecisos, el documento también comprometía a ambos Gobiernos a adoptar una postura de benevolente neutralidad en caso de guerra con una tercera potencia, y a proporcionar suministros e instalaciones. La firma de ese tratado conllevó un enorme incremento de la ayuda italiana.

Aunque la ayuda de Hitler sería menos cuantiosa que la de Mussolini, a comienzos de noviembre de 1936 el primero envió una pequeña fuerza de intervención aérea, la Legión Cóndor, que, compuesta por unas noventa naves, también incorporaba pequeñas unidades de otras armas. Sin embargo, al margen de ese contingente, la ayuda germana tenía sus límites, y a finales de 1936 Hitler comenzó a decir que lo más útil de la guerra en España era que servía para distraer a las demás potencias de las actividades alemanas en Europa central y que podría ser deseable que el conflicto se prolongara.

Ese enfoque era inaceptable para Mussolini que, cada vez más crítico con la lentitud de las operaciones de Franco, y en vista de la escalada soviética, decidió enviar mucha más ayuda. El 14 de diciembre Franco recibió sorprendido y molesto la noticia de que no tardarían en llegar 3.000 milicianos de camisas negras del Partido Fascista. Hacía poco que Franco había sugerido al embajador alemán que le vendría bien contar con dos divisiones alemanas bien preparadas y equipadas, pero la decisión unilateral de Mussolini de endilgarle a sus milicianos no coincidía con esos deseos.

Eso fue solo el principio, porque la presencia militar italiana en España aumentó con rapidez, llegando a finales de febrero de 1937 al punto culminante de 49.000 hombres que, según ciertos documentos revelarían posteriormente, eran en un 57 por ciento milicianos voluntarios del Partido Fascista. El Gobierno italiano anunció que a España únicamente habían ido voluntarios, una afirmación engañosa. Solo se envió una unidad del Ejército regular, la División Littorio, en tanto que los demás contingentes estaban compuestos por voluntarios militares y milicianos, reunidos en nuevas unidades, lo cual explicaba su escasa eficacia, por lo menos al principio. La infantería la constituía el Corpo di Truppe Volontarie (CTV), en el que posteriormente se encuadrarían 36.000 hombres en cuatro divisiones y dos brigadas (estas compuestas por tropas italianas y españolas). Por otra parte, también había escuadrones compuestos íntegramente por miembros de las fuerzas aéreas italianas. En total, entre diciembre y febrero Mussolini envió 62 buques que, cargados de hombres y material, trasladaron 130 aviones, 500 cañones, 700 morteros, 12.000 ametralladoras y 3.800 vehículos de motor. Después vendrían otros envíos. A partir de ese momento, los cañones italianos, entre ellos material de gran calibre, constituirían el grueso de la artillería franquista, en tanto que sus unidades móviles, tal cual estaban, viajarían en camiones italianos (y también estadounidenses).

Los italianos estaban deseando alcanzar una victoria rápida, pero el intento de dar un gran paso al noreste de Madrid en marzo de 1937, en la ofensiva de Guadalajara, condujo a un punto muerto y a una derrota propagandística para Mussolini. Por primera vez se llevó a cabo una cuidadosa revisión del personal italiano y se envió a casa a muchos de los voluntarios de más edad, que estaban en malas condiciones y eran incompetentes o estaban escasamente motivados, al tiempo que en su lugar se enviaba a tropas mejor preparadas. Estas medidas dejaron el CTV en menos de 30.000 hombres, pero con una capacidad de combate bastante superior. Durante el resto de la guerra, las unidades italianas —infantería, artillería y aviación— desempeñarían un importante papel en las ofensivas principales de Franco.

A los fascistas italianos les sorprendía con frecuencia el carácter extremadamente derechista del régimen de Franco y los que ellos consideraban rasgos «reaccionarios» y «clericales». Por su parte, los fascistas italianos solían considerarse «modernos» y «progresistas», y sus líderes intentaron que Franco y su nuevo régimen evolucionaran hacia el modelo italiano. Instaron al Caudillo español a conformar un nuevo y unificado Estado de partido único, proporcionándole directrices que influyeron en algunas de las creaciones del franquismo, sobre todo en el Fuero del Trabajo de 1938.

Franco recibió gran cantidad de armas, mayormente a crédito, y en agosto de 1937 los dos regímenes firmaron en Roma un acuerdo en virtud del cual un consorcio de bancos italianos (parcialmente públicos) proporcionó préstamos considerables para sufragar gran parte de los próximos envíos. Eran condiciones más generosas que las concedidas por Hitler (o por Stalin al otro bando) y, mientras durara la guerra, solo exigían devoluciones mínimas.

El reorganizado CTV tuvo su papel en la conquista de la zona norte republicana, ocurrida en 1937, pero la contraofensiva gubernamental de diciembre en Teruel desesperó hasta tal punto al comandante de la fuerza italiana que este recomendó la retirada de la misma. Mussolini se negó y no tardó en verse refrendado por el éxito de la siguiente ofensiva de Franco en la que el CTV, a pesar de la escasa moral de su comandante, desempeñó un destacado papel en un avance que en abril de 1938 partió en dos lo que quedaba de zona republicana. Fue durante esta operación cuando Mussolini, actuando por su cuenta (y pasando por encima de Franco) ordenó que entre el 16 y el 18 de marzo los aviones italianos estacionados en Mallorca sembraran el terror bombardeando Barcelona. Con mucha diferencia, fue este el bombardeo más intenso sufrido por ninguna ciudad de ambos bandos durante la guerra y ocasionó la destrucción de muchos edificios y la muerte de 980 civiles. Parece que lo que pretendía era amedrentar a la retaguardia y acelerar el derrumbe de la República, pero no lo consiguió.

Por el contrario, la última ofensiva realizada por los republicanos en el Ebro en julio de 1938 tuvo deprimentes consecuencias para el CTV. Llegado ese momento el cuerpo había perdido a 3.500 hombres y algunos de los supervivientes ya manifestaban que los italianos estaban condenados a un interminable combate en España. Según escribió posteriormente un periodista, a esos hombres les parecía que la estrategia de Franco se basaba en el principio de que «gana la guerra el último soldado que queda en pie»[1]. El general Mario Berti, comandante del CTV, volvió a recomendar su retirada, aduciendo que temía que Franco acabara siendo derrotado, lo cual perjudicaría el prestigio de Italia. Mussolini, cada vez más indignado con la actitud de Franco, se quejaba de que no aprovechaba las oportunidades. Su yerno y ministro de Exteriores, Galeazzo Ciano, plasmó en su diario que «En la guerra, Franco no tiene una visión de conjunto. Sus operaciones son las de un espléndido comandante de batallón». Después del inicio de la ofensiva del Ebro, Mussolini volvía a quejarse ante Ciano: «Escribe en tu libro que hoy 29 de agosto preveo la derrota de Franco. Este hombre, o bien no sabe cómo librar una guerra o no quiere librarla. Los rojos son luchadores, Franco no»[2].

Sin embargo, a pesar de la indignación, Mussolini creía que el resultado del conflicto era demasiado importante como para que Italia tirara la toalla y el triunfo diplomático conseguido por Hitler en Múnich en septiembre de 1938 convenció aún más al Duce de la victoria final. Sin embargo, al incrementarse temporalmente los envíos de armas germanos, Mussolini redujo ligeramente el peso de su colaboración, retirando en octubre a 10.000 hombres, como gesto de buena voluntad diplomática. En ese momento, ya un buen número de los integrantes del CTV eran reclutas españoles, aunque seguían yendo acompañados de escuadrones italianos que ascendían a bastante más de 100 aviones, un grupo de tanques con 100 tanques ligeros y el cuerpo de artillería del CTV, con casi 600 cañones.

Mientras las fuerzas de Franco se acercaban a la frontera francesa, principal vía de suministro republicana, el Generalísimo se manifestó preocupado por los rumores de intervención militar francesa. Ciano advirtió en repetidas ocasiones a los embajadores británico y francés que, si tal cosa ocurría, se enviaría al principal cuerpo de ejército italiano a combatir contra Francia en territorio español (en realidad, el peligro de intervención gala era escaso).

Los líderes fascistas estaban bastante contentos con los resultados de su política y el 22 de febrero de 1939 Ciano escribió en su diario que con el inminente triunfo en España «se han sentado las bases del imperio romano mediterráneo». Mussolini confiaba en que el victorioso régimen español se alineara con el Eje en lo tocante a los asuntos europeos, creyendo que Italia tenía ahora una especie de satélite en Madrid. En gran medida, no se equivocaba respecto al primer punto, pero sí en el segundo. Aunque Franco y la mayoría de sus colegas vieron en Mussolini a su principal amigo durante el primer año de posguerra, Franco no aceptó la condición de satélite y miró cada vez más hacia Alemania.

En muchos sentidos, Mussolini era el principal partidario de Franco en el exterior. Se siguió comprometiendo más que Hitler en la victoria de los sublevados, proporcionándoles más armas y muchas más tropas. Además, las condiciones de la asistencia italiana fueron más generosas y, al contrario que Hitler, poco empeño puso en exigir importantes réditos económicos. En años posteriores, mucho después de la desaparición del fascismo italiano, Franco y otros veteranos del régimen recordarían a Mussolini con nostalgia, viendo en él a un leal y generoso amigo.

Por su parte, las doctrinas de Hitler se asentaban en una peculiar teoría racial en la que España tenía un papel escaso o inexistente. El país era de poca relevancia para el Führer, aunque este valoraba su posición estratégica y encajó la guerra española en sus políticas anticomunistas, buscando posteriormente aprovechar también las posibilidades económicas. El carácter secundario que la Guerra Civil española tenía para Hitler se aprecia especialmente en el hecho de que hasta la primera parte de 1938 el régimen nazi intentara aliviar su escasez de divisas vendiendo a la República, a través de terceros, principalmente griegos, armas de categoría menor. Para Italia, ese doble juego habría sido impensable.

El anticomunismo era un rasgo fundamental del nacionalsocialismo, ya que el miedo al comunismo alemán y la «amenaza comunista» habían sido indispensables para la llegada de Hitler al poder. En la misma base se asentaban la política exterior de Alemania y su desarrollo militar. El primer acuerdo al que Hitler llegó con sus futuros aliados fue el Pacto Anti-Komintern germano-nipón del 23 de octubre de 1936, firmado el mismo día que llegó a un entendimiento con Italia, denominado por Mussolini Eje Roma-Berlín. A lo largo de la contienda española, los diplomáticos alemanes e italianos justificarían ante otras potencias su ayuda a Franco aludiendo a la necesidad de oponerse a la Unión Soviética.

El primer embajador alemán, el general Wilhelm Faupel, era un nazi convencido que pretendía ayudar a la Falange a convertirse en fuerza dominante dentro del régimen de Franco, instando, además, a que la ayuda germana fuera mucho más cuantiosa. Hitler, que no coincidía con ninguna de esas ideas, vetó cualquier injerencia política, recalcando que Alemania debía centrarse en arrancar concesiones económicas. El Ministerio de Exteriores alemán dejó constancia de que al Führer le traía sin cuidado que el sistema político que ocupara el poder en España al final de la guerra fuera una dictadura militar, un Estado autoritario o una monarquía de tendencia liberal o conservadora[3]. Hitler se negó a incrementar su compromiso militar, dejando que fuera Mussolini el que liderara la nueva escalada a finales de 1936.

Aunque Hitler deseaba la victoria de Franco, a Alemania lo que más le convenía era que la contienda española se prolongara, para así desviar la atención de su propio proceso de rearme y expansión. Así describía un alto cargo alemán cuál era la política de Hitler a finales de 1936:

Si la atención de las potencias europeas podía centrarse todavía más en España, esto reportaría considerables ventajas a la política alemana en Europa… En consecuencia, los intereses de Alemania, los únicos que había que tener en consideración, estaban menos centrados en la pronta finalización de la Guerra Civil española que en evitar el riesgo de limitar su propio rearme [el de Alemania]. Más bien, lo que favorecía a los intereses de Alemania era la continuación durante un tiempo del problema español, que así podría ocupar la atención de Europa, apartándola de Alemania[4].

Durante casi dos años, esa seguiría siendo la posición de Hitler, que la reiteró el 5 de septiembre de 1937: la prolongación del conflicto español seguía siendo excelente para los intereses alemanes. Apartaría la atención de los siguientes movimientos nazis contra Austria y Checoslovaquia, manteniendo al mismo tiempo muy entretenida a Italia y enfrentada con Francia y el Reino Unido. A Mussolini no le satisfacía en absoluto esta situación, porque cargaba sobre las espaldas de Italia el peso principal. Como el propio Duce reconoció, así empeoraban sus relaciones con París y Londres, dejando las manos libres a Hitler. Con todo, Mussolini siguió acercándose al Führer, con el que firmó en noviembre de 1937 el Pacto Anti-Komintern.

La actitud de Hitler se tornó todavía más cínica en 1938. Desde las primeras semanas de conflicto, había valorado sus posibles repercusiones en Francia. Mientras se prolongara, la lucha dividiría al país vecino, dificultando que diera una respuesta enérgica a las iniciativas alemanas. Como internamente a Francia le afectaba mucho más el conflicto español que a ningún otro país, Hitler llegó incluso a albergar esperanzas de que la guerra civil rebasara los Pirineos.

Después de la exitosa ofensiva que Franco llevó a cabo en Aragón en la primavera de 1938, Hitler conmocionó al coronel Erwin Jaenecke, jefe de Estado Mayor del Sonderstab W (que coordinaba la intervención alemana), al decirle que no quería que Franco conquistara Cataluña, algo que en ese momento podría haber hecho con bastante facilidad. Al menos por el momento, Hitler prefería lo que él llamaba «Cataluña roja». Esa cuestión seguiría suscitando disputas entre Franco y el Gobierno francés, impidiendo cualquier posible acercamiento. Aislaría a Cataluña del resto de la economía española, facilitando que Alemania extrajera materias primas y, al mismo tiempo, dejaría a Mussolini empantanado en España y enfrentado a Francia. Hitler dio orden a Jaenecke de que aconsejara a Franco que evitara entrar en Cataluña y que se dirigiera más bien hacia el Sur. Sin embargo, no tenemos constancia de qué le dijo Jaenecke exactamente a Franco. Y tampoco está claro si ese consejo, si llegó a darse, fue el factor determinante para explicar la por otro lado inexplicable decisión de renunciar a un triunfo rápido y decisivo en Cataluña para concentrarse en un lento y difícil avance que, cruzando obstáculos montañosos y siguiendo la estrecha carretera costera, le condujo hacia Valencia, algo que desconcertó a sus principales subordinados.

Los mandos militares alemanes fueron muy críticos con la lentitud y ausencia de imaginación de las operaciones de Franco, lo cual ocasionó a veces problemas de motivación dentro de la Legión Cóndor. De Franco, Faupel decía que «su conocimiento y experiencia militar personal no son adecuados para dirigir operaciones de la magnitud actual», en tanto que el general Hugo Sperrle, comandante de la Legión Cóndor, pensaba que «es evidente que Franco no es la clase de mando que puede afrontar grandes responsabilidades. Según los criterios alemanes, carece de experiencia militar. Como ascendió muy joven a general en la guerra del Rif, nunca ha dirigido grandes unidades y, en consecuencia, no es mejor que un comandante de batallón»[5]. No obstante, siempre que esas inquietudes se planteaban ante Hitler, este las dejaba a un lado, porque las prácticas dilatorias de Franco le venían estupendamente.

Mientras duró la guerra, Franco evitó firmar el tratado de amistad que sugerían los alemanes, y solo llegó a refrendar, en marzo de 1937, un protocolo secreto que se limitaba a prometer la neutralidad de España en caso de conflicto generalizado. La fricción principal se produjo en las relaciones económicas, de las que Berlín, al contrario que Roma, estaba decidido a sacar el máximo provecho, sobre todo en lo tocante a los minerales de España. Las relaciones económicas las gestionaban dos corporaciones comerciales, HISMA (Hispano-Marroquí de Transportes, S.L.), una empresa solo en teoría privada, que canalizaba los envíos de armamento, y ROWAK (Rohstoff-Waren-Handels-Gesellschaft AG), una empresa pública alemana encargada de las importaciones desde España. Lo que más interesaba al régimen nazi eran las piritas y el hierro, y la cuota de importaciones españolas hacia Alemania se disparó. ROWAK creó once sociedades propias en España, aunque el decreto franquista de octubre de 1937 anuló las compras de derechos de explotación minera posteriores al inicio de la guerra. El objetivo alemán era crear una enorme sociedad, MONTANA, que gestionara unas concesiones mineras cuyo desarrollo Franco puso en peligro con esa medida. Después de muchas negociaciones, en junio de 1938 llegó a un acuerdo que permitía a los alemanes ser propietarios de hasta el 40 por ciento del capital de las nuevas compañías mineras, un nivel que estos esperaban superar comprando más acciones a través de testaferros españoles.

Sin embargo, Hitler no tardó en decidir que ese arreglo no era satisfactorio y, por primera vez, las relaciones entre las dos dictaduras comenzaron a deteriorarse, una situación que se agravó con la declaración oficial de neutralidad hecha por Franco durante la crisis de los Sudetes de septiembre de 1938. Para entonces, el desgaste causado por la batalla del Ebro había reducido drásticamente el remanente de armas y suministros de Franco, y Hitler no se mostró dispuesto a reabastecerle si no había más cesiones. La situación militar acabó doblegando a Franco, que en noviembre de 1938 aceptó a regañadientes que los alemanes controlaran el accionariado de cuatro de las cinco principales compañías mineras de MONTANA, de cuyo patrimonio tendrían entre el 60 y el 75 por ciento. A su vez, esto tuvo como consecuencia que se reanudara la provisión de material militar alemán para la última campaña de la guerra. Franco había logrado evitar que los alemanes controlaran el grueso de la economía española y, aunque las condiciones de Hitler fueron bastante menos generosas que las de Mussolini, hasta el final de la contienda solo se tuvo que pagar, directamente o con materias primas, el 18 por ciento de lo que costó el apoyo militar alemán.

España nunca fue fundamental para la política hitleriana, que situaba prácticamente todo el Mediterráneo en la esfera de influencia italiana. Hitler logró sus dos objetivos: alargar la guerra en España para que distrajera la atención de sus adversarios y los dividiera, sin dejar por ello de contribuir al triunfo de Franco; y establecer un régimen antiizquierdista amigo en Madrid que, simpatizante de las potencias del Eje, garantizara también el envío de importantes cantidades de materias primas. Igualmente importante fue que la Guerra Civil española le ayudara a conseguir un importante rédito colateral: un mayor acercamiento a Italia, cada vez más enfrentada a Francia y el Reino Unido.

En los últimos días de la contienda española, Franco se convirtió en el cuarto signatario del Pacto Anti-Komintern (junto a Alemania, Italia y Japón), avalando también un tratado secreto de amistad que garantizaba la benevolencia de España en caso de que Alemania se viera envuelta en una guerra con un tercer país, además de una especial cooperación entre ambos países. Sin embargo, al mismo tiempo se negoció un acuerdo cultural que nunca llegó a ratificarse, sobre todo porque la jerarquía eclesiástica española se resistía a que España se viera inundada de propaganda racista y pagana. Esto supuso una decepción para Berlín, aunque en ese momento, cuando las necesidades más acuciantes eran económicas, fuera algo muy secundario. Alemania había conseguido sus principales objetivos.

Para las tres democracias principales la guerra de España fue problemática y cada una de ellas la abordó de forma diferente. Para sus ciudadanos, ese conflicto era una especie de espejo político en el que veían reflejadas cualesquiera que fueran las cuestiones que más les preocupaban. Para los antifascistas más combativos era una importante lucha antifascista y para los anticomunistas más radicales, una cruzada anticomunista. La extrema izquierda la veía como una gran revolución, en tanto que para los católicos y conservadores era un combate fundamental en la defensa de la civilización cristiana. Los que pensaban que la principal amenaza era el expansionismo alemán vieron en España la oportunidad de frustrar la política germana. Para aquellos que tenían como objetivo fundamental evitar a toda costa un conflicto generalizado —y eran el sector más nutrido— la opción fue la no intervención, independientemente de qué bando les pareciera más defendible o menos censurable.

Durante toda la contienda, el Gobierno británico estuvo en manos de conservadores que rechazaron los argumentos republicanos, temiendo que el triunfo de la izquierda solo favoreciera la expansión del comunismo. En su opinión, Franco no era un fascista sino un nacionalista de derechas que probablemente no fuera a convertirse en marioneta de Hitler o de Musssolini, de manera que su victoria no pondría en peligro los intereses británicos. Por su parte, el Partido Laborista, partidario de la República, no estaba contento con la política de su Gobierno y en 1937 rechazó oficialmente la no intervención, aunque sin llegar nunca a plantear una alternativa real.

Más complicada era la situación de Francia. El presidente del Gobierno Léon Blum quería ayudar a sus colegas españoles, pero tenía ante sí tres grandes obstáculos. En primer lugar, la política francesa dependía cada vez más del Reino Unido, que instaba a su vecino a no involucrarse. El segundo obstáculo era la profunda división que sufría Francia, porque en 1936 era el país con un sistema político y unas fracturas ideológicas más parecidos a los de España. El Frente Popular galo también controlaba el Parlamento, pero, al igual que en España, su margen de apoyo popular era escaso. El país sufría una grave división, ya que los conservadores, rotundamente contrarios a la revolución española, insistían en no involucrarse en los asuntos de España.

El tercer obstáculo estaba en el seno del propio Ejecutivo de Blum, una coalición más moderada que la que gobernaba en Madrid. Sus principales socios, los radicales, eran un partido capitalista y democrático de clase media, «radical» únicamente en el sentido decimonónico, y sus líderes instaban a Blum a no permitir que Francia se viera envuelta en el problema español. En realidad, el propio Partido Socialista francés de Blum era profundamente pacifista y su ala derecha, dirigida por el secretario general Paul Faure y virulentamente anticomunista, estaba segura de que lo que en realidad pretendían Stalin y la propaganda de la Komintern era arrastrar a Francia a la guerra contra Alemania.

El Acuerdo de No Intervención firmado por todas las potencias europeas no era un tratado, lo que lo convertía en algo todavía más difícil de imponer. Gracias a él, todas las potencias evitaron proclamar oficialmente su neutralidad, además de negarse a admitir el derecho de ambos bandos a ser reconocidos como beligerantes según el derecho internacional. En consecuencia, a ninguno de los contendientes españoles se le reconoció el derecho a controlar el movimiento de buques en la zona de guerra, lo que concedió más libertad a las potencias para organizar sus propios fletes. La política de no intervención fue eficaz en cierto sentido, ya que, aunque no sirvió para evitar la intervención extranjera en España, sí logró otro de sus objetivos más generales: impedir una escalada que condujera a un conflicto internacional generalizado. No obstante, ese éxito fue de un alcance muy relativo, porque esa gran guerra se produjo en cuestión de meses.

Los diplomáticos británicos y franceses concibieron varios planes para intentar que la no intervención fuera más eficaz. El más complejo fue el acuerdo del 20 de abril de 1937 al que llegaron el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania con el fin de poner en marcha un sistema de control naval cuatripartito que impidiera el envío de armas a los combatientes. El sistema funcionó durante varios meses, aunque las marinas alemana e italiana lo utilizaron de forma interesada. Durante esa fase se produjo la única acción militar de relevancia en la que se vieron involucradas las grandes potencias.

El 29 de mayo, unos bombarderos republicanos tripulados por aviadores soviéticos lanzaron por error una bomba sobre un acorazado italiano que causó seis muertos, y ese mismo día alcanzaron con dos proyectiles el acorazado alemán Deutschland, segando la vida de seis de sus tripulantes. Dos días después, Hitler, furioso, ordenó que sus buques bombardearan el puerto republicano de Almería, en una acción que causó veinte víctimas civiles. A continuación, las dos potencias del Eje utilizaron los incidentes del día 29 como excusa para abandonar las patrullas navales. El ciclotímico Indalecio Prieto, nuevo ministro de Defensa Nacional republicano, que no dejaba de dar bandazos, entró en una fase de histerismo y propuso que las fuerzas republicanas atacaran directamente a los buques alemanes para convertir el conflicto en una guerra europea que podría favorecer a la República. Sin embargo, la medida fue rechazada por otros líderes republicanos y también por el propio Stalin, que ordenó a los aviadores soviéticos que pusieran más cuidado para no disparar sobre los buques del Eje.

De manera intermitente, los submarinos italianos venían participando en operaciones encubiertas contra la República desde noviembre de 1936 y, al intensificar esas actividades en agosto de 1937, hundieron varias naves, entre ellas un buque cisterna británico. Fue un acto de piratería que Londres no estaba dispuesto a permitir: el acuerdo firmado en la localidad suiza de Nyon en septiembre contemplaba la organización de patrullas de más alcance y más rigurosas en el Mediterráneo, de manera que Mussolini canceló cualquier nuevo ataque.

En mayo de 1937 Neville Chamberlain sustituyó a Stanley Baldwin en el cargo de primer ministro británico, afanándose por mejorar las relaciones con Italia partiendo del mantenimiento del statu quo en el Mediterráneo e intentando al mismo tiempo que los italianos retiraran sus tropas de España. Esta actitud condujo a la firma de los «Acuerdos de Pascua» del 15 de abril de 1938, que en realidad suponían para los británicos el abandono de la política de no intervención, amparados en la esperanza de mejorar las relaciones con Mussolini y de impedir que este estrechara lazos con Hitler. Los acuerdos contemplaban el mantenimiento del statu quo en el Mediterráneo, el reconocimiento de las conquistas italianas en Etiopía y la retirada de todas las tropas italianas de España, pero solo una vez finalizados los combates. Mussolini cumplió este último compromiso, pero, a largo plazo, este ejercicio de apaciguamiento apenas influyó en la actitud de Italia, que no dejó de acercarse a Alemania.

Entretanto, el Gobierno francés, en contra de lo que con frecuencia se ha dicho, no solo no «abandonó» a la República, sino que practicó lo que el propio Blum calificaría posteriormente de non-intervention relâchée (no intervención relajada). Esto suponía que, aunque no enviaba directamente armas, sí ofrecía a la República española todo tipo de servicios en el propio territorio francés, tales como importantes oportunidades financieras y comerciales; cuantiosos suministros de material no armamentístico; libertad para que el Partido Comunista Francés, aliado electoral del Gobierno, participara en múltiples y muy revitalizadoras actividades en pro de la República, e instalaciones para que el armamento procedente de la URSS y de otros lugares pudiera utilizar Francia como puente para llegar a la República.

La guerra supuso un importante dilema para los mandos militares franceses, que temían sus repercusiones estratégicas, aunque políticamente muchos fueran partidarios de Franco. En consecuencia, después de que Alemania e Italia reconocieran oficialmente la legitimidad de Franco en noviembre de 1936, el almirante Darlan y sus colaboradores desarrollaron un plan de contingencia que contemplaba la conquista rápida del Marruecos español, así como la posible ocupación de Menorca, en manos de los republicanos, con el fin de frenar las ambiciones italianas. Sin embargo, los británicos se negaron a tolerar esa acción, aunque los militares franceses, y especialmente la Armada, presentaran varias propuestas de intervención hipotética limitada, según fueran las circunstancias.

La anexión de Austria que Hitler consiguió en marzo de 1938 tuvo profundas pero momentáneas repercusiones. Blum, que se había visto obligado a dimitir, regresó por poco tiempo a la presidencia del Gobierno, abriendo oficialmente la frontera a los envíos de armas (en lugar de seguir la práctica habitual, que era permitirlos extraoficialmente). También recomendó que se diera a Franco un ultimátum sobre la colaboración con las fuerzas alemanas, pero en esto no tuvo el apoyo de sus colegas, aunque en agosto de 1937 el Estado Mayor galo hubiera añadido un «plan E» a su proyecto de movilización, que contemplaba la invasión de España en caso de que Francia entrara a un tiempo en guerra con su vecino y con Alemania. Sin embargo, en 1938 el mando militar francés aconsejó prudencia si la guerra no se extendía, confiando todavía en la posibilidad de llegar a un acuerdo con Italia y más convencido que nunca de que lo que Stalin pretendía en España era atizar una guerra entre Francia y Alemania. Una vez más se discutió la posibilidad de llevar a cabo una operación en el Marruecos español, pero el jefe del Estado Mayor, el general Maurice Gamelin, tenía una mala opinión del Ejército Popular español y le creía incapaz de utilizar eficazmente el armamento francés, en tanto que el Ministerio de Asuntos Exteriores galo advirtió de que una incursión en cualquier parte del territorio español supondría el estallido de una guerra generalizada en Europa. Solo se decidió enviar pequeños refuerzos a la frontera pirenaica. Pese a todo, la prensa internacional era un hervidero de rumores sobre la intervención francesa.

La nueva coalición constituida por Blum en París solo duró un mes y a mediados de 1938 los socialistas habían salido del Gobierno y el Frente Popular había llegado a su fin (no podemos saber si, de no haber habido guerra, el Frente Popular español habría durado tanto). Al llegar el mes de junio, la frontera volvía a estar teóricamente (pero no en la práctica) cerrada para el paso de armamento. La política de «no intervención relajada» se prolongaría un poco más, ya que varias iniciativas de mediación propuestas por las potencias occidentales o el Vaticano acabaron en nada por el empecinamiento de Franco.

Más distante fue la actitud de Estados Unidos, país que durante la década de 1920 había vuelto al aislacionismo, cada vez más convencido de que la propaganda británica lo había arrastrado a la insensata guerra de 1917 para defender el imperialismo británico y francés. En 1936 el Congreso de EE.UU. había aprobado una legislación neutralista que prohibía el envío de productos estadounidenses de uso bélico a potencias beligerantes y, una vez iniciada la Guerra Civil española, la legislación se amplió para cubrir también los enfrentamientos civiles. Ninguna otra potencia industrial contaba con una restricción tan explícita.

En 1937 y 1938 la opinión pública estadounidense solía pronunciarse a favor de los republicanos. El conflicto español se veía cada vez más como un frente esencial en la lucha contra el fascismo, en una época en la que el antifascismo se estaba convirtiendo en una posición mayoritaria dentro de Estados Unidos. La Komintern hizo lo que pudo para fomentar esa opinión, llegando a impulsar en Estados Unidos no menos de quince organizaciones-pantalla prorrepublicanas y recabando el apoyo de importantes figuras del mundo de la cultura y el espectáculo. Por su parte, algunos conservadores estadounidenses y muchos católicos eran partidarios de Franco, pero ni siquiera los que estaban a favor de la República querían que EE.UU. se viera muy involucrado en el conflicto.

Al presidente Franklin D. Roosevelt, que creía que era preciso contener el alcance de la guerra, se le ocurrió la idea de la política de no intervención casi tan rápido como al Gobierno francés. Sin embargo, en 1938 era un ferviente partidario de la República, en parte por razones geoestratégicas, pero no le pareció oportuno enfrentarse al Congreso, aunque sí impulsó una iniciativa encubierta, finalmente fallida, destinada a vender aviones a la República a través de terceros. Para entonces estaba cada vez más convencido de que la guerra civil era la nueva táctica de la subversión fascista, no comunista, y temía que pudiera extenderse a Latinoamérica. La Guerra Civil española tuvo cierta influencia en el pensamiento de Roosevelt, llevándole a adoptar una postura más firme ante futuros problemas estratégicos.

Dejando de lado a la Unión Soviética, solo el Gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas defendió enérgicamente a la República, enviando todo el armamento que le sobraba o que pudo fabricar. Sin embargo, la industria armamentística mexicana era débil y poco podía aportar. Del mismo modo que la izquierda gobernante se identificaba con la República, los conservadores y los católicos mexicanos se identificaban enormemente con Franco; una fractura similar podía apreciarse en otros países latinoamericanos.

En Francia y el Reino Unido la opinión pública izquierdista se quedó tremendamente descontenta con el resultado de la guerra, pero los conservadores que ocupaban el poder y, en gran medida, los mandos militares, se quedaron relativamente satisfechos. En líneas generales, los dirigentes democráticos eran un reflejo de sus respectivas opiniones públicas. Hasta 1939, lo más habitual era considerar que Stalin era tanto o más preocupante que Hitler.

En Francia, el legado de la Guerra Civil española fue un renovado recelo hacia la Unión Soviética y la persistente sensación de que esta pretendía provocar entre Francia y Alemania una guerra revolucionaria que «rompiera el hielo» bélico en el continente europeo.

Esas actitudes contribuyeron a desaconsejar cualquier posible entendimiento entre Londres y Moscú. Puede que parezca extraño, pero «en mayo de 1939 el jefe del Estado Mayor británico tuvo que “sopesar cuál sería el valor estratégico, en caso de guerra, de tener a España como enemigo y a Rusia como aliado”». Chamberlain ya lo tenía claro: «Si una alianza incapaz de proporcionar ayuda eficaz [a Polonia] nos alejara de España o la condujera al campo del Eje, perderíamos mucho más en el Oeste de lo que podríamos esperar ganar en el Este».[6]

Puede que, en última instancia, la relevancia de la guerra para las democracias occidentales radicara principalmente en el papel que desempeñó como distracción que impidió que se enfrentaran con más prontitud al desafío que suponían el Eje y la relación con la Unión Soviética. En este sentido, Hitler fue quien mejor evaluó la función que podía tener el conflicto español. Menos importancia tenía el resultado final de la contienda, porque España no ocupaba un lugar preponderante en los planes bélicos de ninguna de las grandes potencias.

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LA POLÍTICA SOVIÉTICA EN ESPAÑA, 1926-1939

En España la política soviética se tornó tan polémica como la intervención alemana y fue algo más complicada, ya que además del papel militar que desempeñaron los soviéticos, tuvo una dimensión política interna. También formó parte de una estrategia internacional global más compleja que la de Alemania. La Unión Soviética, al contrario que las potencias del Eje, venía intentando intervenir en la situación política española desde que en 1920 los agentes soviéticos tomaran la decisión de constituir el Partido Comunista de España (PCE). Por el contrario, la política italiana anterior a la guerra se había centrado principalmente en asuntos culturales, aunque Roma proporcionara entre 1935 y 1936 una modesta subvención a la Falange, después de que su anterior acuerdo con los monárquicos hubiera quedado en papel mojado. Por su parte, el Tercer Reich se había limitado a realizar actividades propagandísticas relativamente modestas.

Durante quince años, el PCE, uno de los partidos comunistas europeos más débiles, fue un absoluto fracaso. Hubo varios cismas y la cúpula del partido se vio afectada por numerosos cambios, hasta que en octubre de 1932 la Internacional Comunista nombró secretario general al ex anarquista José Díaz, que dirigía un nuevo equipo compuesto por miembros como Vicente Uribe y el jovencísimo Jesús Hernández, además de la primera gran dirigente femenina del partido, la elocuente propagandista vizcaína Dolores Ibárruri («Pasionaria»), más tarde presidenta de la Unión de Mujeres Antifascistas, que durante la Guerra Civil se convertiría en la figura más conocida del comunismo español. Los nuevos dirigentes, que eran duros, imaginativos, trabajadores, disciplinados y leales a Moscú, proporcionarían al movimiento una dirección decidida y eficaz durante las trágicas luchas posteriores.

En 1928 la Komintern anunció el inicio de un «tercer periodo» en la lucha revolucionaria, que iba a coincidir con una gran crisis del capitalismo mundial. Por un azar del destino, España no tardaría en convertirse en la nueva tierra de las insurrecciones izquierdistas, ya que no menos de cinco se producirían en su territorio entre 1930 y 1934, aunque la Komintern y el PCE poco tuvieran que ver con ellas, porque las tácticas del tercer período prohibían las alianzas con otros grupos. La Komintern comenzó a revisar esas tácticas en 1934, permitiendo que el PCE se uniera, muy a última hora, a la Alianza Obrera que, dirigida por los socialistas, promovió la insurrección de 1934.

El papel de los comunistas en ese movimiento fue escaso, pero con él el partido comenzó a dar un gran paso. En tanto que Largo Caballero y otros líderes socialistas, para evitar su enjuiciamiento, negaban cualquier responsabilidad en el mismo, los líderes comunistas se envolvieron en la bandera de la revolución, proclamando con descaro (aunque no fuera cierto) que ellos habían sido sus auténticos instigadores y líderes. La Komintern, comprendiendo que en España, más que en ningún otro país, estaban surgiendo nuevas y radicales oportunidades para la izquierda, sufragó una masiva campaña propagandística que, según ella misma, le había llevado en 1935 a patrocinar cuarenta y dos publicaciones distintas, de forma directa o, y esto era lo más habitual, a través de organizaciones-pantalla.

En agosto de 1935 la Internacional introdujo la táctica del «frente popular», que permitía a los partidos comunistas constituir alianzas políticas con fines electorales o de otra índole. Este cambio se anunció como un giro táctico, no estratégico, ya que el objetivo seguía siendo la dictadura del proletariado. Los líderes de la Komintern también explicaron que si se lograba instalar un Gobierno frentepopulista este podría estar en situación de introducir un nuevo régimen político: la república de «nuevo cuño» o «popular», totalmente izquierdista, con la que, sin participación conservadora, se había experimentado por primera vez en la República Popular de Mongolia, dominada por los soviéticos, en 1924. En teoría, ese régimen no sería ni comunista ni socialista, pero se proclamó que sería la forma más avanzada de democracia burguesa «de nuevo cuño».

Está muy extendido el error de creer que el comunismo frentepopulista era un nuevo y moderado comunismo que renunciaba a cualquier tipo de revolución hasta un futuro lejano, cuando simplemente se limitaba a introducir tácticas más expeditivas e indirectas, concebidas para precipitar la revolución. Por ejemplo, durante la campaña electoral de 1936 que llevó al poder al Frente Popular en España, en sus discursos y publicaciones los portavoces del PCE dejaron claro que, de consolidarse, ese frente iniciaría un proceso en tres fases: en la primera se materializaría una República «de nuevo cuño», exclusivamente izquierdista que, a pesar de prescindir por completo de todos los partidos conservadores y de cualquier poder capitalista, se seguiría considerando, en teoría, burguesa. Después vendría el llamado Gobierno Obrero-Campesino, compuesto exclusivamente por comunistas y otros miembros de la izquierda obrera, que allanaría el camino para la tercera y última fase, la toma del poder por parte de los comunistas, que instaurarían la dictadura del proletariado.

La victoria electoral del Frente Popular otorgó por primera vez al PCE presencia parlamentaria, en forma de diecisiete diputados. Durante las primeras seis semanas del Gobierno de Azaña los comunistas lanzaron una vigorosa campaña para defender los objetivos revolucionarios. Como centraron muchas de sus actividades en Madrid, parece que los conservadores se convencieron de que el PCE tenía más poder y más partidarios de los que en realidad tenía.

Sin embargo, al llegar el mes de abril la táctica cambió, tornándose más moderada, y fue a consecuencia de dos factores, uno interno y otro externo. Este era la remilitarización del Rin que tuvo lugar en marzo y que fue el primer acto de expansión militar de la Alemania nazi. Disparó las alarmas en el Kremlin, que ordenó al PCE que se moderara, subordinando la política interna al apoyo a la Unión Soviética. Se le dijo al PCE que diera más prioridad a las prácticas de poder legal que a las revolucionarias, buscando el desarrollo de una República «de nuevo cuño» con medios, al menos en teoría, legales. No había que favorecer las huelgas extremistas y se debía hacer lo posible por moderar a la FAI-CNT, por miedo a que pudiera iniciar otra insurrección que desatara una guerra civil. Durante quince años y por doquier la propia Komintern había intentado atizar esa confrontación; por el contrario, en la España de 1936, una guerra civil podía acabar con la oportunidad más prometedora que había en el mundo de introducir una república «de nuevo cuño».

En consecuencia, los comunistas adoptaron tácticas más moderadas, pero sin dejar de forzar hasta el límite, y aún más allá, el concepto de legalidad republicana. En los días previos al inicio de la Guerra Civil, fueron los portavoces del PCE los que propusieron nuevas iniciativas legislativas que sirvieran para encarcelar y juzgar a los líderes del Gobierno republicano de octubre de 1934, y para ilegalizar todos los partidos conservadores, encarcelando a sus dirigentes y confiscando sus propiedades. Eran propuestas tiránicas, no moderadas, porque los comunistas eran el grupo parlamentario que con menos pelos en la lengua insistía en que se utilizara lo que aún quedaba de legalidad republicana para introducir ese régimen «de nuevo cuño». Intentaban evitar la guerra civil inutilizando por completo y en cuanto fuera posible a la derecha mediante tácticas teóricamente legales, consiguiendo así lo mejor de los dos mundos políticos con un recurso relativamente mínimo a la violencia. El PCE seguía teniendo pocos afiliados, pero crecía con rapidez y, de las formaciones izquierdistas, era el más políticamente coherente.

En consecuencia, el estallido de la guerra fue una noticia mucho más desagradable para Moscú que para Roma o Berlín, colocando a Stalin ante un dilema que nunca logró resolver del todo. Durante casi dos décadas la URSS había predicado la revolución y la guerra civil. De repente —y paradójicamente, en contra de los propios deseos soviéticos— en España habían estallado una guerra civil y una revolución violenta. Sin embargo, esta, de signo anarquista y socialista, corría el peligro de acabar consigo misma y tampoco podía ser completamente avalada ni por los comunistas españoles ni por la Unión Soviética. La revolución podía ser asfixiada por la contrarrevolución con ayuda alemana e italiana, de ahí que la izquierda revolucionaria del mundo volviera la vista hacia la Unión Soviética, el único Estado revolucionario del mundo, para que le proporcionara armamento. De hecho, durante el año anterior, en sus conjeturas sobre el posible éxito de la revolución y la guerra civil, teóricos marxistas-leninistas independientes como Maurín y Araquistáin habían manifestado su confianza en que, de ser necesaria, se produjera esa intervención.

Esto planteaba un gran dilema, porque la ayuda militar soviética, por lógica que pudiera parecer ideológicamente, iba en contra de la diplomacia y de la política de seguridad de la URSS. Solo un año antes Stalin, con el fin de llegar a un entendimiento con Francia y el Reino Unido, había adoptado como estrategia internacional la política de «seguridad colectiva» antinazi, la cual conllevaba, transitoriamente, una menor insistencia en la revolución. Una intervención en España podría reactivar el fantasma de la revolución comunista en Occidente, impidiendo cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo de seguridad colectiva. Stalin nunca llegó a solucionar la cuadratura de ese círculo.

Los datos disponibles indican que el dictador soviético, cuyo poder interno llegaría a su punto culminante con las grandes purgas de 1937-1938, actuó con cautela y, al principio, muy poco a poco. El primer presidente de Gobierno de la República en guerra, Giral, se dirigió al régimen soviético el 25 de julio de 1936, solicitando por carta armamento a su embajada en París, ya que España no tenía relaciones diplomáticas con él. La primera respuesta fue la aprobación de una iniciativa que permitiría a los ciudadanos soviéticos donar dinero a la República. Fue esta la primera de una serie de campañas de recogida de fondos que oficialmente había reunido al final de la guerra 1.416.000 libras esterlinas. Desde el principio la Internacional promovió intensas campañas, creando en toda Europa y América una asombrosa variedad de organizaciones-pantalla en defensa de la República. Su organización más activa era el Partido Comunista Francés (PCF), que dirigió toda la operación y que durante toda la guerra sería un importante promotor de actividades prorrepublicanas.

Una de las iniciativas más importantes de la Komintern fue la constitución de un cuerpo especial de voluntarios internacionales que habría de luchar junto a la izquierda en España. En parte, el modelo estaba en los 100.000 o más internatsionalisty no soviéticos (voluntarios «internacionalistas») que lucharon junto a los comunistas en la guerra civil rusa. Fueron los líderes comunistas alemanes y franceses los que propusieron esa medida, oficialmente adoptada a finales de septiembre de 1936 y cuyo proceso de reclutamiento se inició inmediatamente. Las primeras unidades de las llamadas «Brigadas Internacionales» entraron en combate en noviembre, durante la batalla de Madrid. Las brigadas tenían sus propios mandos, la mayoría comunistas, e inicialmente sus principales comandantes fueron oficiales el Ejército Rojo o miembros no rusos de los servicios de inteligencia soviéticos. De sus alrededor de 41.000 voluntarios, la mayoría fueron comunistas y europeos, aunque los hubo de casi todos los confines del mundo, incluidos casi 3.000 estadounidenses. Los brigadistas lucharon con valor, sobre todo durante sus primeros nueve meses de combate y con frecuencia fueron utilizados como fuerza de choque. Sufrieron muchas bajas y varios miles fueron detenidos o purgados por razones disciplinarias o políticas, siendo ejecutados por esta razón 500 o más.

Parece que Stalin prestó mucha atención a la Guerra Civil española, otorgándole gran prioridad hasta mediados de 1937. En agosto de 1936 se establecieron relaciones diplomáticas con Madrid, pero la importancia de la propaganda y la imagen la dejó patente el hecho de que los primeros soviéticos en llegar no fueran diplomáticos sino periodistas y cineastas. A continuación, Stalin fue avanzando lentamente hacia la intervención militar, enviando un reducido número de aviadores soviéticos, que, en calidad de «turistas», ayudarían a la aviación republicana, falta de personal.

A pesar de las presiones que ejercían fervientes comunistas y revolucionarios, tanto dentro del propio Gobierno soviético como de la Internacional, Stalin no pasó a la acción hasta no estar seguro de dos cosas. La primera era que la República pudiera seguir resistiendo, canalizando su caótica revolución, y la segunda era el coste financiero de la empresa. A mediados de septiembre se dio respuesta parcial a ambas cuestiones. El 4 de septiembre, la formación del primer Gobierno íntegramente frentepopulista, de Largo Caballero, planteaba la perspectiva de alcanzar mayor disciplina y unidad. A la segunda pregunta dio respuesta la disposición de las autoridades republicanas a utilizar las reservas de oro del Banco de España, las cuartas más cuantiosas del mundo. En primer lugar se trasladaron a París reservas valoradas en 100 millones de dólares y en septiembre se llevó el resto a Cartagena, desde donde era más fácil destinarlo a operaciones en el extranjero.

A mediados de septiembre Stalin había tomado su decisión, ratificada por el Politburó, y un comité especial constituido en Moscú inició la llamada «Operación X», su nombre en clave, que sirvió para enviar una considerable ayuda militar a la República. El 4 de octubre llegaron a España unas pocas armas, pero en la segunda mitad del mes se producirían envíos más cuantiosos, mayores que los que hasta entonces habían hecho Hitler y Mussolini a los sublevados. Los tanques soviéticos más modernos eran vehículos blindados de gran calidad, hasta ese momento ausentes de la contienda española, en tanto que los aviones soviéticos último modelo, tripulados por aviadores de la URSS, superaban a todas las aeronaves que entonces tenían Italia y Alemania, lo cual posibilitó a los republicanos el dominio de los cielos de Madrid durante los cruciales combates de noviembre y diciembre de 1936.

La intervención del régimen soviético en la Guerra Civil española se basó en cuatro puntos: 1) una importante cooperación militar directa a través de armamento y personal del Ejército Rojo; 2) una relevante presencia en la política interna republicana a través de la Komintern y el PCE; 3) una presencia política colateral pero también importante a través de la propaganda y de la ayuda material a las actividades en todo el mundo de la Komintern, sus partidos miembros e innumerables organizaciones-pantalla, y también mediante la provisión de alimentos y otros productos soviéticos no bélicos, que también contó con la colaboración de diversas empresas títere internacionales; y 4) apoyo diplomático activo a la República, sobre todo en el Comité de No Intervención, así como mediante contactos bilaterales con las potencias occidentales.

Con la intervención se buscaba alcanzar un complejo conjunto de objetivos interrelacionados: la victoria militar y política en España, el fomento de los intereses estratégicos de la URSS en Europa occidental, y beneficios colaterales en áreas como la propaganda, la movilización y el apoyo políticos, las actividades de espionaje y las pruebas de equipos militares. Evidentemente, el peso de todos estos objetivos era dispar.

Para la Unión Soviética, el coste material de la operación fue escaso. Antes de finales de octubre de 1936 gran parte del oro que quedaba en el Banco de España —con un valor de unos 530 millones de dólares— fue enviado a Moscú, que en los dieciocho meses siguientes lo destinaría a adquirir armas y otros suministros. Nunca hubo auditorías independientes y los soviéticos utilizaron un tipo de cambio que, enormemente favorable a sus intereses, incrementó mucho los costes. Después de 1938, cuando supuestamente se agotó el oro, Moscú proporcionaría más de 100 millones de dólares en préstamos para sufragar más suministros.

Del mismo modo que en los primeros meses de guerra está claro que la ayuda alemana e italiana contribuyó a la capacidad de combate de Franco, la soviética resultó crucial para la defensa de Madrid, y una y otra prolongaron lo que podría haber sido una guerra civil relativamente corta. Además, ambos bandos mantuvieron sus apoyos, de manera que la escalada soviética tuvo como respuesta una escalada alemana e italiana todavía mayor, sobre todo esta última. En sí misma, la intervención extranjera no determinó el resultado final, pero sí contribuyó enormemente a alterar las condiciones del combate y a convertir la lucha en una guerra de desgaste mucho más larga y penosa.

Posteriormente, los republicanos no comunistas acusarían a Stalin de «abandonarlos», pero los datos disponibles indican que hasta el verano de 1937, cuando no posteriormente, intentó posibilitar la victoria militar de la República, aunque al principio solo le preocupara evitar su derrota. Era esta una apuesta impropia de Stalin, cuyo éxito parecía factible porque al principio la intervención militar soviética fue de mayor magnitud que las de Alemania e Italia, hasta ese momento, y se esperaba que las dos potencias fascistas no reaccionaran lanzándose a una escalada. Sin embargo, por desgracia para los republicanos y los soviéticos, eso fue exactamente lo que hicieron.

Una ventaja adicional, que no era su objetivo primordial, sería el fortalecimiento del comunismo español. Cuanto mayor fuera la influencia de los comunistas soviéticos y españoles, mayor sería la posibilidad de canalizar la revolución española hacia la república popular «de nuevo cuño». Gueorgui Dimitrov, secretario de la Komintern, fue el primero en dejar claro que, en contra de lo que señalaba la propia propaganda internacional de esa organización en las democracias occidentales, esta no era una batalla que pretendiera reinstaurar el Estado democrático burgués. Según sus propias palabras: «Ya no se plantea como antes la cuestión del Estado democrático burgués […]. No será una vieja república democrática, como por ejemplo la república norteamericana, ni será una república a la manera francesa o suiza […]. Se tratará de un tipo específico de república con una auténtica democracia popular. Todavía no será un Estado soviético, pero sí antifascista, de izquierdas, en el que participará el sector auténticamente izquierdista de la burguesía»[1]. Una vez eliminado todo el poder conservador y capitalista, y cuando la economía, sin estar todavía del todo colectivizada, estuviera controlada por los obreros, la república de «nuevo cuño» constituiría un «tipo especial» de «república democrática de la clase obrera y el campesinado»[2], que, sin embargo, aún no sería un régimen comunista.

Palmiro Togliatti, supervisor de la Internacional para Europa occidental (que no tardaría en desempeñar un importante papel en España) explicó con más precisión esa política en un artículo publicado en octubre con el título de «Rasgos específicos de la revolución española». En él presentaba, parece que por primera vez, la que durante mucho tiempo sería la definición habitual del conflicto español según los soviéticos y los comunistas: una «guerra nacional-revolucionaria», cuyo objetivo era tanto la defensa de la independencia de España frente a los Estados fascistas como la lucha interna por una democracia revolucionaria de «nuevo cuño». Según esta retórica, el término «nacional» no solo aludía a la independencia de España, sino a la «liberación» de Cataluña, Galicia y el País Vasco. Al definir esa «revolución» simplemente como una manifestación del socialismo o de la dictadura democrática de obreros y campesinos «no se explicaría su auténtica naturaleza», porque era un tipo especial de revolución democrático-burguesa. Lo que distinguía a esta de otras revoluciones democrático-burguesas era que no estaba dirigida por la burguesía, sino que más bien representaba una posición más avanzada, a la que conducía una alianza frentepopulista formada por los obreros, los campesinos, la pequeña burguesía progresista, los sectores más avanzados de la burguesía liberal y los grupos nacionales «oprimidos». En esta alianza, la clase obrera, dirigida, a pesar de su carácter minoritario, por el PCE, ya estaba imponiendo su hegemonía, aunque la lucha la complicaba la magnitud e influencia del anarcosindicalismo y la presencia entre los obreros españoles de elementos socialdemócratas retrógrados. El resultado no sería únicamente la materialización de la revolución democrático-burguesa, sino la construcción simultánea de una república popular democrática «de nuevo cuño», que eliminaría cualquier tipo de «fascismo» (es decir, toda influencia conservadora). De ahí que «este nuevo tipo de democracia no… dejará de ser el enemigo de cualquier forma de conservadurismo», en tanto que «garantizará a los obreros de España otras conquistas económicas y políticas»[3] . Este mensaje se limitaba a sintetizar la posición habitual de la Internacional durante los catorce meses anteriores. Hasta la disolución de la Unión Soviética más de medio siglo después no habría ninguna desviación respecto a esta doctrina fundamental relativa a la revolución española de 1936-1939.

Los representantes soviéticos fueron los miembros más activos del Comité de No Intervención londinense, denunciando la intervención alemana e italiana. Durante todo ese tiempo, la «Operación X» se vio envuelta en el más absoluto secreto, aunque era banal intentar ocultar la intervención soviética. Posteriormente, los diplomáticos de la URSS explicarían en privado a sus colegas occidentales que todo se había hecho para contrarrestar las acciones nazis.

Donde más éxito tendría la URSS sería en sus ganancias colaterales. La bandera del antifascismo frentepopulista fue un potente imán que atrajo la simpatía y el apoyo de progresistas de izquierda occidentales previamente antisoviéticos. El antifascismo desvió la atención de las grandes purgas que en ese momento tenían lugar en Moscú, devolviendo a la Unión Soviética su fachada progresista y otorgándole más peso moral, por lo menos entre los progresistas de izquierda. En realidad, salvo en los años del Pacto Nazi-Soviético (1939-1941), el antifascismo seguiría siendo la bandera perpetua de la URSS hasta su desaparición en 1991, ayudándole a gozar de un respeto que, sin ese elemento, nunca habría tenido.

La Guerra Civil española también proporcionaría a los soviéticos la primera oportunidad para probar nuevas armas creadas durante los planes quinquenales, una oportunidad de la que también se aprovecharon los alemanes. También sería la primera experiencia en el campo de batalla de algunos de los mandos más selectos del Ejército Rojo, algo que ayudaría a mejorar la siguiente generación de armas soviéticas, aunque en ocasiones las conclusiones que extrajeran los estrategas militares de la URSS no fueran correctas.

En España, la presencia de militares soviéticos fue bastante reducida y las fuentes de la URSS no reconocen que, a lo largo de toda la guerra, hubiera más de 3.000 hombres, de los cuales resultaron muertos unos 200, es decir, el 6,67 por ciento. Este índice de bajas mortales se sitúa en la media de los ejércitos contendientes (con un promedio de entre el 5 y el 6 por ciento de muertos), aunque esa cifra fuera más elevada en el caso de las Brigadas Internacionales, donde ascendió aproximadamente al 15 por ciento de los voluntarios (en el batallón estadounidense Lincoln llegó casi al 30). Aun añadiendo los 41.000 voluntarios de las Brigadas Internacionales, el número de combatientes soviéticos lo superaron con creces los 16.000 alemanes y 70.000 italianos que en uno u otro momento estuvieron en España.

No obstante, la escasez numérica se compensaba con la pericia de los soviéticos. Entre ellos no había soldados rasos (la mayoría en el caso de los italianos). El contingente principal era el formado por casi 800 aviadores, seguido del de varios cientos de tanquistas. De los demás, muchos eran oficiales, algunos de bastante rango. Aparte había personal de apoyo técnico, en muchos casos de rango equivalente a un suboficial. Unos 600 eran oficiales de diversa graduación que desempeñaron distintas e importantes funciones de asesoría, dirección y formación para el Ejército Popular. Todos ellos iban acompañados por un cuerpo de más de cien intérpretes, indispensables para superar la barrera idiomática.

Aparte del personal militar y de las armas, y del trabajo que la Komintern desempeñaba a través del PCE, la tercera labor principal de los soviéticos era la relacionada con la red de seguridad e información creada por el NKVD[4]. No solía haber muchos miembros de esta organización a la vez en España, pero creó una red compuesta de agentes españoles y militantes del PCE, y también ayudó a formar a unidades de guerrilleros republicanos, aunque estas no fueron especialmente útiles. Sus objetivos principales eran la seguridad, el espionaje y el contraespionaje. A comienzos de 1937, a cargo del operativo estaba el comandante Alexandr Nikolski («Orlov») que tenía acceso a las comunicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores republicano. El 23 de mayo de 1937 informó de que «se pueden leer todos los criptogramas que envían o reciben las legaciones extranjeras en España»[5]. El espionaje soviético creó también una red de agentes en la zona sublevada, de la que formaba parte el después conocido periodista británico Kim Philby, y organizó varios planes para asesinar a Franco, aunque ninguno dio frutos. Posteriormente, Orlov presumiría de haber podido informar, por adelantado, al Estado Mayor republicano de todas las ofensivas de Franco. Aunque Orlov era un consumado mentiroso, parece que la afirmación era bastante correcta, lo cual ayuda a explicar la frecuencia de los ataques preventivos del Ejército Popular.

Gracias a sus agentes españoles, el NKVD consiguió desempeñar un importante papel en el aparato de seguridad de la zona republicana. Lo cual le permitió purgar y ejecutar a varios extranjeros antisoviéticos y a un pequeño número de republicanos españoles disidentes, de los cuales el más famoso fue Andreu Nin, líder del POUM, asesinado en junio de 1937. El NKVD llegó incluso a tener su propio crematorio para librarse de los cadáveres, aunque la cifra total de ejecuciones que llevó a cabo en España fuera relativamente reducida.

Se atribuye a los soviéticos la creación en la zona republicana de la «primera escuela de espías del NKVD en el extranjero», destinada a la formación de nuevos agentes. Algunos miembros de las Brigadas Internacionales pasaron pruebas para determinar su potencial como espías y algunos se convirtieron en estudiantes del centro, pasando en su mayoría a realizar posteriormente labores de información en Europa occidental y Norteamérica. Los miles de pasaportes de los miembros de las Brigadas Internacionales también se recibieron como un maná, sobre todo algunos como los nuevos pasaportes estadounidenses, especialmente difíciles de reproducir o falsificar. Años después, esas oportunidades servirían para ayudar a conocer los secretos de la bomba atómica. Las operaciones del NKVD en España fueron tan retorcidas que sus integrantes también participaron en equipos de secuestradores y asesinos que capturaron o liquidaron a varios líderes rusos blancos y trotskistas residentes en Francia, y uno de los adeptos que reclutaron en España sería en 1940 el responsable del asesinato de Trotski en México D.F.

De este modo, la intervención en España proporcionó a la Unión Soviética importantes oportunidades para intentar frustrar los planes de Hitler; hacerse con un punto de apoyo estratégico en el otro extremo de Europa; consolidar el otro régimen revolucionario que había en el mundo, aparte del suyo; crear bases firmes para la existencia de otro partido comunista europeo-occidental (aparte del francés); recabar nuevos apoyos de los liberales de izquierda occidentales; poner a prueba el nuevo armamento soviético y obtener experiencia militar, y dar más alcance a sus operaciones de espionaje. Por otra parte, los peligros principales radicaban en una posible derrota militar indirecta y, estratégicamente, en el exceso de visibilidad. El ministro de Asuntos Exteriores Maksím Litvinov advirtió a Stalin de que la intervención podría tener un efecto bumerán y dificultar, no facilitar, los acuerdos de seguridad colectiva con las potencias occidentales.

En el verano de 1937, por dos razones, la situación estratégica se volvió más complicada. Una de ellas fue la nueva ofensiva mediterránea de la Armada de Franco, secundada por los ataques encubiertos que realizaban los submarinos de Mussolini contra los buques que pretendían alcanzar la República. Esta situación incrementó enormemente el peligro que corrían los navíos soviéticos, llevando a Stalin a clausurar la ruta mediterránea para sus suministros de armas. A partir de ese momento, todos los envíos de material militar se harían desde puertos septentrionales soviéticos hasta puertos franceses, desde donde transbordarían hacia España, lo cual suponía una gran pérdida de tiempo y un enorme incremento de los costes.

El segundo factor fue la invasión japonesa de China, iniciada en julio de 1937. Para los soviéticos, desde el punto de vista estratégico, era una pesadilla imaginarse una guerra en dos frentes en la que participara Japón, y Stalin creía que era vital mantener la resistencia china, a pesar de que el Gobierno del país vecino fuera su adversario político. Stalin no tardó en enviar a China tanta o más ayuda militar de la que antes había proporcionado a la República española. En parte, esto tuvo como consecuencia que durante la segunda mitad de 1937 y en 1938 esta viera reducidas las remesas que recibía de la URSS, que sin embargo nunca llegaron a interrumpirse del todo. Parece que a Stalin, a medida que la situación europea se tornaba más peligrosa, le fue resultando cada vez más difícil mantener su compromiso con la República, aunque nunca logró encontrar una estrategia de salida aceptable. En consecuencia, el apoyo soviético disminuiría posteriormente, pero sin llegar a interrumpirse antes del derrumbe final de la República del periodo bélico.

12

LA GUERRA PROPAGANDÍSTICA Y CULTURAL

La contienda española fue la guerra civil europea que desató un combate propagandístico más enconado, todavía más intenso que el producido por la guerra en Rusia. Esta había recibido una gran cobertura en la prensa escrita, pero tuvo lugar en un país lejano y exótico al que era difícil llegar en los últimos tiempos de la Primera Guerra Mundial. Aunque su complejidad política apenas se comprendiera, España era más accesible en todos los sentidos: geográfica, cultural y tecnológicamente. En los quince años posteriores al fin de la guerra en Rusia los medios impresos se habían extendido de forma considerable, iniciándose la que para algunos fue la época dorada de los corresponsales en el extranjero. En comparación, en Rusia había habido pocos corresponsales, en tanto que medios como la radio y el cine estaban mucho más desarrollados en la década de 1930. Ninguna otra guerra civil llegó a los extremos de enfrentamiento propagandístico y cultural que la Guerra Civil española, no solo por la intensidad de la confrontación revolucionaria y la creciente sombra que las luchas de poder internacionales proyectaban sobre la contienda, sino por la propia interacción que se dio entre el carácter y los conflictos de la cultura contemporánea y la guerra de España.

Ambos bandos no solo hicieron grandes esfuerzos por desarrollar recursos propagandísticos y culturales dentro de sus propias zonas, sino que también apelaron a la opinión pública exterior. En este sentido la izquierda tenía ciertas ventajas, ya que contaba con organizaciones políticas movilizadas, a lo que habría que añadir los formidables canales que proporcionó la Komintern. Por el contrario, los sublevados, que partían de un improvisado régimen militar carente de medios equivalentes, tardaron en desarrollar sus propios recursos. A la larga, sería la izquierda la que ganaría esta pugna, con una versión del conflicto que sería la más repetida en años posteriores. Sin embargo, durante la propia contienda, los nacionales, centrándose en sectores políticos y religiosos conservadores, sobre todo británicos y franceses, y también en cierta medida estadounidenses, se impusieron en una pugna más concreta: la que aspiraba a influir en la decisiva opinión pública exterior.

La derecha se proclamó defensora de la religión y la civilización occidental frente a la revolución comunista, dejando de lado sus propias atrocidades y crímenes de guerra. La izquierda intentó desesperadamente esconder la revolución y el derrumbe de la democracia en 1936, insistiendo en que la causa republicana representaba a un régimen legítimo y democráticamente elegido que se enfrentaba a una sublevación fascista y a una invasión extranjera. Todo ello se envolvía en la bandera de la libertad y la ilustración. Posteriormente, los defensores de la República dirían que España había representado la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial y, aún más tarde, el régimen franquista se consideraría vencedor en el primer combate de la Guerra Fría entre el comunismo y Occidente.

Como en esa época, en materia de relaciones exteriores, el Reino Unido disfrutaba de más influencia e iniciativa que ninguna otra democracia importante, la propaganda republicana y la de la Komintern tenían un especial interés en la opinión británica. Durante los primeros meses, el principal obstáculo que tuvieron que superar fue la publicidad que se dio al «terror rojo», ante la que los portavoces republicanos reaccionaron con cuatro argumentos: que las atrocidades se habían exagerado, que la sublevación militar había hecho necesaria una gran represión, que los fascistas eran mucho peores y que en la zona republicana las ejecuciones por razones políticas se habían controlado con rapidez. Los principales puntos que aducían en defensa de la causa republicana eran, en primer lugar que los sublevados se habían alzado contra un Gobierno legítimo; en segundo lugar, que España había sido invadida por Alemania e Italia, y, por último, que los republicanos habían sido los primeros civiles del mundo en sufrir bombardeos aéreos indiscriminados de carácter terrorista. Había otro cuarto elemento, cada vez más importante: la República encabezaba la lucha contra el fascismo, que no tardaría en convertirse en una amenaza para todo el mundo.

El punto de inflexión en la batalla por la opinión pública no se alcanzó antes de la primavera de 1937, a continuación del ataque de los sublevados contra la localidad de Guernica (véase el capítulo 15), que recibió mucha atención en el exterior. Para entonces, la gran cantidad de periodistas destacados en las principales ciudades republicanas, que durante los peores meses del «terror rojo» habían reportado a la República publicidad negativa, estaban enviando crónicas más positivas, contando en general con mayor libertad que sus colegas de la zona enemiga que, cada vez más irritados por las enormes restricciones que imponían los sublevados, estaban reaccionando de manera cada vez más negativa a las histéricas proclamas de la propaganda franquista. Ambos bandos presentaban exagerados relatos en blanco y negro de los acontecimientos recientes y, en cierto modo, los empresarios periodísticos de las democracias enviaban a España a reporteros que probablemente fueran a simpatizar con el bando sobre el que tenían que hablar. Con todo, durante 1937, cuando la represión se atemperaba en ambas zonas, la intervención del Eje y la evidente dictadura del régimen franquista contrastaban con el semipluralismo de la República bélica, aunque ambos bandos no dejarían nunca de censurar los despachos enviados por los periodistas extranjeros. A mediados de 1937 la revolución se estaba canalizando en la zona republicana, mejorando así en cierto modo la imagen de la República, en tanto que la creciente fuerza militar y las continuas iniciativas en ese sentido de los nacionales proporcionaban a sus oponentes más material para ofrecer relatos, exagerados o no, de atrocidades.

La política del Gobierno británico nunca cambió, pero al llegar el último año de guerra la opinión pública de los países de habla inglesa había basculado enormemente hacia el bando republicano, incluso en cierta medida entre los católicos de EE.UU. En el Reino Unido, durante el resto del siglo XX la República seguiría siendo una causa mimada por la izquierda, sobre todo por sus intelectuales. Entre 1936 y 1938 el conflicto español siguió siendo para gran parte de Europa el problema del momento, y ni siquiera se olvidó cuando en 1938 estalló de repente el desafío del expansionismo alemán. Para toda la izquierda, pero también para muchos moderados e incluso para algunos conservadores, España proporcionaba la primera y mejor oportunidad de contraatacar al fascismo.

Esta actitud se reflejó en los cambios de opinión de un anticomunista tan fogoso como Winston Churchill. Durante los primeros meses de guerra consideró que España, al ser un embrollo imposible de solucionar, solo podía empañar las necesarias relaciones defensivas entre su país y Francia, y en agosto de 1936 escribió que «este galimatías español no es asunto de ninguno de nosotros. Ninguna de esas facciones españolas expresa nuestra concepción de la civilización». En octubre ponía de manifiesto la percepción común de que la violencia revolucionaria tenía un carácter más gratuito e indiscriminado que las «macabras represalias» de los sublevados. Pero ya a comienzos de 1937, después de que se acentuara la implicación del Eje en España, comenzó a inclinarse ligeramente del lado de la República, y en una carta personal que el 22 de febrero dirigió a Juan Negrín (entonces ministro republicano de Hacienda), le daba pistas sobre dónde comprar aviones para la aviación republicana. Esos consejos fueron a más durante 1938, sobre todo después de los Acuerdos de Múnich. En una carta publicada por la prensa británica a finales de ese año, Churchill abogaba por una mediación internacional que pusiera fin a la guerra, permitiendo así la pervivencia de la República, tanto porque eso beneficiaría a la seguridad del Imperio británico como porque él tenía la sensación de que el Gobierno de Negrín era moderado, lo cual podría ofrecer a los españoles un futuro menos vengativo y más esperanzador[1].

Una vez que la «cuestión española» se convirtió en el problema del momento, muchos artistas, escritores e intelectuales de todo el mundo occidental se vieron atraídos por él. Dos novelistas posteriormente grandes, André Malraux y George Orwell, pertenecieron brevemente a las fuerzas republicanas durante el primer año de guerra. Entre los escritores que visitaron España, en casi todos los casos solo la zona republicana, estuvieron figuras como John Dos Passos, Ernest Hemingway, W.H. Auden, Georges Bernanos, Antoine de Saint-Exupéry y Louis Aragon. Hubo muchos más, así como otras figuras artísticas. Incluso el actor de Hollywood Errol Flynn recaló brevemente en el país.

No todos los escritores eminentes apoyaron a la izquierda. Los sublevados contaron con el aval de Evelyn Waugh, Paul Claudel, Pierre Drieu La Rochelle, Ezra Pound, Roy Campbell, Hilaire Belloc y otros menos renombrados. Además, varios de los que habían apoyado en mayor o menor medida a la República cambiaron de opinión, bien durante el curso de la guerra o con posterioridad. Malraux, que según muchos escribió su mejor novela, L’Espoir [La Esperanza ] durante la propia contienda, mientras luchaba junto al bando republicano, se convirtió pocos años después en un virulento anticomunista.

En ambas zonas se realizó un considerable esfuerzo de movilización de los recursos culturales, aunque los republicanos, que intentaban desarrollar un nuevo modelo de «cultura popular» —atea, materialista, teóricamente igualitaria y empapada de valores políticos— lo hicieran con mayor decisión. Se insistía en erradicar el analfabetismo. Durante la guerra se abrieron más de 5.000 nuevas aulas en la zona republicana, pero como gran parte de las escuelas católicas se habían cerrado o simplemente estaban destruidas, no hubo avances netos en materia educativa. En la zona nacional se purgó a los maestros izquierdistas e incluso a los liberales, pero no hubo tanta quema de libros y de escuelas, porque el interés primordial de los contrarrevolucionarios era la conservación, aunque la educación y la cultura se tornaron igualmente tendenciosas. La censura fue algo fundamental para ambos bandos, eliminándose por completo cualquier manifestación de los valores del adversario.

Ambos bandos no solo se diferenciaban por el grado de contenido religioso e ideológico de su cultura, sino por el significado que otorgaban a la propia cultura. Para los sublevados, esta se basaba en la tradición y la religión, y también, lo cual eran un tanto contradictorio, en un estridente nacionalismo. Para los republicanos tenía que ver con una nueva educación y con los productos culturales modernos. En consecuencia, la izquierda puso más interés en movilizar a lo que ha pasado a conocerse como «mundo cultural», es decir, el de las artes, la literatura, el teatro y la industria del entretenimiento.

Aquí es donde destacaba la Komintern, puesto que ya había dedicado mucha atención a ese ámbito, consiguiendo, en mayor o menor medida, el apoyo de muchos escritores, artistas y gentes del mundo del espectáculo, sobre todo de Francia, los países de habla inglesa y Latinoamérica. Las organizaciones-pantalla de la Internacional calaron especialmente entre los escritores de izquierdas y la élite del espectáculo, también izquierdista, de Estados Unidos («Estrellas por España»). La cumbre visible de la movilización cultural promovida por la Komintern fue el Segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, que durante ocho días se celebró en junio de 1937 en Valencia. En su amplio programa participaron los principales autores de izquierdas españoles, así como figuras internacionales como Malraux, el poeta chileno Pablo Neruda (el mejor poeta estalinista que se puede encontrar) y el mexicano Octavio Paz, más moderado. El congreso suscitó una considerable atención internacional.

La radio acababa de convertirse en un importante medio de comunicación y su papel fue importante. Puede que, en general, fueran los sublevados los que la utilizaran con más eficacia, sobre todo durante el primer año de guerra. En tanto que los revolucionarios se servían de organizaciones políticas que ya llevaban bastante tiempo desarrollando canales de propaganda e información, los sublevados tuvieron que recurrir directamente a la innovación. La radio, tal como la utilizó, entre otros, el general Gonzalo Queipo de Llano en Sevilla, no solo se convirtió en un importante medio de difusión de mensajes sencillos, sino que en los primeros meses de la contienda llegó a desempeñar labores de intercomunicación. Ambos bandos la utilizaron profusamente.

Los republicanos emplearon mucho más el cine. Durante la insurrección socialista de octubre de 1934 España había atraído la atención de los noticiarios cinematográficos del mundo y, aunque desde la caída de la monarquía el país había despertado cierto interés, este fue desapareciendo durante el tranquilo año de 1935, para después reaparecer en 1936. Los clásicos revolucionarios de la URSS se podían contemplar por doquier en la zona republicana y el destacado documentalista soviético Roman Karmen, llegado al país solo un mes después de iniciarse la guerra, produjo varios cortometrajes y un largometraje en ruso. El Gobierno republicano dedicó muchos más recursos a la producción y distribución de noticiarios cinematográficos y películas de propaganda que sus adversarios. En líneas generales, las cintas producidas en la España republicana eran cortometrajes de propaganda y en ninguna de las dos zonas se realizó ningún filme de relevancia. El que bastantes personas llegaron a considerar el mejor sobre la guerra, la producción francesa de L’Espoir de Malraux [Espoir: sierra de Teruel], no apareció hasta una vez finalizados los combates.

El territorio en poder de los sublevados carecía de estudios cinematográficos, ya que casi todos estaban en las grandes ciudades del territorio republicano. De ahí que la primera película comercial del bando nacional se produjera en Berlín en 1938, utilizando estudios alemanes. Fue Carmen, la de Triana, una recreación del «mito de Carmen» que, tendente a la glorificación de los valores castrenses, contó con los bailes y sobre todo los excepcionales talentos vocales de la encantadora actriz y cantante Imperio Argentina. No obstante, las cintas de más éxito, más que ninguna de las producidas por los sublevados, fueron The Spanish Earth (1937) [Tierra de España ], un documental patrocinado por la Komintern, y varias películas realizadas en Hollywood, empezando por la producción de poco presupuesto Last Train from Madrid (1937) [Último tren desde Madrid ], una insulsa película de aventuras sin contenido político claro.

En la España nacional, más unida, había ciertos intelectuales «hegemónicos», encabezados por el escritor catalán Eugenio D’Ors, que anteriormente había sido un destacado filósofo y difusor del catalanismo moderado, pero que durante la década de 1920 giró drásticamente hacia la derecha, insistiendo en el clasicismo y en cierta forma de neotradicionalismo. El poeta monárquico José María Pemán también fue una voz destacada, pero cada vez fueron cobrando más protagonismo jóvenes literatos falangistas, que iban desde Dionisio Ridruejo, poeta neoclásico, además de periodista y líder político, hasta el novelista y poeta Agustín de Foxá, cuya novela, Madrid de corte a checa (1938), una panorámica de la vida en la capital desde la caída de la monarquía hasta la violencia revolucionaria de 1936, fue una de las mejores novelas que se publicaron en España durante la guerra, aunque no fuera una gran obra. En círculos más populares, tenía mucha aceptación la novelista conservadora Concha Espina.

En la zona republicana y entre los emigrados de izquierdas las principales figuras culturales eran los poetas y los pintores; entre los primeros figuraba el ya mayor Antonio Machado (cuyo hermano Manuel, un poeta menor, apoyó a los sublevados) y los jóvenes comunistas Miguel Hernández y Rafael Alberti, así como el novelista Ramón J. Sender (que también fue comisario político en el Ejército Popular). Entre los mejores escritores republicanos, al menos en potencia, se encontraban algunos jóvenes novelistas catalanes cuya obra comenzó a publicarse en lengua catalana en Barcelona, aunque solo cobrarían relevancia con publicaciones posteriores, en sus años de madurez. Desde París, Picasso apoyó a la izquierda, aportando la que sería, con mucha diferencia, la obra gráfica más sobresaliente del momento, su gran mural Guernica (1937), que no tardaría en convertirse en un símbolo pictórico internacional. Boceto a boceto, Picasso fue poco a poco descartando los símbolos políticos partidistas, lo cual contribuyó a que la obra se convirtiera en una denuncia universal de la guerra y el sufrimiento.

De los diversos pintores españoles de relevancia que trabajaban en el extranjero, el único que hizo causa común con los sublevados fue Salvador Dalí, gran figura pictórica desde hacía poco tiempo. Entre los pintores de la generación anterior, el en su día progresista Ignacio Zuloaga apoyó a Franco, convirtiéndose en años posteriores en una especie de pintor de corte.

Aparte de Guernica, durante la Guerra Civil el principal logro en materia de artes gráficas fueron los magníficos carteles creados e impresos en la zona republicana. Hay razones para señalar que esas obras conformaron estéticamente un campo sobresaliente durante el siglo XX: el del póster político. El género se había desarrollado durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, pero los carteles republicanos españoles eclipsaron a todos sus antecesores por su carácter directo y su calidad artística. Intensos de tonalidad y color, dramáticos y modernos en su diseño y concepción, a veces entraban en el territorio del cubismo. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, poco se hizo que alcanzara su originalidad.

En la zona nacional el cartel también fue algo habitual, aunque artísticamente más limitado, ya que con frecuencia se concebía para retratar una especie de realismo expresionista que no hacía más que insistir en el heroísmo. El cartelismo del bando sublevado estuvo dominado por Carlos Sáenz de Tejada, pero sus logros, sin ser insignificantes, no podían compararse estéticamente con las mejores obras de los diseñadores republicanos.

La izquierda quiso recalcar que el arte y el pensamiento estaban de parte de la República, aunque no fuera esto algo tan claro como pretendía. En realidad, solía ser así en el caso de los escritores y artistas extranjeros, pero no tanto en el de los propios españoles. En tanto que los poetas y los pintores solían ser de izquierdas, en el caso de los grandes intelectuales, filósofos y prosistas no fue siempre así. En este sentido fueron sorprendentes los casos del filósofo y crítico cultural José Ortega y Gasset (en general considerado el principal intelectual de España), el gran novelista Ramón Pérez de Ayala y el prestigioso médico, ensayista e historiador Gregorio Marañón, quienes en 1930 habían organizado su propia Agrupación al Servicio de la República, para apoyar al nuevo régimen democrático. A los tres los desilusionó completamente la labor de la izquierda, que en su opinión había arruinado España, y abandonaron la zona republicana en cuanto pudieron. Pérez de Ayala y Marañón publicaron declaraciones de enérgico apoyo a Franco, en tanto que el hijo del segundo se hizo falangista y los dos de Ortega se alistaron voluntariamente en el ejército de Franco. También apoyó a este Pío Baroja, al que se solía considerar el principal novelista vivo de España.

Miguel de Unamuno, sin duda la segunda figura más prestigiosa después de Ortega, también había apoyado la República, pero en 1936 se volvió virulentamente contra la izquierda, cuya revolución, según decía, estaba destruyendo la civilización. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de observar el comportamiento de Franco y de los sublevados, también los criticó enérgicamente, perdió su rectorado en la Universidad de Salamanca y falleció a finales de 1936 profundamente entristecido y desilusionado. Ortega optó por una postura política más discreta, evitando en general hacer declaraciones a favor de uno u otro bando, pero criticó el simplismo con que se veía la guerra en el extranjero, sobre todo lo que respecto a sus orígenes propagaba la izquierda.

A algunas de las principales figuras del mundo de la cultura española les resultó imposible identificarse con ninguno de los extremos enfrentados y, si tuvieron la oportunidad, huyeron al extranjero, donde entraron a formar parte de la «tercera España». Líder extraoficial de esta corriente fue el distinguido escritor y diplomático Salvador de Madariaga, cercano a Ortega y Unamuno en altura intelectual. Madariaga militaba en el centro democrático liberal y moderado y, como nunca tuvo mucha esperanza en la izquierda, abogó desde muy pronto por una canalización más disciplinada de la democracia. No condenó en sí mismo el levantamiento militar de 1936, aduciendo que el derrumbe del orden público había llegado a tal punto que una reacción contundente, incluso violenta, era prácticamente inevitable. Al principio mostró un matizado apoyo a los sublevados, pero no tardó en criticar con virulencia la dictadura y su inclemente represión. Más versado en relaciones internacionales que otras grandes figuras, Madariaga se esforzó por promover conversaciones y una paz negociada, pero todo fue en vano. A partir de ese momento se convirtió en un infatigable opositor de Franco. Fue todavía más longevo que el dictador y no regresó a España hasta que este falleció.

Dejando a un lado los carteles republicanos, las creaciones artísticas más importantes que inspiró la guerra no surgieron en España sino en el extranjero, y casi todas fueron prorrepublicanas. Las dos principales novelas sobre la guerra, L’Espoir (1937) [La esperanza ] de André Malraux y For Whom the Bell Tolls (1940) [Por quién doblan las campanas ], de Ernest Hemingway, superaron a cualquiera de las escritas en español.

Cuando Hemingway fue a España era un periodista comprometido y entre 1937-1938 prácticamente actuó de propagandista de la Komintern, que hizo lo posible por reclutarle. Solo en el último año de guerra comenzó a desarrollar una perspectiva más crítica, abandonando las crónicas de tono propagandista. Una vez acabado el conflicto consiguió la distancia necesaria para escribir su sobresaliente novela romántica, que, aun partiendo de un enfoque republicano, no dejaba de mostrar cierto equilibrio. Tres años después la novela se convirtió en una importante película de Hollywood que intentó mantenerse fiel al original y que todavía sigue siendo el principal film sobre la guerra en España. En realidad, Hemingway tardó algún tiempo en abandonar del todo sus contactos soviéticos. Según las investigaciones realizadas por Boris Volodarsky en los archivos soviéticos, el NKVD le utilizó como fuente de información durante la Segunda Guerra Mundial, dándole el nombre en clave de «ARGO», aunque es dudoso que tuviera datos de relevancia que trasmitir.

Al iniciarse la guerra John Dos Passos era el principal novelista de EE.UU., la figura más destacada tanto de la modernidad como del progresismo literario del país. Se puso de parte de la República y también fue muy buscado por la Komintern, pero, cuando viajó a España a comienzos de 1937, le conmocionó descubrir que su amigo español más íntimo, el profesor de literatura José Robles, parecía haber sido liquidado por los comunistas, a pesar de sus servicios a la causa republicana. Este hallazgo suscitó grandes tensiones entre Dos Passos y Hemingway, que no dejaba de reproducir el discurso de la Komintern al respecto. Aunque Dos Passos siguió apoyando a la izquierda, no hizo ninguna obra de relevancia en pro de la República. Su experiencia marcó el comienzo de una profunda transformación política y en sus últimos años Dos Passos viró hacia la derecha, convirtiéndose en un virulento anticomunista.

La producción cultural sobre la guerra ha sido incesante. Durante los primeros años del régimen de Franco se produjo un número considerable de novelas y películas, todas desde una perspectiva unidireccional y normalmente mediocres. Los republicanos en el exilio también concibieron obras literarias, en algunos casos centradas en la contienda. Sin embargo, en líneas generales la producción de películas prorrepublicanas tuvo que esperar hasta el final del régimen de Franco. La Guerra Civil sigue siendo objeto de atención por parte de la literatura y el cine españoles del siglo XXI, inspirando en ocasiones obras de relevancia.

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¿UNA SEGUNDA CONTRARREVOLUCIÓN?:

LA LUCHA POR EL PODER EN LA ZONA REPUBLICANA

Hugh Thomas tituló la última parte de su clásica historia de la Guerra Civil española: «La guerra de las dos contrarrevoluciones». Desde luego la extrema izquierda revolucionaria —la FAI-CNT, el POUM y muchos socialistas caballeristas— acusaron a los comunistas y a sus aliados (los republicanos de izquierda y los sectores más moderados del socialismo) de imponer la contrarrevolución. ¿Fue realmente así? La acusación enfurecía a los comunistas, porque ellos se proclamaban los únicos auténticos revolucionarios de España, los únicos con experiencia en llevar a buen puerto una revolución[1]. Insistían en que lo único que pretendían era aplicar la necesaria disciplina revolucionaria, indispensable para el éxito a largo plazo de la revolución. Lo que tanto la extrema izquierda como algunos autores calificaron de contrarrevolución fue una estrategia calculada para reinstaurar el orden dentro de la izquierda y librar la guerra con más eficacia. Esto también permitió a los comunistas alcanzar una cierta, pero muy incompleta, hegemonía.

Para los líderes de la Internacional Comunista que estaban en Moscú, la situación se había vuelto paradójica. Durante quince años habían tratado de provocar situaciones revolucionarias en todo el mundo o de aprovecharse de ellas. La Komintern había promovido múltiples iniciativas violentas en Alemania, insurrecciones en Bulgaria, Estonia y Brasil, una toma del poder revolucionaria en el Sudeste Asiático, e incluso una intentona destinada a volar a todo el Gobierno búlgaro. Con todo, la política del llamado «tercer periodo» revolucionario había resultado desastrosamente contraproducente, por lo que se tuvo que transformar en la estrategia de formación de frentes populares. Esta moderación parcial de las tácticas comunistas coincidió entonces con la aceleración del proceso revolucionario español. Cuando empezó la Guerra Civil, el grueso de la izquierda obrera española estaba tácticamente situado a la izquierda del propio PCE.

Durante alrededor de década y media la Komintern había promovido tácticas flexibles y una estrategia destinada a maximizar las posibilidades revolucionarias en todos los países. En la época en la que se introdujo la estrategia frentepopulista los comunistas habían desarrollado una política relativamente coherente que pretendía minimizar ciertos aspectos de la radicalización a corto plazo para, a la larga, posibilitar una clara política revolucionaria. Los anarquistas y los caballeristas carecían de esa paciente y matizada estrategia de larga duración.

Los dirigentes de la Komintern habían hecho un esfuerzo por impedir que la situación de España explotara durante la primavera y comienzos del verano de 1936, comprendiendo que ese estallido sería contraproducente para una situación en la que la izquierda ya dominaba casi por completo. La Internacional proyectaba seguir una clara estrategia gradual, que iría desde el Frente Popular a la república popular inicial, pasando después por un régimen obrero-campesino, para llegar finalmente a la dictadura del proletariado, pero no tenía capacidad para controlar al conjunto de la izquierda, ni, desde luego, para impeler a las fuerzas conservadoras a quedarse sentadas mientras esta alcanzaba todos sus objetivos.

Según los dirigentes de la Komintern, una vez que la revolución estuviera en marcha, no había que acabar con ella, sino canalizarla con la mayor firmeza posible, lo cual, unido a la constitución de un sólido y nuevo Ejército Popular, sentaría las bases para la creación de una nueva república popular en tanto siguiera la guerra. Para adoptar esa estrategia era preciso seguir dos tipos de políticas: por un lado, en el exterior, la propaganda y la diplomacia debían insistir en la existencia de una democracia; por otro, dentro de la zona republicana había que canalizar la revolución, sometiéndola a las necesidades del esfuerzo bélico y a los objetivos políticos de una «república democrática de nuevo cuño». Por lo menos oficialmente, la Guerra Civil debía librarse no en defensa de la revolución, sino envolviéndose en la bandera de la República, símbolo de la lucha entre «la democracia y el fascismo». Tampoco había que calificar la contienda de lucha de clases, sino de resistencia patriótica del conjunto del «pueblo laborioso» español. Para la Komintern, dos razones hacían indispensable este enfoque: primera, permitiría a la izquierda movilizar a los sectores más progresistas de las clases medias bajas; segunda, se esperaba que posibilitara el apoyo del Reino Unido y de Francia, no solo a España, sino a la estrategia de seguridad colectiva promovida por la diplomacia soviética. Además, los republicanos de izquierda (o lo que quedaba de ellos) y los socialistas más moderados coincidían, a corto plazo, con esas prioridades políticas, creando una alianza de facto que, aunque frágil y limitada, era partidaria de canalizar la revolución.

En sus análisis, los líderes de la Komintern partían de la analogía con la guerra civil rusa, pero haciendo hincapié en las considerables diferencias existentes. En Rusia, los bolcheviques habían ocupado gran parte del espacio de la extrema izquierda revolucionaria, reclutando a la fuerza, hostigando o coaccionando a los anarquistas y a los socialistas revolucionarios de izquierda. Al principio adoptaron una posición indulgente y demagógica frente al campesinado, pero no tardaron en nacionalizar totalmente la economía urbana, sin moderar ese enfoque hasta 1921, después de imponerse en la guerra civil. En España, la lucha era igual de compleja, pero también tenía problemas propios. En 1936 era más importante ganar la batalla de la opinión pública, para lo cual era necesario mostrar moderación; sin embargo, los sectores no comunistas de la extrema izquierda eran mucho más fuertes. A excepción del POUM, era imposible desplazarlos o reprimirlos, y difícil reclutarlos a la fuerza.

Los comunistas también recalcaban que sería un grave error permitir que los sublevados monopolizaran los llamamientos patrióticos, un factor más importante en el caso español que en el ruso. Antes incluso de finales de julio de 1936, importantes propagandistas del partido como Dolores Ibárruri insistían en que España estaba sufriendo una invasión extranjera y que los sublevados estaban organizando una segunda arremetida musulmana junto a primitivas tropas marroquíes que asesinaban, violaban y saqueaban a los españoles. Esta idea no tardó en convertirse en un llamamiento a la lucha patriótica frente a la invasión germano-italiana; así se dio a la guerra una definición plausible que toda la izquierda adoptó. En consecuencia, ambos bandos presentaron el conflicto siguiendo presupuestos equivalentes: la izquierda, como una lucha contra Alemania e Italia; la derecha, como un combate destinado a impedir la toma del poder por parte de la Unión Soviética.

El hecho de que los comunistas españoles incrementaran su número y su poder se debió a tres factores: la disciplina centralizada de la estructura de su partido, que le concedió más cohesión y eficiencia de las que tenían los demás; su insistencia en la potencia militar y en la necesidad de librar la guerra, para la que estaban más preparados que ninguna otra formación política; y el decidido apoyo de la Komintern y de la URSS, que les otorgó un prestigio especial y mayores recursos. Al principio, el PCE, que tenía menos de 90.000 militantes al comienzo de la guerra, creció tan rápidamente como la Falange en la zona enemiga. En marzo de 1937, su secretario general José Díaz decía que el partido tenía 249.140 militantes, de los cuales supuestamente el 35 por ciento eran obreros industriales, el 25 por ciento agrícolas y el 31 por ciento propietarios de tierras o aparceros. En su mayoría, los nuevos militantes eran jóvenes obreros, urbanos o agrícolas, pero también procedían, en número desproporcionado, de las clases medias bajas (tanto urbanas como rurales) y también había mujeres, a las que los comunistas apelaron especialmente (con el lema: «¡Paso a la mujer!»). También hay que señalar que entre sus miembros había bastantes oficiales del Ejército republicano, en tanto que podría pensarse que muchos de los 76.700 pequeños agricultores que se afiliaron al PCE lo hicieron para protegerse de las colectivizaciones indiscriminadas. Finalmente, el partido alcanzaría su cifra máxima de militantes a finales de 1937, con 350.000 miembros. Además, la Juventud Socialista Unificada (JSU), mayormente bajo el control comunista, decía tener 350.000 militantes y el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), el nuevo partido comunista catalán, constituido inmediatamente después del inicio de la guerra, contaba con unos 40.000 militantes. Por primera vez había una importante formación comunista en Cataluña.

Durante el mes de agosto de 1936 el PCE se vio en parte a la defensiva, incapaz de poner coto a los excesos centrífugos de la extrema izquierda, pero al mes siguiente la formación del Gobierno de Largo Caballero le proporcionó la oportunidad de promover la aplicación de importantes aspectos del programa comunista. En la primavera anterior, mucho antes del inicio de los combates, la Komintern había enviado a España al veterano agente Vittorio Vidali («Carlos Contreras»), para hacerse cargo de la organización paramilitar del PCE, y durante las primeras semanas de guerra los comunistas se entregaron al reclutamiento militar, partiendo de su cacareado «Quinto Regimiento» (así llamado porque, según ellos pensaban erróneamente, al principio la guarnición militar madrileña había tenido cuatro regimientos de infantería). Así acabaron movilizando por lo menos a 60.000 hombres, partiendo de los varios miles de integrantes de las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC), organizadas antes del inicio de los combates por comandantes como Enrique Líster y Juan Modesto, que habían recibido un breve entrenamiento en la Academia Frunze que el Ejército Rojo tenía en Moscú. Esto permitió a las unidades comunistas y a sus oficiales tener un gran peso en el desarrollo del Ejército Popular en la zona central y en los primeros nombramientos de mandos. Además, el partido organizó en la mayoría de los distritos «comisiones político-militares» locales para fomentar el alistamiento voluntario y coordinar sus actividades con el Ejército Popular. Ningún otro partido tuvo una organización similar.

No obstante, la luna de miel con el Gobierno de Largo Caballero solo duró unas semanas, porque los comunistas exigían una mayor centralización y la formación de un comité de defensa nacional en el que ellos tuvieron un papel primordial. No tardaron en quejarse de que Largo protegía la incompetencia y también los diversos intereses de las milicias revolucionarias, todavía no del todo integradas en el nuevo ejército. También presionaban para que el Gobierno asumiera el control de la industria y la banca: pedían la nacionalización de ciertos sectores clave, pero se oponían a la colectivización revolucionaria.

El único sector en el que los comunistas consideraban legítima la colectivización parcial era el agrícola, pero solo definiéndola de manera muy precisa. El de Agricultura fue uno de los dos ministerios que ocuparon en el Ejecutivo de Largo Caballero y se puso en manos de Vicente Uribe, miembro del politburó, que de esa forma controlaba el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). El decreto dictado el 7 de octubre por Uribe ordenaba la confiscación sin indemnización de todas las propiedades agrarias de quienes directa o indirectamente hubieran apoyado la rebelión militar. Extensas propiedades pasarían a manos de colectividades, pero los arrendatarios de pequeñas partes de esos latifundios podrían continuar utilizándolas de modo permanente, medida esta que pretendía proteger a un sector de la clase media baja, al tiempo que se legalizaba la expropiación de las grandes fincas. En realidad, casi todas las grandes propiedades de la zona republicana ya habían sido tomadas por la extrema izquierda. Uribe insistió además en que debía ponerse fin a la violencia y el desorden en el campo, porque estaban perturbando la producción y privando de apoyo a la República.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 1936 el prestigio comunista en la zona central llegó a su punto culminante por el papel de los líderes del PCE en la Junta de Defensa de Madrid y por la ayuda a gran escala de la Unión Soviética. El 18 de diciembre la cúpula del PCE lanzó un manifiesto para explicar su plan para el triunfo, Las ocho condiciones de la victoria , que volvía a insistir en la necesidad de disciplina y unidad, y en el carácter prioritario del esfuerzo bélico:

Las acusaciones que de vez en cuando se nos hacen, diciendo que sacrificamos los intereses de la revolución con tal de ganar la guerra son, además de pérfidas, pueriles. La lucha para ganar la guerra va inseparablemente unida al desarrollo de la revolución. Pero si no ganáramos la guerra, el desarrollo de la revolución se malograría. Es preciso que esta idea penetre profundamente en las masas si no queremos amortiguar la lucha para ganar la guerra. Luchamos por crear una sociedad mejor en la que sea imposible la repetición de hechos tan criminales y monstruosos como esta subversión facciosa. Pero a todos los ilusos o irresponsables que quieren cometer en su propia provincia o pueblo ensayos de «socialismo» o de «comunismo libertario» o de otra índole hay que hacerles comprender que todos esos ensayos se vendrán a tierra como castillos de naipes si no se aniquila a los fascistas.

Las cuatro prioridades económicas eran la nacionalización y reorganización de las grandes industrias; la creación de un Consejo Coordinador de la Industria y la Economía con auténticas competencias; el control obrero de talleres y fábricas (pero sometido a la regulación del Consejo Coordinador)[2], y el incremento de la producción de víveres gracias a un plan nacional (pero con precios justos y respetando a los productores agrícolas, ya fueran individuos o colectividades). No era esta una repetición del «comunismo de guerra» aplicado durante la guerra civil rusa por Lenin, sino un programa práctico, en parte presocialista, similar a la Nueva Política Económica leninista de 1921, introducida en un momento en el que los líderes comunistas reconocían que había muchos obstáculos que impedían el establecimiento inmediato del socialismo. Esa idea de una especie de «NEP española» seguiría siendo el programa fundamental del PCE durante toda la Guerra Civil.

A finales de 1936 los dirigentes del partido parecían estar entrando en un periodo de euforia, reflejo del desarrollo político y militar comunista de los meses anteriores. Según un largo informe redactado el 24 de diciembre por el argentino Vittorio Codovila, principal asesor de la Komintern en España, los comunistas ocupaban el 80 por ciento de los puestos de mando en el nuevo ejército[3] y la «mayoría» de los cargos policiales de más peso, y el principal problema seguía siendo la oposición de los anarquistas. Anteriormente, el agregado militar soviético Vladímir Gorev había informado de que «después de la victoria sobre los blancos será absolutamente inevitable un enfrentamiento con los anarquistas. Será un enfrentamiento muy cruel», en tanto que André Marty, asesor de la Komintern, había escrito al Secretariado de la misma diciendo que «después de la guerra ajustaremos cuentas con ellos, sobre todo porque en ese momento tendremos un ejército fuerte»[4].

La principal formación de la extrema izquierda revolucionaria era la CNT, pero la más categórica y atrevida era el POUM, marxista-leninista. Aunque mucho menor que el PCE, el POUM se consideraba el auténtico partido comunista de España, tan ajeno al PCE, partido de la Komintern soviética en España, como al PSUC catalán. Dirigido por Andreu Nin, el POUM, a pesar de su absoluta independencia de Moscú, exigía la inmediata aplicación del modelo leninista de 1917-1918. Durante un discurso pronunciado en Barcelona el 6 de septiembre, Nin había tendido a trivializar la guerra, proclamando que su principal consecuencia sería acelerar el «proceso revolucionario», «provocando una revolución proletaria más profunda que la propia revolución rusa»[5]. No había necesidad de crear un ejército regular centralizado, ya que las milicias revolucionarias bastaban para ganar la guerra (en este punto se apartaba del modelo leninista). Para Nin, incluso el Frente Popular era una farsa engañosa, porque sus cesiones ante la burguesía eran las responsables de que se hubiera producido una guerra civil y no la directa toma del poder revolucionaria que ya tendría que haber tenido lugar en la primavera de 1936. En consecuencia, el comité central del POUM se mostró a favor de exigir la formación inmediata de un gobierno revolucionario que «prescindiendo en absoluto de la legalidad republicano-burguesa anterior, proceda a la inmediata convocatoria de una Cortes Constituyentes, elegidas por los Comités Obreros, Campesinos y Combatientes que establezcan la constitución del nuevo régimen surgido de la revolución»[6]. Se abogaba así por la formación de un régimen soviético español, análogo al de la Rusia de 1917-1918.

La Komintern no dejó de tachar de «trotskista» al POUM, aunque hubiera roto con el propio Trotski (¡que a su vez consideraba que el POUM no estaba preparado para la revolución!). En realidad, lo importante no era el «trotskismo», sino que el POUM era un partido comunista independiente y rival que criticaba el estalinismo, de manera que los representantes soviéticos tenían órdenes de aislarlo y de prepararse para liquidarlo.

Entretanto, en política exterior, el Gobierno de Largo Caballero sopesaba varias desesperadas iniciativas, destinadas a fortalecer a la República y hacerla menos dependiente de la Unión Soviética. Una de ellas proponía entregar el Marruecos español (totalmente en poder de Franco) al Reino Unido o a Francia, con el fin de que alguna de las dos potencias entrara en la guerra. Otra barajaba la posibilidad de fomentar entre la población marroquí del protectorado una rebelión anticolonialista que pudiera trastocar la retaguardia franquista, pero que también desataría las iras de Londres y de París, que insistían en el mantenimiento del statu quo colonial; algo que, por el momento, también defendía Moscú. El tercer plan hablaba de utilizar lo que quedaba del oro español, además de otros recursos, para intentar sobornar a Hitler y Mussolini para que abandonaran a Franco. Sin embargo, ninguna de esas propuestas constituía un plan factible.

Largo Caballero se negaba a una completa cooperación, así que el propio Stalin tomó una medida insólita: en diciembre de 1936 le escribió una carta personal. Lo que pretendía era hacer ver a Largo lo importante que era que la República revolucionaria diera una imagen más próxima al constitucionalismo democrático, insistiendo en que

la revolución española está trazando su propio rumbo, diferente en muchos aspectos del seguido en Rusia. Esto no solo se debe a las diferentes condiciones sociales, históricas y geográficas, sino a las necesidades de la situación internacional… Es bastante posible que, en España, la senda parlamentaria sea un medio más efectivo para lograr el desarrollo revolucionario que en Rusia… No se debe rechazar a los líderes republicanos, sino atraerlos y acercarlos al Gobierno.

Lo peor sería dar la imagen de que el régimen revolucionario era, de una u otra manera, «comunista» y por ello era importante incorporar a los republicanos de izquierda de una forma más plena y obtener hasta donde fuera posible el respaldo de la «pequeña y media burguesía»[7]. Esto suponía una coherente actualización de la semilegal estrategia frentepopulista que, antes de seguir avanzando, propugnaba la consolidación de una república «de nuevo cuño».

Con cierto retraso, Largo Caballero contestó a Stalin que en general coincidía con él, pero que el dictador soviético no comprendía del todo la naturaleza de la situación revolucionaria española, porque «la institución parlamentaria… no cuenta entre nosotros, ni siquiera entre los republicanos, con defensores entusiastas». En tanto que, respecto a los republicanos de izquierda, decía: «ellos mismos apenas hacen nada para afirmar su propia personalidad política». Largo Caballero y la extrema izquierda revolucionaria iban a recalcar su propia ortodoxia para la revolución española, muy distinta de la doctrina frentepopulista de la Komintern.

Según los líderes de la Internacional, la canalización inicial de la revolución solo sería necesaria mientras durara la guerra. Esa política no pretendía negar ni contrarrestar la revolución, solo controlar sus excesos, exigiendo, por el momento, y según la fórmula leninista, que se dieran «dos pasos adelante y uno atrás». Canalizar la revolución sería el necesario paso atrás, en tanto que la victoria en la Guerra Civil y la consiguiente consolidación de la revolución representarían «los dos pasos adelante». En una polémica con el periódico CNT, el diario oficial comunista Mundo Obrero insistía el 3 de marzo de 1937 en que los anarcosindicalistas no tenían razones para dudar ni del carácter ni del significado del régimen de transición propuesto por los comunistas, en el que la izquierda tenía el monopolio de las armas, el viejo ejército había sido sustituido por el nuevo Ejército Popular, los campesinos tenían la propiedad de gran parte de la tierra, el control obrero se había impuesto en las fábricas, se habían llevado a cabo expropiaciones a gran escala, tanto en el campo como en la industria, y la «república democrática» estaba dominada por la clase obrera. Así continuaba su argumentación Mundo Obrero:

Así pues, nuestra República es de un tipo especial. Una República democrática y parlamentaria de un contenido social como no ha existido nunca. Y esta no puede ser considerada de la misma manera que la República democrática clásica; es decir, que aquellas que han existido y existen donde la democracia es una ficción que se basa en el predominio reaccionario de los grandes explotadores. Sentado esto, precisa que digamos a los compañeros de CNT que no cometemos ninguna abjuración ni contradecimos las doctrinas del marxismo revolucionario al defender la democracia y la República. Es Lenin quien nos ha enseñado que lo revolucionario es tener siempre presente la realidad concreta de un país determinado para aplicar la táctica revolucionaria más conveniente, aquella que conduce de una manera segura al fin.

Dicho de otro modo, según los comunistas, los anarcosindicalistas, los poumistas y los socialistas caballeristas no tenían razón al quejarse de que los comunistas defendían la democracia liberal capitalista, simplemente porque así lo hiciera su propaganda en el ámbito internacional. En el frente interno, dentro de España, la «república democrática» solo aludía al régimen de monopolio izquierdista de «nuevo cuño» reintroducido en el discurso de la Komintern en 1935. La expresión se refería a un semipluralismo político estrictamente limitado que dejaba fuera al centro y la derecha, es decir, a más del 50 por ciento de la población, pero que, al modo de la NEP, aceptaba temporalmente cierta cantidad de propiedad privada, al tiempo que acometía la nacionalización de las grandes industrias. Por su contenido era bastante diferente a la democracia liberal capitalista, constituyendo un «nuevo tipo» de democracia, aunque algunas de sus manifestaciones externas pudieran ser coincidentes.

Estaba claro que, desde el punto de vista de la CNT, el POUM y muchos caballeristas, la política de la Komintern era contrarrevolucionaria. Al llegar junio de 1937 conduciría a la represión del POUM y a la subordinación relativa de los dos grandes movimientos revolucionarios. Sin embargo, decir que la política comunista era «contrarrevolucionaria» es, pura y simplemente, una simplificación excesiva. Estaba claro que la fórmula de la «república popular» era una estrategia revolucionaria formulada en dos o más fases. Era mucho más compatible con las necesidades militares, políticas, económicas y propagandísticas de una guerra civil de grandes proporciones que la estrategia de revolución socioeconómica inmediata por la que abogaba la extrema izquierda. La expulsión de Largo Caballero de la presidencia del Gobierno en mayo de 1937, precipitada por los comunistas pero apoyada por gran parte de las demás fuerzas políticas, salvo los anarquistas, proporcionó la principal oportunidad para ahondar en esa estrategia.

Juan Negrín, sustituto de Largo Caballero, fue elegido por el presidente Azaña y por los socialistas prietistas, más moderados, a los que el nuevo presidente del Gobierno pertenecía. Azaña, aún presidente de la República a pesar del eclipse de su sector político, propuso el nombramiento de Negrín, viendo en él a un líder más pragmático que, al poder analizar con más sutileza la situación internacional, tendría más oportunidades de contribuir a la paz negociada que el propio Azaña ansiaba.

Negrín se convirtió en la figura más polémica de la Guerra Civil, el único dirigente importante no solo odiado por el otro bando, sino finalmente despreciado también por gran parte del propio. Sin embargo, en contra de lo que dirían las acusaciones posteriores, no fue elegido por los soviéticos, que no tenían tanto poder para controlar al Gobierno republicano. No obstante, sí era totalmente aceptable para ellos, porque era un profesor de fisiología de buena reputación, no un socialista «bolchevizado» ni un extremista revolucionario; tenía una actitud prosoviética; había sido investigador y tenía capacidad de gestión, todo lo cual parecía hacerle más capaz de impulsar el nuevo programa.

A la formación del Gobierno de Negrín se llegó después de ocho meses de esfuerzos para recuperar una autoridad centralizada, que llegaron a su punto culminante en abril y mayo de 1937, sobre todo en los «días de mayo» vividos en Barcelona entre el 3 y el 6 de ese mes, de los que se hablará en el capítulo 16. La violencia que estalló en el seno de la República durante esos días representó la derrota de los anarquistas revolucionarios y también, como después se apreciaría y de forma un tanto más indirecta, la de los catalanistas de izquierda, que se verían obligados a aceptar la creciente autoridad del Gobierno republicano en Barcelona, capital, después de octubre de 1937, de una zona republicana que lentamente iba menguando.

Negrín se convirtió en el principal líder bélico de la República y en realidad mostró todavía más determinación de la que los prietistas o el propio Azaña habían imaginado. Redujo el consejo de ministros de dieciocho a nueve miembros, dejando fuera a la CNT pero obteniendo el apoyo de la UGT. Los comunistas conservaron dos carteras. Negrín redobló los esfuerzos para recuperar la autoridad del Estado y para centralizar y dar más brío al desarrollo militar. Comprendió que la ayuda soviética se había vuelto indispensable y se mostró dispuesto a satisfacer la mayoría de las demandas militares comunistas, aunque no siempre las relativas a política interna. Sin embargo, con Negrín, inicialmente los socialistas siguieron siendo el sector más poderoso y Prieto encabezó el nuevo Ministerio de Defensa Nacional, que, fusionando los de Marina y Guerra, reunió a las tres armas castrenses.

Un mayor control del aparato de seguridad, que mayormente estaba ya en poder de los comunistas, permitió lanzar una ofensiva contra dos bastiones de la extrema izquierda: el POUM, centrado en Cataluña, y el feudo anarquista de Aragón oriental. El POUM fue ilegalizado el 16 de junio y sus líderes detenidos. Parece que Nin se negó a confesar ante un «simulacro de juicio» de tipo soviético, y fue torturado, ejecutado y enterrado cerca de una carretera del este de Madrid. En la primavera de 1937 unidades del Ejército Popular dirigidas por comunistas habían realizado operaciones contra varias colectividades de la CNT de la zona central, y en agosto el Gobierno disolvió el Consejo de Aragón, dominado por los anarquistas, que controlaba la mitad oriental de esa región, disolvió la mayoría de las colectividades y detuvo a por lo menos 600 anarcosindicalistas.

No obstante, en el seno del nuevo Gobierno comenzaron a surgir tensiones y ya el 30 de julio el asesor de la Komintern «Stépanov» (el búlgaro Stoyan Minev) informó a Moscú de que «la luna de miel ha acabado», porque, a pesar de las muchas concesiones que había hecho, el Gobierno de Negrín no aceptaba sin rechistar todas las propuestas soviéticas. El jefe de la Internacional en Europa occidental, Palmiro Togliatti, que ya era asesor principal en España, señalaba que las presiones de los comunistas habían sido excesivas. Al ir aumentando su número de militantes, algunos líderes del PCE pensaron que podían luchar directamente «por la hegemonía en el Gobierno y en el conjunto del país». El principal culpable era el PSUC, que competía con la CNT en Cataluña; había ido en contra de la línea dictada por la Komintern al hablar de «una lucha por la destrucción de todos los elementos capitalistas» e incluso de un «Gobierno netamente proletario y comunista»[8]. La Komintern acalló esa desviación y el propio Stalin propuso en septiembre que en la zona republicana se convocaran unas nuevas elecciones en las que las listas conjuntas de socialistas y comunistas pudieran imponerse, constituyendo así una base más legítima que diera más poder al Gobierno de Negrín y a los comunistas. Sin embargo, esta iniciativa soviética se quedó en nada, porque ninguno de los demás partidos quiso apoyarla.

El miembro más independiente del Ejecutivo de Negrín era el nacionalista vasco Manuel de Irujo, ministro de Justicia. Intentó sin éxito poner fin a la persecución religiosa, además de mejorar las condiciones de las cárceles y tratar de juzgar a algunos responsables de ejecuciones arbitrarias masivas. Sin embargo, esta iniciativa quedó en parte bloqueada, e Irujo acabó dimitiendo en noviembre de 1937, después de que Negrín presentara un plan de creación de tribunales especiales con enormes y novedosas competencias. Sin embargo, para mantener las apariencias en el exterior, aceptó seguir en el Gobierno como ministro sin cartera.

El Gobierno de Negrín logró una mayor coordinación sindical y económica, y Prieto tuvo cierto éxito ampliando la movilización militar, pero sus enfrentamientos con los comunistas no dejaron de aumentar. A Prieto le molestaba cada vez más el peso político que el PCE tenía en una parte considerable de las fuerzas armadas y no estaba convencido de la eficacia de sus políticas militares. Después de un efímero triunfo en el campo de batalla —la conquista de Teruel en enero de 1938—, la situación militar volvió a deteriorarse drásticamente, y durante el curso del invierno, mientras Franco recuperaba Teruel y avanzaba todavía más, Prieto cayó en una grave depresión, haciendo cada vez más público el pesimismo con que veía el curso de la guerra.

Por primera vez, el derrotismo se convirtió en un problema entre los dirigentes republicanos, ya que Azaña, Prieto y Giral (nuevo ministro de Exteriores) proclamaban en privado la convicción de que el combate estaba perdido. Con todo, como Negrín y los comunistas se mostraban muy decididos, los demás iban cediendo ante ellos. En abril de 1938 se formó el segundo Gobierno de Negrín, mientras Franco avanzaba hasta el Mediterráneo, partiendo en dos el territorio de la República. Prieto y Giral abandonaron el Ejecutivo y solo quedó en él un comunista, aunque después regresó al mismo un representante de la CNT. Como de costumbre, lo que interesaba a los soviéticos eran mantener para la galería al mayor número de republicanos de izquierda, de manera que en la composición final aparecían tres socialistas (Negrín entre ellos), cinco republicanos de izquierda (incluido un catalanista) y un ministro del PCE, otro de UGT, uno de la CNT y un nacionalista vasco.

Este segundo Gobierno de Negrín marcó el punto culminante de la influencia soviética y comunista. El propio Negrín asumió la cartera de Defensa. El «compañero de viaje» socialista Julio Álvarez del Vayo regresó en calidad de ministro de Asuntos Exteriores, con un subsecretario comunista. Bibiano Fernández Ossorio Tafall, quizá el principal compañero de viaje de los republicanos de izquierda (y en su día subsecretario implicado en el asesinato de Calvo Sotelo) accedió al puesto de Comisario General de todos los Ejércitos, en tanto que el ex ministro comunista Jesús Hernández fue nombrado principal comisario político del Ejército en las zonas central y sur. El más fiable de los comunistas en el alto mando, el coronel Antonio Cordón —al que Prieto había destituido— fue nombrado subsecretario de Defensa y otro comunista ocupó la subsecretaría de Aviación, feudo de los comunistas. Al mando del recién creado Servicio de Inteligencia Militar (SIM) se puso al socialista Santiago Garcés, que ya era un agente del NKVD. El comandante comunista Eleuterio Díaz Tendero, anteriormente destituido por Largo Caballero, recuperó la dirección del Gabinete de Información y Control del Ministerio de Defensa, en tanto que los comunistas pasaban a controlar todavía más la estructura de mando. El Ministerio de Gobernación lo dirigía un socialista, pero los comunistas ocupaban gran parte de sus altos cargos y Eduardo Cuevas de la Peña, también comunista, fue nombrado Director General de Seguridad. Un miembro del PSUC sustituyó a un prietista en la dirección general del Cuerpo de Carabineros, una fuerza que Negrín había ampliado enormemente: llegó a contar con 40.000 hombres para custodiar las fronteras de la mitad del país. Los comunistas se habían convertido en el partido bélico por excelencia, ya que casi la mitad de su abultada militancia pertenecía a las fuerzas armadas, en un momento en el que la revolución se enfrentaba a su principal desafío militar desde el otoño de 1936.

Negrín se había vuelto indispensable para la resistencia republicana. Las evaluaciones presentes en los informes que recibía la Komintern dejan claro que los comunistas le agradecían su mucha colaboración y que, sin considerarle ni un agente ni un criptocomunista, pensaban que era un socialista prosoviético con una identidad política propia. Negrín no les dio todo lo que querían y se negó a hacer algunas de las cosas que pretendían, sobre todo en política interna. Aunque su llegada al poder propició la formación de una facción de «negrinistas» entre 1937-1938, no tenía mucho apoyo dentro de su propio partido, pero se mantuvo en la presidencia porque ninguno de los demás líderes, cada vez más molestos con él, tuvo coraje suficiente para intentar sustituirle.

¿Cuáles eran los ideales y objetivos personales de Negrín? Es difícil saberlo, ya que no escribió prácticamente nada. No se hizo socialista hasta la mitad de su vida, parece que no tenía interés en el marxismo como tal ni contacto personal con el poderoso movimiento sindical socialista, así que Togliatti, en sus informes, dijo de él que no estaba en contacto con las masas y que, en el PSOE, era un derechista[9], aunque este último adjetivo sea una exageración. Según sus propios criterios, Negrín, al contrario que gran parte de la izquierda, no solo era un patriota español sino que era incluso un tanto nacionalista, aunque de un carácter bastante distinto al de los seguidores de Franco en el otro bando. Como muchos de sus compatriotas, también era muy sectario, ya que estaba convencido de que un régimen de derechas sería la ruina de España. No podía concebir que con Franco llegara a ser un país próspero y moderno (aunque eso fue lo que acabó ocurriendo). Negrín no era un revolucionario extremista, pero tampoco era un demócrata (como han cometido el error de señalar recientemente algunos de sus revisionistas partidarios). Creía que la salvación de España radicaba en un fuerte régimen autoritario izquierdista, con una economía centralizada basada en una profunda nacionalización de la industria, pero no en una colectivización revolucionaria extremista, y casualmente este planteamiento coincidía hasta cierto punto con el de la Komintern. No obstante, no buscaba la instauración de un régimen comunista en España y probablemente confiara en poder evitarlo, aunque sí reconocía que por el momento la República dependía del apoyo soviético. Sus ideales políticos se superponían a los de los comunistas en el sentido de que él también buscaba una «república democrática de nuevo cuño», es decir, un régimen semipluralista autoritario de izquierdas, aunque, según su punto de vista, ese sistema no debía estar únicamente dominado por los comunistas.

Parece que Negrín se creyó la propaganda de la izquierda —es decir, que Hitler y Mussolini se habían hecho con el control del régimen de Franco—, aunque esa credulidad resulta sorprendente en alguien de su inteligencia y refinamiento. En un momento de sinceridad, justo antes del derrumbe definitivo, le dijo a su antiguo colega socialista y ministro Julián Zugazagoitia que la situación política de la República era terrible y que los propios partidos de izquierdas no eran mejores que los del bando enemigo, pero que la República era la única manera de salvar el país: «Tengo que oponerme a que España desaparezca»[10]. Al final, después de la Segunda Guerra Mundial, cambió de posición. Acabó rompiendo con los soviéticos cuando quedaron claras las realidades de las «repúblicas democráticas de nuevo cuño» de Europa oriental, y se opuso a la política soviética en varios artículos publicados en The New York Times, que instaban a la inclusión de España en el Plan Marshall, comprendiendo lo importante que esto podría ser para el futuro desarrollo del país. Para entonces, no solo había sido expulsado del Gobierno republicano en el exilio, sino del propio Partido Socialista Obrero Español. Negrín fue una figura trágica en una trágica guerra.

14

LAS DECISIVAS CAMPAÑAS DEL NORTE,

1937-1938

De todas las guerras civiles europeas, la de España fue la que más movilización suscitó, la más innovadora desde el punto de vista militar y la de mayor magnitud en relación con la población del país. El conflicto de Rusia duró más tiempo, se libró en un territorio mucho más extenso y en uno u otro momento afectó a muchas más personas, pero, a pesar de llamar a filas a más de cinco millones de hombres, el Ejército Rojo no llegó en ningún momento a tener totalmente movilizados y listos para el combate a más que a una pequeña parte de esos reclutas. Antes de finalizar 1937 los dos ejércitos españoles habían organizado a un mayor porcentaje de la población de sus zonas y también la tenían mejor armada.

Con todo, ninguno de los dos ejércitos españoles podía compararse con el de las grandes potencias que libraron las guerras mundiales. Aunque alrededor de dos millones de hombres fueran llamados a filas en los dos bandos, en lo tocante a su preparación, organización y cadena de mando sufrían graves condicionantes. Los frentes fueron extremadamente largos y las operaciones ofensivas adolecían de una concepción bastante estrecha, dejando que la mayoría de los sectores quedaran inactivos. En conjunto, la lucha que se libró en España fue de escasa intensidad, aunque estuvo salpicada de batallas de mayor calado. A pesar de la presencia de armas nuevas y complejas, en general la potencia de fuego era limitada, lo cual explica que el número de víctimas no fuera mayor. Poco más de 175.000 hombres de ambos bandos murieron en los combates (unos 25.000 extranjeros), es decir, poco menos del seis por ciento de los movilizados. Es una cifra considerable, pero en modo alguno comparable a la catastrófica pérdida de vidas que causó la guerra civil rusa. Millones de civiles rusos perecieron por desnutrición, malas condiciones higiénicas y epidemias masivas; esos azotes se controlaron con mucha mayor eficacia en un país europeo-occidental como España. En ambos bandos, la atención médica fue mucho mejor que en la guerra civil rusa, y las heridas causaron muchas menos muertes, sobre todo por las técnicas radicalmente innovadoras que introdujo en el Ejército Popular el Dr. Josep Trueta, que desarrolló nuevos procedimientos quirúrgicos para tratar heridas causadas por perforación.

Durante los primeros dos meses, la República se basó en gran medida en los milicianos voluntarios, pero, al principio, este tipo de combatiente también fue importante para los sublevados, y probablemente más eficaz en su caso. Hubo numerosos voluntarios falangistas y carlistas, en tanto que otros grupos derechistas también constituyeron milicias que tuvieron una función más auxiliar, como fuerzas de seguridad, que de combate. La zona que más voluntarios aportó a los sublevados fue el Norte conservador, donde durante los primeros meses apenas la mitad de los combatientes eran soldados regulares. En la mayoría de los sectores, los frentes contaban con pocos hombres y en Aragón, por ejemplo, fueron los milicianos los que mantuvieron gran parte del frente sublevado, al igual que en Zaragoza y Teruel, fortalecidos por un pequeño ejército y, al principio, por unidades de la Guardia Civil. Franco tardó más que Largo Caballero en incorporar oficialmente a los milicianos a la estructura militar regular, ya que no lo hizo hasta diciembre de 1936, aunque entonces la labor se realizó de manera más eficaz.

La aportación más entusiasta que recibieron los sublevados fue la de la carlista Navarra, que les proporcionó un total de 11.443 voluntarios requetés, 7.068 falangistas y 21.950 voluntarios y reclutas para el Ejército regular. Fueron un total de 40.461 hombres, casi el 12 por ciento de la población, la proporción más elevada de ninguna provincia española. De ellos, 4.552 murieron en combate o a causa de heridas (era frecuente que los navarros formaran parte de las tropas de choque), es decir, perecieron el 11,3 por ciento del total de los combatientes, casi el doble de la proporción del 6 por ciento registrada en el conjunto del Ejército franquista[1].

No disponemos de cifras igualmente precisas para otros contingentes de voluntarios de ambos bandos. Los falangistas, el grupo más nutrido de los sublevados, eran de origen heterogéneo, porque los encargados de reclutarlos decían a los izquierdistas y sindicalistas atrapados en la zona sublevada que la mejor forma de demostrar su lealtad era alistarse voluntariamente. El mejor estudio al respecto concluye que el número total de milicianos nacionales superó con mucho los 150.000 y que la mayoría eran falangistas. En su mayoría se encuadraron en sus propios batallones (llamados tercios o banderas) dentro del Ejército regular y, en proporción, su número total de bajas también estuvo por encima de la media.

La izquierda se enfrentó al mismo problema que casi todas las revoluciones, el de crear un ejército nuevo y eficaz. Los ejércitos de «nuevo modelo» más eficaces fueron los de los husitas checos de comienzos del siglo XV y los cabezas redondas de Cromwell, de más de dos siglos después. En las colonias norteamericanas de 1775-1776 y en la Francia revolucionaria de 1792-1793 se crearon nuevos ejércitos regulares, con un carácter más masivo y revolucionario en el segundo caso. Los bolcheviques crearon en 1918 su propio «nuevo modelo», que cobró forma en el Ejército Rojo soviético, dotado, además de comisarios políticos, de una terminología, unos mandos y un simbolismo nuevos. Este fue el patrón adoptado por el Ejército Popular, que sin embargo no contó con las especiales ventajas que hubo en el caso ruso, que se sirvió de los muchos miles de oficiales del Ejército zarista y que a veces apabullaba a su adversario por la mera fuerza numérica o armamentística. Durante la primera mitad de la guerra las tropas republicanas fueron más numerosas que las de Franco, pero nunca lograron concentrarse eficazmente ni gozaron de ninguna de las ventajas que había tenido su precedente ruso, a pesar de que las fuerzas armadas soviéticas de 1936, mucho más sofisticadas, le proporcionaron asesoramiento y armas modernas. En gran medida, todo ello se vio anulado por la mayor cohesión de la estructura de mando, la destreza en el combate y, finalmente, la mayor potencia de fuego de las tropas de Franco.

Todavía más gravoso fue que la revolución española destacara entre las grandes revoluciones del siglo XX por su semipluralismo político. La rivalidad política se mantuvo dentro del Ejército Popular, cuyo faccionalismo interno siempre constituyó una debilidad. Ese rasgo fue especialmente apreciable en el Norte, donde había tres estructuras militares autónomas y, durante un tiempo, una cuarta en Cataluña.

La cadena de mando siempre sería el talón de Aquiles del Ejército Popular. El Ejército Rojo resolvió ese problema incorporando a muchos oficiales de las antiguas fuerzas zaristas, aunque no fueran comunistas, controlándolos a través de comisarios políticos presentes en todas las unidades, cualquiera que fuera su tamaño. Al principio, en la zona republicana había unos 9.000 oficiales del antiguo Ejército regular, pero solo poco más de 4.000 llegarían a integrarse en el Ejército Popular. Unos 3.000 fueron detenidos acusados de deslealtad, de los que más de 1.700 fueron ejecutados, en tanto que los demás quedaron en una especie de limbo del que bastantes trataron de escapar huyendo a la zona sublevada. Resulta bastante revelador que casi 1.300 oficiales del Ejército regular murieran combatiendo junto a las tropas sublevadas, pero solo 130 en el Ejército Popular.

Gran parte de los comandantes más veteranos del nuevo ejército eran profesionales del antiguo, además de algunos de los principales líderes de las milicias comunistas, como Enrique Líster, Juan Modesto y Manuel Tagüeña, a los que también podríamos añadir unas pocos destacados socialistas y anarquistas, además de los importantes asesores soviéticos y oficiales del Ejército Rojo y de la GRU (inteligencia militar de la URSS) que estuvieron al mando de las primeras Brigadas Internacionales. El oficial que más prestigio tiene entre los historiadores es el antiguo profesor de academia militar y coronel Vicente Rojo, católico practicante que pese a todo se mantuvo al lado de la República. Primero fue nombrado jefe del Estado Mayor del sector centro y después, en 1937, jefe del Estado Mayor del conjunto del Ejército Popular, para después ser ascendido a general.

Esta fue una guerra en la que pocos generales murieron, quizá por la escasa intensidad de gran parte de los combates, aunque sí resultaron heridas varias importantes figuras. Ninguno de los grandes comandantes de Franco murió en combate, pero Sanjurjo y Mola fallecieron en accidentes de aviación (el último posiblemente derribado por los republicanos) y el coronel Domingo Rey d’Harcourt, comandante del frente de Teruel, fue posteriormente capturado por los republicanos y ejecutado. Entre estos, los principales mandos fallecidos fueron varios comandantes de las Brigadas Internacionales y el líder anarquista Buenaventura Durruti (probablemente muerto por fuego amigo), en tanto que el coronel comunista Luis Barceló fue ejecutado por antiguos camaradas antes de la revuelta anticomunista registrada en Madrid en marzo de 1939.

En ambos bandos, el contingente militar más famoso fueron las Brigadas Internacionales, que la Komintern comenzó a organizar en septiembre de 1936. En total las compusieron 41.000 hombres, pero, al igual que en el caso del contingente italiano, nunca estuvieron todos al mismo tiempo sobre el terreno. Los primeros en alistarse fueron los exiliados comunistas alemanes y el grupo más numeroso el procedente de Francia. Hubo, además, otros de toda Europa y Norteamérica, y también pequeños grupos de otras latitudes. Hubo una proporción considerable de judíos, sobre todo entre los voluntarios de EE.UU. El número total de estadounidenses, 2.800, fue más o menos igual al de soviéticos, pero los primeros, al ser combatientes ordinarios, sufrieron muchas más bajas, de manera que resultaron muertos casi un tercio. En total, las Brigadas, utilizadas con frecuencia como tropas de choque, sufrieron casi 7.000 muertes en combate, lo cual situaría su índice de mortalidad en casi el triple de la del conjunto del Ejército Popular.

Un elevado porcentaje de los integrantes de las Brigadas Internacionales eran comunistas, pero algunos procedían de otros grupos izquierdistas, en tanto que unos pocos carecían por completo de identidad política y podríamos decir que un pequeño número eran aventureros. Las Brigadas no tardaron en generar cierta literatura romántica que calificaba a sus integrantes de «voluntarios por la libertad» y, posteriormente, de «antifascistas prematuros». El mejor lugar para situar todo ese contexto en perspectiva son las memorias del voluntario estadounidense William Herrick (que después sería un reputado novelista), en las que señaló que «Sí, fuimos a España a luchar contra el fascismo, pero nuestro objetivo no era la democracia». Herrick ha explicado que la mayoría de los miembros de las Brigadas eran «leninistas y estalinistas» que esperaban difundir la revolución comunista, sin llegar a comprender que en la zona republicana estaba teniendo lugar la mayor revolución obrera de la Europa del siglo XX, que los comunistas intentaron canalizar, reprimir y controlar[2].

Las Brigadas Internacionales hicieron su aportación principal entre noviembre de 1936, cuando entraron por primera vez en combate, y el verano de 1937. Se les ha atribuido un papel exagerado en la defensa de Madrid, aunque nunca aportaron más del 10-15 por ciento de sus defensores en 1936, pero durante los nueve meses siguientes sus hombres fueron utilizados mayormente como tropas de choque y con frecuencia combatieron bien, aunque en alguna ocasión se desmoronaran o huyeran en desbandada. Según las evaluaciones soviéticas, al llegar el verano de 1937 su eficacia se había reducido, y desde ese momento se les fueron incorporando cada vez más reclutas regulares españoles, de manera que al final tenían más españoles que extranjeros. Los informes soviéticos indican también que sufrieron las tensiones y rivalidades habituales en las unidades compuestas por varias nacionalidades, con resentimientos étnicos bastante típicos. En su calidad de unidades especiales de la Komintern, estaban sometidas a una disciplina más estricta que la del Ejército Popular, por lo menos durante el primer año de guerra, y en ellas se produjeron bastantes ejecuciones disciplinarias. Se creó un campo de detención especial para disidentes políticos y para quienes hubieran infringido gravemente las normas.

En el verano de 1938 el número de extranjeros había disminuido enormemente y Negrín propuso que los que quedaran fueran repatriados, dado que ya no eran suficientes para ser de gran ayuda, al tiempo que su retirada podría presionar a Alemania e Italia a hacer lo propio con sus fuerzas. El régimen soviético y la Komintern se mostraron de acuerdo y en octubre de 1938 gran parte de los voluntarios que quedaban desfilaron por Barcelona en medio de los aplausos del público, antes de abandonar España. Solo unos pocos se quedaron para combatir en la última fase y varios cientos de ellos siguieron languideciendo en campos de prisioneros.

Para el Ejército Popular, lo que más división suscitaba era el dominio de los comunistas. Tres de sus seis generales de brigada estaban vinculados a ellos. Cuando se creó el Estado Mayor republicano, dos de los puestos más importantes fueron a parar a oficiales comunistas, en tanto que otro de ellos asumía la dirección del Gabinete de Información y Control del Ministerio de Defensa, con capacidad para avalar o rechazar a oficiales según se juzgara su fiabilidad política. Los asesores soviéticos eran especialmente poderosos en las Fuerzas Aéreas de la República y, según un informe soviético, el general Yakov Smuschkevich («Duglas»), principal asesor en materia de aviación, era «en realidad comandante de todas las fuerzas aéreas»[3]. A mediados de 1937 la mitad de los militantes del PCE pertenecían a las fuerzas armadas (una proporción más elevada que la de ningún otro partido de la República) y los comunistas dominaban los cuadros de comisarios políticos. Según un informe soviético de abril de 1937, en el frente central, 125 de los 186 comisarios de batallones y 28 de los 62 de brigadas eran miembros del PCE o de las JSU, en gran medida controladas por comunistas. Otras informaciones mencionaban proporciones similares, aunque en otras regiones el predominio militar comunista no fuera tan grande como en el frente central en 1937 o en el noreste en el año siguiente. Los dos líderes socialistas principales, Largo Caballero y Prieto, dejaron uno detrás de otro el Gobierno entre 1937-1938, en gran medida por el enfrentamiento que las cuestiones militares suscitaba con los comunistas.

A partir del otoño de 1936 dos regímenes opuestos se dedicaron al desarrollo de grandes ejércitos. Los sublevados esbozaron un plan militar durante las primeras semanas de combate. Toda su estructura de mando era más profesional, aunque poco brillante, y los instructores alemanes que comenzaron a llegar en 1937 eran más diestros que los asesores soviéticos que ayudaban a los republicanos. Durante más de un año, estos superaron a los franquistas en número total de hombres, pero en marzo de 1937 el Ejército Nacional había reclutado a 350.000, además de incorporar a muchos voluntarios, y a finales de 1938 tenía otros 450.000. Al terminar 1937 ya se había alcanzado la paridad numérica y cada uno de los ejércitos tenía en torno a 700.000 hombres. Pero había una importante diferencia: los 30.000 alféreces provisionales, además de muchos nuevos suboficiales, preparados por el Ejército de los sublevados, estaban en general mejor formados, algo más motivados y funcionaban mejor en combate. Resultaron muertos casi el 10 por ciento, un porcentaje que suponía casi el doble del registrado en el conjunto de las tropas, lo cual produjo el dicho: «alférez provisional, cadáver efectivo».

Al igual que en otras guerras civiles, la deserción fue un problema en los dos bandos. Muchos de los reclutados por ambos ejércitos eran «leales geográficos» que, atrapados en una zona, habrían preferido más bien estar en la otra o, en algunos casos, en ninguna. Al contrario que los voluntarios, numerosos reclutas carecían de ganas de enfrentarse a sus compatriotas, de manera que el escaso rendimiento siempre fue un problema. Los mandos de ambos ejércitos preferían basar sus operaciones en determinadas unidades clave, por considerarlas las más fiables, pero al ir avanzando la guerra uno y otro tuvieron que depender cada vez más de reclutas ordinarios.

Al ir conquistando territorio republicano, los sublevados fueron haciendo cada vez más prisioneros. En las primeras semanas hubo cierta tendencia a ejecutar a los milicianos que se capturaban, pero pronto se comprendió que esto era improductivo. Al ir aumentado el número de prisioneros, la posible incorporación y «conversión» de los que antes habían sido enemigos se volvió un importante problema, que nunca tuvieron los republicanos. El mayor incremento se produjo con la conquista de la zona norte en 1937, que a lo largo de cinco meses reportó casi 150.000 prisioneros. La criba de la mayoría de ellos no tardó en producirse y alrededor de la mitad fueron integrados en el Ejército Nacional, lo que le otorgó paridad numérica con el Popular. Algunos desertaron posteriormente, pero la gran mayoría sirvieron con mayor o menor lealtad, ya que los oficiales de Franco desarrollaron varias formas de motivación, algunas negativas pero la mayoría positivas. Aquí la incorporación de antiguos soldados enemigos fue más eficaz que en otras guerras civiles europeas, en parte porque el programa de formación franquista logró producir un cuadro relativamente competente de oficiales y suboficiales para dirigirlos.

En líneas generales, en España, la formación de Franco, del jefe del Estado Mayor republicano Rojo y de todos los oficiales profesionales de ambos bandos se había basado en la doctrina militar francesa. Esto no solo conllevaba una insistencia en la ofensiva directa sino en la bataille conduite —la batalla dirigida—, la organización central y el control de operaciones, que poco margen dejaban para la flexibilidad y la iniciativa. En ninguno de los dos bandos había mandos versados en los nuevos presupuestos ofensivos que se estaban desarrollando en la Unión Soviética y Alemania, ni tampoco en el desarrollo y utilización de armas combinadas, que conjugaban, en un solo ataque, aviones, vehículos blindados, artillería e infantería. Ambos bandos intentaron aplicar nuevas tácticas y operaciones, pero los republicanos, en general, no lo hicieron con eficacia y los sublevados solo lo consiguieron parcialmente. Una mejor organización y cadena de mando, generalmente acompañada después de los primeros nueve meses por un mejor armamento y más potencia de fuego, otorgó a los sublevados una mayor cohesión, sobre todos en las operaciones ofensivas. No se puede decir que el Ejército Nacional fuera una maquinaria militar de primer orden del siglo XX —no lo era en absoluto—, pero ganó porque, en comparación con el adversario, contaba con ciertas ventajas. O, como apuntó el general José Solchaga, uno de los mandos más veteranos de Franco: «¡Menos mal que los rojos son peores!».

Alemanes e italianos (con la notable excepción del propio Hitler) criticaron la lentitud y falta de imaginación de Franco, pero el temperamento y experiencia personal del Caudillo de los sublevados hacían impensable cualquier otra posibilidad. A comienzos de 1937, quizá antes, había aceptado que la guerra pudiera ser larga. Sus decisiones habían sido prudentes y metódicas. Había pospuesto la ofensiva inicial hacia Madrid para mantener la fuerza de los nacionales en media docena de frentes distintos y creía que necesitaba consolidar, política y militarmente, una amplia posición nacional. En consecuencia, Franco intentó hacer de la necesidad virtud y parece que sostenía que en realidad era necesario avanzar con relativa lentitud para pacificar el país provincia a provincia, consolidando su fuerza y purgando a la oposición.

Si la defensa republicana de Madrid en 1936 fue el primer punto de inflexión, el segundo llegó al año siguiente cuando Franco conquistó la zona norte republicana. Según su jefe de Estado Mayor, el general Juan Vigón, varios subordinados y también los principales mandos alemanes, la zona central, defendida por un gran número de republicanos, en parte equipados con material soviético, era por el momento un hueso demasiado duro de roer. Por el contrario, la conquista del Norte, que albergaba las principales industrias pesadas de España y minas de carbón y hierro, además de una población cualificada y de la principal industria armamentística de preguerra, alteraría el equilibrio de poder, y eso fue lo que ocurrió.

La zona norte estaba defendida por un contingente bastante numeroso, que sin embargo no estaba tan bien armado como el del centro y que no había logrado aprovechar eficazmente los recursos de su propia industria armamentística. Además, estaba dividida en tres Gobiernos regionales distintos que poco cooperaban entre sí y sus tropas no estaban ni bien organizadas ni bien dirigidas. Cada uno de los sectores podía atacarse por separado con un contingente relativamente reducido, compuesto por las mejores unidades de Franco, empezando por la provincia de Vizcaya, regida por un nuevo Gobierno autónomo.

Aunque los nacionalistas vascos, dominantes en ese Gobierno, posteriormente difundirían el mito de la lucha entre «vascos y españoles», la población vasca estaba muy dividida. Únicamente alrededor de un tercio apoyaba a los nacionalistas, en tanto que otro tercio era partidario de Franco. Las fuerzas de choque de este se compondrían en gran medida de navarros, parcialmente afines a los vascos, y de voluntarios vascos antinacionalistas.

La ofensiva comenzó el 31 de marzo de 1937, inicialmente con poco más de 40.000 infantes, menos que los oponentes vascos, pero capaces de concentrarse en los puntos de ataque (lo cual les otorgaba superioridad) y apoyados por 200 aviones y 200 piezas de artillería. El núcleo de la fuerza asaltante lo componían las recién creadas brigadas navarras, que inicialmente eran tres, aunque pronto pasaron a seis. Eran mini divisiones de diez batallones y 6.000 hombres cada una, todas ellas con su propia artillería. La táctica era lanzar un intenso bombardeo aéreo y descargas de artillería antes de cada ataque. Fue esta la primera vez que se vieron en Europa los ataques combinados propios de la Segunda Guerra Mundial (aunque aquí con un recurso muy limitado a los tanques ligeros) y también la primera en que se utilizó sistemáticamente el apoyo desde el aire a una operación en tierra, aunque, en cierta medida, esas tácticas se hubieran ensayado en el frente oriental entre 1917-1918. En 1937 sentaron la pauta para los avances del Ejército Nacional durante los dos años siguientes.

Las posiciones vascas de avanzada no tardaron en verse horadadas, pero el efecto conjunto de las copiosas lluvias primaverales, el terreno montañoso y una decidida defensa ralentizaron el avance, haciendo que durante el mes de abril fuera a paso de tortuga (menos de un kilómetro al día). El bombardeo de la localidad de Guernica (del que hablaremos en el capítulo siguiente), fue la acción más famosa de toda la guerra y tuvo lugar durante la fase inicial de la ofensiva. El avance se aceleró, sin dejar de ser lento, durante el mes de mayo, y el 5 de junio se ocuparon los altos desde los que se domina Bilbao, capital y centro industrial, ocupada dos semanas después. La campaña de Vizcaya se prolongó durante casi tres meses, pero ocasionó casi 50.000 bajas a los republicanos, entre ellas muchos prisioneros. La zona norte había quedado gravemente debilitada, en tanto que la conquista del bastión nacionalista y católico vasco simplificaba el problema religioso, al restar a la zona republicana el único territorio en el que se toleraba el catolicismo, lo cual alentó al episcopado español a difundir el 1 de julio su Carta colectiva en defensa de los sublevados. Además, el poder de Franco sobre su propio mando militar se incrementó todavía más cuando Mola, comandante de la ofensiva en el Norte, murió en un accidente aéreo el 3 de junio. Era el único subordinado capaz de plantar cara a Franco.

El ataque contra Santander, situado en medio de la zona norte, se pospuso casi un mes ante la contraofensiva republicana en el frente central (la batalla de Brunete, que se abordará en este mismo capítulo), pero al final se inició el 14 de agosto. Las fuerzas de ataque ahora contaban con 90.000 infantes y una artillería más potente, en tanto que los defensores republicanos estaban desorganizados y desmotivados. En la campaña de Santander las fuerzas de Franco realizaron un movimiento de tenaza que condujo a una rápida resolución del combate, a lo que contribuyó una resistencia relativamente débil y el hecho de que las unidades vascas que se habían retirado hacia esa provincia estuvieran ya negociando su rendición con los italianos. Se tomaron unos 50.000 prisioneros y la ocupación de Santander finalizó el 1 de septiembre.

El frente nacional, ahora más reforzado, comenzó casi de inmediato el ataque contra Asturias, último sector del Norte. La resistencia fue más enconada y las unidades republicanas del Principado, formadas sobre todo por movimientos obreros, defendieron con firmeza su montañoso terreno, durante algunos de los combates más difíciles de la campaña. Esta fase final duró casi dos meses, hasta el 24 de octubre. Pero ni siquiera entonces se rindieron todos los republicanos: algunos se echaron al monte, realizando durante años pequeñas operaciones guerrilleras.

Lo factores que más pesaron sobre las tropas republicanas del Norte fueron unos mandos confundidos y divididos, la falta de coordinación y la inferioridad armamentística, por lo menos en varias de las principales categorías; todo lo cual posibilitó que fueran poco a poco destruidas por una fuerza invasora menor en número. Poco provecho se sacó a los recursos industriales de la zona, que incluían las principales industrias de armamento del país, desorganizadas por la revolución y la falta de una política firme, en tanto que los 100 aviones de combate remitidos por el Gobierno republicano de Valencia, enviados en pequeños destacamentos, fueron uno a uno destruidos por la aviación franquista. La intentona que realizó el mando naval republicano para, sirviéndose de su superioridad, hacerse con el control de la costa norte, fue un completo fracaso, dejándola sometida a un bloqueo parcial. Los nacionales se incautaron de un considerable arsenal militar: 250.000 fusiles, varios miles de armas automáticas y unos 500 cañones. La República había perdido una de sus principales regiones industriales y también a casi 150.000 hombres, ahora prisioneros de Franco, de los cuales aproximadamente la mitad se incorporaron a su ejército. Anteriormente, la zona había sido el principal caladero de voluntarios para la República, que nunca compensaría esa pérdida.

La campaña del Norte también produjo un nuevo fenómeno: el de los refugiados republicanos que huían al extranjero. Durante el primer año de conflicto miles de personas habían abandonado España, pero eran sobre todo conservadores y moderados que huían del «terror rojo». Durante el verano y el otoño de 1937, un mínimo de 165.000 republicanos, entre ellos personas dependientes, fueron evacuados de la zona norte. La mayoría regresaron al territorio republicano desde Francia, pero puede que unos 35.000 se quedaran en el extranjero.

La pérdida de la zona norte fue un desastre estratégico de primera magnitud, algo que no se les escapó a líderes republicanos como Azaña, Prieto y Giral, que desde ese momento perdieron las esperanzas de alcanzar la victoria, hundiéndose paulatinamente en un mayor pesimismo. El historiador militar Jesús Salas Larrazábal ha calculado que al llegar el 1 de agosto de 1937 la correlación de fuerzas entre ambos bandos se situaba 10 a 9 a favor de la República, en tanto que en el mes de octubre, una vez finalizada la campaña del Norte, ese índice era de 86 frente a 100 a favor de Franco.

El Gobierno de Negrín y el mando republicano se afanaron por recuperar la iniciativa estratégica. Una vez que el Ejército Popular quedó en una posición de absoluta inferioridad, puede que la estrategia más sensata hubiera sido pasar a la defensiva, realizando ataques limitados contra puntos débiles enemigos para desequilibrar a Franco. No obstante, se rechazó esta opción por considerar que conduciría a una lenta pero quizá inevitable derrota, en tanto que la idea de acometer con éxito una gran iniciativa, aun sin tener peso suficiente para invertir del todo la tendencia, podría reportar beneficios colaterales esenciales de tipo político y psicológico. El hecho de que Franco sufriera temporalmente un revés podría generar importantes divisiones dentro de la coalición autoritaria y lo que se esperaba era que pudiera hacer cambiar de idea a Londres y París, sobre todo a esta última, desatando la concesión de ayuda internacional. De ahí que desde mediados de 1937 el mando central republicano intentara cambiar el curso de la guerra con grandes ofensivas, aunque, como ninguna triunfó, sin duda se precipitó la derrota final.[a]

Cuando Franco centró su atención en el Norte fue cuando el mando republicano tuvo la mejor oportunidad de recuperar la iniciativa estratégica, ya que donde más fuerte era el Ejército Popular era en la zona centro, en torno a Madrid. Se presentaban dos alternativas: intentar un atrevido golpe más al Sur, que pudiera cortar en dos la zona sublevada, o simplemente atacar en el frente central para tratar de desviar fuerzas franquistas del Norte. La primera era el objetivo del polémico «Plan P.» de Largo Caballero, quien había propuesto que se lanzara una gran ofensiva contra las débiles fuerzas nacionales en Extremadura para intentar empujarlas hacia la frontera portuguesa y partir en dos la zona franquista, perturbando totalmente sus operaciones. Muchas ventajas podría haber tenido esa operación, que inicialmente se habría topado con escasa resistencia y que, al quedar lejos de las principales unidades nacionales, situadas al Norte, habría dificultado su contraataque. Sin embargo, los asesores soviéticos, los mandos comunistas y sus aliados militares se negaron a reducir la concentración de fuerzas que habían amasado en torno a la zona central para permitir que sus unidades pasaran a mandos no comunistas, demostrando así que las consideraciones políticas también determinaban enormemente las prioridades militares del PCE.

Una vez que Negrín estuvo al timón, el mando republicano optó más bien por lanzar su gran iniciativa en el centro, empezando por una pequeña operación para tomar La Granja, al noroeste de la capital, a finales de mayo. La iniciativa fracasó por completo, pero se trasladó a la literatura mundial como trasfondo de la novela Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway. El mando republicano fue incapaz de reunir fuerzas para realizar una gran operación que restara empuje a la campaña del Norte antes de la caída de Bilbao, pero finalmente lanzó su gran ofensiva el 5 de julio, casi tres semanas después, en lo que se conocería como batalla de Brunete. Sería esta la única gran ofensiva republicana que no se libró en la parte septentrional de España. La operación de Brunete, un movimiento de tenaza, tenía como finalidad separar a las fuerzas de Franco, situadas inmediatamente al oeste y al noreste de Madrid, pero el brazo meridional nunca llegó a activarse, lo cual imposibilitó la maniobra. En la parte principal de la operación participaron 80.000 hombres de las unidades republicanas más experimentadas y mejor preparadas, un número considerable de las mismas compuestas por comunistas o dirigidas por ellos. Consiguieron sorprender totalmente a pequeños contingentes defensivos, apuntándose inicialmente un gran avance localizado, gracias a la abrumadora superioridad sobre el terreno de todas las armas.

En realidad, lo ocurrido después del primer día de éxito republicano anticipó lo que pasaría durante prácticamente el resto de la guerra. Aunque el Ejército Popular solía luchar bien a la defensiva, los nacionales demostraron una vez más que podían ser todavía mejores, ya que pequeñas unidades resistieron desesperadamente en varios puntos fuertes. Los comandantes de operaciones republicanos se mostraron indecisos y carentes de iniciativa. En lugar de profundizar en el avance, sus brigadas se quedaron empantanadas en torno a pequeñas posiciones enemigas, defendidas tenazmente, y sus oficiales no fueron capaces de mantener el impulso. La superioridad de los tanques rusos, que contaban además con el control republicano de los cielos, acabó teniendo una importancia limitada, porque las fuerzas atacantes no estaban preparadas para coordinarse en operaciones conjuntas de varias armas.

Brunete solo ofreció un breve respiro a lo que quedaba de zona norte, ya que Franco desplazó con rapidez a sus principales unidades aéreas y a parte de sus mejores infantes para realizar un contraataque concertado. Los sublevados se hicieron con el control del aire, reocupando gran parte del terreno brevemente perdido, incluida la pequeña localidad de Brunete, y causando más bajas al Ejército Popular de las que este había sufrido. Al hacerse añicos la ofensiva republicana, el frente de Madrid se tambaleó momentáneamente, pero Franco no intentó profundizar en ese éxito, volviéndose más bien a rematar la conquista de la zona norte.

A partir de ese momento, una vez eliminada ese sector, el foco de los combates comenzó a desplazarse hacia el noreste. Las principales batallas tendrían lugar en Aragón y Cataluña, en tanto que el Gobierno republicano y los comunistas trataban de dominar los principales bastiones anarquistas y de aprovechar los recursos catalanes. La sede del Gobierno republicano se trasladó a Barcelona en octubre de 1937, lo cual condujo a un nuevo enfoque estratégico que pretendía atacar en aquellas zonas en las que las tropas de Franco fueran más débiles, aunque Aragón, por su difícil relieve, no fuera en principio una región estratégica clave. Después de Brunete, las principales unidades comunistas se trasladaron al noreste, y la ofensiva conocida como batalla de Belchite se inició el 24 de agosto, constituyendo la última y fallida intentona de apartar a Franco de la zona norte. La operación, también en tenaza, pretendía la toma de Zaragoza, que había estado en una posición expuesta durante toda la guerra, y penetrar en la retaguardia franquista.

Sobre el papel, todas las ofensivas de Rojo, jefe del Estado Mayor republicano, estaban bien concebidas: todas aspiraban a reportar grandes avances lanzándose contra posiciones enemigas relativamente débiles. Todas siguieron la misma trayectoria: primero sorprendían y avanzaban, pero siempre había pequeños puntos fuertes franquistas que resistían con feroz denuedo, lo cual conducía a la parálisis de la ofensiva republicana; a continuación se producía la llegada relativamente rápida de refuerzos enemigos, que ponía fin a la ofensiva. El fracaso de Belchite fue una gran decepción para el mando republicano, que en las últimas semanas había puesto gran empeño en trasmitir a los oficiales que tenía sobre el terreno la importancia de mantener el impulso en cada ataque. Sin embargo, los republicanos nunca lograron desarrollar un cuerpo coherente de oficiales subalternos y suboficiales, lo cual siempre fue una gran debilidad.

En el otoño de 1937 se hizo un gran esfuerzo por ampliar el Ejército Popular, con una leva de 200.000 nuevos reclutas que compensó gran parte de las bajas de los meses anteriores, aunque el equipo agotado o perdido no se pudo sustituir del todo, principalmente por la reducción de los envíos soviéticos. Con unos 700.000 hombres, el ejército de Franco había alcanzado prácticamente la paridad numérica y estaba mejor equipado y dirigido, y los servicios de espionaje indicaron que planeaba una nueva ofensiva en el noreste de Madrid para aislar la antigua capital.

Por su parte, Negrín y Rojo decidieron llevar a cabo otro ataque preventivo, cuyo objetivo sería la posición más expuesta de todo el frente sublevado, el estrecho saliente que, en torno a Teruel, se proyectaba hacia el Este, rodeado por territorio republicano por tres lados. Con él, la República podría recuperar una capital provincial por primera vez desde los meses iniciales de la guerra y, como la posición de los sublevados tenía pocos efectivos, no sería necesario emplear más de 40.000 hombres en el asalto, que se inició el 16 de diciembre. Aunque nuevas disensiones internas pospusieron la operación, todo el saliente, a excepción de la propia localidad de Teruel, no tardó en tomarse, y Rojo comenzó a trasladar a otros lugares algunas de sus unidades.

No obstante, Franco y sus comandantes en los sectores secundarios habían llegado tácitamente al acuerdo de que, aunque se quedaran en una posición de debilidad, no tardarían en enviarles refuerzos si sufrían un ataque importante. Franco canceló su propia ofensiva y fue en auxilio de la atribulada ciudad aragonesa. Sin embargo, un tiempo atroz y el terreno montañoso obstaculizaron el contraataque, y los exhaustos defensores de Teruel acabaron por rendirse el 6 de enero de 1938. La captura de la capital provincial regocijó al Gobierno de Negrín, mientras se desarrollaban los planes de retirada de las principales unidades.

El servicio de información militar falló en ese caso, porque Franco no tenía intención de abandonar Teruel. Su estrategia estaba muy condicionada por consideraciones políticas y psicológicas, tal como él las entendía, ya que pensaba que en una guerra civil era inaceptable una derrota aparente o la pérdida de una capital. Algunos de sus generales y también algunos comandantes alemanes creían que había que dejar a un lado un teatro de operaciones secundario como el de Teruel para centrarse en lanzar un golpe demoledor contra Madrid, pero Franco no pensaba lo mismo. Solo consultaba con unos pocos oficiales de su Estado Mayor, porque, después de ser nombrado Generalísimo, se fue creyendo cada vez más instrumento de la providencia. Esta estrechez de miras hizo que su jefe de Estado Mayor, el general Juan Vigón, le comentara poco después a un nuevo ministro del Gobierno: «Hay veces en que pienso que no se debe hacer lo que se va a hacer y como basta que a Franco se le ponga una objeción para que se empeñe en salirse con la suya, he decidido utilizar el método de decirle lo contrario de lo que creo, para que así acabe por hacer lo que pienso yo»[4].

Franco siguió trasladando grandes contingentes a Aragón y lanzó una potente contraofensiva el 17 de enero. Al llegar el 5 de febrero había logrado penetrar en un terreno más favorable, iniciando una operación en tenaza que retomó la ciudad el día 22. Solo dos semanas fueron necesarias para reagrupar a las tropas y lanzar una gran ofensiva en Aragón que, iniciada el 9 de marzo, contó con el apoyo de algunos de los más devastadores ataques aéreos de la guerra, que, dirigidos sobre todo contra vehículos y zonas de retaguardia, tuvieron un impacto decisivo en la moral republicana. Las fuerzas de Franco abrieron el frente en canal y durante uno o dos días su avance prácticamente no pudo ser más rápido. El 15 de abril llegaron al Mediterráneo, cortando en dos el territorio republicano. El 19, toda la orilla meridional del Ebro estaba en manos de Franco y para los republicanos el desastre era casi equivalente a la pérdida de la zona norte. Algunas unidades republicanas se derrumbaron y la rendición y la deserción se convirtieron en grandes problemas. Durante el año anterior, las ejecuciones disciplinarias se habían vuelto cada vez más habituales, pero en ese momento ya casi no podían frenar la desbandada.

Parecía que la superioridad de Franco ya era abrumadora, pero durante los seis meses siguientes los acontecimientos dieron el giro más extraño de toda la contienda. Aunque en ese momento Cataluña carecía casi por completo de defensas, Franco renunció a un triunfo aparentemente fácil y optó por acometer un costoso avance hacia el Sur a través de una zona montañosa, para después seguir la estrecha carretera costera que conducía a Valencia. No se ha dado una explicación concluyente a su razonamiento.[b]

Franco mencionó la necesidad de obtener más divisas haciéndose con las exportaciones de cítricos de Valencia, una observación que desconcertó a su Estado Mayor. Años después aludió al peligro de intervención francesa en Cataluña (aunque a mediados de marzo el Gobierno galo ya había rechazado tajantemente esa posibilidad) y puede que este fuera el factor definitivo para que optara por dirigirse hacia el Sur. Hitler señaló que prefería que Franco no ocupara Cataluña para así prolongar la guerra, que era la propia estrategia del Führer, pero, más allá de imponer que la Legión Cóndor no operara a menos de 50 kilómetros de la frontera francesa, no está claro cuánto empeño puso en forzar a Franco a tomar esa decisión. En cualquier caso, Cataluña se salvó por el momento, en tanto que la resistencia republicana se intensificaba en el estrecho frente situado al norte de Valencia. Los sublevados avanzaban de forma lenta y segura, pero sufrieron más bajas que sus oponentes en repetidos asaltos frontales, y la guerra atenuó su paso de forma considerable entre mayo y julio de 1938, otorgando una última oportunidad al Ejército Popular.

Hay que reconocer la gran importancia que tuvo Negrín al evitar el colapso republicano en la primavera de 1938, aunque posteriormente se le denostara por prolongar una guerra imposible de ganar. Sus esperanzas no solo estaban en la resistencia militar, sino que también ansiaba que se produjera un cambio en la situación internacional. Por desgracia para los republicanos, cuando se produjo el siguiente cambio en septiembre, fue en dirección contraria, conduciendo al apaciguamiento de Hitler. Entretanto, el Ejército Popular logró una notable recuperación en Cataluña y, gracias a la apertura oficial de la frontera francesa a los envíos de armas procedentes de la Unión Soviética y otros países, reconstruyó su potencia armamentística, adquiriendo también otros materiales. Se produjo una nueva leva de casi 200.000 hombres, que incluyó a varones cualificados de entre dieciséis y treinta y cinco años, con lo que la República superó la frontera del millón de reclutas durante toda la guerra, situando al Ejército Popular en la cifra récord de 800.000 hombres o más[5], aunque no todas las unidades tenían un armamento adecuado. En Cataluña, al mando de Modesto, se creó un nuevo grupo de ejércitos, el Ejército del Ebro, que, compuesto por tres cuerpos comandados por otros comunistas, recibió una parte desproporcionada de las 25.000 toneladas de nuevo armamento soviético.

El lema de Negrín era «¡Resistir es vencer!» y se podría haber interpretado que abogaba por una estrategia defensiva, pero los líderes republicanos seguían considerando esencial apuntarse una victoria ofensiva, tanto para elevar la renqueante moral como para demostrar a las democracias occidentales que la República podía ser un valioso aliado decidido a ganar. Otra de las que Anthony Beevor ha denominado «ofensivas de prestigio» republicanas mejoraría la reputación exterior de la República y se esperaba que fomentara la concesión de ayudas a la misma. El lugar elegido fue el codo, escasamente defendido, que hace el Ebro cerca de Gandesa, cuando todavía le quedan unos 100 kilómetros para alcanzar el Mediterráneo. Quienes posibilitaron el exitoso ataque que, en dirección suroeste y cruzando el río, se realizó la noche del 24 al 25 de julio, fueron los ingenieros del Ejército Popular, que con rapidez montaron y mantuvieron una serie de puentes improvisados, en una operación que quizá fuera su logro técnico más notable en toda la guerra. Por primera vez, una gran unidad franquista se vino prácticamente abajo y esa división, sola en ese frente y numéricamente superada, no tardó en ofrecer 4.000 prisioneros al enemigo. Los tanques y camiones tardaron varios días en cruzar el río, lo que limitó el alcance del avance, pero gracias al ataque se tomó una considerable bolsa de territorio, aproximadamente de entre 20 por 40 kilómetros, al suroeste del Ebro —fue este el mayor avance nunca realizado por los republicanos—, antes de que volviera a repetirse la misma situación de todos los avances anteriores y la ofensiva perdiera fuelle. De este modo se salvó Valencia, al menos por el momento, y el accidentado terreno que se ocupó creó una nueva posición defensiva; sin embargo, ante la superioridad aérea de Franco, resultaba difícil reaprovisionar a las tropas que estaban en la parte más lejana del río.

Una vez más, Franco canceló sus propios planes para responder a la iniciativa republicana, reuniendo fuerzas para acometer una monumental contraofensiva. El trozo de territorio ocupado por el Ejército del Ebro era estratégicamente insignificante y se ha dicho que, por parte de Franco, lo más astuto habría sido rodearlo y, utilizando la mayor maniobrabilidad de sus unidades, dejar aislados a los republicanos y adentrarse más en territorio catalán. Su aviación podría haber diezmado a los republicanos que hubieran intentado escapar. Sin embargo, Franco volvió a mostrar su gusto por el ataque frontal, lanzando la primera fase de la contraofensiva del Ebro el 6 de agosto. La batalla posterior, la más larga y cruenta de la guerra, consistió en una serie de ataques directos que, realizados por las mejores unidades de los sublevados contra los defensores republicanos, fue montaña a montaña, siempre precedida de ataques aéreos masivos y grandes cargas de artillería. En comparación con otras operaciones, en esta las bajas fueron elevadas en ambos bandos y el Ejército del Ebro tuvo el mejor comportamiento en combate que se hubiera visto en ninguna gran operación de toda la guerra, aun bajo una imponente potencia de fuego enemiga; en tanto que las unidades de Franco parecían estar perdiendo parte de su empuje. Por primera vez en muchos meses, el Ejército Popular logró una cobertura favorable en el exterior, donde comenzó a pensarse que en España se había llegado a un nuevo equilibrio de fuerzas.

Mientras se agravaba la crisis internacional a cuenta de Checoslovaquia, en el seno del Gobierno francés y su alto mando volvía a debatirse el problema español. El almirante François Darlan, cabeza visible de la Armada gala, recalcó que por el momento Hitler no se vería envuelto en un conflicto en Europa central y que, incluso en caso de una guerra generalizada, no podría atacar Francia. En consecuencia, instó al Reino Unido y a Francia a adoptar una estrategia periférica y, aprovechando el dominio total que ambas tenían del mar, atacar a Italia y a la Libia italiana, ocupar el Marruecos español y neutralizar la presencia del Eje en España, entrando desde Francia en Guipúzcoa y Navarra. Sin embargo, París estaba en contra de cualquier iniciativa militar, aunque durante algún tiempo Franco no pudiera estar totalmente seguro de ello.

La tensión aumentó en su cuartel general durante las difíciles y cruentas operaciones en el Ebro, y Franco admitiría posteriormente lo mucho que le había preocupado que la crisis de los Sudetes pudiera tener graves consecuencias para la guerra en España. Durante un tiempo, los nacionales sufrieron una especie de efecto bumerán ocasionado por su propia propaganda, que con cada nueva operación había anunciado la llegada de la batalla definitiva, aunque parecía que la contienda no estaba en absoluto acabada. La moral de los sublevados flaqueó por primera vez en toda la guerra.

De manera que Franco reaccionó con prontitud cuando los británicos sugirieron que su Gobierno se proclamara neutral ante un posible conflicto generalizado en Europa, declaración esta que enfureció a Hitler por su carácter repentino (aunque el Führer sabía que Franco prácticamente no podía hacer otra cosa). Franco envió también dieciséis batallones de infantería para reforzar el Protectorado marroquí, invirtiendo por primera el movimiento de unas tropas que solían moverse en dirección contraria, y situó también unidades en los Pirineos. Durante un tiempo, gran parte de su Armada tuvo que dedicarse a patrullar el estrecho de Gibraltar. La crisis internacional no se resolvió hasta finales de septiembre, con las concesiones que británicos y franceses hicieron a Hitler en la conferencia de Múnich.

Franco no cejó en su decisión de recuperar el territorio del codo del Ebro colina a colina. Con la colaboración de su enorme potencia de fuego, sus fuerzas mantuvieron la cohesión, aunque no siempre el mismo vigor, y se impusieron en una agotadora batalla de desgaste. El Ejército del Ebro, incapaz de reaprovisionarse y de sustituir a sus bajas, acabó retirando a sus últimas fuerzas al otro lado del río a mediados de noviembre. Las unidades de Franco habían sufrido casi 50.000 bajas totales (entre ellas 6.100 muertos), pero las de los republicanos eran todavía mayores, ya que los nacionales hicieron unos 20.000 prisioneros. Algunas de las mejores unidades de Franco habían quedado debilitadas, pero, en general, su Ejército solo había sufrido ciertos daños estructurales y sus fuentes de suministro estaban intactas. Por el contrario, las mejores unidades del Ejército Popular estaban trituradas y no podían sustituirse por otras equivalentes ni en calidad ni en cantidad, en tanto que las reservas de armas eran peligrosamente escasas.

La operación en el Ebro había sido una apuesta desesperada y probablemente mal pensada que Negrín y su Estado Mayor ganaron a corto plazo pero que, a la larga, perdieron. De haberse mantenido a la defensiva, es posible que hubieran podido continuar resistiendo hasta la primavera de 1939, aunque ni siquiera eso habría sido decisivo. Durante casi año y medio el mando republicano había optado por seguir una estrategia ofensiva, pero sus fuerzas carecían de la cohesión necesaria y quizá también de las armas adecuadas para llevarla a cabo con éxito. Negrín confiaba en que el tiempo jugara a favor de la República, pero su estrategia para ganarlo no estaba bien pensada, y a finales de 1938 la situación económica de la zona republicana ya era tan desesperada como sus posibilidades de abastecimiento militar.

En consecuencia, la batalla del Ebro resultó psicológicamente contraproducente, dejando de capa caída la moral republicana. En diciembre de 1938, cuando las complicaciones internacionales dieron un respiro, Franco invadió Cataluña, lanzando una serie de arremetidas decisivas que le llevaron a la frontera francesa a mediados de febrero, conduciendo al Gobierno republicano al exilio y reduciendo su territorio al cuarto sureste de la península ibérica. El combate militar prácticamente había terminado, porque ya no había mucha voluntad de resistir.

15

LA GUERRA AÉREA Y MARÍTIMA

La Guerra Civil española, al contrario que las demás guerras civiles de la época, se libró tanto en el mar como en el aire y en tierra. La única acción naval de relevancia de la guerra civil rusa había sido la intervención de la Royal Navy británica en 1919, que tuvo un papel crucial en el Báltico, contribuyendo a garantizar la independencia de las repúblicas bálticas. En ambos bandos hubo presencia aérea, pero de poco peso, en tanto que posteriormente, durante la guerra civil griega de 1944-1949, la potencia aérea solo se utilizó en defensa del Gobierno contrarrevolucionario y contra un número limitado de objetivos. Dos razones explican la importancia constante de la dimensión naval en la contienda española: la primera, la dependencia que tenían ambos bandos de las importaciones de armas; la segunda, la geografía del país, con una larguísima costa peninsular, además de islas, a las que en la época se añadía el importante núcleo de los sublevados en el Protectorado marroquí.

Al organizar la sublevación, Mola no tomó medidas adecuadas para garantizar la participación plena de la Armada. Históricamente, los mandos navales españoles se habían abstenido de involucrarse en política, aunque en general eran de estratos sociales elevados y solían ser más de derechas que los del Ejército de Tierra. Mola no tuvo en cuenta que los marineros rasos tenían una mayor conciencia política que los soldados corrientes y que, quizá por convivir en espacios más reducidos, solían ser más capaces de acciones colectivas. En consecuencia, cuando los mandos navales intentaron que sus buques apoyaran la sublevación, se toparon frecuentemente con motines, algo insólito en el Ejército de Tierra.

Las unidades de la Armada se unieron a la sublevación principalmente en El Ferrol y otros puertos del noroeste, así como en Cádiz, y en ambos casos hubo fuerzas terrestres que corrieron rápidamente en su ayuda. En la gran base de Cartagena y a veces en los buques que estaban en alta mar, muchos oficiales fueron asesinados en el acto y arrojados por la borda, sin que en algunos casos hubieran intentado siquiera unirse a la rebelión. Otros fueron privados de su cargo y detenidos, para ser después juzgados y con frecuencia ejecutados por tribunales republicanos. Era esta una situación parecida pero más extrema que la vivida en la Armada rusa en 1917 y tuvo como consecuencia que alrededor de la mitad de los oficiales de la Marina de guerra fueran asesinados por fuerzas de izquierda en los primeros seis meses de combates, lo cual dejó sus buques sin mandos, un problema que situó en desventaja a la Armada republicana durante todo el conflicto. En los buques de guerra republicanos se organizaron comités de marineros —soviets navales— que siguieron funcionando durante meses, lo cual supuso un obstáculo desde el punto de vista del mando y de las operaciones.

Cuando Indalecio Prieto accedió al Ministerio de Marina y Aire en septiembre de 1936 intentó imponer disciplina y durante todo el año siguiente hubo cambios constantes en los mandos de los buques, lo cual constituyó un intento, a menudo inútil, de lograr una mejor capacidad de combate. Prieto nombró Comisario de la Flota Republicana al diminuto político socialista Bruno Alonso y lo normal era que los socialistas fueran casi tan numerosos en la Armada como los comunistas en el Ejército de Tierra, pero de poca utilidad fue esto para la primera. Durante gran parte de la guerra, el principal asesor naval fue el joven capitán Nikolái Kuznetsov (que en 1945 ya era el máximo responsable de las fuerzas de marina soviéticas), promotor de una estrategia defensiva y en general pasiva, centrada en la protección de los fletes republicanos.

Aunque no fuera en modo alguno tan potente como en siglos anteriores, al comienzo de la guerra la Marina de guerra española sí era, en proporción, la parte más imponente de sus fuerzas armadas. Contaba con dos acorazados, cinco cruceros (y dos más prácticamente terminados), once destructores (y seis más en construcción), diez torpederos y varios submarinos y pequeñas embarcaciones. España no era una potencia naval, pero sus fuerzas marítimas tampoco eran desdeñables.

La izquierda tenía en su poder dos tercios de los navíos, con un total de 66.500 toneladas, en tanto que inicialmente los sublevados contaban con unas 37.000. La Marina de guerra franquista, aunque al principio solo fuera la mitad de la Armada enemiga, siempre tuvo mayor capacidad de combate y fue cualitativamente superior, gracias a que contaba con una disciplina mucho mayor y con mejores mandos profesionales. Los nacionales tenían el antiguo acorazado España, inicialmente no del todo operativo, el crucero Almirante Cervera (en dique seco en El Ferrol), el antiquísimo crucero República (después rebautizado con el nombre de Navarra ), que no se pudo utilizar verdaderamente hasta 1937, un solo destructor, doce navíos de los más pequeños y ningún submarino. Sin embargo, sí disponían de los dos nuevos cruceros cuya construcción estaba a punto de terminarse y que no tardarían en desempeñar un papel clave. El Canarias estuvo listo para entrar en acción en septiembre de 1936 y el Baleares entró en combate en febrero de 1937. Mussolini le vendió a Franco dos submarinos y, posteriormente, en 1937, le entregó dos antiguos destructores y dos buques antitorpederos, pero los primeros estaban tan decrépitos que poco uso se les pudo dar. Por otra parte, la flota de submarinos italiana realizó labores limitadas de apoyo durante el invierno de 1936-1937 y de mucho más calado durante el periodo esencial posterior a mediados de 1937, cuando el equilibrio de poder comenzó a inclinarse decisivamente a favor de Franco. Esa flota hundió varios mercantes republicanos y puso fuera de juego para el resto de la guerra un crucero y un destructor.

Al principio, la Armada republicana se componía del acorazado Jaime I, los cruceros Libertad, Méndez Núñez y Miguel de Cervantes, diez de los once destructores de la flota (y seis más en construcción), todos los submarinos y trece de los buques más pequeños. Sus grandes desventajas serían la debilidad del mando y su mediocre capacidad de combate, de manera que la inicial superioridad de la República en el mar, al igual que en otros aspectos, no se aprovecharía.

No hubo ninguna gran batalla, en primer lugar por la debilidad naval inicial de los sublevados y, en segundo lugar, por los problemas de mando de los republicanos y su incertidumbre estratégica. Las principales acciones navales se produjeron en tres teatros de operaciones y tres fases: 1) la pugna inicial por el control del estrecho; 2) el bloqueo de la zona norte republicana, y 3) el conflicto naval en el Mediterráneo. Al principio, el control de gran parte de la Armada permitió a los republicanos bloquear la costa marroquí y esta fue sin duda la única vez en la que sus buques fueron realmente de utilidad. Si Franco hubiera podido trasladar a todas sus fuerzas a la península de inmediato, puede que los sublevados hubieran vencido con rapidez, pero el hecho de haber dependido durante más de dos meses del primer puente aéreo de la historia militar pospuso considerablemente las operaciones.

En ese momento, cuando la situación en el mar era muy favorable a la República, Indalecio Prieto, Ministro de Marina y Aire, llevó a cabo uno de los virajes que caracterizaron su larga y ciclotímica carrera. La única zona de costa dominada por los sublevados estaba en el noroeste, donde lograron hundir el B-6, uno de los cinco submarinos enviados para combatirlos. En consecuencia, Prieto decidió a finales de septiembre aplastar ese único bastión naval rebelde enviando a la zona el grueso de la flota republicana para que lo conquistara y dejando únicamente cinco destructores para mantener el bloqueo de Marruecos.

Esta apuesta produjo un punto de inflexión. El espionaje alemán e italiano ayudó a los mandos navales de Franco a identificar la magnitud de esta maniobra y a comprender que proporcionaba una oportunidad para acabar con el bloqueo. El nuevo crucero Canarias, que acababa de ser pertrechado, entró en acción por primera vez, acompañado del Cervera. Al entrar en el estrecho el 29 de septiembre, ambos hundieron un destructor republicano y dañaron otro, haciendo así añicos el bloqueo. A mediados de octubre se ordenó a la principal flotilla republicana que regresara del Norte, aunque nada había conseguido. Se retiró a Cartagena, donde se mantuvo prácticamente a la defensiva.

Después de ese momento, el resto de las fuerzas navales de Franco en el Norte, a pesar de su debilidad, pasaron a la ofensiva, encabezadas por el antiguo acorazado España y un único destructor, y acompañadas por buques más pequeños. Los dos destructores y tres submarinos republicanos que quedaban en el Norte fueron ineficaces y en la primavera de 1937 Franco bloqueó oficialmente la costa septentrional republicana antes de iniciar la ofensiva terrestre contra Vizcaya. La conquista de esta provincia acentuó el bloqueo, otorgando a los sublevados otra gran base y un corto trozo de costa enemiga. Entretanto, los buques de guerra republicanos seguían siendo inoperantes, lo cual enfureció al mando naval republicano, que, desde Cartagena, ordenaba frecuentemente acciones ofensivas, pero todo era en vano. Dos submarinos republicanos huyeron a Francia, donde sus oficiales y gran parte de la tripulación se pasaron al enemigo. El submarino que quedó fue hundido en la costa asturiana. Los nacionales habían utilizado con eficacia una flota más pequeña, lo cual supuso una importante contribución a su victoria.

A partir de ese momento, las fuerzas de Franco pudieron concentrarse en atacar los buques de transporte republicanos en el Mediterráneo, iniciando la larga y última fase de la guerra naval, que se prolongaría durante año y medio. A comienzos de 1937 el nuevo crucero Baleares se incorporó a la flota nacional, contribuyendo a la conquista de Málaga y garantizando el control del estrecho así como de gran parte de la costa meridional. Entretanto, Mussolini utilizó varios submarinos italianos en ataques contra barcos de carga republicanos, primero durante los tres meses que mediaron entre noviembre de 1936 y febrero de 1937, después, brevemente, en agosto de 1937. El Comité de No Intervención aplicó temporalmente un «plan de control» cuatripartito para imponer sus mandatos en el mar. Aunque este plan no tardó en embarrancar, la intervención en septiembre de 1937 de las flotas británica y francesa para poner coto a la «piratería» italiana fue de efecto inmediato. Acabaron los ataques de los submarinos italianos, pero después de que consiguieran el objetivo estratégico de reducir el comercio republicano.

Poco después de iniciarse la guerra el Gobierno republicano decidió no atacar los barcos alemanes e italianos que abastecían los puertos de Franco para evitar complicaciones internacionales. Franco no tuvo esos miramientos. A partir de diciembre de 1936 sus fuerzas navales interceptaron e inspeccionaron todos los buques soviéticos que pasaban por el estrecho de Gibraltar. A pesar de que contenían poca o ninguna mercancía que pudiera considerarse militar, en abril de 1937 habían sido detenidos ochenta y cuatro buques de distintas nacionalidades. Cuatro fueron hundidos, siete fueron declarados botín de guerra y muchos cargamentos fueron incautados. Otros buques de abastecimiento republicanos resultaron hundidos o capturados en las costas norte o este. Por el contrario, a lo largo de la contienda, Italia envió por mar 290 cargamentos, principalmente de material militar, a Franco, y Alemania despachó 180, pero ninguno fue hundido ni llegó a ser interceptado.

Desde finales de 1936, los envíos de material militar soviético se habían hecho principalmente en barcos republicanos, pero las pérdidas sufridas en el Mediterráneo occidental durante 1937 llevaron a Stalin a cancelar esa ruta de abastecimiento. El volumen de los fletes soviéticos se redujo (aunque en gran medida fuera porque los cargamentos de material militar se desviaron a China, a quien se ayudaba a repeler la invasión japonesa) y los que se hacían debían transbordar en territorio francés.

Ese creciente dominio hizo que los sublevados se confiaran, quizá en exceso. En marzo de 1938 sufrieron su único desastre en un combate naval, en parte porque seguían teniendo pocos destructores: el nuevo crucero Baleares fue hundido por un torpedo republicano, con gran pérdida de vidas.

Durante la Guerra Civil española no hubo ninguna operación de relevancia «conjunta», en la que participaran fuerzas terrestres, marítimas y aéreas. Después del cruce del estrecho, la única operación anfibia de Franco llegó al final de la contienda y fue un pequeño desastre. El 5 de marzo de 1939, cuando en Cartagena se sublevó un grupo profranquista, el dictador organizó a toda prisa una expedición que acudiera en su ayuda. Después de que tropas leales a la República recuperaran el control del puerto, gran parte de la flotilla se dio la vuelta, pero el buque para transporte de tropas Castillo de Olite (carente de comunicación por radio y sin escolta) siguió rumbo a Cartagena, donde fue hundido por las baterías costeras, que causaron la muerte de más de mil hombres. Poco después, las fuerzas principales de la Armada republicana desertaron sin más, precipitándose hacia puertos franceses de Túnez, desde donde los buques no tardaron en ser devueltos a Franco por las autoridades galas.

Según José Cervera Pery, los sublevados perdieron más tonelaje en barcos de guerra, porque los ocho buques que perdió la República solo ascendían a 5.676 toneladas, menos de la mitad de las que, por sí solo, tenía el Baleares. Sin embargo, esa comparación es engañosa, porque un número mucho mayor de barcos de guerra republicanos fue retirado del servicio durante largos periodos. La flota de Franco hundió 35 mercantes republicanos (un total de 57.158 toneladas) y capturó otros 227 (257.577 toneladas). Además, hundió 18 barcos extranjeros (71.668 toneladas) y capturó otros 97 (255.484 toneladas). Willard Frank ha calculado que, en total, la República perdió 554 buques de todo tipo, 144 de ellos en acciones realizadas por italianos y alemanes (principalmente aéreas), y que fueron hundidos un total de 106 buques con material militar para la República. En comparación, los sublevados solo perdieron 31 navíos de todo tipo. La Armada republicana, que nunca se recuperó de las consecuencias de la revolución, adolecía de falta de disciplina, unión y mandos ineficaces, de modo que no aprovechó en absoluto su ventaja inicial en número de buques.

La guerra aérea

La Guerra Civil española fue la primera en la que la potencia aérea tuvo un papel esencial. Gran parte del conflicto fue de corte similar a las campañas coloniales o a las de la Primera Guerra Mundial, pero la forma de utilizar los medios aéreos presagió la Segunda Guerra Mundial, aunque en España la guerra aérea fuera menos elaborada. Sin embargo, en unas pocas ocasiones, por sí solos, los medios aéreos influyeron decisivamente en el curso de los acontecimientos, con repercusiones que a veces fueron mayormente psicológicas.

En la división inicial de las fuerzas aéreas españolas los republicanos se quedaron con unos 200 pilotos y 400 aviones, y los nacionales con más de 100 pilotos y unos 100 aviones (en ambos casos, los pilotos eran militares y civiles, y muchas de las naves estaban anticuadas). Ambos bandos recibieron un reducido número de aeronaves del extranjero en las primeras semanas de guerra e hicieron todo lo que pudieron por comprar algo en el mercado internacional. Los dos se hicieron con diversos aviones de segunda categoría, pero fueron tan pocos que no bastaron para formar escuadrones eficaces. Los republicanos no tardaron en darse cuenta de que no tenían suficientes pilotos bien formados y en los primeros meses abonaron altos sueldos a unos cuantos mercenarios extranjeros. El 9 de septiembre de 1936 ambos bandos ya habían conseguido más o menos el mismo número de aeronaves del extranjero (sesenta y cuatro los republicanos, sesenta y siete los sublevados), pero los treinta y un aviones italianos y los veinticinco alemanes recibidos por los rebeldes fueron más eficaces, al estar pilotados por pilotos italianos y germanos mejor preparados y más combativos. En consecuencia, Franco no tardó en darle la vuelta a la inicial ventaja aérea republicana, consiguiendo, a finales del verano y comienzos del otoño de 1936, cierta superioridad durante la fase principal del avance hacia Madrid.

Esta situación cambió a finales de octubre cuando llegaron al frente central un número considerable de nuevos aviones soviéticos, pilotados por aviadores de la URSS. Los cazas biplano Polikárpov I-15, llamados «chatos» por su morro largo y aplastado, era más rápidos y ascendían con más rapidez que cualquiera de los aviones de Franco; además, los nuevos bombarderos medios Tupolev, los «Katiuska», volaban a mayor velocidad que ninguno de los aviones de combate enemigos, aunque sufrieron ciertos problemas técnicos. El monoplano Polikárpov I-16 (llamado «mosca» por los republicanos y «rata» por los sublevados), recibido posteriormente, era el primer avión de combate del mundo con tren de aterrizaje retráctil y todavía más rápido que el I-15, pero de menor maniobrabilidad. En noviembre los republicanos habían logrado la superioridad aérea en el frente central y la mantendrían durante meses.

La potencia aérea de Franco se acentuó cuando el 30 de octubre de 1936 Hitler decidió contrarrestar la escalada soviética con una propia, aunque esta marcara el propio límite del Führer. Se materializó en una pequeña unidad aérea, la Legión Cóndor, consistente en noventa aviones y sus tripulaciones correspondientes, además de sus propias baterías antiaéreas, piezas de artillería y dos compañías de tanques ligeros, que, en este caso, no podían competir con los grandes vehículos soviéticos. Al principio, la Legión Cóndor se vio un tanto limitada por la obsolescencia de los aviones alemanes, aunque en 1937 recibió aparatos más modernos. Con todo, numéricamente la espina dorsal de la fuerza aérea franquista sería el caza biplano italiano Fiat CR-32 («chirri»), del cual Mussolini enviaría casi 400 unidades a lo largo de la guerra. Aunque más lento que los modelos soviéticos, el CR-32 era más duradero y maniobrable y, cuando a sus mandos iban pilotos experimentados y valientes, podía plantar batalla a aviones soviéticos más modernos.

Los republicanos prepararon a gran parte de sus nuevos aviadores en la Unión Soviética, aunque más de cien se formarían en Francia y otros en la propia zona republicana. Los sublevados también prepararon a nuevos pilotos y a otros tripulantes de aeronaves, convirtiendo a algunos pilotos comerciales en pilotos de combate. Durante un tiempo, la mayoría de los aviadores republicanos fueron soviéticos, en tanto que más de la mitad de los pilotos y demás personal aéreo de las fuerzas de Franco eran alemanes o italianos.

Aunque los alemanes habían comenzado, de forma muy limitada, a bombardear ciudades desde el aire en la Primera Guerra Mundial, esta práctica se tornó más habitual en España y produjo ya no pocos de los daños que la RAF calificaría en 1941 de «colaterales». Los republicanos comenzaron inmediatamente a realizar bombardeos aéreos y navales de ciudades de la zona nacional, aunque fueran insignificantes, y Franco no tardó en pagarles con la misma moneda. Los primeros ataques importantes de los sublevados fueron las incursiones aéreas que sufrió Madrid entre el 19 y el 22 de noviembre de 1936, que acabaron con la vida de unas 133 personas, la mayoría civiles, aunque apenas afectaron a la moral y no tardaron en interrumpirse. En total, los bombardeos sobre Madrid se cobraron un mínimo de 312 víctimas. Gran parte del total de 1.300 víctimas civiles que había sufrido la capital en abril de 1937 se debieron a fuego de artillería.

Sin embargo, las incursiones aéreas ocasionaron otros «daños colaterales»: represalias plasmadas en la matanza inmediata de prisioneros políticos, realizadas en ambas zonas. Puede que fueran los nacionales los que iniciaran esa práctica, pero los más adeptos a la represalia en forma de asesinato fueron los republicanos, en parte porque sufrían ataques aéreos más certeros. En total, varios miles de prisioneros murieron durante esos actos de represalia, en ocasiones más de los que fallecieron a causa de los bombardeos aéreos.

En los combates registrados en torno a Madrid los republicanos pudieron aprovechar su efímera superioridad aérea en la batalla del Jarama de febrero de 1937 y de forma mucho más decisiva en Guadalajara, al mes siguiente. Las condiciones meteorológicas fueron cruciales en la segunda batalla, dejando en tierra gran parte de los aviones de Franco, situados más al oeste.

Después de esos combates, Franco concentró sus más potentes unidades aéreas en la zona norte, porque los escuadrones de bombarderos republicanos, a pesar de la velocidad de los Katiuskas soviéticos, no habían demostrado ser una gran amenaza. En la zona norte los sublevados se impusieron totalmente en el aire y fue en la conquista de esa zona por parte de Franco cuando, en 1937, se observaron operaciones algo parecidas a las de la Segunda Guerra Mundial por su recurso combinado a diferentes armas: medios aéreos, artillería y ataques de infantería (aunque con una utilización nimia de los vehículos blindados). Puede que, a fin de cuentas, la artillería fuera más importante que los medios aéreos, pero, a partir de ese momento, los ataques combinados fueron vitales para las ofensivas de Franco.

El acontecimiento más tristemente famoso de la guerra, al que más publicidad se dio, fue el bombardeo de la localidad vizcaína de Guernica, de 5.000 habitantes y escenario de tradicionales ceremonias políticas vascas, ocurrido a finales de abril de 1937, durante la primera fase de la campaña del Norte. El incendio posterior arrasó gran parte del lugar, causando la muerte de unas 150 personas. Para los nacionales Guernica era un objetivo militar porque estaba a poco más de diez kilómetros del frente, albergaba tres batallones de tropas vascas y una fábrica de municiones (que producía, entre otras cosas, bombas incendiarias parecidas a las que destruyeron la localidad) y se encontraba junto a un puente que parte de las tropas vascas tendrían que utilizar en su retirada. El hecho de que Guernica contara con siete refugios antiaéreos indicaba que las autoridades también la consideraban un posible blanco de ataques. Uno de ellos recibió de lleno las bombas, lo cual incrementó la cifra de muertos.

La Legión Cóndor, que proporcionó gran parte de los aviones utilizados en el ataque, tuvo un importante papel en la campaña de Vizcaya, lanzando hasta 70 toneladas de bombas en ciertos días (una gran cantidad para lo que fue la guerra en España). Con la tecnología disponible, los comandantes y bombarderos no podían realizar bombardeos selectivos, y la única manera de acertar en un objetivo era llevar a cabo operaciones de saturación sobre la zona elegida. Cuando el frente se acercaba a la localidad de Durango, esta había sufrido un intenso bombardeo, que, aunque produjo casi 200 víctimas civiles, atrajo poca atención. Cerca de las posiciones vascas en Ochandiano se habían lanzado casi 60 toneladas de bombas, que segaron la vida de más de 200 soldados y abrieron una vía de penetración para los sublevados.

Los bombardeos sobre blancos del País Vasco ya se habían restringido desde que el general de división Hugo von Sperrle, comandante de la Legión Cóndor, no había recibido permiso para sembrar el terror con un bombardeo en Bilbao una vez que se enteró de que un aviador alemán que había caído en paracaídas había muerto a palos a manos de furiosos civiles vascos. Franco, que ya había abandonado los bombardeos sobre ciudades después de las incursiones realizadas en noviembre en Madrid, se negó. Como escribió poco después de la guerra un coronel de la Luftwaffe, «políticamente era algo inaceptable»[1], y Franco tenía un especial interés en evitar las provocaciones innecesarias en el País Vasco, donde todavía esperaba apartar a los nacionalistas vascos de la alianza con la República. Solo podían atacarse ciudades y pueblos para alcanzar blancos militares importantes. Parece que esas directrices eran bastante parecidas a las que siguieron las fuerzas aéreas británica y estadounidense antes de la invasión de Francia en 1944, cuando durante varios meses fueron blanco de ataques aéreos instalaciones ubicadas en numerosas localidades francesas, causando la muerte de más de 35.000 civiles galos.

En contra de lo que se ha dicho, la operación realizada en Guernica no tuvo un carácter singular dentro de los ataques de ambos bandos. La Marina republicana y sus fuerzas aéreas venían lanzando ataques indiscriminados contra poblaciones desde los primeros días de la guerra, y en septiembre la publicación azañista Política había alardeado de los daños causados contra localidades «inundadas de hierro y fuego».

Es muy improbable que los comandantes de la Legión Cóndor tuvieran algún conocimiento del peso de Guernica en la tradición política vasca. El teniente coronel Wolfram von Richtofen, jefe de Estado Mayor, no estaba nada contento con la lentitud del avance de los sublevados, y trató de alentar una operación de tenaza, más imaginativa, en dirección a Guernica. A juzgar por los documentos que han quedado y por el tipo de bombas utilizadas, dos eran los objetivos del ataque: destruir el puente y sembrar el caos en las instalaciones militares y carreteras de la localidad. Las bombas incendiarias tenían que ver con esa segunda misión. Las fuentes indican que Guernica sufrió una única incursión a cargo de veintidós bombarderos medios alemanes y tres italianos, y que también fue ametrallada por cazas cuyo objetivo era bloquear el tráfico. Cada uno de los bombarderos realizó un solo ataque y, teniendo en cuenta que cada uno de esos aviones llevaba poco más de una tonelada de bombas, la carga lanzada desde el aire debió de situarse entre 30 y 35 toneladas, es decir, una cantidad habitual en la época, equivalente a la que cayó en Durango. En Guernica podría haber habido menos muertos. El puente apenas sufrió daños, algo no muy sorprendente, dada la inexactitud de los bombardeos horizontales en esa época, pero las cargas incendiarias desataron un fuego insólitamente pavoroso, que ocasionó muchos más daños que el propio bombardeo y que se convirtió en algo incontrolado en una localidad llena de construcciones de madera. Los bomberos de Bilbao tardaron horas en llegar y al final se retiraron, incapaces de controlar un incendio que destruyó más de la mitad del municipio. No obstante, casi milagrosamente, su principal elemento histórico, el legendario roble bajo el que se habían jurado diversos cargos en generaciones anteriores, no sufrió daños.

Para el alto mando de la Legión Cóndor el ataque fue un éxito, ya que, según señaló Richtofen, «la localidad quedó completamente cerrada al tráfico durante veinticuatro horas»[2]. Sin embargo, la incursión no fue de gran utilidad desde el punto de vista operativo, porque el avance de la infantería de Mola fue tan lento que la mayoría de las unidades vascas lograron replegarse ordenadamente cruzando el puente y la arruinada localidad, o rodeándola.

A continuación, Guernica se convirtió en una enorme baza propagandística para los republicanos, que la presentaron como una calculada acción terrorista, la deliberada destrucción de una pequeña población civil de importancia histórica pero sin relevancia militar alguna. A esto se añadió una cifra de 1.654 muertos, más o menos diez veces superior al número real. La campaña, iniciada a los pocos días, la promovió el corresponsal británico George Steer, cuyo principal interés parecía ser alertar a la opinión pública británica de los peligros de la guerra aérea moderna. A partir de ese momento, la denuncia de los bombardeos aéreos de los sublevados se convirtió en un importante elemento de la propaganda republicana. Sin embargo, mucho más eficaz que los medios impresos fue el gran mural Guernica de Pablo Picasso que, preparado para la Exposición Universal de París, prevista para ese mismo año, se convertiría en un gran símbolo mundial, considerado el mejor retrato artístico de los horrores de la guerra moderna[3].

La campaña de propaganda puso en un aprieto al Gobierno de Franco, que negó cualquier responsabilidad en el ataque, afirmando que los incendios que habían destruido gran parte de la localidad habían sido provocados por revolucionarios anarquistas, similares a los que se habían producido el verano anterior en varias localidades guipuzcoanas cuando estas estaban siendo evacuadas. No era una explicación convincente y el escándalo llegó a irritar incluso a Hitler, que insistió en que Franco eximiera de cualquier responsabilidad a la Legión Cóndor. Sin embargo, irónicamente, puede que todo el asunto acabara beneficiando a Hitler, porque acentuó el temor a la capacidad de destrucción de la Luftwaffe, fomentando la actitud de apaciguamiento hacia el Führer.

El Gobierno republicano dio tanta importancia al bombardeo de Guernica y a otras incursiones aéreas de los sublevados que a comienzos de 1938 instó a la Sociedad de Naciones a enviar una misión militar a España para evaluar cómo eran y sus consecuencias. La Sociedad remitió una comisión cuyo informe acabó siendo contraproducente para los republicanos. Su conclusión fue «que tanto el reducido número [de aviones] generalmente implicados como las pautas de los bombardeos apuntaban a la existencia de una doctrina que otorgaba prioridad a la destrucción de determinados objetivos como puentes o estaciones de tren»[4], no de blancos civiles.

El único gran bombardeo aéreo de una ciudad cuyo objetivo deliberado fue sembrar el terror fue el ordenado directamente por Mussolini en marzo de 1938. Pasando por encima de Franco y de la cadena de mando habitual, intervino personalmente para ordenar a los aviones italianos estacionados en Mallorca que durante tres días bombardearan el centro de Barcelona, lo cual acabó con la vida de 980 personas, casi todas civiles. Esta fue la única vez que el Duce se inmiscuyó directamente en las operaciones que se realizaban en España, parece que con el objetivo de demostrar la destreza de los italianos y para atemorizar a la población civil republicana. Parece que esos ataques, carentes de motivación militar, enfurecieron a Franco. El papa Pío XI envió una nota reprendiendo al dictador de los sublevados, aunque tendría que habérsela enviado a Mussolini.

Se ha dicho que las incursiones aéreas de la Guerra Civil española fueron los primeros grandes bombardeos aéreos de la historia, aunque esta afirmación sería más cierta si se comparan con la Primera Guerra Mundial, no con la Segunda, ya que ninguno de los dos bandos tenía bombarderos pesados, que no entrarían en acción hasta 1941. Después de la campaña de Vizcaya, prácticamente los únicos bombardeos aéreos realizados por los sublevados sobre ciudades fueron los ataques contra los puertos orientales durante la segunda mitad de la guerra, cuyo objetivo, más que la propias poblaciones, eran sus instalaciones portuarias y almacenes. En realidad, puede que los republicanos realizaran más bombardeos de ciudades, aunque los daños en este caso fueran escasos, porque sus acciones —de poca envergadura y con cargas limitadas—, eran en ocasiones gestos de represalia. Una de las excepciones fue la incursión que realizaron en noviembre de 1937 en la pequeña localidad cordobesa de Cabra, de dudosa relevancia militar, que acabó por lo menos con la vida de cien personas. Durante toda la guerra, unos 8.000 civiles murieron en la zona republicana a causa de los ataques aéreos, en tanto que en la zona sublevada fueron poco más de mil.

En el otoño de 1937, punto medio de la contienda, Franco ya tenía la superioridad aérea. Sus aviadores españoles pilotaban casi 150 aeronaves, había un número equivalente de la Aviazione Legionaria italiana y no más de 90 de la Legión Cóndor. El apoyo aire-tierra dio lo mejor de sí durante las ofensivas franquistas de 1938. Para entonces, las Fuerzas Aéreas Republicanas se concentraban en sus escuadrones de cazas y, a pesar de que estos se encontraban en inferioridad de condiciones numérica, durante el verano de 1938 tuvieron lugar algunos de los principales combates aéreos en los cielos del Ebro. En su punto culminante, unos 150 cazas republicanos se enfrentaban a unos 200 de los sublevados.

Una de las innovaciones fue el uso más sistemático del fuego antiaéreo. El de la Legión Cóndor era el más preciso y destructivo. Entre sus armas figuraba el primer modelo del cañón alemán de 88 mm, posteriormente famoso y originalmente concebido como cañón antiaéreo, aunque en España hubo pocas unidades. Los republicanos utilizaron diversos modelos de cañón antiaéreo de última generación y disparo rápido, procedentes de la URSS, Suiza y Suecia, a veces con excelentes resultados.

Según los mejores datos disponibles, las Fuerzas Aéreas Republicanas recibieron directamente de la Unión Soviética 680 aviones, a los que habría que añadir no menos de 250 fabricados con planos soviéticos en la zona republicana, en lo que sería el principal éxito de su industria bélica. Sin embargo, de estos entraron en servicio menos de 160. Unos 180 aviones de combate más se consiguieron por otros canales y también hubo más de 200 aeronaves de segunda fila (de estos dos últimos grupos, casi la mitad provino de Francia). Al inicio del conflicto, había disponibles unos 230 aviones obsoletos, dentro de un total de más de 1.500 de todo tipo. Más de 1.100 se perdieron en acciones de combate, por averías o por accidentes. Las pérdidas por este último concepto fueron bastante elevadas.

Los nacionales recibieron de Alemania más de 600 aviones de primera categoría y 125 de segunda; más de 700 de primera categoría y 30 de segunda de Italia, y 38 de otros países. A estos se les añadieron más de 100 disponibles al inicio del conflicto, dentro de un total de más de 1.600, es decir, algunos más que los republicanos. Unos mil se perdieron en acciones de combate y accidentes, de manera que las pérdidas de ambas fuerzas aéreas no fueron muy diferentes. Al final, los nacionales capturaron o les devolvieron del África francesa 110 aviones republicanos de primera categoría y 147 de segunda. Además, capturaron en Cataluña o les fueron devueltos desde la Francia metropolitana más de cien.

En España, la guerra aérea presagió la de la Segunda Guerra Mundial, no por el bombardeo pesado de objetivos urbanos, sino por el recurso a las primeras operaciones importantes con apoyo aire-tierra y la utilización de armas combinadas, tácticas ambas que en la Primera Guerra Mundial todavía estaban en mantillas. La Guerra Civil también influyó en la opinión pública mundial, que se hizo más consciente de lo que podía ser un bombardeo aéreo.

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GUERRAS CIVILES DENTRO DE LA GUERRA CIVIL

La expresión «guerra civil dentro de la guerra civil» se ha convertido en un tópico que alude a los conflictos internos que sufrió la República revolucionaria, pero esas tensiones habían sido inherentes al liberalismo de izquierdas español desde sus inicios más de un siglo antes. Todavía más graves habían sido las luchas intestinas que habían caracterizado al bando izquierdista liberal durante las dos guerras civiles del siglo XIX. Durante la primera guerra carlista (1833-1840) se habían aprobado dos Constituciones distintas, la segunda de ellas precedida por violentos enfrentamientos dentro del bando liberal, que acabaron con la caída del Gobierno, en tanto que durante la segunda (1869/1873-1876) se habían producido dos cambios completos de régimen, el primero acompañado de numerosos levantamientos provinciales, que en parte habían seguido el ejemplo de la Comuna de París.

La Segunda República siempre fue propensa a los conflictos graves y la rebelión violenta prorrepublicana fue anterior a la propia instauración del régimen. La coalición republicana empezó por promover un pronunciamiento militar contra el régimen de Alfonso XIII en diciembre de 1930, no durante la dictadura sino en el interregno en el que la monarquía avanzaba, aunque con lentitud, hacia la convocatoria de nuevas elecciones. Después vendrían las cuatro insurrecciones revolucionarias de 1932-1934, la insurgencia prerrevolucionaria de la primavera de 1936 y los conflictos registrados durante la propia Guerra Civil. Para los republicanos, como ha escrito Edward Malefakis, la guerra no fue tanto la sencilla alegoría moral que la propaganda republicana se afanó por presentar como un «tragedia griega o un drama moderno, en el que el protagonista aparece como principal enemigo de sí mismo, incapaz de triunfar porque no puede controlarse»[1]. Parece que la correspondencia de Negrín posterior a la contienda coincide con esa apreciación.

Entre los movimientos revolucionarios la discrepancia se manifestaba violentamente, lo cual indujo, en la primavera de 1936, al periódico El Socialista a preguntarse retóricamente si podría llevarse alguna vez a cabo una revolución victoriosa. La izquierda española consiguió auspiciar un levantamiento más auténticamente popular que la rusa, pero eso era precisamente lo que hacía imposible el desarrollo de una única fuerza hegemónica como la bolchevique. «En pocas palabras, la tragedia de la España republicana fue que entre sus filas siempre acechó la posibilidad de una guerra civil intestina mientras se libraba la gran Guerra Civil contra los nacionales»[2]. Como señala Malefakis, el término «leales» (Loyalists, que todavía se utiliza en la bibliografía en lengua inglesa), utilizado para identificar a los revolucionarios de la República bélica, se desarrolló principalmente para la propaganda exterior. Dentro de la zona republicana los propios revolucionarios no solían utilizarlo.

Cuatro fueron las fuentes principales de la disidencia interna: 1) la extrema izquierda revolucionaria, principalmente (pero no solo) los anarcosindicalistas de la FAI-CNT, que al principio intentaron centrarse en la revolución social y económica más que en el esfuerzo bélico; 2) los nacionalistas vascos y catalanes, que tenían sus propios planes, y que en el caso de los vascos llegaron incluso a pretender directamente la independencia y a intentar negociar la partición de España con potencias extranjeras; 3) la Komintern y el PCE, que, sin intentar imponer un régimen comunista, sí deseaban extender lo más posible su dominio, llegando a tener una hegemonía limitada durante los Gobiernos de Negrín de 1937-1938; y 4) la creciente oposición de los relativamente moderados, primero los republicanos de izquierda y después, cada vez más, los socialistas, que aspiraban a alcanzar una paz negociada y que se fueron oponiendo crecientemente a Negrín y los comunistas.

La Guerra Civil exigió ajustes constantes a toda la izquierda, porque creó una situación revolucionaria en un contexto bastante distinto al de sus iniciales proyecciones utópicas. La aspiración de la FAI-CNT era que una insurrección de masas violenta hubiera impuesto una sociedad sin Estado y sin clases; sin embargo, se encontró en medio de una desesperada guerra civil en la que su utopía constituía un obstáculo. El POUM pretendía repetir las tácticas que entendía se habían seguido en la Revolución Bolchevique de 1917-1918, pero, en lugar de tener la fuerza hegemónica del leninismo original, se vio en una situación absolutamente minoritaria, sin más estrategia que la de intentar llegar al poder por la fuerza de la «voluntad» y la propaganda.

La FAI-CNT acabó haciendo cada vez más cesiones en pro de la unidad revolucionaria, librando la guerra e influyendo en la opinión pública extranjera. Se convirtió en el único movimiento anarquista de la historia que entró en Gobiernos convencionales, aunque fueran revolucionarios. Sin prisa pero sin pausa, sus líderes fueron aceptando la lógica de su situación. Con todo, hubo una minoría extremista que reaccionó ante lo que consideraba provocaciones del Gobierno y de los comunistas, precipitando en Barcelona la rebelión de los «Días de mayo», registrada entre el 3 y el 6 de mayo de 1937, en la que posiblemente murieran no menos de 400 personas[3]. Importantes dirigentes de la CNT contribuyeron a poner fin a los combates y, a pesar de verse excluidos del nuevo Gobierno de Negrín, siguieron manteniendo una colaboración que los condujo a una cesión tras otra. Ahora la prioridad era, más que el anarcosindicalismo, el antifascismo, lo cual acabó llevando a una situación paradójica. En un momento en el que cada vez había más socialistas en contra de Negrín, parecía que su principal apoyo eran los anarquistas.

En contra de lo que decían los comunistas, el POUM no era «trotskista», aunque su pensamiento sí fuera en paralelo al de Trotski en cuanto a la insistencia en que España imitara a Rusia, algo que los comunistas, tanto los soviéticos como los españoles, creían imposible. Su defensa de la revolución total y el hecho de que su baluarte fuera Cataluña hicieron que, de facto, el POUM y la CNT fueran aliados, pero el doctrinario marxismo-leninismo de Andreu Nin y sus compañeros del POUM les hacía más intransigentes que a los anarquistas, cada vez más proclives a cooperar.

Entretanto, Stalin, con complejos y pragmáticos planes, rechazaba totalmente el ingenuo marxismo-leninismo del POUM y estada decidido a destruirlo, no solo por eso, sino, sobre todo, porque era un partido comunista rival que simpatizaba con Trotski, aunque sus líderes no estuvieran de acuerdo tácticamente con él. La represión del POUM se volvió muy fácil una vez se constituyó el Gobierno de Negrín y los comunistas prosoviéticos impusieron su hegemonía en gran parte del aparato de seguridad y el Ejército. Se detuvo a la cúpula del POUM y a varios de sus militantes, aunque solo uno de sus dirigentes, Andreu Nin, fuera torturado y asesinado. El partido no volvió a reaparecer mientras duró la guerra y los activistas clandestinos que quedaron se mostraron dispuestos a colaborar más estrechamente con el Gobierno, pero, para la extrema izquierda, todo ese asunto se convirtió en el principal escándalo de la contienda, todavía más que la violenta sublevación anarquista registrada en la Barcelona de mayo de 1937.

El papel del nacionalismo vasco y catalán fue disgregador y a veces subversivo. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) fue la principal fuerza del Gobierno autónomo vasco durante sus nueve meses de existencia y, respecto a varias políticas clave, hizo caso omiso del Estado republicano, en tanto que posteriormente intentó negociar por separado la paz. Durante toda la contienda siguió habiendo un nacionalista vasco en el Gobierno republicano como símbolo de unidad y como gesto de propaganda hacia los católicos, pero entretanto el PNV negociaba en secreto con París y Londres (y posteriormente también trataría de hacerlo con Berlín y Washington), esperando conseguir la partición de España y, bien la independencia del País Vasco o su conversión en un protectorado autónomo.

El Gobierno de la Generalitat catalana solo representaba al catalanismo de izquierdas, ya que el conservador apoyaba a Franco, al igual que una minoría de los nacionalistas vascos. El Gobierno de Lluís Companys practicó un engañoso triple juego: en primer lugar neutralizó a los revolucionarios de la FAI-CNT, de tal modo que, al tiempo que se abrazaba la revolución, al mismo tiempo se canalizaba. En teoría, la Generalitat también cooperaba con el Gobierno republicano, pero en la práctica aplicó hasta donde pudo sus propias políticas. Cuando el Gobierno de la República logró recuperar su autoridad, sobre todo desde mayo de 1937, la autonomía catalana se fue viendo progresivamente mermada, hasta que llegó un momento en que poco quedó de ella. Por otra parte, en ocasiones los catalanistas de izquierdas realizaron sus propias maniobras diplomáticas en el extranjero, pero no en la misma medida que los vascos. Naturalmente, entre los líderes republicanos cundió el resentimiento hacia ambos grupos.

Sobre el telón de fondo de esas fracturas, y también de las divisiones internas y de las incertidumbres del propio PSOE, los comunistas saltaron a un primer plano en 1937 en calidad de defensores de la unidad republicana, a pesar de que la Komintern seguía vetando cualquier intentona de que asumieran el control directo del Gobierno. Para España, la fórmula seguía siendo la «república de nuevo cuño» que, sin estar liderada por los comunistas, siguiera en gran medida sus pautas.

Terminada la guerra, uno de los pocos puntos en los que coincidirían los franquistas, los comunistas y los supervivientes del POUM, que normalmente no coincidían en nada, era que la República revolucionaria de la época bélica había sido una «república popular» dominada por los comunistas, la primera de Europa. La propaganda franquista insistió en ello y años después, en 1961, el antiguo líder poumista Julián Gorkín publicó el libro España, primer ensayo de democracia popular.

Una posición similar adoptaron los líderes comunistas españoles. En 1947, cuando estaban creándose los nuevos regímenes comunistas del Este de Europa, el veterano propagandista del PCE Félix Montiel (más tarde virulento anticomunista), escribió un artículo titulado «España fue una República popular y volverá a serlo» en Nuestra Bandera, principal publicación teórica del partido. Quince años después, Dolores Ibárruri («Pasionaria»), comunista predilecta de Stalin en España, escribiría quince años después en su ortodoxa y estalinista biografía que en la zona republicana «la República democrática burguesa se transformó en una República popular, la primera en la historia de las revoluciones democráticas burguesas». En la historia oficial del partido, publicada en Moscú en 1966, los editores recalcaron que el régimen español se había convertido en «una nueva República» desde la constitución del Gobierno de Giral el 19 de julio de 1936, que, al producir «una brusca aceleración de todo el proceso de la revolución democrática española», condujo a «una república de nuevo tipo en la que, junto a los estamentos utilizables del viejo Estado, no contaminados por la infección fascista y reaccionaria, se integraban organismos nuevos creados por las masas». A la misma conclusión llegaron otros autores comunistas[4].

Igualmente franco se mostró en ocasiones el líder eurocomunista Santiago Carrillo. Durante el Congreso de Partidos Comunistas celebrado en Moscú en 1969, declaró que «no había que olvidar que España ha sido la primera democracia popular en Europa»[5], y todavía en 1984 admitiría que «es claro que si la República hubiera vencido, habríamos sido el primer ejemplo de una democracia popular, creada no por la intervención del ejército soviético, sino por la lucha del pueblo y con una pluralidad de fuerzas políticas»[6]. Esta interpretación se repitió en numerosas ocasiones en la historiografía soviética.

No obstante, la conclusión de los expertos en el tema ha sido un tanto distinta. Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, hacia el final de su meticuloso estudio sobre la política de la Internacional Comunista, afirman que «puede decirse que la política de la Komintern en España apunta, sin lugar a dudas, al modelo de democracia popular»[7]. Sin embargo, su opinión es que la República revolucionaria de la época bélica mantuvo ciertos vestigios del Estado de derecho, residuos de la Segunda República prebélica, que hasta cierto punto frustraron los designios de Stalin, mencionando en este sentido el rechazo que suscitó la propuesta del dictador soviético de celebrar nuevas y manipuladas elecciones a finales de 1937.

Esta conclusión parece la correcta. Una cuidadosa comparación pone de manifiesto que la «tercera» República española de la etapa bélica, aunque muy distinta a la Segunda República vigente hasta la primavera de 1936, no constituyó el mismo tipo de régimen más tarde instaurado por los soviéticos en los países de Europa oriental. En primer lugar, todos estos fueron totalmente ocupados y controlados por el Ejército Rojo. Aunque los comunistas llegaron a tener una posición predominante en el Ejército Popular republicano, no lo sometieron al control que los soviéticos consiguieron imponer inicialmente a todas las fuerzas armadas de sus Estados satélite. En estos, que al principio fueron más títeres que satélites, se crearon nuevos ejércitos populares, al principio totalmente dominados por la URSS. La misma distinción podría hacerse en relación con la policía.

En segundo lugar, en los regímenes del Este, los soviéticos no tardaron en montar partidos socialistas-comunistas y organizaciones pantalla que dominaron toda la actividad política. En España, desde 1935 el PCE intentó unir en un solo partido a socialistas y comunistas, pero su incapacidad para hacerlo generó gran frustración. En los países del Este, lo normal fue que los soviéticos permitieran unas primeras elecciones parcialmente libres y parcialmente controladas, y que posteriormente todas fueran totalmente previsibles. Está claro que al Frente Popular español, como demuestran sus propias prácticas electorales entre febrero y mayo de 1936, no le gustaban las elecciones libres, pero después solventó el problema dejando por completo de celebrarlas. Era evidente que lo que pretendía Stalin con su propuesta de celebración de nuevos comicios en 1937 era dar un paso más hacia la consolidación de un régimen de mayor influencia comunista, algo que los demás partidos rechazaron.

En tercer lugar, en los regímenes de Europa oriental, el Estado nacionalizó las industrias básicas y en la mayoría de los casos acometió una amplia confiscación de tierras, generalmente acompañada de una colectivización de las mismas en nombre del Estado. En este sentido, la similitud se diría mayor y, en realidad, en la historia oficial de la Segunda Guerra Mundial del Ejército Rojo se alardea de que en España los comunistas llevaron a cabo un amplio programa de nacionalizaciones. Pero no fue así, porque en materia de política y estructura económicas hubo diferencias considerables entre la zona republicana y los regímenes del Este, en los que un Estado cada vez más autoritario impuso transformaciones muy profundas. En la tercera República española, al principio gran parte del Estado desapareció y cuando comenzó a recuperarse siguió teniendo un carácter semipluralista en el que la política económica generó muchos conflictos. El programa comunista de control del Estado y de nacionalización de la industria solo pudo aplicarse de forma limitada y sin lograr revertir del todo la revolución libertaria. En líneas generales, ese programa era similar a la Nueva Política Económica (NEP) leninista de 1921 y, aunque en septiembre de 1937 un subsecretario comunista de la Generalitat anunciara la aplicación de una NEP catalana, ese programa no llegó a materializarse del todo.

La República revolucionaria española fue un régimen singular, sin correlato exacto en ninguna otra revolución o guerra civil. En un contradictorio proceso, la República bélica conjugó la colectivización autónoma libertaria con la presencia de un Estado reconstituido y cada vez más centralizado que solo llevó a cabo ciertas nacionalizaciones directas. En él se produjo inicialmente un proceso de autonomía local y regional (entre julio y octubre de 1936), seguido de una progresiva restricción de esa autonomía. Políticamente, siempre fue un régimen semipluralista en el que cada uno de los cuatro principales sectores izquierdistas mantuvo su autonomía. Los comunistas solo pudieron acabar con el POUM, e incluso en este caso tuvieron que respetar ciertos límites legales, salvo en el caso de Andreu Nin. La tercera República no fue democrática, pero sí mantuvo su semipluralismo, recuperando un marco legal muy limitado.

La tercera República fue un Estado soberano, no un satélite de la Unión Soviética y la hegemonía comunista tuvo límites indudables. Algunos comunistas españoles hablaron de instaurar un régimen dirigido por ellos, pero no está claro que hubieran podido hacerlo aunque lo hubieran intentando. En cierto modo, la fortaleza de los comunistas se basaba en la subordinación a la disciplina militar y a la victoria (aunque, en realidad, ellos tampoco dejaran de hacer partidismo con los asuntos militares). Si se hubiera producido finalmente un enfrentamiento entre los comunistas y los sectores no comunistas del Ejército Popular antes de marzo de 1939, no está claro que todas las unidades dirigidas por oficiales comunistas hubieran intentado imponer una dictadura comunista. Y aunque lo hubieran conseguido, la pírrica victoria que esa pugna intestina podría haber logrado habría debilitado irremisiblemente el esfuerzo bélico, algo que los soviéticos sabían muy bien.

Evidentemente, en cierto sentido, todos los grupos izquierdistas aspiraban a instaurar algún tipo de república popular —es decir, un régimen puramente izquierdista y, por lo tanto, no democrático—, no una democracia liberal. Sin embargo, todos discrepaban en cuanto al tipo de régimen no democrático y exclusivamente izquierdista que pretendían. En líneas generales, los republicanos de izquierda, consternados por la revolución, solo pretendían desviarse ligeramente de las pautas de un régimen democrático capitalista, en tanto que los anarquistas buscaban su propia y singular utopía y los socialistas estaban divididos. Los prietistas aspiraban a una versión más socialmente avanzada del modelo republicano de izquierdas, por lo menos a corto plazo, en tanto que los caballeristas al principio se proclamaron partidarios de un sistema leninista, al igual que lo hizo el POUM, aunque fuera de manera mucho más clara y extremista. Con todo, ninguna de las versiones españolas del régimen exclusivamente izquierdista era realmente una democracia popular estalinista, aunque las variantes poumista y caballerista eran las que más se le parecían. La República española siguió siendo un caso singular y cualquier comparación con las democracias populares de Europa del Este solo podría referirse a su primerísima fase pretotalitaria o, más exactamente, a Checoslovaquia durante el periodo frentepopulista de 1945-1948.

Como mucho, en este sentido podríamos apuntar dos factores: en primer lugar, la tercera República española fue lo más parecido que hubo en la historia de Europa occidental a una república popular, aunque no solo fuera un ejemplo incompleto de la misma, sino algo fundamentalmente distinto del modelo soviético; en segundo lugar, la lucha en España proporcionó a los soviéticos experiencias que aplicaron en Europa oriental, donde pudieron proceder de forma más directa.

Durante 1938 el derrotismo se disparó entre los republicanos y también la oposición a Negrín, al que en cierto momento Azaña aludió en su diario llamándole «el dictador». Por su parte, Negrín confiaba en que en el panorama internacional se produjera algún cambio que favoreciera a la República y en septiembre de 1938 se dirigió a la Sociedad de Naciones, lanzando un plan de paz propio que proponía la celebración de unas imprecisas elecciones nacionales que determinarían el futuro de España. No es de extrañar que la oferta no tuviera efecto alguno en Franco, cada vez más victorioso y altanero.

Desde los primeros meses de 1937 el presidente Azaña, apartado de facto de las labores de Gobierno, había intentado promover una mediación de las democracias occidentales, algo que, como solía ocurrir entre los republicanos, intentó hacer solo, sin el concurso de Negrín. En julio de 1938 le dijo al representante británico en Barcelona que, en principio, no se oponía al regreso de la monarquía, con lo cual parecía apuntar a que una monarquía constitucional parlamentaria podía ser la vía para recomponer de nuevo a España (algo que, con consecuencias tan desastrosas, había rechazado en 1931). Para Azaña, esta vuelta al sentido común llegaba tarde y solo después de la enorme destrucción y el gran sufrimiento que, sin querer, él mismo había contribuido a producir; sin embargo, fue una premonición que, a causa de Franco, tardaría cuatro décadas en materializarse.

No obstante, durante la última fase de la batalla del Ebro el predominio creciente de Franco no estaba del todo claro para los observadores internacionales, e incluso algunos cargos alemanes creían que la superioridad de los sublevados era limitada. Al terminar los combates en el Ebro, Negrín puso un especial empeño en reabrir el canal de abastecimiento soviético y el 11 de noviembre entregó al comandante de las Fuerzas Aéreas republicanas, el general comunista Hidalgo de Cisneros, una carta personal para Stalin, con la que aquel partió inmediatamente para Moscú. En ese documento de dieciocho páginas, Negrín hacía un gran esfuerzo por explicar la evolución política y militar de forma que resultara alentadora para los soviéticos, comprometiéndose a estrechar los lazos futuros de una futura República victoriosa con la URSS. Hablando un poco en parábolas, hacía ver que sabía que el semipluralismo todavía existente en la zona republicana no era del agrado de los soviéticos y que, cuando fuera posible, impondría una unidad y un control mayores. Se comprometió ante Stalin a que un nuevo envío de armas llevaría a la República a la victoria y, pintando un halagüeño futuro, hablaba de una España que de alguna manera y con rapidez recuperaría una economía próspera y productiva, posibilitado el desarrollo de «una marina mercante y de guerra de consideración» que, según se insinuaba, podría proporcionar navíos a la Unión Soviética[8].

Después de un breve titubeo, Stalin respondió positivamente, concediendo al Gobierno republicano, por segunda vez en un año, un préstamo, porque, según las cuentas soviéticas, el oro ya se había agotado. En enero de 1939 el último gran envío de armamento soviético comenzó a cruzar Francia (cuyo Gobierno, a pesar de la ruptura del Frente Popular, seguía siendo aquiescente). Sin embargo, solo una parte alcanzó Cataluña antes de la llegada de las tropas de Franco y, en su mayoría, era demasiado tardío para servir de mucho.

Negrín comprendió que estaba perdiendo apoyo político. En diciembre comenzó a sondear a líderes del PCE con vistas a la creación de un nuevo «Frente Nacional». Aunque inicialmente los partidos de izquierda no serían disueltos, Palmiro Togliatti, asesor de la Komintern, señalando que «no habrá parlamentarismo», informó a Moscú de que no estaba seguro de hasta qué punto la propuesta no era una tapadera de una «dictadura militar»[9], pero que tendría que haber algún tipo de plebiscito para legitimar a los nuevos líderes. Según la idea que tenía Negrín, el PCE constituiría el núcleo rector de esa formación, aunque al principio se ocultara tal cosa[10].

Unos días después, Negrín se explicó ante el agregado de negocios soviético Marchenko, quien informó de que el presidente del Gobierno español había concebido esa propuesta porque los socialistas seguían negándose a formar un partido único con los comunistas. En consecuencia, Negrín proponía una doble militancia en los viejos partidos y el nuevo Frente Nacional, aunque «la dirección de la estructura organizativa y de propaganda del nuevo partido debe entregarse a los comunistas».

Marchenko añadió que la conclusión de Negrín fue que «No se puede volver al viejo parlamentarismo; sería imposible permitir el “libre juego” de los partidos, tal como existía anteriormente, porque de ser así la derecha podría volver a forzar su vuelta al poder. Esto significa que será necesaria una organización política unificada o una dictadura política. No veo otra alternativa». Al encargado de negocios soviético le preocupaba que Negrín pudiera aprovechar esa oportunidad para «comenzar a constituir “su” partido político unido español... incluso sin los comunistas si estos se niegan (y eso significa que sería en su contra)», aunque no pensaba que esto fuera muy probable.

Marchenko informó de que Negrín mostraba desprecio hacia la política contrarrevolucionaria de la Generalitat catalana (cada vez más limitada por el Gobierno republicano), proclamando que «la Esquerra está esforzándose por volver a la situación existente antes del 18 de julio. Esa vuelta nunca se producirá. La burguesía nunca recuperará su posición. Las ramas principales de la economía española serán nacionalizadas. Y lo que menos querrá recuperar España serán los privilegios de la burguesía catalana»[11]. De este modo, en la última fase de la guerra civil española, Negrín estaba insistiendo en la formación de una república popular de partido único y economía nacionalizada.

El cuartel general de la Komintern no tardó en contestar: la propuesta de Negrín era inaceptable «porque contiene tendencias a la dictadura personal»[12], y aquí resonaban las palabras de Azaña. En teoría, ese frente sustituiría al PCE sin garantizar su preeminencia, y los dirigentes de la Komintern no se fiaban tanto de Negrín. Su propuesta apuntaba a una república popular que los comunistas no tendrían necesariamente que dirigir y que acabaría con la imagen propagandística que se había dado de la República en el exterior, porque sería un remedo del régimen de partido único de la zona franquista.

Franco inició la invasión de Cataluña a finales de diciembre de 1938 y sus avances fueron constantes. Cuando Barcelona estaba a punto de caer, el Gobierno decretó por fin la ley marcial en la zona republicana el 23 de enero de 1939, pero para entonces cundía la desmoralización en una parte considerable de las unidades supervivientes del Ejército Popular. En Cataluña se hacinaban cientos de miles de refugiados y los suministros militares y civiles estaban prácticamente agotados. Ante una resistencia cada vez menor, el Ejército Nacional finalizó la ocupación de Cataluña el 10 de febrero.

Durante esa fase, los republicanos intentaron aliviar la presión que sufría Cataluña lanzando una ofensiva al sur de Madrid, hacia Extremadura. Esta fue la última y más importante de las diversas ofensivas secundarias iniciadas en el Sur por ambos bandos y comenzó el 5 de enero. Frente a una resistencia inicialmente escasa, avanzó 30 kilómetros en cuatro días, antes de pararse en seco. A finales del mes, la acostumbrada contraofensiva de los nacionales había recuperado todo el territorio perdido y en ese momento la zona republicana, confinada al suroeste del país e incluyendo por poco Madrid, ya se reducía prácticamente al 25 por ciento del territorio nacional.

Había cundido por completo el derrotismo y solo los líderes comunistas respondían con determinación. A comienzos de febrero, Borís Stépanov, uno de los dos asesores principales de la Komintern, comenzó a discutir con los líderes de los partidos en Madrid sobre la necesidad de la llamada «dictadura democrático-revolucionaria», que sustituiría el Gobierno republicano por «un consejo de defensa, trabajo y seguridad general, con un par de ministros y dos o tres personalidades políticas no ministros y un par de militares (fieles y enérgicos)»[13]. Mientras el Gobierno republicano huía de Cataluña para entrar en Francia, los asesores de la Komintern y los líderes de los partidos en lo que quedaba de zona republicana se devanaban los sesos para determinar cómo se podía mantener la resistencia y al final enviaron a Stépanov a Moscú el 18 de febrero para saber qué tenían que hacer en caso de que las demás formaciones políticas intentaran capitular. En teoría, todavía había más de 500.000 hombres en las unidades supervivientes del Ejército Popular, pero esa cifra era engañosa, porque solo había armas adecuadas para alrededor de dos tercios de ese contingente.

Al ir menguando la potencia militar, los demás partidos de izquierda comenzaron a perder el miedo a los comunistas y a expresar más abiertamente sus discrepancias. Después de que el PCE publicara un manifiesto denunciando a los «traidores» y los «capitulacionistas», el comité del Frente Popular de Madrid tomó la insólita decisión de amonestar formalmente al PCE por sus insultos y la arrogancia de sus políticas, en tanto que en Jaén y otros lugares varias agrupaciones socialistas abandonaron directamente el Frente Popular. En otros pocos municipios en los que no había unidades militares controladas por los comunistas las autoridades republicanas locales llegaron incluso a detener a miembros del PCE por supuesta comisión de actos ilegales.

Aunque a Negrín habían llegado a irritarle los presuntuosos modos de los comunistas, no tardó en regresar a lo que quedaba de zona republicana y, según Togliatti, volvió a establecer estrechas relaciones con ellos, basándose más que nunca en su apoyo. Por otra parte, parece que Negrín había aceptado ya que la guerra estaba perdida, pero creía que era absolutamente inaceptable la exigencia de rendición incondicional que planteaba Franco. Parece que seguía pensando que, si se continuaba la resistencia, podrían arrancarse concesiones, por lo menos una victoria en la que solo sufrieran represalias los republicanos culpables de delitos comunes. Aparte de eso, el mantenimiento de la resistencia podría permitir la evacuación de un gran número de personas buscadas por Franco, pero Negrín se negó a mostrar en público la más mínima muestra de derrotismo, temiendo que precipitara una incontrolada desbandada. En consecuencia, su postura pública de resistencia a ultranza cada vez tenía menos sentido para los demás partidos.

Aunque el PCE continuaba constituyendo el núcleo duro de esa política, pronto se creó la leyenda de que en marzo de 1939 su actitud ya era una cínica máscara para encubrir que Stalin había «abandonado a la República», maniobrando con astucia para que a los demás partidos se les echara la culpa de la inevitable derrota. Esta leyenda se repetía todavía a finales del siglo XX, pero no hay datos que la corroboren. Está claro que durante la primavera y el verano de 1938 Stalin había buscado una estrategia que le permitiera salir de España, dando a entender a diplomáticos alemanes y de otros países que la Unión Soviética podría aceptar una paz negociada, incluyendo incluso cesiones a Franco, pero siempre que contemplara la evacuación de España de todas las fuerzas alemanas e italianas, pero Hitler no tragó. En consecuencia, Stalin, al no tener otra alternativa, siguió apoyando la resistencia republicana, encuadrándola dentro de su política de seguridad colectiva. Todavía el 5 de marzo de 1939 los líderes de la Komintern enviaban un telegrama desde Moscú apuntando la posibilidad de que hubiera otro envío de armas si podían encontrarse medios para hacerlo, aunque esto ya no era realista.

Como ni Negrín ni los comunistas estaban dispuestos a tomar medidas que condujeran al fin de la guerra, los demás sectores principales —socialistas, anarquistas y republicanos de izquierda— apoyaron la iniciativa secreta del coronel Segismundo Casado, jefe del Ejército del Centro, que pretendía derrocar al Gobierno y negociar la paz con Franco. Casado y otros oficiales profesionales del antiguo Ejército republicano se engañaron al creer que militares no afiliados a ningún partido podrían negociar con Franco de un modo que a Negrín le resultaba imposible o indeseable. Entre otras cosas, no sabían que a comienzos de febrero Franco había promulgado la nueva Ley de Responsabilidades Políticas que, aplicada al conjunto de España, ordenaba el procesamiento de cualquier persona involucrada en actos de «subversión» de las instituciones vigentes a partir del 1 de octubre de 1934.

Era, por tanto, irónico pero no ilógico que la Guerra Civil terminara exactamente como había empezado, con una sublevación militar contra el régimen republicano vigente, en este caso aduciendo que este se había convertido en tiránico y que cada vez estaba más dominado por los comunistas. En 1936 los datos solo avalaban en parte esta afirmación, que sin embargo en 1939 era fundamentalmente correcta. La rebelión de 1936 había sido preventiva, un ataque para hacerse con el control del Estado antes de que este cayera en un mayor caos prerrevolucionario o en la toma del poder por parte de la revolución. La sublevación de Casado también tenía un componente preventivo, por su preocupación de que el mantenimiento de la resistencia no hiciera sino incrementar el poder comunista. La primera sublevación dio inicia a la Guerra Civil; la segunda le puso fin. Sin embargo, en contra de lo que dice la leyenda, la acción de Casado no respondió a ninguna provocación o catalizador concreto, sino que, en gestación desde hacía seis meses, mostraba la desesperada situación en la que había quedado la República.

Las luchas intestinas que sufrió la República bélica reflejaban el carácter contradictorio de una alianza izquierdista que logró mantenerse unida durante casi tres años y que, a regañadientes, había ido aceptando el esfuerzo de Negrín y de los comunistas por imponer un control centralizado y alcanzar la cohesión militar. Esto había precipitado los días de mayo de 1937, después de los cuales la CNT remendó como pudo la alianza antifascista para continuar la guerra. Sin embargo, en 1939, una determinación similar por parte de Negrín y los comunistas se topó con una oposición prácticamente generalizada. Ninguna de las formaciones izquierdistas había renunciado al antifascismo, pero ya consideraban que seguir resistiendo era inútil, en tanto que su anticomunismo se había acrecentado, convirtiéndose en un sentimiento casi tan intenso como el antifascismo.

La sublevación iniciada en los primeros minutos del 6 de marzo de 1939 produjo más combates en Madrid que los días de mayo en la Barcelona de 1937, ya que en ella se enfrentaron directamente unidades militares comunistas y no comunistas. Sin embargo, hasta después de iniciarse el golpe de Casado los soviéticos no llegaron a la conclusión de que la situación era insostenible. Negrín, los principales líderes del PCE y el resto de los asesores soviéticos y de la Komintern huyeron al extranjero. Como era de esperar, Casado no logró arrancar ninguna cesión importante a Franco, pero prácticamente no hubo resistencia a la «ofensiva de la victoria» franquista, iniciada el 26 de marzo, ya que lo que quedaba de las defensas republicanas se vino abajo. Franco proclamó la victoria total y el fin de la Guerra Civil el 1 de abril de 1939, cinco meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

Muchos factores contribuyeron a la victoria de Franco y la derrota de los republicanos. Entre los más importantes figuran los siguientes:

El principal error de la izquierda fueron las políticas del Gobierno de Azaña/Casares Quiroga, en las tres semanas anteriores al conflicto, que, desdeñando por completo a la oposición, hicieron caso omiso de los graves peligros que comportaría un enfrentamiento armado, manteniendo una política de hostigamiento y provocación que parecía retar a la oposición a sublevarse.

Una mayor cohesión militar de los sublevados.

El liderazgo de Franco, que mostró más iniciativa durante las difíciles primeras semanas, para después imponer y mantener una unidad que, acabando con los conflictos políticos, concentró eficazmente los recursos en el esfuerzo bélico. Además, su astuta diplomacia logró mantener el apoyo de Hitler y Mussolini, al tiempo que conservaba unas relaciones aceptables con las democracias.

Un mayor apoyo exterior para los sublevados, al menos durante los dos últimos años de guerra. Esta asistencia también se utilizó con más eficacia que la que los soviéticos proporcionaron a la República. Además, los nacionales no dejaron de incrementar sus recursos con armas y prisioneros tomados a los republicanos, de manera que durante la última fase de la contienda por lo menos un cuarto del armamento que utilizaron había sido incautado al enemigo.

Una movilización social y económica más eficaz de los recursos humanos y materiales en la zona sublevada, mejor utilizados que los del bando republicano.

La gran debilidad de los republicanos fue su desunión, que obstaculizó una movilización y una concentración militar eficaces. La debilidad conllevó numerosos problemas internos, que iban desde la desunión que sufrían en su seno los socialistas a la disidencia de vascos y catalanes.

El vigor de la revolución social y económica registrada en la zona republicana, que dividió a la izquierda, obstaculizó la movilización militar y económica y, al principio, ahuyentó a la opinión pública de las democracias, al tiempo que consolidaba la oposición de los sublevados. El aspecto más contraproducente de la revolución fue el inicio de una guerra de religión, que, consolidando un apoyo masivo y absoluto de los católicos a los sublevados, es probable que fuera el factor que más moral y compromiso aportara a ese bando.

17

LA GUERRA EN PERSPECTIVA

La Guerra Civil española se ha definido de muy diversas maneras, en su mayoría relacionadas con afinidades ideológicas o luchas de poder internacionales. En pocas ocasiones se ha analizado partiendo de su definición más precisa, la de un combate entre la revolución y la contrarrevolución que, siendo típico de la primera mitad del siglo XX, no deja de ser singular por su ubicación geográfica, su momento y algunos rasgos propios. Las razones de esta renuencia a ver en la Guerra Civil un conflicto revolucionario ya se han analizado en el capítulo 6. Sin embargo, los soviéticos no eran reacios a verlo así, ya que durante décadas hablaron de la «guerra nacional-revolucionaria española», otorgando, al contrario que algunos analistas occidentales, gran importancia a la lucha revolucionaria.

Como ya se ha recalcado anteriormente, los rasgos más singulares de la Guerra Civil española tuvieron que ver con 1) el momento en que se produjo, mucho después de la oleada revolucionaria de 1917-1923, pero antes de la Segunda Guerra Mundial y yendo inicialmente en contra de las tendencias políticas imperantes en la Europa de la década de 1930; 2) su escenario, que la convirtió en la única guerra civil de grandes proporciones registrada en toda esa época en Europa occidental; y 3) sus orígenes: de todos los conflictos violentos ocurridos entre 1917 y 1949, fue el único no provocado por una guerra exterior, o por lo menos el único que no se vio en gran medida influido por ese factor. Hubo otros elementos diferenciadores, algunos completamente propios y otros solo parcialmente singulares.

No obstante, es preciso matizar la tercera conclusión. Todos los especialistas coinciden en que la contienda española estalló principalmente a consecuencia de una profunda fractura interna, pero la década de 1930 fue un periodo de grandes conflictos políticos y de crecientes tensiones internacionales en el conjunto de Europa, de manera que el contagio entre países desempeñó un papel considerable, aunque pese a todo secundario. El ejemplo soviético fue fundamental para la radicalización del socialismo español, en tanto que la derecha española se inspiraba menos en el fascismo que en los regímenes autoritarios moderados y católicos de Austria y Portugal. De igual modo, ambos bandos reaccionaron ante las acciones del otro con una alarma que acentuaban los siniestros acontecimientos que tenían lugar en el extranjero. Después, la Guerra Civil española generaría su propia Wechselwirkung [interacción], conduciendo a un rápido incremento de la influencia comunista y soviética en un bando y, en el otro, a la decisión por parte de Franco de adoptar un modelo semifascista.

Las nuevas repúblicas francesa (1871) y alemana (1918-1919) nacieron democráticas pero contrarrevolucionarias, reprimiendo sin miramientos, respectivamente, la Comuna de París y la revolución obrera. En dirección opuesta fue la República española, dando comienzo en el siglo XX a un vigoroso proceso revolucionario que resultó difícil de canalizar, desviar o derrotar.

La Guerra Civil fue el punto culminante de ese proceso revolucionario y solo en el noreste de Europa —en Rusia, Finlandia y Letonia— pueden encontrarse ejemplos de alcance y profundidad equivalentes. En España, los movimientos obreros revolucionarios movilizaron a un número proporcionalmente mayor de sectores sociales que en ningún otro país, con la posible y momentánea excepción de Letonia. Solo en Rusia la base revolucionaria potencial fue mayor, debido sobre todo a la existencia de una amplia sociedad campesina que, aunque enormemente descontenta y levantisca, no estaba políticamente organizada. No obstante, en Rusia, la proporción de la población agraria afiliada a organizaciones revolucionarias fue notablemente inferior a la de España.

Todas las demás guerras civiles las iniciaron los comunistas (o sus aliados más próximos, como en Finlandia) y en gran medida se convirtieron en pugnas entre comunistas y anticomunistas, pero no fue así en España, donde los primeros habían sido débiles. En España, la Guerra Civil se distinguió por su carácter auténticamente frentepopulista, siendo su semipluralismo izquierdista mucho más acusado que el de las demás guerras. Con todo, el aglutinante de ese Frente Popular fue más negativo que positivo y se basó más en el antifascismo que un objetivo común positivo, de manera que la desunión interna fue el inconveniente de su semipluralismo.

La revolución española fue singular por su rapidez y carácter explosivo, por el número proporcionalmente mayor de obreros participantes («la principal revolución proletaria del siglo XX») y también por su carácter pluralista y no comunista. El único equivalente en cuanto a magnitud se encontraría en 1919 en la Hungría del régimen de Béla Kun, producto de una situación catastrófica, ocasionada por una derrota militar y por la desintegración del Estado. Por el contrario, después del golpe bolchevique registrado en Rusia, inicialmente Lenin no había propuesto una profunda revolución socioeconómica, ni tampoco los rojos finlandeses. Posteriormente, en Yugoslavia y Grecia, la táctica frentepopulista y también las complejidades del problema de las nacionalidades y la guerra europea contendrían inicialmente a los comunistas.

En gran parte de las guerra civiles revolucionarias europeas la izquierda tenía la ventaja de contar con la superioridad del modelo bolchevique, mejor en cuanto a centralización y movilización. Sin embargo, en España, donde se impuso la tendencia opuesta, no contó con esa prerrogativa. Aquí la derecha disfrutó de un liderazgo fuerte y único, basado en un sólido (aunque no refinado) modelo castrense, que también recabó un considerable apoyo extranjero. Al principio la República contó con mayores recursos, pero no los utilizó con sensatez y no tardó en encontrar cerrada la puerta del mercado de armas internacional, de manera que la abrumadora superioridad económica y financiera de la que Prieto alardeaba acabó por no ser una ventaja. Por el contrario, el éxito de la política económica de Franco, a pesar de haber recibido una atención relativamente escasa, fue un importante aspecto de la guerra. En parte, ese éxito reflejó la superioridad que presentaba una contrarrevolución eficazmente gestionada y centralizada frente a una caótica revolución colectivista, pero también tuvo que ver con la capacidad para adquirir grandes cantidades de armamento extranjero, así como otros suministros, a crédito.

La Guerra Civil española también fue singular en su condición de guerra de religión, por la importancia y carácter masivo de su violento anticlericalismo y la virulenta reacción que desató. En ciertos sentidos, fue este un componente casi tan importante como la movilización militar. En todas las guerras civiles revolucionarias de la primera mitad del siglo XX incidieron factores religiosos, pero nunca de forma tan determinante como en España. En Rusia, a pesar de la religiosidad del conjunto de la población, cierto leve anticlericalismo era frecuente entre el campesinado, que no vivió la guerra civil desde presupuestos muy religiosos, en parte porque el odio de los bolcheviques a la religión no se expresó del todo hasta una fase posterior. En España, el peso de la religión surgió del papel que tradicionalmente había tenido el catolicismo y de la obsesión con él de los revolucionarios.

La intervención extranjera fue de gran importancia para ambos bandos y su relevancia solo tuvo parangón o más peso en las intervenciones registradas en Letonia y Hungría, y posteriormente en Grecia. No fue esto algo que ninguno de los dos bandos tuviera planeado, aunque teóricos marxistas de la guerra civil como Araquistáin y Maurín ya habían aludido a la posible necesidad de la ayuda soviética. Su conclusión fue que en España era improbable una intervención extranjera en defensa de la sublevación contrarrevolucionaria, porque nada similar había ocurrido en el país desde 1823, pero que, si se producía, la lógica de las circunstancias conduciría a una reactiva intervención soviética. En realidad, si la sublevación militar hubiera sido el débil levantamiento que la izquierda esperaba (y en cierta medida alentaba), ni Hitler ni Mussolini habrían intervenido. Los teóricos marxistas escribían como si no supieran de la creciente radicalización de las relaciones entre las potencias europeas y de las violentas actitudes que habían surgido en Europa central. Por ejemplo, cuando Italia invadió Etiopía en 1935, la izquierda española, después de denunciar el hecho, apenas le prestó atención.

No fue del todo sorprendente que la contrarrevolución acabara por imponerse, ya que eso era lo habitual en los países europeos. Había vencido en Finlandia, los Estados bálticos, Alemania, Italia y Hungría, y lo mismo ocurriría posteriormente en Grecia. Las excepciones fueron Rusia y después Yugoslavia. En España la novedad fue que su Estado contrarrevolucionario no fuera el típico régimen parlamentario europeo, sino un sistema autoritario nuevo y radical. Gracias a una combinación desigual de represión, intermitente astucia política y suerte en materia de relaciones internacionales, también se mantuvo en el poder más que ningún otro Estado contrarrevolucionario, a excepción del régimen democrático parlamentario de Finlandia.

Desde el punto de vista militar, la lucha en España fue igualmente singular, porque, de todas las guerras civiles europeas, fue esta la que más movilización suscitó y la más avanzada militarmente, en gran medida gracias a la intervención extranjera. Fue la única guerra civil del momento en la que se enfrentaron dos ejércitos masivos totalmente organizados. Aprovechándose de la gran población de Rusia, el Ejército Rojo reclutó a muchos más hombres que su correlato español, pero solo al final de la contienda fue ese ejército capaz de mantener a más soldados totalmente movilizados y equipados que el Ejército Popular de la República durante gran parte del periodo 1937-1938. En relación con su población, este fue más numeroso y lo mismo puede decirse del Ejército Nacional de los sublevados.

La Guerra Civil se libró con una asombrosa variedad de armas procedentes de muchos países europeos y de Norteamérica. El Ejército Popular utilizó treinta y cinco tipos distintos de fusiles y diecinueve clases de ametralladoras, en tanto que los nacionales también usaron un amplio abanico de armas, a las que se unieron muchas tomadas a los republicanos, y lo hicieron con algo más de pericia, aunque la diversidad del armamento y de las municiones supusiera un desafío para ambos bandos. Posteriormente, algunos analistas señalaron que la guerra había supuesto un hito en la historia militar y armamentística, presagiando armas y tácticas de la Segunda Guerra Mundial. Aunque exagerada, esa afirmación es en parte cierta. En gran medida, la Guerra Civil española fue un conflicto de baja intensidad, que mayormente se libró con armas que ya se estaban quedando obsoletas.

No obstante, soviéticos, alemanes e italianos introdujeron algunas de sus últimas innovaciones armamentísticas —sobre todo aviones, pero también tanques soviéticos y cañones antiaéreos alemanes—, y hasta cierto punto utilizaron la guerra como campo de pruebas para sus armas y tácticas, aunque esta no fuera la razón principal para intervenir de ninguno de ellos. La única táctica novedosa de relevancia que se utilizó en España fue la de las armas combinadas: que intentaba coordinar la actuación de la infantería, la artillería, los vehículos blindados y sobre todo el apoyo aire-tierra (incluyendo los bombardeos en picado). Esas prácticas se estaban convirtiendo en doctrina habitual en las fuerzas armadas soviética y alemana, pero en España solo pudieron aplicarse de manera rudimentaria o incompleta. Franco, sus lugartenientes y los comandantes republicanos, que tenían poca o ninguna preparación en la materia, fueron labrando su experiencia mediante la prueba y el error. Los asesores alemanes y soviéticos proporcionaron algo de instrucción, dieron consejos y, en ocasiones, los soviéticos contribuyeron a la dirección de las operaciones, en tanto que el personal alemán, italiano y soviético manejaba con frecuencia aviones, tanques y piezas de artillería. En líneas generales, quienes dieron un uso más eficaz a las armas combinadas fueron los sublevados, en cuyas grandes operaciones desempeñaron un papel más importante a partir de la primavera de 1937. Los pilotos españoles de la aviación franquista llegaron incluso a desarrollar una o dos innovaciones tácticas propias, como la de ametrallar posiciones enemigas en cadena, de forma que una serie de cazas, volando en círculo, repetían una o más veces el mismo ataque.

No obstante, nunca se puso en práctica en toda su extensión la combinación de armas desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. La fantasía de que los alemanes pusieron a prueba en España la Blitzkrieg es enormemente exagerada, porque, en la época de la Guerra Civil, los estrategas germanos todavía no habían desarrollado del todo esa doctrina. Los tanques alemanes recibidos en España, pequeños e inadecuados, no podían competir con los vehículos soviéticos, de mayores dimensiones y potencia. Además, gran parte de la Guerra Civil española se libró en terrenos montañosos, que nada tenían que ver con los campos y carreteras de Polonia, Francia y la Unión Soviética. En consecuencia, las operaciones mecanizadas fueron bastante sencillas. Los soviéticos pocas veces consiguieron utilizar eficazmente sus blindados, en tanto que a los tanques alemanes e italianos, muy pequeños, se les dio un uso muy limitado.

En la última parte de la guerra, los mejores tanques de Franco eran los alrededor de ochenta vehículos soviéticos incautados a los republicanos, organizados en dos pequeñas unidades en el Ejército Nacional. Este es solo uno de los muchos ejemplos de la profusa utilización que hicieron los sublevados del armamento incautado, un importante aspecto (poco mencionado) de la superioridad armamentística que ya tenían en 1938. Los cazas Polikárpov fabricados en la zona republicana y aprehendidos o terminados por Franco estuvieron en su Ejército del Aire durante casi quince años, en tanto que diversos tanques soviéticos, cada vez más obsoletos, formarían parte de sus pequeñas divisiones acorazadas durante casi dos décadas.

Otro mito de la guerra es el que dice que, a consecuencia de los bombardeos de Guernica y de otras ciudades, España se convirtió en campo de pruebas para bombardeos estratégicos. Es cierto que a través de las operaciones de la Legión Cóndor los alemanes aprendieron a mejorar sus técnicas de bombardeo, pero no hubo ninguno estratégico de importancia. Se produjeron muchos ataques contra ciudades e instalaciones portuarias, pero todos fueron a pequeña escala. Muchos de ellos fueron aterradores para quienes tuvieron que sufrirlos, pero en la Guerra Civil española una incursión aérea de envergadura era aquella en la que morían cien personas o más. Es imposible comparar esas acciones con las hecatombes de la Segunda Guerra Mundial, cuando miles y miles de personas perecerían en un solo bombardeo masivo.

La Luftwaffe alemana no desarrolló grandes planes de bombardeo estratégico, concentrándose en incursiones tácticas que formaban parte de operaciones de armas combinadas[1]. Los primeros bombarderos alemanes recibidos en España ni siquiera eran bombarderos propiamente dichos, sino lentos aviones de pasajeros que se podían equipar con bombas. Las dos localidades en proporción más dañadas, Guernica y Durango, no sufrieron bombardeos estratégicos (en ese caso, el objetivo habría sido Bilbao, principal centro industrial, que en realidad apenas sufrió daños), sino que fueron bombardeadas por su cercanía al frente principal.

La experiencia en España animó a los alemanes a aficionarse a la utilización de aviones de combate para apoyar operaciones en tierra. Una importante lección fue la relativa a la importancia de la concentración y los ataques en masa, además de la necesidad de utilizar tanto cazas para escoltar a bombarderos como cañones antiaéreos de gran calidad. En España, los pilotos de cazas alemanes también desarrollaron la formación de combate en cuña de cuatro, que les reportaría una ventaja táctica en el primer año de la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, a los germanos no les impresionó mucho la superioridad técnica de los tanques soviéticos, porque el Ejército Popular, mal preparado, pocas veces los utilizó con eficacia, y hasta 1941-1942 no pusieron mucho empeño en ponerse al mismo nivel de la URSS en ese sentido.

En 1936 los soviéticos estaban desarrollando la única flota estratégica de bombarderos cuatrimotores del mundo, compuesta por TB-3, que resultó lenta y fácil de atacar. El Gobierno de Negrín pidió el envío a España de alguna de esas naves, pero Stalin se negó, aduciendo que había demasiados problemas para transportarlas. Al final resultó que los soviéticos desarrollaron prematuramente una flota de 400 aviones de obsoletas características técnicas. Los bombarderos medios enviados a España, los bimotores Tupolev «Katiuska», de buena línea y rápidos, evidenciaron deficiencias técnicas y escasas cualidades defensivas. Los bombardeos republicanos no solían ser efectivos.

De todas las potencias, fue la Unión Soviética la que más interés mostró en estudiar la Guerra Civil española. Esto no se reflejó en el número de personas que envió a España, considerablemente menor que el de italianos y alemanes, sino en la magnitud del análisis. En tanto que los alemanes fueron selectivos, mostrándose en ocasiones escépticos respecto a las lecciones extraídas de la contienda, los soviéticos adoptaron un enfoque más amplio y también más crédulo. Mary Habeck, principal especialista occidental en el tema, ha escrito que «los oficiales soviéticos... al contrario que sus homólogos alemanes, creían que el conflicto representaba una imagen válida de una gran guerra futura». El «Estado Mayor [soviético] se convenció de que el conflicto era un modelo fiable de guerra moderna, viendo en cada nueva experiencia de combate una valiosa lección sobre cómo debía luchar en el futuro el ejército soviético». Poco después del inicio de la guerra, «El comisario de Defensa Liment Voroshilov concretó en sus órdenes qué tácticas y tecnologías debían estudiar sus hombres»[2]. Varios cientos de asesores militares soviéticos enviaron a la URSS numerosos informes que acabaron componiendo un apartado de los archivos del Ejército Rojo. «Los especialistas que regresaban a casa después de combatir en España eran interrogados exhaustivamente sobre la eficacia de los equipos que se estaban suministrando y los métodos que se seguían para utilizarlos»[3].

Llegado el 23 de noviembre de 1937 el ministro de Defensa soviético había preparado cincuenta y siete cuadernos informativos y había publicado tres libros y trece panfletos sobre la guerra. En pocos meses, aparecieron tres libros más y otros cuatro panfletos, algunos con grandes tiradas de entre 6.000 y 10.000 ejemplares. Según el historiador militar Yuri Rybalkin, las dos principales editoriales militares publicaron entre 1937 y 1941 un total de cincuenta y seis libros y artículos militares sobre operaciones realizadas en España, eso sin incluir una larga lista de artículos aparecidos en publicaciones castrenses. Se dieron muchas conferencias y constituyeron muchos grupos para discutir el tema. El análisis soviético se ocupó de prácticamente todos los aspectos relativos a armamento y operaciones.

Sin embargo, lo que se ha planteado es un asunto más complejo: si los analistas del Ejército Rojo extrajeron las lecciones adecuadas. Lo que más atención ha suscitado es la decisión, tomada después de la Guerra Civil española, de abandonar las doctrinas ofensivas basadas en la concentración de vehículos blindados y las «operaciones en profundidad», desarrolladas por el mariscal Mijaíl Tujachevski y sus colegas, que perecieron durante las grandes purgas de Stalin, cambio este que iba exactamente en la dirección contraria a la nueva planificación de la Wehrmacht alemana, lo cual contribuyó de forma determinante a la espectacular conquista alemana de Francia en 1940. Sin embargo, como Habeck ha señalado, es un error inferir que este gran error se debiera exclusivamente a los limitados éxitos de los blindados soviéticos en España. Ese cambio de política tan erróneo tenía tanto o más que ver con la decisión de romper con ciertas prioridades de los comandantes purgados en 1937, y a finales de 1939 fueron disueltas las divisiones acorazadas del Ejército Rojo. Estaba claro que los analistas soviéticos se equivocaron al ver en la contienda española un precedente válido de una futura guerra europea. En líneas generales, los ejércitos de España carecían de armas, capacidad de fuego, formación y estructuras de mando que pudieran servir de aprendizaje para las campañas de mediados del siglo XX, sobre todo si se compara la topografía de España con la de Europa del Este.

Por otra parte, puede que el Ejército Rojo recabara experiencias útiles en otros aspectos, que iban desde la gestión y la ingeniería a ciertos tipos de sistemas armamentísticos. Los tanques soviéticos fueron, con mucho, los mejores que había en España, pero también pusieron de manifiesto deficiencias, que al corregirse ayudaron a los estrategas de la URSS a acelerar la conversión, ya en 1941, del B-5 en el T-34, en todos los aspectos el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. En 1938 las aeronaves soviéticas se estaban quedando obsoletas en comparación con los últimos modelos alemanes, pero esa situación atizó el desarrollo de aviones más rápidos y eficientes, y también los eficacísimos aviones para ataques aire-tierra fabricados entre 1942 y 1943. Hubo mejoras en las armas de infantería y de artillería, y también en otros tipos de equipamientos. Con todo, la experiencia de la Guerra Civil española no fue un factor determinante y en 1941 gran parte del equipo soviético seguía estando obsoleto (en parte por la obsesión que Stalin tuvo en la década de 1930 con la sobreproducción), pero los intensos estudios soviéticos influyeron en la mejora del armamento y en la ejecución técnica de diversos aspectos.

Puede que en ocasiones el Ejército Rojo extrajera lecciones erróneas, pero no fue el único. Para los estrategas franceses, la contienda española volvió a confirmar la importancia de las armas defensivas y antitanque. Al principio, los comandantes de las fuerzas aéreas galas parecieron extraer conclusiones más certeras sobre la necesidad de la superioridad y la concentración aéreas, además del apoyo aire-tierra, pero a partir de 1938 lo normal fue adoptar conclusiones contrarias a las anteriores.

Para los mandos militares italianos, el éxito aparente que casi siempre tuvieron sus unidades en España, rematado por la victoria final, se limitó a refrendar políticas y prioridades en general deficientes. En cierto modo, los mandos de las fuerzas aéreas estaban divididos, pero la mayoría seguía haciendo más hincapié en el apoyo aire-tierra que en el bombardeo estratégico. El hecho de que el biplano Fiat CR.32 fuera el único caza capaz de operar con mayor o menor éxito desde el principio al final del conflicto ocultó el hecho de que tanto esa nave como el bombardero medio Savoia-Marchetti se estaban quedando rápidamente obsoletos. «Las lecciones de la Guerra Civil española, plasmadas en informes sobre tácticas de bombardeo, miras, tipos de bombas y otros asuntos técnicos, no fueron a ninguna parte»[4]. Poca atención suscitaron las flagrantes deficiencias de las tanquetas italianas. Y lo mismo puede decirse de las relativas a la formación de los oficiales y tropas de infantería, en tanto que la ineficaz actuación de los submarinos italianos en la guerra naval de Mussolini, nunca declarada, tampoco suscitaron enmienda alguna, porque esa campaña había logrado sus objetivos. De las deficiencias relativas a la formación y los equipos, unas cuantas de las que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial se habían puesto en parte de manifiesto en España, sin embargo, no llamaron mucho la atención de los estrategas italianos.

Italia fue la potencia a la que más cara le salió su intervención. Como carecía de la potencia industrial de Alemania o la Unión Soviética, los casi 800 aviones y 7.500 vehículos de motor de todo tipo, además de otros equipamientos, enviados por Mussolini a España, constituían una parte considerable del arsenal italiano. Gran parte del equipo que no se perdió se quedó en España y, aunque era un material que se estaba quedando rápidamente obsoleto, la exportación del mismo no se había compensado del todo cuando Italia entró en la guerra europea en 1940.

Desde el punto de vista militar, la contienda española no fue ni típica de la Primera Guerra Mundial ni de la Segunda, sino que representó una transición que conjugaba elementos de ambas. Gran parte del armamento procedía de la Primera, pero a veces la utilización de vehículos blindados, de piezas de artillería último modelo y, lo que es más importante, de medios aéreos, presagió la Segunda.

Los republicanos, casi desde el principio, proclamaron que su lucha formaba parte del combate general contra el fascismo y que se encuadraría en una conflagración mayor. Poco después, cuando Alemania y la Unión Soviética invadieron Polonia, declararon que la contienda española había sido la «primera batalla» o el «primer asalto» de la guerra europea, su «preludio». Este asunto fue abordado por varios estudios académicos, empezando por Prelude to War: the International Repercussions of the Spanish Civil War (1951) [El preludio de la guerra: repercusiones internacionales de la Guerra Civil española ], de Patricia van der Esch.

El problema de ese enfoque es que los contendientes en la España de 1936-1939 y los de la Europa de 1939-1940 no eran los mismos. La Guerra Civil española fue una clara pugna entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, entre la izquierda y la derecha, en la que las potencias totalitarias fascistas apoyaron a la segunda y la totalitaria soviética a la primera. Por su parte, la guerra europea solo comenzó cuando el Pacto Nazi-Soviético consolidó una entente pantotalitaria, lo cual suponía una situación absolutamente contraria a la de la guerra de España.

Hasta los líderes del PCE, los que más aparatosamente habían presionado para que se rebasara la línea de la «guerra general», reconocieron la existencia de una diferencia fundamental entre ambos conflictos. Su manifiesto del 25 de noviembre de 1939 proclamaba que ambas guerras eran completamente independientes: «la guerra europea actual no tiene nada de común con la guerra justa, con la guerra de independencia nacional que llevaban los obreros, los campesinos, las masas populares de España contra la reacción interior e internacional» [5]. Sin embargo, en lugar de reconocer la entente nazi-soviética, repetían el guión de la URSS, según el cual la nueva guerra, al enfrentar al imperialismo británico y francés contra el Tercer Reich, no era más que un conflicto entre dos «imperialismos» capitalistas.

Hasta que Hitler no se volvió contra Stalin no comenzó la lista de aliados de la época bélica a parecerse de alguna manera a la alianza antifascista de España, pero, pese a todo, las diferencias no dejaron de ser considerables. La «gran alianza» antihitleriana de 1941-1945 no fue un Frente Popular, sino una coalición internacional extremadamente amplia que iba desde la extrema izquierda a la extrema derecha, de manera que poco podía asemejarse a la República de «nuevo cuño» española, totalmente de izquierdas y revolucionaria. Al principio, el líder principal de la alianza antialemana fue Winston Churchill, que admitía directamente que, de haber sido un ciudadano español, habría apoyado a Franco.

Sin embargo, aunque la Guerra Civil española no fuera un mero «preludio» o «primer asalto» de la Segunda Guerra Mundial, sí contribuyó bastante a la génesis de la contienda europea. Sin establecer un vínculo directo entre la española y la Segunda Guerra Mundial, los historiadores han señalado con frecuencia que la primera contribuyó bastante a la formación de las percepciones y la psicología que ayudó a precipitar la segunda. En este sentido, se ha señalado que el comportamiento del Reino Unido y Francia en relación con España indujo a Hitler y Mussolini a creer que las democracias occidentales carecían de voluntad para afrontar el conflicto y que ya no iban a cuestionar las iniciativas de las potencias fascistas. Según esta interpretación, la Guerra Civil española no habría sido un preludio directo, sino simplemente la más larga de una serie de crisis en las que las potencias fascistas se mostraron agresivas y las democracias, pasivas: Etiopía (1935-1936), Renania (1936), España (1936-1939), Austria (1938) y los Sudetes (1938). Con esto no se quiere decir que el Reino Unido y Francia deberían haber declarado la guerra en todas esas ocasiones, sino que esas crisis sucesivas tuvieron un efecto político y psicológico acumulativo.

En general, Hitler logró utilizar y prolongar la guerra de España para que, sirviendo de importante distracción, apartara la atención de su propio rearme y expansión en Europa central. Por una parte, utilizó las complicaciones emanadas de ese conflicto como excusa para no llegar a ningún acuerdo global con el Reino Unido y Francia. Por otra, no se equivocó al calcular que la guerra dividiría aún más internamente a Francia, impidiendo que se centrara en Alemania en una época en la que esta aún no había alcanzado la paridad armamentística.

La Guerra Civil española también supuso un incentivo y una oportunidad para iniciar la entente ítalo-germana que Hitler siempre había buscado. Mussolini se comprometió a fondo con el combate en territorio español, que cada vez fue privando más a Italia de margen de maniobra, atándola a una Alemania convertida en socio dominante. Este realineamiento permitió a Hitler anexionarse Austria ya en marzo de 1938 y proceder con más rapidez contra Checoslovaquia.

Desde esta perspectiva, lo importante no fue que el Reino Unido y Francia no prestaran atención a la Guerra Civil española, sino que a veces le prestaran más que a la situación de Austria y Checoslovaquia, sin pasar realmente a la acción. «Todavía en 1938, año de [el pacto de] Múnich los parlamentarios británicos hicieron casi un cincuenta por ciento más de interpelaciones sobre España y el Mediterráneo que sobre Alemania y Europa Central... Hubo un día en el que la Asamblea Nacional francesa tuvo que suspender dos veces sus deliberaciones por temor a que las preguntas relacionadas con España desataran una batalla campal»[6].

La intervención de Italia y Alemania en España suscitó una reacción, todavía mayor, de Stalin, que en parte por miedo a las consecuencias internacionales de una implicación demasiado enérgica, pero también por las limitaciones objetivas del poder soviético, no la ampliaría lo suficiente como para garantizar la victoria republicana. Pese a todo, para Alemania, la intervención de la URSS tuvo la ventaja de acentuar entre las democracias las sospechas hacia la URSS. Para el Estado Mayor francés, el hecho no hizo más que refrendar la convicción de que el objetivo de los soviéticos era provocar una guerra entre las potencias occidentales. Cuanto mayor era la implicación de Stalin en España y más activo se tornaba el papel de la Unión Soviética en el Comité de No Intervención, menos probable era cualquier acercamiento entre París y Moscú frente a Berlín. La política soviética resultó contraproducente, salvo por las ganancias obtenidas en materia de espionaje, y en abril de 1939 la Unión Soviética estaba más aislada que en julio de 1936. En gran medida, Hitler se burló de Stalin, y volvería a hacerlo por segunda vez entre 1939 y 1941, hasta que cometió el increíble error de enfrentarse a la vez a las dos principales potencias de la época.

El estallido de la guerra en Europa no dependió en modo alguno del conflicto español, y, de una u otra forma, habría tenido lugar aunque este no hubiera existido. Es más, si la Guerra Civil se hubiera prolongado hasta el otoño de 1939, es dudoso que esto hubiera disuadido a Hitler de actuar en Europa oriental y central, y muy poco probable que Francia hubiera acudido en auxilio de la República española.

Sin embargo, sin las complicaciones emanadas de España, las democracias occidentales podrían haber adoptado una postura más enérgica frente a Hitler y cabe la posibilidad de que Mussolini hubiera retrasado o incluso evitado su entente con Alemania, a pesar de la aparente lógica subyacente en el acercamiento de ambos dictadores. Igualmente, sin las ventajas que reportaron esas distracciones, probablemente el Führer no hubiera podido moverse con tanta rapidez en 1938.

El Gobierno británico llegó pronto a la conclusión de que una España dominada por el régimen de Franco sería independiente de Alemania y que no pondría en peligro los intereses británicos. A la larga, más o menos fue así, pero, como Wellington dijo refiriéndose a la batalla de Waterloo, «fue por muy poco». La profunda colaboración entre Madrid y Berlín, unida al interés que mostró Franco entre 1940 y 1941 en entrar en el conflicto europeo, si podía controlar en qué condiciones lo hacía, plantearon la posibilidad de que los cálculos de Londres pudieran terminar en desastre.

Derechistas franceses como Darlan, almirante de la Flota gala, y el teniente coronel Louis-Henri Morel, agregado militar de la embajada francesa en España, creían que su país, por razones estrictamente geoestratégicas, debía pasar por alto la situación interna de la República y proporcionarle armas, llegando incluso a realizar una limitada intervención militar. El objetivo no era tanto derrotar a Franco (aunque esa habría sido la consecuencia de dicha política) como frustrar cualquier expansión de Alemania e Italia.

Prácticamente a la misma conclusión llegó el conservador británico Churchill. Nadie detestaba más que él el comunismo o cualquier clase de revolución izquierdista pero, aunque oficialmente su postura fuera de neutralidad, fue inclinándose cada vez más del lado de la República, porque proclamaba que, como británico, era partidario de las fuerzas que se oponían a la expansión alemana. A llegar el año 1938 pensaba que la política del Gobierno británico respecto a España era soberbia e irresponsable, no por los propios asuntos internos de este país, sino por las consecuencias del conflicto español sobre el panorama internacional. Churchill tenía razón en que el resultado de la guerra de España creaba una situación potencialmente peligrosa en el Mediterráneo occidental, que, contenida por un complejo conglomerado de factores, podría fácilmente haber producido un resultado distinto y calamitoso.

CONCLUSIÓN

COSTES Y CONSECUENCIAS

La larga dictadura

La Guerra Civil fue la experiencia más devastadora de la historia contemporánea española, solo comparable a la invasión francesa de 1808. Produjo una gran pérdida de vidas humanas y enormes sufrimientos, además de perturbar el funcionamiento social y económico, distorsionar y reprimir la vida cultural y truncar el desarrollo político del país. El régimen de Franco se prolongó durante cuatro décadas, hasta la muerte en 1975 del anciano dictador, pero durante su larga vida pasó de un marco semifascista brutalmente represivo a una especie de «dictadura progresista», aunque este concepto parezca incongruente.

No es posible elaborar cifras precisas sobre la guerra y sus secuelas, pero, en proporción, ni siquiera las pérdidas de personal militar fueron equiparables a las de la primera guerra carlista o la guerra civil estadounidense. Las cifras conjuntas de militares muertos en ambos bandos superaron por poco las 150.000, a las que quizá habría que añadir no menos de 25.000 muertos extranjeros[1]. Como se ha señalado en el capítulo 6, el cálculo de la cifra total de víctimas mortales de la represión sigue siendo problemático, pero es probable que por lo menos fuera igual al de militares muertos, con unas 56.000 ejecuciones realizadas por los republicanos y una cifra algo superior por los nacionales. Además, entre ambos bandos, unos 12.000 civiles murieron a causa de operaciones militares (la mayoría en la zona republicana), cifra a la que hay que añadir los miles de muertos que, por encima de la media habitual, ocasionaron la tensión, las enfermedades y la desnutrición. El número total de víctimas que ocasionó la violencia supuso en torno al 1,1 por ciento de la población española. Si añadiéramos todas las víctimas civiles ocasionadas por razones ajenas a la norma de la época, el número de muertes atribuible a la Guerra Civil llegaría más o menos a 344.000, es decir, casi al 1,4 por ciento de la población. A esta cifra también podríamos añadir la mengua en varios cientos de miles de nacimientos que, respecto a la tasa de natalidad normal, se observó entre 1936 y 1940.

No obstante, todo esto no marcó el final del proceso. En virtud de la Ley de Responsabilidades Políticas promulgada por Franco en febrero de 1939, varios cientos de miles de personas fueron juzgadas por tribunales militares durante los primeros años de posguerra. Se firmaron unas 51.000 sentencias de muerte, aunque casi la mitad fueron conmutadas por Franco. Se llevaron a cabo por lo menos 28.000 ejecuciones, en algunos casos de participantes en el «terror rojo», aunque en muchos otros los ejecutados fueron simplemente activistas políticos. Esta es solo una parte mínima de las ejecuciones de la posguerra, que, combinando todas las categorías, probablemente fuera bastante mayor. Además, las consecuencias a largo plazo del sufrimiento bélico y las condiciones sociales y económicas extremadamente difíciles de los primeros años de posguerra produjeron un mínimo de entre 200.000 y 300.000 muertes por encima de la media habitual[2]. Más de medio millón de personas habían huido del país, la mayoría de la zona republicana en los últimos meses de contienda, pero la gran mayoría no tardó en regresar, arrojando una cifra de emigración neta de unas 170.000 personas, de las que el grupo más numeroso se asentó en el sur de Francia.

Sin embargo, en conjunto, las repercusiones demográficas fueron menores de lo esperado y solo retrasaron ligeramente el crecimiento de la población. En el censo de 1930 aparecían 23.564.000 ciudadanos residentes, pero durante los años posteriores se produjo el retorno de cientos de miles de emigrantes temporales (que se habían marchado principalmente por razones económicas), de manera que, a pesar de las pérdidas bélicas, según el nuevo censo de 1940 había una población residente de 25.878.000 personas. Esta conclusión la refrendó el censo posterior, de diez años después. En consecuencia, se diría que la tasa nominal de crecimiento demográfico era casi igual a la de la década de 1920, aunque las cifras brutas ocultaran el hecho de que durante esa década había habido mucha emigración, en tanto que durante la siguiente regresó un gran número de personas. Además, los reclutas de 1940 tenían una altura media de medio centímetro más que los de 1935, lo cual demuestra, aunque sea toscamente, que no se había producido un declive general en los niveles de nutrición y bienestar físico.

La guerra destruyó el 10 por ciento de la riqueza nacional. En comparación con los niveles de preguerra, la producción total de 1939 había caído un 21 por ciento en la agricultura y un 31 por ciento en la industria. El producto interior bruto se había reducido en un 26 por ciento y la renta per cápita había perdido un 28 por ciento. Muchos obreros urbanos regresaron al campo, de manera que, aunque se produjeran menos alimentos, la población dedicada a labores agrícolas aumentó temporalmente hasta superar el 50 por ciento de la mano de obra nacional. España había perdido alrededor de un tercio de su marina mercante, además del 40 por ciento o más de sus locomotoras y vagones de tren.

El nuevo régimen no destacó en la labor de superar las negativas consecuencias económicas de la revolución en la zona republicana. Los sublevados habían conseguido maximizar la producción en su propia zona, pero después de la guerra se impuso en todo el país un ambicioso programa de autarquía económica, que, con una compleja burocracia y estrictos controles y normativas, tuvo el efecto contrario: frenó la producción. La época de la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por una gran escasez y un gran sufrimiento (para parte de la población, fue todavía peor que la Guerra Civil), ya que las importaciones fueron lamentablemente insuficientes, en parte por el enorme acercamiento de Franco al Tercer Reich. El nivel de vida se redujo enormemente y solo comenzó a mejorar después de 1945, aunque hasta 1951 no se llegó al nivel de renta per cápita de la época prebélica.

Además, como gran parte de los suministros recibidos de Italia y Alemania se habían adquirido a crédito, el régimen franquista debía 215 millones de dólares al nazi y 355 al fascista. Generosamente, Mussolini condonó un cuarto de la deuda contraída con Italia, en tanto que el resto se devolvió puntualmente, a plazos, entre 1942 y 1962, en su mayoría en divisas extranjeras enormemente depreciadas. Por su parte, la deuda alemana se abonó mayormente mediante exportaciones realizadas entre 1939 y 1944, que supusieron un gran peso para la economía española.

Entre 1938 y 1939 la dictadura cobró realmente forma, gracias a una nueva ley que ratificó la autoridad de Franco y su poder para emitir decretos, una opresiva regulación de la prensa que sometió a una rígida censura a todas las publicaciones no católicas, y la creación de un ordenamiento sindical nacional destinado a controlar y regular prácticamente todas las relaciones laborales y la producción. Los sistemas judicial y educativo, además de otras instituciones, sufrieron profundas depuraciones.

Por otra parte, las prisiones estaban a rebosar. La mayoría de los soldados rasos republicanos no tardaron en verse libres, pero una minoría considerable fue procesada. Miles de personas fueron condenadas a penas de varios años de trabajos forzados en batallones penales militares. A finales de 1939, la población reclusa nacional todavía se situaba en 270.000 personas. De forma un tanto contradictoria, de la mano de una elevada tasa de ejecuciones fue la progresiva reducción de la mayoría de las penas, de manera que, pasados dos años, el número de presos había caído hasta los 160.000, situándose en 54.000 a finales de 1944. Esa cifra continuó reduciéndose, aunque la población reclusa no recuperó la proporción prebélica hasta la década de 1950.

Franco había desarrollado un Estado de cuño fascista y partido único, así como un complejo aparato de propaganda, aunque conjugando todos esos elementos con un ferviente catolicismo y un hincapié en la cultura tradicional. De camino se había tornado arrogante y soberbio, convencido de que su victoria había sido un milagro y de haber sido elegido por la divina providencia para ser el legítimo gobernante de España, sin límites temporales. Inició las obras de un gigantesco monumento a la Guerra Civil, la gran basílica del Valle de los Caídos que, situada a poca distancia de Madrid, no se terminó hasta 1959, cuando en ella se sepultaron restos de varios miles de caídos de ambos bandos. Durante algunos años, no dejó de aumentar el engreimiento de Franco, convencido como estaba de que su liderazgo emanaba de su habilidad en varios aspectos como la economía, de la que poco sabía en realidad.

Estaba decidido a que España se convirtiera en un país próspero y moderno y también que recuperara la condición de gran potencia, perdida hacía tanto tiempo. Según los nuevos planes de junio de 1938 y abril de 1939, habría de acometerse un gigantesco programa de construcción naval, después del cual vendría la creación de unas nutridas y modernas fuerzas aéreas. El plan naval partía de la base de que en una futura guerra europea España apoyaría al «bloque autárquico» (es decir, al Eje), aunque con completa «libertad» e «independencia». Lo que proponía era que España entrara en esa guerra solo en el momento más oportuno, para «romper... el posible equilibrio» y así convertirse en «la clave de la situación», «árbitro» entre los dos bloques[3]. Curiosamente, esta actitud reflejaba lo que Stalin pretendía hacer en el otro extremo de Europa, pero Franco, al contrario que el líder soviético, nunca fue capaz de materializar sus designios.

La posición lógica de España en las dos guerras mundiales fue la neutralidad, porque el país solo tenía importancia en una estrategia periférica, no fundamental. En junio de 1940, después de la caída de Francia, Franco siguió el ejemplo de Mussolini al pasar de la neutralidad a una posición oficial de «no beligerancia» (no reconocida por el derecho internacional), sesgada en favor de Alemania. Este posicionamiento fue acompañado de una extensa colaboración con los nazis en materia de inteligencia militar, propaganda, relaciones económicas, repostaje y reparación de submarinos y operaciones de suministro militar encubiertas, todo ello coronado por la participación extraoficial en la guerra contra la Unión Soviética. La División Azul (así llamada por el color de la camisa falangista), formada por casi 20.000 voluntarios, luchó durante dos años en el frente ruso junto a la Wehrmacht. Con lo que Franco fue más allá de la colaboración prestada por los demás países neutrales de Europa.

Pese a todo, al principio Hitler no mostró ningún interés en la participación directa de España, y solo cambió de opinión a finales del verano de 1940, cuando se vio en la necesidad de ejercer una mayor presión sobre el Reino Unido. Le molestó enormemente que Franco cobrara muy caro ese apoyo, ya que no solo exigió más ayuda militar y económica, sino la cesión permanente de gran parte de las posesiones francesas en el noroeste de África. Era un precio que Hitler no podía pagar, sobre todo porque la colaboración de la Francia de Vichy, de mucho mayor peso económico, seguía siendo de importancia capital mientras hubiera guerra. Una vez que Franco volvió a la neutralidad oficial en octubre de 1943, Hitler apareció cada vez más descontento, proclamando que Franco se estaba mostrando asombrosamente desagradecido por la ayuda prestada por Alemania durante la Guerra Civil y que, si pensaba que su régimen podría sobrevivir a una derrota alemana, carecía absolutamente de visión de futuro. El Führer se confesó profundamente desilusionado con el dictador español, tachándole de oportunista sin principios y opinando que «durante la guerra civil, el idealismo no estaba en el bando franquista, sino entre los rojos». Como muchos analistas, pensaba que Franco era un incompetente y creía que su régimen «reaccionario» estaba condenado a desaparecer. Según Hitler, la próxima vez, él se pondría de parte de los «rojos» españoles[4].

No obstante, durante los dos últimos años de la Segunda Guerra Mundial, ambos bandos pidieron lo mismo al régimen español: que se mantuviera neutral, sin apoyar ni a uno ni a otro. A comienzos de 1944, cuando los Aliados ya tenían la sartén por el mango, Washington comenzó a presionar a Madrid más de lo que nunca le habían presionado Berlín o Londres. Las presiones surtieron efecto porque la economía española dependía enormemente de las importaciones, de petróleo, entre otras cosas, procedentes del hemisferio occidental.

A regañadientes, Franco introdujo los cambios e hizo las concesiones necesarias para sobrevivir. También comenzó a desfascistizar su régimen, en un lento pero constante proceso que se prolongaría durante tres décadas. El régimen se redefinió partiendo del catolicismo y la monarquía («el Estado más católico del mundo») y en 1947, en un referéndum controlado, ratificó la estructura monárquica del Estado y Franco se reconoció regente vitalicio, con poder para elegir a su sucesor, que a continuación reinstauraría la corona española.

En Francia y Latinoamérica se mantuvo un Gobierno republicano en el exilio durante todos los años del régimen de Franco, aunque nunca tuviera influencia alguna. Miles de ex republicanos lucharon en la resistencia francesa con las fuerzas de la Francia Libre, en tanto que 5.000 murieron en el campo de concentración de Mauthausen. En octubre de 1944 fuerzas del PCE cruzaron la frontera pirenaica para iniciar una invasión por medio de guerrillas y los anarquistas también participaron en operaciones guerrilleras. Esta intentona de reiniciar la Guerra Civil no tuvo mucho apoyo entre la opinión pública española y las fuerzas de seguridad de Franco consiguieron aplastarla, aunque hasta 1952 hubo maquis que mantuvieron un nivel escaso de insurgencia. Franco había percibido con más claridad que Franklin D. Roosevelt cómo serían las relaciones de poder en la Europa de la posguerra y, hasta cierto punto, se vio rehabilitado durante la Guerra Fría. En 1953 firmó con Washington unos lucrativos pactos militares y económicos y, finalmente, el Vaticano aceptó también firmar un concordato con el régimen español. Para entonces, la oposición política al franquismo prácticamente había tirado la toalla.

El régimen moderó su represión durante la década de 1950, en parte porque cada año que pasaba había menos oposición a la que reprimir. Cada vez se hacía más hincapié en el desarrollo económico y España comenzó a tener elevadas tasas de crecimiento. Sin embargo, a últimos de la década, la política de autarquía, agotados sus recursos, había llegado a un punto muerto. En 1959 se produjo una liberalización económica parcial, que liberalizó gran parte del mercado y fomentó la inversión extranjera a gran escala. Con el estímulo añadido de una rápida y masiva expansión del sector turístico, durante la década de 1960 España tuvo los índices de desarrollo más elevados de Europa. Franco había adoptado un programa que conjugaba el autoritarismo político con prácticas económicas más liberales y una creciente apertura cultural y social. Con ciertos cambios, este sería el enfoque adoptado por la China comunista a finales del siglo XX, aunque este país mantuviera un sistema represivo mucho más brutal que el de los últimos años del franquismo.

En gran medida, la modernización de España tuvo lugar entre 1950 y 1975, y sobre todo durante los quince años que mediaron entre 1960 y 1975. Ante la sorpresa de amigos y enemigos, el dictador español, sin limitarse a conservar el poder, había logrado completar buena parte de su programa, aunque sus consecuencias fueran muy distintas de las que él había previsto, amenazando finalmente con escapar a su control. Franco había calculado que la modernización económica y tecnológica podría conjugarse con el tradicionalismo religioso y cultural, pero eso fue imposible. La sociedad española cambió radicalmente entre la década de 1960 y comienzos de la de 1970, pasando por procesos similares a los registrados en otros lugares de Europa occidental durante la generación anterior. Surgió una sociedad de consumo, unida al desarrollo de una amplia clase media. La secularización de la sociedad avanzó con rapidez y las costumbres se tornaron más abiertas y permisivas. Este proceso fue de la mano de la más profunda expansión educativa de la historia de España. El analfabetismo desapareció prácticamente y en una encuesta de 1970 el sector más nutrido de la población era el que se consideraba «clase media», algo anteriormente inconcebible. Durante la liberalizada dictadura, España había experimentado gran parte de los cambios típicos de la Europa socialdemócrata, con la excepción de la reforma política. Se había dado hábilmente la vuelta a la «contradicción española»: en tanto que durante el siglo XIX y comienzos del XX las élites políticas habían intentado repetidamente introducir nuevas estructuras institucionales, demasiado avanzadas para una sociedad subdesarrollada, en 1970 la sociedad y la cultura eran más refinadas que el atrasado y represivo sistema político.

El dictador español había intentado crear una alternativa permanente al parlamentarismo liberal, que creía inapropiado para el sectario temperamento español. Con el paso de los años, su régimen había promulgado una serie de «leyes fundamentales» que, sustituyendo a una Constitución, hacía tiempo que mantenían unas singulares Cortes, corporativas y controladas, pero todo eso seguía siendo una anomalía dentro de Europa occidental. Después de la década de 1940 Franco no tuvo ante sí ningún desafío político importante, pero tres décadas después, para todos estaba claro que el régimen no podría sobrevivirle.

En 1969 Franco eligió para sucederle al príncipe Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, que, al frente de una nueva monarquía, supuestamente continuaría la línea del régimen, aunque el propio Franco aceptara que habría que introducir ciertas innovaciones. Sin embargo, siete meses después de la muerte del dictador, ocurrida en noviembre de 1975, Juan Carlos puso en marcha un profundo proceso reformista. Se hizo sin vulnerar la letra de la legalidad existente, porque, siguiendo las orientaciones de Torcuato Fernández Miranda, mentor del rey, y del nuevo presidente de Gobierno, Adolfo Suárez, el régimen monárquico utilizó las leyes y mecanismos del sistema autoritario para transformarlo pacíficamente, paso a paso, desde dentro (fue esta la única vez en la que se consiguió tal cosa partiendo de una dictadura totalmente institucionalizada). Al hacerlo así, España lideró la «tercera ola» de democratización mundial durante el siglo XX, que a lo largo de las dos décadas siguientes se extendería por Latinoamérica y gran parte de los Estados comunistas, desde Europa oriental y central hasta Extremo Oriente.

En gran medida, la transformada sociedad española de las décadas de 1960 y 1970 había superado el trauma de la Guerra Civil y los dirigentes de los partidos de izquierda (principalmente socialistas y comunistas), así como los nacionalistas vascos y catalanes, cooperaron con moderados y conservadores en la creación de un nuevo régimen democrático parlamentario que sería una monarquía constitucional. Fue la primera vez en la historia de España en que una nueva Constitución política se redactó y aprobó mediante el consenso, en lugar de ser impuesta por un sector dominante. A pesar de los numerosos atentados terroristas cometidos por el nacionalismo vasco radical y la extrema izquierda, el régimen se consolidó, triunfando allí donde la Segunda República había fracasado. Este éxito no reflejó ni los valores políticos de la izquierda ni los de la derecha de la década de 1930, sino los principios del centro democrático, desaparecido como fuerza política durante las elecciones del Frente Popular. El camino había sido largo, tortuoso y a veces atroz, pero la democracia liberal, rechazada por ambos bandos en 1936, acabó triunfando después de la muerte de Franco.

CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES

1930

enero

Dimisión del general Miguel Primo de Rivera, dictador desde 1923

diciembre

Fallida insurrección militar republicana

1931

12 de abril

Victoria electoral parcial de la coalición republicano-socialista en las elecciones municipales

14 de abril

Proclamación de la Segunda República

11-12 de mayo

«Quema de conventos» por parte de anticlericales radicales

28 de junio

Victoria arrolladora de la coalición republicano-socialista en las primeras elecciones generales

9 de diciembre

Promulgación de la Constitución republicana

1932

18 de enero

Primer levantamiento revolucionario anarquista

10 de agosto

Fallida sublevación militar derechista en Madrid y Sevilla

1933

8 de enero

Segundo levantamiento revolucionario anarquista

19 de noviembre

Victoria electoral de la derecha y el centro

8 de diciembre

Tercer levantamiento revolucionario anarquista

1934

10 de junio

Huelga general agraria convocada por los socialistas

4 de octubre

Levantamiento revolucionario de la Alianza Obrera

1936

16 de febrero

Victoria del Frente Popular en las elecciones generales

10 mayo

Azaña jura el cargo de Presidente de la República

13 de julio

Asesinato de José Calvo Sotelo

17-21 de julio

Sublevación militar contra la República

19 de julio

El malogrado Gobierno de Martínez Barrio no logra alcanzar un compromiso

El Gobierno arma a los sindicatos revolucionarios, dando así comienzo a la revolución

Formación de un nuevo Gobierno republicano de izquierdas presidido por José Giral

19 de julio-4 de septiembre

Fase más caótica de la revolución

3 de agosto

Franco inicia la marcha hacia Madrid desde Andalucía

4 de septiembre

Gobierno de todo el Frente Popular presidido por Largo Caballero

mediados de septiembre

El Comité de No Intervención se reúne en Londres

27 de septiembre

Decreto de creación del Ejército Popular de la República

1 de octubre

Franco asume el mando supremo de los sublevados

4 de noviembre

Cuatro ministros anarquistas entran en el Gobierno republicano, que se traslada a Valencia

noviembre-diciembre

Batalla de Madrid

8 de noviembre

Las primeras dos Brigadas Internacionales entran en acción en el frente de Madrid

1937

11 de febrero

Inicio de la batalla del Jarama

8 de marzo

Inicio de la batalla de Guadalajara

31 de marzo-24 de octubre

Franco conquista la zona norte republicana

19 de abril

Franco crea el nuevo partido único: Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET-JONS)

26 de abril

Bombardeo de Guernica

3-6 de mayo

«Días de mayo»: rebelión de la extrema izquierda revolucionaria en Barcelona

18 de mayo

Nuevo Gobierno republicano presidido por Juan Negrín

16 de junio

Ilegalización del POUM y detención de sus principales dirigentes

1 de julio

La jerarquía eclesiástica española emite su Carta colectiva

5 de julio

Inicio de la batalla de Brunete

24 de agosto

Inicio de la ofensiva republicana en Belchite, Aragón

29 de octubre

El Gobierno republicano se traslada de Valencia a Barcelona

16 de diciembre

Ofensiva republicana en el frente de Teruel

1938

6 de enero

Los republicanos ocupan Teruel

30 de enero

Formación del primer Gobierno franquista ordinario

22 de febrero

La contraofensiva franquista retoma Teruel

5 de abril

Segundo Gobierno de Negrín

15 de abril

La nueva ofensiva de los sublevados los lleva hasta el Mediterráneo: la zona republicana queda partida en dos

25 de julio-16 de noviembre

Batalla del Ebro

23 de diciembre

Inicio de la ofensiva franquista en Cataluña

1939

23 de enero

Caída de Barcelona

febrero

Toda Cataluña ocupada, el Gobierno republicano huye a Francia, donde el presidente Azaña presenta su dimisión

6-12 de marzo

El levantamiento en Madrid del Consejo Nacional de Defensa produce graves enfrentamientos entre comunistas y anticomunistas. Negrín y los líderes comunistas huyen. Fallida intentona de negociar con Franco.

27 de marzo

La ofensiva final de Franco apenas encuentra resistencia

1 de abril

Comunicado de Franco: «La guerra ha terminado».

GLOSARIO

Carlistas

Movimiento monárquico tradicionalista, heredero del pretendiente Carlos de Borbón

CEDA

Confederación Española de Derechas Autónomas (católico)

CNT

Confederación Nacional del Trabajo (sindicato anarcosindicalista)

Legión Cóndor

Unidad aérea alemana destinada en España, que también utilizó otras armas

CTV

Corpo di Truppe Volontarie italiano

Esquerra catalana

Partido republicano catalanista de izquierdas

FAI

Federación Anarquista Ibérica (principal formación anarquista)

Falange Española

Partido fascista español

FET

Falange Española Tradicionalista (partido único franquista)

Izquierda Republicana

Partido principal de la izquierda republicana

PCE

Partido Comunista de España

PNV

Partido Nacionalista Vasco

POUM

Partido Obrero de Unificación Marxista (partido comunista independiente)

PSOE

Partido Socialista Obrero Español

PSUC

Partit Socialist Unificat de Catalunya

Partido Republicano Radical

Formación centrista, antisocialista y liberal-democrática

Renovación Española

Principal partido monárquico

Unión Republicana

El más moderado de los partidos republicanos de izquierda

UGT

Unión General de Trabajadores (sindicato socialista)

BIBLIOGRAFÍA SUCINTA

ABAD DE SANTILLÁN, Diego. Por qué perdimos la guerra. Buenos Aires, 1940.

ALBA, Víctor. El marxisme a Catalunya. 4 vols. Barcelona, 1975.

ALCALÁ GALVE, Antonio. Alcalá-Zamora y la agonía de la República. Sevilla, 2002.

ALCALÁ ZAMORA, Niceto, Memorias. Barcelona, 1977.

ALEXANDER, Robert J. The Anarchists in the Spanish Civil War. 2 vols. Londres, 1999.

ALPERT, Michael. El Ejército Popular de la República, 1936-1939. Barcelona, 2007.

ARASA, Daniel. La invasión de los maquis. Barcelona, 2004.

ARÓSTEGUI, Julio, ed. El último frente: la resistencia armada antifranquista en España, 1939-1952. Madrid, 2008.

AZAÑA, Manuel. Diarios completos. Monarquía, República, Guerra Civil. Barcelona, 2000.

BAHAMONDE , Ángel, y Javier Cervera Gil. Así terminó la guerra de España. Madrid, 1999.

BEEVOR, Anthony. The Battle for Spain: The Spanish Civil War 1936-1939. Londres, 2006 [ed. cast.: La guerra civil española , Barcelona, Crítica, 2005].

BENNASSAR, Bartolorné. La guerre d’Espagne et ses lendemains. París, 2004 [ed. cast.: El infierno fuimos nosotros: la Guerra Civil española 1936-1942 , Madrid, Taurus, 2005].

BERNECKER, Walter 1. Colectividades y revolución social. El anarquismo en la guerra civil española, 1936-1939. Barcelona, 1983.

BLÁZQUEZ Miguel, Juan. Historia militar de la guerra civil española. 6 vols. Madrid, 2004-2008.

___. Franco auténtico: trayectoria militar, 1907-1939. Madrid, 2009.

BLINKHORN, Martin. Carlism and Crisis in Spain 1931-1939. Cambridge, 1975 [ed. cast.: Carlismo y contrarrevolución en España, 1931-1939¸ Barcelona, Crítica, 1979].

BOLLOTEN, Burnett. The Spanish Civil War. Chapel Hill, NC, 1991 [ed. cast.: La Guerra Civil española: revolución y contrarrevolución, Madrid, Alianza, 1989].

BRICALL, Josep María. Política económica de la Generalitat (1936-1939). Barcelona, 1979.

BUCHANAN, Tom. Britain and the Spanish Civil War. Cambridge, 1997.

BUNK, Brian D. Ghosts of Passion: Martyrdom, Gender, and the Origins of the Spanish Civil War. Durham, NC, 2007.

CÁRCEL ORTÍ, Vicente. La gran persecución: España 1936- 1939 . Barcelona, 2001.

___. Pío XI entre la República y Franco. Madrid, 2008.

CASANOVA, Julián. Anarchism, the Republic and the Civil War in Spain, 1931-1939 . Londres, 2004 [ed. cast.: De la calle al frente: el anarcosindicalismo en España (1936-1939) , Barcelona, Crítica, 1997].

CATTELL, David T. Communism and the Spanish Civil War. Berkeley, 1955.

COVERDALE, John F. Italian Intervention in the Spanish Civil War. Princeton, 1975 [ed. cast.: La intervención fascista en la Guerra Civil española , Madrid, Alianza, 1979].

EBY, Cecil D. Comrades and Commissars: The Lincoln Battalion in the Spanish Civil War. University Park, PA, 2007.

ELORZA, Antonio, y Marta Bizcarrondo. Queridos camaradas: la Internacional Comunista y España, 1919-1939 . Barcelona, 1999.

ESCH, Patricia van der. Prelude to War: The International Repercussions of the Spanish Civil War. La Haya, 1951.

ESPAÑOL Bouché, Luis. Madrid, 1939 . Del golpe de Casado al final de la Guerra Civil. Madrid, 2004.

FERNÁNDEZ Cuenca, Carlos. La guerra de España y el cine. 2 vols. Madrid, 1972.

GIBSON, Ian. La noche en que mataron a Calvo Sotelo. Barcelona, 1982.

___. Paracuellos: cómo fue. Barcelona, 1983.

GIL ROBLES, José María. No fue posible la paz. Barcelona, 1968.

GONZÁLEZ, Isidro. Los judíos y la guerra civil española. Madrid, 2009.

G RAHAM, Helen. Socialism and War. The Spanish Socialist Party in Power and Crisis. Cambridge, 1991 [ed. cast.: El PSOE en la Guerra Civil: poder, crisis y derrota (1936-1939) , Barcelona, Debate, 2005].

___. The Spanish Republic at War (1936- 1939), Cambridge, 2002 [ed. cast.: La República Española en guerra (1936-1939) , Barcelona, Debate, 2006].

HEIBERG, Morten. Emperadores del Mediterráneo. Franco, Mussolini y la guerra civil española. Barcelona, 2003.

HERNÁNDEZ Sánchez, Fernando. Guerra o revolución: el Partido Comunista de España en la guerra civil. Barcelona, 2010.

HOWSON, Gerald. Arms for Spain. Londres, 2000 [ed. cast.: Armas para España: la historia no contada de la guerra civil española , Barcelona, Península, 2000].

JACKSON, Gabriel. The Spanish Republic and Civil War. Princeton, 1965 [ed. cast.: La República española y la Guerra Civil, 1931-1939 (3ª ed.), Barcelona, Crítica, 1976 y posteriores].

JULIÁ, Santos. La izquierda del PSOE (1935- 1936). Madrid, 1977.

___. Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936). Madrid, 1979.

JULIÁ, Santos, ed. Víctimas de la guerra civil. Barcelona, 1999.

KOWALSKY, Daniel. La Unión Soviética y la guerra civil española. Barcelona, 2004.

LEITZ, Christian. Economic Relations between Nazi Germany and Franco’s Spain 1936-1945. Oxford, 1996.

MADARIAGA, María Rosa. Los moros que trajo Franco... La intervención de tropas coloniales en la guerra civil. Barcelona, 2002.

MADARIAGA, Salvador de. Spain, Nueva York, 1961 [ed. cast.: España , Buenos Aires, 1964].

M ALEFAKIS, Edward E. Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain. New Haven, CT, 1970 [ed. cast.: Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX , Barcelona, Ariel, 1971 y posteriores].

MARQUINA Barrio, Antonio. La diplomacia vaticana y la España de Franco (1936-1945). Madrid, 1983.

MARTÍN ACEÑA, Pablo, y Elena Martínez Ruiz, eds. La economía de la guerra civil. Madrid, 2006.

MARTÍN RUBIO, A. D. Los mitos de la represión en la guerra civil. Madrid, 2005.

MARTÍNEZ PARRILLA, J. Las fuerzas armadas francesas ante la guerra civil española (1936-1939). Madrid, 1987.

MIR, Miquel. Diario de un pistolero anarquista. Barcelona, 2006.

MONTERO MORENO, Antonio. Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939 . Madrid, 1961.

M ORADIELLOS, Enrique. Don Juan Negrín. Barcelona, 2006.

MORENO Juliá, Xavier. Hitler y Franco. Barcelona, 2007.

MURIAS, Carlos; Carlos Castañón, y José María Manrique. Militares italianos en la Guerra Civil española. Madrid, 2010.

ORWELL, George. Homage to Catalonia. Londres, 1938 [ed. cast.: Homenaje a Cataluña , Barcelona, Seix Barral, 1985].

PAYNE, Stanley G. The Franco Regime 1936-1975 . Madison, WI, 1987 [ed. cast.: El régimen de Franco, 1936-1975 , Madrid, Alianza, 1987].

___. Fascism in Spain 1923-1977. Madison, WI, 1999.

___. The Spanish Civil War, the Soviet Union, and Communism. New Haven, CT, 2004.

___. The Collapse of the Spanish Republic 1933-1936. New Haven, CT, 2006 [ed. cast.: El colapso de la República: los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936) , Madrid, La Esfera de los Libros, 2005].

___, y Javier Tusell. La Guerra Civil. Una nueva visión del conflicto que dividió España. Madrid, 1996.

PIKE, D. W. Les français et la guerre d’Espagne. París, 1975.

PRESTON, Paul. Franco. A Biography. Londres, 1993 [ed. cast.: Franco, caudillo de España¸ Barcelona, Grijalbo, 1994].

___. The Spanish Civil War. Nueva York, 2006 [ed. cast.: La Guerra Civil española, 1936-1939 , Esplugues de Llobregat, Plaza y Janés, 1987].

RADOSH, Ronald; M. R. HABECK, y G. SEVOSTIANOV. Spain Betrayed - The Soviet Union in the Spanish Civil War. New Haven, CT, 2001 [ed. cast.: España traicionada: Stalin y la guerra civil , Barcelona, Planeta, 2002].

RANZATO, Gabriele. El eclipse de la democracia: la guerra civil española y sus orígenes, 1931-1939 . Madrid, 2006.

RIVAS, Fernando. El Frente Popular. Madrid, 1976.

ROBINSON, Richard A. H. The Origins of Franco’s Spain: The Right, the Republic and Revolution, 1931-1936 . Pittsburgh, PA, 1970 [ed. cast.: Los orígenes de la España de Franco: derecha, República y revolución 1931-1936 , Barcelona, Grijalbo, 1974].

RUBIO, Javier. La emigración de la guerra civil de 1936-1939 . 3 vols. Madrid, 1977.

RUIZ, Julius. Franco’s Justice: Repression in Madrid after the Spanish Civil War. Oxford, 2005 [ed. cast.: La justicia de Franco: la represión en Madrid tras la Guerra Civil , Barcelona, RBA, 2012].

___. El terror rojo , Madrid, 2012.

RYBALKIN, Yuri. Stalin y España. Madrid, 2007.

SALAS, Nicolás. La guerra civil en Sevilla. Sevilla, 2009.

SALAS Larrazábal, Jesús. Guerra aérea 1936-1939. 4 vols. Madrid, 1998-2003.

___, y R. Salas Larrazábal. Historia general de la guerra de España. Madrid, 1986.

Salas Larrazábal, Ramón. Pérdidas de la guerra. Madrid, 1972

___. Historia del Ejército Popular de la República. 4 vols. Madrid, 1973.

___. Los datos exactos de la guerra civil. Madrid, 1980.

SÁNCHEZ , José M. The Spanish Civil War as a Religious Tragedy. Notre Dame, IN, 1987.

SÁNCHEZ Asiaín, José Ángel. Economía y finanzas en la guerra civil española, 1936-1939 . Madrid, 1999.

SAZ, Ismael. Mussolini contra la II República. Valencia, 1986.

SEIDMAN, Michael. Republic of Egos: A Social History of the Spanish Civil War. Madison, WI, 2002 [ed. cast.: A ras de suelo: historia social de la República durante la Guerra Civil , Madrid, Alianza Editorial, 2003].

___. The Victorious Counterrevolution. Madison, WI, 2011 [ed. cast.: La victoria nacional: la eficacia contrarrevolucionaria en la Guerra Civil , Madrid, Alianza Editorial, 2012].

___. Workers against Work: Labor in Paris and Barcelona during the Popular Fronts. Berkeley, CA, 1991.

SERRANO Suñer, Ramón. Entre el silencio y la propaganda. La historia como fue. Barcelona, 1977.

SKOUTELSKY, Rémy. Novedad en el frente: las Brigadas Internacionales en la guerra civil. Madrid, 2006.

SOLÉ i SABATÉ, Josep María, y Joan Villarroya. España en llamas. La Guerra civil desde el aire. Madrid, 2003.

STRADLING, Robert. Your Children Will Be Next: Bombing and Propaganda in the Spanish Civil War 1936-1939 . Cardiff, 2008.

SUÁREZ, Luis. Franco. El general de la República, la República y la Guerra Civil (desde 1892 a 1939). Madrid, 1996.

THOMAS, Gareth. The Novel of the Spanish Civil War (1936-1975). Cambridge, 2000.

THOMAS, Hugh. The Spanish Civil War, ed. rev. Nueva York, 2001 [ed. cast.: La Guerra Civil española , 1ª ed. act., Barcelona, Debolsillo, 2011].

THOMÀS , Joan María. Roosevelt and Franco during the Second World War: From the Spanish Civil War to Pearl Harbor. Nueva York, 2008 [ed. cast.: Roosevelt y Franco: de la Guerra Civil española a Pearl Harbor , Barcelona, Edhasa, 2007].

TIERNEY, Dominic. FDR and the Spanish Civil War. Durham, NC, 2007.

TOWNSON, Nigel. The Crisis of Democracy in Spain. Brighton, 2000 [ed. cast.: La República que no pudo ser: la política de centro en España (1931-1936 ), Madrid, Taurus, 2002].

TUSELL, Javier. Franco en la Guerra civil. Una biografía política. Barcelona, 2001.

___, y Genoveva García Queipo de Llano. El catolicismo mundial y la guerra de España. Madrid, 1993.

VIÑAS, Ángel. El oro de Moscú. Barcelona, 1979.

___. Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil. Madrid, 2001.

___. La soledad de la República. Barcelona, 2006.

___. El escudo de la República. Barcelona, 2007.

___. El honor de la República. Barcelona, 2009.

___, y F. Hernández Sánchez. El desplome de la República. Barcelona, 2009.

WHEALEY, Robert H. Hitler and Spain: The Nazi Role in the Spanish Civil War.

LEXINGTON, KY, 1989.

MAPAS

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STANLEY GEORGE PAYNE. (Denton, Texas, 1934) es un hispanista estadounidense. Doctor en Historia por la Universidad de Columbia y profesor emérito de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde ostenta la cátedra Hilldale-Jaume Vicens Vives. También es codirector del Journal of Contemporary History, miembro de la American Academy of Arts and Sciences (Academia Americana de Artes y Ciencias), y, desde 1987, académico de la Real Academia Española de la Historia. Stanley G. Payne ha sido profesor en las universidades de Columbia, UCLA y Wisconsin.

Payne escribe con cierta frecuencia artículos de opinión en los periódicos españoles ABC y El Mundo sobre actualidad hispana. También en la Revista de Libros colabora asiduamente con sus ensayos bibliográficos.

Con dilatada presencia en el panorama académico español, dirigió en la Universidad de Burgos, en julio del 2005, el curso «La represión durante la guerra civil y bajo el franquismo: historia y memoria histórica». El 9 de junio de 2004, la Universidad privada católica Cardenal Herrera-CEU lo nombró doctor honoris causa. En 2006 Payne fue el director del curso «La guerra civil: conflicto revolucionario y acontecimiento internacional» en la Universidad Rey Juan Carlos, España.

En 2009 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Entre sus obras más recientes figuran El colapso de la República: los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936); Franco y Hitler; España, una historia única, y La Europa revolucionaria: las guerras civiles que marcaron el siglo XX.

Notas

[1] El pronunciamiento militar se diferenciaba del puro y simple golpe de Estado en que pretendía hacerse directamente con el Gobierno. En un pronunciamiento, ciertos sectores del Ejército se limitaban a «pronunciarse», alzando el estandarte de la rebelión e invitando a unírseles a otras unidades u otros grupos políticos para promover un cambio de Gobierno. En ocasiones, esto se producía sin derramamiento de sangre o con muy poco. Sin embargo, lo más habitual era que desatara combates entre militares, que a veces conducían a la derrota de los rebeldes. <<

[2] Sin embargo, no siempre se atuvieron a esos principios, y en 1878 anularon la elección de setenta y dos diputados aduciendo que era fruto de «intereses católicos», como si estos no tuvieran el mismo derecho que los demás a movilizarse y hacer campaña. <<

[3] Véase Santos Juliá, ed., Largo Caballero. Escritos de la República, >citado por Pío Moa, Los orígenes de la Guerra Civil Española, Madrid, 1999, págs. 404-414. <<

[4] Manuel Azaña, Mi rebelión en Barcelona, Madrid, 1935, pág. 35. <<

[1] Citado en Richard Service, Trotsky. A Biography, Londres, 2009. pág. 186 [ed. cast: Trotski: una biografía, Barcelona, Ediciones B, 2010]. <<

[2] N. Alcalá-Zamora, Memorias, Barcelona, 1977, pág. 351. <<

[1] Josep Pla, Historia de la Segunda República española, Barcelona, 1940, 4 vols. pássim. <<

[2] Santos Juliá, Manuel Azaña, una biografía política, Madrid, 1990, pág. 418. <<

[3] Edward Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain, New Haven, 1970, pág. 369 [ed. cast.: Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelona, Ariel, 1970, pág. 423]. <<

[4] J. M. Macarro Vera, Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936), Sevilla, 2000, pág. 248. <<

[5] N. Alcalá Zamora, Memorias, Barcelona, 1977, pág. 357 (1998, pág. 404). <<

[6] S. de Madariaga, España, Buenos Aires, 1964, pág. 454. <<

[7] Alcalá Zamora, Memorias, pág. 372. <<

[8] Diario de Sesiones de las Cortes, 15 de abril de 1936. <<

[9] Citado en J. Arrarás, Historia de la Segunda República, Madrid, 1956-1963, vol. 4, pág. 280. <<

[10] Ahora (Madrid), 30 de junio de 1936. <<

[11] J. Zugazagoitia, Historia de la guerra en España, Buenos Aires, 1940, pág. 9. <<

[12] Declaraciones hechas en Badajoz el 18 de mayo, citadas en Claridad, 19 de mayo de 1936. <<

[13] Material de discusión para el Congreso Provincial del Partido Comunista que se celebrará en Madrid durante los días 20, 21 y 22 de junio de 1936, Madrid, 1936. <<

[14] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, Barcelona, 1977, vol. I, págs. 28-31. <<

[15] Diario de Sesiones de las Cortes, 15 de julio de 1936. <<

[16] Ibídem. <<

[17] Citado en J. Tusell, «La recuperación de la democracia. El último Araquistáin (1933-1959). Política y vida de un escritor socialista», su introducción a L. Araquistáin, Sobre la guerra civil y la emigración, Madrid, 1983, págs. 11-128. <<

[18] M. Portela Valladares, Memorias, Barcelona, 1988, pág. 223. <<

[19] S. Carrillo, Memorias, Barcelona, 1993, pág. 168. <<

[1] Este documento se ha publicado en varias ocasiones, especialmente en R. de la Cierva, Historia de la Guerra Civil española, vol. I: Antecedentes, Madrid, 1969, págs. 761-771. <<

[2] Citado en J. Arrarás, ed., Historia de la Cruzada española, Madrid, 1940, vol. 3, pág. 49. <<

[3] J. Pérez Salas, Guerra en España (1936-1939), México, D.F., 1947, págs. 82-83. <<

[4] Entrevista con Burnett Bolloten, incluida en el libro de este The Spanish Civil War: Revolution and Counterrevolution, Chapel Hill, NC, 1991, pág. 40 [ed. cast.: La Guerra Civil española: revolución y contrarrevolución, Madrid, Alianza Editorial, 1989]. <<

[5] Carta a Salvador de Madariaga, citada por primera vez en el prólogo a la cuarta edición del libro del propio Madariaga, España, Buenos Aires, 1944. <<

[6] D. Martínez Barrio, Memorias, Barcelona, 1983, pág. 361. <<

[7] Lo mismo podía decirse de algunos generales. Entre los principales y veteranos comandantes rebeldes que en 1931 habían apoyado a la República se encontraban Gonzalo Queipo de Llano (Sevilla), Miguel Cabanellas (Zaragoza), Manuel Goded (Palma de Mallorca y Barcelona) y Antonio Aranda (Oviedo). <<

[8] M. Azaña, «La velada en Benicarló», en Obras completas, Madrid, 2007, vol. 6, pág. 58. <<

[9] El término nacionales se tradujo inmediatamente al inglés como «nacionalistas» y así ha quedado en gran parte de la historiografía [anglosajona], tornándose más frecuente en la bibliografía española del siglo XXI. En general, los revolucionarios se llamaban a sí mismos «republicanos», en tanto que uno y otro bando no tardaron en referirse al adversario con los términos «fascistas» o «rojos», respectivamente, aunque gran parte de los nacionales no fueran fascistas y algunos de los republicanos no fueran rojos. <<

[1] Citado en Bolloten, The Spanish Civil War: Revolution and Counterrevolution, Chapel Hill, 1991, pág. 260 [ed. cast.: La guerra civil española: revolución y contrarrevolución, Madrid, Alianza Editorial, 1999, pág. 423, versión de Belén Urrutia]. <<

[2] Supuestamente, esta expresión la había acuñado un mes antes el general Mola, pero no se ha encontrado constancia de su uso. Parece que la inventó la propaganda comunista y que comenzó a utilizarse el 3 de octubre de 1936. Véase J. Ruiz, El terror rojo: Madrid 1936, Madrid, 2012, págs. 215-218. <<

[3] Citado en J. M. Martínez Bande, La marcha sobre Madrid, Madrid, 1968, pág. 314. <<

[1] H. Martínez Prieto, El anarquismo español en la lucha política, París, 1946, pág. 7. <<

[2] C. M. Rama, La crisis española del siglo XX, México D.F., 1960, pássim. <<

[3] C. Campoamor, La revolución española vista por una republicana, París, 1937; ed. española: Madrid, 2005, pág. 102. <<

[4] Citado en C. Serrano, L’Enjeu espagnol: PCF et la guerre d’Espagne, París, 1987, pág. 65. <<

[5] B. Bolloten, The Grand Camouflage: The Spanish Civil War and Revolution 1936-1939, Nueva York, 1961 [Antes de publicarse en castellano la versión íntegra de este libro, en 1999 (op. cit. ), se publicó una edición resumida con el título El gran engaño, Luis de Caralt, Barcelona, 1961 (Nota del T.)]. <<

[1] En relación con la represión realizada por los nacionales, esta cifra la repitió Inside Fascist Spain [Dentro de la España fascista] (1943), un noticiario propagandístico cinematográfico, producido en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. <<

[2] Las cifras finlandesas, las más precisas que tenemos sobre ningún país, necesitan de una mayor interpretación, ya que al menos la mitad de los muertes no las ocasionaron ejecuciones directas, sino las terribles condiciones imperantes en los campos de internamiento de los prisioneros rojos en los alrededor de seis meses posteriores al fin de los combates. En este sentido, son cifras de mortalidad elevadas, mucho más asimilables a las registradas, en la década de 1890, en los campos de internamiento que tenían los españoles en Cuba o los de los británicos en Sudáfrica. <<

[3] La Guerra civil europea, 1917-1945: nacionalsocialismo y bolchevismo, México D. F, 1994, p. 239. <<

[4] D. Wilkinson, Revolutionary War: The Elements of Victory and Defeat , Palo Alto, California, 1975, pág. 59. <<

[5] Así aparece en el texto que da cuenta de la reunión que el Comité Nacional de la CNT celebró en Madrid el 8 de noviembre de 1936, citado en su totalidad por J. Martínez Reverte en La batalla de Madrid, Madrid, 2004, págs. 577-581. <<

[1] J. de la Cueva, «Religious persecution, anticlerical tradition and revolution: On atrocities against the clergy during the Spanish Civil War», Journal of Contemporary History, 33, 3, 1998, págs. 355-369. <<

[2] Citado en V. Palacio Atard, Cinco historias de la República y de la Guerra, Madrid, 1973, págs. 111-112. <<

[1] J. A. Sánchez Asiaín, «Recursos económicos y organización territorial en la República de la Guerra Civil», Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 6 0, 85, 2008, págs. 523-524. <<

[1] I. Montanelli, Soltanto un giornalista, Milán, 2002, pág. 37 [ed. cast.: Memorias de un periodista, Barcelona, RBA, 2003]. <<

[2] G. Ciano, Diario, Milán, 1996, págs. 103 y 164 [ed. cast.: Diarios, 1937-1943, Barcelona, Crítica, 2004]. <<

[3] Citado por A. Viñas, La Alemania nazi y el 18 de julio, Madrid, 1977, pág. 363. <<

[4] Citado en R.W. Whealey, Hitler and Spain: The Nazi Role in the Spanish Civil War 1936-1939 , Lexington, 1989, págs. 54-55. <<

[5] Citado en M. Merkes, Die deutsche Politik gegenüber dem spanischen Bürgerkrieg, 1936-1939 , Bonn, 1969, págs. 112-113. <<

[6] J. Edwards, The British Government and the Spanish Civil War , Londres, 1979, pág. 213, y M. J. Carley, 1939: The Alliance that never was and the Coming of World War II, Chicago, 1999, pág. 144, citado en D. Tierney, FDR and the Spanish Civil War. Neutrality and Commitment in the Struggle that divided America, Durham, Carolina del Norte, 2007, pág. 136. <<

[1] Citado en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: la Internacional Comunista y España, 1929-1939, Barcelona, 1999, pág. 321. <<

[2] Tal como se cita en A. I. Sobolev, et al., Outline History of the Communist International, Moscú, 1971, págs. 416-417 y 436. <<

[3] International Press Correspondence, 16, nº 48, 24 de octubre de 1936, págs. 1292-1295. <<

[4] Acrónimo ruso de Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, en ese momento encargado de las labores policiales y de seguridad, tanto dentro de la URSS como en el exterior. <<

[5] Citado en J. Costello y O. Tsarev, Deadly Illusions, Nueva York, 1993, pág. 272. <<

[1] Las citas proceden de E. J. Sánchez, «Churchill and Franco: 1936-1955», tesis doctoral, Universidad de Cambridge, sin fecha. Hay que señalar que cuando Churchill accedió al cargo de primer ministro en 1940, tuvo que retomar ineludiblemente la política de Chamberlain respecto a España, porque las terribles condiciones del momento no permitían otra alternativa. Sin embargo, en 1944, cuando la situación europea cambió drásticamente, Churchill alteró su posición y fomentó una política basada en la tolerancia hacia Franco, viendo en él un contrapeso frente a la influencia soviética en el sur de Europa. La situación geoestratégica siempre fue su principal preocupación. <<

[1] La «revolución comunista» registrada en la Rusia de noviembre de 1917 en realidad había sido una usurpación del poder a la efímera y auténticamente revolucionaria democracia rusa vigente entre marzo y noviembre de 1917, destinada a imponer una vez más un régimen enormemente autoritario. <<

[2] Se partía aquí de la experiencia rusa de 1917-1918, en la que los bolcheviques inicialmente habían reconocido el «control obrero», para después echarlo a perder mediante normativas industriales y estatales. <<

[3] Puede que fuera así en la zona central republicana, pero seguramente no en el conjunto del Ejército Popular. <<

[4] M. Habeck, R. Radosh y G. Sevostianov, Spain Betrayed: The Soviet Union in the Spanish Civil War , New Haven, 2001, págs. 60 y 55 [ed. cast.: España traicionada: Stalin y la guerra civil, Barcelona, Planeta, 2002]; Rossiiskaya Akademiya Nauk, Komintern I grazhdanskaya voina v Ispanii, Moscú, 2001, págs. 149-171. <<

[5] Publicado como panfleto con el título de El proletariado español ante la revolución en marcha, y posteriormente reimpreso en el libro de Nin Los problemas de la revolución española, París, 1971, págs. 173-191, obra aparecida a título póstumo. <<

[6] La Batalla (Barcelona), 18 de septiembre de 1936. <<

[7] El texto original en francés apareció por primera vez en S. de Madariaga, Spain: A Modern History, Nueva York, 1958, págs. 672-674 [ed. cast.: España: ensayo de historia contemporánea, Madrid, Espasa-Calpe, 1978 y posteriores]. <<

[8] Citado en Habeck, Radosh y Sevostianov, eds., Spain Betrayed, págs. 219-220 y 389-390. <<

[9] En su informe del 27 de noviembre de 1937, incluido en P. Togliatti, Escritos de la guerra de España, Barcelona, 1980, pág. 154. <<

[10] J. Zugazagoitia, Historia de la guerra de España, Buenos Aires, 1940, págs. 428-429. <<

[1] R. Sala Larrazábal, Cómo ganó Navarra la Gran Cruz Laureada de San Fernando, Madrid, 1980. <<

[2] W. Herrick, Jumping the Line , Madison, 1998, pág. 16. <<

[3] En A. Beevor, The Battle for Spain: The Spanish Civil War 1936-1939 , Nueva York, 2006, pág. 153 [ed. cast.: La Guerra Civil española, Barcelona, Crítica, 2005]. <<

[4] P. Sáinz Rodríguez, Testimonio y recuerdos, Barcelona, 1978, pág. 342. <<

[5] A mediados de 1938 Franco había llamado a filas a los varones de entre dieciocho y treinta y tres años, llevando su ejército hasta los 879.000 hombres y situándolo por primera vez numéricamente por delante del republicano. <<

[1] Citado en J.S. Corum, «The Persistent Myth of Guernica», Military History Quarterly¸ 22, 4, verano de 2010, págs. 16-23. <<

[2] Ibídem. <<

[3] Sin embargo, habría que señalar que Guernica solo proporcionó a la obra su nombre y que no inspiró el cuadro, que Picasso ya había comenzado a pintar a finales del invierno de 1937, en protesta por los horrores de la guerra, y que solo le dio ese título una vez iniciada la campaña de propaganda. <<

[4] Citado por K. Schmider, «German Military Tradition and the Expert Opinion on Werner Mölders», Global War Studies , 7, 1, 2010, págs. 6-29. <<

[1] E. E. Malefakis en R. Higham, ed. Civil Wars in the 20th Century , Lexington, 1972, pág. 97. <<

[2] Ibídem, pág. 111. <<

[3] La polémica sigue centrándose en si el Gobierno y los comunistas intentaron provocar una rebelión anarquista para poder debilitar al movimiento. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado datos concluyentes que avalen esta tesis. <<

[4] Nuestra Bandera, 23 de diciembre de 1947, págs. 1.027-1.049; D. Ibárruri, El único camino, París, 1962, pág. 436; D. Ibárruri, et al., Guerra y revolución en España (1936-1939), Moscú, 1966, I, págs. 256-257; J. Sandoval y M. Azcárate, Spain 1936-1939, Londres, 1963, pág. 85. <<

[5] Citado en W. Solano, El POUM en la historia: Andreu Nin y la revolución española, Madrid, 1999, pág. 174. <<

[6] S. Carrillo, El comunismo a pesar de todo, citado en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: La Internacional Comunista y España, 1919-1939, Barcelona, 1999, pág. 384. <<

[7] Elorza y Bizcarrondo, ibídem., pág. 386. <<

[8] Ibárruri, et al., Guerra y revolución, 4, págs. 321-329. <<

[9] En realidad, no había habido sesiones ordinarias de las Cortes desde comienzos de 1936, antes del inicio de la guerra, aunque posteriormente sí hubo reuniones periódicas de los miembros que quedaban de su Diputación Permanente. Solo se convocaron unas pocas sesiones plenarias con fines ceremoniales. A la última sesión de las demediadas Cortes republicanas, de febrero de 1939, solo asistieron sesenta y dos diputados, es decir, poco más de una séptima parte del total. No solo faltaban los del centro y la derecha, sino gran parte de los de izquierda moderada: algunos de ellos habían sido ejecutados en la zona nacional y otros habían huido de la revolución en la republicana. <<

[10] Citado en Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, pág. 426. <<

[11] Citado en R. Radosh, M. Habeck y G. Sevostianov, eds., Spain Betrayed: The Soviet Union in the Spanish Civil War, New Haven, 2001, págs. 498-500. <<

[12] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, pág. 427. <<

[13] A.L. Encinas Moral, ed., Las causas de la derrota de la República española: Informe elaborado por Stoyán Mínev (Stepánov), Delegado en España de la Komintern (1937-1939), Madrid, 2003, pág. 169. <<

[1] Poco después, en 1940, esta sería una de las principales razones de su derrota en la batalla de Inglaterra. <<

[2] M.R. Habeck, Storm of Steel: The Development of Armor Doctrine in Germany and the Soviet Union , Itaca, NY, 2004, págs. 344 y 345, y «Dress Rehearsals, 1937-1941», en R. Higham y F.W. Kagan, eds., The Military History of the Soviet Union, Londres, 2000, págs. 93-108. <<

[3] O. Sarin y L. Dvoretsky, Alien Wars: The Soviet Union’s Aggressions against the World, 1919 to 1989 , Novato, 1996, pág. 3. <<

[4] J. Gooch, Mussolini and His Generals: The Armed Forces and Fascist Foreign Policy, 1922-1940 , Cambridge, 2007, pág. 383. <<

[5] Citado en F. Hernández Sánchez, Guerra o revolución: El Partido Comunista de España en la Guerra Civil, Barcelona, 2010, pág. 458. <<

[6] W. C. Frank, Jr., «The Spanish Civil War and the Coming of the Second World War», The International History Review , 9: 3, agosto de 1987, págs. 367-409. <<

[1] Esta fue la primera gran guerra de la historia española en la que la gran mayoría de los militares murieron en combate. En la guerra registrada en Cuba entre 1895 y 1898, los militares sufrieron 55.000 bajas mortales: 3.000 en combate y 52.000 por enfermedad. <<

[2] El peor año en cuanto a índice de mortalidad excesivo fue 1941, en el que se produjeron unas 124.000 muertes por encima de la media. <<

[3] M. Ros Agudo, La guerra secreta de Franco (1936-1945), Barcelona, 2002, págs. xxiii-xxv y 37-38. <<

[4] Hitler’s Table Talk, 1941-1944: His Private Conversations , trad. de N. Cameron y R. H. Stevens, Nueva York, 2000, págs. 569-570 [ed. cast.: Las conversaciones privadas de Hitler, Barcelona, Crítica, 2004]. <<