La historia de la Segunda República española parece condenada a la controversia ideológica y a servir como arma arrojadiza en la política actual. Aunque desde la llegada de la democracia se había avanzado notablemente en el análisis riguroso de ese período, en los últimos años han surgido las visiones maniqueas y simplistas de hechos que fueron, en verdad, complejos.

Dirigido a un público amplio, este libro reivindica el conocimiento del pasado a partir de premisas que no se plieguen a las servidumbres políticas del presente. Por ello, apuesta, por una historia desapasionada, empirista y plural de la política republicana. Lo que une a sus autores es el empeño por comprender y explicar con rigor aquella época tan problemática. Ni la democracia republicana fue una arcadia feliz y consolidada que los reaccionarios y fascistas destruyeron sin más, ni tampoco fue el escenario convulso inevitablemente proclive al bolchevismo en el que los demócratas y las libertades brillaron por su ausencia.

El eterno debate sobre los orígenes de la Guerra Civil de 1936 encontrará aquí las respuestas sugerentes y novedosas.

Manuel Álvarez Tardío y Fernando del Rey (eds.)

El laberinto republicano

La democracia española y sus enemigos (1931-1936)

ePub r1.3

Titivillus 06.12.2019

Título original: El laberinto republicano

Manuel Álvarez Tardío & Fernando del Rey (eds.), 2012

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

ESTE LIBRO VA DEDICADO A CUATRO GRANDES

HISTORIADORES ESPAÑOLES: ANTONIO MARÍA CALERO,

JUAN JOSÉ LINZ, JAVIER TUSELL Y SANTIAGO VARELA

INTRODUCCIÓN

por

MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO

Y FERNANDO DEL REY REGUILLO

Ninguna Constitución democrática de la historia de la España contemporánea ha logrado una vigencia tan prolongada como la de 1978, que va camino ya de los cuarenta años. No son pocos los problemas que se divisan en el horizonte o las críticas que se hacen sobre el funcionamiento de la democracia actual, y sin embargo, si se mide en términos de estabilidad institucional y alternancia pacífica en el poder, no hay duda de que el período de democracia representativa y pluralista que comenzó en 1978 ha sido, en perspectiva histórica, un éxito sin precedentes en nuestro país.

Ahora bien, de un tiempo a esta parte se han oído voces críticas que enlazan los problemas derivados de la consolidación democrática con supuestos fallos de origen en el sistema, uno de los cuales tendría que ver con la espinosa cuestión de qué debe la democracia actual a las experiencias previas a la Guerra Civil. De hecho, hay algunos historiadores que se han embarcado en una ofensiva, en apariencia científica aunque con no pocas implicaciones ideológicas implícitas, para vincular la llamada «memoria de la democracia» con la España inmediatamente anterior a 1936. Se trata, básicamente, de anclar la democracia actual en las luchas ideológicas de la década de 1930, reduciendo aquellos años convulsos y complejos a una dicotomía entre fascismo y antifascismo y sosteniendo que la recuperación de la democracia después de la muerte de Franco es deudora de la lucha antifascista. En esa línea, además, se afirma que si la democracia de 1978 no ha funcionado mejor es porque los herederos del fascismo controlaron la Transición e impidieron que se hiciera justicia, esto es, evitaron que España intentara partir de cero tal y como se hizo en 1931.

Lo cierto, sin embargo, es que esta interpretación de la historia reciente de España no solo peca de un simplismo alarmante, sino también de una dosis considerable de voluntarismo ideológico. La cuestión podría ser irrelevante desde un punto de vista historiográfico si no fuera porque ha contaminado el debate que de forma legítima sostienen los historiadores sobre la España de la Segunda República. De este modo, una cuestión puramente ideológica, pensada para socavar los fundamentos de la democracia actual y alimentar la identidad partidista de ciertos sectores sociales, ha incidido negativamente en el debate historiográfico sobre la España de la década de 1930, en la medida en que algunos sedicentes «historiadores-jueces» andan empeñados en repartir carnés de pureza democrática entre sus compañeros. Son los mismos que se empeñan en dictar sentencias sobre si una u otra interpretación del pasado se ajusta o no a los patrones de la dicotomía fascismo/antifascismo, como si de repente hubiéramos regresado a la Europa de la década de 1930, y al igual que Stalin gustaba de «detentar el monopolio del bien», resultaría ahora, parafraseando a Timothy Snyder, que los historiadores «razonables» estarían «del lado de los antifascistas», mientras que cualquiera que estuviera en contra sería tachado de «fascista, o por lo menos un simpatizantes del fascismo».

Una cruenta guerra civil y una larga dictadura, que excluyó cuando menos a la mitad del país, vacunaron a varias generaciones de españoles contra algo que se había extendido por la Europa de entreguerras a partir de 1919, incluida España: la convicción de que la intransigencia era una virtud política y la aceptación del pluralismo ideológico un síntoma de debilidad. Seguramente, gracias a esa vacuna la Transición pudo llevarse a cabo por un camino reformista y transaccional que desembocó en una democracia igual de perfecta o imperfecta que la de nuestros vecinos europeos, pero, en última instancia, muy valiosa desde una perspectiva histórica. Tan valiosa, ciertamente, que gracias a ella pueden ejercer la crítica incluso quienes tienen problemas para aceptar las consecuencias del pluralismo y tienden a concebir el ejercicio de los derechos individuales y las libertades políticas en términos excluyentes. Tan valiosa, además, que ampara el desarrollo de todo tipo de debates sobre el pasado sin que a sus intervinientes se les apliquen los códigos de limpieza ideológica y depuración que muchos fascistas y antifascistas de la Europa de entreguerras habrían considerado justificados en estos casos. Sin duda, los españoles son afortunados aunque su democracia no sea todo lo «popular» que algunos, los menos, anhelan.

El oficio del historiador no es el de proporcionar argumentos para el debate político. Ahora bien, este sabe que su trabajo tiene una importante función social, en la medida en que su análisis del pasado puede ser luego utilizado por sus conciudadanos. La Historia tiene, guste o no, una función «desacralizadora», por decirlo en los mismos términos usados por Tzvetan Todorov. La tiene porque el historiador honesto y riguroso no oculta la complejidad del pasado, sino todo lo contrario. Si la memoria de los individuos es brutalmente selectiva y puede mezclar lo real y lo imaginario a su antojo, la Historia es el resultado de una labor profesional en la que no vale contar lo que las fuentes no confirman. La Historia, por tanto, suele desmentir a la memoria y plantea no pocos problemas con todos esos mitos que alimentan las identidades ideológicas en el presente. Por eso es desacralizadora. Y por eso la labor del historiador tiene una proyección pública y una labor pedagógica que no deberíamos despreciar. Algunos creen que el historiador debe comprometerse hasta tal punto que la Historia sirva para realizar un ajuste de cuentas con el pasado y, hasta cierto punto, para hacer justicia. Pero que el historiador, su lenguaje y valores sean hijos de su presente, no significa que sea también esclavo de un compromiso ideológico que solo puede viciar hasta extremos asfixiantes su tarea.

Todo esto es más cierto en el caso que nos ocupa: la historia política de la Segunda República española entre los años 1931 y 1936. Pese a tratarse de un período de tiempo muy corto, lo que se escriba sobre el mismo sigue teniendo importancia en la vida política española y se refleja sobre eso que llamamos sociedad civil. Los editores de este volumen somos conscientes de ello. Sabemos que ahora, como hace treinta años, la confección de un relato sólido y riguroso sobre la política española anterior a la Guerra Civil es parte de nuestra responsabilidad como historiadores. Es una responsabilidad que consiste en trabajar honestamente con las fuentes y reflejar en nuestros textos lo que aquellas prueban, evitando la tentación de producir historias al calor de los vaivenes de la política actual o la pretensión dogmática —al tiempo que ilusa— de buscar la confección de un relato definitivo que nadie estaría autorizado a cuestionar.

Los españoles vieron en septiembre de 1923 cómo se derrumbaba de la noche a la mañana la Monarquía constitucional que había funcionado en su país durante casi cincuenta años. En ese momento, un golpe de Estado protagonizado por el general Miguel Primo de Rivera y respaldado finalmente por el rey Alfonso XIII hizo saltar por los aires un régimen de parlamentarismo liberal que —salvando las distancias— era equiparable, si no globalmente al menos sí en muchos aspectos, al de otras naciones europeas, tales como Francia o Gran Bretaña, y mucho más liberal que, por ejemplo, la Monarquía de los Hohenzollern bajo Guillermo II. Como en otras partes del continente, la España posterior a 1914, aun sin participar directamente de la Gran Guerra, experimentó cambios sociales y políticos muy importantes, algunos de los cuales provocaron momentos de grave tensión. Pero no fue una huelga general ni una crisis social o económica lo que derrumbó la Monarquía constitucional, sino un pronunciamiento militar. Al aceptarlo, el monarca tiró por la borda varias décadas de estabilidad institucional cuyo balance, como siempre en la Historia, estaba lleno de luces y sombras. En el lado oscuro, sin duda, podemos destacar que antes de 1923 no cuajó una política más competitiva que diera entrada a nuevos agentes y posibilitara el paso a un régimen cada vez más democrático, si bien es verdad que esa responsabilidad no cabe atribuirla en exclusiva a la Corona ni a las élites que le daban cobertura, pues los límites de la democratización también partieron de la debilidad y contradicciones ideológicas de las fuerzas que supuestamente se identificaban con la democracia, esto es, republicanos y socialistas. Sin olvidar, tampoco, a las opciones autoritarias (carlistas, integristas, mauristas, etc.) situadas en la extrema derecha del sistema, así como el profundo arraigo de que gozaba la cultura antiliberal en amplios sectores de la ciudadanía española de a pie, más allá de las fuerzas políticas organizadas. En cualquier caso, no se puede obviar que entre las luces del régimen estaba un hecho digno de ser enfatizado: los políticos españoles se habían acostumbrado a convivir dentro de un mismo marco legal, renunciando al recurso a la violencia para obtener el poder.

El golpe militar inauguró un tiempo nuevo para los españoles. La ruptura generó, como siempre en estos casos, un enorme vacío. Aunque la dictadura militar, que duró hasta 1930, intentó institucionalizar un régimen clerical-corporativo —que no fascista—, no lo logró. Cuando el dictador perdió la confianza del rey y la de los altos mandos del Ejército, todo el montaje se vino abajo. Entonces, durante un año, entre febrero de 1930 y marzo de 1931, Alfonso XIII intentó que el país recuperara la normalidad constitucional y se reuniera un nuevo Parlamento. Recurrió a los pocos políticos liberales que no le dieron la espalda, pero el vacío generado en 1923 no se pudo llenar. Los viejos partidos estaban deshechos. Los españoles no se movilizaron entusiastamente y por millones a favor de la caída de la Monarquía, como a veces se desprende de algunos relatos históricos. Pero sí parece que muchos miles de monárquicos decidieron no luchar por la supervivencia de la Monarquía. Y es indiscutible que la alianza de los socialistas con los republicanos, viejos y nuevos, generó un movimiento social de apoyo al cambio de régimen. Finalmente, los españoles varones votaron convocados por un gobierno del rey el 12 de abril de 1931, en una consulta para elegir concejales en sus ayuntamientos. La consulta respondió a la estrategia de Romanones, que apuntaba a unas elecciones generales en las que las fuerzas de la oposición no pensaban participar, y de hecho las boicotearon cuando el gobierno Berenguer intentó empezar por ellas para depurar los males de la dictadura. Los comicios municipales fueron las primeras elecciones desde la abrupta interrupción causada por los militares en 1923. En ese momento, aunque todavía los monárquicos cosecharon buenos resultados, los republicanos obtuvieron un porcentaje de votos inesperadamente alto, sobre todo en las ciudades y pueblos grandes. El gobierno de la Monarquía aceptó la opinión de quienes vieron en esa consulta un plebiscito popular contra Alfonso XIII, y aconsejó a este que abandonara el país y dejara paso a un gobierno provisional. Aunque no en número de votos, se aceptó que los republicanos habían ganado; su acusación de que el rey había unido el destino de la Monarquía al del dictador, al aceptar el golpe de Estado en 1923, había calado en la opinión. No les faltaba razón.

Durante las últimas décadas, la historiografía española se ha ocupado mucho, aunque con resultados dispares, de la laberíntica trama de la política republicana. Tanto interés está justificado porque se trató de los cinco años en los que por vez primera los españoles se enfrentaron al reto de construir y consolidar una democracia. Y no solo eso. La experiencia no terminó bien: el 18 de julio de 1936 un grupo de militares se levantó contra el orden establecido. Al no obtener un apoyo masivo de sus compañeros y al encontrarse con que un porcentaje significativo de las fuerzas de orden público se mantenía leal al gobierno, el golpe fracasó. Este fracaso y el hecho de que el gobierno republicano no controlara la situación por sí solo desembocó en una guerra civil que duró tres largos años. Así, aunque no estaba escrito en ninguna parte ni vino determinado por ningún factor estructural, el quinquenio republicano terminó de la peor forma posible. La esperanza que para amplios segmentos de la sociedad española había presidido la inauguración de la República, un tiempo nuevo que debía representar mucho más que un cambio de instituciones, concluyó en una inmensa tragedia. Para mayor desgracia, a la guerra le sucedieron casi cuarenta años de una dictadura cuyas bases de legitimidad arrancaban de una sangrienta guerra y una no menos sangrienta posguerra, que aisló a los españoles de la Europa de entonces y los acostumbró, a la fuerza, a no resolver sus diferencias en las urnas. Todo esto, sin duda, justifica que la Segunda República haya sido un objeto de estudio preferente para los historiadores españoles y también, como es lógico, para todos aquellos que desde el exterior se preguntaron por las razones de la singularidad española después de 1945 y por las causas de la Guerra Civil.

Durante la Segunda República se vivió esa misma experiencia compleja de democratización a la que otros países europeos hicieron frente tras la Gran Guerra. Preguntarse por qué no había dado resultado en España y qué factores habían impedido la convivencia pacífica entre los españoles y les habían llevado a matarse por razones ideológicas a partir de 1936 siempre ha sido un asunto estratégico en las diferentes generaciones de historiadores que se han sucedido desde la década de 1940. La República, además, fue el punto culminante de varias décadas de modernización social, económica, cultural y política, pero también de muchas fracturas y problemas arrastrados desde antiguo. Los mismos problemas que algunos notables republicanos, y no republicanos, habían soñado con resolver de la noche a la mañana finalmente se enquistaron y generaron no pocas tensiones: la relación entre la Iglesia y el Estado, la modernización del Ejército, la organización territorial y administrativa del país, el problema de la tierra o la institucionalización de las relaciones laborales fueron algunos de los problemas más importantes, aunque no los únicos. No menos fundamental era la cuestión de si la República, a diferencia de la Monarquía, iba a establecer o no, de forma inapelable, el veredicto del sufragio universal para acceder o salir del poder. Los conjuncionistas de 1931 habían afirmado y se habían legitimado imponiendo el dogma de que eso era imposible en el régimen liberal dinástico, puesto que ellos interpretaban que la Monarquía había secuestrado el Estado y lo había subordinado a los intereses de los «anti-Estado», básicamente la Iglesia, la aristocracia y el Ejército, renunciando así a los verdaderos principios de una «revolución liberal» siempre traicionada. Por el contrario, según ellos, la República había de demostrar que ella sí era la expresión genuina del sufragio universal como forma capaz, en todo momento, de recoger en sus equilibrios institucionales el veredicto de la soberanía popular. Luego, sin embargo, desde muy pronto el devenir de los acontecimientos puso en tela de juicio esos principios esencialistas de los fundadores del régimen, principios en virtud de los cuales la República no consistía solamente en un cambio de la forma de gobierno sino en una oportunidad histórica de utilizar la movilización democrática para impulsar con toda la fuerza del Estado, y fueran cuales fueran las resistencias, la anhelada «revolución republicana».

Partiendo de esas complejidades solo enunciadas, a nadie debe extrañar que los historiadores que se han acercado a la historia contemporánea de España se hayan sentido atraídos, como si de la fuerza de un imán se tratara, por la política del quinquenio 1931-1936. Este magnetismo ha estado ligado, además, al modo en que todos ellos eran hijos, culturales y políticos, de su propio presente. Así, desde las primeras versiones más o menos oficiales sobre la Segunda República, editadas con el beneplácito de los censores de la dictadura, hasta las más recientes versiones ideologizadas publicadas en los últimos años con el propósito de perpetuar una visión idílica de aquel régimen y una historia maniquea de su quiebra, no pocos relatos sobre la política de la década de 1930 han pecado de presentistas. Tampoco, hasta cierto punto, se libraron de ese sesgo otros muy buenos estudios sobre la política republicana editados en la década de 1970 y presididos, sin duda, por la incertidumbre del final de la dictadura franquista y la necesidad de legitimar la nueva democracia. Y sin embargo, pese a estas visiones ideológicas de la democracia republicana, la historiografía española ha avanzado sustantivamente en el conocimiento científico del período y de sus claves. Hoy, gracias a cientos de trabajos, sabemos mucho más de lo que sabíamos hace cuarenta años sobre las claves de la política, la sociedad y la economía en la década de 1930, y conocemos mucho mejor a sus protagonistas gracias a magníficas biografías que nos han permitido dejar atrás ciertos prejuicios y metodologías en virtud de los cuales no importaban las personas sino las condiciones sociales y económicas. Aunque algunos sigan empeñados en hacer caso omiso de ese progreso historiográfico, las historias militantes, pese a tener a veces éxito editorial y de público, no resisten bien el paso del tiempo. Es verdad que ciertos sectores de la historiografía académica española no acaban de desprenderse de los prejuicios ideológicos que empañan su buen juicio y recurren todavía a esa manía tan lamentable de clasificar políticamente a los investigadores en función de los resultados de sus publicaciones. Pero las colaboraciones que hemos recogido en este libro demuestran que la Historia con mayúsculas tiene un espacio cada vez mayor entre los investigadores españoles y extranjeros, aun cuando el reto al que se enfrentan sigue siendo, sin duda, muy difícil.

Hay un deseo explícito en este libro de ofrecer una síntesis clara con las conclusiones más relevantes, novedosas y desacralizadoras aportadas por los investigadores de la Segunda República española en los últimos años. Pero no se parte de cero, pues los autores reunidos en este volumen conectan, de un modo u otro y siempre apelando al diálogo sereno y sin servidumbres ideológicas, con las corrientes de historia política empirista —muy distintas unas de otras— que se han ido labrando desde las décadas de 1960 y 1970 en torno al pasado español más reciente, representada por autores como Raymond Carr, Hugh Thomas, Gabriel Jackson, Gerald H. Meaker, Stanley G. Payne, Martin Blinkhorn, Edward Malefakis, Shlomo Ben-Ami, Paul Preston o Richard Robinson, entre otros, por lo que se refiere a los estudiosos no españoles. O Juan José Linz, Santiago Varela, Carlos Seco Serrano, Joaquín Romero Maura, Javier Tusell, Manuel Tuñón de Lara, Santos Juliá, José Álvarez Junco, Andrés de Blas, Octavio Ruiz Manjón, José Luis de la Granja, Juan Avilés, Enric Ucelay Da Cal, Mercedes Cabrera, Juan Pablo Fusi, y un largo etcétera, por lo que hace a los historiadores nacionales. Con todos ellos, directa o implícitamente, se mantiene un diálogo crítico en los capítulos que forman este volumen. La misma presencia de Stanley G. Payne y José Manuel Macarro en este volumen, en tanto que miembros destacados de ese amplio grupo de historiadores pioneros, testifica nuestro afán por dialogar, sin menospreciarlos, con los historiadores políticos que nos han precedido, con independencia de su dispar adscripción teórica o ideológica y siendo conscientes de que la calidad de sus trabajos es variada y en algunos casos, como aquellos que gustaban de subordinar la política a la economía y nos hablaban del «bloque de poder» como argumento concluyente, sus textos no han resistido demasiado bien el paso del tiempo y de la crítica. Porque esto es lo que justifica nuestra labor como analistas del pasado: el establecimiento, al margen de todo sectarismo y sin prejuicios de ningún tipo, de un diálogo abierto sobre la República, en el que lo relevante no es poner etiquetas a quienes no comparten nuestras conclusiones sino desentrañar poco a poco la complejidad de nuestra historia y «revisar» lo que otros afirmaron antes que nosotros, con rigor pero también con humildad, conscientes de que en ciertas ocasiones los contextos ideológicos o metodológicos fomentaron el mimetismo y desincentivaron la audacia, con las consiguientes consecuencias negativas.

La reivindicación de la historia política comporta por nuestra parte desligarnos abiertamente de las interpretaciones estructurales (económicas, sociológicas, culturales) que tan en boga han estado en las últimas décadas entre los historiadores. No consideramos que el marxismo, la sociología histórica, la antropología cultural o el giro lingüístico, pongamos por caso, sean las mejores maneras de aproximarnos a la comprensión del período de entreguerras. En este libro se reivindica el análisis de la política (los liderazgos, los partidos y grupos de presión, el Parlamento, las elecciones, el marco institucional, la violencia, la movilización en la calle…) y el peso de las pugnas ideológicas en los debates y conflictos de entonces, todo esto dentro de la necesaria dimensión de espacio y tiempo en la que siempre trabaja el historiador, y siendo conscientes de la importancia de los protagonistas y de sus decisiones. Todo lo contrario, por tanto, de esos planteamientos posmodernos y deconstructivistas que han supuesto un auténtico retroceso intelectual, un viaje a ninguna parte que no ha aportado nada relevante al debate historiográfico y al conocimiento histórico de los últimos tiempos.

La renovación de la historia política de España en el período de entreguerras pasa, a nuestro entender, por tres caminos. En primer lugar, el obligado encuadramiento del pasado español en el contexto europeo, esa época de la «brutalización» de la política según la afortunada adjetivación acuñada por Georges Mosse, donde tuvo lugar la larga guerra civil europea, la guerra ideológica o la quiebra de las democracias de las que nos han hablado, entre otros sugerentes autores, Ernst Nolte, Karl Dietrich Bracher, Juan José Linz, René Rémond, François Furet, Niall Ferguson, Mark Mazower, Richard Overy o, muy recientemente, Timothy D. Snyder en su impactante, aunque también discutido, Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin (2010). La contextualización europea ha estado siempre presente en los historiadores españoles, pero muchas veces de un modo simplista, como una mera justificación de los problemas de la democratización en España o como una referencia imprecisa al peligro del fascismo para explicar fenómenos como la bolchevización de los socialistas. La política de la España de entreguerras no fue diferente en un sentido esencialista; tampoco fue, sin más, un calco de lo que ocurría en el resto de Europa. Pero, por más singularidades nacionales que podamos detectar, los debates políticos claves, los conflictos y las rupturas que se dieron en España entre 1914 y 1945, guardaron una estrecha relación con las líneas de fractura fundamentales que se manifestaron en el continente a lo largo de esas tres décadas: las dos guerras mundiales, las crisis y quiebras de las democracias, los desafíos totalitarios o autoritarios, el retroceso de los valores liberales, la atracción de las formulaciones corporativistas y colectivistas, la inestabilidad internacional, el crecimiento del Estado, los estrangulamientos económicos, etc.

En segundo lugar, una aproximación seria, científica y distanciada al conocimiento de aquella época —la Segunda República por lo que aquí concierne— pasa por superar de una vez las distorsiones conceptuales generadas por la Guerra Civil de 1936-1939 y la dictadura franquista que emergió de ella. No se puede seguir analizando la primera experiencia democrática española proyectándole encima retrospectivamente la larga sombra de la guerra y el franquismo, como tantas veces se ha hecho y se sigue haciendo. La República hay que estudiarla en sí misma con independencia de su desenlace, esto es, no en virtud de lo que sucedió después. Aunque es obvio, quizá es bueno recordar que nosotros conocemos el desenlace, pero sus protagonistas no. Ambas experiencias, el conflicto bélico y el dilatado período dictatorial, alimentaron visiones heroico-míticas o condenatorias de la España de la década de 1930 que han lastrado muy negativamente el trabajo de un sinfín de historiadores y analistas. Laboriosa y lentamente, una parte de la investigación de las tres últimas décadas del siglo XX fue tirando por tierra la mayoría de esas distorsiones y los maniqueísmos y simplificaciones que se derivaron de ellas. De hecho, hacia la década de 1990 cabía afirmar sin temor a exagerar que la historiografía española, tanto la referida a la República como la de otros períodos, podía equipararse a cualquiera de las mejores historiografías del mundo occidental. Ello reflejaba la normalidad democrática que se había instalado por fin en el país, una vez asegurada la alternancia pacífica en el poder y superados los planteamientos cainitas del inmediato pasado. Naturalmente, el mundo académico se hizo eco de esa normalidad y los frutos no tardaron en llegar. Por fin se hacía historia sin apriorismos y servidumbres ideológicas de ninguna clase, se discutía y se debatía en libertad, y, lo que es más importante, se escribía críticamente sin tener que explicar con anterioridad dónde se situaba cada cual en términos políticos.

Pero cabe preguntarse si no se ha sufrido una cierta involución intelectual (y no solo intelectual) en los últimos años. El fenómeno de la llamada «memoria histórica» ha abierto la puerta al retorno de la historia militante de diverso signo. De un lado, la que podríamos denominar historia «neofranquista», deudora de la propaganda aireada por la dictadura durante décadas para justificar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y el orden político que emergió de la Guerra Civil. De otro lado, la historia que cabría apellidar «frente-populista», artífice de una visión idealizada de la Segunda República a la que, desde un enfoque lleno de trampas y manipulaciones de las fuentes, se identifica sin más con el republicanismo de izquierdas y las fuerzas obreristas (socialistas, comunistas y anarquistas) que —considerados en bloque— se lanzaron al combate contra los insurgentes supuestamente para defenderla.

La historia militante nos ofrece, así pues, un relato del pasado supeditado a unos intereses políticos muy concretos, cuyo denominador común, a diestra y siniestra, es el cuestionamiento del marco constitucional de la España actual, la impugnación de la forma en que se llevó a cabo la transición a la democracia desde la dictadura del general Franco, y la consiguiente mitificación y/o distorsión —sesgada a distintas bandas— de las experiencias políticas del período de entreguerras. Polemistas de oficio con métodos deliberadamente ajenos a las reglas de la investigación histórica, aunque respaldados por algunos historiadores de diversas procedencias, son los que han protagonizado este fenómeno de la llamada «memoria histórica». En el mismo han encontrado un filón muy rentable y una forma de adquirir relevancia pública, aun a costa de extender en la opinión todo tipo de patrañas de forma irresponsable y acientífica.

Así, por ejemplo, en boca de unos, Franco y los generales golpistas que protagonizaron la sublevación contra la República del Frente Popular en julio de 1936, o las fuerzas políticas que se arremolinaron a su alrededor, se nos muestran de nuevo —como ya hiciera la propaganda de la dictadura durante décadas— como heroicos salvadores de la patria amenazada por la revolución comunista. Por su lado, en boca de sus antagonistas, la República se nos dibuja como una experiencia democratizadora sin par en la Europa de su tiempo, el amanecer modernizador y reformista que una España postrada durante siglos demandaba. Colocadas a su frente, todas las fuerzas que se aunaron en julio de 1936 para defenderla son presentadas, sin distinción alguna, como incuestionables luchadoras «por la libertad y la democracia», obrando incluso el milagro de convertir en demócratas a la corriente revolucionaria del socialismo, a los militantes de la FAI, a los trotskistas o a los amigos del estalinismo, considerados en su conjunto más como antifascistas que como totalitarios. En esta imagen, por supuesto, no hay espacio para quienes defendieron posiciones de centro-derecha ni de centro-izquierda desde postulados liberal-democráticos, ni se reconocen posibles fallos en el diseño constitucional de la democracia republicana. Solo hay sitio, desde una perspectiva maniquea, para una izquierda reformista, laica y modernizadora, comprometida con los derechos de los más débiles y acorralada por la reacción de una «derecha» —invocada en singular, evidentemente— tradicional, clerical, autoritaria, opresora e incluso «genocida». La dicotomía engañosa del fascismo/antifascismo revive con fuerza hasta lograr que, como en la Europa de Hitler y los Frentes Populares, no seamos capaces de distinguir la propaganda de la realidad. Conviene no olvidar que, tras la implosión del comunismo, sabemos con gran detalle el infierno que hubo detrás de la apologética de la revolución y que junto al fraude, consciente o inconsciente, del antifascismo se dio la aceptación del fascismo por muchos millones de personas, asimismo engañosa y fraudulenta. Así las cosas, los regímenes, en principio democráticos, en exceso dependientes de los adalides variopintos de la revolución, y paralelamente incapaces de integrar al grueso del mundo conservador y a importantes sectores del liberal, como fue el caso de España, tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir a los estragos de la ferocidad política.

Los editores de este volumen —sería el tercer camino a explorar— creemos posible analizar y escribir la historia de la Segunda República por encima de cualquier polémica política —pasada o presente— y desligados de mitos, condenas e instrumentaciones interesadas. Es esta una convicción que, a juzgar por la forma honesta y rigurosa en que los autores aquí reunidos intentan abordar sus respectivos temas, constituye un sello de identidad de este trabajo colectivo. La politización del pasado impide conocerlo, explicarlo y comprenderlo con un mínimo de distanciamiento y ponderación, más todavía en el caso de un pasado tan complejo y finalmente traumático como el de la España de 1931 a 1936. Naturalmente, toda pretensión objetivista resulta imposible. Entre otras razones, porque todos los historiadores tienen una vara de medir, unos códigos morales y unos valores a través de los cuales perciben y analizan los hechos con los que se enfrentan, en mayor o menor medida deudores de su tiempo y su lenguaje. Lo honrado es reconocerlo así y, si es preciso, advertirlo públicamente, como ahora, aunque sin dejar que esas limitaciones paralicen el trabajo o deriven en un ejercicio puramente literario. De hecho, por encima del perfil ideológico e intelectual plural de los historiadores que hemos coincidido en esta empresa, los editores estamos plenamente convencidos de que todos partimos de una consideración positiva de la democracia parlamentaria y conocemos los fundamentos liberales que coadyuvaron a que esta, finalmente, triunfara frente a los totalitarismos. Precisamente por esto no nos llamamos a engaño sobre el peso que tuvieron en España durante la década de 1930 aquellos que despreciaban la imprescindible conciliación de democracia y liberalismo y, por el contrario, estaban convencidos de que era posible levantar una democracia concebida en términos patrimonialistas so pretexto de la necesidad de impulsar cambios revolucionarios en el país, aunque con el resultado paradójico de excluir a una parte sustancial de la sociedad de ese nuevo régimen.

Es más, consideramos que las garantías de la libertad individual y la protección de los derechos fundamentales no son aspectos que podamos considerar relativos o secundarios, de tal forma que en función de los contextos históricos o según aparezcan o desaparezcan en el horizonte los problemas sociales y económicos, aquellos puedan parecemos prescindibles. Por poner un ejemplo, una cosa es conocer y analizar las dificultades económicas que asfixiaban la economía española de la década de 1930 y las consecuencias que tenía el desempleo en ciertas áreas rurales, y otra bien distinta «tomar partido» por un discurso ideológico concreto en virtud del cual esos factores determinaban la política hasta tal extremo que debemos «comprender» por qué algunos españoles anteponían la revolución a la democracia. Si hacemos lo segundo renunciaremos automáticamente a considerar que la democracia representativa, pluralista y liberal tenía cabida en los discursos de entreguerras y tomaremos partido por una determinada rama del antifascismo, pero lamentablemente no entenderemos nada de cómo y por qué sobrevivió la democracia en Gran Bretaña, los Países Bajos, Escandinavia, Francia (hasta la invasión nazi y la implantación del régimen de Vichy), Suiza o Finlandia, mientras que al final no fue posible en España y en otros muchos países del continente. Paradójicamente, al margen de los tres últimos casos y de la primordial República norteamericana, los Estados en los que la democracia sobrevivió fueron monarquías parlamentarias firmemente asentadas y legitimadas en un consenso social amplio.

Una crítica fácil que se nos podría hacer es que corremos el riesgo de extrapolar sobre la década de 1930 una interpretación condicionada por cómo vemos e interpretamos los regímenes democráticos actuales. Pero no es el caso. La comparación, implícita o explícita, que subyace en los análisis recogidos en los distintos capítulos del libro se establece con las democracias parlamentarias del propio período de entreguerras y tiene presente lo que entonces, como desde mucho tiempo antes, no pocos de los que no se dejaron seducir por los totalitarismos o las pasiones revolucionarias consideraban como conquistas irrenunciables de la política constitucional occidental. Es cierto que la idea y los regímenes democráticos de inspiración liberal se situaron a la defensiva en aquella época y que la dicotomía revolución/contrarrevolución tuvo consecuencias perversas sobre la vida política. Muchos de aquellos regímenes perecieron, algunos incluso al poco de haber nacido. Como es sabido, en torno a dos tercios de la treintena de países que entonces integraban el Viejo Continente vieron derrumbarse sus sistemas representativos ante el avance incontenible de los movimientos y fórmulas políticas antidemocráticas entre 1917 y 1939. Pero, antes de la Segunda Guerra Mundial, la democracia sobrevivió en una porción importante de Estados, la mayor parte de los cuales se ubicaron en la fachada más occidental de Europa. Tales son nuestros puntos de referencia, la pantalla a la que dirigimos nuestra mirada para tratar de responder a los múltiples interrogantes que se plantean cuando se analiza el primer ensayo democratizador de la historia de España, sus logros, sus limitaciones y los desafíos que tuvo que afrontar.

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UNA VISIÓN CRÍTICA SOBRE LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA

por

STANLEY G. PAYNE

En el sigloXXI casi todos los regímenes políticos son republicanos, pero hace solo cien años había dos repúblicas en Europa. Por otra parte, la más grande de las dos, la Tercera República francesa, se consolidó inicialmente como una república contrarrevolucionaria. Aplastó de forma sangrienta a la Comuna de París en 1871 mediante una represión feroz, que tal vez acabó con la vida de veinte mil personas. Solo en 1910 apareció en Europa una tercera república, cuando una insurrección violenta estableció en Portugal un régimen republicano rigurosamente anticlerical. Fue la primera empresa de ese tipo desde el desastre de la república federal española de 1873-1874.

El definitivo avance republicano se produjo al final de esa gran destructora de los Estados imperiales europeos que fue la Primera Guerra Mundial. De las nueve repúblicas de 1919, únicamente una —la comunista húngara— cayó de inmediato, pero solo dos —la checoslovaca y la finlandesa— mantuvieron la estabilidad y un gobierno completamente constitucional. Al cabo de pocos años, el péndulo empezó a oscilar, pero no en el sentido de la monarquía, sino en el de la «revolución del siglo XX», que no fue el comunismo, sino el nacionalismo autoritario.

La república clásica de la Europa de entreguerras fue la República de Weimar, en Alemania, cuyo hundimiento tendría enormes consecuencias para la historia mundial. Se ha comparado en pocas ocasiones a las repúblicas española y alemana, pues suele pensarse que apenas tuvieron nada en común a causa de las diferencias evidentes entre los dos países y a la circunstancia de que Alemania estaba traumatizada por su catastrófica historia reciente, mientras que España había vivido durante más de tres decenios sin un trauma nacional grave. De no haberse visto obligados, los alemanes indudablemente no habrían creado una república en 1919, y tal vez tampoco en 1931. Al menos en este aspecto hay que considerar a España el país políticamente más «progresista» de los dos.

Detlev Peukert, uno de los historiadores más perspicaces de la República de Weimar, la ha definido como una «crisis de la modernidad clásica» de múltiples dimensiones[1]. Esta definición puede ser válida para Alemania, pero a tenor de la imagen dada por España en esos años, parecería inapropiada para esta. ¿De verdad lo es? Indudablemente, Alemania estaba en el nivel (o casi) de máximo desarrollo europeo, a diferencia de España. Sin embargo, casi todas las características de la modernización del siglo XX habían sido introducidas en España durante la década de 1920, aunque en una proporción mucho menor. No había tecnología nueva realmente importante que fuese desconocida.

Los cuarenta años del período 1890-1930 deben considerarse la «época axial» de la modernización, pues en ellos aparecieron prácticamente todas las nuevas máquinas y tecnologías. Los avances logrados desde entonces han consistido esencialmente en mejoras significativas de dichas tecnologías y máquinas. Las principales innovaciones se han producido en ciertos sectores de la electrónica y la tecnología de la información, pero hasta el ordenador fue inventado hacia 1938, en la fase final de la República del Frente Popular.

La época axial fue asimismo un momento de cambios sin precedentes en la cultura y la sociedad, en el que se produjo una transformación social muy rápida, que en España tuvo como reflejo el notable declive de la población agraria. Fueron unos tiempos de formidable innovación, pero también de suma confusión y extraordinaria desorientación cultural. En estos años alcanzaron su máximo desarrollo las ideologías revolucionarias, que por primera vez cristalizaron en grandes movimientos. Todos estos fenómenos tuvieron repercusiones en España, aunque, naturalmente, con un grado de desarrollo menor que en Alemania, principal laboratorio de las nuevas ideas culturales y formas sociales. En Alemania, el conflicto se daba entre formas diferentes y contrarias de ser «moderno», mientras que España seguía enfrentada a la tarea prioritaria de la modernización estructural. Pero aunque España era culturalmente más conservadora, el abanico del radicalismo político resultaba en ciertos aspectos aún mayor. Pese a las grandes diferencias entre los dos países por lo que respecta al nivel y a las dimensiones de la modernización, tanto Alemania como España atravesaron crisis absolutas, mucho más graves que las experimentadas por cualquier otra sociedad occidental en el decenio de 1930. Dos crisis muy diferentes, por otro lado. Mutatis mutandis, la década de 1930 también fue testigo en España de una «crisis de la modernidad clásica» como ninguna otra acontecida antes o después.

La sociedad alemana, más avanzada, soportó primero una concatenación extraordinaria de crisis y dificultades entre 1918 y 1923, y luego disfrutó de unos años de estabilidad antes de sucumbir a las crisis renovadas de 1930-1933. En España, un país menos desarrollado, la república democrática no fue tan robusta y sobrevivió solo cinco años, aun cuando no había estado sujeta a traumas económicos e internacionales comparables. Los problemas de la Segunda República española se limitaban fundamentalmente al ámbito social y político nacionales; el abanico era más estrecho, pero, aun así, resultaba demasiado grande para los recursos cívicos del país, menores que los de Alemania. Los resultados españoles fueron magros, pero no debemos perder de vista la perspectiva general de la Europa de entreguerras, en la que la mayoría de los sistemas políticos fracasaron, aunque en todos los demás casos lo hicieron de modo más pacífico.

Una diferencia importante entre estas dos grandes repúblicas europeas radica en las fuerzas que pusieron en entredicho la democracia liberal y en el punto hasta el que mantuvieron un sistema de derechos políticos y civiles plenos. En Alemania, el desafío provino de dos sectores: la izquierda revolucionaria (fundamentalmente, el Partido Comunista Alemán, KPD), por un lado, y la derecha autoritaria, por otro, de la que surgieron las organizaciones derechistas radicales y los nazis. En España, el desafío procedió de esos mismos sectores, con la diferencia de que, al comienzo, eran más débiles que en Alemania. En 1931-1932, la izquierda revolucionaria española apenas podía compararse con su correlato en Alemania durante 1918-1919; análogamente, la derecha radical era al principio muy débil en España, y no podía equipararse con la de los Freikorps, el Kapp-Putsch o incluso los primeros nazis. Sin embargo, la debilidad inicial de la izquierda revolucionaria en España era engañosa, porque el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se colocó a la izquierda de su homólogo alemán y, cuando surgió la primera gran crisis, puso de manifiesto que no seguiría a aquel en su apoyo de las «libertades burguesas» y el constitucionalismo. Cuando los socialistas empezaron a adoptar una postura casi revolucionaria, la extrema izquierda cobró en España mucha más fuerza que en Alemania.

Un problema capital de España era el de si el nuevo régimen iba a funcionar como una democracia liberal —escala en la que la República de Weimar sobresalía— o no. Algunas de las nuevas repúblicas europeas aprobaron regulaciones, por ejemplo, para reprimir a los extremistas, normalmente comunistas, pero los primeros líderes de la Segunda República, con su Ley de Defensa de la República, tuvieron dificultades para determinar si estaban dispuestos o no a conceder derechos civiles a los conservadores en general, pese a que estos constituían entre el 35 y el 40% de la población. En realidad, la izquierda nunca tuvo intención de concedérselos, con lo que incluso la derecha moderada solo disfrutó de libertades civiles plenas desde septiembre de 1933 hasta febrero de 1936, período en el que la izquierda no estuvo en el poder. La República de Weimar creó nuevas fuerzas especiales de seguridad muy vigorosas —en comparación con las cuales la Guardia de Asalto española era un cuerpo modesto—, que reprimieron los levantamientos de los trabajadores con gran derramamiento de sangre —comparativamente con mucho más derramamiento que en la llamada represión feroz de 1934-1935 en España—, pero siempre mantuvo derechos constitucionales iguales para todos los sectores de la política y la sociedad, ámbito en el que registró una enorme ventaja frente a la Segunda República. De ahí la descripción ya clásica hecha por Javier Tusell de la Segunda República, «una democracia poco democrática», que, como definición en cuatro palabras, es difícilmente mejorable.

Una de las grandes singularidades de la Segunda República reside en su cronología, alejada en doce años del momento en el que fueron introducidas las demás democracias en Europa. Durante el siglo XIX, los nuevos avances políticos se producían en España antes que en cualquier otra parte. Después de la Primera Guerra Mundial, cabe afirmar lo contrario: los cambios llegaron a España más tarde que al resto de países, a causa, sobre todo, de su neutralidad en el conflicto. Pese a los intentos hechos en 1917 para introducir un cambio radical, la guerra no tuvo el mismo efecto galvanizador en un Estado neutral, como el español, que en muchos otros países. La primera gran crisis de la posguerra no aconteció hasta cinco años después de acabado el conflicto y su fruto fue un intento fallido de gobierno autoritario, no un movimiento hacia la izquierda.

El vacío de poder creado en otras partes por la guerra apareció en España como resultado del fracaso del régimen de Miguel Primo de Rivera (1923-1930). El fracaso del autoritarismo no era inusual en aquellos tiempos: se había dado ya en Portugal y Grecia y se daría más adelante en Yugoslavia. Sin embargo, en los otros casos, tras él se produjo una vuelta al orden precedente. La diferencia se debe en gran medida a que el régimen de Primo de Rivera no fue un breve interludio, una transición, como ocurrió en otras partes[2], con lo que no se limitó a interrumpir el régimen parlamentario, sino que, además, erosionó sus bases.

La Segunda República llegó abruptamente y en parte por sorpresa, pero sin las convulsiones a menudo padecidas por otros países y, sobre todo, no tan accidentalmente como en otras partes. Sus orígenes políticos inmediatos estaban claros, se encontraban en la expansión del activismo republicano a partir de 1926; pero eran igual de importantes las influencias indirectas que alentaron la liberalización y el cambio políticos, procedentes de la modernización acelerada que había acontecido durante la generación precedente, el momento de desarrollo más rápido en la historia de país, más o menos equivalente al rápido impulso experimentado durante los últimos quince años de Franco, solo que más espectacular e influyente, pues repercutió en una sociedad hasta entonces menos desarrollada. El resultado socio-psicológico fue una revolución extraordinaria en el acrecentamiento de las esperanzas, la transformación más fundamental de todas, porque surgía tanto de cambios psicológicos y mentales como del crecimiento económico y el desarrollo social. Esas fueron las claves estructurales y psicodinámicas de los sucesos espectaculares de la década de 1930.

También crearon las precondiciones de una situación revolucionaria. Desde mediados del siglo XIX, ha habido dos teorías básicas de la revolución: la estructuralista, formulada principalmente por Kant, y la histórico-conductual, concebida en primer lugar por Tocqueville. Desde entonces, los científicos sociales normalmente han preferido alguna variante del conductismo tocquevilliano. En la revisión de James C. Davies, este afirma lo siguiente:

Es más probable que ocurra una revolución cuando a un período prolongado de desarrollo económico y social objetivos le sigue otro de grandes dificultades. La principal consecuencia en la mente de las personas de esa sociedad es la de generar, en el primer período, la idea de una ilimitada capacidad de satisfacer necesidades y, en el segundo, un estado de ansiedad y frustración, cuando la realidad manifiesta se aparta de la prevista. El estado real de avance socioeconómico es menos importante que la perspectiva de que el progreso pasado, ahora detenido, puede y debe continuar en el futuro[3].

Esta teoría predijo hasta cierto punto el curso que seguiría la Segunda República.

Gran parte de la complejidad del funcionamiento de la Segunda República estribaba en el carácter híbrido del nuevo régimen. Por una parte, introdujo un nuevo sistema liberal democrático, mientras que, por otra, inauguró un proceso revolucionario. La interacción de ambos elementos resultaría fundamental, tanto más cuanto que un proceso revolucionario puede entrañar también la posibilidad de una drástica salida contrarrevolucionaria. En el caso de los socialistas, pasaron de un proceso a otro por una evolución natural, pero los demás grupos revolucionarios, desde la organización de masas CNT hasta la diversidad de minúsculos partidos comunistas, tomaron un camino más expeditivo. En consecuencia, la principal —aunque no la única— tensión era la que se daba, cada vez en mayor medida, entre democracia y constitucionalismo, por un lado, y gobierno arbitrario y revolución, por otro, pero la lucha se complicó en seguida a causa de la triangulación política, con el ascenso repentino de la derecha en 1933. Pese a todo, la estructura política sobrevivió durante cinco años, antes de empezar a dar paso al proceso revolucionario, tremendamente confuso, del Frente Popular. En cuanto estalló la Guerra Civil, empezó a tomar forma otra república, aunque bajo la apariencia —poco verosímil— de la continuidad institucional. Proporcionalmente, tal cosa produjo la situación política más compleja vivida en la Europa de entreguerras, resistente durante mucho tiempo al examen intelectual. En España no hubo prácticamente estudios al respecto hasta muy poco antes de la muerte de Franco, salvo los datos recopilados en la Causa General, cuyo propósito era más la denuncia que la elucidación. Los exiliados republicanos escribieron poco más que memorias, algunas de ellas de utilidad crucial, pero en su mayor parte interesadas, como suelen serlo casi todas las obras de ese género. Los intelectuales extranjeros simplemente no se ocupaban de España, al menos hasta los libros que publicamos en 1961, momento desde el cual el panorama comenzó a mejorar lentamente.

El primer historiador de la República fue el veterano y distinguido periodista catalán Josep Pla, que en 1940 empezó a publicar su Historia de la Segunda República española en cuatro volúmenes. Desde entonces, el libro ha sido motivo de vergüenza para los herederos de Pla, que se han resistido firmemente a todos los intentos de los últimos años para reeditar la obra, dado que Pla fue seguidor de Francesc Cambó y militante de la centrista Lliga Catalana, que, después de vacilar durante los primeros meses de la contienda, se alineó con Franco. Las fuentes empleadas por Pla fueron primordialmente la prensa, el diario de sesiones de las Cortes y su propia experiencia, que Había sido amplia. Aunque, como es evidente, carecía de muchos datos, elaboró uno de los dos relatos históricos más detallados escritos nunca, una crítica conservadora que no dejaba de lado ni el centro ni la derecha moderada. Pla acuñó la expresión «kerenskysmo ideológico» para describir la política de Manuel Azaña, que, de manera convincente, destacó como una de las claves del desastre político de la Segunda República.

La otra crónica igualmente detallada fue la publicada en cuatro volúmenes por Joaquín Arrarás más de dos decenios después. Las carreras de los dos escritores resultaban muy diferentes: Pla era un periodista destacado del catalanismo moderado y el parlamentarismo español, y Arrarás un importante periodista de la dictadura; Pla era probablemente el prosista más brillante en catalán de su época y escribía regularmente en las dos lenguas, y Arrarás escribía con competencia en castellano y era relativamente prolífico. Arrarás contó con ayuda y acceso a más información, aunque no a muchas más fuentes primarias; su obra apareció en una época más próspera, acompañada de numerosas ilustraciones, fruto de un minucioso periodismo político. Estas dos obras colosales están politizadas y son maniqueas, no eruditas u objetivas.

La historiografía especializada comenzó con los tres libros aparecidos en inglés en 1961[4], pero su principal tema de estudio era la Guerra Civil. Lo poco que decían sobre la República se basaba en una investigación escasa e incluso engañosa. Los cinco años de la Segunda República se convirtieron en objeto directo de investigación por vez primera en la obra clásica de Gabriel Jackson publicada en 1965[5], que cabe describir sencillamente como el relato canónico desde la perspectiva de la izquierda republicana. Poco después, con la relajación de la censura, empezaron a aparecer en España las primeras grandes memorias de la época y las primeras monografías profesionales de historiadores españoles. La cantidad de obras sobre historia contemporánea experimentó un incremento exponencial durante la década de 1970 y desde entonces se ha mantenido en un nivel elevado. Los dos grandes defectos de la enorme profusión de obras surgidas en los últimos cuatro decenios son la trivialidad y el provincianismo, por un lado, y la escasa objetividad, por otro. La afirmación hecha hacia 1990 por Javier Tusell, entonces el decano de los historiadores políticos de la época contemporánea, según la cual la historiografía española había alcanzado tal nivel de madurez y profesionalidad que, al leer los trabajos de los historiadores españoles sobre el decenio de 1930, apenas era posible encontrar rastro de su inclinación personal por la derecha o por la izquierda, ha resultado ser sumamente inexacta. A este respecto, encontramos dos fenómenos distintos que, en el caso de España, suelen reforzarse mutuamente. Uno es la gran dificultad que a menudo conlleva superar una época marcada por una gran guerra civil, circunstancia que cabe comparar con la experiencia de Estados Unidos en el período posterior a 1865, dada la enorme dificultad de separar —en la medida en que es posible tal cosa— la historia de la República de la de la Guerra Civil. El otro ha sido la tendencia general de las humanidades en el mundo occidental al subjetivismo radical, a hacer con frecuencia hincapié en lo provinciano y lo banal. A su vez, este rasgo está muy influido por la importancia ideológica prestada a la corrección política, la ideología posmarxista de la izquierda occidental[6], que ha experimentado una expansión gramsciana, que habría asombrado al propio Gramsci, hasta convertirse en la ideología dominante en Occidente, hasta el punto en que cabe hablar de tal cosa en el siglo XXI. En el caso de España, estos factores suelen reforzarse mutuamente.

En el ámbito de la biografía, los problemas son profundos. Aunque en los últimos años cada vez se han publicado más estudios biográficos, estos suelen adoptar dos formas: la hagiografía o la denuncia. Apenas ha quedado espacio para el término medio. Por ejemplo, hay muchos libros sobre Manuel Azaña, pero extremadamente pocos estudios críticos profesionales. Lo mismo, pero incluso multiplicado, cabe decir de las biografías de Indalecio Prieto. Para citar un ejemplo de la Guerra Civil, el reciente aluvión de libros sobre Juan Negrín ha añadido muchos datos y ha rescatado al líder del Frente Popular de las caricaturas negativas a las que a menudo se lo ha condenado, pero, a su vez, ahora se lo retrata como un héroe abnegado que nunca cometió errores graves o adoptó posturas partidistas[7]. Evidentemente, una imagen es tan falsa como la otra. No obstante, cabría situar en una categoría un tanto distinta la biografía de Alcalá Zamora escrita por un lejano familiar suyo, el historiador Ángel Alcalá Galve[8]. Como la mayoría de las biografías, la obra es claramente comprensiva con el biografiado, pero, pese a ello, muestra cierta disposición a someter a crítica algunas de sus decisiones más importantes.

En la historiografía de los últimos cuatro decenios sobre la Segunda República, no hay género más común que el estudio electoral, pero muchos de esos ejercicios suelen ser metodológica e intelectualmente simples, por no decir simplones, casi siempre de alcance muy local y con la prensa como principal fuente. Menos es nada, pero pocas veces nos llevan demasiado lejos. El detalladísimo estudio de Las elecciones del Frente Popular, dirigido por Tusell en 1971, constituye una excepción, pero ni siquiera esa investigación fue completa o definitiva. El mejor estudio electoral del período es la exhaustiva y novedosa obra sobre las elecciones de 1933 escrita por Roberto Villa García[9].

Si se aplica una lente similar a otros asuntos esenciales, se ve la misma situación. La historia de los partidos políticos ha sido objeto de más investigación que la mayor parte de los demás asuntos, de nuevo porque se trata de un tema evidente y es fácil acceder a las fuentes de una u otra clase, pero sus vacíos y limitaciones son aún profundos. Tal vez el único tratamiento más o menos definitivo de alguno de los grandes asuntos de la República sea la obra clásica de Edward Malefakis sobre la reforma agraria[10]. No obstante, se han hecho avances en diversos ámbitos, como los dos libros de José Manuel Macarro Vera sobre política y conflictos sociales en Andalucía[11], la obra de Álvarez Tardío sobre la política anticlerical[12] y la recopilación de estudios de este último, en colaboración con Villa García, que tratan especialmente de ciertos problemas políticos de carácter técnico y estructural en tiempos de la Segunda República[13].

El problema más dramático fue el de la violencia política, que finalmente acabó con la República. Desde la obra pionera de Malefakis y Ramiro Cibrián, valiosa, pero bastante incompleta[14], se han publicado varios estudios recientes: los más importantes son los escritos o dirigidos por Fernando del Rey[15]. En este ámbito, ciertos problemas nunca llegarán a resolverse. Por ejemplo, al investigar las atrocidades cometidas en Asturias en 1934, es posible ser relativamente precisos en cuanto a muchas de las perpetradas por los revolucionarios, pues existen datos fiables al respecto, pero las de las fuerzas del orden probablemente nunca podrán ser aclaradas a causa de la falta de datos.

La fase más crucial de la Segunda República, y la más difícil de investigar, es la última. El único caso de crisis nacional en la Europa de entreguerras similar en profundidad y complejidad a este tal vez sea el de Alemania, pero no la de 1933, sino la de 1923, en medio de la invasión extranjera, la crisis política, la hiperinflación, el derrumbamiento social, el extremismo político y, por último, la insurrección de la izquierda y la derecha. La complejidad y pluridimensionalidad de esta crisis excedían claramente las de la situación española, pero, gracias a instituciones más fuertes y a una cultura cívica más avanzada que las españolas, la democracia y la república sobrevivieron en Alemania. Tampoco es de extrañar que un país como Alemania, con una población más grande y un cuadro de historiadores más amplio, haya estudiado sus crisis más graves con mayor minuciosidad. Sin embargo, tal como están las cosas, casi todas las grandes fases o los aspectos cruciales de los últimos cinco meses de la historia de la República necesitan estudios monográficos, con solo algunas excepciones. Probablemente, los mejores trabajos sobre ese período sean los últimos capítulos de las obras regionales de José Manuel Macarro Vera[16] y Fernando del Rey[17]. El clímax de la crisis en toda la nación sigue esperando a su historiador, sin que haya nada equivalente a la detallada obra existente sobre la postrera fase de la República de Weimar.

Desde el punto de vista de la macroestadística, la experiencia de la Segunda República fue, según estudios clásicos, tan violenta como la de Alemania durante los cinco años de la llamada «guerra civil alemana» de 1919-1923 o como las convulsiones sufridas por Italia en esos mismos años. La cifra de muertos por violencia política en España —2500, más o menos— es aproximadamente comparable, teniendo en cuenta las diferencias en la población total, con las registradas en esos otros dos países.

En este aspecto, España no se diferencia de ellos: el nivel de violencia vivido en el país fue similar al alcanzado en las otras dos grandes crisis de la Europa occidental en esa época.

Tampoco la extrema fragmentación política que se produjo bajo la República tuvo un carácter único, pues la rápida modernización y los veloces cambios experimentados en esos tiempos fomentaron dicho fenómeno, más grave aún en un país como Polonia, cuya Segunda República tuvo al comienzo una representación proporcionada en las elecciones. Lo realmente único del caso español fue la completa falta de un claro proyecto hegemónico, capaz de imponerse políticamente. A falta de otro, se impuso el de la alianza izquierdista, pero la fragmentación y la contradicción en su interior eran tan profundas que solo fue plenamente funcional durante el primer período del nuevo régimen. La segunda alianza izquierdista, el Frente Popular, se diferenciaba profundamente de su correlato en Francia, y pasó por una serie de fases convulsas y contradictorias, sin llegar a cristalizar de forma coherente y perdurable. Sin embargo, no existe ningún estudio serio —parcial o de conjunto— sobre el Frente Popular español, al margen de un breve examen comparativo publicado por historiadores británicos[18] que elude la mayor parte de los grandes problemas.

Los sistemas de alianzas obedecían a necesidades políticas y tenían como propósito salir del atolladero de la fragmentación experimentada por los sistemas políticos europeos de la época. Probablemente, los primeros en comprenderlo fueron los franceses, que marcaron la pauta a la hora de mantener la estabilidad de un sistema político fragmentado. Sin embargo, la alianza radical como medio de abrir una brecha en el sistema político fue más bien inventada por Mussolini en 1922, como poco a poco comprendió Adolf Hitler, quien solo fue capaz de reproducirla al cabo de un decenio. Sin embargo, poco después de Hitler, el Komintern aceptó la superioridad de la «táctica fascista», tan distinta de la táctica de insurrección que había abrazado con anterioridad, y el resultado fue la creación del Frente Popular.

Por supuesto, Santos Juliá[19] y otros autores tienen mucha razón al señalar que los orígenes del Frente Popular español no tenían casi nada que ver con el Partido Comunista, por otra parte en situación de debilidad, sino que procedían de la alianza esencialmente bilateral entre los republicanos de izquierdas y el sector pragmático de los socialistas. Ni que decir tiene que esa misma historiografía se abstiene de examinar adecuadamente el asunto desde el punto de vista de la continuidad entre teoría y práctica, hasta el punto de que no es posible hablar de la existencia de una teoría coherente sobre el Frente Popular español.

En el estudio de las fuerzas políticas, la atención se ha centrado más en la de los socialistas que en cualquier otra. Tiene su lógica, pues, para bien o para mal, plantearon importantes iniciativas con mayor constancia que las demás formaciones y fueron los grandes protagonistas de la polarización extrema que aniquiló el sistema.

Desde luego, los socialistas españoles eran «diferentes»: de eso no cabe duda. Asombraban a todos los comentaristas periodísticos responsables, desde los del centrista El Sol hasta los de la prensa conservadora, que no dejaban de preguntarse cómo era posible que España, de entre todos los países europeos, tuviera un partido socialista tan irresponsable. La pregunta se planteó durante varios años, incluso por parte de sus aliados izquierdistas, pero nunca recibió respuesta. Ha dado lugar a una bibliografía considerable[20], pero relativamente monográfica o partidista y que nunca ha acabado de comprender por entero la cuestión. De todos los enigmas políticos que plantea la República, el de los socialistas sigue siendo el principal. El problema aún aguarda una respuesta historiográfica plena.

Sin embargo, los socialistas no eran el eje de la alianza izquierdista: ese papel lo desempeñaba la izquierda burguesa, los republicanos moderados o de clase media de Azaña y sus colegas. Los estudios sobre los partidos republicanos de izquierdas y su principal fuerza, el partido Izquierda Republicana, desde 1934 en adelante, siguen siendo muy limitados. Juan Avilés Farré publicó hace unos años el primero, una buena monografía sobre los partidos políticos de esa tendencia[21], pero su iniciativa ha tenido pocos seguidores. Por otra parte, la historiografía del republicanismo de izquierdas, en la medida en que cabe hablar de ella, casi siempre se detiene de modo abrupto en febrero de 1936: cede en su empeño precisamente en el momento en que es importante de verdad.

Hasta cierto punto, lo mismo cabe decir en relación con la derecha moderada, porque apenas ha habido continuaciones de las primeras obras relevantes —a favor y en contra— escritas sobre la CEDA por Richard Robinson[22] y por Montero[23], acompañadas por el breve estudio «centrista» de Javier Tusell[24]. Sin embargo, la derecha moderada tuvo menor importancia, sencillamente porque su papel en el gobierno fue más breve y nunca llegó a ser verdaderamente dominante.

Los principales liberaldemócratas, los del Partido Republicano Radical —denominación poco apropiada—, han tenido más suerte, gracias a los trabajos cruciales de Ruiz Manjón[25] y Townson[26]. Sin embargo, sería muy útil contar con un estudio más amplio del segmento entero, que prestara atención a los partidos pequeños con grandes líderes —los de Alcalá Zamora, Maura y Sánchez Román, situado un poco más a la izquierda— y a los independientes (como Chapaprieta, entre otros), sin olvidarse de la Lliga Catalana, un tanto más conservadora.

Por supuesto, se han escrito numerosos estudios sobre los nacionalismos periféricos, y también sobre el nacionalismo español de la Falange. Lo que falta es una investigación sobre el incremento experimentado por el discurso nacionalista, poco menos que irrelevante en 1931, pero que en 1936 se había acrecentado de modo considerable, aunque no primordialmente por obra de José Antonio Primo de Rivera o de Francisco Franco.

El problema de la Segunda República española fue una de las cuestiones más importantes en la Europa de la década de 1930, y sus vericuetos, como los de la República alemana, seguirán dando lugar a una intrincada historiografía. La diferencia fundamental es que, actualmente, la mayor parte de los historiadores alemanes, al igual que la nutrida confraternidad internacional —compuesta en su mayor parte por autores británicos, estadounidenses y anglófonos— que estudia la historia de Alemania, acepta los problemas con toda su complejidad. Evidentemente, no cabe decir lo mismo sobre España.

Aunque las cuestiones políticas fueron sumamente complejas, resultaban también, mutatis mutandis, típicas de los asuntos europeos del período. Cada problema político de España tenía un correlato relevante en otros países, y lo mismo cabe decir respecto de la organizaciones políticas, con la única excepción del anarcosindicalismo, por supuesto.

Desde el breve estudio de Albert Balcells publicado hace casi cuarenta años[27], tampoco ha habido apenas intentos de examinar el anarcosindicalismo español desde un punto de vista analítico y teórico. Lo mismo cabe decir en relación con una perspectiva comparativa, desde las obras de George Woodcock[28] y Paul Avrich[29], escritas en la última fase del radicalismo occidental, la del decenio de 1960.

Evidentemente, el objetivo de la historiografía actual es rescatar a la República del terreno del mito, por un lado, y de la pereza y banalidad intelectuales, por otro. Puede lograrlo, primero, con indagaciones mucho más serias sobre asuntos esenciales, distintas, digamos, de tesis doctorales sobre elecciones locales, y después mediante la elevación de las investigaciones desde el ámbito de la monografía hasta el del estudio comparativo. Este último ha sido casi siempre difícil de llevar a cabo en España, a causa de las carencias de sus bibliotecas, pero esperemos que el acceso a Internet haga posible disponer de una variedad mucho más amplia de materiales. Dado que la mayor parte de las nuevas repúblicas fracasaron, no es de sorprender que lo hiciera la española, pero en la historia hay pocos acontecimientos que puedan considerarse inevitables. La responsabilidad del historiador no consiste en aceptar el resultado final como ineluctable ni en atribuirlo a interpretaciones maniqueas o a cuentos fantasiosos, como el de que la Segunda República fue Caperucita Roja, sino en investigar el problema con toda su complejidad empírica y comparativa.

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LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LAS EXIGENCIAS DE LA DEMOCRACIA

por

LUIS ARRANZ NOTARIO

LA DEMOCRATIZACIÓN NO ES REVOLUCIONARIA

Comenzaré con una cita elocuente referida al sufragio universal y su función política:

El Sufragio Universal es el honor de las multitudes, la renta de los desheredados, la reconciliación de las clases, la vida legal para todos. […] Incluso hostil es necesario respetarlo. […] Os corresponde fundamentar la libertad haciéndola lo bastante amplia como para incluir, sin hipocresía ni violencia, todos los intereses, todos los derechos, todas las clases, lo bastante sencilla para ser en adelante no solo el dios del pequeño sino el bien de las masas, de los ignorantes, de los pobres, lo bastante serena para no intimidar a nadie, lo suficientemente luminosa para ilustrar a todo el mundo[1].

De esta manera anticipaba Jules Ferry, uno de los padres de la Tercera República francesa, junto con Adolphe Thiers y Léon Gambetta, el estilo y los objetivos del régimen de sus sueños en 1863, siete años antes de la caída del Segundo Imperio en Sedán. La república que vino entonces logró poner fin a un largo período de inestabilidad política que se remontaba a la Revolución de 1789. Fue un logro político sobresaliente, aun cuando el nuevo régimen revistió algunas serias deficiencias en su institucionalidad y funcionamiento político, que se hicieron especialmente ominosas en la década de 1930 y, de modo manifiesto, de 1934 en adelante.

Si nos preguntamos por las razones de este éxito, las esgrimidas por François Furet aparecen claras y sólidas. En primer lugar, la Tercera República en Francia puso fin a la escisión y al enfrentamiento radical entre el liberalismo y la democracia, que, al contrario del caso norteamericano, había tomado carta de naturaleza en la política francesa y con el asalto de la Bastilla en el verano de 1789. En segundo lugar, esa reconciliación vino de la mano del intenso esfuerzo llevado a cabo por gran parte de la intelectualidad republicana para disociar, durante el transcurso del Segundo Imperio, su proyecto político de la tradición revolucionaria y jacobina. Un esfuerzo ineludible si se quería aprovechar la vigencia del sufragio universal con Napoleón III y aprender de los errores que habían precipitado la caída de la Segunda República. Una parte importante de los republicanos comprendió que su avance a través del sufragio universal no podía desembocar en la reivindicación de una nueva dictadura, sino que la república debía significar la reconciliación inequívoca de la democracia con la libertad política y el régimen constitucional. En ese esfuerzo de renovación destacaron Ferry, el historiador exiliado Edgar Quinet y el propio Jules Michelet[2], entre otros. Sus afanes se vieron reforzados por la «confluencia de centros» representada por la lucidez y el buen hacer de un demócrata radical como Gambetta, unida a la clarividencia de Thiers, quien desde el lado del liberalismo orleanista encontró que la república era el régimen «que menos dividía a los franceses[3]».

El republicanismo europeo se concentraba, gracias al influjo de Francia, en los países mediterráneos. Pero sus filas se engrosaron mucho más a causa de los nacionalismos irredentos y la ruptura de los espacios imperiales de Rusia y Austria-Hungría tras la Gran Guerra; esto es, más por motivos derivados del nacionalismo que del proceso democratizador. A los republicanos españoles se les suponía, por tanto, francófilos y familiarizados con las vicisitudes de la república vecina. El caso de Manuel Azaña suele considerarse el mejor ejemplo de esa francofilia. Sin embargo, la argumentación de Jules Ferry sobre el sufragio universal y el carácter conciliador de la República francesa parecen ajustarse bastante mejor al período de la Restauración monárquica que al proyecto republicano en la Península, tanto en Portugal como en España[4].

Conviene observar en todo caso que en la Europa de entreguerras los procesos revolucionarios solo sirvieron para engendrar regímenes totalitarios que arrancaron de cuajo la democracia liberal, o bien situaciones autoritarias que bloquearon la adaptación del liberalismo a la democracia. Los dos únicos casos de democracias logradas entre los nuevos Estados surgidos del derrumbe de los imperios Romanov y Habsburgo, Finlandia y la República checoslovaca, no fueron el fruto de ninguna revolución, sino del hundimiento de sus dominadores a causa de la derrota militar y la conmoción interna consiguiente. Ahora bien, tanto en el caso finés como en el checo, lo esencial para el triunfo de la democracia liberal fue el avanzado desarrollo de sus presupuestos en la fase política anterior. Y aquí aparece la siguiente consideración a efectuar sobre el caso español en el período de entreguerras. Se dice a menudo que la anomalía política española más destacada en relación con el desarrollo democrático procedía del caciquismo y la farsa del turno en el gobierno entre conservadores y liberales bajo la Monarquía constitucional de la Restauración. Estas conocidas denuncias de los intelectuales regeneracionistas, en sus variantes de 1898 y 1914, reforzaron los principales argumentos de la crítica republicana a la Restauración. Sin embargo, es la notable endeblez de la movilización y organización democráticas lo que llama la atención en el caso español.

Según explica Sartori[5], el paso del liberalismo a la democracia consiste en transitar de un «Gobierno responsable» a un «Gobierno que responde». Un proceso en el cual las sucesivas ampliaciones del sufragio y las reformas del modelo electoral son impulsadas por los nuevos o renovados partidos, destacadamente el socialista. Estos compiten cada vez más por el voto de los electores como fuente principal de legitimación política en todo el territorio nacional, sin prestar atención a las situaciones electorales constituidas previamente, que no pocas veces excluían la competencia ante las urnas. Alimentaron así el desarrollo de su maquinaria tanto electoral como permanente, pues fue gracias a ella como multiplicaron su presencia en el Parlamento y su influencia en el proceso legislativo. Los líderes de estas nuevas o renovadas fuerzas políticas tienden, pues, con toda naturalidad, a trasladar el eje de las decisiones políticas a los resultados electorales. Con esto reclaman someter al veredicto de las urnas las decisiones parlamentarias y el arbitraje de la Corona, ya que a excepción de Francia y Suiza, monárquicos eran la totalidad de los regímenes constitucionales europeos.

En el caso español, esta suerte de «círculo virtuoso» que lleva adelante la democratización no llegó a activarse durante el período de la Restauración (1876-1923). La escasa capacidad de movilización de las izquierdas se prolongó durante casi cincuenta años, y tampoco se movieron los católicos, en sintonía o no con el conservadurismo liberal. De este modo no tuvo lugar el proceso de democratización política, fundamentalmente electoral y de constitución de «partidos máquina», que Sartori sintetiza con gran claridad:

La metamorfosis de un sistema de partidos no estructurado a uno estructurado siempre ha sido iniciada por un asalto exógeno y por el «contagio». Los antiguos partidos de notables y de opinión desaparecieron o cambiaron su forma de ser en respuesta al desafío de los partidos de masas creados externamente (y en su mayoría opuestos al sistema), caracterizados por fuertes nexos y fervor ideológico[6].

La alternancia sistemática entre conservadores y liberales que mantuvo en España la Corona, fundamento en todo ese medio siglo de la vigencia del régimen constitucional, tampoco estimuló la competencia electoral entre ellos. Es más, por la presión de los liberales, la Corona y los conservadores aceptaron a partir de 1880-1881 eliminar la incertidumbre electoral y sustituirla por el turno para evitar la vuelta a las coaliciones «contra lo existente», respaldadas por el pronunciamiento militar y la revolución popular. Roberto Villa García ha precisado esta incapacidad para la movilización democrática de las izquierdas frente al turno al recordarnos que, con anterioridad a 1901, a lo máximo que llegaron los republicanos fue a presentar ochenta candidatos en las elecciones generales para cuatrocientos diez escaños en juego; y de estos sacaron triunfantes la mitad o algo menos, con ayuda, en parte, del encasillado del gobierno de turno. Cuatro años después, en 1905, el número no sobrepasó los ciento veinte candidatos republicanos[7]. Más llamativa todavía resultó la incapacidad electoral y parlamentaria de la aristocracia obrera. Treinta y un años tardó en aparecer el primer diputado socialista en las Cortes, allá por 1910. Doce años después los escaños socialistas sumaban siete, si bien con un par de catedráticos en sus filas[8].

Por entonces, entre los años inmediatamente anteriores y posteriores a la Primera Guerra Mundial, en los países escandinavos, Alemania y Austria, el Benelux, pero también Francia e Italia, los socialistas eran la primera fuerza electoral y parlamentaria. Por esa razón se convirtieron en un aliado imprescindible para la formación de los gobiernos. No obstante, cuando llegaron a este punto debieron resolver un dilema fundamental: bien subordinar y adaptar los contenidos del socialismo a la primacía de la democracia pluralista y afirmar esta inequívocamente; o sacrificarla en el altar de la revolución social mediante alguna fórmula ambigua, casi siempre distinguiendo entre la democracia como medio y el socialismo como fin. En ninguno de estos países estaban ausentes los fenómenos de la corrupción electoral que en España se sintetizan bajo el concepto esencialista del caciquismo, acuñado para descalificar el régimen constitucional y parlamentario. Es más, en España no existían métodos de desigualdad y arbitrariedad electoral tan flagrantes como el de las «tres clases» en Prusia o en Sajonia[9]. Sin olvidar el voto plural ilimitado que rigió en Gran Bretaña hasta la implantación plena del sufragio universal en 1918; o que a finales del siglo XIX algo más del 15% de los distritos carecieran allí de competencia. Lo que faltaba en España no era el sufragio universal masculino, igual, directo y secreto, sino el compromiso con la democracia liberal acuñado por el grueso de los republicanos franceses bajo el Segundo Imperio. Tampoco hubo rastro de la profunda y brillante comprensión del significado de la democracia moderna que llevó a cabo Eduard Bernstein desde las filas socialistas[10].

Existe, por tanto, una relación necesaria entre el proceso de democratización y la ausencia de revolución. El liberalismo introduce defensas críticas de carácter intelectual, moral e institucional frente a la posible deriva antipluralista y estatista de la democracia. Ahora bien, a tenor de los supuestos individualistas sobre los que descansa, el liberalismo no puede oponerse cerradamente a la democracia sin riesgo de suicidarse. Correlativamente, las fuerzas impulsoras de la democratización terminan viendo en el orden constitucional la mejor salvaguardia de su propio avance. De ahí su lógico rechazo a todo intento de menoscabarlo desde la derecha o desde la izquierda. Finalmente, el proceso democratizador se impone, y lo hace en el momento decisivo en que sus impulsores dejan nítidamente claro aquello a lo que aspiran, pero también cuál es el límite que se fijan a sí mismos. Esto último es esencial para que las fuerzas hasta ese momento dominantes cedan ante lo que entienden un compromiso equilibrado. El caso de la acción de la socialdemocracia en los países escandinavos y, concretamente, en Suecia y Dinamarca, resulta ejemplar al respecto[11].

En Gran Bretaña y el Benelux, la parlamentarización de la Monarquía y la democratización electoral y sus consecuencias políticas se dieron sucesivamente. En Suecia y Dinamarca, países neutrales en la guerra europea, ambos procesos se fundieron y canalizaron a la vez, mientras que en España, por no desplegarse la democratización, se puso en serio riesgo el régimen parlamentario hasta que este quebró en 1923. La socialdemocracia sueca y danesa, aliada a los liberales y en buenas relaciones con los agrarios, dejó claro en aquellos dos países lo que quería: sufragio universal masculino y femenino sin voto plural, de modo que la mayoría electoral, traducida en escaños en la cámara baja del Parlamento, formara gobierno sin que la Corona, cuyas prerrogativas seguían siendo más amplias que en España, pudiera seguir otro criterio que el de convertir en gobierno a la mayoría electoral. Sentado esto, la socialdemocracia sueca, por ejemplo, dejó bien claro que se opondría con decisión a todo desafío sindical al Estado y rechazó frontalmente la dictadura bolchevique y su propagación a todo el mundo a través de la Internacional Comunista. Ninguno de estos dos aspectos puede hallarse en el socialismo español —pero tampoco en el italiano o el austríaco—, que tuvo a gala defender la dictadura del proletariado como la quintaesencia política del socialismo, aunque con independencia del dictado de Moscú. Una dictadura que debería ser ejercida, en el caso español, no por los consejos obreros, sino por el sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT) como alternativa al Estado. El republicanismo español, por su parte, subordinaba el doble proceso de la parlamentarización y de la democratización a la cuestión previa de la forma de gobierno, mientras su minoritaria rama accidentalista en materia de formas de gobierno se limitaba a convertirse en un grupo más del liberalismo monárquico[12].

Planteadas así las cosas, la Segunda República española, que solo fue posible por el precedente de la dictadura de Primo de Rivera, se habría justificado históricamente frente a la Monarquía constitucional si hubiera logrado alcanzar dos objetivos políticos fundamentales. El primero, consagrar el sufragio universal como la única forma legítima de alcanzar y ejercer el poder. Es decir, que las principales fuerzas políticas se hubieran mostrado dispuestas a asumir la incertidumbre electoral y el ejercicio pacífico de la oposición en caso de derrota, frente al turno a plazo más o menos fijo de la Monarquía constitucional. El segundo objetivo, dependiente del anterior, hubiera sido establecer una estrategia de alianzas y un sistema de partidos capaz de garantizar gobiernos más estables y duraderos, con una mayor capacidad legislativa que los de la Monarquía, sobre todo en su última etapa de 1913 a 1923. Las consideraciones que siguen tratan de destacar varios aspectos fundamentales de la configuración y vida política de la República que imposibilitaron la realización de ambos objetivos.

¿FORMALISMO O DECISIONISMO CONSTITUCIONAL?

Empecemos por recordar la trascendencia del debate sostenido en el período de entreguerras por Carl Schmitt y Hans Kelsen sobre el constitucionalismo y la democracia. El primero hizo justicia al liberalismo, pero solo para declararlo muerto bajo los golpes de la lucha de clases y de los nacionalismos, tras la Primera Guerra Mundial y los treinta años que la habían precedido[13]. Para el parlamentarismo clásico de la era orleanista, máxima expresión política del liberalismo, había llegado la hora final. Según Schmitt, el blindaje de la disciplina y la anulación de la personalidad individual del diputado, llevada a cabo por los partidos con un potente aparato burocrático en la sociedad de masas, abocaban a la impotencia y la esterilidad del gobierno parlamentario. El parlamentarismo se había basado en los compromisos razonables, fruto de la elocuencia, caballerosidad y patriotismo de unos diputados que, ante todo, se debían a sus propias convicciones[14]. Pero la discusión y el compromiso no constituían la verdadera naturaleza de la política. Para Schmitt, su significación última venía dada por la polaridad de la lucha entre el amigo y el enemigo. Siguiendo los principios de su admirado Donoso Cortés, afirmó que el verdadero ejercicio de la soberanía no estaba en la práctica del debate y el acuerdo político, sino allí donde estaba quien tenía el poder para declarar y ejercer el estado de excepción; es decir, la salida pasaba por la dictadura salvadora capaz de poner fin al debate de la confrontación y la impotencia[15]. Solo trascendiendo los aparatos de los partidos y cerrando el Parlamento, donde chocaban inútilmente, podía restaurarse la unidad perdida de la nación.

Opuesto fue el camino seguido por Hans Kelsen. Este se hallaba instalado en una metodología kantiana que le mantuvo siempre alerta frente a la falacia naturalista que deduce el deber ser del ser y amalgama el hecho con el valor. Así, prefirió mantener relativamente implícitos los valores liberales que subyacían a su concepción de la democracia. Pensaba lograr de esta forma la ruptura de la socialdemocracia germánica, o al menos de la austríaca, con la doctrina política del marxismo y del leninismo y fortalecer el frágil régimen democrático alumbrado por la derrota de los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial. Es cierto que el planteamiento relativista —o, más bien, el empleo de la palabra «relativo»— que cierra su obra Esencia y valor de la democracia introduce un elemento de ambigüedad en cuanto a los fundamentos últimos del Estado de derecho. Y esto hubiera requerido algunas explicaciones[16]. En todo caso, Kelsen vincula la democracia a la libertad antes que a la igualdad, y se pronuncia contra toda idealización hegeliana del Estado, que «no es un superior de sus súbditos, no domina a los hombres, no es de una naturaleza distinta que la de los supuestos dominados». Al tiempo que considera que la nación —contra lo que creen los nacionalistas— «no es una masa […] o un conglomerado de hombres, sino un sistema de actos individuales regidos por la ordenación jurídica del Estado. El hombre nunca pertenece en su totalidad, o sea con todas sus funciones y actividades espirituales y físicas a la colectividad social, ni siquiera al Estado, que es quien más puede absorberle, y mucho menos en un Estado cuya forma se inspire en el ideal de la libertad[17]».

Así pues, contrasta la contundencia y la ferocidad dogmática de Schmitt con la sutileza metodológica y política de Kelsen. Este ponía toda su atención en llevar al socialismo austríaco al terreno de la democracia. Conocía bien sus carencias en el plano de la elaboración política y de la gestión del Estado[18]. Es más, se definió sin ambages ante la cuestión de fondo. El valor de la democracia como régimen político no se derivaba del hecho de que la clase obrera industrial constituyera la gran mayoría de la población. Eso esperaban los marxistas como Karl Kautsky u Otto Bauer. Pero, al cabo de más de medio siglo de las profecías de Marx, la clase obrera industrial no era mayoritaria ni iba a convertirse en la mayoría sociológica de la población. Por tanto, el valor de la democracia, para Kelsen, residía en sus valores intrínsecos y su funcionamiento constitucional específico[19]. La estrategia política que se derivaba de su planteamiento consistía en no despreciar el formalismo constitucional de la democracia. Había que dotarlo de la máxima relevancia y hacer efectivo su cumplimiento, en claro contraste con el conflicto abierto de valores e intereses que propugnaba Karl Schmitt (pero también Lenin y el socialismo marxista).

Si proyectamos el contenido de este debate sobre la Constitución española de 1931, nos encontramos con que, habitualmente, se enaltece su modernidad. Como prueba se alega su parentesco con las Constituciones alemana y austríaca de 1919 y 1920, respectivamente, pero también con la mexicana posterior a la Revolución de 1910, lo que, a todas luces, significa sumar cantidades heterogéneas. Por otra parte, resulta difícil encontrar un vínculo sustancial entre la Constitución fuertemente semipresidencial de Weimar con la española, que no puede calificarse ni de parlamentaria ni de presidencial, sino de semiparlamentaria[20]. Desde la historia constitucional se pone de relieve que la de 1931 fue una Constitución de carácter formal, como la aprobada en Cádiz en 1812, al contrario de las Constituciones doctrinarias del siglo XIX, que fueron materiales o históricas. Con el concepto de formal se alude a la conciencia de los diputados de representar en plenitud la soberanía; por tanto, de contar con una capacidad legislativa ilimitada sobre cualquier aspecto de la realidad política, económica o cultural de la nación. Según esto, la Constitución de 1931 sería «una norma fundamental cuyo contenido, sea cual sea su arraigo histórico y social, se hace depender de la voluntad nacional[21]».

Por el contrario, y conforme a un referente burkeano, hoy asumido y retraducido por el racionalismo crítico en materia constitucional, los doctrinarios entendían que la soberanía nacional y las Cortes Constituyentes podían reformar e introducir aquellas novedades necesarias ampliamente compartidas, pero no podían cuestionar ciertas premisas básicas para la existencia misma de la nación. Eran estas, en lo político, la soberanía compartida de las Cortes con el rey; en lo social y económico, la plenitud de la propiedad privada como garantía material incuestionable de la libertad política; y en el plano cultural y religioso, la adhesión al catolicismo de la mayoría de los españoles. El Estado era el regulador de la convivencia y del cambio, pero no podía suplantar el protagonismo de los individuos ni de la sociedad. Por eso se ha hablado de la «embriaguez de omnipotencia» de la Constitución Constituyente republicana[22]. En todo caso, resulta paradójico considerar formal una Constitución como la de 1812, pues esta se proclamó en nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, «Autor y Supremo legislador de la sociedad» y declaraba la religión católica «única verdadera» y «obligatoria y perpetua» para todos los españoles[23].

Por su parte, la Constitución de 1931 estaba igualmente cuajada de declaraciones ideológicas muy alejadas del formalismo democrático kelseniano y mucho más cerca de la confrontación de principios doctrinales e intereses materiales del enfoque schmittiano de la política. Así ocurría cuando el texto declaraba que España era una «República de trabajadores de todas clases». La redacción del artículo 26 ponía en cuarentena la libertad de conciencia y limitaba gravemente, por razones de «salud pública» y «defensa del régimen», el derecho de asociación y la presencia pública de las organizaciones católicas. El artículo 44 subordinaba la propiedad al interés social y dotaba al Estado de un derecho general de intervención en la industria y las empresas «cuando así lo exigieran la nacionalización de la producción o los intereses de la economía nacional». La garantía genérica de la adecuada indemnización implicaba que toda la economía podía ser socializada. En realidad, ya el concepto de «Estado integral» no era tan solo un eufemismo para no hablar de organización federal, autonómica o regional del Estado. Apuntaba en una dirección de totalidad, tal como lo expresara el socialista Luis Jiménez de Asúa, principal responsable de la redacción del texto: «Somos nosotros, los socialistas, no un partido político, sino una civilización que llega, y precisamente eso nos ha hecho pensar en el Estado integral y no en el Estado federal[24]». En ese sentido, Manuel Álvarez Tardío ha concluido que aquella fue una democracia sin liberalismo: «Algunos —escribe— comprendieron muy pronto el potencial revolucionario y la vía autoritaria que abría una democracia desprovista de liberalismo y no tardaron en aprovecharla a conciencia[25]».

La ausencia en la Constitución republicana española de ese sentido de la formalización democrática argumentada por Kelsen se aprecia especialmente en el discurso del republicano Manuel Azaña. Este rechazó «que el Parlamento se convirtiera en una academia jurídica» preocupada por cuestiones formales. Antes bien, las Cortes de la República debían ser el «instrumento revolucionario que dé forma legal a las aspiraciones del país[26]». Al fin y al cabo, el socialista humanista Fernando de los Ríos había asegurado en el debate constituyente que «la única libertad que hoy es posible es la libertad en el marco de una economía intervenida y planificada por el Estado. […]: la experiencia ha demostrado ya que liberalismo económico y democracia inorgánica están superados[27]».

EL FRACASO DE ESPAÑA

Una determinada argumentación histórica se erigió en un metalenguaje cuya función fue dotar de plena legitimidad al sesgo radical del proyecto republicano. En ese discurso histórico convergían las principales corrientes críticas del liberalismo de la Restauración. De un lado, el regeneracionismo, y en particular su veta costista, con su populismo arcaico y agrarista, hostil al desarrollo del capitalismo agrario y a los procesos de urbanización e industrialización. En el discurso costista confluía la demagogia antiparlamentaria más radical con una evidente proclividad hacia la dictadura «de obras», bien por llamamiento o consentimiento de la Corona —y esto fue lo que ocurrió en el caso de Miguel Primo de Rivera—, bien merced al establecimiento de una República presidencial, en la mejor línea sudamericana. De otro lado, en el polo opuesto, el europeísmo intelectual de Ortega y Gasset buscaba el fortalecimiento de la élite intelectual española. Pero estaba claro que la excelencia intelectual de esa élite se situaría en las antípodas de la desinhibida agresividad del hombre-masa. De este modo, el liberalismo y la democracia habían de permanecer separados por una distancia insalvable, salvo por la vía del patriotismo y del Estado fuerte que Ortega defendió en el Parlamento constituyente[28]. Era la misma distancia que separaba el cultivo de las ideas del trabajo especializado en la política democrática de los aparatos de partido.

A esas dos plataformas críticas con el liberalismo español del siglo XIX, se añadía la nueva promoción de dirigentes republicanos que se abrieron camino gracias a la dictadura de Primo de Rivera y, sobre todo, en virtud del fracaso de esta. Entre ellos destacaba Manuel Azaña por su calidad literaria y su elocuencia (seguido a enorme distancia por Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo). Todos ellos buscaron actualizar el discurso republicano y sus tópicos, pues no en vano era este el portador del principal bagaje antisistema contra la Monarquía constitucional desde los tiempos de Espartero. Dibujaban una España atemporal, en la que la historia repetía un panorama obsesivo de frustración y oscurantismo. La evolución de Europa y su actualidad, no solo política sino intelectual, apenas contaban para ninguno de los tres aquí citados. No existe en Azaña, por ejemplo, ningún análisis del sistema político de la Tercera República francesa, de su evolución o sus problemas; tampoco del marxismo en ninguna de sus acepciones o del fascismo. El Estado en forma de república constituía para él la palanca del cambio histórico. A esta le correspondía actualizar las energías agostadas en el episodio histórico de Villalar. Sin embargo, uno de los aliados fundamentales de Azaña, la Esquerra Republicana de Catalunya, no pareció nunca interesada, salvo por razones de conveniencia, en ese mismo proyecto[29].

El otro aliado estratégico de la izquierda republicana y del jefe de la izquierda republicana en particular, el partido socialista, tenía a su sindicato, la UGT, y no al Estado, como su verdadera referencia de organización social y económica. La política y la ocupación temporal del poder podían servir de alguna utilidad como medios para alcanzar el fin de la dominación sindical sin rivales, según la más añeja ortodoxia marxista. Pero el Estado de la democracia republicana no fue nunca el objetivo estratégico del grueso del socialismo español. Azaña prefería no ver ese rechazo. Ya durante la discusión del artículo 26 de la Constitución, cuando trataba de persuadir a los socialistas de que renunciaran a la disolución de todas las órdenes religiosas, eligió el sometimiento preventivo ante un aliado que le iba a resultar más oneroso y hostil todavía que el nacionalismo catalán. Dijo entonces que su partido, Acción Republicana, no iba a ser «el que haya de negar ni ahora ni nunca al partido socialista las condiciones que crea necesarias para gobernar la República[30]».

¿Cuál era el denominador común de todos estos discursos distintos y a menudo rivales, pero concurrentes en la crítica y oposición absolutas a la fenecida España de la Restauración y los trescientos cincuenta años que la precedían? La descalificación hacia la obra del liberalismo español del siglo XIX y especialmente hacia la Restauración. Los ilustrados ya habían formulado su crítica hacia la política de los Austrias y el despilfarro de las energías hispánicas en el mantenimiento de un ideal caduco de imperio universal católico. Pero compartir esta crítica hubiera supuesto, por parte de los republicanos, saludar el advenimiento de los Borbones y su labor reformista en pro de una monarquía peninsular más y mejor integrada en lo administrativo, lo fiscal y lo cultural. ¿Podían los aliados de la Esquerra cantar las alabanzas de Felipe V como lo habían hecho los liberales? Ciertamente, no. El rechazo de la Monarquía borbónica agudizaba así el del siglo XIX. Desde la óptica republicana, la obra del liberalismo servía tan solo para despreciar su incapacidad para acercarse siquiera de lejos a la ruptura abismal y redentora de 1789. El liberalismo decimonónico y, en particular el doctrinario, era culpable de haber pactado con la Monarquía y la Iglesia en lugar de haber destruido sin miramientos la influencia de ambas para culminar la obra de la regeneración de España en una república[31].

Así planteadas las cosas, nada específico tenían que decir los renovadores del republicanismo —ni los regeneracionistas o los orteguianos— sobre la construcción de los mimbres efectivos del andamiaje de la democracia. La reflexión, en una perspectiva europea comparada, sobre la extrema lentitud y los pobres resultados electorales y parlamentarios de la movilización de las corrientes de izquierda bajo de la Monarquía constitucional, fue suplantada por estas disquisiciones pseudohistóricas. Lo que se interpretó como quiebra no ya del régimen de la Restauración, sino de toda la obra de la Monarquía en la historia de España, sublimaba, en realidad, el fracaso democrático de las izquierdas desde 1812 hasta 1930. Más todavía, el veredicto histórico de Azaña y del republicanismo de izquierdas (junto con el de las otras dos plataformas intelectuales prorrepublicanas citadas más arriba) venía a reivindicar y actualizar el tipo de estrategia aplicado por los sectores radicales del liberalismo durante la prolongada primera mitad del XIX. Era la misma estrategia que había fracasado tantas veces cuantas había sido ensayada, desde el Trienio Constitucional hasta el Sexenio Democrático. Al fin y al cabo, sin esos fracasos resultaría incomprensible el vigor del liberalismo moderado y, sobre todo, el éxito del compromiso de la Restauración. Pero los republicanos de izquierda entendieron que la experiencia proporcionada por el siglo XIX quedaba anulada por los siete años de dictadura. Optaron por retomar los viejos caminos de la radicalidad y la retórica revolucionaria ahora para transitar del liberalismo no tanto a la democracia como a la república, con su inmensa carga cualitativa y antiformalista. Los socialistas que les acompañaron acariciaban su propia revolución. Para ninguno de ellos contaban nada las distintas experiencias europeas de éxito en materia de democratización.

EL ANDAMIAJE DE LA DEMOCRACIA

Las debilidades del proyecto republicano de izquierdas en el plano intelectual resultan también evidentes en el terreno organizativo de partido y en la acción política. Tanto la Acción Republicana, de Manuel Azaña, como el Partido Radical, de Alejandro Lerroux, y el resto de los partidos republicanos representaban ante todo grupos de parlamentarios con mayor o menor arraigo local. Eran grupos en torno a un líder cuyo principal patrimonio consistía en su capacidad retórica. Nada esencial, por tanto, que distinguiera a estos de los denigrados partidos constitucionales de la Monarquía. Sin embargo, las organizaciones republicanas eran más débiles, divididas e indisciplinadas que las monárquicas y menos leales también al régimen al que servían[32].

Por otra parte, su estilo de hacer política era todo menos nuevo y distinto del denostado caciquismo y las intolerables presiones provenientes de los mecanismos de la centralización, tal como señala Roberto Villa García[33]. Asombra así el contraste entre la radicalidad del discurso del republicanismo de izquierdas, con su descalificación de cuatro siglos de la historia de España, y la endeblez de su fuerza organizativa y electoral. Hasta el punto de que ese radicalismo se aprecia como una compensación ideológica de una manifiesta debilidad ante el sufragio universal, sin cuya consagración la República carecía de sentido y legitimidad. Sabido es que la ley electoral republicana tendió a reforzar y radicalizar el pluripartidismo polarizado. Lo hizo por sus exorbitantes premios de mayoría al partido que obtuviera el 40% de los votos y por los elevados umbrales que determinaban el paso a la segunda vuelta electoral —algo corregidos con la ley de julio de 1933—. El sistema electoral, además, favorecía la formación de coaliciones oportunistas que propiciaban la impunidad de la semilealtad o deslealtad abierta hacia el régimen. Otro aspecto negativo consistía en que provocaba grandes oscilaciones políticas con un escaso desplazamiento de votos. Por tanto, no puede extrañar que la vida parlamentaria se caracterizara por la inestabilidad de los gobiernos o que la confrontación política primara sobre la eficacia legislativa. Según Juan José Linz, hubiera resultado más positivo un modelo electoral proporcional; con él habría podido conocerse con exactitud la fuerza de cada partido o, al menos, de los principales[34].

Aun así es posible calcular que, a la altura de las elecciones de noviembre de 1933, la izquierda republicana, sin la Esquerra catalana, rondaba el 9% de los votos. Los socialistas representaban en torno al 20%, aunque en las zonas de mayor implantación doblaban ese porcentaje. En total, la estrategia de la conjunción republicano-socialista como eje de la República no recogía más del 35% del respaldo ciudadano, una vez que hubo expulsado de su interior a los radicales con su 20% del voto al resultar incompatibles con los socialistas. Frente a esto, las derechas, recuperadas del estupor y la desmoralización del año 1931, sobrepasaron el 47% dos años después, porcentaje cuya gran mayoría quedó en manos de los católicos posibilistas de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y de los agrarios integrados por los antiguos monárquicos conservadores y liberales.

LAS CONSECUENCIAS DE LA RADICALIDAD

El conjunto de las consideraciones realizadas hasta aquí habían de tener y tuvieron consecuencias evidentes para la estabilidad y la propia viabilidad de la República. En primer término, el sufragio universal no fue reconocido como cauce indiscutible y legitimador de todo acceso y salida del poder, ni en la izquierda ni en la derecha; así lo demostraron las reacciones de los principales dirigentes políticos después de las elecciones de 1933 y 1936, por no hablar de los acontecimientos de octubre de 1934. Esta es una diferencia fundamental entre la Tercera República francesa y la Segunda española. En segundo lugar, no existía una estrategia clara para ajustar el sistema de partidos y dotar a la República de mayorías parlamentarias estables y eficientes en la producción legislativa. Y aquí aparece también una diferencia cardinal con el caso francés. La unidad y disciplina republicanas, lejos de constituir el eje obligado de acción para el nuevo régimen, quedó arrumbada desde diciembre de 1931 y la ruptura que entonces se produjo entre el centro-derecha y la izquierda careció ya de solución[35]. Nigel Townson, aunque peca de benignidad con la inacción y falta de propuestas de Lerroux y los radicales durante el período constituyente, ha calibrado negativamente los costes de esa ruptura en términos de apoyo de las clases medias y perspectivas de futuro. También ha ponderado las razones que amparaban a Lerroux para, lejos de abominar de la Restauración, plantear la República como el único modo de continuar adelante con el régimen constitucional[36]. Pero, para la izquierda republicana, ese era precisamente el republicanismo falso y corrupto.

No obstante, en relación con los cálculos electorales anteriores, un bloque republicano unido no hubiera sobrepasado el 32 o 33% de los votos en las elecciones de 1933. Habría sido necesario, por tanto, que dicho bloque mostrara una unidad férrea, esto es, una sistemática cooperación entre sus líderes y, lo más importante, tendría que haber conservado el poder a todo trance para, desde él, aplicarse con celo a separar a los católicos moderados de los contrarrevolucionarios y atraer a los primeros al régimen. Y esto, ciertamente, era imposible con el artículo 26 de la Constitución y toda la legislación posterior[37]. También hubiera sido necesario desgajar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de la UGT y tratar de escindir uno y otra entre reformistas políticos y revolucionarios sindicalistas. Es decir, hubiera sido preciso lograr un PSOE reformista coherente que aceptara convertirse en un grupo republicano más. Un último pero fundamental requisito habría consistido en la disposición para aplastar literalmente cualquier fuerza que, desde la derecha o desde la izquierda, y en particular los sindicatos, desafiara ese esquema de poder y esa fórmula de constitucionalidad republicana. Como puede apreciarse, todo esto constituye un conjunto de exigencias demasiado rigurosas para las endebles organizaciones y el dividido liderazgo republicanos.

La revolución de octubre de 1934 y la marcha posterior del régimen dejaron claro que este no era suficientemente fuerte para lograr la derrota decisiva de quienes se atrevían a desafiarle por la izquierda, aun cuando sí lo había sido para derrotar a la derecha en el golpe de Estado protagonizado por el general José Sanjurjo en agosto de 1932. Una vez producida la tan ansiada movilización política y electoral de la opinión pública, cuya inexistencia se achacaba a los manejos del caciquismo y a la represión de los gobiernos de la Monarquía, el grueso de los votos transitaba en la República por cauces distintos a los partidos republicanos. Así, la CEDA era la fuerza mayor de la derecha y el PSOE casi igualaba a la unión de todo el republicanismo, cuya división era consecuencia de su debilidad. Por tanto, una vez producida la movilización democrática, el constitucionalismo republicano resultaba incapaz de encauzarla.

El Parlamento republicano difícilmente podía conseguir en estas circunstancias la estabilidad suficiente en provecho de una eficacia legislativa, capaz de revertir el descrédito del parlamentarismo que en España, como en otros muchos puntos de Europa, medraba desde finales del siglo XIX. De modo que, si bien prosiguió la racionalización del trabajo parlamentario y la construcción de un Parlamento de partidos, iniciada en 1918, los resultados distaron mucho de ser satisfactorios[38]. Santiago Varela concluyó que «el problema, una vez más, estuvo en las dificultades de la institución gubernamental para controlar y dirigir al Parlamento, o, lo que es lo mismo, para compensar con la línea de negociación y pragmatismo que le era propia, la línea de enfrentamiento y de moralismo ideológico que, como pez en el agua, se desenvolvía en las Cortes[39]».

Un buen ejemplo de esto lo constituye la ley de septiembre de 1932 sobre la reforma agraria, símbolo de las ansias modernizadoras y de transformación social de la Segunda República. José Manuel Macarro ha explicado el modo en que, en una zona estratégica como Andalucía, se combinaron los factores políticos, sociales y económicos bajo el peso distorsionador de ciertos esquemas ideológicos. Dichos esquemas carecían de la necesaria fundamentación y solvencia técnica en materia agraria, por lo que provocaron un desastre económico y político. Los «límites de esas tierras de señorío —explica Macarro— sobre las que la cultura que conocemos [la cultura agraria de las izquierdas, forjada en el “Trienio Bolchevique”, de 1919 y 1921, que instaba al reparto de los latifundios y que el PSOE asumió hacia 1929-1930] descargaba los males de la agricultura y de la patria casi desde los tiempos de Fernando III el Santo, no se sabía cuáles eran. Al ser así, toda la ideología antiseñorial se sustentaba en nada, pues el sujeto del que se predicaba la perversión era desconocido. La clave ideológica de la reforma agraria se revelaba alquimia historicista[40]».

De otro lado, y siguiendo con las características del Parlamento republicano, conviene no olvidar que, aun si el premio de mayoría parlamentaria a la coalición más votada la hacía invulnerable en la cámara baja, hubo diecisiete crisis ministeriales en cinco años y un mes, a razón de una casi cada cuatro meses. Ahora bien, solamente dos tuvieron carácter parlamentario. El resto se produjeron a causa de la intervención del presidente de la República o de la celebración de elecciones legislativas o presidenciales y, las más numerosas, por la crisis interna y la dimisión consiguiente del propio gabinete[41]. Ningún avance sustantivo, pues, sino un claro retroceso respecto a los problemas del parlamentarismo durante los últimos años de la Restauración.

¿Podía paliar estas disfunciones el presidente de la República? La lealtad monárquica y dinástica que marcó la Restauración contaba con un fundamento no solo emocional sino, ante todo, racional. Era la Corona la que garantizaba de modo invariable, con el ejercicio de su prerrogativa y su acción moderadora, que, en caso de crisis de gobierno y disolución de Cortes, a uno de los partidos constitucionales le seguiría el otro en el ejercicio de las responsabilidades del poder y la renovación del legislativo. Además de eso, el presidente del Consejo cubría y asumía la responsabilidad política del rey, junto con su mayoría parlamentaria. Se trataba de un statu quo en aras de la estabilidad y de un pluralismo político controlado que no podía disfrutar el presidente electo de una República semiparlamentaria expuesto a las incertidumbres del sufragio universal. Aun así, tanto Niceto Alcalá Zamora como Manuel Azaña, los dos presidentes de la Segunda República, tuvieron atribuciones constitucionales superiores al de un simple poder moderador en un régimen estrictamente parlamentario. Ambos contaban con un cierto derecho de veto sobre la producción legislativa y los decretos del gobierno, capacidad para convocar de modo extraordinario las Cortes, podían acortar sus períodos de sesiones de forma tasada y, sobre todo, nombrar libremente los presidentes del Consejo (aunque los gobiernos estaban sometidos al principio exclusivo de la confianza parlamentaria) y, sobre todo, podían disolver por dos veces anticipadamente el Parlamento durante su mandato, si bien la segunda disolución conllevaba el riesgo de destitución inmediata por responsabilidad política[42]. En realidad, el presidente era responsable de todos sus actos, aunque todos ellos debieran contar con el refrendo ministerial. En ese sentido, la Constitución de 1931 no perfiló bien la diferencia entre el jefe de gobierno y el presidente de la República[43], por lo que no afianzó mejor que la Monarquía el modelo de gobierno de gabinete.

En todo caso, y desde el punto de vista político, se volvió en extremo improbable que ningún exponente de la derecha o la izquierda republicana pudieran desempeñar un papel componedor tras la ruptura de la unidad republicana de diciembre de 1931. Tanto Alcalá Zamora como Azaña hubieran podido optar por la utilización de sus tasadas y encorsetadas prerrogativas presidenciales para lo más difícil: llevar a cabo una crisis de reequilibrio que sacara al régimen de la quiebra en la que lo estaba introduciendo la polarización política[44]. Una necesidad que Alcalá Zamora y toda la coalición de centro-derecha tuvieron sobre la mesa a raíz del levantamiento de octubre de 1934, y Azaña desde su elección, a finales de abril de 1936, hasta el comienzo de la Guerra Civil. La otra posibilidad, opuesta a la anterior, radicaba en favorecer con coherencia la evolución parlamentaria del régimen, lo que chocaba con los resultados del sufragio universal, que hubieran debido situar a la cabeza del gobierno al PSOE, en 1931, y a la CEDA, en 1933. En este laberinto, Alcalá Zamora optó por desarrollar una política personal que fue objeto de críticas y descalificaciones mucho más abiertas y radicales que las recaídas nunca en las decisiones de Alfonso XIII[45].

Particularmente debatidas resultaron sus dos disoluciones del Parlamento, la primera precedida por la destitución de Azaña a comienzos de septiembre de 1933; pero, sobre todo, la segunda, que le costó el cargo[46]. Esta vino de su negativa a llamar al frente del gobierno a la primera fuerza política y parlamentaria de la democracia republicana, la CEDA, a finales de 1935. Al mismo tiempo, puso en práctica su última e ilusa iniciativa personal. Esta consistió en lanzar desde el poder un nuevo partido centrista para tomar el relevo de los republicanos radicales, que presentaban claros síntomas de agotamiento, en particular su líder, Alejandro Lerroux, al que Alcalá Zamora había hecho todo lo posible por anular. Esa iniciativa personal vino precedida por una serie de gobiernos minoritarios de confianza presidencial, frente a un Parlamento en crisis por los efectos de la sublevación de octubre y el desconcierto creciente del centro-derecha en el poder. El modo como los beneficiarios de esta disolución, el socialista Indalecio Prieto y el republicano Manuel Azaña en particular, se deshicieron de Alcalá Zamora acabó de privar a la presidencia de la República de su condición de poder moderador y suprapartidista. La inacción de Azaña durante los meses decisivos de mayo y junio de 1936 remató esa situación de impotencia… Para Stanley G. Payne, en aquellas circunstancias: «Solo el rechazo de la revolución y la violencia y el establecimiento de un más amplio gobierno de conciliación hubiera hecho posible la continuidad del sistema democrático, pero Azaña estaba decidido a no hacerlo, porque también exigiría renunciar al dominio total de la izquierda. Sobre esta base, la democracia no podría sobrevivir mucho tiempo y ninguna decisión fue más importante que la que tomó el propio Azaña[47]».

En resumen, tras cinco años de régimen, el poder legislativo y el poder moderador de la República conocían un deterioro evidente, demostrativo de que la confrontación política discurría cada vez más fuera de las instituciones y por el camino de la violencia. Una violencia cuyos objetivos eran la anulación del pluralismo político y la liquidación o transformación de las instituciones democráticas. A este último proceso, subsiguiente y rectificador de la revolución obrera del verano de 1936, ya en plena guerra, lo ha denominado Stanley G. Payne «Primer ensayo de Democracia Popular[48]». Dentro de este proceso de degradación puede seleccionarse, por ejemplo, la propuesta legislativa enviada por el Partido Comunista de España (PCE) a los restantes grupos del Frente Popular, justo la misma tarde del asesinato del líder conservador José Calvo Sotelo[49]. Su artículo primero reclamaba la disolución de todas las organizaciones de carácter reaccionario o fascistas, esto es, todas las ajenas al Frente Popular. Antes, y para limitarnos a los aspectos políticos del proceso, Payne se remite a la segunda vuelta de las elecciones generales celebrada en Cuenca y Granada en mayo de 1936; y las considera menos libres «que las elecciones que Hitler llevó a cabo en Alemania en marzo de 1933». A propósito de esta segunda vuelta electoral en el caso de Granada, Roberto Villa García ha reconstruido las condiciones de la campaña electoral, el desarrollo de la votación y el escrutinio. De acuerdo con sus conclusiones, la afirmación de Payne no resulta exagerada. Según el escrutinio oficial de los diferentes distritos de la provincia de Granada y de Granada capital, los partidos de la oposición que habían obtenido entre el 35 y más del 60% de los votos en noviembre de 1933 y febrero de 1936, quedaban ahora sistemáticamente reducidos a cero, ni más ni menos. Con razón señala Villa García que estas elecciones marcaron una brusca inversión del desarrollo electoral habido en España desde 1876, pues no se trataba de falsificar votos para obtener ventaja, sino pura y simplemente de borrar al adversario del mapa político[50].

Por su parte, Fernando del Rey Reguillo, tras reconstruir con minuciosidad el microcosmos de la vida política a lo largo de la República en la provincia de Ciudad Real, encuentra, para la primavera de 1936, que la polarización radicalizada entre una izquierda a la ofensiva y una derecha que esperaba en vano la protección del gobierno de la Izquierda Republicana fue reduciendo a la nada la legalidad constitucional. «Lo que sorprende de una retórica tan agresiva —nos dice Rey Reguillo refiriéndose a los comunistas y a los socialistas— es cómo se reflejó de forma milimétrica en la práctica, es decir, la fuerte correspondencia que hubo entre los mensajes emitidos por los dirigentes y emisarios de la izquierda revolucionaria y su aplicación real —saltándose todos los obstáculos institucionales— en la conquista de los ayuntamientos, en la liberación de los presos, en las posiciones de fuerza desplegadas en las relaciones laborales, en el asalto ilegal a la propiedad privada, en las acciones anticlericales y en las violencias y coacciones aplicadas a los adversarios políticos. Pocas veces en la historia de la República las palabras crearon una realidad tan contundente y fueron tan eficaces en la explanación de políticas de intransigencia y exclusión[51]». O como hubiera resumido Baroja: «Las utopías echando a los hombres al crimen, sin libertad posible de opinión».

3

LOS SOCIALISTAS Y LA REVOLUCIÓN[1]

por

JOSÉ MANUEL MACARRO

En junio de 1931 el secretario de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), un socialista moderado, afirmó que «estamos en una época revolucionaria, y el Gobierno tiene este carácter revolucionario». Otro socialista, también moderado y ministro, Fernando de los Ríos, sostuvo que aspiraban a mantener la democracia política para ir encaminándose a una organización socialista de la economía. En este camino, la participación socialista en el gobierno era la que garantizaba la «organización del obrero del campo en sociedad de clases», gracias a que los decretos agrarios de Francisco Largo Caballero habían establecido «el principio de la colectivización, en todos los sentidos, de España». Esto no quería decir que los socialistas pensasen abandonar su táctica «evolutiva», pero los republicanos debían entenderlos. Ellos estaban en el gobierno para ayudar a mantener la República, eso sin duda, pero a la vez para consolidar en ella las reformas que les abrieran el camino hacia el socialismo. Por eso sus reformas debían quedar plasmadas en la Constitución, para que no pudieran ser cambiadas por ningún nuevo gabinete. De no ser así, se estaría demostrando que no había habido una revolución verdadera y esto les obligaría a salir a la calle para llevarla a término.

En cuanto se aprobó la Constitución en noviembre de 1931, el tono de los socialistas aumentó una nota en el momento en que los radicales pretendieron que abandonaran el gabinete y se convocaran nuevas elecciones. Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos argumentaron que eso no era posible, ya que los republicanos no les ofrecían garantías para «regir el destino de la República». Largo Caballero fue más allá. De ser así, dijo, el PSOE y la Unión General de Trabajadores (UGT) interpretarían el hecho como una provocación que les llevaría a un nuevo movimiento revolucionario. Y añadió: «No puedo aceptar tal posibilidad, que sería un reto al partido y que nos obligaría a ir a una guerra civil».

El escándalo derivado de estas declaraciones fue mayúsculo. Tanto que el portavoz oficial del PSOE matizó que esa guerra civil a la que se había referido Largo Caballero era «una guerra civil espiritual», al tiempo que otros líderes del partido se apresuraron a corregirlas, reafirmando la colaboración del PSOE con el régimen dentro y fuera del gobierno.

La cuestión iba mucho más allá de ser solo un artificio verbal ante una posible salida del Ejecutivo, porque venía de mucho más atrás, del significado que la democracia y la República tenía para muchos socialistas. Si para algunos ambas suponían un bien en sí mismas, para otros solo constituían un paso más en el camino hacia el socialismo. Cierto es que ese socialismo era una meta final a la que nadie se atrevía a poner fecha, pero la mayoría coincidía en que todo régimen político, incluida la República, era una mera «estación de tránsito» hacia el socialismo. Estación de tránsito que solo mantendría su valor si servía para consolidar de manera irreversible las posiciones socialistas. De tal manera que si en algún momento esas posiciones fueran disminuidas por alguien, los socialistas se sentirían desligados de cualquier compromiso con el régimen que fuese, incluida la propia República.

Las reiteradas declaraciones de los socialistas al proclamarse la Segunda República habían sido diáfanas. Ellos aspiraban a un cambio fundamental del sistema de producción y de la propiedad, pero como comprendían que España no podía ir en esos momentos hacia una «república social», la clase capitalista no tenía que temer nada ante la proclamación de la República. Es más, como eran conscientes de la extrema debilidad de los partidos republicanos, «la clase obrera organizada será el más firme sostén del régimen republicano». Ahora bien, la salud de la República iba a tener un termómetro: el «fortalecimiento de nuestras organizaciones obreras y socialistas», ya que ellas serían la garantía de que «la República tenga un contenido social, un fondo sustantivo, sin el cual perdería su razón de ser». El manifiesto de las ejecutivas del PSOE y la UGT a los nueve días del advenimiento de la República dejaba muy claras las cosas:

Esta República española que ahora empieza, y de la cual hemos de ser nosotros guardianes y vigilantes, es algo esencialmente nuestro porque a nuestro calor ha nacido y a nuestro calor ha de afirmarse y perfeccionarse en lo futuro. […] De la proporción en que nosotros influyamos en su destino depende la vitalidad que alcance la República.

El sentido patrimonial de la República que tenían los socialistas había quedado expuesto. Igual que había quedado de manifiesto que su salud dependía del fortalecimiento de «nuestras organizaciones obreras y socialistas». Matización esta de capital importancia, pues los socialistas siempre distinguieron entre las primeras a la UGT, «la clase obrera organizada», y entre las socialistas, al PSOE. Hasta tal punto era así que la tarea que tradicionalmente se encomendaba al partido socialista era ayudar a que el sindicato consiguiera los objetivos que se hubiera marcado, porque él era, y solo él, «la clase obrera organizada», mientras que el PSOE se limitaba a constituir «la organización socialista». No puede extrañar el modo en que se expresó Largo Caballero durante el acto de toma de posesión como ministro de Trabajo, en el que no hizo referencia a que ocupara el cargo porque el PSOE formaba parte del gobierno. No habló como representante de la «organización socialista», sino como miembro de la UGT, «nuestras organizaciones obreras». Verdad era que accedía «enviado por la soberanía popular», pero advirtió a los funcionarios de que «la UGT organizará a los funcionarios con ellos y contra los que se opongan o resistan».

Esto ayuda a explicar las amenazas socialistas citadas en el inicio de este artículo ante la pretensión de los republicanos radicales de que abandonaran el gobierno: eso suponía expulsar a la clase obrera organizada y a la organización socialista de esa República que era «esencialmente nuestra». Porque ese termómetro de la salud republicana que era el fortalecimiento de «nuestras organizaciones obreras y socialistas» descendería muchos grados si el PSOE salía del gabinete ministerial.

Aquí se encerraba una carrera de todos para organizarse en España. No hay que olvidar que la Segunda República se proclamó gracias a una coalición de republicanos y socialistas, cuyos partidos eran extremadamente débiles. Tanto que el PSOE, el partido mejor organizado y más fuerte de España, solo comenzó a crecer a partir de mayo de 1931, después de que las nuevas elecciones municipales le dieran un poder impensado en muchos pueblos. Un poder que se vio acrecentado de manera crucial mediante los decretos agrarios de Largo Caballero de mayo de ese año, luego revalidados como leyes. Como España era un país eminentemente rural, estos decretos fueron determinantes en el devenir político de la República, mucho más que la reforma agraria.

El contenido de dicha legislación es conocido y no vamos a abundar en él, salvo en los aspectos relacionados con la consolidación del poder socialista en los pueblos. En primer lugar, la Ley de Términos Municipales daba preferencia a la colocación de los obreros de un pueblo sobre los forasteros. Sin entrar ahora a analizar la catástrofe que tal medida supuso dentro del mercado de trabajo rural español, y que acarreó a los socialistas muchos disgustos entre sus propios afiliados, hay un aspecto que hay que reseñar: en los pueblos donde no existieran delegaciones de Trabajo, los registros de los trabajadores parados se harían en el ayuntamiento bajo inspección del alcalde junto con un representante de los patronos y otro de los obreros. Otro decreto, el que extendía los Jurados Mixtos a la agricultura, se encargaba de formar las bolsas de parados, y en los pueblos podían crearse comisiones que interpretaran la legislación laboral y los acuerdos de esos Jurados Mixtos, comisiones que también presidiría el alcalde. Las comisiones de Policía Rural, presididas por los alcaldes, no solo tenían potestad para entregar las fincas mal labradas a los sindicatos, sino para decidir qué labores había que hacer en las fincas y con cuantos trabajadores. Los Jurados Mixtos de la Propiedad Rústica eran competentes en los contratos de arrendamiento, tanto en su cuantía como en su anulación, etc. Estos estaban presididos por un juez de instrucción, pero en numerosos pueblos lo estarían por el juez de paz elegido por los vecinos.

Como se observa, la delegación de competencias en los alcaldes era tan extraordinaria en cuestiones laborales que llegaba hasta poder ordenar el tipo de cultivos. En el caso de los pueblos socialistas, los alcaldes eran los presidentes de la Casa del Pueblo y los vocales obreros en los citados organismos, los dirigentes de la FNTT, la federación agraria de la UGT. Como los anarcosindicalistas no participaban, por definición, en ningún organismo del Estado, los alcaldes socialistas se convirtieron en agentes determinantes en el control de las relaciones laborales en los pueblos. Tanto que, en algunas provincias que conocemos, utilizaron sus competencias legales para ponerlas al servicio de la FNTT en muchas huelgas, en las que ellos fueron sus dirigentes. Hasta tal punto llegó la arbitrariedad que hubo que ir trasladando muchas de sus competencias a organismos provinciales para asegurar un mínimo de garantías jurídicas.

No quedaron las cosas aquí. Un nuevo decreto-ley de mayo extendió las competencias de los delegados de Trabajo, nombrados por el ministerio que dirigía Largo Caballero, a cualquier conflicto laboral. Solo en el caso de que no existieran estos delegados podrían actuar los gobernadores civiles o los alcaldes. Una forma clara de dejar el poder laboral en manos de los socialistas, quienes se lo hurtaban a esos gobernadores y alcaldes de grandes pueblos y ciudades, que solían ser republicanos. Si añadimos que en los citados organismos los socialistas exigieron que los representantes de los trabajadores lo fueran de sindicatos genuinamente obreros, para excluir de ellos a los republicanos, no pudo extrañar que en 1933 estos estuvieran sublevados contra lo que consideraban la «tiranía socialista» en los pueblos.

La política socialista estaba definida. El control de las relaciones laborales; el papel de sus sindicatos como intérpretes y ejecutores de la legislación, hasta el punto de poder decidir las labores que había que hacer en las fincas y con cuántos trabajadores; el poder concedido a las autoridades locales socialistas… Todo esto hizo que las «organizaciones obreras y socialistas» pasaran a ser representantes legales del Estado. El crecimiento del sindicato agrario socialista desde la nada hasta superar los 400 000 afiliados confirmaba que el termómetro de la salud republicana, el fortalecimiento de «nuestras» organizaciones, marcaba una temperatura óptima. Máxime cuando todas estas medidas se habían plasmado en leyes.

Leyes que en el invierno del primer año republicano provocaron una situación de preguerra civil en la provincia de Jaén a la hora de recoger la aceituna, dadas las bases de trabajo que impusieron los socialistas, apoyados por las instituciones laborales que hemos ido citando. No hay lugar en estas páginas para analizar el conflicto, pero sí para anotar que los socialistas argumentaron que el hecho de rechazarlas significaba atacar a la República. Los labradores y los republicanos contestaron airadamente que eso era mentira y que lo que los socialistas querían era controlar la República en beneficio propio.

En esta coyuntura, el diario del PSOE escribió que «los peligros que para la estabilidad de la República pudieran derivarse de la heterogénea composición del Gobierno están conjurados con la presencia en este de los representantes del Partido Socialista». No puede extrañar que Largo Caballero amenazara a los republicanos con una guerra civil si los expulsaban del gobierno.

Si no una guerra civil, sí una tensión cargada de violencia que se le parecía se extendió por los pueblos de Andalucía, en los que los enfrentamientos, con frecuencia a tiros, entre socialistas y republicanos empezaron a ser cotidianos por los intentos de los primeros de monopolizar el mercado laboral. Si a eso se añade la pugna por igual motivo entre la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la UGT, de ambos sindicatos con los propietarios, y de la asfixiante cuestión del orden público en general, se entenderá mejor el desgaste del Ejecutivo durante el primer bienio republicano.

Los congresos nacionales del PSOE y la UGT celebrados en octubre de 1932 pusieron de relieve cuáles eran los objetivos políticos de los socialistas al año y medio de la proclamación de la Segunda República. En ninguno de los dos nadie propuso medida alguna revolucionaria. Incluso la timidez de las propuestas más radicales podrían hacernos sonreír hoy en día, como gravar las rentas anuales de 25 000 pesetas con el 1%. Lo que interesaba a los delegados era el mantenimiento de la legislación social, excepto la odiada Ley de Términos Municipales —«la ley de fronteras», como la llamaron—, aunque no consiguieron que Largo Caballero aceptara su derogación. Y lo que importa a nuestra argumentación fue el reconocimiento explícito por Julián Besteiro de que «no somos la mayoría ni en el Parlamento ni en el país», por ello lo conseguido rebasaba con creces a lo que aspiraban antes de 1931. Indalecio Prieto afirmó, en medio del entusiasmo de los congresistas, que si al PSOE le entregaban ahora el poder en España se cometería una locura que mataría al partido, porque en absoluto el país estaba preparado para el socialismo. Pero al mismo tiempo, como los republicanos eran incapaces de defender a la República, esa tarea correspondía al PSOE, que lo haría llenándola de contenido social.

Los socialistas eran coherentes con sus propuestas de los inicios de la República. En ella no iban a proponer ninguna medida socialista clásica: ni socializaciones, ni nacionalizaciones, ni nada estruendoso. Se limitaban a legislar en beneficio de la clase obrera sin expropiar a nadie ni poner impuestos ruinosos. Lo que sucedía era que la clase obrera «consciente» estaba encuadrada en la UGT y en el fortalecimiento de sus organizaciones residía la salud de la Segunda República. De una República que los socialistas tenían que defender incluso de los propios republicanos. Por eso, en la clausura del congreso del PSOE, al aprobarse la permanencia de los socialistas en el Ejecutivo de la nación, Largo Caballero afirmó con énfasis: «Y desgraciados de nosotros el día que abandonemos esos puestos». Y si los republicanos se atrevían a echarlos del gobierno, que anduviesen con cuidado. Las ejecutivas del PSOE y la UGT acababan de recordar con el mismo tono la cita que hicimos de Largo Caballero: si eso sucediera equivaldría a un golpe de Estado, por lo que los socialistas se reservaban el derecho de recurrir a la violencia.

Estaba claro que no podían abandonar esos puestos gubernamentales, pues, de hacerlo, toda su estrategia de lograr que fueran irreversibles sus conquistas sociales se derrumbaría. El ejemplo del campo es suficiente para entenderlo. El caso de Andalucía lo hemos estudiado con cierto detenimiento y a él nos vamos a referir. Ya dijimos que la legislación agraria consagró el poder de los alcaldes. Ahora añadiremos que cualquier huelga para ser legal tenía que pasar antes por los Jurados Mixtos, y estos, en sus instancias provinciales, estaban presididos por socialistas. Con ello resultaba que el correligionario de una de las partes era el árbitro en los conflictos de esa misma parte con una patronal agraria. Conocemos algún caso de relevancia, como en Jaén, donde en una huelga provincial en 1932 el presidente del Jurado Mixto propuso a los patronos un acuerdo que estos aceptaron, pero cuando vio que los representantes de la UGT lo rechazaban, aquel votó en contra de su propia propuesta. Normalmente lo que sucedía era que los acuerdos provinciales, al ser interpretables por los Jurados de los pueblos, quedaban sustancialmente modificados.

El mecanismo de desvirtuación era el siguiente: las bases de trabajo establecían una jornada laboral de alrededor de seis o siete horas según las zonas por un salario relativamente alto; luego, a esa jornada se le restaba el tiempo de trayecto de ida y vuelta a las fincas, las fumadas y el almuerzo, con lo que la jornada real quedaba en alrededor de cuatro horas, sin que los sindicatos admitiesen un rendimiento mínimo en el trabajo. Con esto se conseguía que, como las contrataciones se hacían a través de las bolsas municipales de trabajo, al calor de esos salarios y esa jornada de trabajo tan corta, todos los parados de los pueblos se inscribieran como trabajadores agrícolas, aunque su rendimiento fuera pequeño o inexistente. Como después las bases de trabajo establecían unos sobresueldos altos para las horas extraordinarias, los braceros auténticos obtenían unos salarios incluso muy altos. Tanto que, al impulsarse los asentamientos de jornaleros en las incipientes colectividades, la sorpresa fue que los asentados no acudieron a los mismos, argumentando que como asalariados ganaban más. El mecanismo continuaba, ya que en los pueblos en los que había muchos parados era una práctica habitual que las comisiones de Policía Rural, también dependientes de los ayuntamientos, decidieran que en los campos seguían habiendo tareas que hacer mientras hubiese gente sin trabajo, aunque la cosecha ya se hubiera recogido.

El significado político de esto era preciso: los socialistas dejaban que las fincas siguieran en manos de sus dueños, pero las convertían en la fuente del subsidio del paro no solo para los braceros reales, sino también para toda la gente que quisiera apuntarse a las bolsas de trabajo. Cuando se debatió en las Cortes esta cuestión, lo sorprendente fue que los socialistas admitieron que estaban arruinando a muchos propietarios con aquella política, pero como los jornaleros tenían que vivir durante el año de lo que obtuvieran en unos pocos meses de trabajo, los propietarios tenían que aguantarse. Además, si registraban pérdidas, ese era un problema del capitalismo, nunca de los socialistas. Y vaya si las tenían, tantas que en Sevilla, en 1933, al igual que había sucedido antes en Jaén, los socialistas pidieron al gobierno que prestase dinero incluso a los grandes terratenientes, porque reconocían que no tenían dinero para pagar los jornales fijados por las bases de trabajo emanadas de un Jurado Mixto controlado por ellos. En ese momento, cuando los propietarios agrícolas no tenían dinero para pagar los salarios, fue cuando cuajó el conocido tópico de que «ahora os da de comer la República».

Se entenderá que en 1933 la reacción contra los socialistas fuese feroz, y no solo por la parte de la derecha y de los republicanos radicales, sino también de los republicanos de izquierdas. Los acusaban de tiranos, de implantar la dictadura en el campo, de incultos, de sectarios, de estar arruinando al país, de apropiarse de la República haciéndola socialista… Las respuestas de muchos socialistas fueron muy significativas, sin reparar en que el PSOE continuaba en el gobierno. Unos diputados granadinos, que pertenecían al sector moderado del partido, escribieron: «Contra la dictadura burguesa, la dictadura socialista». Otros consideraron que salir del gabinete supondría dejar avanzar al fascismo, porque, como dijeron algunos más, esa salida sería «en el fondo, fascista». Fernando de los Ríos estaba preocupado por las «contaminaciones terribles» que veía en el seno del PSOE. La respuesta que recibió por parte de sus compañeros fue que tenía agotado «el sentido humanista del socialismo», y añadieron: nosotros respetaremos la democracia burguesa mientras esta no entorpezca nuestro camino. Besteiro también se enfrentó a la deriva de sus correligionarios, advirtiéndoles de que no podían confundir a Marx con Lenin; por eso no tenían derecho a amenazar a la República por salir de su gobierno.

Y resulta que en septiembre de 1933 salieron del Ejecutivo. A los pocos días se reunió el Comité Nacional del PSOE para analizar la situación. Llama la atención que los delegados confesaran que no tenían mayoría en ninguna región de España, lo que no obstó para que varios de ellos propusiesen organizarse para tomar el poder. Al final el Comité aprobó manifestar su decisión de defender la República frente a los reaccionarios, al tiempo que afirmaba su necesidad de conquistar el poder político para implantar el socialismo. Nada nuevo, pues. Pero sí fue novedosa la cantidad de expresiones que se vertieron dentro del Comité: la palabra democracia está en desuso, nuestra democracia es distinta a la burguesa, los postulados socialistas son diferentes de los republicanos y los democráticos… Matizaciones que reflejaban que la identificación socialista con la República y la democracia estaba empezando a quebrarse, fundamentalmente porque su salida del poder, la palanca que les permitía «estructurarnos en colectividad», ponía en tela de juicio que la República fuese ese régimen «esencialmente nuestro». Anunciaron de forma categórica que no estaban dispuestos a permitir que se corrigiesen las leyes sociales ni el control que tenía la clase obrera —es decir, la UGT— de los organismos de arbitraje, cuando precisamente ambas cosas habían sido las que impulsaron la marea antisocialista.

Cuando las elecciones del 19 de noviembre de 1933 dieron la victoria a la CEDA, los socialistas se quedaron aturdidos, incapaces de comentar nada hasta el día 23. Ese día dijeron que los comicios habían sido fraudulentos, el régimen había fracasado y estaban como antes del 12 de abril de 1931. Prieto oficializó la amenaza: si se entregaba el poder a los reaccionarios, «el pueblo español estará en el deber de levantarse revolucionariamente».

El 25 de noviembre se reunieron conjuntamente las ejecutivas del PSOE y de la UGT. Lo que se planteó fue la necesidad de organizar alguna acción para impedir, en palabras de Largo Caballero, «una cosa de tipo fascista». Besteiro no estaba de acuerdo. Él pensaba que si había que ir a algún movimiento tenía que ser para defender la democracia y la República. Como no se llegó a un entendimiento, solo se acordó vivir alerta ante cualquier intento de desvirtuar la República. Consigna que el periódico del PSOE se saltó de inmediato con llamamientos constantes a la toma del poder, ante la indignación de los dirigentes de la UGT.

Aquí comenzó a vivirse un momento determinante en la vida del socialismo. El grupo de Besteiro, que controlaba a la UGT, consideraba un disparate alentar una sublevación socialista. Y ello por varios motivos: uno, por la incoherencia que suponía admitir que eran una minoría en España y, al mismo tiempo, proponerse un golpe de fuerza; dos, porque para llevar a cabo una revolución había que acabar con la democracia interna dentro del partido y el sindicato para convertir a ambos en organizaciones como las comunistas, la negación del socialismo, y tres, porque los resultados electorales no se habían producido por una animadversión hacia la República y la democracia, sino en contra de la permanencia de ellos en el poder. Había que esperar a ver qué hacía el gobierno, porque eso de que Lerroux representaba el fascismo no se lo creía nadie.

Largo Caballero estaba harto de Besteiro, hasta el punto de que amenazó con dimitir de la presidencia del partido socialista si tenía que volver a reunirse con este en la UGT. Pero como sin el sindicato, que era la organización de masas del socialismo, ni el partido ni sus Juventudes Socialistas tenían nada que hacer, la ejecutiva del PSOE inició una campaña para ir controlando las diversas federaciones ugetistas, sin tener que recurrir al congreso nacional que la UGT exigía. En enero de 1934 estaban todas bajo control salvo la de los ferroviarios. El grupo de Besteiro, en situación de aplastante minoría, tuvo que dimitir. El partido y el sindicato ya estaban así controlados por la gente de Largo Caballero. A Besteiro solo le quedó realizar una durísima advertencia a los compañeros que conducían a las organizaciones «a los molinos del comunismo»:

por ese camino de locuras decimos a la clase trabajadora que se la lleva al desastre, a la ruina y en último caso se la lleva al deshonor, porque una clase trabajadora que se deja embaucar de esta manera […] acaba de deshonrarse.

En el debate en las Cortes que precedió a la formación del gobierno presidido por Lerroux, Prieto fijó la posición del PSOE ante la posible entrada de la CEDA en el mismo: «Decimos desde aquí al país entero que públicamente contrae el Partido Socialista el compromiso de desencadenar la revolución». Acorde con esta declaración, los artículos de El Socialista pasaron a ser incendiarios:

Queremos el Poder para nuestro Partido. Queremos la victoria para el Socialismo. Antes de ahora hemos avisado que nuestra obligación reside en no atarnos a la democracia y al parlamentarismo, obligación tanto más imperiosa cuanto la democracia y el parlamentarismo nos obstruyen el paso.

Frente a las llamadas a la concordia que venía realizando el diario de la derecha católica El Debate, el portavoz del PSOE respondió:

¿Concordia? No. ¡Guerra de clases! Odio a muerte a la burguesía criminal. ¿Concordia? Sí, pero entre los proletarios de todas las ideas que quieran salvarse y librar a España del ludibrio. Pase lo que pase, ¡atención al disco rojo!

En todo esto, ¿qué papel daban los socialistas a los republicanos de izquierdas, con quienes había gobernado dos años? El de unos traidores, porque fueron ellos los que comenzaron a destruir la legislación social y arremeter contra los ayuntamientos socialistas. Un régimen «donde cualquier majaderete» podía actuar así merecía una única respuesta: en el pasado fuimos republicanos, ahora solo socialistas, «no somos republicanos, no lo hemos sido nunca. Somos socialistas. Solo socialistas».

Las denuncias de que en el campo estaban volviendo los salarios de hambre acompañaron a los discursos citados, aunque los datos las desmientan. El tema no era este. El tema era que el gobierno del Partido Radical estaba enmendando la legislación laboral socialista, que era lo que había prometido en la campaña electoral, y que había sido, como dijimos, el punto de unión de todos, incluidos los republicanos de izquierda, contra el PSOE. Según el gobierno, la mayoría de los conflictos surgidos en el campo eran el resultado de una interpretación abusiva de la legislación por parte de los Jurados Mixtos y las comisiones locales de los pueblos. La Ley de Términos Municipales había supuesto otro desastre al enclaustrar en sus pueblos a jornaleros que toda la vida habían salido de los mismos durante las recolecciones. Respecto a la intensificación de cultivos, se decía lo mismo: se habían ocupado tierras de manera injustificada para repartir unas parcelas que hacían imposible alimentar a una familia. En lo que concernía a los ayuntamientos, la arbitrariedad había sido la norma, por lo que se hacía necesario quitarles las competencias de orden público, máxime cuando habían sido los propios alcaldes quienes en muchas ocasiones habían organizado los conflictos.

En las Cortes se debatieron todas estas rectificaciones con unos resultados sorprendentes, porque los socialistas solo pudieron responder con divagaciones y generalidades a las acusaciones lanzadas en cadena de que ellos eran los nuevos y verdaderos caciques y no los antiguos; ellos, que habían acorralado a cuantos no eran socialistas. Tan carentes de argumentos se encontraron que lo único que acertaron proponer fue que se aplazaran las rectificaciones para estudiarlas mejor. Igual les sucedió cuando se rectificó la forma de designar a los presidentes de los Jurados Mixtos cuando no hubiese acuerdo entre las partes. Hasta ahora, en estos casos, era el Ministerio de Trabajo el que los nombraba. La oposición al sistema era frontal, porque Largo Caballero había ido designando a socialistas en los Jurados más decisivos. La corrección propuesta consistía en que estos cargos los ocupasen funcionarios mediante concurso público. Los socialistas se opusieron de lleno, porque un funcionario podía ser muy buen abogado o ingeniero, pero su cultura era libresca, alejada del mundo del trabajo, donde fracasaban rotundamente. Una argumentación esta que no debe extrañar, porque los socialistas, como representantes de la clase obrera, veían con recelo a cuantos no perteneciesen a su clase, empezando por los técnicos. Por lo mismo, en los asentamientos de campesinos se habían opuesto a que los ingenieros agrónomos informaran sobre su viabilidad, porque si se consideraban las cuestiones económicas, se iban a llevar a cabo muy pocos proyectos.

La cuestión de fondo radicaba en que, una vez abandonado el gobierno, los socialistas veían amenazada su legislación social, esa que quisieron constitucionalizar para que nadie la pudiera tocar y que todos querían modificar. Por si fuera poco, el monopolio del que habían gozado en las instituciones de arbitraje laboral, junto con el control arbitrario de muchos ayuntamientos, se les estaba viniendo abajo. El termómetro de la salud republicana, que era el fortalecimiento de nuestras organizaciones obreras y socialistas, marcaba una temperatura muy baja. Y para eso los socialistas no habían hecho la revolución republicana. Si la República era aquel bien esencialmente suyo porque a su calor había nacido, ahora era algo inservible. Ya no era una estación de tránsito hacia el socialismo, sino un impedimento para alcanzarlo. Ni la República ni la democracia les merecía la pena.

El momento era de confrontación y así lo entendieron los jóvenes dirigentes de la FNTT que acababan de tomar la dirección del sindicato. En febrero de 1934 decidieron que había que organizar una huelga general en la siega de junio. La decisión fue política, pues en febrero ni se habían negociado las bases de trabajo, ni se sabía cómo sería la cosecha, ni nadie en el sindicato argumentó internamente la huelga por un empeoramiento de las condiciones de trabajo. Al consultar la iniciativa con Largo Caballero, este reaccionó como el líder sindical que siempre había sido: cuidado, les dijo, con arrastrar al sindicato a una aventura que podría destrozarlo; si tan mal estaban los jornaleros, lo que debían hacer era presentar las reclamaciones al grupo parlamentario socialista para que este las trasladara al Ejecutivo a fin de solicitarle que mediara en la cuestión. Y les hizo una advertencia: si al final iban a la huelga, que no contasen con la UGT, porque a él no le hundirían los sindicatos como había sucedido en 1917.

Así eran las cosas en la práctica política de la UGT y el PSOE, al margen de los discursos revolucionarios. Los sindicatos, cuya creación había costado tanto esfuerzo, no se podían jugar al albur de una huelga, máxime cuando en el campo una huelga general carecía de sentido; ahora porque los jornaleros estaban parados porque no era época de trabajo, y en la recolección porque esta comenzaba en fechas distintas en cada comarca. Los representantes de la FNTT no hicieron caso a estas razones y comenzaron a preparar la huelga sin que la UGT pudiera impedirlo.

No pudo hacerlo porque estatutariamente le era imposible. Las federaciones sindicales eran autónomas y sus decisiones no podían ser anuladas por la dirección nacional sindical. E igual le sucedía al PSOE, donde los dirigentes locales eran elegidos por los afiliados, que eran los que decidían qué compañeros formarían las candidaturas en todas las elecciones. Y ambos con unos comités nacionales democráticamente constituidos desde abajo a fin de aprobar las estrategias políticas y los posibles conflictos internos, que de no poder solucionarlos recurrirían a convocar los congresos nacionales. Por si fuera poco, en todos estos organismos se tomaban notas taquigráficas de los debates, que en muchas ocasiones incluso se publicaban. Con esta organización, los socialistas estaban preparados para actuar en una democracia, porque internamente así funcionaban ellos, pero no para llevar a término una revolución, porque esta no se hace mediante elecciones desde las bases, autonomía de los sindicatos, actas taquigráficas, contrapesos de poderes internos, luz y taquígrafos. Por eso llevaba toda la razón Besteiro: para hacer la revolución antes había que acabar con la democracia interna dentro del PSOE y convertirlo en otra cosa, como hicieron los bolcheviques. Mas sucedía que Besteiro ya no pesaba nada dentro del socialismo, y los que sí lo hacían no se daban cuenta de hacia dónde caminaban.

La FNTT comenzó una campaña de propaganda muy agresiva a fin de preparar la huelga, con llamamientos a los campesinos para que tomaran el poder, a la república social, a una nueva república muy distinta a la de abril: «Así triunfan en Rusia, así triunfaremos nosotros», «¡Insurrección armada, revolución!». Sin embargo, sucedió que las bases de trabajo se firmaron en Córdoba, y en Sevilla se prorrogaron las de 1933 con las que los socialistas se habían sentido muy satisfechos. Si en dos de las grandes provincias latifundistas se desactivaba la huelga, esta carecería de sentido. Porque así era, el secretario de la FNTT, Zabalza, impugnó la prórroga de las sevillanas, dando pie al ministro de Trabajo a denunciar la intencionalidad política de la huelga. Acorralado, Zabalza pasó a denunciar los salarios míseros que justificaban la huelga, que cuando se comprobaron resultó que eran siempre los de dos minúsculos pueblos de Salamanca.

El ministerio emitió órdenes para que se aprobaran las bases por los Jurados Mixtos sin permitir la reducción de salarios, pero tampoco rompiendo los equilibrios de la economía agraria. Como la huelga empezaba a no tener sentido, la FNTT cambió sus peticiones. Ahora lo que exigía era que el trabajo se realizase por turno obligatorio. Un turno que el Estado no podía supervisar al carecer de funcionarios. Entonces quien tenía que hacerlo era el sindicato socialista. Es decir, los socialistas volvían a exigir que se les devolviese las competencias para controlar el mercado de trabajo, convirtiendo a la UGT en representante único del Estado. Justo lo que, como hemos repetido, había motivado la inquina contra los socialistas en el primer bienio republicano, y a lo que estos seguían sin renunciar. Como es lógico, el gobierno se opuso a tal pretensión.

Fracasada la huelga, la UGT se encargó de hacer lo que sabía: dirigirse al gobierno para buscar una salida que salvara las bases de trabajo y redujera el número de detenidos. Al mismo tiempo anotó con sorpresa que las organizaciones sindicales habían creído que la huelga era el comienzo de la revolución. Sorpresa que mostraba la esquizofrenia política en la habían entrado los socialistas, quienes sindicalmente querían seguir con sus tácticas evolutivas de siempre, pero acompañándolas de un discurso revolucionario que las negaba. Si a ello se suma la estructura federal y autónoma de sus sindicatos, a la que nos hemos referido antes, la citada esquizofrenia amenazaba con descoyuntar al socialismo español.

Descoyuntamiento que culminó en octubre de 1934 mediante un camino disparatado, porque en el Comité Nacional de la UGT de julio de ese mismo año, cuyos debates se publicaron en el boletín del sindicato, se produjo un intercambio de opiniones de mucha enjundia entre un delegado y Largo Caballero. El delegado, representante de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza —un izquierdista, como parece ser una tradición en el gremio—, criticó que no se hubiera mandado a la UGT a la huelga para apoyar a los campesinos, porque eso es lo que hubiera hecho Lenin. Largo Caballero sacó su poso más riguroso y le respondió que la UGT no seguía consignas de Lenin ni de nadie. Además, a Lenin quisiera haberlo visto con el proletariado que había en España o en Rusia, sin los soldados que abandonaban las trincheras. En España, los trabajadores estaban inermes, y dirigirlos contra el Estado hubiera sido una locura. Mientras, ellos estaban preparando un movimiento definitivo y no podían distraer fuerzas antes de tiempo.

Decíamos que seguían un camino disparatado, porque si el proletariado español era como decía Largo Caballero, si estaba inerme, si hacía poco habían reconocido que no eran mayoría en ninguna región de España y además avisaban al gobierno públicamente de que se podían sublevar, todo les conducía al absurdo. Un sinsentido confirmado al llegar los informes de las provincias sobre la preparación del futuro movimiento revolucionario: quitando un par de ellas, en las demás no había nada.

En el momento en que tres ministros de la CEDA formaron parte del gobierno se destapó la caja de los truenos en la Segunda República. A excepción de los radicales, todos los republicanos rompieron con esa República desfigurada, desde Azaña a Diego Martínez Barrio, pasando por los conservadores Sánchez Román y Miguel Maura. Los socialistas salieron a la calle donde pudieron y cosecharon una catástrofe. Catástrofe que, ahora sí, afectó a las condiciones de trabajo, y no por la actuación explícita del Ejecutivo, sino porque los patronos, sobre todo en el campo, empezaron a campar a sus anchas, irritando incluso al sector socialcristiano de la CEDA.

Octubre de 1934 acabó por quebrar internamente al socialismo. Para Prieto y sus compañeros denominados centristas, lo primordial era recuperar la República coaligándose de nuevo con los republicanos. Para hacerlo tenían que asumir la responsabilidad de los hechos de octubre, pero intentando explicar que fue para salvar a la República y no para desencadenar la revolución. De no hacerlo, jamás ganarían las elecciones, porque si optaban por formar un bloque exclusivamente obrero, la victoria de las derechas estaba asegurada. La izquierda socialista, aglutinada en torno a la figura de Largo Caballero, pensaba lo contrario. Para las Juventudes Socialistas, la República estaba bien como estaba, muerta, y la democracia, enterrada. Santiago Carrillo y Hernández Zancajo, sus líderes, abanderaron la «bolchevización» del PSOE y su transformación en un partido marxista y revolucionario preparado para ejercer la dictadura del proletariado. Para ello había que expulsar del partido a los reformistas de Besteiro y anular a los centristas de Prieto. Anunciaron a la Internacional Comunista que si querían tratar con los auténticos revolucionarios españoles, lo hicieran con ellos, pues el PSOE había pasado a ser «el partido bolchevique de nuestro país».

Largo Caballero, todavía en la cárcel, veía con aprensión los acercamientos de Prieto a los republicanos. Entonces tomó una decisión inédita: apoyándose en los miembros de la ejecutiva del PSOE que lo apoyaban, se dirigió a las Juventudes Socialistas y a la UGT para que lo apoyaran contra la política de Prieto. Era la primera vez que un miembro de la ejecutiva del PSOE recurría a las Juventudes y al sindicato para atacar a la propia ejecutiva.

La estructura descentralizada de las organizaciones socialistas volvió a reflejar su parálisis en momentos tan críticos. Unos se dirigieron a la ejecutiva del partido para que controlase a las Juventudes, y esta respondió que no podía hacerlo porque eran autónomas. Otros pidieron a la ejecutiva de la UGT que se dirigiese al partido para zanjar las polémicas, pero aquella contestó que reglamentariamente no tenía autoridad para hacerlo. Y todo era verdad. Unas organizaciones tan democráticas y autónomamente organizadas como las socialistas funcionaban muy bien si había coincidencia esencial entre las mismas, pero si desaparecía esta podían quedar bloqueadas. Para que no sucediera así es razonable pensar que estas organizaciones acostumbradas a funcionar de manera democrática necesitaban la democracia política para desenvolverse. En el momento en que se deslizaran hacia la revolución podían estallar. Este fue el caso del socialismo español.

Ahora había que decidir cómo irían a las elecciones. Indalecio Prieto tenía una política, la de reeditar la coalición con los republicanos, mientras que Francisco Largo Caballero y la izquierda socialista no tenía alternativa, porque el bloque obrero que propugnaban era la nada, al no poder contar, por definición, con la CNT. Si no había más remedio que ir en coalición, así sería, pero solo para ganar los comicios y sacar a los presos de la cárcel, porque la clase trabajadora nunca volvería a gobernar con los republicanos, sacrificando sus intereses a los de la burguesía.

De todas formas, en el Comité Nacional del PSOE reunido en diciembre de 1935, Largo Caballero, como presidente de la ejecutiva socialista, no puso reparos a ir formando coalición con los republicanos, incluso a la redacción del programa común, admitiendo que esta tarea política correspondía, como siempre, al partido. Como secretario de la UGT, añadió que, también como siempre, el sindicato iría con el PSOE a las elecciones y que correspondía a este la dirección principal. Todo antes de que sucediese un incidente reglamentario, que no viene al caso reproducir, que él pensaba ganar y que perdió. A resultas del mismo, Largo Caballero presentó su dimisión como presidente del PSOE, entre la conmoción de los presentes, que no entendían cómo dejaba decapitado al partido socialista a las puertas de una convocatoria electoral. Su orgullo acababa de crear un problema político de trascendental importancia para los socialistas: él se iba de la ejecutiva con los suyos, dejando el control del partido en manos de la gente de Prieto.

Se acababa de dar un paso más en el descoyuntamiento de los socialistas. Los centristas de Prieto se encontraron con el control de la ejecutiva sin tener la mayoría del partido detrás. Tanto era así que al confeccionar las listas electorales varios componentes de esa ejecutiva no encontraron agrupación socialista que los propusiera como candidatos. La izquierda socialista no podía dirigir la política del PSOE porque había abandonado sus órganos directivos, pero sí podía bloquearla porque era mayoritaria en las organizaciones de base. Además, atrincherada en la UGT, convirtió al sindicato en un poder político que desafiaba al PSOE. Por si esto no fuera suficiente, las Juventudes Socialistas, firmemente caballeristas, no se cansaban de predicar la revolución contra la República y la democracia burguesa, enalteciendo al «Lenin español», Largo Caballero.

Con este clima, a la izquierda socialista le importaba bien poco el programa electoral que Prieto firmara con los republicanos. Programa de una moderación llamativa, que incorporó la experiencia del primer bienio republicano para no cometer los mismos errores, sustrayendo del control sindical la legislación social, consciente de que esto había acabado con la coalición republicano-socialista. Le importaba poco porque la izquierda socialista, al exigir que la coalición fuese rubricada por la UGT, impuso una condición: a las elecciones irían juntos, pero sin pacto de gobierno entre los republicanos y los socialistas, porque, como esa izquierda no se cansaba de repetir, la clase obrera no se conformaba con recuperar las conquistas alcanzadas en 1931-1933, sino que quería ir mucho más allá. En principio, que gobernaran los republicanos, y cuando estuvieran agotados, el poder caería en manos de la izquierda cual fruta madura.

El ajustadísimo resultado de las elecciones es conocido. Como lo es la ola de agitaciones, asaltos y violencia sin cuento que se produjo a partir de febrero. Una ola que, protagonizada por las izquierdas obreras, empapó a los republicanos, acosados por todas partes por esas izquierdas que los trataban como enemigos en vez de aliados. Negarlo es historiográficamente insostenible.

La izquierda socialista estaba actuando como un segundo partido socialista a través de la UGT. Por eso propuso al PSOE que la vigilancia del cumplimiento del programa electoral no correspondiese únicamente al partido y a su grupo parlamentario, sino también a ella como cabeza del bloque obrero que formaba con las Juventudes Socialistas y el PCE. La propuesta no era inocente, sino una manera de bloquear cualquier intento del PSOE de gobernar con los republicanos, reeditando una colaboración de clases, según la terminología de esa izquierda, que no pensaba consentir. Como es lógico, el PSOE rechazó la propuesta por inaudita, pues por primera vez en su historia la UGT quería mandar en el partido socialista. En el fondo latía la ruptura entre «nuestras organizaciones obreras y socialistas», esa distinción que nunca había sido retórica sino real, que ahora se producía en momentos dramáticos.

Al llegar el momento de designar compromisarios para elegir al nuevo presidente de la República, la UGT se negó a firmar el manifiesto del PSOE porque ella no había participado en esa designación de compromisarios ¡del partido! Al final todos admitieron votar a Manuel Azaña, pero con la prevención de los ugetistas. Prevención porque temían que, con Azaña en la presidencia de la República, Prieto pudiese ser jefe del gobierno, y eso no podían consentirlo. Y no podían porque la UGT, la organización más fuerte del Frente Popular, según se encargaron de recordar, estaba en el pacto porque exigió que los socialistas nunca formarían un gabinete con los republicanos. Si esa condición se violaba, la UGT consideraría roto su compromiso con el Frente Popular y actuaría conforme a los intereses de la clase trabajadora.

En el momento en que Prieto se presentó en el grupo parlamentario con la propuesta de que se ampliase el gobierno con representación de todas las fuerzas del Frente Popular, se encontró con otra de la izquierda socialista que pedía un gabinete integrado exclusivamente por republicanos. En la votación, la de Prieto fue derrotada.

La vaciedad política de la izquierda socialista era notable. Esta olvidaba que el Frente Popular había surgido de la necesidad de vencer a la derecha, y para conseguirlo se había acordado un programa muy moderado. Nada de esto existía para esa izquierda, que actuaba como si el papel histórico de los republicanos fuese a caducar, como si la capacidad de la derecha hubiera dejado de existir y como si el destino del Frente Popular fuese el de consumirse para dejarle el poder a ella, así, por las buenas. Y para, en medio de todo, bloquear a Prieto y a los centristas con su propuesta de embarcar otra vez a la clase obrera en gobernar con la reaccionaria burguesía. Vaciedad política, decíamos, porque dejar la situación tal como estaba no era hacer algo, sino dejar que se pudriera la situación a la espera del advenimiento revolucionario que nadie podría impedir.

La bicefalia de los socialistas adquiría tintes dramáticos, pues España necesitaba de ellos una política, la que fuese, pero no una parálisis. Para salir de ella no pudieron hacer otra cosa que recurrir a los mecanismos estatutarios y convocar un congreso. Esperándolo les cogió el inicio de la guerra.

Quienes controlaban el PSOE andaban desesperados por la irresponsabilidad de su izquierda. Les dijeron a esta que la hora en Europa no era la lucha entre capitalismo y socialismo, sino entre fascismo y democracia. Por eso se había formado el Frente Popular. No se podía confundir el verbalismo revolucionario con la revolución, porque por ahí se iba a la contrarrevolución. Prieto acababa de afirmar en Bilbao, el 25 de mayo, que el fascismo se estaba incrementando por el desorden, y que la burguesía vivía bajo un estado de terror que la podía llevar a buscar al hombre providencial que asegurase un mínimo de vida civilizada en España. Al otro lado de la geografía, en Cádiz, y el mismo día, Largo Caballero dijo cosas bien distintas: la clase obrera estaba luchando contra la clase capitalista; la UGT no quería esta República burguesa, y si la mantenían era para ir emancipando a los trabajadores; la tarea primordial era una alianza entre la UGT, la CNT y el PCE para que no pudieran vencerlos ni sus enemigos ni «las fuerzas coercitivas del Estado».

El 31 de mayo los socialistas organizaron un mitin en Écija, en el que intervendrían Prieto y dos diputados asturianos líderes de la revolución de octubre. Al comenzar el acto, los vivas a Largo Caballero y a la revolución proletaria impidieron hablar a los oradores. Uno de los asistentes disparó un tiro, y Prieto y sus acompañantes tuvieron que escapar en un coche de la policía en medio de los disparos de los jóvenes y muy revolucionarios socialistas. El caso no acabó aquí, porque cuando en la ejecutiva de la UGT se propuso condenar el atentado, esta, con Largo Caballero a la cabeza, se negó a hacerlo, aduciendo que los oradores habían sido los provocadores al ir en contra de la línea política de la UGT.

Cuando cayó asesinado Calvo Sotelo, la ejecutiva de la UGT se encontraba en un congreso en el extranjero. Entonces uno de sus miembros que seguía en Madrid no dudó en firmar un manifiesto con el PSOE, las Juventudes Socialistas y el PCE. Al regresar Largo Caballero, amonestó seriamente al citado firmante porque la UGT no podía tener relaciones con la dirección del PSOE, a la que consideraba ilegítima. El mismo día, el partido socialista convocó a una reunión a la UGT para afrontar la gravedad del momento. Esta pidió la invitación por escrito, al tiempo que algunos de sus miembros se negaron a ir a una reunión con una ejecutiva «facciosa». Al final acudió la UGT, pero como el sindicato no quería saber nada acerca de gobernar con los republicanos, lo que se acordó fue defender a la República desde órganos exclusivamente obreros y armados. Es decir, los obreros no se iban a integrar en el Estado para defenderlo, sino que constituirían una fuerza paralela al mismo. Un eufemismo que ocultaba el deseo de dejar a ese Estado inerme para ver si, por fin, llegaba el momento de la revolución proletaria. Una revolución que llegó, pero a través de una sublevación militar más fuerte de lo que esa izquierda había pensado, y que acabó con ella y con la odiada República burguesa.

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LA CEDA: ¿AMENAZA U OPORTUNIDAD?

por

MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO

Se ha escrito bastante acerca de las derechas durante la Segunda República española, aunque no demasiado si se compara con lo que está disponible para otros protagonistas de este período histórico. Dentro del amplio campo de actores, propuestas y actitudes que se esconde detrás de la expresión «las derechas», la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), fundada en febrero de 1933, fue el grupo más importante, a mucha distancia, en número de votos y escaños, de las demás formaciones representantes del conservadurismo, tanto republicano como monárquico.

La CEDA logró algo que nunca había conseguido un partido político conservador en España. Primero, construir en muy poco tiempo un aparato propio de un partido de masas, es decir, una potente estructura interna y una organización regional y local capaz de movilizar a miles de afiliados y desarrollar campañas electorales modernas. Y segundo, rentabilizar ese éxito organizativo y de movilización al cosechar una gran victoria en las elecciones generales celebradas a finales de 1933. Esto ocurrió solo dos años después de que las primeras Cortes republicanas aprobaran una nueva Constitución. Más tarde, ya en febrero de 1936, la CEDA mantuvo en la nueva consulta electoral un porcentaje de voto superior al 20% y volvió a ser el partido conservador con más diputados en el nuevo Parlamento. Y esto pese al relativo fracaso de su coalición de gobierno con el Partido Republicano Radical y de su intención de promover una reforma constitucional.

Paradójicamente, la mayoría de los trabajos que se han publicado sobre la CEDA y, en general, sobre la derecha católica durante la Segunda República apenas han puesto el acento en lo que esto tiene de hito histórico: por vez primera un partido conservador de masas logró una victoria electoral sin el apoyo del aparato del gobierno y con un nivel altísimo de competencia en las elecciones de 1933. Lamentablemente, la preocupación central de esos análisis no ha sido tanto el estudio de cómo se produjo esa movilización ideológica y qué oportunidades se abrieron ante el cambio de mayorías parlamentarias, sino una especulación estéril acerca de los fines últimos de los cedistas. De hecho, el interés se ha dirigido hacia las mismas cuestiones que entretuvieron a los derrotados en las urnas, las izquierdas republicanas y los socialistas: los votos conservadores eran peligrosos para el sistema porque se iban a utilizar para destruir la República de 1931[1].

El análisis de la aparición y la organización de un potente partido político conservador se ha visto distorsionado por una repetición irreflexiva de los argumentos esgrimidos por las izquierdas para explicar su derrota: la influencia del clero en el voto femenino, la abstención anarquista, la coacción de los caciques conservadores y el sistema electoral. Todo esto remite a una interpretación del papel de la CEDA en la Segunda República que ha gozado de buen predicamento: nada de lo que hicieran los líderes cedistas tenía otro valor que distraer a la opinión pública para facilitar la destrucción del régimen republicano mediante una disimulada infiltración monárquica en el sistema. A esta formulación podemos llamarla teoría del caballo de Troya: ve en la CEDA una mera táctica de una parte de la derecha no republicana para, con una cara amable, adueñarse de la República reformista fundada por las izquierdas y destruirla lentamente. En su momento, los protagonistas de la izquierda republicana y los socialistas lo explicaron de este modo, como pone de manifiesto, por ejemplo, la campaña electoral de febrero de 1936. Han tenido tanto éxito que a posteriori han sido pocos los que han intentado ver a la CEDA desde otra perspectiva. Manuel Azaña, presidente del gobierno entre octubre de 1931 y septiembre de 1933, fue muy claro en este sentido. Una de las veces que los conservadores y los republicanos de centro le preguntaron en el Parlamento por qué suspendía sistemáticamente a la prensa conservadora que criticaba su política, contestó que no estaba dispuesto a garantizar la libertad de aquellos que luchaban contra la libertad, es decir, los conservadores católicos que pedían una revisión de la Constitución. Y añadió, con no poco desdén, que los «ataques» procedentes del grupo parlamentario de la derecha no republicana no solo no le preocupaban sino que le agradaban, pues eran una buena señal de que la política del gobierno iba en el sentido correcto. En definitiva, la derecha católica, fuera o no posibilista, no tenía derecho a competir en el sistema si no aceptaba los principios con que las izquierdas habían vestido a la República[2].

Bajo estas circunstancias, la perspectiva del análisis de la CEDA se ha visto desvirtuada por un prejuicio: la cedista fue una opción táctica destinada a conseguir los mismos fines que perseguían los monárquicos autoritarios pero por la vía legal. Ha bastado, además, con apelar a lo que por entonces estaba ocurriendo en la República de Weimar, o al caso austríaco, para certificar ese peligro de utilización fraudulenta de los mecanismos democráticos con el objetivo final de destruir la misma democracia. En esos términos, algunas conclusiones se han dado por buenas sin apenas prestar atención a las fuentes primarias, como si la mera repetición de las mismas las convirtiera en verdaderas. Al fin y al cabo, ¿para qué estudiar la composición, el discurso y la práctica de la CEDA si solo eran la tapadera de una estrategia para destruir la democracia? ¿Acaso las derechas no acabaron apoyando en masa el pronunciamiento militar de julio de 1936, que provocó la Guerra Civil? ¿No probaría esta actitud, con lo que implica de rechazo a los resultados electorales de febrero de 1936, que todas las derechas en bloque eran violentas y antidemocráticas, y que la CEDA no era más que una opción táctica finalmente fracasada?

UNA CEDA CONTROVERTIDA

El primer estudio pormenorizado acerca de la evolución de las derechas durante la década de 1930 apareció en España a comienzos de la década de 1970. Su autor, Richard A. H. Robinson, quiso escribir esa historia sobre las derechas sin perder de vista la relación estrecha que aquella tenía con la política y el discurso de los grupos fundadores del régimen republicano, y muy especialmente con los socialistas. De ahí el subtítulo significativo de su libro: «Derecha, República y Revolución». Robinson, a diferencia, por ejemplo, de José Ramón Montero, comprendió la importancia de reconstruir el discurso de la derecha gilroblista sin perder de vista a sus principales competidores y oponentes. No pretendía demostrar a toda costa una hipótesis previa sobre la maldad intrínseca de los cedistas. No estaba obsesionado con probar la falta de sinceridad del posibilismo cedista a fin de justificar la reacción preventiva de las izquierdas contra los católicos. Por el contrario, señaló como punto de partida del análisis algo que a su juicio resultaba capital para entender la postura de los católicos: desde el otoño de 1931, y más concretamente desde que se aprobara la nueva Constitución, «la palabra república significaba cosas distintas para personas distintas». De este modo, sin tomar en consideración esa fractura que afectó a la legitimidad misma del sistema, no era posible explicar ni la división monárquicos-accidentalistas ni la postura de los segundos con relación al futuro del régimen republicano. Para José María Gil Robles, añadía Robinson, no había duda de que los católicos, como su misma Iglesia había señalado desde la primavera de 1931, «podrían ser leales a la República»; para serlo era necesario que la nueva legislación no «infringiese los derechos de la Iglesia». Así pues, el accidentalismo, en palabras de Robinson, se resumía en que «la legislación era lo esencial, la forma de gobierno lo accidental».

Cuestión aparte era, según este mismo autor, el significado del proyecto político de los cedistas. Su posibilismo se explicaba porque creían posible una «evolución hacia un régimen católico ideal, por procedimientos legales». Y lo que los diferenciaba tanto de los monárquicos autoritarios como de los socialistas era que para ellos «la violencia solo se podía utilizar en respuesta a la violencia de los demás». No solo es que los posibilistas tuvieran una idea de su participación en la democracia republicana muy diferente a la de los monárquicos, sino que algo fundamental les separaba de los socialistas: estos «adoptaron la táctica evolutiva, aunque solo por razones oportunistas», como se demostró durante 1933, cuando respondieron al movimiento de opinión que los criticaba refiriéndose a «métodos revolucionarios para la defensa de sus logros». De este modo, de acuerdo con la línea argumental de Robinson, si bien era evidente que tanto «los socialistas como la CEDA tenían ideales incompatibles con la democracia liberal», la segunda se aferró a la «táctica evolutiva» de un modo que no lo hicieron los primeros. Mientras que Francisco Largo Caballero «había amenazado con el uso de la violencia desde el otoño de 1931, Gil Robles no hizo contraamenazas hasta el otoño de 1933[3]».

Poco después de que Robinson publicara su trabajo se editó un amplio volumen con algunos de los principales discursos de Gil Robles que venía precedido de un estudio preliminar de Carlos Seco Serrano. Este autor consideraba que los partidos de izquierdas de la época republicana habían creado una imagen falsa sobre la CEDA, ignorando a propósito que desde la proclamación misma de la Segunda República muchos conservadores católicos defensores de la Monarquía habían optado por aquello que Ángel Herrera calificó como una «pretensión totalmente legítima»: defender sus principios desde dentro del sistema. No ya la CEDA, sino su más remoto antecedente, Acción Nacional (la agrupación fundada a toda prisa en la primavera de 1931 para intentar canalizar el voto conservador en las elecciones constituyentes de la República), había dado «garantías cumplidas de lealtad a la República», concluyó Seco Serrano. Para él no había dudas de la sinceridad del proyecto «posibilista» capitaneado por Gil Robles. Solo la desconfianza y el sectarismo de la izquierda «jacobina» del primer bienio, y más tarde la decisión de romper las reglas del juego por la vía revolucionaria en octubre de 1934, impidieron que la derecha posibilista se consolidara[4].

Muchos católicos habrían comprendido, tras el fracaso del golpe de Estado de José Sanjurjo en agosto de 1932, que la mejor opción para defender sus derechos era participar legalmente en el sistema, tal y como proponían Herrera y Gil Robles. Este último, a decir de Seco Serrano, fue construyendo, gracias a su liderazgo parlamentario y a su capacidad propagandística, una «derecha integradora», alejada cada vez más de los pronunciamientos políticos de los monárquicos, hasta conseguir unos buenos resultados electorales a finales de 1933. Aunque Gil Robles denunció en sede parlamentaria que el gobierno de Azaña, con su aplicación de la Ley de Defensa de la República, se estaba situando «abiertamente fuera de la ley», invitando así a los ciudadanos «para que también se salgan», él no llamó a la insurrección por las sanciones impuestas a la prensa conservadora o por las medidas adoptadas para impedir la campaña revisionista, sino que dijo:

Si lo que se busca con eso es lanzar a una opinión fuera de la ley, estáis perfectamente equivocados: conocemos el juego y no lo pondremos en práctica (…) quiero que conste aquí que, con arbitrariedad o sin ella, actuaremos dentro de la ley para recoger una opinión que ya estáis vosotros perdiendo, porque habéis dado un mentís a todo lo que significaban vuestras promesas en la propaganda política[5].

Para Seco Serrano, esta respuesta y otros muchos gestos y palabras de Gil Robles durante el bienio 1932-1933 confirmarían que el posibilismo cedista implicaba, antes que nada, una apelación al voto para llegar al poder, es decir, un rechazo de cualquier acción violenta contra el nuevo régimen. Así pues, concluía que esa «continua apelación a la legalidad» de Gil Robles, aparte de tener un «cierto carácter de pedagogía de masas», se explicaba por la «convicción» de los cedistas de que era posible «una corrección de la República desde la misma República[6]». Seco Serrano, al igual que Robinson, creía que el análisis del posibilismo y el accidentalismo de la CEDA era inseparable de una consideración crítica sobre el marco constitucional aprobado en 1931, pues este había sido incapaz de integrar a los católicos en el nuevo régimen y había puesto en manos del gobierno de Manuel Azaña unos poderes excepcionales que impedían el normal ejercicio de la competencia democrática por parte de todos los católicos.

Pocos años después, en plena transición a la democracia en España, apareció el que ha sido hasta hoy el estudio más completo sobre la CEDA. José Ramón Montero publicó dos volúmenes que proporcionaban una amplia información acerca de la composición y el funcionamiento interno de la coalición conservadora, donde recogía y ampliaba buena parte de lo que ya estaba contenido en el valioso estudio del cedista José Monge Bernal, publicado en 1936[7]. Muchos estudios posteriores sobre la Segunda República han sido deudores del análisis de Montero en todo lo referido al papel desempeñado por la CEDA, eclipsando así la visión más contextualizada que había aportado el trabajo previo de Robinson. El análisis de Montero respaldaba una conclusión precisa sobre el compromiso de la CEDA con la legalidad republicana: la «táctica evolutiva» solo constituía un instrumento diseñado por Herrera, y aprovechado por Gil Robles, para hacer frente a una nueva situación en la que las políticas reformistas del gobierno de Azaña estaban poniendo en peligro las bases del poder detentado por el «bloque dominante», en el que se incluía la Iglesia. Para Montero, el nacimiento de Acción Nacional se había producido como una pura reacción defensiva. «Ante la pérdida por parte del bloque dominante de su instrumento político de dominación (la Monarquía) y la total ausencia de organizaciones políticas sustitutivas para su defensa», escribía Montero, surgió una conciencia para constituir con urgencia una «nueva entidad» que lograra «aprovechar el régimen establecido», o como dijo el propio Gil Robles: «introducirse en él» y hacerlo «suyo» sin necesidad de declararse republicanos[8].

Según este mismo autor, si bien al principio Ángel Herrera había sostenido un accidentalismo inequívoco, ni siquiera al fundar la CEDA en febrero de 1933 se pudo mantener esa vía, por mucho que los monárquicos optaran por separarse y fundar su propio partido, Renovación Española, al margen de los gilroblistas. El posibilismo, que Montero prefirió llamar «derecha católica», tenía, por tanto, reivindicaciones similares a las de los monárquicos que se situaban a su derecha, pero con la diferencia de haber adoptado una táctica legalista que le permitiría conquistar pacíficamente el poder para luego transformar la República en otra cosa radicalmente distinta. Robinson había apuntado a la necesidad de relacionar el concepto patrimonialista del régimen que tenían las izquierdas con la postura ambivalente y defensiva de los cedistas. Para Montero, lo esencial no era esto, sino que Acción Popular (como se llamó Acción Nacional a partir de abril de 1932), y Gil Robles en particular, había cometido el pecado de no declararse republicanos antes de que se celebraran las elecciones de 1933. (Algo, por cierto, que reproducía exactamente las mismas palabras pronunciadas por Azaña en los primeros meses de 1934). Su equívoco compromiso con el sistema justificaba, así, la visión preventiva que las izquierdas desplegaron después de su derrota en las elecciones generales de 1933. Es más, el protagonismo de las Juventudes de Acción Popular y su radicalismo, con proposiciones y conductas muy próximas al fascismo, a decir de Montero, demostrarían en 1934 que el conglomerado de fuerzas dirigido por Gil Robles solo estaba interesado en la doctrina accidentalista y legalista como un mero camuflaje para alcanzar el poder y construir un nuevo Estado. En este análisis, la CEDA no era un reflejo del posibilismo de Gil Robles sino del extremismo de sus Juventudes.

El éxito que tuvo esta interpretación es visible con mayor o menor nitidez en decenas de trabajos sobre la vida política bajo la Segunda República que se publicaron posteriormente. Ya a finales de la década de 1970, Paul Preston, en un estudio sobre La destrucción de la democracia en España, afirmaba, en la línea de Montero, que el accidentalismo cedista era simplemente una táctica política. A su juicio, los seguidores de Gil Robles no buscaban un espacio propio en el juego político de la democracia republicana, sino destruirla. Aunque Preston reconoció la moderación del discurso de Gil Robles tras la victoria obtenida en las elecciones generales de 1933, insistió en achacarlo a razones puramente tácticas. Robinson había señalado, como prueba de la voluntad inequívoca de Gil Robles de cumplir con la ley, el hecho de que tras la revolución de octubre no se hubiera ilegalizado a los socialistas y/u optado por un golpe militar que recondujera la República por una vía similar a la portuguesa. Para Preston, sin embargo, había «numerosas pruebas que m[ostraban] que la CEDA estaba deseando hacer todo esto y que solo el realismo de Gil Robles lo impidió». Su conclusión era tan demoledora como imprecisa: «Bajo la superficie de aparente respeto de Gil Robles por las normas democráticas, yacía siempre la amenaza de utilizar su poder si no conseguía lo que quería[9]».

Finalmente Preston, como había hecho Montero, aunque con diferencias notables de matiz entre ambos, sugirió la equiparación del corporativismo defendido por la CEDA con el del fascismo o con formas más o menos edulcoradas de fascismo. El autor británico, de hecho, ni siquiera apreció variaciones relevantes entre el corporativismo defendido por los socialcristianos moderados de la CEDA y el que podía gustar a los escasísimos lectores asiduos de Acción Española, la revista de cabecera de los monárquicos autoritarios. Para él, en realidad, corporativismo y fascismo eran una y la misma cosa: «El corporativismo tan insistentemente defendido por todas las secciones de la derecha española como modelo para el futuro político del país no era esencialmente diferente del fascismo tal y como se veían ambos fenómenos en aquel tiempo[10]». Desde este punto de vista, para Preston no había nada extraño en que la izquierda viera en las proclamas de la revista de los jóvenes cedistas, JAP, así como en los discursos de Gil Robles, un deseo de sustituir la democracia vigente por un Estado corporativo de corte fascista.

El influjo de la teoría que adjudicaba a la CEDA el papel de caballo de Troya del fascismo ha gozado de un considerable reconocimiento académico. Una razón es que permite disculpar la furibunda reacción de los socialistas tras su salida del gobierno a finales de 1933 y, en última instancia, «comprender» la revolución llevada a cabo por estos en octubre de 1934, como respuesta a la entrada de los cedistas en el gobierno. También es útil para «entender» la decisión de Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, de no encargar la formación de gobierno a la mayoría parlamentaria más importante de las Cortes, la cedista, durante los meses finales de 1935. Y otra razón de tal reconocimiento es que descalifica a priori a la CEDA como una opción de gobierno legítima, evitando plantear por qué la izquierda republicana no había interpretado su derrota en las urnas como una llamada de atención acerca de la necesidad de reformar parcialmente la Constitución y facilitar la integración de los católicos posibilistas en el régimen.

Sin embargo, pese a su éxito, otras propuestas también se han abierto paso. Muchas de ellas han estado bastante influidas por el análisis realizado por Juan José Linz, en el que la CEDA aparecía como un partido semileal, en una categoría similar a los socialistas. Linz escribió: «Ambos partidos, y en particular el PSOE después de 1933, estaban divididos entre aquellos que deseaban actuar legalmente dentro un sistema reformado, y los “maximalistas”, que ya no creían que el sistema mereciera su lealtad y estaban ansiosos de colaborar con la oposición desleal: los del PSOE con los comunistas y los de la CEDA con los monárquicos de Calvo Sotelo. Su ambivalencia, ya fuera implícita o explícita, colocó a ambos partidos en una posición difícil para poder aspirar a compartir las responsabilidades de gobierno[11]».

Una de esas propuestas diferentes, quizá la más relevante, fue la mantenida por Javier Tusell en su historia de la democracia cristiana en la España del siglo XX. Para empezar, su estudio de la CEDA se enmarcaba en un análisis más amplio sobre los orígenes de una derecha democristiana, por lo que permitía valorar, en vez de menospreciar sin más, el peso de un sector «democristiano» en el conservadurismo español de entreguerras. Al llevar a ese terreno el estudio del compromiso de los posibilistas con la democracia republicana se ganaba en complejidad. Y al menos no perdían peso, aunque tampoco lo ganaran más de lo que les correspondía, los núcleos que habían tratado de impulsar la identificación de la CEDA con posturas más nítidamente republicanas y socialcristianas, con personajes como Manuel Giménez Fernández, Federico Salmón o Luis Lucia a la cabeza. Esta vía de estudio, que tenía la virtud de no ocultar la complejidad de la CEDA, si bien no ha tenido tanto éxito como la de Montero, al menos parece haber calado en algunos trabajos de ámbito regional.

Tusell destacó, en primer lugar, la importancia de valorar la fundación de Acción Popular en términos comparados con otros movimientos políticos católicos europeos. De este modo, ganaba peso una consideración menos prejuiciosa sobre lo que podía dar de sí la táctica posibilista dentro del nuevo sistema político. De hecho, la idea inicial de Ángel Herrera no consistía, a decir de Tusell, en formar un movimiento político meramente contrarrevolucionario. Se trataba, también, de constituir un nuevo grupo político que se adaptara a las exigencias de la competencia electoral para disputar a las izquierdas el poder y defender los principios de la sociedad tal cual la entendían los católicos. En esto era más importante no perder de vista la perspectiva europea en el medio plazo que empeñarse en ver la CEDA como un mero invento de los poderosos para destruir la República.

Tusell, además, puso especial cuidado, aunque a veces con resultados inciertos, en demostrar la complejidad interna de la élite dirigente de la CEDA. Hubo en ella, dijo, un grupo democristiano, entendiendo por tal a aquellos que tenían por un lado convicciones democráticas y por otro un planteamiento socialcristiano del funcionamiento del mercado. No siendo mayoritario, su influencia no fue menor, como pone de relieve la actividad parlamentaria de la minoría popular agraria en las Cortes durante el segundo bienio. Si bien una buena parte de los diputados de la CEDA elegidos en 1933 no eran inequívocamente democristianos, sí eran, según Tusell, «gilroblistas». Lo que les caracterizaba no eran todos y cada uno de los aspectos que se pueden encontrar en un Manuel Giménez Fernández, pero sí la palabra «moderación». La «masa central» de la CEDA continuaba «la tradición española de los partidos moderados». «No era avanzada en lo social ni en lo político, pero tampoco era reaccionaria. Su posibilismo respecto de la República era, precisamente, la mejor expresión de esa moderación[12]».

De este modo, Tusell no negó que en el seno de la CEDA hubiera opiniones y actitudes poco democráticas y fundamentalmente contrarrevolucionarias, pero puso el acento en la influencia nada desdeñable, al contrario, de los moderados socialcristianos en la élite de confianza de Gil Robles. Y valoró en su justo término tanto lo que dijeron e intentaron hacer esos personajes como el camino por el que podían haber conducido a la derecha católica dentro de un marco de competencia electoral. Tusell no quiso decir que la CEDA tuviera dos almas nítidamente diferenciadas, una reaccionaria y otra democristiana, pero sí contribuyó a hacer evidente la complejidad de aquel grupo político. La consecuencia inmediata no podía ser otra que desechar la simplificación de la CEDA como agente encubierto de la contrarrevolución monárquica y clerical al servicio del bloque dominante. Para Tusell, la mayoría de los diputados y cargos cedistas solo eran democristianos parcialmente, pues rechazaban que la democracia representativa y liberal fuera un medio de gobierno adecuado y estaban muy influidos por ideas corporativas e incluso tradicionalistas. Pero su grupo no se configuró como una derecha radicalmente antidemocrática y partidaria de usar la fuerza para acabar con la República. La CEDA, para Tusell, era un nuevo tipo de «catolicismo político» caracterizado por un conservadurismo moderado basado en la doctrina social y política de la Iglesia; en ella, los núcleos democristianos se mezclaban con los sectores moderados, no siendo siempre fácil distinguir lo que separaba a unos de otros[13].

Este análisis permitió, a mi juicio, obtener una imagen más precisa de la complejidad del grupo parlamentario cedista y, por tanto, de la dificultad que implica medir el grado de compromiso de la derecha posibilista con la democracia republicana. Al menos, por esta vía se entienden mejor no solo algunas contrariedades del discurso político de Gil Robles —necesariamente adaptado a un programa defensivo y a un grupo heterogéneo—, sino también las dificultades de ejecución de la política social cedista en el Parlamento durante el bienio 1934-1935. Por otro lado, el estudio de Tusell tenía la virtud de recuperar el importante papel de los dirigentes moderados en la dirección de Acción Popular y en la política de Gil Robles después de las elecciones de 1933. Con independencia del éxito o fracaso de sus ideas o de la valoración que pueda merecer su estrategia política dentro de la CEDA, la presencia de ese sector requería de un espacio propio para poder analizar el papel de este grupo a lo largo del segundo bienio.

El estudio de la actitud de la CEDA ante la democracia republicana se ha visto influido también por la mejor comprensión de la relaciones Iglesia-Estado y la llamada «cuestión religiosa» durante la Segunda República. Al fin y al cabo, la campaña revisionista y Acción Popular nacieron como la respuesta política de los católicos a unas nuevas reglas del juego que consideraban lesivas y persecutorias para sus creencias. Sin ser un partido confesional, como a veces se ha afirmado, Acción Popular fue, desde luego, la mejor garantía para la defensa de los derechos e intereses de los católicos dentro del nuevo régimen; por tanto, constituyó un vehículo fundamental para canalizar dentro de las instituciones las reivindicaciones de la Iglesia católica. Resulta así decisivo analizar el significado y las implicaciones del accidentalismo propugnado por Ángel Herrera y El Debate y consolidado por José María Gil Robles, a la luz de la postura oficial de la Iglesia y de sus relaciones con el Estado republicano. En ese sentido, siempre ha habido una visión tradicional que consideraba que la Iglesia se mostró beligerante contra el régimen desde un principio. Y que, pese a las apariencias, no hizo sino poner su red asociativa y su influencia social al servicio de la contrarrevolución. De acuerdo con ese análisis, el accidentalismo y el posibilismo de Acción Popular solo iban destinados a permitir la conquista del poder por medios legales, pero en última instancia el objetivo era destruir el orden constitucional republicano y practicar una política más acorde con una visión tradicionalista, autoritaria y confesional del Estado.

Richard Robinson demostró la importancia de contextualizar el discurso cedista y contraponerlo a la deslealtad socialista, así como Javier Tusell se empeñó en arrojar luz sobre la complejidad de la élite dirigente de la CEDA. Del mismo modo, en los últimos años ha habido un esfuerzo historiográfico para reconducir el análisis de la cuestión religiosa y valorar el accidentalismo dentro de la enorme complejidad de las relaciones Iglesia-Estado en la década de 1930. Yo mismo me he ocupado detenidamente de analizar la postura de la Iglesia católica ante el nuevo régimen, habiendo demostrado que el accidentalismo no fue una pura ilusión de sectores minoritarios dentro de la Iglesia y la derecha cedista. Y entiendo por tal la táctica legalista destinada a conseguir que los católicos pudieran encontrar espacio para sentirse ciudadanos del nuevo sistema político mediante la negociación y la competencia electoral. Es más, si algo contribuyó a impedir que la Iglesia se conciliara de forma estable con el régimen republicano y pidiera a los católicos que aceptaran el sistema no fue solo el escaso apego a la democracia liberal de muchos católicos españoles. También resultó decisivo el empeño que pusieron las izquierdas republicanas y los socialistas en identificar la República con una política de laicismo antiliberal. Es decir, una política que no se limitaba a decretar la separación de Iglesia y Estado y a garantizar los derechos de libertad religiosa y la neutralidad del segundo, sino que consideraba toda actividad social de los católicos y de su Iglesia como un obstáculo para la modernización republicana[14].

Durante la década de 1990 y hasta hoy se han publicado unos cuantos trabajos acerca de la derecha gilroblista. Algunos contienen análisis muy deudores de la teoría del caballo de Troya. Otros, sin embargo, han captado mejor la complejidad de la CEDA. También se han realizado investigaciones interesantes sobre las otras derechas, mejorando considerablemente nuestro conocimiento de los monárquicos autoritarios y de sus planteamientos doctrinales. Desborda al propósito de este capítulo hacer un resumen de los argumentos expuestos en todos estos estudios, que en mayor o menor medida han contribuido a un mejor conocimiento de la dimensión local o regional de la movilización conservadora, aportando además información relevante para distinguir entre la derecha autoritaria y los cedistas[15].

OTRO PUNTO DE PARTIDA

Pese a las ideas preconcebidas y la teoría del caballo de Troya, la historia de la CEDA es incomprensible si no nos liberamos del mito de la Segunda República como una democracia liberal y pluralista que la derecha católica no quiso aceptar porque era contraria a cualquier tipo de reformas y de modernización. En él hay algo de verdad, pero presupone una historia de buenos y malos que dificulta la comprensión de la movilización conservadora y su difícil inserción en la democracia republicana. De hecho, la forja y el crecimiento de la CEDA como primer partido de masas de la derecha española solo tiene sentido si se inserta en un contexto en el que se analice la naturaleza del régimen constitucionalizado en diciembre de 1931. En vez de contraponer reformismo republicano a reacción conservadora deberían escudriñarse las características de la democracia tal y como la definieron sus fundadores, y ver hasta qué punto era posible ejercer una labor de oposición sin cuestionar parcialmente las reglas del juego[16]. El papel de la CEDA, su heterogeneidad, su crítica de la política republicano-socialista del primer bienio, la difícil situación en que se encontró tras los buenos resultados electorales de 1933 o sus contradicciones internas cuando por fin logró responsabilidades de gobierno a partir de octubre de 1934; todo esto difícilmente puede analizarse si no se tiene en cuenta que la Constitución republicana fue diseñada como instrumento de partido para hacer posible eso que la izquierda republicana y los socialistas llamaban «revolución». Una revolución que tenía facetas inadmisibles para un católico, como la prohibición del ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas o la consideración de un cortejo fúnebre como una manifestación pública que requería autorización gubernativa.

La democracia republicana echó a andar en diciembre de 1931 con un serio, aunque no irreparable, déficit de legitimidad. Quienes no estuvieron de acuerdo en que la Constitución recogiera el programa político de las izquierdas, se vieron abocados a una difícil situación. Si identificaban la República con la política de sus adversarios podían concluir que dentro de la nueva democracia no había espacio para otras ideas y programas, rechazando así la nueva forma de gobierno y justificando el uso de la violencia para cambiarla. Esta fue la postura de muchos conservadores monárquicos y tradicionalistas, crecientemente autoritarios. Pero también cabía la posibilidad de distinguir entre legislación y régimen. Esto es lo que hicieron los posibilistas, siguiendo a Herrera y a Gil Robles, pero también explorando caminos recorridos por otros católicos europeos. Fijaron como objetivo prioritario la rectificación por medios pacíficos de eso que llamaban la política «laicista» y «socializante» de los gobiernos republicanos. Y dieron un paso histórico para el catolicismo español, al aceptar que se podía conciliar catolicismo y República si la legislación del primer bienio experimentaba un cambio radical, una postura que fue respaldada por una parte importante de la Iglesia y por la nunciatura.

Sin embargo, pese a rechazar el uso de la violencia y declararse accidentalistas, los seguidores de Gil Robles se encontraron en una situación delicada. Como no aceptaban aspectos fundamentales de la nueva Constitución y de la legislación que los había desarrollado, cuando llegaran las siguientes elecciones generales era coherente que las plantearan como una consulta sobre la naturaleza del régimen. Así ocurrió en noviembre de 1933. Dado que la Constitución no se había aprobado con un consenso suficientemente amplio por la derecha, las elecciones y la posterior alternancia en el gobierno quedaron sujetas a una situación de extrema tensión: de un lado, republicanos y socialistas apelando a la defensa del régimen para impedir que la derecha católica pudiera llegar al gobierno; de otro, esta última organizando una poderosa reacción dentro de la legalidad, aunque para cambiarla.

Sin embargo, no se puede afirmar sin matices que hubo «una» derecha que se comportara de forma inequívoca y cuyo objetivo fuera destruir por completo la democracia republicana. Pese a la difícil situación en que quedaron los católicos tras la aprobación de la Constitución, muchos conservadores confiaron en la estrategia posibilista, es decir, la posibilidad de demostrar el error de las izquierdas mediante las urnas, abriendo un camino pacífico a la rectificación sin prejuzgar el final del mismo, fuera mantener o terminar con la República.

Evidentemente, esa derecha posibilista no se caracterizó por un discurso liberal, pues buena parte de su clientela no estaba dispuesta a aceptar los costes para la Iglesia de una plena libertad de conciencia. Además, al igual que los católicos austríacos liderados por Engelbert Dollfuss, desconfiaban de la democracia representativa porque consideraban que, dado el peligro de revolución social, la participación de las masas solo podía conducir a una lucha de clases que destruiría la sociedad. Frente a ese riesgo, preferían que se reforzara el principio de autoridad de los gobiernos y que se constituyera alguna forma de representación corporativa que canalizara los intereses sociales en vez de abocarlos al conflicto, siguiendo en esto los dictados de la encíclica Quadragessimo Anno, publicada por Pío XI en 1931. Su visión de la sociedad distaba de ser la de un demócrata liberal que considera positivo el pluralismo ideológico y concibe el Estado como un poder limitado y una garantía para los derechos fundamentales. Era, por el contrario, la de un tradicionalista con una visión idealizada de la sociedad del antiguo régimen, en la que la armonía social se derivaba de una estricta jerarquía socioeconómica y una precisa interrelación entre poder público y religión.

Sin embargo, ese antiliberalismo explícito no impidió a los cedistas organizarse para competir con las reglas de la democracia parlamentaria y demostrar en las urnas, y no en la calle o en los cuarteles, que el conservadurismo católico contaba con un amplio respaldo social que dejaba en evidencia algunas decisiones de las Cortes Constituyentes. «La violencia no crea nada», aseguraba Luis Lucia, líder del grupo valenciano adscrito a la CEDA, en marzo de 1933. Debemos defender nuestros principios «con el arma de la ciudadanía en la mano»; arma «que es la legalidad» y que es «acatamiento sincero y leal al Poder constituido[17]».

Obviamente, a priori los presupuestos doctrinales no eran los adecuados para hacer de la CEDA una derecha católica dispuesta a gobernar dentro de una democracia republicana pluralista. Pero el posibilismo, en lo que tenía de postura pragmática y de rechazo de la violencia, permitía recorrer un camino cuyo final no estaba prejuzgado, es decir, quedaba abierto. Y lo estaba porque los gilroblistas, a diferencia de los monárquicos afiliados a Renovación Española, habían llegado a la conclusión de que los intereses y las ideas de los católicos podían y debían defenderse al margen de las formas de gobierno. Para ellos, una identificación excesiva entre el catolicismo, la Monarquía y la dictadura de Miguel Primo de Rivera había conducido a los católicos a un callejón sin salida que no debía repetirse. El pensamiento de Ángel Herrera y la experiencia del Partido Social Popular a comienzos de la década de 1920, en el que habían militado muchos ilustres cedistas, como el mismo José María Gil Robles o Manuel Giménez Fernández, apuntan en esa dirección. Muchos seguían siendo monárquicos, como reconocería Gil Robles en sus Memorias, pero de una forma muy diferente a la de aquellos que ponían la Monarquía por encima de cualquier otra consideración de oportunidad.

La diferencia entre los posibilistas y las otras derechas es algo que, sin duda, contribuye a despejar la confusión que muchas veces se ha arrojado sobre la CEDA para justificar la teoría del caballo de Troya. Gil Robles fue tajante en la desaprobación de la nueva Constitución, tachándola, durante un mitin celebrado en Madrid, de «tiránica» en materia de libertades y «persecutoria» para los católicos[18]. Pero esa contundencia no fue óbice para que también explicara, ese mismo día, que ellos habían deseado y deseaban una Constitución que fuera «la ley que hiciera posible la convivencia de todos los ciudadanos bajo un mismo interés y unos mismos principios de justicia». Pero como eso no era posible, se veían en la obligación de llevar a cabo una campaña de propaganda no para derribar con la violencia al Gobierno, sino para reclamar que la Carta Magna fuera votada en referéndum. Su objetivo era la «victoria» en «las urnas» mediante «una lucha noble y desinteresada».

En ese mismo acto, el diputado salmantino añadió algo fundamental para calibrar la diferencia entre los posibilistas que fundarían la CEDA en febrero de 1933 y los monárquicos que acabarían en Renovación Española, primero, y en el Bloque Nacional de José Calvo Sotelo, después. En estos momentos, concluyó, «los que tenemos alguna responsabilidad en la vida pública deberíamos librarnos del fetichismo de las formas de gobierno» y «actuar dentro de la legalidad porque tenemos la certeza de que todo lo que se obtiene por la violencia termina también por la violencia». En privado había dicho algo parecido al cardenal Vidal i Barraquer «No hay más camino que el de las elecciones»; se lo dijo, además, tras pedirle que la Iglesia desautorizara a los integristas[19].

Estas declaraciones no fueron casuales ni esporádicas. Formaron parte de la estrategia de actuación de los posibilistas durante todo el primer bienio. Y son las que permiten explicar por qué aceptaron las implicaciones del accidentalismo y se decidieron a apoyar un gobierno republicano presidido por Alejandro Lerroux en diciembre de 1933. Frente a la interpretación que propone considerar el accidentalismo y el pragmatismo como una mera táctica para llegar al poder por la vía legal y destruir la Segunda República, debería tenerse en cuenta que los posibilistas mantuvieron una actitud bastante coherente desde junio de 1931 hasta bien entrado el año 1934. Prueba de ello son los continuos altercados con unos monárquicos que muy pronto advirtieron el riesgo de que se consolidara la República si, como quería Lerroux y una buena parte de los republicanos radicales, Acción Popular y los moderados de la Iglesia conseguían integrar a los católicos en el sistema.

A mediados de 1933 Gil Robles, cada vez más alejado de un Calvo Sotelo proclive a hablar del fascismo como «una buena nueva» que no podía ignorarse, volvió a ser meridianamente claro en el tema capital sobre el que pivotaba la estrategia posibilista. En un mitin destacado afirmó que los tres componentes del lema «Dios, Patria y Rey» no eran igual de necesarios para un conservador. Sin Dios, dijo Gil Robles, no podemos pasar, pero sin rey sí. Airado, Calvo Sotelo no tardó en contestarle, asegurando que el problema era quedarse sin Dios por culpa de no tener rey[20]. Estaba claro cuál era la preferencia de cada uno. Y era algo más que una cuestión de diferencia táctica. El primero estaba preparando el terreno para la postura de la CEDA en 1933: catolicismo y República podían llegar a ser compatibles. El segundo advertía acerca del riesgo de ese camino: dando por bueno el accidentalismo, se abría la vía para la consolidación de la República.

Evidentemente, que Gil Robles postulara el accidentalismo y aceptara sus consecuencias, situándose muy lejos de las veleidades fascistas mostradas por Calvo Sotelo desde bien temprano, no quiere decir que manifestara su predilección por una República democrática pero conservadora. De hecho, se mostró muy ambiguo en aspectos capitales. Y esa ambigüedad fue muy perjudicial a la hora de convencer a sus adversarios de que los posibilistas no eran por naturaleza antirrepublicanos. Así, aseguró que concebía «la democracia como un medio para cumplir las finalidades del Estado», pero precisando que eso no significaba que diera «por bueno lo que diga la mitad más uno». Defendió la sustitución del «actual sistema de representación política… cuando se pueda y como se pueda», pero añadió que esa sustitución debería «cuajar antes en el alma del pueblo[21]».

Esta ambigüedad en el asunto fundamental —esto es, el tipo de representación y los derechos políticos de los ciudadanos— le acompañó durante toda la República. Era, en parte, el precio que tenía que pagar para mantener unida a una CEDA que había amalgamado clientelas y corrientes muy dispares. Además, durante las campañas electorales Gil Robles tensó la cuerda un poco más, llegando a mostrarse más intransigente en su actitud ante el adversario y acentuando esa ambivalencia. Es conocida su salida de tono en la campaña para las elecciones generales de 1933, cuando hizo algo más explícito su rechazo del parlamentarismo liberal y habló de construir un Estado nuevo. Además, en aquellos comicios la CEDA se presentó en conjunción con las derechas monárquicas, bajo el sello de la Unión de Derechas, lo que no reforzaba su imagen moderada. Pero pese a esos excesos demagógicos de la campaña electoral, la diferencia entre los cedistas y la opinión conservadora monárquica era muy considerable, como se puso de manifiesto en cuanto se procedió a constituir las nuevas Cortes. El contraste Gil Robles-Calvo Sotelo resulta muy esclarecedor.

El segundo fue meridianamente claro y opuesto a dos pilares de la estrategia de la CEDA. Por un lado, rechazó frontalmente una futura integración de las derechas para consolidar el sistema. Por otro, se negó a considerar que las urnas fueran algo más que un medio: «Está bien que se prepare la lucha electoral», escribió poco antes de que se iniciara la campaña electoral de 1933; pero de ninguna manera se ha de ver en ella «la gran meta, la Meta absoluta y gigante». Esta no era otra que un Parlamento «sin degeneraciones demagógicas», «sin parlamentarismo vacuo y corrosivo». «¿Qué es eso del fascismo?», terminaba preguntándose. «Pues esa es la buena nueva, vertiginosamente difundida por media Europa ya[22]».

Nunca, ni siquiera en campaña, Gil Robles llegó tan lejos. Como había explicado en los meses previos, su corporativismo y sus críticas del parlamentarismo no terminaban en una alabanza del fascismo. Incluso en la coyuntura crítica posterior a la revolución socialista de octubre de 1934, el líder de la CEDA fue muy claro en su postura sobre el fascismo. Él creía que estaba en «crisis» el «viejo concepto liberal que cimentaba sobre el individuo todo el edificio político y todo el edificio social», pero también consideraba «en decadencia ese principio contrario que, apartando al individuo, quiere construirlo todo sobre el Estado». Por eso, a Calvo Sotelo le contestó que temía más «los excesos del Estado» que los del individualismo liberal. «Es cierto —concluyó— que se necesita un Poder fuerte, una democracia organizada; pero no es menos cierto que por la condenación simplista de esos principios se va al más monstruoso panteísmo del Estado, que hace que desaparezca toda personalidad […]»[23].

Aparte de esa actitud tan diferente ante el fascismo que mostraron los cedistas y los monárquicos autoritarios, para entender el posibilismo cedista que tanto molestaba a Calvo Sotelo conviene tener en cuenta al menos cuatro factores. En primer lugar, los seguidores de Gil Robles consideraban irreversible la caída de la Monarquía y creían que la llegada de la República podría abrir una oportunidad para defender los derechos de los católicos sin confundir la Iglesia con el Estado monárquico. Segundo, para ellos las elecciones sí eran una meta importante porque podían servir para bloquear la identificación entre el régimen republicano y la política del gobierno de Azaña y los socialistas. Como dijo el ministro cedista Federico Salmón tras la revolución de octubre de 1934, ellos confiaban en que «en la marcha progresiva de la institución republicana enc[ontraran] todos los partidos y todos los hombres la manera de resolver dentro de la legalidad sus aspiraciones y que, por tanto, [fuera] innecesario en cualquier orden y en cualquier campo por medio de la sublevación, por medio de la fuerza, defender la implantación de principios doctrinales[24]».

En tercer lugar, el proyecto cedista de configurar un nuevo Estado donde el Ejecutivo tuviera más autoridad y existiera una representación corporativa nunca llegó a estar bien definido. En algunos casos ese proyecto corporativo no estaba reñido con la existencia de dos tipos de representación: el Parlamento elegido por sufragio universal se combinaría con una cámara de representación de los intereses sociales. A diferencia de Calvo Sotelo, el fascismo italiano no era considerado como un modelo a imitar. De él se criticaba el estatismo, el desprecio por los derechos de la persona, el control público de la enseñanza y, en definitiva, la sustitución del catolicismo por una nueva religión política.

Finalmente, en cuarto lugar, la CEDA era un conglomerado heterogéneo, en el que había diferentes opiniones sobre cómo cambiar la legislación izquierdista y la Constitución, pero eso no significa que fueran mayoría los que simplemente querían el poder para destruir el sistema. En algunos mítines hablaron de un «Estado nuevo» o de un nuevo «Estado integral», y a finales de 1935 se escucharon algunas demandas radicales entre los jóvenes cedistas. Pero, a la hora de la verdad, la actitud de la CEDA fue inequívoca en su compromiso con un gobierno de Lerroux tras las elecciones de 1933, y a diferencia de los monárquicos, sin temer demasiado que eso pudiera consolidar el sistema republicano. Es más, Gil Robles afirmó en el Parlamento que ellos «jamás utilizaría[n] los resortes que se pusieran en [sus] manos para ir contra el sistema político que en [sus] manos los pusiera».

Esa postura no fue, además, fruto de la improvisación, sino el lógico resultado de un posibilismo que, como teorizó El Debate, contemplaba la posibilidad de que catolicismo y República pudieran conciliarse. Las condiciones para esa conciliación no estaban del todo claras, pero tampoco incluían aspectos programáticos que fueran muy diferentes de los expuestos en la campaña electoral por la derecha republicana —incluso algunos radicales lerrouxistas podían estar de acuerdo—. Estas eran: garantizar el derecho a ejercer la enseñanza de las órdenes religiosas, aprobar una ley de haberes del clero y propiciar un acuerdo entre la Iglesia y el Estado. No obstante, algo sí estaba claro y Gil Robles volvió a repetirlo en el debate de investidura del primer gobierno Lerroux en diciembre de 1933. Ellos, dijo, levantarían su voz contra toda forma de régimen que se basara en «un concepto panteísta de divinización del Estado» y que persiguiera «la anulación de la personalidad individual», es decir, que fuera fascista[25].

Hasta ahora, sin embargo, no se ha tenido muy en cuenta la importancia de la posición adoptada por los posibilistas en el momento de la constitución de las segundas Cortes de la República, en diciembre de 1933. Por el contrario, en demasiadas ocasiones se ha visto en esa postura una mera estratagema de Gil Robles para ganar tiempo hasta que los republicanos radicales se hundieran y el presidente de la República le permitiera formar un gobierno monocolor. Pero la idea de la CEDA como una amenaza para la República nos impide valorar hasta qué punto ese grupo constituyó una oportunidad de integración de los católicos en el régimen. Es verdad que para eso la República tendría que haber cambiado las señas de identidad forjadas por las izquierdas, pero lo cierto es que los posibilistas se habían manifestado desde 1931 como partidarios de alguna forma de ralliement, haciendo de la movilización de los católicos y la participación electoral el centro de su estrategia. Confiaron en los procedimientos democráticos para demostrar su fuerza y rebatir la afirmación izquierdista de que el Estado no debía tener relaciones especiales con la Iglesia católica porque los españoles habían dejado o estaban dejando de ser católicos.

EL DILEMA DE LOS CEDISTAS

La historia de la CEDA es un asunto más rico, complejo y variado de lo que ofrece la imagen propagada por aquellos que andan empeñados en demostrar la premisa ideológica de que los cedistas solo eran contrarrevolucionarios equiparables al resto del conservadurismo clerical y filofascista, con la diferencia de que intentaron propiciar el cambio de la República mediante la conquista pacífica de las instituciones. Para sostener este empeño hay que forzar bastante las cosas, utilizando abundantemente las tijeras para recortar aquellos párrafos de los discursos cedistas que mejor convienen a cada situación. Esta es una técnica que sigue siendo habitual. También es útil manipular la estructura cronológica del relato para traer a los años 1933-1935 lo ocurrido durante la primavera de 1936, de tal manera que la CEDA sea siempre y en todo caso una sola realidad: el partido que, finalmente, al no poder acceder al control del régimen por tácticas legales, terminó por quitarse la careta y apoyar un golpe de Estado. Lamentablemente, en muchas ocasiones todo lo que podemos leer sobre la CEDA y sus líderes entre los años 1934 y 1936 se resume en la conclusión de que en el último momento estuvieron del lado de los franquistas. Así pues, ¿por qué habría que conceder crédito alguno al análisis del posibilismo católico? No obstante, si aplicáramos esta lógica, tan simple como ideológica y sesgada, tampoco habría merecido la pena saber algo más acerca del Partido Republicano Radical y de su acción de gobierno entre 1933 y 1935, pues ¿no fue Alejandro Lerroux quien presidió un gobierno «clerical-fascista» que reprimió brutalmente a quienes se rebelaron en octubre de 1934 para defender la democracia? ¿Y no fue el antaño «Emperador del Paralelo» quien escribió una carta personal a Franco para mostrar «su adhesión leal y desinteresada al hombre que por designio providencial» lideró la nueva España nacional[26]?

La cuestión central, sin embargo, no es si la CEDA constituyó o no una amenaza para la democracia, algo que con los datos que tenemos no se puede demostrar, ni siquiera cuando Gil Robles se convirtió en ministro de Guerra en 1935. La cuestión es otra: ¿por qué la CEDA no pudo hacer realidad la oportunidad de integrar a los católicos en la República? Nació como resultado de una movilización revisionista, esto es, de un esfuerzo descomunal de propaganda para pedir la revisión de la Constitución de 1931. Y eso marcó profundamente su condición ideológica, en la medida en que tenía mucho de coalición «anti» y no disponía de un programa positivo bien estructurado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la izquierda republicana y los socialistas definieron un régimen político en propiedad. Era una República identificada con un programa ideológico considerado irrenunciable, en el que se incluía un laicismo beligerante de tintes anticatólicos y una serie de guiños a la revolución social que las derechas consideraban una amenaza para el derecho de propiedad. Cuando la CEDA se encontró con los inesperados resultados electorales de noviembre de 1933 quedó frente a una difícil encrucijada: había nacido para promover un cambio constitucional y no tenía un programa propio para gobernar la República, más allá de la anulación de las leyes secularizadoras, cambios en la legislación laboral, un programa de obras públicas para luchar contra el desempleo y una serie de vaguedades sobre el Estado nuevo, el corporativismo y el principio de autoridad. Ni siquiera tenía una postura firme e inequívoca en materia de reforma agraria y derechos de propiedad. Gil Robles tomó una decisión arriesgada, respaldado sin fisuras por el próximo e influyente El Debate y por los moderados de la jerarquía eclesiástica: apoyar a un gobierno presidido por el republicano radical Alejandro Lerroux, es decir, un gobierno con gentes que habían votado la Constitución de 1931 que ellos rechazaban.

Radicales y cedistas tuvieron en su mano la oportunidad de consolidar la República. Su responsabilidad consistía en gobernar sin expulsar al adversario y en reformar la legislación del primer bienio sin saltarse los procedimientos establecidos. Ciertamente, hasta octubre de 1934 lo hicieron, aunque con algunas sombras. La prueba son los problemas que tuvo el núcleo moderado de la CEDA con sus clientelas más derechistas y con los monárquicos. La responsabilidad de sus adversarios era comprender que su derrota exigía una autocrítica. Muy pocos lo hicieron. Tal vez los únicos fueran los partidarios de Besteiro en la UGT. Andrés Saborit lo explicó en una tensa reunión del Comité Nacional de UGT, el 13 de diciembre de 1933, en la que se debatía sobre el peligro fascista y la respuesta revolucionaria. No hay, afirmó, quien pueda decir «seriamente» que en España hay un «peligro inmediato de fascismo». Lo que ocurre, añadió, es que nos ha cogido por sorpresa «el empuje de las derechas y eso nos amilana y nos oscurece el cerebro, pero de ahí a suponer que hay una preparación en España de fascismo» media un error. No deberíamos «perder ni un minuto el contacto con la realidad». Lo que ha habido en España, concluyó con lucidez y honestidad, es una «coalición electoral terrible contra nosotros, no contra la República[27]».

Se trataba, por tanto, de que los derrotados admitieran, dentro de una lógica consecuente con la técnica democrática, que al menos la mitad del país no estaba de acuerdo con la identificación que habían hecho de República y política de izquierdas, lo que no quería decir que toda esa oposición fuera antirrepublicana. Hecho esto, podían haber buscado alguna forma de conciliación con los radicales lerrouxistas y, con el apoyo de Niceto Alcalá Zamora —quien también deseaba la reforma constitucional; había sido, de hecho, el primer revisionista—, haber promovido una reforma del sistema dispuesta a transigir parcialmente con la postura de la CEDA y de la Iglesia católica. Este diálogo hubiera sido muy difícil, dada la intransigencia de los integristas de derechas, pero a priori no estaba condenado al fracaso, como demostraron las conversaciones Iglesia-Estado durante la primera mitad de 1934, que a punto estuvieron de terminar en la firma de modus vivendi[28].

Es verdad que la CEDA no dio pasos sustantivos para definir de forma clara un programa de gobierno dentro de la República, pero las izquierdas no solo obviaron toda autocrítica, sino que tomaron el camino contrario: primero deslegitimaron a sus adversarios, luego dijeron que la República estaba en peligro y finalmente promovieron o disculparon la insurrección violenta. Como han demostrado estudios recientes, ni siquiera hubo una reflexión crítica respecto de la polémica reforma agraria del primer bienio, diseñada con criterios ideológicos y no técnicos, o de las nefastas consecuencias que había tenido en algunos sectores laborales la política de Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo[29].

Puesto que apenas hubo autocrítica, la inmensa mayoría de los derrotados en las urnas, socialistas y republicanos, optaron por ignorar los resultados y prefirieron argumentar a favor del peligro de fascismo en España. Tenían algunos motivos para estar preocupados por la influencia que pudieran tener las derechas autoritarias en la actitud de la CEDA; es más, ni siquiera Gil Robles había estado muy moderado en la campaña electoral. Pero la percepción que tuvieran de lo que estaba ocurriendo no quiere decir que eso estuviera ocurriendo de verdad. Esto último no siempre ha estado claro en el trabajo de los historiadores que se han ocupado de la vida política en ese período. No parece muy científico mirar a la CEDA con los ojos de quienes eran sus adversarios en 1934, es decir, con el prisma del antifascismo. Cierta distancia, aquí como en otros casos, resulta imprescindible.

Los hechos revelan que la CEDA no era un grupo homogéneo partidario de la democracia representativa liberal, pero también que no era fascista. Es más, admitió que podía llegar a ser republicana si las reglas del juego cambiaban. Esa oportunidad no llegó porque a finales de 1935 el presidente de la República, Alcalá Zamora, no dejó a Gil Robles formar gobierno y porque los socialistas, con la comprensión de las izquierdas republicanas, se habían rebelado por la fuerza contra los resultados electorales de 1933. La CEDA, sin embargo, volvió a cosechar un elevado respaldo popular en las elecciones de 1936, aun cuando se negó a firmar una alianza nacional con los monárquicos y desestimó sus reivindicaciones programáticas. Gil Robles, a diferencia de los republicanos Azaña o Diego Martínez Barrio, no pactó un programa de gobierno con los partidos extremistas e inequívocamente antidemocráticos. Pero la CEDA fracasó en el objetivo de configurar una República en la que los católicos se sintieran a gusto. Muchas veces se ha señalado que la debilidad de los «democristianos» y un proceso creciente de «fascistización» fueron los principales obstáculos. Sin embargo, lo primero no significa automáticamente que la mayoría de la CEDA fuera antidemocrática. Era, de hecho, una amalgama de socialcristianos moderados caracterizados, sobre todo, por su lealtad a Gil Robles y por su pragmatismo, divididos en cuanto a la actitud a tomar en materia de derechos de propiedad, pero muy unidos en el antimarxismo y la defensa de los derechos de los católicos y de su Iglesia. En cuanto a lo segundo, no hubo «fascistización» alguna, ni siquiera en las Juventudes de Acción Popular, al menos antes de la primavera de 1936 y de forma inequívoca. Aunque algunos japistas mostraron simpatía por el culto al líder propio de los fascistas y llegaron a pedir que se ilegalizara a los responsables de la revolución de octubre, de ninguna forma se admitió, de manera oficial y generalizada, la legitimidad de la violencia para la vida política. Ni los cedistas ni sus Juventudes utilizaron proactivamente la violencia durante la campaña electoral de 1936, como sí hicieron falangistas, comunistas y socialistas[30]. Tampoco se organizaron milicias armadas cuyo objetivo fuera suplantar a las fuerzas de seguridad del Estado, ni se postuló un Estado con partido único que suprimiera la libertad de asociación y reunión. Finalmente, los cedistas rechazaron los postulados del fascismo en lo referente al papel del Estado en la educación. Que sus adversarios vieran a la CEDA como un grupo fascista no significa, por tanto, que lo fuera. Tampoco cabe colegir eso del hecho de que presentara algunas candidaturas electorales conjuntas de la mano de otros conservadores autoritarios. En la CEDA podía haber individuos o grupos que sintieran simpatía por el fascismo. De hecho, algunos sectores de las Juventudes de Acción Popular mostraron una tendencia marcadamente autoritaria desde finales de 1935. Pero, en su conjunto, el partido de Gil Robles no era receptivo a las ideas fascistas[31].

La CEDA pudo haber gestionado una reforma del sistema que permitiera la integración de los excluidos de la República de 1931, especialmente esas clases medias del mundo rural o de las ciudades medianas y pequeñas caracterizadas por su catolicismo y su condición de propietarias. Si no tuvo una buena oportunidad, no cabe achacarlo, simplemente, a que no se declarara republicana o a que fuera, por definición, antidemocrática. Quedó atrapada entre dos fuegos. Por un lado, las izquierdas no solo le exigían que se declarara republicana, sino que también, como dijo Azaña, le pedían, para reconocerla como adversario legítimo, que dejara de ser lo que era, es decir, que volviera a presentarse a las elecciones con un programa que considerara positiva la Constitución de 1931 y su desarrollo legal hasta 1933. Esto era imposible. Por otro, a su derecha, sus aliados electorales no querían que los católicos contribuyeran a la gobernabilidad de la República y a su consolidación, sino a su destrucción. El hecho de que acusaran a Gil Robles de traidor y consideraran que su política impedía la restauración de la Monarquía, debería hacernos ver hasta qué punto la CEDA hizo un esfuerzo contemporizador y abrió un camino que podría haber impedido la evolución de la vida política en la primavera de 1936. Podría haber ocurrido si al menos se hubieran dado dos condiciones: la primera, que las izquierdas republicanas hubieran condenado tajantemente la insurrección socialista de 1934, negándose a pactar un programa de gobierno con los sectores obreros que anteponían la revolución a la democracia; y la segunda, que radicales lerrouxistas y cedistas hubieran dispuesto de la oportunidad de abrir un proceso de reforma constitucional.

La CEDA no fue un partido plenamente leal con la democracia republicana porque consideró que ese régimen lesionaba los derechos de los católicos y había sido diseñado para poner al Estado en manos de las izquierdas, al servicio de su revolución. Sin embargo, eso no significa que fuera una derecha radicalmente contraria a toda forma de democracia republicana. Sabemos que era antiliberal y antimarxista, pero también que rechazó una y otra vez la violencia y compitió limpiamente en las urnas, aceptando los resultados electorales de 1931 y 1933, incluso, aunque con algunas sombras, los de 1936. No podemos saber cómo se hubiera comportado, caso de no haberse disuelto las Cortes a principios de 1936, en un proceso de revisión de la Constitución y qué condiciones hubiera exigido para declararse un grupo republicano, ni siquiera si finalmente lo hubiera hecho. Pero lo ocurrido entre diciembre de 1933 y febrero de 1936 tampoco nos permite concluir que su única meta fuera acabar con la República, salvo que solo contemplemos la posibilidad de que hubiera República si esta era como la diseñada en 1931. El hecho de reconocer esta dificultad y asumir la complejidad y heterogeneidad de la CEDA no implica idealizarla ni ocultar sus contradicciones ideológicas internas, pero sí nos permite comprender mejor su complicado papel en aquellos años convulsos. Su fracaso puso de manifiesto algo que no deberíamos pasar por alto: el éxito de quienes concibieron la República como un régimen democrático, pero excluyente. Al fin y al cabo, como dijo el republicano radical Ricardo Samper en el Parlamento, las izquierdas llamaban «República al gobierno que presidía el señor Azaña[32]».

5

LA IZQUIERDA REPUBLICANA Y LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA (1934-1936)

por

GABRIELE RANZATO

En el estudio de las fuerzas políticas que protagonizaron la historia de la Segunda República, un tema que merece analizarse a fondo es el de la «fragilidad democrática», no solo de los partidos antisistema, sino también de la izquierda republicana liberal y democrática. Porque esta «fragilidad democrática», evidentemente junto con otros factores, contribuyó en buena medida a precipitar al país en la Guerra Civil. Normalmente, en el reparto de las responsabilidades de ese trágico conflicto, se suele atribuir la mayor parte de las que tocan a las izquierdas al partido socialista, y particularmente a su ala «caballerista». Lo cual no deja de ser cierto, tanto si se piensa en la revolución de octubre de 1934 —que si no fue el comienzo de la Guerra Civil, sí fue su más importante premisa y, de alguna forma, su ensayo general— como si se considera su actuación en los meses que siguieron a la victoria electoral del Frente Popular.

Y, sin embargo, si las responsabilidades de Francisco Largo Caballero —y también las de Indalecio Prieto— hoy nos parecen graves, no se puede obviar que la vía revolucionaria, que ellos intentaron seguir, pertenecía por aquel entonces a la cultura política del movimiento obrero, y que ellos actuaron siempre dentro de las pautas de la tradición socialista española, que nunca, ni en su componente reformista, había aceptado definitivamente el sistema democrático liberal-capitalista. Por otro lado, si desde una perspectiva democrático-liberal, de hoy como de ayer, la revolución que intentaron llevar adelante se debe juzgar un error y hasta un crimen, no podemos ignorar que la opción revolucionaria parecía tener sobradas justificaciones en aquel contexto histórico, en el que la democracia liberal-capitalista —que, además, en España se conocía solo en una versión muy adulterada— no parecía capaz, sobre todo después de la gran crisis de 1929, de rescatar de su condición de extrema indigencia a una gran parte de las masas populares.

En cambio, aun teniendo en cuenta ese mismo contexto de circunstancias atenuantes, la actuación de los que pertenecían al área política republicana se caracterizó por una coherencia mucho menor con respecto tanto a los principios de la democracia liberal, en los que pretendieron inspirar su conducta, como a su ambicioso programa —este sí realmente revolucionario— de hacer real, por primera vez en la historia del país, un auténtico sistema liberal-democrático con la instauración de la Segunda República. En buena medida, las razones del fracaso de esa República democrática estriban allí. Porque si es evidente que aquella se hundió en primer lugar a consecuencia de los ataques a los que la sometieron los enemigos abiertos de la democracia —tanto de derechas como de izquierdas—, es igualmente cierto que de ese hundimiento fueron responsables también aquellos que, por sus convicciones declaradas, estaban llamados, con la democracia y por la democracia, a defenderla. Y, sin embargo, no tuvieron la capacidad de hacerlo a causa de su endeble adhesión a sus mismos principios democráticos.

Un análisis pormenorizado de las muchas manifestaciones de ese déficit democrático que caracterizó la actuación de tantos prohombres republicanos (diputados, ministros, dirigentes de partido, tanto de centro como de izquierdas) está todavía por hacer, y evidentemente se trata de una tarea de gran envergadura que, si se quisiera realizar de forma sistemática, implicaría un trabajo de investigación de mucho alcance. Así que aquí solo nos limitaremos a enfocar algunos de los ejemplos más significativos de dicha debilidad democrática, centrando la atención en el sector más destacado del republicanismo de izquierdas, y particularmente en los dichos y hechos de su principal representante, Manuel Azaña, en unos momentos en que sus convicciones liberal-democráticas, de las que nunca renegó, fueron puestas a prueba, con consecuencias muy graves para la credibilidad de los fundamentos democráticos del republicanismo y para la misma estabilidad de la República.

El primer momento en que más se ponen de relieve la incoherencia y las lagunas de las convicciones democráticas de Azaña, como, por otra parte, también de muchos de sus correligionarios, es cuando en 1933 las izquierdas se encuentran ante el fracaso electoral. Porque, en lugar de aceptar el resultado del sufragio, que le daba la victoria al centro-derecha, pretendió evitar las consecuencias democráticas de aquel resultado intentando convencer al presidente del Consejo, Diego Martínez Barrio, para que impidiera la reunión de las nuevas Cortes y formara un gobierno de izquierda republicana que convocara nuevos comicios. La gravedad de tal intento, que por otra parte no quedaría como una iniciativa momentánea y aislada, no se puede minimizar. Conlleva una apreciación tan contraria a la ejemplaridad de Azaña como líder democrático que exige una atenta consideración tanto sobre su efectiva consistencia como sobre las posibles consecuencias que, de haberse realizado, de aquel se derivarían.

En realidad, el primer documento escrito, en orden cronológico, en el que el exjefe del gobierno dirige a Martínez Barrio esa petición, es más alusivo que explícito. Se trata de la carta que con fecha 5 de diciembre de 1933, él, Marcelino Domingo y Santiago Casares Quiroga le envían para dar solución «al problema político planteado por la composición de la nueva Cámara», declarándole estimar:

que no admite espera la formación de un gobierno republicano, que dé a la opinión la seguridad de que el rumbo de la República no va a desviarse peligrosamente. La situación de las fuerzas políticas brinda hoy la oportunidad de realizar esa nueva formación ministerial, con ventaja para la estabilidad del régimen. Tal oportunidad puede desaparecer mañana.

Y los tres concluían la carta con una frase un tanto amenazadora:

Deseamos vivamente que, estudiado el caso por usted, y teniendo todos igual deseo de defender la República, se acepten nuestros puntos de vista, con lo que se evitarán resoluciones ulteriores, guiadas en todo caso por lo que demandan los más altos intereses del país[1].

Sin conocimiento del contexto, el significado de esa misiva quedaría bastante oscuro, y en todo caso en ella no se habla ni de disolución de las nuevas Cortes ni de nuevas elecciones. Y, sin embargo, una secuencia lógica ya indica que es exactamente a todo el «paquete» —gobierno de salvación republicana, disolución de Cortes, nuevas elecciones— [«al»] que los tres prohombres republicanos —ni que decir tiene que era Azaña el que llevaba la voz cantante— apuntaban. Porque es evidente que el gobierno que pudiera asegurar que el rumbo de la República no se «desviaría peligrosamente» sin duda no podía ser, en su opinión, el gabinete de centro-derecha, que era el único que podía contar con mayoría en las nuevas Cortes. Así que en lo que realmente ellos pensaban no podía ser más que un gobierno de izquierda que gobernaría sin Cortes hasta el momento que llegase la oportunidad de convocar nuevas elecciones.

Pero la secuencia lógica recibe un concreto y sólido aporte en el testimonio del mismo Martínez Barrio. Ya la carta citada indicaba claramente que ella había sido precedida por uno o más coloquios sobre el asunto entre remitentes y destinatario. Su mismo incipit lo señala: «Querido amigo, hemos vuelto a examinar la solución que puede darse al problema político planteado por la composición de la nueva Cámara»; y, por otra parte, más adelante los tres declaran «saber que usted y sus compañeros tienen, sobre el fondo del asunto, la misma opinión que nosotros[2]». Y, en efecto, en sus Memorias Martínez Barrio recuerda haberse reunido con Azaña, a petición de este, «pocos días después de la celebración de las elecciones», y que aquel, «muy preocupado a causa de la derrota de los partidos republicanos de izquierda y la no disimulada irritación del Partido Socialista», le había propuesto «suspender la reunión de Cortes, constituir otro ministerio, en el que estén representadas todas las fuerzas de izquierda, y hacer una nueva consulta electoral[3]».

El testimonio del futuro líder de Unión Republicana es muy preciso. Recuerda que para mantener muy reservado aquel encuentro, lo habían tenido en un lugar imprevisible, es decir, en un despacho del Ministerio de Marina, lejos de miradas indiscretas. Él mismo señala aquella entrevista como inmediato antecedente de la carta, que reproduce íntegramente en su libro junto con su respuesta, en la que con respecto a la belicosa alusión a las «resoluciones ulteriores», contestaba: «Quisiera evitar a ustedes las resoluciones ulteriores que me han anunciado. Yo sé que las inspiran altos móviles, pero, en puridad de verdad, no servirían para otra cosa que para acumular dificultades en un camino cuyo despejo y desembarazo nos interesa a todos de igual manera[4]».

No haría falta añadir más sobre el particular si no fuera porque Santos Juliá, que conocemos como historiador de gran autoridad —sobre todo en lo que se refiere a la figura de Azaña, del cual es el más importante biógrafo—, no hubiese puesto más que en duda ese testimonio de Martínez Barrio, y con ello, tan precoz inclinación del líder alcalaíno a dar una respuesta abiertamente antidemocrática a la victoria electoral del centro-derecha. En realidad, en su primera y más detallada biografía de Azaña, Juliá se limitaba a observar «que la supuesta revelación de Martínez Barrio no añade nada a lo que era posible saber leyendo los discursos del propio Azaña: que partiendo de ese pensamiento de fondo, solicitó desde el primer momento, y no dejó de hacerlo durante todo el año 1934, la formación de un gobierno estrictamente republicano que, falto de apoyo en la Cámara, y siendo la Cámara “la pieza capital de la República”, no tendría más remedio que disolverla y convocar nuevas elecciones[5]». En cambio, en un escrito biográfico más reciente sobre el expresidente de la República, Juliá ha negado terminantemente que lo que Martínez Barrio había escrito acerca de dicha entrevista pueda ser verdad, sugiriendo una mala intención más que la confusión en los recuerdos como causa de la falsedad de la revelación del político sevillano[6].

Y en verdad Juliá apoya su opinión sobre todo en un documento del que resultaría que, en esos días de la controvertida entrevista con el jefe del gobierno, Azaña manifestaba una apreciación sobre las perspectivas políticas muy distinta de la que habría expuesto a aquel en dicho encuentro. Esta distinta apreciación la refería El Socialista en un artículo publicado el 6 de diciembre, que si bien no se puede considerar en absoluto una entrevista —visto que no hay ni una sola frase entre comillas— debía de alguna forma reflejar declaraciones vertidas por el líder republicano. Por lo cual merece la pena reproducirlo ampliamente para valorar sus partes más significativas:

Por el interés que siempre cabe atribuir a sus juicios, aun para establecer la discrepancia, hemos cuidado de conocer el pensamiento del señor Azaña por lo que se refiere al actual momento político. Tenemos más de una razón para creer que hemos conseguido averiguarlo. Confirma lo que más arriba dejamos dicho, a saber: que los partidos de izquierda republicana comunicaron el domingo al jefe del Estado su decisión de separar a sus representantes del Ministerio, por discrepar de la estimación de lo que conviene, en los actuales momentos, al interés de la República.

Desde ese día, el Gobierno está virtualmente en crisis, y se conoce cuál ha de ser, fatalmente, su sucesor. Lo será el señor Lerroux, acompañado de progresistas y melquiadistas, y dispuesto a vivir del apoyo de lo que disciernan las derechas […].

A mi entender —seguimos interpretando el pensamiento del señor Azaña— interesa al propio movimiento republicano de izquierdas, y por extensión a los socialistas, que el señor Lerroux pueda mantenerse en el poder seis meses. No hace falta más para que se produzca una reacción en el país favorable para la posición izquierdista. Una caída anterior del Gobierno Lerroux implicaría la disolución de las Cortes y, sin otra experiencia del Gobierno que permita al cuerpo electoral establecer el debido contraste, el resultado electoral se repetiría, salvo pequeñas variantes, que en nada mejorarían el actual momento[7].

Ahora, aun aceptando que el anónimo autor del artículo pudo acertadamente interpretar «el pensamiento del señor Azaña», cabe preguntarse si su contenido prueba la falsedad de lo que Martínez Barrio ha consignado en sus Memorias o si, en cambio, teniendo en cuenta la obvia diversidad de lo que Azaña podía decir acerca del tema públicamente y en una entrevista privada, y considerando bien lo que El Socialista le atribuía y la dinámica de los acontecimientos, existe una compatibilidad entre lo uno y lo otro, es decir, la posibilidad de que ambos —el testimonio de Martínez Barrio y el relato del pensamiento de Azaña— sean auténticos y conduzcan a una misma apreciación de la actitud del líder de la izquierda republicana.

Claro está que la aceptación por parte de este de que se reunieran las nuevas Cortes —no está dicho abiertamente pero se puede considerar implícito— y que se formara un gobierno Lerroux, y su declaración de la inutilidad de volver inmediatamente a las urnas, parece desmentir el testimonio del político sevillano. Pero desmiente también lo que él, junto con Marcelino Domingo y Santiago Casares Quiroga, le habían propuesto en su carta, por lo menos en lo que se refiere a «la formación de un gobierno republicano, que dé a la opinión la seguridad de que el rumbo de la República no va a desviarse peligrosamente», que sin lugar a dudas no podía ser en su intención un gabinete Lerroux. Y, sin embargo, la carta indudablemente existe, y lleva la fecha del día 5, es decir, el día anterior a aquel en que aparece el artículo en El Socialista.

Más que pensar en una mentira de Martínez Barrio —además, ¿para qué?, ¿cuál sería su fin?— resulta más creíble que todo se haya desarrollado según una muy probable sucesión de los hechos: primero, Azaña encuentra realmente a Barrio, le propone lo que este ha relatado y se encuentra ante su rechazo; con la carta sucesiva —donde conviene ser alusivos, porque el destinatario sabe lo que él pide, y como scripta manent es mejor no dejar pruebas de planes de tanta gravedad— vuelve a la misma propuesta y tropieza de nuevo con un rechazo, esta vez en forma escrita; así que, no estando en realidad a su alcance la prueba de fuerza insinuada en la carta, no le queda otra salida que conformarse con la imposibilidad de realizar sus planes, lo cual implicaba, inevitablemente, la aceptación de que se reunieran las nuevas Cortes y se formara un gobierno Lerroux.

Pero ¿esto quería decir que Azaña tenía intención de aceptar el normal desarrollo de la dialéctica entre gobierno y oposición durante todo el curso de la legislatura? Todo lo contrario, ya que auguraba a ese gobierno una vida de solo seis meses, es decir, el tiempo necesario para que se produjera «una reacción en el país favorable para la posición izquierdista». Lo cual significaba el augurio de que Lerroux se mantuviese en el poder durante el tiempo mínimo indispensable para que se determinaran las condiciones para que el intento recién fracasado de forzar la formación de un gobierno «izquierdista» contrario al responso electoral pudiese prosperar. Y, de hecho, algo más de seis meses después Azaña volvería a pedirlo, y esta vez directamente al presidente de la República: en junio, a través de Miguel Maura, y el mes siguiente a través del mismo Martínez Barrio, quien mientras tanto se había separado del Partido Radical para constituir Unión Republicana.

Sobre el contenido de lo que Martínez Barrio fue a proponer queda como documento incontrovertible el acta que él, Azaña y Felipe Sánchez Román redactaron y suscribieron como conclusión de la reunión que los tres tuvieron para evaluar los resultados de su misión acerca de Niceto Alcalá Zamora. De ella resulta que don Diego había planteado al presidente

la necesidad de afrontar esa situación [de positivo peligro en que la República se encuentra], tratando de remediarla, mediante un cambio profundo de la política antirrepublicana que en la actualidad se sigue; insistiendo, en consecuencia, sobre la necesidad de sustituir los instrumentos políticos actuales; esto es, el Gobierno y el Parlamento; en una palabra, crisis ministerial, con disolución de Cortes y formación de un gobierno nacional republicano que hiciera, en su momento oportuno, la convocación de nuevas Cortes[8].

Esta propuesta, que Alcalá Zamora rechazó y que, según recordaría en sus memorias, «era la confirmación sin rodeos de lo que el propio Martínez Barrio y yo habíamos comentado con extrañeza y alarma ya durante el otoño de 1933[9]», no era compatible en absoluto con el régimen democrático, ya que «los tres líderes republicanos proponían en el verano de 1934 la formación de una especie de Gobierno de salvación nacional que gobernara con las Cortes cerradas, o con plenos poderes para decirlo de manera más directa, y que no se viera constreñido por la imposición de un plazo a fecha fija: una especie de régimen de excepción o de dictadura republicana[10]».

¿Cambia mucho si los republicanos de izquierda, y principalmente Azaña, hicieron esa proposición por primera vez en el verano de 1934 o en el otoño de 1933? En lo sustancial, en lo que se refiere a la solidez de sus convicciones democráticas, no. Pero no hay duda de que en el verano de 1934 la tensión política y social ya había aumentado notablemente, y sobre todo la actitud de José María Gil Robles era lo bastante amenazadora como para alimentar temores sobre la supervivencia de la República. Lo cual, si no justifica, desde un punto de vista democrático, la propuesta hecha al presidente —y mucho menos los métodos que se emplearon en el octubre siguiente—, sí podría atenuar las responsabilidades de un posible alejamiento de las normas democráticas dictado sobre todo por un exceso de alarma. El cambio de actitud de Martínez Barrio en pocos meses constituye un buen ejemplo de este sentimiento de «Aníbal a las puertas», muy difuso en las izquierdas. Pero si la intención de Azaña fue, como es probable, la de conseguir la formación de aquella «especie de Gobierno de salvación nacional» ya desde la proclamación de los resultados electorales, entonces su conducta no solo sería «democráticamente» inaceptable, sino que, de haber logrado que ese gabinete se formara, habría puesto a la República en gravísimo peligro de un muy posible hundimiento anticipado.

En primer lugar, hay que considerar que lo que Azaña y sus seguidores pedían era una sustancial violación de la Constitución democrática. Juliá, cuando todavía creía posible que lo que aquellos pretendían era que el presidente de la República hiciera «uso de las prerrogativas constitucionales» para «disolver las Cortes antes de que empezaran a funcionar», expresaba al respecto el siguiente juicio: «La oportunidad política de la medida puede ser todo lo discutible que se quiera, pero eso no obsta para que fuera constitucionalmente factible si, como sugerían, se formaba un gobierno republicano al que faltara, en su momento de presentación a las Cortes, una mayoría. La imposibilidad de que ese gobierno obtuviera votos suficientes bastaría para que el presidente de la República, a riesgo de agotar su prerrogativa, disolviera y convocara nuevas elecciones[11]». Pero, si bien técnicamente factible, porque la Constitución republicana atribuía al presidente de la República la facultad de disolver por dos veces las Cortes durante su mandato, sin excluir explícitamente la disolución de las recién elegidas antes de que se llegaran a reunir, el mismo hecho de que los que votaron aquella Carta Magna quisieran fundar con ella un régimen liberal y democrático, indica que aquella factibilidad se basaba en una laguna del texto constitucional. Laguna debida a lo inconcebible de una disolución en el caso en cuestión, más que a una voluntad de hacerla posible. Porque el hecho básico, que no se puede pasar por alto, de todo este asunto es que la disolución de aquellas Cortes significaba la anulación del resultado de unas elecciones libres, es decir, la anulación de una de las bases fundamentales del sistema democrático; o sea, un acto contrario al espíritu y a las normas de la Constitución republicana, como de toda Carta Magna liberal-democrática.

Si luego se consideran las probables consecuencias de una eventual aceptación de aquella propuesta por parte de Martínez Barrio, resulta evidente que la medida solicitada sería algo más que políticamente inoportuna, y más bien bastante irresponsable, ya que podría acarrear graves peligros para la República. Porque, en primer lugar, encontraría la más firme oposición por parte del presidente de la República. Dirigirse a Martínez Barrio, quien por sí mismo no podía formar ningún nuevo gabinete, instar a los ministros de la izquierda republicana para que dimitieran de su gobierno —según consta también en la misma página de El Socialista en que se publicaba la «entrevista» de Azaña, que por otro lado lo confirmaba[12]— no podía significar más que un intento de forzar al presidente. Pero, en caso de insistente apremio por parte del jefe del gobierno y de resistencia de Alcalá Zamora, esto podía desembocar en un grave conflicto entre los dos máximos poderes del Estado, hasta la revocación del mandato al jefe del gobierno por parte del presidente, con la inevitable subida vertical de la tensión política entre izquierdas y derechas, que quizá ya podría dar a esas mismas derechas la ocasión de instaurar un régimen autoritario.

Pero imaginemos también qué habría pasado si Alcalá Zamora se hubiera acobardado y hubiese aceptado formar un gobierno de izquierda republicana que convocara nuevas elecciones. Parece con toda evidencia muy dudoso que el centro-derecha se dejara despojar de su victoria electoral. Lo más probable es que se hubiera ido a un enfrentamiento y luego, vista la debilidad militar del izquierdismo republicano y socialista, a esa misma implantación de un régimen autoritario. Pero sigamos imaginando, e imaginemos que se diera el hecho muy improbable de que las derechas aceptaran volver dócilmente a nuevas elecciones. ¿Por qué Azaña y sus hombres pensaban que el cuerpo electoral, que acababa de determinar la derrota de las izquierdas, cambiaría de orientación en tan breve espacio de tiempo y les daría la victoria? ¿Podían realmente pensar que los seis meses de que Azaña había hablado, una vez fracasado su intento de forzar inmediatamente la voluntad del presidente, hubiesen bastado para que los resultados de las urnas se invirtieran?

Es probable que en el otoño de 1933 Azaña todavía pensase que, vistos los resultados de los comicios precedentes, los socialistas aceptarían, en caso de volver a las urnas, presentarse bajo una coalición con los republicanos de izquierdas. Una coalición que efectivamente hubiera tenido la posibilidad de triunfar. Pero en julio de 1934 toda ilusión de constituir dicha coalición se había desvanecido, porque los socialistas iban ya por su cuenta en busca de la revolución. Alcalá Zamora, en sus diarios perdidos, en parte reproducidos en las Memorias de Martínez Barrio, escribía que este le había confesado que la intención de los republicanos de izquierdas de convocar, si él les entregaba el gobierno, nuevas elecciones en octubre «obedecía al deseo de preparar unas elecciones presionadas[13]». Lo cual indicaría que en aquel verano

el proyecto de los dirigentes más destacados de la izquierda republicana, que en su conjunto tenían unos treinta diputados en aquellas Cortes, era que el Presidente les encargara de formar gobierno para disponer de los tres meses en que las sesiones iban a permanecer suspendidas y de los dos meses de plazo que mediarían entre su disolución y la celebración de las nuevas elecciones, para que estas pudieran ser adecuadamente «presionadas» […]. Es decir, que la izquierda burguesa estaba dispuesta a reactualizar las peores prácticas caciquiles de la Restauración, con tal de evitar que la República cayera en poder de sus enemigos[14].

No podemos tener ninguna seguridad absoluta acerca de todo lo que se puede conjeturar sobre la conducta que la izquierda republicana hubiera mostrado en caso de conseguir el gobierno, tanto en el otoño de 1933 como en el verano de 1934, visto que no se le dio tal oportunidad. Y, sin embargo, aunque nada de lo conjeturable acaeció, el hecho de que Azaña y sus seguidores estuvieran dispuestos a afrontar las posibles consecuencias de la formación de aquel gabinete, que indudablemente pretendieron, ya detecta en ellos una predisposición a salirse de las reglas de la democracia que desmentía su aspiración teórica de que la República fuese por fin un régimen democrático a la francesa o a la inglesa. Y detecta también una predisposición a hacer correr a las instituciones democráticas riesgos que cuando, tarde o temprano, reclamaron ellos el gobierno eran mucho más graves de los que se podían derivar de la permanencia en el poder de un gobierno radical con el apoyo externo de la CEDA.

Naturalmente, esta reacción de la izquierda republicana no derivaba solo de la decepción de haber perdido las elecciones. Había una fuerte razón, menos mezquina que la «desesperación de cesantes furiosos que enloquecía a los caídos» que le atribuía Alcalá Zamora[15]. Había un motivo de mayor fundamento, es decir, el temor, al que ya hemos aludido, de que, según Azaña diría en un discurso pronunciado en Madrid en abril de 1934, respetando la Constitución se había entregado el poder a quienes, escudándose en ella, querían desmantelarla, y con ella desmantelar el sistema democrático[16]. Y como es sabido, este temor tenía origen, por un lado, en la actitud de Gil Robles, que desafiaba a la democracia si obstaculizaba la consecución de sus objetivos; por el otro, en el muy reciente ejemplo de Hitler, quien, después de haber ganado las elecciones democráticas, había liquidado el mismo sistema democrático.

Ciertamente, no pueden haber muchas dudas de que Gil Robles podía representar un peligro real para la democracia. El líder de la CEDA no era en absoluto un democristiano a lo don Sturzo, según ha escrito, de forma algo extravagante, Bartolomé Bennassar[17]. Sus dichos y hechos de aquel entonces confirman su aspiración a ser un Dollfuss español, es decir, un canciller clérigo-autoritario. Pero ¿cuál fue el camino elegido por la izquierda republicana para contrarrestar este peligro?

En un discurso pronunciado en Barcelona en enero de 1934, Azaña había dicho: «Yo comprendo la República como expresión de la libertad y de la democracia, y contra los atentados a la libertad y a la democracia, que es atentar a la República, yo no opongo otra violencia, sino la democracia[18]». Pero ya a primeros de julio, en el discurso de clausura del congreso de las Juventudes de Izquierda Republicana, decía en tono de desafío: «Nosotros vamos poco a poco colocándonos frente a esta República que acaba de perder sus últimas consideraciones de orden moral y de autoridad moral; vamos a colocarnos en la misma situación de ánimo que estábamos frente al régimen español en el año 1930. Si nos empujan…, ¡ah!, que no se quejen[19]». Y a finales de agosto, en Barcelona, iría más allá de esa evocación de Jaca, desarrollando un discurso cuya conclusión era muy amenazadora.

Al poder —dijo— se llega por dos caminos: o por las vías del sufragio o por las vías de la revolución […]. [Ahora] es un poco vano hablar de posibilidades electorales para reconquistar la República, para reconquistar el poder […]. Del otro camino para llegar al poder, no digo ni una sílaba. [Pero] si un día viéramos a la República en poder de los monárquicos, más o menos disfrazados, y para justificarlo se me aludiera a un artículo constitucional, yo lo protestaría, porque no se puede concebir en la moral política más sencilla que se haya hecho un Código fundamental de la República para destruirla. Entonces […] sería hora de pensar que habiendo fracasado el camino del orden y de la razón, habríamos de renunciar a la renovación de España, o habríamos de conquistar a pecho descubierto las garantías de que el porvenir no volvería a ponerse tan oscuro como está actualmente[20].

Es evidente que ya en esta fecha Azaña amenazaba o instigaba una solución violenta para salvar la República democrática. Ahora, si la democracia hubiese estado realmente a punto de hundirse, y el único camino para salvarla fuera emplear la violencia, es perfectamente comprensible que todos los demócratas, o por lo menos su gran mayoría, quisieran acudir a ese último recurso. Pero ¿era este realmente el caso? ¿Había pasado ya Aníbal las puertas de la ciudad? ¿La marcha de Gil Robles hacia la dictadura era ya incontenible de otra manera? No solo la historia sucesiva, sino también una consideración serena de los acontecimientos anteriores a octubre de 1934, indican una respuesta negativa a tal interrogante. En primer lugar, porque ya desde entonces se podía ver que aun si Gil Robles hubiera sido un Hitler —y, en realidad, no era tanto—, ni Alcalá Zamora era un Hindenburg, ni Lerroux un Von Papen. Es decir, que ambos, con todos sus defectos, no tenían ninguna intención de entregar el poder a Gil Robles, y sobre esta base —la de defender las instituciones democráticas amparadas por la Constitución— podía encontrarse un terreno de acuerdo entre ellos y la izquierda republicana.

Pero, en realidad, para la izquierda republicana salvaguardar el sistema democrático no era una prioridad absoluta. O, mejor dicho, consideraba sus reformas del primer bienio de la República consustanciales con el mismo sistema democrático, e igualmente irrenunciables. De ahí que ella fuera totalmente intolerante frente a cualquier cambio en sentido conservador realizado por el centro-derecha. Sabemos, por otra parte, que en el primer año del gobierno de centro-derecha esos cambios no fueron muchos y, sin embargo, la actitud de la izquierda fue la de no aceptar la obvia consecuencia de la alternancia democrática; es decir, que cuando un bando político llega al poder gobierna de una forma que es contraria a lo que quisiera la oposición. Y tampoco aceptó la regla maestra de la vida democrática, que limita a las críticas o a las protestas el contraste de la oposición a la obra del gobierno, sin salirse de allí, con tal, obviamente, de que gobierno y mayoría dejen intactas las reglas que permiten la sucesión democrática en el poder.

En agosto de 1934, y también en el octubre siguiente, esas reglas habían quedado intactas. ¿Se podía temer que, con el ingreso de la CEDA en el gobierno, las mismas quedarían menos intangibles? Sí, se podía temer; aunque el solo ingreso de tres ministros en el gabinete de Lerroux no indicaba un peligro inminente. Pero, aun temiéndolo, ¿implicaba eso que el único camino para defender el régimen democrático fuese un camino de violencia y revolución?

Una revolución como la planeada por los socialistas, desde mucho antes de octubre de 1934, en realidad implicaba la muerte del régimen democrático. Y, sin embargo, la izquierda republicana anduvo fraguando durante todo el verano-otoño de 1934 una acción de ruptura contra el gobierno de centro-derecha con todos los que estuviesen dispuestos a atacarlo, incluso los socialistas, aunque supiese que su intención era llevar a cabo la revolución. Azaña nunca negó haber estado al tanto de las intenciones revolucionarias socialistas, pero negó haberlas compartido, habiéndose limitado, según contestaría a José Calvo Sotelo en las Cortes de 1936, a dar «consejos para que la revolución no estallara[21]». Pero un demócrata que supiera que se estaba organizando una revolución dirigida a implantar un sistema de tipo comunista, es decir, contrario a sus convicciones más profundas, no debería limitarse a desaconsejar a sus organizadores que la llevaban adelante, sino hacer todo lo posible para que esta tentativa se abortara, denunciándola a las autoridades democráticas, y sobre todo al Ejecutivo, aunque fuese un gobierno cuya política se desaprobara totalmente.

En realidad, Azaña desaconsejó, pero quizás al mismo tiempo creyó poder sacar provecho de aquel intento socialista, cuyo éxito debió de parecerle absolutamente improbable. Porque sabemos que él no se limitó a relacionarse con los socialistas para llegar a una acción de ruptura con objetivos para él más aceptables, sino que, una vez que vio frustrada esa tentativa, estuvo relacionándose con el gobierno autónomo de Cataluña y con la Esquerra para que una acción parecida pudiese partir de Barcelona. Esto parecía más viable, porque, en el plano político-ideológico liberal y democrático, los catalanes le eran afines, así que al objeto se desplazó a la Ciudad Condal cuando ya la crisis se veía venir. Pero esto tampoco funcionó, porque Azaña se encontró, a última hora, con que los catalanes querían dar a esa acción un cariz lindando lo independentista, que él no podía aceptar.

Así que, en cuanto supo lo que Lluís Companys y sus colaboradores iban a intentar, se apartó de esa iniciativa y se apresuró a reunirse con los representantes de su partido en Barcelona para que constara en acta que ellos rechazaban cualquier acción que implicara un «apartament violent de l’ordre legal establert[22]». Pero ¿cuáles eran las intenciones reales de Azaña? Sabemos que, en la noche del 4 al 5 de octubre, él estuvo reunido hasta la madrugada en el palacio de la Generalitat con todos los futuros protagonistas de la intentona del día 6, entre los que se contaba el comandante Pérez Salas, colaborador del consejero de Seguridad Josep Dencàs y consejero militar del mismo Azaña durante su gobierno. En un libro de memorias, Pérez Salas ha resumido así los propósitos de Azaña:

Para evitar el otorgamiento del poder a la CEDA […] tenía en proyecto la formación de un gobierno republicano, compuesto por representantes de los partidos que tenían mayoría en las Cortes Constituyentes. Este gobierno habría de tener su sede en Barcelona […] por estar en ella radicada la Generalidad Catalana y contar con que las fuerzas armadas de esta lo apoyarían. Tan pronto como se cometiera el acto, que era considerado como anticonstitucional, de dar entrada en el Gobierno de la República a elementos no republicanos, se declararía, desde Barcelona, la disconformidad con ese acto y se daría a conocer al pueblo el nuevo Gobierno formado. Simultáneamente en Madrid y en el resto de España, habría de estallar una huelga general como adhesión al nuevo Gobierno. Este plan tenía grandes probabilidades de éxito, pero aun después de fracasar, hubiese dado un tremendo golpe al acto de entrega de la República [a sus enemigos], que hubiera hecho reflexionar al señor Alcalá Zamora acerca del paso que iba a dar[23].

Es importante observar que cuando Pérez Salas redactaba esas memorias había quedado como un gran partidario de Azaña, según indica la conclusión de ese período, en la que, sin la menor duda sobre la actuación de aquel, expresaba esta singular apreciación: «Las probabilidades de éxito se fundaban, principalmente, en levantar la bandera de la defensa de la República y, particularmente, de la exacta observancia de la Constitución del Estado». Por otro lado, también Alcalá Zamora, ya en junio de 1934, escribía en su diario que Azaña «habla[ba] de constituir en Cataluña un gobierno provisional[24]».

Su idea debió de ser básicamente aquella, y él no pudo realizarla sobre todo porque tanto socialistas como catalanes querían jugar otro juego. Así que, al margen de toda consideración acerca del proceso penal del que salió exento de culpas ya en la fase de instrucción del sumario, cabe preguntarse si su conducta fue ajustada a las normas de la democracia liberal o si por lo menos fue inspirada en un principio que podríamos llamar de legítima defensa delante del peligro realmente inminente que corría la República democrática. En realidad, ni lo uno ni lo otro. El ingreso de la CEDA en el gobierno no suponía un hundimiento automático de la República, y tampoco lo implicó el subsiguiente nombramiento de Gil Robles como ministro de la Guerra. Y esto fundamentalmente por dos razones. Por un lado, la existencia de otros anticuerpos democráticos de centro-derecha, el primero de los cuales fue el presidente Alcalá Zamora, que como sabemos impidió la toma del poder a Gil Robles. Y, por el otro, la actitud del mismo Ejército, que en su gran mayoría se conformaba con una República más moderada, según le contestó el mismo Franco a Gil Robles cuando este, en diciembre de 1935, fue a solicitarle un golpe militar a su favor[25].

En realidad, en octubre de 1934, no solo los socialistas y catalanistas hicieron correr a la República democrática un peligro mayor de lo que suponía el simple ingreso de la CEDA en el gobierno. También Azaña lo hizo, con su actitud y su conducta. Porque realmente, como repercusión inmediata, derechas y militares hubieran podido hundir esa República. Y esto ocurrió porque, si bien idealmente Azaña valoraba mucho la democracia, tampoco para él la democracia era el bien supremo.

De alguna forma, él ya lo había manifestado en febrero de 1934, cuando al término de un discurso pronunciado en Madrid, refiriéndose a la Constitución, que en un sistema democrático es la base de la democracia misma, dijo: «La Constitución está por encima de todos nosotros […]. Pero dentro de la Constitución, y saliéndose por encima de ella, está la República, que es antes que la Constitución. En el orden del tiempo y en el orden político moral, antes que la Constitución está la República, y por encima y antes que la República está el impulso soberano del pueblo que la creó[26]». Y, hablando a los jóvenes republicanos, explicó mejor lo que entendía por «impulso soberano del pueblo», diciendo: «Por encima de la Constitución está la República, y por encima de la República, la revolución[27]».

Naturalmente, la revolución a la que se refería Azaña no era la bolchevique, sino aquella que había realizado por medio de su gobierno, y que él varias veces definió como «jacobina». Pero, al margen de toda consideración acerca de la esencia realmente revolucionaria del 14 de abril y de sus secuelas, lo que Azaña no apreció bastante es que la conquista más primordialmente revolucionaria de la Segunda República había sido la instauración, por primera vez en la historia de España, de un auténtico sistema de democracia representativa. Y, por lo tanto, no comprendió que, con tal de salvaguardar dicha conquista, se podían temporalmente sacrificar o redimensionar otros objetivos. La única vía para afianzar el sistema democrático pasaba por hallar un acuerdo con aquellos que él más detestaba por haberle quitado el poder: Lerroux y Alcalá Zamora. Pero hubiera sido necesario sobreponerse a ambiciones y enemistades, aceptando que esos dos hombres representaban un moderantismo democrático muy difuso en la sociedad, con el que hacía falta aliarse si se quería salvaguardar el régimen democrático.

Azaña no siguió ese camino, y, sin embargo el sistema democrático sobrevivió y le deparó otra ocasión para realizar sus objetivos. Esta ocasión, la de las elecciones que llevaron a la formación del Frente Popular, fue en realidad mucho más aparente que real. Azaña, exaltado por el baño de popularidad de los «discursos en campo abierto», creyó tener la fuerza suficiente para controlar el ala extrema —«caballeristas» y comunistas— de la alianza de las izquierdas. Imponiéndoles su programa electoral muy moderado, Azaña creyó ver confirmada su capacidad de domesticarlos.

Pero se trataba de una trágica ilusión. Porque una buena parte del «pueblo frentepopulista» interpretó inmediatamente la victoria electoral de las izquierdas como una gran ocasión de rescate, de emancipación de su condición, y también de venganza. Era inevitable, e igual pasaría con la victoria del Frente Popular en Francia. Pero la diferencia entre los dos países consistió en que, mientras que en Francia los mismos partidos del movimiento obrero se empeñaron en contener el movimiento popular dentro de los límites del régimen democrático-capitalista, en España «caballeristas» y comunistas empujaron ese movimiento popular hacia el ideal de una revolución que anunciaban muy próxima.

Azaña y todos los republicanos de izquierdas se encontraron entonces frente a esta disyuntiva: bien romper el Frente Popular e ir a la creación de un gobierno centrista que defendiera el sistema contra sus enemigos de derechas y de izquierdas; bien quedarse a la zaga de los extremistas, e intentar amansarlos con concesiones siempre mayores. La primera opción no era fácil. Seguramente implicaría alguna represión violenta por parte del movimiento popular. Así que difícilmente Azaña habría podido mantenerse en el poder. Pero, a través de este camino estrecho, se llegaría probablemente a la salvación de la República democrática. En cambio, Azaña y sus correligionarios eligieron la segunda vía, no solo dejando casi completamente las manos libres a los «caballeristas» —sobre todo en el campo—, sino también tomando actitudes y, sobre todo, medidas legislativas —a partir de todo lo que concernía a la reforma agraria—, que secundaban los propósitos de aquellos, y a veces, en cuanto a extremismo, hasta llegaban a hacerles la competencia.

Esas actitudes y medidas representaron un cambio considerable respecto al período anterior a las elecciones. Un cambio que, en buena medida, suponía una traición a aquella parte del electorado moderado al que se había convencido de votar al Frente Popular justamente por la moderación de su programa. Probablemente no se trató de una traición premeditada. Porque en realidad Azaña y la izquierda republicana se encontraron enredados en sus ambigüedades, en sus silencios, en su oportunismo respecto al extremismo revolucionario, y particularmente respecto a su pecado original, la revolución de octubre de 1934, que estuvo también en el origen, como rescate, de la victoria del Frente Popular.

Calvo Sotelo, al que no se puede negar, por ser enemigo de la democracia, una gran perspicacia política, comprendió inmediatamente que aquel era el talón de Aquiles de Azaña, mal escondido tras su triunfo electoral. Y ya durante el debate sobre el discurso con el que este había presentado su gobierno, quiso ponerle en dificultad, diciéndole: «En Asturias, en octubre de 1934, hubo dos cosas: hubo una revolución y hubo una represión. Respecto a la represión ya sabemos lo que piensa el Gobierno […]; pero ¿qué piensa el gobierno de la revolución? ¿Es que el Gobierno cobija, sanciona y aprueba lo que se hizo en Octubre en Asturias y lo que, con lo que se hizo en Octubre en Asturias, se proponían los agentes directores y ejecutantes de aquel movimiento?»[28]. La respuesta de Azaña, que nunca había condenado explícitamente la revolución asturiana —en los «discursos en campo abierto» había opuesto la democracia a la revolución, pero sin referirse nunca concretamente a Asturias—, fue básicamente evasiva. Contestó, por un lado, en clave de chiste: —«¿No habíamos quedado en que yo era el empresario de la revolución de Asturias?»— y, por otro, como ya se ha recordado, diciendo haberla desaconsejado. Pero quizá lo más significativo de su respuesta fue la actitud respetuosa hacia los socialistas, de los que en esa ocasión se veía arrastrado por Calvo Sotelo a tomar distancias. «Nuestro consejo no fue oído —dijo Azaña, y añadió enseguida—: Yo respeto el derecho con que se desechó nuestro consejo; reconozco la autoridad y la legitimidad del derecho, de la función que desoyó nuestro consejo, pero siempre he tenido buen cuidado de decir que una cosa es el derecho con que se realizan ciertas acciones y otra la oportunidad y el acierto en el ejercicio de ese derecho[29]».

Era una contestación retorcida con la que Azaña, para mantener sus buenas relaciones con los socialistas, parecía condenar, más que el hecho mismo de la revolución y sus objetivos, la falta de oportunidad y acierto de su intento. Sin muchos rodeos, Calvo Sotelo en su réplica fue al grano de la contradicción de Azaña diciendo: «“No fui partícipe ni consejero —dice el señor Azaña— de la revolución de Octubre”. ¡Ah! Señor Azaña, pero su señoría es beneficiario de esa revolución, y yo le pregunto: ¿Con qué autoridad ética se puede rechazar un movimiento revolucionario cuando se está cosechando, usufructuando, administrando —iba a decir que explotando— los efectos políticos de ese movimiento revolucionario? Porque ¿qué ha sido ese movimiento sino la gesta, la iniciación, el germen de vuestro éxito electoral del 16 de Febrero?»[30].

En realidad, lo que contribuiría a llevar al país al trágico desenlace de la Guerra Civil fue que Azaña no solo no podía rechazar abiertamente el movimiento de Asturias, sino que no pudo separarse de los autores de ese movimiento, es decir, de los socialistas en su conjunto, y tampoco de su ala «caballerista», que estaba intentando volver a realizar aquella revolución en toda España. Porque si bien la conducta de los «caballeristas» después de la victoria del Frente Popular habría podido justificar su ruptura con ellos, el destino de la izquierda republicana estaba vinculado al de los socialistas desde el mismo nacimiento de la República. Para Azaña, la protagonista de la gran aventura republicana era, y no podía ser de otra forma, la conjunción republicano-socialista. Romperla habría implicado, para él, desmentirse a sí mismo y a su pasado, y emprender un camino muy inseguro para su destino personal, que él mismo juzgaría como un camino de traición. A lo sumo, pudo esperar que los socialistas se escindieran y que el papel de represor de los extremistas lo asumiera Indalecio Prieto. Pero tampoco hizo mucho para que esto sucediera. La defensa de la democracia, por encima de convicciones e intereses personales, no fue nunca, ni siquiera en los meses dramáticos de la primavera de 1936, el norte de su conducta política.

En definitiva, también los republicanos de izquierdas, y particularmente sus líderes, contribuyeron, con sus límites democráticos, a hundir el país en la Guerra Civil. Y, sin embargo, no debemos olvidar que sus responsabilidades solo en parte fueron personales. Porque en gran medida se derivaron de ser hombres de su tiempo, herederos de una tradición liberal y democrática llena de lacras, que influyó mucho en su formación. En cualquier caso, los historiadores, aun poniendo de relieve esas responsabilidades, debemos evitar convertirnos en sus detractores. Dejemos a los muchos que viven de esto (publicistas, políticos, etc.) esa actitud, esa afición a devenir detractores o partidarios de los hombres del pasado como si fueran personajes de la actualidad. Nada destruye más el sentido común de la Historia, la percepción del flujo del tiempo, la conciencia de la distancia entre pasado y presente, que este continuo reavivar contiendas antiguas como si fueran de hoy. Sería, por tanto, un grave error, profesional y cívico, si los historiadores también cayéramos en ese pecado de lesa historia.

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¿UNA TERCERA VÍA? POLÍTICA CENTRISTA DURANTE LA REPÚBLICA

por

NIGEL TOWNSON

En la historiografía sobre la Segunda República, el centro del espectro político ha sufrido con frecuencia un destino ignominioso: o bien se lo ha minusvalorado por su debilidad y esencial ineficacia, o bien se lo ha ridiculizado por ser una fuerza venal y oportunista que en última instancia traicionó a la República al colaborar con la derecha católica. En El laberinto español, estudio clásico sobre el régimen, Gerald Brenan desprecia a los principales centristas, los del Partido Radical Republicano, como «el único partido de la España republicana sin ideales políticos», e insiste en que eran «políticos a la vieja usanza, no siempre demasiado puntillosos en cuanto a los medios de conseguir dinero». De forma aún más gráfica, Paul Preston arremete contra el partido por ser «cínico y corrupto», por carecer «de ideas o ideales», por estar dispuesto a ser una «marioneta» en manos de la derecha a cambio del acceso privilegiado al sistema público de prebendas[1]. Aunque, sin duda, hay algo de verdad en esas acusaciones, no por ello dejan de oscurecer la auténtica importancia del centro, que desempeñó un papel crucial en la historia de la Segunda República como agente de primera magnitud en el gobierno provisional de 1931, como principal partido de la oposición entre 1931 y 1933 y como principal fuerza de gobierno entre las elecciones de 1933 y 1936. De hecho, el centro fue crucial no solo por su peso político, sino también por su defensa de una política de transacción e integración que resultó determinante para la consolidación de la República como régimen democrático parlamentario. Por supuesto, con esto no se pretende negar que fuera una fuerza fragmentada, imperfecta e incluso contradictoria, pero hizo más que la izquierda o la derecha para promover los valores que podrían haber llevado en otra dirección a la Segunda República[2].

A grandes rasgos, en la coalición republicano-socialista que marcó el comienzo del régimen el 14 de abril de 1931, había dos concepciones de la República. Los socialistas y los republicanos de izquierdas veían en ella una oportunidad inédita de llevar a cabo una «revolución» secular, democrática y modernizadora. Así, en julio de 1931, el líder de Acción Republicana y ministro de la Guerra, Manuel Azaña, declaró: «[P]ara nosotros, la República es un instrumento de guerra […], un instrumento de construcción, de refacción del Estado y la sociedad española desde sus cimientos hasta la cima». «Mantener el espíritu revolucionario del Gobierno —proclamó— es la única salvaguardia de la República». En cambio, los republicanos centristas, más moderados, consideraban que la prioridad absoluta era la consolidación del régimen como democracia parlamentaria. No rechazaban la posibilidad de introducir cambios importantes —la República no era «una estación, sino un punto de partida», como dijo uno de sus dirigentes—, pero defendían que la estrategia de compromisos e inclusión era esencial para la estabilidad del régimen. Por consiguiente, la idea básica de la campaña electoral de los moderados en junio de 1931 consistía en sostener que la República, como proclamó el líder republicano radical Alejandro Lerroux, no era solo «para los republicanos, sino para todos los españoles». En efecto, la izquierda quería republicanizar a la nación, mientras que el centro aspiraba a nacionalizar la República. De todos modos, tampoco hay que exagerar las diferencias existentes entre ambas concepciones en 1931, pues ni los partidos de izquierdas ni los de centro estaban unidos por un programa común. De hecho, había un amplio terreno ideológico, incluso organizativo, entre las dos tendencias, como pone de manifiesto que Alianza Republicana, fundada en 1926, abarcara tanto a Acción Republicana como al Partido Republicano Radical[3].

No era posible ocultar la magnitud de la empresa a la que se enfrentaban los partidarios de la Segunda República en sus comienzos. La coalición republicano-socialista que se había alzado con el triunfo en las elecciones municipales del 12 de abril era un movimiento populista fraguado a partir de su oposición a la Monarquía, pero desprovisto de una concepción o un programa común. El pueblo antimonárquico albergaba multitud de esperanzas distintas entre sí, y a veces contrapuestas, desde las de la clase trabajadora, profundamente dividida, sobre todo entre el movimiento socialista y el anarcosindicalista, hasta las de las clases medias, heterogéneas y fracturadas en diversas posiciones religiosas, regionales e ideológicas. Evidentemente, la difícil tarea pasaba por transformar a los sectores antirrepublicanos e incluso monárquicos en parte del pueblo republicano, en el marco de una depresión mundial que se manifestaba en el momento mismo en que la marea de la democracia descendía en Europa[4].

Las discrepancias con el gobierno provisional se mantuvieron reducidas al mínimo, no solo por el bien del régimen, sino también con vistas a las elecciones generales de junio. En este sentido, las concesiones más importantes fueron, sin duda, las de los republicanos moderados, sobre todo en relación con la ambiciosa legislación laboral impulsada por el ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero. Era patente que este no había tenido en cuenta los intereses de los empresarios al elaborar la legislación, pero los dos ministros republicano-radicales, cuyo partido estaba más estrechamente identificado que cualquier otro con las pequeñas y medianas clases industriales que formaban la espina dorsal de la economía urbana, no se opuso a sus polémicos planes. Otra fuente posible de graves conflictos dentro de la alianza gobernante fue el incendio de iglesias católicas y otros edificios religiosos por parte de elementos anticlericales en mayo. Como protesta ante la pasividad del gobierno, el ministro de Interior, el católico Miguel Maura, presentó la dimisión y, aunque volvió al gabinete cuando este aceptó sus demandas, el daño en las relaciones con la comunidad católica ya estaba hecho. Por tanto, el compromiso de los republicanos moderados con la unidad del gobierno provisional impidió el surgimiento de una coalición centrista que se opusiera a las reformas, frecuentemente radicales, de la izquierda[5].

El resultado de las elecciones generales celebradas el 28 de junio de 1931 fue un reflejo imponente del estado de expectación que rodeaba aún al nuevo régimen. Los partidos socialistas y republicanos, que nunca habían obtenido más de 50 escaños en unas elecciones nacionales, alcanzaron más de 400 de los 473 escaños. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quedó primero con 117 diputados; el Partido Republicano Radical, segundo, con 94; y el Partido Radical Socialista, tercero, con 58. En total, los partidos de izquierdas obtuvieron más de 250 diputados, mientras que los republicanos de centro y centro-derecha lograron unos 150. La derecha, desmoralizada por la precipitada caída del rey, desorganizada tras la disolución de los partidos dinásticos y perjudicada por la amplia abstención de los votantes conservadores, no fue un contrincante electoral de peso, y obtuvo menos de 30 diputados. Así pues, las elecciones generales de 1931 proporcionaron una instantánea electoral, pero no reflejaron el auténtico estado de opinión del país. Sin embargo, los partidos de la izquierda a menudo interpretaron el resultado como una reivindicación rotunda de la «revolución» y estuvieron determinados a materializarla ineludiblemente en la nueva Constitución.

Las divergencias latentes entre la izquierda y el centro salieron rápidamente a la superficie como consecuencia del debate constitucional celebrado desde julio hasta diciembre de 1931. El enfoque partidista de la izquierda quedó resumido en las deliberaciones sobre el primer artículo: los socialistas sostenían que el régimen debía quedar definido como una «República de trabajadores». Por otro lado, la labor de las Cortes Constituyentes no se limitó a la elaboración de un nuevo marco político y judicial, sino que abarcó auténticas listas de reformas. Por ejemplo, el artículo 46 afirmaba que la legislación social del régimen regularía «los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el extranjero; […] la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afect[as]e a la defensa de los trabajadores». La propia circunstancia de que esos objetivos tan ambiciosos quedaran consagrados en la Constitución revelaba la determinación de la izquierda para que la República fuera consustancial a su propia visión reformista.

Los republicanos moderados solían quedar consternados ante el espíritu sectario de la mayoría de izquierdas en las Cortes. En septiembre, el líder de Agrupación al Servicio de la República, el prestigioso intelectual José Ortega y Gasset, criticó a los partidos de la izquierda en la prensa nacional por considerarse «dueños de la situación» y por su «espíritu propagandístico». «La República es una cosa. El “radicalismo”, otra», insistía. «¡No es esto! ¡No es esto!», exclamó. No hubo mejor ejemplo del radicalismo de la izquierda que el artículo 26 de la Constitución, que no solo separaba la Iglesia y el Estado, sino que despojaba a la Iglesia católica de sus fuentes de ingresos, públicas y privadas, además de disolver su orden principal, los jesuitas. El extremismo de la postura hizo que los dos miembros católicos del gobierno —el presidente, Niceto Alcalá Zamora, y el titular de Interior, Miguel Maura— dimitieran en octubre. Su partida no solo rompió el pacto fundador de la República, sino que echó a perder gran parte de la buena voluntad que hasta entonces había reinado en la opinión pública moderada, además de ofrecer a la derecha católica un estandarte ideal para ganar apoyos. «Hoy, frente a la Constitución —proclamó el portavoz de la derecha no republicana, José María Gil Robles— se coloca la España católica». El 5 de diciembre, Melquíades Álvarez, jefe del Partido Liberal Demócrata, criticó la Constitución por «peligrosa y alarmista», mientras que, al día siguiente, Ortega llamaba en un discurso a la inmediata «rectificación de la República». El régimen, afirmaba repetidamente, no debía representar el «triunfo de ningún determinado partido o combinación de ellos», pero las Cortes Constituyentes se habían caracterizado por su radicalismo, y la reforma religiosa, en particular, se había distinguido por su carácter de «agresión» y su «arcaico anticlericalismo[6]».

Pese a su consternación en los debates constitucionales, los moderados fracasaron rotundamente a la hora de presentar una alternativa coherente a las propuestas de la izquierda. Tal cosa es en parte atribuible a discrepancias ideológicas entre los partidos, como las relativas a la autonomía catalana y a la Iglesia católica, e incluso a disonancias en su seno (el Partido Republicano Radical se distinguió especialmente por su falta de consenso doctrinal). Sin embargo, dichas diferencias no fueron un impedimento insuperable para la cooperación: la inexistencia de un frente unido entre los moderados tuvo entre sus causas fundamentales la falta de liderazgo colectivo. Probablemente, la mayor responsabilidad a este respecto la tenga el Partido Republicano Radical, la más importante de las fuerzas centristas con mucha diferencia. En realidad, los republicano-radicales se negaron a ponerse al frente de los republicanos moderados en los debates constitucionales porque miraban al mismo tiempo al centro y a la izquierda. Se habían opuesto ruidosamente al texto socialista propuesto para el artículo primero, pero en muchos otros asuntos, incluido el artículo 26, habían unido fuerzas con Acción Republicana para compensar las posiciones más extremas de los socialistas y los radical-socialistas. El alineamiento del Partido Republicano Radical con sus socios de Alianza Republicana era un reflejo de las afinidades ideológicas entre ambos, pero la razón primordial era estratégica. En pugna con los socialistas por el favor de los republicanos de izquierdas, los republicano-radicales giraron a la izquierda en un intento de incrementar las posibilidades de formar un gobierno integrado exclusivamente por fuerzas republicanas, una vez se aprobara la Constitución. No obstante, la incapacidad de los centristas para defender un proyecto constitucional más moderado no fue solo responsabilidad de los republicano-radicales, sino también de los republicanos moderados. La aplastante mayoría que aprobó la Constitución de izquierdas (360 votos contra solo 21) dio la medida del fracaso de los centristas a la hora de articular e impulsar una Carta Magna que hubiera proporcionado a la República un marco verdaderamente nacional e integrador[7].

Sin embargo, en cuanto quedó claro —al poco de aprobarse la Constitución en diciembre de 1931— que los socialistas seguirían en el gobierno, el Partido Republicano Radical lo abandonó. Con ello, la coalición fundadora de la República sufrió su segunda división en dos meses; en esa ocasión, perdió al último de los partidos de centro y al principal representante de las clases medias liberales. Por tanto, el gabinete quedó reducido a los republicanos de izquierdas y los socialistas, es decir, a los sectores más progresistas de las clases medias urbanas y a la clase trabajadora socialista. Contra ellos no estaba solo el grueso de las clases medias urbanas y rurales, sino también —en vista de la fuerza del sindicato anarquista CNT— la mitad de la clase trabajadora, como mínimo. Pese a la mayoría parlamentaria del gobierno presidido por Azaña, se trataba de una estrecha plataforma social desde la que lanzar un ambicioso programa de reformas. En lugar de intentar consolidar el régimen naciente ampliando sus bases, la izquierda estaba convencida de que el camino hacia la estabilidad pasaba por la republicanización del Estado y la sociedad según su propia visión reformista. A comienzos de 1932, Ortega avisó, en palabras de Margarita Márquez Padorno, de que, «al reclamar el Estado como suyo, el Gobierno y el Parlamento est[aban] cada vez más aislados[8]».

Una vez fuera del poder, los republicanos moderados aspiraban a abrir una brecha entre los republicanos de izquierdas y sus aliados socialistas para propiciar la creación de un gobierno enteramente republicano. La idea básica de la oposición centrista era la de que los socialistas habían separado al gobierno del país. Como declaró Lerroux ante cuarenta mil personas en febrero, los socialistas habían creado un «estado de alarma» que solo era posible conjurar con la creación de un gobierno exclusivamente republicano al servicio «de todos los españoles». La República no se distanciaría del pueblo o no se convertiría en «la dictadura de un partido o de una clase social» solo si representaba a todas las clases sociales. Como bramó Miguel Maura ante el Parlamento en julio, la separación entre las Cortes y el país obligaba al régimen «a cambiar de rumbo y asumir una tarea genuinamente nacional, de reconstrucción nacional, con un espíritu de cordialidad republicana[9]».

Los miedos y las ansiedades de las clases medias representadas por los republicanos moderados estaban profundamente influidos por el conflicto entre los socialistas y los republicanos en las provincias, cada vez más grave. En muchos pueblos, los socialistas intentaban dominar por todos los medios la política local convirtiendo los plenos de los ayuntamientos en asambleas populares, controlando el mercado de trabajo e incluso empleando la violencia con fines intimidatorios; dicho de otro modo, practicaban una estrategia de exclusión. Los líderes republicanos nacionales recibían un torrente de quejas de sus bases por el abuso socialista del poder municipal. Por ejemplo, en Granada, los socialistas supuestamente impedían a los republicanos trabajar en los campos, además de detenerlos una y otra vez con falsas acusaciones. Aun cuando los planes socialistas para combatir el desempleo y la miseria fueran eminentemente constructivos, su ejercicio del poder local, con frecuencia sectario e interesado, los alejaba de los republicanos de centro y de izquierdas. «La clase media española —escribió a un colega el diputado radical Diego Hidalgo— acaba de pedir el divorcio a la República». La escalada del desempleo, el duro invierno de 1931-1932 y la radicalización del movimiento anarcosindicalista a comienzos de 1932 incrementaron aún más la tensión provincial entre los socialistas y sus adversarios de la clase media y de la clase trabajadora[10].

Pese a todo, los republicanos moderados fueron incapaces de encauzar la agitación generalizada a escala local y convertirla en una oposición efectiva en el plano nacional. Su actividad parlamentaria acusó diversos inconvenientes. Aunque en los partidos moderados había una hostilidad enorme contra las dos grandes leyes de 1932, la reforma agraria y el Estatuto de Cataluña, en ningún momento presentaron una alternativa unificada; ni siquiera coordinaron sus respuestas en la Cámara. Tal cosa se debió, en parte, a las divergencias ideológicas entre los partidos, como la que dividió a la Agrupación al Servicio de la República y a los conservadores a propósito del Estatuto de Cataluña, y en parte, a las que se daban en el seno de cada uno, como la desunión que caracterizó tanto a la Agrupación como al Partido Radical en lo tocante a la reforma agraria. No obstante, el problema primordial del centro era la inexistencia de un mando coordinado, que podría haberlo vuelto mucho más fuerte y eficaz. Las desiguales prestaciones parlamentarias de los distintos partidos no los beneficiaban precisamente. Los progresistas demostraron ser diputados asiduos, mientras que los conservadores solían centrarse únicamente en las grandes leyes y a los liberal-demócratas apenas se los veía. En la Agrupación al Servicio de la República había varios diputados entregados, como Manuel Rico Avello, pero los padres fundadores —José Ortega y Gasset, el respetado médico y autor Gregorio Marañón y el escritor Ramón Pérez de Ayala— fueron parlamentarios extremadamente decepcionantes. Por último, aunque no por ello menos importante, las divisiones en el seno del Partido Radical, junto con el displicente mando de Lerroux, atemperaron la determinación parlamentaria de la principal fuerza centrista[11].

Hasta comienzos de 1933, los republicanos moderados no lograron dotar a su inconexa oposición de más densidad y más orden. El catalizador fueron las protestas generalizadas por la matanza en enero de varios paisanos a manos de la Guardia Civil y de Guardia de Asalto en la población andaluza de Casas Viejas tras un levantamiento anarquista. La oposición republicana explotó con avidez el suceso no solo para desacreditar al gobierno, sino con la esperanza de derrocarlo. A comienzos de febrero, los radicales dieron un paso al frente e instigaron a la obstrucción parlamentaria de todos los proyectos legislativos; el resto de los partidos centristas no tardó en unírseles, lo que forzó al gobierno de Azaña a plantear una cuestión de confianza, superada gracias al apoyo de la mayoría gobernante. Lejos de darse por vencidos, los republicanos contrarios al Ejecutivo publicaron el 3 1 de marzo una declaración conjunta en la que acusaban a la coalición gobernante de demorar sistemáticamente los debates sobre las leyes complementarias con vistas a mantenerse en el poder. El propósito, como explicó Maura a la prensa, era derrocar a los socialistas para que las leyes complementarias aún pendientes pudieran ser supervisadas por un gobierno enteramente republicano. Sin embargo, el gabinete no experimentó cambio alguno. En todo caso, la coherencia de la oposición republicana todavía dejaba mucho que desear: la propuesta, hecha en una fecha anterior del mismo mes por Melquíades Álvarez, para que los partidos centristas formasen una «confederación de grupos de oposición» fue rechazada por los otros líderes[12].

La necesidad centrista de presentar una oposición más creíble durante la primavera y el verano de 1933 había quedado subrayada por el resultado de las elecciones municipales de abril. La oposición republicana podía haberse sentido alentada por los 4206 concejales obtenidos, casi tantos como los 5048 del gobierno, pero la derecha no republicana, con la recién formada CEDA al frente, obtuvo 4954, con lo que derrotó a los republicanos moderados y casi superó a la coalición gobernante. Fundada muy recientemente, en marzo de 1933, la CEDA, el primer partido de masas católico español, afirmaba contar con setecientos mil miembros, más que cualquier otro partido nacional. Por consiguiente, la oposición de los republicanos, vacilante y a menudo impotente, estaba ya en peligro de ser aventajada por una derecha renaciente. Los republicanos moderados tenían otra razón para organizar una oposición más convincente en 1933: podían sacar mayores réditos de las pujantes protestas antigubernamentales en un momento en el que la economía española alcanzaba su nadir. En julio, las asociaciones de empresarios rurales y urbanos celebraron una asamblea nacional en la que denunciaron las excesivas exigencias planteadas a sus miembros por la legislación laboral de inspiración socialista. La profunda oposición a dicha legislación quedó aún más exacerbada por las perturbadoras y a menudo violentas protestas de los anarcosindicalistas. Sin embargo, otra gran fuente de protestas antigubernamentales fue la de la comunidad católica, movilizada en masa durante la primavera y el principio del verano contra la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, concebida para llevar a la práctica el artículo 26 de la Constitución. El resultado final fue el enorme aislamiento en que se vio el gobierno a mediados de 1933. Aun así, la oposición republicana fue incapaz de unirse. En mayo, los republicanos moderados acordaron rechazar la oferta de Azaña de declarar una tregua parlamentaria, pero el debate declarado dentro de sus filas por esa propuesta reveló la existencia de fisuras cada vez mayores. Mientras que los conservadores, los progresistas y la izquierda radical-socialista abogaban por una oposición acérrima, los republicano-radicales, los federales y los miembros de la extinta Agrupación al Servicio de la República (disuelta en octubre de 1932) eran partidarios de una postura más conciliadora. Peor aún, el 17 de mayo, los republicano-radicales, para gran indignación de los conservadores en particular, votaron a favor de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Por último, tras la remodelación del gobierno a principios de junio, los republicano-radicales anunciaron el final de su estrategia de obstrucción y el inicio de una actitud de oposición «normal[13]».

Como mínimo, la crítica de la coalición gobernante por parte de los republicanos de centro encontró un fuerte eco entre los republicanos de izquierdas, antiguos aliados suyos. Las relaciones entre estos y los socialistas habían sido conflictivas en el plano local durante un tiempo considerable, pero hasta 1933 los republicanos de izquierdas no empezaron a poner en tela de juicio la alianza a escala nacional. En julio, el líder radical-socialista Félix Gordón Ordás llamó en un destacado discurso a terminar con la «dictadura socialista». Sin embargo, el debate en el seno del Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) sobre la alianza se alargó durante todo el verano y en septiembre llegó a su punto culminante: el partido se dividió. En ese momento, el gobierno de coalición había caído ya. Su derrota en las elecciones al Tribunal de Garantías Constitucionales a comienzos de mes había llevado al presidente Alcalá Zamora a retirar su apoyo al gabinete de Azaña. A continuación, se formó un gobierno exclusivamente republicano para supervisar las elecciones generales de noviembre de 1933[14].

Con el advenimiento de la Segunda República, los republicanos moderados habían defendido las virtudes de la avenencia y la transacción como los medios más apropiados para consolidar el nuevo régimen. Con el gobierno provisional, habían predicado con el ejemplo, al mostrar una notable capacidad de colaboración con los partidos de la izquierda. Las divergencias latentes entre la izquierda y el centro quedaron al descubierto durante los debates constitucionales, pero los centristas no pudieron presentar una opción unificada a las propuestas de la izquierda. Cuando estuvieron en la oposición, no lograron ejercer su papel de manera firme y coherente. Estas deficiencias no se debían solo a las diferencias ideológicas entre los centristas, sino también a su fluctuante cortejo de los republicanos de izquierdas. Otro problema era la rivalidad incesante entre los partidos, exacerbada por enemistades personales, como la de Maura y Lerroux. Además, los centristas perdieron credibilidad a consecuencia de su impetuosidad e irresponsabilidad, como ponen de manifiesto las amenazas de golpe de Estado del verano de 1932 y la campaña corrosiva llevada a cabo por el escándalo de Casas Viejas a comienzos de 1933. Sin embargo, estas carencias no se limitaban solo a los partidos. Niceto Alcalá Zamora, católico republicano elegido presidente de la República en diciembre de 1931, había demostrado ser un jefe de Estado sumamente entrometido. Su decisión de encargar la supervisión de las elecciones generales de 1933 al segundo del Partido Republicano Radical, Diego Martínez Barrio, en lugar de al líder máximo, Alejandro Lerroux, no fue sino un indicio de lo que estaba por venir.

El gobierno de Martínez Barrio marcó un hito en la historia electoral española. En primer lugar, el gabinete, enteramente republicano, no tenía una candidatura propia que proteger y promover, lo que suponía una ruptura fundamental no solo con la Restauración de 1875-1923, sino también con las primeras elecciones generales de la Segunda República. En segundo lugar, el ministro de Interior, Manuel Rico Avello, se negó a ejercer influencia oficial alguna en la campaña: otra ruptura con la tradición. Al contrario, Rico Avello, probo servidor público, personificaba los ideales democráticos y cívicos del régimen: trabajó con colegas de la izquierda y la derecha, y rara vez cayó en el vanidoso sectarismo y la intransigencia ideológica que asoló la política de la Segunda República. En tercer lugar, el presidente del gobierno compartió con el ministro de Interior su compromiso inusitado con la imparcialidad electoral. «Ni a la derecha ni a la izquierda ni al centro se les permitirá que hagan la guerra a la ley», insistía Martínez Barrio. «La ley será respetada». Eso no quiere decir que en las elecciones no hubiera fraudes o coerciones, pero los abusos, especialmente graves en Galicia, el sur y el levante, no alteraron el resultado general. Así, William Irwin, en su monografía sobre las elecciones generales de 1933, concluye que representaron «un enorme paso adelante en la vida política de España: fueron las primeras elecciones aceptablemente limpias, pero también ferozmente competitivas, de la historia de España[15]».

El resultado de las elecciones generales fue un Parlamento sin mayorías. La izquierda obtuvo 100 diputados; el centro, 177; la derecha no republicana, 152, y la derecha antirrepublicana, 44. Más concretamente, la CEDA quedó en primer lugar, con 115 escaños; el Partido Republicano Radical, segundo, con 101, y el PSOE, tercero, con 59, mientras que los partidos republicanos de izquierdas obtuvieron solo 13 escaños. Era evidente que se había producido un giro espectacular a la derecha. Se formó un gobierno en minoría, presidido por Lerroux y compuesto por ocho republicano-radicales, un progresista, un liberal-demócrata, un agrario y dos republicanos independientes. Los cuatro gabinetes que se sucedieron hasta octubre de 1934 estuvieron dominados por los republicano-radicales y dependieron del apoyo parlamentario de la derecha no republicana, sobre todo de la CEDA. El poder infundió en los partidos de centro la cohesión que claramente les había faltado como oposición, aunque siguió habiendo una fisura importante: el Partido Republicano Conservador de Miguel Maura rechazó la alianza centrista con la CEDA —su rival católico— desde el primer momento.

La caracterización de los años que van desde finales de 1933 hasta el final de 1935 como el «bienio negro» no solo ha servido para denunciar a los gobiernos de este período por su carácter supuestamente regresivo y reaccionario, sino que además ha marcado un contrapunto desfavorable con el anterior «bienio reformista». Según esta versión de los hechos, que es la dominante, los gabinetes progresistas de 1931-1933 miraban al futuro y trataron de modernizar la sociedad española, mientras que los de 1933-1935 miraban al pasado e intentaron anular los logros reformistas del período anterior. Durante el primer bienio, como escribe Brenan en El laberinto español, surgió «una nueva España», pero los primeros nueve meses de 1934 fueron testigos del «sabotaje de casi toda la legislación de las Cortes Constituyentes». Por tanto, el segundo bienio fue la negación del primero, su antítesis. La mayor parte de los historiadores considera este período como una «fase reaccionaria» durante la que la izquierda luchó valientemente para defender la esencia liberal y democrática de la Segunda República contra el avance insidioso del «fascismo». Desde esta perspectiva, el período que va desde diciembre de 1933 hasta diciembre de 1935 merece enteramente —en saludable contraste con los dos primeros años de la Segunda República— la denominación de «bienio negro[16]».

El relato histórico imperante suele afirmar que «la derecha» estuvo en el poder durante todo el segundo bienio. Sin embargo, en realidad la derecha no republicana no entró en el gobierno hasta octubre de 1934 y no obtuvo la mayoría en el gabinete hasta mayo de 1935. Incluso entonces, no logró acceder al puesto de presidente, que siguió en manos centristas. Por tanto, no se puede hablar de «la derecha en el poder», sino de una alianza parlamentaria —y luego gubernamental— entre el centro y la derecha republicana y no republicana (por oposición con la derecha explícitamente antirrepublicana). Las dos tendencias estaban unidas por su antisocialismo, la defensa de la propiedad privada y su compromiso con la ley y el orden, pero también eran profundamente diferentes, como muestra la comparación de los grandes agentes de la alianza. Por un lado, el Partido Republicano Radical pertenecía a la tradición liberal-demócrata, había defendido siempre la república como forma de gobierno y había votado a favor de la Constitución de 1931. Por otro lado, la CEDA pertenecía a una tradición católico-corporativista, se había declarado «accidentalista» (fórmula de inspiración vaticana según la cual a un régimen no había que juzgarlo por su forma, sino por su contenido) y se había opuesto a la Constitución. Además, la CEDA era en gran medida una creación de la Iglesia católica, mientras que el Partido Republicano Radical contaba entre sus filas con más francmasones —adversarios declarados del catolicismo— que cualquier otro, entre ellos con el Gran Maestre del Gran Oriente Español, Diego Martínez Barrio[17].

Pese a todo, el centro estaba dispuesto a buscar la colaboración de la derecha republicana y no republicana con una mezcla de realismo e idealismo. En primer lugar, la derecha, a diferencia de la izquierda, brindó al centro el apoyo parlamentario necesario para gobernar. En segundo lugar, el centro consideraba que la integración de los católicos en el régimen era esencial para la estabilidad de la República. Por supuesto, este fue el motivo explícito de la alianza con la CEDA. No obstante, la colaboración del centro con la derecha no republicana había sido ruidosamente condenada desde el primer momento como una traición a la República, al afirmarse que la CEDA era una fuerza antidemocrática determinada a acabar con el régimen desde dentro, como un auténtico caballo de Troya. Indudablemente, la doctrina de la CEDA no era liberal y democrática, sino corporativista y autoritaria; pero, a diferencia de los monárquicos, los carlistas y los falangistas, el partido era posibilista, es decir, estaba dispuesto, en teoría, a colaborar con el régimen. La táctica no era meramente oportunista: formaba parte de una estrategia católica más amplia en relación con la República. Tras la caída de la Monarquía, tanto la jerarquía católica española como el Vaticano habían coincidido en que el mejor modo de defender los intereses de la comunidad católica no era rechazar el nuevo régimen, sino colaborar con él, y que este enfoque acabaría desembocando en una integración plena con la República. Aun así, la postura de la CEDA, como señala Manuel Álvarez Tardío, era «ambigua y peligrosa». Pese a todo, es difícil, por no decir imposible, ver cómo habría podido la República consolidarse como un régimen democrático y parlamentario sin la incorporación de muchos católicos, que constituían aproximadamente la mitad de la comunidad política. Para ser más concretos, la integración de la CEDA habría separado al principal partido de la derecha y a la derecha antirrepublicana de una vez para siempre, lo que habría dejado a los monárquicos alfonsinos, los carlistas y los falangistas completamente al margen. En resumen: si los republicanos aspiraban a consolidar definitivamente la República, estaban como mínimo obligados a tratar de integrar a la derecha posibilista[18].

Sin embargo, las razones aducidas para colaborar con la CEDA han sido vilipendiadas como una mera pantalla de humo: en realidad, los centristas habrían estado dispuestos a llevar a cabo el programa de la derecha a cambio de un acceso privilegiado al sistema de prebendas público. Por eso, Brenan sostiene que los republicano-radicales estaban «tranquilamente dedicados a proteger sus intereses» mientras España atravesaba «momentos peligrosos y decisivos». Otros historiadores se han hecho eco de esta interpretación y han insistido en que los republicano-radicales aceptaron estar al servicio de la derecha —fueron simples «marionetas»— a cambio de controlar el sistema de prebendas. Desde esta perspectiva, el destino de las reformas del primer bienio era fácil de prever. En los primeros meses de 1934, afirma Brenan, el Partido Republicano Radical socavó «la obra de la República» de manera «constante» y en septiembre ya había revocado «la mayor parte de las leyes de las primeras Cortes republicanas y empezaba a amenazar el resto». Este punto de vista es especialmente dominante en los estudios locales. Como asegura el autor de un estudio reciente sobre Castilla y León, en 1934 «el Gobierno suprimió todas las reformas sociales introducidas en el bienio anterior[19]».

Desde mi punto de vista, el relato dominante sobre el segundo bienio no hace justicia a las complejas realidades del período. Si los republicano-radicales hubieran sido puras marionetas de la derecha, habrían anulado casi toda la legislación del primer bienio en cuestión de meses. Pero no lo hicieron. Como en junio de 1934 señaló el presidente del gobierno, la única ley importante derogada por las nuevas Cortes fue la Ley de Términos Municipales, que, como subraya Edward Malefakis, era «universalmente impopular» fuera de los círculos socialistas. Una cuestión completamente distinta era la de la no aplicación de las leyes. Muchos historiadores afirman sin rodeos que, tras las elecciones de 1933, las «reformas de la legislación vigente eran letra muerta». Uno de los ejemplos más citados de la llamada «reacción por omisión» es el tocante a la legislación laboral en el campo. Sin embargo, cada vez son más las investigaciones que ponen esta interpretación en entredicho. Como muestra el reciente estudio sobre Castilla-La Mancha publicado por Fernando del Rey, después de las elecciones generales los socialistas perdieron inevitablemente gran parte de influencia en las provincias, tanto sobre los llamados Jurados Mixtos (comités de trabajadores y empresarios para negociar asuntos laborales) como sobre los mercados de trabajo o sobre los gobernadores civiles. Por otro lado, las autoridades centristas se esforzaron en conservar los convenios laborales existentes y en organizar los Jurados Mixtos de una manera más equitativa. «En realidad —comenta Del Rey—, hasta el final de 1934 o incluso hasta bien entrado 1935, ni los salarios, ni la legislación laboral, ni las condiciones de la reforma agraria experimentaron modificaciones de mucho calado». Análogamente, José Manuel Macarro Vera concluye en su estudio sobre Andalucía que «el Gobierno no estaba dispuesto a vulnerar los convenios laborales vigentes y menos aún a permitir que bajaran los salarios». De hecho, los convenios de 1934 para las provincias de Sevilla y Córdoba eran incluso mejores que los de 1933. El argumento de que en los pueblos y las ciudades también se hacía caso omiso de las leyes laborales tiene incluso menos validez. Sin duda, los empresarios interpretaron el resultado de las elecciones generales como una oportunidad de rectificar, por no decir de revocar, la legislación laboral, pero los gobiernos del Partido Republicano Radical no cumplieron —pese a que la patronal era la columna vertebral del partido— sus expectativas. Al contrario, el enfoque de los gobiernos centristas sobre las disputas laborales en 1934 les llevó a perder el apoyo de los empresarios. Los republicano-radicales, como lamentaba un empresario del partido, habían declarado la «guerra a los patronos[20]».

Pero si los gobiernos dirigidos por el Partido Republicano Radical hasta octubre de 1934 no frenaron o demolieron en masa las reformas del primer bienio, cabe llegar a la conclusión de que hubo una gran continuidad con la obra de las Cortes Constituyentes. Encontramos un ejemplo destacado en el destino de la Ley de Reforma Agraria de 1932: no se recortó el presupuesto del Instituto de Reforma Agraria (IRA), los hacendados no recuperaron sus tierras y la izquierda pudo defender sus políticas tanto en la comisión parlamentaria de Agricultura como en el comité ejecutivo del IRA. Por otro lado, durante los primeros nueve meses de 1934, los gobiernos centristas no se limitaron a continuar con las expropiaciones planteadas en la Ley de 1932, sino que, de hecho, las incrementaron en más de un 150%.[21]

Por último, cualquier comparación entre los dos bienios debe incluir las reformas llevadas a término entre finales de 1933 y el final de 1935. De hecho, los gobiernos de 1934 y 1935 aprobaron leyes enteramente acordes con el espíritu de las Cortes Constituyentes. Un ejemplo notable es la Ley de Coordinación Sanitaria de junio de 1934, que no solo mejoró las lamentables condiciones de trabajo de los médicos rurales, sino que remozó el caótico sistema nacional de salud. Pese a su novedad —¡la primera ley sanitaria nacional aprobada por las Cortes desde 1855!—, los republicano-radicales lucharon arduamente para conseguir un consenso de todos los partidos sobre la reforma. La nueva ley significó un inequívoco paso adelante en la creación de un sistema nacional de salud y, como tal, fue incorporada a la reforma de 1944, con lo que estuvo vigente hasta 1967. En resumen, la Ley de Coordinación Sanitaria fue una de las leyes más perdurables de la Segunda República, pero en la voluminosa bibliografía sobre el régimen ha pasado casi completamente inadvertida. Otra demostración del espíritu integrador de los republicano-radicales que también ha recibido atención escasa fue la concepción de las celebraciones del tercer aniversario de la Segunda República. En contraste con el mensaje difuso y ambivalente de los dos primeros aniversarios, el tercero tenía como objetivo, en palabras de su artífice, el diplomático e intelectual Salvador de Madariaga, «crear símbolos nacionales por encima y al margen de los partidos y sus pasiones», en especial mediante la exaltación del «espíritu cívico[22]».

Eso no quiere decir que los gobiernos centristas no hicieran concesiones a la derecha no republicana. En realidad, dado el equilibrio parlamentario de poder y el interés de los republicanos moderados en integrar a los posibilistas en el régimen, eran inevitables. Sin embargo, las de los gobiernos liderados por los republicano-radicales hasta octubre de 1934 no solo fueron de carácter limitado, sino también de impronta constitucional. El ejemplo más sobresaliente fue el de la política religiosa. A juicio de muchos católicos, la Constitución los había excluido del nuevo régimen. Como el 19 de diciembre de 1933 declaró Gil Robles en las Cortes: «Nosotros pedimos […] una rectificación en la legislación sectaria que ha lastimado tan profundamente nuestras creencias». El presidente Lerroux dejó claro que él «respetaba la conciencia de la mayoría» y se oponía a la «ejecución implacable de esas leyes», pero que no «faltaría a la ley». Dicho de otro modo, los republicanos moderados no se limitaron a asumir el programa de la derecha, sino que intentaron encontrar un punto de equilibrio entre las exigencias de sus aliados de derechas y las reformas defendidas por la oposición de izquierdas. Por consiguiente, el objetivo era modificar la legislación vigente, no anularla[23].

La primera prueba a la que tuvo que enfrentarse esta estrategia concernió al clero. La supresión en 1934 del presupuesto eclesiástico relativo al personal, conforme a la legislación anticlerical, dejaba al bajo clero en una situación extremadamente vulnerable. En 1932, el presidente Azaña había hecho —al igual que dos ministros de Justicia— un llamamiento para buscar «una forma de ayuda» para los afectados, pero la mayoría de izquierdas había vetado cualquier forma de apoyo estatal al clero. En cambio, el primer gobierno de centro logró aprobar en abril de 1934 una ley que garantizaba a todos los miembros del clero mayores de cuarenta años el día de proclamación de la Segunda República las dos terceras partes de su salario de 1931, aunque los pagos estaban sujetos a un tope presupuestario de 16,5 millones de pesetas. Esta medida, nada ilógica, fue, sin embargo, atacada tanto por la izquierda como por la derecha. Para la izquierda constituía una agresión inadmisible contra la «pureza del régimen republicano», mientras que para la derecha no republicana estaba «muy alejada» de sus esperanzas. En efecto, la controversia sobre el proyecto de ley había puesto de relieve no solo la actitud sumamente patrimonial y exclusivista de la izquierda respecto del régimen, sino también la determinación del centro de no ser una mera marioneta de la derecha. Por otro lado, la prolongada disputa parlamentaria sobre la cuestión había demostrado que la búsqueda emprendida por el centro para hallar una tercera vía entre la intransigencia de la izquierda y los imperativos de la derecha iba a ser extremadamente problemática[24].

La segunda empresa que debía afrontar la política religiosa del gobierno era la enseñanza, una «cuestión vital» para la derecha, en especial por la sustitución de las escuelas católicas privadas por escuelas laicas. Durante el primer bienio, el proceso de sustitución se había visto lastrado por su concepción administrativa y por la severa escasez de escuelas, profesores y dinero. De hecho, los gobiernos de Azaña no encontraron el modo de solventar esos problemas. El primer gobierno de centro propuso una solución de compromiso: posponer —sin anular— la sustitución de las escuelas privadas mientras la construcción de escuelas estatales no hubiera concluido. En la práctica, apenas hubo diferencias en la situación de las escuelas católicas durante uno y otro bienio, dado que, desde 1932, la Iglesia católica había logrado mantener abiertas muchas de ellas registrándolas a nombre de mutualidades[25].

El hecho de que los gobiernos centristas dieran un respiro a las escuelas católicas no significa que apoyaran el sector privado a expensas del sector público. Al contrario: no solo conservaron la legislación de 1931-1933, sino que, en realidad, ampliaron y reforzaron el sistema estatal. En el verano de 1934, el ministro de Instrucción Pública, el liberal-demócrata Filiberto Villalobos, preparó un nuevo bachillerato, en gran medida conforme a los planes del primer bienio, que enfureció a la derecha. Además, fortaleció el sector público al elevar el salario mínimo de los maestros de escuela primaria un 33% (aumento que afectó a más de la mitad de los profesores), incrementar el número de inspectores en un 15% y permitir que el número de alumnos de enseñanza secundaria se incrementara en más de un 300%. Por encima de todo, el compromiso del centro con el sector público quedó demostrado por la circunstancia de que la proporción del presupuesto nacional gastada en enseñanza tanto en 1934 como en 1935 superó a la del primer bienio. Por consiguiente, los gobiernos liderados por los republicano-radicales lograron una avenencia en verdad centrista en lo tocante a la enseñanza: impulsaron el sector público al tiempo que protegían el privado.

Una característica crucial de la política religiosa de los centristas, bien que desatendida casi siempre, fue el empeño en fraguar un nuevo concordato con el Vaticano. Los gobiernos republicano-radicales consideraban que, para integrar con holgura a la comunidad católica en la República, el acuerdo con Roma era esencial. Una vez más, el enfoque del gobierno estuvo caracterizado por su independencia. Así lo demostró la elección del embajador (el republicano Leandro Pita Romero) y la posición adoptada en punto a las conversaciones con el Vaticano: la derecha se vio completamente excluida de ellas y quedó claro que no se revisaría la Constitución. Cuando las negociaciones comenzaron en junio de 1934, la esperanza del papado de rectificar casi toda la legislación chocó inmediatamente con la negativa del gobierno a plantearse cualquier medida anticonstitucional. El impasse resultante llevó a Pita Romero a intentar llegar a un acuerdo más limitado, conocido como modus vivendi, pues hasta con él podía avanzarse mucho en la integración de los católicos en el régimen. Sin embargo, las negociaciones volvieron a irse a pique por la intransigencia del Vaticano. Pese a ello, los gobiernos centristas, como en el caso de la enseñanza y del bajo clero, habían subrayado su determinación de seguir una vía intermedia entre la derecha posibilista y la izquierda parlamentaria, con vistas a consolidar no solo la mayoría gobernante, sino la propia República.

Pese a la moderación de los gobiernos dirigidos por el Partido Republicano Radical, la inestabilidad política campó a sus anchas hasta octubre de 1934 a causa de una falta de programa común entre el centro y la derecha, a la influencia desestabilizadora del presidente de la República (ilustrada muy especialmente por el asombroso nombramiento de un republicano-radical de segunda fila, Ricardo Samper, como presidente del gobierno en abril de 1934) y, por encima de todo, a los ataques poco menos que continuos no solo de la oposición de izquierda, sino también de sus aliados de la derecha. La mayor parte del verano estuvo acaparada por tres conflictos: una huelga general de braceros alentada por los socialistas en junio, una disputa con la Generalitat (de izquierdas) por una ley agraria y un enfrentamiento con los municipios vascos por el concierto económico encabezado por los socialistas y los republicanos de izquierdas. En los tres casos, pese a la incesante presión de la derecha para que adoptara una línea dura, el gobierno trató de alcanzar un acuerdo negociado con la izquierda. De nuevo, los centristas no actuaron a instancias de la derecha, sino que procuraron mantener a la izquierda dentro de los límites de la convivencia política, al tiempo que intentaban dar cabida a la derecha posibilista.

En términos generales, la afirmación tantas veces repetida de que los gobiernos dirigidos por los republicano-radicales hasta octubre de 1934 frenaron o destruyeron en gran medida las reformas del primer bienio es un mito. Los gobiernos de centro no eran meros títeres de la derecha; al contrario, cultivaron un proyecto propio, en un intento de forjar un régimen más inclusivo y conciliador. En suma, fue un período de rectificación, no de reacción[26].

Otro gran mito de la Segunda República es que, con la entrada en octubre de 1934 de la CEDA en el gobierno, el movimiento socialista se levantó en defensa del régimen democrático. Sin embargo, Santos Juliá demostró hace ya un tiempo que los socialistas rompieron con los republicanos de izquierdas en septiembre de 1933 y con la propia República dos meses más tarde, y que a comienzos de 1934 habían elaborado un programa revolucionario que incluía la disolución del Ejército y de la Guardia Civil. Entre tanto, se dedicaron a buscar armas para un levantamiento nacional. Los socialistas habían rechazado la República, sobre todo, porque habían perdido poder. «A los socialistas —escribe Juliá— les bastó sentirse excluidos, apartados, de las responsabilidades de gobierno para anunciar sus nuevas intenciones: […] todos, sin excepción, consideraban la República creación propia y creían que tenían el derecho de gobernarla, por encima y al margen de las elecciones o del voto popular». Pese a todo, la justificación socialista de la insurrección de octubre de 1934 fue la amenaza «fascista» de la CEDA. En la actualidad, pocos especialistas en fascismo definirían a la CEDA de ese modo, pero no cabe duda de que, en el decenio de 1930, los socialistas y la izquierda la consideraban «fascista». Sin embargo, el uso dado en la época al término era indiscriminado y sectario. A juicio de los socialistas, no solo eran «fascistas» los falangistas, los monárquicos y los cedistas, sino también los progresistas, los liberal-demócratas y los republicano-radicales. La palabra era un insulto para deslegitimar al adversario político y, por tanto, justificar el empleo de medidas extremas contra él, incluida la violencia, de manera análoga a como la derecha explotaba el término «comunista[27]».

Octubre de 1934 fue un momento decisivo para el segundo bienio. La huelga revolucionaria declarada en la nación entera, la proclamación por parte de la Generalitat de un Estado catalán dentro de la «República Federal Española» y el levantamiento de los trabajadores en Asturias cambiaron el régimen para siempre. Con la izquierda marginada y la derecha triunfante, el centro, cuyo objetivo declarado había sido la creación de «una República para todos los españoles», quedó profundamente desacreditado. No obstante, la crisis de credibilidad del centro y la represión de la izquierda no fueron el comienzo de un período de reacción abierta, pese a lo que afirma el relato dominante sobre la Segunda República. De hecho, tras octubre de 1934, los republicano-radicales y los cedistas estuvieron siempre en desacuerdo sobre dos cuestiones fundamentales: la magnitud de la contrarreforma y la escala de la represión. El centro logró aplazar o desbaratar numerosas iniciativas legislativas de la derecha. Por ejemplo, el draconiano proyecto de ley de la CEDA sobre la reforma de la prensa no obtuvo los apoyos necesarios gracias a los centristas y a los diputados de izquierda que quedaban. Análogamente, la coalición gobernante no logró alcanzar los acuerdos imprescindibles para aprobar el proyecto de reforma electoral, y la falta de consenso también puso en peligro el ambicioso proyecto de reforma de la Constitución acariciado por la derecha. La única gran victoria legislativa de la derecha fue la sustitución de la Ley de Reforma Agraria de 1932, pero, como recuerda el líder de la CEDA, la cooperación parlamentaria de los republicano-radicales era a mediados de 1935 «prácticamente nula» y las tensiones dentro de la alianza la pusieron al borde de la «ruptura[28]».

Pese a los aproximadamente mil doscientos muertos causados por los levantamientos de 1934 y al clamor constante de la derecha para que la represión fuera más enérgica, los gabinetes de 1934-1935 solo aprobaron dos sentencias de muerte, lo que difícilmente cabe identificar con un Estado «fascista». Sin embargo, en otros aspectos, la represión fue excesiva. Las medidas adoptadas en Asturias por los militares fueron terribles, los juicios de los insurgentes se alargaron hasta 1936, Lerroux llevó a cabo una absurda venganza personal contra Azaña (encarcelado hasta el 28 de diciembre de 1934) y a los simpatizantes de la izquierda se los persiguió y se los demonizó indiscriminadamente en toda España. Por poner solo un ejemplo, en Castilla-La Mancha había «una atmósfera irrespirable en las comunidades locales». El envenenamiento del clima político no solo era responsabilidad de una derecha vengativa, sino también de un centro que defraudó manifiestamente sus ideales inclusivos, socavados aún en mayor medida por las inclinaciones militaristas de Lerroux. La política pretoriana podía haber gozado de grandes simpatías en los círculos republicanos hasta 1930, pero no tenía sitio en la Segunda República. Pese a todo, Lerroux no solo mantuvo una actitud ambigua ante los militares sublevados en agosto de 1932, sino que respaldó la amnistía que se les concedió en abril de 1934, con lo que provocó un grave cisma dentro de su propio partido. Asimismo, no logró poner coto a las reaccionarias promociones del ministro de la Guerra, Gil Robles, durante el verano de 1935. Tanto si Lerroux se consideraba el Thiers del republicanismo hispano como si no, sus tendencias pretorianas perjudicaron la normalización de la política nacional en 1935[29].

A finales de 1935, el Partido Republicano Radical fue expulsado del gobierno tras un par de escándalos políticos, sobre todo el caso «Straperlo». El episodio se cita invariablemente como prueba del pacto venal de los republicano-radicales con la CEDA. En realidad, se trataba solo de chanchullos sin mucha trascendencia, hábilmente explotados por el presidente, la izquierda e incluso la derecha para fomentar sus intereses políticos a expensas de la fuerza mayoritaria de centro. Pero la caída en desgracia de los republicano-radicales, a lo que se sumaron otras deficiencias de los republicanos moderados, no debe seguir oscureciendo los logros del centro. En comparación con la izquierda y la derecha, el centro hizo gala de un gran compromiso con los principios subyacentes a la Segunda República como democracia parlamentaria. Si la principal fuerza de la izquierda o la de la derecha hubieran demostrado una adhesión similar a los valores de la integración y la avenencia, la historia de la primera democracia de España habría sido diferente[30].

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LOS LÍMITES DE LA DEMOCRATIZACIÓN: ELECCIONES EN LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA

por

ROBERTO VILLA GARCÍA

«La República presenció el advenimiento de las masas a la vida pública, la movilización política generalizada, intensiva y extensiva, las elecciones determinantes de los cambios políticos gubernamentales y los partidos políticos de masas». Hoy en día resulta difícil no estar de acuerdo con el autor que hace más de veinte años escribiera estas palabras, Javier Tusell. Este historiador fue el especialista más reputado en el estudio de las elecciones en España y, en particular, quien con más profundidad analizó los comicios durante la Segunda República. Sin embargo, si bien su afirmación es completamente válida en términos globales, un análisis de las tres elecciones generales que se celebraron bajo la República deja al descubierto aspectos específicos de cada una de ellas. Los procesos electorales celebrados en 1931, 1933 y 1936 se verificaron de forma diferente, conectados a contextos políticos sorprendentemente singulares para la brevedad del período. No es casual que estos se hayan abordado en estudios separados[1].

ELECCIONES Y DEMOCRACIA EN LA SEGUNDA REPÚBLICA

En la actualidad es común considerar la República como la primera experiencia democrática en la historia de España. Esta percepción es correcta, pero conviene no olvidar que el régimen representativo imperó de forma ininterrumpida en España desde 1834 hasta 1923. Más aún, el sufragio universal ya se había aplicado en las seis elecciones generales que se celebraron entre 1869 y 1876, y en todas las verificadas desde 1891 hasta 1931. Cierto es que lo que distingue a las elecciones republicanas de las anteriores era que podían decidir la alternancia en el poder entre los distintos partidos y, además, que sus resultados eran expresión verdadera del voto de los electores. No obstante, conviene introducir algunos matices. No todos los resultados electorales de la etapa monárquica estaban falsificados, ni los de la Segunda República carecieron de polémica. Además existe cierta continuidad entre los comicios republicanos y los convocados durante el último período de la Monarquía liberal (1910-1923), porque estos eran ya más auténticos y competidos. Más aún, ambos regímenes tenían en común algo fundamental. La iniciativa en la formación de los gobiernos, por tanto, la capacidad de repartir el poder, residía en primera instancia en la jefatura del Estado (la Corona o la presidencia de la República). En el régimen republicano esta prerrogativa fue utilizada, en ocasiones, de espaldas a la composición del Parlamento, como había ocurrido también durante la monarquía[2].

La democracia republicana no estuvo exenta de otra importante limitación. Su problema más grave era la falta de consenso en torno al modelo constitucional que se estableció en 1931. Un sector importante de la coalición que derribó la Monarquía, los socialistas y la izquierda republicana, no consideraba la República como un régimen neutro que podía ser gobernado a izquierda o derecha según lo requiriera el electorado. Al contrario, concebían el nuevo régimen como un vehículo para la «regeneración nacional». Para ellos, la República venía inextricablemente ligada a su propio programa político, cuyos principios volcaron en la Constitución de 1931 aprovechando su mayoría parlamentaria. Así las cosas, no aceptaban que los partidos que no acataran tales principios pudieran asumir legítimamente el poder. Por supuesto, esa concepción patrimonial implicaba que la Constitución tampoco podría ser reformada en un sentido contrario al que inspiraban socialistas y republicanos de izquierda. El centro republicano, liderado por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, dio por el contrario muestras de preferir una República menos restrictiva, capaz de integrar a los antiguos monárquicos. Pero el Parlamento de 1931, en el que los radicales no podían conformar una mayoría si no era pactando con la izquierda republicana, obligó a Lerroux a posponer sus propios proyectos y a seguir una táctica de contemporización para no quedar aislado. Solo cuando observó que los republicanos de izquierda preferían sostener indefinidamente una coalición con los socialistas antes que pactar con el centro, Lerroux inició un giro a la derecha en busca de aliados y comenzó a abogar por reformas legales capaces de integrar a los partidos que habían quedado al margen del consenso constitucional[3].

La falta de acuerdo en un mínimo de instituciones y reglas básicas que permitiera la alternancia en el poder de distintas opciones políticas, junto con la devaluación de principios como la aceptación del adversario, el respeto a las minorías políticas y el espíritu de transacción entre diversos partidos, modificó radicalmente la práctica política heredada de la Monarquía liberal. La puesta en valor de la «intransigencia política» y la consideración de la lucha entre los partidos casi como una contienda a suma cero, en la que la victoria electoral legitimaba la aplicación a rajatabla del programa político del vencedor sin consideración para con el vencido, daban a las elecciones un significado de referéndum en el que el electorado sancionaba el modelo político que habría de perdurar y los partidos que debían gestionarlo. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 constituyeron, en este sentido, el ejemplo prematuro de un fenómeno se prolongaría hasta la Guerra Civil. La derrota de los monárquicos en la mayoría abrumadora de las ciudades fue interpretada por la coalición republicana (también por una parte del último gobierno de Alfonso XIII) como un plebiscito contrario al régimen. La presión de las masas republicanas y socialistas que festejaban el triunfo y la inhibición de las fuerzas armadas determinaron la caída de la Monarquía.

LAS ELECCIONES «REVOLUCIONARIAS» DE 1931

Entre la profusa normativa que emitió el gobierno provisional de la República, que se hizo con las riendas del país tras la marcha del rey Alfonso XIII, hubo una serie de decretos que modificaron la ley electoral, vigente desde 1907. Los republicanos y los socialistas no se habían cansado de criticar la falta de limpieza de los comicios durante la Monarquía. Tras hacerse con el poder era lógico que, por contraposición, dejaran patente su intención de que las elecciones a Cortes, que habían de celebrarse el 28 de junio de 1931, fuesen sustancialmente diferentes. No obstante, como el futuro Parlamento tenía una misión trascendental, cual era discutir y aprobar la nueva Constitución, el gobierno provisional decidió no dejarlo todo al azar de las urnas.

De hecho, pese a su triunfo general en las ciudades, republicanos y socialistas no olvidaban que en las elecciones locales de abril de 1931 los monárquicos habían obtenido más concejales. Estos habían vencido, además, en la mayoría de los municipios del país, en muchos de los cuales los partidos republicanos y el socialista no habían obtenido no ya representantes, sino voto alguno. Con esa correlación de fuerzas, si las elecciones se hacían con el sistema vigente, en las nuevas Cortes se hubieran sentado una buena porción de diputados monárquicos o de antiguos monárquicos que, por entonces, estaban ingresando sobre todo en la Derecha Republicana de Niceto Alcalá Zamora y el Partido Radical de Lerroux. En ese contexto, los núcleos más perjudicados hubieran sido los socialistas y los republicanos que ya lo eran antes de la marcha de Alfonso XIII. A fin de evitar esta situación, el gobierno provisional tomó dos medidas: la reforma por decreto de la ley electoral de 1907 y la destitución de unos 2500 gobiernos locales controlados por los monárquicos.

Respecto a la primera medida, un decreto de 25 de abril de 1931 puso el control del censo de electores en manos del Ministerio de Trabajo, que dirigía el socialista Francisco Largo Caballero. Otro decreto, de 8 de mayo, reformó en profundidad las circunscripciones electorales y los mecanismos de atribución de escaños. Hasta entonces, la ley de 1907 había dividido el territorio español en cientos de distritos uninominales y una treintena de demarcaciones urbanas donde se elegía más de un diputado. Esta división desapareció al suprimirse todos los distritos uninominales (excepto para las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla) y sustituirlos por sesenta y una grandes circunscripciones. De estas, cincuenta se correspondían con las provincias en las que se dividía el país, mientras que las once restantes se formaron a partir de las urbes mayores de 100 000 habitantes. Este cambio tan radical se justificó a modo de receta para acabar con el caciquismo, algo que era cierto en la medida que los republicanos pretendían inutilizar las maquinarias políticas dirigidas por notables locales. También se argumentó que la modificación del mapa electoral contribuiría a moralizar los comicios, pero esto resultaba menos cierto. De hecho, republicanos y socialistas ya conocían que los pequeños distritos no habían sido obstáculos para la democratización en países como Gran Bretaña o Francia.

El decreto cambió, además, el sistema de voto. Se extendió a todas las circunscripciones el «sufragio restringido» que había imperado durante la Monarquía en las ciudades. Con este sistema, el elector debía votar un número de candidatos menor al de escaños en juego en la circunscripción, con una proporción aproximada de dos candidatos de cada tres. Este mecanismo se había establecido en 1878 para facilitar la presencia de diputados de la oposición en las Cortes, en circunscripciones que casi siempre elegían entre tres y cinco escaños. Era un sistema muy apreciado por republicanos y socialistas. Gracias al mismo, ambos grupos habían logrado representación en muchas ocasiones. No obstante, la aplicación del «voto restringido» en circunscripciones que elegían muchos escaños alteró su beneficios. Además, el gobierno provisional aumentó el número de votos del elector. A partir de 1931 este podría votar tres candidatos por cada cuatro escaños. Ambos cambios propiciaron que la candidatura ganadora, aunque lo fuese por un solo voto, pudiera llevarse el 75% de los escaños de toda una provincia. La que quedase en segundo lugar solo se llevaría la cuarta parte restante, y el resto absolutamente nada. En algunas circunscripciones, la desproporción llegaba a ser incluso mayor. Esa impresionante diferencia entre ganar y perder haría que, en adelante, los partidos concibieran las elecciones como una lucha sin cuartel en la que solo podía valer la victoria. Esto, en un contexto en que no llegó a existir un consenso mayoritario sobre el tipo de República que se pretendía implantar o, al menos, en torno a unas reglas de juego aceptadas por todos, agudizó el carácter plebiscitario de los comicios y lastró la estabilización de la democracia.

Por si fuera poco, las ventajas del «voto restringido» acabaron desfigurándose del todo al establecerse otro nuevo requisito. El decreto de mayo de 1931 obligaba al candidato a obtener un mínimo de sufragios, el 20% de los escrutados, para lograr el escaño. En caso de que, por esta razón, no se cubrieran todos los escaños, las vacantes habrían de volver a decidirse en una segunda vuelta. El gobierno provisional buscó aquí evitar que se rompiese la coalición republicano-socialista que había traído la República. El panorama político en la España de 1931 estaba tan fragmentado que en muy pocas de las nuevas grandes circunscripciones existía un solo partido capaz de agrupar, por sí solo, un 20% de los electores. Además, aunque lo hubiese, el hecho de que su fuerza pudiera ser contrarrestada por una coalición de partidos menores empujaba al partido mayor a buscar aliados para restablecer su predominio. Este mecanismo fue un obstáculo decisivo para acabar con la fragmentación del sistema de partidos español[4], porque la ley electoral incentivaba las coaliciones. Estas fueron un asidero al que se agarraron los pequeños partidos para poder sobrevivir. Como su pequeño contingente de votos podía ser decisivo en una elección ajustada, los partidos más grandes les cedieron puestos en sus candidaturas, a través de las cuales lograron representación parlamentaria. Sin embargo, este requisito penalizó a los viejos notables monárquicos, que, aislados y con pequeñas maquinarias comarcales cuya influencia no iba más allá del distrito uninominal, apenas tenían posibilidades de obtener escaños.

Además, la segunda vuelta electoral castigaba a los partidos perdedores al posibilitar que los ganadores tuvieran una oportunidad para acaparar todos los puestos de diputado. Si tras la candidatura más votada no había otra que lograse al menos el 20% del voto, los escaños que el «voto restringido» garantizaba a las minorías se volvían a disputar en nueva elección. Como a ella podían concurrir los partidos que ya habían ganado en primera vuelta el 75% de los escaños con nuevos candidatos, en la práctica volvía a imponer su superioridad sobre los demás y obtenía el 25% restante. La extrema fragmentación del sistema de partidos hacía que un partido o una coalición de partidos afines pudiesen llevarse casi todos los puestos de diputados de una circunscripción aun cuando solo reuniesen un 20 o un 25% del voto.

El decreto de 1931 modificó la legislación electoral vigente en otros puntos. Los republicanos rebajaron la edad de voto de los veinticinco a los veintitrés años y autorizaron, por vez primera, a clérigos y mujeres a presentarse como candidatos a las elecciones. Pero el gobierno provisional no introdujo aún el sufragio femenino. No lo hizo, no tanto por una cuestión de principios como de conveniencia política. En España, el ámbito de sociabilidad de la mujer había estado vinculado sobre todo a las asociaciones confesionales y, además, el movimiento sufragista mayoritario tenía un sesgo conservador y hasta católico. Por ello, los republicanos pensaban que el sufragio femenino constituiría una prima para los monárquicos y los partidos conservadores.

El decreto también despojó al Tribunal Supremo de su capacidad de dictaminar la validez o no de las elecciones (lo que se había implantado en 1907 imitando el modelo británico de 1868), y la devolvió, íntegra, a las Cortes. De modo que en una tarea tan delicada volverían a primar los criterios políticos sobre los jurídicos, pues la admisión de un diputado de la oposición dependería, en exclusiva, de la buena voluntad de la mayoría parlamentaria. Por último, el decreto también derogó el mecanismo que permitía a los candidatos ser electos diputados sin pasar por elección, el célebre artículo 29 de la ley electoral. Era el caso de las circunscripciones o distritos en las que se presentaran el mismo número de aspirantes que escaños había que cubrir. De hecho, en circunscripciones tan grandes como la provincia era difícil que se diese este supuesto, que había sido más normal en los pequeños distritos. Como en España el voto era obligatorio, ese mecanismo había dispensado a los votantes de acudir a las urnas en comicios sin competencia real.

Con la reforma por decreto de la ley de 1907, el gobierno provisional de la República repitió la tradición de variar las reglas de juego electorales tras una brusca ruptura política. También continuaba una vieja costumbre del siglo XIX cuando tomó su segunda medida: promover la destitución de 2500 ayuntamientos donde habían triunfado los monárquicos en las elecciones municipales de abril de 1931. En España, el poder local constituía una baza fundamental para preparar los comicios generales. Todos esos municipios pasaron a ser gobernados por republicanos y socialistas locales hasta el 31 de mayo de 1931, fecha en que se celebraron nuevas elecciones. En ellos triunfaron prácticamente esos mismos republicanos y socialistas, sobre todo por la masiva abstención de los monárquicos. Una porción de estos prefirió concurrir, sin embargo, adoptando ya una etiqueta republicana[5].

Así las cosas, no podía extrañar que la mayoría de los políticos monárquicos no concurrieran a las elecciones a Cortes del 28 de junio de 1931. Estos comicios serían los últimos de carácter «revolucionario» que se celebrarían en la historia de España. Los anteriores habían sido los de 1836, 1854 y 1869. Estas elecciones se denominan así porque legitimaban una ruptura política sobrevenida por medios no legales. En ellas siempre triunfaban los partidos que ya habían conquistado el poder porque los que no aceptaban el cambio político solían abstenerse. De hecho, antes de acudir a las urnas, la victoria por mayoría absoluta de la coalición republicano-socialista podía darse por descontada. Los candidatos de la oposición, 185, apenas si competían por el 40% de los escaños totales, 470, con lo que en la práctica cedían el 60% restante a los partidos gubernamentales antes de la apertura de los colegios electorales.

Más aún, en algunas provincias (Oviedo, Lérida, Valencia), los partidos de centro y derecha hubieron de retirar sus candidaturas ante la violencia desplegada por sus rivales republicanos y socialistas, que no fue contenida por el gobierno. Solo en unas pocas provincias del norte del país (Navarra, Vascongadas, Castilla la Vieja), la derecha fue lo suficientemente fuerte como para disputar los escaños y triunfar sobre los partidos gubernamentales. Por el contrario, la falta de una candidatura potente de centro-derecha hizo que en 25 de las 63 circunscripciones la lucha electoral se convirtiera en un amigable reparto de escaños entre republicanos y socialistas. En general, la ley electoral perjudicó notablemente a los conservadores. En cuatro circunscripciones, los católicos de Acción Nacional lograron ser la segunda fuerza más votada. Pero como no alcanzaron el 20% de los votos no pudieron obtener los escaños reservados a la candidatura minoritaria. Estos se volvieron a disputar en una segunda vuelta y, como era previsible, republicanos y socialistas unieron sus fuerzas y se los llevaron. Con este panorama, los partidos del gobierno no podían sino arrollar a sus rivales: agruparon unos 390 escaños, frente a los 70 de toda la oposición[6].

EL DESPERTAR DE LA «DEMOCRACIA DE MASAS» (1933-1936)

Las Cortes Constituyentes sancionaron el nuevo régimen electoral y la Constitución de 1931 no varió más que un elemento, aunque muy importante: concedió el derecho de voto a las mujeres españolas en las mismas condiciones que a los varones. Esta medida supuso la ampliación del electorado más relevante desde que en 1890 se estableciera, definitivamente, el sufragio universal masculino. Bien es cierto que el sufragio femenino no se estableció de forma consensuada. De hecho, se aprobó en una reñida votación y gracias a una extraña alianza entre el PSOE y todas las agrupaciones de derecha (tanto republicanas como monárquicas) de la cámara baja. Votaron en contra los republicanos de izquierda y de centro. De todas formas, el gobierno de coalición entre socialistas y republicanos de izquierda que lideraba Manuel Azaña retrasó un año y medio la aplicación del sufragio femenino, de modo que las mujeres españolas no pudieron votar en comicios tan importantes como los regionales de Cataluña (noviembre de 1932).

La mujer votó por primera vez en España en los comicios municipales que se celebraron en una cuarta parte de las localidades del país el 23 de abril de 1933. El origen de estos comicios fue la destitución de las corporaciones locales donde, por no presentarse un número de candidatos mayor a los puestos de concejal en disputa, estos se cubrieron sin elección. En un principio, la idea de los republicanos de izquierda y los socialistas era cambiar a los concejales destituidos por otros designados directamente por el gobierno. Pero las agudas protestas del Partido Radical y de otras minorías de oposición hicieron que el gobierno decidiera convocar elecciones. El hecho de que en esos pequeños municipios casi siempre ganaran los partidos del gobierno era un factor que hacía prever un triunfo conjunto de las izquierdas. Pero en los comicios celebrados en abril de 1933, estas sumaron 5540 concejales, menos de un tercio del total. Otro tercio mayor, 5894 concejales, se lo repartieron radicales y republicanos moderados, mientras que el último, 6775 concejales, fue para las derechas no republicanas[7].

En algunos pueblos, la derrota de la izquierda gubernamental se debió a la concurrencia por separado de socialistas y republicanos. Su falta de unión fue aprovechada por unas derechas que actuaron con mayor cohesión. De ahí que la lectura política que extrajo el gobierno de los resultados fue la necesidad de reforzar la cohesión electoral de todas las fuerzas republicanas. Querían evitar que, en próximos comicios, su desunión aumentase la representación parlamentaria y municipal de los conservadores. Para ello diseñaron un nuevo proyecto de ley electoral que comenzó a discutirse en las Cortes en julio de 1933. El texto constituía una leve reforma que solo afectaba al modo en que se distribuían los escaños. Respecto a 1931, el proyecto del gobierno elevaba del 20 al 40 el porcentaje de votos que los candidatos debían alcanzar para conseguir el escaño en primera vuelta.

El proyecto del gobierno hacía más difícil que un partido pudiera aspirar a la victoria fuera de una coalición. Como la fragmentación del sistema español de partidos no se había reducido, la exigencia de que todos los candidatos superasen el 40% del voto escrutado para validar la primera vuelta alentaba las segundas vueltas o, como alternativa, la concentración de todas las formaciones políticas en dos grandes coaliciones. En palabras de Manuel Azaña, esto debía servir «para que los efectos de la (…) mala inteligencia entre los partidos (republicanos), no causen a la República (…) daños irreparables. Sería altamente extraño que por no prever este caso, minorías monárquicas o antirrepublicanas trajeran a la Cámara una representación que no les correspondiera». También se agravó algo más la prima a las mayorías, al establecer que solo las ciudades que tuviesen 150 000 habitantes (y no 100 000 como en 1931) constituirían circunscripción propia. De ese modo, el número de circunscripciones pasó de 63 a 60[8].

Cuando fue sometido a discusión, el proyecto recibió enconadas críticas de los grupos de la oposición e, incluso, de alguno gubernamental como el Partido Republicano Gallego. Además, el Partido Radical, con quien los partidos republicanos de izquierda deseaban llegar a acuerdos electorales sobre todo en las segundas vueltas, anunció su intención de introducir enmiendas para modificar los perfiles más agudos del texto. De modo que, para allanar la oposición de los radicales, los partidos gubernamentales se avinieron, después de no pocas discusiones, a introducir algunos cambios. Finalmente, el porcentaje que debían alcanzar los candidatos para obtener escaños en primera vuelta se mantenía en el 20%, como en 1931. Pero se estableció que si al menos un candidato no llegaba al 40%, debería anularse la elección y todos los escaños se disputarían en segunda vuelta. Para proteger los derechos de los partidos minoritarios, se estableció que la concurrencia a esta segunda ronda no fuera libre. Solo podrían competir aquellos candidatos que hubieran alcanzado, como mínimo, el 8% de los votos. De ese modo, las formaciones mayoritarias no podrían presentar a nuevos candidatos para quedarse con todos los puestos.

A pesar de esas mejoras, la ley de 1933 incrementó los rigores del sistema mayoritario y el desequilibrio en el reparto de escaños entre vencedores y vencidos. Esto pudo comprobarse en las elecciones generales de noviembre de ese mismo año. Pese a que la izquierda republicana había patrocinado esa ley para rehacer una coalición nacional con los socialistas, los organismos centrales del PSOE se negaron en redondo a participar y solo autorizaron acuerdos provincia a provincia. Peor aún, la mitad de las federaciones provinciales del PSOE —casi siempre las que poseían más fuerza— rehusaron establecer coaliciones con la izquierda republicana en primera vuelta. Cuando esta se volvió al Partido Radical, Lerroux también se negó a acordar un acuerdo nacional con ellos, sobre todo después de que Azaña y los radicales-socialistas de Marcelino Domingo contribuyeran a la caída de su primer gabinete en septiembre de 1933. El líder radical mostró una disposición cada vez más clara a llegar a un acuerdo con los sectores de la derecha que estaban decididos a aceptar la República tras una reforma constitucional. Además, tanto socialistas como radicales deseaban probar sus fuerzas en primera vuelta y, si se percibía necesario, pactar alianzas solo en la segunda ronda. Por el contrario, los partidos de derecha (CEDA, agrarios, independientes y monárquicos de diversas tendencias) fueron los únicos que conformaron una coalición nacional para evitar en lo posible que los mecanismos de la ley electoral redujeran su representación. Con todo, pocos preveían —con los resultados de las municipales de 1933 en la mano— que, incluso unidas, las derechas pudieran sobrepasar la barrera del 40% en la mayoría de las provincias.

La convocatoria electoral de 1933 supuso un gran salto adelante en las costumbres políticas españolas. La intensidad de la propaganda —una semana antes de los comicios el gobierno contabilizó más de siete mil actos públicos, por lo que a buen seguro la cifra total no quedó lejos del doble— y el hecho de que llegase prácticamente a todos los rincones del país —algo que de forma simultánea no había ocurrido nunca— resultaron pruebas inequívocas de la voluntad de los partidos de movilizar al electorado. Con las circunscripciones provinciales, las vetustas y pequeñas redes tejidas por los notables no eran ya las más adecuadas para movilizar y competir por un cuerpo electoral que se cifraba en varias decenas de miles de efectivos en cada circunscripción. Además, a causa del sufragio femenino, el número de electores prácticamente llegó, en total, a los trece millones[9]. La retirada de muchos viejos políticos de la Monarquía creó un vacío que fue cubierto por nuevas organizaciones de mayor fuste, adaptadas a la circunscripción provincial, capaces de atraer el voto de electores muy diversos y de diferentes ámbitos territoriales, de subordinar los intereses locales a ideas y lemas más abstractos, y de fagocitar la fidelidad a los viejos notables, sustituyéndola por la devoción hacia el partido y sus líderes nacionales. Esto no quiere decir que las viejas costumbres políticas desaparecieran como por ensalmo. Pero las nuevas reglas electorales y la necesidad de movilizar a una cifra tan elevada de electores aceleraron los cambios.

Por ello, fue en 1933 cuando la democracia republicana se convirtió en una democracia de «masas». Masivo era el electorado que los partidos habían de llevar a las urnas, masiva fue la asistencia a los numerosos actos públicos convocados y masivo fue también el empleo de distintos métodos de propaganda. Todo fue utilizado para atraer al elector: millones de carteles y folletos con información, lemas e ilustraciones, aparatos de radio, el cinematógrafo, grandes globos, anuncios de neón…, incluso coches y aviones desempeñaron un papel fundamental a la hora distribuir la propaganda oral y escrita hasta el último pueblo del territorio nacional. Los gastos se dispararon a cifras que solo podían contarse en cientos de miles de pesetas. Es evidente que si la campaña se tornó así fue porque en todas las circunscripciones existió una tenaz competencia interpartidista. La fragmentación del sistema de partidos y el hecho de que no se formase, para la primera vuelta, más que una coalición nacional hicieron que el número de candidatos se disparara hasta 1875, los cuales luchaban por 473 escaños.

Pero, con ser positivos para el desarrollo de una democracia moderna, estos fenómenos se desplegaron, como dijimos, en un contexto en que no existía un consenso básico en torno al sistema político imperante. Los republicanos de izquierda y los socialistas pretendían conservar el perfil ideológico que había adquirido la República en 1931, mientras que las derechas, e incluso los radicales y republicanos moderados, hablaban de revisar la Constitución. Con lo que, en realidad, los comicios se convirtieron en una especie de referéndum en el que se decidía qué modelo de República habría de triunfar y cuáles otros quedaban descartados. El mismo régimen electoral, que premiaba exageradamente el triunfo y castigaba severamente la derrota, no hizo sino acrecentar lo trascendental de la lucha. Por eso, la intensa competencia degeneró, a veces, en una violenta lucha que incluso generó una veintena de muertos y decenas de heridos. Además, como los anarquistas del sindicato CNT promovieron un agresivo boicot a los comicios, este saldo trágico aumentó.

Los resultados electorales de 1933 evidenciaron que republicanos y socialistas no habían medido correctamente la amplitud de la movilización conservadora. Las candidaturas de derecha y las «antimarxistas» pactadas entre estas y los republicanos moderados lograron vencer con más del 40% del voto en cuarenta de las sesenta circunscripciones. Por el contrario, la izquierda solo lo consiguió en dos provincias catalanas gracias a la fuerza de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Los socialistas fueron los más votados en varias circunscripciones, pero sin que llegaran a sobrepasar ese 40% necesario para evitar la segunda vuelta. Los radicales y sus aliados demostraron algo más de vitalidad y lo consiguieron en seis circunscripciones. Esto hizo que de los 377 escaños que se adjudicaron en primera vuelta, las derechas conquistasen 206 (54,6%), con el 47,5% de los votos; el centro 112 (29,7%), con solo el 19,5% del voto; y la izquierda únicamente 59 (15,7%), reuniendo el 33% de los sufragios. Si no hubiera existido una segunda vuelta, la distribución habría sido algo más equilibrada: la izquierda habría sumado 54 escaños más, frente a la derecha, que se habría adjudicado 32, y al centro, que solo habría ganado 9. No obstante, la segunda ronda dio una nueva oportunidad a conservadores y republicanos moderados de derrotar a las izquierdas uniéndose en las circunscripciones donde los socialistas habían demostrado mucha fuerza. Tuvieron éxito, pues la izquierda solo obtuvo en esa vuelta definitiva 33 escaños más, frente a los 62 del centro-derecha[10].

El segundo bienio transcurrió sin novedades apreciables en el terreno electoral. En enero de 1934 se celebraron elecciones municipales en Cataluña que, en cierto modo, reprodujeron los resultados de noviembre de 1933. Solo que, en esta ocasión, ERC logró articular una gran coalición de izquierda que incluyó a formaciones centristas como Acción Catalana. La suma de sus fuerzas les hizo triunfar en las ciudades y localidades importantes, aunque el carácter «hipermayoritario» de la ley de 1933, trasplantado a los comicios locales, volvió a agrandar una victoria que en absoluto había sido aplastante. De hecho, la conservadora Lliga continuó avanzando en apoyo popular. Por otra parte, en el nuevo Parlamento de centro-derecha comenzaron los trabajos para sustituir la ley electoral. Sin embargo, la inestabilidad gubernamental y el desacuerdo que existía entre los diferentes partidos (la CEDA y la Lliga defendían un sistema proporcional, mientras que radicales, agrarios y liberal-demócratas apostaban por el mayoritario), prolongaron unas tareas que se verían interrumpidas por la disolución de las Cortes a finales de 1935[11].

La insurrección de octubre de 1934 sí que tuvo consecuencias en el reparto del poder político porque contribuyó, casi tanto como una elección municipal, a modificar la significación de los gobiernos locales. Estos apenas variaron durante el año de gobiernos radicales (1933-1934), aunque las destituciones de ayuntamientos (unas 190) se habían acrecentado con el radical Salazar Alonso al frente del Ministerio de Gobernación. La causa principal de esto era la implicación ilegal de las autoridades municipales socialistas en la huelga de campesinos de junio de 1934 y en los preparativos del levantamiento de octubre de ese mismo año. Una vez que el gobierno de centro-derecha sofocó la revuelta fue cuando las destituciones de alcaldes y concejales, y también bastantes dimisiones, cambiaron la faz de unos 1100 ayuntamientos que estaban en manos de socialistas y de la izquierda republicana. En algunos casos, los pretextos del gobierno fueron discutibles, hasta el punto de que las destituciones solo encubrieron el deseo de expulsar a los rivales políticos de los ayuntamientos y poner en su lugar comisiones gestoras de centro-derecha. Pero en otros, no excepcionales, la implicación de alcaldes y concejales socialistas a la hora de acopiar armas y dinero para la insurrección quedó claramente demostrada[12].

Los violentos acontecimientos de 1934 envenenaron el ambiente político e influyeron decisivamente en el cariz que tomó la masiva propaganda en los comicios de 1936. El carácter plebiscitario que tuvo la elección de 1933 entre partidarios y detractores de modificar la Constitución de 1931 y las leyes vigentes se agigantó. Dejando aparte los matices que introduciría un análisis provincial, la mayoría de los partidos se alinearon en dos bloques: una coalición cohesionada que agrupaba a toda la izquierda y centro-izquierda (Frente Popular) y otra que se formó en torno a la unión de los principales partidos de derecha y centro-derecha (que tomó el nombre de «antirrevolucionaria» o «antimarxista» en muchas provincias). El Frente Popular se articuló en torno a un programa positivo de realizaciones, como demostró su manifiesto electoral. Pero este también descubría que el sector mayoritario, formado por los partidos obreros, veía ese programa como el paso previo a una República de nuevo cuño, auténticamente socialista y vacía de contenido democrático.

Con todo, lo que cimentó verdaderamente ambas alianzas fue la negación excluyente y absoluta del contrario. Esto hizo que los socialistas y, en general, la izquierda obrera acabasen concurriendo junto al centro-izquierda republicano. Aún más evidente resultó este factor en las derechas. La católica CEDA articuló también una campaña positiva centrada en su propio programa, pero se negó a adquirir un compromiso programático con los monárquicos y los centristas de Manuel Portela Valladares, con los que el partido de Gil Robles mantenía diferencias insalvables. La unión de los partidos de centro y derecha se hizo solo sobre la base de evitar el triunfo de «la revolución», esto es, de las formaciones políticas que se habían sublevado, o habían apoyado la sublevación, en octubre de 1934.

Por todo ello, el electorado fue movilizado con abundantes proclamas apocalípticas que ponían énfasis en los males que ocurrirían de vencer los «enemigos políticos». Hay que aclarar que la extrema violencia con la que se desarrolló la insurrección de 1934 había afectado a propagandistas y electores. El miedo al triunfo del contrario no era un artificio creado por los partidos para movilizar a sus votantes. Que fuera utilizado de ese modo no significa que no fuese algo real, perceptible sobre todo en las provincias donde «octubre» había tenido una connotación más violenta. Por eso, el carácter plebiscitario de la elección hizo que el resultado de las urnas se convirtiera en algo trascendental y dramático. Definitivamente, la victoria de una u otra opción dejó de ser considerada en términos de continuidad o alternancia en el seno de una democracia: en la elección se jugaba a cara o cruz el futuro inmediato del país. Como apuntaban los sectores más extremos de ambas coaliciones (buena parte de los grupos obreros y los partidos monárquicos), el triunfo no podría ser de nuevo «escamoteado» por los «chanchullos parlamentarios»: debía significar el adueñamiento definitivo de la República por uno de los dos bandos en liza y la definitiva exclusión del otro. Lo peor es que los sectores moderados, desconfiados y temerosos de las «intenciones últimas» del contrario (el centro-izquierda republicano de la CEDA, el centro-derecha republicano del PSOE), se contagiaron de ese maniqueísmo radical.

En este ambiente, la ley electoral no hizo sino reforzar la bipolarización de la política española. La izquierda y un sector del centro (Unión Republicana) aprendieron la lección de lo ocurrido en 1933 y unieron fuerzas para competir con mayores posibilidades de triunfo frente a sus rivales. Por el contrario, confiados en el considerable volumen de votos obtenidos en noviembre de 1933 y, sobre todo, enfrentados entre los partidarios de romper con la República y los que continuaban deseando integrarse en el régimen[13], la CEDA y el resto de las formaciones políticas de derecha no constituyeron una alianza alternativa articulada a nivel nacional y dejaron que los comités provinciales configurasen las candidaturas según las necesidades de cada circunscripción. El resultado fue que el centro-izquierda se presentó a los comicios con mayor cohesión, mientras que las disensiones entre monárquicos y republicanos moderados impidieron agrupar a todo el centro-derecha en algunas provincias. De ese modo, frente a las candidaturas oficiales de derecha concurrieron también candidatos disidentes que, necesariamente, habrían de restarles votos. A diferencia de lo ocurrido en noviembre de 1933, la segunda vuelta perdió importancia en las consideraciones estratégicas de los partidos. En casi todas las provincias se generalizó una lucha a dos bandas y solo en muy pocas hubo terceras candidaturas con un volumen de voto parejo a las «frentepopulistas» o a las «antirrevolucionarias». El número oficial de candidatos proclamados descendió a 987[14]. En la práctica, el día antes de la elección concurrieron 942, aproximadamente la mitad que en 1933.

El efecto, natural e inevitable, fue que la primera vuelta, celebrada el 16 de febrero de 1936, fue la que marcó el resultado final. Solo en cinco circunscripciones hubo de repetirse la elección. Como es conocido, en una contienda muy igualada en cuanto a número de votos, triunfó la coalición de izquierdas al acumular más actas de diputado que sus rivales. La clave principal fue que el Frente Popular ganó, y por tanto se llevó las jugosas primas a la mayoría, en las grandes circunscripciones, aquellas donde las candidaturas contendían por un número de escaños mayor. Cierto que el centro y las derechas demostraron sumar más apoyos, pero no supieron convertirlos en una victoria sencillamente por su falta de cohesión.

Sin duda, los conservadores subestimaron la fuerza de la izquierda y, además, mostraron poco interés por atraer a los electores más centristas. Creyeron que los sucesos de 1934 bastarían para que estos apoyasen, sin más, sus listas. Por ello, con un 46,3% de los sufragios emitidos, las izquierdas obtuvieron ya en primera vuelta 259 escaños (el 57,2%), mientras que sus rivales, con un porcentaje de voto superior (el 53,7%), solo pudieron llevarse 194 escaños. De estos, las derechas (con un 47,3%) acapararon 162 actas (el 35,8%), mientras que el centro apenas cosechó el 4,9% y la mayoría abrumadora de sus 30 diputados (un 6,6% del total) los consiguió en coalición con los conservadores. Por último, los nacionalistas vascos solo obtuvieron 2 escaños. La segunda vuelta tuvo, aunque en menor escala, los mismos efectos que la de 1933 pero al revés, ahora perjudicando más aún a las derechas. Sin ella, los partidos conservadores hubieran alcanzado 11 de los 20 escaños en juego, por 5 del Frente Popular, 3 del PNV y 1 del centro. Con la segunda ronda, las derechas solo lograron 3 escaños, mientras que las izquierdas sumaron 8, los nacionalistas vascos 7 y el centro otros 2.[15]

LAS ELECCIONES Y EL COLAPSO DE LAS INSTITUCIONES (1936)

Como era de esperar, los sectores más extremistas del Frente Popular, nada comprometidos con lo que denominaban desdeñosamente «democracia burguesa», concedieron un valor definitivo a su victoria. Lo peor es que pasaron, muy pronto, de las interpretaciones a los hechos. El rápido y anormal abandono del poder por parte del gobierno centrista de Manuel Portela Valladares y la subida de Manuel Azaña antes de que se completase el escrutinio presagiaban lo peor porque, en la práctica, más que un traspaso normal de poderes recordaban el «cambio revolucionario» del 14 de abril de 1931. El «desbordamiento popular», las manifestaciones que celebraban la victoria del Frente Popular en Madrid y los desórdenes en varias provincias al socaire de la prometida «amnistía» impulsaron a Alcalá Zamora a llamar al líder de Izquierda Republicana para que formase gobierno. El jefe del Estado había tratado antes de convencer a Portela Valladares y a sus ministros de que era su deber afrontar la difícil situación y permanecer en el poder hasta que se completase el proceso electoral, pero no tuvo éxito[16].

Con todo, a escala nacional, la alternancia aún revistió caracteres legales. Pero a escala provincial y local comenzó, horas después de la constitución del gobierno Azaña, una expulsión desordenada de alcaldes y concejales de los partidos de centro y de derecha. Manifestaciones encabezadas por dirigentes locales y provinciales del Frente Popular marcharon hacia los consistorios y tomaron posesión de estos sin la preceptiva disposición gubernativa. No hubo «reposición» de los concejales elegidos el 12 de abril de 1931, ni el movimiento se dirigió en exclusiva a acabar con los ayuntamientos regidos por comisiones gestoras. Al contrario, buena parte de las corporaciones de centro-derecha que habían sido elegidas por sufragio en abril y mayo de 1931 y en abril de 1933 fueron despojadas de su mandato. En su lugar se nombraron gestoras formadas exclusivamente con miembros de los partidos del Frente Popular. Estas acciones, que provocaron un vuelco político mayúsculo en los gobiernos provinciales y locales, serían legalizadas posteriormente por el gobierno Azaña[17].

La toma irregular de ayuntamientos, acompañada por desórdenes en algunos sitios, tuvo lugar a la vez que se completaba el proceso electoral. Las derechas denunciaron irregularidades en las Cortes, pero no puede decirse que estas afectasen a la victoria global del Frente Popular. Por el contrario, sí que hubo arbitrariedad por parte de la nueva mayoría a la hora de examinar la elección de muchos diputados centristas y conservadores[18]. Además, sin pruebas jurídicas suficientes, se anularon los comicios en dos provincias donde había triunfado la derecha: Granada y Cuenca.

Las elecciones en esas dos provincias serían las últimas que se celebrasen antes del estallido de la Guerra Civil. El ambiente de violencia y, sobre todo, el riesgo de ruptura del Frente Popular por las disputas entre los partidos obreros y la izquierda republicana, hicieron que el gobierno volviese sobre su acuerdo de celebrar comicios municipales. Sí se completaron elecciones a compromisarios (26 de abril de 1936) para elegir nuevo presidente de la República, tras la destitución de Alcalá Zamora. Las derechas se negaron a concurrir en la mayoría de las provincias. Alegaban que los desórdenes y la desigualdad de trato de las autoridades del Frente Popular a las distintas candidaturas impedían que la elección se verificase con limpieza. Esta abstención garantizó el triunfo de los partidos gubernamentales, pero convirtió los comicios en un acontecimiento poco competitivo y anodino.

Fueron las elecciones del 3 de mayo de 1936 en Granada y Cuenca las que revelaron el grado de deterioro al que estaba llegando la democracia bajo el Frente Popular. A esos comicios sí que decidieron concurrir los partidos de derecha. Creían poseer en las dos provincias un amplio apoyo popular que podría contrapesar el ambiente de inseguridad y la intervención fraudulenta de las autoridades. Pero no fue así. En Granada, los candidatos de derechas no pudieron hacer campaña porque, en cada pueblo, se encontraron con manifestaciones hostiles de la izquierda encabezadas por los propios alcaldes. En algunas localidades las autoridades locales les retuvieron contra su voluntad. Hubo incluso detenciones ilegales de candidatos y agentes electorales por parte de fuerzas «parapoliciales», milicias afectas al Frente Popular, y apaleamientos a dirigentes locales de derecha que se habían reunido con sus candidatos para preparar la campaña. En todos estos casos, el gobernador civil se había negado a intervenir para protegerles. Es más, antes de los comicios esta autoridad destituyó a medio centenar de gobiernos locales que aún estaban en manos del centro-derecha. Esta medida afectó a pueblos donde las izquierdas tenían muy poca presencia, pero el gobernador la justificó como una medida en aras del orden público. Así las cosas, después de no poder celebrar un solo mitin, la candidatura de derechas tomó la resolución de abandonar, postura que ya había sido anticipada por otros partidos de la derecha republicana (radicales y agrarios). El día de los comicios, una falsificación masiva de la documentación electoral borró del mapa político a las fuerzas que habían triunfado solo tres meses antes[19].

En Cuenca las cosas transcurrieron de forma parecida, aunque la actuación ilegal de las autoridades se hizo todavía más evidente. Durante la campaña electoral, el gobernador civil mantuvo detenidos a dirigentes locales de derechas y cerradas sus sedes políticas. Mostró una postura negligente y no intervino en un motín ocurrido en la capital en el que se prendió fuego a varios edificios, entre ellos un convento y la sede de la CEDA. Además, nombró delegados gubernativos a miembros de la milicia socialista conocida como la «Motorizada». Estos entorpecieron todo lo que pudieron la propaganda de las derechas. El gobernador, incluso, ordenó el día antes de los comicios la detención y encarcelamiento de decenas de interventores conservadores, encargados de inspeccionar la convocatoria electoral. Lo interesante de este caso es que, pese a todo, los candidatos de derechas decidieron seguir adelante. Esto hizo que las arbitrariedades se extendieran a la jornada electoral. En el transcurso de la misma, los delegados gubernativos de la «Motorizada» robaron la documentación electoral de un gran número de mesas. En alguna, dada la resistencia ofrecida por el personal, hubieron de hacerlo a punta de pistola. Los candidatos de derechas también acusaron al gobernador civil de haber ordenado la sustitución de la documentación de otras mesas por actas electorales falsas. De ese modo, el Frente Popular pudo triunfar en un bastión conservador como era Cuenca en 1936[20].

Cinco años de elecciones confirman que, desde luego, la Segunda República vino de la mano de la democracia de masas. Atrás quedaron los comicios de notables y no siempre competidos de la Restauración, con su secuela de partidos-clientela y su política «personalista». Pero el régimen republicano partió con una limitación evidente. La aceptación del adversario, el espíritu de transacción, la alternancia en el poder, el respeto al pluralismo ideológico e incluso la captación de parte de los partidos fuera del sistema, quedaron también en el catálogo de las viejas costumbres a extinguir. Esto hizo que el modelo constitucional de 1931 se construyese sobre el acervo ideológico de los sectores políticos que, juntos, sumaban la mayoría en las Cortes Constituyentes: los socialistas y la izquierda republicana.

No obstante, estos no pudieron culminar la consolidación de su proyecto político. El voluminoso triunfo de las derechas en 1933 y la pérdida del gobierno por parte de la izquierda republicana lo impidieron. El Partido Radical de Alejandro Lerroux y los conservadores llegaron al poder con su propio programa de revisión constitucional. De ese modo, la falta de concertación en torno a unos principios básicos aceptables para todos convirtió las elecciones en plebiscitos. En ellos se ventilaban el triunfo o la derrota de diferentes proyectos políticos y hasta sociales (caso del PSOE), radicalmente excluyentes entre sí.

En este contexto, la implementación de la democracia de masas era muy problemática. Las elecciones durante la Segunda República dejaron de ser el método que permitía el acceso ordenado al poder de diferentes partidos a requerimiento de los electores. Más bien mutaron en una suerte de confrontación bélica con papeletas. Ni siquiera sirvieron para sustituir el recurso a la violencia política. Más bien, al contrario, la movilización de un gran número de electores y el aumento de la competencia disparó también las agresiones y enfrentamientos entre los partidarios de unas u otras candidaturas, a veces con muertos y heridos de por medio. El hecho de que entre 1933 y 1936 no se articulara una tregua, sino que los vencidos en las urnas tratasen de conquistar violentamente el gobierno en 1934, lo empeoró todo. Acrecentó la noción de «enemigo», ese al que había que excluir para siempre del poder, en detrimento de la de «adversario», con el que se contiende aceptando dos premisas básicas: la posibilidad de ser derrotado y el respeto a los derechos básicos de las minorías.

De hecho, después de la insurrección de 1934, los socialistas, y en menor medida la izquierda republicana, sufrieron el acoso de sus rivales y sus actividades políticas fueron reducidas. A partir de febrero de 1936 cambiaron las tornas y fueron los partidos de centro y derecha los hostigados. Con el matiz de que este último acoso no fue producto de una acción ilegal por parte de los conservadores. Al contrario, este se convertiría en el motor de la sublevación de julio de 1936. En lo que a las elecciones se refiere, tal acoso se materializó en la supresión de su función original. Como la victoria del Frente Popular era considerada irreversible por muchos sectores de la izquierda española —incluso por una parte de los republicanos—, los comicios comenzaron a convertirse en una ficción legal. Las elecciones de mayo demostraron que las quejas de los partidos de centro y derecha no expresaban una visión sesgada de la realidad. Intentaron competir, pero fueron barridos de forma ilegal, y hasta violenta, por sus contrincantes. Las urnas ya no volverían a decidir la imposición de unos sobre otros. El siguiente «plebiscito» fue el de las armas.

8

LA MUTACIÓN FALANGISTA (1934-1936)

por

JOSÉ ANTONIO PAREJO FERNÁNDEZ

El 14 de abril de 1934, tras un desfile marcial que conmemoraba por las calles de Sevilla el advenimiento de la Segunda República, ciento diez falangistas fueron detenidos por la Guardia de Asalto. Los jefes del partido fascista español en la ciudad habían elegido ese día para llevar a cabo el primer acto político de la organización, por lo que al paso de las tropas comenzaron a dar vivas a España y al fascio. El público que asistía expectante desde la acera de enfrente interpretó aquello como una provocación y comenzó entonces a lanzar todo tipo de objetos contundentes contra los balcones de la Falange. Todo aquello acabó con la intervención policial. De aquel día y aquellas escenas quedó un interesantísimo retrato de grupo donde se ve a todos los falangistas sevillanos saludando a la romana desde la balconada falangista. También quedó una carpeta olvidada en un armario de la jefatura superior de la policía de Sevilla, donde décadas después aparecieron los nombres y apellidos de quienes fueron conducidos a la cárcel. Ambos documentos son conocidos desde hace años y los dos constituyen un testimonio fundamental para la historia del falangismo español. Sin embargo, tanto en Sevilla como en el resto del país faltaba lo fundamental: los ficheros de la Falange. Sin estos era imposible saber quiénes fueron en realidad los falangistas detenidos, a qué se dedicaban, cuáles eran sus ocupaciones y sus razones para ingresar en las filas de una organización política como aquella.

De los fundadores del fascismo español y de las principales jerarquías nacionales es mucho lo que conocemos ya, aunque no podíamos decir lo mismo acerca de esos otros falangistas —simples militantes— que a mediados de la década de 1930 comenzaron a solicitar su ingreso en la Falange de José Antonio Primo de Rivera[1]. En realidad, el problema de la falta de fuentes para el caso de Sevilla es el mismo que afecta al resto de la Falange en España. De tal manera que desde hace décadas cualquier intento que se ha hecho para reconstruir, desde abajo y con detalle, la imagen sociológica de los primeros falangistas ha resultado infructuoso. Y esto a pesar de algunas tentativas meritorias que, sin embargo, no consiguieron recuperar la nitidez de un retrato colectivo que se tornó borroso a consecuencia del paso del tiempo y la destrucción documental. De modo que sin saber quiénes fueron los españoles que integraron las filas del fascismo español en la década de 1930 nos era imposible reconstruir la historia de la Falange Española de las JONS (FE de las JONS).

Tres factores, por tanto, han sido hasta ahora los responsables de que el retrato del falangismo nos aparezca distorsionado: el paso del tiempo, la destrucción de los archivos llevada a cabo por los propios falangistas a finales de la década de 1970, en plena Transición, y la asunción acrítica por parte de ciertos sectores de la historiografía española tanto de la propaganda antifalangista de la década de 1930 como también de las teorías explicativas marxistas. Aunque estos no han sido los únicos problemas que hemos tenido para acercarnos al pasado del fascismo español. Fundamentalmente porque en los últimos diez años parece que las antaño fenecidas teorías marxistas han vuelto a ser recuperadas con fuerza por el movimiento social para la «recuperación de la memoria histórica», posibilitando de esta manera que desde la década de 1930 no hayamos dejado de ver citado en España un retrato de conjunto sobre los fascistas españoles que nunca hizo honor a la realidad, por cuanto jamás estuvo fundamentado en las fuentes de archivo.

Uno de los que primero dio a conocer en España dicho retrato infundado fue el gobernador civil de Sevilla, el mismo que mandó cerrar los centros de Falange en 1934 a raíz de los disturbios del 14 de abril y que al día siguiente de los hechos les dijo a los periodistas que los responsables de todo aquel ajetreo habían sido «unos señoritos desocupados[2]». A simple vista podía tener razón: en los balcones de la sede falangista estaba, al frente de todos, Sancho Dávila, hijo del conde de Villafuente Bermeja, amigo íntimo de José Antonio Primo de Rivera y su hombre fuerte en el sur de España; junto a él, Joaquín Miranda, también de familia escogida; multitud de estudiantes pertenecientes a las mejores familias sevillanas; apellidos como los Benjumea, Lasso de la Vega, muy conocidos entre las capas altas de la sociedad sevillana. Y aún más: incluso desde la calle podía verse cómo muchos de los que se asomaban vestían chaquetas y corbatas, por aquel entonces un signo clasista de división social. Y como todo el mundo sabía ya en la ciudad que Falange había nacido del vientre de la alta sociedad sevillana, en los espacios frecuentados por las clases conservadoras de la capital, del círculo de amistades que frecuentaba el joven aristócrata Sancho Dávila, no cupo duda entonces de que cuanto había dicho el gobernador civil respondía a toda la verdad.

Ahora bien, si el público que se concentró frente a la sede falangista hubiera tenido unos buenos anteojos y con ellos hubiera dirigido su mirada hacia un pequeño grupo de hombres también presentes en los balcones —pero difuminados por la fuerza que la impronta social de los fundadores le imprimía a la imagen de la primera Falange—, habrían visto que no toda la estampa que creían ver respondía a los comentarios que se hacían en la calle o desde el Gobierno Civil. Junto a Sancho Dávila y los demás sevillanos de buenas familias también se encontraban un buen puñado de trabajadores: 22 empleados, 5 jornaleros y 3 obreros[3]. Entonces fue imposible identificarlos, pero hoy en día, descubiertos los ficheros de aquella Falange, ya no podemos retrasar más la respuesta a la siguiente cuestión: ¿qué hacían gente así en un partido como aquel? Este es el objetivo del presente capítulo: recordar quiénes fueron los primeros falangistas para comprender de este modo la marcha política de una organización que, en poco tiempo, se convertiría en un partido de masas alzado en armas contra la Segunda República.

LOS PRIMEROS FALANGISTAS: SEÑORITOS Y GENTE CORRIENTE

Señoritos desocupados y alborotadores: así es como fueron vistos los falangistas durante décadas y así, por tanto, es como se explica por qué han sido unos desconocidos durante tan largo tiempo. Por ello, la mejor manera de reconstruir su pasado es poner en su justo lugar las distintas piezas que un día conformaron la historia de la Falange, resaltando su escogido lugar de nacimiento, pero no por ello ocultando la otra realidad que también estuvo tras ellos. Solo así seremos capaces de explicar cómo una organización que surgió en un núcleo social tan reducido fue capaz de reunir en apenas un año a un grupo de seguidores muy reducido en cuanto al número de militantes, pero lo suficientemente interesante en su composición social como para preguntarnos por qué sus integrantes decidieron pedir su ingreso en una organización como aquella. La cuestión no es baladí, ya que los primeros falangistas constituyeron el basamento social de un partido que, en el plazo de un año más, estaría llamado a convertirse en la más nutrida organización de cuantas apoyaron el intento de golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Como podrá comprobarse, entonces, son cuestiones ineludibles a la hora de reconstruir el pasado falangista.

En las últimas décadas han aparecido investigaciones sobre la historia del fascismo español que, sin duda, han contribuido a esclarecer la todavía nebulosa historia de la Falange[4]. Pero aún nos hallamos bastante lejos de completar el retrato de aquella historia, bien por los factores de los que hablábamos, pero también porque las pocas monografías que tratan acerca de la Falange adolecen de dos problemas fundamentales: las de ámbito provincial dedicadas íntegramente al estudio de la Falange son mucho más escasas que las que la analizan dentro del conjunto del poder provincial; sin olvidar tampoco que muchas de las investigaciones no abordan el estudio de la Falange desde toda su extensión cronológica, incurriendo así en conclusiones que necesariamente deberán ser revisadas. Mientras tanto y a diferencia de lo que ocurre ya con otros fascismos europeos, aún estamos muy lejos de tener completa la historia del fascismo español. Es, por tanto, este contexto el que nos permite valorar la importancia de los documentos de archivo hallados en los últimos años con los que ahora sí estamos empezando a recuperar otra vez el rostro que un día caracterizara a la Falange.

Durante el primer año de existencia de este partido en el sur de España no fueron muchos los que se afiliaron, pero sí los suficientes como para comprobar el éxito que iba cosechando la campaña de captación de afiliados puesta en marcha por la primera junta de mando: en abril de 1934, la Falange contaba en la capital sevillana con 821 militantes. No serían los últimos, por mucho que el gobernador civil se hubiera convertido en su más firme opositor. A pesar de que a partir de abril de 1934 decenas de militantes fueron encarcelados, se decretó el cierre de los locales falangistas y el gobierno prohibió cualquier militancia política a los menores de dieciséis años, el fascismo sevillano siguió ganando terreno: a finales de 1934, la Falange en la capital contaba ya con no menos de 1166 afiliados. Posteriormente, en el transcurso de los catorce meses que siguieron hasta las elecciones de febrero de 1936 (en las que el Frente Popular obtuvo la victoria y en la que, por tanto, se inició una nueva etapa en la historia del partido), otros ciudadanos siguieron solicitando —a pesar, insistimos, de todas las trabas del gobierno— su afiliación en Falange, por lo que en enero de 1936 esta contaba ya con la nada despreciable cifra de 1563 militantes[5]. Como podrá comprobarse entonces, en esta etapa que va desde la fundación de Falange Española en la capital andaluza hasta enero de 1936, el falangismo hispalense ya era cualquier cosa menos aquel grupúsculo poco numeroso que había echado a andar en las postrimerías de 1933 y principios de 1934. A pesar de todas las dificultades descritas y todas las que aún estaban por llegar, una Falange en plena clandestinidad continuó ganando adeptos tanto en la capital como en los pueblos de la provincia.

En comparación con el arraigo de otras organizaciones políticas, es indudable que las cifras de las que hablamos son insignificantes. Y si bien esto es un dato de suma importancia para cualquier formación política, el análisis histórico nos exige cierta paciencia. Por aquel entonces los números no eran los que marcaban la frontera entre el éxito o el fracaso, sino el tipo y la procedencia de los españoles que se inscribían en un partido como el de José Antonio Primo de Rivera: antidemocrático, antiliberal, violento y cuya meta más inmediata era el derrocamiento de la Segunda República. Es por esto por lo que debemos prestar atención no tanto a la cantidad de falangistas que consiguió reunir Falange en su primer año de existencia, como al hecho de que el partido captara individuos procedentes de todos los estratos sociales de acuerdo con un objetivo previamente fijado en ese mismo sentido. Es necesario, por tanto, analizar detenidamente qué tipo de militantes fueron los que acudieron a la Falange durante los primeros tiempos. Porque, efectivamente, podían ser casi un millar los inscritos al cabo del primer año, pero si de todos estos resulta que, pongamos por caso, el 99% hubiera pertenecido a las mejores familias de la ciudad, entonces la propaganda falangista habría fracasado.

Lo que muestran los ficheros del partido, como puede verse en el cuadro 1, es que tanto el gobernador civil como los que posteriormente siguieron la propaganda antifalangista estaban equivocados. Entre los papeles de la Falange sevillana conservados han vuelto a aflorar las fichas de gentes como Sancho Dávila, de cuatro centenares de estudiantes, muchos de los cuales salidos de las casas más pudientes de la capital, los expedientes de algunos propietarios, profesionales liberales, comerciantes, funcionarios, empresarios, industriales, artesanos, de algún que otro hortelano, incluso de tres toreros. Pero junto a todos estos también se encontraba un importante sector sobre el que nunca se puso especial atención: los trabajadores. Ya no cabe preguntarse qué hacía un puñado de estos entre los falangistas detenidos el 14 de abril de 1934, sino indagar por qué en la primera Falange, la que aún no se había enfrentado al triunfo del Frente Popular ni, menos aún, al estallido de la Guerra Civil el 18 de julio de 1936, hubo jornaleros, obreros y empleados. Todos estos representaban nada menos que el 45,1% de la militancia, insistimos, reunida por Falange antes del triunfo del Frente Popular. Por tanto, desde los primeros tiempos la imagen interclasista de la Falange se correspondió con la propia de todos los fascismos históricos del momento, reflejando así la heterogeneidad social de la época y la voluntad inicial de la junta de mando de captar a individuos de toda condición social. Fue la característica del primer fascismo en el sur de España: una Falange nacida en el seno de la alta sociedad sevillana y dirigida por unos mandos que buscaban desde la primera hora el concurso de todas las capas sociales. La construcción de la «comunidad nacional» a la que aspiraron todos los fascistas europeos estaba también en marcha en el sur español[6].

[c1]

Una de las tareas más difíciles para un historiador es cuando se enfrenta a la reconstrucción de la impronta socioprofesional de una organización política. No solo tiene que hallar las fuentes para tal fin y esperar a que las mismas sean lo suficientemente representativas, sino que, además, debe superar la indefinición socioeconómica que en sí encierran muchas ocupaciones. Así, en el transcurso de dicha reconstrucción puede encontrarse con estudiantes y suponer que se trata de los hijos de las clases sociales más acomodadas, toda vez que eran estas las que comúnmente podían permitirse en la época el pago de unos estudios. Puede toparse igualmente con los funcionarios, a los que se supone un sueldo seguro. Pero por mucho que sea capaz de reconstruir la lista de profesiones siempre le queda la duda de si todos los estudiantes disfrutaron de las mismas comodidades en sus casas o si ese funcionario que ya tiene un carné de militante también pertenece al mismo escalafón económico que el de más allá. En muchas ocasiones esto no se resuelve nunca, con lo que la duda permanece y con ella la turbiedad del retrato reconstruido. Pongamos un ejemplo: cuando nos referimos a los comerciantes, ¿de qué estamos hablando?, ¿del pequeño tendero o del dueño de unos grandes almacenes? Porque hoy en día todo el mundo sabe que no vive igual el tendero de barrio que el dueño de los grandes almacenes El Corte Inglés. O este otro caso relacionado con los propietarios, un término que no termina de aclarar qué se poseía realmente, si una industria, un bar o un lote de propiedades rústicas. Pues bien, para aclarar esta indefinición nosotros hemos contado con un instrumento que nos ha sido fundamental y que, por sus propias características, no es habitual que el historiador se lo encuentre: las cuotas que mensualmente pagaron los militantes de Falange Española.

El dinero, por muy escogidos que hubieran sido los orígenes de los líderes falangistas de primera hora, siempre fue un asunto prioritario en la Falange. De ahí que el cobro de las mensualidades pasara a ser, desde el principio, un objetivo fundamental para todas las juntas de mando que fueron sucediéndose al frente de la organización en las distintas provincias del país. Pero son necesarias una serie de puntualizaciones previas sin las cuales difícilmente podrán valorarse en su justa medida los matices que han hecho de estas mensualidades y de su gestión un instrumento tan importante a la hora de proceder a la reconstrucción social del nacionalsindicalismo. Lo primero a tener en cuenta es el hecho de que las cuotas —tanto las de la etapa republicana como las pagadas una vez iniciada la Guerra Civil— siempre se fijaron en consonancia con las posibilidades económicas de los militantes. Así, si bien aparecen en los ficheros algunos casos de afiliados durante la Segunda República que contribuyen por encima de sus posibilidades, la regla general, como veremos, es que cada uno —aun no habiendo una normativa explícita durante la primera etapa— contribuyera con la cantidad que más se ajustaba a sus riquezas o estrecheces. En relación con lo que acabamos de ver, y es la segunda premisa, está el no menos importante matiz de que el sistema contributivo fue perfeccionándose con el paso del tiempo. Se pasó de la improvisación de los primeros tiempos a un sistema mucho más preciso a la hora de controlar las posibilidades contributivas del militante; de tal manera que, una vez llegada la guerra y, con ella, las dificultades económicas propias del conflicto, los mandos siempre tuvieron un instrumento objetivo con el que medir la penuria de sus afiliados: las cédulas personales, el equivalente a los documentos nacionales de identidad de nuestros días. Estas son las que nos interesan.

Según la legislación de la época, las cédulas personales estaban divididas en dieciséis categorías progresivas basadas en los ingresos que el ciudadano había percibido a lo largo del año anterior. Así pues, el día que iba a formalizarse el ingreso en la Falange, el aspirante a falangista debía enseñar su cédula personal. El cuadro 2 es, por tanto, la escala que tomaron los mandos para calcular la aportación mensual del camarada; una contribución que se dividía a su vez en seis niveles. En él podrá comprobarse cómo la Falange fijó una escala oficial con la que se abarcaba todo el arco económico de la militancia. Si uno vivía bastante desahogado, la Falange podía asignarle una cuota de 20 pesetas, que no era la más elevada pero sí una importante aportación económica reservada a los afiliados con mejor posición económica. Estos eran los que habían presentado cédulas de 4.a y 5.a categoría, es decir, los que habían ganado durante el año anterior más de 20 000 pesetas y menos de 40 000. Esto si uno era pudiente; ahora bien, si se tenía la desgracia de tener ingresos modestos, el partido había previsto varias posibilidades acordes a ello, entre las cuales destaca la cuota de una peseta por ser la más accesible y porque con el tiempo se convertiría en la más abundante en la Falange sevillana[7].

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Utilizando, por tanto, este instrumento, lo que muestran los datos de archivo sobre la composición social de la Falange en Sevilla capital desde su fundación hasta enero de 1936 es concluyente. Antes de las elecciones de febrero de 1936 el falangismo se había convertido en una organización interclasista o, lo que es lo mismo, la Falange había sido capaz de adquirir los mismos rasgos sociológicos que compartían el resto de las organizaciones fascistas que poblaban la Europa de la década de 1930 y que las diferenciaba del resto de los movimientos políticos de la época[8]. De modo que en ese falangismo del sur de España había de todo, desde los sectores profesionalmente más cualificados a otros en los que se englobaban los militantes más pobres, algunos de los cuales incluso estaban en paro y viviendo en la indigencia. Realidad, esta última, que se comprueba nada más contabilizar las cuotas que mensualmente ingresaron los afiliados. Acudiendo a ellas resulta que este partido interclasista, con un importante componente obrero entre sus filas, casi se torna homogéneo, pero homogéneo por abajo: de todos los que militaban en Falange, el 88,9% ganaba menos de 3500 pesetas anuales, lo cual significaba —a la hora de pagar— una cuota baja.

Si uno tenía posibles pagaba 10, 15 o 25 pesetas; si en cambio era pobre, el esfuerzo no podía pasar de aportaciones en torno a los 25 céntimos. Esta última posibilidad era para los que podían considerarse pobres. Pero cuando de la pobreza se pasaba a la indigencia total era posible quedarse al margen de los pagos mensuales. Por supuesto, las fuentes también muestran cómo frente a estos camaradas tan pobres hubo otros cuyas contribuciones periódicas confirmaban ese origen social tan escogido del que había surgido la Falange sevillana. Pero eran solo eso, unos cuantos militantes, muy notables por su procedencia social, aunque irrelevantes políticamente de no contar con el apoyo de otros españoles menos afortunados. Esto es lo que nos interesa: el que existiesen algunos privilegiados que pudieran permitirse pagos de 10, 15 o incluso 25 pesetas no permite hablar de una organización política clasista, en la que la gran mayoría de sus componentes vivieran rodeados de comodidades, lujo y riqueza. La realidad era totalmente contraria a la comúnmente aceptada. En el cuadro 3 se recogen el sinfín de pequeñas cantidades recaudadas antes de la Guerra Civil por la Falange sevillana.

Pero hay más. Las mensualidades nos han servido para averiguar también otro interrogante difícilmente identificable si no se cuenta con el instrumento adecuado: qué debíamos entender cuando el afiliado decía ser comerciante, industrial, propietario o labrador. De los comerciantes resulta que existían notables diferencias entre los que pertenecían al pequeño comercio (un 53,9% pagaba la cuota más baja) y los que se encuadraban en los sectores más potentados. Puesto que, obviamente, no era lo mismo el vendedor ambulante, el frutero o el sombrerero (contribuyentes con 25, 50 céntimos, 102 pesetas) que Pedro Fernández, dueño del bar The Sport, en el que se daba cita lo más granado de la sociedad sevillana y uno de los afiliados más destacados al ingresar en las arcas de Falange Española 10 pesetas al mes. En cuanto a los artesanos, muy abundantes aún en la España de la época, la pobreza los igualaba: el 95% no cobraba al año más de 3500 pesetas y por eso la gran mayoría rondaba las cuotas más bajas de 25 céntimos, 50 céntimos, 1 peseta o la más desahogada, pero muy escasa entre estos, de 2 pesetas. Pobres eran los artesanos, pobres también los funcionarios (el 94,1% se hallaba en la misma situación que sus camaradas artesanos); incluso muchos de los profesionales liberales inscritos en la Falange sevillana podían adscribirse a este grupo, concretamente el 68,8%. Eso, por supuesto, sin contar las economías de los trabajadores con camisa azul, ya que de hacerlo veríamos cómo el solo apelativo de pobres no resumiría con la suficiente exactitud el entorno sociolaboral en el que se desenvolvían sus vidas.

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Desde antiguo siempre se acusó a los trabajadores que se afiliaron a la Falange de ser poco menos que unos traidores que habían entrado en el partido fascista buscando el jornal que les pudiesen proporcionar los señoritos. Pero independientemente de los casos en los que la afiliación hubiera venido motivada por el ansia de encontrar una colocación, no pueden negarse dos cuestiones: la primera, que ese mismo jornal lo podían haber buscado en las filas de la Acción Popular o la Comunión Tradicionalista Carlista, donde también había señoritos. Y la segunda que, aun habiendo entrado en una organización como la Falange, nunca tuvieron garantizado dicho jornal; tanto es así que las fuentes muestran muy a las claras cómo muchos de los asalariados inscritos en el partido de Sancho Dávila siguieron siendo individuos tan menesterosos que muchos de los que trabajaban no tenían bastante con un único trabajo. Los jornaleros, por ejemplo, acogidos el cien por cien al escalón contributivo más bajo, tenían que compatibilizar la búsqueda del jornal con otras ocupaciones para completar en la medida de lo posible sus escasos sueldos. Por eso no es extraño encontrarse entre los ficheros a hombres trabajando, aparte de en su ocupación principal, como ayudantes de albañil, en la fábrica del gas o, por poner otro ejemplo, ejerciendo como barberos improvisados. Un pluriempleo, como vemos, que, sin embargo, no les era suficiente y por eso la mayoría, el 53,9% de estos paupérrimos trabajadores, se acogía a la escasa aportación de 25 céntimos.

En peor estado, si cabe, estaban los obreros: casi el 30% se hallaba en paro. Y los que trabajaban daba igual dónde lo hiciesen, en los muelles del puerto, en la fábrica de los Mensaque, en las obras como peones albañiles, en las serrerías, en el ferrocarril, en las bodegas o en las almazaras, pues todos, sin distinción, vivían pobremente. En mejores circunstancias, aunque no muy diferentes a las que acabamos de ver, se encontraban los empleados. Mejor, pero únicamente porque había un tenedor de libros (un contable) que podía permitirse una mensualidad de 10 pesetas (0,3%); porque había 11 que podían desprenderse de 5 pesetas (3,5%); porque otro hacía lo mismo pero con 4 (0,3%) y porque 14 más, fundamentalmente empleados de escritorio, bancos y oficinas, contribuían con 3 pesetas (4,5%). Solo, como decimos, por esto, ya que el resto, 289 asalariados (el 91,2%), cotizaban en la organización muy humildemente. La composición social de la Falange, por tanto, no era más que el vivo retrato de la sociedad que caracterizó a la Sevilla de la década de 1930: paro, pobreza y necesidad, por mucho que algunos se empeñen en ver a la Falange como una agencia de colocación. Unos datos empíricos que muestran muy a las claras que la búsqueda de las razones que movieron a los españoles a ingresar en la Falange ya no puede apoyarse por más tiempo en el manido argumento de la traición de clase, sino en otros motivos que, hoy por hoy, son la columna vertebral de las modernas investigaciones que vienen ocupándose en Europa de la historia de los fascismos y donde ya no se pasan por alto el atractivo del mensaje fascista ni la aportación de soluciones para el fin de sus problemas que estos pusieron al alcance de todos los estratos sociales.

EL FRENTE POPULAR LE ABRE LAS PUERTAS AL NUEVO FALANGISMO

En una de las numerosas cartas que recibió Manuel Giménez Fernández durante la primavera de 1936, uno de sus correligionarios le informó acerca de los contactos que había tenido durante aquellos días con el presidente de las Juventudes de Acción Popular segovianas. En el transcurso de la misiva, aquel compañero deslizó un pequeño comentario sobre la nueva realidad política que en Segovia había surgido del triunfo frentepopulista y que venía a retratar muy bien, aun circunscrita a una provincia, la senda por la que se estaba adentrando parte de la sociedad española: «He hablado con el presidente de la Juventud, M. Gómez […] Lo que sí me dijo, y esto es cosa que hay que procurar evitar, es que en pueblos que hace tres meses no sabían lo que era (bueno, ni hoy tampoco lo saben) el fascio, ya andan hablando de él[9]». Analizando el comentario desde la óptica cedista, es indudable que en el seno de la CEDA preocupaba sobremanera el hecho de quedarse sin apoyos, toda vez que el discurso de Gil Robles durante los años anteriores no había servido de nada[10]. No en vano la percepción que se tenía entonces era que buena parte de la derecha estaba pasándose con armas y equipos a la Falange. ¿Fue realmente así?

Lamentablemente, las destrucciones de las fuentes falangistas, así como la dificultad que entraña localizar y acceder a los papeles que aún permanecen en manos privadas, nos impiden conocer, por el momento, cómo llegó la Falange de la capital hispalense al 18 de julio de 1936 en lo que a número y composición social se refiere. Ahora bien, este contratiempo puede ser solventado en parte acudiendo a los archivos municipales. Estos permiten reconstruir una fotografía donde puede verse cómo entre el 16 de febrero y el 18 de julio de 1936 ocurrió lo mismo en todos los pueblos del sur español: allí donde nunca había existido un centro de Falange, este se organiza y pasa a contar rápidamente con un buen puñado de falangistas; y en las poblaciones en las que ya existía uno, el número de inscritos aumenta muy notablemente, con casos realmente espectaculares como los de Estepa, localidad donde se pasa de los 6 que había en el pueblo en 1935 a los 101 del 19 de julio.

Esto es lo que explica por qué a 18 de julio de 1936 había no menos de 2686 camisas azules. Y esto teniendo en cuenta que estos datos corresponden únicamente a un 20% de localidades sevillanas en las que se han conservado los ficheros. Es una muestra pequeña, qué duda cabe, pero suficiente si comparamos la Falange sevillana con la de la provincia de Jaén, donde en enero de 1936 había 6000 militantes y en vísperas del 18 de julio, 11 000. De modo que en el caso de que se hubieran conservado intactos los archivos de la organización en la demarcación sevillana es casi seguro que habríamos podido identificar a varios miles más de falangistas. Es decir, el triunfo del Frente Popular, lejos de mitigar el avance del fascismo, en el sur de España supuso el toque a rebato para apuntarse a las filas de FE de las JONS.

Este crecimiento de la Falange Española a partir del triunfo del Frente Popular siempre se explicó —y se sigue explicando— como consecuencia del pase masivo de derechistas al fascismo español. De hecho, fueron los propios líderes de la derecha española los que por primera vez pusieron en circulación la idea de que la Falange comenzó a crecer a expensas de su propia organización; así, por ejemplo, se lo comentaron alarmados a Giménez Fernández sus propios correligionarios, los cuales le dijeron que ya se veía dentro del partido quién se andaba preguntando qué iba a ser lo mejor para el futuro de la coalición derechista, el que «se organicen las JAP (Juventudes de Acción Popular) o las juventudes fascistas[11]».

Lo mejor es diferenciar, por una parte, lo que entonces creyeron ver los cedistas por todos los rincones de su organización y, por otra, la muy distinta realidad que hasta ahora han guardado los archivos. Los datos son claros: de todos los inscritos durante el período que va entre el triunfo de la izquierda en las elecciones de febrero de 1936 y el comienzo de la Guerra Civil resulta que el 70,8% no había pertenecido nunca a una organización política. Les seguían a continuación, pero a una gran distancia, los antiguos miembros del Partido Agrario (0,2%), los 35 que se declararon derechistas en sentido amplio (8%) y, sobre todo, los 68 antiguos miembros de Acción Popular (15,51%) y los 2 de las Juventudes de Acción Popular (0,5%), más el minúsculo porcentaje de antiguos tradicionalistas (1,4%) y de miembros de Renovación Española (0,2%). O sea, que lo conservado en los archivos no deja lugar a dudas: ni trasvase de derechistas a FE de las JONS ni desbandada de japistas a las filas falangistas. Aunque esto no es todo. La Falange también admitió en sus filas, junto a los exderechistas y los anteriormente apolíticos, a sevillanos que procedían de la izquierda; eso sí, teniendo en cuenta que estos no representaron en ella más que una minúscula porción.

Es sabido que la última etapa de la Falange republicana, comprendida entre el triunfo del Frente Popular y el 18 de julio de 1936, se desarrolló en un ambiente de extrema dificultad para los falangistas, lo cual significaba que el solo hecho de integrar las filas de un partido como aquel ya reportaba claros riesgos para sus integrantes. De todo esto fueron conscientes los falangistas de nuevo ingreso y, aun así, la Falange siguió creciendo a buen ritmo y, lo que es más interesante, siguió recibiendo las adhesiones de militantes dispuestos a todo, tal y como lo prueban las cifras de adscripción a una primera línea cuyo mecanismo de encuadramiento en ellas fue bien preciso. El día que el aspirante se presentaba en la sede falangista tenía que cumplimentar un formulario de alta, donde consignaba sus datos personales, la procedencia política si se daba el caso, la cuota que le era asignada en función de sus ingresos y algo que en la Falange republicana estuvo sujeto a la decisión personal de cada uno: la elección entre la primera línea y la segunda línea.

Hay que insistir en que la entrada en la sección más expuesta del fascismo español era voluntaria. De modo que la alternativa que tenían frente a ellos el día de su ingreso no era cualquier cosa: seguridad relativa si optaban por la segunda línea o disposición total para integrar las escuadras de combate si pedían su ingreso en la primera. Apuntarse en esta última significaba, por tanto, que uno se presentaba voluntario para lo que fuese[12]. Y lo que fuese incluía numerosos enfrentamientos violentos con otros grupos e incluso la muerte; de hecho, durante las pasadas elecciones los falangistas habían cosechado algún muerto y habían estado involucrados en la mayoría de choques habidos entre propagandistas de diverso signo en toda España y especialmente en grandes ciudades como Sevilla. De modo que, sabiendo ya lo que implicaba la pertenencia a la primera línea, resulta que el 65,6% de los falangistas de la capital sevillana y el 68% de los pueblos optaron por la «Falange de la Sangre», que es como empezó a conocerse, por las acciones violentas que protagonizaba, a esa primera línea. Podrían haber elegido la segunda, tal y como hizo el 29,9% de los afiliados (el 32% en las falanges de la provincia). Pero no lo hicieron.

A Manuel Giménez Fernández también le dijeron sus correligionarios en aquellas cartas que el fascio estaba cobrando seguidores fundamentalmente entre los miembros de ese «sector neutro, conservador, de clase media» que, suponían, era su semillero de adeptos[13]. Era la impresión que tenían, pero se equivocaban. Como muestran los ficheros falangistas, los que verdaderamente acudieron por aquellos días a FE de las JONS fueron una representación de todos los sectores sociales, entre los que jornaleros, albañiles y empleados volvieron a representar un importante porcentaje: el 41,3% de los afiliados. Y no solo esto. Si, además, se observa por partes la fotografía de grupo se verá que, entre todos los sectores profesionales presentes en ella, fueron los jornaleros los que conformaron el grupo profesional más numeroso (20,9%). Junto a ellos, por supuesto, militaron en la Falange rural un buen número de empleados, obreros (fundamentalmente albañiles); pequeños artesanos, en su mayoría zapateros, panaderos, carpinteros y herreros; comerciantes, generalmente al frente de pequeños negocios; algún que otro hortelano y un nutrido grupo de profesionales liberales compuesto principalmente por veterinarios, ahogados, secretarios judiciales, procuradores, notarios, médicos, farmacéuticos, chóferes, mecánicos, algún que otro electricista y unos cuantos agentes comerciales. Los funcionarios conformaron igualmente un conjunto destacable de militantes, que en la Falange rural estuvo compuesto fundamentalmente por maestros nacionales, algunos militares, guardias civiles y municipales y, en menor medida, por algunos trabajadores de los ayuntamientos y de Correos.

Sin olvidar que FE de las JONS consiguió también en el mundo rural el apoyo de bastantes labradores, así como de algún que otro propietario. Respecto a los estudiantes, el exiguo porcentaje del 5,6% que representaban en el conjunto de la Falange campestre lo único que confirma es el privilegio que tuvieron aquellos muchachos al haber nacido en unas familias donde los estudios estaban a su alcance. Por último, también se hicieron falangistas multitud de «ciudadanos», difícilmente encuadrables en un grupo profesional concreto, pero muy representativos de la realidad socioprofesional de la época, de ahí que en el fondo de saco que denominamos «Otros» (2,7%) se incluyan desde tratantes de ganado o tierras, pasando por algún que otro jubilado, dos sacerdotes, dos cobradores, uno que se declaró inútil, hasta uno que dijo trabajar como motorista.

Gentes de todo tipo en Falange, entre las cuales predominaba una paupérrima capacidad económica. Nada nuevo que no hubiésemos visto ya durante la etapa anterior del partido falangista. Pero datos muy clarificadores, tal y como se muestran en el cuadro 3 que adjuntamos en páginas anteriores: el 91,3% de los camisas azules rurales ganaban tan poco que tenían asignadas las aportaciones más bajas. Un falangismo que, como ahora sabemos en lo que respecta a los oficios y las ocupaciones, se caracterizaba por un interclasismo que, sin embargo, cuando se trataba de contabilizar una a una las cuotas que pagaban en la Falange, desaparecía para dejar en su lugar una sola semblanza donde la pobreza era lo único que sobresalía. Daba igual qué sector profesional aumentemos con la lupa, pues todos tenían un pasar similar. Si hablamos de funcionarios, el 90% eran tan humildes que no sobrepasaban las 2 pesetas; si nos referimos a los labradores, estos no eran opulentos terratenientes, sino a lo sumo pequeños agricultores puesto que el 88,4% no iba más allá de las 2 pesetas; y si es de profesionales liberales de lo que hablamos, la mayoría tampoco disfrutaba de unas economías muy boyantes: el 85,3% no ganaba más de esas infranqueables 3500 pesetas anuales.

De los que desempeñaban ocupaciones tradicionales tampoco cabe decir nada distinto a lo visto anteriormente. El zapatero es un modestísimo artesano, lo mismo que el carpintero, el barbero, el panadero o los hortelanos, cuyos dineros poco o nada les diferenciaban de los jornaleros. Por lo que respecta a los comerciantes, sus ingresos indican el tipo de negocio que regentaban: pequeños establecimientos o modestas tascas (el 82,3% no superaba las 2 pesetas). Y en fin, no pobreza sino necesidad era lo que caracterizaba las vidas de los trabajadores falangistas: el 97,8% no ganaba lo suficiente para poder contribuir, por ejemplo, con más de 2 pesetas al mes. Daba igual que se ganasen la vida como jornaleros, obreros o empleados ya que el 99,3% de los primeros, el 98,4% de los segundos y el 95,6% de los terceros percibían salarios tan míseros que poco respaldo monetario podían esperar los mandos de ellos.

LA MUTACIÓN DE LA FALANGE

La recuperación del retrato falangista ha sido desde hace décadas una meta difícil de alcanzar. Ha habido durante demasiado tiempo un vacío tal de conocimiento que muy bien puede afirmarse que los estudios acerca del falangismo español se han encontrado hasta hace bien poco un escalón, o a veces hasta dos, por debajo del nivel de conocimiento alcanzado por la historiografía internacional especializada en la historia de los fascismos. Precisamente, en el ámbito europeo hace bastantes años que se tiene claro quiénes fueron los afiliados a las organizaciones fascistas en el período de entreguerras y por qué acudieron a ellas. El porqué esto ha sido así ya se ha comentado aquí. De unos años a esta parte, esta carencia se halla en vías de solución gracias a los trabajos de una serie de historiadores españoles alejados de las tesis tradicionales y que, por eso mismo, muy pronto tendrán ultimado el retrato de grupo que un día protagonizaron los fascistas españoles. Una fotografía completa y verdadera, claro está, siempre y cuando las tesis tradicionales, miopes y de corte marxista no vuelvan a tapar la luz que viene arrojando cada legajo descubierto en los últimos años.

Qué duda cabe que a las filas de la Falange arribaron ricos, gentes de muy buenas familias, estudiantes de conocidísimos apellidos e incluso algunos derechistas procedentes del conservadurismo derrotado en febrero de 1936. Todo esto es perceptible aún en los ficheros de la organización. Pero se trata de una instantánea sociológica de la Falange equivocada. Tomada en un momento muy concreto de su historia que coincide con sus orígenes, ha querido ser impuesta para todo el proceso político seguido por el partido, lo cual es erróneo. En primer lugar, porque el fascismo español fue evolucionando con el paso del tiempo y, segundo, porque de admitir dichas tesis nos veremos obligados también a asentir con postulados que ni concuerdan con la realidad histórica ni son capaces de explicar los porqués del fascismo hispano.

En cambio, si analizamos lo que muestran las fuentes recuperadas en los últimos tiempos y tenemos en cuenta lo que del fascismo europeo se sabe ya, es evidente que observaremos cómo un sinfín de españoles fueron arrastrados por la llamada proselitista de los señoritos falangistas, con lo que recordaremos así ese otro pasado español oculto por esa historia oficial y que muestra a miles y miles de españoles que creyeron otra vez en la propaganda de la Falange, hasta el punto de poner sus propias vidas al servicio de esos ideales basados en la violencia y el radicalismo político más extremos. Ideas que los llevaron, primero, a responder a las agresiones de la izquierda, a realizar, luego, acciones de castigo contra las fuerzas marxistas, para acabar lanzándose a los frentes de combate cuando llegó el 18 de julio de 1936.

Esa transformación que paulatinamente fue alterando el rostro de la Falange en el sur del país cobró un nuevo impulso después del 16 de febrero de 1936. Lo que sucedió a partir de ese momento puede parecer inexplicable a simple vista si no se tiene en cuenta que a raíz de la victoria del Frente Popular desapareció el Estado de derecho en buena parte de España, originando con ello en muy poco tiempo que la Falange pasara de ser una organización derrotada a otra muy distinta gracias a que decenas de miles de españoles empezaron a verla como el último valladar ante lo que consideraban una revolución de corte bolchevique traída por el triunfo frente-populista[14]. Españoles con carnés del fascio, y esto era lo verdaderamente trágico, que nunca habían militado en política y que en esos momentos, por el contrario, decidieron optar por una de las sendas más radicales, violentas y antidemocráticas de cuantas había en el panorama político español.

Esa fue la paradoja: muchísimos españoles, miles en el sur de España, acudieron a los centros de FE de las JONS justo en el momento en el que la organización estaba atravesando sus peores y más difíciles momentos, es decir, después de que la organización fuera tumbada electoralmente, y a pesar igualmente del riesgo que supuso tener un carné fascista a partir de febrero de 1936, de la clandestinidad en la que se vio sumida la Falange a partir de marzo y de la subsiguiente persecución policial. Circunstancias todas que en condiciones normales habrían frenado el alistamiento en un partido político. Ahora, por tanto, comenzaba a ser perceptible en España lo que desde hacía tiempo ya era una realidad en otras partes de Europa, donde el exterminio de la burguesía realizado por Lenin en nombre de la abstracción de la sociedad sin clases se convirtió en uno de los elementos más poderosos para la popularidad del fascismo[15].

Sin duda, todo lo referido hasta aquí no se corresponde con un estudio de historia local descontextualizado. De la misma manera que es innecesario viajar por todo el planeta para demostrar que la Ley de la Gravitación Universal se cumple en cualquier parte, es perfectamente plausible pensar que las nuevas líneas de estudio para la historia de la Falange expuestas en este trabajo son aplicables a otras partes del país, si bien con alguna que otra cautela para el caso navarro, donde los datos conservados arrojan aún algunas incertidumbres sobre la preponderancia falangista. Un ejemplo de cuanto afirmamos es la provincia de León, situada a centenares de kilómetros del núcleo que ha sido objeto de nuestro estudio y donde cuanto acabamos de comentar también es perceptible. Veamos qué dice una comunicación rutinaria que la Falange leonesa remitió a la central madrileña:

[…] Pienso que en toda la España liberada, pero en la provincia de León especialmente, la situación económica de nuestros afiliados es excepcionalmente precaria, pues aparte de sus siempre modestas posibilidades, esta penuria ha sido aumentada con la guerra. También es digno de tenerse en cuenta que Falange ha arraigado principalmente en las clases bajas de la sociedad, habiendo quedado la gente adinerada al margen de nuestra Organización. Como consecuencia de todo esto, el nivel medio de cuota por afiliado de 2.a Línea no llega, ni con mucho, a la cantidad de una peseta por mes. (…) Por si lo estimas conveniente, me permito sugerirte la idea, que podría ser más fácilmente realizable, de expedir talonarios de recibos de una peseta que serían distribuidos a las JONS para que los repartieran entre sus afiliados que, voluntariamente y según sus medios económicos, aceptarían el mayor número posible de ellos. Naturalmente en infinidad de casos no podrían pagar ni un solo recibo, pero esto sería compensado en parte por quien pudiera aceptar varios por disponer de posibilidades para ello […].[16]

CONCLUSIÓN

A la luz de todo cuanto hemos analizado hasta aquí, así como de la evidencia que arrojan los datos empíricos, resulta asombroso que todavía nos encontremos a quienes teniéndose por historiadores siguen manteniendo prejuicios propios de la superada historiografía marxista. Estos investigadores suelen cometer, además, una serie de errores de bulto cuando conjugan la falta de conocimientos con la referencia constante a lugares comunes, convirtiendo así sus escritos en meras enumeraciones de hipótesis que caen por su propio peso. La proliferación geométrica de este tipo de investigaciones en los últimos diez años y las numerosas novedades editoriales a que ha dado lugar (carentes las más de las veces de cualquier valor historiográfico) tendrían una difícil explicación académica si olvidáramos un hecho en absoluto baladí: en España hay quienes han vuelto a utilizar la Historia como arma para la contienda política. Así, poniendo sus trabajos al servicio de la ideología y presuponiéndose una superioridad moral que no es tal, no han dudado un solo momento en idealizar el pasado, malinterpretar a quien les resulte oportuno, llamar fascista o reaccionario a quienes no han seguido su senda, llegando incluso a despreciar los datos que guardan las fuentes de archivo.

Entre los adalides del movimiento para la «recuperación de la memoria histórica» hay quienes no dudan en ignorar los datos de archivo que resultan incómodos y se guardan de tener que entender y explicar por qué el fascismo fue un movimiento interclasista y atractivo que consiguió captar a muchos españoles de toda condición desde semanas antes de que estallara la guerra. Si bien la evidencia de los archivos puede obligarles en algunos casos a admitir la pertenencia al fascismo español de muchos trabajadores, suelen pasar rápidamente a disculparla, recurriendo para ello a la clásica y superada teoría del «paraguas protector», en virtud de la cual los obreros acudieron a la Falange para evitar los fusilamientos al comienzo de la Guerra Civil. Para el combate ideológico esta explicación no puede ser más pertinente, pero para el conocimiento histórico es evidente que este tipo de autores demuestran desconocer el atractivo que el ideal de comunidad nacional propio de todo fascismo ejerció en Europa, con lo que son incapaces de explicar por qué ese mismo crecimiento que señalan para FE de las JONS producto del miedo no se dio en otras organizaciones como la Comunión Tradicionalista Carlista, que también se alzó contra la Segunda República, pero en la que no hay atisbo alguno de la avalancha de afiliaciones durante los primeros meses de la contienda.

Es por esto por lo que estos autores han conseguido volver más ciertas que nunca las palabras que en su día escribiera Clara Campoamor, demostrando así su incapacidad para comprender qué fue y quiénes fueron los fascistas no solo españoles, sino europeos. Pero es preciso conocer el verdadero arraigo de las ideas fascistas y admitir que el fascismo no fue un invento del capital tal cual sostuvieron las obsoletas tesis marxistas, sino un lugar de arribada para millones de europeos de todos los orígenes sociales. Es preciso, además, saber explicar como científicos del pasado lo que muy legítimamente podemos despreciar como ciudadanos. Solo así estaremos en condiciones de explicar por qué todos esos europeos y españoles se sintieron atraídos por el fascismo. Hasta tanto esto no sea asumido, seguirán siéndonos ajenas las verdaderas posibilidades de escapatoria que un día tuvieron aquellos que sufrieron las acometidas de dicho fascismo, con lo que las palabras escritas por la defensora de los derechos de la mujer seguirán teniendo toda la fuerza con que fueron escritas en enero 1937: «Otra consecuencia de ese fanatismo es que la victoria total, completa, aplastante de un bando sobre el otro, cargará al vencedor con la responsabilidad de todos los errores cometidos y proporcionará al vencido la base de su futura propaganda, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras[17]».

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EL CARLISMO EN LA SEGUNDA REPÚBLICA: IMAGINARIOS DEL PASADO, SUEÑOS DEL PORVENIR

por

JORDI CANAL

El carlismo no desapareció tras la derrota en la segunda guerra carlista (1872-1876). Durante el siglo XX y, en especial, bajo la Segunda República, entre los años 1931 y 1939, tuvo un papel destacado en la historia de España. Los estudiosos se han olvidado de ello en más de una ocasión, privilegiando lo que en efecto ocurrió como única vía posible, confundiendo evolución con progres(ism)o y dejando a los perdedores en las cunetas de los libros de historia. Ha habido, ciertamente, excepciones. Martin Blinkhorn abrió las puertas, en 1975, a un tratamiento nuevo de un viejo movimiento: el carlismo del siglo XX[1]. Desde entonces se ha escrito bastante sobre este tema.

En 1931 empezó a conformarse una nueva amalgama contrarrevolucionaria, en la que el carlismo volvió a actuar como núcleo y centro de atracción. Aunque en un contexto diferente y con dimensiones más modestas, iba a repetirse el proceso que tuvo lugar en el siglo XIX. Para la remodelada formación, en la que además de carlistas, integristas y mellistas —grupos, los dos últimos, que se habían escindido en distintos momentos del primero— se integraron núcleos procedentes del alfonsismo y del conservadurismo católico, se recuperó el antiguo apelativo de «comunión», que nunca había dejado de usarse totalmente, y la palabra «tradicionalista» ondeó junto a «carlista». Desde el principio, la nueva Comunión Tradicionalista fue aumentando progresivamente sus efectivos y actividades. El centro neurálgico siguió estando situado en Navarra y en el País Vasco; la novedad fue la incorporación como territorios carlistas de partes de Castilla y de Andalucía. En 1936 se lanzaron con fuerzas a una guerra contra la revolución y la democracia republicana que acabaron ganando, aunque no pudieran disfrutar plenamente de la victoria. 1939 cerró, en buena medida, un ciclo iniciado por el carlismo más de un siglo antes[2].

COMUNIÓN CONTRA REVOLUCIÓN

Los hechos y las circunstancias que envolvieron la génesis del régimen republicano dieron alas al carlismo, haciendo nuevamente posible su reconversión en alternativa. Aunque el pretendiente don Jaime pidiera a sus seguidores, en un prudente manifiesto fechado el día 23 de abril de 1931, que colaborasen en el mantenimiento del orden, promovieran la organización de un único partido monárquico y estuvieran atentos a que la República no fuese arrollada por el comunismo, todos los tradicionalistas estaban íntimamente convencidos, como reconocía Melchor Ferrer, de que la caída de la Monarquía no era más que «la Revolución evolucionando[3]».

Si algunos de los primeros pasos de los dirigentes del régimen republicano suscitaron inquietud, los ataques a edificios religiosos del mes de mayo convencieron ya a los pocos carlistas incrédulos de que se vivía en la antesala del comunismo y la anarquía. La defensa de la Iglesia y la lucha contra el anticlericalismo resultaron los principales elementos movilizadores en los inicios de la Segunda República[4]. La prensa tradicionalista llegó a comparar la situación en España con la que había precedido a la guerra de los cristeros (1926-1929) en México.

La trascendencia del momento, así como el poco lisonjero estado de sus fuerzas en 1931, convencieron a los carlistas acerca de la necesidad de buscar colaboraciones más o menos estables. Se trataba de una opción del más puro y lógico posibilismo político. Estas fueron las circunstancias que enmarcaron la andadura inicial hacia la reunificación de jaimistas, integristas y mellistas, concluida bajo el «reinado» de don Alfonso Carlos. El multitudinario mitin tradicionalista celebrado en junio en Pamplona constituyó un paso importante en la convergencia de los diferentes grupos. Los choques con partidarios de la República que tuvieron lugar al finalizar el encuentro contribuyeron, sin duda, a sellar un poco más las tentativas de aproximación entre unos y otros.

En 1931, asimismo, la muerte de don Jaime, soltero y sin hijos, hizo que fuese designado como pretendiente carlista al trono su tío Alfonso, un anciano de ochenta y dos años que tampoco tenía descendencia. Este último tema iba a pender sobre el carlismo como espada de Damocles. La entrada en escena de Alfonso Carlos I facilitó el retorno de integristas y mellistas a la casa común. Si bien este desplazamiento había empezado en los meses anteriores, fue con el fallecimiento de don Jaime cuando desapareció el último símbolo de la escisión de 1919. El talante más intransigente del nuevo pretendiente infundía un plus de confianza a los herederos de Ramón Nocedal.

En cualquier caso, pese al hecho de que el cambio del titular de la dinastía allanara el camino, la causa fundamental que propició la convergencia de estos grupos fue la situación del momento, la coyuntura creada por el final del régimen monárquico y la proclamación de la Segunda República, que era percibida como clara y peligrosamente revolucionaria. Una nueva amalgama contrarrevolucionaria estaba empezando a ponerse en pie. En el carlismo de la década de 1930 convivían grupos y opciones que, a pesar de las diferencias que les separaban, coincidían en los peligros y en los enemigos que acechaban a su Dios y a su Patria, y puede que también a su Rey y a sus Fueros.

Uno de los síntomas más evidentes de que algo se estaba moviendo era la mayor actividad en los círculos, tras unos años de un cierto sopor. No solo ganaron en dinamismo, sino que también se incrementó su número. Las innovaciones más reseñables que presentaban consistían en la incorporación, promoción o generalización de un par de secciones, que correspondían a las principales formas de realización carlista de jóvenes y mujeres: el Requeté y las Margaritas. La reactivación de las fuerzas paramilitares se hizo al mismo tiempo que aumentaban los choques entre jóvenes carlistas e izquierdistas.

Las margaritas eran las mujeres carlistas, encuadradas en unas agrupaciones denominadas popularmente Margaritas en honor de la primera mujer del pretendiente Carlos VII. Surgidas a finales del régimen de la Restauración, vivieron un proceso de gran desarrollo a lo largo de la década de 1930. Tenían asignadas funciones en los terrenos de la educación, las obras piadosas, la beneficencia, la sanidad y la propaganda. De hecho, mientras que en la formación carlista se contaba desde las postrimerías del siglo XIX con los jóvenes, las mujeres, en cambio, no entraron plenamente en la política hasta la etapa republicana. La mujer carlista pudo dar entonces el paso desde el espacio privado al público, del hogar y la familia a esa familia extensa que constituía el partido. De esta manera accedieron a los círculos tradicionalistas, unos lugares que hasta aquel momento habían sido de casi exclusiva sociabilidad masculina; también pudieron organizarse en secciones específicas e, incluso, llegaron a convertirse en propagandistas y oradoras de renombre, como la maestra burgalesa María Rosa Urraca Pastor, famosa por sus mítines y auténtica líder de las mujeres carlistas en la década de 1930[5].

La dirección del carlismo estudió las propuestas alfonsinas para preparar un golpe contra la República en el que estarían implicados algunos militares. Tras muchas reuniones, ofertas y discusiones, y pese a algunas opiniones favorables, se llegó al acuerdo de no participar en las conspiraciones. Se autorizó, sin embargo, una implicación de sus miembros a nivel individual. La Sanjurjada, el 10 de agosto de 1932, fue un fiasco. En Sevilla, Jerez y Madrid algunos tradicionalistas intervinieron activamente en el movimiento. Pese a la modesta contribución de los seguidores de don Alfonso Carlos, la represión les afectó de lleno: clausura de círculos y periódicos, detenciones y deportaciones, e incautación de bienes.

El coronel José Enrique Varela, que coincidió en prisión con Manuel J. Fal Conde y con el jefe de los requetés sevillanos Luis Redondo, represaliados a raíz de los sucesos del 10 de agosto, fue nombrado jefe nacional del Requeté. Varela, conocido como don Pepe, redactó poco después las instrucciones conocidas como «Ordenanzas del Requeté», una normativa fundamental para la reorganización de este cuerpo. El asalto a la República, que debería hacerse de fijo en alianza con medios castrenses, imponía una militarización total del Requeté. Sus unidades, jerarquías y disciplina pasaron, así pues, a ser equivalentes a las del Ejército. La patrulla, compuesta por un jefe y cinco boinas rojas —el boina roja era el soldado carlista, aunque la forma requeté siguió siendo utilizada habitualmente—, constituía la base del Requeté; las unidades superiores eran el grupo, el piquete y el requeté. Este último, definido en las «Ordenanzas» como «la unidad de acción que reúne suficiente potencia de choque y capacidad de maniobra para desempeñar aisladamente una misión de importancia», era una compañía formada por 246 hombres. Tres requetés podían constituir la unidad superior, el tercio, equivalente del batallón castrense. Uniforme de color caqui y boina roja identificaban a los miembros de la milicia, mientras que las insignias y el color de la borla marcaban las jerarquías[6]. Sobre estas bases, el Requeté recibiría un fuerte impulso desde 1933.

Entre 1932 y 1934, Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, estuvo al frente del carlismo. Durante su mandato, la Comunión prosperó —un crecimiento limitado, pero muy importante— y ganó en dinamismo. La estrategia rodeznista tenía, no obstante, muchos detractores. La táctica transaccionista y el gradualismo, fruto de una opción política posibilista —nada que ver, sin embargo, con el posibilismo de la CEDA—, marcaron este período. La colaboración estrecha con el alfonsismo —Rodezno deseaba una fusión a corto plazo, a la que el tradicionalismo aportaría su ideario, como plataforma superadora de los límites que él percibía en una amalgama exclusivamente carlista—, tanto en la política de partidos como en la conspirativa, era una de sus muestras más visibles. Esta última tuvo su concreción más destacable en el pacto secreto establecido en marzo de 1934 entre una delegación española, formada por representantes de Comunión Tradicionalista y de Renovación Española, y por el general Emilio Barrera y el dictador italiano Benito Mussolini, que se comprometió a hacer entrega de dinero y armas, así como a instruir a algunos hombres en su manejo, a fin de preparar un levantamiento monárquico contra la Segunda República[7].

El surgimiento de la CEDA a principios de 1933 y su posterior consolidación, a pesar de ser un útil apoyo para el combate electoral, marcaron los límites de la expansión de la amalgama contrarrevolucionaria liderada por el carlismo durante la Segunda República. También sufrieron algunos cambios las relaciones entre carlistas y alfonsinos. Los flirteos políticos de 1932, basados en un tradicionalismo supuestamente compartido, que las frecuentes intervenciones de Antonio Goicoechea en mítines y conferencias de la Comunión ejemplifican, dieron paso a principios de 1933 a la creación por parte de los alfonsinos de su propio partido, Renovación Española. La Comunión se vio en la necesidad de marcar distancias, reafirmándose como la única representante del tradicionalismo en España y, al mismo tiempo, ciñendo las colaboraciones políticas a las elecciones.

Las elecciones legislativas de 1933, que se celebraron en el año en el que el carlismo conmemoraba el centenario de su nacimiento, reportaron unos buenos resultados a la Comunión, en el marco de la victoria de las derechas. Estos comicios llegaron precedidos de dos consultas en las que ya se manifestó la tendencia al cambio político y a la progresión de los carlistas: en primer lugar, las elecciones municipales parciales de abril de 1933, en las que el carlismo obtuvo buenos resultados; y, en segundo, las elecciones para el Tribunal de Garantías Constitucionales del mes de septiembre, en las que Víctor Pradera se hizo con uno de los puestos tras obtener tres de cada cuatro votos en Navarra. Los carlistas acudieron a las elecciones legislativas de noviembre formando parte de un bloque de derechas, basado en un programa común que incluía la revisión de la legislación laica y socializante, la restauración del orden, la defensa de los intereses económicos —sobre todo de los agrarios— y, por último, una amnistía política. De los 39 candidatos carlistas, 21 se convirtieron en diputados.

En 1934, Manuel J. Fal Conde reemplazó al conde de Rodezno. El ascenso de este abogado sevillano, católico ferviente —procedía del Partido Integrista, en el que había ingresado en 1930—, debe ser puesto en relación con dos elementos: la importante entrada de jóvenes en el partido, que reclamaban una actuación menos política y más contundente, y el espectacular auge del tradicionalismo en Andalucía desde 1931, que convirtió a esta región en la Navarra del Sur. Fal Conde era el principal artífice del cambio que se estaba produciendo en la geografía del carlismo; a falta de tradición, todo era fruto de una intensa labor organizativa[8].

El nuevo secretario general concentró todos los esfuerzos en la organización partidista —una estructura más uniforme, centralizada, reglamentada e interrelacionada resultaba indispensable— y en la militancia, básicas en la estrategia de una opción no mayoritaria que pretendía derribar al régimen por la vía violenta e instaurar en España una monarquía tradicional. Fal Conde se puso rápidamente manos a la obra, creando un conjunto de delegaciones especiales que dependían directamente de él y se desplegaban por todo el territorio, con lo que vació parcialmente de contenido las juntas regionales y provinciales. Tres de estas delegaciones se constituyeron a finales de mayo: propaganda, prensa y juventudes. Meses después se añadiría otra nueva, la de Requetés, a cuyo frente se situó a José Luis Zamanillo. Varela, mientras tanto, mantenía discretamente la dirección militar de las milicias.

Los acontecimientos de octubre de 1934 no hicieron más que ratificar la necesidad de reorganizarse y de proseguir con el proceso de militarización. La actitud de la Comunión fue inequívoca: defender el orden y ponerse al servicio de las autoridades. Los requetés tuvieron un papel destacado, defendiendo edificios, enfrentándose a otras fuerzas y reduciendo el impacto público de las huelgas. La nómina de mártires de la tradición se amplió, por aquel entonces, con algunos nombres más. En diciembre de 1935, la Secretaría General fue transformada en jefatura delegada, recuperándose la fórmula de la etapa de entre siglos y designando para ocupar el cargo a Fal Conde. Era, sin duda, el premio a sus trabajos, que habían dado una nueva organización, completa y nacional, al carlismo. Se trataba, en el fondo, de un proceso de modernización equiparable al emprendido en la década de 1890. En esta ocasión, a diferencia de entonces, se había primado, como requerían las circunstancias, el aspecto militar.

El Requeté era la clave de los proyectos insurreccionales del carlismo. Tras el establecimiento de la delegación de Requetés, en 1934, al año siguiente el militar Ricardo Rada fue nombrado inspector general, con lo que ocupó, de hecho, el puesto de Varela, ascendido a general del Ejército y con menos disponibilidad para los asuntos carlistas. Navarra era el territorio que contaba con una organización más desarrollada y con más requetés. Los desfiles y las paradas se convirtieron en habituales en las concentraciones carlistas: simbolizaban la fuerza emergente y amenazante de la Comunión. Los requetés, una vez encuadrados siguiendo las ordenanzas de Varela y organizados a nivel nacional, requerían equipamiento y formación militar. Los boinas rojas llevaron a cabo maniobras clandestinas en campo abierto —sin olvidar su presencia en la calle, en donde se prodigaron en enfrentamientos con grupos izquierdistas—, combinadas con entrenamiento en los círculos. Antonio de Lizarza cuenta en sus memorias que, en el Círculo Tradicionalista de Pamplona, «se montaba guardia como en un cuartel, de día y de noche. Allí se guardaban los uniformes y correajes. En el tercer piso y en los Salones de la Juventud se hacía la instrucción militar. El depósito de armas se encontraba en la parte superior del edificio[9]». Incluso los Pelayos, unas secciones infantiles con sede en los círculos, eran uniformados como los requetés y se entrenaban, provistos de armas de juguete, para ser pronto buenos servidores de la causa.

Los diputados tradicionalistas se mostraron muy activos durante la segunda legislatura republicana. Pocos días después de los comicios, la CEDA declaró disuelta la unión de las derechas, aproximándose a Alejandro Lerroux y los radicales. La colaboración en el día a día parlamentario, no obstante, prosiguió. La Comunión se fue mostrando cada vez más crítica con los cedistas y con José María Gil Robles, a los que acusaba de no influir suficientemente en el gobierno a fin de borrar el cuerpo legislativo del bienio anterior, amén de otorgar respetabilidad a la República. Los diputados tradicionalistas se enfrentaron frecuentemente a los de la izquierda con gran virulencia. En abril de 1934, en plena discusión sobre el decreto de amnistía, el conde de Rodezno fue alcanzado por un vaso de agua lanzado desde los escaños socialistas, lo que provocó un alboroto con intercambio de golpes. Las distancias con los nacionalistas vascos, por otra parte, fueron agrandándose en los primeros meses de la legislatura; las relaciones empeoraron más aún tras octubre de 1934, cuando la Comunión acusó al PNV de complicidad con los hechos revolucionarios.

En aquellas mismas fechas se introdujo un elemento nuevo en el panorama político de las derechas españolas: el Bloque Nacional, un frente contrarrevolucionario suprapartidista articulado alrededor de José Calvo Sotelo. Renovación Española y los redactores de Acción Española lo acogieron con bastante entusiasmo. Más fría fue la reacción de los carlistas, sobre todo de Fal Conde, que desconfiaba de cualquier alianza, así como de los alfonsinos y de la ambición de Calvo Sotelo. Los carlistas participaron, no obstante, en el Bloque, forzados por la exaltación contrarrevolucionaria que se vivió durante los tres últimos meses del año. No obstante, lo que de verdad interesaba a la nueva cúpula era fortalecer a la Comunión. Entre los carlistas, excepto los proalfonsinos, predominaba el escepticismo hacia el Bloque; con el tiempo, aumentaron los detractores.

El triunfo de las fuerzas del Frente Popular en las elecciones celebradas en España en febrero de 1936 acabó de convencer a los pocos carlistas que aún tenían alguna duda de que solo un acto violento iba a permitir poner fin a la República. Su convocatoria hizo que la Comunión, la CEDA y Renovación dejaran a un lado sus diferencias e intentasen renovar, con escaso éxito, la unidad de las derechas. El poco entusiasmo puesto en el empeño era contrarrestado por la necesidad que unos tenían de los otros —la CEDA para intentar gobernar, los demás para estar mínimamente representados en el Congreso—, en especial después de la creación del Frente Popular. En Cataluña concurrieron, junto con la Lliga y algunos radicales, en un Frente de Orden. De las poco más de tres decenas de candidatos presentados —la ausencia más significativa fue la de Fal, que prefirió quedar al margen—, los tradicionalistas obtuvieron trece escaños, entre un centenar y medio de derechistas. Tres actas fueron anuladas. La representación tradicionalista en las Cortes quedó reducida, así pues, a diez diputados.

Los resultados de aquellos comicios no les habían sido demasiado favorables. En una nota pública de finales de febrero, el jefe delegado de la Comunión reconocía explícitamente la derrota en las urnas: «El resultado electoral nos ha sido adverso, porque tenía que sernos adverso». Acto seguido, no obstante, advertía a sus correligionarios que la lucha continuaba:

Los tradicionalistas todos, ahora, a esperar, a ser útiles. Sabemos esperar, sabemos sufrir y sabemos morir, pero siempre trabajando y sirviendo los sagrados intereses de España. Aquí nadie pide descanso ni a nadie se concede, porque ahora más que nunca hemos de estar en nuestros puestos, serenos, emocionados y, además, esperando[10].

Dos semanas después, el 8 de marzo de 1936, el mismo semanario, Boletín de Orientación Tradicionalista, que entre julio de 1934 y julio de 1936 iba a actuar como órgano de la Secretaría General del pretendiente carlista Alfonso Carlos, publicó un artículo de significativo título: «La Comunión Tradicionalista como siempre en pie frente a la revolución[11]». Esta formación política volvía a reiterar su compromiso frente a las revoluciones, que venía combatiendo en tierras españolas desde principios del siglo XIX. Las evidentes continuidades seculares, sin embargo, no consiguen ocultar algunas diferencias, ni en el interior del propio campo contrarrevolucionario, ni en la naturaleza de la relación dialéctica establecida entre las formulaciones de la revolución y la contrarrevolución. El conglomerado tradicionalista se estaba preparando decididamente para la guerra[12].

En julio de 1936, la Comunión contaba con la milicia más numerosa y mejor preparada y entrenada entre las de la derecha española. A los 8000 requetés que existían en Navarra, había que añadirles otros 22 000 en el resto de España, incluyendo tanto a los activos, preparados para entrar en campaña, como a la reserva. No solo el número distinguía la milicia carlista de otras, sino también su capacidad de adaptación, evidenciada en su transformación desde la primitiva función de lucha callejera y complemento del aparato político, que tenía en el primer cuarto de siglo XX, hasta un verdadero cuerpo militar, presto a combatir codo a codo con el Ejército[13].

La situación de la década de 1930 no era ya la de principios de siglo, ni mucho menos la del siglo XIX; los tiempos habían cambiado y nuevas formas seguían sustituyendo a las antiguas. La contrarrevolución seguía estando en movimiento. Entre 1876 y 1936, entre el final de la segunda guerra carlista y el inicio de la Guerra Civil española, a fin de cuentas, la adopción de nuevas formas, tanto a nivel político como, más concretamente, en el de la violencia política, había permitido una destacable pervivencia y un notable protagonismo del carlismo[14].

La dirección falcondista había trazado un plan insurreccional específico, basado en sus propias fuerzas y con la participación de una parte del Ejército, que estaría al servicio de un proyecto monárquico tradicionalista. Para ello crearon una junta militar, también llamada Junta de conspiración, que Fal Conde presidía y en la que el pretendiente estaba representado por su sobrino, Javier de Borbón Parma; asimismo, formaban parte de la Junta algunos militares y un conjunto de políticos tradicionalistas. José María Lamamié de Clairac actuaba como secretario. Este organismo dirigió de hecho, a partir de entonces, la Comunión. Como quiera que sea, al final, tras complicadas discusiones y luchas, tanto externas como en el interior de la formación contrarrevolucionaria, el plan fracasó. Los carlistas se vieron forzados, en consecuencia, a integrarse en la conspiración militar que iba a estallar finalmente el 17-18 de julio, encabezada por el general Emilio Mola y con importantes y decisivos soportes entre las élites conservadoras españolas[15].

LA GUERRA DE LOS REQUETÉS

El 15 de julio de 1936, los dirigentes de la Comunión Tradicionalista tomaron la decisión de sumar el carlismo al movimiento militar contra la Segunda República. Cuatro elementos ayudan a entender este paso. Primeramente, la presión introducida como consecuencia del asesinato del líder derechista José Calvo Sotelo el día 13. En segundo lugar, la aceptación por parte del general Mola de las orientaciones sobre un futuro escenario postinsurreccional sugeridas por el también general José Sanjurjo, el hombre de confianza de los carlistas en la trama militar. La muerte de este último en un accidente de aviación, tan solo unos pocos días después, con la guerra ya empezada, supuso un golpe durísimo para las esperanzas que tenían algunos carlistas de imponer su proyecto político.

En tercer lugar, el firme propósito de evitar una escisión interna, pues el conde de Rodezno y otros dirigentes carlistas navarros, con la familia Baleztena y José Martínez Berasain a la cabeza, habían ofrecido directamente los requetés, pasando por encima de los dirigentes nacionales, al general Mola, que aceptó encantado. Y, por último, aunque no menos importante, la lógica voluntad de aprovechar y sacar partido de la sólida organización, aunque todavía no totalmente pertrechada, que habían implantado en toda España.

Inmediatamente después de que la decisión de sumarse al movimiento militar fuera tomada, se transmitió a todos los puntos de España la orden de sublevarse y de ponerse a la disposición de los mandos del Ejército. Los preparativos se iban ultimando, incluso en aquellas zonas en las que algunos dirigentes tenían dudas sobre la oportunidad del Alzamiento.

Los primeros carlistas en sublevarse fueron los andaluces. Lo hicieron el 18 de julio, al día siguiente del inicio del movimiento en tierras africanas. En Navarra, la provincia española en la que el carlismo tenía mayor implantación y una organización más desarrollada, la movilización tuvo lugar en la mañana del día 19, con más de 6000 requetés en acción. A este impresionante despliegue contribuyeron, junto con los preparativos de la Comunión, la eficacia de una tupida red de relaciones que iban desde lo personal hasta lo clientelar[16]. La plaza del Castillo se convirtió en el centro neurálgico. En Álava, 3000 boinas rojas colaboraron con los militares para controlar la provincia. En Zaragoza y Burgos, así como en los demás territorios en los que triunfó la insurrección, los carlistas desarrollaron un variado papel, a la medida de sus fuerzas.

Actuaron también en las zonas que iban a quedar bajo el control de la República, como Asturias y Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa, Cataluña y el País Valenciano. La cárcel, las persecuciones y los asesinatos, los saqueos y las incautaciones, coronaron allí su derrota. Varios cientos de carlistas murieron en las semanas y los meses siguientes en la zona republicana, víctimas de la represión oficial y de los revolucionarios. Víctor Pradera, Joaquín Beunza, Jesús Requejo y Tomàs Caylà se cuentan entre los dirigentes que perdieron la vida. Un buen número de afiliados y simpatizantes de la Comunión Tradicionalista, sobre todo vascos, catalanes y valencianos, consiguieron refugiarse en la zona controlada por su bando.

Los requetés tuvieron una notable actuación en las primeras semanas de la guerra, sobre todo en el norte peninsular —en Navarra, Álava y la Rioja eliminaron la resistencia de los enclaves republicanos— y en Andalucía occidental. Los combatientes carlistas fueron, asimismo, integrados en las columnas enviadas a los frentes aragonés, vasco y del Guadarrama. Tomar Madrid era el objetivo número uno, tanto a nivel estratégico como simbólico. Durante el verano, el número de requetés aumentó de manera espectacular.

En más de una ocasión se ha puesto de manifiesto la exaltación y la violencia exhibidas por los requetés, en especial por lo que atañe al enfrentamiento con los revolucionarios. El jefe regional de Navarra se vio incluso en la obligación de publicar una orden prohibiendo las represalias. Contribuyeron poderosamente a esta actitud el largo proceso de interiorización de las imágenes contubernistas y la plena convicción de estar luchando en una auténtica cruzada. En un Devocionario para uso de los requetés, de 1936, anotó Fal Conde: «Considérate soldado de una cruzada que pone a Dios como fin y en Él confía el triunfo[17]». El exrequeté Miguel Catalán cuenta que «antes de cada combate rezábamos, los sacerdotes nos daban la absolución general, nos colocábamos el Corazón de Jesús en el pecho y saltábamos a morir por Dios y por España si era preciso. Lo hacíamos con esa tranquilidad y ese convencimiento, solo podíamos perder la vida, y la habíamos ofrecido el primer día…»[18].

El carlismo llegó a organizar y sostener en el transcurso de los tres años de guerra más de cuarenta tercios de requetés. Los tercios eran unidades equivalentes a los batallones de infantería, que empezaron a formarse en la segunda mitad de 1936 tras la etapa inicial de guerra de columnas. Integraban a los combatientes carlistas, en número de setecientos u ochocientos, bajo mando militar. No deben confundirse estos tercios con los de la etapa prebélica, ya que el estallido del conflicto supuso un desmantelamiento de la estructura precedente y una integración total en la del Ejército.

Se trataba, en general, de combatientes voluntarios, sobre todo en los primeros meses del conflicto; los requetés constituyeron en 1936-1939 un verdadero voluntariado, más amplio que en cualquiera de los conflictos carlistas del siglo XIX. La mayoría de estos voluntarios pertenecía a la clase media urbana; eran pequeños y medianos propietarios o arrendatarios rurales, o bien obreros o empleados urbanos. Existen casos de alistamiento de casi todos los varones de un pueblo, así como de familias completas. El número total de requetés movilizados durante los años de la contienda ha sido estimado en un mínimo de 60 000.

La mayoría de los tercios fueron bautizados con nombres vinculados con el catolicismo, sobre todo de vírgenes y santos; otros menos ostentaban nombres de lugares de memoria o de la familia carlista, de héroes o relacionados con la misma guerra, tales como El Alcázar o Mola. Una cuarta parte de los tercios estaban integrados por navarros: los tercios del Rey, Navarra, Lácar, Montejurra, San Miguel o, entre otros, el de Doña María de las Nieves, que fueron, sin duda alguna, las unidades carlistas más potentes. Muchos tenían su origen en las columnas que salieron de Pamplona en los primeros días de la insurrección antirrepublicana. En las tres provincias vascas se crearon, en distintos momentos, ocho tercios: tres en Álava (Estíbaliz, Virgen Blanca, Begoña), igual número en Guipúzcoa (San Ignacio, Zumalacárregui, Oriamendi) y dos en Vizcaya. En tierras castellanas y leonesas existieron ocho tercios, siete en Andalucía, seis en Aragón, uno en Asturias y otro integrado por catalanes huidos de su tierra, el tercio de Nuestra Señora de Montserrat.

A estas unidades, modelo batallón de infantería, deben añadírseles otras, también formadas por combatientes carlistas, como las escoltas, las compañías de requetés, las unidades especiales (Radio Requeté de Campaña, Requeté de Zapadores) o las unidades de segunda línea o requeté auxiliar. Los boinas rojas contribuyeron de manera muy notable al triunfo del Ejército franquista durante la Guerra Civil, al intervenir en todas las batallas y en todos los frentes. Si los requetés sobresalieron en los primeros momentos en la eliminación de izquierdistas en Navarra y parte de Andalucía, más adelante los tercios participaron en la conquista de las provincias vascas, en Brunete, en el intento de frenar la ofensiva sobre Zaragoza, así como en las batallas de Teruel y del Ebro. Todas las unidades fueron disueltas al finalizar la contienda. La aportación de sangre de los tercios carlistas fue importante; aunque los datos son aproximados, el número de requetés muertos puede cifrarse en unos 6000[19].

Desde el 18 de julio de 1936, la prioridad carlista fue la guerra y la victoria en la lucha contra la llamada «anti-España». En consecuencia, el aparato político de la Comunión Tradicionalista debió adaptarse, intentando hacer valer en la medida de lo posible su papel en un proceso que controlaban los militares. En agosto de 1936 vio la luz el Boletín de Campaña de los Requetés, que sustituía al Boletín de Orientación Tradicionalista en tanto que órgano al servicio de la dirección y, sobre todo, de Fal Conde y Zamanillo. Desde sus páginas se intentó mantener la ficción de una especie de alianza entre carlistas y militares, que los hechos fueron desmintiendo una vez tras otra.

La estructura de la organización sufrió sensibles transformaciones entre finales de agosto y principios de septiembre de 1936. La jefatura delegada era mantenida, pero, en cambio, la Junta de conspiración dejaba paso a una Junta Nacional Carlista de Guerra, con sede en Burgos, presidida por Fal Conde y con Lamamié de Clairac en el cargo de secretario general. El nuevo organismo se dividía en una sección Militar y en otra de Asuntos Generales. La primera integraba la delegación de Requetés, que Zamanillo seguía presidiendo, así como al inspector nacional de Requetés y las delegaciones de Intendencia, Sanidad y Armamentos. En la sección de Asuntos Generales se agrupaban las delegaciones de Política, Asuntos Religiosos, Relaciones Exteriores, Investigación e Información y, entre algunas otras, la de Gremios y Corporaciones, que dirigían, respectivamente, el conde de Rodezno, José María Valiente, Rafael Olazábal, José María de Oriol y José María Arauz de Robles. Del mismo modo, los jefes regionales eran sustituidos por comisarios de guerra.

Estos no fueron, sin embargo, los únicos cambios importantes que tuvieron lugar en el seno del carlismo entre finales del verano y el otoño de 1936. La instauración de la regencia fue igualmente decisiva. El pretendiente Alfonso Carlos falleció, en Viena, el 29 de septiembre. El tema de su sucesión había comenzado a plantearse, en realidad, en el mismo momento en que este tomó el relevo de don Jaime. Cuatro razones explican que este problema generara lógica inquietud: la principal era la edad más que avanzada del pretendiente, un anciano de ochenta y dos años en 1931, que tampoco tenía descendencia; los problemas de salud del anciano pretendiente, que mermaban su actividad; las maniobras, en el seno del tradicionalismo español, de los sectores proalfonsinos y de los cruzadistas, partidarios de las candidaturas del exrey Alfonso XIII y de Carlos de Habsburgo-Lorena y Borbón, respectivamente, para suceder a don Alfonso Carlos; y, finalmente, la entrada de la Comunión en la década de 1930 en una imparable espiral de conspiraciones, que generaba nuevas expectativas.

Todo aconsejaba actuar con rapidez. En varias reuniones mantenidas durante 1935, Fal Conde había tratado de estas cuestiones con el pretendiente, que era partidario de una regencia de su sobrino, Javier de Borbón Parma. El anteproyecto de creación de la regencia fue encargado a Luis Hernando de Larramendi. Según el decreto, de 23 de enero de 1936, don Javier sería designado como regente, circunstancia que no impedía que pudiera optar a la sucesión, como era voluntad de su tío[20]. Si, como hicieron entonces los partidarios de esta solución, se aplicaba la ley sálica y se descartaban las paternidades dudosas, los matrimonios morganáticos y las ramas liberales, la sucesión de don Alfonso Carlos podía hacerse recaer en los Borbón Parma. Ni estos criterios, ni la institución de la regencia convencieron, está claro, a todos.

La muerte del pretendiente aceleró los acontecimientos. En un decreto fechado en Burgos el 1 de octubre de 1936 se estableció la regencia, nombrándose a Javier de Borbón Parma, don Javier, príncipe regente. Este ratificó inmediatamente todos los nombramientos que había efectuado su tío, en especial el de Fal Conde como jefe delegado carlista. Los destinos de los dos personajes quedarían, a partir de ese momento y por muchos años, estrechamente ligados[21].

Como quiera que sea, con la puesta en funcionamiento de la Junta Nacional Carlista de Guerra, Fal Conde intentaba afianzar su posición. Un par de problemas le inquietaban. En primer lugar, el peligro de una pérdida de identidad carlista en el magma antirrepublicano, que un conjunto de elementos hacían temer; estos eran: las difíciles relaciones de los dirigentes de la Comunión con la cúpula militar; la ubicación de la capital en la tímidamente carlista ciudad de Burgos; la dispersión de los requetés en los diversos frentes bajo mando militar, y los previsibles conflictos con el Ejército y la Falange a la hora de concretar políticamente el movimiento insurreccional. El fortalecimiento del carlismo navarro constituía el segundo de los problemas. El conde de Rodezno volvía a ser una figura emergente, dispuesto, además, a recuperar las posiciones perdidas en el seno de la Comunión. El diario El Pensamiento Navarro actuaba como su portavoz.

La estrategia de la cúpula del carlismo navarro ante los militares, que consistía en un apoyo total sin esperar otra cosa en contrapartida que el mantenimiento de su provincia como un gueto tradicionalista, se beneficiaba de las buenas relaciones que mantenían con el general Mola, del mantenimiento de los carlistas en los órganos de gobierno de la provincia y, también, del gran número de requetés movilizados en Navarra. Las desavenencias entre las direcciones nacional y navarra fueron constantes. Este conflicto, que era de naturaleza tanto ideológica como estratégica, ocupaba, y siguió ocupando en el futuro, a los dirigentes de la Comunión[22]. Mientras tanto, en la base, los requetés combatían —y seguirían combatiendo—, ajenos casi siempre a estos problemas, en los frentes de guerra.

En verano y en otoño de 1936, la Comunión Tradicionalista, en su conjunto, creció de manera muy significativa —si bien en menor proporción que Falange—. El proceso, tímidamente iniciado a principios de año, se aceleró en julio y agosto. Muchos de los nuevos incorporados procedían de otras formaciones políticas: la CEDA y las Juventudes de Acción Popular, Renovación Española, el Partido Nacionalista Español de José María Albiñana, el Partido Nacionalista Vasco y la Lliga Regionalista. Otros, no militantes, se veían simplemente impelidos por el ambiente guerracivilista a integrarse en una organización.

El proselitismo y la propaganda —en la que las emisoras de radio, como Radio Requeté de Pamplona o Radio Requeté de Guipúzcoa, tuvieron una destacada función— no eran ajenos al proceso expansivo del carlismo en la retaguardia. El proselitismo entre los trabajadores, por ejemplo, se hizo a través de las iniciativas de entidades como la Agrupación Gremial Tradicionalista de Sevilla o con el establecimiento de bolsines de ofertas de ocupación. La experiencia más interesante en este terreno fue, sin duda, la Obra Nacional Corporativa, que algunos denominaban, simple y llanamente, el sindicato del carlismo. Fundada en Burgos en noviembre de 1936 y dirigida por Arauz de Robles, que ya estaba al frente de la delegación de Gremios y Corporaciones, la Obra integraba a las agrupaciones gremiales y las secciones obreras de los distintos círculos tradicionalistas, intentando incorporar tanto a patronos como a trabajadores en una estructura de corte corporativo.

El número de requetés aumentó en 1936 de manera espectacular, como lo hizo igualmente el de margaritas (las mujeres carlistas, como vimos más arriba, encuadradas en unas agrupaciones denominadas Margaritas) y el de pelayos. La organización infantil carlista, llamada los Pelayos, vivió un notable desarrollo. Los niños pelayos, uniformados como los requetés, invertían parte de su tiempo en concentraciones en los cuarteles, guardias, paseos y marchas militares, formación tradicionalista, gimnasia, partidos de fútbol y ceremonias religiosas. La organización infantil contó, desde finales de 1936, con el semanario Pelayos, que se publicó hasta la aparición, en 1938, de Flechas y Pelayos.

A finales de 1936, la Comunión impulsó un nuevo proyecto: la Real Academia Militar Carlista. Este establecimiento, que se presentaba como la continuación de la clandestina Academia de Requetés de Pamplona, debía ocuparse de la formación de oficiales del requeté a fin de poder sustituir adecuadamente a los muchos que causaban baja en los campos de batalla. En diciembre, el anuncio del decreto de creación de la Academia motivó que Franco convocara a Fal Conde, al que el general Fidel Dávila comunicó que, si quería evitar un consejo de guerra, debía expatriarse a Portugal. El jefe delegado se instaló en Lisboa, sin que la mayor parte de los carlistas pudiesen enterarse de ello y sin que Franco se prestara en ningún momento a reconsiderar su decisión[23]. El proyecto carlista chocaba doblemente con las intenciones del flamante jefe del Estado. Suponía, en primer lugar, una reiteración de la independencia del Requeté respecto al Ejército, cuando la tendencia dominante era justamente la contraria —de hecho, por aquellos mismos días se decretó la militarización y unificación de las milicias—; y, en segundo lugar, fortalecía una opción política, cuando la voluntad de Franco era proceder a la disolución de los partidos.

Javier Tusell se refirió a la existencia de un proto-Estado carlista en la segunda mitad de 1936, que Franco habría decidido eliminar[24]. Un proto-Estado fundamentado en unas milicias particulares, unas estructuras políticas, sindicales y de gobierno propias, y organizaciones de base específicas. Igual que había hecho en otros momentos de su historia (en las guerras civiles de 1833-1840 y de 1872-1876, en concreto,), el carlismo, aprovechando la situación bélica, dio un paso más y sumó a su naturaleza de contrasociedad, de sociedad en la sociedad, la de embrión de Estado dentro del Estado. En esta ocasión, sin embargo, no iba a frenarle el fracaso militar frente al enemigo, sino una derrota política en el interior de su propio campo.

¿VENCEDORES O VENCIDOS?

El destierro de Fal Conde constituye el primer eslabón de la cadena de acontecimientos que conducen al Decreto de Unificación de abril de 1937. La Comunión o, más precisamente, su cuerpo dirigente, vivió en los primeros meses de 1937 en un estado de inquietud y agitación permanente —algo parecido sucedió en Falange—, que, si a alguien favorecía, era a Franco. El alejamiento de Fal Conde y la malquerencia que el jefe del Estado iba a mostrar hacia él provocaron un duro pulso entre la dirección carlista nacional y la navarra, que venía dando desde hacía meses claras muestras de su descontento por el rumbo que tomaban los asuntos de la Comunión, y a la que la instauración de la regencia también había contrariado. Don Javier denunció la situación en la que se encontraba Fal Conde, que le había ofrecido asimismo su dimisión, y le confirmó su pleno apoyo. El 24 de diciembre de 1936 le escribía, elogiando su actitud, «tan digna y patriótica, porque has cumplido con tu deber hermosamente y la persecución es signo de Dios[25]». De esta manera se cortaba toda tentación de introducir cambios en la dirección del partido.

No todo el mundo compartía, no obstante, esta toma de posición. La dirección carlista navarra se pronunció, en enero de 1937, por una fiel y estrecha colaboración con Franco y las autoridades, cuya primera muestra podría ser la sustitución de Fal Conde por otra persona más del agrado de los militares. El conde de Rodezno, candidato a ocupar este puesto, había hecho unos días antes unas declaraciones en las que se mostraba partidario de un futuro reinado de don Juan de Borbón, hijo del exrey Alfonso XIII, precedido de una regencia del propio Franco[26]. El posibilismo político del dirigente navarro resultaba, ahora como casi siempre, neto. Por otra parte, la perspectiva de una unión con Falange, que flotaba en el ambiente, vista desde su dominio regional, tampoco inquietaba demasiado a los carlistas navarros.

A fin de poner en claro todos estos temas se convocó una asamblea extraordinaria de la Junta Nacional Carlista de Guerra en Insua, cerca de Lisboa —el destierro de Fal Conde condicionaba la elección del lugar—, bajo la presidencia del regente don Javier. La reunión, que tuvo lugar entre el 13 y el 15 de febrero de 1937, terminó con el acuerdo de reafirmar la personalidad específica de la Comunión Tradicionalista. Las tesis falcondistas, así pues, se impusieron. En la memoria leída en el encuentro, el jefe delegado carlista afirmaba: «Un día y otro día hemos de hacer constar nuestra adhesión a los fines de conveniencia nacional y nuestra discrepancia en todo lo que constituye abuso de poder. Y si esta actitud depara el sacrificio de nuestra comodidad, sacrificar nuestra comodidad y cuanto haya que sacrificar. (…) En el frente a morir por la Patria, contra sus tiranos rojos, en la retaguardia a padecer, contra toda aspiración oligárquica[27]».

La tranquilidad duró poco. En marzo, los dirigentes navarros encabezaron otra ofensiva para conseguir un cambio de actitud del partido y la sustitución de la Junta Nacional por otra integrada por personajes bien vistos en Salamanca, sede de la secretaría del Generalísimo Franco. Colaboración o resistencia: el dilema resultaba claro. Reuniones y ultimátums, presiones y coacciones, nada de ello faltó. A principios de abril de 1937, entre las presiones de los navarros, las largas de don Javier y la intención de Fal Conde de cesar a algunos cargos para superar la crisis interna (Rodezno y Martínez Berasain, muy particularmente), el ambiente andaba muy revuelto.

Además, las negociaciones que mantenían carlistas y falangistas con el objetivo de proceder a una unificación desde abajo de sus respectivas formaciones, intentando de esta manera evitar la rumoreada unificación desde arriba que todos temían, avanzaban muy lentamente. Hubo muchos encuentros, tanto oficiales como informales, pero solo se consiguió un compromiso mínimo a fin de rechazar una hipotética unificación impuesta por terceros. Ni la prepotencia ni la voluntad de Falange de absorber la organización carlista, ni tampoco el miedo a la pérdida de identidad ni la veneración por el pasado de la Comunión, favorecieron un acuerdo más allá de buenas e inconcretas palabras. La no existencia de unanimidad en el interior de ninguno de los dos grupos, tanto en este como en otros temas, tampoco fue de gran ayuda[28].

El decreto de 19 de abril de 1937, más conocido como Decreto de Unificación, que los colocaba a todos ante un hecho consumado, modificó totalmente el escenario político. En el texto, fechado en Salamanca y firmado por Francisco Franco, se argumentaba, de manera alambicada, la conveniencia de la unificación, que «exijo en el nombre de España y en el nombre sagrado de los que por ella cayeron —héroes y mártires— a los que todos y siempre guardaremos fidelidad». Después de la introducción, en la que se terminaba afirmando que la norma programática de esta fusión estaba constituida por los veintiséis puntos de Falange Española, se enunciaban los tres artículos integrantes del decreto. En el primero, podía leerse:

Falange Española y Requetés, con sus actuales servicios y elementos, se integran bajo mi jefatura en una sola entidad política de carácter nacional, que, de momento, se denominará «Falange Española Tradicionalista y de las JONS». Esta organización intermedia entre la Sociedad y el Estado tiene la misión principal de comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a este el pensamiento de aquel a través de las virtudes político-morales, de servicio, jerarquía y hermandad. Son originariamente y por propio derecho, afiliados de la nueva organización, todos los que en el día de la publicación de este Decreto posean el carné de Falange Española o de la Comunión Tradicionalista y podrán serlo, previa admisión, los españoles que lo soliciten. Quedan disueltos las demás organizaciones y partidos políticos.

El segundo artículo designaba el núcleo rector de la nueva organización: jefe del Estado, Secretariado o Junta Política y Consejo Nacional. El tercero se ocupaba de las milicias: «Quedan fundidas en una sola milicia nacional las de Falange Española y de Requetés, conservando sus emblemas y signos exteriores[29]». Esta nueva milicia era auxiliar del Ejército y era su jefe supremo el jefe del Estado, esto es, el general Franco.

La Unificación como decreto, al fin y al cabo, era un acto puntual, aunque evidentemente decisivo y efectivo, que formaba parte, tal y como puso de manifiesto Ricardo Chueca, de la Unificación como proceso —iniciado muchos meses antes y que aún tardaría tiempo en finalizar—, cuyo objetivo fundamental era la concentración máxima de poder en manos del complejo militar-estatal[30]. Como quiera que sea, la Comunión Tradicionalista dejaba de existir legalmente y nacía Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS o FET-JONS).

Las reacciones carlistas ante el decreto de abril de 1937 fueron muy diversas. El entusiasmo, bastante espontáneo, predominó en la retaguardia, con celebraciones y encendidos artículos en la prensa. Las páginas de El Pensamiento Navarro —donde, entre otros textos, apareció un artículo de la hija del difunto Víctor Pradera, celebrando que falangistas y carlistas «ya somos hermanos»—,[31] constituyen una buena muestra. En el frente, entre los requetés, la desorientación superó claramente al entusiasmo. Entre los dirigentes, por su parte, hubo un poco de todo. En un extremo, la aceptación incondicional de los navarros, así como de algunos vascos y riojanos. En el contrario, Fal Conde y don Javier, que guardaron silencio para que su actitud no pudiese ser interpretada como una rebeldía ante el poder en momentos de guerra. La legalidad debía ser aceptada, pero sin renunciar a la existencia singular del carlismo. Entre un polo y el otro se situaron personajes como Lamamié de Clairac, Arauz de Robles o Valiente, que aceptaron por realismo político la Unificación, aunque poco o medianamente convencidos.

Tras la promulgación del decreto, empezaron a conocerse los nombramientos. El día 22 de abril ya se hicieron públicos los nombres de los diez integrantes del Secretariado o Junta Política de FET y de las JONS, cuatro de los cuales eran tradicionalistas: el conde de Rodezno, Luis Arellano, el conde de la Florida (Tomás Dolz de Espejo) y el dirigente riojano José María Mazón. Poco después se designó a los jefes provinciales del partido, que recayó en carlistas un poco menos de la mitad de esos cargos. Sobresalía el control de Navarra, con Martínez Berasain al frente, las tres provincias vascas y Burgos, cuya jefatura correspondió a Valiente.

Más adelante, en octubre de 1937, se hizo pública la composición del I Consejo Nacional de FET y de las JONS. Doce tradicionalistas se encontraban entre los cincuenta miembros designados: el conde de Rodezno, Esteban Bilbao, Julio Muñoz Aguilar, Joaquín Baleztena, María Rosa Urraca Pastor, José María Valiente, José María de Oriol, José María Mazón, Manuel J. Fal Conde, Luis Arellano, Romualdo de Toledo y el conde de la Florida. La proporción era modesta, como igualmente lo era la aportación al nuevo nombre del partido: la T de Tradicionalista. No se trataba, sin embargo, como deseaban los falangistas, de una simple absorción de la Comunión por parte de Falange.

Fal Conde, que desde el mes de agosto residía de nuevo en España tras su destierro lusitano, solicitó a Franco que se le relevase como miembro del Consejo de FET y de las JONS. Agradecía el nombramiento, pero, como ya le había comunicado personalmente en una entrevista en Salamanca —el mes de agosto, en la que Franco ofreció algunos cargos al político andaluz, sin ningún éxito—, aseguraba no tener «vocación y convicción para actividades políticas de esta índole». Añadía que, si aceptaba el cargo, tendría que «violentar la posición clara y diáfana que, como Jefe Delegado de la Comunión Tradicionalista, adopté durante la preparación del Movimiento y la conducta concordante que imprimí en su organización y trabajo después». La respuesta del jefe del nuevo estado fue breve, pero muy contundente. Se mostraba disconforme con sus opiniones y le acusaba de favorecer la propaganda republicana. Franco ponía en duda, asimismo, la adhesión personal de Fal Conde:

No tienen por otra parte valor sus protestas de adhesión incondicional a mi persona si a mi primer llamamiento se permite discutir, exactamente como se haría en el anterior régimen liberal definitivamente abolido con la sangre de los requetés, de los falangistas y de los soldados: de las mejores juventudes de España. Soy yo el que con responsabilidad ante Dios y la Historia señala a cada uno el puesto que debe ocupar.

El intercambio de correspondencia entre Manuel J. Fal Conde, Francisco Franco y Raimundo Fernández Cuesta, entre noviembre de 1937 y marzo de 1938, cuando se comunicó definitivamente al primero la firma de su cese como consejero nacional, permite comprender la pugna que tuvo lugar en las altas esferas entre el nuevo poder y una dirección carlista que no estaba dispuesta a dejarse unificar por las buenas[32].

Don Javier topó también con las nuevas autoridades. Tras la promulgación del decreto unificador y una vez pasados los momentos iniciales, marcados por el desconcierto, el regente desautorizó a casi todos aquellos que aceptaron el cargo de consejero nacional de FET y de las JONS, expulsándolos de una Comunión Tradicionalista que seguía considerando plenamente viva, a pesar del decreto de 19 de abril de 1937. Por esta razón y por otros motivos no menos significativos, como su permanente apoyo al jefe delegado carlista, don Javier, que visitó España a finales de 1937 y recorrió Andalucía acompañado por Fal Conde, fue expulsado del país después de haberse entrevistado con Franco, el 25 de diciembre. No faltarían por aquel entonces, sin embargo, rumores que apuntaban al gobierno alemán como principal instigador de la expulsión[33]. El día 27 de diciembre de 1937, don Javier cruzó la frontera de los Pirineos y se dirigió a sus posesiones en Boszt.

FET y de las JONS, el partido único —aunque en el decreto de abril de 1937 no se utilizasen estos términos, sino los de «entidad política, nacional, enlace entre el Estado y la Sociedad»—, fue, en tanto que partido unificado, un fiasco. Los carlistas tuvieron pronto motivos para sentirse desengañados o indignados. La estructura de la Comunión había sido desmantelada, suprimiéndose juntas y jefaturas, mientras los periódicos, los círculos y las emisoras pasaban a ser propiedad de FET y de las JONS. El reparto del nuevo poder no les fue favorable y las nuevas maneras exhibidas y la ideología del nuevo partido, nítidamente fascistizantes, se alejaban bastante de las suyas. Incluso en Navarra y en el País Vasco, zonas de tradicional dominio carlista, abundaban las quejas.

En su diario, Sylvia Baleztena escribía, el jueves 17 de febrero de 1938: «Van desfilando por casa [en Pamplona] carlistas que desahogan su amargura; esta unificación va resultando una absorción, una verdadera espina clavada en el alma carlista. Hay sitios en los que los nuestros son perseguidos, centros y periódicos incautados, en algunos lugares no puede ondear la bandera del Requeté, ni entonar el Oriamendi. Mientras tanto nuestros requetés caen, mueren y llenan los hospitales, y los cargos son para Falange[34]». El proceso de ocupación del poder, tras la conquista de Cataluña, resulta ejemplar para ver el arrinconamiento parcial al que fueron sometidos los carlistas[35].

Una vez terminada la guerra, en el momento de la constitución del II Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, en septiembre de 1939, el número de carlistas aumentó en uno respecto al I Consejo Nacional, pero su proporción sobre el conjunto quedó reducida a la mitad. La pérdida de peso era evidente. Desde la unificación de 1937, los conflictos con los falangistas se hicieron, asimismo, cada vez más frecuentes. Incluso un personaje tan comprometido en la construcción del nuevo Estado como Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno (ministro de Justicia del primer gobierno de Franco, en 1938, el cargo más importante que recayó en un tradicionalista entre la unificación y el final de la guerra), reconocía, al cabo de un tiempo, el fracaso del partido único. En sus memorias escribió que «no tiene arreglo posible esto de la Unificación», añadiendo que su tendencia personal era entonces, clara y llanamente, la de «cagarme en la Unificación[36]».

La Comunión Tradicionalista siguió existiendo, al margen de FET y de las JONS. Unos carlistas habían empezado a prepararse para la resistencia, siguiendo al regente Javier de Borbón Parma y a Manuel J. Fal Conde; otros habían optado de forma clara por la colaboración —beneficiándose abundantemente de ello— o bien por una suerte de equilibrio entre resistencia y colaboración; y, un tercer núcleo, desengañado por la evolución de los acontecimientos, se inclinaba por la desmovilización. No puede olvidarse, sin embargo, que muchos carlistas seguían combatiendo en los campos de batalla, más o menos informados, más o menos desconocedores de las batallas políticas e ideológicas libradas en las altas esferas de la España franquista. La Comunión invirtió grandes esfuerzos y sacrificó muchas vidas en la guerra y en su particular cruzada contra la «anti-España».

La Guerra Civil española terminó en abril de 1939. Por primera vez, en algo más de un siglo de existencia del carlismo como movimiento, sus partidarios se encontraban entre los vencedores, no entre los derrotados, de una guerra fratricida entre españoles. La contienda de 1936-1939 no fue otra guerra carlista, la supuesta cuarta guerra carlista, como a veces algunos publicistas y militantes han sostenido. Los imaginarios del pasado resultaron fundamentales, en la década de 1930, para construir el presente y el futuro. Sin embargo, solo se produjeron en la historia de España contemporánea dos grandes guerras carlistas: la primera y la segunda, en 1833-1840 y 1872-1876 respectivamente; la guerra de los Matiners, en 1846-1849, no resulta comparable. En 1936-1939, en concreto, los partidarios del Dios, Patria, Rey no conformaban uno de los bandos en liza, sino que constituían una parte importante de uno de los bloques enfrentados. No existía, por tanto, un bando carlista, aunque sí muchos carlistas en un bando, que no era otro que el finalmente vencedor, dirigido por Franco.

Durante la década de 1930 el carlismo vivió una etapa de crecimiento en la que de nuevo nucleó una amalgama contrarrevolucionaria. Sus límites eran, no obstante, evidentes, lo que explica la necesaria y convencida participación en un conjunto superior para derribar la Segunda República y hacer frente a la revolución, real o imaginada. La amalgama se integró en otra amalgama más compleja, no liderada, a pesar de sus esfuerzos, por los carlistas. El triunfo carlista en 1939 escondía, al fin y al cabo, el inicio de una derrota.

«Nuestro único premio fue la victoria», sentencia, mirando con nostalgia al pasado, el exrequeté navarro Agustín Eraso[37]. La victoria fue suya, nunca dudaron de ello. El triunfo, sin embargo, comportó, ante todo, una notoria desmovilización, suma de desengaños, pero sobre todo del convencimiento de que la revolución había sido definitivamente aplastada. La lucha contra el liberalismo y todos sus derivados, empezada a principios del siglo XIX, había terminado finalmente en 1939. Los carlistas habían cumplido con su deber. Supuso, en segundo lugar, el final del mito de raíz victimista que había cultivado el carlismo durante más de una centuria. En el futuro, solamente iba a admitir recomposiciones puntuales y parciales (como en el momento álgido del carloshuguismo, entre finales de la década de 1960 y principios de la de 1970). Y, por último, dejó en amplios sectores la sensación de haber perdido en la victoria. El nuevo Estado y la nueva sociedad en construcción les resultaban, en bastantes casos y en algunos aspectos, ajenos. Muchos carlistas empezaron entonces a interiorizar una fórmula, cargada de significados y necesitada de muchas y complejas matizaciones, según la cual podían considerarse los vencidos entre los vencedores de las luchas de 1936-1939[38].

Pero el camino no tenía ya vuelta atrás. La derrota derivada de la victoria de 1939 consistió en un imparable proceso de marginación, en la dictadura y también en la democracia, al que factores internos, como las pugnas entre tendencias —escenificadas mortalmente en los sucesos de Montejurra, en 1976—, y factores generales, como las evoluciones de la propia sociedad española, los relevos generacionales o los efectos del Concilio Vaticano II, contribuyeron abundantemente. El resultado de todo ello es, evidentemente, el carlismo de hoy, reducido y, a pesar de ello, enfrentado. El primer gran triunfo político y militar del carlismo en la historia contemporánea de España iba a significar, paradójicamente, el inicio de su andanza hacia la definitiva marginalidad. El carlismo de la década de 1930 quedó atrapado, a fin de cuentas, en un presente difícil y hostil, escindido entre los gloriosos imaginarios del pasado y los amargos sueños del porvenir.

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¿REVOLUCIÓN O REPÚBLICA? EL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA, 1931-1936

por

TIM REES

Se suele considerar al Partido Comunista de España (PCE) una fuerza de mínima importancia durante la Segunda República. Con escaso apoyo entre la clase trabajadora políticamente organizada, en comparación con la solidez de los movimientos anarquista y socialista, el partido estuvo en apariencia firmemente aislado en los márgenes de la vida política española hasta el estallido de la Guerra Civil, conflicto que cambió su suerte[1]. Casi todas las explicaciones sobre la influencia aparentemente limitada del PCE y su crecimiento subsiguiente han reflejado las explicaciones «oficiales» brindadas por el propio partido, que subrayaban los cambios en la estrategia política llevados a cabo bajo los auspicios de la Internacional Comunista (Komintern), en particular el paso del sectarismo revolucionario de «clase contra clase» con el que los comunistas entraron en la época republicana a la política más inclusiva del Frente Popular adoptada desde finales de 1935[2]. Este juicio retrospectivo preservaba la idea —vital para el concepto que los comunistas tenían de sí mismos— de que el partido —o, más específicamente, sus dirigentes y el Komintern— había sido el dueño de su propio destino, pero también indicaba que la formación solo pudo avanzar cuando abandonó un extremismo poco realista y, adoptando una actitud más «moderada», aceptó la realidad de la República «burguesa» que hasta entonces había rechazado. Esta interpretación daba a entender que el bolchevismo sin reservas tenía un espacio político limitado y subrayaba hasta qué punto había abandonado el partido sus orígenes revolucionarios bajo los dictados del estalinismo soviético.

Por mi parte, yo diría que para entender el caso del PCE resulta más útil guiarse por el tipo de análisis (sumamente debatido) empleado en algunos estudios sobre el comunismo internacional que examina la lealtad de los partidos al Komintern, pero también la actitud de estos ante las realidades de su medio nacional. Así, evaluado en sus propios términos y teniendo en cuenta los tiempos y el lugar, cabe afirmar que el PCE hizo en muchos sentidos progresos notables durante la Segunda República, en oposición a la tendencia imperante en el comunismo internacional[3]. Desde luego, no todos los juicios de la época se inclinaban en la misma medida a desdeñar la posible relevancia del partido, aun en los momentos en que parecía sumido en la mayor impotencia política. Por ejemplo, en unas anotaciones hechas en vísperas de la proclamación de la Segunda República, Salvador Alarcón, el juez responsable de la persecución de los comunistas bajo la dictadura de Primo de Rivera, señaló que, si bien había sido relativamente sencillo suprimir el PCE, sería absurdo pensar que España era inmune al bolchevismo, y las autoridades cometerían un error si bajaran la guardia solo porque el partido estuviera entonces débil, pues en circunstancias más propicias existía la posibilidad de que se extendiera como la pólvora[4]. De hecho, la Segunda República presenció el desarrollo de tales condiciones, sobre todo después del levantamiento abortado de octubre de 1934. En muchos aspectos, la transformación de la fortuna del PCE, eclipsada por la prominencia aún mayor alcanzada por el partido durante la Guerra Civil, se produjo y tuvo repercusiones considerables con anterioridad a la contienda. Fue un cambio inesperado, sin planificación apenas, lleno de meandros, no sujeto por entero ni al control del propio partido ni al del Komintern. En muchos aspectos, la ambigüedad resultante en la postura del PCE fue lo más asombroso de todo y, a la postre, contribuyó en mayor medida a la desestabilización del régimen que la oposición abierta.

Es imposible minimizar la calamitosa situación del PCE al comienzo de la Segunda República. Desde su creación en 1920, había luchado por establecer su identidad y asegurar su presencia en España ante los movimientos anarquista y socialista, ya existentes en el país. Aunque había nacido en un período de intensos conflictos sociales y políticos y contaba con la simpatía inicial que la revolución bolchevique despertó en muchos trabajadores españoles, el PCE no logró establecerse como una opción política o sindical viable. Bajo la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) quedó reducido a una vida de miseria, a sobrevivir en una serie de federaciones regionales desconectadas, sin auténtica organización central. Cuando la Internacional Comunista (Komintern), con sede en Moscú y a la que estaba afiliada el PCE, reparaba en el partido, era para desesperarse por su debilidad y para intentar mediar en las disputas internas que lo sacudían, pese a que no llegaba al millar de afiliados y muchos estaban en el exilio o en prisión[5]. Los conflictos, que llegaron a su punto culminante en 1929-1931, enfrentaron esencialmente a los líderes reunidos en torno a la figura del secretario general, José Bullejos, quien aspiraba a centralizar el control del partido, y algunos de sus órganos regionales, sobre todo en Madrid y Barcelona, que preferían una estructura más descentralizada. Al final, se expulsó a los disidentes y se los calificó de «trotskistas», con el apoyo más bien tibio del Komintern. Este dañino cisma, que tuvo entre otros efectos el de la pérdida de la sección más amplia de Barcelona, consumió las escasas energías del partido en el momento en que la dictadura se desmoronaba[6]. La otra consecuencia fue la formación por parte de los disidentes de organizaciones rivales ajenas al Komintern que, a partir de ese momento, pusieron en tela de juicio la afirmación del PCE de ser el único representante genuino del bolchevismo en España[7].

Pese a la falta de unidad interna y liderazgo claro, en las filas del partido había una amplia aceptación de la estrategia política del Komintern (la «línea») adoptada en 1928, según la cual el capitalismo había entrado en un período de crisis definitiva y los partidos comunistas tenían la tarea de lanzar una ofensiva revolucionaria que acabaría extendiendo el bolchevismo más allá de las fronteras de la Unión Soviética. Eso entrañaba no solo derrocar todos los regímenes «burgueses», cualquiera que fuese su carácter político externo, sino adoptar la táctica sectaria de «clase contra clase», que suponía atacar a todas las demás organizaciones que afirmasen hablar en nombre de la clase trabajadora como traidoras a la causa revolucionaria: el bolchevismo era la única forma de revolución. Los medios que debían adoptar en esta lucha por la supremacía era el «frente unido desde abajo» y el intento de ganarse para la causa comunista a las bases de las organizaciones rivales mediante el «desenmascaramiento» de sus líderes como agentes de la burguesía. Aunque más adelante esa estrategia se vería como contraproducente y hasta suicida en el caso de Alemania y Austria, ofrecía un mensaje claro sobre el rumbo del comunismo y, en aquellos momentos, unió a muchos comunistas en torno a la afirmación del carácter especial de su identidad y su misión revolucionaria como bolcheviques. Para los atribulados comunistas españoles, tratar de distinguirse de sus rivales «clase contra clase» tenía mucho sentido, en especial frente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que había colaborado brevemente con la dictadura y optó por apoyar la creación de la Segunda República. Tampoco era completamente absurdo pensar que el derrumbamiento repentino de la Monarquía en 1931 abriría posibilidades revolucionarias. Sin duda, el Komintern se tomaba la idea muy en serio y prestaba cada vez más atención a la cambiante situación española, sobre todo por medio del Secretariado Latino (SL), del que dependía directamente el PCE, pero también cada vez en mayor medida de los organismos centrales del propio comité ejecutivo. Asimismo, en enero de 1930, el Komintern envió su primera delegación permanente a España. En el XI Pleno de la Internacional Comunista, justo antes de la caída de la Monarquía en abril, la máxima figura del SL, Dmitri Manuilski, reiteró lo sustancial de una serie de directivas enviadas al PCE y proclamó que en España se daba una situación revolucionaria y que el partido debía actuar conforme a ella. A consecuencia de ello, nunca existió la posibilidad —ni el deseo por su parte— de que el PCE adoptara ante la República nacida en abril de 1931 una actitud que no fuera la de rechazo. Sin embargo, en lo que los dirigentes del PCE y el Komintern diferían enormemente era en si el partido, gravemente debilitado y fragmentado, estaba realmente en situación de influir en los acontecimientos para lograr la creación de una España soviética.

No es de extrañar que el PCE se demostrara completamente incapaz de desempeñar un papel serio en la transición a la Segunda República. Un síntoma de su irrelevancia fue el absurdo episodio acontecido el día en que se proclamó el régimen en Madrid. Algunos de los escasos comunistas de la ciudad llegaron en furgoneta al centro, donde los entusiastas partidarios del nuevo régimen llenaban a rebosar las calles desde la Puerta del Sol hasta el Palacio Real. Ondeando banderas improvisadas y gritando eslóganes que denunciaban la República burguesa, los comunistas intentaron incitar a las masas para recrear el asalto al Palacio de Invierno en pro de una auténtica revolución. Como más adelante recordaría un participante arrepentido, sus ilusiones quedaron defraudadas de inmediato y se vieron obligados a retirarse a toda prisa entre increpaciones y lanzamientos de objetos[8]. Hasta para sus líderes resultaba evidente que el PCE tenía una organización aún demasiado débil, que su mensaje estaba desacompasado en comparación con las enormes esperanzas de cambio despertadas por la República incluso entre la clase trabajadora, y que apenas había perspectivas de que la situación cambiara a corto plazo. Sin embargo, esos argumentos no eran aceptables para el Komintern y desataron agrios intercambios con Manuilski.

Los ataques contra los mandos del PCE se centraron en su mayor parte en su supuesta incompetencia y en la acusación de que habían perdido una clara oportunidad de «abrir los ojos a los trabajadores», lo que los convertía en falsos bolcheviques. Posteriormente, se los amonestó por haberse unido renuentemente a la defensa de la República en agosto de 1932, durante el abortado levantamiento militar del general Sanjurjo. En sí mismo, todo ello fue un anticipo del dilema práctico al que, conforme la situación política española se fue polarizando, se enfrentaría el PCE más adelante: por un lado, el deseo natural de reemplazar la Segunda República por un «auténtico» régimen revolucionario; por otro, el miedo a que dicho régimen acabara siendo mucho peor[9]. Aquello fue un golpe definitivo para el apoyo prestado por el Komintern a la dirección del partido, que por otra parte nunca había sido demasiado entusiasta. La preparación de su caída se hizo con habilidad y esmero, para minimizar los posibles daños que podría causar en el partido. Su principal agente fue Vittorio Codovilla, un comunista argentino enviado al PCE por el Komintern como delegado. Cultivó con parsimonia relaciones con dirigentes de segundo rango —entre los que figuraban el nuevo secretario general, José Díaz—, muchos de los cuales se habían formado en la Escuela de Cuadros Lenin de Moscú, y llevó a cabo discretas negociaciones con muchas organizaciones regionales del partido para intentar prevenir un nuevo cisma. Como se vio, la prepotencia de Bullejos y su lugarteniente principal (además de cuñado), Gabriel León Trilla, habían distanciado a tantos miembros del partido que no fue muy difícil dar un golpe de mano interno. El momento elegido fue finales de septiembre de 1932: los principales dirigentes del partido habían marchado a Moscú para llevar a cabo diversas deliberaciones y allí descubrieron que los habían expulsado de la formación[10]. Aunque con posterioridad se emplearon acusaciones de «desviación» de la «línea» oficial para justificar la defenestración, los informes de las conversaciones privadas confirman la opinión de Rafael Cruz de que la ideología nada tuvo que ver con ello. Sin duda, ni los dirigentes caídos en desgracia habían puesto nunca en tela de juicio la «línea» del Komintern, ni la postura hostil del PCE ante la República o ante sus rivales sindicales o políticos había cambiado lo más mínimo[11]. La nueva dirección, cuyos principales miembros controlarían a partir de entonces el partido junto con Codovilla (apodado a sus espaldas «El gordo»), contaba con la confianza del Komintern y apenas se vio afectada por los fracasos y las divisiones del pasado. Sin embargo, eso no le impidió expulsar del partido a los seguidores de los antiguos dirigentes o imponer un control más centralizado, dado que gran parte de las bases pensaba que el nuevo equipo infundía un espíritu más vigoroso y decidido.

Lo que este nuevo sentido de determinación no trajo consigo fue un mayor éxito a la hora de socavar la República o de lograr que España diera pasos hacia el bolchevismo. Aunque los conflictos sociales y el malestar creciente ante el ritmo desesperantemente lento de las reformas bajo los gobiernos de Azaña proliferaron en los primeros años del régimen, el partido no supo sacar tajada de ello, pese a los esfuerzos de sus miembros en zonas del sudoeste rural donde el descontento era enorme, en distritos mineros del norte y en la industrial Barcelona. Tampoco hizo realmente grandes progresos en su intento de atraerse a anarquistas y socialistas mientras atacaba a los líderes de sus organizaciones como traidores de clase y contrarrevolucionarios. El objetivo de construir «frentes unidos desde abajo» siempre estuvo destinado al fracaso, como todas las iniciativas previas del decenio de 1920; sencillamente, en España, a diferencia de otros países, no era posible alejar a los trabajadores de organizaciones con las que tenían profundos lazos culturales y políticos. La estrategia del partido no se modificó ni siquiera después de que las elecciones de noviembre de 1933 condujeran a la creación de un gobierno más conservador, dirigido por Alejandro Lerroux y el Partido Republicano Radical: al fin y al cabo, esa era solo otra faceta de la política «burguesa». El PCE había obtenido doscientos mil votos (aunque aseguraba que la cifra ascendía a cuatrocientos mil) y su primer diputado en el Parlamento, Cayetano Bolívar. Aunque considerado en gran medida una oportunidad para hacer propaganda, el escaño fue la puerta de entrada del PCE a las instituciones de la República y un nuevo augurio de lo que estaba por llegar[12].

Sin embargo, eso no significa que el PCE no experimentara cambios importantes en los primeros tiempos de la Segunda República, aunque tuvieron más que ver con su organización y actuación interna. En parte, dichos cambios corresponden a la campaña del Komintern para «bolchevizar» a los partidos nacionales convirtiéndolos en movimientos disciplinados, jerárquicos y conformes al ideal supuestamente representado por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Aunque se las suele considerar un ejemplo de la «estalinización» del comunismo internacional en la época, esas iniciativas precisaban de la participación voluntaria de los militantes, y el PCE las aprovechó en su propio interés. Irónicamente, tal cosa fue posible porque en gran medida —aunque, según algunos informes conservados, los líderes comunistas siguieron estando en parte vigilados y la organización incumplió de vez en cuando las leyes destinadas a proteger al régimen contra el extremismo político— el partido pudo actuar abiertamente bajo la despreciada República. En todos los niveles de la formación se fortaleció la estructura organizativa, se mejoraron las comunicaciones entre los distintos cuerpos y se creó una verdadera prensa de partido que puso en marcha diversas publicaciones, tanto internas como externas. Aunque muchas de esas mejoras habían comenzado antes de que se introdujeran cambios en la dirección, por supuesto los nuevos dirigentes se apresuraron a proclamar que por fin estaban haciendo realidad la afirmación de que el PCE era un movimiento disciplinado y eficiente, lo que constituía uno de los rasgos distintivos de la tradición política comunista[13].

En realidad, esos cambios internos se lograron a un alto precio: la pérdida del debate interno y del pluralismo político, que condenaba al silencio o expulsaba del partido a las voces disconformes con esa «disciplina de hierro». Pese a todo, la fama de desorganizado e ingobernable que el partido tenía hasta entonces experimentó un cambio espectacular, y la formación empezó a proyectar una apariencia más profesional al mundo. En sí mismo, eso se convirtió en un atractivo para unirse a ella, citado con frecuencia por los nuevos miembros que la elegían frente a otras opciones políticas de izquierdas. Las bases del partido, muy poco numerosas, se recuperaron y aumentaron, de nuevo ya desde los tiempos de Bullejos, con lo que la nueva dirección pudo informar al Komintern de que a mediados de 1934 contaba con veinte mil afiliados al partido y con más de once mil miembros pertenecientes a las Juventudes Comunistas. Aunque apenas tenemos pruebas, parece que se trataba de personas extraordinariamente jóvenes —la mayoría no llegaba a los treinta o siquiera a los veinte años—, varones, de clase trabajadora y sin experiencia anterior en organizaciones políticas, si bien en ciertos casos con padres que eran miembros de sindicatos o del partido socialista. Sin embargo, el PCE siguió tropezando con su incapacidad para conservar a los nuevos reclutas una vez alistados, pues algunos se desilusionaban enseguida por el tiempo y el nivel de compromiso que debían dedicar a la causa. Las cifras ofrecidas por el partido no reflejan esas fluctuaciones, comunes a casi todos los partidos comunistas, pero, comoquiera que sea, el PCE logró crear en ese momento un núcleo de miembros comprometidos que adquirieron experiencia suficiente para sacarlo adelante[14].

Lo que oscureció esos logros fue su escala relativamente reducida y, por encima de todo, que no estaban a la altura de las esperanzas extraordinariamente grandes de los líderes del PCE o del Komintern. En particular, el partido no logró los avances necesarios en el número de miembros para convertirse en «un gran partido de masas», como no dejaba de pedirse desde Moscú, y permaneció relativamente confinado en pequeños grupos, sobre todo en el sur rural, Madrid y el norte industrial. También quedó claro que el número de miembros había tocado techo a mediados de 1934. Este estancamiento causó cierta consternación en el Komintern, pero su principal motivo estaba al margen del control del PCE y tenía que ver con la evolución del PSOE[15]. En 1933, el PSOE había abandonado la coalición de gobierno con los partidos republicanos de izquierdas y había adoptado una postura más radical que abogaba por la creación de una sociedad socialista. El principal artífice del giro había sido el ala izquierda del partido, encabezada por Largo Caballero, cada vez más enfadado por la incapacidad del Gobierno para mantener el ritmo de la reforma económica y social. Con gran predicamento en el sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT) y las Juventudes Socialistas (JS), la radicalización acabó con las distancias políticas respecto del PCE, lo que redujo el atractivo de este, mucho más minoritario. Precisamente por ese motivo, tanto el Komintern como el PCE habían identificado a los socialistas de izquierdas como el tipo más peligroso del llamado «fascista social», que impedía el avance del bolchevismo. Con todo ello, volvía a quedar claro hasta qué punto la suerte del PCE no estaba realmente en sus propias manos y a menudo dependía de otros fenómenos.

En realidad, los principales supuestos de la estrategia de «clase contra clase» siguieron prevaleciendo, mientras el PCE sufría distintas derrotas en la segunda mitad de 1934, al igual que los movimientos de clase trabajadora en general. La primera de ellas fue una huelga nacional convocada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) en el verano de 1934 que cosechó un fracaso tremendo. En el sur de España, fue seguida por una ofensiva gubernamental a favor de los patronos rurales que cerró secciones sindicales e impidió la actividad política, incluida la de los comunistas. En septiembre de 1934, con el consentimiento del Komintern, los dirigentes del PCE reaccionaron a los acontecimientos uniéndose a las Alianzas Obreras, plataforma que aspiraba a fomentar la cooperación entre todas las fuerzas trabajadoras mediante la acción revolucionaria común. Sin embargo, el partido solo dio ese paso porque pensaba que era una nueva oportunidad de sondear a los trabajadores y ganarlos para la causa bolchevique. También se hicieron ofertas de acción conjunta, fundamentalmente dirigidas a los socialistas, aunque también a los anarquistas, en un intento de crear el «frente unido». Actuar de otra forma, pese a las claras señales de que en España el viento soplaba ahora a favor de la reacción conservadora, habría equivalido a plantear la idea intolerable de que había que tratar a los anarquistas y a los socialistas de igual a igual[16].

El partido sufrió entonces otro golpe importante junto a sus rivales en la insurrección de octubre de 1934, iniciada para intentar impedir que miembros de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) entraran en el gobierno. La mala preparación y la falta de coordinación provocaron que el levantamiento fuera en gran medida un fiasco tremendo, salvo por lo que respecta a la fugaz declaración de una República catalana independiente y, por supuesto, al estallido de una breve miniguerra civil en Asturias. Tras estos acontecimientos, se suprimieron todas las organizaciones políticas implicadas, incluido el PCE. Sus miembros y sus dirigentes volvieron a ser detenidos, conducidos al exilio o condenados a actuar en la sombra. Toda actividad abierta, incluida la publicación de prensa, se volvió difícil y el partido se vio de nuevo obligado a llevar una existencia semiclandestina. La represión gubernamental hizo que volviera a caer el número de afiliados. Más deprimente aún, los informes internos dejaban claro que el PCE había desempeñado en realidad un papel muy secundario en la insurrección, pese a la decidida participación de los miembros del partido para intentar que los acontecimientos desembocaran en el bolchevismo[17].

Por supuesto, el PCE no admitía públicamente nada de todo eso; en su lugar, intentaba presentar los sucesos de Asturias sobre todo como una señal de que los trabajadores se inclinaban realmente por el bolchevismo y como un mero contratiempo glorioso en el camino hacia la revolución proletaria. Sin embargo, lo que asombraba a los dirigentes era la reacción de los socialistas de izquierdas, que habían desempeñado un papel crucial tanto en la huelga del verano como en la insurrección de octubre. En su autobiografía no publicada, escrita durante su exilio en Moscú, Vicente Uribe, una de las figuras cruciales del PCE, recordaba su sorpresa —y más adelante la de todo el partido— cuando, durante una entrevista en prisión con Largo Caballero, el líder socialista, en lugar de arrogarse el protagonismo de los acontecimientos de octubre, quitó importancia a su papel y al de su partido. Dada la severa derrota sufrida por todos los participantes y las duras críticas sobre su figura procedentes del propio PSOE, era una postura comprensible, pero dejaba en gran medida las manos libres al PCE para adjudicarse la responsabilidad de lo sucedido y presentar el desastroso resultado como la frustrada «revolución de Octubre» española. Involuntariamente, Caballero y los socialistas de izquierdas habían servido en bandeja una baza propagandística al PCE y habían empezado a menoscabar su propia credibilidad como fuerza socialista contribuyendo a reforzar la de los comunistas[18]. Todo eso marcó también el comienzo de una compleja relación de cooperación y competencia con la que el PCE ganó mucho poco menos que involuntariamente.

Lo más destacable durante este período y durante un tiempo considerable tras la insurrección de octubre fueron las escasas dudas expresadas dentro del PCE sobre el rumbo que el partido y el movimiento comunista internacional habían tomado desde el comienzo de la Segunda República. Aunque la retórica del partido había empezado a subrayar la amenaza del «fascismo» en España desde 1933 y se había empleado esta terminología para calificar la entrada de la CEDA en el gobierno, apenas había señal de los recelos surgidos por doquier ante la propagación aparentemente inexorable de regímenes dictatoriales de derechas. No obstante, la situación a la que se enfrentaba el PCE después del levantamiento en Asturias no era realmente comparable a la de los comunistas austríacos y alemanes en aquel momento. Aunque tenía graves impedimentos para desarrollar sus actividades, el partido no desapareció, sino que se mantuvo como una organización viable dentro de una República democrática que aún se mantenía en pie. Tal vez no sea de extrañar que el PCE siguiera afirmando que el antídoto al fascismo era la revolución al estilo bolchevique y la creación de soviets. Incluso a comienzos de 1935, el partido siguió intercalando ofertas falsas de «acción conjunta» con ataques a sus correlatos anarquista y socialista, a los que calificaba de contrarrevolucionarios, sin por ello dejar de llamar a sus seguidores a unirse al PCE. Mientras en el Komintern iba aflorando una corriente de opinión favorable a un cambio de estrategia, el PCE mostró finalmente signos de hacer otro tanto, en un proceso cuidadosamente controlado por Codovilla después de hacer una larga visita a Moscú en enero de 1935. El cambio coincidió con el fortalecimiento de la presencia de la CEDA en el gobierno en mayo de 1935. Al mismo tiempo, los partidos republicanos de izquierdas y los socialistas entablaron negociaciones tentativas para volver a formar una alianza electoral. José Díaz proclamó la postura del PCE en un famoso discurso pronunciado en el cine Monumental de Madrid, en el que llamó a la creación de un «frente popular» dominado, naturalmente, por el partido comunista[19]. Era una prueba de hasta qué punto la terminología política estaba abierta a interpretación y de la lentitud con que se extinguían las costumbres de siempre en el comunismo español.

La estrategia del Frente Popular, adoptada formalmente por el Komintern en su séptimo congreso, celebrado en julio y agosto de 1935, en realidad fue recibida con cierta incertidumbre por parte del PCE. Desde luego, unos dirigentes leales como los del partido español se apresuraron a refrendar y promover públicamente el «viraje», pero no eran los únicos desconcertados en privado sobre lo que supondría en la práctica diaria. Y el problema era que el Komintern se había mostrado vago respecto de la estrategia, generoso en la retórica pero avaro en los pormenores, por buenos motivos en algunos aspectos. En cierto sentido, estaba muy claro que el propósito de emular la revolución bolchevique había sido desplazado como prioridad inmediata por la causa del antifascismo y la defensa de la URSS. El Komintern explicó con detalle a los partidos miembros que para lograr esos objetivos debían buscar alianzas con organizaciones o movimientos políticos también opuestos al fascismo, incluidos los partidos liberales. La nueva estrategia aceptaba la democracia liberal, que dejó de verse como el medio por el que la burguesía ocultaba su dominación y se convirtió en una barrera contra la propagación del fascismo. Eso conllevó un cambio radical en la postura del PCE: tras atacar la Segunda República desde su nacimiento, ahora tenía que defenderla[20].

Sin embargo, lo que no estaba claro era hasta qué punto había que ampliar la cooperación política, qué carácter debían adoptar las alianzas y qué entrañaba la estrategia desde el punto de vista de la misión revolucionaria de los partidos comunistas. Algunas voces del comunismo internacional consideraban incluso que la nueva política suponía la liquidación del Komintern, dado que los partidos comunistas parecían dejar de tener una misión específica. Sin embargo, este aspecto quedaba disimulado en el lenguaje empleado por el Komintern, ya que sus pronunciamientos oficiales continuaban hablando del avance hacia el socialismo y la emancipación de la clase trabajadora. Por otra parte, se mantenía la conveniencia de unir a los trabajadores en una sola organización sindical y en un único partido político proletario, aunque se introducía una sutil distinción respecto de la táctica previa del Frente Unido: el objetivo era alcanzable ahora mediante negociaciones entre las altas instancias, más que por el impulso de las bases. Por tanto, los mensajes eran un poco confusos, y no es de extrañar que la dirección del PCE, como la de otros partidos comunistas, nunca estuviera completamente segura de cómo debía actuar en cada nueva circunstancia[21]. Tampoco iba a ser sencillo domeñar los impulsos revolucionarios que habían arraigado en muchos militantes mientras la anterior estrategia del Komintern había durado. No era probable que las bases se apresuraran a rechazar las posibilidades que se presentaran para afianzar lo que consideraban sus intereses propios o que la cooperación con sus enconados rivales les resultara precisamente agradable. Entre todas esas presiones, el PCE inició con paso tentativo su andadura en los nuevos tiempos, a menudo sin saber muy bien cómo era mejor actuar y reaccionando a los acontecimientos en lugar de dirigirlos. Además, al no proporcionar el Komintern una definición precisa sobre lo que la nueva «línea» significaba en la práctica, el PCE, probablemente al azar más que por un propósito determinado, podía interpretarla y adaptarla pragmáticamente según las necesidades de su propia situación.

Como de costumbre, lo que la estrategia del Frente Popular podría significar para el PCE fue poniéndose de relieve al hilo de acontecimientos que no estaban bajo el control del partido. La primera cuestión que se planteó fue la disolución del Gobierno de coalición formado por el Partido Republicano Radical y la CEDA en noviembre de 1935 y la convocatoria de elecciones para febrero de 1936. Incluso antes de noviembre, la clase de alianzas políticas que debía buscar el PCE había sido tema de debate y negociaciones restringidas. La opción favorecida por el partido era en realidad otra versión modificada del «frente unido», en sintonía con la idea de una posible fusión de todas las fuerzas trabajadoras en un solo partido político y en un solo movimiento sindical, al que en esta ocasión dieron el nombre de «bloque popular» o «bloque popular antifascista». Estaría formado por una concentración de organizaciones trabajadoras que podría servir de base para un gobierno de los trabajadores dentro de la República existente. En este punto, el PCE volvió a lanzar propuestas de cooperación con sus rivales, en particular con el PSOE, subrayando que en esta ocasión se trataba de ofertas genuinas de colaboración y abandonando los ataques abiertos contra sus líderes. En la práctica, los comunistas solo podían tener puntos de contacto con los socialistas de izquierdas. Los motivos de Largo Caballero para sentarse a negociar con el PCE sobre una cooperación e incluso sobre una posible fusión eran muy diversos, pero tenían mucho que ver, primero, con un intento de fortalecer su posición dentro del PSOE, donde la influencia de la izquierda decrecía, y, segundo, con aprovechar la oportunidad para dominar a un partido mucho más pequeño, como era el PCE. Además, había segmentos del PSOE —en particular, las Juventudes Socialistas— que presionaban para que el partido abrazara una orientación más socialista y radical. Para ganarse a Caballero, el PCE dio comienzo a una campaña de adulación política en la que se lo calificaba como «el Lenin español[22]».

Sin embargo, las negociaciones pronto dieron paso a propuestas para crear una alianza de centro-izquierda con la que presentarse a las elecciones. Aunque se le dio el nombre de Frente Popular, en realidad el PCE no participó directamente en las conversaciones de las que surgió y al principio quedó excluido del pacto por las objeciones de los republicanos de izquierdas y los socialistas moderados. Por tanto, en el momento mismo en que el PCE hacía un intento serio de acabar con su aislamiento político, parecía que lo obligaban a quedarse en él. Lo que salvó al partido fue la intervención de Largo Caballero, que insistió para incluirlo en el frente electoral, pese a que se lo dejó en una posición marginal y se le impidió participar en la elaboración del programa electoral. Sin embargo, el gesto de Largo Caballero no era un acto de generosidad, sino que obedecía a un cálculo político. Al ampliar la alianza para que abarcase a la izquierda e incluir hasta a disidentes comunistas a los que el PCE intentó vetar en vano, el dirigente socialista trataba de contrarrestar la corriente interna del PSOE que quería acercarse al centro[23]. Retrospectivamente, quedaría de manifiesto que había cometido un error táctico extraordinario —e innecesario, probablemente— al volver a dar a los comunistas una oportunidad a expensas, sobre todo, de los socialistas de izquierdas.

Aunque no era la clase de alianza proletaria que el PCE buscaba en realidad, el partido acabó extrayendo de la victoria electoral del Frente Popular unos beneficios enormes, que nunca podría haber logrado por sí mismo. En particular, diecisiete de sus miembros, incluidos casi todos sus dirigentes, obtuvieron un escaño en el Parlamento. La posibilidad de formar grupo propio brindó al PCE una presencia y una plataforma públicas que no habría alcanzado de otro modo. Por otra parte, el número de diputados era suficiente para que el partido se constituyera en minoría parlamentaria. En calidad de tal, contó con despachos en el Parlamento y con fondos para las actividades de sus diputados, incluidas dietas de viaje y franqueo. Las cartas conservadas a diputados comunistas son la prueba de que su presencia parlamentaria le granjeó legitimidad e hizo que una parte más amplia de la opinión pública lo considerara influyente. De pronto, José Díaz, Dolores Ibárruri, Cayetano Bolívar y Jesús Hernández recibían peticiones —y no todas eran de miembros del partido, en absoluto— para que intervinieran y ayudaran en las causas más diversas, desde asuntos locales relativos a la vivienda hasta presiones a los ministros para que intervinieran en disputas industriales[24]. Habían pasado de rechazar las instituciones de la República a formar parte —aunque fuera pequeña— de una de ellas y a tener que asumir las responsabilidades correspondientes.

La postura adoptada por el PCE después de las elecciones de febrero oscilaba entre la ambigüedad y la contradicción más rotunda. No era un caso único, desde luego. De hecho, el PCE adoptó más o menos la misma postura que los socialistas de izquierda, con los que por una parte negociaba, pero a los que por otra parte se oponía. Por un lado, el partido y sus representantes parlamentarios dieron un paso al frente e hicieron una defensa de la República que incorporaron a la retórica del antifascismo. Aunque eso entrañaba suspender los llamamientos a procurar la creación inmediata de una España soviética, no significaba que el PCE se limitara a defender el statu quo republicano. Por consiguiente, las posiciones que el partido comenzó a adoptar anticiparon en muchos sentidos su posterior campaña en pro de una «República de nuevo cuño», con un carácter más socialista, pero en la que la transición al bolchevismo pleno quedaba aplazada hasta que llegaran tiempos más propicios. Eso hizo que la dirección del PCE llamara a la acción contra la derecha, incluida la exclusión tanto de la CEDA como del Partido Republicano Radical, identificados como una amenaza «fascista» cada vez mayor contra el régimen. Esta postura suponía un importante giro a la izquierda en el eje de la actividad política, ya que modificaba el carácter de la República como régimen. Al mismo tiempo, los comunistas establecían una distinción entre el régimen republicano y el gobierno de partidos republicanos liberales que había llegado al poder tras las elecciones de febrero. Aunque apoyaban con su voto al gobierno, sobre todo en lo tocante a medidas a las que podían dar su respaldo incondicional, como la reforma agraria y las relativas a los derechos de los trabajadores, se reservaron el derecho de criticarlo severamente y presionarlo para que adoptara posturas más radicales. Tampoco abandonó su compromiso de crear a largo plazo un solo partido proletario y de propiciar una fusión de los movimientos sindicales. Por encima de todo, el PCE seguía hablando de lograr el advenimiento del socialismo, pero ahora con la República «burguesa» como paso necesario para llegar a ese objetivo, más que como impedimento. Una cosa es cierta: los miembros del partido nunca dejaron de considerarse en primer lugar revolucionarios. En todo caso, para la dirección era imposible deshacerse de la identidad revolucionaria del partido: hacerlo era arriesgarse enormemente a perder el apoyo de sus propios integrantes. Aunque la postura adoptada —resultante de seguir los preceptos de la estrategia del Komintern y de no defraudar las esperanzas de los miembros del partido— era incómoda y pragmática, la justificación final y decisiva de ese giro era en realidad muy sencilla: parecía beneficiar al PCE.

El cambio en la fortuna del partido después de febrero de 1936 fue repentino y espectacular. Durante la campaña, había empezado a dotar de nueva solidez a su organización y a conseguir un incremento del número de afiliados; en febrero informó de que contaba con 22 497 miembros. Al cabo de un mes, la cifra se había multiplicado por más de dos y en vísperas de la Guerra Civil se elevaba a 88 523 afiliados. Así pues, en unos cinco meses, el número de integrantes se había multiplicado casi por cuatro. La tendencia no decaería durante la Guerra Civil, cuando el PCE se convirtió realmente en un partido de masas, pero tenía sus orígenes en el período inmediatamente anterior a la contienda. Asimismo, el partido empezó por vez primera a tener apoyos más allá de sus zonas tradicionales, al menos en una pequeña parte; destaca en particular su implantación en Castilla. El apoyo rural también empezó a incrementarse, y cada vez más mujeres se unían al partido; pero el afiliado medio seguía siendo un varón joven y de clase trabajadora. Algunos habían militado ya en el partido o incluso habían sido expulsados y ahora, en la atmósfera más relajada del Frente Popular, se les permitía regresar, pero la mayoría no había estado afiliada nunca a formación alguna[25]. Más adelante, Largo Caballero se lamentaría ante Codovilla de que el PCE había progresado a expensas de los socialistas de izquierdas[26].

Sin embargo, en punto a los afiliados, más bien parece que quienes ingresaban en el PCE eran precisamente la clase de personas que antes bien podían haberse unido a los socialistas de izquierdas, atraídos por su radicalismo, pero que ahora optaban por el partido comunista como opción más verosímil. Al mismo tiempo, el PCE hizo también ciertos progresos en su intento de acercarse a los socialistas de izquierdas. En marzo, se aprobó la incorporación de las Juventudes Socialistas y de las Juventudes Comunistas a una nueva organización conjunta, las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). La operación no hizo que el PCE consiguiera directamente nuevos reclutas, pues los miembros de las JSU conservaban la afiliación a su partido. Sin embargo, hubo excepciones y algunas de las figuras más destacadas de las Juventudes Socialistas —en especial, Santiago Carrillo— se pasaron al PCE. Análogamente, la UGT aceptó la incorporación de comunistas a sus organizaciones sindicales, aunque en pequeño número. Nada de ello llevó a la fusión de comunistas y socialistas: la creación de un solo partido proletario nunca pasaría de ser un sueño irrealizado. En lo que Largo Caballero no se equivocaba era en que el socialismo de izquierdas languidecía, mientras que el comunismo era una fuerza en ascenso, aunque ese proceso solo alcanzó su culminación durante la Guerra Civil[27].

El aumento en el número de afiliados se reflejó también en el considerable incremento del relieve público y el activismo durante la primavera y el otoño de 1936. En cierto sentido, la exigencia de que los miembros del partido se comprometieran enérgicamente entrañaba que esta presencia no guardaba proporción ni siquiera con la subida del número de afiliados. Las actividades en las que participaban eran de muchos tipos, pero casi siempre de índole combativa. Podía verse a comunistas hablando en reuniones públicas, vendiendo periódicos del partido, uniéndose a ocupaciones de tierras, participando en huelgas, manifestaciones y marchas. También se mostraban activos en las llamadas «organizaciones de masas» vinculadas al partido pero dedicadas a causas particulares y abiertas a quien quisiera unirse a ellas. Además, el PCE empezó a contar con su propio brazo armado, las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC). En teoría, eran una fuerza de defensa, y no estaban precisamente bien entrenadas o armadas en aquel momento, pero pese a ello se vieron involucradas en actos de violencia callejera contra opositores políticos[28]. El 1 de mayo de 1936, el partido quiso demostrar su nueva prominencia organizando marchas en el mayor número posible de pueblos y ciudades, incluida una multitudinaria por las calles de Madrid. Oradores comunistas celebraron los éxitos del partido y prometieron más. De hecho, el grado en que el PCE participaba en la agitación y la confrontación llegó a ser un poco preocupante para el Komintern, donde existía cierto temor de que con ello pusiera en riesgo su capacidad de cooperar con otras fuerzas antifascistas. La cuestión se planteó en informes y reuniones celebradas en Moscú en mayo de 1936, y en junio el Komintern remitió al PCE un documento en el que respaldaba su postura, pero pedía prudencia y moderación[29].

Una de las justificaciones principales de los insurgentes que llevaron a cabo el alzamiento militar de julio de 1936 que desencadenó la Guerra Civil era la de que intervenían para impedir una inminente revolución bolchevique en España. En gran medida, se ha descartado esa afirmación como propaganda interesada que jugaba con los arraigados temores de la clase media ante el bolchevismo para dar un barniz de anticomunismo a un miserable intento de derrocar al gobierno electo y de acabar con el régimen democrático[30]. En un sentido, la alegación de que el PCE, bajo las órdenes del Komintern en Moscú, estaba a punto de tomar el poder era evidentemente ridícula. En el verano de 1936, el Komintern preconizaba que se brindara apoyo al régimen para contribuir a la causa del antifascismo y, sin duda, no había planes de derrocar al gobierno republicano. Sin embargo, lo que hizo creer a los conservadores españoles en las afirmaciones de los insurgentes fue la rápida transformación de la suerte del PCE. Los progresos en el número de afiliados eran parte importante del fenómeno, junto con la sensación de que el apoyo al comunismo se incrementaba a un ritmo que presagiaba la bolchevización del grueso de la clase trabajadora. Más evidente aún era la presencia que el partido tenía ahora en la calle y cada vez más en el campo, conforme ganaba adeptos en distintas zonas geográficas. La participación de comunistas en huelgas y actos de agitación, la disponibilidad creciente de la prensa del partido, el rápido aumento de reuniones públicas y manifestaciones (como las marchas del Primero de Mayo), la implicación de miembros del partido en actos de violencia callejera y la ampliación de la milicia indicaban a los observadores que el PCE seguía persiguiendo objetivos revolucionarios. Pero tal vez el aspecto más amenazador de ese nuevo relieve público era la presencia de diputados comunistas en el Parlamento. Por encima de cualquier otra cosa, que Dolores Ibárruri y José Díaz pudieran utilizar las Cortes para promover la posición del PCE daba credibilidad a otra acusación de los militares conspiradores: la de que el gobierno de la República, y por ende las instituciones del régimen en su conjunto, eran cómplices de promover la amenaza comunista. En muchos sentidos, los miedos expresados por Salvador Alarcón en 1931 —los de que un cambio en las condiciones políticas y sociales del país podría hacer que el comunismo floreciera— parecieron haberse materializado en 1936. Sin embargo, las apariencias ocultaban una realidad más compleja y ambigua, que, por supuesto, interesaba poco a los anticomunistas, convencidos, naturalmente, de que solo podía ocurrir lo peor.

La postura del partido en 1936, que mantuvo en la Guerra Civil, no era enteramente revolucionaria ni genuinamente republicana, sino una mezcla de las dos. En realidad, la combinación resultaba muy útil en muchos aspectos para el partido, aunque era una posición precaria que solo en parte respondía a una decisión propia. Quizá la contribución más importante hecha por el propio PCE fuese la de parecer un movimiento cada vez más organizado y disciplinado. Evidentemente, el cambio en la dirección llevado a cabo en 1932 no era la única causa, pese a las afirmaciones en sentido contrario, pero los nuevos líderes sin duda fueron capaces de arrogarse ese mérito y de establecer las credenciales del partido como una fuerza seria de la izquierda política. Así lo reconoció no solo el Komintern, sino cada vez en mayor medida otros movimientos políticos y sindicales que a partir de 1934 empezaron a tratar al partido con respeto como rival y posible aliado.

Sin embargo, desde el punto de vista de la estrategia política, la dirección del partido acabó transitando por un camino ambiguo entre la conservación de su compromiso original con la revolución al estilo bolchevique, parte importante de su identidad y de su atractivo para sus propios seguidores, y las presiones para defender a la República del «fascismo», sobre todo después de que el Komintern hubiera adoptado la línea del Frente Popular. Al intentar cumplir esos objetivos contradictorios, el PCE acabó adoptando una delicada componenda: actuar como oposición frente al gobierno, apoyar con palabras y con actos opciones radicales, pero, al mismo tiempo, comprometerse a defender un régimen republicano. Finalmente, empezó a lograr uno de sus objetivos más deseados: obtener el apoyo de las masas y reemplazar a otros movimientos que afirmaban hablar en nombre de la clase trabajadora. Hasta cierto punto, lo consiguió gracias a fenómenos ajenos a su control, como los efectos radicalizadores de la insurrección de octubre y su inclusión en el pacto electoral del Frente Popular. Sin embargo, su éxito entrañaba el fracaso de otros, en particular el de sus grandes rivales como representantes políticos de la clase trabajadora: los socialistas. Por azar más que a propósito, el partido empezó a disputar el espacio político ocupado por los socialistas de izquierdas, que cada vez contaban con menos credibilidad para defenderlo. El debilitamiento de los socialistas solo quedó realmente de manifiesto durante la Guerra Civil, mientras el ascenso del PCE continuaba, pero no dejaba de ser irónico que los comunistas acabaran adoptando exactamente la perspectiva política que durante tanto tiempo habían denunciado como «contrarrevolucionaria». Sin embargo, tal cosa no entrañaba que los comunistas se hubieran reconciliado con el statu quo republicano y que el PCE se hubiera unido a los socialistas de izquierdas en su campaña a favor de un régimen más «progresista» que excluyera a la derecha política, postura rechazada por la mayor parte de los republicanos y los conservadores. Por tanto, lejos de llevar una existencia aislada, el PCE acabó compartiendo su trayectoria con la Segunda República e intentando finalmente modificar el régimen, en lugar de limitarse a rechazarlo. Así pues, en el verano de 1936 los destinos del partido y de la Segunda República habían quedado fatal e inextricablemente entrelazados.

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POLÍTICAS DE EXCLUSIÓN DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA: UN ENFOQUE A RAS DE SUELO

por

FERNANDO DEL REY REGUILLO

Junto con la Guerra Civil de 1936-1939, la Segunda República española constituye una de las etapas más transitadas por la lupa de los historiadores desde hace más de cuatro décadas. Son cientos y cientos los estudios que desde entonces nos ha brindado la investigación, tanto por parte de autores autóctonos como por una amplia pléyade de hispanistas interesados en esta problemática. Si bien el momento de mayor producción se alcanzó durante la década de 1970, el goteo de publicaciones relevantes nunca se ha detenido hasta la fecha. Por tal razón, se comprende que sean muy pocas las dimensiones de aquella experiencia política que no han sido objeto de análisis por parte de los investigadores y que, del mismo modo, parezca en principio difícil decir algo nuevo acerca de unos años tan estudiados. Sin embargo, como cualquier otro período histórico, el de la Segunda República también se presta a ser revisado con nuevas lecturas y enfoques. Primero, porque toda nueva generación de historiadores tiene la obligación de intentar proponer algo distinto de las aportaciones de los que la han precedido. Segundo, porque los avances derivados del mismo progreso del conocimiento científico así lo exigen. Y tercero, porque la República, como la propia Guerra Civil y el franquismo, han adolecido de soportar el peso de polémicas políticas presentistas ajenas a los objetivos estrictamente académicos de los historiadores que persiguen el conocimiento en sí mismo y abominan de la historia de combate.

En este texto se presentan las conclusiones derivadas de un estudio de caso, varias de las cuales al menos, con todas las precauciones necesarias, pueden ser generalizables al conjunto de la historia de España de la década de 1930[1]. El estudio se centró en el análisis de un territorio bastante poco frecuentado por los investigadores, La Mancha, y más en concreto una provincia, Ciudad Real, integrada en la España meridional. Una provincia de perfil latifundista acentuado —sobre todo su mitad occidental y su zona sur—, pero donde el peso del pequeño y mediano campesinado propietario (muy conservador, muy católico y numeroso en la zona centro-oriental) fue por lo menos equiparable al de los jornaleros de la tierra, los cuales, junto con el fundamental baluarte minero del sudoeste provincial (cuencas de Puertollano y Almadén), engrosaron un importante segmento político movilizado en estos años por el socialismo, y en mucha menor medida por el republicanismo de izquierdas y el anarquismo, fuerzas residuales en aquel territorio. Tal movilización fue toda una novedad dado que hasta 1931 La Mancha en general, y esta provincia en particular, había permanecido bastante inmune a la influencia de la izquierda por constituir un mundo al margen de los principales circuitos de la vida nacional, políticamente clientelar, aislado y atrasado tanto desde el punto de vista económico como cultural.

En su dimensión metodológica, una premisa central de esta investigación fue tratar de responder a la cuestión de cómo fue digerida a partir de 1931 la llegada de la democratización y la movilización política («política de masas») en un universo hasta entonces desmovilizado, caciquil y, por tanto, políticamente casi inerte. Se partía de la propuesta de que la historia «micro» y «a ras de suelo» podía ofrecer nuevas claves para comprender y explicar, más allá de lo que sabíamos hasta ahora, los problemas y los enfrentamientos que marcaron la historia de la República[2]. A ojos del investigador, La Mancha presentaba un protagonismo histórico que no tenía nada que envidiar de otras zonas de España habitualmente priorizadas por la investigación: Madrid, Cataluña, País Vasco, Asturias o Andalucía. Por ende, estudiar un territorio de relevancia política aparentemente menor podía ser tan ilustrativo como estudiar otros con mayor peso político. De inmediato se advirtió, por ejemplo, que en La Mancha se percibía muy bien la bolchevización de un importante sector del socialismo, la sorprendente movilización del conservadurismo católico-agrario, la relativa solvencia del republicanismo de centro, la debilidad del republicanismo de izquierdas o la insignificancia del fascismo autóctono. Pero no se trataba de asumir una perspectiva localista para volver a repetir lo ya conocido. Por el contrario, a partir de un universo espacial pequeño se pretendía estudiar el impacto del proceso democratizador en las comunidades campesinas de la España agraria interior. Gracias al esfuerzo de cientos de historiadores, de la República sabíamos muchísimo, de sus élites políticas, de su marco institucional, de sus reformas, de sus fuerzas políticas, de sus conflictos… Pero, en cambio, no se sabía demasiado sobre cómo vivieron aquella experiencia los ciudadanos de a pie, en particular en la España rural, en el ámbito local, en los pueblos en suma.

Otra premisa fundamental consistió en insertar este estudio de caso en la historia de la Europa de entreguerras, bajo la convicción de que la trayectoria de la Segunda República no se podía entender sino formando parte de esa «larga guerra civil europea» de la que hablara Ernst Nolte para referirse al período 1914-1945, de esa «brutalización» de la política a la que se refiriera también Georges Mosse y de ese «continente oscuro» que tan magistralmente nos ha retratado en tiempos recientes Mark Mazower[3]. Hasta qué punto los coetáneos fueron conscientes de ello es algo difícil de calibrar, porque ni el mismo personaje con el que se confunde a menudo la historia de la República, Manuel Azaña, le dio apenas importancia a la política europea (su desatención respecto del ascenso del nacionalsocialismo, por ejemplo, resultó proverbial). En cualquier caso, lo que resulta evidente es que las vicisitudes, problemas y desencuentros que atenazaron la vida de los ciudadanos en esa etapa —incluidos los que vivían en aquel rincón de La Mancha— tuvieron directamente que ver con muchos de los desafíos, combates ideológicos y rupturas de consensos que se plantearon en el continente a partir de la Gran Guerra: la ampliación del sufragio y la repentina democratización de la política europea, la caída de las monarquías autocráticas, la irrupción del bolchevismo, la entrada en escena de los fascismos, el auge de las dictaduras militares corporativas, la deslegitimación del liberalismo, del parlamentarismo y de la democracia, la reformulación del papel del Estado[4]… Desde tal contexto, la República había de abordarse como una historia muy compleja de enfrentamientos políticos durísimos que terminaron por llevar a que los españoles —como en tantas otras partes de Europa— literalmente se mataran unos a otros. Eso es lo que había que explicar: cómo fue posible un desenlace en el que los vecinos de toda la vida en los pueblos se convirtieron en enemigos irreconciliables, dando pie a que corrieran ríos de sangre[5].

El universo territorial analizado puso de manifiesto todos los problemas políticos que tuvieron que encarar los ciudadanos de aquel tiempo, sus dificultades para fijar los cimientos de aquella joven democracia y la progresiva —a la par que veloz— ruptura de la convivencia política a la que asistieron. Una primera conclusión de la investigación remarcó que el tránsito de la monarquía a la república no evitó las continuidades en las formas más negativas de hacer política, aquellas que habían sido propias de la época liberal. A pesar de la voluntad de ruptura de que hizo gala el nuevo régimen desde sus inicios, obsesionados sus impulsores con desligarse del pasado y afrontar con ambición los grandes problemas que arrastraba el país, muchas de las costumbres asentadas en la política siguieron pesando en el funcionamiento de la vida nacional. En concreto, la persistencia del clientelismo, por más que remozado y atenuado conforme a las nuevas circunstancias, fue un hecho durante toda la historia de la República y no solo en las fuerzas políticas conservadoras, que también. Las fuerzas protagonistas de la nueva situación —de izquierdas o centro-izquierda— reprodujeron como el que más los viejos clichés clientelares de la época liberal, a veces incluso de forma más zafia y ruda que sus oponentes conservadores. Tal realidad se apreció en la vida política cotidiana más que en las confrontaciones electorales, aunque tampoco faltaron ocasiones al respecto, sobre todo en los primeros momentos de la historia del régimen. Ejemplo de ello fueron las elecciones municipales parciales de mayo de 1931, responsables de la republicanización forzada de los ayuntamientos en una tierra como La Mancha, donde el voto conservador se había mostrado mayoritario en los comicios municipales del 12 de abril, al igual que lo haría en las elecciones generales de noviembre de 1933 y en las de febrero de 1936. Bien es cierto, sin embargo, que el caciquismo electoral prácticamente desapareció, o fue muy minoritario en este territorio, después del precedente citado[6].

Las lógicas clientelares se percibieron con mucha más intensidad fuera de los procesos electorales, en el funcionamiento cotidiano de la política local. En este sentido, los ayuntamientos continuaron funcionando como auténticas agencias de colocación, con la particularidad de que en este período fueron dotados con muchas más atribuciones que en la época liberal a la hora de distribuir el empleo público y privado. El gran poder y súbito ascenso militante que alcanzaron los socialistas en el primer bienio se apoyó en gran medida en el control que ejercieron sobre muchos ayuntamientos, incluso cuando se trató de corporaciones donde sus representantes se hallaban en minoría. Su influencia se proyectó en todos los ámbitos del poder local y provincial, pasando a controlar o influir decisivamente en la Diputación Provincial, en las bolsas de trabajo municipales, en los Jurados Mixtos instituidos para solucionar los pleitos del trabajo, en las comisiones de Policía Rural encargadas de la intensificación de cultivos, en los plenos municipales… Resulta curioso e ilustrativo a un tiempo que, cada vez que cambiaba el escenario político, ocurría lo que la literatura tantas veces retrató para la España del siglo XIX, demostrando que la política del favor se hallaba a la orden del día: la fuerza política que pasaba a dirigir el poder local procedía a cambiar los beneficiarios del empleo generado por la administración o las obras públicas. De este modo, no solo se relevaban los equipos de gobierno local o provincial; también cambiaban los empleados y los policías municipales identificados con los equipos salientes.

El clientelismo derivado de los cambios en las alturas de la vida política proyectaba el enorme ascendiente que tenía la política nacional sobre la local, llegando esa influencia hasta los lugares más recónditos. Su sombra lastraba la autonomía de la vida provinciana y ponía de manifiesto la fortaleza de la tradición centralista forjada un siglo antes. La correlación de fuerzas locales resultaba, por tanto, relativamente irrelevante. Así, la vida provincial se resintió en su autonomía durante la década de 1930, muy condicionada por los altibajos que se sucedían en la cúspide del Estado. En general, sin embargo, al menos desde el punto de vista de las prácticas movilizadoras, la vida política republicana no cabe equipararla en todos sus extremos a la política del período liberal anterior. Tanto el socialismo como el catolicismo popular-agrario, entre otras corrientes, fueron y actuaron como fuerzas políticas «modernas». No se hallaban exentas de las costumbres clientelares y de las corruptelas políticas, pero sus técnicas de movilización fueron claramente de otro signo, como pudo observarse en las confrontaciones electorales del período o en las luchas cotidianas. Socialistas y católicos-agrarios forjaron densas redes asociativas, transmitieron sus mensajes en mítines y actos públicos de amplia audiencia, recurrieron cuanto hizo falta a las retóricas populistas que apelaban al conjunto de la ciudadanía, movilizaron a las mujeres, apelaron a incentivos ideológicos para movilizar a los ciudadanos, etc. Nada que ver, en suma, con la vieja política de notables, que, sin embargo, todavía coleó un tanto de la mano, especialmente, del republicanismo moderado y de los agrarios liberales. Quien mejor encarnó esa política en las tierras manchegas fue Cirilo del Río, hombre vinculado a Niceto Alcalá Zamora, el curtido político exmonárquico ligado a la izquierda liberal que se pasó al republicanismo en 1930 y asumió la presidencia de la República en 1931.

Una segunda conclusión confirmó que la cultura política de la mayor parte de los actores presentes no se sostuvo en valores liberal-democráticos. A excepción de las pequeñas minorías supervivientes del período constitucional, nos encontramos ante un arco político y una sociedad de raíces culturales católicas muy arraigadas, incluidos aquellos sectores que hicieron una profesión de fe laica y anticlerical (socialistas, republicanos de izquierda, anarquistas, comunistas…). En consecuencia, las actitudes políticas dominantes se definieron por la intolerancia y el rechazo del pluralismo. Tales actitudes sobrevolaron por el conjunto del escenario político porque, aunque España era uno de los países europeos de más antigua tradición liberal y constitucional, los valores liberales y democráticos en realidad apenas habían trascendido el universo social de élites muy restringidas. Es más, desde la crisis del sistema político de la Restauración, saldada en 1923 con el establecimiento de una dictadura militar, incluso importantes segmentos de las viejas élites liberales (o sus herederos) se habían desligado abruptamente de la tradición constitucional a cubierto de las nuevas fórmulas autoritarias, del corporativismo organicista y del miedo a la revolución social[7].

La debilidad y escaso peso de los valores liberal-democráticos se advirtió entre los más altos dirigentes de la política nacional, pero también, y de forma aún más acusada, en los cuadros bajos e intermedios, aquellos cuya preparación y experiencia políticas eran más primarias, que precisamente eran también los que soportaban la gestión de la política provincial y local en un período en el que, al menos formal e institucionalmente, la democracia había llegado hasta el último rincón de la España rural. Desde el inicio de la experiencia republicana, llama la atención el fuerte sentido patrimonial del poder de que hicieron gala los actores políticos, singularmente los que no eran sino recién llegados —republicanos de izquierda y socialistas— en muchos sitios. Su acaparamiento del nuevo régimen, bajo el interiorizado eslogan de «la República para los republicanos», se acompañó de su propensión a excluir de la escena pública al rival político. Al adversario conservador se buscó demonizarlo, al mismo tiempo que se le temía porque en el fondo no se aceptaba bien la competencia política, se asumía mal el pluralismo ideológico y no se propendía fácilmente a las políticas transaccionales del diálogo y el consenso[8].

El cumplimiento de las reglas de juego establecidas se reveló inversamente proporcional al disfrute del poder, singularmente en el caso de los socialistas. Hallarse en minoría en un ayuntamiento, perder un pleito laboral o sufrir un revés electoral en los comicios locales o generales podía motivar a la primera de cambio el recurso a la protesta violenta. Buen ejemplo de ello, sin ir más lejos, fueron las elecciones municipales parciales de abril de 1933, que no por casualidad se vieron acompañadas de bastante violencia, lo cual no impidió la victoria incontestable de las candidaturas moderadas (republicanismo de centro) y conservadoras (catolicismo agrario). Que la política local se viviera con tan alto grado de dramatismo, amplias dosis de intransigencia retórica y un constante y visceral apasionamiento da idea del maniqueísmo reinante en el que se desenvolvieron los contemporáneos. Resulta curioso, a la vez que ilustrativo, que las opciones políticas que mejor aceptaron el pluralismo y que se decantaron por la convivencia democrática pacífica fueran las mismas que tenían firmemente asentados los valores liberales. Hablamos precisamente de grupos políticos (republicanos progresistas, liberal-agrarios, republicanos centristas) que se habían curtido en la política elitista y caciquil de la Restauración y que ahora, en el contexto de la República, a excepción de los republicanos «radicales» seguidores de Alejandro Lerroux —que de radicales ya tenían muy poco—, en su conjunto apenas influyeron en la política nacional. Sus valores, su discurso y su práctica política se revelaron mucho más democráticos y pluralistas que los desplegados por fuerzas más poderosas y con mayor capacidad de arrastre entre el electorado, esto es, el republicanismo de izquierdas, los socialistas y, en la derecha, el grueso de los católicos encabezados por José María Gil Robles, líder de la CEDA[9].

Con todo, más grave aún que la persistencia de los vicios clientelares o la debilidad de la cultura democrática fue el hecho de que la violencia y el conflicto en las relaciones sociales y políticas tuvieran una presencia permanente en aquel rincón de la España centro-meridional. En la provincia que nos ocupa encontramos numerosos ejemplos de «brutalización de la política». Fueron muchos, efectivamente, los pueblos en los que los enfrentamientos cotidianos generaron muertos y heridos, algo bastante anómalo en la conflictividad de este territorio hasta entonces[10]: entre otros, destacaron Fuenllana, Solana del Pino, Miguelturra y Herencia en junio de 1931, Calzada de Calatrava en enero de 1932, Puertollano en septiembre de 1932, Castellar de Santiago en noviembre de 1932, La Solana en abril de 1933, Daimiel en agosto y noviembre también de 1933, Villarrubia en mayo de 1934 y Abenójar y de nuevo La Solana en octubre de 1934, por no hablar de los incontables incidentes de la primavera de 1936… Desde muy pronto, los vecinos de los pueblos dieron pruebas de hallarse en pie de guerra mediatizados por odios viscerales, sobre todo en los núcleos de mayor peso demográfico, «agrovillas» o «agrociudades» en la terminología de los urbanistas. Junto a los casos mencionados, que fueron los más dramáticos, cabe citar poblaciones como Manzanares, Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Villarta de San Juan, Argamasilla de Alba, Socuéllamos, Pedro Muñoz, Montiel, Villahermosa, Albaladejo, Almodovar del Campo, Malagón, la propia capital provincial…

Si se parte de los precedentes tradicionales (el aislamiento geográfico, el peso de la Iglesia católica, la longeva hegemonía de las élites liberales…), no deja de sorprender el tono virulento que impregnó la política y las relaciones sociales de este territorio entre 1931 y 1936. Una virulencia que luego, una vez que estalló la Guerra Civil, tuvo su colofón en la feroz violencia revolucionaria que se apoderó de la retaguardia, continuada después con no menos empeño durante la posguerra, pero ya bajo significación política contrarrevolucionaria. En una tierra como esta, dominada por los vínculos clientelares y la sumisión —al menos aparente— al poderoso, donde desde las guerras carlistas apenas había pasado nada relevante, de pronto y como por ensalmo las comunidades campesinas se vieron inmersas en un proceso de politización intenso, preñado de desencuentros, agresividad y conflictos sin fin. Entre 1875 y 1923 la protesta social no había dejado de manifestarse en La Mancha, lo cual demuestra que el territorio no era una balsa de aceite, pero esa protesta se vislumbró de manera más bien soterrada, episódica, discontinua y bajo fórmulas arcaicas propias de la conflictividad tradicional (robos, motines antifiscales, algaradas contra el encarecimiento de las subsistencias, estallidos tumultuarios contra el reclutamiento militar… y poco más). Sin embargo, desde la proclamación de la Segunda República las relaciones políticas y sociales presentaron un perfil radicalmente distinto. La política en la calle, concebida como campo de batalla, exclusión y deshumanización del adversario, salpicó todos los flancos de la vida cotidiana, dando pie a una escalada que culminó en la primavera de 1936 tras el triunfo electoral del Frente Popular (aunque en esta provincia la victoria recayó en las candidaturas derechistas).

En general, las comarcas vinateras (La Mancha y el Campo de Calatrava) y mineras (Puertollano y Almadén) fueron las más conflictivas, a diferencia de las comarcas ganaderas, salvo parcialmente el Campo de Montiel. El mapa del conflicto coincidió con las zonas de mayor implantación de la izquierda obrera y con la no menos importante presencia de la derecha católica-agraria, cuyos principales apoyos se encontraban entre los pequeños labradores y las clases medias en general. Allí fue donde se produjo el principal choque de trenes. Desde el punto de vista de la estructura social, este territorio no se podía equiparar a la Andalucía o la Extremadura del latifundio. En esta parte de La Mancha, la contraofensiva conservadora que tuvo lugar a partir de 1932 no cabe atribuirla sola y ni siquiera preferentemente a las élites latifundistas. Del mismo modo, los debates en torno a la reforma agraria no fueron tan decisivos como cabría suponer. En las referidas comarcas se ubicaban los grandes poblachones manchegos, núcleos con una densidad demográfica notable, relativamente ricos y con una estructura social y productiva compleja (alto porcentaje de jornaleros pero también fuerte presencia de los profesionales y de los medianos y pequeños propietarios), que, sin embargo, en virtud del sustrato cultural y la dedicación económica no cabría definir propiamente como urbanos. Este territorio suele ser ubicado dentro de la España latifundista por los estudiosos de la propiedad de la tierra. Pero si se acerca la lupa habría que matizar esa conclusión. El enfoque que toma como referencia las comarcas geográficas resulta en este sentido muy pertinente. Su perspectiva nos advierte de que en realidad Ciudad Real era una provincia de transición, pues el latifundismo, muy acusado en términos globales, se circunscribía sobre todo a la zona sur y occidental de la demarcación, justamente en coincidencia con los términos municipales menos poblados, más apartados de las principales líneas de comunicación y menos conflictivos. De hecho, para lo que interesa aquí, la realidad del latifundismo se reveló como un elemento secundario para la comprensión de los enfrentamientos políticos y sociales que se plantearon en aquella época en la zona.

La violencia y la conflictividad se percibieron en todos los ámbitos de la vida diaria durante el período republicano. En todos se palpó el envenenamiento de la convivencia ciudadana por diferencias políticas en torno al control de las instituciones locales. Todos, igualmente, pusieron sobre la mesa que, hasta la Guerra Civil, la iniciativa en la espiral de agresiones y conflictos partió en su mayor parte del universo izquierdista, en contraste con un mundo conservador que hasta 1933 se mantuvo —con pocas excepciones— a la defensiva[11]. Ciertamente, hasta 1933 no se vislumbraron los primeros efectos de la multiforme movilización conservadora expresada a través de frentes dispares y a priori descoordinados (republicanos de centro, católicos, propietarios de la tierra…). La movilización se organizó en respuesta a la estrategia intervencionista, socializante y laicista desplegada durante el primer bienio por el socialismo (porque el republicanismo de izquierda pintó bastante poco aquí). En 1934 las responsabilidades en el impulso de la violencia se diversificaron. Pero aun así, de nuevo los socialistas respaldaron más que otras corrientes políticas las acciones de fuerza. No en vano, su rama más radical —el «caballerismo»— había calado hondo en la provincia. Los anarquistas solo se dejaron notar algo en las cuencas mineras. Tras la insurrección de octubre de 1934, los conflictos amainaron al compás de la política represiva impuesta por los Gobiernos de centro-derecha, pero a partir de febrero de 1936 se reabrió el proceso tras la recuperación de posiciones por parte del obrerismo revolucionario a cubierto de la victoria electoral del Frente Popular.

La tipología de los escenarios conflictivos de Ciudad Real que se detecta a lo largo del período republicano es amplia y variada, como múltiples son sus vertientes espaciales y sociales. El ámbito político en sentido estricto constituyó desde el primer momento un marco muy transitado por la violencia en sus distintas modalidades: desde las meras amenazas retóricas hasta las coacciones y los hechos sangrientos, fuese cual fuese la forma en la que cristalizaron. Las campañas electorales testificaron la centralidad del ruedo político en el juego de agresiones al contrario. Ya en las elecciones municipales parciales de mayo de 1931 se detectaron algunos brotes, como también en la campaña para las elecciones a Cortes Constituyentes de un mes después, en las que se registraron tres muertos y varios heridos. Ahora bien, su intensidad fue mucho menor que la registrada en las dos citas electorales de 1933: primero, las municipales de abril, que sumaron varios choques de importancia durante la campaña y en el mismo día de las votaciones; y, segundo, las generales de finales de año, donde la radicalización auspiciada por el socialismo desde el verano empezó a recoger sus primeros frutos. El caso más espectacular —y no exclusivo— fue el asesinato de José Ruiz de la Hermosa el 2 de noviembre en Daimiel. Este individuo resultó apuñalado por un militante socialista cuando se atrevió a increpar a los oradores de un mitin de esa cuerda, recordándoles los hechos ocurridos en Casas Viejas (Cádiz), en enero de 1933, y la responsabilidad que salpicaba a su partido por formar parte del gobierno de aquel entonces. Aunque Ruiz de la Hermosa apareció en la prensa de esas fechas como afiliado a las Juventudes de Acción Popular, Falange Española, que se acababa de constituir oficialmente en Madrid apenas unos días antes, lo reivindicó a posteriori como su primer «mártir». Poco más de dos años después, en la campaña electoral de los comicios del 16 de febrero de 1936 también se registraron incidentes. Pero fue sobre todo tras conocerse los resultados cuando los incidentes se dispararon, abriendo una escalada de enfrentamientos que se sucedieron sin solución de continuidad hasta el estallido de la Guerra Civil en el mes julio.

Por encima de los momentos en los que el debate político se condensaba, la proyección de la violencia se reflejó en el día a día por otros cauces. De relevancia especial fueron las polémicas en torno a la cuestión religiosa, buena prueba de cómo la religión adquirió desde muy pronto una acusada centralidad en el debate público. Por más que aquí no existieran precedentes de anticlericalismo, el vendaval arreció con fuerza en las tierras manchegas una vez que se aprobó el texto constitucional en diciembre de 1931. También entonces los socialistas volvieron a destacar a la hora de coartar la libertad de acción de los católicos. Los seguidores del partido obrero asumieron entusiasmados el papel de «guardianes de la República», empeñándose a fondo en reventar los mítines y propagandas políticas de sus adversarios, así como en torpedear las tradicionales manifestaciones religiosas cuando estas tenían lugar en espacios abiertos (procesiones, romerías, entierros…). No fue una situación generalizada, pero conforme se avanzó en el tiempo los incidentes se multiplicaron por distintos lugares, dibujando una secuencia en la que los socialistas solo empezaron a encontrar resistencia a finales de 1933. De hecho, con alguna excepción, hasta ese año la pasividad de los católicos constituyó más bien la norma[12].

Otro frente en el que el mundo conservador hubo de sufrir el acoso de la izquierda obrera fueron los ayuntamientos, en concreto cuando se celebraban los plenos municipales, lo cual tenía lugar varias veces al mes. Desde 1932, cuando menos, los representantes de la derecha agraria o del republicanismo liberal padecieron reiteradamente la presión socialista en los consistorios de distintos pueblos (Manzanares, Daimiel, Campo de Criptana, Socuéllamos, Pedro Muñoz, La Solana, Viso del Marqués…). El método consistía en convertir de facto los salones de plenos en una suerte de asamblea popular improvisada en la que los enardecidos militantes de las Casas del Pueblo hacían oír su voz —y sus amenazas e improperios— cada vez que no les satisfacían las opiniones de los concejales rivales. En muchas ocasiones se produjeron agresiones verbales, llegándose también a la agresión física cuando la ocasión lo propició. En medio de un clima tan hostil, no sorprende que los representantes conservadores y liberales de esos municipios optaran prudentemente por declinar el cargo y marcharse a sus casas. En algunos lugares, hasta los republicanos de izquierda dimitieron en fechas tempranas de sus responsabilidades públicas, literalmente hartos de los malos modos de la militancia obrera. Naturalmente, la fiebre dimisionaria provocó la parálisis de muchos ayuntamientos, pues los cargos abandonados no se volvían a cubrir. Estas experiencias de manifiesta ilegalidad explican muchas de las destituciones de ediles de izquierda y la constitución de gestoras de nuevo cuño en distintas poblaciones —de la provincia y de otras partes de España— entre noviembre de 1933 y octubre de 1934, con gobiernos del Partido Republicano Radical. Aunque tales gobiernos cometieran algunas extralimitaciones con esa política, el cese de los concejales y alcaldes socialistas no respondió sin más al afán represivo de los gobernadores civiles radicales durante el primer año del mal llamado «bienio negro», como tantas veces se ha escrito. Otra cosa fue lo que sucedió a partir del citado mes de octubre, pero ahí la destitución de todos los ediles socialistas fue consecuencia directa de la insurrección armada lanzada por su ejecutiva nacional contra el gobierno democráticamente constituido por Alejandro Lerroux en los primeros días de aquel mes.

El cuarto plano de la vida diaria donde irrumpió la violencia fue el mercado de trabajo. El caldo de cultivo para los enfrentamientos lo propició el ambicioso programa de reformas laborales impuesto por la coalición republicano-socialista nada más ocupar el poder en 1931. Inspirado por el socialista Francisco Largo Caballero en su calidad de ministro de Trabajo, el paquete de reformas trastocó de lleno el marco de relaciones sociales agrarias vigente. Planteada de forma brusca y sin negociación previa entre los representantes del capital y los sindicatos, la nueva legislación laboral creó las condiciones a partir de las cuales se produjeron en el mundo rural la mayoría de los conflictos entre trabajadores y propietarios. Con sus secuelas de paro y miseria, el peso de la crisis económica en sectores claves del campo manchego (cereales, viñedo y olivar) hizo de telón de fondo del proceso. Mediatizados por ella y por los costes de la nueva legislación, los empleadores —en particular, los más modestos, que eran la inmensa mayoría— no facilitaron la construcción del diálogo social. La guinda la puso el autoritarismo que a menudo guio la política de orden público. La Guardia Civil y la Guardia de Asalto actuaron muchas veces con ineficacia y brutalidad, aunque más por falta de recursos y de personal que por el carácter intrínsecamente represivo que se les suele atribuir[13]. Como en toda la España meridional, la mayoría de los conflictos y hechos violentos tuvieron que ver más con los desencuentros laborales y la falta de trabajo que con la reforma agraria propiamente dicha. De hecho, en la provincia que nos ocupa, además de echar a andar muy tarde, dicha reforma se ralentizó al máximo y alcanzó a muy pocos campesinos pobres.

Todos los enfrentamientos aludidos se hicieron notar por caminos diversos, tanto a través de protestas de tipo tradicional como a través de fórmulas más modernas: agresiones contra la propiedad (incendios de montes y sembrados, talas de olivos, destrozos y arranque de viñas, agresiones al ganado, robos individualizados o colectivos…); asaltos en masa a las cosechas para incautar el fruto o para exigir después salarios a los propietarios; ocupaciones o roturaciones temporales de fincas; huelgas legales o ilegales (la más importante, la de junio de 1934, que aquí arrastró al menos a la mitad de los pueblos); manifestaciones con altercados en las calles; choques abiertos con las fuerzas de orden público, a veces con heridos y muertos; algaradas violentas delante de los ayuntamientos y asaltos a los mismos; colisiones directas con los propietarios, en ocasiones también con expresiones de fuerza y sangre, etc. Llegado el caso, el descontento se escenificó inclusive en contextos más festivos. Tales fueron las procesiones y las romerías religiosas, que, como se ha indicado más arriba, se reventaban para dejarse oír o para agredir al adversario. En general, las fiestas locales desempeñaron a menudo ese papel, incluido, por supuesto, el carnaval, esa plataforma secular de la protesta social que no se dejó de utilizar en el período republicano. Ejemplos de todo ello menudearon en La Mancha en los cinco años y pico que nos ocupan. No es cuestión de pormenorizarlos en estas páginas.

En su vertiente bélica, y por ello mismo más extraordinaria, la violencia política se vislumbró en el territorio a colación de la insurrección socialista de octubre de 1934. Aunque ni de lejos lograse la repercusión que tuvo en otras zonas del país (Asturias, León, País Vasco, Cataluña, Madrid…), también hubo un «octubre manchego», significativo en sí mismo por cuanto que mostró, más allá de su poco éxito, cómo la maniobra insurreccional se planificó buscando conscientemente su materialización en toda España. Villarrobledo, poblachón fronterizo de una provincia, la de Albacete, donde la rebelión prendió en varias localidades, fue el núcleo de la Castilla Sur donde se registraron más muertos, heridos y detenidos[14]. En Ciudad Real se declaró la huelga general, que fue seguida con cierto éxito en los pueblos grandes, en la capital y en las cuencas mineras. En estas últimas llovía sobre mojado. Aquí el paro fue más secundado porque la organización obrera era fuerte y la fórmula se había ensayado varias veces en tiempos no muy lejanos. Como en toda España, la insurrección y el reparto de armas se programaron desde muchos meses antes. Pero a la postre solo hubo brotes revolucionarios importantes en Ciudad Real capital —se intentó descarrilar el ferrocarril—, Alcázar y Campo de Criptana —donde actuaron grupos organizados durante algunas horas y se descubrieron depósitos de armas—, Valdepeñas, Manzanares, Puertollano y algún que otro pueblo. Hubo lugares en los que se cortaron las líneas del telégrafos, se bloquearon las carreteras, se intentó parar los trenes o se disparó contra ellos, pero en general, aunque el armamento circuló con profusión, falló la coordinación entre los distintos comités insurreccionales locales. Los hechos más reseñables ocurrieron en Abenójar, localidad de 3000 habitantes situada a unos treinta kilómetros de la capital, que fue ocupada por los revolucionarios durante la noche del 5 al 6 de octubre. Cercado el cuartel de la Guardia Civil, en el cruce de disparos que se produjo los insurrectos mataron a un agente. En La Solana, en cambio, fueron los guardias de la Benemérita, apoyados por un copioso grupo de vecinos derechistas, los que tres días después, también por la noche, ocasionaron la muerte de un revoltoso tras sitiar la Casa del Pueblo, intercambiar unos cuantos tiros y desalojar el local una vez reducidos los sesenta militantes que allí se habían concentrado.

Hasta donde se tiene constancia, no parece que la represión fuera ni cruenta ni brutal en esta provincia. Varios centenares de socialistas fueron encarcelados, todos los representantes municipales de este signo político —concejales y alcaldes— se vieron destituidos de sus cargos, y en total se celebraron unos setenta juicios, que se saldaron con unas decenas de condenas. La mayoría de los afectados recibieron castigos leves, de modo que a los pocos meses de entrar en prisión recuperaron la libertad, aunque todavía en los primeros días de 1936 tuvieron lugar algunas vistas ante los tribunales militares encargados de encausar a los responsables del intento insurreccional. Por debajo de tales datos, se evidencia que los hechos de octubre de 1934 generaron una intrahistoria represiva que no siempre se encuentra al alcance del investigador, en la medida en que no han quedado vestigios suficientes para reconstruirla con precisión. En los meses que siguieron a la frustrada insurrección, los socialistas lo pasaron muy mal en muchos pueblos (represalias contra los militantes más significados, carencia de trabajo a causa del cerco levantado contra ellos por los patronos, palizas a manos de la policía municipal o de la Guardia Civil…). Los cuerpos de seguridad dependientes de los ayuntamientos, convenientemente depurados, se convirtieron en una especie de «policía política» local bajo los dictados de las comisiones gestoras conservadoras constituidas tras la insurrección. Así fue cómo octubre hizo de punto de no retorno en las comunidades rurales, implicando la ruptura definitiva de la convivencia, de por sí muy vapuleada desde bastante antes en numerosas localidades. Si no se parte de las experiencias de los años previos y de los odios intestinos cristalizados a partir de 1934, resulta incomprensible la secuencia de enfrentamientos experimentada a partir de febrero de 1936, en la que la responsabilidad mayor —aunque no exclusiva— volvió a recaer en la izquierda obrera más radical.

No obstante, conviene hacer alguna puntualización. En realidad, no se debe considerar el segundo bienio republicano (noviembre de 1933-febrero de 1936) como un todo uniforme y monolítico. Como mínimo hay que distinguir dos etapas, divididas por el punto de inflexión que representó octubre de 1934. Desde este punto de vista, el concepto «bienio negro» resulta inadecuado. Si lo identificamos con la abierta impugnación de las reformas progresistas del gobierno Azaña (1931-1933) y con la represión o la persecución manifiesta de la izquierda por los gobiernos centristas —supuestamente sometidos a los dictados de las derechas—, el concepto en puridad solo habría que aplicarlo al período posterior a octubre[15]. Cabe recalcar que en la provincia manchega analizada, al igual que en el conjunto de España, las elecciones de noviembre de 1933 las ganaron las derechas y el centro de forma tan impecable como abrumadora. El factor decisivo en la victoria del centro-derecha fue la intensa movilización protagonizada por las clases medias y los católicos desde, al menos, la segunda mitad de 1932. Una movilización que no respondió sin más a los intereses de las oligarquías de la tierra, sino que sobre todo sirvió de contrapunto a los onerosos costes acarreados a aquellos sectores por la política de los gobiernos republicano-socialistas. Esta movilización —plural en sus términos— la engrosaron los católicos agrarios de la CEDA, por supuesto, pero también, y no por ello menos importantes, el Partido Radical y los propietarios de la tierra a través de sus poderosas organizaciones corporativas, si bien cada sector actuaba por su cuenta y sin coordinación previa. Sin olvidarnos de las voces disonantes mantenidas por los republicanos de izquierda disidentes que desertaron del frente social-azañista (personajes de tanto calado en la provincia como Joaquín Pérez Madrigal, Gumersindo Alberca Montoya o Eduardo Ortega y Gasset, que en las elecciones a las Cortes Constituyentes de 1931 habían compartido candidatura con los socialistas).

La victoria del centro-derecha en noviembre de 1933 dio pie al control de la provincia por el Partido Radical, que, como exponente de un proyecto moderado de República de orden, se esmeró cuanto pudo en lograr la estabilización de la política municipal. Proporcionalmente, fueron los radicales, y no la CEDA, los que ganaron más posiciones en esta zona al disponer en sus manos del Gobierno Civil. En contra de lo que se escribe con mucha alegría, la política de los republicanos de centro no se tradujo en la expulsión generalizada de los concejales de izquierda de los ayuntamientos. No, al menos, en esta provincia, pero es seguro que otras muchas ofrecieron un balance similar. Algunas corporaciones locales fueron remodeladas en virtud de la corrección de las irregularidades y de los abusos cometidos en el poder municipal durante el período anterior, sobre todo por parte de los socialistas. Entre noviembre de 1933 y octubre de 1934, en la provincia de Ciudad Real solo hubo cambios en una quincena de ayuntamientos sobre un total de 97, siempre siguiendo procedimientos legales, que se sepa aquí. Pudo haber alguna decisión arbitraria, pero no fue la norma. Los gobernadores civiles se fijaron como meta restablecer el imperio de la ley, que había quedado bastante disminuido a escala local en el bienio anterior. No se puede hablar de una persecución sistemática de los socialistas en los ayuntamientos —mucho menos de los republicanos de izquierda— antes de octubre de 1934. De hecho, los monárquicos y la derecha católica recriminaron en muchas ocasiones a los radicales por no haber aprovechado el nuevo contexto para expulsar definitivamente a los socialistas de los municipios.

Antes de octubre de 1934, en el ámbito laboral tampoco se sostiene la tesis de la persecución sistemática de la izquierda obrera por parte de los republicanos de centro. Las condiciones de trabajo no se vieron alteradas sustancialmente durante esos meses. Es verdad que muchos patronos presionaron para bajar los sueldos y vulnerar la legislación social cuanto pudieron, pero los gobernadores radicales procuraron neutralizar esa tendencia, llegando incluso a multar a los propietarios que así lo hacían. Por su lado, en los pleitos del trabajo los Jurados Mixtos procuraron actuar con imparcialidad, con mucha más imparcialidad que en el primer bienio, dado que ahora se dejó la responsabilidad de arbitrar a funcionarios de la carrera judicial, a diferencia del período anterior, cuando los presidentes eran nombrados a dedo por el ministro de Trabajo (que, no se olvide, era un destacado dirigente de la UGT, la central sindical socialista). De este modo, en 1934 los funcionarios independientes desplazaron a los presidentes politizados impuestos por Francisco Largo Caballero en los Jurados Mixtos. Por añadidura, la transformación de los Jurados no supuso el arrinconamiento de los intereses de los asalariados. Consumado el cambio de situación política, al igual que en otras partes de España hubo conflictos laborales muy importantes en los que las autoridades radicales se escoraron abiertamente a favor de los sindicatos. Un claro ejemplo lo constituyó la huelga de la minería del carbón declarada en la cuenca de Puertollano durante abril y principios de mayo de 1934. Este fue uno de los conflictos más duros de aquella etapa, que afectó a unos cinco mil trabajadores. Pues bien, el conflicto se saldó con la victoria sin paliativos de los sindicatos gracias a la presión que ejercieron las autoridades gubernativas sobre la empresa. Conviene no olvidar, además, que fue a partir de ese año, bajo los gobiernos del Partido Radical, cuando la reforma agraria empezó a materializarse en la práctica por primera vez, llevándose a cabo los correspondientes asentamientos de campesinos pobres. No hubo, pues, ninguna paralización efectiva de la reforma agraria durante este período.

En otro orden de cosas, hay que añadir que la huelga general campesina de junio de 1934 se pudo haber evitado si la socialista FNTT hubiera querido transigir en algunas de sus reivindicaciones, lo cual no habría alterado sustancialmente las bases de trabajo que demandaba. En el fondo, al margen de los desacuerdos concretos en la negociación de esas bases, lo que se hallaba en juego era el control del poder local. Los socialistas del mundo rural no estaban dispuestos a retroceder en ninguna de las posiciones conquistadas —a menudo por métodos poco ortodoxos— durante el primer bienio. Su control del mercado laboral (la contratación a través de las bolsas de trabajo municipales, los Jurados Mixtos, las obras públicas, la intensificación de cultivos…) y su activa presencia en los ayuntamientos habían posibilitado un espectacular crecimiento de la militancia socialista en las provincias agrarias, donde su presencia, en muchos casos, había sido nula o tan solo testimonial hasta entonces. Hasta 1931, la UGT había sido preferentemente un sindicato de mineros, artesanos y trabajadores industriales. Después de esa fecha, de la noche a la mañana se convirtió en una organización donde los campesinos —la mayoría de ellos ubicados en la España meridional— pasaron a representar en torno a la mitad de sus efectivos, trastocándose la tradicional cultura sindical ugetista —de signo moderado y gradualista— y la correlación de fuerzas internas bajo un liderazgo cada vez más radical[16].

Con la excepción de la insurrección de octubre de 1934, la primavera de 1936 presentó el perfil más conflictivo y violento de todo el período republicano. En paralelo con otros territorios, la izquierda «caballerista» fue también la corriente obrera que encabezó el cerco al mundo conservador en La Mancha. En la mayoría de los pueblos, los extremistas del socialismo se hicieron con la dirección de los ayuntamientos en los días siguientes a las elecciones. Y lo hicieron por la vía de la ocupación de los mismos, con independencia de que después el gobernador civil confiriera visos de legalidad a la situación creada aceptando oficialmente la constitución de unas comisiones gestoras que se habían formado antes por la vía de los hechos consumados. El relevo de los equipos municipales poco tuvo que ver, por tanto, con la «reposición» de los concejales y alcaldes izquierdistas destituidos en octubre de 1934, como habían venido demandando durante meses las fuerzas políticas que articularon el Frente Popular. En múltiples casos, los consistorios fueron ocupados ilegalmente por los militantes de las Casas del Pueblo, que, una vez controladas las calles y celebrado el triunfo obtenido por aquella coalición a escala nacional, no se privaron de expulsar a los concejales y alcaldes conservadores, gran parte de los cuales habían sido elegidos democráticamente en 1931 y 1933.

De poco sirvió que en los comicios de la provincia manchega las fuerzas derechistas ganasen holgadamente en el 70% de las localidades, incluidos los núcleos más poblados. La ocupación de los ayuntamientos por la fuerza fue el primer acto en el proceso de formación de un poder paralelo protorrevolucionario a escala local ajeno a los dictados del gobierno, encarnado este en la provincia por la figura del gobernador civil. Lo que vino a continuación fue su consecuencia lógica: la depuración ideológica —manifiestamente ilegal— de los funcionarios y empleados municipales, cientos de los cuales perdieron sus puestos al ser clasificados como enemigos de la República; la conversión de la policía municipal de facto en una policía de partido izquierdista; las ocupaciones ilegales de tierra, que el gobierno Azaña se apresuró a aceptar de forma vergonzante; la contratación forzosa de parados por parte de los propietarios tras ser sometidos a todo tipo de coacciones, amenazas y chantajes por las nuevas autoridades locales; los asaltos y cierres arbitrarios de las sedes de las organizaciones conservadoras sin motivo alguno (republicanos de centro incluidos); los registros, cacheos y detenciones de centenares de derechistas con el pretexto de erradicar el fascismo (en realidad, los fascistas eran muy pocos por estos pagos); los ataques y coacciones de signo anticlerical a los edificios y fieles católicos (misas boicoteadas, emblemas religiosos arrancados, curas acosados, introducción de perros en los templos…); y, en algunos casos, hasta agresiones físicas saldadas con heridos y muertos, que a veces dieron pie a réplicas similares por parte de los adversarios conservadores y falangistas.

Ciertamente, la propaganda franquista construida a posteriori para justificar la sublevación contra la República en virtud de lo ocurrido en aquellos meses no es racionalmente aceptable. Sus voceros de antaño o los polemistas de hoy andan errados en la medida en que exageran, desvirtúan, simplifican y manipulan la historia de ese período. Ni la experiencia republicana se puede equiparar en su conjunto con el caos y la anarquía, ni octubre de 1934 constituyó el primer acto de la Guerra Civil, ni en la primavera de 1936 había en marcha un proceso revolucionario que condujese inexorablemente al levantamiento militar, ni el conflicto bélico en sí mismo era inevitable. Ahora bien, una cosa es reconocer esto y otra muy distinta es caer en el extremo contrario, en el sentido de restar importancia al alcance desestabilizador de los conflictos sociales y de la violencia durante la Segunda República, en particular la que se propagó en aquella primavera. El argumento recurrente de que en el momento y después, una vez terminada la guerra, la derecha (siempre conceptuada como monolítica) amplificó los hechos para restar legitimidad al régimen es una verdad a medias. Al menos cuando con ello se quiere decir que la crisis política y social no fue de gran magnitud ni tan profunda como para provocar un enfrentamiento como el que se produjo.

La República, sobre todo en la etapa del Frente Popular, tuvo que encarar un problema de orden público y una quiebra política de enorme gravedad. De forma recurrente, la ley fue puesta contra las cuerdas, construyéndose un escenario excluyente, poco proclive al diálogo e incapaz de integrar a las partes enfrentadas. Al afirmar esto, obviamente no se pretende justificar aquí el alzamiento de los militares insurgentes, que, amén de empeorar la situación hasta extremos infinitamente mayores, desde un punto de vista democrático no tiene justificación alguna. Pero el historiador debe tener presente aquella realidad tan conflictiva e inestable siquiera para explicar por qué la sublevación de julio de 1936 y la posterior dictadura contaron con tantos apoyos entre los españoles. Millones de ciudadanos se identificaron con los sublevados sin haber militado previamente en la extrema derecha, por definición minoritaria hasta los mismos inicios del estallido bélico. Con toda seguridad, cinco años antes la mayoría de esos ciudadanos habían aceptado —muchos con alborozo, y otros tantos, al menos, sin oposición— el advenimiento de la República. Su apoyo masivo a una solución dictatorial o autoritaria hubiera sido impensable en otras circunstancias, y de hecho no se manifestó cuando se produjo el golpe de Estado del general José Sanjurjo el 10 de agosto de 1932.

La guerra, en efecto, no era inevitable. Pero la posibilidad de un conflicto armado fue barajada por los coetáneos desde fechas muy tempranas, mucho antes de 1936. Esa salida se erigió pronto en uno de los escenarios probables a tenor de las fracturas políticas que de forma acumulativa se fueron produciendo en la primera mitad de la década de 1930. Los mismos protagonistas fueron paulatinamente conscientes de que podía producirse un estallido bélico. El concepto «guerra civil» empezó a circular ya en 1932, si no antes. Y luego, en los años posteriores, fue invocado cada vez más desde distintos flancos del arco político al compás de la creciente crispación, sobre todo a partir de 1934. En los meses que precedieron a la sublevación, la guerra parecía estar al alcance de la mano un día y otro también, como se reiteró insistentemente desde sectores de opinión dispares.

Para medir la trascendencia y la difusión de la violencia política durante la Segunda República, un buen termómetro lo constituyen los muertos registrados en los conflictos. En la provincia de Ciudad Real, el período comprendido entre el 12 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936 se saldó con alrededor de cuarenta víctimas sobre un total de medio millón de habitantes. No son muchas si comparamos esta provincia con otras como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Granada, Málaga, Córdoba o Badajoz. Pero la cuarentena de muertos de la provincia manchega hay que valorarla en su propio contexto: un territorio levítico donde, como en tantas otras provincias españolas de perfiles similares, casi nunca había pasado nada relevante. Bajo ese prisma, cuatro decenas de muertos en apenas cinco años fueron muchos muertos. Sin embargo, se pueden considerar pocos en relación con el número de heridos y de ciudadanos implicados en los enfrentamientos violentos, que sumaron muchos más[17]. Por otra parte, tales cifras cobran valor en la medida en que sirvieron de antesala de los muertos que vinieron después, al estallar la guerra, ocasionados por la violencia revolucionaria desatada en la retaguardia republicana: nada menos que cerca de 2300 muertos, sin contar los que murieron en combate. Y ello a pesar de que aquí prácticamente no se levantó nadie. Ni que decir tiene que, para entender en toda su complejidad la secuencia, hay que sumar también los muertos de la posguerra, que no fueron menos, sino posiblemente más que los ocasionados por la violencia revolucionaria, aunque solo tenemos evidencias parciales de aquella represión[18].

El calendario bélico y las fluctuaciones de la línea del combate, con sus avances, retrocesos y su cohorte de venganzas, marcaron en cierta medida el ritmo de las matanzas. Sin embargo, sería un error limitarse a explicar las raíces de esa mortandad violenta solo en virtud del contexto bélico. La racionalidad, el cálculo y la fijación de objetivos que presidieron la secuencia represiva respondieron a una escalada que, en realidad, se incubó mucho antes: en los enfrentamientos desarrollados entre 1931 y 1936. El golpe abrió la caja de Pandora, pero esa caja ya estaba repleta de fantasmas, de odios y de nombres desde mucho antes. Nombres concretos que pasaron a engrosar las listas de los que al poco resultaron eliminados. Nada empezó de cero. Detrás de la mayoría de los muertos ocasionados por la revolución en los pequeños universos locales se encuentran protagonismos políticos forjados con anterioridad. Sin duda, lo mismo sucedió con los muertos del bando insurgente. Los objetivos no fueron fijados al azar ni las víctimas cayeron en su mayoría a manos de incontrolados que actuaron caprichosamente a impulsos de los instintos asesinos más bajos. Las raíces inmediatas de la violencia en las retaguardias durante la Guerra Civil se encuentran en la demonización previa del adversario durante los años en que echó a andar la democracia republicana. Los mayores índices de mortandad en los pueblos de La Mancha se suelen detectar allí donde más enconados habían sido los combates políticos entre 1931 y 1936. Es incuestionable que las lógicas bélicas con frecuencia resultaron determinantes en la plasmación de la violencia detrás de los frentes (en respuesta a los bombardeos, al avance de los insurgentes y sus matanzas, a la llegada de refugiados desde los territorios ocupados por los rebeldes…). Pero, en la mayoría de los casos, los objetivos se hallaron prefijados de antemano entre los vecinos de aquellas localidades agrarias alejadas de la guerra donde todo el mundo se conocía.

12

VINO NUEVO EN ODRES VIEJOS. LA HISTORIOGRAFÍA DE LA REPRESIÓN EN ESPAÑA DURANTE Y DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL[1]

por

JULIUS RUIZ

El 16 de octubre de 2008, el magistrado español Baltasar Garzón dictó un auto de instrucción póstumo contra el general Francisco Franco y treinta y cuatro de sus colaboradores más cercanos por crímenes contra la humanidad cometidos durante y después de la Guerra Civil. Un elemento esencial de la resolución estribaba en la afirmación de que en julio de 1936 «los [militares] rebeldes intentaron derrocar al Gobierno legítimo y exterminaron sistemáticamente a sus oponentes». Los medios de comunicación extranjeros prestaron una atención enorme al auto de Garzón y lo recibieron de forma extraordinariamente positiva. Se lo consideró una nueva prueba de que los españoles se enfrentaban por fin a las oscuras verdades de la Guerra Civil y del franquismo. El Daily Telegraph publicó que Garzón había «roto el pacto de silencio que siguió a la muerte del dictador en noviembre de 1975»; el New York Times afirmó que el «silencio y el llamado pacto para el olvido de las atrocidades del pasado fueron los pilares de la transición pacífica a la democracia después de los casi cuarenta años de dictadura de Franco». Era evidente, como escribió Giles Tremlett en el Observer, que Franco fue «un monstruo que aniquiló a más de cien mil opositores».

Sin embargo, los observadores extranjeros no parecieron advertir que la tesis de un exterminio organizado de los rebeldes no era nueva. Provenía de los primeros meses de la propia Guerra Civil. Por ejemplo, a finales de septiembre de 1936, el republicano Colegio de Abogados de Madrid dictó una resolución contra los militares rebeldes similar a la de Garzón setenta y dos años después. «La consigna de los insurrectos —se afirmaba en el documento— es la del más impío exterminio y terror». Apelando al «mundo civilizado» denunciaba «hechos que supera[ba]n los actos más brutales de criminalidad colectiva, [que] llevan a pensar en [la existencia de] una sensibilidad infrahumana».

La acusación de Garzón sobre la existencia de un exterminio franquista era poco original, al igual que las afirmaciones de que, desde la muerte de Franco en noviembre de 1975, España se había caracterizado por un «pacto para el olvido» de las «atrocidades pasadas». De hecho, algunos autores extranjeros se habían lamentado durante mucho tiempo de la incapacidad demostrada por los historiadores españoles para escribir sobre la Guerra Civil: por ejemplo, el 18 de julio de 1996, sexagésimo aniversario del comienzo de la contienda, el Times de Londres elogió el trabajo de los hispanistas sobre el conflicto y afirmó que «el tabú de la Guerra Civil s(eguía) intimidando a los historiadores españoles». Sin duda, los historiadores extranjeros, en especial los que escribieron en vida de Franco, han hecho una contribución importante a la historiografía de la represión. No obstante, hay pocas pruebas de que los historiadores españoles hayan estado «intimidados» por los «tabúes» de la Guerra Civil. Gracias a más de treinta años de profunda investigación, en la actualidad se conoce perfectamente el coste humano de la cruzada de Franco contra el «comunismo» y de la limpieza republicana de «fascistas»: como máximo, se produjeron ciento cincuenta mil ejecuciones en la España rebelde o «nacional», cincuenta mil de ellas tras la contienda, mientras que en la retaguardia republicana hubo entre cincuenta mil y sesenta mil víctimas, entre ellas más de seis mil miembros del clero[2].

Por tanto, en cualquier debate sobre la historiografía de la represión durante y después de la Guerra Civil no debería prestarse mucha atención a la supuesta renuencia de los españoles a investigar. Mucho más elocuente es la persistencia de los relatos republicanos a la hora de explicar la explosión de violencia política desatada en España a partir del 18 de julio de 1936. En noviembre de 2008, menos de un mes después de dictar su auto, Garzón se inhibió de investigar la causa, pero la tesis de un exterminio franquista sistemático (opuesto a la «incontrolable» represión republicana) sigue influyendo en la historiografía.

I

No resulta sorprendente que en las memorias de dirigentes republicanos exiliados aparecieran denuncias del exterminio franquista. Julio Álvarez del Vayo, antiguo ministro de Asuntos Exteriores, afirmaba en 1940: «Haber votado al Frente Popular bastaba para que un hombre fuera condenado a muerte», a lo que añadía más adelante: «El Gobierno de la República no puede reprocharse haber ordenado o tolerado durante la guerra matanzas como las de Badajoz [agosto de 1936] y Málaga [febrero de 1937]». El paso del tiempo no cambió la convicción de que Franco había exterminado a sus oponentes. En 1973, Juan Simeón Vidarte, vicesecretario del PSOE durante la guerra, sostuvo desde México que el bando nacional había cometido un genocidio. Según él, esta actuación tenía su base en los planes «genocidas» del organizador de la rebelión militar, el general Mola[3].

Por supuesto, debe señalarse que los exiliados escribían sus memorias en un momento en el que la investigación independiente de la represión franquista era imposible. En 1949, el hispanófilo Gerald Brenan fue a Granada para visitar la tumba del poeta Federico García Lorca, la víctima más famosa de la represión en la ciudad andaluza. Pronto descubrió la escala de los asesinatos cometidos en el verano de 1936. Cuando fue a uno de los emplazamientos de las ejecuciones de la vecina localidad de Víznar, empezó a contar las tumbas improvisadas, pero «dej[ó] de hacerlo cuando vi[o] que eran centenares». Al cabo de poco tiempo, se marchó de Granada sin localizar la tumba de Lorca, porque no quería «comprometer a las personas que habían hablado con [él]». El doctorando irlandés Ian Gibson siguió en 1965 la misma ruta que Brenan, sabedor de que «la policía vigilaba discretamente a los extranjeros que buscaban información sobre la represión». Más adelante, calculó que en Granada se había ejecutado a más de seis mil personas[4].

Como pone de relieve la obra de Gibson, uno de los objetivos de los historiadores extranjeros a comienzos de la década de 1960 y principios de la de 1970 era la elaboración de estadísticas fiables sobre el número de ejecuciones durante la Guerra Civil y después de ella. Los cálculos variaban considerablemente. Hugh Thomas y Gabriel Jackson daban cifras muy distintas en sus historias de la Guerra Civil publicadas en 1961 y 1965, respectivamente. Thomas creía que los republicanos habían ejecutado a más personas que sus oponentes (75 000/40 000). Por su parte, Jackson sostenía que por cada nacional se había matado a veinte republicanos (20 000/400 000). Stanley G. Payne, en una obra publicada entre 1967 y 1970, propuso que la proporción entre el número de ejecuciones de los dos bandos era más bien de tres a uno (61 000/150 000).

La principal razón de las disparidades radica en la distinta evaluación de la fiabilidad de las fuentes publicadas. Aunque en la segunda edición de su libro, publicada en 1965, Thomas elevó la cifra de ejecutados por el bando nacional a 50 000, siguió rechazando las afirmaciones hechas por testigos de la época de que el número de muertes ascendía a cientos de miles. Jackson tomaba como base de sus cifras la interpretación brindada por Elena de la Souchère de las cifras oficiales de muertos. Payne se mostró crítico al respecto, señalando que se trataba de «un método de computación no enteramente satisfactorio», y tuvo la prudencia de comentar lo siguiente: «[N]o será posible determinar el número de víctimas del régimen nacional hasta que este haya terminado, y tal vez ni siquiera entonces[5]».

Pese a las diferencias de opinión sobre la magnitud de la represión en el bando nacional, existía entre los historiadores extranjeros un amplio consenso sobre su carácter generalizado. Jackson subrayaba que «las ejecuciones en la España nacional […] eran ordenadas y aprobadas por las más altas autoridades militares». Aunque Thomas observó que el número de ejecuciones «variaba de una región a otra, al azar de las autoridades locales o del militar al mando», subrayó la determinación común de «extirpar las impuras herejías del liberalismo, el socialismo, el comunismo y el anarquismo». Asimismo, Payne escribió en 1967 lo siguiente: «Aunque Franco no había ordenado las ejecuciones en masa, no hay la menor prueba de que hiciese nada para evitarlas».

Este consenso era un reflejo de que abordaban el asunto de manera similar. Todos se centraban en la sangrienta y casi siempre arbitraria represión de los primeros meses de la Guerra Civil: a medida que la regularización y la institucionalización del mantenimiento del orden y de la «justicia» fueron incrementándose bajo el mando militar, la represión fue menguando. Resulta comprensible que el estudio de la represión posterior a la guerra no se hiciese de la manera adecuada. Por ejemplo, Thomas escribió en las ediciones de 1961 y 1965 de su libro lo siguiente: «No es este el lugar para describir lo que hizo el general Franco al lograr la victoria[6]».

Pese a todo, esos estudios pioneros representaron un importante intento de aplicar el prisma de la disciplina histórica a la cuestión de la represión durante la Guerra Civil, en un momento en el que la investigación independiente seguía siendo imposible en la España franquista. El régimen prohibió muchos libros de autores extranjeros, entre ellos los de Thomas y Jackson, publicados solo después de 1975. Aun así, las obras de estos dos historiadores, al igual que las de Payne o Gibson, circularon clandestinamente por la España de Franco, en ediciones de la editorial Ruedo Ibérico, creada en París por españoles exiliados. La producción de dicha editorial no se limitaba a las obras de autores extranjeros: también publicó memorias, como las de Cipriano Mera, importante jefe militar anarquista del ejército republicano sentenciado a muerte por un tribunal militar franquista en 1943, además de su propio «libro blanco» sobre las cárceles franquistas[7].

Sin embargo, solo a partir de 1976, durante la transición a la democracia, comenzó en España el debate sobre la «justicia» de Franco. Irónicamente, algunas figuras destacadas del anterior régimen desempeñaron un papel importante en ese proceso. La contribución más destacable fue la de Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco. En sus memorias, publicadas en 1977, el antiguo ministro de Interior y Asuntos Exteriores señaló que los tribunales militares habían sentenciado a los republicanos a cumplir penas de prisión o a ser ejecutados por el delito de rebelión militar. Serrano Suñer admitía que tal cosa era «absurda», una muestra de «justicia al revés[8]».

Una de las características más importantes de la transición a la democracia fue la aparición de testimonios personales de las víctimas franquistas. Uno de los autores más prolíficos en este sentido fue el periodista anarquista Eduardo de Guzmán. Detenido al final de la guerra, había sido sentenciado a muerte por un tribunal militar de Madrid por rebelión militar en enero de 1940, pero luego fue indultado y, finalmente, fue puesto en libertad. Como no podía volver a su antigua profesión, De Guzmán se dedicó a escribir literatura barata con diferentes pseudónimos, hasta que el fin del franquismo le dio la oportunidad de contar por escrito sus experiencias posteriores a la Guerra Civil.

De Guzmán escribió también sobre la represión franquista y en abril de 1978 afirmó la existencia de un millón de prisioneros políticos y de doscientas mil ejecuciones en España después de la Guerra Civil. Aunque a partir de 1975 se habían publicado obras sobre aspectos de la represión como los trabajos forzados, la polémica cuestión de las ejecuciones siguió preocupando a los historiadores. El texto escrito por De Guzmán en 1978, basado en su mayor parte en fuentes conocidas desde hacía mucho tiempo por los especialistas extranjeros (aunque no por los españoles), tenía el propósito de rebatir las estadísticas ofrecidas por Ramón Salas Larrazábal en 1977[9].

Ramón Salas, general franquista, creía (como su hermano Jesús) que podían cuantificar con objetividad y precisión las ejecuciones en la España republicana y franquista mediante el estudio de las estadísticas oficiales; concretamente, empleó los registros civiles, pues en su opinión todas las muertes que se habían producido en el período 1936-1945 estaban ya anotadas en 1950. El resultado de su investigación ofrecía la impresión de que la represión había sido igualmente mortífera en los dos bandos: en la España nacional había habido, entre 1936 y 1959, 80 378 «ejecuciones judiciales», de las que 22 716 se habían producido tras el fin de la contienda; en la España republicana, se habían producido 72 344 ejecuciones. Según Salas, la diferencia estadística entre los dos bandos resultaba insignificante, dada la contracción continua de la zona republicana hasta la derrota final de 1939[10].

En el decenio siguiente aparecieron estudios locales que refutaban las cifras de Salas. La importancia concedida a la cuantificación resultaba comprensible por diversas razones. Los historiadores en activo durante la transición a la democracia eran perfectamente conscientes de que los funcionarios franquistas estaban destruyendo documentos en masa. Para empeorar las cosas, los historiadores no podían acceder a los documentos que se conservaban. La aparición en la década de 1970 de un sistema democrático surgido de las entrañas del Estado franquista se basaba en la idea de la amnistía: ni los franquistas ni los opositores antifranquistas serían acusados por acciones realizadas con anterioridad a la muerte de Franco en noviembre de 1975. Eso conllevaba que el acceso a los archivos estatales dependiera del antojo de una burocracia en la que no se había introducido cambio alguno: a los investigadores que, como Alberto Reig Tapia, pedían consultar los archivos militares se les decía que no estaban disponibles. Aunque el gobierno socialista de Felipe González aprobó en 1985 una ley que regularizaba el acceso a los archivos, la documentación relativa a los sentenciados por «rebelión militar» seguía siendo inaccesible, para desilusión de los historiadores[11].

Otro historiador que intentó examinar los archivos militares sin conseguirlo fue Josep Maria Solé i Sabaté. Ante las dificultades encontradas a comienzos de la década de 1980 para investigar la escala de las ejecuciones franquistas en Cataluña, estableció una metodología que serviría durante más de un decenio como modelo para los historiadores locales que investigaban la represión franquista. Solé i Sabaté empleó diversas fuentes, incluidos testimonios orales, pero solo las consideraba fiables cuando los datos quedaban corroborados por los de los cementerios y las inscripciones de defunción de los registros civiles locales. El resultado de lo que Josep Termes, en el prólogo al estudio publicado en 1985, elogió como los métodos «científicos» de Solé i Sabaté, arrojó una cifra de 3386 ejecuciones.

La investigación de Solé i Sabaté supuso una contribución relevante a la desmitificación de las ejecuciones después de la Guerra Civil. Dio cuenta de la importancia de la institucionalización de la represión: a diferencia de lo ocurrido en 1936, cuando la inmensa mayoría de ejecuciones se llevaron a cabo extrajudicialmente, desde la ocupación de Cataluña en 1938-1939 todas ellas, excepto treinta o cuarenta, se produjeron tras un juicio militar. Por último, sus cifras subrayaban que las ejecuciones se habían concentrado en el período inmediatamente posterior al fin de la contienda: el 84,5% tuvo lugar a finales de 1940[12].

No se debe exagerar el predominio de las monografías relativas a cifras por provincias en la historiografía sobre la represión nacional aparecida en el decenio de 1980. La cuidada monografía publicada en 1983 por Hartmut Heine sobre la oposición antifranquista desde 1939 hasta 1952, mostraba con extrema claridad la determinación brutal del régimen a aplastar todo tipo de resistencia interna tras la Guerra Civil. El mismo año se publicó también la obra crucial de Manuel Ballbé sobre el papel de los militares en el mantenimiento de la ley y el orden entre 1812 y 1983, en la que se demostraba que el empleo franquista de tribunales militares para castigar a civiles tenía extensos antecedentes históricos: para castigar a los republicanos por rebelión, el régimen no tuvo que introducir nuevos códigos legales, sino aplicar el Código de Justicia Militar vigente desde 1890.

Alberto Reig Tapia publicó en 1986 el libro más influyente del decenio. Pese a su relativa brevedad (186 páginas), Ideología e historia desacreditó la metodología y las cifras de Salas al demostrar que no todos los asesinatos cometidos en la España nacional, sobre todo los de 1936, quedaron inscritos en los registros civiles. Al cabo de diez años, Reig señaló que la investigación llevada a cabo en quince provincias con la metodología de Solé i Sabaté había identificado a 47 938 víctimas de la represión de los nacionales, el doble del total dado por Salas (23 791).

El rechazo de Reig de la metodología de Salas formaba parte de una tesis general que denunciaba la autoproclamada «objetividad» de autores con antecedentes franquistas, como Ramón y Jesús Salas Larrazábal. Según Reig, estos intentaban «justificar» la rebelión militar de julio de 1936 tras una fachada «neopositivista». Por tanto, resulta irónico que él mismo presentase los relatos republicanos como la «realidad» de la represión franquista. Como el historiador marxista Manuel Tuñón de Lara escribió en el prólogo del libro: «La tesis de Reig Tapia es que el terror en la zona rebelde […] está pensado, programado desde los centros de decisión». O, como afirmó el propio Reig, la represión del bando nacional constituyó una «política de exterminio[13]».

La tesis de Reig estaba basada en documentos publicados más que en fuentes de archivo de primera mano. No obstante, el paulatino acceso a los documentos brindó nuevas oportunidades para la investigación. En 1990, Manuel Álvaro Dueñas fue el primer historiador que examinó los archivos de los tribunales creados en virtud de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939. Su obra sobre esta pieza de la legislación represiva franquista, hasta entonces muy citada pero poco comprendida, reveló que los militares no solo castigaban a los republicanos por rebelión, sino que controlaban los tribunales de responsabilidad política que condenaban a los republicanos por «iniciar» la Guerra Civil.

La mayor disponibilidad de los materiales de archivo en tiempos del gobierno socialista y, a partir de 1996, del popular dio como resultado un incremento del volumen de las investigaciones publicadas en la década de 1990. Las monografías provinciales ya no eran meros trabajos de recuento de cadáveres. Aunque la identificación de víctimas seguía siendo importante, esos estudios también examinaban detalladamente las formas de ejecución, las prisiones en las que se encarcelaba a los opositores, la confiscación de sus bienes y la discriminación sufrida por sus familias tras su muerte. Por otra parte, las ejecuciones fueron solo el inicio de una investigación sobre la multiforme represión llevada a cabo por el bando nacional, en la que además se prestaba atención a las depuraciones de trabajadores, profesionales y funcionarios[14].

La conciencia acrecentada de la complejidad del fenómeno represivo en España impulsó a Solé i Sabaté a escribir sobre «las represiones» en un artículo publicado en un libro colectivo para conmemorar el sexagésimo aniversario de la Guerra Civil. Sin embargo, al cabo de poco tiempo volvió al tema habitual del exterminio nacionalista organizado. La apertura lenta y parcial de los archivos militares a finales del decenio de 1990 solo sirvió para afianzar la idea de que los republicanos fueron exterminados por sus oponentes. Así queda de relieve, por ejemplo, en el estudio sobre la justicia militar en Madrid publicado en 1997 por Mirta Núñez Díaz-Balart y Antonio Rojas Friend. Después de que el Archivo Militar de la capital desestimara su petición de consultar varios centenares de expedientes, les permitió acceder a cuatro que, casi sin excepción, terminaban en sentencia de muerte. En esas circunstancias, su conclusión de que en Madrid «las sentencias de muerte no eran nada extraordinario» no resulta sorprendente. Así pues, a pesar de todo lo que se había escrito sobre la represión en el bando nacional, el conocimiento de su principal mecanismo legal, los tribunales militares, era escaso. Como decía una reseña sobre la bibliografía existente al respecto en 1999: «Los Tribunales Militares fueron […] el instrumento básico de represión, [pero] a pesar de su importancia manifiesta, los principios por los que se regían y los métodos en los que se materializaban siguen siendo desconocidos[15]».

II

En el sexagésimo aniversario del final de la Guerra Civil, la idea del exterminio en masa seguía siendo crucial en la historiografía sobre la represión ejercida por los nacionales; pero lo mismo sucedía con la idea de la agresividad espontánea en las explicaciones sobre la violencia republicana. Sabedores de que los asesinatos cometidos en la retaguardia socavaban los intentos de presentarse en foros extranjeros como combatientes en una guerra por la democracia, la élite política republicana en el exilio reflexionó ampliamente sobre la cuestión tras la contienda. El socialista Francisco Largo Caballero, presidente del gobierno en 1936-1937, admitió que «en los primeros días se cometieron actos lamentables». Aun así, las condenas se situaban en el marco del terror organizado del bando nacional y del derrumbamiento de la autoridad del Estado republicano causadas por la rebelión militar. Juan Simeón Vidarte afirmó que «el genocidio perpetrado por los rebeldes no solo fue responsable de los asesinatos en su zona, sino también en la nuestra». Otro socialista, Juan Negrín, presidente del gobierno en 1937-1939, escribió en abril de 1956 que, «por supuesto», algunos «elementos incontrolables» habían cometido asesinatos[16].

El contraste entre el exterminio ordenado por los de arriba en el bando nacional y la «incontrolable» violencia republicana perpetrada por los de abajo no convencía a todos los historiadores extranjeros de las décadas de 1960 y 1970. Aunque Hugh Thomas aceptó en 1961 que tras la rebelión el poder quedó fracturado en la España republicana y escribió sobre la existencia de «un ataque colosal e incontrolable contra la vida de miembros de la iglesia y de la burguesía», creía que la izquierda había matado «como parte de una operación militar» y subrayaba la responsabilidad de todos los partidos políticos y sindicatos del Frente Popular en la purga. Análogamente, Stanley G. Payne escribió en 1970 que el «Terror Rojo […] no fue el resultado de la furia ciega y espontánea de las masas, [sino que fue ejecutado] por pequeños grupos de los partidos revolucionarios […] con la aprobación de sus superiores y a veces por iniciativa de estos». Payne criticaba la opinión expresada en 1965 por Gabriel Jackson de que las ejecuciones fueron «obra de turbas revolucionarias que se aprovecharon del hundimiento del Estado republicano», como escribió en su historia sobre la Guerra Civil. Esta diferencia interpretativa era en parte un reflejo de las distintas metodologías empleadas por historiadores sin apenas acceso a materiales de archivo. Jackson prefería utilizar las fuentes republicanas publicadas, mientras que Thomas y Payne estaban más dispuestos a tener en cuenta las pruebas presentadas en la Causa General, la investigación oficial del franquismo sobre los «crímenes rojos» abierta formalmente en abril de 1940.

Pese a estas diferencias, el tratamiento dado por los historiadores extranjeros a la represión en la zona republicana compartía ciertas características. Como en su análisis de la persecución llevada a cabo por el bando nacional, se concentraban en el terror de los primeros meses de la guerra y pasaban por alto en gran medida la institucionalización de la «justicia popular». Thomas y Jackson solo se refirieron de pasada a los tribunales populares creados por el gobierno de la República en agosto de 1936. Dadas las graves consecuencias del debate para la resistencia y la moral republicanas, no es de extrañar que los estudios sobre lo acontecido en la retaguardia republicana tras la reconstrucción de la autoridad estatal centralizada en el invierno de 1936-1937 se concentraran en las disputas cada vez más agrias entre las organizaciones del Frente Popular (y dentro de ellas), así como en la influencia progresiva del Partido Comunista de España (PCE). Esto último entrañaba que los objetivos primordiales de la represión ya no eran los católicos o la burguesía, sino los disidentes revolucionarios de la izquierda y los enemigos de los comunistas, en especial los del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM[17]).

Durante la transición a la democracia se hicieron relativamente pocas investigaciones sobre la represión en el bando republicano, dado que muchos lo consideraban un tema «franquista» que no necesitaba de ulterior aclaración. La única masacre republicana estudiada por extenso en los primeros años de la España posfranquista fue el asesinato de unos dos mil prisioneros políticos sacados de las cárceles de Madrid y ejecutados en las inmediaciones de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, en el este de la provincia de Madrid, entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936. La razón por la que las «matanzas de Paracuellos» —nombre con el que se conocía el episodio— alcanzaran tanta prominencia después de 1975 fue la vuelta a España de Santiago Carrillo Solares, dirigente del PCE, en 1976. Carrillo, que había desempeñado un papel importante en la Transición, había sido, a la edad de veintiún años, formalmente responsable de las prisiones de la capital como miembro de la Junta de Defensa de Madrid en noviembre de 1936. A lo largo de su extensa vida —en el momento de escribir estas líneas, Carrillo cuenta noventa y siete años—, siempre ha negado el conocimiento y la responsabilidad de las matanzas y ha culpado de ellas a «elementos incontrolables».

La extrema derecha utilizó Paracuellos como arma política contra el líder del partido comunista. El 3 de junio de 1977, El Alcázar, periódico franquista, condenó el asesinato de «doce mil mártires» por orden del «terrorista» Carrillo. Sin embargo, el estudio más importante sobre las matanzas escrito en esos años fue el de Ian Gibson, el autor que había aclarado las circunstancias de la muerte de García Lorca en Granada en agosto de 1936. Gibson, socialista confeso, no solo consultó documentos franquistas, sino también materiales republicanos y testimonios de extranjeros. Su veredicto no dejaba lugar a dudas: «[La operación] funcionó […] con la precisión de una máquina bien engrasada […] Fue una operación cuidadosamente planeada desde Madrid». En cuanto a Carrillo, sostuvo que en el mejor de los casos no podía haber «duda alguna» de que tenía «constancia de lo que estaba sucediendo», pero que no hizo nada para detener las ejecuciones.

Sin embargo, más importante que la cuestión sobre la responsabilidad personal de Carrillo fueron otras conclusiones de Gibson que daban la vuelta por completo a muchos relatos republicanos sobre la represión. La operación estuvo organizada por el «“Consejillo de Orden Público” [subcomité policial encabezado por Carrillo], organización controlada por los comunistas» y se le puso «inmediatamente fin» tras el nombramiento de Melchor Rodríguez García, prominente miembro de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), como delegado especial de las prisiones de Madrid el 4 de diciembre de 1936. «El extraordinario empeño de un solo hombre, noble, fuerte e idealista —escribe Gibson— bastó para acabar con una situación tan inhumana[18]».

Pero aunque la investigación de Gibson ponía en tela de juicios las ideas sobre la «incontrolada» violencia republicana, no profundizó en la cuestión. Su libro, centrado únicamente en las matanzas de Paracuellos, no estudiaba la violencia ejercida con anterioridad en Madrid o en otras zonas bajo control republicano. De hecho, durante gran parte de la década de 1980, la represión del bando republicano no atrajo tanta atención como la del bando nacional. La escasez de investigaciones durante este período tiene su mejor ilustración en el tratamiento dado al tema por Reig Tapia en su libro Ideología e historia, publicado en 1986. Como hemos visto, Reig sostenía que los militares rebeldes habían adoptado una estrategia de exterminio, que contrastaba con las ejecuciones en la zona republicana, llevadas a cabo por «las masas del Frente Popular» y por «delincuentes comunes» que utilizaban las organizaciones políticas como «tapadera para sus desmanes».

Sin embargo, a finales del decenio se publicaron nuevas investigaciones en forma de monografías locales o regionales. Por ejemplo, en 1989-1990, Solé i Sabaté y Joan Villarroya dieron a conocer un estudio fundamentalmente cuantitativo sobre la represión republicana en Cataluña. Empleando la misma metodología que había caracterizado a la anterior obra del primero sobre las ejecuciones franquistas, los autores identificaron a 8360 víctimas. Asimismo, sus hallazgos indicaron la importancia de la institucionalización de la «justicia popular» en el verano de 1936-1937: de esas 8360 ejecuciones, unas 8000 fueron extrajudiciales.

No todos los trabajos eran de carácter cuantitativo o local. Gracias a Glicerio Sánchez Recio, a comienzos de la década de 1990 se habían producido avances importantes en nuestra comprensión del sistema de «justicia popular» creado por el gobierno de la República en agosto de 1936. Este autor señaló que al comienzo dichos tribunales se diferenciaban de los tribunales «burgueses» porque tenían como base una judicatura purgada y subordinada a jurados populares compuestos exclusivamente por miembros de las organizaciones del Frente Popular; de ellos se esperaba que impartieran una justicia sumaria contra los enemigos políticos de la República. Sánchez Recio también puso de relieve que la evolución posterior de la justicia popular republicana fue un proceso complejo que no admitía generalizaciones simplificadoras. No obstante, demostró que el anarquista Juan García Oliver, ministro de Justicia desde noviembre de 1936 hasta mayo de 1937, no repudió los tribunales populares a favor de la normalidad «burguesa», sino que refinó y amplió su uso. La principal innovación de García Oliver fue la creación de campos de trabajo el 26 de diciembre de 1936, que cambiaron la prisión por los trabajos forzosos para los condenados por los tribunales populares. Pese a que el empleo de los trabajos forzosos rara vez figuraba en los relatos republicanos sobre el mantenimiento de la ley y el orden después de la Guerra Civil, Sánchez Recio reveló que el sistema de campos se amplió durante el mandato de Juan Negrín: el 24 de octubre de 1937, Manuel de Irujo, entonces ministro de Justicia, inauguró el campo «modelo» de Albatera, en la provincia de Alicante[19].

La década de 1990 fue también testigo de la renovación de la historiografía sobre el anticlericalismo durante la Guerra Civil. En 1991, Julio de la Cueva se lamentaba de que solo se habían escrito ocho estudios sobre el anticlericalismo español desde el siglo XIX. Entre ellos estaba el publicado en 1961 por Antonio Montero Moreno sobre la persecución religiosa durante la Guerra Civil, exhaustivamente documentado y en el que se identificaba y se hacía la relación de 6852 víctimas, incluidas 283 monjas. A finales del decenio la situación se había transformado, en parte por las investigaciones del propio De la Cueva. En 1998, subrayó que su obra indicaba que las «atrocidades cometidas contra religiosos durante la guerra civil española […] no fueron arrebatos aislados e irracionales de violencia […], [sino] la consecuencia de una larga tradición de anticlericalismo popular y populismo anticlerical […] los revolucionarios se limitaron a poner en práctica lo que ya sabían: para conseguir una sociedad nueva, mejor y sin tacha, había que erradicar al clero[20]».

III

Al año siguiente vio la luz Víctimas de la guerra civil, síntesis de las obras sobre la represión que ilustra bien las fortalezas y debilidades de la historiografía española en el sexagésimo aniversario del comienzo de la contienda. Coordinada por uno de los principales historiadores españoles, Santos Juliá, presentaba contribuciones de los especialistas Julián Casanova, Josep Maria Solé i Sabaté, Joan Villarroya y Francisco Moreno[21]. Un útil apéndice revelaba que 29 provincias de un total de 47 habían sido objeto de una monografía sobre la represión ejercida por el bando nacional, mientras que se habían escrito 22 estudios sobre la violencia republicana. Como señalaba Santos Juliá en su interesante introducción, el gran número de libros publicados desde 1975 sobre la represión —y la Guerra Civil en general— tiraba por tierra el mito del pacto de olvido durante la transición a la democracia; la amnistía se confundía con la amnesia.

La primera parte del libro, escrita por Casanova, establecía al margen de toda duda el carácter criminal de la represión en 1936, cuando la autoridad estatal republicana se había derrumbado a consecuencia de la rebelión y el «Nuevo Estado» franquista aún estaba por construir. En Cataluña, el 80% de las 8432 ejecuciones se produjo en los cinco primeros meses del conflicto; la limpieza de «fascistas» en la provincia catalana de Lérida fue particularmente intensa desde el punto de vista cronológico: el 50% de los asesinatos se perpetró a finales de agosto de 1936. En la provincia agrícola de Albacete, el 75% de las ejecuciones había tenido lugar a finales de septiembre; en Madrid, que fue testigo del mayor número de ejecuciones en la zona republicana (8500), el terror llegó a su apogeo en octubre y noviembre.

En la España nacional, los meses anteriores a la investidura del general Franco como jefe del Estado en octubre de 1936 fueron los más brutales, con diferencia: Casanova calculaba que entre el 50 y el 70% de todas las ejecuciones se había producido durante ese breve período. Las regiones más afectadas fueron las rurales Andalucía y Extremadura, con más de cinco mil ejecuciones en las provincias de Córdoba, Badajoz, Huelva y Sevilla a finales de 1936. Cada una de esas provincias, al igual que otras como Navarra y Zaragoza, fueron testigos del asesinato de más de dos mil personas en solo setenta días de aquel sangriento verano.

Casanova subrayaba que el terror de 1936 fue selectivo. A los asesinados en la zona republicana se los consideraba culpables colectivamente de la rebelión militar (oficiales militares, sacerdotes, terratenientes, empresarios) y un obstáculo para la nueva sociedad antifascista que estaba en construcción; las víctimas de la zona nacional no solo eran los miembros del Ejército que permanecieron fieles a la República en julio de 1936 o los dirigentes de los sindicatos o las organizaciones políticas de izquierdas, sino también todos aquellos considerados colectivamente responsables de hacer necesaria la rebelión militar para salvar España: sindicalistas, activistas, políticos de izquierdas, liberales, francmasones y «separatistas» (nacionalistas vascos, catalanes y gallegos).

También señalaba el carácter extrajudicial de los asesinatos de 1936. Solo una minúscula minoría, principalmente mandos militares que se negaron a unirse a la rebelión, se enfrentó a un tribunal militar antes de ser ejecutada en la España nacional: por ejemplo, en Zaragoza solo 32 víctimas de un total de 2578 fueron sentenciadas a muerte antes de ser asesinadas en 1936. También en la zona republicana los mandos militares figuraban entre los juzgados por un tribunal antes de morir: los generales Goded y Fanjul, cabecillas de la rebelión en Barcelona y Madrid, fueron ejecutados en agosto de 1936 después de juicios sumamente publicitados. Sin embargo, eso era la excepción: la suerte más habitual de los «fascistas» era recibir una bala en una fosa o en campo abierto a altas horas de la noche, después de llevarlos a dar un «paseo» en un coche confiscado por milicias armadas; también los «rojos» solían perecer en fusilamientos nocturnos perpetrados por grupos paramilitares como los requetés carlistas o las milicias falangistas.

Aunque Víctimas retrataba con eficacia la absoluta brutalidad del terror de 1936, era menos convincente a la hora de explicar la evolución posterior de la represión. La observación es sobre todo pertinente en lo tocante a la violencia de los nacionales. Aunque Casanova aceptaba que la construcción del Estado en la España franquista a partir de octubre de 1936 fue lenta y difícil, insistía en que la represión había sido desde el comienzo de la Guerra Civil una «operación de exterminio», situada firmemente bajo el control de los dirigentes militares rebeldes. Con ello, el autor infravaloraba la importancia de la institucionalización gradual de la represión a partir del invierno de 1936-1937 —en especial, la expansión del sistema de justicia militar— y prefería concentrarse en el punto en que se encontraba ese proceso en 1937, sobre todo en la matanza de al menos mil quinientas personas tras la ocupación de Málaga en febrero.

En el estudio sobre la represión tras la Guerra Civil que constituye la tercera parte del libro, Moreno pasaba por alto ese proceso de institucionalización. Los estudios locales mostraban claramente que la burocratización de los asesinatos dio lugar a un menor número de ejecuciones a partir de abril de 1939, al margen de factores como el tamaño de la población o la fuerza de las organizaciones políticas y los sindicatos de izquierdas: es improbable que la suma de las víctimas del franquismo en Barcelona, Madrid y Valencia alcance las diez mil. Sin embargo, Moreno desdeñaba los tribunales militares considerándolos «un mero trámite para la eliminación física» y citaba extensamente fuentes republicanas que indicaban la existencia de una estrategia de sentencias exterminadoras. El autor concedía que las ejecuciones por delitos cometidos durante la Guerra Civil acabaron en 1942-1943, pero subrayaba la represión continuada de la actividad política antifranquista, con lo que oscurecía el dato de que las ejecuciones judiciales a gran escala habían decrecido notablemente ya en 1945[22].

Para no ser injustos con Moreno, lo cierto es que la cuestión de las razones por las que las ejecuciones en masa menguaron en la España franquista apenas había atraído la atención de los historiadores. Los estudios cuantitativos locales de la década de 1980 habían señalado el declive de las ejecuciones a comienzos del decenio de 1940 y lo habían explicado poniéndolo en relación con la situación interna y argumentando que las victorias aliadas forzaron al régimen a moderar la represión. En la década de 1990, los historiadores a menudo combinaron este último enfoque con la interpretación de Moreno y afirmaron que la represión franquista no cambió esencialmente y que las concesiones que se hubieran hecho no eran sino gestos ante las democracias occidentales para asegurar la supervivencia del régimen en un mundo posfascista.

Sin embargo, cabe dudar de que las democracias occidentales presionaran mucho al régimen de Franco para que acabara con las ejecuciones. Sir Samuel Hoare, embajador de Gran Bretaña en España a partir de 1940, católico y miembro del gobierno británico de unidad nacional liderado por los conservadores que había sido partidario acérrimo de la no intervención en 1936, tenía en poca estima a los republicanos. El historiador católico Carlton J. H. Hayes, embajador de Estados Unidos entre 1942 y 1945, compartía con él esa antipatía. No eran la clase de hombres que habrían forzado al régimen de Franco a abandonar una «operación de exterminio» ideológica[23].

Pero aunque Víctimas revelaba que las teorías estáticas sobre el exterminio perpetrado por los nacionales entre 1936 y 1945 seguían ejerciendo atracción, exageraba el grado en que la restauración de la autoridad estatal en el verano de 1936-1937 transformó la naturaleza de la represión republicana. En la segunda parte del libro, Solé i Sabaté y Villarroya sostenían que el principal objetivo tanto de las fuerzas reconstituidas de la ley y el orden como de los tribunales populares a partir de 1937 era la localización y el castigo de los miembros de la quinta columna. Aunque no negaban que el Servicio de Investigación Militar (SIM) —policía secreta republicana creada por el socialista Indalecio Prieto, ministro de Defensa, en agosto de 1937— actuó brutalmente contra los enemigos políticos, subrayaban su efectividad para neutralizar la actividad quintacolumnista.

Este estudio sobre el SIM fue un valioso correctivo para los relatos de la izquierda revolucionaria, que afirmaban que los principales objetivos de ese organismo habían sido disidentes revolucionarios antiestalinistas; investigaciones posteriores han indicado además que el dominio comunista del SIM tal vez se haya exagerado. Sin embargo, el argumento de Solé i Sabaté y Villarroya según el cual la represión estatal a partir de 1937 debe considerarse una respuesta a las actividades de los enemigos de la República no se sostiene. Esa interpretación pasa por alto que los tribunales republicanos siguieron castigando retrospectivamente por actividades políticas anteriores a la Guerra Civil. Tampoco presta atención al legado revolucionario del anarquista Juan García Oliver, ministro de Justicia, cuyo sueño de transformar el árido campo español con el sudor de los «fascistas» quedó parcialmente realizado con la apertura de varios campos en 1937-1938[24].

IV

Aunque Víctimas no presentaba pruebas o interpretaciones sustancialmente nuevas sobre la represión durante la Guerra Civil y después de ella, fue un gran éxito comercial (actualmente, sigue disponible). Las ventas reflejaban un interés renovado en el conflicto por parte de una nueva generación de españoles demasiado jóvenes para recordar los largos años de la dictadura franquista. Entre ellos se contaban Emilio Silva y Santiago Macías, que en el año 2000 crearon la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), después de la exhumación de los restos del abuelo republicano del primero, ejecutado junto a otras doce personas por falangistas en Priaranza del Bierzo (León) en octubre de 1936.

El principal objetivo de la ARMH era (y es) la identificación y excavación de fosas comunes de víctimas del franquismo. Su tarea confirmaba la distinción esencial entre la Guerra Civil y la represión posterior. De las diecisiete fosas comunes localizadas por la ARMH en toda España que en la primavera de 2003 todavía quedaban por excavar, solo dos eran posteriores a la contienda y contenían los restos de personas juzgadas y sentenciadas a muerte por un tribunal militar. La ARMH se convirtió muy pronto en el motor de una campaña a favor de la rehabilitación jurídica y la compensación a las víctimas del franquismo. Sus exigencias tienen como base fundamental la afirmación de que el régimen de Franco exterminó a sus oponentes. Por ejemplo, en abril de 2004 el grupo de derechos humanos Nizkor, con el apoyo de organizaciones vinculadas a la ARMH, publicó un informe sobre «La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas». En su sección tercera, «Los crímenes de la represión franquista se enmarcan en el contexto europeo y su calificación viene dada por el derecho emanado de Núremberg», se asegura que el régimen «pergeñó un plan de exterminio».

Como hemos visto, el argumento de que Franco cometió un genocidio no es novedoso, aunque ha ido cobrando prominencia en los relatos recientes sobre la represión franquista. Francisco Espinosa ha sostenido que la definición de genocidio propuesta por el jurista polaco Raphael Lemkin e incorporada a la jurisdicción internacional en 1948 tras los juicios de Núremberg —la destrucción sistemática de grupos nacionales, raciales, religiosos o políticos— debe aplicarse a las medidas adoptadas por el bando nacional a partir de julio de 1936. En 2008 Francisco Moreno publicó una versión actualizada de su obra sobre Córdoba en cuyo título se hablaba de «El genocidio franquista». Estas afirmaciones se acompañan cada vez en mayor medida de comparaciones con el destino de los judíos alemanes en tiempos de Hitler o con el Holocausto: en 2002, Helen Graham escribió que para el régimen de Franco «las clases trabajadoras españolas se convirtieron en lo que los judíos fueron para esa otra y más tristemente famosa Volksgemeinschaft[25]».

En un texto publicado en El País el 23 de septiembre de 2008, el historiador Antonio Elorza escribió que la tesis del genocidio franquista estaba demostrada. No es verdad. Los críticos de la tesis no ponen en tela de juicio las injusticias sufridas por las víctimas del franquismo, pero subrayan que el marco represivo institucionalizado creado al final de la Guerra Civil estaba concebido para castigar, reformar y purgar, no para exterminar físicamente. Mis investigaciones sobre la implantación de la justicia militar en Madrid a partir de abril de 1939, publicadas en 2005, mostraban que los historiadores debían tomarse en serio la inversión de la legalidad practicada por esos tribunales: durante la Guerra Civil, cualquier persona en zona republicana podía haber cometido un acto delictivo de «rebelión militar». Eso explica el extraordinario número de investigaciones militares iniciadas en la España franquista: por ejemplo, en Granada, tras la completa ocupación de la provincia al final de la guerra, veintiocho tribunales militares trabajaron a contrarreloj en 1939 para ver los cerca de sesenta mil casos abiertos.

Aun así, esta inversión de la legalidad no significa que los tribunales militares fueran, por emplear la frase de Moreno, «un mero trámite para la eliminación física». El análisis de las miles de sentencias dictadas en Madrid entre 1939 y 1944 indica que solo una pequeña parte de los acusados fue condenada a la pena de muerte; lo más común eran condenas de prisión de hasta doce años. Por otro lado, los tribunales militares no podían haber sido meros ejecutores de un «plan de exterminio», pues la estructura burocrática de la justicia militar y las definiciones forzosamente vagas del delito de «rebelión militar» les daban autonomía para dictar sentencia. Resulta elocuente que, cuando las autoridades militares centrales restringieron dicha autonomía mediante unas directrices dadas en enero de 1940, las sentencias de muerte disminuyeron y el número de casos que no llegaron a juicio se incrementó extraordinariamente. Dicho de otro modo, las autoridades centrales tomaron la iniciativa de restringir las sentencias punitivas, no de imponer un plan de exterminio.

Esta intervención no estuvo motivada por un deseo de reconciliación, sino que era una respuesta pragmática al hacinamiento en las prisiones; aunque en 1939 las cárceles de toda España solo contaban con plazas para veinte mil prisioneros, en 1940 solo las de Madrid albergaban a cincuenta mil. En realidad, pocos cumplían entera su sentencia, pues la afirmación del control central sobre los tribunales militares a partir de enero de 1939 fue concomitante con la concesión generalizada de la libertad condicional, iniciada ya en septiembre de 1939. A finales de 1943, se había liberado a 134 136 prisioneros. Por tanto, es improbable que la situación internacional fuera un factor decisivo en la liquidación por parte del régimen de las responsabilidades penales contraídas durante la Guerra Civil, pues este proceso estaba ya muy avanzado antes de que las victorias de los Aliados indicaran la derrota del Eje. La represión ejercida tras el final de la contienda fue una mezcla de celo ideológico y reacción pragmática, y reflejó una de las razones por las que el régimen perduró hasta 1975: la capacidad de adaptarse a las circunstancias sin repudiar formalmente sus principios ideológicos[26].

Una característica importante de la historiografía del genocidio franquista es la defensa del «terror rojo» que aparece en los relatos republicanos. En 2005 Graham resucitó el argumento reduccionista según el cual los militares rebeldes eran responsables de las ejecuciones republicanas, dado que habían sido ellos quienes habían empezado la Guerra Civil. En la versión de 2006 de su historia de la contienda, Paul Preston comparó la represión franquista, vista como un intento de crear en España una Volksgemeinschaft al estilo nazi, con las atrocidades republicanas, «obra con frecuencia de elementos incontrolables en un momento en el que las fuerzas del orden se habían rebelado».

El recurso continuado de los relatos republicanos a los «elementos incontrolables» y al «exterminio» del bando nacional ha hecho que la idea misma de un análisis comparativo de la represión en España durante y después de la Guerra Civil sea un anatema para algunos historiadores. En octubre de 2002 se celebró en Barcelona un importante congreso de especialistas sobre «Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la Guerra Civil y el franquismo». Aunque la mayor parte de los textos presentados hacían referencia al empleo de los trabajos forzosos por parte de los regímenes fascistas y autoritarios, solo un ponente, en un texto dedicado a los materiales archivísticos, mencionaba de pasada los campos de trabajo del republicano García Oliver. El episodio forma parte de una tendencia generalizada en la que poner en entredicho las «verdades» antifascistas sobre la Guerra Civil y sus orígenes se considera revisionismo neofranquista[27].

Es indudable que la enorme cantidad de nuevas investigaciones surgidas en el último decenio ha enriquecido nuestro conocimiento de la represión en los dos bandos durante y después de la Guerra Civil. Sin embargo, una parte excesiva de esas obras sigue anclada en los relatos del pasado. Por ejemplo, el detallado análisis publicado en 2003 por José Luis Ledesma sobre la violencia política en la zona oriental de la provincia de Zaragoza, controlada por los republicanos, rechazaba la idea de la existencia de «elementos incontrolables» en la retaguardia republicana. No obstante, seguía sosteniendo que la interpretación en términos de exterminio dada por Reig Tapia y Moreno a la represión franquista era «irrefutable».

La fuerza de las viejas ortodoxias historiográficas se aprecia en Violencia roja y azul, nuevo relato general, publicado en 2010, sobre la violencia política en los dos bandos. El libro, coordinado por Francisco Espinosa, tiene el propósito de sustituir como obra de referencia sobre el tema a Víctimas de la guerra civil, de Juliá et al. Sin embargo, la obra acusa las debilidades de esta última, sin que presente sus virtudes. La mayor de todas es la tesis del exterminio franquista planificado. Como dice Espinosa: «Por supuesto que sí hubo muerte programada, plan organizado de exterminio y genocidio político, aunque haya quien prefiera hablar de politicidio o genocidio». Sin embargo, el libro apenas ofrece intentos de comparación de la violencia franquista con los genocidios del siglo XX; de hecho, en ningún momento se admite que los especialistas en genocidios han rechazado en gran medida los modelos explicativos mecanicistas basados en programas de destrucción.

Violencia roja y azul refleja la tendencia a separar la violencia de los dos bandos, con lo que evita todo análisis comparativo. Mientras que la de unos fue «muerte programada», la de los otros era solo «la respuesta brutal de grupos más o menos organizados» que desafiaban «las diversas medidas, exitosas o no, del gobierno republicano destinadas a controlar la situación». Por fortuna, otros historiadores españoles han empezado a poner en tela de juicio tales argumentos. En un libro publicado en 2006 sobre la España de 1936, Rafael Cruz subrayó el carácter fracturado del poder tanto en la zona republicana como en la nacional y su deseo común de matar «en nombre del pueblo». Un año después, Fernando del Rey, en su análisis de la violencia política en España durante el decenio de 1930, concluía que «los dos bandos se apropiaron del lenguaje y la práctica de la violencia, y legitimaron la violencia como justa y necesaria para el surgimiento de un orden nuevo, que se creía cercano[28]». El debate continúa.

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NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE LA GUARDIA CIVIL Y LA SEGUNDA REPÚBLICA

por

GERALD BLANEY, JR.

Pese a la indudable importancia de la Guardia Civil, durante mucho tiempo los historiadores de la Segunda República la han postergado como tema con interés propio[1]. Los estudios más detallados al respecto han sido obra de historiadores pertenecientes a la propia institución. A tenor de los decenios de adoctrinamiento bajo el régimen de Franco, no es de extrañar que muchas de esas historias presentasen relatos que seguían en gran medida los argumentos empleados para justificar y glorificar el llamado Alzamiento Nacional. Los tratados más recientes escritos por miembros de la Guardia Civil resultan más matizados, pero rara vez ponen en tela de juicio las interpretaciones generales de sus predecesores. En cambio, las obras escritas por especialistas sin vínculos profesionales con el cuerpo presentan una visión de él invariablemente negativa. Cuando hablan de la Guardia Civil se centran casi de forma exclusiva en los efectos supuestamente perjudiciales de la militarización del cuerpo y de los aparatos de orden público en general, con lo que reducen poco menos que todas las actitudes y acciones de la institución a este único factor. Estas interpretaciones han dado lugar a un mito persistente entre los historiadores profesionales, según el cual era imposible «republicanizar» la Guardia Civil, porque su propia naturaleza era incompatible con los valores del nuevo régimen. Este mito suele vincularse con el supuesto fracaso de los propios republicanos para adoptar una mentalidad más «democrática» a la hora de enfrentarse al desorden público[2]. Desde este punto de vista, la supervivencia de la «Benemérita[3]», fue un símbolo de la continuidad durante la República de las concepciones sobre el orden público supuestamente «monárquicas». Estas simplificaciones se exacerban en virtud de una metodología sorprendentemente pobre: las afirmaciones sobre las ideas mantenidas en el cuerpo se hacen sin consultar apenas (o en absoluto) las fuentes primarias de la Guardia Civil. En su lugar, los análisis se basan o en la legislación oficial o en la aceptación acrítica de aseveraciones formuladas por observadores de la época sumamente subjetivos y por estadistas ajenos al cuerpo.

El punto de partida lógico para evaluar la posibilidad de «republicanizar» la Guardia Civil estriba en examinar sus tradiciones y dinámicas institucionales. También es necesario poner en entredicho algunas de las asunciones imperantes sobre la militarización. Se suele subrayar el aislamiento social de los guardias civiles y dejar en segundo plano —cuando no hacer caso omiso— su categoría profesional de policías. Sobre esto último, el examen más somero de las diversas publicaciones creadas por la Guardia Civil revelaría la cantidad de artículos dedicados a todos los aspectos de la labor policial y la criminología, incluida la información sobre los progresos alcanzados más allá de las fronteras españolas, y a temas relacionados con las tareas diarias del cuerpo. La difusión de estos conocimientos era ya patente en el propio nombre de la publicación mensual editada por la Benemérita durante el primero tercio del siglo XX, Revista Técnica de la Guardia Civil, la cual, a juzgar por las cartas enviadas por los lectores, era leída por hombres de todos los rangos. Por otra parte, las teorías elaboradas por expertos y comentaristas civiles de la época tuvieron posiblemente tanta influencia como las regulaciones del cuerpo en la configuración de las concepciones de los agentes de la Guardia Civil sobre asuntos como la mentalidad de las masas, la conducta delictiva o los movimientos como el anarquismo. Aquellos hombres incorporaban esas ideas, al igual que las inculcadas durante su formación militar, a las que procedían de sus experiencias cotidianas.

Tampoco hay muchas pruebas de que los guardias civiles se vieran como un «ejército de ocupación» o consideraran a la población general «el enemigo», bien en sentido militar, bien dentro de unas coordenadas específicamente «coloniales». La consulta de las publicaciones profesionales de la Guardia Civil o de los libros publicados por sus miembros muestra que se tenían por «protectores» y que su actitud ante sus conciudadanos era compleja. Las labores humanitarias del cuerpo, como la asistencia en épocas de inundaciones y de incendios, se celebraban a bombo y platillo, y eran un motivo recurrente en las ilustraciones y los cuadros producidos por sus miembros. Su deber de preservar la ley y la paz pública, fuera persiguiendo a delincuentes y criminales o manteniendo el orden, se concebía como una contribución esencial a la sociedad, de la que aquellos hombres se consideraban parte integrante.

La importancia institucional concedida a la disciplina y al aislamiento social era en sí misma un reconocimiento de que el guardia civil, a diferencia de sus compañeros de armas del Ejército, desempeñaba diariamente su trabajo entre la población y se relacionaba con ella. En teoría, la estricta disciplina de la Guardia Civil tenía el propósito de reducir al máximo la corrupción del personal por parte de las élites locales. El crecimiento y la organización del cuerpo se hizo desde el centro (Madrid) hacia la periferia, para llevar la autoridad y las leyes del Estado central a todos los rincones de España. Sin embargo, la teoría y la realidad no coincidían necesariamente. La propia estructura de la Monarquía liberal —sustentada en los caciques y el clientelismo, más que en los procedimientos legales y constitucionales— debería poner en guardia al historiador ante la idea de centrarse en la legislación y las regulaciones como guías exclusivas para comprender el mundo de la Guardia Civil. Por otra parte, aunque se instruía a los guardias civiles para que respetaran la jerarquía social existente, podían surgir fricciones cuando los caciques locales estaban implicados en actividades ilícitas o desacataban abiertamente leyes nacionales que los guardias civiles debían hacer respetar. Además, había resentimiento contra las élites locales, que trataban a la Guardia Civil local como si fuera su criada y con ello contradecían el concepto que los miembros del cuerpo tenían de sí mismos: el de patriotas al servicio del Estado y la nación española. De hecho, las experiencias cotidianas con el poder y la influencia del caciquismo durante los tiempos de la Monarquía liberal dejaron entre la Guardia Civil una imagen poco edificante de las élites locales y de los políticos, egoístas y corruptos.

La mayor parte de los agentes eran de origen campesino y a menudo procedían de las zonas más pobres de España. Por tanto, conocían perfectamente la difícil situación de los trabajadores rurales. En los textos de la Guardia Civil aparecen referencias implícitas y explícitas a las dificultades del trabajador humilde, lo que indica la compasión que les inspiraba la clase trabajadora y los agravios que padecía. Sin embargo, diversos factores socavaban la posibilidad de que la relación entre los miembros de la Benemérita y las masas trabajadoras fuera más positiva. Una era el deber de hacer cumplir leyes profundamente impopulares relativas a la privatización de la tierra antaño común, solo beneficiosa para los intereses de la élite local. Tal vez la misma importancia como barrera revistiese el carácter cerrado de las localidades rurales y la unión de sus habitantes, que a menudo no admitían la autoridad del Estado central y consideraban a los agentes locales de la Guardia Civil «intrusos» o «forasteros» incluso en los mejores tiempos. En cambio, los campesinos podían ver a los bandidos como «hijos del pueblo» y sentir simpatía por sus «delitos», incluidos el de resistirse a los guardias civiles y asesinarlos. Asimismo, la fuerza de la solidaridad de la comunidad local podía dar cabida a un guardia civil si era natural de ella, incluso en el ambiente caldeado de la fase inicial de la Guerra Civil[4].

El incremento poco menos que constante de las tensiones sociales en el campo, sobre todo en las grandes zonas latifundistas, implicaba que el miedo siempre estuviera presente: la mayoría de las casas-cuartel de la Guardia Civil estaban al cuidado de unos pocos miembros dispersos y se encontraban relativamente aislados de la llegada de refuerzos en tiempos de turbulencias. Los levantamientos campesinos solían dirigirse contra la casa-cuartel local, lo que significaba que los guardias civiles (y sus familias, que vivían con ellos) estaban expuestos, eran vulnerables y corrían el peligro de verse desbordados y sufrir una matanza. La evidente inferioridad numérica de la Benemérita en una situación dada entrañaba que sus hombres siempre estaban sometidos a la amenaza de verse superados por una masa envalentonada o alborotada. Como señaló un comentarista: «viviendo como vivían entre sus enemigos, […] adquirieron una propensión exagerada a disparar[5]». La continua publicación de artículos en la prensa de la Guardia Civil dedicados a hombres caídos en el cumplimiento del deber y la inquietud por la provisión para sus viudas y sus huérfanos demuestran ampliamente la conciencia plena del peligro inherente a su puesto. De hecho, la descripción habitual que ofrecían de sí mismos, la de «mártires del deber», no solo subrayaba el peligro omnipresente al que se enfrentaban los miembros, sino que además representaba una forma de victimización institucionalizada.

Esta preocupación por la seguridad significaba que los guardias civiles concedían especial importancia a la autoridad del cuerpo. El uso de la fuerza violenta, incluida la «preventiva», era un modo de mantener su autoridad mediante una transferencia de sentimientos de miedo. Aunque se consideraba que su potencia de fuego era la garantía última de su autoridad ante las masas, la mayoría de los guardias civiles optaban por medidas preventivas para desalentar el desacato a su autoridad. Se consideraba crucial que el principio de autoridad del cuerpo quedara preservado por la ley para castigar a quienes lo criticaban o incitaran a la violencia contra él. El miedo patológico a ser aplastados por las masas enloquecidas los hacía mostrarse especialmente vigilantes de los «agitadores» que pretendían «explotar» a la «honrada» clase trabajadora y movilizarla para enfrentarse al statu quo. En momentos y en zonas de tensiones encendidas, algunos guardias civiles podían recurrir a medidas extremas, en particular cuando creían que se enfrentaban a un movimiento revolucionario clandestino y organizado a punto de desatar una ola de violencia sanguinaria contra unidades locales del cuerpo[6]. En su lucha contra estos «elementos criminales» y «desviados», los guardias civiles apelaban al gobierno para que preservara y protegiera su autoridad y prestigio. En un plano más elemental, esperaban que el Estado mantuviera el orden —esa era la función primordial del gobierno— y exigiera respeto por la ley. Cuando un gobierno se mostraba incapaz de llevar a cabo esas tareas esenciales, la moral de la Guardia Civil caía y la insubordinación se incrementaba.

Tales sentimientos fueron evidentes durante el largo declive de la Monarquía liberal, sobre todo después de 1898, cuando la humillante derrota sufrida a manos de Estados Unidos privó a España de los últimos vestigios de un imperio en el que antaño no se ponía el Sol. El acontecimiento dio lugar a una crítica generalizada del statu quo entre la sociedad española. Los éxitos cosechados por los bolcheviques en Rusia en 1917 no hicieron sino dar un tono más urgente a las inquietudes de los guardias civiles —y de muchos otros— sobre la situación política: detrás del aumento de los conflictos sociales durante ese período se creía ver la existencia de confabulaciones comunistas. Después de un año particularmente tumultuoso, plagado de huelgas en la industria y malestar en el campo, la Guardia Civil expresó su exasperación con el gobierno vigente. En un lenguaje lleno de una indignación rayana en la indisciplina, la Revista Técnica de la Guardia Civil anunció: «Hay que cortar esto» y proporcionó una detallada lista de las «agresiones» padecidas por el cuerpo en 1919. «Merece se fije la atención del Gobierno y del país», exclamaba, dado que «no se puede ni se debe consentir este ambiente de asesinato y cobarde actitud de las multitudes contra la benemérita institución de la Guardia Civil[7]». Haciéndose eco de la popularidad de las críticas regeneracionistas del sistema político, una serie de artículos publicados en 1922, en esa misma revista señalaban la decadencia de la Restauración borbónica y criticaban el caciquismo y el «partidismo» de la clase política ante la crisis nacional. «La circunstancial política en España […] es pariente cercano del caos[8]». La supuesta negligencia de la clase política hizo que tanto los círculos militares como algunos círculos civiles anhelaran la llegada del proverbial «salvador de la patria». Cuando el general Primo de Rivera «se pronunció» contra el gobierno en septiembre de 1923, la Guardia Civil de Barcelona y Zaragoza se negó a intervenir contra los rebeldes, mientras que los demás miembros del cuerpo mantuvieron una actitud de frágil lealtad al gobierno[9].

El fracaso y el hundimiento subsiguiente de la dictadura de Primo de Rivera hicieron que en 1930-1931 la Guardia Civil volviera a enfrentarse a un vacío político cada vez mayor. Sin embargo, esta crisis era incluso más grave que la de 1917-1923, dado que el rey Alfonso XIII había visto que su respaldo al dictador le había privado del apoyo de los oficiales militares y los políticos. Mientras el monarca y su reducido grupo de acólitos buscaban en vano una solución para salir del apuro, la oposición republicana gozaba cada vez de más predicamento. Pese a que esta hizo varios gestos de apertura hacia la Guardia Civil, el tradicional antagonismo entre ambas hizo que los republicanos obtuvieran solo un éxito moderado a la hora de granjearse las simpatías de la Benemérita. Sin embargo, los intentos simultáneos del rey por conservar la ciega devoción del cuerpo a su causa apenas tuvieron más fortuna. Aunque la Guardia Civil seguía desconfiando de los republicanos, el temor de que la crisis de la Monarquía pudiera acarrear el caos y la revolución se impuso a cualesquiera otras consideraciones. En consecuencia, la Guardia Civil anunció en la prensa militar que se opondría a cualquier toma violenta del poder, como las rebeliones de diciembre de 1930. Sin embargo, adoptó una postura de «profundo apoliticismo» durante las elecciones convocadas para abril de 1931. Sin duda, esta actitud estuvo influida por la inquietud fundada de que los republicanos abolieran el cuerpo si llegaban al poder y que el resentimiento contra la Benemérita diera lugar a la persecución de sus miembros. Se protestó por las opiniones negativas vertidas contra ella en la prensa y la propaganda republicanas: desde la perspectiva de su personal, la Guardia Civil se limitaba a cumplir con su deber[10]. Cuando los resultados de las elecciones pusieron de relieve que los republicanos habían obtenido la victoria en la inmensa mayoría de las capitales de provincia, el director general de la Guardia Civil, en contacto con elementos de la oposición republicana desde hacía varios meses, acató la «voluntad nacional» y se puso —junto a sus hombres— al servicio del gobierno provisional de la República. La pacífica transición de poderes infundió un sentimiento de alivio momentáneo entre la Guardia Civil, aunque la ansiedad ante el futuro no desapareció.

La proclamación del nuevo régimen hizo aflorar dos grandes inquietudes. En primer lugar, se temía que la Segunda República resultase tan caótica como la decimonónica Primera República. El fantasma del comunismo, siempre amenazador, y el ejemplo del gobierno provisional de Rusia en 1917 causaban especial temor en los guardias civiles. En segundo lugar, dada la evidencia de que los nuevos dirigentes no apreciaban tanto a la Benemérita como sus predecesores, existía el miedo de que fueran menos firmes en la defensa de la autoridad del cuerpo. El incremento de la sensación de vulnerabilidad, junto con un futuro político aún incierto, crearon una profunda ansiedad entre los integrantes de la Guardia Civil[11]. Al margen de los recelos despertados por el nuevo régimen, la Benemérita anunció desde el primer momento su disposición a servir a la nueva República con lealtad y a defenderla de sus enemigos[12]. Sin embargo, es elocuente que, así como los republicanos veían la principal amenaza en la derecha reaccionaria (en la que algunos incluían a la Benemérita), en cambio la mayoría de los guardias civiles consideraban que el principal peligro procedía de la izquierda revolucionaria.

Esta divergencia sería la principal fuente de fricción de las muchas que hubo entre la Guardia Civil y la izquierda española, en particular los socialistas. Pese a todo, hay que subrayar que la mayor parte de los guardias civiles no tenía una opinión asentada sobre la Segunda República. Los políticamente militantes, bien republicanos, bien estridentemente monárquicos, constituían una minoría relativa. La visión que la mayoría de los guardias civiles tenía del nuevo régimen y sus políticos estuvo determinada por sus experiencias a lo largo del proceso por el que la República dejó de ser un vago movimiento de oposición y llegó a convertirse en una realidad política en entredicho. El grueso de las opiniones manifestadas por integrantes de la Benemérita señala que existía el deseo de ser aceptados por las nuevas autoridades republicanas. Aunque el cuerpo estaba al tanto de las razones de la animosidad de algunos sectores sociales y políticos contra él, no dejaba de destacar las penurias y los sacrificios físicos padecidos al servicio de la Segunda República y exigía que se los reconociera públicamente y se los presentara como prueba contra sus detractores[13].

En lo tocante a la mejora del prestigio de la Guardia Civil, la dependencia que el Estado tenía de ella presentaba pros y contras. En el cuerpo solía admitirse que el frecuente recurso del gobierno a su intervención en los desórdenes ciudadanos daba lugar a más enfrentamientos con la gente. Estos choques inflamaban de ira a la opinión pública contra la Benemérita. De ahí los llamamientos lanzados desde el propio cuerpo para que en tales ocasiones se recurriera menos a su presencia y para que se les suministrara medios modernos no letales para el control de las masas. También se hicieron sugerencias para que el personal actuara con mayor moderación, alegando que no todas las quejas recibidas eran el producto inevitable del cumplimiento del deber[14]. Estos debates sobre el uso de la fuerza y los métodos de control de las masas, lejos de ser fruto de una conveniencia política pasajera, se plantearon intermitentemente hasta comienzos de 1934[15] Pese a todo, la Guardia Civil solía pensar que muchos de sus críticos vivían en el pasado o intentaban socavar con fines revolucionarios la autoridad de un pilar fundamental del régimen. Sentían que «el verdadero pueblo» reconocía las virtudes y los esfuerzos de la Benemérita y perseguían sus objetivos dentro de los cauces legales brindados por el nuevo orden democrático parlamentario. En cuanto a «esos que atribuyéndose la representación del pueblo» y sus planes, el mensaje de los «hijos de Ahumada» era sencillo: «esos no pasarán[16]». La idea de que las críticas a la Guardia Civil formaban parte de una conspiración revolucionaria antirrepublicana tendría importantes consecuencias al cabo del tiempo.

Evidentemente, el deseo de una reforma ordenada y pacífica dentro del marco del nuevo régimen era compartido por la Guardia Civil y los republicanos. De hecho, la mayoría de los republicanos —en particular los que tenían responsabilidades de gobierno— no tardaron en advertir la necesidad y utilidad del cuerpo, aunque no sin algunas reservas. Entre ellos estaba Manuel Azaña, que pasó de amenazar con dimitir en mayo de 1931 por la propuesta de recurrir a la intervención de la Guardia Civil contra manifestantes a defender en enero de 1932 la lealtad y el servicio del cuerpo tanto en el Parlamento como en la prensa. Eso no significaba que los republicanos hubieran abandonado su proyecto de poner a la Benemérita —junto con el Ejército— bajo control civil. No solo desmantelaron la mayor parte de la administración militar paralela heredada de la Monarquía, sino que además reformaron la estructura de la Guardia Civil y procuraron por todos los medios eliminar su autonomía previa para ponerla enteramente a las órdenes de las autoridades civiles. Entre las medidas adoptadas, figuraba una hasta entonces inconcebible: la devolución del control de las compañías de la Guardia Civil emplazadas en Cataluña al gobierno de la Generalitat[17]. La afirmación de la hegemonía civil quedaba subrayada por el hecho de que ni siquiera los directores generales de la Benemérita, influyentes desde un punto de vista político, quedaran al margen de su control: los primeros dos jefes del cuerpo, el general Sanjurjo y el general Cabanellas, fueron trasladados cuando se consideró que trabajaban contra el gobierno, gestos interpretados por casi todos los observadores como destituciones de facto.

Pese a las limitaciones que pesaban sobre la libertad de acción de los republicanos, fueron reformas importantes, inconcebibles en tiempos de la Monarquía. A pesar de las quejas existentes en el cuerpo sobre diversos asuntos, apenas hubo señales exteriores de hostilidad contra el régimen. Por otra parte, se elogiaba abiertamente a los republicanos considerados defensores de la institución. La nómina incluía a hombres de izquierdas como Santiago Casares Quiroga, ministro de Interior durante la implantación de la mayoría de esas reformas. No solo tenía buena prensa entre el cuerpo, sino que lo condecoraron varios meses después de abandonar su cargo, en gratitud por su «defensa constante» de la Benemérita y de sus intereses[18].

La relación con los socialistas era más problemática, pero no estaba exenta de posibilidades de evolucionar en un sentido constructivo. La moderación perseguida por los «admirables» socialistas en 1931, particularmente su rechazo de la violencia, fue aplaudida por la prensa de la Guardia Civil[19]. Un factor que probablemente contribuyera a sustentar esta opinión positiva de los socialistas fue que la Unión General de Trabajadores (UGT) había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera. El elogio se hizo extensivo al sector treintista de la anarcosindicalista CNT. Después de que Joan Peiró, líder sindicalista moderado, llamara a sus compañeros cenetistas a abandonar las tácticas violentas, un artículo publicado en nombre de la Guardia Civil aplaudió su empeño. En él se explicaba que el empleo de la violencia por parte del cuerpo era una reacción a la violencia que padecía, y que si la CNT renunciaba a su estrategia de «gimnasia revolucionaria», la Guardia Civil actuaría con mayor moderación[20].

También eran notables los ejemplos de abierta identificación con las clases trabajadoras, en los que se hablaba de las «raíces proletarias» de los agentes de la guardia civil y estos se referían a sí mismos como «obrero[s] de la paz» o «trabajadores del orden». Se trataba de una cuestión que iba más allá del simple oportunismo, pues estos comentarios no solo continuaron después de que el centro-izquierda saliera del gobierno, sino que iban acompañados de quejas típicas de la clase trabajadora relativas al sueldo y a las condiciones laborales. Los salarios y las pensiones eran una fuente de inquietud continua para los guardias civiles, y se deslizaban insinuaciones sobre la gratitud que sentirían si se trataran tales cuestiones, ligadas a su «satisfacción interior[21]».

Las posibilidades de establecer una relación más positiva entre la Guardia Civil y los movimientos obreros quedaban socavadas por la persistencia del malestar y la violencia sociales. Como se ha dicho arriba, una de las inquietudes principales de los guardias civiles era que el advenimiento de la Segunda República trajera mayor inestabilidad y la amenaza de una revolución más radical, que pusiera en peligro la vida de los integrantes de la Benemérita. La ansiedad de los guardias civiles ante la cuestión de la violencia queda especialmente de relieve en su enorme preocupación por la proliferación de armas de fuego entre la población. Como se explicaba en un artículo, aunque la cuestión del control de las armas era importante para todo el mundo, «para el cuerpo lo e[ra] de manera extraordinaria», pues en la propia naturaleza del deber de la Guardia Civil estaba «vivir en lucha constante con los malhechores». La tenencia de armas por parte de «ignorantes» o «malvados» ponía en peligro «el más sacratísimo de todos los derechos» de los guardias civiles: el derecho a la vida[22].

Aunque las quejas relativas a la «indisciplina» social —reforzadas por los periódicos conservadores y militares— se convirtieron en un tema recurrente a finales del verano de 1931, la prensa de la Guardia Civil seguía estableciendo una distinción entre la «mayoría pacífica» que aspiraba al cambio por medios legales y las «minorías violentas» que fomentaban el malestar en beneficio de sus propios planes revolucionarios. La Guardia Civil apremiaba al gobierno a actuar con más firmeza contra este último grupo. Las razones de su negativa se atribuían a la inexperiencia de las nuevas autoridades o a la idea errónea de que la paz social se podía obtener «halagando» a los extremistas mediante concesiones[23]. A juicio de muchos guardias civiles, existía un vínculo claro entre un Gobierno «débil» y el desorden. Para preocupación del Ejecutivo, se propuso que los republicanos concedieran mayor autoridad al jefe del cuerpo, el general Sanjurjo, que había demostrado sus dotes de mando en la campaña de desarme y pacificación de las tribus del Rif en el Marruecos de la década de 1920[24].

Sin duda, la profunda ansiedad causada por la situación general tenía efectos en las acciones de los guardias civiles. Francisco Largo Caballero, líder del sindicato socialista, comentó a Manuel Azaña, presidente del gobierno, que «durante la dictadura, la Guardia Civil se comportó rectamente con los obreros y campesinos, y no maltrató a nadie, como solía hacer en tiempo anterior», pero que «desde que ha venido la República, la Guardia Civil ha vuelto a ser brutal[25]». Como observó un periódico tras un enfrentamiento entre guardias civiles y manifestantes en el que aquellos habían recurrido al uso de sus armas: «El pánico se apoderó de ellos y, como hicieron en tantas ocasiones, empezaron a disparar alocadamente, pretendiendo asesinar el fantasma de su propio terror[26]».

Todas estas cuestiones que bullían bajo la superficie se hicieron manifiestas a comienzos de 1932. En un episodio que condensa los miedos más profundos de la Guardia Civil, el 31 de enero de 1931 cuatro de sus hombres se vieron desbordados durante un enfrentamiento con manifestantes y fueron linchados con ensañamiento en la localidad extremeña de Castilblanco. El suceso se produjo en el marco de una huelga de dos días convocada en toda la provincia por los socialistas de Badajoz, en protesta por la actitud hostil y los actos violentos cometidos contra ellos por el gobernador y el jefe provincial de la Guardia Civil. Una de las voces críticas que más clamaban contra la Benemérita en la provincia de Badajoz era la de Margarita Nelken, recién elegida diputada en el Parlamento. Eso hizo que los guardias civiles interpretaran los hechos como parte de un plan urdido por un «agente extranjero» para fomentar la revolución, no como un estallido espontáneo de ira popular. El director general Sanjurjo manifestó públicamente esas sospechas y añadió que los socialistas de Badajoz habían organizado una comisión destinada a reunir pruebas que desacreditaran al cuerpo[27]. Los socialistas, recelosos de las posibles consecuencias políticas del incidente, apenas se molestaron en desmentir su hostilidad contra la Benemérita. Sus declaraciones públicas culpaban esencialmente a la Guardia Civil por los ataques contra sus propios hombres —argumento empleado posteriormente por los abogados socialistas para defender a los procesados por los sucesos de Castilblanco— y, en consecuencia, llamaban a la reforma de la institución. La situación adquirió más virulencia con los enfrentamientos mantenidos en los días siguientes por guardias civiles y manifestantes en diversas partes de España. Estos episodios llegaron a su punto culminante cuando un contingente de guardias civiles reunido en la localidad de Arnedo (Logroño) abrió fuego contra un grupo de manifestantes mayoritariamente pacífico, con el resultado de once muertos y treinta heridos. Aunque los socialistas y la mayor parte de la prensa republicana se mostraron indignados por este empleo injustificable de la violencia, la Guardia Civil interpretó los sucesos de Arnedo en clave mucho más defensiva. No solo pensaba que los agentes habían actuado en defensa propia, sino que vio las protestas generalizadas como otra prueba de una campaña de desprestigio lanzada contra ella por los «profesionales de la sedición[28]». Circularon rumores no del todo infundados sobre la posibilidad de que la Guardia Civil, furiosa y frustrada, diera un golpe de Estado contra el gobierno. Actuando con la máxima prudencia posible, el gobierno decidió poner en marcha los planes existentes sobre el traslado de Sanjurjo a un puesto menos peligroso. El nuevo director general de la Guardia Civil, el general Miguel Cabanellas, intentó calmar la situación exhortando a sus hombres a mantener la disciplina y a no mezclarse en cuestiones políticas[29].

El traslado de Sanjurjo tal vez evitara un peligro inminente, pero no disipó el resentimiento del cuerpo, más candente que nunca. Se consideraba que los socialistas eran un elemento perturbador que había que expulsar del gobierno. Hay que subrayar que eso no equivale a decir que los guardias civiles dieron la espalda al régimen. De hecho, el Partido Republicano Radical, que era el más veterano de los que militaban a favor de la República, había adoptado la misma postura a partir de diciembre de 1931. Con el paso del tiempo, no fueron ellos los únicos detractores de los socialistas y acabaron contando con el respaldo de otros sectores de la opinión pública. La alienación y el miedo entre la Guardia Civil no habían llegado al punto de masa crítica, dado que sus miembros distinguían entre los socialistas y la República en su conjunto. Así quedó demostrado en los acontecimientos del fracasado golpe de Estado de agosto de 1932: aunque algunas unidades se habían unido a la desdibujada causa política de Sanjurjo en Sevilla y Huelva, otras habían mantenido la disciplina y habían defendido al gobierno contra los militares rebeldes en plazas como Madrid[30]. Sin embargo, a medida que se iba haciendo patente que el conflicto social no mermaba en lo más mínimo, sino que quedaba agudizado por insurrecciones periódicas de los anarcosindicalistas, la inquietud ante la amenaza revolucionaria se fue magnificando. Cuando en enero de 1933 algunos sectores de la CNT intentaron por segunda vez llevar a cabo una gran insurrección, la Guardia Civil registró seis muertos y veintiún heridos. La prensa del cuerpo expresó una visión apocalíptica de los sucesos y los caracterizó de «holocausto de la paz social[31]». Cuando a finales del verano de 1933 la caída de la coalición republicano-socialista creó la posibilidad de formar un gobierno libre de la participación del PSOE, algunos guardias civiles aprovecharon la oportunidad de ayudar a los oponentes políticos de los socialistas. Así, a diferencia de lo ocurrido en las elecciones de 1931, los socialistas se lamentaron en varias ocasiones de interferencias de la Guardia Civil en la campaña electoral y los comicios de noviembre de 1933. Esos lamentos, sin embargo, no fueron acompañados de pruebas concretas y no parece, a tenor de un reciente y riguroso estudio sobre esas elecciones, que esas interferencias fueran generalizadas y, mucho menos, que condicionaran la limpieza global de las elecciones[32].

Los radicales de Lerroux y sus aliados de la derecha no veían a la Guardia Civil como contrincante, por lo que enseguida la incorporaron a su concepción de la República. Desde los primeros días del nuevo régimen, muchos de esos sectores conservadores, tanto republicanos como no republicanos, habían demostrado una gran sensibilidad ante los servicios y los sacrificios ofrecidos por la Benemérita. Algunas de esas demostraciones respondían a un aprecio genuino por el cuerpo; otras, a un intento de mantener su influencia tradicional sobre los sentimientos y las ideas de los guardias civiles, en un momento en el que sus intereses se veían amenazados por el nuevo sistema. Algunos sectores de la derecha mostraron su gratitud con homenajes públicos e ilustraron su fe en ella como garante de la República mediante el envío de banderas o símbolos republicanos a unidades locales. Esta actitud estaba en marcado contraste con el desagrado —cuando no la hostilidad— ante la Benemérita de ciertos sectores de la izquierda, en particular los socialistas y los otros movimientos obreros, que la consideraban irremediablemente monárquica y aliada con los caciques.

Por otro lado, el objetivo declarado de los radicales, a saber, la «rectificación» de ciertas reformas de los gobiernos de centro-izquierda, fue bien recibido por la Guardia Civil, sobre todo cuando competía al cuerpo y se hacía en estrecha colaboración con sus mandos[33]. Particularmente destacables fueron las medidas de Rafael Salazar Alonso, ministro de Interior a partir de marzo de 1934. Frente a la reducción de la dependencia del Estado respecto de la Benemérita emprendida por los anteriores gobiernos de centro-izquierda, Salazar Alonso solicitó un incremento del personal de la Guardia Civil casi inmediatamente después de asumir su puesto. Lo mismo ocurrió en mayo de 1934 y tras la huelga de campesinos convocada por el PSOE en junio de 1934. Dado el antagonismo existente entre la Guardia Civil y los socialistas y el propósito de Salazar Alonso de acabar con la capacidad organizativa de estos últimos, el ministro de Interior estaba creando las condiciones para el estallido de una confrontación[34].

De hecho, aunque los guardias civiles podían sentirse más seguros con un gobierno afín en el poder, el conflicto social continuado y la retórica cada vez más radical de los socialistas de izquierdas les hacían seguir temiendo la amenaza revolucionaria. En diciembre de 1933, inmediatamente después de las elecciones generales, la tercera insurrección anarcosindicalista, que fue la mayor de todas, «conturbó a España entera» y causó once muertos y cuarenta y cinco heridos en la Guardia Civil. Los once caídos en la insurrección no eran unos nuevos «mártires» que habían dado su vida en cumplimiento del deber, sino agentes «cazados […] por la horda salvaje, indigna de haber nacido en España». En la prensa de la Benemérita se publicaron profusos relatos sobre grupos nutridos y bien armados de revolucionarios dedicados a asediar casas-cuartel con las mujeres y los hijos de los agentes en su interior, así como informaciones relativas al descubrimiento de depósitos de armas antes, durante y después de la insurrección. Los reportajes eran una muestra de que la sensación de peligro físico había aumentado a causa del radicalismo de los trabajadores[35]. Mientras los socialistas pedían que se investigara la represión del levantamiento de diciembre de 1933, los sectores conservadores rendían tributo a la Guardia Civil y hacían donaciones a las familias de los agentes asesinados durante la insurrección. Por otra parte, el gobierno concedió en la primavera de 1934 la Gran Cruz de la Orden de la República al inspector general del cuerpo, el general Bedía, como muestra de aprecio a los esfuerzos y servicios de todos sus integrantes[36].

La culminación de la estrategia de la derecha para provocar un enfrentamiento con los socialistas llegó en octubre de 1934. Después de meses de poses revolucionarias por parte de los socialistas, Gil Robles decidió que había llegado la hora de pedir que tres miembros de la CEDA recibieran carteras ministeriales. La insurrección resultante, de inspiración socialista, acabó con la vida de 111 hombres de la Guardia Civil e hirió a otros 182[37]. La magnitud del sacrificio dejó honda huella en la psique colectiva de la Benemérita. De hecho, las historias de las heroicidades y los sacrificios hechos en los sucesos de 1934 aparecieron mes tras mes en la prensa de la institución desde noviembre de 1934 hasta enero de 1936, cuando el nuevo inspector general les puso fin. Se consideraba que se había escenificado en una escala épica el conocido drama de un puñado de guardias civiles asediados por masas bien armadas, sedientas de sangre y presas de un paroxismo infundido por «agitadores». Los sucesos de octubre dieron lugar a la aparición de nuevos términos en los planteamientos de la Guardia Civil. En un reflejo de sus miedos profundos, se describía a los alentadores de la violencia revolucionaria entre las masas como «reptiles», «hienas» y seres «sin contemplaciones humanitarias[38]». Igualmente, la propaganda y la literatura de la izquierda española deshumanizaban a los miembros de la Guardia Civil en sus representaciones de la represión y justificaban —cuando no glorificaban— la revolución de octubre. A juicio de la izquierda, y en particular de las organizaciones de trabajadores, las acciones de la Guardia Civil, materializadas en los métodos empleados por el comandante Lisardo Doval, constituían la demostración palpable de su antigua creencia de que el cuerpo formaba parte de la «España negra» y era intrínsecamente «antirrepublicano[39]».

La existencia de diferencias fundamentales a la hora de definir la Segunda República, junto con las pasiones desatadas por la revolución y la represión, hicieron que fuera imposible tender puentes entre la Guardia Civil y la izquierda española (en especial, los socialistas). La Benemérita argumentaba que defendía la «autoridad legítima» del régimen contras las hordas revolucionarias. Esta idea había recibido respaldo oficial el 11 de febrero de 1935, cuando se concedió colectivamente al cuerpo la banda de la Orden de la República en reconocimiento de «los innumerables actos heroicos» llevados a cabo por su personal y «los servicios cívicos y humanitarios prestados a España y a la República en el cumplimiento de sus obligaciones[40]». Al mismo tiempo, la prensa de la Guardia Civil empezó a llamar a los considerados responsables de incitar a la revolución de octubre «enemigos» de la República, lo que los deslegitimaba como candidatos a todo futuro gobierno. Por consiguiente, después de que en enero se anunciara la celebración de nuevas elecciones, guardias civiles de ciertas zonas actuaron en connivencia con elementos derechistas locales para impedir que la izquierda hiciera campaña[41].

La victoria en las elecciones de febrero de 1936 del Frente Popular hizo aflorar todas las hostilidades engendradas por la insurrección de octubre de 1934, lo que creó una grave crisis en el gobierno de centro-izquierda. Aunque no toda la izquierda española participó activamente en los acontecimientos de octubre de 1934, su justificación quedó consagrada en el programa y el proyecto de la coalición del Frente Popular que ganó las elecciones de febrero de 1936. Su principal resultado fue la amnistía general otorgada a todos los «prisioneros sociales y políticos», al margen de su inocencia o complicidad en la insurrección o en el asesinato de los guardias civiles. Por si esto fuera poco, se liberó a los encarcelados por la matanza de guardias civiles en Castilblanco en diciembre de 1931. Como los socialistas habían insistido en la inocencia fundamental de los participantes en el incidente, su puesta en libertad fue celebrada en la prensa del partido[42]. Como en el caso de la búsqueda de «responsabilidades» en 1931 entre quienes habían colaborado con el régimen dictatorial de Primo de Rivera (investigación de la que los socialistas habían quedado exentos), la amnistía general de febrero de 1936 y la persecución posterior de quienes habían reprimido la insurrección (ilegal) de octubre de 1934 hizo pensar a muchos guardias civiles que la izquierda solo se preocupaba de la legalidad constitucional cuando le convenía. En contraste con la persecución pública de esos miembros de la Benemérita, aquellos que habían ayudado a los revolucionarios en octubre de 1934 fueron excarcelados y reintegrados en el cuerpo. Ante esta descarada manipulación política de las leyes, la mayoría de los integrantes del cuerpo llegó a la conclusión de que siempre serían un blanco de la justicia partidista.

Junto a estos acontecimientos políticos, la victoria de la coalición del Frente Popular sirvió de acicate para que las clases trabajadoras reclamaran el terreno perdido durante los dos años de gobierno de centro-derecha. Se produjo un estallido del activismo de base que desencadenó una oleada de huelgas y ocupaciones de tierras. Muchos guardias civiles vincularon la explosión de la militancia y la «indisciplina social» a la vuelta de los socialistas al poder. Los guardias civiles, al acecho de un complot comunista para fomentar el malestar, debilitar el Estado español e iniciar una conquista revolucionaria del poder, no tenían que esforzarse demasiado para encontrar señales de advertencia. Desde el propio nombre de la coalición electoral («Frente Popular») hasta su inclusión en ella del Partido Comunista de España (PCE), pasando por la retórica revolucionaria de Largo Caballero («el Lenin español») o por los feroces discursos parlamentarios de Dolores Ibárruri, diputada del PCE por Asturias, la situación brindaba pocos elementos que contribuyeran a aliviar los temores de los guardias civiles. Por otra parte, la abierta hostilidad manifestada por los socialistas contra la institución preocupaba incluso a Manuel Azaña, líder de Izquierda Republicana y presidente del Consejo de Ministros, que criticó a sus aliados políticos por poner el cuerpo en manos de los enemigos del gobierno[43].

La derecha española hizo cuanto pudo para explotar la situación y echar leña al fuego con vistas a ganarse el apoyo de la Guardia Civil para dar un golpe de Estado. Se consideraba que los hombres de la Benemérita eran cruciales para el éxito de un levantamiento, y los conspiradores tuvieron que emplearse a fondo para sortear las medidas del gobierno y de Sebastián Pozas, inspector general de la Guardia Civil leal a este. Sin embargo, la situación general favorecía sus propósitos. La muerte de guardias civiles se veía como el resultado de la divulgadísima anarquía que supuestamente se estaba apoderando de España y se convirtió en una herramienta de reclutamiento para la derecha. El entierro de dos guardias civiles asesinados por izquierdistas —uno en Gijón, en marzo, y otro en Madrid, durante la ceremonia oficial del 14 de abril de 1936 en la que se celebraba la proclamación de la Segunda República— dieron lugar a actos de insubordinación por parte de unidades locales del cuerpo, apoyadas por derechistas, contra lo que consideraban la indiferencia del gobierno ante sus sacrificios y su disposición. De hecho, militantes de derechas intentaron convertir el cortejo fúnebre de Madrid en una marcha contra el Parlamento[44].

Pese a la disciplina militar del cuerpo, la misma polarización política que estaba envenenando a la sociedad española se expandió por la Guardia Civil. Aunque muchos agentes eran sensibles a la fuerza gravitatoria de los conspiradores de derechas, otros admitían la necesidad de esforzarse más para hacer frente a esa amenaza contra el gobierno. Algunos guardias civiles intentaron avisar del peligro inminente y denunciar a sus colegas desleales, e incluso hubo quien dio instrucción a las milicias socialistas y comunistas para defender el Frente Popular en caso de golpe de Estado. Uno de ellos, el capitán Fernando Condes Romero, implicado también en la intentona revolucionaria organizada por los socialistas en 1934, tendría un papel destacado en el conflicto fratricida que se avecinaba. En la tarde del 12 de julio de 1936, José del Castillo, teniente de la Guardia de Asalto, amigo de Condes Romero y militante de izquierdas como él, fue asesinado por jóvenes de extrema derecha. En un acto de venganza, un grupo de la Guardia de Asalto encabezado por Condes Romero fue de madrugada a la casa de José Calvo Sotelo, diputado de derechas, se lo llevó de su domicilio y lo asesinó[45]. La elección de la figura más destacada de la oposición como blanco por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado convenció a muchos guardias civiles de que el gobierno había perdido por completo el control de la situación o alimentó su miedo a una persecución emprendida por la izquierda. La conspiración militar que se estaba fraguando desde abril recibió un espaldarazo crucial para prender la llama de la Guerra Civil.

Según los últimos cálculos y probablemente los más exactos, cerca del 71% de los integrantes de la Guardia Civil se unió a la causa insurgente o simpatizaba con ella[46]. Este nivel tan alto de identificación con la derecha radical parece coincidir con lo ocurrido en la Alemania y la Italia del período de entreguerras. Sin embargo, existen importantes diferencias que no se deben pasar por alto. En primer lugar, la Segunda República española surgió de las urnas y, por tanto, posiblemente gozara de mayor legitimidad popular que el Estado liberal italiano o incluso que la República de Weimar. Fue necesaria una guerra civil para acabar con la República en España, mientras que la transición desde la democracia liberal hasta la dictadura fascista fue relativamente tranquila en Italia y Alemania. De hecho, las fuerzas policiales alemanas e italianas no se vieron enfrentadas a la misma elección que las fuerzas españolas como la Guardia Civil. El fascismo y el nazismo no solo recibieron un trato poco severo por parte de las autoridades, sino que al final se las invitó a participar en el poder. En consecuencia, las autoridades respaldaron implícitamente primero y explícitamente después su legitimidad. Por otro lado, hay que recordar que los guardias civiles no solo se rebelaron contra el gobierno del Frente Popular, sino también contra sus propios mandos, pues la inmensa mayoría de oficiales del cuerpo mantuvo la disciplina y permaneció a las órdenes del gobierno. En algunos casos, esa postura les costó la vida.

La falta de un consenso amplio sobre el nuevo orden político y la subsiguiente fractura de las alianzas y polarización de las posiciones conllevó que la violencia y la coerción fueran consideradas cada vez en mayor medida un medio válido de dirimir conflictos. A veces se condenaban las insurrecciones y la retórica provocativa; otras, se las justificaba. En esta atmósfera, es difícil ver cómo podía haber prosperado la «republicanización» de los métodos y la mentalidad de la Guardia Civil. Ante la falta de una adhesión estricta a la legalidad por parte tanto de la derecha como de la izquierda y ante el hecho de que los militares rebeldes se declararon inicialmente contra el gobierno —no contra la propia República— con el objetivo políticamente vago de restaurar el orden, es muy fácil comprender por qué muchos guardias civiles podían creer que romper la disciplina era un acto legítimo. El temor, extendidísimo entre el cuerpo, de ser aplastados por la esperada ola revolucionaria hacía que esa lógica resultara tanto más convincente.

En resumen, nuestra comprensión de la Guardia Civil durante ese período tiene que ser más matizada: hay que «historificar» la historia del cuerpo. Como todos los individuos y grupos sociales, la actitud y la acción de los miembros de la Benemérita estaban moldeadas por sus experiencias y por el momento histórico en que vivieron. Las explicaciones basadas únicamente en los efectos de la «militarización» o en la lucha por la hegemonía entre las autoridades civiles y militares suelen imponer interpretaciones excesivamente deterministas de la Guardia Civil. Tal cosa parece sobre todo aplicable a las obras que versan sobre este período de la historia de España. Las actitudes y ansiedades de 1936 eran de diferente magnitud de las de 1931. Como en el caso de otros grupos durante este mismo período, las posturas evolucionaron durante el curso de la Segunda República y los guardias civiles se contagiaron de la misma polarización que el resto de la sociedad española. La evolución puede verse incluso durante la propia Guerra Civil. El desmoronamiento del gobierno, el armamento de las milicias izquierdistas y el estallido de la revolución en la zona leal transformaron radicalmente las reglas del juego para los guardias civiles que seguían aferrándose a la idea de que su deber era defender al gobierno legal en los primeros días de la rebelión. En este punto concluye nuestro análisis y comienza otra historia.

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LOS INTELECTUALES

por

JAVIER ZAMORA BONILLA

LA RESPONSABILIDAD DE LOS INTELECTUALES: GENERACIONES E IDEOLOGÍAS

El Diccionario de la Real Academia Española de 1914 redefinió la tercera acepción de la voz intelectual como «dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y letras». Hasta entonces se definía como «dedicado al estudio y meditación». Años después, en 1925, el Diccionario sumó una acepción más a la voz intelectualidad: «Conjunto de las personas cultas de un país, región, etc.». Estas acepciones de intelectual e intelectualidad son las que estaban vigentes cuando se proclamó la Segunda República española el 14 de abril de 1931. Si las tomásemos para centrar el objeto de estudio de este capítulo, nos veríamos obligados a hacer no solo una historia de la cultura española, sino también una sociología cultural de unos años en que la literatura, el arte, la filosofía y la ciencia alcanzaron en España un altísimo nivel[1]. Nuestro propósito es mucho más modesto: intentar explicar la función que cumplieron «algunos» intelectuales, que influyeron o intentaron influir en el devenir de la política a través de su palabra, hablada o escrita, y de sus acciones.

Es imposible hablar de los intelectuales como un grupo homogéneo y coherente[2]. Las diferencias ideológicas entre los que se pueden incluir dentro de tal calificación —incluso en el uso restringido que aquí se le da— son abismales, así como lo son sus modos de estar en la vida pública. Ni siquiera la antaño tan considerada categoría generacional —utilizada aquí como simples mojones temporales— nos sirve para fijar unas coordenadas precisas más allá de establecer ciertas generalizaciones. Estas naufragan en cuanto intentamos aplicarlas a individuos concretos.

Por ejemplo, ha sido habitual afirmar que la implicación política de los integrantes de la denominada generación del 98 fue mucho menos intensa durante la década de 1930 que la de los miembros de la generación del 14. Esto, que es cierto como generalización, no lo es si pensamos en Miguel de Unamuno, quien se convierte durante 1930-1931 en algo así como la encarnación profética de la Segunda República, con la que acabará desencantado muy pronto; ni en Ramiro de Maeztu, que pergeña el ideario del monarquismo católico militarista frente a la que se le presenta como desespañolizadora política del bienio republicano-socialista; ni en Azorín, quien tantos artículos escribe sobre la cosa pública a lo largo de estos años, primero para ensalzar la República recién nacida y luego, a partir de 1933, distanciándose de ella; ni en Antonio Machado, que tiene su pequeño papel en la proclamación de la República y que, sobre todo, se convierte en un referente para movilizar con su palabra al pueblo contra los militares sublevados al estallar la Guerra Civil; ni tampoco es cierto en el caso de Julián Besteiro, quien por edad pertenece a esta generación y es uno de los hombres fuertes del socialismo.

Si tornamos nuestros ojos a la generación del 14, es evidente que algunos intelectuales participaron intensamente en la política republicana, aunque en todos existió algún breve paréntesis de tiempo en que se dedicaron a sus otras ocupaciones. Si algo diferencia al intelectual del político profesional, es que el primero dedica su vida también a otros quehaceres, que son los que le han dado fama y capacidad de influencia: su cátedra, su laboratorio, su revista, su columna periodística, su despacho de abogados, sus novelas, sus poemas, sus ensayos, sus conferencias, su cargo en una institución cultural, etc. Manuel Azaña, Fernando de los Ríos y Luis Araquistain, por citar algunos ejemplos, estuvieron plenamente implicados en la política republicana. Por el contrario, la participación de José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala —fundadores de la Agrupación al Servicio de la República (ASR) en enero de 1931— se circunscribió esencialmente a los primeros meses.

En el caso de la generación del 27, la politización de buena parte de sus integrantes se produjo en torno a la oposición a la dictadura de Miguel Primo de Rivera y a la Monarquía de Alfonso XIII. Así, María Zambrano y José Díaz Fernández sirven de ejemplos para confirmar esta afirmación. Otros nombres se sumarán antes o después: Rafael Alberti, Luis Cernuda o Federico García Lorca, por ejemplo, actuaron como intelectuales que con su palabra, hablada o escrita, y con sus actos intentaron movilizar a la opinión pública. Alberti y Cernuda proclamaron su adhesión al comunismo soviético desde la revista Octubre, nacida en 1933, que era en sí misma, desde su propio título, una apuesta por la Revolución rusa. Hablar de la politización de Lorca en el sentido que aquí le damos a la voz intelectual —a pesar de que fue cofundador de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética— es mucho más controvertido, aunque, sin duda, hay bastante de pedagogía política en la labor que realizó con la compañía teatral La Barraca, que actuó en coincidencia de intereses con otro gran proyecto cultural nacido del influjo de la Residencia de Estudiantes, las Misiones Pedagógicas. Ambas se esforzaron por llevar la cultura y el arte a los pueblos de España. Y también hay mucha crítica social en sus obras teatrales como Yerma o La casa de Bernarda Alba.

La posición respecto a las vanguardias es clave para analizar el sentido de la politización de muchos de los integrantes de la generación del 27, pero conviene recordar que en la década de 1920 bastantes aparecían entremezclados y confundidos en iniciativas como La Gaceta Literaria, que nace en 1927 y que es uno de los canales de expresión del arte de vanguardia. Ahí encontramos a su fundador, Ernesto Giménez Caballero, y a Ramiro Ledesma Ramos, quienes evolucionaron hacia el fascismo. Pero también a César M. Arconada, que fue su redactor jefe y acabó militando en el Partido Comunista de España (PCE) y escribiendo novelas impregnadas de realismo social como Los pobres contra los ricos (1933) y Reparto de tierras (1934).

A esta generación también pertenecieron por edad intelectuales como José María Pemán y José Bergamín, que nos sirven como muestra de una politización creciente, pero de signo inverso, desde las filas católicas: el primero hacia la derecha y el segundo hacia la izquierda. También perteneció a esta generación el grupo de intelectuales fundadores de Falange Española, entre los que cabe citar a Rafael Sánchez Mazas y a Eugenio Montes, además de a José Antonio Primo de Rivera.

Finalmente, los integrantes de la llamada generación del 36, que rondan los veinticinco años bajo la República, empezaron a elevar su voz en los últimos momentos de la misma y sobre todo durante la Guerra Civil. Entre ellos hubo falangistas como Dionisio Ridruejo, Pedro Laín Entralgo y José Antonio Maravall, comunistas como Miguel Hernández y Gabriel Celaya, y republicanos y socialistas moderados como Francisco Ayala y Julián Marías, quien se movía entonces en la órbita de Besteiro.

Si en lugar de mirar el aspecto generacional —insisto que solo como gentes coetáneas— pasamos al de las ideologías, se pueden establecer más claramente grupos, pero si entramos en el análisis pormenorizado del pensamiento de cada uno de sus miembros volveremos a encontrar un sinfín de diferencias. Por ejemplo, entre los intelectuales socialistas podemos citar a Julián Besteiro, Andrés Saborit, Fernando de los Ríos, Luis Jiménez de Asúa, Juan Negrín, Luis Araquistain y Julio Álvarez del Vayo, entre otros. Los dos primeros mantuvieron posiciones sindicalistas en la órbita del pablismo, es decir, continuadoras de la línea del fundador del PSOE, Pablo Iglesias. En el caso de Besteiro remozadas por la influencia del guildismo británico, pero no por ello renunció al marxismo, aunque temeroso de las consecuencias de la dictadura del proletariado, apostó por demorar sine die la revolución ante la deriva bolchevizante que el PSOE emprendió en 1933, lo que le convirtió en la diana de las críticas de los seguidores de Francisco Largo Caballero, con el que disputó en varias ocasiones por el control del partido y del sindicato UGT.

Por su parte, Luis Jiménez de Asúa, Juan Negrín y Fernando de los Ríos fueron, junto a Indalecio Prieto (que nada tenía de intelectual), el núcleo más claramente socialdemócrata, aunque también radicalizaron su discurso en diversos momentos. Por ejemplo, Luis Jiménez de Asúa quiso convertir las Cortes Constituyentes en una «Convención o Comité de salud pública[3]», —las resonancias jacobinas de la Revolución francesa son evidentes— que juzgase los crímenes de la dictadura y defendió que la Constitución tuviese un sesgo nítidamente «izquierdista» sin concesiones al mundo conservador, ni siquiera al representando en las Cortes por la derecha republicana. De los Ríos, por su parte, pensó que había llegado el momento de superar la democracia inorgánica para dar paso a la democracia socialista, la cual obviaría algunos principios esenciales del liberalismo que había defendido hasta entonces y siguió defendiéndolos después de la Guerra Civil. Ninguno de los tres estuvo de acuerdo con la deriva revolucionaria que el PSOE tomó en 1933 y no tuvieron una participación activa en la revolución de octubre de 1934, pero tampoco se atrevieron a alzar nítidamente su voz en contra de la misma, y permanecieron fieles al PSOE: Jiménez de Asúa asumió la defensa jurídica de Largo Caballero y consiguió que fuese exculpado de su implicación en los preparativos revolucionarios, y De los Ríos asumió en el Comité Ejecutivo del PSOE que el momento de la revolución había llegado, aunque él dudara seriamente de la pertinencia de emprender dicho camino. Aunque no quiso participar en la organización de los acontecimientos de octubre, fue luego el encargado de elaborar un informe sobre la dura represión y las torturas que las fuerzas del orden infligieron a los obreros rebelados.

Luis Araquistain y Julio Álvarez del Vayo son, por su parte, representantes de la deriva prorrevolucionaria del socialismo español y apostaron claramente por la violencia y por la dictadura. Araquistain, como veremos, se convirtió en el intelectual orgánico de la tendencia bolchevizante encabezada por Largo Caballero.

En el ámbito de las derechas antirrepublicanas y accidentalistas las diferencias también fueron notables entre conservadores, monárquicos, carlistas tradicionalistas y fascistas. Algunos de estos últimos, como Ramiro Ledesma Ramos, vieron en la República una oportunidad de llevar a cabo su revolución nacional-sindicalista. Otros, como ya hemos visto al referirnos a Maeztu, defendieron una dictadura monárquica, militar y católica. Algunos, desde las filas carlistas, acentuaron especialmente el componente católico y más que una dictadura militar deseaban una vuelta a una monarquía tradicional fundamentada en la síntesis de religión y patria. Y otros, en fin, defendieron, en la línea de José María Gil Robles, un Estado corporativo y católico, aunque no necesariamente fascista. Excepto en algunos sectores del falangismo, el catolicismo y el modelo social conservador que de él derivaba fueron los hilos de unión de las distintas fuerzas derechistas[4].

Dentro de estos intelectuales de derechas, resulta significativo el grupo de periodistas y literatos de alto nivel que lanzaban agrias críticas a los gobiernos izquierdistas de la República. Entre ellos están José María Salaverría, Julio Camba, César González Ruano o el catalanista conservador Josep Pla.

Entre los llamados intelectuales liberales también encontramos sustanciales diferencias ideológicas. Miguel de Unamuno, Azorín, Antonio Machado, Manuel Azaña, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, entre otros, pueden englobarse dentro de esta denominación. Todos ellos, antes o después, pero en general con entusiasmo, asumieron que la proclamación de la República era la única salida de una Monarquía incapaz de democratizarse, la cual, además, se había entregado en manos de una dictadura militar. La evolución del pensamiento y de las acciones de Unamuno y de Azaña desde la década de 1920 hasta el final de la República refleja bien el gran número de matices e incluso antítesis que se pueden encontrar entre estos intelectuales liberales.

Unamuno fue el que mejor simbolizó la oposición a la dictadura primorriverista y al rey Alfonso XIII. Convertido en mártir gracias a la persecución dictatorial que lo llevó al exilio, primero en Canarias y luego en Francia, regresó en olor de multitudes el 9 de febrero de 1930 tras la dimisión de Primo de Rivera. Durante unos meses Unamuno fue el profeta que anunciaba la buena nueva de la República por venir. Pero, frente a los que le exigían mayor rotundidad, insistía en que el movimiento que lo arropaba era más anti (antimonarquía y antidictadura) que pro (prorrepública). Más interesado en la crítica de los que le habían condenado que en idear un programa político, Unamuno dedicaba sus discursos y artículos a denunciar los vicios del pasado y a advertir acerca de los peligros del futuro, mientras clamaba por lo esencial del liberalismo:

Sarda y Salvany decía que el liberalismo es pecado; pues bien, de ese liberalismo debemos ser todos y no de otro —dijo don Miguel en su primer discurso, en Irún, tras su regreso a España—. ¿Republicanos?, bien; pero hay repúblicas absolutistas. ¿Demócratas?, bien; pero también hay democracias absolutistas. ¿Socialistas?, bien; pero hoy día hay una República socialista absolutista. Dictadura, no, ni de rey, ni de castas, ni de clase. Nada de imperialismo. Ni de clase tampoco. Ni dictadura de proletariado. Ni dictadura de plutocracia. Y menos que nada de castas[5].

Con el advenimiento de la República quisieron convertir a don Miguel en padre fundador de la nueva patria y lo llevaron a las Cortes Constituyentes, le pasearon por los pueblos y ciudades de España y le nombraron presidente del Consejo de Instrucción Pública. Pero Unamuno tenía demasiada personalidad y suficiente fondo espiritual como para conformarse con un papel simbólico y acrítico y pronto empezó a expresar públicamente sus discrepancias con la marcha que la República emprendía.

Manuel Azaña fue especialmente activo en la agrupación de fuerzas republicanas durante la dictadura de Primo de Rivera, tras su ruptura con el reformismo de Melquíades Álvarez. Se convirtió en un caudillo —como se decía en la época— gracias a su labor en la Alianza Republicana, a sus reformas militares como ministro de la Guerra y a su famoso discurso del 13 de octubre de 1931 en las Cortes Constituyentes sobre la cuestión religiosa. Según él mismo, este discurso le llevó a la presidencia del gobierno tras la dimisión de Niceto Alcalá Zamora, quien se opuso a cómo quedo establecida la cuestión religiosa en el borrador constitucional. El radicalismo de Azaña le hizo anteponer la revolución a la soberanía y a la Constitución, una revolución que, sin duda, distaba mucho de la bolchevizante que pretendían llevar a cabo algunos socialistas y comunistas, pero que en cuestiones como la religiosa, la educativa o la agraria iba más allá de lo que estaba dispuesta a aceptar buena parte de la sociedad española, como demostró el vuelco electoral de las elecciones de noviembre de 1933. Azaña contrastó mal sus ideas avanzadas, que marcaron la política del primer bienio republicano, con la atrasada realidad sociológica del país.

PASO A PASO, GOLPE A GOLPE, SE HACE CAMINO AL ANDAR

Muchos intelectuales construyeron el clima que hizo posible que unas elecciones municipales se transformasen en un plebiscito sobre la forma del régimen. Lo hicieron con la obra llevada a cabo desde sus columnas periodísticas, desde sus libros, desde sus cátedras, desde sus conferencias y también, en algunos casos, desde su militancia en partidos políticos y su participación en la elaboración de sus programas y de la exposición de los mismos en mítines, como el famoso de la plaza de toros de Madrid el 29 de septiembre de 1930, en el que Azaña empezó a construir la leyenda de su gran oratoria política. Los intelectuales actuaron coordinadamente con los políticos republicanos y socialistas o se hicieron ellos mismos políticos como Fernando de los Ríos y Azaña.

Los socialistas se sumaron en el otoño de 1930 al movimiento republicano, a pesar de las reticencias iniciales de Francisco Largo Caballero y de Julián Besteiro, estas las más difíciles de salvar. Se enfrentaron dos visiones del socialismo: la sindicalista y la que creía que la política parlamentaria era la fórmula adecuada para conseguir mejoras sociales y políticas. Se enfrentaron los socialistas que colaboraron en la política laboral de la dictadura de Primo de Rivera (Largo Caballero y Besteiro), sin importarles la falta de libertades civiles y políticas, con los que se opusieron a la misma (Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos), preocupados por dichas libertades. Estos últimos compartían la idea de que era necesario sumar las fuerzas del PSOE y de la UGT a la gran coalición que se venía formando en torno a la Alianza Republicana. En ella se habían unido estratégicamente el viejo republicanismo de Alejandro Lerroux y el nuevo de Azaña, quien en 1925 había fundado con José Giral y Enrique Martín Jara, entre otros, Acción Política, luego renominada como Acción Republicana.

En el Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 estuvo también representado el importante y variado republicanismo catalanista, que Azaña había cortejado en el famoso viaje de los intelectuales castellanos a Barcelona en marzo de 1930. Los acuerdos adoptados en San Sebastián y el acuerdo con los socialistas poco después debían desembocar en un pronunciamiento militar apoyado por la movilización sindical para instaurar la República. Fracasada la intentona golpista de diciembre de 1930, que es en la que intelectuales como Azaña habían puesto sus esperanzas, la llegada de la República parecía aún más lejana. Sobre todo teniendo en cuenta que buena parte del comité revolucionario fue encarcelada. Por eso la conjunción republicano-socialista aceptó finalmente participar en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 con el objetivo de, si obtenía un buen resultado, forzar al gobierno a convocar unas Cortes Constituyentes en que se decidiera la forma del régimen. Casi nadie pensaba entonces que el advenimiento de la República pudiera estar tan cerca y que de aquellas elecciones municipales, convertidas en plebiscito por unos y por otros, pudiera nacer la «Niña bonita».

Algunos intelectuales se sumaron a los republicanos a última hora. José Ortega y Gasset publicó un artículo en El Sol el 15 de noviembre de 1930 titulado «El error Berenguer», del que se hizo eco la prensa nacional e internacional. Afirmaba que «desde Sagunto», y es muy significativo que recordase el pronunciamiento del general Martínez Campos que restauró la monarquía en 1874, esta no había hecho otra cosa «que especular sobre los vicios españoles». Ahora, decía el autor, se quería continuar con la misma política. Por eso, «nosotros —afirmaba—, gente de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, (…) tenemos que decir a nuestros conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia[6]».

Ortega era, junto a Unamuno, el intelectual más considerado e influyente en aquel momento. Desde hacía meses lo cortejaban políticos monárquicos como el liberal Santiago Alba y el catalanista conservador Francesc Cambó. Al mismo tiempo, también desde hacía meses, algunos de sus discípulos, como María Zambrano, le exigían un mayor compromiso político y que declarase abiertamente su republicanismo, aunque él insistía en que no era hombre de partido y que quería concentrarse en elaborar su metafísica y pensar los grandes temas del presente. Pero a principios de 1931, y tras un fracasado intento de atraerse a Cambó a las filas republicanas, Ortega fundó la ASR junto con Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala. Su único objetivo era hacer ver a los ciudadanos la necesidad de liquidar la monarquía y dar paso a la república. Llamaban especialmente a los intelectuales y a los jóvenes y, aunque no querían siquiera esbozar un programa político, sí mostraban sus nítidas diferencias con el bolchevismo y con el fascismo, vías «por donde los pueblos van a parar a callejones sin salida[7]».

Casi un año antes, en marzo de 1930, Gregorio Marañón, perseguido por la dictadura, había firmado otro manifiesto prorrepublicano junto a intelectuales tan diversos como Luis Jiménez de Asúa, José Díaz Fernández, Antonio Espina, Joaquín Arderíus, José López Rey (cabecilla de la oposición estudiantil a la dictadura), Juan Simeón Vidarte, José Antonio Balbontín, Vicente Riscos y Luis de Tapia. Unidos en una Liga Pro Unión y Acción Antimonárquica, se definían por su antimonarquismo, su antimilitarismo, sus reivindicaciones sociales, su anticlericalismo, su anticentralismo y su exigencia de responsabilidades a los políticos de la dictadura. Su único fin era traer la República y, conseguido el objetivo, cada cual emprendería su camino según su propia ideología[8].

En esta Liga aparecían los nombres de varios jóvenes. La nueva generación, que se incorporaba entonces a la vida pública, fue especialmente activa a través de organizaciones como la Federación Universitaria Escolar, la famosa FUE, fundada en 1927, que se movilizó en diversas ocasiones contra la dictadura. Para Corpus Barga, a la FUE, más que a nadie, se debió el ambiente propicio para el cambio de régimen[9].

Si a todo esto sumamos el revuelo que provocó la ya comentada vuelta de Unamuno a España, algo de razón tenía Azorín cuando el 4 de junio de 1931 publicó en Crisol un artículo con el significativo título de «La República es de los intelectuales». En él afirmaba que la República la habían hecho posible los intelectuales, porque ellos habían promovido el cambio en la «sensibilidad nacional». Por entonces, Azorín, que se contaba a sí mismo entre estos intelectuales, todavía estaba encantado con la República, a la que se había sumado tarde, tras su distanciamiento de la dictadura de Primo de Rivera, con cuyo ideario —por llamarlo de algún modo— se encontró cómodo durante algunos años, al igual que muchos que como él procedían del maurismo, ese movimiento político conservador creado en la década de 1910 que aglutinaba a los jóvenes seguidores del ilustre político Antonio Maura.

Si algo caracterizó el planteamiento de los intelectuales antes y, en muchos casos, también después de la proclamación de la Segunda República fue su posición rupturista frente a la política de la monarquía restaurada, frente a todo lo que oliese a antiguo régimen[10]. Ortega llevaba años reiterando uno de los leitmotiv de su famosa conferencia «Vieja y nueva política» de 1914: afirmaba que no cabían transacciones con la vieja política, a la que había que barrer como los excrementos del establo del Augías, nunca limpiados hasta que lo hizo Heracles según la mitología griega. Es una idea que también se desprende de las poesías de Antonio Machado, las cuales describen esa España caduca de casino provinciano y muestran, al mismo tiempo, su esperanza en la España que nace. Es también la idea que Azorín expresa en el artículo citado en el párrafo precedente, en el que dice que la República, aunque fuera para todos los españoles, tenía que ser gobernada solo por los que «siempre» habían «profesado las ideas republicanas». Pero sin duda quien mejor representa esta posición rupturista en este momento es Azaña. Un buen ejemplo es el «Discurso en el mitin del partido de Unión Republicana Autonomista», pronunciado en Valencia el 7 de junio de 1931 durante la campaña a las elecciones para formar las Cortes Constituyentes. Dijo en el mismo que si en España había República era porque antes había habido revolución. Las elecciones del 12 de abril solo eran «el fallo del jurado popular», que sentenciaba la revolución previa. La República, según Azaña, solo existiría mientras se gobernara «con espíritu revolucionario», que se concretaba en «la ruptura total, tajante, con el pasado» y «la reconstitución del país y del Estado desde los cimientos hasta la cima» para satisfacer «el anhelo de justicia del pueblo español». La conclusión a la que llega Azaña es que la República tenía que «ser gobernada, pensada y dirigida por los republicanos», aunque fuera «para todos los españoles[11]».

Algunos de los intelectuales que más hicieron por crear el ambiente que hizo posible el advenimiento de la Segunda República acabaron pronto desencantados de la misma. La orteguiana ASR se transformó en partido político en la asamblea de representantes provinciales de los días 22 y 23 de mayo de 1931. Era un partido dirigido por intelectuales, pero mucho más que un partido de intelectuales, como suele decirse. Llegó a tener más de veinte mil afiliados y consiguió formar un grupo de trece parlamentarios en las Cortes Constituyentes, los cuales se implicaron en el diseño del modelo constitucional, aunque no siempre con éxito. Ortega criticó lo que llamó «cartuchos detonantes» de la Constitución, que se agotarían con su primer uso y que lastrarían innecesariamente un texto que debía servir para gobernar a distintas fuerzas políticas. También se opuso, sin éxito, a la forma en que se regularon las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Más repercusión tuvo, sin embargo, su distinción entre federación y autonomía en un famoso discurso que permitió, junto con los de otros oradores, que el modelo federal del proyecto de Carta Magna quedase transformado finalmente en un intento de copia del Estado integral de la Constitución de Weimar[12].

Las dudas públicas de Ortega y Gasset respecto de la política republicana se iniciaron apenas un mes después de proclamada la República, cuando surgieron los primeros brotes de violencia. Ante la quema de conventos e iglesias a principios de mayo de 1931, los fundadores de la ASR publicaron en la prensa un artículo en el que se leía:

Son demasiados millones de españoles los que han votado a la República para que el montón de unos cientos o miles aspire a ser más España toda que el resto gigantesco. Con toda esta teatralería de vetusta democracia mediterránea hay que acabar desde luego y sin más. No hay otro pueblo que el organizado. La multitud caótica e informe no es democracia, sino carne consignada a tiranías[13].

Unos meses más tarde, Ortega fue más explícito en un artículo titulado «Un aldabonazo», publicado en Crisol el 9 de septiembre, que concluía con una frase que se hizo célebre:

Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron en el advenimiento de la República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: «¡No es esto, no es esto!».

La República es una cosa. El «radicalismo» es otra. Si no, al tiempo[14].

Y el tiempo le dio la razón. El 6 de diciembre de 1931 Ortega propuso en el Cinema de la Ópera de Madrid una «Rectificación de la República» e intentó formar un Partido Nacional que pudiese dirigir una República consciente del hecho universal de la ascensión del movimiento obrero, por tanto, una República que no podía ser ni burguesa ni conservadora, pero que evitase los radicalismos[15]. La propuesta del filósofo metido a político quedó en nada, aunque él hizo algunos intentos por difundir la idea en varios artículos y conferencias. Unos meses después, en el otoño de 1932, Ortega disolvía la ASR. Prácticamente no volvió a intervenir en el debate público, excepto cuando la CEDA ganó las elecciones generales de 1933 e hizo público su compromiso con la República y su temor a que la coalición de Gil Robles terminase con la misma. Pensaba, no obstante, que «las derechas» tenían derecho a gobernar frente a otros que como Azaña quisieron que se convocasen nuevas elecciones que dejasen en suspenso el resultado de las recientemente celebradas. Ortega no volvió a elevar su voz en público para hablar de temas políticos. Vivió con gran excitación y preocupación la radicalización de las posiciones políticas y la escalada de la violencia. Al conocer la sublevación militar, se refugió en la Residencia de Estudiantes, situada en una colina en el límite de Madrid, y en cuanto pudo salió de España pensando que su vida y la de su familia corrían peligro en el Madrid republicano, aunque consciente de que también lo hubieran corrido en la zona controlada por los militares sublevados. Pronto se decantó por este último bando, temeroso de que la España republicana se convirtiese en un régimen bolchevique, pero se mantuvo en el exilio hasta 1945.

A Unamuno, algunas de las medidas del primer bienio también le parecieron demasiado radicales; sobre todo, la forma en que se resolvió la cuestión de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y varios aspectos de la legislación laboral del ministro socialista de Trabajo Largo Caballero. Por eso afirmaba que «nuestra España está entrando en el período disolutivo en que está entrada ya Europa», y hablaba del «trancazo anímico», de la «histeria colectiva», de la mala «salud espiritual del pueblo», que estaba «en pie de guerra», de «guerra civil, se entiende», es decir, de los ciudadanos, no militar[16].

Cuando en la primavera de 1936 la violencia se desbordó, Unamuno temblaba cada vez que oía que había «que republicanizar algo» y hablaba de las Cortes Constituyentes como de algo de «nefasta memoria[17]». Llegó al convencimiento de que una solución de orden podía ser una salida a pesar de que durante años había criticado el militarismo. Acudió a un mitin falangista y, tras el golpe militar del 18 de julio de 1936, mostró su adhesión al Alzamiento Nacional, ligereza de la que se arrepintió rápidamente y se enfrentó, como es sabido, al general legionario José Millán Astray con aquel famoso «venceréis pero no convenceréis» que le espetó a la cara durante la inauguración del curso de 1936-1937 en la Universidad de Salamanca. Recluido en su casa, desposeído de sus cargos por uno y otro bando —«los hunos y los otros», como él decía—, Unamuno murió a finales de 1936 de «mal de España», según expresión de Ortega en una memorable necrológica del hombre con el que tantas disputas intelectuales había mantenido[18].

LA INTRANSIGENCIA Y LA BANALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA

Uno de los principales problemas para la consolidación de la República fue la falta de una cultura política que promoviera consensos básicos sobre el modelo constitucional y el respeto a las ideas del contrario. Fueron tiempos convulsos en toda Europa, que Mark Mazower ha definido como Dark Continent [continente oscuro[19]].

No todos los intelectuales pusieron sus esperanzas en la Segunda República y algunos desde el comienzo trabajaron para su derrumbe. Ramiro de Maeztu, por ejemplo, no confió en la República. Este había sido a principios de siglo uno de los promotores de la superación del liberalismo. Defendía, por entonces, como Unamuno, una vía más social y democrática, que a veces llamaba abiertamente socialismo, para regenerar el régimen de la Restauración. Maeztu hablaba por aquellos años el lenguaje de lo que en otros países europeos se denominaba liberalismo social o socialismo liberal, dependiendo de dónde se pusiese el acento. Él y Unamuno influyeron mucho en los entonces jóvenes miembros de la generación de 1914, que paralelamente conocieron estas ideas en sus viajes por Gran Bretaña y Alemania. Pero Maeztu había virado claramente a la derecha y había colaborado estrechamente con la dictadura de Primo de Rivera. A la altura de 1931 pensaba que lo que la sociedad española necesitaba era una monarquía militar dictatorial con el rey al frente[20].

Maeztu fue uno de los ideólogos del concepto de «anti-España» que tanto se emplearía durante la Guerra Civil y los primeros decenios de la dictadura de Franco. Pero su origen está mucho más atrás y puede rastrearse en el siglo XIX en aquellos que condenaban el liberalismo español como anticatólico. Marcelino Menéndez Pelayo y su Historia de los heterodoxos españoles no es sino el ejemplo más conocido de una literatura abundante al respecto. Según el clima intelectual fue decantándose hacia la República y luego, durante el período republicano, este discurso se intensificó. El tradicionalista José María Albiñana hablaba en 1930 —al referirse al manifiesto ya citado de la Liga Pro Unión y Acción Antimonárquica— de las «hordas sin patria» que querían «borrar toda la obra de la dictadura, aunque las infelices madres españolas volvieran a perder sus hijos en la guerra[21]».

El ideario de Albiñana, que el mismo mes de abril en que escribió estas líneas fundó el Partido Nacionalista Español, era una mezcla de tradicionalismo autoritario, antiliberal y antidemócrata, que vinculaba religión, monarquía y patria con principios más avanzados como el fomento de la agricultura a través del crédito agrícola y el cooperativismo, una imposición más equitativa, la enseñanza pública primaria gratuita, el fomento del acceso de las clases populares a las enseñanzas media y superior, y la intervención del Estado en cuestiones sociales. Uno de los primeros actos del partido fue intentar reventar la conferencia que Unamuno dio el 4 de mayo de 1930 en el cine Europa del madrileño barrio de Cuatro Caminos. Al acto, organizado por la Alianza República, acudieron seis mil personas. Los Legionarios de España del doctor Albiñana irrumpieron en la sala a gritos de «¡Viva España!» y «¡Viva el rey!», que fueron contestados por el público con «¡Viva la República!», los cuales aparecen en la censurada prensa de la época como «otros [¡vivas!] totalmente contrarios». Luego vinieron los mamporros. Albiñana fue más tarde diputado durante la segunda legislatura republicana, integrado en la minoría monárquica de Renovación Española y a partir de 1934 se sumó al Bloque Nacional de José Calvo Sotelo.

Otro representante entre tantos de este discurso de la «anti-España» fue José María Salaverría, a quien el siglo XIX —en el que había ido, no sin enormes dificultades, consolidándose el liberalismo español— le parecía «estéril» y afirmaba que en él «quedó deshecha la nacionalidad española[22]».

José María Pemán, por su parte, no distaba mucho de este discurso. Se movió entre el accidentalismo de Gil Robles hasta finales de 1932 y, a partir de entonces, el monarquismo de Acción Española y Renovación Española. En enero de 1932 pronunció una conferencia en la sede madrileña de Acción Nacional con el título de «Cruzada nacional que se impone por la Patria y la Religión». Unos meses después emprendió una campaña contra los intelectuales «claudicantes», entre los que incluía a Ortega, los cuales, con su «halago a las pasiones revolucionarias», habían «traído a España al borde de la ruina». Tras elogiar a los militares sublevados de agosto de 1932 como «impacientes del ideal», Pemán pasó a defender más claramente una «reacción frente a los principios de disolución del liberalismo» y un Estado monárquico, «antiparlamentario y antidemocrático» que pusiese fin a la «tiranía republicana». La victoria de la CEDA en las elecciones de noviembre de 1933 no amansó su discurso, sino que por el contrario lo radicalizó. Para él, la democracia no era sino «un mecanismo pendular y estúpido» y no se podía «turnar pacíficamente» porque «la lucha de la Patria y la Antipatria» no era una cuestión que pudiera «ventilarse parlamentariamente» si se quería «la salvación definitiva de España[23]».

Albiñana, Salaverría y Pemán eran, en el fondo, nostálgicos de tiempos pasados en los que los cambios sociales que trajo aparejados el siglo XX todavía no se habían producido. Por eso su discurso no calaba en jóvenes futuristas como Ramiro Ledesma Ramos, que promovió desde finales de la década de 1920 el fascismo español. Ledesma mantenía un lenguaje juvenilista y revolucionario. Su revolución era la nacional-sindicalista, antiburguesa, anticapitalista, antiliberal, antidemocrática, iberista e imperialista, cerrada a cualquier concesión autonomista a Cataluña, obrerista pero anticomunista y, desde luego, violenta. Para él —como señaló en la «Carta al comandante Franco. ¡Hay que hacer la Revolución!», publicada en La Conquista del Estado el 9 de mayo de 1931—, la proclamación de la República era una oportunidad de poner en marcha la revolución. Por eso, no había que dejarla en manos de «la vieja generación reaccionaria», sino que había que recurrir a gente de «disciplina guerrera», a los jóvenes frente «a la putrefacción demoliberal», a «falanges de combate» que no cerraran «los ojos al disparar una pistola» y que cuando apareciera «el lobezno comunista» afinaran «la puntería y… adelante. Hasta el fin[24]». Había que crear el Estado totalitario.

El discurso de la esencialidad de la nación española y su indisoluble unión al catolicismo sí fue importante en otros fascistas españoles como Ernesto Giménez Caballero, con su Genio de España (1932), o Eugenio Montes, con su «Discurso a la catolicidad española», en el que también reivindica la monarquía y «el genio político de Mussolini» frente al «tumulto de la democracia[25]». Para algunos, por decirlo con la archiconocida expresión de José Antonio Primo de Rivera, había llegado el momento de la «dialéctica de los puños y de las pistolas[26]». Falange Española se fundó a finales de octubre de 1933 y al año siguiente se unía a las JONS (Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas) de Ledesma Ramos y Onésimo Redondo. Contribuyó notablemente con sus paramilitares al clima de violencia de los últimos años de la República.

Algunos escritores como Benjamín Jarnés vieron enseguida, ya en junio de 1931, el peligro que representaba que «tantos queridos jóvenes españoles» juguetearan con la violencia, «desde lejos, tímidamente, pocos a pecho descubierto», aunque muy pronto y lamentablemente se iba a pasar de las palabras a la acción[27]. Corpus Barga lo dijo, más tarde, de otro modo pero con el mismo sentido: «Muy revuelta anda ahora en España la literatura con la política[28]».

La intransigencia de las derechas antirrepublicanas desembocó en el golpe del general José Sanjurjo en agosto de 1932, el cual fue fácilmente sofocado. El movimiento más proclive al uso de la violencia durante el primer bienio fue, no obstante, el anarquismo, que promovió numerosos conflictos, atentados y enfrentamientos con las fuerzas de orden público. Las insurrecciones anarquistas acentuaron la radicalización del sector «caballerista» del PSOE a partir de 1933, aún formando parte los socialistas del gobierno presidido por Azaña. El control de la legislación laboral y la persecución al anarquismo desde la dictadura de Primo de Rivera por parte de los socialistas había hecho que la afiliación a la UGT y a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), el sindicato socialista en el mundo rural, creciese muchísimo, pero numerosos obreros y campesinos consideraban insuficiente la política del gobierno republicano para dar satisfacción a las expectativas que se habían creado, especialmente en lo tocante al reparto de tierras y a la mejora en las condiciones de vida de la clase obrera. Ante el temor de que los obreros y jornaleros ingresaran en las filas anarquistas, el ala «caballerista» del PSOE acentuó su discurso revolucionario y consideró que había que dar por superada la democracia liberal.

La división en las filas socialistas era considerable, como ya se ha señalado. Julián Besteiro, que se autoproclamaba marxista, era contrario a la dictadura del proletariado. Defendió en junio de 1931 un programa relativamente moderado en comparación con los fines últimos del socialismo y con lo que proponían otros compañeros a su izquierda. Por ejemplo, frente a la idea de la propiedad colectiva de la tierra, apostaba por el modelo de cooperativas y de crédito agrícola; frente a la nacionalización de la industria, creía en la participación de los obreros en la dirección de las empresas y en la municipalización de determinados servicios públicos; frente a la persecución a la Iglesia católica, consideraba conveniente que el Estado pagase los gastos destinados al mantenimiento del culto aunque solo con el dinero de sus fieles; frente a un Estado federal, abogaba simplemente por la autonomía. Besteiro se había opuesto a la participación de los socialistas en el Comité revolucionario, aunque finalmente acabó aceptándolo, pero no movilizó a la UGT, de la que era presidente, para apoyar el golpe militar de diciembre de 1930. Esto le costó duras críticas por parte de algunos de sus compañeros durante muchos años. Una vez proclamada la Segunda República, fue remiso a la participación de los socialistas en el gobierno, aunque defendió que el PSOE debía ser un elemento estructurador del nuevo régimen. Finalmente aceptó la participación del partido en el Ejecutivo y él mismo fue presidente de las Cortes[29].

Fernando de los Ríos coincidía con Besteiro en algunos fines, pero sí creía necesaria la participación de los socialistas en el gobierno. De hecho, él fue miembro del Comité revolucionario y del gabinete, primero con Alcalá Zamora y luego con Azaña. Nunca se consideró marxista y fue muy crítico con la Revolución rusa, de algunos de cuyos peligros alertó en su obra Mi viaje a la Rusia sovietista, publicada en 1921 en medio de la controversia sobre el ingreso o no del PSOE en la Tercera Internacional, que finalmente no se produjo. De los Ríos prefería la vía inglesa, laborista, para crear un Estado social de derecho. Pero durante la República radicalizó su discurso: en la defensa que hizo del proyecto constitucional en nombre de su partido, y aunque insistía en su fondo liberal, afirmó que la «economía libre» hacía al «hombre esclavo» y por eso era necesaria «una economía sojuzgada y sometida», «planificada», «disciplinada y subordinada al interés público», que garantizara «una verdadera posición de libertad para el hombre». Había llegado, según él, el momento de ir más allá de la «democracia inorgánica». También radicalizó su posición al defender en representación del PSOE los artículos que regulaban en el proyecto constitucional las relaciones entre la Iglesia y el Estado[30].

Un famoso discurso de Azaña el 13 de octubre de 1931 consiguió rebajar las pretensiones de los socialistas y los radicales-socialistas, todavía más extremistas, pero aun así la Constitución consagró además de medidas razonables como la libertad de cultos y la separación de la Iglesia y el Estado, también otras más discutidas en la circunstancia de la época como la disolución de los jesuitas y la expropiación de sus bienes, la posibilidad de disolver otras órdenes religiosas, la supresión de las cargas de culto y clero a dos años vista, la secularización de los cementerios, la necesidad de autorización administrativa para los actos públicos religiosos y, sobre todo, la prohibición de que la Iglesia ejerciese cualquier actividad distinta del culto, incluida la enseñanza, cuestiones que supusieron no solo la ruptura del gobierno con la salida del presidente, Niceto Alcalá Zamora, y del ministro de la Gobernación, Miguel Maura, el 14 de octubre, sino la, desde ese día, oposición de las derechas a la Constitución y una clara voluntad de reformarla. Algunos intelectuales como Unamuno, Azorín, Ortega y Gasset y Marañón también se opusieron a la forma en que se reguló este tema en la Carta Magna. Ninguno de ellos era especialmente clerical, pero todos eran conscientes de lo enraizado que estaba el catolicismo en la sociedad española y de que las políticas de confrontación con el mundo católico serían perjudiciales para el firme asentamiento de la República[31].

Los socialistas utilizaron desde el principio el doble lenguaje de, por un lado, apoyar a la República y a los gobiernos del primer bienio pero, por otro, afirmar que el nuevo régimen era una democracia burguesa, insuficiente para alcanzar los fines últimos del socialismo y, por tanto, en algún momento habría que ir más allá. Por eso siempre estuvo sobre el tapete la amenaza de una segunda revolución, que daría paso ya al modelo socialista. El editorial del periódico del PSOE, El Socialista, del 31 de octubre de 1931, cuando se terminaba el debate constitucional y se hablaba de la posibilidad de dar paso a un gobierno encabezado por Lerroux que pudiese disolver las Cortes, es un claro ejemplo de esta doblez. En él se afirma que si las Cortes se disolvían sería la consigna para ir a una «segunda revolución», a un período «trágico y definitivo». El famoso discurso de Largo Caballero en el cine Pardiñas en julio de 1933, siendo todavía ministro de Trabajo, marcó el rumbo hacia esta «segunda revolución», que sería violenta si no se podía emprender por vías legales. Luis Araquistain fue el encargado de teorizarla.

La radicalización del discurso de Largo Caballero coincidió con la aparición de la revista Octubre en julio de 1933, que fundó Rafael Alberti tras haber pasado una temporada en Rusia el año anterior relacionándose con la intelligentsia soviética. Los jóvenes comunistas como el citado Alberti y Luis Cernuda querían destruir la sociedad caduca de la democracia liberal y confiaban en «una revolución que el comunismo inspire», por decirlo con las palabras de la adhesión de Cernuda al PCE, publicada en el número de octubre-noviembre de 1933. En el mismo también va la adhesión de Ramón J. Sender, que concluía: «En la trinchera hay un uniforme y un fusil más». La militancia era claramente bélica y una apuesta por la violencia. En julio se había celebrado en el Ateneo una reunión del Comité de ayuda antifascista, presidida por Henri Barbusse, miembro activo de la intelectualidad europea prosoviética, quien en 1927 había lanzado su Manifeste aux intellectuels, en el que afirmaba:

En face de ce monde d’ennemis et de faux amis, le peuple —le prolétariat— cherche à être lui-même, à édifier un statut humain par la prise du pouvoir qui lui permettra de briser les vieilles formes d’État et de bâtir une société selon la loi du travail et de l’intérêt général […], par l’abolition des classes et de l’État. On peut dire que cette œuvre basée sur l’égalité politique et la production, est une œuvre de démocratie, mais de démocratie intégrale n’ayant rien de commun avec le verbalisme démocratique qui s’épand des tribunes officielles de nos soi-disant républiques[32].

Tras la crisis del 9 de septiembre de 1933 del gobierno Azaña, el día 11 se reunió la Comisión Ejecutiva del PSOE. Largo Caballero consideró allí roto cualquier compromiso con los partidos republicanos. A Fernando de los Ríos le parecía absurdo plantearse en ese momento la toma revolucionaria del poder y prefería centrar el discurso socialista en la defensa de la legislación aprobada en los gabinetes anteriores, pero los vientos de radicalización eran muy fuertes. La derrota de socialistas y republicanos de izquierdas en las elecciones de noviembre y la victoria de la CEDA de Gil Robles y de los radicales de Lerroux no hicieron sino acentuar esta línea en el socialismo español. El editorial de El Socialista del 21 de diciembre era una nueva llamada a la revolución. Araquistain lo dejaba aún más claro en el prólogo que puso a los discursos de Largo Caballero, firmado el 5 de marzo de 1934:

Nuestras ilusiones republicanas del 14 de abril se han desvanecido. Y el dilema no es ya monarquía o república; república o monarquía, no hay más que un dilema, ayer como hoy, hoy como mañana: dictadura capitalista o dictadura socialista.

Y a continuación añadía que pensaba «en Largo Caballero y en España con íntimo temblor», el mismo temblor que hubiera sentido «cerca de Lenin antes de Octubre de 1917: el temblor que inspiran los hombres en cuyas manos están las grandes decisiones de la historia[33]». Largo Caballero había acumulado en enero de 1934 todo el poder del socialismo al desplazar de la presidencia de la UGT a Besteiro, al mismo tiempo que presidía el PSOE. La decisión de iniciar la revolución socialista se tomó en los órganos ejecutivos del partido socialista y del sindicato ugetista en los primeros meses de 1934 sin que las voces críticas como las de Prieto y De los Ríos consiguieran imponerse. Al contrario, acabaron sumándose con mayor o menor entusiasmo. Solo había que aguardar el momento oportuno, que pensaron llegado cuando Alcalá Zamora decidió aceptar la entrada de tres miembros de la CEDA en un nuevo gobierno de Lerroux. La revolución de octubre de 1934 se presentó por los socialistas como una reacción a lo que se interpretaba como la entrega de la Segunda República a sus enemigos, los cuales, según ellos, construirían un Estado fascista.

La verdad es que la revolución se venía preparando, y no solo ideológicamente, desde hacía tiempo. En las «Glosas del mes», de mayo de 1934, del primer número de la revista Leviatán, el redactor —quizás el propio Araquistain— escribía que la guerra del 1914 había puesto fin a la política de conciliación entre el liberalismo y la democracia a tenor de las experiencias de Italia, Alemania y Austria. «El dilema —señalaba— [era] si la República ha de ser de tipo fascista, como sueñan las derechas, y han comenzado a practicarlo, o si ha de ser una República social, como quiere la clase obrera. Hay que elegir». En ese mismo número, Araquistain, en un artículo titulado significativamente «La nueva etapa del socialismo», afirmaba que el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán y la mezcla de ambos en Austria habían «puesto de relieve la ineficacia de la táctica política» de «los partidos socialistas adscritos a la Segunda Internacional», que daba por superada. En las «Glosas del mes» siguiente de la misma revista se hablaba de la «ya inútil Constitución de la Segunda República española», y en las del mes de agosto se preguntaban «para qué seguir en el Parlamento» porque «la democracia burguesa» conducía «fatalmente al fascismo», que consideraban que ya había comenzado en España, por lo que «al proletariado» no le quedaba «otra alternativa que la revolución social, la expropiación de la clase capitalista, como único medio de evitar una recaída en la servidumbre feudal o en su antigua condición de ilota». Había que retirarse del Parlamento para dar paso franco a la dictadura fascista y así oponerse a ella y destruirla. No es extraño, según estos presupuestos, que en las «Glosas del mes» de septiembre considerasen que se iba «hacia la guerra civil», que sería a la vez «guerra social». Es una idea en la que la revista insiste al mes siguiente, cuando todavía no se había desencadenado la revolución de octubre. La guerra civil les parecía inevitable y en ella parecían poner sus esperanzas porque «solo así tal vez se purificará la cargada atmósfera española».

Tras el fracaso de la revolución de octubre y la dureza de la represión, en el PSOE acabaron triunfando las tesis de Prieto y De los Ríos, partidarios de una nueva unión con los republicanos de izquierdas. Así fue posible el Frente Popular, que capitaneó Azaña con su nueva Inteligencia Republicana, convertido nuevamente en líder de grandes masas populares que llenaron sus mítines tras su injusta e ilegal detención de octubre de 1934 en Barcelona, donde también había habido una insurrección federalista, acusado sin pruebas de participar en los preparativos revolucionarios. Azaña salió liberado sin cargos, pero resucitado políticamente de su fracaso electoral de 1933. Tras las elecciones de febrero de 1936, volvió a la presidencia del gobierno y en mayo fue nombrado presidente de la República.

Los bolchevizantes del PSOE, como Araquistain, presentaron las elecciones de febrero de 1936 como un plebiscito a favor o en contra de la revolución de octubre de 1934[34].

Besteiro se había convertido en el centro de las críticas de los «caballeristas» porque era quien tenía fuerza para oponerse en el PSOE y en la UGT a ellos y porque además se seguía declarando marxista, como hizo en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1935, «Marxismo y antimarxismo», que fue duramente criticado por Araquistain desde Leviatán, acusándole de ser un falso marxista y seguidor del revisionista Karl Kautsky, «en el que veía el mentor teórico de Besteiro[35]». Recordemos que Kautsky había sido renegado por Lenin, por lo que Araquistain colocaba a su compañero en la órbita de la contrarrevolución. Besteiro era consciente de la responsabilidad de los socialistas en el clima violento que siguió a las elecciones de febrero de 1936. El 23 de mayo dio una conferencia en la bilbaína sociedad El Sitio sobre «El rumbo de la República» y dijo: «La República conservará su buen rumbo o lo perderá y eso dependerá en gran parte de que el Partido Socialista y la Organización Obrera conserven su rumbo o lo pierdan[36]».

No le faltaba razón, pero en el otro lado del horizonte político, como hemos visto, también había muchos que querían poner fin a tan conflictiva experiencia democrática, una vez más —y como tantas veces en la historia contemporánea de España— por medio de las armas y de la exclusión del enemigo. Varios generales (entre ellos, Sanjurjo, nuevamente, Franco, Mola, Queipo de Llano, etc.), impulsados por importantes apoyos civiles que iban desde la derecha accidentalista hasta el fascismo, pasando por los monárquicos y los carlistas, decidieron liquidar la República y dar paso a una nueva dictadura. Fallaron en sus cálculos y originaron una cruenta guerra civil antes de imponer sus objetivos.

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DE LA IRRELEVANCIA DEL FASCISMO EN ESPAÑA

por

PEDRO CARLOS GONZÁLEZ CUEVAS

EL FASCISMO COMO PROBLEMA HISTORIOGRÁFICO

Si se tiene en cuenta que los historiadores continúan discutiendo todavía hoy en día acerca de la naturaleza del fenómeno fascista, de sus orígenes ideológicos o de sus componentes sociales, no hay que extrañarse de que la mayoría de sus contemporáneos, en el momento en que surgió y se impuso como sistema político en algunos países europeos, se sintieran bastante perplejos ante aquel nuevo movimiento de masas y experimentaran considerables dificultades para proporcionar una caracterización adecuada de la situación que estaban viviendo. A ello contribuyó la propia ambigüedad del fenómeno en cuestión. No en vano, José Ortega y Gasset señaló, a la altura de 1926, el «cariz enigmático» del fascismo[1].

En alguna medida, el enigma permanece, de ahí la diversidad de las interpretaciones históricas que ha suscitado el fenómeno fascista desde su aparición en la escena política europea hasta nuestros días. Aquí distinguiremos básicamente dos: la marxista y la denominada «revisionista». La interpretación marxista está directamente relacionada con el carácter y significación de la Edad Contemporánea, centrada en dos temas íntimamente ligados según el paradigma del materialismo histórico: la Revolución francesa de 1789, que, desde esa perspectiva, suscitaba la sociedad capitalista y supuso no solo el orto de la era contemporánea, sino el necesario antecedente de la Revolución socialista de 1917. El otro era el fascismo, definido genéricamente como la antítesis del socialismo y arquetipo de la contrarrevolución burguesa y capitalista contra el proletariado revolucionario. La interpretación marxista del fascismo adquirió características demonológicas, convirtiéndolo en una especie de estereotipo al que se identificaba con la reacción, la represión y la negación de todo proyecto de modernidad; en definitiva, con el mal radical. En esta trama narrativa, el fascismo italiano se confundía, sin demasiadas matizaciones, con el nacionalsocialismo alemán y con la derecha social, política y doctrinal[2].

Frente a esta interpretación, que llegó a ser hegemónica, surgió el llamado «revisionismo histórico». Como concepto, el revisionismo salió a la luz en Alemania poco después de la formulación del socialismo marxista, como intento de modificar y moderar algunas de las partes esenciales de su programa político. Este concepto ha pasado luego a ser un término de aplicación general como hábito de cuestionar doctrinas, teorías, leyes e interpretaciones comúnmente aceptadas como verdaderas. En ese sentido, el revisionismo resulta inherente a la investigación histórica, porque el trabajo del historiador siempre procede por «revisiones» de interpretaciones anteriores. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el término «revisionista» ha tenido en la historiografía una significación negativa, al ser asociado a ciertas tendencias que más bien deberían denominarse «negacionistas» y que ponen en cuestión la existencia real del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Nada de esto tiene que ver con lo que aquí entendemos por revisionismo histórico europeo.

Ya en las décadas de 1960 y 1970, historiadores como Eugen Weber y René Rémond sometieron a crítica la interpretación marxista de los orígenes doctrinales del fascismo, negando su relación con el tradicionalismo ideológico o con L’Action française. Corresponde, sin embargo, al historiador italiano Renzo de Felice el mérito de haber emprendido la tarea de revisión histórica del fascismo y de la figura de Benito Mussolini. Discípulo de Federico Chabod y Delio Cantimori, influido por el historiador George L. Mosse y por el sociólogo Gino Germani, De Felice resaltó la autonomía del movimiento fascista con respecto a las élites tradicionales. Su base social se reclutó en todos los estratos de la sociedad italiana, pero sus más ardientes defensores se encontraron en las clases medias. Unas clases medias «emergentes», no decadentes, que tendían a realizar una política propia y que buscaban participar y adquirir poder político frente al proletariado y la alta burguesía. De ahí que tanto el movimiento como luego el régimen propugnasen la movilización de las masas y la creación de un hombre nuevo, lo mismo que una nueva civilidad. De Felice consideraba el fascismo un movimiento revolucionario y modernizador que contó con un amplio «consenso» en la sociedad italiana. A juicio del biógrafo de Mussolini, el totalitarismo fascista era una manifestación de «totalitarismo de izquierda», de tradición rousseauniana. Al mismo tiempo, De Felice diferenciaba el fascismo italiano del nacionalsocialismo alemán, porque mientras el primero se consideraba heredero del Risorgimento, el segundo tenía sus raíces ideológicas en el antisemitismo y el racismo biológico.

Complementaria de los planteamientos defelicianos es la obra de George Lachmann Mosse. Influido por Meinecke, Huizinga, Croce y Lichtheim, la obra de Mosse supone la consolidación del giro cultural en la historiografía dedicada al fenómeno fascista. Para el historiador alemán, el objeto de la Historia radica en la concepción del modo en que los seres humanos han percibido o interpretado la sociedad según las ideas y los valores propios de su época. A ese respecto, su obra más conocida e importante es, sin duda, La nacionalización de las masas, en la que estudió la construcción de las naciones modernas a partir de los ritos, las fiestas, los mitos, los símbolos, los monumentos, etc., que dieron expresión concreta a la noción rousseauniana de «voluntad general». Un proceso en el que intervino no solo el Estado, sino una amplia gama de asociaciones civiles e incluso el movimiento obrero, sobre todo en Alemania. Ni el fascismo ni el nacionalsocialismo podían ser comprendidos sin esas realidades previas. Ambos movimientos habían creado un «nuevo estilo» de política heredado de la Revolución francesa. Y es que, a pesar de sus críticas a la Ilustración y a la Revolución de 1789, eran sus continuadores, porque participaban de una misma visión de lo sagrado y de una «religión política» ya planteada en los escritos de Rousseau y en la práctica política de los jacobinos. Siguiendo esta estela revolucionaria, los fascismos «democratizaron» las manifestaciones oficiales, el culto a los muertos, los desfiles, la liturgia, etc. Para Mosse, la ideología y el estilo político fascista fueron igualmente herederos de la experiencia de la Gran Guerra, que favoreció la creación de los nuevos mitos de la camaradería, el sacrificio y la regeneración. Al mismo tiempo, encauzaron y aceleraron el proceso de «nacionalización de las masas». Como De Felice, Mosse consideraba que el fascismo y el nacionalsocialismo no eran movimientos políticos idénticos, porque el desarrollo de la ideología völkisch separó a Alemania del resto de las naciones europeas. En el fascismo italiano, la ideología racista fue sustituida por un neto nacionalismo estatal. De la misma forma, Mosse estimaba que la aparición de los movimientos fascistas era inseparable, a nivel cultural, de la rebelión intelectual contra el positivismo característico de finales del siglo XIX, y que daría lugar a nuevas corrientes como el psicoanálisis, el historicismo, el irracionalismo o el existencialismo[3].

De Felice coincidía con Mosse en la incidencia de la Gran Guerra en el nacimiento del fascismo: «Sin guerra no hay fascismo». Igualmente, consideraban ambos que las relaciones entre los movimientos fascistas y las élites tradicionales no podían analizarse de una manera tan simple y mecánica como pretendía el marxismo. Antes de la toma del poder, los movimientos fascistas necesitaron de la colaboración de las clases dirigentes; y estas necesitaron del fascismo como movimiento de masas para intentar mantener su hegemonía. En última instancia, lo que determinó el mayor o menor peso de unos u otros amigos/enemigos fue la fuerza de cada uno de los sectores en disputa. En concreto, las élites tradicionales consideraron el fascismo como una especie de «guardia blanca» cuya misión era acabar con la izquierda revolucionaria, después de lo cual debería desmovilizarse y no asumir el poder. Y es que la alta burguesía nunca aceptó el fascismo, en parte por razones de carácter psicológico-cultural y en parte por su recelo hacia el intervencionismo económico y el totalitarismo. El proyecto político fascista pretendía liquidar las viejas estructuras de la sociedad y del Estado, y sustituir unas jerarquías basadas en la adscripción y el rango por otras basadas en la función y el mérito. Estas nuevas jerarquías debían legitimarse, en el caso italiano, por su fidelidad a la nación y al Estado; en el alemán, por su fidelidad a la raza aria. En ambos casos, no se trataba de propugnar cambios radicales en la propiedad de los medios de producción, sino en la estructura de estatus, en la posición del Ejército y de las Iglesias, en el control de la economía y, sobre todo, en los valores sociales. Con sus promesas escatológicas, sus iconos, sus rituales, su nacionalismo dinámico y proyectivo, el fascismo se presentó, además, como una auténtica «religión política», rival de las religiones trascendentes tradicionales[4].

Los estudios de George L. Mosse y de Renzo de Felice han influido en diversos historiadores como Emilio Gentile (estudioso de la «religión política» fascista y el «partido-milicia») y Zeev Sternhell, que ha investigado sobre los orígenes franceses del fascismo a través de sus obras sobre Maurice Barres y la derecha revolucionaria, la izquierda «revisionista» y el nacionalismo populista. Significativa fue la adhesión a las tesis de Mosse y De Felice de François Furet, el gran historiador de la Revolución francesa, para quien el fascismo era un «movimiento a la vez nacionalista y revolucionario[5]».

EL FASCISMO EN LA HISTORIOGRAFÍA ESPAÑOLA: PERSISTENCIA DEL PARADIGMA MARXISTA

Hasta hace relativamente poco tiempo, el grueso de la historiografía española ha permanecido ajeno, cuando no hostil, a este proceso de «revisión» histórica. Resulta significativo que las obras de Mosse y De Felice apenas hayan sido traducidas al español. La difusión de las tesis de Emilio Gentile y Sternhell constituye un fenómeno reciente. Y es que, mientras estos autores elaboraban sus libros, en la sociedad española todavía hacían furor, sobre todo entre los universitarios, los textos de Guérin, Poulantzas, Colloti, Moore, etc., lo cual benefició muy poco a la historiografía española. A la altura de 1969, el historiador Jesús Pabón afirmaba, no sin razón, que la aportación española al estudio del fascismo «no constituye en general un motivo de orgullo[6]».

Autores como Enrique Tierno Galván relacionaban los orígenes de la ideología fascista con el tradicionalismo de Joseph de Maistre y Louis de Bonald. Muy polémica fue igualmente su tesis sobre el «prefascismo» de Joaquín Costa y Macías Picavea, dos de los teóricos regeneracionistas más renombrados al calor de la crisis que se abrió en 1898 tras la pérdida de los restos del imperio colonial. Desde la década de 1970, la historiografía marxista logró, incluso a nivel académico, una clara hegemonía. Fue Manuel Tuñón de Lara el historiador más influyente de dicha tendencia historiográfica. Tuñón de Lara era un marxista ortodoxo y poco original, muy influido por el francés Pierre Vilar y el sector de la Escuela de los Annales más próximo al materialismo histórico. Uno de los objetivos de su obra fue la identificación del régimen del general Franco y del conjunto de las derechas españolas con el fascismo. El problema planteado por el escaso peso político de Falange en la sociedad española intentó resolverlo Tuñón de Lara mediante el concepto de «fascismo rural», característico, según él, de una sociedad subdesarrollada, sin grandes preocupaciones de rentabilidad por unidad de producción, de fuerza de trabajo barata y mercado reducido. Este «fascismo rural» estaría representado no solo por Falange Española, sino por el Bloque Nacional de Calvo Sotelo, la Unión Económica Española y la CEDA[7]. Esta línea interpretativa fue seguida, entre otros, por Raúl Morodo y por José Ramón Montero Gibert: desde su punto de vista, las derechas encarnaron en la década de 1930 una especie de «fascismo católico». Desde una perspectiva igualmente marxista ortodoxa, el jurista Javier Jiménez Campo interpretaba el fascismo como un «reaccionarismo estricto que, con la vista puesta en la sociedad precapitalista, planteaba una crítica radical a la sociedad burguesa». El fascismo era, en fin, «anticapitalismo señorial más conservadurismo». No obstante, este autor distinguía el fascismo del «conservadurismo arcaizante» de Acción Española y del «cristianismo social» de la CEDA[8].

El autor español más influido por las tesis de Mosse y De Felice ha sido el sociólogo Juan José Linz, para quien una de las variables fundamentales que explica las tácticas y alianzas políticas de los fascismos fue su condición de latecomers, es decir, de recién llegados. Su hostilidad hacia los partidos tradicionales fue consecuencia de la necesidad de hacerse un lugar en el espacio político ya ocupado por los partidos, a los que resultaba necesario desplazar del apoyo electoral y social de que disfrutaban. Linz definió el fascismo como «un movimiento hipernacionalista, a menudo posnacionalista, antiparlamentario, antiliberal, anticomunista, populista y, por lo tanto, antiproletario, parcialmente anticapitalista y antiburgués, anticlerical o por lo menos no clerical, cuyo objetivo es la integración social a través del partido único y de una representación corporativa no siempre igualmente destacada». Todo lo cual le diferenciaba de las derechas tradicionales. En ese sentido, Linz distingue, por un lado, los regímenes autoritarios, dictaduras burocráticas regias o militares sin ideología y basadas en la desmovilización política de las masas; y, por otro lado, los regímenes totalitarios, de partido único, de ideología revolucionaria y promotores de la movilización de masas. A ese respecto, el régimen del general Franco entraría en la primera categoría[9].

Esta distinción fue muy mal recibida por los historiadores marxistas españoles. En concreto, Tuñón de Lara acusó al sociólogo de utilizar el término «autoritario» para «hacer menos sospechoso el régimen, incluso para rehacerle cierta virginidad política, llegándose incluso a hablar de pluralismo». Y es que, para Tuñón de Lara, el régimen de Franco había sido fascista no solo por la defensa de los intereses de las clases dominantes, sino porque así había sido definido, a lo largo de la Guerra Civil, por «el pueblo», «ese pueblo cuya lengua, según Machado, es el barro con que Cervantes elaboró su obra[10]».

Tanto Renzo de Felice como Mosse y Furet han negado el carácter fascista del régimen de Franco. Para De Felice, se trató del «clásico régimen autoritario con injertos modernos, y nada más que eso». Mosse incidía en el hecho de que, pese a que la sociedad española había conocido el liberalismo y el nacionalismo, el que «la identidad española estuviese tan íntimamente vinculada al catolicismo debilitó los movimientos políticos seculares». En ese sentido, el régimen nacido de la Guerra Civil sería, como el salazarista en Portugal o el de Horthy en Hungría, un sistema político de carácter restaurador y autoritario. Furet, por su parte, señaló que la Guerra Civil española y la instauración del franquismo no podían ser interpretadas mediante «la oposición fascismo-antifascismo». El franquismo fue consecuencia de la alianza de las distintas fuerzas tradicionalistas españolas: Iglesia, Ejército, terratenientes, etc. Franco no sería tampoco un líder carismático, sino un «oligarca astuto», el «Luis XI de la contrarrevolución[11]».

En la línea de Mosse y De Felice, el hispanista norteamericano Stanley G. Payne ha contribuido a difundir entre los historiadores españoles las tesis revisionistas. En ese sentido, ha distinguido en sus obras entre fascismo, derecha, autoritarismo conservador y derecha radical. A diferencia de estos, el fascismo rechazó siempre la ayuda de los militares, buscó la movilización de las masas e intentó llevar a cabo políticas sociales populistas. De la misma forma, distingue entre distintos tipos de sistemas políticos: totalitarios, dictaduras sincréticas, regímenes autoritarios semipluralistas, autoritarismos conservadores o burocrático-nacionalistas[12].

No obstante, la interpretación marxista tradicional sigue siendo defendida por algunos hispanistas anglosajones y no pocos historiadores españoles. El hispanista británico Paul Preston, autor de una biografía del general Franco, identifica al conjunto de la derecha española con el fascismo. A veces, no se sabe muy bien qué entiende este autor por fascismo, porque se trata de un historiador de metodología imprecisa. En sus obras, cita a De Felice, Mosse y Weber, pero no parece que haya sacado conclusiones claras de su lectura. Por un lado, estima que los fascismos tienen en común la síntesis entre nacionalismo y socialismo, una combinación de imperialismo agresivo y de preocupación por «solucionar los males económicos del momento». Pero, por otro, se ciñe a la interpretación marxista tradicional al señalar que lo fundamental es no la ideología, sino su «función social» en el contexto de «la naturaleza y desarrollo del capitalismo correspondiente al que estaba vinculado». Vistas así las cosas, el fascismo español no podía reducirse a Falange, sino que abarcaba al conjunto de las derechas españolas, es decir, a monárquicos alfonsinos, carlistas y social-católicos de la CEDA: «en cuanto a su ideología, su desprecio a la democracia, su uso de la violencia como método político». De ahí que la Guerra Civil fuese, en su opinión, «la inevitable culminación del intento de imponer soluciones más o menos fascistas a la crisis española». Al calor de las polémicas acerca de la denominada «memoria histórica», esta interpretación ha sido defendida igualmente por el historiador español Julián Casanova, hasta ahora conocido por sus estudios sobre anarquismo. Como Presión, este autor entiende que lo que esencialmente define al fascismo es su «función social», su «misión histórica», es decir, «la destrucción del movimiento obrero organizado y de la filosofía del socialismo, la abolición del sistema parlamentario, la sumisión a la autoridad y el establecimiento del Estado corporativo». Todo lo demás son, según él, «exquisiteces teóricas y terminológicas». Así, el régimen de Franco resultó ser «un fascismo no tan peculiar», cuyos sujetos políticos eran, eso sí, el Ejército y la Iglesia, no el partido único fascista[13].

¿Qué es lo que se deduce de todo lo visto hasta aquí? En primer lugar, la profunda obsolescencia de la perspectiva marxista tradicional. Esta interpretación del fenómeno fascista mediante el recurso a una supuesta «función social» o «misión histórica» tiene como consecuencia la reducción de lo complejo a lo simple aun a riesgo de mutilarlo y caricaturizarlo. En general, los defensores de esta interpretación sustituyen el razonamiento histórico-político por el «moralismo sublime», es decir, por juicios de valor al servicio de una ideología[14]. Desde esta óptica, el fascismo queda difuminado en sus características esenciales. Se trata, en fin, de un caso más de la abundante literatura crítica sobre los movimientos fascistas, consistente en modelos construidos fuera de los mismos, que han intentado hacer olvidar que estos movimientos o no son nada o suponen, cuando menos, una serie de características y de requisitos mínimos (existencia de masas disponibles, ideología nacionalista y revolucionaria, partido milicia, sustrato cultural, participación en la Gran Guerra, etc.) que, como veremos, no se daban en la sociedad española de la época. De ahí que uno de los puntos más débiles de la interpretación marxista resulta ser su determinismo clasista, donde los temas de cultura política e ideología quedan en un lugar muy secundario cuando no simplemente marginados, según la significativa expresión de Julián Casanova como presuntas «exquisiteces teóricas y terminológicas». Con ello, tan solo se demuestra no ya un ingenuo reduccionismo, sino un claro anacronismo. Hace tiempo que el marxismo intelectualmente más creativo, como señala Geoff Eley, abandonó tales planteamientos al resaltar la importancia de las mentalidades, de las culturas políticas y de las ideas más allá de todo condicionamiento ejercido por la economía y los intereses sociales. De hecho, historiadores y politólogos muy influidos por el materialismo histórico no han dudado en recoger, en sus estudios, los puntos de vista de los historiadores que aquí hemos denominado «revisionistas[15]». Y es que esa interpretación, con su enfoque pluralista, que sintetiza lo político, lo cultural y lo social de forma no simplista, puede dar, a diferencia del monismo defendido por los marxistas tradicionales, una perspectiva más rica y matizada de la configuración histórica del fascismo y de sus relaciones con el mundo conservador español y europeo. A partir de sus premisas, podemos llegar a la conclusión de la inexistencia del fascismo propiamente dicho en la sociedad española de las décadas de 1920 y 1930. Y es que la realidad histórica española fue muy distinta de la de Italia y, sobre todo, de la de Alemania.

LA ESPAÑA DIFERENTE: LAS «TRADICIONES BLOQUEADAS»

A lo largo del siglo XIX y buena parte del XX existieron dos grandes tradiciones en la derecha española: la conservadora liberal y la que hemos denominado «teológico-política» o tradicionalista a secas, que englobaría, en un discurso común basado en la religión como elemento rector de la práctica ideológico-política, al carlismo y a los conservadores autoritarios. En el contexto español, carece de presencia la tradición plebiscitaria o populista, lo mismo que la derecha radical. En la configuración de su cultura política fue, sin duda, la religión católica el factor dominante. El catolicismo dotó al conjunto de las derechas españolas de un repertorio de esquemas de interpretación cargados de símbolos, mitos, imágenes, significados sobre causalidades y acontecimientos del mundo: el providencialismo, la lucha del Bien contra el Mal como motor de la historia, el chivo expiatorio, etc. Todo ello impermeabilizó a los sectores conservadores respecto a las novedades filosóficas y políticas que se abrían paso a finales de siglo en Europa. No podemos hablar, por tanto, de una cultura «prefascista» en España. Las tesis de Enrique Tierno Galván resultan difícilmente defendibles, porque tanto Joaquín Costa como Macías Picavea fueron dos liberales desencantados ante la realidad de la España de la Restauración. Su alternativa fue una especie de dictadura comisaria dirigida a preparar la sociedad para una transición hacia un régimen liberal-democrático efectivo. Su ideal siguió siendo hasta el final el self government del país por el país. No encontramos nada parecido en la sociedad española de comienzos del siglo XX a una «derecha hegeliana» como en la Italia de Croce y Gentile. Tampoco figuras como Prezzolini, Papini, D’Annunzio o Corradini, promotores del nuevo nacionalismo italiano. Y mucho menos atisbos de una «revolución conservadora» como la alemana de Spengler, Schmitt, Sombart, etc. El interés de las derechas españolas respecto de las nuevas tendencias filosóficas características de la ruptura con el positivismo (nietzscheanismo, socialdarwinismo, historicismo, etc.) fue escaso. No deja de ser significativo que estas tendencias fueran recogidas por el filósofo José Ortega y Gasset, cuyos planteamientos liberal-conservadores serían rechazados por el conjunto de las derechas católicas españolas, sobre todo por su agnosticismo religioso y por sus críticas a la Iglesia. No obstante, Ortega y Gasset influyó profundamente en el proyecto político de Falange[16].

A ello se unió la debilidad del nacionalismo español. Desde 1898, la nación española careció de hinterland colonial, y su unidad era aún incipiente, viéndose amenazada por la emergencia de los nacionalismos periféricos catalán y vasco. El débil Estado liberal fue muy poco eficaz a la hora de llevar a cabo el proceso de «nacionalización de las masas». El centralismo español fue más «legal» que «real». El Ejército no consiguió convertirse en el foco de nacionalización, dada la fragilidad de sus estructuras, la persistencia de las guerras civiles y la posibilidad de las clases altas a la hora de eludir el servicio militar. La escuela pública funcionó en una situación de profunda penuria, de falta de dotación e insuficiencia en la formación del personal docente. La enseñanza privada fue prácticamente monopolizada por la Iglesia católica. A ello se sumó la incapacidad del Estado a la hora de establecer una simbología nacional secular, que agrupara bajo su égida al conjunto de la población cualesquiera que fuesen sus convicciones religiosas. En su lugar, se fomentó la representación simbólica de la identidad católica española: la Virgen del Pilar, Santiago Apóstol o el Sagrado Corazón de Jesús. No hubo, en contraste con Alemania, Francia o Italia, ningún intento de instaurar una «religión política» nacionalista[17].

El Desastre de 1898 tampoco suscitó la aparición de un nacionalismo español expansionista. Las ideas de Maurice Barres o Charles Maurras apenas tuvieron eco en las derechas españolas a comienzos del siglo XX, salvo parcialmente en el nacionalismo catalán. En ese sentido, algunos autores, como Vicente Cacho, han destacado la figura de Eugenio D’Ors como la del primer fascista intelectual español. Sin embargo, el filósofo catalán estuvo siempre más próximo al estilo del pensamiento político del conservadurismo tradicionalista de Maurras y L’Action française que al de la derecha revolucionaria. A diferencia de Italia y Alemania, la sociedad española no contó con una izquierda obrera y, a la vez, nacionalista. El socialismo y el anarquismo españoles fueron internacionalistas y anticolonialistas. No existió el Lassalle o el Jaurès español[18].

Sin el acicate de un sindicalismo revolucionario nacionalista o de un socialismo nacional, el conjunto de la derecha española se mantuvo en el paradigma «teológico-político» católico. A pesar de los cambios económicos, culturales y sociales, el tradicionalismo carlista sobrevivió a sus diversas crisis y fue capaz de renovar su proyecto político con las aportaciones de Juan Vázquez de Mella y, luego, de Víctor Pradera. La facción maurista, nacida de la crisis del conservadurismo liberal de la Restauración que arranca de 1913, aunó la pervivencia del liberalismo conservador en su discurso con elementos tradicionalistas, corporativistas, autoritarios y maurrasianos. El catolicismo social comenzó a organizarse a través de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, con un proyecto corporativo, confesional y autoritario[19].

La neutralidad en la Gran Guerra privó al conjunto de la población española de la experiencia de movilización total y de creación de nuevos mitos y rituales políticos. Tampoco favoreció la profundización en el proceso de «nacionalización de las masas». Todo lo cual se puso de relieve a lo largo de la crisis del sistema político de la Restauración. Ante la movilización de los sectores políticos marginados del «turno» de los partidos oficiales, la huelga general revolucionaria de agosto de 1917, la ofensiva de los nacionalistas periféricos en Cataluña y el País Vasco o las luchas sociales en Andalucía y Barcelona, la movilización de las derechas fue mucho más superficial que en Alemania e Italia. Las llamadas «guardias cívicas», como la Defensa Ciudadana o el Somatén, poco tuvieron que ver con los freikorps alemanes o los arditi fascistas. Los valores tradicionales, sobre todo religiosos, siguieron siendo dominantes en su configuración doctrinal. Fueron una mezcla de elementos tradicionalistas, mauristas y social-católicos. La recepción en España del fenómeno fascista fue enormemente superficial. Y ante la crisis del sistema político vigente, no existió una fuerza política hegemónica capaz de articular una alternativa al viejo orden liberal. Tanto tradicionalistas como mauristas terminaron escindiéndose, y los católicos apostaron, desde 1919, por una dictadura. Todo lo cual abrió el camino al pronunciamiento militar del general Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923. A pesar de coincidir cronológicamente con el fascismo italiano, la dictadura española fue el típico régimen político burocrático-conservador o «militar corporativo» cuya instauración bloqueó la emergencia efectiva de un movimiento específicamente fascista. Primo de Rivera intentó recoger la herencia tradicionalista, maurista y social-católica. A ese respecto, resulta significativo que mientras Mussolini sostenía el lema totalitario de «Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado», el dictador español apeló, a la hora de definir el ideario de la Unión Patriótica, a los principios tradicionales de «Patria, Religión y Monarquía». Los primorriveristas nunca pretendieron la creación de un sistema político de partido único, ni Miguel Primo de Rivera ejerció de caudillo carismático. Su proyecto corporativo siguió las líneas generales del catolicismo social y contó incluso con el apoyo de un sector del PSOE. Sus ideólogos oficiales, José María Pemán y José Pemartín, rechazaron los contenidos ideológicos del fascismo tachándolos de «estatismo dogmático». La caída de la dictadura en enero de 1930 suscitó el interés de Mussolini, para quien Primo de Rivera había sido «un falso dictador», un «mero instrumento y expediente de la política del monarca[20]».

La caída de la Monarquía y el advenimiento de la Segunda República no provocaron excesivas innovaciones en el discurso de las derechas españolas. Sin duda, hubieron de enfrentarse a la primera experiencia democrática ocurrida en nuestro país, lo mismo que al reto de la movilización política. La experiencia republicana se caracterizó por la actitud radical y rupturista del conjunto de las izquierdas, lo que tuvo como consecuencia no la asunción de los supuestos básicos del proyecto político fascista por parte de las derechas, sino la radicalización de su perspectiva teológico-política tradicionalista. En eso consistió básicamente su proceso de «fascistización» a lo largo del período republicano[21].

FE-JONS: LA TRAYECTORIA DE UN RECIÉN LLEGADO

Tras la caída de la Monarquía, la derecha conservadora-liberal de la Restauración desapareció como tal del espacio político. Solo la derecha social-católica apostó por la movilización de las masas y la aceptación del marco político republicano, si bien con la esperanza de poder transformarlo en sentido autoritario y corporativo. El resto de las derechas tradicionales, los carlistas y los monárquicos alfonsinos, apostaron por el golpe de Estado militar. Estas derechas tenían, sin duda, los mismos enemigos que el fascismo (republicanos de izquierda, socialistas y comunistas), pero no los mismos amores. Su tradicionalismo ideológico representaba, en realidad, una etapa del pensamiento y de la práctica política profundamente diferente del fascismo. De ahí sus críticas a los regímenes políticos de Alemania e Italia.

Los social-católicos de la CEDA vieron en el fascismo y en el nacionalsocialismo una consecuencia más del impío proyecto de la modernidad. La gran coalición de las derechas católicas no se estructuró como un «partido-milicia» y, en concreto, sus juventudes, las JAP, tenían prohibido portar armas. Su estadista extranjero favorito no era Mussolini y mucho menos Hitler, sino el portugués Oliveira Salazar. Su proyecto político tenía como fundamento las encíclicas papales, en virtud de las cuales rechazaron el corporativismo fascista por juzgarlo excesivamente mediatizado por el Estado y por el partido único. Las críticas al nacionalsocialismo fueron más acerbas. Sus dirigentes consideraban la religión política nacionalsocialista incompatible con la existencia de la Iglesia católica. El modelo social de la Alemania hitleriana era calificado de «despótico».

No muy distinta era la posición de los monárquicos alfonsinos, representados por la sociedad de pensamiento Acción Española y por el partido Renovación Española. Como en el caso de los social-católicos, manifestaron su interés por la experiencia corporativa italiana, pero rechazaron su estatismo y la presencia del partido único. Algunos de sus miembros interpretaron el fascismo italiano como tradicionalismo actualizado. Pero, desde su óptica monárquica, criticaron el liderazgo carismático. Y lo mismo ocurrió con el nacionalsocialismo, cuyos aspectos más rechazables eran el racismo, el antisemitismo y el totalitarismo. La propia idea de «hispanidad», teorizada por Ramiro de Maeztu en las páginas de Acción Española, era incompatible con el racismo y la expansión imperialista. El tradicionalismo carlista se ocupó mucho menos del fenómeno fascista y del nacionalsocialismo. Para los carlistas, el fascismo no pasaba de ser una especie de «sarampión» que, en España, dada su tradición, carecía de razón de ser. Sus pensadores, con Víctor Pradera a la cabeza, criticaron el corporativismo fascista, contraponiéndolo al «sociedalismo» gremialista teorizado por Vázquez de Mella. Para ellos, el nacionalsocialismo era un proyecto político heredero de Rousseau y con evidentes paralelismos con el bolchevismo ruso[22].

Tras la caída de la dictadura primorriverista surgió el Partido Nacionalista Español, acaudillado por José María Albiñana Sanz, en el que algunos politólogos vieron la primera manifestación del fascismo en España. Lo cierto es que este partido fue, en el fondo, un apéndice de la derecha tradicional a lo largo de todo el período republicano[23]. En ese contexto, el fascismo real, el representado por Falange Española de las JONS, fue el típico «recién llegado», prácticamente sin incidencia en la vida política nacional. No parece exagerado sostener que la historia de la Segunda República podría escribirse sin una mención explícita a Falange Española.

El fascismo español aparece en la escena política como una fuerza resultante de sucesivas fusiones que, entre 1931 y 1934, protagonizaron una serie de movimientos políticos e ideológicos unidos en una común perspectiva nacionalista. En un principio, el fascismo español fue cosa de jóvenes intelectuales sin una experiencia política previa. En febrero de 1931 se hizo público un manifiesto que llevaba por título «La Conquista del Estado», que sirvió, además, para preparar la aparición de un semanario homónimo, cuyo director era Ramiro Ledesma Ramos, joven intelectual, discípulo de Ortega y Gasset, formado en las corrientes nietzscheanas, vitalistas y voluntaristas cristalizadas a finales de siglo. El manifiesto incidía en la crítica del liberalismo político y económico y en la defensa del Estado «totalitario», el «panestatismo», la articulación comarcal de la nación española, la construcción de una estructura sindical de la economía, etc. El texto iba firmado por una serie de jóvenes intelectuales y estudiantes, como Ernesto Giménez Caballero, Juan Aparicio, Ricardo Jaspe, Emiliano Aguado, etc. Ledesma y sus partidarios recibieron positivamente el advenimiento de la Segunda República, pero criticaron el liberalismo y el Estatuto de Autonomía catalán. La incidencia social y política del semanario fue mínima, y prácticamente nadie se enteró de su contenido. La llegada del régimen republicano provocó, además, la dispersión del grupo, la mayoría de cuyos componentes lo abandonaron en beneficio de las militancias políticas más variadas. Sin embargo, en octubre Ledesma anunció la creación de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, que poco después se fusionaron con las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica del joven abogado católico Onésimo Redondo. A lo largo de 1931 y 1932, la actividad de las JONS fue, como reconoció el propio Ledesma Ramos, prácticamente nula[24].

La llegada de Hitler al poder en enero de 1933 fue el momento en que se planteó con mayor nitidez la posibilidad de un fascismo español; una fecha, por tanto, muy tardía. El candidato a dirigirlo no fue el desconocido Ledesma Ramos, sino José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador, quien contó en un principio con importantes apoyos de carácter económico y político. Inicialmente, se intentó llegar a un acuerdo con las JONS, pero la opinión de Ledesma Ramos fue negativa, ya que consideraba que el proyecto capitaneado por Primo de Rivera no pasaba de ser la resurrección de la Unión Patriótica, y no la creación de un auténtico partido fascista. Primo de Rivera, por su parte, fundó el llamado Movimiento Español Sindicalista (MES), que redactó en la primavera de 1933 una proclama que llevaba como encabezado «Fascismo Español». Sin embargo, Primo de Rivera nunca llegó a ser un fascista convencido. De formación católica y conservadora, admirador de Ortega y Gasset y de Eugenio D’Ors, sus vacilaciones al estudiar y abordar los problemas políticos, sociales y religiosos son muestra de unos planteamientos en los que domina la inconcreción, la duda, la ambigüedad. Su escepticismo hacia el totalitarismo fascista tuvo su muestra en uno de sus últimos escritos, donde señaló que el fascismo era «fundamentalmente falso: acierta a barruntar que se trata de un fenómeno religioso, pero quiere sustituir la religión por una idolatría». Por otra parte, su condición de aristócrata hizo que no se le tomara excesivamente en serio por parte de las izquierdas. En opinión del socialista Luis Araquistain era un «señorito», «un mozo criado entre mimos y comodidades» y, en consecuencia, ignoraba el «lenguaje demagógico[25]».

Tras un pacto con los monárquicos de Renovación Española, Primo de Rivera logró fundar Falange Española en octubre de 1933. Su aparición no hizo más que debilitar aún más a las JONS. Ledesma Ramos se negaba a fusionarse con el nuevo partido, pero finalmente la presión de los financieros monárquicos, que siguieron la estrategia de graduar las subvenciones para sembrar la rivalidad entre ambos grupos, impuso la fusión entre las dos organizaciones[26]. Falange, como recién llegado a la vida política española, se enfrentó a una problemática fundamental. Si en Alemania e Italia los fascistas y nacionalsocialistas pudieron contar con bases sociales autónomas, como las clases medias emergentes y los excombatientes, en España los sectores mesocráticos eran más minoritarios y se encontraban ya plenamente adheridos a los partidos republicanos y católicos, y, en Cataluña y el País Vasco, a los nacionalistas. Además, como ya sabemos, la neutralidad española durante la Gran Guerra privó a las masas peninsulares de la experiencia de las trincheras, de la movilización y de la creación de nuevos mitos y mentalidades. El fascismo español no pudo contar, en consecuencia, con una base social autónoma.

De hecho, Primo de Rivera, lo mismo que su amigo y correligionario el marqués de la Eliseda, consiguió un escaño en el Parlamento no como falangista, sino como conservador independiente por la provincia de Cádiz, gracias al apoyo económico de la oligarquía local. Por otra parte, la fusión entre Falange Española y las JONS nunca llegó a ser efectiva. Siempre dominó en Ledesma Ramos un profundo recelo hacia Primo de Rivera, y desde el principio se manifestaron importantes diferencias de orden ideológico y estratégico, producto de su distinta inserción social e incluso de su dispar temperamento. Ambos grupos siguieron poseyendo, desde la unificación, su propia fisonomía. Falange Española se había formado en torno a la figura del hijo del dictador y en su seno no faltaban aristócratas y «señoritos» de la alta burguesía, antiguos militantes de la Unión Patriótica y militares, mientras en la exigua militancia jonsista predominaban obreros, estudiantes e intelectuales[27].

Por otra parte, la izquierda revolucionaria consideró una amenaza grave la aparición del nuevo partido fascista y asesinó a varios falangistas, lo que llevó a ciertos sectores de la derecha a calificar a Falange de «movimiento platónico» al ser incapaz de dar cumplida respuesta a tal reto en abierta contradicción con la actitud de sus homólogos europeos. Para responder a la violencia izquierdista, Primo de Rivera y los suyos comenzaron a organizar el «partido-milicia» y la instrucción de sus fuerzas de choque. Al mismo tiempo, se dieron a desarrollar un ceremonial cuasireligioso a la hora de honrar a sus mártires. Su himno, el «Cara al Sol», fue en ese sentido un canto al heroísmo y a la muerte. El Sindicato Español Universitario (SEU) apareció en otoño de 1933 más como milicia que como organización profesional. Sin embargo, el partido distaba de haber consolidado sus estructuras y jerarquías. Primo de Rivera y Ledesma Ramos diferían en la estrategia a seguir. El primero daba prioridad a la España agraria, mientras que el segundo juzgaba necesario dotar al partido de una organización sindical para lograr el apoyo del proletariado industrial. El núcleo jonsista logró organizar la Central Obrera Nacional-Sindicalista, dirigida por antiguos miembros de la izquierda como Nicasio Álvarez de Sotomayor y Manuel Mateo, pero no logró penetrar en un mundo obrero fuertemente hegemonizado por el socialismo y el anarquismo[28].

De la misma forma, la gran mayoría de los empresarios, salvo un sector minoritario de la alta burguesía vizcaína y de la nobleza terrateniente, fueron reacios a apoyar y financiar al nuevo partido. Tampoco se tuvo suerte con los intelectuales. Ledesma Ramos y luego Primo de Rivera cortejaron, sin éxito, a Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset. Ramiro de Maeztu tuvo palabras de apoyo tanto para las JONS como para Falange Española, pero desconfiaba del intervencionismo económico y de la movilización de masas características del fascismo. Su horizonte intelectual se encontraba mucho más próximo al tradicionalismo representado por el integralismo lusitano. Eugenio D’Ors tuvo relación con Primo de Rivera, pero se mostró circunspecto hacia su partido. Su estadista favorito no era Mussolini, sino Oliveira Salazar. No obstante, el fascismo español consiguió la adhesión de jóvenes intelectuales como Rafael Sánchez Mazas, Felipe Ximénez de Sandoval, Samuel Ros, Luys Santa Marina, José María Alfaro, Ernesto Giménez Caballero, Rafael García Serrano, Agustín de Foxá o Eugenio Montes. Sin embargo, Giménez Caballero no tardó en abandonar el partido; mientras que en el caso de Foxá o Montes, conservadores y monárquicos, se trataba más de amistad con Primo de Rivera que de adhesión al ideario falangista[29].

En el I Congreso de Falange, Primo de Rivera logró el triunfo de su candidatura a la jefatura nacional por un solo voto. La Junta Política se decidió a redactar un programa de 27 puntos, obra conjunta de Ledesma y Primo de Rivera. El programa daba preponderancia a la España rural, «vivero permanente», y propugnaba la reforma agraria, con amenaza de expropiación de las tierras «cuya propiedad haya sido adquirida o disfrutada ilegítimamente». También propugnaba la nacionalización de la banca, aunque como mera tendencia a largo plazo. Una de las partes más debatidas del proyecto fue la de las relaciones Iglesia-Estado. En el punto 25 se llegó a una solución ecléctica donde se hacía referencia a la incorporación del sentido católico a la reconstrucción nacional y, al mismo tiempo, a la separación de la Iglesia y el Estado.

Ante la huelga general revolucionaria de octubre de 1934, Primo de Rivera puso los sindicatos y las milicias falangistas al servicio del gobierno, pero denunció el sistema socioeconómico vigente como «esencialmente injusto». Sin embargo, al mismo tiempo había escrito al general Franco una genérica «Carta a un militar español» donde pedía el apoyo del Ejército a la hora de «reemplazar al Estado inexistente». Posteriormente rechazó la incorporación de Falange al Bloque Nacional dirigido por José Calvo Sotelo, que agrupaba a carlistas, monárquicos alfonsinos y a los nacionalistas radicales seguidores de José María Albiñana. Ello provocó el abandono de Falange Española por parte del marqués de la Eliseda, alegando el contenido «herético» del punto 25 del proyecto falangista, donde, como sabemos, se regulaban las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La defección de Eliseda dejó sin fondos al partido, lo que fue aprovechado por Ledesma Ramos para promover la destitución de Primo de Rivera. Fracasada la maniobra, el fundador de las JONS abandonó Falange. Con ayuda económica de los monárquicos, fundó el semanario La Patria Libre, de efímera existencia, e intentó infructuosamente organizar en Barcelona el Partido Nacional-Sindicalista. Además, Primo de Rivera hubo de enfrentarse a las críticas de las derechas por sus posiciones ante la reforma agraria. Para las Juventudes de Acción Popular el programa falangista era «sencillamente monstruoso», «enteramente revolucionario». Por su parte, José María Albiñana acusó a Primo de Rivera de pactar con los anarquistas Durruti y Pestaña, mientras que los monárquicos censuraban sus críticas a las leyes agrarias propugnadas por las derechas en el poder[30].

Fuera de la militancia falangista, Ledesma Ramos llegó a la conclusión de que Falange había fracasado en su intento de convertirse en la alternativa fascista española por una serie de circunstancias de índole histórica, pero igualmente subjetivas. Por un lado, el catolicismo había bloqueado históricamente la emergencia de un nacionalismo español popular y secular. Por otro, pesaba enormemente la ausencia de liderazgo efectivo en Falange. Además, había que contar con la competencia de los «fascistizados», es decir, de la derecha católica, del Bloque Nacional y de un sector del Ejército, que tenían muchas posibilidades de hacerse con el poder mediante «una acción militar convergente[31]».

Aislada, Falange acudió a las elecciones de febrero de 1936 en solitario. Lógicamente, sufrió un estrepitoso fracaso electoral. Tan solo consiguió 44 000 votos, es decir, un 0,7% del voto popular. Quedó, por tanto, fuera del Parlamento. Su estrategia fue el recurso a la violencia para provocar el golpe de Estado militar. En consecuencia, el partido fue declarado fuera de la ley y sus dirigentes detenidos. Desde la cárcel, Primo de Rivera se sumó a la sublevación cívico-militar de julio de 1936. La mayoría de sus dirigentes sucumbieron a la catástrofe de la Guerra Civil. Falange fue en todo momento una fuerza subalterna frente al resto de las derechas tradicionales. Una Falange, por otra parte, organizada y, si se quiere, «inventada» por el general Franco y sus colaboradores, y que, en consecuencia, poco tenía que ver con la fundada por José Antonio Primo de Rivera. En ese sentido, la Guerra Civil no culminó, pese a las apariencias, en la instauración de un Estado totalitario y de una religión política laica y nacionalista, sino en la de un régimen autoritario y confesional, cuya mayor originalidad radicó en su pretensión de ser el exponente más claro en Europa de la voluntad restauradora del catolicismo.

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MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO, es un historiador español, con obras publicadas sobre la transición democrática, el anticlericalismo y la Segunda República Española.

Doctorado en la Complutense de Madrid, ha trabajado tanto en esta universidad como en la Rey Juan Carlos. Su primera obra publicada es Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión en la Segunda República Española (2002), su tesis doctoral. También es autor de El camino a la democracia en España (1931-1978), prologado por Rafael Arias-Salgado; o El precio de la exclusión. La política durante la Segunda República, junto a Roberto Villa García; entre otras.

Ha sido editor junto a Fernando del Rey Reguillo de The Spanish Second Republic Revisited: From Democratic Hopes to the Civil War (1931-1936) (2011), en castellano El laberinto republicano. La democracia española y sus enemigos (1931-1936) (2012), que se encuentra entre los diez mejores libros de 2012 para los historiadores Juan Avilés Farré y Octavio Ruiz Manjón y en la que participaron autores como Stanley Payne, Nigel Townson, o Julius Ruiz.

Ha publicado artículos de investigación en revistas como Journal of Contemporary History, Historia y Política, Revista de Estudios Políticos, Ayer, Historia Contemporánea, Bulletin for Hispanic and Portuguese Historical Studies e Hispania Sacra. Además, ha escrito artículos de ensayo, divulgación y análisis político en revistas como Revista de Libros, La Aventura de la Historia, Cuadernos de Pensamiento Político, Revista Hispano-Cubana o El Noticiero de las Ideas, entre otras.

FERNANDO DEL REY REGUILLO es Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos. Ejerce como docente universitario desde el curso 1985-1986. Tiene reconocidos por la CNEAI cuatro sexenios de investigación.

Especialista en la historia política de España y Europa en el período 1870-1945, su investigación se ha centrado en las relaciones entre la política y los intereses económicos, el asociacionismo empresarial, el conservadurismo autoritario, la Segunda República española y la violencia política. En la actualidad investiga sobre el papel de la intransigencia política y la violencia en la historia de Europa y de España en el período de entreguerras.

Como autor o coautor principal, entre sus publicaciones destacan los siguientes libros: La Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1887-1987. Historia de una institución centenaria (Madrid, 1988); Propietarios y patronos. La política de las organizaciones económicas en la España de la Restauración (1914-1923) (Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992); La defensa armada contra la revolución. Una historia de las guardias cívicas en la España del siglo XX (Madrid, 1995); El poder de los empresarios. Política e intereses económicos en la España contemporánea (1875-2000) (Madrid, 2002, que fue finalista del Premio Nacional de Historia en 2003); The Power of Entrepreneurs. Politics and Economy in Contemporary Spain (New York-Oxford, 2007); y Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española (Madrid, 2008).

LUIS ARRANZ NOTARIO es Profesor Titular de Historia Política Contemporánea y de Historia de las Ideas Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Desde una perspectiva comparativa europea, su investigación y publicaciones se han centrado en los problemas políticos e ideológicos de la democratización en la España contemporánea de los años de la Restauración y de la Segunda República. Entre sus últimas publicaciones figura Francisco Silvela, Escritos y Discursos políticos (2005) y «Liberalismo y democracia o entre la regia prerrogativa y el voto», Historia Contemporánea, n.o 43 (2011).

GERALD BLANEY, JR. es Doctor en Historia y Fellow del Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish Studies (London School of Economics and Political Science). Especialista en el estudio de la Guardia Civil y del orden público en España y Europa en el período de entreguerras, entre sus publicaciones destaca la coordinación del libro Policing Interwar Europe: Change, Continuity and Crisis, 1918-1940 (2007). Su monografía The Three-Cornered Hat and the Tri-Colored Flag. The Civil Guard and the Second Spanish Republic, 1931-1936, se va a publicar próximamente en Sussex Academic Press.

JORDI CANAL es Profesor de Historia en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París. Ha trabajado especialmente en la historia de la contrarrevolución en España y en Europa, los exilios, los nacionalismos y las relaciones entre historia y literatura. Es autor de El carlismo. Dos siglos de contrarrevolución en España (2000), Banderas blancas, boinas rojas. Una historia política del carlismo, 1876-1939 (2006), Exilios (2007) e Histoire de l’Espagne contemporaine, de 1808 à nos jours (2009). En la actualidad dirige una historia contemporánea de España, en 6 volúmenes, para la Fundación Mapfre.

PEDRO CARLOS GONZÁLEZ CUEVAS es Profesor Titular de Historia de las Ideas Políticas y de Historia del Pensamiento Español en la UNED. Especialista en Historia Política del siglo XX, con singular dedicación al estudio del conservadurismo autoritario y del fascismo, es autor, entre otras obras, de Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936) (1998), Historia de las derechas españolas. De la Ilustración a nuestros días (2000) y Maeztu. Biografía de un nacionalista español (2003).

JOSÉ MANUEL MACARRO VERA es Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla. Sus investigaciones se han centrado en el período de la Segunda República. Amén de sus artículos especializados sobre los socialistas y anarquistas españoles, entre sus publicaciones sobresalen La utopía revolucionaria. Sevilla en la II República (1985), Socialismo, República y revolución en Andalucía (2000) y La Sevilla republicana (2003).

JOSÉ ANTONIO PAREJO FERNÁNDEZ es Profesor Contratado Doctor en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Especialista en Historia Política del siglo XX, ha centrado sus investigaciones en el pasado del fascismo español. Es autor, entre otros trabajos, de Las piezas perdidas de la Falange: el Sur de España (2008), Señoritos, Jornaleros y Falangistas (2008) o La Falange en la Sierra Norte de Sevilla, 1934-1936 (2007).

STANLEY G. PAYNE es Hilldale-Jaume Vicens Vives Professor of History Emeritus en la University of Wisconsin-Madison. Especialista en Historia Política de Europa y España en el siglo XX, es una de las figuras internacionales más destacadas en el estudio del fascismo. Sus libros más recientes son ¿Por qué la República perdió la guerra? (2010) y La Europa revolucionaria (2011). Es codirector del Journal of Contemporary History, miembro de la American Academy of Arts and Sciencies y correspondiente de las RAE de la Historia y de Ciencias Morales y Políticas.

GABRIELE RANZATO es Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Pisa. Sus investigaciones se han centrado en la España de los siglos XIX y XX y la Italia del período de la Segunda Guerra Mundial. Entre sus obras destacan las dedicadas a la historia de la Segunda República y a la Guerra Civil española: El eclipse de la democracia. La guerra civil española y sus orígenes, 1931-1939 (2006), El pasado de bronce. La herencia de la guerra civil en la España democrática (2007) y La Grande Paura del 1936. Come la Spagna precipitò nella guerra civile (2011).

TIM REES es Senior Lecturer (Profesor Titular) de Historia Europea en la Universidad de Exeter (Reino Unido). Especialista en Historia Contemporánea de España, ha centrado su atención en el estudio del extremismo político, con particular dedicación a la historia del comunismo. Es autor de Franco’s Spain (1997) y editor de International Communism and the Communist International (1998) y Rethinking Revolution in Twentieth Century Europe (2001).

JULIUS RUIZ es Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Oxford y Profesor de Historia en la Universidad de Edimburgo. Especialista en la historia española del siglo XX, con particular interés por el estudio de la violencia política, ha publicado numerosos artículos sobre la Guerra Civil española y el primer franquismo. Es autor de El terror rojo (2012) y La justicia de Franco. La represión en Madrid tras la Guerra Civil (2012).

NIGEL TOWNSON es Profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en la historia de la Segunda República, es autor de La República que no pudo ser: la política de centro en España (1931-1936) (2002), y editor, entre otras obras, de Historia virtual de España, 1870-2004 (2004), España en cambio: el segundo franquismo, 1959-1975 (2009) y ¿Es España diferente? Una mirada comparativa (siglos XIX y XX) (2010). Es General Editor de la colección Sussex Studies in Spanish History (Sussex Academic Press).

ROBERTO VILLA GARCÍA es Profesor Titular de Historia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Especialista en Historia Electoral y Vida Política en la España contemporánea, ha dedicado a estos temas cinco monografías y varios artículos científicos. Sus libros más recientes son La República en las urnas. El despertar de la democracia en España (2011) y (con Manuel Álvarez Tardío), El precio de la exclusión. La política durante la Segunda República (2010). Ha sido investigador invitado en las Universidades de Wisconsin-Madison (EE. UU.) y París IV-Sorbonne (Francia).

JAVIER ZAMORA BONILLA es Profesor Titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de una biografía de Ortega y Gasset (2002), de un estudio sobre Brañas e os rexionalistas cataláns (1998) y de diversos ensayos sobre Historia Intelectual del siglo XX. Dirige el Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, donde ha coordinado la nueva edición de las Obras completas del filósofo en 10 tomos (2004-2010). Asimismo, dirige la Revista de Estudios Orteguianos.

NOTAS

[1] Peukert (1992). <<

[2] La otra excepción fue Yugoslavia, donde la dictadura del rey Alejandro duró cinco años (1929-1934). <<

[3] Davies (1962), pp. 5-19. Cf. Tocqueville (2008), pp. 174-175. <<

[4] Thomas (1961), Bolloten (1961) y Payne (1961). <<

[5] Jackson (1965). <<

[6] En un sentido más amplio, se ha sostenido que la «cultura posmoderna» ha dejado de hacer hincapié en la posición de los héroes, rasgo propio tanto de la cultura tradicional como de la moderna, y ha abrazado un planteamiento que da preferencia a las víctimas. Eliacheff (2009). <<

[7] Tuñón de Lara et al. (1996), Miralles (2003), Moradiellos (2006) y Jackson (2008). <<

[8] Alcalá Galve (2002). <<

[9] Villa García (2011b). <<

[10] Malefakis (1970). <<

[11] Macarro Vera (1985) y (2000). <<

[12] Álvarez Tardío (2002). <<

[13] Álvarez Tardío y Villa García (2010). <<

[14] Cibrián (1978), pp. 81-115. <<

[15] Rey Reguillo (2007), pp. 17-97; (2008a) y (2011). <<

[16] Macarro Vera (2000). <<

[17] Rey Reguillo (2008a). <<

[18] Alexander y Graham (1989). <<

[19] Juliá (1979). <<

[20] Blas Guerrero (1978) y otros. <<

[21] Avilés Farré (1985). <<

[22] Robinson (1970). <<

[23] Montero (1977). <<

[24] Tusell (1974). <<

[25] Ruiz Manjón (1936). <<

[26] Townson (2000). <<

[27] Balcells (1973). <<

[28] Woodcock (1962). <<

[29] Avrich (1967). <<

[1] Gaillard (1989), p. 175. Traducción propia (LAN). <<

[2] Furet (1988 y 1986). <<

[3] Mayeur (2008) y Guiral (1986). <<

[4] Ramos (2002), pp. 119-147 y Arranz (2008a), pp. 315-358. <<

[5] Sartori (1980), pp. 44 y ss. <<

[6] Sartori (1994), p. 113. <<

[7] Villa García (2008), pp. 164 y 171. Por el contrario, si algo decidió el proceso de asentamiento de la Tercera República francesa fue la continua progresión de los republicanos en las sucesivas consultas parciales y generales que se sucedieron en la primera década de su existencia. Mayeur (1973) y Miquel (1989). <<

[8] Arranz (2000), pp. 163-187. <<

[9] Larry Eugene Jones y James Ratellack (2002), parte I y IV. <<

[10] Gay (1962) y Costa (2001), pp. 308-320. <<

[11] Fusilier (1960), pp. 75-88 y 297-302. <<

[12] Arranz (2001). <<

[13] Schmitt (1928). <<

[14] Schmitt (1923). <<

[15] Schmitt (1931). <<

[16] Kelsen (1920), p. 153. «La cuestión decisiva es si se cree en un valor y, consiguientemente, en una verdad y una realidad absolutas, o si se piensa que al conocimiento humano no son accesibles más que valores, verdades y realidades relativas». Véase la crítica de Hayek (1988), pp. 90-117. <<

[17] Kelsen (1920), pp. 151, 31-32 y 53-54. Las cursivas son nuestras. <<

[18] Ibíd. (1920), p. 125. <<

[19] Ibíd. (1920), pp. 128-130. <<

[20] Álvarez Tardío (2004), p. 195. <<

[21] Varela Suanzes (2007), p. 127. <<

[22] Álvarez Tardío (2005), p. 350. <<

[23] Portillo Valdés (2000), p. 394. «No era solo que los derechos individuales no fueran concebidos por sí mismos sino que su sometimiento a la tutela y rasero de la nación y sus derechos [los de una nación constitutivamente católica] los delimitaban muy estrechamente». <<

[24] Seco Serrano (1961), p. 28. (De la presentación del Proyecto de Constitución ante el Pleno del Congreso de los Diputados, en agosto de 1931). <<

[25] Álvarez Tardío (2005), p. 335. <<

[26] Ibíd. (2005), p. 419. <<

[27] Ibíd. (2005), p. 364. <<

[28] Ibíd. (2005), p. 365. <<

[29] Azaña (2005). <<

[30] Seco (1961), p. 31. <<

[31] Álvarez Tardío (2005), p. 397 y (2010), pp. 16-18. <<

[32] Arranz (1995), pp. 100-104; Álvarez Tardío (2003), p. 211. <<

[33] Villa García (2008), pp. 532 y 827. Comentando el contexto de la celebración de las elecciones generales de 1933, señala: «Los ministros Sánchez Albornoz (AR), Pita Romero (PRG) y Palomo Aguado (PRSI) propusieron la formación de una coalición nacional entre radicales y republicanos de izquierda impulsada desde el Gobierno, resucitando el viejo encasillado y recurriendo a las tácticas de “influjo moral”, algo a lo que se negaron los ministros “lerrouxistas” y el propio Presidente del Consejo», [Martínez Barrio]. <<

[34] Linz (1981), p. 331. <<

[35] Ben-Ami (1990). <<

[36] Townson (2002.), pp. 403-407. <<

[37] Álvarez Tardío (2002). <<

[38] Álvarez Tardío y Villa García (2010), pp. 56-71. <<

[39] Varela (1978), pp. 210 y 284. Un juicio en el que coinciden Álvarez Tardío y Villa García, para quienes el Parlamento republicano «subordinó la eficacia a la legitimidad simbólica, satisfaciendo las demandas ideológicas de su mayoría sin importarle demasiado las consecuencias prácticas» (2010), p. 4. <<

[40] Macarro (2000), p. 204. <<

[41] Varela (1978), p. 48. <<

[42] Álvarez Tardío y Villa García (2010), pp. 87-93. <<

[43] Varela (1978), p. 104. <<

[44] Linz (1981), pp. 391-402. <<

[45] Tomás Villarroya (1980), pp. 59-87. <<

[46] Esta última disolución puede compararse por sus efectos a la realizada en el Reichstag de 1928, el último con mayoría de la gran coalición de Weimar, por el canciller Brüning en 1930. <<

[47] Payne (2005), p. 361. <<

[48] Payne (2003), pp. 353-354 y (2005), pp. 487 y 367. Sobre cómo veía Negrín esa «democracia de nuevo tipo» y la manera de aproximarse a un partido único, aunque internamente «plural». También (2005), pp. 487 y 367. <<

[49] Rey Reguillo (2009a), pp. 524-525. <<

[50] Villa García (2009), p. 422. <<

[51] Rey Reguillo (2009a), pp. 526-527. <<

[1] Este artículo se basa en la obra del autor Socialismo, República y revolución en Andalucía, Sevilla, Universidad, 2000. Las fuentes utilizadas son fundamentalmente las siguientes: en la Fundación Pablo Iglesias, Actas de la Comisión Ejecutiva del PSOE, Nota de las reuniones, Correspondencia interna, Circulares y manifiestos, Correspondencia de las Juventudes Socialistas, Actas de las reuniones de la Minoría Parlamentaria, Provincias, Actas del Comité Nacional del PSOE, Actas de la UGT y CN del Frente Popular. Fundamental nos ha sido el uso del Diario de Sesiones de Cortes. De la prensa destaco: El Socialista, El Obrero de la Tierra, Claridad, Boletín de la UGT y El Sol. <<

[1] Como ejemplo de la opinión de los derrotados, los análisis de Marcelino Domingo en El Liberal, 22 de diciembre de 1933, y Juan Botella Asensi en El Liberal, 30 de noviembre de 1933. <<

[2] Diario de Sesiones de las Cortes (DSC), n.o 132, 9 de marzo de 1932, p. 4368. <<

[3] Entrecomillados de ambos párrafos, en Robinson (1973), pp. 166-167. <<

[4] Seco Serrano (1971), pp. X y XI. <<

[5] DSC, 19 de febrero de 1932. Seco Serrano (1971), p. XI. <<

[6] Seco Serrano (1971), p. XVII. <<

[7] Monge Bernal (1936). <<

[8] Montero (1977), I, 99. <<

[9] Los entrecomillados, en Preston (1978), pp. 247 y 264. <<

[10] Preston (1978), pp. 264-265. <<

[11] Linz et al. (2002), p. 65. [Traducción propia]. <<

[12] Tusell (1986), p. 199. <<

[13] Ibíd., p. 200. <<

[14] Álvarez Tardío (2002). <<

[15] Los principales trabajos específicos sobre la derecha cedista, mucho de ellos de ámbito regional, son Moreno Fernández (1987), Grandío Seoane (1998), Tusell y Calvo (1991), Valls (1992), Comes Iglesia (2002), Rodríguez Lago (2004) y Sanz Hoya (2006). También, para el estudio de las derechas agrarias, es fundamental el análisis reciente de Rey Reguillo (2008a). <<

[16] Los problemas de fondo de la democratización española durante la década de 1930, en Álvarez Tardío (2005) y Álvarez Tardío y Villa García (2010). <<

[17] Monge Bernal (1936), p. 465. <<

[18] Gil Robles (1971), p. 68. <<

[19] Ibíd., p. 68. La carta a Vidal i Barraquer, en Archivo del Cardenal Vidal i Barraquer, editado en Iglesia y Estado durante la II República. Arxiu Vidal i Barraquer, Abadía de Monserrat, 1971-1991, tomo II/vol. i, doc. 214, anexo D, p. 185. <<

[20] La Nación, 7 de abril de 1933. En Bullón de Mendoza (2004), p. 389. <<

[21] Conferencia en el domicilio de AP, Madrid, 22 de diciembre de 1934. En Seco Serrano (1971), p. 411. <<

[22] Artículo publicado el 3 de octubre de 1933. Citado en Bullón de Mendoza (2004), p. 395. <<

[23] DSC, n.o 116, 6 de noviembre de 1934, p. 4561. <<

[24] Tusell (1986), p. 243. <<

[25] Esta cita y el entrecomillado del párrafo anterior, en DSC, n.o 6, 19 de diciembre de 1933, p. 79. Un análisis detallado de esta cuestión, en Álvarez Tardío (2011b). <<

[26] La carta de Alejandro Lerroux, en Franco Salgado-Araujo (1976), p. 211. <<

[27] Rosal (1984), pp. 41-42. <<

[28] Un análisis preciso de esta cuestión, en Álvarez Tardío (2002), pp. 314-324. <<

[29] Es fundamental el estudio de Macarro (2000). <<

[30] Álvarez Tardío (2012). <<

[31] Álvarez Tardío (2011a), pp. 384-397. <<

[32] DSC, n.o 105, 25 de junio de 1934, p. 4009. <<

[1] Azaña (2007), p. 664. <<

[2] Azaña (2007), p. 664. <<

[3] Martínez Barrio (1983), p. 211. <<

[4] Ibíd., p. 212. La incongruencia entre la indicación de la entrevista «pocos días después de las elecciones» y la fecha de la carta —dos días después de terminadas— no prueba ninguna falsedad por parte de Martínez Barrio. Puede ser un simple lapsus calami o bien indicar que esa entrevista tuvo lugar antes de la segunda vuelta de las elecciones, cuando ya el 80% de los escaños se habían asignado y el centro-derecha ya había conquistado la mayoría absoluta. <<

[5] Juliá (1990), pp. 312-313. El fragmento entre comillas está sacado del discurso pronunciado por Manuel Azaña en las Cortes el 2 de mayo de 1934. No hemos encontrado en ningún escrito público o discurso de Azaña de aquel año la misma explícita propuesta hecha a Diego Martínez Barrio. <<

[6] Juliá (2008), p. 346. <<

[7] El Socialista, 6 de diciembre de 1933. <<

[8] Azaña (2007), p. 150. <<

[9] Alcalá Zamora (1998), p. 318. <<

[10] Juliá (2007), p. XIX. <<

[11] Juliá (1990), p. 314. <<

[12] Luego la izquierda republicana dejó de insistir sobre este punto, por haberse negado los ministros a dimitir y porque la represión de la insurrección anarquista que se produjo en aquel mes de diciembre exigía que se evitara la crisis de gobierno. <<

[13] Martínez Barrio (1983), p. 246. Los diarios manuscritos de Alcalá Zamora, que él depositó en un banco, fueron secuestrados por las autoridades republicanas durante la Guerra Civil y luego se han perdido. Sin embargo, algunos trozos de ellos han sido publicados por los que pudieron examinarlos, y entre ellos Martínez Barrio. <<

[14] Avilés Farré (2006), p. 346. <<

[15] Alcalá Zamora (1998), p. 318. <<

[16] Azaña (2007), p. 94. <<

[17] Bennassar (2004), p. 35. <<

[18] Azaña (2007), p. 48. <<

[19] Azaña (2007), p. 149. <<

[20] Azaña (2007), pp. 161-163. <<

[21] Azaña (2007), p. 589. <<

[22] Azaña (2007), p. 172. <<

[23] Pérez Salas (1947), pp. 67-68. <<

[24] Martínez Barrio (1983), p. 246. <<

[25] Gil Robles (1998), pp. 356-358. <<

[26] Azaña (2007), p. 83. <<

[27] Azaña (2007), p. 106. <<

[28] DSC, 15 de abril de 1936, p. 21. <<

[29] Azaña (2007), p. 589. <<

[30] DSC, 16 de abril de 1936, p. 14. <<

[1] Brenan (1960), pp. 233 y 293-294; Preston (1990), p. 31 y (1994) p. 127. <<

[2] Sobre el centro, véanse Blas Guerrero (1983); Íñigo Fernández (2000a) y (2000b); Márquez Padorno (2003); Ruiz Manjón (1976); Suárez Cortina (1986) y Townson (2002). <<

[3] Azaña (2007), vol. 3, pp. 36 y 37; Townson (2002), pp. 74-78. <<

[4] Véase Townson (2000b). <<

[5] Townson (2002), pp. 45-48 y 55-58. <<

[6] Townson (2002), p. 105; Townson (2011). <<

[7] Townson (2002), pp. 98-99 y 117-118. <<

[8] Townson (2002), pp. 120-131; Márquez Padorno (2003), p. 218. <<

[9] Íñigo Fernández (2000a), pp. 437-438; Townson (2002), pp. 142-143. <<

[10] Rey Reguillo (2008a), capítulo 3; Townson (2002), pp. 137-141 y 208. <<

[11] Íñigo Fernández (2000a), p. 430; Townson (2002), pp. 156-158; Townson (2011). <<

[12] Íñigo Fernández (2000a), p. 439-442; Townson (2002), pp. 188-194. <<

[13] Íñigo Fernández (2000a), pp. 445-446; Townson (2002), pp. 195-208; Ahora, 3 de mayo de 1933. <<

[14] Avilés Farré (1985), pp. 199-202; Townson (2002), pp. 192, 200, 208-212 y 214-222. <<

[15] Townson (2011); Irwin (1991); Villa García (2009). <<

[16] Brenan (1960), pp. 233 y 281; Tamames (1981), p. 43. Véanse también Fontana (1987); Graham (2005); Preston (1986) y (1994). <<

[17] Townson (2002), p. 239. <<

[18] Álvarez Tardío (2002), pp. 289-298; Townson (2002), pp. 237-240; Townson (2009a) y (2009b). <<

[19] Brenan (1960), pp. 269, 276, 280 y 293-294; Carrero Díaz (2004), p. 244; Preston (1986), pp. 33-34 y (1994), pp. 127-128. <<

[20] Diario de las sesiones de Cortes, 12 de junio de 1934; Rey Reguillo (2008), pp. 336-356; Graham (2005), p. 15; Macarro Vera (2000), pp. 320-321; Malefakis (1970), p. 328; Townson (2002), pp. 243-246. Para una crítica del relato imperante, véanse Rey Reguillo (2009a); Townson (2000b) y (2009a). <<

[21] Malefakis (1970), pp. 344-346. <<

[22] Sobre la Ley de Coordinación Sanitaria, véase Townson (2005), y sobre las celebraciones de los aniversarios, véanse Del Mar del Pozo Andrés (2007) y Radcliff (1997). <<

[23] La siguiente sección, sobre la cuestión religiosa, está basada en Álvarez Tardío (2002); De la Cueva (1998); y Townson (2002), pp. 259, 298-300 y (2009b). <<

[24] Álvarez Tardío (2002), pp. 301-304, 306, 312, nota 640. <<

[25] Diario de las sesiones de Cortes, 19 de diciembre de 1933; Ostolaza Esnal (2009). <<

[26] Townson (2002), pp. 260-261 y 286-297. <<

[27] Juliá (1989), pp. 79, 85-86 y (1997), pp. 196, 199-200; Townson (2009a). <<

[28] Townson (2002), pp. 347-348 y 352-354. <<

[29] Rey Reguillo (2008a), pp. 439-470; Townson (2002), pp. 258-279, 317-354 y 411-412. <<

[30] Townson (2002), pp. 364-398 y (2000c). <<

[1] La cita, de Tusell (1991), p. 47. Monografías sobre elecciones generales republicanas, en Tusell (1971) y (1982), Irwin (1991) y Villa García (2011). <<

[2] Un excelente análisis del funcionamiento del sistema político durante la Monarquía liberal, en Arranz y Cabrera (1995); y Martorell y Rey Reguillo (2006). Partidos y elecciones entre 1910 y 1923, también en Cabrera (1998). Formación de gobiernos a espaldas del Parlamento durante la Segunda República, en Tomás Villarroya (1975), pp. 69-76, Revenga (1989), pp. 214-217 y Álvarez Tardío y Villa García (2010), pp. 85-87. <<

[3] Una explicación completa y sugerente de las insuficiencias del consenso constitucional de 1931, en Álvarez Tardío (2005), pp. 307-377. <<

[4] Si es que se puede hablar, en sentido estricto, de «sistema de partidos» durante la Segunda República, habida cuenta de los cambios tan profundos que introducía cada elección. Lo apunta con agudeza Juliá (1995), p. 139. <<

[5] Requena (1993), p. 146. <<

[6] Cálculos a partir de los datos de Tusell (1982). La discrepancia entre el número total de electos (460) y el número de escaños de las Cortes (470) se debe sobre todo a las «actas dobles» (candidatos que obtuvieron escaños por dos o más circunscripciones). <<

[7] Villa García (2012), p. 172. <<

[8] Cita de Azaña, en Diario de Sesiones de las Cortes (6 de julio de 1933: 13 908). Proyecto del gobierno, en DSC, Apéndice 2.o al número 349. <<

[9] La influencia del voto de la mujer en las elecciones se aborda en Álvarez Tardío y Villa García (2010), pp. 128-154. <<

[10] Villa García (2011), pp. 348-352. <<

[11] Elecciones en Cataluña, en Vilanova (2005). Intentos de reforma, en Carreras (1983). Los agrarios y liberal-demócratas pretendían el retorno a la división electoral de distritos uninominales de la Restauración. Los radicales apostaban también por incrementar el número de circunscripciones, pero dividiendo las más grandes para así reducir la desproporción en el reparto de escaños. Según Gil Robles (1998), p. 319, los partidos de centro-derecha habían llegado, en diciembre de 1935, a un acuerdo de mínimos sobre la base de la idea de los radicales, que incluía también la concesión de más escaños a las minorías y la supresión de la segunda vuelta. Pero la suspensión de las sesiones de Cortes decretada por Alcalá Zamora impidió su tramitación. <<

[12] Cifras de ayuntamientos, de Salazar (2007), pp. 175-176 y 181. Casos concretos de destituciones, en Macarro (2000), pp. 367-371 y Rey Reguillo (2008a), pp. 406-426. <<

[13] Álvarez Tardío (2002), pp. 344-348 y (2011a), pp. 360-375. <<

[14] ABC (10 de febrero de 1936) y El Sol (11 de febrero de 1936). <<

[15] Datos elaborados a partir de las actas de escrutinio de las Juntas Provinciales del Censo (Archivo del Congreso de los Diputados, Legajo 141). Ciertamente, hay diferencias con los resultados de Tusell (1971), II, pp. 11-14, habida cuenta de que los del autor proceden básicamente de información de prensa, que para algunas provincias no llegó a publicar los resultados exactos. Pero la diferencia también está en la forma de contabilizar los votos. Tusell sumó los sufragios obtenidos por los candidatos más votados de cada candidatura completa. Como él mismo reconoció, esta manera de escrutar perjudicaba a los partidos de centro y derecha, que también habían concurrido con candidaturas incompletas o unipersonales. Pero era el único método factible en ese momento, habida cuenta de la falta de concreción de las cifras de voto en algunas provincias. Aquí se han calculado los votos de cada candidatura utilizando la media aritmética, método que creemos más apropiado para reflejar la verdadera correlación de fuerzas de cada candidatura, y que se ha podido aplicar gracias a que poseemos ya los resultados oficiales completos. <<

[16] Alcalá Zamora (2011), pp. 183-187. <<

[17] Macarro (2000), pp. 407-410; Rey Reguillo (2008a), pp. 488-497. <<

[18] Tusell (1971), II, pp. 123-186. <<

[19] Villa García (2009), pp. 414-429. <<

[20] Lo sucedido en Cuenca viene confirmado no solo por las irregularidades que se detectan en la documentación electoral, que se pusieron de manifiesto en la discusión de las actas (DSC, 2 de junio de 1936), pp. 1038-1066, sino también por el político socialista Prieto (1961), pp. 81-82 y 93-94. Véase también Payne (2005), pp. 365-367. <<

[1] La mejor y más completa biografía del fundador de la Falange, en Gil Pecharromán (1996). En cuanto a la historia del partido fascista español, la más completa, en Payne (1997). <<

[2] Dávila y Pemartín (1938), p. 70. <<

[3] Aparte, entre los expedientes más antiguos también hubo 22 afiliados, cuyas profesiones son suficientemente significativas: 2 artesanos, 2 comerciantes, 7 empleados, 1 estudiante, 1 funcionario, 1 industrial, 3 jornaleros, 1 labrador y la ya comentada ficha perteneciente al aristócrata Sancho Dávila Fernández de Celis. <<

[4] Las conclusiones que presentamos aquí son deudoras de mi libro: Parejo Fernández (2008a). A este trabajo remito para la especificación de fuentes, hechos y argumentos de forma pormenorizada. Para una revisión bibliográfica más actual acerca de los últimos estudios sobre la Falange, véase Parejo Fernández (2009), p. 185. <<

[5] Datos extraídos de los formularios del Archivo de la Falange de Sevilla, del Libro Áureo de la Universidad de Sevilla, Imprenta de la Gavidia, 1940. El volumen de altas entre 1933 y enero de 1936 (la última fecha con la que contamos) fue este: en 1933, 3 altas; en 1934, 1163; en 1935, 107 y de 1936 solo hemos averiguado los datos de 4 afiliados. No sabemos las fechas de afiliación de 286 camaradas. <<

[6] Kershaw (1999), p. 318. <<

[7] Para un análisis más detallado de las cuotas, véase Parejo Fernández (2008a). <<

[8] Para una sucinta diferenciación, cfr. Furet y Nolte (1999). <<

[9] Braojos Garrido y Álvarez Rey (2000), p. 203. <<

[10] Payne (2005). De especial utilidad para recuperar la postergación de la derecha española durante la Segunda República, Álvarez Tardío y Villa García (2010). <<

[11] Braojos Garrido y Álvarez Rey (2000), p. 203. <<

[12] Buena parte de las acciones violentas de la Falange republicana pueden encontrarse en Pemartín (1945), anotación del 28 de mayo de 1934. <<

[13] Braojos Garrido y Álvarez Rey (2000), p. 203. <<

[14] La radiografía de dicho proceso, en Álvarez Tardío y Villa García (2010). <<

[15] Furet y Nolte (1999), pp. 15-16. <<

[16] Archivo General de la Administración, caja 51/19 174, Jefatura Provincial de la Falange de León, oficio con entrada n.o 2419, 27 de julio de 1937. <<

[17] La République, 20 de enero de 1937, recogido en Campoamor (2005), p. 179. <<

[1] Blinkhorn (1979). <<

[2] Canal (2000, 2006). <<

[3] Ferrer (1960), p. 198. <<

[4] Moral Roncal (2009). <<

[5] Carrionero-Fuentes-Sampedro-Velasco (1991); Canal (2006), pp. 237-273; Moral Roncal (2011). <<

[6] Requeté Tradicionalista. Compendio de Ordenanzas, Reglamentos y Obligaciones del Boina Roja, Jefe de Patrulla y Jefe del Grupo del Requeté, Palma de Mallorca, «La Esperanza», 1936. La cita, en p. 31. <<

[7] Saz Campos (1986), pp. 66-85. <<

[8] Blinkhorn (1979); Álvarez Rey (1993). <<

[9] Lizarza (1986), p. 58. Cf., asimismo, Vallverdú (2008), pp. 233-234. <<

[10] «La Comunión Tradicionalista ante los momentos presentes. Nota del Jefe Delegado, Don Manuel J. Fal Conde», Boletín de Orientación Tradicionalista (Madrid), 78, 23 de febrero de 1936, p. 1. <<

[11] Artículo citado en Barreiro Gordillo (2003), p. 346. Sobre el Boletín de Orientación Tradicionalista, cf., asimismo, Garralda Arizcun (2002), pp. 431-453. <<

[12] Blinkhorn (1979); Canal (2000). <<

[13] Aróstegui-González Calleja (1994); Ferrer Muñoz (1990); Canal (2006), pp. 20-46. <<

[14] Canal (2006). <<

[15] Lizarza (1986); Burgo (1970); Aróstegui (1986); Ferrer Muñoz (1990); Aróstegui-González Calleja (1994); González Calleja (2011). <<

[16] Ugarte (1998); Caspistegui (2002). <<

[17] Devocionario y Ordenanza del Requeté, Sevilla, ECESA, 1979, s. p. <<

[18] Larraz Andía y Sierra-Sesúmaga (2010), p. 833. <<

[19] Aróstegui (1991); Casas de la Vega (1988); Fabián Blázquez (1995); Larraz Andía y Sierra-Sesúmaga (2010). <<

[20] Decreto reproducido en Ferrer (1950), p. 296. <<

[21] Borbón Parma-Clemente-Cubero (1997). <<

[22] Tusell (1992); Ferrer Muñoz (1992); Peñas Bernaldo de Quirós (1996); Villanueva (1998). <<

[23] Jaime del Burgo, «Un episodio poco conocido de la guerra civil española. La Real Academia Militar de Requetés y el destierro de Fal Conde», Príncipe de Viana, 196, 1992, pp. 481-506. Cf, asimismo, Borbón Parma-Clemente-Cubero (1997), pp. 107-172. <<

[24] Tusell (1992), pp. 46-49. <<

[25] Don Javier de Borbón Parma a Manuel J. Fal Conde (24 diciembre 1936),carta citada en Borbón Parma-Clemente-Cubero (1997), p. 128. <<

[26] Tusell (1992), pp. 89-90. <<

[27] «Memoria leída por el Jefe Delegado de la Comunión Tradicionalista, Excmo. Sr. D. Manuel Fal Conde», reproducida en Julio V. Brioso, «Fal Conde y la Asamblea de Insua», Aportes, 27, 1995, p. 39. <<

[28] García Venero (1970); Burgo (1970), pp. 743-794; Chueca (1983), pp. 155-160; Tusell (1992), pp. 103 y ss.; Thomàs (1999), pp. 131-221. <<

[29] Decreto reproducido en Thomàs (1999), pp. 337-339. <<

[30] Chueca (1983), pp. 147 y ss. <<

[31] Burgo (1970), pp. 795-821; la cita, en p. 815. <<

[32] Canal (2006), pp. 343-345. <<

[33] Borbón Parma-Clemente-Cubero (1997), pp. 169-170. <<

[34] Larraz Andía y Sierra-Sesúmaga (2010), pp. 917-918. <<

[35] Thomàs (1992). <<

[36] Citado por Tusell (1992), p. 300. <<

[37] Larraz Andía y Sierra-Sesúmaga (2010), p. 662. Cf. también Martorell (2010). <<

[38] Canal (2000), pp. 342-401, MacClancy (2000). <<

[1] Cruz (1987); Estruch Tobella (1978, 2000). <<

[2] Ibárruri et al. (1960); Carrillo (1993), p. 14. <<

[3] McDermott y Agnew (1996); Narinsky y Rojahn (1996); Rees y Thorpe (1998); Saarela y Rentola (1998). <<

[4] Salvador Alarcón, manuscrito sin título, 19 de enero de 1931, Centro Documental de la Memoria Histórica. Sección Político-Social, Madrid, caja 98, carpeta 1116 (en adelante, CDMH SPS). <<

[5] Avilés Farré (1999); Romero Salvado (2008a; 2008b); Elorza y Bizcarrondo (1999), pp. 19-78. <<

[6] Durgan (1996); Pagés (1977); Rees (2009); Riottot (1997). <<

[7] Sobre estos debates y resoluciones, véase RLS, «Reunión del Secretariado, 2 de enero de 1931», Rossiiskii Gosudarstvennyi Arkhiv Sotsial’no-politicheskoi Istorii (en adelante, RGASPI) 495/32/43; RLS, «Reunión del Secretariado, 22 de febrero de 1931», RGASPI 495/32/74; Degras (1971), p. 160. Véanse también Hajek (1984); Elorza y Bizcarrondo (1999), p. 116; Humbert-Droz (1971), pp. 403-457; Rees (2004). <<

[8] Castro Delgado (1960), pp. 116-118. <<

[9] Sobre la decisión de respaldar temporalmente el régimen, véanse la «Reunión del BP del 17 de agosto de 1932» y la «Reunión del BP del 18 de agosto de 1932», Archivo del Partido Comunista de España (en adelante, APCE), carpeta 13. <<

[10] «Protokoll 53: Sitzung des Präsidium, 31 Oktober 1932», RGASPI 495/2/165. Bullejos (1972), pp. 197-207; Elorza y Bizcarrondo (1999), pp. 161-169; Rees (2004), pp. 189-190. <<

[11] Véase «Anuncio del CEIC a los comunistas españoles sobre la exclusión de algunos oportunistas», RGASPI 495/32/208; Cruz (1987), pp. 156-157. <<

[12] «Documentos de la comisión española», RGASPI 495/3/339; Erice Sebares (1996); Álvarez (2007); Hinojoso Duran (1997; 1999); Moreno Gómez (1995); Degras (1971), p. 293. <<

[13] Matorras (1935); Rees (2009); Cruz (1984) y (2001). <<

[14] «Informe de la delegación española, junio de 1934», RGASPI 495/32/144; «Informe de la delegación española, marzo de 1934», RGASPI 495/32/1248: La Juventud Comunista del Radio Oeste de Madrid en 1932-33, APCE, microfilme 6 abr. 92, (en adelante, microfilm 6/92). Para pruebas de esas fluctuaciones: Cómo se ha desarrollado la UJC después del XII congreso del KIM, APCE, microfilm 6/91; Modificaciones en las cifras de organización, APCE, microfilm 6/99. Rees (2009); Tagüeña Lacorte (2005), pp. 36-39. <<

[15] Véase un informe sin título del partido sobre esta cuestión, fechado en julio de 1934, APCE, microfilm 6/99. Elorza y Bizcarrondo (1999), pp. 209-210. <<

[16] Para la versión «autorizada» de esta oferta, véase Protokoll No. 402, SPKS, 15 de septiembre de 1934, RGASPI 495/4. Fue en parte por esta sugerencia por lo que se expulsó en ese momento a José Antonio Balbontín del PCE: Balbontín (1952), pp. 271-272. <<

[17] El partido informó de que a mediados de 1935 el número de afiliados ascendía a 14 000. «Informe sobre el estado del partido español», RGASPI 495/25/622. Para informes al respecto, véanse: La huelga agrícola de junio de 1934, APCE, microfilm 7/110; Informe sobre el desarrollo del movimiento de Octubre en Madrid, microfilm 7/114; Informe de la situación del movimiento Catalá, 16 de octubre de 1934, APCE, microfilm 7/116; Las batallas de Octubre en España, microfilm 10/136. <<

[18] Para la reacción oficial, véase: El significado de las batallas de Octubre. Resolución del BP sobre las batallas de Octubre, enero de 1935, APCE, microfilm 10/136. Esta resolución fue publicada posteriormente como panfleto: Los combates de Octubre. V. Uribe, manuscrito sin título, 17 de septiembre de 1959, pp. 1-2, APCE, Tesis, Manuscritos y Memorias, sig. 60/5. Juliá (1977). <<

[19] Véase el informe de Codovilla al Komintern sobre la postura del partido: «Informe al Secretariado Latino», 29 de enero de 1935, RGAPSI 495/32/165. Díaz (2005), pp. 59-61. <<

[20] Hajek (1984), pp. 311-329; Elorza y Bizcarrondo (1999), pp. 238-259. <<

[21] Puigsech Farràs (2006), p. 21; McDermott y Agnew (1996), pp. 130-139. <<

[22] Bizcarrondo (1981); Juliá (1977). <<

[23] Juliá (1979) y (1989); Preston (1987). <<

[24] CDMH SPS, Madrid, caja 385; caja 391, carpeta 10; caja 409. <<

[25] Militantes del Partido en Marzo de 1936, APCE, microfilm 16/197; Militantes del Partido en Julio de 1936, APCE, microfilm 16/197; El Partido, s. f. (enero de 1938), APCE, microfilm 16/197. Sobre la formación de los miembros del partido, véase, por ejemplo, Fuerza numérica del Partido y composición social en primero de marzo de 1937, APCE, microfilm 16/197. <<

[26] Informe del camarada Codovilla, septiembre de 1936, RGAPSI 495/2/233. <<

[27] Casado Gómez (2007); Viñas (1978); Elorza y Bizcarrondo (1999), p. 207; Puigsech Farras (2006), pp. 19-25; Graham (1991). <<

[28] Blanco Rodríguez (1993). <<

[29] J. Hernández, La situación de España después de la Victoria del Frente Popular, 22 de mayo de 1936, RGASPI 495/2/225; Comisión Española, «Decisión sobre la cuestión española», 7 de junio de 1936, RGAPSI 495/108/205. <<

[30] García Fernández (2005); Southworth (2002); Cruz (2006), p. 241. <<

[1] El texto es fruto de la investigación realizada para la elaboración de mi libro Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda Republica española (2008). A este trabajo remito para la especificación pormenorizada de fuentes, hechos y argumentos. <<

[2] Seidman (2003). <<

[3] Nolte (1994); Mosse (1999); Mazower (2001); Overy (2009). <<

[4] García Sebastiani y Rey Reguillo (eds.) (2008). <<

[5] Salvando las distancias, el planteamiento de Gross (2002) para Polonia se hallaba presente. <<

[6] Ben-Ami (1990); Requena (1993) y Townson (2007). <<

[7] Ben-Ami (1984); Gómez Navarro (1992); Rey Reguillo (1998) y (2008b). <<

[8] Esta tesis también la han confirmado recientemente Álvarez Tardío y Villa García (2010). <<

[9] Townson (2002). <<

[10] Bascuñán (2008); Rey Reguillo (2007). <<

[11] La excepción mayor, que conmovió a toda España por la forma en que tuvo lugar, se produjo el 12 de diciembre de 1932 en el pueblo de Castellar de Santiago, cuando, en una colisión iniciada por ellos, fueron brutalmente asesinados tres socialistas en la calle y a plena luz del día por vecinos contrarios. Algunos de estos se hallaban vinculados al Partido Republicano Radical. Como consecuencia del suceso también resultaron heridos varios individuos. En los días siguientes falleció uno de ellos a consecuencia del apuñalamiento que le había propinado uno de los socialistas antes de ser asesinado. Castellar de Santiago era un pueblo de pequeños propietarios muy afectado por el desempleo en esas fechas. <<

[12] Rey Reguillo (2009b). <<

[13] Blaney (2005). <<

[14] Carrión Iñiguez (1990); Ortiz Heras (1996). <<

[15] Townson (2009a); Rey Reguillo (2009a). <<

[16] Coincido con Macarro Vera (2000). <<

[17] En Rey Reguillo (2008a) se da cuenta detallada y documentada de 28 de esas muertes violentas. Blázquez Miguel (2009) estima en un mínimo de 43 el total de víctimas mortales y en 150 el número de heridos producidos por la violencia política en la provincia manchega, pero muy posiblemente, en la medida en que el autor solo se apoya en fuentes hemerográficas no siempre fiables ni contrastables, hay que corregir algo a la baja esos totales. <<

[18] Alía Miranda (1994); Alía Miranda y del Valle (coords.) (2008). <<

[1] Una versión de este texto se publicó con el título «Seventy Years On: Historians and Repression During and After the Spanish Civil War», en Journal of Contemporary History, julio de 2009, 44(3), pp. 449-472. <<

[2] Juliá et al. (1999), pp. 411-412; Ruiz (2005), p. 176; Moradiellos (2004), p. 124. <<

[3] Álvarez del Vayo (1940), pp. 35 y 171; Vidarte (1973), pp. 383-387. <<

[4] Brenan (1950), pp. 144 y 146; Gibson (1971), pp. viii-ix; Gibson (1979), p. 126. <<

[5] Thomas (1961), pp. 173 y 631; Jackson (1965), pp. 530-539; Payne (1968), p. 23 y pp. 109-112; Payne (1970), pp. 111, 109 y 225; Thomas (1965), pp. 223 y 789. <<

[6] Jackson (1965), p. 305; Thomas (1961), pp. 165-166, 170 y 618; Payne (1967), p. 413; Thomas (1965), p. 773. <<

[7] Para quejas sobre la censura incesante, véase, p, ej., Jackson (1974), pp. 7-29. Ruedo Ibérico fue fundada en 1961 por cinco refugiados españoles en París con la intención de publicar obras de historia y política ajenas al franquismo. Estuvo activa hasta 1982. Para una breve historia, véase http://www.ruedoiberico.org/intro/ (acceso en 2008). Véase también Mera (1976); Equipo de Ruedo Ibérico (1976). <<

[8] Es posible hacerse una idea de esos momentos tan apasionantes explorando los números de Tiempo de Historia disponible en http://www.tiempodehistoriadigital.com/ (acceso en 2008). Esta revista, editada entre diciembre de 1974 y julio de 1982, publicó artículos de más de cuatrocientos colaboradores. Véase también Serrano Suñer (1977), pp. 244-245. <<

[9] De Guzmán (1973); De Guzmán (1974); De Guzmán (1976); De Guzmán (1978). Sobre los trabajos forzados, véase, p. ej., Sueiro (1978); Llarch (1978). <<

[10] Salas Larrazábal (1977), pp. 16-20 y 392. <<

[11] Sobre el cierre y la destrucción de archivos, véase, p. ej., Reig Tapia (1979). En Aguilar (2002) se examina el papel de las memorias sobre la Guerra Civil durante la transición a la democracia. <<

[12] Solé i Sabaté (1985), pp. 9-10, 15-19 y 269-270. <<

[13] Heine (1983); Ballbé (1983); Reig Tapia (1986), pp. 8, 65-89, 91-121, 150 y 167-170; Reig Tapia (1996), pp. 207-208. <<

[14] Álvaro Dueñas (1990). Para una bibliografía completa de los estudios publicados en la década de 1990, véase Juliá et al. (1999), pp. 413-422. <<

[15] Solé i Sabaté (1996), pp. 600-601; Díaz-Balart y Rojas Friend (1997), pp. 9-10 y 90; Mir (1999), p. 132. <<

[16] Largo Caballero (1954), p. 177; Vidarte (1973), p. 337; Negrín, en Moradiellos (2006), p. 177. <<

[17] Thomas (1961), pp. 172, 176, 179 y 269; Payne (1970), pp. 225-226; Jackson (1965), pp. 287, 305 y 402. <<

[18] Sobre la represión republicana como «tema franquista», véase Ors (1995), pp. 47-48. Un estudio reciente sobre las matanzas de Paracuellos se encuentra en Cervera (1998), pp. 84-103. Carrillo (2006), pp. 213-221, da su última versión de los sucesos. Véase también Gibson (1983), pp. 233-236. <<

[19] Reig Tapia (1986), pp. 150, 129 y 135; Solé i Sabaté y Villarroya i Font (1989-1990), pp. x-xv; Sánchez Recio (1991a), pp. 54-60, 90-96 y 176-193; Sánchez Recio (1991b). <<

[20] Pérez Ledesma (2001), p. 227; Montero (1961). Cita en De la Cueva (1998a), p. 369. Véase también De la Cueva (1998b). <<

[21] Moreno había escrito, entre otros textos, dos libros sobre Córdoba durante la Guerra Civil y la posguerra. Véanse Moreno (1985) y Moreno (1987). Casanova había investigado la represión en Zaragoza. Véase Casanova et al. (1992). <<

[22] Juliá et al. (1999), pp. 48-49, 57-127, 122, 129, 131, 132-136, 141, 175-176, 318-333 y 411-412. Para las ejecuciones en Madrid, Valencia y Barcelona durante la posguerra, véase Ruiz (2005a), p. 76. <<

[23] Solé i Sabaté (1985), p. 263; Richards (1998), pp. 30 y 223. En Smyth (1986) y Wigg (2005) se estudia la política británica en relación con España durante la Segunda Guerra Mundial; sobre Hayes, véase Halstead (1975). <<

[24] Juliá et al. (1999), pp. 183-185 y 241-257. Sobre el SIM y los trabajos forzosos en el bando republicano, véanse Godicheau (2001) y Ruiz (2009), pp. 419-441. <<

[25] ARMH, en Silva y Macías (2003). Véase también su página web, http://www.memoriahistorica.org/ (acceso febrero de 2008). El informe de Nizkor está disponible en http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html (acceso mayo de 2004). Sobre el genocidio franquista, véanse Casanova et al. (2004), p. 59; Moreno (2008); Graham (2002), p. 123. <<

[26] Ruiz (2005a), pp. 181-189; Ruiz (2005b), pp. 84-91 y 113-117. La cifra sobre Granada se encuentra en Gil (1990), p. 606. Como algunos casos militares eran colectivos, el número real de personas juzgadas fue incluso mayor. <<

[27] Graham (2005), p. 38; Preston (2006b), pp. 306 y 125; Risques (2003), pp. 259-260. Sobre acusaciones de revisionismo neofranquista, véanse, p. ej., Ealham (2007) y Richards (2010). <<

[28] Ledesma (2003), pp. 311-312; Ledesma (2008); Espinosa (2010), pp. 9, 30 y 62; Cruz (2006), pp. 261-295; Rey Reguillo (2007), p. 88. <<

[1] Para un estudio general de la historiografía de la Guardia Civil, véase Blaney (2005). <<

[2] La idea de una mentalidad «antidemocrática» entre los estadistas de la Segunda República resulta evidente en el título del capítulo sobre este período de la historia de España que figura en el libro Orden público y militarismo en la España Constitucional, de Manuel Ballbé: «Las contradicciones de la Segunda República y la configuración de una democracia autoritaria». Para un examen de las medidas de orden público y de la reforma policial durante la Segunda República que pone en tela de juicio diversas interpretaciones y hechos presentados por Ballbé, véase Blaney (2007). <<

[3] La denominación procede de sus admiradores y era empleada con frecuencia por el propio cuerpo. El rey Alfonso XIII dio reconocimiento oficial al apodo en 1929. El correlato italiano de la Guardia Civil, L’Arma dei Carabinieri, también empleaba ese apelativo. <<

[4] Woolsey (2004), pp. 81-82; Pitt-Rivers (1971), pp. 6-12 y 130-131. Para un examen general de la relación entre Estado y sociedad en la España moderna, véase Vincent (2007). <<

[5] Brenan (1990), p. 157. <<

[6] Un ejemplo notable fue el intento de arrancar de cuajo y aplastar la conspiración de la Mano Negra en la década de 1880. La impronta que tales movimientos dejaron en la psique de los guardias civiles era tan profunda que al cabo de tres decenios seguían haciéndose referencias a la Mano Negra cuando los miembros del cuerpo se temían que se estuviera tramando otra confabulación: Mintz (1994), pp. 23-24, 24 n.o 10, 106-110. <<

[7] «Las agresiones a la Guardia Civil en el año 1919», Revista Técnica de la Guardia Civil (en adelante, RTGC), n.o 119 (1920). Las cursivas son mías. <<

[8] RTGC, n.o 152 (1922), pp. 344-345; RTGC, n.o 153 (1922); RTGC, n.o 154 (1922), pp. 450-451; RTGC, n.o 154 (1922), pp. 448-449. <<

[9] González Calleja (1999), pp. 266-670. Curiosamente, el número de octubre de 1923 de la Revista Técnica de la Guardia Civil no menciona los acontecimientos del mes anterior; de hecho, a tenor de esa lectura, apenas cabe pensar que se hubiera producido golpe alguno. <<

[10] La Correspondencia Militar (en adelante, LCM), (24 de enero de 1931; 18, 24, 28 de marzo de 1931; 2, 10 de abril de 1931). <<

[11] Para un estudio de la influencia de la amenaza revolucionaria en las ideas de la Guardia Civil, véase Blaney (2003), pp. 42-63. <<

[12] RTGC, n.o 255 (1931), pp. 241-243. <<

[13] RTGC, n.o 256 (1931), pp. 290-291; RTGC, n.o 257 (1931), p. 335; RTGC, n.o 257 (1931), p. 342; RTGC, n.o 261 (1931), p. 550; LCM (27 de junio de 1931). <<

[14] LCM (29 de mayo de 1931; 3 de julio de 1931; 7 de julio de 1931); RTGC, n.o 258 (1931), p. 376; RTGC, n.o 260 (1931), p. 443. <<

[15] RTGC, n.o 277 (1933), p. 111; RTGC, n.o 279 (1933), pp. 175-176; RTGC, n.o 280 (1933), pp. 214-215; RTGC, n.o 288 (1934), pp. 57-58. <<

[16] LCM (16 de julio de 1931). <<

[17] Se puede encontrar un resumen de las principales reformas militares y policiales del período 1931-1933 en Blaney (2007), pp. 32-49. <<

[18] RTGC, n.o 289 (1934), p. 117; RTGC, n.o 290 (1934), pp. 163-164. <<

[19] LCM (30 de mayo de 1931; 28 de julio de 1931). <<

[20] LCM (29 de julio de 1931). <<

[21] LCM (2, 4, 7, 8, 27, 30 de agosto de 1931); RTGC, n.o 259 (1931), p. 434; RTGC, n.o 261 (1931), p. 550; RTGC, n.o 277 (1933), p. 110; RTGC, n.o 288 (1934), p. 56. <<

[22] LCM (21 de mayo de 1931; 22 de junio de 1931; 14, 30 de julio de 1931; 1, 16, 21, 23, 28 de agosto de 1931). <<

[23] LCM (2, 6, 9 de septiembre de 1931); RTGC, n.o 261 (1931), pp. 534-535. <<

[24] LCM (4 de julio de 1931; 23, 30 de agosto de 1931); RTGC, n.o 258 (agosto de 1931), p. 347. <<

[25] Azaña (2000), p. 425. <<

[26] LCM (8 de septiembre de 1931). <<

[27] RTGC, n.o 264, pp. 56-58; Gallego Pérez (1957), p. 171; El Debate, 5 de enero de 1932; Preston (2002), pp. 323-325. <<

[28] «El Vigía de la Torre» (1932). Este libro, probablemente escrito por un miembro del cuerpo, apareció publicitado durante varios meses tanto en la Revista Técnica de la Guardia Civil como en los boletines oficiales de la institución. <<

[29] Azaña (2000), pp. 437-438, 440-441, 453-454; Gallego Pérez (1957), pp. 175-178; Esteban-Infantes (1957), p. 177; Boletín Oficial de la Guardia Civil, 10 de febrero de 1932, p. 130; Ejército y Armada, 7 de marzo de 1932. <<

[30] Para una descripción de la conspiración y la rebelión militar de 1932, véase Payne (1967), pp. 277-191; Cardona et al. (1982), pp. 43-67; Aguado Sánchez, (1983-1985), IV, pp. 303-319. <<

[31] RTGC, n.o 276 (1933), pp. 50-54. <<

[32] Interferencias, en Preston (1994), p. 119 y López Martínez (1995), pp. 321-329; estudio riguroso, en Villa García (2011). <<

[33] RTGC, n.o 286 (1933), pp. 453-456; RTGC, n.o 289 (1934), pp. 119-120. <<

[34] Blaney (2007), pp. 42, 51; Preston (1994), pp. 143-145, 151-153. <<

[35] RTGC, n.o 287 (1934), pp. 25-30; RTGC, n.o 287 (1934), pp. 31-32; RTGC, n.o 289 (1934), pp. 140-141; RTGC, n.o 292 (1934), p. 229. Se puede encontrar un análisis lúcido y detallado de la insurrección de diciembre de 1933 y de la manipulación posterior de los hechos por razones políticas en Villa García (2011a). <<

[36] RTGC, n.o 288 (1934), p. 56; RTGC, n.o 290 (1934), p. 175; RTGC, n.o 289 (1934), p. 117; RTGC, n.o 293 (1934), pp. 269-270; Aguado Sánchez (1983-1985), V, pp. 363-364. <<

[37] Se puede encontrar una lista desglosada geográficamente de los asesinados y los heridos en Aguado Sánchez (1972), pp. 425-432. <<

[38] RTGC, n.o 302 (1935), pp. 162-163; Geijo (1935). <<

[39] Para un examen general de los relatos y la propaganda de todas las partes, véase Sánchez (2003). <<

[40] El Debate, 12 de febrero de 1935; Aguado Sánchez (1983-1985), V, pp. 121, 367. <<

[41] Preston (1994), pp. 208-209. <<

[42] El Socialista, 6 y 26 de febrero de 1936. <<

[43] Vidarte (1973), pp. 90-91. <<

[44] Rivas Gómez (1976), pp. 170-171 y 173-184; Gallego Pérez (1957), pp. 200-201; Gibson (1982.), pp. 29-53. <<

[45] Uribarri (1943), pp. 59, 172-176; Gibson (1982), pp. 208-214. <<

[46] Engel Masoliver (2008), p. 34. <<

[1] Véanse los libros de José Carlos Mainer (2010) y (1999). <<

[2] Así lo señala, por ejemplo, Suárez Cortina (2009), pp. 81-82, y en el mismo sentido se expresan Juliá (2004), Ouimette (1998), Aubert (1987, 1993, 2001, 2006 y 2010) y Bécarud y López Campillo (1978), quienes ofrecen una panorámica de la época que me ha resultado muy útil. <<

[3] «Un pueblo ejemplar», La Libertad, 13 de mayo de 1931. <<

[4] Sobre las derechas, véase González Cuevas (1998, 2000 y 2005). <<

[5] El Sol, «En Irún y en Bilbao. Entusiasta recibimiento a Don Miguel de Unamuno», 11 de febrero de 1930. Sobre Unamuno, véase Rabaté y Rabaté (2009). <<

[6] Ortega y Gasset (2004-2010), IV, pp. 1003 y 764, respectivamente. Una síntesis de la labor de Ortega como intelectual, véase en Zamora Bonilla (2004). Un análisis más pormenorizado de esta etapa, en Zamora Bonilla (2002, cap. III). <<

[7] Ibíd. (2004-2010), IV, pp. 660-663. Sobre la ASR, Márquez Padorno (2004 y 2003). <<

[8] Heraldo de Madrid, 22 de marzo de 1930. <<

[9] «FUE», Diario de Madrid, 16 de diciembre de 1934. <<

[10] Sobre la importancia de las ideas rupturistas frente a las ideas transaccionales en la configuración del régimen republicano, véanse Álvarez Tardío (2005) y Álvarez Tardío y Villa García (2010). <<

[11] Azaña (2007), III, pp. 18-25. Sobre Azaña, véase Juliá (2008) y sus introducciones a los volúmenes de las Obras completas de Azaña (2007). <<

[12] El discurso sobre el «Proyecto de Constitución» y el discurso sobre «Federalismo y autonomismo», véanse en Ortega y Gasset (2004-2010): IV, pp. 809-824 y pp. 831-836. <<

[13] «Agrupación al Servicio de la República. [Unas cuartillas]», Crisol, 14 de mayo de 1931, en Ortega y Gasset (2004-2010), IV, pp. 632-634. <<

[14] Ibíd. (2004-2009), IV, pp. 825-827. <<

[15] Ibíd. (2004-2010), IV, pp. 837-855. <<

[16] «Actuación y situación política», El Sol, 7 de abril de 1932; «Imaginaciones», El Sol, 28 de mayo de 1932; «Escuela y despensa únicas», El Sol, 2 de junio de 1932; y «Hay que tomar huelgo», El Sol, 28 de agosto de 1932. <<

[17] «Mañana será otro día», Ahora, 20 de mayo de 1936. <<

[18] Ortega y Gasset, «En la muerte de Unamuno» (2004-2010), I, p. 409. <<

[19] Mazower (1998). <<

[20] Sobre Maeztu, véase González Cuevas (2003). <<

[21] «Un manifiesto ridículo», La Nación, 2 de abril de 1930, cit. en Tusell y Queipo de Llano (1990), p. 62. Sobre Albiñana, en Gil Pecharromán (2000). <<

[22] «Gritos en el mercado», ABC, 14 de abril de 1931. <<

[23] «De un pululante a un olímpico», ABC, 30 de junio de 1932; «En memoria. Salmo de los muertos del 10 de agosto», Ellas, 6 de noviembre de 1932; «El suspendido mitin de Acción Popular. Lo que hubieran dicho los oradores», Ellas, 11 de diciembre de 1932; y «Unión, unión y unión», Ellas, 20 de noviembre de 1932, citados en Álvarez Chillida (1996), pp. 59-60; y «Del momento político. Situación de paso, no de turno», Acción Española, 16 de diciembre de 1933. Sobre Pemán, véanse, además del citado libro de Álvarez Chillida (1996), el de Tusell y Álvarez Chillida (1998). <<

[24] Sobre Ledesma Ramos, véanse González Cuevas (2004) y Gallego (2004). <<

[25] Acción Española, 1 de junio de 1934. <<

[26] «Una bandera que se alza», Acción Española, 1 de noviembre de 1933. <<

[27] «Carnet cívico. Políticas de urgencia y de turno», Crisol, 16 de junio de 1931. <<

[28] «Política y literatura», Revista de Occidente, 144 (junio de 1935). <<

[29] Para el programa defendido por Besteiro, véase la entrevista en El Socialista, 4 de junio de 1931, reproducida de El Sol. Sobre sus posiciones políticas, véanse Lamo de Espinosa y Contreras (1990) y Blas y Blas (2002). <<

[30] De los Ríos (1997), III, pp. 391-400 y pp. 361-374. Sobre De los Ríos, véanse Zapatero (1999), Ruiz Manjón (2007) y Zamora Bonilla (2008). <<

[31] Sobre el debate constitucional respecto a la relación entre el Estado y la Iglesia, véase Álvarez Tardío (2002), pp. 173 y ss. <<

[32] Barbusse (1927), pp. 41-42. Sobre los intelectuales comunistas, véase Cruz (1999). <<

[33] Araquistain (1979), pp. 22-24. Sobre Araquistain, véanse Bizcarrondo (1975) y Fuentes (2002). <<

[34] «La revolución de octubre en España», Leviatán, 21 (febrero de 1936). <<

[35] Preston (1976), XXVII. <<

[36] Lamo de Espinosa y Contreras (1990), p. 106. <<

[1] «Sobre el fascismo» (1926), en Ortega y Gasset (2004), p. 608. <<

[2] Guérin (1973); Poulantzas (1973); Lukács (1976); Bauer (1976); Moore (1976); Colloti (1972). <<

[3] Weber (1971), pp. 13 y ss.; Weber (1985), p. 159, 238, 308, 468, 527-528; Rémond (2005), pp. 27 y ss.; De Felice (1976), pp. 30-31, 351-352 y (1979); 88 ss. Sobre De Felice, Gentile (2003); Mosse (1977 y 1997), pp. 21 y 145 y ss., (1999, 2003 y 2005). Sobre Mosse, Gentile (2007b). <<

[4] Mosse (1977), pp. 35-36; De Felice (1979), pp. 57-58, 127. <<

[5] Gentile (1996, 2004 y 2007); Sternhell (1972, 1994 y 1997); Furet (1995 y 2007), pp. 473, 573-574. <<

[6] Pabón (1969), p. 497. <<

[7] Cf. Tierno Galván (1962), pp. 97 y ss., (1972), pp. 370 y ss. y (1997), pp. 97 y ss.; Tuñón de Lara (2009), pp. 67 y ss. y (1982), pp. 18 y ss. <<

[8] Morodo (1985); Montero Gibert (1977), pp. 62-63, 67, 594 y ss.; Jiménez Campo (1979), pp. 47-48 y 139 y ss. <<

[9] Linz (2008), pp. 3,11, 15 y ss. y (2009), pp. 23-63. <<

[10] Tuñón de Lara (1977), pp. 96-97, 98,101. <<

[11] De Felice (1979) p. 76; Mosse (1997), p. 4 y (1977), pp. 133-134; Furet (1995), pp. 287-288. <<

[12] Payne (1982, 1995 y 1997). <<

[13] Preston (1978), (1984), pp. 19, 20-22, 35, 40 y ss., (1986), pp. 23-24 y (2006), p. 448 ss., Casanova (1990), pp. 3 y ss., (2002), pp. 10-14, (2001). En el mismo sentido se expresan otros historiadores menos conocidos como Espinosa (2007), pp. 408 y ss. y (2002), pp. 95 y ss. y Moreno Gómez (2008), pp. 64 y ss. <<

[14] Un ejemplo de este fenómeno es el curioso libro de Julián Casanova La Iglesia de Franco (2001). <<

[15] Eley (2008), pp. 92 y ss.; Laclau (1978) y Traverso (2007), pp. 35 y ss. <<

[16] González Cuevas (2000a), pp. 44-50, (2008), pp. 1163-1173, (2000b), pp. 214 y ss. (2009), pp. 68 y ss. <<

[17] Fusi (2000), pp. 35 y ss.; Álvarez Junco (2001); Puelles Benítez (1991); Puell de la Villa (2008), pp. 88 y ss., Alli Turrillas (2002), pp. 111 y ss.; Cuesta Escudero (1994); Shubert (1991), pp. 195 y ss.; Gentile (2007), pp. 91 y ss. <<

[18] González Cuevas (2000a), pp. 23-67, (2002), pp. 77-177 y 101 y ss. y (2009c), pp. 15-55; Cacho Viu (1997); Juliá (1996), pp. 114 y ss.; Forcadell (2009), pp. 35 y ss. <<

[19] Canal (2000); Orella (1998); González Hernández (1990) y (1997); González Cuevas (1993); Montero (1993); Watanabe (2003). <<

[20] González Calleja-Rey Reguillo (1995); Rey Reguillo (1992); De Felice (1974), p. 164; Gómez Navarro (1990). Una interpretación fascistizante del régimen de Primo de Rivera y sus ideólogos, en Quiroga (2006 y 2008). <<

[21] Ledesma Ramos (2004), pp. 155-156; Álvarez Tardío-Villa y Villa García (2010). <<

[22] González Cuevas (1998), pp. 175, 198-206 y (2000), pp. 175 y ss. y 326-331, (2003a), pp. 205 y ss., (2009b); Gil Pecharromán (1994); Canal (2000), pp. 125 y ss. <<

[23] Pastor (1975); Gil Pecharromán (2000). <<

[24] Ledesma Ramos (2004); Gallego (2004); Norling (2002). <<

[25] Primo de Rivera (1976), pp. 557 y 559 y (1997), pp. 171-172; «Glosas del mes», Leviatán, n.o 20, enero de 1936. <<

[26] González Cuevas (1998), pp. 213-214. <<

[27] Rodríguez Jiménez (2000); Thomàs (1999); Gallego-Morente (2005b). <<

[28] Gil Pecharromán (1996), pp. 234 y ss.; González Cuevas (1998), pp. 175 y ss. y (2000c), pp. 141 y ss.; Rodríguez Jiménez (2000), pp. 165 y ss.; Thomàs (1998); Gallego-Morente (2005b), pp. 221 y ss. <<

[29] Mainer (1971); Carbajosa (2003); Selva Roca de Togores (1999); González Cuevas (1998), pp. 172-173, (2003), pp. 300 y ss. y (2009), pp. 99 y ss.; Cabrera y Rey Reguillo (2002), pp. 232 y 250. <<

[30] Primo de Rivera (1976), pp. 448, 454, 466-68; González Cuevas (1996), pp. 84-114 y (1998), pp. 295 y ss.; JAP, 23 de noviembre de 1935. <<

[31] Ledesma Ramos (2004), pp. 163 y 164. <<