Con esta obra, publicada en el centenario del nacimiento de Francisco Franco (1892-1975), el profesor Stanley G. Payne pretende trazar con desapasionamiento el auténtico perfil del hombre, del militar y del político que durante casi cuarenta años del siglo XX ocupó un lugar decisivo en la historia de España.

Su capacidad de maniobra y de adaptación es considerada como uno de sus rasgos más característicos, en esta biografía, que culmina con la evaluación del lugar que ocupa Franco en la historia de España y del mundo contemporáneo.

Stanley G. Payne

Franco, el perfil de la historia

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Titivillus 24.03.15

Título original: Franco, el perfil de la historia

Stanley G. Payne, 1992

Traducción: Carlos Caranci

Editor digital: Titivillus

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«El general más joven de Europa»

Se ha dicho que Francisco Franco fue la figura con mayor poder en la historia de España desde los tiempos de Felipe II. Ciertamente tuvo en sus manos mayor autoridad personal que ningún rey anterior, ya que unió las prerrogativas del dictador-regente a los poderes de control administrativo y político de un estado del siglo XX, poderes tan grandes que en un momento dado de los comienzos del régimen se le reconoció únicamente responsable «ante Dios y la historia». Todavía es demasiado pronto para saber el juicio de la historia sobre todos los aspectos de la vida de Franco, pero ya antes de su muerte su forma de gobernar dio lugar a una enorme cantidad de publicaciones, la mayoría de las veces propaganda laudatoria proveniente de la misma España, si bien siempre contrastada por una amplia bibliografía de denuncia, que ha ido aumentando considerablemente desde 1975.

Francisco Franco Bahamonde nació en El Ferrol el 4 de diciembre de 1892, en las postrimerías de un siglo XIX particularmente denso de acontecimientos en España, pero lleno de frustraciones. Antes de cumplir los seis años, España perdía casi todo lo que en otros tiempos constituyera el primer imperio del mundo, desapareciendo en humillante derrota sus últimas posesiones de importancia. De modo que Franco crece a la sombra de «el desastre» —como se solía llamar al año 1898— y en medio de un clima de confuso pero vehemente «regeneracionismo» que aspiraba a superar las derrotas y fracasos del pasado reciente por medio de nuevos logros en el siglo XX que comenzaba. Aunque España era uno de los países pioneros en la adopción del liberalismo moderno —el término español liberal había entrado a formar parte de casi todas las lenguas modernas—, los ultraconservadores y los regeneracionistas más derechistas consideraban que la forma y doctrina del liberalismo era responsable de gran parte de esta frustración, propugnando la alternativa de un líder fuerte —un «cirujano de hierro» que uniese el país y resolviese sus problemas. Y este regeneracionismo nacionalista, derechista y autoritario se convertiría en uno de los componentes de la mentalidad de Franco desde su primera madurez, aunque, en realidad, sabemos poco sobre cualquier idea política específica suya anterior a los años veinte.

Franco era el hijo segundo de una vieja familia de marinos, originaria de Andalucía por parte de padre, que había proporcionado oficiales de Marina, por su línea masculina directa, durante seis generaciones sin interrupción en El Ferrol, a lo largo de casi dos siglos. Los padres de Franco no formaban precisamente una buena pareja. Su padre, Nicolás, oficial de intendencia de la Armada española, era un buen profesional que se retiró con el rango de vicealmirante. Aun cuando las historias sobre su afición a la bebida y al juego pueden ser exageradas, Nicolás Franco no era un oficial superior de Marina corriente, pues era agnóstico y librepensador que se mofaba de gran parte de la moral convencional. Era un hombre muy decidido y vehemente que educaba a su hijo con cierta rudeza, y que consideraba que la piedad y el moralismo católico de su esposa, algo ingenua y poco imaginativa, se iban haciendo cada vez más desagradables a medida que pasaban los años. La madre de Franco, Pilar Bahamonde, era diez años más joven que el marido, de quien era muy diferente en temperamento y en su modo de ver las cosas. La familia Bahamonde descendía en parte de la pequeña nobleza gallega y estaba emparentada lejanamente con la novelista Emilia Pardo Bazán, y hay alguna indicación de que los Franco de Andalucía tenían algunos antepasados con algún grado de aristocracia.[1] Doña Pilar parece haber sido una esposa y una madre de clase media, amable, de noble carácter y muy sacrificada, típica de su época, que consideraba incomprensibles las extravagancias personales y filosóficas de su marido. Don Nicolás había tenido un hijo ilegítimo cuando había estado en Filipinas como oficial de Marina[2], aunque esto no fue revelado al resto de la familia hasta 1950. Y en 1912, cuando fue destinado a Madrid, abandonó a la familia, y estableció una nueva casa junto a una criada, con la que vivió el resto de su vida (evidentemente, pasando por el simulacro de «matrimonio popular» no católico) y de la que pudo tener o no una hija[3].

Los Franco tuvieron cuatro hijos, que fueron, en orden de edad, Nicolás, Francisco (conocido por Paco o Paquito), Pilar y Ramón (una segunda hija murió cuando era muy niña). De los chicos, Paco era, sin duda, el más afectado por el drama familiar, identificándose con su madre y tomando de ella unas maneras tranquilas, estoicismo, moderación, autocontrol, religiosidad católica, solidaridad familiar y respeto por los principios tradicionales. Al mismo tiempo, fue incapaz de absorber su mansedumbre y su capacidad para eclipsarse. Muchos años después, tras la muerte de Franco, el dramaturgo Jaime Salom escribió un drama titulado El corto vuelo del gallo, anunciado como «la historia de Franco a través de la vida erótica de su padre». De todos sus hijos, el padre parece haber tenido menos simpatía por el compulsivo y reservado Paco, cuya personalidad se parecía más a la de la madre. Pese a esto, parece ser que Franco tuvo una infancia normal y no especialmente infeliz, si bien él sentía hacia su padre la misma antipatía. Aunque, más tarde, los demás hijos, ya adultos, visitaron a su padre de vez en cuando, no hay ninguna evidencia de que Franco hiciera otro tanto. E incluso no está claro que volviese a ver a su padre después de 1912, y cuando la madre murió, en 1934, los hijos ignoraron al padre, en lo posible, con ocasión del funeral.

Los tres hermanos tenían personalidades diferentes, compartiendo únicamente un afán poco usual por su mejora personal y por obtener el reconocimiento de los demás. Nicolás, el mayor y el único de estatura normal, era el más convencional. Siguiendo la tradición familiar, pudo ingresar en la carrera naval en una época de graves restricciones y fuerte competencia, obteniendo el despacho de oficial de ingenieros navales. Más tarde pasó al cuerpo de Construcciones Navales, que disponía de escaso personal y podía proporcionar ascensos rápidos, y en 1921 alcanzó un grado equivalente al de un teniente coronel del Ejército, a una edad ligeramente inferior a la que su mucho más famoso hermano alcanzó el mismo grado. A los treinta y cinco años abandonó el cargo para convertirse en director de un boyante astillero civil de Valencia. Nicolás, que era un sibarita y un poco dandy, dedicaba su tiempo a los negocios y a continuación a una extravagante vida nocturna (hasta horas extraordinariamente avanzadas de la noche), sin manifestar la misma sed de hechos heroicos que sus hermanos menores. Amigo de gastar bromas y contar chistes, era, con mucho, el más convencionalmente humano de los hermanos[4].

La drástica reducción del número de admisiones al cuerpo de oficiales de Marina en la primera mitad del siglo impidió que Paco y Ramón siguieran el camino de su predecesor. Pero Paco sí pudo ingresar, en cambio, en la Academia de Infantería de Toledo, convirtiéndose en cadete a la edad de catorce años, el más joven y uno de los de menor estatura de los candidatos a oficial, pues medía 1,645 metros. En la academia, Franco demostraría ser un cadete resuelto, aunque no particularmente distinguido, graduándose con el número 251 de una clase de 312. Puede que no haya sido objeto de demasiadas novatadas y ridiculizaciones, como a veces se ha dicho, pero sí es cierto que continuará siendo conocido por el diminutivo, de una forma u otra, durante muchos años. Ya adulto, Franco medirá 1,67 metros, y lo llamarán, al referirse a él, Franquito o incluso (cuando ya era oficial) teniente Franquito. Y esto se debía no sólo a su corta estatura (pues había muchos oficiales bajos en el Ejército español en aquellos años, algunos más bajos que Franco), sino también a causa de su voz poco enérgica y ceceante, decididamente aguda, quizá por haber sufrido a lo largo de su vida problemas de los senos nasales o de los bronquios[5].

El hermano pequeño, Ramón, que doña Pilar habría querido dedicar al sacerdocio, lo hizo mucho mejor, al convertirse en oficial, siendo antes galonista y graduándose con el número 37 de una promoción de 413, si bien tenía la ventaja de ser un año mayor que Paco cuando ingresó en la academia. Pronto Ramón se presentó voluntario para una nueva y atractiva arma, la Aviación militar, y llegó a ser, a la edad de treinta años, en 1926, el Charles Lindbergh español, primer piloto del Plus Ultra, el avión con el que realizó el primer vuelo transatlántico hasta Buenos Aires. Por aquellas fechas era, sin duda, más famoso y desde luego más popular que el hermano que estaba en el Ejército, Paco. Temerario y amante de la publicidad, el diminuto Ramón (más bajo aún que Franco) emuló la vida personal de su padre, pero buscó un reconocimiento incluso mayor tratando de organizar el primer vuelo español alrededor del mundo, proyecto condenado a verse frustrado. Como alternativa se volvió hacia la política, en el marco de la izquierda radical, y fue uno de los militares que conspiraron en favor del advenimiento de la Segunda República en 1931[6].

Franco obtuvo el diploma de alférez en 1910, a la edad de diecisiete años. Su petición, en un primer momento, de ser asignado al servicio operativo en Marruecos le fue denegada, quizá debido a su edad y al hecho de no tener un currículum especialmente distinguido, pero dieciocho meses más tarde acabó siendo enviado allí; era éste el único camino para un ascenso rápido en el Ejército español. Su primer turno de servicio en Marruecos duró más de cuatro años, de 1912 a 1916. Franco hizo gala de valor, disciplina y decisión en sus primeros encuentros con las cabilas nativas hostiles y salió de los primeros combates sin un rasguño. El estilo de los africanistas (oficiales que habían servido o servían en Marruecos) solía ser más bien despreocupado, basado más en las agallas y en el aguante que en la planificación o en la técnica. Su autocontrol, su actitud práctica e impersonal, su valor ejemplar y su insistencia en el orden y en la disciplina le permitieron ser un eficaz comandante de sección y luego de compañía, a pesar de su juventud. Resultó tener más recursos como mando en combate de lo que su currículum podía haber hecho esperar, y acabó perteneciendo a esa minoría de oficiales que trató seriamente de servirse de mapas, fortificaciones y de la preparación técnica de las columnas armadas. En vez de irse de juerga, a jugar a las cartas, a beber vino y con prostitutas, como muchos de sus camaradas, Franco se dedicaba al trabajo[7]. Rápidamente fue recomendado para teniente y luego para capitán, y acabó siendo herido gravemente en el abdomen el 29 de junio de 1916, cuando mandaba tropas en combate cerca de Ceuta.

Comenzaba ya a ser conocido que el valor de Franco se igualaba sólo con su ambición. En el Ejército español, a los oficiales que sufrían heridas de consideración en combate se les ascendía rutinariamente; cuando esto le fue negado a Franco en un primer momento, debido a que era demasiado joven, no descansó hasta que su petición fue presentada al rey. Finalmente fue ascendido a comandante antes de cumplir los veinticuatro años, lo que resultaba asombroso en el cuerpo de oficiales español de la época, inflado y dominado por los de mayor edad, convirtiéndose en su jefe (u oficial superior) más joven. En 1917, el «comandantín», como se le llamaba, inició un período de servicio en la metrópoli como comandante del batallón de Infantería de la guarnición de Oviedo. Pidió la admisión en la Escuela Superior de Guerra para complementar su limitada preparación técnica, pero no se la admitieron, basándose en que su grado era ya demasiado alto como para permitir que se matriculase en estudios. Franco volvió a Marruecos para contribuir a la organización de los nuevos Tercios de la fuerza de élite denominada Legión. Destinada a servir como fuerzas de choque, los voluntarios del Tercio se ganaron el macabro apodo de «Los novios de la muerte». De los aproximadamente veintiún mil hombres que formarán los ocho batallones de la Legión que servirán durante las campañas de Marruecos, unos dos mil serán muertos y más de seis mil heridos. Durante los intensos combates de 1921-1922, Franco será propuesto para el ascenso en dos ocasiones, pero esto era imposible hasta que no cumpliese treinta años. En 1923 será nombrado comandante de la Legión[8], una vez que su antecesor en el puesto, como otros muchos oficiales de este cuerpo, hubo muerto en combate.

En estos años Franco desarrolló, en un primer momento, ambiciones periodísticas que más tarde exhibiría sólo periódicamente. El único libro completo que escribió fue Marruecos. Diario de una bandera (en la Legión, bandera equivale a batallón), publicado en 1922, cuando era comandante del Tercio. Hay rumores que afirman que el manuscrito fue escrito en parte por un «negro», el periodista catalán Juan Ferragut, aunque no hay pruebas concluyentes de ello. Junto al libro, y posteriormente, aparecerá una serie de artículos en la Revista de Tropas Coloniales.

Diario de una bandera era una memoria militar parca, directa, a veces técnica. Con todo, de manera más general, ensalzaba los valores militares y defendía el papel de España en su Protectorado marroquí, al tiempo que mostraba una creciente conciencia de la imagen pública del autor y una cada vez mayor preocupación por aquélla.

Siendo niño había vivido el desastre de 1898 en la principal base naval española, y cuando ya era un oficial maduro, había sido testigo de otra humillación nacional, cuando el frente oriental marroquí se había hundido totalmente en la derrota de Annual de 1921. Por ello insistía en que sólo la acción militar podría tener éxito en la pacificación del Protectorado, y a su vez esto no sería posible a menos que el gobierno y la opinión nacional apoyasen al Ejército. Franco se lamentaba de que éstos fueran indiferentes al «sacrificio» de los militares en Marruecos, y rechazaba categóricamente la propuesta de crear un ejército colonial separado para el Protectorado. Opinaba que el servicio en Marruecos representaba el mejor adiestramiento para las fuerzas armadas, que necesitaba urgentemente experiencias de este tipo para todas las unidades.

Mientras se calificaba a sí mismo de «modesto, ingenuo y sencillo» (ninguno de estos adjetivos era adecuado para su caso, pues en realidad era ambicioso, astuto y complicado), insistía en la importancia del espíritu patriótico, del orgullo y de la devoción al honor nacional. Como la mayoría de los oficiales serios, también él quería que el Ejército dispusiese de las mejores y más modernas armas y, al ser defensor de la movilidad, aprobó con entusiasmo la formación del primer pelotón de vehículos blindados y de minicarros de combate en 1922. Franco no era un gran innovador, pero daba gran importancia al valor de un material adecuado y a «saber manera».

Franco se casó en octubre de 1923 con Carmen Polo y Martínez Valdés, hija de una rica familia asturiana de clase alta. La había visto cuando tenía quince años en una merienda de sociedad en Oviedo, seis años atrás, y después de haber sido rechazado por el padre de otra muchacha perteneciente a la clase alta gallega a la que había hecho la corte, Franco persiguió a la joven asturiana con la tenacidad y decisión que demostraba en su profesión. Carmen Polo, según la describe uno de sus mejores biógrafos, «sin ser una belleza, poseía un perfil aristocrático, unos movimientos elegantes y una vivacidad de buena ley»[9].

Pronto ella correspondió al interés y afecto de su pretendiente, viendo en él a un atractivo héroe nacional que, pese a su introversión básica, podía ser hablador y vivo en los encuentros de sociedad.

El hecho de tener una voz fina y aguda y de que fuese un poquito más bajo que ella no parecía ser un obstáculo para el amor. El impedimento era el esnob padre de Carmen, que tenía poco respeto por los oficiales jóvenes con medios modestos, y una vez se le oyó decir que «dejar que se case con ese individuo es como dejar que se case con un torero», o bien alguna frase semejante. El noviazgo quedó interrumpido durante dos años y medio a causa del servicio de Franco en Marruecos entre 1920 y 1923, pero Carmen era tan fiel y decidida como su amado. La reputación personal de Franco se vio aumentada entre sus hombres gracias a la leyenda que afirmaba que había tenido que posponer dos veces su matrimonio para cumplir con sus deberes en el frente de batalla; el combate era algo que muchos oficiales españoles de la época evitaban a toda costa. Cuando por fin se celebró el matrimonio durante un breve permiso o ausencia de la Legión, el prestigio de Franco se había incrementado tanto que había sido nombrado gentilhombre de cámara de Alfonso XIII, cuyo representante personal fue padrino en la ceremonia.

Este matrimonio de amor, pues eso fue realmente, resultó ser, desde todos los puntos de vista, muy afortunado. La pareja creó un hogar convencional, católico, de clase media alta, bendecido finalmente, tres años después, por el nacimiento de una única hija, llamada también Carmen (aunque más conocida por Carmencita)[10]. Su vida familiar feliz y segura reforzó ulteriormente los valores conservadores y religiosos de Franco, y sirvió para mantener en pie su identidad católica que, según algunos, había comenzado a atenuarse en sus primeros años de oficial[11].

Sin duda, Franco dio la bienvenida a la instauración de la dictadura de Primo de Rivera en septiembre de 1923, pues se oponía ya al parlamentarismo liberal, al que consideraba fuente de debilidad y división. Como oficial en activo, naturalmente, no participaba en los asuntos políticos, pero hizo que sus puntos de vista fuesen conocidos cada vez más en los asuntos militares. En 1924, Primo de Rivera se vio obligado a llevar a cabo una retirada estratégica en la porción oriental del Protectorado con el fin de acortar las líneas españolas. En una comida de campaña improvisada en el campamento de la Legión de Ben Tieb, al suroeste de Melilla, el 19 de julio de 1924, Franco se hizo el portavoz de la preocupación de los oficiales africanistas sobre los planes de Primo de Rivera. La atmósfera de la comida se hizo tensa y emocional, aunque las relaciones entre Franco y el relativamente indulgente dictador pronto quedaron restablecidas durante un segundo encuentro, unos días más tarde.

Franco jugó un papel importante en las decisivas campañas de Marruecos de 1924-1925 que quebrantaron la resistencia de la insurgencia nativa. Él mandó la primera oleada de ataques tras el desembarco en la costa norte de la fortaleza del líder rifeño Ben Abd el-Krim, que fue posiblemente la mayor y más lograda operación anfibia bajo fuego enemigo de la historia militar hasta esa fecha. Y la leyenda de la baraka (buena suerte) de Franco se consolidó más que nunca; los legionarios y otros veteranos afirmaban que nunca resultaban derrotados cuando Franco los mandaba. Recién cumplidos los treinta y tres años fue ascendido a general de brigada, lo que lo convertía, según se decía, en el más joven general en servicio activo de toda Europa. El período de catorce años de servicio en África llegaba a su fin, pero había echado las bases de su fama y de su ascendiente personal en el seno del Ejército español. En los últimos años de su vida, los días de África fueron los que él recordaba con nostalgia. Para él fueron tiempos de heroísmos juveniles y de un patriotismo sin complicaciones, tiempos de felicidad personal que el matrimonio llevó a su clímax. De ahora en adelante, su vida se hará cada vez más complicada y cada vez más involucrada en la política.

Durante los dos años siguientes a Franco se le asigna el mando de la Primera Brigada de guarnición en Madrid, lo que le da oportunidades de hacerse con algún conocimiento de la política y la cultura de la capital, de relacionarse con otros sectores de la élite social, leer más y mejorar sus contactos y su educación profesional. En realidad, la dictadura de Primo de Rivera nunca fue especialmente popular entre los militares, cuyas prioridades y estructura intentó manipular, y diversos elementos de la oficialidad tramaron y conspiraron contra aquél desde el principio hasta el final. Pese al incidente de Ben Tieb de 1924, Franco apoyó al dictador, y éste, a cambio, apreciaba la profesionalidad de Franco, su disciplina y el que no se mezclara en las intrigas políticas. Primo de Rivera decidió acabar con el escaso adiestramiento y el sectarismo entre los cuerpos del Ejército, reinstaurando la Academia General Militar de Zaragoza, para proporcionar un adiestramiento profesional unitario a todos los nuevos oficiales de carrera. Cuando la academia abrió sus puertas en 1928, su primer director fue Franco.

Por esas fechas, Franco carecía de experiencia en el mando y en la organización militar a gran escala y no había progresado en sus conocimientos técnicos. Sí tenía una gran experiencia en combate con unidades pequeñas y medias, y organizó una nueva escuela de adiestramiento de oficiales que insistió en los fundamentos militares, en la logística y en la organización básica, poniendo especial énfasis en la mística profesional y patriótica. Franco consideraba la moral y la actitud de la máxima importancia y procuró crear una psicología profesional firme y animosa proporcionando adiestramiento gracias a algunos de los mejores instructores técnicos que podía ofrecer al Ejército español. Personalmente, trató de completar su limitada educación formal con una serie de lecturas y halló incluso algo de tiempo para la literatura contemporánea, y afirmaba que su autor favorito era su paisano, el escritor gallego Valle-Inclán.

Los aproximadamente tres años y medio que Franco pasó en Zaragoza fueron felices y gratificantes, e incluyen el primero y único viaje al extranjero, una breve visita profesional a Alemania, donde le interesó especialmente la Academia de Infantería de Dresde. En Zaragoza tuvieron los Franco su primer éxito social importante, al relacionarse con la élite provincial. En 1929, una calle de la capital aragonesa recibió el nombre de Franco. Su atractiva cuñada, Zita, que vivió con ellos durante un tiempo, se comprometió con un suave y astuto abogado del Estado, Ramón Serrano Súñer. Hombre atildado, guapo, con los ojos azules, Serrano Súñer estaba bien relacionado con los círculos políticos de derechas y posteriormente jugaría un importante papel en el desarrollo de la carrera política de su cuñado.

A finales de los años veinte, Franco, el héroe militar, se había convertido también en parte de la clase política dirigente. Al ser gentilhombre de cámara del rey, quedaba identificado con la monarquía, y por su nombramiento para la Academia Militar, con la dictadura. Franco observó con cierta consternación el declive y la caída de Primo de Rivera en 1929-1930; más tarde incorporaría los aspectos más importantes de la política del dictador, en especial lo referente a su eclecticismo y sincretismo, con lo que trataba de formar un gobierno de expertos con llamamientos al populismo y a las clases medias, todo ello en un entramado corporativista. Con todo, Franco estaba lejos de ser un admirador incondicional de Primo de Rivera, y tomó nota de su torpeza, de su tendencia a la irreflexión y a la improvisación, y a provocar la hostilidad política gratuitamente. Pero mucho peor que la caída de la dictadura fue para Franco la subsiguiente caída de la monarquía, que puso en peligro los principios básicos de la autoridad, el patriotismo derechista y la continuidad tradicional que Franco había aprendido a amar desde su niñez. El proceso de concesiones y de liberalización había quedado descontrolado totalmente, y es muy posible que esta experiencia enseñase a Franco —como sugieren algunos biógrafos— que una vez asumida la autoridad nunca debía dejarse a un lado o reducirse, pues podía derrumbarse toda la estructura. E instintivamente salió en defensa de la monarquía; en tiempos de la primera y minúscula rebelión militar republicana de Jaca, de diciembre de 1930, Franco movilizó inmediatamente a sus cadetes y los envió a cerrar el paso por el sur a los sublevados.

Tres meses después de llegar al poder en 1931, el gobierno de la Segunda República clausuró la Academia General Militar por militarista y elitista y por tratar de formar un espíritu de cuerpo equivocado. En un notable discurso de despedida a sus cadetes, el director saliente dejó clara su lealtad a la monarquía, al tiempo que urgía a los oficiales a observar estricta disciplina bajo el nuevo régimen. Tras esto, a Franco no se le asignó ninguna tarea activa en seis meses, y durante los tres años siguientes estaría políticamente a la defensiva. El conflicto con la República puede incluso haber alterado las manifestaciones externas de su personalidad. El Franco de los años veinte era alegre, vivo y hablador, como lo demuestran las tomas de los noticiarios de la época. Siempre fascinado por el cine, había actuado brevemente en una película. Pero «el Franco extravertido, jovial, amigo de tertulias, se convierte para siempre, desde 1931, en el Franco retraído, monosilábico, indeciso»[12].

En un primer momento, la experiencia republicana fue mucho más agradable para los hermanos. Nicolás se llevaba bastante bien con los políticos liberales moderados, como los del Partido Radical, mientras que Ramón se convirtió inmediatamente en un héroe del nuevo régimen. Había sido uno de los dirigentes de la rebelión militar frustrada contra la monarquía a finales de 1930 y fue nombrado, durante un breve período, director de Aviación por el nuevo gobierno republicano, y luego elegido para las Cortes Constituyentes para la candidatura radical socialista —lo que Franco consideró extremadamente mortificante.

El Ejército era uno de los principales blancos del reformismo republicano. Manuel Azaña, el nuevo ministro de la Guerra, estaba decidido a republicanizar y al mismo tiempo a modernizar el Ejército. Uno de los primeros problemas era la hipertrofia del cuerpo de oficiales, que una muy generosa política de retiro voluntario con la paga completa redujo en un 37 por 100 en poco más de un año, pasando de unos veintidós mil a menos de doce mil cuatrocientos oficiales. Los ascensos llevados a cabo por la dictadura se revisaron, pero no se revocaron drásticamente, y Franco conservó su grado de general de brigada, aunque no la misma antigüedad. Se hizo un intento de democratización y se creó una nueva estructura especial para un cuerpo de grado intermedio, el de «suboficiales», pero sin introducir cambios básicos en la estructura del cuerpo de oficiales. No se llevó a cabo una reorganización estructural drástica, sino más bien una nueva combinación de las unidades básicas, en un sistema más amplio de «divisiones orgánicas». En 1932, los gastos militares básicos se vieron reducidos en más del 15 por 100, aunque esto se vio más que compensado por los costes del nuevo sistema de retiro. El estado del material, que siempre había sido más bien precario, no mejoró.

El Ejército apenas había movido un dedo en defensa de la monarquía, y, por lo general, no era hostil a la República, al menos en sus comienzos. Pero en menos de un año esta actitud comenzó a cambiar debido al carácter sectario de la administración republicana, al creciente desorden político y social, y a la actitud de aversión gratuita hacia los militares. Es probable que las reformas tuviesen escaso efecto sobre la capacidad militar de las fuerzas armadas, pero su impacto político y psicológico fue considerable.

Un puñado de oficiales empezaron a conspirar contra el nuevo régimen ya en el otoño de 1931. Franco, que evitaba meterse directamente en política y que actuaba como si no le interesasen estas cosas, no participó en absoluto en la intentona. Aunque monárquico de corazón, era respetuoso con el orden establecido, y durante estos años no se mostraba reacio a llegar a un modus vivendi con un liberalismo republicano responsable. En 1932, había vuelto al mando activo como comandante de la guarnición de Infantería de La Coruña, en su Galicia nativa.

Franco evitó verse comprometido en la rebelión abortada de Sanjurjo de agosto de 1932, estimando correctamente la superficialidad y futilidad del intento. A su vez fue premiado con el nombramiento de comandante militar de las islas Baleares —cargo más importante en un clima más suave— en febrero de 1933. Se lanzó, asimismo, a la elaboración de un nuevo plan defensivo para las islas que le ocupará gran parte del tiempo durante el año y medio siguiente. Como era habitual, lo acompañaba, como ayudante de campo, su primo carnal y amigo durante toda la vida Francisco Franco Salgado-Araujo, llamado «Pacón» por sus familiares e íntimos (para distinguirlo de Franco, que era Paco). Salgado-Araujo había sido ayudante del general durante varios años y lo había seguido en cada cambio de destino. Teniendo en cuenta los cambios continuos en los asuntos españoles en esos años, sin duda era útil disponer de un pariente próximo y de un amigo como ayudante principal y confidente. En las Baleares, Franco reanudó asimismo contactos profesionales con un joven y capaz teniente de Marina, el cejudo Luis Carrero Blanco, que a la sazón estudiaba en la Escuela de Guerra Naval francesa, y al que había conocido en tiempos de las campañas de Marruecos.

La victoria electoral del centro-derecha en noviembre de 1933 alteró completamente la situación política, y para Franco fue personalmente muy ventajosa. Las relaciones de Franco con la nueva Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), el nuevo partido católico de derechas que se había convertido en el mayor grupo político español, eran excelentes, pues su cuñado, Ramón Serrano Súñer, era diputado por la CEDA y pronto sería un importante líder de su movimiento juvenil. Los líderes del Partido Radical, que entonces accedieron al gobierno, habían mantenido siempre contactos positivos con los militares, y el propio Franco mantenía buenas relaciones con varios políticos radicales, uno de los cuales, Diego Hidalgo, el nuevo ministro de la Guerra, lo ascendió a general de división en marzo de 1934.

Desde finales de 1933 Franco pudo pasar cada vez más tiempo en Madrid, de permiso, donde había conservado la casa que ocupaba en 1926. Y aquí fue donde, en febrero de 1934, una infección de pulmón se llevó a su madre a la tumba casi de improviso, cuando todavía no había cumplido setenta años. Con el paso de los meses, aumentaron los contactos de Franco con los políticos de centro-derecha; por primera vez en su carrera, estuvo a punto de convertirse claramente en un general político, identificado con las ideologías de derechas[13]. En esto, una carta personal urgente del líder falangista José Antonio Primo de Rivera, del 24 de septiembre de 1934, en la que advertía a Franco que estuviese alerta ante una inminente insurrección revolucionaria de la izquierda, no le hizo saber nada que ya no supiese.

La rebelión estalló el 5 de octubre, y en menos de veinticuatro horas el gobierno había colocado a Franco en el Ministerio de la Guerra en calidad de asesor técnico encargado de coordinar la represión. Lo que se llevó a cabo efectivamente en poco más de dos semanas, pero no sin un no pequeño derramamiento de sangre, acompañado por excesos y atrocidades por ambas partes. Franco continuó en el Ministerio hasta febrero de 1935, cuando se le concedió la Gran Cruz del Mérito Militar y fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas españolas en el Protectorado de Marruecos.

El nuevo gobierno de centroderecha de Alejandro Lerroux y de la CEDA quería restablecer las instituciones militares y garantizar el apoyo del notable sector antiizquierdista del cuerpo de oficiales. En los tres meses siguientes, en Marruecos, Franco se esforzó en mejorar la capacidad de combate de las fuerzas del Protectorado y conservar su condición de mejores unidades militares del Ejército español.

Así pues, Franco se había visto catapultado por los acontecimientos y las relaciones políticas al papel de figura clave del Ejército español, y con el gobierno de centro-derecha se convirtió, irónicamente, en «el general número uno de la República», según la irónica frase de La Cierva, aunque no por ello en un importante general republicano en sentido político. El líder de la CEDA, Gil Robles, ofrecerá más tarde la siguiente descripción de la reputación de Franco en ese momento:

Impresionaron a los militares de su generación una serie de cualidades que le rodearon de un prestigio indiscutible. El valor, menos teatral que el de otros compañeros de las campañas marroquíes, pero que, sometido en multitud de ocasiones a la prueba decisiva del fuego, llegó a convertirse en legendario; la previsión y el certero instinto con que sabía medir las fuerzas del enemigo, para atacarle fríamente cuando estaba debilitado; el culto a la disciplina, que no vacilaba en mantener con los medios más duros que fueran precisos, sin perjuicio de velar con exquisito cuidado por el bienestar de la tropa y de esforzarse por ahorrar vidas en el combate; la preparación cuidadosa de las operaciones, indispensable en un tipo de guerra colonial, donde es más importante huir de improvisaciones peligrosas que desarrollar grandes concepciones estratégicas; el conocimiento exacto de los puntos vulnerables del adversario, lo mismo en el orden material que en el moral; el apartamiento de cualquier género de disipación que le alejara del logro de sus propósitos, maduramente concebidos e implacablemente realizados (..). Todo contribuyó a rodear a Franco de una aureola, que reconocían propios y extraños, y a crear en torno suyo una zona de aislamiento y reserva, que al mismo tiempo realzaba sus cualidades[14].

La imagen física de Franco no era la de un héroe atractivo. A su baja estatura se añadía una constitución más bien carnosa, que en los últimos años había adquirido considerable peso, engrosando su figura, acentuado todo ello por el corte más bien desmañado de los uniformes de la época. Su voz, suave y aguda, no le ayuda tampoco mucho, al ser más adecuada para órdenes tranquilas y conversaciones privadas que para la oratoria pública. Con todo, estas limitaciones físicas simplemente ponían de relieve el hecho de que no había nada postizo o superficial en el prestigio profesional de Franco, en su carisma personal entre los militares, pues se basaba en logros sólidos y en la experiencia personal de mando.

En mayo de 1935 aumentó el poder de la CEDA, cuando Gil Robles entró a formar parte del gobierno con el cargo de ministro de la Guerra. En cuestión de días nombró a Franco jefe de Estado Mayor del Ejército, con el encargo de supervisar el refuerzo y reorganización de las fuerzas armadas españolas. El líder de la CEDA lo consideraba el más apropiado, pues los militares tenían su mirada puesta más sobre Franco que sobre cualquier otro, y porque cubría completamente las exigencias políticas de la CEDA: era disciplinado y legalista, firmemente católico y derechista.

Había mucho que hacer si se quería reconstruir el Ejército en cuanto institución militar, pues el equipo y el adiestramiento de combate eran muy escasos. Esto no había sido así por falta de desembolso, pues la generosa política de retiros de Azaña había dado por resultado el incremento del presupuesto total, aun cuando los gastos de material habían quedado reducidos ligeramente. Las carencias técnicas del Ejército español eran muy anteriores a la República. Con Gil Robles y Franco una serie de nuevos nombramientos habían colocado al Ejército, una vez más, bajo la dirección de profesionales conservadores que anteriormente habían sido sustituidos o apartados del mando. Se gastó algo más en el equipo de combate y en la preparación para las operaciones. El general Emilio Mola, ex comandante en jefe en Marruecos y último director general de Seguridad con la monarquía, expulsado del cuerpo de oficiales por la República, fue reinstalado en su grado y se le confirió el encargo de preparar un nuevo plan de movilización. En julio el gobierno había aprobado un programa de rearme trienal. Además, Franco había comenzado a elaborar fichas de las actitudes políticas de los oficiales y del porcentaje de soldados rasos afiliados a organizaciones izquierdistas (alrededor de un 25 por 100, según los resultados).

Esta política se vio amenazada de inmediato por la caída de la coalición gobernante cedorradical, a comienzos de diciembre. El presidente de la República, Alcalá Zamora, se negó a autorizar una nueva coalición parlamentaria, pero nombró un nuevo gobierno provisional extraparlamentario, que prepararía nuevas elecciones. La miope visión de Alcalá Zamora justificaba esto diciendo que daría la oportunidad al gobierno de alcanzar una nueva coalición de centro que fuese capaz de mantener el equilibrio entre la izquierda y la derecha, pero las elecciones podrían dar también a la derrotada izquierda la posibilidad de volver al poder directamente. Nunca después de la insurrección de 1934 había aparecido en el horizonte una posibilidad tan neta de que estallase una guerra civil, y varios generales del Ministerio de la Guerra propugnaban un golpe de Estado para prevenirla. Esto, sin embargo, habría contradicho toda la política de Gil Robles y de la CEDA, que insistía en obtener y conservar el poder por medios constitucionales. Más tarde, Gil Robles declaró que no podía apoyar directamente un golpe de Estado, pero remitió el asunto a su jefe de Estado Mayor. Aproximadamente un año antes, Franco, entonces consejero especial, había vetado las propuestas de golpe de Estado en un momento en que varios dirigentes de izquierda habían sido amnistiados. En las más dramáticas circunstancias del 11 de diciembre de 1935, volvió a insistir en su postura, diciendo que los mandos del Ejército estaban muy divididos políticamente como para tomar la responsabilidad de un pronunciamiento, apreciación que era totalmente correcta.

El gabinete provisional que gobernó a España durante los dos meses siguientes cambió el destino de varios altos mandos nombrados recientemente, pero dejó a Franco en su puesto de jefe de Estado Mayor. El dilema del 11 de diciembre se repitió el 17 de febrero de 1936, el día después de la estrecha pero absolutamente decisiva victoria del Frente Popular en las últimas elecciones republicanas. Varios generales importantes y algunos políticos derechistas presionaron a Franco y al primer ministro interino Portela Valladares para que tomasen medidas para anular los resultados electorales y declarasen el estado de excepción. Aunque un general trató de levantar a la guarnición de Madrid y llevarla a la rebelión, Franco se negó una vez más a actuar salvo por autorización de sus superiores constitucionales. A pesar de que instó al gobierno a que declarase la ley marcial y a intervenir en el proceso electoral, se negó categóricamente a aceptar tal responsabilidad sólo para el Ejército. Dos días más tarde, Manuel Azaña formaba un nuevo gobierno republicano de izquierdas.

Aunque varios pequeños grupos de oficiales comenzaron a conspirar contra el nuevo gobierno casi inmediatamente después de su formación, Franco no se mostró ni extremista ni catastrofista. De acuerdo en cierta medida con José Antonio Primo de Rivera, señaló que técnicamente sólo el sector más moderado del Frente Popular estaba representado en el gobierno, que la izquierda estaba dividida y que lo peor se había evitado. Treinta años más tarde recordaba: «Siempre dije a mis compañeros: «Mientras haya alguna esperanza de que el régimen republicano pueda impedir la anarquía o no se entregue a Moscú, hay que estar al lado de la República (sic), que fue aceptada por el rey primeramente, por el gobierno monárquico después y luego por el Ejército».[15]

La política militar de la nueva administración consistió en reducir el programa de rearme y cambiar a muchos de los altos mandos, sustituyendo a los oficiales más conservadores con republicanos de confianza o moderados en la mayoría de los puestos de importancia. Franco fue trasladado al mando militar de Canarias, cuyo cuartel general es taba en Tenerife. Aunque se trataba de una humillación importante, Franco respondió con su cautela habitual. A comienzos de marzo se entrevistó en Madrid con cierto número de sus más próximos colegas militares a quienes se estaba asignando nuevos destinos, acordando mantenerse en contacto y estar preparados en caso de que se deteriorase la situación política, pero intentar una insurrección militar directa sólo si la izquierda revolucionaria tomase el poder. Mientras tanto, se intentaría mantener la coordinación por medio de un comité flexible de unos nueve generales que iban a permanecer en Madrid, algunos de los cuales sin mando activo.

La crisis española de la primavera y el verano de 1936 fue, en los aspectos importantes, una mera variante española de las crisis revolucionarias o prerrevolucionarias que afectaron a varios países de la Europa central y oriental entre 1917 y 1923. El caso español era único en el sentido de que se produjo media generación después y de que no fue causado por la guerra mundial o por un hundimiento debido a una derrota. En España, la movilización popular y la polarización se vieron impulsadas, por el contrario, por una excepcional convergencia de factores: a) las consecuencias asimétricas del período de más rápido desarrollo económico de toda la historia de España, entre 1910 y 1930, pues los efectos iniciales de la rápida modernización suelen ser fragmentarios y desestabilizadores; b) el primer avance completo de la democracia electoral en tiempos de la República, que proporcionó las máximas oportunidades para una movilización política y para el conflicto, pero que era demasiado nueva e inmadura como para alcanzar la estabilidad; c) el impacto de la gran depresión económica de 1929, que en proporción fue menos grave en España que en otros países, pero cuyas consecuencias aumentaron inevitablemente las tensiones sociales, y d) la situación internacional, cada vez más inestable, con el avance del fascismo y la amenaza de cambios revolucionarios, cuyas influencias directas serán cada vez más pronunciadas.

Bajo la presión de los movimientos obreros, la política republicana se movió rápida pero incoherentemente hacia la izquierda, llevando a cabo importantes cambios en la economía y en la propiedad, mientras que continuaba aumentando la violencia política. Después de que la Comisión de Actas del nuevo Frente Popular tomó la decisión de anular la elección de cierto número de diputados de derechas, la fuerte mayoría izquierdista originaria en las Cortes se transformó en un margen de casi dos a uno, y la oposición parlamentaria quedará impotente. El último garante institucional de la moderación, el presidente Alcalá Zamora, fue acusado y depuesto, para ser sustituido en la presidencia por el líder de Izquierda Republicana Manuel Azaña. Cada vez más, el gobierno republicano iba perdiendo sin más el control de la situación y en ciertos casos no hizo grandes esfuerzos para aplicar la ley, mientras que se estaba produciendo una escalada de disturbios callejeros y asesinatos políticos por parte de socialistas, comunistas y falangistas. Con todo, la izquierda estaba muy dividida —como lo estaba el propio Partido Socialista—, y ningún grupo era capaz de elaborar un plan concreto para sustituir a la administración de Izquierda Republicana por un régimen revolucionario.

Sin embargo, un proceso tan pluralista e indeterminado también retrasó las múltiples conspiraciones militares contra la izquierda. La conspiración contra el gobierno fue obra simultánea de: a) la junta titular de generales de Madrid; b) la junta central y los grupos locales de la Unión Militar Española (UME), una asociación semiclandestina de oficiales profesionales del Ejército que se había formado en los tres años anteriores (a la que Franco no se había unido y cuya tendencia a la insubordinación desaprobaba); c) varios comandantes y oficiales de provincias, individualmente; d) los falangistas, sin mandos desde que el partido había sido declarado ilegal a mediados de marzo y la mayor parte de sus dirigentes principales detenidos, pero que iba engrosando sus filas con miles de nuevos miembros provenientes de la derecha; e) los carlistas, que estaban organizando su propia milicia de Requetés, sobre todo en Navarra, y f) varios otros grupos derechistas de provincias. El principal organizador era el general Emilio Mola, que los líderes de la UME de las provincias del centro-norte habían reconocido como jefe de una acción antigubernamental por parte de las fuerzas de esa región. Dado que ninguno de los generales más antiguos en activo quería ponerse al frente, los conspiradores optaron por volverse hacia el general José Sanjurjo, que había encabezado la rebelión frustrada de 1932. Éste vivía en el exilio de Lisboa, por lo que transfirió su autoridad personal como coordinador a Mola, comandante de la guarnición de Pamplona. Estos planes no se completaron hasta finales de mayo, y por esas fechas Mola comenzó a elaborar planes para hacer converger a las fuerzas rebeldes sobre Madrid y tomar el poder en la capital. Con todo, las relaciones con los grupos políticos derechistas permanecieron relativamente distantes, pues Mola y los demás conspiradores tenían pocas ganas de verse comprometidos con aquéllos.

El principal obstáculo para la organización de la rebelión era, en primer lugar, la actitud de los propios oficiales del Ejército, la mayoría de los cuales se negó a comprometerse en la acción. El activismo militar había sido siempre desastroso para la política española entre 1917 y 1931; la mayoría de los oficiales lo sabía, y lo que menos querían era verse metidos en la refriega. Además, la situación presente se mostraba cada vez más polarizada entre la revolución y la contrarrevolución; la intensa propaganda de la izquierda dejaba claro que en el caso de confrontación violenta, los militares disidentes derrotados no serían tratados con suavidad.

Dadas estas dudas e indecisiones, algunos de los principales aspirantes a rebeldes acabaron comprometiéndose plenamente con la conspiración sólo después de llegar a la conclusión negativa de que sería mucho más peligroso no hacerlo. El mejor ejemplo de esto es el del propio Franco. De una u otra forma, se había visto involucrado en la conspiración contra el Frente Popular desde un comienzo, y, sin embargo, se mostraba muy reticente a comprometerse en cualquier propuesta específica de revuelta armada. Para Franco, la primavera de 1936 fue un período de gran tensión. Desde su llegada a Tenerife, había sido recibido con pintadas en las paredes de carácter izquierdista, que deseaban su muerte, y algunos subordinados fieles acabarán montando guardia durante veinticuatro horas alrededor del comandante y de su familia con el fin de evitar ataques personales. Su actitud se hizo cada vez más sombría, volviéndose más que antes hacia la religión. Parece ser que las prácticas religiosas casi diarias de Franco datan de esta época. La intensificación de la vida religiosa contribuyó a su vez a lo que acabó siendo un sentido de misión, especialmente providencial, manifestado en su labor nacional.

Los políticos conservadores recomendaron que Franco diese su nombre para una lista de derechas en ocasión de elecciones parlamentarias especiales en Cuenca en mayo. El nuevo gobierno había amnistiado a todos los revolucionarios implicados en la revolución de 1934, mientras que había comenzado a detener y procesar a algunos de los que habían actuado para hacer respetar la Constitución. Se temía que Franco fuese el siguiente en la lista del gobierno; por lo que un escaño en las Cortes podría haber garantizado quizá la inmunidad. Pero el intento no prosperó debido al líder falangista José Antonio Primo de Rivera, cuyo nombre había sido incluido también en la lista de la derecha por Cuenca, con la esperanza de que la obtención de un escaño parlamentario le habría permitido salir de la cárcel. José Antonio insistió para que la candidatura de Franco fuese retirada, pues sus connotaciones de extrema derecha y militares podrían provocar una oposición aún mayor, por parte de la izquierda y del gobierno, a la lista conservadora. Además, José Antonio, que siempre había considerado a Franco un mando clave en el seno del Ejército, había quedado desilusionado por su única entrevista con Franco, en la que éste había evitado discutir los asuntos fundamentales, desviando la conversación hacia temas sin importancia y frases amables[16] —costumbre muy arraigada en el cauto general—. Observó, además, que Franco no estaba preparado para la vida parlamentaria, al carecer de experiencia política regular y de capacidad oratoria, lo que lo habría puesto en ridículo en los hostiles e intensos debates de las Cortes. Este último punto quizá tuvo una mayor influencia en Franco que los argumentos políticos de José Antonio, pues sabía muy bien que su hermano Ramón había fracasado estrepitosamente cuando era diputado en el Parlamento y que su prestigio había descendido netamente, por lo que estuvo de acuerdo en retirar su nombre de la lista. En un famoso discurso posterior, el 2 de mayo, el dirigente socialista moderado Indalecio Prieto saludó la retirada de Franco con palabras proféticas, alertando sobre los peligros de una rebelión militar: el general Franco «por su juventud, por sus dotes, por la red de sus amistades en el Ejército, es hombre que en un momento dado puede acaudillar, con el máximo de posibilidades, todas las que se deriven de su prestigio personal, un movimiento de este género»[17].

Con todo, el propio Franco no estaba convencido de la necesidad ni del éxito de un movimiento militar. Su reticencia era tal que uno de los más antiguos conspiradores, el general Luis Orgaz, desterrado por el gobierno a Canarias, trató de convencerlo de que jugar un papel dirigente en la rebelión sería como comer una «perita en dulce», y que si no quería, cualquier otro aprovecharía sin más la oportunidad de ponerse en su lugar. Franco no se dejó engatusar por estas razones, pues él sabía que, en el mejor de los casos, una rebelión militar era algo arriesgado y extremadamente difícil. Por un lado, negoció con Mola la posibilidad de obtener un mando clave, el de las unidades de combate de élite en Marruecos, pero dudó mucho en comprometerse. Todavía el 23 de junio escribió una carta personal al nuevo primer ministro, Casares Quiroga, dada la doble responsabilidad de éste, como ministro de la Guerra, de protestar no tanto por los «graves problemas de la patria» cuanto del trato que entonces el gobierno daba al Ejército y a los mandos superiores conservadores. Afirmaba que «faltan a la verdad quienes presentan al Ejército como desafecto a la República» y pedía «medidas de consideración, ecuanimidad y justicia»[18]. Todavía el 12 de julio Franco envió, al parecer, un mensaje urgente a Mola, manifestando de nuevo su escaso entusiasmo en continuar con la rebelión. Se dice que algunos de los conspiradores comenzaron a referirse a Franco llamándolo «Miss Canarias de 1936», debido a la coquetería de sus continuos síes y noes.

La mayoría de los oficiales actuarían sólo bajo órdenes directas de arriba, que no parecía probable que llegasen. La conspiración se vio debilitada ulteriormente por el hecho de que se basaba principalmente en consideraciones precautorias. Parecía que una contrarrevolución con éxito sólo podría ser movilizada ante una amenaza revolucionaria madura, pero las fuerzas de la izquierda, en cierta medida, estaban como en suspenso. Es cierto que el desorden económico estaba muy extendido, había considerable violencia en ciertas zonas, y el gobierno no ocultaba que estaba inclinado hacia la izquierda. Sin embargo, la izquierda, en conjunto, se mostraba desunida, y por el momento no se vislumbraba ninguna acción revolucionaria encaminada al derrocamiento inmediato del gobierno de Casares Quiroga.

El golpe final en la avalancha de huelgas, disturbios, incendios, confiscación de propiedades, desórdenes callejeros y asesinatos políticos fue dado en Madrid en la noche del 12 al 13 de julio. José Castillo, teniente socialista de los Guardias de Asalto, fue muerto a tiros mientras se dirigía a su destino nocturno; los pistoleros eran seguramente falangistas o carlistas. En venganza, agentes de policía de izquierdas, algunos de los cuales acababan de ser nombrados de nuevo por el gobierno, en colaboración con un grupo de milicianos socialistas, detuvieron ilegalmente al portavoz jefe de la oposición monárquica en el Parlamento, José Calvo Sotelo, y lo asesinaron en un camión de los Guardias de Asalto a pocos metros de su casa. Era un crimen sin precedentes en los anales de los gobiernos parlamentarios europeos, pues nunca antes las fuerzas de seguridad de un gobierno, en colaboración ilegal con revolucionarios armados, habían secuestrado y asesinado a sangre fría a un líder importante de la oposición. Para muchos, esto indicaba que el radicalismo revolucionario era incontrolado y que el sistema constitucional llegaba a su fin. A lo largo de los siguientes treinta años los partidarios de la rebelión militar se referirán a ciertos documentos —que es fácil comprobar que eran inventados— que demostrarían que el asesinato de Calvo Sotelo no fue sino el preludio de un complot comunista destinado a hacerse con el poder para finales de julio. En realidad, no hay evidencia ninguna de que existiese el complot, y además el relativamente pequeño Partido Comunista Español no estaba en condiciones de intentar semejante maniobra. Por otro lado, todos los grupos políticos revolucionarios habían reiterado que consideraban que los días del gobierno parlamentario estaban contados y esperaban algún tipo de régimen revolucionario para un próximo futuro. Todo esto se decía abiertamente en las múltiples declaraciones realizadas en la primavera y verano de 1936.

Gil Robles había avisado ya en las Cortes que «media nación no se resigna a morir» en manos de la izquierda, y la trágica muerte de Calvo Sotelo decidió finalmente a miles de indecisos. Está claro que este hecho fue también el dato final que necesitaba Franco para decidirse. Ya se habían completado planes elaborados para hacer que volase hasta Marruecos en un avión británico alquilado, y sus últimas dudas desaparecieron ante la clara demostración de que ni siquiera la inmunidad parlamentaria iba a detener a los seguidores del Frente Popular.

La rebelión militar fue fijada por Mola para que estallase los días 18, 19 y 20 de julio en una serie de zonas, irradiando de Marruecos al sur de España y luego a las guarniciones del Norte. Su estallido se precipitó en Marruecos el 17 de julio, y aquí los rebeldes pudieron controlar rápidamente todo el Protectorado, pese al hecho de que la mayoría de la población de origen metropolitano había votado en favor del Frente Popular.

El gobierno republicano de Azaña y Casares Quiroga se vio presionado por ambos lados, por la izquierda revolucionaria y por las fuerzas de la derecha. Si bien el gobierno cedió ante los primeros, no tomó tampoco ninguna medida decisiva contra los segundos, calculando que los militares no serían capaces de llevar a cabo con éxito una rebelión, y temiendo que el debilitamiento de los militares convertiría al gobierno en inerme prisionero de los revolucionarios. El gobierno no apreciaba la insistencia y determinación de los rebeldes más duros, totalmente convencidos de que había llegado la última oportunidad de salvar a España de la destrucción a manos de los revolucionarios. El gobierno confiaba demasiado en los generales superiores progubernamentales, pero no calibraba bien la debilidad de estos viejos y a veces ineptos burócratas de la estructura militar. En Marruecos y en cierto número de guarniciones clave los comandantes fueron barridos sin más. La del 18 de julio no fue una rebelión de generales en el sentido estricto del término; a ellas se unieron sólo siete de los veintisiete generales de división y veinte de los treinta y cinco generales de brigada. La mayoría de los generales fueron leales al gobierno o bien no hicieron nada.

La rebelión fue un éxito en, aproximadamente, sólo un tercio de las guarniciones peninsulares, y aun así, principalmente en las localizadas en las más derechistas provincias del Norte y del Noroeste, donde existía gran apoyo a una iniciativa antiizquierdista organizada y donde las fuerzas revolucionarias eran más débiles. En la mayoría de las grandes ciudades la rebelión fue un completo fracaso, y no pudo tampoco obtener el apoyo de la mayor parte de la Marina y de la Aviación, y en el caso de la primera, debido sobre todo a motines masivos por parte de marineros revolucionarios. Además, la rebelión tuvo el paradójico efecto de desencadenar precisamente lo que trataba de evitar: el estallido de la revolución en la mayor parte de lo que ahora era ya «la zona republicana», y la toma del poder en numerosas provincias por parte de las organizaciones revolucionarias. Así, la revolución temida por los rebeldes acababa de comenzar en aproximadamente la mitad de España.

2

Caudillo nacional en la guerra civil

Originariamente, la rebelión del 17-20 de julio de 1936 se llevó a cabo nominalmente como un levantamiento republicano, y no monárquico, fascista, ni siquiera totalmente militar. Excepto por el obligatorio «¡Viva España!», el eslogan más común en las primeras proclamas militares era «¡Viva la República!». Algunas declaraciones fueron incluso más lejos: la primera declaración oficial de Franco en Marruecos el 19 de julio terminaba con una invocación a la «Fraternidad, Libertad e Igualdad» (sic). Casi todas las fuerzas insurgentes combatieron bajo bandera republicana durante las primeras semanas de la guerra civil. No parece que hubiese ninguna comprensión clara ni ningún acuerdo sobre los fines exactos en las mentes de la mayoría de los oficiales que apoyaban la rebelión, salvo por lo que respecta a suprimir la administración de Azaña, acabar con los revolucionarios e instaurar un gobierno más moderado y nacionalista.

Sin embargo, Mola y la mayor parte de los dirigentes importantes habían planeado desde el principio sustituir el sistema republicano, tal como estaba constituido a la sazón, por un directorio militar, al menos por el momento. La aparición de moderación o de liberalismo en muchas de las primeras declaraciones militares locales fue debida a la confusión o a las diferencias entre los mandos regionales, y también al hecho de que Mola y otros dirigentes prefirieron dejar que el movimiento pareciese relativamente liberal, al menos durante los primeros días, con el fin de no fomentar la oposición. Por otro lado, si la rebelión hubiese obtenido un éxito rápido, el directorio militar de 1936 habría conservado probablemente más elementos moderados o liberales, si se compara con el riguroso régimen de Franco al que se llegó bajo las condiciones de la guerra civil revolucionaria.

Mola y otros principales conspiradores siempre habían deseado que Franco jugase un papel de mayor importancia en la rebelión, pero nunca se había barajado de otro nombre que no fuese el de José Sanjurjo para el puesto de dirigente supremo. Aunque era más antiguo que la mayoría de los principales jefes rebeldes, la primacía de Sanjurjo se basaba en que había encabezado la rebelión frustada de 1932 y en que lo reconocían todos los demás conspiradores. Se envió un avión para que lo trasladase de su exilio lisboeta a territorio rebelde el 20 de julio. Pero a causa del accidente e incendio del avión al despegar, Sanjurjo murió y dejó al movimiento rebelde sin jefe.

Franco, como era usual, tenía mucha más suerte. El avión privado británico fletado para conducirlo a Tetuán, capital del Protectorado de Marruecos, hizo el viaje sin problemas el 19 de julio[19]. Durante las siguientes semanas Franco trabajó febrilmente preparando las fuerzas para la marcha sobre Madrid, mas quedó aislado temporalmente a causa del control republicano del mar.

Esta situación desesperada condujo a sus tempranos contactos, a iniciativa propia, con Roma i Berlín, en busca de alguna forma de apoyo y ayuda para el traslado logístico de sus tropas y reunir más para llevar a cabo un ataque por el Sur. Todo esto lo apartó también de los primeros pasos políticos emprendidos por Mola en plena zona rebelde.

El 19 de julio, tras declarar la ley marcial en Pamplona, Mola reedita su primer plan político para un nuevo directorio militar. El nuevo borrador propugnaba un régimen económico corporativo, un sistema de cooperativas, y la prosecución de un programa de reforma agraria moderada. Se permitiría plena libertad de instrucción, pero se prohibiría rigurosamente la defensa de la «anarquía» y la pornografía. El memorándum de Mola declaraba: «Somos católicos y respetamos las creencias de los que no lo son. Entendemos que la Iglesia debe quedar separada del Estado porque así conviene a aquélla y a éste»[20]. En general, este plan era un reflejo exacto de una peculiar combinación de autoritarismo y liberalismo que caracterizaba a las actitudes políticas de Mola. Al menos en dos ciudades, Zaragoza y Mahón (en Menorca), el primer gobierno municipal instaurado por los militares rebeldes no estaba formado por derechistas, sino por personal del Partido Radical y otros elementos de centro.

Cuatro días más tarde, el 23 de julio, Mola formó oficialmente una Junta de Defensa Nacional de siete miembros, en Burgos, con la función de servir de dirección ejecutiva del movimiento militar. La pertenencia a esta Junta se basaba en parte en la antigüedad, pero estaba pensada también para reflejar a todos los diversos sectores de la oficialidad que habían participado en la rebelión. El presidente nombrado fue el general Miguel Cabanellas, el más antiguo de todos los generales rebeldes y uno de los menos entusiastas. Su cuartel general de Zaragoza era uno de los responsables del nombramiento de las lumbreras locales del Partido Radical para puestos importantes —Cabanellas había sido anteriormente diputado radical a Cortes—. Había hecho concesiones rápidamente con el fin de evitar el sentimiento antimilitarista, y los demás dirigentes rebeldes le consideraban dubitativo e indeciso. En poco más de cuarenta y ocho horas Mola había decidido sustituir a Cabanellas en Zaragoza por un comandante más decidido y duro, pero debido a su grado sólo pudo ser «cesado hacia arriba» y nombrado presidente de la Junta.

Además de Cabanellas, la Junta estaba formada en un primer momento por Mola, los generales retirados Miguel Ponte, Fidel Dávila y Andrés Saliquet (que habían desempeñado papeles clave en la rebelión de Castilla la Vieja y anteriormente formado parte de la «junta de generales» en la sombra, conspirando en Madrid) y dos tenientes coroneles de Estado Mayor, Federico Montaner y Fernando Moreno Calderón. El 30 de julio, un representante de la Marina, el capitán Francisco Moreno Hernández, fue añadido a la Junta. El 3 de agosto, cuando sus unidades africanas comenzaban su marcha hacia el Norte, en dirección a Madrid, Franco fue invitado a convertirse en el noveno miembro, seguido por los generales Gonzalo Queipo de Llano y Luis Orgaz.

En agosto los insurgentes habían bautizado a su movimiento con el calificativo de «nacional». Aunque los rebeldes trataron de tranquilizar a las clases inferiores respecto a sus fines económicos, el grueso del apoyo les llegó de la pequeña burguesía y de la clase media y del norte conservador en general, por lo que el término «nacional» se consideró inmediatamente como sinónimo de defensa de la religión, de la tradición y del patriotismo español.

Fue sobre todo el desencadenamiento de una violenta revolución de masas en la zona republicana, con la quema de iglesias, confiscaciones económicas y muchos miles de muertos, lo que unió rápidamente a la mitad más conservadora de España a la causa nacional. De importancia casi análoga fue la identificación de la rebelión con la religión, que pronto acabó convirtiendo a aquélla en una cruzada oficial y le proporcionó su principal apoyo cultural, emocional y espiritual.

El único plan firme de la Junta de Burgos parece haber sido mantener en pie un gobierno formado sólo por militares, al menos hasta que se ganase la guerra. La organización era flexible, y la Junta no hizo ningún esfuerzo para gobernar directamente la porción meridional de la zona nacional. El núcleo de ésta se hallaba bajo el gobierno personal de Queipo de Llano, que controlaba toda la Andalucía occidental (y por tanto gran parte de la porción meridional de la España nacional) desde su cuartel general de Sevilla. Las principales unidades de tierra que avanzaban hacia el Norte estaban mandadas por Franco, comandante del llamado oficialmente Ejército de África y del Sur, que estaba muy ocupado por los asuntos militares.

El primer general que planteó el problema de la naturaleza del futuro régimen nacional fue el monárquico Alfredo Kindelán, uno de los creadores de la Fuerza aérea española en tiempos de Alfonso XIII, amigo personal y fiel seguidor del ex rey, y comandante de la exigua aviación del Ejército del Sur de Franco. Al tomar el mando de las fuerzas de Marruecos, Franco había pedido que Kindelán enviase un mensaje oficial a don Alfonso (que residía en Roma).

Franco, deliberadamente, dirigió la misiva a «Su Real Alteza don Alfonso de Borbón» y no a «Su Majestad Alfonso XIII», como habrían preferido los monárquicos.

En una entrevista con un periodista portugués, el 10 de agosto, Franco declaraba categóricamente que «España es republicana y seguirá siéndolo. Ni el régimen ni la bandera han cambiado. El único cambio será que el crimen será reemplazado por el orden y los actos de bandolerismo por el trabajo honrado y progresivo». Y luego añadió, más amenazador: «España será gobernada por un sistema corporativo semejante al que ha sido instaurado en Portugal, Italia y Alemania»[21]. Tal distinción echa bastante por tierra las garantías que Franco parece dar en sus primeras afirmaciones.

Además, sólo cinco días más tarde, en una gran ceremonia con ocasión de la fiesta de la Asunción (15 de agosto) en Sevilla, Franco sustituyó la bandera republicana por la tradicional roja y gualda de la monarquía, saludándola como a la auténtica bandera de España por la que los patriotas habían dado su vida en centenares de batallas.

Cuando Kindelán le preguntó en privado si realmente tenía intención de trabajar por la restauración, Franco contestó que la vuelta de la monarquía debía ser la meta final, pero que por el momento eso no podía tratarse públicamente, pues había demasiados republicanos —o al menos no monárquicos— en las filas del Movimiento Nacional.

Tranquilizado en cierta medida, Kindelán insistió en que lo más pronto posible había de crearse un solo mando militar unificado. Confiando en la discreción de Franco y conociendo sus cualidades de jefe, sugirió que éste debía convertirse en comandante en jefe y ser nombrado regente hasta que fuese posible hacer volver al rey. Sin embargo, Franco rechazó la idea de una regencia, diciendo que habría debilitado la unidad del Movimiento. Tampoco hay datos respecto a que, en un primer momento, estuviese ansioso de que sus partidarios personales se afanaran por convertirle en comandante en jefe del Ejército nacional. Quizá recordando la suerte de Primo de Rivera, estimaba que la posición de un dirigente o dictador interino no era sólida. Por otro lado, la situación de Franco como comandante del Ejército de África y del Sur de España le daba el control de la parte más importante de las fuerzas nacionales y no implicaba ninguna de las responsabilidades y compromisos del mando político.

No hay duda de que Franco se encontraba en una situación individual más fuerte que la de cualquier otro general nacional, y de que desde su mando había ejercido un liderazgo directo desde el principio. Sus mensajes y proclamas en los primeros días y semanas no hicieron referencia alguna a Sanjurjo, a Mola ni a la Junta de Defensa Nacional. Desde el principio, los periodistas extranjeros, lo mismo que el cónsul alemán en Tetuán, se referían a Franco como líder principal del movimiento rebelde. Además de la obediencia incondicional de sus propias fuerzas, Franco disponía también del más cualificado estado mayor para organizar este sector. Se basaba en oficiales veteranos del Protectorado y en un núcleo de oficiales de confianza que habían servido con él en Tenerife, encabezados por el astuto y enérgico comandante Lorenzo Martínez Fuset, del Cuerpo Jurídico Militar. Disponía también de un pequeño grupo político y de propaganda, dirigido por su hermano Nicolás. Asimismo, Franco había mejorado su posición al mostrarse más activo que Mola en establecer contactos con los gobiernos alemán e italiano. Por ello, las primeras remesas de material suministradas por Mussolini y Hitler fueron enviadas a las fuerzas de Franco, y los contactos italianos y alemanes dejaron claro que consideraban a Franco como el jefe militar español más importante.

El mes de agosto se empleó casi en su totalidad en resolver asuntos militares, a medida que Franco iba arrebatando el control de toda la España suroccidental a las fuerzas del Frente Popular. En septiembre, sus fuerzas penetraron en la cuenca del río Tajo y comenzaron a dirigirse hacia el noreste, directamente hacia Madrid. Cuando la guerra entró en una fase decisiva se hizo cada vez más urgente resolver el problema del mando.

Pese a su creciente preponderancia, en un primer momento Franco mostró escasa inclinación a imponer su liderazgo político. Según el hijo de Cabanellas, «no era dado Francisco Franco a compromisos ni a exteriorizar sentimientos. Aparentemente sincero en su forma externa de comportarse, campechano en el trato, más propenso a escuchar que a formular opiniones, nunca dispuesto a discutir, rígido en su disciplina en relación a superiores y familiar en el trato con sus subordinados…».[22]. Es dudoso que hubiese propuesto su nombre para jefe del Movimiento Nacional si no hubiese tenido la ayuda y el vehemente apoyo de un pequeño grupo de devotos partidarios. El primero de todos ellos era su hermano Nicolás, que había ayudado en la obtención de apoyo por parte del régimen portugués y que ahora actuaba de secretario suyo en Cáceres (cuartel general de Franco en el mes de septiembre); el general Alfredo Kindelán; varios otros monárquicos, tales como el veterano general Luis Orgaz, estrecho colaborador suyo, y José Sangróniz, consejero diplomático de Franco; el plurimutilado Millán Astray, ex comandante de la Legión, en calidad de una especie de jefe de propaganda, y el coronel Juan Yagüe, uno de los pocos oficiales falangistas y comandante de las unidades de choque que avanzaban hacia Madrid.

En cuanto al grado, Mola era simplemente general de brigada y había manifestado ya que no tenía ninguna ambición de convertirse en comandante en jefe. Aunque Franco no era, con mucho, el más antiguo, Cabanellas era un masón liberal, Queipo de Llano había sido republicano de orígenes dudosos y escaso prestigio político, y Saliquet, que era de más edad, no era nada políticamente.

El problema comenzó a resolverse a mediados de septiembre, cuando las tropas se acercaban finalmente a Madrid. Ahora podía producirse la batalla decisiva y se requeriría la máxima coordinación. La necesidad de un comandante en jefe militar era algo lógico y evidente, pues Franco ya había tenido considerables fricciones con Queipo en el Sur, y se producían fuertes discusiones entre Mola y Yagüe en el frente del centro. Por ello, la petición de Franco de que se celebrase una reunión de una Junta de Defensa ampliada para discutir los problemas del mando militar unificado fue acogida rápida y positivamente y convocada para el 21 de septiembre; la sesión principal tuvo lugar en una finca privada cerca del campo de aviación de Salamanca.

La única versión de que disponemos se debe a Kindelán:

En la reunión matinal, que duró tres horas y media, nos dedicamos a discutir varios asuntos provistos de interés, pero que no lo tenían tanto como el mando único. Así lo manifesté por tres veces sin conseguir que pusiéramos a discusión este asunto primordial, a pesar de haber sido apoyado activamente en este deseo por el general Orgaz. Me pareció observar, con cierta desilusión, que mis propósitos no encontraban ambiente en la mayoría de los reunidos.

Reanudada la junta a las cuatro de tarde, planteé resueltamente el asunto, sin ambages ni rodeos, encontrando acogida displicente en varios vocales. Hubo la decidida y clara oposición del general Cabanellas, quien sostenía que la cosa le parecía prematura aún, y que no era imprescindible para el mando único que éste recayera en una sola persona, pues había dos modos de dirigir la guerra: por un Generalísimo o por un Directorio o Junta. Yo asentí, precisando: «En efecto, existen esos dos modos de dirigir las guerras; con el primero se ganan, con el segundo se pierden». Por fin, se puso a votación mi propuesta, que fue aprobada con el solo voto en contra del general Cabanellas, fiel a su convicción. Pasóse a votar en seguida el nombre de la persona que había de ser nombrada Generalísimo, y como, al comenzar de moderno a antiguo, los dos coroneles se recusaron como votantes, por su grado, yo, para evitar soluciones violentas y romper el hielo, pedí votar el primero y lo hice a favor de Franco, adhiriéndose a mi voto Mola, Orgaz, Dávila y Queipo de Llano, y, sucesivamente, los demás asistentes, salvo Cabanellas, quien dijo que, adversario del sistema, no le correspondía votar persona alguna para un cargo que reputaba innecesario[23].

El Anuario Militar de 1936 situaba a Franco sólo en el puesto número veintitrés en cuanto a antigüedad entre los generales de división, y en cuanto a años de servicio se veía superado por Cabanellas, Queipo y Saliquet, aunque ningún otro tenía la misma experiencia en guerra y el mismo prestigio militar, ni tampoco igual tacto político ni la misma influencia en el exterior. Franco había llegado ya a una especie de compromiso con las autoridades marroquíes del Protectorado para proteger la retaguardia de los «nacionales», proporcionándoles una zona utilizable y miles de combativos mercenarios. No sólo el nombre de Franco era el mejor conocido entre los generales rebeldes, sino que se lo asociaba menos directamente con la actividad política, odiosa para la opinión española no extremista. A Mola se lo recordaba todavía como el jefe de la policía de la «dictablanda» de 1930-1931 y comenzaba a ser conocido como «el general carlista» debido a las decenas de miles de requetés que iban llegando al Ejército del Norte. Su nombre había adquirido una connotación negativa, incluso reaccionaria, y el general, hombre sencillo, de elevada estatura, con gafas, no lo ignoraba. No hay evidencia alguna de que Mola desease de modo particular obtener el mando único, y tampoco de que hubiese, por su parte, ninguna oposición a Franco. La reunión terminó con el acuerdo de que la elección de Franco como comandante en jefe debería permanecer secreta hasta que fuese anunciada formalmente por la Junta de Burgos.

Además, lo que se había acordado era sólo el nombramiento de Franco como comandante en jefe, no como dictador o jefe de Estado. La Junta de Defensa no sufrió cambios, ni se fijó una fecha tope concreta para la asunción de poderes. Pasaron varios días sin que desde Burgos llegase una sola palabra, sin ninguna indicación de ningún anuncio oficial. Asimismo, el puesto de generalísimo militar sólo era considerablemente menos de lo que querían los partidarios de Franco. Nicolás Franco, Kindelán, Millán Astray y Yagüe se reunieron con el general y lo convencieron de que convocase inmediatamente otra reunión de la jerarquía nacional, esta vez para delimitar y fijar los poderes de generalísimo y definir su posición como jefe del Estado mientras durase la guerra. Parece ser que Yagüe jugó un importante papel, que había dejado el mando de las unidades en campaña en el suroeste de Madrid el día 21 y había dedicado la siguiente y crucial semana a la intriga política. En un acto público delante del cuartel general de Franco en Cáceres, el día 27 —tras el anuncio del avance de las fuerzas nacionales para liberar a los defensores del Alcázar de Toledo— Yagüe saludó a Franco públicamente como jefe único.

La reunión decisiva de la Junta de Defensa se celebró en Salamanca al día siguiente, el 28 de septiembre. Nicolás Franco llegó la víspera para garantizar el apoyo político local, y en el aeropuerto estaban estacionadas varias compañías de las milicias carlistas y falangistas para proteger y aplaudir a Franco, pero también, posiblemente, para intimidar cualquier oposición. Kindelán presentó el borrador de un nuevo decreto, en el que el artículo 3 declaraba: «La jerarquía de Generalísimo llevará anexa la función de Jefe del Estado, mientras dure la guerra; dependiendo del mismo, como tal, todas las actividades nacionales: políticas, económicas, sociales, culturales, etc.»[24] La propuesta representó en cierto modo una sacudida, aun cuando varios miembros habían sido informados de ella previamente, y provocó considerable oposición. Yagüe se reunió con el grupo principal a la hora de la comida e insistió en el caso de Franco, dando a entender posiblemente que pudiera producirse una insubordinación en las unidades de combate de élite. No se sabe bien qué ocurrió durante la sesión de la tarde. Mola y Queipo de Llano se fueron después de comer, y no está claro cuál fue la amplitud del acuerdo que siguió.

Según la versión dada por su hijo, Cabanellas volvió a Burgos esa noche, sin saber qué hacer. Se oponía al nombramiento de Franco, pero contaba con pocos apoyos por parte de los demás generales, y era consciente de que su ayudante personal estaba en connivencia con los partidarios de Franco. Llamó por teléfono a Queipo y a Mola. El primero recomendaba que resistiera, pero Mola aconsejaba aceptar la entrega de las riendas del gobierno a Franco, a lo que Cabanellas finalmente dio su asentimiento.

Antes de que el decreto fuera publicado al día siguiente, su texto fue revisado de nuevo. A cambio de sustituir la frase «jefe del gobierno» por «jefe del Estado», se prescindió de las limitaciones temporales de los poderes de Franco[25]. Publicado oficialmente con la firma de Cabanellas el 29 de septiembre, en él se decía: «En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra jefe del Gobierno del Estado español al Excmo. General de División don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado»[26]. Esta terminología puede haberse debido en parte a un intento de calmar a Cabanellas, Mola y Queipo, quienes, según una fuente, preferían un arreglo a la portuguesa, es decir, con los poderes de jefe del gobierno —o primer ministro— separados de los del jefe del Estado[27]. Más importante fue, con todo, la eliminación del límite de tiempo —duración de la guerra— sin discusión o desacuerdo general. Prescindiendo de cuál fuese la intención originaria o el desacuerdo, la distinción entre jefe de gobierno y jefe del Estado fue ignorada inmediatamente. Veinticuatro horas después de la investidura oficial de Franco en Burgos, el 1 de octubre, los periódicos y la radio, sin duda instruidos al respecto, se referían a Franco como «jefe del Estado», título empleado en su primera orden de gobierno del día[28].

Como era habitual, el general, que tenía cuarenta y tres años entonces, no presentaba un aspecto demasiado gallardo en las ceremonias oficiales de toma del poder.

Un escritor hostil lo describía así:

Sobre la tarima del salón del trono, colocado a mayor altura que los asistentes al acto, aparece el general Francisco Franco, adelantado el vientre, marcada la prominencia de éste, echada la espalda hacia atrás, lo que hace que su natural grosor se acentúe. En actitud tal, por su escasa altura, su figura aparece empequeñecida como una bola deforme hecha de tejido adiposo. De cara redonda, con incipiente doble papada, el pelo negro, las cejas fuertes y pronunciadas, la nariz recta, afeitado el bigote, la calva que se anuncia a pasos vertiginosos, la mirada despierta, inteligente; en la mano derecha luce una sortija de oro, que le oprime al haber engordado. Viste en forma descuidada; los puños de la camisa no le asoman y la ropa parece quedarle chica[29].

El discurso de investidura fue breve y sencillo, aunque pronunciado con la vehemencia y emoción típica de los oradores públicos españoles de la época. Su pasaje más notable decía: «Ponéis en mis manos a España. Mi mano será firme, mi pulso no temblará, y yo procuraré alzar a España al puesto que le corresponde conforme a su historia y al que ocupó en épocas pretéritas»[30]. Esa misma noche pronunció un largo discurso en la radio, escrito por su ayudante legal, Martínez Fuset, que declaraba que «España se organiza dentro de un amplio concepto totalitario de unidad y continuidad». Prometía «un régimen de orden y jerarquía» que se basaría en la representación orgánica, corporativa y, «sin ser confesional, respetaría la religión de la mayoría»[31]. Reiteraba los temas nacionalistas y populistas de la dictadura de Primo de Rivera —por aquellas fechas un modelo para Franco— sin invocar de forma particular las doctrinas monárquicas, católicas, carlistas o falangistas, los principales grupos civiles de la zona nacional. A lo largo de los siguientes treinta y nueve años, Franco dirá siempre que nunca buscó el poder, sino que al responder a la llamada para «salvar a España», se había encontrado con la autoridad que le había recaído a iniciativa de sus colegas.

De este modo, un puñado de personas decididas aprovecharon la gran necesidad de unidad entre los comandantes nacionales para promocionar al más prestigioso de los generales rebeldes y elevarlo al puesto de generalísimo y jefe de Estado al mismo tiempo. Después de la segunda reunión del 28 de septiembre, Franco había dado luz verde y ya no manifestará ninguna reticencia a asumir el poder supremo, aunque se mostró muy cuidadoso en cuanto a compartir los deseos de sus colegas. Sin duda Mola tuvo pensamientos irónicos sobre el curso de los acontecimientos, dadas las considerables dificultades que tuvo para hacer que Franco se convirtiese en rebelde en el primer momento. Aun así, dejó paso a la proclamación de Franco con gran elegancia, haciendo suyas las numerosas ventajas que enumeraban los partidarios de Franco. Los políticos monárquicos habían tratado de promover la subida al poder de Franco, los falangistas carecían de líder, y el jefe carlista Fal Conde había sido llamado a Viena por la muerte del Pretendiente ese mismo 28 de septiembre. Tanto el conservador católico Gil Robles como el veterano republicano centrista Lerroux apoyaban a los nacionales desde el exilio, pero los únicos civiles que habían intervenido en toda la maniobra eran, sobre todo y en primer lugar Nicolás —el hermano de Franco— y, en muy segundo lugar, unos cuantos políticos monárquicos, como Sangróniz y Yanguas Messía, pertenecientes al séquito político de Franco, o cercanos a él. Principalmente había sido —aunque no en exclusiva— un asunto militar. El título preferido acabó siendo en seguida el de «caudillo», clásico término castellano que significaba líder y que databa de la Edad Media. En los años treinta, en España, tenía un regusto fascista, y equivalía a duce o a Führer. De todos modos, el término poseía un aire de novedad que en conjunto era preferible a la denominación directa de «dictador», que se había empleado a veces durante el régimen de Primo de Rivera, e incluso, brevemente, por parte de la prensa de la zona nacional. Este último uso fue suprimido en seguida, aun cuando la palabra, que evocaba a Primo de Rivera, no tenía una connotación especialmente negativa para las clases medias españolas. Inmediatamente, Franco comenzó a ser objeto de una letanía de adulaciones públicas, orquestadas por la cada vez más organizada y disciplinada prensa de la zona nacional, que superó con mucho cualquier otra concesión a una personalidad viva en la historia española. Esto continuaría caracterizando la vida pública a lo largo del siguiente cuarto de siglo, descendiendo algo sólo en los últimos años de la vida de Franco.

En seguida, Franco sustituyó a la Junta de Defensa Nacional por una nueva «Junta Técnica», formada por siete comisiones que supervisarían la administración estatal. Cada comisión tenía un presidente, con funciones de administrador jefe, recayendo tres de estos cargos en miembros de Acción Española, lo que les confería la mayor relevancia en esta primera fase. El general Fidel Dávila, uno de los partidarios de Franco y oficial burocrático-administrativo por excelencia, fue nombrado presidente de la Junta Técnica y también jefe del Estado Mayor del Ejército. Fue el único miembro de la Junta de Defensa que tuvo un cargo en el nuevo gobierno. Iniciando lo que luego se convertiría en una práctica habitual consistente en desprenderse de los notables no deseados ascendiéndolos, Franco nombró a Cabanellas inspector general del Ejército, cargo honorífico que le privaba de poder político y de mando militar activo. Creó también un Secretariado General del Jefe del Estado para su hermano Nicolás (que era su consejero político jefe), un Secretariado para las Relaciones Exteriores y un Ministerio de Gobierno General (una especie de Ministerio del Interior), asignado a otro general de confianza. Todo esto apenas suponía algo más que una administración ad hoc mientras duraba la guerra civil, pero serviría durante dieciséis meses hasta que se formó el primer gobierno regular.

El gobierno de Franco no habría tenido nunca éxito si no hubiese sido aceptado inmediatamente por al menos una minoría considerable de la población española, y por una mayoría en la zona rebelde originaria. Todos aquellos españoles que se consideraban amenazados por el Frente Popular —desde los monárquicos de clase alta a la clase media corriente, pasando por los pequeños propietarios rurales de las provincias del Norte se unieron a Franco y lo consideraron su líder en la presente y desesperada lucha revolucionaria.

Aunque Franco y los otros comandantes rebeldes habían tenido cuidado en evitar los ataques a los principios republicanos básicos en los primeros días de la rebelión, el desencadenamiento de la revolución en la zona republicana estimuló una ulterior polarización derechista bajo la bandera nacional. En el otoño de 1936, la zona nacional no sólo disponía de un nuevo gobierno sino que estaba emprendiendo una contrarrevolución cultural sin precedentes en cualquier otro país occidental en el siglo XX. La reactivación religiosa estaba en pleno auge, al menos a un nivel público, y al nacionalismo se le exigía mantenerse fiel a la restauración de los valores y actitudes tradicionales a una escala notable. Escuelas y bibliotecas fueron purgadas no sólo de las influencias de izquierda, sino incluso, cada vez más, de casi todas las influencias liberales, y la tradición española fue elevada a guía indispensable de una nación que había perdido su rumbo por haber seguido los principios de la Revolución francesa y del liberalismo.

El escritor nacional Federico de Urrutia resume el nuevo espíritu:

Ésta es nuestra consigna final. Ser lo que fuimos después de la vergüenza de lo que hemos sido. Matar el alma vieja del siglo XIX, liberal, decadente, masónico, materialista y afrancesado, y volver a impregnarnos del espíritu del siglo XVI, imperial, heroico, sobrio, castellano, espiritual, legendario y caballeresco[32].

La contrarrevolución cultural nacional alimentó un espíritu de disciplina, unidad y autosacrificio que resultó muy eficaz desde el punto de vista militar. Fue esta contrarrevolución cultural la que proporcionó el sostén emocional e ideológico de la causa nacional durante los siguientes dos años y medio de dura guerra civil.

La principal responsabilidad de Franco era ante todo militar, más que política, pues su meta básica era alcanzar una victoria militar decisiva y completa. Años más tarde explicará en privado que «el militar que se subleva contra un Gobierno constituido no tiene derecho al perdón o al indulto, y que por ello debe luchar hasta el último extremo»[33]. No hay indicación alguna de que considerase la posibilidad de un compromiso o de una negociación, sino que entendía luchar hasta la victoria final o morir.

Las posibilidades iniciales, en la guerra civil, no favorecían mucho a los nacionales. No sólo habían quedado desbaratados los planes de Mola para una rápida captura de Madrid, sino que el Frente Popular dominaba la mayoría de las grandes ciudades, todas las zonas industriales, la mayor parte de los recursos financieros españoles, la mayor parte de los stocks de material militar y el grueso de la Marina y de las Fuerzas Aéreas. Además, las milicias políticas formadas por las organizaciones revolucionarias eran muy superiores en número, en un primer momento, a los auxiliares militares de los nacionales, que sólo habían podido conseguir el apoyo efectivo para la zona nacional de aproximadamente la mitad del Ejército regular.

Sin embargo, esta ventaja nominal se vio erosionada pronto por los efectos de la revolución en la zona republicana, que estaba decidida a destruir los restos de las fuerzas armadas regulares y sustituirlas por una milicia popular. Así, en las primeras semanas de la guerra civil las unidades militares que permanecían en la zona republicana fueron disueltas progresivamente por la revolución, hasta que quedaron muy pocas. Entre finales de julio y a lo largo de agosto, el Ejército regular republicano acabó siendo sustituido ampliamente por diversas unidades y columnas de milicianos, cuyo valor militar solía ser escaso.

Así pues, la primera y mayor ventaja obtenida por los nacionales de Franco residía en una dirección militar superior y en una mejor organización y calidad. La segunda residía en su completo control del sector de élite del Ejército español, las bien adiestradas y equipadas unidades, formadas en su mayor parte por voluntarios, estacionadas en el Protectorado de Marruecos. Al ser el núcleo del Ejército de África originario de Franco, proporcionaron la clave inicial de la victoria, aunque como resultado del fracaso general de la rebelión de la Marina, en un primer momento se vieron embotelladas en Marruecos, incapaces de cruzar el Estrecho. Tras diez días de combates en el norte de España, las fuerzas de Mola estuvieron temporalmente en peligro de verse sin municiones, dado que la zona republicana controlaba las principales fuentes de aprovisionamiento. A finales de julio, la mayoría de los observadores extranjeros estimaban que la rebelión había fracasado, por lo que, como escribe J. W. D. Trythall, «el eslogan de Franco, «Fe ciega en la victoria», era el más adecuado. Cualquiera que tuviese los ojos abiertos no daba muchas probabilidades a la victoria»[34].

No obstante, la ecuación estaba cambiando en cierta medida por el éxito de las delegaciones de Franco enviadas a Roma y Berlín, donde Mussolini y Hitler, cada uno por su lado, decidieron —el 26-27 de julio— enviar pequeñas cantidades de material militar, que incluía aviones de guerra, a las fuerzas de Franco en el Sur. Pero ya antes de que esta ayuda inicial llegara a España, Franco había efectuado el primer traslado aéreo de tropas de la historia militar, con varias aeronaves españolas, el 20 de julio, enviando pequeños contingentes de soldados a través del Estrecho hacia Andalucía. También un exiguo convoy de barcos consiguió cruzarlo el 5 de agosto, y, en general, el bloqueo republicano fue roto a fines de septiembre. De este modo, el avance hacia Madrid fue encabezado por unidades provenientes de Marruecos (de los que alrededor de dos tercios eran españoles y casi un tercio estaba compuesto, en un principio, por tabores de soldados marroquíes nativos).

No puede decirse que Franco o Mola mostrasen una gran imaginación estratégica. En las fechas en que se llegó a un contacto efectivo entre las zonas nacionales norte y sur, a mediados de agosto, Mola controlaba posiciones que estaban ya a cuarenta kilómetros de Madrid por el norte, aunque no se hizo ningún intento para trasladar alguna de las unidades de élite de Franco en dirección norte, donde podrían haber marchado rápidamente hacia la capital. En cambio, Franco continuó avanzando, ocupando en primer lugar todo el suroeste y centro-oeste de España, lo que le ocupó seis semanas.

En septiembre, el avance nacional redujo su marcha. A medida que las fuerzas de Franco se acercaban a Madrid, las tropas republicanas iban concentrándose, mientras que el control republicano del aire se iba acentuando al irse aproximando los combates a las bases del centro, impidiendo las maniobras diurnas de los nacionales. Incluso cuando se aproximó más a Madrid, a finales de septiembre, Franco no hizo ningún intento de llevar a cabo un ataque a gran escala o una ruptura que hubiese permitido ocupar rápidamente una ciudad defendida sólo parcialmente. Por el contrario, se demoró para distraer una buena parte de sus limitados recursos para liberar a los asediados del Alcázar de Toledo. Ésta fue una de las típicas prioridades de Franco, que repetirá a lo largo de la guerra, y que estaban determinadas por la intención de consolidar previamente una posición antes de avanzar ulteriormente, tomando en consideración también los factores políticos y psicológicos, y reaccionando a las grandes operaciones del enemigo más que a una estrategia rápida e innovadora que habría podido poner fin rápidamente al conflicto.

Se ha dicho que el fracaso en el intento de llegar a Madrid lo más rápidamente posible a finales de septiembre puede haber sido el principal error de Franco en la guerra. El desánimo y la desmoralización entre los republicanos de la capital había llegado a su punto más alto a finales del verano, aunque nunca se sabrá si el grado de desorientación era lo suficientemente grande como para haber permitido que una fuerza de asalto nacional muy pequeña hubiese podido tomar una gran ciudad con un verdadero golpe de mano. Por otro lado, Franco tenía razones estratégicas de envergadura para cerrar su flanco derecho antes de emprender una operación que sería decisiva, ya que incluso después de la operación para socorrer a Toledo su flanco derecho estaba débilmente protegido y en peligro, durante varios meses, de verse rechazados.

En todo caso, cuando el avance directo sobre Madrid se reanudó en octubre, la resistencia se hizo más fuerte. A finales de este mes llegó una notable ayuda de la Unión Soviética. El primer ataque de importancia contra las defensas de Madrid se llevó a cabo a comienzos de noviembre. Las tropas de asalto nacionales estaban tan agotadas que apenas doce mil hombres pudieron emplearse en el ataque. Fueron detenidas en seguida por fuerzas republicanas mucho más numerosas (y en ciertos casos también mejor equipadas). Tres intentos posteriores de desbordar las defensas de Madrid por el norte, llevados a cabo entre finales de noviembre y comienzos de enero, acabaron también en un fracaso.

Mientras tanto, Mussolini y Hitler habían respondido a la amplia intervención soviética con la República aumentando su ayuda a Franco. Hitler envió un cuerpo aéreo completo con unos cien aviones (la Legión Cóndor), en tanto que Mussolini expedía unidades aéreas y unos cuarenta y nueve mil soldados, aunque estos últimos no habían sido pedidos específicamente por Franco. Aunque éste había defendido testarudamente la autonomía de su mando, el 26 de enero de 1937 se vio forzado a aceptar en principio la idea de un estado mayor conjunto germano-italiano de diez consejeros militares con el fin de colaborar en la preparación de futuras operaciones. Cuando el siguiente intento de desbordar Madrid por el este a través de Guadalajara acabó en fracaso en marzo de 1937, muchos nacionales no se mostraron del todo descontentos al ver que las fuerzas italianas que llevaban la iniciativa en el avance resultaron derrotadas. Después de Guadalajara, el gobierno italiano, sin gran entusiasmo, reconoció la necesidad de reducir el número de combatientes italianos en España al tiempo que mejoraba proporcionalmente su calidad. Nunca más tropas no españolas volverían a jugar un papel tan relevante en ninguna otra ofensiva de Franco como el jugado en la relativa derrota de marzo de 1937.

El fracaso de los intentos para tomar Madrid demostraba ahora que la guerra podía ser larga. El gobierno republicano había comenzado a organizar un Ejército Popular disciplinado y masivo en otoño de 1936, e inmediatamente después también Franco había reconocido la necesidad de organizar un ejército grande y numeroso. Quizá su mayor logro desde el punto de vista militar fue crear una organización mucho más efectiva, militarmente hablando, que la que crearon los republicanos. Aunque el número de movilizados por uno de los bandos no era muy diferente al del otro, las fuerzas nacionales estaban mandadas por oficiales profesionales, mucho mejor adiestradas y mucho mejor mandadas. Un cuadro importante de oficiales profesionales del Ejército alemán prestaron una notable colaboración en la organización de las nuevas escuelas de preparación de oficiales nacionales, de las que salieron aproximadamente veintinueve mil alféreces provisionales a lo largo de la guerra, la mayoría de los cuales tenían un nivel militar más alto que los nuevos oficiales republicanos del otro bando.

Las tácticas y la actuación del nuevo Ejército nacional solían seguir modelos algo rígidos, y las grandes unidades nacionales tendían a avanzar en línea recta. La mejor organización y un mejor mando le proporcionaron mayor cohesión que a los republicanos. Aunque el Ejército nacional nunca se convirtió en lo que puede llamarse una máquina militar del siglo XX de primera clase, vencerá porque tendrá ciertas ventajas, incluyendo una superioridad básica en combate respecto de los menos eficaces contingentes del Frente Popular.

Después de Guadalajara, Franco tomó su más hábil decisión estratégica de toda la guerra cuando aceptó el poderoso argumento defendido por su hábil jefe de Estado Mayor, el general monárquico Juan Vigón, que insistió en que pusiese fin a los intentos de tomar Madrid directamente, y que lanzase una gran ofensiva para eliminar la zona norte del territorio republicano —Vizcaya, Santander y Asturias—. Aquí estaba la mayor parte de la industria pesada española, por lo que sería una recompensa valiosa en una larga guerra de desgaste. Además, sería un blanco más fácil que el de la zona central republicana, al tiempo que su conquista podría alterar decisivamente el equilibrio de fuerzas.

Por esas fechas, Franco había llegado también a la conclusión de que una victoria rápida podía no ser ya deseable, debido a los enormes problemas planteados por las purgas y la consolidación política de cada una de las provincias conquistadas. Como explicó con cierto detenimiento al embajador italiano, había planeado proceder metódicamente, paso a paso, añadiendo una victoria a la anterior, consolidando cada posición antes de continuar[35]. Así pues, la mayoría de las mejores unidades de Franco fueron objeto de un nuevo despliegue, y se lanzó una gran ofensiva en el norte, contra Vizcaya, la provincia más oriental de la zona norte republicana, en abril de 1937.

Durante esta campaña se produjo el más famoso incidente de toda la guerra civil, el bombardeo de Guernica, pequeña villa foral de Vizcaya, el 26 de abril. Durante el ataque, la mayor parte (aproximadamente el 60 por 100 de los edificios) de la ciudad fue incendiada y murieron varios cientos de personas. En 1937, Guernica era un pequeño centro industrial de poco más de cuatro mil habitantes, famoso por haber sido la sede de la asamblea provincial de Vizcaya. Inmediatamente se desencadenó una ingente campaña propagandística, que se difundió por todo el mundo a través de los medios de propaganda de la República, la Tercera Internacional y sus simpatizantes. Según la leyenda que siguió al hecho, Guernica era una pacífica localidad sin ningún valor militar, y fue bombardeada un día de mercado, cuando la población estaba llena de gente llegada del campo circundante. Además, se presentó el ataque como experimento deliberado en bombardeo terrorista llevado a cabo por los dirigentes de la Legión Cóndor alemana. El cuadro de Picasso, inspirado en el hecho, puede haber contribuido, más que cualquier otro factor, a hacer famoso el incidente.

No todos los detalles de la operación de Guernica han quedado suficientemente claros posterior mente. Pero los hechos fundamentales han podido ser establecidos consultando la documentación existente de origen alemán o italiano, y por medio de la investigación directa sobre la situación militar de Guernica y del frente vasco de la época. El 26 de abril, la principal línea defensiva vasca del Este había sido superada y Guernica era una de las dos principales vías de retirada. La ciudad era un centro de comunicaciones comarcal, y en él había tres barracones militares y cuatro pequeñas fábricas de armas. El bombardeo de ciudades había sido una práctica normal de los republicanos en la primera semana de la guerra civil, que en varias ocasiones, a comienzos del conflicto, se jactaron del daño causado a las ciudades controladas por los nacionales. No hay documentos que avalen que se tratase de un experimento especial o de un bombardeo masivo de carácter terrorista. Guernica era un objetivo normal de particular importancia debido a las circunstancias del 26 de abril, pero no recibió un trato especial. Dado que los principales objetivos eran un puente cercano y otras instalaciones y medios de transporte y comunicaciones, se lanzaron muchas bombas incendiarias también sobre la propia ciudad con el fin de bloquear la retirada de las tropas vascas a través de aquéllos. El ataque fue lanzado por tres bombarderos medios italianos, que dejaron caer casi dos toneladas de bombas, y por veintiún bombarderos medios alemanes (la mayoría de los cuales eran anticuados Ju-52), que descargaron un máximo de treinta toneladas. Este número de aviones alemanes apenas cubrían un tercio de los efectivos de la Legión Cóndor, y se efectuó sólo una pasada. El puente quedó intacto, pero muchas bombas cayeron sobre la ciudad, donde las llamas se extendieron rápidamente debido a la gran cantidad de construcciones de madera, la estrechez de las calles, la falta de presión del agua y la carencia de un equipo de bomberos adecuado[36].

La destrucción de Guernica se convirtió en seguida en un embarazoso problema para Franco y su nuevo gobierno. En vez de aceptar los hechos y situarlos en la adecuada perspectiva de la guerra, las autoridades nacionales rechazaron toda responsabilidad, cualquiera que ésta fuese, y afirmaron que el incendio de la ciudad había sido un acto deliberado de las izquierdas. La calumnia, una vez adoptada como postura oficial, se mantuvo hasta casi el final de la vida de Franco, y es un excelente ejemplo de cómo hechos fundamentales de la guerra civil resultaron oscurecidos por las invenciones de la propaganda de ambos bandos.

La ofensiva contra el Norte tuvo varias fases, entre la primavera y el verano, y terminó con la ocupación completa del último sector del norte de la zona republicana en octubre. Aunque Mola (que en un primer momento dirigió la ofensiva) murió en un accidente de aviación en mayo, Bilbao cayó en junio y Santander en agosto, y todo el territorio asturiano fue ocupado a finales de octubre. Lo más importante fue que el derrumbe de la zona norte republicana dio paso a un giro decisivo en el equilibrio de fuerzas a favor de Franco, sobre todo cuando fracasaron dos intentos republicanos diferentes por medio de dos ofensivas de diversión en otros frentes.

La guerra logística y de material sufrió un cambio decisivo en favor de los nacionales en los últimos meses de 1937, como consecuencia del prácticamente completo éxito de la guerra naval por parte de los nacionales, firmemente apoyados por Italia. Nada mejor para ilustrar la notable agresividad y superior dirección militar de las fuerzas de Franco que la guerra naval. Pese a la superioridad naval inicial de la República, Franco había decidido, inmediatamente después de asumir el mando único en octubre de 1936, atacar a los barcos de la República siempre que fuese posible. Aunque en un primer momento no había dispuesto de los suficientes medios para llevar a cabo esto con éxito, la ofensiva naval que se inició en agosto de 1937 con la activa participación de la flota italiana del Mediterráneo (sobre todo submarinos) resultó ser tremendamente eficaz. Ante esta despiadada campaña, ejecutada en desafío del derecho internacional, la URSS hubo de abandonar en buena medida la ruta directa mediterránea hasta los puertos republicanos después de septiembre de 1937. La ruta sustitutiva hasta los puertos franceses y de aquí, por vía terrestre, a través de Francia, era mucho más lenta y cada vez más arriesgada, lo que impedía el flujo de material para los republicanos.

Hacia finales de 1937, tanto Hitler como Stalin se desvincularon levemente de la guerra española. El régimen soviético comenzó a reducir el flujo de material con destino a la República, mientras que Hitler comentaba el 5 de noviembre a sus consejeros militares que «una victoria de Franco al cien por cien» no era deseable «desde el punto de vista alemán». «El interés alemán residía más bien en la continuación de la guerra y en mantener la tensión en el Mediterráneo» para desviar el interés internacional de Europa central[37]. Aun así, se mantuvo el nivel de la ayuda alemana, mientras que Mussolini continuó con su decidido apoyo a Franco, proporcionándole de manera firme y continuada más armas y material que los alemanes.

Después de la conquista del Norte y de las restricciones a los suministros republicanos, la guerra se fue haciendo claramente más fácil para el mando nacional. Franco tenía bajo las armas a bastante más de medio millón de hombres, y la cifra crecía rápidamente. Por primera vez su ejército presentaba una paridad casi total con el republicano y, gracias a la continua ayuda italiana y alemana, se beneficiaba de una creciente superioridad en material. Tras contener una nueva ofensiva republicana en Teruel en diciembre y enero, Franco lanzó una gran ofensiva en Aragón en marzo de 1938. El 15 de abril, Viernes Santo, sus avanzadillas alcanzaron el Mediterráneo en Vinaroz, cortando en dos la zona republicana.

Cuando la emoción por el posible y rápido final de la guerra iba en aumento entre los nacionales, Franco tomó una decisión estratégica cuestionable. Pese a que su liderazgo era firme y evidentemente exitoso —sus tropas no habían sido derrotadas claramente en ninguna batalla importante, salvo en el frente de Madrid—, algunas de sus principales opciones estratégicas fueron cuestionadas, y la más criticada fue la conducción de la guerra en 1938. En abril de 1938 el derrumbamiento de los republicanos en el noreste abrió el camino para una rápida ocupación de Cataluña y la toma de Barcelona, que era la capital de los republicanos, controlando completamente la frontera con Francia. Se ha dicho alguna vez en defensa de Franco que temía la reacción de Francia si las fuerzas nacionales, con la ayuda de alemanes e italianos, hubiesen llegado a controlar toda la frontera con Francia durante la tensa primavera pre-Munich de 1938, mientras que años después Franco afirmaba que en ese momento la zona nacional habría sacado más beneficio económico de la ocupación de Valencia que de la de Barcelona (aunque fracasó en llevarlo a cabo). Asimismo, hay indicaciones indirectas en las fuentes alemanas de que el propio Hitler podría haber disuadido a Franco de que ocupara Cataluña inmediatamente, prefiriendo alargar la guerra en España para distraer a Mussolini y a otros, mantener la ansiedad francesa y que continuase la dependencia parcial de Franco de Alemania, aunque la documentación disponible no permite llegar a ninguna conclusión. Sea como sea, Franco renunció a la gran victoria que estaba al alcance de su mano, y concentró sus fuerzas para ejecutar un avance hacia el sur, en dirección a Valencia, cuya captura habría permitido iniciar el cerco de la mayor parte de lo que quedaba de la zona republicana. De todos modos, aquí las dos puntas del avance debían progresar a través de una estrecha carretera costera y de un terreno montañoso y áspero, el sureste de Teruel. El avance era lento, por lo que sufrió un alto temporal en junio, pero la seguridad de los nacionales era tan grande que la oficina de turismo recientemente creada por el gobierno anunció una serie de excursiones en automóvil a los lugares que habían sido campo de batalla, que comenzaría el 1 de julio. Cuando se reinició la ofensiva contra Valencia, ésta hizo progresos lentos pero continuados hasta el 25 de julio, cuando hubo de ser suspendida para repeler una imprevista contraofensiva republicana en Cataluña.

La reconstitución del Ejército Popular en Cataluña a finales de la primavera y comienzos del verano de 1938 fue el último logro importante del esfuerzo de guerra republicano. Se vio facilitada por nuevos envíos de importancia de material militar de la URSS y de Francia. El nuevo Ejército del Ebro republicano, formado por tres cuerpos reorganizados, atacó a través de la curva del Ebro a unos veinte kilómetros al norte de Tortosa, a primeras horas del 25 de julio, ocupando en seguida una bolsa al suroeste del río de unos veinte kilómetros de largo por quince de profundidad. Sin embargo, como en las ofensivas anteriores, el Ejército Popular se mostró incapaz de explotar del todo su ventaja inicial, y los nacionales pudieron estabilizar rápidamente su línea de defensa a unos quince kilómetros al oeste de la curva del Ebro.

Había ya tensión en el cuartel general de Franco, causada por el descontento de cierto número de sus principales generales hacia el poco imaginativo y laborioso ataque frontal contra las defensas de Valencia. La ofensiva republicana del Ebro estaba pensada para aliviar la presión contra sus fuerzas del Sur, pues Franco, una vez más, decidió abandonar sus objetivos y volverse hacia el campo de batalla elegido por el enemigo. La propaganda del Frente Popular proclamó ruidosamente que el esfuerzo del Ebro era una ofensiva total destinada a derrotar al enemigo, y sin duda Franco estimó que por razones políticas y psicológicas no podía dejar que los republicanos conservasen el territorio que habían conquistado. Si bien habría sido más fácil una contraofensiva hacia el Norte, Franco trasladó el grueso de su artillería y de su aviación al Ebro, hasta conseguir gradualmente una decisiva superioridad en potencia de fuego. La consiguiente ralentización de las operaciones enfureció de modo especial a Mussolini, que el 24 de agosto «utilizó un lenguaje violento» al criticar a Franco por «dejarse escapar la victoria» cuando estaba «ya a su alcance»[38]. Algunos de los comandantes de Franco pensaban lo mismo y es muy posible que el liderazgo nacional haya sufrido más por las tensiones internas durante el final del verano de 1938 que en cualquier otro momento de la guerra.

La fase principal de la contraofensiva de Franco comenzó el 3 de septiembre, pero el avance, en terreno montañoso, resultó muy lento. No se recuperó todo el territorio al oeste del Ebro hasta mediados de noviembre. Las bajas fueron excepcionalmente elevadas en ambos bandos, pero los republicanos perdieron las mejores tropas que les quedaban del Ejército Popular, y no pudieron recuperar las pérdidas. Cuando, en diciembre, Franco reanudó la ofensiva en Cataluña, las fuerzas republicanas eran ya demasiado débiles como para resistir. Además, la capitulación de Gran Bretaña y Francia ante Hitler en la conferencia de Munich tres meses atrás disipó cualquier preocupación que Franco podía haber tenido respecto a la ocupación inmediata de toda Cataluña, lo que se llevó a cabo en febrero de 1939. El final de la guerra estaba próximo. A comienzo de marzo las unidades no comunistas del Ejército Popular se rebelaron contra el gobierno republicano de Juan Negrín, derrocándolo, y la «Ofensiva de la Victoria» final de Franco en el frente de Madrid en los últimos días de marzo no encontró más que escasa resistencia. El 1 de abril Franco pudo anunciar la victoria total e incondicional.

La contribución decisiva de Franco a la victoria no se debe a ningún aspecto notable de su estrategia, sino a su sensata organización de los sectores más importantes del gobierno: militar, político y diplomático. En palabras de Paul Johnson, conservó «la cabeza y el corazón fríos»[39], ampliando y concentrando prudentemente los recursos militares para una victoria total. Igualmente importante fue su capacidad para conservar la unidad política —a diferencia de la desunión y de los conflictos que se producían entre los republicanos—, mientras que su habilidad en las relaciones con Alemania e Italia le aseguraron el material necesario para sus tropas sin comprometer demasiado la independencia de su gobierno. En conjunto, se trató de un logro impresionante, conseguido no por un general de retaguardia, pues Franco solía inspeccionar frecuentemente el campo de batalla cerca de la línea de fuego.

Militarmente, el Caudillo nacional «no fue ningún genio, sino concienzudo y tranquilo; procuró no empeorar los fracasos y aprendió de sus errores»[40]. Dedicó mucha atención a los asuntos prácticos, tales como adiestramiento, logística, suministros, comunicaciones y utilización de la topografía. Gracias a su profesionalidad en el mando y en la organización, el Ejército nacional conservó una capacidad operacional superior a lo largo de la guerra. Franco fue capaz de trasladar a las grandes unidades y hacer frente a los ataques enemigos mucho más rápidamente que los republicanos. Los frentes tranquilos fueron defendidos con fuerzas mínimas, al tiempo que se concentraba toda la capacidad ofensiva en la acción en curso. Por el contrario, la división política y regional republicana mantenía grandes reservas en frentes inactivos, incluso cuando se necesitaban con urgencia en otros lugares. Además, aunque la guerra en última instancia la ganó una superior capacidad ofensiva y una mayor cohesión, no debemos olvidar que las batallas defensivas más firmes fueron también las libradas por los nacionales. La defensa del Alcázar de Toledo y el menos conocido, pero más prolongado, asedio de un exiguo grupo de guardias civiles y voluntarios en el santuario de Santa María de la Cabeza, en Jaén, fueron épicas por la gran determinación mostrada. Aunque el Ejército del Frente Popular también alcanzó a veces una elevada moral y firme disciplina, su tono fue disminuyendo, inevitablemente, por las constantes derrotas, como reconoció el coronel Vicente Rojo, jefe de Estado Mayor republicano, inmediatamente después de la guerra.

Aunque las fuerzas republicanas gozaron de superioridad en el equipo militar —y posiblemente también en el gran volumen de suministros soviéticos— en el primer año de guerra, esto cambió de manera decisiva a fines de 1937. A la larga, a Franco se le suministró más y mejor material por parte de sus aliados alemanes e italianos, pero hasta 1938 no se dio la enorme desproporción de medios a que con frecuencia se han referido los republicanos. El 18 de noviembre de 1936 el gobierno de Franco fue reconocido por Roma y por Berlín, y gozó de una constante ayuda por parte de Mussolini en lo referente a créditos cómodos, aunque a veces el Duce italiano bufaba por la lentitud de las operaciones militares. Las relaciones con la Alemania nazi fueron mucho más difíciles en todos los campos, ya que el gobierno de Hitler exigía fechas fijas de devolución por la ayuda militar. El 20 de marzo de 1937 Franco consideró oportuno firmar un protocolo secreto con el gobierno alemán por el que se comprometían, ambos regímenes, a mantener relaciones amistosas y mutua cooperación, más o menos en la misma línea de otro acuerdo secreto anterior con Italia. Finalmente, en junio de 1938, Franco se vio llevado a comprometer su política económica nacionalista al permitir el establecimiento de una nueva compañía minera alemana que habría poseído más acciones en la minería de lo que normalmente la ley española permitía a los grupos extranjeros. Esto garantizó la continuidad de los suministros militares alemanes para la última fase de la guerra.

Aunque el Movimiento Nacional fue exclusivamente español en origen, no hay duda de que la ayuda ítalo-alemana a Franco superó considerablemente en calidad y en eficacia, y también algo en las cantidades totales, a la ayuda de la Unión Soviética o a cualquier otra ayuda recibida por la República. La cifra de personal militar alemán en España fue, evidentemente, al menos dos veces mayor que la del personal soviético, y los 70.000 soldados italianos destacados en España en el momento culminante de la participación italiana, a fines del invierno y en la primavera de 1937, superaron el número total de voluntarios extranjeros de las Brigadas Internacionales.

El 31 de marzo de 1939, el día antes del último de la guerra, Franco firmó un nuevo tratado germano-español de amistad con Hitler, pero apenas era algo más que una confirmación de lo pactado en el acuerdo secreto del 20 de marzo de 1937. Preveía consultas mutuas sobre todos los asuntos de interés común y una benevolente neutralidad en caso de guerra. Cuatro días antes el régimen español se había convertido en uno de los firmantes del Pacto Anti-Comintern, manifestando su simpatía ideológica general con los demás regímenes anticomunistas autoritarios.

La radicalización de la guerra civil, al convertirse en una intensa lucha entre la revolución y la contrarrevolución exigía una firme estructura política y una definición para el naciente régimen de Franco. En un primer momento, cómo llevar esto a cabo no estaba muy claro para Franco, pues inevitablemente debía dedicar la mayor parte del tiempo a los asuntos militares. Y tenía que hallar tiempo para los contactos personales con los representantes extranjeros y para las no infrecuentes declaraciones en sus relaciones públicas en la zona nacional. Por ello, más de seis meses pasaron antes de que comenzase la construcción del nuevo sistema político.

Todos los partidos de izquierda o liberales fueron prohibidos inmediatamente después del comienzo de la guerra. Por el contrario, todos los grupos derechistas y conservadores contribuyeron a la organización de milicias y a la ayuda económica al nuevo régimen. En una carta del 7 de octubre de 1936, Gil Robles, líder de la CEDA (que había sido el mayor de todos los partidos políticos españoles), declaró al jefe de la milicia de la CEDA que el partido y sus miembros deberían quedar subordinados completamente al nuevo mando militar.

Desacreditado el conservadurismo moderado debido a los términos en que se combatía la guerra civil, el principal movimiento político de la zona nacional era ahora la naciente Falange, de carácter fascista. Aunque con anterioridad a febrero de 1936 había sido un movimiento muy pequeño, vio engrosar sus filas con decenas de miles de partidarios provenientes de la derecha una vez iniciada la guerra, y se le unieron muchos izquierdistas atrapados en la zona nacional. La Falange organizó la mayor parte de las nuevas milicias de voluntarios, aunque los principales líderes falangistas habían muerto en combate o ejecutados en la zona republicana en los primeros meses de lucha, por lo que carecía de una dirección y de una estructura firmes.

En 1937 Franco se dio cuenta de la necesidad de crear alguna nueva forma de organización política, para evitar el error de Primo de Rivera, que no había institucionalizado plenamente el nuevo sistema. Había quedado impresionado por el poder del corporativismo católico, como había dicho en sus primeras declaraciones públicas, y había prestado particular atención a la principal definición teórica del programa carlista elaborado en 1935 por Víctor Pradera. Sin embargo, Franco se vio limitado por la falta de colaboradores políticos de plena confianza, y hubo de servirse sobre todo de su hermano Nicolás y de un puñado de militares subordinados de confianza.

En tales circunstancias, la llegada a la zona nacional, el 20 de febrero de 1937, del cuñado de Franco, Ramón Serrano Súñer —que acababa de huir de la cárcel en la zona republicana—, fue de una importancia notable. A diferencia de Franco, Serrano Súñer, esbelto, de ojos azules, con el cabello gris prematuramente, era un hombre de cierta cultura y refinamiento, abogado del Estado con un currículum universitario y profesional notable, y que había sido diputado en las Cortes y uno de los dirigentes juveniles de la CEDA. El trauma de la guerra civil lo radicalizó, pues sus dos hermanos habían muerto en el terror rojo de Madrid. Serrano había sido también amigo íntimo del líder falangista ejecutado, José Antonio, ya desde los tiempos de estudiante, y pronto sustituyó a Nicolás Franco como principal consejero y ayudante del Generalísimo.

El primer cometido político fue el de crear un partido de Estado más radical y elaborado, con por lo menos un contorno semifascista, organizado sobre la base de la Falange, pero integrando a otros grupos y partidarios nacionales. Según Serrano, en los primeros meses de 1937 Franco «andaba ya con la idea de reducir a común denominador los varios partidos e ideologías del Movimiento. Me enseñó unos estatutos de la Falange con copiosas anotaciones marginales suyas. Había establecido también comparaciones entre los discursos de José Antonio y los de Pradera»[41]. El carlismo, a juicio de Serrano, «adolecía de una cierta inactualidad política; en cambio, en el pensamiento de la Falange estaba incluida buena parte de su doctrina y ésta tenía, por otra parte, el contenido social, revolucionario, que debía permitir a la España nacional absorber ideológicamente a la España roja, lo que era nuestra gran ambición y nuestro gran deber»[42]. Los líderes provisionales de la Falange, encabezados por Manuel Hedilla, no ignoraban las intenciones de Franco. Se desencadenó una lucha interna por el poder, en Salamanca, sede habitual del gobierno de Franco, entre los líderes provisionales de Falange, los días 16, 17 y 18 de abril de 1937. Todo ello concluyó con dos falangistas asesinados, varios otros detenidos por la Guardia Civil, y con la elección de Hedilla como nuevo jefe nacional de Falange, aunque sin alcanzar la mayoría del Consejo Nacional de Falange.

Al día siguiente, 19 de abril, Franco se puso en acción, anunciando oficialmente la fusión de falangistas y carlistas en una nueva organización estatal llamada Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. El decreto de unificación de Franco insistía en la necesidad de una base política organizada para el nuevo Estado y afirmaba que «como otros países de régimen totalitario», debían combinarse las fuerzas tradicionales y las nuevas. Los Veintiséis Puntos de la Falange (excepto el último artículo, que rechazaba las fusiones) se anunciaron como «norma programática» del nuevo Estado, si bien estipulaban que «el Movimiento que hoy nosotros conducimos es justamente esto: un movimiento más que un programa. Y como tal está en proceso de elaboración y sujeto a constante revisión y mejora, a medida que la realidad lo aconseje» [43], punto que Franco remachó aun más enérgicamente en su discurso radiado esa misma noche. La nueva estructura política no rechazaba la restauración monárquica, pues Franco especificó que «cuando hayamos dado fin a esta ingente tarea de reconstrucción espiritual y material, si las necesidades patrias y los sentimientos del país así lo aconsejaran, no cerramos el horizonte a la posibilidad de instaurar en la nación el régimen secular que forjó su unidad y su grandeza histórica»[44], poniendo especial cuidado en emplear el término de Acción Española de instauración de una monarquía más autoritaria en vez de emplear el de restauración de un régimen monárquico parlamentario. Todos los demás partidos políticos fueron disueltos, pero la FET quedó abierta teóricamente a todos los seguidores del Movimiento Nacional, aunque posteriormente la membresía plena quedó condicionada a ciertas restricciones. Franco se nombró jefe nacional de la nueva FET, con un secretario, una Junta Política y un nuevo Consejo Nacional que sería nombrado posteriormente por aquél. Cinco días después el saludo fascista brazo en alto de la Falange se convirtió en el saludo oficial del régimen nacional. A esto se añadió la adopción de otros eslóganes falangistas y de varias insignias para la FET y, en cierta medida, también para el régimen: la camisa azul, el apelativo oficial de «camarada», la bandera roja y negra, el símbolo del yugo y las flechas, el himno «Cara al sol» y el eslogan «Arriba España».

La meta era crear un partido único semifascista, aunque no basado en una servil imitación de lo extranjero. En una entrevista publicada en un folleto titulado Ideario del Generalísimo, aparecido inmediatamente antes de la unificación, Franco declaraba: «Nuestro sistema será basado en un modelo portugués o italiano, aunque conservaremos nuestras instituciones históricas». Más tarde, en el ABC (Sevilla), entrevista del 19 de julio, Franco reiteraría que la meta a alcanzar era «un Estado totalitario», aun cuando el contexto en el que situaba siempre este término, invocando la estructura institucional de los Reyes Católicos en el siglo XV, indicaba que lo que Franco tenía en mente no era un sistema cualquiera de control institucional total como el de la Unión Soviética o el de los países fascistas radicales —es decir, un verdadero totalitarismo funcional—, sino simplemente un Estado militar y autoritario que permitiese un pluralismo limitado tradicional. Como dijo, de forma ambigua, en una entrevista para el New York Times Magazine en diciembre de 1937, «España posee su propia tradición, y la mayoría de las fórmulas modernas que deben ser descubiertas en los países totalitarios pueden encontrarse ya incorporadas dentro de nuestro pasado nacional». En febrero, antes de la unificación, Franco había declarado que no era asunto de la Falange el ser un movimiento fascista. «La Falange no se llama fascista a sí misma; así lo declaró su fundador personalmente». La costumbre de la zona nacional, habitual en un primer momento, por parte de la prensa, de llamar fascistas a los falangistas y a veces a otros grupos nacionales, no era una costumbre generalizada en 1937. Todo lo que Franco estaba dispuesto a conceder antes de la unificación era que el supuesto carácter no fascista de la Falange en general «no significa que no haya fascistas individuales (dentro de ella)». La función de la nueva FET fue la de incorporar, en palabras de Franco, la «gran masa neutral de no afiliados»[45], por lo que la rigidez doctrinal no era, evidentemente, algo que la favoreciese.

Los estatutos del partido, hechos públicos el 4 de agosto de 1937, hacían de la organización algo todavía más jerárquico y autoritario. El papel de Franco quedaba definido en los artículos 47 y 48:

El jefe nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S., supremo Caudillo del Movimiento, personifica todos los valores y todos los honores del mismo. Como autor de la era histórica donde España adquiere las posibilidades de realizar el destino y con él los anhelos del Movimiento, el jefe, en su entera plenitud, asume las más absolutas autoridades. El jefe responde ante Dios y ante la Historia.

…Corresponde al Caudillo designar a su sucesor, quien recibirá de él las mismas dignidades y obligaciones.

Un artículo anterior preveía asimismo que el Caudillo podría designar secretamente a su sucesor, que debería ser proclamado por el Consejo Nacional en caso de muerte o incapacidad de aquél. El jefe nacional poseía autoridad para nombrar a los jefes provinciales y a los miembros del Consejo Nacional.

Serrano Súñer tenía la responsabilidad de dar comienzo a la formación práctica de la FET y de conciliar a los viejos falangistas. Sólo un pequeño número de estos últimos se mantuvieron rebeldes de todos modos, por lo que algunos centenares más o menos acabaron detenidos y condenados a penas de prisión variables (aunque la mayoría a penas muy breves). Los carlistas se sometieron y colaboraron, aunque la mayoría se mostraba bastante escéptica respecto a desempeñar algún papel real en la nueva organización estatal. Los monárquicos y don Juan de Borbón, el joven heredero al trono español, también prometieron pleno apoyo a Franco mientras durase el conflicto civil. Curiosamente, fue Serrano más que Franco el que se llevó la peor parte de toda enemistad política contra la nueva alineación que existía en la zona nacional, pues Serrano era considerado el más activo administrador de la nueva organización y el nuevo «genio maligno», el llamado «cuñadísimo», de Franco.

Como informaba el embajador alemán a Berlín:

Franco había tenido un buen éxito, gracias al consejo de su cuñado, (..) en no hacerse enemigo de ninguno de los partidos representados en el Partido Unitario, que antes eran independientes y hostiles entre sí (…) pero, por otro lado, también al no haber favorecido a ninguno de ellos, para que no se hiciese demasiado fuerte (…). Por ello es comprensible que, dependiendo de la lealtad al partido de la persona en cuestión, uno puede llegar a oír la opinión (…) que «Franco es completamente una creación de la Falange», o bien la opinión que «Franco se ha vendido completamente a la reacción», o que «Franco es un verdadero monárquico», o que «se halla completamente bajo la influencia de la Iglesia»[46].

Franco eligió el 30 de enero de 1938, octavo aniversario de la caída de la dictadura de Primo de Rivera, para anunciar la nueva ley administrativa que establecía la estructura de su gobierno; y los nombres de los primeros ministros aparecieron al día siguiente. El artículo 16 del nuevo decreto relativo a la estructura del gobierno y de la administración, se refiere oficialmente a los poderes de la dictadura, estipulando que «al Jefe del Estado le corresponde la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general». Esta ley declaraba asimismo que la función de presidente del Gobierno estaba «unida a la de Jefe del Estado», reservándola permanentemente para Franco.

El primer gobierno, nombrado el 31 de enero, sustituyó a la Junta Técnica con ministros de un gobierno regular, y proporcionó el primer claro ejemplo de lo que sería la actuación típica de Franco de buscar el equilibrio, otorgando representación a todas las principales corrientes políticas. Cuatro de los diez ministerios fueron a parar a manos de militares, reconociéndose así el papel especial de los militares en el nuevo sistema. De todos ellos, el que quedó situado en un lugar de privilegio fue el capaz y respetado teniente general Francisco Gómez Jordana, que se convirtió en vicepresidente del Gobierno y en ministro de Asuntos Exteriores. Sólo dos ministerios —Agricultura y Organización Sindical— pasaron a manos de falangistas.

Realmente Franco no hubo de hacer frente más que a muy pocos problemas internos durante los dos últimos años de la guerra civil. Hubieron de tomarse algunas pequeñas medidas disciplinares contra unos cuantos falangistas y, con muchos más miramientos, hacia dos generales que tenían la costumbre de hablar de forma demasiado insolente, pero Franco, en general, tuvo éxito en evitar las querellas internas por el resto del conflicto, concentrando las energías y los recursos en la consecución de la victoria militar. Su liderazgo fue aceptado casi de forma general, como necesario para dirigir una lucha desesperada hasta la victoria.

Si bien es cierto que Franco carecía de las cualidades estéticas indispensables para el carisma, no hay demasiadas dudas de que, teniendo en cuenta sus propias características, el liderazgo de Franco adquirió dimensiones plenamente carismáticas durante la guerra civil. El status de Caudillo, que nunca se había definido plenamente en la teoría[47], se basaba implícitamente en una legitimación carismática y supranormal. Los aspectos de la carrera de Franco y de su liderazgo que contribuyeron a ello fueron varios: 1) su notable historia personal y su reputación, que se originó en los días de lucha en África, donde parecía que resultaba siempre victorioso, mientras que otros oficiales morían, caían heridos o eran derrotados; 2) las circunstancias dramáticas de España y el movimiento militar de 1936, que creó un movimiento popular amplio prácticamente de la nada, y que reconoció la preeminencia personal de Franco sobre todos los demás dirigentes nacionales —una verdadera elevación del jefe sobre los escudos de la élite militar, como en los antiguos tiempos visigóticos; 3) los innegables efectos de lo que se había convertido en la máquina de propaganda nacional; 4) el desarrollo de un estilo personal en Franco, no brillante, ni especialmente atractivo, ni siquiera elocuente, sino un estilo seguro de sí mismo, firme, convincente en el mando, y capaz de comunicar con facilidad a sus seguidores principios básicos y asuntos en general; 5) la consolidación de la nueva cultura de los nacionales, con una autoridad reconocida y una continuidad basada en una especie de legitimación histórico-cultural que Franco encarnaba; 6) sobre esta base, la apelación al tradicionalismo y la combinación de una elevada tradición española con nuevos aspectos modernos; 7) el liderazgo victorioso seguro y continuo de Franco durante la guerra civil, en el que siempre se podía confiar y bien organizado, que nunca dio un paso atrás y que apenas perdió batallas; culminando todo ello en 8) el desarrollo de un nuevo sistema estatal que era la síntesis de todos estos logros, de la cultura y de la tradición históricas nacionales y de las exigencias de un gobierno del siglo XX, y que supuestamente marcaba el inicio de una nueva era histórica.

Al terminar la guerra civil el régimen no sólo era victorioso desde el punto de vista militar, sino que también había tenido éxito en el campo económico. A lo largo del conflicto había mantenido una moneda estable y un tipo de cambio también estable sin reservas de oro ni un sistema bancario central, mientras que la peseta republicana se había hundido bastante antes del final de la guerra. Se trataba de un éxito notable, lo que parecía indicar la existencia de una capacidad para la organización económica, además de para la militar (y produjo pocos temores respecto de los malos días que vendrían inmediatamente después del fin de la guerra).

La exaltación propagandística de Franco comenzó a dar sus primeros pasos en 1937, pero no alcanzó su culminación hasta 1939—La Delegación de Prensa y Propaganda gubernamental data de febrero de 1937, anterior a la formación del partido oficial y a la plena organización estatal. Poco antes del primer aniversario de la toma del poder de Franco, el 1 de octubre fue declarado Fiesta Nacional del Caudillo. El nombre de Franco se mencionaba cada vez más en cualquier ocasión; «Franco, Franco, Franco» se convirtió en un eslogan y sonsonete equivalente al de «Duce, Duce, Duce». El estilo era claramente fascista, totalmente diferente del autoritarismo impersonal, tranquilo y teóricamente constitucional del vecino Portugal. Al mismo tiempo, se dio mucha mayor importancia al liderazgo militar de Franco de la que se había dado en Alemania o incluso en Italia. «Los césares eran generales victoriosos» se convirtió en un eslogan corriente, y en ciertos casos la imagen del césar se invocó casi tanto como en Italia. En términos de política comparativa, la legitimación simbólica era así, pues, más pretoriana o bonapartista que directamente fascista.

Pero la apariencia física continuaba traicionando la imagen militar y política. Pese a la importancia que tradicionalmente se da en la sociedad española a la elegancia en el vestir, hubieron de pasar varios años antes de que el Generalísimo se hiciese, finalmente, con un sastre competente. Así las cosas, su figura achaparrada y regordeta, sus mal cortados uniformes, sus manos húmedas, sus maneras tímidas, voz aguda y la tendencia a contonearse un poco cuando caminaba hacía las delicias de los caricaturistas enemigos y lo convertían en blanco de los sarcasmos incluso de sus generales más antiguos y de sus ministros. El ministro de Educación, el monárquico Sainz Rodríguez, observaba mordazmente, refiriéndose a la hija del Caudillo: «Esta Carmencita cada día se parece más a su padre por la voz»[48]. El locuaz y zafio «macho» Queipo de Llano (cuyo poder se había visto reducido netamente por Franco), detestaba al Generalísimo y su estilo y maneras, refiriéndose a él en privado como «Paca la culona». Casi dos décadas hubieron de transcurrir antes de que Franco se sometiese a una dieta rica en proteínas y se hizo más esbelto y distinguido en su apariencia, más como un dictador de edad que como un caudillo victorioso de mediana edad de los años de la guerra civil.

La formación del primer gobierno regular de Franco en 1938 señaló el fin de la carrera de su hermano Nicolás, que había durado dieciocho meses, y que cada vez estaba más relegado a un papel secundario después de la llegada de Serrano Súñer. Nicolás encabezó una delegación nacional importante a Roma a fines del verano de 1937 con el fin de obtener más ayuda de Italia, y Franco planeó nombrarlo ministro de Industria en el nuevo gobierno, sobre la base de la experiencia de su hermano en dirigir un astillero. Serrano Súñer consiguió convencer a Franco de que en este caso habría habido «demasiada familia» y que esto habría podido provocar el antagonismo de la gente. Por ello Nicolás fue nombrado embajador en Lisboa, puesto que conservará durante más de dos décadas.

A fines de 1938 Franco perdió a su hermano pequeño, Ramón, del cual había estado alejado mucho tiempo y que había decidido abandonar su puesto diplomático en Washington D. C., y unirse a los nacionales sólo después de que la guerra civil había comenzado hacía tres meses. A continuación Ramón recibió el mando de una unidad aérea de la Marina que operaba sobre Mallorca, en la que no halló demasiada aceptación ni admiración universal[49], debido a sus antecedentes izquierdistas, aun cuando había abjurado de su pasado extremista. Sea cual fuere la opinión de sus colegas, Ramón Franco, ahora de mediana edad, había cambiado considerablemente desde los días de su juventud. Se había hecho más serio e incluso algo reservado, dedicado exclusivamente a la familia y a la profesión. Tomó parte en cierto número de misiones de combate en el Mediterráneo, pero el 28 de octubre de 1938 desapareció durante un vuelo con un tiempo muy malo; más tarde, su cadáver apareció flotando sobre el agua. Franco no mostró gran interés en recordar a su hermano menor, cortando las relaciones, prácticamente, con la viuda de aquél (aun cuando ésta no era una cabaretera como la anterior) y con la hija durante el resto de su vida.

En agosto de 1937 la residencia oficial de Franco se trasladó a Burgos, siendo utilizada como capital del gobierno nacional, donde se instaló una grande y heterogénea residencia (de la que formará parte la familia, más bien numerosa, de Serrano Súñer) en el palacio de Isla, una antigua casa aristocrática. Aquí la familia de Franco siguió un régimen austero por lo general, que no presagiaba la pompa y la ostentación de los años posteriores. El Generalísimo se dedicaba a su trabajo con poco tiempo de descanso. Evitaba el enfrentamiento personal con los subordinados; cuando se cesaba a alguien, la notificación le llegaba en forma de orden escrita e impersonal. Como siempre, en las entrevistas personales y en las conversaciones permanecía cauto y reservado. Dionisio Ridruejo, que pronto dirigiría la propaganda de la FET, escribirá más tarde que, cuando se le hizo pasar al cuartel general de Franco, «Me sorprendió encontrarme con una persona más tímida que arrogante»[50]. Como era habitual, salvo en las reuniones oficiales de su Estado Mayor o de su gobierno, prefería mantener charlas intrascendentes a discusiones serias sobre asuntos fundamentales. No compartía todos los problemas con Serrano; doña Carmen era su única persona verdaderamente íntima. Su comportamiento personal iba de un extremo a otro, pues podía exhibir lágrimas genuinas de pena o de rabia cuando le presentaban informes sobre las últimas atrocidades de la zona republicana, al tiempo que mantenía una frialdad de hielo en los momentos de peligro o tensión cuando mandaba tropas, o cuando ratificaba las ejecuciones de izquierdistas condenados. Lo que nunca se alteraba era su imperturbable confianza en sí mismo —basada en un irresistible sentimiento de rectitud— y en la justicia de su misión y en lo adecuado de su liderazgo.

La revuelta militar no se había iniciado oficialmente como movimiento católico, e incluso en su primer mensaje como jefe del Estado, el 1 de octubre de 1936, Franco había prometido únicamente que su gobierno, «sin ser confesional, respeta la religión de la mayoría del pueblo español, sin que esto suponga intromisión de ninguna potestad dentro del Estado»[51]. La meta contrarrevolucionaria de la rebelión hizo que los católicos de derechas fuesen aliados naturales de Franco desde un principio, y éste pronto acabará basándose cada vez más en la religión como apoyo espiritual para el esfuerzo de guerra y para su gobierno. Franco había sido criado como católico devoto. Aunque esta base familiar no tuvo una influencia discernible en sus hermanos, la actitud de Franco había sido siempre mucho más respetuosa con la religión. Aunque cuando era un oficial joven en Marruecos no se había mostrado especialmente dado a la fe religiosa, el matrimonio reforzó su identidad católica. En 1936, si no antes, había llegado a la conclusión de que la fe católica y el nacionalismo español eran inseparables, aceptando plenamente la ideología tradicional española, que ponía énfasis en una especial relación nacional con el catolicismo y con la misión religiosa única de España. Su sobrina mayor ha afirmado que «su fe era verdadera y de ningún modo una máscara acomodaticia, aunque su manera de entender el Evangelio deje mucho que desear y sea más que discutible»[52]. Ciertamente, la fe religiosa fue para Franco un aspecto importante del sentido de destino personal que había ido desarrollando.

En las primeras semanas como jefe del Estado, no obstante, fue con pies de plomo, pues la jerarquía de la Iglesia española no se había unido en conjunto al nuevo régimen ni parecía que el Vaticano se mostrase contento de reconocer diplomáticamente a Franco. Así pues, en un primer momento, el régimen parece que se denominó a sí mismo Estado católico en un decreto menor del 30 de octubre de 1936, que establecía el «plato único» (día en que los restaurantes, una vez por semana, servían un solo plato, como símbolo de austeridad). Se oficializaron los capellanes militares en el Ejército nacional, el 6 de diciembre de ese año, aunque ya habían servido en algunas unidades de voluntarios (especialmente en las carlistas de Navarra) desde los primeros momentos. Pese a todo esto, las subsiguientes negociaciones con la Iglesia resultaron ser sorprendentemente tensas y difíciles.

El 29 de diciembre de 1936 Franco y el cardenal primado Gomá firmaron un acuerdo no formal de seis puntos, en el que Franco prometía plena libertad de actividades para la Iglesia. Se comprometía a abstenerse de un control unilateral de ambas esferas en las competencias que se superpusieran entre la Iglesia y el Estado, y a adaptar la legislación española a la doctrina de la Iglesia. El Vaticano realizó un débil esfuerzo de mediación en la guerra civil, pero fue dejado a un lado meses después, y durante 1937 las relaciones entre la Iglesia y el nuevo Estado comenzaron a regularizarse. Las condiciones del tiempo de guerra impidieron que se restaurase el antiguo presupuesto eclesiástico, y en ciertos aspectos se requirió la asistencia eclesiástica al Estado, pero se adoptaron numerosas medidas para establecer las normas católicas en la mayor parte de los aspectos de la cultura y de la educación y para impulsar la observancia religiosa. Se restauraron el culto mariano y todos los símbolos tradicionales en las escuelas públicas, el Corpus Christi fue declarado fiesta nacional una vez más, y Santiago volvió a ser el santo patrón de España. A éstas siguieron otras regulaciones, que no se completarán hasta casi una década después.

Pese a que el Vaticano se mostró reticente a comprometerse, Franco presionó a la jerarquía eclesiástica española a hacer una declaración para despejar falsas impresiones en el extranjero. El propio Gomá deseaba que la jerarquía de la Iglesia española tomara una postura oficial a través de una pastoral colectiva. Tras obtener la aprobación del Vaticano, de todo esto salió la famosa «Carta Colectiva» de la jerarquía española, publicada el 1 de julio de 1937, inmediatamente después del hundimiento de la resistencia de los vascos (católicos) en Vizcaya. Este importante documento consistía en una declaración larga y detallada sobre la postura de la Iglesia española sobre la guerra, e incluía una justificación cuidadosamente elaborada. Con la excepción de dos prelados disidentes, que se negaron a firmar, la jerarquía española apoyó e hizo suya la lucha de los nacionales en la guerra civil, aunque no hizo suyo el régimen de Franco como forma específica de gobierno ni como un fin en sí mismo.

Sin embargo, la derogación formal de algunas de las más importantes leyes anticatólicas de la República quedó aplazada por el gobierno de Franco hasta la primavera de 1938, cuando estuvo seguro de su predominio militar en la guerra y del apoyo del Vaticano. En marzo de ese año se reinstauró la instrucción religiosa obligatoria en los centros de enseñanza públicos, se reinstalaron obligatoriamente los crucifijos en las aulas, se dio especial énfasis a la validez del matrimonio católico, y se anunciaron directrices para elaborar planes de estudios secundarios influidos por la religión. La única expresión persistente de anticlericalismo puede encontrarse entre los elementos más radicales de la Falange, que jugaron un papel importante en el nuevo equilibrio político del régimen. Franco gobernaba un sistema fundamental pero en absoluto totalmente clerical, y quiso reservarse otras cartas no clericales, pese a que su postura pública de total religiosidad nunca le habría permitido admitirlo así.

Si la religión representaba la expresión espiritual ideal del Movimiento Nacional de Franco, su lado más negativo y odioso fue la represión política y las ejecuciones generalizadas. El 28 de julio de 1936, la Junta de Burgos instauró la ley marcial total (estado de guerra jurídico) en toda la zona nacional. De todos modos, el poder político y jurídico no quedó centralizado hasta más de ocho meses después. Las autoridades militares locales o regionales fueron las responsables directas de la acción policial durante las primeras fases de la guerra civil, mostrándose implacables en las ejecuciones. El propio Franco estableció un importante precedente en los primeros días de la rebelión en Marruecos cuando, poco después de asumir el mando, dio el visto bueno a la ejecución de su primo hermano, el comandante Ricardo de la Puente Bahamonde, que se había opuesto a la rebelión en su calidad de comandante del campo de aviación de Tetuán. Casi todos los oficiales de mayor rango de la zona nacional que se negaron a unirse a los levantados fueron fusilados en el primer año de la guerra civil. Ni siquiera Franco pudo salvar la vida de uno de sus más valiosos subordinados de la antigua Academia Militar de Zaragoza, general Miguel Campins. Campins era jefe de la guarnición de Granada y se había mostrado reticente en apoyar la rebelión, por lo que el comandante en jefe nacional de Andalucía, Queipo de Llano, le relevó inmediatamente del mando, le sometió a un consejo de guerra, y rechazó netamente la demanda personal de Franco de que la condena fuese revisada[53]. El blanco de la represión eran dirigentes y militantes izquierdistas en general, y cualquiera que fuese sospechoso de oponerse al Movimiento Nacional en particular. En la represión se actuaba al azar en ambos bandos de la guerra civil, pero las personalidades activas de la oposición política eran personas ya señaladas, aunque miles de miembros ordinarios y de milicianos acabaron siendo fusilados también. De ambos terrores, el Terror Blanco de los nacionales fue probablemente el más eficaz, no porque matase más gente, sino porque estaba mejor organizado.

Después de que Franco hubo asumido la jefatura única en octubre de 1936, comenzaron a hacerse algunos intentos para centralizar la represión y consolidar el control del nuevo gobierno sobre los tribunales militares y, en general, sobre todo el procedimiento jurídico. El colaborador principal de Franco en este campo fue el comandante (luego teniente coronel) Lorenzo Martínez Fuset, jefe de la sección jurídica militar del cuartel general de Franco, pero en los primeros meses del nuevo régimen sólo la parte norte principal de la zona nacional acabó estando bajo algún tipo de coordinación. El impulso final para la integración del sistema de tribunales militares lo proporcionaron las repercusiones de la conquista de la zona de Málaga por las fuerzas nacionales e italianas en febrero de 1937. Aquí, simplemente, Queipo de Llano extendió las prácticas comunes a las zonas de Sevilla y Granada de los meses anteriores, llevando a cabo ejecuciones sumarias en las zonas ocupadas recientemente, sin ni siquiera el simulacro de un consejo de guerra. Esto asombró a los aliados italianos, que se mostraron reticentes a veces a entregar a los prisioneros republicanos directamente a los nacionales por temor a lo que se pudiese hacer con ellos. La derrota de las tropas italianas en Guadalajara sólo un mes más tarde no hizo sino aumentar la preocupación del mando italiano, deseoso de evitar represalias contra los soldados italianos capturados por los republicanos.

Las atrocidades de Málaga y las protestas italianas evidentemente llevaron a Franco a tomar medidas. Se instauró un sistema de tribunales militares nacionales regulares por primera vez en los sectores meridionales, creándose cinco tribunales militares en Málaga para canalizar la represión. El 4 de marzo Franco informaba al embajador italiano que había dado órdenes para detener el fusilamiento de los prisioneros republicanos con el fin de animar a otros a desertar, y dijo que las condenas a muerte por los consejos de guerra quedarían limitadas a los dirigentes izquierdistas y a aquellos que fuesen culpables personalmente de crímenes, y que incluso en esos casos, apenas algo más del 50 por 100 de los condenados serían ejecutados realmente. A fines de mes, Franco informaba al embajador italiano que había conmutado la pena de muerte a diecinueve masones en Málaga y destituyó a dos jueces militares cuyos veredictos habían sido dudosos.

A finales de marzo de 1937 parece haber sido, así, la fecha en la que Franco impuso la exigencia de que todas las sentencias de muerte de los tribunales militares deberían ser enviadas directamente a la Asesoría Jurídica de Martínez Fuset, en su cuartel general, para ser revisadas antes de dictar sentencia. A veces Fuset organizaba tales veredictos a diario, por lo que, desde este punto de vista, el Generalísimo, se dice, revisó todas las sentencias capitales de todos los tribunales militares en casos de delitos políticos. Según cierta versión[54]. Franco hacía preceder a todos los nombres de las listas la letra E, que significaba «enterado» (es decir, que estaba «informado» y que daba su «aprobación») o la letra C, que significaba «conmutada». Cuando el condenado aparecía indicado como culpable de crímenes horribles, individualmente, tales como violación o asesinato, se dice que Franco añadía a veces «garrote y prensa», indicando con ello que debía ser ejecutado por garrote vil y que la ejecución debía ser anunciada por la prensa, lo que de costumbre no ocurría. Se ha dicho que Franco estaba más inclinado a la indulgencia en el caso de anarquistas que en el de marxistas o masones, pues pensaba que los primeros eran más honrados y redimibles y no se hallaban bajo la influencia de fuerzas internacionales que emanaban de Moscú o de los cuarteles generales masónicos en el extranjero. Por el contrario, Franco no dejaba a veces de intervenir personalmente para que se dictaran sentencias y condenas más rigurosas (al menos en algunos casos), como él mismo recordará en años sucesivos. El Generalísimo no solía recibir más que muy raras veces representaciones de visitantes que le pedían mayor clemencia, aunque estos visitantes fueron pocos y se les hizo poco caso.

En conjunto, el coste en vidas humanas de la guerra civil y durante la represión en ambas zonas fue considerable, aunque mucho menos de «un millón de muertos», como durante mucho tiempo ha afirmado la leyenda. Según el mejor estudio existente[55], el conflicto provocó algo menos de 300.000 muertes violentas, de las que muy pocas más de la mitad fueron de militares en combate (en proporción análoga por ambas partes). Las ejecuciones y los asesinatos en ambas zonas costaron la vida a más de cien mil personas (el número total de asesinatos en la zona republicana fue mayor que en la nacional). Además, hubo aproximadamente unos 25.000 muertos en combate entre los voluntarios extranjeros de ambos bandos, a lo que hay que añadir unos 15.000 civiles en total muertos por acciones militares. Con todo, a esto hay que añadir la muerte prematura por enfermedades y desnutrición de unos 165.000 más, y la pérdida, por exiliarse permanentemente, de al menos 162.000 republicanos.

El fin de la guerra no puso fin a la militarización del sistema judicial. El estado de guerra declarado por la Junta de Defensa Nacional el 28 de julio de 1936 permaneció jurídicamente en vigor, sin que Franco lo levantase, hasta el 7 de abril de 1948. Los crímenes políticos individuales continuarían siendo juzgados por los tribunales militares, y tanto la Guardia Civil como la Policía Armada siguieron siendo mandadas por oficiales del Ejército y seguían sometidos a la disciplina militar. Tales circunstancias tenían algunos precedentes en España, pues bajo la República, entre 1934 y 1936, más de dos mil civiles fueron juzgados por los tribunales militares por su participación en la insurrección de 1934.

Con el fin de establecer unas normas para los juicios políticos, se promulgó, el 9 de febrero de 1939, una ley especial, la Ley de Responsabilidades Políticas, que preveía penas por actividades políticas y relacionadas con la política, retroactivas al 1 de octubre de 1934. Su jurisdicción cubría todas las formas de subversión y ayuda al esfuerzo de guerra de la República, e incluso ejemplos de «pasividad grave» durante la guerra. Las categorías de personas acusadas automáticamente por esta ley incluían a todos los miembros de los partidos políticos revolucionarios y liberales de izquierda, aunque no automáticamente la masa de miembros de los sindicatos izquierdistas, y a cualquiera que hubiese participado en un tribunal popular revolucionario en la zona republicana. También la pertenencia a una logia masónica era base suficiente y automática para ser acusado, pese al hecho de que el jefe de la Junta de Defensa Nacional (general Cabanellas) había sido masón. Se crearon tribunales regionales en cada región del país, con un Tribunal Nacional en Madrid. Se definían tres principales categorías de culpabilidad, con penas que iban de quince años a seis meses de cárcel. En general, la tendencia fue imponer a los condenados penas graves en un primer momento, para luego reducirlas.

No existía, como tal, pena de muerte para los delitos políticos, pero se impusieron numerosas condenas a muerte para los acusados de delitos políticos violentos (categoría evidentemente elástica en los tiempos inmediatamente posteriores a la guerra). Las ejecuciones tuvieron lugar, aunque a un ritmo decreciente, hasta muy avanzado 1944. Una vez más, el estudio más detallado es el de Ramón Salas Larrazábal[56]; éste llega a la conclusión de que el número aproximado de ejecuciones políticas llevadas a cabo por el régimen a lo largo de los seis primeros años de la posguerra, entre 1939 y 1945, fue aproximadamente de 28.000. A partir de este año, las ejecuciones directas se hicieron relativamente raras.

A fines de 1939, la población carcelaria era numerosísima, alcanzando la cifra de 270.719 reclusos. Las amnistías parciales sucesivas, que se iniciaron en 1941, redujeron esta población con rapidez, bajando a los 43.812 a fines de 1945 y a 30.610 para fines de 1950[57]. La dureza de la represión, como la de la guerra civil, no tenía precedente en la historia contemporánea de España, aunque pronto se convirtió en algo bastante atenuado con el paso del tiempo.

3

La segunda guerra mundial: tentación,
peligro y cambio

La victoria total de Franco en 1939 le confirió más poder que a ningún otro gobernante anterior en España. Ningún rey medieval o de los primeros siglos de la Edad Moderna dispuso de la autoridad absoluta que le permitiese un control centralizado tan fuerte y erigir una estructura administrativa adecuada como para controlar un régimen autoritario organizado del siglo XX. Aunque apenas una mitad de la población española, como mucho, había apoyado el esfuerzo de guerra nacional de manera directa, la mayoría de la otra mitad estaba dispuesta, al menos pasivamente, a aceptar el régimen de Franco, aunque fuese sólo a causa del hambre, del agotamiento, de la desilusión y por la derrota total de su causa. En teoría, esto dio a Franco la gran oportunidad de forjar un nuevo consenso nacional, aunque esto significó para él la oportunidad de imponer un control político absoluto, con el fin de erigir un régimen autoritario que estableciese un gobierno totalitario y una serie de políticas unilaterales establecidas sobre bases individuales y ad hoc, más que sobre bases de acuerdo con un diseño o plan concebido en todos sus detalles.

Los primeros meses de paz dieron lugar a un lento proceso de instauración del régimen en la recientemente ocupada capital, Madrid, y a la articulación de una organización administrativa para Cataluña y para la amplia zona de territorio republicano ocupado al final de la guerra. El traslado de los distintos ministerios a Madrid no se completó hasta pasados varios meses, y el propio Franco no se estableció definitivamente en la capital hasta octubre de 1939, trasladando a su familia primero al castillo de Viñuelas (propiedad del duque del Infantado), a unos dieciocho kilómetros de la ciudad. Cinco meses más hicieron falta para que se acondicionara la nueva residencia oficial del jefe del Estado, El Pardo, palacio borbónico del siglo XVIII, en las cercanías de Madrid, al noroeste, que había sido utilizado como cuartel por tropas comunistas durante la guerra. El hecho de estar apartado y el de que dispusiese de un pequeño coto de caza adjunto era ideal para los fines de Franco. Una vez que la familia se trasladó allí a comienzos de 1940, siguió siendo la residencia oficial del Caudillo hasta su muerte.

A Franco se le había proporcionado también una residencia de verano ya en 1938, cuando el gobernador civil de La Coruña —en cuya provincia había nacido Franco— abriera una suscripción (en realidad, se dijo, era de hecho un impuesto local) para comprarle una propiedad en su tierra natal. Los fondos así recaudados se utilizaron para comprar el pazo de Meirás, elegante propiedad rural que había pertenecido tiempo atrás a la famosa novelista gallega (pariente lejana de la familia de Franco) Emilia Pardo Bazán. El pazo de Meirás seguiría siendo la residencia de verano de Franco hasta su muerte y, a diferencia de El Pardo, era propiedad particular suya.

Franco dedicó gran parte de la primavera de 1939 a las primeras de las que se convertirían en una amplia serie de visitas a distintas partes de España. Tales viajes —que se llevaban a cabo siempre en limusinas muy rápidas, en caravanas muy vigiladas, y nunca por avión, pues esto había costado la vida a dos de los más importantes generales nacionales— tenían como finalidad la toma de contacto con la gente de todo el país y la consolidación del liderazgo y la presencia del Caudillo. El aparato de seguridad fue siempre grande, pero nunca tanto ni tan totalmente opresivo como en las sociedades totalitarias. Las visitas, por lo general a una ciudad importante o al menos a una capital de provincia, preveían una o más apariciones notables en público y breves discursos de Franco, y masas ingentes y vitoreantes, cuya presencia quedaba garantizada por la movilización de la FET o de los sindicatos.

En 1939 predominaba ampliamente el estilo fascista, con las invocaciones rituales de «Franco, Franco, Franco». El nombre del Caudillo aparecía pintado en las fachadas de muchos edificios públicos a través de toda España, y su fotografía se colocaba en todas las oficinas públicas, así como en los nuevos sellos de Correos y las nuevas monedas españolas. Las primeras celebraciones llegaron a su punto culminante en el gran desfile de la victoria del 19 de mayo, cuya celebración finalizó con una especie de apoteosis con aclamaciones personales a Franco.

Los líderes del nuevo Estado español creían firmemente que el orden europeo iba hacia la implantación de regímenes autoritarios «orgánicos», y durante los cuatro primeros años después de la guerra civil Franco dirigirá el gobierno como si se tratase de un ejército, gobernando por leyes de prerrogativa, decretos personales emanados del jefe del Estado. El 9 de agosto de 1939 se publicó una nueva Ley de la Jefatura del Estado, que amplió los poderes de Franco, definidos originalmente por el decreto del 29 de enero de 1938. En las nuevas medidas se afirmaba que los poderes del gobierno «quedaban confiados de modo permanente» a Franco, que se vio totalmente exento de la necesidad de someter las nuevas leyes o decretos a sus ministros cuando «problemas urgentes» así lo exigiesen. Los estatutos revisados de la FET, publicados algunos días más tarde, permitieron aumentar su directo control sobre el partido del Estado. Aunque la sociedad española de posguerra y sus instituciones no eran totalitarias en absoluto en el sentido de un completo control del gobierno, el nuevo gobierno era, según su propia teoría, una dictadura personal más directa que las de la URSS, Italia o Alemania.

El 8 de agosto de 1939 Franco reorganizó completamente su gobierno, conservando sólo dos de los titulares, Serrano Súñer y Alfonso Peña Boeuf, ingeniero de profesión, encargado del Ministerio de Obras Públicas. Cinco ministerios fueron a manos de los falangistas y neofalangistas, mientras que en el anterior gobierno sólo había dos, lo que reflejaba el intento de aproximación, al menos simbólicamente, a la nueva era fascista que parecía estar surgiendo en Europa. Con todo, tres de los cinco nuevos ministros falangistas eran en realidad militares, empezando por el coronel Juan Beigbeder, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Para controlar a las fuerzas armadas Franco había planeado en un primer momento un Ministerio de Defensa unificado, pero esta idea se dejó a un lado en seguida por la necesidad de satisfacer a los diferentes servicios y reconocer la labor de generales importantes, y porque podría haber concentrado demasiado poder en manos de un solo ministro. Por tanto, se crearon tres carteras separadas, una para el Ejército, otra para la Marina y una última para la Aviación. El cargo de vicepresidente del gobierno, que anteriormente había recaído en el ministro de Asuntos Exteriores saliente, general Gómez Jordana, fue sustituido por el de subsecretario de la Presidencia del Gobierno, creada para coordinar la labor del ejecutivo. Este cargo fue adjudicado al monárquico y antifalangista oficial de Estado Mayor coronel Valentín Galarza, que había jugado un papel notable en la conspiración de 1936, lo que dio a los militares, en la práctica, otro puesto en el gobierno.

Aunque algunos han calificado de falangista a este gobierno, evidentemente no era tal. El nuevo gobierno representaba el resultado de lo que era habitual en Franco, la búsqueda del equilibrio entre las distintas «familias» ideológicas del régimen. Lo más parecido a una concentración de poder se daba entre los militares, aun cuando éstos controlaban escaso poder corporativo; los ministros militares eran seleccionados con sumo cuidado por su personalidad, lealtad e identificación política (o falta de ésta) para desempeñar lo que eran principalmente papeles individuales. Durante toda la primera fase del régimen, hasta 1945, el personal militar controlará el 45,9 por 100 de los nombramientos ministeriales y el 36,8 por 100 de todos los cargos importantes del gobierno, concentrados sobre todo en los ministerios de las fuerzas armadas y Gobernación, que controlaba a la policía. Los falangistas, en cambio, comparativamente, coparán el 37,9 por 100 de los nombramientos ministeriales y sólo el 30 por 100 de los cargos administrativos importantes, concentrados sobre todo en la administración del partido, Trabajo y Agricultura[58]. El nuevo secretario general de la FET era el general Agustín Muñoz Grandes, militar profesional y africanista, que en su día jugó un papel importante en la organización de los Guardias de Asalto, fuerza armada urbana de la República, en 1931-1932. Durante la mayor parte de su carrera había sido soldado profesional, y luego mando de la policía, y había evitado verse envuelto en política. Por ello se había negado a tomar parte en la conspiración y rebelión de 1936. Aunque fue detenido in mediatamente por las autoridades republicanas, en abril de 1937 un tribunal republicano lo había absuelto de todos los cargos de actividades antirrepublicanas, permitiéndole abandonar España libremente y por ende pasar a la zona nacional. En la guerra Franco dio a Muñoz Grandes el mando de una división, y el ascenso de éste fue rápido, debido a su talento profesional y a una combinación peculiar de austeridad y ambición. Muchos quedaron sorprendidos de que Franco le asignase el puesto de jefe de la FET y un puesto en el gobierno, pues Muñoz Grandes era neofalangista (no había mostrado el más mínimo interés por la Falange antes de 1937), pero sobre todo debido a que Franco quería mantener la organización bajo la autoridad de un militar. Muñoz Grandes fue nombrado también jefe de la milicia de Falange; esta milicia, en realidad, iría languideciendo a causa del bajo reclutamiento y de su estricta subordinación a la organización militar. El otro falangista importante que ocupó un cargo ministerial fue Serrano Súñer, que se hizo con el Ministerio de Gobernación, que ocupará desde enero de 1938, y fue nombrado presidente de la Junta Política de la FET.

En 1939, la organización de la FET afirmaba tener aproximadamente 650.000 miembros masculinos activos. La mayoría de los jóvenes en edad de trabajar que deseaban mejorar en el campo de la política, obtener un empleo estatal, o progresar en los distintos campos de la actividad profesional o económica hallaron que la pertenencia a Falange era un expediente útil, y el número de miembros de la FET continuará creciendo aún durante tres años, hasta alcanzar el punto culminante de 932.000 en 1942. La FET tenía la responsabilidad del adoctrinamiento político de la población y de proporcionar la infraestructura política del sistema. Casi todos los nuevos gobernadores de provincia y alcaldes eran miembros titulares, pero el grueso de los afiliados permanecían relativamente pasivos y sólo se los movilizaba de tarde en tarde. Cientos de desilusionados «camisas viejas» (miembros veteranos de la Falange desde antes de la unificación), que estimaban que la nueva España no era en absoluto un sistema nacionalsindicalista dinámico y revolucionario como el que ellos querían, habían ido abandonando la participación activa. En general, la organización de la FET se sentía satisfecha con un número de miembros nominalmente elevado pero escasamente movilizado y básicamente pasivo.

Un pequeño núcleo de camisas viejas se mostraba tan descontento por la toma del poder por Franco y por su control del partido, que a fines de 1939 organizaron un complot para asesinarle. Acabaron volviéndose hacia Hans Thomsen, el Landesgruppenleiter de la organización del Partido NacionalSocialista entre los residentes alemanes en Madrid, en petición de ayuda. De todos modos, el gobierno alemán, parece ser, se negó a conceder cualquier ayuda a menos que los falangistas aceptasen colocarse directamente bajo las órdenes de Adolf Hitler. En una reunión celebrada por el pequeño grupo de Madrid hacia fines de marzo de 1941, los conspiradores falangistas decidieron cancelar los planes de asesinato, llegando a la conclusión de que no había nadie que pudiese sustituir a Franco y que, sin él, el falangismo habría carecido del apoyo necesario[59].

El proyecto más ambicioso e importante asignado a los falangistas inmediatamente después de la guerra civil fue la construcción de la nueva Organización Sindical, que debería crear el sistema nacional de sindicatos de propietarios y empleados para canalizar la fuerza de trabajo y administrar la economía política. El delegado nacional de Sindicatos, Gerardo Salvador Merino, hizo lo posible para que el régimen sindical tuviese una influencia decisiva en el nuevo régimen, pero con ello se granjeó la extrema enemistad de los generales conservadores. El ardiente pro-nazi Salvador Merino acabó siendo relevado de su cargo por Franco en julio de 1941, en parte debido a su anterior pertenencia a la masonería.

La política económica del nuevo régimen estaba dominada no por el nacionalsindicalismo, sino por una fuerte política estatal de autarquía nacional. Los puntos clave eran la austeridad y el sacrificio, siendo la meta el desarrollo de una fuerte economía moderna controlada extensivamente por el Estado. Las materias primas quedaban racionadas y se concedían por asignación, y la extensa red de controles gubernamentales produjo pronto un «estraperlo» generalizado (la palabra proviene de un escándalo financiero gubernamental de 1935), o mercado negro, que existía en casi todos los niveles de la economía, desde los simples bienes de consumo a los suministros a las grandes industrias. Las adjudicaciones estatales acabaron siendo objeto de una manipulación y sobornos generalizados. Más tarde se llevaron a cabo algunas detenciones e incluso unas cuantas ejecuciones, pero la corrupción se extendió según un mecanismo propio. Lo que las tensiones y el idealismo del tiempo de guerra había permitido evitar en gran medida, ahora se producía a gran escala en tiempos de paz, debido a la aguda carestía y a los controles estatales. Para la gente corriente, al menos en la anterior zona nacional, los años de la inmediata posguerra fueron, en cierto sentido, peores que los de la propia guerra.

En los cinco primeros años de posguerra hubo por lo menos 200.000 muertos a causa de la desnutrición y de las enfermedades, muy por encima de las tasas de preguerra. La tuberculosis se llevaba a la tumba al menos a 25.000 al año, mientras que en 1941 se registraron 53.307 muertes causadas por la diarrea y la enteritis.

Tampoco pudo el nuevo Estado generar los recursos que hubiesen podido jugar un papel más dinámico en el campo social y económico. La política fiscal, muy conservadora, del nuevo régimen redujo el porcentaje de renta nacional que ingresaba por impuestos de 17,83 en tiempos de la República a 15,07 en los primeros cinco años posteriores a la guerra civil. El aumento de los gastos militares y la carestía de tiempos de guerra hicieron poco por las obras públicas, por ejemplo, que podrían haber paliado el desempleo. El porcentaje del presupuesto nacional dedicado a obras públicas bajó del 14,04 durante la República al 7,74 en los primeros años de posguerra. El desempleo oficial bajó de aproximadamente 750.000 personas antes de la guerra civil a 500.000 a fines de 1940 y a 153.122 a fines de 1944, pero estas estadísticas ocultaban el subempleo rural masivo en varias partes del país. Asimismo, los salarios permanecieron extremadamente bajos, y en términos reales incluso, en un primer momento, bajaron, al igual que la fuerza de trabajo total en los años de la inmediata posguerra (a causa de las pérdidas en el conflicto, de la emigración y de la alta tasa de población carcelaria), lo que explica en parte el declinar de la tasa total de desempleo.

Los años 1940-1943 fueron los años de la más aguda carestía y sufrimiento para la mayoría de la población, aunque las condiciones desesperadas continuaron durante bastantes años en el medio rural del sur de España. La depresión y la escasez se debían, en cierta medida, a los rigores impuestos a nivel internacional por la segunda guerra mundial, aunque la política del régimen en aspectos clave no se había organizado bien para paliar los efectos de aquéllos. Para Franco, el sufrimiento padecido por muchos españoles era en gran medida un castigo provocado por la apostasía política y espiritual de la mitad de la nación. Como dijo en un discurso en Jaén, el 18 de marzo de 1940, «No es un capricho el sufrimiento de una nación en un punto de su historia; es el castigo espiritual, castigo que Dios impone a una nación torcida, a una historia no limpia»[60].

En 1939 la política exterior española estaba orientada hacia Italia y Alemania, las potencias que habían hecho posible la victoria de Franco. Ambas habían dado los primeros ejemplos de nuevos Estados autoritarios, y constituían un nuevo campo diplomático y militar con el cual alinearse, cuyo poderío estaba aumentando rápidamente. De todos modos, no quiere decir esto que el régimen español fuese un satélite de alguna de las potencias del Eje, pues la política de Franco, desde el comienzo hasta el final, se basó en el pragmatismo y en su idea de qué era lo mejor para España. Así pues, además de firmar un pacto de amistad con Alemania a fines de marzo de 1939, el gobierno de Franco firmó también un tratado de amistad mutua por diez años con Portugal que estaba en armonía con la tradicional alianza anglo-portuguesa. Serrano Súñer realizó una visita de Estado a Roma inmediatamente después de la guerra civil, con el fin, en parte, de expresar el sentimiento del régimen español de una mayor identidad respecto a Italia que respecto a Alemania, y era respuesta, en parte, al hecho de que Italia había dado una contribución más importante que la de Alemania a la victoria de los nacionales.

La deuda de guerra hacia Roma y Berlín fue un compromiso oneroso. A Italia se le debían más de siete mil millones de liras, pero la cantidad quedó reducida generosamente por decisión de Mussolini a sólo cinco mil millones, en parte para facilitar la penetración económica italiana en España. Tras prolongadas y duras negociaciones, el calendario de pagos, a lo largo de veinticinco años, tendría como fecha inicial mediados de 1942. El pago se completará exactamente en la fecha estipulada, el 30 de junio de 1967. El gobierno de Hitler fue menos generoso que el de Mussolini, habiendo creado ya en España diecisiete compañías mineras controladas por los alemanes sobre la base de las concesiones de Franco de 1938, demostrando la clara intención de establecer, si era posible, una situación de predominio económico en España. La mayor parte de las veces Franco pudo evitar nuevos compromisos, y bloqueó ulteriores intentos de una mayor penetración económica. Las negociaciones sobre la deuda se prolongaron a lo largo de toda la segunda guerra mundial, y se efectuaron sólo pagos limitados antes de que la obligación fuese cancelada unilateralmente por España en 1945.

A medida que las tensiones subían en Europa, en el verano de 1939, Franco utilizó la frase «hábil prudencia» para describir su política exterior en la reunión de julio del Consejo Nacional de la FET. El régimen estaba tratando de establecer más estrechas relaciones con los Estados de Latinoamérica, Filipinas e incluso con el mundo árabe, en un intento de restablecer las dimensiones históricas de la diplomacia española y paliar su limitación a un papel débil y pasivo en Europa.

La firma por Hitler del Pacto Germano—Soviético en agosto, sólo dos semanas después de la formación del nuevo gobierno de Franco, fue un golpe para Madrid, contradiciendo la orientación básica de la política de Franco. El órgano falangista Arriba titula solamente «Sorpresa, tremenda sorpresa», pero en un primer momento no supo qué hacer para justificarlo. El inminente desencadenamiento de la guerra en Europa fue recibido en España con consternación, pues Polonia era un Estado nacional autoritario y católico, que tenía mucho en común con el régimen de Franco (aunque en la forma era más liberal). El Generalísimo y otros oficiales españoles temían otra guerra europea que podría haber abierto las puertas a la URSS, cuyas posiciones en la Península habían sido eliminadas sólo seis meses antes. No obstante, era evidente que Franco consideraba que Polonia era responsable, en parte, del callejón sin salida al que había llegado con Alemania, pues había rechazado cualquier compromiso moderado respecto al Corredor Polaco, e informó a Mussolini (que había iniciado la conferencia en Munich) de que trataría de ejercer algún tipo de mediación si el Duce lo consideraba útil. Mussolini respondió que trataría él mismo de llevar a cabo este cometido, pero cuando el 30 de agosto (menos de veinticuatro horas antes del ataque alemán a Polonia), el ministro de Asuntos Exteriores francés sugirió al embajador de España en París que Franco emprendiese una mediación, Mussolini vetó la propuesta aduciendo que llegaba demasiado tarde. El 3 de septiembre, cuando el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, Franco hizo un llamamiento público a todas las partes para que reconsiderasen su postura y volvieran a las negociaciones. De todos modos, el llamamiento para que se llegase a «una limitación voluntaria» en el uso de medios de destrucción no significaba una postura categóricamente pro-polaca, aun cuando Beigbeder, el ministro de Asuntos Exteriores, informó a Berlín de que las nuevas negociaciones para el acuerdo cultural hispano-alemán no tendrían lugar. Al día siguiente se anunció la neutralidad española, y Franco hizo seguir a esto una tranquila negativa respecto a que los submarinos alemanes pudiesen repostar en puertos españoles. El 6 de septiembre telegrafió al embajador en Roma para presionar a Mussolini para que tratase de conseguir que los «polacos se rindiesen lo más pronto posible» para evitar el avance militar soviético en Europa. Cuando, más tarde, Franco condenó públicamente la destrucción de la católica Polonia, lo hizo sobre todo para detener el avance de los soviéticos, más que para rechazar la agresión nazi. Sólo los falangistas ultras se mostraron contentos con el estallido de la guerra europea, que, estaban seguros, permitiría indicar el nuevo orden autoritario.

Mientras, Franco seguía ofreciendo sus buenos oficios a Berlín para una posible mediación. Dejó claro que una nueva invasión alemana de los Países Bajos sería mal recibida en Madrid, mientras que en París un ministro conservador francés pidió al embajador de Franco que sondease las posibilidades de una posible paz por mediación de Mussolini. Se manifestó gran simpatía hacia Finlandia cuando este país fue atacado por la URSS en diciembre. El ataque soviético tuvo por resultado una disminución del prestigio alemán en España, pues en general se consideraba a Hitler responsable de haber atraído a la URSS a Europa oriental, por lo que se pusieron a disposición de los finlandeses pequeñas cantidades de armas españolas.

El nuevo régimen español miraba mucho más hacia Roma que hacia Berlín, viendo en la Italia fascista lo más parecido a un modelo a imitar. También Mussolini y sus subordinados estaban interesados en cultivar una relación especial con España, país al que consideraban como asociado de Italia y semisatélite. Ligado a Hitler por un pacto militar, Mussolini había declarado, no obstante, la no beligerancia de Italia, y durante un momento acarició la idea de formar una especie de bloque neutral, con los países autoritarios del sur de Europa, dirigido por Italia. Beigbeder recomendó esta idea a Franco, sugiriendo que la asociación de España, Italia, Portugal y quizá algún Estado balcánico pudiera sustituir al eje Roma—Berlín con un eje Roma-Madrid. Franco se mostró poco interesado, dudando del significado de lo que él llamó un «eje sin fuerza»[61], aunque se hicieron varios estudios sobre la cuestión. Finalmente, Mussolini abandonó pronto la idea.

Ese mismo mes se firmó un acuerdo comercial con Gran Bretaña, que aseguraba modestos créditos a la urgida economía española. También se firmaron acuerdos comerciales con Francia y Portugal, y en 1940 España tenía un volumen comercial mayor con los Aliados que con los países del Eje, y trataba de pagar una parte de su deuda de guerra con Gran Bretaña en libras esterlinas. Con todo, Franco rechazó la posibilidad de un préstamo, que España necesitaba mucho, de 200 millones de dólares de Estados Unidos, temiendo que esto podría comprometer la libertad de acción de España, y también despreció una petición francesa de abril de 1940 de comprometerse a continuar con la neutralidad española en el caso de que Italia entrase en guerra.

La fulmínea conquista alemana de Francia en las semanas siguientes, alteró drásticamente la política exterior española. En junio de 1940, la mayor parte de la opinión política y militar de Madrid había girado rápidamente hacia Alemania. La meta del nuevo «imperio» español había formado parte siempre del programa falangista, aunque siempre se había expresado de forma cautelosa, casi metafísica. El nuevo Estado franquista había proclamado la misión del imperio con vigor, aunque según una fórmula más bien abstracta. Según ésta, no sólo había que acabar con la dependencia internacional por medio de un desarrollo económico autárquico, sino también recuperar Gibraltar de manos británicas y, posiblemente, expandir las modestas posesiones españolas del noroeste de África a costa de Francia.

Ahora Franco estaba convencido firmemente ya de la victoria de Alemania, y seguiría pensando esto, aunque con intensidad decreciente, hasta mediados de 1944. De todos modos, aunque estaba ansioso por adaptar la política española a la nueva situación, no abandonó su habitual cautela. El 3 de junio preparó el texto de una carta a Hitler, felicitándole por la victoria e identificando a España con la causa alemana, ocasión que aprovechó para definirla como una continuación de la lucha contra el mismo enemigo contra el que los nacionales habían luchado ya anteriormente. Al mismo tiempo, Franco detallaba las carencias económicas y militares que hacían difícil que España entrase en la guerra en esas fechas. Al día siguiente Beigbeder entregó una lista al embajador alemán en la que se detallaban las reivindicaciones españolas en el noroeste de África. El 9 de junio, la víspera del ataque italiano a Francia, Mussolini presionó a Franco para que se uniera a él, pero el Caudillo, presintiendo la frustración posible que podía sufrir la participación italiana y española mientras Francia y Gran Bretaña resistiesen todavía, declinó cortésmente la oferta. Sin embargo, el conde Ciano —yerno de Mussolini y ministro de Asuntos Exteriores—, que había establecido estrechas relaciones con Serrano Súñer, le pidió que convenciese a Franco de que aun cuando España no entrase en guerra por el momento, podría de mostrar solidaridad con el Eje alterando su neutralidad con una declaración de no-beligerancia, lo que implicaba un acercamiento al Eje. Franco se mostró de acuerdo inmediatamente, y Madrid declaraba públicamente su nueva política de no-beligerancia el 12 de junio.

En una fase subsiguiente, cuando el poder del Eje había disminuido, Franco insistirá en que este hecho expresaba simplemente la simpatía de España por Alemania, aunque sin modificar los términos reales de la neutralidad. No obstante, está perfectamente claro, por la naturaleza de las relaciones hispano-germanas en los dieciocho meses siguientes, que la adopción de una postura de no-beligerancia era el primer paso en dirección a una alineación con el Eje, aunque Franco esperaba imponer su propio precio y que éste fuera lo más alto posible. Dos días más tarde, el 14 de junio, las tropas españolas ocupaban la zona internacional de Tánger, pero, cautamente, el hecho fue anunciado simplemente como una medida administrativa temporal de tiempos de guerra. Dado que Francia, Reino Unido e Italia —tres de las potencias administrativas de la zona— estaban en guerra entre sí, la ocupación española garantizaría la neutralidad de la zona y del adyacente Protectorado español de Marruecos. Gran Bretaña aceptó la medida (que oficialmente se reservaba sus plenos derechos para el futuro), mientras que Franco ignoró prudentemente a la masa de falangistas favorables a la expansión que se concentraron ante el edificio de la Presidencia para aclamarar la medida.

El 19 de junio, el embajador español en Berlín presentó oficialmente las reclamaciones territoriales de España: anexión de toda la zona de Orán en Argelia occidental, incorporación de todo Marruecos, ampliación del Sahara Español por el sur hasta el paralelo 20, y la anexión del Camerún francés a la Guinea Española. Además, el gobierno es pañol pedía a Alemania artillería pesada y aviación para la conquista de Gibraltar, y apoyo submarino alemán para colaborar en la defensa de las islas Canarias, y también grandes cantidades de alimentos, municiones, carburante y otros materiales. Hitler rechazó la petición rehusándose discutir la lista de compras, provocando una gran frustración en los medios oficiales de Madrid. En estos momentos de triunfo Hitler mostró escaso interés por España de un modo o de otro, aunque esta actitud cambiará pronto. Como respuesta a la frialdad alemana, Franco suspenderá temporalmente el aprovisionamiento de submarinos alemanes en puertos españoles, que anteriormente se había permitido en varias ocasiones desde comienzos de año.

Con todo, Franco no tenía ninguna duda sobre quién iba a ser el nuevo amo de Europa. En las celebraciones por el aniversario del Movimiento del 18 de julio, declaraba que la lucha de los nacionales en España había sido «la primera batalla del Nuevo Orden», añadiendo que «hemos hecho una pausa en nuestra lucha, pero sólo una pausa, porque nuestra tarea no ha terminado todavía», y añadía de nuevo que España «tiene dos millones de guerreros dispuestos a enfrentarse en defensa de nuestros derechos»[62]. En este punto, la diplomacia española hizo un intento para separar a Portugal de su tradicional alianza con el Reino Unido, atrayéndolo hacia el Eje por medio de un pacto militar con Madrid que habría convertido a Portugal, en la práctica, en un satélite de España. Salazar, a diferencia de Franco, era genuinamente neutral y rechazó firmemente el ofrecimiento, firmando en cambio un protocolo adicional al Tratado Hispano-Portugués ya existente, que preveía simplemente consultas mutuas entre Lisboa y Madrid en el caso de una amenaza exterior sobre la Península.

Desde aproximadamente mediados de julio, Hitler fue mostrando paulatinamente mayor interés hacia la entrada de España en el conflicto como medio para garantizar el control sobre Gibraltar, estrangulando así la posición estratégica británica en el Mediterráneo y en el Próximo Oriente. En los últimos días del mes un pequeño grupo alemán de inspección visitó España para establecer un plan, y preparar el personal y equipo que se necesitaría para un ataque contra Gibraltar.

El Generalísimo y su más influyente consejero, Serrano Súñer, estaban firmemente convencidos de la victoria alemana y se daban cuenta de que España podía sacar partido del Nuevo Orden sólo si entraban en la guerra a tiempo. Sin embargo, se mostraban inquietos respecto a la implicación de su débil e impreparado país en la guerra mientras Gran Bretaña continuase teniendo el suficiente poder para resistir, pues la economía española acabaría totalmente devastada por un bloqueo naval británico. Para sobrevivir por lo menos durante un breve período, se necesitaban garantías concretas de ayuda por parte de Alemania. Además, si España iba a poseer un nuevo imperio a costa del imperio francés del noroeste de África, tales adquisiciones deberían ser reconocidas y garantizadas firmemente, desde un principio, por Alemania, cuando la ayuda española tenía todavía algún valor para Hitler. Esperar hasta la victoria final habría sido demasiado tarde.

A medida que aumentaba la presión alemana, Serrano, aunque no era ministro de Asuntos Exteriores, fue puesto a la cabeza de una delegación especial española enviada a Berlín a mediados de septiembre. Franco esperaba que Hitler comprendiese sus condiciones, escribiendo a su cuñado el día 24: «Hay que protocolizar el futuro, y aunque no hay duda en nuestra decisión, tenemos que pensar las particularidades del acuerdo y las obligaciones de las partes»[63]. En realidad, Serrano quedó frustrado al saber que lo que quería Hitler era que España entrase en guerra inmediatamente y que confiase en los buenos deseos de Alemania en lo referente al aprovisionamiento de equipo y material, pero se negó a comprometerse respecto a las reivindicaciones territoriales de España en el noroeste de África.

Sin duda, las exigencias simultáneas y en cierto modo contradictorias de aceptar la buena voluntad de los alemanes, de conquistar un lugar para España en el Nuevo Orden, y evitar la entrada prematura en la guerra de una manera aventurada, representaron el más difícil y peligroso problema diplomático al que tuvo que hacer frente Franco. Necesitaba apoyos de confianza, y el 15 de octubre nombró ministro de Asuntos Exteriores a Serrano Súñer. Dado que Serrano era jefe de la Junta Política de la FET y en muchos aspectos el verdadero jefe de la organización falangista, y debido a su entrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores en el momento en que los lazos de España con Alemania eran más estrechos, a Serrano se lo llamará el «ministro del Eje», lo que en realidad no era más que media verdad.

El 23 de octubre tuvo lugar el único encuentro personal entre Franco y Hitler, el famoso encuentro de Hendaya, en la parte francesa de la frontera con España. Franco le presentó lo que ya se había convertido en una lista de peticiones estándar, territoriales y económicas, y, evidentemente, estaba dispuesto a entrar en la guerra en este momento si Hitler le hubiera garantizado a España el control de la mayor parte del noroeste de África. Éste había sido el sueño de los expansionistas españoles, tal cual, durante cuarenta años, y pocas ambiciones eran más queridas para el Caudillo que el dominio de todo Marruecos y de la región de Orán. En un determinado momento silenció al hablador Führer con una hora de monólogo sobre la historia del papel español en Marruecos, que hizo bostezar a Hitler, y probablemente le hizo llegar también a la conclusión de que Franco no era más que colonialista africano provincial. Sin que los españoles lo supiesen, Hitler había decidido ya dar prioridad a una alianza nueva, con lo que quedaba de la Francia de Vichy, y había dicho ya en privado que no había ninguna razón para alinearse a Vichy por darle a España, que no podría defenderlo, territorio colonial francés. En Hendaya dijo a Franco que, dada la necesidad de ganarse a los franceses, no podía ofrecer garantías a España en ese momento. Tras soportar unas siete horas de conversación cortés, aduladora y evasiva pero testaruda del «charlatán latino», como llamó a Franco, Hitler declararía, más tarde, que preferiría «que le sacasen cuatro muelas» a tener que aguantar de nuevo una experiencia semejante.

Franco tenía ahora, evidentemente, la ingenua convicción de que Hitler era un gran líder amigo de España, mientras que todos los obstáculos se debían a los distintos subordinados de aquél, mediocres o malintencionados. La negativa de Hitler a concederle lo que pedía le hizo enfadar, y Hitler insistió además en que se firmase un protocolo secreto que garantizaría la entrada de España en la guerra cuando Alemania lo considerase oportuno. De todos modos, Franco y Serrano rechazaron un borrador unilateral alemán, que sustituyeron con uno propio. Este documento obligaba a España a adherirse al Pacto Tripartito (la alianza defensiva entre Alemania, Italia y Japón) y entrar en guerra contra Gran Bretaña en alguna fecha aún no especificada, a fijar por el propio gobierno español tras ulteriores conversaciones con Alemania e Italia. Así pues, el protocolo secreto carecía de fuerza y no ligaba específicamente a España a ningún programa de acción concreto.

De parte del gobierno británico llegaron presiones de diferente carácter; aquél aspiraba a una política que promoviese la estabilidad política y la neutralidad de España a través de una utilización juiciosa del poderío naval británico, garantizando importaciones de alimentos y materias primas para sustentar a la empobrecida economía española. Esto se vio acompañado por otras tácticas más sinuosas, en especial el soborno sistemático masivo de unos diez generales españoles de mayor graduación.

Mientras, Hitler llamó a Serrano Súñer perentoriamente a Berchtesgaden a mediados de noviembre para exigirle que debía fijarse una fecha para la entrada de España en la guerra, tras lo cual Franco trató de ganar tiempo pidiendo la visita de una nueva misión militar alemana con el fin de discutir los problemas relacionados. Por suerte para Franco, la misión, que llegó a Madrid el 7 de diciembre, estaba encabezada por un antiguo conocimiento de Franco, el almirante alemán Canaris, jefe de los servicios secretos militares alemanes, que, naturalmente, comunicó a Franco que el futuro militar iba a ser mucho más difícil y que la entrada inmediata en la guerra no respondería a los intereses de España. Luego, evidentemente, el almirante alemán recomendará a Hitler que la participación española podría ser incluso contraproducente en el sentido de que habría añadido una larguísima zona costera que habría que defender de los británicos. Inmediatamente después el Führer se desentendió del proyectado ataque a Gibraltar, para concentrarse en las primeras etapas del plan de invasión de la URSS, aunque aún observaba, en una carta a Mussolini del 31 de diciembre, que Franco «había cometido el mayor error de su vida»[64] al no entrar en guerra inmediatamente. Sin embargo, tras una breve pausa, se reanudaron las presiones alemanas en los dos primeros meses de 1941. Por estas fechas las anteriores opiniones entusiastas sobre Hitler parecen haberse moderado considerablemente, y ahora resistió tales presiones con su acostumbrada táctica dilatoria, acompañada por pedidos de grandes cantidades de material alemán.

Poco después Hitler endosó el problema español a Mussolini, lo que llevó al único encuentro entre los dictadores español e italiano, en Bordighera, el 12 de febrero de 1941. Mussolini se mostraba ambivalente en realidad, temiendo que las ambiciones españolas pudiesen interferir en las metas de Italia en África. No hizo demasiados esfuerzos para convencer o para engañar a Franco, admitiendo que la iniciativa venía de Hitler y que las perspectivas actuales indicaban que la guerra iba a ser larga, mientras que algunas personas de su séquito apenas pudieron ocultar su creciente desmoralización.

A partir de ahora el gobierno alemán va a renunciar a presionar claramente a España para que entre en la guerra. Primero, porque las prioridades de Hitler estaban en otro lugar y no creía que la participación española mereciese un alto precio. A su vez, la actitud hacia Franco en el seno del gobierno alemán se hizo negativa de una manera casi general. Con todo, tales hechos no eran conocidos en gran parte para los gobiernos británico y estadounidense, y sus relaciones con Madrid siguieron siendo tensas y dudosas.

La invasión de la URSS por parte de Hitler en junio de 1941 dio lugar a una fuerte respuesta emocional por parte de muchas personas en Madrid, en particular entre los falangistas. Al cabo de cuarenta y ocho horas el gobierno español pidió la oportunidad de una forma de participación española que no pareciese una entrada oficial en la guerra. Ante una ingente masa de personas concentrada ante el cuartel general falangista, el día 24, Serrano Súñer lanzó su famosa frase «Rusia es culpable» durante su discurso, refiriéndose a las responsabilidades soviéticas en la guerra de España y a las pérdidas de vidas humanas, y declaró que «la historia y el futuro de Europa exige el exterminio de Rusia». Se afirmó que la lucha antisoviética en el Este era una extensión de la cruzada española en la guerra civil, y que España era «un beligerante moral» en el nuevo conflicto. La participación española tomará la forma de un cuerpo de 20.000 voluntarios que se llamará «División Azul» (el color de la camisa de los falangistas), que lucharía junto a las tropas alemanas en la Unión Soviética. Estas tropas empezaron a dejar España el 17 de julio y llegaron a sus posiciones en el frente soviético el 4 de octubre.

No se puede negar que el entusiasmo era genuino entre los nacionales, y el verano de 1941 fue el momento culminante del sentimiento bélico en favor de Alemania, el último momento culminante. Esto llevó a Franco a pronunciar el más pro-alemán de los discursos que anualmente dirigía al Consejo Nacional de la FET, el 17 de julio. En él denunciaba a los «eternos enemigos» de España, en clara alusión a Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, que seguían con sus «intrigas y traición» contra aquélla. Franco insistió: «Ni el Continente americano puede soñar en intervenciones en Europa sin sujetarse a una catástrofe (…). En esta situación, el decir que la suerte de la guerra puede torcerse por la entrada en acción de un tercer país es criminal locura (…). Se ha planteado mal la guerra y los aliados la han perdido». En sus frases finales saludaba a Alemania por encabezar «la batalla que Europa y el Cristianismo desde hace tantos años anhelaban, y en que la sangre de nuestra juventud va a unirse a la de nuestros camaradas del Eje, como expresión viva de solidaridad»[65]. Incluso los embajadores del Eje hicieron comentarios sobre la imprudencia de tales declaraciones.

Las perspectivas quedaron alteradas considerablemente por la derrota alemana en las afueras de Moscú y por la entrada de los Estados Unidos en la guerra, ambos hechos en diciembre de 1941. Para Franco esto significó que la victoria alemana, aunque todavía era probable y deseable, iba a producirse más tarde y con mayor dificultad, y que la entrada de España en la guerra en un futuro próximo sería mucho más costosa y potencialmente desastrosa. A comienzos de 1942 Franco pidió la retirada provisional de la División Azul del frente del Este, pero Hitler se negó a ello. Casi inmediatamente después, las facilidades de aprovisionamiento de los submarinos alemanes en España quedaron suspendidas una vez más, justo cuando comenzaba la fase principal de la batalla del Atlántico. Para Franco, esto no era sino elemental discreción; pues no hubo ninguna modificación de la tendencia general pro-alemana en la prensa española y en las demás actividades públicas. En Madrid se produjeron todavía, ocasionalmente, manifestaciones y lanzamiento de piedras ante la embajada británica, en tanto que, en parte debido a una política estadounidense más agresiva, las relaciones con Estados Unidos se deterioraron.

A mediados de febrero Franco tuvo su primer encuentro cara a cara con Salazar, en Badajoz (donde, en contra de la leyenda, no se dirigió al presidente portugués en gallego, sino en español). Aunque nunca habrá plena colaboración entre Portugal, genuinamente neutral, y la pro-Eje España, el encuentro produjo el acuerdo de que ambos regímenes ibéricos se consultarían sobre asuntos de interés común y se opondrían a las injerencias extranjeras en la Península.

Franco dejó claro pronto que no se había dejado influir por el neutralismo de Salazar. El 14 de febrero, en un discurso ante la guarnición de Sevilla, afirmaba: «Se ofrece a Europa como posible presa del comunismo. No tememos su realización; tenemos la absoluta seguridad de que no será así; pero si hubiera un momento de peligro, si el camino de Berlín fuese abierto, no sería una División de voluntarios españoles lo que allí fuese, sería un millón de españoles los que se ofrecerían (…)»[66].

Además, en 1942, Alemania estaba intentando desempeñar un papel mucho más directo en los asuntos internos españoles. En este momento, la embajada alemana en España se distinguía de todas las demás por ser la más grande embajada alemana del mundo, llena de personal de prensa y propaganda, encargado de influir en la opinión española y de paso disponer de un trampolín hacia América Latina.

Los contactos políticos y de espionaje alemanes operaban a varios niveles, desde los altos funcionarios gubernamentales hasta un gran número de falangistas, pasando por algunos militares. En el frente del Este, las autoridades alemanas trataban de convencer a los mandos de la División Azul de la necesidad de un cambio drástico en la política española, y parece ser que tuvieron algún éxito.

Todo esto hizo que Franco vacilase, y para mediados de 1942 su actitud era cada vez más cautelosa. Su discurso del 17 de julio de aquel verano, en el aniversario de la rebelión nacional, fue mucho más cuidadoso en la elección de las palabras e incluso le gustó al embajador estadounidense.

Una vez reprimida vigorosamente la oposición republicana e izquierdista, los principales problemas políticos internos de Franco estaban relacionados con los tres pilares más importantes de su poder: los militares, los falangistas y los monárquicos. De todos estos, los militares serían siempre los más importantes, y los oficiales de mayor antigüedad y graduación, con pocas excepciones, continuaron apoyando el liderazgo de Franco. Aunque la mayoría de los oficiales eran pro-alemanes, no solía haber discusiones sobre su reticencia a la entrada de España en la guerra, pues la opinión militar estaba de acuerdo, por lo general, en que el país no estaba en situación de hacerlo. Muchos altos oficiales no estaban de acuerdo claramente con otros aspectos de la política estatal, y había muchas críticas sobre todo en lo que respecta a los asuntos internos, alimentadas por la grave carestía, el rápido aumento de la corrupción y la frecuente ineficacia del sistema estatal, con sus demasiado lentos controles burocráticos. Más hostilidad incluso despertaban las pretensiones de los falangistas y, más concretamente, de su primer portavoz, Serrano Súñer, cuyo ascendiente sobre Franco se toleraba mal. Serrano Súñer no ejercía su autoridad con mano blanda; era cada vez más intemperante en sus maneras y en sus discursos, arrogante y vanidoso, y objeto de atención constante por parte de los medios de comunicación oficiales. Sus declaraciones pro—Eje eran más frecuentes y extremadas que las de Franco. La gente perteneciente a diversos estratos políticos lo odiaban simplemente por ser el «cuñadísimo», hasta el punto de que el jefe del espionaje alemán lo describía en sus informes a Berlín como «el hombre más odiado de España»[67]. Además, tuvo más influencia sobre Franco, en los años de su ascendiente, que cualquier otra persona en toda la historia del régimen; ni siquiera Carrero Blanco, en los últimos años, tuvo la misma influencia personal sobre el Caudillo. Con todo, ni Franco ni Serrano solían tener la misma opinión sobre todos los asuntos. Aunque tendían a estar de acuerdo en política exterior, Serrano propugnaba un sistema político más coherente e integrado, y en ese sentido más plenamente fascista, de lo que Franco quería admitir.

A comienzos de mayo de 1941 Franco realizó sus primeros cambios en el gobierno en casi dos años. Por sugerencia de Serrano, otorgó más representación a los falangistas en el gobierno, nombrando a José Antonio Girón, activista camisa vieja de Valladolid, ministro de Trabajo. En cuanto a los militares, equilibró inmediatamente este nombramiento con el del coronel monárquico Valentín Galarza (que había servido como subsecretario de la Presidencia del Gobierno durante dos años) como ministro de Gobernación. Esta última decisión enfureció a los falangistas duros, que consideraban a Galarza un encarnizado enemigo, e inmediatamente desencadenaron ataques contra él en la prensa falangista. Esto provocó la más seria crisis interna desde 1937, pues Galarza y los militares exigieron venganza. El principal ofensor falangista (Dionisio Ridruejo) fue destituido de su cargo de director general de Propaganda de la FET, y hacia mediados de mayo Franco llevó a cabo una ulterior remodelación parcial de su gobierno, manteniendo a todos los militares, pero realizando otros nombramientos de falangistas cuidadosamente seleccionados, delicado intento equilibrador que funcionó bastante bien a corto plazo.

Dos de los nuevos nombramientos de Franco resultaron ser particularmente importantes. El primero fue el de José Luis de Arrese, nuevo secretario general de la FET. Emparentado por matrimonio con la madre de José Antonio Primo de Rivera, Arrese había estado detenido brevemente por camisa vieja rebelde en 1937, pero pronto había podido dejar la cárcel y manifestó un ferviente deseo de colaborar con el régimen. A continuación fue nombrado jefe provincial de la FET en Málaga, y se dedicó a tratar de promover programas sociales. Los modales de Arrese, agradables, aduladores y muy serviles, impresionaron al Caudillo, que le consideró, correctamente, apto del todo para un puesto elevado.

Arrese completaría la tarea de burocratizar y domesticar a la Falange, lo que Serrano Súñer nunca había sido capaz de completar. Conservando un radicalismo verbal que gustaba a la vieja guardia, Arrese hizo lo que pudo para acelerar la «compra» y domesticación de los falangistas. Algunos más fueron destituidos directamente, empezando por el delegado nacional de sindicatos, Salvador Merino, que, como se dijo antes, fue destituido en julio de 1941 y expulsado del partido. Por estas fechas la FET había alcanzado el más alto número de afiliados, con más de 900.000 inscritos en las diversas categorías de afiliación, y en noviembre de 1941 Arrese anunciaba la segunda y última purga en la historia del partido. Estaba destinada a eliminar a los cripto-izquierdistas, a los ex masones y a los acusados de «actividades inmorales» o simplemente «incompatibles» con el partido. A lo largo de los siguientes cinco años fueron expulsados unos seis mil miembros, lo que representaba una purga más bien modesta, pero suficiente para meter en cintura a la organización. El dar vivas se convirtió en una función aún más importante que antes en el seno del partido bajo Arrese, y en 1942 se organizaron una serie de grandes marchas y de ingentes concentraciones de masas en varias partes del país. La nueva dirección falangista fue reforzada aún más por la actividad de José Antonio Girón, el nuevo ministro de Trabajo, el cual, como Arrese, era un demagogo retórico pero políticamente conservador y burócrata, y totalmente leal a Franco.

Otro de los nombramientos de Franco fue el de un nuevo candidato militar para sustituir a Galarza en el puesto de subsecretario de la Presidencia del Gobierno —el principal ayudante personal de Franco—, para el cual eligió a un ambicioso oficial de Marina, el capitán Luis Carrero Blanco, que se convertiría en su más devoto y estrecho subordinado y colaborador político a lo largo de las tres décadas siguientes, hasta el espectacular asesinato de Carrero en 1973. Carrero era un oficial de Marina de carrera que antes de la guerra civil había sido profesor en la Escuela de Guerra Naval. Pudo escapar a la sangrienta purga que acabó con el 40 por 100 de los oficiales de Marina de la zona republicana, y esta experiencia no hizo sino endurecer sus convicciones de extrema derecha. Pudo asilarse en la embajada mexicana y de aquí huir a la zona nacional, donde, en la última fase de la guerra, estuvo al mando de un destructor y luego de un submarino. Más tarde fue nombrado jefe de operaciones en el Estado Mayor de la Marina.

Después de la guerra civil fue uno de los nombramientos militares en el Consejo Nacional de la FET, y fue aquí donde atrajo la atención de Franco, que lo había conocido años atrás. Carrero participó en el informe naval de noviembre de 1940 que subrayaba las perspectivas negativas para una entrada de España en la guerra, y que parece ser que impresionó al Generalísimo. Carrero Blanco manifestó también cierta habilidad como escritor, y su España en el mar fue publicado a comienzos de 1941.

En este cejudo y devotamente católico y conservador oficial de Marina Franco encontrará un ayudante y un consejero ideal, devoto y casi adulador, mucho más adecuado para sus fines que su cuñado, y con quien se hallaba más cómodo. Ante Franco, Carrero se eclipsaba realmente, y dado que aspiraba a ser el privado principal del Caudillo en un sentido personal, no quería aparecer en escena directamente. Sus ideas coincidían más estrechamente con las de Franco que las de Serrano, pues Carrero era más conservador, con una mentalidad más militar y de convicciones semimonárquicas. La leyenda que surgió posteriormente, según la cual Carrero carecía de ideas propias, era exagerada, pero sí es cierto que se atenía cuidadosamente a los deseos de Franco y que era extremadamente discreto en dar su propia opinión. Las diferencias de criterio entre ambos eran sorprendentemente pocas, y Carrero acabó convirtiéndose en lo más parecido a un alter ego de Franco. A medida que esta relación iba desarrollándose, en 1941-1942, Serrano Súñer iba haciéndose a su vez menos indispensable. La actitud de Carrero hacia la guerra en curso era más genuinamente neutralista, y la primera influencia de importancia que ejerció sobre Franco fue, evidentemente, en ese asunto. Por su calidad de secretario ejecutivo y administrativo era el que organizaba la mayor parte de la agenda de Franco, filtrando además una gran parte de la información y de los consejos que éste recibía.

Los reajustes en los nombramientos políticos que Franco llevó a cabo en 1941 constituyeron, no obstante, una fase de búsqueda de un equilibrio más duradero en el seno del régimen. Las tensiones internas aumentaron de nuevo notablemente el año siguiente, hasta cierto punto debido a la propia dinámica interna y menos a las presiones de la situación internacional. En 1942, la rivalidad entre militares y falangistas amenazaba con volver a situarse en un nivel alto. Con la vuelta del buen tiempo, en marzo y abril, se produjeron una serie de incidentes entre jóvenes militantes falangistas y monárquicos o carlistas, y entre falangistas y oficiales del Ejército. A mediados de abril, los mandos de la guarnición de Madrid llegaron a emanar instrucciones referentes a que los oficiales debían llevar su arma aun cuando no estuvieran de servicio. El principal representante de la opinión militar en el seno del gobierno en esa época era el general José Enrique Varela, carlista y proneutralista en cuanto a sus opiniones políticas. Durante una seria conversación con Franco insistió en que el presente equilibrio político no podía durar. La FET debía convertirse en la verdadera amalgama entre falangistas y carlistas, tal como se había anunciado en 1937, lo que significaba que una mitad de los puestos del partido deberían corresponder a carlistas y otros elementos, o bien debía ser disuelta. Asimismo, Varela presentó dos posibles esquemas para la reorganización del gobierno, cada uno de los cuales disminuía drásticamente la influencia de los falangistas. La reunión ministerial del 4 de mayo acabó en violentas recriminaciones entre ministros falangistas y militares. Como siempre, el principal blanco de las críticas militares fue Serrano Súñer, que, por su lado, preparó su contraofensiva política. Durante la primera parte del verano se repitieron las pendencias públicas entre falangistas y carlistas y las juventudes monárquicas, en Madrid, Pamplona, Burgos y Santiago de Compostela. Impulsados indirectamente por Varela desde el Ministerio del Ejército, los carlistas mostraban cada vez más signos de disidencia.

Las rivalidades llegaron a su fin tras un sangriento incidente en las afueras de Bilbao, que se convirtió en el más célebre caso de los años cuarenta en España. Cuando un grupo de carlistas abandonaba, tras una misa conmemorativa, el santuario de la Virgen de Begoña, el 16 de agosto, se toparon con un puñado de activistas falangistas. Estos últimos lanzaron dos granadas de mano en medio de la muchedumbre de carlistas, que pudo, o no, causar bajas mortales (las fuentes carlistas afirman que hubo dos muertos a causa de las heridas sufridas), pero que hirió a treinta o más personas. Resultó que el general Varela se hallaba dentro del santuario al ocurrir el incidente: inmediatamente consideró el hecho como un intento de ataque contra los militares por parte de los falangistas (y los acusó incluso de haber llevado a cabo un intento de asesinato), enviando telegramas de este tenor a todos los capitanes generales y protestando vehementemente ante Franco. Le secundaba el ministro de la Gobernación, Galarza, que envió mensajes semejantes a todos los gobernadores civiles del país. Los seis falangistas más implicados en el hecho fueron detenidos y llevados ante un tribunal militar; todos fueron declarados culpables, y el responsable de haber lanzado las granadas fue ejecutado a comienzos de septiembre.

Mientras tanto, Varela pidió a Franco una satisfacción política a costa de la Falange. Según una versión, la conversación se hizo tensa, tanto, que Franco se dio cuenta de que no le quedaba más alternativa que destituir a Varela. También decidió destituir a Galarza, a quien censuraba el haber actuado con negligencia y retenido información sobre el incidente. De todos modos, no se tomaron medidas contra los principales dirigentes falangistas (salvo por lo que respecta a la destitución del vicesecretario de la FET Luna), que manifestaron una total obsequiosidad hacia Franco y no defendieron a los falangistas de Begoña procesados y condenados.

Cuando Franco comunicó estas decisiones personales a su subsecretario, Carrero Blanco —que durante cierto tiempo estuvo en connivencia con Arrese para eliminar a Serrano—, éste le advirtió que destituir sólo a dos ministros de las fuerzas armadas sin destituir también a ministros políticos podría crear serias complicaciones. Serrano había hecho más que Arrese para salvar al falangista ejecutado, y Carrero advirtió que si se permitía a Serrano que conservase su puesto de ministro, los militares y todos los demás antifalangistas o no falangistas habrían dicho que Serrano y la FET habían obtenido una victoria total y que Franco había perdido el control de la situación. Parece ser que Franco no necesitó ser convencido demasiado, pues estaba cada vez más inquieto con Serrano, que solía criticarlo y contradecirlo cada vez más, y que ya había sugerido que dimitiese.

La reorganización ministerial de Franco, anunciada el 3 de septiembre, buscaba perfeccionar el pragmático equilibrio que ya se había intentado por medio de la reorganización parcial del año anterior. El conservador y práctico Gómez Jordana volvió al Ministerio de Asuntos Exteriores, y Varela fue sustituido por el general Carlos Asensio, una de las personalidades más capaces de la jerarquía militar, un subordinado de confianza, a quien Franco hubo de presionar con fuerza para que aceptara el nombramiento[68]. Galarza fue sustituido por el útil y sensato Blas Pérez González, profesor de Derecho y juez, que fue bastante eficaz en Gobernación. En términos jurídicos y administrativos, Pérez González fue el más cuidadoso y eficaz ministro que Franco haya tenido nunca en ese puesto, que ocupó durante todo el período de la segunda posguerra mundial, hasta 1957. Asensio fue un ministro del Ejército de confianza, a quien le era ajeno el tipo de independencia de Varela. Su reputación de ser claramente pro-alemán (lo que era) gustaba en Berlín, donde gustaba también la destitución de Serrano, mientras que los británicos y los estadounidenses también estaban contentos con la destitución del llamado ministro del Eje.

De todos los nuevos ministros, el más importante desde un punto de vista histórico fue, sin duda, Gómez Jordana: era genuinamente neutralista en sus puntos de vista y convicciones, e inmediatamente introdujo un aire nuevo, aunque no, en un primer momento, una nueva orientación, en las relaciones exteriores. Era un general de los más antiguos, de carácter firme, que deseaba mantenerse firme en la política en la que creía, mientras que su diligencia y costumbres laboriosas infundieron una eficacia nueva en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Serrano, aunque no carecía de eficacia administrativa, solía distraer su atención intermitentemente de los problemas a causa de su mala salud y más quizá a causa de sus intereses y ambiciones políticas en otros campos.

Sin embargo, ninguno de los principales descontentos políticos —los militares, los falangistas, los monárquicos y carlistas de las corrientes principales— estaba satisfecho de los resultados. Considerando todos los aspectos, los militares obtuvieron más que los demás, aunque esta nueva medida equilibradora no significó en absoluto que se apagase la crítica del Ejército, que siguió siendo bastante vehemente en algunos círculos de oficiales. Con todo, la nueva combinación de septiembre de 1942 fue elegida con perspicacia con el fin de equilibrar a todas estas fuerzas situándolas a unas contra otras, y resultó ser el que mejor funcionó desde la guerra civil. Durante cinco años y medio Serrano Súñer había tenido un papel vital como «valido» y como algo semejante a un segundo en el mando, en el que Franco confiaba tanto por sus consejos como por su dirección organizativa clave en política exterior e interior. Sin embargo, en vez de hacerse indispensable, Serrano acabó siendo un estorbo en ambas esferas. Las condiciones de la nueva remodelación hizo a Franco, si es posible, más poderoso personalmente y más seguro de sí mismo que nunca. Y estas condiciones le servirían muy bien en la fase, igualmente incierta y potencialmente incluso más peligrosa, que siguió a la segunda guerra mundial.

A pesar de que la guerra se había acercado a España en 1942-1943, la política de Franco apenas varió. Todavía esperaba y deseaba realmente una victoria alemana, aun manteniendo una política de no-beligerancia y «hábil prudencia», pero inclinada hacia el Eje.

El desembarco aliado en el noroeste de África, el 8 de noviembre de 1942, llevó la guerra, más que nunca, cerca de España. Las fuerzas alemanas respondieron ocupando rápidamente la mitad meridional de Francia, controlada antes por el régimen de Vichy, cerrando del todo la frontera pirenaica con España, cogida ahora entre dos fuegos. Pocas horas después del desembarco anglo-norteamericano, el nuevo embajador estadounidense en España, Carlton J. H. Hayes —que se había formado una opinión más bien positiva del Caudillo—, le hizo entrega a Franco, en mano, de una carta del presidente Roosevelt[69]. Para tranquilidad del gobierno español, Roosevelt aseguró a Franco que el desembarco aliado no estaba dirigido en absoluto contra España, cuya neutralidad sería respetada rigurosamente.

En el consejo de ministros del 18 de noviembre apareció un nuevo motivo de alarma cuando fue presentado un informe de la embajada en Berlín que indicaba que Hitler iba a pedir pronto a España que se le concediera permiso para el paso de tropas a través de territorio español. La minoría germanófila (Asensio, Arrese, Girón) presionaba para que se diera un paso más en la alineación con el Tercer Reich, pero la mayoría apoyaba la postura de Franco y de Jordana en favor de proseguir con la no-beligerancia. El consejo de ministros estuvo de acuerdo en que habría que resistir a cualquier intento de entrada de tropas alemanas en España, y Franco ordenó una movilización parcial del Ejército que durante varios meses más dobló el número de soldados bajo las armas.

En los meses finales de 1942 Franco dejó claro que la ofensiva anglo-norteamericana en el Mediterráneo occidental no había cambiado su orientación política, lanzándose a lo que sería el último episodio de una actitud y unas declaraciones públicas fascistas. El 7 de diciembre de 1942, primer aniversario del ataque japonés a Pearl Harbour, declaraba ante el Consejo Nacional de la FET: «Estamos asistiendo al final de una era y al comienzo de otra. Sucumbe el mundo liberal, víctima del cáncer de sus propios errores, y con él se derrumba el imperialismo comercial, los capitalismos financieros y sus millones de parados (…).». Tras alabar a la Italia fascista y a la Alemania nazi, siguió insistiendo: «Se realizará el destino histórico de nuestra era, o por la fórmula bárbara de un totalitarismo bolchevique, o por la patriótica y espiritual que España (…) ofrece, o por cualquier otra de los pueblos fascistas (…). Se engañan, por lo tanto, quienes sueñan con el establecimiento en el occidente de Europa de sistemas demoliberales (..)»[70].

Franco no ignoraba que los diplomáticos y agentes alemanes habían estado maniobrando con los elementos más fascistas de su régimen con el fin de aumentar la presión sobre él para que entrase en la guerra (o incluso para sustituir a Franco por otra persona). A fines de 1942 estuvo de acuerdo en que Arrese efectuara el viaje a Berlín que los alemanes habían pedido, pero a cambio insistía en que Muñoz Grandes, comandante de la División Azul, debía volver a España, aparentemente para servir mejor como enlace entre Madrid y Berlín. Muñoz Grandes fue el segundo oficial extranjero condecorado con la Eichenlaub zum Ritterkreuz,[71]* y el gobierno alemán había discutido en varias ocasiones con él sobre la importancia de un cambio político en Madrid, pero cuando Hitler dijo adiós al duro comandante de la División Azul, al que admiraba, sólo pidió a Muñoz Grandes, con realismo, que éste tratase de ver cómo España podía defenderse vigorosamente contra una invasión aliada. Sin embargo, la mayoría de los generales españoles se mostraban cada vez más reacios a ver a España involucrada en la guerra, y cuando se comenzaron a conocer cuáles eran las verdaderas dimensiones de la derrota alemana de Stalingrado, la imagen de una derrota alemana comenzó a tomar forma en las mentes de algunos.

Con calma pero con resolución, Gómez Jordana fue conduciendo a la diplomacia española hacia un curso más autónomo y neutral, y mostró gran firmeza y seguridad en sí mismo en su actividad de ministro de Asuntos Exteriores, firmeza que reforzó considerablemente en alguna oportunidad amenazando con dimitir. De todos modos, Franco estaba cada vez más proclive a ser convencido, y fue Carrero Blanco quien reforzó un ulterior cambio de actitud, elaborando un memorándum poco antes de finales de 1942, en el que declaraba que Alemania podía acabar sufriendo «una derrota como la de 1918».

Producto de este cambio de perspectiva fue la campaña diplomática de enero-febrero de 1943, cuya finalidad era llegar a un acuerdo entre los países que seguían siendo neutrales (Suecia, Suiza e Irlanda) para llegar a alcanzar una paz negociada entre los Aliados y Alemania que habría salvado a Europa del bolchevismo. La política española trató también de establecer relaciones más estrechas entre los Estados católicos, en asociación con el Vaticano, como una polaridad alternativa de la diplomacia europea. Franco hizo llamamientos públicos para llegar a una paz en discursos pronunciados en Andalucía a comienzos de mayo, pero Suecia y Suiza se negaron a colaborar, mientras que Gran Bretaña y Alemania rechazaban la idea de plano. Sólo Italia, con la posible cooperación del Vaticano, pareció estar interesada en el proyecto.

Franco expondrá su teoría de las «tres guerras» en curso y de la diferente actitud de España hacia cada una de ellas: neutral en el conflicto entre los Aliados y Alemania, a favor de Alemania en su lucha contra la Unión Soviética, y a favor de los Aliados en la lucha contra Japón en el Extremo Oriente. Franco, obviamente, estaba virando más hacia una neutralidad genuina. Además, el declinar de la fortuna militar alemana facilitó el mantener a los disidentes fascistas alineados con el régimen. Así pues, Franco acabó llegando a una especie de entendimiento con Muñoz Grandes, al que nombró jefe de su Casa Militar el 3 de marzo de 1943.

En 1942 y 1943 los teóricos del gobierno y de la FET hicieron crecientes esfuerzos para establecer una distinción entre el régimen español y el falangismo, por un lado, y el fascismo por el otro. La utilización del término «totalitarismo» quedó cada vez más fuera de moda, mientras que se de finía al sistema español, cada vez más, en términos de un estatismo limitado, no total, insistiéndose con complicado empeño en la tradición española, en la religión, en las instituciones tradicionales y en los valores espirituales. El 27 de noviembre de 1943, la Delegación Nacional de Prensa de la FET emanó instrucciones categóricas a la prensa del partido:

En ningún caso, y bajo ningún pretexto, serán utilizados, tanto en artículos de colaboración como en editoriales y comentarios.., textos, ideario o ejemplos extranjeros al referirse a las características y fundamentos políticos de nuestro movimiento. El Estado español se asienta exclusivamente sobre principios, normas políticas y bases filosóficas estrictamente nacionales. No se tolerará en ningún caso la comparación de nuestro Estado con otros que pudieran parecer similares, ni menos aún extraer consecuencias de pretendidas adaptaciones ideológicas extranjeras a nuestra Patria[72].

La situación estratégica estaba cambiando rápidamente y ello favoreció la cada vez mayor presión de los monárquicos contra Franco. La familia real había apoyado firmemente a los nacionales en la guerra civil y don Juan de Borbón, heredero del trono, se había presentado dos veces como voluntario. Además, durante la primera parte de la guerra europea don Juan se había mostrado amigo del Eje, y algunos intermediarios habían sondeado la posibilidad de un apoyo alemán a una restauración monárquica en España, orientada hacia el Nuevo Orden. Sólo mediada la guerra don Juan llevó a cabo un giro decisivo hacia la causa monárquica constitucional, distinguiéndola del autoritarismo. Inmediatamente después del desembarco aliado en el norte de África, des de su residencia de Lausana, comenzó a establecer una nueva línea, declarando que el futuro gobierno español «dependería de la voluntad del pueblo español». El 8 de marzo de 1943 don Juan escribió a Franco por primera vez en casi un año, afirmando que la continuación del «régimen provisional» de Franco exponía España a un grave riesgo y lo instaba a preparar una rápida restauración[73]. La propia orientación política de Franco era, en última instancia, monárquica, aunque de manera bastante circunstancial, y nunca abandonó del todo la idea de una eventual restauración aun sin comprometerse directamente en ella. Sin embargo, se mostraba inflexible sobre el hecho de que un nuevo régimen monárquico debía consistir en la instauración de un sistema autoritario basado en su régimen y no en una restauración del liberalismo. Además, no tenía ninguna intención de abandonar el poder e insistió en que él determinaría del tiempo y la naturaleza de cualquier sucesión. Por ello tardó dos meses y medio en contestar a don Juan, el 27 de mayo, indicando que su gobierno no era simplemente transitorio, sino que representaba a un movimiento organizado que estaba ya instalado y que debía obedecer a sus propios ritmos, que sólo Franco estaba en disposición de interpretar.

El derrocamiento de Mussolini en julio de 1943, seguido de la salida italiana de la guerra menos de dos meses después, tuvo una influencia considerable en los círculos políticos españoles. Todo esto se combinó con el efecto de una larga carta del secretario personal del embajador de España en Roma, en la que se describían escenas de desórdenes en la capital italiana, de ataques contra fascistas y sedes del partido, y concluía haciendo una analogía con consecuencias potencialmente semejantes en Madrid. La carta fue copiada repetidamente y circuló por toda la capital entre los falangistas y el personal gubernamental. El 2 de agosto don Juan envió lo que era prácticamente un ultimátum a Franco por medio de un telegrama, al que el Generalísimo replicó varios días después con términos moderados, pero absolutamente firmes, exhortando al Pretendiente a no hacer nada que pudiese debilitar la unidad de España o al país en el exterior en una coyuntura tan grave.

La única institución importante que podía forzar a llevar a cabo un cambio de gobierno era la que había elevado a Franco al poder: los militares. El descontento político de muchos altos mandos, que estuvieron a punto de aflorar en los pasados tres años, tomaron forma concreta en una carta firmada por siete de los doce tenientes generales, el 8 de septiembre, y entregada a Franco tres días más tarde por el ministro del Ejército Asensio. La carta decía:

Excelencia: No ignoran las altas jerarquías del Ejército que éste constituye hoy la única reserva orgánica con que España puede contar para vencer los trances duros que el destino puede reservarle para fecha próxima. Por ello no quieren dar pretexto a los enemigos exteriores e interiores para que supongan quebrantada su unión o relajada la disciplina, y tuvieron cuidado de que en los cambios de impresiones a que les obligó su patriotismo, no intervinieron jerarquías subordinadas. Por ello también, acuden al medio más discreto y respetuoso para exponer a la única jerarquía superior a ellos en el Ejército sus preocupaciones, haciéndolo con afectuosa sinceridad, con sus solos nombres, sin arrogarse la representación de la colectividad armada, ni requerida ni otorgada.

Son unos compañeros de armas los que vienen a exponer su inquietud y su preocupación a quien alcanzó con su esfuerzo y su propio mérito el supremo grado en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, ganado en victoriosa y difícil guerra; los mismos, con variantes en las personas, impuestas algunas por la muerte, que hace cerca de siete años en un aeródromo de Salamanca os investimos de los poderes máximos en el mando militar y en el del Estado.

…

Quisiéramos que el acierto que entonces nos acompañó no nos abandonara hoy al preguntar con lealtad, respeto y afecto a nuestro Generalísimo, si no estima como nosotros llegado el momento de dotar a España de un régimen estatal, que él como nosotros añora, que refuerce el actual con aportaciones unitarias, tradicionales y prestigiosas inherentes a la forma monárquica. Parece llegada la ocasión de no demorar más el retorno a aquellos modos de gobierno genuinamente españoles que hicieron la grandeza de nuestra Patria, de los que se desvió para imitar modas extranjeras. El Ejército, unánime, sostendrá la decisión de V. E., presto a reprimir todo conato de disturbio interno u oposición solapada o clara, sin abrigar el más mínimo temor al fantasma comunista vencido por su espada victoriosa, como tampoco a injerencias extranjeras.

Éste es, Excmo. Sr., el ruego que unos viejos camaradas de armas y respetuosos subordinados elevan dentro de la mayor disciplina y sincera adhesión al Generalísimo de los Ejércitos de España y Jefe de su Estado[74].

Aunque era de tono relativamente obsequioso —un borrador mucho más duro había sido rechazado por la mayoría de los firmantes—, era la única vez, y la última, en treinta y nueve años de caudillaje, en que un grupo de generales de máxima graduación le pedían que dimitiese. De los cinco tenientes generales que no firmaron, dos (Jordana y Vigón) se abstuvieron debido a que eran ministros en ese momento, pero declararon que estaban de acuerdo con el contenido de la carta. Queipo de Llano, que también estaba de acuerdo con ella, había sido enviado a la reserva por Franco, siete meses atrás, aun cuando sólo tenía sesenta y seis años de edad.

Franco pidió a Asensio absoluto silencio respecto a la carta en sus relaciones con el resto del Ejército, a lo que éste dio su asentimiento. El Generalísimo prometió simplemente que habría hablado con los firmantes con el fin de aclarar la situación. Los firmantes cometieron el error de no pedir una entrevista colectiva, y Franco se preparó para mantenerse en sus trece, hablando con ellos posteriormente, de uno en uno o de dos en dos a la vez. En las fuerzas armadas, confiaba sobre todo en los mandos más antiguos que no habían firmado la carta, y sobre el apoyo personal, muy fuerte, de los oficiales jóvenes que no eran falangistas por sus simpatías, pero que conservaban una gran lealtad al Caudillo, al que consideraban su victorioso líder. Entre los mandos en los que podía confiar estaban especialmente Muñoz Grandes (que se había comprometido tanto con el fascismo como para no apoyar una monarquía constitucional), García Valiño, el relativamente joven jefe del Alto Estado Mayor; Yagüe, capitán general de Burgos, y Moscardó, capitán general de Barcelona.

Al menos dos de los firmantes de la carta cambiaron de idea. Saliquet, capitán general de Madrid, anunció —tras hablar con Franco— que había cometido un error. Con el pasar de las semanas, también Asensio comenzó a dudar, en particular después de un incidente en la apertura del curso en la Escuela Superior del Ejército, donde la aparición de Franco desencadenó prolongadas ovaciones por parte de un grupo de ochenta oficiales subalternos y cincuenta sargentos.

A fines de septiembre y en octubre el Generalísimo habló a cierto número de mandos superiores, explicándoles pacientemente que aunque la meta última era una adecuada restauración de la monarquía, la situación presente era demasiado peligrosa interna e internacionalmente como para arriesgarse a realizar cambios inmediatos. Además les dijo que no tenía la certeza absoluta de que Alemania fuese a perder la guerra (pues había sido informado respecto a las «armas secretas» alemanas), y que, en todo caso, los Aliados le habían asegurado que no harían nada en contra del gobierno español. El 1 de octubre ascendió a Yagüe y a José Monasterio, general de división que ahora se había disociado de la carta colectiva, al grado de teniente general. Desde el punto de vista de Franco, esto permitía equilibrar totalmente la jerarquía de altos mandos, ampliando la escala superior hasta alcanzar un número semejante o mayor de militares opuestos a las presiones monárquicas que de militares favorables a la monarquía.

La táctica de Franco se basaba en su perfecta calma y en su absoluta seguridad en sí mismo, su rechazo a reaccionar, a excitarse, o a hacer la más mínima concesión, por un lado, mientras trataba de convencer a los monárquicos de que él era indispensable, por otro. El peligro de que cualquier intento serio de apartar a Franco abriría la puerta a la subversión, a los desórdenes internos o a más luchas fratricidas era suficiente como para disuadir a casi todos en el momento de la verdad.

Entre tanto, la presión de los Aliados aumentó a mediados de 1943 a medida que la situación estratégica cambiaba. En particular, Washington comenzó a endurecer su postura hacia Madrid e hizo planes para reducir drásticamente las importaciones de petróleo necesarias para la economía española. Tras una franca discusión entre Franco y Hayes, el embajador estadounidense, el 29 de julio, el tono de la prensa española hacia los Aliados empezó a cambiar. Dos meses más tarde, el 1 de octubre, Franco —que vestía un uniforme de almirante en vez del uniforme falangista— anunció el fin de la «no-beligerancia» española y la adopción de una política de «neutralidad vigilante». Pero el gobierno estadounidense pedía más, y en noviembre exigió el embargo total de las exportaciones de wolframio español a Alemania, a lo que Franco se negó. De todos modos, la División Azul fue disuelta ese mismo mes, poniéndose fin así a la más importante colaboración de España con la Alemania nazi. El 15 de diciembre, el embajador alemán informaba a Berlín que había tenido que protestar por una serie de nuevas medidas decididas por el gobierno español que eran nocivas para el Eje. Franco dirá posteriormente que el momento más difícil llegaría en enero de 1944, cuando el gobierno temió que los Aliados abrieran un segundo frente contra Alemania en España antes de tratar de penetrar en Francia, mientras que aún no se había puesto fin todavía al peligro que representaba Alemania.

A comienzos de 1944 la política económica aliada hacia España se endureció considerablemente, llegándose finalmente a un nuevo acuerdo oficial el 1 de mayo. El acuerdo estipulaba que España reservaría casi todo su wolframio para los Aliados, que se cerraría el consulado alemán en Tánger, y que se expulsaría a los agentes de información alemanes de España, a cambio de envíos de petróleo suficientes y de otros productos. Pese a esto, algún tipo de colaboración con la Alemania nazi continuó todavía durante un tiempo, al menos durante los últimos meses de 1944, y el tono generalmente pro-alemán de la prensa española no cambió del todo hasta el final del conflicto.

Probablemente el aspecto más genuinamente neutral de la política española haya sido el trato dado a los refugiados, en especial a los judíos. En general, durante la primera parte de la guerra unos 30.000 judíos pudieron atravesar libremente España para ponerse a salvo, y no hay ningún dato referente a que se haya rechazado a ningún judío una vez en suelo español. Aproximadamente unos 7.500 pueden haber pasado por España entre 1942 y 1944, y durante la última fase de las redadas de las SS en Hungría y en los Balcanes, los funcionarios consulares españoles se las arreglaron para proporcionar protección (otorgándoles el status de ciudadanos españoles) a más de otros 3.200 judíos, muchos de los cuales eran sefardíes.

El éxito de la invasión aliada de Francia convenció finalmente a Franco de que la derrota alemana era inevitable. Los Aliados obtuvieron permiso ahora para sobrevolar el espacio aéreo español con el fin de facilitar el patrullaje antisubmarino, y se les permitió también evacuar a sus heridos de los frentes franceses a través de Barcelona. En cierto sentido, no había duda de que la nueva orientación de Franco era sincera, pues, como el propio Franco explicó el 6 de julio al embajador estadounidense, ahora se había vuelto hacia Estados Unidos y Gran Bretaña porque esperaba que defendieran a Europa del comunismo tras la derrota de Alemania. Después de que Churchill hubiera pronunciado un discurso que contenía referencias positivas a la política exterior española, Franco escribió una carta personal y algo relamida al primer ministro británico, el 18 de octubre de 1944, sobre la importancia de estrechar la amistad entre España y Gran Bretaña con el fin de salvar a la Europa occidental del comunismo. En esto Franco se extralimitaba considerablemente; Churchill no le contestó en tres meses, y entonces fue sólo para recriminarle en términos frustrantes, mientras que una carta posterior de Roosevelt estaba escrita en términos aún más duros. Para Franco esto demostraba el grado de dominio que la masonería ejercía sobre Londres y Washington.

El Generalísimo hizo un nuevo intento en noviembre, a través de una entrevista para la United Press en la que insistió en que su gobierno había observado «completa neutralidad» durante la guerra y «no tenía nada que ver con el fascismo», porque «no podía España ligarse ideológicamente con quienes no tuvieran la catolicidad como principio». Insistió en que «instituciones que en otros países producen excelentes resultados, aquí, debido a ciertas peculiaridades del temperamento español, conducen a todo lo contrario». Iniciando lo que iba a convertirse en una línea política estándar por el resto de la larga historia del régimen, insistía en que pese a la ausencia de elecciones directas en el país, su régimen constituía una «verdadera democracia, una “democracia orgánica” basada en la religión, en las instituciones locales, en los sindicatos y en la familia»[75].

El intento de Franco de cambiar parcialmente de táctica era pobre y demasiado tardío. En la última fase de la guerra la política de los Aliados hacia Franco y el gobierno español se hizo aún más dura. Tras la derrota de Alemania, la Conferencia de Potsdam, que reunió a los Aliados en julio de 1945, vio cómo se hacían realidad los temores de Franco. En contra del deseo de Churchill, los reunidos recomendaron a las Naciones Unidas, que se formaban por entonces, que rompieran relaciones con el gobierno español y que la ayuda debería ser transferida a las «fuerzas democráticas» con el fin de que España tuviera un régimen elegido libremente.

Aunque siempre en los años venideros Franco mantendrá que el gobierno español había sido siempre básicamente neutral y que «nunca» (palabra que usará sucesivamente en varias entrevistas oficiales) pensó entrar en la guerra del lado del Eje, la evidencia histórica de su fuerte inclinación hacia éste es clara y abundante. España fue relativamente neutral sólo durante la primera y la última fase de la guerra (es decir en 1939-1940 y en 1944-1945), cuando la victoria alemana era todavía dudosa y cuando ya era prácticamente imposible.

Pero, de todos los logros de Franco, ninguno ha recibido tantas alabanzas como el de haber mantenido a España fuera de una intervención directa en la guerra. El Caudillo irá a la tumba con la distinción oficial de haber sido el único estadista europeo en superar decisivamente a Hitler en las negociaciones personales, pues otros se vieron arrastrados a la muerte o a la destrucción (o a pérdidas masivas y casi a la destrucción, como fue el caso de Stalin).

En realidad, entre julio y octubre de 1940 y hasta cierto punto en bastantes otros momentos posteriores, Franco estaba perfectamente dispuesto a entrar en guerra del lado de Hitler en cuanto éste ofreciera un precio. En esto, como en ciertos otros aspectos de la política exterior, Franco, a veces, no fue «hábil» ni «prudente». La decisión de que España no entrase en el conflicto fue de Hitler en un primer momento, más que de Franco, pues Hitler nunca consideró el valor de la participación española a causa del costo potencial de alinearse a la Francia de Vichy por la pérdida de una gran parte de sus territorios africanos. No hay que decirlo, ni Hitler ni Mussolini consideraron a Franco como igual; lo veían como un dictador militar «accidental» de un país débil, y que carecía del status o de las credenciales de un estadista importante. España quedaba relegada a la esfera meridional, «italiana», y el gobierno de Mussolini, aunque a veces fue generoso con España, pensaba, alternativamente, que el régimen de Franco era una especie de hermano menor o un semisatélite. Y se mostraba reacio a reclutar a España en serio por miedo a criar otro rival en el norte de África.

Aunque las concesiones de Hitler habrían conducido a España a la guerra lo más tarde en la primavera de 1942, Franco se empeñó seriamente en llevar adelante una política de attentisme desde octubre de 1940. Era, realmente, más prudente y calculador que Mussolini, en parte debido a que España era claramente más débil que Italia. Franco captó que una España militarmente insignificante podría obtener las máximas condiciones por parte de Hitler sólo antes, no después, de su entrada en la guerra, por lo que se mantuvo firme testarudamente en cuanto al precio, política impulsada habitualmente por Serrano Súñer. Además, había mucho desacuerdo interno respecto a la guerra en el seno del régimen. El entusiasmo de los falangistas por el Eje se veía atemperado por la creciente oposición por parte de muchos militares que, junto con gran parte de los católicos y de los carlistas, tendían más bien hacia la neutralidad y, a veces, hacia una postura pro—Aliados. Los monárquicos, incluido el Pretendiente, hasta cierto punto, jugaban con los dos bandos, pero a partir de 1942 ejecutaron un giro definitivo hacia una postura pro-Aliados. Los dos ministros que hicieron más para mantener a España fuera de la guerra fueron el ministro del Ejército, Varela, líder de la opinión antifalangista (y hasta cierto punto, antifascista) entre 1939 y 1942, y el equilibrado, digno de confianza y sensato Gómez Jordana, ministro de Asuntos Exteriores entre septiembre de 1942 y su muerte, acaecida durante un accidente de caza en agosto de 1944.

Para obtener una perspectiva más completa de los problemas a los que se enfrentaba Franco, podemos hacer una comparación con la política de la tradicionalmente neutral Suecia, que en ciertos aspectos se adaptó a las presiones alemanas en un grado mayor que la propia España. Estocolmo permitió el paso de tropas alemanas por su territorio, durante mucho tiempo vendió considerables cantidades de materias primas estratégicas a Alemania, y a veces se negó a convertirse en santuario de los judíos bálticos fugitivos que buscaban desesperadamente una tierra de asilo, política que estaba en contraste directo con la de Madrid. Asimismo, la neutral Turquía firmó un pacto de no agresión con Alemania, beneficioso para ésta, sólo cuatro días antes de que Hitler invadiera la URSS, y proporcionó a Alemania exportaciones estratégicas de cromo durante toda la guerra.

El gran fallo de la diplomacia de Franco fue, sobre todo, no haber vuelto a una política de verdadera neutralidad en 1942, tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, cuando esto podía haberse hecho sin demasiado costo, e incluso con ventajas económicas a corto plazo para España y con ventajas políticas a largo plazo para el régimen. El que esta oportunidad se perdiera debe atribuirse sobre todo a las reales simpatías pro-Eje de la mayoría de los dirigentes españoles, empezando por el propio Franco, y por su convicción personal de que Alemania podía encontrar todavía los medios para evitar la derrota. Así, pues, las ventajas de una política de verdadera neutralidad entre 1942 y 1943, cuando ésta podía haber tenido un gran peso, acabaron perdiéndose. Para España el costo fue una continuada dureza económica que podría haber sido paliada en parte por una política neutral más genuina, y entre los beneficios podrían haberse incluido un mayor nivel de importaciones vitales de parte de los Aliados y mayores oportunidades de exportación.

El último giro de 1944 llegó demasiado tarde, sin más. Convenció a muy pocos de entre los Aliados y fue explotado desdeñosamente para lo que pudiese servir, y demostró ser de poco efecto en la mejora de las relaciones con las potencias aliadas una vez que terminó la guerra. Comparada con la de la primera guerra mundial, cuando España había obtenido considerables ventajas económicas de su postura de primera potencia neutral de Europa, la segunda guerra mundial fue una experiencia muy dura, provocando una depresión económica y sufrimientos posteriores, y puso en entredicho gravemente el futuro del régimen.

Lo que es más irónico es que, pese a las inciertas perspectivas de Franco en caso de victoria aliada, es muy probable que su futuro habría sido bastante más triste en caso de que Hitler hubiese ganado la guerra. Los constantes virajes, dilaciones y disimulos acabaron enfureciendo tanto a Hitler que, según dice Albert Speer, juró que se lo haría pagar a Franco utilizando a sus enemigos internos para derrocarlo.

Al mismo tiempo, debemos recordar que los años de la guerra fueron fundamentales para la consolidación interna del régimen de Franco. El período inmediatamente posterior a la guerra civil, que coincidió con las tensiones de la guerra mundial, fue el período de mayor disidencia entre las élites nacionales. Estos años revelaron graves deficiencias en la nueva estructura burocrática y administrativa, junto a netas divergencias de criterio entre las principales familias políticas del régimen.

Por ello, las sucesivas remodelaciones ministeriales entre 1939 y 1945 fueron cruciales para consolidar su liderazgo sobre los militares en particular y sobre el régimen en general. Entre tanto, su seguridad en sí mismo y la creencia en su misión providencial aumentaron constantemente. La experiencia de todo esto, junto a la consolidación de su régimen, permitieron a Franco enfrentarse con confianza y decisión a la oposición externa y al aislamiento que siguió a la segunda guerra mundial.

4

Franco, aislado: primera metamorfosis
(1945-1950)

Inmediatamente después del fin de la segunda guerra mundial, el gobierno de Franco solía describirse en otros países como «la última dictadura fascista» de Europa. Denegado su ingreso en las Naciones Unidas que acababan de formarse, el régimen se vio condenado al ostracismo político y militar, mientras que la sufriente economía española se vio privada de los créditos y oportunidades internacionales que le habrían permitido un rápido resurgir. Ya que ninguna de las potencias occidentales sentía deseos de tomar las armas contra el régimen de Franco, se dio impulso a la oposición interna para que realizase esta tarea por sí misma. Desde Francia penetraron en España guerrilleros comunistas a través del valle de Arán, hacia el interior de la provincia de Lérida, ya desde octubre de 1944. Aunque rechazadas, las fuerzas guerrilleras fueron cada vez más activas en 1945 y 1946, organizadas principalmente por la CNT y los comunistas. La oposición monárquica lanzó su propia campaña el 19 de marzo de 1945, cuando don Juan, tras enviar una copia a Franco, publicó su «Manifiesto de Lausana» (ciudad suiza donde tenía su residencia). Como alternativa a la dictadura existente, proponía la restauración de una monarquía constitucional con un Parlamento elegido democráticamente y plenas libertades cívicas.

Ante todos estos problemas, Franco nunca dudó. El surgimiento de una oposición armada hizo que los militares cerrasen filas alrededor de él, y las bandas guerrilleras fueron reprimidas con firmeza y efectividad. Tampoco contaba el Pretendiente con una oposición monárquica unificada en el interior de España. En los seis años de poder total Franco había creado una sólida red de intereses mutuos —la oposición la calificaba de complicidad— con todos los sectores de la élite de la sociedad española, e incluso con una considerable porción de las clases medias, que había conseguido en buena medida mantener en pie sus intereses y su modo de vida bajo el nuevo sistema.

Franco se dio cuenta de que se enfrentaba al más decisivo momento crítico en la vida del régimen, que debía cambiar en ciertos aspectos con el fin de sobrevivir en el mundo de posguerra socialdemócrata de Europa occidental. No hay ninguna evidencia de que haya pensado nunca en abandonar el poder. Si lo pensó, la suerte de Mussolini y el vigor de las purgas en Francia y en los Países Bajos sólo sirvieron para disuadirlo. Como dijo a un importante general: «Yo no haré la tontería de Primo de Rivera. Yo no dimito: de aquí al cementerio»[76].

En la primavera de 1945 Franco tenía ya claro el plan para el futuro. Deberían aprobarse nuevas leyes fundamentales para dar al régimen un contenido jurídico más objetivo y establecer algunas garantías civiles básicas. Se haría un intento para tratar de atraer a nuevo personal político católico y para intensificar la imagen católica del régimen con el fin de obtener el apoyo del Vaticano y reducir la hostilidad de las democracias. A la Falange se le restaría importancia, pero no sería abolida, pues era útil todavía, y no se tolerarían organizaciones políticas contrarias, aunque la censura se flexibilizaría, al menos hasta cierto punto. Se promulgaría una ley de reforma del gobierno municipal, y, finalmente, se sometería a plebiscito popular un nuevo estatuto para legitimar al régimen como monarquía bajo la regencia de Franco.

La nueva fórmula consistía en crear una especie de versión española del antiguo ideal alemán del Rechtsstaat, el Estado administrativo autoritario basado en el derecho. El primer proyecto fue encargar a intelectuales del Instituto de Estudios Políticos del régimen, la redacción de un nuevo cuerpo de garantías civiles que fuese aceptado por Franco. El resultado fue el Fuero de los Españoles, que empleaba el lenguaje neotradicional (reminiscencia de los fueros medievales) tan querido por el régimen, que fue promulgado el 17 de julio de 1945. Pretendía sintetizar los derechos históricos garantizados por el derecho tradicional español, y garantizaba muchas de las libertades civiles comunes al mundo occidental, pero estas libertades quedaban disminuidas a su vez por el artículo 33, que afirmaba que el ejercicio de estos derechos no podían ser utilizados para atacar la unidad espiritual, nacional o social de la patria, en tanto que el artículo 25 permitía que fueran suspendidos temporalmente por parte del gobierno en caso de emergencia.

La promulgación del Fuero se vio acompañada por un importante cambio ministerial al día siguiente (18 de julio), cuyas características básicas eran una relativa reducción de la importancia de la Falange y el nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores de un seglar católico destacado y políticamente moderado, Alberto Martín Artajo. Éste había sido, hasta su nombramiento, presidente de la Junta Nacional de Acción Católica, y será la pieza ministerial principal de una maniobra de importancia destinada a acentuar la identidad católica del régimen y a presentar otro aspecto ante el mundo. El fiel Arrese tuvo que marcharse, aun cuando su cometido había consistido en domesticar a la Falange y moderar su fascismo, por lo que esta secretaría general quedó vacante de momento. Sin embargo, el falangista Girón, cuya dócil demagogia era útil, permaneció en el cargo de ministro de Trabajo (cargo que conservará durante dieciséis años, hasta 1957, lo que lo convertirá en el ministro más duradero después de Carrero Blanco).

Franco confiaba en que ninguno de los nuevos nombramientos ministeriales le causaría ningún problema. La excepción podía ser Martín Artajo, que había discutido la conveniencia de colaborar con el régimen con notables católicos, desde el primado para abajo. La mayoría de ellos, aunque no todos, lo alentaron a entrar a formar parte del nuevo gobierno con el fin de impulsar una reforma importante. Se dice que había afirmado a otros miembros de Acción Católica que podían esperar una reforma básica en el lapso de cuatro meses. Naturalmente, Franco no concedió casi nada, pese a que las metas de Martín Artajo no eran nada drásticas, propugnando una rápida evolución del sistema franquista hacia una monarquía corporativa, católica y todavía bastante autoritaria —quizá no muy diferente de las reformas de Salazar en Portugal.

Los cambios que se producirán en los meses siguientes serán poco sistemáticos, mínimos y, en ciertos aspectos, meramente cosméticos. La voz más influyente de entre las que aconsejaban a Franco que realizase los mínimos cambios posibles era la de Carrero Blanco. En un memorándum, Carrero insistía en que el régimen debía basarse sobre todo en «orden, unidad y aguantar», y esto fue lo que hizo. Se anunciaron elecciones municipales para el siguiente mes de marzo, en las que los miembros de los ayuntamientos serían elegidos a través de procedimientos indirectos, mientras que el gobierno seguiría nombrando a los alcaldes directamente. El 20 de octubre se anunció una amnistía para los presos condenados por delitos cometidos durante la guerra civil, y dos días después se anunció asimismo una nueva Ley de Referéndum, que preveía que los asuntos de trascendencia nacional deberían ser sometidos a referéndum popular a discreción del gobierno. La construcción de un «constitucionalismo cosmético», como se lo llamó, quedó completada por el momento con la publicación, el 12 de marzo de 1946, de una nueva ley electoral para las Cortes corporativas que el régimen había implantado tres años antes. Todo esto no cambió mucho las cosas, pues las Cortes seguirían basándose en elecciones corporativas indirectas y controladas, pero preveía la representación de los ayuntamientos y aumentó la participación sindical.

Ninguna de estas reformas condujeron a cambios institucionales significativos en el régimen, pero iniciaron la erección de una fachada de nuevas leyes y garantías que sus portavoces definían como representación política y derechos civiles, aunque era grande el contraste con la realidad. Ninguna de estas medidas tuvo repercusiones sobre el clima internacional de creciente hostilidad hacia Franco y su gobierno. El gobierno francés cerró temporalmente la frontera de los Pirineos en junio de 1945 y la clausuró definitivamente el 1 de marzo de 1946, inmediatamente después de que el régimen ejecutase a uno de los jefes guerrilleros comunistas capturados, que resultó ser, además, veterano de la Resistencia francesa. En 1946 no hubo ningún relajamiento de la presión. Finalmente, el 12 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 34 votos contra 6, y con 13 abstenciones, votó la retirada de todo reconocimiento diplomático internacional al régimen español en caso de que no se estableciera un gobierno representativo en Madrid lo antes posible. Esto condujo a la salida del embajador británico, el último representante diplomático de un país importante que quedaba en la capital española, aunque ningún país occidental importante fue tan lejos como para romper totalmente las relaciones.

En España, el gobierno describió la campaña internacional contra el régimen como una campaña básicamente antiespañola, como una conspiración liberal e izquierdista para ensuciar a todo el país con una nueva Leyenda Negra. Se aprovechó por entero el papel de la Unión Soviética y de las fuerzas comunistas, tales como la Federación Sindical Mundial, dominada por la URSS, mientras que con respecto a las potencias occidentales el propio Franco se refería a las maquinaciones de un «superestado masónico», causa de los males españoles. Para recabar apoyo, resucitó sus series de viajes en coche a varias partes de España. Éstos eran a veces viajes agotadores que duraban del alba al anochecer a lo largo de uno o más días, que le llevaban a las provincias y regiones más remotas, donde le escuchaban y veían ingentes muchedumbres, aunque las masas, a veces, habían sido prefabricadas por el Movimiento (como solía llamarse ahora oficialmente a la Falange). Aunque las condiciones económicas seguían siendo duras, no eran ya tan severas como en los primeros años cuarenta, y no hay duda de que una gran parte de la opinión española moderada se unió al régimen durante el período de ostracismo internacional. El 9 de diciembre de 1946, con anticipación al voto de las Naciones Unidas, fue convocada en Madrid una manifestación monstruo de varios cientos de miles de personas para apoyar a Franco, que se celebró en la plaza de Oriente, frente al Palacio Real (que Franco utilizaba en tales ocasiones). Fue una de las dos mayores concentraciones públicas de la historia de España, sólo superada treinta y seis años después durante la visita del Papa.

Para contrapesar el ostracismo Franco trató de estrechar relaciones con los países latinoamericanos. Tuvo éxito especialmente al conseguir el apoyo del régimen argentino de Perón, que proporcionó una ayuda económica básica entre 1946 y 1948.

Mucho más importante fue, incluso, el fuerte apoyo de la opinión católica. La década de los cuarenta presenció un marcado resurgimiento de la mayor parte de los aspectos de la vida religiosa española. Aumentó la asistencia a la iglesia, se reconstruyeron iglesias a gran escala, y prácticamente todos los índices de la vida religiosa subieron. Aunque el Vaticano se mostró reticente a firmar un concordato oficial con Franco, la jerarquía eclesiástica apoyaba decididamente al régimen, del que esperaban que institucionalizase las normas legales tradicionales.

Mientras que la acentuación de la identidad religiosa del régimen fue una de sus estrategias más importantes con el fin de legitimarlo, una segunda estrategia importante fue el uso cada vez más intensivo del monarquismo. El hecho de que Franco emplease sus primeros nueve años en temporizar políticamente, negándose a introducir las características institucionales de un sistema plenamente formado, se debió en gran medida a la dinámica del contexto político europeo. Si Hitler y Mussolini hubiesen ganado la guerra, habría sido mucho más fácil establecer una dictadura perpetua por lo menos semifascista. Pero Franco era lo suficientemente astuto como para darse cuenta desde el principio que la salida más probable para su régimen podía ser una monarquía autoritaria, que combinase la legitimidad tradicional con características específicas nuevas. Así, incluso después del Manifiesto de Lausana de don Juan, Franco había asegurado ante el Consejo Nacional del Movimiento, el 17 de julio de 1945, que «asegurar mi sucesión (…) de los sistemas universalmente aceptados para la gobernación de los pueblos solamente uno se presenta a nosotros como viable: el tradicional español (…) de acuerdo con los principios de nuestra doctrina»[77], indicando que las nuevas Cortes prepararían pronto la legislación apropiada para tal fin.

Dos meses después Carrero Blanco preparó un memorándum de trece páginas para el Caudillo, en el que definía los dos pilares de la política del régimen. En un plano internacional no se podía hacer otra cosa que permanecer quietos, pues Gran Bretaña y Estados Unidos nunca habrían corrido el riesgo de una intervención directa para entregar el poder en España al dividido, e izquierdista, gobierno republicano en el exilio (que, en realidad, no fue reconocido nunca por ninguna de las grandes potencias). En el interior, la solución para un futuro sería la monarquía, pero sólo de acuerdo con las condiciones de Franco. Los políticos monárquicos carecían del apoyo suficiente como para imponer su voluntad; Don Juan debía ser apartado de ellos y conducido a un entendimiento con el régimen.

Mientras esperaba hacerse con el apoyo del pretendiente legítimo, Franco tuvo buen cuidado de no avalar directamente en público ni en privado el principio de la legitimidad dinástica. Afirmaba que la consideraba especialmente dudosa en el caso de los Borbones españoles, teniendo en cuenta su historia familiar. Refiriéndose a la promiscua reina del siglo XIX, Franco había observado en una ocasión que el padre del rey «no podía ser el último con quien se acostaba doña Isabel». La sucesión monárquica era un asunto complejo que implicaba a la vez capacidad y principios y que no podía decidirse sólo por la biología. Y uno de sus comentarios típicamente expeditivos y cínicos al respecto fue «lo que salga del vientre de la reina, ver si es apto»[78].

El Generalísimo mantuvo contactos con don Juan a través de intermediarios personales durante el otoño e invierno de 1945-1946, y decidió no oponerse a los planes del Pretendiente de trasladar su residencia a Portugal. Era evidente que Franco pensaba que el traslado facilitaría una entrevista, que él podría utilizar en su propio beneficio. El 2 de febrero, don Juan se trasladó a su residencia de Estoril, que convirtió en una base de operaciones lo más cercana posible a España. Una vez allí, no manifestó interés en efectuar una visita a Franco según las condiciones de este último, mientras que el régimen de Salazar le dio plena autonomía y no permitió que el hermano de Franco, Nicolás, que hacía mucho tiempo que era embajador español en Lisboa, supervisase sus actividades. Además, su llegada a la Península dio pábulo a rumores de un nuevo acuerdo con Franco, lo que motivó una carta de apoyo, firmada por no menos de 458 miembros de élite española, incluidos dos ex ministros de Franco. Esto enfureció al Generalísimo, que dijo a Nicolás que anunciase al Pretendiente, el 15 de febrero, que, dadas las extremas diferencias entre sus posturas, las relaciones quedaban rotas.

Pasados unos meses, Carrero Blanco recomendó a Franco que debía aprovechar la oleada de apoyo al gobierno que se había creado en 1946-1947 (en parte genuina) para iniciar un proceso que preparase una sucesión monárquica que funcionase, estrictamente, según las condiciones del régimen. Tal paso podría tomar la iniciativa de los políticos monárquicos y ratificar los poderes que Franco ya poseía, pero legitimándolos al convertir el sistema estatal en una monarquía. Además, el anuncio de la Doctrina Truman por parte del gobierno de Washington, el 12 de marzo de 1947, que iniciaba la primera fase de la resistencia occidental a la expansión comunista, abrió perspectivas en cuanto a una situación internacional de nuevo polarizada, en la que un régimen como el español, nuevamente legitimado, pudiera explotar el final del ostracismo en vigor.

La nueva Ley de Sucesión estaba preparada el 27 de marzo. El primer artículo estipulaba que «España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino». El segundo especificaba que «la Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde». Así pues, se declaraba que el Estado español iba a ser una monarquía que Franco gobernaría hasta su muerte o «incapacidad». Habría tenido el derecho de elegir a su sucesor real con la aprobación de las Cortes. El futuro rey debería ser varón, español, católico y tener por lo menos treinta años, y debería jurar defender las Leyes Fundamentales del Régimen y del Movimiento. No se hacía ninguna mención a ningún derecho de sucesión dinástico legítimo por parte de la familia real hasta que Franco no hubiese designado a un sucesor real, mientras que la ley le reservaba el poder de invalidar el derecho de sucesión de cualquier miembro de la familia real, en caso de que se alejara notoriamente de los principios fundamentales del Estado.

Se crearon también dos nuevas instituciones, un Consejo de Regencia y un Consejo del Reino. El Consejo de Regencia se compondría de tres miembros: el presidente de las Cortes, el general de más alta graduación, por las fuerzas armadas, y el prelado de mayor jerarquía que fuese a su vez consejero del Reino. La función del Consejo de Regencia debería servir como regencia interina durante el período de transición al sucesor de Franco y, en el caso de que hubiese muerto sin nombrar a ninguno, deberían reunirse los miembros del Consejo del Reino y los ministros para, conjuntamente, elegir a uno. El Consejo del Reino estaba concebido como representante especial del ejecutivo. Y tendría también la responsabilidad de declarar la guerra y de reexaminar las leyes votadas por las Cortes.

Esta legislación estaba concebida para legitimar formalmente el caudillaje de la guerra civil, reconocía que Franco era el jefe supremo del Estado, que no podía ser relevado de sus funciones sin la acción de dos tercios de los ministros del gobierno y dos tercios del Consejo del Reino, seguido todo ello del voto de los dos tercios de las Cortes. Dado que todos los miembros de estas instituciones habían sido nombrados directa o indirectamente por Franco, se trataba de una perspectiva del todo improbable, a menos que cayese en un coma profundo.

Corolario directo de esto fue el reconocimiento de la autoridad personal de Franco como poder constitucional soberano del Estado, gozando del derecho de crear nuevas instituciones sin limitación temporal respecto a su uso. En vez de un código escrito unificado o de una constitución, el artículo 10 declaraba «Leyes Fundamentales de la Nación» al Fuero de los Españoles, al Fuero del Trabajo, promulgado en 1938, la Ley de Cortes, «la presente Ley de Sucesión», la Ley de Referéndum Nacional, recientemente instituida, «y cualquier otra que se promulgue en el futuro de esta categoría».

Carrero Blanco entregó el texto de estas nuevas leyes al Pretendiente, en Estoril, el 31 de marzo, sólo pocas horas antes de que Franco lo anunciase a la nación. Éste provocó rabia y consternación en el círculo real, pues convertía en electiva a la sucesión, y dependiente de la voluntad de un dictador militar. El 7 de abril don Juan denunció la Ley de Sucesión en un manifiesto público, mientras el líder carlista, don Javier de Borbón-Parma, protestaba también en una carta dirigida personalmente a Franco. Naturalmente, ambos mensajes fueron totalmente prohibidos en España. A través de los medios del Movimiento el gobierno lanzó una campaña contra don Juan, tachándolo de enemigo del régimen y de España.

Franco —definido ya como una especie de regente vitalicio— pasó la segunda mitad de mayo en Barcelona, su visita más larga a una ciudad en cinco años, donde los factótum locales del Movimiento organizaron las habituales masas de gente. Y la recepción de gala dada el mes siguiente en honor de Evita Perón —que visitó España del 8 al 25 de junio— fue otra ocasión, aún más espléndida si cabe, de resonancia internacional.

La Ley de Sucesión fue aprobada maquinalmente por las Cortes el 7 de junio, y se convocaría un referéndum para el mes siguiente. Según el gobierno, esto no implicaría ningún peligro, pues un sondeo pedido por la Delegación Nacional de Provincias del Movimiento, permitía saber que de las cincuenta provincias de España sólo dos, Vizcaya y Guipúzcoa, eran claramente «enemigas» del régimen, y otras seis «dudosas». Según los datos, el referéndum sería aprobado por un 63 por 100 de los votantes, y esto podría ser ampliado por una campaña de propaganda total, apoyada a su vez por una carta pastoral del primado.

El 25 de junio el Boletín Oficial del Estado anunciaba que se exigirían las cartillas de racionamiento como identificación de los votantes, y se les pondría un sello en el colegio electoral, y hubo, según los informadores, otros medios de presión. Con todo, a estas alturas, tanto las presiones diplomáticas como la insurgencia interna habían fracasado de forma evidente. Fuesen muchos o pocos los que apoyaban al régimen, eran relativamente pocos los que veían una alternativa. La participación fue masiva el 6 de julio, según todos los informes, y el gobierno afirmará que de un total de votantes adultos cualificados que ascendía a 17.178.812, votaron 15.219.565. De éstos, 14.145.163 votaron, según el cómputo oficial, afirmativamente, 722.656 votaron no, y 336.592 fueron votos nulos o estropeados. Sean cuales fueran las cifras reales, el referéndum representó un gran paso adelante para el régimen, dando lugar, al menos hasta cierto punto, a una legitimidad teórica o polémica y un mecanismo para la sucesión de Franco, y se había dado sin hacer ninguna concesión.

Entre tanto, la insurgencia guerrillera estaba alcanzando su punto culminante en 1946 y 1947, pero acabó siendo contenida con éxito por las fuerzas de represión. Aunque cuando fue necesario se emplearon unidades del Ejército, la mayor parte del trabajo policial fue llevado a cabo por la Guardia Civil. Además, la mayoría de los montes y bosques del Norte, propicios para la guerrilla, estaban habitados por campesinos conservadores y católicos, que no estaban dispuestos a dar cobijo o ayuda a los insurgentes. A partir de 1949 las actividades de la CNT y de los comunistas decayeron rápidamente.

Se produjo también un notable aumento de la actividad huelguística en 1946-1947, centrada en el País Vasco y Cataluña, que alcanzó su momento culminante en una gran huelga industrial, en Vizcaya, que se inició el 1 de mayo de 1947. En tres días, al menos 60.000 trabajadores abandonaron su trabajo, pero unos siete mil fueron detenidos temporalmente y otros 14.000 despedidos, según algunos informes. Prescindiendo de las cifras, estas duras medidas alcanzaron su objetivo, y la disidencia laboral comenzó a amainar a partir de 1947.

Aunque Franco actuaba como si se preparase a volver la espalda a la línea directa de la dinastía borbónica y como si buscase un heredero en otro lugar, un acercamiento, de acuerdo con sus condiciones, al conde de Barcelona (que era el título de don Juan), era con mucho la meta más deseada, que habría permitido reforzar al régimen. La consolidación de su posición como jefe de Estado por medio de la Ley de Sucesión, aumentó la fuerza de Franco. El heredero del trono tenía pocas alternativas, pues las posibilidades de una iniciativa monárquica independiente habían quedado reducidas a cero. Durante más de dos años Franco, de forma intermitente, había buscado encontrarse con don Juan, y finalmente se preparó un encuentro en el yate del Caudillo, el Azor, el 25 de agosto de 1948, anclado frente a San Sebastián. La conversación, que duró tres horas, no fue siempre amable, pues Franco tendía a tratar al heredero del trono como un ignorante político, desinformado sobre la situación real española. Con todo, don Juan comprendió que no tenía más elección que aceptar una tregua política. Franco explicó que su tarea no había sido completada todavía y que una restauración rápida sólo sería deseable en caso de guerra con la URSS (en cuyo caso Franco habría asumido el mando de las fuerzas armadas) o de ruina económica nacional, contingencia que parecía igualmente improbable. Franco prometió poner fin a la propaganda contra la familia real, y el propio don Juan sugirió que pronto sería apropiado que su hijo mayor y heredero, el querúbico, rubio y de ojos castaños príncipe Juan Carlos continuase su propia educación en España. Franco estuvo de acuerdo inmediatamente, pues esto le presentaba la posibilidad de educar al joven y eventual heredero Borbón en el seno del propio régimen.

El príncipe, que contaba diez años de edad, llegó a España el 7 de noviembre de 1948, dando comienzo así a un difícil papel. Franco no cumplió totalmente su promesa de suprimir la propaganda antimonárquica, pues no supervisaba demasiado estrechamente la actividad del Movimiento y no insistió en que sus burócratas eliminasen todas las expresiones antimonárquicas. A lo largo de los diez años siguientes, Juan Carlos hallará considerable hostilidad, aunque intermitentemente, por parte de ciertos miembros del régimen. Fue, al parecer, en estos años de adolescencia, separado de su familia, y en un medio incierto, cuando el príncipe desarrolló una expresión melancólica que luego se hará familiar en él.

El 19 de septiembre de 1949, cuando Juan Carlos llevaba ya en España diez meses, su padre escribió una dura carta a Franco, amenazándole con llevarse a su hijo, ya que el régimen hacía muy poco en favor de la monarquía. Como era habitual en él, Franco no respondió durante todo un mes, y cuando lo hizo, Gil Robles describió la carta de la siguiente manera:

Se trata de una carta muy extensa cuyas dos principales características son la soberbia y la falta de sintaxis. Las principales ideas del farragoso engendro, redactado, sin duda, por el propio Franco, son las siguientes: 1ª, en la entrevista del Azor no hizo ninguna promesa. 2ª, con la «Ley de Sucesión» inició la posibilidad de un régimen monárquico, que debería agradecérsele, cuando le hubiera sido más fácil instaurar otro sistema. 3ª, la educación del príncipe en España es un beneficio para éste y para la dinastía, que no se ha estimado en su verdadero valor. 4ª, no se comprende que la presencia del príncipe haya creado ninguna situación equívoca, pues bien claro se manifestó el propio Franco en su discurso de mayo ante las Cortes (donde se atacó violentamente a la monarquía). 5ª, por ningún motivo hay que pensar en la sustitución del régimen actual. 6ª, la actitud del rey se debe al grupito de monárquicos inquietos y a la funesta actuación de malos consejeros. 7ª, piénsese el rey que hoy las restauraciones monárquicas son muy difíciles. Todo esto en tono confuso, enfático, llamándose a sí mismo caudillo, no dando al rey más tratamiento que el de alteza y haciendo repetidas referencias a las conveniencias de la dinastía [79].

En este desigual combate Franco disponía de casi todas las cartas. La oposición política era débil e irremisiblemente desunida, y los escasos conspiradores militares monárquicos, impotentes. En los primeros años cincuenta fue entregada una nota de los monárquicos al encargado de negocios estadounidense en Madrid, pidiendo apoyo para la monarquía como alternativa a Franco, en la que se incluían varios cientos de nombres. El Generalísimo se sentía tan seguro que, tras obtener una copia de la carta, hizo publicar la lista completa en el diario ABC, como lista de traidores a la nación. Por su lado, don Juan ordenó a sus seguidores que mantuviesen una actividad independiente y que tratasen de apoyar los contactos con los militares, pero no tenía otra opción sino continuar en los mismos términos en su desigual relación con Franco.

Mientras tanto, los acontecimientos políticos que se desarrollaban fuera de España en los años 1947-1948 preparaban el terreno para el fin del boicot internacional contra el régimen. La instauración de dictaduras comunistas en la Europa oriental, que culminó en la toma del poder por los comunistas en Checoslovaquia, tras un golpe de Estado incruento, en marzo de 1948, polarizó las relaciones internacionales y dio comienzo a la «guerra fría». El gobierno de Franco llevó adelante una contraofensiva informativa, resaltando que Franco había sido el primero y el que había advertido con más fuerza sobre los peligros de la expansión comunista. En numerosas declaraciones del gobierno y en varias entrevistas oficiales de Franco con periodistas extranjeros, el régimen se mostraba dispuesto a participar en una alianza anticomunista occidental, proyecto en el que la primacía española, se afirmaba expresamente, se basaba en una experiencia mayor que la de cualquier otro país. La política de ostracismo internacional se debilitaba, y el 10 de febrero de 1948 Francia abrió la frontera pirenaica por primera vez en casi dos años. Estados Unidos inició un acercamiento, y a continuación el gobierno español estableció en Washington un «lobby español» no oficial, para promover un acercamiento entre Washington y Madrid. El primer beneficio consistió en un préstamo de 25 millones de dólares de un importante banco neoyorquino, en febrero de 1949.

Así, Franco, en su mensaje de fin de año para 1948 el día de Año Viejo, podía declarar que el tiempo de las dificultades había pasado y que la crisis posbélica, tanto la económica como la política, había llegado a su fin. Más tarde, en octubre de 1949, realizó su segundo y último viaje fuera de España, la única visita de Estado de la larga historia del régimen, cuando viajó a Portugal. Tras ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Coimbra, contestó cuidadosamente a las preguntas que se le hicieron en una conferencia de prensa —que también fue la única de toda su carrera—. En un mensaje final ante las autoridades portuguesas, se dejó llevar por una de las acostumbradas hipérboles de megalomanía al hacer la propaganda del régimen, lanzando que los principios políticos de «lo que hace solamente cinco años sonaba fuera de nuestras fronteras a herejía, hoy ya veis que llena el ámbito del Universo»[80].

El 4 de noviembre de 1950 la mayoría de los países representados en las Naciones Unidas votaron en favor de la supresión de los términos de 1946 referentes al régimen español, y unos días después Washington autorizaba un gran préstamo en favor del gobierno español. A fines de diciembre fue nombrado el primer embajador estadounidense en Madrid, el primero en cuatro años y medio. España no sería incluida nunca en el Plan Marshall y mientras Franco estuvo en el poder nunca fue invitada a unirse a la recién creada Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con todo, a fines de 1950 los peores aspectos del ostracismo internacional habían desaparecido.

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Franco, rehabilitado (1950-1957)

Para finales de 1950 Franco tenía la satisfacción de haber alcanzado una situación de seguridad para su régimen, en gran parte de acuerdo con sus condiciones. Se habían realizado algunos cambios, por deferencia hacia la opinión internacional. Se había dado un nuevo vigor a la identidad católica del régimen, y se había modificado un poco el contenido, aunque no los excesos barrocos, de la retórica oficial. A medida que la «guerra fría» se endurecía, Franco parecía ir ganando en respetabilidad. El Papa era un anticomunista de la línea dura que había excomulgado a los miembros del partido, y en septiembre de 1950 el gobierno francés expulsó de Francia al Partido Comunista español a causa de sus actividades subversivas. Franco era cortejado activamente, ahora, por los militares estadounidenses, convirtiendo al más antiguo y exitoso anticomunista de Occidente de «bestia fascista» en «el centinela de Occidente», título, por otra parte, de su próxima biografía semioficial.

La estructura política que Franco había instaurado se parecía mucho más al proyecto original realizado por José Calvo Sotelo y los teóricos de Acción Española del tiempo de la República para la «instauración» de una monarquía autoritaria que a las fórmulas fascistas de la Falange. Se habían satisfecho los siete puntos principales de la teoría de Acción Española: la legislación de 1947 había convertido el sistema en un Estado monárquico autoritario; desde 1943 existía un sistema parlamentario corporativo controlado; la política económica se basaba en un neocapitalismo dirigista de Estado; las relaciones laborales estaban controladas, y se organizaban a través de un sindicalismo corporativo de Estado; a partir de 1945 el Movimiento fue perdiendo importancia oficialmente (aunque estaba lejos de quedar suprimido); el sistema descansaba en última instancia en los militares, que eran quienes lo habían iniciado; y la política religiosa, cultural y educativa había permitido desarrollar la elaborada estructura del «nacional-catolicismo», que proporcionó un apoyo mucho más eficaz que el que podía ofrecer cualquier persistente fervor por el programa falangista.

Tras describir las duras condiciones de vida de España en los años recientes, un opositor del régimen tan bien informado como el célebre hispanista británico Gerald Brenan, escribía en 1950 que «España, durante un tiempo, necesita vivir bajo un régimen autoritario»[81]. Su preocupación por la seguridad no inducía, sin duda, al Generalísimo a tomar en consideración otros cambios. Según el ex ministro del Ejército Varela, Franco comentó en privado a fines de 1949, respecto de su reciente visita a Portugal y al consejo que le había dado Salazar: «Cuando estuve en Portugal, Salazar me dijo que, como iba a entrar en un período constituyente, debería conceder alguna mayor libertad al país. Yo no daré a España ninguna libertad en los próximos diez años. Pasado ese plazo, abriré algo la mano»[82]. Aun cuando no hay indicación ninguna de un plan o un calendario específicos, así es, realmente, como van a suceder las cosas, es decir, no habría cambios significativos hasta fines de la década siguiente.

De todo esto surgía una sensación creciente de complacencia y autosatisfacción, reforzada por la descarada retórica de los órganos oficiales, cuyo tono había cambiado mucho menos que su contenido. El Día del Caudillo, el 1 de octubre de 1949, Arriba así lo saludaba:

Francisco Franco se encuentra por encima del hecho escueto, simple y narrativo. Torpeza sería situarle a la altura de Alejandro Magno, de Julio César, del Condestable de Borbón, de Gonzalo de Córdoba o de Ambrosio de Spinola. Francisco Franco, el de la mejor espada, pertenece a las huestes de vanguardia del providencial destino. Es el hombre de Dios, el de siempre, el que aparece en el crítico instante y derrota a los enemigos proclamándose campeón de la Milicia del Cielo y de la Tierra. Le pertenecen, por tanto, si hacemos caso del maestro Nicolás Maquiavelo, títulos de Caudillo, Monarca, Príncipe y Señor de los Ejércitos. De Caudillo por su propio esfuerzo de mílite; de Monarca por su bien ganada nobleza; de Príncipe por su agudo quehacer político y de Señor de los Ejércitos por su valía, competencia y conocimientos de las tácticas, estrategias y demás problemas de la guerra.

En este día (…) dediquemos un rato de meditación en honor de la figura de Francisco Franco. Renovemos, in mente, la promesa de fidelidad a su persona y en nombre de Cristo perdonemos a los que no comprenden, no oyen y no ven. En este día, tenemos que contemplarnos pequeños, enanos, ridículos y patizambos.

O, como el órgano falangista decía sin más el 21 de octubre de 1950: «Franco es el Caudillo y la estrella de todo el mundo». Bañado perpetuamente en este mar de retórica absurdamente extravagante de su propia prensa, parecía mostrar, al menos externamente, una absoluta indiferencia ante las duras críticas y denuncias que todavía le llegaban desde el extranjero.

En una ocasión Franco indicó que no consideraba que el gobernar España fuese una tarea especialmente pesada, y dada la manera en que lo hizo, sin duda ése es el caso. En una entrevista con un profesor de Historia estadounidense declaró que su papel había sido análogo al de un sheriff en una típica película del Oeste, género cinematográfico que le gustaba mucho. Franco continuó observando, con considerable hilaridad, que los españoles no eran como se los retrataba, rebeldes y difíciles, sino, por lo general, pacientes y sufridos. «Prueba de ello —dijo, explotando en una sonora risa aguda— ¡es que han soportado mi régimen por tanto tiempo!» Sus mayores dificultades llegaron en los primeros once años de régimen cuando Franco estaba en la flor de la vida, con abundante vigor y resistencia emocional. El último cuarto de siglo de su régimen, al ir cumpliendo años y al perder su agudeza, fue para él un período de administración rutinaria llevada a cabo según un programa personal que fue más regular que el de dictadores más famosos, y que se adecuaba a su ritmo de vida.

A los ministros y los principales subordinados se les solía dejar casi siempre gran libertad de acción en la administración de sus departamentos, aunque siempre, naturalmente, dentro de las líneas generales del régimen. Por ello, uno de los ministros de Asuntos Exteriores opinaba que ser ministro de Franco «es la única cosa seria» que se puede ser en España, pues un ministro era un «reyezuelo» con pocas interferencias por parte del Caudillo[83].

Y esto era así no porque Franco confiase intrínsecamente en sus colaboradores. Era notorio que Franco era muy sospechoso, aunque sobre esto sus detractores han exagerado. Como observó una vez ante Salgado-Araujo, «tengo que decirle que no me fío de nadie»[84]. Sin embargo, esto no lo llevó a la paranoia malsana de otros dictadores, porque Franco era un perspicaz conocedor de caracteres y era experto en valorar cuándo y en qué medida podía confiar en las personas nombradas por él. Además, al igual que otros dictadores, difícilmente toleraba a su alrededor a nadie que hiciese política o que formase camarillas propias. Como dijo Salgado Araujo: «Seguramente S. E. no desea tener ministros con personalidad propia que le pongan dificultades»[85]. Franco será muy sensible siempre ante la necesidad de buscar el equilibrio entre las diferentes fuerzas que apoyaban al régimen. La libertad de acción de los ministros era una expresión más de esto y en muchos casos fue tan importante como el reconocimiento o el premio directo.

La relativa autonomía permitida a los ministros corría paralela a una vista gorda casi total hacia los delitos en el cumplimiento del cargo y hacia la corrupción. A partir de 1940, una queja común era que Franco simplemente se negaba a oír las acusaciones de corrupción personal, para frustración de colaboradores cercanos como Martínez Fuset y Muñoz Grandes. Seguía su costumbre ya típica de cambiar de conversación, lo que solía hacer siempre cuando se trataba un asunto serio que consideraba molesto. De vez en cuando, de lo que se quejaba Muñoz Grandes, contestaba al crítico que le denunciaba el mal comportamiento de un ministro determinado: «Ya le diré que tú me has dado cuenta de esto»[86]. Parece ser que Franco consideraba que la corrupción era un lubricante necesario para el sistema, que tenía la ventaja de comprometer a muchos con el régimen y ligarlos a éste.

Franco era casi siempre educado y correcto en su modo de ser, pero raramente cordial. Cuando estaba de humor podía ser parlanchín en privado, pero la vivacidad ocasional de sus años más jóvenes había desaparecido en gran medida, excepto en ciertas ocasiones familiares alegres o en partidas de caza. Una de sus máximas favoritas era: «Uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla»[87], y su porte altivo y severo se acentuó con los años. Sus instantes de humor se hicieron cada vez menos frecuentes, aunque no desaparecieron del todo. Las palabras de alabanza no abundaban, ni siquiera para aquellas personas en las que más confiaba y a las que más apreciaba. Algunos de sus principales ministros se quejaban de que nunca se hallaban seguros cuando estaban con él, aunque esto lo hacía deliberadamente. José Antonio Girón se lamentaba de que Franco era «muy frío, (…) con esa frialdad que a veces hiela el alma»[88]. La falta de afectividad o de gestos externos había sido típica del modo de ser de Franco en ocasiones graves, y acabará siendo algo rutinario. Esto tenía la ventaja, además, de permitirle discutir los asuntos más agotadores y molestos sin alterar la expresión del rostro ni el tono de su tranquila y aguda voz. El aspecto más llamativo de su expresión había sido siempre la mirada aguda y penetrante de sus grandes ojos marrones, característica que desaparecerá sólo en los últimos meses de su vida.

Sin embargo, su tono emocional en las ceremonias públicas variaba considerablemente. En las apariciones y mítines en conmemoración de la guerra civil o en otras ocasiones en las que lo aplaudían fuertemente sus más acérrimos seguidores, el Caudillo podía manifestar considerable sentimiento, e incluso a veces se le empañaban los ojos. En cambio las apariciones públicas de rutina eran un asunto muy diferente, en que no solía emerger de detrás de su máscara. Hacia los años cincuenta las ceremonias públicas habían perdido en su mayoría la animación de los primeros años y con frecuencia eran muy frías, formales, protocolarias y más bien tensas. Aquellos que eran recibidos por Franco por primera vez solían quedarse estupefactos por el modo en cómo estrechaba la mano, pues mantenía la mano fija a un lado de la cintura, casi como si estuviera pegada al cinturón, en vez de extenderla de una manera normal: esto hacía que las personas mucho más altas tuviesen que inclinarse, e incluso curvarse parcialmente hacia él para poder agarrarle la mano.

Los consejos de ministros se hicieron legendarios por su duración maratoniana y estilo espartano. En los cuarenta, Franco solía dominar la conversación, hablando durante largo rato, lanzando arengas, o saltando de un asunto a otro. Al ir haciéndose viejo fue cada vez más reacio a hablar y acabó cayendo en el extremo contrario, hablando relativamente poco. En las últimas décadas los consejos de ministros se celebraban cada viernes durante la mayor parte del año, aunque a partir de 1956 se reunían a veces cada dos semanas.

Manuel Fraga Iribarne, figura importante de los sesenta, escribió:

Los Consejos de Ministros con Franco eran largos y en general interesantes. Se entraba a las diez de la mañana; algunos ministros pedían verle antes, si había algún asunto nuevo e importante (…). Los Consejos del verano (…) se celebraban en el comedor del Pazo. Después de la mañana, cada uno se iba a almorzar; volvíamos a las cinco de la tarde, y se trabajaba hasta las diez de la noche. Se servía entonces una cena fría, de media hora; y se continuaba hasta terminar, de madrugada. En mi época, la vez que terminamos más tarde fue a las cuatro; pero en épocas anteriores, se recordaba un Consejo récord que terminó a las ocho de la mañana.

Franco no sólo no restringía o cortaba la palabra, como hacia De Gaulle, o evitaba los debates, como Salazar (que sólo aceptaba informes de los ministros), sino que deseaba la confrontación entre ministros y administradores, para que las cosas se aclarasen bien.…»[89].

Cuando había mucho trabajo, la comida se hacía en el sitio, sobre la marcha, en un tiempo límite de una hora. Las sesiones más prolongadas solían ser una verdadera prueba para los ministros, pues Franco no creía en pausas de descanso y no permitía fumar en su presencia. A veces, incluso, el agua estaba ausente de la mesa. Su control sobre la vejiga era legendario, y no se sabe que haya abandonado nunca un consejo de ministros para ir al cuarto de baño hasta el 6 de diciembre de 1968, cuando ya había cumplido setenta y seis años. Los ministros debían llamar su atención para excusarse un momento o para salir a fumar un cigarrillo. Sólo en sus últimos años los consejos de ministros serán cada vez más breves, a veces limitados a una sesión única matutina.

El interés que Franco mostraba y su conocimiento del gobierno eran bastante desiguales. En los últimos años, su atención era muy desigual. Los temas de ordinaria administración no parecían interesarle en absoluto y en general intervenía muy poco en las discusiones, que podían llegar a ser bastante vivas. Sin embargo, algunas materias despertaban visiblemente su interés y las seguía con atención. Se encontraban entre ellas la política exterior, las relaciones con la Iglesia, el orden público, los problemas que planteaban los medios de comunicación y los temas laborales[90].

Cuando había desacuerdo en los consejos de ministros, raras veces tomaba posición en favor o en contra; cuando estimaba que el tema había sido suficientemente debatido, y no se había planteado ninguna objeción fundamental, daba por terminada la controversia, y quedaba aprobada la propuesta con las modificaciones aceptadas. En cambio, cuando en las discrepancias no se vislumbraba una avenencia, en lugar de imponer una solución, encargaba a los ministros discrepantes que estudiasen de nuevo el tema y buscasen una solución común para someterla al Consejo siguiente[91].

Una de las más atrayentes cualidades de Franco era su optimismo. Casi nunca solía comunicar una sensación de preocupación a sus subordinados, y la confianza en sí mismo fue siempre uno de los factores más importantes de su liderazgo. Estaba muy orgulloso por el hecho de haber mejorado las costumbres de los españoles y porque el índice de criminalidad era más bajo en los años cincuenta que en los treinta. Creía —y hasta cierto punto estaba en lo cierto— que había inculcado un mayor respeto por la autoridad y la religión en todo el país, y confió, con satisfacción, que «No se oye blasfemar por ningún lado, según me informan»[92] —lo que no es otra cosa que una pía exageración.

Aunque la adopción de la expresión «democracia orgánica» fue en gran medida una concesión al clima democrático de la posguerra existente en Europa occidental, Franco creía seriamente que él no era un dictador (también Hitler creía lo mismo). Afirmaba que era una gran satisfacción para él el no interferir personalmente en el funcionamiento del sistema judicial, e insistía, al menos para la galería, que siempre había habido libre discusión en las Cortes. Sin duda era sincero en su convicción de que el régimen trabajaba por el verdadero progreso y por el desarrollo económico del país, y en privado era bastante crítico —lo que era corriente entre los militares— con la élite financiera. Franco estaba convencido de que España descansaba sobre el macizo de la raza, es decir, la clase media, y el hecho de que la oposición monárquica se centrase en las clases altas no hacía sino reforzar la convicción. Creía que en la España moderna las mayores realizaciones las llevaban a cabo quienes provenían de la clase media baja, e incluso de las clases bajas que habían sido capaces de subir hasta la cumbre, y miraba hacia una sociedad con menos ricos y menos pobres. Cuando, en una ocasión posterior (1961), realizaba un viaje en coche oficial, se topó con un barrio de chabolas de Sevilla —lo que no solía ser frecuente en sus itinerarios usuales— y quedó realmente impresionado, pero, como era típico en él, pensó que el asunto quedaría resuelto satisfactoriamente en cuanto las autoridades locales diesen las órdenes oportunas.

No hay evidencia de que las ideas básicas y los valores de Franco —derechista, nacionalista, autoritario y católico— hayan ido cambiando sustancialmente a lo largo de su vida. Es probable que su mentalidad básica fuese la que se manifestó en el guión que escribió personalmente para la película Raza, estrenada en febrero de 1942, dirigida por el conocido director de cine José Luis Sáenz de Heredia. Franco había tenido siempre interés por el cine, habiendo actuado incluso en una película amateur a fines de los años veinte. Se esforzó por desarrollar la industria cinematográfica española en los primeros años del régimen, y estuvo especialmente interesado en comunicar sus valores fundamentales al público español a través de un melodrama histórico: bajo el seudónimo de Jaime de Andrade (el más aristocrático de los apellidos de la familia Franco) y muy posiblemente con la ayuda de un escritor que no firmaba, el guión mostraba una familia modelo idealizada, cuyo nombre en la ficción era Churruca —utilizando el apellido del héroe naval de la batalla de Trafalgar (1805)—. Parece ser que representaba el tipo de familia ferrolana paradigmática propia de un oficial que habría querido para sí. En vez de habitar en una casa normal de clase media urbana como la de los Franco, los Churruca parece que vivían prácticamente en un castillo, como si fueran un importante clan aristocrático. La fuerte figura católica de la madre tomaba como modelo, claramente, a la suya propia, pero el padre era totalmente diferente del agnóstico, aunque profesionalmente competente, don Nicolás, y representaba, sin lugar a dudas, al padre militar y patriota ideal que Franco habría querido tener. Era un excelente ejemplo de virtudes patrióticas, militares y familiares, que morirá finalmente mártir por la Patria, hundiéndose con su barco en el curso de una heroica batalla. Lo que era algo totalmente diferente de la cerrada y aburrida carrera burocrática, entrelazada con una conducta personal irregular, que había llenado la larga vida del padre de Franco.

Franco continuó escribiendo esporádicamente al menos hasta fines de los cuarenta. Quizá porque no estaban del todo satisfechos con los periodistas a su disposición, tanto Franco como Carrero Blanco escribieron artículos sobre la masonería y otras presuntas intrigas liberales, publicados en los periódicos del régimen bajo el seudónimo de Hakin o J. Boor, o Hispanicus, en el caso de Franco, y de Ginés de Buitrago en el de Carrero Blanco. Sin sufrir por el antisemitismo, Franco halló a su verdadera bestia negra en la masonería. Al final de sus días estaba convencido de que un «superestado masónico mundial» orquestaba la hostilidad contra España. En sus artículos sostenía que una conspiración masónica internacional era responsable de los mayores males de Occidente en el siglo XX. Suponía que había conquistado el control de la Sociedad de Naciones, mantenida a raya momentáneamente por Hitler y Mussolini, y que después de 1945 dominará las Naciones Unidas. «Todo el secreto de las campañas dirigidas contra España está en estas dos palabras: masonería y comunismo»[93].

El resultado de la guerra civil, seguido por el éxito en su política en los años cuarenta, convenció firmemente a Franco de que su papel era providencial. Los militares destacados a Marruecos solían referirse cínicamente a su baraka —«la suerte de Franco»—, pero después de 1936, si no antes, el Caudillo la consideró como una guía divina. Solía oír misa en la capilla privada de El Pardo y durante algunas de las mayores crisis del régimen se dice que pasaba en ella una parte de la noche. Con todo, y pese a la importancia formal extrema dada por el régimen a la religión, Franco no quería que se hiciese pública su devoción, pensando que, en general, la opinión española no aprobaba la imagen de un líder demasiado dominado por la religión en los asuntos del Estado. Su religiosidad era diferente de la del tipo español tradicional —formalista, dada a la liturgia y al ritual, pero no inspirada por la meditación personal, por el estudio religioso o por la aplicación personal práctica de la doctrina—. Franco creía también devotamente en la eficacia de las reliquias, siendo la favorita suya los restos del brazo momificado de Santa Teresa de Ávila, que había conseguido durante la guerra civil y que conservará junto a su cama por el resto de su vida.

Hasta el final de sus días le llegarán por correo a Franco amenazas personales anónimas: pocas veces las verá directamente, y no parece que le preocupasen demasiado. La oposición anarquista mostró un gran empeño en organizar conspiraciones para asesinarlo, que fueron más frecuentes entre 1945 y 1950. Con ocasión de sus visitas a Barcelona en 1947 y a San Sebastián en septiembre de 1948, se hicieron preparativos particularmente elaborados. Aunque los servicios de seguridad españoles parecían un poco laxos comparados con los de los regímenes totalitarios más rigurosos, su control era lo suficientemente estricto como para frustrar cada uno de los cuarenta o más planes de asesinato elaborados por los anarquistas hasta 1964, cuando los intentos se agotaron. Ni uno solo alcanzó el estadio de la acción.

Los viajes de Franco a varias partes de España continuaron, pero en número decreciente hasta los años sesenta incluidos, y era raro que las muchedumbres no estuviesen presentes, espontáneamente o no. En estas y otras ocasiones Franco continuó pronunciando sus discursos ceremoniales oficiales, a los que se añadían dos o tres mensajes más importantes cada año. Los escritores de discursos que podían elaborarlos elegantemente parecen haber sido pocos en El Pardo, y Franco escribía la mayor parte del material él mismo. La mayor parte de la terminología empleada era más bien simple, pero adecuada para hacer comprensibles sus principales conceptos. La grandiosidad no era su fuerte, y parece que fue quien instauró la costumbre retórica española de decir «Muchas gracias» al final de un discurso. Antes se acostumbraba normalmente a terminar con el perentorio y levemente arrogante «He dicho» o «He terminado».

De todos modos, los viajes en realidad no le mantenían bien informado, pues hablaba con tan sólo una porción limitada del pueblo, la mayoría de los cuales le decían lo que quería oír. Incluso con los militares irá restringiendo los contactos personales, y las únicas personas que le acompañaban eran los familiares y un muy exiguo círculo de amigos de familia.

Desde 1945 se le verá cada vez menos de uniforme, y en los cincuenta vestirá por lo general trajes de calle bien confeccionados, mucho mejor cortados que los más bien toscos uniformes de los tiempos de la guerra civil. Pese a su afición por las comidas sencillas y fuertes, tales como la fabada asturiana, en los cincuenta estaba sometido a una dieta baja en calorías que le hizo estar más delgado de lo que había estado en los veinte años anteriores.

Las austeras costumbres personales de Franco no variarán nunca. Nunca le gustó fumar, y en las comidas nunca bebió más de un vaso de vino (o, en las ocasiones especiales, un máximo de dos). Solía levantarse a las siete de la mañana y en sus últimos años desayunaba zumos de frutas, té y tostada. Por lo general, tras esto solía rezar o asistir a una misa matutina; Franco solía estar en su despacho, dispuesto para el trabajo, hacia las nueve. Los martes por la mañana se destinaban a las audiencias personales con los militares, y los miércoles para los civiles. Los jueves por la mañana recibía a los diplomáticos extranjeros, y el resto del jueves lo empleaba en una reunión con Carrero Blanco. Como se ha dicho, los consejos de ministros se reunían los viernes. Hasta sus últimos años, Franco dedicó cuatro tardes enteras cada semana, de lunes a jueves, a consultas personales con sus ministros. Cada ministro solía hablar con él durante aproximadamente una hora a la semana, lo que le permitía mantener contactos personales, aun cuando les dejaba mucha libertad de acción en la administración de sus departamentos. La comida no era un acontecimiento en la vida de El Pardo, dado que durante muchos años el jefe de cocina fue un suboficial de la Guardia Civil de lealtad a toda prueba, pero cuyos talentos gastronómicos eran más bien limitados. La idea que tenía Franco de una bebida después de comer se reducía a una copa de manzanilla o a una taza de café descafeinado. Las tardes solían ser tranquilas y caseras, a veces dedicadas a proyecciones privadas de películas. En sus últimos años Franco se hizo adicto a la televisión y le gustaban especialmente el fútbol y el boxeo.

Los hábitos de lectura de Franco eran modestos. Los libros le extraían poco, y con frecuencia ignoraba a la prensa española dado que la censura la hacía predecible y escasamente interesante. Solía echar una ojeada al New York Times, al que consideraba un «baluarte de la masonería mundial», pero cuyo contenido necesitaba conocer y con el que practicaba su limitado inglés. El no saber leer bien inglés parece haber sido fuente de cierta frustración.

Franco se había visto obligado a renunciar a las tertulias privadas que tanto le gustaban cuando era un joven oficial, pero durante los veinte primeros años, aproximadamente, de régimen él y doña Carmen asistieron a no pocas recepciones de la alta sociedad madrileña y a espectáculos, incluidas óperas, corridas y partidos de fútbol. Los acontecimientos sociales del día y la caridad eran el campo de doña Carmen, que desarrolló sus actividades de primera dama, pero su círculo social individual permaneció limitado.

A veces Franco trabajaba durante muchas horas, pero había poco peligro de exceso de trabajo sistemático, dada la ausencia de estrés y de tensión que normalmente manifestaba, y más aún dadas las largas vacaciones que se permitía. Aunque jugaba al golf y un poco al tenis y le gustaba montar a caballo por las mañanas, su gran diversión, casi una manía, eran las partidas de caza privadas. En El Pardo, Franco disponía de un pequeño coto de caza, y otro en el palacio de verano de Aranjuez, pero participaba también en grandes cacerías organizadas para él en las mejores propiedades privadas y en las públicas de toda España. Solían consistir, a veces, en extenuantes partidas de tres o cuatro días de duración, en las que Franco se daba grandes caminatas y subidas y gastaba una enorme cantidad de cartuchos en campo abierto o en zonas de caza especialmente preparadas.

Franco tenía la oportunidad de destacar en la caza en una medida mucho mayor que en otras actividades deportivas públicas, y con el tiempo se convertirá en una escopeta bastante buena[94]. Su gran afición a la caza condujo a una sucesión de invitaciones por parte de los ricos y de quienes buscaban influencias, y era frecuente que lo acompañaran los llamados «cazadores aduladores», que buscaban trabajos o recomendaciones en solicitudes y peticiones, y por los «cazadores comerciantes», que buscaban el apoyo del gobierno en los negocios. Salgado Araujo, jefe de la Casa Militar de Franco durante gran parte de los cincuenta, cuando la manía venatoria estaba en su punto culminante, se mostraba muy crítico con todo esto, observando que en noviembre de 1955 se perdieron diecisiete días cazando, dejando como mucho trece para los asuntos del Estado. Todo ello daba «una impresión de frivolidad», como dijo lapidariamente [95].

Franco no padeció problemas de salud crónicos de ningún tipo hasta que no tuvo una edad avanzada. En las tres primeras décadas de poder padeció sólo tres enfermedades que lo obligasen a guardar cama por un día o dos: dos casos de gripe y una breve intoxicación con pescado.

Incluso cuando ya estaba en los sesenta desplegaba una energía impresionante durante largas jornadas al aire libre. El médico personal de Franco, hombre brusco y devoto falangista camisa vieja de Castilla la Vieja, llamado Vicente Gil, creía, aun así, que Franco alargaba demasiado estas excursiones, y en noviembre de 1954 observaba: «S. E. trabaja demasiado en dichas cacerías, que no son ningún descanso, pues duerme poco. Ayer (…) disparó seis mil cartuchos y eso es terrible para un hombre de sesenta y dos años. El día menos pensado revienta la aorta»[96]. Y en sus excursiones de pesca veraniegas en Asturias se lo veía igualmente de pie durante horas, calzado con altas botas de pescador, metido en las aguas heladas de los torrentes trucheros de montaña. No hay duda de que Franco lo pasaba muy bien con estas matanzas cuidadosamente preparadas, vanagloriándose de que en octubre de 1959 había establecido un récord personal al matar casi 5.000 codornices durante la última cacería. Hasta 1966 la prensa traía historias de sus proezas como pescador marítimo, donde, se decía, había cazado treinta y seis pequeñas ballenas con un cañón de arpones.

A lo largo de treinta y siete años los veranos los pasó en la propiedad gallega del pazo de Meirás, que le habían regalado antes de que terminara la guerra civil, pero también pasaba tiempo considerable en el yate Azor, sobre todo en las frescas costas del Norte. El primer deporte que practicaba Franco los veranos era la pesca, aunque también jugaba al golf y a las cartas y a veces se dedicaba a la pintura, colgando sus naturalezas muertas de caza y pesca de las paredes del espacioso comedor del pazo.

El círculo familiar era el último refugio de Franco, pero seguía siendo restringido. Las relaciones más estrechas y armoniosas, después de las que mantenía con su mujer y su hija, eran con su hermano Nicolás, embajador en Lisboa durante muchos años, y con su única hermana, Pilar. Prácticamente no tenía ninguna relación con la viuda y la hija de su hermano Ramón. Después de la destitución de Serrano Súñer, las relaciones con la hermana menor de doña Carmen (que antes había estado siempre muy próxima a ella) y con su marido se habían hecho también más tirantes. Hubo una posibilidad de reconciliación en 1952, cuando Serrano publicó varios artículos en ABC que tuvieron buena acogida y cuando la prensa cubrió bien un viaje suyo a París. Se habló de nombrarlo embajador en Francia, pero nada se hizo, y los chismorreos atribuyeron esto al temor de la propia doña Carmen de que Serrano pudiese alterar el equilibrio del gobierno (o quizá incluso de la familia).

Tampoco quiso saber nada el Caudillo de su anciano padre, que había muerto en febrero de 1942 a los ochenta y siete años de edad, mientras todavía vivía en Madrid con Agustina, su devota amante de clase baja, y con su hija ilegítima. La casa familiar de El Ferrol seguía siendo propiedad de don Nicolás, que comenzó a pasar sus vacaciones en ella de nuevo en 1935, tras la muerte de su mujer. La guerra civil le sorprendió allí con su segunda familia en 1936, pasando toda la guerra en la zona nacional, lo que no impidió que el viejo librepensador hiciese observaciones escandalosamente negativas en público sobre su segundo hijo. En 1939 don Nicolás volvió a Madrid, donde pudo vivir adecuadamente con su pensión de vicealmirante. Franco le proporcionó un coche privado y un chófer, pero no se sabe que le visitase regularmente, e incluso puede ser que no le visitase, como hacían su hermano y hermana y sus hijos.

La actitud de don Nicolás hacia Franco no mejoró nunca. Incluso después de la guerra civil llamaba «inepto» a su hijo Paco, e insistía en que la idea que se tenía sobre él de «gran líder», como repetía diariamente la prensa controlada, «era para reírse». Don Nicolás era pro-judío y odiaba a Hitler, del que pensaba que iba a destruir o a esclavizar a Europa. Consideraba absurda la manía antimasónica de su hijo. «¿Qué sabría mi hijo de la masonería? Es una asociación llena de hombres ilustres y honrados, desde luego muy superior a él en conocimientos y apertura de espíritu»[97]. En cuanto su padre murió, Franco tomó posesión del cadáver inmediatamente, pero le tributó sólo honores funerarios normales como vicealmirante de la Marina española y no permitió que la turbada Agustina asistiese a la ceremonia. No hay indicio alguno de que llegara a reconocer a su media-hermana[98].

Incluso desde la tumba, su padre tuvo la última palabra, pues el Caudillo debe haberse sorprendido mucho —aunque quizá no del todo— al recibir en 1950 una breve carta de un joven veterano del Ejército nacional, informándole de que el suegro del autor de la misiva, Eugenio Franco Puey, era hijo natural de don Nicolás, cuya madre era la mujer de un oficial español de Cavite, en Filipinas, y que lo había tenido en 1889. Según la carta, Franco Puey había sido reconocido legalmente por su padre, que le había dado la bendición paterna cuando se casó en 1918[99]. Tampoco hay datos sobre si Franco se dignó o no tomar contacto con su presunto medio-hermano, que trabajaba como topógrafo en Madrid.

Hasta aproximadamente 1950 la residencia oficial de Franco fue relativamente moderada y austera, al no ser dado a la opulencia ni al exceso. Pero todo esto cambió considerablemente con el matrimonio de su hija Carmencita, de veintiún años, el 10 de abril de 1950, con Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde. Martínez Bordiú era un joven aristócrata y playboy, que descendía en parte del famoso clan aragonés de los Luna, que había dado un papa y el protagonista de una de las más conocidas óperas de Verdi. El matrimonio fue un poco una sorpresa, pues la mayoría de la sociedad de Madrid había supuesto que el pretendiente principal de Carmencita era un oficial de Marina hijo de Juan Antonio Suanzes, uno de los mejores administradores de Franco y viejo amigo de la infancia, que era uno de los poquísimos que se dirigían al Caudillo llamándolo Paco. Carmencita, más alta de lo que podría haberse esperado al ser hija de Franco, era de aspecto sano y elegante, pero no demasiado guapa, tenía el pelo lustroso y oscuro, como los ojos, y pobladas cejas (más finas en años posteriores con el fin de aumentar su atractivo). Su compañero era un joven afable, atlético, moderadamente guapo, popular en la alta sociedad y que había estudiado Medicina y era cirujano del corazón. Su boda fue una ceremonia de gala a la que asistieron 800 invitados. Muchos de los numerosos regalos fueron distribuidos para beneficencia. El primado, cardenal Pla y Daniel, oficiaba la ceremonia, haciendo sin duda la comparación más blasfema de su carrera eclesiástica cuando entonó ante la joven pareja: «Tenéis un modelo ejemplarísimo en la familia de Nazaret y otro más reciente en el hogar cristiano, ejemplar, del jefe del Estado»[100].

Así pues, el círculo familiar se amplió al incluir a los aristocráticos padres y hermanos del nuevo yerno, creándose una vasta red que empezó a ser conocida como «el clan de El Pardo». Con todo, Franco no permitía demasiadas intimidades, exigiendo que el suegro de Carmencita se dirigiese a él, siempre, tratándole de Su Excelencia. El «clan» se vio metido de lleno en seguida en numerosos negocios y actividades financieras, facilitado todo ello por su posición privilegiada, actividades que dirigía especialmente el tío del marido, José María Sanchiz Sancho, conocido como Tío Pepe, genio financiero del grupo. Una de sus operaciones consistió en la creación de una finca agrícola para la producción extensiva en Valdefuentes, a 21 kilómetros al suroeste de Madrid, que se convirtió en una gran productora de alimentos y se transformó en una sociedad anónima perteneciente en gran parte al propio Franco. De este modo el Caudillo, que en años anteriores se había mantenido al margen de tales asuntos, comenzó a verse envuelto en las maniobras financieras privilegiadas que ya hacían las fortunas de su hermano y hermana.

Carmencita fue casi tan prolífica como su tía Doña Pilar, madre de diez hijos. Así acabó habiendo siete niños Martínez Bordiú, dos varones y cinco hembras, todos de buena apariencia y, con una excepción, todos excepcionalmente sanos, así como una de las principales alegrías del viejo dictador en sus últimos años. Toda la familia solía vivir junta en El Pardo, y Franco solía recibir la visita de algunos de los nietos hacia las nueve de la mañana, antes de comenzar las actividades diarias, lo que le entretenía y encantaba. Dado que no había herederos masculinos por la línea directa de Franco, en diciembre de 1954, tras el nacimiento del primer nieto, se dispuso que las Cortes legalizarían oficialmente la inversión de los apellidos, de modo que el niño se pudiese llamar Francisco Franco Martínez Bordiú y por tanto pudiese perpetuar el apellido del Caudillo.

El yerno quedó muy decepcionado. Superficial y carente de toda capacidad para ser serio y para una concentración sostenida, era excesivamente indulgente consigo mismo y a veces se comportaba mal. Aquí Franco no tenía más alternativa que cerrar un ojo. Durante breve tiempo Villaverde fue convertido en «inspector médico de embajadas» en el extranjero, lo que permitió a la joven pareja viajar mucho a costa del Estado y también jugar un papel diplomático menor como representantes del régimen. Aunque la mayor parte del tiempo la dedicaban a la vida de sociedad y a las diversiones y en menor medida a los negocios, Villaverde hará un intento de desarrollar su habilidad profesional y se dedicará esporádicamente a la cirugía del corazón, llevando a cabo la primera operación de trasplante en España (pero el paciente morirá pronto). A medida que el Caudillo iba teniendo más años, Villaverde trató de desarrollar cierta competencia en un nuevo tratamiento para prolongar la vida, aunque también en este caso sin demasiado éxito. Acabó siendo jefe del servicio de cardiología de un importante hospital madrileño y también de un instituto nacional de medicina especializada, aunque su competencia fue puesta en duda seriamente. Muñoz Grandes hablaba por boca de muchos cuando le hacía notar a Salgado—Araujo que los Franco «no habían tenido suerte con el matrimonio de su única hija». En los últimos años doña Carmen se referirá a veces a Villaverde, al hablar con su hija, diciendo «el hombre con el que te casaste», y la propia Carmencita parece ser que dijo, refiriéndose a él, que era «un desequilibrado mental»[101].

La ampliación del círculo familiar acabó alterando el estilo y el papel de doña Carmen. Si anteriormente había presidido un hogar pequeño y no particularmente ostentoso o por lo menos con cierta austeridad, después de 1950 se vio libre para jugar un papel más elevado como primera dama. Su tendencia hacia el orgullo, la arrogancia y la autoridad se acentuaron, a medida que fue acostumbrándose a deferencias personales más directas, y se dice que en las conversaciones era más intolerante ante cualquier asomo de crítica que el propio Generalísimo. Su colección de joyas, muebles y obras de arte aumentó mucho, haciéndose legendaria y objeto de mucho chismorreo, generalmente exagerado. Tenía pocos íntimos, siendo su principal compañera en los cincuenta la marquesa de Huétor de Santillán, mujer del jefe de la Casa Civil de Franco.

Doña Carmen jugó también un papel activo en los asuntos públicos, y a medida que Franco iba haciéndose viejo tendió a intervenir más en la organización de su horario personal. Le acompañaba en la mayoría de las cacerías y se hacía oír cada vez más en los asuntos políticos, especialmente en su rencor hacia el monarquismo aristocrático. Éste la fastidiaba considerablemente y parece que instó a que la monarquía y sus partidarios tuvieran menos libertad de acción y recibiesen el menor reconocimiento oficial posible. El control de la vida social de Franco tendió a aumentar el aislamiento de éste, pues ella trató de protegerlo de cualquiera que pudiese tocar asuntos molestos, e instruía a los invitados para que no discutiesen asuntos potencialmente desagradables. Pese a la famosa estabilidad nerviosa y a la serenidad de ánimo de Franco, los problemas molestos eran capaces perfectamente de preocuparle y perturbar su sueño. Asimismo, aun cuando Franco no hubiese dado nunca el menor indicio de que miraba a las mujeres, doña Carmen mantuvo alejadas a las guapas y a las más jóvenes de las recepciones sociales, aunque no fuese más que por estar segura.

Así pues, Franco iniciaba el último cuarto de siglo de vida con una rutina fija que variará poco hasta su muerte. Sus vacaciones eran largas, y se lo mantuvo alejado en lo posible de los conflictos, en cierto sentido cada vez menos al corriente de lo que ocurría en su propio país y en el mundo a medida que iban cambiando. El aislamiento personal aumentó a medida que se fue haciendo más viejo. Al ir declinando su salud en los años finales, cada vez verá a menos gente, de modo que hacia el final era muy solitario. Con todo, después de los años cuarenta su autoridad personal nunca volverá a ser cuestionada en España. Incluso la oposición comenzó a pensar que la posibilidad de una alternativa sólo tendría sentido después de su muerte. Había erigido su régimen lentamente y en ciertos aspectos de manera indecisa, pero los cimientos eran suficientemente firmes como para durar toda su vida.

La rehabilitación de Franco y de su régimen llegó a un punto culminante en 1953 con la firma de un pacto oficial con los Estados Unidos y de un concordato con la Santa Sede. En 1951 tuvo lugar el primer intercambio normal de embajadores entre Madrid y Washington, y ese mismo año el almirante Forrest Sherman, de la Marina de los Estados Unidos, llegaba a Madrid para iniciar conversaciones sobre el acuerdo militar estratégico en medio de la creciente tensión de la guerra de Corea y del cada vez más virulento conflicto Este-Oeste. El interés de Franco era evidente, e incluía la sugerencia de alguna forma de participación española en el conflicto coreano. Así pudo muy bien decir, en su mensaje de Nochevieja, cuando terminaba 1951, que «esos años sombríos e insensatos que vieron la rendición de enteros grupos de pueblos, en Europa y Asia, al comunismo y que recompensaron la neutralidad española con la moneda de la hostilidad han pasado», lo que en realidad no era el caso respecto a la mayoría de las democracias de Europa occidental, que se negaron a aceptar la entrada de España en la recién creada OTAN mientras durase el régimen de Franco.

De todos modos, la integración de España en las organizaciones internacionales continuaba: España ingresó en la Organización Mundial de la Salud en 1951, en la UNESCO en 1952 y en la Organización Internacional del Trabajo en 1953, al tiempo que España, de nuevo, ofrecía un contingente español para Corea. La serie de negociaciones con Estados Unidos condujeron a tres acuerdos ejecutivos que llevaron al Pacto de Madrid, firmado el 26 de septiembre de 1953. El Pacto preveía la defensa mutua y a la ayuda militar a España, la construcción y utilización de tres bases aéreas y una naval en territorio español por un período de diez años, y ayuda económica. La fórmula de pacto ejecutivo fue la adoptada por Washington porque, a diferencia de los tratados plenos, no necesitaba ratificación por el Senado de Estados Unidos, en el que la oposición residual hacia Franco por parte de los liberales podría haber sido un obstáculo. Además de la ayuda económica y militar, España recibía un sustancioso crédito y la oportunidad de comprar grandes cantidades de materias primas estadounidenses y excedentes alimentarios a precios reducidos, y aumentó notablemente el volumen de las inversiones de capital norteamericano en España. Las cifras oficiales estadounidenses calculan el valor de todas las modalidades de ayuda económica estadounidense (incluidos los créditos), durante la década siguiente, en 688 millones de dólares, a los que se añadirán 521 millones en ayuda militar. Aunque esto es bastante menos de lo que habían recibido otros países occidentales a través del Plan Marshall, su impacto fue considerable.

El Pacto incorporaba a España geográficamente a la red militar del Mando Aéreo Estratégico norteamericano y daba lugar a una significativa presencia militar estadounidense durante los próximos veinte años o más. No hay duda de que la relación con la mayor potencia del mundo reforzó al régimen de Franco dentro y fuera de España y aumentó su estabilidad. Martín Artajo la presentó como una admisión, por parte de Estados Unidos, de que la postura de Franco había sido siempre la acertada. Sin embargo, hubo mucha oposición al nuevo acuerdo en la propia España, aun cuando no se expresó abiertamente. Los críticos opinaban que la relación era asimétrica y que habría involucrado inevitablemente a España, o al menos al territorio español, en todo conflicto internacional de envergadura en que participase Estados Unidos, al tiempo que estaba lejos de ser un verdadero pacto de defensa mutua para España. Cuando el secretario estadounidense de la Fuerza Aérea, Talbott, indicó que se almacenarían en España bombas atómicas, esto levantó protestas incluso en el seno del régimen. El hecho se negó, pero casi todos sospechaban que el Pacto contenía cláusulas adicionales secretas que permitían tales hechos. Existía un acuerdo secreto adicional que estipulaba que los Estados Unidos podían decidir unilateralmente cuándo podrían utilizar las bases para contrarrestar «una evidente agresión comunista», aun cuando las bases se hallaban, oficialmente, bajo soberanía conjunta de España y Estados Unidos[102]. Con todo, no puede negarse que el acuerdo, en general, proporcionaba una garantía estratégica de facto que nunca había existido antes. La construcción de las tres bases más importantes se completó varios años más tarde y éstas formaron un enlace importante dentro de la red del SAC (Mando Aéreo Estratégico) durante los años sesenta.

Franco estaba inmensamente satisfecho por el pacto con los Estados Unidos, que le otorgaba un reconocimiento que no había tenido nunca antes. Pisándole los talones al nuevo concordato con el Vaticano, el pacto con Estados Unidos marcó el apogeo de la rehabilitación del régimen y convirtió al Día del Caudillo —el 1 de octubre de cada año— de 1953 en el más alegre de todos.

A esto le siguió dos años más tarde, en diciembre de 1955, la admisión de España en las Naciones Unidas, como parte de un acuerdo global. En 1956, las relaciones se descongelaron incluso con los nuevos dirigentes de la URSS, que repatriaron a unos 4.000 españoles, la mayoría evacuados cuando eran niños durante la guerra civil y parientes de emigrados republicanos, a los que se añadían un centenar aproximadamente de miembros de la División Azul hechos prisioneros por los soviéticos que habían sobrevivido durante trece años o más en los campos de concentración de la URSS.

Poco después el gobierno español se lanzó a la ofensiva como víctima del imperialismo: el régimen, a través del Frente de Juventudes, había establecido ya un Día de Gibraltar, a celebrar cada año, y en 1956 la delegación española presentó oficialmente en las Naciones Unidas las reclamaciones de Madrid respecto a la restitución de Gibraltar, asunto sobre el que se volvería con creciente pero infructuoso vigor a lo largo de casi dos décadas.

Franco comenzó a mostrarse inquieto respecto a las nuevas relaciones internacionales del régimen sólo después del exitoso lanzamiento del Sputnik soviético en 1957. Este hecho se consideró la demostración de los importantes éxitos soviéticos en sistemas de lanzamiento de misiles, y Franco tenía un considerable respeto, incluso exagerado, por los logros de un sistema dictatorial como el soviético. El temor a que la cercana base aérea de Torrejón pudiera involucrar a Madrid en un ataque nuclear soviético se hizo público, y en los años 1958-1959 se llevaron a cabo discusiones de alto nivel con las autoridades estadounidenses con el fin de conseguir la retirada de las armas nucleares norteamericanas de Torrejón, pero los Estados Unidos se negaron a ceder. Dado que era un aliado menor, Franco debía mostrarse contento con las ventajas económicas y políticas obtenidas y continuar aceptando el riesgo estratégico, que resultará ser menor de lo que se temía.

La primera remodelación del gobierno en los años de la rehabilitación se anunció el 19 de julio de 1951, decidida con el fin de reforzar la administración interna y liberalizar ligeramente la política económica. Se caracterizó por la continuidad más que por el cambio, aunque también dio algunas oportunidades a los reformistas católicos. Los principales que mantenían sus cargos eran el inestimable Martín Artajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el casi igualmente inestimable Blas Pérez en Gobernación, y el fundamentalmente útil y leal Girón en Trabajo. El Subsecretariado de la Presidencia de Carrero Blanco fue «ascendido» oficialmente al rango de ministerio, y éste fue nombrado también secretario del Consejo de ministros. El eminente seglar católico Joaquín RuizGiménez, que había colaborado con el régimen desde 1945, fue nombrado ministro de Educación, como gesto hacia la opinión católica reformista moderada, pero, al mismo tiempo, los poderes de su ministerio se vieron ligeramente reducidos. En 1948 se nombró un nuevo secretario general de la Falange—Movimiento, en la persona del veterano camisa vieja Raimundo Fernández Cuesta. En la atmósfera más relajada de 1951 Franco elevó la categoría de la secretaría general a ministerio.

En general, este cambio se consideró una más de las hábiles medidas equilibradoras de Franco. Predominaban los nombramientos de católicos importantes, pero al movimiento se le dio, de nuevo, un mayor reconocimiento ministerial. La gran mayoría de los miembros del nuevo gobierno eran franquistas veteranos y eminentes que de un modo o de otro habían estado ligados al movimiento o a la dictadura de Primo de Rivera.

La nueva estabilidad del régimen mermó las esperanzas de una inmediata restauración de la monarquía. Franco tenía razón cuando decía que la opinión pública española no era en absoluto promonárquica. Una buena parte de la población aceptaba consensualmente al régimen, por razones positivas o negativas, y tenía escaso interés por una alternativa monárquica. La oposición de izquierdas, que estaba fuera de este consenso forzado, carecía ahora de medios para actuar, pero tampoco mostró demasiado interés en que la monarquía rigiese el futuro político de España.

De todos modos, el difícil compromiso entre don Juan y Franco de 1948 había proporcionado a la familia real un status relativamente privilegiado en España, y en los años cincuenta los monárquicos acabaron ocupando el lugar de una especie de oposición controlada y leal, preocupada más por corregir al régimen que por ir contra él. El diario madrileño ABC, que siempre había sido el principal órgano monárquico, pudo incluso, en una ocasión, atacar al Arriba, el principal diario falangista, que a veces seguía haciendo propaganda antimonárquica. La siguiente ocasión de conflicto llegó en 1954, cuando el príncipe Juan Carlos, que entonces tenía dieciséis años, terminó los estudios secundarios. El 16 de julio don Juan escribió a Franco que había llegado el momento de que el príncipe iniciase los estudios universitarios en el extranjero, en alguna institución católica de gran calibre, por ejemplo Lovaina. Al día siguiente, pues, Franco preparó una carta para don Juan insistiendo en que había llegado el momento de que Juan Carlos ampliase sus conocimientos en instituciones españolas y que lo más apropiado para un príncipe que debía acceder al trono y al rango de comandante en jefe debería ser matricularse en la Academia General Militar de Zaragoza, institución que Franco fue el primero en desarrollar y dirigir y que su régimen volvió a poner en funcionamiento. Pero antes de que la pudiese enviar, Franco recibía la carta de don Juan, a la que contestó, inmediata y ásperamente, con una negativa. En vez de romper con Franco, don Juan se dio por vencido, provocando la dimisión de Gil Robles como consejero político suyo.

La primera reunión en suelo español entre don Juan y Franco tuvo lugar el 29 de diciembre, en una finca privada del conde de Ruiseñada, cerca de Navalmoral de la Mata, al oeste de Madrid. Sin duda, don Juan urgió que se llevaran a cabo una serie de reformas en el régimen, a lo que Franco no hizo ningún caso. Al no tener ante sí ninguna alternativa, dijo a Franco que aceptaba el plan de éste para la educación de su hijo, aunque observó también que había recibido recientemente comunicaciones de cuatro tenientes generales que nunca antes se habían dirigido a él. Posteriormente don Juan declarará al ABC, el 24 de junio de 1955, que «la monarquía ha sido siempre solidaria con los ideales del Movimiento Nacional». Ese mismo otoño Juan Carlos ingresaba en la Academia Militar de Zaragoza.

Como siempre, Franco halló los mayores apoyos entre los militares. Las fuerzas armadas habían estado fuertemente unidas a su régimen a lo largo de los años de ostracismo. El liderazgo de Franco se ajustaba bien, psicológicamente, a los oficiales españoles, a quienes, por lo general, impresionaba su firme disciplina y su imperturbabilidad, y también la fuerte e impenitente firmeza en favor de su régimen y el rechazo a doblegarse ante las presiones exteriores. Los militares comenzaron los años cincuenta, en términos generales, con la moral alta, aun cuando decayó algo a mediados de la década. Y la primacía de los militares quedó subrayada por el hecho de que cuando Franco se ausentó brevemente de España para visitar Portugal, en 1949, había delegado las funciones de presidente del gobierno en el ministro del Ejército.

En 1951, el nuevo ministro del Ejército era Agustín Muñoz Grandes, que había sobrevivido a su reputación fascista o nazi de los tiempos de la segunda guerra mundial, aunque parece ser que, más tarde, se deleitó llevando la Cruz de Hierro alemana durante una visita oficial a Washington. La posición de Muñoz Grandes entre los militares se basaba en dos factores: el haber tenido el mando de la única fuerza española que combatió en un conflicto internacional importante en todo el siglo XX, y su reputación de ser una persona austera, lo que contrastaba con las ganancias ilícitas y los manejos financieros comunes a gran número de generales importantes. Franco estaba convencido de que podía confiar en Muñoz Grandes pese a su contratiempo nazi de 1942, pues Muñoz Grandes había roto desde entonces todas las relaciones con sectores de la oposición, ligando completamente su propio futuro al de Franco.

El principal problema militar durante los últimos veinte años de la vida de Franco fue Marruecos. Lo que resultaba irónico, pues era en ese país donde el Generalísimo había construido su reputación y había conservado con África una especial relación emocional, pues allí habían transcurrido quizá los días más felices de su vida, y, desde entonces, reflejados en su memoria a través de un brillo romántico y juvenil. En los años del ostracismo posterior a la guerra mundial, el régimen había dado gran importancia a una especial apertura hacia el mundo árabe y había dado también un gran énfasis al mantenimiento de su posición en Marruecos. Se argumentaba que la propia experiencia histórica española había creado una especial relación y comprensión respecto a la cultura islámica, y en efecto, el gobierno de Franco había llevado una política algo más indulgente hacia las actividades nacionalistas de los marroquíes en su Protectorado que la de Francia en su porción (la más importante) de Marruecos. Con todo, en último término a veces hubo que sofocar el malestar nacionalista, y al fin y al cabo, la única vez que Francia y España harán una política conjunta en el período de ostracismo posterior a 1945 será, en grados distintos, la represión del nacionalismo marroquí.

Las relaciones con el mundo árabe se estrecharon en los años cuarenta y en los primeros cincuenta, gracias también al no reconocimiento español de Israel y a la creciente antipatía hacia el Estado judío después de que éste votara claramente a favor de continuar el boicot de la ONU contra España en 1949. El rey Hussein de Jordania se convirtió en el primer jefe de Estado extranjero que visitó España desde mucho antes de la guerra civil. Una gira de Martín Artajo por el Oriente Próximo dio lugar a varios acuerdos económicos y culturales, y por lo general los Estados árabes se mostraron dispuestos a tener una actitud benévola hacia la actuación de España en Marruecos. Dado que el nacionalismo marroquí iba dirigido sobre todo contra Francia, el alto comisario de Franco en el Protectorado, que desde 1951 era el teniente general Rafael García-Valiño, pudo ejercer una política relativamente indulgente hacia los nacionalistas. Fue la presión marroquí la que permitió la reincorporación de España a la administración de la zona internacional de Tánger en 1952.

García-Valiño proporcionó incluso un santuario a los nacionalistas marroquíes en la zona española del Protectorado, que se convirtió en un punto de partida para pequeñas incursiones contra la zona francesa. La política dual española estaba pensada para desconcertar a los franceses y ganar el favor de los marroquíes, pero no para promover la independencia. La actitud personal de Franco parece haber estado dominada por el recuerdo de la lealtad con la que las unidades de marroquíes habían servido bajo su mando en los años veinte y durante la guerra civil, y expresó su opinión de que la independencia de Marruecos vendría sólo en un futuro lejano. De todos modos, García-Valiño fue incapaz de contener la oleada de huelgas, manifestaciones y acciones terroristas menores por parte de los nacionalistas, que se desencadenó en el Protectorado en 1955 y que continuó al año siguiente.

En esto, París dio la vuelta a su política y se dispuso a marcharse, permitiendo la formación de un gobierno nacionalista en Rabat, a fines de 1955. El 13 de enero de 1956 el consejo de ministros español acordó que pronto se negociaría la independencia con los marroquíes (mientras Franco criticaba en privado a García-Valiño por haber ido demasiado lejos en el apoyo de las actividades subversivas marroquíes contra los franceses). Pero después de que Francia otorgase oficialmente la independencia a su zona en marzo de 1956, el gobierno español —ante los disturbios continuados en su zona de Protectorado— no tuvo más opción que hacer otro tanto un mes después. Era un amargo resultado para Franco, que significó asimismo prescindir de la Guardia Mora, su guardia personal montada, llamativamente vestida, formada por marroquíes especialmente seleccionados, que había proporcionado la nota más brillante y exótica a su séquito personal. El diminuto García-Valiño, que era un general respetado por ser una de las pocas luminarias genuinas de la jerarquía militar, se sintió casi como si le hubieran traicionado. Franco le había instado a tomar medidas fuertes ante el malestar en el Protectorado de Marruecos en 1955, pero luego lo había dejado sin instrucciones en medio de una situación que cambiaba rápidamente. La política española no había mostrado una «especial comprensión» ni «relación» respecto a Marruecos, sino sólo confusión y contradicciones antes de hundirse completamente.

La súbita pérdida del Protectorado fue un amargo golpe para el orgullo de los oficiales más antiguos, muchos de los cuales habían hecho su carrera en él. De nuevo, los sueldos de los militares eran menores de lo que correspondía a la vertiginosa espiral de la tasa de inflación, y empezaron a aparecer signos de inquietud entre los militares, justo al mismo tiempo en que comenzaban a surgir de nuevo, en cinco años, señales de disensión en la oposición política. No mucho antes de la retirada de Marruecos, dos cadetes habían sido expulsados de la Academia Militar de Zaragoza por desgarrar un retrato de Franco, y a comienzos de 1956 se formaron algunas pequeñas «Juntas de Acción Patriótica» en las guarniciones de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid y Valencia. Franco respondió a esto con su habitual estilo tranquilo, trivializando tales fenómenos y negándose prácticamente a reconocer su existencia.

Sin embargo, la pérdida del Protectorado de Marruecos no acabó con las posesiones españolas ni con los problemas para España en el noroeste de África. Quedaban las dos ciudades de Ceuta y Melilla, en la costa mediterránea de Marruecos, el enclave de Sidi Ifni, en el extremo sur de la costa atlántica marroquí, y los grandes territorios que formaban el Sahara Español, al sur de Marruecos, y las regiones ecuatoriales de la Guinea Española, mucho más al sur. El nuevo Estado marroquí, bajo su sultán, ambicionaba todos los territorios españoles situados en sus fronteras, y acabó lanzando ataques con fuerzas irregulares contra Ifni en noviembre de 1957 y en el Sahara Español, cerca de El Aaiún, en los primeros días de 1958. Los atacantes fueron rechazados rápidamente (con ayuda francesa), mientras los militares, una vez más, se apiñaban firmemente en torno al régimen en crisis. La actividad de las Juntas clandestinas desapareció rápidamente.

En los años cincuenta la atmósfera social y cultural de España comenzó a relajarse gradualmente. Aun cuando Ruiz-Giménez tuvo sólo un éxito relativo en su cauta política reformista católica como ministro de Educación, empezaron a oírse voces culturales nuevas y a veces más disidentes, y la actitud de algunos estudiantes se hizo más crítica y más politizada. Paradójicamente, el descontento era casi tan fuerte entre la juventud falangista como en otros sectores, pero expresado aquél de una forma mucho más libre debido al status oficial del Movimiento. Durante un tiempo Franco ignoró la situación, aunque después de que una centuria de jóvenes falangistas que marchaba por las afueras de Madrid, en noviembre de 1955, iba cantando una canción que ridiculizaba al propio Caudillo, varios líderes de las juventudes falangistas fueron destituidos de sus puestos.

En 1956 existían ya en Madrid varios tipos de pequeños grupos de estudiantes universitarios disidentes, que iban desde los falangistas a los socialistas y comunistas. Tras un choque entre grupos estudiantiles rivales el 9 de febrero, en el que un falangista resultó muerto, algunos líderes falangistas exigieron represalias y mayor poder para los falangistas, aunque el capitán general de Madrid, Rodrigo, intervino para dejar claro que el Ejército no toleraría violencias de los grupos políticos.

Franco, sin duda, se había dado cuenta de que los incidentes de febrero involucraban a simples grupitos de jóvenes politizados que podían ser reprimidos con facilidad. En un primer momento, como acostumbraba, no reaccionó en absoluto, empleando el día 10 de febrero en una cacería, con gran disgusto de su primo Salgado Araujo[103]. Sólo un día más tarde el gobierno decretó por primera vez la suspensión de los artículos 14 y 18 del Fuero de los Españoles, seguida del cierre temporal de la Universidad de Madrid. Además, el Generalísimo no ignoraba la situación de descomposición interna y de conflicto mutuos en las familias políticas veteranas del régimen, algunas de las cuales estaban próximas al agotamiento. El leal Girón le hizo saber que había un considerable sentimiento antifranquista en el seno del Movimiento. Era claro que Fernández Cuesta no había podido mantener el orden entre las Juventudes Falangistas de Madrid, mientras que los llamados reformistas en el seno del Movimiento constituían un número desconocido. La principal innovación del gobierno, los intentos de Ruiz-Giménez de abrir y reformar ligeramente la educación, había visto surgir una intensa oposición e incluso la hostilidad del propio Franco. Los católicos de extrema derecha en el gobierno, como Arias Salgado en el Ministerio de Información o el carlista Iturmendi en Justicia, no podían ofrecer mucho más apoyo político. Una alternativa podría haber sido servirse de más expertos técnicos, alternativa que Carrero Blanco favorecía, pero en el invierno de 1956 Franco no quiso tomar en consideración cambios importantes.

Así, una semana más tarde, el 16 de febrero, Franco llevó a cabo una remodelación ministerial muy limitada, sustituyendo a los dos ministros cuya autoridad había sido puesta más directamente en tela de juicio. El falangista en el que el Caudillo confiaba más, Arrese, fue llamado de nuevo, once años después, para sustituir a Fernández Cuesta en el cargo de secretario general del Movimiento, y en Educación Ruiz-Giménez también fue sustituido, junto a sus reformistas del Ministerio, produciéndose en el sistema universitario también cambios que introdujeron a gente más ortodoxa.

En conjunto, la crisis había resultado ser más importante de lo que la mesurada respuesta de Franco podía haber hecho creer, ya que había sido la primera crisis interna de importancia del régimen en catorce años, y la amenaza de una «noche de los cuchillos largos» falangista había provocado, al menos por un tiempo, un temor generalizado. Además, el conjunto de los acontecimientos había demostrado que después de quince años de régimen éste estaba perdiendo el control de la juventud en las principales universidades, en las que anteriormente tenía un apoyo ilimitado o al menos un predominio incontestado. En las dos últimas décadas de la vida de Franco, la oposición aumentó constantemente en las principales universidades. Además, aquellos «falangistas críticos» y «católicos progresistas» miembros de la intelligentsia, destituidos junto a Ruiz Giménez, no volverán nunca más al redil, sino que permanecerán desde ese momento fuera del régimen. Los acontecimientos de 1956 son la primera chispa de una nueva oposición interna, surgida no de la República ni de los emigrados de los años cuarenta, sino de la generación que había comenzado a crecer bajo el régimen de Franco.

Sin embargo, no hay datos respecto a que Franco planease cambios importantes tras la crisis de febrero, salvo una política más rígida. Sin embargo, el nuevo secretario general del Movimiento se dio cuenta de que ahora se hallaba ante la última oportunidad de asegurar un papel más importante para el Movimiento en el seno de la estructura permanente del régimen franquista. Por ello Arrese se alegró cuando le fue aprobada la sugerencia hecha al Caudillo de que reuniese a una comisión falangista que prepararía el texto de posibles leyes fundamentales con el fin de redefinir el papel del Movimiento.

Aun cuando en una ocasión Franco había opinado, en privado, que el Movimiento era básicamente poco más que una «claque de propaganda»[104], todavía pensaba estabilizar su lugar en el sistema, pues creía que continuaba cumpliendo ciertas funciones indispensables. Al tiempo que insistía en que los falangistas debían adaptarse al hecho de una eventual sucesión monárquica, el 29 de abril insistía también en que «la Falange puede vivir sin la monarquía; lo que no podría vivir nunca sería ninguna Monarquía sin la Falange»[105]. Lo que se les pedía a los falangistas era, como siempre, que se ajustasen a los giros y vueltas del régimen. Dirigiéndose a 25.000 falangistas, en Sevilla, el 1 de mayo, afirmaba que «en política no se puede ser estacionario, hay que renovarse; el no renovarse sería empezar a morir. Por eso no podemos permanecer estáticos en el pasado, en las viejas cosas ni en las viejas fórmulas». Recurriendo a la vieja retórica falangista, decía: «Estamos haciendo la revolución», pero añadía: «revisaremos todo lo que haga falta»[106].

A lo largo de 1956 la comisión de Arrese preparó tres nuevos borradores de anteproyectos que trataban de los Principios del movimiento Nacional, una nueva Ley Orgánica del Movimiento Nacional, y una Ley de Ordenación del Gobierno. La finalidad era institucionalizar de manera permanente al Movimiento en el gobierno español, aumentar considerablemente los poderes del secretario general y del Consejo Nacional del Movimiento, en particular tras la muerte de Franco. Inmediatamente surgieron las objeciones por parte de los monárquicos, pero también por la de casi todos los principales miembros del gobierno de Franco. Aunque en la Prensa no apareció una sola palabra, los anteproyectos de Arrese circularon ampliamente entre la élite del régimen, surgiendo desacuerdos por todas partes. El golpe de gracia lo asestaron tres cardenales de la Iglesia española, que visitaron a Franco el 12 de diciembre para presentarle un documento en el que se declaraba que «están en desacuerdo con las doctrinas pontificias». Y continuaba diciendo que «Los proyectos de Ley Orgánica del Movimiento y Ley de Ordenación del Gobierno no tienen raíces en la tradición española, sino en los regímenes totalitarios de algunos pueblos después de la primera guerra mundial, cuyas doctrinas y prácticas recibieron serias amonestaciones de los romanos pontífices». Los cardenales declararon que no deseaban «el liberalismo de una democracia inorgánica», pero instaban al Generalísimo a promover «una actuación y verdadera representación orgánica» en vez de «una dictadura de partido único»[107].

Después de que Franco le dio instrucciones de que revisase cada una de las propuestas para Navidad, Arrese trató de interesar al Caudillo en versiones atenuadas de los dos proyectos principales, pero Franco consideró que ninguno de ellos era aceptable. Desde el verano anterior se había venido hablando de un cambio general en el gobierno, y Arrese esperaba extender aún más la influencia falangista. Sin embargo, por esas fechas, Franco estaba más preocupado por la inflación continuada y por el grave déficit de la balanza de pagos, que se estaba convirtiendo en un problema serio. El régimen necesitaba una mejor dirección económica, mientras que cualquier revigorización del falangismo habría sido vana y anacrónica y habría sido inaceptable para las principales instituciones y corrientes de opinión del país. La situación actual en España y en la política internacional exigían, en cambio, una administración técnica eficaz, y en febrero de 1957 Franco decidió dar carpetazo sine die a las propuestas falangistas y llevar a cabo una nueva y amplia remodelación del gobierno.

No parece que haya habido ningún gran plan específico en los nuevos nombramientos ministeriales. Es evidente que Franco había decidido meses atrás que debería sustituir a cierto número de ministros clave, pero, como era habitual, iba aplazando las alternativas. Un memorándum de Carrero Blanco del 26 de enero insistía en la necesidad de reforzar la autoridad personal de Franco tras los acontecimientos del pasado año (huelgas, desórdenes estudiantiles, pérdida de Marruecos y reformas institucionales frustradas). En vez de emanar del predominio de un sector concreto, los cambios políticos y las leyes institucionales deberían realizarse con el esfuerzo conjunto de un gobierno que debía trabajar en equipo con el Jefe del Estado. Las nuevas opciones de Franco revelaron, así, una radical disminución del papel de los falangistas y resaltaba de nuevo la importancia de la capacidad técnica, aunque siempre se había servido libremente de expertos (por lo general ingenieros civiles o militares o abogados del Estado). En privado, Franco describió al nuevo gobierno simplemente como un nuevo intento para que estuviesen representadas de manera equilibrada las distintas fuerzas del régimen, adaptado a la realidad de finales de los cincuenta. Los nuevos nombramientos clave recayeron en su mayor parte en universitarios con estudios profesionales o técnicos, aunque ahora, por primera vez, Franco se encontró con una o dos negativas. Carrero Blanco ejercía alguna influencia más que antes, deseoso de cortocircuitar a la Falange y de hacerse con expertos capaces de reorganizar la administración del Estado y aplicar una política económica más eficaz, pero también Arrese podía haber jugado un papel presentando a la atención de Franco a una o dos de estas nuevas personas.

Los tres nombramientos clave en asuntos económicos y en la administración estatal eran todos ellos miembros de la institución seglar católica llamada Opus Dei, que había ido adquiriendo una gran influencia en España a lo largo de la década anterior. El primero en entrar a formar parte del más alto nivel de gobierno era Laureano López Rodó, joven profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, que recientemente había elaborado una serie de propuestas para el ministro de Justicia sobre la reforma legal y administrativa del Estado. Éstas habían llamado la atención de Carrero Blanco, tanto que nombró a López Rodó para el cargo de reciente creación de secretario general técnico del Subsecretariado de la Presidencia antes de que terminase 1956.

Aunque sin rango de ministro en el nuevo gobierno, López Rodó fue nombrado también jefe del Secretariado del Gobierno y de la Oficina de Coordinación Económica, otro puesto técnico creado especialmente para él. Otros dos miembros del Opus Dei obtuvieron las principales carteras económicas: Alberto Ullastres, también profesor universitario, fue nombrado ministro de Comercio, mientras que Hacienda recayó en Mariano Navarro Rubio, abogado y economista, también de poco más de cuarenta años, que tenía gran experiencia en el sistema sindical y por haber sido el último subsecretario de Obras Públicas. Aunque Franco tenía cierta estima por Arburúa, el ministro de Comercio saliente, pues apreciaba su habilidad y maña, la corrupción y desviaciones en la administración comercial española eran tan graves que Arburúa se había convertido en el ministro más criticado del gobierno, y Franco, pese a su reticencia, llegó a la conclusión de que se necesitaba algún tipo de reforma. Los tres nuevos designados serían responsables de la concepción y ejecución de importantes cambios en la política económica española a lo largo de los dos años siguientes (de lo que se hablará en el próximo capítulo), aunque es más que dudoso que Franco pensase en cambios de tal magnitud cuando formó el nuevo gobierno.

Franco trató de que los falangistas ocuparan cuatro puestos, aunque finalmente Girón dejó el ministerio y Arrese pasó de la Secretaría del Movimiento al puesto de reciente creación de ministro de la Vivienda. En Asuntos Exteriores, Martín Artajo fue sustituido al fin, y el nuevo ministro fue Fernando María Castiella, profesor de Derecho Internacional y diplomático con experiencia (y también veterano de la División Azul y segundo miembro del gobierno que obtuvo la Cruz de Hierro). El ministro de Gobernación saliente, Blas Pérez González, había sido uno de los principales favoritos de Franco debido a su honradez, eficacia, sensatez en las opiniones e incorruptibilidad. Franco lo sustituyó por el general Camilo Alonso Vega, que había obtenido un gran éxito en la reorganización de la Guardia Civil. Muñoz Grandes fue sustituido también en el Ministerio del Ejército, pero fue ascendido a capitán general (el único mando, además de Franco, que alcanzó ese grado) y pronto se convirtió en jefe del Estado Mayor Central. En conjunto, siete de los diecisiete ministros del nuevo gobierno eran militares.

El nuevo gobierno hizo su propia versión de los Principios del Movimiento Nacional el 29 de mayo de 1958, que sustituyeron completamente a los antiguos Veintiséis Puntos de la Falange y, aunque en parte era semejante al anterior borrador de Arrese, quedaron limpios del todo de cualquier expresión claramente fascista. En ellos se reafirmaban el patriotismo, la unidad, la paz, el catolicismo, la personalidad individual, la familia, la representación a través de las instituciones locales y los sindicatos, y la armonía internacional. Reflejando más bien los conceptos y la terminología carlistas más que los falangistas, el Movimiento se de nominó «comunión» en vez de partido, y el régimen se definió como una «monarquía tradicional, católica, social y representativa». En una de sus más conocidas entrevistas personales, pocos días más tarde, Franco declarará al periodista francés Serge Groussard que nunca había tenido influencias de nadie, ni siquiera de Mussolini, y que «nunca» había considerado la idea de entrar en la guerra al lado de Alemania. «Yo también soy un demócrata», afirmó el Caudillo, refiriéndose a su concepción personal de democracia orgánica[108].

A esto siguió una nueva oleada de huelgas en Barcelona y Asturias a lo largo de marzo de 1958, que llevó a la suspensión de los derechos civiles individuales y a la declaración oficial del estado de excepción por cuatro meses. En marzo de 1957 había sido aprobada por el gobierno una ley antihuelga más dura, y a comienzos de 1958 se creó un nuevo tribunal militar especial con jurisdicción sobre todas «las actividades extremistas» en toda España. Con todo, Franco, en este momento, no tenía grandes motivos para estar preocupado, pues la oposición política, desarticulada a fines de los años cuarenta, era incapaz de actuar organizadamente. El número de condenas a activistas de la oposición por parte de tribunales militares descendió constantemente entre 1954 y fines de 1959, mientras que la tasa de delitos comunes era muy baja.

Franco había manifestado cierta satisfacción por dos de los más importantes acontecimientos europeos de 1958, que veía como una demostración de las bondades de los gobiernos fuertes. Visitando un nuevo complejo industrial en Cartagena, en octubre, saludó al primer vehículo espacial soviético, el Sputnik, afirmando que «esto no hubiera podido lograrse en la Rusia vieja» (en su ignorancia pasaba por alto el hecho de que durante el viejo régimen semiliberal, Rusia, en realidad, había llevado a cabo algunos pequeños avances en aeronáutica) porque «las grandes obras necesitan para lograrse de unidad política y de disciplina»[109]. Estás poco habituales alabanzas del más veterano anticomunista de Europa debían entenderse como una reivindicación del autoritarismo, dejando a un lado el tinte político. El segundo acontecimiento, que Franco aplaudió aún más, fue el hundimiento de la Cuarta República parlamentaria en Francia, sustituida por una república presidencialista bajo Charles de Gaulle, que afirmaba también, aunque en un sentido bastante diferente del de Franco, que el sistema de partidos no funcionaba.

La década terminó con dos importantes acontecimientos en la vida de Franco, la inauguración del Valle de los Caídos el 1 de abril, y la visita a Madrid del presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, en diciembre. La construcción de la grandiosa tumba y monumento nacional a cuarenta kilómetros al noroeste de Madrid había empezado en 1940 y se había aplazado durante largo tiempo («por influencias masónicas», se había temido Franco), y en los trabajos se había utilizado a veces la mano de obra de presos políticos. Franco había participado personalmente en su proyecto, seleccionando el lugar donde sería enterrado, bajo el altar mayor del santuario. En segundo lugar, deseaba también acoger los restos de un pequeño número de veteranos republicanos y nacionales, observando que muchos soldados republicanos no habían sido malos sujetos, sino que, simplemente, habían sido engañados o reclutados por la fuerza. La inauguración del gran monumento, una especie de rival del siglo XX de El Escorial de Felipe Ii, fue programado finalmente para que coincidiera con el vigésimo aniversario de la victoria de Franco en la guerra civil, y fue testigo elocuente de la presencia de la muerte y de la historia en la con ciencia de Franco.

Algunos meses más tarde Franco fue descrito de la siguiente manera por el famoso historiador británico Arnold Toynbee en el New York Times Sunday Magazine del 2 de noviembre de 1959:

[Franco es] quizá el arquetipo, en nuestros días, de una poderosa personalidad que ha triunfado por medio de la astucia. Al igual que Hitler, Franco hizo caso omiso del espíritu de la época, pero mientras que Hitler fracasó, Franco hasta ahora ha tirado adelante. Consiguió conducir a falangistas y carlistas enganchados al mismo carro, y persuadió a italianos y alemanes para que le ayudaran militarmente sin comprometerse en absoluto militarmente con ellos. He aquí una personalidad que ha dominado lo mejor de las poderosas fuerzas impersonales con la técnica del boxeo chino.

La breve visita de Eisenhower a la capital de España, durante la cual Franco y el presidente estadounidense recorrieron el centro de la ciudad juntos en el mismo automóvil abierto, aplaudidos por centenares de miles de personas, fue la apoteosis internacional de la carrera de Franco. Por breve tiempo Franco abandonó la cada vez mayor frialdad de su estilo oficial para recuperar algo de la animación de sus años juveniles, como demuestran netamente varias de las fotografías que le hicieron[110]. En ningún otro momento gozaría de mayor aceptación o reconocimiento.

6

La segunda metamorfosis (1959—1973)

Durante su larga vida, Franco y su régimen pasaron por tres fases, marcadas por dos metamorfosis, aun cuando los propios valores políticos y la autoridad de Franco cambiaron muy poco. Durante la primera fase, de 1936 a 1945, Franco creó un sistema que era de carácter, al menos, semifascista, fuertemente autoritario, nacionalista e imperialista, orientado hacia la Italia fascista y la Alemania nazi. La primera metamorfosis tuvo lugar en 1945, impuesta por la destrucción histórica del fascismo. En su segunda fase, el régimen de Franco fue definido como una democracia orgánica católica, vinculada especialmente por definiciones religiosas y estructurada sobre instituciones corporativas orgánicas, desde la familia católica a nivel de los hogares hasta los sindicatos y las Cortes a nivel nacional. Franco negó toda asociación con el fascismo y la más mínima inclinación a haber entrado en la guerra al lado de Alemania.

La segunda metamorfosis tuvo lugar en 1959, con la liberalización de la política económica. Aunque el carácter fundamental del régimen cambió muy poco, durante su tercera y última fase se convirtió en una especie de «dictadura del desarrollo», que insistió en el rápido desarrollo económico y el bienestar general y, como norma, siguió políticas culturales y sociales más liberales. No hay indicación alguna de que estos cambios fuesen el resultado de un plan consciente por parte de Franco, sino que se desarrollaron naturalmente a partir de las condiciones existentes a finales de los cincuenta y durante los sesenta, habiendo sido preparado ya el camino por el rechazo final de Franco a las propuestas neofalangistas y la introducción del nuevo liderazgo económico en 1957.

Durante sus dos primeros decenios, el régimen siguió una política económica fuertemente autoritaria, dominada por un complicado sistema de controles y reglamentos oficiales, dirigidos originalmente a conseguir la «autarquía», es decir, la autosuficiencia económica. Esta estructura de nacionalismo económico, que reflejaba el propio convencimiento de Franco sobre el dominio de la política sobre la economía y la necesidad de alcanzar el desarrollo económico nacionalista y la independencia, no consiguieron evitar la miseria económica durante el problemático decenio de los cuarenta, y había sido ligeramente relajada para aprovechar las mejores condiciones internacionales existentes en los años cincuenta. Durante este último decenio, España disfrutó de un elevado índice de crecimiento económico, especialmente en la industria, mediante una industrialización que venía a sustituir la importación, aunque con muy poco interés por el mercado internacional y estando dominada todavía por un esquema nacionalista de economía autoritaria estatal: una política que reflejaba el propio temperamento, las preferencias políticas y las escasas ideas económicas de Franco.

Aunque continuaron aumentando la producción industrial y el consumo español, la política global encontró dificultades crecientes durante los últimos años cincuenta, llegando incluso a correr el riesgo de una quiebra total. Durante los años cincuenta, las importaciones se duplicaron, pero las exportaciones permanecieron estancadas, produciéndose así un desequilibrio imposible de absorber en la balanza de pagos. A partir de 1954, el gobierno tuvo que sufrir déficit financieros constantes, debido, en medida considerable, a las importantes inversiones estatales en el programa industrial autárquico. Hacia 1956, el déficit había empeorado, produciendo una elevada inflación continuada. Por ejemplo, el gobierno ponía en circulación cada vez más papel dinero, pero no estimulaba la agricultura, cuyo bajo rendimiento exigía el aumento de las compras de alimentos en el extranjero. El déficit comercial llegó a ser tan grave que amenazó la expansión futura de la economía así como la misma supervivencia fiscal del gobierno. Eran indispensables nuevas inversiones de capital y de tecnología, pero sólo podían venir del extranjero, y únicamente pagarse después de un replanteamiento de la política que animara la producción acelerada de mercancías y servicios para el mercado internacional.

Los ministros económicos del nuevo gobierno de 1957 decidieron enfrentar estos problemas, pero no tenían un modelo teórico coherente ni una política general integrada.

Antes, cuando habían subido la inflación y el déficit, el gobierno de Franco había mostrado la tendencia a achacarlo a una mala administración o a la falta de control gubernamental, en lugar de reconocer que la culpa se debía a una política fundamentalmente errónea. Durante 1957-1958, se emprendieron una serie de reformas económicas parciales, destinadas a ayudar a equilibrar el presupuesto e introducir políticas monetarias y de divisas más firmes. Estas reformas corrigieron algunas de las deficiencias anteriores pero fueron totalmente inadecuadas para hacer frente al problema fundamental.

Franco y Carrero Blanco no preveían ningún cambio importante en la política económica, sino más bien algunos ajustes y un mayor rigor en el sistema existente. Hacia finales de 1957, Carrero Blanco distribuyó una nueva propuesta por los despachos de los principales responsables de la economía, presentando un «plan coordinado de aumento de la producción nacional». En lugar de reformar, el plan recomendaba una intensificación de la autarquía, insistiendo en que una movilización masiva, casi estalinista, de los recursos nacionales sería el camino más seguro para el fortalecimiento económico. Esto significaba seguir evitando los mercados internacionales o la necesidad de exportar, y solucionar el problema de la balanza de pagos con una drástica reducción de las importaciones. «Rechazamos de plano, por injusto y egoísta, el acomodaticio argumento de algunos de que España es un país pobre». El objetivo debería ser «no tener que importar más que elementos de producción»[111]. Aunque reflejaba gran parte del pensamiento del mismo Franco, no era tanto una propuesta económica cuanto una proyección doctrinal que los ministros económicos comprendieron que estaba destinada al fracaso total.

El plan hacía caso omiso de la nueva y poderosa tendencia hacia la cooperación económica que había surgido en la Europa occidental, y ésa era su intención. Seis gobiernos europeos occidentales acababan entonces de ratificar tratados para establecer la Comunidad Económica Europea. La CEE empezó a existir a comienzo de 1958 y fue un éxito dinámico. Los resultados que consiguió la integración económica europea occidental eran ya evidentes para muchos administradores españoles, y el desarrollo del Mercado Común ejerció muy pronto una fuerte influencia en muchos de ellos, convencidos por fin de que el camino a la prosperidad futura de España no podía estar separado del rápido crecimiento económico de la totalidad de la Europa occidental. La posición de Franco y de Carrero Blanco se convirtió en una opinión minoritaria incluso entre los principales responsables económicos del régimen.

Con alguna lentitud, Navarro Rubio, Ullastres y López Rodó empezaron a esbozar el esquema parcial de un nuevo programa de liberalización y estabilización económica, cuando, a partir de la primavera de 1958, la oleada de huelgas, empujadas por la inflación, aumentó aún más la presión. Durante este año, el gobierno español entró en la Organización para la Cooperación Económica Europea, el Banco de Exportación-Importación y el Fondo Monetario Internacional, al tiempo que se promulgaba una nueva Ley de Convenios Colectivos que, por primera vez, aceptaba los convenios colectivos locales para los patronos y trabajadores bajo el marco de la Organización Sindical. No obstante, permanecía la patología fundamental de esa estructura económica estrecha, dominada por el Estado, reforzada aún más en diciembre de 1958, cuando la policía capturó a dos agentes suizos dedicados a una masiva evasión de pesetas. Llevaban una lista de 363 españoles ricos y famosos —incluidos, naturalmente, altos cargos del régimen— cuyas cuentas secretas en bancos suizos atendían tales agentes.

A mediados de 1959, después de cuatro años de fuertes déficit en la balanza de pagos e inflación, estalló una crisis. En mayo, la Organización para la Cooperación Económica Europea publicó un informe sobre España, señalando el camino para las principales reformas. En julio, el Instituto Español de Moneda Extranjera estuvo casi a punto de tener que declarar una suspensión de pagos, mientras que el mercado de valores se hundía después de las primeras medidas restrictivas. Con el gobierno cerca de la quiebra, los ministros económicos concluyeron que no podía retrasarse más un cambio en la dirección.

Al principio, Franco no estuvo de acuerdo. En varios discursos recientes, había utilizado el término de «crisis de crecimiento» para explicar las dificultades del momento. Estaba dispuesto a aceptar la necesidad de unas medidas de reforma y recorte, pero se resistía a abandonar el marco de la autarquía estatal del régimen. Durante la guerra civil, había mantenido un elevado tipo fijo de cambio para la moneda nacional contra la opinión de la mayoría de sus asesores económicos, y la política había tenido éxito hasta que finalizó el conflicto. Además, desconfiaba fundamentalmente de la economía liberal como de otros muchos aspectos de liberalismo. Su oposición personal a una forma más libre de capitalismo se reflejaba en un memorando que preparó sobre la situación económica:

El interés de la nación, el bien común y la voluntad de los españoles exige imperativamente una transformación del sistema capitalista, acelerar el progreso económico, una más justa distribución de la riqueza, una justicia social, una transformación y modernización del crédito, y la modernización de muchos elementos bases de la producción. Se intenta tachar de socialismo el que el Estado nacionalice determinadas industrias y servicios cuando está aceptado en muchos países que se tienen por liberales y recogido del socialismo como cosa lícita y buena[112].

Así, cuando Navarro Rubio presentó a Franco el esquema de un nuevo plan de estabilización y liberalización, Franco, al principio, «no mostró la más mínima confianza en el mismo»[113], considerando que simplemente se abandonaba gran parte del programa económico antiguo del régimen a favor de intereses privados parcialmente liberalizados. Por otra parte, había considerado siempre que un mayor liberalismo económico se encontraba inherentemente vinculado al liberalismo político y cultural, y que el basarse en la inversión extranjera y el comercio internacional abriría inevitablemente la puerta a influencias políticas y religiosas extranjeras subversivas. No obstante, rechazar la propuesta podría exigir otro cambio de gobierno después de sólo dos años y medio, y Franco tenía una opinión favorable de los nuevos ministros económicos, particularmente de Navarro Rubio, que había sido herido tres veces como voluntario en la guerra civil y posteriormente llegó a ser miembro del Cuerpo Jurídico Militar. El ministro de Hacienda le presentó, pues, una abrumadora montaña de argumentos y datos técnicos y, al mismo tiempo, apeló a su sentido patriótico y al orgullo nacional, insistiendo en que ninguna otra alternativa podría evitar la quiebra al gobierno. Franco no fue nunca un fanático y, después de algunos días, que se tomó para convencerse de esta combinación de razonamiento técnico y de la llamada a la responsabilidad patriótica, abrió una nueva fase en la evolución de su régimen.

El 22 de julio de 1959 se dictó un nuevo decreto-ley para un plan de estabilización interna y externa de la economía. Su objetivo era el ahorro, la deflación y, sobre todo, una liberalización que abriera la economía al mercado internacional. Se devaluó la peseta y, hacia finales del año, se eliminaron dieciocho organismos gubernamentales de control, y una gran variedad de artículos quedaron liberalizados tanto en la producción nacional como en el comercio exterior. Se eliminó la licencia de importación de 180 artículos considerados importaciones esenciales, que representaban alrededor del 50 por 100 de todas las importaciones, al mismo tiempo que se mantuvieron los controles de otros artículos menos importantes para proteger la reserva de divisas. La inversión interna quedó en gran parte liberada de las restricciones gubernamentales, se fijaron directrices más estudiadas para la inversión oficial y las nuevas normas fomentaron la inversión extranjera para un máximo del 50 por 100 de inversión de capital en cualquier empresa individual. (El límite anterior había sido del 25 por 100, e incluso ese límite había estado protegido con ciertas restricciones, y limitado a algunas clases de empresas.) Las nuevas normas, que simplificaron y agilizaron notablemente los procedimientos, se aplicaron a todas las firmas y permitieron a los inversores extranjeros la libre repatriación de un máximo de un 6 por 100 en dividendos anuales. Evidentemente, no se trataba de un programa a favor de una economía completa de mercado libre, ya que permanecían muchas restricciones, pero permitió al menos crear una apertura significativa a las fuerzas del mercado. De un solo golpe, había sido demolido gran parte, aunque no la totalidad, del sistema falangista de nacionalismo económico semiautárquico.

El Plan de Estabilización representó una sacudida para el hombre de la calle, aumentando temporalmente el desempleo y produciendo un ligero retroceso en la renta real durante un año aproximadamente, pero muy pronto se alcanzaron sus principales objetivos. A finales de 1959, la cuenta de divisas de España mostraba un excedente de 100 millones de dólares. Las nuevas inversiones extranjeras subieron de 12 millones de dólares bajo las antiguas restricciones de 1958 a 82,6 millones en 1960, mientras que, entre 1958 y 1960, el número anual de turistas se duplicó, pasando de tres a seis millones, y a partir de ese momento siguió aumentando rápidamente.

El cambio fue saludado como un éxito importante de los nuevos ministros económicos, que se ganaron el apodo de «tecnócratas». Además de introducir una nueva política, inauguraron un estilo diferente, carente de la ampulosidad ideológica y de la retórica de los portavoces de la autarquía, ya que los ministros del Opus Dei exponían los problemas en un lenguaje directo y práctico que reflejaba sus prioridades en cuanto a la política. Tras sus dudas iniciales, Franco apoyó plenamente la nueva orientación.

Siguieron otras reformas. En 1960, un nuevo arancel sistematizó los cambios en los niveles de protección. Dos años después, se nacionalizó el Banco de España, y se impusieron nuevas normas antimonopolio a la industria y el comercio para fomentar la competencia. Acto seguido, en 1964, se puso en marcha una moderada reforma fiscal que simplificó el sistema fiscal y lo hizo ligeramente más progresivo.

Los ministros económicos habían admirado la planificación indicativa de los administradores franceses durante la década anterior, que presentaba unos esquemas y objetivos generales pero no intentaba regular los detalles o empresas particulares. El primer Plan de Desarrollo español se anunció posteriormente en 1963 y 1964. La versión final fue ligeramente modificada para hacerla más aceptable para Carrero Blanco, e incluso entonces fue fuertemente atacada por los directores del INI. Subrayaba particularmente la metalurgia, las máquinas-herramienta, la construcción de buques, el riego, la industria química, la construcción de carreteras, la mecanización de la agricultura y el desarrollo de la pesca. Los poderes del Estado seguían utilizándose para favorecer a ciertos sectores por medio de créditos, exenciones fiscales y subvenciones a la exportación, insistiéndose sobre todo en fomentar las nuevas inversiones, aumentar las exportaciones y desarrollar una mayor integración con la economía internacional. Esto no suponía una planificación global precisa, y, en realidad, sus principales beneficios fueron el resultado de las prioridades de la política general y del refuerzo psicológico más que de cualquier plan escrito detallado.

En conjunto, los últimos veinticinco años de la vida y dictadura de Franco, de 1950 a 1975, fueron la época de mayor crecimiento económico sostenido y aumento del nivel de vida de toda la historia española. Durante ese período, sólo Japón consiguió un progreso proporcionalmente superior al de España. Si Franco levantara ahora la cabeza y se le preguntara al respecto, contestaría sin dudar un momento que ése había sido siempre su plan. Desde luego, ya desde el comienzo, Franco subrayó su decisión de desarrollar la economía de España y conseguir un mayor nivel de bienestar; no obstante, las políticas últimas que consumaron el desarrollo fueron, evidentemente, muy diferentes de las iniciadas por Franco en los años cuarenta. Aunque, por sí mismo, Franco habría sido totalmente incapaz de concebir el programa de liberalización que consiguió en última instancia elevar la economía a tal altura, tuvo al menos la perspicacia de aceptarlo cuando se vio enfrentado a la ruina económica. Una vez más, demostró una flexibilidad ideológica y política muy superior a la de otros muchos dictadores del siglo y, en gran medida, se sintió al principio satisfecho con los resultados.

El crecimiento más rápido de todos fue el conseguido durante el período de 1961 a 1964, que registró un aumento medio anual real del producto nacional bruto del 8,7 por 100. El aumento de las inversiones extranjeras y de las exportaciones se había convertido en un punto vital del programa, y ambas aumentaron a ritmo impresionante. La industria española del turismo se desarrolló, convirtiéndose en una de las más importantes y eficientes del mundo, representando en un momento dado al menos un 9 por 100 del producto nacional bruto. La austera y neotradicionalista España se transformó rápidamente en un país para pasar unas maravillosas vacaciones, con las consecuencias culturales a las que no podía ser inmune la población autóctona.

Así pues, la auténtica revolución española no fue el fracasado proyecto colectivista de 1936-1939, sino la transformación social y cultural forjada por la industrialización de los años sesenta y setenta. La rápida urbanización despobló los pequeños pueblos rurales y distritos agrícolas que, al menos en el norte, habían proporcionado gran parte de la estructura básica de la sociedad y cultura tradicionales. Hacia la época de la muerte de Franco, el 40 por 100 de la población laboral trabajaba en el sector terciario (reflejando el impresionante aumento del turismo), el 38 por 100 en la industria y sólo un 22 por 100 en la agricultura. Este ritmo de desarrollo cambió la dirección de la psicología social, que sintonizó aún más con el consumismo y la cultura hedonista del mundo occidental de la segunda mitad del siglo XX.

El importante desarrollo no sólo aumentó la renta nacional sino que empezó también a redistribuirla, a medida que la población alcanzaba cotas más altas de educación, era más urbana y trabajaba en mayor número en la industria. Cuando se inició la nueva política económica, la renta estaba peor distribuida en España que en la Europa del noroeste, aunque notablemente mejor que en la América Latina. Durante los últimos quince años de la vida de Franco, sin embargo, la participación en la renta nacional de la población ordinaria a través de sueldos y salarios aumentó en el increíble margen de casi un 20 por 100. Hacia 1975, esa proporción había alcanzado aproximadamente el mismo nivel que en la mayoría de los restantes países de la Europa occidental. El consiguiente aumento del nivel de vida fue, naturalmente, el más importante de la historia española, al mismo tiempo que la semana laboral media bajaba de las 49 horas de 1964 a las 44 de 1975.

Durante los últimos quince años del régimen de Franco, España se convirtió así, por primera vez, en un país industrializado y, de acuerdo con los patrones vigentes en el resto del mundo, relativamente rico. Hacia finales de 1973, la renta per cápita superó los 2.000 dólares, colocando a España por delante de Irlanda y Grecia, así como de Portugal y de la mayoría de los países comunistas de la Europa del Este.

No obstante, después de que, en 1966, se redujera la censura, la política económica sufrió una avalancha de críticas sin precedentes. Los comentaristas sostenían que España seguía sin conseguir superar sus principales defectos estructurales, que el desarrollo había llegado a ser dependiente del capital extranjero y del boom internacional de los sesenta. En realidad, gran parte de estas críticas eran una forma velada de oposición política, que criticaba la política oficial, la influencia de los grandes bancos, el fracaso en superar el desequilibrio entre las regiones, la inadecuación de la vivienda y de los servicios municipales en las zonas urbanas desarrolladas, la incapacidad para proporcionar trabajo a toda la población laboral sin emigración en gran escala y los salarios, que aumentaban pero seguían siendo bajos.

Algunas de estas críticas señalaban, evidentemente, fallos importantes, mientras que otras simplemente se lamentaban de los hechos normales del desarrollo económico. Las importantes transferencias de inversiones del extranjero son una característica propia del desarrollo moderno. Los grandes bancos nacionales ejercieron una influencia importante en España, pero no más que en Bélgica, y probablemente sólo ligeramente más que en Francia y la Alemania Occidental. El Tercer Plan de Desarrollo de 1973 hizo un mayor esfuerzo que los anteriores por invertir en las provincias menos desarrolladas, pero, como en casi todos los países, el capital acudió a las principales regiones en las que podía obtener la mayor rentabilidad, mientras que los modelos socialistas de la Unión Soviética y Yugoslavia conseguían aún menos éxito en modificar el nivel económico de las diversas regiones de sus propios países.

No obstante, de la política económica del gobierno de Franco surgieron directamente otros problemas, ya que ciertas limitaciones nunca habían sido superadas y se habían acentuado los nuevos problemas. La economía española nunca estuvo totalmente abierta al mercado, ya que permanecían muchos controles de precios y cambios para actividades específicas, así como un grado bastante elevado y continuado de regulación, protección al comercio y apoyo a la agricultura. La corrupción, que había sido un importante subproducto de la autarquía, había disminuido, pero, sin embargo, continuaba estando extendida. En la mayoría de las industrias no se había alcanzado plenamente la escala óptima de la empresa, haciéndose difícil conseguir una racionalización completa, la eficiencia en los costes y la aplicación más sofisticada de la tecnología. A pesar de la transformación general de la agricultura, la producción alimentaria se hacía cada vez más especializada y, en general, era inadecuada para atender a todas las necesidades españolas, exigiendo continuas importaciones en gran escala. Aunque en los sesenta se había reducido la inflación, ésta fue fuertemente estimulada en los últimos años de la vida de Franco por la facilidad del crédito y otras políticas oficiales. El rápido crecimiento del empleo urbano nunca fue suficiente para proporcionar el pleno empleo sin una emigración masiva de trabajadores.

A pesar de las pretensiones económicas estatalizantes del régimen de Franco durante los dos primeros decenios, cuando se encontraba cerca de su desaparición, el dominio por parte del gobierno español de los recursos económicos era proporcionalmente el menor de cualquier país de Europa. Las limitadas reformas de 1957 y 1964 no modificaron sustancialmente el hecho de que el sistema fiscal seguía siendo fuertemente regresivo y padecía grandes lagunas. Aunque se añadieron la seguridad social y otras formas de bienestar social, el presupuesto estatal de 1973 sólo representaba un 21 por 100 del PNB. Los impuestos regulares equivalían sólo a un 13,5 por 100 del PNB, frente a un 15,6 en Japón y un 22,5 por 100 en Francia, por comparar a España con los dos países con menor nivel de impuestos de las principales naciones industrializadas. Alrededor del 44 por 100 de los impuestos españoles eran indirectos, una cifra que sólo superaba ligeramente Francia, con un 45 por 100.

La limitación en los ingresos públicos fue un factor importante para el fracaso en el desarrollo de ciertos aspectos de los servicios públicos. Esto era especialmente cierto en las carreteras y el transporte y en las limitaciones de los servicios municipales y de la vivienda económica que permitiera alojar el masivo desplazamiento de la población hacia las ciudades. Estos inconvenientes resultaron ser una importante laguna en la estrategia del desarrollo, dejando a las ciudades españolas relativamente muy mal atendidas de acuerdo con los niveles generales de la Europa occidental de los años setenta.

A pesar de la amplia transformación de la estructura social, permanecieron graves desigualdades económicas entre las regiones más avanzadas y retrasadas y entre los ricos y los pobres. Aunque gran parte de la población empezó a pasar más o menos a la clase media, en 1970, el 1,23 por 100 de los más ricos tenían una mayor participación en el total de la renta nacional (el 22,39 por 100) que el 52,2 por 100 inferior de la población (que sólo alcanzaba el 21,62 por 100 de la renta nacional). Hacia la muerte de Franco, «el 10 por 100 más rico eran casi el doble de ricos que sus correspondientes en el Reino Unido»[114].

No obstante, estas limitaciones no oscurecieron los logros del mismo desarrollo. Gran parte de los problemas de la era posfranquista podían ser reconocidos como problemas comunes a los países industrializados de la Europa occidental (aunque mucho más graves en el caso de España), y no eran ya los de la economía fundamentalmente agraria de comienzo del siglo XX. Lo cierto es que, durante el tercer cuarto del siglo, España alcanzó cotas de desarrollo superiores a las de cualquier otro país y adquirió los recursos que permitirían a la nueva democracia de 1976-1977 hacer frente a la recesión, sobrevivir a la pérdida de gran parte de la nueva inversión extranjera y de las transferencias de los trabajadores, recibir a un número elevado de trabajadores emigrantes y al mismo tiempo introducir los ajustes que le permitirían competir y seguir adelante. Aunque Franco se sentía evidentemente complacido con la importancia del desarrollo económico y de la transformación, no había contado con los profundos cambios sociales y culturales que debían acompañarlo. El pleno empleo y los continuos aumentos sin precedentes en los ingresos de prácticamente todos los sectores sociales crearon la primera experiencia del consumo de masa de la historia española. Muy pronto llegó a ser realidad la posibilidad de una nueva sociedad orientada hacia el materialismo y el hedonismo, que antes no había estado ni remotamente al alcance de la gran masa de la población. La sociedad rural y de las ciudades pequeñas —que fue en el norte el fundamento sociogeográfico del Movimiento Nacional en la guerra civil— fue desarraigándose progresivamente. A pesar de que continuó una censura estatal atenuada, las influencias culturales extranjeras entraron en España en una escala anteriormente inimaginable. El turismo de masa, junto con el movimiento de centenares de millares de españoles hacia el extranjero y su vuelta al país, expusieron a gran parte de la sociedad a estilos y ejemplos totalmente diferentes a los de la cultura tradicional y, a menudo, seductoramente atractivos. Esto estuvo acompañado por el creciente bombardeo de los medios de comunicación y la publicidad de masas. La transformación del entorno cultural fue absolutamente excepcional.

La primera víctima de esta transformación no fue el régimen de Franco sino su apoyo cultural principal, la religión tradicional. Una sociedad fundamentalmente urbana, sofisticada, materialista, mejor formada y hedonista, se acercó cada vez más a la vida secular y consumista de la Europa occidental; simplemente dejó de ser católica al estilo tradicional. Aunque la mayoría de los españoles no rechazaron su identidad religiosa, no se sentían ya identificados con los valores y prácticas tradicionales de la religión per se. En España, la Iglesia fue uno de los brazos del catolicismo más profundamente afectados por la crisis cultural y religiosa derivada del Concilio Vaticano II, que finalizó en 1965, y la consiguiente revolución generacional del clero. Durante los años sesenta, el régimen comprobó que cada vez podía contar menos con la Iglesia, y, hacia finales de ese decenio, muchos de los clérigos se habían convertido en portavoces públicos de la oposición.

Hacia la época de la muerte de Franco, el tipo de sociedad y cultura en la que se había basado originalmente su régimen había dejado de existir en gran parte, y esto hacía que fuera imposible que el régimen pudiera posteriormente reproducirse a sí mismo. En última instancia, los avances económicos y culturales que tuvieron lugar durante la prolongada dictadura de Franco, aunque él no había pretendido que se desarrollaran como lo hicieron, privaron a su régimen de su razón de ser.

No obstante, durante la mayor parte de la década de los sesenta, el notable éxito experimentado por la economía sólo sirvió para reforzar la solidez del gobierno de Franco. Una elaborada ceremonia, celebrada en Burgos, la ciudad de su investidura original, sirvió para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la elevación al poder de Franco, el 1 de octubre de 1961. En un discurso dirigido el siguiente día al Consejo Nacional, Franco reafirmó la base doctrinal de su Estado en los principios tradicionales:

La gran debilidad de los Estados modernos radica en su carencia de contenido doctrinal, en haber renunciado a mantener una concepción del hombre, de la vida y de la historia. El mayor error del liberalismo es su negación de toda categoría permanente de razón, su relativismo absoluto y radical, error que, bajo versión distinta, se acusó en aquellas otras corrientes políticas europeas que hicieron de la «acción» su exigencia única y la suprema norma de su conducta. Y como la manifestación específica y más sustantiva del Estado es la preservación del orden jurídico, éste, cuando no procede de un sistema de principios, ideas y valores reconocidos como superiores y anteriores al mismo Estado, desemboca en un omnipotente voluntarismo jurídico, ya sea su órgano la llamada «mayoría» puramente numérica e inorgánicamente manifestada, ya sean los supremos órganos del Poder[115].

Sólo la «democracia orgánica», en la terminología utilizada por Franco desde 1945, se basaba en instituciones y principios firmes, y sus propagandistas reclamaban para ella la condición de la única «verdadera democracia».

No obstante, cuando Franco se acercaba a sus ochenta años, aumentaban las señales de su mortalidad. Los que lo rodeaban sufrieron una consternación momentánea cuando una avería en el escape del coche oficial dejó tanto a Franco como a doña Carmen enfermos y vomitando después de volver de una de sus habituales visitas a provincias en enero de 1960. Durante el año siguiente, los médicos diagnosticaron por primera vez síntomas de la enfermedad de Parkinson en Franco, al parecer una secuela de la infección de la gran epidemia de gripe de 1918-1919. El 24 de diciembre de 1961, tuvo el único accidente notable de caza de toda su vida, cuando un cartucho defectuoso explotó en el cañón de su escopeta, haciendo que estallara parte del mismo y fracturando varios huesos de la mano izquierda y el dedo índice de Franco. La lesión fue suficientemente grave como para hacer difícil su ocultación al público. Aunque no representaba una amenaza para la vida, fue dolorosa y complicada, exigiendo una operación de más de una hora de duración y varios meses de recuperación. Al principio, la mano no consiguió curar adecuadamente, exigiendo una prolongada terapia de rehabilitación, y la recuperación nunca fue absoluta, aunque Franco recuperó el uso general de la mano.

Aunque hasta 1974 no se hizo ningún anuncio público de la existencia de la enfermedad de Parkinson, el hecho llegó a ser generalmente sabido al menos diez años antes. Hacia mediados de los sesenta, los síntomas empezaron a ser evidentes en sus apariciones personales, marcados por una creciente rigidez y una marcha vacilante, la falta de expresividad facial, una locución débil y monótona y el temblor en las manos. Aunque los efectos de esta enfermedad podían ser controlados en cierta medida por la medicación, tendían a reducir su actividad y energía, que disminuyeron ambas en general a partir de mediados de los sesenta.

En sus últimos años, el aspecto general de Franco se hizo más suave e incluso amable. Solía aparecer con trajes serios y clásicos, proyectando la imagen de un abuelo frágil, y en ocasiones amable: un aspecto acentuado por su estilo tranquilo y cortés. En la última fase de su vida, este aire de patriarca benévolo, de maneras suaves, presentaba un contraste irónico con el estilo militar y prosopopeya fascistoide de los primeros años de su régimen.

El envejecimiento y la decadencia del Caudillo subrayaron la incertidumbre de la sucesión política, para la que seguían siendo candidatos de primera fila los herederos de la familia real. Franco nunca dejó de hablar de la familia real en términos de un respeto al menos relativo. Declaró que don Juan era una persona agradable, aunque estaba siempre influenciado por el último asesor que hablaba con él, y observó: «Don Juan es muy amable, y constituye para mí una gran contrariedad que sea tan débil y liberal»[116]. Franco añadió que no deseaba que el conde de Barcelona fuese excluido oficialmente de la sucesión, ya que existía siempre la posibilidad de que pudiera cambiar de postura, pero, hacia 1960, Franco estuvo cada vez más seguro de que el conde cedería sus derechos a su hijo, el príncipe Juan Carlos.

El 29 de marzo de 1960, Franco tuvo su tercera reunión con don Juan en la finca de Ruiseñada, al oeste de Madrid. El encuentro fue amistoso, pero algo frustrante para los dos, ya que nunca podría existir una auténtica unión de mentes entre el Caudillo y el Pretendiente. Se acordó que Juan Carlos, que tenía entonces veintidós años, continuara sus estudios en España, pero siguió existiendo una considerable tensión en cuanto a su papel. A partir de ese momento, Franco empezó a perder cualquier esperanza que hubiera mantenido de un acercamiento a don Juan, y dirigió cada vez más su atención a su hijo.

Por aquella época el Príncipe llevaba viviendo bajo el patrocinio de Franco durante más de diez años y, además de sus estudios militares, había sido entrenado en los tres sectores de las fuerzas armadas. Reconociendo la condición y la creciente madurez de Juan Carlos, en noviembre de 1961 se le entregó el reconstruido palacio de la Zarzuela como residencia oficial. En mayo de 1962 contrajo matrimonio con la princesa Sofía de Grecia, una elección afortunada como esposa y futura reina. Era inteligente y discreta, se acomodó perfectamente al ambiente español y consiguió impresionar favorablemente a Franco.

En general, se sentía bastante complacido con Juan Carlos y parecía seguro de que su estrategia estaba funcionando. Los comentarios sarcásticos de la sociedad madrileña de que el buen carácter y la sonrisa del Príncipe y sus maneras tímidas escondían una capacidad limitada no consiguieron impresionar a Franco, porque él lo conocía mejor. Cuando se le preguntó por su reacción ante una de las visitas personales de Juan Carlos a El Pardo, contestó: «Magnífica, desde luego es infundado el rumor que han hecho correr los enemigos de que es poco inteligente; no hay tal cosa, ya que se trata de un muchacho que discurre muy bien y que piensa por cuenta propia y no por lo que pueda oír a los suyos o a sus amistades. No creo que en asuntos de política esté entregado a sus padres»[117]. No obstante, el Caudillo siguió sin mostrar inclinación alguna a reconocer a Juan Carlos ni a ningún otro como su sucesor.

La aceleración de la expansión económica empezó a estar acompañada por una reactivación, lenta pero palpable, de la oposición política, que se había mantenido en letargo durante una década. Esto fue seguido por una nueva oleada de huelgas en las zonas industriales, a las que Franco no tenía intención de dar concesiones significativas. En mayo de 1962 habló ante una nutrida representación al aire libre de antiguos alféreces provisionales y, consciente de sus críticas sobre la creciente debilidad del régimen, les previno con un discurso duro, en el que les pidió que mantuviesen inalterados los principios e instituciones por los que habían luchado. De cualquier modo, no tenía intención alguna de cambiar la nueva política económica, y cuando reorganizó parcialmente su gobierno, la dirección elegida fue la de una apertura aún mayor.

Entre los cambios del nuevo gobierno del 10 de julio de 1962 estuvo el nombramiento por primera vez de un vicepresidente del gobierno y lugarteniente del mismo Franco, en la persona del veterano general Muñoz Grandes. Continuaron la mayoría de los ministros clave, con Gregorio López Bravo, otro miembro del Opus Dei, como nuevo ministro de Industria. El nuevo ministro de Información y Turismo fue Manuel Fraga Iribarne, de cuarenta años de edad, que poseía las credenciales más impresionantes entre los funcionarios jóvenes del régimen y era producto de lo que sus publicistas solían denominar la «burocracia de la competencia». Enérgico y preocupado por mantener al régimen al ritmo de las nuevas corrientes de la sociedad y la cultura, Fraga se dio a conocer muy pronto en el propio país y en el extranjero como reformador que animaría a una transformación aún más profunda del sistema.

El nuevo gabinete, que, con cambios menores, duraría siete años, encerraba dos conjuntos diferentes de rivalidades, en cierto sentido fluidas y superpuestas. Una era entre los tecnócratas-monárquicos, apoyados y, en cierto grado, dirigidos por Carrero Blanco, y los llamados regencialistas (o al menos monárquicos tibios), dirigidos en cierta medida por Muñoz Grandes. Fraga, aunque apoyaba fundamentalmente la sucesión monárquica, tendía a alinearse con los regencialistas. La segunda rivalidad existía entre los reformistas y los que deseaban evitar cambios internos importantes mientras se concentraban en el desarrollo económico. Los reformistas eran dirigidos por Fernando María Castiella, el ministro de Asuntos Exteriores, Fraga y José Solís Ruiz, el ministro de la Organización Sindical (aunque los tres no estaban en absoluto totalmente de acuerdo entre ellos). Al otro lado se encontraban en su mayoría Carrero Blanco y varios de los ministros militares, más preocupados por la sucesión que por la reforma interna. Ésta era también la posición de López Rodó, aunque no se oponía a todos los objetivos de los reformistas.

Carrero Blanco se mantenía alineado con los tecnócratas, que no deseaban tanto una reforma inmediata cuanto una especie de despolitización tecnocrática del sistema. Creían que el futuro de España estaría asegurado a través de la plena institucionalización de la monarquía e intentaron garantizar la sucesión haciendo que Don Juan Carlos fuese reconocido como heredero en vida de Franco, al tiempo que trabajaban cada vez más por desmontar el Movimiento.

Estas rivalidades en el nuevo gobierno tenían muy poco que ver con las clásicas «familias» políticas de los primeros años del régimen de Franco. Los sectores originales de los falangistas de la vieja guardia, carlistas, monárquicos doctrinarios, católicos tradicionalistas autoritarios y generales de la extrema derecha habían ido desapareciendo a lo largo de los años. Las diversas instituciones del régimen seguían estando llenas de supervivientes de estos grupos, pero en raras ocasiones alcanzaban los puestos más importantes, ya que sus ideologías no representaban ya opciones para un país cada vez más industrializado de la Europa occidental, democrática y social, de los sesenta.

El nuevo gobierno de 1962 introdujo rápidamente un nuevo cambio en el estilo político. Los nuevos ministros empezaron a mantener contactos personales con grupos y segmentos muy diversos de la sociedad. Al contrario de lo que ocurría con la mayoría de sus predecesores, se encontraban cada vez más de viaje, recorriendo España, e incluso, el extranjero, hablando largo y tendido a la prensa y participando en una ronda constante de almuerzos, cenas y otros foros públicos, grandes y pequeños.

El 1 de abril de 1964, el gobierno inició una importante campaña propagandística en honor de los veinticinco años de la paz, que marcaban el cuarto de siglo desde que finalizó la guerra civil. En el Valle de los Caídos tuvo lugar una importante celebración, al tiempo que Franco concedía otra amnistía general para ciertas categorías menores de los sentenciados por delitos políticos. El nuevo documental en color Franco, ese hombre, dirigido por José Luis Sáenz de Heredia, resultó ser la celebración más efectiva en celuloide del Caudillo y algo así como un éxito en los cines españoles cuando fue distribuido en el invierno de 1964-1965. Gracias al rápido crecimiento económico, el régimen parecía más fuerte que nunca, y preparado para continuar durante años.

No obstante, la actitud hostil del Mercado Común levantó ampollas, proporcionando un nuevo incentivo para intentar dar mayor credibilidad en el extranjero a la «democracia orgánica» del régimen. Había sido siempre común que Franco hiciera observaciones en cuanto a la evolución y «perfeccionamiento» del sistema y, hacia 1964, la palabra «diálogo» se había convertido en término de moda en las relaciones públicas del gobierno. Por primera vez en la breve historia de la televisión española, varios ministros aparecieron en programas de debates controlados. La administración de la censura por parte de Fraga fue algo más moderada y, en ciertos aspectos, notablemente más racional que la de su predecesor.

La cuestión de la nueva reforma institucional y su replanteamiento llevaba en suspenso durante años, desde los proyectos de Arrese de 1956. Con el aumento posterior de la influencia de Carrero Blanco, tras el cambio de gabinete de 1957, Carrero y los tecnócratas habían propuesto que una nueva Ley Fundamental sobre la Monarquía siguiera al replanteamiento de los Principios del Movimiento, definiendo mejor los poderes y la estructura de la sucesión monárquica. Al parecer, Franco la había vetado en 1958, aunque parecía estar de acuerdo con la posibilidad de una nueva Ley Orgánica del Estado que pudiera modificar ciertos aspectos de la estructura del gobierno. En mayo de 1958, López Rodó y varios de sus colaboradores prepararon el primer borrador de una nueva Ley Orgánica, al mismo tiempo que empezaban a trabajar en el esquema de una nueva Ley Orgánica del Movimiento que siguiera la legislación abortada de Arrese. En marzo de 1959, Carrero Blanco presentó algunos borradores revisados a Franco, el cual reaccionó negativamente y congeló ambos proyectos. El nuevo gobierno de 1962, con su relativa orientación reformista, mostró muy pronto interés por desarrollar nuevas propuestas. Durante 1963, tanto Solís Ruiz como Fraga presentaron esbozos separados de nuevos planes, pero el Generalísimo siguió mostrándose escéptico.

Durante 1964, cuatro grupos diferentes del gabinete prepararon simultáneamente varias propuestas de reforma, y el 25 de noviembre Carrero Blanco entregó a Franco un esbozo revisado de una nueva Ley Orgánica que había sido preparado por López Rodó y sus aliados. Franco permaneció dudoso, temeroso ante innovaciones que pudieran restringir su autoridad o abrir una peligrosa caja de Pandora de novedades políticas. Franco seguía atrayendo a la masa, por artificiosamente que estuviese reunida, y recibiendo fuertes ovaciones en sus visitas a provincias. Como dijo Fraga: «Franco sigue recogiendo simpatía popular y estruendosas ovaciones en todas partes; es su gran argumento cuando le hablamos de cambios. Y, de hecho, este fervor lo hizo aquel verano enfriarse en su principio de aceptar algunas reformas, de hacer cosas políticas»[118]. No obstante, empezó a ceder, en principio, sobre dos puntos, y en su tradicional discurso de fin de año mencionó la preparación de una Ley Orgánica del Estado así como la perspectiva de una mayor tolerancia religiosa.

El «juego de la cuerda» en el seno del gobierno continuó durante 1965, teniendo lugar el debate más encendido el día 2 de abril, cuando Fraga Iribarne habló vehementemente sobre la necesidad de una nueva legislación. López Rodó ha escrito que aquella sesión incluyó «momentos de gran tensión. En un momento dado Franco dijo: —“¿Crees que no me doy cuenta, que soy un payaso de circo?”— El debate sobre el tema duró una hora y media. La mayor parte del tiempo, no obstante, Franco escuchaba sonriente los pareceres de los ministros»[119].

El día 7 de julio, el Generalísimo procedió a otra reorganización parcial del gabinete. Fueron sustituidos seis ministros, y López Rodó, que asistía ya a las reuniones, obtuvo el rango oficial de ministro sin cartera del gabinete, encargado del Comisariado del Plan de Desarrollo (un puesto que, de hecho, había ocupado ya durante tres años). Más que Castiella, Fraga o Solís, López Rodó había llegado a convertirse tal vez en el miembro clave del gobierno, alabado como inspirador del crecimiento económico del país. Esta vez permanecieron los ministros militares, pero Navarro Rubio y Ullastres fueron sustituidos. Esta reorganización equilibró a los católicos de la derecha y a un nuevo ministro de Justicia carlista contra los miembros del Opus Dei y a los semifalangistas restantes, como Fraga y Solís, contra los monárquicos del régimen. Aunque nadie lo sabía entonces, éste sería el último de los actos clásicos para equilibrar el gabinete de Franco.

Durante el mes siguiente, Fraga Iribarne obtuvo el primer triunfo del nuevo gabinete, consiguiendo la aprobación de su nueva Ley de Prensa, contra las objeciones de Carrero Blanco. Ha escrito que Franco cedió a regañadientes: «Yo no creo en esta libertad, pero es un paso al que nos obligan muchas razones importantes. Y, por otra parte, pienso que si aquellos débiles gobiernos a principio de siglo podían gobernar con prensa libre en medio de aquella anarquía, nosotros también podremos»[120]. Después de la aprobación por las Cortes el 15 de marzo de 1966, terminó oficialmente la censura previa. A partir de ese momento, la censura sería «voluntaria», pero podían seguir imponiéndose una serie de sanciones, tales como fuertes multas, suspensión, confiscación e incluso prisión, a los que publicaran material que fuese considerado un atentado contra el Estado. Esto no establecía ciertamente la libertad de prensa, pero facilitaba notablemente las restricciones y limitaciones a lo que podía publicarse y abrió el camino a una liberalización y expansión general.

En el plazo de cuatro años, se empezaron a publicar en España 20.000 títulos diferentes al año, el quinto puesto del total del mundo, con una cantidad total de más de 170 millones de libros. El principal acontecimiento político de 1966 fue la presentación de la nueva Ley Orgánica del Estado, gestada durante tanto tiempo. La ley no estaba destinada a convertirse en nueva Ley Fundamental, en el sentido de introducir características institucionales fundamentales, sino más bien a servir como codificación, aclaración y reforma parcial de prácticas existentes. Reflejaba fundamentalmente la posición de Carrero Blanco y López Rodó (y del mismo Franco), cuya noción de la reforma era administrativa y económica en lugar de directamente política. La Ley Orgánica representó el reajuste final del sistema durante la fase de la vida de Franco en la que rápidamente empezaba a perder energía física y política. No se introdujeron cambios básicos, manteniéndose así la estructura y los mecanismos sobre los que se había apoyado durante tanto tiempo el régimen.

Al presentar la Ley Orgánica y sus enmiendas legislativas correspondientes para que fuese aprobada por las Cortes el 22 de noviembre, Franco la denominó «una amplia democratización del proceso político», añadiendo que «los partidos políticos no son un elemento esencial y permanente sin los cuales la democracia no pueda realizarse». Declaró: «No cerramos la puerta a posteriores modificaciones y complementos, pero éstos tendrán que hacerse dentro de los cauces establecidos para evitar peligrosas improvisaciones», terminando con la advertencia: «recuerden los españoles que a cada pueblo le rondan siempre sus demonios familiares, que son diferentes para cada uno: los de España se llaman espíritu anárquico, crítica negativa, insolidaridad entre los hombres, extremismo y enemistad mutua»[121].

Esto estuvo acompañado por otra amnistía parcial por delitos políticos, seguida por una masiva campaña de propaganda para el referéndum nacional sobre la Ley Orgánica que debía celebrarse el 14 de diciembre. La noche anterior Franco apareció en televisión para pedir la máxima participación y apoyo. El gobierno anunció después que habían participado el 80 por 100 de los votantes; de ellos, el 95,9 por 100 se dijo que votaron sí y sólo un 1,8 por 100 no. Sean cuales fueren las cifras exactas, lo cierto es que la operación fue un éxito temporal de propaganda para Franco.

La Ley Orgánica fue seguida de dos piezas legislativas suplementarias a mediados del siguiente año: una nueva Ley sobre la Libertad Religiosa y una Ley Electoral sobre la Representación Familiar. La primera proporcionaba garantías específicas para la ampliación de la libertad religiosa, aunque permanecerían ciertas restricciones. La segunda definía los procedimientos para la elección de una nueva serie de 108 «representantes de la familia» en las Cortes, que serían elegidos por la votación directa de los cabezas de familia y las mujeres casadas. Éstos ocuparían menos del 20 por 100 de los asientos de las Cortes, y existía una protección en cuanto a las personas que podrían acceder al puesto debido a requisitos muy exigentes para poder ser candidatos.

Todo esto representaba mucho menos que esa «Constitución nueva» prometida en el subtítulo de un folleto publicado por el Ministerio de Información para la campaña del referéndum, pero la Ley Orgánica y las medidas menores relacionadas con ella completaron la estructura legal del Estado de Franco y serían descritas, junto con las Leyes Fundamentales anteriores, como lo que comprendía la «Constitución española». Algunos críticos sugirieron que Franco había perdido tal vez su última oportunidad importante para conseguir un auténtico apoyo popular a favor de una seria liberalización de su sistema. Esto es muy dudoso, ya que Franco dejó perfectamente claro que no tenía intención de permitir nunca alteraciones básicas que pudieran debilitar lo que, en 1967, denominó «un Estado moderno con autoridad»[122]. Él entendía con toda claridad que una cosa era liberalizar la política y otra muy distinta liberalizar la estructura básica de un sistema autoritario, que rápidamente quedaría totalmente erosionado.

El golpe de los coroneles griegos, que tuvo lugar en abril de 1967, mientras se estaban discutiendo las medidas finales de la reforma, sirvió simplemente para reforzar los prejuicios políticos antiguos de Franco y aliviar su sentido de aislamiento en Europa. Sólo dos días después, volvió a afirmar su irreductible oposición al regreso de los partidos políticos y, por última vez en su vida, experimentó una ligera modificación de cambio histórico en la dirección que consideraba más apropiada.

El sistema estaba a finales de los años sesenta indudablemente mucho más abierto, moderado y flexible que el de diez o veinte años antes. Aunque, bajo Franco, las Cortes nunca llegaron a ser un auténtico parlamento, ni obtuvieron jamás el derecho a presentar proyectos de ley, sus miembros se hicieron ligeramente menos tímidos y en ocasiones llegaron a criticar aspectos de la legislación propuesta por el gobierno, e incluso consiguieron introducir unos cuantos cambios menores. Algunos de los nuevos procuradores por el tercio familiar hicieron ligeros gestos de independencia en la siguiente legislatura. Ante la imposibilidad de conseguir una audiencia apropiada, formaron temporalmente unas «Cortes viajeras» o «trashumantes» adicionales, hasta que sus reuniones separadas fueron prohibidas por el ministro de la Gobernación en septiembre de 1968.

La única nueva decisión importante de Franco en 1967 fue anunciada el 22 de julio, cuando relevó a Muñoz Grandes de su cargo de vicepresidente del gobierno. Esta medida suele achacarse a la influencia de Carrero Blanco, aunque tal vez pudiera deberse igualmente a la mala salud extrema de Muñoz Grandes, que le había llevado a solicitar la dimisión dos años antes. El Caudillo tenía entonces setenta y cinco años, y la influencia de los que lo rodeaban aumentaba, al mismo tiempo que disminuía su propia iniciativa. Tal vez por primera vez en la historia del régimen, doña Carmen y la camarilla de la familia intentaron ejercer una influencia directa en los asuntos del gobierno, pero su papel difícilmente podría compararse con el de Carrero Blanco. Sus veinticinco años de servicio dedicado lo habían convertido en un auténtico «valido», con una categoría más elevada que la de cualquier otro asesor o miembro del gabinete. Esto fue reconocido formalmente el 21 de septiembre de 1967, cuando Franco lo nombró para el cargo de vicepresidente, al mismo tiempo que le permitía conservar el de ministro subsecretario de la Presidencia.

Franco no pareció especialmente alarmado por las crecientes oleadas de rebelión entre los obreros industriales y estudiantes universitarios, señalando el 23 de marzo de 1968: «Muchos izquierdistas dicen que estamos en los tiempos de la caída del gobierno de Primo de Rivera o de Berenguer. Están completamente equivocados y confunden la “serenidad” con la “debilidad”».[123] Para Carrero Blanco, sin embargo, la prensa y la cultura pública habían quedado totalmente fuera de control, una condición que, en su opinión, se debía al carácter libertino de la Ley de Prensa de 1966, y a la indulgente administración de Fraga. En un informe dirigido a Franco el 10 de julio de 1968, detalla:

La situación de la prensa y demás órganos de información debe ser corregida a fondo. Está produciendo un positivo deterioro moral, religioso y político. Todos los escaparates de las librerías y las casetas de la Feria del Libro están abarrotadas de obras marxistas y de las novelas de erotismo más desenfrenado. Por otra parte, el crecimiento de la inmoralidad de los espectáculos ha sido tremendo en los últimos tiempos. El daño que se está haciendo a la moral pública es grave y hay que ponerle fin. Mucho me temo que el actual titular de Información no sea capaz de corregir ya el estado de cosas señalado[124].

Franco recelaba también de Fraga, pero, al contrario de lo que ocurría con los ultras, se hacía menos ilusiones de que fuese posible retroceder al estado de cosas anterior. La continuación de las alteraciones del orden público en las universidades y la inquietud social en el País Vasco lo llevó finalmente a decretar un estado de excepción legal durante dos meses, entre el 24 de enero y el 22 de marzo de 1969. No obstante, esto fue seguido algunos días después, el 1 de abril, trigésimo aniversario del final de la guerra civil, por una amnistía final y total para los pocos que se encontraban bajo sanción legal o podían ser perseguidos por actividades desarrolladas durante la guerra civil, aunque esta medida no devolvió las pensiones militares a los veteranos mutilados de la República ni la rehabilitación a los profesores y funcionarios suspendidos en 1939.

Mientras tanto, el apoyo político nominal del gobierno, el Movimiento Nacional, empezó a quedar cada vez más erosionado, una vez perdida la gran mayoría de sus antiguos miembros, así como el apoyo de la mayoría de ministros del gobierno. En algunas ocasiones ceremoniosas, el Caudillo repitió a los miembros restantes del Movimiento que estaba con ellos y que la organización seguía siendo esencial para el régimen, insistiendo en que «el Movimiento es un sistema y hay un lugar en él para todo el mundo»[125]. Todavía en 1967 reconocía que «si el Movimiento no existiera, nuestra tarea más importante sería inventarlo»[126]. Franco era plenamente consciente de que los camisas viejas llevaban muchos años criticándolo con la firme convicción de que nunca había deseado un partido fuerte (lo que era por supuesto correcto), pero en privado insistía en que siempre había deseado fortalecer el Movimiento. Franco echaba la culpa de su creciente debilidad a la intransigencia de los camisas viejas, que deseaban mantener las doctrinas originales y el predominio de sus antiguos líderes, no ajustando sus postulados para atraer a una gran masa de nuevos miembros.

A finales de los cincuenta, había surgido una nueva corriente de «falangismo disidente» que intentaba recuperar las doctrinas originales de José Antonio Primo de Rivera, y el 20 de noviembre de 1960, en la conmemoración anual de la muerte de su fundador en el Valle de los Caídos, un joven militante había gritado «¡Franco, eres un traidor!», provocando su detención inmediata y cinco años de cárcel. Los empleados regulares del Movimiento nunca se rebelarían, pero a menudo criticaban a los ministros no falangistas por desviarse del espíritu original del 18 de Julio. En un cierto momento, en 1966, se dice que Franco se lamentó de que «los únicos periódicos que no dicen lo que quiere el dueño son los del Movimiento»[127]. No obstante, lo cierto es que, a finales de los sesenta, el Movimiento estaba ya tan débil que su situación había llegado a ser crítica.

Uno de los últimos y más decididos líderes del Movimiento fue Alejandro Rodríguez Valcárcel, su subsecretario general de 1966 a 1969. Para recuperar parte del terreno perdido en la reciente Ley Orgánica, él y otros dirigentes del Movimiento prepararon una nueva Ley Orgánica del Movimiento y de su Consejo Nacional, distinta de aquélla, que Franco aprobó oficialmente el 28 de junio de 1967. Cuando López Rodó protestó ante Franco de que algunas disposiciones de esta ley contradecían ciertos aspectos de la Ley Orgánica del año anterior, Franco despachó brevemente el asunto afirmando que la Ley Orgánica del Movimiento era una mera legislación ordinaria que podía ser cambiada en cualquier momento, mientras que la Ley Orgánica del Estado era una Ley Fundamental, que tendría preferencia y sólo podría ser modificada por referéndum nacional. De hecho, esto indicaba que Franco, que nunca se había preocupado en cuanto a las contradicciones legales cuando éstas servían para su finalidad, no estaba necesariamente dispuesto a prescindir del Movimiento como organización política. Sin embargo, nada de esto sirvió para añadir nuevos miembros o fortalecer las operaciones del Movimiento, y una propuesta posterior de Rodríguez Valcárcel en 1968, que habría aumentado su presupuesto y le habría dado más influencia, fue rápidamente vetada, quizá por el mismo Franco.

Por tanto, los líderes del Movimiento se concentraron cada vez más en la idea de fomentar nuevas «asociaciones» dentro de la organización más amplia a fin de defender intereses individuales y atraer a nuevos miembros, algo que llevaba más de diez años discutiéndose. Esto llevó muy pronto a un nuevo borrador denominado «Anteproyecto de Bases del Régimen Jurídico Asociativo del Movimiento», que proponía que se permitiera la constitución de «asociaciones de opinión» cuidadosamente controladas, bajo la égida de la organización general. Franco mantenía serias dudas sobre esta idea y rechazó la nueva legislación propuesta. A medida que pasaban los años, los miembros del Movimiento iban envejeciendo y disminuyendo de número, hasta que, hacia 1974, la edad media de los miembros de Madrid era de al menos cincuenta y cinco años.

Los veinte últimos años de la vida de Franco fueron un período relativamente estático en las relaciones exteriores. Se había opuesto siempre a la noción de una Europa unida y atacado públicamente el «europeísmo» incluso en 1961. No obstante, para entonces la CEE era ya un éxito económico notable del que España no podía permitirse permanecer apartada, y Franco había captado ya su mensaje premonitorio cuando autorizó al gobierno a presentar la solicitud de España como miembro del Mercado Común. Los miembros de la CEE la rechazaron de plano, en gran parte por razones políticas. Franco no tenía prisa en entrar, dándose cuenta, con toda razón, de que la asociación exigiría masivos ajustes estructurales en España, y señalando que en la razón del rechazo había bastante más que un antagonismo político al régimen.

Tenía mucho más interés en la asociación a la OTAN y, después de la admisión de España en las Naciones Unidas, empezó a confiar en que este acercamiento pudiera ser posible. No obstante, el dictador español siguió siendo anatema, especialmente para las democracias menores del norte de Europa, y no habría invitación alguna de la OTAN hasta después de su muerte.

Aunque Franco se sentía complacido con las relaciones con los Estados Unidos, por el refuerzo político y la seguridad militar que le proporcionaban, consideraba que los americanos eran «infantiles» y señaló que habría preferido que los británicos fuesen los que ocuparan el primer puesto en la alianza occidental. Criticó la administración de Kennedy por su falta de resolución y su torpe manejo del fracaso de Bahía de los Cochinos, y mantenía la idea de que Washington se había equivocado al no «soltar» a Chiang Kai-shek contra los comunistas chinos. No obstante, su respuesta a Lyndon Johnson (contestando a un mensaje que explicaba la nueva iniciativa americana en Vietnam en 1965) aconsejaba precaución, señalando acertadamente que sería difícil ganar totalmente esa lucha en términos militares, y que los problemas políticos y militares involucrados eran probablemente demasiado complejos para una solución simple. El gobierno español esperaba términos más favorables cuando, en 1963, finalizó el pacto inicial de diez años con los Estados Unidos, ya que la Yugoslavia comunista había empezado a recibir ayuda al mismo tiempo que España sin proporcionar ninguna compensación directa, y durante un período de veinte años, obtendría más ayuda que España de los Estados Unidos. No obstante, hacia los años sesenta, la importancia estratégica de España había disminuido algo en opinión de Washington, y la renovación del pacto no produjo términos sustancialmente mejores.

La diplomacia de Franco fue sorprendentemente amistosa con Fidel Castro, aunque las relaciones fueron suspendidas temporalmente en 1960, después de un incidente en uno de los maratones televisivos de Castro, al que el embajador español contestó personalmente en el estudio de televisión de La Habana. Franco apoyó naturalmente a los Estados Unidos durante la crisis de los misiles cubanos, pero en 1963 se reanudaron las relaciones comerciales con Cuba. A veces se permitía que se publicaran en España comentarios favorables sobre el régimen cubano, e Iberia mantenía un vuelo directo a La Habana. A pesar del odio profesado contra los derechistas y reaccionarios, se decía que Castro (que, por su parte, procedía totalmente de inmigrantes gallegos) tenía una admiración personal considerable por su paisano gallego dictador.

La única nueva iniciativa diplomática importante adoptada en los últimos años de Franco fue la campaña para la devolución de Gibraltar. El tema fue planteado en las Naciones Unidas en 1963 y, dos años después, Franco impuso fuertes restricciones en las relaciones y el comercio con Gibraltar. En 1966 se iniciaron negociaciones directas con Londres y durante los dos años siguientes las Naciones Unidas aprobaron dos resoluciones diferentes apoyando la posición española, pero el gobierno británico se negó a aceptarlas. En 1969, Franco ordenó que se cerrara la frontera con Gibraltar; también fueron cortadas las comunicaciones telefónicas, el servicio de ferry y el suministro de agua potable. No obstante, era evidente que tanto la población del Peñón como el gobierno británico estaban decididos a resistir. Franco rechazó todas las sugerencias procedentes de su mismo gobierno para que adoptara medidas más extremas, reconociendo que España no se encontraba en posición de forzar el tema hasta su conclusión final y que sólo podría solucionarse por la retirada de Gran Bretaña y no por el embargo español, una retirada que comprendió que no sería probable mientras él mismo no muriera.

Aunque los jefes de la oposición política habían llegado a reconocer que no podrían derrocar al régimen mientras viviera Franco, algunas de las principales figuras del gobierno, presididas por Carrero Blanco y López Rodó, se encontraban cada vez más preocupados por el futuro de las instituciones españolas si Franco no tomaba medidas decisivas para dar a su sistema una mayor legitimidad y continuidad reconociendo como sucesor a un heredero legítimo al trono, más concretamente, el príncipe Juan Carlos. Incluso el hermano mayor del Caudillo, Nicolás, mostró su preocupación, obteniendo, al parecer, esta contestación típicamente astuta del anciano dictador: «Estáte tranquilo, Nicolás. Los Franco, te consta, somos una familia de longevos, y además nos morimos por su orden, y tú eres el mayor»[128].

Una propuesta presentada en 1966 a las Cortes por uno de los más extravagantes aduladores de Franco solicitaba que se declarara a Franco el legítimo rey de España, pudiéndose transmitir sus poderes a través de su hija a su nieto mayor, el cual, según la petición, debería sucederle. Franco tenía mucho más sentido común que todo eso, pero las filas de los pretendientes serios aumentaron durante mediados de los sesenta. No sólo el hilo del principal heredero carlista cambió su nombre por el de Carlos Hugo y presentó su propia candidatura en 1963, sino que el hijo mayor de Alfonso XIII, Jaime de Borbón y Battem berg, que había renunciado formalmente a su derecho a la sucesión por ser sordomudo, anuló su propia renuncia en 1964 después de que su segunda esposa le enseñara a hablar un poco. Aunque recibió muy poca atención, su propio hijo mayor, Alfonso de Borbón y Dampierre, había establecido su domicilio en España para aprender español y establecer la nacionalidad española. Alto, moreno, suave y guapo, este príncipe era un joven generalmente agradable que entró en el cuerpo diplomático español en la madurez y muy pronto atrajo la atención. Franco, que durante los primeros años sesenta había tenido ciertas suspicacias respecto a Juan Carlos, comentó sobre Alfonso de Borbón y Dampierre en 1963: «Es culto, patriótico y podría ser una solución si Juan Carlos no da resultado»[129]. En ese punto, sólo estaban excluidos categóricamente los candidatos carlistas. Como afirmó el mismo Caudillo: «Para mí lo malo de los tradicionalistas no es su doctrina, que es muy buena, sino su empeño en traer un rey extraño a nuestro país, que nadie conoce, que ha vivido siempre en Francia y por quien nada siente el pueblo español»[130]. Él mismo negó la petición de la rama carlista de Borbón—Parma para hacerse ciudadanos españoles.

Don Juan, como heredero legítimo al trono, en ningún momento renunció a sus propios derechos, ni de palabra ni de pensamiento. Durante la década anterior, parecía que se había acercado algo al régimen (por falta de otra alternativa), pero para 1964 había comprendido que no se había conseguido nada para defender su candidatura. En febrero, don Juan envió un informe personal a Franco urgiéndole a que tomara las medidas previstas en la Ley de Sucesión institucionalizando la monarquía a través del reconocimiento oficial de él mismo, el heredero legítimo, como sucesor de Franco. Esto fue rechazado categóricamente por Franco y, a partir de ese momento, las relaciones entre ambos volvieron a ser cada vez más hostiles.

A comienzo de los años sesenta, Carrero Blanco y sus colaboradores más cercanos habían puesto firmemente su vista en Juan Carlos como único heredero apropiado al trono y sucesor de Franco. En mayo de 1965, Juan Carlos ocupó por primera vez el lugar de honor junto a Franco en un desfile militar importante, y tanto López Rodó como Fraga Iribarne, aunque desde perspectivas políticas algo diferentes, empezaron a defender públicamente la candidatura del Príncipe en la medida permitida en el sistema. Los defensores de Juan Carlos dentro del gobierno se movieron enérgicamente para separar políticamente al Príncipe de su padre y alejarle lo más posible de los seguidores políticos de Don Juan. En parte como consecuencia, Juan Carlos informó a Franco que no asistiría a una importante asamblea monárquica que se celebraría el 5 de marzo de 1966 en Estoril en honor de su padre.

Hacía tiempo que Juan Carlos había comprendido dolorosamente el débil alambre por el que debía caminar. Más tarde haría referencia a ello en una conversación privada como muchos «años haciéndome el tonto en este país», ya que comprendió que debía evitar la controversia hasta el punto de aparecer tonto y sólo llegaría al trono por medio de la sucesión creada por el mismo Franco. De este modo, en un viaje privado efectuado en enero de 1967 a los Estados Unidos, aseguró a los periodistas que apoyaba el Movimiento en sus principios, subrayando que la monarquía sería restaurada «como continuación» del régimen actual, una posición que repitió en varias ocasiones en España.

Franco seguía estando complacido en general con el Príncipe, contento con la relativa simplicidad de su estilo de vida (mantenido con un escaso presupuesto) y su comportamiento amable. Hacía muy pocos intentos de adoctrinar personalmente a Juan Carlos, y tal vez estaba incluso dispuesto a aceptar la posibilidad de que el Príncipe pudiera introducir ciertos cambios en el régimen después de su propia muerte, mostrando al parecer poca alarma frente a un informe de la Inteligencia del Estado que indicaba que Juan Carlos se había reunido el 27 de mayo con un pequeño grupo de liberales moderados izquierdistas, y expresado su preferencia por un sistema electoral de dos partidos bajo una monarquía restaurada. Franco señaló con aprobación, hacia finales de 1966: «Tengo la seguridad de que poco a poco el país sentirá afecto hacia los príncipes don Juan Carlos y doña Sofía, cuyas conductas son irreprochables, modélicas en todo, llevando una vida de absoluta sencillez y austeridad, y procurando estar siempre en contacto con las necesidades del pueblo español. Esto lo hacen los Príncipes por absoluta iniciativa propia, sin que yo me meta en el asunto, pues creo que ellos deben tener libertad en su modo de actuar»[131].

En 1968, Juan Carlos cumplió treinta años de edad, la exigida por la Ley de Sucesión para acceder al trono. Ese verano, se llegó a publicar incluso en la prensa internacional que había dado a conocer al cuerpo diplomático que estaba dispuesto a aceptar el poder directamente de Franco y prescindir de su padre en la línea de sucesión. El mismo conde de Barcelona dudaba de que Franco llegara a nombrar a un sucesor en vida, y más tarde, en otoño, escribió a su hijo diciéndole que había desempeñado muy bien sus responsabilidades en España, pero que debía mantenerse firme a los principios dinásticos y a la cadena apropiada de sucesión. En el otoño de 1968, Juan Carlos había empezado a actuar con una mayor seguridad, y es posible que su padre temiera que Franco hubiera conseguido ganarle la partida.

Mientras tanto, conscientes del hundimiento físico total de Salazar de unos meses antes en Lisboa, los defensores de Juan Carlos dentro del gobierno presionaron a Franco más enérgicamente que nunca para que procediera a reconocer a un sucesor antes de que quedara totalmente incapacitado. Estas conversaciones incluían normalmente fuertes dosis de la adulación más extrema, asegurando al Caudillo que ninguna otra personalidad histórica tendría jamás su grado de autoridad y legitimación y que, en consecuencia, él y sólo él podría garantizar la continuación de su régimen invistiendo personalmente a quien eligiera como sucesor con su propia legitimidad actual, cuando permanecían inalterados su prestigio y su autoridad.

En una entrevista con la agencia oficial de noticias EFE, del 7 de enero de 1969, Juan Carlos se declaró dispuesto a realizar «sacrificios» y «a respetar las leyes e instituciones de mi país» —haciendo referencia a las Leyes Fundamentales de Franco— «de manera muy especial». Estas observaciones fueron publicadas en todos los medios de comunicación, y agradaron notablemente a Franco. Cuando el 15 de enero tuvo una entrevista con Juan Carlos, el Caudillo, cada vez más decrépito, le dio a entender que pretendía nombrarlo sucesor antes de que terminara el año. Según una versión, Franco le dijo: «Tenga mucha tranquilidad, Alteza. No se deje atraer por nada. Todo está hecho». Se dice que Juan Carlos le contestó: «No se preocupe, mi General. Yo ya he aprendido mucho de su galleguismo», y después de reírse ambos, Franco añadió: «Vuestra Alteza lo hace muy bien»[132]. Durante la primavera, Carrero Blanco, López Rodó y otros continuaron trabajando para que Franco efectuara la declaración, mientras Juan Carlos pasaba una semana con su padre en Estoril en el mes de junio, y llegaran o no a un acuerdo directo, comprobó al parecer que don Juan no llegaría tan lejos como de prohibirle aceptar la sucesión. Por último, el Príncipe consultó también con sus pocos asesores de confianza, especialmente con su antiguo y muy estimado tutor, el veterano y respetado político del Movimiento Torcuato Fernández Miranda, quien se dice que le aseguró que las reformas posteriores serían perfectamente viables una vez que hubiese heredado totalmente la estructura constitucional del Estado franquista.

El 21 de julio de 1969, Franco presentó formalmente el nombramiento de Juan Carlos al Consejo del Reino y, un día después, a las Cortes. Una disposición especial establecía que el voto de ratificación debería ser público, con el fin de disminuir la oposición. Las Cortes registraron su aprobación por una votación de 491 contra 19 y 9 abstenciones, ya que un puñado de falangistas que se resistían a morir y «regencialistas» duros mantuvieron su postura hasta el final. Al día siguiente, el 23 de julio, Juan Carlos juró oficialmente «lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los principios del Movimiento y las Leyes Fundamentales». Parecía entonces que Franco había conseguido por fin institucionalizar la monarquía autoritaria que llevaba tanto tiempo planificando para que lo sucediera.

7

El ocaso del régimen

La ceremonia de julio de 1969 resolvió finalmente la pregunta inmediata: «Después de Franco, ¿quién?» Pero no respondía necesariamente a la pregunta siguiente: «Después de Franco, ¿qué?» Se suponía generalmente que, a pesar del aumento de disensión en la sociedad española y a una cierta decadencia en la coherencia interna y decisión del régimen, Franco había conseguido institucionalizar un sistema que conservaría sus características principales al menos durante un cierto período después de su muerte. El cauto, moderado, sonriente y algo desconfiado joven Príncipe tenía muy poco crédito en cuanto a conocimientos o aptitudes políticas, y la opinión sostenida generalmente era que si esperaba realmente reinar sólo podría hacerlo respetando su juramento y afirmando las leyes e instituciones del régimen a fin de conservar el apoyo de los militares y los líderes de otras instituciones estatales.

El 29 de octubre de 1969, tres meses después del reconocimiento de Juan Carlos, Franco formó un nuevo gabinete. Fue un tipo de gobierno diferente de cualquiera de sus predecesores, y no es del todo claro si Franco tenía ya esta modificación in mente en el momento del juramento del Príncipe. El cambio fue producido de forma bastante repentina por el mayor escándalo financiero de la historia del régimen y de todo el gobierno español: el asunto MATESA, que se publicó por primera vez el 13 de agosto. Este acrónimo representaba la primera sociedad multinacional de la historia española, Maquinaria Textil, S. A., que fabricaba maquinaria textil en Pamplona con puntos de salida y subsidiarias en proceso de constitución en la América Latina. Su director, Juan Vilá Reyes, era un empresario con una excepcional amplitud de intereses y capacidad, que había desarrollado un nuevo telar mecánico para exportación. Aunque los nuevos programas de desarrollo se dirigían a aumentar las exportaciones, las normas financieras seguían sin ayudar realmente a las ventas de maquinaria en el extranjero, habiendo sido diseñadas para fomentar la compra de artículos de consumo acabados. Vilá Reyes no podía obtener créditos a la exportación si no era capaz de presentar pedidos completos de sus productos; dado que éstos se debían desarrollar lentamente, infló los pedidos a través de sus propias firmas subsidiarias para conseguir créditos del Banco de Crédito Industrial, de propiedad pública. Vilá insistió más tarde en que los ejecutivos habían sido adecuadamente informados antes de su modus operandi, que exigía la rigidez de la estructura financiera española. Los créditos en cuestión eran bastante importantes, y las irregularidades llegaron a ser conocidas. Fueron denunciadas formalmente el 17 de julio de 1969 por Víctor Castro San Martín, un falangista de la vieja guardia y director general de Aduanas. Las acusaciones fueron debatidas por el gabinete en agosto. Era evidente que Vilá había desarrollado procedimientos irregulares, pero existía una notable incertidumbre en cuanto a la importancia de la complicidad de los más altos círculos del gobierno. El tema fue aprovechado rápidamente por los responsables del Movimiento para desacreditar a los ministros económicos del Opus Dei y a sus colaboradores, quienes intentaron desesperadamente acallar el asunto, a pesar de que las irregularidades en las transacciones financieras oficiales habían sido un estilo de vida en las grandes empresas desde el comienzo del régimen de Franco.

El escándalo se hizo público a mediados de agosto y fue investigado en el mes siguiente por una comisión de las Cortes. Se dio a la prensa amplia libertad para informar del caso, y, de hecho, los órganos del Movimiento fueron los más interesados en denunciar el fraude, esperando de ese modo desacreditar a los ministros económicos que habían mantenido el control del gabinete durante los últimos diez años y conseguido el reconocimiento de Juan Carlos. Los hechos reales del asunto eran tan complicados que, después de más de veinte años, siguen sin estar del todo aclarados. Sean cuales fueren, Vilá Reyes fue detenido y su sociedad confiscada y puesta bajo control gubernamental.

Para Carrero Blanco y sus colaboradores más estrechos, el escándalo representó un serio aprieto, que siguió los pasos de su señal de victoria al conseguir de Franco el reconocimiento de Juan Carlos. No obstante, el Caudillo había realizado su propia elección y había llegado a depender tanto de su vicepresidente y de sus colaboradores ministeriales como para permitir el triunfo de los regencialistas que habían estado combatiéndolos sobre diversos temas durante los siete últimos años. A medida que aumentaban las repercusiones, se hizo evidente que los ministros de Hacienda y Comercio, que se decía implicados en diversas medidas, debían irse, pero Franco equilibraría esto eliminando a los principales regencialistas y ministros del Movimiento, produciendo una amplia reorganización ministerial.

Franco no tenía ya ni la energía ni la oportunidad para renovar su norma de actuar para equilibrar en la formación de un nuevo gobierno, y ahora se apoyaba sobre todo en Carrero Blanco. Consciente de su salud y energía decadentes, llegó incluso a sugerir a este último que había llegado el momento de que se hiciera directamente cargo de la presidencia del gobierno, aunque a esto se negó Carrero, insistiendo en que, mientras que Franco conservara un ápice de salud física, no debía colocarse a un lado. Esta lealtad perruna llevada a veces hasta el punto de una adulación absoluta, era la que había ganado la total confianza de Franco, y el nuevo gabinete de octubre de 1969 representó una completa victoria para Carrero Blanco. Como el cambio más importante en doce años, llegó a ser conocido como «gobierno monocolor», porque prácticamente todos sus miembros o eran miembros del Opus Dei o de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, colaboradores de dichos miembros o que se sabían identificados de otro modo con sus políticas, aun cuando el nuevo gabinete fue presentado públicamente como representando una considerable diversidad de puntos de vista. Como nuevo ministro secretario general del Movimiento fue nombrado Torcuato Fernández Miranda, de quien se esperaba ahora que completara la transformación final y definitiva del Movimiento en un frente burocrático totalmente servil. Fraga fue sustituido por Alfredo Sánchez Bella, veterano diplomático de formación católica de ultraderecha, impuesto personalmente por Franco.

En aquella época, era Carrero Blanco, mucho más que Juan Carlos, el que había llegado a representar de hecho la sucesión y la continuación del régimen de Franco. El Generalísimo le consideraba, evidentemente, como su sucesor natural en el cargo de presidente del gobierno; el ejecutivo en funciones que garantizaría que la transición a Don Juan Carlos tuviese lugar bajo una estricta continuación de las leyes e instituciones del régimen. El éxito de Carrero Blanco se debió en parte a su estricta fidelidad personal a Franco y a su falta de ambición y de vanidad en beneficio propio. Era un hombre introvertido y retirado, de ideas absolutamente fijas e inmutables, totalmente convencido de que el mundo en general estaba dominado por las «tres internacionales», como solía denominarlas, del comunismo, el socialismo y la masonería. Padre de cinco hijos y abuelo de quince, empleaba gran parte de su tiempo leyendo y escribiendo, y continuaba preparando extensos informes para el Caudillo, aunque no tan largos como en el pasado. Era en gran parte inmovilista respecto a las principales instituciones nacionales, y contemplaba los asuntos exteriores en términos igualmente intransigentes y apocalípticos, sosteniendo que sería preferible que todos sus descendientes murieran en una guerra atómica que sobrevivir como esclavos de la Unión Soviética.

Franco se había dejado convencer por Carrero en la elección del nuevo gabinete pero, a pesar de sus facultades cada vez más mermadas, conservaba suficiente instinto político como para albergar ciertas dudas sobre si un nuevo gobierno esencialmente inmovilista, que ni siquiera era representativo de todos los diversos sectores del régimen, sería efectivo. Él mismo carecía de la fuerza física o la energía política que le llevara a un grupo más diverso y representativo de ministros, pero expresó sus dudas en cuanto a la durabilidad de las nuevas medidas cuando Fraga Iribarne lo visitó para despedirse del gobierno.

Mientras tanto, el asunto MATESA había continuado lentamente. Al siguiente año, el Tribunal Supremo procesó a los ministros salientes que habían estado implicados, así como al antiguo ministro de Hacienda Navarro Rubio y otros seis. El mismo Vilá Reyes fue convicto de actuación fraudulenta y sentenciado a una gran multa y a varios años de prisión. Mientras estaba en prisión, a la espera del resultado de una apelación, escribió el 5 de mayo de 1971 una atrevida carta a Carrero Blanco, advirtiéndole que si el gobierno no tomaba medidas para absolverlo de algún modo, haría pública una voluminosa documentación que se encontraba en su poder en relación con la amplia evasión de divisas al extranjero durante los años 1964-1969. Su carta incluía un «apéndice documentario» que enumeraba diversos materiales que podría presentar en relación con tales actividades por parte de 453 personas y firmas comerciales importantes, muchas de ellas estrechamente relacionadas con el régimen. Esta amenaza perfectamente documentada parece que consiguió los resultados previstos. Carrero convenció a Franco de que si no se echaba rápidamente tierra sobre todo el asunto, representaría un descrédito aún mayor para el gobierno y podría incluso causar un daño irreparable al régimen. Varios meses después, el 1 de octubre de 1971, en el trigésimo quinto aniversario de su elevación a la Jefatura del Estado, Franco concedió el perdón oficial a los principales involucrados, camuflándolo astutamente en una amnistía general a más de 3.000 personas más que sufrían sanciones por delitos políticos en los años anteriores. Aún no se ha celebrado ningún juicio, salvo la convicción preliminar de Vilá Reyes, por lo que no hay veredicto excepto en ese caso concreto, aunque las investigaciones financieras se extenderían durante más de una década después, más allá del final del régimen, hasta muy adentrados los años ochenta. Ayudado por la importante publicidad bajo una censura relajada y habiendo ocurrido en un momento de creciente movilización de la opinión política, este escándalo representó probablemente un descrédito al régimen muy superior al de cualquier otro incidente de su larga historia.

El nuevo ministro-secretario del Movimiento, Fernández Miranda, era un maestro en el doble sentido retórico del sistema, y en algunos aspectos reflejaba la propia opinión de Franco sobre el Movimiento, que pretendía ajustar a una función completamente pragmática y burocrática. No podía ser considerado en ningún sentido concreto como falangista auténtico, y fue el primer ministro-secretario que desechó la antigua camisa azul a favor de un cuello blanco de burócrata, aboliendo más tarde la camisa azul como vestimenta oficial y eliminando otro más de los residuos fascistas.

No obstante, permaneció sin solucionar una alternativa, que era el tema cada vez más vivo del asociacionismo político, que tenía ya más de diez años de antigüedad. Los defensores de la apertura dentro del Movimiento insistían en que su futuro residía únicamente en un Movimiento-Comunión, que obtuviese un amplio apoyo popular entre personas que no tuviesen antecedentes en relación con el régimen, en lugar de un Movimiento-Organización, los simples restos del antiguo partido único oficial semifascista. Aunque ni Franco ni Carrero Blanco aprobaban la idea de las asociaciones, tampoco las rechazaban totalmente, probablemente por carecer de una alternativa reformista. Siervo leal, Fernández Miranda comprendió que debía moverse lentamente, y no presentó ningún borrador de esquema de las asociaciones políticas dentro del Movimiento Nacional a la comisión permanente del Consejo Nacional hasta mayo de 1970. Se trataba de una propuesta limitada que restringía fuertemente la oportunidad de formar cualquiera de tales asociaciones, pero incluso así era demasiado para Franco y Carrero Blanco, y el proyecto fue apartado durante los tres años siguientes.

Para entonces, el Movimiento había quedado prácticamente inoperativo, mientras que pequeños grupos de falangistas disidentes preparaban toda clase de nuevos programas independientes y radicales, dividiéndose y volviéndose a dividir constantemente en fracciones cada vez más pequeñas e insignificantes. No sólo los falangistas habían alcanzado un estado de confusión terminal, sino que el otro constituyente primario original del Movimiento, el carlismo, se encontraba en proceso de una especie de inversión de ideologías. Bajo el liderazgo inseguro de «Carlos» Hugo, el grupo principal de neocarlistas empezó a defender el «socialismo autogestionario», la principal frase de atracción de la izquierda española a comienzo de los setenta, derivada de la terminología del socialismo francés. Incluso antes de la muerte de Franco, las principales fuerzas del Movimiento original habían quedado totalmente erosionadas y dejaron de existir como opciones políticas viables.

Mientras tanto, el deterioro físico evidente de Franco despertaba preocupaciones en Washington en cuanto al futuro del gobierno español. Después de la segunda renovación del pacto hispano-americano de 1970, el presidente Richard Nixon visitó brevemente a Franco en Madrid cuando realizó una rápida visita a Europa en octubre de 1970. Esta visita protocolaria planteó más dudas que aclaraciones en la mente de Nixon y en febrero de 1971 envió a Madrid al general Vernon Walters, director adjunto de la CIA, para conversar con Franco. Walters (que hablaba perfectamente español) encontró que el Generalísimo parecía «viejo y débil. La mano izquierda le temblaba a veces tan violentamente que debía cubrírsela con la otra mano. En ocasiones aparecía lejano y otras veces trataba con gran precisión el nudo de la cuestión». Franco planteó rápidamente «que aquello en lo que, en su opinión, el presidente estaba especialmente interesado es en lo que sucedería en España después de su desaparición», subrayando que la transición sería «ordenada» y que «no había alternativa alguna al Príncipe». Reconoció que «España recorrería alguna distancia por el camino trazado por nosotros, pero no todo él, ya que España no era ni América, ni Inglaterra ni Francia… Él expresaba su confianza en la capacidad del Príncipe para manejar la situación después de su muerte… Sonrió y dijo que muchas personas dudaban de que estas instituciones funcionarían. Estaban equivocadas; la transición sería pacífica… Tenía fe en Dios y en el pueblo español»[133].

A pesar de la negación oficial del Departamento de Estado, el Washington Post publicó el 28 de julio de 1971 que la Administración Nixon había lanzado una campaña bajo cuerda para convencer a Franco de que debía entregar las riendas del gobierno a Juan Carlos antes de que su decadencia física produjera una crisis. Durante ese año, una serie de funcionarios americanos del más alto nivel visitaron Madrid para reforzar este punto, mientras que el embajador de entonces, Robert P. Hill, acudió muchas veces a visitar al Príncipe.

Es dudoso que Franco creyera realmente que podía garantizar la perpetuación completa de su régimen después de su muerte, pero pretendía conseguir que sobrevivieran sus instituciones clave, y estaba convencido de que sus disposiciones habían conseguido fundamentalmente ese objetivo. En su discurso de fin de año de 1969, efectuó su conocida declaración de que «todo está atado y bien atado», pero el futuro de esa predicción correspondería más en última instancia a Juan Carlos que a Franco y que a la apuesta del Caudillo por el Príncipe.

En ciertos aspectos, Franco le había dejado un notable grado de libertad. Nunca había intentado adoctrinarlo directamente ni con detalle, y, a menudo, dejaba incluso de responder con precisión a las preguntas del Príncipe sobre temas políticos futuros. Según Juan Carlos, en cierta ocasión el Caudillo respondió: «¿Para qué quiere que le diga algo? ¡Si usted no va a poder gobernar como yo!»[134].

Realmente el Príncipe, al hacer un análisis de sus conversaciones con Franco sobre temas políticos, llegó a la conclusión de que le dejó con total libertad, de que no quería hipotecarle el futuro y de que era muy posible que Franco, honestamente, no se atreviera a condicionar a un hombre que tendría que enfrentarse con un porvenir que él no podía adivinar.

O quizá pensara que el Príncipe, en su talante observador, estaba empapado hasta la médula del espíritu franquista y que eso le llevaría a maniobrar hábilmente sin mover los pies de la ortodoxia del Estado del 18 de julio. Es muy difícil, por no decir imposible, saber qué pensaba Franco. Es fácil, sin embargo, saber cómo actuaba. Y con don Juan Carlos actuó sin agobios, sin siquiera presiones, con indicaciones muy vagas, con consejos paternales que fueron sugerencias orientativas en algún tema concreto.

Pero nunca le adoctrinó. Nunca le dijo lo que tenía que hacer[135].

En general, Franco prefería que Juan Carlos efectuara el menor número posible de declaraciones políticas, tanto para evitar complicaciones al régimen de entonces como para dejarle mayor libertad propia en el futuro. Rara vez había motivo de preocupación, ya que el Príncipe era conocido por su discreción, y sin embargo sentía a veces la necesidad de expresar opiniones más amplias en otros países. Dado que el régimen llevaba un cuarto de siglo basándose en ese doble sentido oficial sobre la naturaleza «profundamente democrática», «orgánicamente democrática» del sistema actual, Franco no podía ofenderse por ciertos gestos verbales realizados a corresponsales americanos. No obstante, se dice que quedó profundamente disgustado por ciertas observaciones realizadas por Juan Carlos en 1971, en una visita oficial a la capital americana, según publicó el Washington Post. El Príncipe visitó después a Franco inmediatamente después de volver a Madrid para sondear personalmente su reacción, pero el Generalísimo se limitó a observar sardónicamente: «Hay cosas que usted puede y debe decir fuera de España y cosas que no debe decir en España. Lo que se dice fuera puede no ser conveniente que se difunda aquí. Y, a veces, lo que se dice aquí, mejor sería que no se supiera fuera»[136].

Franco contaba con que Juan Carlos hubiese conseguido una cierta independencia política de su padre, tal como llegó a ocurrir, hasta el punto de que corrió el rumor de que estuvieron seis meses sin hablarse después de que el Príncipe fuese reconocido oficialmente como sucesor. No obstante, pronto se restauraron las relaciones personales, y en febrero de 1970, Juan Carlos informó a Franco sobre un reciente almuerzo que había tenido con José María de Areilza (el representante político jefe de su padre), el cual había criticado vivamente al gobierno. El Generalísimo respondió rígido: «Ya lo sabe, Alteza; o Príncipe o persona privada»[137]. Franco se sintió además molesto por ciertos informes de que su nuevo ministro de Asuntos Exteriores, López Bravo, que había sido uno de sus favoritos, estuviese pidiendo la ayuda de los responsables de la Comunidad Europea, durante conversaciones en Bruselas, para dirigir a España hacia un régimen democrático reformista.

Las relaciones personales entre el Caudillo y el Príncipe no siguieron un ritmo siempre fácil, ya que pasarían largos períodos sin una reunión, y en ocasiones estaban señaladas por advertencias perentorias de Franco. Durante varias conversaciones celebradas en 1970, Juan Carlos urgió a Franco que nombrase a un presidente del gobierno para que no le correspondiese a él nombrar al primer presidente del gobierno después de Franco, pero él le respondió siempre vagamente que esto se haría a su tiempo. Franco sugirió que el Príncipe acudiera a El Pardo una vez por semana para participar en algunas de sus conversaciones con ministros del gabinete, pero Juan Carlos se negó cortésmente, no deseando verse involucrado hasta ese grado en la administración de Franco.

El mismo Generalísimo se sentía molesto por la aparente disposición de algunos ministros en realizar gestos espontáneos propios ante el Príncipe o hacerle intervenir en visitas especiales o de estudio. Franco prefería que Juan Carlos participara únicamente en actividades públicas especialmente aprobadas, intentó lo posible para que sus apariciones quedaran en gran parte limitadas a las principales ceremonias del régimen, aunque en la práctica era imposible que se respetara un programa tan estricto. En ese momento, Juan Carlos se apoyaba especialmente en López Rodó y Fernández Miranda, el cual redactó los memorándum para sus conversaciones en cierto modo irregulares con Franco. A pesar de ciertas diferencias, que no llegaron nunca al punto de una tensión extrema, Juan Carlos se las arregló para continuar siendo discreto y convincente, manteniendo en general un respeto, incluso un moderado afecto, de Franco, al mismo tiempo que contaba con el apoyo firme y sin vacilaciones de Carrero Blanco. Carrero Blanco seguía intentando fomentar una nueva «evolución» y en enero de 1971 entregó a Franco un informe detallado urgiéndole a que nombrara a un presidente del gobierno con el fin de preservar su propia fuerza y energía y mantener sin fisuras su prestigio de jefe del Estado. Aunque Franco no dio ninguna respuesta positiva, se mostró de acuerdo con una propuesta de Carrero y López Rodó para aclarar los términos de la sucesión, publicando el 15 de julio de 1971 un decreto que concedía a Juan Carlos los poderes que pertenecían adecuadamente al heredero oficialmente designado para el trono, según estipulaba el artículo 11 de la Ley Orgánica. Estos poderes incluían el derecho a ocupar provisionalmente el cargo de jefe del Estado si Franco es tuviese físicamente incapacitado o fuera del país. Mientras tanto, Carrero Blanco y Fernando Liñán, director general de Política Interior, realizaron un esfuerzo especial para elegir una serie de nuevos procuradores a las Cortes que apoyasen firmemente la sucesión de Juan Carlos, y así, las últimas Cortes de la vida de Franco, que fueron convocadas en noviembre de 1971, contenían un número proporcionalmente menor de leales al Movimiento de la vieja guardia o miembros duros del búnker —como eran conocidos entonces— que su predecesora.

En general, los dos años de 1971 y 1972 fueron el último período relativamente tranquilo de la vida de Franco. Continuaba extendiéndose la cultura de la protesta por las universidades y entre la intelligentsia, y el otoño de 1971 contempló las primeras explosiones de bombas en librerías izquierdistas por parte de grupos de ultraderecha (subvencionados a menudo indirectamente por el gobierno) para protestar contra la expansión de la propaganda izquierdista. Esto tuvo muy poco efecto, ya que no hubo ninguna restricción nueva significativa en las leyes de la prensa y, con cada año que pasaba, la limitada libertad de facto de la prensa se utilizaba más ampliamente, creando un «parlamento de papel» alternativo a la asamblea controlada de las Cortes. En marzo de 1972 estalló un nuevo escándalo después de revelarse la desaparición de una gran parte de una reserva nacional de aceite de oliva que había sido almacenada por el ministro de Comercio para asegurar los suministros y la equidad comercial. Al parecer, se había permitido a ciertos elementos no identificados vender una parte de estas existencias a beneficio propio; entre los nombres que se extendieron a este respecto estaba Nicolás, el hermano del Caudillo.

Franco había cumplido ya los ochenta años. La decadencia, lenta pero firme, de la vitalidad física le mantenía sumamente cansado y sin actividad durante una parte importante del día, y rara vez tenía algo que decir en las reuniones del gabinete, limitándose a veces a dormitar. Aunque su mente permanecía clara cuando tenía energía suficiente para hablar a algunas visitas y asistir a reuniones, sus fuerzas eran tan inseguras que las audiencias diplomáticas se convertían en un riesgo y en una preocupación creciente para sus ayudantes. En el desfile anual de la victoria de mayo de 1972, el Caudillo tuvo que utilizar un asiento portátil de golf para mantener la ilusión de permanecer de pie durante todo el desfile. Fue también sometido a una amplia operación oral por una grave infección fúngica en la boca, una enfermedad que empeoró por su respiración algo obstruida y su hábito de respirar por la boca. En mayo, Franco empezó a sufrir fuertes dolores en una pierna, que fueron publicados erróneamente como un comienzo de flebitis. Resultó ser un efecto secundario de la infección oral y finalizó una vez completada la operación de la boca.

Mientras tanto, se había desvanecido cualquier esperanza de que el gabinete actual tomara la iniciativa para ampliar aún más la apertura. Se encontraba agriamente dividido sobre ciertos temas políticos y no recibía dirección alguna de Franco. Por lo tanto, la opinión más moderada tendría cada vez más a Juan Carlos como la única esperanza para conseguir un cierto avance, y apareció una nueva tendencia política, el «juancarlismo», como el punto neurálgico de los que buscaban nuevas oportunidades personales así como una reforma pacífica en el futuro. Los propios medios de comunicación del régimen fomentaron esto con la publicidad dada a la «generación del Príncipe», apelación con que se señalaba a las personas de clase media, jóvenes, bien formados y relativamente acomodados, de veinte a cuarenta años de edad, que habían crecido bajo el régimen y a los que se urgía a que considerasen al heredero de Franco como un símbolo y su personificación pública.

Durante 1972, las perspectivas de una sucesión suave y potencialmente reformista quedaron temporalmente ensombrecidas por el matrimonio de la nieta mayor de Franco, María del Carmen Martínez Bordiú Franco, con Alfonso de Borbón-Dampierre, el hijo mayor de don Jaime (el hijo mayor sordomudo de Alfonso XIII), quien alrededor de diez años antes había intentado retractarse de su renuncia oficial de un lugar en la línea de sucesión. Don Alfonso, un príncipe alto, guapo y elegante, había completado su educación en España y desarrollado su carrera en el servicio diplomático. Durante los últimos años sesenta, había tenido algún éxito en la sociedad madrileña y conoció en 1966 a la guapa, graciosa y joven nieta de pelo teñido cuando era adolescente en una escuela exclusiva de Suiza. El compromiso se anunció en diciembre de 1971 y la boda tuvo lugar el 8 de marzo de 1972.

Debido al grave deterioro de la salud de Franco, doña Carmen desempeñó un papel mucho más importante que nunca en las relaciones personales de Franco y, en cierta medida, incluso en los asuntos políticos. Inició, al parecer, una campaña para que don Alfonso fuese reconocido como «Su Alteza Real» y príncipe de pleno derecho de la familia real, con el objetivo último, se pensó, de cambiar la línea de sucesión y colocar a su nieta mayor en el trono. La maniobra estaba apoyada por elementos de la ultraderecha, que pensaban que un Alfonso casado con una Franco era una sucesión más segura que la de Juan Carlos, tal vez peligrosamente liberal.

Si Franco hubiese permanecido en plena posesión de su fuerza y sus facultades, tal vez hubiera hecho fracasar esta reivindicación ilegal y poco digna. De hecho, doña Carmen y otros miembros de la familia intentaron primero que el Consejo del Reino y las Cortes reconocieran oficialmente el matrimonio, tal como exigía la Ley de Sucesión para los miembros de la familia real, y a continuación ratificaran para Alfonso los títulos completos de Príncipe y Alteza Real. Un Franco cada vez más debilitado se prestó sin oposición a estas maniobras, a las que se resistieron la mayoría de los miembros del gabinete, con el apoyo activo de Juan Carlos y de don Juan desde Estoril. Franco no había perdido todo sentido de dignidad y apropiabilidad y, en última instancia, no insistió, abortando así el riesgo. Poco antes del matrimonio ocurrió un momento final de peligro cuando don Jaime, el padre del novio, se arrogó la «concesión» del Toisón de Oro a Franco, aunque no tenía derecho para hacerlo. Se temió que el anciano dictador pudiera aparecer en la ceremonia de la boda llevando esta condecoración, fomentando así aún más las ambiciones en cuanto a los presuntos derechos de herencia de don Alfonso, pero conservó lo suficiente de su prudencia propia para no hacerlo.

Mientras tanto, doña Carmen y los elementos ultra pusieron el máximo de presión posible contra Juan Carlos, esperando hacerle la vida lo suficientemente difícil como para obligarle a irse. Consiguieron que Franco ordenara a Carrero Blanco que no permitiera que el Príncipe volviera a acompañar a los ministros en los viajes oficiales, pero, de hecho, esta decisión era la preferida por el mismo Juan Carlos. Él y Sofía estaban decididos a resistir firmemente, comprendiendo que estaban consiguiendo un mayor apoyo a medida que Franco se acercaba al final.

La coordinación que tenía en esos momentos el gobierno se debía en su mayor parte a Carrero Blanco, el cual, el 18 de julio de 1972, consiguió de Franco la promulgación de dos leyes, una que establecía la autoridad unificada del rey sobre el gobierno en el momento de la sucesión y la otra que disponía que el vicepresidente asumiría automáticamente los poderes del presidente del gobierno si quedara temporalmente vacante el cargo de jefe del Estado en un momento en el que no estuviese a punto de ser nombrado ningún otro presidente del gobierno. Estas disposiciones estaban destinadas a garantizar una transición suave en caso de que Franco muriera repentinamente y sin haber nombrado presidente del gobierno, evitando el peligro de que algunos elementos del búnker pudieran conseguir temporalmente el control y frustrar la sucesión.

Mientras tanto, Fraga Iribarne y algunos otros ministros recientes del gabinete aprovecharon el clima permisivo de la prensa para mostrarse a favor de una nueva representación política dentro del régimen. Durante su discurso de Navidad de 1972, incluso Franco pareció hacer referencia a la conveniencia de una nueva apertura, declarando: «Tenemos que apartarnos de cualquier criterio cerrado y exclusivista. La disparidad de ideas y tendencias es no sólo legítima sino necesaria»[138]. Por un momento, los defensores de la reforma dentro del sistema pensaron que se daba una nueva señal, olvidando que Franco había utilizado algunas de estas mismas generalizaciones ya en 1937.

Las publicaciones políticas y las noticias de prensa se hicieron cada vez más atrevidas y claras, representando un amplio abanico de tendencias y opiniones y sirviendo de sustituto de una vida política que aún no podía tener existencia formal. Más directamente molestas para el gobierno fueron las organizaciones terroristas de extrema izquierda, ya que a la ETA vasca se le había unido ahora el nuevo FRAP marxista-leninista, que asesinó a un policía en Madrid el 1 de mayo de 1973. Tomás Garicano Goñi, ministro de la Gobernación, intentó nuevas medidas enérgicas selectivas de la policía, pero el poder judicial español reflejaba cada vez más la creciente liberalización de la sociedad e instituciones y tendía a mostrar un mayor respeto por los derechos civiles de los ciudadanos que en los años anteriores.

La extrema derecha, actualmente al margen del régimen, intentó una contraofensiva propia, organizando mítines y manifestaciones. El grupo Fuerza Nueva de Blas Piñar (subvencionado indirectamente por Carrero Blanco) se situó en primera línea, trabajando con grupos de acción directa tales como los Guerrilleros de Cristo Rey.

La división dentro del gabinete presuntamente «monocolor» se hizo cada vez más pronunciada. Ya a comienzo de 1971, el ministro de Industria, López de Letona, había presentado a Franco una extensa propuesta a fin de que se pusieran en movimiento las Leyes Fundamentales para elegir a un presidente del gobierno diferente del jefe del Estado. Doña Carmen tomó una iniciativa verbal propia, quejándose directamente a Carrero Blanco, en febrero de 1973, de que debía hacerse algo sobre la «deslealtad» de ministros del gabinete tales como Garicano Goñi y López Bravo, a quienes acusó de alinearse, en el país y en el extranjero, con sectores de la oposición. Garicano dimitió el 7 de mayo, poco después del asesinato del policía, quejándose en una carta privada de las maquinaciones de elementos ultra dentro y fuera del gobierno. Indicó claramente que «la gente no se engancha ya en las caducas y despobladas Jefaturas Provinciales y Locales del Movimiento; sólo quedan en muchas de ellas algunas gentes de nuestra generación, normalmente y con es casas excepciones, los empleados y algunos cargos retribuidos», y concluyó: «Creo necesario un auténtico aperturismo»[139].

Franco aceptó finalmente el hecho de que no estaba ya en condiciones de dirigir por sí mismo el gobierno y, por primera vez, puso en marcha el mecanismo para el nombramiento de un nuevo presidente del gobierno. Esto exigía que el Consejo del Reino presentara una lista de tres nombres entre los que debía elegir el jefe del Estado. Franco indicó, al parecer, que deseaba que Carrero Blanco estuviese en la lista, a la que el Consejo añadió a Fraga Iribarne y al falangista de la vieja guardia Raimundo Fernández Cuesta. El 8 de junio, el Caudillo nombró oficialmente a Carrero Blanco, la primera vez en la historia del régimen que alguien que no fuese Franco ocupaba el cargo de presidente del gobierno.

El nuevo gabinete fue elegido casi exclusivamente por Carrero, siendo su denominador común el de la lealtad al régimen junto con una competencia técnica razonable y un apoyo al menos moderado del aperturismo. El principal lugarteniente de Carrero era ahora el enigmático y aparentemente pedante Fernández Miranda, quien siguió siendo ministro-secretario del Movimiento pero que recibió también el cargo de vicepresidente. A Carrero le gustaba su astucia política y su discreción, así como la disposición para combinar la flexibilidad con el inmovilismo siempre que era preciso. Después de once años, López Bravo desaparecía del gobierno —algunos afirmaron que debido a su rudeza con el Papa durante su último viaje a Roma, pero más probablemente por su enemistad con doña Carmen— y fue sustituido como ministro de Asuntos Exteriores por López Rodó. El único nombre impuesto por Franco fue el de Carlos Arias Navarro, fiscal militar durante la represión en Málaga de 1937, director ge neral de Seguridad de 1957 a 1965 y, más recientemente, alcalde de Madrid, para sustituir a Garicano Goñi para Gobernación. Arias tenía reputación de «duro», y había hecho lo posible por favorecer y cultivar a la familia de Franco, que apoyó su nombramiento.

La mayor parte de la oposición, ahora muy amplia, consideró que la formación del gobierno de Carrero Blanco era poco más que la expresión del inmovilismo, destinado a permitir la continuación del franquismo después de Franco. Representaba en realidad un cierto grado de cambio y se proponía tímidamente estudiar nuevas reformas. No era un gobierno tan monocolor como administración práctica de moderados del régimen, fiables pero flexibles. Como su predecesor, no representaba ya a las antiguas familias políticas del régimen, que se habían disgregado irremediablemente, mientras que la tradicional actuación de equilibrio de Franco había dejado de ser viable una vez que el Caudillo había perdido la energía para dirigir él mismo el gabinete. Muy pronto se desvanecieron las esperanzas de Juan Carlos de que Franco simplemente se retirara en este momento, y sin embargo la debilidad de su salud garantizaba que el final no podía retrasarse mucho. Carrero Blanco reconoció la necesidad de conseguir una apertura adicional, y, durante el otoño de 1973, una nueva comisión mixta, que representaba al gabinete y al Consejo Nacional del Movimiento, empezó una vez más a estudiar el tema de la participación política. Así, a mediados de noviembre, Fernández Miranda presentó una nueva propuesta para permitir la organización de «asociaciones políticas» muy limitada dentro del Movimiento, con el fin de dar un nuevo ímpetu a la vida y a la oportunidad de convertirse en el «Movimiento del Rey» posiblemente en lugar del «Movimiento del Caudillo». Esto se discutió en varias reuniones del gabinete, programándose otra para debatirlo el 20 de diciembre, justamente antes de que finalizara repentinamente el gobierno de Carrero Blanco.

El asesinato de Carrero Blanco en una calle céntrica de Madrid, a las 9,25 de la mañana del 20 de diciembre de 1973, se hizo en la forma tal vez más espectacular del siglo. Estaba dirigido no simplemente contra el gobierno existente sino contra el futuro del régimen a fin de, en palabras de los asesinos, «romper el ritmo de la evolución del Estado español, obligándolo a dar un salto brusco a la derecha»[140]. La seguridad personal de Carrero Blanco estaba descuidada, como solía ser habitual en España excepto en el caso del mismo Franco, Carrero era un hombre sumamente metódico, que asistía diariamente a misa en la misma iglesia del centro de Madrid, cerca de la embajada americana. El grupo ETA que ejecutó el asesinato alquiló un estrecho piso sótano en la calle de una sola dirección por la que su automóvil con chófer pasaba todas las mañanas después de misa en su camino al despacho de la Presidencia del Gobierno, en Castellana, 3, a no mucha distancia. Dedicaron diez días a perforar un túnel con un martillo neumático, excavando debajo del centro de la calle, directamente por donde debía pasar el coche. Esta operación creó un considerable ruido y escombros, pero el comando etarra se hizo pasar por escultores que estaban creando grandes obras de arte nuevas con técnicas mecánicas. El administrador del edificio de viviendas estaba también empleado por horas en la policía, pero no encontró nada extraño en sus actividades peculiares, todo lo cual fue una demostración más del poco estricto control policial durante los últimos años de la vida de Franco. Un circuito eléctrico les permitió provocar una enorme explosión justamente debajo del vehículo de Carrero, cuando recorría lentamente la calle en la mañana del día 20, creando un impresionante boquete en el pavimento y lanzando el coche del presidente al aire, hasta rebasar el tejado de la cuarta planta de la iglesia y residencia de los jesuitas, que estaba al otro lado de la calle, con el conductor, el policía de escolta y el pasajero todavía físicamente íntegros, pero todos muertos.

Este hecho creó la más grave crisis gubernamental de la historia del régimen de Franco, aunque la situación en las horas inmediatas permanecía tranquila. Las ceremonias de inhumación del 22 de diciembre no estuvieron bien organizadas. Franco, que recibió la noticia del asesinato con su habitual calma helada, estaba enfermo con un resfriado y estuvo representado por don Juan Carlos. Asistieron no más de 20.000 personas, aunque grupos de ultras gritaron «Ejército al poder» y saludaron al presidente reformista de la Conferencia Episcopal, cardenal Enrique y Tarancón, con gritos de «Tarancón al paredón». El servicio funerario formal tuvo lugar un día después y, en esta ocasión, un envejecido Franco se hundió durante un momento en los brazos del cardenal arzobispo, llorando desconsoladamente por la pérdida de su colaborador más íntimo y de más confianza.

8

La muerte de Franco

El asesinato interrumpió la continuidad planificada por Franco, como era su intención. Debía encontrarse a un nuevo primer ministro, y sin embargo, no había nadie que pudiera ocupar el lugar de Carrero Blanco en el pensamiento del Generalísimo, que se fiaba más de la selección y la continuidad del personal que del papel de las instituciones, aunque fuesen instituciones diseñadas por el mismo Franco. Las funciones de presidente del gobierno pasaron al vicepresidente, el enigmático Fernández Miranda, de cara de búho, cuyo rostro de brujo reflejaba el complejo papel que representaba en los asuntos del régimen. Durante la crisis inmediata actuó con calma y prudencia, tranquilizando a las instituciones oficiales y al público en general. Había sido leal tanto para Franco como para Carrero Blanco, pero era plenamente consciente de que una dictadura inmovilista tenía muy poco futuro. A Carrero Blanco le había gustado su inteligencia, discreción y habilidad política, pero el futuro estaba en Don Juan Carlos y en la sucesión. Esto es lo que formaba el horizonte político de Fernández Miranda hacia finales de 1973, aunque mantendría la lealtad a Franco mientras vivió el Generalísimo.

La elección del sucesor de Carrero Blanco debía ser, como se comprobó después, la última decisión importante de Franco. Nunca había mantenido relaciones estrechas con Fernández Miranda y sentía cierta oposición al presidente en funciones por la independencia y las tendencias aperturistas, por limitadas que fuesen, del mismo. Además, toda la vieja guardia del régimen se mostraba unánime en su oposición a este nombramiento, mientras que los elementos más moderados lo encontraban frío, abstracto, antipático y carente de atractivo popular o capacidad para un nuevo liderazgo, en oposición a la capacidad manipulativa y administrativa. La primera preferencia de Franco fue, al parecer, la del almirante Pedro Nieto Antúnez, un regencialista importante como ministro de Marina en los años sesenta, pero más flexible y moderado que los ultras de la extrema derecha. Era también gallego y mantenía cierta amistad personal con el Caudillo. No obstante, Nieto Antúnez tenía setenta y cinco años y, contrariamente a las austeras figuras militares de Carrero Blanco y Muñoz Grandes, se encontraba metido de lleno en empresas comerciales y difícilmente podría presentar una imagen de abnegación. Por otra parte, tenía la oposición de ciertos grupos militares.

Durante la última semana de 1973, Franco estuvo enfermo de gripe y, a pesar de su optimismo normal, deprimido por la enfermedad y el asesinato de su íntimo colaborador. Algunos rumores sostuvieron que, en aquel momento, doña Carmen y otros miembros de su círculo personal (como su médico, su ayudante, el capitán de la Armada Antonio Ucelay y el general Gavilán, subjefe de su casa militar) intervinieron en lo que posiblemente fue la única intriga importante de la camarilla del régimen para presionar a Franco a que aceptara su propio candidato, el ministro de la Gobernación Carlos Arias Navarro. Es posible que esto sea una simplificación excesiva de lo que realmente ocurrió. Vicente Gil, su médico, ha afirmado después que el Caudillo se encontraba angustiado e inseguro. En efecto, incluso desde que Carrero pasó a ser vicepresidente en 1967, habían aumentado las dudas en su mente, y no se encontraba ya en condiciones de evaluar con toda claridad el futuro político. Por último, en la mañana del 28 de diciembre, se decidió por Arias Navarro.

Se trataba de una elección cuestionable, ya que la experiencia fundamental de Arias había sido en la administración local y en la policía, y su ministerio no había conseguido mantener un nivel adecuado de seguridad que impidiera el reciente magnicidio. Sus logros más positivos habían sido una administración relativamente positiva como alcalde de Madrid en los decenios anteriores, en los que fueron reconstruidas vías de circulación. No obstante, Arias había cultivado siempre cuidadosamente a la familia de Franco, y su mujer se llevaba muy bien con doña Carmen y con Pilar, la hermana del Caudillo. Su lealtad era incuestionable y, al contrario de lo que ocurría con Nieto, estaba todavía en edad activa. Franco, pues, dio instrucciones al Consejo del Reino para que incluyera a Arias entre los tres nombres en la terna que debía serle presentada esa tarde, y los miembros del consejo añadieron los de otros dos veteranos del Movimiento.

El gobierno de Arias Navarro, que fue anunciado el 3 de enero de 1974, sería el último gobierno de Franco y supuso un profundo cambio de personal, conservando sus carteras sólo un tercio de los ministros de Carrero Blanco. Estaba compuesto en gran parte por los restos del núcleo burocrático del régimen, apoyándose Arias especialmente en los altos funcionarios de su propio Ministerio de la Gobernación, el mayor de los ministerios españoles. Fue el primer gabinete formado exclusivamente por civiles (a excepción de los ministros militares) de la historia de los gobiernos de Franco. Desaparecieron los miembros del Opus Dei (aunque Franco al parecer habría preferido conservar a López Rodó). Por su parte, Franco sólo nombró a los tres miembros militares y al nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina Mauri (importante miembro del cuerpo diplomático español). Mientras que Carrero Blanco había cumplido al menos el trámite de consultar con Juan Carlos cuando preparaba su gobierno, Arias Navarro ignoró totalmente al Príncipe de España y, con una sola excepción, no incluyó a nadie que tuviese una identidad abiertamente monárquica. Así, el nuevo gobierno tenía muy poco aspecto de aperturismo y parecía destinado a preparar el velatorio de Franco.

No obstante, este aspecto exterior era engañoso, ya que la mayoría de sus miembros eran burócratas, con un cierto grado de pragmatismo. Los dos asesores principales de Arias —Antonio Carro Martínez (ministro subsecretario de la Presidencia) y Pío Cabanillas (ministro de Información y Turismo)— consiguieron muy pronto convencerlo de que debía acelerarse el ritmo del aperturismo. Así, en su primer discurso público importante del 12 de febrero de 1974, Arias declaró que «en razón de circunstancias históricas de excepción, el consenso nacional en torno a Franco se expresa en forma de adhesión. El consenso nacional en torno al régimen, en el futuro, habrá de expresarse en forma de participación», y prometió una serie de reformas liberalizadoras, incluida la preparación de una nueva ley que regulara el derecho de asociación a fin de, como se expresaba en el tortuoso lenguaje del régimen, «promover la ordenada concurrencia de criterios…»[141], es decir, la expresión de los puntos de vista políticos.

De los ministros de Arias, Cabanillas fue el que tuvo, con mucho, el impacto más inmediato. Lanzó una fuerte campaña para presentar a Arias como la encarnación del reformismo ilustrado y un moderno conservador interesado por la auténtica apertura. Y, lo que fue más importante, Cabanillas eliminó prácticamente lo que quedaba de la censura general en España, excepto en lo que se refería a una crítica directa a Franco y al gobierno. Con Ricardo de la Cierva como director general de Cultura Popular, la oficina encargada de las directrices sobre publicaciones, el Ministerio de la Gobernación dejó en gran medida de perseguir o restringir de otro modo a los editores, quienes empezaron a adoptar posturas cada vez más abiertas. La censura empezó a dejarse cada vez más frecuentemente al sentido de prudente restricción que seguía existiendo o a la iniciativa de cada fiscal individual dentro del sistema de justicia. Este último no tenía personal suficiente para tratar las minucias de la importante y variada industria de la edición de España, aunque ocasionalmente seguía multándose o denunciándose a editores individuales. Así, 1974 se convirtió en el año del gran «destape», cuando la aparición de los desnudos en publicaciones populares superó con mucho incluso el aumento de la discusión política.

El invierno de 1973-1974 terminó con dos nuevas causas célebres. La primera fue provocada por el nuevo obispo de Bilbao, Antonio Añoveros. Influenciado por su vicario general nacionalista vasco, el 24 de febrero de 1974 pronunció un sermón sobre la aplicación de las normas religiosas a la sociedad que, en uno de sus puntos, pedía libertad cultural para los vascos y un cambio en la política del gobierno sobre los derechos de las regiones. Esto se expresaba en un lenguaje vago y casi esopiano pero fue leído en más del 90 por 100 de las iglesias de la diócesis. Produjo la orden inmediata del gobierno de arresto domiciliario, y Arias llegó incluso a enviar un avión a Bilbao para que los sacara del país en dirección al exilio. Mientras tanto, la comisión permanente de la Conferencia Episcopal se reunió en Madrid, pidiendo algunos de sus miembros la preparación urgente de artículos de excomunión contra los principales responsables del gobierno. Cabanillas hizo lo posible por tranquilizar a Arias mientras que el mismo Franco, que a pesar de su debilidad continuaba reuniéndose casi todas las semanas con el gobierno, intervino para vetar cualquier acción drástica. Esto estaba totalmente de acuerdo con las prioridades del Generalísimo, quien afirmaba haber aconsejado a Perón, en el momento de la crisis Iglesia—Estado de Argentina de 1955: «Juan Domingo, tenga paciencia, procure llegar a un acuerdo, piense que la Iglesia es eterna y nuestros regímenes son pasajeros»[142]. Tarancón, siempre sensato, dispuso entonces que Añoveros saliera para unas largas vacaciones, abortando así la crisis.

Este hecho fue seguido, el 2 de marzo, por la ejecución de Salvador Puig Antich, un joven anarquista catalán de buena familia, que había sido convicto de asesinar a un policía cuando se resistía a ser detenido, y por la ejecución de un delincuente común de origen polaco que había asesinado a un Guardia Civil. Se organizó una campaña internacional para la conmutación de la pena de muerte del primero de ambos, pero Franco se mostró implacable en esta ocasión, sólo las ejecuciones segunda y tercera realizadas en España en ocho años. La muerte de Puig Antich despertó una fuerte conmoción y alteraciones del orden público en Cataluña, en donde se interpretó como un castigo simbólico de las aspiraciones catalanistas. El alboroto provocado por el asunto Añoveros y por la ejecución de Puig Antich empañó seriamente la nueva imagen de la Administración Arias como gobierno reformista. Mientras tanto, pasaron meses en los que hubo muy poco progreso hacia la legislación prometida, excepto un esbozo preliminar de un nuevo anteproyecto sobre la administración local.

El 24 de abril estalló de repente la revolución portuguesa, derribando dramáticamente, aunque de forma casi incruenta, el más antiguo régimen autoritario del mundo occidental. La caída del régimen portugués fue el resultado de una prolongada guerra colonial en África, un conflicto del que Franco había siempre separado cuidadosamente su propio régimen. No obstante, el Estado Novo portugués había protegido siempre el flanco occidental del régimen español; su derrocamiento no podía menos que animar a todos los que buscaban un cambio fundamental en España. La principal diferencia entre la situación política de ambos países era que los militares españoles no habían sido socavados por la prolongada lucha colonial y seguían siendo leales a Franco. La revolución, empero, fomentó un creciente conservadurismo en la política militar española, especialmente frente a los nuevos nombramientos y ascensos, y algunos de los organismos de la inteligencia oficial aumentaron su control de las opiniones y actividades dentro de los cuadros de oficiales de las fuerzas armadas españolas.

Aunque la política española respecto a Portugal siguió generalmente el curso moderado adoptado por los Estados Unidos, el desarrollo posterior de los acontecimientos, en el que algunos de los oficiales promovieron una revolución semisocialista, fue desconcertante para Franco. Se dice que comentó: «¿Qué puede esperarse de un ejército que se deja dirigir por su intendencia?», haciendo referencia al hecho de que el Movimiento de las Forças Armadas portugués se basaba en ciertos oficiales de las guarniciones del país y en responsables de los suministros y transporte. Aún peor fue la ola de comentarios favorables que aparecieron en la prensa española en relación con la revolución de Portugal, que, según se quejó Franco, equivalía a una «campaña de prensa al revés»[143].

Más tarde, al ocurrir la abortada «revuelta de Tancos» de marzo de 1975, que ayudó a provocar la fase más radical de la revolución, el vencido general portugués Spinola pidió la intervención española bajo los términos de defensa mutua del antiguo Pacto Ibérico. Franco se negó prudentemente, declarando que, anteriormente, el gobierno portugués había de hecho anulado el Pacto. Tampoco se concedió asilo en la embajada española a las figuras conservadoras, ya que si hubiese sido atacada por grupos radicales, el gobierno español no habría tenido más opción, según Franco, que la de enviar a tropas de paracaidistas, haciendo que los dos países entraran prácticamente en guerra.

El 9 de julio, Franco sufrió un ataque de tromboflebitis, a causa según parece de la rozadura producida en un pie por las apretadas y rígidas botas de piel negra del Ejército que había llevado durante muchos años, dando lugar a un absceso debajo de un callo. Obligado a hospitalizarse (precisamente en el Hospital Francisco Franco), estudió la posibilidad de entregar los poderes en funciones de jefe de Estado a Juan Carlos, quien no se mostró excesivamente dispuesto a aceptarlo. El Príncipe temía quedar comprometido por haber actuado temporalmente como jefe de Estado bajo el sistema de Franco sin plena autoridad propia, y le dijo al Caudillo que no deseaba que se pensara que tenía prisa o que intentaba dejar a un lado a Franco. Se comentó que la respuesta de este último fue que había pocas alternativas, ya que éste podría ser tal vez su fin. El 19 de julio, sufrió una hemorragia, y Juan Carlos asumió el cargo, pero, a finales del mes Franco se había recuperado y había vuelto a su residencia de El Pardo. Juan Carlos presidió su primera reunión del gobierno allí a comienzos de agosto y más tarde, el 30 de agosto, presidió una segunda reunión del gabinete en la residencia de verano de Franco, el pazo de Meirás, en Galicia.

Todo ese mes fue un período de intensa especulación entre todo tipo de conversaciones políticas, incluidas algunas que empezaban a tomar la forma de una conspiración virtual. La posición más atrevida fue la adelantada por Cabanillas, quien sostuvo que la única manera responsable de actuar era proceder directamente a la coronación de Juan Carlos y a su investidura de los poderes plenos, aunque Franco siguiera vivo. Arias Navarro se sintió preso de dudas angustiosas. Mientras la oposición política intentaba presionar a don Juan, el padre de Juan Carlos, a que tomara una posición firme a favor de una rotura completa del régimen que podía servir para la defensa de su propia candidatura al trono, el yerno de Franco, el cirujano y playboy marqués de Villaverde, intentaba ocupar el papel de cabeza de familia y actuar como lugarteniente de Franco. Viajó a Málaga para consultar a José Antonio Girón, líder de los ultras falangistas, sobre el mejor medio para desbaratar los planes que preparaba el gobierno y animó a Franco, que parecía recuperarse ya rápidamente, a que volviera a hacerse cargo del poder lo antes posible.

Según algunos informes, durante la reunión del gobierno del 30 de agosto, Cabanillas y otros dos defensores de la apertura pertenecientes al gobierno se pusieron de acuerdo en dimitir si Franco volvía a recuperar el poder. Arias Navarro no podía permitirse adoptar una u otra postura, pero parece que los leales del gobierno informaron a Franco de la situación, y Villaverde redobló su insistencia ante el suegro. Parece que Franco fue estimulado aún más para recuperar lo antes posible el control por un informe (posiblemente deformado) sobre una presunta conversación telefónica entre el Príncipe y su padre a mediados de julio, poco después de que Franco fuese hospitalizado. Esto hizo que se despertaran de nuevo todas las sospechas de Franco. El 1 de septiembre, sólo dos días después de la última reunión del gabinete, Franco llamó repentinamente a Arias Navarro para declarar que estaba «curado» y que se haría cargo de nuevo del poder. Esto tuvo lugar oficialmente el 3 de septiembre, siendo Juan Carlos simplemente informado del hecho antes de que apareciera en los periódicos. Para sus íntimos, Franco justificó su precipitado regreso por la nueva crisis diplomática que había surgido con Marruecos en relación con el Sahara.

En algunos aspectos, esta primera enfermedad grave de la vejez de Franco hizo que apareciera el mejor lado de su carácter, ya que en general mostró paciencia, disciplina y un humor relativamente bueno durante toda la enfermedad y el período de recuperación que siguió. No obstante, tuvo que ser sometido a considerables sesiones de terapia para poder recuperar un poco de salud, ya que se había sentido deprimido en mitad de la enfermedad y durante algún tiempo parecía haber perdido las ganas de actuar. Tuvo que aprender a andar de nuevo más o menos normalmente y a mover los brazos a su estilo, y necesitó una práctica considerable para recuperar una articulación vocal razonable. La voz, que se le había estado debilitando durante varios años, no la recuperó del todo, pero hacia mediados del otoño, Franco había conseguido de cualquier modo una recuperación asombrosa, manteniendo sus entrevistas diarias y reanudando incluso su afición favorita, la caza, aunque en escala muy reducida.

Mientras tanto, la oposición política se había hecho cada vez más activa, y 1974 llegaría a marcar un récord como el año de mayor número de huelgas de la historia española hasta esa fecha (con la posible excepción de 1936). La sensación de finales del verano fue un espantoso acto terrorista, la colocación de una bomba en una cafetería, la cafetería Rolando, situada frente a la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol madrileña. La explosión de esta cafetería llena de público, frecuentada por policías y empleados del Ministerio de la Gobernación, provocó doce muertos y ochenta heridos. Uno de los que murieron fue una empleada de la policía, de edad avanzada, mientras que trece de los heridos eran empleados de la policía. El ataque lo realizó un comando de ETA de dos miembros, con ayuda de cómplices comunistas (estos últimos totalmente desautorizados por los líderes del Partido Comunista).

Franco actuó finalmente cuando terminaba octubre para hacer más riguroso el gobierno, e intervino directamente ordenando a Arias que destituyera a Cabanillas por su política de información y su relajación de la censura. Esta destitución precipitó, a su vez, la dimisión de varios de los aliados de Cabanillas, como Barrera de Irimo, ministro de Hacienda, y Ricardo de la Cierva.

Arias Navarro se encontraba ahora entre la espada y la pared. Mientras que la política oficial se hacía más rígida en algunos campos, intentaba salvar parte de su programa llevando adelante la propuesta de las asociaciones políticas. No obstante, Franco consideró que el proyecto que le fue entregado el 14 de noviembre era demasiado liberal, y eliminó sus características fundamentales para colocar las asociaciones firmemente bajo el control del Movimiento, anulando prácticamente la propuesta. Esto permitió que José Utrera Molina, el nuevo ministro-secretario del Movimiento, presentara una propuesta diferente que había sido desarrollada por un comité del Consejo Nacional. Arias había intentado sustituir a Utrera en el momento de la destitución de Cabanillas, pero Franco se opuso a ello, por lo que los aliados de Utrera pudieron presentar al Generalísimo la esencia de su nuevo borrador. Franco lo encontró aceptable y añadió sus puntos principales al proyecto original del gobierno. Eso abrió el camino a su aprobación por el Consejo Nacional el día 16 de diciembre, siendo promulgada la ley por Franco cinco días después y ratificada por las Cortes en enero de 1975.

El Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política resultante fue la última reforma política aprobada por Franco. Restringía cualquier nueva asociación política a la órbita ideológica y al control del Movimiento, pero no exigía técnicamente que los miembros de las asociaciones propuestas fuesen miembros del Movimiento. Se especificaban requisitos rígidos para cualquier asociación a fin de que pudiera ser aprobada, incluido el registro de 25.000 miembros en la mayoría de los casos. No se mencionaba ningún proceso electoral en el que pudieran participar.

Un crítico observó ajustadamente que «da la impresión de que con el decreto-ley se favorece sobre todo a la asociación de quienes no nos han dejado asociarnos»[144], y el sociólogo Salustiano del Campo motejó al nuevo programa de asociaciones de «un típico invento español». Ricardo de la Cierva escribió que, en el bienio transcurrido desde que Carrero Blanco se hizo presidente, «quizá lo que estamos logrando es la difícil tarea de acumular, juntas, todas las desventajas de los regímenes autoritarios y democráticos, sin que aparezcan claras las ventajas posibles de unos y otros»[145]. El búnker denunció agriamente la libertad de asociación propuesta como el comienzo de un sistema limitado de partidos políticos que modificaría totalmente la base del régimen, pero una serie de encuestas de la opinión pública realizadas entre 1969 y 1975 había dejado bien claro que, hacia 1975, una notable mayoría de españoles estaban a favor de un sistema parlamentario democrático.

No obstante, Franco impidió cualquier nueva apertura durante sus últimos meses, por temor a que se deshiciera todo su sistema. Hacia el final de su vida, el Caudillo seguía estando convencido de que la última esperanza de una «monarquía instaurada» se encontraba en un estricto mantenimiento de las instituciones del régimen, opinando privadamente en diciembre de 1974 que, si se celebrara un plebiscito, la monarquía por sí sola obtendría menos del 10 por 100 de los votos.

La segunda crisis del gobierno de Arias Navarro estalló el 20 de febrero de 1975, cuando el ministro de Trabajo dimitió por la presión de la derecha. Arias se mostró decidido a aprovechar la oportunidad para realizar el tipo de reorganización que habría preferido el mes de octubre anterior. Insistió igualmente en destituir al falangista Utrera Molina y a otro ministro ultra. Al principio, Franco se opuso de plano y la insistencia de Arias marcó otro hito en los anales del régimen. Permaneció firme y consiguió convencer a Franco de que el presidente debe tener la autoridad necesaria para reorganizar su propio gabinete, tal vez amenazando incluso con su dimisión. Cuando, el 5 de marzo, fue anunciado finalmente el nuevo gobierno, había sido reorganizado en una dirección más reformista, con el cambio de cinco ministros. El nuevo ministro-secretario del Movimiento representaba un notable cambio en la persona de Fernando Herrero Tejedor, vicesecretario general bajo Solís en los años sesenta, y más recientemente fiscal del Tribunal Supremo. Se trataba de la única figura importante del Movimiento que era al mismo tiempo miembro del Opus Dei y (con Fernández Miranda) uno de los contactos políticos de mayor confianza e influyentes de Juan Carlos, al mismo tiempo que un aperturista reconocido. Nombró como vicesecretario a su joven protegido, Adolfo Suárez, favorito durante algún tiempo de Carrero Blanco, cercano también al Príncipe y que, junto con Herrero, había estado entre el reducido número de figuras reformistas del régimen a las que Juan Carlos pidió el otoño anterior que le presentaran sus opiniones personales sobre una posible reforma fundamental o transformación del sistema. Franco aceptó el nombramiento de Herrero porque se sentía favorablemente impresionado por la honradez, capacidad y discreción del mismo, y especialmente por el informe oficial que había preparado sobre el asesinato de Carrero Blanco. Además, el Generalísimo sabía que Herrero no era uno de los incondicionales de Arias y equilibraría el nuevo gabinete. Herrero Tejedor subrayó su lealtad exigiendo a su lugarteniente Suárez que llevara la antigua camisa azul falangista que había pasado ya de moda.

Todo esto fue algo parecido a una pantalla de humo para esconder el hecho de que Herrero tenía puesta su mirada firmemente en la transición, tal vez con la ambición de convertirse en presidente del gobierno bajo Juan Carlos. Como ministro-secretario, una de sus funciones clave sería la de presidir la Comisión Permanente del Consejo Nacional, que tenía autoridad para aprobar las nuevas asociaciones políticas. Sus planes eran, al parecer, aprovechar al máximo las posibilidades de esta alternativa conocida, cuya pieza fundamental sería una nueva asociación centrista-reformista, la Unión del Pueblo Español (cuyo acrónimo era UDPE, para distinguirla de la UPE de Primo de Rivera). Parece que Herrero Tejedor estaba convencido de que un sistema de asociaciones podría proporcionar el vehículo para la transición a un sistema reformado bajo la monarquía.

No obstante, la estratagema asociacionista sólo obtuvo una respuesta limitada en el mejor de los casos durante la primavera y verano de 1975. Hacia septiembre, sólo se habían registrado formalmente ocho asociaciones, y de ellas únicamente la UDPE, dirigida entonces por Adolfo Suárez, tenía los 25.000 miembros exigidos. Seis de las ocho procedían de diversos sectores del Movimiento y sólo tres o cuatro como máximo defendían una reforma seria. Y ninguno de los grupos auténticos de la oposición presentó su solicitud, e incluso muchos reformistas moderados del seno del régimen o cercano a él se negaron a participar.

A este punto, se había iniciado ya un movimiento general entre los asociados entonces o anteriormente al régimen de Franco y a su administración para encontrar nuevas identidades. Se desarrolló una estampida tal, que Luis María Ansón, escritor monárquico, publicó un artículo titulado «Cobardía moral», que apareció en el ABC del 20 de mayo de 1975:

En la España política se escucha ahora, cada vez con más frecuencia, el balido interminable de los corderos y el estruendoso revoloteo de las gallinas. Hay también como un rumor de ratas que abandonan la nave del régimen. La cobardía moral se adueña día tras día de nuevos sectores de nuestra clase política. El espectáculo de miedo y el abandonismo es como para sentir vergüenza ajena.

… Me sube la vergüenza al rostro por esos otros franquistas y falangistas, por esos hombres del régimen, por esas gallinas del sistema que disimulan unas veces lo que fueron, reniegan de sus convicciones otras veces, se ciscan en los principios y en los símbolos con que medraron y se enriquecieron para apuntarse ahora al cambio y seguir en el futuro comiendo a dos carrillos. Hay quienes están dispuestos a proclamar el arrepentimiento más humillante con tal de conseguir una frase de elogio de esas revistas izquierdosas (sic) que imparten a su capricho credenciales democráticas o bendiciones rojas.

El potencial aperturista del gobierno del país sufrió una pérdida importante el 12 de junio, cuando Herrero Tejedor murió repentinamente en un accidente de tráfico. Aunque Arias sugirió su sustitución por otro reformista, Franco insistió en volver al veterano Solís Ruiz, quien volvió a ocupar su antiguo cargo durante los seis meses siguientes. Esta última fase de la vida de Franco estuvo desprovista en gran medida de nuevas reformas o cambios políticos.

Mientras tanto, sesenta de los procuradores en Cortes más ultras pidieron al jefe del Estado que prorrogara las Cortes actuales, elegidas en noviembre de 1971, y que debían ser cambiadas en el plazo de unos meses. El plan no contaba con el apoyo de la mayoría del gabinete, sino que fue ideado por el mismo Franco y por el presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez Valcárcel, quien temía que, incluso con el sistema existente, una elección pudiera producir cambios significativos, dejando fuera probablemente al mismo Rodríguez Valcárcel. Veterano de la vieja guardia del Movimiento, y orador especialmente retórico, su función de presidente de las Cortes sería crucial en cualquier transición, porque el puesto llevaba aparejada la presidencia del Consejo que debería proponer nombres concretos para nuevos presidentes del gobierno. El 1 de agosto se decretó oficialmente la prórroga de las Cortes actuales, con la excusa de que la presente legislatura tenía todavía mucho trabajo que completar. (De hecho, durante los seis años que Valcárcel actuó de presidente, las Cortes sólo habían estudiado 98 propuestas legislativas del ejecutivo, cuya gran mayoría habían sido aprobadas por unanimidad, mientras que el gobierno había promulgado 101 decretos-leyes.) El último año de la vida de Franco fue en España el más violento desde la época de la guerrilla de los maquis de los cuarenta, con ocho policías asesinados durante los ocho primeros meses del año. Sus funerales fueron ocasiones para manifestaciones semiviolentas del ala derechista, que insistía en que se tomaran medidas enérgicas. Grupos derechistas pusieron bombas en librerías izquierdistas, propinaron palizas a miembros de la oposición y llegaron incluso a iniciar uno o dos asaltos menores a los automóviles de ministros del gobierno.

En agosto se impuso una nueva y más dura ley antiterrorista, que restauraba los procedimientos sumarísimos ante los tribunales militares y la obligación de la pena de muerte por el asesinato de miembros de los cuerpos de seguridad. Se aplicó entonces con efecto retroactivo a las causas de once revolucionarios de ETA y el FRAP, convictos de responsabilidad por las muertes de tres policías. Esto provocó la mayor campaña internacional en muchos años contra el régimen por parte de grupos izquierdistas de la Europa occidental. El papa Pablo Vi mostró un extraordinario interés por la suerte de los condenados, pidiendo dos veces la conmutación de la sentencia. Tanto don Juan como el príncipe Juan Carlos presentaron la misma petición, al igual que Nicolás, el anciano y enfermo hermano del Generalísimo, que era en ese momento el miembro vivo de más edad de la familia Franco[146]. Cinco años antes, Franco había conmutado la pena máxima de un grupo de activistas de ETA condenados, al parecer a petición del gabinete, pero en septiembre de 1975, él y las figuras más intransigentes del gobierno consideraron necesario, ante el aumento de actividad de la oposición, apoyar la reciente ley antiterrorista. Franco conmutó la sentencia de seis de los condenados, pero cinco fueron ejecutados el 27 de septiembre. Esto provocó la organización de manifestaciones masivas y emotivas contra el régimen en muchas ciudades europeas, presididas al menos en dos ocasiones por primeros ministros. Las oficinas de turismo, los bancos y consulados españoles fueron asaltados, y la antigua embajada de Lisboa resultó parcialmente destrozada.

Al final, Franco afirmó no sentirse conmovido ni perturbado, y sin embargo, la tensión del mes de septiembre se cobró su peaje. Había entrado en un estado de agitación creciente y, durante algunos días, escasamente podía dormir. Esta tensión fue probablemente un factor fundamental para la aparición de su enfermedad fatal del siguiente mes. El 1 de octubre de 1975, la multitud habitual se reunió en la plaza de Oriente para aclamarle en el trigésimo noveno aniversario de su elevación al poder, el último que celebraría. Adolfo Suárez y otros líderes de la asociación UDPE se encontraban entre la multitud. El Caudillo expresó su habitual satisfacción desdeñosa, declarando que «todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica-izquierdista de la clase política, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece», y concluyendo que «evidentemente, el ser español vuelve a ser hoy una cosa seria en el mundo. ¡Arriba España!»[147]. Aunque las palabras no hacían más que repetir sus ideas fijas estándar, había desaparecido ese aplomo helado de épocas anteriores, ya que la voz de Franco era excepcionalmente débil, y su expresión triste y llorosa. Durante un instante, pareció incluso que iba a caer gimoteando en los brazos de Juan Carlos (que estaba de pie tras él), como ocurrió con Tarancón en el funeral de Carrero Blanco. Ese mismo día, cuatro policías fueron asesinados en diferentes partes de Madrid por una nueva organización terrorista llamada GRAPO, y varios más murieron cuatro días después.

Aunque fatigado, envejecido y deprimido, Franco no soltaría las riendas mientras pudiera respirar. Aunque comprendía que Juan Carlos habría de introducir cambios, seguía esperando que pudieran sobrevivir algunas de las instituciones más básicas del régimen. Durante esos últimos días, Adolfo Suárez acudió a El Pardo para informar sobre el progreso de su nueva asociación política. Llevándolo aparte, Franco pidió a Suárez si pensaba que el Movimiento podía sobrevivir «después de la muerte del general Franco» (hablando de sí mismo en tercera persona). El joven político contestó que creía que no. Franco preguntó entonces si Suárez pensaba que el futuro de España era «inevitablemente democrático», según expresión propia, y, después de recibir una respuesta afirmativa, no dijo más[148].

La última aparición pública de Franco tuvo lugar el 12 de octubre, el día de la Hispanidad, en una ceremonia celebrada en el Instituto de Cultura Hispánica, presidida por su nieto político, Alfonso de Borbón (duque de Cádiz). El primer informe hecho público dos días después y que aludía a un nuevo declive de su salud, indicaba que sufría un simple resfriado. En aquel momento, su yerno, el marqués de Villaverde (que recientemente había sufrido rotura de la nariz en un altercado con un holandés en un night-club de Marbella), acudió para supervisar las operaciones en nombre de la familia y llamó al doctor Pozuelo, el nuevo médico que había atendido a Franco durante la enfermedad del año anterior. El 16 de octubre, el Tribunal de Justicia Internacional falló a favor de la independencia del Sahara español, mientras que el rey Hassan de Marruecos amenazó con una marcha en masa de sus propios ciudadanos para ocupar ese territorio. Al día siguiente, Franco presidió una reunión del consejo de ministros cubierto de electrodos conectados a una máquina de control vigilada por los médicos en una sala adyacente. Cuando oyó el último informe sobre Marruecos, sufrió inmediatamente un leve infarto coronario; había sufrido otro algunos días antes.

Franco se sintió débil y enfermo después de despertarse el 18 de octubre, y se sentó de inmediato para redactar el testamento final al pueblo español, para ser leído después de su muerte. Villaverde informó al presidente Arias que había llegado el momento de que Juan Carlos asumiera una vez más las funciones de jefe del Estado, pero, cuando se le notificó, el Príncipe respondió astutamente que sólo lo haría si Franco firmaba un acuerdo ratificando la sucesión y transferencia definitiva de poderes. No tenía intención de someterse de nuevo a la indignidad casi cómica del verano de 1974. Arias Navarro, con el temor de tener que llegar demasiado lejos, no podía obtener ese acuerdo, y el 19 de octubre se anunció simplemente que Franco tenía gripe.

En ese momento, el gobierno marroquí anunció su disposición para lanzar la «Marcha Verde», el movimiento en masa de más de cien mil civiles (incluidos no pocos extranjeros a la búsqueda de emociones) que atravesaría la frontera sur y entraría en el Sahara. El 21 de octubre, Solís Ruiz, el ministro del Movimiento, fue enviado a Rabat para hablar con Hassan, el cual aceptó celebrar negociaciones bilaterales. Esa noche se anunció en Madrid por primera vez que Franco sufría una afección coronaria.

Sus síntomas parecieron mejorar al día siguiente, pero hacia el 23 había empeorado de forma palpable. Villaverde intentó, por lo tanto, convencer a Juan Carlos que acudiera a El Pardo para que, junto con Arias y los médicos, convencieran a Franco para que transmitiera formalmente sus poderes. Aconsejado por López Rodó que no aceptara, el Príncipe se negó. Durante la semana siguiente, el estado de Franco empeoró aún más, con una grave hemorragia gástrica y edema pulmonar añadidos a su enfermedad.

El 21 de octubre empezó la evacuación del Sahara de los civiles españoles, aunque al siguiente día el gobierno argelino advirtió a Madrid que la entrega del Sahara a Marruecos constituiría un acto bélico. Esto hizo que la tensión internacional subiera al máximo, y Franco, convencido de que moriría pronto, ordenó el día 30 la ejecución del artículo 11 de la Ley Orgánica, por el que Juan Carlos asumiría una vez más las funciones provisionales. Entonces, el Príncipe presidió por primera vez una reunión del gabinete en su propia residencia, la Zarzuela, y el 2 de noviembre pilotó su propio avión al Sahara, para elevar la moral de las tropas españolas. Dado que el gobierno español aún no había cedido, la Marcha Verde se inició oficialmente el 6 de noviembre y avanzó unos tres mil kilómetros por el Sahara español, ante unas tropas españolas naturalmente no dispuestas a disparar a una gran masa de civiles. Tres días después, antes de que los integrantes de la marcha pudieran sufrir la desgracia de entrar en un campo minado por los españoles, Hassan dio la orden de retirada y se reanudaron negociaciones bilaterales. El 14 de noviembre, se acordó que España se retiraría del Sahara para el 28 de febrero de 1976.

Nunca fueron tan necesarios el estoicismo y la disciplina personal de Franco que durante su agonía. Durante semanas, el sufrimiento fue intenso, ya que una enfermedad se unía a las demás. En un cierto momento, después de quedar casi asfixiado por un coágulo de sangre en la faringe, se le escuchó decir: «Dios mío, cuánto cuesta morirse». El 3 de noviembre, al hacerse incontrolable la hemorragia gástrica, fue sometido a una operación de emergencia en El Pardo. La operación exigió siete litros de transfusión de sangre, y provocó una nueva observación del anciano estoico: «¡Qué duro es esto!» Aparecieron también síntomas de tromboflebitis e insuficiencia renal parcial. La reaparición de hemorragias masivas exigió finalmente su evacuación a un hospital el día 7, en donde una segunda operación permitió la retirada de gran parte del estómago, extirpándosele once úlceras y exigiendo otra transfusión de seis litros de sangre. A partir de este momento, el Caudillo fue mantenido sedado y difícilmente podía hablar. Hacia el 14 de noviembre, se rompieron las suturas de la última operación y aparecieron nuevos signos de grave degeneración, que exigieron una tercera y última operación.

Se olvida a menudo que, independientemente del deseo natural de la familia, los médicos y los más íntimos seguidores de Franco por salvar su vida, había un objetivo inmediato en prolongar su vida durante algunas semanas. El 26 de noviembre terminaría el período de Rodríguez Valcárcel como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Si Franco hubiera podido recuperar el poder para esa fecha, ratificaría a Valcárcel para un segundo período, y garantizaría así que el Consejo del Reino, que controlaba el nombramiento de los futuros presidentes del gobierno, permaneciera bajo un control franquista fiable. Aunque Franco muriera poco después, sin la cooperación del Consejo del Reino habría sido muy difícil para Juan Carlos inaugurar una política diferente o nombrar a un primer ministro más auténticamente reformista. Pero sin una recuperación de Franco, muy pronto sería elegido un nuevo presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, facilitándose así notablemente las opciones de Juan Carlos para un cambio profundo.

Las fuerzas de seguridad empezaron a llevar a la práctica la primera fase del «Plan Lucero», el plan de contingencia para garantizar la seguridad del régimen durante la transición. Los jefes de la oposición izquierdista, especialmente los comunistas, empezaron a ser encerrados como medida preventiva, mientras que grupos ultras amenazaban públicamente a los líderes de la oposición en escala mucho más amplia.

En toda España se realizaron gestos religiosos de todo tipo. Desde provincias se enviaban reliquias sagradas que se unieran al brazo petrificado de Santa Teresa, la principal reliquia personal de Franco desde la guerra civil, que estaba junto a su cama. Mientras tanto, según algunos informes, se agotaron varias veces los suministros de champán en las oficinas centrales de los partidos de la oposición en el exilio en Francia, en donde las noticias sucesivas del empeoramiento de Franco provocaron varias celebraciones prematuras. Durante las dos últimas semanas, Franco se mantuvo suspendido entre la vida y la muerte como una especie de hombre mecánico, lleno de tubos fijados a máquinas médicas. Después de la tercera operación, su hija Carmencita sugirió que se suspendieran los procedimientos artificiales, y que se dejara morir de forma natural y pacífica al viejo soldado. Durante los diez últimos días, Franco estaba prácticamente inconsciente y, al final, sólo pesaba 40 kilos, después de haber recibido 70 litros de sangre. Por último, cuando el día 19 se le retiraron todos los sistemas que mantenían artificialmente su vida, expiró el día 20 de noviembre (el aniversario de la ejecución de José Antonio Primo de Rivera), catorce días antes de su octogésimo tercer cumpleaños. El informe médico final de la causa de la muerte dice, como si se tratara de un diccionario médico: «enfermedad de Parkinson, cardiopatía, úlcera digestiva aguda recurrente con hemorragias masivas repetidas, peritonitis bacteriana, insuficiencia renal aguda, tromboflebitis, neumonía bronquial, choque endotóxico y paro cardiaco».

A las diez de esa mañana, Arias anunció la muerte de Franco por la radio y televisión nacional y leyó el mensaje de despedida al pueblo español que Franco había escrito unas semanas antes. Se trataba de un documento simple y sincero que expresaba sus creencias y sentimientos básicos, y empezaba con una declaración de fe religiosa: «Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro, y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir». El testamento invocaba un fuerte espíritu de patriotismo —«España, a la que amo hasta el último momento de mi vida que ya es próximo»— y urgía a los ciudadanos españoles a que prestaran su apoyo y lealtad al Rey Juan Carlos y convirtieran igualmente la «justicia social» en su «primordial objetivo». Pedía perdón a todos y perdonaba a todos sus enemigos, aunque proclamaba ingenuamente: «creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España». Advertía igualmente que «los enemigos de España y la civilización cristiana están alerta», y al final imploraba: «Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la Patria».

Centenares de miles de personas pasaron ante su túmulo en Madrid, permaneciendo expuesto los días 21-22 de noviembre. Según una encuesta de opinión pública, el 80 por 100 de los encuestados calificaba su muerte como una pérdida, pero el 90 por 100 declaraba su opinión positiva sobre la sucesión de Don Juan Carlos, quien el día 2 prestaba juramento como rey de España. Al día siguiente de la última gran manifestación de la tradicional ideología nacional-católica española fue llevado a su último descanso en el grande pero austero mausoleo que él mismo había construido en el Valle de los Caídos.

9

Conclusión.
El lugar de Franco en la historia

Durante su vida y después de ella, los numerosos enemigos de Franco le acusaron del más craso egoísmo y oportunismo, afirmando que había permanecido tan tercamente en el poder por razones fundamentalmente de orgullo personal, y que carecía de principios fijos o ideología. Además, como prueba de este aparente oportunismo podían señalar las modificaciones de su régimen y los cambios de política. Por el contrario, incluso sus enemigos tenían que conceder que los dos puntos fundamentales de su prolongada ocupación del poder habían sido, en primer lugar, mantener a España fuera de la segunda guerra mundial y, en segundo, haber presidido la increíble prosperidad de los años 1961-1975. Algunos de sus detractores reconocían su diplomacia con Hitler, aunque se consideraba generalmente que la prosperidad y modernización que siguió más tarde fue, por lo que a Franco se refería, en gran parte fortuita, o más el resultado del cambio de su política o de la fuerza de circunstancias exteriores que el producto de programa alguno o estrategia conscientes por su parte. Esto dejó en última instancia abierta la cuestión sobre si Franco tenía algún plan o ideología coherente que no fuera el conservar el poder personal a toda costa.

Franco ciertamente nunca definió en teoría una ideología formal perfectamente delineada comparable a cualquiera de las principales ideologías políticas del siglo XX, pero parece indudable que poseyó siempre un conjunto fundamental de creencias cuyas prioridades y valores básicos cambiaron muy poco. Sus actitudes políticas se derivaron en cierta medida de sus antecedentes católico y militar, pero sólo adquirieron plena forma durante los diez años transcurridos entre 1926 y 1936, la época en que se concentraron la mayor parte de sus lecturas políticas y económicas. Creía en el nacionalismo, la unidad central, la religión católica, un gobierno fuerte y autoritario sin partidos políticos y un programa de desarrollo económico moderno, determinado en la máxima medida posible por prioridades políticas y nacionalistas, con la reforma social como producto secundario del desarrollo económico. El nacionalismo de Franco hundía sus raíces en la tradición española, algunos de cuyos aspectos veneraba. Era fundamentalmente monárquico en cuanto a principios políticos, aunque se sintió también tentado por algunas de las ambiciones más radicales del fascismo antes de 1943, tentación a la que nunca sucumbió del todo.

Como la mayoría de los principales actores políticos, Franco utilizó básicamente las ideas de otros. El eclecticismo de la coalición autoritaria que estableció durante la guerra civil no era simplemente cuestión de oportunismo, ya que compartía, en cierto grado, algunas de las ideas fundamentales de cada una de las principales políticas del régimen, mientras que rechazaba el conjunto total de ideas de cualquiera de ellas. De los monárquicos aceptaba el principio de la legitimidad monárquica, pero lo replanteaba totalmente a fin de adaptárselo a él mismo. Compartía el nacionalismo y, en cierta medida, el imperialismo de los falangistas, junto con su existencia en un gobierno autoritario y la forma, si no toda la esencia, de su política social y económica. Alababa el tradicionalismo carlista, el catolicismo y la defensa de la monarquía tradicional, al mismo tiempo que rechazaba la política dinástica car lista. Creía en el sentido militar del patriotismo y la seguridad nacional, junto con la función elitista de jefes y oficiales, pero rechazaba cualquier noción de función militar corporativa que diera a las fuerzas armadas independencia institucional. En muchos aspectos, el programa radical derechista definido por José Calvo Sotelo entre 1933 y 1936 anticipaba en su mayor parte las líneas directrices del régimen, aunque no hay indicación alguna de que Franco siguiera conscientemente de forma sistemática ese modelo particular, y rechazó la legitimidad dinástica directa apoyada por algunos de los principales colaboradores de Calvo Sotelo.

Se ha observado frecuentemente que el pensamiento de Franco se definía tanto por aquello a lo que se oponía como por lo que defendía. Estaba firmemente convencido de que en España no podía servir el sistema de partidos parlamentarios, pero se oponía igualmente al marxismo, al liberalismo cultural (la masonería), el laicismo, el materialismo y el internacionalismo. Parece que nunca dejó de tener ciertos prejuicios sobre la apertura de la política económica después de 1959, por muy gratificante que fueran sus logros técnicos inmediatos.

La dictadura de Primo de Rivera marcó fundamentalmente su pensamiento y, en muchos aspectos, Franco se consideró siempre como continuador de esa misma política, al tiempo que evitaba el error básico de Primo de Rivera de no institucionalizar un régimen nacionalista autoritario. El trauma de la guerra civil proporcionó a Franco una oportunidad excepcional y, desde su propio punto de vista, creó una legitimidad fundamental propia, puesto que, como dejó bien claro en su correspondencia con el conde de Barcelona durante 1944-1945, creía en un «derecho de conquista» quintaesencial no muy diferente del de un conquistador del siglo XVI. Al mismo tiempo, era suficientemente sofisticado como para comprender que esta idea era demasiado dura para ser aceptada por el público y podía ser fácilmente utilizada contra él, por lo que sus pronunciamientos en público se basaban en la unidad y el apoyo común para lograr la victoria.

La analogía histórica más reciente con la forma franquista de caudillaje sería la monarquía electiva pero absoluta, un papel para el que, en su opinión, se sentía llamado por la decisión de la Junta de Defensa Nacional. El primer prototipo moderno era el de Napoleón Bonaparte —quien temporalmente remodeló la monarquía de Francia—, y Franco se mostraba ciertamente influenciado, directa o indirectamente, por ciertas fórmulas bonapartistas, concretamente el uso del referéndum y el concepto del estado monárquico diárquico, que empleaba un consejo real para garantizar la legitimidad, la continuidad y la autoridad apropiada. Aunque algo más traída por los pelos, la primera analogía española podría corresponder a Enrique de Trasmatara, el ganador de la gran guerra civil de Castilla de 1360. Enrique no poseía derecho legítimo al trono, pero se presentó como campeón de la ley, la religión y la tradición, en oposición a la supuesta heterodoxia y al despotismo arbitrario de Pedro el Cruel. La ayuda extranjera fue también fundamental para la victoria de Enrique, quien proclamó el triunfo de la verdadera religión y el respeto adecuado de la tradición. Aunque innovador, el régimen de Enrique marcó evidentemente una rotura mucho menos abrupta que lo que hizo el de Franco.

A pesar de la frecuencia de dictaduras militares y de caudillos en la América Latina, no hay pruebas de que Franco estuviese alguna vez influido por modelos hispanoamericanos. Él mismo consideraba a su régimen, con toda razón, dentro del contexto comparativo de los sistemas nacionalistas y autoritarios europeos. Salvo la excepción temporal del peronismo entre 1945 y 1949, los medios oficiales españoles reflejaban un cierto grado de ambigüedad respecto a la mayoría de las dictaduras latinoamericanas. La censura de Franco prohibía el uso del término «caudillo» para los dictadores de Hispanoamérica, a fin de evitar la degradación del concepto.

Franco creía en el imperialismo por haber dado pruebas de sus aptitudes en una guerra colonial. Esperaba restaurar el prestigio de España ante el mundo y desarrollar un nuevo imperio en África, de manera similar a como Portugal había sustituido a Brasil por Angola y Mozambique. Cuando las circunstancias lo hicieron imposible, se realizó el ajuste, aunque a regañadientes.

Uno de los aspectos más novedosos del gobierno de Franco dentro del contexto europeo era el de su esfuerzo arcaizante por recuperar el tradicionalismo cultural. El concepto de comunidad neotradicionalista, básico para el pensamiento social y cultural de Franco, parece que fue tomado en gran parte del carlismo. La creación de la comunidad era fundamental para muchos de los modernos movimientos nacionalistas europeos, pero ningún otro llegó a subrayar en la misma medida el neotradicionalismo. El intento por recuperar la tradición cultural y el fundamentalismo religioso fue llevado a un grado sin precedentes en ningún otro régimen europeo, y fue más parecido al renacimiento islámico que al fascismo italiano.

No obstante, Franco era un modernizador económico consciente y decidido, por muy limitados que fueran sus conocimientos de economía. Sostuvo siempre que, para cualquier estado contemporáneo, era vital contar con una política social y económica efectiva, tomando la doctrina tanto del corporativismo conservador y católico como del nacionalismo económico y del sindicalismo nacional fascista. No estaba tan lejos de la contradicción potencial entre modernización económica y tradicionalismo cultural como pudiera parecer, pero esperaba poder solucionar el problema, como hicieron durante muchos años los regímenes comunistas, cerrando parcialmente el país al mundo exterior. Cuando las limitaciones económicas de España hicieron esto imposible, se aceleró la erosión cultural del régimen de Franco.

Franco había subrayado siempre su disposición a reconsiderar políticas individuales distintas de los principios fundamentales, pero no es tan claro que se mantuviera siempre una distinción absoluta. Algunos críticos sostuvieron que el único «principio fundamental» al que se atenía era el mantenimiento del poder personal de Franco. Aunque es posible que haya alguna exageración en esto, en última instancia era bastante cierto. Algo que Franco nunca cedería ni pondría realmente en peligro era su prerrogativa temporal, influenciada particularmente por los ejemplos de Primo de Rivera en 1930 y Mussolini en 1943. Cayó en la cuenta de que, aunque las políticas individuales pudieran relajarse, e incluso modificarse, la dictadura personal no puede ser desmontada en su mitad, ya que esto podría dejar en última instancia al dictador sin salida que no fuera la de exiliarse al extranjero, algo que consideraba peligroso en extremo.

Aunque sus enemigos solían tachar de «fascista» o «totalitario» al régimen de Franco durante sus primeros años, en los años cincuenta estas denominaciones perdieron parte de su capacidad de persuasión. En 1956, un crítico tan poco sospechoso como Herbert Matthews lo definió tal vez no fascista sino ciertamente «fascistoide». Durante los sesenta, incluso esta última atenuación parecía inadecuada, empleándose otras frases descriptivas tales como «régimen autoritario», «corporativismo», «conservador-autoritario» y «pluralismo unitario limitado». Uno de los primeros teóricos de su régimen escribió, poco después de morir Franco:

Resulta difícil entender el franquismo porque su desarrollo juega con la ambigüedad y con la equivocidad. Las formas políticas que estableció Franco no vivieron en desarrollo sucesivo, sino entre pausas y superposiciones.. A veces he pensado que aquella su preocupación contra el juego de azar le hizo acudir a dos barajas, al despliegue de naipes sobre varias mesas, a disponer —en fin— del mayor número de combinaciones[149].

Cualquier definición simple del mandato de Franco se hace compleja y confusa debido a sus dos metamorfosis, por lo que deberíamos dividirlo en tres períodos: 1) la fase semifascista, potencialmente imperialista, de 1936 a 1945; 2) la década del corporativismo nacionalcatólico de 1945 a 1957, que trató de crear una nueva cara al régimen en los años que siguieron a la segunda guerra mundial y que dejó irremediablemente en segunda línea la componente fascista, y 3) la fase del desarrollo de la llamada tecnocracia, y una especie de autoritarismo burocrático desde 1957-1959 al final.

Durante la mayor parte de su largo mandato, Franco fue perfectamente consciente de su condición de principal ogro en el mando de la Europa occidental. A este respecto, es interesante comparar las actitudes ante Franco con las mantenidas frente a Tito después de 1945. Como Franco, Tito llegó al poder en una guerra civil, en la cual, a pesar de la propaganda en otro sentido, dedicó mucha más energía a luchar contra los yugoslavos que contra los alemanes e italianos, y se apoyó en la ayuda exterior en forma de Ejército soviético para llevar al poder su régimen. El baño de sangre que ocurrió en Yugoslavia en 1945 fue proporcionalmente muy superior al que tuvo lugar en España durante 1939, y la nueva dictadura mucho más rigurosa y represiva, siendo, de hecho, un intento directo y autoproclamado de copiar el totalitarismo estalinista de la Unión Soviética. Las circunstancias internacionales obligaron al cambio y a la moderación en Yugoslavia como en España, y el régimen de Tito llegó a surgir como una dictadura no totalitaria y semipluralista y una importante herejía marxista-leninista. Representaba un agudo contraste con la mayoría de Estados comunistas, como ocurrió con Franco frente a los regímenes fascistas de la era de la segunda guerra mundial. No obstante, en los últimos años de la vida de Tito, el régimen yugoslavo siguió siendo mucho más controlado y represivo que en el caso de España (a pesar de su cuasi-federalismo autoritario y un cierto grado de autogestión de los trabajadores en la fábrica), y no consiguió el progreso económico, social y cultural español. Después de la muerte de Tito, no hubo democratización sino, por el contrario, una forma más colegiada de dictadura. Sin embargo, Tito fue frecuentemente aclamado en la prensa occidental como un gran reformador e innovador, una especie de ejemplo de resultados progresivos y, debido a las circunstancias personales concretas, consiguió más y más pronta ayuda extranjera de Occidente.

Franco mantuvo una dictadura personal durante cerca de cuatro decenios y garantizó firmemente que, hasta después de su muerte, no habría una representación parlamentaria auténtica para los españoles. Durante sus primeros años, el régimen fue represivo en extremo, ejecutó a unas 30.000 personas, la mayoría de ellas por delitos «políticos», y mantuvo durante muchos años la división discriminatoria de la sociedad española en vencedores y vencidos. Los derechos, idiomas y culturas regionales fueron suprimidos en la mayor medida posible. Incluso en las últimas fases, menos represivas, del sistema, no existían los derechos civiles comunes en otros países occidentales. El autoritarismo político iba de la mano con un favoritismo extremo, monopolios y, a menudo, un alto grado de corrupción, vinculado a la peculiar mecánica del régimen. Todo esto no hacía más que negar directamente los avances del constitucionalismo español de 1875 a febrero de 1936. En conjunto, es una responsabilidad pesada, de la que Franco llegó a afirmar que sólo aceptaba responder ante Dios.

Las medidas difieren no sólo según los comentaristas sino también de acuerdo con el tipo de pregunta planteada. Los juicios de Franco se hicieron poco a poco menos negativos a medida que se aceleraba la modernización de España y mejoraba su nivel de vida. Una de las biografías más leídas de un dictador moderno, la obra Hitler: A Study in Tyranny, de Alan Bullock, termina con una descripción de la Alemania en ruinas y concluye citando el aforismo latino: «Si buscas su monumento, mira alrededor». Aplicando este método a Franco, el observador encuentra un país que ha alcanzado el más alto nivel de prosperidad de su historia, convertido en la novena potencia industrial del mundo (antes de que bajara al décimo y, más tarde, al undécimo lugar), con la «solidaridad orgánica» de la gran mayoría de su población ampliada y una sociedad sorprendentemente bien preparada para la coexistencia pacífica y un proyecto nuevo en la democracia descentralizada. Si nos basamos en estas normas, Franco no sólo podría ser considerado como una de las personalidades más dominantes de toda la historia española, sino también como un modernizador definitivo del país y líder de la que tuvo más éxito de todas las posibles «dictaduras del desarrollo» del siglo XX.

Así, diez años después de su muerte, un artículo de una importante publicación americana de las clases medias-altas declararía: «Lo que consiguió realmente fue la proto-modernización de España… Franco dejó a España con instituciones de gestión económica tecnocrática y una clase dirigente moderna que han permitido que lo que antes era un país agrícola asolado por la pobreza, en el momento de la guerra civil, adquiriera recursos productivos y un nivel de vida muy similar al de sus vecinos europeos del sur. ¿Podría ser esto lo que perseguía su guerra civil?»[150].

La legión de críticos de Franco claman contra la superficialidad de cualquiera de estas conclusiones, insistiendo en que los importantes avances de la sociedad española bajo su mandato se produjeron a pesar de su régimen o al menos no fueron promovidos directamente por él. En algunos aspectos, estas observaciones son por supuesto correctas, aunque con frecuencia se aplican demasiado categóricamente. Uno de los mejores enfoques es el de Walther L. Bernecker, quien ha dividido algunos de los principales logros obtenidos durante los años de mandato de Franco en tres categorías: los planificados y preparados por el régimen, los no diseñados directamente pero que fueron simplemente aprovechados o aceptados una vez que empezaron a desarrollarse y los que fueron imprevistos y potencialmente contraproducentes para el régimen.

Hasta los enemigos de Franco han tenido que reconocerle cierto mérito por su diplomacia durante la segunda guerra mundial. Paradójicamente, como hemos visto en el capítulo 3, tal vez merezca menos alabanza a este respecto que la ofrecida por algunos de sus críticos. Sólo en 1943 la diplomacia de Franco adquirió plenamente las características que a menudo se le imputan. Aunque Franco mantuvo a España fuera de la guerra —un hecho por el que todos los españoles podrían sentirse en última instancia agradecidos— no consiguió diseñar y llevar a la práctica una política óptima de neutralidad.

De igual manera, aunque la modernización económica fue siempre un objetivo primario de su gobierno, la evaluación de su papel a este respecto es igualmente compleja. Se observa frecuentemente que la principal fase de crecimiento surgió después de la modificación de la política económica en 1959, que renunció parcialmente al estatismo y a la autarquía (llamados a veces «economía fascista») de los dos primeros decenios. Esto es absolutamente correcto, aunque no tiene en cuenta el importante crecimiento alcanzado ya durante los diez años pasados de 1948 a 1958. Es cierto que la economía de mercado liberal internacional que fomentó la expansión europea de los años cincuenta y sesenta no fue el tipo de desarrollo económico planificado y preferido por Franco, y en esa medida la política de liberalización entra dentro de la segunda categoría de Bernecker, la del ajuste a desarrollos que no estaban dentro de los parámetros de la política preferida por el régimen. Sin embargo, no todos los regímenes autoritarios, sean de izquierda o de derecha, se han mostrado dispuestos a introducir estos ajustes y, a ese respecto, es preciso reconocer el pragmatismo creativo del gobierno de Franco.

Es inútil insistir, como hacen tantos críticos de Franco, en que una democracia perfecta y progresiva habría producido un gobierno mejor para España. Ni que decir tiene que esto no hace más que sustituir una comparación empírica por un juicio de valor estrictamente teórico. El análisis histórico y los deseos utópicos son dos cosas distintas. En la España de 1936 no se disponía de esa utopía democrática, puesto que, de hecho, existía más bien lo contrario. Los términos peculiares de la democracia republicana habían dado origen a una absoluta polarización entre la izquierda y la derecha, eliminando prácticamente cualquier influencia liberal centrista y creando así una situación autoritaria latente antes que apareciese Franco en la escena. Su régimen, pues, debe juzgarse no por invocaciones utópicas sin contacto con la realidad, sino en términos de alternativas históricas que existieran realmente. Éstas eran pocas y en ningún caso idílicas. Si los nacionales hubiesen perdido la guerra civil, es difícil concluir que el resultado habría sido la democracia política. La República Popular revolucionaria de la época de la guerra no era una democracia liberal, sino que estaba movida por poderosas fuerzas revolucionarias decididas a conseguir la desaparición total del otro lado. Sus ejecuciones políticas en masa fueron tan numerosas como las de los defensores de Franco. El efecto de la guerra civil, independientemente del vencedor, fue el de prohibir temporalmente la democracia de España. La solución proporcionada por Franco no fue, ni mucho menos, la óptima; en efecto, se trató de una de las peores respuestas posibles (la mejor habría sido probablemente la propuesta de Miguel Maura de una «dictadura nacional republicana»). Sin embargo, la fuerza de la dictadura que siguió no se derivó únicamente de su rigurosa represión, por importante que fuese, sino también de la conciencia en gran parte de la sociedad española de que la alternativa no habría sido muy diferente[151]. Un autoritarismo evolucionista era, en cierto sentido, lo que los españoles podrían esperar, más o menos, del impasse en que se habían colocado ellos mismos.

El gobierno de Franco desarrolló eventualmente ciertas instituciones propias, semirrepresentativas, aunque nunca democráticas. Pero estas innovaciones fueron también, al menos en parte, ajustes al triunfo de la democracia liberal en la Europa occidental, no el resultado de cualquier modelo de prioridad de Franco. Sus propias convicciones eran fundamentalmente monárquicas, aunque sólo equívocamente entre 1936 y 1943, y nunca en detrimento de su propia autoridad. La restauración programada de la monarquía fue, no obstante, el mejor mecanismo posible de sucesión para el régimen y, como resultó al final, Juan Carlos la mejor elección posible de sucesor. Y sin embargo, estas elecciones fueron el producto de ajustes creativos más que objetivos primarios, aunque debemos señalar que la adopción de la restauración monárquica durante la misma guerra civil probablemente hubiese debilitado a los nacionales en el momento más crucial.

Se había conseguido uno de los objetivos programados por Franco: se creó un mayor espíritu de cooperación y solidaridad social con la introducción del corporativismo nacional, el amplio crecimiento económico y la eventual redistribución de la renta, así como con la prohibición de la política partidista. Gran parte de esto fue programado por el régimen ya desde el principio, y sus resultados se reflejaron en la conclusión de un famoso antropólogo americano en 1975: «Es evidente que ha aumentado la solidaridad orgánica de España en general»[152]. La relación del régimen con el enorme avance en el nivel de educación de la sociedad española es más equívoca. Dado que prácticamente todos los españoles se formaron en escuelas públicas o con subvención del Estado, podría parecer que ésta fue también parte consciente del programa de modernización del régimen, pero el desarrollo educacional, como primera prioridad, sólo se adoptó en la última fase, y únicamente porque parecía una contrapartida ineludible a la modernización económica y la estabilidad política. Incluso después de la Ley sobre Educación General de 1970, el gasto en educación permaneció muy por debajo del de otros muchos países industriales, por lo que la modernización educacional entraría en la segunda categoría.

Paradójicamente, otra característica de la modernización institucional alcanzada por Franco fue la relativa despolitización de los militares, aun cuando el régimen se inició como gobierno militar y a pesar de que Franco fue también explícito en su confianza en los militares para mantener la estabilidad del régimen. Con la jerarquía militar mantuvo siempre una relación especial, al mismo tiempo que los mantenía a cierta distancia, los manipulaba, cambiando y girando los puestos principales y, en general, evitando cualquier concentración de poder entre ellos. El hecho de que los militares ocupasen tantos puestos de ministros y otros cargos administrativos importantes, especialmente durante la primera mitad del régimen, tendía a oscurecer el hecho de que Franco intentó evitar la interferencia militar en el gobierno y eliminó la posibilidad de un papel independiente, corporativo o institucional, para los militares, fuera de su propia esfera de las fuerzas armadas. Los oficiales y jefes que ocupaban cargos en las oficinas o instituciones del gobierno o que se sentaban en las Cortes lo hacían como administradores individuales o representantes de formación militar que participaban en las instituciones estatales coordinadas e integradas, no como representantes corporativos independientes de las fuerzas armadas. La relativa desmilitarización del proceso político estuvo acompañada por una desmilitarización siempre creciente del presupuesto estatal, debida no tanto al respeto por Franco de la educación (que en el mejor de los casos es poco seguro) cuanto a su poca inclinación en emplear dinero en una modernización profesional y tecnológica de las fuerzas armadas que tal vez hubiera alterado su equilibrio interno.

Desde su propio punto de vista, el gran fallo interior del régimen de Franco se encuentra en su incapacidad para sostener sus políticas culturales y religiosas neotradicionales. Este fallo fue la contrapartida prácticamente inevitable de la transformación social y económica en gran escala, complicada por los importantes cambios que ocurrieron en el conjunto de la Iglesia católica romana en los años sesenta. Franco no ignoraba las contradicciones que de todo ello podrían derivarse, y de ahí su notable desgana inicial a modificar la política económica y bajar las barreras nacionales en 1959. La continuación del mismo régimen se hizo imposible no tanto por la simple muerte de Franco —ya que la desaparición de Salazar no había conseguido poner fin a la dictadura portuguesa— cuanto por la desaparición de la estructura de la sociedad y cultura española sobre la que se había basado originalmente en 1939. La sociedad y cultura franquista había quedado en gran parte erosionada incluso antes de que el Caudillo expirara físicamente. Además, la falta de una clara ideología del régimen después de 1958 hizo imposible que se desarrollara cualquier consenso en apoyo de una ortodoxia franquista entre las élites políticas y administrativas del régimen en su última fase.

En ciertos aspectos, las secuelas del régimen de Franco fueron mucho más extraordinarias que la larga historia del mismo régimen, ya que la democratización aportada por el rey Juan Carlos y sus colaboradores entre 1976 y 1978 fue única en los anales de las transiciones de régimen hasta esa época. Después de su dimisión como director general de Cultura Popular en octubre de 1974, se le preguntó a Ricardo de la Cierva, en una conferencia de prensa celebrada en Barcelona, si había algún ejemplo histórico de un régimen autoritario institucionalizado que se hubiese transformado él mismo en una democracia sin ruptura formal ni revolución, como los aperturistas más avanzados proponían que se realizara en España. La respuesta fue, naturalmente, que no existía ese ejemplo, ya que nunca antes se habían utilizado pacífica pero sistemáticamente los mecanismos institucionales formales de un sistema autoritario para transformar todo el sistema desde su interior [153].

Este nuevo «modelo español» se convirtió posteriormente en el modelo dominante para la democratización de un gran número de sistemas autoritarios desde América del Sur a la Europa oriental. Para los años noventa, parece haberse convertido en un lugar común en el gran avance de la democracia que ha ocurrido recientemente, pero corresponde al sistema español ocupar el lugar de honor en la iniciación de esta tercera gran ola de democratización del siglo XX.

Al contrario de la situación existente en las dos primeras oleadas —después de 1918 y 1945—, la tercera fue generada en gran medida por procesos domésticos, sociales y económicos, y no por el impacto de una guerra mundial.

El «modelo español» pudo funcionar porque, bajo el largo mandato de Franco, habían ocurrido al menos ocho cambios fundamentales:

1) La reforma institucional clave de Franco fue la restauración de la monarquía. Por una parte, el propio monopolio celoso del poder por parte de Franco impedía la identificación de la monarquía con los excesos de la guerra civil y con el gobierno de su propio régimen, permitiendo eventualmente a la monarquía empezar con manos relativamente limpias, colocándola en posición de fomentar la reconciliación nacional como poder moderador por encima de los conflictos de facciones.

2) Paradójicamente, Franco eligió como rey para sucederle al candidato ideal (aunque el mismo Franco procedió a esa elección por razones equivocadas). De haberse convertido de algún modo en rey el heredero legítimo, don Juan, en 1975, su abierta y antigua identificación con el liberalismo constitucional podría haber provocado un golpe de los militares y de la extrema derecha. Por el contrario, Juan Carlos resultó ser el sucesor ideal porque combinaba la continuidad y legitimidad legal tanto en términos de las instituciones de Franco como de la monarquía tradicional, y mostró el tacto, la habilidad y la decisión exigidos para fomentar un proceso modélico de democratización.

3) Fue fundamental para este proceso la profunda modernización de la estructura social y económica, que creó una sociedad próspera, urbana, razonablemente sofisticada y de clase media, perfectamente sintonizada con las costumbres sociales y políticas de la Europa occidental democrática social.

4) Tal vez la única consecuencia positiva de la propia dictadura fue que duró tanto que muchos de los antiguos conflictos partidistas de la guerra civil habían quedado oscurecidos por el tiempo, haciendo posible empezar ex novo. La desmovilización política realizada por la dictadura reforzó este efecto. Aunque dejó a la sociedad sin experiencia, e incluso sin un gran conocimiento de la democracia, la paraorganización de la oposición de 1974-1975 y el nuevo sistema de partidos creado en 1976—1977 pudieron empezar de nuevo y mostraron sumo cuidado en evitar los errores de los años treinta.

5) La peculiar estructura legal de la dictadura creó mecanismos legales para el cambio y la evolución ordenados, aunque limitados, y fue ella misma reformada y ampliada durante la larga historia de la dictadura, acostumbrando a los ciudadanos a la experiencia de un cambio evolucionista ordenado, que no debían amenazar necesariamente las modificaciones revolucionarias de la sociedad.

6) Esto se consiguió gracias a una notable expansión de la educación (a pesar de un presupuesto educacional más bien escaso) y a la amplia liberalización cultural que siguió a la reforma de la censura de 1966. En los últimos años de la dictadura había nacido ya un clima de discusión y de para organización política.

7) La solidaridad social aumentó notablemente entre los años treinta y los setenta, superando gran parte de los conflictos de clase y económicos de la época de la guerra civil. La solidaridad nacional fue uno de los objetivos principales de la dictadura. El hecho de que se consiguiera en grado considerable —con la importante excepción del País Vasco se debió probablemente no tanto a la propaganda y tutela del régimen, cuanto al desarrollo de las relaciones económicas y sociales y a la expansión de la educación.

8) A pesar de toda la preocupación después de la muerte de Franco por el peligro de un golpe militar, Franco disciplinó y despolitizó en grado importante las instituciones militares. Estaba decidido a evitar la intervención corporativa del Ejército y privó a las fuerzas armadas de cualquier voz corporativa directa y unificada en las instituciones. Aunque muchos altos oficiales participaron en el gobierno, sobre todo durante las dos primeras décadas del régimen, lo hicieron como personas individuales y funcionarios, no como representantes corporativos autónomos de las fuerzas armadas. La dictadura redujo firmemente la parte proporcional que correspondía al presupuesto militar —llegando incluso a colocarlo por debajo de la educación por primera vez en la historia de España— y, en general, bajo la dictadura, los militares se acostumbraron a actuar como subordinados institucionales en un sistema estable dirigido fundamentalmente por civiles.

No obstante, esto no equivale a sugerir (como hacen algunos) que, de hecho, deba agradecerse a Franco la España tolerante y democrática de los años ochenta y noventa. Franco no tenía intención alguna de preparar a España para la democracia. Los profundos cambios que ocurrieron bajo su largo dominio, y que hicieron posible que el país desarrollara rápidamente un sistema democrático después, se debieron fundamentalmente a los amplios efectos secundarios de la política de su gobierno, y sobre todo a su necesidad de ajustarse a algunas de las normas de la Europa occidental y a la economía de mercado internacional simplemente para sobrevivir. Franco tuvo toda la razón al elegir a Don Juan Carlos, pero sobre todo por razones equivocadas. Reconoció que Don Juan Carlos podía introducir algunos cambios —el mismo Franco cambiaba algunas características básicas de la política y definición del régimen cada diez años aproximadamente—, pero esperaba que sobrevivieran las instituciones y características fundamentales de su sistema. Aunque permitió una liberalización limitada, Franco luchó hasta el final contra cualquier modificación básica, aceptando sólo la perspectiva en cierto grado en las últimas semanas de su vida por una total falta de energía física o de alternativas políticas para actuar de otro modo.

Franco y su mandato representaron el «clímax» y el fin de la larga era de conflictos entre tradición y modernización en la historia española a lo largo de unos doscientos años, desde el reinado de Carlos Iii a 1975. En ciertos aspectos, puede ser considerado como la última gran figura histórica del tradicionalismo español, representante de una continuidad histórica de duración aún mayor. En estas dos perspectivas, Franco —con sus políticas y valores— representó un fin, y no un comienzo. Consiguió promover directamente algunos aspectos técnicos de la modernización y liquidó ciertos problemas del pasado, pero otros problemas quedaron simplemente suprimidos hasta después de su muerte. Debido a sus valores culturales e inclinaciones políticas, no podía construir la nueva España del futuro, ni en la forma que había planificado ni, mucho menos, en la que asumió España después de su muerte.

La importancia de Franco para la historia de España reside simplemente, en primer lugar, en el largo período de su dominio, en haber podido fijar gran parte de los destinos del país entre 1936 y 1975 y, en segundo lugar, y en líneas más generales, en los profundos cambios que ocurrieron durante ese mandato, algunos de ellos fomentados o incluso preparados directamente por su régimen y otros que se instauraron en última instancia frente a todo aquello que él había defendido. El régimen y la era de Franco pusieron punto final a un período largo y conflictivo de la historia de España, pero, como Moisés, Franco debía permanecer en la otra orilla de la historia, incapaz de participar en la nueva era. Esto lo impedía su propio carácter, personalidad y valores, como caudillo militar de una sociedad conservadora, que en gran parte había dejado de existir incluso antes de su propia muerte.

APÉNDICE FOTOGRÁFICO

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STANLEY GEORGE PAYNE. (Denton, Texas, 1934) es un hispanista estadounidense. Doctor en Historia por la Universidad de Columbia y profesor emérito de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde ostenta la cátedra Hilldale-Jaume Vicens Vives. También es codirector del Journal of Contemporary History, miembro de la American Academy of Arts and Sciences (Academia Americana de Artes y Ciencias), y, desde 1987, académico de la Real Academia Española de la Historia.

Payne escribe con cierta frecuencia artículos de opinión en los periódicos españoles ABC y El Mundo sobre actualidad hispana. También en la Revista de Libros colabora asiduamente con sus ensayos bibliográficos.

Con dilatada presencia en el panorama académico español, dirigió en la Universidad de Burgos, en julio del 2005, el curso «La represión durante la guerra civil y bajo el franquismo: historia y memoria histórica». El 9 de junio de 2004, la Universidad privada católica Cardenal Herrera-CEU lo nombró doctor honoris causa. En 2006 Payne fue el director del curso «La guerra civil: conflicto revolucionario y acontecimiento internacional» en la Universidad Rey Juan Carlos, España.

En 2009 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Notas

[1] Carecen de base clara los rumores, persistentes, respecto a unos presuntos antepasados judíos de Franco. Sin embargo, debemos recordar que en los siglos XV y XVI fueron absorbidos más judíos, proporcionalmente, en las sociedades española y portuguesa que en las de cualquier otro país europeo a lo largo de su historia. Una parte significativa de las poblaciones de España y Portugal posee algún remoto antepasado judío; si esto fuese así en el caso de Franco, su situación no sería muy distinta a la de otros millones de españoles. <<

[2] Véase Carlos Fernández, El general Franco, Barcelona, 1983, pág. 2 <<

[3] El mejor retrato de Nicolás Franco es el pintado por su nieta mayor, Pilar Jaraiz Franco, Historia de una disidencia, Barcelona, 1981, págs. 53-55. <<

[4] Ramón Garriga, Nicolás Franco, el hermano brujo, Barcelona, 1980; es la única biografía. <<

[5] En su libro de memorias Cuarenta años junto a Franco, Barcelona, 1981, el doctor Vicente Gil, médico personal de Franco durante largo tiempo, cita una entrevista con el odontólogo del Caudillo, doctor José Iveas, en Sábado Gráfico, en la que declaraba que el general sufría una desviación de tabique nasal y debía respirar por la boca, lo que afectaba a la cualidad de voz (pág. 42). Gil añade que Franco tenía grandes dificultades para realizar técnicas fundamentales de aclarado de la garganta, tales como toser o hacer gárgaras. <<

[6] Ramón Garriga, Ramón Franco, el hermano maldito, Barcelona, 1978. <<

[7] Tres años después de la muerte de Franco apareció un librito con el hiperbólico título Las cartas de amor de Franco (Barcelona, 1978), redactado por Vicente Gracia, que contenía las reproducciones de numerosas postales que en 1912-1913 había enviado a Sofía Subirán, hija de un coronel de una de las guarniciones de Marruecos, a la que admiraba. Las misivas son amigables y correctas, pero no puede decirse que sean verdaderas cartas de amor.

Después de la muerte de Franco, Sofía Subirán, que por esas fechas era una viuda ya de edad, se dice que describió a Franco joven como "un poco soso, muy timidito. Buena persona, pero muy decidido. Muy callado, reservado (…) Como hombre era muy fino, atento, todo un caballero. Un poco de genio sí tenía, pero era en plan fino. Me trataba con una delicadeza exquisita, como si yo fuera una cosa sobrenatural. Era muy serio. Demasiado serio. Es que era gallego, muy suyo (…). Franco hacía patinaje, pero no era bailarín. Era bastante patosillo para esto. Estaba a mi lado sentado y hablaba", Interviú, núm.79, 1977, citado en Enrique Salgado, Radiografia de Franco, Barcelona, 1985, pág. 69. <<

[8] El escritor Arturo Barea, que fue recluta en Marruecos en esos años, parafrasea las observaciones de un veterano legionario como sigue:

«Mira, Franco… No, mira: el Tercio es algo así como estar en un presidio. Los más chulos son los amos de la cárcel. Y algo de esto le ha pasado a ese hombre. Todo el mundo le odia, igual que los penados odian al jaque más criminal del presidio, y todos le obedecen y le respetan, porque se impone a todos los demás, exactamente como el matón del presidio entero. Yo sé cuántos oficiales del Tercio se han ganado un tiro en la nuca en un ataque. Hay muchos que quisieran pegarle un tiro por la espalda a Franco, pero ninguno de ellos tiene el coraje de hacerlo. Les da miedo que pueda volver la cabeza, precisamente cuando están tomándole puntería.

».. Pero con Franco no es difícil. Se pone a la cabeza y… bueno, es alguien que tiene riñones, hay que admitirlo. Yo lo he visto marchar a cabeza de todos, completamente derecho, cuando ninguno de nosotros nos atrevíamos a despegar los morros del suelo, de espesas que pasaban las balas.

»…Créeme, es un poco duro ir con Franco. Puedes estar seguro de tener todo a lo que tienes derecho, puedes tener confianza de que sabe dónde te mete, pero en cuanto a la manera de tratar… Se le queda mirando a un fulano con unos ojos muy grandes y muy serios y dice: "Que le peguen cuatro tiros".

»Y da media vuelta y se va tan tranquilo. Yo he visto a asesinos ponerse lívidos porque Franco los ha mirado una vez de reojo. Además, ¡es un chinche! Dios te libre si falta algo de tu equipo, o si el fusil está sucio o te haces el remolón. ¿Sabes?, yo creo que este tío no es humano, no tiene nervios. Además es un solitario. Yo creo que todos los oficiales le odian, porque les trata igual que a nosotros y no hace amistad con ninguno de ellos. Ellos se van de juerga y se emborrachan —como cada hijo de vecino después de dos meses en el frente—, y éste se queda solo en la tienda o en el cuartel, como uno de esos escribientes viejos que tienen que ir a la oficina hasta los domingos. Nadie le entiende, y menos aún siendo tan joven", Arturo Barea, La forja de un rebelde (Madrid, 1984).

No todos los aspectos de esta descripción tienen por qué ser admitidos como plenamente cuidados, pero sí ayudan a mostrar el tipo de impresiones que Franco suscitaba en sus contemporáneos militares. Años más tarde, Franco hacía observar a su primo Salgado Araujo que una vez había ejecutado a un legionario insubordinado simplemente con una orden directa suya, sin recurrir debidamente a una corte marcial. Ya había ordenado al resto del batallón que marchase junto al cadáver, y luego justificó todo el procedimiento por la rápida y completa restauración de la disciplina (Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, que de ahora en adelante citaremos como Conversaciones privadas, Barcelona, 1979, págs. 184-185). <<

[9] Ramón Garriga, La señora de El Pardo, Barcelona, 1979, pág. 18. <<

[10] Los hermanos Franco, decididamente, no eran muy prolíficos. Sólo tuvieron un hijo cada uno, Nicolás un solo hijo de dos matrimonios, Ramón sólo una hija de dos matrimonios. Por el contrario, Pilar, la única hermana, realizó un matrimonio convencional de clase media alta con un ingeniero civil de origen carlista y tuvo diez hijos, que tuvo que criar ella misma tras haberse quedado viuda pronto. Para su versión de la historia de la familia, véase Pilar Franco, Nosotros, los Franco, Barcelona, 1980. <<

[11] Respecto a la devoción religiosa de Franco, debemos observar que a la edad de dieciocho años, cuando era alférez, ingresó en la asociación seglar de la Adoración Nocturna, en 1911 (Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo (de ahora en adelante lo citaremos con las letras FF), Madrid, 1984, I, pág. 99). <<

[12] Ricardo de la Cierva, Historia del franquismo, I, Barcelona, 1976, pág. 99. <<

[13] Para alivio de Franco, su hermano Ramón había comenzado a entrar en razón. Éste había hecho bastante el ridículo en las Cortes tras su elección en las listas del Partido Radical-Socialista en 1931. Hacia 1933 habían desaparecido sus ambiciones políticas, lo mismo que su brutal comportamiento de los primeros años, cuando iba a «pegar a los maricas» con sus amigotes de Aviación por los bares de homosexuales de Madrid. Su primer matrimonio con una cabaretera fue disuelto, y, con una nueva mujer, acabó sentando la cabeza y formando un respetable hogar de clase media. En 1934, el nuevo gobierno lo destinó a Washington D.C. como agregado aéreo, cargo que parece ser le gustó a Ramón. Su primera mujer, Carmen Díaz, dejó unas memorias, Mi vida con Ramón Franco (Barcelona, 1981). <<

[14] José María Gil Robles, No fue posible la paz, Barcelona, 1968, pág. 777. <<

[15] Conversaciones privadas, págs. 522-523. <<

[16] Ramón Serrano Súñer, Entre el silencio y la propaganda, la historia como fue: Memorias, Barcelona, 1977, pág. 56. <<

[17] José Pla, Historia de la Segunda República Española, IV, Barcelona, 1940, págs. 437-438. <<

[18] Esta famosa carta, que al parecer nunca tuvo respuesta, ha sido citada numerosas veces, como en Ricardo de la Cierva, Francisco Franco: un siglo de España, I, Madrid, 1972, págs. 430-43 <<

[19] Se tomaron también otras disposiciones para conducir a la esposa e hija de Franco a bordo de un carguero alemán con destino a Francia, donde pasaron tres meses con la institutriz de doña Carmen. Ella misma recordó todo esto en "Carmen Polo de Franco, ¿qué hacía usted mientras su marido se alzaba en armas?", en Y. Revista para la mujer nacional-sindicalista, junio de 1938.

Según Ramón Garriga, tripulantes izquierdistas del Uad Arcila, cañonera española que las trasladó al barco alemán, trataron de rebelarse mientras estaba a bordo la familia de Franco, pero fueron reducidos. Mas en la mayor parte de la Marina la rebelión y la toma del mando por parte de los marineros tuvo éxito, por lo que la hija y la mujer del general estuvieron a punto de caer en manos de la izquierda. Véase garriga, La señora de El Pardo, págs. 91-93, y Los validos de Franco, Barcelona, 1981, págs. 28-30. <<

[20] Citado en Félix Maíz, Alzamiento en España, Pamplona, 1956, págs. 307-310. <<

[21] The Times, Londres, 11 de agosto de 1936. <<

[22] Guillermo Cabanellas, Cuatro generales, II, Barcelona, 1977, pág. 327. <<

[23] Alfredo Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, Barcelona, 1981, pág. 29. <<

[24] Kindelán, La verdad.., pág. 3 <<

[25] Según distintas descripciones e informes, hay versiones diferentes de esta maniobra. Al ayudante jurídico jefe de Franco, teniente coronel Martínez Fuset, por aquellas fechas uno de sus consejeros más influyentes, se le ha atribuido en ocasiones la responsabilidad en los arreglos que llevaron a los cambios. De todos modos, Serrano Súñer declara categóricamente en sus Memorias (págs. 163-164) que el cambio fue inspirado por políticos monárquicos alfonsinos, y en particular por José Yanguas Messía, ex ministro del régimen de Primo de Rivera. Ambas versiones no deben considerarse mutuamente excluyentes. <<

[26] El texto apareció bajo esta forma en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional, 30 de septiembre de 1936. <<

[27] Según Cabanellas, Cuatro generales, II, págs. 338-340. <<

[28] Así apareció en el Boletín Oficial del Estado, 2 de octubre de 1936. <<

[29] Cabanellas, Cuatro generales, II, pág. 35 Puede compararse con otra impresión hostil escrita inmediatamente después por el periodista estadounidense John Whitaker, que entrevistó a Franco: "Personalmente hallo que Franco es sagaz, pero desconcertantemente sin relieve. Hablé con él una primera vez cuando era todavía delgado, y luego se puso gordo. Es un hombre bajito, musculoso; pero su mano es suave como la de una mujer, y en ambas ocasiones la noté humedecida por el sudor. Excesivamente tímido cuando se esfuerza por comprender a su interlocutor, su voz es chillona y de tono agudo, levemente molesta, ya que habla con calma, casi murmurando. Aunque es efusivo y halagador, no dio respuestas francas a ninguna de las preguntas que le hice. Vi que comprendía las posibles implicaciones incluso de la más sutil cuestión. Era el hombre menos directo que yo había visto nunca", John Whitaker, We Cannot Escape History, Nueva York, 1943, pág. 105. <<

[30] Cabanellas, II, pág. 35 <<

[31] FF, II, págs. 111-113. <<

[32] Citado en Rafael Abella, La vida cotidiana durante la guerra civil: la España Nacional, Barcelona, 1973, pág. 109. <<

[33] Salgado-Araujo, Conversaciones privadas, pág. 526. <<

[34] El Caudillo, Nueva York, 1970, pág. 94. <<

[35] Roberto Cantalupo, Embajada en España, Barcelona, 1951, págs. 190-195. <<

[36] El estudio más cuidadoso y documentado es el de Jesús Salas Larrazábal, Guernica: El bombardeo, Madrid, 1981 Véase asimismo Klaus A. Maier, Guernica, 26-4-1937, Friburgo, 1975, y Angel Viñas, "Guernica: las responsabilidades", Historia 16, núm. 25, mayo de 1978, págs. 127-143, reimpreso en A. Viñas, Guerra, dinero, dictadura, Madrid, 1984, págs. 98-140. <<

[37] Documents on German Foreign Policy, 1918-1945, IV, serie D, Washington D.C., 1950, pág. 37. <<

[38] Ciano’s Diary, 1937-1938, Londres, 1952, pág. 146. (Traducción española: Galeazzo Ciano, Diario, José Janés, Barcelona, 1947, Los libros de nuestro tiempo.) 2 Paul Johnson, Modern Times, Nueva York, 1983, pág. 33 <<

[39] Paul Johnson, Modern Times, Nueva York, 1983, pág. 33 <<

[40] Ibídem. <<

[41] Ramón Serrano Súñer, Entre Hendaya y Gibraltar, México D.F., 1947, pág. 33. <<

[42] Serrano Súñer, Entre Hendaya…, pág. 32. <<

[43] Palabras del Caudillo, Madrid, 1943, págs. 9-17. <<

[44] BOE, 21 de abril de 1937. <<

[45] Palabras del Caudillo, pág. 167. <<

[46] Informe de Eberhard von Stohrer, 19 de mayo de 1938. Documents on German Foreign Policy, III, págs. 657-663. <<

[47] El único intento serio de definir las características carismáticas del caudillaje de Franco sobre la base de la teoría de Weber fueron algunos artículos y ensayos de Francisco Javier Conde, que se iniciaron con Espejo del caudillaje (1941), reimpreso en sus Escritos y fragmentos políticos, I (Madrid, 1974). <<

[48] Según Cabanellas, Cuatro generales, II, pág. 513. <<

[49] Kindelán, el comandante de Aviación que se había mostrado tan activo en el momento de elevar a Franco a la jefatura única, se vio obligado a escribir una carta a su comandante en jefe, el 26 de noviembre de 1936, informándole de que el nombramiento de Ramón "ha caído muy mal entre los aviadores, quienes demuestran unánime deseo de que su hermano no sirva en Aviación, a lo menos en puestos de mando activos". Un facsímil se encuentra en Salgado Araujo, Conversaciones privadas, pág. 44 <<

[50] Dionisio Ridruejo, Casi unas memorias, Barcelona, 1976, pág. 96. <<

[51] FF, II, pág. 113. <<

[52] Pilar Jaraiz, Historia de una disidencia, pág. 19 <<

[53] La ejecución de Campins se produjo a mediados de agosto de 1936, un mes y medio antes de que Franco fuese elevado a la jefatura única. <<

[54] Garriga, Los validos, págs. 70-72. <<

[55] Ramón Salas Larrazábal, Pérdidas de la guerra, Barcelona, 1977. <<

[56] Salas Larrazábal, "Tiempo de silencio, cárcel y muerte", en Historia del franquismo, Diario 16, Madrid, 1985, págs. 18-19. <<

[57] Anuario Estadístico de España, 1944-1950. <<

[58] Miguel Jerez Mir, Élites políticas y centros de extracción en España, 1938-1957, Madrid, 1982, págs. 121 y 230. <<

[59] Véase Armando Romero Cuesta, Objetivo: Matar a Franco, Madrid, 1976. <<

[60] Palabras del Caudillo, pág. 157. <<

[61] Citado en FF, III, pág. 34. <<

[62] Citado en Ramón Garriga, El general Juan Yagüe, Barcelona, 1985, pág. 185. Este imprudente discurso fue suprimido posteriormente de la recopilación de 1943 de las Palabras del Caudillo. <<

[63] El texto completo está en Serrano, Memorias, págs. 342-348. <<

[64] Citado en J. Tusell y G. G. Queipo de Llano, Franco y Mussolini, Barcelona, 1985, pág. 117. <<

[65] Arriba, 18 de julio de 1941. <<

[66] Palabras del Caudillo, pág. 204. <<

[67] Citado en Donald Detwiler, Hitler, Franco und Gibraltar, Wiesbaden, 1962. <<

[68] Según Serrano, el Generalísimo tuvo dificultades para convencer a Asensio de que aceptara el cargo, exclamando exasperado: "¿Qué queréis? ¿Que yo salga un día de aquí con los pies por delante?", Heleno Saña, El franquismo sin mitos: Conversaciones con Serrano Súñer, Barcelona, 1982, pág. 267. <<

[69] Hayes era un distinguido profesor de Historia de la Universidad de Columbia. En sus memorias escribe: "El general, me di cuenta en seguida, difería notablemente de las caricaturas que de él hacía la prensa "izquierdista" de Estados Unidos. Físicamente no era tan bajo ni tan gordo, y no se "contoneaba". Mentalmente me impresionó, pues no era ningún estúpido en absoluto, ni de esas personas sin personalidad, sino claramente atento y en posesión de una buena cantidad de decisión y de cautela y de un sentido del humor más bien vivo y espontáneo. Reía con facilidad y naturalidad, lo que, creo yo, Hitler no era capaz de hacer y Mussolini no quería hacer, salvo en privado", Wartime Mission in Spain, Nueva York, 1946, pág. 30. <<

[70] Palabras del Caudillo, págs. 523-527. <<

[71]* Cruz de Caballero con Hojas de Roble. (N. del T.) <<

[72] Citado en F. Díaz-Plaja (compil.), La España franquista en sus documentos, Esplugues de Llobregat, 1976, págs. 139-140. <<

[73] El texto está en L. López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía, Barcelona, 1978, págs. 34-35 y 508-509. <<

[74] Una copia del texto original llegó a mis manos, gracias a Eugenio Vargas Latapié, en 1963. <<

[75] Díaz-Plaja, La España política del siglo XX, IV, Barcelona, 1972, págs. 142-152. <<

[76] Citado en Kindelán, La verdad, pág. 187. <<

[77] Citado en López Rodó, Larga marcha, págs. 55-56. <<

[78] Javier Tusell, Franco y los católicos, Madrid, 1984, pág. 58. <<

[79] J. M. Gil Robles, La monarquía por la que yo luché, Madrid, 1976, págs. 308-310. <<

[80] Citado en Carlos Fernández, El general Franco, Barcelona, 1983, pág. 150. <<

[81] Gerald Brenan, The face of Spain, Londres, 1950, pág. XVI traducción española: El laberinto español, París, 1962. <<

[82] Citado por Gil Robles, La monarquía, págs. 318-319. <<

[83] Citado por Salgado-Araujo, Conversaciones privadas, pág. 50. <<

[84] Ibíd., pág. 55. <<

[85] Ibíd., pág. 50. <<

[86] Citado por Salgado-Araujo, Conversaciones privadas, pág. 178. <<

[87] Franco visto por sus ministros, compilador Ángel Bayod, Barcelona, 1981, pág. 128. <<

[88] Citado por Salgado-Araujo, Conversaciones privadas, pág. 159. <<

[89] Manuel Fraga Iribarne, Memoria breve de una vida pública, Barcelona, 1980, pág. 4 <<

[90] Según Laureano López Rodó, en Franco visto por sus ministros, pág. 167. <<

[91] José María López de Letona, ibíd., pág. 74. <<

[92] Citado en Salgado-Araujo, Conversaciones privadas, pág. 285. <<

[93] Cierto número de artículos firmados por Hakin Boor fueron recopilados posteriormente en el volumen Masonería, publicado por la Editora Nacional en 1952, y al que a veces se califica de "tercer libro" de Franco, tras Diario de una bandera y del guión para Raza. Se ha especulado sobre si Franco empleó como "negro", ocasionalmente, o Joaquín Arrarás, uno de los publicistas principales del régimen, y a otros de Mundo, grupo encabezado por Vicente Gállego. <<

[94] Carlos Rein Segura, ministro de Agricultura de 1945 a 1951, recuerda que cuando Franco se dedicó regularmente a la caza a mediados de los cuarenta "tiraba regular, más bien mal", Franco visto por sus ministros, pág. 78. <<

[95] Salgado-Araujo, Conversaciones privadas, pág. 72. <<

[96] Ibíd., pág. 37. <<

[97] Según Pilar Jaraiz Franco, Historia, págs. 59-60. <<

[98] Ibíd., págs. 29-30. Garriga sostiene que el cadáver fue incautado por un destacamento de la Guardia Civil que se lo arrebató a Agustina, mientras ésta, histérica, gritaba, y los vecinos miraban. <<

[99] La carta aparece completa en Fernández, Franco, pág. 310. <<

[100] Citado en De la Cierva, Franquismo, II, pág. 89. <<

[101] Como se dice en un libro de cotilleos escrito por un yerno temporal, Joaquín Jiménez-Arnau, titulado Yo, Jimmy (Mi vida entre los Franco), Barcelona, 1980. El marqués de Villaverde es uno de los blancos favoritos de denuncias de todos los demás miembros de la familia que escribieron memorias (Salgado-Araujo, Pilar Franco, Pilar Jaraiz) y del médico personal de Franco, Vicente Gil. <<

[102] Véase especialmente Ángel Viñas, Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos, Barcelona, 1981, págs. 195-250. <<

[103] Salgado-Araujo escribió el 11 de febrero: "Por desgracia, la frivolidad y la irresponsabilidad continúan en lo alto, y como si no estuviese ocurriendo nada van otra vez de cacería y no vuelven en cinco días", acompañado por cuatro ministros y una camarilla de latifundistas, empresarios y "aristócratas que de otro modo no se comprometían con el régimen, importadores estraperlistas, etc.", Conversaciones privadas, pág. 164. En realidad, es evidente que Franco se quedó en Madrid al menos tres días más hasta la resolución de la crisis. <<

[104] Según un memorándum de Antonio Garrigues a Martín Artajo (8 de enero de 1957). En Tusell, Franco y los católicos, págs. 402-403. <<

[105] Pensamiento político, I, pág. 25 <<

[106] Discursos y mensajes del Jefe del Estado, 1955-1959, Madrid, 1960, págs. 183-189. <<

[107] Citado en Tusell, Franco y los católicos, págs. 412-422. <<

[108] Le Figaro, París, 12 de junio de 1958. <<

[109] De la Cierva, Franquismo, II, pág. 168. <<

[110] El periodista estadounidense Benjamin Welles ha relatado el ambiente de una de estas escenas: "Franco contribuyó a romper el hielo contando una anécdota que le pareció apropiada, sobre un joven comandante francés a quien se había extraído una bala del cerebro, justo en el momento en que un mensajero de Napoleón le traía la noticia de que había sido ascendido a general. El héroe saltó de la mesa de operaciones y a continuación sobre su caballo. Ante las protestas del cirujano, el joven gritó, mientras se alejaba al galope con su caballo: "¡Ahora soy general; ya no necesito cerebro!"," Spain: The gentle anarchy, Nueva York, 1965, págs. 250-251. <<

[111] Citado en Ángel Viñas, Guerra, dinero, dictadura, Madrid, 1984, págs. 228-229. <<

[112] Citado en FF, Vi, págs. 107-108. <<

[113] Según Navarro Rubio, en Franco visto, pág. 89. <<

[114] R. Carr y J. P. Fusi, España de la dictadura a la democracia, Barcelona, 1980, pág. 77. <<

[115] Discursos y mensajes del Jefe del Estado, 1960-1963, Madrid, 1964, págs. 320-321 <<

[116] Salgado-Araujo, Conversaciones privadas, págs. 27-28 y 308. <<

[117] Salgado-Araujo, Conversaciones privadas, pág. 369. <<

[118] Manuel Fraga Iribarne, Memoria breve de una vida pública, Barcelona, 1980, pág. 115. <<

[119] Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía, Barcelona, 1978, págs. 229-230. <<

[120] Fraga, Memoria breve, pág. 145. <<

[121] Discursos y mensajes del Jefe del Estado, 1964-1967, Madrid, 1968, págs. 317-319. <<

[122] En un discurso a las Cortes del 17 de noviembre de 1967 Pensamiento político, II, pág. 370). <<

[123] Salgado-Araujo, Conversaciones privadas, pág. 525. <<

[124] Citado en Carlos Fernández, El general Franco, Barcelona, 1983, pág. 216. <<

[125] Discursos y mensajes del Jefe del Estado, 1960-1963, Madrid, 1964, pág. 324. <<

[126] Citado en Fernández, Franco, pág. 214. <<

[127] Según Juan José Espinosa San Martín (en aquella época ministro de Hacienda), en Franco visto, pág. 154. <<

[128] Según José Mª Pemán, Mis encuentros con Franco, Barcelona, 1976, pág. 82. <<

[129] Salgado-Araujo, Conversaciones privadas, pág. 369. <<

[130] Ibíd., pág. 31 <<

[131] Ibíd., págs. 488-489. <<

[132] López Rodó, Larga marcha, pág. 30 <<

[133] Vernon A. Walters, Silent Missions, Nueva York, 1978, págs. 555-556. <<

[134] Joaquín Bardavío, Los silencios del Rey, Madrid, 1979, pág. 5 <<

[135] Joaquín Bardavío, Los silencios del Rey, págs. 53-54. <<

[136] Ibíd., págs. 51-52. <<

[137] López Rodó, Larga marcha, pág. 40 <<

[138] Tres discursos de Franco (Madrid, 1973). <<

[139] Citado en Franco visto, pág. 203. <<

[140] "Julen Aguirre" (Genoveva Forest), Operación Ogro, Nueva York, 1975. <<

[141] El texto se encuentra en El año Arias: Diario político español 1974, ed. Jesús de las Heras y Juan Villarín, Madrid, 1975, págs. 104-132. <<

[142] Según Ramón Soriano, La mano izquierda de Franco, Barcelona, 1983, pág. 73. <<

[143] López Rodó, Larga marcha, pág. 469. <<

[144] Juan Antonio Ortega en Tele-Exprés, 11 de enero de 1975. <<

[145] En Crónicas de la transición, De la Cierva, Barcelona, 1975, pág. 29. <<

[146] Nicolás escribió a su hermano: "Querido Paco: No firmes esa sentencia. No conviene, te lo digo porque te quiero. Tú eres buen cristiano, después te arrepentirás. Ya estamos viejos, escucha mi consejo, ya sabes lo mucho que te quiero", citado en Diario 16, Historia de la transición, Madrid, 1984, pág. 144. <<

[147] Ibíd., pág. 144. <<

[148] Testimonio personal de Adolfo Suárez. <<

[149] Juan Beneyto, La identidad del franquismo, Madrid, 1979, págs. 10-11 <<

[150] William Pfaff, "Splendid Little Wars", The New Yorker, 24 de marzo de 1986. <<

[151] Julián Marías ha escrito con bastante razón: "Los españoles estaban privados de muchas libertades, lo que siempre encontré intolerable; pero no eran demasiados los que las echaban de menos; por otra parte, tenían otras, que afectaban sobre todo a la vida privada, y sentían temor de perderlas. La privación venía del desenlace de la guerra civil; pero la mayoría estaba persuadida de que si ese desenlace hubiera sido lo contrario, la situación de las libertades no habría sido mejor porque ambos beligerantes prometían su destrucción, y la realizaron durante la guerra misma. No era fácil que el interés de los españoles se movilizara hacia una inversión del resultado de la guerra; y como es lo que en definitiva proponían los fragmentos más politizados del país, esto hizo que la mayoría quedase en relativa indiferencia. Podría decirse que gran número de españoles esperaba sin prisa el final del régimen…" España inteligible, Madrid, 1985, pág. 379. <<

[152] Stanley H. Brandes, Migration, Kinship and Community, Nueva York, 1975, página 76. <<

[153] La democratización de Turquía después de 1945 podría aducirse como ejemplo anterior, pero el régimen kemalista de Turquía ha sido siempre una especie de "democracia guiada" del Tercer Mundo —una de las primeras de su especie—, en lugar de un nuevo régimen autoritario institucionalizado de la era fascista europea. <<