En este nuevo libro, el historiador Stanley G. Payne, plantea cuarenta preguntas fundamentales para comprender la Guerra Civil, desde su estallido y desarrollo a sus consecuencias. En cada capítulo logra la visión más clara ofrecida hasta ahora sobre el conflicto bélico español, y lo sitúa en un amplio contexto que supera las limitadas perspectivas con las que se ha estudiado hasta ahora.

Así da respuestas detalladas, profundas y didácticas a interrogantes que han generado muchísima controversia a lo largo de setenta años, como por ejemplo si realmente fue inevitable la contienda, o qué hubiera pasado en el país si los militares no se hubieran sublevado; cuáles eran los objetivos de Hitler, Mussolini y la URSS cuando se decidieron a intervenir; por qué las democracias occidentales no ayudaron a la República; qué pasó con el oro de Moscú; qué papel jugaron los nacionalismos; cuáles fueron las consecuencias inmediatas y a largo plazo… Y, finalmente, una cuestión que sigue viva en la actualidad política: ¿ha logrado España superar, en pleno siglo XXI, la Guerra Civil, o todavía queda un camino por recorrer?

Stanley G. Payne

40 Preguntas fundamentales sobre la Guerra Civil

ePub r1.3

JeSsE 23.09.15

Título original: 40 Fundamental Questions about the Civil War

Stanley George Payne, 2006

Traducción: Mª Pilar López Pérez

Retoque de portada: Titivillus

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.0

Prefacio

HOY en día existen numerosos libros —y en todos los idiomas— acerca de la Guerra Civil española, por lo que otra narración descriptiva de los hechos del conflicto es innecesaria. El objetivo de esta obra es diferente: intenta abordar la Guerra Civil desde un punto de vista analítico, centrándose en sus problemas. No es el resultado de nuevas indagaciones específicas, sino que hace uso de los mejores y más novedosos trabajos de otros investigadores, dándoles un tratamiento más focalizado y didáctico. Por ello, su intención es lograr una perspectiva más clara y, hasta cierto punto, una reevaluación histórica, situando el conflicto bélico en un contexto más amplio y superando así la perspectiva relativamente simple de muchas de esas obras.

Cada una de las preguntas va acompañada, al final del libro, de una breve bibliografía del material publicado en español, integrado sobre todo por los libros más destacados. Sólo cuando su capital importancia así lo ha aconsejado, se han incluido artículos y trabajos en otros idiomas.

Madison, Wisconsin.

1
¿POR QUÉ FUE ESPAÑA UNA «CUNA DE GUERRAS CIVILES» ENTRE 1820 Y 1936?

LOS más grandes enfrentamientos civiles han sido mucho más frecuentes en España que en ningún otro país del occidente europeo. El primer pronunciamiento liberal que culminó con éxito dio lugar a una guerra a pequeña escala en 1822-23, cuyo resultado decidió la intervención militar francesa; y una década más tarde, la plena transición hacia el liberalismo desembocó en la primera guerra carlista de 1833-40, a la que siguió otra más breve en 1873-76. Pero además de estas dos grandes guerras del siglo XIX, existió en 1873 una suerte de guerra civil en el seno de la izquierda, fomentada por los republicanos federales, así como muchos otros conflictos de este tipo.

Sin embargo, el caso español, comparado con otros países, no fue quizá tan diferente en su tipología como en su gradación. Las guerras civiles constituyen un rasgo propio del Estado moderno, cuyo carácter las distingue de las contiendas habituales en las sociedades tradicionales que, a menudo, derivaban de conflictos dinásticos o de luchas por la sucesión en el poder. Normalmente, en las sociedades premodernas, tales asuntos se resolvían en cuestión de meses, casi siempre tras una única batalla, pues, con apenas excepciones, tanto la capacidad de movilización como los objetivos sustentados de modo generalizado que permitían combatir durante años brillaban por su ausencia.

En España, las únicas guerras civiles anteriores a la época moderna que se dilataron a lo largo de los años fueron la gran guerra de Castilla, bajo el reinado de Pedro el Cruel, y la larga guerra catalana que tuvo lugar casi un siglo después. Ambas (y en especial el caso catalán), a diferencia de la mayoría de las que tuvieron lugar durante la Edad Media, supusieron algo más que la habitual lucha por el poder político, al incluir también cuestiones sociales más amplias.

La taxonomía de las guerras civiles en la era moderna incluye: 1) las guerras de religión; 2) las guerras de secesión o de liberación nacional; 3) las guerras producto de una revolución política o de una revolución social general, unas categorías que, con frecuencia, se solapan. La revuelta de los Comuneros de Castilla en 1520-21 constituyó una especie de revolución política del siglo XVI, con ciertos aspectos propios de una lucha protonacionalista. Los conflictos religiosos que tuvieron lugar en el siglo XVI y en la primera mitad del XVII abrieron paso a la más extensa era de contiendas civiles en la historia moderna de Europa, un periodo generalmente conocido como de las «guerras de religión». No obstante, en estos conflictos subyacía, a menudo, algo más que la simple cuestión religiosa y solían estar asociados a importantes cambios políticos o a la afirmación de cierto prenacionalismo o afán por alcanzar la autonomía o la independencia. Los ochenta años de lucha de Holanda contra la Corona española de los Habsburgo, por ejemplo, pusieron de relieve una combinación de todos estos factores, convirtiéndose en una guerra de independencia y de cambio político siendo, al mismo tiempo, una especie de guerra civil en el seno de los Países Bajos. Casi dos siglos después ocurrió algo muy similar en el caso de las luchas independentistas de los países hispanoamericanos. Por su parte, la guerra que sostuvieron los Estados confederados de América y del Norte entre 1861 y 1865 fue casi absolutamente una guerra de secesión y de liberación nacional; rechazaron el cambio interno y basaron su propia Constitución en la de Estados Unidos, en la más amplia e intensa guerra de liberación nacional de los tiempos modernos.

Las guerras civiles revolucionarias del siglo XX también han tenido casi siempre un componente nacionalista y de liberación nacional, en ocasiones muy complejo y contradictorio. Por ejemplo, en España, el PNV y Esquerra Catalana pretendieron en principio servirse de la guerra de 1936 no con fines de revolución social, sino para alcanzar una autonomía nacional sumamente amplia que rayaba en la independencia y que, en más de una ocasión, supuso una absoluta traición tanto a los republicanos como a la causa revolucionaria.

Una guerra civil requiere una movilización continuada y un cierto grado de paridad de fuerzas; faltando éstas, no es posible que se den las condiciones para que se produzca un conflicto de este tipo. Casi nunca son los militares quienes la inician, pues cuando éstos intervienen, su monopolio del uso de la violencia les permite asumir el poder a través de un golpe de Estado o de un pronunciamiento. El conflicto del 36 fue excepcional porque lo inició un ejército que estaba, al igual que la sociedad española en general, profundamente dividido. Los rebeldes del 18 de julio no lograron hacerse con el control del país; sólo iniciaron una larga contienda civil.

La intervención extranjera ha desempeñado un importante papel en las modernas guerras civiles, tanto desestabilizando o destruyendo las formas de gobierno existentes como influyendo sobre el resultado de los conflictos. Fue esa intervención la que decidió de modo absoluto el resultado del enfrentamiento en el imperio de los Habsburgo en 1848-49, así como en la zona báltica y en Hungría en 1919 y tuvo el efecto de potenciar todavía más las contiendas en Vietnam en los años sesenta y en Afganistán después de 1979. En la guerra española de 1936, esta intervención fue extensa en ambos bandos, pero, como ocurrió en Vietnam y Afganistán, no determinó por sí misma y de manera directa el resultado del conflicto.

A finales del siglo XX se extendieron las diversas formas de guerra o lucha civil. A partir de los años sesenta estas contiendas se convirtieron en endémicas en ciertas zonas de Sudamérica y Asia y de manera especial en África, llegando a ser la forma habitual de conflicto violento a nivel mundial, conforme los rápidos cambios, la descolonización y la formación de nuevos Estados inestables daban lugar a un conflicto generalizado, y no sólo en las zonas más atrasadas del globo. En estas pugnas civiles más recientes subyacen, en casi todos los casos, conflictos derivados del subdesarrollo, aunque existen excepciones (Bosnia, por ejemplo).

A este respecto, el fenómeno más destacable fue la disolución, en general pacífica, de la Unión Soviética, facilitada por el hecho de que la URSS ya estaba estructurada alrededor de Estados nacionales que accedieron a continuar por caminos separados. Por supuesto, pudieron haber optado por enfrentarse por el reparto de los recursos económicos, pero esto sólo ocurrió en la antigua Yugoslavia. No obstante, pese a esta transición pacífica, la nueva Federación Rusa se ha visto envuelta en un largo conflicto destructivo para sofocar el movimiento independentista de Chechenia.

Incluso en el caso de Estados Unidos, que desempeñó un papel determinante en dos inmensas guerras mundiales, las guerras civiles supusieron retos históricos y militares todavía más graves. Las dos guerras más agotadoras, costosas y sangrientas sufridas por la república norteamericana fueron sus dos guerras intestinas, primero contra Inglaterra y después contra sí misma. La guerra civil americana de 1861 fue, en cuanto a bajas militares, proporcionalmente la más onerosa que haya experimentado cualquier país occidental en la época contemporánea. De hecho, los únicos países que durante los siglos XIX y XX se vieron libres de estas violentas luchas fueron el resto de los países anglófonos y la mayor parte de los Estados del norte de Europa, incluyendo Suiza.

España, mucho más que cualquier otro país del mundo, tuvo la desgracia de pasar la mayor parte del siglo XIX embarcada en un tipo de guerra u otro. Estas revueltas semipermanentes se debieron, sobre todo, al legado del imperio y a los constantes esfuerzos por introducir un liberalismo más avanzado. España fue el único país para el que el siglo XIX comenzó y concluyó con grandes conflictos internacionales: la Guerra de la Independencia contra Napoleón entre 1808 y 1814 y la Guerra de Cuba de 1895-98, y entre ambas, la guerra contra Marruecos de 1859, el conflicto naval en las costas de Sudamérica y una operación militar menor en Marruecos en 1894. Además, las contiendas coloniales españolas del siglo XIX fueron, con mucho, las más costosas en términos económicos que jamás haya sufrido un Estado europeo, culminando en el más absoluto fracaso.

En esos convulsos momentos, España se convirtió en la clásica tierra de guerras civiles, empezando con el conflicto limitado de 1822-23, al que siguieron la insurrección del campesinado catalán de 1827 (Guerra dels agraviats), la primera guerra carlista, un levantamiento carlista menor que tuvo lugar en Cataluña entre 1846 y 1849 (Guerra dels matiners), y la segunda guerra carlista, a los que hay que añadir la revuelta cantonalista republicana de 1873-74 y numerosos pronunciamientos civiles y militares de corta duración, muchos de los cuales conllevaron serios enfrentamientos armados, así como las campañas a gran escala emprendidas para sofocar los movimientos independentistas hispanoamericanos (que, en cierta manera, también pueden considerarse guerras civiles), primero en la década de 1815-25 y más tarde, en la Guerra de los Diez Años en Cuba (1868-78), a la que siguió la breve «Guerra Chiquita» (1879-80). Las dos principales campañas cubanas supusieron más de 100 000 muertes para el ejército español, pero la pérdida de vidas humanas, tanto en términos absolutos como proporcionales, fue incluso mayor en la primera guerra carlista. Aparte de España, Colombia fue el único país que sufrió tres guerras civiles en el siglo XIX, con una situación en cierto modo similar de liberalismo débil y fragmentado, conflictos religiosos y civiles, y profundas diferencias regionales.

¿Por qué España fue más proclive al estallido de guerras civiles durante el siglo XIX? El motivo principal fue el enfrentamiento entre liberales y tradicionalistas o carlistas, que, con frecuencia, se ha atribuido a la escasa fuerza y a las divisiones internas del liberalismo español decimonónico. Sin embargo, en esa época, el liberalismo era también débil en muchos otros países, sin que ello propiciara el inicio de guerras. Quizá resulte más pertinente indagar en las causas de la fortaleza del tradicionalismo carlista. El Antiguo Régimen hundía sus raíces en la España del siglo XIX con más profundidad que en ningún otro lugar de Europa Occidental, incluso más que en Portugal, un país económica y culturalmente menos desarrollado. Para responder de forma adecuada a esa pregunta hay que tener en cuenta que el País Vasco y Navarra contaban con unas estructuras provinciales específicas, mientras que Cataluña mantenía una identidad diferenciada, lo que proporcionaba a los tradicionalistas españoles una base más fuerte y organizada.

La primera guerra carlista de 1833-40 fue en especial costosa, ya que supuso una enorme movilización. De una población de unos trece millones de personas, el Gobierno liberal llegó a movilizar hasta medio millón de hombres, mientras que los carlistas —que no contaban con los recursos financieros del Estado ni con una base geográfica tan amplia— reclutaron un tercio de esa cantidad. La acción bélica del Gobierno fue despiadada, ejecutando prisioneros y sometiendo a sus familias a la represión, a lo que los carlistas respondieron en consonancia. El ejército regular perdió 66 000 soldados, cifra a la que se deben añadir otras pérdidas menores entre los milicianos (además de unas 2800 entre los voluntarios británicos), de modo que las bajas entre las fuerzas liberales ascendieron al menos a 80 000 víctimas, y a otras 50 000, si no más, las de los carlistas. En total, más del uno por ciento de la población murió en los combates y, aunque esta cifra sea muy inferior a la de la guerra de secesión americana, supera el porcentaje de bajas militares registrado en la de 1936-39. Por el contrario, y en consonancia con la mayor moderación del siglo XIX, el número de ejecuciones fue mucho menor. A estos costes sociales y económicos se suman las grandes pérdidas que sufrió España durante la Guerra de la Independencia y los demás conflictos acaecidos durante este periodo. Las guerras casi constantes deben, por tanto, considerarse como uno de los factores fundamentales del atraso español del siglo XIX. Estos enfrentamientos civiles, tan frecuentes, se debieron sobre todo a la peculiar combinación entre un liberalismo de base débil, los persistentes esfuerzos de algunas pequeñas élites modernizadoras por introducir formas liberales más avanzadas y la existencia de estructuras muy sólidas de cultura tradicional y otras propias del Antiguo Régimen en el País Vasco y Navarra.

En el siglo XX se extendió por Europa una nueva forma de guerra civil: el conflicto revolucionario/contrarrevolucionario entre las izquierdas y sus oponentes más moderados o de derechas. La guerra civil rusa de 1918-22 fue el primer paradigma de este tipo de pugnas, pero con anterioridad había tenido lugar la breve pero feroz guerra civil revolucionaria finlandesa del invierno de 1917-18. Puesto que Finlandia contaba ya con un régimen parlamentario democrático (de hecho, las primeras elecciones ganadas por socialistas tuvieron lugar allí en 1916), la revolución finlandesa fue la primera —anterior a la española de 1934— en la que una parte considerable de los socialistas se unió a los comunistas contra el régimen parlamentario. También se produjeron otros conflictos revolucionarios, que no pueden calificarse de guerras civiles, en países como Estonia, Lituania, Letonia y Hungría. Salvo en Rusia, vencieron los contrarrevolucionarios o «blancos», que en casi todos los casos contaban con algún tipo de apoyo extranjero, y así como el triunfo de los «rojos» en Rusia dio lugar al nacimiento del primer sistema totalitario del siglo XX, la victoria de los «blancos» en esos otros países condujo a la instauración o restauración de regímenes parlamentarios (aunque algunos, como en el caso de Lituania, fueron de corta duración).

La guerra civil revolucionaria reapareció en Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial y en Grecia al término de la misma; en China comenzó en 1927 y no se le puso fin hasta el triunfo de los comunistas en 1949, fecha en la que estaba teniendo lugar otro conflicto igualmente prolongado en Indochina. Más tarde surgieron versiones menores del mismo fenómeno en Hispanoamérica, sobre todo en Cuba y Nicaragua, mientras que en Chile no se llegó a una guerra civil, sino a un proceso revolucionario estrangulado por un golpe militar. En todas estas contiendas vencieron los comunistas, excepción hecha del caso griego, cuyo resultado decidió en parte la intervención extranjera.

La española de 1936-39 fue, con diferencia, la más singular de las guerras civiles revolucionarias del siglo XX. Casi todos los demás conflictos, salvo en Hispanoamérica, tuvieron como catalizador una guerra internacional, mientras que, en España, los motivos del enfrentamiento fueron casi en exclusiva de orden interno, pese a estar influenciados y condicionados por cuanto acontecía en el exterior. En otros países los comunistas hicieron suya la causa revolucionaria, pero en España tuvieron al principio poco peso, ya que la izquierda estaba compuesta por una alianza sorprendentemente plural y marcada por los conflictos internos entre grupos semimoderados y ultrarrevolucionarios y, al fin, en 1939, entre comunistas y anticomunistas. Mientras que en Europa del Este se habían instaurado regímenes parlamentarios tras la victoria contrarrevolucionaria, en España fue una dictadura militar, empeñada en establecer un sistema autoritario de partido único, quien abanderó esa causa, y al tiempo que los movimientos contrarrevolucionarios europeos, en general, estuvieron influidos por la expansión del liberalismo después de 1918 y de la democracia después de 1945, en España el movimiento contrarrevolucionario se desarrolló durante la llamada «era del fascismo», con unos valores y objetivos muy distintos.

Si durante el siglo XIX la causa más influyente en el estallido de conflictos civiles fue una especial combinación de problemas estructurales, durante los años treinta del siglo XX fueron más importantes los factores de tipo coyuntural y político. La década de 1930 constituyó el punto culminante de la «larga generación» de guerra mundial e intenso conflicto sociopolítico que se extendió entre 1914 y 1945. Éste fue el periodo de más intensa lucha interna y externa de la Historia contemporánea, provocado por el clímax del nacionalismo y el imperialismo europeos y por los masivos enfrentamientos sociales por cuestiones como la modernización, la democracia y la igualdad. Estos años de depresión no fueron propicios para nuevos experimentos democráticos; por el contrario, fomentaron las soluciones drásticas. En gran parte de Europa se crearon unas condiciones ventajosas para la derecha autoritaria o el fascismo y tal influencia se dejó sentir en España a partir de 1933, llegando a ser uno de los principales factores que determinaron las preferencias de izquierdas y derechas. Con todo, resulta difícil demostrar que la coyuntura histórica, por sí misma, determinara el curso de los acontecimientos. Durante mucho tiempo, España fue relativamente inmune a algunas de las más importantes influencias del gran conflicto europeo, tales como el intenso nacionalismo (salvo en casos periféricos) e imperialismo, al tiempo que el genuino fascismo siguió siendo débil hasta la misma víspera de la Guerra Civil. Lo que es más: la influencia de la depresión fue menor que en otros países, y hacia 1935 una gran parte de la economía española estaba experimentando una recuperación que, en proporción, superaba a la de Francia o Estados Unidos.

No obstante, la coyuntura ejerció un poderoso efecto a través del impacto radicalizador de los avances clave que se producían en el extranjero, tanto en términos de miedos como de esperanzas. La izquierda se sentía cada vez más atraída por el espejismo de la revolución, en parte tal y como venía representada por la revolución bolchevique y la Unión Soviética, y aunque los anarquistas marchaban a su propio ritmo, los socialistas y otros grupos marxistas se sentían más próximos al ideal leninista (aunque no siempre les convenciera) y, al mismo tiempo, estaban lo bastante alejados de la macabra realidad soviética como para no acabar desencantados. Tanto o más importante fue la repugnancia que sentía la izquierda ante las victorias del fascismo y la derecha autoritaria en Centroeuropa durante 1933 y 1934, que tuvo un fuerte y negativo efecto demostración y contribuyó en gran medida a la polarización en España. Entre las derechas, por su parte, el clima internacional de 1930 estimuló el corporativismo católico, que la mayor parte de la derecha moderada adoptó como alternativa a la democracia parlamentaria.

Tan esencial como las influencias coyunturales fue el papel de los dirigentes, así como otros factores específicamente políticos, que se tratarán en las secciones siguientes. Si las intensas influencias estructurales habían alentado las guerras civiles durante más de medio siglo entre 1820 y 1875, los conflictos civiles del siglo XX no fueron tanto la consecuencia de la estructura como de las contingencias políticas.

2
¿QUIÉNES RECHAZARON UNA REPÚBLICA CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICA?

AUNQUE técnicamente la alianza republicana no ganó las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y nunca hubo un plebiscito o referéndum que legitimase la República resultante, la legitimidad del régimen nacido el 14 de abril de 1931 tuvo una amplia aceptación en España. La alianza republicana había fracasado en su intento de llevar a cabo un pronunciamiento militar en diciembre de 1930, pero reclamó su victoria en las elecciones municipales porque obtuvo importantes mayorías en las ciudades más grandes, donde la movilización era más intensa. Alfonso XIII optó por no cuestionar el resultado obtenido por los republicanos y la opinión pública española, en su gran mayoría, aceptó la base legal de lo que, abrumadoramente, se entendió como una república democrática.

En retrospectiva, puede decirse que una reforma democrática de la monarquía parlamentaria hubiese proporcionado unos fundamentos más sólidos a este nuevo sistema democrático que el salto al vacío representado por el nuevo régimen, pero la República mantuvo una relativa continuidad con las estructuras legales y las instituciones monárquicas, excepción hecha de la fundamental separación entre Iglesia y Estado. Durante los primeros meses, el nuevo régimen sólo encontró oposición entre unas exiguas minorías de monárquicos y comunistas, en la extrema derecha y la extrema izquierda. Incluso los anarcosindicalistas revolucionarios de la CNT reconsideraron al principio su disconformidad con el nuevo régimen, cuya implantación sin derramamiento de sangre se consideró un ejemplo de la nueva madurez cívica española, que ponía fin de manera definitiva al anterior periodo de guerras civiles.

Entre 1931 y 1932, la inmensa mayoría de la sociedad política española quedaba definida a través de cinco grandes sectores políticos: el centro, la izquierda moderada, la derecha moderada, la extrema izquierda y la derecha radical. El centro acogía a los republicanos demócratas y liberales, representados sobre todo, aunque no en exclusiva, por el Partido Republicano Radical, liderado por el veterano Alejandro Lerroux. Otras grandes figuras del centro fueron Niceto Alcalá-Zamora (que llegó a ser presidente de la República) y Miguel Maura, ambos católicos practicantes, al frente de pequeños partidos independientes. El centro era el único gran sector político para el que la democracia y la República constituían fines en sí mismas; entendían la democracia sobre todo en términos de práctica democrática y de respeto a las «reglas del juego», como un sistema jurídico constitucional y no como un sistema de objetivos reformistas radicales, sociales o culturales.

La izquierda moderada estaba en su mayoría compuesta por los «republicanos de izquierda», también llamados la «izquierda burguesa», y acogía a diferentes partidos, entre los cuales Izquierda Republicana, liderado por Manuel Azaña, llegó a ser el más importante. La izquierda moderada se diferenciaba del centro sobre todo por su insistencia en que la República debía consistir en una serie de radicales reformas culturales e institucionales, reformas que, más que el imperio de la ley, representaban la «esencia» de la República.

La extrema izquierda, o izquierda revolucionaria, estuvo al principio liderada por la CNT, que no optó por la revolución directa y violenta hasta finales de 1931, pero también incluía al exiguo Partido Comunista de España (PCE) y a otros partidos comunistas menores.

A caballo entre la izquierda moderada y la revolucionaria se encontraba el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que llegó a formar parte de la coalición gobernante inicial junto con los republicanos de izquierdas y los centristas. Para los socialistas, la democracia republicana no constituía un objetivo en sí misma, sino que venía a ser un escalón para alcanzar una economía y una república socialistas. En 1931, el PSOE se alineó junto a la izquierda moderada, asumiendo que la democracia política produciría los resultados deseados, aunque no contasen con ninguna alternativa definida por si tal cosa no llegaba a ocurrir.

A finales de 1932, la derecha moderada estaba compuesta por el primer gran partido político católico en la historia de España, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Pese a que el ala izquierda de la CEDA se definía como demócrata-cristiana en sus valores y orientación, este partido no fue, en general, un partido demócrata-cristiano, ya que pretendía transformar el régimen político en un sistema de corporativismo católico similar a los que venían organizándose en Portugal o Austria. No obstante, por su compromiso con la legalidad y su rechazo de la violencia, la CEDA representó con firmeza las tesis de la derecha moderada.

La derecha radical estaba, al principio, compuesta por unas minorías monárquicas apenas relevantes. Los alfonsinos, partidarios del depuesto rey acabaron organizándose en el partido Renovación Española, que rechazaba los principios de la monarquía parlamentaria a favor de la instauración, y no la mera restauración, de un régimen monárquico corporativista, autoritario y católico, de corte «neotradicionalista». (Este grupo llegó a ser el primer precursor del subsiguiente régimen franquista). Los monárquicos tradicionalistas originales, o carlistas, se vieron reforzados por el ataque republicano al catolicismo, pero, pese a continuar activos, apenas contaban con apoyos fuera de Navarra.

Los primeros grupos que rechazaron el nuevo régimen haciendo uso de la violencia y la insurrección fueron los anarcosindicalistas y los comunistas. La debilidad de estos últimos entorpecía sus proyectos, pero los activistas de la FAI-CNT emprendieron tres insurrecciones revolucionarias diferentes en enero de 1932 y en enero y diciembre de 1933. Cada una se extendió por media docena de provincias y ni su falta de organización ni sus nulas posibilidades de éxito fueron obstáculo para que en ellas perdieran la vida más de 200 personas.

También algunos pequeños sectores de la derecha radical organizaron una revuelta militar, encabezada por el eminente general José Sanjurjo, que estalló el 10 de agosto de 1932. La conocida como «Sanjurjada» fue ignorada por la mayor parte del ejército y sólo durante una horas tuvo algo de éxito en Sevilla. Diez personas murieron en este golpe fracasado. Durante los tres primeros años de la República, por lo tanto, los enemigos extremos de este sistema de gobierno apenas gozaron de apoyos. Los cuatro intentos de sublevación —tres por parte de la extrema izquierda y uno por la extrema derecha— nunca llegaron a suponer una seria amenaza para el nuevo régimen.

Conforme el Gobierno republicano llevaba a cabo una serie de importantes reformas entre 1931 y 1933, la coalición gobernante se fue debilitando poco a poco. Primero la abandonó la mayor parte de los centristas, alegando la incompatibilidad de los socialistas con un republicanismo constitucionalmente basado en la democracia y la propiedad privada. Al final, en septiembre de 1933, se quebró la alianza entre los republicanos de izquierda y los socialistas, dando pie a la celebración de nuevas elecciones ese mismo año.

En estos comicios, los socialistas se negaron a aliarse con los republicanos de izquierda y ya la opinión pública había comenzado a reaccionar de una manera negativa a los resultados del reformismo republicano, sobre todo en lo que atañía a su denegación de plenos derechos civiles tanto a los católicos como a la Iglesia. En las nuevas elecciones, la CEDA obtuvo una pluralidad, si no una mayoría de los votos, convirtiéndose en el mayor partido en las Cortes, seguidos por los radicales. El resultado de estas segundas elecciones fue casi diametralmente opuesto al de las primeras de 1931.

Los líderes de los republicanos de izquierda y los socialistas respondieron exigiendo al presidente Alcalá-Zamora que cancelase los resultados del sufragio y les permitiera modificar la ley electoral, de manera que, en la nueva consulta, quedase garantizado el triunfo electoral de la izquierda. No alegaron la ilegalidad de las votaciones; tan sólo objetaron que la derecha había ganado. Rechazaron el principio básico de que la democracia constitucional depende de las reglas del juego y del imperio de la ley, lo que en algunas ocasiones se ha denominado «reglas fijas y resultados inciertos», e insistieron en garantizarse un resultado —el poder para sí mismos— que sólo podía alcanzarse manipulando las leyes sin cesar.

Mientras la CEDA había aceptado unas leyes electorales elaboradas por sus oponentes izquierdistas, la izquierda moderada afirmaba que no se podía permitir que el partido católico ganase las elecciones —incluso aplicando las leyes de la izquierda— debido a que la CEDA se proponía introducir ciertos cambios básicos en el sistema republicano. La propia izquierda acababa de cambiar de un modo fundamental el sistema español, mientras los socialistas se proponían ir mucho más allá, introduciendo el socialismo pleno, y pese a ello los partidos de izquierda sostuvieron que la derecha moderada no tenía derecho a ganar unas elecciones e implantar sus propios cambios. La izquierda insistía en que la República no era un sistema democrático igual para todos, sino un régimen especial, identificado con la izquierda moderada y no con los deseos, expresados en las urnas, de la mayoría de la sociedad española, los cuales, dependiendo de su contenido político, podían ignorarse.

No resulta sorprendente que el presidente Alcalá-Zamora rechazase cuatro solicitudes diferentes, procedentes de la izquierda moderada, para cancelar los resultados electorales y cambiar las leyes ex post facto. Al menos en 1933, insistía en las reglas fijas y los resultados inciertos. Por otra parte, el hecho de que la izquierda moderada, en gran parte responsable de las leyes y reformas de la República, desdeñase la democracia electoral en cuanto perdieron las elecciones significaba que las perspectivas de que el nuevo régimen llegase a ser una democracia eran extremadamente limitadas. En principio, no fue posible que la democracia dependiera del centro y quizá, de la derecha moderada, ya que, aunque esta última aceptó la legalidad, su objetivo final no era el mantenimiento de la República democrática, sino su conversión en un tipo de régimen diferente y resultaba muy improbable que los demócratas liberales de centro, que apenas contaban con el 20 por ciento del voto popular, pudieran mantener un régimen democrático por sí mismos.

No obstante, bastantes sistemas políticos modernos han dado sus primeros pasos en un clima de incertidumbre, de modo que el final del año 1933 no sentenció la República, pues pudieron haberse producido varios avances positivos: el centro pudo haber crecido o haberse fortalecido y la derecha moderada se pudo haber desplazado hacia el centro o la izquierda moderada llegando a ser más democrática, aceptando la igualdad de derechos para todos.

Desafortunadamente, no ocurrió nada de esto: el centro se empequeñeció y debilitó, la derecha moderada no se inclinó de manera decisiva hacia el centro y la izquierda moderada se volvió más excluyente, insistiendo en una República sólo de izquierdas, al tiempo que una gran parte del movimiento socialista abrazaba la revolución violenta.

3
¿FUE LA INSURRECCIÓN SOCIALISTA DE 1934 EL PRIMER ACTO DE LA GUERRA CIVIL?

DURANTE el primer bienio republicano, los socialistas constituyeron la mayor fuerza dentro de la izquierda moderada. Aunque nunca modificaron su doctrina marxista ni renunciaron de manera oficial a la revolución a favor de la democracia, en la práctica seguían una política de facto de reformismo democrático que parecía asumir que la democracia parlamentaria conduciría al socialismo, postura a la que el propio Friedrich Engels se había acercado mucho a finales del siglo XIX.

La actitud de gran parte de la cúpula y las bases socialistas comenzó a cambiar en el verano de 1933, algo en lo que tuvieron mucho que ver tanto la brusca conclusión del primer gobierno de Azaña (que incrementó la tensión en las relaciones con los republicanos de izquierdas), como la idea de que el reformismo republicano estaba dando sus últimos coletazos. El discurso que Largo Caballero pronunció en la escuela de verano de las Juventudes Socialistas en agosto de 1933, en el que afirmaba la necesidad esencial de recurrir a la revolución violenta, se considera el primer indicio de un posible cambio de política. La presión que los republicanos centristas (y algunos de izquierda) ejercieron aquel verano sobre los socialistas para que abandonasen el Gobierno estimuló esta reorientación. Sin embargo, el factor crucial fue, en esencia, el resultado de las elecciones de 1933, que demostró que la izquierda no era capaz de controlar el Gobierno republicano mediante métodos democráticos y parlamentarios. Para los socialistas la cuestión principal no era la democracia parlamentaria o la revolución per se, sino una simple cuestión de poder.

Tras la disolución final del gobierno de Azaña se originó en el movimiento socialista una poderosa corriente de rechazo hacia cualquier colaboración posterior con los políticos «burgueses», incluso con los republicanos de izquierda, una tendencia que se vio alentada aún más por acontecimientos extranjeros, como el sometimiento de uno de los más fuertes partidos socialistas europeos por parte del autoritario Gobierno Dollfuss en Austria, al que siguió la fallida insurrección socialista de febrero de 1934.

Este giro hacia la violencia se puso de manifiesto durante el otoño de 1933, cuando los socialistas se lanzaron a una serie de ataques letales a los derechistas durante la campaña electoral. Su principal objetivo durante los siguientes meses fueron los miembros de la nueva organización fascista Falange Española. Paradójicamente, fue Julián Besteiro (profesor de filosofía y principal estudioso del marxismo entre los socialistas) quien con más franqueza se opuso a la revolución violenta. Besteiro, que también lideraba la Comisión Ejecutiva de la UGT, advirtió que España no era Rusia, que una revolución en España habría de ser violenta en extremo, siendo probable que fracasase, y que la «dictadura del proletariado» que invocaban los revolucionarios resultaba un concepto anticuado.

Sin embargo, en enero de 1934 Largo Caballero, líder de los revolucionarios, sustituyó a Besteiro al frente de la UGT, que, junto a las juventudes Socialistas, constituiría de ahí en adelante la base del radicalismo socialista. Se creó un Comité Revolucionario y se preparó un programa reclamando la nacionalización de la tierra (aunque no de la industria) y la disolución de todas las órdenes religiosas, así como del Ejército y la Guardia Civil, y exigiendo que unas nuevas Cortes, elegidas democráticamente, ratificasen todos estos cambios una vez que los revolucionarios se hubiesen hecho con el poder. Este último punto ponía de manifiesto la naturaleza contradictoria de su política, ya que no podía esperarse que un verdadero Parlamento democrático ratificase la toma del poder por parte de los socialistas.

Tal y como se afirmaba en las instrucciones del Comité, la insurrección debía tener «todos los caracteres de una guerra civil» y su éxito dependería de «la extensión que alcance y la violencia con que se produzca»[1], aunque no existe indicio de ningún plan para ejecuciones políticas. El mapa de Madrid se organizó en barrios, en los que se señalaron los puntos clave, y se redactaron listas de personas a las que había que arrestar. El Comité Revolucionario planeaba servirse de millares de milicianos, con la complicidad de ciertos guardias de asalto y guardias civiles, cuyos uniformes serían utilizados por algunos de los insurrectos. Empleó un manual escrito por el mariscal Tujachevski y otros oficiales del Ejército Rojo bajo el seudónimo de «A. Neuberg» y titulado La insurrección armada, publicado en español y en otros idiomas en 1932 como parte de la ofensiva revolucionaria del «Tercer Periodo» de la Komintern.

En 1933 y 1934, la actividad huelguística alcanzó cifras hasta entonces desconocidas, aunque los socialistas todavía dudaban si desencadenar su insurrección; al final decidieron utilizarla en parte como un mecanismo de defensa para evitar que la CEDA entrase a formar parte del Gobierno republicano, algo a lo que, sin duda, tenía todo el derecho. Mientras tanto, en 1934, los socialistas se unieron a la revolucionaria Alianza Obrera, una coalición imprecisa de todos los partidos obreros de izquierda, salvo la CNT, llegando a ser su principal fuerza política.

El rígido control en el acceso al Gobierno republicano ejercido por el presidente Alcalá-Zamora (que también desconfiaba de la CEDA) les sirvió de acicate. Aunque hizo caso omiso a todas las peticiones de cancelación de los resultados electorales de 1933, Alcalá-Zamora también se negó a respetar la composición del nuevo Parlamento, insistiendo en nombrar un Gobierno minoritario de radicales centristas al que, al principio, apoyarían con sus votos los líderes de la CEDA.

Mientras tanto, entre abril y julio de 1934, Azaña y otros líderes republicanos de izquierda se aventuraron en una serie de turbias maniobras, insistiendo en la «hiperlegitimidad» de un Gobierno izquierdista aunque éste no había sido el resultado de los recientes comicios. Con ello pretendían alentar, si no obligar, al presidente Alcalá-Zamora a que nombrase una nueva coalición minoritaria de gobierno procedente de la izquierda moderada (pese a su carencia de votos), que convocaría unas nuevas elecciones lo antes posible.

Si Alcalá-Zamora se negaba, la alternativa sería forzar la mano del presidente con una suerte de «pronunciamiento civil». Lo que Azaña parecía tener en mente a finales de junio era una entente entre los republicanos de izquierda, Esquerra Catalana y los socialistas, con la que formar un Gobierno alternativo de la izquierda moderada en Barcelona, el cual, apoyado por una huelga socialista, general y pacífica, convencería al presidente de que se les debía permitir asumir el poder. El primero de julio, Azaña proclamó que «Cataluña es el único poder republicano que hay en pie en la Península» (una afirmación totalmente absurda y alejada de la realidad) para continuar diciendo que la situación en que se hallaba el país era idéntica a la que había existido antes del colapso de la Monarquía (otra afirmación ridícula) e invocar el pronunciamiento militar republicano de 1930 declarando que «unas gotas de sangre generosa regaron el suelo de la República y la República fructificó. Antes que la República convertida en sayones del fascismo o del monarquismo… preferimos cualquier catástrofe, aunque nos toque perder»[2]. Aunque esto pudiera sonar a llamamiento a la guerra civil, se trataba con toda probabilidad de una de las hipérboles típicas de Azaña refiriéndose a un «pronunciamiento civil», algo imposible de llevar a la práctica porque los socialistas se negaron a tomar parte en el mismo.

Si Alcalá-Zamora impedía que la izquierda moderada formase un Gobierno extraparlamentario, ésta esperaba que, como mínimo, continuara obstaculizando la participación de la CEDA en el Gobierno. Sin embargo, cuando antes de la reapertura de las Cortes, el 1 de octubre, Gil Robles anunció que su partido exigiría, cuando menos, algunos puestos en un Gobierno de coalición mayoritario, el presidente de la República sólo podría haberse negado pagando el precio de unas nuevas elecciones, algo absolutamente injustificado.

Así, la entrada de tres cedistas en un Gobierno de coalición de centro-derecha, dominado por Alejandro Lerroux y los radicales, se convirtió en la excusa para que, el 4 de octubre, se pusiera en marcha la insurrección de la Alianza Obrera y Esquerra Catalana. El argumento esgrimido por la izquierda era que tanto Mussolini como Hitler también habían alcanzado el poder de forma legal, contando con una pequeña representación en un Gobierno de coalición. Semejante base lógica dependía de la consideración de la CEDA como «fascista», pese a que el nuevo partido católico había observado la legalidad con todo cuidado y, al contrario que los socialistas, había evitado cualquier acto violento o acción directa. De hecho, como señaló Besteiro, el PSOE presentaba en ese momento más rasgos propios de una organización fascista que la CEDA. Los insurrectos también asumieron que abandonar el Gobierno parlamentario era en interés de España —o al menos de la izquierda— pese a que tal proposición resultaba muy dudosa.

A pesar de que el levantamiento se intentó al menos en quince provincias, sólo alcanzó el éxito en Asturias, donde los revolucionarios se hicieron con el control de la cuenca minera y de gran parte de Oviedo. Desde el Protectorado de Marruecos y otros lugares se enviaron a la zona destacamentos del ejército, lo que dio pie a más de dos semanas de combates antes de que la revuelta quedara finalmente sofocada. Los revolucionarios perpetraron atrocidades a gran escala, acabando con la vida de 40 sacerdotes y civiles derechistas, generalizando la destrucción y los incendios provocados y saqueando al menos quince millones de pesetas de los bancos, la mayor parte de los cuales nunca se recuperó. Por su parte, los militares encargados de poner fin a la insurrección llevaron a cabo entre 19 y 50 ejecuciones sumarias. En conjunto, murieron unas 1500 personas, revolucionarios en su mayor parte, se arrestó a alrededor de 15 000 y, durante las primeras semanas que siguieron a la revuelta, se produjeron casos de maltrato a prisioneros que incluyeron palizas y torturas.

Los efectos de la insurrección de octubre resultaron ser mucho más intensos y traumáticos que los de las anteriores sublevaciones anarquistas o los de la Sanjurjada, ya que, en Asturias, los revolucionarios se hicieron con el control de la mayor parte de la provincia, necesitándose una verdadera campaña militar para derrotarlos. La polarización política se intensificó más que nunca y muchos historiadores se han referido a ella como «el preludio de» o «la primera batalla» de la Guerra Civil. Gabriel Jackson escribiría unos treinta años más tarde: «De hecho, cada forma de fanatismo que iba a caracterizar a la Guerra Civil estuvo presente durante la revolución de octubre y sus secuelas; la revolución utópica echada a perder por el esporádico terror rojo; la sistemática y sangrienta represión de las “fuerzas del orden”, la confusión y desmoralización de la izquierda moderada; la fanática venganza por parte de la derecha»[3].

Sus efectos traumáticos son indudables, pero ¿en realidad fue la revolución de octubre el comienzo de la Guerra Civil? Mientras la planeaban, los socialistas la reconocieron como una forma de guerra civil, pero acabó en una derrota total, mientras que la República quedó intacta. Desde luego, la insurrección fue el preludio de una verdadera guerra civil, pero careció de la fuerza necesaria para hacer estallar el gran conflicto. Incrementó en gran medida la polarización, pero siguió existiendo una posibilidad de sobreponerse a ella. No era inevitable que se produjera otra insurrección (de izquierdas o de derechas), pero para evitarla hubiera sido necesario que los líderes políticos del país aprovecharan las oportunidades que todavía les quedaban, lo que dependía de cómo las fuerzas centristas y de la derecha y la izquierda moderadas hicieran uso de ellas durante los dos años siguientes. La intensidad y alcance de la insurrección fueron advertencias, pero no el inevitable origen de la Guerra Civil.

4
¿FUE DESPIADADA Y FEROZ LA REPRESIÓN EN ASTURIAS?

DESPUÉS de octubre de 1934, España se llenó de historias de atrocidades procedentes de la izquierda y la derecha, un discurso apocalíptico que intensificó la polarización y provocó respuestas extremas. La propaganda acerca de lo ocurrido en Asturias y su posterior represión desempeñaron un importante papel en el estallido de la Guerra Civil. Si la otra parte era tan violenta, inhumana y destructiva como sostenía este discurso, sólo las medidas más enérgicas hubieran servido de algo.

La derecha hizo hincapié en la violencia de los revolucionarios, la considerable destrucción y saqueo de propiedades y el asesinato de sacerdotes y civiles, mientras que la izquierda destacaba el brutal comportamiento de las tropas en la cuenca minera, las ejecuciones sumarias y el maltrato cruel y continuado sufrido por algunos de los prisioneros. Algo de cierto había en ambas aseveraciones, aunque también algo de exageración. Parece que en Cataluña y en gran parte del país los términos de la represión fueron bastante moderados, pero durante los primeros meses, la jurisdicción de la Guardia Civil en Asturias (donde el brutal comandante Lisardo Doval estuvo a cargo de las investigaciones) constituyó una ley en sí misma. Los apaleamientos y las torturas eran habituales y un periodista que investigaba estos hechos resultó muerto a manos de un oficial del Tercio.

La continua censura aplicada bajo la ley marcial hacía que los informes independientes fueran casi imposibles, de manera que una comisión especial compuesta por socialistas y republicanos de izquierda decidió llevar a cabo su propia investigación. Que tal comisión, integrada por algunos de los cómplices de la insurrección, pudiera funcionar indica cuán limitados fueron los términos de la represión. En su informe se descartaron las historias de atrocidades más extremas por ambas partes, pero se presentaron pruebas de la existencia de palizas continuadas y torturas en Asturias. El 7 de diciembre de 1934, Lerroux dio un nuevo destino al infame comandante Doval, pero ni aun así se moderó completamente la práctica policial en Asturias. En enero de 1935, 564 prisioneros firmaron una carta colectiva de protesta por las torturas sufridas en la cárcel de Oviedo, a la que siguió otra similar, enviada al presidente Alcalá-Zamora, en la que se incluían las firmas de personalidades políticamente moderadas como Unamuno y Valle-Inclán. En ese momento, las protestas habían alcanzado una dimensión internacional, lo que suponía una era de depresión equivalente a la campaña Ferrer de 1909; las izquierdas de todo Occidente se hacían caso y la Komintern invirtió considerables recursos. La insurrección había captado la imaginación de la izquierda europea y gozaba de una gran publicidad en el extranjero, tanta que incluso el joven Albert Camus escribió un drama titulado Révolte dans les Asturies.

Conforme a la ley marcial, se sentenció a la pena de muerte a un gran número de líderes y activistas revolucionarios, pero sólo dos llegaron a aplicarse, en ambos casos a individuos culpables de graves delitos. Pese a que la CEDA se esforzó por llevar a cabo una rigurosa política de represión, ésta se vio frustrada en gran medida por la activa intervención de Alcalá-Zamora, así como por la reticencia de Lerroux y los radicales a ir más allá. En 1935, el presidente sometió a los sucesivos gobiernos a una enérgica manipulación con el fin de atenuar cada vez más los términos de la represión, y la controversia acerca del alcance de ésta debilitó al Gobierno republicano, dividiendo al centro y a la derecha. A finales de ese año se puso fin a la ley marcial en gran parte de España, aunque no en todos los lugares, y después la censura fue desapareciendo de manera gradual.

Como resultado, la represión estuvo entre dos aguas. Fue lo bastante cruel como para enfurecer a la izquierda y proporcionarle su principal tema para los siguientes dieciséis meses, pero, en general, no se la reprimió de un modo definitivo. En poco más de un año, todos los insurrectos pudieron regresar a la vida política activa, oportunidad que aprovecharon para embarcarse en una violenta campaña de propaganda, así que, a finales de 1935, la represión no era sino una cuestión publicitaria.

Mejor hubiera sido que el Gobierno hubiese adoptado una política de firme conciliación con la izquierda, basada en principios estrictos, lo que hubiera supuesto una investigación oficial de los malos tratos acaecidos en Asturias en los primeros meses y en su caso, una política oficial de amnistía para todos los presos, excepción hecha de aquellos acusados de los delitos más violentos. Es dudoso que tal política hubiera podido lograr un éxito real a la hora de ganarse a la izquierda, pero hubiese sido más positiva que las medidas débiles e inciertas que se aplicaron, que ni reprimieron la revuelta con efectividad ni fueron conciliadoras.

De hecho, se puede afirmar que la represión, aunque en sus inicios fue severa en la cuenca minera, resultó ser demasiado limitada, poco efectiva, y no pudo ni defender de manera plena la norma constitucional ni castigar a quienes la habían atacado con tanta violencia. La represión republicana de 1934-35 no tuvo precedentes, en cuanto a su moderación, en la moderna historia de Europa Occidental. En los siglos XIX y XX, ningún Estado europeo liberal o semiliberal, atacado por una gran subversión revolucionaria, fue tan razonable. En 1871, la Tercera República francesa castigó a la Comuna de París con la máxima dureza, lo que arrojó como resultado miles de ejecuciones sumarias. La represión zarista de los revolucionarios rusos fue proporcionalmente más moderada que en Francia, pero, no obstante, severa, y conllevó más de 3000 ejecuciones. El Freikorps y los otros elementos encargados de contener los desórdenes revolucionarios alemanes de 1919-20 actuaron con una dureza muy superior a la de la República española e igual ocurrió en la democrática Estonia, en la que se llevaron a cabo numerosas ejecuciones tras el intento comunista de hacerse con el poder en diciembre de 1924. Al término de la Primera Guerra Mundial, la respuesta ante el maximalismo socialista y la revolución comunista en Italia y Hungría fue el inmediato aumento de las fuerzas autoritarias en nuevos regímenes que perpetuaron la represión.

En España, la República mantuvo un Gobierno democrático casi sin interrupciones. La derecha, en su mayoría, seguía acatando la Constitución, el apoyo al fascismo era mínimo y no aumentó, y pronto se recuperaron numerosas libertades civiles, a las que siguió su total restauración a finales de 1935. Comparado con otros países europeos, el liberalismo del centro-derecha español, pese a estar dividido, seguía siendo asombroso. Dado que parte de la izquierda se negaba a renunciar a sus tácticas revolucionarias, una represión más auténtica pudiera haber sido el único camino para salvar la República, como fue el caso de la República de Weimar en 1932-33. El fracaso a la hora de castigar de un modo significativo a los revolucionarios no supuso beneficio alguno para la democracia liberal en España, y pudo acelerar su muerte.

El argumento definitivo que la izquierda empleó para justificar la insurrección fue el peligro procedente de la derecha, a la que calificaba de criptofascista. Si tal hubiese sido el caso, la insurrección no habría hecho sino aumentar el peligro, porque durante el año siguiente predominaron la derecha y el centro. En esos momentos de vacío político para la izquierda, el sistema republicano no sólo sobrevivió, sino que pronto reinstauró la plena libertad. El hecho de que antes de la revuelta todos los líderes socialistas acordaran no ver sus nombres asociados a las proclamas revolucionarias para que, si no llegaba a buen puerto, pudieran negar su responsabilidad en ella, demuestra lo poco que creían en su propia propaganda. Es decir, incluso si se abortaba la insurrección y con ello se otorgaba mayor poder a la derecha, los líderes socialistas esperaban que la norma constitucional sobreviviera, lo que les permitiría escapar a un eventual procesamiento, como de hecho ocurrió.

El fiasco de la insurrección no hizo sino fortalecer a la derecha, pero la CEDA empequeñeció a las organizaciones monárquicas y fascistas, de manera que en lugar de virar hacia el «fascismo», como aseguraba la izquierda, los cedistas sólo se sirvieron de la debilidad de aquélla para imponer su propio programa legislativo, aunque las interferencias de Alcalá-Zamora lo interrumpieron, bloqueándolo en parte. En abril de 1935, el presidente destituyó al Gobierno de Lerroux y lo sustituyó por otro, débil y provisional. En ese punto, la CEDA, pese a no contar con una mayoría, reclamó el aumento de sus carteras ministeriales, de tres a cinco, lo que logró en mayo al organizarse la siguiente coalición liderada por Lerroux. Este Gobierno aprobó una legislación económica más conservadora, pero cuando dos de sus miembros dimitieron en septiembre, Alcalá-Zamora intervino una vez más para negar a Lerroux cualquier otra oportunidad de mantenerse en el poder, entregando la Presidencia al independiente centrista Joaquín Chapaprieta. Las reformas fiscales que éste introdujo le valieron la expulsión a principios de diciembre, mientras el Partido Radical quedaba devastado por ciertos escándalos financieros políticamente manipulados. Era lógico que, en ese estado de cosas, Gil Robles esperase llegar a encabezar un Gobierno dominado por la CEDA. En los sistemas parlamentarios se otorga al líder del partido mayoritario la oportunidad de formar Gobierno. En diciembre de 1935, el presidente Alcalá-Zamora se negó en redondo a seguir la praxis habitual en un Gobierno constitucional y parlamentario y, basándose en que la CEDA tenía una orientación demasiado derechista, hizo oídos sordos a la petición de Gil Robles. En su lugar, nombró presidente del Gobierno a uno de sus amigos, el anciano Manuel Portela Valladares, quien no tenía ningún apoyo en las Cortes y, apenas iniciado el año 1936, anunció la convocatoria de nuevas elecciones. El rechazo, tanto de la izquierda como del propio presidente, a permitir que funcionase un gobierno normal y parlamentario hizo que, en ese momento, el futuro de la República se viera muy comprometido. Es imposible ignorar los resultados electorales, el habitual procedimiento parlamentario y el imperio de la ley y, al mismo tiempo, pretender que se mantenga la democracia.

En la campaña subsiguiente, la izquierda calificó los dos años de gobierno de centro-derecha en 1934-35 como el «Bienio Negro», pero ¿en realidad fue tan «negro»? En primer lugar, debe hacerse una distinción entre el primer Gobierno de los radicales en 1934 y el posterior, más influenciado por la CEDA, en 1935. El Gobierno centrista de los radicales fue, posiblemente, el más justo que jamás conoció la República y el único que se aproximó a conceder un trato igualitario a todos los sectores sociales. No introdujo reformas, pero dejó de aplicar las existentes en el exclusivo beneficio de la izquierda. Por su parte, el Gobierno de 1935, más conservador, inclinó la legislación económica hacia la derecha de un modo considerable, modificando algunas de las anteriores reformas republicanas.

Como ya se ha explicado, los Gobiernos de centro-derecha no lograron llevar a cabo una represión verdaderamente rigurosa ni siguieron la lógica de su propia moderación de facto, preocupándose apenas por mediar con la izquierda o por animarla a unirse a un consenso constitucional. Esta contradicción surgía de las diferencias básicas entre el centro y la derecha. Mientras que el primero pudo, en su caso, haber intentado atraerse a la izquierda, la derecha estaba interesada, ante todo y al igual que los de izquierdas, por obtener un mayor poder y se negó a transigir. En realidad, la represión se gestionó con tanta ineptitud que terminó siendo contraproducente, pues sólo sirvió para estimular y unir todavía más a la izquierda e incluso para ganarle las simpatías de ciertos elementos de centro y, al no ponérsele fin, arrastró a sus redes a cierto número de anarcosindicalistas de base que no habían tomado parte en la sublevación. Puesto que la política oficial acabó en la rehabilitación de los grupos revolucionarios, hubiera sido mejor hacer de tal actitud una virtud positiva desde el principio. La incapacidad a la hora de adoptar una u otra política de manera eficaz, junto con la modificación derechista de algunas de las anteriores reformas, hizo que el Gobierno ofreciera una imagen de total hostilidad hacia las izquierdas, pese a ser incapaz o no estar dispuesto a castigarlas en consecuencia. El efecto de la política gubernativa, no obstante su relativa indulgencia, fue exacerbar la enemistad de la izquierda, que, a su vez, se negó de manera formal a repudiar la violencia revolucionaria de 1934. La izquierda era responsable de sus propias acciones y decisiones, pero los Gobiernos de centro-derecha lo fueron de su incapacidad para aplicar una política resuelta que avanzase con firmeza en una u otra dirección.

En su estrategia política, la CEDA fue paciente y moderada, pero tal estrategia estuvo muy mal planificada. Hubiera resultado más aconsejable insistir para que se mantuviese una adecuada práctica parlamentaria y una mayor representación en el Gobierno desde el comienzo de 1934, que someterse de modo constante a los caprichos del presidente. Tal retraso y moderación sólo les condujo a sufrir una serie de demoras, compromisos y frustraciones a manos de Alcalá-Zamora. Mientras tanto, los elementos cedistas más conservadores dominaron la política económica y, pese a su defensa de la legalidad, su movimiento juvenil sucumbió al vértigo del fascismo, adoptando un lenguaje y estilo semifascistas, aunque sin el ingrediente clave de la violencia, más propia de la izquierda. La CEDA fue también sumamente negligente al no otorgar prioridad a la reforma electoral, dado que el sistema imperante, tan poco proclive a la representación proporcional, era uno de los principales lastres del sistema republicano y, a la inversa, tampoco podía «declararse republicana», como le exigió Alcalá-Zamora, porque, en general, asociaba el «republicanismo» con un régimen izquierdista y sectario que negaba a los católicos sus plenos derechos civiles.

Con todo, fue el propio Alcalá-Zamora quien, en 1934-35, truncó la posibilidad de un Gobierno más efectivo. El presidente tenía el loable objetivo de defender un régimen democrático centrista y liberal, pero también una especie de complejo mesiánico, un ego inmenso que le llevó a pensar que tenía derecho a manipular todos los aspectos del gobierno tanto como quisiera. Siendo en puridad un político del Antiguo Régimen, su enfoque era fuertemente personalista, como lo fue durante la Monarquía, y nunca llegó a comprender que la democracia liberal dependía de una estricta práctica liberal y democrática, de una escrupulosa observancia de las reglas del juego. Sus constantes interferencias imposibilitaron el normal funcionamiento parlamentario y constitucional. Nada se ganó con esta persistente manipulación y con la sistemática denegación de poder a la CEDA. Incluso un Gobierno encabezado por Gil Robles (que podría haber introducido aspectos más conservadores y autoritarios) hubiera sido preferible al colapso absoluto al que se llegó tras las innecesarias, prematuras y contraproducentes elecciones de 1936. De hecho, una vez que Alcalá-Zamora rechazó un Gobierno más grande y constitucionalista en diciembre de 1935, la República nunca llegaría a conocer otro. El intento del presidente de colocarse por encima del normal procedimiento parlamentario no «centró la República», como era su deseo, sino que produjo el efecto contrario.

A finales de 1935, la decisión de Alcalá-Zamora de convocar nuevas elecciones resultó ser un desastre total. Desde octubre de 1934, el país vivía momentos de intensa polarización, de la que tales elecciones inmediatas y prematuras eran un reflejo. Sin duda, el presidente, como la mayoría de la gente, estaba lleno de buenas intenciones, pero las suyas eran de ese tipo con las que está empedrado el camino del infierno. La idea de que, en una República democrática, podía seguir controlando el resultado sirviéndose de un Gobierno no representativo formado por sus amigos, revelaba una espantosa carencia de juicio, así como una profunda falta de respeto por el sistema democrático que siempre había asegurado defender. Tanto Azaña como Alcalá-Zamora eran, en esencia, personalidades decimonónicas que no comprendieron el carácter de la democracia del siglo XX. Las elecciones prematuras sólo podían arrojar dos resultados: o bien ganaba la izquierda, posicionada con firmeza en el terreno de la insurrección, y procedía a llevar a cabo los objetivos de la misma (dando lugar a un régimen totalmente izquierdista o una guerra civil), o resultaba vencedora la derecha, que también adoptaría un régimen diferente.

En comparación, las Cortes elegidas en 1933 representaban un mayor equilibrio. La CEDA obtuvo mayor número de escaños, aunque no la mayoría, por lo que no podía gobernar sin el centro, lo que suponía una oportunidad mucho mejor de «centrar la República» que las más sesgadas de 1931 y 1936, tan inclinadas a la izquierda que en absoluto reflejaban la opinión nacional. Permitir la continuidad de las Cortes de 1933 durante los dos años que le restaban hubiera, al menos, concedido al país un plazo para que disminuyera la polarización e, incluso si esto no era posible, el resultado a largo plazo no hubiera sido en modo alguno peor que lo que sucedió en 1936. De hecho, las nuevas elecciones no fueron sino un plebiscito entre una izquierda y una derecha mutuamente excluyentes, seguidas por un avance hacia un régimen menos democrático, por no decir hacia el desastre total.

Sólo los partidos de centro deseaban en realidad rechazar a las fuerzas antidemocráticas y continuar por el sendero de la democracia constitucional. Por ello, un esfuerzo serio por ampliar el centro hubiera resultado de ayuda, pero, en su lugar, el presidente procedió a eliminar al Partido Radical, sometiendo al centro a su estrecho control personal y destruyéndolo en el proceso. Todos los líderes responsables, excepto el presidente, reconocieron la importancia de mantener una coalición de centro-derecha viable, de proseguir con la labor de gobierno y de evitar unas elecciones prematuras que pudieran desembocar en otro desplazamiento pendular. Si las elecciones se hubiesen pospuesto hasta noviembre de 1937, habría existido cuando menos una cierta esperanza de que la polarización disminuyese, el centro habría podido fortalecerse un poco y, mientras la economía continuaba mejorando, el aumento de la tensión internacional habría podido alentar la moderación interna, haciendo crecer el sentimiento de solidaridad nacional. En 1936, la concesión de una amnistía a al menos la mayoría de los 15 000 insurrectos que seguían presos (aunque improbable con la CEDA) habría eliminado gran parte del malestar y la amargura de la izquierda. En cualquier caso, una coalición liderada por los cedistas no habría sido peor remedio que lo que en realidad ocurrió y muy bien pudiera haber gobernado hasta 1937.

Los radicales fueron el único gran partido en apoyar la democracia liberal. Su misma falta de doctrina y su disposición a transigir los convirtieron en la quintaesencia de lo sospechoso a los ojos tanto de la derecha como de la izquierda, pese a ser el único gran grupo que siempre respetó la Constitución y las reglas democráticas, sin importar cuán injustamente fueran tratados por las otras fuerzas. Los nimios escándalos financieros que la izquierda y la derecha utilizaron como arma arrojadiza para desacreditarlos y dividirlos, y que condujeron al rápido declive del partido, fueron, en realidad, insignificantes (sobre todo comparándolos con la enorme corrupción que caracterizó a los Gobiernos socialistas de los años ochenta y noventa del pasado siglo). Las fuerzas izquierdistas y derechistas que tanto censuraron la «inmoralidad» de los radicales pronto darían pruebas de su propia moralidad política, lanzándose a un mutuo asesinato en masa, mientras que, comparado con el modo en que aquéllas gestionaron la propiedad y las finanzas, los pecadillos de los desventurados radicales más parecieron un inocente juego de niños.

5
¿FUERON VÁLIDAS Y AUTÉNTICAS LAS ELECCIONES DE 1936? ¿POR QUÉ GANÓ EL FRENTE POPULAR?

LAS elecciones de febrero de 1936 supusieron una especie de plebiscito, bien en apoyo de la insurrección de 1934 y de una República sólo de izquierdas, o a favor de la derecha y de cierta clase de nuevo régimen derechista. No fueron unas elecciones normales en una democracia establecida, sino un referéndum entre dos extremos en un sistema nuevo y no consolidado, sin que quedara claro cuán lejos llegaría la formación vencedora, ni quién las llegaría a ganar.

La ley no exigía la celebración de unas nuevas elecciones a Cortes hasta noviembre de 1937, pero el presidente Alcalá-Zamora, que había dominado la política nacional desde el verano del 33, las convocó apresuradamente. Como había decidido negar de manera permanente el acceso a la jefatura del Gobierno al partido mayoritario (la CEDA) y se había servido de dos pequeños escándalos para promover la destrucción interna del único gran partido de centro (los radicales), el presidente intentó hacerse cargo del centro republicano por sí mismo. En diciembre de 1935 nombró una nueva coalición especial, liderada por el centrista Manuel Portela Valladares, compuesta por figuras de escaso relieve y carentes de respaldo parlamentario. Cuando las otras fuerzas políticas se negaron a aceptar un Gobierno tan irregular, prefirió disolver las Cortes y programó unas nuevas elecciones que habrían de tener lugar un mes más tarde, el 16 de febrero de 1936.

El plan de Alcalá-Zamora era que Portela idease un nuevo partido de centro democrático, al que investiría con poderes gubernativos durante la campaña electoral. Se trataba, pues, de la «vieja política», con un componente de venganza que ponía de manifiesto la enorme ingenuidad del presidente en su intento de manipular el sistema político, ya que la sociedad española estaba demasiado movilizada y era demasiado consciente como para que tal argucia llegase a funcionar. Habiendo ayudado a socavar el antiguo centro radical, las posibilidades de Alcalá-Zamora y Portela de inventarse por arte de magia un nuevo centro eran nulas; éste ya no era una opción viable y en las elecciones de 1936 habría que decidir entre izquierdas y derechas.

Esto ocurrió sobre todo debido a la ley electoral republicana, muy desproporcionada, que otorgaba grandes mayorías a la lista ganadora en cada distrito electoral. Desde su derrota en 1933, Azaña y los republicanos de izquierda intentaron restaurar la antigua alianza con los socialistas, ésa que les había permitido controlar los asuntos de España entre 1931 y 1933. Tras el desastre de 1934, el sector prietista de los socialistas llegó a la misma conclusión: el único modo de regresar al poder era a través de una nueva alianza electoral eficaz.

Durante los primeros meses de 1935 aparecieron una serie de discursos y de artículos periodísticos de la pluma de Prieto y de ciertos líderes republicanos de izquierdas destacando la conveniencia de la unidad electoral de la izquierda y contrarrestados por el vehemente rechazo de los socialistas caballeristas a aceptar cualquier clase de asociación con los «partidos burgueses». En la revista mensual Leviatán, en el semanario Claridad, así como en otras publicaciones, Luis Araquistain y los principales teóricos del caballerismo proclamaron su absoluta «bolchevización», una política de revolución violenta idéntica a la de los comunistas. A finales de 1935, el movimiento socialista estaba dividido entre caballeristas, que dominaban gran parte de la UGT, y los más moderados prietistas, quienes ejercían el liderazgo del partido.

Una vez que el Gobierno anunció la convocatoria de nuevas elecciones, los republicanos de izquierda y los prietistas aceleraron el paso y el 15 de enero de 1936 se anunció el pacto oficial por el que se creaba el que se conocería, para disgusto de Azaña, como Frente Popular. Finalmente, Largo Caballero y sus seguidores accedieron a que participasen los socialistas con el fin de derrotar a la derecha y conseguir la liberación de todos los presos de izquierdas, invirtiendo la situación política, pero impusieron ciertas condiciones básicas. En primer lugar, la alianza lo sería tan sólo por motivos electorales (a diferencia del plan de Prieto de formar una coalición gubernamental con los republicanos de izquierda); en segundo, el programa de la alianza sería republicano, no revolucionario, y los socialistas tendrían que establecer una clara diferencia entre este programa a corto plazo y sus objetivos a largo plazo; y por último, todos los grupos obreros y partidos que deseasen unirse a la alianza podrían hacerlo, y así los comunistas, el pequeño y marxista-leninista POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y el exiguo Partido Sindicalista de Ángel Pestaña entraron a formar parte de la misma.

A su vez, el más moderado de los partidos de la izquierda republicana, el Partido Nacional Republicano, liderado por el eminente jurista Felipe Sánchez Román, abandonó el nuevo Frente Popular. Aunque Sánchez Román era el artífice de gran parte del programa oficial frentepopulista, llegó enseguida a la conclusión de que la alianza, escindida sin remedio entre revolucionarios y no revolucionarios y planeando conformar un débil gobierno minoritario, estaba abocada al desastre.

El programa del Frente Popular apelaba a la «republicanización», lo que significaba asumir las reformas radicales de 1931-33 y la purga del funcionariado y la judicatura para crear un régimen sólo de izquierdas. No condenaba la revolución de octubre, que quedaba ratificada de manera tácita, y se exigía una «amnistía plena» para todos los delitos políticos cometidos desde noviembre de 1933, exceptuando a los funcionarios y oficiales de las fuerzas de seguridad, a quienes se investigaría para determinar si habían tomado parte en algún tipo de exceso. En otras palabras, los delincuentes disfrutarían de inmunidad mientras que los encargados de hacer cumplir la ley podrían ser procesados. Aquí pueden verse las raíces de la política seguida por los rebeldes militares seis meses más tarde, cuando procesaron por «rebelión militar» a los oficiales que se negaron a participar en el Alzamiento, basándose en que se había impuesto un nuevo orden legal superior.

Con frecuencia se ha destacado la relativa moderación del programa del Frente Popular, pero su carácter se comprende mejor si se le compara con su homólogo más cercano, el Frente Popular francés. Este último también representaba una heterogénea coalición de socialistas, comunistas y demócratas liberales de clase media (sobre todo los radicales). Su principal objetivo era defender la democracia francesa frente al fascismo, no transformarla en un régimen exclusivista, y aunque propusieron ciertas reformas sociales y económicas, éstas fueron más modestas que las de sus correligionarios españoles, al igual que la participación en la alianza de los revolucionarios fue claramente menor. Los radicales incluso lograron imponer el nombre formal de Rassemblement Populaire, dado que el de Frente Popular se identificaba demasiado con la Komintern. Al final, el Frente Popular proporcionó una base positiva de gobierno, ya que socialistas y radicales colaboraron a la hora de formar una coalición democrática, parlamentaria y respetuosa de la ley. El Frente Popular francés no presentaba los matices radicales característicos de su homónimo español; uno de sus más grandes partidos, los radicales, eran auténticos liberales, situados bien a la derecha de los republicanos de izquierda españoles y prestos a abandonar la coalición al primer signo de «hispanización», cosa que terminaron haciendo.

La campaña electoral fue la más grande conocida en España antes de 1977, y para ella la CEDA obtuvo e invirtió considerables recursos. Aunque el programa electoral oficial de este partido era también bastante moderado, se sobreentendía que una victoria de la derecha provocaría cambios fundamentales y el comienzo de una República mucho más derechista, supuestamente basada en el corporativismo. Al mismo tiempo, y todavía más a la derecha, los grupos monárquicos hacían campaña a favor de la implantación de un Estado autoritario.

En general, las condiciones del sufragio del 16 de febrero fueron buenas y las elecciones, en la mayoría de los casos, libres y justas y, en su momento, no se llegaron a cuestionar sus resultados. Las únicas zonas donde se produjeron notables evidencias de corrupción o coerción fueron Galicia (La Coruña se vio sometida a la manipulación del Gobierno y a la de los republicanos de izquierda) y Granada, donde la derecha dominó por la fuerza las votaciones en ciertas áreas rurales. Los primeros resultados del escrutinio en los distritos urbanos mostraron un ascenso de la izquierda más fuerte de lo que algunos habían previsto, debido en cierta medida al apoyo electoral de los anarquistas, y, hacia el final de la tarde, estaba claro que el Frente Popular iba ganando, aunque las dimensiones de su victoria todavía no fueran precisas. El escrutinio oficial de los resultados no tendría lugar hasta pasados cuatro días, el 20 de febrero.

El 17 de febrero ya era patente que el Frente Popular no sólo se había alzado con la victoria, sino que disfrutaría de la mayoría parlamentaria. En su momento no se discutió este hecho, pero, más tarde, existió mucha controversia y perplejidad respecto a los totales del voto popular que el sistema de alianzas electorales sólo contribuyó a hacer más confusos. El Gobierno nunca presentó las cifras totales exactas y el periódico católico El Debate fue el único a nivel nacional en publicar informes completos y precisos acerca de los resultados en todas las provincias y en los principales distritos. Más tarde esos resultados encendieron la polémica, de ahí que los historiadores hayan presentado estimaciones aproximadas influenciadas, en gran medida, por sus preferencias personales, lo que podría sugerir disparidades tan grandes en el voto popular como casi cinco millones para la izquierda y menos de cuatro para la derecha, una cifra a la que parece llegarse si se suman a los resultados del Frente Popular los que esta formación obtuvo en la segunda vuelta, celebrada en diversas provincias el 1 de marzo, y se restan de los obtenidos por la derecha y el centro los votos que anularían más tarde unas nuevas Cortes sumamente partidistas, así como los que la derecha perdió en la segunda vuelta. Al final, el único modo de reconstruir el resultado con exactitud fue compilar los totales de votos en cada distrito, tal y como aparecieron reflejados en la prensa de la época, una tarea que acometió, treinta y cinco años más tarde, el historiador Javier Tusell junto con un grupo de colegas.

Según este estudio, quedaron registrados los votos del 72 por ciento del censo. El 34,3 por ciento del electorado votó a la izquierda, el 5,4 por ciento al centro y el 32,2 restante al centro-derecha. También podría decirse que de casi diez millones de electores, el 47,2 por ciento votó al Frente Popular, mientras que el 45,7 por ciento se decantó por la derecha y sus aliados. Los totales pueden variar dependiendo de cómo se consideren las papeletas individuales, ya que el funcionamiento del sistema de alianzas hace casi imposible formarse una opinión sobre el voto a partidos individuales.

En la primera vuelta del 16 de febrero, la CEDA siguió siendo el partido mayoritario, logrando 101 escaños, pero sus aliados potenciales eran mucho más débiles. Los socialistas obtuvieron 88 escaños y el partido Izquierda Republicana, de Azaña, 79, mientras que el resto de los republicanos de izquierda obtuvieron mejores resultados que los partidos derechistas más pequeños. Gracias a esa ley electoral tan sesgada, el Frente Popular se hizo con el 60 por ciento de los escaños.

Si se analiza el voto depositado para los partidos en los distritos individuales, surge una imagen algo diferente. A este respecto, el mejor estudio es el de Juan Linz y Jesús de Miguel, que han intentado separar los totales individuales obtenidos por cada partido, en especial en lo que concierne a las papeletas de la coalición de centro-derecha. Sus resultados son menos definitivos que los mencionados con anterioridad, pero sugieren que el Frente Popular recibió, de modo directo, alrededor del 43 por ciento de los votos, la derecha sólo el 30,4 por ciento y los diversos grupos de centro y centro-derecha, en su conjunto, un 21 por ciento, habiendo un 5,6 por ciento de votos para candidatos inclasificables.

En la sociedad española la izquierda era, en cierto modo, más fuerte que lo que indicaban los votos, debido al considerable sector anarcosindicalista, parte del cual no votó. No obstante, la comparación entre el porcentaje total de abstención (un 28 por ciento) con el 32,6 por ciento en 1933 indica que, salvando delirios puntuales, la sociedad española no estaba tan hiperpolitizada como pudiera parecer. Resulta dudoso que más del 1 o 2 por ciento de la abstención se pudiera atribuir de una forma directa a la coerción que los derechistas ejercieron en provincias, pese a que no cabe duda de que una pequeña parte sí se puede adjudicar a los anarquistas, que se negaron a participar en las elecciones. La abstención alcanzó sus cotas más altas en Cádiz, Málaga y Sevilla, donde el analfabetismo y la pobreza coincidieron con un considerable respaldo al anarquismo.

El voto izquierdista fue más numeroso en el sur y el suroeste, es decir, en las regiones agrarias de pobreza y de influencia de la UGT y la CNT, así como en el este, donde la izquierda estaba bien organizada y existía una tradición histórica de oposición, en gran parte del litoral cantábrico, en Madrid y, sobre todo, en las ciudades más grandes. En algunas zonas la participación anarquista resultó de gran ayuda, mientras que el Frente Popular captó en ciertos casos a los votantes moderados o de clase media que habían optado por el centro-derecha en 1933 pero que habían quedado desencantados a causa de las frustraciones y la represión de 1935.

La derecha obtuvo sus mejores resultados en sus baluartes típicos de la sociedad católica y de pequeños terratenientes del centro y el norte, pese a que también contaba con apoyos significativos en otros puntos de España. La CEDA logró un 23,2 por ciento de los votos, los socialistas un 16,4 por ciento y los dos principales partidos republicanos de izquierda un total conjunto del 19,6 por ciento (aunque resulta complicado clasificar el voto socialista y republicano de izquierda, dado el gran número de candidaturas que estos últimos presentaron). Sin embargo, los aliados de la CEDA apenas sumaron votos, de manera que aquélla sólo obtuvo el 19 por ciento de los escaños, con un 23,2 por ciento de votos, mientras que los dos principales partidos republicanos de izquierda lograron, con un menor porcentaje de votos, un 27,2 por ciento de los escaños.

Para el centro las elecciones resultaron desastrosas, no tanto a causa del descenso en el número absoluto de votos como por las manipulaciones de Alcalá-Zamora y la débil posición de los partidos republicanos en aquellas alianzas que lograron conformar. En conjunto, los diversos candidatos de centro y centro-derecha se hicieron con alrededor del 21 por ciento del voto, un recorte respecto al 26,3 por ciento que habían obtenido en 1931 y el 22,3 por ciento en 1933. Claro que en las primeras elecciones el centro se había aliado con frecuencia con una izquierda victoriosa y en las segundas con la derecha ganadora. En 1936, los partidos centristas tuvieron que presentarse solos o aliarse con una derecha más débil en aquellas provincias donde ésta tenía menos posibilidades. Las maquinaciones de Alcalá-Zamora contribuyeron a la destrucción del único partido centrista lo bastante fuerte y sus extraños intentos por sustituirlo por una novedosa formación ad hoc fueron un fiasco. Portela ni siquiera pudo presentar candidatos en la mitad de las provincias y los radicales estaban desertando en masa. Los minúsculos partidos liberales centristas de Miguel Maura y Sánchez Román apenas lo hicieron mejor.

La mayoría absoluta de escaños que obtuvo el Frente Popular representó una pasmosa oscilación pendular con respecto a los resultados de 1933, como consecuencia del voto en bloque a las alianzas y de una ley electoral muy desproporcionada, porque, de hecho, el patrón de voto en España era mucho más estable de lo que pudiera sugerir el resultado de las elecciones expresado en escaños. En su gran mayoría, los electores votaron a quienes habían votado en 1933, siendo las principales diferencias el cambio en el voto de antiguos radicales y la participación parcial de la CNT. El movimiento de votos más importante no se dio hacia la extrema derecha o la extrema izquierda, sino del centro o centro-derecha al centro-izquierda y, aunque imposible de medir, también existió el fenómeno del «voto útil» de cierto número de moderados, que, calculando que ganarían o la izquierda o la derecha, no quisieron desperdiciar su voto y se lo entregaron al grupo con el que su desacuerdo era menor.

Lo que es más, a pesar de la amplísima representación de la izquierda y la derecha y la parcial desaparición del centro, la tendencia no fue tan extremada como pudiera parecer. Los republicanos de izquierda encabezaron las listas del Frente Popular, logrando el mayor número de votos en 36 provincias, mientras los socialistas sólo obtuvieron 8. Los candidatos comunistas siempre estuvieron en último lugar; de hecho, en las Cortes tuvieron una representación mayor de la que les correspondía gracias a que se les otorgó un sorprendente número de candidaturas en las papeletas del Frente Popular. La Falange sólo consiguió 46 466 votos, apenas el 0,5 por ciento del total, quizá el porcentaje de voto más bajo obtenido por un partido fascista nacional de cierta entidad en toda Europa. Incluso así, obtuvo 7500 votos en la provincia de Jaén, donde, si se hubiesen sumado a los logrados por la derecha, se hubiese derrotado a los frentepopulistas.

La relativa autenticidad del mapa electoral surgido de las elecciones se confirmaría cinco meses más tarde, cuando comenzó la Guerra Civil y la división de España corroboró, más o menos, los resultados de las elecciones de 1936.

En general, las votaciones fueron justas y democráticas, pero, sin importar quién las ganase, el resultado no iba a ser la victoria de la democracia. La formación vencedora, de izquierdas o de derechas, estaba en realidad lista para desplazarse hacia un nuevo régimen con objetivos exclusivistas, no de inclusión: bien una República sólo de izquierdas, prescindiendo de la derecha, o un régimen derechista y corporativista que controlaría a las izquierdas.

Al principio, el resultado electoral dejó pasmada a la derecha, que había confiado en su triunfo, aunque en los primeros días ninguno de sus portavoces impugnó la validez de una cierta victoria del Frente Popular. El proceso electoral había sido bastante ordenado, aunque desde luego con excepciones: seis personas fueron asesinadas en diversos lugares y una treintena resultaron heridas. Al atardecer del día 16 de febrero se produjeron multitudinarias manifestaciones de apoyo al Frente Popular en varias ciudades, en las que ardieron iglesias y otros edificios religiosos. Al día siguiente se recrudecerían los incidentes. Hacia la medianoche del día 16, los líderes de la CEDA fueron informados de que los gobernadores civiles se mostraban remisos a controlar a las multitudes, que, por su parte, estaban interfiriendo con el recuento de las papeletas. Dado que este tema no se ha investigado en profundidad, resulta imposible establecer la gravedad y extensión de estos desórdenes.

La primera reacción de la CEDA fue muy similar a la de los republicanos de izquierda en 1933, aunque muy influenciada por los informes acerca de unos disturbios y unas interferencias que no se dieron en el 33. Al amanecer del día 17, Gil Robles en persona y Francesc Cambó por teléfono desde Barcelona instaron al presidente del Gobierno a suspender las garantías constitucionales y a declarar la ley marcial. La diferencia entre la propuesta de Azaña en 1933 y la de Gil Robles y Cambó en 1936 fue que estos últimos no apelaron a la celebración de nuevas elecciones, al menos de momento.

Portela se negó a adoptar medidas enérgicas para mantener el orden porque esperaba dimitir tan pronto como se hicieran oficiales los resultados electorales el día 20. Alcalá-Zamora le hizo entrega de un decreto firmado para imponer la ley marcial cuando lo considerase oportuno, pero el septuagenario Portela estaba cada vez más atemorizado por la situación, como también sus ministros. Las posteriores súplicas de Gil Robles y otros, y también del general Franco, jefe del Estado Mayor, así como de otros mandos militares fueron ignoradas. Conforme llegaban los informes de graves desórdenes en provincias, Portela temió que, si seguía en la jefatura del Gobierno, tendría que hacer frente a otra insurrección o, en su caso, a una rebelión militar y, para gran consternación, no sólo de Alcalá-Zamora, el 19 de febrero el Gobierno dimitió en pleno, sin esperar al escrutinio oficial de los resultados.

Estaba claro que, en aquellos momentos, no existía conspiración alguna por parte de la izquierda para alterar los resultados, ya que Azaña pretendió evitar, sin ningún éxito, tener que asumir el poder de manera prematura, pero la inapropiada «huida-dimisión» (en palabras de Alcalá-Zamora) de Portela lo hizo imposible y así, el día 20, los recién nombrados gobiernos locales izquierdistas presidieron el escrutinio oficial de su victoria electoral. Pese a que, más tarde, tanto Alcalá-Zamora como otros afirmaron que, en varios distritos, se alteraron los resultados de modo significativo, tal hecho continúa siendo una incógnita puesto que nunca ha sido investigado con seriedad.

Más preocupantes fueron las circunstancias en que tuvo lugar la segunda vuelta en algunas provincias el primero de marzo, porque, para entonces, los desórdenes izquierdistas ya eran el pan nuestro de cada día en ciertos distritos. En la segunda vuelta el Frente Popular barrió sin problemas, aumentando así su mayoría.

El fraude más destacado en relación con las elecciones de 1936 no tuvo lugar durante el sufragio, sino tras la apertura de las Cortes. Según el sistema republicano, la primera gran tarea de las nuevas Cortes era elegir una «Comisión de Actas» encargada de revisar los resultados electorales y de determinar si debían anularse o invertirse en algún distrito por haber existido irregularidades. Esto significaba que, de hecho, los vencedores en cada una de las elecciones tenían el poder de juzgar a los perdedores, determinando si había que reducir todavía más su representación. En 1933, el centro-derecha ejerció este poder con moderación, pero el Frente Popular intentó llevar a cabo una tajante revisión de todos los distritos en que había triunfado la derecha.

La nueva Comisión de Actas comenzó sus labores el 24 de marzo. Lo más parecido a un ejemplo de fraude y coerción fueron las elecciones en Granada, cuyos resultados se anularon en su totalidad, ordenándose la celebración de nuevas elecciones, y lo mismo sucedió en la provincia de Cuenca, aunque allí las pruebas de que se hubiese producido un fraude significativo eran mucho más dudosas.

El resultado final fue la anulación total de los resultados electorales en esas dos provincias, donde la derecha había ganado, y la anulación parcial de uno o más escaños en Albacete, Burgos, Ciudad Real, Jaén, Orense, Oviedo, Salamanca y Tenerife, los cuales se sumaron a los ya obtenidos por el Frente Popular, algunos pocos al centro y, en Jaén, se entregó a la CEDA un escaño de los radicales con el fin de no ofrecer una imagen tan claramente partidista. No se aportaron pruebas de un fraude claro salvo en Granada y, quizá, en zonas de Galicia, donde se ignoraron las irregularidades en su mayor parte dado que beneficiaban más al Frente Popular que a la derecha. En ningún caso se le arrebató un escaño a la izquierda. Mientras tanto, la derecha afirmaba que las izquierdas le habían robado las elecciones en cuatro o cinco provincias, donde los desórdenes que se produjeron entre el 17 y el 20 de febrero permitieron falsificar los resultados, pero la mayoría frentepopulista presente en la Comisión de Actas se negó a investigar estas acusaciones. En conjunto, 32 escaños cambiaron de manos, sobre todo para favorecer al Frente Popular, cuya mayoría inicial del 60 por ciento se transformó en una de alrededor del 67 por ciento.

En conclusión, parece que el Frente Popular obtuvo una ajustada victoria en la primera vuelta celebrada el 16 de febrero, que los posteriores desórdenes y triquiñuelas inflaron de manera artificial hasta convertirla en un aplastante dominio en las Cortes, arrojando una sombra de duda acerca de la honestidad de la práctica parlamentaria. Los historiadores se han mostrado casi unánimes a la hora de condenar el trabajo de la Comisión de Actas, pero lo peor estaba todavía por llegar en las elecciones especiales de mayo en Cuenca y Granada.

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¿QUÉ PAPEL JUGÓ EL COMUNISMO?

LOS líderes de la sublevación militar del 18 de julio declararon que actuaban para salvar al país del «comunismo» y, para millones de personas, la posterior Guerra Civil se convirtió en una lucha entre «comunismo» y «fascismo». No obstante, una investigación cuidadosa pone de manifiesto que, en España, el fascismo y el comunismo genuinos eran, en comparación, débiles. Ambos términos se empleaban de manera indiscriminada para referirse a la izquierda revolucionaria en general, y a la derecha autoritaria, o incluso a la derecha en general, pero sin referirse a dos organizaciones específicas.

Durante quince años, tras su fundación en 1920, el Partido Comunista de España constituyó un absoluto fracaso y siguió siendo uno de los más endebles de Europa. Creado por un agente ruso de la Internacional Comunista (Komintern) y por un pequeño grupo de socialistas cismáticos, seguía los dictados soviéticos de «clase contra clase» y de la inmediata incitación a la revolución sin apenas éxito. Los jefes soviéticos de la Komintern en Moscú contemplaban con envidia el radicalismo revolucionario de la CNT en España, preguntándose por que su propio partido no parecía atraer a las masas obreras militantes, como hacían los anarquistas. Existieron numerosas escisiones y cambios en la dirección del partido hasta que, en octubre de 1932, la Komintern nombró secretario general del mismo a José Díaz, un antiguo cenetista. Éste lideró un nuevo equipo, formado por dirigentes como Vicente Uribe y el jovencísimo Jesús Hernández, junto a la primera personalidad femenina del partido y jefa de su sección femenina, la elocuente propagandista vizcaína Dolores Ibárruri (Pasionaria), quien se convirtió en la más reconocida figura del comunismo durante la Guerra Civil. Estos nuevos líderes eran duros, ingeniosos, disciplinados, muy trabajadores y completamente leales a Moscú, y proporcionarían al partido un liderazgo eficaz y decidido durante la dramática contienda que estaba por llegar.

En 1928, la Komintern había declarado el inicio del «Tercer Periodo» de la lucha revolucionaria desde 1917, que tenía que coincidir con una nueva gran crisis del capitalismo mundial. La crisis se produjo un año más tarde, con el comienzo de la Gran Depresión, pero las tácticas revolucionarias del «Tercer Periodo» comunista y su intensa hostilidad hacia los socialistas demócratas occidentales (a los que acusaba de «socialfascistas») constituyeron un nuevo fiasco y en Alemania terminaron en desastre, contribuyendo a que Hitler llegase al poder.

España pasó a ser la nueva tierra de las insurrecciones izquierdistas, cinco en menos de cuatro años (el pronunciamiento militar republicano de diciembre de 1930, las tres insurrecciones revolucionarias anarquistas de 1932-33 y el intento socialista de octubre de 1934), pero, al principio, los comunistas no desempeñaron papel alguno en ellas. En 1934 y por vez primera, la Komintern empezó a reconsiderar el tema de las alianzas tácticas y, a mediados de septiembre de ese mismo año, el PCE recibió el permiso oficial para participar en la insurrección socialista que comenzaría tres semanas más tarde.

Pese a la modesta intervención comunista, la sublevación de octubre supuso un paso adelante para el partido. Al tiempo que Largo Caballero y otros dirigentes socialistas negaban tener cualquier responsabilidad en ella, en un intento por evitar su procesamiento, los comunistas se envolvieron en la bandera de la rebelión, proclamando con descaro que habían sido sus inspiradores y sus auténticos líderes. La Komintern se percató de que en España, más que en ningún otro país de Europa Occidental, se estaban desarrollando nuevas oportunidades radicales para la izquierda y procedió a subvencionar una campaña masiva de propaganda. En 1935 afirmaba patrocinar 42 publicaciones diferentes, bien de manera directa o, con más frecuencia, a través de organizaciones interpuestas.

El séptimo congreso de la Komintern, celebrado en agosto de 1935, sirvió para introducir la nueva táctica del Frente Popular, que permitía a los comunistas formar amplias alianzas electorales con los socialistas y otros partidos obreros e incluso con los democrataliberales burgueses, lo que se anunció como un cambio en las tácticas, no en la estrategia, cuyo objetivo seguía siendo la dictadura del proletariado.

Al mismo tiempo, se reconocía que un Frente Popular que obtuviese una decisiva victoria electoral estaría en disposición de introducir un nuevo tipo de régimen político —un régimen sólo de izquierdas en el que se pudieran subyugar de manera legal los intereses derechistas—. Esta República «de nuevo tipo», sólo de izquierdas, sería muy diferente a las «democracias burguesas» de Suiza, Francia o Estados Unidos, y más parecida a la primera «República Popular» dominada por los soviéticos, la de Mongolia, creada tras la invasión y conquista de ese país por parte del Ejército Rojo. Oficialmente, la República Popular de Mongolia no era un régimen socialista o comunista, pero se la declaró como la forma más avanzada de ese nuevo tipo de democracia burguesa.

Pese a lo que sostienen ciertas tesis erróneas, el comunismo frentepopulista no introdujo un nuevo tipo de comunismo moderado en el que se renunciaba a la revolución hasta un futuro distante, sino la simple adopción de unas tácticas de alianza indirecta diseñadas para acelerarla. Durante la campaña electoral del Frente Popular, por ejemplo, los oradores del PCE dejaron bien claro, tanto en sus discursos como en publicaciones, que si llegaba a ganar el Frente Popular aplicaría una táctica en tres fases: en primer lugar, se implantaría una República «de nuevo tipo» y sólo de izquierda, aunque, técnicamente, continuase siendo burguesa, de la que se eliminarían los partidos conservadores y el poder capitalista. Ésta sería una fase transitoria, a la que sucedería un «Gobierno Obrero y Campesino», formado en exclusiva por comunistas y algunos otros elementos procedentes de la izquierda obrera, el cual abriría camino a la tercera fase, la toma comunista del poder con la que se establecería la dictadura del proletariado.

La victoria frentepopulista otorgó al PCE su primera representación parlamentaria, un total de 17 diputados, así como un cierto impulso político a pesar de que su partido seguía teniendo poca entidad. Durante las primeras seis semanas de nuevo gobierno de izquierda, los comunistas lanzaron una vigorosa ofensiva propagandística a favor de sus objetivos revolucionarios, reiterando tanto éstos como su táctica en tres fases e intentando de modo enérgico la fusión oficial con el Partido Socialista, más numeroso y dividido y al que creían poder dominar. Sus esfuerzos se centraron, sobre todo, en Madrid, donde se embarcaron en manifestaciones provocativas, intentando una y otra vez presentarse como un partido más grande y poderoso de lo que eran en realidad. En vísperas de la Guerra Civil afirmaban contar con 100 000 afiliados, aunque los historiadores han concluido que la cifra real no superaba los 50 000. Tales aseveraciones y manifestaciones tuvieron el efecto, entre otras cosas, de convencer a los conservadores españoles de que el PCE era más poderoso y de mayor entidad de lo que en verdad era.

Sin embargo, en el mes de abril, la línea táctica del PCE se estaba volviendo más moderada debido a dos factores, uno interno y otro externo. Este último era el éxito con que Hitler había procedido a remilitarizar Renania en marzo, marcando el comienzo de la expansión militar de la Alemania nazi. Este hecho hizo saltar las alarmas en el Kremlin, desde donde se enviaron instrucciones al PCE para que subordinase sus intereses políticos al apoyo a la Unión Soviética, al tiempo que debía moderar su política interna. El factor interno fue, simplemente, el triunfo electoral del Frente Popular y su consiguiente dominio político. En ningún otro país, desde la Revolución Rusa, los comunistas habían formado parte de una coalición que controlase por completo el poder político haciendo uso de la legalidad y no de la revolución. En abril, el PCE recibió instrucciones de dar absoluta prioridad al empleo legal y no revolucionario del poder político. Se debía perseguir con empeño la construcción de una república «de nuevo tipo», pero siempre por medios legales, al menos en apariencia. Se desaconsejaban las huelgas extremistas y habría que esforzarse al máximo por moderar a la CNT, por temor a que desencadenase otra insurrección que pudiera dar inicio a una guerra civil. Habría también que destruir el poder económico del capitalismo español y eliminar a todas las fuerzas y partidos derechistas, pero sirviéndose de las leyes, no de la acción revolucionaria.

¿Significó esto que la política comunista se había vuelto más «moderada», como sostienen muchos comentaristas? Sí en lo que respecta a sus tácticas, pero sus objetivos seguían siendo muy radicales. En los días previos al estallido de la Guerra Civil, el PCE presentó nuevas propuestas legislativas con el fin de encarcelar y procesar a los dirigentes del Gobierno republicano de 1934 y abolir todos los partidos conservadores, enviando a prisión a sus líderes y confiscando sus propiedades. Estas propuestas tiránicas y nada moderadas se llevarían a efecto gracias a la mayoría parlamentaria artificialmente grande que el Frente Popular había creado para sí mismo.

Por lo tanto, ¿cuánta responsabilidad cabe atribuir al PCE en la Guerra Civil? Sólo una mínima parte de los desórdenes y violaciones de la ley y la Constitución que tuvieron lugar durante la primavera de 1936 se debieron a los comunistas. Sin embargo, esto no significa que su política fuese moderada. Pese a su limitado número, fueron el grupo que con más franqueza insistió en el uso de lo que quedaba de la legalidad republicana para implantar una tiránica república «de nuevo tipo», dominada del todo por la izquierda y en la que los partidos políticos y los intereses económicos derechistas quedarían completamente sometidos. Los comunistas no fueron en sí mismos responsables de provocar de manera directa la Guerra Civil porque carecían del poder para hacerlo, pero desempeñaron un activo papel promoviendo el máximo grado de polarización, la cual esperaban controlar a través del dominio izquierdista de las instituciones de la República.

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¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑÓ EL FASCISMO?

PARA la izquierda española, el fascismo fue la causa primordial de la Guerra Civil, tanto en lo que respecta a la identidad política de sus oponentes internos, como a la de los poderes extranjeros (Alemania e Italia) que intervinieron en España. Antes incluso de que comenzase el conflicto, el «antifascismo» se había convertido en el principal punto unificador. Pero ¿cuán fuerte era el fascismo en España y qué papel desempeñó en el estallido de la guerra? Una de las cuestiones afecta a la tendencia de la izquierda a calificar de «fascista» a cualquier fuerza de la derecha, y la otra a la distinción entre los papeles de los fascistas españoles y los extranjeros.

En España, lo que los historiadores denominan ahora «fascismo genérico», esto es, el similar a las formas italiana y alemana, era apenas perceptible. En Europa se produjeron dos oleadas de fascismo genérico, la primera en Italia después de 1922 y la otra en la Alemania nazi después de 1933, siendo ésta mucho más intensa. La primera fase apenas dejó huella en España y el único intento por imitar a Mussolini fue un breve y minúsculo movimiento que tuvo lugar en Cataluña en 1922-23.

Como en muchos otros países, la segunda oleada de fascismo causó una impresión más profunda, pero aun así fue débil. El esfuerzo realizado en 1931 por el joven intelectual Ramiro Ledesma Ramos para crear un movimiento de corte fascista, las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), constituyó un fracaso y sólo logró atraer a un puñado de miembros. El siguiente intento, llevado a cabo por José Antonio Primo de Rivera (primogénito del ex dictador, el teniente general Miguel Primo de Rivera) con la fundación de Falange Española en octubre de 1933, apenas tuvo más éxito. Este nuevo movimiento pretendía ser una versión española del fascismo italiano, pese a que sus fundadores apenas sabían nada acerca de éste. La Falange atrajo un cierto apoyo procedente de otros elementos de la derecha, pero la debilidad de los movimientos de Ledesma y Primo de Rivera condujo a su fusión en febrero de 1934, adoptando el nombre conjunto de Falange Española de las JONS.

Durante los dos años siguientes, el drama esencial de Falange fue su impotencia y falta de respaldo. En 1935, Primo de Rivera comprendió el peligro que entrañaba lo que Ledesma llamaba su «mimetismo» e intentó diferenciar su movimiento del modelo italiano, corporativista y autoritario, aunque sin lograr ofrecer ningún modelo alternativo. Es también relevante que Falange (al contrario que los fascistas italianos y los nazis alemanes) no consiguiera establecer alianzas políticas significativas con otros grupos derechistas y conservadores. En las elecciones de 1936 sólo obtuvo el 0,7 por ciento del voto popular, lo que se puede decir que fue el resultado más escaso obtenido por cualquiera de los principales partidos fascistas en Europa. El fascismo en España era un fracaso, justo en el momento en que, por primera vez, los comunistas estaban empezando a alcanzar cierta influencia.

Esa debilidad dimanaba de las características básicas de la sociedad y la política del país y, hasta cierto punto, los teóricos marxistas revolucionarios como Luis Araquistain o Joaquín Maurín la analizaron con gran claridad. En un artículo publicado en Foreign Affairs en abril de 1934, el primero hacía referencia a una serie de factores ausentes en España: un ejército desmovilizado, el masivo desempleo urbano, la cuestión judía o una historia reciente de resentimiento nacionalista o de ambiciones imperialistas. En su libro Hacia la segunda revolución, publicado en Barcelona en 1935, Maurín expresaba sus dudas acerca de que, en España, fuera posible el genuino fascismo, señalando que la reciente experiencia de la dictadura de Primo de Rivera había vacunado a gran parte del país contra cualquier nueva forma de autoritarismo derechista, que un importante sector de la clase media española era demócrata y que los trabajadores (frente a lo que sucedía en Italia y Alemania) eran, en general, insensibles a las llamadas fascistas, mientras que la pequeña burguesía industrial parecía orientarse hacia las fuerzas derechistas convencionales más que hacia el fascismo radical. La derecha extremista y radical se encontraba dividida en diferentes grupos, mientras que el único gran partido de derechas, la CEDA, era católico y, en realidad, no fascista (pese a lo que sostenía la propaganda de izquierda), y, de hecho, su líder, José María Gil Robles, «tenía miedo del fascismo». Así, en España, como en Europa del Este y en los países latinoamericanos, cualquier contrarrevolución sería de carácter derechista y militar, no fascista.

En el caso español, ninguno de los factores culturales que alentaban el fascismo en otros países fue particularmente fuerte o influyente. Las élites culturales estaban mucho menos influenciadas por las nuevas ideas nacidas de la crisis cultural de finales de siglo que las de Europa Central, no existían fuertes corrientes preexistentes de nacionalismo y el mundo del arte, al contrario que en Italia, apenas prestó su apoyo al fascismo.

Se percibía una crisis de valores, pero en España sirvió para intensificar la polarización entre los nuevos valores de la izquierda materialista y los viejos del neotradicionalismo católico. La secularización constituyó una importante fuerza pero los sectores sociales que la experimentaron con más intensidad estaban monopolizados por la izquierda, dejando apenas espacio al fascismo radical no clerical o anticlerical. El papel dominante de la religión siempre había sido un obstáculo para el desarrollo de un nacionalismo moderno y secular, y cuando, con retraso, el fascismo adquirió relevancia durante la Guerra Civil, mutaría y se sincretizaría de manera inevitable en un híbrido «fascismo frailuno» a la española.

Antes de la Guerra Civil, el antifascismo era mucho más fuerte e importante que el fascismo. Algunos de los izquierdistas que, en 1931, implantaron la República habían afirmado que ésta representaba una iniciativa nueva y destacada no sólo para España, sino para Europa, dado que era el primer intento de fundar un régimen izquierdista y democrático que se realizaba en el continente en una década, y con él se iniciaría el retroceso de las nuevas tendencias europeas hacia el fascismo y el autoritarismo de derechas.

Con todo, 1933 fue el año en que el antifascismo se convirtió en una de las fuerzas principales en España, como resultado de la ascensión al poder de Hitler, la supresión de los dos partidos socialistas europeos más importantes (el alemán y el austriaco) y la absoluta derrota de la izquierda española en las elecciones de noviembre. Ahora el partido mayoritario era la católica CEDA, que tenía puestas sus esperanzas en una república corporativa derechista y más autoritaria, así que la izquierda pasó a considerar a este partido, mucho más que a Falange, el «peligro fascista».

No obstante, como ya se ha visto, los cedistas, pese a sus objetivos no democráticos, respetaban la legalidad republicana y, una vez que alcanzaron una parcela de poder, no intentaron cambiar la forma de gobierno. Por su parte, los socialistas y comunistas estaban más que dispuestos a luchar contra el fascismo y, en 1933-34, lanzaron una serie de ataques letales contra la naciente Falange, rematados por la insurrección revolucionaria contra la CEDA en octubre de 1934.

Si los falangistas fueron los principales blancos de los atentados de la izquierda —a los que, al final, comenzaron a responder de alguna manera en junio de 1934—, la principal preocupación de aquélla en España no era el fascismo per se, obviamente muy endeble, sino el poder de la derecha en general. Los monárquicos apenas tenían entidad, pero, incluso en 1936, la CEDA siguió siendo el partido político en solitario más numeroso del país.

A pesar de que, tras las elecciones de 1936, la cúpula falangista pretendió establecer una especie de tregua, socialistas y comunistas redoblaron sus ataques políticos, a los que Falange respondió con igual violencia. Esto condujo al nuevo Gobierno de Azaña a disolverla y suprimirla como organización política a mediados de marzo, pese a que sus integrantes no habían cometido ninguna infracción legal, de la cual los partidos obreros revolucionarios no eran mucho más culpables. Ésta fue la primer de una serie de medidas encaminadas a declarar fuera de la ley a la oposición derechista en esa nueva república sólo de izquierdas. España no seguiría los pasos de Alemania e Italia; la solución al problema del fascismo era sencilla: ilegalizarlo.

Esta medida, como tantas otras actuaciones de los Gobiernos de Azaña y Casares Quiroga, no obtuvo el resultado deseado. Durante los cuatro meses siguientes, miles de falangistas fueron encarcelados, incluyendo a José Antonio Primo de Rivera, a quien se mantuvo en prisión de modo casi permanente en virtud de una serie de pretextos judiciales, algunos de dudosa legalidad, pero el apoyo a la Falange alcanzó cotas nunca vistas. En las cárceles había más afiliados recientes que antiguos y, ahora como movimiento clandestino y por primera vez en su historia, el partido experimentaba un vigoroso crecimiento. Ese apoyo no derivaba de ninguna defensa de «la revolución nacional-sindicalista» (la versión falangista de la revolución fascista), sino de que el movimiento fascista, con su doctrina de violencia política y dictadura (no importa cuán ambiguamente la formulase Primo de Rivera), parecía ser el instrumento contrarrevolucionario más efectivo con el que combatir a la extrema izquierda. La participación de los falangistas en la escalada de violencia que se produjo durante la primavera y principios del verano de 1936 y que contribuyó a acabar con la República parlamentaria fue total; pese a que en ella estuvieron implicadas varias fuerzas de izquierda y derecha, sus principales artífices fueron, por un lado, los falangistas y, por el otro, socialistas y comunistas.

La desaparición de la República, si fuera democrática o revolucionaria, había sido uno de los objetivos fundamentales de la Falange desde su nacimiento, pero fue en 1935 cuando los líderes del partido intentaron por primera vez planificar una insurrección para hacerse con el poder. En la primavera de 1936, Primo de Rivera y sus lugartenientes comenzaron a planearla una vez más. Sin embargo, el crecimiento de la afiliación clandestina no era tan grande como para permitir el menor rayo de esperanza respecto al éxito de la sublevación, a menos que se contase con los militares, con los que no se llegaría a un acuerdo hasta finales de junio, y aun éste fue impreciso.

Hasta el verano de 1936, el antifascismo era, en España, mucho más importante que el fascismo. La mayor parte de la historia republicana previa a la guerra podría escribirse sin hacer la más mínima referencia al insignificante movimiento que fue Falange. El antifascismo, por otro lado, se convirtió en una fuerza cada vez más importante desde finales de 1933, así como en un argumento para lograr la unidad de la izquierda y un pretexto para cualquier acción extrema y violenta, sobre todo para las insurrecciones revolucionarias de 1933 y 1934.

En varias ocasiones, los comentaristas moderados advirtieron a la izquierda que utilizar la excusa del antifascismo para llevar a cabo acciones extremistas sólo tendría el efecto de polarizar la sociedad y alentar el crecimiento de un fascismo contrarrevolucionario que, de otro modo, seguiría siendo endeble. Tanto en El Sol, de tendencia liberal, como en Política, órgano del partido de Azaña, Izquierda Republicana, aparecieron editoriales de este corte ya en 1935, Ramiro Ledesma Ramos, fundador del movimiento nacional-sindicalista, comentaba con ironía que la principal acción «de tipo fascista», en el sentido de ser violenta y autoritaria, procedía de los antifascistas, mientras que la derecha, a la que se acusaba de ser fascista, resultaba ser casi tan antifascista como la izquierda, pues respetaba la legalidad, limitando el recurso a la violencia.

En España, el fascismo continuó siendo un movimiento poco significativo hasta la crisis revolucionaria de 1936, cuando pasó a ser una fuerza contrarrevolucionaria. En los únicos países en que el fascismo llegó al poder de forma independiente (Italia, Alemania y Rumanía) lo hizo con la ayuda de unos aliados políticos de los que carecía Falange, por lo que sus posibilidades de alcanzar una posición de poder eran nulas. No hubo país en que el fascismo lograse hacerse con el poder empleando los métodos comunistas de insurrección revolucionaria o golpe militar; en los países europeos institucionalizados y bastante estables tal oportunidad simplemente no se dio en tiempos de paz y cuando los movimientos fascistas pasaron a adoptar tácticas de insurrección propias de los comunistas (como ocurrió en Alemania en 1923 o en Portugal en 1935) se les aplastó con facilidad. Es ésta una paradoja de la historia del fascismo: que un movimiento consagrado a la destrucción de la democracia parlamentaria necesitase de la libertad política y de los derechos civiles para movilizar a sus fuerzas, de las que carecía el movimiento español en 1936. Sólo la Guerra Civil concedió al fascismo la oportunidad de convertirse en un movimiento de masas, pero, en esas condiciones, el poder estaba en manos de los militares, de los que los falangistas habían llegado a depender.

8
¿FUE INEVITABLE LA GUERRA CIVIL?

CON frecuencia se ha dicho que la Guerra Civil se debió a un irreprimible antagonismo entre izquierdas y derechas, a una polarización que imposibilitó cualquier otro final. Sin embargo, estas afirmaciones tienden a confundir la propia Guerra Civil y su resultado con la cuestión de su origen y sus causas. La polarización absoluta y total bien pudo dar como fruto un conflicto armado, pero ¿en realidad estaba la sociedad española tan polarizada?

A menudo se ha observado que las fuerzas políticas del centro, los moderados, quienes mejor pudieron haber evitado la guerra, siempre habían sido débiles. Los partidos centristas nunca obtuvieron más del 30 por ciento del voto popular en ninguna de las elecciones y en 1936 incluso menos. Además, su influencia estuvo a merced de los caprichos de un sistema electoral muy sesgado. En 1933, esta circunstancia influyó a su favor, pero en 1936 tuvo como efecto su práctica eliminación. Durante el segundo bienio, la combinación de un centro bastante fuerte y un presidente centrista (Alcalá-Zamora) garantizó un gobierno moderado, pero esos dos factores habían desaparecido en el 36.

La izquierda, por su parte, era tan fuerte en 1931-32 como en 1936, pero en los primeros años no se produjo ninguna guerra civil, y ello por dos motivos. Durante el primer bienio, la izquierda en el poder fue, en ocasiones, radical en su reformismo, pero nunca revolucionaria, y apenas se sirvió de la violencia, dos rasgos que variarían en 1936. En segundo lugar, en el 36 la extrema derecha estaba mejor organizada y más preparada para la acción. No obstante, parece que la mayoría de los izquierdistas y derechistas no desearon una auténtica guerra civil y esto plantea la siguiente pregunta: ¿quién la quería?

La respuesta no es la izquierda o la derecha en general, sino los revolucionarios izquierdistas más extremados y el núcleo duro de la extrema derecha. Debe entenderse que, desde el principio, la mayoría de quienes abogaban en España por un conflicto armado, tanto en 1936 como con anterioridad, no pensaban en términos de una guerra civil larga y destructiva que durase tres años, sino que su idea era un conflicto corto e intenso que, como mucho, se resolvería en cuestión de semanas, no de meses o años.

En su congreso de reunificación nacional, celebrado en Zaragoza en mayo de 1936, la FAI-CNT se reafirmó en su objetivo de utilizar la «vía insurreccional» para alcanzar el poder y ello a pesar de que los líderes cenetistas dejaron claro que todavía no había llegado el momento de otra insurrección revolucionaria. Como siempre, la idea de la CNT era que otra sublevación violenta, cuando llegase la ocasión, conduciría a una rápida toma del poder, no a una larga guerra civil revolucionaria.

Los marxistas revolucionarios se aferraron al concepto de guerra civil como un paso necesario en la consolidación del poder y necesario para completar tal proceso. Ésta había sido la posición del Partido Comunista antes de 1935 y así lo manifestaron tanto Joaquín Maurín, líder del POUM, en su libro Hacía la segunda revolución (1935), como Luis Araquistain, principal gurú teórico de los caballeristas en sus artículos publicados en Leviatán y en Claridad. Las concepciones acerca de la guerra civil de ambos eran, en general, similares: era inevitable, pero sería breve, dado que la izquierda la ganaría rápidamente. En España no se repetiría el ejemplo de la larga y destructiva guerra civil que asoló Rusia entre 1918 y 1921 porque la izquierda revolucionaria era más fuerte que la rusa y menor el peligro de una intervención contrarrevolucionaria extranjera, debido a que, en 1935-36, las relaciones internacionales europeas estaban adquiriendo tal tensión que unos potenciales contrarrevolucionarios carecerían de la libertad y el poder necesarios para intervenir, y caso de que lo hicieran, tanto Maurín como Araquistain estaban convencidos de que la Unión Soviética intervendría para contrarrestarlos.

No obstante, como ya se ha indicado, en la primavera de 1936 tales ideas no reflejaban la política oficial ni del PCE ni de los caballeristas, mucho más numerosos. Los planes de la Komintern sufrieron una drástica alteración gracias a las tácticas del Frente Popular, cuya victoria en las elecciones españolas dio a la izquierda un poder casi total para iniciar las primeras fases de la revolución por medios legales, al menos en teoría. Por eso la guerra civil era una perspectiva que no había que alentar en absoluto, porque el resultado político podría resultar mucho más problemático. Sólo Santiago Carrillo, como dirigente de las nuevas JSU (Juventudes Socialistas Unificadas) dominadas por los comunistas, presentó un análisis diferente, afirmando en un discurso que el inevitable enfrentamiento civil daría lugar a la creación de un poderoso ejército revolucionario que se convertiría después en el instrumento para completar con éxito la revolución. También el líder del PCE Vicente Uribe aclamó la creación de un nuevo «Ejército Rojo», aunque sin asociarlo de manera explícita con una guerra civil.

Con todo, la política formal de los caballeristas no contenía doctrina alguna acerca del conflicto, pero en sus planes se contemplaba la continuidad de la ofensiva prerrevolucionaria hasta incitar a los militares a una inevitable rebelión contrarrevolucionaria, la cual sería controlada con rapidez mediante una huelga general que despejaría el camino para un nuevo gobierno revolucionario controlado por los caballeristas.

A pesar de todo, Manuel Azaña no era un revolucionario y la política del Gobierno Azaña-Casares Quiroga fue aguantar hasta el final la marea prerrevolucionaria de los movimientos obreros sin reprimirla hasta que empezara a ceder, al tiempo que asumía la inevitabilidad de una rebelión militar, aunque en este caso sus cálculos diferían bastante de los de los caballeristas, ya que Casares Quiroga contaba con ser capaz de sofocar una débil rebelión militar, lo cual colocaría al Gobierno republicano de izquierdas en una posición de mayor fuerza y autoridad y en una situación más favorable para controlar a los caballeristas.

Durante varios años, la extrema derecha había confiado en que una rebelión armada les permitiría hacerse con el poder, como se explicará más adelante. Sin embargo, los planes de alfonsinos y carlistas nunca habían fructificado por falta de solidez. Cualquier insurrección contrarrevolucionaria habría de contar con los militares, pero, hasta julio de 1936, no se consiguió su apoyo. El curso tanto de la política gubernamental como de los acontecimientos durante la primavera principios del verano estaba sin duda abocado a un desenlace violento, salvo que se produjese un rápido cambio en aquélla. De hecho, surgieron diversas propuestas para un cambio básico de política y cualquiera de ellas pudo haber servido para evitar la guerra civil.

La alternativa más discutida fue la de un Gobierno republicano más amplio encabezado por Indalecio Prieto, que atrajo mucha atención una vez que Azaña se convirtió en presidente de la República en mayo, y continuó siendo debatida, cada vez con menos frecuencia, hasta junio. Existían dos versiones acerca de este gobierno: la más probable era una especie de gobierno de los frentepopulistas, compuesto por republicanos de izquierdas y socialistas; la otra, menos factible, un «gobierno nacional» más amplio que incluiría a representantes de los partidos centristas y del ala más liberal de la CEDA.

Dependiendo de cuál de estas opciones se hubiera adoptado, el nuevo Gobierno de Prieto hubiese sido más o menos democrático, pero, probablemente, más fuerte y firme que el de Casares Quiroga, porque aquél pretendía controlar la violencia con firmeza, logrando lo que denominaba la «despistolización de España», así como satisfacer las exigencias de la izquierda acelerando unas reformas sociales y económicas coherentes (nada que ver con la destructiva y caótica oleada de huelgas y la confiscación de propiedades) y eliminar el peligro de una guerra civil entre la izquierda y la derecha, encargándose de llevar a cabo esa purga drástica dentro del ejército que tanto acobardaba a Azaña y a Casares Quiroga.

Todos estos planes para instaurar un gobierno más amplio bajo la dirección de Prieto se fueron a pique cuando los caballeristas se negaron de modo tajante a permitir que los socialistas tomasen parte en un «gobierno burgués». Su idea era que los socialistas sólo debían participar en un gobierno revolucionario al que pudieran dominar, excluyendo a todos los elementos «burgueses», también a los republicanos de izquierda, y por eso Prieto sólo podría haber formado un nuevo gobierno de coalición a costa de dividir al Partido Socialista. No se sabe si se negó a hacerlo porque era tan leal a su propio partido que no podía aceptar su división, o porque pensaba que, al hacerlo, se quedaría sin el apoyo suficiente como para formar gobierno.

Más o menos por las mismas fechas surgió una propuesta alternativa según la cual aunque por el momento no era posible crear una coalición más amplia, la estructura política y constitucional de la República debía salvaguardarse mediante un «gobierno de excepción» especial, una dictadura republicana temporal, legalitaria o constitucionalista. Ésta era la teoría de Claudio Sánchez-Albornoz y de otros cuantos líderes de la izquierda republicana: un gobierno al estilo de Cincinato, con poderes absolutos para restaurar la ley y el orden, tras el cual se reanudaría el normal gobierno parlamentario. La última gran propuesta de este estilo fue la del centrista Miguel Maura, uno de los fundadores de la República, en una serie de cinco artículos que publicó en El Sol entre el 18 y el 27 de junio. Sin embargo, Azaña y Casares Quiroga la rechazaron por innecesaria y excesiva ya que, para una izquierda tan contraria a cualquier concepto de dictadura (no importa cuán limitada y legalitaria) olía demasiado a las ideas del régimen de Primo de Rivera.

Otra propuesta, algo diferente, fue la de Felipe Sánchez Román, el eminente jurista y profesor de Derecho que lideraba el pequeño Partido Nacional Republicano. Él y Azaña eran grandes amigos; se había ganado su respeto gracias a sus opiniones seguras y equilibradas y parece ser que al propio Azaña le hubiese gustado verle al frente del gobierno republicano de izquierda. Sin embargo, Sánchez Román rechazaba el extremismo del Frente Popular, insistiendo en la necesidad de un gobierno más moderado y responsable. En una reunión de los líderes de su partido el 30 de mayo consiguió la aprobación de una propuesta que abogaba por la formación de una coalición más amplia entre todos los partidos republicanos de izquierda y de centro, el cual gobernaría sobre las bases del estricto constitucionalismo, la restauración de la ley y el orden y la prohibición de cualesquiera milicias o formaciones de militantes uniformados y a la que podrían unirse los socialistas siempre que estuvieran dispuestos a aceptar tal programa.

Azaña y la mayoría de los restantes republicanos de izquierdas no lo estaban, ya que esta propuesta podría haber provocado la ruptura del Frente Popular. El presidente no sólo se negó a llegar a un acuerdo con la derecha, sino también con el centro, porque sólo el Frente Popular podía garantizar una república de izquierdas. Aquí el problema estribaba en que esa república sólo de izquierdas suponía el fin de la democracia y aumentaba las probabilidades de que estallase una rebelión militar. Azaña y Casares Quiroga calcularon, no obstante, que ésta sería de poca entidad, fácil de sofocar y que reforzaría al gobierno, y por ello se negaron a adoptar medidas especiales para evitar una guerra civil.

Tan sólo en la noche del sábado 18 de julio, tras la inesperada dimisión de Casares, cayó Azaña en la cuenta de que la recién comenzada insurrección militar no era simplemente una repetición de la Sanjurjada de 1932, sino la formidable rebelión de una parte muy considerable de las fuerzas armadas. Durante varios días, los líderes de los grupos revolucionarios habían estado exigiendo al Gobierno que «armase al pueblo», no refiriéndose a la gente de la calle, sino a las organizaciones revolucionarias, y a ello se negaron Azaña y Casares Quiroga por considerar este acto el equivalente a entregar el poder a los revolucionarios, algo que aumentaría el conflicto más que limitado.

En su lugar y por primera vez, Azaña viró hacia el centro en un intento por formar un gobierno más amplio, moderado y representativo, pese a la posibilidad de romper el Frente Popular. Encargó a Diego Martínez Barrio, el presidente de las Cortes y jefe de Unión Republicana (el más moderado de los partidos frentepopulistas), que formase un nuevo gobierno más o menos según las directrices de la propuesta que Sánchez Román había presentado casi dos meses antes. Este último accedió a participar en esa coalición entre el centro y la izquierda moderada, que, según parece, pretendió negociar los términos del cese de la rebelión, incluso al precio de tener que hacer algunas concesiones a los militares.

Tan sólo a cinco días de la declaración de la Guerra Civil, ese Gobierno moderado y representativo podría haberla evitado, pero, por definición, cuando algo ya ha comenzado es imposible evitarlo. Azaña adolecía de una escasa comprensión de lo que era un gobierno democrático y cuando entendió que, en general, las democracias han de gobernarse desde el centro ya era demasiado tarde; un gobierno tan sectario y tiránico como el suyo y el de Casares Quiroga no podía sustentar la democracia. De hecho, los militares rebeldes se negaron a pactar y, en cuestión de horas, los caballeristas y algunos de los elementos más radicales del propio partido de Azaña vendieron al Gobierno de Martínez Barrio organizando una violenta manifestación popular.

El Gobierno nunca planeó llevar a cabo una extensa purga dentro del ejército, sino servirse de parte del mismo (la que se suponía leal) para sofocar una débil revuelta protagonizada por sectores castrenses minoritarios. Cuando estuvo claro que gran parte del ejército iba a unirse a los rebeldes, la forma de gobierno quedó en entredicho y antes que correr el riesgo de no contar con suficientes militares y fuerzas de seguridad que le siguiesen siendo leales, el nuevo Gobierno republicano de izquierda de José Giral, nombrado el 19 de julio, invirtió la política de Casares Quiroga y procedió a toda velocidad a «armar al pueblo». Con ello se garantizaba la liquidación de la República parlamentaria y el comienzo de un nuevo, y al principio muy confuso, régimen revolucionario. Resulta difícil determinar si ese Gobierno izquierdista pudo tener alguna posibilidad de extinguir la rebelión sirviéndose de lo que quedaba de sus propias fuerzas de seguridad, pero la virtual entrega del poder a los revolucionarios garantizó el fin de la República parlamentaria y extendió la Guerra Civil. Salvo por el tardío intento del Gobierno de Martínez Barrio (demasiado para resultar efectivo), las políticas de Azaña y Casares Quiroga aumentaron más que disminuyeron las posibilidades de provocar una guerra civil.

9
EL 18 DE JULIO, ¿UN GOLPE FASCISTA?

LA rebelión militar que se inició en Marruecos el 17 y el 18 de julio dio comienzo a esa guerra civil que durante tanto tiempo se había previsto y temido. En ocasiones había existido una situación de grave desorden y abuso de poder, pero una gran guerra civil entre la izquierda y la derecha dependía, sobre todo, de que se produjese un levantamiento militar, ya que esta última no contaba con otros medios efectivos de acción. Con posterioridad pudo haber existido un tipo diferente de conflicto entre las facciones izquierdistas, como de hecho se dio en la zona republicana en dos ocasiones, pero, sin los militares, la izquierda habría seguido dominando el paisaje político español.

En 2001 los partidos de izquierda presentaron una moción en las Cortes para censurar el «golpe fascista» que había iniciado la Guerra Civil. Pese a que no existe duda alguna de que la insurrección militar estuvo en el origen del conflicto, varios historiadores han cuestionado la exactitud de esa terminología izquierdista que insiste en mantener los habituales términos peyorativos guerracivilistas, dado que, sin importar lo que se piense acerca de ella, la rebelión no fue, en principio, «fascista», como el propio Manuel Azaña reflejó en su Diario.

De hecho, es posible que la conspiración de los militares españoles haya sido de la que más se ha escrito, si no la mejor documentada, en la historia mundial. La historiografía oficial y oficiosa de la larga dictadura en la que aquélla desembocó volvió a contar muchos de sus detalles con cariño, a menudo embelleciéndolos y, con frecuencia, enmascarando la pura verdad.

La ultraderecha monárquica había comenzado a conspirar contra la República casi desde sus inicios, mientras que la subsiguiente persecución religiosa no hizo sino dar alas a la resurrección del carlismo, pero, durante los dos primeros años de vida del régimen republicano, fueron pocos los monárquicos dispuestos a tomar parte en una conspiración seria, al tiempo que la oposición entre el estamento militar era, al principio, mínima. La fracasada rebelión del general Sanjurjo en agosto de 1932 sólo triunfó en una de las guarniciones (Sevilla) y muy pronto fue sofocada. La Sanjurjada fue el menos importante de los levantamientos contra la República, contando con mucho menos apoyo que cualquiera de las tres insurrecciones revolucionarias anarquistas de 1932-33. Con la fundación del periódico Acción Española se comenzó a dotar de sus bases teóricas a lo que se denominó la «instauración», que no la restauración, de un nuevo tipo de monarquía neotradicional, católica y corporativo-autoritaria, pero el partido alfonsino, Renovación Española, careció siempre del respaldo popular.

Tras la victoria parcial de la derecha legalista en las elecciones de 1933, la extrema derecha perdió la esperanza de ser capaz, por sí sola, de derrocar a la República y acudió a Mussolini. El 31 de mayo de 1934 firmó un acuerdo con el Gobierno italiano por el que, desde Italia, se les proporcionaría sostén financiero, instalaciones para la instrucción militar y un cierto número de armas, destinado todo ello a apoyar una eventual rebelión para restaurar la monarquía. Este acuerdo nunca se llegó a poner en práctica del todo y, al año siguiente, no era más que papel mojado. El apoyo popular del que gozó la extrema derecha provino de los carlistas agrarios de Navarra, una base demasiado exigua para el tipo de insurrección que juzgaban necesaria en la España de los años treinta, tan políticamente movilizada. Con la opinión pública más conservadora respaldando a la semimoderada y legalista CEDA, la única fuerza con capacidad para cambiar el régimen desde la derecha eran los militares.

Sin embargo, éstos estaban casi tan divididos como lo estaba la sociedad española. La experiencia del fiasco político del régimen de Primo de Rivera hizo que casi todos los militares de mayor rango se alejaran del escenario político, como demuestra la total ausencia de oposición cuando, en 1931, se produjo el advenimiento de la República. Aunque con respecto a ellos los Gobiernos de Azaña de 1931-33 se comportaron con tanta ineptitud como lo hicieron respecto a toda la sociedad en general, sólo despertaron su resentimiento, no una reacción importante. Las actitudes entre los militares iban desde la liberal moderada a la conservadora, con una pequeña minoría izquierdista y otra monárquica y derechista apenas mayor. Algunos oficiales y jefes, como Franco, pese a ser monárquicos en el plano personal, se negaron a respaldar la actividad política de los monárquicos, considerándola extremista e inútil, y de ahí que todos los intentos por promover una intervención del ejército entre la primavera de 1934 y la de 1936 fueran un completo fracaso. Como dijo Franco en el invierno de 1936, los militares estaban demasiado divididos internamente y no apoyaban ninguna de las opciones políticas.

No obstante, la victoria electoral del Frente Popular produjo una gran diversidad de respuestas en el seno de la derecha a favor de algún tipo de reacción armada pero sin contar con ninguna organización significativa. El nuevo Gobierno de Azaña procedió con rapidez a entregar casi todas las jefaturas a generales de fiar en el plano político, de modo que, al principio, la proliferación de reuniones y murmuraciones no tuvo efecto alguno.

Conforme aumentaba la tensión en marzo y abril, la conspiración creció a pasos agigantados, sin contar aún con una estructura general. A finales de 1933 se había organizado una asociación militar cuasi secreta, la Unión Militar Española (UME), la cual, pese a contar con varios miles de afiliados, había sido concebida como una especie de organización profesional de defensa de los intereses corporativos del ejército, sin identidad política específica. En general, los grupos de la UME tendían hacía la derecha y, durante la primavera de 1936, tal fue la orientación de cada vez más militares. Sus células locales comenzaron a conspirar en varios cuarteles, al principio sólo como grupos individuales, mientras que en Madrid se reunía de manera esporádica una supuesta «junta de generales» (la mayoría de los cuales ya estaban retirados y no tenían mando) sin ninguna capacidad para controlar a las unidades activas. Tanto Calvo Sotelo como otros líderes monárquicos pretendieron alentar a los conspiradores, pero su influencia era muy limitada; de hecho, los más inquietos entre éstos consideraban a los políticos civiles de la derecha unos fracasados, en ocasiones hipócritas, y poco dignos de respeto. Por su parte, en Navarra y en otros lugares, los carlistas habían comenzado a instruir a su propia milicia e incluso la rama valenciana de la CEDA (que había representado el sector socialdemócrata dentro de ésta) perdió el control sobre su agrupación juvenil, que empezó a planificar una acción armada.

El oficial superior que, finalmente, apareció como organizador de una rebelión centralizada fue el general de brigada Emilio Mola, el último en ocupar, durante la Monarquía, el cargo de director general de Seguridad, puesto en el que había demostrado una gran indulgencia hacia la izquierda. A finales de abril, los jefes de varias de las secciones de la UME del norte y centro del país reconocieron a Mola, a la sazón gobernador militar de Pamplona, como su líder y durante el mes siguiente una red nacional de conspiración empezó a tomar forma, ya que la respuesta de los militares, aunque lenta, tenía un efecto acumulativo debido a la tensión y a los incidentes generalizados. La cuestión de la autoridad y la legitimidad de tal empresa no resultó fácil de dilucidar. El militar rebelde de mayor rango era Sanjurjo, quien residía en Portugal desde que fuera amnistiado y carecía tanto de la oportunidad como de la capacidad para organizar, desde el extranjero, una conspiración de éxito. Por ello, a finales de mayo, pasó su autoridad a Mola, quien, desde entonces, fue el líder incuestionable de la conjura, aunque entre sus planes estaba restablecer a Sanjurjo como jefe de una junta militar una vez que la rebelión se hubiese materializado.

En primer lugar, y a finales de abril, Mola asumió la planificación política en un documento en el que se definía la «dictadura militar» como el objetivo del levantamiento, al que contribuirían comités provinciales integrados por diversos aliados, descritos como «grupos políticos», «sociedades e individuos aislados» y «milicias», calificadas de manera variopinta como «afectas a la causa» o «contrarrevolucionarias». Respecto a la rebelión en sí misma, especificó:

Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado.

Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelga[4].

Estas palabras, aunque bastante severas, no preveían la represión absoluta y masiva que tendría lugar una vez comenzada la rebelión.

En un memorando redactado el 5 de junio (más o menos en la semana posterior al reconocimiento de Mola como coordinador general de la conspiración a nivel nacional) se concretó algo este bosquejo al estipularse que la forma a adoptar por el nuevo régimen sería la de una «dictadura republicana», en principio dirigida por un «directorio» militar (una expresión sacada del régimen de Primo de Rivera), que proporcionase lo que un analista objetivo hubiera denominado una solución de tipo «portugués» o «Pildsuski» más que la construcción de un sistema revolucionario fascista o de corte «italiano». El memorando concluye con la siguiente declaración: «El DIRECTORIO se comprometerá durante su gestión a no cambiar el régimen republicano, mantener en todo las reivindicaciones obreras legalmente logradas» y «crear UN ESTADO FUERTE Y DISCIPLINADO». La Constitución de 1931 quedaría suspendida y sería sustituida por un nuevo «Parlamento Constituyente» elegido por aquellos votantes que estuviesen en posesión de un «carné electoral», del que quedarían excluidos los analfabetos y los delincuentes; también se conservarían ciertos vestigios de liberalismo, tales como la «separación de la Iglesia y el Estado, libertad de cultos y respeto a las religiones», y se establecerían comisiones regionales encargadas de resolver el problema agrario «sobre la base del fomento de la pequeña propiedad», pero permitiendo «la explotación colectiva donde ella no fuera posible»[5]. El objetivo a alcanzar era un nuevo tipo de República derechista y semiautoritaria.

Con posterioridad, se especularía mucho respecto a por qué el Gobierno republicano de izquierda no adoptó una actitud más rigurosa para evitar una gran rebelión, ya que la conspiración era un secreto a voces.

Pese a que el Gobierno desconocía los principales detalles de la misma (tales como la identidad de su «director», es decir, Mola), sí se habían adoptado algunas medidas: se había sustituido a casi todos los jefes del ejército y la mayoría de los generales con mando en plaza siguieron siendo leales al régimen; se había arrestado a miles de civiles, falangistas y derechistas, así como a un cierto número de oficiales, colocando a algunos de los principales conspiradores bajo una vigilancia cuando menos parcial. Pero existían motivos muy arraigados por los que ni Azaña ni Casares Quiroga fueron más allá. La «apuesta de Azaña» de explotar el apoyo de la izquierda revolucionaria en beneficio de una República parlamentaria izquierdista constituyó un riesgo dudosamente calculado que colocó al Gobierno entre dos fuegos. Tampoco podía descartarse la posibilidad de algún tipo de ruptura con la izquierda revolucionaria y, de ocurrir, sólo un ejército fuerte habría podido neutralizar a los revolucionarios eficazmente. Azaña deseaba ser el aliado de ellos, pero no su prisionero.

La otra cara de la moneda estaba representada por su desprecio por los militares, a los que consideraba insignificantes desde el punto de vista político, casi tan incapaces de constituir una amenaza como lo había sido Sanjurjo en 1932. El momento más oportuno para una acción militar hubiera sido entre octubre de 1934 y febrero de 1936, pero no hicieron nada. Existen ciertas pruebas de que Azaña creía que la reforma del ejército que llevó a cabo en 1931-33 había resultado efectiva y estaba en lo cierto al pensar que la mayor parte de los generales con mando en plaza no se rebelarían; si también pensaba que la afiliación masónica de muchos de ellos impediría que se alzasen contra sus camaradas masones, sigue siendo objeto de especulación.

De hecho, una política de neutralización del estamento militar más agresiva podría haber fortalecido una determinación que, de otro modo, permaneció latente, y haber dejado al Gobierno a merced de los revolucionarios. Aunque abundaban las comparaciones entre Casares Quiroga y Alexander Kerenski, el primer ministro ruso que había caído presa del comunismo, éste era un destino que el líder español estaba absolutamente decidido a evitar. Lo que es más, Juan Moles, el ministro independiente de Gobernación, creía que era importante no provocar a los militares, evitando así que se produjese una reacción de solidaridad entre ellos, y mientras que el 2 de junio envió varias circulares a los gobernadores civiles instándoles a aumentar la vigilancia sobre los grupos derechistas, en otra fechada el 27 del mismo mes especificaba que debería hacerse un esfuerzo por evitar «rozamientos» innecesarios, sobre todo con los militares, y por mantener la «convivencia»[6].

Existen testimonios que prueban que, al principio, Casares Quiroga informó al Consejo de Ministros, en una reunión celebrada el 10 de julio, de que existía una conspiración militar que podría estallar en las siguientes cuarenta y ocho horas. El Gobierno pudo haberla abortado procediendo a realizar una serie de arrestos inmediatos, pero carecía de pruebas concluyentes respecto a la identidad de los cabecillas, por lo que no pudo perseguirlos de manera eficaz. La alternativa fue aguardar a que el movimiento madurase y aplastarlo totalmente, y ésta fue la decisión que tomaron Azaña y su presidente del Gobierno. En retrospectiva, parece ilusoria, pero a las alturas del 10 de julio la lectura de los hechos que realizó el Gobierno no era tan inexacta.

Hasta entonces, la opinión pública moderada y conservadora había demostrado ser muy tolerante. La larga serie de abusos que se produjeron durante la primavera y a principios del verano de 1936 no tuvo precedente en ningún otro país europeo en tiempos de paz e incluyó una gigantesca y violenta ola de huelgas, apropiaciones ilegales de tierras de labor, incendios provocados y destrucción de propiedades, el cierre arbitrario de colegios católicos, la toma de iglesias con incautación de sus propiedades, la proliferación de la censura, miles de detenciones políticas injustas y la impunidad para las acciones delictivas de millares de frentepopulistas, la manipulación y politización de la justicia, la abusiva disolución de diversas organizaciones derechistas, la coerción y falsificación de las nuevas elecciones en Cuenca y Granada, la subversión de las fuerzas de seguridad y un enorme aumento de la violencia política, que arrojó como resultado unos 300 asesinatos; y, sin embargo, hasta el 10 de julio no se produjo reacción alguna contra tan opresivas circunstancias.

El asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo (portavoz de la oposición en las Cortes), en la madrugada del 13 de julio, proporcionó el catalizador que faltaba. A menudo se ha dicho que la conjura militar ya estaba bordeando su clímax y que habría tenido lugar de todos modos, aun cuando no se hubiese producido este crimen, pero eso implica olvidar la cuestión principal: desde luego que podría haberse producido una rebelión de los militares, pero habría sido mucho más débil y se habría sofocado con facilidad, justo como calculaba el Gobierno.

El asesinato de Calvo Sotelo supuso el punto culminante de la larga cadena de desórdenes, violencia y abusos políticos y administrativos que tuvieron lugar bajo los Gobiernos republicanos de izquierda. La mecha que encendió el polvorín fue el asesinato callejero del teniente José Castillo, guardia de asalto y militante socialista, a manos de los falangistas en la noche del 12 de julio. Los militantes izquierdistas exigieron inmediata venganza y presionaron con éxito al ministro de Gobernación para que aprobase una serie especial de nuevos arrestos de derechistas. No existían pruebas ni justificación alguna para tales detenciones, pero el apresamiento arbitrario y con motivaciones políticas había sido la tónica dominante en el Gobierno desde marzo, y todavía más, las unidades de la Guardia de Asalto encargadas de ello añadieron de manera ilegal a las listas los nombres de los principales líderes de la derecha, violando así su inmunidad parlamentaria.

Lo que es peor, las unidades policiales estaban constituidas de un modo totalmente ilegal: la encargada de arrestar a Calvo Sotelo estaba comandada por un capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, a quien el Frente Popular había librado de una larga condena a prisión a causa de su participación en la insurrección de 1934. Condes todavía no se había reincorporado al pleno servicio activo, pero la policía izquierdista actuaba ya con independencia de la autoridad legal. Su escuadrón estaba compuesto por guardias civiles y de asalto de servicio, policías que no lo estaban y varios activistas revolucionarios, sobre todo socialistas. En los meses anteriores, el Gobierno había nombrado «delegados» especiales a cientos de socialistas y comunistas, una función en cierto modo similar a la de los activistas de las SA y las SS, a los que Hitler designó Hilfspolizei en Alemania, aunque en el caso español la situación estaba más limitada.

Durante algún tiempo, Calvo Sotelo había estado animando a los militares a la rebelión, pero permaneció en Madrid para asistir al próximo debate en las Cortes precisamente porque no existían garantías de que llegasen a hacerlo. El escuadrón policial lo secuestró de su piso en medio de la noche y, tras subirlo al camión de la Guardia de Asalto que le aguardaba en la calle, un militante socialista le disparó un tiro en la nuca. Después arrojaron su cadáver a las puertas de la morgue del cementerio del Este.

La respuesta del Gobierno fue incluso peor que el propio asesinato. Pese a prometer una investigación, apenas hizo nada y en lugar de intentar calmar a la oposición —algo que se necesitaba de un modo desesperado— impuso una censura total para ocultar la verdad y se preparó para la confrontación iniciando una nueva ronda de arrestos de falangistas y derechistas, como si considerase a éstos responsables de aquella muerte. Ni siquiera se intentó detener a los verdaderos responsables.

La única respuesta política inmediata provino de los líderes del Partido Comunista, a quienes la Komintern había dado instrucciones para que presentaran una nueva ley en las Cortes con la que se ilegalizaría a todos los partidos derechistas, encarcelando a sus líderes y principales militantes y clausurando todos los periódicos conservadores. Estas propuestas, del todo contrarias a la Constitución, constituían el intento más drástico realizado hasta entonces por cualquiera de los partidos de izquierda para implantar la República de «nuevo tipo» estrangulando cualquier oposición. Enseguida se pusieron en práctica estas provisiones de la forma más violenta y revolucionaria en lo que, eufemísticamente, se denominó la «zona republicana».

El día 13 se reunió dos veces el Consejo de Ministros, y tras acordar la suspensión de la siguiente sesión de las Cortes, denunció el asesinato en un breve comunicado y prometió una investigación y un procesamiento públicos y completos, aunque ninguno de ellos se llevó a efecto; en su lugar, más tarde se promocionó a los asesinos a puestos de mayor responsabilidad. Tras haber dado de lado al Parlamento, el Gobierno no hizo casi nada por tranquilizar a la cada vez más vulnerable oposición, continuando con su política habitual de culpar a la víctima. En el espíritu de la nueva propuesta comunista anunció la decisión de clausurar los centros madrileños del monárquico Renovación Española y de la CNT, pese a que resultaba obvio que ninguno de ellos había estado implicado en el delito, y procedió a arrestar a numerosos derechistas. Tras el funeral de Calvo Sotelo, la policía abrió fuego en el centro de Madrid sobre los manifestantes desarmados, abatiendo a varios de ellos. El día 15, el director general de Seguridad anunció el arresto de otros 185 líderes locales y provinciales de Falange, que se añadirían a los miles que ya estaban en las cárceles, y al día siguiente, en línea con la estrategia gubernamental de intensificar la polarización, se cerraron todos los centros de la derecha en Barcelona.

Ni el Gobierno ni los socialistas prietistas (directamente implicados en el asesinato) llevaron a cabo movimientos constructivos para rectificar la situación. Su política había pasado a ser la de resolver la cuestión alentando el conflicto civil, porque pensaban que era inevitable y estaban seguros de ganar. Prieto en persona protegió a los asesinos y existen testimonios de su directa intervención para evitar que el Gobierno siguiera adelante con los arrestos y la investigación. Dado que el autor del disparo era uno de los guardaespaldas de Prieto, los socialistas consideraron indispensable vetar cualquier investigación que pudiera sacar a la luz su papel dominante en la violencia política existente. En este punto, tanto el Gobierno como los dirigentes socialistas consideraban que el conflicto armado era irremediable y, de hecho, estaban más que dispuestos a que estallase lo antes posible para acabar con él mediante su propia victoria. No obstante, la división interna en el seno de los socialistas continuó, ya que, mientras los prietistas se unieron a los comunistas para exigir al Gobierno la creación de milicias armadas especiales, los caballeristas continuaban confiando en la táctica de la huelga general, que se suponía que provocaría la transferencia del poder a los sindicatos. Mientras tanto, Casares Quiroga declaró en privado que esperaba que se produjese una sublevación militar lo antes posible para poder destruir a todos los elementos rebeldes.

Hasta el 12 de julio tales cálculos podrían haber estado justificados. Mola había encontrado importantes obstáculos a la hora de llevar adelante la conspiración; en realidad, la mayoría de los oficiales no deseaba rebelarse, las relaciones con los falangistas eran muy tensas e incluso los carlistas se negaron a cooperar en las condiciones propuestas por «el Director». La fecha asignada para el levantamiento se había pospuesto en numerosas ocasiones y, el 9 de julio, tras el decisivo rechazo de los carlistas, Mola estaba desesperado, lamentándose ante el líder carlista Manuel Fal Conde de que «recurrimos a ustedes porque contamos únicamente en los cuarteles con hombres uniformados, que no pueden llamarse soldados… De cuantos han actuado en esta aventura, la única víctima voy a ser yo»[7]. En ese momento sólo podía anticipar una insurrección frustrada o quizá ninguna en absoluto, a la que seguiría su arresto y procesamiento.

El asesinato de Calvo Sotelo tuvo un efecto electrizante en todos aquellos que se oponían a la izquierda y resultó ser el catalizador necesario para transformar una cojeante insurrección en una poderosa sublevación que podía provocar una guerra civil a gran escala, a pesar de que casi ninguno de los implicados pudo prever el enorme conflicto que se llegaría a producir. Las consecuencias políticas, psicológicas y emocionales del asesinato derivaban cada vez más de sus precisas circunstancias y no del hecho de la muerte del líder monárquico. Si hubiera encontrado la muerte en una esquina, a manos de vulgares asesinos izquierdistas, habría tenido algún efecto, pero mucho menor que el que produjo el espectáculo de ver al portavoz de la oposición en las Cortes primero secuestrado y luego asesinado por la policía en conciliábulo con militantes revolucionarios.

Fue éste un crimen sin precedentes en la historia de los sistemas parlamentarios occidentales (si todavía podía seguir llamándose parlamentaria a la República española), el equivalente hispano del asunto Matteotti en Italia. Este último sirvió para precipitar la dictadura fascista mientras que aquél sirvió de catalizador para una guerra civil. Los fascistas asesinaron a Matteotti, los socialistas a Calvo Sotelo, y en ambos casos estos grupos eran la principal fuente de violencia política en sus respectivos países.

El capitán Jesús Pérez Salas, un liberal que siguió siendo fiel a la causa republicana durante la Guerra Civil, observó:

… El asesinato […] debió de ser inspirado por alguien que tenía un gran interés en que el Ejército se sublevara […]. Es inútil tratar de restar importancia al hecho. Si las fuerzas de Orden Público, en las que descansan los derechos y la seguridad de los ciudadanos, son capaces de ejecutar actos de esta naturaleza, prueban evidentemente su falta de disciplina y el olvido de su sagrada misión… Quizá hubiera podido evitarse la acción posterior del Ejército mediante una rápida y enérgica intervención del Gobierno republicano, castigando con dureza a los ejecutores y sobre todo, expulsando del Cuerpo de Seguridad al núcleo contaminado, para dar así la sensación al país de que el Gobierno se hallaba dispuesto a terminar con el terrorismo de cualquier parte que éste procediese[8].

La respuesta del Gobierno, como se ha visto, fue más bien la opuesta, como si esperase que el crimen provocase finalmente a los militares a emprender una rebelión que se podría sofocar.

Entre éstos el cambio de actitud fue sorprendente, siendo el mejor ejemplo el caso de Franco. Pese a ser monárquico por principios, prefería la derecha moderada a los extremistas y, durante la República, se había mantenido alejado de cualquier implicación política subversiva.

Mientras que Azaña había tomado parte en la insurrección revolucionaria de 1930, se había afanado por anular los resultados electorales en 1933 y se había implicado en diversas maniobras encaminadas a desbaratar el normal funcionamiento del Gobierno parlamentario en 1934, Franco no había hecho otra cosa que solicitar a las autoridades constitucionales la imposición de la ley marcial para controlar los desórdenes que se produjeron en febrero de 1936. El 23 de junio escribió a Casares Quiroga para informarle de que el ejército seguía siendo leal (una apreciación en esencia correcta en aquel momento) e instarle a que modificase su política. El 12 del mismo mes comunicó a Mola que todavía no había llegado el momento de rebelarse y que no estaba dispuesto a unirse a su causa, pero parece ser que, a la mañana siguiente, la noticia del asesinato tuvo el decisivo efecto de convencer a Franco de que no rebelarse sería aún más peligroso que hacerlo. De manera inmediata, despachó un nuevo mensaje en el que afirmaba estar definitivamente comprometido con la sublevación, la cual no debía retrasarse[9]. Muchos años más tarde, en un discurso pronunciado en 1960, Franco se preguntaba si la sublevación habría triunfado de no ser por el asesinato. El 15 de julio de 1936, a la vista de la insistencia categórica de los carlistas navarros, su líder nacional comprometió sin reservas a todas sus fuerzas con la causa de la rebelión, como ya habían hecho los falangistas con anterioridad, y en muchos cuarteles arreció el apoyo hacia la misma.

El levantamiento del ejército comenzó sin un programa definido, salvo unas vagas directrices recogidas en anteriores memorandos de Mola. Tanto la Falange fascista como los carlistas tradicionalistas, principales colaboradores de los militares, se vieron incapaces de imponer sus propios criterios políticos. La única excepción fue la promesa hecha a los carlistas de garantizarles el control de las instituciones gubernamentales de Navarra, al menos durante un tiempo.

Muchas de las proclamas originales de los jefes rebeldes contenían la frase «¡Viva la República!», lo que, por supuesto, no significaba la del Frente Popular, sino una mucho más de derechas, cuyas instituciones hubieran sido objeto de una drástica reforma y una estructura semiautoritaria, algo muy parecido al «Estado Novo», la república del profesor Salazar en el vecino Portugal. No se trataba de un proyecto «fascista», pero el rápido desarrollo de una guerra civil revolucionaria tuvo un efecto radicalizador en ambos bandos. La zona republicana se convirtió en revolucionaria por completo, mientras que la nacional, con Franco, se inclinó hacia la derecha radical y su propio y contradictorio tipo de «fascistización» desde octubre de 1936 en adelante.

10
¿QUÉ HABRÍA PASADO SI LOS MILITARES NO SE HUBIERAN SUBLEVADO?

LA historia contrafactual se ha convertido en un fenómeno bastante popular. Pese a que es fácil exagerar su utilidad, el uso limitado y cuidadoso de preguntas contrafactuales puede contribuir a iluminar el carácter y la extensión de problemas históricos y la naturaleza de las alternativas. La factibilidad y el aparente atractivo (o su ausencia) de tales opciones son cuestiones importantes a tener en cuenta en las grandes coyunturas históricas. El problema de qué se podría esperar que hubiera sucedido si en 1936 no se hubiera producido una guerra civil entre revolucionarios y contrarrevolucionarios es una pregunta importante.

Como se ha visto anteriormente, algunos de los más relevantes teóricos revolucionarios habían predicado la necesidad (de hecho, la inevitabilidad) de una guerra civil revolucionaria, aunque esperaban que fuera breve y que la izquierda la ganase sin dificultad. En comparación, la izquierda moderada no poseía una doctrina de guerra civil, pero terminó por aceptar lo ineludible (y en último caso la conveniencia) de cierto tipo de débil rebelión militar como expresión del resentimiento y el agravio que embargaba a la derecha. A principios de julio, Casares Quiroga e Indalecio Prieto parecían preferir alentar o incitar tal rebelión más que desanimarla, pues la veían como el medio más simple para clarificar la situación y fortalecer al Gobierno republicano de izquierdas, aunque la actitud de Prieto era más compleja y menos complaciente que la del presidente del Gobierno.

Todos los cálculos de la izquierda se basaban en lo que se percibía (en parte correcta y en parte incorrectamente) como la debilidad, timidez y división de la derecha, que, desde luego, era bastante débil, estaba dividida y nada segura acerca de cómo proceder, hasta el punto de que un Gobierno más coherente por parte de Azaña y Casares Quiroga podría haber evitado la guerra con toda facilidad. Lo irónico de la situación estriba en que es probable que un Gobierno más prudente, ordenado y observante de la ley podría haber utilizado los mismos medios para crear su propia versión de una República sólo de izquierdas, excluyendo del todo a la derecha, si se hubiera comportado de una forma más legal y coherente. En otras palabras, la noción básica de casi toda la izquierda de que la derecha no estaba en posición de estorbarle era correcta dependiendo del comportamiento de aquélla y de cómo gobernase. Es probable que se hubiera conseguido cimentar la completa dominación de la izquierda sin necesidad de llegar a una guerra civil, lo que dependía de su conducta; tal era la firme, aunque prudente, estrategia recomendada por la Komintern, y ello a pesar de que el Partido Comunista habría llegado más lejos y mucho más rápido de lo que Azaña tenía pensado. En definitiva, la peculiar combinación española de un Gobierno de la izquierda moderada sectario e indeciso que no estaba dispuesto a aplicar la ley con firmeza y una izquierda revolucionaria violenta, incendiaria e indisciplinada logró crear las condiciones que ocasionaron una respuesta derechista de lo más vigorosa y agresiva. Y a pesar de ello todavía nada era inevitable. Era muy posible que se produjese algún tipo de rebelión militar, y así lo preveían la mayoría de los observadores, pero habría tenido poca entidad, como se figuraban Casares Quiroga y otros izquierdistas, y no habría provocado una gran guerra civil.

Entonces, hipotéticamente hablando, ¿qué habría ocurrido si sólo hubiese estallado una insignificante rebelión militar, o ninguna en absoluto? En tales circunstancias, la izquierda habría salido todavía más fortalecida, y su dominación se habría extendido aún más, como esperaban todos los líderes izquierdistas. Pero la izquierda se encontraba tan dividida como la derecha (en algunos aspectos, y pese al Frente Popular, todavía lo estaba más porque España se encontraba bajo la doble amenaza de la extrema polarización y la extrema fragmentación), de manera que cualquier escenario alternativo debe evaluarse con sumo cuidado. Un gobierno en manos de una izquierda más dominante podría haber terminado de una de estas tres formas: 1) la dominación continuada por parte de un Frente Popular liderado por los republicanos de izquierda; 2) la ruptura del Frente Popular y la adopción por parte de los republicanos de izquierda de una actitud más moderada con la ayuda del centro y el ejército (la «opción Martínez Barrio»); y 3) la sustitución del Frente Popular originario por alguna combinación de la izquierda revolucionaria.

1) El primer escenario estaría representado por la utopía republicana de Manuel Azaña y exigía que Casares Quiroga fuera capaz de manejar a los militares o cualquier rebelión menor de éstos con tanta habilidad que, más tarde, cualquier concesión al ejército resultaría innecesaria. Un gobierno victorioso, protegido contra cualquier peligro procedente de la derecha, sin necesidad de «hacerse el Kerenski» ni confiar en el apoyo de los revolucionarios, habría disfrutado de una autoridad renovada que hubiera permitido a los republicanos de izquierda continuar, sobre una base más coherente, con las políticas que ya estaban intentando imponer (no siempre con éxito). A ello habrían seguido más reformas sociales y económicas, así como la ampliación del proceso autonómico, al tiempo que las divergencias existentes entre dos principales sectores revolucionarios habrían impedido que cualquiera de las opciones revolucionarias se reforzase hasta el punto de imponerse sobre el régimen republicano de izquierda. La estrategia de los caballeristas se basaba en capitalizar la reacción radical ante un levantamiento derechista y si el éxito del gobierno no les concedía tal oportunidad, se habrían visto sin estrategia. El cisma en el seno del movimiento socialista habría continuado y el PCE habría seguido creciendo y continuando con su política establecida de apoyar al Gobierno de izquierdas sin dejar de presionar para aprobar una legislación más drástica para reprimir a la derecha. Por su parte, los anarquistas no habrían renunciado a «la vía insurreccional» para alcanzar el poder, pero, en aquel momento, no se habrían dado unas condiciones propicias para ello. El Gobierno habría confiado en un ejército políticamente de fiar y sometido a una purga previa para mantener a raya a la extrema izquierda revolucionaria.

Esta opción habría dado lugar a un régimen de tipo «latinoamericano» o «mexicano», una situación en la que se habrían aprobado nuevas leyes represivas de la derecha, suprimiendo de manera oficial todos los partidos y grupos monárquicos y radicales de derechas, junto con sus afiliados. No se habría ilegalizado CEDA porque era demasiado grande y moderada, pero habría pasado a ser un partido de oposición marginado y domesticado tal y como, durante muchos años, lo fue el PAN (Partido de Acción Nacional) en México. También habría seguido habiendo elecciones, aunque muy controladas y manipuladas.

Es probable que un Gobierno republicano de izquierda renovado se hubiera sentido impulsado a continuar con el proceso de concesión de mayor autonomía a las regiones, lo que habría abierto un segundo frente de conflictos más allá de las originarias confrontaciones entre clase e ideología. Es imposible saber a ciencia cierta si habría estado dispuesto a garantizar la autonomía a un País Vasco en el que el partido dominante podría ser el PNV, cuya ideología en algunos puntos se aproximaba más a la de la derecha autoritaria que a la de las izquierdas. Si el proceso autonómico hubiese avanzado más, algunas regiones habrían caído bajo el control de la CEDA, añadiendo una nueva dimensión al conflicto político y provocando una mayor represión por parte del Gobierno.

Según ese cambio de escenario, la superación parcial de la polarización entre izquierdas y derechas habría dado paso a una nueva fragmentación horizontal, una debilidad endémica de la España de los siglos XX y XXI. Dado que todavía no se habría resuelto el desafío de los movimientos revolucionarios, el Gobierno habría tenido que arrostrar un conflicto en dos frentes que, a la larga, podría haber desembocado en la ingobernabilidad del país. Si tales conflictos hubieran reforzado al centro, todo el Estado habría salido beneficiado, pero parece más probable que sólo hubieran servido para alentar las actitudes del «mal menor» y el «voto útil» en las elecciones futuras.

Al aumentar las tensiones internacionales, la necesidad de cooperar con el Gobierno para evitar una guerra internacional o una invasión extranjera habría servido para fortalecer a quien estuviese en el poder, reduciendo la presión revolucionaria siempre que se mantuviera la estabilidad política. Al principio, el estallido de una guerra en Europa habría ampliado este escenario, puesto que el Gobierno republicano de izquierda se habría mantenido en una estricta neutralidad, que nada habría tenido que ver con la «no beligerancia» de Franco, favorable al Eje.

Pero si las presiones bélicas hubieran debilitado al Gobierno, los movimientos revolucionarios se habrían aprovechado de la situación, siendo incluso posible que PNV y Esquerra utilizasen esta oportunidad para negociar con ciertos poderes extranjeros y obtener así su apoyo para deconstruir España, tal y como hizo el PNV durante la Segunda Guerra Mundial. El tema de hasta qué punto las presiones internacionales habrían exigido a la República de izquierdas que moderase su política interna e incorporase a elementos más centristas a un «frente nacional» más amplio sigue siendo objeto de especulación. Semejante cambio habría alentado el retorno a la democracia y, suponiendo que hubiese sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, la situación de la República de izquierdas habría mejorado gracias al clima europeo posterior a 1945.

El problema con este primer escenario radica en que España habría seguido estando en manos de un gobierno minoritario, aunque momentáneamente fortalecido por su poder y prestigio. El régimen republicano de izquierdas habría tenido que continuar haciendo frente a sus problemas y debilidades básicos y no parece existir razón alguna para creer que el Gobierno habría contado con el liderazgo, la firmeza y con una política lo bastante clara y coherente como para ocuparse de ellos. El camino escogido por Azaña era muy poco realista, demasiado difícil y complejo como para seguirlo de manera sistemática o para mejorarlo con éxito.

2) El segundo escenario habría supuesto la creación de una coalición gubernamental más amplia y moderada. Entre mayo y julio se había instado a Azaña, en varias ocasiones, a proceder de este modo, algo a lo que se negó sin más, insistiendo en que la unión de las izquierdas era necesaria para derrotar a la derecha y que el centro era, como mínimo, un obstáculo en esa ruta. Así, la única posibilidad inmediata de que se hubiese producido este escenario habría dependido de un mayor éxito por parte de Martínez Barrio en la noche del 18 al 19 de julio, ya que Azaña sólo estuvo dispuesto a cambiar de actitud cuando se vio amenazado por una gran insurrección.

¿Qué hubiese sido preciso para que Martínez Barrio alcanzase el éxito? Se pueden citar tres factores: a) el papel de Azaña y de su propio partido, Izquierda Republicana; b) una mínima cooperación, o al menos falta de resistencia, por parte de los revolucionarios; y c) que un grupo mayor entre los militares rebeldes hubiese estado dispuesto a ceder y colaborar. El factor b) se puede obviar del todo, ya que los movimientos revolucionarios estaban convencidos de que el único gran cambio aceptable sería la formación de un gobierno revolucionario o, al menos, de uno como el de Giral, cómplice de la revolución. Quizá el factor c) no hubiera sido del todo, imposible dado que, en apariencia, Martínez Barrio logró disuadir a los jefes militares de Málaga y Valencia de su participación en el levantamiento. Si, por ejemplo, hubiese sido capaz de apelar a la solidaridad masónica del general Miguel Cabanellas, de la quinta División Orgánica de Burgos, el resultado final podría haber sido muy distinto. En varias regiones el resultado del alzamiento fue, en principio, muy incierto y cualquier abandono a nivel de jefatura en una de las zonas clave podría haber supuesto la derrota de la insurrección.

El éxito del factor a) es incluso más improbable que el del factor c). Mientras duró la Guerra Civil, Azaña fue un dirigente débil y pasivo y resulta difícil imaginarlo mostrando la ética o el valor político necesarios para otorgar su apoyo personal a una coalición moderada. Cuando autorizó esta alternativa ya era una semana demasiado tarde y apenas se esforzó para que funcionase. Tal y como resultaron los hechos, se encontró con la terminante oposición de la juventud radical de su propio partido, encabezada por el director de Política, el periódico de Izquierda Republicana. En muchos de sus aspectos clave, la solución moderada era contraria a los propios valores e instintos políticos de Azaña y éste no era hombre dispuesto a asumir la responsabilidad personal de desafiar a los radicales en tan crucial situación.

¿Es posible, sin embargo, que el primer escenario hubiese llegado a transformarse al final en el segundo? Sin duda esto es lo que hubiesen preferido los republicanos de izquierda más moderados, pero plantea la cuestión del futuro a largo plazo de la contradictoria alianza del Frente Popular. En Francia, la disolución del Rassemblement Populaire comenzó en 1937 y a mediados de 1938 ya había desaparecido, con el consiguiente desplazamiento del equilibrio político hacia el centro-derecha, incluso sin haber celebrado nuevas elecciones. ¿Podría haber ocurrido algo parecido en España? Es poco probable, porque la polarización entre la izquierda y la derecha era mucho más grave que en Francia, donde el cambio lo protagonizaron los radicales, mucho más moderados y demócratas que los seguidores de Azaña.

Tal cambio podría haberse producido en Madrid si en 1936 o 1937 Azaña y los restantes dirigentes republicanos hubieran llegado a la conclusión de que en el seno del Frente Popular no existía alternativa al tipo de escenario diseñado por los revolucionarios, según los cuales la única función de los republicanos de izquierda era servir de cómplices kerenskistas de la prerrevolución, tras la cual quedarían condenados a desaparecer por completo. El principal argumento azañista para mantener dentro del Frente Popular esa alianza prorrevolucionaria era el del «mal menor», es decir, que era indispensable para lograr la derrota absoluta de la derecha, comparados con la cual los revolucionarios constituían unos socios aceptables aunque incómodos. No obstante, si la derecha hubiera quedado debilitada de un modo decisivo por el éxito del Gobierno al superar la crisis de mediados de 1936, tal necesidad habría sido menos apremiante y, en lugar de desplazarse hacia la izquierda, Azaña se habría sentido más cómodo y seguro virando hacia el centro-izquierda.

Si el congreso del PSOE hubiera tenido lugar en octubre de 1936, podría haber culminado con la escisión del partido entre prietistas y caballeristas, tal y como, diez años más tarde, se dividió el Partido Socialista italiano entre la minoría socialdemócrata de Giuseppe Saragat y la mayoría filocomunista de la «izquierda unida» de Pietro Nenni. Sin embargo, es posible que, en España, los prietistas hubiesen continuado siendo más fuertes que sus homólogos italianos y, a finales de 1936, ello habría posibilitado la creación de un Gobierno republicano más amplio y moderado, compuesto por republicanos de izquierda, prietistas y algunos elementos de centro. Dada la situación internacional, incluso los comunistas habrían podido, en principio, haber apoyado tal Gobierno en cierta medida, pese a no estar representados en él, y si los caballeristas y/o la CNT hubieran respondido provocando un estallido revolucionario, al nuevo Gobierno no le habría resultado difícil dominar la situación.

Tanto en el segundo escenario como en el primero habría pervivido el problema de las autonomías, salvo que en el segundo el Gobierno se habría encontrado en una mejor posición para abordarlo.

Las presiones internacionales habrían producido efectos muy similares a los contemplados en el primer escenario, al moderar la política interior y estimular una mayor unidad interna. Como en el primer caso, España hubiese permanecido neutral, al menos hasta la fase final de la guerra, dominada por los aliados. La derrota de la Alemania nazi y el clima político existente en la Europa de posguerra habrían fortalecido todavía más al régimen republicano.

El segundo escenario es el único de los tres en el que la crisis española se hubiese resuelto de manera democrática. Lo irónico de la situación es que tal escenario no fue una fantasía utópica, sino una oportunidad que, entre el 17 de febrero y el 17 de julio, habría estado al alcance de la mano si Azaña y los republicanos de izquierda se hubiesen molestado en considerarla.

3) El tercer escenario implica que los términos en que se superó la crisis de mediados de 1936 no supusieron un fortalecimiento fundamental del Gobierno republicano, sino tan sólo un mayor estimulo para los revolucionarios. O bien no se habría producido ninguna rebelión militar o se habría dado una de poca entidad que habría satisfecho las aspiraciones de los revolucionarios, pues el Gobierno republicano habría sido incapaz de sofocarla por sí solo, teniendo que recurrir a una huelga general revolucionaria y, en cierta medida, a la milicia obrera. En otras palabras, el tercer escenario habría significado un rápido desplazamiento hacia algo parecido al Gobierno revolucionario que Largo Caballero estableció en la zona republicana el 5 de septiembre sin la decisiva complicación que suponía una guerra civil en rápida expansión. De hecho, el gobierno del que tomó posesión Giral el 19 de julio constituyó una especie de continuación del de Casares Quiroga, diseñado para abordar la nueva situación de emergencia. En el escenario caballerista se habría superado esa crisis con rapidez y el Gobierno de Casares Quiroga habría dejado paso, en cuestión de días, a otro revolucionario, encabezado por Largo Caballero. Para entonces, el ejército habría estado todavía más debilitado gracias a una purga masiva, hasta el punto de que ya no habría podido servir de salvaguardia para el Gobierno republicano de izquierda y, tal y como creían tanto los caballeristas como la mayor parte de los revolucionarios, el resultado habría sido una renovada ofensiva por parte de la izquierda revolucionaria, tan intensa que los republicanos se habrían visto forzados a entregar el poder en manos de una coalición revolucionaria dirigida por los caballeristas.

Entonces, sin hallarse entorpecido por una guerra civil o por la necesidad de «camuflar» la revolución ante las potencias extranjeras, el Gobierno de Largo Caballero habría seguido adelante con la revolución, aunque es posible que de una manera menos destructiva y violenta que la que tuvo lugar en la zona republicana. Las ejecuciones políticas habrían sido mucho menos numerosas y la totalidad del proceso revolucionario algo menos caótico.

Con todo, habría resultado muy difícil dar una forma concluyente al proceso revolucionario, al existir cuatro movimientos diferentes, con distintos pesos específicos, amén de varios grupos radicales dentro de la izquierda burguesa. En semejante escenario, los comunistas habrían detentado un poder y una influencia política mucho menores que aquéllos de los que hubieran disfrutado en el transcurso de una guerra civil a gran escala. Sin embargo, el conflicto básico entre la extrema izquierda revolucionaria y las fuerzas estatales y más disciplinadas de la izquierda (que asumió su forma más violenta en mayo de 1937 en Barcelona) habría seguido siendo fundamental, provocando un intenso conflicto que habría podido desembocar en una guerra civil en el seno de la izquierda, aunque, en este tercer escenario, los anarquistas podrían haberse encontrado en una situación algo más ventajosa para dominar el conflicto de lo que estuvieron en los «Días de Mayo» de Barcelona.

Para la FAI-CNT, la paradoja de la Guerra Civil consistió en que «armar al pueblo», con el suicidio asistido y voluntario del Estado republicano, les resolvió de repente y al menos en parte su perpetuo problema acerca de cómo hacerse con el poder. La «vía insurreccional» siempre les había fallado y lo seguiría haciendo en el futuro, pero en pago por la ayuda prestada por la CNT a la hora de sofocar la revuelta, tanto en Barcelona como en otros lugares, se entregó el poder a los anarcosindicalistas, algo que nunca habrían conseguido por sí mismos.

La otra cara de la paradoja es que lo lograron aunque sólo al precio de un desesperadísimo conflicto civil. Caballeristas, prietistas, comunistas y POUM tenían, cada uno a su manera, una teoría acerca de la guerra civil, en la que utilizarían el poder central del Estado para lograr la victoria. Los anarquistas no contaban con tales teorías, porque contradecían sus principios básicos: sólo pudieron hacer frente a esta paradoja cediendo en sus fundamentos, colaborando primero con la Generalitat catalana y con el Ejército Popular y el Gobierno republicano después. La historia de la FAI-CNT durante la Guerra Civil puede dividirse en dos apartados diferentes. El primero, el del desarrollo temporal de la revolución anarcosindicalista en un grado mucho mayor que en cualquier otro lugar del mundo. El segundo, el de la progresiva cesión de los principios políticos anarquistas con el fin de ganar la guerra y salvaguardar la revolución en la medida de lo posible. Las mismas condiciones que, al principio, posibilitaron la revolución, sembraron las semillas de esa necesidad de comprometerla y, finalmente, de destruirla.

Si la izquierda marxista hubiese alcanzado el poder en 1936 sin la guerra, nunca se habría impuesto la revolución anarcosindicalista de un modo tan intenso, pero, por la misma regla de tres, es presumible que la FAI-CNT se hubiese negado a cooperar o a hacer concesiones a un Gobierno marxista, concentrando sus energías en una lucha de aniquilación mutua, algo que limitó la Guerra Civil. Sin embargo, habría seguido existiendo esa tensión básica entre la extrema izquierda revolucionaria y las fuerzas izquierdistas más estatalistas y disciplinadas, que alcanzó su cota máxima en mayo de 1937 en Barcelona, y ello habría supuesto una breve aunque intensa guerra civil entre revolucionarios, algo que se impidió a los líderes anarcosindicalistas en el 37. En el tercer escenario, habrían gozado de una libertad mucho mayor para insistir en las leyes del comunismo libertario y consagrar toda su energía a esa lucha civil interna. Dadas las limitaciones organizativas de la FAI-CNT, su victoria habría sido casi imposible, pero la extensión del conflicto dentro de la izquierda podría haber sido infinitamente mayor.

Los efectos que un régimen revolucionario triunfante hubiese tenido sobre la situación internacional son incalculables. Habría incrementado hasta límites insospechados la paranoia de la derecha francesa, ya de por sí enorme, dando como resultado una mayor contemporización anglo-francesa con respecto a Hitler, porque, en cierta manera, se consideraba a la Alemania nazi como el contrapunto de la revolución colectivista. Con ello, en 1939, habría existido una disposición a permitir la invasión de Polonia. Sin necesidad de establecer un pacto nazi-soviético y con su frontera occidental asegurada, Hitler podría haber librado una guerra de un solo frente contra la Unión Soviética desde una posición ventajosa, con inmensas consecuencias para el futuro de Europa y del mundo.

De igual modo, y pese a su intrínseco antifascismo, ese régimen republicano revolucionario podría haberse esforzado por mantener su neutralidad en un conflicto europeo generalizado, aunque subsiste la duda de si, en tal caso, Hitler habría considerado que el régimen español era un problema estratégico de la suficiente entidad como para aconsejar la invasión del país tras la caída de Francia en 1940. A Hitler nunca le interesó invertir mucho en una «estrategia sureña» expansiva y la invasión de España habría supuesto una gran empresa no sólo desde el punto de vista militar, sino también logístico. Por su parte, Mussolini si podría haber estado dispuesto a considerar el derrocamiento del régimen revolucionario español como parte prioritaria de su política mediterránea, aunque no contase necesariamente con los medios para lograrlo.

Por tanto, el resultado de este escenario depende de si se considera el antifascismo de la izquierda española como oportunista o irreprimible. En el último caso, y si los acontecimientos hubiesen permanecido inalterados hasta mediados de 1940, el régimen revolucionario español podría haber adoptado una posición antinazi mucho más firme que la yugoslava de marzo de 1941 y su destino podría haber sido casi tan repentino. Pero tal alternativa habría supuesto un mayor compromiso de Hitler con la zona mediterránea, priorizándola frente a la invasión de la Unión Soviética, algo que habría ejercido un fuerte impacto sobre el desarrollo de la guerra.

A la inversa, si tal régimen hubiese logrado sobrevivir a la guerra, habría encontrado un clima bastante propicio en la Europa posterior a 1945. España se habría situado en la extrema izquierda en lugar de en la extrema derecha, algo que no tendría por qué desalentar la vuelta de los países europeos occidentales a la democracia y a una próspera economía mixta, pero que, sin duda, no lo habría favorecido porque habría representado una inyección de ánimo para todas las fuerzas extremistas de la izquierda europea. Un régimen revolucionario como el que se contempla en el tercer escenario podría haber tropezado con problemas económicos más serios que en las otras alternativas, aunque, al principio, no habrían sido mucho peores que los ocasionados por la Guerra Civil. En gran medida habrían dependido de la flexibilidad de los líderes revolucionarios y su disposición a aprender de los desastres económicos que una revolución colectivista habría traído consigo. En última instancia y tras haber destruido la democracia, ese sistema se vería obligado a invertir sus políticas económicas (en mucha mayor medida que Franco en 1945, 1951 o 1959) o enfrentarse al colapso.

El segundo escenario podría haber propiciado una vuelta más rápida a la democracia, mientras que el primero podría, en cierto momento, haber sucumbido a la reforma democrática. Incluso el violento y destructivo tercer escenario habría estado dominado por un socialismo semiplural, no totalitario, más permeable a la reforma y a la transformación que un régimen comunista y que podría (o no) haber seguido por el mismo camino que el régimen sandinista medio siglo más tarde.

Una de las grandes hipótesis de este tema es si la sociedad española estaba en verdad preparada para la democracia con anterioridad a las decisivas transformaciones que tuvieron lugar en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo. Es posible que los conflictos políticos formales no hubiesen tenido solución sin una mayor expansión educativa y un mayor desarrollo económico, aunque habría resultado más fácil abordarlos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial que en los inmediatamente anteriores.

11
¿HUBO DE VERDAD UNA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA? ¿PUEDE COMPARARSE CON OTRAS GRANDES REVOLUCIONES DEL SIGLO XX?

EL proceso revolucionario que se abrió en España tras la caída de la monarquía constituye la principal causa, aunque no la única, de la Guerra Civil. Con el triunfo electoral del Frente Popular se inició una «situación prerrevolucionaria» que, por motivos políticos, el Gobierno republicano no pudo controlar. La sublevación militar del 18 de julio pretendió poner punto final a esa situación reprimiendo a la izquierda; en cuanto a golpe o pronunciamiento, fracasó en las dos terceras partes del país, pero sentó las bases del conflicto civil.

El comienzo de la revolución puede fecharse el 19 de julio, cuando el nuevo gobierno de Giral decidió, de manera inmediata, «armar al pueblo», refiriéndose a las organizaciones obreras revolucionarias, declarando al mismo tiempo la disolución de todas las unidades militares implicadas en el Alzamiento. La decisión de complementar (en realidad sustituir) lo que quedaba del ejército con una milicia revolucionaria tuvo como efecto práctico el entregar el poder a los revolucionarios, de tal manera que, en un breve lapso de tiempo, el Gobierno republicano se convirtió en una mera sombra de lo que había sido, conservando algo de su poder en Madrid y apenas nada fuera de la capital, y así el escenario imaginado por los caballeristas y algunos otros revolucionarios alcanzó una situación crítica.

Casares Quiroga, Martínez Barrio y el resto de los líderes de Unión Republicana, así como otros de Izquierda Republicana, estaban decididos a evitar que tal cosa ocurriera. Los cínicos podrían decir que ésta era la culminación lógica del continuado alejamiento del Gobierno de izquierdas respecto de la Constitución, pero no queda claro que fuese indispensable para combatir la rebelión. Aproximadamente el 45 por ciento de los militares no se sublevaron, mientras que dos tercios de los miembros de las fuerzas de seguridad (Guardia Civil, Guardia de Asalto y Carabineros), cuya selección había sido mucho más cuidadosa que la de los reclutas, permanecieron leales al Gobierno, al igual que lo hizo la mayor parte de la marina y la aviación, lo que otorgó al Gobierno, (que también controlaba los principales depósitos de armamento) una posición general de poder. En varias regiones, los militares y los efectivos de las fuerzas de seguridad leales desempeñaron un importante papel a la hora de sofocar el levantamiento y se les pudo haber utilizado de modo más efectivo para frenar la rebelión.

La decisión de armar a los revolucionarios derivó, en parte, del pánico y la incertidumbre acerca de la extensión de la sublevación, pero resultó desastrosa porque aquéllos carecían de disciplina y de potencial militar. Casi enseguida consagraron gran parte de sus energías a actividades revolucionarias, y no militares, como el pillaje, los incendios provocados y la violencia en masa, y pese a que miles de obreros se alistaron como voluntarios y lucharon con valentía (aunque con escasa habilidad) contra los rebeldes, sólo una pequeña minoría entre ellos se entregó al esfuerzo militar. Así, se dio una situación paradójica en la que el Gobierno se vio imposibilitado para dedicar sus fuerzas de seguridad a la lucha armada, teniendo que reservarlas para hacer frente al potencial caos en las ciudades y ello pese a que, en la práctica y durante estas primeras semanas, casi nunca desafió a los revolucionarios, quienes detentaron un poder de facto casi total. La formación del Gobierno de Largo Caballero el 5 de septiembre constituyó un primer paso para intentar restaurar el poder del Estado, pero la dualidad de la autoridad continuó de manera decreciente hasta mayo de 1937, cuando un reorganizado Gobierno republicano comenzó a hacer valer su autoridad de manera más efectiva. Durante este intervalo de tiempo, los revolucionarios sometieron a la zona republicana a una orgía de pillaje y violencia y a un proceso extensivo de colectivización económica y social.

La revolución española constituyó la última en una cadena revolucionaria que abarcó veinte años, entre 1917 y 1937. Todas las revoluciones europeas precedentes (aunque no las que tuvieron lugar en el este asiático) habían sido provocadas por la Primera Guerra Mundial o sus turbulentas secuelas. Después de 1917 también se produjo en España un brote revolucionario, espoleado en cierto modo por el dinero alemán (como en Rusia, aunque la cantidad invertida en España resulta irrisoria en comparación) y encabezado sobre todo por la CNT. Los primeros líderes de la Komintern contemplaban anhelantes el espíritu revolucionario de los anarcosindicalistas españoles, pero no hallaban el modo de atraerlos hacia el Partido Comunista. Tras la Primera Guerra Mundial, y no sin dificultad, se contuvo el brote revolucionario en España por dos motivos: el sistema político y social predominante, así como el subdesarrollo económico, limitaban la capacidad organizativa de los grupos obreros y, lo que es más importante, la neutralidad de España permitió que las instituciones españolas sobrellevasen la crisis producida por la guerra y la posguerra con una mayor estabilidad que las de otros países europeos.

Por estas dos razones, la amplia democratización experimentada por numerosos países tras la Primera Guerra Mundial se retrasó en España hasta 1931. La gran aceleración económica, social y cultural española de la década de los veinte alteró de modo esencial la sociedad, aumentando drásticamente las expectativas y dando lugar a una de las revoluciones más fundamentales desde el punto de vista psicológico: la revolución de las expectativas crecientes y, sin embargo, sólo pudo dar el primer paso para alcanzar una mayor modernización, pues el proceso estaba lejos de completarse. Aunque crecía con dinamismo, el país continuaba estando menos desarrollado que el resto de Europa Occidental, cuando, de repente, se esperó y se exigió de la Segunda República mucho más que de cualquier otro régimen en la historia española (más, por ejemplo, que lo que se exigió de la Tercera República Francesa en 1870 o de la monarquía constitucional española de 1976, a la que sólo se pidió que introdujese la democracia y los plenos derechos civiles). Entre 1931 y 1936, la combinación de democracia y libertad organizativa, unida a unas expectativas sin parangón, produjeron un enorme estallido de entusiasmo izquierdista. Pronto, conforme aumentaban las frustraciones económicas, producto de la depresión y la confrontación política interna, la radicalización sin precedentes dio lugar a una situación revolucionaria única, sin parangón en ningún otro lugar del mundo.

Con el estallido de la Guerra Civil aumentaron con rapidez los grupos izquierdistas en la zona republicana, liderados por las dos organizaciones sindicales más importantes: la CNT y la UGT, que, a finales de 1936, afirmaban contar con más de dos millones de afiliados cada una. Durante los primeros meses, la CNT se expandió con mayor rapidez porque la flexible estructura anarcosindicalista resultaba menos exigente que la de la UGT; es más, algunas de las áreas rurales del suroeste (en las que dominaba este último sindicato) se pasaron a los rebeldes, mientras que, al principio, la mayor parte de los centros de poder anarquistas resultaron menos afectados.

En Cataluña, los anarquistas organizaron una milicia de 40 000 hombres armados y obtuvieron el poder de facto. El 22 de julio, Lluis Companys, presidente de la Generalitat, se embarcó en un sistema explícito de dualismo revolucionario, reconociendo, junto a su propio Gobierno regional, un nuevo Comité Central de Milicias Antifascistas al que incluso se sometió. Este Comité, que ostentaba el poder de proseguir con la lucha armada en Cataluña y de controlar gran parte de los asuntos internos de la región, representaba los intereses de la CNT y la FAI, pero también, y en menor medida, los de Esquerra Catalana y otros partidos revolucionarios menores. Pronto surgió la rivalidad y el antagonismo entre los dos primeros y el recién creado Partido Comunista catalán (el PSUC o Partit Socialista Unificat de Catalunya) cuando aquéllos vetaron la participación de éste en el primer Gobierno que los catalanistas de izquierda formaron a principios de agosto. Los dirigentes de la CNT afirmaron que su organización estaba del todo capacitada para asumir el gobierno de Cataluña, pero aceptaban la continuación de una Generalitat limitada en sus poderes debido a la crisis militar y para no amedrentar a los poderes extranjeros. El principal aliado de la CNT era el POUM, desde el principio más comprometido con la revolución a ultranza que los propios anarquistas. Por su parte, el Butlletí de la Generalitat anunció que el auténtico poder descansaba en las manos del Comité de Milicias, el cual había establecido un nuevo orden revolucionario que todos los partidos de izquierda debían respetar. Como ocurre en casi todas las revoluciones violentas, este nuevo orden era profundamente autoritario, apenas sometido al imperio de la ley y atemperado tan sólo por la interacción de los diversos partidos izquierdistas. Horacio Prieto, secretario del Comité Nacional de la CNT, explicó mas tarde: «Nosotros fuimos derechos a la dictadura; ni los mismos bolcheviques, en su primera oportunidad histórica, fueron tan rápidos en la implantación del poder absoluto como los anarquistas en España»[10].

En la mayoría de las ciudades y provincias (en ocasiones también en las regiones) de la zona republicana se organizaron sistemas de dualismo revolucionario, en cierto modo análogos a los de la Rusia de mediados de 1917 y por todas partes surgieron otros comités parecidos al catalán. En cada caso representaban a las fuerzas revolucionarias más poderosas en cada distrito, aunque algunos constituían alianzas más amplias de todos los partidos de izquierda. Por ello, Carlos M. Rama ha denominado a la estructura de poder resultante «la Confederación Republicana Revolucionaria de 1936-37»[11].

En casi toda la zona republicana, esta revolución política y militar estuvo acompañada por otra social y económica que afectó incluso, de una manera algo diferente, al nuevo régimen vasco de Vizcaya. El primero de agosto se declaró en el caballerista Claridad: «Estamos, por obra de la intentona militar, en un profundo proceso revolucionario… Es preciso que todos los instrumentos del Estado, y especialmente el ejército, sean también revolucionarios…»; y el día 22 se añadió que «el pueblo no lucha ya por la España del 16 de julio, que era todavía una España dominada socialmente por las castas tradicionales, sino por una España en que estas castas sean raídas definitivamente. El más poderoso auxiliar de la guerra es ese desarraigo económico y total del fascismo, y eso es la revolución». Para Claridad se trataba de una «guerra social más que guerra civil» y, sin embargo, a excepción del POUM, la mayor parte de los revolucionarios estuvieron de acuerdo en que todavía resultaba útil mantener la apariencia de un Gobierno republicano, aunque sólo fuera por motivos de propaganda y de política exterior.

En la industria, la agricultura y, de cierta manera, en el sector servicios, la revolución adoptó en principio la forma de un control obrero y, después, de colectivización. En un informe enviado el 16 de octubre al Comité Central del Partido Comunista francés, el oficial de la Komintern André Marty informó de que en la zona republicana se habían «tomado» unas 18 000 empresas y que «el grueso de la industria española está ahora controlada por los trabajadores»[12]. Al principio no se anunció ninguna colectivización formal; los sindicatos se limitaron a hacerse con el control. Tan sólo en Cataluña, donde Companys pretendía canalizar la revolución, existió una estructura legal de colectivización industrial. En agosto, el Gobierno catalán creó un Consell d’Economia de Catalunya para representar a todos los partidos de izquierda y enseguida desarrolló su propio «Pla de Transformació Socialista del País», aunque nunca se llegó a aplicar de manera directa. En septiembre la CNT entró en el Gobierno catalán y el 24 de octubre el nuevo consejero anarcosindicalista de Economía, Juan Fábregas, presentó un decreto de colectivización por el que se formalizaba la de aquellas fábricas con más de 100 trabajadores, así como la de esas otras que contasen entre 50 y 100 trabajadores, siempre que el 75 por ciento de los mismos lo aprobasen. Las fábricas con menos de 50 trabajadores sólo se colectivizarían con el consentimiento del propietario, aunque, de hecho, los obreros se hicieron con el control muy a menudo. Además, las pequeñas empresas y talleres quedaron englobados en un considerable número de «agrupaciones» o «concentraciones» que actuaban a modo de paso intermedio y previo a la colectivización. Ni socialistas ni comunistas aprobaban la expropiación de las pequeñas empresas y el grado de confiscación varió en gran medida de una región a otra. En Asturias, la minería y la industria no fueron sometidas a una colectivización formal, pero quedaron por completo bajo el control de los sindicatos.

El gran plan de la CNT para alcanzar el «comunismo libertario» consistía en lo que denominaban «socialización» (un concepto distinto al de nacionalización por parte del Estado) de todas las ramas de la producción bajo el control de los sindicatos. La idea era que esa socialización garantizaría la representación sindical y la autonomía, evitando, al mismo tiempo, la dominación estatal. Pero este concepto no encajaba en las teorías socialistas; de ahí que, con frecuencia y en la industria urbana, la UGT se negase a colaborar. De hecho, la socialización nunca fue más allá de una sola rama de la industria en cualquier ciudad.

Los líderes de la CNT eran conscientes de que la colectivización sólo constituía un primer paso y se enfrentaron al reto de modernizar y aumentar la producción. Siempre que fue posible se adquirió maquinaria nueva, pero no existió centralización ni plan general alguno. Pese a la guerra, las fábricas continuaban produciendo bienes «civiles», más fáciles de manufacturar y más rentables. Más tarde, en Barcelona, se acusaría a las empresas colectivizadas y dirigidas por la CNT de «capitalismo y egoísmo sindicalistas». Los servicios de apoyo financiero eran absolutamente inadecuados y, a nivel de taller, se produjo a menudo una relajación de la disciplina laboral, un aumento del absentismo y, en ocasiones, incluso actos de sabotaje.

La creación de colectividades fue más frecuente en la agricultura. Aunque en muchas provincias se respetaron los minifundios, los sindicatos agrarios anarcosindicalistas y socialistas ocuparon los latifundios y gran parte de las propiedades de tamaño medio. Edward Malefakis, autor del estudio más relevante acerca de la reforma agraria prebélica, ha llegado a la conclusión de que en las catorce provincias que constituían el núcleo de la zona republicana se expropió el 41 por ciento de la tierra, lo que significa la mitad del terreno cultivable. De ella, más o menos el 54 por ciento se reorganizó en colectividades y el resto se asignó al cultivo individual. Como ha señalado Malefakis, en la España republicana se expropió algo más del doble de la tierra que durante la Revolución Rusa y muchísima más se sometió a colectivización[13].

Lo normal era que las colectividades presentasen un triple colorido político, pues estaban dominadas bien por la CNT, la UGT o por una mezcla de ambos sindicatos, aunque el POUM también participó en ciertas zonas. La variedad en cuanto al tamaño y funcionamiento de aquéllas era considerable. Las dominadas por la CNT tendían a ser las más radicales, con una total inclusión social, salarios familiares y más de un intento por prohibir el uso del dinero. Algunas de las de la UGT eran más moderadas, funcionando más como cooperativas de propiedad privada. Bendecida por unas condiciones climatológicas favorables, en 1937 la producción agrícola aumentó un poco en algunas partes de la zona republicana para caer de manera desastrosa junto con la industria un año después.

Nunca será posible establecer de modo exacto cuántas colectividades agrarias se formaron. Durante la última parte de la Guerra Civil, tras la disolución de muchas de las anarquistas, el Instituto de Reforma Agraria (IRA) anunció que se reconocían de manera oficial 2213 colectividades, aunque en esta cifra no se incluía a Cataluña, Aragón o Levante.

Del total, la UGT formó 823, la CNT 284 y las dos juntas 1106. La CNT afirmó que había creado 3000 en solitario, pero los directores comunistas del IRA nunca reconocieron tal cantidad. Sin duda esa cifra constituye una exageración a la que se pudo llegar contando cada subsección parcialmente autónoma como colectividad en sí misma. Uno de los pocos estudios completos sugiere que incluso el IRA estuvo implicado en esta práctica, de forma que el total de colectividades individuales que se crearon pudo no haber excedido las 1500[14].

Para los portavoces de la extrema izquierda revolucionaria, la sublevación de los obreros organizados en la zona republicana constituía una revolución proletaria de mayor calado, más auténtica y espontánea que la ocurrida en Rusia en 1917. Esta última (que tuvo lugar en febrero según el antiguo calendario ruso) constituyó una protesta popular de las gentes de San Petersburgo y de otras ciudades contra el Gobierno. En principio no pretendió ser una revuelta obrera per se, aunque durante la primavera y el verano la situación pronto degeneró en tal dirección. La Revolución bolchevique de Octubre (noviembre, según, el calendario occidental) fue tan sólo un violento golpe de Estado dado por un único partido organizado. Por ello declaró Andreu Nin que lo que estaba aconteciendo en España era «una revolución proletaria más profunda que la Revolución Rusa misma», declarando el 1 de agosto, en el típico estilo hiperbólico poumista, que «el Gobierno no existe».

El 7 de septiembre anunció que la dictadura del proletariado ya estaba presente en Cataluña, mientras que la organización juvenil del POUM (la JCI) exigía la formación de sóviets revolucionarios a lo largo y ancho de la zona republicana. Pese a la exageración de la extrema izquierda revolucionaria, apenas existen dudas de que la actividad obrera revolucionaria fue más inmediata, directa, espontánea y organizada en la sociedad española de 1936 (más avanzada y consciente) que en la más atrasada Rusia de 1917, siendo esta diferencia incluso mayor en el campo.

No sólo se expropió mayor cantidad de tierra en España, sino que la población rural fue muchísimo más revolucionaria que en Rusia, donde la inmensa mayoría de su población agraria no tomó parte en las nuevas colectivizaciones revolucionarias, limitándose a adueñarse de las propiedades de los terratenientes, añadiéndolas a las comunas campesinas ya existentes.

George Orwell dio fama a la atmósfera revolucionaria de Barcelona en sus memorias de la guerra, pero también en muchas otras ciudades existieron unas condiciones parecidas. La ex diputada radical Clara Campoamor (la principal defensora del sufragio femenino y del derecho al divorcio) escribió poco después:

Madrid ofrecía un aspecto asombroso: burgueses saludando levantando el puño y gritando en todas las ocasiones el saludo comunista para no convertirse en sospechosos, hombres en mono y alpargatas copiando de esta guisa el uniforme adoptado por los milicianos; mujeres sin sombrero; vestidos usados, raspados, toda una invasión de fealdad y de miseria moral, más que material, de gente que pedía humildemente permiso para vivir. La gente que en tiempo normal llenaba las calles y las terrazas de los cafés yacía bajo tierra o se disfrazaba[15].

Con todo, en las diversas historias comparativas de las revoluciones modernas resulta difícil encontrar un capítulo dedicado a la española. ¿Por qué una revolución tan grande se ha obviado en los estudios más generales? Existen tres motivos fundamentales para ello: uno, que a la Historia le gustan los vencedores y la derrota de la revolución española fue total. Una segunda razón es que las revoluciones obreras del siglo XX han sido, por lo general, de signo comunista, y la española no lo fue, es más, no puede definirse conforme a un único y sencillo modelo. El carácter preciso y también el grado del control obrero fueron diversos en cada ciudad y en cada provincia, yendo desde las simples «incautaciones» a la colectivización oficial, con «intervenciones» estatales en ciertas industrias.

También la extensión y el diseño exacto de la expropiación de tierras y de la colectivización variaron en cada provincia y por eso el mapa de la revolución española resulta imposible de dibujar.

La tercera causa para ese incierto estado historiográfico de la revolución española surge de su denegación sistemática por parte de la República. La violencia masiva le dio a la República una mala reputación en el extranjero y tanto los líderes republicanos como los jefes soviéticos y de la Komintern comprendieron al minuto que la estrategia más útil sería negar la existencia misma de la revolución. Resultaría más probable obtener la ayuda de las democracias occidentales si la imagen que de cara a la propaganda internacional ofrecía la República era la de una democracia parlamentaria basada en la propiedad privada y, por tanto, similar a las restantes democracias de Occidente. El resultado fue lo que Burnett Bolloten llamó «el gran camuflaje», la negativa básica a admitir la existencia de la revolución, algo que se convirtió en un elemento esencial de la propaganda republicana y de la Komintern a lo largo de todo el conflicto. La española se convirtió en la revolución que nadie osaba mencionar.

Esta propaganda no alcanzó un particular éxito mientras duró la guerra, pero, curiosamente, después resultó de lo más efectiva entre historiadores que deberían haber estado más al tanto, pasando a ser la línea oficial de la izquierda española, un código más efectivo para su causa, desde el punto de vista histórico, que la realidad de una revolución violenta. En el siglo XXI, con el socialismo y el colectivismo desacreditados, el dogma de la «democracia republicana» se ha convertido en la ideología oficial de la izquierda española en general y, desde 2004, del Gobierno de Rodríguez Zapatero en concreto.

12
¿POR QUÉ FUERON TAN ENORMES Y DESPIADADAS LAS REPRESIONES? ¿CUÁNTOS MURIERON?

PARA entender el carácter de las salvajes represiones que caracterizaron la guerra española debe tenerse en cuenta la naturaleza especifica de este conflicto, una de las guerras civiles revolucionarias/contrarrevolucionarias de la primera mitad del siglo XX y, como ellas, un conflicto propio de la transición hacia la «modernidad clásica» de los que caracterizaron este periodo. La mayor de las guerras civiles decimonónicas, la americana, constituyó una guerra de secesión política y constitucional, no una de las modernas guerras revolucionarias; se trató de un conflicto básicamente político, nunca desvirtuado por la existencia de ejecuciones en masa. Los únicos precedentes directos y anteriores al siglo XX fueron el conflicto civil francés en tiempos de la Revolución y, hasta cierto punto, las guerras carlistas españolas.

Las guerras civiles revolucionarias tuvieron su comienzo en Finlandia y Rusia en 1917-18, extendiéndose después a otras partes de Europa Oriental; incluso, en un momento dado, existió la amenaza de que estallase una en Alemania. El conflicto más prolongado fue el que tuvo lugar en China en 1927, que, con sus altibajos, duró más de cuarenta años, pero también los hubo en Yugoslavia y Grecia durante la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, en varios países de Asia, África y América Latina. Entre los casos individuales pueden encontrarse diferencias significativas, pero, en todos ellos, las represiones brutales constituyeron un rasgo distintivo.

La sed de sangre, propia de las guerras civiles revolucionarias, deriva en gran parte de la naturaleza apocalíptica de tales enfrentamientos y, en concreto, del intento de cada uno de los bandos por crear una nueva sociedad (no sólo un nuevo orden político) de la que se hayan purgado los elementos antagonistas. No sólo el enemigo está equivocado, sino que es la representación metafísica del mal y, por ello, debe ser erradicado antes de que imponga el terror en el propio bando. Una guerra civil revolucionaria trasciende el conflicto político para convertirse en una competición entre dos extremos acerca de la sociedad, la religión y la cultura que exige una solución inflexible.

Durante la guerra hubo mucha publicidad (y bastante exagerada) por ambas partes con respecto a las atrocidades cometidas por los enemigos; se publicaron estadísticas muy infladas en las que, en ocasiones, se afirmaba que el bando contrario había causado la muerte a medio millón de personas, una exageración entre el 800 y el 1200 por ciento. Los posteriores estudios demográficos han indicado que en ambos lados, en conjunto, se produjeron algo más de 100 000 ejecuciones (es posible que incluso 120 000), lo que representa una cantidad un poco inferior a la mitad del 1 por ciento de la población total del país, sin duda una cifra espantosamente alta y en cierto modo superior a la equivalente en Rusia, aunque muy inferior a la de Finlandia, donde, durante los tres meses de duración del conflicto y entre los dos bandos, cayeron unas 20 000 personas víctimas de la represión, una cifra que representaba algo más de los dos tercios del 1 por ciento de la pequeña población finlandesa[16].

En la guerra española, las ejecuciones en masa empezaron de manera casi inmediata, mucho antes incluso que en Rusia, donde, desde que la revolución comenzase en 1917, se produjeron numerosas muertes fortuitas, pero no asesinatos masivos y organizados, al menos al principio. Incluso después de la imposición de la dictadura bolchevique, Lenin no decretó el terror general, que sí adoptaría en 1918.

Es probable que, en el caso español, la inmediatez de las ejecuciones a gran escala tuviese su origen en dos factores, el primero más general y el segundo específico de España. La década de los treinta fue un momento de creciente tensión para toda Europa, como ejemplifican la Revolución Rusa anterior y los horrores del régimen soviético, a los que siguió el ascenso del fascismo, una combinación mortal que sugería un miedo y una hostilidad cada vez más extendidos. Por su parte, la gran escalada del proceso revolucionario es más específica de España, con un aumento de la violencia política desde 1931 y un total de 2500 muertes a causa de ella durante esos cinco años. Se trató de un largo periodo marcado por la creciente tensión, los intentos previos por llevar a cabo insurrecciones revolucionarias y la propaganda masiva más virulenta, sobre todo por parte de la izquierda revolucionaria, que hablaba de «exterminio» y de liquidar a la burguesía, y, por ambas partes, la encaminada a deshumanizar y demonizar por completo al enemigo.

Todavía más, entre 1917 y 1936 la publicidad y la cobertura mediática aumentaron en gran medida. Durante los primeros meses de la guerra, los ojos de los corresponsales extranjeros, de los servicios de noticias y de los cámaras estuvieron puestos en España y, en particular, en las grandes ciudades de la zona republicana, que, como era inevitable, llamaban mucho más la atención. Así, durante la primera parte del conflicto, en la zona republicana se generó la mayor parte de las historias de atrocidades, difundidas ansiosamente por todo el mundo occidental. «Lo que el mundo exterior no simpatizante veía en la España roja era sobre todo el caos y el terror bolcheviques: las masas mal vestidas y armadas de fusiles que llenaban las calles; los paseos en los que se ejecutaba a enemigos; la turba indisciplinada de los anarquistas; las momias de monjas sacadas de sus tumbas y colocadas en las calles; las apropiaciones violentas; las colectivizaciones forzosas»[17]. Posteriormente, el peso de la publicidad cambió de lado y hacia 1937, la zona republicana tenía mejor prensa en el extranjero, pero durante los primeros meses su imagen fue bastante negativa.

En España, el precedente más directo fue el ejemplo de Asturias en 1934, cuando la toma del poder por parte de los revolucionarios ocasionó unas 40 ejecuciones sumarias, sobre todo de sacerdotes y seminaristas, a las que siguieron otras llevadas a cabo por los contrarrevolucionarios en aplicación de la ley marcial, lo que también sentó precedente. Dos semanas antes, a principios del mes de julio, la izquierda había empezado en Madrid con los «paseos», secuestrando a dos jóvenes de afiliación fascista cuyos cadáveres fueron hallados a poca distancia, en las afueras de la ciudad.

Durante la guerra propiamente dicha, las primeras ejecuciones políticas de las que se tiene registro se produjeron en Marruecos y Sevilla el 18 de julio. Luego tuvieron lugar varias ejecuciones en Madrid el 19 de julio, a las que siguieron muchas otras al día siguiente, y ello pese a que los tan publicitados y fotografiados asesinatos que siguieron a la caída del Cuartel de la Montaña se debieron, en parte, a la furia del combate. En ambos bandos aumentaron con rapidez, alcanzando su clímax en agosto y septiembre y continuando durante el otoño.

Los apologistas de la izquierda han intentado siempre establecer una distinción entre los «dos terrores», argumentando que la represión llevada a cabo por la izquierda fue descentralizada, espontánea y apenas organizada, mientras que la de la derecha fue mucho más controlada, centralizada e implacable. Algo hay de verdad en esta afirmación, aunque se haya exagerado con harta frecuencia. La represión revolucionaria nunca fue «espontánea» porque los grupos revolucionarios se habían encargado de planearla y hacerla pública durante años; no obstante, nunca se planificó de manera centralizada, como en Rusia, porque en la zona republicana no existió una única fuerza hegemónica.

De hecho, en las ciudades republicanas, la represión estuvo bastante organizada, con los partidos izquierdistas creando sus propios escuadrones de la muerte para cuyo alojamiento se levantaron instalaciones al efecto. También algunos miembros de Izquierda Republicana tomaron parte, de modo ocasional, en la represión. Las famosas «checas» de Madrid fueron escuadrones de la muerte organizados cuyo nombre derivaba del acrónimo que designaba al aparato represor soviético (CHEKA) y que, en ciertos casos, contaban con la autorización directa de las autoridades republicanas, como Manuel Muñoz, director general de Seguridad (o, en este caso, de inseguridad), o Ángel Galarza, ministro de Gobernación en septiembre de 1936, quien, antes, había amenazado de muerte a Calvo Sotelo en un debate en las Cortes. En ocasiones también hubo participación de la policía y de las fuerzas de seguridad mientras en los periódicos de la capital se ensalzaba la labor de las checas. Es más, las autoridades gubernativas republicanas coordinaron gran parte de los pillajes y saqueos que se produjeron, atesorando un considerable botín de objetos robados. En Madrid, las checas más independientes fueron las de la FAI-CNT, que operaban a su aire y con poca interferencia de las fuerzas de seguridad de la República.

En lo que pronto se conocería como la zona nacional, quienes controlaron y dirigieron la represión fueron los militares. En algunos casos, los falangistas u otros auxiliares civiles dispusieron de una autonomía temporal para embarcarse por su cuenta en actos represivos. Más tarde resultó conveniente culpar a los falangistas «fascistas» de gran parte de la represión ocurrida en la zona nacional. En la mayoría de los casos, los escuadrones falangistas actuaron a las órdenes de las autoridades castrenses y llevaron a cabo las ejecuciones bajo su dirección, a veces junto a la policía armada o los propios escuadrones militares. La represión nacional fue, en cierto modo, más eficaz; como ha señalado David Wilkinson, «la represión nacional, además de ser más concienzuda y continuada, estuvo dirigida más contra los activistas políticos que contra los simbólicos enemigos de clase…»[18].

Las autoridades republicanas si actuaron hasta cierto punto para controlar y moderar la represión antes de que lo hiciera Franco. El 23 de agosto se anunció por primera vez la creación de «tribunales populares», un nuevo sistema de enjuiciamiento revolucionario que el Gobierno frentepopulista de Largo Caballero aplicó de forma progresiva en casi toda la zona republicana. Estos nuevos tribunales no pretendían poner fin a la represión, sino regularizarla, sometiéndola a cierto grado de control judicial. En sus primeros meses de existencia dictaron cientos de sentencias capitales y, durante el otoño, los escuadrones de la muerte siguieron llevando a cabo ejecuciones, mientras que en noviembre y diciembre la Junta de Defensa de Madrid ordenó varios miles de ejecuciones, un número no visto hasta entonces. Sin embargo, hacia finales de año, las reorganizadas autoridades republicanas lograron un cierto control sobre el proceso y el número descendió de modo considerable.

Un par de meses más tarde, tras la salvaje represión que acompañó a la caída de Málaga en febrero de 1937, Franco implantó un cambio similar, extendiendo y regularizando un sistema de tribunales militares en la zona nacional, lo que supuso un mayor orden y formalidad en la represión y una importante reducción en el número de víctimas, al menos hasta el final de la Guerra Civil.

El mayor número de ejecuciones, en cifras absolutas y proporcionales, tuvo lugar, por razones obvias, en las grandes ciudades y sus aledaños, aunque en ciertas áreas rurales fuera casi tan elevado. Durante los últimos veinte años ha aparecido un creciente número de estudios monográficos en los que se ha intentado registrar y medir la incidencia exacta de la represión en diversas provincias y regiones. Tales investigaciones siguen siendo incompletas y su calidad, metodología y resultados varían sensiblemente, desde el cuidadoso y exigente trabajo llevado a cabo por Josep Maria Solé Sabaté, Joan Villarroya y Vicent Gabarda Cebellán para la zona de Cataluña y Levante a otros estudios a veces menos precisos y algo descuidados desde el punto de vista metodológico.

El primero de los intentos por realizar una investigación global respecto a la totalidad del país fue el de Ramón Salas Larrazábal en su estudio de 1977 Pérdidas de guerra, en general exacto por lo que respecta a los datos demográficos y militares, pero defectuoso en cuanto a su tratamiento de la represión debido a una metodología deficiente y centrada en los registros centrales de fallecimientos a nivel provincial. El otro intento de presentar un estudio global y completo, Los mitos de la represión en la guerra civil, de Ángel David Martín Rubio (2005), resulta polémico, pero está basado en un trabajo de investigación más cuidadoso aunque en absoluto definitivo.

El mayor número de muertes ocurrió en la ciudad y provincia de Madrid, donde se produjeron más de 12 000 ejecuciones, sobre todo entre julio y diciembre de 1936, principalmente a manos de un gran número de escuadrones de la muerte (checas) organizados. Al contrario de lo que aconteció en la mayoría de las otras regiones, la fase más intensa de la represión madrileña se produjo en noviembre y a principios de diciembre. Las cárceles de la ciudad eran las más superpobladas de ambas zonas ya que, desde otros puntos de la zona republicana, sobre todo desde el sur del país, cientos de prisioneros habían sido trasladados a la capital. El Gobierno de Largo Caballero abandonó Madrid la primera semana de noviembre. Ante la inminente llegada de las fuerzas de Franco, el Gobierno huyó a Valencia tras entregar el poder a una junta de Defensa, creada con premura, en la que todos los partidos de izquierda estaban representados.

La junta consideró que los miles de prisioneros derechistas encarcelados en Madrid (entre los que se incluía un número inusualmente elevado de oficiales) constituían un gran riesgo para la seguridad y, alentados según parece por los soviéticos, los socialistas y anarcosindicalistas que dominaban la junta, junto a los comunistas, acordaron proceder a la «ejecución inmediata» de todos los «fascistas y elementos peligrosos», sin juicio previo y mediante asesinatos en masa[19]. En las cinco semanas siguientes y bajo la dirección de Santiago Carrillo, entonces consejero de Orden Público, se ejecutó en grupos a 4000 personas cuando menos, arrojándose sus cadáveres en las fosas comunes de Paracuellos del Jarama y de otros lugares al este de Madrid. Estos asesinatos en masa sólo terminaron cuando, en diciembre, se nombró al cenetista Melchor Rodríguez nuevo director de Prisiones[20].

No sorprende que, durante la guerra, no se hiciese mucha propaganda de las ejecuciones de Madrid. En su intento por evitar cualquier publicidad posterior, las autoridades soviéticas entonces activas en la capital se empeñaron en evitar cualquier tipo de difusión de tales barbaridades. La Cruz Roja Internacional había enviado a Madrid al doctor Georges Henny para que elaborase un informe acerca de las condiciones humanitarias en la zona y éste planeaba regresar a Francia con un extenso dossier de datos y fotografías, pero parece que este material nunca llegó a salir de España, pues, el 8 de diciembre, las autoridades soviéticas ordenaron a dos de sus mejores pilotos de combate, enrolados en la fuerza aérea republicana, que derribasen el transporte de Air France con destino Toulouse en el que el doctor intentaba abandonar el país[21].

La extrema represión que se sufrió en Madrid habría terminado con muchas más vidas de no haber sido por el santuario que ofrecieron las diversas embajadas de países latinoamericanos y europeos. El «asilo diplomático», como era conocido, salvó al menos a 7000 personas y ello a pesar de que los revolucionarios llegaron a asaltar las de Finlandia, Perú y Turquía y que se capturó a los refugiados en las de Alemania y Austria una vez que Hitler reconoció, de manera oficial, el régimen de Franco.

Si la represión republicana en Madrid causó el mayor número de víctimas en términos absolutos, la que los nacionales llevaron a cabo en la provincia de Zaragoza fue la más violenta, pues supuso la muerte de 6000 personas si se incluyen a los ejecutados al finalizar la guerra, lo que supone 11,06 ejecuciones por cada 1000 habitantes, una proporción algo más elevada que la de la capital. El extremo rigor con que se llevó a cabo la represión en esa provincia puede atribuirse a dos factores: en primer lugar, su situación relativamente aislada durante toda la primera mitad del conflicto, con las fuerzas republicanas situadas al este ejerciendo una intensa presión sobre la ciudad, lo que parece que convenció a los mandos nacionales (como los de la Junta de Defensa de Madrid) de que para mantener la seguridad era necesario ejercer la represión con gran severidad. En segundo lugar, Zaragoza había sido uno de los baluartes de la FAI-CNT y por ello se la castigó con mayor intensidad.

Las zonas en las que la represión alcanzó los siguientes máximos fueron las provincias del sur que anteriormente habían ocupado los nacionales. Si se incluyen las cifras arrojadas por las ejecuciones posteriores al fin de la guerra, se produjeron más de 4000 ejecuciones en Málaga, casi 5000 en Badajoz y más de 4000 en Córdoba (aunque las estadísticas para esta última, en particular, son discutibles, ya que varios comentaristas insisten en que las cifras son mucho mayores), lo que supone entre 6,36 y 7 ejecuciones por cada millar de habitantes. Les siguen las que los republicanos llevaron a cabo en Toledo (unas 2750 o 5,62 por cada 1000 habitantes) y Teruel (1400 o 5,55 por millar), y las de los nacionales en Ciudad Real (más de 2600 o alrededor del 5,37 por millar). Otras provincias en que la represión alcanzó el 4 o más por millar de habitantes fueron Tarragona, Castellón y Guadalajara (ejercida por los republicanos) y Huelva, Castellón, Toledo, Zamora, La Rioja, Valladolid y Teruel (a manos de los nacionales).

Hay que destacar que la mayor parte de los estudios acerca de la represión acaecida en las distintas provincias no son definitivos. Por el contrario, existe una considerable controversia acerca de las cifras exactas en la mitad de las mismas pues los historiadores han aportado diferentes estadísticas sobre la base de las diversas metodologías empleadas. Es posible que la controversia más importante en la actualidad sea la que afecta a las extensas represiones que los nacionales llevaron a cabo en Asturias, Córdoba, Huelva y Sevilla.

El número total de ejecuciones por parte de los republicanos en Barcelona fue elevado (casi 5700), pero, en proporción, apenas supone un tercio de las de Madrid. Por su parte, la provincia donde los republicanos ejercieron su control durante algo más de un año con la menor tasa de ejecuciones fue Vizcaya (490, lo que supone 1,2 muertes por cada millar de habitantes). Las únicas provincias donde los nacionales limitaron de igual manera la represión fueron Orense, Segovia, Las Palmas, Soria y Alicante (donde todas las ejecuciones tuvieron lugar una vez terminada la guerra).

Las ejecuciones políticas continuaron en ambos bandos durante toda la guerra, pero cada vez con menor frecuencia. Cada uno de los escasos avances de los republicanos estuvo marcado por nuevas purgas y ejecuciones en los territorios recién conquistados y lo mismo se aplica a los nacionales. En 1937 y 1938 en la zona republicana tuvo lugar una nueva forma de represión, la que las fuerzas del Gobierno de Negrín y la NKVD soviética ejercieron sobre la extrema izquierda revolucionaria, la cual supuso la muerte de alrededor de 2000 militantes del POUM, la FAI y la CNT, en casi todos los casos sin un juicio previo.

En la última fase de la Guerra Civil el ejercicio de la represión estuvo en manos de los tribunales de guerra del Estado Nuevo de Franco, dictándose unas 50 000 sentencias de muerte. La mejor información de que se dispone indica que Franco conmutó alrededor del 40 por ciento de las mismas, lo que supone que unas 30 000 llegaron a ejecutarse, cifra que equivale a la rusa de 1921, aunque sea proporcionalmente inferior a la de la Yugoslavia de Tito en 1945. En comparación, la épuration sauvage que las fuerzas de la resistencia francesa llevaron a cabo en 1945 contra los partidarios del régimen de Vichy y los fascistas fue mucho menor y no superó las 10 000 ejecuciones.

En conjunto, los republicanos llegaron a ejecutar a unas 55 000 personas y los nacionales no les fueron a la zaga. A ellas hay que sumar otras 30 000 al concluir la guerra. Si se combinan todas estas cifras, el número total de ejecuciones durante la Guerra Civil asciende a 140 000 o 150 000, lo que equivale (y es posible que supere) al total de bajas en el conjunto de ambos ejércitos (sobre todo si se excluyen las muertes de los voluntarios extranjeros). Si se tiene en cuenta la población total, se aproximan al 0,6 por ciento de Finlandia, aunque en este último caso todas las muertes se produjeron en tan sólo un año, mientras que, en España, ocurrieron en un lapso de tiempo de al menos seis.

Los esfuerzos de los partidarios de ambos bandos por afirmar su superioridad moral o política eran tan vanos como absurdos, pues las ejecuciones fueron intencionadas, criminales y masivas en los dos lados.

13
LA MATANZA DEL CLERO Y LA DESTRUCCIÓN DE LOS TEMPLOS: ¿LA MAYOR PERSECUCIÓN RELIGIOSA DE LA HISTORIA?

UNO de los aspectos más sorprendentes de los horrores de la guerra española fue el ataque de los revolucionarios a la Iglesia católica y su clero. A menudo, los analistas han señalado que este hecho tuvo sus motivaciones (lo que resulta obvio), pero en España la virulencia del anticatolicismo fue, a la vez, extremada y única, hasta el punto de que en ocasiones los comentaristas católicos se han referido a ella como «la mayor persecución religiosa de la Historia» o al menos de la historia occidental, calificación esta que sí sería correcta.

En la historia islámica se han producido numerosas persecuciones religiosas, pero eran más generales y afectaban a todos los cristianos, no sólo al clero. La limpieza étnica a la que los turcos sometieron a los armenios en 1915-16 pretendió el exterminio de todos los cristianos, no sólo de los sacerdotes, e igual ocurrió con el asesinato masivo de cristianos en el último imperio persa o de católicos en Japón en el siglo XVII. En España, desde luego, los revolucionarios pretendían reprimir a todos los católicos, no sólo a sus religiosos, por lo que también se asesinó a miles de laicos, en ciertos casos debido a su religión, pero nunca existió una política revolucionaria orientada al exterminio de los católicos en general.

Por ello, la persecución a la que se vio sometido el clero español debe examinarse a la luz de la perspectiva comparativa de las revoluciones modernas en general y de los regímenes anticatólicos y radicales de principios del siglo XX más específicamente. La fase jacobina de la Revolución Francesa acabó con la vida de unos 2000 sacerdotes, lo que representa menos de un tercio del número de los asesinados en España y, dado que el número de curas en ambos países en el momento de su persecución no difería mucho, es evidente que la ferocidad que demostraron los revolucionarios españoles fue mucho mayor. Durante la Revolución Rusa y su guerra civil se asesinó a un gran número de clérigos, pero resulta difícil hallar estadísticas exactas a este respecto por lo que la mayor parte de los historiadores se basan en estimaciones imprecisas. Es probable que el total de sacerdotes asesinados en Rusia superase a los españoles, pero no está claro si la proporción fue la misma en los dos países, porque en Rusia había más religiosos. La persecución sufrida en México, tanto durante la revolución mexicana como después de ella, también fue extensa, con gran número de muertes. Muchos sacerdotes murieron asesinados, pero también aquí las víctimas entre los católicos en general fueron muy superiores, sobre todo entre los llamados «Cristeros», sin que se produjese una matanza específica de religiosos. Por lo tanto, es posible que, en conjunto, la muerte de casi 7000 miembros del clero (la mayoría de ellos en un lapso de meses) suponga la masacre más extensa y concentrada de clérigos cristianos de la que se tienen registros históricos.

La furia revolucionaria encarnó la forma más extrema del creciente anticlericalismo presente en los países católicos que había nacido en el siglo XVIII y alcanzado su punto álgido en la primera mitad del XX. Es habitual explicarlo en términos de una reacción de la sociedad en fase de modernización frente al lugar dominante que el catolicismo había venido ocupando en la sociedad y cultura tradicionales. Los liberales decimonónicos pretendieron reducir el papel institucional de la Iglesia y, en especial, sus propiedades, que fueron confiscadas en casi todos los países católicos. El anticlericalismo de la izquierda radical resultó ser mucho más violento al considerar a la Iglesia y sus sacerdotes como el «cerebro» y el «alma» de la sociedad tradicional que los radicales intentaban destruir. Mutatis mutandis, todos los revolucionarios de izquierda de cualquier país estaban de acuerdo en ello, aunque sus políticas efectivas fueran diferentes. Bruce Lincoln ha definido este fenómeno de terror anticlerical en España como «antinomismo milenario», expresando así la absoluta sensación de liberación de toda norma, ley o moralidad de los revolucionarios conforme procedían a destruir las raíces del Antiguo Régimen y a implantar su nueva utopía milenaria. El terror anticlerical no fue tanto la expresión de una oposición a la religión como la expresión de unas nuevas religiones seculares, políticas y totalmente novedosas: jacobinismo, anarquismo o marxismo-leninismo.

El anticlericalismo extremo empezó a cristalizar en España a principios del siglo XX, aunque debe tenerse en cuenta que su primer gran estallido, durante la Semana Trágica barcelonesa de 1909, se dirigió más contra las propiedades de la Iglesia que contra los propios clérigos; sin embargo, el gran avance que para la izquierda supuso el advenimiento de la Segunda República convirtió al anticlericalismo más violento en moneda común. La quema de conventos de mayo de 1931 no fue sino una repetición de los acontecimientos de 1909 en un entorno geográfico distinto, y aunque los ataques a las iglesias siguieron siendo esporádicos durante gran parte de los años republicanos (salvo en 1935), se convirtieron en el rasgo dominante de los múltiples desórdenes acaecidos en la primavera de 1936, en los que los numerosos incendios provocados estuvieron acompañados por la confiscación ilegal de una gran cantidad de propiedades eclesiásticas. En conjunto, los datos de que se dispone indican que, en 1931, al menos 101 propiedades de la Iglesia sufrieron ataques, 15 en 1932, 70 en 1933, 25 en 1934, 2 en 1935 y 208 en los primeros meses de 1936. No obstante, el asesinato directo de sacerdotes en Asturias surgió como un nuevo rasgo de la insurrección de 1934, estimulado por el subsiguiente e intenso brote de propaganda incendiaria, que alcanzó su máxima cota en 1936, con lo que el clero pasó a ser, de una forma casi inevitable, el principal blanco de la violencia revolucionaria.

Dado que era más sencillo identificar a los sacerdotes que a la población común, los datos relativos a la muerte de aquéllos son más completos y precisos que los que se disponen para otros aspectos de la represión. La Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939, de Antonio Montero Moreno, publicado en 1961, constituye el estudio clásico, un trabajo que puede considerarse definitivo, aunque posteriores investigadores hayan añadido algunos detalles nuevos. Apenas corregida gracias a las indagaciones de Ángel David Martín Rubio, la lista de víctimas es la siguiente:

Sacerdotes seculares | 4022
Religiosos | 2376
Religiosas | 282
Seminaristas | 95
Obispos | 12
Administrador apostólico | 1

Esto supone un total de 6788, casi un 10 por ciento de todos los clérigos y un porcentaje claramente mayor de todos los obispos, religiosos y seglares. Dado que, con frecuencia, se perdonó la vida de las monjas, el número de muertos asciende a más del 20 por ciento de todas las categorías de integrantes masculinos del clero.

El mayor número de asesinatos tuvo lugar, como cabría esperar, en las provincias de Barcelona (1030) y Madrid (1009), aunque también fueron numerosos en las de Valencia (575), Huesca (359), Castellón (353), Toledo (329) y Tarragona (327), una distribución geográfica que demuestra la mano de los anarcosindicalistas, pero sin descartar la participación de otros movimientos revolucionarios. Pese a que las estadísticas de asesinatos fueron en especial elevadas en algunas provincias, se extendieron por toda la zona republicana, concentrándose, al igual que las ejecuciones en general, en los primeros meses y continuando en menor número durante toda la guerra. Por ejemplo, en febrero de 1937 sólo se acabó con la vida de 8 sacerdotes y, a finales de 1938 apenas tuvieron lugar algunos asesinatos aislados en Cataluña y Madrid. La última de las víctimas murió en El Escorial el 27 de marzo de 1939, cuando la guerra ya tocaba a su fin. Pese a que con frecuencia se tachó a la Iglesia de reaccionaria, muchos de sus miembros más progresistas, muy activos en el terreno social, se convirtieron en el blanco preferido de los revolucionarios, que los veían como competidores.

No sólo se ejecutó a un gran número de sacerdotes, sino que se les sometió a ritos especiales de humillación y tortura de los que, en general, se libró la mayor parte de las víctimas de los revolucionarios. Julio de la Cueva ha señalado que mientras que a la mayor parte se le fusiló (práctica común en ambos bandos), «a otros se les ahorcó, ahogó, estranguló, se les quemó o enterró vivos». En numerosas ocasiones, las víctimas sufrieron torturas, muchas veces de forma sorprendentemente sofisticada. Las burlas, los insultos, las blasfemias y forzarles para que blasfemaran formaban parte frecuente de la tortura, que también podía incluir el obligar a las víctimas a desnudarse, así como golpearles, cortarles, despellejarles o mutilarles. En los casos de mutilación existió una morbosa fijación con los genitales… Todos estos «ritos de violencia» ejercidos sobre los sacerdotes contribuyeron a deshumanizar a aquéllos cuya humanidad estaba en entredicho hacía tiempo debido a su discurso anticlerical y al mismo tiempo, a facilitar las condiciones para «una masacre libre de culpa». La combinación de referencias culturales y sexuales, violencia ritualizada y humillación de las víctimas (que ya no eran seres humanos, sino animales) alcanzó su mayor expresión al tratar a los sacerdotes como a cerdos en el matadero o toros en la plaza. «En definitiva, y con independencia del modo en que murieran, era frecuente que se arrastrasen los cadáveres por las calles, se les expusiera en lugares públicos o se les profanase de muy diversas maneras»[22].

En contadas ocasiones se sometió a las restantes víctimas de los revolucionarios a tal profanación pública de sus cadáveres, pues se trataba de una expresión especial de su sacrofobia.

Además del asesinato de sacerdotes, se produjo una ola masiva de destrucción y vandalismo en iglesias y propiedades eclesiásticas que supuso la desaparición de obras de arte de valor incalculable que no sólo eran patrimonio de la Iglesia, sino parte del tesoro cultural de todos los españoles. Semejantes estragos sólo fueron la cara más visible del gran volumen de saqueos y pillajes que tuvo lugar en la mayor parte de la zona republicana, un rasgo habitual en las revoluciones más violentas. La matanza de miembros del clero, la destrucción de iglesias y de arte religioso y los elaborados rituales sacrílegos que, al principio, se llevaron a cabo en la mayoría de las ciudades de la zona republicana no fueron tan sólo actos de destrucción carentes de sentido, sino la expresión del propósito fundamental de suprimir el cristianismo para sustituirlo por las nuevas religiones políticas y revolucionarias.

La izquierda censuraba a la los líderes de la Iglesia por su intenso apoyo a los nacionales, así como por su escaso interés por limitar la ferocidad de éstos. La jerarquía eclesiástica fue incapaz de mantener un espíritu de ecuanimidad a la vista de la brutal persecución izquierdista pese a que, quizá, su responsabilidad pastoral y cristiana le debió inclinar a ello. Enfrentados al ataque más violento y salvaje de la historia no sorprende que los dirigentes de la Iglesia se comprometieran cada vez más con el bando que les brindaba protección y apoyo; los obispos no fueron santos, sino líderes prácticos.

El primer plan político de Mola fue mantener una República en la que siguiera existiendo una separación entre Iglesia y Estado y, en la mayor parte de la zona nacional, tal fue el plan con que se inició la rebelión militar, aunque la tónica varió muy rápidamente. Enseguida estuvo claro que la línea divisoria en la Guerra Civil era más religiosa incluso que política y las autoridades militares mostraron una deferencia cada vez mayor hacia la Iglesia y las expresiones del sentir católico. A mediados de septiembre de 1936, Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona (donde el apoyo a los nacionales era más fervoroso y ultracatólico), fue el primero en calificar de manera pública a la contienda como «cruzada», un término que, después, pasó a ser oficial, no en el seno de la Iglesia, sino en el del régimen de Franco. Por fin, en mayo de 1937, todos los miembros de la jerarquía eclesiástica que no habían sido asesinados por los revolucionarios, excepto cinco, dieron su aprobación a la causa franquista en su Carta Colectiva. De los cinco obispos que se negaron a firmarla, cuatro eran vascos y catalanes.

En la Carta Colectiva se negaba específicamente que los católicos se hubiesen embarcado en «cruzada» alguna, señalando, por el contrario, que la Iglesia siempre había obedecido las leyes de la República, las mismas que los antiguos republicanos habían ignorado. Ante la enorme violencia y destrucción ejercidas por los anticlericales, los dirigentes religiosos declararon su apoyo a la fe de los insurgentes, los cuales luchaban en una guerra justa según los principios católicos tradicionales.

El propio Vaticano hubiera preferido una postura más neutral que, pese a la persecución masiva, habría resultado ser la más adecuada para la jerarquía religiosa española. Dado que el papa Pío XI ya se había pillado los dedos en sus relaciones con Hitler, mostró bastante cautela y escepticismo hacia el nuevo régimen de Franco, pero el impacto de la Carta Colectiva fue considerable y, en septiembre de 1937, el Vaticano nombró a un representante oficioso ante el régimen franquista.

De ahí la importancia de los nacionalistas vascos católicos, cuya presencia en las filas republicanas se dejó sentir a partir de septiembre de 1936. Durante el resto de la guerra, un nacionalista vasco ocuparía una cartera ministerial en el Gobierno de la República, de tal forma que, ante la opinión pública, ésta incluía a un representante católico. Esta especie de disfraz no llegó a engañar a nadie, pero posibilitó que los vascos negociaran con el Vaticano desde una posición prorrepublicana, desalentando su apoyo oficial a Franco y ello a pesar de que en la función real de la diplomacia vasca a lo largo de todo el conflicto hubo más de intercesión especial a favor del nacionalismo que de leal apoyo a la causa republicana.

La representación vasca en el Gobierno tuvo poco éxito a la hora de modificar la política republicana hacia la Iglesia. El 9 de enero de 1937, Manuel de Irujo, ministro sin cartera en el Gobierno de Largo Caballero, presentó ante sus colegas un memorándum en el que destacaba que «la opinión del mundo civilizado observa con extrañeza que conduce a la repulsión la conducta del Gobierno de la República, que no ha impedido los acusados actos de violencia y que consiente en que continúen», calificando el violento anticlericalismo de «sistema verdaderamente fascista» que «ya no es obra incontrolada» pues los organismos oficiales del Estado participaban en el mismo[23]. Pidió el fin de los arrestos y de la profanación de los edificios religiosos, así como la libertad de culto, al menos en la intimidad de los hogares, pero no obtuvo el apoyo de ningún otro ministro.

Incluso una vez que Irujo asumió la cartera de justicia en el Gobierno Negrín, sólo pudo lograr la liberación de unos pocos sacerdotes. Puesto que el Vaticano no había roto de manera oficial sus relaciones con el Gobierno republicano, se le permitió que iniciara negociaciones a título personal para mejorar las relaciones con Roma, aunque no se le autorizó a ofrecer ninguna contrapartida. La única concesión fue la libertad de culto privado y esto tan sólo para los nacionalistas vascos. Sólo a mediados de 1938 manifestó Negrín algún interés por el cambio en la política religiosa, cuando ya parecía que la República estaba a punto de perder la guerra, pero este gesto, encaminado a salvar la situación, no produjo cambio sustancial alguno en la política republicana.

Una de las más célebres causas vascas fue la protesta por la ejecución, a manos de los insurgentes, de 14 curas en Guipúzcoa, todos ellos importantes dirigentes y portavoces del movimiento nacionalista, rápidamente juzgados por los tribunales castrenses y ejecutados por los nacionales en 1936. Éstos encausaron a los curas guipuzcoanos según el procedimiento habitual de la represión, no porque fueran sacerdotes, sino debido a su papel dentro del nacionalismo. Franco ordenó el inmediato fin de tales ejecuciones, pero, a pesar de ello y tras la caída de Bilbao, se ajustició a otros dos clérigos, ambos destacados nacionalistas. Por su parte, los nacionalistas vascos tampoco lograron proteger a los sacerdotes en su propio terreno y los revolucionarios asesinaron a 14 de ellos en Guipúzcoa y a otros 41 en Vizcaya.

Aunque reducir el conflicto español a una guerra de religión sería simplificar muchísimo la situación, la religión se convirtió en el factor fundamental, tanto moral como espiritual, a la hora de apoyar la causa de los nacionales en la guerra. El catolicismo, mucho más que el falangismo fascista, proporcionó la base ideológica para una gran parte de quienes combatían junto a Franco, llegando a ser uno de los pilares fundamentales del nuevo régimen. Sin él, el nuevo sistema habría carecido de gran parte de su apoyo social y, desde luego, habría perdido mucha de su convicción moral.

La línea divisoria religiosa también estuvo presente, aunque en un grado algo menor, en la división internacional de opiniones. En Irlanda, la única democracia occidental en la que la gran mayoría de la opinión pública dio su apoyo a Franco, predominó la cuestión religiosa y lo mismo ocurrió en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, mientras que la opinión pública en general respaldaba a los republicanos, los católicos defendían con ardor a los nacionales.

Por ello, la Guerra Civil, al tiempo que infligió un gran daño a la Iglesia y sus sacerdotes, hizo renacer al catolicismo. En 1939, la Iglesia recuperó una posición más favorable incluso que aquélla de la que había disfrutado con Alfonso XIII, pues el régimen franquista le manifestó su agresivo apoyo de muy diversas formas, sin que por ello dejara de excluir celosamente cualquier iniciativa de la jerarquía eclesiástica en el terreno gubernamental. El renacimiento del catolicismo en el seno de la cultura y la sociedad española comenzó durante la guerra y alcanzó su máxima expresión en la siguiente generación, durante los años cuarenta y cincuenta, llegando a ser el más amplio de todos los experimentados por el cristianismo tradicional occidental en el siglo XX.

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¿CÓMO EMPEZÓ LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA Y QUE IMPORTANCIA TUVO?

DURANTE el siglo XIX, España se había ido apartando cada vez más de los asuntos internacionales y, a principios del siglo XX, su papel en ese campo apenas había variado. El aspecto más importante, la creación de un pequeño Protectorado en el norte de Marruecos, fue una respuesta frente al expansionismo francés, una acción más defensiva que agresiva. Debido a su situación geográfica y a sus intereses económicos, sus relaciones más importantes las mantenía con Francia y Gran Bretaña, pero España no era aliada de ninguna de ellas. Salvador de Madariaga, representante de facto ante la Sociedad de Naciones, había desempeñado el papel más activo para la diplomacia española de la última centuria, trabajando a favor de la paz internacional y el liderazgo de las pequeñas potencias, pero, durante la República, el interés se centró de modo obsesivo en los asuntos internos, pese a las constantes discusiones y continuos temores sustentados por analogías extranjeras. Aunque el discurso frentepopulista estaba dominado por la retórica del antifascismo, cuando Azaña regresó al poder en 1936 no manifestó interés alguno por continuar con la labor de Madariaga y defender Etiopía de la invasión de los fascistas italianos que trataban de ocupar el país. Más adelante, tanto él como el resto de la izquierda española se sintieron amargados ante la falta de apoyo extranjero contra el fascismo, pero cuando Azaña tuvo la oportunidad de apoyar a Etiopía en vísperas de la Guerra Civil, fue tan incapaz de superar la prueba como Neville Chamberlain.

La única potencia extranjera que intervino en los asuntos españoles de manera destacable fue la Unión Soviética, que mantuvo, a través de la Komintern, su propio partido político en España, un partido que, al final, comenzó a tener alguna relevancia en la primavera de 1936. Italia era la otra dictadura extranjera que manifestó un particular interés por el país, ya que no sólo era el país europeo más similar a España en cuanto a cultura y sociedad, sino que, para Mussolini, la política española en el Mediterráneo poseía un significado vital en referencia al objetivo fascista de dominar lo que denominaban el «Mare Nostrum». Desde finales de 1920, Italia invirtió más que ningún otro país en las relaciones culturales con España, siendo Mussolini un triste testigo de la caída de Primo de Rivera (su primer homólogo español) y de la Monarquía después, así como de la ambición de los socialistas españoles por convertir la democratización de España en el primer peldaño para contrarrestar la expansión del fascismo. Sin embargo, el acuerdo al que éste llegó en 1934 para apoyar la rebelión de los monárquicos españoles pronto se convertiría en papel mojado y los ocho meses de modesto respaldo financiero que concedió a Falange Española llegaron a su fin en enero de 1936. En la primavera de ese mismo año la política italiana no parecía tener otra alternativa que aceptar una España dominada por las izquierdas, y en la única ocasión en que al dictador se le planteó la cuestión de si estaba dispuesto a apoyar una nueva insurrección derechista, vetó personalmente el respaldo italiano, pues consideraba a la derecha española como un grupo de tigres de papel incapaces de lograr ningún objetivo serio, una apreciación que, en aquel momento, era muy similar a la de la izquierda española. Por su parte, Hitler apenas concedió importancia a España, a la que casi no menciona en su Mein Kampf. La Alemania nazi no mostró interés alguno por desempeñar un papel en este país, salvedad hecha de las pequeñas sumas de dinero que invirtió en propaganda.

Los líderes de la conspiración militar no habían estado presentes en el anterior acuerdo con Mussolini de 1934 y antes de sublevarse sólo habían realizado algún esfuerzo marginal por obtener ayuda extranjera. El dictador italiano rechazó la única petición que plantearon a Roma mientras que, de Alemania, sólo intentaron obtener una pequeña cantidad de material militar.

Tal actitud distante experimentó una drástica alteración en las primeras semanas de combate. La rebelión había logrado un éxito limitado y sólo controlaba un tercio del país, algo más de la mitad del ejército de tierra, menos de la mitad de la fuerza aérea y apenas un tercio de la armada, mientras que la izquierda contaba con toda la industria bélica y con numerosos depósitos de armamento. La única fuerza militar de primer orden de los rebeldes, el ejército de África de Franco, se encontraba encerrado en Marruecos debido al control que las fuerzas republicanas ejercían sobre el estrecho.

Cinco días después de que estallase la rebelión, las perspectivas no eran nada halagüeñas para los rebeldes; su necesidad de armas y munición de todo tipo era desesperada, en especial de aviones con los que equilibrar los combates aéreos y lograr la apertura de los estrechos a las tropas de Franco. De ahí que tanto Mola como Franco intensificaran sus esfuerzos por obtener el apoyo de Roma y Berlín.

El nuevo Gobierno republicano de José Giral, formado el 19 de julio, tenía idénticas preocupaciones, ya que, pese a contar con más armamento que los rebeldes, carecía también de los recursos para afrontar una larga lucha. Contaba además con un claro amigo, si no un aliado, en París, donde el nuevo Gobierno del Frente Popular de Léon Blum acababa de llegar al poder, al tiempo que el acuerdo comercial entre ambos países garantizaba la venta de armas francesas a España. De ahí que, sin pérdida de tiempo, Giral enviase un telegrama a Blum solicitando un número no especificado de «armas y aviones», una solicitud que dos oficiales de la fuerza aérea republicana concretarían más el 21 de julio en París. Blum explicó a los ministros de su Gobierno que Francia debía respaldar a su homólogo español no sólo por razones político-ideológicas, sino porque si la derecha tomaba el poder, ello supondría la alineación de España con Alemania e Italia. Sin embargo, las noticias de tal decisión no tardaron en filtrarse a la prensa y, conforme aparecían cada vez más informes relativos a la violencia revolucionaria en España, los conservadores franceses orquestaron una vociferante campaña exigiendo a su Gobierno la denegación de cualquier ayuda. Ahora existía el peligro de que una guerra en suelo español provocase una profunda discordia civil en el país vecino, incluso dentro del propio Gobierno del Frente Popular y, por ello, éste permitió el envío de al menos 40 aviones a la zona republicana, dejando claro que procedían de particulares, pero se negó a enviar más, anunciando el 25 de julio que Francia «no intervendría en modo alguno» en el conflicto español.

Mientras tanto, Mola, cabecilla de la insurgencia en el norte, y Franco, comandante de las fuerzas militares clave en el Protectorado, habían tomado iniciativas para obtener armas y material de Italia y Alemania, las fuentes de asistencia más probables. El 23 de julio, Franco envió un cable a Berlín al que el Ministerio alemán de Asuntos Exteriores respondió con una terminante negativa; por ello se apresuró a aceptar la oferta de dos de los líderes locales de la exigua rama del partido nazi del Marruecos español para que un representante de Franco viajase directamente en avión a Alemania y se sirviese de los buenos oficios de la Auslandsorganisation (organización para el extranjero) del partido nazi para tratar de convencer al Führer de la necesidad de prestar su ayuda. Estos canales resultaron ser efectivos y, alrededor de la medianoche del 25 de julio, los dos emisarios de Franco pudieron entregar su carta a Hitler.

La propuesta fue una sorpresa para el dictador alemán, que apenas había prestado atención al conflicto español. Se lo pintaron como una rebelión de los patriotas españoles, amigos de Alemania, encaminada a evitar el inminente establecimiento en el país de un régimen comunista prosoviético. Tras dos horas de deliberación, Hitler tomó una decisión, parece ser que influenciado por el argumento anticomunista. Ayudando a los rebeldes, evitaría el establecimiento de una base soviética en el suroeste de Europa, mejorando la situación geoestratégica alemana al establecer un poder aliado en la frontera sur de Francia. Los primeros aviones Junkers-52 llegaron a Marruecos el 27 de julio y, durante las semanas que siguieron, se entregaron un total de 26, así como 15 aviones de combate y una pequeña cantidad de otras armas.

A continuación, tanto Mola como Franco enviaron a otros representantes a Roma, pero, al principio, Mussolini se mostró menos dispuesto a colaborar. Ya había tratado con potenciales rebeldes derechistas españoles con anterioridad y éstos habían demostrado ser unos inútiles. De ahí que, hasta el 27 de julio, no se decidiese a enviar aviones de combate y otro material. Para entonces ya se le había asegurado que la sublevación constituía un importante esfuerzo con todas las de ganar y que Francia no pensaba intervenir, lo que hacía que tal empresa resultase menos arriesgada para Italia. El 30 de julio, tres días después de que Alemania enviase sus primeros aviones, Mussolini hizo lo propio con 12 Savoia-Marchetti S-81, unos bombarderos de tamaño medio cuyo destino era Marruecos. Tres de ellos carecían del suficiente combustible, por lo que tuvieron que efectuar un aterrizaje de emergencia en suelo francés, alertando así a la comunidad internacional del inicio de la intervención italiana. El Gobierno de Italia se apresuró a anunciar que se trataba de simples exportaciones privadas; también los oficiales alemanes negaron cualquier intervención de su Gobierno.

Mientras tanto, Franco decidió establecer el primer «puente aéreo» de la historia militar, transportando a sus unidades de élite a la península. Utilizando los pocos recursos que tenía a mano (6 pequeños aviones), logró trasladar durante las primeras dos semanas de la guerra a 1700 integrantes del Tercio y de las unidades de Marruecos, indispensables para consolidar la situación de los nacionales en la parte occidental de Andalucía y en Granada, y una vez que en agosto dispuso de los aviones alemanes e italianos, el puente aéreo se hizo más frecuente, alcanzando su máximo a mediados de ese mes.

Por su parte, el Gobierno Blum se había comprometido a entregar a la República otros 17 aviones de combate, un envío que tuvo que camuflar al percatarse de que tanto la oposición dentro de Francia como la de sus aliados británicos era demasiado contundente como para ignorarla. Los jefes de la armada francesa, en sí bastante conservadores, se alarmaron ante las implicaciones geoestratégicas del conflicto español y recomendaron auxiliar a la República, pero sus homólogos británicos manifestaron su firme rechazo. Por ello, el 2 de agosto, el Gobierno francés comenzó a considerar la posibilidad de establecer un acuerdo de no intervención entre los poderes europeos según el cual todos los países renunciarían a intervenir en España. Esta propuesta no pretendía maniatar a la República, sino, en realidad, ayudarla, ya que, si la propuesta tenía éxito y se respetaba el acuerdo, la izquierda española tendría que luchar contra las derechas contando tan sólo con los recursos del país y aquélla confiaba en que, en tales condiciones, su victoria estaba asegurada. Durante el resto del mes de agosto, todas las potencias europeas, incluyendo aquéllas que ya estaban interviniendo, firmaron el acuerdo y, a mediados de septiembre, comenzó a reunirse en Londres un comité oficial de No Intervención, en representación de todos los signatarios.

Poco después, las principales potencias pretendieron restringir todavía más el alcance de la guerra secundando la negativa de Alemania a reconocer el estatus de beligerantes de cualquiera de los dos bandos españoles. En principio, Berlín anunció esta iniciativa para impedir que la flota republicana bloquease los puertos a través de los cuales entraba el material militar alemán. Esta posición limitaba el alcance y los derechos de la guerra naval para ambos combatientes siempre que los dos actuasen con sumisión a las normas del derecho internacional y, en teoría, reducía las posibles interferencias con el comercio internacional.

El Gobierno más desesperadamente preocupado por el resultado de la guerra en España fue el portugués. Mientras estuvo en el poder, la izquierda española se había esforzado de manera activa por derrocar al régimen portugués en 1932-33 y Salazar, su hombre fuerte, temía que su autoritario «Estado Novo» no fuese capaz de sobrevivir si la izquierda revolucionaria llegaba a dominar el resto de la Península. Pese a que Portugal apenas contaba con recursos militares propios, desde el principio su Gobierno facilitó a los rebeldes el acceso geográfico, así como apoyo político y logístico y, dado que en los asuntos exteriores dependía en gran medida de su aliado británico, firmó el Acuerdo de No Intervención, a pesar de las protestas privadas de Salazar, y continuó manteniendo relaciones diplomáticas con el Gobierno republicano. Sin embargo, el fracaso de la rebelión izquierdista protagonizada por la tripulación de tres barcos de la armada portuguesa en el puerto de Lisboa el 8 de septiembre sirvió de dramática advertencia para Salazar, quien, a finales de mes, anunció la formación de una Legión Portuguesa de voluntarios para apoyar a los sublevados españoles. El 23 de octubre el Gobierno de la República rompió sus relaciones diplomáticas con Lisboa.

Con todo, la subsiguiente intervención de la URSS resultó más controvertida que la germano-italiana, llegando a ser el aspecto más debatido y polémico de toda la guerra. Como se ha visto, la Unión Soviética había estado interviniendo en cierta manera en los asuntos españoles desde que, en 1920, se decidiese a organizar el Partido Comunista de España y, sin embargo, los comunistas quisieron, más que otros sectores de la izquierda, evitar una guerra civil, ya que el triunfo del Frente Popular (mucho más radical que en Francia) otorgó a la izquierda revolucionaria una oportunidad única, sin parangón en ningún otro país: la posibilidad de dar comienzo a una República de «nuevo tipo», dominada por la izquierda, e incluso la de abrir las puertas a la revolución colectivista de una manera aparentemente legal y constitucional, sin tener que recurrir a esa insurrección violenta que durante veinte años se había declarado indispensable para la revolución. Éste era el mejor de los mundos posibles, y una guerra civil sólo les apartaría de él, con riesgo de alterar toda la situación.

Por eso mismo, el estallido del conflicto fue para Moscú una noticia mucho más desagradable que para Roma o Berlín y, casi enseguida, Stalin se vio enfrentado a un dilema que, en cierto sentido, nunca llegó a resolver. Durante dos décadas, la Unión Soviética había predicado el inmediato estallido de la revolución colectivista violenta y ahora que tal revolución se había producido en España (paradójicamente en contra de los deseos soviéticos), se trataba de una revolución en esencia anarquista y socialista inserta en una guerra civil total que, por lo tanto, corría el riesgo de derrotarse a sí misma; ni los comunistas españoles ni la Unión Soviética podían darle su aprobación y, no obstante, los contrarrevolucionarios, apoyados por los alemanes y los italianos, podían estrangularla. Por este motivo, en todo el mundo, la izquierda revolucionaria volvió sus ojos a la URSS como el único poder revolucionario a nivel mundial que estaba en disposición de facilitar asistencia armada.

Todo ello planteaba un importante problema, pues el apoyo militar soviético (por muy lógico que pudiera parecer desde el punto de vista ideológico) entraba en contradicción con la esencia de su política diplomática y de seguridad de aquel momento. En 1935, al adoptar la táctica del Frente Popular, Stalin había asumido también una novedosa política diplomática y militar de «seguridad colectiva» antinazi, encaminada a lograr un entendimiento con Francia y Gran Bretaña contra Alemania y ello requería suavizar, de manera temporal, la ideología revolucionaria a favor de una política conciliatoria entre las grandes potencias. Si prestaba su auxilio a la revolución española, en el corazón de Occidente podría renacer el espectro del comunismo revolucionario, entorpeciendo así cualquier posibilidad real de establecer un acuerdo colectivo de seguridad con los poderes capitalistas democráticos. La cuadratura de este círculo era una proeza que Stalin nunca fue capaz de llevar a cabo.

La evidencia indica que el dictador soviético (cuyo poder alcanzaría su clímax de control totalitario en 1937-38, con el Gran Terror) viró con lentitud y de modo gradual hacia la intervención militar directa en España. El presidente Giral acudió por primera vez al Gobierno soviético el 25 de julio, enviando una carta a su embajada en París en la que solicitaba asistencia militar, pues nunca se habían establecido relaciones oficiales entre la República y el régimen comunista. La primera señal de ayuda soviética fue el anuncio de una campaña de donaciones individuales de los ciudadanos soviéticos para proporcionar ayuda económica, la primera de una serie con las que, al final de la guerra, se habían recaudado 1 416 000 libras esterlinas. Desde luego, la Komintern había llevado a cabo desde el principio una vigorosa campaña a favor de la causa republicana, para lo cual, durante la guerra, surgió una asombrosa cantidad de organizaciones encubiertas tanto en Europa como en el continente americano. El Partido Comunista Francés, el más importante sector de la Komintern, lideró este esfuerzo y llegó a ser una base muy importante para la actividad prorrepublicana.

Los datos de que se dispone indican que Stalin prestó gran atención al conflicto español, al que concedió una considerable prioridad hasta mediados de 1937. En agosto de 1936 se establecieron relaciones diplomáticas con Madrid y, antes de que terminase el mes, el embajador soviético y sus colaboradores tomaron posesión de sus cargos. Sin embargo, la importancia de la imagen y la propaganda se reflejaba en el hecho de que quienes primero aparecieron por España no fueron los miembros del cuerpo diplomático de la URSS, sino periodistas y cineastas. Más tarde, Stalin abundó en la posibilidad de una intervención armada enviando a unos cuantos pilotos que, haciéndose pasar por turistas, venían a apoyar a la aviación republicana, tan escasa de hombres. Aunque los comunistas y revolucionarios presionaban a Stalin para que actuase, no lo hizo hasta que pudo estar seguro de dos cosas: de que la caótica revolución española podía canalizarse y organizarse lo suficiente como para, con la debida ayuda, alcanzar el éxito militar, y cuál iba a ser el coste financiero de la intervención. La aparición el 5 de septiembre del primer Gobierno totalmente frentepopulista, bajo la presidencia de Largo Caballero, supuso la primera garantía de mayor disciplina y unidad. La segunda cuestión se resolvió gracias a la disposición de las autoridades de la República a invertir grandes cantidades de oro de la reserva estatal para adquirir armas de manera inmediata. Enseguida se envió a París oro por valor de varios millones de dólares y, a mediados de septiembre, la mayor parte de lo que quedaba se transfirió a Cartagena, desde donde era más fácil sacarlo al extranjero. En dos discursos pronunciados en agosto, Indalecio Prieto declaró la inevitabilidad de la victoria republicana, pues el Gobierno controlaba el abundante erario público y todos los recursos financieros del país; puede que no dominase el territorio republicano, pero hizo desesperados e incluso imprudentes esfuerzos por asegurar su crédito en el extranjero movilizando grandes cantidades de su considerable reserva de oro.

A mediados de septiembre, Stalin y el Politburó se decidieron y en Moscú se creó un comité especial encargado de planificar el inmediato comienzo de la «Operación X» (como se la conoció en clave) para enviar una cuantiosa ayuda militar a la República. A finales de septiembre comenzaron a llegar algunas armas y en la segunda quincena de octubre, lo hicieron importantes envíos mucho mayores que los procedentes de Hitler y Mussolini. Los nuevos tanques soviéticos proporcionaron unas fuerzas blindadas de las que, hasta entonces, habían carecido ambos bandos, mientras que los aviones de último modelo superaban a cualquiera de los entregados por Alemania e Italia, permitiendo a los republicanos dominar los cielos de Madrid durante las cruciales batallas de noviembre y diciembre.

Las primeras ayudas recibidas por los nacionales les permitieron, de forma clara, aumentar su potencial bélico en los primeros meses de la guerra, pero la intervención soviética proporcionó una fuerza crucial para la defensa de Madrid en los dos últimos meses de 1936. En cada uno de los casos, ello sirvió para prolongar lo que podría haber sido una breve guerra civil. La escalada soviética se contrarrestó con otra todavía mayor por parte de Alemania e Italia (sobre todo de esta última) en las últimas semanas de 1936 y las primeras de 1937. La intervención extranjera no determinó por sí misma el resultado de la guerra pero contribuyó de manera significativa a alterar las condiciones de la lucha y a convertirla en una larga y mucho más penosa guerra civil de desgaste.

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¿CÓMO LLEGÓ FRANCO A SER GENERALÍSIMO Y DICTADOR?

FRANCISCO Franco fue uno de los conspiradores militares más ambivalentes de 1936. Su actitud no fue única en modo alguno, ya que no es ninguna exageración afirmar que la gran mayoría de los oficiales españoles tenían sentimientos ambiguos respecto a la conspiración y la rebelión. Éste fue el principal motivo para que a Mola se le presentaran tantas dificultades para organizarla con efectividad. La ambivalencia no sólo caracterizó a quienes se rebelaron, sino también a gran número de los que no lo hicieron. Para la mayoría de los militares fue difícil adoptar una posición nítida y sin ambigüedades, ya que, aunque en su mayor parte se oponían a la política gubernamental de Casares Quiroga y condenaban la situación en la que se encontraba España, hacer algo al respecto era harina de otro costal. Al igual que Franco, muchos de los rebeldes sólo se apuntaron en el último momento y, a la inversa, muchos de los que no se sublevaron desearon después haberlo hecho e, incluso, en algunos casos se las arreglaron para unirse a la rebelión con posterioridad.

Franco estuvo vinculado a la conspiración desde el principio pero se resistió a comprometerse con ningún calendario para la rebelión, pendiente de que se produjera un cambio político más razonable en el Gobierno republicano. El primero de julio ya se habían trazado planes firmes para fletar un avión británico privado con el que se le trasladaría desde su base en Canarias a Marruecos, donde se haría con el mando de las fuerzas allí acuarteladas. De hecho, este avión abandonó Londres el 11 de julio, más de veinticuatro horas antes del asesinato de Calvo Sotelo, pero según los datos de que se dispone, Franco lo mantuvo en espera durante un tiempo, aguardando el curso de los acontecimientos. Parece ser que el asesinato de Calvo Sotelo a manos de agentes estatales le convenció de hasta qué punto la situación había degenerado, lo que le llevó a comprometerse sin reservas con la rebelión. El 19 de julio llegó a Tetuán por vía aérea para asumir el mando de las tropas de élite del Protectorado.

Dado su indiscutible prestigio entre los militares y su liderazgo sobre las únicas unidades experimentadas y totalmente preparadas para el combate, resultó inevitable que Franco desempeñase un papel fundamental entre los rebeldes, pese a que su alcance todavía no esté claro. En 1935 ya había mostrado su interés por tomar parte en los asuntos públicos y había empezado a estudiar tanto inglés como diversos tratados de economía y política para ampliar sus conocimientos. Había sido candidato en las listas de la CEDA en las elecciones especiales que se celebraron en Cuenca en 1936, de las que se tuvo que retirar ante las presiones de José Antonio Primo de Rivera, quien consideraba que el nombre de Franco daba a las candidaturas un viso militarista y derechista poco conveniente.

Tan pronto como comenzó la rebelión, Mola introdujo ligeras modificaciones en su plan para implantar un nuevo régimen republicano más autoritario, proponiendo en su lugar una estructura económica corporativa en la que se mantendría la economía de mercado pero estableciendo un sistema de cooperativas y continuando con una moderada reforma agraria. Se permitiría la libertad de cátedra siempre y cuando no sirviese para promover la «anarquía» o la pornografía. Según declaró, «somos católicos», pero Iglesia y Estado continuarían separados, permitiéndose la libertad religiosa. Al principio, casi todas las proclamas rebeldes invocaban la República y los dirigentes de los nuevos Gobiernos municipales establecidos en Zaragoza y Mahón eran radicales y centristas.

El 23 de julio, Mola organizó en Burgos una junta de Defensa Nacional, compuesta por 7 oficiales de rango superior, que actuaría como nuevo Gobierno rebelde. Su primer dirigente fue el general Miguel Cabanellas, jefe de la Quinta División en Aragón y el de mayor rango entre los pocos generales presentes[24]. Sin embargo, antes había sido diputado en Cortes por el Partido Radical; era masón y, en esencia, un centrista. Actuó no tanto como líder sino como cabeza visible de la sublevación, a la que, al principio, dio un tono más moderado. Los otros tres generales presentes en la junta (Miguel Ponte, Fidel Dávila y Andrés Saliquet) habían abandonado su retiro para incorporarse al servicio activo. Además había dos tenientes generales del Estado Mayor, Federico Montaner y Fernando Moreno Calderón, que, en cierto modo, representaban a la UME. Se dice que cuando los miembros de la junta firmaron su primer decreto, Moreno Calderón afirmó: «Si España no reacciona, ésta es nuestra sentencia de muerte»[25].

La junta no estuvo bajo el dominio de Mola sino que tomaba sus decisiones de manera colectiva, firmándolas Cabanellas. La principal responsabilidad de aquél era ejercer el mando militar global de todas las fuerzas rebeldes del norte. Pronto se sumó a la junta un representante de la armada, el capitán Francisco Moreno Hernández, y a él le siguió Franco el 3 de agosto, acompañado de los generales Gonzalo Queipo de Llano, jefe de las fuerzas rebeldes en Andalucía, y Luis Orgaz.

En agosto, y cada vez con mayor frecuencia, el movimiento rebelde empezó a denominarse a sí mismo «nacional», como sería conocido de manera oficial durante el resto de la contienda. Sus líderes evitaron asociarse con la causa monárquica e intentaron de forma clara mantener un régimen estrictamente militar, al menos hasta ganar la guerra, aunque, a nivel local, nombraron nuevos funcionarios procedentes de los grupos derechistas y, en ocasiones, del centro. En sus comienzos, la junta sólo gobernó de modo directo la principal zona rebelde del norte, mientras que los sectores del sur, más pequeños, operaban bajo el mando de sus propios jefes militares.

En una entrevista que concedió a un periodista portugués el 10 de agosto, Franco reiteró la línea oficial de la junta: «España es republicana y seguirá siéndolo. Ni el régimen ni la bandera han cambiado. El único cambio será que el crimen será reemplazado por el orden y los actos de bandolerismo por el trabajo honrado y progresivo»; aunque, al mismo tiempo, mostró una tendencia subyacente más radical cuando añadió con tono amenazador que «España será gobernada por un sistema corporativo semejante al que ha sido instaurado en Portugal, Italia y Alemania»[26], lo que indicaba que la clase de República que los rebeldes tenían en mente era algo más parecido al autoritario «Estado Novo» portugués. Todavía más, en una gran ceremonia celebrada en Sevilla el día 15, Franco y Queipo de Llano sustituyeron la enseña republicana por la tradicional bandera monárquica rojigualda y, dos semanas más tarde, la Junta la convirtió en oficial, recuperando también la Marcha Real como himno nacional.

Hasta donde se conoce, el primero de los líderes rebeldes en plantear con más precisión la cuestión del nuevo régimen fue el coronel Kindelán, monárquico, uno de los creadores de la fuerza aérea española y jefe de la aviación rebelde en el sur, que pronto estaría al mando de toda la fuerza aérea insurgente. Se dice que Franco le aseguró que la restauración de la Monarquía era el objetivo final, pero que, por el momento, había demasiados republicanos entre quienes respaldaban la rebelión. Cuando Kindelán sugirió que se nombrase a Franco comandante en jefe de las fuerzas rebeldes y regente temporal en calidad de jefe del Estado, éste rechazó la propuesta por considerarla poco apropiada y divisiva.

No existen evidencias acerca de ninguna iniciativa personal o conspiración por parte de Franco por hacerse nombrar jefe de los sublevados. Desde su llegada a Tetuán el 19 de julio, su persona fue incluso más pública que la del general Mola y su proclamación aquel día, dirigida a España entera, atrajo mas la atención que la de cualquiera de los otros líderes rebeldes. Intentó, por propia iniciativa, obtener el apoyo crucial de Hitler y Mussolini y, posteriormente, se encargó de las relaciones con ambos. Tanto los corresponsales extranjeros como el cónsul general alemán en Tetuán se referían a él como el líder rebelde más importante y así se le consideraba en las principales capitales europeas.

Fue un pequeño grupo entre sus subordinados y colaboradores quienes tomaron la iniciativa de nombrarle Generalísimo: su hermano Nicolás (su secretario político), Kindelán, José Sangróniz (su asesor diplomático), su colaborador militar más próximo, Orgaz, y dos compañeros de las unidades de Marruecos, el general José Millán Astray y el coronel Juan Yagüe. Muchos de éstos (aunque no todos) eran monárquicos. La idea de elevar a Franco parece haber surgido de la convergencia de dos preocupaciones: la de sus partidarios militares, que creían que sería el líder más fuerte y eficaz, y la de los monárquicos, convencidos de que su jefatura constituiría la mejor de las garantías para una eventual restauración de la Monarquía.

La cuestión del mando pasó a ser más seria según se extendía el conflicto y, en septiembre, entró en una fase crítica conforme las veteranas unidades de Franco se abrían paso hacia el norte, acercándose a Madrid. Entre los diversos jefes militares, en parte autónomos, se venían produciendo fricciones y, alentado por su camarilla personal, Franco consiguió que la junta aceptase su propuesta de celebrar una reunión cerca de Salamanca el 21 de septiembre para discutir la formación de un mando militar más unificado.

Kindelán fue el único participante en dejar testimonio de este acontecimiento crucial, en el que se afirma que durante la segunda reunión del día, por la tarde, presentó una moción para que la junta considerase la necesidad de un «mando único», a lo que se opuso el semiliberal Cabanellas. Una vez que se tomó la decisión, Kindelán nominó a Franco Generalísimo, algo en lo que todos los presentes estuvieron de acuerdo, salvo Cabanellas, que no quiso votar.

No parece que nadie se opusiera realmente. Cabanellas, Orgaz y Queipo ostentaban un mayor rango en cuanto generales, pero tanto la reputación militar de Franco como su prestigio eran mayores que los de cualquiera, y Cabanellas y Queipo se vieron en parte descalificados por su pasado político liberal. Como general de brigada, el rango de Mola era inferior, tenía menos prestigio militar, su ambición política era menor y los monárquicos le creían demasiado «republicano». La imagen de Franco era sin duda la de un derechista, pero no se le podía asociar a ninguna empresa política fracasada o sectaria, como les ocurría a algunos de sus camaradas. No obstante, no existen indicios de que éstos aspirasen al mando único (con lo que le dejaron el camino expedito) ni de que la elección de este último estuviese acompañada de ninguna discusión política grave. Se trató de una decisión aceptada, en esencia militar, con la que se unificó el mando rebelde en un acuerdo que permaneció secreto hasta que la junta lo anunció de manera formal poco después, pese a que no se acordó ninguna fecha en concreto para ello; tampoco parece que se debatiese la duración de los poderes políticos del nuevo Generalísimo.

Los partidarios de Franco vieron en ello una importante limitación e insistieron en que convocase una nueva reunión de la junta para el 28 de septiembre, para aclarar la situación. En ella, Kindelán introdujo una nueva moción al declarar que «la jerarquía de Generalísimo llevará anexa la función de jefe del Estado, mientras que dure la guerra; dependiendo del mismo, como tal, todas las actividades nacionales: políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera»[27]. Esta afirmación levantó una considerable polvareda dado que sobrepasaba todo cuanto se había acordado la semana anterior. El resultado de la discusión sigue sin estar claro. Mola y Queipo de Llano regresaron a sus acuartelamientos justo después del almuerzo y el alcance exacto del último acuerdo se desconoce. La oposición más intensa procedió de Cabanellas, pero pudo haberlo hecho de una manera más encubierta que abierta. Ha afirmado que, tras volver a Burgos, habló por teléfono con Queipo y Mola y aquél le recomendó que, como jefe nominal de la junta, evitase entregar el poder político total en manos de Franco. Sin embargo, Mola, en cuanto primer líder de la rebelión, aconsejó a Cabanellas que confiase el poder a Franco, lo que no tardó en hacer.

El texto publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional el 30 de septiembre difirió un tanto de la moción original de Kindelán, declarando que «se nombra jefe del Gobierno del Estado español al Excmo. Sr. General de División D. Francisco Franco Bahamonde, quién asumirá todos los poderes del nuevo Estado», lo que parece reflejar un cierto compromiso, técnicamente reduciendo los poderes de Franco de jefe del Estado a jefe del Gobierno, pero eliminando cualquier limitación temporal. De hecho, esta fórmula le otorgó más poderes, dado que se le convertía en un dictador puro y simple, sin restricciones limitadas a la duración del conflicto. Es más, la denominación de «jefe del Gobierno» no tardó en ignorarse y, en veinticuatro horas, pasó a ser considerado como «jefe del Estado» de manera oficial, cargo que ocupó durante los siguientes treinta y nueve años.

Durante ese largo periodo, Franco insistió en que nunca aspiró al poder para sí mismo, sino sólo para servir y salvar a España; fue la libre decisión de sus camaradas de armas la que le convirtió en jefe del Estado. La dictadura fue una consecuencia lógica de la propia sublevación militar (tal y como aseguraban sus partidarios), aunque existen ejemplos de regímenes militares que han mantenido un sistema de mando conjunto sin necesidad de batirse en penosas guerras civiles.

En septiembre de 1936, quienes habían encumbrado a Franco todavía no alcanzaban a ver la magnitud y extensión de la guerra. Las fuerzas del Generalísimo se encontraban cerca de Madrid y el efecto de la intervención soviética todavía no se había dejado sentir. Los partidarios de aquél deseaban establecer su liderazgo antes de que finalizase el conflicto, pese a que es probable que en ese momento los miembros de la junta creyesen que esto era, como mucho, cuestión de unos cuantos meses. Con todo, quienes le apoyaban también argüían que, más o menos durante el siguiente mes, se produciría el combate más crucial de la guerra, del que dependería su resultado. En esto se equivocaron, pero estaban en lo cierto cuando afirmaban que un mando único era indispensable para obtener la victoria definitiva. El liderazgo que Franco aportó como «caudillo» del movimiento fue firme, confiado y, en general, eficaz en sus aspectos militares, diplomáticos y políticos, aunque nunca llegaría a ser ni inspirado ni brillante. Mantuvo la unidad, la moral y la superioridad militar de sus fuerzas, lo que no es una proeza desdeñable, así como una retaguardia unida y productiva desde el punto de vista económico y, al mismo tiempo, supo conservar la relativa neutralidad de las potencias occidentales junto con el apoyo constante de Italia y Alemania. Su labor careció del brillo del genio carismático, pero fue efectiva, por lo que resulta dudoso que la continuidad de la Junta de Defensa bajo el tibio liderazgo de Cabanellas hubiese podido lograr el triunfo en la amarga y agotadora lucha que estaba por venir. Es muy posible que Kindelán y los otros estuviesen en lo cierto al afirmar que el mando único era necesario para que los nacionales alcanzasen la victoria.

Es posible que, en aquel momento, Franco todavía no supiera cómo iba a estructurar y construir su nuevo régimen, pero, por vez primera, dejó claro que iba a ser un régimen completamente nuevo, no una República reformada. Los primeros dos meses de la guerra habían tenido un efecto radicalizador sobre ambos bandos: para la izquierda había supuesto la revolución; para la derecha, el alejamiento del conservadurismo moderado de una «República reformada» y el avance hacia la derecha radical e incluso hacia cierto grado de fascistización. Franco incluso dio a entender de forma muy clara que no iba a ser un dictador interino, sino que pretendía extender sus poderes al máximo, tal y como declaró en la ceremonia oficial de su investidura, que tuvo lugar el primero de octubre: «Mi mano será firme, mi pulso no temblará, y yo procuraré alzar a España al puesto que le corresponde conforme a su Historia y al que ocupó en épocas pretéritas». En su discurso radiado de aquella noche añadió que «España se organiza dentro de un amplio concepto totalitario de unidad y continuidad»[28]. Para entonces, la idea de la «República reformada» ya había desaparecido tiempo atrás.

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¿POR QUÉ FRANCO NO PUDO TOMAR MADRID EN 1936?

MOLA nunca fue capaz de dotar a la rebelión militar de una organización cohesionada; estuvo muy mal organizada debido a la confusión y a la falta de acuerdo entre los propios militares. Su planificación era más similar a un pronunciamiento decimonónico que a un golpe de Estado bien organizado y propio del siglo XX debido a una combinación de motivos técnicos y políticos. Quizá Mola no estaba convencido de poseer los medios técnicos o el apoyo político necesarios para llevar a cabo un golpe sincronizado. Su plan para hacer estallar la sublevación en tres días (18, 19 y 20 de julio) se basaba en la rebelión inicial de los sectores militares de Marruecos más ardorosos y unificados, a los que se unirían, en cuestión de horas, algunas de las guarniciones del sur y las fuerzas de Canarias. Las unidades clave del norte de la Península les seguirían el día 19, suponiendo que el día 20 su ejemplo ejercería un efecto de atracción sobre las unidades más indecisas e inciertas. Se trataba de un plan extremadamente lento, justo lo opuesto a un golpe de Estado, y dado que la rebelión estalló de manera prematura en Marruecos el día 17 alrededor de las cinco de la tarde, lo que se conoce como la «sublevación del 18 de julio» fue en realidad una rebelión de cuatro días de duración que se extendió entre el 17 y el 20 de julio y que, en ciertas áreas, no causó sorpresa alguna, por lo que se perdió la iniciativa para que el Gobierno y las organizaciones izquierdistas pudieran adoptar contramedidas, un fiasco que provocaría la Guerra Civil.

El plan de Mola preveía el posible fracaso de la sublevación militar en Madrid, que debería tomarse empleando fuerzas procedentes del norte y del este del país. Sin embargo, sólo unos dos tercios del ejército llegaron a alzarse y los 90 000 militares implicados estaban divididos en dos secciones muy desiguales: la mitad eran miembros de unidades de las guarniciones peninsulares, en ocasiones muy distantes entre sí, en su mayoría nuevos reclutas con una limitada capacidad de combate y con lealtades políticas inciertas. El poder militar de los rebeldes se basaba en los 47 000 hombres acuartelados en Marruecos, de los que al menos 25 000 pertenecían a las unidades de élite de las tropas españolas y marroquíes. Su potencial para el combate y su fiabilidad política era mucho mayor, pero su alejamiento geográfico hizo que, durante la primera y crucial semana, su influencia sobre el desarrollo del conflicto fuese nula.

Es más, el fracaso de la rebelión en importantes zonas del norte y el este abrió una serie de frentes secundarios para los insurgentes, evitando que pudieran emplear todas sus fuerzas contra Madrid, desviándose así del plan de Mola. El 25 de julio, las fuerzas republicanas detuvieron en seco a las pequeñas columnas que avanzaban hacia la capital en las montañas del norte y pronto se vieron ante la posibilidad de quedarse sin municiones.

El importante potencial de combate de los rebeldes se basaba en el ejército de África, comandado por Franco, pero era imposible trasladarlo a la Península porque las unidades navales de las costas del sur y el este se hallaban en manos de la izquierda. Los marinos estaban más politizados que los soldados de infantería y, el 18 de julio, cuando sus jefes les ordenaron unirse a los rebeldes, se alzaron contra ellos, una sublevación que provocaría la muerte de un gran número de oficiales de la armada. En conjunto, la izquierda controlaba casi dos tercios de ésta: 11 destructores y 3 cruceros contra un destructor y un crucero de los nacionales (aunque éstos contaban con 2 cruceros nuevos casi terminados que se encontraban en los astilleros de El Ferrol), así como 12 submarinos (y ninguno los nacionales). Cada bando disponía de un acorazado. De los más de 500 aviones existentes en la fuerza aérea española (en su mayoría anticuados), la izquierda controlaba unos 400 (incluyendo dos tercios de los 300 aviones de guerra en desuso u obsoletos), además de contar con el apoyo de la mayoría de los casi 65 000 hombres que integraban las fuerzas del orden público (guardias civiles, guardias de asalto, carabineros y seguridad), quienes, a pesar de no disponer de armamento pesado, habían sido mejor seleccionados y, en ocasiones, eran más disciplinados que los soldados. Estas fuerzas de seguridad habían desempeñado un papel fundamental a la hora de aplastar la rebelión en Madrid, Barcelona y en otros lugares; además, gran parte de los depósitos de armas y municiones (excepción hecha de la artillería) estaban también a disposición de la izquierda.

Finalmente, las fuerzas republicanas contaban con las enormes reservas de oro y plata del Banco de España, unas de las mayores del mundo. Así, el 9 de agosto, Prieto pronunció un discurso radiado en el que afirmó que la victoria era inevitable: «Una guerra no es simple heroísmo… Si la guerra, cual dijo Napoleón, se gana principalmente a base de dinero, dinero y dinero, la superioridad financiera del Estado… es evidente… Con los recursos financieros totalmente en manos del Gobierno; con los recursos industriales de la nación, también totalmente en poder del Gobierno, podría ascender hasta la esfera de lo legendario el valor heroico de quienes impetuosamente se han lanzado en armas contra la República, y aun así… serían inevitable, inexorable, fatalmente vencidos».

Cuando Prieto hizo esta declaración (que, en aquel momento, tenía absoluto sentido), las pequeñas unidades de las fuerzas de Franco habían comenzado a avanzar hacia el noroeste de Sevilla, pero no lograrían su primera victoria importante hasta la toma de Badajoz el día 14. Ello permitió que, por primera vez, se uniesen las zonas rebeldes del norte y el sur, con lo que se aliviaron los problemas de intendencia de Mola. Fue éste el primer gran revés para la izquierda tras sus tres semanas iniciales de euforia.

Las unidades militares organizadas constituyeron la gran debilidad de la izquierda. Pese a que unos 58 000 de sus hombres no se pasaron al nuevo ejército insurgente, algunos de ellos eran miembros de unidades que habían intentado unirse a la rebelión, razón por la cual muchas habían sido disueltas. Otras lo fueron más tarde, sobre todo por cuestiones de fiabilidad política, y, tras un corto periodo de tiempo, en las unidades leales a las fuerzas izquierdistas apenas quedaban 10 000 soldados. Por este motivo, y desde el principio, se hizo necesario confiar cada vez más en los voluntarios procedentes de la milicia revolucionaria.

Éste fue el principal factor, junto con la intervención inicial extranjera, al que Prieto dejó fuera de una ecuación compuesta por los efectos de la floreciente revolución en la zona republicana. Es posible que los milicianos fueran el equivalente militar de algunas de las débiles unidades acuarteladas en la Península, aunque no de todas ellas, y desde luego eran muy inferiores a las unidades voluntarias y profesionales de Franco que avanzaban desde el sur. Los milicianos eran los soldados mejor pagados del mundo (cobraban 10 pesetas por día), pero carecían de liderazgo, instrucción o disciplina. Además, los restantes países se sentían atemorizados por la revolución y no cooperaron de manera activa para invertir el oro español en la compra de armas para la izquierda.

El problema inicial de Franco era el transporte de sus tropas hasta la Península. Hasta allí se trasladó en barco a dos pequeñas unidades, compuestas por 700 hombres, antes de que se produjese el bloqueo naval de Marruecos y, una vez en territorio peninsular y durante las dos primeras semanas de combates, Franco logró transportar a otros 1500 (o más) soldados en avión (el primer puente aéreo militar de la historia), utilizando sobre todo los pocos aviones españoles que había en las bases aéreas del Protectorado. El 5 de agosto, un pequeño convoy rompió el bloqueo republicano gracias al crucial apoyo aéreo italiano, con lo cual, y mediante otras pequeñas rupturas del cerco, se pudo trasladar a otros 2500. Después de eso, el bloqueo naval se estrechó todavía más, con el bombardeo de Cádiz y de las ciudades costeras marroquíes. La llegada de más aviones alemanes e italianos aceleró el puente aéreo, aunque, a finales de septiembre, Franco no había conseguido trasladar más que a unos 16 000 soldados. Sólo cuando se rompió el bloqueo a finales de septiembre, gracias a la inepta estrategia naval republicana y al bajo potencial bélico de los barcos de guerra revolucionarios, que carecían de oficiales competentes, pudo transportar lo que quedaba de sus mejores tropas de combate del Protectorado, además de varios miles de voluntarios marroquíes.

Franco y Mola se enfrentaban a una compleja situación estratégica. El primero no se podía concentrar de forma exclusiva en su propio avance hacia el norte, sobre Madrid, porque tenía que facilitar apoyos a otras regiones donde los nacionales intentaban resistir en unas duras condiciones. En el sur, Granada había quedado aislada del resto de la zona nacional y Córdoba se veía seriamente amenazada por los ataques republicanos. Mola no tenía la fuerza necesaria para avanzar hacia el norte de Madrid y, en la retaguardia, tanto Huesca como Teruel se hallaban cercadas y sufriendo ataques directos. Además, aún tenía que ocuparse de otro frente en Guipúzcoa, una zona fronteriza clave. Hacia el noroeste, Oviedo se encontraba sometida a una presión todavía mayor; aislada al principio, una columna de auxilio de los nacionales, procedente de Galicia, había abierto un estrecho pasillo hacia el oeste, pero los frecuentes y severos ataques republicanos amenazaban con cerrarlo en cualquier momento.

Franco se desplazó primero un poco hacia el oeste con el fin de asegurar la frontera portuguesa y unificar las dos partes en que estaba dividida la zona nacional. Se vio obligado a retrasar sus propias operaciones para destinar algunas de sus unidades de élite a consolidar la zona sur, conectándola con Granada y disminuyendo la presión sobre Córdoba. Otras se enviaron de manera temporal a Huesca y Guipúzcoa. Conforme su fuerza aumentaba en octubre, tuvo que enviar otras nueve unidades menores para evitar la caída de Oviedo. Franco creía que no tenía otra alternativa, salvo apoyar a los sectores en guerra por toda España, pues a menudo estaban sometidos a intensos ataques y no podía arriesgarse a que cayese ninguno de los lugares situados en la retaguardia de los nacionales y la mayoría de los jefes rebeldes estuvieron del todo de acuerdo con esta estrategia. Si Franco hubiera dispuesto de una fuerza arrolladora con la que avanzar directamente hacia Madrid, podría haber asumido el riesgo de perder posiciones en otros lugares, pero el hecho de tener que destinar allí a parte de sus limitadas fuerzas no hizo sino ralentizar y debilitar su marcha sobre la capital. Éste es el tipo de dilemas a los que tuvo que hacer frente durante todo el conflicto y, con frecuencia, erró debido a su cautela y a su interés por reforzar los frentes secundarios. Todavía se duda acerca de si al hacer tal cosa perdió la oportunidad de obtener una rápida victoria en la zona central, cuestión esta que los historiadores militares continuarán debatiendo largo tiempo.

En las zonas secundarias, los dos ejércitos eran más simétricos, consistiendo en ambos bandos en una mezcla de unidades regulares del ejército y milicianos voluntarios. Sin embargo, en septiembre, esta simetría inicial tocaba a su fin, ya que el ejército regular había desaparecido virtualmente en la zona republicana, siendo sustituido de manera casi exclusiva por milicianos, mientras que, en ambos lados, se intentaba cada vez con mayor frecuencia destinar a las fuerzas de seguridad a tareas policiales, no militares. Miles de milicianos voluntarios, sobre todo carlistas y falangistas, prestaron su ayuda a los rebeldes. Cada vez se enviaban más banderas falangistas al frente, pero muchos de ellos sirvieron en operaciones policiales, en tareas represivas y colaborando en expediciones para ocupar zonas remotas apenas controladas por la izquierda. Otras milicias menores procedentes de grupos derechistas se destinaron a operaciones de seguridad.

Sin embargo, para marchar sobre Madrid, Franco apostó por confiar ante todo en sus unidades de élite, por su evidente superioridad bélica, a la que contribuía un escaso número de unidades de milicianos y otras fuerzas regulares. Pese a su limitado número, las tropas de Franco derrotaron a las columnas de la milicia, mucho más numerosas, y continuaron con su avance hacia el norte. Su táctica básica consistía en detener a las columnas de milicianos con la amenaza de un ataque frontal, para, a continuación y gracias a su mayor disciplina y maniobrabilidad, llevar a cabo una operación envolvente que forzaba a las milicias a retirarse presas del pánico, con las correspondientes pérdidas. Aún más, Franco concentró gran parte de su escuálida aviación en la prestación de apoyo terrestre a su infantería, algo que sus oponentes hicieron con menos frecuencia. El 3 de septiembre, un mes después de que comenzase su avance desde el sur, los nacionales tomaron Talavera, a 120 kilómetros de Madrid, y las alarmas se dispararon en la capital.

Para entonces, el fácil triunfalismo del que la izquierda había hecho gala durante las primeras semanas había tocado fondo y, no obstante, la resistencia se hizo mayor conforme se enviaba a más y más milicianos a luchar contra las tropas que avanzaban. La vanguardia de Franco contaba tan sólo con 9000 o 10 000 hombres, un modesto sistema de transporte y una limitada capacidad de fuego. No había suficientes soldados para transferir algunos de ellos a las líneas de Mola, situadas mucho más cerca de Madrid por el norte, desde donde hubiese sido mucho más fácil aproximarse a la capital. En 30 días lograron avanzar 425 kilómetros hasta Talavera, pero, al aumentar los contraataques, necesitaron otros 18 días para cubrir los 43 kilómetros que les separaban de Maqueda, a donde llegaron el 21 de septiembre.

Ahora comenzaba la parte más importante del conflicto y se eligió a Franco para ejercer la jefatura del mando único. La primera decisión que tuvo que tomar fue si convenía intentar caer directamente sobre Madrid o retrasarlo unos 10 días con el fin de relevar a los soldados y voluntarios que, durante dos meses, habían defendido el Alcázar de Toledo. La defensa del Alcázar alcanzó la categoría de hecho épico a nivel internacional debido a la atención que suscitó en los medios de comunicación extranjeros. Es probable que en ese momento, con sus tropas tan menguadas, Franco no creyese conveniente atacar Madrid y dejar sus flancos sin protección. En años posteriores, los historiadores han criticado ese fallo a la hora de lanzarse con osadía sobre la capital, lo que hubiese supuesto una rápida victoria en la guerra, y lo suelen achacar a su deseo de obtener la publicidad que la liberación del Alcázar le garantizaría, pero, en realidad, es posible que no tuviese otra alternativa.

La defensa del Alcázar fue el más famoso de los numerosos cercos en los que los nacionales resistieron a las tropas republicanas con toda su tenacidad, aunque existen otros ejemplos, como el del cuartel de Simancas en Gijón, que duró un mes, la exitosa defensa, durante un año, de Oviedo, o el sitio al que el santuario de la Cabeza estuvo sometido durante 9 meses y en el que 250 guardias civiles sufrieron un 80 por ciento de bajas antes de rendirse. También Huesca y Teruel sufrieron un cerco parcial durante más de un año. Los nacionales, mucho más que las fuerzas republicanas, tenían una extraordinaria habilidad para soportar con tesón tales situaciones debido no sólo a la profesionalidad de las tropas, el liderazgo militar y policial y la disciplina, sino también a su fe religiosa. Como afirmó, lamentándose, el líder anarquista García Oliver: «Se está dando un fenómeno en esta guerra, y es que los fascistas cuando les atacan en ciudades aguantan mucho, y los nuestros no aguantan nada; ellos cercan una pequeña ciudad, y al cabo de dos días es tomada. La cercamos nosotros y nos pasamos allí toda la vida»[29].

Al mismo tiempo hay que tener presente que los republicanos no hicieron ningún esfuerzo serio por conquistar el Alcázar hasta septiembre, e incluso entonces se puso de manifiesto esa debilidad en operaciones ofensivas que sería moneda corriente durante toda la guerra. Es cierto también que la liberación del Alcázar el día 27 supuso para Franco una importante victoria propagandística que contribuyó a que, al día siguiente, la Junta de Defensa ratificase de manera plena sus poderes. Para entonces, ya se estaba ejerciendo una represión masiva en Toledo, con la ejecución de cientos de izquierdistas, un número que superó con creces al de los defensores caídos en el Alcázar.

El 3 de octubre, con las tropas de Franco situadas a apenas 70 kilómetros de la capital, comenzó la fase final de la marcha sobre Madrid. No más de 14 000 hombres componían su vanguardia, pues la presión sobre los nacionales era tan intensa en otras partes del país que Franco no se atrevió a concentrar todos sus recursos en la toma de la capital. Quizá la caída de Madrid no determinase el resultado de la guerra, pero se exponía a perder otras regiones clave.

Por su parte, tanto las tropas como el armamento de los republicanos aumentaban con rapidez ahora que, tras una difícil gestación, se había conseguido avanzar en la creación de un nuevo modelo de ejército revolucionario.

Aunque en la zona republicana nunca se había llevado a cabo una disolución total de las unidades leales del ejército regular, el intento de reorganizar la Primera División en Madrid no había tenido éxito y la milicia (a la que Giral no logró dotar de una organización centralizada) se había impuesto arrolladoramente sobre las unidades regulares. En agosto el presidente había decretado la formación de un «Ejército Voluntario», basado en la milicia y apoyado por reclutas regulares y, enseguida, los comunistas empezaron a presionar para que se adoptase una organización militar seria. La Komintern les dio instrucciones para que se concentrasen en el desarrollo militar y, casi desde el principio, venían haciendo incesantes llamamientos a la creación de un nuevo ejército regular basado en el modelo del Ejército Rojo soviético. Durante el mes de agosto, la extrema izquierda revolucionaria mostró su vigorosa oposición a estos planes, pero, a medida que las fuerzas de Franco combatían cerca de Madrid, los partidos del Frente Popular no pudieron sino aceptar la necesidad de una mayor organización.

Incluso los anarquistas estuvieron de acuerdo, a pesar de que su ideología les impulsaba a dar a cualquier nuevo gobierno revolucionario una definición distinta. A finales de agosto habían avanzado la idea de un gobierno conjunto de la UGT y la CNT, por encima de los demás partidos, al que se denominaría «Consejo Sindical Confederal» o algo parecido, pero no lograron el suficiente respaldo.

Para los caballeristas había llegado el momento de poner en práctica su estrategia de un nuevo gobierno revolucionario liderado por ellos, al que se podrían unir los demás grupos izquierdistas. Para la Komintern no era una buena idea porque hacía desaparecer el envoltorio con que habían empaquetado la revolución para el consumo extranjero; era preferible que todos los partidos frentepopulistas se uniesen al Gobierno de Giral, ya que un presidente republicano de izquierda daba una imagen internacional más moderada. Por este motivo era mejor que el PCE no formase parte del Gobierno, pero Largo Caballero se negó a aceptar el cargo de presidente del Gobierno sin la participación de los comunistas.

Así, el 5 de septiembre se formó el primer Gobierno revolucionario plenamente organizado, presidido por Largo Caballero, al que se sumaron todos los partidos del Frente Popular, aunque no los anarquistas. Más tarde se uniría a él un representante del PNV vasco y, dos meses más tarde, lo haría la CNT. La primera tarea del Gobierno fue coordinar el esfuerzo militar, aunque, desde el punto de vista de su presidente y sus seguidores, también debía asumir la labor de convertirse en el primer Gobierno de la triunfante revolución, dotándola de plena expresión en las instituciones estatales. Esta doble finalidad creó una tensión que no se superó en todo el tiempo que Largo Caballero permaneció en el cargo.

El aclamado «Gobierno de la Victoria» marcó el inicio de un Estado republicano reorganizado y revolucionario. El 27 de septiembre se procedió a organizar de nuevo el cuerpo de funcionarios, decretando el cese de todos ellos y nombrando de nuevo sólo a quienes contaban con credenciales izquierdistas. Así, el mes de septiembre supuso el comienzo formal de la nueva y revolucionaria «Tercera República», cuya función sería consolidar la revolución a través del Estado, aunque, durante meses, gran parte de esta novedosa estructura estatal sólo existiría sobre el papel. Los diversos comités revolucionarios regionales o provinciales con poder en la zona republicana quedaban ahora, en teoría, integrados en el sistema estatal y a sus dirigentes se les dio el título de gobernadores con el fin de coordinarlos y, eventualmente, atraerlos al control del Estado, aunque al principio hubo muy pocos cambios. Enseguida, el nuevo Gobierno intentó poner punto y final al caos de los comités revolucionarios de control y de los escuadrones de la muerte agrupándolos en una nueva estructura, las «Milicias de Vigilancia de la Retaguardia», que, al principio, no tuvo una entidad real. Incluso en el distrito de Madrid no se organizaría una policía coordinada hasta el mes de diciembre. También el sistema de justicia se reorganizó en base a unos nuevos «tribunales populares».

Un esfuerzo militar más concertado y organizado fue el rasgo más significativo y decisivo del nuevo Gobierno. El 5 de septiembre, Largo Caballero ordenó la creación de un nuevo Estado Mayor y once días más tarde se estableció por decreto un mando central unificado para todas las unidades de la zona republicana, aunque gran parte de estos cambios lo fueron sólo sobre el papel.

El 27 de septiembre, el mismo día en que se decretó la reorganización del funcionariado, el Gobierno procedió a crear un nuevo Ejército Popular, único y centralizado, dotando a sus unidades de una estructura completamente novedosa y, poco después, se anunció la incorporación al mismo de todos los oficiales de la milicia, fijándose las condiciones para que, el 20 de octubre, se unieran a ellos unos 150 000 milicianos. Con su insignia oficial —la estrella roja—, su saludo con el puño cerrado, copiado del Rot Front de los comunistas alemanes y, el 16 de octubre, con la implantación por decreto de la figura de los comisarios políticos, se convirtió en una variante española del Ejército Rojo. El 18 de octubre se empezaron a organizar las primeras seis Brigadas Mixtas, los nuevos grupos armados combinados que se convirtieron en las unidades básicas del Ejército Popular[30].

A principios de octubre habían empezado a llegar las primeras armas soviéticas y, a partir de mediados de mes, lo hicieron en cantidades cada vez mayores, contando además con el apoyo de los primeros brigadistas internacionales a los que se entrenaba en Albacete. Por vez primera, el peso de la intervención extranjera favorecía a la República revolucionaria.

El nuevo armamento soviético se destinó al principio al contraataque blindado contra el flanco derecho de la vanguardia de Franco, que, el 29 de octubre, se encontraba en Seseña, y se repitió cinco días más tarde. Los T-26, tanques soviéticos de 9 toneladas, con su blindaje pesado y sus cañones de 45 mm, superaban sin duda al pequeño número de vehículos blindados ligeros que Franco había recibido de Alemania e Italia, y debían utilizarse siguiendo las directrices soviéticas de hacer uso de un armamento combinado. Sin embargo, ambos ataques fracasaron debido a que las fuerzas republicanas no estaban entrenadas para unir los asaltos de la infantería y el bombardeo de la artillería al rápido avance de los tanques. La infantería nacional respondió empleando contra los tanques soviéticos un improvisado artilugio inflamable (una botella llena de gasolina u otro líquido similar), que, tres años más tarde, el ejército finlandés bautizaría con el nombre de «Cóctel Molotov», en satírica alusión a la figura del ministro soviético de Asuntos Exteriores.

Tras superar un cierto desacuerdo, el Gobierno republicano y los jefes del Ejército decidieron defender a la desesperada la capital, a la que consideraban el baluarte de su esfuerzo bélico. A mediados de octubre, Azaña había escapado a Valencia y hasta allí le siguió el 6 de noviembre el Gobierno en pleno, dejando el control de la ciudad en manos de una nueva Junta de Defensa de Madrid, creada ad hoc, y al general José Miaja al frente de su defensa militar. En la defensa de Madrid, los comunistas dieron, por primera vez, un paso al frente al ocupar las dos carteras más importantes de la Junta, la de Defensa (Antonio Mije) y la de Seguridad (Santiago Carrillo), destinando a la lucha todos los recursos militares disponibles y estableciendo una política de exterminio en masa de los prisioneros (algo en lo que estuvieron de acuerdo tanto la CNT como, según parece, el resto de partidos de la izquierda) como parte de un esfuerzo sistemático para liquidar a la Quinta Columna, los numerosos partidarios de los nacionales que se encontraban en la ciudad. Esta expresión, que se hizo célebre durante la Segunda Guerra Mundial, había sido acuñada por Mola en un comunicado en el que presumió con grandilocuencia de que comandaba cuatro columnas de tropas que se dirigían a la ciudad, y una quinta de partidarios dentro de ella. En aquel momento Mola estaba convencido de la rápida caída de la capital, pero su presunción sólo sirvió para que cientos de personas perdieran la vida, víctimas de la represión republicana.

Los lemas de «¡No pasarán!» (que los franceses habían gritado en Verdún en 1916) y «¡Madrid será la tumba del fascismo!», promovidos sobre todo por los comunistas, se convirtieron en santo y seña, y conforme se intensificaba la guerra propagandística, las comparaciones con la guerra civil rusa se hicieron más frecuentes. Mientras que un comunicado de Madrid clamaba: «¡La guerra es a muerte y hay que luchar contra el enemigo hasta su total exterminio!»[31], lo mismo repetían, en términos equivalentes, Queipo de Llano y otros portavoces rebeldes.

El asalto a la ciudad comenzó el 6 de noviembre. Las fuerzas de Franco, que apenas alcanzaban los 20 000 hombres, se enfrentaron al doble de defensores, que también contaban con mayor potencial de fuego. Los atacantes confiaban en la superior capacidad de combate de sus unidades, aunque los pronósticos les eran adversos ya que habían perdido su mayor ventaja: su superior liderazgo, disciplina y maniobrabilidad en campo abierto. Un ataque frontal contra unos enemigos fuertemente atrincherados era algo muy diferente y Franco no intentó llevar a cabo ninguna operación de flanqueo más amplia, en parte porque no tenía suficientes hombres. Por el contrario, actuó como siempre lo hizo durante la guerra, con operaciones directas y obvias que, en este caso, consistieron en avanzar hacia arriba por terrenos empinados, hacia los arrabales sur y oeste de Madrid. El día 7, los republicanos consiguieron hacerse con una copia del plan de ataque y aunque el avance de los nacionales encontró un punto de apoyo en la zona oeste, no logró pasar de ahí. Tampoco lo hizo el subsiguiente contraataque del nuevo Ejército Popular republicano, demostrando tan sólo que, en términos ofensivos, era un poco más apto que la anterior milicia.

Con todo, los combates de noviembre dejaron claro que el Ejército Popular podía actuar con eficacia en el plano defensivo, sobre todo en posiciones bien preparadas. Para el 23 de noviembre, los 10 000 hombres que componían las unidades de élite de la vanguardia de Franco habían sufrido un 30 por ciento de bajas y estaban agotados. En general, los nuevos aviones soviéticos eran superiores a los más obsoletos modelos alemanes e italianos, lo que permitió a las fuerzas republicanas controlar los cielos, al menos por el día, durante los cinco meses siguientes. Sin embargo, dada la ineptitud ofensiva del Ejército Popular, su superioridad numérica no bastó para darles la iniciativa en las operaciones. En diciembre y a principios de enero, Franco haría otros intentos para romper las defensas de la ciudad, maniobrando más hacia el noroeste, pero no era lo bastante fuerte como para vencer.

El éxito de la defensa de Madrid se basó en varios factores: 1) la reorganización militar, que condujo a la formación de las primeras unidades del Ejército Popular, muy superiores a la milicia; 2) la ventaja que suponía combatir a la defensiva desde posiciones fortificadas; 3) la llegada de armamento soviético en grandes cantidades, lo que hizo que los defensores fuesen superiores en cuanto a potencia de fuego, tanques y aviones; 4) la decidida jefatura ejercida por el general José Miaja y los demás jefes militares, que levantó la moral e infundió ánimos a una ya de por sí vigorosa y valiente resistencia; y 5) el limitado número de unidades de élite comandadas por Franco, ya que, durante las primeras dos semanas, sólo 10 000 hombres tomaron parte en el intento de entrar en Madrid. Frente a las ventajas con que contaban los republicanos, la mayor capacidad de combate de las tropas de Franco, por sí sola, no bastó para hacerse con la ciudad; simplemente, su número era demasiado escaso. Madrid sólo habría caído si la moral de sus defensores hubiera descendido en picado.

La batalla de Madrid marcó un importante punto de inflexión al poner punto y final a la concepción rebelde de que la victoria sería rápida. El plan inicial sólo auguraba dos o tres semanas de combates, como mucho, pero todavía habría sido posible una rápida resolución del conflicto si Franco hubiese podido tomar Madrid para enfrentarse después a los republicanos en Levante y Cataluña. La caída de Madrid no hubiese supuesto el fin absoluto de la guerra, pero si un golpe masivo a la moral republicana y la posibilidad de una victoria de Franco unos pocos meses después.

La mayor de las operaciones hasta entonces llevadas a cabo tuvo lugar a mediados de febrero, cuando un ejército ampliado avanzó a lo largo del valle del Jarama para intentar rodear la capital desde el sur y el este. Por primera vez desde el inicio del conflicto, dos grandes grupos de soldados de ambos bandos se enfrentaron en el campo de batalla. Pese a que los nacionales ganaron más terreno, no consiguieron avanzar, pues las nuevas Brigadas Mixtas libraron uno de los más intensos y efectivos combates de la guerra, cercenando el avance enemigo hacia campo abierto, algo que nunca antes habían hecho. A su éxito contribuyó la superioridad técnica de los aviones y los tanques soviéticos: los primeros dominaron el cielo mientras los segundos arrollaban a los blindados alemanes e italianos, más pequeños y menos potentes. Las bajas fueron mucho más numerosas que en las acciones que tuvieron lugar en los alrededores de Madrid en noviembre y diciembre.

El último intento por rodear la capital fue la ofensiva que, en marzo, se lanzó sobre Guadalajara, una campaña conjunta hispano-italiana en la que el peso de la lucha recayó sobre el Corpo Truppe Volontarie (CTV). La eficaz defensa ejercida por las Brigadas Mixtas, con ayuda de los tanques soviéticos y de unas condiciones climatológicas favorables, pronto puso fin a ese avance, y pese a que el enfrentamiento se saldó con una ganancia neta de territorio, las unidades italianas abandonaron precipitadamente sus posiciones, cercanas a la línea de fuego, y ello reportó a los republicanos una importante victoria propagandística. Cientos de italianos fueron hechos prisioneros y Guadalajara pasó a ser considerada como «la primera derrota del fascismo». El resultado: un estancamiento aún mayor del frente central.

La defensa de Madrid entre noviembre de 1936 y marzo de 1937 fue el mayor logro militar del Ejército Popular, una victoria defensiva que ya nunca se repetiría. Por el momento, Franco aceptó el consejo de sus asesores y se concentró en la zona norte de la República, internamente dividida, cuya conquista podría alterar el equilibrio del poder a su favor.

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¿QUÉ IMPORTANCIA TUVIERON LAS BRIGADAS INTERNACIONALES?

DE todos los mitos y leyendas asociados a la Guerra Civil, ninguno ha sido tan atractivo y duradero como el de las Brigadas Internacionales (BI), conocidas entre sus numerosos admiradores como los «voluntarios por la democracia». Miles de hombres procedentes de países grandes y pequeños (salvo de la Unión Soviética por orden expresa de Stalin) se ofrecieron voluntarios para luchar, bajo la tutela de la Komintern, por la causa de la República española, cautivando los corazones de gran parte de la izquierda y, de paso, los de otras personas. Los especialistas comunistas en propaganda les concedieron el mérito de haber salvado Madrid de las tropas de Franco en 1936 y tanto aquéllos como otros muchos presentaron a los hombres de las BI como la quintaesencia de la abnegación y el sacrificio.

La idea de organizar un grupo internacional de voluntarios para luchar en España al lado de las izquierdas nació en una reunión de la Komintern celebrada en Praga el 26 de julio, pero sólo a finales de septiembre recibió la aprobación de Moscú. Sus más activos promotores fueron los dirigentes del Partido Comunista francés, cuya implicación superó a la de los demás sectores de la Komintern. El 22 de octubre, el Gobierno de Largo Caballero les dio su aprobación formal (aunque los anarquistas se negaron a cooperar) y, para entonces, el reclutamiento estaba muy avanzado, tanto en Francia como en otros países europeos, extendiéndose también a la mayor parte del continente, a las Islas Británicas y a todo el hemisferio occidental. A través de Francia se canalizó a la mayoría de los voluntarios, cuyos primeros contingentes estuvieron formados por exiliados comunistas franceses y alemanes. Muy pronto se creó un campo de instrucción en Albacete (una provincia que había votado a la derecha ocho meses antes y con la que se hicieron las fuerzas izquierdistas procedentes de los distritos próximos). Las dos primeras brigadas, enviadas al frente de Madrid a finales de la primera semana de noviembre, recibieron con fines propagandísticos el nombre de Brigadas Internacionales 11 y 12 y, durante el siguiente año y medio, se incorporaron voluntarios originarios de más de una veintena de países, incluyendo a 2800 norteamericanos, cuyo número igualaba más o menos al total de los soviéticos presentes en España. Ser voluntario no era tarea fácil; algunos de ellos atravesaron por considerables dificultades, incluso por la cárcel, en su camino hacia España y según un informe soviético, 300 perdieron la vida cuando, en 1937, un submarino italiano torpedeó el vapor Ciutat de Barcelona.

Un alto porcentaje de voluntarios era comunista (un 80 o un 90 por ciento según ciertos documentos de la Komintern), aunque también hubo una minoría de jóvenes idealistas de izquierdas que no lo eran, aunque estaban dispuestos a combatir al fascismo. Entre ellos, los había que estaban realmente convencidos de que luchaban a favor de la democracia, pero la mayoría fueron a España a colaborar con la Komintern en la implantación de una República de «nuevo tipo». En palabras del escritor americano y combatiente de las BI William Herrick: «Sí, fuimos a España a luchar contra el fascismo, pero la democracia no era nuestro objetivo»[32]. Según él, se instruyó a los voluntarios americanos para que afirmaran «que éramos antifascistas, no comunistas, cuando se nos hiciera esa pregunta en España»[33].

Y cuenta también: «Lo irónico es que aunque casi todos mis camaradas de las Brigadas Internacionales eran leninistas y estalinistas, y creían en la gran revolución proletaria, sólo unos pocos […] reconocíamos que lo que había ocurrido en Cataluña y Aragón bajo la dirección de los ridiculizados anarquistas y con la ayuda de los odiados comunistas (del POUM) era esa misma revolución proletaria, la idea que había estado presente en cada momento de nuestras vidas. Aparentemente, debíamos más lealtad al Partido Comunista y a José Stalin que a nuestros ideales»[34].

Según consta en los informes soviéticos, pese a que la gran mayoría de los voluntarios lo fueron por motivos políticos, hubo también una minoría de aventureros e incluso de delincuentes. La disciplina era estricta e incluía un amplio adoctrinamiento político que desembocó en un número considerable de ejecuciones disciplinarias. Además, la Komintern les exigía que, al entrar en España, hiciesen entrega de sus pasaportes; algunos jamás los recuperaron, pues los pasaportes extranjeros auténticos eran de mucha utilidad para el NKVD (el servicio soviético de espionaje), sobre todo el nuevo tipo de pasaporte americano, muy difícil de falsificar.

Casi todas las brigadas estaban bajo el mando de oficiales del Ejército Rojo, soviéticos pero no rusos, disfrazados de voluntarios, entre ellos Manfred Shtern (apodado Kléber), un oficial de Bukovina que fue el primer comandante de la 11 Brigada, los húngaros Mate Zalka (Lukacs) y Janos Galucz (Gall), al frente de la 12 y la 15 respectivamente, o el polaco Karol Swierczewski (Sverchevsky, conocido en España como Walter o Volter), un veterano que había combatido en la revolución bolchevique y en la guerra civil rusa y que comandaba la 35 Brigada.

Durante años, el número total de voluntarios ha sido una incógnita. Un primer estudio soviético sólo mencionaba 31 237, pero las cifras aportadas por los investigadores franquistas llegan a los 100 000. El más claro de todos los documentos disponibles de la Komintern considera que fueron 51 000 los brigadistas que, desde Albacete, partieron al frente, pero existen registros similares en los que se menciona a los 9000 heridos que regresaron desde el campo de entrenamiento al combate, de modo que, según parece, en total fueron unos 42 000.

Las Brigadas se convirtieron en un potente elemento propagandístico, aunque ¿cómo de efectivo desde el punto de vista militar? Los comunistas les atribuyeron el mérito de haber cambiado la suerte en la defensa de Madrid, pero la mayoría de los expertos españoles en historia militar tiene sus dudas. El primer ataque de las tropas de Franco se rechazó antes de que los brigadistas llegasen al frente y, en noviembre de 1936, sólo constituían, como mucho, el 10 por ciento de los defensores. Es dudoso por tanto que desempeñaran un papel decisivo. Lo que sí es cierto es que lucharon con valentía y contribuyeron a la victoria. Durante los ocho meses siguientes, las Brigadas actuaron a menudo como tropas de choque. Casi siempre combatieron bien, sufriendo numerosas bajas, aunque también conocieron el fracaso y la derrota.

En el verano de 1937, los informes de los asesores militares soviéticos acerca de la efectividad bélica de las Brigadas eran, en general, negativos. Habían tenido muchas bajas y el número de los reclutas españoles que se incorporaban a las mismas era cada vez mayor, de tal manera que, a finales de ese año, eran «internacionales» sólo de nombre. Casi 7000 brigadistas murieron en combate, una cifra inusualmente elevada y una de las mayores de toda la guerra. Como sucede en muchos conflictos bélicos, la distribución de las bajas en el español fue desigual y, por ejemplo, las BI, los requetés de Franco o los regulares de Marruecos sufrieron unas pérdidas más importantes que las experimentadas por las unidades normales de ambos bandos. Además, era frecuente que, si caían en manos de los nacionales, éstos tratasen a los brigadistas con mayor dureza que a los soldados republicanos.

En conjunto, entre noviembre de 1936 y el verano de 1937 (periodo en el que los combates fueron más intensos) las BI contribuyeron en gran medida al éxito del nuevo Ejército Popular y, sin embargo, durante casi un año, no actuaron dentro de la estructura de mando del mismo, sino como un ejército semiautónomo de la Komintern, dirigido por sus asesores y por los sóviets. Sólo en septiembre de 1937 las Brigadas se incorporaron a la estructura de mando republicana, pero incluso entonces lo hicieron sin perder su especial estatus de unidades de la Komintern.

Las evaluaciones llevadas a cabo por los jefes militares soviéticos, de una franqueza absoluta, aparecen en sus informes, recogidos en el libro España traicionada, editado por Mary Habeck y Ronald Radosh. Según las informaciones que enviaban a Moscú, las relaciones sociales y las actitudes distaban mucho de la idea oficial de solidaridad internacional. Entre los voluntarios existieron intensas rivalidades nacionales y actitudes sumamente intolerantes: se rechazaba y criticaba a los franceses (el grupo más numeroso), a los que se consideraba inferiores, pero también a los españoles se les trató de manera negativa. Los brigadistas apenas se esforzaron por aprender el idioma y, en general, se creían superiores a los soldados españoles. Un gran número de voluntarios norteamericanos, en particular, eran judíos (como lo era una gran parte de los miembros del Partido Comunista Americano) y, a pesar de ello, las tendencias antisemitas entre los brigadistas eran moneda corriente.

Ya en el verano de 1937, los reclutas españoles representaban entre el 60 y el 80 por ciento de las tropas de varias de las Brigadas sin que por ello dejasen de ser despreciados por los voluntarios. Los oficiales españoles tampoco abundaban y lo más frecuente era que los soldados estuvieran bajo mando extranjero.

Se desconoce el número total de ejecuciones, aunque en las memorias de algunos de los voluntarios se hace referencia a lo numeroso de las mismas. Se ha mencionado que André Marty, el principal coordinador de la Komintern, dijo públicamente que «sólo hubo 500», pero esta afirmación resulta poco fiable. Los documentos soviéticos hacen referencia a una ocasión en la que, debido a su falta de disciplina, se ejecutó en el frente a 20 voluntarios de una compañía.

En el verano de 1938, el número de extranjeros en las Brigadas había disminuido mucho, hasta el punto de que Juan Negrín, entonces jefe del Gobierno republicano, propuso su repatriación. Los pocos que quedaban ya no eran de mucha ayuda y, licenciándolos, podría aumentarse la presión sobre Italia y Alemania y lograr que estos dos países también retirasen sus tropas. A finales de septiembre se obtuvo el acuerdo del Gobierno soviético y, en octubre, la mayoría de los voluntarios restantes desfilaron en Barcelona, entre los aplausos del público, antes de abandonar España para siempre. Sólo unos cientos se quedaron hasta la fase final de la guerra.

Mas tarde, los veteranos supervivientes de las Brigadas desempeñarían destacados papeles en los regímenes comunistas nacidos en Europa Central con posterioridad a 1945. Dada su experiencia militar y su comprobada lealtad comunista, descollaron sobre todo en el ejército y en las fuerzas de seguridad de esas dictaduras. En la República Democrática Alemana contribuyeron a convertir la revolución española en un culto especial durante los años posteriores a la desestalinización del país. La lucha en España se convirtió en uno de los mitos clave de la RDA en los años sesenta y setenta del pasado siglo, en cierta manera tan relevante como la Revolución Rusa anterior en cuanto símbolo fundacional. En Estados Unidos, los ortodoxos veteranos de la Brigada Abraham Lincoln (en realidad un batallón y no una brigada) no pudieron ir tan lejos, pero, en su lugar, destacaron su papel como «antifascistas prematuros», como les gustaba llamarse a sí mismos, dejando a un lado el hecho de que, durante los dos años que duró la alianza entre la Unión Soviética y la Alemania nazi (entre 1939 y 1941), fueron unos ardientes «anti-antifascistas» que se manifestaban vigorosamente contra cualquier apoyo que pudiera prestarse a Gran Bretaña y Francia en su lucha contra los alemanes.

De todos los mitos surgidos de la Guerra Civil, ninguno ha pervivido con tanta fuerza como el de las Brigadas Internacionales. La España democrática nacida tras la muerte de Franco no debe nada a los esfuerzos de la Komintern, pues se basaban en unos principios del todo opuestos y, sin embargo, ello no impidió que en 1996, sexagésimo aniversario de la guerra, los socialistas presentaran una moción en las Cortes para otorgar la nacionalidad española a los brigadistas supervivientes e invitaran a 350 de ellos a regresar para recibir numerosos homenajes públicos.

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¿CUÁLES FUERON LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN DE MUSSOLINI?

LOS tres dictadores que intervinieron en la Guerra Civil tuvieron sus propios motivos y un grado de compromiso diferente. El único y parcial denominador común fue que tanto Hitler como Mussolini ansiaban la victoria de Franco, aunque para el primero no fuese sino una consideración secundaria, mientras que para el segundo se trataba de una prioridad absoluta. España podía tener una inmensa relevancia para la Italia fascista, en términos geográficos, de estrategia militar y de política internacional, al controlar el acceso al Mediterráneo, una zona que Mussolini esperaba dominar. Por ello contemplaba la Segunda República con aprensión, pues, desde el principio, la implantación de un nuevo régimen democrático en el sur de Europa había supuesto un reto para el fascismo, pero, como ya se ha indicado, el Gobierno italiano no halló el modo de influir sobre los asuntos españoles y ya se había quedado sin opciones incluso antes de que estallase la guerra.

Tan pronto como se supo de la intervención italiana, comenzaron las especulaciones acerca de los motivos y ambiciones del Duce. Los servicios propagandísticos republicanos se apresuraron a anunciar que Italia y Alemania estaban invadiendo el país, al que pretendían conquistar para someterlo a su férreo control. Otras hipótesis más razonadas sostenían que Mussolini esperaba, cuando menos, lograr una ventaja específica negociando el establecimiento de una base naval italiana en las Baleares.

Aunque esta última teoría no dio del todo en el blanco, la intervención del Duce fue, en cierto modo, menos interesada que la del resto de los dictadores. Consideraba la victoria de Franco como una necesidad estratégica, por lo que estuvo más dispuesto que Hitler o Stalin a apoyar con sus recursos la consecución de ese objetivo. A pesar de que el prestigio internacional de la Alemania nazi era mayor que el de la Italia fascista, los italianos gozaban de un cierto ascendiente cultural y político sobre los nacionales, algo que nunca tendría Alemania, más distante desde el punto de vista cultural. Además, conforme las ideas políticas de Franco se tornaban más radicales y «fascistizadas», se pasó a considerar a Italia como un modelo mucho más factible para la «nueva España» que el de un país nórdico y eminentemente protestante cuyo régimen político estaba basado en un peculiar fanatismo racial para el que España no estaba preparada y mucho menos compartía. Con la victoria de Franco, Mussolini esperaba establecer una relación específica con el nuevo régimen que atraería a España a la órbita italiana, como una especie de satélite, pero, aparte de estas expectativas, el Duce carecía de otras ambiciones más delimitadas, en parte debido a que cuando comenzó la Guerra Civil su política estaba en un continuo cambio. Tan sólo nueve meses antes había entrado en su fase más agresiva, con la invasión de Etiopía, el primer paso importante en la expansión de un nuevo imperio italiano por el Mediterráneo y África aunque no se supiera todavía la forma que adoptaría. En ese momento, Italia no contaba con ningún aliado relevante.

A pesar de que, en agosto de 1936, aumentó el apoyo italiano a las fuerzas franquistas en el sur de España, Mussolini firmó el Acuerdo de No Intervención, no con la intención de respetarlo, sino con la esperanza de impedir que Francia prestase ayuda a la República para que la limitada colaboración germano-italiana permitiese a los nacionales obtener un rápido triunfo. En los primeros treinta días, Italia y Alemania enviaron unos 40 aviones, cada uno, así como pequeñas cantidades de otro material bélico y municiones.

Uno de los efectos de esta intervención fue que tanto el Duce como Hitler adoptaron políticas paralelas con respecto a España, aunque, al principio, sus actuaciones fuesen independientes. Al Führer siempre le había interesado establecer algún tipo de acuerdo o alianza con Italia, pero la actitud del régimen fascista en lo referente al país germano era más que ambivalente. Los dos países habían sido enemigos durante la Primera Guerra Mundial y, en 1934, los fascistas habían mostrado en la prensa italiana su vehemente y rabioso desacuerdo con la política racista nazi, pero, a pesar de ello, sólo Alemania había apoyado la conquista italiana de Etiopía. La actitud del Duce respecto a Hitler y a la Alemania nazi fue siempre el resultado de una compleja combinación de miedo y envidia en la que se sobrepuso esta última conforme Alemania se volvía más poderosa y ambos países apoyaban al mismo bando en la Guerra Civil. En octubre de 1936, los dos regímenes firmaron su primer acuerdo importante, no una alianza, sino un compromiso mutuo de amistad y colaboración que Mussolini pronto pasó a considerar como el establecimiento de lo que denominaba el «Eje Roma-Berlín» y que explicaba en términos de un acuerdo anticomunista para garantizar el bienestar de Europa al que los demás países podían sumarse con completa libertad.

Ya desde agosto, Hitler creía que el conflicto español caía dentro de la esfera de influencia italiana, ya que él no se había fijado objetivos políticos en el sur de Europa. Un mes más tarde comenzaron a llegar a España pequeñas misiones de asesoría militar tanto italianas como alemanas, así como un número limitado de personal para adiestrar a las tropas franquistas en el uso del armamento extranjero y, a finales de octubre, algunos de ellos participaron junto a Franco en la marcha sobre Madrid. Es más, durante las confusas primeras semanas de la guerra, los líderes insurgentes de Mallorca enviaron a Roma peticiones urgentes de ayuda para proteger la isla de los ataques republicanos y aunque el Gobierno italiano ya estaba colaborando con Franco a crédito, eso no le impidió exigir a las autoridades mallorquinas un depósito de tres millones de liras como desembolso inicial antes de que los primeros aviones llegasen a la isla a primeros de agosto. Cuando los expedicionarios catalanes dieron comienzo a la invasión de Mallorca, los insurgentes solicitaron a Roma el envío de asesores militares que coordinasen la defensa. A esta petición, Mussolini respondió enviando a Arconovaldo Bonaccorsi, un llamativo oficial, alto y pelirrojo, de la milicia del Partido Fascista, a quien se conocería como el «Conde Rossi». Empleando 5 aviones italianos que acababan de llegar y ayudado por unos 200 compatriotas, Rossi coordinó a las fuerzas rebeldes, muy inferiores en número, y el 3 de septiembre forzó la retirada de la milicia catalana. La defensa resultó tan eficaz que sirvió como rampa de lanzamiento para que los nacionales se apresurasen a tomar Ibiza, al tiempo que Bonaccorsi orquestaba una represión derechista que costó la vida a más de 500 mallorquines. Además, la isla se utilizó como base para otras unidades de la aviación italiana que, más tarde, tomarían parte activa en la guerra. Bonaccorsi también alentó allí el desarrollo de Falange y sus sindicatos, algo que no tardaría en convertirse en un motivo de fricción política con otros partidarios de los nacionales, y cuando la presencia italiana superó la barrera de los 1000 hombres, creció la aprensión en Londres y París.

Aunque Roma y Berlín se mostraban muy críticas con la lentitud de Franco a la hora de avanzar hacia Madrid y pese al hecho de que no pudo hacerse con la capital, a mediados de noviembre reconocieron su nuevo régimen como el único Gobierno legítimo de España y aumentaron su asistencia militar, que, en ese momento, se veía superada por el apoyo soviético a los republicanos.

El 28 de noviembre, Franco firmó un tratado secreto con Mussolini, el más importante de sus acuerdos de guerra, por el que Italia se comprometía a apoyar «la independencia e integridad de España» y ambos países a otorgarse asistencia mutua, asesoramiento y amistad y a no permitir que terceros países hiciesen uso de sus territorios contra el otro, en clara referencia a Francia y al paso de sus tropas entre Europa y África. Además de unos vagos acuerdos comerciales, el tratado obligaba a ambos Gobiernos a mantener una benevolente neutralidad en el caso de que uno o ambos se viesen envueltos en una guerra con una tercera potencia, así como a proporcionar al otro material bélico e instalaciones, unos términos que pueden interpretarse como una justificación para el uso militar de las Baleares por parte de Italia. Este tratado secreto marcó el inicio de la intensificación de la ayuda italiana.

En los primeros meses de la guerra, Hitler había enviado algo más de ayuda que Mussolini y, a principios de noviembre, había hecho llegar a España los cien aviones de la Legión Cóndor a los que había que sumar otras pequeñas cantidades de armamento. Aparte de esto, la cooperación alemana fue limitada y a finales de 1936, el dictador comenzó a percatarse de que el conflicto español le resultaba más útil como una diversión, para distraer la atención del resto de los países de sus actividades en Europa Central; sería por tanto deseable que la guerra continuase otros tres años o así e incluso Hermann Goering, artífice del Plan Cuatrianual nazi, llegó a especular con la posibilidad de reducir el apoyo alemán para evitar que Franco obtuviese una rápida victoria.

Para Mussolini, semejante idea era inaceptable. Cada vez se mostraba más crítico con la lentitud de Franco y decidió que había llegado el momento de aumentar su ayuda, a fin de garantizar una victoria que había llegado a considerar indispensable para la política italiana. El 6 de diciembre, Roma creó un programa especial, Ufficio Spagna, para que coordinase la ayuda a las tropas franquistas. Se puso a todos los soldados italianos presentes en España bajo el mando del asesor de más alto rango, el general Mario Roatta, y el día 14 se comunicó a Franco (ante su sorpresa y disgusto) que estaban a punto de llegar 3000 Camisas Negras del Partido Fascista para luchar contra los republicanos. No hacía mucho que aquél había sugerido al embajador Von Faupel que podría estar interesado en contar con la cooperación de varias divisiones alemanas e italianas, bien entrenadas y equipadas, para avanzar sobre el frente de Madrid, pero la decisión del Duce fue totalmente unilateral, sin ninguna consulta previa.

A principios de 1937, ya había 10 000 soldados italianos en España y, a finales de febrero, se habían convertido en 49 000, a los que había que añadir los casi 1000 aviadores presentes en los escuadrones de la aviación franquista. Más tarde, el Gobierno italiano anunciaría que en suelo español sólo estaban combatiendo «voluntarios» y aunque la opinión internacional consideró esta declaración como una tapadera, era cierta desde el punto de vista técnico. Mussolini intentó limitar la exposición pública de su Gobierno enviando sólo a aquellos miembros del personal militar y del Partido Fascista que se habían ofrecido voluntarios (a cambio de un buen sueldo) para combatir en España y ni Italia ni ninguna otra de las potencias que intervinieron lo hicieron con sus propias unidades militares regulares. Más tarde, las pruebas documentales revelarían que de los 49 000 soldados de infantería, alrededor del 57 por ciento eran voluntarios del Partido Fascista, no soldados del ejército italiano. De hecho, las unidades italianas de infantería presentes en España eran formaciones nuevas, creadas para la ocasión, algo que, al principio, limitó su efectividad.

Entre diciembre y febrero, Mussolini realizó 62 envíos de hombres y material, incluyendo 130 aviones, 500 cañones, 700 morteros, 1200 ametralladoras y 3800 vehículos. La infantería se organizó en el Corpo Truppe Volontaire (CTV) que contaba con 4 divisiones y 2 brigadas (la Frecce Nere y la Frecce Azzurre) compuestas por combatientes españoles e italianos. En noviembre de 1936, el primer submarino italiano comenzó a operar en las costas orientales y, mientras tanto, Bonaccorsi se había visto obligado a abandonar Mallorca debido a las quejas británicas.

A Franco le irritaba la autonomía del CTV, cuyos efectivos, por exigencias de Roma, debían permanecer juntos y combatir como una unidad. Los italianos estaban ansiosos de obtener una victoria y, puesto que sus unidades estaban mejor motorizadas que ninguna de las españolas, desempeñaron el papel protagonista en la ofensiva contra Málaga, ciudad que tomaron en febrero tras enfrentarse a la resistencia republicana, débil y mal armada. Franco todavía estaba decidido a entrar en Madrid, pero, en febrero, no logró organizar una ofensiva envolvente que ascendiese por el sur, desde el valle del Jarama, y con ello entregó la iniciativa al CTV, esta vez en una ofensiva que comenzó el 8 de marzo y que se desplazó desde el norte hacia Guadalajara. El mal tiempo obligó a la fuerza aérea franquista a permanecer en tierra, pero los aviones republicanos, situados más al sur, sí podían volar, con lo que las tropas italianas se encontraron desprotegidas en medio de un ataque aéreo. Por otra parte, el asalto de la división española que había de apoyarles en su ataque estuvo muy mal coordinado y las pequeñas tanquetas italianas no eran rival para los T-26 soviéticos, casi el triple de grandes y mucho mejor armados. Los italianos sólo consiguieron llegar hasta Brihuega y desde allí emprendieron la retirada, no sin antes asegurar más o menos la mitad del terreno que habían ocupado y dejando a unos 500 prisioneros en manos del Ejército Popular. La propaganda republicana sacó mucho partido a la «primera derrota del fascismo» y Mussolini se sintió humillado, pero esto sólo sirvió para fortalecer su determinación por ver triunfar a Franco.

Después de Guadalajara, se sometió a los soldados italianos a una cuidadosa selección, repatriando a quienes eran demasiado mayores, estaban heridos, mal entrenados o poco motivados (unos 9000 hombres en total). En su lugar, se envió a un pequeño reemplazo de soldados en mejores condiciones. Así el número de voluntarios del CTV se redujo a menos de 38 000 hombres, mejor preparados para el combate, que lucharían en casi todas las batallas importantes hasta el mismo final de la guerra con el apoyo de sus propias unidades de artillería y pilotos, dos grupos que desempeñarían un significativo papel en las exitosas ofensivas franquistas durante los últimos veinticuatro meses del conflicto.

A pesar de tanta ayuda, los fascistas italianos se vieron a menudo desconcertados por el carácter extremadamente derechista del naciente régimen franquista y lo que les parecían sus aspectos «reaccionarios» y «clericales». El fascismo italiano se consideraba a sí mismo «progresista» y «moderno», aunque se opusiese al progresismo más liberal de tipo izquierdista. Por ello, entre los fascistas surgieron algunas críticas respecto a la relación con el nuevo régimen español, tan derechista. Roberto Cantalupo, el primer embajador italiano, que no era un fascista radical, tenía una opinión bastante pobre de Franco, de Falange y del Ejército Nacional.

No obstante la actitud de Cantalupo, las relaciones entre Franco y Mussolini siguieron siendo amistosas y amables. Así, en marzo de 1937, se envió a España a uno de los principales jefes del Partido Fascista, Roberto Farinacci, en una misión investigadora, pues se venía especulando con la candidatura del más profascista de los miembros de la Familia Real italiana, el duque de Aosta, al trono de la futura Monarquía española restaurada. Sin embargo, el único consejo directo que Farinacci dio a Franco fue que organizase un gran «Partido Nacional» como «único partido» de su régimen; nunca se organizó un esfuerzo conjunto por intervenir en los asuntos internos del país.

En consecuencia, los italianos hicieron poco por alentar las ambiciones de Falange, cuyos líderes se mostraban más interesados en la Alemania nazi. Más tarde, cuando en abril de 1937 Falange pasó a ser Falange Española Tradicionalista, los diplomáticos italianos facilitaron una información detallada acerca de las instituciones fascistas a los dirigentes del nuevo partido estatal de Franco. Esas directrices tuvieron una influencia limitada en el desarrollo de las nuevas instituciones falangistas, sobre todo en el Fuero del Trabajo de 1938.

Los grandes envíos de armas destinadas a Franco lo fueron básicamente a crédito, aunque los acuerdos comerciales firmados en noviembre y diciembre de 1936 pretendieran ampliar los intercambios hispano-italianos y asegurar los pagos en la medida en que Franco pudiera. Mediante un nuevo acuerdo suscrito en abril de 1937, el régimen español se comprometió a pagar (empezando en 1938) 150 millones de liras anuales por las armas recibidas, cuyo valor ya superaba los 500 millones, pero, dado que apenas se contaba con recursos suficientes, Nicolás Franco firmó un nuevo compromiso en agosto de 1937 por el que un consorcio de bancos italianos (en parte propiedad del Gobierno) otorgó al régimen franquista considerables créditos para la adquisición de armamento. Con ellos se pagaría la mitad de los futuros envíos, y el resto mediante exportaciones especiales. Estas condiciones fueron mucho más generosas que las concedidas por Hitler (o, no es necesario decirlo, por Stalin), pues sólo obligaban a Franco a realizar unos mínimos pagos parciales mientras durase la guerra.

En octubre de 1937 el reorganizado CTV ya contaba con 38 000 hombres. Apenas participaron en la ofensiva de primavera en la que se conquistó Vizcaya, pero tuvieron una actuación destacada en el asalto a Santander a finales del verano. En octubre, el general Ettore Bastico, que había sustituido a Roatta después de la batalla de Guadalajara, ocupándose de reorganizar las tropas italianas, fue a su vez reemplazado por el general Mario Berti, a quien la toma de Teruel por parte del Ejército Popular en diciembre de 1937 (su única victoria ofensiva en toda la guerra) sumió en la desesperación hasta el punto de recomendar la retirada de todas las tropas italianas, previendo un estancamiento de las operaciones o incluso la derrota de los nacionales. Mussolini se negó de plano ya que consideraba que, en la guerra de España, estaba en juego el prestigio del régimen fascista y que los vitales intereses geoestratégicos de Italia, así como los del propio fascismo, dependían de la victoria de Franco. Una vez más, aseguró al general (en términos muy diferentes a los de Hitler) que Italia no se arredraría, sino que le apoyaría hasta el final de la guerra insistiendo, eso sí, en que el CTV sólo se utilizase en las ofensivas más decisivas.

La contraofensiva franquista de principios de 1938 culminó con éxito y el CTV desempeñó un relevante papel en la siguiente, con la que se alcanzó el Mediterráneo y se dividió la zona republicana en dos en abril de ese mismo año. Durante esta ofensiva, Mussolini, por su cuenta y riesgo, ordenó a los aviones italianos que se encontraban en Mallorca que llevasen a cabo un bombardeo aéreo indiscriminado sobre Barcelona, que duró tres días, entre el 16 y el 18 de marzo, en el que murieron 300 civiles y multitud de edificios quedaron destruidos. Parece que se trató de una especie de ataque terrorista destinado a acelerar el colapso de la República, aunque su efecto no fuese tal.

Por su parte, la ofensiva final republicana en el Ebro, que al principio tuvo bastante éxito, ejerció un deprimente efecto sobre el CTV. Para entonces al menos 3500 de sus soldados habían perdido la vida en la batalla y algunos expresaron su opinión de que se estaba condenando a los italianos a una lucha sin fin, en la que todos acabarían muertos.

Más adelante, el periodista Indro Montanelli escribiría que parecía que la estrategia de Franco se basaba en el principio de que «vence el último soldado que queda en pie»[35]. Mientras Berti abogaba por la retirada, en parte para salvar el prestigio italiano, Mussolini estaba cada vez más asqueado con Franco y se lamentaba de su insoportable lentitud, su falta de imaginación y su incapacidad para aprovechar las oportunidades. No hacía mucho que su yerno y ministro de Asuntos Exteriores, Galeazzo Ciano, había anotado en su diario que «Franco no tiene ninguna visión de síntesis en la guerra. Sus operaciones son las de un magnífico comandante de batallón», pero ahora era el Duce quien se quejaba ante él: «Escribe en tu libro hoy, 29 de agosto, preveo la derrota de Franco. Este hombre no sabe o no quiere hacer la guerra. Los rojos son combatientes; Franco, no»[36].

Sin embargo, pese a la aversión que sentía por Franco, Mussolini creía que el resultado de la guerra en España era demasiado importante para Italia como para abandonar y el triunfo de Hitler en Múnich en septiembre le devolvió la confianza en la victoria final. En octubre logró que Italia pasase más inadvertida, retirando a 10 000 soldados italianos en un gesto diplomático y sus envíos de armas menguaron (al tiempo que aumentaban los alemanes). Además, Mussolini se ofreció a reemplazar a los soldados repatriados, algo a lo que Franco puso reparos pues quería evitar mayores complicaciones internacionales y confiaba en alcanzar el triunfo con las fuerzas con las que ya contaba.

El CTV se reorganizó en cuatro divisiones, aunque tres de ellas integraban también a soldados españoles y la única que siguió siendo netamente italiana, la Littorio, contaba con 12 000 hombres. Además todavía disponían de más de 100 aviones en sus escuadrones, así como de 100 tanques ligeros y 600 cañones. Tanto las fuerzas aéreas italianas como su artillería siguieron siendo de gran importancia y, en los últimos días del mes de diciembre, lograron un decisivo avance en la ofensiva contra Cataluña.

Conforme las tropas franquistas se aproximaban a la frontera con Francia (que durante dos años y medio había sido el principal salvavidas del ejército republicano), el general expresó una vez más su preocupación por los rumores relativos a una intervención militar francesa, a la vista de lo cual, Ciano advirtió en repetidas ocasiones a los embajadores francés e inglés que, si tal cosa llegaba a ocurrir, se enviaría al ejército italiano a suelo español para combatir a los franceses.

Los dirigentes fascistas se mostraron bastante satisfechos tanto con el resultado de su intervención como con la victoria de Franco. El 22 de febrero de 1939, Ciano anotó en su diario que con el inminente triunfo en España «se habían puesto los cimientos del Imperio Romano Mediterráneo». Mussolini, por su parte, estaba convencido de que el victorioso régimen español se alinearía con el Eje en los asuntos europeos y que Italia había obtenido una especie de satélite en Madrid. En gran medida, acertó en su primera presunción, pero se equivocó en la segunda. Aunque Franco y la mayoría de sus colegas consideraron al Duce como su amigo más cercano durante el primer año posterior a la guerra, aquél se negó a adoptar un papel de satélite y se volvió, cada vez con más frecuencia, hacia Alemania, que no hacía sino obtener triunfos militares a gran escala.

En muchos aspectos, Mussolini siguió siendo el principal valedor de Franco en el extranjero. Se había comprometido mucho más que Hitler con la victoria de los nacionales, facilitándoles más armas y tropas. Los términos de su cooperación fueron asimismo mucho más generosos y no intentaron obtener las enormes contrapartidas económicas que Hitler exigió. En años posteriores, mucho después de la derrota del fascismo italiano, tanto el propio Franco como otras veteranas figuras de su régimen recordarían a Mussolini con una cierta nostalgia como un amigo y aliado leal y generoso.

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¿QUÉ PAPEL JUGÓ LA GUERRA ESPAÑOLA EN LA ESTRATEGIA DE HITLER?

LAS doctrinas políticas de Adolf Hitler se basaban en una peculiar teoría de la raza en la que España no tenía parte alguna. La península Ibérica apenas se menciona en Mein Kampf, salvo para observar que su declive en el siglo XVII fue el inevitable resultado de la disolución racial de la herencia visigoda, aunque en su segundo libro (a veces llamado «el libro secreto» y que no se publicó hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial) iría algo más lejos al afirmar de pasada que España y Hungría compartían una cierta oposición a Francia, como queriendo decir que ambas naciones podrían resultar útiles para los designios alemanes contra este país.

La inversión económica alemana en España fue bastante inferior a la de Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos, aunque el número de alemanes residiendo en el país era considerable. También su actividad política en suelo español fue reducida y sólo se dedicó algo de dinero a la propaganda. A diferencia de Italia, el Gobierno alemán se negó a patrocinar las actividades de Falange, así como a apoyar las vagas pretensiones de los conspiradores de obtener una pequeña ayuda militar por parte de empresas y funcionarios menores. El hecho de que el ministro republicano de la Guerra pudiera negociar dos acuerdos comerciales con la corporación Krupp en abril de 1936 para adquirir nuevos tipos de artillería demuestra que Alemania no tenía planes hostiles inmediatos con respecto a España, e incluso una vez comenzada la guerra, el Gobierno republicano les intentó comprar armas.

Por eso, la solicitud personal que Franco le hizo llegar la noche del 25 de julio cogió a Hitler por sorpresa, aunque ello no le impidió tomar la decisión (en unas dos horas, en la madrugada del día 26) de concederle una limitada ayuda militar; y ese mismo día, Hermann Goering, jefe de la Luftwaffe, organizó un Sonderstab W (un grupo especial) para coordinarla. Pronto llegarían 20 aviones de transporte Junkers 52 (que también podían usarse como bombarderos de tamaño medio), junto con otro material bélico. En agosto, los aviones alemanes tomarían parte en el primer puente aéreo militar de la historia.

El interés de Hitler por España era a la vez político-ideológico y geoestratégico y ello a pesar de que, para la Alemania nazi, la importancia del papel geográfico de la península Ibérica era mucho menor que para Italia. Pero también existían objetivos económicos. Hitler quería evitar la consolidación de un régimen revolucionario de izquierda o «comunista» en España y, si era posible, instaurar otro derechista, antifrancés y proalemán. En agosto creció la ayuda militar alemana y, el día 28, se autorizó la participación, por si fuera necesaria, de un pequeño número de sus instructores y personal técnico en operaciones de combate. Más o menos un mes más tarde se intensificó la cooperación alemana con la Operación Otto y, en vista de la escalada soviética, antes de finales de octubre se tomó la decisión de enviar un pequeño contingente aéreo (además de otras fuerzas complementarias) compuesto por 92 aviones y 3900 hombres, conocido como la Legión Cóndor, que llegó a España el 6 de noviembre. Por su parte, Franco tuvo que aceptar ciertas condiciones: todas las fuerzas alemanas y sus servicios complementarios quedarían agrupadas en un cuerpo especial autónomo, al mando de sus propios oficiales, se garantizaría la seguridad de sus bases y, de ahí en adelante, la guerra se conduciría de una manera «más racional y activa», dando prioridad a la destrucción, la neutralización o la toma de los puertos mediterráneos a través de los cuales entraba el material soviético. En ese momento, la ayuda alemana superó a la aportada por Italia.

El anticomunismo constituía un rasgo fundamental del nacionalsocialismo alemán, ya que tanto el poder del comunismo germano como la «amenaza comunista» habían contribuido de manera decisiva al triunfo hitleriano y, por la misma regla de tres, se justificaba tanto su política exterior como el aumento de su actividad militar. El primer acuerdo al que Hitler llegó con sus futuros aliados fue la firma del Pacto Anti-Komintern germano-japonés el 23 de octubre de 1936, el mismo día en que se creó lo que Mussolini llamaría el Eje Roma-Berlín. Mientras duró el conflicto español, los diplomáticos alemanes e italianos se sirvieron de la necesidad de contrarrestar al comunismo para justificar ante las demás potencias su cooperación con Franco.

El 18 de noviembre de 1936, tanto Hitler como Mussolini reconocieron oficialmente el régimen insurgente como el legítimo Gobierno de España, concediendo a Franco un apoyo del que andaba muy necesitado, justo en el momento en que veía cómo se bloqueaban sus esfuerzos por tomar Madrid. Hitler ya había dejado muy claro al Duce que siempre consideraría el Mediterráneo como una zona de influencia italiana, en la que Alemania no pensaba intervenir, a lo que Mussolini correspondió retirando su veto al Anschluss austriaco.

El general Wilhelm von Faupel, primer embajador alemán ante Salamanca, era un ardiente nazi cuyas miras estaban puestas en ayudar a la Falange a alcanzar un puesto dominante en el nuevo régimen y en lograr una mayor colaboración por parte de su país para que la victoria de Franco fuese rápida. Hitler no estuvo de acuerdo con ninguno de estos planes; por el contrario, vetó cualquier interferencia política alemana, señalando que era más importante concentrarse en obtener concesiones económicas. Según un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, «le era indiferente el sistema político que se encontrara en España en el poder al final de la guerra, ya fuera una dictadura militar, un estado autoritario o una monarquía de tendencia conservadora o liberal»[37]. Lo único que le importaba era que ese sistema sustentase la política alemana. Por ello se negó a extender su colaboración con Franco y dejó a Mussolini al frente de la escalada que comenzó a finales de 1936.

A pesar de que Alemania deseaba una victoria franquista, la continuidad del conflicto serviría mucho mejor a los intereses del país, pues distraería la atención de Europa de su rearme y expansión. Un destacado oficial alemán resumió la política del Führer a finales de 1936 de la siguiente manera: «Si se podía continuar dirigiendo la atención del resto de las potencias europeas hacia España, esto supondría una considerable ventaja para la política alemana en Europa… los intereses alemanes, los únicos que importaban, no podían centrarse en una prematura conclusión de la Guerra Civil española que pusiese en riesgo su propio rearme. Por el contrario, la política alemana se beneficiaría si la cuestión española continuaba durante un tiempo, atrayendo la atención de Europa y alejándola, por lo tanto, de Alemania»[38]. Ésta seguiría siendo la posición básica de Hitler en los dos años siguientes, hasta el otoño de 1938. Si Franco esperaba obtener más ayuda, tendría que venir de Mussolini. El 5 de noviembre de 1937, el Führer reiteró su política ante sus subordinados: Alemania seguía teniendo el máximo interés en la prolongación del conflicto español; así se dejaría de prestar atención a los siguientes movimientos contra Austria y Checoslovaquia y se mantendría a Italia bien enredada y a la riña con Francia y Gran Bretaña.

Desde luego, a Mussolini esto no le hizo ninguna gracia, pues era Italia la que debía realizar un mayor esfuerzo y, como él mismo reconoció, se empeoraban sus relaciones con París y Londres, mientras que los alemanes quedaban con las manos relativamente libres. Sin embargo, no dejó de acercarse a Hitler, firmando en noviembre de 1937, el Pacto Anti-Komintern y retirando a Italia de la Sociedad de Naciones.

En 1938, la política hitleriana alcanzó nuevas cotas de cinismo. Desde las primeras semanas de la guerra se venían evaluando las posibles consecuencias que el conflicto tendría sobre Francia. Mientras continuase, seguiría dividiendo a los franceses e impidiendo que éstos pudieran presentar una respuesta unida ante las iniciativas alemanas. Dado que la situación de conflicto interno originada por la guerra española era mucho mayor en Francia que en otros países, incluso se llegó a albergar una cierta esperanza de que la guerra se extendiese al país vecino, pero, si esto no se conseguía, no dejaría de causar problemas mientras durase.

Tras la exitosa ofensiva franquista en Aragón, Hitler comunicó al jefe de la Sonderstab W, Erwin Jaenecke, que no deseaba ver cómo Franco conquistaba Cataluña, algo que, en aquel momento, era más que factible; por el contrario, prefería lo que denominó una «Cataluña roja», que siguiese siendo la manzana de la discordia entre Franco y el Gobierno francés, con lo que se eliminaba cualquier peligro de entendimiento entre París y el régimen franquista victorioso. De esta manera, se aislaría a Cataluña del resto del sistema económico español y, con ello, se facilitaría la obtención de materias primas por parte de Alemania al tiempo que se mantendría a Mussolini fijo en su oposición a Francia. Hitler dio instrucciones a un sorprendido Jaenecke para que Franco evitase Cataluña y, en su lugar, atacase el sur del país. Esto (además de los informes acerca de las discusiones francesas sobre la conveniencia de intervenir en Cataluña y/o las Baleares) es lo que hubo detrás de la decisión de Franco, inexplicable desde el punto de vista militar, de renunciar a un triunfo rápido y decisivo en Cataluña y concentrarse en el lento y difícil avance hacia Valencia por las colinas y la carretera de la costa, una decisión que dejó estupefactos a sus subordinados.

Durante la mayor parte de la guerra, los jefes militares alemanes no pararon de quejarse de la lentitud y de lo poco imaginativas que eran las operaciones militares de Franco, algo que llegó a afectar a la moral de la Legión Cóndor. Para el embajador Faupel «sus conocimientos y experiencias personales militares no son suficientes para la conducción de operaciones en su dimensión actual» y según el general Hugo Sperrle, comandante de la Legión Cóndor, «al parecer Franco no es el líder que puede con estas tareas grandes. Según criterios alemanes, no tiene experiencia militar. Como le hicieron muy joven ya general en la Guerra del Rif, nunca ha mandado unidades mayores y, por tanto, lo mejor que tiene es el nivel de jefe de batallón…»[39]. Sin embargo, siempre que se hacía partícipe a Hitler de estas preocupaciones, el Führer las desdeñaba, pues las tácticas dilatorias de Franco le venían a las mil maravillas.

La única intervención en los asuntos internos españoles tuvo lugar a principios de 1937. El general Von Faupel recibió instrucciones de Berlín para que sólo ofreciese consejo acerca de temas internos españoles si se le invitaba a ello, pero tenía tendencia a excederse y por ello organizó la llegada de unos 50 asesores militares alemanes, en su mayoría reservistas, para supervisar los centros de instrucción falangistas, en los que se preparaba a los nuevos oficiales y suboficiales. También animó a los dirigentes de Falange a ser más activos políticamente, aunque todo terminó en abril de ese mismo año, cuando Franco se hizo con el control de Falange, convirtiéndola en la base de su nuevo partido estatal unificado, la FET. Tanto los programas de entrenamiento como los asesores alemanes se incorporaron al sistema unificado del Ejército Nacional y, acto seguido, se destituyó a Von Faupel.

En 1938, Hitler aceptó la sugerencia de su ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, para firmar un tratado especial de amistad con Franco, un modo útil de vincular a éste todavía más a Alemania. Cautelosamente, Franco evitó dar ese paso, pues era muy consciente de que, mientras durase la guerra, tenía que evitar más enfrentamientos con Francia y el Reino Unido. Sólo al final del conflicto se le vio dispuesto a ir más allá de ese protocolo secreto que firmó en marzo de 1937 por el que se comprometía a que España permaneciese neutral en cualquier guerra europea (algo que, por otra parte, ya tenía en mente).

Las relaciones económicas fueron el principal punto de fricción entre la Alemania nazi y el régimen franquista. En Berlín (al contrario que en Roma) estaban decididos a sacar el máximo partido posible, sobre todo del control y la importación de minerales. Las relaciones económicas con España estaban en manos de dos compañías, HISMA (Hispano Marroquí de Transportes, S. L., una empresa privada sólo de nombre, pues la mitad de su capital procedía del Estado español), encargada de canalizar los envíos de armas y ROWAK (Rohstoff-Waren-Handelsgesellschaft AG), una empresa estatal que se ocupaba de la importación de productos desde España. Franco hubiese preferido unos acuerdos de compensación bilaterales más directos pero, en su lugar, firmó dos protocolos comerciales en 1937, según los cuales, la deuda armamentística se saldaría mediante el pago de un interés anual del 4 por ciento (negociable) y, parcialmente, mediante el suministro regular de minerales y otras materias primas. Además se permitiría la inversión de capital alemán en nuevas empresas mineras, con sometimiento a la ley española. Al mismo tiempo, intentó mantener unas relaciones económicas normales con Gran Bretaña, quien respondió en consecuencia: en 1937 casi el 75 por ciento de las exportaciones británicas destinadas a España fueron a parar a la zona nacional; por motivos obvios, los ingleses les creían más de fiar que a los republicanos revolucionarios. Antes del estallido del conflicto, las relaciones comerciales con Francia casi duplicaban a las hispanogermanas, pero, ante la presión de Alemania, las exportaciones nacionales con destino a ese país descendieron en picado.

El Gobierno alemán estaba interesado, sobre todo, en la importación de pirita (esencial en la industria militar) y de hierro. En 1937 se duplicó la exportación a Alemania de pirita y también aumentó la destinada a Gran Bretaña, mientras descendía la dirigida a Francia hasta casi desaparecer. De igual manera, se exportaba cada vez más hierro a Alemania, pero la exportación a Inglaterra cayó bruscamente en 1938. Durante este año, la proporción de las exportaciones españolas (de ambas zonas) a Alemania aumentó del 11 por ciento en 1936 hasta casi el 41 por ciento.

Aparte de esto, Hitler también ambicionaba la propiedad directa y el control de varias empresas mineras claves con el fin de controlar la producción de minerales estratégicos. En poco más de un año, ROWAK creó once empresas en España, tanto en el sector de la minería como en el de la agricultura y la obtención de materias primas, algo que el nuevo régimen franquista (tan nacionalista) contemplaba con aprensión, pues no quería ver sectores importantes de la producción española en manos extranjeras, alemanas o no. De ahí que, el 12 de octubre de 1937, Franco decretase la nulidad de pleno derecho de toda adquisición de derechos mineros en España (derechos mineros en España desde el comienzo de la guerra). Se respetarían las inversiones extranjeras previas, sobre todo británicas y francesas, pero se anularon 73 de las adquisiciones que había efectuado ROWAK y se puso en peligro el crecimiento de un gran grupo empresarial alemán, denominado MONTANA, cuyo objetivo era controlar los derechos sobre la industria minera. Tras muchas discusiones y negociaciones, Franco firmó un decreto a principios de junio de 1938 por el que permitía a los alemanes poseer hasta el 40 por ciento del capital en empresas mineras de nueva creación, lo que dio pie a que éstos confiasen en poder adquirir nuevas acciones con la complicidad de algunos españoles, que figurarían como propietarios nominales.

Sin embargo, tales acuerdos tampoco satisficieron a Hitler y, por primera vez, en el verano de 1938, las relaciones entre los dos dictadores comenzaron a deteriorarse. A ello contribuyó también la posición oficial de neutralidad que Franco adoptó cuando, en septiembre, estalló la crisis de los Sudetes. En ese momento, el gran desgaste que había supuesto la batalla del Ebro empezó a hacer mella en las existencias de armas alemanas, pero el Führer no estaba dispuesto a reponerlas salvo a cambio de compensaciones económicas.

Al final, la situación militar obligó a Franco a dar su brazo a torcer y, en noviembre de 1938, tuvo que acceder a regañadientes a que Alemania controlase entre el 60 y el 75 por ciento de las acciones en cuatro de las cinco empresas mineras del grupo MONTANA; a cambio se reanudaron los envíos de material bélico para la fase final de la guerra.

Para entonces, la política exterior hitleriana ya había entrado en su etapa más agresiva y España ya no les era útil como distracción. Por primera vez desde el principio del conflicto, el Führer quería que Franco ganase rápidamente y contribuyó con su armamento a reforzar las tropas franquistas en la conquista de Cataluña (ahora que la intervención francesa había dejado de ser una amenaza). La guerra se terminaba.

Aunque las exigencias alemanas fueron mucho mayores que las de Mussolini, las relaciones económicas entre Franco y Hitler fueron en general efectivas desde el punto de vista de su régimen. Se vio forzado a hacer concesiones a las inversiones germanas pero evitó su dominio económico, arreglándoselas para conservar un significativo apoyo militar durante todo el conflicto. Aunque las condiciones financieras de los alemanes fueron bastante menos generosas que las italianas, sólo se devolvió el 18 por ciento del coste de su ayuda militar, mediante el pago o la entrega de materias primas hasta el final de la guerra.

España nunca desempeñó un papel relevante en la política de Hitler, quien creía que todo el Mediterráneo caía en la esfera de influencia de los italianos, pero sin duda éste consiguió los dos objetivos que se propuso: prolongar un conflicto que distrajo y dividió a sus adversarios (y que condujo, de manera inexorable, al triunfo de Franco) y que en España se instaurase un régimen amistoso y antiizquierdista, orientado en general hacia los poderes del Eje (aunque no de modo exclusivo), que garantizase las exportaciones de materias primas a Alemania. Pero, además, la Guerra Civil le proporcionó importantes dividendos secundarios, como la asociación más firme con Italia, cuyos problemas con Francia y Gran Bretaña eran cada vez mayores.

Al final de la guerra, Franco se convirtió en el cuarto mandatario en firmar el Pacto Anti-Komintern (con Alemania, Italia y Japón), aunque el acuerdo cultural especial que se negoció al mismo tiempo nunca llegaría a ratificarse de manera oficial, sobre todo debido a la oposición de la jerarquía de la Iglesia española, que se negaba a que España acabase inundada de propaganda nazi, pagana y racista. Para Berlín fue una decepción, aunque secundaria, pues sus más apremiantes intereses estaban en el campo económico. Alemania ya había conseguido sus objetivos.

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¿CÓMO FUE LA VERDADERA POLÍTICA SOVIÉTICA EN ESPAÑA?

DE entre todas las complejas preguntas que ha suscitado la Guerra Civil ha sido la referida al papel y las intenciones de la Unión Soviética la que ha estado rodeada de mayor controversia. Tal y como se ha visto en la pregunta 13, los soviéticos se implicaron mucho más en la política interior española que Alemania o Italia y, sin embargo, debido a su enorme distanciamiento geográfico y a las potenciales complicaciones internacionales, a Stalin le costó más tomar la decisión de intervenir militarmente que a Hitler o a Mussolini. Sólo cuando en Madrid llegó al poder un Gobierno frentepopulista más coherente y unido, bajo la presidencia de Largo Caballero, se convenció Stalin, a mediados de septiembre, de que debía colaborar.

Los objetivos de la intervención soviética fueron diversos y conexos: el triunfo militar y político en España; el avance geoestratégico de sus intereses en Europa Occidental y la obtención de otros beneficios subsidiarios en diferentes áreas como la propaganda, la movilización política, los servicios de inteligencia y los ensayos y mejoras en el plano armamentístico, aunque la importancia que se concedió a cada uno de ellos no fuera la misma.

Con respecto al primero, las pruebas de que se dispone indican que, al menos en el verano de 1937, las intenciones soviéticas iban por el camino de permitir que la República obtuviese una limpia victoria militar. Sin embargo, su ayuda sufrió tantos retrasos que, al final, se conformaron con evitar una derrota. Ésta era una apuesta impropia de Stalin, pero, dado que la ayuda soviética estaba calculada para superar la alemana o la italiana, se imaginó que las potencias fascistas no podrían responder en consonancia; por lo tanto, valía la pena correr el riesgo aunque, para desgracia de la República y de los sóviets, Alemania e Italia actuaron de otra forma.

Además, la intervención fortalecería al comunismo español. Cuanto más aumentaba la influencia de los comunistas soviéticos y españoles, mayor era la posibilidad de canalizar la revolución en España hacia ese nuevo tipo de república popular que se había proclamado en la estrategia frentepopulista de la Komintern, cuya cúpula era mucho más explícita acerca de la naturaleza de las luchas políticas en España que el Gobierno soviético o que los propios comunistas españoles. Su secretario, Georgi Dimitrov, dejó claro que, al contrario de lo que afirmaba la propaganda de la Komintern de cara a las democracias occidentales, no se trataba de una batalla para preservar o restaurar una república parlamentaria, democrática y liberal. En sus propias palabras: «Ya no se plantea como antes la cuestión del Estado democrático burgués […]. No será una vieja república democrática, como por ejemplo la república norteamericana, ni será una república a la manera francesa o suiza […]. Se tratará de un tipo específico de república con una auténtica democracia popular. Todavía no será un Estado soviético, pero sí antifascista, de izquierdas, en el que participará el sector auténticamente izquierdista de la burguesía»[40]. Se trataba de la república de «nuevo tipo», enunciada en 1935, en la introducción de las tácticas del Frente Popular, de la que desaparecería cualquier influencia conservadora, donde los trabajadores controlarían la economía, aunque no fuera necesaria la plena colectivización y que constituiría «una forma especial de dictadura democrática de la clase obrera y el campesinado[41]» (según la fórmula leninista de 1917) o, en palabras de Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, «un adelanto de lo que en 1945-46 serían las democracias populares»[42].

Palmiro Togliatti, el supervisor de la Komintern para Europa Occidental (que más tarde tendría una destacada actuación en España), todavía fue más claro al explicar esa política en un artículo publicado en octubre de 1936 titulado «Rasgos específicos de la revolución española», en el que, por primera vez, presentaba lo que durante los siguientes cincuenta años sería la definición habitual del conflicto español utilizada por soviéticos y comunistas: una «guerra nacional-revolucionaria», de independencia frente a los Estados fascistas e interna, para lograr la implantación de una democracia revolucionaria de «nuevo tipo». Así, el adjetivo «nacional» no sólo hacía referencia a la independencia de España, sino también a la «liberación» de Cataluña, Galicia y el País Vasco, en las condiciones establecidas por la Internacional Comunista. La simple definición de esta «revolución» en términos de socialismo o de dictadura del proletariado y el campesinado «no explicaría su auténtica naturaleza», pues se trataba de una forma particular de revolución demócrata-burguesa, de la que se diferenciaba en que no estaba liderada por la burguesía, sino que daba un paso más, englobando una alianza frentepopulista de obreros, campesinos, pequeños burgueses progresistas, sectores avanzados de la burguesía liberal y grupos nacionales «oprimidos». En esta alianza, la clase obrera, liderada por el PCE (por muy minoritario que fuese), estaba a punto de lograr la hegemonía, en un enfrentamiento dificultado por la extensión e influencia del anarcosindicalismo y la existencia de retrógrados elementos socialdemócratas entre los propios trabajadores. El resultado final no sería sólo alcanzar la revolución demócrata-burguesa, sino la construcción simultánea de ese «nuevo tipo» de república democrática popular de la que se eliminaría cualquier vestigio de «fascismo» (lo que venía a significar cualquier elemento conservador). Por eso «esta democracia de nuevo tipo no… dejará de ser enemiga del espíritu conservador, en cualquiera de sus formas» al tiempo que «garantiza que los trabajadores españoles lograrán nuevas conquistas económicas y políticas»[43]. Se trataba, pues, de una cuidadosa y detallada recapitulación de la habitual posición de la Komintern respecto a la evolución de los asuntos españoles tal y como había sido enunciada una y otra vez en los catorce meses precedentes. Hasta la disolución de la Unión Soviética, medio siglo más tarde, no se modificaría ni un ápice esta doctrina en lo concerniente a la revolución española de 1936-39 e incluso después los historiadores rusos postsoviéticos han seguido haciéndose eco de ella.

El segundo gran objetivo soviético, el avance geoestratégico, estaba menos definido, porque era bastante dudoso que la intervención a favor de la revolución española animase a las restantes democracias capitalistas a aproximarse a la URSS. Sin embargo, y pese a su contradicción, éste siguió siendo uno de los objetivos básicos de la política soviética hasta la primavera de 1939. Mientras los planes definitivos para llevar a cabo la Operación X seguían adelante, el Politburó, en su reunión del 20 de septiembre de 1936, se reafirmó en su tesis de que la seguridad colectiva era la base de su política exterior, lo que significaba una política de doble dirección y ello a pesar del temor expresado por su ministro de Asuntos Exteriores, Maxim Litvinov, de que una mayor intervención en la revolución española resultase contraproducente. La mayoría de los Gobiernos occidentales eran más que conscientes de que la doctrina soviética a largo plazo confiaba en que otra guerra global antiimperialista actuase como «rompehielos» en beneficio de la revolución mundial. Por eso temían que su nueva política en España significase una expansión de la Komintern y el comunismo. Las preocupaciones de Litvinov no iban desencaminadas, ya que, casi desde el principio, numerosos líderes europeos sospecharon que la auténtica política soviética consistía en provocar una guerra entre los poderes occidentales.

Los representantes soviéticos fueron los miembros más activos del Comité de No Intervención, denunciando las injerencias de Alemania e Italia. Además, durante toda la guerra, tanto sus sistemas propagandísticos como los de la Komintern no dejaron de apelar a la opinión pública occidental. Se emplearon tantas energías en esta tarea que parece imposible que estuviesen actuando para la galería o llevando a cabo una tarea de desinformación. El énfasis que se puso en el absoluto secreto de la Operación X estaba encaminado a disfrazar u ocultar a las democracias occidentales cuanto fuera posible, un deseo bastante ingenuo. Tanto secreto estaba condenado al fracaso y la intervención en España podía desanimar a Occidente a la hora de adherirse al plan soviético de seguridad colectiva, pero está claro que en este aspecto, como en muchos otros, Stalin esperaba sacar partido de la diversidad de factores en juego y matar dos pájaros de un tiro: por un lado, una victoria republicana (bajo supervisión de la URSS) podría mejorar la posición estratégica de Moscú, y, por otro, poniéndose en lo peor y si no se lograba alcanzar un acuerdo con las democracias occidentales, el conflicto en España podía distraer o incluso dejar empantanados a los poderes fascistas, lo que aumentaría la seguridad soviética.

Fue en los beneficios colaterales donde los soviéticos obtuvieron sus mayores logros. El estandarte del frentepopulismo antifascista constituyó un poderoso imán con el que se atrajeron el respaldo político incluso de los liberales de izquierdas occidentales, que, hasta entonces, habían tendido a ser antisoviéticos. Durante los años del Gran Terror, cuando en la URSS imperaba el totalitarismo más extremado y obvio, ese antifascismo restauró la apariencia de progresismo y mejoró mucho su posición moral, al menos entre los sectores de la izquierda liberal. De hecho, salvo por el corto periodo del Pacto Nazi-Soviético (1939-41) y hasta su disolución en 1991, la Unión Soviética siguió enarbolando el estandarte de su oposición al fascismo, lo que contribuyó a darle una mayor notoriedad.

En Europa Occidental ya contaba con una formidable red de inteligencia que podía ampliarse gracias al mayor alcance de las nuevas actividades de la Komintern y a las operaciones que el NKVD llevó a cabo en la zona republicana. Los pasaportes extranjeros de los brigadistas internacionales les llegaron como caídos del cielo y con ellos la documentación necesaria para infiltrarse en otros países, sobre todo en Estados Unidos, donde (y a pesar de los enérgicos esfuerzos del Partido Comunista norteamericano) apenas tenían relevancia. Unos años más tarde, estas oportunidades supondrían una enorme ventaja para los servicios de espionaje soviéticos: así lograron hacerse con los secretos de la bomba atómica.

Además, la Guerra Civil no sólo les sirvió como laboratorio para probar su nuevo armamento (sobre todo tanques y aviones, que venían desarrollando desde 1928 en aplicación de sus Planes Quinquenales), sino también como campo de entrenamiento para algunos de los cuadros de élite del Ejército Rojo, permitiéndoles adquirir una experiencia directa de lo que era el combate, la cual les ayudó a mejorar su siguiente generación de armas aunque las tácticas y operaciones de su ejército no siempre tuvieran éxito.

Por lo tanto, y desde septiembre de 1936, el régimen soviético se comprometió con la guerra en España desde un cuádruple punto de vista: 1) una gran participación en los asuntos políticos internos y su manipulación por parte de la Komintern y el PCE; 2) una ayuda militar directa, apoyada por el armamento y los hombres del Ejército Rojo; 3) una importante asistencia política, propagandística y material a la República a través de la Komintern, sus partidos y sus organizaciones encubiertas, así como del suministro de alimentos y otro material no bélico procedente de la Unión Soviética y de varias de sus empresas fantasma; y 4) un activo apoyo diplomático a la causa republicana, sobre todo en el Comité de No Intervención y a través de los diversos canales de la diplomacia bilateral, con el fin de desalentar la cooperación germano-italiana con el otro bando y animar a Francia y Gran Bretaña a adoptar políticas más favorables con respecto a la República.

Aunque en público sólo admitiera que estaba prestando una ayuda humanitaria, Stalin dejó claro el firme apoyo soviético a la República en un telegrama que envió al Comité Central del PCE el 15 de octubre de 1936, en el que no ocultaba el carácter revolucionario del conflicto: «Los trabajadores de la URSS no hacen sino cumplir con su deber al dar la ayuda que son capaces de dar a las masas revolucionarias españolas. Son bien conscientes de que la liberación de España de la opresión de los reaccionarios hispanos no es meramente un asunto privado de los españoles, sino la causa común de toda la humanidad avanzada y progresista»[44]. Esta última frase llegaría a ser la más famosa y citada de todas las declaraciones soviéticas en relación con la Guerra Civil. Al día siguiente, Izvestia publicó en Moscú el mensaje de Stalin, y los comentaristas y propagandistas soviéticos empezaron a repetir con frecuencia dos de sus frases («masas revolucionarias» y «causa de toda la humanidad avanzada y progresista») al referirse a la guerra en España. También para Pravda el triunfo de esa revolución demócrata-burguesa constituía un requisito previo y necesario para alcanzar el objetivo final: la revolución socialista.

La intervención soviética en el conflicto español fue la más importante de sus acciones militares desde el final de la guerra civil rusa en 1921-22. En sus campañas internas contra los rebeldes musulmanes habían empleado muchas más tropas, hasta que acabaron con la mayor parte de ellos en 1922, y lo mismo había sucedido durante la conquista de Mongolia Exterior en 1921 y en las operaciones en Manchuria en 1929, pero enviaron muchos menos soldados a otros puntos, como Irán y la provincia china de Xinjiang. En conjunto, el número de tropas soviéticas presentes en España era limitado. Las fuentes soviéticas sólo reconocieron un máximo de 3000 hombres de los que 200 (el 6,67 por ciento) murieron, una proporción nada extraordinaria en ninguno de los dos bandos, en los que hubo alrededor del 7 por ciento de muertos, y sólo superada por los miembros de algunas fuerzas especiales, como las Brigadas Internacionales, que perdieron al 15 por ciento de sus efectivos, o los requetés navarros en el bando franquista. La implicación soviética sólo se superaría en sus grandes operaciones contra Japón en 1938-39, en las que estaba en juego la defensa de su propio territorio, pero, aun así, no fue nada en comparación con los 16 000 alemanes y los 70 000 italianos que, en uno u otro momento, combatieron en España; incluso si se incluye a los 42 000 brigadistas internacionales, la participación soviética nunca llegó a alcanzar la del Eje.

Ahora bien, los combatientes soviéticos compensaron su escaso número con una mayor destreza. Ninguno de ellos era un simple soldado de infantería. El mayor de los contingentes estaba formado por los casi 800 pilotos que servían en la fuerza aérea republicana, así como por varios centenares de tanquistas. Del resto, muchos eran oficiales, algunos de alto rango, y también dentro del personal de apoyo técnico casi todos eran oficiales o suboficiales, de los cuales unos 600 se encargaron de asesorar, dirigir y entrenar al nuevo Ejército Popular.

Además del personal militar, el armamento y el trabajo en rápida expansión de la Komintern a través del Partido Comunista, la tercera área de actividad soviética en España fue la amplia y complicada red de inteligencia que creó y dirigió el NKVD[45]. Sus dos jefes en el país, los comandantes Naum Belkin (Belyaev) y Alexander Nikolski (Orlov), desarrollaron la principal red de inteligencia y contraespionaje de la zona republicana, ocupándose además de entrenar a sus guerrilleros y dirigir sus operaciones. El ministro republicano de Asuntos Exteriores permitió a Orlov tener un acceso completo a sus comunicaciones, así que, como éste informó el 23 de mayo de 1937, «es posible leer todos los criptogramas que las legaciones extranjeras envían y reciben en España»[46]. Orlov tuvo tanto éxito que su red se amplió a Francia y al Protectorado marroquí. En España organizó un grupo de agentes civiles y militares bastante efectivo en la zona nacional que incluía también a periodistas extranjeros, como el británico Kim Philby, cuyo reclutamiento en Cambridge había supervisado en persona. Éste fue el mayor de los éxitos de Orlov; estaba en lo cierto cuando presumía de ser capaz de informar por anticipado al Estado Mayor republicano de casi todas las ofensivas franquistas. Esta información contribuye en parte a explicar la naturaleza de las frecuentes ofensivas preventivas que llevó a cabo el Ejército Popular desde Brunete hasta el Ebro. Además, se reclutó a Philby (que informaba desde la zona nacional) para que intentase asesinar a Franco, tentativa que no prosperó.

La intervención en España dio a la Unión Soviética la oportunidad de entorpecer la política de Hitler, establecer un asidero geoestratégico en la otra punta de Europa, consolidar el único otro régimen revolucionario del mundo, construir una poderosa base para un Partido Comunista occidental, obtener el apoyo de los liberales de izquierda que simpatizaban con la República, probar sus nuevas armas y obtener una experiencia militar fundamental y, finalmente, ampliar sus operaciones de inteligencia y espionaje. Incluso les sirvió para obtener beneficios económicos, pues, como se verá en la pregunta 23, Stalin se cobró bien la ayuda que prestó a los republicanos y éstos le pagaron en oro.

El aspecto más negativo de la intervención fue, sin duda, el peligro que entrañaba la sobreexposición y el exceso de compromiso; por este motivo se le impusieron unos límites bien definidos. Aunque al principio Stalin envió considerables cantidades de material (véase la pregunta 35), el compromiso de los militares soviéticos estaba muy restringido; incluso se intentó, en vano, que toda la operación quedase en secreto. Otro problema era que la intervención podía perjudicar más que acelerar los esfuerzos diplomáticos por establecer las condiciones de la seguridad colectiva con las democracias occidentales.

En el verano de 1937 estos riesgos aumentaron por dos motivos: primero, por la nueva ofensiva franquista sobre el Mediterráneo, instigada por los ataques no oficiales de la flota de submarinos de Mussolini contra los barcos que se dirigían a los puertos españoles. Los envíos soviéticos podían perderse y Stalin decidió cerrar esa ruta. Desde entonces, el material bélico llegaría a través de Francia desde los puertos del norte, un trayecto mucho más caro y lento.

El segundo motivo fue la invasión japonesa de China en julio de 1937. La posibilidad de librar una guerra en dos frentes era la pesadilla estratégica de la Unión Soviética y Stalin creyó vital mantener la resistencia china, incluso a pesar de que este Gobierno era su enemigo político y, para ello, empezó a prestarle asistencia material. La ayuda que recibía la República comenzó a disminuir a finales de 1937 y en 1938, aunque nunca llegó a interrumpirse. Conforme la situación española y europea en general se volvía más difícil, Stalin estaba cada vez más perplejo por la complejidad del compromiso soviético con la República, pero no fue capaz de establecer las condiciones para una retirada estratégica aceptable, y así, aunque su intervención se fue apagando, nunca llegó a extinguirse del todo antes del colapso final de la República.

21
¿POR QUÉ LAS DEMOCRACIAS OCCIDENTALES NO AYUDARON A LA REPÚBLICA?

PARA la mayoría de los países, la guerra española constituyó una especie de «Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como» político. Es decir, vieron en ella el reflejo de aquellos asuntos políticos o valores que más les preocupaban y la interpretaron según les convenía. Para los antifascistas militantes, la guerra se convirtió en una intensa lucha contra el fascismo, y para sus equivalentes anticomunistas en la gran cruzada contra el comunismo. La extrema izquierda vio en ella su mejor oportunidad revolucionaria; los católicos y los conservadores, una pugna crucial en defensa de la civilización cristiana; quienes creían que la principal amenaza era la expansión alemana, la ocasión para entorpecer la política de Hitler, y quienes no tenían otro objetivo que evitar la guerra a cualquier precio respaldaron la no intervención. Algunos líderes y activistas extranjeros compartían más de una de estas motivaciones.

La Komintern y los propagandistas republicanos trabajaron sin cesar para presentar la guerra como una lucha entre fascismo y democracia, una interpretación que incluso ha sobrevivido en los libros de historia de este siglo y que para la opinión política bien informada resultaba más que dudosa. La mayoría de los dirigentes políticos de las democracias occidentales no encontraron razones para ayudar a los revolucionarios españoles a hacerse con el poder; les preocupaba mucho más que la implicación de los grandes poderes pudiera desembocar en una guerra europea generalizada. Evitarla era su máxima prioridad.

Cada una de las tres grandes democracias abordó el conflicto español de forma diferente. Gran Bretaña ejercía en ese momento más influencia en los asuntos internacionales que Francia o Estados Unidos. Los gobiernos de Stanley Baldwin y Neville Chamberlain estaban en manos de unos conservadores temerosos de que el triunfo de la izquierda en España condujese a la expansión del comunismo. Por eso no consideraban a Franco un «fascista», sino un nacionalista de derechas, poco dispuesto a convertirse en la marioneta de Hitler o de Mussolini, y cuya victoria no supondría ninguna amenaza para los intereses británicos. En sus cálculos era fundamental la protección de las inversiones inglesas en España, que, en la práctica, resultaron más beneficiosas para Franco que para la República. Por el contrario, el Partido Laborista simpatizaba con los republicanos y no estaba nada contento con la política de su Gobierno, pero como eran pacifistas de corazón, no ejercieron una gran oposición.

La política francesa era mucho más complicada. Como se ha visto en la pregunta 13, su presidente socialista, Léon Blum, quería ayudar a sus homólogos españoles pero se enfrentaba a tres grandes obstáculos. Uno era que la política exterior francesa dependía cada vez más de Gran Bretaña, que instó a sus aliados galos a mantenerse al margen. En segundo lugar, Francia estaba muy dividida políticamente, tanto que, en 1936, era el país que más se parecía a España en este aspecto. También allí el Frente Popular se había hecho con el control del gobierno, pero, en realidad, su proporción de voto popular era más bien escasa. De hecho, el país estaba muy escindido y los conservadores franceses ya habían tenido su ración de pánico durante el caos prerrevolucionario que se vivió en España en la primavera de 1936; por ese motivo se opusieron con todas sus fuerzas a la revolución española, insistiendo en la no implicación del Gobierno francés e incluso amenazando en ocasiones con otra guerra civil, pero esta vez en suelo francés, si el Gobierno les ignoraba.

El tercer obstáculo era el propio Gobierno Blum, una coalición mucho más amplia y moderada que las de Azaña y Casares Quiroga. Sus principales socios en el poder, los radicales, eran un partido democrático, capitalista y de clase media-baja, «radical» sólo en el sentido decimonónico del término. Muy pocos de ellos querían cooperar con la revolución española y sus líderes recomendaron encarecidamente a Blum que no comprometiese a Francia en el conflicto. Por lo que respecta al partido del presidente, los socialistas franceses eran unos pacifistas convencidos y su ala derecha, liderada por el secretario del partido Paul Faure, estaba segura, debido a su ardiente anticomunismo, de que el verdadero objetivo de Stalin era arrastrar a Francia a una guerra contra Alemania.

Como se ha explicado en la pregunta 13, el gobierno Blum fue el primero en proponer la formación de un Comité de No Intervención en agosto de 1936 con el fin de impedir que Hitler y Mussolini auxiliasen a los insurgentes. Stalin, Mussolini, Salazar y Hitler firmaron el acuerdo y enviaron sus representantes al Comité, pero eso no les impidió seguir enviando ayuda al bando al que apoyaban. Ésa es la razón por la que, a veces, se ha dicho que el Comité de No Intervención es el peor fraude diplomático del siglo XX, aunque con tantos aspirantes al título resulta difícil decidir quién es el ganador. El acuerdo no era un verdadero tratado; de ahí que fuese tan difícil obligar a los firmantes a cumplirlo. Para las grandes potencias tenía la ventaja de permitirles evitar una declaración de neutralidad. Incluso se negaron a reconocer a ninguno de los bandos el estatus oficial de beligerantes según el Derecho Internacional. En lugar de dejar que los contendientes controlasen el movimiento de barcos en la zona en guerra, esos países consiguieron una mayor libertad para sus envíos. De hecho, el gran logro de la política de no intervención no fue evitar una injerencia significativa en España, sino evitar que el conflicto alcanzase dimensiones europeas.

Sin embargo, el Gobierno francés no «abandonó» a la República; por el contrario, puso en práctica lo que Blum describió como «la non-intervention relâchée» (una no intervención distendida), lo que significaba que aunque el Gobierno no iba a entregar armas a los republicanos, les ayudaría de otra forma y todo cuanto pudiera: grandes oportunidades financieras y comerciales, libertad para que el Partido Comunista francés actuase a favor de la República y facilidades para transportar a través de su país las armas adquiridas en otra parte. Hasta se llegó a permitir que los aviones republicanos aterrizasen en Francia para escapar de sus perseguidores y poder volver a España.

Para los jefes militares franceses la guerra constituyó un dilema. Les preocupaban las implicaciones geoestratégicas, pero, políticamente, eran muy derechistas e inclinados a favorecer una victoria franquista. El almirante Darlan, jefe de la marina, también era de derechas, pero su pensamiento estaba dominado por las consideraciones geoestratégicas. Cuando, en 1936, Franco obtuvo el reconocimiento oficial de Alemania e Italia, la marina francesa elaboró un plan para contrarrestar la política del Eje mediante la rápida conquista del Marruecos español, lo que supondría un grave revés para los nacionales, e incluso consideraron ocupar Menorca (en manos de los republicanos), para controlar las ambiciones italianas en las Baleares. A pesar de que los británicos se negaron a tolerar semejante acción, hasta septiembre de 1938 el mando militar francés (sobre todo la marina) no dejó de presentar diversos planes teóricos para llevar a cabo una intervención limitada en territorio español. Después de esa fecha dejaron de hacerlo.

De igual manera, los aliados occidentales no mostraron ningún interés en la propuesta republicana de ofrecer concesiones a cambio de la retirada de Alemania e Italia. Según este plan, se entregaría el Protectorado a Francia y Gran Bretaña, que también dispondrían de una base militar en las Baleares; a cambio, aquéllas cederían otras partes de África bajo su control a Alemania y conseguirían que el Eje abandonase España. Ni Londres ni París dieron su aprobación a esta compleja y fantasiosa idea.

La política estadounidense fue mucho más distante. En los años veinte, Estados Unidos había retomado una actitud aislacionista, cada vez más convencidos de que, en 1917-18, la propaganda inglesa les había arrastrado a una guerra sin sentido, sólo para satisfacer los intereses del imperialismo francés y británico contra Alemania. En 1936 se había aprobado una legislación de neutralidad, en virtud de la cual quedaba prohibido suministrar armamento americano a países en conflicto y, cuando estalló la guerra en España, la prohibición se extendió también a las guerras civiles en el extranjero. Por lo tanto, la ley americana impedía cualquier tráfico armamentístico, una restricción inexistente en otras legislaciones.

En 1937-38, la opinión pública americana tendía a favorecer a la República. La Komintern tuvo mucho éxito a la hora de conseguir el apoyo de las celebridades del mundo de la cultura y el espectáculo, aunque entre los conservadores también había quienes simpatizaban con Franco, sobre todo los católicos, pero, en general, la gente no estuvo a favor de saltarse la ley de neutralidad.

El propio presidente, Franklin D. Roosevelt, tendía cada vez más hacia la causa republicana, sobre todo cuando Hitler se volvió más agresivo y se deterioró la situación geoestratégica. En 1938 intentó poner en práctica, con la ayuda de su cuñado, una iniciativa privada y encubierta para ocultar la venta de aviones a la República a través de terceros, quienes los enviarían pasando por Francia o México. El plan era demasiado complejo y nunca se llevó a cabo.

Además de la Unión Soviética, el único país que apoyó sin reservas a los republicanos fue el Gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas. En México se había desarrollado un fuerte sentido de identidad con las causas políticas españolas, la izquierda gobernante se identificaba con la República y los conservadores con los insurgentes. De hecho, México envió todo el armamento de que disponía o pudo fabricar, lo que no era mucho dado lo poco desarrollada que estaba su industria bélica y lo poco influyentes que eran sus diplomáticos. Gran parte de los demás países hispanoamericanos habían sucumbido a dictaduras militares durante la Depresión y apoyaban a Franco. En las colonias españolas en Sudamérica hubo un considerable respaldo a la causa insurgente.

Las diplomacias británica y francesa presentaron diversos planes para que la no intervención ganase en efectividad. El más elaborado fue un acuerdo adoptado el 20 de abril de 1937 entre Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania para patrullar los mares conjuntamente, controlando todos los barcos de pabellón no español y confiscando los envíos de armas. Esta elaborada operación continuó durante meses, pese a la malévola intervención de las marinas italiana y alemana, sin que se solucionase el problema básico. Desde noviembre de 1936, a veces más, a veces menos, los submarinos italianos se dedicaban a realizar operaciones militares encubiertas contra los transportes republicanos. En agosto del año siguiente se volvieron más activos y hundieron varios barcos, entre los que se contaba un petrolero inglés. Gran Bretaña no iba a permitir semejante piratería; en septiembre se logró un acuerdo en Nyons por el que se obligaba a los barcos británicos, franceses e italianos que patrullaban por el Mediterráneo a poner fin al problema. Mussolini canceló los ataques de sus submarinos.

Neville Chamberlain llegó al cargo de primer ministro en mayo de 1937, sustituyendo a Baldwin, y se dedicó a intentar mejorar las relaciones anglo-italianas a fin de mantener el statu quo en el Mediterráneo y alentar la retirada de sus tropas de España. Para ello, el 15 de abril de 1938, ambos países firmaron los Acuerdos de Pascua, en virtud de los cuales se abandonaba de hecho el de No Intervención con la esperanza de que las relaciones con Mussolini mejorasen, evitando así que se estrechase el entendimiento entre Italia y Alemania. Se abogaba por mantener el statu quo en el Mediterráneo, Gran Bretaña reconocía de manera oficial la invasión italiana de Etiopía y se establecía la retirada de todas las tropas italianas una vez que terminase la Guerra Civil. Mussolini hizo honor a esta última promesa, pero este intento por aplacar a los italianos no afectó a su política exterior a largo plazo, que cada vez se acercaba más a Hitler.

La repentina anexión de Austria en marzo de 1938 produjo un impacto momentáneo en la política francesa. Blum, que se había visto obligado a retirarse, regresó al cargo de presidente y abrió del todo las fronteras francesas al envío de armas a la República. Ante la agresiva actuación de Hitler en Centroeuropa declaró que era necesario combatir toda la actividad alemana en España, llegando a sugerir que quizá Francia debía dar un ultimátum a Alemania y exigir su retirada. Siete meses antes, en agosto de 1937, el Estado Mayor francés había añadido un «Plan E» a su programa de movilización, en el que se contemplaba la invasión de España si Francia estuviera en guerra con Alemania y España. Sin embargo, el mando militar francés se mostraba remiso a intervenir en territorio español, aduciendo que, dadas las circunstancias, carecía del poder para hacerlo. Era cauto al hablar de las implicaciones estratégicas de una victoria franquista, pero todavía esperaba alcanzar un entendimiento con Italia y estaba más convencido que nunca de que lo que la Unión Soviética estaba haciendo en España era intentar provocar una guerra germano-francesa. De nuevo se volvió a hablar de presionar a Franco mediante la ocupación del Marruecos español, pero el temor a una oposición británica que alterase la situación ejercía de freno. El jefe del Estado Mayor, el general Gamelin, tenía una pobre opinión del Ejército Popular, al que consideraba incapaz de utilizar de manera efectiva un importante envío de armas francesas. Por su lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores galo advirtió que cualquier incursión más allá de los Pirineos generalizaría el conflicto.

Al final, París tomó la decisión de desplazar dos divisiones a su frontera con España para disuadir a Franco de invadir Cataluña, y enviar algo de ayuda directa a la República. Estos gestos, junto con la recomendación de Hitler de que evitase Cataluña por el momento, contribuyen a explicar la por otro lado inexplicable decisión de Franco de atacar el sur, a través de un difícil terreno hacia Valencia, renunciando a tomar Cataluña. Tantas presiones internacionales prolongaron la guerra otro año, permitiendo el retorno de las fuerzas republicanas y provocando la batalla del Ebro.

La renovada coalición frentepopulista de París no duró más que un mes y ya en abril de 1938 los socialistas habían abandonado el Gobierno. En junio, la frontera se cerró de nuevo, aunque la non-intervention relâchée seguiría existiendo durante un tiempo. Los planes de mediación propuestos por los poderes occidentales y el Vaticano habían fracasado, sobre todo debido a la obstinación de Franco. En 1938, el jefe del Gobierno republicano, Juan Negrín, intentó a la desesperada obtener algún tipo de respaldo diplomático en el extranjero, pero, conforme la suerte daba la espalda al ejército de la República, Francia y Gran Bretaña empezaron a mirar hacia Franco. Cuando éste atacó Cataluña antes de Navidad, todavía coleaban los rumores de una intervención militar francesa, pero eso era todo. Una vez que terminó esa operación, Inglaterra y Francia estaban listas para otorgar su reconocimiento oficial al nuevo régimen, lo que ocurrió a finales de febrero de 1939. El dictador prometió mantener la neutralidad del país en cualquier guerra europea, así como cooperar en la política colonial en Marruecos. A cambio, Francia le devolvió lo que quedaba del oro que el Gobierno republicano había enviado a París, así como los barcos que habían escapado a la zona francesa del norte de África en marzo.

La opinión pública británica y francesa de izquierdas manifestó su amargo descontento con el resultado de la guerra, pero los conservadores, los Gobiernos en el poder y, en general, los mandos militares estaban satisfechos. Es verdad que un cierto número de conservadores, sobre todo Winston Churchill (que había simpatizado con Franco al principio por motivos políticos), cambiaron de opinión respecto a la Guerra Civil y abogaron por apoyar a la República basándose en razones geoestratégicas, aunque no pasaron de ser una minoría. Por el contrario, dado el carácter de la opinión política en Francia y Gran Bretaña, no cabía alternativa a las actuaciones que de hecho se siguieron. Hasta 1938 se había considerado a Stalin tan o más problemático que a Hitler y el plan soviético de seguridad colectiva en Occidente era un absoluto fiasco. Sólo en los últimos meses del conflicto comprendieron los diplomáticos y estrategas militares franceses hasta dónde alcanzaba la hostilidad de Mussolini y empezaron a considerar la posibilidad de acudir a Stalin para contrarrestar el poder del Eje, pero para entonces la suerte estaba echada en España. Pese a todo, el legado de la guerra en Francia fue renovar las sospechas sobre la Unión Soviética y la persistente intuición de que ésta pretendía provocar una guerra «rompehielos» revolucionaria entre el país y Alemania.

En definitiva, para las democracias occidentales, la guerra sirvió, en primer lugar, como distracción para no hacer frente antes, y de forma más directa, al desafío representado por el Eje y las relaciones con la Unión Soviética. En este sentido, fue Hitler quien mejor comprendió el verdadero significado internacional de la Guerra Civil. Para él, el resultado real del conflicto apenas tenía importancia. En 1939, España no formaba parte de sus planes bélicos.

22
¿FUE CONTRARREVOLUCIONARIA LA POLÍTICA DEL PARTIDO COMUNISTA?

EL rápido crecimiento del Partido Comunista fue uno de los rasgos característicos de la intensa polarización de los asuntos españoles desde 1934, pero al comienzo de la Guerra Civil todavía no era un movimiento de masas equivalente al socialismo o al anarcosindicalismo. Aunque el partido adquirió relevancia por primera vez en la primavera de 1936, fue la propia guerra la que convirtió al comunismo en una fuerza política importante, otra de las paradojas provocadas por la insurrección militar.

El enorme desarrollo del comunismo español, tanto en número de afiliados como en poder, se debió sobre todo a tres factores: la centralizada disciplina de la estructura del partido, que, a diferencia de los restantes partidos izquierdistas, le dotó de mayor cohesión, flexibilidad y eficacia; su énfasis en el compromiso disciplinado y en el poder militar centralizado, para los que estaba mejor preparado que cualquier otro partido, y el fuerte apoyo que le prestaron la Komintern y la Unión Soviética, lo que, por una parte, acrecentó su prestigio y, por otra, le aportó importantes recursos políticos, económicos y militares. Muy pronto, el partido comenzó a destacar como la fuerza más interesada en establecer una disciplina y en luchar en la Guerra Civil, y con ello se rodeó de un especial atractivo que le granjeó numerosos nuevos miembros, algunos entre los oficiales del ejército republicano y las clases medias, a los que repelía el extremismo y la anarquía demostrados por la extrema izquierda revolucionaria, léase los anarquistas y el POUM, por ejemplo.

La Komintern y el Gobierno soviético establecieron en conjunto las directrices de la política comunista en España. Los jefes de aquélla criticaron el ingenuo optimismo, la falta de disciplina, los excesos revolucionarios y lo descentrado de las primeras reacciones de los líderes del partido ante la guerra e impusieron una línea de máxima disciplina, control revolucionario y, sobre todo, de total concentración en el esfuerzo militar. También fue la Komintern la primera en destacar la importancia de contar con un nuevo ejército regular (el Ejército Popular), así como de que la guerra debía librarse bajo el estandarte de la «República democrática», no como una lucha revolucionaria, sino como un conflicto entre fascismo y democracia. Esto se creía fundamental por dos motivos: primero, porque, con algo de suerte, permitiría que la izquierda movilizase el apoyo de los sectores más liberales de la clase media-baja española en beneficio de una nueva República izquierdista y, en segundo lugar, porque podría atraer el respaldo de Francia y Gran Bretaña no sólo para apoyar a la izquierda española, sino también a la estrategia diplomática soviética de la seguridad colectiva.

La política de «revolución total ya» de la extrema izquierda revolucionaria debía combatirse por tres motivos: el primero y más importante, porque dedicaba sus energías a la revolución socioeconómica y no al esfuerzo militar, con lo que podía perderse la guerra; después porque, al no captar a las clases medias-bajas, reducía la base de la izquierda, y, finalmente, porque atemorizaba a la opinión pública británica y francesa de manera que resultaba muy difícil obtener el respaldo internacional, además de ir en contra de la política soviética de seguridad colectiva.

La Komintern también insistió en que permitir a los insurgentes el monopolio del patriotismo constituía un grave error. Así, antes de finales de julio del 36, portavoces del partido como Dolores Ibárruri (Pasionaria) aseguraban que España estaba siendo sometida a una invasión internacional y que los insurgentes estaban organizando un segundo ataque violento de tipo islámico con la ayuda de unos primitivos marroquíes dedicados a asesinar, violar y saquear a los españoles. De ahí se pasó a considerar la guerra como una lucha patriótica contra la invasión fascista germano-italiana, una definición que parecía plausible y que toda la izquierda adoptó sin pérdida de tiempo. Los dos bandos, por lo tanto, presentaron la guerra en términos equivalentes: una lucha izquierdista contra la invasión de Alemania e Italia; una guerra derechista para impedir que la Unión Soviética se hiciese con el poder.

Para la Internacional Comunista, la situación que se vivía en España se había vuelto paradójica en extremo. Durante quince años había realizado desesperados intentos por provocar o explotar situaciones revolucionarias, llevando a cabo numerosas iniciativas violentas en Alemania, una insurrección en Estonia e incluso un intento por dinamitar todo el Gobierno de Bulgaria. Después de 1928, cuando se declaró iniciado el famoso Tercer Periodo, sus líderes se convencieron de que el momento había llegado, pero, en Alemania, a la política revolucionaria le había salido el tiro por la culata y la cada vez más peligrosa situación internacional había alentado su brusco viraje hacia la seguridad colectiva y el Frente Popular. Mientras la Komintern anduvo promocionando las habituales tácticas revolucionarias propias del Tercer Periodo, el PCE no había hecho sino estancarse. Sin embargo, ese giro hacia el Frente Popular coincidió con la total polarización de la sociedad española, de modo que, paradójicamente, en España y desde 1934, el proceso revolucionario coexistió con la moderación de las tácticas comunistas a corto plazo. En vísperas de la Guerra Civil, toda la izquierda obrera estaba posicionada, desde el punto de vista táctico, a la izquierda del PCE.

Durante una década y media, la Komintern había diseñado tácticas flexibles y una estrategia destinadas a incrementar las posibilidades revolucionarias a largo plazo en cualquier país. En China, donde se había puesto en práctica de manera más evidente esta aproximación indirecta, el asunto había terminado en desastre en 1927, pero la tan fragmentada España podía constituir un entorno más propicio. Sólo los comunistas contaban con una política concreta para reducir la radicalización a corto plazo, manteniendo la situación bajo control y, a la larga, maximizar una clara política revolucionaria. Ni caballeristas ni anarquistas disponían de esa estrategia. Se limitaban a saltar de una a otra circunstancia.

Durante toda la primavera y principios del verano de 1936, la Komintern se había esforzado por evitar que se desbordase la situación en España ya que podría resultar contraproducente. Diseñó una clara estrategia en etapas que iban desde el frentepopulismo a una república popular y al gobierno obrero-campesino, pero ni podía controlar a toda la izquierda ni obligar a las fuerzas conservadoras a quedarse quietas mientras los izquierdistas seguían adelante con su programa. Mientras que la mayor parte de la izquierda revolucionaria celebraba el estallido de la guerra, para la Komintern sólo supuso una complicación innecesaria pues pronto se convirtió en un conflicto civil generalizado que requería una enorme lucha y porque aquélla insistía en hacer de la revolución su principal objetivo.

La revolución no tardó en constituir un problema de gran magnitud. Ese izquierdismo infantil corría el riesgo de destruirse a sí mismo, dificultaba concentrarse en la lucha, alentaba la intervención extranjera y asustaba a la opinión pública democrática francesa y británica. El Frente Popular gozó de la enorme ventaja de controlar lo que quedaba de las instituciones republicanas y, por eso, la política soviética instó a las fuerzas izquierdistas a no malgastarla en una orgía revolucionaria, sino a envolverse en el estandarte de la legalidad y la democracia, maximizando el respaldo social tanto interno como extranjero. No había que eliminar la revolución, pero sí canalizarla con firmeza, lo que no era en modo alguno una tarea sencilla. Una revolución controlada y un nuevo y poderoso ejército popular constituirían la plataforma de lanzamiento del programa frentepopulista, sentando las bases de una nueva república popular, incluso mientras se libraba la guerra. Semejante estrategia requería una política a dos niveles: la propaganda internacional y la diplomacia se centrarían en la democracia, mientras que en la zona republicana se sujetaba a la revolución en beneficio del esfuerzo bélico y de la «república democrática de nuevo tipo».

El partido experimentó un rápido crecimiento. En marzo de 1937, José Díaz, su secretario general, afirmó que contaba con 249 140 afiliados, de los que, supuestamente, el 35 por ciento eran obreros industriales, el 25 por ciento jornaleros, el 31 por ciento propietarios de tierras o aparceros y el resto pertenecía a la clase media. Por su parte, la Juventud Socialista Unificada (JSU), bajo control comunista, decía tener 300 000 miembros (una probable exageración), y 45 000 el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), que se había creado el 25 de julio de 1936 en contra de los deseos de la Komintern. Por primera vez existía una fuerza comunista importante en Cataluña.

Es una paradoja que el partido naciese como revolucionario, pero también como partido de orden. Al apelar al único movimiento revolucionario surgido en Europa Central y Occidental en casi dos décadas (y, desde luego, la mayor revolución obrera que jamás había tenido lugar), los comunistas estaban en disposición de presentarse como el único movimiento que contaba con una exitosa experiencia y comprensión de lo que era la revolución y con ello se ganaron el apoyo significativo de elementos de la izquierda y de las clases medias-bajas, que hasta entonces no se habían afiliado a ningún partido. Al mismo tiempo, el PCE creció como un partido izquierdista comprometido con el orden (aunque fuese un orden revolucionario), lo que significaba unidad, disciplina, organización, prioridades militares y el mantenimiento de una avanzada economía mixta, protegida al fin (al menos en parte) de la colectivización directa. Las pruebas existentes indican que el PCE captó a algunos elementos muy radicales, pero también a aquellos que buscaban un partido izquierdista más coherente y disciplinado con el que continuar la guerra, así como a miembros de la clase media (76 700, según el PCE), propietarios o arrendatarios de sus propias tierras. Los oficiales del ejército prefirieron unirse a este partido debido al énfasis en la unidad, la disciplina y la prioridad que otorgaban al conflicto y los propietarios de clase media para protegerse de la colectivización indiscriminada. Además, el partido se seguía preocupando por captar a los intelectuales, a los que ofrecía facilidades especiales y, por fin, parece que miles de personas se afiliaron en el segundo semestre de 1936 y el primero de 1937 porque era cada vez más fuerte y su política parecía ser la más congruente.

En agosto de 1936 el PCE se hallaba en parte a la defensiva, incapaz de poner freno a todos los excesos centrífugos de la extrema izquierda. Cuando Largo Caballero formó su Gobierno en septiembre, comenzó la recuperación de un Estado republicano más centralizado y con ella las presiones para adoptar los puntos principales del programa comunista y el momento oportuno para que la Unión Soviética empezase a enviar más ayuda militar.

Los comunistas pusieron en marcha su propio programa de movilizaciones, mucho más organizado que el de otras formaciones políticas. Se basaba en el tan conocido «Quinto Regimiento» (se le llamaba así porque había cuatro regimientos de infantería en la guarnición original de Madrid), en cuyas filas llegó a haber al menos 60 000 hombres. Se nutría de los miles de milicianos de las MAOC (Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas), que ya existían antes del comienzo de la guerra, y de la participación de varios dirigentes comunistas como Enrique Líster y Juan Modesto, ambos formados en la Academia Frunze del Ejército Rojo. Además, en sus filas se integraron muchos de los primeros oficiales soviéticos que llegaron a España. Con esta base, los sectores comunistas desempeñaron un importante papel en la formación inicial del Ejército Popular en la zona centro, asumiendo a veces las funciones de mando.

La luna de miel con el Gobierno de Largo Caballero sólo duraría unas semanas. Los comunistas exigían una mayor centralización y la formación de un comité de defensa nacional bajo su dirección. Se quejaban de que Largo protegía la incompetencia y los intereses de la milicia revolucionaria que seguía viva, al tiempo que presionaban para que el Gobierno asumiera el control de la industria y las finanzas, nacionalizando algunas de las industrias clave pero sin llegar a la colectivización.

Sólo en la agricultura consideraron que era legítima una cierta colectivización, siempre en unas condiciones bien definidas. Agricultura era una de las dos carteras que el partido tenía en el Gobierno de Largo Caballero, al frente de la cual estaba el veterano miembro del Politburó Vicente Uribe, quien también controlaba el Instituto para la Reforma Agraria (IRA). El 7 de octubre, Uribe decretó la confiscación oficial sin indemnización alguna, de todas las propiedades agrarias pertenecientes a quienes, directa o indirectamente, se habían visto envueltos en la sublevación. En aplicación de lo dispuesto por ese decreto las tierras pasarían a manos de las colectividades, excepción hecha de los pequeños arrendatarios, que continuarían en su posición de usufructuarios, siempre que sus tierras no superasen las 30 hectáreas de secano, 5 de regadío o 3 destinadas al cultivo de frutales. Con ello se pretendía proteger a las clases medias-bajas, legalizando al mismo tiempo la expropiación. Desde luego, era un hecho que la CNT, la UGT o el POUM ya se habían apropiado de casi todas esas tierras, pero ahora era un ministro comunista quien exigía el reconocimiento oficial para la confiscación. Además, Uribe insistió en que debía ponerse fin a toda violencia y desorden en los campos, porque asustaba a los partidarios de la República y perjudicaba la producción.

En noviembre y diciembre, el prestigio de los comunistas en la zona central republicana alcanzó su máximo gracias a la relevante intervención de sus dirigentes en la Junta de Defensa de Madrid y a la muy publicitada cooperación soviética en la defensa de la capital. El 18 de diciembre, la cúpula de PCE hizo público un manifiesto, bajo el título de Las ocho condiciones de la victoria, en el que explicaba su plan para lograrla. Enunciaba en detalle las tesis básicas de unidad, disciplina y prioridad del esfuerzo bélico, presentando con firmeza cuál era la posición comunista con respecto a la revolución:

Las acusaciones que de vez en cuando se nos hacen, diciendo que sacrificamos los intereses de la revolución con tal de ganar la guerra son, además de pérfidas, pueriles. La lucha para ganar la guerra va inseparablemente unida al desarrollo de la revolución. Pero si no ganáramos la guerra, el desarrollo de la revolución se malograría. Es preciso que esta idea penetre profundamente en las masas si no queremos amortiguar la lucha para ganar la guerra. Luchamos por crear una sociedad mejor en la que sea imposible la repetición de hechos tan criminales y monstruosos como esta subversión facciosa. Pero a todos los ilusos o irresponsables que quieren cometer en su propia provincia o pueblo ensayos de «socialismo» o de «comunismo libertario» o de otra índole hay que hacerles comprender que todos esos ensayos se vendrán a tierra como castillos de naipes si no se aniquila a los fascistas…

Nuestro Partido —partido consecuentemente revolucionario, que no juega con los intereses de las masas trabajadoras, sino que se esfuerza y labora sin descanso por unir a las masas en la lucha— no quiere sacrificarlas estérilmente, no quiere hacer ensayos revolucionarios prematuros a costa de los trabajadores, sino crear las condiciones necesarias para el triunfo. Y hoy las condiciones necesarias para el triunfo de las masas trabajadoras se resumen en una sola: hacer converger todos los esfuerzos hacia un objetivo único: ganar la guerra.

A continuación, se resumían los ocho puntos básicos del programa comunista. Cuatro de ellos estaban consagrados a la economía: 1) nacionalización y reorganización de las «industrias básicas y en primer lugar de las industrias de la guerra»; 2) creación de un «Consejo Coordinador de la industria y de la economía en general, en el cual estén representados todos los técnicos y especialistas del Frente Popular, para que este alto organismo del Estado oriente y dirija la producción y que todos acaten y apliquen sus decisiones»; 3) «que se implante el control obrero sobre la producción, pero que los organismos encargados de aplicarlo actúen de acuerdo con el plan trazado por el Consejo Coordinador» y 4) «que en el campo se produzca cuanto haga falta para el frente y para la retaguardia sobre la base de un plan establecido por representantes de organizaciones campesinas, partidos y organizaciones del Frente Popular, pero que se respete el producto del trabajo, sea individual o colectivo, de las masas campesinas y se asegure a los productores agrícolas un precio remunerador para sus productos y mercados nacionales e internacionales». Se trataba de un plan presocialista, muy similar a la Nueva Política Económica leninista de 1921, puesta en marcha cuando los dirigentes comunistas comprendieron que existían graves obstáculos para la inmediata implantación del socialismo en Rusia.

Parecía que la cúpula comunista vivía momentos de euforia, un reflejo de su fortaleza militar y política de los últimos meses. El argentino Vittorio Codovilla, principal asesor de la Komintern en España, envió un largo informe a Moscú el 24 de diciembre, lleno de extravagantes afirmaciones, como que los comunistas ya ocupaban el 80 por ciento de los puestos de mando en el nuevo ejército y la «mayoría» de ellos en la policía republicana, además de contar con una generosa ayuda por parte de otros grupos. El principal problema interno era el gran número de seguidores de los anarquistas, llenos de pueriles ideas revolucionarias. Ya antes, el agregado militar soviético, Vladirnir Gorev, había informado de que «una lucha contra los anarquistas es absolutamente inevitable tras haber vencido a los Blancos. La lucha será muy dura» y André Marty también había escrito al Secretariado de la Komintern que «tras la guerra, estaremos igualados, sobre todo porque, en ese momento, tendremos un poderoso ejército»[47].

La CNT constituía la mayor fuerza de la extrema izquierda revolucionaria, pero el marxista-leninista POUM era el partido más abierto y categórico en sus declaraciones; desde luego, tenía menos afiliados que el PCE, pero, en ocasiones, se denominaba a sí mismo el verdadero partido comunista de España, en oposición al que era el partido de la Komintern en el país. El POUM, liderado por Andreu Nin, exigía la inmediata aplicación del modelo soviético en España, aunque con total independencia de la Unión Soviética. En un discurso que pronunció en Barcelona el 6 de septiembre había trivializado la guerra al afirmar que su principal consecuencia había sido acelerar «el proceso revolucionario» que ya estaba en marcha, «provocando una revolución proletaria más profunda que la propia revolución rusa»[48]. Tampoco se necesitaba crear ningún nuevo ejército regular y centralizado (como sostenían los comunistas), porque la milicia revolucionaria podía ocupar ese puesto y ganar la guerra sin ayuda de nadie. Incluso el Frente Popular era un fraude engañoso, pues su compromiso con la burguesía era el responsable del estallido de una guerra que nunca habría ocurrido si, en la primavera de 1936, se hubiese producido una toma revolucionaria del poder antes de que se sublevaran los militares.

De esta manera, el comité central del POUM votó por establecer de manera inmediata un régimen completamente revolucionario, que «prescindiendo en absoluto de la legalidad republicano-burguesa anterior, proceda a la inmediata convocatoria de una Cortes Constituyentes, elegidas por los Comités Obreros, Campesinos y Combatientes que establezcan la constitución del nuevo régimen surgido de la revolución»[49]. Era una clara imitación del primer sistema soviético de 1918.

Como Largo Caballero seguía sin cooperar con el programa comunista de centralizar el poder y evitar la revolución extrema, el propio Stalin dio el paso, sin precedentes, de escribirle en diciembre. Con esta carta intentaba, en primer lugar, convencer al presidente de la necesidad de dar a la república revolucionaria una mayor apariencia de constitucionalismo democrático, destacando que «la revolución española está trazando su propio rumbo, diferente en muchos aspectos del seguido en Rusia. Esto se debe no sólo a las diferentes condiciones sociales, históricas y geográficas sino también a las necesidades de la situación internacional… Es muy posible que, en España, el camino parlamentario sea un medio más efectivo para lograr el desarrollo revolucionario que en Rusia… No se debe rechazar a los líderes republicanos, sino atraerlos y acercarlos al Gobierno». Lo peor sería dar la imagen de que el régimen revolucionario era, de alguna manera, «comunista» y por ello era importante incorporar a los republicanos de izquierda de una forma más plena y obtener en todo lo posible el respaldo de la «pequeña y mediana burguesía»[50].

Después de algunas dilaciones, Largo le contestó que, en general, estaba de acuerdo con el consejo, pero que Stalin no comprendía del todo la naturaleza de la situación revolucionaria española porque, entre toda la izquierda, «incluso entre los republicanos, la institución parlamentaria […] no tiene partidarios entusiastas»; y respecto a los republicanos de izquierda, «ellos mismos apenas hacen nada para afirmar su propia personalidad política»[51].

En la zona republicana, el discurso comunista debía actuar en dos frentes: por un lado había que convencer a los anarcosindicalistas y a otros revolucionarios de extrema izquierda de que no eran contrarrevolucionarios (como afirmaban el POUM y muchos cenetistas) y, por otro, había que hacer entender a los escépticos y extremistas, tanto socialistas como anarquistas, que el concepto comunista de una «república democrática» era, de momento, el único objetivo práctico. Desde que, trece años antes, se implantase en Mongolia una «república popular» tres años después de la conquista soviética del país en 1921, ésa había sido la principal fórmula de los comunistas para organizar un régimen de transición dominado por ellos que avanzase hacia el socialismo. Ponían el máximo cuidado en no definir a la «república popular» como una república parlamentaria y capitalista «normal», sino como una forma especial y avanzada en la que se mantenían el capitalismo y la propiedad privada hasta cierto punto, pero de la que se habían eliminado todas las fuerzas derechistas y reaccionarias y cuyo sistema económico debía ser en parte más o menos similar a la Nueva Política Económica (NPE) de 1921.

Con respecto a España, esa política sostenía que sólo los estadios iniciales de una revolución mejor canalizada eran adecuados para la República en guerra. Con ello, ni se negaba ni se hacía retroceder la revolución, pero se intentaban controlar sus excesos, lo que requería, en palabras de Lenin, «un paso atrás» temporal para que el triunfo en la guerra y la consolidación de la fase inicial de esa revolución canalizada supusiesen «dos pasos adelante». El 3 de marzo de 1937, en su continuo enfrentamiento con el periódico CNT, el diario comunista Mundo Obrero afirmó que no había ningún motivo para que los anarcosindicalistas se sintieran confusos acerca del significado y naturaleza de ese régimen en el que, al igual que ocurría en la República, la izquierda mantenía el monopolio de las fuerzas armadas, se había sustituido al antiguo ejército por un nuevo ejército popular, la mayor parte de la tierra estaba en poder de los campesinos, en las fábricas imperaba el control obrero, se habían producido expropiaciones a gran escala de tierras e industrias y era la clase obrera quien dirigía la «república democrática». Mundo Obrero añadía:

Así pues, nuestra República es de un tipo especial. Una República democrática y parlamentaria de un contenido social como no ha existido nunca. Y ésta no puede ser considerada de la misma manera que la República democrática clásica; es decir, que aquellas que han existido y existen donde la democracia es una ficción que se basa en el predominio reaccionario de los grandes explotadores. Sentado esto, precisa que digamos a los compañeros de CNT que no cometemos ninguna abjuración ni contradecimos las doctrinas del marxismo revolucionario al defender la democracia y la República. Es Lenin quien nos ha enseñado que lo revolucionario es tener siempre presente la realidad concreta de un país determinado para aplicar la táctica revolucionaria más conveniente, aquella que conduce de una manera segura al fin.

En otras palabras, anarcosindicalistas, poumistas y algunos socialistas seguían quejándose falsamente de que los comunistas defendían la democracia liberal-capitalista porque, de hecho, ésa era la línea propagandista a nivel internacional. Pero en el plano interno, en la España republicana, la «república democrática» sólo se refería a ese nuevo tipo de régimen, monopolizado por la izquierda, tan habitual en el discurso de la Komintern desde 1935. Ese término significaba un pluralismo político limitado del que, como es natural, quedaban excluidos el centro y la derecha (es decir, al menos el 50 por ciento de la población), en el que se aceptaba de manera temporal un cierto grado de propiedad privada al estilo de la NPE y se procedía a la nacionalización de la industria. En su contenido no se parecía ni por asomo a una democracia liberal-capitalista, salvo en sus aspectos más superficiales.

El 5 de marzo, en un maratoniano discurso (al estilo de los soviéticos) ante el Comité Central del PCE, José Díaz quiso ser más preciso:

Luchamos por una República democrática, por una República democrática y parlamentaria de un nuevo tipo y de un profundo contenido social. La lucha que se desarrolla en España no tiene por objetivo el establecimiento de una República democrática como puede serlo la de Francia o la de cualquier otro país capitalista. No, la República democrática por la que nosotros luchamos es otra. Nosotros luchamos por destruir las bases materiales sobre las que se asientan la reacción y el fascismo, pues sin la destrucción de estas bases no puede existir una verdadera democracia política…

En esa república «ya no existen grandes terratenientes; la Iglesia, como fuerza dominadora, tampoco existe; el militarismo también ha desaparecido para no volver; tampoco existen los grandes banqueros, los grandes industriales […], las armas están en manos del pueblo» y, por lo tanto, dada la complejidad de la lucha, era importante no perder la cabeza con ideas de «comunismo libertario» o «socialización»[52].

Los portavoces cenetistas seguían sin convencerse, insistiendo en que nunca se podría llevar a cabo una revolución con la aprobación de la burguesía internacional. El doble juego comunista era demasiado sutil para ellos, no tenía cabida en su simple y categórica doctrina. Poco después, José Giral pronunció un discurso en el que afirmó que Izquierda Republicana y el Partido Comunista estaban casi totalmente de acuerdo en la política del momento, aunque no se lanzó a especular acerca del futuro de ese nuevo tipo de república. En aquel momento, no era infrecuente que los republicanos de izquierdas elogiasen la política comunista, pues creían que compartían el interés por restaurar una república más fuerte, moderando los excesos revolucionarios.

No cabe duda de que desde la perspectiva de la CNT y el POUM, así como de muchos caballeristas, la política comunista era contrarrevolucionaria. En junio de 1937 supondría la total supresión del POUM y la subordinación de las dos principales fuerzas ultrarrevolucionarias. Pero tildar de contrarrevolucionaria la política comunista es simplificar las cosas en extremo. La fórmula de la «república popular» era, en sí misma, una clara estrategia revolucionaria en dos pasos en lugar de en uno, mucho más compatible con las necesidades militares de un país en guerra que la inmediata revolución socioeconómica que pretendía la extrema izquierda.

23
¿CÓMO FUNCIONARON LAS ECONOMÍAS DE GUERRA? ¿QUÉ PASÓ CON EL «ORO DE MOSCÚ»?

DESDE el punto de vista de su estructura económica, las zonas nacional y republicana eran totalmente asimétricas. En la zona republicana se encontraban todas las grandes ciudades excepto una, alrededor del 80 por ciento de la industria y un porcentaje casi igual de los recursos financieros, incluyendo las grandes reservas de oro del Banco de España, acumuladas durante la Primera Guerra Mundial y que, en ese momento, eran las cuartas del mundo en importancia. A todo ello había que añadir la mayor parte de la flota naviera. Por su parte, la zona nacional contaba con más o menos el 70 por ciento de la producción agrícola, pero poca industria y unos recursos financieros muy limitados. Fue este desequilibrio económico y financiero el que inspiró el tan citado discurso que pronunció Indalecio Prieto el 8 de agosto de 1936, en el que afirmaba que la pura realidad económica condicionaba lo irremediable de la causa rebelde.

Sin embargo, los resultados económicos no dependen tanto de lo que uno tiene, como de lo que hace con ello, y esto iba a provocar una drástica alteración de esa perspectiva. Las políticas económicas republicanas eran un desastre; las del régimen franquista estaban mucho mejor organizadas y eran más eficaces. Como se ha visto en la pregunta 11, la realidad económica de las primeras semanas de guerra en la zona republicana fue una explosiva revolución que estableció el control obrero de la industria, la confiscación de gran parte de las tierras y la creación de numerosas colectividades en las áreas rurales.

Después de seis semanas, se empezaron a hacer ingentes esfuerzos por recuperar la administración del Estado como parte del proceso que culminaría con la formación del Gobierno de Largo Caballero. El 30 de agosto, pocos días antes de que éste ocupase el cargo de presidente, el anterior Gobierno de Giral decretó la «intervención» estatal de «todas las sociedades que tengan por objeto realizar operaciones de crédito, producción o consumo[53]» de cuya gestión se ocuparían la nueva Intervención General de la Administración del Estado y un Comité de Intervención de Industrias, unos organismos que, dada la realidad político-económica de la zona republicana, tuvieron que hacer frente a considerables dificultades para implantar su autoridad. El 2 de noviembre, con los anarquistas a punto de entrar en el Gobierno, Largo Caballero creó una Dirección General de Economía, encargada de la coordinación económica general en la zona republicana, así como una Comisaría General de la Economía para coordinar la gestión de los Ministerios de Hacienda, Agricultura e Industria respecto a las finanzas, la producción y el comercio exterior. Se reorganizó el Cuerpo de Carabineros, ampliando su jurisdicción sobre fronteras, puertos y aduanas.

Era muy difícil lograr la coordinación económica debido a la pronunciada fragmentación política de la zona republicana. Durante el primer año de conflicto, hubo seis Gobiernos diferentes en la zona republicana: el de la República, luchando por restablecer su autoridad, algo que consiguió a finales de 1936 en el centro, sur y sureste del país; la dualidad catalana de la Generalitat y la milicia anarquista; el Consejo de Aragón, anarquista, y los tres Gobiernos del norte, que incluían el vasco de Vizcaya y los Gobiernos regionales de Santander y Asturias.

Incluso en un entorno tan pequeño como el norte de España, los tres Gobiernos establecieron sus propias aduanas, que les separaban entre sí, y a ello había que añadir el control revolucionario de muchas localidades. Por tanto, es fácil comprender por qué no se pudo conseguir la coordinación económica general. En el primer año de guerra existieron seis sistemas financieros diferentes e incluso seis monedas distintas.

Por su parte, la política económica del régimen franquista se centraba en la firme aplicación de una regulación estatal, unificada y centralizada, un reflejo de las ideas nacionalistas y estatalistas del propio Franco. Se anularon las confiscaciones de propiedades agrícolas que se habían producido durante los cinco meses anteriores al estallido del conflicto, pero todas las entidades financieras y la producción industrial quedaron sometidas a una rígida regulación estatal a través de una serie de juntas nacionales y provinciales. El Estado controlaba también el comercio exterior, las exportaciones, el oro y las joyas y, en algunos casos, ciertos bienes destinados a la exportación. Para productos agrícolas clave como el trigo, el algodón o las almendras se establecieron «Servicios Nacionales», que se ocupaban de su financiación y comercialización y de fijar sus precios. La normativa económica del nuevo Estado insurgente no sólo era exhaustiva, sino en general coherente y eficaz, lo que hizo posible que se mantuvieran la producción y el consumo durante la guerra, maximizando el potencial exportador existente, sobre todo en el sector minero. Cuando se ocuparon Asturias y Vizcaya en 1937, se concedió la mayor importancia a la producción metalúrgica y carbonífera, de tal manera que, en 1938, la producción de la industria pesada vasca ya superaba la de antes del conflicto. En su mayor parte, los salarios bajaron hasta el punto en que se encontraban en febrero de 1936, al tiempo que la ley marcial garantizaba la paz y la disciplina en el trabajo. El nuevo régimen asumió la total coordinación del sistema bancario, de modo que los bancos de la zona nacional obtuvieron beneficios durante la guerra, moderándose la inflación.

Pese a su evidente inferioridad en cuanto a recursos económicos, el Gobierno nacional también pensaba en librar una guerra económica contra el enemigo, hostigando de manera constante los transportes marítimos de la República para perjudicar su actividad financiera en el extranjero y, más tarde, en 1938, inundó el mercado internacional con millones de pesetas capturadas a los republicanos con el fin de eliminar el poco poder adquisitivo que les quedaba. En septiembre de 1937, el valor de la peseta republicana era un 60 por ciento el de la nacional pero caería en picado durante los dos años posteriores, cuando la inflación en la zona republicana alcanzó tasas astronómicas.

Franco tuvo mucha suerte al poder librar gran parte de la guerra gracias a los créditos extranjeros, algo que se le negó a la República. Entre Hitler y Mussolini sumaron unos seiscientos millones de dólares en material bélico, suministrado sobre todo a crédito, salvo en dos aspectos, de la política alemana. El Gobierno germano utilizó parte del dinero adelantado a Franco para adquirir acciones en cinco empresas mineras (véase la pregunta 19) y, durante la guerra, se le obligó a devolver una pequeña parte del valor total del material bélico en forma de exportaciones estatales de minerales y alimentos (pirita y almendras, básicamente), que el Gobierno nacional financió a través de préstamos internos. En ocasiones también se obtuvieron a crédito otros artículos valiosos, como el petróleo que se compró a Texaco. Por lo tanto, la zona nacional mantuvo la producción interna, una peseta estable en el extranjero, importaciones adecuadas y una moderada inflación de alrededor del 10 por ciento anual. El éxito económico fue fundamental para lograr el triunfo militar.

En la zona republicana ocurrió todo lo contrario. A pesar de la colectivización, aumentó la producción agrícola gracias a las favorables condiciones climáticas que se dieron en 1937, pero descendió la producción industrial. Entre octubre de 1936 y marzo de 1938, las cifras productivas se estabilizaron entre el 55 y el 60 por ciento de las existentes antes de la guerra, pero, a partir del momento en que el ejército nacional ocupó las centrales eléctricas barcelonesas, cayeron bruscamente. El descenso de la producción de alimentos en 1938 fue todavía peor. Los precios aumentaban sin cesar, la inflación llegó a alcanzar el 1500 por ciento y el crédito extranjero casi dejó de existir. En 1939, la zona republicana sufrió graves problemas de malnutrición y, al final del conflicto, estaba al borde de la inanición.

La única excepción fue la exitosa conversión de la industria a la producción de armamento en Cataluña y en ciertas zonas de Levante con la que, en 1937-38, se consiguieron fabricar numerosas armas nuevas, incluyendo 250 cazas, construidos según especificaciones soviéticas.

En el primer año de guerra, la República se esforzó mucho por utilizar la enorme reserva de oro para adquirir armas en el extranjero. A la solicitud inicial presentada a Francia siguió otra, ya formal, a la Unión Soviética, el 25 de julio de 1936, a través de la embajada en París. También se desplazaron representantes a Londres, y cuando Francia entró a formar parte del Comité de No Intervención, se enviaron delegaciones de compras a más de una docena de países. Debido a la desorganización reinante en la zona republicana y a los muchos Gobiernos y organismos que albergaba, estos esfuerzos resultaron descoordinados, muy mal organizados, reiterativos y, en ocasiones, opuestos entre sí. La mayor parte de los agentes eran aficionados que disponían de demasiado dinero. A causa de esa descentralización y de la falta de registros, nunca será posible saber con exactitud cuántas armas se llegaron a comprar. Las hubo de todas clases, pero rara vez eran de primera calidad, siendo muy heterogéneas, lo que dificultaba su uso coordinado. El acuerdo de No Intervención tuvo como efecto el cierre de mercados clave. El único Gobierno occidental dispuesto a colaborar en todo lo posible (el de Cárdenas en México) carecía de industria armamentística. Se dieron casos de soborno y, debido a su inexperiencia y desesperación y a la gran cantidad de dinero de que disponían, no era infrecuente que proveedores sin escrúpulos se dedicaran a estafar a los republicanos, aunque también es verdad que algunos de estos agentes malversaron, pura y simplemente, parte del dinero: cualquier intento por establecer una «moral revolucionaria» sale caro. Los trabajos de Francisco Olaya Morales y Gerald Howson son los que mejor ilustran la historia de este esfuerzo tan complejo, adinerado, confuso y mal organizado, a pesar de que, por la falta de registros, nunca se llegue a saber del todo qué fue lo que ocurrió.

La Unión Soviética se convirtió enseguida en la mejor de las fuentes de abastecimiento disponibles. Los complicados razonamientos y la, en ocasiones, tortuosa toma de decisiones ocultos tras las políticas de Stalin se han descrito en las preguntas 14 y 20. Para cuando se decidió enviar una sustancial ayuda militar a España, a mediados de septiembre de 1936, el Gobierno republicano ya había dejado claro que estaba dispuesto a pagar por ella con rapidez, generosidad y en oro. Hasta ese momento se habían enviado más de cien millones de dólares en oro a París, destinados a adquisiciones, pero el Gobierno de la República estaba dispuesto a gastar mucho más.

La posterior decisión de enviar la mayor parte de la reserva de oro restante a Moscú dio pie a una de las operaciones más extraordinarias y controvertidas de toda la Guerra Civil. A mediados de septiembre, el nuevo Gobierno de Largo Caballero decidió trasladar el grueso de sus reservas, así como otros activos financieros, a Cartagena. Las fuerzas franquistas todavía no habían llegado a Madrid, pero se estaban acercando, y los republicanos pensaron que el oro estaría más seguro en la zona este (siempre que no fuese cerca de Cataluña, en poder de los anarquistas), e incluso que parte del mismo, si era necesario, podría enviarse al extranjero. Estamos hablando de 10 000 cajas de oro de ley (es decir, 503 toneladas, casi todo en monedas, cuyo peso era algo mayor), de todas las reservas de plata, de bastante papel moneda y de otros activos financieros.

Una gran parte de esas reservas ya se había enviado a Francia para su uso comercial; después se enviarían más (9,6 toneladas de oro en la segunda quincena de septiembre y otras 52 en octubre), y todavía más a finales de otoño y a principios del invierno hasta alcanzar, en febrero de 1937, un total de 174 toneladas, es decir, el 26,5 por ciento de las reservas originarias.

En octubre, el Gobierno republicano tenía dificultades para hacer un uso eficaz de su oro y su crédito en Europa Occidental. Aunque se redujo el caos de los primeros meses se le daban pocas facilidades, a lo que había que sumar que los representantes franquistas no hacían sino intentar bloquear la utilización de esas reservas. El 14 de octubre llegó a España el primer cargamento de armas soviéticas, con la promesa de que a éste le seguirían muchos otros. No existe evidencia documental que explique el alcance exacto y los cálculos relativos a la decisión que se tomó, pero parece que Largo Caballero y su ministro de Hacienda, Juan Negrín, se habían comprometido a pagar a los soviéticos mediante transferencias en oro.

Enviar las reservas de oro al extranjero en tiempo de guerra no fue una decisión sin precedentes, Francia lo hizo en la Primera Guerra Mundial, y lo volvería a hacer en vísperas de la Segunda. Ahora bien, enviarlas al mayor Estado revolucionario del mundo en lugar de a un bastión del capitalismo (como había hecho Francia) era algo muy distinto, aunque, para entonces, la República ocupaba el segundo puesto en la escala de Estados revolucionarios. El propio Negrín tenía cada vez más conexiones con los soviéticos (su secretario y amigo íntimo, Benigno Martínez, era un miembro del Partido Comunista) y enseguida estableció una amistad personal con su homólogo, Artur Stashevski, agregado comercial de la nueva embajada soviética, con el que almorzaba a menudo. Walter Krivitski, el que durante un tiempo fuera representante del NKVD en La Haya, llegó a afirmar que fue Stashevsky quién convenció a Negrín para enviar lo que quedaba del oro español a la Unión Soviética, donde se lo guardarían a salvo, pero según Alexander Orlov, jefe del NKVD en España, la iniciativa fue tan sólo de Negrín, a quien consideraba el típico intelectual occidental de izquierdas, «opuesto al comunismo en teoría, pero simpatizante, en cierto modo, con “el gran experimento” que se estaba llevando a cabo en Rusia» y caracterizado por su ingenuidad política: el clásico ejemplo de lo que Lenin llamaba «un tonto útil»[54]. Negrín no era ningún tonto, pero tenía una actitud muy favorable hacia la Unión Soviética, a la que consideraba una fuerza benigna y, casi con toda seguridad, la única esperanza de la República.

Lo que se sabe de cierto es que Largo Caballero firmó una carta (redactada en francés, probablemente por su ministro de Hacienda) que se entregó al embajador soviético, Marcel Rosenberg, el 15 de octubre, en la que se pedía permiso para enviar una gran cantidad de oro a la URSS. Dos días más tarde, en otra carta, se indicó que la intención de la República era utilizar esa reserva para, con ayuda soviética, realizar pagos internacionales.

El Politburó discutió las dos propuestas entre el 17 y el 19 de octubre. Según testimonio de Orlov, el día 20 recibió un telegrama codificado del jefe del NKVD en Moscú, Nikolai Yezhov, que le transmitió un mensaje directo de «Ivan Vasilievich» (el seudónimo que utilizaba Stalin en sus comunicaciones especiales) por el que se le ordenaba ocuparse del traslado del oro desde Cartagena a Odessa, en naves soviéticas. El teniente coronel Yuri Ribalkin, un especialista ruso en historia militar, ha llegado a la conclusión de que, a juzgar por la rapidez y la seguridad de la respuesta soviética, toda la operación ya se había negociado de manera informal y secreta antes de la comunicación oficial, aunque de ello no sea posible extraer ninguna conclusión en firme. Stalin prohibió específicamente a Orlov que entregase a las autoridades españolas ningún tipo de recibo; ya se les haría llegar cuando el oro estuviese en la Unión Soviética. Según Orlov, él mismo tomó las disposiciones necesarias, junto con Negrín, dos días más tarde (el 22) y cuando preguntó a un alto funcionario del Ministerio de Hacienda cuánto oro se debía transportar, éste le respondió: «Bueno, supongo que más de la mitad». El jefe del NKVD añadió: «Me dije a mí mismo que iba a ser mucho más»[55], y así fue.

Al final se sacaron del país 7800 cajas de oro, es decir, 510 toneladas, de las que alrededor de 460 eran de oro de ley. Orlov se sirvió de los soldados soviéticos recién llegados a Cartagena (donde esperaban a que arribasen sus tanques) como conductores de los camiones con los que, durante varios días, se transportó el oro a los barcos anclados en el puerto. A principios de noviembre, las reservas llegaron a la URSS, junto con tres funcionarios del Banco de España, aunque durante la travesía una de las naves se retrasó debido a problemas mecánicos.

El 7 de febrero de 1937, las autoridades soviéticas entregaron a España un recibo por las 7800 cajas. Si no se tiene en cuenta el valor numismático de las monedas raras, que constituían casi todo el cargamento (sólo había lingotes en 13 de las cajas), el valor de mercado del oro puro podría haber ascendido a casi quinientos dieciocho millones de dólares de la época. A pesar de que, en principio, las reservas se sacaron del país por motivos de seguridad, sin que existiese ningún acuerdo específico acerca de las cantidades destinadas a uso comercial o a pagar al Gobierno soviético, Orlov afirmó saber de buena fuente que, en privado, Stalin dijo que los españoles no volverían a ver su oro «como tampoco ven sus orejas»[56]. En cualquier caso, estaba tan contento que, en enero de 1937, recompensó a Orlov con la más preciada de las condecoraciones: la Orden de Lenin.

No hay indicios de que se produjese discusión alguna en el Gobierno republicano acerca del envío del oro a la URSS, aunque más tarde llegase a ser motivo de fuertes controversias. Parece ser que, en principio, la decisión la tomó Negrín, con la aprobación del presidente del Gobierno; años más tarde y en sus memorias Largo Caballero escribiría que no tuvo elección. Ni se consultó a Azaña ni al Consejo de Ministros, aunque Prieto, como ministro de Marina tenía que saberlo por fuerza, pues tenía que proporcionar escolta naval al cargamento, algo que más tarde negó haber hecho. Eso es algo difícil de creer si se tiene en cuenta que, en ese momento, Negrín era un miembro muy activo del ala prietista del Partido Socialista, y en el otoño de 1936 el contacto entre ambos líderes políticos era muy estrecho. No existen pruebas de que Prieto tomase parte en la decisión de sacar el oro de España, pero se le incluyó en el plan y proporcionó una amplia escolta naval.

Por su parte, Azaña no hizo ninguna referencia al caso en su diario. Lo más seguro es que no se le informase. Años después, Prieto afirmó que, al enterarse, el presidente montó en cólera y amenazó con dimitir, pero Marcelino Pascua, el nuevo embajador ante Moscú sostenía que su buen amigo Negrín le había dicho «repetidamente» que, en realidad, Azaña nunca se opuso.

Dadas las dificultades a las que se enfrentaban los agentes comerciales republicanos en Europa y la importancia de los nuevos cargamentos de armas procedentes de la Unión Soviética, era comprensible que una parte de las reservas del Banco de España se hubieran enviado a Moscú, pero de ahí a enviarlas casi todas mediaba un abismo. Tampoco hay indicios de que Negrín intentase establecer condiciones comerciales para las armas ni negociar un acuerdo a largo plazo. Ignorar las restantes contingencias y, de repente, colocar todos los huevos en la misma cesta soviética suponía un desesperado e imprudente intento por consolidar el apoyo soviético y pasar a depender, casi en exclusiva, del mismo. De ahí en adelante, la República revolucionaria estuvo, desde el punto de vista financiero y militar, en manos de la URSS, porque en el país sólo quedaba una mínima cantidad de oro. Según Ángel Viñas, autor del más importante estudio sobre la operación del oro de Moscú, al enviarlo casi todo a las arcas soviéticas, «la República perdía una baza de negociación», y se alentó, de forma inevitable, «la creciente influencia soviética en las decisiones de ciertos dirigentes de la República»[57].

Cartagena, donde se había almacenado el oro, era la principal base naval republicana y no corría ningún peligro. Para cualquier Gobierno normal, hacer lo que hizo el republicano hubiese sido una locura, pero para un Estado revolucionario luchando por su vida, enviar casi todas sus reservas al baluarte de la revolución mundial era, en cierto modo, lógico.

Sin embargo, e incluso desde una perspectiva revolucionaria, el Gobierno republicano se habría encontrado en una posición más ventajosa si hubiese conservado parte de su reserva. Su elección no fue más que una desesperada forma de caer en brazos de la Unión Soviética como única manera de seguir en la lucha aunque, probablemente, tanto oro no era necesario para obtener apoyo militar.

Aunque los republicanos pasaron a depender sobre todo del material militar y la ayuda procedente de la URSS, se siguió comprando armamento a través de los canales occidentales. Pero también en Occidente actuaban los soviéticos, gracias a sus bancos: la Banque Commerciale pour l’Europe du Nord, en París, y, hasta cierto punto, el Narodny Bank, de Londres. En París, el Partido Comunista francés desempeñó un papel fundamental. Fundó su propia compañía de transportes marítimos (France-Navigation) para ayudar a la República y, en el plazo de ocho meses, llegó a disponer al menos de 16 naves. Al concluir la Guerra Civil, tanto éste como otros activos financieros siguieron en poder del PCF, que también había obtenido importantes fondos de España para fundar un nuevo diario, Ce Soir, cuya tirada enseguida alcanzó el medio millón de ejemplares y resultó muy eficaz en la guerra propagandística. Tanto la URSS como la Komintern prestaron a la República en guerra una ayuda crucial, pero también se la cobraron, y tanto aquélla como el Partido Comunista francés hicieron negocio con su colaboración, algo bastante irónico para unos anticapitalistas revolucionarios.

Los intereses económicos norteamericanos simpatizaban más con Franco, pero eso no fue obstáculo para que el Gobierno de Estados Unidos contribuyese a facilitar financiación extranjera para la República. El liberal de izquierdas Henry J. Morgenthau, secretario del Tesoro en Washington, estaba a favor de la República. En 1938, y con el respaldo del presidente Roosevelt, acordó la compra de cinco cargamentos de plata republicana (que representaba el 44 por ciento de la reserva total de este metal), por los que pagó cuarenta millones de dólares.

El instrumento para hacer uso del oro de Moscú fue el envío periódico, por parte del Gobierno de la República, de órdenes de pago para vender cantidades específicas del mismo. En 1937 se despacharon quince de ellas. Aproximadamente doscientos sesenta y cinco millones fueron a parar a la Unión Soviética, a la Komintern y a las cuentas españolas en París; más de ciento treinta y un millones se utilizaron para pagar los envíos de armas soviéticas. Un año más tarde, el oro era más importante que nunca, debido al progresivo declive de la economía interior republicana y de sus exportaciones. En las primeras semanas de 1938, se hicieron llegar a Moscú otras dos órdenes de venta.

En febrero de 1938, el embajador Pascua mantuvo una serie de reuniones con funcionarios soviéticos de alto nivel, incluyendo a Stalin y a Molotov. Le dijeron que los cuatrocientos treinta millones que la Unión Soviética ya se había gastado eran insuficientes para cubrir todos los gastos de una República que ya arrastraba una deuda de otros quince millones en concepto de atrasos. Gastando (o llevando la contabilidad) a ese paso, el oro no tardaría en acabarse. Se autorizó a Pascua a solicitar un crédito y Stalin accedió a prestarles setenta millones de dólares a un interés del 3 por ciento, la mitad de los cuales eran avalados por lo que quedaba del oro español en Moscú, que volvería a ser propiedad de la Unión Soviética en el plazo de dos años en caso de impago. En abril de 1938, y en un solo pago adicional, las 510 toneladas de oro quedaron liquidadas, según las cuentas soviéticas. Con este acuerdo, en la primavera y el verano de ese mismo año, se aceleró el envío de armas de las que el Ejército Popular andaba tan necesitado después de las grandes derrotas sufridas en los cuatro primeros meses. Según la contabilidad soviética, que ha investigado Ángel Viñas, casi trescientos cuarenta millones de dólares se transfirieron a París para que los republicanos adquiriesen armamento en Occidente, o se utilizaron para sufragar los gastos de las Brigadas Internacionales, y el resto, para pagar el armamento. Desde entonces, la ayuda pasó a depender del crédito, por lo que, en agosto de 1938, Stalin concedió un nuevo préstamo. Sólo tres meses más tarde se envió a Moscú al coronel Ignacio Hidalgo de Cisneros, comunista y jefe de la aviación republicana, con una desesperada petición de más dinero. Stalin extendió una tercera línea de crédito por valor de ciento tres millones de dólares.

Al terminar la Guerra Civil, Negrín conservó los principales documentos republicanos referentes a la utilización del oro, y cuando rompió con el régimen soviético, se mostró muy crítico con la actuación de éste. Tras su fallecimiento en 1956, sus herederos entregaron la documentación al Gobierno franquista. Ante las exigencias planteadas por España para que le devolviese al menos parte del oro, el Gobierno soviético respondió que la República se lo había gastado todo y que, de hecho, lo que sí tenía el Estado español era una considerable deuda pendiente.

La República hizo uso de otros muchos y valiosos activos para financiar la guerra y sus secuelas. En los primeros meses del conflicto se amasaron considerables fortunas saqueando y robando a los ricos, así como mediante la confiscación sistemática de los contenidos de las cajas de seguridad de los bancos. Parte de ese dinero se recuperó cuando Franco ocupó Cataluña a principios de 1939, pero otra se destinó a compras en el extranjero o fue malversada por republicanos sin escrúpulos que huían del país. También Negrín confiscó parte del producto de esos saqueos para apoyar a sus partidarios en el exilio, aunque el mayor envío (el que viajaba a bordo del yate Vita), cayó en manos de Prieto en México, quien lo utilizó para ayudar a los emigrados republicanos residentes en el país. Durante años se ha estado debatiendo en qué se invirtió el producto de esos actos de pillaje.

24
JUAN NEGRÍN: ¿PATRIOTA ESPAÑOL U «HOMBRE DE MOSCÚ»?

JUAN Negrín ha sido el personaje más controvertido de toda la Guerra Civil. Al finalizar ésta, no había en el país otra persona a quien se odiase más: los franquistas porque lo consideraban un «rojo traidor»; y una gran mayoría de sus compañeros republicanos por haber prolongado la guerra y haber servido a los intereses de Moscú. Negrín fue una figura singular, ya que, al contrario que muchos de sus colegas, había llegado tardíamente a la política. Hasta entonces, como médico y profesor de fisiología (cursó estudios en Alemania), se había dedicado a la investigación científica y a su clínica privada en Madrid. En 1930 entró en política, afiliándose al Partido Socialista y abandonando sus investigaciones. Tampoco era corriente entre los políticos españoles de la época hablar, como él, no sólo el habitual francés, sino otros varios idiomas.

Negrín no tenía ningún interés por las teorías marxistas. Era un activo miembro del ala prietista del partido que nunca mantuvo contactos con los trabajadores o los sindicatos; profesaba un socialismo moderado a modo de progresismo y, aunque no era un demócrata (algo poco frecuente en las filas socialistas), estaba convencido de la necesidad de implantar un dominio izquierdista absoluto para llegar a esa España progresista en la que creía. Antes de la guerra sólo desempeñó papeles secundarios porque no era un buen orador. Se las arreglaba mejor en el comité financiero de las Cortes que estando en el candelero, pero, gracias a su formación, llegó a ocupar el importante cargo de ministro de Hacienda en el Gobierno de Largo Caballero, donde trabajó en estrecha relación con los sóviets y dispuso la salida del país de las reservas de oro. A pesar de que entre los líderes socialistas hubo diversos y destacados «compañeros de viaje», Negrín nunca fue uno de ellos y jamás un «bolchevistizante». Admiraba a la URSS (al igual que, hasta cierto punto, al régimen mussoliniano) y por ello llegó a la conclusión de que confiar en la ayuda soviética era el único modo de ganar la guerra.

En la primavera de 1937, Negrín pasó a desempeñar un papel esencial. Prietistas, comunistas y republicanos de izquierda estaban cada vez más descontentos con Largo Caballero (que también era ministro de Guerra) debido a su falta de integración y mala gestión del esfuerzo bélico. Se le acusaba de favoritismo, ineficacia y falta de centralización, así como de ser demasiado complaciente con la extrema izquierda revolucionaria. Los comunistas tomaron la iniciativa el 13 de mayo, provocando una crisis gubernamental. No exigieron la dimisión del presidente, pero sí una reorganización fundamental que incluía su sustitución al frente de la cartera de Guerra por alguien que no intentase deshacerse de los comisarios políticos comunistas del Ejército Popular. El presidente Azaña le ofreció la oportunidad de continuar al frente del Gobierno a cambio de renunciar a su liderazgo militar, pero Largo Caballero propuso todo lo contrario: un nuevo Gobierno en el que su poder personal no sólo no se redujera, sino que se ampliase. El resto de partidos pidió su dimisión.

Algunos afirmaron después que los sóviets habían escogido a Negrín a dedo para que ocupase la presidencia del Gobierno, cargo para el que se le preparó durante un tiempo, aunque Azaña siempre sostuvo que fue él quien le eligió. Sin duda hay algo de verdad en ambas aseveraciones, pero los auténticos promotores de Negrín para presidente fueron sus compañeros prietistas, encabezados por el propio Indalecio Prieto. Los prietistas llevaron la voz cantante, exigiendo la dimisión de Largo Caballero con mucha más insistencia que los comunistas y proponiendo a Negrín como sustituto. Comunistas y republicanos de izquierda estaban encantados con su candidatura: a los primeros les parecía eficiente, disciplinado y dispuesto a cooperar; a los segundos, un hombre de gobierno práctico, que restauraría la autoridad.

De hecho, Negrín llegó a ser la elección más lógica. Había pasado inadvertido durante las enormes luchas internas entre facciones que habían tenido lugar el año anterior y, por eso mismo, ninguna de las grandes fuerzas le vetaría. Prieto no quería convertirse en presidente del Gobierno, aunque sí hacerse cargo de un nuevo y unificado Ministerio de Defensa. Nada podía hacerle más feliz que ver a su, hasta entonces, leal subordinado ocupando la presidencia. Incluso para Azaña, Negrín era una opción mejor que el iracundo y ciclotímico Prieto.

Desde la perspectiva soviética, el liderazgo de Negrín era lo mejor, porque se trataba de un científico de irreprochable reputación, no un socialista «bolchevizado» o un revolucionario extremista, que además no estaba vinculado de manera formal ni a la URSS ni al Partido Comunista. Se le podía presentar como un socialdemócrata moderado, de corte europeo (por muy improbable que esto pudiera parecer a quienes de verdad comprendían en qué situación se hallaba la España republicana). Krivitski lo expresó bien: «Aunque catedrático, era un hombre de negocios, con apariencia de tal. Impresionaría al mundo exterior con la “sensatez” y la “propiedad” de la causa republicana» y, al contrario que Largo Caballero «no asustaría a nadie con comentarios revolucionarios»[58]. No hay evidencias de ninguna conspiración comunista para aupar a Negrín al cargo de presidente del Gobierno. En los informes de Stoyán Mínev, un asesor de la Komintern apodado «Stepánov», se le mencionaba como uno de los ministros socialistas más dispuestos a cooperar con los comunistas, pero no existen indicios de que éstos le estuvieran preparando para el puesto. Que tanto los prietistas como Azaña escogiesen a Negrín sólo fue producto de una convergencia ideal de intereses.

La formación del nuevo Gobierno constituyó el punto álgido de una ofensiva para restaurar la autoridad gubernamental que se estuvo gestando en los meses de abril y mayo. Hasta ese momento, los acontecimientos más dramáticos habían derivado de la alianza de facto entre el PSUC y la Generalitat en Barcelona. El intento por parte de los comunistas catalanes de tomar la Telefónica disparó los «hechos de mayo», una revuelta de tres días (entre el 3 y 6) protagonizada por la izquierda revolucionaria que llenó Barcelona de barricadas, con toda la apariencia de estar librando una guerra civil dentro de otra. El conflicto barcelonés terminó con los anarquistas transigiendo y aceptando, al menos de facto, el aumento de la autoridad del Gobierno. Los «días de mayo» supusieron una derrota para el anarquismo, revolucionario, pero también para los catalanistas de izquierda, quienes, a partir de ese momento, también tuvieron que aceptar la creciente autoridad del Gobierno republicano en Cataluña, empezando por la incorporación del «Exèrcit Català» al Ejército Popular y el control sobre la producción bélica de la región. En octubre, el Gobierno se trasladó de Valencia a Barcelona, que pasaría a ser la capital de la República durante la segunda mitad del conflicto.

Negrín se identificó totalmente con su puesto desde el comienzo del Gobierno el 17 de mayo, dedicándose en cuerpo y alma a que los republicanos alcanzasen la victoria y a concentrar y desarrollar el poder estatal y militar necesario para tal fin. Siempre se había sentido atraído por un liderazgo fuerte y, aunque no deseaba «sovietizar» España, estaba claro que consideraba a la URSS la principal fuerza progresista a nivel mundial, y estaba más que dispuesto a colaborar con los sóviets para lograr el triunfo militar. En el área económica, Negrín estaba de acuerdo con la política tipo NPE de los comunistas, que favorecía la nacionalización de la industria, aun rechazando la colectivización general. Así, el nuevo Gobierno iba a suponer la moderación de la revolución colectivista, pero una radicalización de las acciones bélicas.

El Consejo de Ministros del Gobierno Negrín era sorprendentemente diferente del de su predecesor. El número de ministros se redujo de dieciocho a nueve, mucho más unidos desde el punto de vista político, y se excluyó del mismo a toda la extrema izquierda revolucionaria: la UGT, los caballeristas o la CNT no estaban representados y, desde luego, tampoco el POUM. El presidente lo anunció como una representación democrática de todos los grandes partidos políticos, desde el PCE a los nacionalistas vascos. La CNT había dejado de apoyar a Largo Caballero cuando éste propuso aumentar su propio poder, reduciendo la representación cenetista de cuatro ministros a dos, pero tal separación les dejó sin candidato que presentar contra Negrín, quien no los incluyó en ningún ministerio. Una vez más, la extrema izquierda dio muestras de su ineptitud práctica y de su falta de estrategia para hacerse con el poder. La respuesta de la cúpula nacional de la CNT fue bastante conciliatoria, aunque su tan doctrinaria prensa no dejase de hablar del nuevo «Gobierno de la contrarrevolución», denunciando al PCE por ser «el partido de la contrarrevolución», al tiempo que afirmaban de manera retórica que la revolución continuaría. En cuestión de días, también la UGT retiró su apoyo a Largo Caballero y accedió a respaldar al nuevo Gobierno.

El 25 de mayo, Stepánov y Díaz telegrafiaron a la Komintern afirmando que el nuevo Gobierno era un «verdadero Gobierno de Frente Popular y se encarga de seguir la política revolucionaria de guerra propiciada por nuestra obra…»[59].

Para los comunistas había llegado el momento de lo que Stepánov llamaba una «diferenciación» política básica, la diferenciación entre los comunistas y el resto de las fuerzas deseosas de colaborar con su programa (sobre todo los socialistas no caballeristas y los republicanos de izquierda, pero también algunos elementos procedentes de otros sectores) por un lado y la extrema izquierda revolucionaria (caballeristas, parte de los anarquistas y el POUM) por otro. Durante meses, los comunistas habían asegurado representar «dos intereses de todo el pueblo» en el esfuerzo bélico, haciéndose eco de la terminología de la nueva Constitución soviética, que afirmaba ser un «gosudarstvo vsego naroda», es decir, un Estado de todo el pueblo. Ahora tenían la oportunidad de acceder a una posición de hegemonía y dominio dentro del sistema, aunque no fuese mediante su liderazgo efectivo, pues no contaban más que con dos ministerios. Se podía esperar que Negrín acelerase su intento por restablecer la autoridad estatal, centralizando y dotando de nuevas energías al desarrollo militar. Además, éste estaba dispuesto a satisfacer la mayoría de las exigencias comunistas referentes a la seguridad interna. A partir de ese momento, tanto los jefes de la Komintern como los dirigentes del PCE empezaron a creer que se había abierto el camino para lo que Díaz denominaba el gran «Partido Único del Proletariado», que englobaría al PCE y al PSOE en una organización dominada por los comunistas; éste fue su gran error. Hernández admite que, cuando se discutió por primera vez su candidatura, Negrín ya había advertido a los comunistas que no iba a ser un «hombre de paja», y esta independencia, casi imperceptible en política militar, sería más marcada respecto al Partido Socialista, cuyo poder subyacente había subestimado la Komintern.

En el nuevo Gobierno, los socialistas se hicieron con la cartera de Gobernación, con Julián Zugazagoitia y Juan Simeón Vidarte, ambos prietistas, como ministro y subsecretario, pero el segundo se lanzó a una cooperación casi absoluta con el PCE. Los comunistas mantuvieron todos los puestos dentro de la policía que ya tenían y se nombró director general de Seguridad al teniente coronel Antonio Ortega, un miembro del partido, así como a jefes de policía comunistas en las tres ciudades más importantes. A partir de mayo de 1937, el sistema de seguridad republicano quedó cada vez más interconectado con el NKVD, hasta el punto de que Vidarte admitiría después que estaba lleno de «nidos de espías y de confidentes de la GPU (NKVD)»[60].

El control de la seguridad posibilitó el lanzamiento inmediato de una ofensiva comunista contra los dos bastiones de la extrema izquierda: el POUM y las colectividades agrarias de la CNT. El 16 de junio se ilegalizó al POUM y se procedió a arrestar a todos sus dirigentes, salvo a Nin, que había desaparecido. Parece ser que, al negarse a comparecer y declarar en un «juicio-espectáculo», al estilo soviético, se le torturó, ejecutó y, finalmente, se le enterró en una carretera cercana al este de Madrid. Las unidades del Ejército Popular comandadas por los comunistas habían pasado a la acción en la primavera de 1937, actuando contra una serie de colectividades cenetistas de la zona centro. En agosto se disolvió, por orden gubernamental, el Consejo de Aragón, controlado por la CNT, se clausuraron muchas de sus colectividades y se arrestó al menos a 600 de sus afiliados.

En el verano de ese mismo año, los principales objetivos comunistas eran obtener el pleno control del Ejército Popular y de la estructura policial, conseguir la unidad de acción de la UGT y la CNT bajo su hegemonía, lograr que se respaldase la total liquidación del POUM, aislar a Largo Caballero y a los anarquistas más extremados y hacerse con el control indirecto del Estado. Sin embargo, seguían haciendo frente a una considerable oposición, por lo que estos objetivos se alcanzaron de forma muy desigual e incompleta.

Enseguida surgió la fricción con Prieto, quien, como ministro de Defensa Nacional, pretendía bloquear todavía más la dominación de los militares, con lo que, el 30 de julio, Stepánov informó a Moscú de que «se había acabado la luna de miel[61]» con el nuevo Gobierno porque éste carecía de una política unitaria.

Palmiro Togliatti, jefe de la Komintern para Europa Occidental, que había llegado a España en calidad de asesor de la misma, informó de que tales problemas se debían a que los comunistas habían empezado a presionar en exceso. El partido contaba con 329 000 afiliados y por eso algunos de sus dirigentes pensaron que ya era hora de intentar conseguir «la hegemonía en el Gobierno y en toda la nación». El PSUC, que en Cataluña competía con la CNT, era el mayor culpable; al hablar de «lucha para destruir a los elementos capitalistas» e incluso de «un gobierno puramente proletario y comunista»[62], iba en contra de las directrices de la Komintern, que tuvo que acabar con ello. El propio Stalin presentó una propuesta en septiembre para celebrar nuevas elecciones en la zona republicana, en las que barrería una lista conjunta de comunistas y socialistas, creando así una base más legítima desde la cual se acrecentaría el poder de aquéllos. Sin embargo, esta iniciativa no prosperó porque ningún otro partido o dirigente (incluyendo a Azaña y a Prieto) la respaldaron.

Con Negrín se logró una mayor coordinación sindical y económica, aunque insuficiente para los objetivos comunistas, mucho más amplios. Aumentó la hegemonía comunista en el Ejército y en los servicios de inteligencia, pero, tras la conquista de Teruel en diciembre, la situación militar volvió a deteriorarse de manera desastrosa.

Mientras Prieto fue ministro de Defensa se consiguieron mejoras en la coordinación y la movilización: sin embargo, los conflictos políticos y militares entre éste y los comunistas se intensificaban día a día. Aún más, a medida que la posición militar de la República empeoraba en el invierno de 1938, Prieto se sumió en una profunda depresión y manifestó públicamente su pesimismo acerca del futuro.

Por primera vez, el derrotismo se había convertido en un problema entre los dirigentes republicanos. Prieto, Azaña y Giral (que ocupaba la cartera de Asuntos Exteriores) ya daban la guerra por perdida. Sólo Negrín y los comunistas mostraban una clara resolución, ante la cual cedieron los demás. El 3 de abril de 1938, Negrín formó su segundo Gobierno, del que tanto Prieto como Giral estaban ausentes. Sólo había un comunista (Uribe, al frente de la cartera de Agricultura), pero se incluyó a un representante de la CNT. A los sóviets, como era habitual, de cara a la galería les preocupaba mucho que en él estuvieran presentes cuantos más republicanos de izquierda mejor, de manera que, en la composición final del Gobierno se incorporó a tres socialistas (incluyendo al propio presidente) y cinco republicanos de izquierda (con un nacionalista catalán). El PCE, la UGT, la CNT y el PNV contaban con un representante cada uno.

Este segundo mandato marcó el punto álgido de la influencia soviética y comunista en España. El propio Negrín se hizo cargo del Ministerio de Defensa, mientras que Álvarez del Vayo (un «compañero de viaje» socialista) hizo lo propio con el de Asuntos Exteriores, con un comunista como subsecretario. Otro destacado «compañero de viaje» de Izquierda Republicana, Bibiano Osorio Tafall, se convirtió en comisario general de Guerra y se nombró a Hernández, antes ministro, comisario militar en jefe para las zonas centro y sur. El coronel Antonio Cordón (el comunista en quien más confiaba el alto mando republicano y a quien Prieto había cesado) regresó como subsecretario del Ejército, acompañado de otro miembro del partido en el cargo de subsecretario del Ejército del Aire, feudo total de los comunistas. El nuevo Servicio de Inteligencia Militar (SIM) fue a parar a manos del socialista Santiago Garcés, que para entonces ya había sido reclutado como agente por el NKVD. El comandante Eleuterio Díaz Tendero, también comunista, anteriormente cesado por Largo Caballero, volvió a la dirección del funcionariado en el Ministerio de Defensa. De este modo, el PCE pasó a controlar muchos más sectores en la estructura de mando de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de la Gobernación siguió estando en manos socialistas, pero los comunistas se hicieron con la mayoría de los puestos clave dentro del mismo. Así, Eduardo Cuevas de la Peña ocupó el cargo de director general de Seguridad, mientras que un miembro del PSUC, Marcelino Fernández, sustituía a un prietista como director general de los Carabineros. El partido comunista se había convertido en el partido de la guerra por excelencia e, incluso cuando las fuerzas franquistas dividieron la zona republicana en dos, el 15 de abril de 1938, siguieron identificándose más que nunca con la resistencia armada.

Negrín se había vuelto indispensable en un modo en que no lo había sido en mayo de 1937 no sólo para los comunistas, sino también para la estrategia republicana de resistencia. El agotamiento causado por la guerra constituía un grave problema, como lo eran las cada vez más importantes carencias que, a finales de año, obligaron a la población civil a realizar esfuerzos excesivos. Por otra parte, aumentaba la separación incluso entre los trabajadores a quienes, supuestamente, beneficiaban el control obrero, la colectivización o la intervención estatal. En tal situación, no podía concebirse a otro líder capaz de mantener una unidad y determinación similares.

De ahí en adelante fue tomando cuerpo en la zona republicana la idea de que Negrín y los comunistas eran uña y carne y que aquél no hacía sino poner en práctica una política más soviética que española, aunque no alcanzaría su clímax hasta finales de 1938. De las evaluaciones realizadas a Negrín en los informes de la Komintern se desprende claramente que los comunistas le estaban agradecidos por su más que generosa cooperación, que hizo posible la aplicación eficaz de muchos de sus planes. No lo consideraban un agente ni un criptocomunista, sino más bien un socialista prosoviético con su propia identidad política. En su resumen final de la guerra, redactado el 21 de mayo de 1939, Togliatti destacó que el segundo Gobierno Negrín «fue sin duda el que más estrechamente colaboró con la dirección del Partido Comunista y aceptó y puso en práctica más amplia y más rápidamente que ningún otro las propuestas del partido»[63].

Sin embargo, tampoco les concedió todo cuanto quisieron. En palabras de uno de sus más severos críticos, Burnett Bolloten, Negrín no siempre se mostró receptivo a las peticiones del PCE, pero los comunistas no podían correr el riesgo de irritarle, incordiándole día tras día. En los aspectos político y militar sí respondió a sus peticiones, pero no hizo lo mismo con ciertos puestos económicos clave, por mucho que los ambicionaran para mejorar la producción bélica. Mantenían a muchos amigos y colegas en posiciones que los comunistas no aprobaban. Esta actitud le valió las críticas de Togliatti, por haber tolerado «la presencia de una serie de elementos indeseables, desleales a la causa de la República, y en ocasiones ladrones, especuladores y saboteadores», y por haberse negado a asumir el liderazgo de su propio partido, domeñándolo.

Hasta cierto punto, Negrín respetó la autonomía del Partido Socialista, aunque no las políticas de sus dirigentes. Para alguien como él, que se había unido al PSOE en fechas recientes y no tenía muchos seguidores dentro del mismo, no hubiese sido fácil asumir un papel más fuerte dentro del partido.

Aunque entre 1937 y 1938 surgió un grupo de «negrinistas», como resultado de su asunción de la jefatura del Gobierno, carecía de una base genuina entre sus correligionarios. De hecho, Negrín no era tanto un político al uso como un gestor y un líder autoritario. Según Togliatti, se hallaba dividido entre mantenerse fiel a los comunistas y evitar la total separación de sus camaradas socialistas, pero, al no controlar su propio partido, tuvo que hacer «continuas concesiones […] a los mismos que sabía que eran sus enemigos»[64]. Fue el temor a la censura de sus compañeros socialistas lo que le hizo permitir una libertad de opinión y prensa que, a juicio de los comunistas, eran excesivas.

Negrín era un hombre de repelentes hábitos personales. Era bulímico y se lanzaba a auténticas orgías de gula y sexo. Los comunistas no tardaron en darse cuenta de estos vicios e intentaron explotarlos. En un informe fechado el 25 de noviembre de 1937, Togliatti describió al presidente del Gobierno como «un hombre sin escrúpulos»[65], aunque semejante descripción, en boca de todo un personaje comunista, podría ser tanto una crítica como un elogio. El socialista Justo Martínez Amutio ha escrito que tan pronto como los sóviets descubrieron su predilección por esas «comilonas», que enseguida se transformaban en «verdaderas juergas», intentaron utilizarla en su propio beneficio[66]. Togliatti también censuraba «su estilo de trabajo, el de un intelectual indisciplinado, fanfarrón, desorganizado y desorganizador, y su vida personal, la de un bohemio no sin alguna señal de corrupción (mujeres)»[67].

Años atrás había sido un científico meticuloso, pero en el campo de la política y de la administración pública era todo lo contrario: un gestor desorganizado, aficionado a los horarios irregulares. Como afirma Bolloten, no hay duda de que malgastaba gran parte de sus energías en satisfacer unos caprichos personales que minaban su capacidad de trabajo. Mientras que Prieto era claramente un ciclotímico, parece que, en términos psiquiátricos, Negrín se aproximaba más a un maníaco unipolar, y una gran parte del tiempo no era completamente capaz de controlar su trastorno y aplicarlo a la realización de un trabajo eficaz.

Una última cuestión hace referencia a los objetivos e ideales del jefe del Gobierno y no es fácil de responder porque casi no dejó nada escrito. Martínez Amutio ha dicho que Negrín «no fue por convicción comunista, como tampoco fue un militante socialista de conciencia e ideales firmemente sentidos. Despreciaba a la base de los sindicatos, con los que nunca tuvo contacto»[68]. Por su parte, según Togliatti: «No estaba ligado a las masas. En el PS era un derechista»[69]. Bolloten también reconoce que «sería un error afirmar que no sentía desazón o escrúpulos de conciencia en relación al papel que estaba desempeñando»[70]. El oficial del ejército y relevante comunista Antonio Cordón escribió en sus memorias que, en realidad, Negrín parecía preocuparse por si se le consideraba demasiado pro comunista. Este miedo, según Bolloten, puede explicar por qué, pese a su enérgico liderazgo, parecía dudar a veces acerca de ciertas políticas individuales.

Hugh Thomas, cuya opinión acerca del político español es bastante buena, ha escrito que «sería una tontería suponer que un intelectual con un pensamiento tan independiente, alguien con tan mal genio, podía quedar subordinado a otros»[71], pero Juan Simeón Vidarte recuerda que Negrín admitió ante él que ése era precisamente el caso, llegando a preguntarle en 1938: «¿Es que usted no cree que a mí me pesa, como al que más, esta odiosa servidumbre? Pero no hay otro camino […] que rendirse incondicionalmente»[72].

Con independencia de la amoralidad imperante en parte de su vida personal, sin duda Negrín tuvo un objetivo político y ciertos ideales, aunque tuvieran poco que ver con la clase trabajadora, la igualdad o cualquier ideología específica y elaborada como, por ejemplo, cualquiera de las formas concretas del marxismo. Helen Graham, una de sus más ardientes defensoras, sostiene que el objetivo de Negrín era mantener la independencia de España, construyendo un Estado fuerte, progresista y moderno. Desde luego es cierto, pero también inadecuado.

Negrín (al contrario que gran parte de la izquierda) no sólo fue un patriota, sino incluso un poco nacionalista y no rechazaba la historia de su país; la aceptaba y, hasta cierto punto, la aprobaba. Como casi todos los izquierdistas, era muy sectario: estaba convencido de que un Gobierno de derechas sería la ruina del país. Ni se le pasaba por la imaginación que, con Franco, España pudiera llegar a ser un Estado moderno y próspero (aunque así fue). Aunque no se le puede tildar de revolucionario de extrema izquierda tampoco fue un demócrata. Creía que la salvación del país pasaba por crear un Estado de izquierdas, fuerte y autoritario, con una política económica estatalizada y basada en la nacionalización extensiva (aunque no en la colectivización revolucionaria). Estas convicciones coincidieron en parte con la política comunista.

Tampoco pretendió implantar un régimen comunista en España —incluso es posible que intentara evitarlo con todas sus fuerzas—, pero reconocía que, dados los momentos por los que atravesaba el país e incluso en el futuro, existiría una dependencia respecto a la Unión Soviética. Sus ideales políticos se solaparon con los de los comunistas hasta el extremo de que él también llegó a desear esa «república democrática de nuevo cuño», esto es, un régimen autoritario de izquierdas, pero, desde su óptica, sin que eso significase el mero dominio comunista.

Quizá se creyó la propaganda de la izquierda (que eran Hitler y Mussolini quienes controlaban el régimen de Franco) más que otros dirigentes izquierdistas, con una credulidad sorprendente en alguien de su nivel de educación e inteligencia. En un momento de candor, justo antes del colapso final en Cataluña, contó a Julián Zugazagoitia, su viejo camarada socialista, que la situación política republicana era terrible y que, aunque los partidos de izquierdas no eran mejores que los derechistas, la República era la única forma de salvar a España como país: «Tengo que oponerme a que España desaparezca»[73]. En este aspecto, su creciente fanatismo es innegable. Por el contrario, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando vio que se había equivocado en su apreciación, se opuso a la política soviética en diversos artículos publicados por The New York Times en los que recomendaba la inclusión de España en el Plan Marshall, porque cayó en la cuenta de lo importante que sería para el futuro desarrollo del país.

25
¿CÓMO LOGRÓ FRANCO CONQUISTAR LA ZONA REPUBLICANA DEL NORTE?

LA tercera fase de la guerra llegó a su fin en la primavera de 1937. A la etapa inicial de división del territorio le siguieron tres meses de triunfos para los nacionales, centrados sobre todo en su avance hacia Madrid, y a éstos, otros cinco de estancamiento en torno a la capital. La defensa tanto de Madrid como de la zona centro fue el mayor éxito militar de los republicanos. La formación de un Ejército Popular, reforzado por los considerables cargamentos de armas soviéticas, fue un acierto, hasta el punto de que la Guerra Civil se convirtió en algo que ninguno de los dos bandos se esperaba: una larga lucha de desgaste.

En la primavera de 1937 comenzó, a su vez, lo que puede llamarse la «fase de madurez» de la lucha armada. La guerra basada en las columnas y las unidades especiales dio paso a una serie de campañas en las que los cuerpos y divisiones organizados combatían en frentes más amplios. En los últimos veinticuatro meses, la guerra empezó a asemejarse cada vez más a un conflicto bélico propio del siglo XX.

Fue la Komintern quien primero planteó la idea de constituir un Ejército Popular, pero cuando Franco llegó a Generalísimo, sus asesores alemanes no tardaron en sugerirle que organizase reclutamientos masivos, aunque la Junta de Burgos ya había empezado con ellos en agosto y septiembre de 1936, comenzando por el reemplazo de 1935. Con éste sólo se consiguió incorporar a un número limitado de reclutas en el norte de la zona insurgente, por lo que, el 26 de agosto, se llamó a filas a los reemplazos de 1931-1934. Para cuando terminó la movilización a principios de 1937, había más de 270 000 nuevos soldados.

A pesar de que en la zona sublevada existía una minoría significativa que se oponía al régimen franquista, la mayor parte de la clase media y la población rural católica respondió favorablemente a lo que, desde sus inicios, fue una clara llamada al nacionalismo. Por lo general, la moral era elevada y existía una firme determinación para defender la religión y el modo de vida nacional frente a los revolucionarios y lo que se consideraba el peligro de una dominación extranjera. Incluso la aristocracia, privilegiada y en ocasiones corrupta, predicó con el ejemplo, y de sus filas salieron proporcionalmente tantos voluntarios como de las del resto de sectores sociales.

El peso de los combates recayó ante todo en los ejércitos regulares, aunque, desde el principio, los voluntarios independientes desempeñaron un papel relevante en el esfuerzo bélico rebelde. Carlistas, falangistas y la mayoría de los grupos de derechas organizaron milicias en algunas provincias bajo el nombre de Guardias Cívicos, Caballeros de Santiago, Caballeros Patriotas, Voluntarios de España o Caballeros de La Coruña. Por ejemplo, en la conservadora zona norte, los soldados regulares apenas constituían la mitad de las tropas nacionales. Los frentes en la Guerra Civil fueron muy extensos, sobre todo en los primeros quince meses; en consecuencia, su defensa era débil e incluso discontinua. Así, en Aragón, la milicia local de los nacionales se encargó de gran parte de la defensa del frente en torno a Zaragoza y Teruel, sustentada por algunos soldados y guardias civiles. Franco no regularizó del todo a la milicia hasta su completa militarización en diciembre de 1936.

La contribución más heroica, tanto en número de voluntarios como en espíritu de sacrificio, fue la de los carlistas. En las primeras semanas de combates se organizaron en Pamplona once columnas diferentes (casi todas de voluntarios, cuyo número oscilaba entre los 200 y los 2000 hombres) y, mientras duró la guerra, de Navarra salieron 11 443 voluntarios en batallones carlistas, 7068 voluntarios en banderas falangistas y otros 21 950 voluntarios y reclutas en unidades regulares del ejército, lo que supuso un total de 40 461 en una provincia de 345 883 habitantes (es decir, el 12 por ciento de la población, la mayor proporción del país). De ellos, 4552 murieron en combate o a consecuencia de sus heridas, ya que, a menudo, formaban parte de las fuerzas de choque. Esto supone un 13,2 por ciento de muertos, duplicando así la tasa de mortalidad entre las tropas franquistas (5,69 por ciento). En reconocimiento oficial a su contribución, el 8 de noviembre de 1937 franco otorgó a toda la provincia la Gran Cruz Laureada de San Francisco, la más alta condecoración militar española.

El resto de la zona nacional no dispone de estadísticas tan precisas. Los principales integrantes de la milicia eran los falangistas. Su procedencia era heterogénea, pues los reclutadores de la falange solían convencer a antiguos izquierdistas y sindicalistas de que la mejor forma de probar su lealtad a la causa nacional era ofrecerse voluntarios para combatir en sus unidades. Según el estudio más concienzudo, más de 150 000 milicianos lucharon junto a Franco, la mayoría de ellos falangistas, pero también otros, como los miles de voluntarios carlistas no navarros. En conjunto, 17 000 de ellos cayeron en combate y otros 85 000 resultaron heridos (aunque estas estadísticas pueden estar duplicadas). Del más del millón de hombres que lucharon en el Ejército Nacional, al menos el 15 por ciento provenía de unas milicias que, formando sus propios batallones, demostraron un espíritu combativo superior a la media y sufrieron un desproporcionado número de bajas.

El establecimiento de un cuadro de oficiales fiables resultaba crucial a la hora de conseguir un ejército efectivo. El 4 de septiembre de 1936, la Junta de Burgos dio el primer paso al organizar, tanto allí como en Sevilla, una serie de programas de formación para «alféreces provisionales» a los que se podían sumar jóvenes de entre 20 y 30 años, provenientes de un entorno político adecuado y con estudios profesionales o universitarios, lo que significaba sobre todo estudiantes y licenciados de clase media. Entre noviembre y diciembre se proporcionó entrenamiento a muchos de ellos e incluso se crearon tres nuevas academias. A principios de 1937, los falangistas habían llegado a un acuerdo con un grupo de oficiales alemanes de la reserva para que se desplazaran a España y se ocuparan de la formación de los alféreces en dos programas de la Falange. Tanto esos programas como los instructores fueron absorbidos por el sistema general del Ejército Nacional, y en ellos colaboraron, eventualmente, cientos de oficiales alemanes.

En marzo de ese año, tras la operación de Guadalajara, el general Luis Orgaz pasó a encargarse de la dirección del programa de formación. Orgaz era un monárquico devoto y un relevante franquista que había contribuido a que el general se hiciese con el mando único. Tras servir como alto comisario de Marruecos en 1936, había sustituido a Mola en la jefatura del frente central después del fracaso del primer asalto a Madrid. En un decreto de 25 de marzo de 1937 se le nombró «general jefe de los servicios de movilización, recuperación de personal, material, ganado y automóviles, y de la preparación e instrucción de la oficialidad en las Academias de retaguardia». Durante los dos años en los que dirigió el MIR (Mando de Instrucción y Reclutamiento) aumentó hasta 22 el número de academias, contando cada una de ellas con algunos asesores alemanes. En enero de 1938 se había reducido a 18 años la edad mínima para incorporarse a aquéllas y, cuando concluyeron los programas, por ellos habían pasado 29 023 oficiales, mientras que en otras secciones se había impartido instrucción a unos 19 700 suboficiales, además de los oficiales que se formaron para servir en la marina y en la fuerza aérea.

Cuando empezó a funcionar el MIR, los nacionales ya habían incorporado a 350 000 reclutas. En marzo de 1937, el régimen llamó a filas a los reemplazos a partir del de 1927, movilizando también a todos los hombres aptos para el combate entre 21 y 31 años, pero, conforme continuaba la guerra, la edad de reclutamiento fue bajando, hasta que en el 9 de agosto de 1938 se llamó al reemplazo del primer trimestre de 1941 (unos chicos de 18 años): 45 000 nuevos soldados para el ejército franquista a principios de 1939. De principio a fin, los nacionales movilizaron a más de un millón de hombres, lo que constituye la mayor concentración de la historia de España si exceptuamos a la de sus oponentes, que, en conjunto, fue superior, aunque no debe olvidarse que decenas de miles de soldados del Ejército Nacional antes habían formado parte del ejército opuesto, hasta ser capturados e incorporados en las filas de Franco.

Esta enorme cantidad de hombres no estuvo plenamente organizada hasta el último año del conflicto. Sus jefes se habían formado en pequeñas campañas en Marruecos, en grupos de combate y columnas móviles, y el carácter informal y heterogéneo de los primeros meses de la Guerra Civil, junto con las largas distancias y los frentes discontinuos, fomentó su continuidad. De los batallones y columnas de 1936 se avanzó hacia la formación de brigadas y unidades mayores en 1937 y la adopción por parte de los nacionales de una estructura divisional algo más tarde, hasta la formación de un verdadero ejército.

Quizá el elemento más importante de ese nuevo ejército fueran los alféreces provisionales. A pesar de que su instrucción militar era algo deficiente, eran unos entusiastas partidarios del Movimiento Nacional y procedían de un entorno educativo relativamente avanzado. Compensaban su falta de preparación técnica con valor y ejemplo personal, aunque sus numerosas bajas (murieron unos 3000, un 50 por ciento más que la habitual tasa de mortalidad de todo el ejército) dieron pie al conocido chascarrillo: «Alférez provisional — cadáver efectivo».

Los reclutas ordinarios pasaban por una breve instrucción básica de treinta días. En 1937, los servicios médicos estaban bastante bien organizados, pero la vida en el ejército era dura, con sus habituales problemas de piojos y pequeños hurtos. Las relaciones entre los oficiales y la tropa eran formales, muy disciplinadas, y la respuesta de los soldados era, inevitablemente, desigual. En las filas de ambos bandos podían encontrarse a muchos «leales geográficos» y la deserción no era infrecuente. En general, la moral y la disciplina eran más altas en el Ejército Nacional, mejor organizado, armado y comandado que el republicano, donde, en 1938, creció el número de ejecuciones por deserción. Con todo, el rendimiento de las unidades nacionales no fue uniforme, siendo mejor los de la Legión, los Regulares y el de gran parte de los voluntarios. También entre los reclutados se dieron variaciones: el personal considerado menos apto a veces era organizado en unidades de reserva.

Por su parte, las tácticas y las operaciones seguían un patrón rígido. Salvo algún experimento ocasional de los asesores alemanes para organizar una guerra móvil, las grandes unidades de Franco avanzaban de manera directa, aunque sin llevar a cabo cargas suicidas. Su mejor organización y liderazgo les proporcionaba una cohesión mayor que la de los republicanos, sobre todo en el plano ofensivo, pero esta superioridad no dejaba de ser relativa. El Ejército Nacional no podía describirse como una máquina de guerra de primera clase y propia del siglo XX: venció porque disponía de ciertas ventajas sobre los contingentes republicanos, menos eficaces. O, como apuntó en su diario el general José Solchaga, un veterano jefe franquista: «¡Menos mal que los rojos son peores!».

A comienzos de 1937, si no antes, Franco había tenido que aceptar que se enfrentaba a una guerra prolongada. Sus decisiones siempre habían sido metódicas y sus preocupaciones eran, además de políticas y nacionales, militares. En el otoño del año anterior había tardado en llegar a Madrid con el fin de mantener la fortaleza de los nacionales en media docena de frentes distintos repartidos por todo el país, y creía que debía consolidar y ampliar la posición de aquéllos, tanto política como militarmente. Por eso, haciendo de la necesidad virtud, optó por un avance lento para pacificar España provincia a provincia, afianzando su poder político y eliminando cualquier oposición[74].

Parece ser que, tras el fracaso en Guadalajara, tanto el general Juan Vigón (jefe de su Estado Mayor) como otros subordinados y oficiales alemanes avisaron a Franco de que la zona central republicana, defendida por grandes cantidades de tropas, organizadas y equipadas con armamento soviético, era un hueso duro de roer: resultaba mucho más aconsejable orientar la guerra hacia el norte.

En la zona norte republicana se encontraba casi toda la industria pesada española, hierro y carbón, así como la principal industria armamentística prebélica. Aunque las tropas encargadas de su defensa eran numerosas, estaba dividida en tres Gobiernos autónomos diferentes (Vizcaya, Santander y Asturias), incapaces de cooperar entre sí, aislados de la principal zona republicana y cuyas fuerzas no disponían de tanto armamento como las centrales.

A pesar de su terreno montañoso, la toma de la zona norte sería, sin duda, más fácil que la de Madrid y, al controlar su población (relativamente densa) y sus recursos, se alteraría el equilibrio de poder en una guerra en la que, hasta ese momento, ambos bandos estaban bastante igualados. Se trataba, por tanto, de hacer uso de las mejores unidades de infantería del norte, a las que se sumarían los carlistas, otras fuerzas de élite, el grueso de la fuerza aérea y lo mejor de la artillería, dejando el frente de Madrid bastante bien defendido por la infantería (aunque con menos potencia de fuego y cobertura aérea), en la creencia de que el Ejército Popular era efectivo en el plano defensivo, pero no en el ofensivo, para el que carecía de la suficiente cohesión militar. Todos estos cálculos resultaron correctos y su puesta en marcha decisiva para inclinar la balanza de la guerra del lado de los nacionales.

Franco no estaba en disposición de lanzarse a un asalto global de la zona norte, así que tomaría cada uno de sus sectores por etapas, empezando por Vizcaya y avanzando hacia el oeste, en parte porque se trataba del sector más importante, pero también debido a la actitud ambivalente que habían mantenido los nacionalistas vascos desde el comienzo del conflicto, y que se comentará en la pregunta 27. Se esperaba que la resistencia vasca disminuyera deprisa, sobre todo por motivos políticos, lo que simplificaría la ofensiva.

Del principal asalto se encargarían cuatro brigadas carlistas compuestas fundamentalmente (aunque no sólo) por navarros, más aptos para el combate que otras unidades de reciente creación. Además, en los cálculos entraba la posibilidad de que la resistencia vizcaína fuera menos tenaz ante un ataque de las tropas navarras, a quienes los nacionalistas consideraban vascos también. En cada una de esas brigadas había alrededor de 4000 hombres, a los que acompañarían, por el norte y el sur, dos de las recién reconstituidas brigadas del CTV italiano, así como otras tropas españolas. En el asalto inicial sólo se enfrentarían 40 000 tropas contra una fuerza mucho mayor de gudaris vascos, pero contarían con la asistencia de más de 200 aviones, la mitad de los cuales eran de la Legión Cóndor, que también aportaría sus nuevos y poderosos cañones de 88 mm, y por la potente artillería del CTV, que incluía algunas baterías pesadas. Su potencia de fuego, por lo tanto, superaría con sus 200 cañones a la del enemigo, al menos en Vizcaya, donde había menos aviones y sólo algo de armamento pesado. A la campaña se sumarían además otras unidades y con ello se lograrían invertir los términos en el frente central, donde los republicanos eran superiores en el aire y disponían de más potencia de fuego.

Al mando de Mola, la ofensiva comenzó el 31 de marzo de 1937, y lo hizo con éxito. Se rompieron las líneas defensivas vascas, lo que permitió el avance de las brigadas carlistas, que fue, no obstante, lento a través de las montañas del este de Vizcaya. El 9 de abril, las intensas lluvias frenaron las operaciones durante once días, pero, al mejorar el tiempo, se pudo atravesar la nueva línea de defensa y forzar la segunda retirada de los vascos (aunque las fuerzas franquistas no avanzaban lo bastante rápido como para sacar provecho de ello). Mientras tanto, se llevaban a cabo negociaciones secretas con los nacionalistas para separar a este movimiento, oficialmente católico, de los revolucionarios.

Durante la segunda fase del avance, a finales de abril, tuvo lugar la más famosa y publicitada de las acciones bélicas del conflicto: el bombardeo de Guernica, donde tenía lugar el tradicional juramento foral; entonces un pueblo de 5000 habitantes. La gran mayoría de sus edificios acabaron consumidos por el fuego en la que, sin duda, fue la mayor destrucción sufrida por cualquier pueblo o ciudad en el transcurso de la guerra, con la posible excepción de Belchite, asolado por los combates terrestres. La prensa internacional la calificó de atrocidad planeada y sin precedentes, de destrucción deliberada, mediante bombardeos aéreos, de un pequeño centro civil de gran significado histórico y patriótico. Quienes iniciaron esta campaña publicitaria no fueron, en principio, ni los republicanos ni la Komintern, sino el corresponsal británico Geoffrey Spear, más conservador, defensor del nacionalismo vasco y convencido antialemán, que esperaba así impactar a su Gobierno y obligarle a rearmarse contra Alemania. El bombardeo no tardó en convertirse en un grave motivo de vergüenza para el Gobierno franquista, que, de manera oficial, negó haber tenido responsabilidad alguna en el mismo, afirmando que el artífice de los incendios había sido la FAI-CNT, como ya había hecho al retirarse de otras dos ciudades guipuzcoanas el verano anterior. La indignación general llegó incluso a irritar a Hitler, quien insistió en que el Gobierno insurgente absolviera a los participantes alemanes de cualquier responsabilidad.

Lo que ocurrió en Guernica apenas puede considerarse único. Desde que comenzara la guerra, los dos bandos habían sometido a pueblos y ciudades a bombardeos indiscriminados por mar y aire, empezando por la marina y la fuerza aérea republicanas en los primeros días de sus ataques a objetivos civiles en Marruecos, lo que condujo a una furiosa demostración marroquí el tercer día de conflicto, aunque las autoridades militares consiguieron convertir este enojo en su beneficio. Estos ataques continuaron, y tras una serie de bombardeos navales sobre media docena de ciudades costeras andaluzas y marroquíes, en el periódico de Azaña, Política, se presumía de haberlas dejado «inundadas de hierro y fuego».

En los meses siguientes, ambos bandos llevaron a cabo una larga serie de bombardeos sobre diversas ciudades. La fuerza aérea franquista se cebó sobre Madrid y Cartagena, por razones obvias, y la republicana sobre ciudades clave de la zona nacional como Salamanca y Burgos. Ninguno de estos ataques puede definirse como devastador debido a su imprecisión y a las pocas bombas que llevaban los escasos aviones que intervinieron en ellos. Ni unos ni otros disponían de bombarderos pesados con los que realizar un bombardeo estratégico; en ese momento sólo la Unión Soviética estaba en disposición de hacer algo así, pero a Stalin no le pareció necesario enviar ese tipo de aviones a España. Los peores ataques fueron los que los aviones de Franco lanzaron contra Madrid en noviembre, en los que murieron cientos de personas, aunque la superioridad aérea republicana los limitó a una serie de ataques nocturnos que pronto llegarían a su fin. Franco canceló cualquier otra incursión aérea contra objetivos exclusivamente civiles, con el fin de reducir la destrucción económica y la pérdida de vidas.

La Legión Cóndor actuó desde el mismo comienzo de la ofensiva contra Vizcaya, a veces de manera efectiva, llegando a arrojar hasta 70 toneladas de bombas por día. Esto hubiera resultado insignificante en la Segunda Guerra Mundial, pero no así en el conflicto español. En las dos primeras fases de la operación, las dos ciudades más importantes tras el frente vasco eran Durango y Guernica; 200 civiles murieron en aquélla el primer día de campaña a consecuencia del severo bombardeo a que fue sometida. Cuando se atacó Guernica el 26 de abril, el frente ya sólo se encontraba a unos diez kilómetros o así del pueblo. Había allí una guarnición militar y dos pequeñas fábricas de armas, pero su importancia radicaba en el puente que lo unía a una de las dos principales líneas de retirada. Durante los primeros meses de la campaña se habían producido profundos desacuerdos entre Mola y el teniente coronel Wolfram von Richthofen (jefe del Estado Mayor y director de operaciones de la Legión Cóndor, que, en realidad, estaba al frente de toda la fuerza aérea en la ofensiva sobre el norte) acerca de la planificación y ejecución de las operaciones. Richthofen intentaba acelerarlas, insistiendo en que un avance sobre Guernica cortaría la principal retirada vasca, pero el menos imaginativo Mola se oponía. No se sabe cuáles fueron los objetivos precisos especificados en la orden de bombardear Guernica, no obstante el empleo de bombas incendiarias indica que se actuó contra toda la ciudad, no sólo contra su puente estratégico.

La fijación de objetivos se había restringido desde que el general Hugo Sperrle, jefe de la Legión Cóndor, había solicitado el permiso de Franco para llevar a cabo un ataque, terrorífico y vengativo contra Bilbao, cuando se supo que algunos de sus ciudadanos, enfurecidos, habían golpeado hasta matarlo a un piloto alemán que había tenido que saltar en paracaídas. Franco, sin embargo, ya había superado la táctica de lanzar bombardeos directos sobre las ciudades y, en especial, quería evitar las atrocidades aéreas en el País Vasco, donde esperaba que los nacionalistas se desligaran de sus aliados revolucionarios. El 10 de enero había ordenado al jefe de su fuerza aérea, el general Kindelán, que reiterase a Sperrle que no iba a haber más ataques aéreos sobre ninguna ciudad sin su aprobación personal, aunque Guernica, estando como estaba tan cerca del frente, pudo haber escapado a esta prohibición. Nunca se ha podido poner en claro el nivel de aprobación otorgado a esta operación, pero al menos tuvo que contar con una previa por parte de Mola.

En los registros alemanes que han llegado hasta nuestros días se especifica que, durante tres horas, pequeñas oleadas compuestas por 24 bombarderos de tamaño medio (19 Junkers 52, 2 Heinkel 111, 1 Dornier y 3 Savoia-Marchetti italianos) estuvieron atacando la ciudad y su puente. Cada avión realizó un solo vuelo y, puesto que ninguno de ellos podía transportar más que alrededor de una tonelada de bombas, el balance final es de 28 toneladas; una operación bastante poco destacable que igualó a la que había tenido lugar en Durango el mes anterior, cuyo número de víctimas fue algo mayor. En Guernica no pudieron morir más de 200 personas.

El puente casi no resultó alcanzado, lo que no resulta extraordinario si se tiene en cuenta el bajo nivel de precisión en aquellos días, pero como los edificios de Guernica contaban con más madera en sus estructuras que los de la mayoría de las ciudades españolas, las bombas incendiarias les prendieron fuego. Aunque menos del 20 por ciento de los mismos quedó destruido a consecuencia del bombardeo, los proyectiles incendiarios provocaron una inmensa hoguera que estuvo ardiendo durante horas. Los bomberos de Bilbao tardaron varias horas en llegar y cuando lo hicieron fue para retirarse, incapaces de controlar un incendio que arrasó más de la mitad de los edificios del pueblo. Sorprendentemente, el fuego no afectó al histórico roble foral.

El objetivo del ataque era causar en Guernica todo el daño posible, pero no hay evidencias de que se tratase de un bombardeo experimental o que, tras él, existieran objetivos políticos especiales. Se trataba tan sólo de cortar la retirada vasca mediante una operación militar bastante corriente, tanto que, al principio, los periódicos bilbaínos ni se hicieron eco de las exageradas acusaciones que publicaba la prensa internacional. Parece ser que tanto Mola como Vigón dieron su aprobación, aunque no está tan claro en el caso de Franco. Entre Mola y la Legión Cóndor había habido más que pequeñas fricciones respecto a la planificación y ejecución de las operaciones y Franco había ordenado la suspensión de los ataques aéreos sobre ciudades habitadas. Después de lo ocurrido en Guernica, los únicos ataques sobre áreas residenciales fueron los tres que se llevaron a cabo en Barcelona en 1938, protagonizados por aviones italianos a las órdenes directas de Mussolini. Ésta fue la única ocasión en la que, para enfado de Franco, el Duce intervino personalmente en el curso de las operaciones en España.

El efecto colateral más positivo del bombardeo fue la inspiración que proporcionó a Picasso para pintar el Guernica como contribución al pabellón de la República en la Exposición Universal de París, que se inauguró en el otoño de 1937. Esta obra cubista, quizá la mejor de las del pintor, ha llegado a simbolizar los horrores de la guerra en el siglo XX. En 1981, Javier Tusell, entonces director general de Bellas Artes, negoció su regreso a España tras años de estar expuesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Aunque el bombardeo de Guernica no ejerció ninguna influencia directa sobre el curso de las operaciones, el avance de las tropas de Mola continuó, al igual que la retirada de los vascos cuando el distrito quedó ocupado el día 29. El terreno montañoso constituía un obstáculo, pero, aun así, el 5 de junio se consiguieron tomar las colinas que rodean Bilbao, al tiempo que proseguían las negociaciones para firmar una paz por separado. El avance de las pequeñas unidades de infantería de Mola era muy lento pero también bastante estable, al contar con una mayor potencia de fuego.

A mediados de mayo, Indalecio Prieto ocupó el Ministerio de Defensa, pero tampoco él consiguió enviar una resistencia eficaz a la zona norte. Los buques de guerra de Franco dominaban su costa, lo que dificultaba la llegada de suministros, mientras que la falta de profundidad geográfica entorpecía las defensas aéreas. A pesar de todo, se enviaron 200 aviones a la zona norte, muchos de ellos cuando ya había comenzado la ofensiva franquista. Dos flotillas de aviones que iban a pasar a través del suroeste de Francia tuvieron que regresar, pues el sistema de control internacional, más eficiente en la primavera de 1937, complicaba la recepción del apoyo logístico que este país prestaba normalmente a los republicanos. Además, el envío de aviones de combate a la zona norte se hacía gota a gota, nunca en agrupaciones efectivas: según llegaban, resultaban destruidos. Las fuerzas franquistas mantuvieron el control en esta área durante todo el tiempo; a los republicanos no les sirvió para nada su superioridad en el frente central.

Inmerso en tan desesperada situación, el cada vez más pesimista Prieto intentó aferrarse a alternativas radicales para influir sobre la marcha de la guerra. El 29 de mayo, pilotos soviéticos bombardearon el acorazado alemán Deutschland, anclado cerca de Mallorca, confundiéndolo con el Canarias, y Hitler obró en consecuencia, ordenando a sus unidades navales, el día 31, que bombardeasen Almería. Prieto propuso entonces una respuesta conjunta de la fuerza aérea contra la armada germana, pensando que si se inducía a Hitler a tomar represalias generalizadas, ello obligaría a Francia y a Gran Bretaña a acudir al rescate de la República. A pesar de que el apoyo occidental era uno de los objetivos de Stalin, el dictador soviético se negó a correr el riesgo de una confrontación directa con Alemania y ordenó a sus pilotos (que hasta ese momento habían estado a los mandos de casi todos los bombarderos republicanos) que evitasen por completo cualquier ataque contra los buques alemanes.

Tras el fallecimiento de Mola en accidente aéreo el 3 de junio, el general Fidel Dávila pasó a ejercer el mando del norte. El día 11 empezó el asalto a Bilbao, con un intenso ataque aéreo y el que quizá fuera el mayor bombardeo de artillería hasta ese momento. Un «cinturón de hierro» de casi 60 kilómetros de largo defendía la ciudad, pero era endeble y estaba dominado por las colinas circundantes y, por si esto fuera poco, el ingeniero militar a cargo de las fortificaciones se había pasado a los nacionales, llevándose consigo la planificación de las defensas. Es posible que el ataque al cinturón de Bilbao supusiera el más efectivo uso de armas combinadas y apoyo aire-tierra visto hasta la fecha. En poco más de 48 horas quedaron rotas las defensas al precio de apenas 500 bajas entre los atacantes. Éstos sumaban ya 70 000 y la ciudad fue tomada el día 17, sin apenas resistencia, mientras continuaban las negociaciones para conseguir una paz por separado que nunca se llevaría a efecto. En la toma de Vizcaya se invirtieron casi tres meses, pero se consiguió eliminar a gran parte del ejército vasco y los defensores sufrieron 48 500 bajas entre muertos y prisioneros. La zona norte se había reducido y debilitado de manera significativa. Mientras el Ejército Popular no fuera capaz de obtener una victoria en otra parte con la que desangrar a las unidades franquistas clave, la ocupación del resto del norte era una mera cuestión de tiempo. A todo esto hay que añadir que la derrota de los nacionalistas vascos simplificó la cuestión religiosa, suprimiendo el único apoyo católico con que contaba la República. El 1 de julio, el Episcopado Español hizo pública su Carta Colectiva, por la que se adherían de forma oficial al bando de Franco.

Con su capacidad para reforzar la zona norte tan menguada, la estrategia republicana de mediados de 1937 empezó a basarse en realizar maniobras de diversión en otros lugares para aliviar la presión y forzar a Franco a dividir sus fuerzas. En cuanto al armamento, la parte del león se la llevó el frente central, en torno a Madrid, donde se produjeron tres intentonas ofensivas menores entre abril y primeros de junio, además de otras en Aragón y en el frente de Santander, todas ellas un fiasco. Ninguna influyó lo más mínimo en las operaciones en Vizcaya. Mucho más importante fue la de Brunete, al noroeste de la capital, que empezó el 6 de julio y constituyó la primera gran ofensiva del Ejército Popular, compuesto por tres pequeños cuerpos armados con un total de 100 000 hombres, que, tomando al enemigo por sorpresa, no sólo pretendían romper las lineas de los nacionales, sino arrollar por completo el frente al oeste de Madrid.

La operación de Brunete obligó a Franco a posponer un tiempo el asalto a Santander. Envió a la mayor parte de su fuerza aérea a frenarla y enseguida se hizo con el control de los cielos sobre el campo de batalla gracias a su superioridad más cualitativa que cuantitativa. La enérgica defensa de algunos puntos fuertes individuales corrió a cargo de pequeñas unidades nacionales. A pesar de su superioridad numérica, los republicanos carecían del liderazgo y la consistencia necesarios para mantener su avance y, tras cuatro días de lucha, optaron por la defensiva. El Generalísimo envió a dos de las brigadas carlistas a esta área crítica, junto con dos de sus más recientes divisiones y se pasó casi todo el mes de julio recuperando el terreno perdido. Parece que, en un momento dado, creyó que con un último empujón rompería el frente de Madrid. Para entonces, las unidades republicanas habían sufrido tantas bajas que una auténtica contraofensiva por parte de los nacionales podría haber desbaratado el frente central, pero, de hecho, Franco dudaba. Transfirió más tropas de las necesarias desde el norte para controlar el avance republicano, retrasando así el asalto a Santander, pero no las suficientes como para lanzar una gran contraofensiva al noroeste de Madrid. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de su error y centró de nuevo su atención en el norte.

Los suministros soviéticos no dejaban de llegar y con ellos los republicanos pudieron lanzar, a finales de agosto, una ofensiva en Belchite, al este de Zaragoza, en la que se emplearon de nuevo algunas de las unidades clave comandadas por comunistas, aunque con idénticos resultados que las anteriores. Cuando comenzó esta ofensiva ya casi había concluido la toma de Santander; Franco se negó a dividir sus efectivos y sólo envió unos pocos refuerzos a frenar el breve avance.

Todas estas iniciativas republicanas fracasaron en cuanto maniobras de diversión, demostrando así que las divisiones comunistas y su nuevo equipamiento soviético, que tan bien habían combatido en defensa, carecían de la cohesión necesaria para alcanzar el éxito en una ofensiva. La luna de miel del ministro de Defensa, Indalecio Prieto, y los comunistas había llegado a su fin y, de ahí en adelante, intentaría en vano despolitizar el Ejército Popular y reducir la influencia de aquéllos.

La ofensiva sobre Santander no comenzó hasta el 14 de agosto, un retraso debido a que las unidades que habían participado en la de Vizcaya necesitaban descansar, a la ofensiva de Brunete y a las negociaciones secretas que se estaban llevando a cabo para conseguir la rendición de las unidades vascas que habían logrado escapar. La campaña estuvo dirigida por seis brigadas navarras, dos castellanas y el CTV italiano que, sumadas al resto de unidades que tomaron parte en ella, hacían un total de 100 000 hombres, la mayor ofensiva franquista hasta la fecha. Era también la mejor planificada, una pinza por el sur y el este que amenazaba con aislar y eliminar a los 100 000 soldados del ejército republicano en Santander.

Los vascos habían decidido retirarse del conflicto, aunque no rendirse. Sabotearon dos operaciones ofensivas de las fuerzas republicanas con las que se intentaba desequilibrar al enemigo y así dejaron el camino libre a Franco y su ofensiva, en la que el CTV, sin encontrar apenas resistencia, avanzó casi 30 kilómetros el primer día. Los nacionalistas vascos habían estado negociando sobre todo con el Gobierno italiano y las pocas unidades que quedaban allí se rindieron al CTV en la zona de Santoña. Desde el punto de vista estratégico, la ofensiva sobre Santander fue la más exitosa hasta ese momento: casi no hubo resistencia y gran parte de las fuerzas republicanas quedaron atrapadas. Su moral era baja, y la mayoría de las existentes en una provincia tan conservadora como Santander (que no había votado al Frente Popular) no quería resistir. Se hicieran unos 50 000 prisioneros y el 1 de septiembre los nacionales tomaron definitivamente la ciudad.

Casi enseguida empezó el asalto a las fuerzas republicanas al este de Asturias. En ella participaron unos 110 000 hombres, pues las tropas de Franco estaban aumentando. A pesar de que su artillería era limitada y contaban con pocos aviones, la mayoría de las unidades asturianas estaban decididas a resistir. En primer lugar se rompieron las defensas del noreste, pero pronto fueron reparadas, y la fiereza con que se defendieron los Picos de Europa dio lugar a una de las más duras luchas de toda la campaña del norte. De nuevo, Franco hizo avanzar sus tropas en dos grupos, desde el este y el sur, pero la dura resistencia que encontraron ralentizó su progreso hasta el punto de que se necesitaron dos meses para derrotar a las últimas defensas de la República, que finalmente cayeron el 24 de octubre, pero, incluso entonces, no todos los republicanos se rindieron. Algunos de ellos se echaron al monte y, con sus pequeñas guerrillas, estuvieron peleando contra los nacionales durante años.

A pesar de que las unidades republicanas a las que los nacionales se enfrentaron en el norte estaban mejor organizadas que aquellas primeras milicias y se hallaban en un buen terreno defensivo, las fuerzas de Franco contaban con una decisiva superioridad aérea. Aquí se utilizaron por vez primera y con éxito las tácticas alemanas de apoyo aire-tierra, aunque, en definitiva, la campaña se ganó sobre el terreno, no en los cielos, ya que el resultado de los bombardeos no fue decisivo por sí mismo. Al principio, los defensores superaban en número a las unidades de infantería franquistas, pero éstas estaban mejor comandadas, su moral era más alta y, en general, eran más aptas para el combate.

Tan importante como lo anterior, o quizá más, fue la profunda desunión existente entre los líderes republicanos norteños. Los tres sectores seguían siendo autónomos, bordeando casi la independencia y la exclusividad y, debido a su falta de cooperación, fueron cayendo uno tras otro. La insistencia del presidente vasco, José Antonio Aguirre, en controlar las operaciones militares en Vizcaya favoreció la ineptitud y la rigidez; a ello hay que sumar que el comportamiento de los nacionalistas, tanto en el plano político como en el militar, fue desleal, traicionero en última instancia. Durante las últimas semanas de la campaña vizcaína, su resistencia se relajó en lugar de endurecerse y terminaron por abrir el camino a una veloz conquista de Santander. Nadie resistió con tanta heroicidad como las unidades asturianas en los dos últimos meses de la campaña.

Los dirigentes revolucionarios no fueron capaces de utilizar los recursos económicos de la zona norte en su provecho y los 200 aviones que se enviaron nunca se usaron de manera eficaz, casi todos se perdieron, e igual ocurrió con la gran cantidad de material militar de que disponían, que incluía 250 000 rifles, varios miles de armas automáticas y 500 cañones, muchos de los cuales acabaron en poder de los nacionales. Más de 200 000 soldados (una cuarta parte de todas las tropas republicanas) se habían visto apartados de la guerra de forma permanente, con lo que decenas de miles se incorporaron al bando franquista, pero, además, en la campaña del norte surgió un nuevo fenómeno: la huida al extranjero de los refugiados republicanos. De la zona se evacuó al menos a 165 000 personas y aunque la mayoría regresó a través de la frontera francesa, otras 35 000 (de las que 10 000 eran niños) permanecieron en el exilio.

La conquista total de la zona norte no determinó el resultado de la guerra, pero supuso una alteración significativa en el equilibrio del poder. La República había perdido una región clave industrial y económicamente, porque en ella se encontraba la mayor parte de la industria pesada y el carbón del país, así como otros importantes recursos. También la pérdida de vidas fue grave. De la zona norte había salido el mayor contingente de voluntarios y algunos de los mejores soldados, de cuya pérdida la República jamás se recuperaría. Jesús María Salas Larrazábal ha calculado que, mientras en agosto de 1937 la relación entre tropas y material era de 10 a 9 a favor de la República, a finales de octubre, con la caída de la zona norte, pasó a ser de 86 a 100. Franco llevaba ahora todas las de ganar, tanto en cantidad como en calidad, mientras que las fuerzas republicanas, aunque lejos de ser derrotadas, se enfrentaban a un futuro cada vez más sombrío.

Para la República el resultado no pudo ser peor, un desastre estratégico de primera magnitud y, sin embargo, parece ser que sus dirigentes (a excepción de Prieto) no lo vieron así. Los sóviets, en un ejercicio de miopía, centraron su atención en las unidades comunistas y en la zona centro donde éstas se encontraban, y aunque el mando republicano sí advirtió que la concentración de las mejores tropas franquistas en el norte suponía que ellos llevaban ventaja en los demás lugares, no fue capaz de sacar partido de ello, en parte debido a su división política interna.

Para el mando de la República, uno de sus dilemas básicos era si debían unificar sus dos zonas, tal y como Franco había hecho con las nacionales en agosto de 1936, o conseguir que la zona nacional quedara dividida en dos. Tras la caída de Vizcaya, la primera opción resultaba muy difícil, pero no así la segunda, y mediante el plan esbozado por Largo Caballero en 1937 para atacar, a través de una gran ofensiva, a las débiles fuerzas nacionales en Extremadura, se hubiese conseguido, pero ni los sóviets ni una parte de los jefes republicanos quisieron cooperar. En su lugar, el nuevo Gobierno insistió en concentrarse primero en el área de Madrid y luego hacer lo propio en Aragón, sobre todo debido a consideraciones políticas. Sin embargo, por razones geográficas, ni aun venciendo en las dos ofensivas aragonesas que tuvieron lugar se hubiera producido un resultado decisivo. Así fue como el mando republicano malgastó los seis meses en los que fue superior en todos los terrenos, salvo en el frente norte, dejando escapar una oportunidad que ya nunca volverían a tener.

26
¿POR QUÉ EL EJÉRCITO POPULAR DE LA REPÚBLICA NUNCA PUDO LLEVAR A CABO UNA OFENSIVA VICTORIOSA?

CADA gran revolución violenta ha de enfrentarse al problema de crear un nuevo ejército eficaz. Así ocurrió en Inglaterra en 1642, en las colonias norteamericanas en 1776, en Francia en 1793, en Rusia en 1918 y en China después de 1927. En cada uno de estos casos, los revolucionarios procedieron a crear un «nuevo modelo» de ejército, estructurado sobre la base del ejército regular. Que al principio los revolucionarios españoles se resistieran a hacerlo no resulta sorprendente, pues también los demás lo hicieron. Dada su experiencia previa —y no sólo en Rusia— fue la Komintern, y por lo tanto el PCE, quien primero destacó la necesidad de construir un ejército regular, aunque tanto los republicanos de izquierda como los socialistas de Prieto compartían esta visión. Convencer a los caballeristas marcó el punto de inflexión y tras ellos, no sin resistencia y con bastante lentitud, cayeron los anarquistas y el POUM.

La creación oficial del «Ejército del Pueblo» no resolvió la cuestión porque, a causa de su semipluralismo, la revolución española era única entre las del siglo XX; por ello continuó el conflicto político entre partidos y movimientos en relación a este tema, y así siguió durante toda la guerra sin que en ningún momento se llegase a superar. La politización de las distintas facciones se convertiría, así, en una de las debilidades del nuevo ejército republicano.

El 30 de septiembre de 1936, la Gaceta de la República anunció formalmente la creación del «Ejército del Pueblo», al que se incorporarían las milicias y el «Ejército Voluntario», creado el mes anterior y que tan poco iba a durar. Al mes siguiente se decidió que, debido a los problemas derivados de la improvisación, la unidad básica de este ejército sería la «Brigada Mixta», compuesta por 4 batallones (16 compañías) de infantería que dispondrían de su propia caballería, morteros, artillería, comunicaciones y zapadores. En mayo de 1937 ya había 153 Brigadas Mixtas, cuyo proceso de incorporación a las divisiones había empezado a finales de noviembre del año anterior. Sin embargo, durante el primer año, la falta de armamento y de personal especializado fue un lastre que hizo imposible dotar a todas las brigadas de sus unidades complementarias.

En Cataluña, la conversión de las milicias en un ejército empezó el 24 de octubre, con la abolición del Comité de Milicias. Se impuso la movilización a todos los hombres entre 20 y 30 años de edad y, el 6 de diciembre, se organizó a las unidades del frente aragonés en lo que se llamaría a partir de entonces «l’Exèrcit de Catalunya». La existencia de ejércitos separados era un azote para la República en su zona norte, de manera que el catalán sólo se incorporó de manera plena al Ejército Popular tras el cambio de Gobierno de mayo de 1937.

La formación de oficiales es el talón de Aquiles de un nuevo ejército. El Ejército Rojo soviético lo había solventado introduciendo en él a miles de oficiales procedentes del zarista (incluso aunque no fuesen comunistas), a los que controlaba políticamente nombrando comisarios políticos en cada unidad, grande o pequeña. En la zona republicana había unos 10 000 oficiales, pero sólo 3500 llegaron a servir en el Ejército Popular. En las primeras semanas del conflicto se arrestó a 3000 de aquéllos por deslealtad (la mayoría acabaría, antes o después, ante el pelotón de fusilamiento) y los restantes vivían en una especie de limbo del que algunos querían escapar para unirse a los nacionales. La mayoría de los jefes de alto rango de este nuevo ejército eran profesionales procedentes del anterior, a los que se unieron ciertos milicianos importantes del PCE, como Líster o Modesto, unos cuantos socialistas y anarquistas, y los oficiales del Ejército Rojo al mando de las primeras Brigadas Internacionales. También eran soviéticos los asesores que, de manera indirecta, mandaban en la marina y la fuerza aérea republicanas.

Los más relevantes generales del ejército republicano fueron José Miaja y Vicente Rojo (a quien ciertos historiadores han colmado de extravagantes elogios). Rojo era un oficial del Estado Mayor, profesor en la academia militar, pero también católico y bastante apolítico si se deja aparte su actitud vagamente progresista. Ocupó el puesto de jefe del Estado Mayor para la defensa de Madrid y, en mayo de 1937, se le nombró jefe del Estado Mayor republicano. Seis meses más tarde ascendió a general. Rojo era un planificador y organizador competente, con un gusto pronunciado por la guerra ofensiva (aunque, desde el punto de vista estratégico, la mayoría de las ofensivas que comandó puedan ponerse en entredicho).

Hay que destacar que, a pesar de lo mucho que Franco admiraba al ejército alemán, tanto él como Rojo, así como la mayoría de los jefes militares de ambos bandos, se habían formado en la doctrina militar francesa. Esto no sólo significaba que ponían el acento en las ofensivas directas, sino también en la bataille conduite, es decir, en el control y la organización centralizada de las operaciones, con lo que no dejaban mucho espacio a la flexibilidad y la iniciativa.

Miaja, al igual que Rojo, siempre se había mostrado tibio en política, pero contaba con la opinión favorable de la izquierda moderada y por eso, durante el breve Gobierno de Martínez Barrio (18-19 de julio de 1936), se le nombró ministro de la Guerra. Existen pruebas de que, básicamente, fue un leal geográfico que ascendió gracias a unas circunstancias favorables, sobre todo la de que se le nombrase jefe de la Junta de Defensa de Madrid en noviembre. Su éxito en esta operación le dejó atrapado en la gran maquinaria propagandística comunista, que lo convirtió en el más famoso de los generales republicanos. Gozaba de una fuerte personalidad pública y era un buen orador, aunque no hay pruebas de que su talento profesional fuera superior a la media.

Un gran número de profesionales del Ejército Popular se afilió al Partido Comunista, algo a lo que éste les animaba. En la mayoría de los casos no se debió tanto a su entusiasmo por las doctrinas marxistas-leninistas como al apoyo que los comunistas prestaban a la organización y disciplina militares. Por su parte, los asesores comunistas y soviéticos sospechaban de aquellos oficiales que no se unían a sus filas o respaldaban abiertamente sus prioridades. Los informes del Ejército Rojo están llenos de denuncias a oficiales no comunistas, a los que calificaban de «traidores», algo que rara vez significaba verdadera traición, sino una negativa a apoyar políticas específicas, o bien se debía a innegables errores y fiascos militares, o al estilo soviético, tan paranoico, de hacer críticas. Ha de reconocerse también que la mayoría de la élite castrense del antiguo ejército español, los llamados «africanistas», se unió a Franco, con lo que los oficiales del Ejército Popular tendían a ser «profesionales de despacho», sin experiencia en combate y, quizá por ello, más proclives a cometer errores.

La instrucción de los nuevos oficiales era vital y empezó en octubre de 1936 con nuevos programas de formación. En general, los programas formativos del Ejército Popular fueron menos exigentes que los destinados a los alféreces provisionales en la zona nacional. En ellos colaboraron asesores del Ejército Rojo, pero en un número menor al de sus homólogos alemanes del otro bando. Por lo tanto, se formó a menos oficiales y suboficiales para la República, con el consiguiente perjuicio para el combate, algo que nunca se llegaría a superar.

Mientras los comunistas despotricaban sin parar acerca de la incompetencia militar, la falta de unidad y la traición, a mediados de 1937 (si no antes) el aspecto más controvertido del nuevo ejército era el asunto de la dominación comunista. Éstos centraban sus esfuerzos, sobre todo, en el desarrollo organizativo del ejército y en el decisivo frente central en torno a Madrid. En ambos aspectos —así como en muchos otros— llegaron a ser muy influyentes.

Pese a ser tan poco importante antes de la Guerra Civil, el PCE estaba mejor preparado para el conflicto que cualquier otro partido izquierdista. Sólo él contaba con una fuerza paramilitar organizada, las MAOC (sobre todo en Madrid), aunque en ellas no hubiese más que unos cientos de hombres, y con un puñado de jefes jóvenes, como Enrique Líster y Juan Modesto —que antes de la guerra había sido el jefe de las milicias comunistas—, con verdadera formación militar (breves cursos en la Academia Frunze moscovita), así como con un veterano de la Komintern, el italiano de Trieste Vittorio Vidali («Carlos Contreras»), que ya antes de la guerra se había encargado de supervisar y coordinar sus actividades militares. Aún más, sólo el PCE estaba controlado y dirigido por una potencia muy militarizada, la Unión Soviética, que le facilitaría todo tipo de asesoramiento, instrucción y apoyo. Por sí mismo, el PCE movilizó al menos a 50 000 voluntarios en la zona centro, que llegaron a ser el núcleo más importante del nuevo ejército.

Manfred Shtern, uno de los primeros oficiales soviéticos en llegar a Madrid, informó que, durante la primera fase de creación del nuevo ejército, «el partido había logrado que Largo Caballero nombrase a cinco camaradas, elegidos de una lista elaborada por el partido, para el Estado Mayor con el fin de tener sus propios ojos y orejas en el mando central…»[75].

Tres de los seis primeros jefes de brigada estaban afiliados al PCE. A los comunistas fueron a parar dos de los más importantes puestos en el nuevo Estado Mayor, y otro de ellos pasó a ser jefe del Departamento de Información y Control del Ejército, con potestad para aceptar o rechazar a oficiales basándose en su fiabilidad política. Además, enseguida dominaron el nuevo sistema de comisarios políticos. Según un informe soviético fechado en abril de 1937, 125 de los 186 comisarios de batallón, así como 28 de los 62 de brigada existentes en el frente central, eran o miembros del partido o de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), también controladas por éste. La creciente influencia de los comunistas en el ejército creó tal tensión con Largo Caballero que fue un factor muy determinante en su dimisión. Tras una breve luna de miel con Prieto, ministro de Defensa en el siguiente Gobierno, surgieron de nuevo los mismos problemas y éste abandonó su cargo.

Cuando Franco optó por la guerra defensiva en el frente central y empezó su asalto a la zona norte el 31 de marzo de 1937, el camino quedó expedito para que el Ejército Popular llevase la iniciativa en la zona centro. Desde noviembre venía lanzando contraataques como el de Guadalajara, cuyo resultado les dio una razón para sentirse optimistas. Sin embargo, Franco y sus asesores estaban convencidos de que las fuerzas republicanas carecían de la suficiente cohesión militar como para llevar a cabo acciones ofensivas de éxito, y tenían razón. En mayo y abril se emprendieron otras dos pequeñas operaciones ofensivas en el frente central, sin resultados positivos. Más ambiciosa fue la gran operación que empezó en la zona de La Granja el 30 de mayo, cuyo objetivo era llegar a Segovia y forzar a Franco a sacar parte de sus tropas de Vizcaya. Sólo duró cuatro días y no se consiguió nada; su único éxito —y aun así póstumo— fue servir como fondo a la famosa novela bélica de Ernest Hemingway, Por quién doblan las campanas.

La primera gran ofensiva del Ejército Popular fue la de Brunete, que empezó el 6 de julio en respuesta a la caída de Bilbao, con el objetivo de salvar los restos de la zona norte rompiendo las líneas nacionales al noroeste de Madrid y rodeando a sus fuerzas al oeste de la capital. El plan de Rojo estaba bien concebido y organizado, e incluía la participación de casi 100 000 soldados pertenecientes a las brigadas más experimentadas y mejor equipadas, de los cuales un número considerable eran comunistas o estaban comandados por éstos. En general, los servicios de inteligencia franquistas eran inferiores a los que Orlov había creado para los republicanos, de modo que éstos, contando con el factor sorpresa, consiguieron un primer avance gracias a su abrumadora superioridad tanto en número de tropas como en armas y aviones.

Sin embargo, lo que ocurrió después de esa primerísima fase de triunfo republicano podría considerarse una predicción de lo que acontecería durante el resto de la guerra. Si los republicanos combatían bien en el plano defensivo, los nacionales lo hacían aún mejor, y sus unidades, con los limitados refuerzos que había por la zona, resistieron a la desesperada y con éxito en varios puntos fuertes. Los jefes republicanos se mostraron dubitativos y faltos de determinación e inciativa, con lo que sus brigadas se quedaron enseguida empantanadas, atacando unas posiciones pequeñas pero bien defendidas; sus oficiales no pudieron mantener el avance. Los tanques soviéticos no les valieron de mucho porque el ejército republicano no tenía ni formación ni coordinación en operaciones con armamento combinado, así que no se pudo aprovechar ese primer avance que pronto se contendría.

Desde luego, Brunete dio un respiro a la zona norte, pero sólo durante un mes. Fue la más peligrosa de las ofensivas republicanas en toda la guerra, ya que, si la posición de Franco en los alrededores de Madrid se hubiese derrumbado, toda la situación estratégica habría variado drásticamente, pero el general trajo a la zona a numerosos refuerzos procedentes del norte así como al grueso de su fuerza aérea, con lo que alteró el equilibro de poder y logró el control del aire. Tras cinco días de combate, la ofensiva republicana se desvanecía mientras comenzaba la ofensiva franquista el día 18. Durante los siguientes diez días se retomó gran parte de la pequeña franja de terreno ocupada por los republicanos, poniendo de manifiesto la ineptitud del Ejército Popular en operaciones ofensivas. El propio Rojo tuvo que admitir que «la falta de decisión y energía […] ponen de relieve una actitud de pasividad inconveniente a la situación táctica»[76]. Las mejores unidades habían sufrido bajas (un 60 por ciento en la 11 División de Líster) y se habían perdido 100 aviones nada fáciles de reemplazar.

Hasta ese momento, las fuerzas de la República habían movilizado de una u otra manera a más de 700 000 hombres en diversas áreas, pero seguían sin tener un sistema centralizado. En la principal zona republicana, sólo el Ejército Popular pudo haber contado entre sus filas con medio millón, aunque sin instrucción efectiva ni organización. En agosto, la atención del mando republicano se estaba desplazando hacia el noreste con el fin de integrar por completo los recursos militares catalanes y hacerse con el control del reducto anarquista aragonés. Esto suponía sacar al V Cuerpo (el mejor en todo el Ejército Popular, comandado por los comunistas) de la zona central y enviarlo a Aragón, primero para dominar a los anarquistas y luego para tomar parte en una nueva ofensiva con la que distraer a Franco lo suficiente como para que los republicanos conservasen Asturias, su último bastión en el norte. Aun así, Aragón no era más que una esquina en el norte montañoso y no el lugar donde lograr un importante avance estratégico. El que los republicanos se centrasen en esta zona obedeció más a prioridades políticas que militares.

En ambos bandos, las líneas aragonesas eran bastante fluidas y no muy fuertes. La ofensiva conocida como la «Operación Belchite», que empezó el 24 de agosto, estaba orientada a separar Zaragoza del norte y el sur y a hacer que toda la posición de los nacionales en Aragón se tambalease. El mando de la República no se empleó tan a fondo como en la de Brunete y utilizó una combinación de unidades procedentes de las fuerzas madrileñas y catalanas, pero, como la defensa de las dos líneas era tan endeble, contaron con una superioridad numérica sin igual en ninguna otra gran ofensiva republicana.

Belchite fue, en sus aspectos más significativos, una repetición de Brunete. De nuevo los republicanos tenían a su favor el factor sorpresa, debido a lo poco fiables que eran los servicios de inteligencia franquistas y a un primer avance. Los nacionales, por su parte, se defendieron con gran tenacidad, de manera que a sus enemigos les resultó muy difícil hacerse con los puntos fuertes. La falta de resolución y de comprensión organizativa de sus mandos hizo el resto y se detuvo el avance. Para el mando republicano, que se había tomado muchas molestias para formar a sus oficiales en la necesidad de conservar la iniciativa y un avance continuo, esta operación supuso una gran decepción.

Para Franco, Belchite era una ofensiva menos amenazadora que Brunete, así que no sacó a sus unidades de infantería de la campaña del norte, aunque sí hizo llegar refuerzos procedentes de otros lugares, sobre todo a la 13 División de Fernando Barrón y a gran parte de su fuerza aérea. La contraofensiva franquista fue, por tanto, limitada y sólo consiguió recuperar una pequeña porción del terreno de manos de los republicanos. Los defensores de Belchite permanecieron cercados durante días y, finalmente, la ciudad cayó el 5 de septiembre, cuando las operaciones generales casi habían terminado. La pequeña cantidad de terreno que se ganó era una insignificante compensación por otra ofensiva fallida, con su correspondiente bagaje de muertos, heridos y pérdidas de valioso material.

En los últimos seis meses de 1937 se llevó a cabo un gran esfuerzo, liderado por Prieto, el nuevo ministro de Defensa, por expandir y consolidar el Ejército Popular. En otoño se llamó a filas a otros 200 000 soldados para compensar las pérdidas en las campañas del verano, aunque el descenso de los envíos soviéticos dificultaba la sustitución del material agotado o perdido. Además, Franco había conseguido dominar la ofensiva en el mar, y los pasillos marítimos republicanos en el Mediterráneo estaban siendo atacados. El Ejército Nacional ya contaba con más de 650 000 hombres, todos bien equipados, y en él estaban surgiendo nuevas divisiones ofensivas con la retirada de pequeñas unidades del frente de Madrid.

Según los servicios de inteligencia, Franco planeaba lanzar una nueva ofensiva al noreste de Madrid a finales de diciembre de 1937. Para impedirla, el mando republicano adoptó un plan consistente en atacar el punto geográficamente más expuesto de las líneas nacionales, situado al este de Teruel, una franja que podía tomarse mediante una operación para la que no se necesitaban más de 40 000 soldados de las mejores unidades. Así se dejaban reservas suficientes para hacer frente a cualquier respuesta franquista, en ése o en cualquier otro sitio. El plan era lógico, pero de una lógica limitada. Todo lo que se podía esperar de la ofensiva de Teruel era un triunfo local y una posible victoria propagandística. No se hizo ningún intento de avance estratégico y, sin embargo, la operación iba a tener lugar en una zona muy próxima a donde se hallaba la mayor concentración de tropas nacionales, facilitando así una respuesta por parte de Franco.

La ofensiva, que comenzó el 16 de diciembre, se retrasó a causa de la persistente falta de unidad en las filas republicanas y a una huelga de mecánicos de ferrocarril en Cataluña, que la dejó en suspenso durante cuatro días. Los tanques soviéticos se utilizaron de manera eficaz, sin artillería; enseguida se ocupó toda la franja en cuestión y los defensores quedaron arrinconados en la ciudad de Teruel. Después de diez días, el mando de la República consideró que la operación había sido un éxito (aunque aún no se había tomado Teruel) y empezó a preparar la retirada de sus unidades de ataque más competentes para destinarlas a otros puntos.

Aquí quien fracasó fue el servicio de inteligencia del NKVD porque Franco tenía una especie de acuerdo tácito con los comandantes de los frentes secundarios. Según el mismo no era necesaria una fuerte defensa de sus líneas ya que se les daría un rápido apoyo en caso de ataque. En este caso, esperó una semana para calibrar la intensidad de la operación republicana y, a continuación, canceló sus planes para llevar a cabo una nueva ofensiva, preparándose para una contraofensiva en Teruel que comenzó el día 28. Las nuevas líneas republicanas retrocedieron un poco, pero la zona en torno a la ciudad resistía bien porque el mando había colocado detrás de las líneas a una brigada a modo de «tropas de contención» para cortar cualquier retirada. Al final, los agotados defensores de la ciudad se rindieron el 6 de enero de 1938 y, puesto que ésta era la primera capital de provincia que tomaba la República desde las primeras semanas del conflicto, causó una gran alegría en el Gobierno de Negrín, muchas felicitaciones y varios ascensos, tras lo cual continuaron los planes para retirar a las tropas de élite.

De nuevo fallaron los servicios de inteligencia. La estrategia militar de Franco estaba muy condicionada por ciertos factores políticos y psicológicos. Creía que en una guerra civil no había que permitir ninguna derrota, ni perder capital alguna, y por eso siguió enviando tropas a Aragón, incluyendo a la mayor parte de su artillería y toda su fuerza aérea. El 17 de enero lanzó una gran contraofensiva al norte de Teruel. Mientras que la primera de ellas había sido un fiasco, con muchas bajas en los ataques frontales, esta nueva operación estaba bien planificada y sacaba partido a la superior maniobrabilidad de sus fuerzas. Los atacantes eran mejores en cualquier aspecto y en la segunda fase de esta contraofensiva, que empezó el 5 de febrero, se consiguió atrapar a un cierto número de brigadas republicanas (las menos aptas para el combate) al norte de la ciudad, capturando a muchos de sus integrantes. La retirada, dominada por el pánico, desembocó en 46 ejecuciones disciplinarias en una única unidad, a las que siguió un oneroso pero inútil contraataque republicano, pues Franco recuperó Teruel el día 22.

La ofensiva de Teruel, contra un enemigo aislado y débil, había tenido cierto éxito al principio (la primera acción ofensiva positiva del Ejército Popular, que incluso resistió la contraofensiva franquista inicial), pero los defectuosos servicios de inteligencia hicieron que el mando republicano malinterpretara la reacción de Franco y las fuerzas republicanas no estaban nada bien situadas para hacer frente a la siguiente contraofensiva. La primera parte de esta operación tuvo lugar en lo más crudo del invierno, tanto que se llegó a suspenderla temporalmente. En dos meses, hubo 15 000 muertos en el Ejército Popular y todavía más cayeron prisioneros. También Franco tuvo bajas importantes, pero supo aprovechar sus suministros y armamento para conservar la capacidad bélica de sus mejores divisiones. Mientras, sus equivalentes en el ejército republicano se hallaban debilitadas y la falta de oficiales no hacía sino agravar la situación. Las nuevas unidades que se desplazaron al frente no tenían tanta capacidad de combate.

Con sus mejores tropas en suelo aragonés, Franco lanzó una gran contraofensiva el 9 de marzo. Enfrentado a un enemigo debilitado, su éxito fue espectacular. Contaba con un intenso apoyo aéreo, pues los días más largos y el mayor número de campos de aviación le permitían aprovechar su superioridad en el aire. Los ataques desde el cielo no apuntaron tanto a las grandes fortificaciones como a los vehículos, a la retaguardia y a cualquier cosa que se moviera, causando un profundo impacto sobre la moral republicana. Durante más de un mes prosiguió esta operación en distintas fases. Sin encontrar apenas oposición, el Cuerpo del Ejército Marroquí de Yagüe avanzó con rapidez hacia Cataluña por el norte, mientras el grueso de las tropas de Aragón se abría paso hacia el Mediterráneo el 15 de abril. La zona republicana se partió en dos y el día 19 toda la orilla sur del Ebro pasó a manos de Franco. Aunque algunas unidades republicanas habían opuesto una tenaz resistencia, otras sucumbieron y las rendiciones y deserciones se convirtieron en un grave problema. A principios de 1938, las ejecuciones disciplinarias habían pasado a ser moneda corriente en algunas unidades del Ejército Popular, pero ni aun así se consiguió frenar la derrota. Sin embargo, la consecuencia política para la cúpula republicana fue la reconstitución del Gobierno Negrín, con un mayor poder para éste (que sustituyó a Prieto al frente del Ministerio de Defensa) y para los comunistas.

En aquel momento la ocupación militar de Cataluña (cuya defensa no era muy fuerte) podría haber sido una tarea bastante sencilla, y así lo recomendó Yagüe, pero, en la primavera de 1938, las consideraciones internacionales primaban sobre la estrategia. Existían pruebas de que el Gobierno francés, de nuevo liderado por Blum, podría estar considerando la posibilidad de intervenir y, a pesar de que los jefes militares alemanes presentes en España estaban deseando que Franco hiciese lo obvio y tomase Cataluña, el consejo de Hitler fue otro: prefería una continuada resistencia republicana que distrajera la atención internacional de lo que estaba ocurriendo en el centro de Europa.

Franco nunca comentó ni explicó sus motivos a sus subordinados y muchos de ellos se quedaron pasmados ante su decisión de lanzar su siguiente gran ofensiva hacia el sur, a través de los montes, bajando por una estrecha carretera costera hacia Valencia y olvidándose por el momento de Cataluña. Quizá pensó que el Ejército Popular era ya tan débil que era muy factible ganar la guerra por etapas; no era necesario emprender una operación políticamente arriesgada en Cataluña. En ese momento, Valencia era un objetivo estratégico mucho más significativo que la tan bien defendida Madrid, cuyo papel había quedado reducido al de un mero centro de comunicaciones. La toma de Valencia podía ser el principio del fin de la principal zona republicana, pero los montes y la estrecha llanura costera hacían de su zona norte un buen terreno defensivo por el que algunas de las mejores unidades franquistas emprendieron un lento avance. En una geografía tan constreñida, las maniobras resultaban difíciles, y la operación consistió en una serie de asaltos directos desde el norte y el noroeste para tratar de coger a las fuerzas republicanas en un movimiento de pinza. Sin embargo, éstas recibieron muchos refuerzos del frente central y, resistiendo con efectividad, retrocedieron despacio sin que apenas les capturaran prisioneros. Castellón cayó el 15 de junio y, a partir de entonces, el avance fue incluso más lento. Mientras, en el sur, Queipo de Llano llevaba a cabo pequeñas operaciones ofensivas en Andalucía y Extremadura. Por primera vez, la moral de las fuerzas franquistas ya no era tan buena —el fin de la guerra, tan esperado desde el colapso republicano de abril, se perdía de vista—. Franco planeaba abrir la fase final de su ofensiva y tomar Valencia el 25 de julio, pero nunca la empezó. Se suspendió en el último minuto cuando estalló la mayor de las ofensivas de la República en todo el conflicto.

La recuperación del Ejército Popular que tuvo lugar en la primavera y el verano de 1938 fue quizá su mejor logro, alentado por Negrín y su implacable concentración en la resistencia militar a cualquier precio. La relevancia de los comunistas era mayor que nunca, pero esa recuperación no se habría conseguido de no ser por la entrega de decenas de miles de personas de otros sectores. Las más destacadas unidades comunistas habían resultado barridas en la retirada hacia Cataluña, así que, a mediados de abril, empezó una nueva campaña masiva de reclutamiento. La edad para ser llamado a filas estaba ya en los 18 años y enseguida se llamó al siguiente reemplazo. Además, en los dos meses siguientes se convocó a todos los hombres nacidos de 1923 a 1928, así como a muchos jóvenes —niños en realidad— de la quinta de 1941 y a los reservistas de entre 1919 y 1922, mucho mayores. La edad de los nuevos reclutas oscilaba entre los 17 y los 40 años y, en lo que quedaba de la zona republicana, se incorporaron a filas 200 000 nuevos soldados, muchos más de los necesarios para compensar las pérdidas sufridas en los primeros seis meses de guerra. Aunque tenía pocas armas, el Ejército Popular nunca contó con más hombres que en julio de 1938: 226 brigadas, 76 divisiones y 42 cuerpos, unos 900 000 combatientes en total que superaban a las fuerzas franquistas, aunque no estaban bien armados ni equipados.

Recuperar la moral de las tropas era igual de importante, ya que algunas de las unidades republicanas se habían derrumbado en la primavera y la deserción se había convertido en un serio problema con los prófugos, que formaban partidas en el campo y en la zona centro[77]. Los comisarios políticos sometieron a los nuevos reclutas a un mayor adoctrinamiento, sobre todo dentro de las unidades comunistas en Cataluña, y se impusieron medidas para endurecer la disciplina.

Por su parte, Franco no hizo ningún intento por formar grupos de guerrilleros en la retaguardia republicana, aunque sus enemigos sí lo hicieran, a veces bajo supervisión de los oficiales del NKVD. Los guerrilleros republicanos causaron bastante daño a la retaguardia franquista, hasta el punto de exigir a veces la atención de las unidades armadas, pero nunca llegaron a ser un obstáculo importante.

En cada uno de los cuerpos del ejército se estableció una compañía especial disciplinaria con personal de seguridad y se utilizó también un sistema de incentivos, como ascensos u otras recompensas, para quienes contasen con una experiencia militar positiva.

En Cataluña, las fuerzas estaban divididas en dos grupos, el ejército del Este en el norte y el ejército del Ebro, más potente y comandado por el comunista Juan Modesto Guilloto, a quien Hugh Thomas describe como un «andaluz sarcástico, despótico, a veces brutal, raras veces cándido, pero un verdadero militar sin pretensiones políticas». El ejército del Ebro estaba compuesto por tres pequeños cuerpos al mando de Enrique Líster, Manuel Tagüeña y Etelvino Vega, todos ellos comunistas, como lo eran casi todos los oficiales de mayor rango. Años más tarde, el historiador cenetista José Peirats sólo pudo identificar como anarquistas a dos de los 27 jefes de brigada, aunque muchos combatientes provenían de zonas donde la CNT tenía su importancia. En conjunto, el del Ebro fue el cuerpo con más mandos comunistas en toda la guerra.

Además, se llevó la mejor parte de las 25 000 toneladas de equipo soviético que había entrado a través de Francia durante el segundo y último mandato de Blum, en la primavera de 1938, complementado con la llegada de 90 Súper-Moscas (una versión avanzada del Polykarpov I-16) y con el armamento fabricado en Cataluña, donde la producción en general había descendido, pero no así ciertos tipos de producción bélica. En cada una de sus 27 brigadas se crearon centros de instrucción en los que se trabajó activamente en junio y julio.

Pronto se tomó la decisión de utilizar en otra gran acción ofensiva a estos cuerpos tan disciplinados y, para ser republicanos, tan bien equipados, algo que muchos comentaristas simpatizantes de la República no tardarían en criticar. Dada la clara superioridad militar de Franco en aquel momento, los críticos han llegado a la conclusión de que la resistencia republicana podría haber continuado, e incluso haberse fortalecido, si se hubiera adoptado una estrategia defensiva, sobre todo cuando la estrategia global del propio Negrín ya no se basaba en la posibilidad de lograr un triunfo directo, sino tan sólo en resistir lo suficiente hasta que la situación internacional desembocase en una gran guerra europea que, supuestamente, conllevaría la intervención directa de Francia. De ahí el lema «¡Resistir es vencer!» que el presidente adoptó en la primavera de 1938.

En la vuelta a la ofensiva influyeron dos motivos principales: el primero fue que, pese a su lentitud, el avance de las tropas de Franco en Levante les daba la oportunidad de tomar Valencia en el transcurso de unas pocas semanas, lo que supondría otro severo golpe, la pérdida para la República de los recursos económicos valencianos y el comercio exterior que generaban, y dificultaría aún más la defensa de la zona central. El segundo motivo era que como en ese momento los ánimos republicanos pendían de un hilo, demostrar que el Ejército Popular todavía era capaz de llevar a cabo una ofensiva victoriosa sería una inyección de moral con la que se conseguiría prolongar la guerra hasta que cambiase la situación en Europa.

El lugar escogido era un paso sobre el Ebro cercano a Gandesa, a unos 100 kilómetros del Mediterráneo. La defensa nacional no era muy fuerte, así que sería fácil romper su frente y, si el avance tenía éxito, se pondría en jaque a las comunicaciones franquistas. Incluso se podía salvar Valencia, al tiempo que daría lustre a la capacidad republicana para resistir y levantar la moral, y se haría dudar a Franco de su imbatibilidad. La noche del 24 al 25 de julio se empezó a cruzar el Ebro. En sus orillas se concentraron tal cantidad de tropas que era imposible que pasasen inadvertidas para el otro bando. El general Juan Yagüe, jefe del Cuerpo del Ejército Marroquí y defensor de la zona, había pasado los once días anteriores intentando persuadir a Franco de la necesidad de aportar refuerzos, pero éste estaba convencido de que la República ya no era capaz de afrontar una gran ofensiva. De hecho, en los dos meses anteriores, el ejército del Este había intentado llevar a cabo varias operaciones de este tipo al norte de las posiciones de Yagüe, y éstas las habían contenido sin acudir a los refuerzos.

El veloz cruce del Ebro constituyó el principal logro de la ingeniería republicana. Se levantaron varios puentes y se utilizaron numerosos botes, incluyendo algunos militares que el ejército francés había pasado de tapadillo. Como ocurrió en cada una de las cinco grandes ofensivas de la República, se atravesó sin dificultad la primera línea enemiga (siempre poco defendida), que, en este caso, estaba en manos de la 50 División franquista, compuesta sobre todo por nuevos reclutas sin experiencia en combate. Por primera vez cayó una gran unidad de los nacionales y, en ciertas áreas, los hombres de Modesto avanzaron hasta 10 kilómetros el primer día, capturando a 4000 prisioneros. La ejecución de esta ofensiva fue la mejor de toda la guerra, pero sólo supuso un éxito táctico, no estratégico. Desgraciadamente para los republicanos, la principal unidad de reserva en la zona era la veterana 13 División de Barrón, tan buena como la mejor de las unidades del ejército nacional. Lastrados por la dificultad de trasladar los camiones y el armamento pesado a la otra orilla, así como por una total ausencia de apoyo aéreo durante los cinco primeros días, el avance continuó, más despacio cada día, durante otra semana. Se ocupó la mayor parte de la cadena montañosa situada al suroeste del río y, al final, se detuvo. Con ello, los republicanos obtuvieron una buena posición defensiva para mantener la bolsa de terreno ocupada (de unos 30 por 20 kilómetros, el mayor avance realizado hasta entonces), pero no consiguieron llevar a cabo el avance decisivo. Gandesa, uno de los grandes objetivos de la operación, seguía en manos de Franco.

El objetivo de la operación era desequilibrar a los nacionales y rescatar Valencia y, en ese aspecto, fue un triunfo temporal, aunque dejó algunas de las mejores unidades republicanas entregadas a la tarea de mantener las posiciones conquistadas, lo que pudo haber proporcionado a Franco otra oportunidad para reorganizar sus fuerzas y lanzar una nueva ofensiva en Cataluña, en la que hubiera atrapado a los más destacados elementos del ejército republicano. Sin embargo, ésta hubiese sido una operación de gran complejidad y, en ese momento, a Franco quizá le seguía preocupando la reacción de París, justo cuando el conflicto en los Sudetes se recrudecía semana a semana. Por eso canceló la ofensiva contra Valencia, envió a sus mejores hombres al Ebro y se preparó para hacer lo mismo con la artillería y las unidades de infantería. El resultado fue la mayor batalla de toda la guerra, la cual se transformó en una tremenda confrontación de desgaste que duró cuatro meses. Al tomar esta decisión, Franco renunció también a realizar cualquier movimiento más arriesgado con el que concluir antes el conflicto (algo que no hubiera sido tan fácil como creen algunos de sus críticos), y obligó a sus tropas a combatir en una lucha lenta y demoledora en un momento en que el tiempo no jugaba a su favor. Cada mes que la guerra continuaba, se exponía a perder el apoyo alemán o a forzar la intervención francesa.

La contraofensiva franquista comenzó el 6 de agosto en un sector limitado, avanzando a continuación contra la principal posición republicana. Lo que vino después fue una larga serie de ataques contra posiciones individuales, por lo general en las colinas. Los defensores actuaron en cierto modo como los japoneses en el Pacífico en 1944-45, escondiéndose en cuevas o en refugios subterráneos o protegiéndose al otro lado de las laderas durante los bombardeos para volver a salir a repeler los asaltos de la infantería. La 4 División navarra procedió a una serie de ellos que duraron cuatro días, les infligieron cientos de bajas y agotaron por completo su capacidad de lucha. Enfrentados a continuos contraataques nocturnos, los nacionales apenas progresaban, a pesar del intenso apoyo que les prestaban la artillería y la aviación. Durante unos días se produjo una oleada de deserciones en las filas republicanas, y con ella renacieron sus esperanzas, pero los ataques renovados que comenzaron el día 19 casi no produjeron resultados. Estos ataques y contraataques frontales recordaban a los de la Primera Guerra Mundial, no tanto en su frente occidental como en las rocosas colinas de Isonzo, en el frente ítalo-austríaco. El intenso calor dificultaba mucho más los combates; los cadáveres se descomponían con tanta rapidez que algunos soldados se vieron obligados a llevar bolsas llenas de bolas de alcanfor alrededor del cuello para poder soportar el hedor. Por primera vez la moral era un problema entre los nacionales y el pesimismo hizo presa en algunos de los lugartenientes de Franco, al tiempo que, en la retaguardia, crecían las murmuraciones y las quejas. En Roma, Mussolini estaba fuera de sí, temiéndose una derrota total.

Mientras el Ebro atraía toda la atención, ambos bandos llevaban a cabo otras operaciones en el este de Extremadura. En febrero había fracasado una pequeña ofensiva republicana en la zona, y el 20 de julio los nacionales lanzaron otra, mediante la cual se hicieron con 3000 kilómetros cuadrados y 10 000 prisioneros, pero enseguida concluyó porque había que enviar refuerzos al Ebro. El 9 de agosto volvieron a intentarlo, para detenerse otra vez unos días más tarde ante la llegada de 5 nuevas divisiones republicanas, que ahora ya contaban con 13 en el frente extremeño y eran lo bastante fuertes como para lanzar su propia ofensiva el 22 de agosto. Tampoco ésta prosperó.

El 3 de septiembre, Franco reorganizó sus tropas y lanzó una nueva contraofensiva en la que tomaron parte sus unidades más veteranas. Aun así, seguían progresando despacio. Los oficiales más jóvenes del ejército nacional eran casi exclusivamente alféreces provisionales y lo que les sobraba en valentía no compensaba su falta de experiencia e instrucción. La actuación del ejército del Ebro fue la mejor de toda la guerra, incluso al enfrentarse a la enorme potencia de fuego del enemigo; por su parte, las unidades franquistas parecían haber perdido su espíritu combativo. Por vez primera en casi un año, y al tiempo que aumentaba el peligro de una guerra en Europa, el ejército de la República conseguía una cobertura informativa favorable en el exterior.

Al intensificarse la crisis en Checoslovaquia, el Gobierno y el alto mando francés volvieron a discutir la cuestión española. El jefe de la marina gala, el almirante Darlan, afirmaba que, por el momento, Hitler se encontraba atascado en Centroeuropa, así que, incluso si llegaba a estallar una guerra generalizada, no estaría en disposición de invadir Francia (una estimación del todo correcta). Instó a franceses y británicos a adoptar una estrategia periférica, utilizando su absoluto dominio en el mar para atacar Libia e Italia, apoderarse del Marruecos español y neutralizar la presencia del Eje en España cruzando los Pirineos y tomando Guipúzcoa y Navarra. París no tardó en rechazar este plan, así como cualquier otra acción ofensiva, pero eso era algo de lo que Franco, por el momento, no podía estar seguro.

Por este motivo, se aferró a la sugerencia británica de firmar una declaración de neutralidad en el conflicto internacional, esperando evitar cualquier intervención francesa en el país y, mientras tanto, envió 16 batallones de infantería a reforzar el Protectorado, colocó unidades a lo largo de los Pirineos occidentales y dedicó gran parte de sus naves a patrullar el estrecho de Gibraltar. A finales de septiembre se encontró una solución a la crisis internacional, con las concesiones que Francia y Gran Bretaña hicieron a Hitler en la Conferencia de Múnich.

En otoño, al suroeste del Ebro, continuaba la penosa guerra de desgaste. Franco lanzó su último gran ataque a finales de octubre y, a pesar de las muchas bajas sufridas, sus fuerzas mantuvieron una adecuada disciplina y determinación, auxiliadas por la intensa potencia de fuego. Era el ejército del Ebro el que estaba al borde del agotamiento, y sus últimas unidades supervivientes se retiraron a la otra orilla a mediados de noviembre.

La del Ebro fue la batalla más larga y onerosa de toda la guerra. Cuando empezó, la fuerza aérea republicana había recuperado parte de su capacidad, al menos en cuanto a aviones de combate, y, en los dos primeros meses de conflicto, se produjeron unos enfrentamientos en el aire como no se habían visto desde la Primera Guerra Mundial, aunque las unidades aéreas pronto emprenderían el declive. En comparación, la artillería era menos potente. En esa guerra de desgaste se perdieron 6500 vidas entre las fuerzas franquistas, es posible que más, pero las bajas entre las filas republicanas fueron aún mayores: 20 000 republicanos cayeron prisioneros y cuando Franco anunció que los nacionales habían enterrado los cuerpos de más de 13 000 soldados republicanos posiblemente no exageraba. En el ejército de Franco se habían producido 50 000 bajas (el mayor número de toda la guerra) y algunas de sus más capacitadas unidades estaban seriamente debilitadas, pero, con todo, no habían experimentado grandes daños estructurales y sus fuentes de aprovisionamiento seguían intactas. Por su parte, las mejores unidades del Ejército Popular estaban destrozadas y no era posible sustituirlas, ni en cantidad ni en calidad, y otro tanto ocurría con sus menguadas reservas de armamento y municiones.

La ofensiva había sido una apuesta a la desesperada, que Negrín y sus jefes militares ganaron a corto plazo y perdieron en el largo. Si el Ejército Popular hubiera actuado a la defensiva, podría haber continuado resistiendo algo más de tiempo y, cuando menos, haber continuado en la lucha durante la primavera de 1939, aunque, en sí, no hubiese sido un comportamiento decisivo. Como el general sudista Robert E. Lee en la guerra civil americana, los líderes republicanos optaron durante quince meses por una estrategia ofensiva para la que carecían de la necesaria consistencia militar y, quizá, incluso del armamento adecuado, porque temían que continuar a la defensiva tuviera consecuencias fatales, política y psicológicamente. Con esas iniciativas esperaban cambiar las tornas del conflicto. Aunque, por un lado, Negrín pretendía continuar en guerra hasta que las circunstancias internacionales fueran más favorables, después del otoño de 1937 el tiempo ya no jugaba a favor de la República, salvo por un breve momento a finales del verano del año siguiente. La situación económica era cada vez más descorazonadora, como lo era el problema de los suministros de material bélico. En realidad, este dilema no tenía solución, salvo la que el mando republicano quiso darle al tomar la iniciativa.

La moral y la reputación internacional fueron también elementos fundamentales en la adopción de una estrategia ofensiva. Se esperaba que unos cuantos éxitos limitados pusieran fin a la cadena de derrotas y levantasen la moral de los republicanos, que había empezado a flaquear a mediados de 1937, pero también eran necesarios para mantener viva la ilusión de que pronto contarían con una mayor ayuda internacional, algo que no ocurriría si el ejército era incapaz de obtener una sola victoria.

Teruel fue un triunfo operativo temporal, anulado por la nueva ofensiva franquista, pero el Ebro lo fue mucho más: mejoró la moral y atrajo una considerable cantidad de atención favorable en el exterior y, sin embargo, no se pudo mantener. No sólo dejó agotadas a las más destacadas unidades del Ejército Popular, sino que su resultado final, combinado con el deterioro de la situación internacional, constituyó una especie de bumerán psicológico, dejando los espíritus republicanos en su punto más bajo en diciembre de 1938.

27
¿QUÉ PAPEL JUGARON LOS NACIONALISMOS PERIFÉRICOS?

DURANTE la Guerra Civil, el presidente de la República, Manuel Azaña, estaba cada vez más amargado a causa de los nacionalistas vascos y catalanes, a quienes, en privado, acusaba de obstruccionismo sistemático y de deslealtad manifiesta, llegando incluso a culparles del propio conflicto; según él, los excesos separatistas habían sido uno de los principales factores que alentaron la rebelión militar. Stricto sensu, esto era una exageración, pues lo que en principio provocó a los militares fueron las políticas gubernamentales de Azaña y Casares Quiroga y la amenaza de los movimientos revolucionarios, pero el presidente tenía razón en cuanto a la negativa de los movimientos nacionalistas a cooperar y colaborar, tanta como respecto a su tendencia a mostrarse desleales, sobre todo los vascos.

La guerra dividió a ambos nacionalismos, aunque, en los dos casos, la mayoría se alió con la izquierda. La ruptura dentro del catalanismo databa de principios de siglo, cuando la izquierda nacionalista rompió con la hegemónica Lliga. En 1932, la República había concedido la autonomía a Cataluña y, al empezar el conflicto, la Generalitat se encontraba dominada por Esquerra, bajo la presidencia de Lluís Companys. En la mayoría de los casos, los conservadores fueron tachados de «burgueses» y fueron objeto de severas persecuciones. Por ello, tras algunas dudas iniciales, Francesc Cambó y gran parte de la Lliga se decidieron por Franco y, a finales de octubre, 128 relevantes personajes catalanes (incluyendo a Ramon d’Abadal y a Federico Mompou, a los que se uniría, algo más tarde, Salvador Dalí) firmaron un manifiesto de apoyo a la causa franquista. En el ejército nacional se organizaron varios batallones de voluntarios y los falangistas catalanes fundaron en Burgos el periódico Destino.

En Cataluña, una vez que las armas estuvieron en poder «del pueblo», resultó que este «pueblo» no era la gente corriente, sino la CNT, con la que Companys procuró congraciarse (con poco éxito), en un intento por mantener el estatus de la Generalitat. Trató de que ésta fuera independiente desde el punto de vista militar, creando su propia Consejería de Defensa y una milicia catalana, algo que los cenetistas no aceptaron. Por el contrario, organizaron su propio «Comité Central de Milicias Antifascistas» en el que también estaban representados los demás partidos de izquierda y que, en los tres meses siguientes, llegaría a ser la principal fuerza militar catalana y a ostentar cierto poder gubernativo, creando así una dualidad revolucionaria de facto en Barcelona bastante parecida a la rusa de 1917.

Casi 20 000 milicianos salieron hacia el oeste a participar en la toma de Aragón, pero sólo pudieron hacerse con la mitad oriental de la región, donde la CNT estableció su propio gobierno separado, el Consejo de Aragón. Otra pequeña fuerza enviada a tomar la isla de Mallorca fracasó por completo.

El 2 de agosto de 1936, Companys intentó organizar un Gobierno catalán que integrase a los restantes partidos izquierdistas, así como a la UGT, pero los anarquistas forzaron su disolución siete días más tarde, sustituyéndolo por otro compuesto por catalanistas de izquierda y presidido por Joan Casanovas, un separatista convicto y confeso. Durante todo el mes de agosto, Companys y Casanovas se esforzaron por crear un Gobierno que fuera virtualmente independiente, ignorando lo que quedaba de la Constitución republicana. Instauraron una Consejería de Defensa y una Comisión de Industria Bélica, acuñaron su propia moneda (como también se hizo en tres zonas diferentes del norte de la zona republicana) y establecieron sus propias aduanas y guardias aduaneros. El 30 de agosto se decretó que sólo las normas publicadas en el Butlletí de la Generalitat tendrían fuerza de ley.

Los líderes cenetistas no deseaban imponer una revolución económica anarcosindicalista pues creían que era importante no obstaculizar una posible ayuda extranjera. En agosto habían estado presionando para que se sustituyera el Gobierno republicano por un «Consejo Nacional de Defensa», al que podían unirse porque se trataba de un órgano confederal. Como no lo consiguieron, el 27 de septiembre cedieron un poco más y aceptaron formar parte de la nueva Generalitat liderada por Josep Tarradellas, donde ocuparon cuatro ministerios, incluido el de Defensa (al que denominaron «Consejo Regional de Defensa»).

Su principal intento por canalizar la revolución económica fue el decreto de octubre de colectivización de la industria, para el que se obtuvo algo de cooperación de la CNT. La Generalitat instituyó su propio «Exèrcit Popular de Catalunya», en principio independiente del Ejército Popular, con el que intentó asumir el control militar en Cataluña y Aragón, aunque la zona oriental de esta región siguió siendo un feudo cenetista. La represión se moderó bastante, pero no antes de que hubiesen muerto 8000 personas. Mientas tanto, el Gobierno catalán, pese a contar con la ayuda del emergente PSUC (el nuevo Partido Comunista catalán), se veía incapaz de superar una situación en la que gran parte del poder local civil y militar estaba en manos de la CNT.

Companys se sintió justificado con la creación en septiembre del nuevo Gobierno de Largo Caballero, que transformó en oficial la relación del Estado con los revolucionarios violentos, aunque en unos términos algo diferentes a los catalanes, e introdujo una novedosa política radical de «gobierno regional» por la que se creaban nuevas y extensas autonomías en la zona republicana, incluyendo un amplio estatuto para el País Vasco, el reconocimiento de la autonomía del Consejo de Aragón, una serie de gobiernos multiprovinciales (Asturias-León, Santander-Burgos-Palencia y, más tarde, Murcia y Andalucía) y la sustitución de las diputaciones provinciales por consejos provinciales multipartidistas.

Para el presidente Azaña, esto era el caos. Sus quejas acerca de la política de Companys constituyen uno de los pasajes más citados de su diario de guerra:

Su deber más estricto, moral y legal, de lealtad política, e incluso personal, era haber conservado para el Estado, desde julio acá, los servicios, instalaciones y bienes que le pertenecían en Cataluña. Se ha hecho lo contrario. Desde usurparme (y al Gobierno de la República, con quien lo comparto) el derecho de indulto, para abajo, no se han privado de ninguna invasión de funciones. Asaltaron la frontera, las aduanas, el Banco de España, Montjuich, los cuarteles, el parque, la telefónica, la CAMPSA, el puerto, las minas de potasa… ¡Para qué enumerar! Crearon la Consejería de Defensa, se pusieron a dirigir la guerra, que fue un modo de impedirla, quisieron conquistar Aragón, decretaron la insensata expedición a Baleares, para construir la Gran Cataluña…

Parece ser que Azaña no estaba muy bien informado acerca de los intentos de los nacionalistas vascos y catalanes para negociar su separación de España con otros gobiernos, siendo éste uno de los aspectos menos investigados de la Guerra Civil. Tanto el PNV como los catalanistas de izquierda lo venían intentando desde 1935, primero en París, luego en otras capitales, sin excluir la de la Alemania nazi. A finales del verano y en el otoño de 1936, agentes catalanes (a veces en representación de la Generalitat, otras de los grupos separatistas más extremados) buscaron en Londres, París, Ginebra, Roma e incluso Berlín, apoyos para una Cataluña independiente, aunque fuera bajo la protección extranjera y, por un momento, hasta los diplomáticos de París, Londres y Roma llegaron a considerar esta posibilidad.

La única de estas maniobras que alcanzó alguna repercusión política fue el turbio asunto conocido como «el asunto Rebertés», llamado así por Andreu Rebertés, un nacionalista de izquierdas que, durante un tiempo, ocupó la Comisaría General d’Ordre Públic. La conspiración, dirigida por los nacionalistas radicales, pretendía reemplazar a Companys por un nuevo dirigente que establecería una absoluta dominación nacionalista en Cataluña, quizá con ayuda francesa, pero el plan se descubrió, varios líderes catalanistas tuvieron que huir a Francia y Rebertés resultó detenido y discretamente asesinado. Su cadáver fue abandonado, como ocurría con cientos de ellos en aquellos días.

En las primeras semanas del conflicto, también el nacionalismo vasco estuvo dividido, pero en su caso, más en sentido provincial, pues la mayoría de los nacionalistas alaveses y navarros se pusieron de parte de los rebeldes. Durante la República, el propio PNV se había desplazado de la derecha al centro y, aun perdiendo algo de terreno, había conseguido mantener su independencia en las elecciones de febrero. El nacionalismo vasco había nacido como un movimiento ultraclerical y seguía siendo muy católico. En la segunda vuelta de las elecciones, la lista de la derecha había dejado su puesto a los nacionalistas, cuyos dirigentes habían mantenido conversaciones con los conspiradores derechistas antes de la rebelión, pero sin comprometer su apoyo. Como también los había que simpatizaban con los revolucionarios, cuando empezó la guerra la cúpula del PNV preparó una declaración de neutralidad. No obstante, algunos de sus líderes clave, como Manuel de Irujo y Juan Ajuriaguerra, estaban convencidos de que, en medio de la crisis, el nacionalismo podría sacar mucho más provecho de la izquierda que de la derecha, así que, cancelando esa declaración antes de que pudiera salir a la luz, los dirigentes peneuvistas afirmaron de manera oficial su apoyo a la República, que sólo llegó a hacerse efectivo en Vizcaya y Guipúzcoa, mientras un grupito, compuesto por los más intransigentes, a cuya cabeza estaba el hermano de Arana Goiri, se obstinó en mantener la neutralidad y marchó al exilio.

Por su parte, la Junta de Burgos mantuvo, durante esas primeras semanas, una actitud prudente mientras esperaban que los nacionalistas vascos se desligaran de los revolucionarios. A principios de agosto, los obispos de Vitoria (Múgica) y de Pamplona (Olaechea) hicieron pública una pastoral en la que urgían al PNV a poner fin a su alianza política con unos revolucionarios que no dejaban de cometer atrocidades contra el clero y los católicos. Cuando los rebeldes entraron en Guipúzcoa, donde el clero siempre había sido un firme defensor del nacionalismo, juzgaron y fusilaron a 16 sacerdotes que se habían significado en tales actividades, algo que Franco no tardó en prohibir. Los portavoces vascos hicieron buen uso propagandístico de la ocasión que les brindaba el asesinato de los curas nacionalistas, pasando por alto el hecho de que sus aliados revolucionarios habían hecho lo mismo con otros 56 en Vizcaya y Guipúzcoa.

También Franco emprendió negociaciones, ofreciendo su reconocimiento a los términos básicos de los fueros provinciales, pero tanto José Antonio Aguirre como los demás líderes peneuvistas habían decidido ya jugársela con las izquierdas. En septiembre se llegó a una alianza con el Gobierno de Largo Caballero, en el que Irujo entraría como ministro el día 25. El primero de octubre, en su única acción significativa durante la guerra, se reunieron a toda prisa unas Cortes parciales, muchos de cuyos miembros habían muerto a manos de los revolucionarios, para aprobar un Estatuto de Autonomía (tan precariamente ideado como amplio en su alcance) para el País Vasco, que, en muchos sentidos, superaba al catalán de 1932 y que, con bastante sorna, sería conocido como el «Estatuto de Elgueta», porque las únicas áreas que todavía no habían caído en poder de los nacionales eran Vizcaya y una pequeña zona en torno a Elgueta (Guipúzcoa). La actuación era inconstitucional, pues la ley exigía una mayoría de dos tercios para aprobar semejante Estatuto y apenas había 50 diputados presentes, pero, para la República en guerra, el Parlamento no era más que una fachada; todas las decisiones las tomaba el Gobierno.

A continuación se creó un nuevo Gobierno en Bilbao, liderado por Aguirre y el PNV, en teoría con el voto de los alcaldes de Vizcaya, cuyos ayuntamientos, antes gobernados por la derecha, fueron ocupados por la nueva coalición. Enseguida impuso el neologismo «Euzkadi», sin tener en cuenta su más que dudoso carácter etimológico. Este Gobierno estaba compuesto por cinco nacionalistas, tres socialistas, dos republicanos de izquierda y un comunista, y aunque nació como un «Gobierno provisional», el 3 de noviembre publicó un decreto por el que se hacía con el control de toda la autoridad estatal en Vizcaya, dejando a un lado las limitaciones impuestas por el nuevo Estatuto. Sin pérdida de tiempo, Aguirre se autoproclamó presidente permanente y se hizo cargo de todas las fuerzas policiales y militares de la provincia, ignorando de hecho la colaboración en estas cuestiones con el Gobierno republicano y negando cualquier autoridad al capitán Francisco Ciutat, a quien Largo Caballero había nombrado jefe militar de la zona norte. El Gobierno empezó a actuar en todos los aspectos como un Estado independiente; incluso estableció sus propias aduanas, que le separaban del resto de la zona republicana, y, como su homólogo catalán, envió representantes a París, Londres y Berlín (éste en secreto) para así poder jugar en todos los bandos.

Se ha dicho que la Vizcaya de Aguirre fue la única parte de la zona republicana que no sucumbió a la revolución, pero no es cierto. En realidad, allí la revolución se limitó a adoptar unos ropajes diferentes, más nacionalistas. A diferencia de otras regiones, nunca se produjo una colectivización económica formal, pero el Gobierno vasco, al tiempo que respetaba la tierra de los agricultores vizcaínos (muchos de los cuales eran nacionalistas), intentó nacionalizar la industria y las finanzas, pertenecientes a una élite económica que, en su mayor parte, no comulgaba con sus ideas. Se incautó casi todo el capital de los bancos para crear uno estatal vasco y se confiscaron los activos de las principales industrias. Luego, en 1937, el Gobierno escapó llevándose consigo las acciones, documentos legales y títulos de propiedad de los principales organismos financieros e industriales vizcaínos en un último intento por seguir controlándolos desde el extranjero. Tampoco Vizcaya se libró de los habituales saqueos y pillajes de cajas de seguridad y objetos valiosos, un botín con el que el Gobierno revolucionario marchó al exilio.

La idea de que los nacionalistas vascos protegieron a la Iglesia y al clero y evitaron que el terror rojo se adueñara de Vizcaya es otro mito de la guerra. Es verdad que algunas iglesias permanecieron abiertas, pero la gran mayoría se cerró y fueron profanadas por los revolucionarios. Muchos sacerdotes acabaron en la cárcel, y 42 de ellos asesinados tras ser objeto de torturas. En conjunto, en Vizcaya murieron casi 500 personas, víctimas de la represión, a menudo con la aquiescencia y a veces incluso con la participación de los nacionalistas, aunque no puede negarse que el Gobierno actuó para moderar algo los excesos represivos.

Aguirre dio forma a su propio «Eusko Gudarostea», o «ejército vasco», al que, más tarde, el mando republicano intentó controlar cambiándole el nombre por el de «Cuerpo del Ejército de Vizcaya» y que llegó a contar con 100 000 hombres, quizá la mitad de ellos nacionalistas, siempre organizados en unidades separadas. El general Llano de la Encomienda, jefe de la zona norte en sustitución de Ciutat, obtuvo algo más de colaboración que éste. El ejército vasco emprendió una ofensiva, en principio para aliviar la presión que sufría Madrid, pero, en realidad, con el objetivo de anexionarse Álava. Desdeñando la valiosa ayuda de las fuerzas republicanas de Santander y Asturias, Aguirre se lanzó a la invasión de Álava en noviembre. Allí, a pesar de superar en número a sus enemigos, fue rechazado y sufrió considerables bajas, ganándose a pulso el jocoso apelativo de «Napoleontxu».

El régimen de Vizcaya se pasó la primavera de 1937 explorando en qué condiciones podría firmar una paz por separado, primero con Mola en el frente norte y luego directamente con Franco. Además, seguía negociando con Gran Bretaña, a cuyo Gobierno ofreció su propia base en Vizcaya si le ayudaba a independizarse de España. Algunos nacionalistas ya habían empezado a comentar entre sí la posibilidad de reemplazar al megalomaníaco Aguirre por el más moderado y conciliador Julio Jáuregui, pero nunca consiguieron el suficiente respaldo para ello.

Tras la ofensiva franquista sobre Vizcaya (31 de marzo de 1937), los nacionalistas empezaron a actuar de manera cada vez más independiente. Los mandos soviéticos no parecían nada dispuestos a enviar más refuerzos aéreos debido a la poca calidad de los campos de aviación de la zona, la falta de defensas y la total ausencia de profundidad geográfica. Aguirre exigía más aviones y, el 7 de abril, declaró que, si no los obtenía, el Gobierno de Euzkadi «se consideraría relevado de la lealtad con la que siempre ha procedido»[78]. Esa referencia a su «lealtad» resultaba extraordinaria incluso para el entorno de exagerada propaganda entonces reinante. Al final se le enviaron unos cuantos aviones, pero siempre en cantidades tan pequeñas que apenas sirvieron para nada. Antes de finales de mes, el Gobierno vasco nombró de manera oficial a su presidente comandante en jefe del Ejército de Euzkadi, liberándolo de su dependencia de la cadena de mando del Ejército Popular, en su lucha contra lo que denominaban una «inmunda amalgama de mahometanos negros, protestantes rubios, legionarios sifilíticos y españoles degenerados»[79]. Una vez más, el racismo peneuvista volvía a enseñar las orejas.

En realidad, el Gobierno vasco estaba estableciendo una especie de independencia militar no sólo para resistir con mayor eficacia, sino para demostrar aún mejor su «lealtad» llevando a cabo negociaciones clandestinas con las potencias extranjeras y la «inmunda amalgama» franquista. En abril y mayo, Franco trabajó con el Vaticano y aceptó que las autoridades italianas actuasen como intermediarios para negociar la retirada vasca del conflicto. Para ello puso encima de la mesa unas condiciones más que generosas: nada de represión política, descentralización administrativa, persecución sólo de aquellos acusados de delitos comunes y libertad para todos sus dirigentes para escapar al extranjero. Sin embargo, las negociaciones se fueron a pique debido a la insistencia vasca en que estuviera presente alguna potencia foránea para garantizar los términos del acuerdo, algo que Franco ni podía aceptar, ni aceptó. Semejante interés no sólo nacía de la desconfianza de los vascos hacia Franco, sino de su persistente deseo de implicar en el asunto a un tercero para así reducir la soberanía española. A principios de mayo, Mola fue incluso más lejos: les prometió no bombardear Bilbao y liberar a todos los gudaris que hubieran depuesto las armas.

Con todo, firmar una paz por separado no habría sido tan fácil porque no la hubieran aceptado los aliados izquierdistas de los nacionalistas, que podrían haber desencadenado una miniguerra civil similar a la que estalló en Barcelona esa primavera. En mayo aumentó un poco la cooperación militar con Valencia, y las tropas vascas (nacionalistas y revolucionarias) resistieron con firmeza, pero, una vez que se atravesó el Cinturón de Hierro, los nacionalistas se negaron a seguir resistiendo en Bilbao. Protegieron la industria y las instalaciones municipales frente a los revolucionarios que deseaban destruirlas en una política de tierra quemada, y una gran parte del ejército se rindió, aunque 30 000 hombres, no todos nacionalistas, emprendieron la retirada hacia Santander.

Durante todo el mes de julio, los líderes peneuvistas continuaron sus negociaciones en Roma, con las que esperaban preparar una evacuación independiente de tantos de sus soldados como fuera posible, al amparo de un avance militar del CTV. Quienes no pudiesen ser evacuados se rendirían a los italianos antes que a Franco. Éste aceptó las negociaciones, pero Aguirre y sus colegas las fueron espaciando todo cuanto pudieron, alegando que debía procederse con cautela para no levantar las sospechas de los mandos republicanos.

Para simplificar esta operación, los vascos propusieron a las tropas franquistas que no avanzasen directamente por el oeste hacia Santander, sino que lo hicieran desde el sur, a través de Reinosa. Así, en su marcha hacia el norte, los vascos no se retirarían; por el contrario, se dejarían aislar, con lo que su evacuación/rendición sería más fácil. Mientras tanto, el general Mariano Gámir, que había sustituido a Llano de la Encomienda en la jefatura del frente norte, preparaba un contraataque al este de Santander, que los vascos intentaron sabotear aunque con poco éxito. Algunas de sus unidades se vieron forzadas a tomar parte en la operación porque el mando republicano colocó destacamentos de ametralladoras en su retaguardia, al estilo soviético, para aislar a quien se quedase atrás. El asalto fracasó y hubo numerosas bajas.

En agosto, las fuerzas franquistas avanzaron hacia Santander según el plan de Aguirre, y el día 23, cuando ya estaban cerca, las unidades vascas se rebelaron contra los jefes republicanos. Sin embargo, los barcos en que debían ser evacuados no acababan de llegar y, dos días más tarde, Franco arrebató a los italianos el control de la zona. Incluso después de tan evidente traición, las autoridades vascas tuvieron la desvergüenza de emitir un comunicado desde Francia en el que aseguraban que las únicas tropas republicanas que habían resistido con valor en Santander habían sido las suyas. En conjunto, unos 22 000 vascos cayeron prisioneros; la mitad de ellos, casi todos nacionalistas, recuperó la libertad poco después. Algunos se incorporaron al ejército nacional. Otros 500 fueron enviados a los tribunales militares y sentenciados a muerte por los crímenes que habían cometido en Vizcaya, y de éstos, unos 200 terminaron ajusticiados.

La represión franquista no fue más severa en Vizcaya que en otros lugares donde también había dominado la izquierda durante el primer año de conflicto. Con el régimen nacionalista/revolucionario se habían producido unas quinientas ejecuciones políticas, mientras que la represión supuso el ajusticiamiento de unas 1800 personas, nada fuera de lo habitual en esos casos. La industria vasca, cuya producción había experimentado un brusco descenso durante el primer año de guerra, se vio muy favorecida por el Gobierno de Franco, que dio prioridad a la industria pesada. En general, durante los años del «primer franquismo», la economía vasca floreció más que la de ninguna otra región. Desde luego, las actividades políticas y culturales nacionalistas quedaron suprimidas, pero la idea de que la nueva dictadura trató a las provincias vascas con especial dureza es otro producto de la propaganda nacionalista: más bien ocurrió todo lo contrario.

Dado que los nacionalistas no habían conseguido poner en práctica su plan de evacuación con los italianos, Aguirre y otros líderes del PNV manifestaron que no les había quedado otra alternativa que la rendición y mantuvieron su vinculación con la causa republicana. Así podían mantener la ilusión de que seguía existiendo un «Gobierno vasco», ya que, en esos momentos, un Gobierno de verdad «independiente» en el exilio habría sido ignorado por completo. Como habían interceptado uno de los telegramas italianos, los principales dirigentes republicanos sospechaban de los vascos, pero seguían considerando que la participación del único partido católico de la República tenía suma importancia desde el punto de vista de la propaganda; Manuel de Irujo conservó la cartera de Justicia en el Gobierno Negrín.

Mientras tanto, en Barcelona, Companys y Esquerra hacían una cada vez mayor causa común con el PSUC contra la casi total hegemonía de los cenetistas. Toda esta presión llegó a su cenit en los fets de maig, los hechos que tuvieron lugar entre el 3 y el 6 de mayo de 1937, cuando la CNT se rebeló con toda su violencia contra la ampliación del poder policial del Estado, provocando una corta guerra civil dentro de la otra. Sin embargo, sus dirigentes se mostraron vacilantes y el Gobierno republicano envió refuerzos a toda prisa, con lo que, al final, los anarcosindicalistas tuvieron que aceptar las condiciones gubernamentales.

Desde mediados de mayo, el Gobierno Negrín había empezado a extender su autoridad estatal sobre Cataluña, un ejemplo de ello fue la incorporación del «Exèrcit de Catalunya» dentro del organigrama del Ejército Popular. El 1 de julio, Esquerra y el PSUC formaron un nuevo Gobierno. Companys no tardó en darse cuenta de que sus aliados comunistas no obedecían más que a la Komintern y que la Generalitat había escapado del fuego de los anarquistas para caer en las brasas del control de Negrín. Para entonces, algunos de los dirigentes y activistas de Esquerra habían optado por salir huyendo al extranjero, y cuando Companys se quejó al presidente Azaña de que los comunistas habían hecho «desaparecer» a Andreu Nin, éste escribió en su diario que le daba asco tener que escuchar la hipocresía de quien había sido presidente durante meses de anarquía, pillaje y asesinatos. En octubre, el Gobierno republicano se trasladó de modo oficial a Barcelona y desde ese momento intentó (con éxito incierto) incrementar la baja productividad de la industria catalana y destinarla al esfuerzo bélico.

A partir de la segunda mitad de 1937, los líderes vascos y los de Esquerra se aliaron con mayor frecuencia entre sí para mantener el espíritu y los principios de la autonomía y, en el caso catalán, para quejarse cada vez más del poder del Gobierno de Negrín. En principio, la Generalitat se mantuvo en sus funciones, y tanto el presidente de la República como el del Gobierno se comprometieron a respetar los términos básicos del Estatuto de 1932, pero, en esas condiciones de guerra total, la autoridad gubernativa central no podía sino aumentar.

En 1938, el Gobierno vasco se había transformado en la criatura del PNV, quien había conservado el control de su hacienda y fomentado una activa campaña propagandística en el exterior en nombre del «pueblo vasco», aunque, de hecho, en las elecciones de 1936 sólo un tercio de ese pueblo les había votado[80]. En ese año, tanto los representantes de Esquerra como los peneuvistas (sobre todo estos últimos) se embarcaron en largas maniobras diplomáticas en Londres y París destinadas a alentar una intervención extranjera que fragmentase el Estado español y respaldase su absoluta autonomía o independencia. Los detalles concretos de estas negociaciones todavía no se conocen del todo y merecen un estudio en profundidad.

Azaña esperaba que una intervención foránea pusiese fin a la Guerra Civil, pero no al precio de fragmentar España. También Indalecio Prieto (ministro de Defensa entre 1937 y 1938) estaba dispuesto a hacer pequeñas concesiones territoriales, pero no a los separatistas. Conforme se deterioraba la situación militar a principios de 1938, mencionó la posibilidad de ceder Vigo, Cartagena o Mahón (o una combinación de ellas) a Francia y Gran Bretaña para que las utilizasen como bases a cambio de su intervención en el conflicto.

Cuando en marzo de ese año Léon Blum regresó a la presidencia del Gobierno de Francia, los dirigentes de Esquerra y el PNV creyeron que había llegado su momento. Por vez primera, el Gobierno francés tomó en consideración la intervención militar en España y Companys y sus colegas empezaron a soñar de nuevo con una Cataluña bajo protección francesa, incluso asociada a este Estado. La posible actuación política de Francia afectó a la estrategia franquista de la primavera y el verano, pero, a la larga, esas alternativas tan discutidas en París no dieron fruto.

Negrín se quejó ante Azaña de que las pretensiones de Aguirre eran, en ciertos aspectos, más insufribles que las del propio Franco, pero el presidente del Gobierno no podía prescindir de su ministro nacionalista vasco, que tan bien le venía como fachada política. Después de un año, incluso aceptó la sugerencia de Aguirre de que la cada vez más pequeña zona republicana mostrase algo de tolerancia religiosa para intentar influir sobre la opinión pública católica e internacional.

A mediados de agosto de 1938, Esquerra y el PNV provocaron la penúltima de las crisis de la República, cuando retiraron a sus ministros del Gobierno de Negrín en protesta por la toma estatal de la industria bélica catalana no mucho tiempo atrás. Esquerra estaba entonces marginada dentro de Cataluña y los ministros que dimitieron pudieron ser reemplazados por otros del PSUC y del pequeño partido izquierdista Acción Nacionalista Vasca.

La crisis de los Sudetes, que pisaba los talones a esta remodelación gubernamental, dio nuevas alas a los separatistas porque, en la separación de esta región de Checoslovaquia, Hitler se apoyó sobremanera en el principio de autodeterminación de los pueblos. Como ya había demostrado antes, el PNV estaba más que dispuesto a negociar con el Eje.

Con su habitual pragmatismo, los líderes sabinianos plantearon extender sus contactos a Italia y Alemania. El «problema vasco» sería presentado de forma distinta a cada interlocutor: a Francia le garantizarían «la seguridad de su frontera sur con un Estado (vasco) amigo», lo que suponía renunciar a la región vasco-francesa; al Reino Unido le ofrecerían «nuestra riqueza industrial, minera, etcétera»; a los fascistas italianos les expresarían «simpatía, en la creencia de que serán elementos que pesen en la balanza, haciendo notar nuestras relaciones con el Pacto de S. (Santoña)»; y ante los nazis indicarían «raza, derecho de autodeterminación de los pueblos, plebiscito»[81].

Para Manuel Azaña el más amargo descubrimiento de toda la guerra no fue ni la contienda civil ni la extensa violencia, que no eran ninguna novedad en la historia republicana, sino la prueba de que tantos de aquellos que afirmaban apoyar a la República izquierdista no estaban dispuestos a demostrar su solidaridad nacional en momentos de crisis y, por el contrario, perseguían sus propios intereses separatistas. En el otoño y el invierno de 1938-39 los vascos instaron a franceses y británicos a aplicar la «solución Múnich» a España, con París y Londres en el papel de Berlín.

Sin embargo, a finales de 1938, la moral catalana estaba por los suelos y la campaña franquista que se desarrolló entre diciembre y febrero fue la más sencilla de todo el conflicto. Pese a que más de 200 000 civiles cruzaron la frontera en febrero, y junto a ellos un número casi igual de soldados, la mayoría regresaría antes del fin de la guerra.

Las maniobras diplomáticas separatistas no desaparecieron con la conclusión de la Guerra Civil. Por el contrario, prosiguieron en los años cuarenta, siendo de nuevo los vascos los más activos. El PNV intentó negociar con un Hitler que se encontraba en la cúspide de su poder, y Aguirre se pasó la primera mitad del año 1941 en Alemania, intentando en vano que este país respaldase la separación del País Vasco bajo la protección germana. Al no conseguirlo, intentaron jugar de nuevo la baza aliada a finales de ese año.

Agentes vascos empezaron a trabajar para los servicios de inteligencia y la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, tanto dentro de España como, mucho más, en Europa Occidental y Sudamérica, cooperando también con la resistencia francesa en tareas de auxilio a los refugiados y ayudando a los pilotos aliados a cruzar los Pirineos. En cierto momento, llegaron a facilitar informes distorsionados a la OSE americana con los que pretendían demostrar que España estaba a punto de entrar en la guerra e incitar así otra entre este país y Estados Unidos, pero la embajada americana en Madrid pudo demostrar su falsedad. Los nacionalistas tenían puestas sus esperanzas en que, bien la Segunda Guerra Mundial bien sus secuelas, desmembrarían España, pero otra vez se vieron defraudados.

28
¿FUE IMPORTANTE EL PAPEL DE LOS MARROQUÍES?

DURANTE dos milenios, las historias de España y Marruecos han estado entremezcladas de diversas maneras, en especial desde la invasión marroquí en el siglo XI. Sin embargo, a principios del siglo XX, el Gobierno español no parecía tener mucho interés en participar en un proyecto neocolonial en la zona. En la práctica, fue la competencia con los intereses franceses y británicos la que le llevó a establecer su pequeño Protectorado en el norte del país. La insurrección marroquí que estalló en 1919, como respuesta a la tentativa española de ocupar todo el Protectorado, alcanzó enseguida su momento álgido y se convirtió en la mayor rebelión antiimperialista afroasiática, influyendo incluso en la caída del Gobierno parlamentario español en 1923, que, a su vez, daría comienzo a una desestabilización tal de los asuntos españoles que no se lograría enderezar hasta 1975.

El Protectorado se pacificó por primera vez en 1927-28, con ayuda de una masiva movilización militar francesa. La Administración española lo gobernó mediante la represión militar, pero también mediante sobornos y colaboraciones con los líderes de las cabilas, consiguiendo así la única importante cooperación de la élite nativa. El respeto por el islam era total, así que, a pesar de la gran historia misionera del catolicismo español, el proselitismo se restringió al máximo y, la mayoría de las veces, ni existió.

Marruecos fue el campo de entrenamiento no sólo de Franco, sino de toda una generación de oficiales y suboficiales del ejército español, dando lugar también a una especie de rivalidad entre aquellos oficiales burócratas, que se habían quedado en las guarniciones peninsulares, y los llamados «africanistas», que sí habían entrado en combate. A menudo se ha representado a estos últimos como unos soldados brutales y políticamente derechistas, lo que sin duda es una exageración y una generalización, porque había africanistas de todas clases. Una minoría estaba mejor educada y preparada desde el punto de vista técnico; otros cuantos eran liberales y, aun así, el tópico es correcto en el sentido de que la mayoría de los mandos del ejército nacional durante la Guerra Civil fueron «africanistas».

Con la República se habló en ocasiones de reformar y liberalizar la administración del Protectorado, pero, en la práctica, todo lo que se hizo fue nombrar Alto Comisario a un civil, no a un militar, y los sucesivos Gobiernos republicanos aceptaron de manera tácita la idea de que, dado lo difícil que era pacificar la zona, era mejor que los militares siguieran desempeñando el papel principal. En 1936, los oficiales de las bases marroquíes, en su mayoría veteranos en combate, apoyaron la conspiración militar y la subsiguiente rebelión mucho más que cualquier otro grupo dentro del ejército.

Como ya se ha mencionado, al principio del conflicto la élite del ejército español estaba formada por los 47 000 soldados de Marruecos, aunque el número de hombres armados era bastante menor. Unos 17 000 eran voluntarios de los regulares o mehallas. Durante su insurrección, los marroquíes habían demostrado ser unos excelentes combatientes y soldados de infantería, por lo que, como voluntarios en las unidades españolas, se les tenía en alta estima. Procedentes de un ambiente pobre y duro, su valor, resistencia y determinación eran poco corrientes y siempre que estuviesen adecuadamente dirigidos, respondían bien a la disciplina militar. Llegaron a componer una formidable infantería y a conseguir una estupenda reputación militar que más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, compartirían otras unidades que lucharon en el Ejército Libre francés, de hecho superior a la de las tropas de muchas naciones aliadas.

Durante los seis primeros meses del conflicto, los regulares desempeñaron un papel de suma importancia, no sólo en el avance hacia y la lucha por Madrid, sino, en pequeñas unidades, en muchos otros frentes, donde su fama de feroces sembraba el pánico entre los milicianos de la República. Al principio, la demonización de las tropas marroquíes como invasores depravados fue fundamental en la propaganda republicana (y sobre todo en la comunista). En uno de sus discursos radiados, Dolores Ibárruri denunció a «la morisma salvaje, borracha de sensualidad, que se vierte en horrendas violaciones de nuestras muchachas, de nuestras mujeres… Moros traídos de los aduares marroquíes, de lo más incivilizado de los poblados y peñascales rifeños».

Los jefes militares del Protectorado habían empezado pronto a reclutar más voluntarios, incluso en Ifni, en el Sáhara o en la principal zona francesa del país. Los «interventores», es decir, los oficiales españoles que supervisaban los diferentes distritos locales, alentaban ese reclutamiento y también lo hacían las élites rurales marroquíes, en general bien dispuestas a colaborar, ya que, según los cálculos del cónsul británico, llegaron a percibir en total unas 300 000 pesetas mensuales en concepto de «pensiones». A los jóvenes les atraía la paga (alrededor de 4 pesetas diarias, un buen sueldo para la gente corriente) y los llamamientos que acentuaban los valores casi propios de la yihad subyacentes en el hecho de luchar contra el «ateísmo rojo» y la «falta de Dios», así que, a los voluntarios no les quedaba ninguna duda de que estaban combatiendo contra gente verdaderamente malvada. También les gustaba la buena reputación de los regulares y sus oficiales españoles, cuya actitud hacia las tropas era firme, pero casi siempre justa. De hecho, el ejército que había conquistado y gobernaba el Protectorado había conseguido, en 1936, disfrutar de una reputación bastante buena entre la población nativa, y ninguna mejor que la de Franco. La sequía continuada, las depauperadas condiciones económicas y el alto grado de desempleo también tuvieron su influencia, así como la vida militar en sí misma, sobre todo entre unos jóvenes que habían crecido en una sociedad musulmana y machista. Al menos una minoría de los reclutas procedía del Marruecos francés, donde, desde la Primera Guerra Mundial, existía la tradición de servir en un ejército europeo, con lo que, aunque París apoyaba a la República, ese apoyo era menos importante entre los oficiales franceses destinados en Marruecos, que, a menudo, alentaron o al menos permitieron los reclutamientos. Los voluntarios se organizaban por distritos y cabilas, lo que dotaba a sus unidades de una fuerte solidaridad interna, pasaban por un breve periodo de instrucción y se les enviaba al frente a las órdenes de los oficiales españoles.

Los registros no permiten determinar con exactitud cuántos marroquíes lucharon en el bando franquista, pero los datos que han llegado hasta nuestros días indican que fueron unos 70 000, alrededor del 7 por ciento de todas las tropas nacionales. Muchos de ellos murieron, porque lo normal era enviar a regulares y mehallas a los frentes más activos y difíciles. En registros incompletos, en los que sólo hay contabilizados 62 272 voluntarios, constan 11 000 muertos, con lo que el número total de muertes pudo haber alcanzado e incluso superado las 12 000, una tasa de mortandad que triplicaba a la de ambos ejércitos españoles. Un 18 por ciento de muertos resulta elevado incluso comparado con las bajas sufridas por las Brigadas Internacionales y los requetés. Además, en otro registro figuran otros 56 000 heridos en combate (aunque esto no quiere decir que fueran tantos, pues muchos resultaron heridos más de una vez). Sin embargo, los marroquíes sólo constituían una minoría dentro del Cuerpo de Ejército Marroquí que, a finales de 1937, comandaba Juan Yagüe, y, en el transcurso de la guerra, sirvieron en otros cuerpos, desempeñando sin duda un importante y desproporcionado papel en los combates.

Los jefes militares rebeldes consiguieron enseguida el apoyo del califa Mulai Hassan, la principal autoridad nativa, así como el del gran visir Ahmed el Gannia, gracias a que supieron sacar partido de los bombardeos republicanos de los distritos marroquíes de Tetuán, que tuvieron lugar el 18 de julio de 1936. Mucho antes de la guerra, los mandos españoles habían empezado a proyectar una cierta clase de ideología en el Protectorado, según la cual existía una relación orgánica, histórica y cultural entre ambos países en la que España tenía la misión de guiar a Marruecos hacia un nivel superior. En esta doctrina coexistían catolicismo e islamismo, aunque el primero disfrutaba de una mayor soberanía política y militar, y como nada une más que un enemigo común, se adjudicó ese papel a la liberal y anticlerical Francia, comparada con la cual la ocupación española resultaba más humanitaria, más respetuosa con el islam. También se apeló al peligro de una posible invasión francesa, contra la que una victoria franquista en España serviría de barrera, manteniendo a raya cualquier expansión del imperialismo galo.

Entre julio de 1936 y marzo de 1937, el gobierno del Protectorado estuvo en las firmes manos del general Luis Orgaz, Alto Comisario franquista, y en las del experimentado coronel Juan Beigbeder durante el resto del conflicto. A los líderes locales se les hicieron ciertas concesiones, algunas simbólicas, otras más sustanciales, e incluso se les dio una mayor relevancia. Desde luego, se mantuvo la preeminencia del islam y sus leyes: las tropas marroquíes no sólo recibían un rancho especial, acorde con los preceptos coránicos, sino que las autoridades españolas llegaron a fletar un barco para que algunos voluntarios selectos pudieran peregrinar a La Meca. También se intentó llevar comida a la zona norte del país, agostada por la sequía.

Orgaz y Beigbeder mantuvieron buenas relaciones con los tres pequeños partidos nacionalistas marroquíes, conciliándolos y, en ocasiones, contraponiendo a unos y otros. Se les otorgaron ciertas concesiones y una gran libertad organizativa y de propaganda, siempre que ésta estuviese dirigida contra la administración de la zona francesa, que ocupaba más del 90 por ciento del país. Incluso se satisficieron algunas de sus mínimas exigencias, como la de limitar la cantidad de tierra que podían poseer los extranjeros o la arabización de la educación pública, todo ello con el fin de que el gobierno de la derecha autoritaria española pareciera liberal comparado con el de la Francia democrática. Sin duda se trataba de una astuta política (sobre todo tal y como la orquestó Beigbeder) de la que España sacó mucho partido. Acompañada de una inteligente y eficaz estrategia de «divide y vencerás», la propaganda del coronel español fue tan diestra como efectiva. Como explicó a un periodista francés en marzo de 1937: «Nuestra táctica consiste en encarcelar a esos musulmanes en sus propias aspiraciones, sin permitirles que se desvíen de su civilización»[82]. Con ello se dirigió la animadversión marroquí contra los franceses, los principales ocupantes de su país, sugiriéndoles de paso que España se mostraría benevolente, una benevolencia que también se manifestó en el mantenimiento de la cultura islámico-marroquí tradicional, que contaba con la amistad de los nacionales y con un enemigo natural en las filas de los adversarios, revolucionarios y antirreligiosos.

La mayor parte de los nacionalistas marroquíes estuvieron de acuerdo, por motivos obvios, en que Francia era su principal enemigo, mientras que la República había hecho muy poco, o nada en absoluto, por ellos. De ahí que aceptaran las limitadas concesiones que les hizo la Administración española, ya que, como declaró uno de sus más relevantes líderes: «No puedo fiarme de los republicanos, que jamás han cumplido ninguna de sus promesas hechas a nuestro movimiento, aparte de que son aliados de una nación como Francia, que para nosotros es la verdadera enemiga de Marruecos»[83]. Desde la perspectiva de la mayoría de esos nacionalistas, se seguía así la astuta política de indisponer a la potencia imperial más débil con la más fuerte para aprovecharse de ello.

También la economía del Protectorado se gestionó con rigor, estableciendo estrechos lazos con la zona nacional, ya que, mutatis mutandis, se le aplicaban idénticos controles estatales y normas que a España, con lo que la economía quedaba mucho más exclusivamente vinculada que antes a los mercados y al comercio exterior españoles. Durante la Guerra Civil, las importaciones procedentes de España se cuadriplicaron y descendieron de manera brusca las que provenían de otros países. El sector que experimentó un mayor crecimiento fue el del mineral de hierro, que se orientó hacia Alemania, mientras se reducían de forma considerable las exportaciones destinadas a Francia y el Reino Unido. La gestión de la economía del Protectorado durante el conflicto resultó ser tan exitosa y útil para el esfuerzo bélico como la de la zona nacional en España.

Durante años, las severas críticas al inepto gobierno del Protectorado fueron moneda corriente, pero, desde entonces, se había aprendido mucho y los militares hicieron buen uso del pequeño territorio, al que utilizaron como base en la Guerra Civil. En palabras de Shannon Fleming, teniendo en cuenta su modesto tamaño, los territorios de Marruecos sirvieron a los nacionales al menos tan bien como el África francesa había servido a Francia en la Primera Guerra Mundial, o como las tierras del imperio sirvieron a Gran Bretaña durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Al mismo tiempo, y en su calidad de protectorado imperial, si los enemigos del Movimiento hubieran conseguido provocar allí otra rebelión, el Marruecos español podría haber sido el talón de Aquiles de la zona nacional. Un levantamiento significativo contra los insurgentes hubiera perjudicado todo el esfuerzo bélico y conducido a una clara victoria republicana. Que esto no ocurriera se debió a la complejidad de la situación internacional y a las divisiones, tanto internas como foráneas, que existían entre los enemigos de los nacionales.

Desde principios del siglo XX, el imperio español era pequeño, casi insignificante, y el antiimperialismo había dejado de tener importancia en las políticas de la izquierda, pero, al comienzo de la guerra, el Comité de Milicias Antifascistas de Barcelona estableció contactos con los nacionalistas marroquíes de la zona francesa, con los que llegó a alcanzar un acuerdo preliminar para fomentar la rebelión en el Protectorado. Sin embargo, había varios grupos nacionalistas divididos entre sí, y el nuevo Gobierno de Largo Caballero se negó a sancionar ese acuerdo ya que esperaba obtener el auxilio de Francia y el Reino Unido y no estaba dispuesto a poner en peligro el statu quo imperial. Incluso si se conseguía circunscribir la rebelión a la zona española, podría haber provocado la ocupación militar francesa de todo el país.

No obstante, sí que hubo cierta resistencia marroquí al reclutamiento militar por parte de España. En agosto de 1936 se reprimió con severidad una protesta localizada, con el resultado de un muerto, sesenta personas arrestadas y, más tarde, numerosas y largas condenas a prisión. Algo más seria fue la conspiración que se fraguó el siguiente invierno en el Rif, en una parte del Beni Urriaguel (la antigua cabila de Abd el Krim), siendo objeto de una brutal represión en marzo de 1937. Conforme continuaba la guerra, crecía el descontento, y en 1938 desertaron unos cuantos soldados marroquíes que se encontraban en su país de permiso, huyendo a Tánger o a la zona francesa. Las autoridades españolas emprendieron otra ronda de arrestos, acompañados de nuevos pagos y sobornos para mantener el apoyo de la élite nativa.

En estas condiciones, sólo una decisión de las grandes potencias europeas podría subvertir la posición del régimen franquista en el Protectorado. Mientras que, en septiembre de 1936, Largo Caballero se había negado a permitir el estallido de una insurrección en la zona, en los primeros meses de 1937 sus embajadores en Londres y París intentaron organizar un plan mediante el cual se pondría fin a la intervención germano-italiana en España a través de una negociación cuatripartita de distribución del territorio imperial. La República renunciaría al Protectorado a favor de Franco y/o de Gran Bretaña que, a su vez, compensarían a Alemania e Italia con un tratado colonial en otro punto de África. El Reino Unido, no obstante, opuso su firme veto a cualquier alteración del statu quo. En la primavera de 1937, los agentes republicanos mantuvieron una serie de contactos con los nacionalistas marroquíes de Tánger y París, a los que pretendían suministrar armas con las que promover una insurrección en el Marruecos español. Sin embargo, el plan se canceló enseguida debido a la oposición tanto de los comunistas como de otros sectores políticos. Los soviéticos no querían alentar ninguna situación que pusiera en peligro la posición colonial francesa y, de rebote, la posible aceptación por parte de Francia de su política de seguridad colectiva, aunque los comunistas intentaron revivir, de nuevo y en vano, el plan de utilizar el Protectorado y quizá incluso bases en la propia España como elementos de negociación para obtener a cambio el apoyo franco-británico.

El único momento de peligro para el gobierno de Franco tuvo lugar durante la primavera y el verano de 1938, cuando París empezó a considerar en serio la posibilidad de intervenir en el conflicto. La situación alcanzó su momento cumbre en agosto y septiembre, cuando el almirante Darlan instó a Francia y Gran Bretaña a hacer uso de su manifiesta superioridad naval para seguir una «estrategia periférica» contra el Eje y su último socio, Franco. El plan no contemplaba nada tan subversivo para los intereses franceses como promover una revuelta nativa, sino aprovechar el mayor poder militar francés en Marruecos para hacerse con el Protectorado, eliminando así una parte crucial de la retaguardia franquista. A Franco le llegaron noticias de lo que Francia estaba planeando y, preocupado, envió 16 batallones a la zona a modo de refuerzos. Al final resultó que semejante estrategia era demasiado agresiva como para que la aceptara el Gobierno galo, y tampoco era probable que la asumiera su aliado británico.

De esa manera y durante toda la guerra, el Protectorado siguió siendo una retaguardia muy útil y productiva para los nacionales, una contribución decisiva a su victoria. Además, continuó como el pequeñísimo núcleo de un imperio afroespañol que, entre 1939 y 1942, constituyó uno de los más importantes objetivos e ilusiones del régimen franquista, un espejismo que no tardaría en desvanecerse. No obstante, Franco, como triunfante caudillo, continuó inspirando un cierto respeto en Marruecos. Como un especialista español en la zona ha escrito:

No cabe duda de que Franco en Marruecos no es, como para nosotros los españoles, sinónimo de dictador aborrecido, sino fuente de prestigio social aún. No pocas veces hemos asistido a este espectáculo de equívocos, cuando por agradarnos como españoles, nos recuerda cualquier amable anfitrión marroquí que él perteneció o estudió en el ejército de Franco[84].

29
¿CONSTRUYÓ FRANCO UN RÉGIMEN FASCISTA?

EL régimen político que Franco implantó durante la Guerra Civil no podía ser más diferente del proyecto ideado por Mola durante la conspiración militar. Lo que éste había planeado era una República de derechas, autoritaria y nacionalista, pero conservando su forma republicana y ciertos vestigios de liberalismo, como la separación Iglesia-Estado. El Parlamento seguiría existiendo, aunque se suprimieran todos o casi todos los partidos de izquierda, y se crearía un «carné electoral» con el que controlar el sufragio, por otra parte universal. Se mantendría la legislación republicana «válida», es decir, la mayor parte de las leyes aprobadas antes de febrero de 1936 y las nuevas Cortes procederían a redactar una nueva Constitución. Todo muy portugués, muy al estilo del «Estado Novo» de Salazar. Como escribieron los hermanos Salas Larrazábal:

Mola tuvo que ceder en algunos puntos, como por ejemplo en la aceptación de la bandera bicolor, pero su plan de mantener el régimen republicano y volver a un orden constitucional, después de un periodo de dictadura militar que restableciera la paz y la concordia, parecía en vías de llevarse a efecto, pues era apoyado por la mayoría de los jefes militares que protagonizaron la sublevación, y de ahí el tono de los manifiestos con que la iniciaron los más representativos de los que se alzaron en armas: Cabanellas en Zaragoza, Queipo de Llano en Sevilla, Aranda en Oviedo, Yagüe en Marruecos e incluso Franco en Tenerife.

No son pocos los historiadores que han creído que su insistencia en presentarse como restablecedores del respeto a la ley establecida, los vivas a la República con que terminaban muchas veces y el mantenimiento de los símbolos, bandera e himno, eran simples argucias para encubrir sus verdaderas intenciones, pero no puede caber duda de que los jefes militares eran consecuentes con lo que habían escrito en sus directrices, bandos y manifiestos, aunque se vieran luego desbordados por los hombres con mayor voluntad de lucha de cuantos les apoyaban, lo mismo que les ocurrió mucho antes a Casares Quiroga, Martínez Barrio o Giral[85].

Los militares rebeldes y los millones de ciudadanos que, bien de manera inmediata bien con posterioridad, les dieron su apoyo no tenían ni una ideología ni unos objetivos comunes, salvo el de sacar a la izquierda del poder. El antiizquierdismo y la oposición a la revolución fueron los únicos denominadores comunes de toda la contienda, igual que el antifascismo fue para los republicanos el único principio que los mantuvo unidos a una causa que, por otro lado, no hacía sino dividirlos. Una gran mayoría de los millones de personas que tomaron parte con entusiasmo en la Guerra Civil estaba más motivada por aquello a lo que se oponía que por lo que respaldaba.

Casi sin excepción, cualquier proclama rebelde al comienzo de la guerra terminaba con gritos de «¡Viva la República! ¡Viva España!», y no precisamente para despistar. En las primeras semanas, los mandos militares no tenían otro plan o proyecto que no fuera el de Mola y ya antes de que estallase la rebelión se había dejado bien claro a monárquicos, falangistas y carlistas que la sublevación no estaba encaminada a establecer un sistema político alternativo. Tampoco parece que, al principio, Franco estuviera en desacuerdo. Sus lecturas políticas y su orientación hacia el corporativismo católico eran más un reflejo de las repúblicas corporativas portuguesa y austriaca que de un régimen fascista.

No obstante, la primera fase de la Guerra Civil ejerció un gran efecto radicalizador en ambos lados de las barricadas. La decisión de Azaña y Giral de combatir a los rebeldes armando a los revolucionarios convirtió a la República izquierdista en una «república popular» de «nuevo tipo» y provocó la radicalización de algunos de los militares sublevados, evidente no sólo en el cruel salvajismo con que se combatió, sino en el desplazamiento de los militares más y más hacia la derecha. Así fue como el Alzamiento pasó a ser un movimiento cada vez más corporativista y católico, por un lado, y por otro se empezaron a buscar alternativas políticas más radicales y autoritarias.

En el ascenso de Franco al mando único, a finales de septiembre de 1936, tomaron parte dos grupos de agentes políticos. Por una parte estaban los franquistas puros y duros, deseosos de establecer la jefatura única, bien porque eran unos ardientes partidarios personales del general, bien porque estaban convencidos de que lo que el ejército necesitaba era un solo jefe dominante. Por otra, estaban los monárquicos, plenamente conscientes de la heterogeneidad existente detrás del Alzamiento, que esperaban establecer a la primera oportunidad el firme liderazgo de un general monárquico de fiar (y ése parecía ser Franco), con el que se pudiera contar para restaurar la Monarquía tan pronto como se alcanzase el triunfo. Ahí fue donde se equivocaron, aunque su error pudo no haberlo sido si Madrid hubiese caído en el año 1936 como todos esperaban.

Lo que Franco pensaba y planeaba no se sabe a ciencia cierta; en ese tiempo, apenas dejó escritos personales o documentos y, no obstante, está claro que, durante un año, había contemplado la posibilidad de adjudicarse un papel político directo. Para ello había empezado a ampliar sus lecturas sobre política y economía y a estudiar inglés (materia en la que nunca destacó). En su primer discurso como Generalísimo, pronunciado en su investidura oficial el primero de octubre, ya había indicios de que no pensaba en un nuevo gobierno a modo de administración interina, sino en un régimen a largo plazo. Ni siquiera se mencionaba ya la duración temporal de su mandato y aprovechó su alocución para enumerar una serie de objetivos muy distintos a los de Mola: «Ponéis en mis manos a España. Mi mano será firme, mi pulso no temblará, y yo procuraré alzar a España al puesto que le corresponde conforme a su Historia y al que ocupó en épocas pretéritas». Desde luego, no parecía referirse a una breve administración. En su discurso radiado de esa noche fue un poco más lejos y afirmó que «España se organiza dentro de un amplio concepto totalitario de unidad y continuidad», una declaración que, si no era fascista, era al menos, tal y como la ha definido Ismael Saz, «fascistizada», y superaba el objetivo de Mola de dar a la República un giro derechista.

La Guerra Civil se había transformado en una lucha entre revolucionarios y contrarrevolucionarios y Franco no tardó en comprender que la verdadera contrarrevolución suponía mucho más que una simple vuelta atrás en el tiempo. Seguramente no había leído a Joseph de Maistre, pero sí era consciente de las palabras de aquél: «La contrarrevolución no es lo contrario a la revolución, sino una revolución contrapuesta». De ahí que buscara una sustitución radical, autoritaria y sistemática de la República por un régimen del todo diferente.

Franco reemplazó enseguida a la Junta de Defensa con una nueva «Junta Técnica», compuesta por siete comisiones encargadas de supervisar la administración de su Estado. Cada una de ellas tenía su presidente y, en tres, el cargo estaba ocupado por monárquicos autoritarios de Acción Española. Como presidente de la Junta Técnica se nombró al general Fidel Dávila, jefe del Estado Mayor y acérrimo partidario de Franco, que llegaría a ser el segundo en importancia en la jerarquía del ejército nacional, desempeñando un papel fundamental durante la guerra y gozando de la absoluta confianza del Generalísimo. Éste también creó un Secretariado General del jefe del Estado y lo puso en manos de su hermano Nicolás, que, en ese momento, era su principal asesor político; también un Secretariado de Asuntos Extranjeros y un Ministerio de Gobierno General (es decir, de Interior) que fue a parar a otro general. De esta manera comenzó lo que Serrano Súñer denominaba un «Estado campamental», una rudimentaria administración ad hoc, muy militarizada, con la que hacer frente al conflicto. Durante un año y medio su funcionamiento fue bastante eficiente: al estar unida bajo un solo mando, pudo movilizar los recursos y gestionar la economía con más eficacia que la República.

En cuanto comenzó la guerra se ilegalizó a todos los partidos izquierdistas y liberales. Por su parte, todos los grupos derechistas y conservadores cooperaron sin reservas en los asuntos económicos, en el reclutamiento de voluntarios y en las tareas de gobierno local. El 7 de octubre de 1936, desde su nueva residencia en Lisboa, Gil Robles manifestó por escrito al líder de las milicias de las JAP la total subordinación del grupo al nuevo régimen militar. Uno de los puntos básicos del éxito franquista fue su capacidad para crear una unidad política casi absoluta con la que respaldar el esfuerzo bélico de los nacionales (justo todo lo contrario de lo que ocurría en la zona republicana). Sólo se produjo una excepción cuando los carlistas organizaron una especie de gobierno propio en la sombra, pero su duración fue breve y siempre mantuvieron la colaboración.

De hecho, quienes más apoyaron la lucha fueron falangistas y carlistas, dos grupos casi insignificantes en la vida política de la República. Una guerra civil era la situación ideal para un partido fascista como Falange, devoto del nacionalismo autoritario y de la militarización de la política. El partido creció de manera espectacular; en los primeros meses de lucha, nadie reclutó tantos voluntarios como ellos para sus banderas (batallones). A los falangistas les gustaba creerse los representantes de una nueva revolución política y cultural propia del siglo XX. Este aura atrajo a miles de nuevos afiliados, entre los que se contaban bastantes ex izquierdistas, para quienes estar en posesión de un carné de Falange era un modo de escapar a la represión franquista.

Las doctrinas tradicionalistas del carlismo, por su parte, no resultaban tan atractivas, pero, en muchos aspectos, los carlistas estaban mejor organizados y más preparados para aplicar sus principios políticos y los requetés no tardaron en contarse entre las tropas de élite de Franco. Sus dirigentes dieron forma enseguida a su propia «Junta Nacional Carlista» (sobre todo, pero no sólo, en Navarra), una especie de «protoestado» sin soberanía territorial, algo así como un gobierno embrionario en la sombra con secciones administrativas que, en teoría, equivalían a los ministerios. También establecieron su propia organización corporativa económica y laboral, la «Obra Nacional Corporativa», de alcance limitado.

No obstante, el secretario general de Comunión Tradicionalista (nombre oficial de los carlistas), Manuel Fal Conde, se pasó de la raya cuando, a mediados de diciembre de 1936, anunció la apertura de una «Real Academia Militar de Requetés», en la que los jóvenes recibirían instrucción antes de incorporarse a los batallones. La respuesta de Franco no se hizo esperar: el 20 de diciembre decretó la militarización de todas las unidades de milicianos de la zona nacional, que, a partir de ese momento, quedarían bajo el absoluto control del ejército. A Fal Conde se le envió al exilio y con ello se bloqueó cualquier otro intento por parte de los carlistas (por mucho que colaborasen en la guerra) de formar su propio Estado paralelo.

A principios de 1937, fracasado el intento de tomar Madrid, era más que evidente que la guerra iba a ser larga, así que Franco empezó a pensar en cuáles iban a ser la organización y la doctrina formales de su nuevo Estado. Lo más parecido a un modelo que tenía a mano era el Estado fascista de Italia, el único gran país europeo parecido a España. El general estaba decidido a no repetir lo que llamaba «el error de Primo de Rivera», es decir, su incapacidad para construir un sistema novedoso y totalmente articulado, con su propia estructura política y su doctrina organizada. Una simple República derechista le parecía ahora un endeble término medio, demasiado similar al régimen anterior o al de Primo de Rivera. Lo que, a juicio de Franco, se necesitaba era una alternativa clara y permanente, basada en el mantenimiento de un «partido único» oficial, y para ayudarle en esta tarea contaba con dos candidatos: los falangistas y los carlistas. En el poco tiempo libre de que disponía, se dedicó a estudiar las doctrinas oficiales de ambos partidos, haciendo breves anotaciones marginales.

Tenía también la colaboración de su cuñado, Ramón Serrano Súñer, que, tras evadirse de un hospital en la zona republicana, había aparecido por la zona nacional el 20 de febrero de 1937. Serrano era un abogado del Estado sumamente capaz, con un expediente académico intachable. Además, había sido uno de los dirigentes de la CEDA, un admirador del fascismo italiano y, desde sus días de estudiante, uno de los más íntimos amigos de José Antonio, fundador y líder de Falange, hasta tal punto que, en vísperas de que lo ejecutaran en Alicante el 20 de noviembre de 1936, le nombró su albacea testamentario.

Desde el inicio del conflicto, la cúpula de Falange se había mostrado endeble y dividida. Su más importante dirección era la que ejercía una Junta de Mando interina liderada por Manuel Hedilla. En febrero, los falangistas intentaron negociar una asociación política más amplia, y varios de sus dirigentes se reunieron con representantes carlistas en Lisboa. A partir de ahí, hubo un enfrentamiento por el poder entre las dos principales facciones del partido fascista que se saldó a tiros en la residencia de uno de sus líderes en Salamanca. Hedilla fue elegido, por un estrecho margen, jefe nacional de Falange en abril de 1937.

Esto aceleró los planes de Franco y Serrano Súñer para crear un partido estatal. Nicolás Franco ya había llevado a cabo algún intento por formar una organización patriótica, Acción Ciudadana (a la que a veces se llamó también el Partido Franquista), pero sonaba demasiado a la vieja Unión Patriótica de Primo de Rivera, por lo que, en su lugar, Franco anunció el 19 de abril de 1937 la formación de un partido oficial estatal, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, nacido de la fusión de Falange y Comunión Tradicionalista. Al Generalísimo le impresionaban las doctrinas carlistas, pero creía que sus formas políticas estaban anticuadas y que su programa social resultaba inadecuado en el siglo XX. La mejor solución era, por tanto, incorporar las ideas sociales y económicas falangistas. El decreto de unificación acentuaba la necesidad de que el nuevo Estado tuviese una base política organizada y afirmaba que, «como en otros países de régimen totalitario», habría que combinar las nuevas fuerzas con las tradicionales. Los Veintiséis Puntos de Falange (excepto el último, en el que rechazaba cualquier fusión) pasaban a ser la «norma programática» del Estado, aunque el decreto también especificaba que «el Movimiento que hoy conducimos es justamente esto: un movimiento más que un programa y, como tal, está en proceso de elaboración y sujeto a constante revisión y mejora, a medida que la realidad lo aconseje», un aspecto que Franco puso de relieve en su discurso radiado de esa misma noche. En principio no se rechazaba alguna forma de restauración monárquica, ya que el decreto contemplaba que «cuando hayamos dado fin a esta ingente tarea de reconstrucción espiritual y material, si las necesidades patrias y los sentimientos del país así lo aconsejaran, no cerramos el horizonte a la posibilidad de instaurar en la nación el régimen secular que forjó su unidad y su grandeza histórica». Así se daba cabida al término utilizado por Acción Española: instauración de una monarquía neotradicionalista y más autoritaria, no la simple restauración de la antigua monarquía parlamentaria. Los demás partidos se disolvieron, pero la nueva FET quedó abierta a todos los seguidores del Movimiento del Consejo Nacional (dos nombres que, más tarde, resultaron intercambiables, sobre todo cuando el fascismo entró en decadencia a partir de 1943), aunque la afiliación estaba sujeta a ciertas restricciones. Franco se nombró a sí mismo jefe nacional de la FET, con potestad para designar a los miembros del consejo de la Junta Política y del Consejo Nacional. Cinco días después, el saludo fascista brazo en alto se convirtió en oficial, junto con otras de sus señas de identidad: la camisa azul oscuro, el llamarse entre sí camaradas, la bandera rojinegra, el «Cara al sol» y los vítores de «¡Arriba España!».

El resultado fue un partido ecléctico con un núcleo fascista, en el que éste fue asumido por un Estado derechista y no al revés. Se nombró a Hedilla primer miembro de la Junta Política, un cargo que rechazó. Unos pocos falangistas se resistieron a la fusión, aunque nunca de forma armada. Se arrestó a alrededor de 200, a los que se condenó a breves penas de cárcel. Hedilla, que nunca hizo abiertamente ningún gesto subversivo, fue juzgado en un tribunal militar y condenado a muerte por su intento de subversión, una pena que, enseguida, se conmutó por la de 10 años de prisión. Los carlistas aceptaron la nueva situación con bastante escepticismo, pero con mejor talante que Falange, y lo que quedaba de la CEDA se autodisolvió siguiendo las instrucciones de Gil Robles. Ya no quedaba ningún obstáculo serio para el liderazgo de Franco.

El objetivo era formar un partido único semifascista o «fascistizado», aunque no uno basado en la esclava imitación de modelos extranjeros. En una entrevista que se había publicado unos días antes, Franco declaraba: «Nuestro sistema estará basado en un modelo portugués o italiano, aunque conservaremos nuestras instituciones históricas». El 19 de julio, la edición sevillana de ABC hacía lo propio con unas declaraciones en las que el general reiteraba que su objetivo era un «Estado totalitario», pero en el contexto en que siempre había situado el término, es decir, invocando la estructura institucional de los Reyes Católicos en el siglo XV. Esto indicaba que lo que tenía en mente no era un sistema de total control institucional como el de la Unión Soviética o los fascistas y nazis radicales (verdaderos totalitarismos funcionales), sino más bien un Estado unitario y autoritario que controlase toda la vida política permitiendo al mismo tiempo diversos grados de semipluralismo tradicional. Como lo expresó, con bastante ambigüedad, en otra entrevista concedida a The New York Times Magazine en diciembre de 1937, «España tiene su propia tradición y la mayoría de las fórmulas modernas que descubren los países totalitarios ya están incorporadas en nuestro pasado».

En febrero, antes de la unificación, Franco había dicho que la cuestión no era que Falange fuera un movimiento fascista: «La Falange no se llama fascista a sí misma; así lo declare su fundador personalmente». Para entonces, ya no era tan habitual que la prensa de la zona nacional tildase a falangistas y miembros de otros grupos de derechas de «fascistas». Todo lo que Franco había estado dispuesto a conceder era que el supuesto carácter no fascista del partido en general «no significa que no haya fascistas individuales (dentro de él)». Su función consistía pues en incorporar lo que denominaba la «gran masa neutral o de afiliados»[86], y la rigidez doctrinal no iba a interponerse en su camino.

Para ocuparse de la organización inicial de la FET se designó a Serrano Súñer, quien estableció los términos para la inclusión de casi todos los «camisas viejas» (falangistas veteranos), tanto líderes como miembros de base, en el partido estatal, donde ocuparon la mayor parte de los puestos de responsabilidad. Los estatutos oficiales de la FET, publicados en agosto de 1937, le daban un aspecto aún más autoritario. El caudillo nombraría en secreto a su sucesor, así como a todos los dirigentes nacionales y provinciales, y éstos, a su vez, harían lo mismo con los locales. Raimundo Fernández Cuesta, último secretario nacional del viejo partido, llegado a la zona nacional en octubre tras un intercambio de prisioneros, fue nombrado primer secretario nacional de la FET dos meses después.

Durante la Guerra Civil, la afiliación al nuevo partido aumentó de manera espectacular, convirtiéndolo en la mayor organización política de la historia de España. En 1942 llegó a tener 900 000 miembros. Cualquiera que quisiese progresar, ocultar su pasado liberal o izquierdista o, simplemente, cooperar con el nuevo régimen era bienvenido. Serrano admitió que «un número muy grande de miembros del partido nunca pasaron de ser afiliados nominales. Eran, en realidad, portadores de su personal significación y representantes de corrientes de opinión libre más o menos cautelosa»[87], apenas influenciados por los Veintiséis Puntos.

Sólo Serrano Súñer gozaba de la absoluta confianza del Generalísimo y por eso no tardó en ser conocido como el «cuñadísimo». Cuando después de la guerra aumentó todavía más su poder e influencia, el resentimiento contra su persona se generalizó. A comienzos de 1938 había contribuido a establecer una administración estatal centralizada, preparando nuevas leyes definitorias de los poderes tanto de Franco como del Estado y desempeñando un papel clave en la organización de los departamentos ministeriales del primer Gobierno franquista. Después, fue el primer ministro de Gobernación y el jefe nacional de Prensa y Propaganda.

El desarrollo de la FET tenía que conjugarse con el de las restantes facciones políticas existentes tras el Movimiento Nacional (las diversas «familias ideológicas» del nuevo régimen, como las denominarían más tarde los historiadores). Ambos cuñados demostraron ser innegablemente aptos para la tarea, aunque, en última instancia, ésta recayese sobre los hombros de Franco. Según un informe del embajador alemán:

Franco ha tenido mucho éxito, aconsejado por su cuñado […] a la hora de no hacerse enemigos en ninguno de los partidos representados en el Partido de la Unidad que antes eran independientes y hostiles entre sí […] y, por otro lado, en no favorecer a ninguno de ellos, para que no se hiciese demasiado fuerte […]. Es, por tanto, comprensible, que, dependiendo de la lealtad del partido o de la persona en cuestión, uno esté preparado para escuchar la opinión […] de que «Franco es, por completo, una criatura de Falange», que «Franco se ha vendido a la reacción», que «Franco es un monárquico convencido» o que «se encuentra bajo el dominio absoluto de la Iglesia»[88].

De los 50 miembros del primer Consejo Nacional de la FET, nombrados en octubre de 1937, 20 podían ser considerados verdaderos falangistas (ya fueran camisas viejas o afiliados recientes); 13 eran carlistas; 4, monárquicos; y 7 (más tarde 8), militares. Durante años, los carlistas mantuvieron el control del partido en varias provincias y a menudo se negaban a aceptar todas las normas falangistas.

Franco eligió el 30 de enero de 1938 (octavo aniversario de la caída de la dictadura de Primo de Rivera) para anunciar una nueva legislación administrativa reguladora de la estructura gubernamental. En su artículo 16 decía: «Al Jefe del Estado corresponde la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general», formalizando así el poder de la dictadura política. También se recogía que la función de presidente del Gobierno estaba «unida a la de jefe del Estado» y se la reservaba a Franco con carácter permanente, aunque, a la vez, estipulase que las «disposiciones y resoluciones del jefe del Estado» debían tomarse «a propuesta del ministro del ramo» y estar sometidas a la «previa deliberación del Gobierno» antes de adquirir rango de ley.

El primer Gobierno, nombrado el 31 de enero, reemplazó a la Junta Técnica por ministerios, pero era todo lo opuesto a un gobierno falangista y un claro ejemplo de esas actuaciones equilibrantes tan típicas de Franco, pues en él tenían cabida todas las corrientes políticas principales del régimen. El teniente general Francisco Gómez de Jordana, que, en junio de 1937, había sustituido a Dávila al frente de la ya difunta Junta Técnica, se convirtió en vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores. Jordana era un monárquico conservador y, en cierta manera, un anglófilo que contemplaba a la FET con gran escepticismo. De los once ministerios, tres fueron a parar a generales veteranos; dos, a monárquicos derechistas; uno a los carlistas; otros dos, a técnicos bastante apolíticos y tres más a los falangistas (entre los que se contaba Serrano Súñer), de los cuales sólo uno era un camisa vieja.

Los falangistas, por su parte, ni gestionaron ni dominaron de forma alguna ese nuevo Estado, dirigido, con apenas excepciones, por derechistas y militares. Su principal dominio era la ideología y la propaganda, que monopolizaron con excepción de las actividades de la Iglesia. Su otra gran responsabilidad fue la organización de los sindicatos de trabajadores en un sistema de «sindicalismo vertical», con el fin de completar su objetivo de implantar un sistema socioeconómico de «nacionalsindicalismo», que sólo adquiriría verdadera relevancia tras el fin de la guerra, aunque siempre sometido a estrictas limitaciones.

Lo que Franco había establecido era un Estado autoritario y semipluralista, basado en su dictadura personal y en un partido con poder limitado y sin control sobre las estructuras estatales. Además del ejército, la otra gran institución del nuevo régimen era la Iglesia, no porque tuviese alguna autoridad política directa, sino porque, durante los primeros meses del conflicto, el Movimiento Nacional se había declarado oficialmente católico, algo que no había sido cuando aquél estalló. Dada la enorme ola de persecuciones a la que fue sometida la Iglesia, era inevitable que la gran mayoría de los católicos se decantara por el gobierno franquista; ya en agosto de 1936 el obispo Marcelino Olaechea había declarado en público que «no libramos solamente una guerra, sino una cruzada»[89].

Sin embargo, en sus primeras semanas como jefe del Estado, Franco anduvo a tientas, ya que la jerarquía eclesiástica como tal no se había adherido de manera oficial a su régimen, ni el Vaticano parecía dispuesto a concederle reconocimiento diplomático. En un decreto fechado el 30 de octubre de 1936, el Estado se declaró católico por primera vez y, el 6 de diciembre, se empezó a designar capellanes para el ejército nacional, mientras las negociaciones con la Iglesia continuaban siendo tensas y difíciles. Franco encontró un partidario en el arzobispo de Toledo y cardenal primado de España, Isidro Gomá, quien defendió su causa en Roma. El 29 de diciembre firmó un acuerdo informal con el nuevo jefe del Estado (más un acuerdo entre caballeros que un tratado en sí), en el que éste garantizaba a la Iglesia una absoluta libertad para llevar a cabo sus actividades. El intento del Vaticano por mediar en el conflicto se dejó a un lado y, en 1937, las relaciones entre la Iglesia y el Estado se empezaron a regularizar, con la adopción de una larga serie de medidas para restablecer las reglas católicas en la cultura y la educación, promoviendo al mismo tiempo la observancia religiosa. A éstas siguieron otras muchas, hasta finales de los años cuarenta.

El primero de julio de 1937, la jerarquía eclesiástica había hecho pública su famosa Carta Colectiva, que firmaron todos los obispos salvo cinco. En ella manifestaban su adhesión al «movimiento cívico-militar» de Franco al que, a menudo, se le aplicaba el calificativo de «nacional», por su defensa de la religión y tradición españolas.

La jerarquía no se decantó por ninguna forma política específica como tal; al contrario, condenaba cualquier intento futuro de «levantar un Estado autócrata sobre una nación humillada», recomendaba «la libertad cristiana de los viejos tiempos» y, con el fascismo y el nazismo rondándoles por la mente, sus miembros advirtieron contra la influencia de cualquier «ideología extranjera». No sin cierta razón, la jerarquía eclesiástica veía en el nuevo régimen un sistema derechista, tradicionalista y nacionalista, no uno fascista, aunque, de hecho, en ese momento las cosas no eran tan sencillas. En el numero de octubre de 1937 de la revista jesuita Razón y Fe, el teórico político y miembro de la Compañía de Jesús, José Azpiazu, denunció cualquier intento por imponer un verdadero «Estado totalitario» que, para él, no sería sino una tiranía equivalente a la soviética.

El resultado fue un cierto grado de disonancia cognitiva en el seno del régimen franquista. La FET se declaraba católica, pero albergaba bastante anticlericalismo, aunque no se atreviera a expresarlo. Mientras duró la guerra, los líderes religiosos hicieron la vista gorda, pero, cuando acabó, vetaron sin reservas un nuevo tratado cultural con la Alemania nazi. Esas contradicciones seguirían estando presentes en el semifascista régimen de Franco hasta 1943, cuando comenzó su desfascistización oficial, e incluso después. Desde cierta perspectiva, gran parte la historia posterior de ese régimen puede escribirse en términos de un progresivo alejamiento de las doctrinas fascistas, nunca completo hasta la muerte del caudillo.

Durante la guerra, sin embargo, el concepto y la doctrina de «la cruzada» no hicieron sino expandirse hasta que el término llegó a ser la manera predilecta de referirse al conflicto. Cuando éste terminó, la identidad religiosa del Estado ya era casi completa, incluso a pesar de su incómoda coexistencia con las doctrinas fascistas de Falange.

Así, el naciente régimen franquista se convirtió, ideológicamente, en una especie de monstruo bicéfalo, muy católico pero en parte fascista, hasta que la religión ganó la batalla después de 1943. Durante la guerra, nunca existió mucha competencia entre ambas en la mente de los seguidores del nuevo régimen, en especial en la de los soldados que combatían y morían. La religión se impuso sobre cualquier ideología fascista y, en términos de creencias, el nacionalismo católico pasó a ser el denominador común básico de los partidarios de Franco.

30
¿LLEGÓ LA REPÚBLICA A SER UNA «DEMOCRACIA POPULAR»?

LA Unión Soviética introdujo el término «república popular» o «democracia popular» en Mongolia, cuando, en 1921, se convirtió en el primer territorio no zarista conquistado por el Ejército Rojo. Tres años más tarde se implantó allí un nuevo régimen bajo control comunista que describía a la «república popular» como una «forma avanzada» de «democracia burguesa», que todavía no llegaba a ser un Estado comunista, de la que se habían suprimido todas las influencias derechistas o conservadoras y sólo permanecían los elementos liberales o izquierdistas, en completa sumisión a la política soviética. Tampoco se trataba de un régimen socialista, de la «dictadura del proletariado», sino de una forma de transición diseñada para las zonas controladas por los soviéticos.

Sin embargo, en la década siguiente, ni la Unión Soviética ni la Komintern se hicieron con nuevos territorios y el término casi desapareció. Se recuperó en el VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú en 1935, en el que se anunció la nueva táctica del Frente Popular, uno de cuyos objetivos era la formación de esas «repúblicas populares» de nuevo tipo, con las que las sociedades capitalistas superarían el estadio de meras democracias burguesas, eliminando todas las influencias reaccionarias y derechistas. En la fase inicial, los comunistas participarían en los Gobiernos sólo en determinadas condiciones.

Una de las pocas cosas en que franquistas, comunistas y poumistas (que no solían coincidir en nada) estuvieron de acuerdo después de 1939 es en que la República de la guerra (la «Tercera República») había sido una «república popular» de corte comunista. La propaganda franquista no dejaba de machacar con ello y, años más tarde, en 1961, el líder del POUM Julián Gorkin publicó un libro titulado España, primer ensayo de democracia popular en el que, muy convenientemente, pasaba por alto el desdichado precedente de Mongolia. Por su parte, los comunistas españoles siempre lo creyeron así. En un largo discurso que pronunció el 5 de marzo de 1937 su secretario general, José Díaz, afirmó que la República se había convertido en una «República democrática y parlamentaria de nuevo tipo y de un profundo contenido social»; y Dolores Ibárruri, la predilecta de Stalin entre los comunistas españoles, escribiría en su ortodoxa autobiografía que «la República democrática burguesa se transformó en una República popular, la primera en la historia de las revoluciones democráticas burguesas», y que mientras el pueblo ruso había creado los primeros sóviets revolucionarios en 1905, el español, «durante la guerra revolucionaria» había creado «la democracia popular, que después de la Segunda Guerra Mundial ha sido en algunos países una de las formas de transición pacífica hacia el socialismo»[90]. En 1947, cuando los regímenes en Europa Oriental estaban todavía en proceso de construcción, la revista mensual Nuestra Bandera[91], principal órgano del partido, publicó un artículo de Félix Montiel, veterano propagandista del PCE (y más tarde ardiente anticomunista), bajo el título «España fue una República Popular y volverá a serlo».

Después, en la historia oficial del partido, publicada en Moscú en 1966, los editores hicieron hincapié en que el 19 de julio de 1936, con el Gobierno Giral, el régimen español se había transformado en «una nueva República», produciendo «una brusca aceleración de todo el proceso de la revolución democrática española». Su resultado fue «una república de nuevo tipo en la que, junto a los estamentos utilizables del viejo Estado, no contaminados por la infección fascista y reaccionaria, se integraban organismos nuevos creados por las masas…»[92], una conclusión idéntica a la que llegaron José Sandoval y Manuel Azcárate en su libro publicado en Londres en 1963[93].

También el inventor del eurocomunismo, Santiago Carrillo, se mostraba tan directo. En un Congreso de los Partidos Comunistas que tuvo lugar en Moscú en 1969 declaró que «no había que olvidar que España había sido la primera democracia popular en Europa»[94], llegando incluso a admitir en 1984 que «es claro que si la República hubiera vencido, habríamos sido el primer ejemplo de una democracia popular, creada no por la intervención del ejército soviético, sino por la lucha del pueblo y con una pluralidad de fuerzas políticas»[95].

La terminología formal de la Komintern, la del discurso soviético y hasta la de algunos historiadores postsoviéticos se referiría al conflicto bélico español como la «guerra nacional-revolucionaria española», siguiendo con la definición que utilizaban Dimitrov, Manuilski y Togliatti en septiembre y octubre de 1936. Tras la ocupación de los países del Este, el concepto de «democracia popular» o «república popular» volvió a renacer, recuperando y reafirmando su vinculación con la Guerra Civil.

Carrillo amplió esta cuestión en su introducción a la edición de 1978 de la selección de discursos de José Díaz, donde afirmaba que «El Frente Popular —que al principio se llamó “Bloque Popular”— presentó en España características particulares, que iban mucho más allá de una concepción táctica para transformarse en una estrategia de la revolución democrática popular y de la Revolución tout court». La República de la guerra no era una de las «democracias formales» ya que «se trataba de una experiencia revolucionaria original». «Me parece hallarse fuera de duda que tanto el Gobierno Giral como los dos de Largo Caballero y los dos Gobiernos Negrín concretaban, aún con ciertos matices, una forma de dictadura popular», aunque también añadiera que era «una dictadura profunda y abiertamente democrática» (en cursiva en el original)[96].

En uno de los primeros análisis académicos soviéticos acerca de la Guerra Civil, publicado en 1960, se sostenía que ésta «fue la mayor confrontación armada de la revolución proletaria internacional con el imperialismo mundial en Europa entre las dos guerras mundiales», precursora de «la guerra y la revolución que siguieron en Europa»[97]. De igual manera, en la breve historia de la Komintern que apareció en la Unión Soviética en 1969 se concluía que:

El curso de los acontecimientos en España revelaba un hecho de importancia capital, a saber, que el frente popular, la nueva democracia, era un vínculo de unión entre la lucha defensiva antifascista y el objetivo último: la lucha por el socialismo. La Komintern captó y apreció plenamente la trascendencia de la experiencia española para la comprensión del medio de aproximarse a la etapa socialista de la revolución[98].

La historia oficial del Ejército Rojo de la Segunda Guerra Mundial es aún más explícita en su breve alusión al conflicto español:

Debido a su carácter y contenido, la revolución democrática en España desbordó el marco de las típicas revoluciones burguesas. Ésta fue una revolución antifascista nacional popular, en la que el papel del proletariado, actuando en conjunción con el campesinado, y la mediana y pequeña burguesía, unidos en el Frente Popular, se fue incrementando constantemente. En el antiguo suelo ibérico nació una república democrática de un nuevo tipo. España fue el primer país de Europa Occidental en el que se estableció la dictadura democrática de una amplia coalición de fuerzas políticas, desde los comunistas a los católicos, basada en el parlamento[99].

En sus memorias, el veterano oficial del NKVD Pavel Sudoplatov presentaba una visión algo diferente:

Stalin en la Unión Soviética y Trotski en el exilio confiaban en ser el salvador y el patrocinador de los republicanos, y, por tanto, la vanguardia de la revolución comunista mundial. Enviamos a nuestros jóvenes e inexpertos agentes de inteligencia, además de a nuestros instructores experimentados. España resultó ser un parvulario para nuestras futuras operaciones de inteligencia. Todas nuestras posteriores iniciativas de inteligencia se derivaron de los contactos que hicimos y de las lecciones que aprendimos en España. Los republicanos españoles perdieron, pero los hombres y mujeres de Stalin ganaron[100].

La mayoría de los historiadores tiende a coincidir respecto a la posición preponderante, casi hegemónica, de los comunistas dentro del ejército republicano y de ciertas instituciones estatales, aunque también consideran a la República de la guerra como un régimen semipluralista, nunca del todo sometido al control soviético. Sus conclusiones son muy variadas. Burnett Bolloten dedicó una gran parte de su vida a reunir datos primarios y secundarios para lo que los propios comunistas hubieran llamado «desenmascarar» el poder de aquéllos durante el conflicto, así como su distorsión de la propaganda revolucionaria y republicana. Según David T. Cattell, autor del primer estudio erudito sobre comunismo y Guerra Civil española, «a partir de las evidencias parece claro que el partido se hallaba en posición de tomar el poder absoluto en el gobierno leal si quería y cuando quisiera»[101].

Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, casi al final de su meticuloso estudio sobre la política de la Komintern, escriben que «el proceso es bien conocido […] y […] se encuentra perfectamente dibujado en la España de 1937. Es así como, sin coincidencias internacionales, puede decirse que la política de la Komintern en España apunta, sin lugar a dudas, al modelo de democracia popular», aunque al final fracasase debido a la derrota militar.

Su conclusión es que, no obstante, sobrevivieron ciertos vestigios de la legalidad existente antes del estallido del conflicto que, de alguna manera, frustraron los designios de Stalin. Su plan de manipular las nuevas elecciones generales de 1937 (que hubiesen supuesto un importante paso hacia la consolidación de una república popular) fue rechazado sin más por los restantes partidos.

En su magistral historia del comunismo, François Furet evalúa la situación de la siguiente manera:

No considero que sea acertado escribir, como lo hace Hugh Thomas, que a partir de la derrota anarquista de mayo de 1937 y de la formación del gobierno de Negrín, se enfrentan «dos contrarrevoluciones»: la de Franco y la que anima el Partido Comunista español, a la sombra del nuevo primer ministro. Esta definición conviene a Franco, pero no al otro bando. Es verdad que los comunistas han sofocado una revolución en Barcelona, pero sólo para sustituirla por la suya.

Han sofocado la revolución popular, aniquilado al POUM, sometido al separatismo catalán, regimentado el anarquismo, apartado a la izquierda y la derecha del Partido Socialista, es decir, a Caballero y Prieto, respectivamente; obligado a Azaña y a Negrín a seguirlos. Pero la República española ha perdido con ello su llama. La autoridad que finalmente pudo constituir para vencer a Franco es menos republicana que pretotalitaria.

[…] Lo que está a prueba en España es la técnica política de la «democracia popular», tal como florecerá en la Europa Centro-Oriental después de 1945. Incluso está presta la teoría según la cual la República democrática española […] es en realidad una República de tipo nuevo[102].

La conclusión a la que llega Furet es que los objetivos estalinistas en España eran, en principio, dos: bien utilizar al país en la negociación si ya no se podía lograr nada más, o bien proseguir hacia una «revolución a la soviética», como ocurriría en Europa del Este a partir de 1945. Más recientemente, Ronald Radosh, Mary Habeck y Grigori Sevostianov, en su bien anotada colección de documentos soviéticos referentes a la guerra española, han señalado que «tal como sospechaban desde hace tiempo algunos historiadores, los documentos demuestran que ciertamente los asesores de Moscú trataban de “sovietizar” España y convertirla en lo que habría sido una de las primeras “repúblicas populares” con una economía, un ejército y una estructura política de estilo estalinista»[103].

No hay duda de que este «nuevo tipo de república popular» que se propagó en la época del Frente Popular era la misma clase de régimen de transición hacia el socialismo que se había implantado en la República Popular de Mongolia en 1924 y que los países del Este europeo adoptarían a partir de 1945. Cuando, acabada la guerra, el antiguo jefe de la Komintern, Georgi Dimitrov, regresó a su Bulgaria natal para ponerse allí al frente del régimen comunista, definió el objetivo de estos nuevos Estados en los siguientes términos: «Una república popular y no una república capitalista […] un gobierno republicano popular y no un gobierno republicano burgués»[104], casi idénticos a los utilizados por los representantes del PCE. En marzo de 1947 abundaría más en el tema, declarando que «España fue el primer ejemplo de una democracia popular[105]» porque a pesar de ser un sistema diferente al de la Unión Soviética de los años treinta y cuarenta, había preservado un cierto semipluralismo del que, no obstante, quedaban excluidas todas las fuerzas conservadoras y derechistas, manteniendo algunas de las funciones de la propiedad privada coherentes con el inicial desarrollo de un sistema de nacionalización económica. Sin embargo, en 1948, poco antes de su muerte, Dimitrov dejaría claro que una «democracia popular» debería empezar a poner en práctica las funciones básicas de la dictadura del proletariado[106].

En cualquier caso, una comparación escrupulosa pone enseguida de manifiesto que la «Tercera República» española, aun siendo muy diferente de la Segunda de 1931, no era un régimen idéntico al que más tarde imperaría en Europa del Este; existían diferencias fundamentales. En primer lugar, el Ejército Rojo ocupó y controló por completo cada uno de los Estados satélites y aunque la posición de los comunistas en el Ejército Popular era predominante, nunca llegaron a controlarlo de la misma manera en que lo hicieron con las fuerzas armadas de aquellos países, los cuales, siendo al principio más marionetas que satélites, crearon nuevos ejércitos populares bajo el estricto dominio soviético; lo mismo puede decirse de la policía en ambos casos.

En segundo lugar, los soviéticos no tardaron en crear partidos socialistas-comunistas unificados y organizaciones encubiertas con los que someter toda la actividad política a sus dictados. En España, el PCE venía intentando desde 1935 unificar ambos partidos, pero no fueron capaces de conseguirlo. En los países del Este se permitió celebrar, al menos, unas elecciones iniciales en parte libres y en parte controladas por los soviéticos y después todos los comicios estarían dirigidos por ellos. Desde luego, el Frente Popular español no creía en las elecciones democráticas (como demostró en la fraudulenta segunda vuelta de Cuenca y Granada en mayo de 1936), pero solventó el problema no volviendo a convocarlas. La propuesta estalinista del otoño de 1937 de celebrar unos comicios bien controlados en la violenta y autoritaria atmósfera de la Guerra Civil estaba concebida como un nuevo paso hacia la consolidación de un nuevo tipo de régimen, algo a lo que se negaron los demás partidos. Parece ser que la idea no les gustaba ni a los líderes del PCE, pero la apoyaron por lealtad a la Komintern.

Por último, en los regímenes de los países del Este, el Estado nacionalizó las industrias básicas y, en la mayoría de los casos, confiscó la tierra, imponiendo a veces (aunque no siempre) su colectivización. Aquí es donde el parecido resulta más evidente; de hecho, en la historia del Ejército Rojo sobre la Segunda Guerra Mundial se presume de que, en España, los comunistas pusieron en marcha un extenso programa de nacionalizaciones. En realidad no hubo para tanto. Las diferencias entre un régimen y los otros son claras, tanto a nivel estructural como de política económica. En los satélites orientales, los superpoderosos y monolíticos Estados totalitarios llevaron a cabo profundos cambios económicos, mientras que, en la Tercera República, el Estado casi llegó a desaparecer para renacer después conservando un semipluralismo en el que los enfrentamientos a causa de la política económica eran constantes y donde las presiones comunistas para imponer la nacionalización y el control estatal nunca llegaron a buen puerto. En principio, la colectivización agraria adoptó la forma de colectividades autónomas, creadas por los movimientos revolucionarios con independencia del Estado (algo muy diferente a la política estatalista y centralizada que propugnaban los comunistas). En el campo español, el programa comunista de reforma agraria, estatal y centralizada, nunca se llegó a imponer totalmente a la revolución libertaria y, de igual manera, la Generalitat impuso un sistema de colectivización autónoma y directa sobre la industria catalana que los comunistas nunca pudieron convertir en un programa de nacionalización total.

El modelo económico soviético diseñado para España (idéntico al aplicable a las democracias populares en su fase inicial) era la Nueva Política Económica que Lenin había introducido en la Unión Soviética en 1921, que combinaba nacionalización de lo que éste denominaba las «alturas del mando» de la gran industria con una agricultura campesina autónoma y la propiedad privada en la pequeña industria y el comercio. En septiembre de 1937, Estanislau Ruiz i Ponsetí, entonces subsecretario de Economía del Gobierno catalán, anunció la implantación de la NPE en la región, pero, de hecho, nunca se llevó completamente a cabo.

La República española revolucionaria de la Guerra Civil constituyó un régimen único, sin parangón en la historia. De manera contradictoria, combinó la colectivización libertaria con un restaurado Estado centralizado, incrementando el control estatal y un cierto grado de nacionalización. Supuso un proceso inicial de creciente autonomía local y regional (entre julio y octubre de 1936) que, a partir de diciembre de ese año, iría menguando. Desde el punto de vista político, continuó siendo un régimen semipluralista, en el que los cuatro sectores izquierdistas más relevantes conservaron su autonomía. Los comunistas sólo lograron suprimir el POUM, e incluso en este caso (y si se exceptúa lo ocurrido con Andreu Nin) se observaron algunos límites legales. La Tercera República no fue democrática (sólo la Segunda lo fue), pero no dejó de ser semipluralista y restauró un limitado marco legal.

Los comunistas establecieron su dominio militar y policial y, con Negrín, también político, pero siempre limitado, nunca similar a una dictadura directa. Aunque tanto los militares soviéticos/comunistas como el NKVD restringieron su independencia, la Tercera República siguió siendo un Estado soberano, no un simple satélite de la Unión Soviética (aunque qué duda cabe de que éste era el objetivo de Stalin a largo plazo). En ese momento, el líder soviético no quería implantar un régimen comunista en España, en parte por razones de política internacional. Incluso si los soviéticos hubiesen estado de acuerdo con las intenciones de algunos de los líderes comunistas españoles de hacerse directamente con el poder, es bastante improbable que lo hubiesen conseguido. La fuerza del Partido Comunista en la zona republicana se basaba en que subordinaba cualquier otro factor a la disciplina militar y al triunfo sobre las tropas franquistas. Si antes de marzo de 1939 se hubiese producido el enfrentamiento final entre los sectores comunistas y no comunistas presentes en el Ejército Popular, no queda nada claro que se hubiese podido contar con las unidades al mando de oficiales comunistas para imponer una dictadura de este signo; incluso si hubiesen aceptado semejante lucha encarnizada, no habría sido otra cosa que una victoria pírrica, pues había tantas unidades no comunistas que el intento por eliminarlas habría restado a sus oponentes tanta fuerza que hubiese sido imposible continuar la Guerra Civil.

Es indudable que, en cierto sentido, todos los grupos izquierdistas preferían la república popular (es decir, un régimen totalmente izquierdista y no democrático) a una democracia liberal, pero cada uno de ellos la veía de manera diferente. Los republicanos de izquierda sólo querían apartarse un poco de un régimen capitalista democrático; los anarquistas, implantar su utopía; y el PSOE estaba dividido: los prietistas ambicionaban una versión más avanzada en el plano social del régimen republicano de izquierda, al menos a corto plazo; los caballeristas, empezaron pidiendo un régimen leninista, y también el POUM, aunque éste de manera más clara y extremada. Sin embargo, ninguna de estas versiones se parecía a la democracia popular estalinista, por muy cerca que estuvieran la del POUM, la de los caballeristas y, más tarde, la de Negrín. Nadie llegó tan lejos como éste a la hora de aceptar el nuevo régimen; allí era a donde quería llevar a España, como demostró bien a las claras en los últimos meses de conflicto, pero, a pesar de sus interminables concesiones a los comunistas, nunca dejó de insistir en que España era un Estado soberano, no una marioneta de Moscú. En esencia, la Tercera República, la República revolucionaria, fue un caso único, sin parangón en los regímenes revolucionarios del siglo XX. Cualquier comparación entre aquélla y las democracias populares del Este de Europa sólo puede referirse a la primerísima fase proletaria de esos regímenes.

Por lo tanto, lo máximo que se puede afirmar es que, aunque incompleta y en muchos aspectos diferente al modelo soviético, la Tercera República fue lo más cerca que estuvo Europa Occidental de una república popular en toda su historia y que la Guerra Civil proporcionó a la Unión Soviética una experiencia que después aplicarían, con mucha mejor fortuna, en los países del Este.

31
¿POR QUÉ HUBO DOS PEQUEÑAS GUERRAS CIVILES EN LA ZONA REPUBLICANA?

LO que provocó la Guerra Civil fue el proceso revolucionario existente en España, el más profundo y extenso de cualquiera de los experimentados por un país europeo en tiempos de paz; notable no sólo por su amplitud, sino también por su diversidad, con cuatro movimientos diferentes en juego. Los anarquistas no podían ser más diferentes de los marxistas, cuyo estatalismo y dictadura rechazaban, pero también entre los dos partidos marxistas (los comunistas y el POUM) existía un odio visceral. En la primavera de 1936, El Socialista se había preguntado por la profundidad y extensión de unas divisiones que implicaban que, sí la revolución llegaba a estallar, se produciría un agudo conflicto entre los propios revolucionarios.

Si a mediados de 1936 la derecha hubiera aceptado sin discutir las imposiciones de la izquierda, aquellos grupos podrían haber seguido despachándose a gusto, pero, en realidad, la resistencia derechista transformó la lucha en una desesperada guerra civil que forjó una cierta unidad entre las izquierdas. Su antifascismo les unía más que cualquier proyecto común. La mayoría de los sectores de izquierda sacrificaron mucho para mantener una unidad que seguiría siendo tal hasta marzo de 1939. En sí mismo, éste era un hecho destacable que no habría sido posible salvo en el entorno de una absoluta guerra civil contra unos contrarrevolucionarios cada vez más fuertes.

Sólo unas semanas antes de que empezase el conflicto, en mayo de 1936, la CNT había reafirmado en su congreso de reunificación de Zaragoza la posición de los anarcosindicalistas, a saber, que la revolución española debía adoptar «el comunismo libertario», un proyecto totalmente diferente a los del PSOE, el PCE y el POUM, al que, además, se habría de llegar a través de «la vía insurreccional», aunque los anarquistas no tuvieran nada claro cómo conseguirlo. La respuesta se la dio el Gobierno republicano de izquierdas el 19 de julio, cuando empezó a armar a los sindicatos, y así, la CNT llegó a dominar no sólo en Cataluña, sino también en otros puntos de la zona republicana. Como ya se ha visto, la política básica de Lluís Companys y la Generalitat produjo una especie de diarquía entre el Gobierno catalán y el Comité de Milicias Antifascistas, dominado por los anarquistas, muy parecida a la existente en Rusia en 1917.

El conflicto que surgió en la zona republicana entre el verano de 1936 y la primavera de 1937 derivaba de la tensión existente entre guerra y revolución y, por tanto, entre el poder estatal y el confederalismo revolucionario. La FAI-CNT y el POUM insistían en dar prioridad a la revolución, mientras que el PNV y Esquerra hacían lo propio con una especie de casi separatismo, su propia forma de «revolución pequeño burguesa». Además, el POUM no ponía límites a esa revolución, pero anarquistas y nacionalistas catalanes (y mucho más éstos que aquéllos) sólo reconocían la necesidad de adoptar una especie de fachada que evitase el alejamiento de las potencias simpatizantes extranjeras. En medio de unos y otros estaban los caballeristas y, enfrentados con ellos, los prietistas, los comunistas y, en menor medida, los republicanos de izquierdas, cuya ambición era canalizar la revolución, restaurar el Gobierno central y dar máxima prioridad a un esfuerzo bélico centralizado.

El Gobierno de Largo Caballero empezó el proceso de unir Estado y revolución, iniciando la creación de un nuevo Estado revolucionario con el que recuperar la autoridad gubernamental mediante nuevos principios y políticas. Incluso los anarquistas aceptaron este Gobierno de compromiso, del que llegaron a formar parte en noviembre de 1936 tras haber renunciado a algunos de sus principios. Al mismo tiempo, el Gobierno de la República transigió con la «revolución particularista», otorgando su reconocimiento a las nuevas autonomías radicales que habían surgido en la zona norte, considerándolas órganos legítimos del sistema republicano, sin dejar por ello de intentar coordinarlas entre sí.

A partir de septiembre de 1936, gran parte de la historia de la política republicana puede escribirse basándose en las cada vez más frecuentes concesiones anarquistas. Primero, transigieron con la diarquía catalana, que de ninguna manera formaba parte de su ideología, y después al entrar a formar parte del Gobierno. Su participación en varias de las Juntas de la zona republicana puede explicarse como una forma de acelerar el proceso revolucionario en tiempo de guerra (y así era). La misma justificación se puede aplicar a su entrada en el Gobierno de la Generalitat a finales de septiembre, y en el de Largo Caballero la víspera de su salida de Madrid. A un nivel retórico nada inusual entre los revolucionarios, la CNT rebautizó a ese Gobierno como «Consejo Federal de Defensa», en un intento por fingir que se trataba de un consejo confederal anarquista. En octubre, el consejero cenetista de Industria de la Generalitat, Juan Fábregas, empezó a supervisar el avance de la legalización estatal de la colectivización industrial en la región, otra brecha en los principios y tradiciones anarquistas que trataron de excusar afirmando que la Generalitat no era un gobierno, sino el «Consejo Regional de Defensa».

Así, los anarcosindicalistas se lanzaron cuesta abajo por el resbaladizo sendero de la colaboración, que les llevó a transigir cada vez más y, al final, a una cierta pérdida de autonomía, a lo que hay que añadir las fuertes controversias existentes en el seno de la CNT, que su núcleo duro revolucionario intentó resistir mediante la creación de una pequeña organización, Los Amigos de Durruti. Dado que el presidente Largo Caballero sólo estaba dispuesto en parte a controlar y canalizar la revolución y concentrarse en la política militar, en la primavera de 1937 prietistas, comunistas y republicanos de izquierda llegaron a la conclusión de que era necesario reemplazarlo por otro.

Las primeras medidas para encauzar y someter la revolución y el poder local de la extrema izquierda revolucionaria se adoptaron en septiembre y octubre de 1936, con la disolución del Comité de Milicias Antifascistas y otras medidas, pero, en la primavera del año siguiente, ese poder autónomo seguía vivo en el Consejo de Aragón, en Santander, en Asturias, en parte del Exèrcit Català, en el mantenimiento de grupos armados y de control de fronteras en Cataluña y en las colectividades agrarias de gran parte de la zona republicana. A principios de primavera, las unidades militares comunistas lanzaron una ofensiva contra algunas de estas últimas, al tiempo que el ascenso del PSUC concedía a la Generalitat un nuevo aliado para restringir en la región el poder de los superrevolucionarios.

Como parte del ataque al vacilante Largo Caballero, los comunistas y sus aliados tomaron la iniciativa en Cataluña. Mientras fue ministro de Hacienda, Negrín había duplicado el número de carabineros, transformándolos en una fuerza de élite. A finales de abril éstos se hicieron con el control de las aduanas y de los puestos fronterizos a lo largo de la frontera con Francia, echando por la fuerza a la milicia cenetista que, hasta entonces, los había ocupado. A su vez, la ampliada policía de la Generalitat empezó a disolver algunos de los comités revolucionarios y armados de la CNT, que se suponía que habían dejado de existir meses antes.

La crisis estalló alrededor de las tres de la tarde del 3 de mayo de 1937, cuando varios camiones llenos de guardias de asalto, cumpliendo órdenes del consejero comunista de Seguridad de la Generalitat, intentaron tomar el edificio de la Telefónica, situado en el centro de Barcelona y que los cenetistas habían controlado desde el 19 de julio anterior. Posteriormente se ha especulado mucho acerca de si ésta fue una «provocación» deliberada, planeada y orquestada por los comunistas y sus amigos para empujar a los cenetistas a una inútil revuelta en Barcelona que, después, se habría utilizado como excusa para aplastarlos por completo. Quizá nunca sea posible resolver esta incógnita. Los documentos soviéticos revelan la existencia de agentes soviéticos en el seno de la CNT y del POUM (lo que a nadie puede sorprender) y un deseo de forzarles a cometer nuevos excesos que pudieran ser utilizados en su contra. Ésta pudo haber sido la estrategia comunista, pero no hay pruebas de que fuera el propósito de los hechos del 3 de mayo, que también pueden considerarse como una más en un conjunto de medidas que habían empezado seis semanas antes, para reducir poco a poco la autonomía de los anarquistas. No habría habido, por tanto, intención de provocar una revuelta que podía descontrolarse y resultar fatal para la causa republicana. Algunos de los líderes del PSUC admitieron después que la acción se emprendió sin la aprobación de la Generalitat y a iniciativa de los comunistas, aprovechando que estaban al mando de las fuerzas de seguridad.

El resultado fueron los fets de maig, tres días de guerra civil a pequeña escala dentro de la gran Guerra Civil y el primero de una serie de enfrentamientos encarnizados cuyo segundo y último exponente fue el provocado en Madrid por el casadazo en marzo de 1939, que, en parte, puso fin al conflicto armado. Con éste cayó el comunismo, pero el conflicto barcelonés fue un triunfo para los comunistas y sus aliados con el que pronto inaugurarían la fase de madurez del poder soviético en España.

Los combates empezaron la tarde del 3 de mayo y continuaron hasta la madrugada del día 6. La reacción de la CNT fue, en parte, espontánea, y consistió en enfrentamientos callejeros. La mayoría de los líderes del POUM creyó que había llegado el momento de lanzarse a la lucha revolucionaria por el poder, pero los cenetistas no lo vieron del mismo modo, así que los poumistas tuvieron que aparcar sus ilusiones. Aquéllos querían controlar la lucha y ponerle fin mediante la negociación, mientras los refuerzos republicanos llegaban a toda velocidad. De hecho, la CNT admitió la derrota y el resultado fue el claro triunfo del poder estatal, así como una reducción de la autonomía catalana que poco a poco se fue restringiendo hasta casi desaparecer a finales de 1938. La subsiguiente formación del Gobierno Negrín marcó el comienzo del apogeo del restaurado Estado republicano y de la influencia comunista. El POUM quedaba fuera de juego y los anarquistas no hacían más que perder autonomía e influencia y, a pesar de ello, siguieron respaldando lealmente el esfuerzo bélico. A mediados de 1938, conforme declinaba el apoyo socialista, los comunistas empezaron a pensar que, para proseguir la guerra, la CNT podría ser un aliado más fiable.

A finales de ese año, la guerra había dejado agotados a la mayoría de los partidarios de la causa izquierdista, cada vez más molestos con el gobierno Negrín (a quien Azaña llamaba en privado «el dictador») y con la hegemonía político-militar comunista. En general, la gente estaba convencida de que la política soviética quería seguir adelante con la guerra hasta que no quedase un solo español en pie, sin arriesgar nada por su parte. Ya en junio de 1938, Togliatti había informado a Moscú de que existía un plan para unir a republicanos de izquierda y socialistas y exigir a Azaña que nombrase a un nuevo jefe de Gobierno que pusiese fin al conflicto. Sin embargo, no había nada de eso y, pese al intenso resentimiento que le provocaba Negrín, Azaña le tenía algo de miedo, así que, como de costumbre, no hizo nada. Incluso durante la crisis gubernamental de agosto se abstuvo de actuar y, como consecuencia, Negrín pudo controlar su tercer Gobierno todavía más férreamente que los anteriores.

No obstante, el presidente del Gobierno era consciente de que los principales sectores de la izquierda le apoyaban menos que nunca y, en diciembre, empezó a sondear a los dirigentes del PCE acerca de la creación de un nuevo Frente Nacional. Si bien no se suprimirían los demás partidos, Togliatti no sabía hasta qué punto se iba a tratar de una «dictadura militar», pues observó que «el parlamentarismo no existirá», aunque sí algún tipo de plebiscito. El PCE se convertiría en el núcleo dirigente de tal organización, un hecho que, al principio, se ocultaría[107].

Algunos días más tarde, Negrín confesó sus ideas al encargado soviético Marchenko, quien, a su vez, informó de que el presidente había ideado la propuesta porque los socialistas se negaban a formar un partido único con los comunistas. La solución era, por tanto, la dualidad de afiliación tanto en los antiguos partidos como en el nuevo Frente Nacional, aunque «la dirección de las tareas organizativas y propagandísticas del nuevo partido se entregaría a los comunistas»[108].

Añadió Marchenko que, según Negrín, «no hay vuelta atrás al antiguo parlamentarismo; sería imposible permitir el anterior “libre juego” de los partidos porque, de esa manera, la derecha podría abrirse camino de nuevo hasta el poder. Esto significa que es necesaria bien una organización política unificada, bien una dictadura militar. No ve otra solución». La respuesta del soviético fue evasiva. Le preocupaba que un posible triunfo militar de la República diese a Negrín la oportunidad para «empezar la formación de “su” partido político español unificado […] incluso sin los comunistas (y esto significa contra ellos) si se niegan» aunque, finalizó, por el momento la cuestión no era muy urgente.

Negrín despreciaba la política contrarrevolucionaria de la Generalitat y declaró que «la Esquerra se empeña en volver a la situación que existía antes del 18 de julio. Esa vuelta atrás nunca se producirá. La burguesía nunca recuperará sus posiciones. Todas las ramas principales de la economía española se nacionalizarán y España no estará dispuesta a devolver a nadie sus privilegios, y menos que a nadie a la burguesía catalana»[109].

Ese mismo día, sin embargo, la Komintern respondió que la propuesta del presidente era del todo inaceptable «porque tiene tendencias a la dictadura personal»[110]. En el a menudo simplista pensamiento político de Negrín, ese tipo de Frente resultaba atractivo, pero la sofisticada Komintern era más sabia y se daba perfecta cuenta de que, técnicamente, el Frente Nacional suplantaría al PCE. Los líderes de la Komintern no se fiaban tanto de Negrín.

Mientras tanto, a finales de 1938, ambos bandos estaban llevando a cabo sus últimos reclutamientos importantes. En diciembre, el Ejército Popular había movilizado a 21 reemplazos, los correspondientes a 1922 hasta primeros de 1942 (es decir, muchachos que apenas habían cumplido los 17 años) y los nacionales, 14, con hombres de edades más parecidas. Esta diferencia se dejó sentir a las claras en la batalla del Ebro. De los 11 831 prisioneros que hizo el ejército de Yagüe, sólo el 47 por ciento pertenecían al mismo grupo de edad que los que servían con Franco: un 10 por ciento eran más jóvenes y un 43 por ciento, mayores.

En ese momento, cada bando debía contar con unos 900 000 soldados, pero su distribución geográfica era bastante desigual. Cuando Franco lanzó su ofensiva sobre Cataluña justo antes de Navidad, disponía de una pequeña ventaja numérica; en Madrid ambos lados contaban más o menos con el mismo número de hombres y en Levante la ventaja era para los republicanos. La mayor diferencia se produjo en el sur. El mando de la República nunca concentró sus tropas tanto como Franco, pero su superioridad numérica en el sur era casi de 1,8 a 1. Aunque los combatientes del sur estaban mal armados, los republicanos decidieron aprovechar su superioridad numérica para lanzar su ofensiva final sobre Extremadura el 5 de enero de 1939, tanto para aliviar la presión que sufría Cataluña como para intentar dividir en dos la zona nacional, en una operación que supuso un fracaso absoluto para la República.

Cuando a mediados de febrero Franco dio por finalizada la toma de Cataluña, el derrotismo se extendió entre los republicanos; incluso sus propios jefes ya no confiaban en la victoria. El Ejército Popular había perdido 300 000 hombres (un tercio de sus fuerzas) y aún más armamento. De aquéllos, unos 200 000 se habían retirado hacia Francia, 60 000 eran, oficialmente, prisioneros, y el resto habían muerto o, lo que era más frecuente, habían desertado. Todavía quedaban unos 600 000 en la zona republicana, sobre todo si se incluían las fuerzas de seguridad, pero el armamento era harina de otro costal. Los restos de las fuerzas armadas sólo disponían ya de 200 aviones, de los cuales sólo la mitad eran aún adecuados para combatir. El asesor de la Komintern, Stepánov, que más tarde aportó una cifra todavía más elevada para el número de tropas, llegó a admitir que sólo les quedaban unos 250 000 rifles.

Al final hubo de decretarse la ley marcial en la zona republicana el 23 de enero de 1939, pero sólo los líderes comunistas parecían dispuestos a aceptar semejantes medidas extremas. A principios de febrero, Boris Stepánov comenzó a hablar con los dirigentes comunistas madrileños de la necesidad de «una dictadura democrático-revolucionaria» en la que, en lugar de un Gobierno, Negrín estaría al frente de «un consejo de defensa, trabajo y seguridad general, con un par de ministros y dos o tres personalidades políticas no ministros y un par de militares (fieles y enérgicos)»[111].

Por su parte, el PCE sacó a la luz un manifiesto impreso en el que se denunciaba a los «traidores» y los «capitulacionistas», pero, conforme menguaba el poder del ejército y de sus unidades comunistas, los otros partidos de izquierda empezaron a perderles el miedo que les habían tenido en 1938. En una actuación sin precedentes, el comité frentepopulista de Madrid censuró de manera formal al PCE por sus calumnias y excesos. En Jaén y en otras localidades, el PSOE abandonó el Frente Popular y en algunos lugares donde los militares comunistas no eran muy poderosos se llegó a arrestar a algunos miembros del partido por sus desmanes y sus supuestas actividades ilegales.

En una atmósfera tan cambiante, los asesores de la Komintern y los dirigentes del PCE se preguntaban cómo mantener la resistencia armada sin imponer algún tipo de dictadura de emergencia. El 18 de febrero se envió a Stepánov a Moscú para recibir instrucciones de cómo proceder en el caso de que ni Negrín ni las demás fuerzas republicanas decidieran capitular.

Las buenas relaciones con Negrín se restablecieron enseguida. Éste, según Togliatti, empezó a conceder todavía más poder a los comunistas, que ya se habían hecho indispensables. A finales de febrero, un nuevo manifiesto comunista declaró que, entonces más que nunca, la resistencia continuada conduciría al triunfo final en la guerra, porque los rápidos cambios que estaba experimentando la situación internacional traerían a la República la ayuda decisiva que tanto necesitaba, si ésta era capaz de aguantar un poco más. A mediados de 1938 el argumento aún tenía algo de atractivo, pero, a principios de marzo del año siguiente, apenas convenció a un puñado de republicanos. Era más probable que la resistencia a toda costa no produjese más que una dictadura comunista.

En enero y febrero comenzó a tomar forma en Madrid una conspiración anticomunista, organizada en torno al coronel Segismundo Casado, jefe militar del frente central. Como en la de Mola tres años antes, sólo se implicó una parte del ejército, pero, a diferencia de aquélla, los líderes de los demás partidos (PSOE, CNT y republicanos de izquierda) sí tomaron parte en la misma. Los mandos militares confiaban en que una República libre de las influencias comunistas y soviéticas sería más aceptable a los ojos de Franco a la hora de negociar la paz. Incluso llegaron a creer que los oficiales de carrera que no hubiesen participado en políticas partidistas serían mucho más eficaces en tal empresa. El principal líder civil de la conspiración era el venerable Julián Besteiro, catedrático de Filosofía, dirigente de la «derecha» socialista, antiguo alcalde de Madrid y una destacada figura de la izquierda no comunista, la única importante (aparte de Negrín) que no había salido huyendo del país. Pese a ser el marxista intelectualmente más serio de todos los dirigentes socialistas, siempre había defendido la democracia y la legalidad, rechazando con firmeza la radicalización de la izquierda desde sus mismos comienzos. Con independencia de lo que pudiera obtenerse en una negociación con Franco, creía que era indispensable aceptar la realidad (algo a lo que la izquierda se había negado durante seis años) y eso significaba aceptar la derrota y restaurar la paz en España.

En realidad, Negrín esperaba que una mediación extranjera le proporcionase los medios para acabar con el conflicto, pero no terminaba de hallar el camino para hacerlo. Había entregado a sus principales compinches y seguidores enormes sumas de dinero, procedentes de fondos estatales y del botín revolucionario, para que pudieran mantenerse, y mantenerle, en el exilio, un proyecto que le había ocupado casi un año entero. A pesar de su postura pública a favor de la resistencia, parece ser que el presidente estaba más que dispuesto a conceder el triunfo a Franco a cambio de su firme promesa de no tomar represalias.

Que Franco tenía otra idea parece desprenderse de la promulgación en Burgos de la draconiana Ley de Responsabilidades Políticas, cuyo preámbulo (que ocupaba veinticuatro páginas del Boletín Oficial del Estado) dejaba claro que la ley no sólo se iba a aplicar a los numerosos delitos revolucionarios, sino también a cualquiera que hubiese ostentado un puesto de responsabilidad política o de liderazgo entre la izquierda, incluyendo los «actos», pero también las «omisiones graves». Se aplicaría con carácter retroactivo desde el primero de octubre de 1934 a cualquier persona mayor de 14 años que, desde entonces, hubiese atentado contra el orden público o se hubiese opuesto al Movimiento Nacional, bien mediante «actos concretos», bien mediante «pasividad grave». Como ha señalado Guillermo Cabanellas, según esa ley hubiese sido posible arrestar y procesar a media España.

Casado, que desde mediados de febrero venía actuando como figura clave en la trama anticomunista, era un oficial de carrera que había permanecido en el ejército republicano, tomado parte en la instrucción y desarrollo del Ejército Popular y estado al frente de dos cuerpos del ejército de Andalucía hasta que Negrín le nombró jefe de la zona central en mayo de 1938. Los teóricos de la conspiración han señalado que el nombramiento de Casado fue una hábil estratagema comunista para prepararle para su última tarea, pero esta interpretación resulta demasiado compleja, poco convincente y hace de los comunistas unos clarividentes. Aunque Casado ya había criticado la desigual distribución de las armas soviéticas entre los distintos sectores del Ejército Popular (unos comentarios que le costaron su primer mando), también había colaborado con los asesores de Moscú y los jefes militares comunistas, sin ser nunca uno de ellos. Por lo tanto, es más plausible que el Ejército Popular necesitase de jefes competentes, profesionales y leales a la República, ya que entre los comunistas no parecía haber bastantes y, de hecho, Mundo Obrero celebró su nombramiento.

Según los mencionados teóricos, el detonante de la revuelta anticomunista fue un inteligente y provocativo plan para entregar a los oficiales comunistas todos los mandos importantes de los que no dispusieran hasta ese momento. Negrín tomaba en consideración el nombramiento de más comunistas para que controlasen los restos del Ejército Popular, pero esto nada tenía de provocación, sino que era el mejor modo de garantizar la continuidad de la resistencia militar y, en realidad, sólo se realizaron unos cuantos cambios importantes. Era bien conocido que Casado era, hasta cierto punto, un desafecto, lo que pone de relieve la debilidad del Gobierno en un momento en que su presidente pensaba que había que proceder con cautela y, el 25 de febrero, en lugar de sustituirlo, Casado fue ascendido a general. Negrín había entrado en una fase de depresión que todavía le lastraba más y, tras regresar a mediados de febrero a la zona centro, comenzó a asegurar la situación, introduciendo una serie de cambios que se publicaron en el Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional el 3 de marzo. Dos días más tarde, Casado, desobedeciendo órdenes, se negó a presentarse en el nuevo cuartel general del sureste. El presidente había decidido nuevos nombramientos para el ejército, que debían publicarse en la Gaceta de la República (que de hecho se había suprimido y no se distribuía) al día siguiente, pero eran de alcance limitado y no implicaban ninguna toma comunista del poder, aunque después se le acusara de ello. Sin embargo, a esas alturas, la confianza de Negrín en los comunistas era tan completa que colocaba más y más poder en sus manos.

En esos momentos, la situación era desesperada, no sólo desde el punto de vista militar, sino también en cuanto a los suministros. Durante el año anterior la zona republicana había vivido en condiciones de escasez y pronto se encontraría bordeando la hambruna. Así las cosas, Togliatti envió un telegrama a Moscú preguntando si los comunistas deberían responder a una posible rebelión contra Negrín imponiendo una dictadura de resistencia total. Ese mismo día había estallado una revuelta de republicanos pronacionales y quintacolumnistas falangistas en la base naval de Cartagena y, al mediodía, la flota desafecta, bajo jefes socialistas, había desertado y salido a escape hacia Argelia. Un poco después de medianoche, Casado anunció por radio desde Madrid la formación de un Consejo de Defensa Nacional multipartidista, presidido por el general José Miaja, al que Negrín estaba a punto de aliviar del peso del mando. Por lo que parecía, Miaja ya no era comunista, sino, como siempre, un oportunista.

Según el Consejo, con la reciente dimisión del presidente Azaña y de varios otros oficiales republicanos, así como con la desaparición de las Cortes, el Gobierno Negrín había perdido toda su legitimidad. En tal situación de emergencia, algunos jefes del ejército habían asumido el poder junto a una coalición multipartidista, poniendo fin al influjo comunista e intentando hacer lo mismo con la guerra. Aunque no había ningún golpe comunista en el horizonte (ni se les acusó de estarlo preparando), se declaró al Gobierno bajo influencia soviética y un obstáculo para la independencia y el bienestar de España.

Durante la mayor parte del día siguiente, Negrín intentó negociar con la Junta para evitar las represalias y ofrecer algún tipo de frente común, llegando incluso a dar el traspaso del poder al Consejo. La Junta se negó a tener ningún tipo de trato con el presidente, así que, la noche del 6, éste y la mayoría de los dirigentes del PCE abandonaron el país en avión, sin intentar resistirse siquiera. Las unidades comunistas leales a Negrín se quedaron sin órdenes, pero tres de los cuatro cuerpos de la región de Madrid estaban al mando de aquéllos, por lo que los jefes comunistas decidieron hacer frente al nuevo Consejo. Así comenzó una semana de luchas en la capital durante la cual las fuerzas comunistas prácticamente arrasaron el cuartel general del Consejo. Dos mil personas perdieron la vida en la última gran oleada de bajas de la Guerra Civil y, al final, la cuestión se decidió con el envío de refuerzos desde Guadalajara, al mando del cenetista Cipriano Mera, y, sobre todo, cuando los jefes comunistas se dieron cuenta de que no podían contar con el respaldo del resto de la zona republicana. Durante los siguientes días reinó la confusión, pero un buen número de oficiales comunistas se avinieron a aceptar al Consejo, cuya autoridad quedó establecida el 13 de marzo. Siete días después, y de manera oficial, se suprimió la estrella roja soviética como insignia del ejército republicano.

Una vez más, la situación internacional estaba cambiando. El 15 de marzo, Hitler había conseguido destruir Checoslovaquia, pero, al contrario de lo que predecían los comunistas, esto no reportó ningún beneficio a la República; tan sólo sirvió para que Londres y París se aproximaran a Franco e intentaran obtener garantías de su neutralidad en caso de guerra. De todas formas, el Consejo había rechazado la estrategia de Negrín de intentar extender el conflicto español hasta convertirlo en uno a nivel internacional por lo peligroso y destructivo que resultaría para España.

Cualquier intento de negociar con Franco fue inútil. El general no quería hacer más concesiones que permitir la salida del país a los restantes líderes republicanos y todos, salvo el noble Besteiro, lo hicieron. Cuando el 26 de marzo comenzó la ofensiva de la Victoria, los soldados republicanos abandonaron sus posiciones y, al día siguiente, el Consejo ordenó el fin de la resistencia. El 1 de abril, Franco pudo anunciar que la guerra había terminado.

La Guerra Civil finalizó como había empezado, con una gran parte del ejército republicano rebelándose contra su Gobierno, al que acusaban de estar bajo el dominio del comunismo, algo que, en 1939, era hasta cierto punto correcto. La sublevación de 1936 había sido preventiva, concebida para tomar las riendas del Estado republicano antes de que pudieran hacerlo los revolucionarios. También la de Casado tuvo algún elemento preventivo, pues se consideraba que la resistencia continuada sólo incrementaría el poder de los comunistas; quizá pudo ser así. La primera rebelión hizo estallar la Guerra Civil, la segunda le puso fin. El asesinato de Calvo Sotelo y la respuesta que el Gobierno le dio fueron los catalizadores que hicieron poderosa a la sublevación de 1936, pero la de Casado, al contrario de lo que sostiene el mito, no fue producto de ninguna provocación específica, sólo de las ineludibles circunstancias de aquellos momentos.

Las encarnizadas luchas en el seno de la zona republicana reflejaron el carácter contradictorio de una alianza izquierdista que se las arregló para sobrevivir hasta marzo de 1939 y estaban relacionadas con la obsesión comunista por el poder central y la continuación de la guerra. Éstos, en su pulso para extender su poder, precipitaron los hechos de Barcelona, mientras que la determinación por acabar con su poder provocó la rebelión de Madrid. En 1937, a pesar de la creciente influencia de los comunistas, la izquierda revolucionaria decidió deponer las armas para continuar con la lucha antifascista, pero, en 1939, los partidos no comunistas habían perdido toda esperanza de poderla proseguir. Por motivos patrióticos, políticos y morales se quejaban de la casi hegemonía comunista, pero, ante todo, la consideraban un obstáculo para la paz. Casi ningún partidario de Casado había abandonado el antifascismo, pero ya no veían el modo de continuar resistiendo y, en algunos casos, su anticomunismo era igual de fuerte.

32
AL FIN, ¿STALIN ABANDONÓ A LA REPÚBLICA?

EL creciente resentimiento de los comunistas también llevó a anarquistas, socialistas y republicanos de izquierda a pensar si a Stalin le importaba algo la República o sólo los intereses soviéticos. Parecía que éstos querían continuar la lucha hasta que no quedase un solo español en pie, pero su ayuda no hacía más que menguar. Cuando el conflicto terminó con la rebelión de los republicanos en Madrid para destituir a Negrín y a los comunistas, algunos de aquéllos creyeron que semejante desenlace había sido provocado por los sóviets para desencadenar una revuelta anticomunista a la que se consideraría responsable de la rendición; así, el mito de su incombustible resistencia contra el fascismo quedaría intacto. Los antiguos republicanos han escrito libros enteros acerca de esta teoría, siendo el último el de un líder ex comunista de más de 90 años que se publicó en 1998[112].

De hecho, los documentos soviéticos prueban que Stalin nunca «abandonó» a la República, aunque sí redujo su ayuda a la misma. En última instancia, la guerra llegó a ser una especie de «apuro» para Moscú, que, según parece, habría preferido ponerle fin en términos moderados, incluso prescindiendo de la victoria comunista, pero no encontraron la forma de hacerlo y Stalin se quedó sin ninguna estrategia de salida.

El interés soviético por el conflicto español fue mayor en sus primeros momentos, o más exactamente, entre septiembre de 1936 y agosto de 1937, cuando Stalin realizaba un seguimiento diario de unos acontecimientos a los que prestaba una gran atención personal. Durante ese año, la política soviética dio una considerable prioridad a la guerra, pero la situación se complicó en el verano de 1937 y las actividades soviéticas empezaron a disminuir, aunque su política básica con respecto a España siguió siendo la misma.

En 1937 se produjeron dos hechos fundamentales. El primero fue la guerra chino-japonesa, a la que siguió, casi de inmediato, una ofensiva ítalo-franquista en el Mediterráneo. Desde la invasión japonesa de Manchuria, el Gobierno soviético estaba muy preocupado por la posibilidad de tener que lidiar en dos frentes a la vez: el europeo y el asiático. A pesar de la larga guerra civil que se venía librando en China entre el Gobierno de Chiang Kaichek y los comunistas (en la cual se había llegado a una tregua inestable), la invasión japonesa a gran escala de julio de 1937 atrajo la urgente atención de Stalin, que no tardó en empezar a enviar al Gobierno chino la ayuda militar y el personal especializado que antes había suministrado a España, causando a ésta un claro perjuicio.

El segundo hecho fue el creciente poder y agresividad de las pequeñas fuerzas navales franquistas que habían entrado en el Mediterráneo y, en agosto de 1937, contaban con la colaboración no declarada de los submarinos italianos para atacar los cargamentos destinados a la República. Stalin no vio otra alternativa que cerrar la ruta que partía de Odessa y de otros puertos del mar Negro y enviar su ayuda desde los puertos norteños de Leningrado y Murmansk hasta Francia donde, a pesar de su política de non-intervention relâchée, la harían pasar a través de los Pirineos en una ruta mucho más lenta, costosa y complicada.

Debido a ello no se pudo mantener el grado de apoyo, relativamente alto, que la República recibiera en 1937. Según fuentes oficiales soviéticas, a España llegaron 52 cargamentos de armas entre septiembre de 1936 y el mismo mes de 1937, pero sólo 13 en 1938 y 3 en enero de 1939. En otoño de 1937, España ya no era una prioridad para Stalin como lo había sido el año anterior, aunque eso no significa que pretendiera abandonarla. Todavía estaba interesado en cómo aumentar el poder político del PCE, pero creía que la República debería organizarse de forma más eficiente, haciendo un mejor uso de sus recursos. Además, era consciente de los rumores que corrían por la zona republicana acerca de que los sóviets tenían sus propios motivos para querer que la guerra continuase (lo que muy bien puede ser cierto), o que el descenso en los suministros se debía a que aquéllos estaban pensando en retirarse, dejando a los republicanos a merced de Franco.

La intervención soviética nunca fue otra cosa que una sola carta en un juego muy complejo. En mayo de 1937, el ministro de Asuntos Exteriores, Maxim Litvinov, había dicho al embajador británico en Moscú que la Unión Soviética podría llegar a aceptar la existencia de un estado fascista en Madrid siempre que no se convirtiese en un satélite ni de Alemania ni de Italia. Conforme se complicaba la situación internacional, la política soviética en España cambió y en lugar de luchar por la victoria izquierdista pasó a promover una resistencia continuada que mantendría sus intereses en la Península y animaría a Francia y al Reino Unido a prestar la asistencia que Stalin esperaba, pero, incluso si no fuera así, podría enfocar los esfuerzos del Eje en España, desalentando sus avances en Europa Central y del Este o, en último término, podría servir de elemento de negociación. Esta última opción también era importante, dado que, entre los múltiples cabos de la política soviética, siempre se mantuvo abierta la posibilidad de un acercamiento con Alemania, tal y como el propio Litvinov expresó al corresponsal del periódico francés Le Temps el día de Navidad de 1937.

En el verano de 1938, con la intensificación del conflicto en el Lejano Oriente y la amenaza de otro en Centroeuropa, Stalin empezó a buscar una estrategia para salir de España, la cual podría incluir algún tipo de negociación. El 17 de junio, el relevante periodista Ilia Ehrenburg publicó un artículo en Izvestia en el que, por primera vez, se mencionaba lo baja que era la moral de las tropas y los civiles republicanos y calificaba a los falangistas de «patriotas» españoles del otro bando. El conde Von der Schulenburg, embajador alemán en Moscú, informó de que Ehrenburg «da a entender que su actitud puede llegar a ser significativa para el futuro desarrollo político de España […]. En las últimas semanas, la prensa soviética ha informado en sucesivas ocasiones de la insubordinación de los falangistas, explicando esta rebelión contra Franco sobre todo por el creciente odio hacia los extranjeros. A partir de estos artículos de prensa, uno tiene la impresión de que los soviéticos creen posible un entendimiento entre los falangistas y parte del bando rojo español»[113].

Más o menos al mismo tiempo, Litvinov informó al encargado de negocios francés de que su país estaba preparado para retirarse de España aplicando la fórmula «España para los españoles», siempre que los demás poderes hiciesen lo mismo y se pudiese alcanzar un acuerdo razonable entre los dos Gobiernos en guerra. El 23 de junio pronunció un discurso en el que destacó que eran los intereses británicos y franceses (no los de la Unión Soviética) los que Alemania e Italia estaban amenazando en suelo español.

A su vez, el embajador alemán envió un informe a Berlín según el cual el Gobierno soviético estaba preparando a su pueblo (alimentado con grandes dosis de propaganda acerca de lo decididos que estaban los republicanos a alcanzar la victoria) para afrontar el fracaso de éstos y la retirada soviética. A todo ello siguió un acuerdo entre caballeros con la Alemania nazi en virtud del cual la prensa de ambos países dejaría de atacar a sus respectivos jefes de Estado.

El 5 de julio, Schulenburg remitió otro informe en el que afirmaba que el embajador francés le había comunicado en una conversación reciente que, según Litvinov, Stalin sólo había intervenido en la guerra de España «a instancias de los partidos comunistas extranjeros, sobre todo del francés» y «principalmente, por temor a una desbandada de los comunistas extranjeros». El Politburó había dado su aprobación «guiado más por consideraciones de ideología y sentimientos», pero la actitud de Litvinov siempre había sido más circunspecta. Ahora, el ministro de Asuntos Exteriores soviético «creía que era mejor abandonar la arriesgada empresa española antes de que las pérdidas fuesen mayores. Bajo ciertas condiciones, y sobre todo en el caso de L’Espagne pour les espagnols, Litvinov parecía más que dispuesto a aceptar un acuerdo entre los combatientes»[114]. Aún más, el embajador francés opinaba que era muy posible que el ministro soviético lograra convencer al resto de su Gobierno.

Palmiro Togliatti, principal asesor de la Komintern en España, fue llamado a Moscú, donde, entre el 16 y el 20 de agosto, tuvo lugar el último de los debates de alto nivel acerca de la situación española, en el que se decidió que, por el momento, «la guerra sin cuartel» debía continuar, aunque el PCE tenía que superar su identificación como el «partido de la guerra».

Los cambios en la situación internacional permitirían presionar para poner fin a la ayuda que alemanes e italianos estaban prestando a Franco, pero los gestos conciliatorios también serían de ayuda; las Brigadas Internacionales, por ejemplo, ya no resultaban útiles y, en 1938, estaban declinando. Casi no se incorporaban nuevos voluntarios, se habían producido motines y deserciones en sus filas y el rendimiento de los brigadistas apenas igualaba a la utilidad política que, según los sóviets, reportaba su presencia. La iniciativa de retirarlas partió de Negrín y, el 27 de agosto, los líderes de la Komintern en Moscú decidieron enviarlas de vuelta a casa.

Idénticas razones (parece ser, siguiendo instrucciones de Stalin) estaban detrás del único indicio de una estrategia de salida por parte de los jefes de la Komintern. La resolución que adoptaron el 3 de septiembre incluía la habitual exigencia de resistencia a toda costa, pero también pretendía aprovechar los rápidos cambios en la situación internacional que pronto limitarían la libertad de acción de Alemania e Italia. Por primera y única vez durante la guerra, los líderes de la Internacional Comunista propusieron «un acuerdo leal entre patriotas españoles hecho posible a condición de que las tropas de ocupación extranjera sean expulsadas de España»[115]. Como han señalado Elorza y Bizcarrondo, semejante acuerdo ni impondría ni salvaría la «democracia republicana de nuevo cuño» porque daría como resultado un cierto compromiso de paz al precio de sacar a la Unión Soviética de la guerra en unos términos atractivos tanto para el Reino Unido como para Francia y, a su vez, también podría presentarse como un éxito de los soviéticos y comunistas que habían liberado a España de la dominación extranjera (algo que siempre había estado presente en su propaganda). De esta manera, la política soviética habría obtenido una victoria en el sentido de garantizar al país su libertad y su independencia. La cúpula soviética estaba, al menos de momento, dispuesta a hacer concesiones siempre que éstas no acabasen beneficiando a Alemania. Oficialmente, la Komintern seguía respaldando una República, pero, poco después, Litvinov compareció ante la Sociedad de Naciones para proponer la retirada de los combatientes extranjeros de ambos bandos. Casi todos los brigadistas internacionales abandonaron España en octubre (sólo se quedaron unos cientos) y Mussolini retiró a 10 000 de sus soldados. Sin embargo, los cruciales acontecimientos que tuvieron lugar en la última semana de septiembre y que concluyeron con la capitulación anglo-francesa en Múnich provocaron que estas propuestas no tuvieran ningún influjo sobre los dictadores del Eje. En octubre, Franco y Hitler firmaron un nuevo acuerdo. Mientras, el Gobierno soviético se veía cada vez más aislado, con sus políticas española y europea hechas añicos.

La presencia militar soviética en España seguía disminuyendo. En un momento dado pudo llegar a haber más de 1000 hombres, pero el 23 de octubre sólo quedaban 250 y el 4 de enero 218; una reducción considerable que todavía no significaba su total desaparición. No existen indicios de que cuando la «estrategia de septiembre» de la Komintern demostró ser imposible, Stalin buscase otra vía de escape. La participación soviética se reduciría, pero no hasta el punto de desvanecerse, porque, desde su punto de vista, era importante no rendirse. En Europa Occidental la combinación de una base fuerte y una resistencia continua todavía podía tener alguna utilidad política o estratégica. Dimitrov, el jefe de la Komintern, había anunciado públicamente en varias ocasiones que la principal responsabilidad de sus miembros era contribuir a la defensa de la Unión Soviética. El PCE se encargaría de que la República siguiera combatiendo.

Sin embargo, durante la batalla del Ebro los envíos de armas habían menguado mucho, y desde agosto de 1938 no se habían recibido más. Incluso antes de que finalizase la batalla, Negrín había decidido esforzarse por reabrir las líneas de abastecimiento soviéticas. El 11 de noviembre envió una carta personal a Stalin por mediación del jefe de la fuerza aérea republicana, el general comunista Ignacio Hidalgo de Cisneros. En sus dieciocho hojas, el presidente intentaba explicar los logros militares y políticos en términos que a los sóviets les resultaran interesantes, e incluía una petición de cooperación mutua y futura entre la República victoriosa y la Unión Soviética. En un lenguaje más propio de Esopo, dejaba entrever que sabía que el semipluralismo imperante en la zona republicana era inadecuado según el punto de vista soviético, por lo que se esforzaría por imponer un control más estricto en cuanto le fuera posible, y afirmaba que un nuevo envio masivo de armamento llevaría a un revitalizado Ejército Popular al triunfo. La República seguiría siendo entonces un firme colaborador político y militar de la Unión Soviética. En este escenario de color de rosa, la recuperación tras la guerra sería «tarea fácil».

Nos encontraremos al final más fuertes que antes. Borrados muchos obstáculos tradicionales, gentes de energía y autoridad que ha forjado la guerra; un ejército potente y las posibilidades industriales de nuestros arsenales nos permitirán no sólo crear una Marina mercante y de guerra de consideración, sino proveer de ella a otros países[116].

Puede que Negrín incluyera estas extravagantes afirmaciones acerca de la futura marina republicana porque sabía que Stalin estaba buscando ayuda extranjera para desarrollar su «bolshoi flot» (la gran flota), un proyecto que, en aquel entonces, escapaba a las posibilidades económicas y tecnológicas del país.

Hidalgo salió para Moscú y allí llegó antes de que acabase el mes. Negrín solicitaba un gran envío de armas: 250 aviones de combate, otros tantos tanques, 650 piezas de artillería y 4000 ametralladoras, entre otras cosas. Es dudoso que el dictador quedara muy impresionado con la forma en que el presidente presumía del futuro poder militar y naval de la República, pero no tenía alternativas a su política en España. Tras un breve retraso, Stalin dio su visto bueno y accedió a satisfacer al menos algunas de las peticiones. El agosto anterior, el Gobierno soviético había informado a los representantes republicanos de que ya sólo quedaba una tonelada y media de oro, por lo que su crédito se ampliaba en otros sesenta millones de dólares. Para este nuevo envío se concedió una tercera línea de crédito en diciembre, por un importe de ciento tres millones de dólares, una gran suma de dinero en aquella época.

En las memorias e historiografía de la Guerra Civil este envío final de armamento ha sido motivo de controversia, porque fueron los republicanos no comunistas quienes dieron cuerpo a la «tesis del abandono». Según éstos, el envío no fue más que un gesto propagandístico y es probable que ni llegara a salir de la Unión Soviética. Sin embargo, los datos hispano-soviéticos contradicen esa tesis. Los registros soviéticos indican que el envío se preparó en diciembre e incluía 15 torpederos, 134 aviones de combate, 40 tanques, 359 piezas de artillería, tres mil ametralladoras, 40 000 rifles y mucha munición. Parte del mismo arribó a Cataluña en enero de 1939, antes de la caída de las defensas republicanas, pero, según parece, el resto llegó demasiado tarde y no se pudo utilizar en la defensa de la región. Las fuerzas de Franco capturaron parte del material, todavía intacto, y el resto siguió en tránsito por territorio francés.

Incluso cuando cayó Cataluña (para muchos el toque de difuntos para la República), la política soviética siguió inalterable. Sin estrategia de salida, Stalin dio órdenes de continuar resistiendo a toda costa porque creía que la lucha contra el fascismo en España limitaría su avance en otros lugares. No obstante, la Unión Soviética no contribuyó a esa tenaz resistencia con el resto del material bélico que tenía que enviar, pues temía que acabase en manos de Franco, como ya había sucedido antes. El 16 de febrero de 1939 se canceló cualquier movimiento del material en tránsito por Francia; el mayor interés era recuperar esas armas y devolverlas a su punto de origen. Enviar material a la zona republicana requería un doble sistema de transporte: por ferrocarril a través de Francia y por barco desde un puerto del sur de este país hasta España, navegando por un Mediterráneo cada vez más controlado por las fuerzas franquistas. El transporte era demasiado azaroso y la futura resistencia, incierta. Sólo en este sentido abandonó la Unión Soviética a la República, pero, tres semanas más tarde, Stalin estaba de nuevo dispuesto a enviar armamento a España si se encontraba un modo de transporte adecuado.

Así, el santo y seña soviético siguió siendo resistir hasta el final. Todos los intentos soviéticos por acercarse a la Alemania nazi habían fracasado y Stalin ya no tenía alternativas a su política. Aunque ya no estuviera dispuesto a invertir mucho más en España, sí lo estaba a enviar más personal militar. El 7 de febrero llegó otro contingente, formado por siete asesores e instructores, doce especialistas en artillería, dos marinos y otras cuatro personas no identificadas. A cambio, un grupo todavía más numeroso abandonó el país veinte días más tarde y con él dos de los principales asesores soviéticos.

Durante las semanas finales, la confianza de Negrín en el PCE y en los jefes militares comunistas creció sin cesar, lo que explica sus ascensos, el último de los cuales tuvo lugar el 3 de marzo. Los teóricos del «abandono» afirman que se trató de una provocación cuidadosamente tramada para forzar a los republicanos no comunistas a sublevarse y poderles luego culpar de la rendición; sin embargo, no existen pruebas de ello y sí datos significativos que lo contradicen.

Durante la semana anterior a la rebelión del coronel Casado, los principales asesores, tanto de la Komintern como del Gobierno soviético, no estaban preparando su marcha, como afirman los mencionados teóricos, sino discutiendo la forma en que habría de intensificarse la resistencia. A Togliatti y a sus camaradas les preocupaba mucho el peligro de un levantamiento anticomunista; por eso, a finales de febrero, habían enviado un telegrama a Moscú preguntando si ya había llegado la hora para que el PCE pudiera «tomar a través de medidas de fuerza todas las palancas del poder y la dirección de la guerra»[117], lo que habría significado una dictadura comunista de facto aun a pesar de que los propios comunistas quizá eran conscientes de que carecían de la fuerza necesaria para imponerla. La respuesta de Moscú se hizo esperar. El 4 de marzo volvieron a plantear la pregunta y esta vez Stalin les respondió al día siguiente, horas antes de que Casado se rebelase. Stalin estableció las condiciones para un nuevo envío de armas, siempre que el Gobierno continuase resistiendo y se encontrase una forma segura de transporte a través de Francia. Su telegrama vetaba la posibilidad de formar una dictadura comunista, porque los jefes de la Komintern se dieron cuenta de que no sólo no tendría éxito, sino que minaría su estrategia. En vez de ello, se alentaba la formación de un nuevo gobierno de defensa nacional de todos los partidos dispuestos a resistir.

Está claro que no hubo provocación porque la estrategia soviética era justo lo contrario y tampoco el primer anuncio de Casado hizo referencia a ningún golpe comunista. Veinticuatro horas más tarde, Negrín abandonó el país en avión, acompañado por la mayoría de los dirigentes del PCE, sin esperar siquiera a recibir la aprobación de Moscú. Tampoco había suficientes aviones para transportar a todos los asesores soviéticos, pero, finalmente, su embajada en París les envió uno. Togliatti se quedó en Valencia hasta el 24 de marzo, disociándose de la huida del Gobierno Negrín, la cual, según informó a Moscú, había sido un «trágico error», e incluso llegó a decir que sospechaba de la complicidad del presidente con Casado.

Cuando los líderes del Partido Comunista y los asesores de la Komintern volvieron a Moscú, recibieron señales contrapuestas, algo nada infrecuente con Stalin. Dimitri Manuilski, jefe de la Comisión Ejecutiva de la Komintern, dijo a Jesús Hernández que los comunistas españoles habían manejado la situación con astucia, resistiendo hasta el mismo final, y dejando que Casado se hiciera responsable de la capitulación. Sin embargo, esto no era lo que Stalin pensaba, y así se lo dijo a Dimitrov el 7 de abril: «Los españoles son intrépidos, valientes, pero gente descuidada» porque no habían sido capaces de luchar hasta la última trinchera y ese fracaso debía servir de ejemplo para los demás comunistas[118]. En la autopsia oficial, que tuvo lugar en la Secretaría de la Komintern el 28 de julio, Stalin se reafirmó en su veredicto, criticando severamente a Togliatti y al resto de los dirigentes por no haber organizado mejor la resistencia y por no haber combatido a Casado hasta el final. Los comunistas que seguían la correcta línea soviética nunca serían derrotados y, por tanto, en España no habían sucumbido a Franco, sino «por sus propios errores».

La política de Stalin no varió ni un ápice en la fase final del conflicto y nunca admitiría que no fue adecuada ni en cuanto a la estrategia ni en cuanto al respaldo militar. El fracaso se atribuyó, exclusivamente, a los comunistas españoles.

33
¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑARON LAS FUERZAS NAVALES?

DESDE el punto de vista militar, la Guerra Civil se diferenció de cualesquiera otras similares (revolucionarias o no) en que no sólo fue una guerra terrestre, sino también aérea y marítima. De hecho, los principales aspectos del uso de «armamento combinado» en las guerras del siglo XX se ensayaron en España. Aunque nunca se produjo una operación con «fuerzas conjuntas» (del ejército de tierra, del de aire y la marina a la vez), la dimensión naval del conflicto tuvo una importancia capital debido a dos factores: la dependencia de ambos bandos de la importación de armas y la propia geografía del país, abundante en costas e islas, además de la base de los nacionales en el Protectorado de Marruecos.

La rebelión militar de julio de 1936 estuvo organizada por el general de brigada de infantería Emilio Mola, cuyos contactos en la marina eran bastante escasos. Por ello, sólo existió una mínima coordinación, aunque, en general, los oficiales de la marina solían proceder de una clase social más elevada y ser más derechistas en sus actitudes políticas que sus camaradas del ejército de tierra. Esa falta de coordinación se debió en parte al hecho de que, históricamente y a pesar o a causa de su conservadurismo, esos oficiales no habían querido desempeñar ningún papel político y nunca se habían mezclado en esas cuestiones. Por otra parte, los marineros estaban más concienciados en el terreno político que los soldados de tierra y quizá debido al estrecho contacto en que vivían, estaban mejor organizados, lo que significa que las divisiones políticas y sociales se veían mejor reflejadas en la marina que en el ejército de tierra.

Debido a esa ausencia de conexión, los oficiales de la armada no se enteraron de cuándo iba a empezar la rebelión y carecieron de planes específicos para actuar al unísono. Cuando quienes simpatizaban con la sublevación intentaron apoyarla con sus transportes, tuvieron que hacer frente a motines que se lo impidieron, algo que no pasó en los demás ejércitos. Las primeras unidades navales que se unieron al levantamiento fueron las de El Ferrol y otros puertos en el noroeste peninsular y las de Cádiz, donde consiguieron actuar con rapidez para reforzar la rebelión. En la parte este y, en ocasiones, en las unidades que se encontraban en el mar, los marineros izquierdistas asesinaron y arrojaron por la borda a aquellos oficiales que pretendían unirse a la sublevación e incluso, a veces, a quienes no querían adherirse a ella. A otros se les relevó del mando y fueron arrestados y más tarde juzgados (y, con frecuencia, ejecutados) en los tribunales republicanos.

El resultado de esta masacre revolucionaria, tan parecida a la que tuvo lugar en la marina rusa en 1917, fue que, durante los primeros meses de conflicto, casi la mitad de los oficiales acabaron asesinados a manos de la izquierda, dejando a muchos de los barcos sin nadie competente al mando, lo que se convirtió en uno de los puntos débiles básicos de la marina republicana durante toda la guerra. En todos los buques de la República se organizaron comités de marineros, que siguieron funcionando durante meses y fueron un obstáculo para la efectividad del mando y las operaciones.

Cuando, en septiembre de 1936, Indalecio Prieto llegó al Ministerio de Marina comenzó a aplicar una disciplina más estricta. Durante la primera mitad del conflicto se produjeron frecuentes cambios en el mando de los buques en un esfuerzo, a menudo inútil, por lograr una mayor eficacia operativa. Prieto nombró comisario jefe de las fuerzas navales republicanas al socialista Bruno Alonso y, de esta forma, los socialistas llegaron a dominar la armada del mismo modo en que los comunistas mandaban en el ejército de tierra, haciéndole a aquélla un flaco favor. Durante la mayor parte de la guerra, el principal asesor naval soviético en España fue el joven capitán Nikolai Kuznetsov (que en 1945 sería ascendido a comandante de la marina soviética), quien, en general, trató de imponer una estrategia conservadora y pasiva, orientada a proteger a los importantísimos barcos republicanos.

Aunque nunca llegó a ser tan poderosa como en épocas anteriores, al comienzo de la guerra la marina era la más fuerte de los tres ejércitos y contaba con dos acorazados, cinco cruceros (con dos más en construcción), once destructores (y se estaban construyendo seis más), diez torpederos y diversos submarinos y barcos más pequeños. España no era una gran potencia naval, pero tampoco una fuerza insignificante.

Como ocurrió dentro del ejército de tierra, los almirantes siguieron siendo leales al Gobierno. La rebelión en el ejército corrió a cargo de oficiales situados en mitad del escalafón (de coroneles a tenientes) y, en menor medida, en la marina ocurrió lo mismo. La importante base de Cartagena permaneció fiel a la República, mientras que quienes apoyaban la sublevación se hicieron con el control de las de El Ferrol y Cádiz tras una breve pero violenta lucha.

En definitiva, la izquierda disponía de casi dos tercios de las naves (unas 66 500 toneladas) y los nacionales empezaron con casi 37 000, que comprendían el acorazado España (que, al principio, no estaba a pleno rendimiento), el crucero Almirante Cervera (en dique seco en El Ferrol) y el viejísimo crucero República (cuyo nombre se cambió después por Navarra), que no se pudo utilizar del todo hasta 1937, un solo destructor, doce barcos más pequeños y ningún submarino. Controlaban, además, dos cruceros nuevos casi terminados que, más tarde, desempeñarían funciones clave en la lucha. A finales de septiembre el Canarias estaba listo para pasar a la acción, y el Baleares entró en combate en febrero de 1937. Éste fue el año, también, en el que el Gobierno italiano vendió a Franco cuatro de sus destructores más viejos (cuyo uso fue bastante limitado), así como dos nuevos submarinos. Hay que tener presente que la marina franquista, aunque mucho más pequeña, tuvo siempre una mayor capacidad de combate, cualitativamente fue superior, más disciplinada, comandada por oficiales profesionales y más agresiva desde el punto de vista estratégico. El jefe del Estado Mayor naval era el vicealmirante Juan Cervera Valderrama, asistido después por el capitán Francisco Moreno. Además, durante el invierno de 1937 y sobre todo en el periodo clave en que se modificó el equilibrio de poder a mediados de ese año, los submarinos italianos apoyaron a los barcos de Franco en el Mediterráneo.

La marina republicana contaba con el acorazado Jaime I, los cruceros Libertad, Méndez Núñez y Miguel de Cervantes, diez de los once destructores (y seis más en construcción), todos los submarinos y trece barcos más pequeños. Su indudable punto débil fue la falta de liderazgo y su escaso potencial bélico, con lo que se desperdició la inicial superioridad de la República en el mar, al igual que en otras áreas.

La acción naval puede dividirse en tres teatros de operaciones y tres fases: 1) la lucha por el control de los estrechos; 2) el bloqueo de la zona norte republicana; y 3) el conflicto naval en el Mediterráneo occidental. En la fase final de la planificación de la rebelión, Mola concedió gran importancia al apoyo naval para salvaguardar el movimiento de tropas desde Marruecos a Andalucía; era muy consciente de que el Alzamiento no podría triunfar sin ellas y, a pesar de todo, no hizo o no fue capaz de hacer planes al respecto. Aunque en los primeros momentos los rebeldes dispusieron de suficiente apoyo naval como para garantizar el traslado de todo un tabor de regulares (1500 soldados) a Cádiz y a Algeciras, las fuerzas republicanas no tardaron en bloquear las aguas andaluzas y del estrecho. El 5 de agosto, Franco hizo uso de su fuerza aérea para proteger el paso de un pequeño convoy hacia Cádiz que contribuyó a la concentración de tropas nacionales en el sur, pero tan audaz maniobra era demasiado arriesgada como para repetirla y, durante dos meses y medio, se vio obligado a depender de un puente aéreo a pequeña escala, con el que consiguió transportar a pequeños grupos de soldados a Andalucía de manera continuada. El paso de las tropas duró tres meses y medio y no concluiría hasta finales de octubre, aunque uno más rápido podría haber acelerado el fin del conflicto en interés de todas las partes implicadas. Esta primera fase fue la única en la que la marina realizó una contribución sustancial al éxito de las fuerzas republicanas; durante la misma, diversas ciudades de Andalucía y Marruecos fueron bombardeadas (sin que estas acciones aparezcan en la literatura republicana acerca de las «atrocidades» de la guerra) y se bloqueó el tráfico marítimo de los nacionales, que sufrieron notables bajas.

En ese punto en que toda la situación naval parecía ser favorable a la República, el ministro de Marina, Indalecio Prieto, dio otro de los bruscos virajes tan frecuentes en su larga y ciclotímica carrera política. En su bien publicitado discurso del 8 de agosto expresó la inevitabilidad del triunfo republicano porque, entre otras cosas: «¡Tenemos la escuadra!». La única parte de costa dominada por los nacionales era la noroeste, donde consiguieron hundir el submarino B-6 enviado junto con otros cinco a atacar a sus fuerzas. A finales de septiembre, Prieto decidió aplastar este único bastión de la marina rival y para ello envió al grueso de la flota republicana, dejando sólo cuatro destructores y unos cuantos barcos más pequeños en la tarea de mantener el bloqueo de Marruecos.

Esta apuesta de Prieto resultó ser uno de los cuatro o cinco puntos de inflexión del conflicto. Ayudados por los servicios de inteligencia naval alemanes e italianos, los jefes franquistas captaron enseguida el alcance de la maniobra republicana y esto les dio la oportunidad de romper el bloqueo. El nuevo crucero Canarias, apenas equipado, apareció en acción por primera vez, acompañado por el Cervera. El 29 de septiembre entraron en el estrecho hundiendo un destructor enemigo, dañando de consideración a otro y haciendo añicos el bloqueo, tras lo cual echaron a pique otros tres barcos en aguas andaluzas. A mediados de octubre, la gran flotilla republicana regresó del norte sin haber conseguido su objetivo y se retiró a Cartagena, donde anclaría casi de manera permanente. La superioridad naval de la República quedó así neutralizada gracias a una acción audaz; a partir de ese momento, los nacionales controlarían los estrechos y la mayor parte de las aguas sureñas.

Las fuerzas navales insurgentes con base en El Ferrol facilitaron el avance de los nacionales sobre Guipúzcoa en las primeras semanas de conflicto, pero, en septiembre y a principios de octubre, la llegada de nuevos barcos republicanos les obligó a pasar a la defensiva. Sólo cuando la mayor parte de éstos se retiró, las fuerzas franquistas optaron por la acción ofensiva, encabezada por el viejo España, un destructor y varios barcos más pequeños, frente a los cuales el destructor y los tres submarinos republicanos que protegían la zona no pudieron hacer casi nada. Uno de éstos se hundió y otro resultó muy dañado.

Al empezar la ofensiva terrestre sobre Vizcaya, Franco decretó el bloqueo de la costa norte republicana. Sin embargo, y dado que las potencias internacionales no reconocían a su régimen el estatus de beligerante, sus acciones contra los barcos extranjeros cargados de suministros sólo podían tener lugar en aguas nacionales (aunque, naturalmente, los enfrentamientos directos entre ambos combatientes no estaban sometidos a tantas restricciones). En abril, el Cervera regresó al norte para colaborar en el bloqueo; los dos destructores republicanos que se desplazaron allí poco pudieron hacer. Las fuerzas de Franco eran demasiado exiguas como para bloquear con eficacia toda la línea costera republicana, pero, a pesar de que una mina hundió el España, se las arreglaron para interceptar gran parte de los suministros. El Gobierno vasco convenció al mando republicano de que era necesario enviar otros dos submarinos para complementar al que, junto con dos destructores, hacía frente a los nacionales en la zona. Además logró que se reemplazase a los ineptos mandos de los destructores, aunque de poco les sirvió. En junio se intensificó el bloqueo sobre Vizcaya y, en las últimas semanas, casi ningún envío de suministros logró traspasarlo.

La caída de esta provincia no hizo sino aumentar la eficacia del bloqueo y proporcionar a los nacionales otra importante base, así como una más pequeña línea costera que cubrir. A pesar de que se sustituyó a casi toda la inoperante tripulación de uno de sus destructores, los buques republicanos continuaron demostrando su ineficacia. En agosto, Santander y Asturias estaban sometidas a un severo bloqueo y la ocupación de la primera favoreció el de la segunda. El mando naval en Cartagena estaba asombrado y enfurecido por lo poco eficaces que resultaban ser sus barcos; no hacía más que ordenar (sin ningún éxito) acciones ofensivas y amenazar (en vano) con aplicar rigurosos castigos a los capitanes de los barcos. Dos de sus submarinos escaparon a Francia, donde sus oficiales y casi toda la tripulación se pasaron a los nacionales y el último que les quedaba se fue a pique en aguas asturianas. El 20 de octubre la conquista de la zona norte había terminado, gracias también a la significativa contribución de la pequeña marina nacional.

De ahí en adelante, las fuerzas navales franquistas pudieron concentrarse en atacar los barcos republicanos en el Mediterráneo occidental. Así dio comienzo la larga fase final de la guerra en el mar, que se prolongaría durante un año y medio. A través del Mediterráneo, la República recibía los importantísimos suministros soviéticos y los procedentes del sur de Francia, por lo que, a partir de octubre de 1936, sus barcos se consagraron (no siempre con éxito) a proteger los envíos. A principios de 1937 el crucero Baleares se incorporó a la marina franquista en el sur, ayudando a la toma de Málaga en febrero y garantizando el absoluto control del estrecho. Pese a que el Cervera fue enviado al norte en abril, los nacionales se volvieron cada vez más activos en el Mediterráneo y allí se concentró la flota franquista en noviembre. Recibían la ayuda de los submarinos italianos que Mussolini había enviado para interceptar los transportes republicanos en una campaña que duró tres meses (entre noviembre de 1936 y febrero de 1937) y de nuevo en agosto de este último año. La segunda campaña italiana fue más amplia e infligió mayores pérdidas a la República.

El Comité de No Intervención estableció un «plan de control» para que sus cuatro principales potencias forzasen el cumplimiento de sus edictos, pero las patrullas resultantes del mismo carecían del rigor necesario, aunque el segundo intento a este respecto (llevado a cabo por barcos británicos y franceses en septiembre de 1937) sí consiguió estorbar a los submarinos italianos. La única potencia extranjera en sacar provecho de la situación fue el Reino Unido; ahí estaba la Royal Navy para garantizar que no se hundiesen los barcos británicos que tomaban parte en operaciones comerciales con España.

Casi desde el mismo comienzo de la guerra, y para evitar complicaciones internacionales, el mando naval republicano había decidido no atacar los transportes alemanes e italianos con destino a los puertos rivales, pero Franco no tenía tantos escrúpulos. Desde diciembre de 1936 sus barcos detuvieron a todas las naves soviéticas que atravesaban el estrecho de Gibraltar. En ellas había muy pocos suministros bélicos, pero eso no impidió que, para abril de 1937, se hubiera dado el alto a 84 barcos, de los cuales 4 fueron hundidos y otros 7 considerados botín de guerra, amén de las muchas cargas que fueron confiscadas. Por su parte, Italia envió a Franco 290 barcos con suministros y Alemania otros 180, ninguno de los cuales resultó hundido. Ni siquiera se les interceptó.

Desde finales de 1936, los suministros bélicos soviéticos habían llegado sobre todo a bordo de barcos con pabellón español. Moscú reducía así el riesgo de sufrir pérdidas directas después de que hundieran uno de sus barcos. Sin embargo, a la vista del número de naves atacadas en el Mediterráneo a mediados de 1937, Stalin decidió cancelar la ruta por este mar, con lo que disminuyó el volumen de los envíos procedentes de la Unión Soviética. Los que todavía llegaban lo hacían a través de Francia, así que, a partir de finales de ese año, las fuerzas navales franquistas pudieron centrarse cada vez más en los barcos republicanos del Mediterráneo occidental.

El creciente dominio de los mares produjo en los nacionales un exceso de confianza a principios de 1938. En marzo se enfrentaron a su primer desastre naval cuando un torpedo hundió el crucero Baleares y murió gran parte de su tripulación, pero enseguida fue sustituido por el recién reparado Cervera.

Cuando a mediados de 1938 la zona republicana quedó dividida en dos, la principal responsabilidad de su marina fue mantener el contacto entre las dos partes, así como con Menorca. Para ello se utilizaron los submarinos y destructores más rápidos, en singladuras nocturnas.

Aunque el mando republicano habló en diversas ocasiones de lanzar una operación anfibia sobre Motril y cazar a los nacionales por la retaguardia, nunca se decidieron a ello. Por su parte, la única acción anfibia de las tropas franquistas (posterior al paso del estrecho) se produjo casi al final de la guerra y tuvo como resultado su segundo desastre naval. Cuando el 5 de marzo de 1939 los elementos favorables a Franco se rebelaron en Cartagena, el transporte Castillo de Olite acudió raudo en su auxilio. Sus oficiales ignoraban que los sublevados no habían conseguido apoderarse de las baterías costeras, así que, en cuanto el barco se aproximó a la costa, se enfrentó a una andanada que terminó por hundirlo con sus 1800 hombres a bordo, muchos de los cuales ni sabían nadar. En aquellos momentos, casi todas las fuerzas de la marina republicana ya estaban desertando y huyendo a los puertos tunecinos. Desde allí, las autoridades francesas devolvían los barcos a Franco.

Técnicamente, y según José Cervera Pery, los nacionales perdieron más tonelaje en los hundimientos, ya que las seis naves que perdió la República sumaban 5676 toneladas. Sólo el Baleares ya pesaba más. Sin embargo, esta comparación resulta engañosa, ya que el número de barcos republicanos que resultaron dañados y quedaron fuera de servicio fue mucho mayor. La flota franquista hundió 35 mercantes (57 158 toneladas) y capturó otros 227 (257 577 toneladas), además de hundir 18 barcos extranjeros (71 668 toneladas) y capturar otros 97 (255 484 toneladas). Willard Frank ha calculado que, en conjunto, la República perdió 554 barcos de todas clases, de los cuales 144 fue a causa de los ataques alemanes e italianos. Además, éstos hundieron 75 de los 106 barcos extranjeros perdidos en el transporte de suministros republicanos. En comparación, Franco perdió en total 31 barcos. La marina republicana resultó incapaz de detener los transportes destinados a los nacionales y nunca se recuperó de los efectos de la revolución, responsables de su falta de unidad y liderazgo, malgastando así su inicial ventaja en el mar.

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¿QUÉ PAPEL JUGARON LAS FUERZAS AÉREAS?

EL conflicto español fue el primero del siglo XX en el que la aviación desempeñó un papel fundamental. La nueva fuerza aérea italiana había intervenido en la conquista de Etiopía en 1934-35, pero su poder en el aire era unilateral. Aunque la Guerra Civil fue, en gran medida, una reminiscencia bien de las campañas coloniales, bien de la Primera Guerra Mundial, su dimensión aérea ya hacía presagiar el puesto que la aviación llegaría a ocupar en la Segunda y, sin embargo, hay que reconocer que la guerra aérea en España sólo dejó entrever el futuro, sin desarrollar todo su potencial. La aviación sólo influyó de forma decisiva en los acontecimientos en algunas ocasiones; en su mayor parte su influjo afectó más a la psicología y a la moral que al propio campo de batalla.

En 1936, la fuerza aérea española contaba con unos 300 aviones (en su mayoría en desuso), a cuyos mandos se encontraban cerca de 500 pilotos, además de unos cuantos aviones de instrucción y otros totalmente obsoletos. Los aviones y sus motores se fabricaban en cuatro lugares diferentes, todos situados en lo que después sería la zona republicana. En 1934-35 se había producido una especie de revolución tecnológica en lo que al diseño de aeronaves se refiere, con la fabricación de nuevos modelos, con motores mucho más potentes y un menor peso gracias al empleo de nuevos materiales. Así aparecieron aviones mucho más potentes, con mayor capacidad de fuego, más rápidos y más veloces en el ascenso. La mayoría de los cazas que se usaban en el resto del mundo a mediados de 1936 enseguida se quedarían anticuados u obsoletos, pero la transición hacia modelos más sofisticados llevaría varios años, incluso en los países más avanzados.

En la inicial división de fuerzas, la izquierda contaba con unos 250 o 275 pilotos y 430 aviones (tanto civiles como militares), que incluían los principales escuadrones de combate; y la derecha con unos 160-190 pilotos y 120 aviones (civiles y militares). Gran parte de los cazas estaban en manos de la izquierda. El mejor avión de que disponía la fuerza aérea española en aquel momento era el Nieuport Ni-52, de diseño francés, fabricado en Guadalajara. Los republicanos tenían 50 de éstos y los nacionales sólo 10.

Durante las primeras semanas, la superioridad aérea de la República se concentró en la zona centro, aunque es dudoso que fuera un factor decisivo a la hora de frenar el avance de las pequeñas y débiles columnas de Mola sobre el norte de Madrid. Además, el mando republicano fue lento en utilizar su superioridad contra las fuerzas franquistas en el sur, y cuando lo hizo ya era demasiado tarde.

A finales de julio, Franco había recibido de Italia 9 bombarderos Savoia-Marchetti, y poco después 20 trimotores de transporte Junkers 52 alemanes, junto con un pequeño escuadrón de 6 cazas Heinkel 51, todos ellos con sus correspondientes tripulaciones. A principios de agosto, también la República recibió unos 40 aviones franceses, entre ellos los cazas Dewoitine y los bombarderos Potez 54, algunos insuficientemente armados. El 18 de ese mes llegaron a manos de Franco los primeros biplanos Fiat CR-32, que, en ese momento, eran superiores a cualesquiera otros aparatos utilizados por sus rivales.

Ambos bandos se afanaron por adquirir todos los aviones disponibles en el mercado internacional y, así, en las dos fuerzas aéreas empezó a aparecer material de segunda mano, pero en tan pequeñas cantidades que apenas bastaba para formar unidades de combate eficaces. Los líderes republicanos enseguida se dieron cuenta de que no disponían de suficientes pilotos bien entrenados para sus aviones, pero sus abundantes recursos financieros les permitieron contratar mercenarios extranjeros, en condiciones muy ventajosas para éstos. Uno de ellos, el piloto americano Frank Tinker (que llegó a derribar 8 aviones franquistas), afirmó que le pagaban 18 000 pesetas mensuales, un salario muy elevado para la época. El 9 de septiembre, los dos bandos tenían el mismo número de aviones extranjeros (64 los republicanos, 67 los nacionales, pero éstos contaban además con 21 aviones italianos y 25 alemanes que resultaron más útiles y no sólo porque los pilotaran hombres más hábiles y agresivos).

Durante un breve periodo, Franco logró establecer su superioridad aérea en el sur, facilitando así la marcha sobre Madrid. En esas semanas, el piloto nacional Joaquín García Morato empezó a trabajarse el récord que lo convertiría en el «as de ases» de ambos lados; a mediados de noviembre ya había realizado 15 derribos.

La guerra aérea comenzó a cambiar de manera significativa a finales de octubre, cuando un número considerable de aviones soviéticos y sus correspondientes pilotos llegaron al frente central. Los biplanos Polikarpov I-15, llamados «Chatos» por su morro grande y corto, eran más rápidos y ascendían más deprisa que cualquiera de los aviones franquistas, mientras que los bombarderos «Katiuska» podían volar a mayor velocidad que cualquiera de los de sus oponentes, aun adoleciendo de algunos problemas técnicos. Muy pronto llegaron también los Polikarpov I-16 (a quienes los republicanos llamaban «Moscas» y los nacionales «Ratas»), el primer avión de combate con tren de aterrizaje plegable, más rápido incluso que los I-15, pero no tan maniobrable.

La espina dorsal de la fuerza aérea nacional estaba formada por los 400 biplanos Fiat CR-32 que Mussolini les entregó en el curso de la guerra. Eran más lentos que los modelos soviéticos pero ganaban en resistencia y maniobrabilidad. Pilotados por hombres hábiles y valientes, podían presentar batalla a los más avanzados aviones enviados por Moscú. Sin embargo, al principio sólo llevaban dos ametralladoras (frente a las cuatro de los aviones soviéticos), algo a lo que enseguida se pondría remedio.

En noviembre, la República disfrutaba de una relativa superioridad en los cielos que mantendría, al menos en el frente central, durante todo el año siguiente. La mayoría de sus pilotos eran soviéticos, aunque Moscú facilitó entrenamiento a los pilotos republicanos, al igual que más tarde haría Francia con otros cien, a los que hay que sumar los que se formaron en la propia zona republicana. También los nacionales prepararon a sus propios pilotos y tripulaciones, incluso convirtiendo a pilotos comerciales en militares. En general, alrededor de un tercio de los aviadores de la fuerza aérea franquista eran españoles, pero la mayoría eran alemanes e italianos (casi el doble de los primeros).

La aviación de Franco no desempeñó ningún papel significativo en la batalla de Madrid del otoño de 1936, enfrentados a unos republicanos claramente superiores, pero el 30 de octubre, ante la escalada soviética, Hitler decidió hacerle frente con una propia que adoptó la forma de un cuerpo especial: la Legión Cóndor, que consistía en casi cien aviones dotados con su propio armamento, artillería y dos compañías de tanques ligeros que no podían hacer sombra a los T-26 soviéticos. Al principio, la eficacia de la Legión Cóndor fue bastante limitada porque el Heinkel 51, lento y poco maniobrable, era inferior a los Fiats, y ni por asomo podía compararse con los veloces aviones soviéticos, mejor armados, mientras que los bombarderos, los Junkers 52, que técnicamente eran aviones de transporte, eran tan lentos que ofrecían un blanco perfecto para los cazas enemigos, así que, a poco de llegar a España, los aviones alemanes no ejercieron ninguna influencia particular sobre el desarrollo del conflicto. Los pilotos españoles de Franco sólo tuvieron acceso, en principio, a estos anticuados aviones, a pesar de lo cual algunos de ellos (como García Morato y Salas) se las arreglaron muy bien frente a un enemigo bastante superior. A principios de 1937 aumentó la asistencia italiana en el aire y, durante gran parte de la guerra, la Aviazione Legionaria llegaría a ser el más grande de los tres componentes de la fuerza aérea franquista.

En noviembre, los bombarderos nacionales realizaron varios ataques intermitentes en la zona de Madrid, pero los Junkers 52 sólo resultaban eficaces de noche, cuando estaban a salvo de los cazas soviéticos. Entre el 19 y el 22 llevaron a cabo su único bombardeo concertado sobre partes de la capital. Unas 133 personas, en su mayor parte civiles, murieron a consecuencia de estos ataques, que, aunque escasos, si se comparan con los de la Segunda Guerra Mundial, constituyeron los primeros ataques sostenidos contra una ciudad en la historia de la aviación mundial. Provocaron una extensa reacción propagandística de la República y la Komintern (obviando el hecho de que la fuerza aérea republicana también había bombardeado al menos veinte ciudades en la zona nacional). Franco no tardó en ponerles fin debido a su ineficacia militar, al coste que representaban en términos de bajas civiles y a la propaganda que proporcionaban al enemigo. En conjunto, los bombardeos de Madrid produjeron al menos 312 víctimas.

A la larga, fue la artillería franquista la que causó más daños en la capital, con sus intermitentes pero frecuentes bombardeos durante el primer año de conflicto, lo que ilustra un hecho básico de todas las guerras de la primera mitad del siglo XX, a saber, que la artillería provocó un mayor número de bajas. Hasta abril de 1937, los bombardeos habían matado en Madrid a 1300 personas, en su mayor parte debido al fuego de artillería.

Sin embargo, también existieron unos «daños colaterales» especiales, derivados de los ataques aéreos: los asesinatos de prisioneros políticos en represalia. Es posible que los iniciaran los nacionales, pero los republicanos enseguida les alcanzaron y superaron, en parte porque eran las víctimas más frecuentes de esos ataques. Varios miles de prisioneros perdieron la vida en esas acciones.

Conforme más y más aviones soviéticos se incorporaban a la acción en noviembre, la aviación republicana se creció, llevando a cabo sus ataques más efectivos contra objetivos militares, aunque su impacto siguió siendo limitado. Pese a ser muy veloces, los Katiuskas también eran vulnerables, duraban poco y no eran tan difíciles de derribar. Los ataques aéreos no impidieron a la infantería franquista, menor en número, conservar la iniciativa. Durante todo este tiempo los aviones nacionales siguieron actuando y lograron reducir en cierto modo la ventaja republicana. Mientras tanto, a finales del otoño y durante el invierno de 1936-37, las unidades aéreas de Franco lucharon también, y en general con éxito, en varios frentes secundarios, contribuyendo significativamente a los triunfos de los nacionales, que, en los demás lugares, se mantenían a la defensiva.

La aviación tuvo su más destacada intervención en la más famosa victoria republicana de toda la guerra: la de Guadalajara, cuando cortaron la ofensiva de los cuerpos italianos. Las condiciones atmosféricas resultaron fundamentales porque la mayoría de los aviones de Franco tuvieron que quedarse en tierra mientras que, en el sureste, los republicanos disfrutaban de una gran libertad de acción, que utilizaron para bombardear a placer a los desdichados italianos.

En la primavera de 1937, Franco concentró la mayor parte de sus unidades aéreas en el norte, donde sus tropas estaban atacando, ya que los escuadrones de bombarderos republicanos habían demostrado no ser una gran amenaza en la zona centro. La supremacía en el cielo resultó significativa, en primer lugar, a la hora de poner freno a los ataques republicanos en Aragón. Los aviones resultaban mucho más efectivos contra las tropas en movimiento que contra las que se atrincheraban en posiciones fortificadas. Los tres escuadrones de anticuados Heinkel 51 (17 aviones en total), que las habían pasado moradas ante los aviones soviéticos en el frente central, se concentraron en Aragón, donde su eficacia quedó demostrada, sobre todo en las operaciones aire-tierra en apoyo de la infantería. Aún más, en esta región tuvo lugar un combate aéreo muy reñido el 17 de abril, cuando seis pilotos españoles a los mandos de sendos He-51 se enfrentaron a no menos de tres escuadrones de los técnicamente superiores Chatos. Aunque perdieron dos aviones, derribaron otros cinco. Franco siempre estuvo dispuesto a enviar una limitada ayuda a los frentes secundarios y las unidades aéreas se movían con celeridad de una zona a otra, dependiendo de las circunstancias.

A comienzos de 1937 hicieron su aparición más aviones italianos, sobre todo cazas Fiat y bombarderos Savoia-Marchetti y los republicanos empezaron a perder su superioridad en el aire. Ahora había dos grupos de cazas italianos. Los aviadores españoles, además de pilotar los pocos aviones de combate españoles que quedaban, estaban a los mandos de tres escuadrones de He-51 y dos de Fiats. Los nacionales eran superiores en número de bombarderos: unos 50 Junkers-52, 11 Heinkel-111, 12 Savoia-79 y 21 Savoia-81, con los que superaban a los Katiuskas y a los bombarderos franceses (Potez-54 y Marcel Bloch-210) de los republicanos.

En ese momento, las potencias más avanzadas desde el punto de vista militar habían desarrollado un cierto interés por las «armas combinadas», es decir, la combinación de infantería, aviación, artillería y blindados, que se prestaban mutua ayuda y actuaban a modo de refuerzo en un nuevo tipo de guerra ofensiva. Soviéticos y alemanes enfatizaron esta doctrina y España fue el primer lugar donde se empezó a ponerla en práctica. Sin embargo, existía un problema básico, porque, además del limitado número de aviadores alemanes y soviéticos, ninguno de los dos bandos disponía de la instrucción necesaria para llevar a cabo esas operaciones, así que tuvieron que aprender «sobre la marcha», con resultados muy diversos. Para el ejército republicano, el único gran éxito en este sentido fue la batalla de Guadalajara, donde sacaron partido a unas condiciones climáticas muy favorables, aunque la fuerza aérea también les sirvió de apoyo en la batalla del Jarama. En los demás casos, a las tropas de la República les falló la coordinación entre los distintos ejércitos, un factor esencial en el fracaso de casi todas sus ofensivas.

El uso de armas combinadas por parte de los nacionales, por su parte, casi siempre tuvo éxito (con sus altibajos), debido al mayor nivel de experiencia y eficacia de sus mandos y su tropa. La primera vez que las utilizaron en una gran ofensiva fue en la campaña del norte, contra Vizcaya, que comenzó el 31 de marzo de 1937. A ella se destinó toda la Legión Cóndor y casi toda la Aviazione Legionaria, así como algunos de los mejores escuadrones pilotados por españoles. Su mayor triunfo lo lograron al principio, en lo que a los defensores vascos les pareció un sorprendente ataque aéreo. En él, a veces, se llegaron a realizar más de 1000 despegues y a arrojar más de 100 toneladas de bombas por día, facilitando la ruptura del frente vasco y el posterior avance de los nacionales, lento pero inexorable. Al mismo tiempo, existía un límite a lo que la aviación podía hacer, porque el número de aviones y de bombas era insuficiente para destruir unas posiciones muy bien fortificadas, además de que la precisión (al igual que ocurría en todas partes en aquellos momentos) solía brillar por su ausencia. Por eso la artillería franquista tuvo tanta importancia como su fuerza aérea, y la infantería tenía que vencer en cada avance, a menudo librando duros combates.

El apoyo aéreo a la zona norte supuso un dilema para el mando republicano, ya que los estrechos valles no ofrecían ninguna profundidad estratégica y, además, aquélla estaba separada del resto del territorio de la República. Contrariamente a lo que afirmaron los nacionalistas vascos, el mando republicano no se limitó a ignorar la zona norte, a donde envió refuerzos intermitentes, sobre todo en forma de cazas soviéticos (unos 80), pero llegaban gota a gota, en poca cantidad y siempre demasiado tarde, sin que nunca consiguieran igualar la fuerza aérea franquista. Así, las unidades republicanas fueron destruidas una a una. En conjunto, se llegaron a desplegar unos 190 aviones en defensa de la zona norte, aunque en cualquier momento podía haber bastantes menos. Casi todos se perdieron; en octubre, los nacionales capturaron 14 en Asturias después de hacerse en el mar con otros 30 (casi todos anticuados bombarderos checos) destinados a los defensores.

Para el mando republicano, la zona centro fue el campo de batalla decisivo. En él intentó aliviar la presión que sufría el norte mediante tres ofensivas que tuvieron lugar entre finales de mayo y principios de julio, dos en la zona centro (La Granja/Segovia y Brunete) y una en Huesca. En todas se puso de manifiesto la incapacidad de las bien equipadas unidades de la República para llevar a cabo operaciones con armamento combinado. El empleo de la aviación y los blindados estuvo mal coordinado y Franco no tuvo problemas para responder rápidamente en cada uno de los casos, enviando sus aviones desde la zona norte. Cuando las fuerzas nacionales demostraron su igualdad en el aire, los republicanos que luchaban en la ofensiva descubrieron que habían perdido la ventaja que les proporcionaba la cobertura aérea. En esos momentos, la Legión Cóndor había empezado a utilizar los nuevos cazas Messerschmitt ME-l09 (que en su primera versión no eran superiores a los aviones soviéticos) y la aviación franquista fue, en cada caso, de gran ayuda a la hora de frenar las ofensivas del enemigo. Los pilotos soviéticos y republicanos (como todo el Ejército Popular en general) lograron algunas victorias defensivas, pero carecían de la habilidad, la coordinación y la agresividad necesarias para realizar con éxito acciones ofensivas. Al mismo tiempo, hay que decir que consiguieron algunos triunfos individuales, como el ataque protagonizado por aviones soviéticos en un campo de aviación zaragozano el 15 de octubre, donde destruyó más de una docena de aviones nacionales que estaban en tierra.

En octubre de 1937, la zona republicana ya sólo ocupaba el 42 por ciento del territorio español y, por primera vez, el ejército nacional empezaba a ser superior, tanto en material como en número de hombres, además de ostentar una superioridad no sólo numérica, sino también operativa en el aire. Los aviadores franquistas pilotaban 150 aviones, unos pocos más la Aviazione Legionaria (que estaba en su mejor momento) y unos 90 la Legión Cóndor. La mitad de los pilotos españoles y sus 75 aviones se organizaron en una nueva fuerza de combate: la Brigada Aérea Hispana.

Ambos bandos hicieron un uso intensivo de sus aviones en la batalla de Teruel y en la posterior ofensiva de Franco en Aragón (la «batalla del Alfambra»), en la que se alcanzó un nuevo récord en apoyo aéreo táctico al menos en una ocasión, cuando se arrojaron 120 toneladas de bombas en un solo día. Sin embargo, y gracias a su ampliación, la artillería de los nacionales se convirtió en el factor clave a la hora de bombardear las posiciones enemigas, ya que contaba con 600 cañones capaces de disparar 150 toneladas de munición diarias, manteniéndose en este nivel durante el resto de la guerra.

Mientras se combatía en Aragón, a mediados de marzo, Mussolini ordenó a los aviones italianos estacionados en Mallorca que llevasen a cabo tres ataques aéreos contra Barcelona, que costaron la vida a 980 personas, casi todas civiles, el mayor número de bajas causadas hasta entonces en un ataque a una ciudad. Los historiadores italianos no han podido determinar la causa de la brutal intervención del Duce; quizá pudo deberse a los celos que sentía porque Hitler había ocupado Austria el día anterior (sin compensaciones para Italia) o pudo ser una forma de advertir a Francia de que no amenazase al régimen fascista. Estos bombardeos no tuvieron otro propósito que desmoralizar y aterrorizar y enfurecieron a Franco. No podía controlar a Mussolini, pero reiteró a sus oficiales aéreos que no había que atacar directamente los núcleos de población (aunque algunos resultaran afectados en el curso de las operaciones militares). También el embajador alemán en Salamanca se mostró muy crítico, ya que Hitler no quería más complicaciones internacionales en ese momento; incluso el papa Pío XI envió a Franco una reprimenda por escrito.

Se ha denominado a los ataques aéreos sobre ciudades en la Guerra Civil «los primeros grandes bombardeos de la historia», un apelativo extravagante. Los únicos «grandes bombardeos» fueron los ataques sobre Durango y Guernica, y sólo a causa de la pequeñez de los objetivos, no debido a la entidad de los bombardeos en sí. Ninguno de los dos bandos tenía capacidad para efectuar un bombardeo estratégico, así que es más correcto decir que en la guerra española se produjeron los primeros ataques aéreos significativos (con la excepción parcial de los de Etiopía), aunque ninguno a gran escala. De hecho, las ciudades de la costa mediterránea fueron frecuentemente bombardeadas en los últimos once meses de conflicto debido a la contracción de la zona republicana y a que la concentración de fuerzas en el este convirtió los puertos en objetivos militares. Normalmente estos ataques afectaron poco a las zonas civiles; por eso los que sufrió Barcelona fueron excepcionales.

El ataque de Mussolini fue la segunda acción dramática que tuvo lugar en el «frente secundario» de la guerra aérea, el que incumbió a la costa oriental de España y al Mediterráneo occidental, cuyos protagonistas fueron las unidades hispano-italianas acantonadas en Mallorca y las republicanas situadas en la costa este. Aquéllas se lanzaron a una serie de persistentes ataques a pequeña escala a los barcos de la República y a las ciudades portuarias de la zona. Los republicanos tomaron en ocasiones la iniciativa; su más famosa acción fue el bombardeo por error del buque alemán Deutschland por parte de aviones soviéticos a finales de mayo de 1937, que provocó un grave incidente internacional. En 1937, un oficial de la marina alemana con base en Mallorca envió un informe en el que daba a los pilotos italianos que operaban desde la isla unas calificaciones incluso más bajas que las obtenidas por los soviéticos en términos de eficacia y precisión navigacional. De la misma manera se expresó el comandante Ramón Franco (el pícaro y temerario hermano menor del Generalísimo, un antiguo izquierdista a quien se le conocía como el «Charles Lindbergh español»), que estaba al mando de la fuerza aérea de Mallorca. En octubre de 1938, mientras participaba en una misión de bombardeo, murió en un accidente debido a las malas condiciones meteorológicas.

Los intentos por emplear bombardeos estratégicos fueron, en general, un fracaso. Ninguno de los bandos tenía grandes unidades de bombarderos ni bombarderos pesados y las miras de bombardeo empleadas no eran lo bastante precisas. De ahí que casi siempre fallaran los ataques a la industria bélica republicana, a las centrales hidroeléctricas del noreste de Aragón y el noroeste de Cataluña y a los puentes situados en las zonas de combate. Como única excepción se pueden citar los graves daños infligidos al puerto de Barcelona a principios de 1939. Como las grandes fuerzas aéreas de la Segunda Guerra Mundial, ambos lados descubrieron que lo único que podían alcanzar con precisión eran las ciudades, que la mayor parte de los contendientes intentaron evitar en uno de los escasos signos de humanidad demostrados en la Guerra Civil.

Otra de las innovaciones de la guerra fue el empleo sistemático de armas antiaéreas, que se inició a mediados de 1937 y alcanzó su punto álgido al año siguiente. El armamento de la Legión Cóndor, con sus famosos cañones de 88 mm, resultó ser el más preciso y efectivo, aunque limitado en número. Los republicanos, por su parte, utilizaron armamento soviético, suizo y sueco de último modelo, en ocasiones con éxito.

La aviación franquista alcanzó su momento de gloria (al menos en cuanto a número de horas de vuelo) en la ofensiva sobre Aragón, entre marzo y abril de 1938. Una vez que las tropas republicanas se vieron obligadas a adoptar una táctica de combate en movimiento y retirada se convirtieron en blancos fáciles de los ataques aéreos. A principios de 1938 regresó a España el segundo grupo de pilotos de combate entrenados en la Unión Soviética, pero la velocidad con que las tropas franquistas avanzaban sobre el terreno había desequilibrado a la aviación de la República. Se tomaron las bases aéreas situadas en vanguardia y los aviones republicanos ya no entablaban combate con tanto vigor como antes, así que, en realidad, fue el fuego de la artillería terrestre el que causó a los nacionales el mayor número de las bajas que sufrieron en esta batalla. Uno de los grupos de combate de Kindelán (2-G-3) consiguió derribar 40 aviones enemigos entre diciembre y abril, en un momento en que entre sus hombres había ocho «ases» (pilotos que habían derribado cinco o más aviones). En su orden del día al final de la campaña, Kindelán declaró, quizá con exceso de orgullo patriótico, que el 75 por ciento de la victoria en el aire se debía a la Brigada Aérea Hispana.

Entre los meses de junio y julio, la aviación republicana experimentó una recuperación al enfrentarse a la ofensiva de los nacionales en Levante, a donde llegaron muchas unidades procedentes de otros sectores para defender Valencia. En esos dos meses, los combates aéreos se intensificaron, alcanzando su máxima expresión en la intensa batalla que tuvo lugar el 18 de julio. En el verano de 1938 se dieron las últimas grandes batallas de los aviones de la República antes de ser irremediablemente superados en número por los de sus adversarios, que ya en julio tenían 450 aparatos frente a los 300 republicanos.

El 25 de julio, en un ataque nocturno por sorpresa, el ejército de la República lanzó su ofensiva sobre el Ebro. Con sus principales unidades aéreas concentradas en Levante, empezó sin ningún apoyo desde el aire. Por su parte, los campos de aviación de los nacionales estaban situados al noroeste de la zona levantina, hacia el suroeste, pero no demasiado lejos del Ebro, y desde allí algunos de sus aviones comenzaron a atacar los puentes y las avanzadillas rivales en la misma mañana del 25, llegando a efectuar hasta 160 despegues. Durante el segundo día, cada vez más unidades franquistas aparecieron por el Ebro, donde se concentraría casi toda su aviación. Los tres meses siguientes pondrían de relieve las limitaciones de las fuerzas aéreas en la Guerra Civil, ya que, a pesar de los ingentes esfuerzos realizados, la mayoría de los puentes republicanos quedaron intactos. Los pilotos nacionales realizaron numerosas salidas para dar apoyo a las contraofensivas de agosto, pero el apoyo aire-tierra no bastó para destruir las posiciones de la República, sobre todo porque al tener más experiencia en este nuevo tipo de guerra, la moral de la infantería republicana era bastante impermeable a los ataques aéreos.

También la aviación de la República empezó a concentrarse en el Ebro en apoyo de sus fuerzas terrestres, un proceso que concluyó a principios de agosto. En los meses anteriores había recibido el último gran envío de aviones soviéticos, que incluía 150 «Súper Moscas» (30 en marzo y abril, 120 en julio y agosto), 34 de los 40 anticuados cazas biplanos americanos Grumman, que habían sido fabricados en Canadá, y aproximadamente un centenar de «Chatos» manufacturados en Sabadell en los seis o siete meses anteriores. Por un momento, la balanza se inclinó a favor de la República.

Entre agosto y noviembre se libraron los últimos grandes combates aéreos de la Guerra Civil. En agosto, los republicanos perdieron 91 aviones y, un mes más tarde, cada bando afirmaba haber derribado 100 aviones enemigos, aunque los registros que han llegado hasta nuestros días sólo confirman que los nacionales perdieron 23 y los republicanos 31. (Estas exageraciones de hasta un 300 por ciento no son infrecuentes en los informes bélicos; las autoridades británicas exageraron hasta en un 200 por ciento las pérdidas alemanas en la batalla de Inglaterra). En un informe fechado el 3 de octubre, Kindelán advirtió con cierta alarma que la artillería antiaérea republicana en el Ebro había mejorado con la adición de numerosas armas de fuego racheado. Los tres grupos de Fiats de la Brigada Aérea Hispana se trasladaron al sur a finales de agosto para contrarrestar la ofensiva enemiga en esa zona, y entre mediados de julio y mediados de septiembre, consiguieron derribar 45 aviones. Sin embargo, en agosto, murieron seis de los pilotos que formaban el núcleo de sus cincuenta más experimentados. La batalla del Ebro demostró la superioridad de la versión mejorada del Messerschmitt 109 alemán sobre los cazas soviéticos, aunque los republicanos pudieron contrarrestarla de alguna manera añadiendo a sus aparatos 24 motores americanos Wright-Cyclone, especiales para elevadas altitudes, que permitían a sus aviones superar en altura a los alemanes.

A finales de septiembre, ambos bandos aceptaron la retirada de una parte de sus voluntarios extranjeros. Los pilotos de uno de los grupos italianos fueron repatriados y también los de uno de los escuadrones soviéticos de combate. Todos sus aviones se quedaron en el frente, pero la menguante aviación republicana estaba casi exclusivamente en manos de pilotos y tripulaciones españoles. La mayor habilidad de los veteranos supervivientes queda demostrada con el número casi igual de pérdidas que sufrieron ambos contendientes a principios de octubre, y ello a pesar de que los republicanos estaban en inferioridad numérica. En esos momentos contaban con apenas 150 aviones en el frente del Ebro, mientras que las fuerzas franquistas tenían el doble. Durante las últimas semanas de la campaña, y conforme comenzaban a ganar supremacía, los nacionales consiguieron emplear parte de sus aviones en el bombardeo de los campos de aviación rivales e iniciaron un nuevo tipo de guerra psicológica desde el aire, consistente no en aterrorizar a la gente, sino en demostrar a la hambrienta población de Madrid, Barcelona, Alicante y otras ciudades la abundancia que el régimen de Franco podía ofrecerles: les arrojaban trozos de pan en un intento por minar su resistencia.

La aviación republicana había obtenido mucho más material de repuesto que el ejército de tierra, si bien eso no impidió que, en diciembre, las pérdidas de aviones de caza superasen a las de los nacionales. Incluso después de que Franco diese comienzo a su ofensiva sobre Cataluña el 21 de diciembre con el apoyo de 350 de sus algo más de 500 aviones, el mando republicano tenía a su disposición al menos 300, con los que proporcionó un esencial apoyo aéreo a su ofensiva sobre Peñarroya, que, esperaban, alteraría el equilibrio estratégico. A principios de enero se transfirió al sur un escuadrón de combate y varios más en la siguiente semana. Aunque todavía quedaban unos 100 aviones republicanos en Cataluña, muchos estaban ocupados en acciones puramente defensivas, mientras que otros estaban en reparación, con lo que, el 9 de enero de 1939 fue uno de los últimos días en que la aviación de la República pudo realizar una salida con más de 40 cazas. Para el día 20 ya sólo despegaban 32 o 33, mientras que los nacionales disponían de 140, todos operativos. En la zona republicana había otros 52 a punto de ser terminados, pero de ellos sólo 20 llegaron a incorporarse al servicio. El último de los grandes envíos soviéticos, en forma de 31 «Súper Chatos» I-15 bis, empezó a llegar a finales de enero, justo durante la capitulación de Barcelona. Había pilotos disponibles y se formaban nuevas unidades de cada una de las tres clases de aviones soviéticos, pero, según parece, ni los I-16 ni los Katiuskas llegaron nunca a salir de sus cajones. Tal y como escribió Tagüeña a principios de febrero, en los últimos días del Ejército Popular en Cataluña: «Todos los días descubríamos trenes y depósitos de toda clase de material de guerra en cajas sin desembalar, que acababa de pasar la frontera demasiado tarde para ser utilizado. Con gran pena nos veíamos obligados a destruir todo ese precioso armamento»[119]. No obstante, en las últimas dos semanas, los aviadores de la República mantuvieron más alta la moral que los soldados de infantería, hasta que, el 6 de febrero, se vieron forzados a destruir todos los aviones que ya no podían utilizar y a evacuar el resto a Francia.

Jesús María Salas Larrazábal (el mejor investigador y estadístico sobre la guerra en el aire) y otros estudiosos han calculado que, en conjunto, la aviación republicana obtuvo de la Unión Soviética unos 680 aviones en uso y servicio, a los que hay que añadir los casi 300 que se fabricaron en España según especificaciones soviéticas (aunque no todos ellos entraron en combate). De otras fuentes extranjeras se consiguieron otros 180 aviones de combate para la primera línea y 200 más de varios tipos (casi la mitad de todos los cuales procedían de Francia). A éstos hay que sumarles los 230 ya existentes en la zona republicana para alcanzar un total de más de 1500 aviones de todos los tipos. De ellos, más de 1100 se perdieron a causa de los ataques enemigos, por avería o por accidentes, que solían ser bastante habituales.

Los nacionales obtuvieron de Alemania más de 600 aviones de primera línea y 125 de segunda, y de Italia más de 700 del primer tipo y 30 del segundo, así como otros 38 procedentes de otros países. A ellos hay que añadir el pequeño número que ya existía en la zona nacional y los 4 que se capturaron a la República hasta arrojar un total de 1600, de los cuales alrededor de 1000 se perdieron en combate o debido a accidentes. Al final de la guerra, capturaron o recibieron de las colonias francesas otros 110 de primera línea y 147 de segunda. Por añadidura, en Cataluña capturaron u obtuvieron de Francia más de 100. En Alicante se estaban fabricando 100 Polikarpov I-16, de los cuales se habían terminado 10 y Franco ordenó suspender la construcción de los demás hasta que la guerra hubiese concluido. Más tarde, su primer ministro del Aire, Juan Yagüe, intentó en vano venderlos en el extranjero y reemplazarlos por modelos alemanes o italianos, de ahí que, irónicamente, varios escuadrones de estos «Moscas» (o «Ratas») siguieran volando en el ejército del aire español hasta 1953, año en que se les sustituyó por otros americanos.

En la zona republicana, y durante toda la guerra, murieron unos 8000 civiles a causa de los bombardeos aéreos, y de éstos, 2500 en Barcelona. Las bajas entre los nacionales superaron el millar.

Los combates en el aire en España nunca llegaron a alcanzar la magnitud, virulencia o sofisticación técnica de la Segunda Guerra Mundial, pero sirvieron de campo de pruebas para las tácticas y técnicas más novedosas del momento y de ahí su importancia en la historia de la guerra aérea. Más allá de los enfrentamientos en sí mismos, tuvieron un cierto impacto psicológico en la opinión pública mundial, que de repente tomó conciencia de que el avión se había convertido en un instrumento de destrucción.

35
¿CUÁL FUE EL BALANCE TOTAL DE LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA?

LOS archivos revelan que ninguno de los mandos militares de las potencias que tomaron parte en la Guerra Civil estaba entusiasmado con la intervención; por el contrario, todos señalaron los múltiples inconvenientes, así que, en cada caso, la intervención dependió de los distintos jefes de Gobierno.

La intervención extranjera se desarrolló en varias fases bien diferenciadas:

La inicial de Alemania e Italia en los últimos días de julio, que aumentó lenta pero incansablemente en los dos meses siguientes y supuso el envío de aviones y armas, así como un número limitado de soldados, sobre todo pilotos.

La segunda fase comenzó en octubre de 1936, cuando intervinieron los soviéticos. Éstos enviaron una considerable cantidad de aviones y armamento y muchos más pilotos (algunos de los cuales ya habían llegado en septiembre) y tanquistas. En esta fase también hicieron su aparición las Brigadas Internacionales.

La tercera fase es la de la inmediata contraescalada germano-italiana, con la Legión Cóndor y el aumento de la ayuda italiana, que incluyó la llegada de grandes contingentes de tropas y voluntarios de la milicia fascista a finales de 1936 y principios de 1937 que, en conjunto, llegaron a sumar casi 50 000 hombres.

La fase final de «madurez» de la intervención extranjera se dilató entre los últimos días del verano de 1937 y el final del conflicto y supuso el mantenimiento de los mismos niveles de cooperación ítalo-germana (bastante altos), aunque el número de soldados italianos se redujo en un 25 por ciento. También hubo un descenso en la ayuda soviética que, no obstante, nunca se llegó a suspender.

¿Cuál de esas intervenciones fue la más amplia y cuál la más eficaz? Sin duda la de Alemania e Italia, en ambos aspectos. La ayuda militar procedente de las potencias del Eje empezó a llegar enseguida y, en conjunto, proporcionó más armas (véase la Tabla 35.1) y más hombres. Hasta 16 500 miembros del personal militar alemán sirvieron en España (no todos al mismo tiempo) junto a 75 000 italianos (50 000 durante dos meses y, en general, no más de 35 000). Por su parte, al bando republicano se incorporaron unos 42 000 brigadistas y, como mucho, 3000 soviéticos (quizá menos). Si se dejan aparte a los soldados españoles que formaban parte de las brigadas mixtas, en los últimos dos años de guerra los italianos del CTV llegaron a ser 30 000 o 35 000. El único contingente europeo que se les puede comparar es el portugués, que, según las estimaciones más precisas, reforzó las filas de Franco con unos 10 000 hombres como máximo (y es posible que fueran muchos menos). Además, éste consiguió movilizar a unos 70 000 voluntarios marroquíes, un modesto equivalente del gran contingente de voluntarios coloniales que Francia y Gran Bretaña desplegaron en las dos Guerras Mundiales (el Reino Unido llegó a movilizar a dos millones en la India durante la Segunda). A todos ellos hay que sumar las pequeñas unidades de voluntarios extranjeros que combatieron en ambos bandos, así como los varios cientos que sirvieron en las unidades del ejército nacional.

La intervención germano-italiana fue mucho más efectiva desde el punto de vista militar, aunque no en todos los aspectos. La Legión Cóndor incluía a un batallón de Panzers, bautizado como el «Panzer-gruppe Thoma» en honor de su comandante y también conocido como el «Panzer-gruppe Drohne». En su momento más álgido, en marzo de 1938, contaba con 6200 hombres divididos en unidades de tanques muy ligeros (16 en cada compañía), dos compañías mucho más fuertes a las que se incorporaron los tanques soviéticos capturados (22 en cada una de ellas) y otras 20 con armamento antitanque (10 cañones en cada una). En conjunto se enviaron a España unos 300 cañones antitanque, de gran relevancia para el conflicto aun cuando Franco prefiriese utilizar los capturados a los soviéticos. Por otro lado, las tanquetas alemanas e italianas, muy ligeras, fueron un absoluto fracaso, sin punto de comparación con los grandes tanques soviéticos.

Los cañones alemanes de 77 mm desempeñaron un papel mucho más modesto que los italianos, bastante más numerosos y, en ocasiones, más grandes. Sólo cuando el conflicto tocaba a su fin llegaron otras tres baterías de potentes cañones alemanes. Los 79 cañones antiaéreos de 88 mm procedentes de Alemania resultaron ser los mejores de toda la guerra, a diferencia de los otros 218 que se enviaron, mucho más ligeros y muy parecidos a los que la República recibió de la URSS. También las armas antiaéreas alemanas tuvieron una función destacada.

Las unidades germano-italianas proporcionaron a Franco una ayuda decisiva en su primer avance sobre Madrid y después, cuando ya eran mucho más numerosas, cooperaron con él para contrarrestar la intervención soviética. Igualmente, los aviones y pilotos italianos y alemanes contribuyeron a que los nacionales lograran la superioridad en el aire desde mediados de 1937 y, junto con la artillería, hicieron posible que, por primera vez, se utilizase una combinación de infantería, artillería y aviación en las grandes operaciones que tuvieron lugar a partir de abril de ese mismo año. Incluso la infantería del CTV lo hizo mejor de lo que en general se piensa. En el verano de 1937 su número se redujo y volvió a descender al año siguiente. Una vez que las tropas menos cualificadas regresaron a Italia, los que se quedaron se las arreglaron bastante bien, sobre todo en los avances sobre Aragón en la primavera de 1938 y sobre Cataluña a finales de año. El continuo aporte de material permitió a Franco mantener el mismo nivel de armamento durante los dos últimos años de conflicto y aumentar el número de sus soldados. Además, había más oficiales alemanes que soviéticos encargados de la instrucción de los nuevos oficiales (los instructores del «Gruppe Imker»), con lo que los alféreces provisionales y suboficiales franquistas alcanzaron un mayor nivel de preparación militar.

Los italianos fueron quienes más se comprometieron con la guerra. Más de dos tercios de sus pilotos sirvieron en España, pero también la marina desempeñó un importante papel. Sus barcos actuaron como apoyo en el estrecho de Gibraltar y, mas tarde, protegieron la isla de Mallorca frente a los ataques republicanos. También escudaron a los transportes destinados a la zona nacional, colaboraron en la instrucción de parte del personal de la marina franquista y, junto con los alemanes, proporcionaron a Franco un servicio de inteligencia naval.

Los barcos italianos y sobre todo sus submarinos participaron en operaciones bélicas. A finales de 1936, varios submarinos se enfrentaron a los barcos republicanos y muchos más lo hicieron entre agosto y septiembre del siguiente año. Mussolini vendió a Franco dos submarinos nuevos, así como cuatro destructores más antiguos y cuatro torpederos y le «alquiló» otros cuatro submarinos «Legionarios» por un periodo de cinco meses a partir de septiembre de 1937. Los submarinos italianos no hundieron muchos barcos, pero resultaron ser cruciales a la hora de cerrar a la Unión Soviética las rutas marítimas del Mediterráneo. Además, para hundir barcos republicanos ya estaban los aviones italianos y alemanes con base en Mallorca, mucho más efectivos.

También fueron los italianos quienes, lógicamente, sufrieron las mayores bajas, unas 4300, sólo superadas por las de los marroquíes (más o menos el doble). Los alemanes perdieron 300 hombres, los soviéticos unos 200.

Es imposible dar cifras exactas sobre el número de armas que facilitó la intervención extranjera. Ninguna de esas potencias dispone de archivos fiables, así que los historiadores han tenido que ir sumando los diferentes subtotales obtenidos de documentos dispares y no han alcanzado ninguna conclusión unánime. Sus diversas cifras pueden verse en la Tabla 35.1.

El principal motivo de discrepancia en las cifras de los soviéticos radica en si se tienen en cuenta o no los 250 o 300 cazas Polikarpov fabricados en Reus y Alicante según las especificaciones de Moscú. Además, se ha debatido mucho la calidad de su armamento. En general, Alemania e Italia enviaron sus armas más modernas y las fuentes soviéticas afirman lo mismo de las suyas, pero, en numerosas ocasiones, los republicanos les acusaron de enviar material obsoleto. Hay algo de verdad en ambas aseveraciones, dependiendo de a qué armas nos estemos refiriendo. En 1936, el Polikarpov I-15, «Chato» (de los que la República recibió al menos 161 en los diez primeros meses de envíos), era rápido, maniobrable y muy superior a los aviones alemanes e italianos, más anticuados. Su sucesor, el Polikarpov I-16, «Mosca» o «Rata», que empezó a llegar un año más tarde, era incluso más veloz y podía ascender con gran rapidez. Los nacionales nunca se pusieron a la par en cuanto a material, aunque su situación mejoró algo con la aparición, entre 1937 y 1938, de cada vez más Messerschmidtt 109. De igual manera, los bombarderos Tupolev SB o «Katiuskas» también eran muy rápidos, maniobrables y no tenían dificultad para dejar atrás a sus rivales alemanes e italianos, aunque algunos puntos débiles en sus defensas limitaban su utilidad.

Tabla 35.2 y Tabla 35.2bis

En cuanto a los tanques, la superioridad del material soviético era más que evidente. Italia y Alemania fabricaban tanques y tanquetas muy ligeros, algunos de ellos poco más que coches blindados. El T-26 soviético (del que llegaron al menos 106 unidades en los dos primeros meses de envíos) era más avanzado; pesaba 9 toneladas y media y llevaba ametralladoras y un cañón de 45 mm. Era el tanque estándar del Ejército Rojo en aquellos días. Entre 1931 y 1941 se fabricaron unos 12 000 T-26, de los cuales sólo un 2 por ciento se envió a España. Cuando terminó la guerra, los 60 que habían capturado los nacionales se convirtieron en la base de la fuerza blindada de Franco. Los tanques BT-S, también soviéticos, que empezaron a llegar en 1937, fueron el primer prototipo del T-34, que más tarde se haría famoso por ser el mejor tanque de uso múltiple de la Segunda Guerra Mundial. Más grande y dotado con mejor armamento, era muy rápido y podía avanzar a casi 65 kilómetros por hora. En general, también el armamento antitanque era muy bueno y muy parecido a los modelos que el Ejército Rojo empleó en la segunda gran guerra europea. Incluso las ametralladoras ligeras Degtiarev no tenían nada que envidiar a las de los rivales.

El resto del material era de calidad muy diversa y parte del mismo era bastante inferior. Los proveedores soviéticos no dudaron en aprovecharse de la desesperada situación en que se encontraba la República para librarse de las existencias que les habían sobrado de la Primera Guerra Mundial, e incluso más antiguas, así que, entre el otoño de 1936 y el invierno de 1937, los republicanos recibieron cierta cantidad de artillería, ametralladoras y rifles de escasa utilidad. También el Gobierno polaco les vendió material anticuado inflando los precios y utilizando los beneficios obtenidos para fabricar armas de mejor calidad para su propio ejército. Como habían obtenido su armamento de diferentes fuentes, la infantería republicana utilizó unas 30 marcas distintas de rifles y munición de 9 calibres diferentes. También los nacionales emplearon material procedente de fuentes dispares, pero la mayor parte de sus armas provenía de dos específicas.

Aunque los medios de comunicación de la República siempre dieron la impresión de que el material soviético era gratuito, lo cierto es que la mayor parte ya se había pagado por adelantado, mediante transferencias de oro y a unos precios exorbitantes. Los soviéticos dijeron a las autoridades republicanas que las armas estaban rebajadas, cuando, de hecho, los precios estaban más que inflados. Nunca les facilitaron el precio exacto en rublos y Gerald Howson ha descubierto que, manipulando arbitrariamente el tipo de cambio, les cargaban entre un 30 y un 40 por ciento más sobre el precio habitual en el mercado internacional e incluso, en ciertas armas, el margen de beneficios llegó a ser mayor. Como ha demostrado Howson, todos los proveedores, y no sólo los soviéticos, estafaron con regularidad a los agentes republicanos encargados de las compras de armamento, pero la prima financiera que éstos les impusieron fue la más sistemática y la peor, considerando la cantidad de dinero que estaba en juego.

Además, les cobraban todos los servicios y todos los gastos generados por su ayuda militar y por la instrucción facilitada a los 600 pilotos, tanquistas y otros especialistas en la URSS. Al Gobierno republicano le llegaban facturas por todos los salarios y gastos del personal soviético, de sus subordinados e incluso por las vacaciones que pasaban en su país, además de los generados por el personal militar y de los servicios de inteligencia que jamás pisó suelo español. También tuvo que pagar todos los sueldos y gastos derivados de los transportes desde el primer momento y los ocasionados por la instrucción del personal republicano, que incluía cualquier cosa, hasta la construcción de nuevas instalaciones militares en territorio soviético.

Así, en los diez primeros meses en que tuvieron lugar envíos de armas, la Unión Soviética cobró a la República más de ciento setenta y un millones de dólares, y en los diez siguientes se agotó el resto del oro español, bien porque había que pagar unos transportes cada vez más caros o en transferencias a los agentes soviéticos y de la Komintern encargados de adquirir material y de realizar actividades propagandísticas en los países occidentales (y que terminó en parte en las arcas del Partido Comunista francés). A mediados de 1938, las autoridades de la URSS informaron al Gobierno republicano de que el oro se había agotado, con lo que éste se vio obligado a endeudarse con su aliado si quería seguir contando con su asistencia.

La intervención en España fue quizá la empresa más rentable de toda la historia de la Unión Soviética, que, por otro lado, se distinguía por gastar con liberalidad sus recursos tanto humanos como económicos. No sólo no le costó un rublo a Stalin, sino que es muy posible que le proporcionara beneficios, porque al terminar la guerra confiscó nueve barcos españoles anclados en puertos soviéticos. Si se comparan los medios empleados con los fines obtenidos, no cabe duda de que la operación le fue muy favorable. Sin coste alguno para el país, sin emplear nunca más de 3000 soldados y ningún otro personal militar asociado, con una pérdida de vidas insignificante desde el punto de vista estalinista, la Unión Soviética consiguió prolongar la resistencia republicana otros dos años y medio, lo que permitió a los comunistas alcanzar un poder que, aunque incompleto, no tuvo ni tendría jamás parangón en la historia de cualquier otro país del Occidente europeo.

El precio total pagado por la República para comprar material militar rondó los ochocientos millones de dólares al cambio de la época, que se pagaron al momento, haciendo uso de los depósitos de oro y de otros bienes valiosos. Además, durante el último año de conflicto, la URSS le concedió préstamos por valor de otros doscientos treinta millones para adquirir unas armas de las cuales casi la mitad nunca llegó a España. En comparación; el coste del material alemán y sus gastos correspondientes nunca superó los doscientos quince millones de dólares; y el adquirido a Italia no sobrepasó los trescientos cincuenta y cinco, casi todos financiados mediante generosos créditos. Mientras que la República tenía que pagar al contado, Mussolini redujo la deuda de los nacionales en un 33 por ciento cuando acabó la guerra. Parte de la deuda a Alemania se canceló mediante exportaciones en la Segunda Guerra Mundial y, a comienzos de 1941, Franco empezó a pagar, lenta pero sistemáticamente, su deuda con Italia en las liras de la época (cada vez más baratas debido a la inflación) hasta que, en 1961, la canceló por completo.

Los proveedores extranjeros también concedieron créditos a Franco, sobre todo las empresas petroleras americanas. En total, contabilizando los casi setenta y seis millones de dólares en material y suministros procedentes de otros países, Franco consiguió a crédito casi seiscientos cincuenta millones en bienes y servicios de fuentes foráneas, una cantidad que ni se acerca a lo que pagó la República con su oro y sus objetos de valor. A cambio de ese dinero, los nacionales obtuvieron más suministros bélicos y más apoyo y, en definitiva, una ayuda más completa y decisiva.

36
¿CUÁLES FUERON LAS CONSECUENCIAS A CORTO Y A LARGO PLAZO? ¿CUÁL FUE EL NÚMERO DE BAJAS?

LA Guerra Civil no sólo fue un conflicto de aniquilación física (como algunos han afirmado falsamente), sino también y sobre todo política, en nada semejante a las guerras civiles decimonónicas en las que ganaron unos liberales que, fieles a sus principios, estuvieron dispuestos a llegar a algún tipo de entendimiento con los vencidos o, al menos, a permitirles participar en el nuevo sistema según su tendencia de voto. El conflicto de 1936 fue un absoluto enfrentamiento revolucionario/contrarrevolucionario, desarrollado según el principio de que el vencedor se lo lleva todo, con lo que el triunfo de Franco significó la eliminación política de toda la izquierda, que no volvería a asomarse a la vida pública durante casi cuarenta años. El nuevo régimen no tuvo nada que ver con la «República derechista» que Mola había planeado; no supuso una reforma de la República de izquierdas, sino una drástica alternativa, planificada desde sus mismos comienzos para inaugurar una nueva era en la historia de España.

En ambos bandos la gente estaba horrorizada a causa de la destrucción generada por el enfrentamiento y, sobre todo, por los «paseos» y la represión de los primeros meses, que, si bien se atemperó con el paso del tiempo, nunca llegó a desaparecer del todo. La guerra hizo nacer dos mitos al mismo tiempo: uno fue el del «millón de muertos», es decir, el del número total de víctimas del conflicto, y el segundo las enormes exageraciones de los dos bandos respecto al número de asesinatos políticos cometidos por sus enemigos, que, según algunos, pudo alcanzar el medio millón de personas, aunque también estas cifras se moderarían un poco con el correr de los años.

Poco después de que terminase la guerra, Jesús Villar Salinas publicó el primer estudio demográfico serio al respecto, Repercusiones demográficas de la última guerra civil española, premiado en 1942 por la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Este estudio fue el que popularizó, de una forma totalmente engañosa, el mito del «millón de muertos», pues, según el autor, «como cifra global de pérdidas, puede admitirse que, en números redondos y aproximados, la guerra ha costado algo más de un millón de habitantes».

El problema era que con esta afirmación no quería decir que en la guerra hubiesen muerto un millón de personas, sino que, en 1942, había en España un millón de habitantes menos de los que habría habido si no hubiese estallado el conflicto. Este cálculo se basaba en tres factores: a) las comparaciones demográficas, que le llevaron a concluir que se habían producido 612 850 nacimientos menos de los que habrían tenido lugar de haberse mantenido la anterior tasa de natalidad; b) durante la guerra se produjo un exceso de mortalidad que alcanzó las 246 668 personas, de las cuales 173 731 fallecieron de muerte violenta y el resto a causa del hambre, las enfermedades y el continuo sufrimiento; c) la emigración neta ascendió a más de 150 000 personas. Si se suman todas estas cifras se obtiene un total superior al millón y, sin embargo, el número de víctimas de los combates o de la represión que avanzó Villar (173 171) era inferior al número real.

El mejor estudio demográfico hasta el momento es el de Ramón Salas Larrazábal, Pérdidas de la guerra (1977), exacto desde el punto de vista macroestadístico, pero no tanto en su intento por calcular el número de víctimas de la represión en ambos bandos. Salas descubrió que Villar Salinas había exagerado en el descenso de natalidad (en realidad habrían sido 516 602 nacimientos menos) e infravalorado la tasa de mortalidad durante la guerra que, en realidad, ascendía a 343 447 muertos, de los cuales, según Salas, 266 000 habían caído víctimas de la violencia militar o política (unos 139 000 en los dos ejércitos y 127 000 más a causa de la represión). Además, otros 8000 o 10 000 civiles fallecieron debido a los bombardeos u otras acciones bélicas. Esto arroja un total algo superior al 1 por ciento de la población total del país, que, en aquellos momentos, era de veinticinco millones de habitantes. El trabajo de Salas Larrazábal no es definitivo, pero sí el mejor estudio macro demográfico realizado hasta la fecha.

En los últimos años la tendencia entre los historiadores ha sido reducir el número de muertos en los combates hasta los 120 000, repartidos casi por igual entre los dos ejércitos. Puede que esta cifra sea más correcta, ya que la Guerra Civil fue un conflicto de baja intensidad puntuado por un cierto número de intensas batallas. La potencia de fuego no era precisamente apabullante en ninguno de los dos bandos y nunca se produjeron ataques frontales a gran escala. El Ejército Popular jamás llevó a cabo ataques de larga duración y las campañas de Franco destacaron por ser, en parte, una guerra de movimiento que incluía muchos ataques a pequeña escala.

El estudio realizado por las autoridades españolas casi veinte años después recogió los nombres de más de 119 000 ciudadanos asesinados por la izquierda, bien debido a la guerra en sí o a la represión. Unos 55 000 o 56 000 murieron en la represión y otros 2000 pueden considerarse «daños colaterales», con lo que el número de soldados del ejército nacional muertos en el campo de batalla ascendería a 62 000 o 63 000 y las cifras del Ejército Popular estarían también en esa línea.

No obstante, hay que tener en cuenta que a las bajas entre los soldados españoles hay que añadir las 7000 que sufrieron las Brigadas Internacionales, las de las tropas marroquíes (un número algo mayor), las 4300 de los italianos, las casi 300 de los alemanes y las 200 soviéticas, así como varios cientos de ellas entre el resto de voluntarios, sobre todo entre los portugueses que luchaban con Franco, que, sumadas, arrojan un total de unas 20 000 muertes de combatientes extranjeros.

En ocasiones se ha dicho que el número de víctimas de la represión fue incluso superior a las del propio conflicto armado, un comentario horroroso que pone de relieve la naturaleza de una de las guerras más inciviles de todo el siglo XX. Sin embargo, los datos anteriores indican que, sumando las bajas españolas y foráneas, es posible que no fuera así. Entre los dos bandos murieron unos 150 000 soldados, mientras que el número de víctimas de la represión no superó las 120 000, sin incluir, desde luego, las que tuvieron lugar después de la guerra.

También se produjo una emigración a largo plazo, en ocasiones permanente. Casi 440 000 personas cruzaron la frontera con Francia en el invierno de 1939 para unirse a las 40 000 que ya habían pasado antes. La mayor parte de estos refugiados regresó al año siguiente, pero, según los estudios definitivos de Javier Rubio, el número neto de emigrantes permanentes ascendió aproximadamente a 162 000.

Además, las bajas de la guerra no se circunscriben sólo a las militares ni tampoco a las causadas por la feroz represión posterior. Durante toda la segunda parte del conflicto, la malnutrición se volvió endémica en la zona republicana y este problema no se solucionó con el fin de la lucha armada. Las consecuencias económicas de la guerra, combinadas con la escasez que produjo la Segunda Guerra Mundial y la autárquica política económica, controlada y restrictiva, que aplicó de manera errónea el nuevo régimen, hicieron que, durante toda la década de los cuarenta, España atravesase por un estado de necesidad y de continuo sufrimiento a causa del hambre y las enfermedades. Es posible que, en los primeros años de la posguerra, estos factores causasen la muerte de al menos 200 000 personas, quizá más, que, de manera indirecta, fueron también víctimas del conflicto.

En 1939, el desánimo cundía entre muchos de quienes habían apoyado a la República durante la guerra y por eso mismo estaban dispuestos a participar en un sistema que los aceptase. Sin embargo, Franco tenía otras ideas. No le interesaba trascender las divisiones del país y restañar las heridas, sino establecer el dominio absoluto del nuevo régimen, según sus propios términos y condiciones. Es cierto que en esos momentos era imposible restaurar una genuina democracia operativa debido a la radicalización de los dos bandos y a la profunda brecha abierta entre ellos, pero una política más generosa hubiera podido, al menos, dar algunos pasos en el sentido de unificar a las dos Españas, algo que el régimen franquista nunca hizo. Aunque uno de sus principales eslóganes era la «unidad», su política se basaba en mantener las divisiones entre vencedores y vencidos, vinculando a los primeros al apoyo a Franco, demonizando a los últimos y justificando así la aplicación de estrictas medidas para excluirlos de numerosas actividades.

El fin de la Guerra Civil no supuso el final de la represión, sino que facilitó su sistematización. El 28 de julio de 1936, la Junta de Defensa Nacional había declarado el estado de ley marcial y bajo él se siguió viviendo hasta que Franco lo suspendió el 7 de abril de 1948. Los tribunales militares se encargaban de juzgar los delitos comunes y tanto la Guardia Civil como la Policía Armada estaban al mando de oficiales del ejército y sometidas a disciplina militar.

La Ley de Responsabilidades Políticas, promulgada el 9 de febrero de 1939, regía los procesos penales, contemplando incluso como delito la «pasividad grave». En virtud de la misma, podía procesarse a todos los miembros de los partidos revolucionarios y de izquierdas (aunque, en general, no se aplicó a los afiliados a sindicatos izquierdistas), así como a cualquiera que hubiese participado en los «tribunales del pueblo» en la zona republicana. Ser masón también le convertía a uno en reo de manera inmediata. En todo el país se crearon tribunales regionales, dependientes del Tribunal Central de Madrid, y se definieron tres categorías de culpabilidad diferentes, castigadas con penas que iban desde los seis meses a los quince años. Con tantos culpables donde elegir, sólo una parte de éstos fueron en realidad procesados.

Además de las de prisión, la ley también contemplaba otro tipo de penas, como la separación parcial o total del ejercicio profesional, limitaciones a la residencia (que iban desde el exilio interno a la expulsión del país), el traslado a las colonias africanas, el arresto domiciliario o la imposición de diversas sanciones económicas, desde multas o tasas específicas a la confiscación parcial o total de los bienes.

Cuando se produjo la rendición, la población reclusa de la zona nacional era de 100 292 presos, una cantidad cinco veces superior a la prebélica. Más de 400 000 soldados republicanos depusieron las armas y muchos otros evitaron su captura mezclándose con la población civil, mientras que otros 70 000 volvieron de Francia. En 1937-38 los combatientes republicanos que caían prisioneros quedaban libres casi al momento, siempre que no hubiera evidencias de su simpatía o afiliación izquierdista y muchos de ellos se incorporaban al ejército rival, lo que produjo más deserciones. La mayoría de los capturados en 1939 también fueron puestos en libertad, pero eso no evitó que en el primer trimestre de ese año se produjera una oleada de arrestos políticos nunca vista hasta entonces. A finales de año había 270 719 presos, una cifra que empezaría a descender al año siguiente.

Aunque se produjeron bastantes ejecuciones, la represión de posguerra no constituyó un proceso de liquidación en masa de tipo estalinista o hitleriano y nunca se aplicó según criterios tan automáticos e involuntarios como la raza o la clase. Se castigaron los actos individuales, si bien muchos de ellos no serían considerados delitos en la sociedad occidental, y los tribunales militares juzgaban los casos uno a uno. En palabras de J. M. Solé Sabaté, uno de los mejores historiadores de la represión: «La repressió és constant, periòdica, metòdica i regular. No té un caràcter arbitrari, encara que sovint ho sembli. Hom pot témer la repressió, però aquesta és selectiva i racional»[120].

En los primeros años de la posguerra casi no hubo oposición violenta al nuevo régimen y la poca que existió se reprimió con absoluto rigor. La pena capital no se aplicaba a los delitos políticos como tales, pero sí se condenó a muerte a quienes se consideró culpables de traición, «rebelión militar» o delitos políticos violentos (una categoría bastante ecléctica teniendo en cuenta que el país acababa de salir de una guerra). En los años siguientes, se dictaron unas 50 000 condenas a muerte, conmutándose al menos el 40 por ciento de las mismas, pero, aun así, las estimaciones y estudios (incompletos) indican que se ejecutaron a unas 28 000 personas, la mayoría entre 1939 y 1941, aunque también en 1942. Posteriormente, su número disminuyó, salvo en 1944-45.

Un decreto de 9 de junio de 1939 estableció la reducción de las penas por el trabajo hasta en un tercio de su duración. Durante la guerra, los prisioneros de ambos bandos solían ser condenados a realizar trabajos forzados, como ocurrió, por ejemplo, en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, organizados cuando la guerra ya estaba terminando y en los que se integraban aquellos soldados republicanos considerados «políticamente responsables», aunque éste también fue el destino de los nacionales con delitos a sus espaldas. En aplicación de las nuevas disposiciones, el 8 de septiembre se anunció la creación de varias «colonias penitenciarias militarizadas» para cooperar en la reconstrucción del país, y a las que, en general, iban a parar quienes hubieran sido condenados por delitos leves, que, además, eran recompensados por su trabajo. Muchos de los proyectos que se llevaron a cabo en la inmediata posguerra lo fueron gracias a los trabajos forzados, sobre todo en Marruecos y Aragón; el más importante fue el Valle de los Caídos, cuya construcción se anunció el 1 de abril de 1940, primer aniversario del fin del conflicto.

La Ley de Responsabilidades Políticas se amplió el 1 de marzo de ese mismo año con la Ley para la Supresión de la Masonería y el Comunismo, según la cual «constituye figura de delito pertenecer a la masonería y al comunismo», porque se consideraba a estas dos fuerzas responsables de la mayoría de los males públicos que habían aquejado a España desde 1800. La ley también se aplicaría a «trotskistas, anarquistas o elementos similares». Tres años más tarde, el 2 de marzo de 1943, el Consejo de Ministros de Franco aprobó una nueva medida por la que se contemplaba cualquier infracción de las leyes de orden público como un delito de rebelión militar.

Sin embargo, existía alguna preocupación para restaurar la normalidad social dentro de los parámetros del nuevo sistema y enseguida surgió el problema de cómo reducir el número de presos. El 1 de octubre de 1939, en el tercer aniversario de su ascensión al poder y seis meses después del cese de las hostilidades, Franco perdonó a todos los antiguos miembros de las fuerzas armadas republicanas cuyas condenas fueran inferiores a seis meses y, el 24 de enero del siguiente año, se crearon unas comisiones jurídicas militares especiales a las que se encargó la revisión de todas las sentencias dictadas hasta ese momento para confirmarlas o reducirlas, pero nunca para ampliarlas. Aun así, en primavera todavía quedaban más de 250 000 presos en las cárceles españolas, por lo que el 8 de mayo, el director general de Prisiones envió un informe especial a Franco en el que le indicaba que de todos ellos, sólo 103 000 lo estaban en virtud de sentencias firmes y el hecho de que miles de prisioneros se hallasen en el corredor de la muerte, esperando con toda probabilidad su ejecución, provocaba motines y otros actos de indisciplina. Franco respondió aumentando el número de tribunales, a los que se incorporaron oficiales de menor rango del Cuerpo Jurídico Militar.

El 4 de junio de 1940 se amplió la limitada amnistía y se concedió la libertad condicional a todos los presos políticos condenados a menos de seis años; a partir de ese momento la población reclusa empezó a descender. El 1 de abril del siguiente año se puso en libertad a 40 000 prisioneros y se concedieron idénticos beneficios a quienes estuvieran cumpliendo condenas inferiores a doce años. En el invierno de 1941-42 se liberó a otros 50 000 y a otros tantos el 17 de diciembre de 1943, cuando también se concedió la libertad a los presos condenados a menos de veinte años. En ese momento, al menos el 40 por ciento de las condenas a muerte se habían conmutado por penas de prisión.

Por muy dura que fuese la situación, no era tan diferente a la que se dio en otros países que también habían sufrido una guerra civil revolucionaria/contrarrevolucionaria y, a la vista de las 50 000 personas que fueron asesinadas en la zona republicana, no hay motivos para pensar que las cosas hubieran ido mejor con el triunfo de la izquierda; de hecho, si hubiese ganado bajo la hegemonía comunista de 1937-38, podrían haber sido peores. En 1918, el régimen parlamentario liberal de Finlandia condenó a muerte proporcionalmente a más prisioneros políticos que Franco. El único ejemplo de resolución clemente de una guerra civil revolucionaria lo ofreció Grecia en 1949, pues el Gobierno nacido del conflicto se incorporó al marco de la Europa democrática posbélica, mientras que el franquista de principios de los cuarenta tuvo que pelear para mantenerse a flote entre una guerra mundial y los múltiples peligros que le acechaban en el interior y el exterior, mucho más graves que aquéllos a los que se enfrentó Grecia. En conjunto, entre 1936 y 1944, unas 400 000 personas pasaron por las cárceles del régimen. Es posible que se ejecutara a unas 28 000 después de la guerra pero varios miles más murieron a causa de las penosas condiciones a las que se vieron sometidas. A finales de 1944 seguían en prisión unas 55 000 y 43 812 al año siguiente, de las cuales casi 17 000 eran presos políticos. Comparada con las de otras dictaduras, esta cifra era bastante pequeña; sólo representaba una décima parte del 1 por ciento de la población.

Aunque la represión siguió siendo firme y rigurosa, hacía tiempo que ya no era sanguinaria. Incluso las largas series de ejecuciones de posguerra nunca tuvieron ese componente caprichoso y a veces genocida que se puede encontrar en las peores dictaduras. Pese a la escasez, en las cárceles se atendía a los presos políticos, no se les dejaba morir de hambre ni se permitía que los «comunes» los maltratasen. Aunque se cobró miles de vidas, la represión franquista tuvo sus límites y respetó sus propias normas, suavizándose con el correr de los años.

La dictadura y la represión sólo fueron uno de los costes de la guerra, pero hubo muchos otros: para la economía, la cultura, la educación, la vida política y las relaciones internacionales. En 1962, la Comisaría del Plan de Desarrollo estimó el coste directo de la guerra como el equivalente a un año entero del producto interior bruto. El conflicto dañó o destruyó medio millón de viviendas y causó la pérdida del 22 por ciento de los barcos de la marina mercante, así como de casi la mitad de los ferrocarriles. Después del primer año, la economía de la zona republicana cayó en picado. Aunque la guerra sólo destruyó el 8 o el 9 por ciento de los activos económicos del país, alteró gravemente la economía, en parte debido al propio conflicto y también a la desastrosa revolución socioeconómica de la zona republicana. Así, en 1940 (el primer año de paz), la producción agrícola sólo llegó al 75 u 80 por ciento de la de 1935 y la minero-metalúrgica al 85 por ciento. Por el contrario, la industria eléctrica experimentó un crecimiento, pero, en general, el PIB en 1940 era inferior en más de un 15 por ciento al de 1935.

Durante los primeros años, la política autárquica del nuevo régimen no sirvió para estimular la recuperación económica, sino para restringirla, y las presiones derivadas de la Segunda Guerra Mundial hicieron el resto. España no recobraría el nivel de renta per cápita anterior al conflicto hasta 1951-52 y sólo las consecuencias sociales de este hecho ya fueron enormes. Entre 1940 y 1945 el país sufrió lo indecible a causa del caos internacional, la baja productividad interna y los efectos de una grave sequía. A partir de 1946 la economía empezaría a recuperarse, pero para la sociedad española los primeros diez años de posguerra fueron una época muy desdichada.

La autoritaria política del régimen amordazó la vida cultural del país y las restricciones educativas continuarían existiendo durante años. Durante los últimos seis meses de 1936 los intelectuales y eruditos empezaron a emigrar, en su mayor parte huyendo de la represión en la zona republicana. Algunos regresaron; otros nunca lo harían. En 1938-39 se produjo la masiva salida de España de intelectuales y artistas de izquierdas que, en su mayoría, ya no volvieron, o si lo hicieron fue para morir en su patria.

El franquista era un régimen unipartidista, semifascista y autoritario sometido a la dictadura personal del Generalísimo. Después de muchos años, algunas de sus políticas se volverían más moderadas, pero nunca se alteraron sus características básicas. Franco quiso inaugurar una nueva era en la política, el gobierno y la vida cultural y religiosa de España y jamás abandonó ese objetivo, ni siquiera cuando en la década de los sesenta tuvo que transigir con algunos de sus métodos.

Mucho más peligroso fue que la política que instituyó en la inmediata posguerra era militarista e imperialista. Se había hecho la ilusión de convertir al país en una potencia militar y naval significativa y a ello (y a construir un nuevo imperio en el noroeste de África) subordinó la economía y la sociedad, poniendo a España en grave peligro durante los tres primeros años de la Segunda Guerra Mundial y retrasando enormemente su recuperación económica. El riesgo de verse arrastrado por las acciones agresivas de las potencias del Eje era grande y sólo se evitó en parte. El resultado de la «no beligerancia» favorable a alemanes e italianos fue el ostracismo internacional a que España quedó sometida después de 1945, que no hizo sino contribuir al sufrimiento de la población. El primer franquismo fue un periodo gris y macabro y, sobre todo a principios de los cuarenta, a punto estuvo de terminar en una nueva catástrofe.

El hecho de que la dictadura ejerciese un férreo control sobre la sociedad española no significó que los vencedores estuviesen unidos una vez que terminó la guerra; más bien ocurrió todo lo contrario: entre 1940 y 1944 hubo más críticas y descontento entre las diversas «familias» del régimen que en cualquier otro momento del largo régimen franquista. Las miserables condiciones económicas y sociales, la amenazadora situación internacional, el incierto futuro político y las verdaderas divisiones existentes en el seno de la coalición de Franco se aliaron para provocar una intensa confusión tras los bastidores. Incluso la jerarquía militar criticaba, a veces más y otras menos, el liderazgo del dictador. Fueron éstos unos momentos opresivos, difíciles y peligrosos, en los que el propio futuro del régimen no estuvo nada claro. Franco obtuvo una victoria militar entre 1936 y 1939, pero sólo entre 1940 y 1947 configuró la estructura completa y permanente de su régimen. Visto en perspectiva histórica, fue el producto de dos guerras diferentes: una en la que el régimen era beligerante y otra en la que, según su propia definición, fue «no beligerante». En la primera, consiguió un triunfo absoluto; en la segunda, y después de numerosos errores, consiguió sobrevivir, alcanzando en el proceso su madurez histórica.

37
¿QUÉ IMPORTANCIA TUVO LA GUERRA CIVIL EN LA HISTORIA MILITAR?

CUANDO terminó la guerra, tanto los republicanos y sus seguidores como, a veces, los nacionales y sus aliados afirmaron que aquélla había supuesto un hito en la historia militar y armamentística, pues en ella se vieron por primera vez las armas y tácticas que luego se utilizarían en la Segunda Guerra Mundial. Aunque se trata de una afirmación exagerada, también contiene algo de verdad. Como ya se ha dicho, la Guerra Civil fue en su mayor parte un conflicto de baja intensidad, en el que casi siempre se luchó con armamento que ya estaba anticuado y, en ese sentido, se asemejó más a la Primera que a la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, también es cierto que soviéticos y alemanes utilizaron algunas de sus armas de última generación, y a España como banco de pruebas para su armamento y sus tácticas, aunque ésta no fuese la razón principal de su injerencia. La única táctica nueva e importante que se ensayó en suelo español fue la de las armas y ejércitos combinados (es decir, el uso combinado de la infantería, la artillería, el apoyo aire-tierra y, en ocasiones, los blindados) que ya eran bastante habituales en los ejércitos de Alemania y la URSS, y que los mandos españoles aplicaron a la buena de Dios. Ni Franco y sus lugartenientes ni el mando republicano contaba con la suficiente formación teórica y práctica como para utilizar esas tácticas y tuvieron que adquirirla en el campo de batalla, a base de pruebas y errores. Sus asesores extranjeros les aconsejaban; los soviéticos colaboraron en algunas operaciones directas y, a menudo, eran los soldados venidos de fuera quienes pilotaban los aviones, conducían los tanques y manejaban la artillería. En general, los nacionales utilizaron este sistema de una forma más eficaz, sobre todo en algunas de sus últimas operaciones ofensivas; los republicanos nunca fueron lo bastante hábiles como para coordinar de manera efectiva los distintos ejércitos. Los pilotos franquistas introdujeron algunas innovaciones tácticas en el apoyo aire-tierra, como el bombardeo «en cadena» de las posiciones enemigas, en el que un grupo de cazas atacaba, volvía sobre sus pasos y se lanzaba al ataque de nuevo, incluso varias veces.

El apoyo aire-tierra fue la táctica más relevante, pero, en España, el sistema de armas y ejércitos combinados de la Segunda Guerra Mundial nunca se empleó con éxito y las fantasías de que los alemanes ensayaron sus tácticas de la Blitzkrieg (o Guerra Relámpago) no son más que exageraciones y ello por diversos motivos: en primer lugar porque, en 1939, el ejército alemán ni siquiera las había desarrollado plenamente; en segundo, porque los tanques que utilizaron en la guerra española eran pequeños e inadecuados, ni punto de comparación con los soviéticos, más grandes y potentes, y, por último, porque gran parte de los combates se libraron en terrenos montañosos que nada tenían que ver con los entornos en los que se luchó en la Segunda Guerra Mundial.

Más bien ocurrió todo lo contrario, es decir, que los carros de combate apenas tuvieron relevancia en España. Los soviéticos casi nunca consiguieron sacar mucho partido de su superioridad en este aspecto, hasta el punto de que los mandos del Ejército Rojo empezaron a cuestionar sus propias doctrinas, las mismas que, antes de 1937, les habían permitido superar a Alemania en el desarrollo de la guerra relámpago. Los pequeños tanques alemanes e italianos sólo eran prácticos hasta cierto punto; al final de la guerra, los mejores tanques del ejército de Franco eran los 80 o así que habían capturado a los republicanos, con los que organizaron dos unidades.

Otro de los mitos militares de la Guerra Civil es que Guernica y otras ciudades fueron un campo de pruebas para una nueva modalidad de bombardeo estratégico. A través de la experiencia adquirida con la Legión Cóndor, los alemanes aprendieron cómo mejorar sus técnicas en este sentido, pero durante el conflicto no se produjo ningún bombardeo estratégico serio. Aunque se bombardearon varias ciudades, siempre se hizo a pequeña escala, nada ni remotamente comparable a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Para quienes los sufrieron, estos ataques aéreos fueron terroríficos, pero en España un ataque grande fue uno en el que murieron un centenar de personas. Resulta nimio al lado de la hecatombe que tendría lugar en Europa unos años más tarde.

La Luftwaffe carecía de planes y de preparación para realizar bombardeos estratégicos; sus ataques formaban parte de operaciones con armamento combinado o de apoyo aire-tierra, motivo por el cual, en 1940, perdió la batalla de Inglaterra. Sus primeros aviones ni siquiera eran verdaderos bombarderos, sino lentos aparatos de transporte a los que añadían las bombas. Ni Durango ni Guernica fueron objetivos de un bombardeo estratégico (en tal caso se hubiese atacado Bilbao, que, de hecho, apenas resultó afectada); se las bombardeó porque constituían la inmediata retaguardia del frente de Vizcaya.

En 1936 quienes sí tenían planes para llevar a cabo acciones de este tipo eran los soviéticos. Ya estaban organizando una gran flota de bombarderos pesados (unos cuatrimotores que resultaron ser demasiado lentos y obsoletos para la Segunda Guerra Mundial), aunque ninguno de ellos se envió a España, tanto por razones de seguridad como debido a que, en realidad, no tenía mucho sentido utilizarlos en ese conflicto. Los que sí llegaron fueron los bimotores «Katiuska», unos aviones rápidos y de líneas depuradas, aunque adolecían de algunas deficiencias. Los bombarderos republicanos sólo fueron eficaces en algunas ocasiones. Los soviéticos se habían dado más prisa de la cuenta en desarrollar una flota de unos 400 bombarderos pesados que enseguida se quedaron anticuados, por lo que no consiguieron disponer de una auténtica fuerza de bombarderos estratégicos hasta pasado el año 1945. En la Segunda Guerra Mundial ninguna de las potencias continentales contaba con una al estilo inglés o americano; los países angloparlantes parecían dominar en este terreno.

De entre todas las grandes potencias europeas, la Unión Soviética fue la que más interés teórico demostró tener en la Guerra Civil, no sólo debido al número de militares que enviaron a España (bastante inferior al aportado por Alemania o Italia), sino por la forma en que analizaron las propias condiciones bélicas. Mientras que los alemanes se mostraron escépticos y selectivos con las lecciones que decidieron aprender, el enfoque soviético fue más amplio y crédulo. Mary Habeck (la principal especialista occidental en el tema) ha escrito que «los oficiales soviéticos […] al contrario que sus homólogos alemanes, creían que el conflicto ofrecía una imagen válida de lo que sería una gran guerra futura» y que «su Estado Mayor estaba convencido de que el conflicto constituía un modelo fiable de guerra moderna y consideraron cada nueva experiencia en combate como una valiosa lección acerca de cómo debía luchar el ejército soviético en el futuro». A poco de empezar el conflicto, «el comisario de Defensa Kliment Voroshilov dio órdenes detallando las tácticas y la tecnología específicas que sus hombres debían estudiar»[121]. A Moscú se enviaron los abundantes y detallados informes de cientos de asesores militares, con los que se elaboró toda una sección en los archivos del Ejército Rojo. «Los especialistas que volvían a casa tras los combates en España eran interrogados de manera exhaustiva acerca de la eficacia del equipo suministrado y de los métodos utilizados»[122].

Ningún otro ejército europeo prestó tanta atención a las enseñanzas de la Guerra Civil como el Ejército Rojo. Su estudio de las distintas operaciones fue ingente. Para el 23 de noviembre de 1937, el Ministerio soviético de Defensa ya había preparado cincuenta y siete cuadernos informativos y había publicado tres libros y trece panfletos acerca del conflicto español. En los siguientes meses, aparecieron otros tres libros y cuatro panfletos, con tiradas entre los seis mil y los diez mil ejemplares. Yuri Ribalkin (oficial de artillería e historiador militar) ha estimado que, entre 1937 y 1941, se publicaron en la URSS cincuenta y seis libros y artículos acerca de las operaciones bélicas en España, eso sin contar los publicados en revistas militares como Krasnaya zvezda, Voennaya mysl, Morskoi sbornik, Voenno-istorichesky zhurnal o Voenny vestnik, a los que habría que sumar los estudios no publicados que se realizaron en las academias militares. Se pronunciaron numerosas conferencias y se formaron muchos grupos de debate.

El enorme y detalladísimo examen soviético de la Guerra Civil incluyó todos los aspectos del armamento y las operaciones, desde el uso de armas y ejércitos combinados, tanques, aviación, marina, artillería, cañones antitanque, todo tipo de armas de infantería y tácticas hasta la gestión militar, servicios de inteligencia, comunicaciones, servicios médicos, topografía, ingeniería, el funcionamiento de los comisarios políticos, las tareas de reconocimiento y el estudio del material alemán e italiano.

Sin embargo, se ha planteado la pregunta de si los analistas del Ejército Rojo extrajeron conclusiones útiles o sólo se las arreglaron para engañarse a sí mismos; la respuesta es compleja. El aspecto de la planificación soviética que más ha interesado a los historiadores fue la decisión que tomaron al final del conflicto español, en el sentido de abandonar las doctrinas ofensivas de «concentraciones de blindados» y «operaciones profundas» que el mariscal Mijaíl Tujachevski y sus camaradas habían desarrollado antes de perecer víctimas del Gran Terror estalinista y que contradecían frontalmente las estructuras y tácticas de la Wehrmacht germana que tanto contribuyeron a la conquista de Francia en 1940. Sin embargo, y en palabras de Habeck, no es correcto afirmar, como han hecho algunos, que este gran error se debiera tan sólo al limitado alcance de los blindados soviéticos en España. Semejante cambio en la política militar derivó sobre todo de la decisión de rechazar las políticas de los mandos «purgados» en 1937; el limitado papel que los blindados desempeñaron en la Guerra Civil no hizo sino alentar esta nueva orientación. Es obvio que no se produjeron operaciones ofensivas profundas y entre noviembre y diciembre de 1939 los cuerpos concentrados de tanques soviéticos habían sido desarticulados, por lo que se volvió a los conceptos de «guerra posicional» y «frente continuo». Más que llevar a cabo penetraciones rápidas, quienes tomaban parte en las ofensivas se abrían paso a mordiscos. La única ventaja de esta nueva orientación fue que hizo que se prestase más atención a unas tácticas defensivas en las que el Ejército Rojo nunca había descollado.

Está claro que los analistas soviéticos se equivocaron al considerar el conflicto español como un escenario válido para una futura guerra europea. En general, los dos ejércitos carecían del armamento, la potencia de fuego, el liderazgo y la instrucción necesarios para ofrecer lecciones aplicables a las grandes campañas bélicas de mediados del siglo XX, y esto se aprecia sobre todo si se compara la topografía española con la de Europa del Este. En la Guerra Civil las montañas fueron, a menudo, decisivas, pero no las hay en la Rusia europea ni en la mayor parte de Polonia o Alemania.

El error más garrafal lo cometieron en lo que respecta a los blindados y la organización, pero no se pueden pasar por alto las mejoras que el Ejército Rojo introdujo en muchas áreas técnicas individuales, desde la gestión militar y la ingeniería a sistemas armamentísticos específicos. Aunque sus tanques eran con mucho los mejores, tenían también notables carencias. A base de tales pruebas, los planificadores cambiaron el B-5 por el T-34, el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. En 1937-38, la aviación soviética ya se estaba quedando anticuada comparada con los últimos aparatos alemanes. La necesidad de sustituir esos aviones les animó a desarrollar nuevos modelos de cazas, más rápidos y eficaces, así como los aviones utilizados para el ataque a superficie que ya se estaban fabricando en 1942-43. También la artillería y la infantería se beneficiaron de estas mejoras, tanto en armamento como en material. La experiencia extraída de la guerra española fue decisiva en estas áreas (aunque hacia 1941 gran parte de su material bélico ya estuviera obsoleto, en parte debido a la obsesión de Stalin por la superproducción de armamento en los años treinta), pero también los intensísimos estudios soviéticos tuvieron su relevancia a la hora de desarrollar nuevas armas y mejorar la ejecución técnica en ciertos campos.

La influencia de la Guerra Civil se dejó sentir incluso en la endeble marina de la URSS. En 1935, Stalin estaba decidido a remediar la situación con la creación de un «bolshoi flot» (una gran flota) y la descorazonadora experiencia vivida en la confrontación española le sirvió de acicate. En el invierno de 1936-37, Iván Maiski (embajador soviético en Londres y representante ante el Comité de No Intervención) instó varias veces a su Gobierno a intervenir en el Mediterráneo, pero tropezó con la oposición del jefe de la marina, el almirante Vasili A. Orlov, que consideraba al Ejército Rojo demasiado débil como para lanzarse a semejantes operaciones. También Stalin compartía esta idea, pero, en julio de 1937, Orlov había sido purgado y Stalin redobló sus intentos por ampliar la marina. Este programa de expansión no dependía mucho de la información obtenida en España, ya que la tímida e inepta dirección soviética de las fuerzas navales republicanas sólo había servido para sacar a la luz su debilidad y sus carencias doctrinales.

En general, la Guerra Civil no se asemejó ni a la Primera ni a la Segunda Guerra Mundial, sino que fue una especie de transición entre las dos, con características de ambas. La mayor parte del armamento utilizado fue más típico de la Primera, aunque el empleo ocasional de fuerzas blindadas, y lo que es más importante, de la aviación, fue más propio de la Segunda. En los dos últimos años de conflicto la utilización de tácticas combinadas que incluían el apoyo tierra-aire tuvieron importancia en las ofensivas franquistas, pero ninguno de los dos ejércitos estaba lo bastante preparado como para embarcarse en otros tipos de operaciones de armas combinadas. La guerra defensiva seguía siendo bastante importante.

El Ejército Rojo no fue el único en extraer enseñanzas inexactas de la Guerra Civil. Para los analistas franceses, el conflicto español reafirmó la importancia de las armas defensivas y antitanque. Para los italianos, el éxito obtenido por sus pequeñas unidades, unido a la victoria franquista, sólo les ratificó en sus políticas y prioridades (por otro lado bastante inadecuadas); en realidad, Italia pagó un alto precio por su intervención, pues carecía de la capacidad industrial de Alemania o la Unión Soviética. Los casi 800 aviones y 7500 vehículos que envió a Franco constituían un porcentaje considerable de su arsenal militar. Cuando terminó la guerra, todos esos aparatos se quedaron en España, y cuando entró en guerra en 1940, no tenía otros con que reemplazarlos. Los planificadores italianos no hicieron suficiente caso a las lecciones bélicas. Se dejaron cegar por el hecho de que su Fiat CR-32 fue el único caza que combatió con cierto éxito desde el principio de la guerra hasta su mismo final y no advirtieron que tanto éstos como los bombarderos Savoia-Marchetti se estaban quedando obsoletos y sin sustitutos. Tampoco se fijaron mucho en las notorias deficiencias de sus tanquetas, aunque debieron haber intentado fabricar modelos más competitivos. Lo mismo ocurrió con los fallos en la instrucción de los oficiales y la tropa de infantería y con el bajo rendimiento de sus submarinos en esa guerra naval que Mussolíni nunca declaró. Todas esas carencias se hicieron patentes en la Segunda Guerra Mundial, pero ya se habían advertido en España y, aun así, los mandos italianos casi no les prestaron atención.

El único mando europeo que, por así decirlo, aprendió la lección fue el alemán. Enseguida llegó a la conclusión de que el conflicto español era un tipo especial de guerra del que no se podían extraer enseñanzas importantes. Desde luego, perfeccionaron algunas técnicas aéreas novedosas (sobre todo en apoyo aire-tierra), mejoraron sus sistemas de comunicación y cooperación, las acciones en apoyo de una ofensiva en movimiento, los bombardeos intensivos para complementar a la artillería, el uso de las radios, los ataques sostenidos y consecutivos para abrir brechas o tomar posiciones fortificadas, la utilización por primera vez de bombas de napalm, los bombardeos de arrasamiento y de cañones antiaéreos, así como el empleo de la artillería para apoyar el avance de la infantería. Los pilotos alemanes aprendieron en España a volar en esas formaciones coordinadas tan habituales en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no supieron ver la necesidad de mejorar su armamento antitanque, deslumbrados como estaban por la eficacia de los cañones antiaéreos de 88 mm que más tarde se convertirían en una de las armas estrella de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco puede decirse que la evidente superioridad de los tanques soviéticos espoleara la mejora de los modelos alemanes que, durante años, siguieron siendo bastante mediocres. Al igual que los observadores extranjeros tendieron a interpretar políticamente el conflicto español según sus propios prejuicios preferencias y políticas internas, las conclusiones y perspectivas militares variaron mucho de un país a otro.

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¿CUÁL ES SU LUGAR EN COMPARACIÓN CON LAS OTRAS GRANDES GUERRAS CIVILES DEL SIGLO XX?

SITUAR cualquier gran acontecimiento en el contexto de la historia general o comparativa es siempre un tema importante. Por otra parte, a algunos historiadores no les gusta comparar los grandes eventos históricos entre sí, e insisten en que cada uno de ellos es único. De alguna manera tienen razón. Cada ser humano es único, pero eso no significa que no tenga rasgos comunes con los demás. En lo que respecta a la comparación histórica, su objetivo no es demostrar por qué son iguales cosas que parecen diferentes, porque no lo son. Se trata más bien de demostrar hasta qué punto pueden ser iguales, cuáles son sus diferencias y cómo se pueden explicar éstas. El objetivo, por lo tanto, es poner de relieve ciertos aspectos que pasarían inadvertidos de no aplicarse esa perspectiva comparativa.

Históricamente, han existido muchos tipos de guerras civiles. En las sociedades tradicionales se luchaba por cualquier cosa, como, por ejemplo, para determinar qué rama dinástica debía reinar, sin necesidad de que existiesen unos principios políticos básicos que separasen a las partes en conflicto. La gran paradoja de la guerra civil americana de 1861-1865 es que ambos bandos compartieron casi la misma visión política, religiosa e ideológica; sólo diferían en dos puntos: la esclavitud y el mantenimiento de la unión federal, pero en todo lo demás eran idénticos.

La guerra española no fue esta clase de conflicto, sino una de las grandes guerras civiles revolucionarias/contrarrevolucionarias del siglo XX, en las que ambos bandos estaban divididos por ideologías totalmente opuestas. Eran el equivalente moderno a las guerras de religión y también pueden describirse como enfrentamientos entre dos conceptos diferentes de civilización. De ahí la tendencia a demonizar y deshumanizar al oponente y a perpetrar atrocidades masivas contra presos políticos desarmados que constituye la característica más horrorosa de tales conflictos.

En Europa se produjeron cinco grandes guerras civiles de este tipo: 1) la de Finlandia en 1917-18; 2) la de Rusia en 1918-21; 3) la de España en 1936-39; 4) la de Yugoslavia en 1941-45; y 5) la de Grecia en 1944-48. Existieron además otros enfrentamientos menores que tuvieron lugar en los países bálticos y Hungría después de la Primera Guerra Mundial que no se pueden considerar verdaderas guerras civiles. La guerra entre comunistas y anticomunistas afectó a China durante veintidós años, entre 1927 y 1949, y otras parecidas estallaron a causa del proceso descolonizador después de 1945, siendo las más importantes las de Indochina y Angola, que duraron más de un cuarto de siglo; nacieron como luchas de liberación nacional y después surgió el enfrentamiento entre partidarios y opositores al comunismo.

La española sólo puede compararse con las otras guerras civiles europeas, de las que difiere en que no se vio influenciada por ningún gran conflicto internacional, sin el cual nunca hubiesen estallado esas otras cuatro guerras civiles. No es que el conflicto español reflejase unas divisiones sociales más profundas que en los demás países, sino que, en España, la polarización se consumó sin necesidad de que las presiones internacionales debilitasen o fragmentasen el Estado, lo cual refleja la relativa debilidad del mismo, así como las graves divisiones existentes en el seno del ejército, dos condiciones indispensables para que estalle una guerra civil en tiempos de paz. Sin embargo, esa debilidad del Estado no era tanto inherente al mismo como debida al hecho de que, como resultado de las elecciones de 1936, había caído en manos de los aliados de los revolucionarios. Si antes de julio de 1936 el Estado español hubiese adoptado una clara posición antirrevolucionaria, nunca se habría producido la sublevación.

Aunque tal conflicto en tiempos de paz no tenía precedentes en los anales de la historia europea, enseguida se vio influenciado por los factores internacionales. La ayuda ítalo-alemana fue importante porque reforzó a los contrarrevolucionarios, que habían ido a la guerra en inferioridad de condiciones, pero, cuando éstos empezaron a llevar las de ganar, se vio contrarrestada por la intervención soviética y así el conflicto se transformó en una guerra civil mucho más larga. Al final, cuando el conflicto daba sus últimos coletazos, el creciente poder internacional de Alemania y sus aliados disuadió a Stalin de mantener ese nivel de asistencia con el que la República podría haber continuado combatiendo, aunque nunca llegó a retirárselo del todo.

La concentración de poder ruso-soviético fue uno de los factores determinantes en el resultado de estas guerras civiles. Al principio, el régimen de Moscú era demasiado débil como para intervenir en Finlandia (con lo que ésta tuvo que buscar ayuda en Alemania), pero sí se las arregló para hacerse con el control y mantenerlo sobre casi todos los recursos rusos, obteniendo así un gran poder con el que triunfó en su propia guerra civil. En Yugoslavia, los partidarios comunistas de Tito iban ganando en su enfrentamiento con las fuerzas derechistas croatas y serbias, pero fue la entrada del Ejército Rojo lo que garantizó su victoria al forzar la retirada de los alemanes. En Grecia, Stalin decidió no implicarse de manera directa, con lo que el triunfo final de los contrarrevolucionarios quedó asegurado gracias a la ayuda que recibieron de Gran Bretaña y Estados Unidos.

La victoria comunista en Rusia y Yugoslavia condujo directamente a la implantación de regímenes revolucionarios totalitarios. En Finlandia y Grecia, la lucha contrarrevolucionaria estuvo liderada por sus regímenes parlamentarios, democráticos en el primer caso y casi demócratas en el segundo, así que su triunfo significó la consolidación de sus gobiernos. También aquí el caso español fue único. Si los revolucionarios hubiesen ganado no se habría implantado un régimen comunista totalitario, sino una república semipluralista, revolucionaria y no democrática.

Por su parte, el movimiento franquista no se asemejaba en nada a los regímenes griego y finlandés, porque abogaba por el rechazo absoluto del gobierno electoral y parlamentario, favoreciendo en cambio el autoritarismo unipartidista. En parte esto se debía al contexto histórico (el ascenso del fascismo en lo años treinta) y en parte a unas condiciones exclusivas de la experiencia española, en la que los fraudulentos procesos electorales habían producido gobiernos cada vez más arbitrarios y opuestos a los mandatos constitucionales. Sin embargo, estos abusos no tuvieron por qué provocar una reacción tan extrema, que fue consecuencia de la radicalización originada por la propia guerra y sus condiciones geopolíticas y, en último término, por las tendencias ideológicas de Franco.

En los dos conflictos que tuvieron lugar en la Europa nororiental, la injerencia extranjera no desempeñó ningún papel destacado. Cuando Alemania intervino a favor de los contrarrevolucionarios finlandeses, éstos ya habían ganado la guerra y el débil y periférico intento de apoyar a los rusos blancos no supuso ninguna amenaza para los revolucionarios.

El golpe de Estado bolchevique de noviembre de 1917 alentó en gran medida todas estas guerras civiles. Sólo un mes más tarde, los revolucionarios finlandeses se propusieron emularlo y el ejemplo de la conquista de poder por los comunistas sirvió de acicate a los comunistas griegos y yugoslavos. También en esto España fue diferente, ya que la mayor parte de sus revolucionarios no eran comunistas, aunque el ejemplo bolchevique dio alas a los ímpetus revolucionarios de los anarquistas en 1919-23, si bien lo que éstos propusieron fue su propia revolución alternativa. La bolchevización se convirtió así en el más importante factor del proceso revolucionario que se desarrolló en España entre 1933 y 1936, con lo que las diferencias en el caso español no fueron absolutas sino relativas.

En lo que respecta a qué sistemas políticos eran más susceptibles de verse embarcados en tales guerras civiles hay que decir que éstas jamás afectaron a las democracias estables. Antes de que estallara la guerra, ni Rusia, ni Grecia ni Yugoslavia habían tenido gobiernos democráticos, aunque el ruso hubiera sido semiliberal. El conflicto internacional y la invasión extranjera desestabilizaron o derrocaron a sus anteriores regímenes políticos. Con los zares rusos, Finlandia había disfrutado de un gobierno parlamentario estable y autónomo, pero convertirse en una república independiente, como ocurrió en 1917, suponía un considerable paso adelante, con todo su escenario desestabilizado y radicalizado por la revolución de la vecina Rusia, a la que Finlandia había estado tan estrechamente vinculada. Durante años, la Segunda República española funcionó como democracia a pesar de los problemas a los que tuvo que hacer frente, pero en ningún caso puede decirse que fuera un régimen democrático consolidado, incluso aunque se le contemple desde la perspectiva de febrero de 1936. Las causas del ascenso del proceso revolucionario en España se han analizado en las diez primeras preguntas.

En términos de represión, la Guerra Civil española fue extrema, pero no se llevó la palma. Como se ha visto en la pregunta 11, la que tuvo lugar en Finlandia costó incluso más vidas proporcionalmente y, paradójicamente, fueron las fuerzas parlamentarias contrarrevolucionarias quienes cometieron las mayores atrocidades. Pese al alcance del Terror Rojo leninista, el número proporcional de víctimas directas de la represión en Rusia no superó al finlandés o al español, si bien casi quince millones de ciudadanos murieron a causa del hambre, las enfermedades, el estrés o la falta de cuidados en un verdadero autoholocausto. El mayor número proporcional de muertes violentas se produjo en Yugoslavia, donde las grandes dimensiones del conflicto armado internacional radicalizaron la represión entre los diversos bandos. El régimen del Ustashi en Croacia fue especialmente criminal; durante el mismo murieron más personas que republicanos y nacionales en la Guerra Civil. También los comunistas yugoslavos fueron grandes represores y sus víctimas proporcionales superaron a las del conflicto español.

La guerra española destacó por cautivar la atención internacional más que cualquier otro conflicto europeo. La rusa y la finlandesa estaban más lejos y, en parte, se vieron oscurecidas por la última fase de la Primera Guerra Mundial y la crisis de posguerra. Sólo el conflicto griego se acercó al nivel de interés internacional suscitado por España, pero pronto quedó atrapado en la naciente guerra fría. Con gran prudencia, Stalin se negó a intervenir en Grecia, lo que facilitó sobremanera el triunfo de unos contrarrevolucionarios que contaban con el apoyo estadounidense. En el mundo occidental, la guerra civil griega no fue tan divisiva como la española, que estalló en un momento en que las tensiones políticas e internacionales estaban aumentando no sólo entre los Estados, sino también en el seno de algunos de los sistemas políticos europeos. Por eso provocó tanta preocupación e interés en gobiernos, organizaciones políticas y en millones de ciudadanos de distintos países. Aunque sólo las grandes dictaduras se arriesgaron a intervenir, la Guerra Civil se convirtió en el principal foco de atención en Europa entre 1936 y 1938, hasta que quedó atrapada en las redes de una cada vez más expansiva Alemania.

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¿LA «PRIMERA BATALLA DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL»? ¿CUÁL FUE SU SIGNIFICADO EN LA HISTORIA INTERNACIONAL?

DURANTE la Guerra Civil, los dos bandos hicieron gala de un discurso muy patriótico para definir su lucha como una batalla contra un invasor extranjero. Cada uno creó un mito que hacía hincapié en los supuestos orígenes exógenos del conflicto. Los republicanos afirmaban que fue la conspiración tramada entre Hitler y Mussolini la que provocó la guerra y que la insurrección militar no fue más que un instrumento de aquéllos, mediante el que pretendían hacerse con el control del país. Los comunistas fueron los primeros en presentar esta idea, que siempre estaría presente en el término oficial que los soviéticos utilizaron desde entonces para referirse al conflicto: «la guerra nacional-revolucionaria de España».

Por su parte, los nacionales propagaron la noción de que quienes estaban detrás de la guerra eran los comunistas soviéticos, que la rebelión del 18 de julio había sido una medida preventiva para evitar que aquéllos se hiciesen con el poder y que la intervención militar soviética sólo era parte de su estrategia para controlar España. Sólo esta última afirmación contenía algo de verdad. Según los nacionales, la suya era una lucha para reafirmar el nacionalismo europeo y la civilización cristiana occidental, pero además se encuadraba en otra más amplia contra el comunismo y la política internacional de la URSS.

En 1938, los cálculos internacionales tuvieron una gran importancia en el desarrollo del conflicto ya que la situación europea era cada vez más tensa. En la primavera de ese año, Franco, con toda cautela, quiso evitar cualquier conducta que Francia pudiese interpretar como una provocación; por su parte, Negrín (al frente de su segundo y tercer Gobierno) estaba convencido de que la clave del triunfo estaba en la dimensión internacional. Con la seguridad de que pronto estallaría una gran guerra, el eslogan negrinista «Resistir es vencer» abogaba por continuar en la lucha hasta que ésta entrase a formar parte de un conflicto mayor en el que la intervención franco-británica garantizaría la victoria republicana; lo mismo esperaban los soviéticos.

Desde el principio, los republicanos declararon que su guerra se encuadraba en otra contra el fascismo que muy bien podía transformarse en una mayor en un futuro. Sólo seis meses después del fin de la Guerra Civil, la invasión alemana de Polonia hizo estallar ese gran conflicto europeo y los republicanos aprovecharon para reiterar que la contienda española había sido la «primera batalla», la «primera vuelta» o el «preludio» de la Segunda Guerra Mundial. También algunos estudios eruditos sostuvieron esta teoría, empezando por el de Patricia van der Esch, Prelude to War: The International Repercussions of the Spanish Civil War (1951). ¿Estaban equivocados?

En un sentido obvio, la respuesta tiene que ser que sí. La guerra española fue un claro enfrentamiento revolucionario/contrarrevolucionario entre la izquierda y la derecha, con las potencias fascistas apoyando a ésta y el poder totalitario soviético a aquélla. Por su parte, la Segunda Guerra Mundial sólo comenzó en Europa con el Pacto Nazi-Soviético, una entente totalitaria cuyo propósito era permitir que la URSS se hiciese con una considerable porción de terreno en el este de Europa y que Alemania conquistase, si podía, el resto del continente. Con ello se invertían por completo los términos del conflicto español, tanto que parecía el equivalente a un abrazo entre Franco y Dolores Ibárruri… y parece bastante ridículo decir que la Guerra Civil constituyó el primer paso de un pacto entre el Generalísimo y la Pasionaria.

La fórmula puede invertirse y llegar así a la conclusión de que la revolución española y la posterior guerra civil fueron la última de las crisis revolucionarias derivadas de la Primera Guerra Mundial. Tanto en términos militares como armamentísticos la Guerra Civil se asemejó tanto a aquélla como a la Segunda, pero la situación en España tenía más rasgos propios de una crisis revolucionaria propia del fin de la Primera Guerra Mundial que de una crisis doméstica de la era de la Segunda. Entre ellos destacan: 1) el colapso total de las instituciones, diferente de los golpes de Estado y las imposiciones legalitarias del autoritarismo que surgirían más tarde; 2) el desarrollo de una guerra civil revolucionaria/contrarrevolucionaria, un fenómeno bastante habitual tras la Primera Guerra Mundial, pero desconocido en los años treinta y que, después, sólo resurgiría en los Balcanes; 3) la formación de un Ejército Rojo típico del fin de la primera gran guerra europea: el Ejército Popular; 4) la enorme exacerbación del nacionalismo en la zona nacional, en Cataluña y en el País Vasco; 5) el empleo de conceptos y material militares más propios de la Primera Guerra Mundial; y 6) el hecho de que no fuera producto de ningún plan de las grandes potencias. De igual manera, la extrema izquierda revolucionaria española y extranjera aclamó la revolución española como el último y mayor de todos los brotes revolucionarios de la era posterior a la Primera Guerra Mundial.

Más que la intervención de Moscú, fue la negociación del pacto entre Hitler y Stalin la que obedeció a la clásica doctrina soviética de promover la «segunda guerra imperialista», un término que, desde 1920, venían utilizando para referirse al próximo gran conflicto en Europa. Según esta doctrina, la Unión Soviética debía alentar el enfrentamiento entre las potencias imperialistas (siempre que ella misma no se implicase) porque la guerra debilitaría a los grandes Estados capitalistas. Mientras tanto, la URSS se fortalecería todo lo posible y estaría preparada para entrar en el conflicto en el momento decisivo, determinando su resultado y abriendo Europa al avance del comunismo. Hasta cierto punto, así es como funcionó a la larga, pero entre 1933 y 1939 el miedo y la frustración hicieron presa en Stalin debido a que la agresión alemana parecía apuntar a la Unión Soviética y no tanto a Occidente. Por eso, Moscú emprendió su política de seguridad colectiva que resultó ser un estrepitoso fracaso. Posteriormente, el Pacto Nazi-Soviético estableció las condiciones preferidas por la URSS, aunque este «pacto con el diablo» llevó a la crisis a muchos de los partidos de la Komintern.

La Comisión Ejecutiva de la Internacional Comunista lanzó el eslogan de que el enfrentamiento armado entre Alemania y las democracias occidentales era una «guerra imperialista» en la que los comunistas no debían verse implicados. Los miembros del PCE se mostraron menos afectados por el pacto entre Hitler y Stalin que los de otros partidos comunistas, ya que su experiencia durante la Guerra Civil les había dejado un profundo sentimiento de amargura contra Francia y el Reino Unido. Estaban más que encantados dejando a estos dos países solos contra Alemania. El 7 de septiembre de 1939, Georgi Dimitrov (secretario de la Komintern) anotó en su diario que Stalin le dijo: «No sería mala cosa si los alemanes minasen la posición de los Estados capitalistas más ricos (sobre todo Inglaterra). Como Hitler ni entiende esto ni lo desea, está minando el sistema capitalista […]. Podemos maniobrar, apoyar a una parte contra la otra, hasta que se destrocen entre sí». En lo que afectaba a Polonia (la primera víctima del Führer) se trataba de otro «Estado fascista» cuya destrucción era bienvenida. «¡La destrucción de este Estado en las presentes circunstancias significa que queda un Estado fascista burgués menos! No estaría mal que, como resultado del aplastamiento de Polonia, extendiéramos el sistema socialista a nuevos territorios y poblaciones»[123].

Más tarde, ese mismo mes, se explicaba en una circular de la Komintern que «hasta ahora, todos los esfuerzos por encender la hoguera de la revolución mundial han fracasado. ¿Cuáles son los requisitos previos de una revolución? Una guerra prolongada tal y como se explica en los escritos de Marx, Engels y Lenin. Por lo tanto, ¿cuál debe ser la actitud de la URSS para acelerar la revolución mundial? Apoyar a Alemania para que empiece una guerra y asegurarse de que ésta continuará»[124].

Por su parte, Franco nunca tomó parte de manera oficial en la Segunda Guerra Mundial. Por eso mismo hay historiadores que han negado que la Guerra Civil tuviese algún efecto significativo en los asuntos internacionales. Según Pierre Renouvin, sus consecuencias fueron «modestas» y afirma que «sería una exageración ver en esta guerra un “preludio a la de Europa”»[125]. En su obra Origins of the Second World War (1961), A. J. P. Taylor mantuvo la tesis de que el conflicto español no ejerció ningún «efecto significativo» sobre las grandes potencias, y el autor de The Origins of the Second World War in Europe (1986), P. M. H. Bell, llegó a la conclusión de que, en lo concerniente a los grandes asuntos internacionales, el conflicto fue, simplemente, un caso de «mucho ruido y pocas nueces».

Las cosas no fueron tan sencillas, ya que, tras la caída de Francia, Franco comenzó a sentir interés por entrar en la guerra al lado de Hitler, siempre que éste estuviera dispuesto a concederle las exorbitantes condiciones que quería imponerle. Al año siguiente, la invasión alemana de la Unión Soviética despertó gran entusiasmo en Madrid.

La destrucción del régimen católico y autoritario de Varsovia (que no sólo se parecía al español, sino que había demostrado sus simpatías hacia éste) había entristecido a Franco y a sus socios en el poder, pero le veían todo el sentido al ataque alemán a la URSS, a la que consideraban su principal enemigo, así que, por una vez, el Generalísimo estuvo de acuerdo con sus enemigos republicanos cuando declaró en público que la gran guerra europea era una continuación de la lucha contrarrevolucionaria y antisoviética de los nacionales. De junio de 1940 a octubre de 1943 (es decir, durante la mayor parte del conflicto mundial) el régimen franquista fue oficialmente «no beligerante» (lo que no quiere decir «neutral»), pero predispuesto hacia los países del Eje.

Con todo, Franco no dejó de insistir en las estrictas condiciones que debían cumplirse antes de que entrase en guerra: apoyo económico y militar masivo y la cesión de Marruecos, el noroeste de Argelia y una gran porción de tierra en la zona occidental del África francesa. Aunque desde septiembre de 1940 el interés de Hitler por conseguir que España tomase parte en el conflicto era cada vez mayor, no podía permitirse hacer tales promesas, porque, de hacerlas, se enfrentaría al régimen francés de Vichy, cuya cooperación era muy importante para Alemania. Por lo tanto, Franco nunca dio el salto. A pesar de que la División Azul luchó junto a la Wehrmacht en el frente oriental durante dos años (nunca se ha escrito tanto sobre una división del ejército en la Segunda Guerra Mundial), Franco jamás quiso correr el riesgo de participar de manera directa. Sobre todo desde finales de 1941 estaba cada vez más inquieto y poco dispuesto a ello, aunque su vuelta a la neutralidad oficial llegó demasiado tarde y no impidió que su régimen quedase marcado por el «estigma del Eje». El país quedó condenado al ostracismo internacional mucho después de que la guerra hubiese terminado.

Stalin, por su lado, se comportó de una forma demasiado maquiavélica para su propio bien. Al ayudar a Hitler en su enfrentamiento con Francia y Gran Bretaña, había facilitado su asombrosa victoria en territorio galo y colocado al Führer en disposición de lanzarse al año siguiente a una devastadora guerra de un solo frente que casi acabó con la Unión Soviética.

Sólo le libró el que Hitler (de manera gratuita y, en último término, autodestructiva) decidiese unirse al ataque japonés contra Estados Unidos. Al hacerlo, permitió que la URSS consiguiese una victoria en Europa Oriental, con lo que creó un gran imperio soviético y se convirtió en una superpotencia. Aunque la historia nunca había conocido otra tan destructiva y costó la vida a más de treinta millones de ciudadanos soviéticos, a Stalin la guerra le salió tan bien como siempre había deseado.

En diciembre de 1941 se creó un «frente popular» internacional (sobre todo a causa de la temeridad de Alemania y Japón), mucho más amplio en el plano político que el español, pues incluía a los grandes sectores conservadores de la sociedad capitalista estadounidense, británica y de otros países. ¿La Guerra Civil contribuyó a su creación? En realidad no, porque en la República sólo estaban representadas las fuerzas de la izquierda, mientras que a la alianza de 1941-45 se incorporó el equivalente a muchos de los grupos que apoyaron a los nacionales. Si Hitler no hubiese tenido que hacer frente más que a los izquierdistas, habría ganado la guerra sin problemas. Ni la guerra europea de 1939-41 ni la verdaderamente internacional de 1941-45 fueron un reflejo de la española.

Aunque la Guerra Civil no fuera el «preludio» o la «primera vuelta» de la Segunda Guerra Mundial, contribuyó de manera significativa a las condiciones para su desarrollo. Sin necesidad de vincular ambos conflictos de forma directa, los historiadores han presentado el argumento de que el español sentó las bases psicológicas que hicieron estallar la gran guerra. También se ha afirmado que el comportamiento de Francia y Gran Bretaña con respecto a España hizo creer a Hitler y a Mussolini que las democracias occidentales no estaban dispuestas a luchar y que, por lo tanto, no responderían ante las acciones militares de los fascistas. Según esta interpretación, la guerra española no sería un preludio, sino la más larga de una serie de crisis en las que las potencias fascistas actuaron de modo agresivo y las democracias con pasividad: Etiopía (1935), Renania (1936), España (1936-39), Austria (1938) y los Sudetes (1938).

La política hitleriana de utilizar y prolongar el conflicto español para distraer a Europa de su propia carrera armamentística y su expansión por Centroeuropa tuvo bastante éxito. Por un lado, se sirvió de las complicaciones provocadas por la situación en España para evitar llegar a acuerdos con Francia y el Reino Unido y, por otro, calculó (y acertó en sus cálculos) que la continuación de la guerra serviría para dividir internamente a Francia y ésta dejaría de prestar toda su atención a Alemania en un momento (de 1936 a 1938) en el que su rearme no había llegado al punto de equilibrar las fuerzas entre ambos países.

Además, la Guerra Civil fue un incentivo para llegar a esa entente germano-italiana a la que Hitler siempre había aspirado. Mussolini fue el primero en comprometerse seriamente con la lucha española, privando a la política italiana de su libertad de maniobra y vinculándola más y más a Alemania, que siempre fue el socio principal y quien llevó la voz cantante en todas las iniciativas. Italia quemó los puentes con Francia y el Reino Unido. Esta reordenación posibilitó la anexión de Austria en marzo de 1938 y facilitó el avance hacia Checoslovaquia.

Desde esta perspectiva, no puede decirse que Francia y el Reino Unido ignorasen a España, sino que a veces prestaron más atención que a Austria y Checoslovaquia. Como ha apuntado Willard Frank: «Incluso en 1938, el año de Múnich, los parlamentarios británicos presentaron casi tantas interpelaciones acerca de España y el Mediterráneo como sobre Alemania y Centroeuropa […]. La Cámara de los Diputados francesa tuvo que suspender sus deliberaciones dos veces el mismo día porque el tema de España amenazaba con provocar una refriega»[126].

La cuestión española dividió a Francia y complicó y desorientó su política general, con el resultado de que el Gobierno francés dejó la toma de decisiones en manos británicas y Londres se convirtió en el elemento dominante en la alianza entre las dos democracias.

La intervención germano-italiana en España provocó una contraescalada soviética, pero no lo bastante grande como para que la República ganase la guerra. A Stalin le amedrentaban las posibles consecuencias internacionales si llevaba su injerencia demasiado lejos. Para Alemania resultó ventajosa, en el sentido de que acicateó las sospechas de las democracias y su alejamiento de la revolucionaria Unión Soviética. En Francia, sólo sirvió para que su alto mando se reafirmara en la convicción de que el objetivo de la política soviética era provocar una guerra entre las potencias occidentales. Cuanto más intervenía Stalin en España y más agresivo se volvía su papel en el Comité de No Intervención, menos posibilidades había de un acercamiento entre París y Moscú contra Berlín. La política de la URSS resultó ser contraproducente y sólo benefició a sus servicios de espionaje (el NKVD). En abril de 1939, la Unión Soviética estaba más aislada que en julio de 1936. En gran medida, Hitler estuvo engañando a Stalin (y lo volvería a hacer en 1939-41) hasta que cometió el absurdo error de intentar enfrentarse con las dos mayores potencias mundiales al mismo tiempo.

El estallido de la guerra europea no dependió en absoluto de la española. Igualmente se habría producido aun sin ésta, pero sus ramificaciones ayudaron a determinar el ritmo de los asuntos europeos. Sin las complicaciones creadas por España, las democracias occidentales podrían haberse mostrado más enérgicas con Hitler, y quizá Mussolini hubiese retrasado o incluso evitado una entente con Alemania. De igual manera, de no haber contado con todas esas distracciones, los movimientos de Hitler en 1938 hubiesen sido mucho más lentos.

Ahora bien, es posible hasta cierto punto dar la vuelta a todo este escenario. Una República en paz, dominada por la izquierda y funcionando como el régimen más izquierdista de toda Europa Occidental también habría sido una fuente de problemas, pero no hasta el punto en que lo fue la Guerra Civil.

Después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mito de la «guerra nacional-revolucionaria española» desempeñó un pequeño papel en el establecimiento de las nuevas democracias populares soviéticas en el este de Europa. Sirvió de faro a las posibilidades de revolución en Occidente y los veteranos de las Brigadas Internacionales ocuparon puestos relevantes en el desarrollo de los subsiguientes regímenes totalitarios, sobre todo en asuntos militares y de seguridad. Donde llegó a ser de verdad importante fue en la República Democrática Alemana porque se convirtió en un referente del antifascismo occidental revolucionario[127].

¿Cuáles habrían sido las consecuencias si la República hubiese ganado la guerra? La continuación de los combates hasta septiembre de 1939 no habría garantizado tal resultado, ya que la estrategia francesa se había vuelto tan defensiva que la guerra con Alemania le habría disuadido de cualquier posible intervención en España. Si el Gobierno de Negrín hubiese logrado la victoria, se habría aliado aún más con la Unión Soviética, haciendo honor a la promesa del presidente a Stalin, pero el triunfo republicano habría planteado el tema del futuro de la República y minimizado su dependencia de la URSS. La gran guerra europea habría disminuido la cooperación soviética y de paso la influencia comunista. La confrontación de marzo de 1939 se habría producido igualmente, pero con resultados más inciertos. Una República victoriosa podría haberse visto lastrada por sus propias contradicciones políticas internas y sus graves problemas económicos (tan malos o peores que los que experimentó el naciente régimen franquista) y su actitud respecto a la Segunda Guerra Mundial podría haber sido idéntica a la de Franco pero a la inversa: neutralidad sí, pero con una clara inclinación hacia los enemigos de Hitler.

Otra posibilidad habría sido que la izquierda triunfante hubiese continuado desempeñando su papel de distracción y límite para la política francesa. Esto habría causado tanta preocupación entre las democracias occidentales (a causa de una posible expansión de la Unión Soviética) que habrían accedido a la conquista alemana de Polonia como una forma de controlar esa influencia, lo que, a su vez, habría acelerado el enfrentamiento entre Hitler y Stalin.

Si, por el contrario, la guerra europea se hubiese desarrollado tal y como lo hizo, ¿habrían creído Hitler y Mussolini que era necesario invadir la República española en 1940? Quizá esto es lo que al Duce le hubiese gustado, pero hay que tener en cuenta dos alternativas, porque es posible que Hitler hubiese preferido evitarse más embrollos, dejando a Italia encargada de neutralizar el influjo español en los asuntos internacionales y forzando a los izquierdistas a subordinar su política a la del Eje.

O bien Hitler podría haber considerado que una España independiente e izquierdista era algo intolerable y habría procedido a su destrucción antes de encararse con la Unión Soviética. Sin embargo, esta última alternativa habría implicado a Alemania en la «estrategia sureña» a la que le instaron sus mandos navales en el otoño de 1940 y retrasado cualquier ataque a la URSS, pero, de haberla llevado hasta sus últimas consecuencias, la conquista alemana del norte de África y Oriente Próximo le habría dotado de una poderosa base estratégica internacional con incalculables consecuencias para el futuro inmediato.

Otro escenario hipotético es aquél en que la República habría sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial en calidad de Estado neutral, con una orientación internacional bastante diferente a la del régimen franquista, o adoptado una política de tipo «sueco», acomodándose a una Alemania dominante igual que hizo el Gobierno socialdemócrata de Estocolmo. Esta estrategia habría tenido sentido a corto plazo y desde el punto de vista geopolítico, ya que, salvo que la hubieran invadido, resulta difícil definir un escenario en el que a España le hubiese convenido implicarse en la Segunda Guerra Mundial.

España siempre habría funcionado como parte de una estrategia periférica, no central, importante sólo en la medida en que su compromiso con las restantes potencias pudiera contribuir a designios más amplios o que su posición geográfica fuese clave para un avance estratégico aún mayor. Su lugar lógico en las dos guerras mundiales fue mantenerse neutral, cualquiera que fuese su importancia estratégica (mayor) o militar (mucho menor). Temporalmente, Stalin se interesó por España como parte de una gran estrategia, muy compleja y multidimensional, que nunca pudo poner en práctica; era demasiado complicada y contradictoria.

Por su parte, el interés de Hitler era estratégico, pero lo mantuvo en un segundo plano hasta que la cada vez mayor presión estratégica contra Gran Bretaña adquirió toda su importancia a finales del verano de 1940, pero ni aun así fue tan prioritario como para satisfacer las pretensiones franquistas. Después de eso, a Hitler le empezó a asquear Franco, al que consideraba un desagradecido que no valoraba la ayuda que le había prestado Alemania y un miope sin remedio por pensar que su régimen podría sobrevivir a la caída alemana. Confesaba estar profundamente desilusionado con el general, al que creía un oportunista cínico y carente de principios, llegando a decir que «durante la Guerra Civil, el idealismo no estaba en el bando de Franco; estaba en el de los rojos». Al igual que muchos otros observadores, consideraba a Franco un incompetente en política y que su gobierno «reaccionario» no tardaría en caer, provocando otra guerra civil y cuando tal cosa pasara, dijo el Führer, no dudaría en ponerse del lado de los «rojos»[128].

Durante la segunda mitad del conflicto europeo, ambos bandos pretendieron lo mismo del Gobierno español: que se mantuviese neutral y no apoyase al otro. En 1944, cuando los aliados ya iban ganando, Washington empezó a presionar al régimen de Madrid incluso mucho más que Alemania. A regañadientes, Franco hizo las concesiones necesarias para sobrevivir, pero nunca fue más allá de lo que le obligaron a llegar. Cuando terminó la guerra, había formulado una nueva política estratégica que garantizaría la supervivencia de su régimen y, durante un tiempo, su prosperidad en un mundo postfascista.

40
¿SE HA SUPERADO FINALMENTE LA GUERRA CIVIL? ¿POR QUÉ INTERESA TANTO EN LA ACTUALIDAD?

A principios del siglo XXI, en España ha renacido el interés por la Guerra Civil, algo nada sorprendente. Los ciudadanos siempre se sienten cautivados por los conflictos civiles por los que ha atravesado su país. En realidad desde que se suavizó la censura en 1966, el interés por la Guerra Civil nunca ha decaído y a partir del año 2000 ha vuelto a brotar con fuerza.

La fascinación por ciertas épocas históricas se produce en fases u oleadas; a veces es mayor y otras menor. España ha cambiado tanto que el de la Guerra Civil es un tiempo lejano y exótico que muy pocos recuerdan ya en primera persona. Por eso se ha convertido en un objeto histórico en el estricto sentido del término. Toda una generación de españoles ha nacido y crecido en democracia, con lo que el contraste es aún más intenso. Unos treinta años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania manifestó un interés similar por la historia del Tercer Reich.

Después del año 2000, la diferencia no estriba en el aumento del interés por la historia de la Guerra Civil (que en sí mismo es un fenómeno perfectamente natural), sino en su politización, acompañada de un nuevo énfasis en lo que se ha llamado «la recuperación de la memoria histórica», concebida a veces como un ejercicio erudito y no partidista, pero casi siempre llevada a cabo a costa de estudios históricos serios.

Durante la Guerra Civil, los dos bandos intentaron cambiar de manera drástica y permanente las instituciones, la economía y la cultura del país, aunque en ambos casos los cambios fueron o pudieron haber sido temporales. Las alternativas radicales y autoritarias propuestas por cada uno de ellos contradecían las reglas de la evolución del mundo occidental y jamás habrían podido sostenerse. El autoritarismo colectivista de la República en guerra nunca habría sobrevivido tanto tiempo como el de la Unión Soviética. El régimen franquista sí perduró, pero a costa de continuos compromisos y transacciones que le llevaron a abandonar su visión de las cosas. Cuando Franco murió, los dirigentes más jóvenes de su régimen creían que no podía continuar. Las dos alternativas en conflicto habían llegado a un callejón sin salida.

Después de 1975, todas las grandes fuerzas y sectores de la vida española estuvieron de acuerdo en que el único futuro viable para España pasaba por implantar una democracia pluralista, descentralizada y parlamentaria. Como resultado, se llegó a la única Constitución plenamente consensuada de la historia española, basada en el compromiso y la participación de todos los sectores políticos significativos, salvo los nacionalistas vascos. Durante la Transición, el acuerdo para rechazar los términos de la Guerra Civil fue casi unánime, porque semejante experiencia traumática, combinada con los inmensos cambios sociales y culturales que se habían producido, había vacunado a la sociedad española contra los virus del pasado, ya limitados a unos cuantos sectores patológicos de la vida política.

Al contrario de lo que se ha afirmado veinte años después, nunca existió un «pacto del olvido» o un «pacto de silencio» en lo que respecta a la memoria o la historia de la guerra. En el primer año de la Transición, el país quedó inundado de biografías, libros, monografías y artículos históricos de todo tipo relativos a la República, la Guerra Civil y el primer franquismo. Más que olvidarse de las atrocidades, hubo varias publicaciones consagradas a ellas de forma exclusiva. La mayoría del material representaba el punto de vista de la izquierda, lo que era natural, obvio y deseable considerando la censura y la sesgada historiografía de la dictadura.

El único «pacto» fue un acuerdo general, y a menudo silencioso, de no revivir ni en política ni en la vida pública el estilo o los temas guerracivilistas, ni instrumentalizarlos con fines partidistas. Desde luego, durante la Transición hubo mucho partidismo, pero se concentró en los temas del día a día más que en recuperar las «políticas hereditarias», un comportamiento que más o menos se mantuvo hasta los años noventa. Sólo los nacionalistas vascos siguieron dispuestos a politizar la historia y a «historizar» la política en un sentido partidista.

El primer cambio notable tuvo lugar durante la campaña electoral de 1993, con los socialistas a punto de perder por primera vez en toda una década. Felipe González y otros políticos, en un desesperado intento por debilitar a José María Aznar y al Partido Popular, los estigmatizaron como «criptofranquistas», deseosos de recuperar los peores aspectos de la guerra y la dictadura, todo ello en un estilo que recordaba vagamente a las diatribas contra el fascismo de 1934. Esta campaña de desprestigio era de lo más irónica, pues en los últimos años, Aznar había transformado al Partido Popular, llevándolo hacia el centro, y, sin embargo, surtió efecto entre algunos votantes, permitiendo así que, por un estrecho margen, el más corrupto Gobierno de la historia de España se aferrase al poder tres años más.

Después de 1993, la izquierda demostró una persistente aunque intermitente tendencia a intentar compensar su relativo declive político y su parcial vado ideológico con la recuperación de los recuerdos de la Guerra Civil, utilizándolos para condenar a la derecha. Esta predisposición era aún mayor entre los ex comunistas de Izquierda Unida (o «Izquierda Hundida» como la llamaba Alfonso Guerra), que no cejaron en su empeño por trascender sus propias carencias mediante evocaciones partidistas del pasado, pero también se vio alentada por la notoria debilidad dialéctica y discursiva de la derecha, que seguía siendo fiel al espíritu de la Transición. No cabe duda de que la historia de la izquierda es tan censurable como la de la derecha, pero el Partido Popular se ha abstenido de tomar parte en semejante competición.

En el siglo XXI, el movimiento a favor de la «Recuperación de la Memoria Histórica» ha conseguido atraer la atención de los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. A ello ha contribuido la llegada de las ideas de lo políticamente correcto (importadas de Estados Unidos y del norte de Europa) y la «cultura del victimismo», tan potenciada sobre todo en Norteamérica. A este respecto hay que hacer algunas distinciones entre quienes (como Emilio Silva y los defensores más eruditos de ese movimiento) han intentado llevar a cabo un trabajo histórico y arqueológico serio y no partidista, y los polemistas políticos cuya orientación es sólo sectaria.

Tras su sorprendente victoria en las elecciones de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero introdujo una novedosa forma de izquierdismo en España que ni se parece al antiguo revolucionarismo ni a la socialdemocracia constructiva de Felipe González. Se trata de un nuevo izquierdismo basado en la corrección política internacional y en unas extrañas ideas de multiculturalidad, atomización de la cultura y la sociedad y deconstrucción de España en interés de una especie de ilusorio y renacido frente popular con el que consolidar su poder político.

La «memoria histórica» o «colectiva» es en sí misma un concepto ficticio, un espejismo, porque, hablando con propiedad, tal cosa no existe. La memoria no es ni colectiva ni histórica, sino intrínsecamente personal, individual y, por tanto, subjetiva. En sentido estricto, la Historia es un campo para el estudio erudito cuyo objetivo es ser lo más objetiva posible, lo que suele derivar en inevitables conflictos entre ésta y la memoria. La historia oral investiga los recuerdos individuales para sus propios fines, pero con una metodología que, si se aplica con corrección, tiene en cuenta y controla la subjetividad y las falacias que existen en ellos.

Todas las sociedades y culturas poseen lo que se denomina recuerdos históricos o colectivos; es decir, mitos o leyendas de los que no se ocupa la investigación objetiva. Se trata de construcciones políticas y culturales más o menos exactas, fabricadas por los grupos dominantes. La mayor parte de «la memoria histórica» de la España del siglo XXI ni es memoria ni historia, sino un discurso político elaborado por la izquierda en torno a ciertos incidentes que se interpretan según un esquema partidista. La violencia política y la represión tienen mucho peso en este discurso porque son muy rentables, y se conciben de una forma sesgada y reduccionista. Sin embargo, casi no se presta atención a sus orígenes o a cómo las aplicó la izquierda; por el contrario, se atribuye a Franco el dudoso honor de haberlas inventado y ser el único que las puso en práctica, lo que es justo lo opuesto de adquirir (y no «recuperar», que es un oxímoron) conocimientos acerca de la historia.

La recuperación de los tropos de la guerra por parte de la izquierda de finales del siglo XX también fue lógica, ya que la larga dictadura los había convertido en un evidente objetivo para tales ejercicios. En comparación, cualquier examen de las auténticas alternativas históricas a la dictadura se presenta como recóndito e irrelevante. Uno de los rasgos más sorprendentes de los primeros años del siglo XXI ha sido la forma en que, en ciertos libros, las investigaciones serias han dado paso a un sensacionalismo politizado, dando la impresión de que la historiografía no avanza, sino que retrocede. Aunque haya quienes consideren esta tendencia como el equivalente español al Historikerstreit alemán de los años ochenta y principios de los noventa, éste fue un debate serio, mientras que el español está mucho más influenciado por consideraciones políticas.

Las guerras civiles permanecen vivas en la memoria de los vencidos durante mucho más tiempo que en la de los vencedores. Por ejemplo, a principios del pasado siglo, a los triunfantes Estados del norte ya no les importaba tanto la guerra civil norteamericana, pero su recuerdo continuó presente entre los derrotados sudistas, y allí sigue todavía.

Durante la Transición española, la izquierda se dio cuenta de que, de alguna manera, la opinión pública le exigía que autentificase sus credenciales demócratas y demostrase su moderación y cualquier intento por politizar la historia o utilizar la Guerra Civil con propósitos políticos hubiese sido contraproducente. Sin embargo, cuando perdió el poder (en el año 2000, por mayoría absoluta), cualquier recuerdo real de la guerra ya era lo bastante vago como para que el precio político a pagar por explotar su historia con fines partidistas pareciese insignificante. Por otro lado, esto puede ser un tributo a la estabilidad y longevidad de la democracia en España: se deja que la izquierda reincida en algunos de los errores del pasado de una forma imposible de imaginar si todavía existiesen secuelas del conflicto. Al mismo tiempo, se puede argumentar que en la política española existe una cierta circularidad de tipo «latinoamericano» en la que cada logro político es más difícil de alcanzar de lo que se pensaba. A finales del siglo XX, antes de que Rodríguez Zapatero llegase a la Presidencia, existía el convencimiento de que España había alcanzado un nivel educativo, de desarrollo político y transformación económica que hacía posible trascender ciertos problemas de una vez por todas.

Esta última conclusión es sin duda correcta en el sentido de que la nueva politización del discurso guerracivilista no anuncia el retorno a la guerra civil, sino la apertura de una fase, más partidista e intensa, de conflicto político que deja abierta la cuestión de si este sectarismo será o no capaz de amenazar la propia estabilidad democrática. En palabras de Carlos Dardé, la democracia se basa en «la aceptación del adversario», un valor tan rechazado por la izquierda durante la República que provocó un conflicto civil. Los actuales intentos en España por aprovecharse de la seudohistoria para culpabilizar políticamente al contrario no llegan hasta ese punto; más bien son una táctica diseñada para aumentar el poder de la izquierda. Todavía queda por ver hasta dónde alcanzarán esas tentaciones.

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Pregunta 26

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Pregunta 27

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Pregunta 29

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Pregunta 30

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Pregunta 31

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Pregunta 32

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Pregunta 33

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Pregunta 34

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Pregunta 35

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Pregunta 36

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Pregunta 37

Véase la bibliografía correspondiente a la pregunta 35.

STANLEY GEORGE PAYNE. (Denton, Texas, 9 de septiembre de 1934) es un hispanista estadounidense. Doctor en Historia por la Universidad de Columbia y profesor emérito de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde ostenta la cátedra Hilldale-Jaume Vicens Vives.

También es codirector del Journal of Contemporary History, miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias (American Academy of Arts and Sciences) y, desde 1987, académico correspondiente de la Real Academia Española de la Historia.

Payne escribe con cierta frecuencia artículos de opinión en los periódicos españoles ABC y El Mundo sobre actualidad hispana. También en la Revista de Libros colabora asiduamente con sus ensayos bibliográficos. Con dilatada presencia en el panorama académico español, dirigió en la Universidad de Burgos, en julio del 2005, el curso La represión durante la guerra civil y bajo el franquismo: historia y memoria histórica.

Ha publicado una veintena de libros y más de 150 artículos en revistas especializadas, mayoritariamente sobre la Historia de España. Los primeros libros de Payne, traducidos al castellano en los años sesenta, hubieron de ser publicados en París por la editorial Ruedo Ibérico, ya que eran inaceptables para la censura franquista. Entre los títulos de este autor destacan: Falange. Historia del fascismo español (1965), El nacionalismo vasco. De sus orígenes a la ETA (1974), La primera democracia española: La Segunda República, 1931-1936 (1993), Unión Soviética, comunismo y revolución en España (2003), El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936) (2005), 40 preguntas fundamentales sobre la Guerra Civil (2006), Franco y Hitler. España, Alemania, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto (2008) y España. Una historia única (2012).

El 9 de junio de 2004, la Universidad CEU Cardenal Herrera lo nombró doctor honoris causa. En 2006 Payne fue el director del curso «La guerra civil: conflicto revolucionario y acontecimiento internacional» en la Universidad Rey Juan Carlos, España. En 2009 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. En 2013 ha sido galardonado con el premio Españoles Ejemplares, otorgado por la fundación presidida por Santiago Abascal Conde, DENAES, en la categoría de Arte y Humanidades.

Notas

[1] Del texto de las instrucciones para la insurrección en S. Juliá, ed., Largo Caballero: escritos de la República, citado en P. Moa, Los orígenes de la Guerra Civil española, Madrid, 1999, pp. 404-414. Para consultar facsímiles de las numerosas declaraciones públicas de los socialistas durante 1933-34, véase la segunda parte de P. Moa, 1934: comienza la Guerra Civil. El PSOE y la Esquerra emprenden la contienda, Madrid, 2004. Los escritos de Moa sobre la insurrección han sido objeto de una amplia reprobación, aunque, hasta el momento, ninguno de los datos que presenta ha demostrado ser incorrecto. No obstante, más adelante yo mismo disentiré de una de sus principales interpretaciones. <<

[2] M. Azaña, Mi rebelión en Barcelona, Madrid, 1935, p. 35. <<

[3] G. Jackson, The Spanish Republic and the Civil War 1931-1939, Princeton, 1965, p. 167. <<

[4] Este documento ha sido publicado varias veces. Véase R. de la Cierva, Historia de la Guerra Civil española I. Antecedentes, Madrid, 1969, pp. 769-771. <<

[5] Cita en J. Arrarás, Historia de la Cruzada española, Madrid, 1940, III, p. 49. <<

[6] Cita en F. Ayala Vicente, La violencia política en la provincia de Cáceres durante la Segunda República (1931-1936), Brenes, 2003, p. 157. <<

[7] Cita en el manuscrito no publicado de Melchor Ferrer, «La conspiración militar de 1936 y los carlistas», p. 28. <<

[8] J. Pérez Salas, Guerra en España (1936 a 1939), Ciudad de México, 1947, pp. 82-83. <<

[9] El Dragon Rapide, el avión británico alquilado que debía trasladar a Franco desde Marruecos a Canarias ya había abandonado Inglaterra el 11 de julio, aunque no llegaría a las islas hasta tres días más tarde. No obstante, cuando salió de Inglaterra, Franco todavía no se había decidido a utilizarlo y hasta el día 13 no cambió de opinión. <<

[10] Horacio Prieto, El anarquismo español en la lucha política, París, 1946, p. 7. Hay que matizar esta cita, técnicamente correcta, teniendo en cuenta el hecho de que el poder anarquista se hizo cada vez más pluralista, mientras que el de los bolcheviques no tardaría en volverse totalitario. <<

[11] Carlos M. Rama, La crisis española del siglo XX, Ciudad de México, 1960. <<

[12] Cita en C. Serrano, L’Enjeu espagnol: PCF et guerre d’Espagne, París, 1987, p. 65. <<

[13] E. Malefakis, «La revolución social», en La Guerra de España, 1936-1939, ed. E. Malefakis, Madrid, 1996, p. 319-354. Ramón Tamames ha calculado que la tierra expropiada en la zona republicana llegó a sumar el 60 por ciento de la «tierra sembrada». R. Tamames, La República, era de Franco, Historia de España, Alianza, VII, Madrid, 1975, p. 332. <<

[14] Incluso en plena zona republicana, las variaciones regionales fueron importantes. Por ejemplo, en el País Valenciano, sólo se llegó a expropiar un 14 por ciento de la tierra cultivable, según A. Bosch Sánchez, Ugetistas y libertarios: Guerra Civil y revolución en el País Valenciano 1936-1939, Valencia, 1983, p. 372. Véase también L. Garrido González, F. Quilis Tauri, N. Rodrigo González y J. M. Santacreu Soler, «Las colectivizaciones en la Guerra Civil», en Historia y memoria de la Guerra Civil, ed. Aróstegui, Valladolid, 1988, 2, pp. 63-124. <<

[15] C. Campoamor, La revolución española vista por una republicana, París, 1937, Madrid, 2005, p. 102. <<

[16] El estudio más importante es el de J. Paavolainen, Poliittiset vakivaltaisundet Suomessa, 1918, 2 vols., Helsinki, 1967. En España hubo más bajas militares que víctimas de la represión (aunque el número de las primeras no fue tan superior), lo que no fue el caso de Finlandia, donde se produjeron 31 000 muertes totales. Las militares no superaron las 6000-7000 y la represión que llevaron a cabo los rojos finlandeses no costó la vida a más de 2000 o 3000 personas. La represión de los blancos, por su parte, arrojó un balance de 20 000 muertes, entre las que unas 8200 personas murieron directamente asesinadas y otras 11 800 en los campos de concentración. Véase también A. F. Upton, The Finnish Revolution, Minneapolis, Minnesota, 1980. <<

[17] E. Nolte, La guerra civil europea, 1917-1945, Ciudad de México, 1994, p. 239. <<

[18] D. Wilkinson, Revolutionary War: The Elements of Victory and Defeat, Palo Alto, California, 1975, p. 59. <<

[19] Del texto de la reunión del Comité Nacional de la CNT en Madrid el 8 de noviembre de 1936, citado al completo en J. Reverte, La batalla de Madrid, Madrid, 2004, pp. 577-581. <<

[20] Existen diversos estudios acerca de esta atrocidad, entre ellos el más reciente y mejor es el de C. Vidal, Paracuellos-Katyn: un ensayo sobre el genocidio de la izquierda, Madrid, 2005. <<

[21] Respecto a este incidente, véase el mencionado estudio de C. Vidal, pp. 207-213, e I. Gibson, Paracuellos: cómo fue, Barcelona, 1983. <<

[22] J. de la Cueva, «Religious Persecution, Anticlerical Tradition and Revolution: On Atrocities against the Clergy during the Spanish Civil War», Journal of Contemporary History, 33:3, 1988, pp. 355-369. <<

[23] Cita en V. Palacio Atard, Cinco historias de la República y de la Guerra, Madrid, 1973, pp. 111-112. <<

[24] La idea de que el 18 de julio fue una «rebelión de los generales» es inexacta en el sentido de que la mayor parte de aquéllos con mando no llegaron a sublevarse. Sólo 7 de los 27 generales de alto rango lo hicieron, incluyendo a 4 de los 21 que tenían mando activo y a 3 de los 12 generales de división. Esto varió sólo a nivel de los 35 generales de brigada, de los que se sublevaron 20. A este respecto, la confianza de Azaña y Casares Quiroga en la mayoría de los generales con mando estuvo justificada, aunque no supieron valorar la determinación y dinamismo de los oficiales más jóvenes a la hora de incorporar sus unidades a la sublevación. <<

[25] J. M. Iribarren, Con el general Mola, Zaragoza, 1937, p. 122. <<

[26] The Times, Londres, 11 de agosto de 1936. <<

[27] A. Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, Barcelona, 1981, p. 31. <<

[28] Cita en L. Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, Madrid, 1984, II, p. 113. <<

[29] Cita en B. Bolloten, La Guerra Civil española: revolución y contrarrevolución, Barcelona, 1977, p. 423. <<

[30] Cada una de las Brigadas Mixtas estaba compuesta por cuatro batallones de infantería, un escuadrón de caballería, un grupo de artillería, una compañía mixta de ingenieros, una unidad médica, una sección de intendencia y una unidad que se ocupaba de las municiones, lo que arrojaba un total de 3876 hombres, al mando de 162 oficiales y 249 suboficiales. <<

[31] J. M. Martínez Brande, dir., La marcha sobre Madrid, Madrid, 1968, p. 314. <<

[32] W. Herrick, Jumping the Line, Madison, Wisconsin, 1998, p. 16. <<

[33] Cita en B. Bolloten, La Guerra Civil española: revolución y contrarrevolución, Madrid, 1989, p. 464. <<

[34] Cita en ídem. <<

[35] I. Montanelli, Soltanto un giornalista, Milán, 2002, p. 37. <<

[36] G. Ciano, Diario, Milán, 1996, pp. 103 y 164. <<

[37] Cita en A. Viñas, La Alemania nazi y el 18 de Julio, Madrid, 1977, p. 363. <<

[38] R. W. Whealey, Hitler and Spain: The Nazi Role in the Spanish Civil War 1936-1939, Lexington, Kentucky, 1989, pp. 54-55. <<

[39] Cita en M. Merkes, Die deutsche Politik gegenüber dem spanischen Bürgerkrieg, 1936-1939, Bonn, 1969, pp. 112-113. <<

[40] Cita en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: La Internacional Comunista y España, 1919-1939, Barcelona, 1999, p. 321. <<

[41] Según se cita en A. I. Sobolev y otros, Outline History of the Communist Internacional, Moscú, 1971, pp. 416-417 y p. 436. <<

[42] Elorza y Bizcarrondo, op. cit., p. 321. <<

[43] International Press Correspondance 16, n. 48, 24 de octubre de 1936, pp. 1292-1295. <<

[44] Cita en J. Degras, ed., Soviet Documents on Foreign Policy, Oxford, 1953, III, p. 212. <<

[45] El acrónimo significa Comisariado Popular para Asuntos Internos que, entre otras cosas, se ocupaba de la policía soviética y de los asuntos de seguridad. <<

[46] Cita en J. Costello y O. Tsarev, Deadly Illusions, Nueva York, 1993, p. 272. <<

[47] M. Habeck, R. Radosh y G. Sevostianov, Spain Betrayed: The Soviet Union in the Spanish Civil War, New Haven, 2001, pp. 55 y 60. Rossiiskaya Akademiya Nauk, Komintern i grazhdanskaya voina v Ispanii, Moscú, 2001, pp. 149-171. <<

[48] Publicado como folleto con el título El proletariado español ante la revolución en marcha, e impreso de nuevo en A. Nin, Los problemas de la revolución española, París, 1971, pp. 173-191. <<

[49] La batalla, Barcelona, 18 de septiembre de 1936. <<

[50] El texto original en francés apareció completo por primera vez en la obra de S. de Madariaga, Spain: A Modern History, Nueva York, 1958, pp. 672-674. <<

[51] De la fotocopia del original en francés recogido en la obra de Dolores Ibárruri y otros, Guerra y revolución en España, 1936-39, Moscú, 1966, II, pp. 102-103. <<

[52] Este discurso se ha vuelto a imprimir en numerosas ocasiones, la última en J. Díaz, La Guerra y el Frente Popular, Madrid, 1990, pp. 37-131. <<

[53] Cita en J. A. Sánchez Asiaín, Economía y finanzas en la Guerra Civil española (1936-1939), Madrid, 1999, p. 52. <<

[54] A. Orlov, «How Stalin Relieved Spain of $ 600,000,000», Reader’s Digest, diciembre de 1966, pp. 32-43. <<

[55] Ídem. <<

[56] Según el testimonio de Orlov ante el Senado de Estados Unidos. Congreso de Estados Unidos, Senado, Scope of Soviet Activity, pp. 3433-3334, recogido en B. Bolloten, La guerra civil española: revolución y contrarrevolución, Barcelona, 1989, p. 281. <<

[57] Á. Viñas, El oro español en la guerra civil, Madrid, 1976, p. 187. Esta afirmación se omitió en la edición revisada. <<

[58] W. Krivitsky, In Stalin’s Secret Service, Nueva York, 1939, pp. 87-88. <<

[59] Cita en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: la Internacional Comunista y España, 1919-1939, Barcelona, 1999, p. 342. <<

[60] J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, México D.F., 1973, p. 751. <<

[61] Cita en M. Habeck, R. Radosh y G. Sevostianov, Spain Betrayed: The Soviet Union and the Spanish Civil War, New Haven, 2001, pp. 219-220. <<

[62] Ídem, pp. 389-390. <<

[63] P. Togliatti, Escritos sobre la guerra de España, Barcelona, 1980, p. 229. <<

[64] P. Togliatti, op. cit., pp. 231 y 234. <<

[65] Ídem, p. 154. <<

[66] J. Martínez Amutio, Chantaje a un pueblo, Madrid, 1974, p. 368. <<

[67] P. Togliatti, op. cit., p. 231. <<

[68] En una carta dirigida a Bolloten, La guerra civil, p. 589. <<

[69] En su informe del 25 de noviembre de 1937, en P. Togliatti, op. cit., p. 154. <<

[70] Bolloten, La guerra civil, p. 591. <<

[71] H. Thomas, The Spanish Civil War, Nueva York, 1986, p. 669. <<

[72] J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, México D.F., 1973, p. 855. <<

[73] J. Zugazagoitia, Historia de la guerra de España, Buenos Aires, 1940, pp. 428-429. <<

[74] Roberto Cantalupo, el primer embajador italiano, se mostró muy critico con lo que él creía la lentitud y falta de imaginación de Franco. En sus memorias afirma que, cuando se reunieron por última vez el 4 de abril de 1937, éste le dijo: «Debemos realizar la tarea, necesariamente lenta, de redención y pacificación, sin la cual la ocupación militar sería totalmente inútil. La redención moral de las zonas ocupadas será larga y difícil, porque en España las raíces del anarquismo son antiguas y profundas… Ocuparé España ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, ferrocarril a ferrocarril… Nada me hará abandonar este programa gradual. Me dará menos gloria, pero mayor paz en el interior». R. Cantalupo, Fu la Spagna. Ambasciata presso Franco. Febbraio-Aprile 1937, Milán, 1948, p. 231.

Por supuesto, ésta no es una cita auténtica, sino la presentación de Cantalupo de lo que creyó que era, o deseaba que se percibiera, como la posición de Franco. Más tarde Franco le contaría casi lo mismo al general italiano Emilio Faldella y éste se lo confirmó personalmente al historiador americano John Coverdale, quien lo recogió en La intervención fascista en la guerra civil española, Madrid, 1979, p. 264. <<

[75] Cita en R. Radosh y otros, eds., Spain Betrayed: The Soviet Union and the Spanish Civil War, New Haven, 2001, p. 298. <<

[76] Memorándum del ejército republicano, redactado por Rojo y citado en J. M. Martínez Bande, La ofensiva sobre Segovia y la batalla de Brunete, Madrid, 1973, p. 192. <<

[77] En 1938, los republicanos se vieron obligados a enviar a muchas de sus unidades a zonas de Badajoz, Toledo y Ciudad Real para reprimir a las partidas de «prófugos, desertores y elementos desafectos al régimen que, armados de escopetas, algunos de fusiles e, incluso se dice, de algunas armas automáticas, viven de los recursos naturales del terreno que ocupan y amparados por la complicidad de la mayor parte de la población civil» según un informe enviado por el general Escobar a Miaja, citado en R. y J. M. Salas Larrazábal, Historia general de la guerra de España, Madrid, 1986, p. 358. <<

[78] Fundación Pablo Iglesias, XXIV, en P. Moa, Una historia chocante: los nacionalismos vasco y catalán en la historia contemporánea de España, Madrid, 2004, p. 391. <<

[79] Ídem, p. 393. <<

[80] En dos largas conversaciones que mantuvimos en la antigua Délégation d’Euzkadi, en la Rive Droite parisina, en septiembre de 1958 y mayo de 1959, el atractivo y simpático Aguirre me dijo con toda franqueza que la opinión pública del País Vasco en 1936 estaba triangulada: un tercio apoyaba a los nacionalistas, otro a la izquierda española y otro a la derecha. <<

[81] P. Moa, op. cit., p. 433. <<

[82] L’Afrique Française (abril, 1937), p. 213, citado en S. Fleming, «Spanish Morocco and the Alzamiento Nacional, 1936-1939: The Military, Economic and Political Mobilization of a Protectorate», Journal of Contemporary History, 18, 1983, pp. 27-42. <<

[83] J. A. González Alcantud, ed., Marruecos en la guerra civil española: campos equívocos, Granada, 2003, p. 35. <<

[84] González Alcantud, op. cit., p. 11. <<

[85] R. y J. M. Salas Larrazábal, Historia general de la guerra de España, Madrid, 1986, p. 84. <<

[86] F. Franco, Palabras del Caudillo, Madrid, 1943, p. 167. <<

[87] R. Serrano Súñer, Entre Hendaya y Gibraltar, México D.F., 1947, p. 60. <<

[88] Informe de Eberhard von Stohrer, de 19 de mayo de 1938, en Documents on German Foreign Policy, Washington D.C., 1950, Serie D, vol. 3, pp. 657-663. <<

[89] Cita en J. Chao Rego, La Iglesia en el franquismo, Madrid, 1976, p. 26. <<

[90] D. Ibárruri, El único camino, París, 1962, p. 436. <<

[91] Nuestra Bandera, 23 de diciembre de 1947, pp. 1027-1049. <<

[92] Guerra y revolución en España (1936-1939), Moscú, 1966, I, pp. 256-258. <<

[93] J. Sandoval y M. Azcárate, Spain 1936-1939, Londres, 1963, p. 85. <<

[94] Cita en W. Solano, El POUM en la historia: Andreu Nin y la revolución española, Madrid, 1999. <<

[95] S. Carrillo, El comunismo a pesar de todo. Cita en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: la Internacional Comunista y España, 1919-1939, Barcelona, 1999, p. 348. <<

[96] J. Díaz, Tres años de lucha, Barcelona, 1978, 1, pp. 11-14. <<

[97] K. L. Maidansky, Ispanskii proletariat v natsionalno-revoliutsionnoi voine, Moscú, 1960, p. 3. <<

[98] Kommunisticheskii Internatsional: Kratkii istorichieskii ocherk, Moscú, 1969, p. 444. Cita en B. Bolloten, The Spanish Civil War: Revolution and Counterrevolution, Chapel Hill, 1991, p. 315. <<

[99] A. A. Grechko, ed., Istoriya vtoroi mirovoi voiny, 1939-1945, Moscú, 1974, II, p. 51. <<

[100] P. y A. Sudoplatov, con J. L. y L. P. Schechter, Special Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness, A Soviet Spymaster, Boston, 1995, p. 30. <<

[101] D. T. Cattell, Communism and the Spanish Civil War, Berkeley, 1956, p. 211. <<

[102] F. Furet, El pasado de una ilusión: ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX, México D.F., 1995, pp. 296-297. <<

[103] R. Radosh, M. Habeck y G. Sevostianov, Spain Betrayed: The Soviet Union and the Spanish Civil War, Nueva York, 2001, p. XXIII. <<

[104] Cita en F. Montiel, «España fue una república popular y volverá a serla», Nuestra Bandera, 23 de diciembre de 1947, pp. 1027-1049. <<

[105] Ídem. <<

[106] J. Dimitrov, Obras escogidas, Madrid, 1977, II, pp. 64-65, 78, 176-178, 690, citado en Elorza y Bizcarrondo, p. 510. <<

[107] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: la Internacional Comunista y España, 1919-1939, Barcelona, 1999, p. 426. <<

[108] R. Radosh, M. Habeck y G. Sevostianov, eds., Spain Betrayed: The Soviet Union in the Spanish Civil War, New Haven, 2001, p. 498. <<

[109] Ídem, pp. 499-500. <<

[110] Elorza y Bizcarrondo, op. cit., p. 427. <<

[111] A. L. Encinas, ed., Las causas de la derrota de la República española: informe elaborado por Stoyán Mínev (Stepánov), Delegado en España de la Komintern (1937-1939), Madrid, 2003, p. 169. <<

[112] F. F. Montiel, Un coronel llamado Segismundo: mentiras y misterios de la guerra de Stalin en España, Madrid, 1998. <<

[113] Departamento de Estado de Estados Unidos, Documents on German Foreign Policy, Washington D.C., 1959, Serie D, 3, pp. 698-699. <<

[114] Ídem, 3, pp. 713-715. <<

[115] Cita en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: la Internacional Comunista y España (1919-1939), Barcelona, 1999, p. 424. <<

[116] R. Radosh, M. Habeck y G. Sevostianov, Spain Betrayed: The Soviet Union in the Spanish Civil War, New Haven, 2001, pp. 503-511. <<

[117] Elorza y Bizcarrondo, op. cit., p. 432. <<

[118] Elorza y Bizcarrondo, op. cit., p. 437. <<

[119] Manuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, Barcelona, 2005, p. 294. <<

[120] J. M. Solé Sabaté, La repressió franquista a Catalunya 1938-1953, Barcelona, 1985, p. 268. «La represión es constante, periódica, metódica y regular. No tiene un carácter arbitrario, aunque a menudo lo parezca. Se puede tener miedo a la represión, pero ésta es selectiva y racional». (N. de la T.) <<

[121] M. Habeck, Storm of Steel: The development of Armor Doctrine in Germany and the Soviet Union (de próxima publicación), pp. 344-345 y «Dress Rehearsals, 1937-1941», en R. Higham y F. W. Kagan, eds., The Military History of the Soviet Union, Londres, 2000, pp. 93-108. <<

[122] O. Sarin y L. Dvoretsky, Alien Wars: The Soviet Union’s Aggressions against the World, 1919 to 1989, Novato, Cafornia, 1996, p. 3. <<

[123] Cita en N. S. Lebedeva y M. M. Narinski, eds., Komintern i vtoraia mirovaia voina, Moscú, 1998, I, pp. 10-11. <<

[124] Cita en A. C. Brown y C. B. MacDonald, On a Field of Red: The Communist International and the Coming of World War II, Nueva York, 1981, p. 508. <<

[125] P. Renouvin, Histoire des relations internationales, París, 1965, 8, p. 112. <<

[126] W. C. Frank Jr., «The Spanish Civil War and the Coming of the Second World War», The International History Review, 9:3, agosto, 1987, pp. 368-409. <<

[127] J. McLellan, Antifascism and Memory in East Germany: Remembering the International Brigadas, Oxford, 2004; A. Kramer, «The Cult of the Spanish Civil War in East Germany», Journal of Contemporary History, 39:4, octubre, 2004, pp. 531-560. <<

[128] Según Albert Speer, Spandau, Nueva York, 1967, p. 167, citado en R. H. Whealey, Hitler and Spain: The Nazi Role in the Spanish Civil War, Lexington, Ken., 1989, p. 28. <<

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