Con motivo del octogésimo aniversario del estallido de la Guerra Civil, Stanley G. Payne, uno de los más reconocidos hispanistas del mundo anglosajón, y probablemente uno de los que mejor conocen la historia de nuestra guerra, se embarca en un ambicioso proyecto que no es ni una historia ni un libro sobre la guerra en sí, sino una obra sobre los orígenes y la erosión de la convivencia y la democracia en España. Una narración detallada de lo que sucedió en los meses previos a julio de 1936, y la novedosa conclusión de Payne, que demostrará en estas páginas, es que la Guerra Civil no fue inevitable hasta casi el último momento.

Stanley G. Payne

El camino al 18 de julio

La erosión de la democracia en España

(diciembre de 1935 - julio de 1936)

ePub r1.1

Titivillus 27.05.18

Título original: El camino al 18 de julio

Stanley G. Payne, 2016

Editor digital: Titivillus

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PREFACIO

Próximo ya el octogésimo aniversario del estallido de la Guerra Civil de 1936, es más que evidente que aumenta la ya colosal literatura que existe sobre ella. Pero llama la atención lo poco que se ha estudiado el tema de sus orígenes, y esto es más sorprendente, si cabe, si tenemos en cuenta que esta cuestión fue determinante en la reacción de la mayor parte de los actores principales. Para José Ortega y Gasset, que huyó pronto de la zona republicana, fue la cuestión más importante. Como escribió en su «Epílogo para ingleses», en la edición de La rebelión de las masas que se publicó en 1938: «Tendrá el inglés o el americano todo el derecho que quiera para opinar sobre lo que ha pasado y debe pasar en España, pero ese derecho es una injuria si no acepta una obligación correspondiente: la de estar bien informado sobre la realidad de la Guerra Civil española, cuyo primer y más sustancial capítulo es su origen, las causas que la han producido». Lo que Ortega dijo para ingleses y americanos es igualmente válido para cualquier persona que quiera comprender el mayor acontecimiento de la España del siglo XX, y también para los españoles del siglo XXI. El propósito de este libro es cumplir con esta prioridad señalada por el más destacado pensador español de la época contemporánea.

Hace diez años publiqué un estudio más extenso, El colapso de la República,que trataba de los tres años —1933-1936— en los que tuvo lugar el conflicto y declive de la República. El objetivo del presente libro es más específico, pues se va a centrar en los últimos meses de convivencia política antes del levantamiento militar, es decir, los meses que marcaron el camino definitivo hacia el 18 de julio. Su intención no es la de revelar un proceso determinista, puesto que prácticamente no hay nada inevitable en la Historia, sino el de narrar con más detalle —y también más datos— los pasos específicos de este proceso en el interior de un marco de análisis adecuado. Un camino se constituye por una serie de pasos, pero estos pueden conducir a fines bastantes diferentes dependiendo del modo en que se orienten y de las direcciones escogidas. Siempre he sostenido la posición de que la Guerra Civil no fue inevitable hasta casi el último momento; a partir del 15 de julio, tal vez, pero no mucho antes.

Tampoco pretende este libro defender la tesis de que es necesario salvar a los españoles de otro holocausto, porque la España actual es un país casi totalmente transformado. Semejante conflicto no es solo inimaginable hoy día, sino físicamente imposible, y por varias razones. Hay mucha división y crispación política entre los españoles actuales, pero la época de las grandes guerras civiles revolucionarias pasó sin que haya posibilidad de retorno. Como he argumentado en otro estudio, tales luchas fueron típicas de los conflictos en el este, centro y sur de Europa en la primera mitad del siglo XX, pero los factores que las produjeron han desaparecido.

A veces, en comentarios políticos españoles del siglo XXI, se oye hablar de «guerra civil», pero el sentido actual de este término, aplicado a cuestiones y tácticas políticas hoy día, es esencialmente metafórico. En cambio, cuestiones claves de la historia contemporánea han llegado a ser extremadamente politizadas durante los últimos años, y de un modo muy maniqueo y simplista. Por eso es más importante que nunca dar un nuevo vistazo a momentos claves, y no hubo uno más fundamental que la última etapa de la Segunda República, cuando tuvo lugar la «desunión» de la sociedad civil española, el punto de inflexión de su historia más reciente.

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CONFLICTO Y REFORMA EN ESPAÑA

En el siglo XIX, España adquirió una fama siniestra como «el país de la guerra civil», pero antes había tenido una historia bastante diferente. Durante la época moderna fue el más estable de los grandes países occidentales. Las únicas revueltas interiores significativas fueron los movimientos de 1520-1521 (los Comuneros de Castilla, la Germanía de Valencia y los «foráneos» de Mallorca) y la rebelión de los catalanes en 1640. Tanto Inglaterra como Francia y los estados alemanes habían conocido más conflictos internos violentos en los siglos XVI y XVII. El siguiente siglo se abrió con la Guerra de la Sucesión, que fue también una especie de guerra civil interna entre los partidarios de los Borbones y los que apoyaban al candidato Habsburgo, pero, una vez resuelta, la paz interna reinó durante el resto del siglo XVIII con mayor tranquilidad que en Francia o en el mundo de habla inglesa.

Esta situación se invirtió en el siglo XIX. Después de la conclusión de las guerras napoleónicas, Europa en general entró en una época de paz, al menos en términos relativos, tanto en el interior como en el exterior. Salvo por los intentos de revolución doméstica en varios países en 1848-1849, este fue un siglo relativamente tranquilo, a pesar de los grandes cambios internos y del rápido desarrollo que se produjeron. Pero no fue así en España. El derrocamiento del Antiguo Régimen por Napoleón abrió la época de transformación política y social contemporánea, en la que se perdió la relativa tranquilidad que había reinado bajo las instituciones tradicionales. España pasó más años enzarzada en guerras, tanto externas como civiles, que cualquier otro país occidental. El período empezó y terminó con conflictos internacionales de envergadura, como la Guerra de la Independencia (1808-1814) y la Guerra de Cuba (1895-1898), además de la Guerra de Marruecos de 1859-1860. En el siglo XIX, España se convirtió en el país por antonomasia de las guerras civiles: primero fue el conflicto limitado entre liberales y absolutistas de 1822-1823, luego la rebelión de los campesinos catalanes (guerra dels agraviats) en 1827, seguida de la devastadora Primera Guerra Carlista (1833-1840), la insurrección carlista en Cataluña de 1846-1849, la Segunda Guerra Carlista (1869/1873-1876) y el conflicto cantonalista republicano de 1873-1874. A todo ello se añadieron numerosos pronunciamientos militares, varios de los cuales desembocaron en conflictos armados y en un número no desdeñable de motines y mini insurrecciones urbanas. Hay que añadir a este triste elenco los conflictos bélicos coloniales, primero en América del Sur hasta 1825 y, más tarde, en Cuba, en la Guerra de los Diez Años (1868-1878), seguida de la llamada «Guerra Chica» (1879). El único país que pasó por tres guerras civiles en este siglo fue Colombia, con una situación parcialmente análoga de liberalismo débil y fragmentado, de conflictos religioso-civiles y diferencias regionales.

Sin embargo, España no es tan «diferente» como podría parecer. Hasta cierto punto, el país seguía el modelo francés, porque Francia había pasado por la gran Revolución de 1789-1794, más las llamadas revoluciones de 1830 y 1848-1849, y el episodio especialmente sangriento de la Comuna de París, en 1871, que acabó con más que quince mil ejecuciones políticas. Esta última fue la experiencia más brutal que sufrió toda Europa durante el siglo XIX. Aunque en Francia no se vivieron tantos años de revuelta como en España, tampoco aquí se pasó por la terrible experiencia de grandes asesinatos en masa que sí vivió Francia en 1793-1794 y 1871. Y a pesar de que el liberalismo español fue débil, muy imperfecto y estuvo muy dividido entre 1833 y 1923, España pasó más años bajo un Gobierno parlamentario que Francia. Por eso es importante mantener una perspectiva comparada amplia.

El primer ciclo de la historia política contemporánea de España terminó en 1874 con la restauración de los Borbones. Entonces el país entró en una época de mayor estabilidad y de modernización acelerada. La monarquía restaurada presidió el primer régimen español contemporáneo, que conjugó el orden, el progreso y el respeto a los derechos fundamentales. El desarrollo económico y educativo se aceleró después del cambio de siglo y se produjo un nuevo florecimiento literario y artístico (la llamada Edad de Plata). El analfabetismo se redujo, mientras aumentaban las obras públicas y se introducían las primeras reformas sociales. La industria se desarrolló con mayor rapidez, la estructura agrícola comenzó lentamente a modernizarse y, al llegar el año 1930, menos de la mitad de la mano de obra trabajaba en el campo. La censura prácticamente desapareció y, a paso lento pero seguro, las elecciones comenzaron a ser más dignas, e incluso parcialmente democráticas. El régimen evitó que el país entrara en la Primera Guerra Mundial, pasando a desempeñar un papel humanitario de cierta importancia y obteniendo beneficios económicos en su calidad de principal nación neutral de Europa. Al llegar la década de 1920, España tenía uno de los índices de crecimiento más elevados del mundo, y las condiciones de vida y los niveles sanitarios mejoraban con rapidez. En 1930 parecía que el país inauguraba una de las mejores épocas de su historia.

Mientras tanto, en la primera parte del siglo XX, Europa se adentraba en la época más convulsa de su historia contemporánea. Las tres décadas que van desde 1914 a 1945 no solamente abarcaron las guerras mundiales —las más destructivas de la historia—, sino, además, el mayor número de guerras civiles, empezando por la primera revolución rusa de 1905 y siguiendo por la iraní de 1906, la gran insurrección campesina rumana de 1907, el pronunciamiento de los Jóvenes Turcos en 1908, el levantamiento militar griego de 1909, el derrocamiento de la monarquía portuguesa y el inicio de la Revolución mexicana en 1910, y el comienzo de la Revolución china en 1911.

Desde la periferia de Europa, este nerviosismo fue avanzando hacia el núcleo del continente durante la Primera Guerra Mundial, y esto fue tensando cada vez más los lazos políticos y sociales internos de los estados europeos. La guerra —y no los movimientos revolucionarios— produjo el derrumbe del régimen zarista ruso en 1917 y, al finalizar la contienda al año siguiente, los grandes imperios de Europa central y oriental se disolvieron. En 1919 no llegó la paz, sino que se produjeron conflictos internos nunca vistos en diferentes partes del mundo, en Europa, Asia y las Américas.

En 1918 habían estallado guerras civiles en Finlandia y Rusia, y no se trataba de la clásica contienda civil en la que dos adversarios entablan una lucha política con objetivos equivalentes y valores similares, sino que era un nuevo tipo de guerra civil revolucionaria, como la desatada en Francia durante la década de 1790 y en 1871. En las nuevas guerras civiles pugnaban por alcanzar el poder programas revolucionarios y contrarrevolucionarios absolutamente opuestos que no solo aspiraban al dominio político, sino a imponer programas sociales, económicos, culturales e incluso religiosos radicalmente antagónicos: lo que se contraponía eran dos formas de vida que, al ser tan contrarias, prácticamente enfrentaban a dos civilizaciones distintas. Esos conflictos civiles se libraron con un grado de crueldad y de violencia insólitos, que fueron mucho más allá del campo de batalla. Durante la guerra civil rusa, el «terror rojo» y su correlato contrarrevolucionario no solo aspiraban a la conquista, sino, hasta cierto punto, a la eliminación absoluta de la oposición, a la erradicación física y política del adversario, como si unos y otros representaran principios religiosos o metafísicos opuestos, fuerzas del bien o del mal absoluto que no solo había que domeñar, sino extirpar por completo. El resultado fue un estallido de violencia política sin precedentes en el antiguo Imperio zarista, mientras, al mismo tiempo, se producían violentos conflictos internos en la Europa central y meridional. Algunos historiadores califican de «guerra civil alemana» los levantamientos y revueltas registrados en Alemania entre 1919 y 1923, pero, en realidad, las instituciones germanas nunca se derrumbaron del todo. Sin embargo, Hungría sí sufrió durante cinco meses una dictadura comunista, mientras, en Italia, tres años de convulsiones internas condujeron al desarrollo del fascismo, un nuevo tipo de autoritarismo radical y violento.

En Europa, las condiciones solo se estabilizaron a mediados de la década de 1920, aunque posteriormente hubiera de enfrentarse a las nuevas perturbaciones generadas por la Gran Depresión de 1929. Millones de personas buscaron una solución a esta en el comunismo o en diversas clases de fascismo, aunque el primero no lograra ir mucho más allá de la Unión Soviética. Por el contrario, la mitad de los países europeos cayeron en manos de dictaduras nacionalistas, de las cuales la más poderosa y radical fue el régimen nazi de Hitler, que no tardó en desatar otra gran conflagración. Durante esta Segunda Guerra Mundial, la violencia militar y, a veces, política o interna superó límites nunca vistos, al tiempo que en diversos países se producían graves conflictos internos. Tanto Yugoslavia como Grecia sufrieron grandes y prolongadas guerras civiles, en tanto que la imposición de un comunismo de cuño soviético en Polonia, y también en los antiguos Estados bálticos y en Ucrania, dieron lugar a guerras civiles de alcance más limitado.

Esta época de conflictos no concluyó hasta 1949, cuando se alcanzó una estabilidad relativa gracias al triunfo de la democracia en la mayor parte de Europa occidental y la imposición del totalitarismo comunista en el Este. No obstante, durante las tres décadas anteriores, el nivel de conflictividad interna de los países europeos había llegado a niveles inusitados en la época contemporánea.

Vista desde esta perspectiva, la Guerra Civil española no fue exactamente una anomalía, sino más bien el único gran conflicto interno que estalló en Europa occidental durante la década de 1930 y la única situación que llegó a una polarización total y violenta sin la influencia directa de una gran guerra exterior. En la España de los años treinta estarían presentes casi todas las tensiones, odios e ideologías de las demás convulsiones, aunque se añadían algunos rasgos propios.

En 1917, España, en parte víctima de sus propios éxitos recientes, entró en una nueva época de crisis política. Su parcial modernización había acentuado los problemas y contradicciones que quedaban por solventar. El régimen de monarquía parlamentaria se veía acuciado, por un lado, por quienes, en demanda de una mayor democratización, abogaban por el establecimiento de una nueva República y, por otro, por los partidarios de la revolución social. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su central sindical afín, la Unión General de Trabajadores (UGT), se desarrollaron con más lentitud que sus homólogos de otros países, pero en España surgió otra clase de movimiento obrero revolucionario, el anarcosindicalista, en el que la Federación Anarquista Ibérica (FAI) llegó a dominar a la central sindical rival, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Los anarquistas aspiraban a una utopía que, basada en la formación de comunas y sindicatos autónomos, prescindiría del Gobierno central.

La primera huelga general convocada por los socialistas en 1917 fue un fracaso: durante la huelga y la represión resultante perecieron casi cien personas y, a partir de 1919, se incrementó la violencia política. Entre 1897 y 1921 los anarquistas asesinaron a tres presidentes de Gobierno y hubo otros dos atentados contra el líder principal del Partido Conservador y tres contra el rey Alfonso XIII. En ocasiones, los estallidos de violencia anarquista desataron una virulenta represión por parte de la Policía y del ejército. En general, los socialistas no recurrieron a la violencia, pero, junto a los anarquistas, surgió un nuevo e incendiario rival, el pequeño Partido Comunista de España (PCE), que también contribuyó a las actividades de un terrorismo político que entre 1919 y 1923 causó la muerte de varios centenares de personas.

El país se enfrentaba tanto al riesgo de fractura horizontal como de conflicto sociopolítico vertical. Aunque España era uno de los estados históricos más antiguos de Europa —si no el más antiguo—, cuyo origen se remontaba a la monarquía visigótica de los siglos VI y VII, durante el XIX y el XX le costó mucho convertirse en una nación moderna, unificada y políticamente movilizada. España está dividida por múltiples cadenas montañosas, y, además del castellano común, en el país se hablan otras tres lenguas. A los problemas emanados del atraso se añadía un desarrollo económico absolutamente desigual, concentrado en el norte y nordeste del país. Estas divisiones, junto a un sistema educativo rezagado, hicieron que la percepción de la unidad política, expresada a través de un nacionalismo español global, fuera débil, y que a comienzos del siglo XX, en Cataluña y en el País Vasco, las dos zonas más modernas e industrializadas, ambas con lengua propia, dicha unidad se viera cuestionada por movimientos nacionalistas regionales (que, como cabía esperar, de forma típicamente española, estaban internamente divididos, sobre todo en el caso catalán). Durante mucho tiempo, el nacionalismo vasco fue minoritario, en tanto que el catalán cobró fuerza con mayor rapidez.

Además, la única nueva aventura exterior de España le estalló en la cara. En general, sus dirigentes habían evitado participar en el imperialismo europeo de finales del siglo XIX, pero la ocupación por Francia de gran parte de Marruecos indujo a Madrid a aceptar, en 1913, el establecimiento de un pequeño Protectorado sobre el 5 % del territorio marroquí, situado al norte del país, para salvaguardar su propia costa del sur. Sin embargo, el levantamiento de una gran parte de la población autóctona del norte de Marruecos se convirtió en la revuelta más dinámica de las registradas en el mundo afroasiático en la década después de 1919. El ejército español sufrió una derrota humillante en 1921, que acentuó todavía más la sensación de crisis en el país.

En ese momento, España estaba tan fragmentada que hasta un Partido Liberal transitoriamente unificado fue incapaz de proporcionar un auténtico liderazgo y, en medio del aplauso inicial de muchos moderados y liberales, y aún más de los conservadores, el veterano general Miguel Primo de Rivera implantó en 1923 una dictadura temporal. Con ayuda francesa resolvió el conflicto marroquí, al tiempo que reprimía, con un recurso mínimo de la fuerza, la violencia política dentro de España. Durante cinco años, el país disfrutó de la mayor prosperidad de su historia, pero al final de la década había llegado políticamente a un callejón sin salida. Al iniciarse la dictadura se había proclamado que sería un breve interregno destinado a resolver problemas urgentes, pero también creó un erial político, eliminando los antiguos partidos parlamentarios sin crear nada que los sustituyera. El país era tranquilo, sin grandes tensiones o desórdenes, pero una gran parte de la población urbana empezaba a desear una salida política.

Ante el fracaso de su proyecto político y la caída del tipo de cambio de la peseta, a comienzos de 1930, Primo de Rivera abandonó el poder, pero el rey no encontraba ningún líder que pudiera retomar la senda del parlamentarismo. La oposición izquierdista y republicana se incrementó, al tiempo que se radicalizaba, pidiendo el fin de la propia monarquía e insistiendo en que Alfonso XIII se había deslegitimado por haber permitido un gobierno dictatorial durante más de seis años. El hecho de que la breve república federal de 1873-1874 hubiera acabado en un caos total ya no asustaba como antaño.

Como la esperanza es eterna, en España se inició en 1931 el único proceso revolucionario de izquierdas surgido en la Europa de esa década. Fue algo absolutamente singular, ya que ni lo atizó ni lo catalizó una guerra, sino que fue el resultado casi exclusivo de la acción de factores endógenos en tiempo de paz. Sin embargo, en 1931 no estaba nada claro que se estuviera iniciando un proceso revolucionario y no una transición hacia una democracia plena, ya que durante el siglo anterior los cambios súbitos habían sido un rasgo habitual de la vida política española.

Por el contrario, en Grecia y Yugoslavia, cuando las dictaduras temporales llegaron a su fin en esos mismos años, poca resistencia suscitó la vuelta al antiguo régimen. ¿Por qué fue España diferente? Varias son las respuestas. En Grecia, la dictadura de 1926 fue tan breve que no llegó a sustituir del todo el régimen parlamentario, pero la española se prolongó lo suficiente como para arrasar las instituciones parlamentarias anteriores. Al contrario que en otros países, cuando en España llegó la caída de la monarquía, esta no se vio reforzada por el sentimiento nacionalista, en tanto que los anteriores líderes conservadores ya eran mayores y, además, especialmente ineptos. El cambio generacional había calado y la monarquía no disponía ni de jóvenes ni de la energía de estos. Igualmente importante fue que las nuevas elecciones se pospusieran durante quince meses. Aunque la intentona militar republicana de finales de 1930 fue un absoluto fracaso, el débil y acomodaticio Gobierno monárquico no impidió la participación política y electoral de los republicanos, cuyos resultados mejoraron enormemente en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931.

Técnicamente, los candidatos monárquicos ganaron con una ventaja considerable, pero su derrota en casi todas las ciudades grandes y capitales de provincia generó una gran oleada de confianza en la nueva coalición republicana. Los pocos líderes monárquicos que quedaban perdieron el temple y los republicanos rechazaron de plano la oferta de la Corona, que pretendía formar un Gobierno de coalición con ellos y celebrar elecciones nacionales para determinar la nueva Constitución. Fue una propuesta completamente lógica y razonable, pero no había ninguna garantía de que los republicanos pudieran ganar unas elecciones nacionales, y el «Comité Revolucionario» de líderes republicanos exigió la salida inmediata del rey. Alfonso XIII abandonó el país en menos de veinticuatro horas y el 14 de abril de 1931 se proclamó una República democrática que, aunque carente del aval de un referéndum o de unas elecciones legislativas, vio aceptada su legitimidad por la mayor parte —aunque no todo— del espectro político.

La situación española puso de relieve una verdad histórica fundamental: que los procesos revolucionarios con frecuencia comienzan de forma rápida y pacífica, y con un esfuerzo relativamente escaso. Esta generalización no siempre es cierta, pero se refleja con exactitud en la situación imperante en la Francia de 1789, en la Rusia de marzo de 1917 y en la España de 1931. Los procesos revolucionarios que se inician de forma poco conflictiva pasan por diversas fases, y las primeras son bastante moderadas. Esta característica describe la situación española, porque el nuevo régimen de abril de 1931 adoptó la forma de una república democrática basada en las estructuras sociales y económicas vigentes. Uno de sus ministros socialistas, Francisco Largo Caballero, declaró que, en España, lo que llamó el «extremismo» no tendría futuro a causa del reformismo pacífico. Irónicamente, en poco más de dos años, él mismo sería uno de los líderes que más recurriría al «extremismo», viendo en ello una táctica indispensable.

En España, los acontecimientos no se precipitaron tanto como en la Rusia de 1917, ya que, al principio, España era un país estable que hasta hacía poco había disfrutado de cierto grado de prosperidad, además de encontrarse totalmente en paz, ajeno a presiones internacionales. La cronología que siguieron los acontecimientos españoles fue más parecida a la de la Francia de la década de 1790. El error que cometió uno de los líderes republicanos al contrastar la democratización aparentemente pacífica de su país con la violencia de la Francia revolucionaria radica en que comparó la España de 1931 con la Francia del terror de 1793, cuando, por el contrario, la comparación debería haberse hecho con la de 1789, mucho más moderada. Sin embargo, España no tardaría en radicalizarse.

Lo que se había producido en el país era la más fundamental de las revoluciones: la del incremento de las expectativas, «la revolución de las aspiraciones crecientes», de carácter socio-psicológico, que tuvo lugar durante la generación de 1914-1931. Era algo que había acentuado no tanto la evolución política como la rápida expansión económica y el cambio sociocultural de la década de 1920, que, siendo durante algunos años uno de los más rápidos del mundo, produjo un primer «despegue» de la modernización si bien truncado por la Gran Depresión, que, sin embargo, no llegó a invertir la tendencia del todo. El empleo en el sector primario había caído hasta encuadrar a menos de la mitad de la población activa, y estas alteraciones decisivas atizaron las demandas tanto de una mayor libertad de expresión política como de cambios sociales e institucionales. En España, los efectos iniciales de la depresión de la década de 1930 fueron bastante más suaves que en la mayoría de los países, pero sus repercusiones alentaron aún más las reclamaciones sociales y políticas. Todo ello refleja perfectamente la concepción conductista o tocquevilliana de las revoluciones, según la cual las efusiones revolucionarias no suelen emanar de un agravamiento de la opresión, ni siquiera de las condiciones estructurales per se, sino que las desencadenan, de forma aparentemente paradójica, una mayor libertad y una mejora notable de las condiciones de vida, sobre todo cuando estas se ven temporalmente frustradas por un nuevo contratiempo —en el caso de España, primero la dictadura y luego la demora en volver a las elecciones—, que va seguido de una depresión económica y de los conflictos políticos que trae consigo un nuevo régimen.

La otra gran explicación es de orden estructuralista, y su ejemplo más difundido es el marxismo, aunque también haya otras variantes. La teoría conductista no rechaza por completo la relevancia de la interpretación estructuralista, porque si no hubiera contradicción o retraso estructural, la secuencia conductista que directamente desencadena la revolución no tendría ese efecto. En los países del norte de Europa, mayormente protestantes, el liderazgo de las élites modernizadoras dio lugar a una transformación de tipo evolutivo que en gran parte resolvió las contradicciones internas, por lo menos en lo referente a la reducción de las presiones revolucionarias. La principal excepción a este respecto fue la «revolución reaccionaria» de la Guerra de Secesión estadounidense. Pero en la mayor parte de Europa, las élites modernizadoras —aun presentando grandes variaciones en sus niveles de éxito— no siempre estuvieron a la altura de las circunstancias, y muchas veces no lograron resolver unos conflictos y unas contradicciones que, en la mencionada secuencia conductista, podían transformarse con rapidez en una crisis auténticamente revolucionaria.

Al llegar el año 1930, España había caído en una especie de «trampa del desarrollo», que, situada como estaba en una fase intermedia de la modernización, es la que desata el conflicto más grave. El crecimiento había sido lo suficientemente grande como para fomentar la reivindicación de mejoras más rápidas; sin embargo, no se dispondría de medios para responder a estas demandas hasta que el país lograra alcanzar una fase de modernización más madura. De repente, España se vio embarrancada a mitad de camino, que es la situación más difícil y peligrosa, y el potencial de radicalización se vio agravado aún más por su estructura demográfica. Al igual que en Rusia, Alemania e Italia, en términos absolutos la nueva generación española había alumbrado la cohorte de jóvenes varones más nutrida de su historia.

Esos peligros no eran tan evidentes en 1931, porque al principio la coalición gobernante aceptó una república liberal, democrática y parlamentaria. Sin embargo, de los tres sectores que impulsaban el nuevo régimen —los republicanos de izquierda de clase media, los socialistas y los llamados «radicales» de centro—, solo los últimos otorgaban un valor intrínseco a la democracia liberal y a las normas del sistema electoral parlamentario. Por el contrario, para los republicanos de izquierda, también llamados la «izquierda burguesa», la nueva República tenía menos que ver con un proceso democrático que hubiera que respetar escrupulosamente que con un proyecto de reforma radical, que, en algunas ocasiones, Manuel Azaña y otros líderes calificaban de «revolución». Para ellos, «la República» no era tanto un sistema político como un determinado programa de reformas culturales e institucionales para el cual era indispensable eliminar permanentemente a los católicos y a los conservadores de cualquier participación en el Gobierno.

Veinte años antes, algunos republicanos de izquierda, conscientes de que durante la época de los pronunciamientos militares el extremismo y la intransigencia habían conducido al país al desastre, tuvieron actitudes más moderadas. Pero se radicalizaron con la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera, llegando a la conclusión de que el compromiso y la cooperación solo conducirían a la vuelta al poder de las derechas, que, según su evaluación errónea, estaban tan erosionadas social y políticamente que eran poco más que un montón de chatarra histórica. En consecuencia, su actitud era un tanto contradictoria. Por una parte, los republicanos de izquierda estaban convencidos de que el cambio histórico había acabado con los intereses conservadores, pero, por otra, insistían en la necesidad de reprimir vigorosamente dichos intereses, aunque fuera vulnerando, en caso de necesidad, la práctica democrática y el respeto a los derechos y libertades.

Por su parte, todavía en mayor medida, los socialistas, que por primera vez asistían a un rápido incremento de sus bases, solo se comprometieron parcialmente con el nuevo régimen democrático. Gran parte de sus dirigentes estaban convencidos de que este suponía el inicio de un cambio fundamental que subyugaría para siempre el conservadurismo político y económico, comenzando un proceso ilimitado de reformas destinado a culminar pronto en el socialismo. Como las fuerzas conservadoras parecían totalmente desorganizadas y nada habían hecho para defender la monarquía, los socialistas llegaron a la errónea conclusión de que en el futuro no podrían hacer mucho por evitar el advenimiento del socialismo.

En consecuencia, los republicanos de izquierda y los socialistas pergeñaron un régimen radicalmente reformista que, casi de inmediato, procedió a cercenar ciertos derechos y a silenciar a la oposición, convirtiéndose en un sistema que, como lacónicamente señalaría Javier Tusell, principal historiador político español de finales del siglo XX, era «una democracia poco democrática», y quizá esta sea la mejor síntesis en cuatro palabras que se haya hecho de la Segunda República. Donde primero se apreció esta situación fue en la esfera religiosa, cuando el nuevo Gobierno reaccionó con lentitud ante la «quema de conventos» de los días 11 y 12 de mayo de 1931, solo un mes después del establecimiento de la República. El clima de anticlericalismo radical venía acentuándose desde hacía más de una generación. Sus apologistas han dicho siempre que esto fue una consecuencia inevitable del «poder de la Iglesia» en España, pero tal interpretación no explica por qué, mientras este poder se debilitaba año tras año, el anticlericalismo aumentaba y asumía formas cada vez más violentas. En esta ocasión, turbas organizadas, principalmente compuestas por anarquistas y republicanos extremistas, quemaron más de cien iglesias y otros edificios religiosos en Madrid y otras ciudades (principalmente en el sur y el este), de manera que, después de la indiferencia gubernamental en la primera fase, fue preciso recurrir al ejército para que se restableciera el orden. Este proceso breve de solo dos días resumió, en sí mismo, lo que sería el proceso de la República en 1936: extremismo acompañado por la indiferencia gubernamental, pero acabando en una represión más violenta por parte del ejército.

En junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes basadas en la idea de que solo debían tener plenos derechos las fuerzas pro republicanas, al menos en la mayor parte del país. Desde la caída de la monarquía, los conservadores seguían en estado de shock y, en cualquier caso, no estaban lo suficientemente bien organizados como para haber ganado los comicios. Pese a todo, en algunas provincias se disuadió activamente a la oposición, compuesta por moderados y conservadores, de que hicieran campaña, lo que contribuyó a que la coalición gobernante obtuviera una amplia mayoría de escaños. Esto condujo a la redacción de una nueva Constitución que, muy influida por la germana de la República de Weimar, no constituía un reflejo amplio de la opinión pública española al rechazar el consenso y restringir algunos derechos de los católicos. Pero esta situación imposibilitaría un verdadero acuerdo nacional, porque el catolicismo seguía siendo la religión imperante y aún podía movilizar a más gente que cualquier corriente individual.

El anticlericalismo extremo era algo bastante habitual a comienzos del siglo XX en el suroeste de Europa y ciertas zonas de Hispanoamérica. La transición hacia los regímenes parlamentarios modernos, con la separación de Iglesia y Estado, venía desatando conflictos desde la Revolución francesa. La restricción drástica de las libertades religiosas y la persecución de la Iglesia produjeron grandes tensiones en países tan distintos como Francia, Portugal y México, llegando a provocar en este último una especie de segunda guerra civil entre 1926 y 1929. En lugar de aprender de estos conflictos, las izquierdas españolas estaban decididas a seguir su ejemplo.

Irónicamente, justo cuando el Vaticano y los líderes eclesiásticos estaban dispuestos por primera vez a aceptar una separación de cuño americano entre Iglesia y Estado, los partidos de izquierda rechazaron un borrador de la Constitución que, basándose en la necesidad de promover una absoluta libertad religiosa para todos los sectores, proponía precisamente ese ordenamiento. Los partidos de izquierda insistieron en aprobar normativas que restringían ciertas actividades católicas, sobre todo las de las órdenes religiosas, y en expulsar a los jesuitas (por tercera vez en la historia de España). Además, para obstaculizar la educación católica y convertir la enseñanza en un monopolio estatal, anunciaron la intención de prohibir la docencia de las órdenes. Esas políticas de 1931-1933 solo eran el principio: en junio de 1936 se habían erradicado los servicios religiosos en algunas zonas y en muchas partes del país se eliminaron las escuelas católicas.

Los principales líderes eran Manuel Azaña y los republicanos de izquierda, que tomaban como modelo la III República francesa, fundada en 1871. Sin embargo, sus tácticas eran bastante diferentes de las de sus antecedentes galos. La III República nació, de hecho, siendo un régimen contrarrevolucionario que reprimió con dureza a la Comuna de París, ya que sus dirigentes moderados comprendieron que solo podrían consolidar el nuevo régimen si este procedía de manera ordenada y respetando la ley. La República francesa había evolucionado con cuidado, paso a paso, y no procedió a implantar la separación entre Iglesia y Estado, ni a la consiguiente confiscación de los edificios eclesiásticos, la supresión de las órdenes religiosas y el cierre de las escuelas católicas hasta tres décadas después, cuando el régimen ya estaba totalmente consolidado.

Antes de llegar al poder, los líderes republicanos franceses ya eran políticos veteranos, mientras que en 1931 gran parte de los dirigentes y diputados españoles eran principiantes. Al comienzo, la República francesa la dirigieron moderados, en tanto que la española de 1931-1933 estuvo dominada por una coalición preponderantemente izquierdista y socialista. Liberados de la presión de la izquierda, al principio los líderes franceses evitaron caer en el anticlericalismo radical para centrarse en la educación y la «revolución de la conciencia», pero, en Madrid, la insistencia de los republicanos de izquierda en granjearse el apoyo de los socialistas y no llegar a un acuerdo con el centro moderado fomentó una posición más doctrinaria.

Con todo, la primera rebelión contra la nueva República no surgió de la derecha, sino del extremismo revolucionario de izquierdas, el del anarcosindicalismo de la CNT (cada vez más dominada por los revolucionarios de la FAI, Federación Anarquista Ibérica) y del diminuto Partido Comunista de España (PCE). Este seguía la estrategia de la Comintern (Internacional Comunista), que, siempre que fuera posible, aspiraba a fomentar la insurrección y la revolución, pero su tamaño era demasiado pequeño como para conseguir sus objetivos. Entre tanto, los militantes de la FAI-CNT vieron en los primeros días de la República una oportunidad para vengarse de sus enemigos. Durante las primeras semanas del nuevo régimen cometieron al menos veintitrés asesinatos políticos en Barcelona y, más tarde, promovieron tres levantamientos revolucionarios consecutivos en enero de 1932, enero de 1933 y diciembre de 1933. Para los anarquistas, esos estallidos se concebían como el principio de un levantamiento que esperaban —en vano— se extendería por todo el país contra el sistema capitalista. Una especie de guerra civil, pero que había de ser breve, por la imaginada amplitud de la insurrección. Esos levantamientos normalmente tuvieron lugar en media docena de provincias, pero, a pesar de un cierto número de actos terroristas y la muerte de varios centenares de personas, todos estuvieron mal organizados y nunca pusieron en peligro la estabilidad de la República[1].

En cambio, sectores muy minoritarios de extrema derecha (combinados con algún elemento más moderado) alentaron una sublevación militar débil que, dirigida por José Sanjurjo, uno de los generales más celebrados del país, estalló el 10 de agosto de 1932, sin apenas contar con apoyos dentro del ejército. La sublevación causó diez muertos[2]. Durante los tres primeros años de la República, sus enemigos violentos no tuvieron muchos apoyos. Ninguna de las cuatro sublevaciones —tres llevadas a cabo por la extrema izquierda revolucionaria y una por la derecha— amenazó realmente al nuevo régimen.

Con frecuencia, la República limitó los derechos ciudadanos e impuso una censura más profunda que la que había sido habitual durante la monarquía constitucional. La Ley de Defensa de la República le otorgó amplios poderes para suspender derechos y garantías constitucionales. En 1933, se modificó ligeramente con una nueva Ley de Orden Público, pero las leyes republicanas siguieron contemplando tres niveles distintos de suspensión de derechos y libertades: el «estado de alarma», el «estado de prevención» y el «estado de guerra», situaciones de excepción que se utilizaron con frecuencia, tanto contra la derecha moderada y extrema como contra la extrema izquierda, de manera que, en conjunto, la Segunda República vivió prácticamente el mismo número de días de suspensión total o parcial de las garantías constitucionales que en situación de normalidad. Igualmente, los republicanos, mientras mantenían en funcionamiento la Guardia Civil, un cuerpo policial de carácter paramilitar que cuidaba del orden público, también crearon un nuevo cuerpo, la Guardia de Asalto —basado en una fuerza formada en la República de Weimar—, que, armada con porras y pistolas en lugar de los fusiles Mauser del otro cuerpo, actuaría sobre todo en las ciudades. Sin embargo, su propio nombre, al incluir el término «asalto», daba idea de la tendencia general hacia la paramilitarización de la vida política europea y también de la actitud algo agresiva del nuevo régimen[3].

Durante 1932, el Gobierno aprobó reformas laborales favorables a los sindicatos socialistas, intentó transformar y reorganizar el ejército y concedió a Cataluña un estatuto de autonomía. Al año siguiente tomó medidas para abordar el arraigado problema agrario y la tenencia de la tierra en un país en que un quinto de la población total lo componían jornaleros sin tierra y sus familias. La situación política se polarizó aún más, aunque la legislación resultante fuera de alcance limitado.

El principal partido moderado de la clase media tenía un nombre decepcionante, Partido Radical, que ya no encajaba con su credo. Durante la República se fue desplazando con decisión hacia el centro tras haber alcanzado su objetivo principal: una república democrática. Al comienzo de 1932 abandonó la coalición gobernante, considerando improcedente que los socialistas continuaran en un Gobierno constitucionalmente basado en la propiedad privada, una situación que estos aceptaban solo de forma provisional. Entretanto, los principales sectores de las derechas comenzaron por fin a organizarse y su agrupación principal cristalizaría en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que a partir de ese momento sería el partido político más nutrido de España y, en proporción, la principal formación política católica del mundo, al menos en un país relativamente grande. La pequeña minoría de monárquicos que quedaba se aglutinó en un partido nuevo, Renovación Española, que pronto asumió un viraje hacia el monarquismo corporativista y autoritario.

Con el paso del tiempo se evidenciaron las diferencias entre los republicanos de izquierda y los socialistas, lo que puso fin a la coalición gobernante en septiembre de 1933 y se creó el marco para unas elecciones generales del mes de noviembre. Después de dos años y medio, la mayoría de los socialistas comenzaron a mostrarse enormemente desilusionados con el nuevo régimen, una república «burguesa» que no parecía conducir hacia el socialismo. Aunque la coalición acababa de redactar una ley electoral concebida para perpetuar el dominio de una izquierda unida, al otorgar una representación desproporcional a las grandes alianzas, los socialistas rechazaron bruscamente el mantenimiento de la coalición con sus antiguos aliados de la izquierda republicana, a los que ya tachaban de ser irremediablemente «burgueses».

Los comicios de 1933, en los que la CEDA se impuso, aunque sin alcanzar una mayoría absoluta de escaños, tuvieron resultados diametralmente opuestos a los de dos años antes. Para unas izquierdas desunidas, su propia ley electoral funcionó como un bumerán. El número de escaños socialistas se redujo, al tiempo que los republicanos de izquierda fueron prácticamente barridos del mapa. Los líderes de estos dos grupos reaccionaron exigiendo que el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, un católico de centro, anulara los resultados de las elecciones para permitirles cambiar su propia normativa general y así garantizar la victoria a una izquierda escarmentada y reunida. Durante un espacio de más de dos semanas, llevaron a cabo cuatro iniciativas diferentes para tratar de convencer al presidente. Las propuestas variaban: anulación directa; nombramiento de un Gobierno izquierdista antes de la convocatoria de las nuevas Cortes para disolverlas enseguida, o la utilización de la Diputación Permanente de las Cortes para formular una ley electoral nueva y crear un Gobierno que pudiera administrar otras elecciones bajo esta ley. No aducían que la votación de noviembre hubiera sido improcedente o carente de validez, sino que protestaban porque la victoria había sido para la derecha y el centro. Mientras la CEDA había aceptado provisionalmente una ley electoral redactada por sus adversarios y preparada con el solo fin de excluirla del poder, las izquierdas afirmaban que no se podía permitir que la oposición ganara los comicios, ni siquiera en unas elecciones democráticas y auténticas —las primeras en la historia de España—, porque la CEDA abogaba por introducir cambios fundamentales en el régimen republicano. Las izquierdas insistían en que la República no debía ser un régimen democrático igual para todos —un sistema con reglas fijas y resultados inciertos—, sino un sistema con reglas cambiantes —a su antojo— y resultados ciertos para mantenerse permanentemente en el poder[4].

Era una posición sin parangón en la historia reciente de los sistemas parlamentarios europeos. Los socialdemócratas alemanes, por ejemplo, habían puesto un gran empeño en defender la igualdad de derechos para todos durante la República de Weimar, y ni siquiera los «maximalistas» revolucionarios socialistas de la Italia convulsa de 1919-1922 habían llegado a proponer realmente la manipulación de los resultados electorales. Ante el avance del fascismo, su última gran medida había sido el sciopero legalitario («huelga legalista») de mediados de 1922, que se había limitado a solicitar la recuperación del orden público y del sistema democrático.

¿De dónde procedía esa concepción «patrimonial», como ha sido llamada, que tenían las izquierdas españolas de un régimen exclusivamente dedicado a defender sus presupuestos? Es difícil saberlo. Tal vez un antropólogo social se referiría al «personalismo» español. Pero lo cierto es que solo diez años antes, en 1923, gran parte de las izquierdas había exigido una democratización electoral como petición principal. Cuando la tuvieron, rechazaron sus resultados en el primer momento en que vieron que dicha democratización no garantizaba su preponderancia.

Los primeros izquierdistas españoles, los liberales de 1810, habían sido en su mayoría realistas, coherentes y moderados. Aunque en ese momento España carecía de la sociedad civil necesaria para mantener un régimen parlamentario moderno, durante la generación siguiente se redactó la Constitución de 1812, un hito del liberalismo europeo, desde Portugal hasta Rusia, pasando por Hispanoamérica. El germen de la izquierda intransigente o extrema se encuentra en los «exaltados» de 1821-1823, dispuestos a imponer sus valores por las buenas o por las malas. Durante gran parte del siglo XIX esto dio lugar a una larga serie de pronunciamientos —en favor o en contra, pero, por lo general, por parte de los liberales— y disturbios urbanos. El lento ascenso de los movimientos revolucionarios obreros (anarcosindicalistas y marxistas) acentuó ese extremismo. Se fue desarrollando una actitud que sostenía que cualquier oposición que encontraran las izquierdas sería reaccionaria y, por tanto, ilegítima, una postura que tendría correlatos muy escasos en cualquier otra parte de Occidente. Su equivalente principal solo se encontraría en Rusia.

En noviembre y diciembre de 1933, el presidente Alcalá-Zamora rechazó en cuatro ocasiones estas demandas de los republicanos de izquierda y los socialistas, que pretendían anular los resultados de unas elecciones limpias cambiando las normas a posteriori. No obstante, el hecho de que la mayoría de los fundadores de la República rechazara la democracia electoral en cuanto perdió unas elecciones hacía pensar que las perspectivas de esa democracia eran, en el mejor de los casos, inciertas. En ese momento, y a menos que las izquierdas cambiaran de enfoque, la situación dependería aún más del centro, y, hasta cierto punto, de la derecha moderada. Sin embargo, aunque la derecha moderada de la CEDA —al contrario de algunos sectores de las izquierdas— sí acatara la ley, su objetivo final no era mantener una República democrática de izquierdas, sino transformarla en otro régimen, más conservador y corporativo. No parecía probable que los demócratas liberales de centro, encabezados por el Partido Radical de Alejandro Lerroux, con poco más del 20 % de los votos, pudieran sostener por sí solos un régimen democrático. Sin embargo, durante nueve meses España fue gobernada por coaliciones moderadas, dirigidas por Lerroux y luego por otro líder radical, Ricardo Samper, en Gobiernos minoritarios mantenidos en el poder gracias al apoyo parlamentario de la CEDA.

Bastantes sistemas políticos contemporáneos habían surgido en medio de la incertidumbre, así que el fracaso de la República no era algo predeterminado. Podrían haberse producido varias evoluciones positivas: el centro podría haber ampliado su base o fortalecerse; la derecha moderada podría no haberse limitado meramente a acatar la ley, pasando a apoyar directamente la democracia; o las izquierdas moderadas —incluso los socialistas— podrían haberse tornado más mesuradas y democráticas, aceptando la igualdad de derechos para todos. Por desgracia, nada de esto ocurrió: el centro no tardó en perder base y se debilitó; la derecha moderada no se desplazó con decisión hacia el centro, y las izquierdas no hacían más que radicalizarse y volverse cada vez más excluyentes, insistiendo denodadamente en el carácter izquierdista de la República, mientras gran parte de los socialistas comenzaban a decantarse por la revolución violenta.

2

LA INSURRECCIÓN REVOLUCIONARIA DE 1934

Y LOS GOBIERNOS DE CENTRO-DERECHA

La radicalización del socialismo español durante 1933 y 1934 ha desconcertado a muchos, tanto comentaristas coetáneos como historiadores. Parecía ir en contra de la tendencia imperante en los demás partidos socialistas o socialdemócratas de Europa occidental, que se habían ido volviendo más moderados y pragmáticos y buscaban soluciones más prácticas que revolucionarias. ¿Por qué los socialistas españoles eran distintos?

Los motivos de la radicalización eran viscerales. Los primeros indicios de que la coalición de izquierdas originaria estaba perdiendo fuelle se apreciaron durante el verano de 1933. Después de su derrumbe vino la derrota electoral. Mientras tanto, la gran expansión de su movimiento y la participación en una coalición de Gobierno entre 1931 y 1933 los acercaron por primera vez a un poder que, de una u otra manera, tenían intención de recuperar. Si no podía ser por la democracia, entonces sería por la revolución.

El programa de los socialistas se basaba en una concepción de la sociedad española que hacía hincapié en la corrupción y la debilidad de una burguesía avariciosa que tenía ante sí a una mayoría de trabajadores pobres y explotados. Sin embargo, la realidad era más compleja. En esa época —1933-1934— se llegó al fondo de la depresión económica, pero en una economía como la española, no del todo abierta al comercio internacional, los efectos fueron, en proporción, menos graves que en otros estados. El desempleo urbano registrado nunca alcanzó el 9 %, siendo muy inferior al de otros muchos países, aunque es cierto que había mucho subempleo y que el paro rural era muy elevado. En comparación con la productividad de la economía española, los militantes de los sindicatos gremiales socialistas ganaban sueldos dignos. La peor situación era la de los jornaleros sin tierra del sur, pero sus penurias eran estructurales y solo podía superarlas el desarrollo económico y no la redistribución de la pobreza, puesto que en propiedades tan pequeñas y sin recursos era muy difícil lograr la prosperidad.

Por otra parte, los socialistas adolecían de un análisis deficiente de las clases medias, que constituían un estrato más amplio de lo que ellos creían. Si se tenía en cuenta a todos los pequeños agricultores propietarios de explotaciones familiares, el número de obreros resultante en el conjunto de la sociedad española era menor que el que calculaban los socialistas, y, por tanto, más problemático el resultado de una confrontación violenta.

Se decía que la CEDA representaba al «fascismo», porque su grupo juvenil, las Juventudes de Acción Popular (JAP), llevaba camisas especiales como uniforme y de vez en cuando convocaba grandes mítines. El argumento era muy débil, porque esto no representaba un «estilo fascista», sino el estilo común de casi todos los movimientos de izquierdas y de derechas de la época. En Alemania, el uniforme de los comunistas era más militarizado que el de los nacionalsocialistas, e incluso las juventudes del muy democrático Partido Socialdemócrata alemán llevaban uniformes. Lo hacían igualmente las Juventudes Socialistas españolas, y estas no rechazaron la violencia como sí hicieron las JAP.

Se observó un giro hacia la violencia durante la campaña electoral de 1933, cuando los socialistas fueron responsables de una parte considerable de ciertos incidentes que produjeron veintiocho muertos[5]. En su punto de mira estaban sobre todo los militantes de la nueva organización fascista Falange Española y los de la CEDA. Pero no todos los líderes socialistas eran partidarios de las tácticas violentas. Entre ellos, el principal estudioso del marxismo, el profesor de filosofía Julián Besteiro (presidente del Comité Ejecutivo de la UGT), se opuso abiertamente a la violencia revolucionaria. Besteiro advirtió de que España no era Rusia; que, en realidad, una revolución armada en España tendría que ejercer una violencia tal vez mayor que la utilizada por los bolcheviques en la Rusia absolutamente fragmentada de 1917, y que, probablemente, fracasaría. También advirtió de que la «dictadura del proletariado» a la que aspiraban los revolucionarios era un concepto superado en el mundo democrático occidental.

No obstante, en enero de 1934, Largo Caballero, ya por entonces líder de los revolucionarios, sustituyó a Besteiro al frente de la UGT, que, junto a las Juventudes Socialistas, sería a partir de ese momento baluarte del radicalismo socialista. El nuevo Comité Revolucionario socialista preparó un programa que abogaba por la nacionalización de la tierra, la disolución de todas las órdenes religiosas y también las del ejército y la Guardia Civil. También estipulaba que un Parlamento elegido democráticamente ratificara esos cambios, una vez que los revolucionarios hubieran tomado el poder. Así se ponía de relieve el carácter ilusorio y contradictorio de la práctica socialista, ya que no era realista esperar que unas Cortes democráticamente elegidas ratificaran una toma violenta del poder por parte de los socialistas. El resultado habría sido igual al de las elecciones a una Asamblea Constituyente en Rusia en 1917-1918, enfrentando a los revolucionarios con el mismo dilema: o renunciar al poder o suprimir la democracia por la fuerza.

Según las instrucciones del Comité, la insurrección debía tener «todos los caracteres de una guerra civil», y su triunfo descansaría «en la extensión que alcance y en la violencia con que se produzca»[6]. Un mapa de Madrid que indicaba puntos neurálgicos iba acompañado de listas de personas a las que habría que detener. El Comité Revolucionario tenía pensado recurrir a miles de milicianos voluntarios y, con la complicidad de parte de la Policía, algunos de los insurrectos llevarían uniformes de la Guardia Civil. Seguirían planes contemplados en un manual que, escrito por el mariscal Mijaíl Tujachevski y otros oficiales del Ejército Rojo en 1928, se había publicado con el seudónimo de «A. Neuburg» y con el título de La insurrección armada, con el fin de dar directrices en el extranjero a las rebeliones auspiciadas por la Comintern (aunque en España, al comienzo, los comunistas no participaban en la conspiración socialista).

Sorprende la ligereza con que los socialistas —y antes los anarquistas— contemplaban la posibilidad de guerra civil en la España democrática de la Segunda República. En la última parte del siglo XIX, tras las guerras civiles con los carlistas y otras convulsiones, en España se veía el peligro de guerra civil con gran repulsión, como la característica de una época siniestra ya felizmente superada. Pero, lentamente, el lenguaje político empezaba a cambiar, y de forma muy notable entre algunos intelectuales y políticos en la primera parte del siglo XX. Así, figuras tan diferentes como Benito Pérez Galdós, Francesc Cambó, Pío Baroja o Miguel de Unamuno se referían a la guerra civil en términos algo más positivos, aunque, por lo general, metafóricos. Por ejemplo, Unamuno se excedía en el empleo positivo, aunque simbólico, del concepto. De los liberales, ese lenguaje pasó a las izquierdas y a los fascistas, aunque estos últimos lo utilizaban en un sentido más serio y literal, porque pensaban que podían ganar[7].

El levantamiento de los socialistas españoles de 1934 fue la acción insurreccional mejor organizada y la que contó con mejor armamento de todas las registradas en Europa occidental y central durante el período de entreguerras. En contra de lo que señalarían con posterioridad sus defensores, esto no se debió a una reacción defensiva a la desesperada y en el último momento (como la de los socialistas austriacos en febrero de 1934, después de que se pusiera fin al régimen parlamentario en su país), sino a una agresión cuidadosamente planificada que retóricamente llevaba gestándose más de un año y tácticamente nueve meses. Como ha escrito Santos Juliá, el mejor y más objetivo de los historiadores socialistas sobre estos sucesos, «lo que tenían en mente los socialistas no era, como lo definirá después Luis Araquistáin para los lectores de Foreign Affairs, una “revolución preventiva”, sino un proyecto de responder a una supuesta provocación con el propósito de conquistar todo el poder para el partido y el sindicato socialista, que actuarían de consuno en el empeño»[8]. Gabriele Ranzato observa: «[…] Los socialistas se iban preparando para la revolución con independencia de la marcha de Gil-Robles hacia el poder, y por cierto no era indispensable para impedir a este ejecutar sus planes, dar vida a la comuna asturiana, matar a curas y burgueses, o arrestar al presidente de la República, según estaba previsto en los planes de los revolucionarios»[9]. Ninguna de las acciones insurreccionales ocurridas en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ni siquiera las organizadas por los comunistas, puso de manifiesto un grado de preparación equivalente. Cuando El Socialista proclamó el 25 de septiembre de 1934 que «renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una utopía. Bendita sea la guerra», hablaba totalmente en serio.

Mientras tanto, entre abril y junio de 1934 Manuel Azaña y otros líderes republicanos de izquierda realizaron una serie de maniobras que insistían en el carácter hiperlegítimo de un Gobierno izquierdista. Por una parte, a pesar de la falta de apoyos parlamentarios, intentaban alentar u obligar al presidente Alcalá-Zamora a nombrar un Ejecutivo de coalición minoritario compuesto por la izquierda moderada, cuyo propósito sería convocar nuevas elecciones a la mayor brevedad posible. Si Alcalá-Zamora no cedía, la alternativa era presionarle con una especie de pronunciamiento civil o una toma del poder pacífica. Parece que lo que Azaña tenía en mente a finales de junio era una entente entre los republicanos de izquierda, la Esquerra catalana y los socialistas. Así se podría haber instaurado un Gobierno alternativo en Barcelona, que, con el apoyo de una huelga general socialista, habría desatado una crisis de magnitud suficiente como para convencer al presidente de la República de que ese Gobierno debía asumir el poder. El proceso no habría sido del todo pacífico, porque una huelga general hubiera implicado inevitablemente cierta violencia, si bien no habría sido una insurrección. Azaña se dejó llevar por su propia retórica. El 1 de julio proclamó con grandilocuencia que «Cataluña es el único poder republicano que queda en pie en la península», una sentencia absurda y ajena a la realidad. Y añadió otra ridícula afirmación: que la situación del momento era igual a la registrada antes del derrumbe de la monarquía. Pero aún fue más allá, ya que, invocando el levantamiento militar violento de diciembre de 1930, señaló que «unas gotas de sangre generosa regaron el suelo de la República y la República fructificó. Antes que la República convertida en sayones del fascismo o del monarquismo, […] preferimos cualquier catástrofe, aunque nos toque perder»[10]. (Nada tenía que ver esta melodía con la que entonaría años después, una vez en marcha la «catástrofe» invocada por esta retórica). Pero en 1934 los designios de Azaña se revelaron inviables, porque los socialistas, con la vista puesta en la revolución, rechazaron la colaboración con la «burguesía», aunque fuera con los republicanos de izquierda.

Alcalá-Zamora se negó a permitir que la izquierda constituyera un Gobierno extraparlamentario. Pensaba continuar con la fórmula del Ejecutivo centrista en minoría, dirigido por los radicales, negando para siempre a la CEDA cualquier oportunidad de participar en el mismo. Sin embargo, José María Gil-Robles, jefe de la coalición derechista, anunció antes de la apertura de las Cortes, el 1 de octubre, que su partido exigiría varias carteras en una coalición de Gobierno con apoyo parlamentario mayoritario, lo que otorgaría a la República su primer Ejecutivo normal (y mayoritario) en un año. Alcalá-Zamora solo podría haberse opuesto a esta exigencia convocando nuevas elecciones, algo que, según comprendió, estaba absolutamente injustificado. Así, tres ministros cedistas, todos ellos de los sectores más moderados del partido, entraron en un Gobierno centro-derechista dominado todavía por Alejandro Lerroux y los radicales.

Este paso, absolutamente normal en una democracia parlamentaria, fue utilizado por los socialistas para justificar el levantamiento revolucionario planeado por ellos mismos durante nueve meses. La insurrección se inició el 4 de octubre en nombre de la Alianza Obrera (una nueva formación revolucionaria constituida junto a otros grupos obreros menores) y de Esquerra Catalana. La izquierda aducía que tanto Hitler como Mussolini habían tomado el poder legalmente, amparándose en una minoría de escaños para entrar en un Gobierno de coalición, analogía esta que giraba en torno a la estigmatización de la CEDA, a la que se tachaba de «fascista», aunque esta nueva formación católica, pese a algunos ocasionales excesos retóricos de sus líderes, siempre había respetado la legalidad. A diferencia de los socialistas y otros grupos obreros de izquierda, la CEDA se había abstenido de recurrir a la violencia y a la acción directa, a pesar de que algunos de sus afiliados habían sido asesinados por aquellos. Como señaló irónicamente el veterano socialista Julián Besteiro, en ese momento el Partido Socialista Obrero Español tenía más rasgos propios de una organización fascista que la CEDA.

Sin embargo, este argumento «defensivo» tenía importancia para los revolucionarios, que buscaban una capa de legitimidad para justificar sus actos violentos. Como el jefe bolchevique León Trotski escribió con franqueza en su Historia de la Revolución rusa, «al bando atacante le interesa casi siempre aparecer a la defensiva. Al partido revolucionario le interesa la cobertura legal»[11]. En consecuencia, en la Rusia de 1917, los bolcheviques presentaron su golpe de Estado como una medida defensiva frente a una inminente acción contrarrevolucionaria —exactamente como los socialistas españoles diecisiete años más tarde—, enmascarándolo detrás del supuesto objetivo de entregar el poder a los sóviets populares y de garantizar la celebración de nuevas elecciones democráticas.

Aunque el levantamiento, acompañado por una frustrada revuelta del recién creado Gobierno autónomo catalán, estalló en quince de las cincuenta provincias españolas, solo triunfó en una, Asturias, donde los revolucionarios ocuparon toda la cuenca minera y gran parte de Oviedo. Se tuvieron que enviar destacamentos militares desde el Protectorado marroquí y se registraron combates durante dos semanas hasta que la revuelta fue finalmente sofocada. En la mayor parte de España no hubo apoyo popular. Los revolucionarios cometieron numerosas atrocidades, llegando a asesinar a aproximadamente cincuenta civiles y eclesiásticos, llevando a cabo generalizados actos de destrucción e incendios provocados, y haciéndose con un botín de, al menos, quince millones de pesetas, dinero que nunca se recuperó en su totalidad. Para acabar con la insurrección, el ejército realizó ejecuciones sumarias en la primera fase, tal vez un centenar. En total, hubo casi mil cuatrocientos muertos, la mayoría revolucionarios[12]. Aproximadamente quince mil personas fueron detenidas y, durante las semanas posteriores al levantamiento, se maltrató a varios prisioneros, aunque sin llegar a los niveles masivos señalados posteriormente por la propaganda izquierdista.

Los levantamientos contra los regímenes parlamentarios no carecían de precedentes en la Europa de entreguerras. Después de los bolcheviques, los socialistas de Finlandia lanzaron una insurrección revolucionaria en enero de 1918, precipitando una guerra civil en su país. En Alemania hubo por lo menos cinco confusas intentonas insurreccionales entre 1919 y 1923; por otra parte, varios levantamientos nacionalistas de tendencia derechista se habían hecho con el poder en Bulgaria en 1923, y en Polonia y Portugal en 1926. Con todo, desde el punto de vista de la intensidad relativa de la violencia, aparte de Rusia solo la guerra civil finlandesa había estado al mismo nivel o había superado a la insurrección revolucionaria española de 1934.

El levantamiento tuvo profundas repercusiones. A partir de ese momento se agudizó la polarización y algunos historiadores han calificado la insurrección de «primera batalla» de la guerra civil posterior. No obstante, la República democrática se quedó intacta, la Constitución mantenía toda su vigencia y todavía habría sido posible superar, o por lo menos mitigar, la creciente polarización.

Casi todos los sistemas políticos instaurados en Europa después de 1918 fueron de carácter multipartidista, con opciones políticas potencialmente antagónicas, pero la breve historia de la Segunda República destacó por los tres sucesivos y drásticos giros gubernamentales, sufridos en menos de cinco años, que eliminaron la continuidad y favorecieron la radicalización. Con todo, aún más singular fue la ausencia de una fuerza hegemónica coherente como las que, para bien o para mal, solventaron las crisis en otros países. La República fue incapaz de producir una coalición mayoritaria viable, o un movimiento nacionalista dominante, o un gran partido hegemónico, o incluso un Gobierno autoritario temporal capaz de imponer su voluntad.

Durante casi un año, entre octubre de 1934 y septiembre de 1935, España estuvo gobernada por una coalición radical-cedista. Mientras el primer bienio de 1931-1933 había sido el tiempo del reformismo progresista y, en ocasiones, extremista, la segunda fase, la de 1933-1934, dirigida por los radicales, se caracterizó por una administración equilibrada de carácter centrista. El Gobierno que Lerroux presidió durante la tercera fase, entre 1934 y 1935, fue una coalición de centro-derecha que avanzó hacia posiciones más conservadoras, revisando algunas de las reformas anteriores. En cierto sentido, esto era normal en un régimen político representativo en el que resultados electorales distintos podían conducir a la aplicación de diferentes políticas, pero, según la izquierda, el proceso había conducido al inicio del «fascismo».

Al margen de los notables cambios de política, el gran drama del momento fue una escabrosa propaganda centrada en la represión. En España abundaban por doquier los relatos de atrocidades: las derechas relataban con múltiples retoques la brutalidad de los revolucionarios en Asturias, mientras las izquierdas (con la participación de la Comintern y de otros partidos de izquierda europeos) lanzaban una gigantesca campaña de propaganda, exagerando el alcance y la brutalidad de la represión del levantamiento[13]. Para ambos bandos, el contexto internacional era importante. Para las derechas, lo ocurrido en España conjugaba a Lenin, Stalin y al régimen comunista húngaro de Béla Kun; para las izquierdas, no era más que el avance del fascismo. En general, las izquierdas —con el apoyo de sus colegas de otros países que estaban encantados de ver refrendados sus prejuicios con la revitalización de la imagen de la «España inquisitorial»— fueron las que sacaron más partido de este combate propagandístico.

Los datos preferidos de la izquierda, que aún citan algunos libros de historia del siglo XXI, duplicaban el número de revolucionarios detenidos al incluir en el cómputo de «prisioneros políticos» a toda la población carcelaria del país, que era de más de treinta mil reclusos (más de la mitad, delincuentes comunes), aunque fuera difícil considerar prisioneros de conciencia a los detenidos por ser autores o cómplices de crímenes violentos. Las afirmaciones de ambos bandos tenían parte de verdad, aunque ambas exageraban. Del mismo modo que los revolucionarios habían cometido asesinatos, el ejército también había llevado a cabo ejecuciones sumarias. Durante las primeras semanas posteriores al restablecimiento del orden, algunos prisioneros fueron tratados con brutalidad y golpeados.

En general, el aspecto más notable de la represión llevada a cabo en 1934-1935 fue su carácter relativamente indulgente, muy acorde con el clima sociopolítico de la España liberal de la primera parte del siglo XX. En todo momento, el presidente Alcalá-Zamora casi excedió los límites de su competencia legal para moderar la represión, frecuentemente con el apoyo de Lerroux y los radicales. Cientos de revolucionarios fueron sometidos a consejos de guerra, pero solo dos fueron ejecutados, y estaba claro que uno de ellos era culpable de múltiples asesinatos, mientras que el otro era un soldado amotinado. En 1935 puede que ambos hubieran sido ejecutados en la mayoría de los países democráticos. Además, el insurreccional PSOE no fue ilegalizado, algunas de sus sedes siguieron abiertas y la gran mayoría de sus afiliados nunca fueron detenidos. Pasadas las primeras semanas, los más importantes prisioneros accedieron a privilegios especiales, muy acordes con las prácticas carcelarias de la época. Se permitió que los visitara una comisión de investigación internacional y en poco más de un año los mismos revolucionarios pudieron participar de nuevo en unas elecciones democráticas que les ofrecieron la oportunidad de acceder legalmente al poder que acababan de intentar tomar por la fuerza. Todo esto no puede calificarse de dura represión y, desde luego, no es la represión que describe la propaganda izquierdista.

En realidad, lo que no tenía precedentes históricos era una represión tan leve, de manera que la llevada cabo por la República no podía compararse, ni por asomo, con las prácticas mucho más brutales que, en circunstancias similares, habían usado otros países, incluso los democráticos. En 1871 la recién estrenada III República francesa había ahogado en sangre la Comuna de París. En proporción, la represión zarista de la primera revolución rusa y del masivo estallido terrorista de 1904-1907 resultó más moderada que la francesa, aunque sí fue muy severa y produjo más de cinco mil ejecuciones. En la República alemana de Weimar, las unidades del ejército y de la Policía, además de los Freikorps, que reprimieron los motines, las grandes huelgas y las insurrecciones de 1919-1923, también habían actuado con mucha más dureza que la República española y ejecutaron a centenares de obreros y revolucionaros. En Finlandia, un país ya muy democrático, la represión acometida en 1918, después de una auténtica guerra civil, fue mucho más generalizada, y lo mismo podría decirse de la diminuta Estonia de 1924, donde, después de un fallido golpe de Estado comunista, se produjeron aproximadamente doscientas ejecuciones.

En España, la República no suspendió el orden democrático y el principal partido de derechas siguió respetando la Constitución, mientras el apoyo al fascismo, prácticamente inexistente, no se incrementó. Después de las primeras semanas de estado de guerra, no tardaron en restaurarse muchos derechos y libertades, antes de su plena recuperación a comienzos de 1936. Además, se llevó a cabo una investigación oficial de algunos de los alegatos de maltratos, sin encontrar evidencia de mala conducta por parte de la Policía. La única concesión alternativa imaginable habría sido la aprobación de una rápida amnistía para los acusados de delitos leves, pero es dudoso que una política aún más blanda hubiera logrado aplacar a las izquierdas. De hecho, se trató de una represión débil e inconsistente. Inicialmente, fue rigurosa en la cuenca minera, pero, a la larga, no castigó a los culpables con severidad. Tanta indulgencia no benefició a la democracia liberal y puede que precipitara su final, envalentonando a los revolucionarios.

Si el argumento de estos hubiera sido válido, su propia actuación habría abierto la vía al «fascismo», debilitando a las izquierdas y fortaleciendo a las derechas. Si ese era el caso, el fallido levantamiento no hizo más que aumentar el peligro, porque durante la mayor parte de 1935 el centro y la derecha gozaron de más poder que nunca. Que los líderes socialistas no se creían su propia propaganda lo demuestra el hecho de que, antes del levantamiento, acordaran que ninguno vinculara su nombre a las proclamas revolucionarias para poder así negar su responsabilidad en las mismas en caso de que la intentona fracasara. Es decir, aunque la insurrección no triunfara y acabara dando más poder a las derechas, el verdadero cálculo de los líderes socialistas era que no habría «fascismo», como alegaban públicamente, sino que el Estado de derecho sobreviviría, permitiéndoles a la larga evitar los tribunales. Y, en realidad, eso es exactamente lo que pasó.

En 1935, la CEDA, lógicamente —como el partido de mayor representación parlamentaria—, pediría más escaños en el Gobierno. A comienzos de abril, Alcalá-Zamora consiguió evitarlo temporalmente, nombrando un minoritario Gobierno de gestión de centro bajo el mando de Lerroux, mientras habían concluido las sesiones de Cortes. Su duración terminaría a primeros de mayo, y entonces ya no habría alternativa para crear un nuevo Gobierno de centro-derecha bajo Lerroux con cinco carteras para la CEDA —y más importantes— y el líder cedista Gil-Robles como ministro de Guerra.

Los propagandistas de izquierdas no tardaron en bautizar los dos años de estabilidad republicana de 1934-1935 con la etiqueta de «bienio negro», denominación que aún aparece en algunos libros de historia académicos. En realidad, los primeros Gobiernos dirigidos por los radicales en 1934 habían logrado la administración más imparcial de toda la época republicana. No anularon ninguna de las reformas de las izquierdas del primer bienio, aunque sí dejaron de gestionarlas exclusivamente en beneficio de las izquierdas.

Los Gobiernos de centro-derecha de 1935 fueron más claramente conservadores. Cambiaron la reforma agraria por una segunda ley de reforma, en cierto sentido más restringida, aunque también más elástica, ya que incluyó una regulación nueva que podría facilitar la confiscación de tierras con muchísima mayor facilidad, simplemente con la mera declaración unilateral de ser de «utilidad social». Sería esta ley de reforma de la reforma agraria la utilizada por el nuevo Gobierno de izquierdas en 1936 para confiscar una gran cantidad de tierra nueva. Los tribunales de trabajo, antes de 1934 sesgados a favor de la UGT, se orientaron de otro modo. Los sueldos agrarios —antes anormalmente inflados— descendieron a un nivel más acorde con el mercado y la productividad. En algunas partes del sur, los terratenientes consiguieron imponer condiciones más duras, lo que creó una situación que se agravó por la sequía notable de ese año.

El aspecto más conservador de los nuevos Gobiernos de 1935 fue la política seguida por Gil-Robles en el Ministerio de Guerra. Aunque respetó la mayoría de los cambios estructurales realizados por Azaña en 1931-1932, impuso una dirección más conservadora en el ejército, nombrando al general Francisco Franco jefe del Estado Mayor en mayo de 1935. Los cambios efectuados por Gil-Robles y Franco alteraron en gran medida el nombramiento de los jefes y comandantes más importantes, colocando a oficiales más derechistas, y reformando la organización de combate para lograr una mayor eficiencia militar y una mayor preparación para reprimir los estallidos revolucionarios. Quisieron también mejorar la calidad de sus armas, pero para eso no había ni tiempo ni mucho dinero.

El paro seguía siendo un problema grave, empeorado por la expansión sin precedentes del número de obreros en el país. La depresión tuvo como consecuencia la vuelta a España de muchísimos obreros emigrados después de 1930, y esto, añadido al crecimiento demográfico rápido y sin precedentes, dio lugar a un incremento del número total de obreros del 36 % durante los cincos años de la República, aún más que durante otra época de gran expansión entre 1926 y 1931, llegando a la inaudita cifra de 530.000 obreros. Durante estos años, la sociedad contaba con la mayor cantidad de varones jóvenes de su historia, y esto no solo implicó una mayor demanda de empleo, sino que, además, proporcionó las condiciones más favorables para la radicalización política.

El nuevo ministro de Trabajo, Federico Salmón, de la CEDA, siguió una política más conciliadora y bastante menos hostil que la versión propiciada por la propaganda izquierdista. Por ejemplo, mantuvo en sus puestos a los seis jefes de servicios técnicos del ministerio, todos ellos socialistas, a pesar de que su partido acababa de lanzar una insurrección revolucionaria sangrienta. Salmón promulgó un decreto estipulando que todas las cláusulas de los contratos vigentes antes de la insurrección debían ser cumplidas. Tal esfuerzo de conciliación ante un movimiento revolucionario violento escasamente tenía equivalentes en la Europa de la época, pero la España republicana —aun con la CEDA— era un país muy liberal.

Naturalmente, estas medidas no incluyeron los casos de los miles de obreros despedidos legalmente por su participación en actos violentos, en algunos casos terroristas, pero Salmón trabajó también para que muchos fueran readmitidos en sus empleos. En cambio, era frecuente que los delegados ugetistas que permanecían en sus puestos —y había muchos en la tolerante España republicana—no cooperaran, siguiendo el lema leninista de «cuanto peor, mejor», para mantener la máxima tensión con el Gobierno de centro-derecha y reforzar la línea propagandística de «régimen fascista».

Aunque el Gobierno buscó reequilibrar los gastos públicos, se incrementaron algunas secciones del presupuesto implementando un plan modesto de obras públicas y un programa para estimular el empleo, y al final de su vida legisló para impulsar una reforma fiscal que permitiera fomentar la construcción y, así, disminuir uno de los mayores sectores en paro del momento. El presupuesto de educación también se aumentó, pasando del, aproximadamente, 6 % del total al 7 % en 1934, y luego al 6,6 % en 1935. Además, puesto que los Gobiernos de centro y centro-derecha no implementaron la legislación anterior para cerrar la mayor parte de las escuelas católicas, bajo sus administraciones la población estudiantil alcanzó las cifras más altas de la historia, por encima de las de junio de 1936, tras el cierre de muchas escuelas católicas. En el sector de la educación, el bienio conservador fue todo lo contrario a «negro».

Por lo general, las políticas económicas del Gobierno Lerroux-Gil-Robles fueron más bien positivas, sobre todo si se tiene en cuenta la inestabilidad de gobierno impuesta por el presidente Alcalá-Zamora tanto durante ese año como en el año anterior. La Bolsa respondió con una subida en 1935, mientras la confianza en la economía crecía, tendencia que, naturalmente, se invirtió en 1936 con la victoria del Frente Popular. En 1935, la economía española empezó a recuperarse de la depresión con un aumento de la producción en varios sectores y en el comercio internacional. La mayoría de los sueldos bajaron poco. Había menos muertes por inanición que en 1933, y la mortalidad comparativa había descendido. No obstante, en esta situación esencialmente positiva, las izquierdas no veían más allá de la pérdida de poder por parte de los sindicatos socialistas —lo que, en realidad, en sí mismo era positivo— con sueldos más bajos y peores condiciones de trabajo en algunos sectores de la agricultura, y una subida del paro, muy típico en la primera fase de cualquier recuperación económica. En definitiva, lo más «negro» del segundo bienio fue la insurrección revolucionaria, y no la administración del Gobierno de centro-derecha.

Una característica fundamental de todos los Gobiernos republicanos, de izquierda o de derecha, era su insistencia en el equilibrio presupuestario y su gran aversión a los déficits. Esto solamente cambió con la vuelta al poder de Azaña, que impuso una política mucho más radical que la del primer bienio. El ministro de finanzas en el Gobierno Lerroux-Gil-Robles, Joaquín Chapaprieta, una especie de tecnócrata, hombre de negocios y diputado independiente de centro, impuso un programa rígido. El presupuesto de educación, aumentado por los radicales, se redujo un poco y algo más el de la reforma agraria, mientras los de Guerra y Gobernación, carteras relacionadas con la política de seguridad, se incrementaron levemente. Sin embargo, con Gil-Robles el presupuesto militar fue inferior al del Gobierno de Azaña en 1933.

En 1935, la CEDA, por lo general, mostró paciencia y moderación en su estrategia y, a diferencia de las izquierdas, evitó la violencia. Aunque en ocasiones Gil-Robles y otros líderes habían pronunciado discursos algo autoritarios y virulentos en la campaña anterior, esta no fue su estrategia posterior; o sea, que la postura de los cedistas iba al revés de lo típico en un supuesto partido radical pero «disfrazado» (algunas palabras habían sido más extremas en las elecciones que sus actos una vez en el Gobierno). En general, lo que la CEDA defendía era una República democrática decisivamente reformada o un régimen alternativo de carácter corporativo, no liberal democrático, que seguiría la doctrina oficial de la Iglesia. A pesar de su insistencia en respetar la legalidad constitucional y rechazar la violencia política, la ambigüedad de la CEDA en algunas cuestiones no hizo más que acentuar la polarización. En su configuración, solo había una minoría auténticamente cristiano-demócrata, como los que habían ayudado a estabilizar regímenes democráticos en Bélgica, Holanda, Checoslovaquia, Suiza y, durante un tiempo, en Austria y Alemania. Su movimiento juvenil, las Juventudes de Acción Popular (JAP), adoptó una retórica más extremista, aunque no participaban en los actos de violencia de las izquierdas o de la Falange. Años después, Gil-Robles admitiría, arrepentido, que había sido un gran error no haber aceptado oficialmente la Constitución republicana, aunque hubieran sido enmendados los artículos que discriminaban a los católicos. Sin este paso, la ambigüedad y la polarización no eran superables, aunque también quedaban las diferencias fundamentales en cuanto al orden social y económico.

Los cambios constitucionales específicos propuestos por la CEDA tenían que ver con la sustitución del conflictivo artículo 26 para asegurar la completa libertad religiosa, el reforzamiento del poder ejecutivo con respecto al legislativo y al del jefe del Estado, la reforma del artículo 44 para asegurar la propiedad privada y el restablecimiento de un Senado. Ninguna de estas reformas habría alterado esencialmente la naturaleza del régimen, pero era más práctico demorar su consideración hasta el último año de la legislatura existente, porque su aprobación implicaría automáticamente la convocatoria de nuevas elecciones. Además, cinco años después de la instauración de la Constitución (o sea, al final de 1936), no sería necesario más que una simple mayoría de votos parlamentarios para la aprobación.

El Gobierno de centro-derecha se vino abajo abruptamente a finales de septiembre de 1935 como consecuencia del escándalo, en todo caso trivial, del «Estraperlo». Un aventurero de currículum siniestro, David Strauss, de nacionalidad (en esos momentos) holandesa, había intentado abrir en España casinos de juego en los que su mayor atracción sería un nuevo tipo de ruleta denominada Straperlo. Aunque en esa época los casinos de juego eran ilegales en el país, Strauss alegaba que el mecanismo de su invento no dependía del azar, y que el resultado de cada jugada podían calcularlo los jugadores más adiestrados. En realidad, se trataba de una estafa total, pero lo importante es que en 1934 Strauss había tratado de sobornar a varios políticos radicales para conseguir su apoyo. Sin embargo, la investigación que sucedió al escándalo nunca aclaró lo que verdaderamente pasó, aunque las dos casas de juego que trató de montar se cerraron enseguida por ser ilegales[14].

Strauss pretendía recuperar el dinero que decía había pagado en sobornos, pero fracasaron sus intentos de chantaje a Lerroux y a los radicales, que negaron haber aceptado ningún dinero y que tales maniobras no eran más que puro chantaje. Estando las cosas así en el verano de 1935, Strauss estableció contactos con Manuel Azaña e Indalecio Prieto, cuando este último vivía exiliado en Holanda. Ellos ayudaron a Strauss a redactar una carta en el mejor castellano, en la que aparecían muchas referencias a personajes políticos españoles, y le recomendaron que se enviara al presidente de la República, pues conocían bien la enfermiza vanidad de la personalidad política de Alcalá-Zamora y su resentimiento hacia Lerroux y Gil-Robles; hacia el primero por ser el principal jefe de centro, lugar siempre codiciado por el presidente, y hacia el segundo por ser el jefe del catolicismo político, otro rango que habría deseado alcanzar Alcalá-Zamora. Calculaban, y con razón, que con esta carta mezquina se podía explotar la rivalidad y el resentimiento entre el presidente y los jefes del Gobierno.

Fue una jugada maestra. En lugar de entregar la carta directamente al tribunal apropiado, que era la única responsabilidad que tenía, Alcalá-Zamora la manipuló para forzar la dimisión de Lerroux. Después de la formación de una nueva coalición gubernamental bajo el mando del independiente Chapaprieta, el presidente entregó la carta al nuevo Consejo de Ministros. Entre tanto, Azaña preparaba un discurso público que daría ante una gran multitud, haciendo público el contenido de esa carta que, probablemente, él había ayudado a escribir. El nuevo Gobierno, sorprendido por esta maniobra del presidente, no supo reaccionar de otro modo que presentando la carta a las Cortes, como si de un partido de fútbol político se tratara. El Parlamento creó un comité de investigación, que hizo poco para resolver el asunto, aunque cuatro días después presentó un informe en el que se ofrecían abundantes pruebas sobre el pasado criminal de Strauss, claramente el principal delincuente en el asunto, si bien el informe indicaba que había muchas posibilidades de que algunos políticos radicales hubieran aceptado sobornos para quebrantar la ley. Aun así, los únicos sobornos probados fueron dos relojes de oro, uno para Lerroux y otro para Rafael Salazar Alonso, antiguo ministro radical de Gobernación. Los líderes radicales mostraron una defensa débil, que no hizo el menor esfuerzo por demostrar la conspiración de Azaña y Prieto, si bien es verdad que en ese momento había pocos datos sobre ella. En una votación especial de las Cortes, algunos políticos radicales fueron reprobados, y Lerroux y Juan José Rocha, el otro ministro radical en el Gobierno de Chapaprieta, dimitieron.

La investigación del tribunal comenzó el 6 de noviembre. Hubo evidencia circunstancial de que varios políticos radicales estaban envueltos en el asunto, pero no se presentaron datos concluyentes, mientras que resultó probado que los principales criminales eran el propio Strauss y su socio. No se pudo verificar ninguna alegación concreta contra los políticos españoles, pero, como se dice en la política, «el proceso es el castigo», para regocijo tanto de Alcalá-Zamora como de Azaña.

En Francia, un escándalo mucho más grave salpicó a varios políticos importantes del Partido Radical francés y, además, provocó el asesinato del imputado más importante y una concentración en masa en París que se saldó con seis muertos. Pero el Partido Radical francés era el partido clave de la III República, muy arraigado en el país, y sufrió relativamente poco con el gran escándalo. Sin embargo, un asunto mucho menor acabó en el desastre para el partido español. Los radicales adquirieron una cierta reputación de corrupción financiera ya en sus años anteriores en el Gobierno de Barcelona, y su partido había crecido muy rápidamente, y de manera algo confusa, en los primeros años de la República. Es decir, padecía de cierta crisis de identidad, con la separación total de su ala izquierda justo cuando Lerroux, su único líder importante, tenía ya setenta años, estaba viejo y cansado, y carecía del ánimo de luchar. De ese modo el partido entró en un proceso de desintegración.

Alcalá-Zamora buscaba la destrucción de Lerroux, uno de sus dos principales rivales, y deseaba igualmente la eliminación del Partido Radical. Esta verdad es irónica y contradictoria, puesto que uno de los objetivos básicos del presidente era «centrar la República» como democracia liberal. Pero su vanidad y su ambición le impedían aceptar a otro político como jefe de ese centro republicano, así como tampoco aceptaba un partido católico que no estuviera bajo su influencia y que no entendiera la República en sus mismos términos. Esta envidia y su resentimiento resultaron fatales para el destino de la República.

3

MANIOBRAS DE ALCALÁ-ZAMORA Y ELECCIONES

DEL FRENTE POPULAR

El último Gobierno parlamentario de coalición mayoritaria normal, bajo el liderazgo del independiente de centro Joaquín Chapaprieta, duró solo dos meses. El gran objetivo del primer ministro era equilibrar totalmente el presupuesto, que requería recortes drásticos y la eliminación de varios ministerios. No era una meta ni fácil ni deseable durante la depresión, pero Chapaprieta se mantuvo en su empeño pese a las resistencias que encontró dentro de su coalición. Posteriormente, cuando los diputados cedistas rechazaron algunos aspectos de su plan en los primeros días de diciembre de 1935, el primer ministro, que como diputado independiente no tenía realmente madera de líder político, dimitió en uno de los gestos típicos de la época.

Con los radicales —integrados en el otro partido de gobierno de importancia— divididos, debilitados y desacreditados, Gil-Robles esperaba lógicamente convertirse en presidente de Gobierno en una coalición liderada por la CEDA. En los sistemas parlamentarios, lo normal es que el líder del partido principal tenga la oportunidad de formar Gobierno. No obstante, durante varios días Alcalá-Zamora no le llamó. En lugar de dar el paso más lógico, el presidente invitó primero a Chapaprieta para que recompusiera su coalición. Ante el rechazo de este, recurrió a José Martínez de Velasco, del pequeño Partido Agrario de la derecha republicana, quien rápidamente fracasó en el intento de constituir un nuevo Ejecutivo. El siguiente candidato que Alcalá-Zamora seleccionó fue un viejo aliado político, Miguel Maura, jefe de un pequeño partido del centro, pero el resultado fue el mismo.

Cuando Chapaprieta habló con el presidente en la tarde del 10 de diciembre, le encontró «firme en el propósito de no entregar el poder a alguno de los pocos hombres que habrían podido gobernar con las Cortes»[15], actitud que hacía inviable un Gobierno parlamentario genuino. Parecía claro que Alcalá-Zamora iba a proceder a la disolución de las Cortes, aunque a estas les quedaban dos años más de vida, mientras se veía que Azaña y otros líderes de las izquierdas pensaban organizar una gran coalición y no repetir los errores de 1933. Por eso Chapaprieta asumió la responsabilidad de intentar formar una gran coalición de centro y derecha, un frente antirrevolucionario. Calculaba que si podían ganar unas segundas elecciones consecutivas, evitando otro vuelco del poder, «podría asegurar para siempre la instauración de una política moderada dentro de la República»[16]. Chapaprieta lo hizo lo mejor que pudo, pero encontró demasiada división de intereses. Mientras todas estas maniobras fracasaban, el día 11 el presidente recibió a Gil-Robles, el único candidato realmente serio y capaz de formar un Gobierno parlamentario normal con una mayoría de votos. Pero la rivalidad y hostilidad entre Alcalá-Zamora y Lerroux eran relativamente moderadas comparadas con la gran animadversión que el primero sentía hacia Gil-Robles. En sus memorias, el presidente describió al jefe de la CEDA —que, probablemente, en la práctica había demostrado más respeto por la Constitución republicana que él mismo— como un «epiléptico» y «frenético caudillo» que había exhibido un «concepto demagógico, violencias y desenfrenos pasionales»[17], aunque desde las elecciones de 1933 había mostrado mesura y disciplina y Alcalá-Zamora no podía aducir un solo acto de violencia, a diferencia de las izquierdas que el presidente pretendía rehabilitar en contra de la CEDA. A juicio de Alcalá-Zamora, la política de Gil-Robles había sido totalmente reaccionaria, por lo que era indispensable restaurar, al menos una parte, del poder de las izquierdas.

La mayoría de los observadores políticos asumieron, lógicamente, que se pediría a Gil-Robles que volviera a formar Gobierno, pues era la única manera de gobernar con mayoría parlamentaria, pero el presidente tan solo le repitió su convicción de que con las Cortes actuales no había nada que hacer. Desde su punto de vista, las Cortes no aceptaban formar lo que él llamaba un «Gobierno de conciliación», es decir, una débil coalición de centro que el presidente podía manipular. El líder cedista concluyó que Alcalá-Zamora había decidido disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Ante esta decisión, protestó con energía y pasión:

Todo el porvenir trágico de España se presentó a mi vista. Con ardor, casi con angustia, supliqué al señor Alcalá-Zamora que no diera un paso semejante. El momento elegido para la disolución, le dije, no podía ser más inoportuno. Las Cortes se hallaban aun capacitadas para rematar una obra fecunda, tras de la cual podría llevarse a cabo sin riesgos la consulta electoral. En un breve plazo, a lo sumo dentro de algunos meses, sería posible sanear la Hacienda, votar los créditos necesarios para un plan de obras públicas que absorbería casi la totalidad del paro; liquidar los procesos del movimiento revolucionario de 1934, que era temible bandera de agitación en manos de las izquierdas; aplicar la reforma agraria, con el reparto de los cien millones de pesetas ya consignados; completar la reorganización del Ejército… para adoptar en seguida el acuerdo de la reforma de la Constitución que, según palabras del propio jefe del Estado, «invitaba a la guerra civil». Impedir la realización de esta tarea, añadí con toda vehemencia, era tan peligroso como injusto[18].

El argumento era sólido, incluso convincente, pero no tuvo efecto alguno en el presidente. Gil-Robles ha escrito que casi no pudo contenerse ante el rechazo de Alcalá-Zamora de aceptar el funcionamiento normal de un Parlamento. Estaba claro que el presidente insistía en la eliminación de las Cortes en el momento más inoportuno, cuando aún les quedaban dos años de vida y cuando una nueva política económica seguía en sus fases iniciales y requería de algún sacrificio antes de obtener sus máximos beneficios, que solamente llegarían uno o dos años más tarde. Por un lado, una disolución prematura suponía una oportunidad inmerecida a las izquierdas para reconstituir su poder, mientras que, por el otro, daría más fuerza al argumento de la extrema derecha en el sentido de que un Gobierno parlamentario normal no podía funcionar en España. La CEDA quedó debilitada, puesto que siete meses fue un período totalmente inadecuado para llevar a cabo su programa legislativo, mientras Alcalá-Zamora obraba para destrozar al único partido importante de centro, eliminando al único posible aliado moderado importante del partido católico. Además, la disolución pospondría aún más las reformas constitucionales que el propio presidente había dicho que eran su máxima prioridad.

La perspectiva de Gil-Robles era, naturalmente, partidista, pero la compartía uno de los pocos moderados sabios de la vida política española, el líder catalanista Francesc Cambó, que en sus memorias dijo que, durante toda la vida de las segundas Cortes republicanas, el presidente Alcalá-Zamora «no dejó de intrigar un solo momento. Odiaba a Lerroux, odiaba a Gil-Robles y odiaba a socialistas y azañistas; odiaba, en fin, a todo lo que representara un valor personal y una fuerza política. Sus preferencias se centraban en hombres insignificantes de su partido. Así, se decantó sucesivamente por Miguel Maura, Joaquín Chapaprieta y, finalmente, por Manuel Portela Valladares. Él tuvo gran parte de culpa de que viniera la República, él fue el principal responsable de que estallara la revolución y en ninguna ocasión actuó impulsado por ilusión o entusiasmo, que, aun equivocados, son una excusa: las dos veces obró por resentimiento»[19].

Alcalá-Zamora estaba decidido a quitar enseguida del Ministerio de la Guerra a Gil-Robles porque, insistía, éste preparaba un golpe de Estado, aunque no había evidencia alguna de ello. Sin embargo, con el funcionamiento del Parlamento bloqueado por el presidente, el jefe de la CEDA tomaba en consideración por primera vez algo parecido a un golpe de Estado. O sea, que las profecías de Alcalá-Zamora podían cumplirse por sí mismas. Gil-Robles pidió a su subsecretario, el general Joaquín Fanjul, que hablara de alguna iniciativa militar con el jefe de Estado Mayor, Francisco Franco. El líder cedista no propuso un golpe de Estado, sino una especie de «pronunciamiento legalitario», algo parecido a la iniciativa republicana del 13 de abril de 1931, una iniciativa llevada a cabo por los jefes militares para convencer, o forzar, al presidente para que nombrara un Gobierno parlamentario normal, presumiblemente dirigido por el propio Gil-Robles. En cierto sentido, era un paralelismo a la derecha de los intentos de Azaña de forzar la voluntad de Alcalá-Zamora desde la izquierda en 1933-1934. La diferencia estribaba en que los proyectos de las izquierdas habían sido totalmente extraparlamentarios, sin asomo de gobierno normal, mientras que Gil-Robles podía contar con una mayoría parlamentaria constituida legalmente por la victoria democrática en las urnas. Franco habría deseado personalmente ese desenlace, y lo estuvo sopesando durante una noche, pero a la mañana siguiente contestó firmemente que no, alegando que los militares estaban muy desunidos y que no podían asumir ninguna responsabilidad en la resolución de una controversia entre facciones políticas, ya que en ese momento el país no se enfrentaba a una verdadera crisis nacional. Definió el dilema actual como otra crisis política. Franco había desarrollado algo parecido a un credo o a una doctrina política personal. Sabía que su prestigio dependía en parte de su imagen de militar estrictamente profesional que no se mezclaba en querellas políticas. Aplicaba un criterio estricto, y este no podía justificar la intervención militar para resolver las crisis políticas ordinarias, puesto que semejante iniciativa tendría unas consecuencias muy graves y solo podría estar acreditada si se daba una amenaza seria de colapso o destrucción del Estado, o bien un dominio total de las izquierdas revolucionarias[20]. No había duda de que Franco tenía razón, aunque, a la larga, las consecuencias de que el presidente bloqueara las funciones normales de las Cortes fueron desastrosas.

Durante algún tiempo, Alcalá-Zamora mantuvo conversaciones con su colega y amigo Manuel Portela Valladares, un veterano del viejo Partido Liberal que tenía casi setenta años. Portela era gallego; esto es, de una de las zonas con peor reputación de caciquismo político. En 1935 había actuado brevemente como gobernador general de Cataluña y luego como ministro de Gobernación, aunque sin escaño en las Cortes. Albergaba los mismos objetivos políticos nominales que el presidente —una República estable y centrista— y parece que pensaba que aún existía espacio político para crear una alternativa a los partidos existentes, aunque eso parecía dudoso. Discutió con el presidente la posibilidad de construir un nuevo partido de centro, basado fundamentalmente en las provincias en las que había opiniones más moderadas, un partido que el mismo Gobierno podría crear de arriba abajo en una maniobra bastante complicada de caciquismo a la antigua. Este es un buen indicador del grado en que el propio Alcalá-Zamora se definía como un hombre del antiguo régimen y con escaso contacto con la nueva realidad. Creía que, en el ambiente políticamente mucho más movilizado de la Segunda República, era posible tal táctica.

El día 12 de diciembre, tras quemar los puentes con Gil-Robles, el presidente invitó a una audiencia presidencial a Portela y a su antiguo colaborador, Miguel Maura. Los términos que se trataron siguen siendo un tanto inciertos, ya que Alcalá-Zamora y Portela han dejado versiones bastante diferentes en sus memorias. Portela escribió que se propuso como presidente del Gobierno y ministro de Gobernación en una coalición de centro minoritaria, excluyendo totalmente a la CEDA, ante unas elecciones nuevas. Cuando Alcalá-Zamora asintió, Maura —a quien tan solo se le había pedido que ofreciera cierta cobertura a ese proyecto— estalló en cólera y salió enseguida de la sala dando un portazo[21]. Entonces el presidente autorizó a Portela para que formara un nuevo Ejecutivo que gobernase durante unos meses antes de convocar elecciones. Que Portela no fuera un diputado en Cortes no era un obstáculo para el presidente, porque de ese modo aquel tendría que depender aún más de él. Con indignación, al día siguiente Maura rechazó cualquier cooperación con el nuevo Gobierno, aludiendo que Alcalá-Zamora promovía un Ejecutivo construido a partir de «la vieja política de la peor clase»[22].

El nuevo Gobierno, que se anunció el 14 de diciembre, fue una coalición centrista claramente minoritaria compuesta por diputados independientes y miembros de partidos menores. Se decidió que no se sometería a una votación parlamentaria (que hubiese sido totalmente imposible ganar), porque Alcalá-Zamora echó mano de la prerrogativa presidencial para cerrar las Cortes durante treinta días. El apoyo en el Parlamento era mínimo, y toda la operación fue calificada por el biógrafo principal de Alcalá-Zamora como «una situación de tipo surrealista»[23].

Como cuenta Portela en sus memorias, el acuerdo con el presidente consistía en que la coalición podría gobernar al menos dos meses, lo que daría tiempo para conseguir un control firme de la administración y formar una nueva agrupación de centro antes de disolver las Cortes[24]. Según este esquema, las elecciones se anunciarían alrededor de finales de febrero de 1936, para celebrarse a finales de marzo o comienzos de abril, aunque en la práctica sería imposible sostener un Gobierno tan artificial durante tanto tiempo.

Un Portela alto y venerable —la cabeza coronada con una melena de pelo blanco— les parecía a algunos observadores una especie de brujo, de edad avanzada, nombrado para conjurar algún proyecto encantado que pudiera disipar la fragmentación cívica. Durante la segunda mitad del mes de diciembre se encargó de realizar numerosos cambios en el personal de los gobiernos municipales y provinciales en muchas partes del país —cambios llevados a cabo a placer del Gobierno nacional siguiendo las normas existentes— para crear un nuevo aparato político lo antes posible. Irónicamente, el Gobierno republicano de Alcalá-Zamora se convertía así en una versión elaborada del caciquismo clásico.

Este Gobierno restauró todos los derechos civiles durante una temporada, y las publicaciones izquierdistas, muy incipientes hasta entonces, reaparecieron con plena fuerza. En un primer momento, el ministro más activo era Chapaprieta, que volvió a asumir la tarea de crear una gran coalición electoral de centro-derecha que pudiera incluir a la CEDA. Ya se sabía que los republicanos de izquierda y los socialistas prietistas trabajaban para la restauración de una gran alianza de izquierdas, y Chapaprieta tenía claro que esta solo podría ser derrotada por otra coalición, igualmente amplia, de todas las fuerzas parlamentarias del centro y de la derecha moderada, excluyendo solamente a monárquicos autoritarios[25].

Un obstáculo fundamental fue el plan anunciado por el nuevo Gobierno de prorrogar los presupuestos durante tres meses, ya que sería imposible que un Ejecutivo tan espurio lograra la aprobación de un nuevo presupuesto. Alcalá-Zamora y Portela asumieron la posición —como poco, bastante ingenua— de que, puesto que el presupuesto del año anterior había sido votado legítimamente por las Cortes, sería legal que el Gobierno lo prorrogara, ignorando el hecho de que el presidente personalmente hacía lo posible por evitar que el Parlamento se reuniera para votar esta o cualquier otra medida. Gil-Robles protestó con vehemencia en una carta pública al presidente de las Cortes el 17 de diciembre, y seis días después tuvo lugar una reunión de los líderes de los principales grupos parlamentarios para discutir este problema, que no tenía precedentes. El jefe cedista mostraba cada día mayor impaciencia, juzgando acertadamente que los objetivos de Portela eran tan antiderechistas como antiizquierdistas, si no más. El 27 de diciembre, la CEDA anunció su intención de crear un «amplísimo frente contrarrevolucionario» en el que no estaría incluido ningún grupo que formara parte de la pequeña coalición de Portela.

En aquel momento, la mayoría de los diputados veían al presidente de la República como un enemigo implacable de las Cortes y, por tanto, se oponían firmemente tanto a Alcalá-Zamora como al Gobierno de Portela. El 29 de diciembre, el presidente habló a solas con Portela. Cuando el Consejo de Ministros se reunió por la mañana en el Palacio de la República (Palacio de Oriente), Portela Valladares se lanzó a un ataque vehemente contra ciertos ministros, a los que calificó de «traidores» por haber participado en conversaciones políticas más amplias, aunque él mismo las hubiera autorizado previamente.

Entonces Alcalá-Zamora entró en la sesión y Portela le informó al instante de que su Consejo de Ministros había dejado de existir. El presidente le autorizó para que formara otro inmediatamente. Todo este drama había sido conjurado por los dos, y esa tarde, cuando Portela anunció su nuevo Gobierno, se vio que el resultado era un simulacro aún más artificial que el de su predecesor, sin la menor pretensión de ser una coalición parlamentaria representativa. Se componía exclusivamente de amigos personales y compinches del presidente y del primer ministro, incluyendo a dos radicales disidentes, un republicano progresista, un liberal demócrata y varios independientes. Todo esto constituiría el último y más desastroso esfuerzo de Alcalá-Zamora para evitar un Gobierno parlamentario regular. Se prorrogaron los presupuestos mediante un decreto presidencial de constitucionalidad dudosa, y el 2 de enero de 1936 La Gaceta de la República anunció que el presidente había prorrogado las sesiones de las Cortes durante treinta días. La intención, obviamente, era dejar al Gobierno tiempo suficiente para llevar a cabo sus maniobras caciquiles.

Los procedimientos gubernamentales de la República española habían llegado a asemejarse a los de la República de Weimar durante sus postreros años en Alemania. En ambos casos, la autoridad presidencial había sustituido al funcionamiento normal del Gobierno. En Alemania, esto había llegado a ser irremediable, porque el Parlamento estaba totalmente dividido y no había una mayoría posible, pero en España fueron la voluntad y la intromisión de un presidente las que anularon el Parlamento, que aún tenía dos años de vida y ofrecía una mayoría viable. Así, la comparación era meramente formal, porque en el fondo se trataba de dos situaciones completamente diferentes. El presidente Hindenburg no tenía alternativa a recurrir a Gobiernos de emergencia apelando al derecho a gobernar por decreto, mientras que el presidente Alcalá-Zamora rechazó voluntariamente la alternativa más obvia y democrática. En ese sentido se trató de una situación casi sin precedentes.

El 2 de enero, en cuanto se anunció la prorrogación de las Cortes, cuarenta y seis diputados de la CEDA, junto a otros diputados radicales y monárquicos, presentaron una petición al presidente de las Cortes para celebrar una reunión inmediata de la Diputación Permanente de las Cámaras con la intención de acusar formalmente al presidente del Consejo y a sus nuevos ministros de responsabilidades criminales en la moratoria ilegal del presupuesto y en la suspensión «inconstitucional» del Parlamento. Alcalá-Zamora y Portela estaban convencidos de que esto era un mero preludio a la convocatoria de las Cortes para iniciar la destitución del presidente y elevar a Santiago Alba en el cargo. Portela indicó que se presentaría ante la Diputación Permanente en una sesión que tendría lugar el día 7 de enero, pero su complacencia aparente no fue más que un truco para ganar tiempo. La noche anterior se reunió con el presidente para recibir un decreto en el que se disolvían las Cortes, que fue anunciado en La Gaceta la mañana del día 7. Alcalá-Zamora, de nuevo, había conseguido bloquear el Parlamento.

Cuando la Diputación Permanente se reunió horas más tarde, Miguel Maura dirigió sus ataques contra el nuevo Gobierno, y aún más contra el presidente:

Está pendiente una acusación contra el Gobierno con todos los requisitos que la Constitución exige para que sea cursada. Y cuando está pendiente esa acusación motivada, el presidente de la República, de acuerdo con el Gobierno, disuelve el Parlamento y no comparece siquiera ante la Diputación. Eso es veinte veces peor que lo de la monarquía y no tiene nada que ver ni de cerca ni de lejos con la República[26].

Los diputados hicieron un último intento para convocar una sesión parlamentaria. Alba, el presidente de las Cortes, informó a Portela de que los diputados solo deseaban reunirse informalmente para discutir. El presidente del Consejo no les negó el acceso, pero dejó claro que iba a retirar la seguridad policial. Esta era indispensable en un ambiente potencialmente violento, y los diputados se dieron por vencidos.

El presidente tenía planeado dar a Portela varios meses para manipular la creación de su nuevo grupo político, pero los diputados de la oposición le habían forzado la mano y, según la norma, muy pronto tuvo que decretar la convocatoria de elecciones, con fecha del 16 de febrero. El presidente del Consejo dispondría de un tiempo mínimo. Mientras tanto, Alcalá-Zamora basaba su acción en el cálculo de que esta disolución constituía solamente la primera de las dos permitidas a un presidente durante un solo ejercicio en el cargo. Pero según esta interpretación, la de 1933 había sido solo una disolución automática al final de unas Cortes Constituyentes, y no una disolución presidencial. Así, su acción no estaría sujeta a la revisión por unas nuevas Cortes, aunque el problema estaba en que sus acciones arbitrarias habían ofendido de modo mortal a todos los partidos significantes de las izquierdas, del centro y de las derechas. No importaría quién ganara los próximos comicios, porque, con toda seguridad, los ganadores le destituirían.

Los líderes de izquierdas, sin embargo, recibieron con regocijo esta última maniobra del presidente, pues les daba la posibilidad de volver al poder. Pero habían aprendido una lección en 1933 y no querían correr riesgos innecesarios. Apenas veinticuatro horas después, un representante de las izquierdas apareció en la puerta del despacho de Portela. Los jefes izquierdistas entendían claramente que Alcalá-Zamora les hacía un favor al permitirles recobrar al menos una parte de su fuerza anterior, debilitando así a la derecha, por lo que propusieron al presidente del Consejo un pacto para la campaña electoral basado, en palabras de Alcalá-Zamora,

[en] la insensata pretensión de que el Gobierno, cruzado de brazos, les facilite el empleo de la violencia aniquiladora de las derechas, pues lo que la izquierda desea y cree oportuno es la guerra civil. Portela se opuso enérgicamente, y yo le he alentado en su actitud, ya que el deber y la prudencia imponen proteger a todos estos delincuentes, sea cual fuere su actitud y programa, contra los excesos de los de enfrente, y contra los suyos propios[27].

El presidente de la República parecía noqueado. Entendía que una parte de las izquierdas eran «delincuentes», pero mentalmente vivía en el pasado, cuando las derechas siempre fueron más fuertes, y por eso proseguía obstinadamente con su preferencia de fortalecer a las izquierdas. Y todo respondiendo a su afán de «equilibrar la República», un equilibrio interpretado en un estilo muy idiosincrático. En su mundo mental, las derechas eran fundamentalmente tan violentas como las izquierdas.

Portela Valladares dedicó casi todo su tiempo a crear desde el Gobierno un nuevo y artificial Partido del Centro Democrático, posteriormente llamado Partido de Centro Nacional Republicano. Manipuló los gobiernos provinciales de un modo frenético; en dos meses nombró a ochenta y ocho gobernadores civiles; proporcionalmente, un récord. Durante este tiempo algunas provincias conocieron tres e incluso cuatro gobernadores diferentes. Pero todo esto le sirvió a Portela para poco. La mayor parte del «espacio político» estaba ya ocupado y la opinión pública se encontraba mucho más movilizada y vigilante, por lo que las maniobras caciquiles de antaño resultaban muy difíciles. Más o menos a comienzos de febrero trató de ganar tiempo sugiriendo al presidente que pospusiera las elecciones hasta el 10 de marzo, ya que la Constitución le permitía declarar una demora de cuarenta días. Pero el odio al presidente había alcanzado tal nivel de intensidad, y el ambiente era tan tenso y violento, que a Alcalá-Zamora le faltó el coraje para llevar a cabo otra manipulación más.

Años más tarde, Portela declaró que el presidente le pedía que favoreciera lo suficiente a las izquierdas como para ganar alrededor de 180 escaños. En el cómputo errático del presidente, les darían aproximadamente tantos votos en la próximas Cortes como las derechas, mientras Portela calculaba que su nueva fuerza del centro podría ganar unos cien escaños, el balance del poder entre una izquierda engrandecida y una derecha reducida. Poco de esto, sin embargo, estaba dentro de su alcance, y el propio Alcalá-Zamora calculaba el 7 de enero que Portela no podría cosechar tantas actas. En su diario dijo que había sido necesario «sanear» un centro corrupto opuesto a él. Sería preciso fortalecer a las izquierdas, que en el porvenir iban a respetar la ley, fantaseaba ingenuamente, porque «el peor de los desenlaces» sería una victoria de derechas[28]. Miguel Maura, en cambio, había llegado a conclusiones más preocupantes, y por eso presionó a Portela para que se formara una gran coalición de centro-derecha, algo que este rechazó de acuerdo con los designios esencialmente autodestructivos del presidente.

En general, Portela buscaba alianzas provinciales con las izquierdas, pero estas, habiendo formado su nuevo Frente Popular, en todas las provincias menos en una no aceptaron su propuesta. Por eso, sin alternativas, finalmente estableció alianzas con las derechas en algunos lugares. En Alicante, la provincia que constituía la base de Chapaprieta, las tácticas de Portela se revelaron en sus aspectos más cínicos y sórdidos. Chapaprieta escribiría que «los escasos amigos que el Gobierno tenía en la provincia se encargaron bien pronto de circular sus terroríficos planes para ganar a todo trance la elección»[29]. Cuando la CEDA ofreció a Portela solo dos plazas en una alianza de centro-derecha, este se dirigió al Frente Popular, que le asignó tres, aunque les demandó el control total del gobierno local para llevar a cabo sus planes.

Y desde aquel momento, los elementos extremistas del Frente Popular se hicieron con el gobierno civil y se apoderaron de los ayuntamientos más importantes […], que les fueron entregados a discreción, gubernativamente, siendo acompañadas las posesiones de los concejos de algaradas y de inflamados discursos que incitaban a todo tipo de violencia. Los anuncios terroríficos empezaron a ser una realidad que anunciaba lo que sería el programa para el día de las elecciones, a saber: detener a las personas más calificadas de las derechas, impedir a los electores de estas su acceso a los colegios electorales; poner a la fuerza pública a disposición de los dirigentes de las izquierdas; dejar libre la calle para que estas lleven a cabo todos los excesos, etc. Y, en verdad, a juzgar por la manera con que la campaña se iniciaba, era verosímil la total realización del plan trazado para copar las once representaciones que correspondía elegir a la provincia[30].

La facilidad para dejar las instituciones oficiales en manos de los insurrectos hace dudar de las pretensiones de Alcalá-Zamora de superar la «corrupción» e «inmoralidad», porque la corrupción que Portela intentaba introducir era mucho peor. El resultado conseguido en Alicante hizo ver a los líderes cedistas que era necesario ofrecer más a Portela; una vez hecho esto, los nuevos administradores izquierdistas, nombrados de un modo totalmente arbitrario, fueron abruptamente cesados—de modo igualmente arbitrario— y reemplazados por decreto por derechistas. Este fue el «saneamiento» de Portela y Alcalá-Zamora.

Los testimonios del pro-izquierdista Alcalá-Zamora y del anti-izquierdista Chapaprieta demuestran que, después de la experiencia de las elecciones democráticas de 1933, las izquierdas habían decidido no volver nunca a someterse a tal prueba. Desde el comienzo, algunos sectores, sobre todo socialistas y comunistas, pensaban emplear la violencia y el fraude para garantizar el resultado de las elecciones de febrero de 1936, y los hechos ocurridos tanto en la campaña como en las elecciones mismas y en el escrutinio final, como se verá, indican que estos planes fueron completamente realizados. Pero el presidente, con esa peculiar combinación de ingenuidad y absoluta confianza en sus confabulaciones personales, sin hacer caso a las evidencias, prefería ignorar la realidad que tenía ante sus ojos.

Solo una semana antes de los comicios, Alcalá-Zamora repitió en su diario la convicción de que una verdadera victoria del Frente Popular sería imposible, y por eso «Portela promete, y yo se lo aconsejo, no quitarles un acta, y aun favorecerles lícitamente en cuanto pueda». Fantaseaba con la idea de que Portela «es un táctico admirable», pero percibía que las manipulaciones electorales de este no estaban saliendo del todo bien, porque solo había podido formar alianzas electorales en la mitad de los distritos electorales[31].

Cuando, a finales de enero, era evidente que Portela estaba implicado en toda clase de manipulaciones y corruptelas gubernamentales, Gil-Robles y el centrista Chapaprieta contemplaron la posibilidad de retirarse de las elecciones, aunque hay alguna indicación de que Santiago Alba les convenció de que sería importante continuar con la campaña[32]. La CEDA rechazó aliarse con los monárquicos, porque estos insistían en un programa extremista y, en cambio —aunque nunca hubo una alianza de centro-derecha a nivel nacional, como sí la hubo en las izquierdas con el Frente Popular— alcanzó acuerdos en muchos distritos con los radicales, los agrarios y los pequeños grupos de republicanos conservadores que defendían la ley republicana y el mantenimiento del Gobierno parlamentario, aunque la CEDA también reclamaba reformas básicas de la Constitución. En términos técnicos, su campaña fue la más elaborada en la historia de España hasta las elecciones de 1977.

Los portavoces del grupo cedista de las JAP empleaban palabras más extremistas. Aclamaban a Gil-Robles como «¡Jefe, jefe, jefe!», al estilo de «¡Duce, duce, duce!». Hablaban abiertamente de destituir a Alcalá-Zamora y dar todo el poder a un nuevo presidente, disolver el Partido Socialista y preparar una nueva Constitución. Buscaban una República de «estilo nuevo», como la Comintern y el Frente Popular, pero en sentido opuesto. Gil-Robles y los líderes principales de la CEDA, no obstante, mantenían la ambigüedad de esta formación y no adoptaron ninguna medida extremista.

Durante la campaña, la violencia fue aún peor que en 1933, año en el que se alcanzó el récord de incidentes en una campaña electoral. Como era habitual, la mayor parte de las agresiones surgió de las izquierdas, aunque un aspecto nuevo de 1936 fue la presencia de una derecha radical, principalmente falangista, que con frecuencia participó en actos violentos. Desde el 1 de enero hasta el 16 de febrero, varios asaltos e incidentes produjeron 37 muertes: 10 derechistas, 14 izquierdistas, 3 miembros de las fuerzas de seguridad y 10 fallecidos de afiliación no identificada. Ocho muertes se produjeron a manos de la Policía, que reprimió motines y manifestaciones violentas. Como decimos, entre los fallecidos identificados, las izquierdas mataron a 10 derechistas, y estos, principalmente falangistas, a 6 izquierdistas. Durante los últimos quince días previos a los comicios tuvieron lugar 249 actos de violencia en España. De los 45 incidentes más importantes de los que tenemos datos, 31 fueron iniciados por las izquierdas y 14 por las derechas. Hubo al menos 40 incidentes en los que los mítines políticos fueron «o evitados totalmente […] o trastornados de modo significante», y en más que ocho de cada diez casos las agresiones emanaron de las izquierdas. El blanco principal de estos ataques era la CEDA. La violencia continuó en un nivel alto hasta la jornada misma de las elecciones —y aún después—, y aproximadamente un cuarto de todas las muertes tuvieron lugar ese día[33].

Por la tarde-noche del 16 de febrero, las izquierdas empezaban a reclamar la victoria. Aunque los votos y el escrutinio se habían producido con normalidad en la mayoría de los distritos, durante las últimas horas del día fueron llegando cada vez más noticias de motines y desórdenes en varias provincias. Durante la última parte de aquel día y los tres o cuatro posteriores, las turbas izquierdistas estaban más y más activas, imponiendo alteraciones en los votos o en los escrutinios en, al menos, seis provincias, consiguiendo invalidar de ese modo las mayorías de las derechas[34]. En las primeras horas del lunes, 17 de febrero, Gil-Robles estaba ya muy alarmado y se dirigió directamente al Ministerio de Gobernación poco después de las tres de la madrugada. Portela no se encontraba allí, pero consiguió localizarle por teléfono. Parece que lo que dijo Gil-Robles inquietó tanto a Portela que este llamó a Alcalá-Zamora, que estaba en casa, en la cama, para informarle de que estaban ocurriendo desórdenes graves, por lo que solicitaba la firma de un decreto de estado de guerra. La llamada tuvo poco efecto en un Alcalá-Zamora despreocupado, quizá porque Portela le dijo que la petición venía de Gil-Robles. Contestó escuetamente que «lo meditaríamos», autorizando solamente el estado de alarma, mucho más limitado[35]. Fue una decisión crucial, pues realmente supuso el principio de la erosión fundamental de la ley y el orden, y del estado de derecho constitucional bajo la República.

Entretanto, Franco estuvo en su despacho del Ministerio de Guerra durante la mayor parte de la noche. Finalmente, alarmado por las noticias que le iban llegando, telefoneó al general Sebastián Pozas, director de la Guardia Civil, para insistir en que las fuerzas de seguridad debían actuar con mayor energía, ya que, quizá, sería necesario decretar el estado de guerra. Según Franco, Pozas le contestó que no había razón para alarmarse, que lo que se estaban produciendo eran solo manifestaciones de «alegría republicana». Posteriormente, Franco despertó a Nicolás Molero, general de edad avanzada y ministro de Guerra, para decirle que debía asumir la responsabilidad de convencer al Gobierno para que declarara el estado de guerra. Parece que sí convenció a Molero, ya que este le dijo que presentaría la petición al Consejo de Ministros que iba a reunirse por la mañana. Después, Franco volvió a casa para acostarse[36].

Pero Gil-Robles no estaba satisfecho con la respuesta de Portela, y se las arregló para que su antiguo ayudante militar localizara a Franco en su casa, despertándole sobre las siete de la mañana. Franco se levantó enseguida y regresó a su despacho, donde se puso en contacto con su viejo amigo Natalio Rivas, a quien pidió que organizara un encuentro con Portela lo antes posible.

Cuando los ministros se reunieron a última hora de la mañana, Molero defendió la necesidad de decretar el estado de guerra, y el Consejo aprobó la petición. Portela no disponía de tiempo para reunirse con Franco, pero le llamó para informarle de la decisión, y enseguida Franco, algo después de mediodía, comenzó a tomar medidas para ponerla en práctica. La reacción de Alcalá-Zamora, por el contrario, fue negativa. Pidió que el Consejo volviera a reunirse de inmediato en el palacio presidencial, y luego, en presencia de los ministros, rechazó la petición de estado de guerra, aunque la medida ya se estaba llevando a cabo en al menos seis provincias. Pero el presidente ordenó que las iniciativas cesaran. Alcalá-Zamora seguía deseando una victoria parcial de las izquierdas, y tan solo permitió que siguiera en vigor el estado de alarma, que se limitaba a la censura de publicaciones y a las restricciones del derecho de reunión pública[37]. Pero el presidente también comenzaba a inquietarse, y por eso entregó a Portela un decreto de estado de guerra, firmado pero sin fecha, que este podría utilizar en el futuro si la situación se deterioraba aún más. Entonces Portela llamó a Franco para cancelar cualquier acción de estado de guerra, aunque en tres provincias (Alicante, Valencia y Zaragoza) los comandantes militares locales mantuvieron esta situación durante unos días más.

Según el presidente, Portela parecía tranquilo a la mañana siguiente (día 18) y estaba en contacto con los líderes del Frente Popular; autorizó la reapertura de la Casa del Pueblo socialista en Madrid y liberó de inmediato a muchos de los revolucionarios que seguían encarcelados. Pero durante aquel día Portela fue recibiendo noticias cada vez más alarmantes de motines y desórdenes diversos, mientras, por el otro lado, dos generales republicanos le advertían del peligro de un golpe militar. Finalmente, con el paso de las horas, la acumulación de noticias verdaderas y rumores incendiarios le llevaron a un estado de pánico y desesperación. Antes de medianoche, advirtió a Azaña y a otros líderes del Frente Popular de que pensaba dimitir por la mañana, aunque las normas republicanas establecían que un Gobierno de gestión que supervisaba las elecciones tenía la responsabilidad de mantenerse durante todo el proceso electoral, al menos hasta la segunda vuelta, dos semanas después, como había hecho el Gobierno de Martínez Barrio en 1933. Las noticias que fueron llegando durante la noche eran incluso peores, con casos de gobernadores civiles que se lavaban las manos y dimitían apresuradamente. Sobre las nueve de la mañana del día 19, Portela informó al presidente de que él también pensaba dimitir.

El estado de miedo de Portela desconcertó a Alcalá-Zamora, que escribió en su diario que la actitud de aquel era «inconcebible en un hombre tan arrogante y áspero». Pero estas palabras ya no describían al presidente del Consejo. Para cambiar su decisión, Alcalá-Zamora dictó un mensaje al Consejo Superior de Guerra, que estaba compuesto por Franco, el general liberal y republicano Manuel Núñez del Prado, el antiizquierdista convencido general Manuel Goded y el general Ángel Rodríguez del Barrio, inspector general del ejército. Les dijo de modo categórico y tajante que no permitiría la menor intromisión por parte del ejército y que, si algo así ocurría, tendría que pasar por el derrocamiento del presidente de la República[38]. De los militares recibió la confirmación de su disciplina, aunque lo que realmente preocupaba a Portela era la idea de que los líderes del Frente Popular estaban alentando los desórdenes en parte para forzar su dimisión, y no pensaba resistir más.

El día 19 de febrero, Portela Valladares se reunió con su Consejo de Ministros a las diez y media de la mañana. Solo llegaban noticias de nuevos motines y desórdenes, con más muertes, y el colmo se produjo con el informe de que los socialistas se habían apoderado por la fuerza de los Ayuntamientos de Chamartín y Vallecas, en los límites de Madrid. Según Portela, todo el Consejo estuvo de acuerdo en presentar la dimisión. Cuando Portela regresó al Ministerio de Gobernación, Franco le esperaba para insistirle de nuevo en la imposición del estado de guerra. El primer ministro respondió que estas condiciones prerrevolucionarias podían asemejarse a las de abril de 1931 y que, tal vez, parte del ejército se posicionaría a favor del Frente Popular. Franco le aseguró que de ninguna manera, y que también se podría llamar a las unidades de élite de Marruecos. El jefe del Estado Mayor y el presidente de la República estaban más o menos de acuerdo por la mañana del día 19, pero el presidente del Consejo había perdido cualquier capacidad de resistencia.

Alcalá-Zamora instó a Portela una y otra vez a mantenerse en el poder para recuperar los dos municipios por la fuerza, si hacía falta, utilizando el decreto de estado de guerra. Después el presidente convocó al Consejo de Ministros en el palacio presidencial a las dos de la tarde, pero la última noticia que tenía Portela era una advertencia de que los socialistas pensaban ocupar el Ayuntamiento de Madrid por la fuerza y declarar la huelga general. Portela dijo que, a sus sesenta y nueve años, no tenía ni la energía ni la convicción necesarias para mantenerse en el poder como un dictador, y todos los ministros dimitieron[39].

Más tarde, en sus memorias, Portela Valladares defendería la idea de que las normas y responsabilidades políticas de un Gobierno de gestión electoral no le servían y que casi no tenía apoyo entre los partidos parlamentarios[40]. Esto último era completamente cierto, lo que subraya la ligereza e irresponsabilidad —por no decir ilegalidad— de Alcalá-Zamora al nombrar un Gobierno de este tipo, tan sumamente artificial. El único ministro dispuesto a asumir los poderes de Portela que el presidente pudo encontrar fue el titular de la Marina, el almirante Antonio Azarola, que contaba, además, con el apoyo personal de Molero, pero Alcalá-Zamora tuvo que informarle de que la Constitución prohibía que un oficial militar ejerciera como presidente del Consejo[41].

Aunque después de tres días no había resultados definitivos, las izquierdas reclamaban una victoria. Así parecía ser, y en proporciones que sorprendieron al gran manipulador de la República, Alcalá-Zamora. Desde octubre de 1934, había hecho todo lo que pudo para ayudar a las izquierdas, pero nunca había deseado una victoria por mayoría de escaños, sino un resultado más dividido que le permitiera continuar con sus manipulaciones y aumentar aún más su influencia personal. Pero aquellas elecciones innecesarias y precipitadas parecían haberle estallado en la cara, porque el nuevo partido de centro que anhelaba sacó escasa representación y el electorado fue menos manipulable de lo que esperaba.

Con la dimisión del Gobierno de Portela, no quedaba más opción que pedir que Manuel Azaña, a quien el Frente Popular ya había designado, formara un Gobierno el mismo día. Ni siquiera Azaña lo deseaba, porque sabía bien que era irregular que los ganadores crearan un Gobierno antes del escrutinio final y de la convocatoria de la segunda vuelta de las elecciones. Además, los partidos del Frente Popular ya se habían puesto de acuerdo en que el nuevo Gobierno se compondría exclusivamente de los partidos de las izquierdas republicanas, sin representación socialista. Incluso con victoria electoral de las izquierdas, su Gobierno sería técnicamente minoritario, pero los partidos obreros se habían comprometido a apoyarlo en las Cortes, de modo parecido a lo que hizo la CEDA en 1934 con el Gobierno de Lerroux. Los grupos revolucionarios no querían administrar un sistema «burgués», pero esperaban impacientes el cumplimiento del programa de Azaña para dar paso a la revolución, a pesar del hecho fundamental de que los revolucionarios estaban muy divididos. Los nuevos ministros eran en su mayor parte unas mediocridades en un nuevo Consejo que Alcalá-Zamora definió como «solo Azaña»[42].

Así, contrariamente al espíritu y la práctica de los procedimientos republicanos, un nuevo Gobierno de izquierdas pudo validar su propia victoria electoral. Esto tuvo lugar en todas las provincias el 20 de febrero, aunque la victoria fue administrada exclusivamente por los presuntos ganadores. A base de irregularidades notables en al menos seis provincias, los resultados dieron la mayoría absoluta en las nuevas Cortes a los partidos del Frente Popular. La segunda vuelta de las elecciones, en las provincias en las que ninguna lista había obtenido la ventaja mínima, tuvo lugar el 1 de marzo. Ante el aumento de la violencia por parte de las izquierdas, los demás partidos se abstuvieron, y los grupos del Frente Popular consiguieron la mayoría de los escaños, no especialmente numerosos, de la segunda vuelta, con un resultado total de 268 escaños para el Frente Popular y 205 para el centro y las derechas.

En la última parte de marzo, cuando se convocó la Comisión de Actas de las nuevas Cortes, que tenía la jurisdicción constitucional para revisar la validez electoral de todas las actas, la mayoría izquierdista, de un modo descarado y arbitrario, reasignó once escaños. Además, se cancelaron los resultados en Cuenca y Granada, donde las derechas habían predominado, quedando inválidos dieciséis escaños de derechas y tres de izquierdas que debían asignarse en elecciones nuevas. Esta acción fue condenada después con una unanimidad muy extraña en la historiografía española. Finalmente, en la última fase del proceso electoral, se convocaron nuevas elecciones para el 5 de mayo en las provincias de Cuenca y Granada, comicios en los que el Frente Popular empleó la violencia y la manipulación para excluir casi completamente a las derechas. Las elecciones las ganaron abrumadoramente los partidos izquierdistas, con diecisiete actas para el Frente Popular, que permitió solo dos para las derechas. Así, la composición final de las Cortes fue de 288 escaños de las izquierdas y 185 para el centro y las derechas[43]. En un proceso electoral que constaba de cuatro fases, los resultados electorales, inicialmente divididos a la par entre derechas e izquierdas, fueron manipulados hasta convertirse en un dominio parlamentario total del Frente Popular. Todo este proceso constituyó, probablemente, la etapa más decisiva de la erosión de la democracia en España.

Durante las elecciones de febrero, Alcalá-Zamora fue muy lento en darse cuenta de lo que estaba pasando. Había aceptado con relativa complacencia las primeras noticias de la victoria izquierdista, asumiendo que cualquier desorden era algo completamente secundario. Aunque era el presidente de la República, su aislamiento era sorprendente, y solo después de varios días empezó a darse cuenta de la realidad. En un primer momento, echó la culpa a la ley electoral, cuya desproporcionalidad siempre había criticado. El día 20, finalmente, se dio cuenta de que una parte de los resultados era bastante dudosa, y escribió en su diario:

[…] Lo que han sufrido España, la República, el Ejército, la causa del orden, la paz tan necesaria en el país de las guerras civiles, la justa y verdadera representación electoral, la tranquilidad financiera y bursátil, base de trabajo retribuido y economía próspera, y la reforma de los destinos constitucionales, y la relación normalizada entre Estado e Iglesia, son lesiones tan graves y de tan altos intereses que no pueden ocultarse, ni en su magnitud ni en sus orígenes, culpas y responsabilidades[44].

Su amargura respecto a Portela Valladares era intensa: «Me falló del todo: se aterró y, en su deserción, no obstante mis esfuerzos, dejó que el frente revolucionario se llevara indebidamente sesenta actas con los atropellos postelectorales»[45]. Empezaba a darse cuenta de que, con todas sus intromisiones e interferencias desde octubre de 1934 para favorecer a las izquierdas, había ayudado a engendrar un monstruo, aunque, con su típica ausencia de autocrítica, nunca lo reconoció directamente. Cada semana que pasaba fue recibiendo más datos sobre los fraudes y falsificaciones electorales, y al comienzo del año siguiente, ya en el destierro y con el país en plena guerra civil, escribió para un periódico suizo:

El Frente Popular se adueñó del poder el 16 de febrero gracias a un método electoral tan absurdo como injusto, y que concedió a la mayoría relativa, aunque sea una minoría absoluta, una prima extraordinaria. De este modo hubo circunscripciones en que el Frente Popular, con 30.000 votos de menos de la oposición, pudo sin embargo conseguir diez puestos de cada trece, sin que en ningún sitio hubiese rebasado en un 2 % al adversario más cercano. Este caso paradójico fue bastante frecuente. Al principio se creyó que el Frente Popular resultaba vencido. Pero cinco horas después de la llegada de los primeros resultados, se comprendió que las masas anarquistas, tan numerosas y que hasta entonces se habían mantenido fuera de los escrutinios, habían votado compactas. Querían mostrar su potencia, reclamar el precio de su ayuda: la paz, tal vez la existencia misma, de la patria. A pesar de los esfuerzos sindicalistas, el Frente Popular obtenía solamente un poco más, muy poco, de 200 actas, en un Parlamento de 473 diputados. Resultó la minoría más importante, pero la mayoría absoluta se les escapaba. Sin embargo, logró conquistarla, consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia. Primera etapa: desde el 17 de febrero, incluso desde la noche del 16, el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados, que debería haber tenido lugar ante las Juntas Provinciales del censo durante el jueves 20, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden; reclamó el poder por la violencia. Crisis: algunos gobernadores civiles dimitieron. A instigaciones de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales; en muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados. Segunda etapa: conquistada la mayoría de este modo, le fue fácil hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de Actas de resultados parlamentarios, que procedió de manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias, donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron a candidatos amigos vencidos. Se expulsó de las Cortes a varios diputados de la minoría. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria, se trataba de un plan deliberado y de gran envergadura. Se perseguían dos fines: hacer de la Cámara una convención, aplastar a la oposición y asegurar el grupo menos exaltado del Frente Popular. Desde el momento en que la mayoría de izquierdas pudiera prescindir de él, este grupo no era sino el juguete de las peores locuras[46].

4

EL NUEVO GOBIERNO DE AZAÑA:

FEBRERO-MARZO DE 1936

El nuevo Consejo de Ministros, bajo la presidencia de Manuel Azaña, se formó rápidamente la tarde del miércoles 19 de febrero. El acuerdo del Frente Popular entre los republicanos de izquierda y los movimientos revolucionarios estipulaba que, si la alianza ganaba las elecciones, el nuevo Gobierno estaría compuesto exclusivamente por representantes de los primeros, la llamada «izquierda burguesa», sin la participación de los revolucionarios, aunque estos habían de apoyarlo con sus votos en las Cortes.

Su base sería el partido del presidente, organizado a comienzos de 1934 con el nombre oficial de Partido de Izquierda Republicana, con un nuevo programa de intervención estatal de corte socialdemócrata. Su aliado principal sería la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, de tono más moderado, que formaba el ala derecha del Frente Popular. Azaña deseaba incluir a su respetado amigo Felipe Sánchez Román, distinguido catedrático de Derecho y abogado, jefe del minúsculo Partido Nacional Republicano, más moderado aún. Sánchez Román había participado en la preparación de gran parte del programa del Frente Popular, pero luego abandonó la alianza y no participó en su campaña electoral. No estaba de acuerdo con la inclusión de todos los movimientos revolucionarios, juzgando acertadamente que la alianza entre las izquierdas moderadas y los revolucionarios sería un proyecto inviable, con el nuevo Gobierno sujeto a intolerables presiones.

De los trece ministros, la mayoría era del partido de Azaña, dos de Unión Republicana y un independiente de la izquierda liberal. Casi todos eran profesionales, sobre todo abogados y profesores, y muchos procedían de entornos acomodados. El nuevo ministro de Guerra era un militar de edad avanzada, el general Carlos Masquelet, liberal y republicano, que había sido uno de los asesores militares de Azaña en 1931-1933 y que sustituyó a Franco al frente del Estado Mayor del Ejército[47].

La falsificación de una parte del escrutinio de votos solo tuvo lugar después de la formación del Gobierno. Como era costumbre, este procedió a nombrar gobernadores nuevos en todas las provincias, y en algunos casos fueron los nuevos oficiales los que supervisaron las supercherías. Unas semanas más tarde, después de haber recibido más información, Alcalá-Zamora describió en su diario uno de los casos más notorios:

Ya se sabe lo ocurrido en las elecciones de Cáceres: en la madrugada del 19 se posesionaron del Gobierno Civil. Por imposición colectiva, un socialista, que llamó y destituyó a aquella hora al presidente de la Diputación y no pudiendo obtener la entrega de las actas del secretario ni del oficial mayor, encargó de ello a un sobrestante de obras, en cuyo poder fueron abiertas y sustituidas las certificaciones de votación[48].

El 22 de febrero anotó que

[…] ha habido en las más de las provincias desde que terminó la votación legal, enjuagues, falsedades y coacciones, determinantes de la resurrección de unas cuantas docenas de candidatos derrotados, que no deciden la mayoría, pero contribuyen a desnivelarla. Casi toda España se ha vuelto Coruña, en cuanto a estas póstumas y vergonzosas rectificaciones de algunos puestos.

… Los asaltos y tumultos dejan un recuerdo doloroso, que ha disminuido en pocos días el apoyo de la opinión al Gobierno, al extremo de que, repetida la elección mañana con garantía de orden, en una semana hubiesen variado mucho los resultados[49].

Un mes más tarde, el propio Azaña explicaría en una carta a su cuñado un aspecto de la referencia a La Coruña: «En La Coruña íbamos a sacar cinco o seis [escaños]. Pero antes del escrutinio surgió la crisis, y entonces los poseedores de 90.000 votos en blanco se asustaron ante las iras populares, y hemos ganado los trece puestos […] ¡Veleidades del sufragio!»[50]. Luego, durante la Guerra Civil, Alcalá-Zamora declararía:

La fuga de los gobernadores y su reemplazo tumultuario por irresponsables y aun anónimos permitió que la documentación electoral quedase en poder de subalternos, carteros, peones camineros o sencillamente de audaces asaltantes, y con ello todo fue posible. Tal desorden no solo favoreció sino que obedeció a un propósito que debía ir engrosando la inicial mayoría legítima y relativa. Ya las elecciones de segunda vuelta del 1 de marzo, aunque afectaran a muy pocos puestos, fueron resultado de coacciones y pasó lo que el Gobierno quiso. ¿Cuántas actas falsificaron? El cálculo más generalizado de las alteraciones post-electorales las refiere a ochenta actas[51].

Habiendo ganado una mayoría de escaños por tales procedimientos, los líderes del Frente Popular la repetirían mediante las dos fases del proceso electoral, hasta mayo, ampliándola aún más en cada una de ellas. El objetivo básico del Gobierno de Azaña era cumplir con el programa del Frente Popular, que prometía llevar a cabo la «republicanización» total de las instituciones de España, acompañada de cambios sociales y económicos mucho más amplios que los de 1931-1933, o, como dijo el propio Azaña, «de ninguna manera»[52] como el primer bienio, que en comparación habría de valorarse como mucho más moderado. Desde 1933, él y los republicanos de izquierda habían insistido en su concepto «patrimonial» de la Segunda República, que para ellos tendría que ser un régimen exclusivamente izquierdista, de ahí la política nueva de «republicanización» total. Estos cambios no incluían la colectivización de toda la propiedad, y los republicanos de izquierda también habían dejado claro que no aceptarían el socialismo liso y llano. Pero esto no perturbó a los líderes revolucionarios, seguros de que Azaña gobernaría solamente durante una fase intermedia de cambios, de «republicanización», que inevitablemente desembocaría en la revolución total.

¿Por qué aceptaban Azaña y sus correligionarios un arreglo de esta clase? Algunos creían que Azaña era un criptorrevolucionario, y el primer historiador de la Segunda República, el destacado escritor catalanista Josep Pla, tildaba su política de «kérenskyismo ideológico»[53], refiriéndose al líder ruso que abrió paso al golpe de Estado bolchevique. En efecto, esto es lo que Azaña acabó haciendo el 19 de julio, como se verá más tarde, pero parece dudoso que fuera su intención original. Azaña nunca discutió su dilema en términos prácticos, francos o públicos, y pronto llegó a desconcertar totalmente al presidente de la República, Alcalá-Zamora. El historiador no tiene más opción que la de tratar de sacar las inferencias de lo que hacía y decía como presidente del Consejo. Parece, aunque fuera irracional e ilógico, que pensaba que de algún modo podría dominar la situación, llevando a cabo varias reformas radicales que amilanaran y contentaran a los revolucionarios. Era, sin duda, un doctrinario iluso y, como muchos otros, vivía en una fantasía ideológica, un fenómeno frecuente entre los intelectuales y los políticos de la primera mitad del siglo XX.

El recurrente dilema que vivió Azaña se aprecia en una de sus decisiones más criticadas por los revolucionarios: el rechazo a la insistente demanda de llevar a cabo una drástica purga del ejército. El nuevo Gobierno cambió los destinos de más que un centenar de los comandantes más importantes —a Franco, por ejemplo, lo envió a un semidestierro como comandante militar de Canarias, lejos de la península—, reemplazándolos por otros oficiales considerados más leales al régimen. Azaña no podía ignorar que, si surgía un conflicto violento con los revolucionarios o se producía otra insurrección de los anarquistas, tendría que depender del ejército para mantener la seguridad del Estado. Nunca pudo escapar completamente de los dos fuegos entre los que se encontraba. Cuando, finalmente, después de cinco meses, trató de resolver el dilema rindiéndose a los revolucionarios, aceptó una lógica de guerra civil que nunca antes había estado dispuesto a consentir.

El 20 de febrero, Azaña dirigió a la nación su primera alocución por la radio:

El Gobierno se dirige con palabras de paz. Espera que toda la nación corresponda a los propósitos de pacificación, de restablecimiento de la justicia y la paz […]. No tenemos que perseguir a nadie mientras todos se limiten al cumplimiento de los derechos que la Constitución a todos nos concede […]. A su vez, el pueblo debe confiar en que aplicaremos puntualmente lo concertado […]. Unámonos todos bajo esa bandera en la que caben los republicanos y no republicanos, y todo el que sienta amor a la patria, la disciplina y el respeto a la autoridad constituida.

El presidente del Consejo anotó en su diario que el tono del discurso «lo habíamos acordado en el Consejo, a fin de calmar el desordenado empuje del Frente Popular y aconsejar a todos la calma»[54].

Desde el primer momento, sin embargo, la calma era inexistente y el orden público se convirtió en el principal problema. Así continuó, con escasos momentos de tregua, durante cinco meses, hasta el final. Enseguida se informó de que al menos en once provincias, y probablemente en muchas más, se habían producido incendios provocados, actos de vandalismo y manifestaciones teñidas de violencia, con numerosos ataques contra las sedes locales de los grupos derechistas e, incluso, en algún caso, contra el Partido Radical. En ocasiones, las incursiones violentas en las cárceles para liberar a presos izquierdistas pusieron en la calle a otros comunes, lo que aumentó la delincuencia y el desorden.

Uno de los peores episodios tuvo lugar en Alicante, el 20 de febrero, el mismo día del discurso de Azaña. Según los datos de un informe policial,

Grupos de desconocidos destrozaron por completo los locales del Círculo Católico, del Partido Radical, del Partido Republicano Independiente, de la Derecha Regional Alicantina, de Falange Española y la imprenta del diario católico El Día. Por la tarde incendiaron de manera parcial las iglesias de la Misericordia, el Carmen, Santa María, San Nicolás y de los Franciscanos, la Cámara de la Propiedad Urbana, el periódico Más y un asilo de ancianos. Los presos del reformatorio de adultos incendiaron de manera parcial el edificio. Como consecuencia de estos enfrentamientos se produjo la muerte de dos ciudadanos, junto con tres heridos graves y varios leves, además de la detención de treinta personas. Fue cesado el gobernador civil de Izquierda Republicana al día siguiente, al no ordenar a tiempo la intervención de la Policía[55].

Además, el objetivo de las turbas no era solamente las iglesias y los centros políticos de sus oponentes, sino también todos los elementos característicos de su estilo de vida, dimensión que incluía casinos, cafés, teatros y otros edificios.

Azaña señaló ese mismo día que «la irritación de las gentes va a desfogarse en iglesias y conventos, y resulta que el Gobierno nace, como el 31, con chamusquinas. El resultado es deplorable. Parecen pagados por nuestros enemigos»[56]. Eligió como ministro de Gobernación al afable Amós Salvador, otra mediocridad de su propio partido, un arquitecto y propietario de tierras que carecía de la determinación y la energía necesarias para una tarea tan difícil. Para el puesto clave de director general de Seguridad, Salvador nombró a José Alonso Mallol, exsocialista radical de mediana edad que había ocupado el cargo de gobernador civil en dos provincias (Asturias y Sevilla) durante el primer bienio. Algo más tarde, Mallol consintió en devolver su graduación a varios oficiales revolucionarios de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto que habían participado en la rebelión armada de 1934, y algunos de ellos desempeñarían un papel clave en el fatal desenlace del mes de julio.

Para el Gobierno, la tarea apremiante no era la represión de los incendiarios, sino cumplir su promesa electoral de conceder lo antes posible una amnistía general a los revolucionarios encarcelados, aun cuando cientos de ellos ya se habían tomado la justicia por su mano en las cárceles provinciales[57]. El día 21 de febrero se convocó a toda prisa una sesión especial de la Diputación Permanente de las Cortes y, con la cooperación de las derechas, se acordó conceder la amnistía general a todos los acusados o encarcelados por «delitos políticos y sociales» desde las elecciones de 1933, incluidos los acusados de asesinatos políticos. Se decidió la liberación de un cierto número de falangistas entre los casi quince mil presos que fueron puestos en libertad de manera oficial al día siguiente. A continuación, el Gobierno procedió a disolver alrededor de la mitad de las corporaciones municipales españolas, y en la mayoría de los casos volvió a nombrar a miembros de las izquierdas que habían sido expulsados en 1934, basándose en que, al haber sido, en su mayoría, elegidos de manera legal, debían cumplir el tiempo que restaba de sus cargos sin tener en cuenta si habían estado o no implicados en la rebelión armada.

De idéntico modo, se nombraron nuevas «comisiones gestoras» en todos aquellos gobiernos provinciales (en su mayoría de derechas) en los que el primer Gobierno izquierdista las había instalado entre 1931 y 1933[58]. Los gobiernos civiles fueron a parar sobre todo a manos de los republicanos de izquierdas, pero los socialistas (en parte gracias a su alianza con los comunistas) obtuvieron más puestos en los ayuntamientos que cualquier otro partido, principalmente en el sur. En la provincia de Granada, por ejemplo, los socialistas simplemente ocuparon por la fuerza algunos ayuntamientos de modo parecido a como hicieron los fascistas en el norte de Italia en el verano de 1922. Aunque algunos gobernadores civiles intentaron restringir las purgas políticas de funcionarios a nivel provincial y local, en algunas partes del país no pudieron evitarlas.

El historiador González Calleja describe la situación así:

Tras precipitar una nueva oleada de destituciones de ayuntamientos y diputaciones, y reponer a los alcaldes y concejales de elección popular depuestos en el bienio anterior, las fuerzas de izquierda comenzaron a intervenir en asuntos gubernativos, judiciales y laborales, controlando el orden público a través de milicias, efectuando detenciones espontáneas, imponiendo multas y penas de encarcelamiento a los patronos que no aceptaban los repartos y salarios impuestos por las Casas del Pueblo, estableciendo controles en las carreteras, destituyendo a jueces de paz hostiles o conformando jurados mixtos de circunstancias, que se vieron frecuentemente desbordados por las reclamaciones salariales[59].

Mientras todo esto ocurría, el presidente Alcalá-Zamora se alarmaba cada vez más. El 23 de febrero anotó:

La nota saliente, mostrada ayer y acentuada hoy, es la sistemática ocultación por el Gobierno a mí de cuanto ocurre sobre alteración de orden público, habiendo llegado al extremo de interceptar la comunicación que distintos elementos del pueblo de Esquivias me dirigieron anteanoche, cuando a gritos de «puño en alto y viva Rusia» fue agredido a tiros el sexagenario alcalde de dicha villa.

Todas las informaciones que recibía coincidían en constatar «noticias de atentados y tumultos en que se eclipsa la autoridad, y ello en muy distintas partes del territorio»[60].

El 24 mostraba una impaciencia creciente ante la demora en recibir cifras exactas de los resultados de los escrutinios, pero, a causa de los desórdenes y las manipulaciones que habían tenido lugar, tales cifras nunca serían publicadas por el Gobierno. Manuel Becerra, ministro de Justicia bajo Portela, le visitó para decirle que la falsificación y el fraude habían determinado los totales en un mínimo de cincuenta escaños. El presidente escribió amargamente:

La prensa de izquierda muestra con insensato rencor que la amnistía no la concibe como tregua y sí como una fase más de la guerra civil. A la hora misma en que obtiene la impunidad para los suyos, y procurara extenderla a los crímenes comunes con el pretexto de ser conexos, pretende que se castigue severamente a Gil-Robles y a Salazar Alonso, […] sin reparar en la desigualdad de tratos […][61].

El presidente se extrañó cuando, el día 28, el Gobierno le pidió la firma de un decreto que forzaba a todos los empresarios españoles a volver a contratar a cualquier obrero despedido desde el 1 de octubre de 1934. Protestó diciendo que era contrario a la Constitución. Cuando preguntó por la base legal de tal «insólito abuso de poder», se le replicó que «ninguno absolutamente». El presidente negó su firma, declarando que, como mínimo, tal medida tendría que ser votada por el Parlamento; Azaña contestó que, si no la firmaba, el Gobierno no podría asumir la responsabilidad del mantenimiento del orden público. Alcalá-Zamora había iniciado el apaciguamiento de las izquierdas en octubre de 1934, y no le quedaba más remedio que someterse al chantaje y la coerción firmando un decreto que reconocía como manifiestamente ilegal. A la mañana siguiente, Azaña pasó por su despacho para explicar que entendía que su Gobierno estaba cometiendo «un delito», pero que, como se ha indicado antes, era el único modo de apaciguar a los movimientos revolucionarios[62].

Unos días después, el presidente supo que algunas de sus propiedades agrarias se estaban viendo afectadas por lo que se llamó «la invasión de fincas», especialmente alentadas en muchas partes del sur por la victoria del Frente Popular. Recibió noticias de «bárbaros atropellos de las masas y de la autoridad» por una llamada telefónica de su prima hermana, que administraba algunas de sus propiedades en Jaén. Por eso invitó a su prima a que pasara una temporada en su casa en Madrid si se creía en peligro personal, «porque en Madrid las cosas no pueden hacerse ni consentirse de igual modo»[63].

Aquella última noche de febrero también recibió una comunicación de un amigo suyo de Jaén que decía que

[…] el agitador que ha excitado a las violencias es un exaltado, telegrafista de allí, quien, después de haber desencadenado estos sucesos, pidió, amparado por los más lamentables entre los diputados electos, que se destituyera el Ayuntamiento de ese pueblo, donde por ser el de mi madre tengo más familia e intereses que en Priego mismo [su pueblo natal]. El gobernador interino, que se allanó a todas las demás tropelías que le pidieron u ordenaron los diputados extremistas, vaciló ante esta […]. Consultó al ministro de Gobernación D. Amós Salvador, quien, a pesar de haberle enterado de todo, se inhibió en términos de tal indiferencia, tan desdeñosa y tan despectiva para cuanto el pobre gobernador creía respetable, que este comprendió lo que tenía que hacer: allanarse, destituir con brutalidad y de forma ilegal, y de modo fulminante, el Ayuntamiento electivo y legítimo, y entregar la ciudad al telegrafista, quien con las turbas excitadas y elementos de otros pueblos llevados por si los de allí conservaban respeto, ha ido organizando y extendiendo los robos de cosechas e invasiones de fincas a toda la propiedad del término, y tiene aterrorizados y metidos en casa a los dueños[64].

Y todo esto pasaba no solamente en una localidad de Jaén, sino en otras muchas del sur de España.

El presidente observó con amargura en su diario que «aun con las manipulaciones posteriores a la votación», el Frente Popular había ganado en Jaén por no más de mil votos y que después de los excesos recientes no podría ganar otra vez[65]. Eso posiblemente era cierto, pero ignoró el hecho de que el Frente Popular estaba resuelto a poner fin a las elecciones libres en España.

A pesar de todas las evidencias, Alcalá-Zamora insistía en su idea de que, de un modo u otro, podría apaciguar o, al menos, ayudar a contener a las izquierdas. Así que no dudó en firmar el decreto por el cual el Gobierno confiscaría una gran cantidad de tierra en Extremadura para entregarla a los yunteros de la región, observando que le parecía una medida justa y legítima. Mientras tanto, varias de las figuras más moderadas de los republicanos de izquierda le reconocían que las izquierdas no habrían podido recuperar el poder sin la ayuda del presidente y que había sido y seguía siendo «una garantía contra el peligro de la reacción»[66].

No obstante, solo un día después comenzó la ofensiva izquierdista contra el presidente por medio de un artículo publicado en el periódico de Indalecio Prieto, El Liberal (Bilbao), el 5 de marzo, en el que se sostenía que Alcalá-Zamora debía ser sustituido por un presidente netamente izquierdista. En un primer momento, el artículo cogió al presidente por sorpresa, pues Prieto parecía haber abandonado el revolucionismo y Alcalá-Zamora esperaba un poco de gratitud, pero en los días siguientes vio que la propuesta también ganaba terreno entre los republicanos de izquierda y empezó a sospechar que Azaña pensaba copar todo poder de gobierno.

La marcha de la victoria del Frente Popular tuvo lugar en Madrid el 1 de marzo, con la presencia, se decía, de unas 250.000 personas. Destacaban los componentes socialistas y comunistas, con sus miles de jóvenes uniformados, emblemas revolucionarios e himnos de partido, aunque más importante aquel día fue el decreto gubernamental que exigía a los patronos que volviesen a contratar a todos los trabajadores despedidos por motivos políticos o por huelgas políticas desde 1934, debiendo abonarles, además, los sueldos que hubiesen dejado de percibir en una cuantía no inferior a treinta y nueve días de salario ni superior a seis meses, dependiendo de los casos individuales. Nada se decía en esta medida inconstitucional sobre los delitos violentos que pudieran haber cometido los trabajadores contra los patronos, delitos que quedaron en total impunidad. Al día siguiente, los gobernadores civiles y las delegaciones de Trabajo comenzaron a aplicar la nueva ley. La Cámara de Comercio e Industria madrileña y otras asociaciones empresariales elevaron la queja de que todo cuanto habían hecho los patronos había sido perfectamente legal en aplicación de la legislación vigente, que no habían incumplido ninguna ley que existiese con anterioridad y que el nuevo edicto daría lugar al caos y tendría unos costes abrumadores. Más tarde, los derechistas afirmarían que, al menos en un caso, una viuda que había quedado al frente de su negocio se vio forzada a volver a contratar al trabajador responsable del asesinato de su marido en un altercado político.

Esta medida no se había contemplado específicamente en el programa oficial del Frente Popular, pero enseguida los movimientos revolucionarios habían exigido que se fuera mucho más allá del acuerdo original, y, con la alianza dominando tanto las Cortes como las calles, Azaña parecía dispuesto a complacerlos. En un banquete organizado a comienzos de marzo por la comisión electoral de Izquierda Republicana, el presidente del Consejo declaró:

Y ahora tengo que confesaros un secreto. El programa del Bloque Popular es nada más que una parte del programa de Izquierda Republicana, y no la más importante. En cuanto nos desembaracemos del compromiso de cumplir ese programa, cuando lo hayamos llevado a la práctica, tendremos que cumplir el nuestro, y lo cumpliremos también íntegramente. Os aseguro que vamos más allá de lo que marca el programa del Bloque Popular, y hemos de llegar hasta el final […][67].

Aunque Azaña no especificó en qué consistía el nuevo programa, los sucesos subsiguientes demostrarían que esta declaración, aunque vaga y utópica, fue algo más que otra expresión de su conocida pomposidad retórica.

En el otro lado del espectro político, una vez visto que las izquierdas quedaban establecidas en el poder y que las protestas por todas las irregularidades eran inútiles, la respuesta inicial de la CEDA fue moderada. No era la primera vez en la historia de España que se habían ganado unas elecciones por procedimientos irregulares (aunque nunca, probablemente, con tanta violencia). La cúpula del partido se dejó temporalmente en manos del cristianodemócrata Manuel Giménez Fernández, quien, el 22 de febrero, había declarado a El Adelanto de Segovia que la CEDA era tan solo «la derecha de la República» y que siempre actuaría «dentro de la legalidad y dentro de la República», como había hecho hasta entonces. En las dos primeras semanas tras las elecciones, El Debate, portavoz principal del partido, destacó las condiciones de la concordia civil: obediencia a la ley, disolución de todas las milicias paramilitares, como se había decretado en Francia dos años antes, un programa económico razonable que todos pudieran asumir, e igual respeto para la educación católica.

Fue, sin embargo, muestra de la distancia entre los líderes de la izquierda y de la derecha el hecho de que Azaña anotase en su diario que el 20 de febrero se había reunido personalmente con Giménez Fernández por primera vez, añadiendo que este «asegura que no le separa de mí más que la política religiosa. Nunca le he oído hablar, ni leído nada suyo. Ignoro si vale para algo […]. Me parece como un conservador utópico, para discursos en los juegos florales». Cuando Giménez Fernández le presentó una queja por los violentos asaltos sufridos en las sedes y los periódicos de la CEDA, Azaña, como era habitual, minimizó la importancia de cualquier violencia protagonizada por las izquierdas, diciéndole: «Tienen ustedes que convencerse —le dije riendo— que la derecha de la República soy yo y ustedes son unos aprendices extraviados»[68].

Cuando el Consejo Nacional de la CEDA se reunió el 4 de marzo, se declaró que el total de votos mostraba un partido más fuerte que nunca (lo que técnicamente era correcto), aunque tenían menos diputados debido a la forma en que había funcionado el sistema de alianzas. Prometió continuar con la «lucha legal», apoyar al Gobierno «en cuanto afectara al orden público y al interés nacional» y oponerse a «cuanto fuese revolucionario»[69]. En consecuencia, el 19 de marzo, en la primera reunión del grupo parlamentario de la CEDA, Giménez Fernández preguntó dramáticamente si el partido respaldaba «la democracia o el fascismo», y el grupo cedista optó por la democracia, aunque con la prudente salvedad de que si esta resultaba imposible, se disolvería el partido para que sus miembros pudieran seguir sus propios caminos (como, de hecho, ocurrió en la Guerra Civil).

Giménez Fernández todavía confiaba en que la CEDA pudiera transformarse en un partido cristianodemócrata pleno, aunque en ese momento ya había observado que «se llama fascista a toda persona que no se deja atropellar», lo que de manera inevitable condujo a la gente de derechas a decir: «Pues, si para evitar que se impongan por la fuerza quienes no son más ni mejores, hay que correr el riesgo de que nos llamen fascistas, que nos lo llamen»[70]. De hecho, la agrupación juvenil de uno de sus sectores más democráticos, la Derecha Regional Valenciana, ya estaba funcionando por su cuenta y había iniciado conversaciones secretas con oficiales del ejército sobre la posibilidad de llevar a cabo una rebelión armada. Aunque la posición política del partido estaba clara, su juventud más volátil estaba empezando a cruzar otras fronteras.

A finales de febrero pareció reducirse algo el número de desórdenes, y tuvo lugar una ligera alza en la Bolsa, pero el optimismo no duró más allá de la primera semana de marzo, en la que la violencia política aumentó con rapidez y se mantuvo hasta el final del mes, momento en que la situación mejoró modestamente. Los mayores disturbios ocurrieron en Granada, donde tuvieron lugar una serie de desórdenes y actos de destrucción de la propiedad que culminaron, el 10 de marzo, con una huelga general y un tumulto masivo, incluidas la quema de los talleres y oficinas del periódico derechista El Ideal, así como las sedes políticas de las derechas, varias iglesias y, al menos, dos casas particulares. La violencia se extendió por otras localidades de la provincia, mientras que en la ciudad de Granada al menos dos personas resultaron muertas.

En palabras de Macarro Vera, «el gobernador había caído en la irresponsabilidad de dar volantes de auxiliares de su autoridad a las milicias socialistas y a los comunistas, que en los días siguientes se dedicaron a registrar las casas de personas de derechas»[71].

La política del gobernador de Granada reflejó una medida que llegó a ser habitual en varias provincias: la autorización a los revolucionarios para actuar como policías auxiliares, lo que garantizaba que se desobedecería la ley de manera incluso más grave, y también la tendencia, cada vez más frecuente, tras la violencia y los desórdenes protagonizadas por las izquierdas, a arrestar solo a los derechistas, como si se les culpara de los desórdenes de los que habían sido víctimas. En esta ocasión, sin embargo, el Gobierno nacional reaccionó ante el desorden y el ultraje a la justicia. «A Granada fue enviado un nuevo gobernador, de Unión Republicana, para acabar con el clima de guerra civil. Su objetivo era meter en cintura a los falangistas, a los que encarceló, a las milicias de izquierdas, que campaban armadas por las calles, y a los militares que estaban preparando una asonada». En conjunto, se arrestó al menos a trescientas personas, desde pirómanos y otros delincuentes que atacan la propiedad hasta conservadores que intentaban protegerla[72].

La Dirección General de Seguridad intentó reducir la violencia mediante el desarme de la población. Promulgó una serie de decretos que, esencialmente, anulaban las licencias para tener armas e iban acompañados por la amenaza de multas, y culminó en una orden dictada el 4 de marzo que concedía tan solo un plazo de diez días para la entrega de todas las armas, aunque no parece probable que la gran mayoría de la gente hiciera caso. La respuesta del Gobierno ante los desórdenes seguiría siendo espasmódica e irregular. Se hacía caso omiso de la existencia de la mayoría de esos actos, sobre todo por parte de los socialistas, aunque de vez en cuando el Gobierno o la DGS dictaban órdenes draconianas, si bien no se obligaba a su cumplimiento. Luego, cuando alguna situación llegaba a un punto extremo, la Policía intervenía con una fuerza que a veces resultaba letal. De ahí la conclusión de algunos historiadores, como Rafael Cruz y Eduardo González Calleja, de que aproximadamente la mitad de los muertos en actos de violencia política fueron izquierdistas, normalmente obreros, fusilados por las fuerzas del orden. En cuanto a las víctimas de homicidios individuales directos, a partir del mes de marzo los falangistas no iban a la zaga de los revolucionarios, y hubo muchas víctimas en ambos lados[73]. En un gesto grotesco, Amós Salvador, ministro de Gobernación, realizó un débil intento de asegurar a la opinión pública que la situación no era tan grave, ya que los peores incidentes estaban protagonizados por «bandas de jóvenes» que no eran miembros de ningún partido político, lo que en algunos casos resultó ser técnicamente cierto, aunque sus simpatías políticas estuvieran claras.

En ocasiones, los principales dirigentes de izquierdas emitieron declaraciones desalentando la violencia de sus seguidores, pero, en su mayoría, se dio libertad a los grupos juveniles para que actuaran por su cuenta. La excusa habitual de los líderes izquierdistas era que la violencia surgía de las provocaciones falangistas y derechistas, y que las acciones de las izquierdas se producían solamente a modo de respuesta, lo cual, en la mayor parte, no era cierto y, en lo que respecta a las primeras semanas tras las elecciones, falso casi por completo.

La realidad era más bien la opuesta. Justo después de las elecciones, José Antonio Primo de Rivera declaró una tregua incluso en los ataques propagandísticos de su partido al nuevo Gobierno, así como en otros actos hostiles contra las izquierdas. Hasta cierto punto José Antonio también se sentía cautivado por el «mito de Azaña», a quien creía un gran líder potencial capaz de llevar a cabo la «revolución nacional».

El Gobierno y los revolucionarios respondieron con determinación, con el fin de acabar de una vez por todas con el fascismo en España, uno de los objetivos básicos del frentepopulismo. El 27 de febrero, la Policía clausuró las sedes locales de la Falange en todo el país bajo la acusación de tenencia ilícita de armas. Sin embargo, no se hizo esfuerzo alguno por registrar las sedes izquierdistas con el mismo motivo. Más tarde, el Gobierno reconoció que se había asesinado a «unos fascistas» en Almoradiel. El 6 de marzo, en Madrid, dos miembros de la CONS, el sindicato falangista, que trabajaban en la demolición de la vieja plaza de toros y se habían negado a secundar una huelga izquierdista, fueron abatidos a tiros y otros dos resultaron heridos de gravedad, mientras ese mismo día cuatro trabajadores falangistas eran asesinados en Galicia. Al día siguiente, un miembro del SEU, el sindicato estudiantil de Falange, que previamente había sido herido de bala en un mitin en Palencia, murió a causa de las lesiones, y, según se afirma, cuatro días más tarde, el 11 de marzo, miembros de las Juventudes Socialistas dispararon en Madrid contra dos estudiantes de Derecho, un falangista y un carlista, causándoles la muerte. Desde las elecciones, catorce falangistas habían encontrado la muerte en diversas zonas de España y otros resultaron gravemente heridos. Solo en Madrid, entre el 6 y el 11 de marzo, se produjeron cuatro víctimas mortales[74].

La respuesta de la Falange no fue un simple más de lo mismo, sino que, como ocurre a veces en tales confrontaciones, consistió en una contraescalada. La mañana del 13 de marzo, varios pistoleros atacaron a Luis Jiménez de Asúa, profesor de Derecho y socialista destacado que había sido uno de los redactores principales de la Constitución republicana. Consiguió salir ileso, pero su escolta falleció a consecuencia de las heridas recibidas. Dado que este no era un caso de la derecha atacada por la izquierda, sino lo contrario, la Policía se esforzó en practicar detenciones y encarceló a varios estudiantes falangistas, aunque los verdaderos autores del hecho escaparon a Francia en un avión privado[75]. El funeral del escolta asesinado se convirtió en la ocasión para iniciar otra manifestación y un tumulto. Se incendiaron las oficinas de un periódico derechista, que nunca volvió a publicarse, así como dos grandes iglesias del centro de Madrid, una de las cuales quedó reducida a escombros. Sin embargo, la posterior declaración oficial de la Dirección General de Seguridad situó el asunto en una perspectiva más imparcial que la mantenida por algunos autores posteriormente, porque relató tanto el atentado contra Asúa como las muertes previas de los «fascistas» en Almoradiel, el asesinato de los trabajadores falangistas el día 6 y el de los estudiantes el día 11[76]. En los desórdenes que se produjeron durante el funeral del escolta solo hubo una víctima, aunque más tarde se informó de que dos comunistas habían muerto en un segundo ataque falangista[77].

El atentado contra Asúa supuso el inicio de una escalada de la violencia, ya que, durante los años republicanos, los principales jefes de los partidos (que, con frecuencia, al menos desde 1934, iban acompañados por escoltas armados) casi nunca habían sido objetivo directo de los atentados. Azaña mantuvo una larga reunión con el Consejo de Ministros, a la que siguió una declaración oficial en la que se instaba a mantener la calma y el orden. Estaba claro que los autores del atentado eran los falangistas, el único movimiento fascista categórico del país, si bien pequeño y, hasta entonces, aislado. Aunque la mayor parte de la violencia durante la República siempre había procedido de las izquierdas, el Gobierno de Azaña consideraba que con la abolición de Falange aumentaría el orden público y se reducirían tanto la provocación como las excusas de los revolucionarios.

El 14 de marzo se arrestó a toda la Junta Política y la cúpula nacional del partido, incluido José Antonio Primo de Rivera, y también en las provincias se realizó un barrido de muchos de sus dirigentes. El informe oficial del arresto de José Antonio decía simplemente: «Detenido por fascista», pese a que, de acuerdo con la legislación vigente, no era más delito ser «fascista» que ser comunista o anarquista. Tres días más tarde, un tribunal madrileño declaró que todo el partido era una organización ilegal por su tenencia ilícita de armas y sus actividades violentas.

De esta manera, el «fascismo» quedaría abolido en España mediante un simple decreto. Todo este asunto ejemplificaba la politización de la justicia bajo el Gobierno izquierdista, ya que existía un extenso listado de organizaciones de izquierda más implicadas en la tenencia ilícita de armas y en actividades violentas que Falange, pero ninguna de ellas fue ilegalizada. Cuando se anularon los cargos contra José Antonio Primo de Rivera tras apelar ante un tribunal superior, el Gobierno siguió presentando nuevas acusaciones, algunas de ellas de dudosa autenticidad, con el fin de mantenerle sometido a detención permanente, antes de ejecutarle junto a otros miles de falangistas tras el inicio de la Guerra Civil.

Aunque la Falange ya no podía actuar como un movimiento político normal, la República aún no era un estado policial. Se obligó al partido a pasar a la clandestinidad, pero sus nuevos afiliados superaban con mucho a los arrestados; procedían sobre todo de las JAP, desilusionados con las tácticas moderadas y legalistas de la CEDA. Durante la segunda mitad del mes de marzo, la ilegalización del partido pudo contribuir a reducir, de manera momentánea, la violencia, pero los falangistas estaban decididos a tomar represalias. En abril aumentó de nuevo el índice de violencia y ya se mantuvo en ese nivel, aunque con varios altibajos, hasta el inicio de la Guerra Civil[78].

Al mismo tiempo, los constantes excesos de las izquierdas revolucionarias desconcertaban al Gobierno. De alguna manera, Azaña había considerado que su alianza con los revolucionarios calmaría sus actividades, pero el efecto estaba siendo más bien opuesto: servía como garantía de un poder benévolo para estimularlas. El 17 de marzo escribió a su cuñado y mejor amigo: «Vamos cuesta abajo por la anarquía persistente de muchas provincias, por la taimada deslealtad de la política socialista en muchas partes, por la brutalidad de unos y otros, por la incapacidad de las autoridades, por los disparates que el Frente Popular está haciendo en casi todos los pueblos, por los despropósitos que empiezan a decir algunos diputados republicanos de la mayoría». Y se lamentaba aún más: «Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno»[79].

Política, el órgano del partido de Azaña, publicó el 27 de marzo:

Resulta casi una perogrullada decir que el fascismo no es temible por lo que representa numéricamente, sino porque, tratándose de un fenómeno de disgregación social, se engendran la demagogia y la agitación estéril. De ahí que la táctica fundada en la teoría de la «revolución permanente» haya sido desechada por sus resultados catastróficos en Alemania y en otros países afectados por el fascismo […]. No se comprende cómo fuerzas que no representaron nunca el obrerismo extremo remueven métodos de derrota y sufren el deslumbramiento de una revolución a la que falta incluso el proceso previsto por Marx.

Aunque los izquierdistas pudieron protestar (en ocasiones con buen criterio) porque los jueces conservadores trataban con demasiada benevolencia a los falangistas confinados, la Policía fue, de hecho, más severa con estos que con los miles de infractores de la izquierda, y con harta frecuencia pasaba por alto los ataques izquierdistas contra los falangistas[80].

Luis Romero ha escrito el mejor resumen analítico de la dialéctica de la violencia que comenzó a desplegarse a finales del invierno y durante la primavera de 1936:

El Gobierno se ve incapaz de controlar el orden, y los incidentes con sangre —muertos y heridos graves— salpican a toda España. Templos, conventos, centros derechistas, imágenes en ocasiones con gran valor artístico más o menos grande, son quemados o saqueados en diversos puntos. A mediados de marzo en Yecla se desencadenó un ataque de furia iconoclasta que prendió fuego a las iglesias y en particular a un número elevado de imágenes; el día 22 del mismo mes, en Oviedo, matan al que fue fugaz ministro liberal-demócrata, Alfredo Martínez García-Argüelles, que había desempeñado la cartera de Trabajo, Justicia y Sanidad en el primer Gobierno de Portela. El 31 por la mañana, cuando salía de su domicilio en Madrid, Cava Baja número 22, el estudiante de Medicina Antonio Luis Espiñeira, de 19 años, de ideología «fascista», es agredido a tiros por tres o cuatro pistoleros que luego huyen; el mismo día, en Sevilla, cuatro individuos mataron a tiros a Manuel Giráldez Mora, «afiliado al fascio», que cumplía el servicio militar, aunque la causa del atentado es que trabajaba en el muelle como capataz […].

Algunos autores, y Josep Pla entre ellos, publican una larga relación de hechos sangrientos; no todos se reflejaban en la prensa, sobre la cual se ejerció la censura, pero basta un repaso de los periódicos para comprobar el elevado número de delitos de sangre de origen político-social. La escasa importancia que se les atribuye, salvo a los casos de mayor relieve, es indicio de que impresionan escasamente a la opinión pública, a menos que ocurrieran en la misma ciudad o región. Comenta Pla: «La fórmula política imperante ¿permitiría abrigar la esperanza de algún apaciguamiento? Era, a mi entender, imposible. En primer lugar, la fórmula política encubierta con las palabras Frente Popular, era la revolución misma. Significaba, como ya dijimos, la posibilidad de hacer la revolución con impunidad completa. Son los elementos del Frente Popular mismo los que cubren, dirigen y mantienen la subversión […]». Este texto quizá adolezca de una visión propia de posguerra, que fue cuando se escribió este libro, lo cual hace que se generalice demasiado. Lo que ocurría es que los republicanos estaban obligados a pagar en mala moneda la victoria que el Frente Popular les había dado. Poquísimas veces los desmanes provienen de un elemento de Izquierda o Unión Republicana; los autores de los atentados como de los destrozos, incendios y demás son socialistas y comunistas y, en ocasiones, anarcosindicalistas. Y aunque se ha estado insistiendo en el extremismo político de los seguidores de Largo Caballero, a la hora de la acción, los partidarios de Prieto no se quedaban atrás.

Las derechas tampoco demostraban ser mancas, aunque en este período, por lo general, actuaban a la defensiva. En los pueblos principalmente, votantes y militantes de la CEDA recurrían a las armas con frecuencia; según quien redactara la noticia, le colocaba la etiqueta de «fascista» (en calidad de matador o de víctima) y asunto concluido. En publicaciones de carácter derechista posteriores a la guerra, se ponen de manifiesto incendios, destrucciones y otros horrores sin citar cómo empezaron; en algún caso consigue averiguarse que fueron consecuencia de la «muerte de un socialista», o dos […]. Los falangistas también actuaban, y a partir de estas fechas, más; sucede que entonces y después se jactaron de ello, lo cual ha permitido a otros elementos, que actuaban con mayor discreción política, aceptar que se carguen todas las culpas sobre Falange.

En los libros publicados durante la guerra o en el exilio se ha exagerado de tal manera, que acusar a los falangistas se ha convertido en un tópico sin valor demostrativo. Unos utilizaban la exageración como arma política, pero muchos lo hacían porque habían llegado a creerlo; más adelante fueron copiándose unos a otros […][81].

Además, Romero observa que los derechistas, escandalizados de manera especial por la violencia y la destrucción anticlericales, utilizaron la cuestión religiosa para atraer a los moderados y a la gente de escasos recursos:

La tolerancia del Gobierno, que reaccionaba con retraso y escasa energía frente a los desmanes, atrajo a la derecha a muchos españoles que, en razón de su débil economía, de la precariedad de sus ingresos, del desamparo sociocultural en que se debatían, carecían de otras razones, si no eran las religiosas, para unirse a quienes eran sus «enemigos» naturales. La izquierda burguesa, gobernante en ese momento, rabiosamente anticlerical y con elevado porcentaje de masones entre sus dirigentes, creía ver una válvula de escape en los ataques a la Iglesia. Casi podría decirse que se complacían en ellos, al considerarlos un desquite histórico y justiciero[82].

Mientras tanto, el presidente Alcalá-Zamora observó en su diario que entre las derechas «en general hay una depresión enorme, precursora de reacción, mientras más tardía más fuerte». Trató de animar a Azaña a que procediera con mayor rapidez con la legislación adecuada para lograr los cambios prometidos en su programa y a solicitar a los jefes obreros una mayor cooperación, pero el presidente del Consejo contestaba que todo era muy complicado, que no se podían preparar con prisa leyes adecuadas y que las organizaciones obreras habían llegado a ser tan indisciplinadas que nadie podía con ellas[83].

El presidente lamentó otra vez, el 8 de marzo, que «una de las cosas más extrañamente difíciles ha resultado conocer los datos numéricos de votación en las recientes elecciones […]. Ha costado días y esfuerzos saberla, porque las manipulaciones de prestidigitación a partir del lunes 17, preparatorias de tantas resurrecciones y muertes de candidatos, lo imposibilitan». Aunque nunca presentaría los datos exactos por los distritos individuales, la Junta Central del Censo le indicó eventualmente que el Frente Popular había obtenido 4.363.903 votos, la derecha y el centro en listas combinadas un total de 4.155.153, y el centro en listas separadas 556.008. Incluso este margen tan magro habría sido imposible, escribió Alcalá-Zamora, sin «esos escamoteos del tan prolongado como escandaloso sobreparto electoral, sin el que en la composición de la Cámara no habría sido mayoría absoluta la actual». Esto le llevó a su conclusión habitual de que, en el momento presente, unas nuevas elecciones proporcionarían resultados completamente diferentes[84].

El presidente seguía anotando en su diario las noticias de nuevos desórdenes, actos de violencia, ocupación ilegal de propiedades y abusos varios e indiscriminados por parte de los nuevos gobiernos locales. En las conversaciones entre los dos, Azaña, por un lado, seguía con su cantinela de que todo se debía a respuestas a las «provocaciones» de las derechas, y, por el otro, más realista, le decía que esperaba poder limitar los desórdenes principalmente a las provincias del sur. Admitía que había excesos en varias provincias en casi todas las regiones, sin embargo, y aseguró que tenía la intención de hablar otra vez con los líderes de los socialistas para conseguir más cooperación, pues una gran parte de los actos ilegales provenían de ellos.

Alcalá-Zamora estaba bastante perplejo ante un presidente del Consejo que no parecía tener un plan o una política claros, y concluyó que «en el hombre falta el corazón». Varios observadores habían subrayado la extraña frialdad de Azaña. «¡Extraña psicología la de ese hombre!, para ser estudiado por los especialistas de nuestro tiempo». Observó que Azaña trataba de eludir sus responsabilidades, no mediante la huida, como Portela, sino mediante sus gestos políticos y su retórica, siempre calculados para ganar el aplauso de las izquierdas, aunque con frecuencia sin eficacia[85].

El presidente era consciente de que no tenía más opción que «soportar» al Gobierno presente, a pesar de estar en el poder gracias a «una mayoría ficticia», porque era el Gobierno que, de hecho, «existe». Pero pensaba que, probablemente, trataría de violar la Constitución aún más en el porvenir, no obstante su legitimidad dudosa, «y que además querrá declararse indisoluble». Sin duda, Alcalá-Zamora también tuvo que soportar mucho abuso verbal en las nuevas Cortes, mientras Portela Valladares ya le había advertido de que, en el Parlamento, él tendría que defenderse a sí mismo y, por tanto, no podría echar una mano al presidente. Entretanto, Adolfo González Posada, como varios otros centristas, «me aconseja e invita a resistir en mi cargo cuanto pueda, porque mi salida es la pérdida de toda esperanza»[86]. En cierto sentido, era así, a pesar de todos los errores de Alcalá-Zamora en el pasado, aunque también se puede llegar a la conclusión de que, con tales observaciones, trataba de justificar ante sí mismo su propia postura. No se atrevía a retirar la confianza al Gobierno de Azaña, a pesar de su gran irresponsabilidad, porque una cosa era manipular a radicales y cedistas, siempre respetuosos con la ley, y otra muy distinta tratar ahora de resistir a unas izquierdas que empleaban la violencia con frecuencia.

Desde el comienzo, el presidente desconfiaba del nuevo ministro de Gobernación, el inepto, si no completamente incompetente o directamente subversivo, Amós Salvador. Cuando el 13 de marzo se produjeron en Madrid graves motines e incendios de iglesias, Alcalá-Zamora le telefoneó de inmediato y recibió del ministro unas palabras desconcertantes que escandalizaron al presidente: «Continúa el deporte». Al día siguiente, Alcalá-Zamora observó:

Llegan distintas noticias que describen el terror y el abandono durante la noche de sus moradas por muchos habitantes de Madrid, no solamente los religiosos, sino los laicos, inquilinos de viviendas próximas a templos o conventos. Las referencias de las clínicas acusan un número considerable de heridos. Testigos presenciales confirman la organización premeditada de los grupos incendiarios, con organización especializada: avanzadas de mozalbetes que materialmente prenden el fuego; gruesos de aparentes espectadores que estorban el acceso de los bomberos; parejas destacadas que avisan las llegadas de la fuerza abriendo el fuego, que siguen los otros pistoleros.

Discutiendo esto con Azaña, «le dije una vez más que la prolongación intolerable y tolerada de la anarquía podía traer una reacción que arrolle todo el régimen. No la niega, pero él, que es jefe del Gobierno y de la mayoría que lo impone, no pone remedio». Observó también que hasta los líderes del Partido Socialista Francés pedían mayor prudencia y responsabilidad a sus congéneres españoles, puesto que las noticias de violencia y destrucción en España estaban perjudicando a sus posibilidades electorales en Francia[87].

Ya se podía comprobar que los líderes nominales de las izquierdas españolas, bastante antes del comienzo de la Guerra Civil, manipulaban el argumento de que la violencia emanaba de unos «incontrolables» con quienes nadie podía. Esta razón, utilizada por los portavoces de las izquierdas antes, durante y después de la Guerra Civil, y todavía hoy por un sinfín de historiadores partidistas y militantes, esencialmente ha admitido que sectores fundamentales de los movimientos izquierdistas constituían una especie de patológica epilepsia política, comportándose como terroristas, pero sin considerar que tal caracterización los descalificaba totalmente.

El 15 de marzo, el presidente escribió que «hoy se ha llegado a lo inconcebible». A las cuatro y media de la mañana le despertó una llamada de su finca, en Jaén, informándole de «el terror, dueño allí de la población, donde se persigue y prende a mi familia en masa», noticia confirmada por su prima, que seguía supervisando la propiedad. El presidente enseguida llamó a Antonio de Lara y Zárate, nominalmente ministro de Justicia, pero «el resultado transmitido por teléfono no ha podido ser más desolador en cuanto a la ineficacia e inexistencia del Gobierno. Me iba leyendo una lista de proscritos, redactada por el odio, a los que ya se había detenido o se quería detener, y a la acotación de mi respuesta variaba solo entre «es sobrino mío» o «es marido de una sobrina mía». […] No todos pudieron ser detenidos, porque […], prevenidos, huyeron por la noche […]». Luego, cuando una sección de Guardias de Asalto finalmente llegó a Alcaudete, en vez de detener a los amotinados, «se llevó presos… ¡a treinta y siete personas más respetadas de mi familia y amigos, con el párroco y los coadjutores a la cabeza, que no habían podido huir, y dejó tranquilos y dueños del pueblo a los alborotadores!»[88].

Fue la política típica del Gobierno de Azaña de inculpar a las víctimas.

Pero le prometía a Alcalá-Zamora que iba a pedir explicaciones sobre lo que había pasado en Jaén, y durante la tarde del 16, el Consejo de Ministros se reunió en el palacio presidencial. «¡Qué caras las de los ministros; qué palidez, contrariedad, preocupación y silencio absoluto mientras yo iba firmando decretos…!». Entre estos había uno que trataba de frenar la caída de la peseta, medida que el presidente creía habría sido totalmente innecesaria si se hubiera mantenido un grado razonable de orden público. Las noticias dramáticas sobre las convulsiones en España tenían consecuencias drásticas en el comercio y las finanzas internacionales[89].

Esa misma tarde, Azaña le informó de que había dado órdenes para soltar inmediatamente a sus parientes de Jaén, pero que no sería aconsejable que volviesen a sus casas por la falta de seguridad. Esto exasperó al presidente aún más, porque semejante consejo venía a decir que «los desórdenes son obra no de los culpables y sí de las víctimas».

Con motivo de esto, le he advertido con toda lealtad al Gobierno que los desórdenes, por su continuación, reparto estratégico entre todas las provincias de España, audacia, persistencia, obedecen a un plan sistemático, que intenta llegar hasta las elecciones municipales, viciadas moral y jurídicamente de raíz si en tales circunstancias se celebran. De ello será víctima el Gobierno mismo y sus partidos, pues lo que se busca es presentar una votación fabulosa, bajo el terror, los retraimientos y falsedades que consientan, aumentando la coacción revolucionaria que se llama con eufemismo presión de la calle […].

Alcalá-Zamora pensaba que era imposible descubrir el menor sentido a las contradicciones de la política del presidente del Consejo: «A ratos ha perdido Azaña por completo los estribos. Después de haber dicho que él no quiere mantener situaciones ilegales o arbitrarias, dijo que no tendría escrúpulos para, con su mayoría, dictar leyes que obligan a los tribunales a servir su política», a lo que Alcalá-Zamora dice que contestó que era él mismo, el presidente de la República, quien tenía escrúpulos muy poderosos en contra de tales pasos, y que ante la violación de la Constitución por Azaña no sería más complaciente de lo que había sido con Lerroux o la CEDA. No explicaba en qué o cómo habían violado la ley estos últimos. Luego se refirió a la política del Gobierno acerca de reponer en sus funciones activas a oficiales y personal de las fuerzas de seguridad que habían sido despedidos o condenados a años de prisión por haber participado en la insurrección de 1934. Citó la iniciativa verdaderamente atroz de Salvador, quien había felicitado personalmente a varios guardias civiles que durante la insurrección habían entregado sus armas a los revolucionarios, a quienes luego repuso en sus funciones. Advirtió a Azaña que, del mismo modo que había rehusado a firmar varios decretos de Lerroux el año anterior, no firmaría decretos del Gobierno actual si se los presentaba únicamente en las reuniones del Consejo, sujeto a la «coacción», como la terminó llamando, de los ministros presentes[90].

Las noticias que recibía parecían empeorar día a día:

Basta leer la prensa de provincias, donde la censura es menos intensa. Las juventudes extremistas pretenden, y obtienen a veces, el registro en los domicilios de sus enemigos. ¡Hay gobernadores que tienen presos a los alcaldes hasta […] que se resuelva el problema del paro! Varios ayuntamientos, de elección o gubernativos, prohíben prácticamente el culto, con pretexto de ocupar y expropiar los templos […], pero las cosas más enormes refieren los testigos autorizados y veraces. Hay en los pueblos personas sobre quienes se cumplió la amenaza de arrancarles una oreja. Hay casos que, al huir de un pueblo para librarse de una agresión y dirigirse a otro los amenazados, llega antes que ellos por teléfono la orden de recibirlos moliéndolos a palos[91].

El 18 de marzo, el presidente lamentó otra vez que el Gobierno hiciera todo lo posible para evitar que él recibiera información completa sobre el lamentable estado del país. Esa tarde, Azaña le presentó diez decretos que, o bien nombraban a gobernadores civiles nuevos, o bien ratificaban la dimisión de otros. Alcalá-Zamora le negó la firma de cuatro de la segunda categoría, afirmando que a quienes se habían confabulado con la violencia y los desórdenes no se les debería permitir dimitir, sino que deberían ser expulsados contundentemente por el Gobierno[92].

En este ambiente, las Cortes se abrieron el 15 de marzo con una sesión pro forma presidida por el «presidente de edad» (el diputado más antiguo), un derechista gaditano. Su negativa a cerrar la sesión con un «¡Viva la República!» condujo al tumulto, y los diputados comunistas, por vez primera, entonaron La Internacional en el Parlamento español. Estaban representados treinta y tres partidos, y para muchos nuevos diputados aquella era su primera sesión. Los cedistas y los socialistas exhibían una cierta continuidad, pero incluso la mitad de éstos eran nuevos en el Parlamento. Las Cortes aprobaron el mantenimiento de la vigencia del «estado de alarma» durante otros treinta días (de hecho, fue permanente hasta el comienzo de la Guerra Civil), y al día siguiente se eligió a Martínez Barrio, tal vez el líder de importancia más moderado del Frente Popular, como presidente. Siguieron nuevos incidentes, y el 20 de marzo se tuvo que impedir físicamente que varios diputados izquierdistas atacasen a un diputado conservador[93].

La primera tarea importante del nuevo Parlamento era elegir una «Comisión de Validez de Actas» que revisase los resultados electorales y determinase si, en algún distrito, debían cambiarse, o incluso cancelarse, por la existencia de fraude u otras acciones ilegales. De hecho, este peculiar reglamento permitía que los ganadores de cada elección pudieran juzgar la validez de los votos ganados por los perdedores y determinar si su representación parlamentaria debía reducirse todavía más. Esto último es lo que pasó en las Cortes de 1936. Por el contrario, en 1933 el centro-derecha ejerció ese poder con moderación. La nueva Comisión de Actas de 1936, dominada por los partidos de izquierda, no tenía la menor intención de investigar la mayor parte de los casos de fraude o falsificación en los escrutinios, porque estos emanaron principalmente de las izquierdas y habrían puesto en cuestión la existencia de una mayoría legítima. Por el contrario, tan solo pensaban revisar varios casos de victorias de las derechas y uno o dos del centro. La extrema izquierda exigió la cancelación de casi todas las victorias derechistas[94], juzgando, como lo expresó El Socialista el 20 de marzo, que «ni un solo diputado de derechas puede afirmar que alcanzó limpiamente su escaño». El 17 de marzo se votaron los miembros de la Comisión, con una amplia mayoría izquierdista.

Como ha explicado Carlos Seco Serrano, «la superioridad izquierdista no era tan absoluta como para proporcionar el quórum reglamentariamente preciso para la aprobación de las leyes. A corregir esta circunstancia se aplicaría […] la Comisión de Actas, acudiendo a tal número […] que para lograr el “desempate” hubo que batir todas las marcas del antiguo régimen en cuanto a manipulación»[95]. O, en palabras de Salvador de Madariaga:

Conquistada […] la mayoría, fue fácil hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió una Comisión de Actas y esta procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsó de las Cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; se trataba de la ejecución de un plan deliberado y de gran envergadura. Se perseguían dos fines: hacer de la Cámara una convención, aplastar a la oposición y asegurar el grupo menos exaltado del Frente Popular[96].

La actividad de la Comisión comenzó el 24 de marzo anulando la elección de dos candidatos conservadores en Burgos y Salamanca, dos distritos netamente conservadores, y cuando los diputados derechistas solicitaron la investigación de la ajustada victoria izquierdista en Valencia y el triunfo del Frente Popular en Cáceres (donde el nuevo Gobierno destruyó los resultados originales para sustituirlos por otros), se les ignoró. Giménez Fernández pidió, lógicamente, que todos los resultados se juzgaran con los mismos criterios, y el 31 de marzo, de manera temporal, los diputados derechistas abandonaron el Parlamento.

Tal vez la mayor controversia tuvo que ver con Granada. Allí las derechas habían ganado por 50.000 votos, y por eso las izquierdas alegaron la existencia de 55.000 votos falsos. Las derechas, en cambio, insistieron en que no podía haber más que 3.000 de esa categoría, insuficientes para cambiar el resultado. Añadieron que las izquierdas intentaban invalidar todos los votos en ciertos distritos, pero incluso si la evidencia que presentaban era válida, solo daban pie a cuestionar un total de 16.000 votos, insuficientes para otorgarles la victoria. Sin embargo, a raíz de esto se anularon resultados en todos los distritos y se ordenó la celebración de nuevas elecciones en toda Granada[97]. En la provincia de Cuenca se obtuvo un veredicto en cierto sentido similar; se consideró que, si se invalidaban todos los votos llamados fraudulentos, la derecha ganadora no perdería, pero obtendría menos del 40 % requerido, aunque en este caso las pruebas resultaban más dudosas y los nacionalistas vascos se negaron a votar con la mayoría como habían hecho con anterioridad.

Galicia tenía el récord de manipulación electoral, pero los radicales, que habían ganado en minoría en Pontevedra, no consiguieron que se volvieran a examinar los votos de la mayoría del Frente Popular. El triunfo izquierdista en La Coruña era procedimentalmente más que dudoso, como en privado admitía Manuel Azaña, pero el presidente del Consejo no quiso considerar la anulación porque habría dejado sin escaño a su compinche Santiago Casares Quiroga. Había mucho más interés en anular el voto derechista en Orense, con lo que se privaría al líder monárquico José Calvo Sotelo de su acta. El discurso en extremo incendiario y procaz de Dolores Ibárruri, Pasionaria, la líder comunista más conocida, animando a la Comisión a invalidar esta votación, demostró estar demasiado sobrecalentado y fue contraproducente. También se permitió hablar al propio Calvo Sotelo y pronunció una alocución eficaz. Señaló la imposibilidad de que hubieran existido 106.000 votos fraudulentos, como alegaban los comunistas, y se explayó en las contradicciones del proceso de revisión. Si España fuera a tener una dictadura marxista o totalitaria, las elecciones no tendrían importancia, dijo, pero si había que continuar con una República democrática, solo podría ser sobre la base del respeto a los resultados electorales. Concluyó comparando esta purga con la eliminación hitleriana de los diputados comunistas una vez Hitler llegó a la Cancillería en Alemania, y esto pareció dar a los republicanos de izquierda cierto respiro. La mayoría lo reconsideró, para irritación de la extrema izquierda, y se permitió que Calvo Sotelo conservase su escaño.

El resultado fue la total anulación de las elecciones en Cuenca y en Granada, donde las derechas habían ganado, y anulaciones parciales que afectaron a uno o más escaños en Albacete, Burgos, Ciudad Real, Jaén, Orense, Oviedo, Salamanca y Tenerife. En Cuenca y en Granada se celebrarían nuevas elecciones, y en el resto se reasignaron seis escaños de forma arbitraria a la mayoría del Frente Popular, aunque también el centro obtuvo algunos, y en Jaén, un acta que perdieron los radicales se adjudicó a la CEDA para no parecer del todo partidistas. No existió evidencia objetiva de fraude en los resultados cuestionados, salvo, hasta cierto punto, en Granada y en mayor grado en Galicia. En esta última región las irregularidades fueron prácticamente ignoradas, dado que de ese modo se beneficiaba más a las izquierdas. Las derechas presentaron evidencias de que dichas irregularidades habían alterado los resultados en media docena de provincias durante los desórdenes de los días 17 a 20, y ya se ha visto que el presidente de la República compartía firmemente esta opinión. En conjunto, treinta escaños fueron anulados o cambiaron de manos, principalmente para favorecer a los republicanos de izquierda. La pequeña Unión Republicana de Martínez Barrio se benefició más que ningún otro partido individual. Tras todas estas reasignaciones, la composición provisional de las Cortes fue de 271 escaños para la izquierda y 183 para el centro-derecha. En la historia de los Gobiernos parlamentarios en España, había habido bastante irregularidad en las elecciones, pero nunca se había visto una reasignación de escaños tan abiertamente partidista y arbitraria.

Se ha destacado con frecuencia que, en el curso de estos procedimientos, el presidente de la Comisión, Indalecio Prieto, dimitió, no porque en principio se opusiera a la descalificación de los votos derechistas, sino porque era de la opinión de que la arbitrariedad frentepopularista estaba yendo demasiado lejos. Prieto era ciclotímico y oscilaba contradictoriamente entre el radicalismo y la moderación.

La siguiente cuestión política importante eran las nuevas elecciones municipales, que habían de celebrarse el 12 de abril que, de repente, parecían poner en duda la unión y la coherencia del Frente Popular. Las izquierdas, por lo general, habían sido más fuertes a nivel municipal que nacional, y aún más los partidos revolucionarios, que pensaban que deberían conseguir una mayoría fuerte de escaños en los comicios municipales. Los resultados de las elecciones a Cortes habían sido los contrarios, ya que los revolucionarios habían cedido muchos puestos a los republicanos de izquierda para darles una base más sólida de diputados que respaldara su Gobierno. Ahora esperaban que se les devolviera el favor. Los socialistas y los comunistas exigieron para sí la gran mayoría de las candidaturas a alcaldías y corporaciones municipales, y declararon que no estaban dispuestos a ceder. El 29 de marzo, a solo unos pocos días de los comicios, Azaña se quejaba a su cuñado: «Han cometido la ligereza de decir que eso lo hacen para dominar la República desde los ayuntamientos y proclamar la dictadura y el soviet», con el resultado de que «el hombre neutro está asustadísimo. El pánico de un movimiento comunista es equivalente al pánico de un golpe militar»[98]. En verdad, Azaña se equivocaba, porque «el hombre neutro» probablemente sentía más pánico del espectro de la revolución que de un golpe, porque este no le destruiría su cultura y su sociedad. Además, es imposible entender la sorpresa de Azaña ante esta reclamación, porque con ella los movimientos revolucionarios no hacían más que cumplir con sus propios programas, unos programas que ya conocía Azaña cuando se alió con ellos.

Aunque estaba muy enfadado, en un primer momento Azaña trató de soslayar el problema tachándolo meramente de «estupidez», cuando, en realidad, era mucho más que eso. El jefe del Gobierno todavía vivía en la negación, creyendo que el papel «kérenskyista» que los revolucionarios le asignaban no era sino una pose teatral. Azaña era un hombre con gran afición al teatro, lo que ayuda a explicar su débil sentido de la realidad. La realidad era que los extremistas iban muy en serio con una política ante la que Azaña no tenía respuesta o antídoto.

Con sólidos argumentos, Edward Malefakis ha sostenido que ese momento, a finales de marzo, fue la hora crucial para tomar medidas enérgicas que restauraran el orden, porque habría sido más fácil llevarlo a cabo entonces que más tarde, cuando las cosas se descontrolaron aún más[99]. Así, el patrón de complacencia y la administración partidista de la justicia se convirtió en una política fija que implicaba una complicidad importante en la intensificación del partidismo y en la erosión creciente de la constitucionalidad.

No todos los diputados más prudentes o moderados entre los republicanos de izquierda estuvieron de acuerdo con la política sectaria de sus jefes. Algunos de los gobernadores civiles que dimitieron en marzo lo hicieron porque sentían que el propio Gobierno no estaba haciendo ningún esfuerzo serio para mantener el orden. Había síntomas de inquietud entre los pequeños sectores sensatos de los republicanos de izquierda. Como observa Gabriele Ranzato:

[…]. No es difícil imaginar, sentir y entender que el espectáculo de sedes de partido, iglesias, imprentas y círculos ciudadanos destruidos y entregados a las llamas, de reiterados desórdenes y enfrentamientos con armas de fuego entre las facciones, debía turbar y alarmar también a muchos moderados de tendencia opuesta. Hombres que, por muy antifascistas y anticlericales que fueran, desaprobaban aquellas agresiones por sí mismas y por el temor de convertirse a su vez en blanco en un futuro próximo. Y también porque no eran solo aquellas violencias las que les daban motivos de inquietud[100].

Por ejemplo, Claudio Sánchez Albornoz, el distinguido historiador medievalista y diputado de Izquierda Republicana, planteó la cuestión de si las contradicciones entre los partidos frentepopularistas no eran tan grandes y fundamentales como para hacer inviable el Gobierno. Antes de finales de marzo habló con Azaña acerca de la necesidad de construir una mayoría parlamentaria diferente, más amplia, moderada y estable, aun cuando ello implicara construirla sin el respaldo de los socialistas y otros partidos obreros[101]. En verdad, tal alternativa era probablemente la única solución democrática que habría salvado la República, pero contradecía toda la política de Azaña desde 1932.

Lo que no se podía ignorar es que la controversia sobre las candidaturas municipales del Frente Popular ponía a la coalición al borde del precipicio, y los partidos revolucionarios rehusaron dar un paso atrás. La única posibilidad para salvar la unidad, ahora bastante ficticia, fue la de posponer las elecciones municipales sine die, y así se decidió a comienzos de abril. La razón presentada hacía referencia al estado de desorden en el país (que era el argumento de Alcalá-Zamora), pero el verdadero motivo de la cancelación fue la rivalidad entre los moderados y los revolucionarios. Las elecciones municipales nunca tuvieron lugar.

5

COMIENZA LA PRIMAVERA TRÁGICA:

MARZO-ABRIL DE 1936

Después de la cuestión del orden público, el mayor problema que debía afrontar el Gobierno de Azaña era satisfacer las reclamaciones laborales y económicas de los movimientos obreros revolucionarios. Y, por ser demandas revolucionarias, difícilmente podían ser satisfechas dentro de la constitucionalidad y de las estructuras de la propiedad privada.

Según las estadísticas oficiales, el paro seguía creciendo, aunque en las ciudades nunca llegó a ser tan acusado como en otros países. La economía se estaba recuperando desde 1935, pero, como es habitual en estos casos, la recuperación no había incidido aún en el número de desempleados, que a finales de febrero de 1936 era de 843.872[102], lo que suponía casi el 9 % de la población activa. Pero es probable que esta cifra no reflejase el desempleo oculto de las zonas rurales, sobre todo del sur, siendo más un indicador de la situación urbana.

Las tensiones eran agudas en los sectores urbanos, pero aún más fuertes en el campo. Esto fue así, con pocas excepciones, durante toda la época de la República. En los años 1931-1933, un total de 262 personas habían muerto en incidentes políticos en las zonas rurales, principalmente en el sur[103]. El invierno de 1936 había sido extremadamente lluvioso, el segundo más húmedo del siglo hasta ese momento, lo que supuso grandes pérdidas agrícolas y un aumento del desempleo rural. Mientras el paro urbano no era tan destacable —aunque en el transcurso de un año había aumentado un poco—, el rural había crecido en ciertas zonas hasta llegar a superar el 20 %. La incipiente recuperación económica bajo los Gobiernos de centro-derecha había producido un ligero incremento del consumo, pero los picos de aumento del desempleo, coincidentes con el triunfo electoral de las izquierdas, volvieron a estimular la rápida expansión de los sindicatos agrarios. Pronto recuperaron el nivel de afiliados de 1933, e incluso lo superaron, mientras la radicalización del sentimiento agrario, al menos entre los activistas, alcanzaba un nuevo máximo. El 3 de marzo, los habitantes de Cenicientos, una pequeña localidad de la sierra madrileña, ocuparon unos pastos que afirmaban habían formado parte de las antiguas tierras comunales del pueblo y que se encontraban en situación de abandono. Esta fue la primera de una larga serie de ocupaciones de tierra —directas e ilegales— que afectaron a decenas de pueblos y a miles de jornaleros y minifundistas, primero en Madrid, Toledo, Salamanca y Murcia y, más tarde, en otras provincias del centro y el sur del país.

Antes de finales de febrero, el nuevo director del Instituto de Reforma Agraria (IRA) declaró: «El concepto de propiedad privada, con todos sus privilegios y prerrogativas, en lo referente a la tierra, es anticuado tanto de hecho como en teoría»[104]. El 3 de marzo, Mariano Ruiz Funes, ministro de Agricultura, publicó un decreto alentando a los yunteros que el año anterior habían sido desahuciados de sus tierras en Extremadura a solicitar su vuelta a las mismas. Estas condiciones se ampliaron con rapidez y, para el 20 de marzo, Ruiz Funes había «eliminado todas las demás exenciones y autorizado al Instituto a ocupar de manera inmediata cualesquiera tierras, en cualquier zona de España, donde se considerase socialmente necesario»[105]. Semejante actuación, tan drástica y arbitraria, podía llevarse a cabo de forma legal porque, irónicamente, los radicales, ahora tan despreciados, habían logrado el año anterior, con un ministro de Agricultura cedista, introducir una cláusula que permitía la confiscación sin indemnizaciones cuando se considerase necesario por «razones de utilidad social». Las derechas creían poder hallarse en situación de prevenir la utilización de dicha cláusula de modo arbitrario, pero el nuevo Gobierno utilizó la medida para tratar de anticiparse y evitar iniciativas de carácter revolucionario de los sindicatos de jornaleros, aunque fracasó en el intento.

El asentamiento de yunteros se llevó a cabo a un ritmo mesurado durante dos semanas, y unos tres mil obtuvieron autorización para ocupar tierras. La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), socialista, decidió que el ritmo era demasiado lento, y el 25 de marzo, al anochecer, lanzó una ocupación masiva de tierra en la provincia de Badajoz en la que tomaron parte unos sesenta mil jornaleros y arrendatarios. Pese a que Azaña envió tropas y se arrestó a algunos activistas, el Gobierno cedió, y el día 30 retiró a los soldados y liberó a los presos. Pronto se inició una ocupación masiva que el Gobierno legalizó ex post facto.

La toma de gobiernos locales que los socialistas habían llevado a cabo en gran parte del sur estableció lo que Macarro Vera describe como «la dictadura en los pueblos»[106], con la incautación arbitraria de la propiedad, la asignación forzosa de trabajadores a los terratenientes y la purga de funcionarios locales, ignorando las órdenes procedentes del Ministerio de Gobernación para que cesasen los actos arbitrarios y se respetase la propiedad privada.

Para la cosecha de cereal de primavera, el Gobierno había establecido un «turno rigoroso» y comenzó a imponer multas a los propietarios de tierras que incumplieran los nuevos contratos de trabajo. Estas medidas, aunque más amplias que las que se tomaron en 1931-1933, no lograron prevenir los estallidos masivos de huelgas agrarias y la ocupación directa e ilegal de tierras. Entre el 1 de mayo y el 18 de julio, el Ministerio de Agricultura registró 192 huelgas en el campo, lo que, de manera aproximada, igualaba al total de las que se produjeron en 1932 y casi llegaba a la mitad de las que tuvieron lugar en el año más álgido (1933). Socialistas y anarquistas actuaron juntos en muchas ocasiones, y esto provocó paros multitudinarios en varios distritos. A finales de la primavera, durante algunas semanas, al menos cien mil trabajadores del campo estuvieron en huelga al mismo tiempo.

Los costes de mano de obra rural aumentaron enormemente, mucho más que en 1931-1933. En muchas provincias, el salario que se pagaba a los segadores se fijó entre once y trece pesetas por día, casi el doble de lo que cobraban en 1935, y al menos un 20% más de lo que percibían en 1933. E incluso los sindicatos rurales a menudo imponían acuerdos para limitar el uso de maquinaria y otras reformas estructurales. El turno riguroso implicó contratar a muchos obreros registrados pero carentes de experiencia, mientras que en el sur se impuso frecuentemente la política del «alojamiento» (asignación directa, o «alojamiento» de jornaleros, de una porción de tierra específica) y a veces los obreros se apoderaban de la tierra para trabajarla o exigían que se contratase más mano de obra de la necesaria. Aunque en junio el Gobierno insistió públicamente en que los salarios debían basarse en el logro de una tasa de producción específica, los sindicatos parecían haber acordado una desaceleración. Así, el estudio más minucioso ha concluido que, incluso comparándolos con los más altos niveles precedentes (1933), en junio y julio de 1936 los costes de la mano de obra rural habían aumentado en total entre un 50 y un 60%[107]. En ese momento, el objetivo de la FNTT y la CNT no era tanto la incautación revolucionaria como una drástica alteración de las condiciones de trabajo y la dominación sindical de la economía agrícola.

El Gobierno pretendía acelerar la reforma agraria mediante una nueva legislación que Ruiz Funes presentó en las Cortes el 19 de abril. El respaldo a todas estas actuaciones se remitía al artículo 44 de la Constitución, que reconocía la expropiación de cualquier bien o propiedad privada por razones de utilidad social, aunque también requería el pago de una indemnización excepto si una ley votada por una mayoría absoluta de las Cortes declaraba su exención. Con la nueva ley, se reducían de modo considerable los límites máximos de propiedad exenta (del 16,5 al 62,5 %, dependiendo de la categoría), se restauraban los niveles originales de indemnización de 1933 y se otorgaba al Gobierno el poder total para incautar cualquier porción de tierra «por razones de utilidad social».

Diez días después, Ruiz Funes especificó en las Cortes que «todas las fincas que hay en todo el territorio nacional, cualquiera que sea la extensión superficial que estas fincas tengan, son susceptibles de reforma agraria. […] No puede jamás la extensión superficial de la finca ser un tope para que puedan efectuarse en ella determinados asentamientos»[108]. El ministro añadió que el Gobierno procuraría que se vieran afectados el menor número de propietarios posible, pero en adelante cualquier propietario pequeño, dependiendo de sus circunstancias particulares, podía estar sujeto a la confiscación. Potencialmente, fue una conversión radical de la «lucha de clases» en el campo, con consecuencias posiblemente semejantes a las de los conflictos agrícolas en Italia en 1919-1922, cuando muchos propietarios, pequeños y grandes, buscaban la protección de las organizaciones fascistas.

A comienzos de mayo, otro proyecto de ley propuso iniciar la expropiación a través del sistema impositivo, estableciendo un recargo tributario superior al 100% a aquellos propietarios de tierras cuyos ingresos agrarios superasen las veinte mil pesetas anuales. Y aún más, el 2 de junio las Cortes votaron la devolución de todas las tierras que les habían sido concedidas a los nuevos arrendatarios durante el bienio de centro-derecha, y el 11 de junio se aprobó una versión más drástica de la Ley de Reforma Agraria de 1933. En los cinco meses entre marzo y julio de 1936, el Instituto redistribuyó un total de 572.055 hectáreas de tierra a 110.921 trabajadores y arrendatarios, más tierra que en los cinco años anteriores de la República.

Los especialistas coinciden en que estas cifras son bastante incompletas, dado que el IRA registraba las transferencias con lentitud. En junio y julio, la prensa informó de transferencias de tierras que no aparecían en las estadísticas del IRA, mientras que el propio Ruiz Funes declaró públicamente que para el 19 de junio 193.183 campesinos y sus familias se habían asentado en 755.888 hectáreas de tierra[109], que probablemente es un cálculo más acertado. Parece ser que, en primavera, el IRA consiguió cierto control sobre el proceso y, pese a que se aceleraron las condiciones para golpear con mayor dureza a los propietarios acomodados y se sometieron más tierras a una potencial expropiación, no se reimplantó la cláusula de «ruedo» de 1933, que perjudicaba especialmente a los propietarios modestos. La mayor parte de esta tierra se expropió a los ricos; los propietarios medios que perdían sus propiedades se encontraban en proceso de recibir una indemnización que, en cierto modo, se aproximaba al valor de mercado, mientras había también provisiones para facilitar más tierra a nuevos arrendatarios. Estos cambios fueron dramáticos y numerosos, pero insuficientes para restaurar la paz en el campo meridional[110].

El rápido y radical alcance de la reforma agraria fue la única política económica clara del nuevo Gobierno. A pesar de controlar el Parlamento, el Gobierno de Azaña actuó con lentitud a la hora de avanzar en la lucha contra el paro urbano o contra los efectos persistentes de la depresión, de forma que, en las Cortes, los comentarios más incisivos acerca de los problemas económicos procedían de los representantes del centro y de las derechas, así como del socialista disidente Julián Besteiro. El Gobierno siguió la política contradictoria de ampliar las categorías presupuestarias importantes y mantener un rumbo más intervencionista por un lado, mientras que por el otro decía que esperaba estabilizar la peseta y reducir tanto el desequilibrio de la balanza de pagos como la deuda nacional. Se aumentó el gasto en casi todas las partidas, incluyendo nuevas y considerables contrataciones que beneficiaron, sobre todo, a sectores que apoyaban al Gobierno[111].

La reforma tributaria progresiva propuesta por Gabriel Franco, ministro de Hacienda, nunca llegó a ser objeto de discusión en las Cortes:

Franco no consiguió hacer votar un impuesto sobre las rentas agrícolas cuyo tipo mínimo era del 25%, y hasta mediados de junio no se aprobó una ley que aplicaba un tipo impositivo del 20% sobre los dividendos de las acciones y los rendimientos de las obligaciones, con exclusión de los títulos de la deuda pública. Pero no había mucho que recaudar, dada la semiparalización de la bolsa[112].

Franco dimitió a mediados de mayo, debido también a la imposibilidad de financiar nuevas y significativas obras públicas o controlar los gastos, y a la negativa del Gobierno a establecer prioridades.

Un objetivo obvio en la política laboral era la total restauración de los jurados mixtos tal y como habían sido en 1932-1933, pero la reforma se abordó de forma poco sistemática y hasta el 28 de mayo no se emprendieron acciones a nivel nacional[113]. Como se ha indicado, el 3 de marzo el Gobierno decretó la recontratación e indemnización de los trabajadores despedidos por motivos políticos, aunque se resistió a las exigencias planteadas por comunistas y socialistas de que fuesen encarcelados los patronos que previamente habían incumplido la normativa laboral. El Gobierno se enfrentó a una avalancha de demandas laborales, en especial tras el inicio —en abril— de una oleada masiva de huelgas. Sus objetivos no consistían solo en la obtención de mejores salarios y condiciones de trabajo, sino también en lograr cambios categóricos en las relaciones laborales, tales como las treinta y seis horas semanales de trabajo y la jubilación, con su pensión correspondiente, a los sesenta años. En los sectores metalúrgico y de la construcción, pronto se instituyeron las cuarenta y cuatro horas semanales, pero los patronos no contaban con los recursos necesarios para satisfacer muchas de las nuevas exigencias. Los costes de mano de obra crecieron de manera vertiginosa y, durante la primavera, aumentó el número de quiebras.

Otra de las áreas más relevantes fue la educación, a la que Marcelino Domingo regresó como ministro. De forma inmediata, anunció planes para cerrar, como muy tarde a mediados de 1936, aquellos colegios en los que el personal religioso estaba todavía encargado de la enseñanza, y un decreto del 29 de febrero anunció la creación de 5.500 nuevos puestos para maestros de escuela. Domingo afirmaba que, en 1931, España había necesitado 27.151 aulas nuevas, de las cuales se habían construido 16.409, y de estas, 12.988 en 1931-1933. De las restantes 10.472, la mitad (5.300) habían de ser construidas en los diez meses que quedaban de 1936, y el resto se finalizaría no más tarde del 1 de mayo de 1938[114].

El 6 de mayo, Domingo publicó un decreto que, entre otras cosas, autorizaba lo que se convirtió en una serie de apropiaciones o confiscaciones de colegios privados —que quería decir católicos— y otras instalaciones, actos que incluso el órgano oficial de Izquierda Republicana, Política, reconoció el 29 de mayo que eran, en ocasiones, de «dudosa legalidad». Cinco días más tarde, el portavoz de la Lliga Catalana protestó en el Parlamento por las numerosas apropiaciones arbitrarias de colegios privados que, en algunos casos, simplemente fueron cerrados por haber impartido una enseñanza confesional, y el 4 de junio un diputado de la CEDA afirmó que en los veinticinco días anteriores al 15 de mayo se habían cerrado, apropiado o incendiado un total de setenta y nueve colegios privados que contaban con 5.096 alumnos.

Mientras tanto, el Gobierno de Azaña, como era de esperar, estaba absorbido por los problemas internos y apenas prestaba atención a los dramáticos acontecimientos que en esos momentos se estaban desarrollando en Europa y África. Pese al intenso antifascismo del Frente Popular, Azaña no tenía interés en seguir participando en las sanciones económicas impuestas a Italia por la invasión de Etiopía —una actitud claramente opuesta a la del último Gobierno parlamentario encabezado por Chapaprieta—. Azaña temía unas complicaciones diplomáticas, económicas y militares que España no estaba en condiciones de afrontar. Los dirigentes republicanos de izquierda no se veían envueltos en ninguna gran lucha internacional entre la democracia y el fascismo, y se negaron categóricamente a ayudar a otro país atacado por este último. Tras el inicio de la Guerra Civil, esta actitud cambiaría. Pese a que fracasaron a la hora de apoyar la independencia de Etiopía, un poco más tarde los mismos líderes izquierdistas se quejarían con amargura de la falta de apoyo o intervención de las democracias occidentales en defensa de la revolución española.

Durante el mes de abril, los desórdenes aumentaron todavía más y asumieron cuatro formas diferentes: ataques e incendios contra edificios religiosos; huelgas y manifestaciones en las ciudades que, en ocasiones, desembocaron en violencia y conllevaron más incendios; ocupación directa de tierras en varias provincias del centro y del sur —bien a modo de apropiación permanente, bien para imponer nuevas condiciones laborales controladas por los trabajadores—, y enfrentamientos directos entre los afiliados de los diferentes sectores políticos, que generalmente llevaban a cabo pequeños grupos de asalto izquierdistas (en su mayoría socialistas y comunistas, y a veces anarquistas) y falangistas (y con mucha menor frecuencia de otras organizaciones de extrema derecha).

En palabras de Madariaga:

El país había entrado en una fase claramente revolucionaria. Ni la vida ni la propiedad estaban a salvo en ninguna parte. Es un prejuicio absoluto explicar aquel estado de cosas con chillidos de loro en variaciones de la palabra «feudal». No se trataba ya de que al propietario de miles de hectáreas otorgadas a sus antepasados por el rey Fulano de Tal le invadieran la residencia y le dejaran el ganado sangrando con las patas rotas en los humeantes campos de su propiedad. Era el modesto médico o abogado madrileño que tenía un chalet con cuatro habitaciones y baño y un huerto del tamaño de un pañuelo, que veía como le ocupaban la casa unos trabajadores de la tierra que en absoluto carecían de casa ni pasaban hambre, y acudían a recoger la cosecha: llegaban diez hombres a hacer el trabajo de uno y se le quedaban en casa hasta que terminaban. Era el secretario del sindicato local de jardineros que iba a decirle con amenazas a la chica que regaba las rosas que todo riego tenían que hacerlo los del sindicato; era un movimiento encaminado a prohibir la conducción del propio coche e imponer la aceptación de un chófer del sindicato[115].

En el campo, los obreros agrícolas chocaron con la Policía armada o con los mismos propietarios, que también poseían armas. En 1934-1935, los anteriores Gobiernos habían concedido 270.000 licencias privadas de armas de fuego, la mayoría para derechistas, y en numerosas provincias los conservadores estaban cualquier cosa menos indefensos[116], aunque el nuevo Gobierno hizo un intento de rescindir las licencias y confiscar las armas. El 1 de abril, en las provincias de Málaga y Sevilla, seis campesinos murieron supuestamente por «invadir una propiedad», y más tarde, ese mismo mes, la Guardia Civil mató a tiros a cuatro obreros en Huelva, en apariencia tras una manifestación violenta. También la Policía y la Guardia Civil sufrieron una o más muertes semanales, a veces en enfrentamientos directos y otras debido al ataque de francotiradores. El asesinato más notable de la primera mitad del mes de abril fue el de Manuel Pedregal, un juez madrileño que había sentenciado a los cómplices en el atentado a Asúa y a quien asesinaron los falangistas el 13 de abril. En Barcelona, abril fue el mes más violento de la primavera, con numerosos casos de incendios provocados y explosiones de bombas, algunos de ellos relacionados con la gran huelga de la metalurgia convocada por la CNT. También esta agrupación sindical cometió una serie de asesinatos políticos en abril, matando a los hermanos Miquel y Josep Badia, de Estat Català, y a varios obreros no izquierdistas.

Los incidentes más notorios tuvieron lugar en Madrid. El 14 de abril, durante el desfile del Día de la República, un falangista arrojó una bomba de humo contra la tribuna presidencial y, mientras desfilaba la Guardia Civil, parte de la multitud comenzó a insultarla a gritos. Algunos de sus oficiales, fuera de servicio y vestidos de paisano, reprendieron a quienes se mofaban. En ese momento varios izquierdistas abrieron fuego, matando a un guardia civil de cincuenta y cinco años que se encontraba entre la multitud e hiriendo a otros dos que no estaban de servicio, así como a una mujer y un niño. Dos días más tarde, el entierro del guardia civil, el alférez Anastasio de los Reyes, se convirtió en una gran manifestación derechista que culminó en batalla en las calles de Madrid. Aunque se había prohibido que el cortejo fúnebre atravesara directamente el centro de la ciudad, quienes lo encabezaban insistieron en hacerlo así y en distintos momentos recibieron los disparos de los izquierdistas. En total, murieron seis personas —aparentemente, todos miembros del cortejo fúnebre— y hubo muchos heridos[117]. Ese mismo día se produjo un gran disturbio izquierdista en Jerez, en cierto modo a imitación de los acontecimientos que tuvieron lugar en Granada los días 8 y 10 de marzo.

Azaña estaba cada vez más avergonzado, e incluso asustado, por el persistente desorden, y dijo con irritación a uno de los jefes socialistas: «Ustedes con sus silbidos contra la Guardia Civil ponen a esta gente contra la República, como el día 14, cuando la manifestación»[118], pero, públicamente, el 17 de abril se aferró a su línea habitual, declarando que los sucesos de Madrid se habían debido a la provocación fascista. Ese mismo día, el Gobierno presentó una nueva ley que establecía que los oficiales militares retirados que se unieron a grupos políticos ilegales se verían, de modo automático, privados de sus pensiones, al tiempo que se exilió a Canarias a un general retirado monárquico implicado en una conspiración y se dieron nuevos destinos a numerosos oficiales de la Guardia Civil. También los tribunales empezaron a procesar a los acusados por delitos cometidos durante la represión de 1934, condenando a un sargento de la Guardia Civil por el asesinato de un alcalde socialista; se dice que esta sentencia —doce años de reclusión y una multa de quince mil pesetas— fue la primera condena de este tipo en la historia de la Guardia Civil[119].

Las condiciones variaban mucho de una provincia a otra. Algunas apenas resultaron afectadas, o las autoridades realizaron más esfuerzo por mantener el orden que en otras. En cambio, uno de los gobernantes más arbitrarios fue Fernando Bosque, gobernador civil de Oviedo, a quien el 20 de abril citaba Mundo Obrero cuando dijo:

He nombrado delegados del Frente Popular en toda Asturias, los cuales realizaron batidas antifascistas con buen resultado: meten en la cárcel al cura, médicos, secretarios de ayuntamiento y al que sea. Cumplen admirablemente su cometido. Algunos de los delegados son comunistas, e incluso como Fermín López, de Irún, condenados a muerte por su intervención en los sucesos de octubre […]. El de Teverga tiene en la cárcel al telegrafista y al secretario judicial; al primero le hace atender por el día el servicio telegráfico y por la noche lo encarcela. Entre los detenidos figuran dos canónigos de Covadonga.

Estas declaraciones, publicadas con descaro por la agresiva prensa comunista, ocasionaron un escándalo en Madrid, y, en última instancia, Bosque, que el 11 de marzo había pasado del Gobierno Civil de Huesca a Oviedo, fue obligado a dimitir, como anunció el ministro de Gobernación el 18 de junio[120]. La franca declaración de Bosque dejaba claro por qué no podía mantenerse el orden público con un Gobierno republicano de izquierda, ya que era habitual la política de nombrar a militantes revolucionarios como «delegados» especiales de la Policía. Era como poner a la zorra para que guarde las gallinas. Tal proceso, que nunca se ha estudiado, tenía cierta similitud con la política de Hitler de tres años antes, cuando nombró a milicianos nazis de las SA como miembros de la Hilfspolizei (Policía auxiliar). La constante politización de las funciones policiales culminaría en los siniestros sucesos de la noche del 12-13 de julio, que tanto tuvo que ver con el desenlace de la primavera trágica.

Incluso en las Cortes estaba presente la amenaza de violencia. En palabras de un historiador socialista:

Las Cortes, desde que comenzaron a funcionar, asfixiaban al Gobierno y actuaban de caja de resonancia de la guerra civil, pues devolvían a la nación, centuplicada, su propia turbulencia. Los diputados se injuriaban y agredían de obra; cada sesión era un tumulto continuo, y como casi todos los presentes, cabales representantes de la nación, iban armados, podía temerse cualquier tarde una catástrofe. En vista de la frecuencia con que se exhibían o insinuaban las armas de fuego, se adoptó la denigrante precaución de cachear a los legisladores a la entrada[121].

La primera sesión regular de las Cortes tuvo lugar el 3 de abril. Durante las semanas anteriores, uno de los temas principales de especulación fue el destino de Alcalá-Zamora. En enero, todos los grupos principales, con la excepción parcial de las izquierdas, estaban hartos de él y de sus manipulaciones. Había favorecido a las izquierdas durante un año y medio, especialmente creando la oportunidad para que volvieran al poder, pero las izquierdas también le guardaban rencor por haberse opuesto a ellas antes, en 1932-1933, y los socialistas, sobre todo, deseaban eliminarle. Ya preparaban su campaña durante el mes de marzo, y los líderes del Frente Popular anhelaban el control total de todas las instituciones del país.

Las relaciones entre Azaña y el presidente eran cada vez más tensas. En las cartas a su cuñado, Azaña se jactaba de poder dominarle durante las reuniones del Consejo, y escribió que «en el segundo Consejo que celebramos en Palacio, hizo un discurso de hora y media, muy absurdo. Mi respuesta es una de las mejores cosas que he hecho. Le di una pateadura correctísima. El hombre retrocedió asustado, después de decirnos que el presidente del Consejo es más fuerte que él […]». Azaña despreciaba las quejas de Alcalá-Zamora acerca de la violencia y el desorden: «Después de un discurso suyo, en el que insultó a todo el mundo, vino otro mío violentísimo, que le disparé a quemarropa ante el estupor y satisfacción del Gobierno. Nuevo retroceso y nuevas explicaciones de don Niceto». Azaña sostenía:

Don Niceto querría provocarme a dimitir […] Ya ha hecho todo lo necesario para que yo salte. Pero no salto. Me contento con decirle atrocidades delante del Gobierno. No me falta más que sacudirle por las solapas. El hombre se encoge, se retuerce, mete los dedos en el tintero, se embolsa puñados de caramelos y hace las demás cosas que puede hacer en estos momentos de furor. […][122].

La campaña de las izquierdas contra el presidente se intensificó en la segunda mitad de marzo. Después Alcalá-Zamora insistiría en que el Gobierno de Azaña, que aplicaba una censura bastante rigurosa de la prensa para suprimir críticas contra los ministros, hizo una excepción en cuanto al presidente, permitiendo toda clase de reproches[123]. Circulaban rumores de todas clases. El 18 de marzo, el presidente sabía que las Cortes, tras la reapertura de las sesiones regulares, se declararían a sí mismas indisolubles, pero que le mantendrían como presidente, porque no era derechista y no se atrevería a disolverlas otra vez durante su mandato.

Martínez Barrio, presidente del nuevo Parlamento, le negó que existieran argumentos legales para destituirle, mientras el día 20 Azaña aseguró que siempre había mantenido la posición de que la disolución de las Cortes Constituyentes no podría considerarse como una disolución regular. Además, dos días después, Giménez Fernández visitó al presidente para decirle que, en las condiciones de ese momento, con las izquierdas tan prepotentes, la CEDA no votaría en contra de un presidente de centro[124].

Cuando el ministro de Exteriores, Augusto Barcia, pasó por su despacho el 23 de marzo, Alcalá-Zamora le preguntó acerca de las reacciones en el extranjero sobre las convulsiones en España. «Me ha manifestado que pésima, señaladamente en las izquierdas francesas, en cuya lucha electoral les perjudica lo aquí ocurrido». En la Sociedad de Naciones, Madariaga sugirió a Maksim Litvínov, ministro de Exteriores soviético —mitad en broma, mitad en serio— que empleara la influencia soviética para calmar la situación en su país». En cuanto a los «puritanos y los protestantes del norte, lo que les indigna y no conciben es el incendio de templos», escribió el presidente[125].

Hacía poco que Alcalá-Zamora había dicho a Chapaprieta que se tomaba muy en serio la posibilidad de dimitir, pero el 24 anotó en su diario que había tomado la decisión firme de quedarse. Un día después recibió la noticia de que el gobernador civil de Córdoba había iniciado el proceso de disolución del consejo municipal de Priego, donde era alcalde su primo. Ya sabía que esto no era nuevo, puesto que el Gobierno estaba apoderándose de consejos elegidos en muchas partes del país. El 26 de marzo decidió que no podía firmar el nuevo decreto sobre «laboreo forzoso» que reconocía a los jornaleros el derecho a cultivar por su cuenta la propiedad de otros, y que tenía que ser determinado por comisiones formadas por los gobiernos locales (ahora, de modo arbitrario, en manos de las izquierdas), porque claramente violaba la Constitución y tendría el efecto de crear una «dictadura agraria en el estado de guerra que se atraviesa». Concluyó que el Gobierno de Azaña ya había llegado a ser «el más gastado y odiado en pocos días de cuantos ha padecido este país». Y dos días más tarde: «Todas las respiraciones de la opinión acusan el temor, el pánico». Una de las últimas atrocidades fue obra del subsecretario de Obras Públicas. Cuando recibió a una delegación de obreros de ferrocarril, «parece que los aconsejó que en vez de las peticiones les llevaran hechos consumados, alentándoles a la incautación violenta de las líneas»[126].

Mientras la campaña de las izquierdas contra el presidente crecía, figuras importantes del centro y de las derechas le alentaban a mantenerse firme. Se le informó que el día 28 José Calvo Sotelo, el líder más importante de los monárquicos, declaró que las derechas habían cometido un error fundamental durante la campaña electoral al reclamar su destitución, ya que en el momento presente era «la única esperanza contra la catástrofe» y, además, era de esperar que el presidente pudiera asumir, con la fuerza de la ley, la jefatura de un «movimiento militar» para restaurar el orden[127].

En su diario, el presidente anotaba la huida constante de gente desde el campo a las ciudades, y de estas a Madrid, en busca de mayor seguridad. El incremento de las peticiones de pasaporte llamaba la atención, y a comienzos de abril le asombró la noticia de que entre los solicitantes estaban tres de los ministros del Gobierno (Obras Públicas, Instrucción Pública y Gobernación). Esta circunstancia indicaba que ellos tampoco tenían demasiada confianza en la situación, y era un preludio de lo que pasaría en los primeros meses de la Guerra Civil, cuando la mayor parte de los líderes y diputados de los republicanos de izquierda huyeron al extranjero, una vez que Azaña entregó la fuerza militar a los revolucionarios. Los mismos republicanos de izquierda, aprendices de brujo, no estaban dispuestos a soportar los resultados de su propia política, aunque contaban con que los sufridos españoles sí lo harían. El nuevo ministro de Gobernación, Santiago Casares Quiroga, gran amigo de Azaña, acababa de reemplazar al inepto e irresponsable Salvador, y explicó inocentemente al presidente que las peticiones de pasaporte de parte de los ministros resultaban del temor a un golpe militar. No dijo nada respecto a restablecer una política de ley y orden para evitar semejante trance[128].

En este ambiente se resolvió finalmente la cuestión de las nuevas elecciones municipales, programadas para toda España, excepto Cataluña, para mediados de abril. Durante cinco años, desde el inicio de la República, no se habían celebrado comicios municipales regulares, salvo unas elecciones especiales en un número limitado de distritos. Aunque la Constitución establecía que cada tres años se convocaran elecciones para cubrir la mitad de los escaños, el Gobierno planeaba ahora unas elecciones municipales totales y plebiscitarias. Y aún más (como se ha indicado en el capítulo anterior), los partidos revolucionarios exigían hacerse con la gran mayoría de las candidaturas en las listas del Frente Popular y prometían que allí donde ganasen se iniciaría la «dictadura local del proletariado», formando pequeños sóviets. La CEDA denunció que este plan total de renovación de una sola vez era inconstitucional y del todo imprudente en el clima actual de violencia, intimidación y censura parcial, un clima que hacía que una campaña justa y unas elecciones honestas fueran imposibles. El presidente estaba de acuerdo y, además, advirtió de que una victoria de las izquierdas generaría la exigencia revolucionaria de formar un régimen nuevo mucho más radical —en la propaganda de los revolucionarios ya se incluían diversas propuestas para proclamar una especie de República popular—, análogo al derivado del triunfo republicano parcial del 12 de abril de 1931[129].

El presidente todavía tenía el poder constitucional de destituir al Gobierno, sobre todo a uno que, técnicamente, incluía a representantes de solo una minoría. Era algo que había hecho varias veces en el pasado. Se especuló con que pudiera destituir a Azaña y pedir a un centrista, Manuel Rico Avello[130], que formase un Gobierno que incluiría a representantes de partidos del centro y de la derecha moderada, con más votos directos que el de Azaña y con una base más atemperada y más amplia. De todas formas, el 30 de marzo Alcalá-Zamora comunicó a Juan Ventosa, líder en las Cortes de la Lliga Catalana centrista, que en el próximo Consejo de Ministros declararía su total oposición a la política irresponsable del Gobierno azañista[131].

En ese momento le volvió a visitar Chapaprieta, quien cuenta que el presidente le pidió consejo en cuanto a sus opciones. Chapaprieta le respondió con firmeza:

Si cuenta con el ejército, no hay para mí más que una resolución a adoptar. Usted tiene la facultad de cambiar el Gobierno. Nombre inmediatamente uno que, con el apoyo de la fuerza armada, restablezca el orden y la autoridad. Para adoptar esta resolución, tiene usted justificación sobrada. Lo que está ocurriendo en el Parlamento y fuera de él son síntomas seguros de más graves y bien próximos y, desde luego, irremediables males.

No estaba del todo claro que, con todas las irregularidades en los resultados electorales, el Frente Popular hubiera ganado de verdad y, aun así, con menos de la mitad de todos los votos, «atropellaban al resto de los españoles»[132]. Cuando el presidente especulaba que sus viejos rivales en el centro y las derechas no le apoyarían, Chapaprieta le aseguró que esto no era correcto, porque las circunstancias presentes eran tan extremas que lo habían cambiado todo.

Alcalá-Zamora estaba indeciso. Su presidencia se basaba en la Constitución, y dudaba mucho ante cualquier medida no incluida en la letra de las leyes, aunque se hubiera conformado con varios actos ilegales del Gobierno de Azaña. Tres días después de la conversación con Chapaprieta, el presidente observó en su diario que «quien primero se salga de la ley, sea por el lado que fuere, cometerá un acto de suicidio»[133]. El juicio parecía impecable, pero, en realidad, era algo ingenuo y no muy empírico, teniendo en cuenta que tanto las izquierdas como el Gobierno azañista se habían salido de la ley muchas veces, y algunas de esas infracciones habían sido bastante notorias. Desde un punto de vista constitucional, existían más argumentos sólidos para destituir a Azaña que en ocasiones anteriores. Las diferencias no versaban sobre la legalidad, sino sobre la prepotencia y la fuerza de las izquierdas. Había sido fácil destituir a Lerroux y a Gil-Robles porque ellos siempre respetaron la ley. Sería mucho más peligroso hacerlo con unas izquierdas prepotentes y violentas que no solo no pedían perdón por sus actos, sino que perseguían a los que habían aplicado la ley, y serían capaces de lanzar otra insurrección. De ahí la pregunta de Chapaprieta sobre el ejército. Al fin y al cabo, el presidente utilizaba el argumento de la ley para excusarse, porque le faltaba el coraje moral y político para dar el paso decisivo.

La sesión final del Consejo de Ministros que presidió Alcalá-Zamora tuvo lugar el 2 de abril. Por la mañana llegó Azaña en el nuevo y lujoso coche blindado que se había encargado a una fábrica alemana. Originalmente le fue asignado al presidente de la República, pero Alcalá-Zamora, siempre austero en el plano personal, declinó utilizarlo. La sesión fue tensa y dramática, y, según Azaña, el presidente la abrió expresando toda su frustración, «hablando dos horas contra todos y contra todo». Atacó con vigor la política de seguridad del Gobierno, su tolerancia respecto al desorden y la irresponsabilidad personal de ministros concretos y del propio Azaña. Criticó tanto la adjudicación irregular de un gran número de votos durante los tumultos del 16 al 19 de febrero como en las manipulaciones de la Comisión de Actas, e insistió en la necesidad de cancelar las elecciones municipales, ya que, en el clima de terror reinante, serían elecciones arbitrarias y abusivas. Denunció las recientes medidas inconstitucionales que había adoptado el Gobierno e insistió en la necesidad de retornar a una administración respetuosa con las leyes. También habló de la campaña a favor de su destitución, afirmando que carecía de la menor base legal y que se derivaba exclusivamente de que las izquierdas habían determinado conseguir el control de todas las instituciones[134].

Azaña pensaba que esta crítica vehemente era una táctica para convencerle de que presentara su dimisión. Así, cuando llegó el turno de intervenir, el presidente del Consejo declaró que ya conocía las tácticas de Alcalá-Zamora. Luego Azaña empleó un lenguaje muy fuerte, deliberadamente ofensivo.

El presidente anotó en su diario que «su espontánea y deliberada descortesía hizo explosión tan violenta y airada que pocas veces habré necesitado la paciencia que tuve». La sesión terminó tras otro intercambio furioso entre los dos[135].

Las Cortes convocaron su primera sesión regular para el día siguiente. Azaña, físicamente agotado por la tensión de la última semana y por haber dormido poco, pronunció el discurso principal. Prometió gobernar en el marco de la ley y la Constitución, pero dejó claro que su Gobierno iba «a romper toda concentración abusiva de riqueza donde quiera que esté; a equilibrar las cargas sociales» y a dividir la sociedad entre «dos tipos de hombre: los que colaboran en la producción y los que viven […] de la labor ajena». Más allá de esta llamada a una guerra de clases, amenazó con que su Gobierno ofrecería «la última coyuntura legal»[136] para resolver los problemas del país, insinuando que si su Gobierno fracasaba, vendría la revolución. Por la tarde la sesión se suspendió durante un buen rato para permitir que Azaña visitara al presidente en su casa, lo que no había hecho en tres años, para informarle de que su Gobierno había decidido suspender las elecciones municipales, como Alcalá-Zamora había pedido, aunque la verdadera razón fue el conflicto sobre las candidaturas entre los partidos marxistas y los republicanos de izquierda, como ya se ha explicado.

La CEDA participó en la primera sesión regular de las Cortes y, en una reunión de su grupo parlamentario, una gran mayoría votó a favor de continuar cooperando con el Gobierno. El Debate sugirió de nuevo que sería posible un entendimiento sobre la base del desarme de todas las milicias políticas y la asunción de un amplio programa nacional para superar el desempleo. Sin embargo, el Gobierno dejó claro que solo se proponía desarmar a la Falange, no a sus propios partidarios, e insistió en imponer su programa de redistribución directa de la propiedad, aunque la medida era bastante vaga en cuanto a los detalles.

Cuando se reanudó la sesión, la primera cuestión que se trató fue una propuesta ya presentada por Indalecio Prieto —firmada por un grupo de diputados socialistas y comunistas— que pedía la discusión del artículo 81 de la Constitución. Este artículo propugnaba que después de unas elecciones, si estas eran consecuencia de un segundo decreto de disolución durante un solo mandato presidencial, sería necesario revisar la validez del segundo decreto para determinar si había sido justificado, o si suponía un abuso de poderes. En apoyo de su moción, Prieto dijo que el siguiente paso sería invocar el artículo 106, que reconocía a las Cortes la jurisdicción para resolver la cuestión y para determinar si la disolución había sido o no justificada, una decisión que podría provocar la destitución inmediata del presidente.

El centrista catalán Juan Ventosa propuso, por el contrario, que sería más prudente referir toda la cuestión al Tribunal de Garantías Constitucionales, propuesta que fue secundada por el cedista Geminiano Carrascal. La Constitución era ambigua en cuanto a la jurisdicción final. Cuando Prieto rechazó esta propuesta, Ventosa insistió en que el asunto no estaba claramente definido y que era improcedente que las Cortes lo decidieran según criterios políticos[137].

Ventosa señaló que el recién elegido presidente de las Cortes, Martínez Barrio, había presidido el Consejo de Ministros que aceptó y administró el primer decreto de disolución en 1933, y que entonces había estado de acuerdo con la interpretación del presidente de que eso no constituyó la disolución de unas Cortes normales y que por eso no era aplicable el artículo 81 en el caso presente. Martínez Barrio no contestó. Cuando el diputado catalán pidió la interpretación de Portela Valladares, quien había administrado el segundo decreto de disolución, este, en efecto, abandonó al presidente, diciendo que su Gobierno nunca había opinado sobre este asunto. Miguel Maura, en cambio, se apresuró a dar testimonio, diciendo que el presidente había estipulado que el acuerdo sobre esta cuestión era un prerrequisito para la invitación a Portela y a Maura a formar Gobierno, y reprobó a Portela por cobarde al haber abandonado a su antiguo jefe.

Cuando tuvo lugar la votación, los diputados del Frente Popular apoyaron una propuesta afirmando que la última disolución había constituido la segunda y la última de las disoluciones permitidas a Alcalá-Zamora, mientras las derechas habían abandonado su posición previa en la campaña electoral y votaron en contra. El resultado fue de 188 votos contra 88, con muchas abstenciones. Ahora las Cortes eran indisolubles, al menos con este presidente, pero la segunda cuestión de si estaba o no justificada la última disolución —propuesta, con cierta ambigüedad, por el artículo 106— sería el tema de un debate que duró tres días y en el que se decidió el destino del presidente.

Alcalá-Zamora recibió la noticia en su casa, muy tarde. Poco después llegó otra: «A las 12 y 10 minutos de hoy [4 de abril] se me notifica inesperadamente que el Ejército está del todo e incondicionalmente a mi lado». De quién era la llamada y hasta qué punto esta información era cierta no se sabe. Cuando el presidente escribió esto en su diario, añadió la promesa de que «no me saldré ni un milímetro de la ley»[138].

Después de la votación, Alcalá-Zamora no hizo la menor declaración y el antes hiperactivo presidente no tomó ninguna iniciativa. Circulaban toda clase de rumores, y tal vez el más serio era que su consuegro, el general Gonzalo Queipo de Llano[139], en ese momento director general de Carabineros, preparaba una intervención militar. Estaban en marcha varias conspiraciones militares —y no necesariamente a favor del presidente—, pero eran bastante débiles y confusas, y hasta ese momento Queipo no estaba asociado con ninguna de ellas. Otro gran temor de las izquierdas era que, en el último momento, el presidente empleara su prerrogativa de disolver el Consejo de Ministros, como había hecho en muchas ocasiones anteriores y de modo bastante arbitrario.

La prensa especulaba sobre qué iba a pasar, porque tanto la cuestión de si la segunda disolución había sido regular, como el hecho de que estuviera o no justificada eran dos asuntos diferentes. El Socialista, por ejemplo, en la mañana del 7 de abril, trató de separar ambos temas con una explicación bizantina, arguyendo que la disolución ciertamente había sido justificada —de otro modo no existirían unas Cortes dominadas por el Frente Popular—, pero que, no obstante, el presidente había abusado de sus poderes por no haberlas disuelto mucho antes. Para el propio Azaña, el asunto era bastante difícil, porque le seguía reconociendo cierta gratitud a Alcalá-Zamora por su papel en los hechos decisivos de 1930-1931.

Martínez Barrio, el presidente de las Cortes, visitó a Alcalá-Zamora el día 6, en vísperas de la segunda votación, y las versiones respectivas de este encuentro difieren bastante. Alcalá-Zamora escribió que el único objetivo de la visita era asegurarle que la destitución no era probable, para engañarle y convencerle de que no emprendiera ninguna iniciativa drástica para evitarla[140].

Martínez Barrio, en cambio, defendió que había hecho el papel de mediador, y alegó que la gran tensión existente entre el presidente y el Gobierno perjudicaba los intereses nacionales, y, también, según él, había alentado al presidente a que hiciera las paces con el Gobierno. El encuentro no fue hostil, pero Alcalá-Zamora no estaba dispuesto a hacer el menor gesto de conciliación ni a revelar nada de lo que pensaba hacer[141]. Después, arregló sus documentos y papeles presidenciales para poder entregarlos a un sucesor, aunque tan tarde como la mañana del 7 de abril seguía sin creer que el Parlamento daría el paso decisivo de destituirle. En realidad pensaba que seguiría degradándole y subordinándole cada vez más[142].

Tenía razón en que los jefes más moderados del Frente Popular no querían destituirle, pero la decisión clave la tomó Azaña, que en una ocasión se había referido al presidente como «el maleficio de Priego». Como explicaría después en una de sus típicas cartas largas a su cuñado, llegó a una conclusión firme en la tarde-noche del día 6, cuando determinó, en su acostumbrado lenguaje extremista, que «no podía cargar con la responsabilidad de dejar en la Presidencia de la República a su mayor enemigo, y que si todos se arrepienten de haberle votado en 1931, no quisiera tener que arrepentirme de volverle a elegir en abril de 1936»[143].

En el intervalo de tres días entre las dos votaciones, Chapaprieta visitó al presidente en dos ocasiones. Este insistía en no dimitir, en que era indispensable para la estabilidad y supervivencia de la República que su primer presidente completara su mandato inicial y en que, si resistía un «golpe de Estado parlamentario», se vería respaldado por las fuerzas armadas. Chapaprieta respondió que si estaba tan convencido de tal respaldo, no debía perder más tiempo y tenía que actuar de forma decisiva, retirando inmediatamente la confianza al Gobierno de Azaña y nombrando otro nuevo, más moderado y responsable, que respetase la Constitución, restaurara la ley y el orden y obtuviese el apoyo de un espectro político amplio y, sobre todo lo que era crucial, de las fuerzas armadas[144]. De hecho, esta era la continuación lógica de la forma en que había gobernado durante el año anterior, cuando sus actos fueron, sin discusión, más arbitrarios. En ese momento, habría sido la mejor alternativa y resultaba mucho más justificable que entre septiembre de 1935 y febrero de 1936. Sin embargo, el presidente había perdido su temple, y es muy posible que acudiera a los persistentes consejos de su hijo mayor, Niceto, catedrático de Derecho procesal en la Universidad de Valencia, quien, según parece, desaconsejaba la resistencia[145].

Personalmente, Martínez Barrio no estaba de acuerdo con la decisión de Azaña, pero tampoco se resistió, mientras casi todos los demás correligionarios la aceptaron. En vez de resistir, un poco antes de la apertura de la sesión decisiva de las Cortes en la tarde del 7 de abril, envió a José Centeno, un republicano moderado y amigo del presidente, y en esta temporada jefe del Tribunal de Cuentas, a la casa de Alcalá-Zamora para sugerirle que, por el bien de todos, dimitiera. Centeno le señaló que la cuestión también tenía que ver con la seguridad de su familia, puesto que no había guardias alrededor de su casa, ni el Gobierno estaba dispuesto a ofrecer una mayor protección. Esta clase de chantaje siempre había enfurecido al presidente, quien, tan pronto como pudo, despidió al juez, que quedó desconcertado y algo avergonzado. Alcalá-Zamora ya había recibido un mensaje del embajador brasileño en el que se indicaba que su Gobierno le había autorizado a ofrecer el asilo diplomático al presidente en su embajada, dado que el cuerpo diplomático esperaba un estallido revolucionario en Madrid en cualquier momento[146].

Martínez Barrio no abrió la sesión hasta que volvió Centeno con la negativa del presidente. Luego empezó Prieto presentando el argumento de que la segunda disolución «no estaba justificada» por dos razones: en primer lugar, debería haberse llevado a cabo mucho antes y, en segundo lugar, cuando se llevó a cabo, se hizo de forma impropia, con un intento de manipular el resultado. Desde luego, existía algo de verdad en esta última acusación. Prieto leyó en voz alta extractos de los discursos de Gil-Robles en los que este declaraba que la segunda disolución de enero no había estado justificada. Sin embargo, el argumento embarazó a los moderados del Frente Popular, que reconocían que solamente la disolución les había dado la oportunidad de volver al poder.

Diputados del centro y de las derechas señalaron la misma conclusión, diciendo que los izquierdistas, como consecuencia de la lógica y de la verdad, o debían reconocer que la disolución había sido justa o debían dimitir de sus escaños. Gil-Robles presentó este argumento con gran detalle, y Calvo Sotelo lo reiteró con brevedad y vehemencia. Algunos apelaron a los procedimientos más complejos del artículo 82 o a la opción de referir el asunto al Tribunal de Garantías Constitucionales. Advirtió Maura:

Habéis cogido el artículo 81 y lo habéis retorcido para poder decir que las Cortes estaban innecesariamente disueltas cuando todos nosotros, y yo entre vosotros, hemos estado pidiendo a gritos que las Cortes se disolvieran. […] ¿Qué necesidad tenéis de manchar la limpieza de unas Cortes para hacer creer a las gentes que obráis solamente por pasión? ¡Oídlo bien! Lo que nos estamos jugando esta tarde es más que un mero pleito político y personal: es la esencia de la República[147].

Pero los diputados del Frente Popular entendían eso muy bien y pretendían conformar «la esencia de la República» con su completo dominio, retirando el último obstáculo que les separaba del poder total. Los líderes izquierdistas parecían ser conscientes de que Alcalá-Zamora estaba, cuando menos, jugando con la idea de destituir al Gabinete de Azaña, una actuación coherente con lo que tantas veces había hecho en el pasado. Su destitución y reemplazo por un presidente izquierdista eliminaría el peligro. 238 diputados votaron a favor de la propuesta que significaba su destitución, y solo cinco diputados del pequeño grupo de Portela votaron «no», mientras que las derechas y el resto del centro se abstuvieron.

De forma casi unánime, los historiadores han condenado una destitución basada, en las palabras de su analista principal, en «un argumento improcedente»[148], y el acuerdo va desde el decano de la historiografía marxista del siglo XX en España, Manuel Tuñón de Lara[149], hasta Javier Tusell, el más notable especialista en historia política de España en la última parte del siglo[150], pasando por otros muchos. Como ha dicho Villarroya, «resultaba contraria a la Constitución y aun a una lógica fundamental».

En el caso de destitución, el sucesor interino era el presidente de las Cortes, hasta que se convocaran unas elecciones nacionales para elegir representantes especiales, llamados «compromisarios», que podrían elegir al nuevo presidente. En los primeros minutos del 8 de abril, Martínez Barrio juró el cargo, y entonces las Cortes, como si no tuvieran responsabilidades más apremiantes, se cerraron durante ocho días.

Alcalá-Zamora no hizo gesto alguno de resistencia y escribió el día 8:

Hacia las once de hoy me visita un coronel de Estado Mayor. Viene de uniforme, a pedir en nombre del Ejército que en respuesta al golpe de Estado de la Cámara, o, sin el poder legislativo, firme un decreto destituyendo al Gobierno de Azaña, y [dé] así más fuerza moral a su inevitable y decidida intervención, que salve al país de la anarquía dentro de la República.

Este oficial, como es fácilmente identificable, también nombrado en las memorias posteriores, era el teniente coronel Valentín Galarza, coordinador principal de la Unión Militar Española (UME), la asociación semisecreta de oficiales militares que se había organizado dos años y medio antes. Aunque la UME tenía numerosos afiliados, el ejército también estaba dividido, como la sociedad en general, y la UME no tenía fuerza para actuar de modo independiente (aunque Galarza estaba en contacto con varios generales importantes). Durante el año y medio anterior, en cada crisis, jefes militares con ganas de intervenir en política habían tenido que pedir dirección y autorización de jefes o instituciones civiles. Bajo la monarquía, Alcalá-Zamora había actuado con tino en varios intentos de rebeliones militares, pero eso había sido fácil porque la monarquía era liberal, indulgente y débil. El Frente Popular, poderoso y mortífero, era otra cosa, y ya contaba con un buen número de civiles muertos a manos de las izquierdas bajo la República, con la promesa de que habría muchos más en el porvenir. Cualquier acto o intervención decidida podría desencadenar una pequeña guerra civil. Alcalá-Zamora no había rechazado la violencia fácil —y de pocas bajas— de 1930, pero sí la violencia masiva de 1936. La respuesta del expresidente fue inmediata: «Con cortesía que subraya más la firmeza de mi decisión me niego en absoluto, y con pocas palabras. Mi camino es otro, el de mi deber, sin sospecha de ambición»[151]. Entendía bien que, si aceptaba la petición, muchísima gente le echaría la culpa de una intervención militar a una desmedida ambición de mantenerse como presidente, y probablemente esta consideración fue determinante.

Con esto se cumplió una etapa muy importante en la erosión de la democracia en España. El expresidente sabía muy bien que muy probablemente el destino inmediato de su país fuera desastroso, que podría acabar en revolución o en guerra civil, y él había advertido del peligro durante mucho tiempo. Sabía, igualmente, que si trataba de actuar como el hombre fuerte que la evitaba, daría la impresión, dados los muchos conflictos en los que había estado involucrado, de que lo hacía guiado por la ambición personal. Las últimas líneas del diario terminaban así: «Sé que hoy, tal vez mañana, la historia me reprochará no contar con la fuerza, con una razón y medios que otro presidente [opondría] al golpe de Estado parlamentario. Pero no dudo. Ya se acabó mi dietario de presidente»[152].

Había cometido errores significativos, había actuado con demasiado afán de protagonismo y durante 1935-1936 había empeorado la situación. Pero renunció[153], y la tragedia de la presidencia de Niceto Alcalá-Zamora era también una parte importante de la tragedia de España.

6

AZAÑA, PRESIDENTE: ABRIL-MAYO DE 1936

Las Cortes comenzaron sus trabajos regulares el 15 de abril, dos meses después de las elecciones. Por primera vez Azaña presentó su programa legislativo, en el que destacaban las reparaciones a los insurrectos reprimidos después de su levantamiento. No mostraba el menor esfuerzo por conceder indemnizaciones por la destrucción de la propiedad a gran escala que habían practicado los revolucionarios en Asturias, ni de compensar a las familias por las numerosas víctimas, por lo que se convirtió en una propuesta dirigida a poner la justicia del revés. El programa también incluía la completa restauración de la autonomía catalana y la reforma de los reglamentos de las Cortes, tanto para acelerar el proceso legislativo como para elegir a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y al presidente del Tribunal Supremo, con el fin de asegurar el predominio izquierdista en las más altas instancias judiciales. El objetivo era lograr la «republicanización» de todas las instituciones, incluida la administración de la justicia.

Azaña también contemplaba cambios sociales y económicos significativos para aplacar a sus aliados, aunque dichos cambios apenas quedaron definidos excepto lo relativo a la ampliación de la reforma agraria, que no iba dirigida a modernizar la economía y hacerla más próspera, sino que, siguiendo el típico estilo izquierdista, su objetivo era redistribuir la pobreza. Azaña hizo hincapié en que «el fenómeno a que asistimos en España es el acceso al poder público de nuevas clases sociales, fenómeno que localizamos en el primer tercio de este siglo». Esto era muy característico del estilo de discurrir de Azaña, que presentaba el auge de los movimientos revolucionarios organizados a partir de su propia voluntad —como si en verdad fuera un fenómeno natural—, un auge que explicaba, usando palabras retóricas abstractas, como una fuerza de la naturaleza que no se podía resistir. Fenómenos, ni abstractos ni teóricos, sino empíricamente innegables, eran los efectos de las convulsiones constantes que habían tenido lugar desde el mes febrero, que habían destruido la confianza en una economía sometida a tales condiciones, con un declive en la Bolsa, huida de dinero al extranjero, desequilibro en la balanza de pagos y un grave deterioro de la producción. Azaña admitía que la economía se encontraba en malas condiciones y afirmaba que sería necesario recortar gastos en ciertas áreas, no especificadas, mientras se aumentaban los ingresos mediante la tributación progresiva, lo que permitiría pagar la ampliación de las obras públicas y la aceleración de la reforma agraria. Hablaba como si el deterioro de la economía fuera un producto de la naturaleza y no el resultado directo de las acciones del Frente Popular.

No realizó esfuerzo alguno por afrontar el problema de la violencia política y el desorden generalizados; por el contrario, lo abordó como si él fuera una especie de observador filosófico y no el responsable máximo, presentando los habituales clichés «leyendanegristas» tan estimados por las izquierdas: «Ya sé yo que estando arraigada como está en el carácter español la violencia, no se la puede proscribir por decreto […]». Añadió que el Gobierno no había reprimido ciertos excesos debido a la «piedad y misericordia», de modo que, si cabía atribuir la violencia a una idea abstracta llamada el «carácter español», el jefe del Gobierno podía lavarse las manos con toda tranquilidad, como de hecho hacía.

Por parte de las derechas respondieron Calvo Sotelo y Gil-Robles, aunque el primero, en nombre de la derecha radical, exigía un cambio drástico de régimen, mientras el líder de la CEDA aceptaba el Gobierno existente y pretendía influir en él para moderar sus políticas. El discurso de Calvo Sotelo fue una de las declaraciones maratonianas típicas de la época, cuyo texto y apéndices ocuparon once páginas en el Diario de las Sesiones de las Cortes. Así presentó el primero de una serie de informes sobre los actos de violencia y destrucción en España, afirmando que entre el 15 de febrero y el 1 de abril, 74 personas habían sido asesinadas por motivos políticos y 345 habían resultado heridas. Asimismo se habían incendiado 106 iglesias, de las que 56 habían quedado arrasadas. Puesto que el Gobierno no presentó estadísticas que refutaran estos datos, bastantes historiadores las consideran en esencia correctas, como de verdad parecen ser. A continuación, Calvo Sotelo citó algunos discursos de portavoces revolucionarios en los que declaraban que estos actos violentos eran el comienzo de la destrucción revolucionaria, lo que también era esencialmente correcto.

Gil-Robles tomó la palabra entre los habituales gritos y tumultos, y afirmó que la CEDA ofrecería su apoyo parlamentario para llevar a cabo reformas sociales constructivas, si bien estas no parecían ser el objetivo principal de las izquierdas. Hizo una advertencia contra el intento del Gobierno de gobernar solo para una mitad del país: «Una masa considerable de la opinión española que, por lo menos, es la mitad de la nación, no se resigna a morir; yo os lo aseguro», y dirigiéndose a Azaña añadió:

Yo creo que S. S. va a tener dentro de la República otro sino más triste, que es el de presidir la liquidación de la República democrática […]. Cuando la guerra civil estalle en España, que se sepa que las armas las ha cargado la incuria de un Gobierno que no ha sabido cumplir con su deber frente a los grupos que se han mantenido dentro de la más estricta legalidad.

Esta sesión fue la ocasión para que José Díaz, secretario general del Partido Comunista, declarase en un discurso que Gil-Robles «morirá con los zapatos puestos». Era la típica amenaza de asesinato político de los portavoces revolucionarios, aunque a Martínez Barrio la pareció una afirmación excesiva para ser pronunciada en una sesión de las Cortes. Llamó al orden a Díaz y decretó que la declaración no figurase en las actas.

Al día siguiente, el Parlamento volvió a reunirse en una atmósfera sobrecargada debido al cortejo fúnebre del guardia civil De los Reyes, que, en un momento dado, amenazó con pasar frente a las Cortes. Azaña empleó su retórica acostumbrada, atribuyendo toda la culpa de la violencia a la derecha y a sus «profecías». Con desprecio y sin asumir la menor responsabilidad personal, declaró: «Yo no me quiero lucir sirviendo de ángel custodio a nadie. Pierdan SS. SS. el miedo y no nos pidan que les tienda la mano. ¿No querían la violencia, no les molestaban las instituciones sociales de la República? Pues tengan violencia».

Palabras muy extrañas para ser pronunciadas por un primer ministro de una democracia occidental, pero la República revolucionaria ya no era una típica democracia occidental. Palabras especialmente hipócritas en la boca de alguien como Azaña, famoso por su preocupación y su miedo en lo que a su seguridad personal se refería. De todos los discursos de Azaña, quizá este pudo haber sido el más imprudente. Decir que los cinco años de actividad de la CEDA dentro de la legalidad constitucional solo demostraban que «querían la violencia» era de lo más delirante e incendiario. El espectáculo de un presidente del Gobierno parlamentario invitando a la oposición a tomar parte en una guerra civil no tenía precedentes, aunque las amenazas por parte de los presidentes del Consejo y de otros portavoces de las izquierdas continuarían hasta el 18 de julio.

Azaña subrayó la importancia de mantener la unidad de las izquierdas y prometió que no haría nada que pudiera abrir «una brecha». Con esto reafirmaba la esencia de su política: solidaridad con los revolucionarios contra viento y marea. Para evitar un conflicto con ellos, ya había cancelado las elecciones municipales y pronto aceptaría una política de coerción violenta para controlar los resultados de las elecciones especiales en Cuenca y Granada. Esta postura impidió una reconciliación con los moderados e hizo casi inevitable el fracaso de lo que quedaba de la democracia republicana. En este proceso no hubo ninguna decisión más importante que la que estaba tomando Azaña.

Posteriormente, el presidente del Consejo dio un pequeño paso atrás en su retórica habitual, pero no pudo resistirse a repetir la cantinela de que «las llamas son una epidemia de los españoles; antes quemaban a los herejes, ahora queman a los santos, aunque sea en imagen». De ese modo expresaba el típico desdén de las izquierdas hacia España y los españoles. Puesto que se trataba de un mal endémico de «los españoles», ni él ni su Gobierno tenían ninguna responsabilidad. De hecho, no aceptó ninguna crítica o culpa hasta 1938, aunque entonces había perdido la guerra civil que reclamaba y ya era demasiado tarde.

Juan Ventosa, de la Lliga Catalana, finalizó con palabras más acertadas:

Solo con asistir a este debate, solo con escuchar las manifestaciones de ayer y de hoy —insultos reiterados, incitaciones al atentado personal, invocaciones a aquella forma bárbara y primitiva de la justicia que se llama ley del talión, petición insólita y absurda del desarme de las derechas, y no de todos—, solo con presenciar y observar el espíritu de persecución y opresión que se manifiesta en algunos sectores de la Cámara, claramente se ve la génesis de todas las violencias que se están desarrollando en el país.

Mientras tanto, el 9 de abril, el Gobierno anunciaba que, conforme al veredicto de la Comisión de Actas, el triunfo electoral de las derechas en las provincias de Cuenca y Granada quedaba anulado por completo y se programaban nuevas elecciones para el 5 de mayo. Ambos bandos se disponían a emplearse a fondo. A pesar de los fraudes y las obstrucciones llevados a cabo por las izquierdas, las derechas no se daban por vencidas al contemplar la posibilidad de unas elecciones genuinas en España. La CEDA preparó una «candidatura de batalla» para Granada, compuesta por cinco candidatos cedistas, jóvenes y decididos, y otros derechistas, incluidos cuatro falangistas y un «independiente» (de hecho, carlista), el coronel José Enrique Varela, que había participado de manera activa en las conspiraciones militares. La unión con Falange —técnicamente una formación ilegal— causó un gran revuelo y revelaba hasta qué punto la situación había cambiado en tan solo dos meses. De igual modo, la candidatura del Frente Popular estaba compuesta únicamente por representantes de los movimientos revolucionarios, que se negaban a hacer más concesiones a los republicanos de izquierda, un presagio más del nuevo estado de las cosas.

El 23 de abril se reorganizó la originaria lista electoral derechista para Cuenca con el fin de incluir el nombre del líder monárquico Antonio Goicoechea, así como los de José Antonio Primo de Rivera y el general Franco. Esta decisión implicó la asignación de un nuevo papel para Franco, que hasta entonces siempre había insistido en su profesionalismo y apoliticismo. Durante varias semanas, su cuñado, Ramón Serrano Suñer, abogado del Estado y líder cedista, le había presionado para que entrara directamente en política y utilizara su prestigio profesional para conseguir un puesto que le permitiera influir en la crisis nacional. Por primera vez en su vida, Franco siguió este consejo. Dada la ausencia de documentos personales, solo podemos reconstruir su pensamiento de un modo aproximado. Se sentía aislado y semidesterrado en su nuevo mando en Canarias, y, antes de salir de la capital en marzo, había contemplado la posibilidad de pedir una larga temporada de permiso para ausentarse del país y observar qué iba a pasar en España antes de participar directamente en política. Pero un escaño en las Cortes podía protegerle de las represalias que demandaban los revolucionarios y, sobre todo, parece ser que deseaba volver a Madrid para estar más cerca del poder y de las decisiones cruciales —tanto en política como en el ejército— que afectarían al porvenir inmediato del país. Para su sorpresa, el enemigo más decidido de su candidatura no fue el Frente Popular, sino José Antonio Primo de Rivera. En privado y desde la prisión, Primo de Rivera, que desconfiaba de los militares y sentía una fuerte antipatía personal hacia el general, insistió en que se retirase el nombre de Franco, porque daba a la lista un aspecto excesivamente militar que solo serviría para aumentar la presión gubernativa. A regañadientes, Franco aceptó que su nombre fuera retirado[154].

Esta decisión resultó irrelevante, porque el 27 de abril la Junta Provincial del Censo falló a favor de la petición de Prieto de no permitir que se presentasen aquellos candidatos nuevos que no hubiesen recibido, al menos, el 8 % de los votos en las elecciones anteriores. En los comicios claramente democráticos de 1933 las derechas habían obtenido una victoria completa en Cuenca, y el 16 de febrero de 1936 las izquierdas no habían logrado ni un solo escaño, pero ahora estaban decididas a invertir esa situación. Para la nueva campaña se dio el estatus oficial de policías auxiliares a un considerable número de miembros del grupo miliciano socialista conocido como «La Motorizada», que actuaron como «delegados gubernativos»[155], tal y como se había hecho en otras localidades. Esto respondía a una política diseñada por el Gobierno y los jefes socialistas y comunistas que permitía la introducción de activistas procedentes de los partidos revolucionarios en las estructuras policiales.

El 1 de mayo tuvo lugar un gran desfile conjunto de socialistas y comunistas por el Paseo de la Castellana en Madrid, en el que se dijo que participaron unas trescientas mil personas, aunque puede tratarse de una exageración. Los cánticos de «¡Hijos sí, maridos no!» de algunas jóvenes activistas escandalizaron sobre todo a los ciudadanos católicos de clase media. La multitudinaria manifestación fue pacífica, pero otras celebradas en diversos puntos del país condujeron a las habituales escaramuzas, con varios muertos y muchos heridos.

Dos días más tarde se produjo en la capital el famoso incidente del «bulo de los caramelos», originado por el rumor que corrió por un barrio obrero de que las monjas de uno de los pocos colegios católicos que quedaban estaban distribuyendo caramelos envenenados entre sus alumnos, un indicativo del grado de histeria al que llevaba la propaganda izquierdista. Enseguida se incendió una iglesia y el personal religioso fue atacado, y, al día siguiente, ardieron otras seis iglesias y colegios católicos. Unos cuarenta religiosos y seglares fueron atacados y, al menos, uno resultó muerto[156]. La noche del día 4, el Gobierno sintió la necesidad de anunciar que, en realidad, no se había producido ningún envenenamiento y los líderes izquierdistas atribuyeron la culpa de los incidentes a las «provocaciones» de las derechas, quienes, supuestamente, habían incitado a los izquierdistas a quemar iglesias y a atacar a sus correligionarios[157].

En las dos provincias donde se convocaron nuevas elecciones, el Frente Popular aplicó una intensa coerción para suprimir la movilización de las derechas. Según Macarro Vera, en Granada la campaña

[…] se realizó en un clima de auténtico terror por parte de la izquierda sin parangón con cualquier elección anterior. Las milicias socialistas y comunistas en la calle impusieron su ley, paseando armados, cacheando y atacando físicamente en muchas ocasiones a los enemigos de clase, hasta deteniéndolos y encarcelándolos, sin que las autoridades hicieran mucho por impedirlo. Los resultados fueron escandalosos[158].

Entre el 1 y el 2 de mayo, en la ciudad de Cuenca se prendió fuego a la sede local de la CEDA, a varios negocios derechistas y, al menos, a una iglesia. La tarde del día 1 llegaron los nuevos delegados gubernativos y, durante tres días, gobernaron con puño de hierro, imposibilitando casi por completo la campaña a favor de las derechas. Ese mismo día llegó Prieto para pronunciar el principal discurso de la campaña izquierdista y más adelante escribió: «Cuando llegué al teatro, humeaban cerca las cenizas de la hoguera en que habían ardido los enseres de un casino derechista asaltado por las masas populares. En un céntrico hotel hallábanse sitiadas desde la víspera significadísimas personalidades monárquicas. El ambiente era de frenesí»[159].

Prieto dedicó la mayor parte de su discurso al problema del orden público. Hizo hincapié en la línea habitual de que la verdadera causa de los excesos radicaba en la reacción a la supuesta severidad de la represión tras la revuelta revolucionaria de 1934, pero insistió en que había llegado la hora de la tregua y de mostrar una mayor disciplina:

¡Basta ya! ¡Basta, basta! ¿Sabéis por qué? Porque en esos desmanes, cuya explicación os he dado, no veo signo alguno de la fortaleza revolucionaria. Si lo viera, quizá lo exaltase. No, un país puede soportar la convulsión de una revolución verdadera […]. Lo que no se puede soportar es la sangría constante del desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata; lo que no soporta una nación es el desgaste de un poder público y de su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad. Podrían decir espíritus simples que este desasosiego lo producen solo las clases dominantes. Ello, a mi juicio, constituye un error. De ese desasosiego no tardan en sufrir los efectos perniciosos la propia clase trabajadora en virtud de trastornos y posibles colapsos de la economía […]. En el exterior, España es hoy un país sobre el cual se ha colgado el papel de insolvente.

Si el desmán y el desorden se convierten en un sistema perenne […] no se va a la consolidación de la revolución, ni se va al socialismo, ni se va al comunismo; se va a una anarquía desesperada, que ni siquiera está dentro del ideal libertario; se va a un desorden económico que puede acabar con un país.

Su advertencia final, una vez más completamente acertada, era que la continuación del desorden y la destrucción solo aumentaría la probabilidad de que se produjera una reacción «fascista»[160].

Tres días después recibiría su respuesta en Claridad (Madrid), el órgano de los caballeristas. El periódico rechazó con vehemencia el mensaje de Prieto, declarando que la necesidad fundamental era una mayor intensificación de la lucha de clases. Los desórdenes debían continuar hasta que llegase un momento en que se produjese la toma revolucionaria del poder. No se podía ser más «claro» ni más contundente.

Los cuatro primeros días de mayo, una vez finalizada la campaña electoral en Cuenca, no dieron prueba alguna de que las palabras de Prieto hubieran tenido el menor efecto. Se asignaron varias compañías de guardias de Asalto para patrullar la provincia y el gobernador civil ordenó el arresto preventivo de varias decenas de derechistas, para los cuales se tuvieron que organizar cárceles de emergencia donde recluirlos hasta que terminase la votación. Entre la coerción y el fraude descarado, se registró la aplastante victoria del Frente Popular, en las mismas condiciones que en Granada. Era típico de Prieto que, por un lado, quisiera pedir mayor responsabilidad y comedimiento y, por otro, que estuviera decidido a que las izquierdas dominasen en exclusiva el proceso electoral. La actitud de Prieto, en cierto modo esquizofrénica, era bastante similar a la de su amigo Azaña.

Romero ha escrito el mejor colofón:

Las segundas elecciones de Cuenca son un episodio que electoralmente puede calificarse de vergonzoso, en el cual Prieto desempeñó un papel preponderante; las tomó a su cargo. Toda clase de atropellos y abusos fueron cometidos, se recurrió a la violencia más extrema, a las ilegalidades más descaradas. El gobernador civil, la Junta del Censo, y para dar remate, los muchachos de «La Motorizada», pistola en mano, ganaron aquellas elecciones con ninguna gloria[161].

En conjunto, podría decirse que el proceso electoral en Cuenca y Granada fue menos libre que las elecciones que Hitler llevó a cabo en Alemania en marzo de 1933, una triste comparación para España. Con la supresión de las elecciones libres se ponía fin a la menor posibilidad de alternativa por la vía electoral, alentando y abriendo paso a otra clase de opciones. A partir de ese momento, la «República democrática» era poco más que un recuerdo, aunque tendría una vida muy larga como mero eslogan de propaganda.

El día después de aquellos comicios, Calvo Sotelo se levantó en las Cortes para leer sus últimos datos sobre la violencia y afirmó que, entre el 1 de abril y el 5 de mayo, habían muerto 47 personas en refriegas políticas. Otro de los «incondicionales» de Azaña, Santiago Casares Quiroga, a la sazón ministro de Gobernación, replicó del modo más descarado que el Gobierno «es el primero en condenar y execrar los lamentables sucesos ocurridos», pero que, así y todo, el único y verdadero problema provenía de las derechas: «Pero a mí me preocupan solo las derechas y, en cambio, no me preocupa la revolución social». Uno de los grandes objetivos del Gobierno, dijo, era desarmar a las derechas, a quienes se les habían confiscado trece mil armas en la provincia de Granada y siete mil en la de Jaén, pero no explicó por qué, si las derechas estaban siendo desarmadas, la violencia no disminuía, y nada dijo acerca de desarmar a las izquierdas. Calvo Sotelo afirmó que era irracional suponer que la violencia nacía tan solo de rumores que lanzaban las derechas para perjudicarse a sí mismas. Añadió que estas no deseaban una guerra civil, pero que, para evitarla, la violencia debía cesar por ambas partes. El fascismo «aquí y fuera no es un momento primero, es un momento segundo. No es una acción, es una reacción».

Mientras tanto, el 26 de abril se celebró la elección de los compromisarios para decidir unas nuevas elecciones presidenciales. Ningún candidato estaba en condiciones de competir con Azaña. Parecía que él mismo hubiese preferido ver la jefatura del Estado en manos de Felipe Sánchez Román, cuya talla, a los ojos de Azaña, era inversamente proporcional al pequeño tamaño de su partido moderado y a su diminuta fuerza parlamentaria; pero, dado que Sánchez Román no era miembro del Frente Popular, resultaba imposible. Se decía que Largo Caballero y los comunistas preferían la candidatura del meteórico Álvaro de Albornoz, quien, claramente, se situaba a la izquierda de Azaña, pero tendía a la total irresponsabilidad y no contaba con apoyos entre otros sectores del Frente Popular. Así, Unión Republicana designó a Azaña y, tras superar la inicial resistencia de su propio partido, Izquierda Republicana, que no quería perder su liderazgo en aras del cargo, más distante, de la Jefatura del Estado, Prieto colaboró para alinear los votos socialistas, con lo que el asunto se solventó con rapidez.

Con la abstención de gran parte de las derechas, las izquierdas barrieron en las votaciones a compromisarios: el Frente Popular eligió a 358, la oposición a 68. El 10 de mayo, Azaña resultó elegido de modo arrollador por una asamblea especial de compromisarios celebrada en el Palacio de Cristal, en el madrileño parque del Retiro. La ceremonia de investidura tuvo lugar al día siguiente y Gil-Robles afirmó haber quedado impresionado por el aspecto y la falta de expresión del nuevo presidente:

La palidez del rostro era cadavérica […]. A todos nos impresionó también su nerviosismo […]. A pesar del extraordinario dominio de la palabra que tenía, vaciló varias veces al pronunciar la breve fórmula de fidelidad a la República […]. En su recorrido hasta el coche que le llevaría a palacio se mostró frío y esquivo. No sonrió ni pestañeó una sola vez[162].

Posteriormente, las razones del nombramiento de Azaña fueron motivo de controversia. El caballerista Luis Araquistáin insistió en que todo el asunto había sido un complot maquiavélico para privar al Gobierno de su máximo dirigente, con el fin de que, en manos de alguien más débil, se plegara más fácilmente ante las exigencias de los revolucionarios. Tal argumento podría haber existido[163], pero es inadecuado para explicar la cuestión. Igualmente se ha especulado con que Azaña pensaba que tendría mayor poder para estabilizar la situación si era presidente, pero eso tampoco convence, ya que, como tal, hizo bien poco antes del 18 de julio. Existe la interpretación de que Azaña, mucho más literato que hombre de Estado, se sentía cansado e incapaz de controlar los acontecimientos y prefería escaparse en un cargo más alto, aunque, en realidad, era más distante y formal. Parece que el deseo de escapar de la vida política siempre estuvo bastante en consonancia con su espíritu, pues no tenía ni el temperamento de un líder político ni el de un hombre de Estado. También pudo haberse tratado de otro acto de puro oportunismo, como casi todos los que había protagonizado durante la larga crisis, que no revelaba ninguna estrategia coherente a largo plazo.

Uno de sus principales correligionarios concluyó:

Azaña llegó a convencerse de la inutilidad de sus esfuerzos como gobernante. La incipiente obra de la etapa constituyente no podía continuarse en aquel terrible año de 1936. Acaso su nueva misión consistía en arbitrar aquellas luchas que política y socialmente le habían desbordado. Nos costó mucho a sus incondicionales plegarnos a tan dura realidad. Él dejaba hacer, cediendo a una especie de fatalidad. Sus principales electores, Prieto y Sánchez Román, habían llevado a su decaído ánimo el convencimiento de que el único puesto desde donde aún podría prestar aliento a la República era el de la presidencia. Fue uno de los últimos en dejarse ganar por esa idea[164].

Sí resulta verdaderamente claro, en muchos sentidos, que el actor principal del drama era Prieto. Su objetivo a largo plazo era realinear al Gobierno no tanto con la revolución, sino con el fin de cimentar el poder de un régimen republicano de izquierdas y socialista que pudiera llevar a cabo reformas importantes combinadas con la estabilidad. El primer presidente del Consejo de Ministros en este régimen izquierdista podría ser el propio Prieto, a quien se consideraba el socialista más apto y preparado.

Incluso Azaña parecía ser consciente de que su Gobierno vigente, técnicamente minoritario, no era capaz de gobernar con efectividad. Desde principios de abril se habían producido una serie de conversaciones privadas y reuniones entre los jefes más prácticos y experimentados de las izquierdas moderadas y el centro, orientadas hacia la posibilidad de formar un Gobierno mayoritario más fuerte que pudiera restaurar la autoridad y el orden, así como continuar con las reformas básicas. Prieto fue una figura clave en estas conversaciones, que en ciertos momentos incluyeron a los dos líderes más progresistas de la CEDA, Giménez Fernández y Luis Lucia, y a Miguel Maura, así como al sensato y pragmático Claudio Sánchez Albornoz y, en ocasiones, incluso a Julián Besteiro. Sánchez Albornoz ha relatado que, a principios de mayo, una reunión de la élite de Izquierda Republicana (ministros y exministros) arrojó como conclusión que solo una breve dictadura republicana y legalitaria podría restaurar el orden y salvar el régimen, pero Azaña manifestó su disconformidad a dar un paso tan drástico[165].

Un problema clave era cómo construir una mayoría amplia y progresista de centro-izquierda. Había sido un dilema esencial para Alcalá-Zamora y su destitución en absoluto lo había resuelto. Es posible que una amplia coalición nacional republicana de centro, con la participación de Giménez Fernández y Lucia, hubiera implicado la escisión de la CEDA, mientras el protagonismo de Prieto podría igualmente dividir a los socialistas.

Aunque Prieto alegaría más adelante que las intenciones de Azaña no eran del todo serias[166], el 12 de mayo el nuevo presidente se movió con rapidez y pidió a Prieto que formase el próximo Gobierno. Hay pocas dudas del interés de Prieto y, posteriormente, muchos han argumentado que un Gobierno suyo hubiese sido la mejor opción. El socialista bilbaíno no era un hombre de milagros, pero muchas veces actuaba con sensatez y su patriotismo había llamado la atención de los dirigentes centristas e incluso de algunos de las derechas. Todos los grupos republicanos de izquierda, más los centristas de Portela Valladares, parecían dispuestos a apoyar una coalición dirigida por Prieto. Giménez Fernández, al parecer, estaba particularmente ansioso por colaborar, e incluso José Antonio Primo de Rivera dijo que Prieto podría ser el jefe de una revolución nacional patriótica y coherente[167].

La clase de Gobierno que propuso Prieto no era una gran «coalición nacional», sino una simple y genuina coalición socialista-republicana de izquierda capaz de acelerar las reformas económicas y cumplir el programa del Frente Popular, aplastar la latente conspiración militar con una purga limitada, pero decisiva, del ejército y restaurar el orden mediante una política policial más enérgica y responsable, logrando lo que llamaba la «despistolización» de España.

Proponía otorgar una atención prioritaria a la aceleración de la reforma agraria, a nuevos proyectos de irrigación y a la construcción de viviendas, estas últimas medidas destinadas, sobre todo, a reducir el desempleo. Parece que también tenía intención de ampliar los efectivos de la Guardia de Asalto, en su mayoría pro-republicana, reduciendo los de la Guardia Civil. En conjunto, hubiera sido el Gobierno más izquierdista de la Historia de España hasta el momento, pero muy posiblemente habría logrado una mayor eficacia y responsabilidad, y habría cerrado el paso al camino hacia el 18 de julio.

El principal obstáculo era la izquierda socialista, que en esos momentos constituía la mayoría del movimiento. Largo Caballero y sus partidarios se negaban a alterar su posición, mantenida desde el otoño de 1933, de que el movimiento no debía tomar parte en otra coalición de Gobierno con los republicanos de izquierda, pues sería meramente otro «Gobierno burgués». Los caballeristas sostenían que los socialistas solo entrarían de nuevo en el Gobierno si podían encabezar un régimen revolucionario junto a otros partidos obreros igualmente revolucionarios. En palabras de Paul Preston, «en un sentido muy real, la ambigüedad de la actitud socialista hacia la República iba a ser el factor crucial de 1936»[168]. Tal y como lo veían los socialistas de Largo, la presidencia de Azaña solo tenía la responsabilidad de acelerar las reformas radicales y completar la «fase burguesa» de la República, a la que seguiría un régimen socialista revolucionario. El 9 de mayo, Claridad subrayaba que la España de la presidencia de Azaña sería totalmente diferente a la de su primer Gobierno de 1931-1933: «Azaña se ha dado cuenta de ello y de ahí su drama interior. Azaña no es capaz de enfrentarse violentamente con esta marcha ascensional e inevitable del proletariado. No puede ser un Kérensky ni un Hitler […]. Ojalá que sea un buen comadrón de la Historia. Esperemos».

Más adelante, Largo Caballero se lamentaría de que «según Prieto, el Partido Socialista no tuvo otro papel en la vida política española que el de mozo de estoques de Azaña»[169], y los caballeristas estaban determinados a evitarlo, por temor a ver a Prieto convertido en el «Noske español», en referencia al ministro socialdemócrata alemán de Interior que había aplastado a la izquierda revolucionaria al comienzo de la República de Weimar. Por tanto, el 12 de mayo, en una rápida votación de la mayor parte del grupo parlamentario socialista, se obtuvo el resultado de 47 votos a favor y 19 en contra de rechazar un amplio Gobierno frentepopularista, respaldando solo otro Gabinete republicano de izquierda que, por sí mismo, completase el programa del Frente Popular a la mayor brevedad posible.

Fue este un amargo golpe para Prieto, pero también un resultado previsible. Los caballeristas estaban siendo coherentes con su posición, y la escisión en las filas socialistas se incrementó aún más. Con todo, Prieto no se resistió demasiado. Puede que, simplemente, estuviera esperando (contra toda esperanza) que, enfrentada a una nueva ecuación política tras el ascenso de Azaña, los caballeristas mudasen de opinión. Ante el fracaso, la única alternativa habría sido escindir el partido de manera oficial, lo que, desde el punto de vista del bien público, hubiese sido deseable. Aparentemente, el día 15 Prieto envió un emisario a Gil-Robles para explorar la posibilidad de obtener el respaldo de la CEDA en el supuesto de una escisión del Partido Socialista, pero la polarización entre las izquierdas y las derechas era muy profunda y la contestación de Gil-Robles fue que no podía prometerle tal respaldo[170].

Entre los socialistas, la identidad del partido y la lealtad estaban muy desarrolladas, de manera que Prieto no se atrevió a dividirlo de manera oficial. Cuando su amigo y aliado socialista Juan Simeón Vidarte le urgió a seguir adelante y formar una nueva coalición pensando que, una vez que Prieto fuera jefe del Gobierno, los caballeristas no votarían en su contra, Prieto se negó a asumir el riesgo. Según Vidarte, Prieto temía desempeñar el papel de un «Briand español que dejase a gran parte del partido atrás en medio de la existente polarización»[171]. Y aún más, como el político práctico que era, quizá consideró que una escisión del partido no sería viable salvo que pudiera llevar consigo, al menos, una escasa mayoría del grupo parlamentario, lo que no parecía posible. Aunque continuaban las conversaciones con los elementos más liberales de la CEDA, al menos hasta alguna fecha de junio, por el momento era imposible formar cualquier clase de Gobierno más amplio. Por el contrario, en las semanas siguientes, Prieto buscaría fortalecer la posición de los moderados en el seno del partido, esperando obtener el apoyo de su congreso, programado para octubre, tras el cual podría ser posible que los socialistas entraran a formar parte de un Gobierno más amplio y fuerte.

No obstante, quedaban otros cinco meses hasta este acontecimiento, y a ese ritmo de desintegración, cinco meses significaban un tiempo que el sistema español —como el Gobierno provisional ruso en 1917 o la «dictablanda» española en 1930— no tenía[172].

A continuación, Azaña se volvió hacia Martínez Barrio, cuyo partido había obtenido de la Comisión de Actas un número no despreciable de escaños adicionales, pero este declinó enseguida debido a los formidables obstáculos existentes, de modo que Azaña se encontró arrinconado por la propia dinámica política que había contribuido a tramar. En ese momento, salvo que tuviera el coraje de romper el Frente Popular, lo que no tenía intención alguna de hacer, la única opción era formar otro débil Gobierno republicano de izquierda encabezado por uno de sus compinches de Izquierda Republicana. Él mismo reconoció que los hombres de su partido tenían escasa capacidad de liderazgo[173], pero escogió a uno de sus más próximos colaboradores, Santiago Casares Quiroga, que el mes anterior había ocupado el Ministerio de Gobernación. Casares era del todo leal a Azaña y sus respectivas mujeres eran amigas íntimas. Ya en 1931-1933 había administrado la cartera de Gobernación con cierta reputación gracias a su determinación, pero en 1936 sufría de tuberculosis, un mal endémico en la España de la época. Durante el mes anterior, sus actividades más notables habían sido cambiar de destino a muchos oficiales de la Guardia Civil y dar órdenes para poner fin a la extorsión en las carreteras españolas, donde se obligaba a los conductores, por la fuerza y la intimidación, a pagar un «impuesto revolucionario», coacción que había sufrido el propio Alcalá-Zamora cuando volvía a su pueblo natal.

Otro factor que probablemente entraba en los cálculos de Azaña era que, de todos los prohombres de Izquierda Republicana, Casares Quiroga era quien parecía tener las mejores relaciones personales con Largo Caballero. Casares no era un revolucionario, sino que se identificaba totalmente con la política de Azaña, pero, por ser, en palabras de otro líder del partido de la misma sección de Casares, «el único dirigente republicano que gozaba de» una amistad personal con Largo,[174] podría ser el más eficaz en tratar con lo que realmente era el peor problema de la República en ese momento, es decir, los excesos de los caballeristas.

Según Martínez Barrio, cuando se anunció el nombramiento del nuevo jefe del Gobierno, «la opinión pública y los propios grupos del Frente Popular no ocultaron su sorpresa y disgusto»[175], porque estaba claro que Azaña había llevado a cabo un nombramiento mediocre entre su camarilla personal de partido. Según su cuñado, el propio Azaña tenía recelos, pero no encontró otra opción[176]. En el nuevo Gabinete, Casares Quiroga también ocuparía la cartera de Guerra para evitar que un militar se hiciese cargo de ella, pensando que así se podría controlar mejor al ejército. Gabriel Franco, ministro de Hacienda, se negó a continuar debido a la política fiscal caótica y contradictoria del Gobierno, y se buscó a un nuevo ministro en las filas de Izquierda Republicana. El Gabinete se amplió ligeramente para dar entrada a un representante de Esquerra Catalana, Juan Lluhí Vallescà, como ministro de Trabajo, puesto para el que pronto demostró ser incompetente. En conjunto, el último Gobierno regular de la República contó con siete ministros de Izquierda Republicana, tres de Unión Republicana, uno de Esquerra y un republicano independiente, Juan Moles, en el crucial Ministerio de Gobernación.

Este débil esfuerzo fue la última iniciativa política directa de Azaña antes de la Guerra Civil. Aunque mantenía un contacto personal constante con el nuevo presidente del Consejo y, sin duda, le dio numerosas indicaciones, ya no intervenía directamente, rechazando el estilo de Alcalá-Zamora. Podría decirse que se retiró a la Presidencia preocupado por la estética. Comenzó una redecoración de gran envergadura del Palacio de la República (Palacio de Oriente), trasladando de manera temporal su residencia a la Casita del Palacio del Pardo (cerca del edificio que durante 36 años sería la residencia personal de Franco). Aumentó considerablemente el presupuesto presidencial (siempre austero y limitado bajo Alcalá-Zamora), incrementando la flota de limusinas[177], y también dedicó atención a preparar nuevas leyes con graves penas para los ataques al presidente y su familia.

Azaña había logrado su deseo de implantar el dominio total del poder político y de algunas instituciones por parte de las izquierdas. La excepción más relevante era el ejército, pero era una excepción crucial. Solo en una ocasión, la noche del 18 al 19 de julio, realizaría un esfuerzo, tardío, para formar una coalición gubernamental algo más amplia y moderada. Pero en ese momento la Guerra Civil había empezado y era demasiado tarde.

7

¿UNA REVOLUCIÓN PENDIENTE?

En 1936 España se había convertido en el país de la más amplia e intensa panoplia de movimientos revolucionarios del mundo, una situación en sí destacable que seguramente requiere cierta explicación. La idea de que se debió tan solo al «atraso» o a la «injusticia social» —las explicaciones habituales— resulta superficial. España no era uno de los países más atrasados del mundo, ni uno de los más injustos, aunque estaba lejos de haber alcanzado el pleno desarrollo y tenía importantes problemas sociales. Cualquier teoría coherente de la revolución en el mundo moderno debe primero reconocer que las situaciones revolucionarias en potencia no surgen en las sociedades más pobres y oprimidas, por la sencilla razón de que, de hecho, tales sociedades son demasiado pobres, están demasiado oprimidas y carecen de todo poder. Los movimientos revolucionarios, como el resto de los fenómenos políticos modernos, exigen más bien la situación contraria: al menos cierto nivel de educación y desarrollo. Las situaciones revolucionarias no nacen en condiciones de opresión a gran escala, sino en países que han experimentado un cierto crecimiento o desarrollo y una cierta mejora que estimulen una disposición psicológica a buscar o desear un bienestar todavía mayor, y con la mayor prisa, quemando etapas.

Las aspiraciones revolucionarias comienzan entonces a destacar cuando el período de mejoras se ve temporalmente suspendido, con lo que surgen nuevos problemas, decepciones y frustraciones para los que se busca una solución revolucionaria. A su vez, esto debe ir acompañado, en el plano político, de condiciones de relativa liberalización o incipiente fracaso o conflicto. Tal secuencia de cambios previa al nacimiento de una situación revolucionaria puede aplicarse, mutatis mutandis, a la Francia de finales del siglo XVIII, a la Rusia de principios del XX y a la España de los años treinta. No se trata tan solo de una cuestión de atraso o de nivel de desarrollo: en la última década del siglo XVIII, Francia era uno de los países más modernos, y a comienzos del XX, Rusia estaba realizando rápidos progresos, pese a que, en algunos aspectos, continuase estando atrasada y nunca hubiera experimentado la democracia. Por comparación, en los años treinta, España era por primera vez un país con un sistema democrático y ocupaba una posición de modernización intermedia.

Entre 1917 y 1931 el país había alcanzado uno de los ritmos más vertiginosos de cambio a nivel mundial, comenzando con el crecimiento económico que se inició en la época de la Primera Guerra Mundial, que se vio acelerado en la década de los años veinte. A los rapidísimos cambios económicos, sociales y culturales siguió la espectacular democratización de 1931, equivalente a la repentina democratización que tras la guerra mundial había tenido lugar en otros países. El proceso político fue más lento en el caso español debido a la neutralidad del país, lo que permitió a su antiguo régimen aferrarse al poder durante algunos años más. Sin embargo, cuando la democratización se produjo, fue más explosiva y ejerció un mayor impacto sobre la sociedad española que el ocasionado en algunos otros países europeos en 1919-1920. El resultado fue el surgimiento de la más fundamental de las revoluciones: la revolución de las expectativas o aspiraciones crecientes, probablemente la más profunda de ellas, pues tiene lugar en las mentes y emociones de millones de personas.

De hecho, es probable que la democratización de 1930-1931 fuera demasiado abrupta, extensa y radical para el bien de un país que carecía de una institucionalización sólida o del poder moderador de una monarquía constitucional. Una democratización más gradual y progresiva de las instituciones de la monarquía parlamentaria hubiera resultado más ventajosa, pues habría tenido lugar en un marco político e institucional más adecuado para canalizarla, moderarla y equilibrarla dentro de unos límites constructivos.

La gran democratización incrementó enormemente las expectativas de las izquierdas, que antes se habían encontrado parcialmente reprimidas. Intervinieron diversos factores circunstanciales: los efectos de la Gran Depresión, el desarrollo de las nuevas ideologías radicales izquierdistas y derechistas, la influencia del modelo soviético, el temor de las izquierdas ante el fascismo, la continuidad de importantes problemas sociales, como la existencia en el sur de muchos jornaleros empobrecidos sin tierra, la aparente debilidad del conservadurismo español (al menos hasta 1933) y la destacada debilidad del nacionalismo en España. En la mayoría de los países europeos, el nacionalismo se había convertido en la fuente de fuerza más importante para derechistas y contrarrevolucionarios, pero apenas dejó sentir su efecto en España, salvo en la forma centrífuga de los movimientos nacionalistas periféricos, que solo parecían poner de relieve la debilidad del nacionalismo español antes de la Guerra Civil. Esta combinación de circunstancias alentó y radicalizó a las izquierdas, convencida de que por fin había llegado su momento histórico y de que, en España, la oposición contrarrevolucionaria era más débil —pese a los votos a la CEDA— que en otros países europeos. Pronto, cuando empezó la Guerra Civil, emergería un poderoso nacionalismo español contrarrevolucionario, pero antes de mediados de 1936 apenas parecía tener presencia.

En cambio, uno de los grandes problemas de los revolucionarios era su variedad y su diversidad. En sus filas se encontraba el único movimiento anarcosindicalista de masas del mundo, un gran movimiento socialista radical —con mucho, el más radical de Europa tras la desaparición del socialismo italiano— y dos partidos comunistas diferentes, el PCE moscovita, que crecía con rapidez, y el más pequeño pero hiperrevolucionario POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). A su derecha se encontraban los republicanos de izquierda no revolucionarios, con quienes se aliaron el resto de las izquierdas (excepto los anarquistas) en el Frente Popular, y a quienes todos, salvo un sector semimoderado de los socialistas, pretendieron utilizar como un caballo de troya «kérenskista», para dar paso a la revolución. Sin embargo, los republicanos de izquierda no compartían ninguna de estas utopías, sino que deseaban poner la ecuación al revés, utilizando y moderando a los revolucionarios tanto como estos pretendían servirse de ellos y radicalizarlos. Fue un clásico caso del kto kogo («quién explota a quién») leninista, creando un juego político de alta tensión y gran riesgo. En esta competición ganarían los revolucionarios, pero el resultado pudo haber sido más incierto de no haber estallado la Guerra Civil. Como veremos, un problema fundamental para los republicanos de izquierda era que esta finalidad —la guerra civil— era precisamente la que perseguían los socialistas revolucionarios con el propósito de provocar una situación que abriría el camino a la revolución. Lograron su objetivo inicialmente, pero el resultado final se les escapó de las manos.

Todos los movimientos izquierdistas estuvieron de acuerdo solamente en una meta negativa: la derrota y la exclusión totales de las derechas. Por lo demás, sus programas divergieron muchísimo y, en algunas materias, fueron mutuamente excluyentes. En ocasiones, este problema fue objeto de comentario por parte de algunos de sus líderes, que se preguntaban cómo podía tener éxito una revolución colectivista en España cuando los propios colectivistas se enfrentaban entre sí de una forma tan intensa e inevitable.

La más singular de estas fuerzas era la confederación anarcosindicalista. Hasta 1930, la CNT había sido el único movimiento anarcosindicalista de masas en el mundo, así como el movimiento más revolucionario en España (aparte del pequeño grupo de comunistas). Bajo la República, su estrategia había sido desastrosa, ya que las tres mini insurrecciones revolucionarias de 1932-1933 habían agotado el movimiento y producido una escisión en sus filas, perdiendo aproximadamente la mitad de su militancia, esto es, casi medio millón de obreros. Salvo en Asturias, la CNT no participó en la insurrección socialista de 1934.

Con el fin de reunificar el movimiento, en los primeros diez días de mayo de 1936 tuvo lugar en Zaragoza (uno de sus centros más importantes, después de Barcelona) el segundo congreso extraordinario en la historia de la CNT. El comité encargado de investigar el papel de la CNT en la insurrección de 1934 atribuyó tanto la iniciativa como el fracaso de la empresa a la «iracundia de los socialistas por haber sido arrojados del poder». Otra parte de la culpa se adjudicó a Azaña, «jefe del radicalismo socializante, el político más cínico y fríamente cruel que nació a la vida española»[178].

El movimiento estaba reorganizándose y dedicándose a la reconstrucción de los sindicatos, y el número de afiliados creciendo rápidamente, pero de ningún modo renunció a las tácticas violentas. El congreso ratificó una vez más «el método insurreccional por la conquista de la riqueza social»[179]. Se afirmó como objetivo final el «comunismo libertario», con la abolición de la propiedad privada y la reorganización de la sociedad y la economía, basándose en los sindicatos obreros y las comunas autónomas para construir la Confederación Ibérica de Comunas Autónomas Libertarias (incluyendo Portugal). La unión con la UGT socialista se declaró posible, pero solamente sobre las bases de una renuncia completa a cualquier colaboración con un Gobierno republicano, un acuerdo «para destruir completamente el régimen político y social» y el respaldo del 75 % de sus afiliados en un referéndum[180].

Aunque las relaciones con la UGT continuaron siendo difíciles, existió más cooperación a nivel local que nunca, conforme nuevas huelgas multitudinarias (cada vez más frecuentes) pasaron a ser iniciativa conjunta de ambos movimientos. El 24 de mayo de 1936, Largo Caballero abrazó públicamente a un dirigente de la CNT en un mitin celebrado en Cádiz, pero la mayoría de las diferencias persistían. En varias huelgas relevantes, la CNT llevó la iniciativa en oposición a la UGT, cuyos líderes, en ocasiones, trataron de seguir una trayectoria más prudente que la indicada por la retórica revolucionaria.

La «radicalización competitiva» entre los dos movimientos alcanzó un punto álgido en Málaga, donde el sindicato local de pescadores de la UGT se opuso a la huelga de los trabajadores cenetistas de la industria de salazones. Como represalia, el 10 de junio, pistoleros de la CNT asesinaron a un concejal comunista que había tomado la iniciativa contra la agrupación sindical y, cuando tenía lugar el cortejo fúnebre, dispararon al presidente socialista de la Diputación. A renglón seguido, pistoleros de los dos partidos marxistas mataron a un cenetista, así como a la hija de once años de otro, que quedó atrapada en el fuego cruzado. El Gobierno clausuró las sedes de la CNT de la provincia, pero la violencia continuó, ya que la agrupación anarquista convocó una huelga general. Desde Madrid se enviaron refuerzos policiales y se arrestó a numerosos cenetistas, al tiempo que socialistas y comunistas distribuían panfletos acusando a la CNT de estar al servicio de «el fascio».

Los anarquistas continuaban haciendo hincapié en que nunca aceptarían una «dictadura del proletariado» marxista y en que la revolución colectivista española debía ser libertaria. El 2 de junio se declaró en su órgano, Solidaridad Obrera, que mientras el nuevo Gobierno de Casares Quiroga podía autodenominarse «beligerante al fascismo», en la práctica «el Gobierno es beligerante […] a la CNT».

A pesar del relativo éxito de la reunificación del movimiento, habían empezado a surgir divergencias entre los más relevantes sectores cenetistas del sur y el principal núcleo industrial en Cataluña. Los sindicatos andaluces se dedicaron arduamente al activismo rural, declarando que estaban dispuestos a llegar tan lejos como fuera posible, incluso hasta el comienzo de un cambio revolucionario. La actitud de la floreciente afiliación cenetista en Madrid era muy similar. En Cataluña hubo una gran actividad huelguística y cierta violencia, pero los líderes de la CNT en Barcelona hicieron un esfuerzo por desalentar el activismo más extremista. Ponían el énfasis en la reorganización, la expansión de sindicatos y la construcción de cuadros sólidos, posponiendo, por el momento, la idea de la insurrección. Se oponían al revolucionarismo de 1932-1933, que tachaban de erróneo, insistiendo en que era necesario fortalecerse para el porvenir. Nada de eso obviaba la violencia empleada por activistas de la CNT en Barcelona aquella primavera, pero al menos demostraba que no formaba parte de ninguna estrategia de revolución o insurrección inmediata[181].

Más dramática fue la división dentro de la cúpula del Partido Socialista, con el movimiento dividido entre los caballeristas, que reclamaban la revolución marxista y relaciones estrechas con los comunistas, y los prietistas, moderados en comparación, que insistían en la necesidad de una política más práctica incluyendo una alianza con los republicanos de izquierda. La base del caballerismo estaba en la UGT y en las Juventudes Socialistas. En diciembre de 1935, Largo Caballero, como protesta ante la relativa moderación de los prietistas, dimitió de su puesto en la Comisión Ejecutiva del partido. Esta decisión se vio acompañada por la renuncia o retirada de otros cinco miembros, lo que dejó a la Comisión Ejecutiva en manos de los prietistas, que mantenían los cinco puestos restantes. Fue un error táctico fundamental, típico del nuevo Largo Caballero radicalizado, pero el 8 de marzo de 1936 los caballeristas, que con frecuencia se referían a sí mismos como «de izquierda» o «revolucionarios marxistas», ganaron las elecciones de la sección madrileña del partido. Los prietistas (también llamados «centristas» o «moderados») conservaban el control del aparato nacional del partido, la dirección del diario oficial, El Socialista, la fuerte sección vasca de la UGT y una gran parte de la sección asturiana de esta. El resultado fue un empate, y ni los izquierdistas ni los semimoderados lograron imponer su política. Dicho empate solo podría resolverse mediante un nuevo congreso del partido, que había de tener lugar en octubre.

La estrategia de los socialistas de izquierda era forzar a los Gobiernos de Azaña y Casares Quiroga, una vez que hubieran completado con rapidez su supuesta tarea «kérenskista», a dejar paso a un Gobierno socialista revolucionario. La táctica inmediata era la continuación de huelgas, acciones y desórdenes de todo tipo, pero no existía ningún plan concreto para la toma revolucionaria directa del poder por un golpe u otra insurrección. Puesto que los socialistas no contaban con más que un quinto de los diputados en Cortes, un Gobierno suyo tampoco podría ser de régimen democrático o parlamentario. No obstante, la única alternativa propuesta fue aprovecharse de la reacción ante un intento de golpe o insurrección por parte del ejército, que podría ser sofocado por una huelga general revolucionaria, seguida de la transferencia de poderes a un régimen de dirección socialista. Y es lo que a largo plazo sucedió, pero con el coste de una guerra civil.

En esta situación, el Partido Comunista estaba en disposición, por primera vez, de desempeñar un papel significativo. Diecisiete diputados comunistas hacían del partido una pequeña fuerza parlamentaria, sobre todo gracias al apoyo de los caballeristas, y la influencia se veía reforzada por sus estrechas relaciones con las Juventudes Socialistas, por la asistencia que el Socorro Rojo Internacional prestaba a los revolucionarios encarcelados y sus familias en 1934-1935, por una multitud de organizaciones encubiertas o auxiliares, por grupos de mujeres, culturales y deportivos que crecían con rapidez y por la prestigiosa sociedad «Amigos de la URSS».

Después de las elecciones, una delegación del PCE viajó a Moscú, donde la cúpula de la Internacional Comunista (Comintern), bajo su jefe, Dimitri Manuilski, preparó un documento para guiar al partido español en lo que se denominaba «la revolución que se estaba desarrollando en España». El Gobierno de los republicanos de izquierda tendría que ser presionado en la dirección correcta, mientras se aplicaba una serie de exigencias para aislar a la CEDA y «a los otros partidos reaccionarios de su base y minar su respaldo económico». Era igualmente importante fomentar «un movimiento de masas fuera del Parlamento», dando importancia a los grupos de la Alianza Obrera (la coalición de los partidos revolucionarios alentada por los socialistas[182] para la insurrección de 1934), haciéndolos «genuinos órganos de masas colectivos de una democracia de obreros y campesinos», y otorgándoles el reconocimiento como «órganos de gobierno legalmente reconocidos»[183], o sea, como verdaderos «sóviets» españoles, como en la Rusia de 1917. Una carta especial de Manuilski a José Díaz, secretario del PCE, subrayaba que «son las primeras semanas que vienen las que tienen una significación especial, incluso decisivas» para «la suerte misma […] de la revolución en España», logrando la movilización de las masas, una acción agresiva y la unificación del partido con los socialistas[184].

El 25 de febrero, el diario del partido en Madrid, Mundo Obrero, publicó nuevas exigencias:

— Confiscación de todas las tierras que no estaban ya en manos de los campesinos […].

— Cancelación de todas las deudas del campesinado […].

— Nacionalización de todas las industrias, la banca y los ferrocarriles.

— Liberación de los pueblos oprimidos: Cataluña, Vizcaya (sic), Galicia y Marruecos.

— Supresión de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto.

— Entrega de armas al pueblo.

— Supresión del ejército y sus oficiales […].

— Alianza fraternal con la Unión Soviética.

La línea comunista era perfectamente franca. No existía ninguna pretensión de ser un «caballo de Troya» o de mostrar el menor apoyo a la democracia burguesa. Tras la ampliación de las izquierdas y la eliminación de las derechas por una combinación de leyes y actos de violencia, el Gobierno republicano debía dejar paso a «un Gobierno obrero y campesino». Fue una cuestión de etapas. El séptimo congreso de la Comintern, en agosto de 1935, había definido como el objetivo de cada partido comunista la instauración de «un tipo nuevo» de república mucho más «avanzada» que una república de democracia liberal, capaz de eliminar todos los restos de poder conservador en la vida política, cultural o económica. Después vendría un Gobierno «obrero y campesino» que iniciaría el tránsito al socialismo, pero la completa «dictadura del proletariado» se construiría en una tercera etapa. Por eso los comunistas reprochaban a los caballeristas sus prematuras y frecuentes referencias a la dictadura del proletariado.

Los comunistas no hacían hincapié en la revolución inmediata, como sí hacían muchos de los caballeristas o el POUM, pero es un error decir, como han afirmado algunos, que ocupaban una posición «moderada» dentro del Frente Popular. Al contrario, representantes del PCE eran, a menudo, los más vigorosos y coherentes a la hora de exigir la finalización inmediata del programa frentepopulista para poder superarlo con rapidez. Frecuentemente, las declaraciones más extremistas procedían de Dolores Ibárruri, Pasionaria, como las de sus discursos que exigían la «justicia revolucionaria» inmediata aplicada a los líderes de la CEDA y otros que habían ostentado el poder en 1934. Además, los portavoces comunistas insistían en que el Gobierno ilegalizara a cualquier partido u organización de derechas. Se interpretó la ilegalización de Falange en marzo como el primer paso en el proceso de desarrollo de una república «de tipo nuevo», es decir, la «República popular». Pero, a diferencia de los caballeristas, la política comunista se basaba en una serie de fases, y ponía el énfasis en el Frente Popular y el Gobierno de los republicanos de izquierda como la primerísima etapa de la conversión de la «República burguesa» en una «República popular» (que empezarían a declarar como una realidad con el estallido de la revolución y de la Guerra Civil a los pocos meses).

El PCE no era todavía un partido de masas, pero su significación había crecido más que el número de militantes. La disciplina de la Comintern hizo de él un partido unido por completo, a diferencia de los socialistas, que estaban más fragmentados. La ayuda soviética le proporcionaba un amplio respaldo financiero para realizar una propaganda muy extensa y una movilización más amplia, así como una mayor capacidad de maniobra. Y, como movimiento de la Comintern, podía invocar la experiencia soviética de revolución triunfante para dotarse de una apariencia dinámica y expansiva que ninguna otra organización revolucionaria podía igualar.

En muchas ocasiones, los caballeristas y portavoces del POUM iban aún más lejos. El principal teórico del caballerismo era Luis Araquistain, quien, durante la campaña electoral, había presentado una conferencia sobre «El paralelismo histórico entre las revoluciones rusa y española», posición que siguió elaborando posteriormente. Ridiculizó la observación de Besteiro, que había subrayado que solo la previa desintegración de las instituciones rusas bajo el peso de la guerra, sin parangón en la historia, había hecho posible la toma bolchevique del poder. Según Araquistáin, «la historia, como la biología, está llena de saltos». Los acontecimientos en España entre 1931 y 1934, sobre todo los de este último año, constituían la «primera revolución» en el país, «la revolución española de 1905», por analogía con Rusia. En España, la clase media y los conservadores eran débiles, y la propia República nada más que «un Estado débil». En su revista, Leviatán, abundaba en las supuestas semejanzas entre Rusia y España. Además, no había demasiado peligro de intervención extranjera capitalista en el conflicto revolucionario español:

Estos hechos innegables (sic) me inclinan a pensar que España puede ser muy bien el segundo país donde triunfe y se consolide la revolución proletaria, sin que me preocupen excesivamente los peligros contrarrevolucionarios del exterior. Las grandes potencias circundantes harto tienen que hacer con sus propios problemas […]. En último término, la URSS tampoco permitiría así que los Estados europeos interviniesen en el interior de una España socialista.

De ahí que «el dilema histórico es fascismo o socialismo, y solo lo decidirá la violencia», pero, dada la debilidad del «fascismo en España, vencería el socialismo»[185].

Siguiendo las instrucciones de la Comintern, los jefes del PCE dieron una especial prioridad a la «triple unificación» con los socialistas, lo que significaba la unificación de los dos partidos, de los sindicatos y de las organizaciones juveniles. A mediados de septiembre de 1935 la Comisión Ejecutiva de la UGT había aceptado de modo oficial la entrada del pequeño sindicato comunista, la CGTU, en la organización sindical socialista, pero todavía en la primavera de 1936 el proceso no había finalizado. Más prometedor era el gran interés de los líderes de las Juventudes Socialistas (FJS) en promover la rápida unificación de su grupo. De hecho, los jefes de la Comintern estaban en cierto modo preocupados por el extremismo irresponsable de los activistas de la FJS, y subrayaron el requisito de una organización juvenil unida que aceptase la dirección de la Comintern y reconociera el liderazgo tanto de Stalin como de la Unión Soviética, como patria del verdadero socialismo. El 21 de febrero, Vittorio Codovilla, asesor principal de la Comintern en Madrid, pudo telegrafiar que los líderes de la FJS aceptaban los requisitos. A continuación, una pequeña delegación encabezada por Santiago Carrillo, líder de la FJS, se desplazó a Moscú.

Para el siguiente paso, el 4 de marzo, el Comité Central del PCE envió una larga carta a la Comisión Ejecutiva del PSOE proponiendo la formación en todas las provincias de grupos de la Alianza Obrera dirigidos por socialistas y comunistas. Abogarían por la «ejecución rápida del pacto del Bloque Popular (programa del Frente Popular) y la lucha por nuestro propio programa del Gobierno obrero y campesino», plenamente revolucionario, con las «confiscaciones de tierra a gran escala, la nacionalización de las grandes industrias, la banca, los ferrocarriles y el transporte […]». Era el mismo programa revolucionario que había aparecido poco antes en Mundo Obrero. Aún más, propuso la formación de comités de enlace a todos los niveles para comenzar la fusión de las dos organizaciones en «el partido único marxista-leninista del proletariado»[186].

Durante la campaña electoral, Largo Caballero había dado gran importancia a las relaciones entre los dos partidos. En un discurso proclamó que no estaban separados por «ninguna diferencia grande. ¡Qué digo yo! ¡No hay ninguna diferencia!»[187]. El 5 de marzo, el día posterior a la carta comunista, el Comité Ejecutivo de la UGT, dominado por los caballeristas, propuso al aparato del Partido Socialista y a la FJS la formación de un nuevo comité conjunto con dos representantes por cada uno de los partidos obreros presentes en el Frente Popular. Dos semanas más tarde, la sección madrileña del Partido Socialista, igualmente dominada por los caballeristas, anunció que instaría al próximo congreso del partido a la creación de un partido único con los comunistas.

El diminuto sector besteirista del Partido Socialista estaba desesperado. Ese mismo mes, el besteirista Gabriel Mario de Coca finalizó un librito en el que denunciaba «la bolchevización del Partido Socialista», y concluía:

Cierro mi trabajo con la impresión del triunfo bolchevique en todos los frentes del partido. La minoría parlamentaria de las nuevas Cortes estará impregnada de un fuerte tono leninista. Prieto tendrá escasos diputados a su favor y Besteiro estará completamente solo como discrepante marxista […].

El ciempiés bolchevique está solo y señor en el horizonte proletario y mi marxismo solo puede imaginar que va en busca de una de sus rotundas victorias. Si en octubre de 1934 no logró más que Gil-Robles gobernara una etapa negra de Constitución suspensa y poderes excepcionales, con el más horrible y estéril derroche de sangre obrera, solo cabe esperar que en el futuro complete su obra definitiva[188].

No obstante, esta profecía exageraba el problema como propio de marzo de 1936. La dominación prietista del aparato del Partido Socialista significó que, de momento, se emplearía una táctica de cerrojo con las propuestas comunistas. De hecho, no se inició proceso alguno de unificación de los partidos, mientras que el cisma interno entre caballeristas y prietistas continuaba ensanchándose. Las tácticas comunistas de fusión solo tuvieron éxito con las Juventudes Socialistas. El 5 de abril se crearon oficialmente las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), fusionando los cuarenta mil o más miembros de la FJS con los tres mil afiliados de las juventudes comunistas en unos términos que suponían la asunción comunista del poder bajo Carrillo, quien ingresó formalmente en el PCE el 6 de noviembre, aunque algunas secciones locales de las JSU, de hecho, quedarían bajo el dominio de socialistas no comunistas. En julio, al borde de la Guerra Civil, las JSU anunciaron un total de ciento cuarenta mil afiliados[189].

En principio, los comunistas propusieron un acuerdo con la CNT mediante la expansión de las Alianzas Obreras. Los caballeristas, por contraste, estaban interesados de modo más directo en la acción conjunta con la confederación anarcosindicalista, pero la CNT se mostró cautelosa y más tendente a rechazar las propuestas de los grupos marxistas. Se lamentó «que nunca se sabe cómo será estructurada y que frecuentemente se orienta por el camino de la absorción»[190] de los anarcosindicalistas. Los representantes de la CNT siempre insistieron en que «la revolución de España será de tipo libertario»[191]. No obstante, durante la primavera de 1936 existía un sentimiento más fraternal entre los miembros de la CNT y de la UGT que en años anteriores. La experiencia común de la lucha radical durante la República había forjado al menos una mayor simpatía mutua. En esa primavera se producirían varias huelgas conjuntas, aunque también persistiría la rivalidad.

Lo que no mostró el menor indicio de reducirse era la división en las filas socialistas. El conflicto hizo imposible una respuesta coherente del PSOE y la UGT a la crisis de la República, crisis que, en gran medida, ellos mismos habían provocado. La izquierda socialista mantenía firmemente su rechazo a cualquier apoyo o coalición nueva que reforzase al Gobierno de republicanos de izquierda, tachando de «traidores» y merecedores de la expulsión del partido a quienes apoyaban tal propuesta. El centro prietista, que carecía de una mayoría real en el partido pero controlaba la Comisión Ejecutiva, vio cómo sus esfuerzos quedaban bloqueados.

La izquierda socialista no era en sí misma un bloque completamente unido, sino que, como ha apuntado Santos Juliá, constaba de cuatro núcleos diferentes: 1) La mayoría de los miembros de la UGT, que, a pesar de la retórica de Largo, se alejó asustada de futuras fusiones con los comunistas, una vez que estos asumieron el liderazgo de las nuevas JSU; 2) Un segundo sector compuesto por los retóricos de la revolución, agrupados en torno a Araquistáin y los redactores de Claridad, quienes, a pesar de su extremismo verbal, estaban más interesados que Largo en apoyar al Gobierno de Casares Quiroga, al que Araquistáin consideraba esencial para la estrategia revolucionaria a largo plazo; 3) Un tercer sector que eran las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), cuyo liderazgo asumieron los comunistas entre marzo y abril, imponiendo la línea comunista; y 4) Un pequeño número de cripto-comunistas dentro del PSOE, como el cuñado de Araquistáin, Julio Álvarez del Vayo, que tenían cierta influencia pero no constituían un subgrupo organizado, aunque eran los más interesados en la escisión del partido y en la fusión de la izquierda socialista con los comunistas[192].

Gran parte de la izquierda socialista se mostraba muy ambivalente en lo concerniente al Frente Popular, existiendo, sobre todo en el sur, una tensión creciente entre los socialistas y los republicanos de izquierda. Los primeros promovieron una actividad radical a nivel local y desde los ayuntamientos, que a menudo controlaban, mientras los gobernadores civiles, que eran con gran frecuencia republicanos de izquierda, a veces hicieron serios esfuerzos por refrenarlos cuando incautaban propiedades ilegalmente, despedían a los empleados municipales que no eran izquierdistas, o se embarcaban en todo tipo de actos de persecución religiosa. El 24 de abril, los funcionarios municipales caballeristas de Almería declararon de modo oficial la ruptura del Frente Popular en esa ciudad. Esta fue, en apariencia, la única ocasión en que se hizo de manera formal[193], aunque la cúpula nacional del partido rechazaba con vehemencia tales iniciativas, así como la idea caballerista de que el Frente Popular debía ser sustituido bien por una Alianza Obrera más amplia o bien por una nueva «comisión de enlace» del PSOE, la UGT, las JSU y el PCE.

Pese a los alardes de Araquistáin ante un periodista americano de que «nosotros, los socialistas españoles, somos ahora más avanzados, más comunistas que el Partido Comunista»[194], la izquierda socialista se basaba en el sindicalismo ugetista y mostró un escaso sentido del concepto leninista de un «partido de vanguardia». Su única estrategia para la conquista del poder era esperar el fin del Gobierno de Casares Quiroga o provocar un golpe militar, con la idea de aprovechar la reacción a través de la huelga general y la formación de milicias, lo que significaba una estrategia desesperada de guerra civil. Mientras continuaba la reforma republicana que debilitaba al capitalismo y a las derechas, en algún momento y de cierta manera, los socialistas tomarían el poder y establecerían la «dictadura del proletariado». Araquistáin intentó compensar la ausencia de una estrategia concreta parloteando —en un estilo similar al «latinoamericano»— acerca del papel de un «caudillo» revolucionario para las masas, lo que hizo que el 13 de mayo El Socialista se quejase de que Claridad «está forjando la autoridad universal del futuro dictador». Dos días más tarde sus editores afirmaron que toda aquella charla acerca de una revolución inmediata carecía de sentido, debido a la división fundamental de las izquierdas españolas y a la presencia en ellas de tantos modelos diferentes. Cada uno de los diversos partidos marxistas intentaría distintas definiciones de la dictadura del proletariado, mientras la CNT insistía en una revolución de comunismo libertario, completamente distinta, y el sector pro democrático de los socialistas todavía respaldaba a la República actual (por muy quebrada que se encontrase). El resultado de insistir en la violencia supondría, simplemente, «la guerra civil entre los trabajadores».

El 25 de mayo, la Comisión Ejecutiva prietista convocó una reunión del Comité Nacional del partido, que decidió que el siguiente congreso se celebraría en octubre en Asturias. Se anunciaron unas elecciones especiales para cubrir las vacantes existentes en la Comisión Ejecutiva, y el centro elaboró una lista electoral moderada, encabezada por Ramón González Peña, advirtiendo, a través del Comité Nacional, que las secciones locales del partido que no siguiesen las normas e instrucciones del mismo serían disueltas. Los caballeristas, que controlaban la sección madrileña, contestaron con su propia lista, con Largo a la cabeza, e hicieron planes para convocar su propio congreso en Madrid a finales de julio, pese a que el centro les advirtió de que esto supondría una reunión cismática que solo otorgaría oficialidad a la escisión del partido.

El conflicto alcanzó su punto más violento en un mitin socialista que tuvo lugar el 31 de mayo en Écija, donde Prieto y González Peña intentaron dirigirse a una audiencia socialista cada vez más hostil que incluía a muchos caballeristas. Los insultos a gritos y el lanzamiento de piedras y botellas terminaron en disparos y en la precipitada huida de los líderes centristas hacia los coches que les esperaban. Abandonaron la ciudad como alma que lleva el diablo, perseguidos por varios socialistas de izquierda locales que iban en otros vehículos. Parece ser que los balazos rompieron la ventanilla del coche de Prieto. Hubo varios heridos y los perseguidores capturaron temporalmente al secretario personal de Prieto en la carretera. Lo trasladaron otra vez a la ciudad, donde otros centristas seguían asediados, hasta que todos fueron liberados por la Guardia Civil[195].

La guerra verbal se hizo aún más amarga cuando Prieto acusó a Largo de haber traicionado al partido en octubre de 1934. Prieto sonaba cada vez más pesimista. El 15 de junio le citó La Petite Girondine (Burdeos) afirmando: «Es injusto considerar a todos los derechistas como fascistas. El peligro fascista no existe, salvo que venga generado por la izquierda. El próximo congreso del Partido Socialista producirá una escisión». Dos días después, en su propio periódico, El Liberal, declaró: «Pensemos viendo la ruta peligrosa por donde van las cosas que alguna razón pueden tener nuestros impugnadores», y cuando el líder socialista Jiménez de Asúa presentó en el Parlamento un proyecto de ley para construir cárceles especiales para los presos políticos —una ominosa señal para lo que todavía se suponía era una República democrática—, Prieto comentó: «Que nos preparen el presidio con todo el confort posible, por si no tenemos de nuevo la fortuna de atravesar la frontera. Que el porvenir nos depare de nuevo la expatriación o el presidio. Nos estará bien merecido. Por insensatos».

Cuando, a finales de junio, la secretaría prietista anunció los resultados de las elecciones especiales a la Comisión Ejecutiva, se declaró ganadora a la lista de González Peña con 10.933 votos contra los 10.624 obtenidos por la de Largo Caballero, y 2.876 votos nulos. Parecía una participación muy baja, a la vista de los 59.846 nombres que figuraban en las listas de afiliados[196], pero la dirección del partido había invalidado sistemáticamente los votos de los grupos caballeristas locales que no se habían mantenido en sus obligaciones o eran culpables de otras infracciones, al tiempo que ignoraba las papeletas de miembros de las JSU que no podían reclamar su pertenencia al partido[197].

La izquierda socialista luego insistió en la necesidad de proceder a un plebiscito dentro del partido sobre la cuestión de convocar un congreso extraordinario muy pronto, en un mes, a lo que la dirección accedió, para anunciar después que en tal proceso no se había podido alcanzar un quórum[198]. Los caballeristas afirmaron que no se había jugado limpio y es probable que tuvieran cierta razón. El 2 de julio Claridad declaró que, de hecho, se habían depositado 22.000 votos para elegir a Largo Caballero, alegando, además, que en un congreso reciente celebrado en Jaén se había aprobado la plataforma revolucionaria, que incluía la formación de una amplia Alianza Obrero-Campesina y un partido socialista-comunista unificado, con 1.438 votos a favor y 523 en contra. Sugirió que la Comisión Ejecutiva y la sección madrileña del partido eligiesen a medias un comité investigador especial para escrutar los resultados electorales, a lo que aquella rápidamente se negó.

Largo Caballero estuvo en Londres la segunda semana de julio representando a la UGT en un congreso sindical internacional, y allí, una vez más, atacó a la línea de los moderados que trataban de presentar la insurrección de 1934 como un esfuerzo por «salvar la democracia republicana», señalando, por el contrario, que la insurrección fue estrictamente «un movimiento de clase»[199]. El 10 de julio, otro congreso socialista provincial andaluz, que esta vez tuvo lugar en Cádiz, respaldó la posición de la izquierda socialista por 88 votos a favor y dos en contra[200].

A largo plazo, en cambio, la mayor controversia con respecto a las izquierdas en 1936 tendría que ver con la política de los comunistas. Durante y después de la campaña electoral estos habían seguido un programa a dos niveles, sin hacer esfuerzo alguno por ocultar sus objetivos finales: primero, un fuerte apoyo al Frente Popular y al Gobierno republicano de izquierdas, combinado con una constante presión para adoptar medidas cada vez más severas contra los intereses de las derechas. Esto haría posible, en un segundo momento, el comienzo de la «República de nuevo cuño» o de «tipo nuevo» en la que pronto se haría con el poder un «Gobierno obrero-campesino» de socialistas y comunistas, respaldado por una amplia Alianza Obrera, que constituiría la fase previa a la imposición, en tercer lugar, de la «dictadura del proletariado». De este modo se hacía oficial la denominada táctica «kérenskista» de los Gobiernos Azaña-Casares Quiroga para abrir paso a la revolución, aunque, de momento, era preciso apoyar fuertemente a tal Gobierno.

En marzo y abril, la línea de la Comintern se alteró para dar énfasis a una mayor precaución táctica en España, reflejando el impacto en los cálculos soviéticos del éxito de Hitler en la remilitarización de Renania. Dos días más tarde, Dimitrov telegrafió instrucciones nuevas a los líderes del PCE, destacando la prioridad de la movilización masiva de los obreros españoles en oposición a la política hitleriana[201]. El empeoramiento de la situación estratégica europea hacía que España fuera más importante para Moscú, pero también implicaba mayores precauciones para no precipitar los acontecimientos en España con demasiada rapidez, lo que podría dar lugar a una situación contraproducente.

Antes del cambio, el 4 de marzo, Codovilla había enviado un largo mensaje a Moscú en el que declaraba que el Gobierno de Azaña se estaba desplazando con rapidez hacia la finalización del programa frentepopularista, e incluso lo estaba superando, lo que técnicamente era correcto. Añadió que

[…] la situación revolucionaria se desarrolla rápidamente. La solución de la tierra por vía revolucionaria no tardará mucho [en] plantearse, y con el desarrollo de la lucha, el problema del poder. De allí [que] la cuestión de las alianzas juego [sic) un papel decisivo. Para organizarlas y para popularizar el programa del Gobierno obrero y campesino, [el] partido toma medidas para reforzar [el] trabajo en las regiones agrícolas. La influencia y la organización del PCE crecen continuamente[202].

Durante el mes de marzo y en los primeros días de abril, el PCE continuó haciendo hincapié en el desarrollo de los grupos de la Alianza Obrera. Un pleno del Comité Central, que se reunió en Madrid entre el 28 y 30 de marzo, concluyó que «este Gobierno actual, por su carácter burgués, no puede llevar la revolución democrática hasta su término». Por eso el partido debe prepararse para superarlo con el fin de implantar un «Gobierno obrero y campesino». Díaz exigía la ampliación de los grupos de Alianza Obrera como «órganos futuros del poder»[203] y Codovilla parecía convencido de que la presión de las izquierdas revolucionarias pronto conduciría al colapso de la estructura del Estado español. El 4 de abril informó a Moscú: «La situación actual de forcejeo no puede durar mucho tiempo, pudiendo prever en breve grandes luchas»[204].

Fue en estos días cuando la cúpula de la Comintern comenzó a preocuparse por que la situación en España se estuviera moviendo demasiado deprisa y pudiera llegar a desmadrarse. Con el deterioro de la situación internacional y con el Frente Popular francés, más moderado que el español, en ascenso y a punto de hacer frente a unas elecciones generales, una explosión en España resultaría contraproducente. El 9 de abril, Dimitrov y Dimitri Manuilski respondieron que debía evitarse la menor ruptura en el Frente Popular español o en el Gobierno republicano, y lo mismo podía aplicarse a cualquier peligro de una nueva insurrección anarquista.

Así pues, las excesivas exigencias huelguísticas procedentes de la CNT o la UGT debían acallarse con vigor:

No dejaros provocar, no precipitar los acontecimientos, puesto que en este momento sería dañoso para la revolución y llevaría solamente al triunfo de la contrarrevolución. En toda la actividad del partido hay que tener en cuenta que, en la situación dada, la creación del poder soviético no está en el orden del día, sino que, momentáneamente, se trata solamente de construir un régimen democrático que permita cerrar el paso al fascismo y a la contrarrevolución, y fortalecer en general las posiciones del proletariado y sus aliados[205].

La línea seguida por la Comintern y las declaraciones previas del PCE habían dejado claro que esta «clase de régimen democrático» tendría, desde luego, poco que ver con la democracia liberal. Aunque utilizara la fachada de la legitimidad democrática para fortalecer su posición, se serviría de las instituciones democráticas para dar inicio a la construcción de una república popular de la que quedarían excluidos todos los elementos no izquierdistas, y que constituiría la primera gran fase de la revolución.

En la práctica, el desplazamiento de la Comintern hacia una línea táctica más moderada resultó confuso también para la cúpula del PCE, que continuó promoviendo la formación de grupos de Alianza Obrera por todo el país, al estilo de los sóviets, a los que Díaz se refirió en un discurso del 11 de abril como «órganos futuros del poder»[206]. Solo después de mediados de abril se empezó a hacer efectiva la exigencia de la Comintern de una manera más directa, abandonando el discurso de la nueva coalición revolucionaria a favor de un apoyo casi exclusivo al Frente Popular existente. El partido incluso comenzó a desalentar las huelgas que reivindicaran objetivos como la semana de treinta y seis horas, declarando que las cuarenta horas resultaban aceptables, al tiempo que insistía en que los cambios profundos se llevasen a cabo solo a través de las leyes republicanas formales y, en último término, retiró su oposición a indemnizar la confiscación de tierras. Mientras antes se había opuesto al sistema republicano de estatutos de autonomía y había reivindicado la división de España en una serie de pequeños estados nominalmente independientes, ahora empezaba a apoyar la vigente estructura territorial del Estado español. El objetivo comunista era un Estado republicano exclusivamente izquierdista, fuerte y unido, capaz de eliminar a las derechas mediante el acoso constante y legislando su desaparición formal. De igual manera, la posición comunista destacaba el fuerte apoyo a la Unión Soviética —con la que la República todavía no había establecido relaciones diplomáticas— y a la Sociedad de Naciones, con Dimitrov reiterando que la prioridad principal de la Comintern era la defensa de la Unión Soviética[207].

Con todo, la adopción de una línea táctica más moderada no supuso ningún disfraz fundamental. El primero de mayo, en el momento de las grandes manifestaciones de los socialistas y comunistas, Antonio Mije, uno de los líderes principales del partido, explicó en su discurso en Valencia que la «etapa del Frente Popular» no servía para apoyar un régimen burgués, sino para dar la oportunidad de «preparar las fuerzas de ese ejército potente [dirigiéndose a las milicias] que ha de sustituir al régimen capitalista […]. Hay que crear las Milicias Obreras y Campesinas, que son el futuro Ejército Rojo. Que no se alegue que no tenemos armas, pues con organización y disciplina se las quitaremos a los fascistas, como hicieron en Rusia»[208]. Unos días después, en un mitin en Badajoz al que asistían las milicias comunistas uniformadas, subrayó el mismo tema:

Yo supongo que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana al ver cómo desfilaban por las calles con el puño en alto las milicias uniformadas; al ver cómo esta mañana desfilaban millares y millares de jóvenes obreros y campesinos, que son los hombres del futuro ejército rojo obrero y campesino de España[209].

El 10 de mayo, Santiago Carrillo, el principal líder de las nuevas FJS y en ese momento un comunista de facto, declaró rotundamente en Mundo Obrero que las nuevas Alianzas Obreras en formación se convertirían en la versión española de los sóviets revolucionarios, en órganos para la «dictadura de una clase». Serían un básico «órgano insurreccional, sin concebirlo como órgano de poder», lo que naturalmente daría lugar a una guerra civil breve. Y añadió:

Pero una vez en el Poder el proletariado, ¿ha terminado la guerra civil? Pues si no ha terminado como parece probable, las Alianzas seguirán luchando contra los enemigos del proletariado; el ejército, que se ha ido corporeizando a través de la insurrección, será el mismo que continuará la lucha desde el poder.

Que este lenguaje persistente de «ejército rojo» no era mera amenaza y retórica lo demostraría el hecho de que, solamente unos meses después, los comunistas tendrían un papel importante en la formación del nuevo Ejército Popular de la República.

En medio de esta euforia prerrevolucionaria, el 22 de mayo, Codovilla y Jesús Hernández presentaron un informe a la Comintern, en Moscú, en el que aportaban una relación de la situación en España que claramente impresionó a sus superiores. Según Elorza y Bizcarrondo, cuando informaron de que los concejales comunistas ya ejercían un considerable poder en varias ciudades, e incluso decidían qué oponentes debían ser encarcelados, Dimitrov exclamó entusiasmado: «¡Eso es una democracia de verdad!»[210]. Sin embargo, cuando Codovilla y Hernández preguntaron si tan favorables circunstancias conducirían a un rápido desarrollo de la «dictadura democrática de los obreros y campesinos», Dimitrov sofocó tales especulaciones poniendo el énfasis en las prioridades: el fortalecimiento del Frente Popular y la decisiva victoria sobre el fascismo[211].

La siguiente resolución del Romanksii Lender Sekretariat (Sección latina) acerca de España fue prudente, reafirmando los objetivos establecidos. Se debía continuar confiscando las tierras de labor, pero de una forma ordenada y acorde con la Ley de Reforma Agraria, utilizando las huelgas de forma «racional», sin que se produjera ninguna general. Los sindicatos comunistas debían afanarse para que las industrias quedasen bajo control obrero, pero, de momento, el partido debía promover solamente la nacionalización del Banco de España y los ferrocarriles, unas medidas también apoyadas por ciertos sectores burgueses progresistas. La agitación debería dirigirse en especial a la juventud y las fuerzas armadas, dando prioridad a la ampliación de las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC). Se ilegalizarían de manera oficial todas las organizaciones «monárquicas» —lo que parecía significar todos los grupos conservadores—, confiscando sus propiedades y arrestando a sus dirigentes, entre los cuales se especificaban los nombres de Gil-Robles y Lerroux. En primer lugar, se completaría la «revolución democrática» creando un nuevo tipo de República popular de izquierdas de la que se eliminarían todas las fuerzas no izquierdistas[212].

En el primer borrador de esta resolución afloraron ciertos elementos del anterior programa, más revolucionario, con instrucciones para ampliar las secciones de las Alianzas Obreras, a modo de «órganos de la lucha por el poder» de las masas revolucionarias, aunque este aspecto pronto fue abandonado. El texto definitivo destacaba el apoyo al Frente Popular y el funcionamiento de las Alianzas como comités elegidos democráticamente, que se ocuparían de asuntos concretos bajo la tutela del Frente Popular. No pareció, sin embargo, que Codovilla y los líderes españoles comprendieran del todo la línea más moderada que impusieron Dimitrov y su principal asesor para el sudoeste europeo, Palmiro Togliatti, y en varios aspectos siguieron incitando al maximalismo revolucionario. Les resultaba difícil no caer en el lenguaje habitual dado el doble sentido de muchos de los términos comunistas[213].

El programa impuesto por la Comintern era el más complicado y también el más preciso, así como el más coherente, de todos los programas revolucionarios en España. Pero, aunque sería implementado de modo muy exacto en la Guerra Civil, también revelaba contradicciones. El hecho de apoyar tanto al Gobierno de Azaña y Casares implicaba entenderse también con los prietistas, el otro grupo obrero orientado en el mismo sentido, pero estos tendían a ser anticomunistas. El politburó del PCE decía que deploraba la escisión del PSOE, pero a principios de julio se dirigió a la Comisión Ejecutiva de este abogando por la fusión de los dos partidos a base de «romper completamente el bloque de la social democracia con la burguesía», reconociendo «la necesidad del derrocamiento revolucionario de la dominación de la burguesía y de la instauración de la dictadura del proletariado en forma de Sóviets […] sobre la base del centralismo democrático y la experiencia de los bolcheviques rusos»[214].

Tal insistencia en la «bolchevización» del PSOE, a la vez que se afirmaba el apoyo al Gobierno de Casares Quiroga, demostraba claramente que el partido trabajaba en dos dimensiones y etapas diferentes, y si tenía éxito, el resultado casi inevitable sería la escisión del Partido Socialista. Estas tácticas dobles que pretendían quemar etapas o, al menos, preparar la próxima antes de llegar a ella, eran, naturalmente, bastante complicadas incluso para algunos miembros del partido.

La afiliación crecía con rapidez: en mayo de 1934 el partido contaba con 9.200 miembros que se convirtieron en 11.275 en vísperas de la insurrección, cayó en 1935 bajo la represión y, cuando esta se terminó, volvió a aumentar hasta los 14.000 en febrero de 1936, aunque oficialmente se alegaba el doble. A principios de verano se duplicó y triplicó, y en julio el partido anunciaba contar con 100.000 miembros, aunque el número real pudo haber sido bastante menor[215].

Se trataba de un aumento impresionante, pero todavía no propio de un gran movimiento de masas hecho y derecho. No obstante, muchos conservadores parecían convencidos, entre los tumultos revolucionarios, de que el comunismo crecía a pasos agigantados. Los insurrectos militares y sus aliados, que el 18 de julio lanzaron la rebelión que se convirtió en guerra civil, pronto falsificarían documentos en un esfuerzo por probar que se había programado una toma comunista del poder para el mes de agosto, lo que era una absoluta falsedad, aunque subsistía el genuino convencimiento de los conservadores (y de muchos moderados) de que los comunistas, y, por tanto, el poder soviético en España, habían crecido enormemente. Debería tenerse en cuenta que el PCE hizo cuanto pudo por fomentar esta impresión, presentando una imagen de creciente poder, inevitabilidad y triunfalismo. La realidad es que los comunistas no representaron sino una parte de la gran marcha izquierdista el 1 de mayo, pero, como sus predecesores bolcheviques en 1917, se concentraron en la capital para causar la mayor impresión e hicieron cuanto estuvo en su mano para magnificar su presencia en Madrid. Ciertos aspectos del estilo revolucionario llamaron realmente la atención, en especial a los espectadores de clase media, como las hoces y los martillos gigantescos, los multitudinarios saludos puño en alto y la visión de cientos de jóvenes mujeres comunistas desfilando y gritando «¡Hijos sí, maridos no!». Pero fue más importante que tantos socialistas abrazaran la «bolchevización», porque estos sí constituían un gran movimiento que ya había encabezado una revolución insurreccionaria.

El PCE no fue, sin embargo, el único movimiento comunista del país. A su izquierda quedaba el nuevo y pequeño partido de ultra-leninistas revolucionarios, el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), organizado en 1935. En diciembre de aquel año, su Comité Ejecutivo había declarado que su partido era «el verdadero partido comunista de Cataluña y de España»[216], lo que era absolutamente correcto en el sentido de que se trataba de un partido comunista nacido en España y no controlado desde el extranjero. Andreu Nin, el número dos de su cúpula, sostenía que la victoria frentepopularista solo había sido posible gracias a la anterior insurrección violenta, de la que decía que era el único camino seguro hacia el poder.

Cuando las Cortes abrieron sus sesiones regulares el 15 de abril, Joaquín Maurín, secretario general del partido y su único diputado, criticó con vehemencia y de forma directa al Gobierno de Azaña, denunciando en primer lugar el discurso de apertura del jefe del Gobierno, en el que este intentó, aunque de manera débil, calmar al país. Incluso más que los caballeristas, el POUM se había convertido en el partido de la guerra civil, porque, en su arrogancia, asumió que las derechas eran tan débiles que una guerra civil no duraría mucho tiempo. La posición oficial del POUM era que el Gobierno de Azaña debía dejar paso inmediato a otro Gobierno frentepopularista de transición, más radical, que preparase la instauración de un «Gobierno obrero», de una forma mucho más acelerada que lo que la Comintern estaba dispuesta a admitir en ese momento[217].

En su maximalismo revolucionario, el POUM condenaba el pacifismo y a la Sociedad de Naciones como meras fórmulas burguesas. Tanto el POUM como la anarquista FAI denunciaron, en general, la táctica de Frente Popular, así como el respaldo socialista a las sanciones que la Sociedad de Naciones había impuesto a Italia tras la invasión de Etiopía, un respaldo que consideraban equivalente a aceptar que era posible trabajar con las potencias capitalistas y que existía una diferencia entre capitalismo y fascismo.

El POUM todavía pretendía construir «un gran partido revolucionario», aunque en realidad tenía poco más que 5.000 afiliados, la gran mayoría de ellos en Cataluña, con un apoyo algo mayor en algunos sectores obreros. Estaba de acuerdo con la prioridad del PCE de ampliar rápidamente los grupos de la Alianza Obrera, ya que había sido el Bloque Obrero y Campesino (BOC), antecesor del POUM, el que había formado la primera Alianza Obrera en Barcelona en diciembre de 1933. Puesto que, no obstante, tales entidades eran poco más que grupos de enlace de tipo general, el POUM propuso en mayo la formación de un comité de enlace directo con el PCE y el PSOE. Sus líderes consideraron el rechazo de esta propuesta como una prueba más de que su partido era «el único defensor de la revolución socialista en el seno de nuestro proletariado»[218]. Largo Caballero propuso la fusión entre poumistas y socialistas, una invitación que se rechazó con indignación, aunque algunas secciones locales de las Juventudes Socialistas declararon que no seguirían adelante con las JSU a menos que también se diese cabida a la agrupación juvenil del POUM.

Para consternación del POUM, los demás pequeños partidos marxistas en Cataluña se estaban aproximando entre sí. Las consecuencias de la insurrección de octubre habían radicalizado a la Unió Socialista de Catalunya (antes más bien moderada), que en junio de 1935 había solicitado su admisión en la Comintern como «sección simpatizante». En ese momento se formó un comité de enlace entre la USC y el Partit Català Proletari, al que en diciembre se unieron los comunistas catalanes (PCC) y tres meses más tarde la sección catalana del PSOE. El 23 de junio de 1936 el comité de enlace alcanzó un acuerdo en varios puntos: una identidad conjunta como partido obrero y campesino de clase, el centralismo democrático, el apoyo a la Comintern, la defensa de la Unión Soviética contra la guerra imperialista, la liberación nacional, la conquista revolucionaria del poder a través de la insurrección armada y la imposición de la dictadura del proletariado. Parecía que el objetivo de la Comintern de formar un partido marxista-leninista revolucionario y unido en Cataluña estuviera a punto de lograrse, aunque sería un partido muy pequeño al principio. Tenía para comenzar solo unos 2.000 miembros en toda Cataluña, comparados con los 5.000 del POUM (aunque una minoría de estos últimos estaba en otras regiones). Mientras, en la ciudad de Barcelona, los partidos aliados eran un poco más numerosos y contaban también con una afiliación sindical conjunta, basada principalmente en la sección catalana de la UGT, de 80.000 trabajadores, mayor que la del POUM. En los primeros meses de la Guerra Civil la nueva entidad se cristalizó en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), que experimentó un rápido crecimiento mientras obedecía de modo concienzudo las directrices de la Comintern[219]. A partir de entonces, tendría una larga historia.

Los poumistas también aceptaban la responsabilidad de «defender a la URSS», pero sus líderes afirmaban que la mejor forma de lograrlo era a través de la revolución social en España, al tiempo que sostenían que el control por parte del Kremlin de un nuevo partido marxista catalán significaría que sus componentes no podrían ser «objetivamente revolucionarios» y que incluso se colocarían «a la derecha de la democracia social»[220]. De forma similar, cuando las fusionadas JSU comenzaron a formar un Frente Juvenil con las juventudes republicanas de izquierda, el POUM lo tachó de desplazamiento hacia la derecha.

Las tácticas de unificación que la Comintern buscaba con respecto al propio Partido Socialista tuvieron menos éxito. Su principal logro fue la formación de las JSU, que se expandieron rápidamente durante la primavera. La conversión de Carrillo significó la dominación comunista en la cúpula nacional desde su inicio, pese a que en la lenta unificación de los dos sistemas sindicales los diminutos sindicatos comunistas se vieron eclipsados muy pronto. Los caballeristas tenían cierto interés en la unificación de los dos partidos, al menos mientras creían que los socialistas lograrían absorber a los comunistas, lo que pareció menos probable tras los resultados de la fusión de las agrupaciones juveniles. Ninguna de las grandes secciones socialistas tenía una postura clara respecto a la expansión de la Alianza Obrera. Los caballeristas de la UGT se mostraban más interesados en una especie de alianza revolucionaria con la CNT —ya se habían conseguido algunos progresos en sus relaciones—, aunque lo más frecuente fue la «radicalización competitiva» entre los dos movimientos sindicales.

El conflicto intergrupal más intenso surgido en el seno de las izquierdas revolucionarias fue la campaña contra el «trotskismo» —es decir, el POUM— que la Comintern orquestó en España y que se intensificó a finales de abril. El PCE avanzó la línea de que Maurín estaba «pagado con el oro fascista», y en junio Mundo Obrero insistía en que era «un renegado al servicio de la reacción». Mientras Carrillo y los jóvenes radicales de las JS habían sido, en el pasado, el sector del marxismo español que mostró más simpatías hacia el antiguo BOC, en la primavera de 1936, con la bolchevización, tanto Carrillo como los portavoces de las JSU encabezaron el ataque al POUM, en el que no solo les secundó todo el aparato del PCE, sino también los elementos socialistas más proclives al comunismo, como Julio Álvarez del Vayo y Margarita Nelken. A finales de la primavera, los portavoces poumistas se quejaban de los asaltos e intentos de sabotear sus mítines; incluso algunas figuras locales de las JSU en Cataluña protestaron por tales ataques, mientras los líderes del PCE pretendían persuadir a Largo Caballero de la necesidad de eliminar al POUM de la Alianza Obrera o de cualquier otro mecanismo aliancista[221].

Era verdad que el muy pequeño grupo anterior de Andreu Nin, Izquierda Comunista de España, había sido categóricamente trotskista hasta 1934 y, en general, también el BOC mostró su simpatía por Trotsky, aunque nunca fue un partido trotskista de manera formal. De hecho, la fusión de los dos minúsculos movimientos en el POUM, en 1935, había marcado la ruptura definitiva con el trotskismo, incluso por parte de Nin, puesto que se basaba en el rechazo absoluto de la táctica trotskista oficial de la época, el «entrismo» de trotskistas en los grandes partidos socialistas ya existentes. Por su parte, Trotsky no sentía una admiración recíproca por Maurín, cuyo concepto de «revolución democrático-socialista» —que buscaba unir la revolución democrática y la revolución socialista en una sola y muy rápida secuencia de dos fases— había tachado de pura tontería, porque en 1917, en Rusia, los defensores de la revolución democrática y quienes propugnaban una revolución socialista inmediata habían estado en lados opuestos de las barricadas.

Desde la perspectiva de Trotsky, en España ya había finalizado la revolución democrática, y el Frente Popular, liderado por los republicanos de izquierda pequeñoburgueses, solo la estaba recapitulando. Al tiempo que denunciaba lo que denominaba «la traición del POUM», insistía en que, en España, la lucha revolucionaria tenía que librarse contra el Frente Popular[222]. En el simbólico 1 de mayo, Maurín declaró a La Batalla (periódico del POUM en Barcelona): «yo no soy trotskista […], pero […]», dejando claro que ninguno de los dirigentes poumistas se sentía insultado por el término, ya que Trotsky tenía «uno de los cerebros mejor organizados del movimiento socialista» y era «el mejor dirigente bolchevique después de Lenin»[223].

El POUM protestó con dureza ante el respaldo socialista y comunista al Gobierno de Casares Quiroga, cuando los dos partidos marxistas mayoritarios retiraron sus anteriores exigencias de disolución de la Guardia Civil y de someter al ejército a una purga total. Ya en noviembre de 1935 Maurín había exigido la reorganización de las milicias armadas de Alianza Obrera, como en la insurrección de 1934, reiterándola con una insistencia cada vez mayor en la primavera de 1936. Los representantes del PCE denunciaron tal propuesta, que consideraban una «provocación trotskista», al tiempo que el POUM afirmaba que las MAOC (las milicias comunistas), de las que tanto presumía el PCE, «no existían». Esta última acusación no era correcta, pues las MAOC, aunque solo contaban con unos miles de integrantes, principalmente en Madrid, recibieron entrenamiento paramilitar por parte de los militares y policías afiliados, así como de varios dirigentes de las propias MAOC, que habían sido entrenados en Moscú. Al menos el POUM realizó algún esfuerzo por proporcionar a su propia agrupación juvenil (las Juventudes Comunistas Ibéricas, JCI) un pequeño entrenamiento paramilitar, decantándose cada vez más por la agitación y la acción directa en las huelgas[224].

En gran medida, la reorganización y la ampliación de los grupos de la Alianza Obrera fue un fracaso. Solo el PCE les había otorgado tanta importancia como el POUM, pero, conforme las tácticas de la Comintern se iban moderando, el partido hacía menos referencias a la AO, mientras que los caballeristas, como era habitual, solo se interesaban por la Alianza Obrera como expansión del poder socialista. Por tanto, con la apertura de las Cortes en abril, los poumistas adoptaron la táctica de exigir la formación de un Gobierno puramente frentepopularista para fomentar una política más radical, pero, una vez más, tuvieron poco apoyo. Cuando, a mediados de junio, unos 110.000 trabajadores hicieron huelga en Madrid, los representantes del partido lo celebraron como el comienzo de la revolución obrera[225], pero, más tarde, descendió la actividad huelguística en algunos puntos del país. Entre los movimientos obreros, solo algunos comunistas y prietistas contaban con un sentido más realista de la fuerza potencial de las derechas, y así, tres días después del asesinato de Calvo Sotelo en julio —el definitivo catalizador de la Guerra Civil—, Maurín dijo en Madrid a un amigo que de momento no era probable que sucediera nada y se marchó a una reunión del Comité Regional del POUM en Galicia.

Para el Gobierno soviético y la Comintern, mayo fue un mes de euforia en el sudoeste europeo: la situación española parecía cada vez más favorable y en Francia se registró el triunfo electoral del otro Frente Popular solo dos meses después de que el Senado francés hubiese ratificado el pacto de defensa franco-soviético. La victoria en Francia parecía proporcionar una mayor evidencia de la importancia de la táctica frentepopularista.

En conjunto, los tres principales partidos del Frente Popular francés solo vieron incrementado el total de sus votos en un 1,5 % respecto a las elecciones anteriores, pero, como bloque, obtuvieron una victoria decisiva. De hecho, los radicales franceses, que formaban el ala derecha de la alianza, perdieron votos y su total disminuyó del 20,07 al 16,57 %. El voto socialista se mantuvo más o menos igual, arrebatando algunos votos al ala izquierda de los radicales, pero perdiendo algunos más a favor de los comunistas, y en conjunto obtuvieron menos escaños que en el anterior Parlamento. Los grandes ganadores fueron los comunistas franceses, que pasaron de tener 12 escaños y un 8,4 % de los votos en 1932, a contar con 72 escaños y un 15,3 % en 1936. En ese momento, el PCF era, en cifras absolutas, el partido comunista más grande de Europa fuera de la Unión Soviética, y entró en la segunda de sus tres fases principales de crecimiento cuando pasó de 87.000 miembros en 1935 a 326.500 en 1937, momento en que su afiliación superó a la del Partido Socialista francés.

El apoyo de los sindicatos aumentó con igual rapidez. Además, la victoria del Frente Popular provocó una gran ola de huelgas —la mayor en la historia de Francia hasta ese momento, y en cifras absolutas (y tal vez en términos proporcionales) con aún más huelguistas que en España el mismo mes— más deprisa de lo que habían provocado las elecciones en España.

Sin embargo, Francia no era España, y el Frente Popular francés poco tenía que ver con el español, aparte del nombre[226]. En algunos aspectos sus programas eran superficialmente similares, pero el francés era mucho más moderado, proclive a la derrota del fascismo, pero utilizando esta última palabra más en serio, no como un descalificativo que se podía aplicar a cualquier parte de las derechas. Su objetivo no era distorsionar y erosionar la democracia, como en España, sino fortalecerla, sin pretender la eliminación total de las fuerzas conservadoras de la vida política nacional.

En Francia, como en España, los comunistas no formaban parte del Gobierno, pero allí el Partido Socialista, que por primera vez asumió una responsabilidad gubernamental, estaba bastante unido y solo albergaba una pequeña ala revolucionaria que no podía equipararse a los bolchevizantes españoles. El líder socialista Léon Blum, que se situaba a la derecha de todos los dirigentes socialistas españoles, salvo tal vez Besteiro, presidió una coalición de Gobierno compuesta sobre todo por socialistas y radicales. Era más amplia que su homóloga española, pero a la vez más moderada y más estable, y, por tanto, no sujeta a la influencia radical de la extrema izquierda, como en España.

Blum negoció un rápido final a la oleada de huelgas, con importantes beneficios para los trabajadores; la vida pronto volvió a la normalidad y el Gobierno aplicó un programa legislativo mucho más coherente —y más moderado— que el de Madrid. Apenas hubo violencia o tendencia a la acción directa. La democracia en Francia no se erosionaba, sino que se fortalecía.

El Partido Radical, de clase media-baja, era democrático y liberal, y por aquellos años muy diferente a los republicanos de izquierda españoles, así como más estable y democrático. Se negó totalmente a desempeñar un papel «kérenskista» con respecto a la izquierda obrera, ejerciendo una considerable influencia moderadora sobre el Gobierno. En lugar de desplazarse más hacia la izquierda —como hacían los republicanos de izquierda en España, quienes adoptaron un programa económico con aspectos francamente socialistas, y cuya agrupación juvenil estaba cada vez más aliada con los comunistas—, se asustó ante la ola postelectoral de huelgas y enseguida comenzó a moverse hacia la derecha. El Frente Popular francés se rompió definitivamente en 1938 y el nuevo Gobierno fue mucho más conservador.

8

LA EROSIÓN DE LA DEMOCRACIA AVANZA:

MAYO-JUNIO DE 1936

El 13 de mayo, Claridad elogió el nombramiento de Casares Quiroga como presidente del Consejo de Ministros, muy satisfecho con su categórico partidismo. La razón de esta satisfacción se puso de manifiesto en el primer discurso del nuevo presidente ante las Cortes, cuando presentó su nuevo Gabinete el 19 de mayo. Con gesto agresivo, declaró:

Al cabo de cuatro años, la República necesita todavía defenderse de sus enemigos. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Estando yo en la cabecera de este banco azul, prometo que durará lo menos posible. La táctica de la simple defensa no basta. Es más eficaz el ataque a fondo […].

Al enemigo declarado lo aplastaremos. No puedo presenciar tranquilo cómo, cuando esos enemigos se alzan contra la República y son llevados a los tribunales, algunos de esos tribunales perdonan sus culpas o los absuelven. Hemos de pensar en aquellas leyes que hayamos de traer a la Cámara para cortar ese abuso radicalmente […]. Y digo que cuando se trata del fascismo, yo no sé permanecer al margen de esas luchas y os manifiesto que contra el fascismo el Gobierno es beligerante.

Tal declaración fue extraordinaria en un Parlamento democrático, al menos nominalmente, y disgustó a algunos de los miembros más sensatos de su propio partido, que sabían bien que era cuestión de rutina que la propaganda izquierdista denominara «fascista» a todo derechista. Mariano Ansó, amigo de Azaña y presidente de la comisión de Guerra de las Cortes, observaría años más tarde que el espectáculo de Casares al declararse «en estado de guerra contra una fracción del cuerpo nacional» fue algo «totalmente desacostumbrado en los jefes de Gobierno». Añadió que, para Casares Quiroga, el Frente Popular no fue una alianza corriente, «sino un programa maximalista que había que llevar a las realidades políticas y sociales sin treguas ni reflexiones… Aún extremó su intransigencia de modo suicida proclamando su renuncia expresa a cualquier mayoría que no fuese la del Frente Popular. En suma, rompió de antemano toda posibilidad de convivencia parlamentaria y cívica que pudiera aportar una fórmula republicana de concordia»[227].

Posteriormente, Casares trató de rectificar algo, añadiendo que las izquierdas también debían obedecer la ley y renunciar a las «huelgas políticas fuera de la ley, incautaciones que no pueden ser permitidas y actos de violencia que son un trágala o una coacción», una admisión tácita de los numerosos abusos que estaban teniendo lugar. El discurso apenas decía nada sobre los graves problemas económicos, salvo para hacer hincapié en la continuación de la reforma agraria y la intención de duplicar la cantidad invertida en obras públicas.

La sesión parlamentaria fue una de las más tumultuosas, con numerosos gritos, interrupciones e insultos. Según Ansó:

Las oposiciones quedaron perplejas y atemorizadas. Solo una voz, la de Gil-Robles, se elevó en medio del tumulto para hacer constar que la CEDA examinaría los proyectos del Gobierno para combatirlos o aprobarlos, ejerciendo su función de fiscalización parlamentaria. Pocas palabras más para condenar la beligerancia del Gobierno frente al fascismo naciente, y un obligado acuse de recibo de la terminante negativa de Casares a aceptar cualquier colaboración que no viniera del Frente Popular[228].

Una vez más, Gil-Robles advirtió del peligro de una guerra civil si no se aplicaba la ley del mismo modo para todos, al tiempo que Calvo Sotelo se embarcó en un intercambio de insultos con un diputado socialista. Ventosa encontró los comentarios de Calvo Sotelo demasiado partidistas, pero apuntó:

[…] Pero yo creo que «los enemigos de la República» son todos aquellos que provocan diariamente los desórdenes públicos que determinan este estado de anarquía en que se está consumiendo España. En todos los países donde se ha instaurado el fascismo precedieron a éste desórdenes y persecuciones como los que se van sucediendo en España […]. Yo os llamo la atención sobre la evidente similitud que existe entre la situación política en que se encontraba Italia en los años 1920 y 1921, y Alemania en años posteriores.

Diez días después, el 29 de mayo, en La Vanguardia, Gaziel (Agustí Calvet) puso el dedo en la llaga otra vez:

Un Gobierno democrático, en un régimen como el nuestro, solo puede sostenerse en el Parlamento. Pero una parte muy considerable de los votos parlamentarios que le sostienen pertenece francamente al campo de la revolución social, la más rotunda y completa, la más contraria al orden imperante de cuantas puedan darse. Y una masa enorme de los electores que respaldan esos votos decisivos es abierta y ciegamente revolucionaria. Esto, ni más ni menos, quiere decir lo siguiente: que el Gobierno español está obligado a conservar un orden que las mismas fuerzas gubernamentales quieren destruir. ¿Cómo puede gobernar un Gobierno de esta clase?[229]

Estaba muy claro que el Gobierno de Casares Quiroga no proporcionaría la respuesta a los problemas de España, y por eso continuaron las conversaciones entre los dirigentes moderados acerca de la formación de una nueva coalición más realista y fuerte. Las mismas personalidades que habían estado activas en abril y a principios de mayo todavía estaban implicadas, e Indalecio Prieto seguía siendo el líder propuesto, a falta de mejor alternativa. El 20 de mayo, el periodista Manuel Aznar escribió en el Heraldo de Aragón que «se habla cada día más de un Gobierno de Prieto y se dice quiénes lo compondrán», pero el núcleo seguía estando en la disposición (o no) de Prieto de escindir el Partido Socialista, que ahora sufría un nuevo desorden interno. Un pronóstico hablaba de que la Comisión Ejecutiva del partido aprobaría la participación en el Gobierno (aunque la UGT la seguía rechazando), con Ricardo Zabalza al frente del Ministerio de Agricultura, Miguel Maura en el de Estado y el cedista Luis Lucia en el de Comunicaciones (en apariencia por motivos de unidad nacional). Maura era, quizá, el más asiduo promotor de una amplia coalición constitucional que se extendiera desde el centro-izquierda hasta el centro-derecha, pero su éxito dependería de los grandes partidos, donde faltaba el acuerdo.

Giménez Fernández, activamente implicado en estas discusiones, escribió un análisis años más tarde:

Desde abril de ese año, Besteiro, Maura, Sánchez Albornoz y yo pensábamos y hablábamos sobre un posible Gobierno parlamentario de centro, que comprendiera desde la derecha socialista de Besteiro y Prieto hasta la izquierda democristiana de Lucia, para oponerse y combatir la demagogia fascista y frentepopularista. Desgraciadamente, este plan, que en principio no les parecía mal ni a Gil-Robles ni a Prieto, no pudo cuajar por los siguientes obstáculos: a) La miopía política de Martínez Barrio, que, a cambio de lograr siete actas en el despojo que se hizo a las derechas pasando de treinta y cinco a cuarenta y dos, no se dio cuenta de que su grupo pasaba de ser fiel de la balanza en la Cámara a quedar englobado en la izquierda, resultando, como luego demostró el curso de los sucesos, completamente inoperantes. b) El miedo de Azaña, percatado de que se le escapaba el control de las izquierdas y que aceptó por ello pasar a la Presidencia […] sin darse cuenta de que al destituir a don Niceto [Alcalá-Zamora] perdía un apoyo fuertísimo en sus propósitos repentinamente templados […]. c) La obstinación de Prieto, que, para no ser tachado de traidor a los suyos, no quería escindir la minoría parlamentaria socialista mientras no contara con la mayoría de ella; pues aunque […] pasó de treinta a cuarenta y cuatro adeptos, sobre todo después de la agresión a Negrín en Écija, le faltaban ocho diputados, que no llegaron a decidirse en un tiempo útil para haber provocado la escisión y tras ella la crisis con la que, según Sánchez Albornoz, estaría conforme Azaña para solucionarla con un Gobierno Prieto, ya que, también por miedo, no aceptaba la jefatura Sánchez Román. d) La presión a favor de la guerra civil de la derecha, donde las Juventudes de Acción Popular (JAP), irritadas por los atropellos de la extrema izquierda, pasaban en oleadas al fascismo o a los requetés, los financieros volcaban sus arcas a favor de quienes preparaban la rebelión y, finalmente, Gil-Robles nos planteó a finales de mayo a Lucia y a mí la imposibilidad de seguir preparando la posición de centro […].[230]

Aunque hay alguna evidencia de que en el seno del Partido Socialista estaba aumentando el apoyo a su posición, Prieto seguía refrenándose mientras esperaba que cristalizara un mayor respaldo.

En la derecha, Gil-Robles siempre había mostrado su escepticismo hacia semejante plan. Bajo ciertas condiciones, Gil-Robles podría haber apoyado con los votos de la CEDA a una coalición con una base más amplia, pero no existe indicación alguna de que estuviera preparado para aprobar la participación cedista en un Gobierno encabezado por Prieto. Muy de acuerdo con la versión de Giménez Fernández, Gil-Robles ha indicado que el 2 de junio vetó cualquier posterior participación de representantes cedistas en estas negociaciones y, un tiempo después, todo el proyecto quedó arrinconado[231]. Unos días más tarde, una vez que el Gobierno hubo ratificado los resultados de las elecciones fraudulentas de Cuenca y Granada, incluso Giménez Fernández cedió ante la situación y se retiró a su casa en Sevilla. Ahora el escenario se estaba volviendo, en verdad, desesperado.

Tampoco había mejora en el problema del gobierno local y provincial bajo la nueva administración. Entre los gobernadores civiles, casi todos republicanos de izquierda, persistían la indecisión, la confusión y la ineptitud, por no decir la pura irresponsabilidad. Se quejó El Sol el 30 de mayo:

Hay muchas provincias que ofrecen en la actualidad una impresión de falta de autoridad y de deserción en el mando. Pueden contarse con los dedos de una sola mano los gobernadores que saben cumplir con los deberes que el cargo impone. En su inmensa mayoría actúan con una indecisión y con escasa eficacia, que suscitan la sospecha de no conocer sus deberes. Esta indecisión y esta probable sumisión a elementos irresponsables repercute en la economía local. El panorama no puede ser más triste. Desconsuela la impasibilidad con que se contempla este sombrío cuadro desde los despachos de los gobernadores civiles.

Como observa Ranzato, «en realidad, el problema no era que desconocieran sus deberes, sino otro que el periódico sugería y que vagamente definía como “sumisión a elementos irresponsables”»[232].

El Gobierno de Casares Quiroga dio mayor impulso a cambios básicos favorecidos por el Frente Popular en la reforma agraria, en drásticas iniciativas educativas, en la represión religiosa y también en la reforma judicial. El nuevo ministro de Instrucción Pública, Francisco Barnés, era incluso más radical que Marcelino Domingo, y como ha explicado un historiador británico:

El 28 de febrero el Gobierno de Azaña había ordenado a los inspectores que visitaran los colegios dirigidos por congregaciones religiosas. En apariencia, estos inspectores a menudo cerraron colegios por su cuenta. Sin embargo, parecía que con el nombramiento de Barnés, el cierre de los colegios religiosos y la confiscación ilegal de escuelas privadas se había convertido en la política oficial. Un representante cedista solicitó que no se cerraran las escuelas hasta que sus alumnos encontraran plaza en las estatales, a lo que el ministro respondió que los católicos debían sufrir por los pecados de omisión al haber fracasado a la hora de desarrollar suficientemente el sistema estatal desde 1933. El 4 de junio, la CEDA se retiró de las Cortes por un tiempo, porque tanto el lenguaje insultante del ministro como su política causaban «una ofensa intolerable a la conciencia católica del país»[233].

La orden oficial del cierre de las escuelas católicas se emitió el 20 de mayo, un día después del discurso de Casares, «con independencia de la posibilidad de sustituirlas por escuelas públicas. En consecuencia, en diversas localidades donde las escuelas religiosas eran las únicas existentes, muchos jóvenes se quedaron sin clases». «La medida, que básicamente era una legalización de lo que ya estaba ocurriendo de hecho, constituyó en realidad un aliciente para que las administraciones locales no se limitaran a la simple clausura, sino que también se incautaran de las congregaciones a las que pertenecían los inmuebles en que estaba instaladas»[234].

No solo se cerraban cada vez más colegios católicos, sino que, en algunas partes del país, también se producía un persistente acoso hacia las actividades religiosas. Los diversos aspectos de este acoso fueron innumerables, el preludio ya en marcha de lo que pronto se llevaría a cabo en la Guerra Civil. Ranzato concluye:

[…] Se puede decir que, con la sola excepción de los homicidios, todo el repertorio de actos destructivos y profanadores ya habían sido experimentados, más o menos ampliamente, en el curso de los meses que precedieron al golpe militar, porque no hubo solo iglesias y conventos devastados por las llamas[235].

No fueron meramente los incendios y actos vandálicos en muchísimos sitios, sino también «una más generalizada voluntad de impedir las más esenciales prácticas de la religión católica»[236], especialmente en los funerales y cementerios, y hasta en la prohibición de las misas regulares en ciertos sitios, con la expulsión de los párrocos locales y la incautación a veces de las propias iglesias[237]. Como escribe Malefakis: «Los curas se veían acosados sin piedad; se hacía sentir a quienes iban a la iglesia que asistir a una misa ya no era seguro»[238].

El Gobierno se mostraba «beligerante» no solo contra «el fascismo» y los colegios católicos, sino también contra la independencia judicial. El 3 de junio se introdujo una nueva ley para crear un tribunal especial, como se disponía en el artículo 99 de la Constitución, que se ocuparía de las acusaciones contra jueces y fiscales por negligencia en sus funciones. Estaría

compuesto por cinco magistrados del Supremo, seis miembros designados por sorteo entre las personas que figurasen en una lista constituida por todos los ciudadanos que tuvieran una licenciatura en cualquier disciplina universitaria y otros seis miembros designados por sorteo de entre los presidentes de las asociaciones inscritas en los censos electorales sociales. En sustancia, como denunciaba la oposición, el Gobierno y los representantes de la clase obrera habrían dominado ese tribunal, dado que este habría tenido sede en Madrid, donde gran parte de los licenciados eran empleados estatales y la gran mayoría de las asociaciones inscritas en los censos estaba constituida por sociedades obreras. Naturalmente, su sola existencia, aparte de su composición, habría condicionado claramente la libertad de juicio en la magistratura[239].

Pese a las protestas de las derechas, se aprobó el 10 de junio y enseguida se votó otra ley para dar más control político sobre la elección de los nuevos presidentes del Tribunal Supremo.

Otras leyes fueron promulgadas para reducir la «tasa de conservadurismo» de la magistratura y volverla más dócil a la voluntad del Gobierno. En particular, la que rebajaba a sesenta y cinco años la edad de jubilación de todos los magistrados —en el supuesto de que los más hostiles a los «nuevos tiempos» eran los de mayor antigüedad— y sancionaba con una prejubilación forzada a aquellos jueces que «actúen o se produzcan con manifiesta hostilidad a las instituciones políticas que la Constitución consagra». Una formalización cuya indeterminación ponía bajo la espada de Damocles a cualquier magistrado que no se conformara a la voluntad del poder político dominante.

Pero aún más transparente en sus intenciones de subordinar la magistratura al poder político, sobre todo en el ámbito local, fue la ley que se empezó a debatir durante la segunda mitad de junio, que disponía el cese en sus funciones de todos los magistrados municipales, los cuales serían sustituidos o confirmados a discreción del ministro[240].

Tras el orden público, el problema más serio del nuevo Gobierno era la economía. Los precios aumentaron con rapidez, la peseta estaba en serio declive y habían caído los precios de las acciones. El discurso inaugural de Casares Quiroga solo hacía referencia a mantener la aceleración de la reforma agraria, completar la restauración de la legislación laboral de 1931-1933 y añadir otros cien millones de pesetas a los noventa que ya estaban destinados a obras públicas para combatir el desempleo. El Gobierno republicano de izquierda se comprometió a modificar las relaciones entre el capital y los trabajadores para otorgar a estos mucho más poder, pero no intentó eliminar todas las funciones del mercado y no pudo encontrar solución para los problemas resultantes. Temía introducir políticas claras en diversas áreas clave. Por ejemplo, no existía respuesta para las críticas del centro y de las derechas relativas a que el Gobierno español era el único de los Gobiernos izquierdistas en Europa que carecía de una estrategia fiscal seria, claramente deflacionista o reflacionista (aunque en la práctica se aproximaba más a esta última). En cuestiones económicas, el Gobierno iba más allá de la plataforma frentepopularista originaria, pero instituyó medidas poco a poco y nunca consiguió preparar unos presupuestos totales y regulares. Hacia el final, el 30 de junio, solicitó a las Cortes la prórroga del anterior presupuesto durante el tercer trimestre del año.

El peor trastorno económico tuvo lugar en zonas agrarias del centro y el sur, mientras la industria urbana resultó algo menos afectada. No obstante, el gran aumento en los costes de producción debido al incremento de los salarios y de los ingresos suplementarios, junto con la pérdida de nuevas inversiones, dio como resultado un descenso en la producción y una menor productividad. Creció el déficit presupuestario y el de la balanza de pagos, aunque el primero no constituyó un problema inmediato. Se redujo la actividad de la industria catalana debido al descenso de la demanda interior y exterior y a la fuga de capitales[241]. Desde últimos de mayo hasta el comienzo de la Guerra Civil los parlamentarios centristas y derechistas criticaron sin cesar la falta de política gubernamental para hacer frente a una crisis que empeoraba rápidamente. A mediados de junio, los portavoces derechistas llegaron incluso a elogiar a Léon Blum, el líder del Gobierno del Frente Popular en Francia, que era más moderado y no tan revolucionario, por haber desarrollado un plan coherente de reconstrucción nacional que unía el capital y a los trabajadores con niveles salariales nacionales y acuerdos más claros, para lo que, como era habitual, el Gobierno de Casares Quiroga carecía de respuesta. Más tarde, Fernando Valera, de Unión Republicana, admitió que el Gobierno nunca podría ocuparse del desempleo cuando ni siquiera era capaz de diseñar unos presupuestos, el país sufría un déficit fiscal y de balanza de pagos y tenía un tejido industrial insuficiente para absorber a todos los trabajadores que debían reincorporarse en virtud del decreto de febrero[242].

La gran actividad huelguística no había sido uno de los rasgos más relevantes de las semanas iniciales posteriores a la victoria del Frente Popular. Las primeras medidas negativas que adoptaron algunos empresarios —el abandono de varias empresas, cierres patronales y, sobre todo, la evasión de capitales— lo habían sido en respuesta a los resultados electorales, pero, al principio, no como resultado de grandes presiones sindicales. El Gobierno de Azaña, como ya se ha mencionado, había empezado a restaurar la estructura y la autoridad de los jurados mixtos, aunque no se hizo del todo oficialmente hasta el 30 de mayo, y las Cortes no aprobaron la nueva ley que restablecía por completo su carácter originario hasta el 20-21 de junio. De hecho, no se logró una restauración total del sistema antes de la Guerra Civil.

Las huelgas multitudinarias solo aparecieron a mediados de la primavera, cuando el tiempo mejoró. En mayo su número aumentó muchísimo y continuaron a un ritmo incluso mayor en junio. Solo en esos dos meses la actividad huelguística fue casi tan importante como en todo 1932 o 1934 (excepto octubre), y durante los primeros cuatro meses y medio de marzo a julio de 1936 igualó a la de todo 1933 (el año en que se había producido el máximo anterior). El volumen total, que a finales de junio pudo haber significado más de medio millón de trabajadores en huelga al mismo tiempo, fue, en proporción, inferior al de la ola de huelgas que en Francia siguió a la victoria del Frente Popular en mayo. Se cree que la ola francesa de huelgas de mayo y junio arrastró, en su momento más álgido, a dos millones de obreros, proporcionalmente bastante más que en España. La diferencia principal estribaba en que, en Francia, el Gobierno supo canalizar con rapidez las huelgas hacia acuerdos prácticos, mientras que en España los paros masivos adoptaron un tono cada vez más radical. Como admitió el portavoz de Unión Republicana, las huelgas españolas no eran «puramente económicas» en sus orígenes, sino «de carácter social y moral»[243].

Esto no se debía a que la CNT y la UGT estuvieran exigiendo la colectivización inmediata de la industria o la tierra (al menos, en la mayoría de los casos), sino a que las condiciones que a menudo exigían eran tan extravagantes que iban más allá de la capacidad económica de los patronos, o, de concederse, habrían supuesto el control obrero de facto. Con frecuencia también tuvieron éxito a la hora de imponer la sindicación obligatoria, lo que dio como resultado el despido de un considerable número de sindicalistas católicos y precipitó el rápido declive de los sindicatos católicos más pequeños. En junio, el Gobierno clausuró las sedes de la Organización Nacional Católica del Trabajo como parte de su política de cierre de las organizaciones, propiedades e iniciativas derechistas, tal y como pedían públicamente los partidos revolucionarios[244].

Huelgas había de todas las clases, pero no hubo nunca una gran huelga general a escala nacional. Los paros generales locales, o convocados por la UGT o por la CNT, y algunas veces por ambas, eran frecuentes, generados normalmente, aunque no siempre, por algún motivo de protesta especial. No hubo tampoco una huelga nacional que afectara a toda una industria, con una excepción, la de los tripulantes de barco, que durante aproximadamente una semana de mayo bloquearon los puertos.

Esta gran huelga de los marinos mercantes tuvo repercusiones internacionales al quedar la flota en muchos casos amarrada en puertos extranjeros. A principios de junio, los estibadores y las tripulaciones habían obtenido la victoria total con un gran aumento salarial, la reducción de la jornada e importantes ingresos suplementarios. Los términos del acuerdo requerirían tal aumento de la mano de obra que ni había suficientes marinos ni suficiente espacio para ellos en los barcos mercantes españoles, por lo que algunos quedaron amarrados a puerto y el comercio español se enfrentó a pérdidas catastróficas. El 25 de mayo Prieto advirtió que las condiciones consecuentes provocarían «una crisis infinitamente mayor» que la provocada por la anterior explotación de los estibadores y los marineros[245].

En Barcelona, las exigencias de los empleados de hotel pudieron haber dado al traste con la industria hotelera. Cuando los propietarios ofrecieron ceder una parte de la propiedad en forma de acciones, como contrapartida a un acuerdo más cooperativo, la CNT se negó. En acciones similares, la empresa valenciana de tranvías y la de los ferrocarriles andaluces se vieron forzadas a la disolución y los gobiernos locales asumieron sus servicios. En abril se había detenido al director de los Astilleros Echevarrieta porque su empresa no había podido pagar la gran suma que le impuso el Gobierno en concepto de atrasos salariales; tras una huelga general que aconteció en mayo, el gobierno provincial finalmente acordó pagar las doscientas mil pesetas que se adeudaban. En abril, la Sociedad Metalúrgica de Peñarroya había llegado a un acuerdo con los obreros para establecer un «turno en el trabajo» con el fin de evitar despidos fulminantes, ya que su producción se había reducido a la mitad. Este acuerdo duplicó los costes de mano de obra, a los que no se podía hacer frente, y, aun así, los trabajadores presentaron nuevas exigencias en junio, que, si se aceptaban, suponían la quiebra total[246]. De manera menos espectacular, cientos de pequeños empresarios se estaban arruinando y, en algunos casos, la jornada laboral se redujo a seis horas.

El ministro de Industria anunció que tenía una responsabilidad «educativa» para modificar los términos de las relaciones entre empleados y empleadores, así que no resultó sorprendente que el 14 de mayo el Bloque Patronal exigiera saber si el Gobierno estaba adoptando la posición de abolir el empleo capitalista[247]. De igual manera, los pequeños empresarios preguntaron al Gobierno «si se había decidido dar por concluida su función histórica»[248]. Una vez que la asociación de contratistas cedió a las exorbitantes peticiones planteadas por los obreros de la construcción de la CNT en Sevilla, que estaban en huelga, el secretario del Comité Nacional de la CNT, Horacio Prieto, instó a sus camaradas a moderar sus exigencias antes de que los patronos, desesperados y dispuestos a conceder cualquier reivindicación razonable, se vieran empujados a los brazos de una reacción protofascista.

En estas condiciones, el paro aumentó en ciertos sectores de manera inevitable, la producción general se redujo, cayeron los ingresos fiscales, se evadían del país más y más capitales y cada vez se hizo más difícil financiar la deuda y emitir bonos del Estado. Los líderes empresariales suplicaban al Gobierno que adoptase medidas decisivas para estabilizar la economía y alcanzar alguna clase de acuerdo general con los sindicatos. El 7 de junio, La Veu de Catalunya publicó un «Manifiesto», firmado por 126 asociaciones empresariales locales y regionales, en el que expresaban su disposición a aceptar la mayor parte del programa económico frentepopularista, pero se urgía al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para frenar la anarquía económica y se sugería la interrupción temporal de los aumentos salariales, la reforma de los tribunales laborales para alcanzar un arbitraje justo y la convocatoria de una «conferencia del Trabajo» nacional para intentar enderezar las cosas. Como informó El Sol, el 26 de junio y el 5 de julio, las resoluciones de la asamblea extraordinaria de las cámaras de comercio nacionales, celebrada en Madrid, expresaban idénticas preocupaciones. Todas estas súplicas urgentes fueron simplemente ignoradas.

Quizá la huelga más llamativa y conflictiva fue la del sector madrileño de la construcción que convocó la CNT el 1 de junio. En Madrid, el Sindicato Único de la Construcción (SUC) de la CNT se había expandido rápidamente, sobre todo por su reclamación de los derechos de los peones. El 19 de abril se había votado la exigencia de la jornada de treinta y seis horas y un aumento salarial del 15 al 17 % para los trabajadores especializados y semiespecializados, aumento que llegaría al 50 % para los peones. Al mes siguiente, la UGT asumió estas exigencias en su totalidad para evitar verse superada. Los patronos, previendo ruinosos aumentos de costes, adoptaron una línea dura, y poco después comenzó una huelga a la que se sumarían eventualmente 110.000 obreros, ya que a los de la construcción se unieron los sindicatos aliados.

Como era acostumbrado, la CNT se negó a cooperar con los jurados mixtos, aunque la UGT estaba dispuesta a ello, de manera que, unilateralmente, el Ministerio de Trabajo presentó su propio «laudo» el 3 de julio, en el que se proponía la jornada de cuarenta y cuatro horas semanales y aumentos salariales del 5 al 12 %, una oferta muy generosa dadas las circunstancias, pero que suponía la ruina para algunos patronos. Los huelguistas de la UGT aceptaron esas condiciones por tres votos a uno, pero el SUC no hizo lo mismo e incluso los ugetistas volvieron al trabajo con lentitud. Cuando la Guerra Civil comenzó, la huelga aún continuaba[249].

A menudo, las grandes huelgas llevaron aparejadas manifestaciones a gran escala y, en algunos casos, la violencia; la CNT en especial no se mostraba remisa a servirse de ella para mantener las huelgas. A finales de la primavera, unos sesenta mil dependientes de comercio se encontraban de huelga en Barcelona y se alegaba que, en julio, aproximadamente la mitad de los obreros de Madrid no estaba trabajando, aunque, como es lógico, las condiciones variaban en gran medida de una provincia a otra.

Incluso los dirigentes de la izquierda socialista se mostraban en cierto modo preocupados. El 22 de mayo la Comisión Ejecutiva de la UGT dispuso que no se produjeran más huelgas a instancias de la agrupación sindical sin la autorización directa de la federación nacional pertinente, lo que en ocasiones se ignoró. Desde más o menos la segunda mitad del mes de mayo, la prensa prorrepublicana venía registrando una creciente alarma, y Política, órgano de Izquierda Republicana, hacía llamamientos cada vez más frecuentes a la ley y al orden. El 23 de junio, los directores de Solidaridad Obrera, órgano máximo de la CNT, admitieron también que las huelgas se estaban desmandando y recomendaron a la CNT en su conjunto que aspirase más a un descenso de los precios que a acuerdos salariales tan poco realistas. Por su parte, los jefes de la CNT sugirieron que los sindicatos hicieran acopio de sus fuerzas para la gran huelga nacional revolucionaria que tendría lugar en un momento futuro y no especificado, mientras también la cúpula del Partido Comunista trató de moderar la ola de huelgas, pese a lo limitado de su influencia sobre las organizaciones obreras.

Los mayores desórdenes laborales no acontecieron en las ciudades, sino en los campos del centro y el sur. El 11 de junio, las Cortes votaron por fin la restauración de la originaria Ley de Bases de la Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932, pero las derechas elevaron su protesta aduciendo que los decretos radicales de los últimos meses, aprovechándose de la cláusula incorporada en 1935 que permitía la confiscación sin indemnizaciones «por razones de utilidad social», habían superado con mucho la legislación original, lo que técnicamente era correcto. Los problemas laborales y los grandes aumentos de costes derivados de los nuevos acuerdos salariales y de los alojamientos eran dilemas más serios que las confiscaciones de grandes propiedades. Los socialistas, más que la CNT, llevaban la iniciativa en el campo meridional; en Andalucía y Extremadura, el poder no radicaba en las autoridades gubernamentales provinciales, sino en los ayuntamientos, a menudo bajo dominio socialista, y en las Casas del Pueblo socialistas. El objetivo de la política socialista en el sur era la colectivización definitiva, pero, a corto plazo, no estaba orientado hacia un cambio inmediato en la estructura de la propiedad, sino hacia la inversión de las relaciones de poder, de forma que los obreros dominasen a los propietarios. Esto, en cierta forma, resultaba coherente con lo que había sido la política general socialista desde 1931, que siempre había consistido en servirse de la República para introducir cambios radicales que abrieran el camino al socialismo, pero sin establecerlo de forma inmediata o a través de una revolución directa y violenta (en ese sentido, la insurrección de 1934 había constituido una aberración parcial, no en sus objetivos revolucionarios, sino en sus tácticas insurrectas de violencia de masas). Parece que la meta era obligar a los terratenientes a utilizar cuantas reservas de capital tuvieran para beneficiar a sus obreros, sin necesidad de someterlos a una expropiación formal, hasta que hubiesen entregado la mayor parte de cuanto poseían.

En abril, se habían decretado alojamientos a gran escala, en especial en las provincias de Córdoba, Granada y Huelva. Sin embargo, para los beneficiarios de los alojamientos los incrementos salariales se redujeron considerablemente con el fin de evitar la quiebra inmediata de los propietarios, al tiempo que se arrestaba arbitrariamente a algunos terratenientes acusados de resistencia a las nuevas medidas, mientras los propietarios se quejaban del robo generalizado de las cosechas de aceitunas y de la tala ilegal de árboles. Aumentó la coerción ejercida sobre los trabajadores no afiliados a sindicatos izquierdistas, hasta el punto de que los trabajadores del campo sevillanos que estaban afiliados a Unión Republicana hicieron una protesta en Madrid argumentando que la FNTT les negaba el trabajo al alegar su no afiliación. En mayo se incrementaron los alojamientos y las informales «invasiones de fincas», siendo más frecuentes en las provincias de Sevilla y Jaén. En respuesta a las protestas de las derechas, Ricardo Zabalza, diputado y secretario de la FNTT, declaró en las Cortes el 5 de mayo que los jornaleros participantes constituían «milicias rojas […] al servicio de la República».

A nivel provincial, se implantaban condiciones del todo unilaterales, de tal forma que en la provincia de Sevilla la jornada se redujo a seis horas, en las que se incluían el tiempo invertido en llegar al trabajo, así como los períodos de descanso. Entre las medidas arbitrarias que algunos ayuntamientos impusieron en el sur se encontraban las sobreprimas que se aplicaban a los salarios normales, el incremento del cien por cien en los tributos locales a pagar por los terratenientes y las exigencias de llevar a cabo reparaciones específicas en casas y fincas, fueran o no necesarias, con lo que se daría trabajo a más obreros[250].

En el sur, los salarios de los segadores se fijaron en general entre once y trece pesetas por día, aunque, a veces, los sindicatos exigieron más. «Esto significó que los salarios de 1935 aumentaron más del doble y experimentaron un incremento de alrededor del 20 % sobre los niveles salariales de 1933, un año en el que la disminución de los beneficios de los productores fue tan grande que contribuyó a la caída del primer Gobierno de Azaña»[251]. En Jaén, los sueldos aumentaron un 46 % respecto a los niveles de 1932, de forma que, en mayo, algunos terratenientes del sur comenzaron a abandonar sus propiedades y a trasladarse a las ciudades[252].

Los propietarios de tierras de la provincia de Sevilla habían celebrado una asamblea a mediados de abril para quejarse del reino del terror que se había implantado en el campo, antes incluso de que las condiciones alcanzasen su grado más extremo. A mediados de mayo, tanto la sevillana Federación Patronal Agrícola como la Confederación Española Patronal Agrícola a nivel nacional presentaron peticiones al Gobierno en las que solicitaban que se hiciera cumplir la ley y se impusiera el orden, declarándose dispuestas a aceptar los nuevos reglamentos siempre que no fuesen más allá y se aplicaran honestamente, sin excesos adicionales[253]. Para los terratenientes esta era una posición sin precedentes y una expresión dramática de su sentimiento de desesperación. El 27 de mayo, el gobernador civil de Badajoz informó de que ciertos obreros agrícolas ni siquiera aceptaban doce pesetas diarias, más del doble de lo que habían percibido el año anterior[254]. A veces incluso los minifundistas y los arrendatarios se vieron obligados a hacer pagos exorbitantes para evitar alojamientos ruinosos[255].

Los terratenientes no podían comprender por qué el Gobierno permitía semejante anarquía, ya que, al igual que Azaña, los republicanos de izquierda se habían considerado a sí mismos «burgueses» y, al menos en teoría, favorables a la propiedad privada. El programa del Frente Popular nunca había especificado modificaciones tan drásticas, pero, en mayo, tal programa se había rebasado en todos los aspectos. De hecho, algunos de los más liberales entre los propietarios de tierras parecían ser los más perplejos, pues no podían comprender que hacía tiempo los republicanos de izquierda habían abandonado el liberalismo, primero para adoptar una postura de socialdemocracia y luego para embarcarse en un oficioso pacto diabólico con los revolucionarios. Parece que, por parte del Gobierno de Casares Quiroga, hubo cierta preocupación por proteger a los pequeños y medianos propietarios, así como a los braceros que eran miembros de partidos republicanos, pero no era posible hacerlo sin aplicar enérgicamente la ley, algo que en general no hizo el Gobierno por temor a la reacción de los socialistas. No obstante, se dieron ocasiones en que intervinieron los gobernadores provinciales para controlar algunos de los excesos a nivel local.

Incluso en la aceleración de la reforma agraria oficial aumentó el desorden. El ministro de Agricultura anuló todos los asentamientos que se habían producido en 1935, de forma tal que las pocas familias que habían recibido tierras el año anterior se vieron obligadas a abandonarlas. Esto habría parecido contradictorio, salvo en el sentido sectario de que se quería vetar cualquier cosa hecha por las derechas, incluso aunque se tratara de la implementación de la reforma agraria misma. De todos modos, el ministro trató de mantener el principio de que los pequeños propietarios recibieran una indemnización próxima al precio de mercado por la tierra que se les hubiese confiscado, aunque a los grandes propietarios se les pagaría mucho menos en proporción.

Una medida de envergadura fue la presentación a las Cortes, a finales de junio, de una propuesta de ley para anular todas las transferencias de tierra originariamente llevadas a cabo por la desamortización civil de mediados del siglo anterior, que había vendido a propietarios privados todas las tierras comunes de los municipios. Además, esto había de realizarse sin la menor indemnización, aunque se excluía a los pequeños propietarios de los efectos de esta confiscación.

Uno de los aspectos más negativos de la gran aceleración de la reforma agraria era que el tamaño medio de las nuevas parcelas legales era de tan solo 5,5 hectáreas y, el 27 de mayo, el ministro Ruiz Funes, admitió ante las Cortes que, de hecho, no podía esperarse una tasa de éxito económico superior al 40 % para esos minifundios sin capital, lo que significaba la admisión por parte del Gobierno de que, en la mayoría de los casos, era improbable que su acelerada reforma agraria funcionara. Por ello, el Servicio Agronómico recomendó la incautación de todas las fincas de mayor tamaño, ya que, de otra manera, no se dispondría de tierra suficiente. En ocasiones, los beneficiarios abandonaron la tierra que se les entregó, aduciendo que preferían «un jornal a los beneficios del cultivo directo»[256].

Los patronos comenzaron a exigir que todos los acuerdos salariales incluyesen criterios productivos que especificasen cuánto trabajo efectivo se adquiría con tan enormes incrementos en salarios. Naturalmente, socialistas y anarquistas rechazaron los criterios productivos, pero el 1 de julio el inepto ministro de Trabajo, Lluhí, admitió que era probable que su implantación fuese deseable. En una interpelación ante las Cortes, la oposición presentó la acusación de que, basándose en las propias estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, el coste total de la cosecha ese año superaría su valor de mercado, algo para lo que Lluhí y Ruiz Funes carecían de respuesta.

La mayor de las actuaciones laborales en el campo de finales de primavera fue una forma de huelga general agraria que la CNT inició en la provincia de Málaga. Durante las dos primeras semanas de junio estuvo respaldada por la FNTT socialista y los sindicatos comunistas, extendiéndose a las ciudades y convirtiéndose en una especie de huelga general urbana y rural en la que, en un momento dado, es posible que tomaran parte hasta cien mil obreros[257]. En las explotaciones mineras del sur del país prevalecieron condiciones similares; la gigantesca huelga onubense fue un éxito para la UGT, pero las condiciones que se impusieron a la gran empresa minera Río Tinto resultaron contraproducentes, ya que la exigencia de contratar de nuevo a tres mil trabajadores y abonar los salarios dejados de percibir amenazaba de quiebra a la empresa, de tal manera que, en junio, se produjeron nuevos despidos[258].

La FNTT rechazó resueltamente los criterios mínimos de trabajo o producción y también, por inadecuada, la propuesta del Gobierno de entregar tierras a cien mil nuevos colonos por año. En los campos del sur, la CNT veía crecer su afiliación con rapidez e impuso condiciones aún más radicales. Los alojamientos forzosos y las «siegas por asalto» (iniciativa arbitraria en las siegas con condiciones impuestas por los jornaleros) llevaron a los pequeños propietarios de tierras al borde de la ruina, sin que tampoco se satisficieran todas las peticiones obreras. Aparentemente, el aumento de los costes de la mano de obra alentaba a algunos grandes terratenientes a incorporarse a la mecanización, pese a que los nuevos contratos laborales en los campos del sur restringían de modo específico el empleo de maquinaria agrícola[259]. El mal tiempo continuado, el retraso en la plantación y la recolección, y la falta de créditos para los pequeños agricultores agravaron los problemas, llevando al Ministerio de Agricultura a predecir una reducción del 27 % en la cosecha de trigo respecto a lo que se obtuvo el generoso año anterior[260].

Algunas tierras fueron simplemente abandonadas y los pequeños propietarios solo contrataron la mano de obra imprescindible. Es posible que las condiciones más extremas se dieran en la provincia de Badajoz, donde más de un tercio de toda la población masculina adulta y rural ya había recibido tierras, y la proporción pudo haber sido casi equivalente en Cáceres, lo que tan solo abrió el apetito para más ayudas económicas, produciendo actos arbitrarios a gran escala conforme «miles de trabajadores vagabundeaban […] en su inútil búsqueda de trabajo» por la provincia de Badajoz, «que, en vísperas de la Guerra Civil, parecía sumida en el caos»[261]. A finales de junio, la UGT inició una campaña nacional para la expropiación inmediata y sin indemnización de todas las tierras incultas, y en ciertas provincias las incautaciones ilegales seguían.

Probablemente, nunca se llegará a establecer un censo preciso de todas las tierras que cambiaron de manos durante esos meses. Un destacado historiador de izquierdas concluye:

Nuestra hipótesis, nada segura y sometida a cualquier comprobación en uno u otro sentido, es que la ocupación de hecho de tierras, bien en calidad de yunteros, de beneficiarios legales de ocupaciones, de asentados en expropiaciones ya tramitadas, de ocupaciones de hecho —a veces incluso en forma de alojamiento— transmitidas simplemente por la Comisión de Policía Rural a la Junta Provincial Agraria, debía acercarse al millón de hectáreas cuando estalló la Guerra Civil[262].

Este cálculo, el mejor posible sin mucha más investigación, apuntaría a alrededor del 2,5 % de los 40 millones de hectáreas de propiedad agrícola en España, al 5 % de las aproximadamente 20 millones de hectáreas de tierras de cultivo y a mucho más del 10 % en las provincias más afectadas. Esto no constituía una revolución, pero podía considerarse el inicio de una. La alteración en la propiedad de la tierra ya había provocado consecuencias masivas en algunas de las provincias meridionales, donde la proporción de campos cultivables que cambió de manos fue más alta[263].

A mediados de junio todavía no había comenzado la cosecha en algunos de los distritos del sur porque los sindicatos exigían salarios aún mayores. El 10 de julio, la Patronal Agraria de la provincia de Sevilla remitió un estudio al gobernador civil en el que se demostraba que los costes de la recolección superarían su valor, mientras que en la de Córdoba un cierto número de minifundistas afiliados a los partidos republicanos de izquierda hicieron llegar al Gobierno su propia petición en la que declaraban que, en aquellas condiciones, su actividad económica resultaba inútil y sugerían que el IRA se hiciera cargo de su tierras, terminando su comunicación con las palabras «Salud y República»[264]. A esto siguió un decreto publicado el 11 de julio en la Gaceta de la República en virtud del cual se prohibía la incautación ilegal de las tierras de los pequeños y medianos propietarios, pero dicho decreto dependía de que se impusiera su cumplimiento, algo en lo que no destacaba el Gobierno.

Los grandes terratenientes comenzaron a huir de forma generalizada desde el campo a las ciudades, y el gobernador civil de Córdoba anunció su intención de verificar si estaba autorizado para retenerlos con el fin de, como expresó en las Cortes un crítico, «obligarles a permanecer en los respectivos pueblos, sentando la novísima teoría de Derecho de invertir los destierros y deportaciones, haciéndoles de fuera a dentro». El 22 de mayo, el ministro de Gobernación había dicho a los gobernadores civiles que aplicaran de forma muy restrictiva los criterios para emitir pasaportes y así evitar que la gente huyera al extranjero[265]. A finales de junio y principios de julio aparecieron en los periódicos multitud de declaraciones de los terratenientes diciendo que se veían obligados a abandonar los cultivos, mientras las declaraciones de los funcionarios gubernamentales parecían indicar que eran conscientes de que los incrementos salariales eran ya excesivos.

Aunque habían constituido un sector económico antes dominante, los terratenientes parecían sorprendentemente poco organizados. Como afirmó Malefakis, las acusaciones de «provocaciones» que se presentaron contra ellos resultaron dudosas, ya que, caso de no recoger las cosechas, estos perderían grandes cantidades de dinero. Dado que a menudo el coste de la cosecha en el sur superaba a su beneficio, el sistema vigente no podía ofrecer más, salvo que los sueldos se redujesen de forma considerable. Al correr el año solo podía esperarse el deterioro de la situación, pues, una vez finalizada la recolección, más propietarios abandonarían los cultivos[266].

Debido al mal tiempo y a la intranquilidad, la cosecha de trigo de 1936 fue la peor en años. A principios de verano hubo incluso algunos diputados republicanos de izquierda que comenzaron a plantear en el Parlamento la cuestión de cómo iba a hacer frente el Gobierno a los múltiples y crecientes problemas económicos que carecían de una solución inmediata. Como ha escrito Macarro Vera, «lo que resultaba indiscutible es que ninguna de las recetas económicas del programa frentepopularista tenía valor relevante alguno y los encargados de su aplicación estaban en profundo desacuerdo […] En julio de 1936 parecía que ninguno de los partidos del Frente Popular estaba ni siquiera preocupado por hacer frente al enigma»[267].

Con todo, la inmensa mayoría de los obreros del campo de la UGT y CNT apenas parecía percatarse al cien por cien de la revolución económica. Era evidente que deseaban salarios mucho mayores o que se les proporcionasen tierras que trabajar en condiciones favorables. Pero, como advirtió Julián Besteiro en las Cortes y un experto en cuestiones agrarias apuntó en El Sol (15 y 17 de julio), el efecto real de todas esas huelgas y acosos rurales, sobre todo en el suroeste, no era llevar a cabo una revolución positiva en la propiedad y la producción, sino desviar cuantos ingresos a corto plazo fueran posibles hacia los jornaleros y algunos minifundistas. Estropeaban el capitalismo sin haber llevado a cabo una revolución colectivista. Se frustró la mecanización y los propietarios medios, y en algunas ocasiones también los pequeños, comenzaron a arruinarse en ciertas zonas, sin que se hiciera intento real alguno por sentar las bases de una economía rural más moderna y eficiente. Las consecuencias de la prerrevolución agraria en el sur fueron sobre todo destructivas.

Así se había llegado a una tierra de nadie, rechazando el capitalismo sin instaurar el colectivismo. La posición de los socialistas, o al menos de la UGT, era que había llegado el momento de la socialización de la tierra y la industria, aunque, no obstante, no se presentó ningún proyecto concreto. El 9 de junio, el Gobierno introdujo una ley destinada a la industria minera astur-leonesa en virtud de la cual aquellos pozos y depósitos que no se estuviesen explotando de forma activa se incautarían y pasarían a ser propiedad de cooperativas de trabajadores, aunque su escasa productividad no daría lugar a otra cosa que a la redistribución de la pobreza. A finales de mes, los diputados socialistas y comunistas afirmaron que el grado de abandono por parte de los propietarios agrícolas era tal que en ciertas zonas las tareas de recolección deberían ser asumidas por las autoridades locales o por los sindicatos agrarios.

En el mes de julio, la política económica del Gobierno estaba agotada, y solo podría dar respuesta a las demandas de las izquierdas revolucionarias realizando expropiaciones masivas. En el sur se había llegado a una situación tal que o se daba marcha atrás o se procedía a la colectivización. Es por eso que Jacques Meurice ha dicho que «la colectivización en el campo se produjo sin solución de continuidad con la situación anterior a la sublevación militar […]. Estalló la sublevación en el preciso momento en que la revolución agraria ya se estaba iniciando»[268]. Esta conclusión, sin embargo, parece demasiado determinista. Fue necesario, para dar el paso decisivo, que gran parte del poder pasara a manos de las milicias revolucionarias, medida adoptada por el Gobierno republicano el 19 de julio.

No existen datos relativos al número total de detenciones, pero los arrestos arbitrarios eran frecuentes. Por ejemplo, en Antequera todos los miembros de la sección local de la agrupación monárquica Acción Española fueron detenidos por «fascistas», lo que en apariencia causó su asombro, dado que no tenían tratos con Falange. Esta última estaba de hecho creciendo en Andalucía debido a la situación prerrevolucionaria que se estaba desarrollando. En el momento de las elecciones, apenas había alcanzado los dos mil miembros en las provincias andaluzas, y en composición social era casi un club elitista de clase alta. Hacia el 18 de julio, su afiliación había aumentado hasta los nueve mil, atrayendo casi por vez primera a un número significativo de miembros de clase baja —empleados y cada vez más jornaleros— que se habían visto fuertemente presionados por las izquierdas. Según el mejor estudio, en ese momento los empleados y obreros sumaban el 47 % de la afiliación falangista en la región[269], mientras que en la ciudad de Almería el 80 % de sus líderes procedían de estos estratos[270].

La tasa de violencia, que acompañó a muchas de las huelgas, había empezado a aumentar a mediados de abril. Se redujo durante el mes de mayo para crecer rápidamente durante la última semana del mes, bajándose otra vez durante la mayor parte de junio. El ritmo fue esporádico y la expresión de esta violencia, al menos en parte espontánea, no respondía a ningún plan preconcebido. La Policía fusilaba a obreros en manifestaciones y motines, los izquierdistas asesinaban a falangistas y derechistas (y a veces a alguien del centro), mientras los primeros morían a manos de los de Falange, y otras veces morían los policías en las esporádicas represiones de incidentes de todos los tipos. Cuando el 3 de junio los falangistas asesinaron en Santander al director socialista de un periódico, cuatro miembros de Falange, o sospechosos de serlo, fueron asesinados en esa ciudad en las siguientes cuarenta y ocho horas.

Una de las series más extrañas de incidentes, que no causaron víctimas mortales, comenzó en Alcalá de Henares, el 15 de mayo, cuando los izquierdistas atacaron a varios oficiales de la guarnición local del ejército y, a continuación, incendiaron la casa de uno de ellos. Los socialistas de Alcalá exigieron al Gobierno que castigara a las víctimas, exigencia frecuente y típica en estos meses, y que trasladara a los dos regimientos de la guarnición, alegando la existencia de proclividades «fascistas» y conspiratorias entre sus oficiales. Casares Quiroga aceptó y ordenó a las unidades que estuviesen listas para el traslado en cuarenta y ocho horas.

Cuando los oficiales protestaron, se detuvo a cierto número de ellos, se les juzgó ante un tribunal militar y se les condenó a penas de reclusión de diferente duración, acentuando el sentimiento de escándalo entre los militares. De manera muy similar, tras una reyerta entre trabajadores y la Guardia Civil en Oviedo, el 23 de mayo, las protestas contra el uso de la fuerza por parte de los guardias civiles condujeron al arresto y procesamiento de cinco de sus oficiales.

La mayor mortalidad se produjo cerca de la pequeña ciudad de Yeste (Albacete), el 29 de mayo. Los habitantes de La Graya, un pueblo montañés vecino, habían perdido una parte significativa de su sustento tras la inauguración, el año anterior, de un pantano en el valle inferior, uno de los logros del programa de obras públicas de la República. La supervivencia de unas mil familias dependía en gran parte de las explotaciones forestales y de otras actividades que realizaban en la zona que quedó sumergida, mientras que los restantes bosques situados en las colinas no podían ser explotados económicamente por la razón contraria, es decir, la gran distancia que mediaba entre los troncos talados y el agua necesaria para transportarlos. El Gobierno de Azaña había impuesto una nueva «comisión gestora» de izquierdas en Albacete, pese al hecho de que, en las elecciones a Cortes, allí habían ganado las derechas. Esa comisión gestora había abierto algunas tierras públicas de poca extensión para que los obreros locales explotaran su madera de forma privada, pero estas medidas fracasaron a la hora de acabar con el desempleo.

Con la llegada del buen tiempo, muchos comenzaron a tomarse la justicia por la mano, entrando en las propiedades privadas para talar árboles de forma ilegal (a pesar de que la madera no podía venderse en grandes cantidades) y para cultivar la tierra. Tras las quejas de los terratenientes, se ordenó a los trabajadores locales el cese de tales actividades y se envió a La Graya a diecinueve guardias civiles. La tarde del 28 de mayo, seis jóvenes exaltados trataron de atacar a los guardias, que lograron detenerlos. Esto provocó una gran concentración de obreros y sus familias, procedentes de los pueblos de alrededor, que bloquearon la carretera el día 29, cuando los guardias civiles trataban de trasladar a los prisioneros a Yeste. El alcalde socialista de la localidad intentó reducir la tensión disponiendo la liberación temporal de los arrestados, pero uno de los militantes locales arrebató su fusil a un guardia y lo mató (aunque, según una versión diferente, este último fue golpeado en la cabeza con un gancho pinero). Los guardias civiles alegaron después que todos ellos se habían visto atacados por la multitud, que estimaban superior a dos mil personas, de ambos sexos y de todas las edades, y que todos sufrieron algún tipo de lesión, desde hematomas sin importancia hasta graves heridas. Según su versión, al menos tres de ellos lograron separarse y empuñar las armas, apartándose de la multitud lo suficiente para comenzar a disparar una descarga tras otra, a quemarropa. Los disparos hicieron que la gente huyera aterrorizada y, conforme otros guardias consiguieron también emplear sus fusiles, se unieron a los que disparaban de manera tal que, cuando la multitud escapó del alcance de sus balas, había diecisiete muertos y más de treinta heridos. Un epítome de la España de estos meses: una agresión ensañada y mortífera, seguida por una masacre[271].

Este sangriento incidente refleja los sentimientos de desesperación y rabia entre los obreros pobres, así como su extrema hostilidad y agresividad y también la tan demostrada inadecuación de la Guardia Civil —tanto en entrenamiento como en equipos— para ocuparse humanamente del control de las multitudes, aunque en este caso habría sido muy difícil sin un mayor número de guardias.

A raíz del incidente se produjo un torrente de protestas de la extrema izquierda, que alegó que se trataba de otra atrocidad policial equivalente a la de Casas Viejas en 1933, aunque las circunstancias eran muy diferentes. La cuestión se aireó en las Cortes el 5 de junio, donde se acordó dejarla en manos de un juez de instrucción.

La única respuesta del Gobierno fue detener a más falangistas y cerrar las sedes locales de la CNT que perseguían la huelga por medios violentos o ilegales, ignorando los jurados mixtos. Ninguna de estas políticas fue muy efectiva, ya que tanto la organización fascista como los anarcosindicalistas estaban creciendo rápidamente. No supone una exageración decir que por cada falangista arrestado —y llegó a haber varios miles en prisión— se unían al partido cinco nuevos miembros más con el fin de tomar parte en la acción directa contra las izquierdas. El 6 de mayo, Calvo Sotelo afirmó en el Parlamento que había ya entre ocho y diez mil derechistas encarcelados, aunque muy posiblemente por esa fecha se trataba de una exageración. Los falangistas declararon después que setenta de sus afiliados habían perdido la vida de forma violenta entre noviembre de 1933 y junio de 1936, mientras que los cedistas aseguraban haber perdido a veintiséis miembros debido a la violencia antes de febrero de 1936, con bastantes más en los cinco meses siguientes, y estas cifras parecen ser aproximadamente correctas.

Lo que resultaba innegable era el creciente apoyo a la ilegalizada Falange y la extensión de una reacción cada vez más fuerte entre las derechas en general. El 10 de junio, el cristianodemócrata Ángel Ossorio y Gallardo se lamentaba en Ahora de que el comportamiento de las izquierdas se hubiera transformado en irracional y destructivo, sin solución posible a la vista: «El Frente Popular fue creado para combatir el fascismo, pero por el camino que llevan las cosas en España, el único fascismo va a ser el del Frente Popular».

Agustín Calvet, Gaziel, el respetado director conservador de La Vanguardia de Barcelona, escribió en este periódico dos días más tarde:

¿Cuántos votos tuvieron los fascistas en España cuando las últimas elecciones? Nada: una ridiculez […]. Hoy, por el contrario, los viajeros llegan de las tierras de España diciendo: «Allí todo el mundo se vuelve fascista». ¿Qué cambio es ese? Lo que ocurre es, sencillamente, que allí no se puede vivir, que no hay gobierno […]. Y en esta situación, buscan instintivamente una salida […]. ¿Cuál es la fórmula política que suprime radicalmente esos insoportables excesos? La dictadura, el fascismo. Y he aquí cómo sin querer, casi sin darse cuenta, la gente se siente fascista. De los inconvenientes de una dictadura no saben nada, como es natural. De ellos sabrán después, cuando hubiesen de soportarlos.

[…] Fascismo es, en el caso de España y Francia, la sombra fatal que proyecta sobre el suelo del país la democracia misma, cuando su descomposición interna se convierte en anarquía. Cuanto más crece la podredumbre, tanto más se agiganta el fantasma. Y la preocupación alucinada que el Frente Popular experimenta por el fascismo vencido no es, por tanto, otra cosa que el miedo de su propia sombra.

El 19 de junio, Gil-Robles repitió el mismo argumento en las Cortes:

¿Es que alguien puede negar que ese ambiente que se da en llamar de fascismo, porque de esa manera se sintetiza en una sola palabra una tendencia y un ansia, no va creciendo, aumentando y ganando sectores inmensos de la opinión española? […] Esa difusa tendencia fascista (que, repito, no obedece a grandes opiniones doctrinales ni está encajada en determinados grupos) se está nutriendo, día a día, de los perseguidos, de los multados, de los encarcelados contra toda razón y toda justicia.

Tampoco la continuada censura parcial tuvo efecto alguno a la hora de enfriar las pasiones. En palabras de un periodista americano:

La censura del Gobierno intentó suprimir las noticias de huelgas y asesinatos porque los ministros temían el contagio de la violencia. Había que llevar a toda prisa una copia de los periódicos diarios al despacho oficial de prensa, para que allí fuera examinada; las secciones eliminadas aparecían como espacios en blanco o con tipos rotos. El Temps parisino, que llegaba a Madrid unos días más tarde, era con frecuencia más informativo que los periódicos de la capital española. Solo cuando uno se hacía con un puñado de periódicos provinciales y llegaba a la sección «Conflictos sociales» se percataba totalmente del alcance del descontento en los trabajadores, para el que no existían estadísticas oficiales[272].

El 30 de mayo, el Consejo Nacional del partido Izquierda Republicana emitió una declaración pública en la que se lamentaba de que «España ha sido juzgada en el exterior como un país en permanente guerra civil, incapaz para la convivencia democrática. La República ha sido vista como un régimen interino e inestable, al que los propios republicanos dificultan la base de su afianzamiento»[273], e instaba a todas las secciones locales del partido a hacer lo posible para calmar las pasiones y mantener la legalidad. El periódico del partido, Política, continuó con sus llamamientos a la moderación. El 11 de junio los grupos parlamentarios de Izquierda Republicana y Unión Republicana aprobaron una resolución conjunta en la que solicitaban al Gobierno la adopción de medidas más enérgicas para restaurar el orden. En los días siguientes, Política elogió a la CGT, la confederación nacional de obreros francesa, por haber formado un nuevo acuerdo laboral de tipo fundamental con el que se atemperaba la ola de huelgas en ese país, al tiempo que continuaba denunciando a la CNT por rechazar el arbitrio de los jurados y pretender la ruina de la UGT. Apoyó la posición de la pequeña burguesía, pero subrayó la importancia de la alianza entre el republicanismo pequeñoburgués de izquierda y las organizaciones obreras —sin capacidad, aparentemente, de comprender que esto podría haber sido gran parte del problema—, asignando a los grandes empresarios la mayor responsabilidad en el desorden social y económico. La única polémica real entre Política y Claridad tuvo lugar durante la segunda mitad de junio, cuando el primero culpó a la izquierda socialista del conflicto existente en el seno del Partido Socialista, que, afirmaba, había subvertido a este último y la unidad del Frente Popular.

El 11 de junio, el Gobierno, como era habitual, solicitó a las Cortes la ampliación del estado de alarma otros treinta días y, a la mañana siguiente, emitió nuevas órdenes para desarmar a aquellos que poseyeran armas de manera ilegal (aunque apenas detuvieron a socialistas), junto con sanciones nuevas a los patronos que incumplieran la normativa laboral y nuevas medidas para poner fin a las huelgas cuya motivación fuese ilícita. Todo ello estuvo acompañado de más reasignaciones en los mandos del ejército y la Guardia Civil. En ese momento el Gobierno era más consciente de que estaba librando —con la mayor de las confusiones, incertidumbres e incoherencias— una batalla en dos frentes, de manera tal que, a mediados de junio, Casares Quiroga hacía comentarios positivos acerca de la Guardia Civil. Antes de que terminase el mes nombró nuevos gobernadores civiles para varias provincias del sur, de los que esperaba que aplicasen la ley de forma más enérgica.

Durante estos meses la alarma había cundido también entre los diplomáticos acreditados en Madrid, y especialmente en las embajadas de Gran Bretaña, Portugal, Francia y Alemania. En Francia, los periódicos especulaban cada vez más sobre la posibilidad de que en España estallase bien una revolución violenta de masas bien una guerra civil mortífera, o tal vez ambas cosas. El Gobierno que se mostró más alarmado fue el portugués de Salazar, porque ya había sido objetivo de una conspiración armada apoyada por el primer Gobierno de Azaña y temía un nuevo intento de desestabilizarlo por parte de las autoridades españolas, como de hecho pedía una parte de las izquierdas. Las promesas tranquilizadoras de Madrid apenas sirvieron y, en Lisboa, el sentimiento era marcadamente hostil, como descubrió Claudio Sánchez Albornoz cuando llegó allí en mayo en calidad de nuevo embajador. Las izquierdas portuguesas contaban con una fuerte representación en Madrid, donde, según la Policía portuguesa, se reunieron unos doscientos izquierdistas entre abril y junio para participar en la formación del Partido Comunista Portugués e intentar negociaciones con el fin de crear un Frente Popular luso y preparar otras acciones contra el régimen en Lisboa. Algunos de los residentes portugueses en Madrid estaban aterrorizados y colmaron su embajada con exigencias de medidas para proteger sus personas y propiedades. Mientras tanto, las autoridades lusas permitían que ciertos derechistas españoles conspirasen contra el Gobierno de Madrid y emitieran una serie de programas de radio desde suelo portugués[274].

En Madrid, las embajadas de Alemania, Italia y Portugal se convirtieron en objetivos de numerosas amenazas y manifestaciones hostiles. El 2 de abril los embajadores de Argentina, Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Suiza se reunieron para discutir el asunto de la garantización del derecho de asilo a refugiados en caso de que estallase una revolución violenta, una preocupación que después se demostraría oportuna[275]. A mediados de abril, el embajador alemán transfirió su residencia a París, dejando la sede diplomática en manos del encargado de negocios[276].

La actitud de los diplomáticos británicos y sus dirigentes en el Gobierno de Londres era de considerable importancia. Revelaba una alarma creciente, alimentada por la percepción de que España iba por idéntico camino que Rusia, percepción que se vio justificada por el asesinato del director británico de una fábrica textil en Barcelona, lo que provocó el envío de notas de protesta a los Gobiernos tanto de Madrid como de Barcelona. Poco después, los francos comentarios de Largo Caballero a la prensa británica confirmaron esa alarma, cuando declaró terminantemente que el futuro del Gobierno de Casares Quiroga dependía en gran medida de los socialistas. Pese a que apoyaba al Gobierno, dijo, dudaba de que pudiese sobrevivir largo tiempo, y entonces los socialistas tomarían el poder e introducirían su propio programa. Esto era exactamente lo que temían los funcionarios británicos[277].

9

ÚLTIMAS SEMANAS: JUNIO-JULIO DE 1936

Un buen número de republicanos moderados perdieron la esperanza en el Gobierno de Casares Quiroga en cuestión de días, y muy pronto algunos propusieron alternativas más drásticas. Desde el estreno de Azaña como presidente de la República, varios de los dirigentes republicanos de izquierda se habían aferrado a la idea de que solo un republicano con plenos poderes (si era necesario, entre dichos poderes se incluiría la imposición del estado de guerra) podría solventar la situación, a lo que, en ocasiones, se referían como una «dictadura republicana» legalitaria. Uno de ellos era Claudio Sánchez Albornoz, quien años más tarde escribiría que, tras su llegada a Lisboa el 14 de mayo para asumir sus funciones de embajador, «durante muchas noches dormí inquieto, con el teléfono a la cabecera de la cama, a la espera de la oficial comunicación de Madrid anunciándome la temporaria proclamación de la salvadora dictadura republicana. Pero no llegó jamás la esperada noticia y España prosiguió su triste anárquico caminar […]»[278].

Felipe Sánchez Román había rechazado la sugerencia de Azaña de liderar un nuevo Gabinete republicano de izquierda, porque no creía que la fórmula vigente de un Gobierno minoritario fuera viable. Sin embargo, durante unas seis semanas participó activamente en las discusiones relativas a la formación de un Gobierno más fuerte y constitucionalista, y decidió que se necesitaba una nueva fórmula. Así pues, en una reunión de los líderes de su exiguo Partido Nacional Republicano (PNR), celebrada el 25 de mayo, se aprobó la siguiente declaración:

En los actuales momentos, robustecida la autoridad del PNR por haber previsto las dificultades que se encontraría en su camino la política del Frente Popular, y con la libertad de enjuiciamiento que proporciona su apartamiento de las funciones de gobierno, le corresponde la misión de hacer coincidir a los republicanos en la apreciación de la gravedad del momento político, en el reconocimiento del fracaso del llamado Frente Popular en la forma que actualmente se desenvuelve y en la necesidad de poner en práctica los medios de acción para salvar al país y a la República.

El concierto de acción política ha de descansar sobre las bases siguientes:

Ejecución inmediata del programa de defensa del Estado republicano. Tal vez una referencia a la vigorosa Ley de Seguridad del Estado aprobada por el primer Gobierno de Azaña, restableciendo con todo vigor el principio de autoridad, reconstrucción económica y política social concertada por los partidos de Izquierda Republicana, Unión Republicana y Nacional Republicano.

Cumplimiento de las reformas beneficiosas para la clase obrera incorporadas al programa electoral del Frente Popular.

Se pondrán en práctica aquellas medidas necesarias para evitar que las fuerzas políticas y sociales principalmente interesadas en la ejecución del plan político representen el obstáculo más fuerte para su realización.

Se adoptarán las siguientes medidas:

a) Reprimir severamente la incitación a la violencia revolucionaria como forma de contienda civil o política.

b) Desarme general.

c) Disolución de las organizaciones económicas, profesionales, políticas o confesionales cuya actuación amenace gravemente la independencia, la unidad constitucional, la forma democrático-republicana o la seguridad de la República española.

d) Prohibición del funcionamiento de sociedades uniformadas o militarizadas.

e) Ley de responsabilidad de los jefes o elementos directivos de las organizaciones políticas por los delitos motivados por la propaganda de aquellas.

f) Se exigirá responsabilidad a las autoridades por las infracciones de las leyes cometidas en el ejercicio de sus funciones. Se podrá privar, en donde las circunstancias lo exijan, a los alcaldes del ejercicio de la política de orden público, transfiriéndola a otras autoridades, institutos o delegados especiales.

g) Se reformará el reglamento de la Cámara, modificando la estructura y funciones de las comisiones parlamentarias, para que con el auxilio de los organismos técnicos rindan eficacia y rapidez en el trámite formativo de las leyes.

El requerimiento de nuestra agrupación política a los partidos de Izquierda Republicana y Unión Republicana debe ser hecho por el señor Sánchez Román a los jefes de los grupos políticos expresados.

Una vez concertados, los republicanos invitarán públicamente al Partido Socialista Obrero a compartir con los republicanos las funciones de gobierno para realizar los objetivos del plan político aprobado.

En el caso de que rechacen los socialistas el requerimiento de colaboración, los republicanos aconsejarán al presidente de la República la formación de un Gobierno integrado por los representantes de todas las fuerzas políticas republicanas que coincidan [probablemente se refiere a los partidos del centro] en la apreciación de la conveniencia de la política aprobada por los partidos de izquierda.

Se designará un equipo de ministros republicanos para integrar en el Gobierno a quienes se reconozca autoridad, competencia y prestigio. Actuarán por encima de exigencias de partido con renuncia y proscripción de toda tendencia demagógica.

Si el Gobierno no cuenta con asistencia parlamentaria, se suspenderán las sesiones de las Cortes de conformidad con los preceptos constitucionales.

En otro caso, podrá intentarse la presentación al Parlamento de bases que autoricen al Gobierno a legislar por decreto, dentro de las atribuciones que concede el artículo 61 de la Constitución, y sobre las materias concretas propias del plan político de urgente realización[279].

Que se sepa, este fue el único plan concreto para gestionar la crisis presentado por un partido republicano. Habría puesto fin al juego doble de Azaña y los socialistas, obligando a estos a escoger entre República constitucional o revolución, e igualmente dejando claro que si se optaba por la segunda opción, la ley se aplicaría inexorablemente y sin la parcialidad demostrada por Alcalá-Zamora y Azaña. La propuesta era coherente, responsable y práctica, y si los demás partidos se hubiesen mostrado conformes, habría podido ser la salvación del sistema democrático. Esto explica por qué Sánchez Román era la figura política a quien más respetaba Azaña por su mesura, sabiduría y buen juicio[280], pero el presidente no mostró inclinación alguna a aceptar el drástico consejo de su amigo, ya que habría requerido el abandono de su estrategia sectaria y exclusivamente de izquierda, y habría tenido que romper de manera oficial el Frente Popular.

No obstante, la propuesta del PNR, que en algún sentido constituía una alternativa lógica al anterior proyecto de una coalición mayoritaria prietista, encontró respaldo entre algunos de los republicanos de izquierda más moderados y sensatos, así como entre ciertos sectores del centro, y quizá del propio Prieto, y llegó a ser discutida en una reunión de los grupos parlamentarios de Izquierda República y Unión Republicana, quienes pudieron haber hecho llegar la propuesta al Gobierno de Casares Quiroga, que la rechazó[281]. El presidente del Consejo de Ministros señaló que no había necesidad alguna de una coalición especial o de un Gobierno con poderes extraordinarios, y posteriormente, en la sesión de las Cortes del 16 de junio, afirmó que tal alternativa «abriría el camino a la dictadura». Sin embargo, en verdad, lo que estaba abriendo el camino a la dictadura en España —en efecto, dos regímenes autoritarios totalmente diferentes y opuestos— era la política de Casares Quiroga.

A veces se ha dicho que una excepción a las condiciones de desórdenes y violencias «españolas» era el llamado «oasis catalán», un lugar apartado de relativa tranquilidad. Pero se trata de una idea falsa. Esa metáfora fue introducida el 4 de marzo por el periódico La Veu de Catalunya, no como una descripción, sino como una aspiración, un objetivo a lograr que diferenciara a Cataluña del resto de España. El Gobierno de Azaña, como uno de sus primeros actos, había devuelto a la Generalitat los plenos poderes de autonomía que habían sido notablemente reducidos tras la insurrección fallida de 1934. Lluís Companys salió de la cárcel para volver a su cargo de presidente, y, de paso, participó en un mitin del Frente Popular en Madrid en el que saludó puño en alto. Es verdad que uno de los objetivos de Companys y de Esquerra Catalana era conseguir una cierta cooptación de la CNT, de modo que volvieron a intentar conciliar a la extrema izquierda durante la primavera de 1936. Aunque la Generalitat cerró algunas sedes locales de Lliga Catalana, partido catalanista de centro-derecha, esta se esforzó seriamente por actuar como una oposición leal y responsable, de tal manera que, a principios de julio, Companys había iniciado las negociaciones para alcanzar un entendimiento entre las izquierdas y las derechas moderadas en Cataluña.

Con todo, la metáfora de «oasis» es exagerada. La Generalitat, como el Gobierno de Madrid, intentó restringir las noticias y evitar la información pública relativa al número de conflictos y desórdenes, y posiblemente por eso las primeras investigaciones sobre la violencia política destacaron solo tres asesinatos políticos en Barcelona entre las elecciones y el comienzo de la Guerra Civil. Pero hubo muchos más. La investigación de la prensa catalana realizada por Jordi Getman-Eraso ha arrojado un total de, al menos, quince asesinatos relacionados con la política y las huelgas en este período[282]. Aunque son menos de la mitad de los que se produjeron en Madrid, fueron aproximadamente iguales al promedio de las cifras alcanzadas en Sevilla, Málaga y Granada (aunque inferiores en proporción a la población). La mayor parte de los asesinatos políticos en Barcelona estuvieron relacionados con los conflictos obreros protagonizados por la CNT. La actividad huelguística fue intensa y a menudo estuvo acompañada de violencia, aunque no era normal que se produjeran muertos. Solo durante el mes de abril explotaron veintiuna bombas en Barcelona, y los atracos a mano armada se acercaron a un nuevo récord, ya que en la ciudad se registraron ochenta durante los seis primeros meses del año (atracos en los que los delincuentes se apoderaron de quinientas pesetas o más). Quizá el frenesí en Barcelona era algo menor que en Madrid, pero, en general, reflejaba el carácter conflictivo y violento de aquellos meses[283].

Las divisiones del país no eran meramente sociales y verticales, sino también regionales y horizontales. La marea de cambios desatada por la victoria del Frente Popular aceleró las actividades de los movimientos autonomistas y regionalistas. A la restauración de la autonomía catalana siguió una nueva iniciativa de los nacionalistas vascos. El efecto contagio, junto con los ejemplos obvios de otras iniciativas obreras en todos los frentes y el respaldo del Gobierno nacional, dio energías a las fuerzas autonomistas en todas las grandes regiones. Indalecio Prieto, en Bilbao, el más influyente líder no nacionalista, comprendió que más retrasos en el avance hacia la autonomía vasca solo servirían para fortalecer a los nacionalistas más extremados, mientras que el Partido Nacionalista Vasco (PNV), aunque no era de izquierdas, entendía que la autonomía vendría más fácilmente de manos de las izquierdas. Se estableció un comité especial de las Cortes compuesto por José Antonio de Aguirre, líder del PNV, un socialista y un republicano de izquierda vasco, para formular los términos para la autonomía vasca, y el 24 de mayo Prieto anunció en Bilbao que estaba decidido a alcanzarla lo antes posible. Este comité tramitó una propuesta de estatuto cuya aprobación estuvo casi lista a mediados de julio.

A principios de mayo, representantes de las tres provincias aragonesas se reunieron en Caspe para comenzar los trabajos encaminados a redactar un estatuto de Aragón, siguiendo de cerca el modelo catalán[284], y el 20 de mayo delegados del Partido Agrario y de la CEDA empezaron a hacer lo mismo en Castilla y León, aunque en este caso hubo disidentes que pretendieron incluir a Castilla la Vieja y León, si bien el 9 de junio el Ayuntamiento de Burgos votó a favor de un estatuto para Castilla la Vieja en solitario. El 29 de mayo se lanzó una campaña en Gijón para obtener el respaldo para un estatuto asturiano, al tiempo que en la región valenciana ya se estaban realizando esfuerzos más amplios. El 6 de julio se reunió en Sevilla un cuerpo de delegados para comenzar la redacción de un estatuto para Andalucía, y el día 15, otro similar se reunió en Santa Cruz de Tenerife para preparar un documento para las islas Canarias[285].

El proceso estaba aún más avanzado en Galicia, donde el Frente Popular promovió de manera activa la campaña autonomista. El 28 de junio se celebró un plebiscito sobre el recién redactado estatuto gallego con una participación electoral del 74,52 %, de la que, según el resultado oficial, el 74 % votó a favor. Estas cifras sorprendieron a la totalidad de los observadores objetivos, ya que, tradicionalmente, Galicia había presentado la mayor tasa de abstención de toda España y el resultado escrutado en las elecciones generales de febrero había sido muy inferior. El escrutinio de junio parecía otra superchería electoral del Frente Popular.

De hecho, antes del plebiscito, los galleguistas se habían esforzado por obtener una excepción a la exigencia constitucional de que cualquier propuesta de estatuto de autonomía debía ser votada por mayoría absoluta. En general, se consideró que se había producido una manipulación masiva, sobre todo, tras el descubrimiento de que en algunos distritos rurales, que por lo general eran abstencionistas, se había escrutado un cien por cien de votos favorables. El nuevo estatuto fue remitido a las Cortes el 15 de julio para su ratificación definitiva[286].

Con campañas por la autonomía desarrollándose en toda España, existían peticiones tanto de las derechas radicales como de las izquierdas revolucionaras para la completa normalización del proceso. El 20 de mayo, Calvo Sotelo declaró a ABC que deberían existir estatutos de autonomía para todas las regiones o para ninguna, mientras el POUM pregonaba la creación de una «Unión de Repúblicas Socialistas de Iberia», una especie de Unión Soviética peninsular.

En las últimas semanas de la República, las Cortes sirvieron como la única caja de resonancia política no sujeta a censura y durante esta fase final los principales representantes de ambas facciones fueron, por un lado, el presidente del Gobierno y, por otro, Calvo Sotelo. Aunque tanto Gil-Robles como varios diputados del centro todavía ocupaban la tribuna de vez en cuando, Calvo Sotelo, más categórico e intransigente, se fue convirtiendo cada vez más en la voz de las derechas. Tanto Casares Quiroga como Calvo Sotelo eran gallegos, aunque diferían del todo en su aspecto físico, su estilo personal y sus lealtades políticas, detestándose cordialmente. Casares era delgado, intenso, emotivo y por esta fecha sufría de una tuberculosis de la que, aunque controlada, nunca llegó a curarse del todo. Por su parte, Calvo Sotelo era ancho de hombros, un hombre fornido y corpulento con aspecto de toro, vigoroso, analítico y con un gran control sobre sus emociones, aunque también vehemente.

Es probable que la sesión del 16 de junio fuera la más dramática y la citada más a menudo en la historia de la República. Gil-Robles dio lectura a otro de sus resúmenes estadísticos periódicos acerca del desorden, alegando que desde el 15 de febrero al 15 de junio, 269 personas habían sido asesinadas y 1.287 habían resultado heridas en actos de violencia política; 160 iglesias habían quedado totalmente destruidas y se habían causado daños a otras 251 iglesias y edificios religiosos. El volumen total de los ataques al clero y a edificaciones religiosas, así como a miembros de la Iglesia, había alcanzado un nivel masivo[287]. Durante el mes transcurrido desde el nombramiento de Casares Quiroga, se habían producido 69 muertes y se habían destruido 36 iglesias. Finalizó Gil-Robles con una lista de los desórdenes que, según dijo, se habían cometido en las últimas veinticuatro horas e informó de que el British Auto Club había comunicado a sus miembros que ya no resultaba seguro conducir por España debido a la violencia aleatoria y a la extorsión practicada contra motoristas en las carreteras.

A continuación se levantó Calvo Sotelo, declarando que esa era la cuarta vez en tres meses que se dirigía al Parlamento para tratar del problema del orden público. En ese momento, la sesión ya había pasado a ser tormentosa, con frecuentes interrupciones e insultos. Calvo Sotelo insistió en que la situación solo podría rectificarse con un «Estado integral» de autoridad y que si era necesario denominarlo «un Estado fascista», entonces «yo me declaro fascista». Aquí tomó la palabra Casares para denunciar al orador anterior, declarando que, «después de lo que ha dicho su señoría ante el Parlamento, de cualquier cosa que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, haré responsable ante el país a su señoría». Dada la situación imperante en España, un jefe de Gobierno constitucional anunciando lo que después se consideraría la sentencia de muerte de un miembro del Parlamento constituyó un espectáculo sin precedentes. Casares también negó que el Socorro Rojo Internacional u otros grupos radicales estuvieran practicando la extorsión en las carreteras; una descarada falsedad, puesto que en el mes anterior el propio Alcalá-Zamora había sido una de las víctimas[288] y, de hecho, el Gobierno había emitido, en vano, el 11 de mayo, una orden a los gobernadores civiles para que pusieran fin a dichas extorsiones.

Como era habitual, el análisis más objetivo provino de Juan Ventosa, de la Lliga:

Lo que más me alarma de la sesión de hoy es el optimismo del presidente del Consejo de Ministros, que encuentra la situación bastante agradable e incluso soportable. No parece verosímil. Le dejo la responsabilidad de esa afirmación ante España y ante el extranjero, pues en todas partes, desgraciadamente, son conocidos los hechos que aquí ocurren. Y lo más grave que puede aducirse es el argumento de que todo lo que pasa ahora está justificado por lo que ocurrió hace dos años. Yo no quiero discutir lo que ocurrió. Pero, ¿es que los excesos e injusticias de unos pueden justificar el atropello, la violencia y las injusticias de los demás? ¿Es que estamos condenados a vivir en España perpetuamente en un régimen de conflictos sucesivos, en que la subida al poder o el triunfo de unas elecciones sea el inicio de la caza, la persecución o el aplastamiento del adversario? Si fuera así, habríamos de renunciar a ser españoles, porque ello sería incompatible con la vida civilizada de nuestro país.

Todavía peor, dijo, era el hecho de que el presidente del Gobierno hubiera declarado de modo oficial «que el Gobierno era beligerante» y que estaba en guerra contra una parte de su ciudadanía, embarcado en una especie de guerra civil más que en un Gobierno de justicia e imparcialidad. Así, «ha tenido su señoría palabras que no pueden conducir a otro resultado que a enconar la violencia […]». Ventosa denunció la nueva legislación encaminada a «republicanizar la judicatura», a la que tachó con acierto de ser un proyecto para «destruir la independencia del poder judicial», y concluyó:

Mantened el Frente Popular o rompedlo; haced lo que os plazca; pero si el Gobierno no está dispuesto a dejar de ser beligerante, para imponer a todos por igual el respeto a la ley, vale más que se marche, porque por encima de los partidos y combinaciones está el interés supremo de España, que se halla amenazada por una catástrofe.

Se levantó entonces Joaquín Maurín para presentar el argumento opuesto, esto es, que «el Gobierno no ha hecho ni la centésima parte de lo que contiene el programa del Frente Popular». Exigió un Ejecutivo ampliamente frentepopularista dirigido por los partidos revolucionarios, la nacionalización de gran parte de la economía y la eliminación del fascismo, «hoy un peligro real».

Después de una segunda intervención de Gil-Robles, se levantó Calvo Sotelo para pronunciar el párrafo más famoso de su vida, que a menudo se ha citado a modo de epitafio:

Yo tengo, señor Casares Quiroga, anchas las espaldas. Su señoría es hombre fácil y pronto para el gesto de reto y para las palabras de amenaza. Le he oído tres o cuatro veces en mi vida, las tres o cuatro desde ese banco azul, y en todas ha habido siempre la nota amenazadora. Bien, señor Casares Quiroga, me doy por notificado de la amenaza de su señoría […] Yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de aquellos actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para bien de mi patria y para gloria de España, las acepto también […] Pero, a su vez, invito al señor Casares Quiroga a que mida sus responsabilidades estrechamente […], repase la historia de los veinticinco últimos años y verá el resplandor doloroso y sangriento que acompaña a dos figuras que han tenido participación primerísima en la tragedia de dos pueblos: Rusia y Hungría. Fueron Kérensky y Károlyi. Kérensky fue la inconsciencia; Károlyi la traición a toda una civilización milenaria. Su señoría no será Kérensky, porque no es inconsciente, tiene plena consciencia de lo que dice, de lo que calla y de lo que piensa. Quiera Dios que su señoría no pueda equipararse jamás a Károlyi.

Julián Zugazagoitia, redactor jefe de El Socialista, escribió más tarde que aquella sesión «fue uno de los días en que mayor preocupación observé en Prieto. A su inquietud se unió una suerte de sorda irritación: “Esta es una Cámara sin sensibilidad. No sé si es que estamos sordos o es que lo fingimos. El discurso que ha pronunciado Gil-Robles esta tarde es de una gravedad inmensa. Cuando detrás de mi banco oía risotadas e interrupciones estúpidas, no podía evitar el sentirme abochornado. Gil-Robles, que tenía conciencia de lo que estaba diciendo, debía considerarnos con una mezcla de piedad y desprecio. Recuerde que el jefe de la CEDA nos ha dicho que su fuerza política, después de madurado examen, había venido desarrollando su actividad en el área de la República, y que él, personalmente, no sabía si había cometido una ligereza culpable al aconsejar a sus amigos esa conducta, pero que, en todo caso, cada día era menor su autoridad para convencerlo de que no se debía romper con ella. Esa merma de mi autoridad, decía, procede de la conducta de la República y de la disminución de mi propia fe en que pueda acabar siendo un cauce legal y una voluntad nacional”. Y todavía ha añadido: “Condeno la violencia, de la que ningún bien me prometo, y deploro que amigos muy queridos y numerosos se acojan a esa esperanza como única solución. La interpretación de esas palabras no puede ser más diáfana. La propia CEDA está siendo absorbida por el movimiento que en connivencia con los militares están preparando los monárquicos”. Con una suerte de desánimo fatalista, Prieto añadió: “Una sola cosa está clara: que vamos a merecer, por estúpidos, la catástrofe”»[289].

Dando en apariencia por acabada toda esperanza de lograr una coalición mayoritaria más amplia de centro o de centro-izquierda, Miguel Maura, uno de los fundadores de la República, analizó la cada vez más desesperada situación en una serie de seis artículos, muy leídos, que publicó El Sol (el más destacado periódico del país en aquellos años), entre el 18 y el 27 de junio. Concluyó:

En la vida provincial y rural son las masas anónimas y exaltadas las que mandan y gobiernan a través de gobernadores sometidos a los comités jacobinos del Frente Popular, cuyos excesos y desmanes tiene aquella autoridad que refrendar, a través de los alcaldes y presidentes de gestoras[290], verdadera plaga bolchevizante que está asolando el país. Los ciudadanos pacíficos viven con la sensación de que las leyes son letra muerta y que los incendios, asaltos, allanamientos de morada, homicidios, insultos y agresiones a la fuerza armada han dejado de figurar en los preceptos del Código Penal para quienes pueden alegar como eximente el uso de una camisa roja y azul[291], o la insignia estrellada con la hoz y el martillo. El puño en alto es un salvaconducto y talismán que permite los mayores excesos.

La reacción no podía faltar. Así ha tomado cuerpo hasta llegar a ser una realidad preocupadora lo que se llama «fascismo». La masa incorporada a ese movimiento se ha formado por aluvión […] aunque del auténtico y legítimo fascismo italiano no tiene ese movimiento de la opinión española, sino el nombre y tal cual postulado doctrinal, que la mayoría de los afiliados desconoce.

Hoy, la República no es otra cosa —quiero creer que inconscientemente— que la parte exaltada y revolucionaria de la masa proletaria, que, al socaire del sistema democrático y liberal y de la ceguera de algunos hombres representativos de los partidos republicanos, prepara con prolija minuciosidad el asalto al poder y el exterminio de la organización social, capitalista y burguesa […] Nos lo dicen ellos mismos en sus propagandas en la prensa y en actos públicos.

[…] Si la República ha de ser eso, la República está inexorablemente condenada a muerte próxima, a manos de esos mismos que hoy se dicen sus únicos defensores o, lo que es más probable, a manos de la reacción opuesta.

Maura exigía una «dictadura nacional republicana», como Sánchez Albornoz, Sánchez Román y muchos otros, para salvar al país:

La dictadura que España requiere hoy es una dictadura nacional, apoyada en zonas extensas de sus clases sociales, que llegue desde la obrera socialista no partidaria de la vía revolucionaria hasta la burguesía conservadora que haya llegado ya al convencimiento de que ha sonado la hora del sacrificio y del renunciamiento en aras de una justicia social efectiva que haga posible la paz entre los españoles.

Sin embargo, concluyó en un tono muy pesimista: «No abrigo la menor esperanza de que mis razonamientos logren convencer a quienes tienen sobre sí el peso de la mayor responsabilidad en la hora actual de España». Esta sombría conclusión era correcta porque el análisis exacto y contundente de Maura, acertado tanto en su perspectiva como en sus detalles, meramente reflejaba las habituales amenazas y ambiciones formuladas por la prensa republicana de izquierda, caballerista, comunista y anarquista. El 28 de junio, Política fanfarroneaba, afirmando que la propuesta era «tan reaccionaria como pudiera ocurrírsele a cualquier líder de las derechas intransigentes», y, cuatro días antes, este foro de las izquierdas nominalmente moderadas había asegurado a sus lectores que si la CEDA volvía de nuevo al Gobierno, «establecería un fascismo tan inhumano y feroz como el de los nazis».

El único de los grupos del Frente Popular que pareció mostrar una cierta preocupación fue Unión Republicana, que celebró un congreso nacional en Madrid del 27 a 29 de junio. Martínez Barrio advirtió a sus seguidores que «lo que no puede soportar el pueblo español es vivir en un estado de constante insurrección», y propuso como posible solución «la colaboración gubernamental con los socialistas, incluso cediendo a estos la dirección». Aunque en su discurso de clausura declaró que el Gobierno de Casares Quiroga no desaparecería pronto, Martínez Barrio reiteró que, a la larga, debían fijar la mirada en la colaboración socialista y su posible liderazgo. En la prensa republicana de izquierda todavía aparecían de vez en cuando referencias a un posible Gobierno de Prieto[292], y el 2 de julio se citó a este en un periódico francés diciendo que lo que la República necesitaba era un Gobierno que no fuera «dictatorial, pero sí autoritario. La autoridad tenía que residir, más que en las personas, en las instituciones»[293].

Ossorio y Gallardo había escrito unos días antes:

De la situación actual nadie está contento. Hablo con representantes de todos los sectores del Frente Popular y en la intimidad de la conversación todos se muestran tan preocupados, tan inquietos, tan acongojados, como las clases conservadoras. Esta es la verdad, la pura verdad, aunque luego hay que disimularlo en servicio del partidismo.

Y añadía: «Y si esto es así, ¿a quién le apetece el frenesí actual? ¿A quién aprovecha? Solo tendría explicación lo que vemos si los revolucionarios estuvieran seguros de ganar la revolución. Mas serían muy ciegos si lo creen. En España no ganará el juego la primera revolución, sino la segunda: la de la reedificación»[294]. Durante estas semanas finales hubo muchos análisis pesimistas, de varias clases, que eran más o menos válidas, pero este de Ossorio, un hombre de centro-izquierda, fue uno de los más explícitamente acertados.

Los revolucionarios podían parecerle «ciegos», pero creían que la revolución violenta y anticonstitucional podría imponerse cuando llegara el momento, nunca exactamente especificado, y que podrían ganar la breve guerra civil que tendría lugar. Pero sería la resistencia en contra de este proceso lo que ganarían, algo en lo que coincidía Maura, como se ha visto. No obstante, a pesar de tales afirmaciones de hombres del centro y centro-izquierda, la verdad era que, a comienzos de julio, los contrarrevolucionarios parecían inciertos, divididos y débiles, sin líderes u organización eficaces, y de ahí, al menos en parte, sin la confianza de los revolucionarios.

La última, larga y conflictiva sesión plenaria de las Cortes comenzó a las siete de la tarde del 1 de julio y se prolongó durante doce horas, echada a perder por frecuentes gritos e incidentes.

Al menos en dos ocasiones, los diputados se empujaron y golpearon, se expulsó de la Cámara a un diputado de la CEDA y el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, incluso amenazó con abandonar el hemiciclo a modo de protesta. También fue esta la sesión en la que el socialista Ángel Galarza contestó a Calvo Sotelo con un comentario ad hominem: «Pensando en su señoría, encuentro justificado, incluso, el atentado personal». Estas palabras, la segunda amenaza de muerte dirigida al jefe monárquico en aquellas Cortes, se suprimieron en las actas por orden de Martínez Barrio, pero las recogieron varios periodistas[295]. Además, las palabras de Galarza predijeron su futuro papel personal, ya que tan solo unos meses más tarde, como ministro de Gobernación en la República revolucionaria de guerra civil, presidiría las masivas ejecuciones en Madrid, las más numerosas de cualquier provincia individual del país[296]. La acción de Galarza fue un buen ejemplo de cómo las amenazas y la violencia de las izquierdas en la República se transformarían en asesinatos multitudinarios durante la Guerra Civil.

Otro punto destacable fue la interpelación de las derechas a Ruiz Funes, el ministro de Agricultura, que los socialistas, con su habitual respeto por los procedimientos parlamentarios, intentaron guillotinar, aunque fracasaron por falta de votos. José María Cid habló en nombre del Partido Agrario, recitando un largo catálogo de abusos en el campo para finalizar diciendo: «¿Acaso quiere el Gobierno convertir el régimen capitalista en marxista? ¡Pues dígase con toda claridad!». Ruiz Funes respondió que el Gobierno debía luchar con graves problemas, incluyendo no menos de ocho mil reclamaciones por daños, a las que todavía tenía que enfrentarse el Ministerio de Agricultura, relativas a las pérdidas de trabajo y a las reducciones en los salarios de los dos años anteriores, e insistió de una forma no del todo convincente: «En todas las cuestiones de trabajo en que intervengo respeto el límite del beneficio industrial. No permito que se juegue con esto de que el Gobierno tolera que se vaya a una socialización». Pero igualmente indicó:

Yo creo sinceramente que se van a cometer, con motivo de la aplicación de la ley, algunas injusticias contra particulares, como con todas las leyes que, afectando a un sentido tradicional y superado del derecho de propiedad, han de traerse a la Cámara. […] Venimos a resucitar hoy los patrimonios rústicos municipales. Nuestra posición ha quedado ya definida de un modo sistemático y reiterado: no somos liberales en economía. No hay nadie que en la hora actual pueda inscribirse ni enrolarse en las doctrinas del liberalismo económico.

En esta fase final, el único grupo de izquierdas —aparte del POUM— que contaba con una política claramente definida era el Partido Comunista. Dada la importancia que logró el PCE solamente unos meses después, es importante aclarar su postura concreta en las últimas semanas de la República. La línea de la Comintern permanecía invariable: se debía sostener la unidad del Frente Popular y el Gobierno republicano de izquierda, pero empleando al máximo los mecanismos legales para convertir la República española en la «República democrática de nuevo cuño», del todo dominada por las izquierdas (lo que resultaba en especial irónico, desde el momento en que la única «República democrática de nuevo cuño» existente, la República Popular de Mongolia, no constituía exactamente una mercancía muy atractiva para el mercado político español, sobre todo, si se tomaba en consideración que el proceso reciente de colectivización había exterminado aproximadamente a un tercio de todos sus habitantes. No es necesario añadir que este tema preciso nunca fue objeto de discusión en España).

Semejante política requeriría la utilización completa de todos los recursos legales —y de algunos ilegales, pero siempre en nombre de «la República»— para reprimir e ilegalizar por completo a las derechas y al centro. Como lo expresó Mundo Obrero el 10 de junio, «la actitud del enemigo exige un ataque a fondo. Hemos llegado al límite de lo tolerable […]. El Gobierno ha sido demasiado tolerante». Una auténtica política frentepopularista exigiría «destruir todos los focos de apoyo al fascio que este tiene en la Magistratura, en el Ejército, en los Cuerpos armados. Castigar los intentos reaccionarios de la Patronal […]. Imponer la solución a los conflictos por ellos provocados». Debería producirse una drástica purga en la totalidad del ejército y la Policía, al tiempo que los comunistas preparaban a las MAOC al modo en que el miembro del Comité Central Antonio Mije denominó formar «los hombres del futuro ejército rojo obrero y campesino en España»[297]. Solo cuando se hubiese completado esta fase llegaría el momento de la insurrección violenta contra los restos de la República burguesa, para establecer un régimen soviético, un Gobierno obrero-campesino[298]. Al mismo tiempo, los comunistas intentaban refrenar a los anarquistas y socialistas más incendiarios y, en junio, la cúpula del PCE en Sevilla instó a poner fin de manera temporal a la arbitraria incautación de edificios religiosos, ya que daba una impresión demasiado violenta y extremista.

Dos de las prioridades comunistas para esta fase del Frente Popular —la confiscación de considerables cantidades de tierra agrícola y el comienzo de la eliminación directa de los grupos derechistas— ya habían sido iniciadas por el Gobierno. El 1 de julio, el grupo parlamentario comunista entregó a sus aliados del Frente Popular una propuesta legislativa para ordenar la detención de cualquiera que, en el momento de la insurrección de 1934, hubiese ocupado una posición de poder, de Lerroux para abajo, someterlos a un proceso sumario y confiscar sus propiedades[299]. Esto sería la lógica extensión de la táctica de utilizar la legalidad republicana para subvertir el orden constitucional, un proceso en el que los perpetradores presumían de castigar a las víctimas. Aunque la pretendida confiscación de propiedades violaba de forma directa la Constitución y fue rechazada por los republicanos de izquierda, el 9 de julio los comunistas alcanzaron el éxito con su agenda, cuando el resto de los grupos frentepopularistas acordaron retrasar el receso parlamentario veraniego hasta que se hubiese resuelto la cuestión de las «responsabilidades» en la represión. Por el contrario, los numerosos delitos violentos de los revolucionarios seguirían disfrutando de inmunidad[300]. Parecía que la «República de nuevo cuño» estaba en marcha.

Mientras los caballeristas exigían públicamente y de cuando en cuando la creación de unas «milicias revolucionarias», en la práctica hacían poco, mientras los comunistas, aunque muy inferiores en número, estaban mucho mejor organizados. Un asesor de la Comintern en actividades subversivas violentas y paramilitares, Vittorio Vidali (conocido con el seudónimo de Carlos Contreras) llegó a Madrid y fue ayudado por Enrique Líster y otros jóvenes dirigentes que habían recibido algo de entrenamiento en la Academia Frunze del Ejército Rojo en Moscú.

A mediados de junio, el partido anunció que las fuerzas de sus MAOC en Madrid ascendían a dos mil hombres, cuyo objetivo era llegar a ser «una organización de masas con un carácter semimilitar», sentando así «las bases de organización del futuro ejército rojo obrero y campesino»[301]. Las pequeñas secciones o escuadras terroristas del PCE quedaban separadas de las MAOC, con el fin de no comprometer a estas. En Madrid continuaron con sus acciones de guerrilla urbana contra los falangistas, aunque intentaron evitar el asesinato de policías para no provocar mayor alarma entre las clases medias. Los comunistas también hicieron todo lo posible para aumentar la influencia de la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA), y, más tarde, afirmarían que esta fue una extensión de la minúscula Unión Militar Antifascista, ya formada por el partido en 1934[302]. Además, Líster dirigía una pequeña «sección antimilitarista» secreta que recogía información y pretendía sembrar la subversión revolucionaria entre los soldados españoles.

Las últimas ocho sesiones ordinarias de las Cortes, que tuvieron lugar a principios de julio, estuvieron dedicadas primordialmente a discutir la confiscación y redistribución de las tierras comunales tradicionales y la aplicación de una posible sobretasa drástica a los terratenientes más acomodados. Conforme avanzaba el calor veraniego, descendió el interés y la asistencia. El Parlamento también se ocupó de la posible ampliación de la Ley de Amnistía, con los diputados centristas y derechistas insistiendo en que también se incluyese la amnistía para aquellos que, en 1934, habían defendido el orden legal.

Había ciertos signos de moderación. El 2 y el 8 de julio, El Sol opinaba que el resultado de las elecciones a la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista ofrecía la esperanza de que la política socialista asumiera una dirección más moderada, aunque, de hecho, esta no fuera precisamente la opinión de Prieto. En verdad, las especulaciones de El Sol se vieron desmentidas por el hecho de que el 2 de julio publicara, junto con otros periódicos, un nuevo «manifiesto de la Comisión Ejecutiva» del Partido Socialista que denunciaba «todo intento de retroceso en la política republicana» e insistía en que «la actitud del Partido Socialista es, en lo fundamental, exactamente la misma que en el otoño de 1934», una reafirmación de la insurrección que apenas era una llamada a la moderación. No obstante, tras la celebración de una reunión especial de los diputados del Frente Popular y las visitas de la Comisión Ejecutiva socialista al jefe del Gobierno, que tuvieron lugar el 9 y el 10 de julio, renacieron las especulaciones acerca de un posible cambio gubernamental. Los rumores decían que la izquierda podría haber perdido el dominio del grupo parlamentario socialista, que ahora estaría más dispuesto a apoyar una coalición de una base más amplia, aunque nunca existieron pruebas que defendieran tales conjeturas. El 11 de julio, en una entrevista concedida a un periodista argentino, Calvo Sotelo opinaba que, pese al aumento de las huelgas, creía que existía un menor riesgo que antes de que se produjese otra insurrección revolucionaria, y resultó estar en lo cierto al afirmar que ninguno de los partidos revolucionarios estaba planeando semejante actuación en un futuro inmediato.

Con todo, la violencia continuaba con poco descanso, al igual que la quema de iglesias y la confiscación ilegal de propiedades religiosas. Un grupo de diputados de la CEDA de la zona este del país informó al ministro de Justicia de que en un distrito de la provincia de Valencia, que contaba con cuarenta y dos ciudades y una población total de cien mil habitantes, se habían clausurado todas las iglesias y se había expulsado a ochenta y ocho sacerdotes. El 2 de julio empezó en Madrid otra secuencia de asesinatos políticos, y la noche del sábado 11 de julio tuvo lugar un grave incidente en Valencia, cuando cuatro falangistas armados se hicieron brevemente con el control de los micrófonos de Radio Valencia para anunciar el inminente estallido de la «revolución nacional sindicalista» falangista, lo que provocó un tumulto izquierdista en la cuarta ciudad más grande de España, en el que se incendiaron varias sedes derechistas y que solo quedó sofocado cuando tomó las calles un regimiento de artillería.

Uno de los aspectos más notables e intensos de estos conflictos era que muchas veces no se trataban de hostilidades entre forasteros, sino entre conocidos y vecinos:

Las gentes se conocían perfectamente. El odio, que estallaba escandalosamente en ocasiones, se manifestaba cotidianamente, estaba al acecho, desmenuzábase en provocaciones, insultos taimados, alusiones hirientes […]. Se extendía a familias. Lo que se diluía en el vivir de las grandes ciudades era muy concreto en numerosas capitales de provincia y pueblos, y provocaba una tensión permanente[303].

El 7 de julio se lamentaba El Socialista: «El sistema de la violencia como política de partido se va extendiendo en proporciones intimidantes y ninguna ventaja de orden civilizador se desprende de la eliminación alevosa de ciudadanos. Un retroceso psicológico nos ha conducido al “gangsterismo” político […]». Sin embargo, la conclusión que de esto extrajo Prieto difería de su anterior posición, porque ahora creía que ya no existía esperanza alguna de redención inmediata de la situación política. En apariencia, aceptaba cierto tipo de colapso, estallido o revuelta armada de las derechas como inevitable y sabía que pronto tendría lugar. No abandonó del todo los exordios a la moderación, aunque sus seguidores los habían ignorado con frecuencia, pero hizo más hincapié que nunca en la importancia de la unidad de las izquierdas. Este había llegado a ser un problema en Andalucía, donde los socialistas habían roto de manera temporal con el resto de los partidos del Frente Popular en Almería, y en Sevilla y Huelva los líderes de Unión Republicana se estaban distanciando de las prácticas incendiarias de los socialistas y los comunistas locales[304]. Ahora Prieto pretendía minimizar las diferencias entre los revolucionarios y los moderados para lograr la unidad a la vista de la reacción militar que él creía muy próxima. Instó al Gobierno a ser más vigilante y escribió en El Liberal el 9 de julio que «hombre prevenido vale por dos y un Gobierno prevenido vale por cuarenta».

A principios de la segunda semana de julio, las líneas se endurecieron más que nunca. Calvo Sotelo y también los líderes de la CEDA ya habían sido informados de que una rebelión militar era inminente y habían prometido su apoyo.

10

UN EJÉRCITO MUY DIVIDIDO

En el siglo XIX el ejército, o, mejor dicho, los mandos militares, llegaron a ser un factor fundamental, a veces determinante, de la vida política de España. En ese siglo, el país fue el primero de las tierras más tarde denominadas «subdesarrolladas» llamadas a incorporar nuevos sistemas liberales y constitucionales. En este sentido la experiencia española fue paradigmática en los anales políticos y el liberalismo español originario constituyó una especie de «ideal» para las aspiraciones semejantes por todo el sur y el este de Europa, desde Portugal hasta Rusia, y también funcionó de un modo paralelo en algunos países hispanoamericanos durante aquella época.

Tales iniciativas, sin embargo, fueron casi inevitablemente condenadas a la frustración por ausencia de una sociedad civil que las apoyase, sin unos niveles mínimos en educación y en economía. En esa situación de debilidad, y debido especialmente a las fuertes divisiones políticas de las élites y, a veces, de la sociedad en general, el ejército funcionó durante unas tres generaciones como un «poder moderador», no meramente para mantener el orden, sino también para determinar cambios en el Gobierno que promovieran nuevas élites al poder. Con las fuerzas civiles tan débilmente organizadas y movilizadas, la alternativa militar parecía casi natural, casi inevitable, y en esto también la experiencia de España fue paradigmática para toda clase de países en los otros continentes del mundo, salvo América del Norte, durante los dos siglos siguientes.

Una cierta estabilización del liberalismo se logró finalmente bajo la monarquía restaurada en 1874. Un objetivo básico de su líder principal, Antonio Cánovas del Castillo, era eliminar la intervención de los militares en la política, algo que en gran parte se consiguió durante casi medio siglo. Sin embargo, aunque se acabaron los pronunciamientos y las intervenciones violentas, el ejército seguía siendo en ciertos aspectos básicos una institución muy especial y sus intereses eran tratados con gran respeto. Como fuerza militar, el ejército español era atrasado y deficiente, con armas anticuadas y recursos muy limitados, a pesar de (o tal vez como consecuencia de) la gran cantidad de guerras internacionales, coloniales y civiles de España a lo largo del siglo XIX. Las muchas intervenciones y los conflictos civiles habían tenido como resultado una notable hipertrofia en el número de oficiales, muchos más —en proporción a la cifra de tropas— que en cualquier otro ejército europeo. De ahí que un gran porcentaje del presupuesto tuviera que dedicarse simplemente a los sueldos de oficiales y no a las armas y otras materias.

Durante toda la época «pretoriana» del ejército español, de 1814 a 1936, los valores políticos de los oficiales militares no cambiaron tan drásticamente como parecía. La gran mayoría de los oficiales siempre fueron obedientes al mando, y entre la minoría de activistas políticos en los rangos superiores, el único gran cambio fue el tránsito del tradicionalismo de 1814 a una actitud predominantemente liberal en la generación siguiente. Este liberalismo relativo se expresó en el activismo liberal del reinado de Isabel II y del Sexenio Democrático que lo siguió, pasando a la neutralidad parcial durante la época liberal-conservadora de la Restauración. En las primeras décadas, los activistas militares estaban moderadamente a la izquierda; en la Restauración, en el centro, y solamente con la radicalización de la vida política en la primera parte del siglo XX se movieron más hacia la derecha. Pero el entorno político cambió mucho más que las actitudes básicas de los militares.

Los nuevos conflictos y disensiones del siglo XX, con la disidencia política, la violencia revolucionaria en las ciudades industriales y una larga guerra colonial frustrada en Marruecos, provocaron una intervención militar en 1923. El general Miguel Primo de Rivera llevó a cabo el último pronunciamiento clásico en la historia de España, pero, en lugar de forzar un cambio en el Gobierno parlamentario, como sus antecesores decimonónicos, se convirtió en el primer dictador militar, de forma directa. Representó una radicalización de la política, y la reacción en contra de esto dio vida al republicanismo por primera vez en medio siglo. Así, no fue sorprendente que una de las reformas principales del primer Gobierno republicano fuera la del ejército.

Manuel Azaña fue el primer ministro de Guerra republicano y llevó a cabo una serie de medidas para reestructurar las instituciones militares. El mayor logro fue la reducción drástica del número de oficiales, ofreciendo pensiones vitalicias con sueldo completo para cualquier oficial dispuesto a jubilarse y a cualquier edad. Millares de jubilaciones redujeron las dimensiones del cuerpo de oficiales en casi un 40 %, pero fue una política muy costosa que dejaba poco dinero para adquirir armas nuevas. Se consiguió reformar y mejorar algo la estructura del ejército, pero seguían existiendo las mismas deficiencias en tecnología, armas y preparación, aunque ahora con menos oficiales superfluos.

Si los efectos de la reforma del ejército en el aspecto puramente militar fueron casi inapreciables, el otro objetivo de Azaña, «republicanizar» el ejercito, en última instancia llegó a ser contraproducente, pues inspiró cierto anti-republicanismo que al comienzo no existía. El intervencionismo en el siglo XIX no había surgido de irreprimibles ambiciones militares, sino de la persistente división y del desorden en la vida pública, así como de la falta de acceso a la vida política. La experiencia de la dictadura había «quemado» a los militares, que preferían no verse involucrados en conflictos políticos. Sin embargo, en 1930 a los políticos republicanos les pareció bien incitar a los militares a rebelarse en contra de la monarquía. Los oficiales prorrepublicanos fracasaron estrepitosamente, dada la poca inclinación de los militares a asumir responsabilidades políticas. En cambio, en abril de 1931, después de las primeras elecciones, cuando los republicanos lanzaron su «pronunciamiento civil», los militares no levantaron un dedo para resistir el advenimiento pacífico del nuevo régimen. De hecho, algunos de ellos lo alentaron. En 1931, los militares no se sentían especialmente monárquicos, y de resueltos antirrepublicanos había aún menos. Incluso un general tan decididamente monárquico como Franco pronto aceptó el cambio de régimen y el hecho de que la República se hubiera ganado la legitimidad en la opinión de la mayoría de los españoles. Casi la totalidad de los oficiales aceptaron lo que se presentaba como un Estado democrático, unido y ordenado.

En 1932-1933 esta actitud empezó a cambiar como consecuencia de las acciones y la política de los mismos republicanos. Los factores fundamentales fueron tres: la actitud de Azaña y de las izquierdas en general con respecto al ejército; ciertos efectos de la reforma militar, y la expansión de la violencia, el desorden y el separatismo político. Azaña y otros políticos de izquierdas no estaban satisfechos con la disciplina y el respeto demostrados por el ejército y pensaban cambiar la psicología militar, «democratizar» de alguna manera el ejército, que no se define como institución democrática, y favorecer especialmente a la minoría de oficiales izquierdistas. El mismo estilo de Azaña, arrogante e insultante, irritó bastante a muchos oficiales, mientras la actitud general de las izquierdas era que cualquier cosa no izquierdista debía ser subyugada.

A pesar del resentimiento, bastante generalizado, los militares, por lo general, tenían poco afán de protagonismo político. Los mandos y el cuerpo de oficiales estaban muy divididos en sus opiniones. Si, como la mayoría de los españoles, una buena parte de los militares no eran monárquicos, tampoco eran izquierdistas, mientras el radicalismo político se percibía cada vez más como una amenaza. Pero, dadas estas divisiones y la ausencia generalizada de un afán de protagonismo político, los militares habían resistido varios intentos, entre 1932 y 1935, de involucrarlos en la vida política. Los que habían querido hacerlo a veces miraban hacia Franco, que siempre decía que el ejército no podía aceptar una responsabilidad política y que estaba muy dividido. En las mini crisis de diciembre de 1935 y febrero de 1936, Franco repetía que la única situación en la que el ejército podía asumir la responsabilidad de intervenir directamente sería si se producía una crisis fundamental del Estado, pero no para resolver una crisis política ordinaria.

No obstante, la actitud del Frente Popular fue aún más hostil que la de los republicanos de 1931. Los partidos de izquierda insistían en reasumir la cuestión de las «responsabilidades» militares, un pleito que había desempeñado un papel fundamental en el desastre parlamentario de 1921-1923. En 1936 el asunto resurgió con el Frente Popular de una forma incluso más partidista y politizada. En 1921, el mando militar había sido responsable por un desastre militar; en 1934, en cambio, había aplicado la ley y había salvado la Constitución. Las exigencias de amnistía por parte de las izquierdas para todos los implicados en la insurrección de 1934 —asesinos incluidos, sin tener en cuenta la naturaleza de sus delitos— no incluían al personal militar y policial, acusado de cometer «excesos» cuando aplicaron la ley. Según la lógica invertida de las izquierdas, los primeros fueron actos justificables de expresión política (como si se hubiese tratado de una manifestación pacífica), y los últimos, grandes delitos, merecedores de castigo. Quienes se rebelaron contra el orden legal no eran considerados culpables; quienes defendieron el orden constitucional, en comparación, habían cometido delitos graves. Mientras esto último fuera del todo posible, no existía razón objetiva alguna por la que debieran ser juzgados con severidad, mientras que aquellos fueron amnistiados. De este modo, las izquierdas preconfiguraron con exactitud, unos meses más tarde, la lógica de los militares rebeldes, cuando, una vez comenzada la Guerra Civil, procesaron, por «rebelión militar», precisamente a aquellos oficiales que se negaron a participar en la rebelión. No hacían más que aplicar la lógica torcida de las izquierdas, aunque luego estas —de un modo hipócrita— les acusaron de hipocresía.

En esta cuestión, la demagogia más aguda era la de la vitriólica Dolores Ibárruri, Pasionaria, que ya tenía fama de ser la principal propagandista del Partido Comunista. En un discurso pronunciado el 1 de marzo declaró:

Vivimos en una situación revolucionaria que no puede ser demorada con obstáculos legales, de los que ya hemos tenido demasiados desde el 14 de abril. El pueblo impone su propia legalidad y el 16 de febrero pidió la ejecución de sus asesinos. La República debe satisfacer las necesidades del pueblo. Si no lo hace, el pueblo la derribará e impondrá su propia voluntad[305].

El Gobierno de Azaña encontró estas exigencias, repetidas por casi todos los sectores de los movimientos revolucionarios, imposibles de resistir, y el 10 de marzo detuvo al general Eduardo López Ochoa, el exinspector general del ejército que había comandado la campaña asturiana, a pesar de ser un republicano relativamente liberal y masón. Paradójicamente, en Asturias los militares de la línea dura, como el teniente coronel Juan Yagüe, le habían criticado por ser demasiado indulgente con los rebeldes. Además, se arrestó a un capitán de la Guardia Civil y a varios otros oficiales militares.

Las izquierdas habían criticado con la máxima dureza a los nuevos nombramientos de mandos militares hechos por Gil-Robles y Franco en 1935, cuando estos asignaron todos los puestos clave a oficiales de mayor fiabilidad, principalmente conservadores. Por eso, el Gobierno de Azaña reasignó la mayor parte de los puestos más relevantes, colocándolos en manos pro-republicanas o, al menos, políticamente más fiables. Se retiró a Franco de la Jefatura del Estado Mayor Central y se le destinó a la Comandancia General de Canarias, donde le sería muy difícil participar en cualquier maniobra política. El general Juan Fanjul, antiguo subsecretario, se quedó sin destino; el general Manuel Goded, director general de Aeronáutica, fue enviado a Baleares; de Marruecos, el general Emilio Mola pasó a la jefatura de la XII Brigada en Pamplona, y así sucesivamente. Una vez que, a mediados de marzo, se adjudicaron los nuevos destinos, se calculaba que de veintidós altos cargos del ejército, catorce estaban ocupados por republicanos leales, cuatro por conservadores moderados y solo tres por jefes más sospechosos, pero todos estos en sitios remotos. Respecto a la Guardia Civil, se siguió una política similar. Un decreto del 21 de marzo establecía la categoría de «disponible forzoso» para aquellos oficiales bajo sospecha y, durante los cinco meses siguientes, hasta el 18 de julio, el Gobierno cambió a 206 capitanes de los 318 con mando directo de tropas, a 99 de los 124 comandantes, a 68 de los 74 tenientes coroneles y a los 26 coroneles[306]. Todos los revolucionarios que con anterioridad habían sido expulsados de las unidades del ejército y la Policía (y también muchas veces encarcelados) por su implicación en los acontecimientos de 1934 fueron reincorporados en virtud de los decretos de 22 de febrero y 2 de marzo, nombrando así a delincuentes para aplicar la ley.

Se puede preguntar por qué Franco no fue asignado a la categoría de «disponible forzoso», sin mando directo, pero la verdad es que nunca había tomado la menor iniciativa política. Como Juan Negrín decía en aquellas semanas a otro líder socialista:

A mí no me parece Franco un hombre propenso a las aventuras; por el contrario, es prudente y cauto. Cuando la subversión de Sanjurjo, nada tuvo que ver con ella; después, durante el Gobierno de la CEDA, cuando Gil-Robles estaba en Guerra, pudo dar un golpe de Estado sin que nadie se le opusiese, destrozados estábamos nosotros y Cataluña, después del movimiento de octubre, y permaneció tan tranquilo. Tenía una Cámara que habría justificado cualquier acto contra la República, ya que abstenidos nosotros no había más que cincuenta diputados republicanos, y tampoco hizo nada[307].

Franco estaba disgustado por haber perdido su puesto como jefe de Estado Mayor, y más adelante diría que consideró aquel nuevo destino como un «destierro». En cierto sentido estaba en lo cierto, porque el nuevo Gobierno quería tenerle lejos, por más que Canarias fuera un puesto de mando importante, correspondiente a su rango de general de división. Él y su familia se quedaron en Madrid durante tres semanas antes de embarcarse rumbo a Canarias, y Franco hizo las visitas preceptivas de cortesía para despedirse del presidente y del primer ministro. Alcalá-Zamora no le pudo recibir, pero, según Franco, respondió por escrito a las preocupaciones expresadas por el general, afirmando que no compartía sus inquietudes por el futuro político, aunque, si tal era realmente su opinión, la cambiaría muy pronto. Franco sí consiguió reunirse con Azaña, a quien sugirió que un cargo adecuado en Madrid le permitiría servir al Gobierno para mantener la estabilidad del ejército e incluso contribuir a evitar conspiraciones militares. Aunque su propuesta sonaba maquiavélica, indicaba con claridad que estuvo dispuesto a ayudar incluso a un Gobierno de izquierdas dependiendo de su política y estabilidad. Franco mantuvo esta actitud durante algún tiempo, de acuerdo con sus principios profesionales. El porvenir le preocupaba, pero Azaña era el jefe del Gobierno, tenía mucho prestigio y era posible que consiguiera enderezar las cosas. Sin embargo, este le contestó, con su habitual desprecio, que él en absoluto estaba preocupado ni por el ejército ni por el país. Como Alcalá-Zamora, cambiaría de criterio más tarde y, visto en retrospectiva, cabe preguntarse cómo habría variado el destino del país si Azaña hubiese aprovechado la oferta de Franco[308].

Tras llegar a lo más alto de la jerarquía militar, Franco se sentía deprimido por su destierro en Canarias y también por el futuro político de España. Por el testimonio de su hija Carmen sabemos que «antes de irse a Canarias, mi padre pensó pedir la excedencia por un tiempo», lo que, en principio, le habría permitido ganar tiempo para que la política se estabilizara o, al menos, para que se clarificara. Puede que incluso llegara a pensar en viajar al extranjero durante una temporada para librarse de las amenazas de los izquierdistas que pedían su encarcelamiento. Según su hija, fue el cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, un líder de la CEDA, «el que más le empujaba hacia la política», un dato que el propio Serrano corroboraría, y quien le quitaría de la cabeza la idea de marcharse[309]. Franco estuvo sopesando la posibilidad de observar la crisis probable que se avecinaba ya fuese evitando su participación en algo que no fuera estrictamente militar, o marchándose al extranjero, o posiblemente asociándose con un movimiento militar desde una distancia de seguridad. Al cabo de unos días, el muy cauteloso y pragmático general decidió no marcharse al extranjero ni desempeñar un papel activo en política, y optó por seguir, como siempre, su camino profesional como militar. Llegó a la conclusión de que, de un modo u otro, el servicio activo lo situaría en la mejor posición. Si hubiera escogido cualquier otra iniciativa aquel invierno de 1936, el desarrollo de los acontecimientos en España podría haber sido muy diferente.

El odio hacia los militares era tan intenso entre las izquierdas que se dieron frecuentes casos de insultos públicos a oficiales e, incluso, en algunos momentos, ataques físicos. Lo que el soldado José Llordés observaba en Melilla era típico también de varios lugares en la península:

Toda la juventud estaba siempre a punto de explotar en cuanto veía pasar a un sacerdote, a un religioso o algún jefe militar. Durante las horas en que los obreros y los jóvenes, tanto chicos como chicas, trabajaban, nada sucedía, pero al terminar la jornada a las siete, a las ocho de la tarde y al ir a pasear, si se encontraban con alguien de estos que he citado, le insultaban, le afeaban y hasta le escupían. Estos casos se daban más a menudo los días festivos. Más de una vez habíamos presenciado algún día de fiesta por la tarde estos insultos en plena calle y en los mismos cafés que tenían las mesas en la acera donde se sentaban los oficiales. Al pasar una recua de mozalbetes con chicas de su edad con pañuelos rojos anudados al cuello, cantando canciones deshonestas y chicharracheras y el puño en alto frente a las mesas de los oficiales, les maltrataban y escupían. Los oficiales callaban y en cuanto podían se marchaban a sus casas[310].

Azaña anotó en su diario que un joven asistente del nuevo ministro de la Guerra, un oficial de irreprochable conducta, se había visto empujado por una turba izquierdista, y el 13 de marzo el propio ministro emitió una nota en la que expresaba su «indignación por las injustas agresiones» a oficiales, instando a estos a no dejarse provocar. También, y de forma pública, negó que existiera peligro alguno de «conspiraciones militares», como se rumoreaba, y declaró que los militares merecían el respeto y la solidaridad de todos por ser «el más firme apoyo del Estado republicano»[311]. A la vista de los acontecimientos posteriores, esto puede parecer un tanto fantástico, pero en aquel momento tenía todo el sentido para el Gobierno, ya que precisaba del respaldo del ejército si pensaba mantener cierto equilibrio entre los movimientos revolucionarios y un republicanismo radicalizado que, de alguna manera, debía seguir siendo constitucional.

Ciertamente, el Gobierno había asegurado la lealtad de la mayor parte de los jefes con mando de tropas. La rebelión del 18 de julio estuvo apoyada, en el plano de la jefatura activa, solamente por el director general de Carabineros (Queipo de Llano, un conocido republicano y consuegro de Alcalá-Zamora), dos generales de división con mando (Cabanellas y Franco) y dos generales de brigada con mando (Goded y Mola). Con todo, los cambios de destino por sí solos eran insuficientes para prevenir la conspiración que se había iniciado entre algunos militares después de las elecciones y que ya nunca cesó.

Existía una organización semisecreta, la Unión Militar Española (UME), que, en la primavera de 1936, afirmaba contar con 3.436 afiliados, la cuarta parte de los oficiales en activo, y con el apoyo de 1.843 oficiales retirados y 2.131 suboficiales[312]. El color político de la UME era anti izquierdista, pero más allá de esto, su único programa era la defensa de los intereses militares. Poseía ciertas de las cualidades de un semisindicato de oficiales, pero carecía de líderes con prestigio y de una estructura compacta, y tampoco era un instrumento conspiratorio eficaz.

La Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA) era la contrapartida izquierdista más directamente política, constituida en 1935 tras la fusión de la Unión Militar Republicana (creada en Marruecos el año anterior) y la muy pequeña Unión Militar Antifascista, entidad clandestina de los comunistas. La UMRA no contaba con más de unos cientos de miembros pero entre ellos había dos generales, incluido el nuevo director general de Aeronáutica, Miguel Núñez de Prado. La representación masónica tenía alguna importancia en la UMRA, cuyas ramas más relevantes se encontraban en Madrid y Barcelona[313].

En los primeros días después de las elecciones, el principal inspirador de la conspiración militar fue Manuel Goded. Todavía se consideraba liberal, y hasta republicano, aunque vehementemente anti-izquierdista, pero muy pronto fue destinado a Baleares y su papel fue asumido durante un tiempo por el general Ángel Rodríguez del Barrio, antiguo inspector general del ejército. Consiguió reunir a un pequeño grupo de jefes de alguna importancia, llamado por algunos historiadores, con cierta exageración, la «junta de generales», aunque la mayor parte eran jubilados sin mando de tropa. Un oficial que trataba de crear contactos más amplios fue el teniente coronel Valentín Galarza, del Estado Mayor, que había participado intermitentemente en conspiraciones durante algún tiempo. Era el coordinador principal (si es que tal cosa existía) de la UME y, más tarde, el oficial que ofrecería apoyo militar a Alcalá-Zamora en el momento de su salida de la presidencia.

El 8 de marzo, Rodríguez del Barrio convocó una reunión privada de diez jefes militares anti-izquierdistas, algunos de ellos jubilados, que tuvo lugar en el apartamento de un diputado, oficial retirado, de la CEDA[314]. Tras cinco horas de conversación, con opiniones a veces discordantes, se pusieron de acuerdo para formar una especie de junta secreta de generales mayores (casi todos jubilados o sin destino) que residían en Madrid, con el objetivo de dirigir la «organización y preparación de un movimiento militar que evite la ruina y la desmembración de la patria», pero que «solo se desencadenará en caso de que las circunstancias lo hiciesen absolutamente necesario». En la reunión participó Franco, horas antes de su salida de Madrid, pero fue uno de los más cautelosos. En parte por la insistencia de Franco, se acordó que, al menos por el momento, habría una rebelión militar solo si ocurriese alguna de las situaciones siguientes: a) la formación de un Gobierno dirigido por Largo Caballero; b) un colapso en la anarquía general; o c) una insurrección revolucionaria peligrosa. También se acordó que tal iniciativa, si tenía lugar, no tendría una finalidad política específica, salvo la derrota de las izquierdas. El memorándum de la reunión, redactado por el general Manuel González Carrasco, precisaba: «Por iniciativa de Mola, y decisión de Franco, se acordó que el movimiento militar fuese exclusivamente por España, sin ninguna etiqueta determinada. Después del triunfo se tratará de problemas como el de la estructura del régimen, símbolos, etcétera»[315].

Si el movimiento se producía, el líder jerárquico sería el general José Sanjurjo, que había tenido el rango de teniente general y había capitaneado la rebelión abortada de 1932. En 1936, Sanjurjo residía en Lisboa, y nunca podría desempeñar un papel muy activo en la conspiración posterior. Sanjurjo no se encontraba en disposición de preparar un movimiento militar eficaz, pero era el militar rebelde más veterano, y el más fácilmente reconocido como jefe principal[316]. El general González Carrasco, el más antiguo de rango entre los jefes en la reunión, actuaría como el enlace y representante de Sanjurjo en Madrid. Fue un comienzo tentativo y algo incierto; tal vez la consecuencia más importante fue que los jefes de la Comunión Tradicionalista carlista, que tenían contactos con dos de los conspiradores, el 28 de marzo crearon una «Junta Técnica Militar» para empezar la organización de las milicias carlistas[317].

Por vez primera —con la posible excepción de 1924, cuando dejó traslucir cierta oposición al dictador Primo de Rivera—, Franco se había convertido en un conspirador político. No obstante, la iniciativa era muy vaga y no tenía mucho apoyo concreto, y además, en apariencia, Franco había conseguido imponer el mismo criterio que invocó tres meses antes: una crisis política ordinaria no era suficiente para provocar una insurrección, que solo sería justificable ante una amenaza inmediata de revolución o absoluta quiebra nacional. Además, no se trataba de la cuestión de la restauración de la monarquía, ni tampoco la de si seguir o no las líneas políticas de los partidos de derechas. La naturaleza de un régimen alternativo —si se llegaba a establecer— tendría que considerarse en su momento. Franco se mantendría fiel a esos criterios durante los cuatro meses siguientes. Mola y él estaban de acuerdo en la necesidad, si se daba el caso, de un programa «abierto» respecto al futuro político, aunque Franco empezó a asumir una postura cada vez más radical a las pocas semanas de iniciarse la Guerra Civil.

La familia Franco llegó a Canarias el 11 de marzo, y dos días después, el general tomó posesión del mando en el cuartel general de Santa Cruz de Tenerife. Allí, los sindicatos izquierdistas habían declarado un día de huelga general para protestar por su llegada a la isla, por lo que, cuando desembarcaron, la familia se encontró con una manifestación de obreros que les hacían burlas e insultaban. La hostilidad en la isla era palpable y su esposa llegó a asustarse de verdad; pidió que un grupo de jóvenes oficiales y suboficiales de confianza organizaran una guardia informal para el comandante y su familia.

Con independencia de que Franco estuviera o no en peligro, lo cierto es que estaba vigilado, su teléfono pinchado y su correo intervenido, por lo que el único medio seguro para comunicarse con sus colegas de armas en la península era a través de mensajeros personales. Los contactos eran bastante intermitentes, con enlaces personales, en la forma de cartas reservadas y contactos en clave manejados por el ayudante militar de Franco, su primo hermano el teniente coronel Francisco Franco Salgado-Araujo. Las izquierdas le veían como uno de los generales potencialmente más peligrosos («el único temible», como Azaña había escrito en su diario cuatro años antes), pues por su autoridad, su capacidad e influencia podría asumir un papel político más visible. A últimos de marzo, el astuto Prieto se refirió a él en un discurso como el tipo de general que podría ser eficaz organizando una rebelión, aunque inmediatamente rectificó y dijo que no pensaba en absoluto que tratara de hacerlo[318].

En cuanto a sus responsabilidades, la jefatura militar de Canarias era un puesto relativamente tranquilo y Franco disponía de bastante tiempo. Dedicó muchas tardes al golf, su nueva afición, pero también reservó tiempo para estudiar inglés (su profesora era una señora inglesa residente en Tenerife) tres horas a la semana, con los obligados ejercicios escritos. Dado el creciente número de detenciones arbitrarias practicadas por el Gobierno por motivos políticos, Franco bromeaba con su familia diciendo que en la cárcel tendría más tiempo para estudiar inglés.

Franco se temía lo peor, pero también esperaba lo mejor. No estimaba que la situación política, aunque muy negativa, fuera desesperada. A pesar de su permanente creencia en las maquinaciones de Moscú, la masonería y el gran capitalismo internacional, su paranoia era en parte solo teórica y analizaba la vida política de España en términos más empíricos. Si Alcalá-Zamora hubiese cedido en abril a las instancias de Galarza para mantenerse en el poder manu militari, es posible que Franco se hubiera asociado con la iniciativa, aunque hubiese dependido del cálculo que hacía de las correlaciones de fuerza en ese momento.

Los únicos escritos de Franco de estas semanas que han sobrevivido son dos breves cartas a Mola, dedicadas principalmente a cuestiones militares, no a asuntos políticos. En una comunicación del 30 de marzo, observa que «parece que ha mejorado la situación, aunque el horizonte no sea nada halagüeño». En la segunda, preparada poco después de su carta del 23 de junio a Casares Quiroga (que trataremos más abajo), observa que «nada te digo de política. Estoy conforme con tus apreciaciones», pero no se refiere a la conspiración, sino a la situación del ejército, tema de la carta a Casares a la que se refiere[319].

Una manera de evitar las represalias era obtener la inmunidad parlamentaria y, apremiado por su cuñado Serrano Suñer, Franco pidió su inclusión en la lista de derechas por las elecciones nuevas en Cuenca el 5 de mayo, aunque como «independiente», porque no quería estar asociado con ningún partido concreto, en uno de sus típicos gestos cautelosos. Como se ha visto en el capítulo 6, ante la fuerte presión de José Antonio Primo de Rivera, después de algún tiempo Franco tomó la decisión de retirar su candidatura[320]. Resultó además irrelevante, porque un tribunal decretó la invalidez de cualquier candidatura nueva y, al mismo tiempo, una mezcla de violencia callejera persistente y presión gubernamental hacía imposible que los candidatos conservadores pudieran hacer campaña. Como ha sido explicado antes, las elecciones en Cuenca y Granada fueron completamente controladas en la cuarta y última fase de la eliminación de la democracia electoral en España. Además, hasta el cálculo, que sin duda hacía, de la inmunidad parlamentaria era erróneo, como demostrarían los hechos de la noche del 12 de julio en Madrid.

Mientras tanto, durante marzo y abril se produjeron varios intentos de conspiración militar, pero ninguno tuvo la menor eficacia. En Madrid, Rodríguez del Barrio hacía esfuerzos infructuosos para coordinar algún plan con su junta de jubilados, y Sanjurjo, tras un breve viaje a Berlín para buscar en vano armas, seguía vegetando en Lisboa. Diversos núcleos pequeños de la UME continuaban indecisos y, en general, desconectados. De forma semisecreta, los carlistas entrenaban a su propia milicia, que, excepto en Navarra, tenía poca importancia. Falange había sido disuelta de modo oficial y sus miembros habían pasado a la clandestinidad, aunque allí sus números crecían con rapidez. La formación mantenía una «primera línea» de activistas que participaban en la acción directa y en los asesinatos políticos, pero no contaba con una verdadera milicia, sino tan solo de pequeñas escuadras clandestinas armadas casi siempre con pistolas. Una parte de las JAP se volvía hacia Falange y en unas pocas zonas tenían sus propios planes paramilitares, aunque clandestinos y de poco alcance. La CEDA se adhería todavía a la legalidad. Calvo Sotelo y los monárquicos predicaban una dictadura corporativa introducida por los militares, pero encontraban poco apoyo. Empezaban su propia conspiración paralela, pero tan solo hallaban cierto respaldo en un sector de la UME.

Más tarde, los propagandistas de izquierda difundirían la idea de que toda la derecha participó en un gran «plan» sincronizado para desestabilizar la República, pero nunca han podido presentar la menor prueba de ello, porque el concepto es extravagante en extremo. Las derechas, como la sociedad de España, estaban disociadas y eran virtualmente inconexas, en una situación en la que, como también reflejaba la sociedad del país, había poca cooperación. No solo no hubo ningún gran «plan», sino que durante mucho tiempo no hubo plan alguno de relevancia.

El presidente del Gobierno y el ministro de la Guerra eran conscientes de que existían conatos de conspiración entre varios grupos, pero calculaban correctamente que eran muy limitados y de poca importancia. Los movimientos revolucionarios reclamaban con vehemencia una purga drástica de las fuerzas armadas, e incluso la disolución del ejército, pero esto era algo que el Gobierno republicano de izquierda no tenía la menor intención de hacer. Tampoco quería llevar a cabo una purga drástica por motivos complicados y casi contradictorios. Por un lado, Azaña y sus colegas tenían a los militares en poca estima y dudaban de su capacidad para organizar una rebelión en serio, dada la experiencia anterior de 1932. Por otro lado, no abandonaron completamente el constitucionalismo y una cierta coexistencia con las derechas, siempre y cuando estas aceptaran una subordinación total. Querían mantener una República que, aunque no fuera verdaderamente democrática, respetaría algunas normas legales, sin abolir la propiedad privada. Esperaban en el futuro una mayor cooperación por parte de los revolucionarios, pero, si se producía otra insurrección violenta por parte de anarquistas o marxistas, tendrían que emplear el ejército para reprimirlo. Esta idea de estar siempre potencialmente al borde del abismo les colocaba en una situación contradictoria, en la cual los intentos de controlar al ejército se limitaban a gestos tibios, como el decreto del 18 de abril por el que se suspendía el pago de pensiones a aquellos oficiales retirados que pertenecieran a una organización ilícita, como Falange. Al final, el Gobierno estaba jugando con fuego, en realidad con dos fuegos diferentes y opuestos, pero, hasta el último momento del 18 de julio, Casares Quiroga y sus colegas creían que el peligro más inmediato sería otra insurrección revolucionaria, probablemente por parte de los anarquistas. Tenían miedo de intentar extinguir del todo cualquiera de los fuegos por temor a que el otro escapase a su control. Fue una política deliberadamente escogida y continuaría hasta que culminó en una catástrofe.

La insurrección militar que emergió finalmente fue complicada, incierta y lenta, pero supuso el detonante de una gran guerra civil. Por eso, a largo plazo sería la conspiración militar sobre la que más se ha escrito, aunque no exactamente la más investigada, en la historia mundial. En la historiografía oficial y no oficial de la larga dictadura franquista subsiguiente se volverían a contar numerosos detalles, muchas veces embellecidos y a menudo enmascarando la verdad[321].

El general que, finalmente, después de dos meses, tomó la iniciativa en un esfuerzo serio de formar una conspiración a escala nacional fue Emilio Mola, comandante militar de Navarra. El Gobierno le había destinado a Pamplona, un lugar tranquilo y aparentemente inofensivo, pero en el ambiente ultraconservador del carlismo navarro encontró un apoyo y una cobertura que no habría hallado en ningún otro lugar. Cinco años mayor que Franco, Mola había llegado al rango de general de brigada en las campañas de Marruecos y el general Berenguer le nombró director general de Seguridad en 1930, el último año de la monarquía. Aquello le permitió un acercamiento a los asuntos políticos, y el hecho de haber vivido el colapso de la monarquía le dejó una profunda huella sobre los peligros de la subversión revolucionaria. La República le encarceló durante un tiempo y le expulsó del ejército[322], al que pudo regresar después de la amnistía de 1934, desempeñando un papel fundamental en la reorganización impulsada por Gil-Robles y Franco, al año siguiente. Primero le encomendaron, en junio de 1935, la preparación de un plan especial de movilización del ejército en caso de emergencia, y puede ser que este fondo de experiencia personal fuera determinante en su decisión de emprender la organización de un movimiento militar posteriormente. Luego Franco, que le estimaba mucho, le nombró jefe militar del distrito de Melilla y, a comienzos de noviembre de 1935, jefe superior de las fuerzas del Protectorado, aunque solo era un general de brigada. Con todo, Mola no era un ultraderechista, y, como Franco, había aceptado la legitimidad de la República[323]. Al igual que otros oficiales, estaba obsesionado con el peligro del «comunismo», palabra que se usaba de modo indiscriminado para referirse a las izquierdas revolucionarias.

La inútil reunión de generales jubilados en Madrid había fracasado totalmente en su intento de fomentar un golpe de Estado para el 20 de abril, tras lo cual le dieron la iniciativa a Mola (reconociendo formalmente su liderazgo un mes más tarde), mientras las células de la UME del norte y el centro de España aceptaban su liderazgo. Durante el mes de mayo Mola extendió sus contactos en diversos cuarteles, y a finales de mes, Sanjurjo le escribió desde Lisboa aceptando su papel y autorizándole como su representante en la conspiración. Sanjurjo era un teniente general[324] querido y respetado, tanto en el plano personal como en el militar, pero los jefes del ejército en activo eran igualmente conscientes de que carecía de capacidad política y de astucia para asuntos no militares. Además, su estado de salud escasamente le permitiría tomar el mando en una campaña activa, así que su función era en gran medida simbólica, una especie de primus inter pares[325].

A finales de abril, Mola preparó una primera planificación política rudimentaria en un documento que tituló «Instrucción reservada núm. 1», en el que se contemplaba el resultado de una rebelión exitosa no como una monarquía restaurada, sino como una «dictadura militar», apoyada por «comités provinciales» compuestos por diversas entidades aliadas, a las que describió como «grupos políticos», «sociedades e individuos aislados» y «milicias» consideradas «afectas a la causa» o «contrarrevolucionarias». Con respecto al enemigo izquierdista, especificó que «se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas»[326]. Varios comentaristas han insistido en que este texto supuso una política de ejecuciones en masa, aunque la indicación sea vaga y ambigua.

El 5 de junio, cuando Mola ya había recibido el reconocimiento como coordinador general de la conspiración a nivel nacional, amplió los detalles de ese esquema rudimentario en un memorándum titulado «El Directorio y su obra inicial», en el que se estipulaba que la forma del nuevo régimen no sería una monarquía, sino una «dictadura republicana», con un Gobierno inicial consistente en un «Directorio» totalmente militar, término usado por el régimen de Primo de Rivera. Se propone una solución de tipo «portugués» o «Pilsudski» (de Polonia), más que la construcción de un sistema fascista revolucionario o de tipo «italiano». El memorándum finalizaba con la declaración: «EL DIRECTORIO se comprometerá durante su gestión a no cambiar el régimen republicano, mantener en todo las reivindicaciones obreras legalmente logradas» y «crear un ESTADO FUERTE Y DISCIPLINADO». Su único lema sería «¡Viva España!». La legislación previa a febrero de 1936 se respetaría, pero se suspendería la Constitución de 1931, que sería sustituida por un «Parlamento Constituyente», elegido por aquellos votantes que estuviesen en posesión de un nuevo «carnet electoral», del que quedarían excluidos los analfabetos y los delincuentes. Asimismo existirían ciertos vestigios de liberalismo, como la «separación de la Iglesia y el Estado, libertad de cultos y respeto a todas las religiones». Se pondría fin a la persecución religiosa y se establecerían comisiones regionales para solventar el problema agrario «sobre la base del fomento de la pequeña propiedad», aunque permitiendo «la explotación colectiva donde ella fuera posible»[327]. No era un programa de extrema derecha, sino que representaba una especie de común denominador de los grupos anti-izquierdistas de las derechas de diferentes matices, y no tenía nada que ver con la conspiración paralela de los monárquicos. Este proyecto parcialmente «abierto» sería el único que los mandos militares rebeldes, incluido Franco, invocarían al comienzo de la rebelión, hasta que esta empezó a cambiar de tono después del primer mes de contienda.

La iniciativa de Mola abandonaba el esquema de golpe de Estado y se formaba sobre la premisa de una guerra civil breve, formando columnas de las fuerzas en cuarteles en el norte y el este para caer sobre Madrid en una lucha que se libraría con los medios existentes. Mola no emprendió ninguna iniciativa seria para ganar un apoyo extranjero[328], aunque, como hemos dicho, Sanjurjo había viajado a Berlín en marzo en busca de armas, sin éxito[329], y en junio, los monárquicos trataron, igualmente sin éxito, de reabrir las relaciones que habían establecido con el Gobierno italiano tres años antes[330].

El principal problema para Mola era el propio ejército. El cuerpo de oficiales era también una burocracia y la mayoría mostraba poco interés en implicarse en una empresa desesperada que podría conducirles a la ruina, ya que debían preocuparse de sus familias y pensiones. El Gobierno republicano detentaba el poder y, al menos nominalmente, la Constitución seguía siendo la ley del país, aunque sus garantías se hiciesen cumplir con una frecuencia cada vez menor. Los revolucionarios no habían intentado aún hacerse con el Gobierno de forma directa y gran parte del ejército parecía dispuesta a secundar la apuesta de Azaña: tras unos pocos meses más, los revolucionarios podrían moderar sus exigencias y se suavizaría la crisis. Tal vez eso no parecía lo más probable, pero era posible. El activismo militar en la política española entre 1917 y 1931 había sido un desastre; la mayor parte de los oficiales era consciente de ello y, por tanto, pocos estaban dispuestos a lanzarse al combate. Aun más, la feroz propaganda de los revolucionarios dejaba claro que en una confrontación armada, disidentes militares derrotados no serían tratados con tanta indulgencia como en ocasiones pasadas.

Así, muchos rebeldes potenciales únicamente se comprometerían del todo con un alzamiento una vez llegaran a la conclusión de que sería más peligroso no hacerlo, situación que solo maduró a mediados de julio.

La conexión con los políticos civiles fue escasa. Mola recibiría un apoyo económico de la CEDA, cuyos líderes, en el mes de junio, empezaban a desesperarse en lo referente a la legalidad republicana[331], o sea, su ausencia en la práctica, pero nunca gastó la mayor parte del dinero. Ni los monárquicos ni la CEDA contaban con una fuerza paramilitar organizada[332], a excepción de los carlistas, con quienes era muy difícil tratar. Además, Mola y una parte considerable de los militares miraban a los políticos derechistas con un cierto desdén, como a unos fracasados e ineptos indignos de confianza.

Falange era la única fuerza anti-izquierdista comprometida regularmente con la acción directa, aunque, a pesar de su carta abierta de principios de mayo instando al ejército a sublevarse, José Antonio Primo de Rivera tenía idéntica opinión acerca de los militares que Mola respecto a los políticos civiles. No fue hasta el 20 de junio que dio su total asentimiento a la participación falangista en una sublevación militar, e incluso entonces, limitada a un marco temporal de once días.

El primero de julio, Mola preparó otro comunicado en un tono de gran irritación, indicando de modo algo críptico que era imposible tratar con los carlistas, aunque había llegado a un acuerdo con los falangistas. Parece que se quería estimular el pistolerismo falangista para crear un clima más proclive a una rebelión, pero, de hecho, no hubo un gran aumento de sus actividades en la segunda mitad de junio. Lamentaba:

Se ha intentado provocar una situación de violencia entre dos sectores políticos opuestos para, apoyados en ella, proceder; pero es el caso que hasta este momento —no obstante la asistencia prestada por algunos elementos políticos— no ha podido producirse, porque aún hay insensatos que creen posible la convivencia con los representantes de las masas que mediatizan el Frente Popular[333].

Exasperado, y bajo la presión del mando falangista a fijar una fecha exacta para la insurrección, Mola preparó un segundo documento, el primero de julio, invocando una especie de pronunciamiento, declarando que cualquier núcleo importante pudiera iniciar la acción y esperando un «efecto arrastre» en otras unidades[334]. Esto era poco realista y unos días después concretó el 10 de julio para el levantamiento. Casi enseguida tuvo que cancelarlo por la falta de adhesiones y también por la detención de uno de los principales falangistas implicados. Tratar con los dirigentes carlistas era muy difícil, como decimos, y el 9 de julio renunció a obtener su cooperación. En ese momento, Mola estaba a punto de tirar la toalla.

Franco mantenía cierto contacto con Mola y fue viendo el progreso de la conspiración a distancia y, en gran parte, a través de los breves mensajes cifrados llevados personalmente por varios enlaces[335]. Recibió visitas de Galarza, Serrano Suñer y otros. Más adelante, Franco mantendría que había formado parte de la conspiración desde marzo, pero esto, como muchas de las cosas que dijo después, es inexacto. Existe bastante evidencia de que durante más que tres meses se negó a comprometerse en serio, asegurando que no había llegado la hora para llevar a cabo una acción drástica e irrevocable, y que la situación en España todavía podía resolverse y que el Gobierno posiblemente conseguiría restaurar el orden. No le hacía la menor ilusión una rebelión armada, que veía como una distorsión del papel militar y como una empresa desesperada y con mayores posibilidades de fracaso que de triunfo, con la certeza de que las izquierdas dictarían penas capitales contra sus líderes. Una insurrección prematura, organizada de un modo inadecuado, empeoraría la situación aún más.

El veterano general monárquico Luis Orgaz, implicado en las primeras fases de la conspiración, fue desterrado a Canarias por el Gobierno a mediados de abril. Habló con Franco y le censuró por sus reticencias. Estaba seguro de que un alzamiento vigoroso triunfaría de inmediato, que sería como comer «una perita en dulce, pero confitada», lo que Franco creía absurdo. Los conspiradores en la península comenzaban a cansarse de lo que algunos llamaban la «coquetería» de Franco, y como en España habían comenzado a ponerse de moda los concursos de belleza femenina, desde Pamplona empezaron a referirse a él, con bastante ingenio, como «Miss Canarias» y «Miss Canarias de 1936»[336]. Sanjurjo todavía albergaba cierto resentimiento contra Franco por haberle negado el apoyo en su alzamiento cuatro años antes, y cuando recibió noticias de lo ambiguo que se mostraba, insistió en que Franco no era indispensable. Se dice que exclamó: «¡Con Franquito o sin Franquito, salvaremos a España!»[337]. Pero para Mola y otros conspiradores, la figura de Franco no era prescindible, ya que por su personalidad y prestigio profesional podía ser un factor clave. En los últimos años había sido un punto de referencia en la política militar, y si se comprometía, muchos otros podrían seguir su ejemplo.

Lo que más preocupaba a Franco, como a Mola, era el ejército. Si la fortaleza y la disciplina de las fuerzas armadas no flaqueaban, los revolucionarios serían incapaces de derrocar al Gobierno y la situación podría reconducirse. El 23 de junio Franco dio un paso sin precedentes: escribió una carta personal al presidente del Gobierno, Santiago Casares Quiroga, para informarle del «estado de inquietud que en el ánimo de la oficialidad parecen producir las últimas medidas militares», tales como la reasignación de más y más destinos y la reincorporación al ejército y a otras fuerzas de seguridad de oficiales anteriormente juzgados por amotinamiento y subversión en 1934. Las calumnias y ataques contra el ejército que se habían producido últimamente, sobre todo el incidente acaecido en Alcalá de Henares, seguido de ulteriores reasignaciones, habían producido una preocupación y un enojo que iban en aumento.

En la carta, Franco declaraba, un tanto ingenuamente, que el primer ministro tal vez tenía una «información inadecuada» sobre el estado de ánimo de las fuerzas armadas, quizá debido a las limitaciones de sus actuales asesores militares. Además, se apresuraba a añadir que no deseaba desmerecer a estos últimos, y que el primer ministro simplemente podía estar mal informado, pero quería dejar claro que los informes que presumiblemente habían motivado las últimas iniciativas gubernamentales eran inapropiados. Afirmaba que algunos de los mandos del ejército más capaces y experimentados habían sido apartados de sus puestos o degradados en sus responsabilidades y sustituidos por otros oficiales, a quienes el 90 % del cuerpo de oficiales consideraba inferiores. Franco insistía en que aquellos que se empeñaban en la «adulación» política y el «servilismo» no eran más leales a la institución de la República que cualesquiera otros, porque habían hecho lo mismo bajo la monarquía y la dictadura. «Faltan a la verdad quienes os presentan al ejército como desafecto a la República, engañan quienes simulan complots […]». El ejército, insistía, era leal, pero necesitaba que se le tratara con justicia: «La falta de ecuanimidad y justicia» en la administración había provocado la creación de las Juntas Militares en 1917 y un problema parecido había surgido ahora, con la formación de la UME y la UMRA, que no eran más que presagios de futuras «luchas civiles». La preocupación por la política militar no hacía más que redoblar el nerviosismo existente ante los «graves problemas de la Patria». Aunque el ejército siguiera siendo leal, la falta de justicia estaba provocando unos efectos deplorables. Franco concluía que era su «deber» señalar todas estas cuestiones a Casares Quiroga, quien podía comprobarlas por sí mismo interrogando a los principales mandos militares[338].

Franco hizo público el contenido de la carta meses después de comenzada la Guerra Civil. No hay indicios de que recibiera contestación alguna. Los críticos señalarían más adelante que aquel fue el primer ejemplo del doble juego de Franco, pero tal juicio es un tanto exagerado. En realidad, estaba señalando —y correctamente— que la inmensa mayoría de los oficiales no estaban implicados en ninguna conspiración, pero que existía una gran preocupación por la política que el Gobierno estaba llevando a cabo, minando las estructuras del ejército y la seguridad de España en general. La carta era una repetición, con variaciones, de sus apelaciones anteriores a Portela Valladares, Alcalá-Zamora y Azaña, planteadas en febrero. Las garantías de Franco respecto a la lealtad del ejército, al menos hasta el momento, se podían confirmar con unos cálculos que había hecho Mola por las mismas fechas, cálculos por los que no se podía asegurar que más del 12 % de los oficiales del ejército tuviera intención de unirse al alzamiento[339]. Se dice que, en un momento dado, Mola había preparado todos los documentos para solicitar el retiro del servicio activo y, puesto que ya estaba demasiado comprometido, irse al extranjero[340].

Lo que sí se sabe es que Casares Quiroga comunicó el contenido de la carta al presidente Manuel Azaña, y que ambos la interpretaron como tranquilizadora en lo referente a las intenciones del comandante general de Canarias, según comunicó el secretario particular de Azaña, el teniente coronel retirado Juan Hernández Saravia, a sus amigos militares de izquierda: «Nos habló de que Franco había enviado recientemente una carta muy respetuosa, en la cual hacía protesta de fidelidad a la República y aseguraba que eran falsas las noticias que circulaban sobre un supuesto complot del ejército». Es probable, por tanto, que la carta del general Franco contribuyese a reforzar la confianza del Gobierno respecto al fracaso de una eventual sublevación en el caso de que llegara a producirse. El único temible parecía no estar ahí. Hernández Saravia, que solo unas semanas después sería nombrado ministro de la Guerra, participaba de la misma opinión, a pesar de la alarma que le transmitían sus amigos[341].

El general Manuel Goded, jefe militar de Baleares, también se mostraba dudoso, a pesar de su profundo anti-izquierdismo. Siendo un liberal moderado, había sido en principio un ardiente prorrepublicano y había desempeñado un destacado papel durante el primer año del nuevo régimen antes de volverse contra él. Según una versión[342], se sentía cada vez más alarmado ante los rumores de que los conspiradores estaban intentando adquirir armas en Alemania y podrían solicitar la asistencia de la Italia fascista. En apariencia, intentó establecer contacto con Azaña para instarle a modificar el curso de la situación, así como con Winston Churchill en Inglaterra[343] y con el veterano líder radical Albert Sarraut en Francia, aunque nada se obtuvo de estas maniobras. Ante la incertidumbre de Goded, Mola explotó la amistad de este con el veterano político centrista Melquiades Álvarez, enviando a Hipólito Jiménez, el yerno de Álvarez, a convencer a Goded de que debía participar en la rebelión orquestada por Mola[344]. Goded se dejó convencer, pero exigió como contrapartida el mando de los rebeldes en Barcelona, en lugar de aceptar Valencia, destino designado por Mola. Este cambio fue fatal, puesto que Goded posiblemente podría haber dirigido con éxito un levantamiento en Valencia, mientras que en Barcelona nunca había mucha posibilidad de triunfar. Cuando la sublevación finalmente tuvo lugar, Goded se apuntó por Barcelona, donde pronto tuvo que rendirse, lo que condujo a su ejecución tras ser sentenciado por un tribunal militar republicano.

Igualmente incierto se mostraba el comandante militar de Oviedo, el coronel Antonio Aranda. Según sus propios criterios políticos, Aranda era liberal, aunque decididamente antirrevolucionario. Tenía el mando de este sitio clave porque parecía claro que resistiría cualquier intento nuevo de insurrección revolucionaria con gran determinación, pero no estaba claro que estuviera dispuesto a dedicarse a un complot militar de tinte derechista. Además, las restricciones en Asturias eran tan estrechas que normalmente Mola no podía comunicar con él[345]. Los conspiradores esperaban que Aranda estuviera de su lado, pero su decisión final dependería del curso de los acontecimientos. Al final, como Franco, se comprometió con la sublevación, y su defensa numantina de Oviedo durante el primer año de la Guerra Civil constituyó una parte imprescindible del esfuerzo de los nacionales en la contienda[346].

Entre tanto, los compañeros en la conspiración convencieron a Mola para que se mantuviera firme y aguantara, pero uno de los principales problemas estaba en Madrid, donde los jefes militares se encontraban divididos, como era frecuente, y había pocas esperanzas de que una insurrección pudiera hacerse con el control de la capital. Los planes de Mola llegaban a ser cada vez más complicados y el alzamiento ya no se concebía como un golpe de Estado, como en las primeras fases de la conspiración, sino como una insurrección militar generalizada y una breve guerra civil de unos quince días de duración, con la convergencia de varias columnas de tropas rebeldes que se enviarían desde provincias, donde, al menos en algunas regiones, el éxito estaba asegurado, convergiendo en la capital en una segunda fase. Antes del fin de junio, Mola llegó a la conclusión de que, por sí solos, los acuartelamientos de la península eran inadecuados para toda la operación y que la insurrección solo podría tener éxito si la mayor parte de las unidades de élite se trasladaban desde Marruecos, algo que el propio Franco siempre consideró imprescindible. El nuevo plan requería el traslado rápido de fuerzas importantes a la península, lo antes posible[347], pero había pocos contactos con los oficiales de la Marina, cuya cooperación era indispensable, y esta gran deficiencia en el plan poco coordinado de Mola puso la rebelión al borde del abismo en los primeros días de la contienda.

Un mando eficaz era fundamental y se le ofreció la jefatura de las fuerzas de Marruecos a Franco. A finales de junio, por vez primera, parecía dispuesto a participar, aunque unos días después volvió a cambiar de opinión. Al estar a centenares de kilómetros en el Atlántico, la primera cuestión era cómo transportarle rápidamente al Marruecos español, para lo que se diseñó el plan de contratar un avión privado en Inglaterra que le trasladaría al continente africano. Los primeros movimientos en este sentido se produjeron el 5 de julio[348].

El problema para Mola era que muchos oficiales solo obedecerían las órdenes de sus superiores, que no parecían estar próximas, y la conspiración tenía que superar la debilidad de que, al fin y al cabo, estaba basada en consideraciones preventivas. Parecía que una contrarrevolución de éxito solo podría desarrollarse ante una amenaza revolucionaria madura. El desorden social y económico era extenso, se estaba produciendo una considerable violencia en algunas zonas y el Gobierno había dejado más claro que nunca su posición partidista y que no proporcionaría una administración constitucional e imparcial, ni obligaría a cumplir las leyes. Pero las izquierdas seguían desunidas y todavía no existía acción revolucionaria alguna dirigida directamente a apoderarse del Gobierno.

Por eso Franco seguía dudando. El avión privado que se había contratado para recogerle en Canarias y trasladarle a Marruecos partió de Londres el 11 de julio. Al día siguiente, Franco envió otro mensaje a Mola utilizando el código cifrado «geografía poco extensa» (visibilidad limitada), que indicaba que para él no había llegado el momento de la insurrección y que aún no estaba preparado para participar. Aquel mensaje, replicado desde Madrid, le llegó a Mola alrededor de las once de la noche del día 13[349] y generó gran consternación, pues ya se habían enviado mensajes a los militares de Marruecos para que comenzaran la rebelión el día 17. Ante esto, Mola cambió algunas instrucciones y ordenó que, cuando estallara el movimiento, Sanjurjo volara desde Portugal hasta Marruecos para tomar el mando de las fuerzas del Protectorado[350].

Aunque el alzamiento estaba a punto de comenzar, por las buenas o por las malas, lo que finalmente hizo decidirse a Franco —y a muchos otros oficiales— fue el clima de violencia extrema en Madrid la noche del 12 al 13 de julio, que se culminó con el secuestro y asesinato de José Calvo Sotelo por la Policía republicana (que se tratará en el siguiente capítulo). La inmediata reacción del Gobierno fue no hacer casi nada para ofrecer seguridad a las derechas, mortalmente ofendidas, sino, como era habitual, culpar a las víctimas, llevando a cabo aún más detenciones de derechistas, como si ellos hubieran sido los responsables del crimen.

Durante los siguientes treinta años, los apologistas del alzamiento militar harían referencia a documentos falsos en los que se afirmaba que el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo no era sino el preludio de un complot comunista para hacerse con el poder unas semanas más tarde. Lo cierto es que no existió ningún plan revolucionario concreto para apoderarse del Gobierno, ya que todos los grupos revolucionarios, de una manera u otra, intentaron exprimir hasta la última gota cualquier ventaja que pudieran obtener de la República izquierdista y tal agenda distaba mucho de estar completa. En lo que respecta a los comunistas, su plan explícito era labrar una legalidad nominal que pudiera utilizarse para alcanzar el liderazgo de las izquierdas, ilegalizando a los partidos conservadores y a una parte del centro. Al mismo tiempo, todos los grupos revolucionarios declaraban su convencimiento de que el Gobierno parlamentario tenía los días contados y esperaban que, en un futuro próximo, siguiera un régimen revolucionario. Así se destacó claramente en numerosas declaraciones públicas durante la primavera y las primeras semanas del verano de 1936, pero todos ellos, salvo los anarcosindicalistas, seguían líneas de conducta inspiradas en variantes de una «República popular», que se utilizarían para crear una situación revolucionaria «segura», por medios legales e ilegales.

Con posterioridad, se especuló mucho sobre por qué el Gobierno republicano de izquierda no adoptó una acción más estricta para evitar una gran sublevación. A comienzos de julio, la conspiración no era exactamente un secreto. Aunque el Gobierno desconociera los detalles fundamentales, los rumores se habían extendido durante meses, se había arrestado a ciertos contactos civiles y ya se sabía de la hostilidad de algunos de los conspiradores más activos. De hecho, el Gobierno había tomado algunas medidas para mantener el ejército bajo control. Casi todos los altos jefes habían sido trasladados de destino y la mayor parte de los generales en activo eran, como demostraron los acontecimientos, leales al régimen (aunque en bastantes casos, a la hora de la verdad, no pudieran controlar sus propias unidades militares). Se había detenido a miles de civiles —falangistas y derechistas— y se puso bajo vigilancia parcial a algunos de los conspiradores más conocidos[351].

Otro problema era, como observa Platón, que «una de las paradojas de la conspiración fue que el relativo caos en que se movían los planes de Mola contribuiría a confundir al Gobierno. Los informantes de este, como suele ocurrir en este tipo de servicios, solo llegarían a conocer una parte de los planes, y sobre todo no podían ofrecer información precisa de lo que era un proceso confuso y hasta contradictorio»[352]. Además, la administración central de la Dirección General de Seguridad (DGS), dirigida por políticos civiles de izquierda y no por profesionales, era de una eficacia limitada, mientras que, en cambio, Mola recibía noticias bastante exactas de ciertos informantes suyos en la Policía (como antiguo director de la DGS), que le advertían de varias iniciativas e inspecciones de esta.

Los informes eran con frecuencia contradictorios y confusos, como la información de la Sección de Servicio Especial del Estado Mayor Central del 29 de junio, que advirtió al mismo tiempo de la preparación «de un inmediato movimiento militar», como de «uno violento de izquierdas» pero sin demasiadas pruebas concretas, por lo que «la noticia solo debe tomarse como aviso que evite sorpresas»[353]. Además, Casares Quiroga tenía un concepto muy positivo de Mola, a quien debía un favor. En el momento de la insurrección republicana de 1930, Casares había sido detenido y colocado en una celda fría y algo insalubre. De inmediato presentó una petición al director de la DGS, que entonces era Mola, alegando que su salud, muy delicada, no podía resistir tales condiciones. Mola le atendió enseguida, transfiriéndole a otra situación carcelaria mucho más cómoda. Casares no se olvidó nunca de este trato preferencial, y consideraba a Mola un caballero y un militar atento y leal[354]. Parece que indicó a la Policía que le dejaran en paz. Menor Poblador, el gobernador civil de Navarra, era un ingenuo de la misma opinión. En cambio, el teniente coronel de la Guardia Civil en Pamplona, Rodríguez Medel, veía las cosas de un modo mucho más claro, pero, en efecto, le ataron las manos[355].

Todas estas consideraciones explican por qué ni Azaña ni Casares Quiroga fueron más allá. La «apuesta de Azaña» de aprovecharse de las izquierdas revolucionarias para consolidar una República de izquierda, aunque no totalmente revolucionaria, constituyó un riesgo dudosamente calculado que, de manera inevitable, colocó al Gobierno entre dos fuegos. La política de Azaña apostó por el mantenimiento del Frente Popular, aunque el Gobierno siempre estuviera en peligro de convertirse en un rehén de sus aliados. Tampoco podía descontarse la posibilidad de cierta clase de ruptura con los partidos revolucionarios, aunque Azaña y Casares Quiroga estaban decididos a no ser responsables de precipitarla. Sin embargo, si llegaba a ocurrir, las izquierdas revolucionarias en las calles solo podrían neutralizarse por completo con un ejército fuerte en los cuarteles. Azaña deseaba ser el aliado de los revolucionarios, no su prisionero. Tras obtener la presidencia de la República, estaba cada vez más preocupado, aunque a la vez se mantenía distante. En una conversación que mantuvo con Gil-Robles inmediatamente después de su ascenso, pareció haber perdido su acostumbrada arrogancia y declaró: «No sé adónde vamos a parar. Que sus amigos me den, por lo menos, un margen de confianza. Que no me creen complicaciones. Bastantes problemas tengo por el lado contrario»[356]. Uno de los más entusiastas estudiosos de la figura del presidente asegura que las preocupaciones acerca de la conspiración militar «no desempeñaron un papel equiparable al de las acciones y actividades de la extrema izquierda en la preocupación agónica de Manuel Azaña»[357]. A esto se añadía su desprecio por los militares, a quienes consideraba ineptos y políticamente insignificantes, apenas capaces de organizar una amenaza mayor que la de Sanjurjo en 1932.

Así, en opinión de Azaña y Casares Quiroga, su política militar parecía sensata y coherente. Se habían tomado algunas medidas, mientras que el peligro procedente de las derechas —consideradas por las izquierdas una fuerza casi completamente gastada, ya en el basurero histórico— pudo exagerarse. La sanjurjada había sido una revuelta débil y aislada era obvio que los propios militares se encontraban divididos. Su mejor momento para actuar pudo haberse presentado entre octubre de 1934 y febrero de 1936, pero no hicieron nada. De hecho, una política gubernamental más agresiva, destinada a neutralizar por completo a los militares, pudo cristalizar una reacción que, de otra manera, habría quedado en estado latente. Y una reacción abiertamente hostil habría dejado al Gobierno cada vez más indefenso ante los revolucionarios. Casares Quiroga había comenzado a elogiar a la Guardia Civil, de cuya disciplina necesitaba, rechazando con desdén cualquier preocupación excesiva acerca del ejército, que atribuía a la histeria personal, al miedo o a anticuadas actitudes sectarias[358]. Portavoces de los partidos revolucionarios se habían referido con tanta frecuencia al papel de Casares como al de un Kérensky que, según el socialista Vidarte, había colocado en su despacho una fotografía del líder ruso para recordarse que debía evitar semejante destino[359]. Juan Moles, republicano independiente y ministro de Gobernación, consideraba importante no provocar en el ejército un sentido de solidaridad reactivo[360]. En consecuencia, los oficiales izquierdistas de la Guardia de Asalto y la UMRA se convirtieron en estridentes críticos del presidente del Consejo de Ministros.

El Gobierno pretendió vigilar la conspiración sin ser innecesariamente provocador y el Ministerio de Gobernación envió circulares en las que se hablaba de incrementar la vigilancia de los grupos derechistas. El 2 de junio especificaba:

Este Ministerio conoce desplazamiento de emisarios a diversas guarniciones con propósito de articular movimiento de tipo militar; precisa extremar de modo discretísimo vigilancia jefes significados y movimientos militares sospechosos, adoptando medidas y comunicando a este Ministerio información adquirida[361].

Así transcurrió el mes de junio, sin que se produjera la subversión militar, mientras se presentaban numerosas quejas relativas a insultos contra los militares por parte de las izquierdas revolucionarias. El propio ministro de la Guerra se quejó de ello y de lo que estimaba una vigilancia excesiva, de manera que el 27 de junio el Ministerio de la Gobernación envió otra circular en la que se instaba a combinar la debida vigilancia con el esfuerzo por evitar «rozamientos» innecesarios y mantener la «convivencia»[362]. Existe testimonio de que en una reunión que tuvo lugar sobre el 10 de julio, Casares Quiroga informó al Consejo de Ministros de que en realidad sí existía una conspiración de elementos del ejército que podía estallar en un plazo de cuarenta y ocho horas, aunque el Gobierno no fue capaz de identificar al «Director» (Mola), el cabecilla, cuya firma con este título se hallaba en los principales documentos interceptados. Esta noticia indicaba que el Gobierno había descubierto las circulares de Mola del mes anterior, en las que había fijado la fecha por el 10 de julio, aunque Casares no sabía que esta orden ya había sido cancelada.

Francisco Barnés, el ministro de Instrucción Pública, pidió más datos sobre la conspiración y la política del Gobierno para reprimirla. Años más tarde, Barnés parafraseó la respuesta del presidente del Consejo en los siguientes términos:

Desde primeros de junio venimos siguiendo la pista de la conspiración y ella nos ha llevado largas horas de meditación al presidente de la República y a mí. Tenemos todos los hilos en la mano, y las instrucciones enviadas por uno de los jefes de la conspiración, con la firma de El Director, fueron recogidas por el director general de Seguridad, Alonso Mallol, en un registro hecho a uno de los más significados conspiradores. Desde entonces, el Gobierno conocía el plan de los sublevados. Fue entonces cuando envié a Alonso Mallol, quien efectuó importantes detenciones. El presidente de la República y yo vimos que no había más que dos soluciones: una, la de abortar el movimiento ordenando la detención inmediata de todos aquellos que estaban implicados en la conspiración; y la otra, esperar a que esta estallase para yugularla y destrozar, de una vez, la amenaza constante que desde su nacimiento viene pesando sobre la República. La primera tenía el inconveniente de que carecíamos de pruebas materiales contra los conspiradores. Eran conversaciones aisladas captadas por nuestros escuchas de la compañía de teléfonos, cuyo servicio, ya saben ustedes, fue montado por el anterior ministro de Comunicaciones, señor Blasco Garzón. Eran delaciones, instrucciones firmadas por un Director que nadie sabía quién era; juntas en las salas de banderas, hablando de la grave situación que atravesaba España; malestar, descontento, desacato a veces a las instrucciones recibidas del Gobierno; intentos de sublevación como el del regimiento de Alcalá de Henares que ustedes recuerdan. Dada la efervescencia política y las sesiones borrascosas que habíamos tenido en el Congreso, detener a los altos jefes militares, sin pruebas contra ellos, nos pareció extraordinariamente peligroso; por eso el presidente de la República y yo optamos por el segundo procedimiento: esperar que la sublevación se produzca para yugularla, para restablecer definitivamente la paz en España aunque hubiera que fusilar a unos centenares de personas[363].

Asumiendo que Barnés pudiera recordar lo más sustancial de la explicación de Casares Quiroga, es destacable que el Gobierno no quisiera proceder de antemano cuando no tenía pruebas conclusivas y definitivas. Tales detalles sutiles no se observaron en el caso de falangistas y monárquicos, de los cuales ya se había detenido a varios miles, pero, por las razones enumeradas anteriormente, el Gobierno juzgó necesario tratar a los militares con una corrección constitucional que muchas veces no observaba con respecto a los derechistas civiles. Tenía confianza en que una sublevación sería poca cosa, fácilmente suprimible, dejando intacto al ejército en general, que se quedaría disponible para cualquier otra eventualidad, como una insurrección anarquista. Visto en retrospectiva, la decisión parece ilusoria, pero en esa fecha concreta, 10 de julio, la lectura del Gobierno no era del todo inexacta. Hacía muy poco que Mola había tenido que posponer el estallido, en vista de un apoyo demasiado limitado. Existía por parte de muchos oficiales —en efecto, de la mayoría— una manifiesta reticencia a unirse a cualquier rebelión. De no haber sido por los traumáticos acontecimientos de la noche del 12 al 13 de julio, las cosas podrían haber resultado más o menos como el Gobierno calculaba.

11

EL ASESINATO DE CALVO SOTELO

Y LA SUBLEVACIÓN MILITAR

La gran tensión política y social del verano de 1936 en Madrid oscureció el hecho de que la mayoría de los españoles llevaba una vida relativamente normal, e incluso disfrutaba de un número inusitadamente importante de diversiones. Las grandes huelgas, los motines o las manifestaciones violentas inevitablemente alteraron el clima social, pero en la mayor parte del país estas cosas no pasaban. La región de mayor tamaño que se encontraba más alterada era el campo sureño, sobre todo Extremadura y algunas zonas de Andalucía. El deterioro económico también estaba produciendo graves consecuencias, pero los peores aspectos de estas se sentirían meses más tarde si la situación no se rectificaba. Aun así, la mayor parte de los españoles seguía con una vida ordinaria, incluso tranquila. La radicalización había afectado directamente solo a ciertas minorías —minorías significativas, evidentemente—, aunque algunos de sus efectos alcanzaron inevitablemente a más gente.

En esa época, los cines españoles contaban con más butacas, en proporción a la población, que los de cualquier otro país europeo, y durante los primeros días del verano el aforo solía estar completo. Asimismo se celebraban numerosos festivales de verano y acontecimientos deportivos de relevancia; el más singular serían las «Olimpiadas Populares» internacionales, que se inaugurarían el 19 de julio en Barcelona. Su objetivo era ser la antítesis o alternativa de los Juegos Olímpicos normales que se celebraban ese verano en Berlín, mientras Alemania estaba bajo la férula de Hitler[364]. Las Olimpiadas Populares tenían un fuerte matiz político, pero estos entretenimientos servirían para que millones de personas se divirtieran y olvidaran las luchas políticas y sociales.

El epicentro de las tensiones, sobre todo en las últimas semanas, era Madrid. Mientras algunas provincias vivían con relativa tranquilidad, en la capital se producían los más enojados encontronazos entre los líderes políticos, las mayores huelgas y la tasa más alta de violencia política. En Madrid, el Partido Comunista concentró sus actividades para lograr una mayor resonancia. La ciudad atraía la atención de casi todos, y el catalizador decisivo de la explosión de violencia tuvo lugar allí durante la segunda semana de julio.

La última y convulsa ronda de actos sangrientos se inició el 2 de julio, cuando un grupo de pistoleros de las JSU abrió fuego en un bar frecuentado por falangistas y asesinó a dos estudiantes de Falange, así como a un tercer cliente (una de las frecuentes víctimas «colaterales» de la violencia política en aquellos meses). La noche siguiente, los pistoleros falangistas dispararon sobre un grupo de trabajadores a la salida de una Casa del Pueblo en el mismo barrio de Madrid, causando la muerte de dos obreros de la UGT e hiriendo de gravedad a otros. Dos días más tarde se descubrieron dos cadáveres a las afueras de la ciudad: el primero fue identificado como el de un estudiante de dieciocho años, hijo de un empresario de la localidad, no afiliado a Falange pero amigo de falangistas; era evidente que había estado prisionero durante varios días antes de ser ejecutado. El segundo correspondía a un oficial de infantería retirado, de treinta años, que, o bien era miembro de Falange, o bien simpatizante. Le secuestraron y en su cuerpo se encontraron treinta y tres puñaladas. Como era habitual, el Gobierno no respondió con una exhaustiva búsqueda de los responsables, sino deteniendo a más falangistas, como si estos fueran los responsables del asesinato de sus propios compañeros. En los tres días siguientes se anunció la detención de trescientos falangistas y derechistas solo en la provincia de Madrid, aunque, como casi siempre, no se detuvo a ningún socialista[365]. Hacía tiempo que se había abandonado la menor pretensión de reconciliación y la política gubernativa parecía consistir en empujar aún más a las derechas hasta que se rindiesen por completo o intentasen una rebelión que pudiera reprimirse de modo directo, fortaleciendo al Gobierno y simplificando la ecuación política.

Los acontecimientos decisivos tuvieron lugar durante el segundo fin de semana del mes. Hacia las diez de la noche del domingo 12 de julio, en una céntrica calle de Madrid, se disparó contra José del Castillo, oficial de la Guardia de Asalto, mientras iba de camino a presentarse en su puesto de la guardia nocturna. Los disparos le causaron la muerte. Castillo era un exoficial del ejército y un convencido socialista que se había transferido a la Guardia de Asalto, más acorde con sus convicciones políticas, y había sido detenido en 1934 por amotinarse durante la insurrección, en la que participó dentro del plan para tomar el Ministerio de la Gobernación. El Gobierno de Azaña le había reincorporado al servicio activo, donde se distinguió por su celo a la hora de reprimir a los derechistas: durante el alboroto del 16 de abril hirió de gravedad a un joven carlista (que iba sin armas) y tomó parte en varias acciones contra los falangistas. Además, militaba en la UMRA, era un líder de la milicia socialista y, al parecer, entrenaba a las MAOC comunistas los domingos por la tarde. Durante cierto tiempo fue un hombre marcado por los falangistas.

Inmediatamente, su asesinato provocó intensas reacciones entre sus camaradas de la UMRA, la Guardia de Asalto y las milicias socialistas y comunistas. Dos meses antes, los falangistas habían asesinado en Madrid al capitán Carlos Faraudo, un oficial del ejército en activo y una figura importante en la UMRA y la milicia socialista. Aunque por este crimen se detuvo a dos afiliados de Falange, sus camaradas de la UMRA juraron vengarse en caso de que otro de ellos resultase asesinado, haciendo saber que no se limitarían a dar muerte a otro falangista más, sino que su represalia iría dirigida contra un líder político derechista de relevancia[366]. Esto marcaría una escalada importante en la violencia, puesto que, desde el atentado contra Asúa en el mes de marzo, por ambos lados se había renunciado a atacar a políticos de alto nivel (a no ser que se considere un atentado la violencia de los caballeristas en contra de Prieto y González Peña en Écija).

En cuanto se supo de la muerte de Castillo, un grupo de oficiales de la Guardia de Asalto acudió directamente al Ministerio de la Gobernación para exigir represalias. Fueron recibidos por el subsecretario Bibiano Ossorio Tafall, un republicano de izquierda muy cortejado por los comunistas (más tarde se revelaría como un destacado compañero de viaje de estos)[367]. Enseguida, les llevó a ver al ministro, Juan Moles, que estaba todavía en su despacho y que autorizó el arresto de una extensa lista de falangistas. Los oficiales de la Guardia de Asalto se negaron a permitir que la Policía armada llevase a cabo las detenciones, como era habitual, e insistieron en practicarlas ellos mismos, a lo que el ministro también accedió.

El cuartel de la Guardia de Asalto de Pontejos, situado detrás del ministerio, estaba dominado por oficiales izquierdistas especialmente seleccionados. Esa noche se encontraba allí una extraña mezcla de guardias de asalto (algunos de ellos no estaban de servicio), varios guardias civiles de izquierda, izquierdistas procedentes de otras unidades policiales y un número de activistas socialistas y comunistas. La política habitual del Gobierno era la de restituir en sus puestos al personal izquierdista de la Policía y otras fuerzas de seguridad, sin tener en cuenta su comportamiento en la insurrección de 1934, con el efecto de nombrar a criminales y amotinados para aplicar la ley. Esto formaba parte del programa del Frente Popular para estimular la politización de las funciones policiales, con la intermitente inclusión de activistas revolucionarios, como los miembros de las milicias socialistas y comunistas, que desempeñaban funciones de «delegados» especiales en Cuenca, Granada, Oviedo, etc. Así, cuando esa noche se redactaron las órdenes de arresto en el cuartel de Pontejos[368], las escuadras de la Guardia de Asalto que salieron constituían una mezcla, absolutamente carente de ley, de guardias de asalto, guardias civiles, policías fuera de servicio de otras unidades, así como activistas socialistas y comunistas. Este eclecticismo sería típico de algunas de las «checas», de historia tan siniestra, que pronto comenzarían a funcionar en Madrid durante las primeras fases de la Guerra Civil.

Aparentemente, la Dirección General de Seguridad había facilitado listados de falangistas y derechistas, pero los oficiales insubordinados de la Guardia de Asalto no quedaron satisfechos con estos y añadieron nombres que extrajeron de otras listas políticas, en parte confeccionadas por uno de los dirigentes de las MAOC comunistas, Manuel Tagüeña[369]. Se decidió también capturar a ciertos líderes derechistas destacados, como Antonio Goiceochea, Gil-Robles y Calvo Sotelo, pese a que disfrutaban de inmunidad parlamentaria y su arresto quedaba prohibido por la Constitución, a no ser que fuera votado por las Cortes. Huelga decir que para estos sectores de la Policía republicana la Constitución ya no era más que papel mojado. Es probable que nunca pueda determinarse si en la conspiración policial de los revolucionarios se planeó desde el principio el asesinato de los líderes derechistas, pero toda la iniciativa demostró claramente el colapso total de los procedimientos policiales.

Gil-Robles no se encontraba en Madrid, pero la escuadra que salió a ocuparse de Calvo Sotelo estaba formada por un abigarrado grupo de guardias de asalto, policías y activistas socialistas al mando del capitán de la Guardia Civil Fernando Condés. Como el asesinado Castillo, Condés era un antiguo oficial del ejército (condecorado en la campaña final de Marruecos) que había sido destinado a la Guardia Civil, donde formaba parte de la pequeña minoría de oficiales izquierdistas. Había participado en la malograda insurrección de 1934 en Madrid, por lo que fue sentenciado a cadena perpetua y posteriormente indultado cuando se produjo la victoria del Frente Popular. Al amotinarse en 1934, su traición había sido tan clara que incluso el Gobierno republicano de izquierda no le reincorporó al servicio activo hasta el 1 de julio, ascendiéndole a capitán como recompensa por su anterior subversión y restaurando su carné de oficial. Mientras tanto, había contribuido a entrenar a la milicia socialista, «La Motorizada» y, según parece, aún no había regresado por completo al servicio de la Guardia Civil. Vestido de paisano, fue el jefe de una escuadra mixta en la que tomaron parte cuatro activistas socialistas de «La Motorizada» (dos de ellos prietistas y los otros dos caballeristas), que llegó sobre las dos de la madrugada al domicilio de Calvo Sotelo. La iniciativa de un criminal condenado como Condés es otra de las mil pruebas del gran error que se cometió al no efectuar un castigo serio por la insurrección revolucionaria de 1934, lo que hizo que la violencia se repitiera a escala máxima dos años después.

El líder monárquico había permanecido en Madrid para participar en un debate sobre los problemas de orden público que tendría lugar en las Cortes el día 14. Aunque se le había dado a entender que el ejército se rebelaría pronto, ni él ni los demás líderes derechistas formaban parte de la conspiración, que era estrictamente de los militares, aunque estos mantenían un enlace con los falangistas. En el Parlamento había adoptado una posición enérgica, e incluso en público había instado al ejército a intervenir —aunque empleando un lenguaje un tanto indirecto—, porque, como decía en privado, los militares necesitaban saber que existían grupos civiles que les alentaban y les prestarían su apoyo. Con la Constitución siendo prácticamente letra muerta, Calvo Sotelo no veía otra solución a los problemas de España que la imposición de un régimen autoritario, y el hecho de que estuviera dispuesto a adherirse públicamente a una rebelión le convirtió en el principal objetivo de las izquierdas. En el Parlamento, los diputados socialistas y comunistas se habían referido abiertamente a su asesinato en dos ocasiones, acto que, sin duda, se había discutido muchas veces de manera informal entre los activistas revolucionarios. En un incidente notorio en las Cortes, incluso Casares Quiroga le amenazó directamente, aunque en términos más abstractos. El político monárquico tenía un fuerte sentido del deber patriótico y sentía la necesidad de cumplir con lo que él consideraba que eran sus responsabilidades. No mucho antes había pedido que las autoridades de la Policía cambiasen a los guardaespaldas que tenía asignados para su protección (como en el caso de otras figuras relevantes) cuando se enteró de que su principal responsabilidad era vigilarle más que protegerle y, además, parece ser que recibió la noticia de que pensaban asesinarle (aunque esto parece dudoso). En realidad, desconocía si los nuevos eran más de fiar. Aquella noche, ni Calvo Sotelo ni nadie sabía seguro lo que ocurriría en España. Pese a los informes bastante vagos que había recibido respecto al progreso de la conspiración militar, no tenía certeza de cuándo se sublevarían los militares ni si, en realidad, llegarían a hacerlo. Por ello continuó con su vida normal tanto en el plano político como en el personal[370].

Los guardaespaldas situados a la entrada del edificio aceptaron el carné de identidad de la Guardia Civil que les presentó Condés y sus hombres subieron sin obstáculos hasta la vivienda del líder monárquico. Despertaron a la familia y Condés mostró a Calvo Sotelo su identificación. Este pudo verificar, a través de la ventana, que frente a su casa esperaba un camión de la Guardia de Asalto que estaba aparcado bajo una farola. Condés le aseguró que no se trataba de una detención ilegal, sino que, simplemente, se le llevaba, en medio de la noche, a una reunión de emergencia en la Dirección General de Seguridad, lo que, por supuesto, no era cierto. Calvo Sotelo insistió en llevar consigo una pequeña maleta por si se le retenía por más tiempo, pero, una vez que los revolucionarios habían conseguido entrar en su edificio, ya no se hallaba en situación de resistirse[371]. El líder monárquico se encontró sentado en el camión de la Guardia de Asalto, y cuando este apenas había recorrido unos pocos metros, uno de los militantes socialistas, Luis Cuenca (un antiguo «delegado» de la Policía en las fraudulentas elecciones conquenses y, más recientemente, uno de los guardaespaldas de Prieto[372]), le disparó dos tiros en la nuca, al estilo soviético, matándole casi al instante. Más tarde, algunos de los miembros de la escuadra afirmarían que la ejecución no estaba planeada, sino que fue una especie de «accidente», testimonio que no resulta creíble, dado que toda la operación había sido diseñada desde el principio como un acto ilegal de venganza revolucionaria. A continuación, se arrojó el cadáver a las puertas de la morgue de La Almudena, el principal cementerio de Madrid. En conjunto, toda la operación fue una anticipación bastante exacta del modus operandi de las «checas» revolucionarias en Madrid durante los siguientes cinco meses, en bastantes ocasiones compuestas por una curiosa mezcla de personal de la Policía y militantes revolucionarios[373].

Al poco tiempo, la familia y los correligionarios de Calvo Sotelo informaron de la detención ilegal —es decir, el secuestro— a José Alonso Mallol, director general de Seguridad, quien negó haberla ordenado, lo que sin duda era cierto. Alrededor de las siete de la mañana del 13 de julio dio comienzo una investigación, aunque solo a media mañana se conoció el lugar donde se hallaba el cadáver. No hubo ningún anuncio o respuesta de parte del Gobierno, salvo, como era frecuente, la de Martínez Barrio, presidente de las Cortes, quien en privado manifestó su solidaridad con los colegas del líder asesinado, y también habló con el irresponsable Moles, que había supervisado el desastre y no parecía saber qué estaba ocurriendo[374]. De forma parecida, Felipe Sánchez Román, amigo de Azaña y antiguo compañero de estudios de Calvo Sotelo, dijo que «la República se había deshonrado para siempre» y dejó su tarjeta en casa de la víctima en señal de pésame[375].

Nunca se sabrá exactamente del grado de complicidad de los jefes socialistas en este asesinato, pero los elementos más activos se identificaban como socialistas prietistas y no resulta sorprendente que los primeros en ser informados fueran Prieto y algunos de sus colegas, parece ser que por los propios asesinos. Más tarde, Julián Zugazagoitia, director de El Socialista, escribió que, al recibir la noticia del magnicidio hacia las ocho de la mañana, exclamó: «Este atentado es la guerra»[376]. Esto era coherente con la actitud que Prieto había mantenido en los últimos quince días, pues ya asumía que la situación política no tenía remedio y que alguna clase de guerra civil era inevitable, e incluso deseable. Con esta actitud, los jefes prietistas, si no habían sido cómplices con anterioridad, se convirtieron ahora en colaboradores necesarios al hacer lo posible por esconder a los autores principales y bloquear una investigación judicial eficaz. Condés fue llevado a un escondite en casa de Margarita Nelken[377], la incendiaria diputada socialista (más tarde, afiliada al Partido Comunista), que, en las Cortes, había exigido públicamente la expansión del desorden y la violencia.

Aunque se prometió una investigación, como de costumbre, el Gobierno no hizo gesto político alguno de conciliación. Impuso la censura inmediata para ocultar la verdad[378] y se inició otra ronda de detenciones de falangistas y derechistas. Por el contrario, no se hizo un verdadero esfuerzo por capturar a los responsables directos del crimen, aunque ese día la viuda de Calvo Sotelo fue capaz de identificar a Condés a partir de unas fotografías que le enseñó la Policía. En efecto, el Gobierno de Casares Quiroga estaba ya muy cerca de convertirse en un Gobierno de guerra civil, aunque todavía reconociera ciertas formas de constitucionalidad. Como concluye Ranzato:

Nada podía garantizar que si la izquierda revolucionaria tenía semejante influencia y presencia entre las fuerzas de la seguridad pública, lo que le había tocado a un monárquico fascista no le habría podido ocurrir a cualquiera que quisiera oponerse a la revolución. Sobre todo considerando que aquel homicidio parecía destinado a quedar impune, puesto que tanto el Gobierno como la magistratura, y cualquier otra autoridad encargada de las indagaciones, estaban mostrando lentitud y pasividad en la persecución de los culpables, realizando solo algunos arrestos de participantes secundarios en la «expedición punitiva», mientras que los culpables principales, cuya identidad no era difícil conocer, habían quedado en libertad[379].

La principal excepción a esta política, aunque solo momentánea, fue la labor del juez de instrucción Ursicino Gómez Carbajo, que reconoció la gravedad del delito y se hizo cargo del caso en cuestión de horas. Al día siguiente dio inicio a los interrogatorios sistemáticos del personal de la Guardia de Asalto, cuando el Gobierno, con su habitual y arbitrario proceder, le apartó del caso, aparentemente porque les preocupaba que fuera un juez honesto y políticamente independiente. Aunque se arrestó a varios guardias de asalto, los perpetradores principales, Condés y Cuenca, siguieron en libertad. Unos días más tarde, cuando comenzó la lucha, la investigación llegó a un brusco final y se puso en libertad a los pocos que habían sido detenidos. Condés y Cuenca fueron premiados con puestos de rango superior en las nuevas milicias, pero ambos cayeron en combate en la sierra del norte de Madrid en los primeros días de la Guerra Civil. Otros socialistas implicados en el asesinato, como Francisco Ordóñez y Santiago Garcés, desempeñaron más tarde papeles destacados en las fuerzas republicanas.

La primera respuesta política vino de los líderes del Partido Comunista, sin duda siguiendo las instrucciones de la Comintern, que esa misma mañana decidieron que esta nueva crisis proporcionaba el estímulo para dar otro paso en la tan anunciada agenda de crear la República de «tipo nuevo». La tarde del asesinato, los diputados comunistas entregaron el siguiente borrador legislativo, que Mundo Obrero publicó enseguida, a los restantes grupos del Frente Popular:

Artículo 1.º: Serán disueltas todas las organizaciones de carácter reaccionario o fascista, tales como Falange Española, CEDA, Derecha Regional Valenciana y las que, por sus características, sean afines a éstas, y confiscados los bienes muebles e inmuebles de tales organizaciones, de sus dirigentes e inspiradores.

Artículo 2.º: Serán encarceladas y procesadas sin fianza todas aquellas personas conocidas por sus actividades reaccionarias, fascistas y antirrepublicanas.

Artículo 3.º: Serán confiscados por el Gobierno los diarios El Debate, Ya, Informaciones y ABC, y toda la prensa reaccionaria de las provincias.

Esta tajante propuesta, que habría supuesto la abolición de aproximadamente la mitad del mundo político español y hubiese creado un gran «gulag» ibérico de prisioneros políticos, era del todo inconstitucional. Las medidas propuestas respondían a algunos de los puntos fundamentales de la República de «tipo nuevo», pero el aplazamiento de las sesiones parlamentarias ordenado por el Gobierno —otra de las decisiones arbitrarias de Casares Quiroga— impidió su presentación formal antes de que se iniciase la contienda. Luego, durante la guerra, sus disposiciones se aplicaron de inmediato de la forma más violenta y revolucionaria en lo que eufemísticamente se denominaría la «zona republicana».

El día 13, el Consejo de Ministros se reunió dos veces, acordó suspender la siguiente sesión de las Cortes, denunció el asesinato en una breve declaración y prometió llevar a cabo una investigación pública y un procesamiento completos. En realidad, nada de esto se hizo y, en lugar de lo prometido, unos días después los asesinos serían ascendidos a puestos de mayor responsabilidad. Habiendo esquivado al Parlamento, el Gobierno no hizo nada concreto para tratar de tranquilizar a la cada vez más vulnerable oposición y continuó con su acostumbrada política de culpar a la víctima. De acuerdo con el espíritu de la nueva propuesta comunista, anunció la decisión de cerrar las sedes madrileñas del partido monárquico Renovación Española y las de la CNT (que no formaba parte del Frente Popular), aunque resultaba bastante dudoso que estos hubieran estado implicados en el asesinato, así como la detención de muchos más derechistas. El día 15, el director general de Seguridad anunció que en los días anteriores se había detenido a otros 185 líderes locales y provinciales de Falange, que se añadían a los millares que estaban ya encarcelados. Al día siguiente, en línea con la nueva estrategia gubernamental de máxima polarización y de supresión directa de las derechas, se clausuraron todas las sedes derechistas en Barcelona.

Mientras tanto, Marcelino Domingo había hablado con Martínez Barrio, que estaba de acuerdo en instar a Azaña a sustituir el Gobierno de Casares Quiroga por otro más conciliador y eficaz. El presidente se negó. Pese a conceder que, en última instancia, Casares debería marcharse en poco tiempo, alegó que sustituirle de manera inmediata sería equivalente a hacerle responsable del asesinato[380]. Esta decisión fue de una torpeza e irresponsabilidad realmente extraordinarias, incluso para el propio Azaña. Si Casares era o no culpable en un sentido personal —y su culpabilidad parece haber sido indirecta, por haber sostenido una política de seguridad subversiva e irresponsable—, el magnicidio era, sin embargo, una especie de crimen de Estado que requería una rectificación. Azaña debió haber tomado una decisión inmediata para cambiar la política del Gobierno, instaurar un verdadero sistema de seguridad, aplicar la ley y la Constitución, y dar garantías a las derechas. Esta era su última oportunidad, pero no hizo absolutamente nada, permitiendo que el país se deslizara cada vez más hacia una situación de guerra civil, que era la decisión política tomada conscientemente por el Gobierno de Casares Quiroga.

Observa Ranzato:

En realidad, toda la conducta de las autoridades republicanas fue, en ese trance, desacertada y contraproducente, mostrando su incapacidad de afrontar una discusión abierta sobre las responsabilidades de lo que había ocurrido y de dar pruebas de su fuerte determinación para castigar inmediatamente a los responsables de los dos homicidios, y en primer lugar el de Calvo Sotelo, que no solo por el papel político de la víctima, sino sobre todo por las circunstancias de su muerte y las consecuencias que podrían derivar de su asesinato, era con mucho el más grave. Al contrario, las medidas que adoptaban manifiestan su voluntad de acallar y encubrir los hechos lo más posible, hasta reforzar, en lugar de disipar, la sospecha de complicidad. Porque, en primer lugar, se impuso una rigidísima censura sobre la prensa respecto a la participación —aun presentándola como un rumor— de agentes de las fuerzas de orden en el secuestro y homicidio del líder monárquico, mientras que evidentemente esta era ya una noticia de dominio público[381].

Mientras la UMRA consideraba la muerte de Castillo como una más en una secuencia de varios asesinatos de oficiales izquierdistas, los derechistas no dudaban de que el asesinato de Calvo Sotelo representaba algún tipo de conspiración o acto extraordinario, aunque no necesariamente dirigido por el propio Gobierno. Muchos lo vincularon con los dos secuestros, culminados en asesinatos, que tuvieron lugar el fin de semana anterior.

El líder monárquico fue enterrado en un funeral que tuvo lugar en la tarde del día 14, al que asistieron miles de derechistas, muchos de los cuales hicieron el saludo fascista, lo que enfureció a la Policía. Justo después, cientos de jóvenes derechistas decidieron marchar de nuevo hacia el centro de la ciudad en manifestación, una provocación absolutamente típica del comportamiento de la juventud politizada en aquellos meses. Fueron detenidos por una barricada policial, donde se registró a cada uno de los manifestantes para asegurarse de que todos estuvieran desarmados antes de permitirles continuar. Conforme el grupo se acercaba al centro, varios guardias de asalto y otros policías abrieron fuego contra ellos para impedirles avanzar. Según diversos periódicos, hubo entre dos y siete muertos y numerosos heridos[382].

Se produjo entonces la reacción contraria entre algunos miembros de las fuerzas de seguridad y tres oficiales de la Guardia de Asalto fueron detenidos tras protestar enérgicamente por esta deliberada agresión policial contra manifestantes, después de haber verificado que estos no iban armados. Del mismo modo, algunos de los compañeros de Castillo en el cuartel de Pontejos, que no eran ultraizquierdistas, consideraban que el magnicidio había manchado el honor del cuerpo de seguridad, y los días 16 y 17 también protestaron exigiendo una investigación más completa. Se ha dicho que al menos dos unidades de la Guardia de Asalto se hallaban al borde del amotinamiento contra las arbitrarias actividades impuestas por la política gubernamental[383].

Mientras tanto, la actuación del Gobierno contra la CNT alentó nuevas hostilidades entre esta y la UGT, y el día 14, en otra refriega en Madrid, murió un cenetista.

El 15 de julio, el Gobierno permitió la convocatoria de la Diputación Permanente de las Cortes, que tuvo lugar a las once y media de la mañana. Aunque en principio su propósito era aprobar una nueva ampliación del estado de alarma otros treinta días, esta última sesión de un órgano del Parlamento republicano se convirtió inevitablemente en un debate sobre el estado del orden público, el magnicidio y sus consecuencias. El conde de Vallellano, monárquico, abrió el debate:

Este crimen, sin precedentes en nuestra historia política, ha podido realizarse merced al ambiente creado por las incitaciones a la violencia y al atentado personal contra los diputados de derechas que a diario se profieren en el Parlamento […]. Nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto.

Los diputados centristas y derechistas señalaron que esta constituía, simplemente, la más flagrante y decisiva confirmación de sus acusaciones previas respecto a la gestión partidista y politizada del orden público. Nunca antes en la historia de los regímenes parlamentarios occidentales un destacamento de la Policía estatal se había unido con criminales revolucionarios para secuestrar y asesinar a un líder de la oposición. Pero la comparación ya no cabía en realidad, porque la Segunda República había dejado de ser un sistema parlamentario constitucional. Las derechas no acusaron al Gobierno de planear u ordenar el asesinato, pero sí de ser el responsable, el «cómplice moral», por haber alentado las circunstancias que lo hicieron posible.

Gil-Robles presentó su resumen estadístico de los desórdenes y dijo que se habían producido sesenta y una muertes relacionadas con actos políticos entre el 16 de junio y el 13 de julio. Refiriéndose al magnicidio y luego dirigiéndose al Gobierno, continuó:

Vosotros tenéis la enorme responsabilidad moral de patrocinar una política de violencia que arma la mano del asesino; de haber, desde el banco azul, excitado la violencia; de no haber desautorizado a quienes desde los bancos de la mayoría han pronunciado palabras de amenaza y de violencia contra la persona del señor Calvo Sotelo. Eso no os lo quitaréis nunca; podéis, con la censura, hacer que mis palabras no lleguen a la opinión […]. Si exigís las debidas responsabilidades, si actuáis rápidamente contra los autores del crimen, si ponéis en claro los móviles, ¡ah!, en ese caso quizá, y no lo lograréis en todo, quedará circunscrita la responsabilidad a los autores; pero si vosotros estáis, con habilidades mayores o menores, paliando la gravedad de los hechos, entonces la responsabilidad escalonada irá hasta lo más alto y os cogerá a vosotros como Gobierno y caerá sobre los partidos que os apoyan como coalición de Frente Popular y alcanzará a todo el sistema parlamentario y manchará de barro y de miseria y de sangre al mismo régimen.

Observó que cada día leía en los periódicos izquierdistas frases como «hay que aplastar al adversario» o que se debía «practicar con él una política de exterminio»:

Sé que vais a hacer una política de persecución, de exterminio y de violencia de todo lo que significa derechas. Os engañáis profundamente: cuanto mayor sea la violencia, mayor será la reacción; por cada uno de los muertos nuestros surgirá otro combatiente […]. Vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella. Muy vulgar por muy conocida, pero no menos exacta, es la frase de que las revoluciones, como Saturno, devoran a sus propios hijos. Ahora estáis muy tranquilos, porque veis que cae el adversario. Ya llegará un día en que la misma violencia que habéis desatado se volverá contra vosotros.

Portela Valladares declaró que se abstendría de votar la ampliación del estado de alarma porque el Gobierno de Casares Quiroga había demostrado carecer de la honestidad y objetividad necesarias para gestionar un estado constitucional de excepción: «El Gobierno ha dicho que es beligerante, y a un Gobierno que dice que es beligerante el recurso extremo de la suspensión de garantías, que es para ejercido [sic] con serenidad, con mesura, sin pasión, con igualdad, nosotros no se lo podemos dar». Juan Ventosa se mostró de acuerdo con Portela y también declaró que se abstendría, diciendo que el Gobierno era del todo incapaz de solucionar la crisis debido a su declarado partidismo y a su rechazo a aplicar la ley con igualdad para todos, y añadió que Casares Quiroga era «un hombre que se prestaba más para desencadenar una guerra civil que para devolver la normalidad».

La respuesta de Prieto fue muy débil; hizo hincapié en que Calvo Sotelo había sido asesinado en venganza por la muerte de Castillo, lo que constituía una mera repetición de la pobre lógica de la declaración originaria del Gobierno. Fue un argumento que se destruía por sí solo, porque al equiparar las dos muertes admitía que la Policía republicana era un grupo tan fascista, criminal y terrorista como los falangistas, lo cual dejaba a las izquierdas sin argumento.

Ni el Gobierno ni Prieto parecían capaces de entender que los hechos estaban colocando a las fuerzas de seguridad republicanas al nivel de meros asesinos políticos, validando las acusaciones de las derechas y admitiendo la inexistencia de un Estado de derecho.

Ni el Gobierno ni los prietistas, íntimamente implicados en el asesinato, tomaron iniciativa alguna para rectificar la situación. Su política había pasado a ser la de un conflicto armado que ya no querían evitar, pues lo consideraban inevitable y estaban convencidos de que ganarían. El día 14 Prieto instó en El Liberal a la unión de las izquierdas y no a la reconciliación con las derechas, a las que amenazó con la destrucción total si osaban iniciar actos de violencia. Pero tuvo la lucidez de decir que podría ser una lucha larga y difícil, además de violenta en extremo: «Será una batalla a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel», una siniestra profecía que se cumpliría al pie de la letra. Prieto y los suyos continuaron escondiendo a los asesinos de Calvo Sotelo, y existen testimonios de su intervención personal para poner fin a la investigación judicial[384]. Dada la implicación de varios prietistas, los socialistas consideraban indispensable vetar cualquier investigación completa que sacara a la luz el papel de unos socialistas que se decían «moderados» en cuanto a la violencia política.

La Comisión Ejecutiva del Partido Socialista sí convocó una reunión conjunta de sus propios vocales, los líderes comunistas y los jefes de las JSU, y todos firmaron un documento en el que se prometía el apoyo total al Gobierno. Sin embargo, la declaración no recibió la aprobación oficial de la UGT, cuyos líderes no reconocían la legitimidad de la Comisión Ejecutiva actual del PSOE, si bien un representante de la UGT asistió a la reunión y firmó el manifiesto a título personal.

Durante un tiempo, la estrategia caballerista, al igual que la de Mola, se había basado en la probabilidad de una guerra civil breve, provocada por una sublevación militar que sería rápidamente derrotada mediante una huelga general revolucionaria que entregaría el poder a un Gobierno de transición, presumiblemente dirigido por Largo Caballero. En cambio, los caballeristas carecían de un plan directo para tomar el poder por sí mismos, una limitación en su estrategia que dejaba la iniciativa en manos de los militares rebeldes, pero se aferraron a la creencia de que una rebelión militar nunca podría ser tan fuerte como para no ser aplastada por los miles de obreros revolucionarios y su dominio de la economía.

Largo Caballero «creía a pies juntillas»[385] que el efecto combinado de estas dos cosas —una rebelión militar y la huelga general revolucionaria— minarían por completo los débiles restos de la República «burguesa», lo que daría paso a la toma socialista del poder. (Y en verdad eso es lo que ocurrió con un retraso de mes y medio, aunque ese Gobierno duraría poco, siendo subvertido por, entre otros, los mismos prietistas). Antes de su regreso de Londres, donde asistía a una reunión internacional de jefes sindicales, Largo Caballero despotricó en Claridad, el 15 de julio: «¿No quieren este Gobierno? Pues que se sustituya por un Gobierno dictatorial de izquierdas. ¿No quieren el estado de alarma? Pues que haya guerra civil a fondo». Esta no era más que una de las habituales predicaciones de guerra civil que aparecieron en el periódico durante aquellos meses. Pero cuando esta «guerra civil a fondo» que Largo Caballero abrazaba con tanta complacencia y regocijo se hizo realidad, el «Gobierno dictatorial de izquierdas» dirigido por el propio Largo fracasaría en la contienda.

Al día siguiente, Claridad publicó un artículo titulado «Técnica del contragolpe de Estado» en el que se explicaba cómo derrotar una rebelión que los caballeristas no solo esperaban, sino que, aún más que el Gobierno de Casares Quiroga, deseaban ardientemente y habían tratado de provocar sin cesar. La verdad era que, como creía Azaña, el ejército español era muy manso, por lo que necesitaba un alto grado de provocación. Según el artículo, la derrota del referido golpe se podría lograr con facilidad, simplemente licenciando a las tropas de las unidades rebeldes, liberando —así de sencillo— a los soldados de la disciplina militar, entregando armas en masa «al pueblo» —lo que, naturalmente, no quería decir al pueblo español en general, sino a los grupos revolucionarios organizados— y combinando la milicia revolucionaria resultante con los sectores leales del ejército para sofocar lo que quedase de la rebelión. Entonces los revolucionarios podrían dominar el Gobierno, iniciando la «dictadura del proletariado», que por esas fechas en ocasiones también se llamaba «la dictadura del Frente Popular».

Impresiona el modo en que la primera parte de estas profecías revolucionarias se cumplió durante los siguientes diez meses. Empezada la Guerra Civil, la revolución crearía exactamente esta clase de fuerzas militares híbridas, pero su eficacia militar sería mucho más limitada de lo esperado. Fue necesario reemplazarlas muy pronto por un «Ejército Popular», según la insistencia comunista, siguiendo el modelo del Ejército Rojo de la Unión Soviética, el cual, junto con la ayuda de esta, salvaría la revolución de la destrucción durante una temporada. Largo Caballero conseguiría crear su dictadura revolucionaria, pero después de un gran torbellino de confiscaciones de propiedades de todo tipo y un programa de asesinatos en masa que acabaría con la vida de más de cincuenta mil personas, todo resultó ineficaz. Fue necesario acudir a la estrategia comunista —tan denostada por ser «contrarrevolucionaria»— para tratar de ganar la guerra, mientras Largo se retiraba a una especie de gueto personal durante la mayor parte de su deseada, aunque malograda, guerra.

Durante esta fase de histeria que dominaba a las izquierdas a mediados de julio, Luis Araquistáin, director de Claridad, seguía siendo el principal teórico de la guerra civil revolucionaria. Como Joaquín Maurín, líder del POUM, había opinado con anterioridad que una revolución violenta requería una guerra civil para triunfar, y las izquierdas podrían vencer fácilmente con el apoyo de la tensa situación internacional, que impediría una intervención extranjera contrarrevolucionaria. Tras el asesinato de Calvo Sotelo, Araquistáin escribió a su mujer que era probable que se produjera un intento de rebelión armada, cuyo resultado sería «o viene nuestra dictadura o la otra»[386].

El día 16, la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista convocó otra reunión, en esta ocasión de representantes de todos los partidos obreros presentes en el Frente Popular, para acordar una política conjunta. Esta vez la UGT sí envió representantes oficiales, pero en el mitin declararon que no podían acordar nada sin antes presentarlo a consulta a la cúpula ugetista, por lo que se abstuvieron en la decisión final. Los representantes de los demás partidos obreros acordaron organizar comités en toda España para crear una milicia armada amplia y solicitar armas del Gobierno, y se pusieron de acuerdo en la apremiante necesidad de llevar a cabo una purga drástica en el ejército. También acordaron ofrecer un puesto a los representantes del Gobierno en los comités conjuntos de todas las fuerzas políticas que respaldaban al Gobierno de Casares Quiroga, y todo esto siguiendo el modelo de unos sóviets armados. Fue una decisión más práctica, al menos, que la estrategia de Largo de provocar una rebelión y después declarar la huelga.

No obstante, para los caballeristas la propuesta era a la vez demasiado complicada y limitada. Ellos solo querían que se entregasen las armas directamente a los sindicatos obreros, sin ninguna superestructura del Frente Popular, y por eso los líderes de la UGT respondieron preguntando: a) quién garantizaría el futuro comportamiento político de tales comités de milicia multipartidistas; b) por qué tales comités deberían asumir una responsabilidad militar para luchar contra un golpe derechista; c) cómo podrían estar seguros de que el Gobierno no trataría de disolver los comités, y d) por qué no sería mejor que los comités estuvieran autorizados por el propio Gobierno, lo que garantizaría que, posteriormente, no se intentaría desarmarlos[387].

Se había llegado a una situación en la que los prietistas y los comunistas (en anticipación de su alianza de 1937) estaban dispuestos a formar una milicia multipartidista para librar la guerra civil, aunque, en teoría, lo harían en apoyo del Gobierno republicano más que como rivales, mientras que la UGT no propuso otra iniciativa que obtener del Gobierno la entrega de armas directamente a los sindicatos. Pese a sus discursos acerca de la «bolchevización», la estrategia de los caballeristas fue extrañamente pasiva, primero esperando la rebelión y después a que el Gobierno les entregase el poder armado, algo a lo que todavía se negaba el Gobierno de Casares Quiroga. Tres días después, su sucesor no sería tan remilgado.

El espectáculo de los preparativos para una guerra civil disparó las alarmas en la sede moscovita de la Comintern. Aunque sus jefes habían exigido proponer medidas estrictas para desarmar a las derechas y encarcelar a muchos de sus miembros, de ningún modo contemplaban la posibilidad de una guerra civil en España con tanta complacencia como los portavoces marxistas en el país (Araquistáin, Largo Caballero, Maurín y otros). Desde la fundación de la Comintern en 1919, nunca se había producido una situación tan favorable para la extrema izquierda como la que existía en España en esos momentos. La fórmula frentepopularista había otorgado a las izquierdas un dominio casi total de las instituciones españolas, y todo de una forma al menos nominalmente legal. Para la Comintern era una experiencia absolutamente única formar parte de una alianza política asociada con el poder de Estado legal en un régimen «burgués», y sus líderes querían sostener esta situación de dominación «legal» a cualquier precio. Este poder debía emplearse con el máximo vigor posible para ilegalizar y encarcelar a las derechas, pero procurando cuidadosamente evitar una guerra civil. Los jefes de la Comintern tenían muchísima más experiencia que sus homólogos españoles en la guerra civil revolucionaria. La habían invocado constantemente entre 1919 y 1935, pero siempre habían fracasado en el empeño, alcanzando el éxito solamente en España tras haber cambiado a la táctica del Frente Popular. No deseaban ver que la dominación «legal» de las izquierdas en España se colocaba en una situación de riesgo ante la posibilidad de una guerra civil. La dominación actual estaba asegurada por todas las instituciones nacionales, mientras en una guerra civil había dos posibilidades, ganar o perder. Salvo en Rusia, los comunistas siempre habían perdido.

El 17 de julio, unas horas antes de que la rebelión militar comenzase en el Protectorado de Marruecos, Dimitrov y Manuilski enviaron un telegrama urgente al politburó del PCE en el que insistían en que se tomasen medidas excepcionales e inmediatas para desbaratar «la conspiración fascista» y evitar el peligro de una guerra civil. Se ordenó a los líderes comunistas alentar la máxima unidad del Frente Popular y continuar vigorosamente con su programa de utilizar los poderes gubernamentales y legislativos para detener a un mayor número de derechistas, purgar el ejército, la Policía y la administración, y suprimir del todo la prensa de derechas. Además, debían presionar para que se introdujera un «tribunal de urgencia» especial con plenos poderes revolucionarios para aplicar las máximas penas a los derechistas y confiscar sus propiedades, al tiempo que el partido se movía con rapidez para formar y expandir los grupos de la Alianza Obrera y Campesina, a modo de unidades activas de enlace del Frente Popular[388]. Estas propuestas, inconstitucionales y revolucionarias o prerrevolucionarias, no formaban parte en absoluto del programa «moderado» que, con frecuencia, se atribuye a los comunistas, pero eran del todo coherentes con la estrategia básica de la Comintern de servirse de los poderes del Gobierno —a diferencia de los subversivos e insurgentes— para alcanzar la total dominación izquierdista.

Tras el asesinato de Calvo Sotelo, llegó la última oportunidad para rectificar la situación y evitar una guerra civil, lo que podría haberse hecho de dos formas: la primera habría sido adoptar de inmediato algo parecido a la propuesta de la Comintern, que no estaba tan lejos de la posición de Prieto en ese momento, aunque es probable que debiera haberse iniciado en una fecha algo más temprana para alcanzar un éxito completo. La otra habría sido declarar un cambio completo e inmediato, una nueva política de ley y orden constitucionales, y realizar un esfuerzo serio de reconciliación.

Hay ciertos indicios de que el propio Mola estaba dispuesto a considerar alguna forma de compromiso de última hora antes de dar el paso irrevocable de sublevarse, pero se trata de una conclusión sin la suficiente base. En sus negociaciones anteriores con el jefe carlista, Manuel Fal Conde, el general había disgustado a este cuando indicó que la publicidad dada por Miguel Maura a un proyecto de dictadura constitucionalista indicaba que este pudiera ser el modo más práctico y menos cruento para enderezar los problemas de España[389]. Otro indicio es el que aporta Mariano Ansó, el presidente de la Comisión de Guerra de las Cortes, quien veraneaba en aquellas fechas con su familia en Zarauz (Guipúzcoa). El día 13, después de recibir la noticia del magnicidio, se preparó para coger el tren de noche y volver enseguida a Madrid. Informa de que:

A media tarde recibí una visita inesperada. El teniente coronel Rafael Tejero, amigo mío de la adolescencia, venía de Pamplona […]. Rafael me hizo comprender que tenía urgencia de hablar conmigo en el mayor secreto. Tan pronto como estuvimos solos entró en materia, diciéndome sin preámbulos que la situación era gravísima y que venía de Pamplona por encargo del general Mola, que quería entrevistarse conmigo. Le pregunté por qué Mola no había venido personalmente. Me respondió que estaba muy vigilado en sus movimientos y no podía salir de Pamplona. Vacilé y le pedí un tiempo de reflexión.

Después de meditar un rato, Ansó llegó a la conclusión que sería inapropiado que él, como diputado civil, hablara directamente con el general, e indicó que Mola debía hablar con su superior jerárquico, el general Batet, en Burgos. «Tejero insistió, tratando de hacerme ver que era una gestión directa y secreta». Ansó repitió que era inapropiado que él fuera a hablar con Mola, y el asunto se quedó allí. Los términos de la conversación que Mola buscaba quedarán para siempre como tema de especulación[390]. Se puede conjeturar que el cabecilla de la conspiración pretendía saber si el Gobierno izquierdista estaba finalmente dispuesto a rectificar su política o si debía seguir en adelante con su rebelión, tanto tiempo planeada, pero tan incierta en sus posibilidades. Cuando, menos de veinticuatro horas después, Mola dio las órdenes finales para iniciar la insurrección, la idea entre los rebeldes era que nunca darían un paso atrás ni contemplarían cualquier compromiso que no fuera insistir en la victoria militar. Fueron los términos que Mola dio a Martínez Barrio en las primeras horas del día 19.

El Gobierno no adoptó ninguna iniciativa, sino que continuó con su política de acosar a las derechas sin realizar el menor gesto para rectificar la situación. Más tarde, Portela Valladares presentaría en sus memorias la acusación de que «Casares veía con confianza y satisfacción que estallara el movimiento militar, para presentarse en las Cortes luego, a recoger los aplausos del vencedor»[391]. En sus memorias, Largo Caballero declaró que durante las últimas semanas había hablado tres veces con Casares Quiroga, con quien tenía relaciones muy amistosas, instándole a emprender una purga drástica de los mandos militares. El último de estos encuentros tuvo lugar el 4 de julio, antes de la salida de Largo para un congreso en Londres:

Se repitió la misma escena […]: «Si se rebelan, les pasará igual que el 10 de agosto de 1932. ¡Si precisamente yo lo que quiero es que salgan a la calle para acabar con todos ellos». Y ante las denuncias de los continuos viajes del General Queipo de Llano, Casares se echaba a reír, diciendo: «¿Pero ustedes le temen a Queipo de Llano…? ¿No saben que Queipo no es más que un imbécil? Además, ¿qué va a hacer? ¡Cómo no subleve a los Carabineros, en la frontera! Lo único que tiene es el despecho porque le hemos destituido a su consuegro». Le propuse que, por lo menos, hiciese traslados de jefes y de material para desconcertar a los organizadores. ¡Ni eso lo consideraba necesario![392].

Santiago Carrillo, líder de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), ha presentado un testimonio semejante. Escribió que en esos días finales, Prieto, el secretario general del PCE, José Díaz, y él mismo acudieron a hablar con Casares para instarle a que entregase armas a los nuevos comités obreros que se estaban organizando. Según Carrillo, «aquel hombre flaco, enfermo, con ojos de fiebre, trató de convencernos de que el Gobierno dominaba la situación y que la amenaza no era tan grave. Llegó a decir que estaba deseando que se sublevaran para poderlos aplastar»[393].

Es incluso posible que en una fecha tan tardía como el 12 de julio este cálculo hubiese sido correcto. De forma continuada, Mola encontraba grandes obstáculos para seguir con la conspiración. La mayoría de los oficiales no querían rebelarse y las relaciones con los falangistas eran tensas, mientras los carlistas se negaban a cooperar en los términos impuestos por el general. La proyectada fecha de la rebelión se había pospuesto en varias ocasiones y el 9 de julio, tras un rechazo en apariencia decisivo por los carlistas, Mola estaba desesperado y en una nota de despedida al jefe nacional carlista Manuel Fal Conde se lamentaba de que «recurrimos a ustedes porque contamos únicamente en los cuarteles con hombres uniformados, que no pueden llamarse soldados […]. De cuantos han actuado en esta aventura, la única víctima voy a ser yo»[394]. En ese momento solo podía prever una insurrección fallida, o quizá ninguna en absoluto, a la que seguiría su propio arresto y encarcelamiento.

El día después de ese encuentro el teniente coronel Galarza escribió a Sanjurjo en Lisboa que para lanzar la insurrección «parece que la idea es apoyarlo en algún acontecimiento político»[395]. De repente tal suceso tuvo lugar el 13 de julio, porque el magnicidio ejerció un efecto eléctrico en toda la oposición potencial. No solo las derechas, sino muchos del centro político estaban profundamente indignados. Como Gregorio Marañón escribió a Marcelino Domingo el día 16: «El Gobierno da la sensación de una lenidad increíble, nos sonroja y nos indigna a los que luchamos contra la Monarquía […]. España está avergonzada e indignada, como no lo ha estado jamás»[396]. El asesinato de Calvo Sotelo fue el catalizador necesario para transformar una conspiración floja en una rebelión violenta que podía disparar una lucha masiva. El capitán Jesús Pérez Salas, un militar liberal que siempre permaneció fiel a la causa republicana a través de todas las fases de la revolución, lo explicó de esta manera:

A mediados del mes de julio llegó por fin el motivo que anhelaban las derechas españolas y que había de decidir el levantamiento militar. Este motivo fue el asesinato del señor Calvo Sotelo. No sé de quién pudo partir la idea de cometer semejante atropello. Pero sí diré, que ni elegido por los rebeldes podían haberlo hecho mejor los que lo cometieron. Debió ser inspirado por alguien que tenía un gran interés en que el ejército se sublevara […]. Si aplicándole la ley de Talión los allegados, compañeros o correligionarios del teniente Castillo hubiesen disparado contra Calvo Sotelo en la calle o donde lo hubiesen encontrado, solo hubiera sido un acto más de terrorismo, que se sumaba a los muchos que se habían llevado a cabo aquel verano. La impresión que ese acto hubiera causado en el ejército habría sido desde luego deplorable, y como consecuencia, habría constituido un paso más hacia la intervención de este en el levantamiento. Por la personalidad de Calvo Sotelo, exministro de la Dictadura, su muerte habría sido hábilmente explotada para llevar al ánimo de la oficialidad la absoluta impotencia del Gobierno para evitar atentados de esta naturaleza. Pero en forma alguna podría haber constituido la gota de agua que hizo rebasar el vaso. Tal fue, en realidad, el efecto que produjo al conocerse este asesinato; pero cuando fueron revelados sus detalles y se supo que habían intervenido en el mismo las fuerzas de Orden Público, la reacción fue tremenda […]. Es inútil tratar de restar importancia al hecho. Si las fuerzas de Orden Público, en las que descansan los derechos y la seguridad de los ciudadanos, son capaces de ejecutar actos de esa naturaleza, prueban evidentemente su falta de disciplina y el olvido de su sagrada misión […]. Quizá habría podido evitarse la acción posterior del ejército mediante una rápida y enérgica intervención del Gobierno republicano, castigando con dureza a los ejecutores y, sobre todo, expulsando del Cuerpo de Seguridad al núcleo contaminado, para dar así la sensación al país de que el Gobierno se hallaba dispuesto a terminar con el terrorismo de cualquier parte que éste procediese.

De hecho, como ya se ha señalado, existe cierta evidencia de que el Gobierno, al menos, había empezado una investigación del crimen, pero se encontró bloqueado por el veto de Prieto, su aliado número uno, y la constante necesidad, según el propio concepto del Gobierno, de confiar en él y en los movimientos revolucionarios. En ese momento, los socialistas prefirieron alentar, más que desalentar, la rebelión, aunque Prieto no se mostrase tan confiado como Largo Caballero acerca del resultado final. Evidentemente, le preocupaba la ciega confianza demostrada por Casares en que el Gobierno pudiera reprimir una sublevación con sus propios medios, sin potenciar la revolución, aunque esta siempre había sido la política de Azaña.

En cuanto a Franco, seguía dudando, a pesar de que el avión privado contratado para recogerle en Canarias y trasladarle a Marruecos partió de Londres el 11 de julio. Como se ha visto, al día siguiente envió un mensaje a Mola utilizando el código cifrado «geografía poco extensa» (visibilidad limitada), que significaba que para él aún no había llegado el momento de la insurrección y no estaba preparado para participar. Su decisión cambió muy rápidamente después de conocer los detalles de la muerte de Calvo Sotelo el día 13. Años después, Franco afirmaría en un discurso de 1960 que el alzamiento jamás habría conseguido el apoyo necesario entre los militares si no se hubiera producido aquel asesinato[397]. La situación límite de la que siempre había hablado como el único factor que podía justificar una rebelión armada finalmente se había producido, y de una forma tan dramática y estridente que afectaría profundamente a toda la opinión no izquierdista. Había llegado el momento en que el cauteloso general había decidido que era aún más peligroso no rebelarse que rebelarse. Varios comentaristas alegan que no pudo ser así, porque el hecho de que el avión ya hubiera salido de Londres para llevarle a Marruecos indicaba su plena implicación en la conspiración. Como se ha visto anteriormente, estaba de verdad implicado pero no de forma definitiva, como indicó escuetamente en el último mensaje a Mola. La carrera de Franco demuestra que habría sido capaz de dejar que el avión y su piloto esperaran durante días, e incluso de rechazarlos, si las circunstancias no eran las propicias, aunque un rechazo final hubiera sido complicado, porque no habría podido esconder de modo permanente las evidencias de su implicación[398]. Pero en poco más de veinticuatro horas después de enviar el mensaje declarando que no estaba dispuesto a unirse a una sublevación, envió otro comunicando su compromiso total y pidiendo que el alzamiento comenzara cuanto antes. Finalmente, las condiciones eran las adecuadas, maduras y cualquier día de tardanza podría debilitar el movimiento. También dio instrucciones a su ayudante para que reservara un pasaje a Le Havre para su mujer y su hija en un barco alemán que partiría de Canarias en seis días, alejándolas así de cualquier peligro hasta que se resolviera el destino de un alzamiento irremediablemente incierto.

Aunque la decisión de Franco al fin era firme, no la tomó a la ligera, ni siquiera con excesiva confianza en su buen fin, porque sabía que se estaba embarcando en una empresa desesperada en la que las circunstancias estaban probablemente a favor de los contrarios, y que un fracaso acarrearía la peor condena de todas. Dora Leonard, su profesora de inglés, ha dicho que cuando se encontró con él para la última lección el 14 de julio, estaba muy cambiado, parecía muy ocupado y demacrado, como si hubiera dormido poco, estaba distraído y mostraba una gran dificultad para concentrarse[399]. Por un momento, el militar siempre tranquilo y con un dominio total de los nervios, había desaparecido, pero esta situación duró poco tiempo y pronto se volvió a ver al Franco calmado, firme y lleno de determinación.

La insurrección de Mola estaba mal organizada y, en muchos aspectos, era confusa. Su plan era el contrario a un moderno golpe de Estado concebido desde el centro de un país. Se parecía más a algunos de los antiguos pronunciamientos decimonónicos organizados desde la periferia, con algunas de las figuras clave —Franco, Sanjurjo, Goded y otros— fuera de la España peninsular y el propio Mola al pie de los Pirineos. Mola había desestimado cualquier esperanza de una acción inmediatamente concertada y había enviado instrucciones para llevar a cabo un alzamiento en tres fases sucesivas, y en diferentes regiones, durante un período de tres días. Las instrucciones que envió el día 14 decretaban que el alzamiento comenzaría en Marruecos el 17; en las provincias del sur, el 18, y en el norte, el 19. Pero había mucha confusión y, tanto Franco en Canarias como los conspiradores en el Protectorado, se equivocaron en el código utilizado y, como en algunos otros sitios, las últimas comunicaciones del Director o no llegaron nunca o no fueron entendidas correctamente.

Una vez recibida confirmación de Franco el día 14, Mola pidió que este se sublevara el día 17 y que fuera seguido por las unidades de Marruecos a medianoche, pero Franco nunca recibió tales instrucciones, o, si las recibió, no las descifró bien. Pensaba empezar la sublevación en Canarias no antes de la tarde del domingo, día 19, una vez que su mujer y su hija estuvieran a salvo en un barco alemán que salía para Francia. El general llegaría así a Marruecos el 21, sin saber que los militares en el Protectorado le esperaban por la tarde del 17 o la mañana del 18. Luego supo, el día 15, que su avión había aterrizado en Gran Canaria, porque Tenerife no disponía de un aeropuerto adecuado. El pretexto para viajar a la isla principal llegó en la mañana del día 16, cuando el general Amado Balmes, comandante de las tropas en Gran Canaria y probablemente implicado en la conspiración, murió de repente en un accidente en el campo de tiro en la isla[400]. El Ministerio de Guerra permitió que Franco fuera a Gran Canaria para presidir el entierro el día 17. Una vez allí procedió de un modo pausado y tranquilo, pues no pensaba declarar el estado de guerra durante las cuarenta y ocho horas siguientes.

La insurrección estalló en el Protectorado sobre las cuatro de la tarde del día 17, algunas horas antes de lo que se planeaba, precipitada por una delación. Se declaró la rebelión primero en Melilla esa misma tarde, en nombre de Franco como «jefe de las Fuerzas Armadas de África». El bando anunció que el ejército asumía el poder «para restablecer el imperio del ORDEN dentro de la REPÚBLICA», con la imposición del estado de guerra. La insurrección logró el dominio total del Protectorado en menos de veinticuatro horas[401].

Las primeras noticias llegaron al Gobierno de Madrid poco después de las cuatro de la tarde, incluyendo los apellidos de varios de los jefes de lo que parecía ser una rebelión incipiente. No fue exactamente una sorpresa, aunque en ese momento, tanto en Madrid como en Tetuán se prestaba atención casi igualmente a una supuesta «conspiración de cabos» izquierdista, probablemente inexistente. Casares Quiroga ordenó la detención de los rebeldes indicados, pero en el Protectorado las autoridades militares republicanas habían sido derrocadas en el acto. Tras informar a Azaña, Casares llegó a la reunión del Consejo de Ministros a las seis y media, pero al comienzo no quería informar ni siquiera a sus ministros. Indalecio Prieto recibió las noticias muy pronto, probablemente de parte de un telegrafista de la UGT, y ante el mutismo de Casares, fue el líder socialista quien informó a los periodistas, que enseguida pudieron verificar que las comunicaciones con el Protectorado se habían cortado. El propio Mola recibió la primera noticia de un periodista en Pamplona. Casares Quiroga anunció de un modo terminante y abrupto, al final de la reunión, que una parte del ejército se había sublevado en Marruecos y que tenía que salir para ocuparse del problema, dejando a los ministros atónitos. Admitió la posibilidad de que los rebeldes se hicieran con el Protectorado, pero profetizó correctamente que una Marina leal les impediría alcanzar la península[402]. Ordenó el bloqueo del Estrecho y la concentración de los aviones de la fuerza aérea. Decidido a no desempeñar el papel de un Kérensky, Casares, como Azaña, rechazó la idea de «armar al pueblo», porque creía, y correctamente, que equivaldría a entregar el poder a los revolucionarios. Pensaba que podría suprimir la rebelión con las fuerzas de seguridad leales y la consecuencia sería que su Gobierno se vería reforzado, incluso respecto a los revolucionarios, porque demostraría que un Gobierno de la «izquierda burguesa» mantenía firmemente el control de la situación y que no necesitaba ayuda fuera del Parlamento.

Mientras todo esto ocurría, la familia Franco, incomunicada con Marruecos, cenaba tranquilamente en Las Palmas y luego se acostó. El gobierno civil de la ciudad recibió las primeras noticias de Madrid después de medianoche, pero su reacción fue algo confusa. Los oficiales militares no recibieron la noticia hasta una hora más tarde, y despertaron a Franco sobre las dos y media. Se levantó enseguida, fue a la comandancia militar y asumió el mando, tras lo cual declaró el estado de guerra con un bando que ya tenía preparado. Tuvo que acelerar las cosas de modo improvisado, pero las unidades militares respondieron[403]. Por la tarde del día 18, con su familia a salvo bajo el custodio de un subordinado, el avión de Franco despegó dos días antes de lo que había anticipado[404], aterrizando en Tetuán en la mañana del domingo 19 de julio, más tarde de lo previsto por los jefes que allí le esperaban.

Desde la noche del día 15 se habían visto por las calles de Madrid ocasionales patrullas comunistas y socialistas, mientras la CNT ya había comenzado a sacar sus patrullas en Barcelona incluso antes[405]. Pero ninguno de los movimientos obreros contaba con una gran milicia paramilitar (como, por ejemplo, las de los nazis y de los comunistas en la Alemania de Weimar), y solo después del magnicidio habían hecho frente a la cuestión práctica de un gran conflicto armado, solicitando armas al Gobierno infructuosamente, aunque, en Barcelona, la FAI-CNT había emprendido una búsqueda de armas más seria. Solo los comunistas —que en cuanto a política formal eran los más preocupados por evitar una guerra civil— contaban con cierta preparación para un conflicto y habían organizado a dos mil hombres en sus MAOC, casi todos en la zona de Madrid, mientras que el principal organizador de la UMRA era un oficial comunista del Estado Mayor Central del ejército, el capitán Eleuterio Díaz Tendero.

A las ocho y media de la mañana del sábado, 18 de julio, el Gobierno en Madrid anunció:

Se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República […]. Una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República […].

El Gobierno declara que el movimiento está exclusivamente circunscrito a determinadas ciudades de la zona del Protectorado y que nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la península a este empeño absurdo.

[…] El Gobierno de la República domina la situación y afirma que no ha de tardar en anunciar a la opinión pública que se ha restablecido la normalidad.

Huelga decir que esto último era absolutamente falso. El principal éxito del Gobierno fue el de mantener la lealtad de los barcos de guerra en aguas mediterráneas, y establecer pronto el bloqueo de las fuerzas sublevadas. Así, al comienzo de la lucha, estas solo pudieron transportar a 669 soldados para apoyar la insurrección en el sur de España.

La otra acción de Casares Quiroga fue ordenar el bombardeo aéreo de los rebeldes. Unos cuantos aviones bombardearon un cuartel en Dar Riffien y otros trataron de dar en la Alta Comisaría de Tetuán. Estos perdieron su objetivo totalmente, dejando caer sus bombas sobre la población, matando a quince civiles e hiriendo a otros cuarenta, principalmente marroquíes. Esta acción provocó una gran hostilidad por parte de la población autóctona y facilitó las iniciativas astutas y eficaces de los jefes rebeldes para ganar el apoyo de los líderes marroquíes, lo que tendría un valor inestimable para los rebeldes a lo largo de la contienda. Puesto que, más tarde, el tópico principal de la propaganda republicana en la Guerra Civil sería el bombardeo de ciudades por parte de Franco, es irónico que el primer bombardeo de una población civil lo realizasen los aviones de Casares Quiroga, menos de veinticuatro horas después del comienzo de las hostilidades, acción además contraproducente para los intereses de la República revolucionaria.

Todo esto fue insuficiente para contener la insurrección, que empezó a extenderse por el sur de España sobre las dos de la tarde del sábado, 18 de julio, cuando el «imbécil» Queipo de Llano se presentó de repente en Sevilla para imponer su mando. En el gesto individual más atrevido y contundente de toda la sublevación, consiguió rápidamente llegar a dominar esta ciudad clave, aunque el proceso total costó dos días de maniobras y luchas.

Mientras tanto, la UGT declaró una huelga general, de acuerdo con una estrategia preconcebida. Tan solo cuarenta y ocho horas antes, un artículo de Largo Caballero había anunciado, en su estilo acostumbrado, la necesidad de contar con un «Ejército Rojo» revolucionario, para el cual tendría muchos voluntarios potenciales, pero pocas armas. Por la mañana del 18, dos representantes socialistas se reunieron con Casares Quiroga para pedirle urgentemente que armara al «pueblo», es decir, a los sindicatos revolucionarios, a lo que el presidente del Ejecutivo se negó, alegando que «el Gobierno tiene medios sobrados para afrontar esta situación», y añadió: «¿Y es que puede usted responder de los anarquistas, de los comunistas? Es que usted puede asegurarme que toda España no se convierta en lo que fue Asturias en el mes de octubre […]? Es inútil. Mientras yo sea presidente del Consejo, no se armará al pueblo […]». Por eso, los representantes socialistas hablaron aparte con el general Manuel Núñez del Prado, que por el momento actuaba como ministro de la Guerra en funciones, y le instaron a que tomara la iniciativa y desobedeciera al presidente, pero este también se negó[406]. En Barcelona, los jefes de la CNT hicieron la misma petición, pero tanto Companys como Casares Quiroga la rechazaron con firmeza, entendiendo que supondría el fin de la República de «izquierda burguesa». De hecho, se han citado palabras atribuidas al presidente del Consejo declarando que se fusilaría a cualquier militar al que se encontrase culpable de entregar armas[407].

Parece que fue a primera hora de la tarde cuando el presidente del Consejo comenzó a darse cuenta de que había calculado mal y que la situación se le escapaba de las manos. Sobre las tres puso su cargo a disposición del presidente de la República, por si Azaña quería sustituirlo, pero por el momento este animó a Casares a continuar el esfuerzo de contener la rebelión. Alrededor de las seis de la tarde, Casares convocó una reunión de emergencia a la que asistieron, entre otros, Martínez Barrio, Prieto y Largo Caballero. Este último exigió, una vez más, la distribución de armas, a lo que el presidente del Gobierno volvió a negarse insistiendo en que, en su lugar, todos los españoles leales debían unirse para apoyar y servir a las fuerzas militares y a la Policía leales al Gobierno[408]. Casares siguió firme en la misma línea, probablemente con el respaldo de Azaña, aunque algunos de los prohombres de Izquierda Republicana, como José Giral y Francisco Barnés, recomendaron la distribución de armas a los revolucionarios, lo que revelaba una significativa división entre los republicanos de izquierda.

Aunque la mayoría de las unidades militares no se unieron a la rebelión el día 18, esta comenzó a expandirse por el sur del país con indicios claros de que otras unidades estaban potencialmente listas para sumarse a ella. Parecía que, conforme se desplegaba de forma lenta pero progresiva una rebelión cuya extensión total todavía no estaba clara, la apuesta por una repetición (aunque limitada) de la «sanjurjada» estaba fallando. Alrededor de las diez de la noche, Casares Quiroga dimitió, pues su Gobierno había fracasado en todos los frentes.

No se podrá nunca entender del todo la reacción y los cálculos exactos de Azaña durante ese crucial fin de semana. A lo largo de más de dos meses se había portado como un exiliado en Palacio, aunque siempre estuvo en contacto con su amigo Casares Quiroga, a quien parece que aconsejó en detalle. Como se ha visto, había rechazado de plano la sugerencia de sustituirle después del magnicidio, pero durante la noche fatal del 18 y 19 su fracaso era demasiado evidente. Azaña se dio cuenta de que se enfrentaba a una importante insurrección militar en proceso y que podría llegar a ser extensiva, hasta el punto de derrocar al Gobierno y, tal vez, al régimen.

Es probable que entendiera que tenía tres opciones. Una era ceder el poder a los sublevados, como había sucedido durante el siglo pasado y como había hecho Alfonso XIII en dos ocasiones, primero ante el pacífico pronunciamiento militar de Primo de Rivera en 1923 y después ante el pronunciamiento civil de los republicanos de los días 13-14 de abril de 1931. Pero la situación de 1936 era completamente distinta, pues en los casos anteriores pocos tenían ánimo de luchar, mientras que ahora los partidos revolucionarios estaban movilizados y deseaban combatir, incluso aunque eso significara meter al país en una guerra civil destructiva. Allí quedaba la segunda opción: armar al «pueblo», es decir, a los revolucionarios organizados, y tratar de lanzarlos contra los militares sublevados si hacía falta. Pero esa iniciativa tendría dos consecuencias drásticas: en primer lugar, otorgaría un enorme poder a los revolucionarios, con resultados incalculables pero no muy halagüeños, lo que podría significar el fin de la República de «izquierda burguesa». Segundo, si la rebelión militar iba a ser de verdad extensa y los militares estaban determinados a continuar, todo podría acabar en una verdadera guerra civil y tener el mismo resultado político.

Por eso, lógicamente, asumió una tercera opción, que requería rectificar el error de omisión que había cometido cinco días antes, aunque ya era tarde. Decidió invertir el curso de su política de los últimos cinco meses e intentar llevar a cabo alguna iniciativa más moderada y reconciliadora. Alrededor de la medianoche, convenció a Diego Martínez Barrio, jefe de Unión Republicana y el más moderado de los líderes de los republicanos de izquierda, para que formara un Gobierno moderado de centro-izquierda que pudiera convencer a los insurrectos para que depusieran las armas. Martínez Barrio, que casi no había dormido la noche anterior, aceptó en la idea de formar una coalición más amplia de «todos los partidos republicanos» excluyendo tan solo a los comunistas y al POUM en la izquierda, a la Lliga Catalana en el centro-derecha, y a la CEDA y otros grupos derechistas. Martínez Barrio había sido el único líder de izquierdas importante que había comprendido de verdad el significado del magnicidio y el único que después realizó gestos de reconciliación hacia las derechas. Se le otorgó carta blanca para sofocar el alzamiento y restaurar el orden, aunque lo que no está claro es si eso incluía algún acuerdo, compromiso o garantía especial a los rebeldes.

Dependiendo del grado de moderación o reconciliación que ofreciera, tal iniciativa corría el riesgo de romper la muy alardeada unidad del Frente Popular, pero no se sabe hasta qué punto Azaña o Martínez Barrio asumieron conscientemente ese riesgo. Algún intento o cambio de esta clase debería haberse tomado meses antes, porque era la única opción para garantizar la supervivencia de la República parlamentaria. Si un Gobierno como ese se hubiera formado en mayo o incluso algo más tarde —posiblemente tan tarde como el 13 de julio— bien se podría haber evitado la Guerra Civil. El problema al que Martínez Barrio se enfrenta la noche del 18-19 de julio consiste en que, por definición, es demasiado tarde para evitar que ocurra algo si se espera hasta que ya ha comenzado. Sánchez Román aceptó unirse a la iniciativa y parece ser que actuó como el principal asesor de Martínez Barrio en las horas siguientes. Miguel Maura, en cambio, se negó a participar, basándose en que lo propuesto era demasiado poco y llegaba demasiado tarde, y también Prieto declinó su colaboración tras recibir instrucciones en ese sentido de sus colegas socialistas en la Comisión Ejecutiva, aunque, al menos en apariencia, prometió su total apoyo al nuevo intento del Gobierno[409].

Alrededor de las cuatro de la mañana del día 19, Martínez Barrio comenzó a contactar por teléfono con los jefes de las guarniciones militares. La mayoría todavía no se había levantado en armas, y les insistió en que no rompieran filas, prometiendo un nuevo Gobierno de conciliación. Estas negociaciones telefónicas lograron algunos éxitos, abortando una posible insurrección militar en Valencia y en Málaga, pero no tuvieron suerte con otros y, en algunos casos, los jefes jerárquicos, sumisos al Gobierno, ya estaban siendo depuestos por los mandos inferiores más radicales y rebeldes. Probablemente supo que el Director era Mola, con quien también habló. Los términos de su conversación han sido el tema de la controversia durante años. Martínez Barrio afirmó que se limitó a asegurar a Mola que el nuevo Gobierno restauraría el orden, pidiéndole que no se sublevara[410]. Otras fuentes afirman que fue mucho más allá y que llegó a sugerir un acuerdo político con el ejército que permitiera a este nombrar a sus propios candidatos para los Ministerios de Guerra y Marina, así como para el de Gobernación. El peso de la evidencia indica que se discutió algún tipo de acuerdo[411], y resulta irónico pensar que con un compromiso menor unos días antes se habría podido evitar la crisis. La respuesta de Mola fue que ya había oído palabras y promesas previamente, que era demasiado tarde y que los rebeldes habían jurado no dejarse disuadir por tratos o compromisos políticos una vez lanzada la insurrección.

El compromiso de Azaña se puso en marcha demasiado tarde —el mayor de todos sus errores— aunque, de momento, Martínez Barrio siguió adelante con la formación de su nueva coalición, que quedó finalizada alrededor de las seis de la mañana. Confiaba en Felipe Sánchez Román y Marcelino Domingo como principales lugartenientes, y en la coalición se incluía a cinco miembros de su propio partido, Unión Republicana, tres ministros del minúsculo partido de Sánchez Román (Partido Nacional Republicano), un miembro de Esquerra Catalana y a un general, el prorrepublicano José Miaja, que no pertenecía a ningún partido, al frente del Ministerio de la Guerra. Esta coalición era de base estrecha y contaba con un escaso apoyo en las Cortes, pero tenía una tendencia mayor hacia el centro-izquierda que su predecesor, pese a no ser una coalición nacional amplia.

El objetivo era mantener el régimen constitucional sin rendirse ni ante los insurrectos ni ante los revolucionarios. Es probable que sus líderes desconocieran que al menos dos jefes militares en la zona de Madrid ya habían comenzado a «armar al pueblo»[412]. Tanto Martínez Barrio como Sánchez Román se opusieron con firmeza a dar semejante paso, basándose en que eso abriría las puertas a la revolución y la anarquía. Más tarde, Sánchez Román declaró haber dicho al jefe del Gobierno que sería «militarmente inefectivo y políticamente preñado de inconcebibles peligros»[413], otra más de sus exactas profecías. Se ha citado a Martínez Barrio diciendo solo unos días antes que semejante acción «es una locura. Sería dar rienda suelta a la anarquía. Es necesario evitarlo a cualquier precio»[414]. Su Gobierno representó la última oportunidad de mantener la integridad del régimen y posiblemente pudo haber tenido una mínima posibilidad de hacerlo, dado que en las primeras horas de la mañana del día 19 la mayoría de las unidades militares, junto con las de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, aún no se habían sublevado y, de hecho, casi la mitad nunca llegó a hacerlo. Un Gobierno republicano responsable todavía habría tenido una oportunidad de reprimir la sublevación y restaurar el orden, evitando una guerra civil total.

Sin embargo, al amanecer, el nuevo Gobierno fue repudiado no solo por los caballeristas, que seguían insistiendo en entregar armas a los obreros revolucionarios, sino también por algunos de los elementos más radicales del propio partido de Azaña, que rechazaban la dirección de la más moderada Unión Republicana y reclamaban la unidad completa del Frente Popular. La opinión bien informada incluso ha alegado que el director de Política, órgano oficial del partido de Izquierda Republicana, organizó a sus militantes con el fin de unirse con los socialistas en una manifestación callejera a primeras horas de la mañana para exigir la inmediata dimisión del nuevo Gobierno moderado[415]. Para Martínez Barrio, aquello fue el colmo. En las últimas cuarenta y ocho horas casi no había dormido y hacia las ocho de la mañana abandonó sus esfuerzos presentando más tarde la acusación de que «el Gobierno de Martínez Barrio había muerto a manos de los socialistas de Caballero, los comunistas[416] y también de republicanos irresponsables»[417]. La oposición de una parte de los militantes de Izquierda Republicana constituyó una ilustración gráfica del papel kérenskista que estaba asumiendo el partido de Azaña. Sin embargo, en estas circunstancias desesperadas, se ha dicho que Indalecio Prieto fue en la otra dirección y que instó a Martínez Barrio a mantenerse firme, insistiendo en que su Gobierno todavía era capaz de salvar la situación[418].

Cuando fracasó por completo su intento tardío de establecer alguna clase de compromiso, Azaña retornó de manera inmediata a su acostumbrada política, fallida de antemano, nombrando un nuevo Gobierno de republicanos de izquierda. Lo encabezaba el profesor de fisiología José Giral, de Izquierda Republicana, para crear una mera versión aún más radical del fracasado Gobierno de Casares Quiroga. Se trataba realmente de un Gobierno de rendición que comenzó enseguida a «armar al pueblo», mientras durante todo el día la insurrección militar seguía expandiéndose lentamente. Las nuevas milicias revolucionarias así creadas pronto se harían con el poder de facto en el territorio que estaba a punto de ser conocido como la «zona republicana». Dice Ranzato:

El hecho es que armar al pueblo fue armar a la revolución. El Gobierno Giral perdió inmediatamente el control de la situación, y en los primeros meses las milicias armadas más que a hacer la guerra se dedicaron a una obra revolucionaria caótica y sangrienta, más destructiva que constructiva, localista y utópica, realizada más por los sindicatos —anarquistas y socialistas— que por los partidos políticos[419].

Dos factores fundamentales determinaron que, en efecto, tendría lugar una verdadera guerra civil: la división dentro del ejército y la entrega de armas a los revolucionarios. Si el ejército hubiera estado unido, o casi unido, a favor de los rebeldes, la contienda habría durado poco más que una semana o dos. Pero los insurrectos consiguieron dominar a no mucho más de la mitad de las tropas, aunque fuera la mitad más importante. Algunos que formaban parte de la pequeña minoría de moderados y constitucionalistas entre las izquierdas querían entablar una «lucha constitucional» a partir de las fuerzas militares y de otras unidades de seguridad leales (que incluían, sobre todo, a la mayor parte de la Guardia de Asalto y de la Guardia Civil), apoyados tal vez por un número de voluntarios bajo disciplina militar[420]. Las posibilidades de esta opción eran, naturalmente, inciertas, y el nuevo Gobierno de Giral la rechazó enseguida a favor de las milicias. Con esto se abrazó la lógica de una guerra civil revolucionaria, una de las experiencias más angustiosas y destructivas imaginables para un país europeo en la primera mitad del siglo XX. De este modo la vida constitucional de la Segunda República, ya muy débil y de poco pulso, se extinguió a favor de lo que se ha llamado de forma un tanto diversa la «Tercera República»[421], la «República popular española»[422] o la «confederación republicana revolucionaria de 1936-1937»[423]. En distintos grados, la zona republicana en guerra fue todo eso, pero ni mucho menos fue una continuación del régimen parlamentario de 1931-1936.

Este cambio no fue tan abrupto como muchas veces se ha señalado, ya que los cinco meses de Frente Popular entre febrero y julio de 1936 constituyeron una etapa verdaderamente prerrevolucionaria de transición hacia la revolución directa. Fue un período breve pero decisivo de una erosión lenta pero constante y progresiva de la democracia y el orden constitucional a favor de la revolución. Ranzato concluye acertadamente:

[…] Ha habido más continuidad que ruptura entre la revolución «desencadenada por la sublevación» y la realidad de la España de anteguerra. El miedo a la revolución, que favoreció notablemente el «alzamiento», no estaba circunscrito a las clases dominantes, hostiles a cualquier reforma que redimensionara su poder; ese miedo estaba ampliamente difundido en la sociedad, sobre todo entre las clases medias —a las que pertenecía una buena parte de los militares no implicados en la conspiración— y entre los católicos de todas las clases, porque se iba alimentando a través de la experiencia cotidiana de un progresivo hundimiento del orden existente. Es particularmente significativo al respecto —aunque a primera vista resulte desconcertante— que los hijos de Ortega y Gasset, Marañón y Pérez de Ayala no se limitaran a seguir el ejemplo de sus padres, apartándose de la política —como aquellos habían hecho desde hacía tiempo— o huyendo al extranjero una vez estallada la guerra, sino que incluso se alistaron como voluntarios en el ejército nacionalista. ¿Los máximos representantes del liberalismo español habían sido, los tres, malos educadores de su propia progenie, o la opción de sus hijos, tan lejana del liberalismo, era también reflejo del hecho de que la República había traicionado sus ideales?[424].

12

EL FRACASO DE LA DEMOCRACIA REPUBLICANA

EN PERSPECTIVA HISTÓRICA

Con frecuencia, la colosal literatura sobre la Guerra Civil española ha oscurecido el hecho de que, parafraseando a Ortega, son sus orígenes lo primero y quizá lo más importante que hay que saber de ella, o sea, el proceso de la erosión de la República democrática que provocó la Guerra Civil. No es sorprendente que la opinión general haya recurrido a explicaciones simplistas y reduccionistas, por no decir completamente falsas, del fracaso de la República y el advenimiento de la Guerra Civil. Estas van desde la teoría conspiratoria —un complot del comunismo o de la extrema derecha, de los poderes del Eje o de la Unión Soviética— hasta, en su extremo más abstracto, el irresistible extremismo de las derechas o de las izquierdas (o de ambas), el peso de los tremendos problemas sociales o del subdesarrollo general, y también el consabido argumento basado en el supuesto carácter nacional, es decir, que los españoles no son «aptos» para un sistema parlamentario de partidos políticos. Mientras la supuesta responsabilidad de los poderes extranjeros es un bulo producto de la propaganda de ambos contendientes durante la Guerra Civil, las otras explicaciones habituales apenas contienen más de un elemento de verdad que está muy alejado de una explicación completa y adecuada[425].

La instauración de la República democrática en España puede observarse desde una perspectiva más amplia como la fase final y tardía de la gran ola de liberalización que siguió al fin de la Primera Guerra Mundial, que añadió diez nuevas repúblicas, nominalmente liberales y democráticas, en la Europa central y del este (así como el subsiguiente Estado Libre de Irlanda), a las ya existentes en Francia, Suiza y Portugal (aunque la Primera República portuguesa nunca llegó a ser verdaderamente democrática). El hecho de que esa nueva ola de democratización no impactase del todo y antes en España se debió más que nada a la neutralidad del país durante la Primera Guerra Mundial, lo que otorgó al régimen establecido unos pocos años más de vida, a diferencia de lo que ocurrió en otros países. Sin embargo, incluso los primeros impulsos de la democratización europea de posguerra tuvieron importantes repercusiones en España y contribuyeron, junto con la debacle de Marruecos, al derrocamiento del sistema parlamentario en 1923, así como a la subsiguiente dictadura. Por eso, la cronología de la democratización no fue del todo distinta a la cronología general europea, aunque se desarrolló en dos fases, siendo la segunda mucho más intensa que la primera.

El régimen de monarquía liberal y parlamentaria de 1875-1923, pese a sus numerosas carencias, supuso un importante logro cívico que hizo posible el desarrollo de elecciones cada vez más justas, un mayor acceso de la oposición al poder, la alternancia de partidos y una extensa reforma institucional[426]. La gran dificultad de este sistema, aparte de algunos importantes dilemas coyunturales, fue el de cómo llevar a cabo la transición hacia la democracia, aunque también en eso se estaba consiguiendo algún progreso. Es cierto que en 1923 tuvo lugar una genuina crisis de sistema, pero si de verdad se necesitaba una dictadura temporal —como entonces pensaban muchos liberales— para llevar a cabo importantes cambios, restaurar el orden y ocuparse del reto militar en Marruecos, esta debió de haber estado sometida a un estricto límite temporal. Los logros de la dictadura ya se habían completado a finales de 1925. En 1926, como muy tarde, deberían haberse producido nuevas elecciones y haber retornado al Gobierno parlamentario. Con la continuidad de la dictadura, el antiguo régimen quemó sus puentes, dificultando en gran medida su regreso al sistema constitucional. Pero, aun así, no habría sido imposible, una vez que Primo de Rivera dimitió en enero de 1930, si se hubiera programado la convocatoria de elecciones en el plazo de noventa días. El error definitivo de la monarquía fue el de ir posponiendo las elecciones más o menos como lo hizo el Gobierno provisional en Rusia en 1917. En España, ese retraso fue incluso mayor (superior a un año), y cuando se celebraron las elecciones, se cometió un segundo gran error al comenzar con las municipales en lugar de las generales, ya que las primeras siempre habían generado un mayor número de votos izquierdistas, por lo que el efecto que se consiguió fue el de ampliar la brecha institucional. Es probable que unas elecciones nacionales no hubieran producido un semitriunfo equivalente de las izquierdas, por lo que podrían haber hecho posible el retorno de una monarquía parlamentaria reformada[427].

Probablemente, las alternativas de 1923, 1926 o 1930 habrían sido, en cada caso, preferibles a un drástico cambio de régimen en 1931, que resultó ser un salto en el vacío demasiado radical al eliminar la continuidad institucional y la influencia moderadora que habrían otorgado una mayor viabilidad a un régimen democrático.

Las peculiares condiciones españolas produjeron en 1931 un vacío (aunque en parte artificial) que se llenó con unas izquierdas en rápida expansión, dando como resultado un proceso constituyente que no reflejaba del todo los valores culturales y políticos de la ciudadanía en su conjunto, creando un régimen nuevo que se desarrollaría en un estado permanente de tensión. Desde luego, casi todos los nuevos regímenes representativos o nominalmente democráticos establecidos tras la Primera Guerra Mundial al final fracasaron, a excepción de los de Finlandia, Irlanda y Checoslovaquia. Los años treinta no constituyeron una década que favoreciese el éxito de las nuevas democracias. Y aún más, dado que todos los demás nuevos sistemas nacidos en la Europa subdesarrollada del sur y del este dieron paso a regímenes más autoritarios, no debe desdeñarse a la ligera el argumento del atraso económico y social.

Con todo, los niveles de desarrollo no siempre resultan determinantes por sí solos, ya que la democracia también fracasó en Alemania, un país mucho más moderno. A la inversa, los primeros sistemas plenamente parlamentarios se introdujeron y se estabilizaron en países cuyo nivel de modernización era entonces inferior al de la España de la Segunda República, aunque en ellos hubo mucha menos presión por parte de las nuevas fuerzas políticas.

Detlev Peukert ha descrito el drama de la Alemania de Weimar como «los años de crisis de lo clásicamente moderno»[428], esto es, el período en el que las fuerzas políticas, culturales, sociales y económicas típicas de principios del siglo XX alcanzaron su mayor expresión y su mayor grado de conflictividad. Pero tal aseveración no resulta cierta para España, un país mucho menos avanzado, aunque, de hecho, no tan atrasado como muchas veces se ha dicho o supuesto. El crecimiento económico y los cambios sociales que España experimentó durante la década de los años veinte se contaban entre los más rápidos del mundo; la alfabetización aumentaba con celeridad y el porcentaje de obreros ocupados en el sector primario descendió por debajo del 50 %. Más aún, España contaba con una mayor tradición de gobierno liberal y parlamentario moderno que Alemania, pese a haber tenido una experiencia menor en la democracia directa. El largo trayecto recorrido por el gobierno constitucional en España —aunque siempre con grandes limitaciones— había promovido la existencia de una desconcertante panoplia de partidos y movimientos, más complicada que la existente en Alemania, que ofrecía unas opciones económicas y sociales bastante distintas. Hasta ahí la Segunda República constituyó una clara versión española de la masiva «crisis de lo clásicamente moderno» —en el plano político y en el cultural—, ya que las principales fuerzas políticas e ideológicas del siglo XX convergieron en España, aunque en una sociedad menos avanzada, desde el punto de vista educativo y de desarrollo tecnológico, que la alemana. En España se dieron con mayor intensidad movimientos como el tradicionalismo, el neotradicionalismo, el anarquismo, el trotskismo, el comunismo leninista y los micronacionalismos, alentados por la movilización de las masas y el rápido cambio cultural, aunque durante un tiempo el fascismo español siguió siendo bastante débil.

La España republicana era particularmente rica —si se me permite el término— en proyectos políticos liberales, radicales y revolucionarios de izquierda. Destaquemos algunos de ellos:

Democracia liberal y moderada (los diversos partidos de centro).

Nacionalismo periférico y movimientos autonomistas (Esquerra Catalana, PNV y otros).

Izquierda republicana moderada (Unión Republicana, Partido Nacional Republicano).

Izquierda republicana radical (Izquierda Republicana, radicalsocialistas).

Socialdemocracia (Besteiro).

Socialdemocracia radical (Prieto).

Socialismo revolucionario (Largo Caballero y la izquierda socialista).

Leninismo (BOC, POUM).

Trotskismo (Izquierda Comunista).

Estalinismo (PCE).

Sindicalismo (Treintistas, Partido Sindicalista).

Anarcosindicalismo (FAI-CNT).

Como se puede apreciar, en este listado abundan los movimientos revolucionarios de izquierda; de hecho, se trató del más amplio espectro de cualquier país europeo, creando una serie de exigencias radicales que no pudo haberse satisfecho en ningún país del mundo. Más que concentrarse en la democratización política, la Segunda República abrió un proceso revolucionario que culminó en una guerra civil.

No obstante, la amplitud e intensidad de la movilización revolucionaria durante la República puede llevar a confusión respecto al carácter verdadero de la sociedad española, ya que una gran parte de los votantes continuaron siendo moderados o directamente conservadores. Los partidos revolucionarios y extremistas, tanto de izquierdas como de derechas, nunca obtuvieron una mayoría de votos: la CEDA, por ejemplo, superó con mucho a las derechas radicales precisamente por ser más moderada y legalista. El país en su conjunto no era radical o revolucionario, aunque había grandes minorías radicales y revolucionarias que disfrutaban de oportunidades en un sistema democrático nuevo y todavía no consolidado inmerso en una época de crisis económica y de fragmentación política sin precedentes.

Sin embargo, como han señalado Linz y Malefakis, la Segunda República también nació con ciertas ventajas respecto a algunos de los nuevos regímenes democráticos de, por ejemplo, la Europa del Este. En España no fue necesario crear desde cero una nueva nación unificada o un sistema estatal, ni reconstruir una economía devastada por la Primera Guerra Mundial, ni absorber un gran número de refugiados procedentes de territorios irredentos, ni enfrentarse a un monarquismo populista de masas, ni lidiar con una población mayoritaria de campesinos (en el verdadero sentido antropológico), pese a la gravedad de los problemas agrarios en ciertas zonas del país. La proliferación y fragmentación de los partidos políticos fue, al principio, incluso más pronunciada en una república europea del Este como Polonia.

Los principales problemas que acosaron a la República pueden dividirse en tres categorías: estructurales, coyunturales y, más técnicamente, políticos, y en cada una se pueden hallar graves deficiencias. Sin duda, los problemas estructurales sociales y económicos fueron graves; el peor de ellos, la difícil situación de los casi dos millones de trabajadores agrícolas sin tierra y sus familias, cuya conflictividad aumentó como consecuencia de una rápida modernización de la sociedad en general, produciendo la movilización democrática de masas. Los bajos salarios, la limitada productividad y las pobres condiciones de vida de más de cuatro millones de obreros urbanos empleados en la industria y en el sector servicios también constituyeron un problema, aunque no tan agudo en términos de miseria social. Pese a que durante la década de los años veinte tanto la industria como el sector financiero habían crecido con rapidez, su capacidad para sostener una nueva expansión durante la depresión era, en el mejor de los casos, problemática. La incompleta integración de las regiones principales, con sus dispares tasas de modernización, constituyó un problema estructural que exacerbó el nacionalismo periférico y añadió una división política horizontal a las divisiones sociopolíticas verticales.

Por un lado, resulta difícil demostrar que estos problemas estructurales fueran por sí solos decisivos en la erosión de la democracia. Sin embargo, el veloz desarrollo que tuvo lugar entre 1915 y 1930 no consiguió superar estas dificultades y sí tuvo el efecto —en cierto modo paradójico— de agudizar las consecuencias políticas. Las recientes mejoras, junto al aumento de la alfabetización y la creciente movilización, habían elevado tanto los niveles de conciencia como las expectativas en una sociedad que de alguna manera era más moderna, productiva y políticamente consciente, por lo que exigía —o, al menos, lo hacía una parte significativa de ella— cambios incluso más rápidos que los que se habían producido hasta el momento. En 1930, España había comenzado la fase intermedia en la expansión de la industrialización, en la que los conflictos sociales se agudizaron al máximo. En aquel momento, los trabajadores ya eran lo bastante conscientes y se hallaban lo suficientemente movilizados como para exigir mucho más, pero, al mismo tiempo, todavía no tenían a su alcance los medios para completar la industrialización y lograr una prosperidad a gran escala.

Otra de las formas en que la estructura social afectó a la política fue el impacto de la demografía y de los grupos de edad. El crecimiento comparativamente rápido de la población supuso que en España, como en Alemania, hubiera más varones jóvenes en los años treinta que en cualquier otro momento de su historia, y este fue el sector más proclive a la confrontación y la radicalización. Aunque la mano de obra del sector agrario había disminuido con rapidez en términos proporcionales durante los años veinte, el crecimiento general de la población trajo consigo que el número de jornaleros fuera, en cifras absolutas, todavía muy alto, lo que sin duda fue un factor importante en la radicalización agraria.

La coyuntura histórico-política era aún más negativa, ya que en los años treinta se produjo el clímax de la «larga generación» de la guerra mundial y del intenso conflicto sociopolítico que se extendió desde 1914 hasta 1945. Este fue el período de más extrema lucha interna y externa en la historia moderna de Europa, provocada por los conflictos de masas originados por la democracia, la igualdad y la modernización. Los años de la depresión fueron poco propicios para nuevos experimentos democráticos, creando en cambio, en gran parte de Europa, unas condiciones más ventajosas para el surgimiento de una derecha autoritaria y del fascismo. Esas condiciones se dejaron sentir en España a partir de 1933. Con todo, también resulta difícil demostrar que la coyuntura histórica por sí sola determinase el curso de los acontecimientos. Durante algún tiempo, España fue relativamente inmune a algunas de las principales fuerzas motivadoras del gran conflicto europeo, tales como el intenso nacionalismo (a excepción del periférico) y el fuerte imperialismo, mientras que el fascismo genérico continuó siendo muy débil hasta las semanas finales de la República. En proporción, el impacto de la depresión fue inferior al de otras naciones y, en 1935, una gran parte de la economía estaba experimentando una clara recuperación (proporcionalmente tal vez mayor que en Francia).

Con todo, la coyuntura sí ejerció un poderoso efecto mediante el impacto radicalizador de los cambios decisivos en el extranjero, tanto en términos de inspiración como de recelo y miedo. Las izquierdas obreras se sentían cada vez más atraídas por el espejismo de la revolución, en parte por cómo se veía la revolución bolchevique de la Unión Soviética. Aunque los anarquistas marchaban a su propio son, los socialistas y otros grupos marxistas experimentaban una atracción cada vez mayor por los ideales leninistas (aunque eran incapaces de emularlos en su totalidad) y, al mismo tiempo, se encontraban lo bastante lejos de la tétrica realidad de la Unión Soviética estalinista como para no sucumbir al desencanto (al menos, hasta 1938-1939, cuando esta realidad fue parcialmente introducida en la zona republicana). Igualmente importante fue la repugnancia manifestada por las izquierdas ante las victorias del fascismo y de las derechas autoritarias en la Europa central en 1933-1934, que causaron un intenso y negativo efecto «demostración» y contribuyeron a la polarización del país.

No obstante, todo esto tuvo lugar en un momento en el que España apenas se hallaba implicada en los asuntos extranjeros. Al contrario de la situación imperante en otros países continentales, los que tomaban parte activa en la vida política española tenían muy poco que temer de cualquier amenaza que surgiese del exterior. Su preocupación se centraba más en que las fuerzas domésticas imitasen las tendencias autoritarias de otras tierras, pero, dado que la unidad frente a los retos externos —de hecho, inexistentes— no parecía necesaria, los españoles radicalizados, derechistas o izquierdistas, se sintieron del todo libres para dar rienda suelta a sus propias preferencias extremas.

Puede también pensarse que los peores y más decisivos problemas derivaron de la dinámica específica del liderazgo político, de las preferencias y de los conflictos de partido y no tanto del inevitable efecto de los problemas estructurales o de las influencias coyunturales domésticas e internacionales. Es cierto que el sistema político republicano adoleció de un liderazgo asombrosamente pobre en los sectores más relevantes, aunque de ningún modo esta característica negativa le era propia, pues también fue evidente en un país tan moderno como Alemania.

Los problemas políticos comenzaron, en primer lugar, con los propios republicanos fundadores. Aunque afirmaban representar —y, de hecho, en algunos aspectos lo hicieron— una ruptura decisiva con el pasado, seguían siendo un típico producto del radicalismo español moderno, pues reflejaban el tenaz sectarismo y personalismo de la política partidista decimonónica al viejo estilo, así como la insistencia en considerar al Gobierno más como una especie de patrimonio que como el lugar de la representación de los diversos intereses nacionales. Como fue el caso de tantos líderes que protagonizaron cambios de Gobierno o de régimen en el siglo XIX, los republicanos no realizaron un verdadero esfuerzo por superar las divisiones del pasado, sino que representaban el renovado entusiasmo de un grupo por imponer sus propios valores y vengarse de sus predecesores.

Desde luego, este renacimiento del radicalismo pequeñoburgués del siglo XIX estuvo provocado por la dictadura de Primo de Rivera. No importaba que este régimen constituyera una forma inusualmente suave de autoritarismo, porque había destruido la continuidad constitucional y sus consecuencias cayeron como una sombra oscura sobre la última etapa de la monarquía y los inicios de la República, siendo el responsable del comienzo de una nueva política de polarización y represión a la que los republicanos de izquierda respondieron con la misma moneda, incapaces de superar el colapso del liberalismo en 1923.

Aunque la nueva Constitución codificaba importantes principios básicos, seguía a casi todas las Constituciones españolas anteriores al permitir la creación de un significativo sector de la sociedad política que se impuso sobre todos los otros que no compartían sus valores. En ciertos aspectos fundamentales, la Constitución republicana no era más un producto del consenso nacional que sus predecesoras decimonónicas (con la excepción parcial de la de 1876). Y lo que es peor, los grupos responsables en mayor medida de su redacción no se comprometieron con el conjunto de normas que ellos mismos acababan de establecer. En cuanto perdieron las siguientes elecciones, exigieron su anulación y la oportunidad de intentarlo de nuevo, ya que su concepto de la República era «patrimonial» y no toleraban que se adoptasen políticas distintas a las suyas. De hecho, pocos sectores de la política española fueron leales sin reservas a la República como puro procedimiento democrático, y estos se encontraban casi exclusivamente en el cada vez más exiguo centro del espectro[429]. La falta de consenso sobre las reglas básicas del juego supuso un impedimento desde el principio, sobre todo, entre los propios republicanos, y algunos estudios posteriores sugieren que, a la hora de estabilizar una nueva democracia, el acuerdo básico entre las élites resulta más importante que el mero nivel de desarrollo[430].

Para los sectores clave de la coalición fundadora, el nuevo sistema no representó un compromiso con un conjunto de reglas constitucionales, sino, más bien, una ruptura decisiva y la permanente hegemonía de un proceso reformista de izquierda que implicaba no solo cambios políticos definitivos, sino también otros irreversibles en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, la educación, la cultura y la estructura socioeconómica, junto con la solución de problemas fundamentales de autonomía regional y de reforma militar. Algunas de estas reformas eran saludables, pero no debieron impedir el respeto por el proceso democrático, incluso al precio de su retroceso parcial o temporal.

Con frecuencia se ha formulado la pregunta de si el liderazgo republicano originario no intentó simplemente llevar a cabo reformas demasiado amplias y rápidas, sobrecargando el sistema de modo irremediable. Teniendo en cuenta la manera en que se emprendieron las reformas, la respuesta es sin duda afirmativa, pero no queda claro que este fuese el caso en lo que respecta a la esencia de algunas de las reformas. El país tenía necesidad de una continuada reforma modernizadora con un amplio programa político que se concentrase en reformas técnicas y prácticas con evidentes beneficios comunes (y que incluían el desarrollo educativo, la reforma militar, la autonomía regional, las obras públicas, la mejora de las condiciones laborales y ciertas medidas de reforma agraria). Todos estos cambios constituían, en muchos aspectos, una necesidad nacional tan obvia que debería haber sido posible construir una coalición para fortalecerlos y llevarlos a buen término.

Los logros republicanos en materia de obras públicas y en ciertos aspectos del trabajo fueron fructíferos. Hacía mucho tiempo que era necesaria una reforma militar y en muchos sentidos resultó positiva, aunque estuvo sujeta a notorias limitaciones. Casi todo el mundo estaba de acuerdo en la necesidad de alguna clase de reforma agraria, aunque desde puntos de vista absolutamente dispares. La ley para llevarla a cabo no estuvo bien concebida en sus aspectos sociales y técnicos, y su reanudación bajo el mando del Frente Popular fue caótica, injusta y extremista, y, en muchas ocasiones, no sujeta a la ley. Existía también la necesidad de separar la Iglesia y el Estado, y reformar aspectos importantes de sus relaciones mutuas, un área donde se podría haber logrado mucho con un coste mínimo.

Por el contrario, la introducción política y el estilo de las reformas estuvieron mal gestionados desde el principio debido tanto a la retórica sectaria como a los procedimientos políticos de la coalición gobernante. En algunos asuntos se fomentó, de manera gratuita, una oposición que antes no existía, y se hizo al no existir el menor espíritu de conciliación ni el menor deseo de consenso. La falta de tacto de Azaña convirtió la política militar —por lo general, sensata— en algo que se percibió (con exageración) como una vendetta antimilitar que generó hostilidad entre bastantes oficiales que, al principio, no eran hostiles a la República.

Pero lo peor fue, por supuesto, el estilo y la esencia de las reformas religiosas, concebidas a modo de venganza contra los intereses eclesiásticos —pese a que los españoles creían más en el catolicismo que en cualquier otra doctrina o credo político—, instituyendo no solo la separación de la Iglesia y el Estado, sino la vulneración de los derechos civiles, institucionales y educativos al fomentar una persecución religiosa. Al comienzo se quiso reducir el catolicismo al entorno puramente privado, como antes se había tratado de hacer con el protestantismo, pero en 1936 se pasó a la persecución violenta con la clausura de escuelas, la confiscación ilegal de iglesias y propiedades, los ataques personales contra católicos, la prohibición de celebrar misa en ciertas áreas y la quema cada vez más frecuente de sus edificios. Al comienzo existió la idea de seguir las políticas extremistas de las repúblicas de Francia y Portugal, pero luego se llegó a un extremismo aún mayor, más parecido al del México revolucionario, que en ese país condujo a una guerra civil que duró varios años.

Por esta razón no se puede concluir que la reforma educativa que se llevó a cabo durante la República fuera un logro positivo, aunque con frecuencia así se la ha considerado. La anulación de la libertad de enseñanza constituyó un atropello clave, un atentado contra la libertad religiosa y cultural. El Gobierno de izquierdas construyó y abrió muchas aulas nuevas, pero quería cerrar todas las aulas católicas, llegando en el mejor de los casos a un empate en cuanto a la expansión de las facilidades educativas.

También se produjeron fracasos en la política económica. La reforma fiscal se abordó débilmente, al tiempo que se destinaban grandes cantidades de dinero con el objeto de sustituir la totalidad del sistema educativo católico, lo que dejó menores recursos con los que estimular el empleo, mejorar las infraestructuras y alentar la expansión económica. La mayoría de los líderes republicanos fueron en exceso ignorantes de —y también mostraron poco interés en— la economía y no le prestaron la atención adecuada, aunque este fue un fallo habitual en aquella década y nada tiene de especialmente republicano o español.

El modo de acercarse a algunos de estos problemas, como si de un juego de suma cero se tratase, resultó muy contraproducente, ya que suponía que cada nueva vuelta de la rueda política se utilizaría a modo de venganza contra quienes habían detentado el poder anteriormente y así establecer nuevas jurisdicciones politizadas y retroactivas, desalentando toda posibilidad de consenso. A este respecto, la República, más que suponer una mejora respecto a la monarquía parlamentaria anterior a 1923, fue, en algunos puntos esenciales, una vuelta al enfrentamiento entre distintas tendencias propio del siglo XIX. Esto era lo que Ortega tenía en mente en 1932-1933 cuando se lamentaba de que los líderes republicanos, en lugar de ocuparse de los más novedosos y apremiantes problemas, encarnasen una vuelta a ciertas fijaciones del pasado.

Uno de los aspectos más destructivos del republicanismo «patrimonial» fue que, para la mayoría de los nuevos líderes, desdibujaba las realidades de la sociedad española de la época e ignoraba, por un lado, la amplitud de los intereses conservadores[431] y del catolicismo popular en el país, y, por otro, el extremismo revolucionario, al tiempo que exageraba el atractivo de sus propios programas de progresismo republicano. Este exceso de confianza se debió a los efectos iniciales de la ruptura en 1931, cuando los conservadores estaban demasiado confundidos, desorientados y desmovilizados como para presentar una candidatura unida y eficaz en las primeras elecciones, lo que dio como resultado un Parlamento y una Constitución que no representaban al país en su conjunto[432]. Por el contrario, es probable que un Parlamento más genuinamente representativo hubiera producido una Constitución más moderada y, aun así, relativamente progresista, que habría hecho de la República algo más aceptable para la gran mayoría de la opinión pública. En ciertos aspectos, esto hubiese dado lugar a una política social más moderada, apartando a algunos sectores revolucionarios obreros más rápidamente, pero, en general, podría haber favorecido un amplio liberalismo democrático entre las clases medias, parte de la población agraria e incluso entre una minoría obrera no revolucionaria que podría haber generado mayorías electorales más estables.

Es imposible asegurar tal resultado, como ocurre con cualquier proposición contrafactual. El antagonismo social podría haber llegado a ser tan intenso que ningún régimen liberal y democrático habría podido sobrevivir, pero una estrategia más moderada y comprensiva ofrece una alternativa potencialmente más viable que la política de la polarización.

El funcionamiento de la República quedó todavía más lastrado por un sistema electoral muy defectuoso y por el alto nivel de movimiento y cambio entre el personal político. El sistema corrigió en exceso el problema potencial de la proporcionalidad multipartidista, creando desequilibrios que tradujeron cualquier alteración en la opinión pública o cualquier cambio importante en las estrategias aliancistas en masivas oscilaciones de la representación parlamentaria. Así, el sistema político adoleció al mismo tiempo de fragmentación y de polarización, mientras la necesidad de alcanzar mayorías a través de listas multipartidistas otorgó en ocasiones una desproporcionada influencia a los partidos minoritarios. A este respecto, el fracaso a la hora de avanzar hacia una reforma electoral en 1935 constituyó un grave error, y aquí Alcalá-Zamora demostró ser más juicioso que los líderes partidistas.

El drástico movimiento del personal político era otra de las destructivas consecuencias de la dictadura, que había eliminado a las antiguas fuerzas políticas; no es sorprendente que el vacío que se produjo se llenase con políticos novatos. El drástico cambio de personal que tuvo lugar en 1931 se repitió de manera considerable en cada una de las elecciones subsiguientes —en parte debido a las exageradas consecuencias de la ley electoral— y constituyó una de las más importantes desventajas del nuevo régimen. Las figuras más tolerantes y conciliadoras de la República se encontraban entre la minoría de centristas y conservadores moderados que ya habían adquirido experiencia durante el régimen anterior, aunque se vieron ampliamente superados en número por los novatos radicalizados que empezaron a destacar después de 1931.

El comportamiento de los grandes intereses económicos españoles era muy similar al de cualquier otro país en circunstancias parecidas, respaldando al centro-derecha y a la derecha moderada, aunque, en ciertos casos, con un desplazamiento hacia la derecha radical. Mercedes Cabrera, la principal estudiosa de la política de los grupos económicos en este período, ha llegado a la conclusión de que estos no desarrollaron ninguna alternativa propia y real, confiando sobre todo en que un régimen republicano más estable y moderado preservaría la ley y el orden. Los grandes terratenientes conformaron el principal sector atraído por la derecha radical, aunque, en conjunto, no desempeñaron ningún papel corporativo a la hora de subvertir el sistema de forma directa[433].

Al principio, las fuerzas abiertamente subversivas no fueron ni importantes ni numerosas, con la excepción parcial de la CNT, flanqueada por los pocos comunistas que había en la extrema izquierda. Más tarde, la República se enfrentaría a la subversión de la derecha radical monárquica y de la Falange, pero sin significación alguna por sí mismas, de nuevo a excepción de los anarcosindicalistas, que constituyeron un movimiento de masas, aunque sus tácticas insurreccionistas libertarias nunca supusieron una seria amenaza de derrocamiento del régimen. Quizá la principal consecuencia del extremismo anarquista fue el mantenimiento de la presión sobre la UGT, lo que debilitó el compromiso socialista con el reformismo socialdemócrata.

Mucho más importantes y decisivas fueron las posturas de los que Juan Linz ha denominado los principales partidos «semileales»: los socialistas y la CEDA. La ambigüedad de la CEDA fue un factor importante, aunque no decisivo. El partido nunca se comprometió con el «republicanismo» o con el sistema democrático a secas. Su contribución no era «republicanizar» la derecha, sino asegurar el compromiso del grueso del electorado católico con los procedimientos legales y parlamentarios, lo que, aunque de considerable importancia para la República, apenas resolvió el problema de su futuro, como las izquierdas nunca dejaron de señalar. Aunque la CEDA, al contrario que los socialistas, rechazaba la violencia, siguió siendo ambigua respecto a su objetivo final, que para muchos de sus miembros consistía en sustituir la República por un sistema corporativo y parcialmente autoritario. A su vez, el presidente centrista y las izquierdas en general se sirvieron de esta ambigüedad para negar a la CEDA el normal acceso parlamentario a la Jefatura del Gobierno. La propia cúpula cedista cometió errores notables. Sus esfuerzos por ejercer una represión eficaz en 1935 fueron contraproducentes, a pesar de no ser irrazonables. La decidida oposición del presidente y la ambivalencia de los radicales tal vez aconsejaban una política más prudente y conciliadora, ya que la CEDA no estaba en disposición de forzar una seria represión por sus propios medios. Es difícil evaluar la obra de la CEDA en el Gobierno, porque Alcalá-Zamora le permitió ejercer un verdadero poder de gobierno solamente durante unos meses. Aunque, por lo general, sus directrices económicas fueron constructivas, se portó de manera destructiva en la reforma de la reforma agraria, más allá de la consideración de que la repartición republicana de la pobreza agrícola fuera en sí misma una medida básicamente equivocada. Tampoco logró la CEDA hacer hincapié en los cambios vitales que estaban a su alcance, tales como la reforma electoral —que contaba con el vigoroso apoyo de Alcalá-Zamora—, aunque hubiese requerido un gran esfuerzo para superar la peculiar oposición de los demás partidos. Con todo, estos errores no fueron tan estrepitosos como los de sus oponentes.

Debe cuestionarse con seriedad la política exclusionista de Alcalá-Zamora respecto a la CEDA. No se trataba de un partido pequeño o de un grupo fascista o revolucionario violento que pudiera ser suprimido o ignorado. De hecho, representaba la principal orientación política de todo el sistema partidista entre los votantes españoles. Solo en la imaginación de las izquierdas españolas era posible que un sistema «democrático» funcionase sin llegar a un acuerdo con la opinión pública católica, la minoría más grande de la sociedad española. Por tanto, debe plantearse la cuestión de si la actuación correcta en 1934-1935 habría sido, sencillamente, seguir el debido proceso constitucional y parlamentario, sin manipulaciones especiales y distorsionantes, dado que una democracia no puede funcionar de ninguna otra manera. No resulta convincente contemplar la decisión inicial de Alcalá-Zamora de admitir la limitada participación de la CEDA en el Gobierno de 1934 como algo injustificado, ni tampoco tiene sentido considerar la violenta reacción de las izquierdas como otra cosa que no sea un gran crimen que merecía la plena aplicación de la ley, algo que nunca tuvo lugar. En ese momento, tanto el presidente de la República como el Gobierno y los dos partidos principales se hallaban del todo comprometidos con el funcionamiento de la democracia parlamentaria, lo que ofrecía una razonable oportunidad de extender la base del Gobierno, crear una mayoría estable y construir un consenso más amplio, tal y como planteaba Lerroux.

Un año más tarde, en cambio, Alcalá-Zamora se negó a seguir la lógica de la democracia parlamentaria y permitir que el partido más votado formase Gobierno. Si lo hubiera hecho, en el peor de los casos se habría llegado a una coalición dominada por la CEDA que habría producido una importante reforma constitucional en 1936-1937, cerrando el paso al 18 de julio. Naturalmente, como en toda cuestión contrafactual, es imposible saber exactamente qué forma habrían tomado los cambios constitucionales. Si, en el peor de los casos, dicha coalición hubiese dado lugar a un sistema semicorporativo y más autoritario, eso podría haber supuesto el fin de la democracia republicana durante más o menos una década, pero incluso tal consecuencia habría sido mucho menos catastrófica que lo que en realidad ocurrió. Podría haber conllevado resistencia y algún derramamiento de sangre, pero en un grado muchísimo menor que los horrores que produjeron la Guerra Civil y los comienzos del régimen franquista. Contemplado retrospectivamente, incluso en el peor de los casos, la plena inclusión o hasta el liderazgo de la CEDA apenas habría producido el peor de los resultados.

En la izquierda, los socialistas desempeñaron un papel en cierto sentido similar al de la CEDA en la derecha con su «semilealtad». Su contribución a la coalición del primer bienio fue digna de mención, dando un gran paso en la evolución, maduración y expansión del movimiento socialista en España en un momento en que solo los partidos socialistas de los países más desarrollados —Alemania y otros del norte de Europa— habían llegado tan lejos. Con todo, el PSOE careció de la madurez y la unidad de los socialdemócratas alemanes y su respuesta ante la adversidad política fue justo la opuesta[434]. Aunque llegaron a participar en un Gobierno cinco años antes que los socialistas franceses, sus ambigüedades se parecieron más a las de los socialdemócratas austriacos, cuya posición de «dos y medio» osciló, en cierto modo, entre la Segunda y la Tercera Internacionales. Al final, los socialistas franceses se comprometieron con la plena colaboración socialdemocrática, llegando a ocupar la Jefatura del Gobierno, mientras en España el «caballerismo» tenía una influencia cada vez mayor y más destructiva.

La polarización cristalizó con la insurrección revolucionaria de 1934, que puso de relieve que el grueso de las izquierdas obreras se hallaba comprometido con diversas formas de acción revolucionaria. Como hemos visto, la riqueza y la diversidad del fenómeno revolucionario durante la República apenas tuvo parangón en otros lugares. Su variedad y extensión derivaban de la combinación de una estructura social conflictiva y subdesarrollada y de un sistema político democrático movilizado y fragmentado. La vida política moderna de España había presentado regularmente una conjunción casi única de formas e instituciones políticas avanzadas en el seno de un atraso socioeconómico, una combinación que, al menos antes de los años veinte, había diferenciado a España de, por ejemplo, muchos de los países del sur y del este de Europa. La oportunidad por la movilización de masas y su libre desarrollo, todo en una época de depresión, justo después de una generación de rápida modernización, elevaron de forma repentina la clásica «contradicción española» a un nivel inaudito[435].

Esto no significa que España estuviese «madura» para la revolución, como sostenían varios teóricos, porque, en varios aspectos clave, su sociedad había llegado a ser demasiado compleja como para que los revolucionarios la conquistaran con facilidad. Si la mano de obra urbana e industrial era, en proporción, muy superior a la de Rusia en 1917, también lo eran las clases medias y las derechas en general. Además, en España había una considerable población propietaria de tierras y conservadora que era, en esencia, contrarrevolucionaria, algo que nunca existió en Rusia. Algunas de las condiciones que favorecieron el éxito de una revolución en sociedades más atrasadas, tales como la dominación política o económica extranjera, o la ausencia de instituciones libres, no estuvieron presentes en España, cuyas circunstancias eran más similares a las de Italia después de 1919. Pero, en Italia, la mayoría de las izquierdas obreras se volvió más moderada y terminó por intentar retornar a la democracia. El caso español de 1934-1937, empezando con una sublevación revolucionaria por parte de las izquierdas principalmente no comunistas contra una democracia establecida, carecía de precedentes en la Europa contemporánea.

No podía esperarse, sin embargo, que aquellos que rechazaban la democracia parlamentaria —ya fueran de derechas o de izquierdas— asumieran la responsabilidad de salvaguardar las instituciones parlamentarias. La principal responsabilidad recaía en quienes habían sido responsables de su creación; es decir, los liberales y los republicanos de izquierda.

De todos los sectores políticos, solo los liberales centristas —los seguidores de Alcalá-Zamora, Maura, Lerroux y la Lliga Catalana— adoptaron en principio posiciones en defensa de la democracia constitucional y de las reglas del juego. Sin embargo, los pequeños partidos carecían de la fortaleza necesaria para influir de manera decisiva y, así, los principales papeles en el centro los desempeñaron el único partido grande, los radicales de Lerroux, y Alcalá-Zamora como presidente de la República. Para que esta alcanzara una estabilidad igual o similar a la de la Tercera República francesa, probablemente habría sido necesario que los radicales —moderados y de clase media— desempeñaran un papel moderador equivalente al de sus homónimos y homólogos franceses, lo que intentaron entre 1933 y 1935. En su fracaso, los radicales pecaron más por omisión que de obra; no cometieron errores violando la letra o el espíritu de la democracia, pero adolecieron de una organización fuerte y estable después de su rápida expansión y, también, en ocasiones faltaron políticas efectivas. Los radicales se convirtieron en los únicos representantes de importancia en España, lejos de lo que era habitual en las democracias establecidas de otros países: un sector político amplio dedicado a poner en marcha políticas moderadas y prácticas que supusieran beneficios para los intereses de la clase media, con una filosofía tolerante del vive y deja vivir. En la sobrecargada atmósfera española, su atractivo «normal» resultó ser limitado y se les acusó de falta de moralidad y propósito. Carecían de la amplia base social que tenían los radicales de Francia. Asimismo el liderazgo se tambaleaba: Lerroux demostró ser demasiado viejo y carente de energía, y las otras lumbreras del partido carecían de visión y de capacidad. Los radicales fracasaron por no ser más de lo que fueron, aunque si hubiesen contado con aliados significativos la democracia constitucional podría haber pervivido.

El presidente Alcalá-Zamora se vio a sí mismo como el último garante de la República liberal. No había duda de su sinceridad, pero pronto él mismo se convirtió en un problema. Aunque Alcalá-Zamora era un liberal y constitucionalista genuino, así como un distinguido jurista y un escritor de bastante talento, también era un producto del siglo XIX, de una cultura política ante todo elitista y oligárquica, poblada por personajes notables que representaban una forma de transición desde la cultura tradicional basada en gran medida en el estatus y el concepto del honor. Por ello, tuvo dificultades para superar su profundo personalismo y su obsesión egocéntrica por su estatus y su liderazgo personales.

Alcalá-Zamora llegó a percibir que su papel no era tanto técnico, al estilo del presidente de la Tercera República francesa, sino que se veía a sí mismo como un hiperactivo «poder moderador» independiente, casi de una forma monárquica (aunque denunciaba con ferocidad la supuesta «tiranía» de Alfonso XIII). Esto fue posible por el embrujo de una Constitución defectuosa que creó un sistema de «doble confianza» en el que el jefe del Gobierno y su Consejo de Ministros debían contar con la aprobación tanto del juicio personal del presidente de la República como del Parlamento[436]. Así, él mismo llegó a interferir más abierta y frecuentemente en el funcionamiento normal del Gobierno constitucional que el muy criticado Alfonso XIII. En cuanto la inicial fuerza de la coalición de Azaña comenzó a declinar en 1933, el presidente se aprestó a la tarea retirando su reconocimiento al líder republicano de izquierda, incluso antes de que hubiese desaparecido su mayoría parlamentaria. Aun así, su interferencia en el Gobierno de Azaña fue mucho menos arbitraria que su papel en las segundas Cortes (1933-1936), durante cuyo mandato actuó constantemente para desbaratar la posibilidad de un normal Gobierno mayoritario, haciendo y deshaciendo a voluntad Gabinetes con frecuencia minoritarios, o no del todo representativos, en un proceso en el que, inevitablemente, se ganó por igual el odio de las derechas y las izquierdas.

En cierto sentido, se comprende bien que el presidente se sintiese obligado a intentar mantener algún tipo de equilibrio político, aunque resulta más inexplicable su aparente disposición —o apremiante deseo— a contribuir a la destrucción del principal grupo del centro existente —Lerroux y los radicales— con el fin de reconstruirlo en una nueva agrupación subordinada de manera indirecta a su propio liderazgo. Un puro delirio egocéntrico que en modo alguno correspondía a la realidad política, por lo que no sorprende que culminase en el desastre.

El mayor de sus errores fue denegar el poder a la CEDA en diciembre de 1935 e insistir con inusitada temeridad en convocar unas elecciones innecesarias en una situación tan peligrosamente polarizada. En ese momento, al Parlamento todavía le quedaban dos años de vida, contaba con una mayoría suficiente y con una agenda legislativa completa. Destruir esa oportunidad fue el colmo de la irresponsabilidad. Alcalá-Zamora no tenía ninguna posibilidad seria de crear un nuevo centro manipulado que le permitiera actuar de árbitro.

Precipitó el comienzo de la crisis de la República sin la menor necesidad, lo que supuso un desastre que se inició de un modo puramente personalista y arbitrario. En estas condiciones las elecciones se convirtieron en una especie de plebiscito entre el proceso revolucionario abierto en 1934 y la contrarrevolución. El resultado era del todo previsible y destructivo en extremo. Si se hubiera permitido a las Cortes de 1933 culminar su ciclo vital —y constitucional—, celebrándose elecciones al final de 1937, podrían haberse aprobado nuevas reformas significativas que hubiesen permitido alcanzar una situación de mayor calma y deliberación. Una reducción de la polarización podría haber permitido resultados electorales en 1937 que podrían haber evitado la Guerra Civil. Nunca se pueden verificar proposiciones contrafactuales, pero es razonable creer que tal alternativa habría sido menos desastrosa; sería ilógico pensar lo contrario.

Manuel Azaña fue el único jefe republicano que gozó de casi tanto poder como el presidente, por lo que era el único que tenía una responsabilidad más o menos equivalente. Al comienzo de la República, Azaña declaró que era «sectario» y «radical», no un «liberal». Era terminante al afirmar que el constitucionalismo republicano debía interpretarse no como el conjunto de unas reglas fijas de resultados inciertos, sino, al revés, como una serie de preceptos partidistas dirigidos a alcanzar determinados objetivos. Su rechazo de una democracia liberal más tolerante y con reglas fijas, iguales para todos, a favor del radicalismo y la polarización coincidió con una movilización de masas que magnificó las consecuencias de su sectarismo. Desde el momento en que los principales líderes de la política republicana rechazaban en la práctica las reglas del juego que ellos mismos habían diseñado, el Estado democrático no podía sobrevivir por mucho tiempo.

La verdad era que la utopía radical y pequeñoburguesa de Azaña descansaba en el apoyo electoral de no más del 20 % de los votantes; de ahí su insistencia en depender de los socialistas para imponer su programa. Quería aprovecharse de ellos, pero los socialistas no lo permitieron y el resultado fue el contrario. El sueño de Azaña era que sus reformas, o bien contentarían a los socialistas, o bien permitirían, de algún modo no entendible, que los republicanos de izquierda ganaran mayor apoyo. Pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Mucho más exacto fue el cálculo de los socialistas de que Azaña desempeñaría el papel de un «Kérenski» y acabaría plegándose a ellos, que es lo que al final ocurrió el 19 de julio. Azaña creía que si el centro y las derechas se sometían a los atropellos del Frente Popular, los republicanos de izquierda podrían mantenerse en el poder, pero no era realista suponer que los adversarios iban a someterse al abuso constante. Para todo hay un límite. Se trataba de un modo de pensar subjetivista y utópico, sin el menor análisis racional.

El español fue tan solo el más dramático y sanguinario de los muchos fracasos de la democratización en Europa durante aquellos años. Hablando de manera aproximada, en los países del Occidente europeo una variable clave en el éxito o el fracaso era la capacidad de llegar a un acuerdo con las organizaciones obreras. En el norte y el noroeste europeos, así como en Checoslovaquia, estas organizaciones eran socialdemócratas y desempeñaron un papel fundamental en la estabilización de la democracia. Por el contrario, el ardor revolucionario de los movimientos obreros en Italia y España y el importante Partido Comunista alemán fueron fundamentales en el fracaso de la democracia[437], aunque el socialismo italiano trató de retroceder en el último momento.

De todas las notables deficiencias del régimen republicano, la que causó un mayor impacto fue la del mantenimiento del orden público. Como ha señalado el principal especialista en esta cuestión, «las memorias de dirigentes republicanos como Azaña, Prieto o Martínez Barrio coinciden en achacar buena parte de la responsabilidad en el hundimiento del régimen a su incapacidad para preservar el orden público»[438]. Como consecuencia, la violencia política fue un elemento clave en la vida de la Segunda República, siendo, en proporción, más extensa que en cualquier otro régimen de Europa Central u Occidental en el mismo período. Desde los asesinatos anarquistas de abril de 1931, pasando por las cuatro insurrecciones revolucionarias y numerosísimos incidentes de menor importancia, la violencia jugó un papel muy importante durante la primavera y el primer mes de verano de 1936. En público, el Gobierno solo estaba interesado en minimizar la seriedad de la situación, imputando siempre cualquier delito izquierdista no a quienes lo cometieron, sino a «provocaciones», rara vez especificadas, de las derechas. Huelga decir que el Ejecutivo nunca ofreció una «estadística de delitos» y, así, los únicos datos globales que se presentaron en la primavera y verano de 1936 fueron los aportados por los líderes derechistas, sobre todo Gil-Robles, en sus discursos parlamentarios —es decir, no sujetos a la censura general—, en los que denunciaba el creciente caos. Dejando a un lado los numerosos incendios deliberadamente provocados y otras destrucciones de la propiedad, tanto religiosa como laica, las fuentes derechistas afirmaron haber contado 204 asesinatos políticos entre el 16 de febrero y mediados de mayo, 65 más al mes siguiente, y otros 61 entre mediados de junio y el 13 de julio[439]. Aunque el Gobierno rechazó estas cifras, en ocasiones incluso historiadores y escritores de izquierdas las han aceptado[440] como un reflejo bastante fiel de la situación de aquellos meses. Las más recientes y completas investigaciones han concluido que las cifras son fundamentalmente correctas.

Los primeros estudios estadísticos detallados acerca de la violencia política en esos meses fueron los de Edward Malefakis y Ramiro Cibrián, siendo este una revisión del primero[441]. Dada la ausencia de registros globales, el de Cibrián se basó en el periódico más fiable de la época, El Sol, complementado con la amplia cobertura de los asuntos españoles publicada por La Nación y La Prensa de Buenos Aires, para tratar de compensar las limitaciones impuestas por la censura en España. El estudio arroja una cifra total de 273 asesinatos políticos entre el 31 de enero y el 17 de julio, apenas inferior a la señalada por Gil-Robles, pero también incompleta, ya que solo menciona tres asesinatos en Barcelona comparados con los quince que figuran en el estudio, más detallado, de Getman-Eraso. Son datos incompletos, pero válidos en su metodología, aunque esta sea limitada. Las investigaciones más exhaustivas son las más recientes de Juan Blázquez Miguel[442] y Eduardo González Calleja[443], que ofrecen las cifras de 444 y 428 homicidios, respectivamente[444].

En general, estos datos indican cuatros picos de violencia: en febrero y el comienzo de marzo, a mediados de abril, finales de mayo y en julio. La ola inicial de incidentes letales, que tuvo lugar en las primeras semanas después de las elecciones, disminuyó tras la ilegalización de la Falange a mediados de marzo, pero el número de incidentes volvió a aumentar después de mediados de abril, alcanzando un segundo punto álgido alrededor del 25 de mayo, para bajar en junio y volver a incrementarse en el mes siguiente. Según las conclusiones de González Calleja, hubo 44 muertes bajo Portela Valladares (principalmente durante las campañas electorales), 226 bajo los Gobiernos de Azaña, 4 durante el breve Gobierno de gestión que siguió, y 154 durante los aproximadamente dos meses de Gobierno de Casares Quiroga[445].

Obviamente, la mortalidad alcanzó su cenit en 1934, cuando tuvo lugar la única insurrección revolucionaria de verdadera importancia, con casi 1.400 muertes. El promedio anual de muertes por acciones sociopolíticas en 1931-1932 fue de 193, con casi el mismo número en cada año hasta alcanzar las 311 en 1933, y 1.457 en 1934. Con la represión de las izquierdas en 1935 —un año de paz relativa— hubo solamente 47 fallecidos, hasta subir a los 428 en 1936. En total, hubo 2.629 muertos durante los cinco años y pico de la República[446].

La categoría principal de las bajas la forman los miembros de los movimientos revolucionarios, que murieron en tres clases diferentes de acciones: a) las insurrecciones, donde fallecieron más de mil, siendo, con mucho, la principal categoría; b) la represión de manifestaciones, motines y huelgas violentas por las fuerzas de seguridad, y c) los asesinatos por parte de pistoleros de grupos políticos. En la primera categoría, los agentes fueron, sobre todo, las fuerzas de orden. De los autores de los homicidios en actos individuales, el grupo más letal fue el de los falangistas, seguido por los socialistas y cenetistas. Todos los investigadores han encontrado cierta dificultad a la hora de dividir los sectores por afiliación política exacta, y a veces no pueden ser identificados por algo más que no sea «derechistas» o «izquierdistas».

González Calleja ha llamado la atención a la alta tasa de homicidios infrarrevolucionarios, que alcanzaron la cifra total de «61 víctimas en enfrentamientos producidos entre grupos de izquierda, especialmente las 17 muertes acaecidas en choques entre socialistas y cenetistas, o los ochos fallecidos en pugnas entre comunistas y anarcosindicalistas», mientras no hubo ni una sola muerte en conflictos entre las derechas. Este historiador explica estos datos de modo convincente señalando la intensa rivalidad entre los diferentes proyectos de revolución de las izquierdas, mientras que entre las derechas, a pesar de sus fuertes desavenencias sobre varios puntos doctrinales, todas compartían el mismo objetivo contrarrevolucionario[447]. Estos conflictos violentos entre las izquierdas pueden ser un indicio de lo que habría pasado si hubiesen conseguido suprimir totalmente a las derechas —su único objetivo común— o ganar la Guerra Civil.

En 1936, los asesinatos políticos se concentraron en varias ciudades importantes, encabezadas por Madrid con 49, seguida de Barcelona (15), Sevilla (11) y Málaga (9). Las provincias con las cifras más altas fueron Madrid (54), seguida por Sevilla (27), Albacete (22), Asturias (22), Santander (20), Málaga (18), Toledo (16), Barcelona (15), Logroño (13) y Valladolid (13)[448]. Galicia y el País Vasco parece que fueron las regiones más tranquilas. Las dos demarcaciones que mostraron las mayores concentraciones de actividad campesina radical, Extremadura y Andalucía, presentaron la mayor presencia de incendios provocados y destrucción e incautación de propiedades, pero solo se registraron graves incidentes de violencia contra las personas en las provincias de Sevilla y Málaga, y principalmente en las ciudades, no en el campo. En contraste, la provincia que registró la tasa proporcionalmente más alta de ejecuciones en la zona nacional durante la Guerra Civil —Zaragoza— no había conocido una incidencia de violencia especialmente importante en los últimos meses de la República. Se puede decir lo mismo de Barcelona, que, por su población, no tuvo una tasa de violencia especialmente alta en 1936, aunque en la Guerra Civil registró casi siete mil ejecuciones políticas. Las tres provincias que reflejaron una mayor continuidad entre la violencia política inmediatamente antes de la guerra y las ejecuciones llevadas a cabo por los nacionales durante la contienda fueron Asturias, Málaga y Sevilla, mientras Madrid tuvo la mayor continuidad en el bando republicano, registrando más de ocho mil asesinatos durante la Guerra Civil.

Cibrián ha formulado una teoría explicativa de la distribución regional de la violencia en 1936 que combina las tres variables de la fuerza regional socialista, la polarización y la radicalización políticas. La primera se mide en términos de votos al Partido Socialista en las elecciones de febrero; la polarización, añadiendo los votos combinados a todos los partidos claramente derechistas o izquierdistas, y la radicalización, por el número combinado de candidatos que comunistas y falangistas presentaron en un distrito concreto. En general, las mediciones combinadas producidas por estos factores se corresponden, grosso modo, con los diferentes niveles regionales de violencia[449].

Juan Linz ha destacado que el total de asesinatos políticos llevados a cabo en España en los primeros seis meses y medio de 1936 contrasta de modo poco favorable con los 207 registrados en Italia durante los primeros cuatro meses y medio de 1921[450], posiblemente el período de máxima violencia en ese país. Dado que Italia contaba con una población casi un 50 % superior a la española, su tasa de violencia fue menor. En proporción, la violencia fue más grave en España que la ocurrida antes del colapso de la democracia en Italia, Alemania[451] y Austria[452], a excepción de los períodos de la cuasi guerra civil en Alemania en 1919-1920[453].

Debe tenerse presente que la extensión de la violencia fue muy inferior durante los primeros tres años de la República, y que entonces ni mucho menos amenazaba con desestabilizar el régimen. Solo en 1934 se desarrolló una violencia realmente seria. La práctica de actos violentos por parte de los socialistas, con la extensión de las tácticas insurreccionistas de los anarquistas, fue la variable más importante, creando en España una polarización mucho mayor que la que nunca hubo en los otros tres países citados, donde los socialistas, e incluso los comunistas, emplearon tácticas más moderadas (aunque en el caso de estos últimos solo después de 1923). El carácter de la violencia política en España también difería de los otros países, pues aquí derivaba de una gran insurrección revolucionaria[454]. Las Zusammenstösse (enfrentamientos entre grupos rivales violentos), tan frecuentes en Alemania e Italia, fueron mucho menos habituales en España debido a la inferioridad numérica de los falangistas y a la reticencia de las derechas no fascistas a embarcarse en acciones organizadas de violencia callejera. En palabras de Paul Preston, la violencia de las derechas la efectuaban más «pistoleros aislados que escuadrones de Camisas Negras o tropas de asalto»[455], y en muchas ocasiones ocurrió lo mismo en el caso de las izquierdas.

Pero la estrategia socialista en 1936 difería de la de 1934. Los cuatro intentos de insurrección revolucionaria protagonizados por anarquistas y socialistas entre 1932 y 1934 habían fracasado, y en ningún momento de 1936 hubo movimiento revolucionario alguno que planificase una insurrección inminente para hacerse con el poder (aunque a los jefes de la Comintern les preocupara el peligro de otro intento anarquista). Dado el control izquierdista de las instituciones, esto no era prioritario y ninguno de los grandes movimientos se consideraba lo bastante fuerte como para luchar violentamente por el poder en aquel momento. Aunque todos ellos, sin excepción, preveían el último estadio de la lucha política como un camino hacia su propia dictadura revolucionaria, todos lo fueron posponiendo hasta una fase posterior.

La estrategia caballerista en 1936 se basó en «una estrategia de desgaste», es decir, un debilitamiento del poder capitalista y de derechas mediante violencia, incautaciones de propiedades y huelgas no solamente para pedir subidas de salarios, sino para dominar o arruinar una determinada empresa. Lo que estaba teniendo lugar no era la revolución, sino la prerrevolución. Además, los socialistas se encontraban divididos. Prieto, personalmente, habría preferido aliarse de forma directa con el Gobierno, incluso entrando en él para restringir la actividad prerrevolucionaria. Pero no siempre pudo controlar a sus propios seguidores, que en ocasiones se mostraron tan violentos y destructivos como los caballeristas, como ocurrió en el asesinato de Calvo Sotelo. Aunque expresó su repugnancia y aprensión ante el hecho de que la temeraria estrategia de los socialistas fallase o llegara a ser contraproducente, como dijo, obrando «por insensatos» o «por estupidez», Prieto fue incapaz de modificarla y, una vez comenzado el mes de julio, prácticamente dejó de intentarlo. En ese momento, la política de la totalidad de las izquierdas —incluso del Gobierno— fue promover la confrontación armada, aunque, como era habitual, se produjo un total desacuerdo sobre cómo proceder exactamente.

Sin embargo, es importante destacar que esta estrategia era siempre general y difusa, y normalmente espontánea, o semiespontánea, en su expresión. No obedecía a ningún plan central preconcebido, y no había concertación entre los diversos movimientos revolucionarios. Parece ser que hacia finales de mayo y junio existió alguna intención por parte de los falangistas y los monárquicos de imponer su propia «estrategia de tensión», lo que llevó a un aumento de la actividad violenta falangista. Pero el incremento era solamente relativo, y el único hecho de verdadera importancia fue el asesinato de Castillo el 12 de julio, que sí logró ese efecto, pero fue llevado a cabo por sus adversarios.

Pero lo cierto es que no sabemos hasta qué punto existía de verdad alguna estrategia en la violencia falangista, porque faltan documentos y el historiador no dispone más que de referencias generales y abstractas en la comunicación de Mola, el primero de julio, citada en el capítulo 10, y la carta del monárquico Antonio Goicoechea del 21 de junio al Gobierno italiano[456].

Solo los comunistas (y, quizá, el POUM) contaban con una clara política revolucionaria coherente, aunque táctica y temporalmente la estrategia comunista fue más moderada que la de los demás grupos revolucionarios. La política de Frente Popular de la Comintern rechazó el insurreccionismo y la violencia de masas, y asumió una variante de la táctica fascista en Italia y Alemania para hacerse con el poder, paso a paso, y siempre en nombre del «antifascismo».

Mussolini y Hitler habían comprendido que solo podrían alcanzar el poder por medios legales (o, al menos, semilegales), con la ayuda de aliados, y la estrategia comunista hacía hincapié en la creación de grandes coaliciones capaces de ganar las elecciones y entregar el poder, de forma legal, a las izquierdas. Durante la primavera de 1936, el PCE siguió esa política de manera consecuente, y durante la Guerra Civil su estrategia fue más práctica y coherente que la de cualquier otro partido revolucionario. En consecuencia, los comunistas se mostraron más preocupados que ningún otro partido por evitar una guerra civil en vísperas del 18 de julio. Como se ha visto, su política era nominalmente legalista, aunque poco «moderada».

Como dijimos con anterioridad, el examen de la política comunista es fundamental sobre todo por la importancia que el movimiento logró durante la Guerra Civil, no durante la República, aunque su influencia creció a lo largo de los últimos meses, y, si no hubiera habido ninguna guerra, sin duda habría seguido creciendo, al menos hasta cierto punto. Igualmente es importante constatar con exactitud los términos y dimensiones de la política comunista a la vista de las grandes ambiciones y planes inmediatos imputados a los comunistas por la propaganda nacional durante la guerra, propaganda en ese sentido del todo exagerada.

Aunque la última espiral de violencia en 1936 fue extrema (quizá no tanto en la cantidad de víctimas como en su impacto psicológico), algunos otros Estados sufrieron una violencia casi igual sin por ello derrumbarse. En los acontecimientos finales resultó crucial el carácter de la política gubernamental. Desde 1931 hasta 1935, los diversos Gobiernos —de izquierda, de centro o de centro-derecha— adoptaron una contundente postura contra la violencia, ya proviniese de los anarquistas, de los socialistas o de la extrema derecha. En cambio, en 1936 los Gobiernos de Azaña y Casares Quiroga tuvieron miedo de adoptar medidas enérgicas contra cualquier tipo de violencia, puesto que una gran parte de ella la habían iniciado los partidos revolucionarios, de cuyos votos dependían en el Parlamento.

En defensa de estos Gobiernos, Rafael Cruz ha alegado: «En lugar de desgobierno, en esos momentos hubo un aumento del poder despótico a través de sus propios decretos, de la legislación aprobada en la Cámara y del control político y policial dirigido por el ministro de Gobernación, los gobernadores civiles y los alcaldes, no siempre en perfecta sintonía»[457]. Este historiador tiene toda la razón al hablar del aumento «del poder despótico» del Gobierno bajo el Frente Popular. El problema es que casi todas estas medidas «despóticas» se emplearon de una forma partidista, sin administrar la ley y el orden de igual manera para todos. Se ilegalizó a Falange, pero no se tomó ninguna medida equivalente con los movimientos revolucionarios, que hasta la misma fecha (marzo de 1936) habían emprendido muchísimos más actos ilegales y violentos que Falange. Además, este aumento de «poder despótico» se ejerció de forma esporádica, inconsistente y a veces confusa. Por eso, como diría el socialista Juan-Simeón Vidarte, acabaron dando «palos de ciego».

El paradigma de esta política se ensayó durante el primer mes de la República, cuando tuvo lugar la tristemente célebre «quema de conventos». Aunque el Gobierno ya tenía noticias de lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, insistió en permanecer de brazos cruzados. Luego, cuando los desórdenes habían aumentado y estaban fuera de control, se fue al otro extremo al declarar el estado de guerra y mandar al ejército a la calle. Esta actuación consistente en ignorar la realidad, dejar que los acontecimientos se desbordaran y luego responder con una híperreacción se repitió innumerables veces durante la Segunda República. La política de los Gobiernos de republicanos de izquierda fue tan confusa y contradictoria que ni siquiera siguieron una política partidista con coherencia y de forma plena, ya que sus únicas medidas —sobre todo, contra las derechas— fueron demasiado limitadas como para reprimir con eficacia ni a los activistas falangistas ni a los conspiradores militares. Nunca se produjo el menor intento de aplicar una política de orden a los revolucionarios. Sus medidas eran tan contradictorias que el Gobierno no osó actuar más enérgicamente contra los militares, a quienes posiblemente iba a necesitar. A su propia manera confusa, estos Gobiernos pretendieron preservar alguna apariencia de República democrática, pero se quedaron sin una cosa y sin la otra.

El último y más impactante golpe fue el asesinato de Calvo Sotelo a manos de la Policía estatal izquierdista, junto con varios militantes revolucionarios, que actuó de un modo semilegal con un permiso ambiguo y limitado del increíblemente débil e irresponsable ministro de Gobernación, acto que enseguida torcieron de modo drástico. El magnicidio fue el equivalente funcional en España al asesinato de Giacomo Matteotti en Italia en 1924, que abrió una crisis que precipitó la instauración de la dictadura de Mussolini. En España, el magnicidio precipitó en última instancia la Guerra Civil. El que Matteotti fuera asesinado por los fascistas y Calvo Sotelo lo fuera por los socialistas refleja las diferencias entre los dos países en cuanto a la fuente esencial de la violencia. Pero otras diferencias igualmente importantes existieron entre las dos situaciones. En la primera, el Gobierno fascista había alentado la violencia contra la oposición izquierdista, aunque es probable que no ordenase el asesinato de Matteotti, y sus propios seguidores le forzaron a asumir la responsabilidad por el delito. En España, el Gobierno republicano normalmente no alentaba la violencia izquierdista de manera directa, pero se negó a reprimirla. Aunque no ordenó el asesinato de Calvo Sotelo, el ministro de Gobernación procedió de un modo ambiguo llegando a ser un cómplice moral. Como los mismos fascistas forzaron a Mussolini a asumir la responsabilidad, Prieto y los socialistas forzaron al Gobierno a renunciar a la detención de los asesinos, y, de hecho, el Gobierno republicano también aprobó el magnicidio, acabando por ofrecer la recompensa a los criminales con promociones.

Se puede plantear la cuestión de por qué el papel de la violencia tuvo tanta importancia en el destino de la República, cuando un largo elenco de asesinatos políticos durante la Transición democrática después de 1975 no tuvo el mismo efecto[458]. La respuesta es que existían muchas diferencias entre las dos situaciones. En primer lugar, la diferencia entre la cantidad total y sus proporciones es más que notable. Aunque ETA mató a casi mil personas a lo largo de su siniestra historia, la extrema izquierda revolucionaria a casi un centenar[459] y la extrema derecha a unos cuantos menos, nunca hubo una concentración de muertes tan densa como en octubre de 1934 o los últimos cinco meses y medio de la República en 1936. Las mil muertes durante toda la época de la Transición (un cuarto de siglo) no pueden compararse con las dos mil muertes en menos de dos años en 1934-1936, y lo mismo puede decirse incluso de los años de mayor violencia, entre 1975 y 1982, cuando murieron más que quinientas personas. En segundo lugar, durante la Transición, los Gobiernos siempre se esforzaron por actuar con energía para reprimir la violencia, sin mostrar nunca la fatal dejadez de los Ejecutivos de Azaña y Casares Quiroga. Los Gobiernos de la Transición nunca se declararon beligerantes contra nadie, salvo contra los mismos terroristas, y dichos Gabinetes no dependían de los terroristas, como en el caso de Azaña, sino de la oposición al terrorismo. En tercer lugar, esta política de los Gobiernos de la Transición contaba con el pleno apoyo de todos los partidos nacionales españoles y de los catalanistas. No hubo nada equivalente en la política de los partidos obreros del Frente Popular. Finalmente, el Partido Socialista, bajo Felipe González, llegó a dirigir la lucha contra el terrorismo, mientras en 1936 el socialismo había constituido uno de los dos principales movimientos terroristas. En cuarto lugar, en términos generales, durante la Transición el Gobierno no permitió que el terrorismo y la represión de este vulneraran el Estado de Derecho (aunque hubo algunas excepciones a este principio). Se mantuvieron las garantías constitucionales, mientras en 1936 una gran parte de ellas sencillamente no se observaron.

El carácter y la extensión del colapso de una administración coherente e imparcial de orden público y de las garantías constitucionales bajo los Gobiernos Azaña-Casares Quiroga carecen de precedentes en la historia de los regímenes constitucionales y parlamentarios europeos. La lista de ultrajes resulta asombrosa:

La gran ola de huelgas, muchas de ellas sin un objetivo económico primario más allá de pretender la dominación de la propiedad privada, a menudo acompañadas de violencia y destrucción de propiedades.

La incautación ilegal de propiedades, sobre todo en las provincias del sur, en ocasiones legalizadas a posteriori por un Gobierno sometido a la presión de los movimientos revolucionarios. Tuñón de Lara ha calculado que, entre las incautaciones ilegales y la aceleración de la reforma agraria, un mínimo del 5 % de toda la propiedad agraria en España cambió de manos en cinco meses. Los efectos económicos fueron en gran parte destructivos, dado que no fomentaron la modernización y la productividad, sino la redistribución de la pobreza, sin capital o sin desarrollo tecnológico.

Una ola de incendios provocados y la destrucción de propiedades, sobre todo en el sur.

La incautación de iglesias y propiedades eclesiásticas en el sur y el este, así como en otras zonas del país.

El cierre de colegios católicos, que provocó en España el comienzo de una crisis educativa, así como la supresión de las actividades religiosas católicas en varias localidades, acompañada de la expulsión de sacerdotes.

Un importante declive económico, que nunca ha sido estudiado en detalle, con una seria caída de la Bolsa, fuga de capitales y, en algunas provincias del sur, abandono de los cultivos, dado que los costes de la recolección superaban con creces el valor de mercado de las cosechas. Así, varios alcaldes socialistas del sur propusieron la «pena de permanencia» para los propietarios en lugar de la del exilio.

La amplia extensión de la censura, con una grave limitación de las libertades de expresión y reunión.

Varios miles de detenciones políticas arbitrarias de miembros de partidos derechistas, que culminaron con el secuestro de Calvo Sotelo.

La impunidad en la comisión de delitos para los miembros de los partidos frentepopularistas, que apenas sufrieron arrestos. En ocasiones se detuvo a anarquistas, ya que estos no eran miembros del Frente Popular.

La politización de la justicia mediante nuevas leyes y políticas con el fin de facilitar las detenciones y procesos políticos arbitrarios e ilegalizar a las formaciones derechistas. Pese a las cuatro insurrecciones violentas de los partidos izquierdistas contra la República —sin contrapartida entre los partidos derechistas—, ninguno de ellos fue acusado de delito alguno, pues la justicia había pasado a estar politizada, de acuerdo con el programa del Frente Popular.

Cambios arbitrarios del personal en los gobiernos provinciales y municipales en muchas provincias para eliminar a los representantes elegidos a favor de figuras de los partidos frentepopularistas.

La disolución oficial de los grupos derechistas, comenzando con los falangistas en marzo, los sindicatos católicos en mayo, y la pretensión de actuar de igual forma contra el monárquico Renovación Española en vísperas de la Guerra Civil. Cuando el Tribunal Supremo anuló la ilegalización de Falange a primeros de junio, el Gobierno no hizo el menor caso, sino que promovió aún más detenciones. El proceso de ilegalización se diseñó para crear las condiciones con vistas al monopolio político de izquierdas, que se alcanzó, en primer lugar, en las agrupaciones sindicales. Los azañistas la llamaban la «República de izquierdas», y los comunistas, la «República de tipo nuevo».

El proceso de eliminar las elecciones democráticas y sus resultados, empezando con los desórdenes del 16 al 20 de febrero, que alteraron los resultados en al menos seis provincias, tanto como el balance final. En la siguiente etapa, la continuación de la violencia provocó la retirada de las derechas de la segunda vuelta. La tercera etapa estuvo marcada por las acciones claramente fraudulentas de la Comisión de Actas a finales de marzo, y la cuarta, por la eliminación de la mayor parte de la oposición política por la fuerza en las nuevas elecciones en Cuenca y Granada.

La subversión de las fuerzas de seguridad gracias a la reincorporación de los elementos revolucionarios, procesados con anterioridad por sus acciones violentas y subversivas. Uno de ellos estuvo al mando del escuadrón que asesinó a Calvo Sotelo. Igual de notoria fue la incorporación de activistas socialistas y comunistas como «delegados de policía», nombrados ad hoc como policías suplentes. Esto daba continuidad al precedente sentado por el Gobierno de Hitler en 1933, cuando nombró a activistas violentos y subversivos de las SA y las SS como Hilfspolizei especiales.

El incremento de la violencia política, aunque su extensión fuera muy desigual en las distintas zonas del país. Algunas provincias experimentaron una relativa calma, mientras que en otras existió una violencia política frecuente, sobre todo en las ciudades de mayor tamaño. En seis meses y medio murieron más de cuatrocientas personas.

Edward Malefakis ha evaluado la situación en los términos siguientes:

En 1934, antes de la rebelión socialista, no se produjo cambio alguno en las instituciones fundamentales del Gobierno, ni anulación en masa de la legislación de las Cortes Constituyentes. Por el contrario, en 1936, las innovaciones legislativas de los dos años anteriores se deshicieron de inmediato. Al mismo tiempo, las instituciones básicas de la República se vieron amenazadas conforme miles de corporaciones municipales fueron sustituidas por «comités ejecutivos», se expulsó al presidente de la República mediante triquiñuelas legales, un grupo que incluía a policías estatales fuera de servicio asesinó al político más destacado de la oposición, Calvo Sotelo, y los comunistas incorporaron leyes para ilegalizar a la mayoría de los partidos que se oponían al Frente Popular, basándose en que eran «fascistas». Y en lo que respecta a la inquietante situación personal comparativa de los millones de seguidores de las derechas y las izquierdas, ¿quién puede decir que el terror psicológico experimentado por los primeros en la primavera de 1936 constituyó una causa menos legítima de rebelión que las dificultades económicas por las que atravesaron los últimos antes de octubre de 1934?[460].

¿Qué exigieron los numerosos críticos del Gobierno en 1936? Según la historiografía y comentarios izquierdistas dominantes del último medio siglo, fue la cancelación de las reformas republicanas, lo que es del todo falso. La única «reforma» en la que muchos insistían era la rectificación de la política anticatólica, algo que habría sido automático en una democracia liberal normal. La verdad es esencialmente la opuesta, es decir, que la inmensa mayoría de los numerosos críticos ya habían aceptado las reformas básicas.

Su petición fundamental era simplemente aplicar la ley de un modo eficaz e imparcial para todos, hacer cumplir la Constitución republicana y restaurar el orden social y económico. En este sentido, las exigencias de los millones de críticos en 1936 eran más «republicanas» que la política de las izquierdas, ya que estas se negaron a prestar atención a la ley fundacional de la República. Solo una pequeña minoría, por lo general perteneciente a las derechas radicales, pretendió derrocar al Gobierno mediante la insurrección; por eso Mola tuvo tantas dificultades para llevar adelante su conspiración. Las derechas radicales contaban con pocos afiliados y, durante un tiempo, estuvieron relativamente aisladas y, desde luego, el Gobierno estaba interesado en que siguieran así. Al negarse a hacer cumplir la ley en términos de igualdad y al intensificar su política de acoso a las derechas, llegó un momento en que muchos conservadores —y también bastantes moderados— estuvieron dispuestos a aliarse con la derecha radical. La política socialista de «desgaste» no erosionó el capitalismo, pero sí empujó cada vez más a las clases medias y medias-bajas a los brazos de los insurrectos de la extrema derecha. Solo mucho más tarde llegó Manuel Azaña a darse cuenta de que a lo que se enfrentaban las izquierdas no era una «militarada» insignificante, respaldada por una pequeña minoría de terratenientes adinerados, sino una reacción de las clases medias mucho más amplia[461].

Dadas las condiciones de impotencia en que se encontraba y la falta absoluta de respuesta por parte del Gobierno, a la oposición le quedaban dos alternativas: la rebelión armada o la resignación cristiana ante la tiranía de las izquierdas. Y puesto que la rebelión armada supondría la posibilidad de una horrenda guerra civil revolucionaria, con todas sus consecuencias, casi siempre con enorme violencia y asesinatos en masa, una enseñanza moral seria posiblemente habría recomendado a la oposición, mayoritariamente católica, la resignación cristiana ante las exigencias de un Gobierno arbitrario.

Si las derechas hubieran respondido de esa manera y no con la fuerza armada, ¿cuál habría sido el futuro de España? Las cuestiones no basadas en los hechos solo pueden responderse mediante especulaciones. Si las derechas se hubiesen sometido, es muy probable que el Gobierno hubiera devenido mucho más izquierdista y adoptado algún tipo de régimen económicamente colectivista, como ocurrió en la zona republicana durante la Guerra Civil. El resultado podría haber sido más parecido a un sistema latinoamericano que a una República Popular comunista, con una economía caótica. Los prohombres de los republicanos de izquierda posiblemente habrían abandonado el país, como, de hecho, hicieron la mayor parte de sus diputados parlamentarios durante el primer año de la Guerra Civil, hartos y asustados ante la situación que habían creado, prefiriendo que fuera sufrida por los españoles de a pie. Pero dadas las profundas diferencias en el seno de las izquierdas, superadas solo de forma temporal por el gran desafío de guerra civil, el resultado sin duda habría sido alguna clase de lucha armada entre las mismas izquierdas, como, de hecho, tuvo lugar en dos ocasiones durante la Guerra Civil. Otra cuestión hubiese sido el destino de tal régimen en la Segunda Guerra Mundial. No habría sido tan amigo de la Alemania nacionalsocialista como el de Franco, pero, sin duda, también habría optado por la neutralidad y, dadas las muchas complicaciones estratégicas, es posible que Hitler lo hubiera dejado en paz. Posteriormente, habría contribuido al profundo viraje hacia la izquierda de la vida política en Europa occidental después de 1945, asumiendo, eso sí, que el régimen hubiese sobrevivido hasta entonces.

Una implosión prerrevolucionaria como la sufrida por España constituyó un caso único entre los países europeos en tiempo de paz. Todos los demás casos sucedieron como consecuencia de factores internacionales: los resultados de la Primera Guerra Mundial (Rusia, Finlandia, Hungría, Alemania), la Segunda Guerra Mundial (Yugoslavia, Grecia, Polonia), el fin de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética (Yugoslavia) o el expansionismo ruso (Ucrania).

En algunas ocasiones se ha sugerido que la situación más próxima se dio en el Chile de Salvador Allende entre 1970 y 1973, el único país susceptible de compararse con la España de 1936 durante la segunda mitad del siglo XX. Huelga decir que también había muchísimas diferencias. El Gobierno de Allende era puramente minoritario, tanto en la votación presidencial como en la composición del Parlamento. La Constitución española daba al jefe del Estado un poder excepcional, algo que ocurrió también aunque de un modo diferente, en Chile, cuya Constitución permitía al presidente y a su Consejo de Ministros iniciar, aprobar e implementar legislación, al menos en primera instancia. Como socialista revolucionario con vínculos con la Unión Soviética y Cuba, Allende se situó mucho más a la izquierda que Azaña. Durante su breve presidencia, alrededor del 35 % de toda la tierra cultivable cambió de manos, se nacionalizó el 30 % de la producción industrial y la mayor parte del sistema bancario quedó bajo el control del Estado, mientras el Gobierno ignoraba al Parlamento. A mediados de 1973, Chile sufría una inflación descontrolada y un profundo declive en su producción. La crisis económica era muy grave, mientras que en España, a mediados de 1936, la crisis, aunque significativa, solo había pasado por sus primeras etapas.

A pesar de que el Gobierno rechazó el Parlamento y los tribunales para iniciar una gran revolución en Chile, algunas de las instituciones nacionales clave preservaron su integridad y en mayor medida que en España. Tanto el Parlamento como el poder judicial siguieron siendo independientes y contrapuestos al Ejecutivo, mientras que el ejército mantenía una unidad e incluso una autonomía mayores que en España (este último hecho resultó fatal para la revolución). Antes del golpe de Estado de 1973, la violencia revolucionaria era claramente menor en Chile que en España y no tuvieron lugar elecciones coercitivas o fraudulentas como sí ocurrió aquí. La denegación de los derechos civiles se circunscribió mucho más a atentados contra la propiedad, las fuerzas gubernamentales no secuestraron ni asesinaron a ningún jefe de la oposición ni existió la persecución religiosa. De hecho, la Iglesia tuvo una influencia moderadora. Así, cualquier comparación entre los casos de Chile y de España debe ser cautelosa.

Puede encontrarse un parecido más notable en la extensión de la violencia contrarrevolucionaria, que en España correspondió más a las dimensiones de la gran violencia revolucionaria. De este último había mucho menos en Chile, pero un poco antes del golpe militar, cuando el mismo Gobierno revolucionario envió a tropas para sofocar una pequeña sublevación de extrema izquierda que se había escapado de control y luego se presentaron quejas por la muerte de veintidós personas, el jefe del Estado Mayor, el general Augusto Pinochet, comentó de modo siniestro: «Cuando sale el ejército, es para matar»[462]. Este incidente también puede indicar que había cierto parecido entre las complejas políticas militares de ambos Gobiernos izquierdistas.

Ante un presidente que violó directamente las leyes parlamentarias y los decretos de los tribunales —una política aún más arbitraria y voluntarista en Chile que la de Azaña en España—, el Parlamento chileno incluso votó pidiendo que los ministros militares emprendieran alguna acción para corregir la situación, es decir, prácticamente «un golpe de Estado parlamentario». Una gran diferencia en el resultado fue la unidad de las fuerzas armadas chilenas, que evitó una guerra civil. En vez de una insurrección general confusa y mal organizada (como en España), las fuerzas militares chilenas llevaron a cabo un golpe de Estado bastante preciso, con escasa lucha directa, aunque la nueva dictadura militar se mostraría mucho más violenta que lo que lo había hecho la revolución en ciernes.

Luego siguió una política económica muy desarrollista, como la de Franco y, después de muchos años, de manera algo parecida al régimen español, cedió sin conflicto directo a un nuevo régimen parlamentario democrático.

Las izquierdas siempre han denunciado la insurrección del 18 de julio, lo cual, desde un punto de vista partidista y sectario, es perfectamente lógico, porque dio al traste con todas sus ambiciones de dominar España. Desde un punto de vista práctico, en cambio, la idea no es tan convincente, porque nunca ha existido un proceso revolucionario que no haya provocado una resistencia contrarrevolucionaria, aunque en ocasiones esta haya fracasado. Quienes no deseen la contrarrevolución, que no emprendan la revolución. Es así de sencillo.

Se ha dicho que en España las derechas y el centro no eran pacientes, que deberían haber estado dispuestas a dejarse atropellar indefinidamente, lo que puede ser cierto desde la perspectiva de una lógica partidista, pero no puede ser un argumento histórico, puesto que, en términos de historia comparada, es totalmente «ahistórico», antiempírico e incluso absurdo. En toda la historia es difícil identificar a un grupo social o político de importancia que hubiera actuado como pedían las izquierdas españolas. Lo que llama la atención es lo contrario, es decir, la extraordinaria paciencia de las derechas en España, incluida la del propio Franco. En muchos países no se hubiese soportado ni la mitad de lo que se venía soportando desde hacía meses en España. Cualquier persona que dude de esta afirmación, debe primero hacer la comparación con las tres grandes guerras civiles de la época moderna en los países de habla inglesa —en 1640, en 1775 y en 1861— y verá inmediatamente que la situación en España era bastante más atroz. Estos países de habla inglesa son los que, generalmente, se considera que llevan la batuta en democracia moderna y gobierno constitucional, y no se encontrará entre sus ciudadanos la menor disposición a dejarse atropellar indefinidamente.

Uno de los problemas que se encuentra cuando se provoca una contrarrevolución es que esta, en muchas ocasiones, no supone meramente la anulación de la revolución. Si fuera así, en España, presumiblemente, se habría vuelto a Lerroux y a Gil-Robles, y en Chile a la situación de antes de las elecciones de 1970. Pero, como señaló Joseph De Maistre hace dos siglos, una contrarrevolución no es meramente lo contrario a la revolución, sino que, a menudo, se convierte en una especie de revolución contrapuesta, que es lo que pasó en España. Clausewitz se refirió a lo que en las guerras (y las revoluciones) se denomina el efecto de Wechselwirkung, esto es, de la acción recíproca y de la mutua transformación de la radicalización en medio de los conflictos. Tal fue el caso del movimiento franquista durante la Guerra Civil, que pronto se desplazó mucho más allá de los —en principio— limitados objetivos políticos de la conspiración originaria de Mola para abrazar una «revolución nacional», autoritaria y semifascista. Estas antítesis dialécticas no son infrecuentes en la historia, pero España experimentó un doble riesgo. Antes del 18 de julio, las izquierdas destruyeron la democracia en España por medio de un proceso revolucionario de erosión constante que duró cinco meses, pero, a su vez, la contrarrevolución creó un radicalismo de oposición igualmente violento, al menos en sus primeros años, y mantuvo un Gobierno autoritario durante cuatro décadas. El precio del proceso revolucionario fue, sin duda, elevado.

Es muy simplista creer que la dictadura de Franco brotó únicamente de las ambiciones malvadas del propio Franco. Una vez elevado a la jefatura única, el Generalísimo mostró una gran ambición y es cierto que diseñó ciertos aspectos individuales y personalistas de su régimen, pero de ningún modo creó la situación autoritaria en que se encontraba España a mediados de julio de 1936. Esta fue el resultado directo de las condiciones prerrevolucionarias creadas por las izquierdas, condiciones que el propio Franco siempre trató de evitar. Más bien al contrario, el general defendió una política firme que mantuviera la ley y el orden, política que habría evitado el colapso y el descenso a una situación puramente autoritaria.

Hay que reconocer la verdad, y es que en julio de 1936 casi todo el mundo pedía un régimen autoritario para España. La CNT buscaba imponer por la violencia su propia utopía en una fecha indeterminada; los caballeristas y el POUM pedían la imposición de la dictadura del proletariado; los comunistas se afanaban por construir la «República de tipo nuevo»; los azañistas y prietistas buscaban una República exclusivamente de izquierdas, eliminando políticamente a la mitad de la nación; los carlistas querían imponer su visión monárquica; los monárquicos alfonsinos deseaban una monarquía autoritaria y corporativista; los falangistas, su llamada revolución nacionalsindicalista, e incluso una gran cantidad de personas de centro o de la izquierda moderada pedía públicamente una dictadura liberal o legalitaria republicana. Fue función de Franco ordenar todo esto, por las buenas o por las malas.

También se ha dicho falsamente que entonces nadie deseaba realmente una guerra civil. Lo exacto sería decir que nadie quería una guerra civil tan larga y tan destructiva. Ciertamente, las izquierdas no querían una guerra civil que iban a perder. Pero del mismo modo que había muchos que deseaban un nuevo régimen autoritario, los había que buscaban una guerra civil que —eso creían— sería breve. Este fue el objetivo de los comunistas hasta 1935 (aunque luego cambiaron) y de los teóricos marxistas, como Araquistáin y Maurín, ya que muchos revolucionarios —sobre todo entre los caballeristas— insistían en que nunca podría haber una revolución sin una guerra civil; naturalmente, una guerra civil breve ganada por ellos mismos. Todos los marxistas revolucionarios la consideraban una inevitabilidad histórica, mientras los anarcosindicalistas insistían en la redención a través de su gran insurrección revolucionaria cuando llegara la hora. Los monárquicos y los falangistas igualmente pedían alguna clase de confrontación armada, aunque no pregonaban la guerra civil públicamente con la misma confianza. Mola veía que un golpe de Estado sería totalmente imposible y que una insurrección militar solo podía vencer a través de una guerra civil, aunque también esperaba que fuera breve. Los conspiradores monárquicos, como el propio Sanjurjo, pensaban lo mismo, y por eso buscaron armas en Berlín y en Roma, aunque sin éxito. Entre todos ellos, el que durante largo tiempo mantuvo la posición más moderada y responsable fue el propio Franco.

Ironías de la historia.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

PRENSA

ABC

Ahora

Claridad

El Debate

El Liberal

El País

El Socialista

El Sol

Historia 16

La Época

La Libertad

Mundo Obrero

New York Times

Solidaridad Obrera

Ya

BIBLIOGRAFÍA

ALCALÁ GALVE, Ángel, Alcalá-Zamora y la agonía de la República, Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2002.

ALCALÁ-ZAMORA, Niceto, Asalto a la República. Enero-abril de 1936, La Esfera de los Libros, Madrid, 2011.

— Memorias, Planeta, Barcelona, 1977.

ALCARAZ I GONZÁLEZ, R., La Unió Socialista de Catalunya, RBA, Barcelona, 1987.

ALÍA MIRANDA, Francisco, Julio de 1936. Conspiración y alzamiento contra la Segunda República, Crítica, Barcelona, 2011.

ALONSO BAÑO, A., ed., Homenaje a Diego Martínez Barrio, Imp. La Ruche Ouvrière, París, 1978.

ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel, «The Impact of Political Violence during the Spanish General Elections of 1936», Journal of Contemporary History, 48:3 (julio de 2013).

— y VILLA GARCÍA, Roberto, Las elecciones del Frente Popular (en prensa).

ANSALDO, Juan Antonio, ¿Para qué…?, Edit. Vasca Ekin, Buenos Aires, 1953.

ANSÓ, Mariano, Yo fui ministro de Negrín, Planeta, Barcelona, 1976.

ARAQUISTÁIN, Luis, Sobre la guerra y la emigración, Espasa-Calpe, Madrid, 1983.

ARRARÁS, Joaquín, Historia de la Segunda República Española, Ed. Nacional, Madrid, 1956-1963.

AVILÉS FARRÉ, Juan, La izquierda burguesa en la II República, Espasa-Calpe, Madrid, 1985.

— «Los socialistas y la insurrección de octubre de 1934», en J. Avilés Farré, ed., «Violencia y política en España, 1875-1936», Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia contemporánea, t. 20 (2008).

AYALA VICENTE, F., La violencia política en la provincia de Cáceres durante la Segunda República (1931-1936), Brenes, 2003.

AZAÑA, Manuel, Diarios 1932-1933, Crítica, Barcelona, 1997.

— Mi rebelión en Barcelona, Espasa Calpe, Madrid, 1935.

— Obras completas, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2007.

BABY, Sophie, Le mythe de la transition pacifique, Casa de Velázquez, Madrid, 2013.

BALCELLS, Albert, Crisis económica y agitación social en Cataluña de 1930 a 1936, Instituto Católico de Estudios Sociales, Barcelona, 1974.

BERAMENDI, J., «Nacionalismos, regionalismos y autonomía en la Segunda República», Pasado y memoria, 2 (2002).

— y MAÍZ, R., eds., Los nacionalismos en la España de la II República, Siglo XXI,Madrid, 1991.

BISSEL, Richard, Political Violence and the Rise of Nazism: The Storm Troopers in Eastern Germany, 1925-1934, Yale University Press, Londres, 1984.

BIZCARRONDO, Marta, Araquistáin y la crisis socialista en la II República: Leviatán (1934-1936), Siglo XXI,Madrid, 1975.

BLAS GUERRERO, Andrés de, El socialismo radical en la II República, Tucar,Madrid, 1978.

BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta: alteraciones, violencia y sangre durante la II República, María Dolores Tomás Pérez, ed., Madrid, 2009.

BOLLOTEN, Burnett, The Spanish Civil War: Revolution and Counterrevolution, North Carolina,Chapel Hill, 1991.

BOTZ, Gerhard, Gewalt in der Politik: Attentäte, Zusammenstösse, Putschversuche. Unruhen in Österreich, Fink, Viena, 1983.

BOZZO, A., Los partidos políticos y la autonomía de Galicia, Universidad Autónoma, Servicio de Publicaciones, Barcelona, 1979.

BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso, José Calvo Sotelo, Ariel, Barcelona, 2004.

BUNK, Brian D., Ghosts of Passion: Martyrdom, Gender, and the Origins of the Spanish Civil War, Duke University Press Books, Durham, 2007.

CABRERA, Mercedes, La patronal ante la II República, Siglo XXI, Madrid, 1983.

CACHO ZABALZA, Antonio, La Unión Militar Española, Egasa,Alicante, 1940.

CAMBÓ, Francisco, Memorias, Alianza,Madrid, 1987.

CAMINAL, M., Joan Comorera. Catalanisme i socialisme (1913-1936), Editorial Empúries, Barcelona, 1984.

CAMPOAMOR, Clara, La Révolution espagnole vue par una républicaine, Plon, París, 1937.

CARABIAS, Josefina, Azaña: Los que le llamábamos don Manuel, Plaza & Janés, Barcelona, 1980.

CÁRCEL ORTÍ, Vicente, Historia de la Iglesia en la España contemporánea (siglos XIX y XX), Planeta,Madrid, 2002.

CARRILLO, Santiago, Memorias, Planeta,Barcelona, 1993.

CASANOVA, Julián y GIL ANDRÉS, Carlos, Historia de España en el siglo XX, Ariel,Barcelona, 2009.

CASTRO, X., O galleguismo na encrucillada republicana, Publicacións da Deputación de Ourense, Orense, 1985.

CATALÁN DEUS, José, Del FRAP a Podemos. Crónica de medio siglo, Muñoz Moya,Sarrión, 2015.

CHAPAPRIETA, Joaquín, La paz fue posible, Ariel, Barcelona, 1983.

CHURCHILL, Winston, The Gathering Storm, Houghton Mifflin,Boston, 1948.

CIBRIÁN, Ramiro, «Violencia política y crisis democrática. España en 1936», Revista de Estudios Políticos, 6 (noviembre-diciembre de 1978).

CIERVA, Ricardo de la, Historia de la Guerra Civil española, San Martín, Madrid, 1969.

— Media nación no se resigna a morir. Los documentos perdidos del Frente Popular, Fénix, Madrid, 2002.

COCA, Gabriel Mario de, Anti-Caballero. Crítica marxista de la bolchevización del Partido Socialista (1930-1936), Edic. Engels, Madrid, 1936.

CÓRDOBA, Cristóbal, De cada cuatro cayeron tres (Persecución y muerte de la Falange fundacional), Ediciones Barbarroja,Madrid, 2011.

CORDÓN, Antonio, Trayectoria, Crítica, Barcelona, 1977.

— Trayectoria. Recuerdos de un artillero, Espuela de Plata,Sevilla, 2008.

CRUZ, Rafael, El Partido Comunista de España en la II República, Alianza,Madrid, 1987.

— En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Siglo XXI, Madrid, 2006.

— Protestar en España, 1900-2013, Alianza,Madrid, 2015.

DAHL, Robert A., Polyarchy: Participation and Opposition, Yale, New Haven, 1971.

DÍAZ, José, Tres años de lucha, Laia,Barcelona, 1978.

DÍAZ DE ENTRESOTOS, Baldomero, Seis meses de anarquía en Extremadura, Edit. Extremadura,Cáceres, 1937.

DÍEZ TORRES, A. R., «Guadalajara 1936: La primera crisis del caciquismo», Estudios de Historia Social (1987).

DIMITROV, Georgi, «The United Front of the Struggle for Peace», Communist International, 13: 5 (mayo de 1936).

DOMINGO, Marcelino, España ante el mundo, Edit. México Nuevo, México, D. F., 1947.

DOMÍNGUEZ NÚÑEZ, Moisés, En busca del general Balmes, Librería Hispania,Madrid, 2015.

DURGAN, A. C., B. O. C. 1930-1936: El Bloque Obrero y Campesino, Laertes,Barcelona, 1996.

EGIDO-LEÓN, M. A., Manuel Azaña entre el mito y la leyenda, Consejería de Educación y Cultura, Valladolid, 1998.

ELORZA, Antonio y BIZCARRONDO, Marta, Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España 1919-1939, Planeta,Barcelona, 1999.

ESTEBAN-INFANTES, Emilio, General Sanjurjo, A.H.R., Barcelona, 1957.

FERNÁNDEZ DE CASTRO, Rafael, Hacia las rutas de una nueva España. El alzamiento nacional en Melilla, Artes Gráficas Postal Express,Melilla, 1940.

FERRER GUASP, P., El hombre más misterioso del mundo, Ediciones B,Barcelona, 2008.

FRANCO BAHAMONDE, Francisco, «Apuntes» personales sobre la República y la guerra civil, Fundación Nacional Francisco Franco,Madrid, 1987.

FRANCO SALGADO-ARAUJO, Francisco, Mi vida junto a Franco, Planeta,Barcelona, 1977.

FRASER, Ronald, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros: Historia oral de la Guerra civil Española, Crítica,Barcelona, 1979.

FRIEDLANDER, Robert A., «The July 1936 Military Rebellion in Spain: Background and Beginnings», tesis doctoral, Northwestern University, 1963.

FUENTES, Juan Francisco, «Belle époque. Mito y concepto de guerra civil en España (1898-1939)», Revista de Occidente, núm. 389 (2013).

GARCÍA, Regina, Yo he sido marxista, Editora Nacional, Madrid, 1953.

GARCÍA RODRÍGUEZ, J. C., El caso Strauss. El escándalo que precipitó el final de la II República, Akron, León, 2008.

— Conspiración para la Rebelión militar del 18 de julio de 1936, Sílex,Madrid, 2013.

GARCÍA VENERO, Maximiano, El general Fanjul, Cid, Madrid, 1967.

— Falange en la guerra de España. La Unificación y Hedilla, Ruedo Ibérico,Burdeos, 1967.

— Historia de las Internacionales en España, Edic. del Movimiento,Madrid, 1958.

GERMÁN ZUBERO, L., Aragón en la II República, Institución Fernando el Católico,Zaragoza, 1984.

— y PORTERO, M. A., eds., Caspe: Un estatuto de autonomía, Seminario de Estudios Aragoneses,Zaragoza, 1977.

GETMAN-ERASO, Jordi, «Rethinking the Revolution: Utopia and Pragmatism in Catalan Anarchosyndicalism, 1930-1936», tesis doctoral, Universidad de Wisconsin, Madison, 2001.

GIBSON, Ian, La noche en que mataron a Calvo Sotelo, Argos Vergara, Barcelona, 1982.

GIL-ROBLES, José María, No fue posible la paz, Ariel, Barcelona, 1967.

GOLLONET, Ángel y MORALES, José, Rojo y azul en Granada, Librería Prieto, Granada, 1937.

GONZÁLEZ-BETES, Antonio, Franco y el Dragon Rapide, Rialp, Madrid, 1987.

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, «La dialéctica de las pistolas. La violencia y la fragmentación del poder político en la II República», en J. Ledesma y J. L. Rodrigo, eds., Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX, Siete Mares,Madrid, 2005.

— Cifras cruentas. Las víctimas de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936), Comares,Granada, 2015.

— Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas en la Segunda República (1931-1936), Alianza,Madrid, 2011.

— En nombre de la autoridad. La defensa del orden público durante la Segunda República española (1931-1936), Comares,Granada, 2014.

— et al., La Segunda República Española, Pasado & Presente, Barcelona, 2015.

GONZÁLEZ LÓPEZ, Emilio, Memorias de un diputado de las Cortes de la República (1931-1936), Ediciós do Castro, La Coruña, 1988.

GORDÓN ORDÁS, Félix, Mi política en España, México, D. F., 1967.

GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, M. y PALACIOS CEREZALES,D., eds., Conflicto político, democracia y dictadura: Portugal y España en la década de 1930, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007.

HERNÁNDEZ LAFUENTE, A., Autonomía e integración en la Segunda República, Ediciones Encuentro, Madrid, 1980.

HIGLEY, J. y GUNTHER, R., Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, Cambridge,Cambridge, 1992.

HUNEEUS, Carlos, El régimen de Pinochet, Sudamérica,Santiago de Chile, 2001.

HUNTINGTON, Samuel P., «Will More Countries Become Democracies?», Political Science Quarterly, 99 (verano de 1984).

IBÁRRURI, Dolores, et al., Guerra y revolución en España, 1936-1939, Progreso,Moscú, 1967.

IRIBARREN, María, Con el general Mola, Librería General, Pamplona, 1937.

JATO, David, La rebelión de los estudiantes, Imp. Romero-Requejo, Madrid, 1967.

JULIÁ, Santos, La izquierda del PSOE, 1935-1936, Siglo XXI, Madrid, 1977.

— Largo Caballero. Escritos de la República, Editorial Pablo Iglesias, 1985.

— Manuel Azaña. Una biografía política, Alianza, Madrid, 1990.

— Violencia política en la España del siglo XX, Taurus, Madrid, 2000.

KINDELÁN, Alfredo, La verdad de mis relaciones con Franco, Planeta,Barcelona, 1981.

LADRÓN DE GUEVARA, M. P., La esperanza republicana. Reforma agraria y conflicto campesino en la provincia de Ciudad Real (1931-1936), Diputación Provincial, Ciudad Real, 1993.

LARGO CABALLERO, Francisco, Mis recuerdos, Alianza, Madrid, 1954.

LAZO, Alfonso, Retrato del fascismo rural en Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 1998.

LINZ, Juan J., Obras escogidas, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,Madrid, 2009.

— y LANDSBERGER, Henry A., en F. G. Gil, et al., eds., Chile at the Turning Point: Lessons of the Socialist Years, 1970-1973, Institute for the Study of Human Issues, Filadelfia, 1979.

— y STEPAN, Alfred, eds., The Breakdown of Democratic Regimes: Europe, Johns Hopkins,Baltimore, 1978.

— y VALENZUELA, A., eds., La crisis del presidencialismo, Alianza,Madrid, 1977.

LÍSTER, Enrique, Memorias de un luchador, G. del Toro, Madrid, 1977.

LITTLE, Douglas, «Red Scare, 1936: Anti-Bolshevism and the Origin of British Non-Intervention in the Spanish Civil War», Journal of Contemporary History, 23 (1988).

LLORDÉS BADÍA, José, Al dejar el fusil, Ariel,Barcelona, 1968.

LÓPEZ MARTÍNEZ, M. y GIL BRACERO, R., Caciques contra socialistas. Poder y conflictos en los ayuntamientos de la República, Diputación Provincial de Granada, Granada, 1997.

LUCAS-MORILLO DE LA CUEVA, P., «Niceto Alcalá-Zamora, Jefe de Estado», en Primeras Jornadas. Niceto Alcalá-Zamora y su época, Priego de Córdoba, 1996.

LUEBBERT, G. M., Liberalism, Fascism or Social Democracy: Social Classes and the Political Origins of the Regimes in Interwar Europe, Oxford,Nueva York, 1991.

MACARRO VEGA, J. M., Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936), Universidad de Sevilla, Secretariado de publicaciones, Sevilla, 2011.

— «Social and Economic Policies of the Spanish Left in Theory and Practice», en M. S. Alexander y H. Graham, eds., The French and Spanish Popular Fronts, Cambridge University Press,Cambridge, 1989.

MADARIAGA, Salvador de, España, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1965.

MAÍZ, B. F., Mola, aquel hombre, Planeta,Barcelona, 1976.

MAÍZ, R., Galicia na II República e baixo o franquismo, Xerais, Vigo, 1987.

MALEFAKIS, Edward E., Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Ariel, Barcelona, 1980.

MANUEL, Frank E., The Politics of Modern Spain, Read Books, Nueva York, 1938.

MARTÍN I RAMOS, J. L., Els orígens del PSUC, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1977.

MARTÍNEZ BARRIO, Diego, Memorias, Planeta, Barcelona, 1983.

MOA, Pío, Los orígenes de la Guerra Civil Española, Ediciones Encuentro, Madrid, 1999.

MODESTO, Juan, Soy del Quinto Regimiento, Laia,Barcelona, 1978.

MOLA, Emilio, Memorias, Planeta, Barcelona, 1977.

MONTERO, Julio, Los tribunales de trabajo (1908-1938). Jurisdicciones especiales y movimiento obrero, Universidad de Valencia, Valencia, 1976.

MORADIELLOS, Enrique, «The Origins of British Non-Intervention in the Spanish Civil War: Anglo-Spanish Relations in Early 1936», European History Quarterly, 21 (1991).

MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto, «“Por Dios, por la Patria y el Rey marchemos sobre Madrid”. El intento de sublebación carlista en la primavera de 1936», en D. Macías Fernández y F. Puell de la Villa, eds., David contra Goliat. Guerra y asimetría en la Edad Contemporánea, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED, Madrid, 2014.

NOVIKOV, M. V., SSSR, Komintern I grazhdanskaya voina v Ispanii 1936-1939 gg. (Yaroslavl, 1995).

OLAYA MORALES, Francisco, La conspiración contra la República, Producciones Editoriales,Barcelona, 1979.

OLIVEIRA, César de, Portugal y la Segunda República española, 1931-1936, Ediciones Cultura Hispánica: Instituto de Cooperación Iberoamericana,Madrid, 1986.

PALACIO ATARD, Vicente, «El Gobierno ante la conspiración de 1936», en Aproximación histórica a la guerra de España, Universidad de Madrid, Madrid, 1970.

PALACIOS, Jesús y PAYNE, Stanley G., Franco, mi padre, La Esfera de los Libros, Madrid, 2008.

PAN-MONTOJO, Juan, et al., El sueño republicano de Manuel Rico Avello (1886-1936), Biblioteca Nueva, Madrid, 2011.

PAREJO FERNÁNDEZ, José Antonio, Las piezas perdidas de la Falange: El sur de España, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 2008.

— Señoritos, jornaleros y falangistas, Bosque de Palabras, Sevilla, 2009.

PAYNE, S. G., Franco y José Antonio. El extraño caso del fascismo español, Planeta, Barcelona, 1997.

— La Europa revolucionaria: Las guerras civiles que marcaron el siglo XX, Temas de Hoy,Madrid, 2011.

— La presidencia republicana de Alcalá-Zamora (en prensa).

— Unión Soviética, comunismo y revolución en España, 1931-1939, Plaza & Janés,Barcelona, 2003.

— y PALACIOS, Jesús, Franco. Una biografía personal y política, Espasa,Madrid, 2014.

PÉREZ GALÁN, M., La enseñanza en la Segunda República española, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1975.

PÉREZ SALAS, Joaquín, Guerra en España, ed. del autor, México D. F., 1947.

PÉREZ YRUELA, M., La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba 1931-1936, Servicio de Publicaciones Agrarias, S.L., Madrid, 1979.

PERTÍÑEZ DÍAZ, Manuel, Granada 1936: Elecciones a Cortes, Editorial Universidad de Granada,Granada, 1987.

PEUKERT, Detlev, Die Weimarer Republik: Krisenjahre der klassischen Moderne, VEB Deutscher Verlag für Musik, Frankfurt, 1987.

PLA, José, Historia de la Segunda República Española, Destino, Barcelona, 1940.

PLATÓN, Miguel, El primer día de la guerra: Segunda República y Guerra Civil en Melilla, Servicio de Publicaciones,Melilla, 2013.

PONOMARIOVA, L. V., La formació del Partit Socialista Unificat de Catalunya, Icaria, Barcelona, 1977.

PORTELA VALLADARES, Manuel, Memorias. Dentro del drama español, Alianza, Madrid, 1988.

PRESTON, Paul, Franco. A Biography, HarperCollins,Londres, 1993.

— Leviatán, Turner,Madrid, 1976.

— The Coming of the Spanish Civil War, Methuen, Londres, 1978.

— The Spanish Right under the Second Republic, University of Reading, 1971.

PRIETO, Indalecio, Cartas a un escultor, Losada, Buenos Aires, 1961.

— Convulsiones de España, Oasis,México, D. F., 1967.

PUELLES BENÍTEZ, M. de Educación e ideología en la España contemporánea, Labor, Barcelona, 1980.

QUIROSA-CHEYROUZE, R., Católicos, monárquicos y fascistas en Almería durante la Segunda República, Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones, Almería, 1998.

RAMA, Carlos M., La crisis española del siglo XX, Fondo de Cultura Económica,México, D. F., 1960.

RAMOS HITA, Juan A., La guerra civil en Málaga 1936-1937, Algazara,Málaga, 2004.

RAMOS OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía General de Ediciones, México, D. F., 1952.

RANZATO, Gabriele, El gran miedo de 1936. Cómo España se precipitó en la Guerra Civil, La Esfera de los Libros, Madrid, 2014.

— «El peso de la violencia en los orígenes de la Guerra Civil de 1936-1939», en J. Avilés Farré, ed., «Violencia y política en España, 1875-1936», Espacio, Tiempo y Forma, serie V: Historia contemporánea, t. 20 (2008).

REQUENA GALLEGO, M., Los sucesos de Yeste, Instituto de Estudios Albacetenses, C.S.I.C., Confederación Española de Estudios Locales,Albacete, 1983.

REY, F. del, Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española, Biblioteca Nueva,Madrid, 2008.

RIESCO ROCHE, S., La reforma agraria y los orígenes de la Guerra Civil (1931-1940), Biblioteca Nueva,Madrid, 2006.

RIOTTOT, Y., Joaquín Maurín de l’anarcho-syndicalisme au communisme (1919-1936), Editions L’Harmattan, París, 1997.

RIVAS, Fernando, El Frente Popular. Antecedentes de un alzamiento, San Martín, Madrid, 1976.

RIVAS CHERIF, Cipriano, Retrato de un desconocido, Grijalbo,Barcelona, 1978.

ROBINSON, Richard A. H.,The Origins of Franco’s Spain, University of Pittsburgh Press, Londres, 1970.

ROMERO, Luis, Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo, Planeta, Barcelona, 1982.

— Tres días de julio, Ariel, Barcelona, 1966.

ROSENHAFT, Eve, Beating the Fascists? The German Communists and Political Violence. 1919-1933, Cambridge,Cambridge, 1983.

ROSSIISKAYA AKADEMIYA NAUK, Komintern i grazhdanskaya voina v Ispanii, Moscú, 2001.

RUIZ, Julius, El terror rojo. Madrid, 1936, Espasa,Madrid, 2012.

— Paracuellos. Una verdad incómoda, Espasa, Madrid, 2015.

RUSTOW, Dankwart, «Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model», Comparative Politics, 2 (abril de 1970).

SALAS, Nicolás, Quién fue Gonzalo Queipo de Llano y Sierra (1875-1951), Abc, Sevilla, 2012.

SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio, De mi anecdotario político, Losada,Buenos Aires, 1972.

SÁNCHEZ PÉREZ, F., «La huelga de la construcción en Madrid (junio-julio 1936)», Historia 16, 14 (febrero de 1989).

— La República del Frente Popular. Reformas, conflictos y conspiraciones, Fundación Rey del Corral de Investigaciones Marxistas, Zaragoza, 2010.

— Le printemps 1936 en Espagne, Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 2013.

— coord., Los mitos del 18 de julio, Crítica, Barcelona, 2013.

SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio y AGUILAR, Paloma, «Terrorist Violence and Popular Mobilization: The Case of the Spanish Transition to Democracy», Politics & Society, 37 (septiembre de 2009).

SANTACANA, Carles y PUJADAS, Xavier, L’altra Olimpíada: Barcelona ’36, Llibres de l’Índex, Badalona, 1990.

SAZ, Ismael, Mussolini contra la II República. Hostilidad, conspiraciones, intervención (1931-1936), Institución Alfonso el Magnánimo,Valencia, 1986.

SECO SERRANO, Carlos, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, Rialp, Madrid, 1969.

— Estudios sobre el reinado de Alfonso XIII, Real Academia de la Historia,Madrid, 1998.

— Historia de España, Instituto Gallach,Barcelona, 1978.

— Historia de España, Seix-Barral, Barcelona, 1968.

— La España de Alfonso XIII, Espasa-Calpe,Madrid, 2002.

SERRANO SUÑER, Ramón, Entre el silencio y la propaganda: La historia como fue. Memorias, Planeta, Barcelona, 1977.

SERVICE, Robert, Trotski: una biografía, Ediciones B, Barcelona, 2010.

SHANIN, Theodor, Russia, 1905-07: Revolution as a Moment of Truth, Macmillan, New Haven, 1986.

SIGMUND, Paul E., The Overthrow of Allende and the Politics of Chile, 1964-1976, University of Pittsburgh,Pittsburgh, 1977.

SPIRO, H. J., Government by Constitution, Random House, Nueva York, 1967.

SUEIRO, Daniel, «Sublevación contra la República», segunda parte, Historia 16, 8 (octubre de 1983).

TAGÜEÑA, Manuel, Testimonio de dos guerras, Planeta,Barcelona, 1978.

TARROW, Sydney, Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy, 1965-1975, Nueva York, 1989.

TORRE GÓMEZ, Hipólito de la, A relaçäo peninsular na antecámara da guerra civil de Espanha (1931-1936), Cosmos, Lisboa, 1998.

TOWNSON, Nigel, ed., Historia virtual de España (1870-2004). ¿Qué hubiera pasado si…?, Taurus,Madrid, 2004.

TROTSKY, Leon, The Spanish Revolution, Naomi Allen y George Breitman, Nueva York, 1972.

TUÑÓN DE LARA, M., La crisis del Estado español, Cuadernos para el Diálogo,Madrid, 1984.

— Tres claves de la República, Alianza, Madrid, 1985.

— et al., Historia de España, Ámbito, Valladolid, 1999.

TUSELL, Javier, Franco en la Guerra Civil. Una biografía política, Tusquets,Barcelona, 1992.

— Historia de España en el siglo XX, Taurus, Madrid, 1998.

— et al., Las elecciones del Frente Popular en España, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1971.

— y GARCÍA QUEIPO DE LLANO, Genoveva, Alfonso XIII: El rey polémico, Taurus,Madrid, 2001.

UCELAY DA CAL, Enric, La Catalunya populista: Imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1931-1939), Edic. de La Magrana,Barcelona, 1982.

VALENZUELA, Arturo, The Breakdown of Democratic Regimes: Chile, Johns Hopkins,Baltimore, 1978.

VEGA GONZALO, F. de A. de la, Aniquilar la Falange. Cronología persecutoria del Nacionalsindicalismo, Tarfe,Oviedo, s. f.

VICENTE, A. P., «O cerco à ambaixada da República Espanhola em Lisboa (Maio a Outubro de 1936)», en Fernando Rosas, dir., Portugal e a Guerra Civil de Espanha, Lisboa, 1998.

VIDARTE, Simeón, Todos fuimos culpables, Grijalbo, Barcelona, 1977.

VIGÓN, Jorge, General Mola, Estampa, Barcelona, 1957.

VILAS NOGUEIRA, X., O Estatuto Galego, Edic. do Rueiro, D.L., A Coruña, 1977.

VILLA GARCÍA, Roberto, «La CNT contra la República: la insurrección revolucionaria de diciembre de 1933», Historia y Política, 25 (enero-junio de 2011).

— «Political Violence in the Spanish Elections of November 1933», Journal of Contemporary History, 48: 3 (julio de 2015).

— «The Failure of Electoral Modernization: The Elections of May 1936 in Granada», Journal of Contemporary History, 44 (julio de 2009).

— La República en las urnas. El despertar de la democracia en España, Marcial Pons, Madrid, 2011.

— y ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel, El precio de la exclusión. La política durante la Segunda República, Ediciones Encuentro, Madrid, 2010.

VILLARROYA, Joaquín Tomás, La destitución de Alcalá-Zamora, Fundación Universitaria San Pablo CEU, Valencia, 1988.

VINYES, Ricard, La Catalunya Internacional, Curial, Barcelona, 1983.

VIÑAS, Ángel, Franco, Hitler y el estallido de la Guerra Civil: Antecedentes y consecuencias, Alianza, Madrid, 2001.

VIÑAS, Ricardo, La formación de las Juventudes Socialistas Unificadas (1934-1936), Siglo XXI, Madrid, 1978.

WINKLER, A., «Choosing the Lesser Evil: The German Social Democrats and the Fall of the Weimar Republic», en Journal of Contemporary History, 25 (mayo-junio de 1990).

— Der Weg in die Katastrophe: Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1930-1933, J.H.W. Dietz Nachf., Berlín, 1987.

ZUGAZAGOITIA, Julián, Guerra y vicisitudes de los españoles, Tusquets,Barcelona, 1977.

— Historia de la guerra de España, La Vanguardia, Buenos Aires, 1940.

STANLEY GEORGE PAYNE. (Denton, Texas, 1934) es un hispanista estadounidense. Doctor en Historia por la Universidad de Columbia y profesor emérito de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde ostenta la cátedra Hilldale-Jaume Vicens Vives. También es codirector del Journal of Contemporary History, miembro de la American Academy of Arts and Sciences (Academia Americana de Artes y Ciencias), y, desde 1987, académico de la Real Academia Española de la Historia.

Payne escribe con cierta frecuencia artículos de opinión en los periódicos españoles ABC y El Mundo sobre actualidad hispana. También en la Revista de Libros colabora asiduamente con sus ensayos bibliográficos.

Con dilatada presencia en el panorama académico español, dirigió en la Universidad de Burgos, en julio del 2005, el curso «La represión durante la guerra civil y bajo el franquismo: historia y memoria histórica». El 9 de junio de 2004, la Universidad privada católica Cardenal Herrera-CEU lo nombró doctor honoris causa. En 2006 Payne fue el director del curso «La guerra civil: conflicto revolucionario y acontecimiento internacional» en la Universidad Rey Juan Carlos, España.

En 2009 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Notas

[1] La más extensa fue la insurrección de diciembre de 1933, que incluía significantes actos terroristas y, en total, al menos murieron 125 personas. Roberto Villa García, «La CNT contra la República: la insurrección revolucionaria de diciembre de 1933», Historia y Política, 25 (enero-junio de 2011), págs. 192-193, y (con Manuel Álvarez Tardío), El precio de la exclusión. La política durante la Segunda República, Ediciones Encuentro, Madrid, 2010, págs. 203-241. <<

[2] Sobre la tendencia a la radicalización de extrema derecha durante la República, el trabajo más extenso es el de Eduardo González Calleja, Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de la derechas en la Segunda República (1931-1936), Alianza, Madrid, 2011. <<

[3] Sobre la cuestión de orden público en términos generales, véase Eduardo González Calleja, En nombre de la autoridad. La defensa del orden público durante la Segunda República española (1931-1936), Comares,Granada, 2014. <<

[4] Para más datos sobre estas maniobras y las fuentes históricas correspondientes, véase Stanley G. Payne, Alcalá-Zamora y el fracaso de la República conservadora (en prensa), capítulo V, y el estudio electoral definitivo de Roberto Villa García, La República en las urnas. El despertar de la democracia en España, Marcial Pons, Madrid, 2011, págs. 411-441. También es útil el análisis en Gabriele Ranzato, El gran miedo de 1936: Cómo España se precipitó en la Guerra Civil, La Esfera de los Libros, Madrid, 2014, págs. 44-50. <<

[5] Roberto Villa García, «Political Violence in the Spanish Elections of November 1933», Journal of Contemporary History, 48: 3 (julio de 2015), págs. 463-485. <<

[6] Véase Santos Juliá, ed., Largo Caballero. Escritos de la República, citado por Pío Moa, Los orígenes de la Guerra Civil Española, Ediciones Encuentro, Madrid, 1999, págs. 404-414. <<

[7] Sobre la utilización de este lenguaje, Juan Francisco Fuentes, «Belle époque: Mito y concepto de guerra civil en España (1898-1939)», Revista de Occidente, 389 (2013), págs. 79-110. <<

[8] Santos Juliá, «Preparados para cuando la ocasión se presente: Los socialistas y la revolución» en Santos Juliá, ed., Violencia política en la España del siglo XX, Taurus, Madrid, 2000, pág. 173. <<

[9] Gabriele Ranzato, El gran miedo de 1936: Cómo España se precipitó en la Guerra Civil, La Esfera de los Libros, Madrid, 2014, pág.42. <<

[10] Manuel Azaña, Mi rebelión en Barcelona, Espasa Calpe, Madrid, 1935, pág. 35. <<

[11] Citado en Robert Service, Trotski: una biografía, Ediciones B, Barcelona, 2010, pág. 207. <<

[12] La literatura sobre la insurrección, bastante extensa en su día, ahora ha asumido mayores dimensiones. Para un buen resumen analítico, véase Juan Avilés Farré, «Los socialistas y la insurrección socialista de 1934», en J. Avilés Farré, ed., «Violencia y política en España, 1875-1936», Espacio, Tiempo y Forma, Serie V-Historia contemporánea, t. 20 (2008), págs. 129-157. <<

[13] Se han estudiado algunos aspectos de esta campaña en Brian D. Bunk, Ghosts of Passion: Martyrdom, Gender, and the Origins of the Spanish Civil War, Duke University Press Books, Durham, NC, 2007. <<

[14] Véase J. C. García Rodríguez, El caso Strauss. El escándalo que precipitó el final de la II República, Akron, León, 2008. <<

[15] Joaquín Chapaprieta, La paz fue posible, Ariel, Barcelona, 1983, pág. 335. <<

[16] Ibíd., pág. 336. <<

[17] Niceto Alcalá-Zamora, Memorias, Planeta, Barcelona, 1977, págs. 278, 343, 389. <<

[18] José María Gil-Robles, No fue posible la paz, Ariel, Barcelona, 1967, pág. 363. <<

[19] Francisco Cambó, Memorias, Alianza,Madrid, 1987, págs. 461-462. <<

[20] Para el papel de Franco bajo la Segunda República, véase Stanley G. Payne y Jesús Palacios, Franco. Una biografía personal y política, Espasa,Madrid, 2014, págs. 91-128. <<

[21] Todo esto según Portela Valladares, en sus Memorias. Dentro del drama español, Alianza, Madrid, 1988, págs. 152-153. <<

[22] El Sol (14 de diciembre de 1935). <<

[23] Ángel Alcalá Galve, Alcalá-Zamora y la agonía de la República, Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2002, pág. 575. <<

[24] Portela Valladares, Memorias…, ob. cit.,págs.170-171. <<

[25] Joaquín Chapaprieta, La paz…, ob. cit.,págs. 353-360. <<

[26] Citado en Joaquín Arrarás, Historia de la Segunda República Española, Ed. Nacional, Madrid, 1956-1963, vol. 3, pág. 293. <<

[27] Niceto Alcalá-Zamora, Asalto a la República. Enero-abril de 1936, La Esfera de los Libros, Madrid, 2011, pág. 73. <<

[28] Ibíd., págs. 69, 84-85, 91. <<

[29] Joaquín Chapaprieta, La paz…, ob. cit., pág.390. <<

[30] Ibíd., pág. 391. <<

[31] Alcalá-Zamora, Asalto…, ob. cit., págs.128, 136, 144, 153. <<

[32] Alcalá Galve, Alcalá-Zamora…, ob. cit., pág. 618. <<

[33] El principal estudio es de Manuel Álvarez Tardío, «The Impact of Political Violence during the Spanish General Elections of 1936», Journal of Contemporary History, 48:3 (julio de 2013), págs. 463-485. En su Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936), Comares, Granada, 2015, págs. 258-259, Eduardo González Calleja suma el total de los homicidios en la primera y la segunda vuelta de las elecciones, y presenta la cifra global de 50, pero estos datos incluyen todo el mes de febrero. <<

[34] Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, Las elecciones del Frente Popular (en prensa). <<

[35] Alcalá-Zamora, Asalto…, ob. cit., pág. 163. Cf. Gil-Robles, No fue posible…, ob. cit., págs. 492-493. <<

[36] La versión de Franco, escrita muchos años más tarde, dependía de una memoria larga y lejana, y puede no ser del todo fiable. «Apuntes» personales sobre la República y la guerra civil, Fundación Nacional Francisco Franco,Madrid, 1987, págs. 39-42. <<

[37] Alcalá-Zamora, Asalto…, ob. cit.,págs. 167-68. <<

[38] Ibíd., págs. 179-183. <<

[39] Ibíd., págs. 184-193. Cf. noticias en El Sol y Ahora (20 de febrero de 1936). <<

[40] Portela Valladares, Memorias…, ob. cit.,pág. 180. <<

[41] Alcalá-Zamora, Asalto…, ob. cit., págs. 183-186. <<

[42] Alcalá Zamora, Asalto…, ob. cit., pág., 191. <<

[43] Sobre el caso de Granada, véase Roberto Villa García, «The Failure of Electoral Modernization: The Elections of May 1936 in Granada», Journal of Contemporary History, 44: 3 (julio de 2009), págs. 401-429. <<

[44] Alcalá-Zamora, Asalto…, ob. cit., pág. 195. <<

[45] Alcalá-Zamora, Memorias…, ob. cit., pág. 481. <<

[46] Alcalá Zamora, Journal de Génève (Ginebra, 17 de enero de 1937). Esta cita ha sido reproducida en múltiples ocasiones en publicaciones diversas en castellano y otros idiomas. <<

[47] Una valoración bastante positiva de la obra de este Gobierno y de los seis meses del Frente Popular antes de la guerra puede verse en las obras de Francisco Sánchez Pérez, La República del Frente Popular. Reformas, conflictos y conspiraciones, Fundación Rey del Corral de Investigaciones Marxistas, Zaragoza, 2010, y Le printemps 1936 en Espagne, Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 2013. <<

[48] Niceto Alcalá-Zamora, Asalto…, ob. cit., pág. 276. <<

[49] Ibíd., pág. 205. Este juicio sería repetido por Alcalá-Zamora y es muy posible que fuera correcto. Más tarde, Julián Zugazagoitia, director de El Socialista, presentaría la misma opinión. Zugazagoitia, Historia de la guerra de España, La Vanguardia, Buenos Aires, 1940, pág. 32. <<

[50] Manuel Azaña a Cipriano Rivas Cherif, 19 marzo 1936, en Rivas Cherif, Retrato de un desconocido, Grijalbo,Barcelona, 1978, pág. 664. <<

[51] Citado por Jorge Fernández Coppel en nota 33 de su edición de Asalto a la República, pág. 268. <<

[52] Citado en Santos Juliá, Manuel Azaña, una biografía política, Alianza, Madrid, 1990, pág. 418. <<

[53] José Pla, Historia de la Segunda República Española, 4 vols., Destino, Barcelona, 1940, passim. <<

[54] Manuel Azaña, Obras completas, vol. 4, Oasis, México DF, 1967, pág. 566. <<

[55] Citado en Rafael Cruz, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Siglo XXI, Madrid, 2006, págs. 116-117. <<

[56] El Sol (21 de febrero de 1936). <<

[57] El Socialista anunció el 18 de febrero que algunos grupos del Frente Popular habían abierto una serie de cárceles el día anterior, y noticias similares aparecieron en otros periódicos izquierdistas. <<

[58] El Sol (26 de febrero de 1936). <<

[59] Eduardo González Calleja, «La dialéctica de las pistolas. La violencia y la fragmentación del poder político en la II República», en J. Ledesma y J. L. Rodrigo, eds., Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX, Siete Mares,Madrid, 2005, pág. 137. <<

[60] Alcalá-Zamora, Asalto…, ob. cit., págs.205-207. <<

[61] Ibíd., págs. 210-212, 219-220. <<

[62] Ibíd., 228-229. <<

[63] Ibíd., 242. <<

[64] Ibíd., págs. 243-244. <<

[65] Ibíd., pág. 244. <<

[66] Ibíd., págs. 251-252. <<

[67] El Liberal (3 de marzo de 1936), en Ranzato, El gran miedo…, ob. cit.,pág. 171. <<

[68] Azaña, Obras completas, 4, ob. cit., págs. 570, 572. <<

[69] El Debate (6 de marzo de 1936). <<

[70] Cita del archivo de Giménez Fernández en José Macarro Vera, Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936), Universidad de Sevilla, Secretariado de publicaciones, Sevilla, 2011, pág. 441. <<

[71] Ibíd., pág. 414. Véase también Manuel Pertíñez Díaz, Granada 1936: Elecciones a Cortes, Editorial Universidad de Granada,Granada, 1987, págs. 102-106, y el espeluznante relato propagandístico de Ángel Gollonet y José Morales, Rojo y azul en Granada, Lib. Prieto, Granada, 1937. <<

[72] Macarro Vera, Socialismo, República…, ob. cit., pág. 415. <<

[73] Muchos de estos incidentes, aunque no todos, pueden reconstruirse a partir de la prensa parcialmente sometida a censura. Los primeros resúmenes y narraciones se hicieron desde el punto de vista de las derechas en José Pla, Historia de la Segunda República española, ob. cit., vol. 4; Joaquín Arrarás, Historia de la Segunda República española, ob. cit., vol. 4, y Fernando Rivas, El Frente Popular, ob. cit., Madrid, 1976. Se tratará más ampliamente esta cuestión en el último capítulo de este libro. <<

[74] F. de A. de la Vega Gonzalo, Aniquilar la Falange. Cronología persecutoria del Nacionalsindicalismo, Tarfe,Oviedo, s. f., págs. 162-170, y Cristóbal Córdoba, De cada cuatro cayeron tres (Persecución y muerte de la Falange fundacional), Ediciones Barbarroja,Madrid, 2011, págs. 215-320. <<

[75] David Jato, La rebelión de los estudiantes, Imp. Romero-Requejo, Madrid, 1967, págs. 285-289, narra estos incidentes desde el punto de vista falangista. Juan Antonio Ansaldo, ¿Para qué…?, Edit. Vasca Ekin, Buenos Aires, 1953, pág. 119, cuenta la huida de los pistoleros a Biarritz. <<

[76] Quizá el primer historiador de la República que interpretó estos acontecimientos desde una perspectiva más neutral fue Luis Romero, Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo, Planeta, Barcelona, 1982, págs. 40-42. <<

[77] Según Rivas, Frente Popular, ob. cit., pág.122. <<

[78] Acerca de la Falange en los últimos meses de la República, véase Stanley G. Payne, Franco y José Antonio. El extraño caso del fascismo español, Planeta, Barcelona, 1997, págs. 308-341. <<

[79] Rivas Cherif, Retrato…, ob. cit., págs.666-667. <<

[80] Como dice Luis Romero de los izquierdistas que cometieron actos violentos, «La Policía no los detenía nunca», Historia 16, núm. 100 (agosto de 1984), pág. 55. Pero se trata de una cierta exageración: a veces se detenía a anarcosindicalistas, y muy de vez en cuando a algún malhechor de los partidos marxistas. <<

[81] Romero, Por qué y cómo, ob. cit.,págs. 56-58. <<

[82] Ibíd., 58. <<

[83] Alcalá-Zamora, Asalto, págs. 263-265. <<

[84] Ibíd., págs. 268-270. <<

[85] Ibíd., págs. 279-282. <<

[86] Ibíd., págs. 283-284. <<

[87] Ibíd., pág. 285. <<

[88] Ibíd., págs. 299-300. <<

[89] Ibíd., págs. 301-304. <<

[90] Ibíd., págs. 304-307. <<

[91] Ibíd., pág. 308. <<

[92] Ibíd., págs. 312-314. <<

[93] Muchos de estos incidentes no quedaron registrados en el oficial Diario de las Sesiones de las Cortes, aunque en ocasiones fueron recogidos por la prensa. <<

[94] Mundo Obrero, órgano del PCE, presentó su primer listado de tales reivindicaciones tan pronto como el 19 de febrero. <<

[95] Carlos Seco Serrano en Historia de España, Seix-Barral, Barcelona, 1968, tomo 6, pág. 158. <<

[96] Salvador de Madariaga, España, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1965, págs. 359-360. <<

[97] Véase Pertíñez Díaz, Granada, ob. cit., 106-122, y M. López Martínez y R. Gil Bracero, Caciques contra socialistas. Poder y conflictos en los ayuntamientos de la República, Diputación Provincial de Granada, Granada, 1997, pues ambos libros repiten meramente las acusaciones de las izquierdas, pero sin investigación nueva. La única investigación profesional se encuentra en Roberto Villa García, «The Failure of Electoral Modernization: The Elections of May 1936 inGranada», Journal of Contemporary History, 44: 3 (julio de 2009), págs. 401-429. Su conclusión es que «hasta si la evidencia presentada por las izquierdas fuera exacta, la anulación total de los votos derechistas en aquellos distritos hubiera sido inadecuada para cambiar el resultado en la provincia: la candidatura centro-derechista habría ganado todavía por 30.000 votos». Es notable que Alcalá-Zamora, un mes después de las elecciones, hubiera llegado a la misma conclusión. Asalto…, ob. cit.,págs. 301-302. <<

[98] Rivas Cherif, Retrato…, ob. cit., pág.672. <<

[99] Edward E. Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Ariel, Barcelona, 1980, pág. 392. <<

[100] Ranzato, El gran miedo…, ob. cit., pág.123. <<

[101] Claudio Sánchez Albornoz, De mi anecdotario político, Losada,Buenos Aires, 1972, pág. 116. <<

[102] Boletín del Ministerio de Trabajo, citado originalmente en Paul Preston, The Coming of the Spanish Civil War, Methuen, Londres, 1978, pág. 178. <<

[103] Según González Calleja, Cifras cuentas…, ob. cit.,pág. 139. <<

[104] Citado en Mercedes Cabrera, La patronal ante la II República, Siglo XXI, Madrid, 1983, pág. 293. <<

[105] Malefakis, Reforma agraria…, ob. cit., pág.369. <<

[106] Macarro Vera, Socialismo, República…, ob. cit., pág.428. <<

[107] Ibíd., pág. 373. <<

[108] Citado en Ranzato, El gran miedo…, ob. cit., pág.181. <<

[109] El Sol (23 de junio de 1936). <<

[110] Además de la investigación clásica de Malefakis, véanse S. Riesco Roche, La reforma agraria y los orígenes de la Guerra Civil (1931-1940), Biblioteca Nueva,Madrid, 2006; M. P. Ladrón de Guevara, La esperanza republicana. Reforma agraria y conflicto campesino en la provincia de Ciudad Real (1931-1936), Diputación Provincial, Ciudad Real, 1993, y F. Del Rey, Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española, Biblioteca Nueva,Madrid, 2008. <<

[111] Para un buen estudio compacto de la política económica de los Gobiernos de Azaña y Casares Quiroga en 1933, véase J. M. Macarro Vega, «Social and Economic Policies of the Spanish Left in Theory and Practice», en M. S. Alexander y H. Graham, eds., The French and Spanish Popular Fronts, Cambridge University Press,Cambridge, 1989, págs. 171-184. <<

[112] Ranzato, El gran miedo…, ob. cit., pág.294. <<

[113] Acerca de la restauración de los jurados mixtos y el problema de los costes de la mano de obra, véase Julio Montero, Los tribunales de trabajo (1908-1938). Jurisdicciones especiales y movimiento obrero, Universidad de Valencia, Valencia, 1976, págs. 193-198, que es muy crítico con la forma en que se restablecieron. <<

[114] M. Pérez Galán, La enseñanza en la Segunda República española, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1975, págs. 309-322, y M. de Puelles Benítez, Educación e ideología en la España contemporánea, Labor, Barcelona, 1980, págs. 345-347. <<

[115] Madariaga, España…, ob. cit., págs.452-453. <<

[116] Guadalajara fue una de las provincias donde los propietarios de tierras eran más bien agresivos, según A. R. Díez Torres, «Guadalajara 1936: La primera crisis del caciquismo», Estudios de Historia Sexual (1987), 3-4, págs. 289-305. <<

[117] Estos sucesos se describieron en la prensa. Las narraciones más largas se encuentran en Fernando Rivas, El Frente Popular, San Martín, D.L., Madrid, 1976, págs. 172-190, y en Ian Gibson, La noche en que mataron a Calvo Sotelo, Argos Vergara, Barcelona, 1982, págs. 250-253. Las autoridades policiales se esforzaron por comportarse responsablemente, arrestando a numerosos obreros como sospechosos de haber disparado contra el cortejo, e incluso detuvieron brevemente, para interrogarle, a José del Castillo, teniente de la Guardia de Asalto y militante socialista, quien había disparado a quemarropa e herido a gravedad a uno de los manifestantes, que iba sin armas. <<

[118] Lo dijo a Juan-Simeón Vidarte, quien lo vuelve a contar en su Todos fuimos culpables, Grijalbo, Barcelona, 1977, págs. 90-91. <<

[119] Según ibíd., pág. 103. <<

[120] Romero, Por qué y cómo…, ob. cit., pág.87. <<

[121] Antonio Ramos Oliveira, Historia de España, Compañía General de Ediciones, México, D. F., 1952, vol. 3, pág. 244. <<

[122] Rivas Cherif, Retrato…, ob. cit., págs. 668-672. <<

[123] En L’Ere nouvelle (París, 12 de enero de 1937), citado por Jorge Fernández Coppel, en Alcalá-Zamora, Asalto…, ob. cit., págs.307-308. <<

[124] Ibíd., págs. 322-326. <<

[125] Ibíd., pág. 329. <<

[126] Ibíd., págs. 331-350. <<

[127] Ibíd., pág. 352. <<

[128] Ibíd., págs. 355, 369. <<

[129] Alcalá-Zamora, Memorias…, ob. cit.,359. <<

[130] Sobre la vida y muerte de este honesto y eficaz político del centro, un independiente que había presidido las elecciones libres y democráticas de 1933 como ministro de Gobernación y que luego se adhirió al partido nuevo de Portela Valladares, asumiendo la cartera de Hacienda en su Gobierno, véase Juan Pan-Montojo, et al., El sueño republicano de Manuel Rico Avello (1886-1936), Biblioteca Nueva, Madrid, 2011. Fue asesinado en la Cárcel Modelo de Madrid el 23 de agosto de 1936. <<

[131] Según Alcalá Galve, Alcalá-Zamora…, ob. cit.,pág.642. <<

[132] Chapaprieta, No fue posible la paz…, ob. cit., pág.408. <<

[133] Alcalá-Zamora, Asalto…, ob. cit., págs.370-371. <<

[134] Ibíd., págs. 370-376, y la carta de Azaña citada en Rivas Cherif, Retrato…, ob. cit., pág.674. <<

[135] Alcalá-Zamora, Asalto…, ob. cit., págs.370-376. <<

[136] Toda la materia citada de los discursos en estas últimas sesiones dramáticas de las Cortes está tomada del Diario de las Sesiones de las Cortes, en las fechas indicadas. <<

[137] El estudio principal es de Joaquín Tomás Villarroya, La destitución de Alcalá-Zamora, Fundación Universitaria San Pablo CEU, Valencia, 1988. Véase también P. Lucas-Morillo de la Cueva, «Niceto Alcalá-Zamora, Jefe de Estado», en Primeras Jornadas. Niceto Alcalá-Zamora y su época, Priego de Córdoba, Ayuntamiento, 1996, págs. 99-114. <<

[138] Alcalá-Zamora, Asalto…, ob. cit., pág.388. <<

[139] La hija mayor de Queipo, Ernestina, se había casado con el hijo mayor del presidente, Niceto, un catedrático de Derecho. <<

[140] Alcalá-Zamora, Memorias…, ob. cit., pág.362; Asalto…, ob. cit., págs.338-341. <<

[141] Martínez Barrio, Memorias…, págs.315-316. <<

[142] Alcalá-Zamora, Asalto…, págs.401-403. <<

[143] Citado en Rivas Cherif, Retrato…, ob. cit.,pág. 676. <<

[144] Chapaprieta, La paz fue posible…, ob. cit., págs.406-411. <<

[145] Alcalá Galve, Alcalá-Zamora…, ob. cit., pág.663. <<

[146] Alcalá Zamora, Asalto…, págs.405-406; Memorias…, ob. cit., págs.365-366. <<

[147] Villarroya, La disolución…, ob. cit., págs.132-133. <<

[148] Ibíd., ob. cit., pág.129. <<

[149] Manuel Tuñón de Lara, et al., Historia de España, Ámbito, Valladolid, 1999, pág. 588. <<

[150] Javier Tusell, Historia de España en el siglo XX, Taurus, Madrid, 1998, pág. 224. <<

[151] Alcalá-Zamora, Asalto…, ob. cit., págs.410-411. <<

[152] Ibíd., 411. <<

[153] Vale matizar que Alcalá-Zamora no renunciaba a un posible protagonismo en el porvenir, y después de unas semanas se ofreció a cooperar con las fuerzas políticas del momento, en la medida posible, e incluso regresar como diputado en Cortes, aunque realmente había quemado todos los puentes. Nada parecía absolutamente inevitable, ni revolución ni guerra civil ni cualquier otra cosa. El estallido de la Guerra Civil le cogió por sorpresa, en el extranjero en vía de vacaciones en Islandia. Nunca volvería a España y murió en Buenos Aires en 1949. Véase Alcalá Galve, Alcala-Zamora…, ob. cit., págs. 689-821. <<

[154] Las fuentes principales sobre este episodio son Gil-Robles, No fue posible…, ob. cit., págs.563-567, y Ramón Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda: La historia como fue. Memorias, Planeta, Barcelona, 1977, págs. 56-58. <<

[155] Casi la única fuerza armada organizada de los socialistas madrileños, aparte de pequeños grupos de activistas pistoleros, era el grupo conocido como «La Motorizada», llamada así por su costumbre de moverse en coches, autobuses o camiones. Sus miembros procedían sobre todo del sindicato de «Artes Blancas» de la UGT (compuesto especialmente por panaderos) y de las JSU. Organizada alrededor del 1 de marzo, parece que sus miembros, de hecho, estaban tan obligados con Prieto como con Largo Caballero, lo que muestra la simpleza de atribuir todo el activismo violento a los caballeristas.

En la zona de Madrid, los comunistas habían organizado sus propias Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC), que, aunque pequeñas, eran claramente paramilitares, y algunos fines de semana recibían instrucción de oficiales de la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA). Cf. Enrique Líster, Memorias de un luchador, G. del Toro, Madrid, 1977, pág. 67. <<

[156] Regina García, Yo he sido marxista, Editora Nacional, Madrid, 1953, pág. 115, es el relato de la hija (durante un tiempo socialista) de una de las principales víctimas. <<

[157] Observa Romero con su cordura habitual: «Costumbre bastante generalizada, entonces y ahora y más en la izquierda que en la derecha, es la de achacar culpas de hechos criminales o vergonzosos a misteriosos agentes provocadores que se presume pertenecen y obran por cuenta e instigación del bando opuesto. Obsérvese que esos agentes provocadores nunca son hallados, y que cuando alguna vez se da con los culpables y se les identifica, pertenecen a organizaciones propias o afines, no a las contrarias, y que acaban siendo defendidos con energía por los suyos. De abundar los auténticos agentes provocadores serían desenmascarados por el partido en el cual han conseguido infiltrarse […]. Lo que abunda son los individuos exaltados por naturaleza, que se dejan arrastrar por furias fanáticas que les privan del raciocinio, y los inducen a cometer actos impolíticos y torpes, que indignan y avergüenzan a sus correligionarios», Por qué y cómo… ob. cit., pág.103. <<

[158] Macarro Vera, Socialismo, República…, ob. cit., pág.450. El estudio básico de las elecciones repetidas en Granada es el de Roberto Villa García, «The Failure of Electoral Modernization: The Elections of May 1936 in Granada», Journal of Contemporary History, 44: 3 (julio de 2009), págs. 401-429. <<

[159] Indalecio Prieto, Cartas a un escultor, Losada, Buenos Aires, 1961, pág. 94. <<

[160] José Pla, Historia de la Segunda República, ob. cit., vol. 4, págs. 437-438. <<

[161] Romero, Por qué y cómo…, ob. cit., pág.100. <<

[162] Gil-Robles, No fue posible…, ob. cit., pág.605. <<

[163] Por ejemplo Vidarte, Todos fuimos culpables, ob. cit., vol. 1, págs. 74-80, y se encuentra algo parecido en otras memorias socialistas. <<

[164] Mariano Ansó, Yo fui ministro de Negrín, Planeta, Barcelona, 1976, pág. 110. <<

[165] Sánchez Albornoz, De mi anecdotario…, ob. cit., pág.127. <<

[166] No hay documento alguno de Azaña sobre esto, pero su cuñado Rivas Cherif ha asegurado que el nuevo presidente respaldaba firmemente la opción de Prieto. Retrato…, ob. cit., pág.328. <<

[167] Primo de Rivera había dicho que los falangistas apoyarían tal Gobierno. Aunque esa propuesta era apenas plausible, el propio Prieto, en una carta al autor del 30 de octubre de 1959, expresaba su lamento nostálgico por no haber hecho un mayor esfuerzo por alcanzar un entendimiento con los elementos más liberales de las derechas. <<

[168] Paul Preston, The Coming of the Spanish Civil War…, ob. cit., pág. 178. <<

[169] Largo Caballero, Mis recuerdos, ob. cit., pág.145. <<

[170] Según el emisario, José Larraz, ABC (16 de junio de 1965). <<

[171] Vidarte, Todos fuimos culpables, 1, págs. 117-126, y Prieto, Convulsiones de España, Oasis,México, D. F., 1967, vol. 1, pág. 164, y vol. 3, págs. 135-136. <<

[172] La mejor discusión sobre el esfuerzo para crear un Gobierno de Prieto y los obstáculos se encuentra en Ranzato, El gran miedo…, ob. cit., págs.207-223. <<

[173] Azaña, Obras completas, vol. 4, págs. 570-571. <<

[174] Emilio González López, Memorias de un diputado de las Cortes de la República (1931-1936), Ediciós do Castro, La Coruña, 1988, pág. 350. González López era, junto con Casares, uno de los dos jefes más importantes de la ORGA originaria, la sección gallega del partido de Azaña. <<

[175] Martínez Barrio, Memorias, ob. cit., pág. 329, Cf. Josefina Carabias, Azaña: Los que le llamábamos don Manuel, Plaza & Janés, Barcelona, 1980, págs. 320-323. <<

[176] Rivas Cherif, Retrato…, ob. cit., págs.328-329. <<

[177] Véanse las observaciones sarcásticas del presidente anterior, que siempre vivía en su casa personal, no en el Palacio. Alcalá-Zamora, Memorias, ob. cit., pág.378. <<

[178] El congreso confederal de Zaragoza (mayo, 1936), Edic. C.N.T., Toulouse, 1955. <<

[179] Solidaridad Obrera (Barcelona), 13 de mayo de 1936. <<

[180] Ibíd., 11 de mayo de 1936. <<

[181] Esto está explicado en detalle en Jordi Getman Eraso, «Rethinking the Revolution: Utopia and Pragmatism in Catalan Anarchosyndicalism, 1930-1936», tesis doctoral, Universidad de Wisconsin-Madison, 2001. <<

[182] En verdad, la Alianza Obrera la formó originalmente Joaquín Maurín y su muy pequeño Bloque Obrero y Campesino (BOC) en diciembre de 1933, pero solo llegó a ser importante con los socialistas el año siguiente. <<

[183] Directiva de la Comisión Ejecutiva de la Comintern (ECCI) de 21 de febrero de 1936. Rossiiskaya Akademiya Nauk, Komintern i grazhdanskaya voina v Ispanii, Moscú, 2001, págs. 267-268. <<

[184] Citados en Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, Queridos camaradas: La Internacional Comunista y España 1919-1939, Planeta,Barcelona, 1999, págs. 267-270. <<

[185] Claridad, 11 de febrero de 1936. Acerca de Araquistáin, véase Marta Bizcarrondo, Araquistáin y la crisis socialista en la II República: Leviatán (1934-1936), Siglo XXI,Madrid, 1975, y la antología publicada por Paul Preston, Leviatán, Turner,Madrid, 1976, así como Santos Juliá, La izquierda del PSOE 1935-1936, Siglo XXI, Madrid, 1977, y Andrés de Blas Guerrero, El socialismo radical en la II República, Tucar,Madrid, 1978. <<

[186] La carta recibió una gran publicidad. Presentada originalmente en Mundo Obrero, largos fragmentos aparecieron en otras publicaciones, también. <<

[187] Claridad, 25 de enero de 1936. <<

[188] Gabriel Mario de Coca, Anti-Caballero. Crítica marxista de la bolchevización del Partido Socialista (1930-1936), Edic. Engels, Madrid, 1936, págs. 207-211. <<

[189] Ricardo Viñas, La formación de las Juventudes Socialistas Unificadas (1934-1936), Siglo XXI, Madrid, 1978, págs. 57-59. <<

[190] Solidaridad Obrera, 15 de abril de 1936. <<

[191] Ibíd., 24 de abril de 1936. <<

[192] Santos Juliá, La izquierda del PSOE, ob. cit., págs. 105-107. <<

[193] Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, ob. cit., págs. 409, 455-456. <<

[194] The New York Times, 26 de junio de 1936. <<

[195] Prieto narró su versión de estos acontecimientos en una entrevista publicada en El Liberal (Bilbao), 2 de junio, 1936. <<

[196] El Socialista, 15 de julio de 1936. <<

[197] Ibíd., 1 de julio de 1936. Cf. J, S, Vidarte, Todos fuimos culpables, ob. cit., vol. 1, págs.195-208. <<

[198] La Comisión Ejecutiva anunció que, aunque había casi 60.000 afiliados formalmente al partido, el voto al congreso anticipado fue de 13.427, con 10.573 votos anulados por diversas razones. El Socialista, 15 de julio de 1936. <<

[199] Claridad, 10 de julio de 1936. <<

[200] Ibíd., 13 de julio de 1936. <<

[201] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, ob. cit., pág. 280. <<

[202] Ibíd., pág. 282. <<

[203] José Díaz, Tres años de lucha, Laia,Barcelona, 1978, vol. 1, pág. 165. <<

[204] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, ob. cit., pág. 282. <<

[205] Ibíd., págs. 282-283. <<

[206] Díaz, Tres años de lucha, ob. cit., pág. 165. <<

[207] Georgi Dimitrov, «The United Front of the Struggle for Peace», Communist International, 13: 5 (mayo de 1936), págs. 290-293. <<

[208] Mundo Obrero, 2 de mayo de 1936. <<

[209] Citado en Claridad, 19 de mayo de 1936. <<

[210] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, ob. cit., pág. 285. <<

[211] M. V. Novikov, SSSR, Komintern i grazhdanskaya voina v Ispanii 1936-1939 gg. (Yaroslavl, 1995), 2: 76. <<

[212] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, 285-86. <<

[213] Ibíd., 287. <<

[214] Mundo Obrero, 3 de julio de 1936. (Las cursivas son del original). <<

[215] Las cifras de fechas anteriores proceden de Rafael Cruz, El Partido Comunista de España en II República, Alianza,Madrid, 1987, pág. 57, quien calcula que el 18 de julio la afiliación podría haber alcanzado los 83.867 miembros (pág. 60), aunque no se sabe con certeza. <<

[216] A. C. Durgan, B. O. C. 1930-1936: El Bloque Obrero y Campesino, Laertes,Barcelona, 1996, pág. 526. <<

[217] Ibíd., págs. 411-416, y Y. Riottot, Joaquín Maurín de l’anarcho-syndicalisme au communisme (1919-1936), Editions L’Harmattan, París, 1997, págs. 335-338. <<

[218] Citado en Durgan, B. O. C., ob. cit., pág.418. <<

[219] Véanse J. L. Martín i Ramos, Els orígens del PSUC, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1977; L. V. Ponomariova, La formació del Partit Socialista Unificat de Catalunya, Icaria, Barcelona, 1977; M. Caminal, Joan Comorera. Catalanisme i socialisme (1913-1936), Editorial Empúries, Barcelona, 1984, y R. Alcaraz i González, La Unió Socialista de Catalunya, RBA, Barcelona, 1987. <<

[220] Durgan, B. O. C., ob. cit., págs. 428-429. <<

[221] Riottot, Joaquín Maurín, ob. cit., págs. 216-222; Durgan, B. O. C., ob. cit., págs. 432-444. <<

[222] Leon Trotsky, The Spanish Revolution, Nueva York, 1972, págs. 207-210, 215-224. <<

[223] Durgan, B. O. C., ob. cit., págs. 435-436. <<

[224] Ibíd., págs. 477-479. <<

[225] Ibíd., págs. 480-484. <<

[226] Técnicamente, ni siquiera eso, puesto que el nombre oficial fue «Rassemblement Populaire». Los sectores moderados no estuvieron dispuestos a aceptar un nombre acuñado en Moscú, aunque en el lenguaje ordinario se llamaba «Front Populaire». <<

[227] Mariano Ansó, Yo fui ministro de Negrín, Planeta, Barcelona, 1976, pág. 118. Félix Gordón Ordás, uno de los jefes de los republicanos de izquierda en los primeros años del régimen, expresó la misma crítica. Mi política en España, México, D. F., 1967, vol. 2, pág. 526. <<

[228] Ansó, ibíd. <<

[229] Este artículo ha sido señalado por Ranzato, El gran miedo, ob. cit., pág. 302. <<

[230] Citado por Carlos Seco Serrano en su prólogo a Javier Tusell, et al., Las elecciones del Frente Popular en España, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1971, vol. 1, págs. xvii-xviii. <<

[231] Gil-Robles, No fue posible la paz, ob. cit., págs.618-619; Arrarás, Historia de la Segunda República española, vol. 4, pág. 275; Vidarte, Todos fuimos culpables, ob. cit., vol.1, págs. 135-136, y Juan Avilés Farré, La izquierda burguesa en la II República, Espasa-Calpe, Madrid, 1985, pág. 305. <<

[232] Ranzato, El gran miedo, ob. cit., pág. 313. <<

[233] Richard A. H. Robinson, The Origins of Franco’s Spain, University of Pittsburgh Press, Londres, 1970, pág. 226-227. <<

[234] Ranzato, El gran miedo, ob. cit., págs. 268-269. Esta política se consumió tras el comienzo de la Guerra Civil, cuando se tomó el control de todos los colegios católicos por un decreto de 28 de julio de 1936. <<

[235] Ibíd., pág. 254. <<

[236] Ibíd., pág. 256. <<

[237] El mejor resumen breve de este acoso y de la extraordinaria complacencia del Gobierno republicano y de los líderes izquierdistas se encuentra en ibíd., 254-274. <<

[238] Malefakis, Agrarian Reform, ob. cit., pág. 374. <<

[239] Ranzato, El gran miedo, ob. cit., pág. 322. <<

[240] Ibíd., pág. 323. <<

[241] Albert Balcells, Crisis económica y agitación social en Cataluña de 1930 a 1936, Instituto Católico de Estudios Sociales, Barcelona, 1974, págs. 233-234. <<

[242] De nuevo, véase el argumento de J. M. Macarro Vera, «Social and Economic Policies of the Spanish Left in Theory and Practice», en Alexander y Graham, eds., The French and Spanish Popular Fronts, ob. cit., págs. 171-184. <<

[243] Citado en Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, ob. cit., pág. 427. <<

[244] A finales de 1935, varios grupos de obreros católicos se habían reunido en un «Frente Nacional Unido de Trabajo». Afirmaban contar con 276.389 afiliados que en ese momento representaban casi el 15 % de los trabajadores organizados en España. En junio de 1936 el Gobierno cerró su sede en Madrid por supuestas «provocaciones». <<

[245] El Sol, 26 de mayo de 1936. <<

[246] Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, ob. cit. <<

[247] Información, 14 de mayo de 1936, en Mercedes Cabrera, La patronal ante la II República, ob. cit., págs. 303-304. <<

[248] Mercedes Cabrera, «Las organizaciones patronales ante la II República», Arbor (1981), 168, en Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, ob. cit., pág. 427. <<

[249] F. Sánchez Pérez, «La huelga de la construcción en Madrid (junio-julio 1936)», Historia 16, 14: 154 (febrero de 1989), págs. 21-26. <<

[250] Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, ob. cit., págs. 424-425. <<

[251] Malefakis, Agrarian Reform, ob. cit., pág. 372. <<

[252] Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, ob. cit., págs. 431-435. <<

[253] Cabrera, La patronal, ob. cit., pág. 291. <<

[254] Hoy (Badajoz), 27 de mayo de 1936, en F. Rosique Navarro, La reforma agraria en Badajoz durante la II República, ob. cit., pág. 304. <<

[255] M. Pérez Yruela, La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba 1931-1936, Servicio de Publicaciones Agrarias, D.L., Madrid, 1979, pág. 204. <<

[256] Según las estadísticas corregidas por L. Garrido y F. Sigler, en Andalucía se expropiaron unas cien mil hectáreas para entregarlas a doce mil nuevos propietarios, lo que suponía unas ocho hectáreas para cada uno. La cantidad de tierra entregada osciló entre un promedio de 16 hectáreas en Cádiz y 12 en Jaén a 4 en Huelva y solo 2,5 en Extremadura. Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, ob. cit., pág. 430. <<

[257] Malefakis, Agrarian Reform, ob. cit., págs. 371-372. <<

[258] Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, ob. cit., pág. 426. <<

[259] Así puede verse en las condiciones que los jurados mixtos de Córdoba impusieron el 26 de junio, estudiadas en Pérez Yruela, La conflictividad campesina, ob. cit., págs. 412-429. <<

[260] Malefakis, Agrarian Reform, ob. cit., pág. 384. <<

[261] Ibíd., pág. 383. Baldomero Díaz de Entresotos, Seis meses de anarquía en Extremadura, Edit. Extremadura,Cáceres, 1937, constituye un melodramático relato publicado durante la Guerra Civil, pero la realidad era grave. <<

[262] Manuel Tuñón de Lara, Tres claves de la República, Alianza, Madrid, 1985, págs. 194-195. <<

[263] Casi todas las formas de actividad agraria radical que acompañaron a la revolución rusa de 1905, como se detallan en Theodor Shanin, Russia, 1905-07: Revolution as a Moment of Truth, Macmillan, New Haven, 1986, págs. 84-90, encontraron su expresión en la España meridional durante la primavera de 1936. Esto no supone una indicación de que las condiciones fueran en general equivalentes en ambos países, pero era evidente que existían ciertos paralelismos claros entre la situación rusa y el malestar agrario en el sur de España. <<

[264] Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, ob. cit., págs. 435-436. <<

[265] Ibíd., págs. 442-443. <<

[266] Malefakis, Agrarian Reform, ob. cit., pág. 382. <<

[267] Macarro Vera, en Alexander y Gragam, eds., The French and Spanish Popular Fronts, ob. cit., pág. 184. <<

[268] Jacques Meurice, «Problemática de las colectividades agrarias en la Guerra Civil», en Agricultura y Sociedad, 7 (1978), págs. 45-55, citado en Ranzato, El gran miedo, ob. cit., pág. 299. <<

[269] Alfonso Lazo, Retrato del fascismo rural en Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 1998, págs. 25-34, 98-107. Se encontrarán muchos más datos sobre este fenómeno de «fascismo proletario rural» y otros aspectos del falangismo en el sur en las investigaciones de José Antonio Parejo Fernández, Las piezas perdidas de la Falange: El sur de España, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 2008, y Señoritos, jornaleros y falangistas, Bosque de Palabras, Sevilla, 2009. <<

[270] R. Quirosa-Cheyrouze, Católicos, monárquicos y fascistas en Almería durante la Segunda República, Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones, Almería, 1998, págs. 66-74, citado en Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, ob. cit., pág. 449. <<

[271] Véase M. Requena Gallego, Los sucesos de Yeste, Instituto de Estudios Albacetenses, C.S.I.C., Confederación Española de Estudios Locales,Albacete, 1983, y R. M. Sepúlveda Losa, «La primavera conflictiva de 1936 en Albacete», Pasado y memoria, 2 (2003), págs. 221-240. Fernando Rivas, El Frente Popular, Editorial San Martín, Madrid, 1976, págs. 275-280, ofrece la versión de la Guardia Civil. <<

[272] Frank E. Manuel, The Politics of Modern Spain, Read Books, Nueva York, 1938, pág. 168. <<

[273] En Arrarás, Historia de la Segunda República, ob. cit., vol. 4, pág. 280. <<

[274] Hipólito de la Torre Gómez, A relaçäo peninsular na antecámara da guerra civil de Espanha (1931-1936), Cosmos, Lisboa, 1998, págs. 85-101; César de Oliveira, Portugal y la Segunda República española, 1931-1936, Ediciones Cultura Hispánica : Instituto de Cooperación Iberoamericana,Madrid, 1986, págs. 169-187; A. P. Vicente, «O cerco à ambaixada da República Espanhola em Lisboa (Maio a Outubro de 1936)», en Fernando Rosas, dir., Portugal e a Guerra Civil de Espanha, Lisboa, 1998, págs. 3-105, y Claudio Sánchez Albornoz, Anecdotario político, ob. cit., págs. 196-245 y Mi testamento histórico-político, ob. cit., págs. 195-199. <<

[275] Como se ha visto en el capítulo 4, la primera oferta de tal índole fue la extendida por el embajador de Brasil a Alcalá-Zamora, en abril. <<

[276] De la Torre Gómez, A relaçäo peninsular, ob. cit., págs. 93-94. <<

[277] Douglas Little, «Red Scare, 1936: Anti-Bolshevism and the Origin of British Non-Intervention in the Spanish Civil War», en Journal of Contemporary History, 23 (1988), págs. 291-311, y Enrique Moradiellos, «The Origins of British Non-Intervention in the Spanish Civil War: Anglo-Spanish Relations in Early 1936», en European History Quarterly, 21 (1991), págs. 339-364. <<

[278] Sánchez Albornoz, Anecdotario político, ob. cit., págs.196-197. <<

[279] Texto en Maximiano García Venero, Historia de las Internacionales en España, Edic. del Movimiento,Madrid, 1958, págs. 106-108. El Partido Nacional Republicano nunca publicó este documento, pero García Venero afirma haber visto el original y «no tiene dudas acerca de su autenticidad». <<

[280] Y ese respeto existía a pesar de que Sánchez Román nunca escatimaba las críticas a Azaña. En su primera crisis de Gobierno, en junio de 1933, Azaña había escrito: «Sánchez Román está ahora en auge entre la gente de oposición. Como tiene más entendimiento y más habilidad que casi todos los diputados adversos al Gobierno, cada vez que habla lo escuchan con arrobamiento, porque les provee de lo que más falta hace: ideas y argumentos». Diarios 1932-1933, Crítica, Barcelona, 1997, pág. 372. <<

[281] Juan Avilés Farré, La izquierda burguesa en la II República, Espasa-Calpe,Madrid, 1985, págs. 306-307. Cf. Gil-Robles, No fue posible la paz, ob. cit., pág.680. <<

[282] Estos y ciertos otros datos en esta sección se han tomado del capítulo 8 de la tesis doctoral de Jordi Getman-Eraso, «Rethinking the Revolution: Utopia and Pragmatism in Catalan Anarchosyndicalism, 1930-1936», Universidad de Wisconsin-Madison, 2001, que se ocupa de los cinco meses de febrero a julio de 1936. <<

[283] Igualmente disiente de la metáfora Ricard Vinyes, en el capítulo «L’oasi català: un miratge», en La Catalunya Internacional, Curial, Barcelona, 1983, como ha hecho Enric Ucelay da Cal, La Catalunya populista: Imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1931-1939), Edic. de La Magrana,Barcelona, 1982, págs. 271-273. <<

[284] L. Germán y M. A. Portero, eds. Caspe: Un estatuto de autonomía, Seminario de Estudios Aragoneses,Zaragoza, 1977; L. Germán Zubero, Aragón en la II República, Institución Fernando el Católico,Zaragoza, 1984, págs. 189-206, y R. Sainz de Baranda, «La autonomía de Aragón en el periodo del Frente Popular», en M. Tuñón de Lara, La crisis del Estado español, Cuadernos para el Diálogo,Madrid, 1984, págs. 517-533. <<

[285] Se puede encontrar un tratamiento más amplio en J. Beramendi y R. Maíz, eds., Los nacionalismos en la España de la II República, Siglo XXI,Madrid, 1991, y, más brevemente, en J. Beramendi, «Nacionalismos, regionalismos y autonomía en la Segunda República», Pasado y memoria, 2 (2002), págs. 53-82. <<

[286] X. Vilas Nogueira, O Estatuto Galego, Edic. do Rueiro, D.L., A Coruña, 1977; A. Bozzo, Los partidos políticos y la autonomía de Galicia, Universidad Autónoma, Servicio de Publicaciones, Barcelona, 1979; X. Castro, O galeguismo na encrucillada republicana, Publicacións da Deputación de Ourense, Orense, 1985; B. Maíz, Galicia na II República e baixo o franquismo, Xerais, Vigo, 1987, y A. Hernández Lafuente, Autonomía e integración en la Segunda República, Ediciones Encuentro, Madrid, 1980, págs. 386-390. <<

[287] Informa Vicente Cárcel Ortí: «Según los datos oficiales recogidos del ministerio de Gobernación, completados con otros procedentes de las curias diocesanas, durante los cinco meses de gobierno del Frente Popular anteriores al comienzo de la guerra:

Varios centenares de iglesias fueron incendiadas, saqueadas, atentadas o afectadas por diversos asaltos.

Algunas quedaban incautadas por las autoridades civiles y registradas ilegalmente por los ayuntamientos.

Varias decenas de sacerdotes fueron amenazados y obligados a salir de sus respectivas parroquias; otros fueron expulsados de forma violenta.

Varias casas rectorales fueron incendiadas y saqueadas y otras pasaron a manos de autoridades locales.

La misma suerte corrieron algunos centros católicos y numerosas comunidades religiosas.

Algunos pueblos de diversas provincias no dejaron celebrar el culto o lo limitaron, prohibiendo el toque de campanas, la procesión con el viático y otras manifestaciones religiosas.

También fueron profanados algunos cementerios y sepulturas, como la del obispo de Teruel, Antonio Ibáñez Galiano, enterrado en la iglesia de las Franciscanas Concepcionistas de Yecla (Murcia), y los cadáveres de las religiosas del mismo convento.

Frecuentes fueron los robos del Santísimo Sacramento y la destrucción de las Formas Sagradas.

Parodias de carnavales sacrílegos se hicieron en Badajoz y Málaga.

Atentados personales afectaron a varios sacerdotes.

En todas partes quedaron impunes los malhechores».

En Historia de la Iglesia en la España contemporánea (siglos XIX y XX), Planeta,Madrid, 2002, págs. 163-164. <<

[288] Alcalá-Zamora, Memorias, ob. cit., págs.376-378, informa de que, en dos ocasiones, se vio obligado a entregar dinero. <<

[289] Julián Zugazagoitia, Historia de la guerra de España, La Vanguardia,Buenos Aires, 1940, pág. 9. <<

[290] Haciendo referencia a las juntas gubernativas especiales, nombradas por el Gobierno para muchas provincias donde el centro y las derechas habían predominado. <<

[291] Los colores de la camisa de las Juventudes Socialistas Unificadas. <<

[292] Por ejemplo, La Libertad, 28 de junio de 1936. <<

[293] Le Petit Journal, 2 de julio de 1936, citado en Gil-Robles, No fue posible la paz, ob. cit., pág. 681. De modo semejante, un editorial de La Vanguardia del 23 de junio afirmaba: «Esta candente cuestión de los plenos poderes, de la que tanto se está hablando que parece ya un tema viejo, continúa siendo actual y va haciendo lentamente su camino. La concibió la mente de don Indalecio Prieto, de tan vigoroso sentido político, y ahora no está más que en gestación. Los acontecimientos tienden, sin embargo, a darle un trámite precipitado». <<

[294] Ahora, 30 de junio de 1936. <<

[295] Luis Romero, Por qué y cómo, ob. cit., págs. 165-166. <<

[296] La primera investigación bien documentada es de Julius Ruiz, El Terror Rojo. Madrid, 1936, Espasa,Madrid, 2012. Galarza presidió la gran ronda de ejecuciones en septiembre y octubre, y su papel luego fue reemplazado por la formación de la Junta de Defensa de Madrid. Bajo el mandato de esta, sería Santiago Carrillo quien presidiría las ejecuciones en masa en Paracuellos del Jarama y otros lugares en noviembre y la primera parte de diciembre. El único estudio sistemático y objetivo es de Julius Ruiz, Paracuellos. Una verdad incómoda,Espasa, Madrid, 2015. <<

[297] Comentario de Mije en Badajoz el 16 de mayo ya citado, en Claridad, 19 de mayo de 1936. <<

[298] Mundo Obrero, 13 de junio de 1936. <<

[299] Claridad, 3 de julio de 1936. <<

[300] Mundo Obrero, 10 de julio de 1936. <<

[301] Material de discusión para el Congreso Provincial del Partido Comunista que se celebrará en Madrid durante los días 20, 21 y 22 de junio de 1936, Madrid, 1936. <<

[302] Dolores Ibárruri, et al., Guerra y revolución en España, 1936-1939, Progreso,Moscú, 1967, vol. 1, pág. 66. Cf. Juan Modesto, Soy del Quinto Regimiento, Laia,Barcelona, 1978, págs. 63-67. <<

[303] Maximiano García Venero, Falange en la guerra de España. La Unificación y Hedilla, Ruedo Ibérico,Burdeos, 1967, pág. 73. <<

[304] En Sevilla, los concejales de Unión Republicana dimitieron el 10 de julio porque los socialistas y los comunistas no habían apoyado a su candidato a teniente de alcalde. Acerca de las tensiones en el seno del Frente Popular en Andalucía, véase Macarro Vera, Socialismo. República y revolución, ob. cit., págs.466-467. <<

[305] Mundo Obrero, 2 de marzo de 1936. <<

[306] Rivas, El Frente Popular, ob. cit., págs. 149-151. <<

[307] Vidarte, Todos fuimos culpables, ob. cit., págs. 107-108. <<

[308] La única versión de estos contactos son los propios recuerdos de Franco, pero las actitudes que atribuye a los dos líderes republicanos son consistentes con las palabras públicas de ellos en aquel momento. Véase Arrarás, Historia de la Cruzada, ob. cit., vol. 3, pág. 58, y Francisco Franco Salgado-Araujo, Mi vida junto a Franco, Planeta,Barcelona, 1977, pág. 131. <<

[309] La información de Carmen Franco se deriva de las entrevistas que Jesús Palacios y el autor mantuvieron con ella en Madrid en enero de 2008, publicadas en Palacios y Payne, Franco, mi padre, La Esfera de los Libros, Madrid, 2008. Véase también Ramón Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda; La historia como fue. Memorias, Planeta,Barcelona, 1978, pág. 53. <<

[310] José Llordés Badía, Al dejar el fusil, Ariel,Barcelona, 1968, págs. 34-35. <<

[311] Arrarás, Segunda República, ob. cit., vol. 4, págs. 87-88. <<

[312] Antonio Cacho Zabalza, La Unión Militar Española, Egasa,Alicante, 1940, aunque esta fuente no es totalmente fiable. <<

[313] Vidarte, Todos fuimos culpables, ob. cit., vol. 1, págs. 50-51. Acerca de la diminuta minoría izquierdista entre los oficiales, véase la primera parte de las memorias de Antonio Cordón, Trayectoria, Crítica, Barcelona, 1977. <<

[314] De los ocho generales que asistieron, solo dos ostentaban una jefatura activa y cinco estaban jubilados. También estaban presentes el teniente coronel Galarza en representación de la UME. <<

[315] Citado en Ricardo de la Cierva, Historia de la Guerra Civil española, San Martín, Madrid, 1969, pág. 764. Véanse también José María Iribarren, Con el general Mola, Librería General, Pamplona, 1937, pág. 15, y la versión del propio Franco en el Archivo Franco de la Fundación Nacional Francisco Franco, leg. 26, doc.630. <<

[316] Véase Francisco Olaya Morales, La conspiración contra la República, Producciones Editoriales,Barcelona, 1979, págs. 314-323, y Daniel Sueiro, «Sublevación contra la República», segunda parte, Historia 16, 8: 90 (octubre de 1983), págs. 21-32. <<

[317] Roberto Muñoz Bolaños, «‘Por Dios, por la Patria y el Rey marchemos sobre Madrid’. El intento de sublevación carlista en la primavera de 1936», en D. Macías Fernández y F. Puell de la Villa, eds., David contra Goliat. Guerra y asimetría en la Edad contemporánea, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED, Madrid, 2014, págs. 149-169. <<

[318] El Liberal, 26 de marzo de 1936. Prieto repetiría la misma referencia en un discurso posterior del 1 de mayo. <<

[319] Las cartas son del archivo José Mario Armero, en Javier Tusell, Franco en la Guerra Civil. Una biografía política, Tusquets,Barcelona, 1992, págs. 29-30. <<

[320] Todo el episodio llegaría a ser muy inconveniente para Franco durante la Guerra Civil, cuando su nueva dictadura rechazó de plano el concepto de elecciones parlamentarias «inorgánicas» (es decir, directas y democráticas). Insistiría en que se había retirado de inmediato porque estaba convencido de que las elecciones serían fraudulentas, aunque en realidad esa no había sido su principal preocupación. Más tarde incluso aseguró que lo único que pretendía era volver a Madrid para organizar el movimiento militar de modo más efectivo, pero lo cierto es que en aquella fecha de abril de 1936 su posición personal había sido casi la contraria. Para una versión por el propio Franco, véase su «Apuntes» personales sobre la República y la guerra civil, Fundación Nacional Francisco Franco,Madrid, 1987, págs. 34-35. <<

[321] La historiografía seria es mucho más breve. Los estudios más recientes y más extensos son Francisco Alía Miranda, Julio de 1936. Conspiración y alzamiento contra la Segunda República, Crítica, Barcelona, 2011, y José García Rodríguez, Conspiración para la Rebelión militar del 18 de julio de 1936, Silex,Madrid, 2013. El primero está viciado por su intento de presentar una conspiración mal conectada y de organización muy incierta como un movimiento meticulosamente organizado. El segundo es una tesis doctoral que incluye amplias materias totalmente heterogéneas. Una narrativa detallada puede encontrarse en La Cierva, Historia de la Guerra Civil, ob. cit., págs. 735-819. El estudio más interesante probablemente será la investigación ya en marcha de Roberto Muñoz Bolaños. <<

[322] Durante estos años fuera del ejército escribió tres tomos de memorias, más un manual de ajedrez para obtener algunos ingresos. Se publicaron inmediatamente y el manual de ajedrez gozaba de bastante éxito. Los volúmenes de memorias se recopilaron en sus Obras completas, Valladolid, 1940, y se volvieron a publicar como Memorias, Barcelona, 1977. Hay varios libros sobre Mola, aunque ninguno de mucho interés. <<

[323] Sobre Mola en 1935, véase Miguel Platón, El primer día de la guerra: Segunda República y Guerra Civil en Melilla, Servicio de Publicaciones,Melilla, 2013, págs. 66-72. <<

[324] Refiriéndose a la escala antigua, porque en 1931 el nuevo régimen había abolido este rango. <<

[325] Precisamente por esta razón el liderazgo nominal de Sanjurjo podría ser aceptado más fácilmente que el de cualquier otra figura militar, pero en realidad la inicial dirección de un Gobierno nuevo correría a cargo de una junta de los otros comandantes más importantes. <<

[326] Este documento se ha publicado en diversas ocasiones. Véase De la Cierva, Historia de la Guerra Civil, ob. cit., págs.769-771. Hay varios libros sobre la actividad de Mola en la conspiración, principalmente por B. Félix Maíz y José María Iribarren, pero la fuente más directa es el manuscrito preparado por su ayudante militar, el entonces comandante Emiliano Fernández Cordón, «Documentos facilitados por el teniente coronel don Emiliano Fernández Cordón referentes a la preparación y desarrollo del Alzamiento Nacional», en el Archivo Militar de Ávila, citado extensamente en la obra de García Rodríguez, Conspiración, ob. cit. <<

[327] Cita en Arrarás, Historia de la Cruzada, ob. cit., vol. 3, pág. 49. <<

[328] Según Maíz, un agente de la inteligencia militar alemana en París supo algo de lo que se planeaba y se puso en contacto, pero para buscar información y formar contactos, no para ofrecer ayuda. <<

[329] Parece que Sanjurjo también anticipaba una guerra civil breve y buscaba armas alemanas. Usó algunos contactos pero no tuvo éxito en su empeño principal. Ángel Viñas, Franco, Hitler y el estallido de la Guerra Civil: Antecedentes y consecuencias, Alianza, Madrid, 2001, es el estudio básico sobre las relaciones de la rebelión militar con Alemania. <<

[330] Al comienzo de 1933, una iniciativa conjunta de monárquicos alfonsinos y carlistas habían firmado un acuerdo con Roma que prometió una ayuda italiana limitada por una rebelión armada contra el régimen republicano, que después pasó a ser letra muerta. En junio de 1936, los monárquicos del grupo Renovación Española, que mantenían una conspiración paralela con elementos de la UME, trataron de ganar apoyo financiero de Roma, mientras reanudaban la petición de armas. Ismael Saz, Mussolini contra la II República. Hostilidad, conspiraciones, intervención (1931-1936), Institución Alfonso el Magnánimo,Valencia, 1986, y Ángel Viñas, «La connivencia fascista con la sublevación y otros éxitos de la trama civil», en Francisco Sánchez Pérez, coord., Los mitos del 18 de julio, Crítica, Barcelona, 2013, págs. 79-182. <<

[331] Gil-Robles ha escrito que la CEDA proporcionaba un subsidio «un poco antes» del 18 de julio, pero que él mismo no tenía contactos personales directos con los conspiradores principales. Aunque esto parece ingenuo, pudo haber sido técnicamente correcto en un sentido estricto. No obstante, Gil-Robles animó a los carlistas y a otros a cooperar con los militares. Declara que las instrucciones que dio a los miembros del partido fueron «actuar cada cual individualmente según su conciencia, sin implicar al partido; establecer contacto directo con los militares, no formar milicias autónomas y, sobre todo, esperar órdenes concretas en cuanto el alzamiento se produjese». No fue posible la paz, ob. cit., págs. 730, 798. <<

[332] Aunque se dice que en junio el secretario de la sección valenciana (Derecha Regional Valenciana), cuyos jóvenes había llegado a ser muy militantes, prometió a Mola 1.250 milicianos voluntarios al inicio de la rebelión y 50.000 voluntarios más en el plazo de cinco días. De la Cierva, Historia de la Guerra Civil, ob. cit., págs. 743-744. Pudo ser, pero, puesto que el débil alzamiento fracasó completamente en el Levante, fue irrelevante. <<

[333] Fernández Cordón, «Documentación», en García Rodríguez, Conspiración, ob. cit., pág. 470. <<

[334] Ibíd., pág. 471. <<

[335] El buzón principal utilizado por Franco en Santa Cruz de Tenerife era la dirección personal de la esposa de un médico, director de una clínica de la ciudad, persona de una demostrada lealtad y responsabilidad. <<

[336] Según el secretario civil de Mola, José María Iribarren. Entrevista del autor, 15 de diciembre de 1958. <<

[337] Según el conspirador monárquico y piloto del último vuelo de Sanjurjo, Juan Antonio Ansaldo, en su ¿Para que…?, ob. cit., pág. 125. <<

[338] Se ha reimpreso la carta en numerosas ocasiones. El texto completo en La Cierva, Franco, ob. cit., págs.280-282. <<

[339] Según su biógrafo B. F. Maíz, Mola, aquel hombre, Planeta,Barcelona, 1976, págs. 219-220. <<

[340] Jorge Vigón, General Mola, Estampa, Barcelona, 1957, pág. 100, y Emilio Esteban-Infantes, General Sanjurjo, A.H.R., Barcelona, 1957, págs. 224-225. <<

[341] Platón, El primer día de la guerra, ob. cit., pág. 165. La atribución a Hernández Saravia se ha tomado de Antonio Cordón, Trayectoria. Recuerdos de un artillero, Espuela de Plata,Sevilla, 2008, págs. 391-392. <<

[342] En la tesis doctoral de Robert A. Friedlander, «The July 1936 Military Rebellion in Spain: Background and Beginnings», Northwestern University, 1963, págs. 100-103. <<

[343] Para conocer la visión de Churchill acerca de la situación española que, en su opinión como en la de muchos observadores británicos, se dirigía hacia el comunismo, véase The Gathering Storm, Houghton Mifflin,Boston, 1948, págs. 212-213. <<

[344] Datos obtenidos de la investigación de Roberto Muñoz Bolaños. <<

[345] Fernández Cordón, en García Rodríguez, Conspiración, ob. cit., pág. 445. <<

[346] Y después, durante el régimen de Franco, sería el disidente más terco entre los altos mandos militares, aunque sus muchas maniobras no tendrían el menor efecto. <<

[347] El teniente coronel Juan Seguí, uno de los principales organizadores de la insurrección en Marruecos, explicó en una carta a Franco del 6 de agosto que «en el plan primitivo que contemplábamos en la época de preparación del Movimiento, se pensaba en partir de Sevilla como base, para ir, motorizados y rehuyendo el combate, por Mérida-Trujillo-Navalmoral y Talavera a cooperar en la caída de Madrid». El documento es del libro de Carlos Seco Serrano, Historia de España, Instituto Gallach,Barcelona, 1978, tomo VI-1, págs. 208-209, citado por Platón, El primer día, ob. cit., pág. 161. Si este es válido, indicaría que el plan original proyectó que las columnas avanzando sobre Madrid se desviarían algo hacia el oeste para evitar tener que forzar el paso de Despeñaperros, mucho más defendible, y no meramente por un capricho o error de Franco dejado al azar, como han alegado sus críticos. <<

[348] El avión, según parece, se pagó con fondos de Juan March, probablemente el hombre de negocios más rico de España, que había sido perseguido por la República tiempo atrás por sus negocios con la dictadura de Primo de Rivera. Hasta dónde llegó este apoyo financiero es un tema de especulación, aunque el propio March, más adelante, proporcionó grandes sumas de dinero para ayudar a Franco en las primeras fases de la Guerra Civil. Cf. P. Ferrer Guasp, El hombre más misterioso del mundo, Ediciones B,Barcelona, 2008, págs. 354-355. <<

[349] Los horarios y el contenido de este mensaje han sido confirmados por algunos personajes implicados, pero la fuente primaria es «A las órdenes del general Mola», las memorias inéditas de Elena Medina, una linotipista del periódico El Debate, que servía de enlace de Mola y que llevó el mensaje. Cf. Nicolás Salas, Quién fue Gonzalo Queipo de Llano y Sierra (1875-1951), Abec,Sevilla, 2012, págs. 184-185. <<

[350] Serrano Suñer, Memorias, ob. cit., págs. 120-121; Alfredo Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, Planeta,Barcelona, 1981, págs. 173-174. <<

[351] Para una discusión más amplia, véase Vicente Palacio Atard, «El Gobierno ante la conspiración de 1936», en su Aproximación histórica a la guerra de España, Universidad de Madrid, Madrid, 1970, págs. 133-165. <<

[352] Miguel Platón, El primer día, ob. cit., pág. 132. Esta obra trata de la conspiración desde la perspectiva de Marruecos y no pretende presentar una historia completa de toda ella, pero es uno de los estudios más exactos de sus aspectos más importantes. <<

[353] Juan A. Ramos Hita, La guerra civil en Málaga 1936-1937, Algazara,Málaga, 2004, págs. 74-75, citado en ibíd., pág. 169. <<

[354] Vidarte, Todos fuimos culpables, ob. cit., págs. 407-408. <<

[355] Ansó, Yo fui ministro de Negrín, ob. cit., págs.123-124. <<

[356] Gil-Robles, No fue posible la paz, ob. cit., pág. 608. <<

[357] Juan Marichal en su introducción a las Obras completas de Azaña, vol. 3, pág. xxxii. <<

[358] Es el testimonio unánime de los socialistas que trataron con él durante estas semanas. Zugazagoitia, Historia de la guerra de España, ob. cit., págs. 5-6; Prieto, Convulsiones de España, ob. cit., vol. 1, pág. 163, vol. 3, págs. 143-144; Vidarte, Todos fuimos culpables, ob. cit., vol. 1, págs. 146-147, 190-192; Largo Caballero, Mis memorias, ob. cit., págs. 161-163. <<

[359] Vidarte, Todos fuimos culpables, ob. cit., vol. 1, págs. 151-152. <<

[360] Ibíd., pág. 192. <<

[361] Citado en F. Ayala Vicente, La violencia política en la provincia de Cáceres durante la Segunda República (1931-1936), Brenes, 2003, pág. 157. <<

[362] Ibíd., pág. 158. <<

[363] Vidarte, Todos fuimos culpables, ob. cit., págs. 254-255. <<

[364] Carles Santacana y Xavier Pujadas, L’altra Olimpíada: Barcelona ’36, Llibres de l’Índex, Badalona, 1990. <<

[365] Se informaba de todos estos acontecimientos en la prensa madrileña. Los resúmenes pueden encontrarse en Romero, Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo, ob. cit., págs. 167-170 y Rivas, El Frente Popular, ob. cit., págs.350-351. <<

[366] Testimonio en Ronald Fraser, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros: Historia oral de la Guerra civil Española, Crítica,Barcelona, 1979, vol. 1, págs. 133-134. <<

[367] Las sospechas de los republicanos de izquierda más moderados, como el líder y diputado de la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA, que había participado en la formación de Izquierda Republicana), Emilio González López, pronto recayeron sobre Ossorio por su papel en todo este asunto, como consta en una entrevista del autor con González López en Nueva York, el 10 de junio de 1958. En la última parte de la Guerra Civil, en un esfuerzo de Negrín y los comunistas por fortalecer al Ejército Popular de la República, se nombraría a Ossorio Tafall comisario jefe de todo el ejército. <<

[368] La reconstrucción más detallada de estos acontecimientos se encuentra en Gibson, La noche en que mataron a Calvo Sotelo, ob. cit. En la documentación de la Comisión sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936, Barcelona, 1939, apéndice I, así como en la Causa General: La dominación roja en España, Ministerio de Justicia, Madrid, 1943, pueden encontrarse muchos detalles válidos, junto con bastantes exageraciones y cierta distorsión, ya que ambas fueron preparadas bajo el régimen de Franco. <<

[369] Como Tagüeña cuenta en sus memorias, Testimonio de dos guerras, Planeta,Barcelona, 1978, págs. 99-100. Es el único participante en esta siniestra aventura que ha presentado un testimonio directo. <<

[370] Las actividades de Calvo Sotelo en los días anteriores a su asesinato se detallan cuidadosamente en Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, José Calvo Sotelo, Ariel, Barcelona, 2004, págs. 661-677. <<

[371] El único relato testifical del hecho es el de la hija de Calvo Sotelo, Enriqueta, en ibíd., 677-681. <<

[372] Irónicamente, parece que había actuado como uno de los guardaespaldas de Prieto cuando tuvo lugar el ataque por parte de los caballeristas en Écija, el 31 de mayo. <<

[373] Cf. Ruiz, El terror rojo, ob. cit., pág. 57. <<

[374] Bullón de Mendoza, José Calvo Sotelo, ob. cit., págs. 682-685. <<

[375] Ibíd., pág. 691. <<

[376] Julián Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, Tusquets,Barcelona, 1977, vol. 1, pág. 28. <<

[377] Según testimonios de los propios prietistas, en Prieto, Convulsiones de España, ob. cit., vol. 1, pág. 162, y Vidarte, Todos fuimos culpables, ob. cit., vol.1, págs. 213-217. <<

[378] Ese día, 13 de julio, los periódicos derechistas Ya y La Época publicaron la escasa información disponible, por lo que fueron inmediatamente suspendidos por las autoridades. El último, que había sido uno de los periódicos españoles más destacados durante casi un siglo, nunca reaparecería. <<

[379] Ranzato, El gran miedo, ob. cit., págs. 346. <<

[380] Martínez Barrio, Memorias, ob. cit., pág. 344, y Avilés Farré, La izquierda burguesa en la II República, ob. cit., pág. 311. <<

[381] Ranzato, El gran miedo, ob. cit., pág. 353. <<

[382] Cf. Bullón de Mendoza, José Calvo Sotelo, ob. cit., págs. 694-695. <<

[383] Ibíd., págs. 695-696; Romero, Por qué y cómo, ob. cit., pág. 252. <<

[384] Bullón de Mendoza, José Calvo Sotelo, ob. cit., págs. 704-705, y Gibson, La noche, ob. cit., pág.198. <<

[385] Según Santos Juliá en Nigel Townson, ed., Historia virtual de España (1870-2004) ¿Qué hubiera pasado si…?, Taurus,Madrid, 2004, pág. 186. Cfr. Zugazagoitia, Historia de la guerra de España, ob. cit., pág. 5. <<

[386] Citado en Javier Tusell, ed., «La recuperación de la democracia. El último Araquistáin (1933-1959). Política y vida de un escritor socialista», en su introducción a Luis Araquistáin, Sobre la guerra y la emigración, Espasa-Calpe, Madrid, 1983, págs. 11-128. <<

[387] Para ambas proposiciones, cfr. la discusión en Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, ob. cit., pág. 467. <<

[388] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, ob. cit., págs. 291-292. <<

[389] De la documentación en el Archivo Carlista investigada por Roberto Muñoz Bolaños. <<

[390] Mariano Ansó, Yo fui un ministro de Negrín, ob. cit., pág.126. Añade Ansó: «Todavía hoy no he conseguido comprender del todo los motivos que movieron a Mola a reclamar mi presencia en Pamplona, a pesar de conocer las vacilaciones que le atenazaron hasta muy pocas horas antes de la sublevación». <<

[391] Portela Valladares, Memorias, ob. cit., pág. 223. <<

[392] Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos, Ediciones Unidas,México, D. F., 1976, pág. 135. <<

[393] Santiago Carrillo, Memorias, Planeta,Barcelona, 1993, pág. 168. <<

[394] El texto de la carta es del manuscrito inédito de Melchor Ferrer, «La conspiración militar de 1936 y los carlistas», pág. 28. <<

[395] Citado en Muñoz Bolaños, «“Por Dios, por la Patria y el Rey”», ob. cit., pág. 21. <<

[396] Carta publicada en El País, 19 de julio de 2006. (Énfasis en el original.) <<

[397] ABC, 14 de julio de 1960, citado en Bullón de Mendoza, José Calvo Sotelo, ob. cit., pág. 703. <<

[398] Dada toda esta incertidumbre, Franco también obtuvo un pasaporte italiano falso del consulado en Canarias para poder escaparse a otro país si hacía falta. Igualmente, se puede especular que los conspiradores habían seguido con su plan de enviar el avión contratado a las islas, a pesar de no tener una garantía de la participación de Franco, como un incentivo para influir en su actitud e incluso como un instrumento de presión. <<

[399] The Morning Post (Londres), 20 de julio de 1937, citado en Paul Preston, Franco. A Biography, HarperCollins,Londres, 1993, pág. 137. <<

[400] Uno de los grandes bulos sobre estos días es que el propio Franco arregló el asesinato de Balmes para facilitar el alzamiento en Canarias. Las evidencias indican que fue un accidente y que un Balmes vivo no habría constituido ningún obstáculo, como se demuestra en la documentación aportada por Moisés Domínguez Núñez, En busca del general Balmes, Librería Hispania,Madrid, 2015. <<

[401] El mejor intento de reconstruir estos hechos confusos se encontrará en Platón, El primer día de la guerra, ob. cit., págs. 213-360. Los dos primeros muertos de la guerra fueron dos tropas marroquíes de la unidad de Regulares que ocupó la base de hidroaviones aquella tarde. Rafael Fernández de Castro y Pedrera, Hacia las rutas de una nueva España. El alzamiento nacional en Melilla, Artes Gráficas Postal Express,Melilla, 1940, pág. 261. Véase también el artículo del distinguido historiador Carlos Seco Serrano, quien de niño presenció algunos de estos hechos, «Melilla. La jornada del 17 de julio de 1936», La Actualidad Española, pág. 706 (15 de julio de 1965). <<

[402] Vidarte, Todos fuimos culpables, ob. cit., vol. 1, págs. 255-256; Martínez Barrio, Memorias, ob. cit., págs. 358-359. <<

[403] El principal testigo de todo esto fue su ayudante y primo hermano, Francisco Franco Salgado-Araujo, que ha dejado su versión en Mi vida junto a Franco, Planeta,Barcelona, 1977, págs. 152-157. <<

[404] Sobre la disposición del avión y el vuelo de Franco, véase Antonio González-Betes, Franco y el Dragon Rapide, Rialp, Madrid, 1987. <<

[405] Getman-Eraso, «Rethinking the Revolution», ob. cit., págs. 335-340. <<

[406] Según el testimonio de Juan-Simeón Vidarte, uno de los representantes socialistas. Su relación en Todos fuimos culpables, ob. cit., vol. 1, págs. 231-258, es una de las presentaciones más detalladas de estos acontecimientos dramáticos. <<

[407] Según Zugazagoitia, Historia de la guerra, ob. cit., pág. 40. <<

[408] Martínez Barrio en Hoy (México, D. F.), 20 de abril de 1940, citado en Burnett Bolloten, The Spanish Civil War: Revolution and Counterrevolution, North Carolina,Chapel Hill, 1991, pág. 40. Como señala Bolloten, en su único comentario posterior, Prieto no dejó clara la posición que adoptó. De todos los grandes protagonistas de izquierdas de esta tragedia, Prieto desempeñó el papel más complejo y ambiguo. Durante la primavera, había abogado en varias ocasiones por una política constructiva y responsable, aunque extremadamente izquierdista, pretendiendo alentar un Gobierno de izquierda más fuerte y coherente, aunque a menudo sus propios seguidores se embarcaron en acciones violentas e ilegales. Aparentemente, a principios de julio, había pasado a una posición más «avanzada», estimulando la unidad de las izquierdas en una posible preparación para un conflicto armado, que parece que creía no podría evitarse durante mucho más tiempo. Al principio, no hizo esfuerzo alguno por paliar el magnicidio de Calvo Sotelo y, en efecto, en la Diputación Permanente estuvo al borde de declarar que las fuerzas policiales republicanas tenían idéntico derecho a embarcarse en el terrorismo. Luego obró para desbaratar la investigación judicial, escudando a los asesinos, que eran sus propios seguidores personales. Pero el 16 de julio, el ciclotímico Prieto adoptó una posición más matizada, alentando la disciplina y la responsabilidad en las izquierdas, ya que creía que tanto la anarquía como la revolución violenta arruinarían a España. Así, publicó en su periódico bilbaíno, El Liberal, la mañana del día 17, unas horas antes de que comenzase la rebelión: «Los ciudadanos de un país civilizado tienen derecho a la tranquilidad, y el Estado tiene el deber de asegurarla. Hace ya tiempo —¿para qué vamos a engañarnos?— que los ciudadanos españoles se ven desposeídos de ese derecho porque el Estado no puede cumplir con el deber de garantizárselo […]. Del mismo modo que la Historia llega a justificar las revoluciones del paisanaje, puede aprobar las insurrecciones militares cuando unas y otras concluyan con regímenes que, por cualquier causa, se hayan hecho incompatibles con el progreso político, económico o social exigido por los pueblos». Prieto, como casi todos los demás, esperaba una rebelión militar y con anterioridad había pretendido armar a los trabajadores, pero tan pronto como empezó la rebelión, viró otra vez hacia la moderación, respaldando los esfuerzos por desarrollar una respuesta gubernamental moderada y eficaz durante los días 18 y 19 de julio. De todos los líderes izquierdistas, Prieto fue el más complejo, y también, en algunas ocasiones, uno de los más sensatos e inteligentes. <<

[409] Martínez Barrio, Memorias, ob. cit., págs. 361-363; Azaña, Obras completas, vol. 4, págs. 714-715. Entre estas dos fuentes principales existe un desacuerdo relativo a la extensión de la coalición propuesta que, según Azaña, debía incluir «desde las derechas republicanas hasta los comunistas», mientras Martínez Barrio contradice esto y se refiere a una coalición de moderados, que podría incluir al sector semimoderado de los socialistas. <<

[410] Martínez Barrio, Memorias, ob. cit., págs. 363-364, y A. Alonso Baño, ed., Homenaje a Diego Martínez Barrio, Imp. La Ruche ouvrière, París, 1978, págs. 67-107. <<

[411] Vidarte, Todos fuimos culpables, vol. 1, págs. 236-238, 252-253, 280-284, confirma esto según los informes de los asesores del nuevo presidente en funciones que escucharon las negociaciones telefónicas, como, por ejemplo, Sánchez Román, que más tarde lo confirmó a un tercero, según se cita en Gil-Robles, No fue posible la paz, ob. cit., pág.791. Una edición de El Pensamiento Navarro (Pamplona) que apareció en la tarde del mismo día, alega que a Mola se le ofreció el Ministerio de la Guerra. Ansó, cercano a Azaña, declara que Martínez Barrio propuso «la constitución de un Gobierno al que se incorporarían el propio Mola y otros militares». Yo fui un ministro de Negrín, ob. cit., pág. 136. Otras referencias pueden encontrarse en Bolloten, The Spanish Civil War, ob. cit., pág. 755. Véase también José María Iribarren, Con el general Mola, Librería General, Zaragoza, 1937, págs. 102-103; Zugazagoitia, Historia de la guerra, ob. cit., págs. 58-65; Luis Romero, Tres días de julio, Ariel, Barcelona, 1966, págs. 158, 193; Maximiano García Venero, El general Fanjul, Cid, Madrid, 1967, págs. 287-290; Largo Caballero, Mis memorias, ob. cit., págs. 156-157, y J. Pérez de Madrigal, Memorias de un converso, Madrid, 1943-1951, vol. 7, págs. 65-68. <<

[412] Se ha afirmado que el exsecretario militar personal de Azaña, el teniente coronel Juan Hernández Saravia, que acababa de ser trasladado al Ministerio de la Guerra, autorizó una entrega inicial de armas. E. de Mateo Sousa, «La sublevación en Madrid», Historia 16, 15: 165 (enero de 1990), págs. 111-116. En cambio, la iniciativa del teniente coronel Rodrigo Gil, jefe del parque de artillería de Madrid, se encuentra mejor documentada. Véanse las numerosas fuentes citadas en Bolloten, Spanish Civil War, ob. cit., pág. 754, n. 31. <<

[413] En una entrevista en México con Burnett Bolloten. The Spanish Civil War, ob. cit., pág.40. <<

[414] Según Clara Campoamor, que era de su propio grupo, en su La Révolution espagnole vue par una républicaine, Plon, París, 1937, pág. 2. <<

[415] Zugazagoitia, Historia de la guerra, ob. cit., pág. 46; Marcelino Domingo, España ante el mundo, Edit. México Nuevo, México, D. F., 1947, pág. 233. <<

[416] Aquí hay que dejar claro que el Partido Comunista no tuvo un papel especialmente importante en la crisis de aquel fin de semana culminante. El gran crecimiento del movimiento tendría lugar sobre todo durante el primer año de la Guerra Civil. Sin embargo, quedó de manifiesto el domingo 19 de julio que si quería continuar formando parte del bando vencedor, la dirección comunista ya no podía eludir una guerra civil. Las tesis y las tácticas comunistas cambiaron muy rápidamente, en cuestión de días, funcionando en dos dimensiones. Respecto a la propaganda internacional, se insistiría en la continuidad de una República constitucional legítima, para ganar apoyo internacional, sobre todo entre las democracias. Se prefería la continuación de la fórmula de un Gobierno exclusivamente de republicanos de izquierda. En poco tiempo, sin embargo, sería necesario pasar a otra dimensión y a otro concepto para la estructura de la zona republicana, bajo la fórmula de una «República popular» la República de tipo nuevo. Esto no había de ser un régimen comunista, sino un régimen revolucionario semipluralista de republicanos y revolucionarios, dominado por estos. Y desde el comienzo se insistió en la absoluta incapacidad de las milicias revolucionarias, que tendrían que ser reemplazadas por un nuevo «Ejército Popular» basado en el modelo del Ejército Rojo soviético. Esta sería la única política eficaz y coherente de las llevadas a cabo por cualquiera de los partidos revolucionarios en España. <<

[417] En una carta a Salvador de Madariaga citada por primera vez en el prólogo a la cuarta edición de la obra de este último, España, Edit. Sudamericana,Buenos Aires, 1944. Luego Martínez Barrio escribiría que al afanarse por formar la nueva coalición sintió que «ya no era la rebelión militar nuestro enemigo peor. El más eficaz estaba dentro de nosotros mismos. Lo constituía la irresolución, la desorientación, el temor a las decisiones heroicas […]». Memorias, ob. cit., pág. 361. <<

[418] Según Martínez Barrio, Hoy, 17 de abril, 1940, y confirmado por Sánchez Román en la entrevista con Burnet Bolloten, The Spanish Civil War, ob. cit., pág. 756. También lo corroboró Largo Caballero, Mis recuerdos, ob. cit., pág. 167, así como el propio Prieto en una carta de 19 de septiembre de 1961 a Robert Friedlander, «The July 1936 Military Rebellion», ob. cit., pág. 185 Prieto afirmó que, incluso tras la dimisión del Gobierno de Martínez Barrio, intentó atraer a sus líderes a una asociación más estrecha con el posterior Gobierno de José Giral, para dar a este una mayor fortaleza y cohesión, pero fue incapaz de lograrlo. <<

[419] Ranzato, El gran miedo, 367. <<

[420] La hipótesis de que esta habría sido la medida más inteligente se ha presentado en las memorias del militar Pérez Salas, que apoyaba a los republicanos de izquierda. Guerra en España, ed. del autor, México D. F., 1947, págs. 105-115. <<

[421] El término acuñado por Burnett Bolloten en el tercer capítulo de su The Spanish Civil War, titulado «La Revolución y el ascenso de la Tercera República». <<

[422] El nombre habitual aplicado por la Comintern, utilizado por primera vez en relación al Gobierno comunista en la Mongolia de 1924 y empleado por los líderes del PCE durante toda la Guerra Civil, y también desde entonces. Para una discusión de este modelo aplicado a la República durante la guerra, véase S. G. Payne, Unión Soviética, comunismo y revolución en España, 1931-1939, Plaza & Janés,Barcelona, 2003, págs. 378-388. <<

[423] Término acuñado para el primer año de la Guerra Civil por Carlos M. Rama, La crisis española del siglo XX, Fondo de Cultura Económica,México, D. F., 1960. <<

[424] Ranzato, El gran miedo, ob. cit., págs. 368-369. <<

[425] La discusión analítica más perspicaz de las causas del colapso de la República a largo plazo es del gran politólogo y sociólogo español Juan J. Linz, «From Great Hopes to Civil War: The Breakdown of Democracy in Spain», en Linz y Alfred Stepan, eds., The Breakdown of Democratic Regimes: Europe, Johns Hopkins,Baltimore, 1978, págs. 142-215. La traducción española constituye el largo segundo apartado en Linz, Obras escogidas, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,Madrid, 2009, J. R. Montero y T. J. Miley, eds., t. 4, págs. 127-188. <<

[426] Para una interesante interpretación actualizada, véase parte I de Julián Casanova y Carlos Gil Andrés, Historia de España en el siglo XX, Ariel,Barcelona, 2009. <<

[427] Véase la discusión en Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, Alfonso XIII: El rey polémico, Taurus,Madrid, 2001, págs. 588-633, así como las obras clave de Carlos Seco Serrano, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, Rialp, Madrid, 1969; Estudios sobre el reinado de Alfonso XIII, Real Academia de la Historia,Madrid, 1998, y La España de Alfonso XIII, Espasa-Calpe,Madrid, 2002. <<

[428] Detlev Peukert, Die Weimarer Republik: Krisenjahre der klassischen Moderne, VEB Deutscher Verlag für Musik, Frankfurt, 1987. <<

[429] En cambio, puede afirmarse que el poder judicial constituyó un elemento de fortaleza, ya que permaneció en gran medida libre de la abierta politización, lo que le atrajo las críticas tanto de las izquierdas como de las derechas. No discriminó injustamente a favor de aquellos culpables de delitos violentos, ya fueran derechistas (como en los primeros años de la Alemania de Weimar) o izquierdistas. De ahí la apremiante preocupación de las izquierdas en 1936 por aprobar nuevas leyes que permitiesen la purga política del poder judicial, algo que parecía indicar que este último había quedado en su mayor parte libre de la influencia de los cambios políticos. <<

[430] Dankwart Rustow ha hecho hincapié en la crucial importancia del acuerdo entre las élites políticas al comienzo de un sistema nuevo, dado que «las luchas más encarnizadas se libran contra los defectos de nacimiento de la comunidad política». «Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model», Comparative Politics, 2 (abril de 1970), págs. 337-363. Cfr. H. J. Spiro, Government by Constitution, Random House, Nueva York, 1967, págs. 361-383; Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, Yale, New Haven, 1971, pág. 71; Samuel P. Huntington, «Will More Countries Become Democracies?», Political Science Quarterly, 99 (verano de 1984), págs. 193-218, y J. Higley y R. Gunther, Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, Cambridge,Cambridge, 1992. <<

[431] Inicialmente, tanto los republicanos de izquierda como los socialistas tendieron en general a confundir a los intelectuales y hombres profesionales izquierdistas de clase media y a los relativamente pequeños sectores progresistas con los amplios intereses burgueses, un enorme error de cálculo sociopolítico que recapituló en un momento histórico sorprendentemente tardío, y en una forma diferente. La misma confusión encontrada entre los progresistas rusos de la generación de 1905-1917. Cfr. Theodor Shanin, Russia, 1905-1917: Revolution as a Moment of Truth, Yale,New Haven, 1986, págs. 73 y sigs. <<

[432] En Alemania, por ejemplo, la Constitución de Weimar fue creada por una coalición de los socialistas moderados, los demócratas de clase media y el centro católico (el catolicismo, siempre minoritario en Alemania, era más progresista que en España). <<

[433] Cabrera, La patronal ante la II República, ob. cit., págs. 307-312. <<

[434] Véase H. A. Winkler, «Choosing the Lesser Evil: The German Social Democrats and the Fall of the Weimar Republic», en Journal of Contemporary History, 25: 2-3 (mayo-junio de 1990), págs. 205-207, y Winkler, Der Weg in die Katastrophe: Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1930-1933, J.H.W. Dietz Nachf., Berlín, 1987. <<

[435] Como ha observado Sydney Tarrow con respecto a un período precursor de conflicto en Italia, las crisis tienden a desarrollarse si «el conflicto social es transparente y crecientes las oportunidades políticas», más que en momentos de restricción de los derechos políticos y las oportunidades. Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy, 1965-1975, Nueva York, 1989, págs. 48-49. <<

[436] Para un estudio lúcido de este problema en una perspectiva comparativa, véase J. J. Linz y A. Valenzuela, eds., La crisis del presidencialismo, Alianza,Madrid, 1977. <<

[437] Para un análisis original y sofisticado de este problema, aunque no sea totalmente convincente, véase G. M. Luebbert, Liberalism, Fascism or Social Democracy: Social Classes and the Political Origins of the Regimes in Interwar Europe, Oxford,Nueva York, 1991. <<

[438] Eduardo González Calleja, et al., La Segunda República Española, Pasado & Presente, Barcelona, 2015, pág. 1129. <<

[439] Estos discursos de Gil-Robles y Calvo Sotelo, o gran parte de ellos, han sido citados muchas veces en otras publicaciones, y del modo más completo en Ricardo de la Cierva, Media nación no se resigna a morir. Los documentos perdidos del Frente Popular, Fénix, Madrid, 2002. <<

[440] Por ejemplo, José Peirats, La C. N. T. en la revolución española, Toulouse, 1951, vol. 1, pág. 121. <<

[441] Ramiro Cibrián, «Violencia política y crisis democrática. España en 1936», Revista de Estudios Políticos, 6 (noviembre-diciembre de 1978), págs. 81-115. <<

[442] Juan Blázquez Miguel, España turbulenta: alteraciones, violencia y sangre durante la II República, Villanueva del Pardillo, Madrid, 2009, págs. 624-704. <<

[443] Eduardo González Calleja, Cifras cruentas. Las víctimas de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936), Comares,Granada, 2015. <<

[444] Dos estudios breves de calidad sobre el papel y la extensión de la violencia sociopolítica son el de Fernando del Rey Reguillo, «Reflexiones sobre la violencia política en la II República Española», en M. Gutiérrez Sánchez y D. Palacios Cerezales, eds., Conflicto político, democracia y dictadura: Portugal y España en la década de 1930, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, págs. 19-97, y Gabriele Ranzato, «El peso de la violencia en los orígenes de la Guerra Civil de 1936-1939», en J. Avilés Farré, ed., «Violencia y política en España, 1875-1936», Espacio, Tiempo y Forma, serie V: Historia contemporánea, t. 20 (2008), págs. 159-181. También merecen consulta los libros de Rafael Cruz, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Siglo XXI,Madrid, 2006, y Protestar en España, 1900-2013, Alianza,Madrid, 2015. <<

[445] González Calleja, Cifras cruentas, ob. cit., pág. 92. <<

[446] Ibíd., pág.75. <<

[447] Ibíd., págs. 115-116. <<

[448] Estos datos se han tomado principalmente de ibíd., págs. 281-282. <<

[449] Cibrián, «Violencia política», ob. cit. <<

[450] Según las cifras en Renzo De Felice, Mussolini il fascista: La conquista del potere, Il Mulino,Turín, 1966, págs. 35-39, 87. <<

[451] Eve Rosenhaft, Beating the Fascists? The German Communists and Political Violence 1919-1933, Cambridge,Cambridge, 1983, y Richard Bissel, Political Violence and the Rise of Nazism: The Storm Troopers in Eastern Germany, 1925-1934, Yale University Press, Londres, 1984. <<

[452] Gerhard Botz, Gewalt in der Politik: Attentäte, Zusammenstösse, Putschversuche. Unruhen in Österreich, Fink, Viena, 1983, ed. rev. <<

[453] Cfr. Los datos en S. G. Payne, La Europa revolucionaria: Las guerras civiles que marcaron el siglo XX, Temas de Hoy,Madrid, 2011, págs. 126-148. <<

[454] Ninguna de las semiinsurrecciones de las izquierdas en Alemania entre 1919 y 1923 tuvo la extensión y el grado de violencia del alzamiento socialista en España. En cambio, a veces la represión en Alemania fue dura. <<

[455] Paul Preston, The Spanish Right under the Second Republic, University of Reading, 1971, pág. 6. <<

[456] El texto en Saz, Mussolini contra la II República, ob. cit., págs. 167-170. <<

[457] Cruz, En nombre del pueblo, ob. cit., pág. 335. González Calleja repite el mismo argumento en Cifras cruentas, ob. cit., pág. 271. <<

[458] Sobre la violencia durante la Transición, véanse Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar, «Terrorist Violence and Popular Mobilization: The Case of the Spanish Transition to Democracy», Politics & Society, 37: 3 (septiembre de 2009), págs. 428-453, y Sophie Baby, Le mythe de la transition pacifique, Casa de Velázquez, Madrid, 2013. Entre 1975 y 1982, murieron 718 personas como consecuencia de la violencia conectada con actos políticos, 504 de ellas a manos de los terroristas y 214 por la represión estatal de los crímenes. <<

[459] De 1975 a 2007, cuando se puso fin a estas actividades, la extrema izquierda marxista había matado a 89 personas, muriendo 13 de los asesinos a manos de la Policía. José Catalán Deus, Del FRAP a Podemos. Crónica de medio siglo, Muñoz Moya,Sarrión, 2015, tomo I, pág. 23. <<

[460] Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution, ob. cit., pág. 390, n. 3. <<

[461] Cfr. el comentario en M. A. Egido-León, Manuel Azaña entre el mito y la leyenda, Consejería de Educación y Cultura, Valladolid, 1998, págs. 358-359. <<

[462] Citado en Paul E. Sigmund, The Overthrow of Allende and the Politics of Chile, 1964-1976, University of Pittsburgh,Pittsburgh, 1977, pág. 215. Sobre el caso chileno, véanse especialmente la comparación entre Chile y España por Juan J. Linz y Henry A. Landsberger en F. G. Gil, et al., eds, Chile at the Turning Point: Lessons of the Socialist Years, 1970-1973, Institute for the Study of Human Issues, Filadelfia, 1979, págs. 399-438; Arturo Valenzuela, The Breakdown of Democratic Regimes: Chile, Johns Hopkins,Baltimore, 1978, y Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet, Sudamérica,Santiago de Chile, 2001, págs. 77-128. <<