El lugar: Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en la frontera de México con Estados Unidos. La historia: una ola de crímenes brutales absolutamente real. Esta crónica periodística indaga en los bárbaros asesinatos en serie cometidos en esa zona y repetidos año tras años, incluyendo niñas violadas y torturadas, cuyos cadáveres son arrojados al desierto. Un rastro de sangre que conduce a una trama de complicidades y silencios entre homicidas, policías, autoridades locales, ciudadanos prominentes y el gobierno de la República al más alto nivel. Un libro-denuncia de una realidad escalofriante.

Sergio González Rodríguez

Huesos en el desierto

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Unsot 21.02.2020

Título original: Huesos en el desierto

Sergio González Rodríguez, 2018

Editor digital: Unsot

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Agradecimientos

El autor agradece la comprensión de los directivos del periódico Reforma que, a lo largo de seis años, aceptaron publicar los artículos y reportajes que son la semilla de este libro: Alejandro Junco de la Vega, Lázaro Ríos, René Delgado, Roberto Zamarripa, Rosa María Villarreal, Enrique Quintana y Homero Fernández.

Este libro habría sido imposible de realizar sin la ayuda directa de Rossana Fuentes Berain, Luis Enrique López, Salvador Camarena, Dinorah Basáñez y Beatriz de León.

Además, el autor reconoce las aportaciones de Diana Washington Valdez, Esther Chávez Cano, Irene Blanco, Oscar Máynez, Sergio Melgar, Alfredo Limas Hernández, Israel Covarrubias González, Marisela Ortega, Rosa Isela Pérez, Arsène van Nierop, Luis Gómez, Jorge Carrasco, Julieta García González, Luis Barquera, María Luisa Pérez, Martha Trejo, Rafael Ruiz Harrell, María de Jesús García, Raymundo Riva Palacio, Miguel Sarre, Mauricio Montiel Figueiras, Luz Emilia Aguilar, Juan Villoro, Ricardo Cayuela, Fabrizio Mejía Madrid, Julio Trujillo y Roberto Bolaño.

El autor agradece también el apoyo de Carlos Monsiváis, Gabriel Zaid, Enrique Krauze, Sergio Pitol, Gloria Pérez Jácome, Christopher Domínguez Michael, Antonio Saborit, Alfonso Morales, Gerardo de la Concha, Ilán Semo, Leonardo Tarifeño, Guillermo J. Fadanelli, Yolanda Martínez, Norma Lazo, Aurora Tejeda, Alberto Román, Delia Juárez, Rafael Pérez Gay, César Silva Gamboa, Adolfo Castañón, Xavier Guzmán Urbiola, Carlos Silva, Héctor Manjarrez, Alberto Paredes, Gerardo Ochoa Sandy, Benjamín Mayer, Luis Franco Ramos, Ignacio Herrera Cruz, Rafael Aviña, José Xavier Navar, Patricia Nettel, Guadalupe Sánchez Nettel, Héctor de Mauleón, Mónica Nepote, Manuel Verduzco, Gabriela Pereda, Elizabeth Bellon, David Lida y Lorea Canales.

Asimismo, Roberto Diego Ortega, Rocío del Vecchio, Lligany Lomelí, Luz María Martínez, Araceli Friscione, Bernardo Esquinca, Enrique Blanc, Elda González Valdez, Silvia Cherem, Anamari Gomís, Auxilio Alcantar, Marcela Rivas, Rogelio Carvajal, Miriam Mabel Martínez, Fernando de Ita, Ixchel Delgado Jordá, Julia Tuñón, Gabriel Santander, Olga García Tavares, Juan Veledíaz, Maricela Ramos, Arturo Mendoza Mociño, Miguel Icaza, Andrés Tapia, Patricia Gola, Ana Rosa González Matute, Gabriel Bernal Granados, Benjamín Anaya, Ricardo Pohlenz, Teresa Arciniega, Enrique Portilla Fuentes, Daniel Toscano, Mauricio Hammer, Carlos Martínez Rentería, Claudia Guillén, Alana Gómez, Miguel Ángel Morales, Maricarmen Rion, Miriam Audiffred, Rodrigo Rodríguez, Andrea Medina, Anel González y Álvaro Uribe.

Por último, el autor expresa la gratitud más especial a sus hermanas: Magdalena, Margarita (†), Clara, Victoria, Elia, Ana Laura, así como a su padre José de Jesús (†), a Marta López de González, y a sus hermanos Jesús (†), Javier, Carlos, Pablo, Vicente, y a sus sobrinos (Jesús, Juan Carlos, Iván, Omar, Mauricio, Adrián, Javier, Jesús Fernando), sobrinas (Laura Andrea, Gloria, Gabriela Margarita, Karla, Charleen, Kim), a María Antonieta Aceves, Mayra Medina de González, Javier Ortega, Jorge Cervantes y el resto de sus familiares y amigos.

Lege rubrum si vis intelligere nigram (Lee lo anotado en rojo si quieres entender lo escrito en negro).

Proverbio europeo del siglo XV

—De modo que cabe sospechar que existe una Constitución no escrita cuyo primer artículo rezaría: la seguridad del poder se basa en la inseguridad de los ciudadanos.

—De todos los ciudadanos: incluidos los que, al difundir la inseguridad, se creen seguros… Y ahí está la estupidez de que le hablaba.

—Así que estamos atrapados en una farsa…

LEONARDO SCIASCIA, El caballero y la muerte

Prólogo a la tercera edición

Han pasado trece años desde que comenzó a denunciarse el fenómeno de los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez.

Ni el Estado mexicano como tal ni el gobierno en distintas etapas han enfrentado el reto a la altura de su responsabilidad. La máquina de olvido y exterminio ha continuado. Ésta es la materia de Huesos en el desierto.

El 2 de mayo de 2005, desapareció Edith Aranda Longoria, de 22 años, mientras caminaba en el centro de aquella urbe. A la fecha, nada se sabe de ella. El mismo día, fue allá secuestrada Airis Estrella Enríquez Pando en una calle cercana a su casa. Se halló su cadáver el 15 de mayo dentro de un recipiente de plástico relleno de cemento. Sufrió ataque y mutilación sexuales. Tenía 7 años de edad.

Al día siguiente, el 6 de mayo, Anahí Orozco Lorenzo sufrió ataque sexual en su casa. Murió de asfixia. Después, la casa fue quemada; de inmediato, las autoridades detuvieron e inculparon a un sujeto, que negó los cargos. La víctima tenía 10 años de edad.

El informe de un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que visitó aquella frontera en el otoño de 2003 había apuntado: «Un total de 328 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez durante el periodo 19932003. De este total, 86 homicidios dolosos han sido perpetrados con violencia sexual». En 2005, un estudio académico de El Colegio de la Frontera Norte para el Instituto Nacional de las Mujeres elevó la cifra de 86 a 142 víctimas.

Allí estarían lo que algunos especialistas identifican como asesinatos en serie, que permanecen impunes. Aquel informe de la ONU lamenta «la incapacidad relativa del Estado de resolver estos casos de manera adecuada». ¿Cuál sería la verdadera causa de la ineptitud? Se sabe que detrás de tales crímenes hay gente poderosa.

A lo largo de los años, el gobierno mexicano ha protegido a los asesinos y a quienes los patrocinan cuantas veces ha sido necesario. Huesos en el desierto lo demuestra.

Las autoridades de Chihuahua, a quienes por ley corresponde enfrentar en primer orden estos hechos, han escenificado un permanente teatro de simulaciones. Con la complicidad de algunos jueces locales, han recurrido a la invención de culpables para «resolver» sin pesquisa alguna los casos.

Estas autoridades han hostigado también a grupos civiles que defienden a las víctimas de la violencia extrema en Ciudad Juárez. En especial, se ha atacado al grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que desde 2002 defiende una postura crítica, de fuerte resonancia internacional, en la exigencia de justicia para las víctimas. El gobierno federal ha tolerado este acoso.

Algo semejante padecieron abogados, académicos, estudiantes, funcionarios, ciudadanos y periodistas que critican las versiones oficiales.

En los últimos años, México se derrumbó en la peor crisis institucional de su historia contemporánea. El fracaso de sus instituciones se origina en la corrupción generalizada; en particular, la que trajeron consigo los acuerdos del poder público con el narcotráfico, que se remontan a la década de los años ochentas del siglo XX.

El gobierno de «cambio» de Vicente Fox Quesada del Partido Acción Nacional (PAN) anunció el ocaso de los grandes cárteles de la droga en México. En realidad, ha perseguido a varios grupos delincuenciales mientras permanecen intocables las actividades del más importante de todos: el Cártel de Juárez. Esto ha ocasionado, entre los criminales y contra el gobierno, la ola creciente de violencia y venganzas clandestinas en el país a partir de 2003.

En la última década, aumentó como nunca antes la delincuencia y el crimen organizado, lo que se entrelazó con la agresión tradicional de los hombres contra las mujeres, además de que el narcotráfico implica una estructura patriarcal y caciquil, cuyo accionar se funda en el uso cotidiano de la violencia que ejerce incluso contra mujeres y niños.

En este lapso, México dejó de ser un país de tránsito del narcotráfico para convertirse en un territorio con un consumo creciente de drogas duras. Las instituciones del gobierno, en consecuencia, se debilitaron al grado de dar la espalda al Estado de Derecho.

El deseo de una «transición» incruenta a la democracia se desmoronó, y los presuntos logros de este proceso que privilegia una idea de la política como suma de procedimientos y reformas legislativas, en sí impracticables debido al alto índice de corrupción del sistema judicial, han mostrado su fragilidad ante aquella barbarie que se esconde bajo el hecho de tener comicios vigilados en forma parcial y alternancia de partidos en el poder político. Así, las gestiones de gobierno tienden a reproducir vicios e inercias del pasado.

El desgobierno y la paralegalidad —el sesgo de prácticas que oscilan entre lo legal y lo ilegal a la luz pública— lucen como emblemas de una falsa democracia, en la que el narcotráfico implica un factor inherente al sistema político, y de ninguna manera algo externo a éste, como tiende a decirse, o a creerse.

Por su parte, la Procuraduría General de la República, el órgano de justicia federal, se ha negado a asumir la investigación completa de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez: los considera sólo delitos de fuero común y de índole local, derivados de la «violencia intrafamiliar», o bien, como definen las autoridades de Chihuahua, «crímenes pasionales». Sólo ha aceptado colaborar con asistencia técnica-jurídica, ya que argumenta que aquellos crímenes son competencia del gobierno estatal, a pesar de la incompetencia real y formal que este gobierno ha mostrado, y de que existen fuertes indicios de delitos conexos de tipo federal.

Las víctimas de homicidios de extrema violencia en Ciudad Juárez padecen crímenes contra la humanidad. Además del racismo, la prepotencia social y el odio de género contra muchas de las asesinadas, sufrieron también violación, un delito equiparable a la tortura de acuerdo con el estatuto de la Corte Penal Internacional.

Ni siquiera por esto se ha visto una reacción idónea en el gobierno, que presume cumplir ordenamientos internacionales en la materia y que, de acuerdo con la ONU, ha sido incapaz de reducir su déficit en agresiones a los derechos humanos.

La frontera juarense sería uno de los lugares más peligrosos para las mujeres en todo el mundo. Sin duda, lo ha sido de México y de Estados Unidos. Por ejemplo, en el año 2000 presentaba un índice de homicidios contra mujeres 5, 8 veces superior respecto de los reportados a nivel mundial.

Con el fin de contrarrestar la «mala imagen» en aquella frontera, un grupo de empresarios locales emitió en mayo de 2004, con la asesoría de la empresa española Socintec, un llamado «Plan Estratégico de Juárez», que contempla, aparte de una propuesta para mejorar la infraestructura urbana, una tarea de «marketing e imagen de la ciudad», entre otras similares. Cuando la realidad importa menos que la apariencia, algo indecible se pretende encubrir.

Aquella urbe fronteriza condensa un mal expansivo.

El asunto de los homicidios en serie contra mujeres se vincula en forma directa con el narcotráfico allá asentado y su enorme poder corruptor, económico-político, que lleva consigo una industria anexa: el «lavado de dinero». En 2003, la transferencia de dinero a México por operaciones de procedencia ilícita importó 24 mil millones de dólares.

Tanto las autoridades del estado de Chihuahua como las federales han disimulado estos hechos, sobre los que abundan evidencias, datos, testimonios e indicios precisos de distintas personas y funcionarios de Estados Unidos y de México, y que habla de las asociaciones delictuosas, de la delincuencia organizada de alto nivel.

El centenar de homicidios de extrema violencia sexual contra mujeres detectado por expertos en Ciudad Juárez —así como el medio millar de desaparecidas allá en los últimos años de acuerdo con Amnistía Internacional (AI), si bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contabiliza 4000 denuncias por desaparición de mujeres en dicha urbe— muestra el perfil nítido de crímenes contra la humanidad.

En 2003, hubo al menos 24 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez; en 2004, se registraron 21 casos. Si bien se ha reducido la aparición de cuerpos en los últimos años, se teme que ahora los asesinos hayan recurrido a métodos especiales para deshacerse de los restos de las víctimas. Por ejemplo, las descuartizan y las arrojan a los cerdos en un rancho, como ha informado un funcionario del Federal Bureau of Investigations (FBI) en El Paso, Texas.

Varios críticos de los resultados del gobierno han recibido también amenazas de muerte o desaparición con el fin de que abandonen sus cuestionamientos, o indaguen los hechos. Tal ha sido el caso del autor de Huesos en el desierto.

En este libro lo narrativo es primordial, y tiene su propia importancia como método expositivo en el ámbito jurídico. Para explicarlo están las palabras del jurista español José Calvo en su obra Derecho y narración, cuando apunta que la narración es «una forma de razonamiento, y no la menor precisamente», debido a que:

«Entre nosotros ya lo anotó José Ortega y Gasset: “La narración es una forma de la razón en el sentido más superlativo de este nombre —una forma de la razón al lado y frente a la razón física, la razón matemática y la razón lógica— […] no consiste en inducir ni en deducir, sino lisamente en narrar, es la única capaz de entender las realidades humanas”».

E incluso algo más, precisa el propio José Calvo: «Cabe caracterizarla como un modelo de argumentación ético y moral pues, como se ha recordado todavía no hace mucho, “argumento significa tanto razonamiento lógico como estructura narrativa”».

Allí estaría también el sentido literario que persigue Huesos en el desierto. Cada parte descrita se vierte en la totalidad, y la crónica se alterna con el ensayo. A su vez, el testimonio de las víctimas o sobre ellas fundamenta el análisis, y la intuición o el dato busca transformarse en un detalle reflexivo hacia un entendimiento de la literatura en la que lo real es trágico.

El libro acudiría entonces a las reflexiones del narrador estadounidense Cormac McCarthy en Ciudades de la llanura, que traduce la grieta fronteriza entre Estados Unidos y Ciudad Juárez, donde «la probabilidad de lo real es absoluta. Y el que no tengamos poder para adivinarlo de antemano no lo hace menos cierto. El que podamos imaginar historias alternativas no significa nada…».

O muy poco, podría decirse sin exagerar hasta lo absurdo. Quizás lo suficiente para saber que, sin embargo, la literatura debe persistir en su caligrafía de los sueños y los deseos que pugna por contrarrestar la fatalidad, al sólo narrarla.

En México, es muy peligroso indagar los nexos del poder político y el crimen organizado, pero no tanto como el hecho de ser una mujer y vivir en una sociedad que, día tras día, descubre cuánto su rostro tiende a multiplicar en otras partes la desolación de Ciudad Juárez.

Prefacio

Al inicio del siglo XXI en México, por cada nueve hombres víctimas de homicidio doloso se mata a una mujer; en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera norte con Estados Unidos, la proporción aumenta a cuatro asesinadas.

De acuerdo con las autoridades, están resueltos en un 80% los más de 300 homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez de la última década.

Y los culpables, presos.

El revuelo y la curiosidad de la prensa nacional e internacional son, a su juicio, exagerados e inexplicables, tanto como las denuncias insistentes de las organizaciones civiles desde 1993.

Pero surgen las dudas detrás del criterio oficial.

Se distingue allí el efecto decisivo de las acciones y omisiones de las autoridades: su imposibilidad de hacer cumplir la ley o aplicar la justicia. El fracaso de las promesas en torno de un cambio en México, la zanja entre el país formal y el país real. O la ofensa extrema contra los derechos humanos.

Este libro entrecruza documentos y testimonios múltiples de un suceso que se ubica en el límite de lo delincuencial y el femicidio: entre aquellos crímenes, está detectada la existencia de un centenar de asesinatos en serie.

Una orgía sacrificial de cariz misógino propiciada por las autoridades: los responsables estarían libres, a la sombra de una pirámide corrupta que tiene su base en la ineficacia policíaca y los delitos impunes en un índice de casi ciento por ciento en la República mexicana.

Más allá de las cifras, semejantes crímenes dejan traslucir dos hechos de análoga gravedad ahora y hacia el futuro: la inadvertencia o amnesia global ante un fenómeno extremo de signo anárquico; y el impulso de normalizar la barbarie en las sociedades contemporáneas.

Aquí están las claves para comprender y resolver a fondo los homicidios. En este instante, quizás se consuma otro asesinato más de aquéllos.

1. La dimensión desconocida

Hubo en el origen un deslizamiento fuera de los límites.

Entre 1993 y 1995, los cadáveres de 30 mujeres víctimas de homicidios dolosos en Ciudad Juárez, Chihuahua, formaban parte de una trama compleja de violencia sexual, cantinas, bares, bandas delincuenciales e inculpaciones mutuas entre diversos protagonistas de la vida colectiva.

Era el núcleo de una sociedad desgarrada que comenzaba a confrontar sus flaquezas culturales. Y hacía del espacio público la arena de sus diferencias y contrastes extremos. La sobrepoblación, la penuria urbana, la violencia externa o intrafamiliar, las inercias de género —presentes en muchas otras partes de la República mexicana— transformaban lo cotidiano en una pesadilla singular. Sobre todo para las mujeres, la mitad de la población, poco más de 400 000 de ellas.

Cualquier frontera del norte de México conforma un territorio idóneo que urde el anonimato radical de los migrantes. Para los menos de ellos, la «línea» fronteriza implica una nueva identidad, para los más, aquélla encarna la experiencia del tránsito de México hacia Estados Unidos, la pérdida de la identidad natal y la búsqueda de otra nueva, volátil, proclive a enfrentar riesgos. Una golpiza policíaca, estafas, robos, cohechos, o hasta la muerte.

La promesa de mejoría que entraña lo peor. El anverso y el reverso de la violencia: la casa y la calle.

En 1995, se reportaron en Ciudad Juárez 1307 delitos sexuales, de los que el 14.5% fueron violaciones a mujeres, poco menos de 200. Durante el primer trimestre de 1996, el número de delitos reportados aumentó 35% respecto del año anterior.

Asimismo, a mediados de los años noventa, las autoridades reconocían la existencia de 400 pandillas urbanas que tendían a contender con las imposibilidades policíacas.

—A twilight zone…, una dimensión crepuscular, desconocida —señalaba Robert K. Ressler al describir la frontera en entrevista con Rossana Fuentes Berain para el diario Reforma, de la Ciudad de México. E incluía en este rango a Ciudad Juárez, y los homicidios contra mujeres que ya causaban alarma en México y comenzaban a trascender al exterior del país.

—Es una zona que por su naturaleza misma, por el tráfico de personas y de drogas, se convierte en una dimensión desconocida —repetía el célebre investigador estadounidense de asesinatos seriales.

En aquel momento, era casi obligatoria la consulta con este experto. Robert K. Ressler había sido el asesor de la película El silencio de los inocentes, que dirigió Jonathan Demme en 1991. En todo el planeta, la figura del asesino serial que impuso tal película se convirtió en el emblema de la criminalidad contemporánea. La mezcla aviesa del depredador humano, la bestia sexual, la mente superior y el gesto elegante de quien considera el asesinato una más de las bellas artes.

Robert K. Ressler, desde las oficinas directivas de su empresa Forensic Behavioral Services en Fredericksburg, en Virginia, Estados Unidos, atendía los requerimientos telefónicos de la prensa internacional entre las pausas de sus múltiples viajes a Japón, Gran Bretaña o Sudáfrica. Y concluía, ominoso, sus atentas consideraciones sobre los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez:

—Aunque desconozco a fondo el caso mexicano, prevengo que los homicidios allá van a continuar. Se necesitaría una investigación científica al respecto.

En los siguientes años, tal indagatoria estaría ausente. Acostumbrado al análisis de indicios y patrones de conducta sutiles, Ressler conjeturaba, por ejemplo, que sería posible pensar que quien ha golpeado o violado a una mujer alguna vez puede volver a hacerlo. Sobre todo, en ausencia de un castigo real a su conducta. Al opinar aquello, quizás vislumbraba también el destino que le aproximaría en un futuro próximo a Ciudad Juárez.

El verano de 1995 había traído allá un clima de tensiones: aparecieron los cuerpos de tres mujeres jóvenes en Lote Bravo, una zona semidesértica al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua, en las cercanías del aeropuerto local.

En las semanas siguientes, se añadieron más cuerpos.

Las muertas estaban semidesnudas, boca abajo y estranguladas. Vestían ropa análoga: playera y pantalones vaqueros. Eran delgadas, de piel morena y cabellos largos.

Las autoridades dijeron identificar sólo a tres, oriundas de Juárez: Elizabeth Castro García (17 años), Silvia Rivera (17) y Olga Carrillo (20). Al parecer, habían sufrido violación. La sociedad juarense estaba conmocionada, y los medios de comunicación dedicaron amplios espacios al «Estrangulador» o «Depredador» fronterizo.

En los meses siguientes, diversos grupos civiles como el Comité Ciudadano de Lucha contra la Violencia, los de Radio Banda Civil llamados «Frecuencias» o el 8 de Marzo tendrían un papel protagónico en el caso al demandar el esclarecimiento de los crímenes, o colaborar en la búsqueda de más cuerpos. Era una atmósfera de psicosis colectiva que inquietaba al gobierno del conservador Partido Acción Nacional (PAN), entonces en el poder estatal desde 1992.

El vocero de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua (PJECH), Ernesto García, declaraba:

—Alertamos a la comunidad para evitar que las mujeres transiten por lugares desconocidos o a obscuras. Que vayan acompañadas y de ser posible carguen un spray de gas lacrimógeno para defenderse.

Era una advertencia que denotaba las limitaciones policíacas.

A mediados de septiembre, el gobernador Francisco Barrio Terrazas recomendaría también un extremo cuidado a las mujeres, mientras el procurador Francisco Molina Ruiz ofrecía 1000 dólares de recompensa a quien proporcionara datos sobre «El Depredador».

Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez superaban por mucho los expedientes históricos de un Gregorio «Goyo» Cárdenas, culpable del asesinato de cuatro mujeres en la Ciudad de México en el verano de 1942. O igualaba el de las hermanas Delfina y María de Jesús González, «Las Poquianchis», que asesinaron a 80 mujeres en San Francisco del Rincón, Guanajuato, en un periodo de diez años que culminó en 1964. Estos crímenes recordaban también los homicidios de Andréi Chikatilo, el llamado «Carnicero de Rostov», que en el ocaso de la Unión Soviética, entre 1978 y 1990, había asesinado, mutilado y devorado en algunos casos a 52 niños y jovencitas. El fantasma del asesino serial estaba en la atmósfera de la época.

El 3 de octubre de 1995, la PJECH detuvo al egipcio Abdel Latif Sharif Sharif, un químico que llevaba poco tiempo de vivir en Ciudad Juárez después de una residencia de dos décadas en Estados Unidos. Tenía 49 años de edad y sus antecedentes penales le hacían sospechoso de antemano: 14 denuncias en juzgados estadounidenses por violación y atentados al pudor, se divulgó. Una joven a la que había conocido en un bar juarense le acusaba de violación, secuestro y lesiones, lo que había llamado el interés de las autoridades.

La Policía Judicial del Estado le incriminaría por los asesinatos contra mujeres descubiertos en agosto y septiembre. En privado y ante un grupo de periodistas, el gobernador Barrio Terrazas le declaró culpable de aquellos crímenes, la psicosis colectiva parecía menguar.

Todo indicaba que los homicidios de Ciudad Juárez exponían la violencia, el sexo y el ocio entrelazados. Ya se tenía en la cárcel a un asesino serial al estilo de las películas de Hollywood. Pero el deseo de exactitud permanecía entre el público.

En su libro Catching Serial Killers, el policía estadounidense Earl James definió así al asesino serial: «es aquel que mata a más de una víctima en un periodo dado de tiempo, con un lapso entre los asesinatos para enfriar lo acontecido. El Federal Bureau of Investigations (FBI) requiere el asesinato de tres víctimas en un periodo de tiempo para que el crimen sea colocado en dicha categoría».

A su vez John E. Douglas, el legendario policía, compañero y amigo de Ressler en el FBI, ya precisaba los rasgos de un homicidio sexual en su Crime Classification Manual. Este tipo de crimen «implica un elemento (o actividad) sexual como el fundamento de la secuencia de actos que conducen a la muerte», expresa Douglas, ya que «la representación y el significado de este elemento sexual varía de acuerdo con quien lo realiza. El acto puede incluir desde la violación con penetración (ya sea antes o después de la muerte) hasta el asalto sexual simbólico, por ejemplo, la inserción de objetos extraños en los orificios de la víctima».

En octubre, Diario de Juárez publicó un texto al que se llamó el «Diario de Richy», que una persona recogió en la calle, cerca de una conocida frutería de la ciudad. Se trataba de un mazo de hojas tamaño carta unidas por la parte superior con un listón. Mediante una caligrafía dispersa se describían actos de extrema violencia sexual contra mujeres. Algunos dibujos torpes completaban el texto, y era asombrosa la similitud descrita allí con las agresiones que sufrieron las muertas de Lote Bravo.

De inmediato, la Subprocuraduría General de Justicia de la Zona Norte del Estado de Chihuahua (SPGJZNECH) realizó un análisis grafológico para determinar si los trazos provenían de la mano de Sharif Sharif. El resultado fue negativo. Las autoridades desestimaron la autenticidad y pertinencia del «Diario de Richy». Era el desvarío de algún pervertido que quería aprovecharse del escándalo público, se dijo.

La palabra del gobernador Barrio Terrazas pesaba demasiado, pero tal vez más el clamor de los estereotipos: la consigna oficiosa entre los cuerpos policíacos mexicanos era que el asesino en serie no podía ser un mexicano. Debía ser un extranjero. No había alternativa. Contra las opiniones de expertos como Ressler, que reconocían que la mayoría de los casos de asesinos en serie se han registrado en Estados Unidos y son hombres caucásicos o blancos, prevalecieron las acusaciones contra el egipcio.

Advertía aquel ex agente del FBI:

—Las conductas aberrantes no tienen nacionalidad… además, el asesino en serie siempre deja una marca personal en la superficie, algo que le identifica, por ejemplo, los zapatos al lado de la víctimas podrían ser una firma.

El 15 de diciembre de 1995, a pesar de tener en prisión a Sharif Sharif, se halló otro cuerpo, menos de 12 horas después de haber muerto la víctima.

La única pista considerable era una medalla de La Virgen de la Caridad del Cobre: la muerta, una adolescente, estaba desnuda de la cintura hacia abajo. Tenía atadas las manos con las agujetas de sus propios zapatos tenis y presentaba huellas de estrangulamiento. Los indicios eran claros: así habían encontrado otros cuerpos en el verano.

Poco después, se sabría el nombre de la muerta: Rosa Isela Tena Quintanilla, de 14 años.

Ressler había subrayado que la revisión cuidadosa del lugar del crimen era fundamental. Así como el estudio de los patrones de conducta y el análisis psicológico que pudieran conducir a un perfil del asesino.

Se sabría que más de una de las víctimas del verano apareció atada de manos con las agujetas de sus propios zapatos. Éstos aparecieron al lado de las víctimas, como si fuera un guiño fetichista.

Durante los siguientes meses se hallarían más cuerpos.

La tercera semana de marzo de 1996, las autoridades trataron de encausar a Sharif Sharif por el asesinato de Silvia Rivera, hallada en Lote Bravo, pero el juez quinto de lo Penal, Nezahualcóyotl Zúñiga, declaró insuficiencia de pruebas al respecto.

El 15 de abril, las autoridades anunciaron la detención de 8 presuntos responsables de los crímenes de 17 jovencitas, la banda «Los Rebeldes», encabezada por Sergio Armendáriz «El Diablo». «Las líneas de investigación», afirmaban las autoridades, señalaron «la presencia de dichas personas en centros de diversión nocturna conocidos como el Joe’s Place, La Tuna, El Fiesta, El Alive». También expresaron que los «datos ofrecidos por los presuntos implican de manera contundente y clara al egipcio Abdel Latif Sharif Sharif, quien enfrenta un proceso relacionado con el delito de violación».

La acción de la policía local para detener a «Los Rebeldes» desató la alarma pública sobre la presencia de menores en los antros de la zona roja de la ciudad: la avenida Juárez, o la calle Mariscal, las inmediaciones del Paso del Norte, los bares de la calle Mejía y Azucenas, entre otra gran cantidad de bares y cantinas. El Vértigo, Willys, Casino Deportivo, Manhattan. O el Noa-Noa. El reino de las tribus de jóvenes de ambos sexos llamados «Cholos» (pandilleros urbanos de camisas y pantalones holgadísimos, zapatos tenis o botas de exploradores y gorras de jugadores de base-ball). O bien, «Cheros», vaqueros (grupos vestidos de cowboys y cowgirls al estilo del Viejo Oeste mezclado con lo ranchero mexicano).

Las autoridades de Ciudad Juárez informaban que muchos de esos lugares tenían licencia de restaurantes, por lo que se desconocía su número exacto. Un centenar de personas urdían allí el lenocinio y el tráfico de drogas: los «giros negros» como se les conoce en México a estos negocios. De acuerdo con el Ayuntamiento, sólo entre octubre de 1995 y abril de 1996 se habían abierto diez nuevos centros nocturnos.

Pero pronto comenzó a resquebrajarse la rectitud de aquellas detenciones y la campaña moralista que trajo consigo.

El 19 de abril, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) denunció que seis de los ocho testigos de cargo presentados por la Subprocuraduría de Justicia para apoyar las acusaciones contra «Los Rebeldes», habían sido «privados ilegalmente de su libertad». Además, se les había obligado a firmar declaraciones alteradas. La policía estaba en entredicho. Todos y cada uno de «Los Rebeldes» negaron los cargos y se quejaron de golpes y tortura por parte de los agentes judiciales. Pero el Ministerio Público desestimó estas quejas: «se trata de una retractación no fundada», minimizó.

En réplica, la Subprocuraduría alegó extralimitación de funciones por parte del visitador de Derechos Humanos, Luis Miguel Hernández, a quien acusó, a su vez, de convertirse en «abogado defensor» de los detenidos. Las madres de dos de las muertas, convencidas por las autoridades de que «Los Rebeldes» eran los culpables sin que aún hubiera un juicio de por medio, se inconformaron contra dicho visitador. Denunciaron que tenía intereses de parte: su hermano era dueño de un bar de aquéllos, el Bar Nebraska, reclamaban.

Poco después, el visitador renunciaba ante las presiones de la Subprocuraduría.

El mismo 19 de abril de 1996, en las instalaciones del Centro de Readapatación Social (CERESO), reclusorio enclavado en la planicie desértica de las afueras de Ciudad Juárez, uno de los protagonistas del suceso ofrecía una rueda de prensa.

Era el egipcio Abdel Latif Sharif Sharif. Insistía, como desde el momento en que fue preso, en clamar su inocencia. Y prometió revelar quiénes eran los verdaderos culpables de los homicidios de mujeres en la ciudad.

Dentro del penal, a través de las ventanas enrejadas, se podía observar las Colonias polvosas calcinarse bajo el sol de la primavera y el tráfico lento de los vehículos por los senderos suburbanos. Esta inusual costumbre de que los internos atendieran a la prensa fue una conquista de diversos grupos sociales. El preso se hizo esperar cerca de quince minutos en una oficina próxima a la dirección del penal, que rebosaba de reporteros, camarógrafos, fotógrafos de diversos medios de comunicación lo mismo de Ciudad Juárez u otras localidades mexicanas que de El Paso, Texas. Los guardias y los empleados del reclusorio parecían acostumbrados a esta efervescencia, y se limitaban a observar el tráfago de los periodistas.

La mayoría de los reporteros estaba convencida de la postura de las autoridades acerca de la culpabilidad de Sharif Sharif, otros periodistas, los menos, trataban de explicitar para el resto de sus colegas el escepticismo o la renuencia que los convocaba.

Al fin, llegó Abdel Latif Sharif Sharif, un hombre de cerca de un metro noventa centímetros de estatura, de vientre rotundo, gesto afable y mirada aguileña. Llevaba pantalones vaqueros y camisa de color claro con mangas cortas.

Los representantes de la prensa se animaron. La expectativa era mayúscula.

El egipcio llevaba en sus manos amplias un cuaderno engargolado tamaño carta y de hojas amarillas. Anunciaba, en un español escaso, que daría lectura a un cuento, «Story», dijo, antes de desvelar lo prometido: los nombres de los responsables. Solicitó un intérprete, y una periodista se ofreció a traducir lo que él leería en inglés. Sharif Sharif quería contar la historia de «Alejandro»:

—… un mexicano veinteañero, blanco, rico y prepotente que se enamoró en 1990 de una adolescente humilde llamada Silvia, morena, delgada, de cabellera larga…

Los asistentes al acto mostraron su molestia. Murmuraban entre sí mientras el egipcio leía: habían ido por información y a cambio sólo obtenían un relato que parecía extraído de un corrido popular, o de la balada de un grupo de música norteña. A pesar de su desconcierto por los murmullos de los periodistas, Sharif Sharif continuó su relato.

—… La muchacha aquella se negó a tener amores con él y, a mediados de aquel año, Alejandro la mató por despecho. Jamás se le investigó, ni se le detuvo por ese crimen: la familia de Alejandro había pagado a las autoridades para evitarlo. El padre adoptivo de Alejandro, conocido dueño de antros en Juárez…

Un reportero interrumpió y exigió que el egipcio proporcionara el nombre. Nervioso, pero dispuesto a salir adelante, Sharif Sharif, dijo:

—Guillermo, Guillermo Máynez.

Un periodista le dijo a otro, al oído:

—Sí, es el dueño de lugares como el Safari, Paralelo 38, Monterrey, Azteca, Parral… o La Rueda, allí donde se reúnen los policías con los narcotraficantes.

Sharif Sharif proseguía:

—Alejandro, originario de Juárez y residente en El Paso, tiene un primo, Melchor Máynez, muy parecido a él, que es el cómplice de sus crímenes. Entre ambos, son culpables de asesinar a más de cincuenta mujeres…

Los reporteros se inquietaban, querían saber de dónde provenía aquella información. Subían la voz. Otros pedían silencio.

—… Melchor era el verdadero redactor de los textos y dibujos que la prensa publicó bajo el título de «Diario de Richy»…

Los murmullos de los reporteros se convirtieron en preguntas y gritos que obligaron a Sharif Sharif a detener la lectura. Algunos se dirigían en inglés al egipcio, que ya sudaba e intentaba responder al mismo tiempo diversas preguntas. Pedía paciencia y un poco de orden.

—¿Cómo obtuvo tal información? ¿En qué se basa? ¿Qué pruebas tiene? —preguntaba la prensa.

El egipcio respondía:

—Son testimonios de una persona que desea el anonimato y escuchó alguna vez cómo presumía Alejandro Máynez de sus crímenes.

Algunos reporteros se miraron, decepcionados. Otros intercambiaron bromas o burlas. O abuchearon a un compañero por preguntar lo que juzgaban obvio. Alguno llamó por un teléfono móvil a su periódico para compartir el enfado que sentía.

Sharif Sharif trataba de mantener la calma, convencer a sus interlocutores. Sus manos, trémulas, transmitían la ansiedad que sentía. Insistió en que él era un científico, jamás un asesino. Ofrecía explicaciones sobre su estancia en Juárez, se contradecía en las fechas y en las razones de su estadía, acaso más por su falta de dominio del español que por otra causa. Se veía inerme ante la molesta recepción a su relato. Con todo, el egipcio expresaba su esperanza en que los hechos se esclarecerían. Y anunciaba que haría la denuncia formal de lo que había dicho. Se despidió de mano de los reporteros: le aterraba la idea de pasar cuarenta años en una cárcel mexicana. Estaba seguro de evitarlo: ni siquiera imaginaba la magnitud de lo que habría de vivir después.

Algún reportero localizaría a los familiares de Alejandro Máynez, que afirmaron haberle dejado de ver desde «mucho tiempo» atrás. Nada sabían ni querían saber.

Al día siguiente de aquellas revelaciones del egipcio, la adolescente Susana Domínguez, citada como testigo de cargo contra «Los Rebeldes», declaró ante el juez quinto de lo Penal lo que repetiría en un pasillo de los Juzgados a un par de periodistas:

—Me secuestraron ocho días. El comandante Navarrete me amenazó y un agente me puso su pistola en la cabeza y cortó cartucho. También me agarraron de los cabellos así, así, así… y me azotaron contra la pared para obligarme a declarar lo que me ordenaban.

Afirmaba, categórica, al lado de su madre:

—«Los Rebeldes» no son culpables.

A través de la ventana de un pasillo, se veía el caserío precario de los alrededores azotado por un viento denso, que levantaba remolinos de polvo en la tarde fronteriza. La idea de la tortura persistía en el eco de las palabras de la muchacha. Contra el cristal sucio, un cartel anunciaba la presentación de un libro titulado Derecho Constitucional. El cartel transmitía un dejo triste, de plegaria laica, de principio inútil de orden contra el caos.

Susana Domínguez, la denunciante de abusos policíacos, una adolescente esbelta, morena, de ojos grandes y cabello largo, representaba la imagen promedio de la muchacha juarense. Vestía pantalones vaqueros y llevaba una playera. Como todas las muchachas que pululan en los malls de ambos lados de la frontera, como las que abundan en las escuelas, como las que trabajan en oficinas. Como las que sostienen a sus hijos —casadas, madres solteras— y sobreviven al margen de lo funesto. Como las que salen por centenares de las fábricas para irse a su casa o a los bares cada viernes en autobuses suburbanos al concluir su turno. O como las que terminan con su cuerpo torturado en el desierto.

En aquella primavera de 1996, las voces de los diversos protagonistas expresaban las discordancias y contradicciones de la propia sociedad juarense.

El vocero de la Subprocuraduría decía:

—Las acusaciones contra Sharif están amarradas, son sólidas.

Abdel Latif Sharif Sharif respondía, en un lenguaje químico:

—Soy ciento por ciento inocente.

Erika Fierro, de la supuesta banda «Los Rebeldes», también se defendía:

—Todo esto es mentira.

Susana Domínguez reiteraba:

—Me amenazaron para que declarara contra «Los Rebeldes».

El reportero Sergio Melgar de Diario de Juárez opinaba:

—La policía no logra convencernos de que ha realizado una investigación científica.

Romana Morales, madre de la víctima Silvia Rivera, se mostraba satisfecha y vengativa:

—Qué bueno que golpearon a «Los Rebeldes» y ojalá los maten…

Luis Miguel Hernández, visitador de la Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDH), aseguraba:

—Renuncio por presiones de las autoridades policíacas del estado de Chihuahua.

Y, por último, el juez quinto de lo Penal Nezahualcóyotl Zúñiga anticipaba su criterio:

—En todo expediente, las pruebas y las evidencias son lo importante, no tanto las declaraciones de los testigos. Daré mi dictamen de acuerdo con la ley.

Pero el episodio imponía interesarse en las víctimas.

Martha Pérez, una mujer treintañera y cortés, jefa del Departamento de Delitos Sexuales de Ciudad Juárez, explicaba sus tribulaciones. Cada día se recibía un promedio de seis denuncias por violación. Las víctimas solían ser menores de edad, de trece años, la que más de treinta.

—En las fábricas es donde más agresiones sexuales se dan —precisaba—. La mayoría por estupro. Resulta que, para entrar a trabajar, las niñas falsean su acta de nacimiento… Y en la calle están los lenones, la droga, las enfermedades venéreas, las desapariciones… El problema principal es la sobrepoblación —insistía la abogada Pérez.

Exceso de personas y exceso de desierto.

Al mediodía del domingo 21 de abril de 1996, se supo del hallazgo de otro cuerpo femenino. Esta vez en Lomas de Poleo —poco antes, se había corrido la versión del hallazgo de nuevos restos humanos en Lote Bravo, lo que resultó después una falsa alarma: se trataba de los huesos de un animal, dijo la policía.

Bajo el sol de las dos de la tarde en el lomerío periférico de Juárez, se queman la aridez, la basura que resiste el viento y el silencio.

Una denuncia de los vecinos —agrupados en torno de las bandas civiles de radiocomunicación— había atraído a los servicios forenses, la policía judicial y dos o tres periodistas. Lomas de Poleo es un asentamiento paupérrimo de Ciudad Juárez, se llega por un sendero paralelo a la línea fronteriza y su territorio consta de brechas que curvean la desolación y decora un mar de bolsas de plástico errátiles sobre los matorrales y el polvo aquí blancuzco, allá rojizo. Ruedan al viento algunas yerbas esféricas —«saladillos», «chemís», «voladoras», les nombran— y llega el aroma de la podredumbre en ráfagas. La gente habita casas construidas con desechos, trozos de madera, lámina de metal o asbesto, alguna puerta metálica. El alambre se vuelve un componente imprescindible, sirve para amarrar, sostener, deslindar, contener lo que se fuga siempre. Desde Lomas de Poleo se observan las construcciones sólidas, el verdor, la tecnología esplendente que rodea a El Paso, Texas.

Una vecina robusta, Martha Martínez, baja de un Ford Galaxie modelo 76 averiado y polvoso, muestra a quien quiera verlo algo que lleva en el fondo de una bolsa de plástico arrugadísima —como las miles que decoran el paisaje—: un mechón de cabellos teñidos y un dije con una piedra amarilla inserta en una correa de cuero. Teme que sean los indicios de otro cadáver. Entre los vecinos hay una verdadera fiebre por rastrear nuevos cuerpos, mientras las autoridades ostentan su desinterés.

De día, los caminos de terracería de allá pertenecen a los pastores y algunos vecinos; de noche, el sitio reviste un peligro extremo: es dominio de bandas de jóvenes violentos a quienes les gusta balear los vehículos ajenos, de drogadictos y de «polleros», esos contrabandistas de personas que aguardan el minuto oportuno y la ruta de paso a Estados Unidos.

De cuando en cuando, se levantan en Lomas de Poleo fincas con alambradas y puertas de hierro. Son ranchos mínimos, donde algunas familias se disponen a comer al lado de sus autos y camionetas ruinosas. Conversan y miran, hostiles, a los extraños que por allí transitan. Los niños juegan, los perros ladran, corretean con ellos. A lo lejos, se observan las torres de los cables eléctricos de alta tensión, y de un sendero lateral surge un convoy policíaco, que abandona la zona sin haber localizado nada más que los restos de un «campamento de polleros», determinan.

Ni siquiera se ocuparon los policías de recoger como evidencia —«¿Evidencia de qué, al fin?», pregunta un vecino— unos pantalones de marca Guess cortados a la altura de la rodilla y un sarape de lana con motivos hípicos. De esos que hay en los mercados de artesanías de la Ciudad de México, de los que se usan en Aguascalientes, en Guanajuato, en Michoacán.

La finísima arena al viento de Lomas de Poleo se traga las huellas. El silencio es avasallador. La sensación de inermidad se vuelve absoluta. El paso de cualquier persona se cancela en aquella tierra suelta que repele la memoria. Avidez ilímite y carencia absoluta se cruzan en Lomas de Poleo. Entre estos extremos debieron situarse las víctimas en la víspera de sucumbir.

2. El mapa difícil

Ciudad Juárez muestra una fuerza expansiva que se repliega hacia las lomas y los cerros bajo el cielo azul del desierto. En primavera, los tonos del territorio —inserto en la confluencia del Río Grande o Río Bravo, dos cadenas montañosas y El Paso, Texas— enlazan un tamiz gris, lo arenoso, el calcinamiento blancuzco, los matorrales amarillentos. En invierno, los mismos colores se atenúan y se funden con el velo espectral de las nubes o la niebla. A pesar de la luminosidad celeste que cae sobre el desierto, la urbe fronteriza luce pálida, aquí y allá descolorida. Algún reflejo metálico o un color restallante rompe la monotonía: la potencia solar y el polvo tienden una pátina cruda sobre las avenidas, las azoteas, el cristal de la ventanas, las láminas de zinc y los vehículos.

Como tantas ciudades mexicanas, Juárez presenta el aspecto de un enorme traspatio que alternara la multitud, el reposo de cosas obsoletas, el verdor esporádico, el asfalto irregular y las calles terregosas, con la eficacia de las máquinas, las telecomunicaciones, los servicios modernos, la industria de vanguardia. Una prótesis de concreto, alta tecnología, basura en los baldíos urbanos, que decoran el plástico, los baches, el óxido y los jirones de trapo. Ciudad Juárez sería también otra locación idónea para la música electrónica «nor-tec» oriunda de Tijuana, Baja California: un ensamble de sonidos digitalizados de grupos norteños, ritmos categóricos, bandas tradicionales de Sinaloa y ecos «latinos».

La traza de la ciudad se ha desbordado en un sentido conflictivo, abigarrado, abrupto, de pronto continuo al mismo tiempo. Y endeble: al contrario de las macrópolis mexicanas —la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey—, que contemplan una mayor urbanización respecto de sus arrabales, Ciudad Juárez expone un giro contrario: las orillas dominan su centro. Se ven miles y miles de personas y construcciones precarias en busca de una reinvención del futuro, dentro —o más allá— de las atracciones diarias de la violencia, el templo católico o protestante, la industria, los autos, la vida nocturna, los bazares, la toxicomanía, el crimen, la inclemencia misma del clima y los contrastes sociales. O el trabajo: el imperativo de resistir a toda costa. La gente lucha y busca salir adelante. El músculo y el temperamento como formas de una astucia que se renueva cada día. Al igual que sucede con otros polos fronterizos del planeta, explotar el cuerpo ha sido una urgencia y un estigma en la historia de Ciudad Juárez. También escabullirse de las normas. Es un rasgo histórico.

Ciudad Juárez, así llamada desde 1888, antiguo «Paso del Norte» y asiento de una misión en la época colonial, ha sido un territorio de inmigraciones, de tránsito, de contrabando y, muchas veces, de violencia aguda. La economía informal o subterránea y, en general, la vida vinculada a ésta pertenecen a su historia y a su desarrollo. Pero, en la última mitad del siglo XX, Ciudad Juárez se vinculó a modelos multinacionales de producción industrial con tecnologías de vanguardia. Al mismo tiempo, crecía su importancia como parte de un territorio inserto en el narcotráfico.

Desde los primeros años posteriores al término de la Revolución mexicana de 1910-1921, la urbe juarense desarrolló una industria de servicios turísticos y de ocio, cuyo nudo era el descontrol migratorio. El prohibicionismo antialcohólico en Estados Unidos (1919-1933) arrojaría al sur de la frontera a los prófugos de las restricciones y al crimen organizado. Asimismo, se vivían en México los ajustes o desajustes entre el gobierno central y los estados de la República. Con los años cuarenta, Ciudad Juárez creció debido al turismo, el comercio y los flujos migratorios. Durante la Segunda Guerra Mundial, los militares de la base de Fort Bliss, Texas, explayaron en la ciudad mexicana sus horas de relajamiento.

Por su parte, la pequeña industria local que proveía algunos productos básicos —aceites, jabones, hilados— entró en decadencia en la siguiente década. A principios de los sesenta, el poder federal creó los programas Nacional Fronterizo (1961) y de Industrialización de la Frontera (1965), que poco después abrirían paso a la industria de la maquila —fábricas de capital extranjero donde se manufacturan o montan las distintas piezas de un producto con vías a la exportación y mediante mano de obra barata.

Ciudad Juárez se convertiría así en un mayúsculo polo humano en la frontera norte de México. El censo de 2000 arrojó la cifra de 1 217 818 personas. A su vez, Tijuana, Baja California, sumaba 1 212 232 habitantes. De todas aquellas personas, el 40% vive en la pobreza extrema, segregado de los servicios urbanos y en los márgenes sociales. Se estima que cada día llegan 300 personas a Juárez, lo que constituye una población flotante de 250 000. La urbe constituye el puente preferido de los mexicanos hacia Texas y Nuevo México, en Estados Unidos. A mediados de los años noventa, la Oficina de Tierra de Nuevo México la consideraba una de las fronteras de mayor tránsito humano de todo el mundo. En 1996, la alcaldía juarense ofreció sus datos: 42 millones de personas y 17 millones de vehículos de paso anual. Y esta fluidez se ha convertido en un dilema mexico-estadounidense.

Ciudad Juárez resiente la asimetría económica de los dos países: incremento poblacional, falta de infraestructura, servicios y vivienda, negligencia ante sus recursos naturales, escasez de agua —se desperdicia el 15% del consumo total—, contaminación alarmante, de índole industrial, vehicular o por las ladrilleras locales —unas 300—. Para 1999, sería la cuarta urbe más contaminada de México.

Además, padece exceso de automóviles: cerca de 307 000, por lo que el 80% de los viajes urbanos se realiza en auto particular. Mientras en la Ciudad de México sólo el 37% de los habitantes tiene un vehículo, en Ciudad Juárez este porcentaje llega al 70% de la población. Así, abunda el robo de autos, los «yonques» o depósitos de chatarra vehicular. Se trata de una sociedad móvil, que se expresa también en el uso vasto de los teléfonos portátiles. Casi la mitad de la población los usa, en tanto que, en el resto del país, el rango de cobertura se limita a poco más del 15%. Este uso sería equiparable al de algunas naciones europeas.

La sociedad juarense de los años noventa del siglo XX presenció la amplitud del modelo de producción en las maquiladoras. En 1969, México ocupaba ya el primer lugar entre los países maquiladores. Para 1996, había 372 empresas de este tipo, con cerca de 222 000 empleados ocupados, sobre todo, en el ramo automotriz y electrónico. Buena parte de esta fuerza de trabajo provenía de Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, el sur de Chihuahua… Y, por primera vez desde que se instaló la maquila, la cantidad de hombres empleados ya superaba a la de las mujeres. Con todo, el protagonismo de ellas parecía irreversible.

Alfredo Limas Hernández expone en su ensayo La construcción de ciudadanías que la industria maquiladora «maquila» a la ciudad entera. Ha reestructurado su forma urbana y figurado dinámicas de segregación sociocultural que incluyen a todos los grupos de habitantes en el empleo. Esto vendría de los «ciclos de valor y capitalización para los trusts mundiales» a costa del empobrecimiento urbano. Por lo tanto, se reducen el espacio público, las responsabilidades del capital y las gestiones del desarrollo en el propio gobierno local. Todo a costa del cuerpo de las personas, en especial, de las mujeres.

Limas Hernández describe a su vez, en el estudio Sexualidad, género, violencia y procuración de justicia, que si bien desde años atrás se han registrado casos de niñas y mujeres trabajadoras que desaparecen, cada día es más grande el número de estudiantes a las que se las reporta como desaparecidas. O que también han sufrido delitos sexuales por el simple hecho de estar en la calle. El académico agrega que, además de distinguirse grupos de población más vulnerable, existen circunstancias que exponen al riesgo. Para las mujeres, una de éstas sería el «estar sola», al igual que transitar territorios donde ellas se exponen al peligro: «la ciudad tiene zonas de alto riesgo. Aquellas que han sido segregadas del desarrollo urbano, confinadas en mayor grado al Occidente urbano, el Poniente juarense».

En síntesis, anota Limas Hernández, ser mujer en Juárez implica vivir «cuerpo y construcción de género en un sistema de relaciones en desventaja, en una ciudad y un espacio público que vulneran». Un medio carente de políticas de desarrollo, ya que tiene un sistema de relaciones de poder que soslaya enfrentar las formas de asimetría estructural hacia el interior de la sociedad. Una auténtica reserva y maquila del parque humano que aquí se congrega.

Robert D. Kaplan ha subrayado que los mexicanos de la frontera con Estados Unidos, quienes apenas saben leer y escribir y trabajan en condiciones peligrosas y «dickensianas para producir nuestros vídeos, pantalones vaqueros y tostadoras», perciben menos de cincuenta centavos de dólar por hora, sin derechos ni beneficios. Y pregunta el periodista: ¿tal cosa es democracia, o bien oligarquía a la usanza de la antigua Grecia?

En los últimos años, la industria maquiladora se caracterizó en Ciudad Juárez por la búsqueda de un control de calidad implacable, la mano de obra plurifuncional, el uso de la robótica y las automatizaciones, y este empuje se filtró poco a poco a los entendimientos colectivos de lo económico y lo social, de lo industrial y lo doméstico.

En la década de los noventa, Ciudad Juárez alcanzó el más bajo índice de desempleo de todo el país, y llegó a tener el mayor número de empleados que en México trabajaban en tal industria, donde la persona pasa a ser un brazo cibernético bajo mandos del mayor verticalismo a cambio de la paga exigua.

Pero en los últimos veinte años el salario en México ha perdido cerca de las tres cuartas partes de su valor: un obstáculo insalvable. El inequitativo reparto de la riqueza y las cíclicas crisis económicas del país, que comenzaron en la segunda mitad de los años setenta y tuvieron su culminación en 1995, redujeron el acceso al mínimo bienestar de la mayoría de las personas. Un país urbano y en pleno abandono de su perfil rural, que concentra su población en las ciudades y cuyo promedio de edad es de 22 años al comenzar el siglo XXI.

Así como la sociedad ha marginado a la pobreza extrema a cerca de 40 millones de personas en un territorio de 97 millones y medio, ha expulsado a los jóvenes también de su horizonte colectivo. Al mismo tiempo, les ha hecho creer, mediante las promesas del mercado o la ideología del espectáculo, que encarnan «la riqueza» del país, o bien, que son su capital hacia el porvenir. El hombre o la mujer como consumidor sintetiza dichas contradicciones. La hipnosis en torno del consumo esconde a los jóvenes mexicanos de entre 15 y 24 años de edad la certeza de tener un futuro escaso. Se trata de 20,3 millones de mexicanos que provienen de hogares cuyos ingresos en las últimas dos décadas han sido casi invariables, que tienen en promedio una escolaridad de segundo de secundaria y una tasa de desempleo de 12,5%, mientras la del país es de 5%. 5 millones de desempleados. Y hay pocos sitios para ellos. Así, a los jóvenes les aguardan los ejércitos de la noche: la delincuencia y el crimen organizado. La economía informal, subterránea o el subempleo.

En la década de los noventa, el consumo de drogas se generalizó también en las ciudades mexicanas. La Secretaría de Salud (SS) reveló, a mediados de 2000, que el 5% de los mexicanos de entre 12 y 60 años de edad consumieron drogas por lo menos en una ocasión. Las cifras fueron superiores en dos ciudades fronterizas. En Tijuana, el 14% de los habitantes dijeron haber probado narcóticos, mientras que en Ciudad Juárez, el promedio fue del 9,5%. En tercer y cuarto lugar se ubicaron las ciudades de Guadalajara y México, las más grandes del país.

Una década atrás, los inhalantes eran la droga de mayor uso. Ahora, los adictos mexicanos prefieren la marihuana y la cocaína. El orgullo de barrio en las ciudades aparece inserto en el avatar de la toxicomanía, de sus exigencias y nuevos hábitos, del ejercicio de la violencia explícita o encubierta. O de la redistribución de los valores colectivos y la promesa del enriquecimiento veloz mediante prácticas ilícitas.

La imposibilidad de acceder a la élite de los privilegiados arroja a millones de jóvenes mexicanos a una supervivencia cotidiana, que tiende a excluirlos, sobre todo, del acceso a los dones de la revolución tecnológica. Al comenzar el siglo XXI, hay una minoría de jóvenes, con 25 años de promedio, como usuarios de Internet en México. Menos de tres millones, de los que el 76% tiene estudios universitarios. Hacia el 2005, se estima que éstos rebasarán los 7 millones.

Pero el salario y el trabajo no son lo único subvaluado en México. Tampoco el futuro ni las expectativas culturales de los jóvenes. Bajo semejantes disoluciones, la mujer y su papel social aparecen más que subvaluados. En particular, en las ciudades fronterizas.

En Ciudad Juárez, «la mujer es un ser golpeable y violable», categorizaba —en el otoño de 1997— Melissa W. Wright, una especialista en estudios de género de poco más de treinta años, delgada, incisiva, que ha profundizado en el estudio de la representación ideológica de la «típica mujer mexicana» —dócil, sumisa— que trabajaría en las maquiladoras.

En un cubículo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), convocada a conversar sobre el tema de la violencia en la frontera norte, Wright decía que era posible hallar también entre las trabajadoras de maquila conductas opuestas —en el lugar de trabajo— a tal representación dominante. La circunstancia expresaría que se registra allí un anhelo de las mujeres por asumirse protagonistas de un cambio social. Pero, con el fin de ubicar la trascendencia de dicha actitud, la académica recomendaba desmontar los patrones de dominio y subordinación en el que se desenvuelven las personas. En Ciudad Juárez, la violencia contra las mujeres se mostraría ubicua: hay causas de fondo múltiples. Los homicidios contra ellas se explicarían en este contexto.

Ciudad Juárez ha atraído, por la importancia que tiene su caso en el marco de la economía global, a otros estudiosos como Ana Bergareche, una joven rubia, de temperamento serio y analítico, oriunda del País Vasco y socióloga de la London School of Economics. Aceptaba conversar sobre su tema de estudio en una cafetería de la llamada «zona dorada» de la ciudad. Es el perímetro que, más de treinta años atrás, acogió el Programa Nacional Fronterizo (PRONAF), y que ahora constituye el barrio turístico, empresarial y de servicios más urbano de Ciudad Juárez. Hay restaurantes, oficinas, bares, hoteles, comercios, cafeterías cosmopolitas y edificios de enormes estructuras de acero que se quedaron a medio construir y son el emblema de un auge económico siempre inconcluso.

A pesar de la gran vigilancia que las autoridades municipales disponen, la «zona dorada» ha sido escenario de episodios de violencia producto de las pugnas entre narcotraficantes.

Para Bergareche, la violencia juarense obedecería a una mezcla de cuestiones psicológicas, sociológicas e institucionales, y no se la podría reducir a una sola explicación. Anticipaba:

—Yo estudio el tema social, por lo que no puedo hablar del tema psicológico, y, desde el punto de vista social, destaco la ideología patriarcal dominante, que se ha transmitido a través de muchos medios, pero he visto que la religión católica ha sido fundamental aquí.

La especialista afirmaba que esta influencia era de lo más importante, ya que había penetrado otros ámbitos de la vida política y social, como pueden ser las instituciones educativas o las de tipo legal.

Bergareche, quien en 1997 preparaba su doctorado para la Universidad de Londres sobre violencia, trabajo e igualdad en las maquiladoras juarenses, ejemplificaba la ideología patriarcal. Desde ésta, describía, la mujer es por naturaleza pecadora y, por lo tanto, debe ser castigada, además de necesitar de la protección de un hombre porque, sola, «qué va a hacer en la vida, ella no tiene poder, no se asume con poder».

Y explicaba el trasfondo grave de tal conducta, que invitaba al abuso en la marginalización de etnia y clase, al provocar que la autoestima de las mujeres todavía descendiera más: ellas se consideran parte de una clase social donde saben, o más bien asumen, que las clases bajas no van a llegar muy lejos en la vida, o que la gente con la piel oscura no va a tener tantas oportunidades como la gente blanca.

Semejantes ideas y valores subyacentes colaborarían a generar la violencia en Ciudad Juárez: atavismos, creencias patriarcales, abuso, sumisión femenina, marginalidad.

Sin embargo, Bergareche detectaba que podía esperarse un cambio en la transmisión de los valores en un lapso generacional, aunque en el caso de los hombres dicho cambio había traído consigo muchos conflictos por la nueva y creciente autonomía de las mujeres, su independencia económica y sexual. Habría allí una fuente de rencor masculino, de barbarie a veces contenida, a veces suelta en toda su fuerza ciega.

La percepción masculina que ve a las mujeres como un mero objeto sexual, detallaba la investigadora, vendría de que se ha desvanecido el carisma de la mujer pura, de la esposa y madre. Ahora que la mujer trabaja y no necesita protección masculina, se ha convertido en la antítesis de aquella fantasía. Al ser libre desde muy joven, incluso desde la pubertad, a la mujer se la identifica como la «sucia, la que le gusta el sexo, la que gana su dinero y se lo gasta en lo que quiere, como diversiones y ropa». Así, se cierra el círculo y la violencia se desata.

A juicio de Ana Bergareche, las soluciones tendrían que enfocarse primero en el plano de lo comunitario y de lo personal, antes que pretender cambiar el mundo:

—Las necesidades son demasiado apremiantes como para ponerse a esperar que pasen años y cambien las condiciones políticas.

En esta dinámica contradictoria, habría algo positivo: la mujer se da más importancia a sí misma día tras día. En la medida en que hubiera más autoestima en las mujeres, concluía Bergareche, serían menos vulnerables frente al abuso.

Pero ganar esta fortaleza significa una empresa de alto riesgo.

A mediados de los años noventa, los y las migrantes proporcionaban la mano de obra para la maquila en Ciudad Juárez. Eran, en su mayoría, de estados circunvecinos y aun de más al sur, y viajaban a la frontera norte en busca de mejores condiciones de vida. También se encontraban en esta industria hijos e hijas de viajeros que se instalaron acá veinticinco años atrás.

En aquellos años, las maquiladoras empleaban a obreros de 14 a 35 años de edad, pero se daba preferencia a los jóvenes. Existía una población aproximada de 53 000 obreros menores de 19 años, lo que representaba el 42% del total de los empleos de la industria maquiladora.

En cuanto al género, hasta antes de 1984 la composición de la mano de obra estaba constituida por mujeres, pero la gran demanda de trabajadores había propiciado que en la década de los noventa se incrementara la afluencia de los hombres, quienes constituían ya alrededor del 45% del total empleado.

También habían disminuido los obstáculos para contratar mujeres casadas o madres solteras. Sólo el 29% de las mujeres que trabajaban en aquellas fechas en la industria maquiladora eran solteras y sin hijos, lo que significaba que las trabajadoras, en su gran mayoría, eran casadas o madres. El porcentaje de madres solas (solteras, divorciadas o viudas) había aumentado, de modo que la tercera parte de las obreras eran madres solas. Mujeres independientes.

Al final del siglo XX, la violencia contra las mujeres constituía un rasgo distintivo de la sociedad juarense. En aquella frontera, el delito de violación solía centrarse en ellas, pero afectaba también a los hombres.

Entre 1996 y 1999, un 20% de las víctimas fueron varones. La mayor parte de estas víctimas de delitos sexuales eran menores de 10 años, y los victimarios el padre o el padrastro, en familias deshechas, pobres, carentes de educación básica.

Julia Estela Monárrez Fragoso, en su estudio Víctimas de crímenes sexuales, afirma que el crimen sexual «puede ser definido y está presente en los casos en los cuales el o los asesinos son motivados por impulsos sexuales sádicos, y la víctima se convierte en un objeto sexual para los victimarios». En esta relación, el hombre representaría el «sujeto, lo real y lo esencial», mientras a la mujer se le reduce a lo «otro, lo irreal, lo no esencial». Así, apropiarse del sexo femenino, torturar y disponer del cuerpo son parte de una estrategia de género que convierte al crimen en una forma del erotismo.

Los crímenes sexuales contra mujeres serían posibilidades definidas por la cultura, lo que trasciende el hecho de referirse a quienes cometen éstos como seres enfermos o dementes, sentencia la investigadora. Apunta que los crímenes sexuales se han caracterizado también por la imagen del cuerpo de la mujer desnuda, cuyo cadáver se arroja como si fuera basura: «el cuerpo de la mujer es acomodado y exhibido en posiciones ginecológicas, como si le fueran a tomar una foto».

Monárrez Fragoso subraya que, en estos casos, la mujer es menos que mujer, menos que ser humano, es un objeto al que se le niega su experiencia subjetiva. La estrategia de dominio masculino se apropia del cuerpo de las mujeres al mismo tiempo que posee y dispone del espacio público.

Al interpretar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Israel Covarrubias González ha subrayado la importancia de un hecho: a los cuerpos de las víctimas de homicidio se los arroja en el espacio público. En su estudio Frontera y anonimato, Covarrubias González anota: «Los lugares donde ha sido posible la violencia están ubicados en zonas definidas —en términos espaciales— hacia el norte (poniente) de la ciudad y al sur (Lote Bravo). No obstante, los asesinatos han abarcado otras zonas geográficas».

E infiere: «la geografía norte-sur es pertenencia de la policía, el ejército o los traficantes de droga, sobre todo, cuando hablamos de territorios vastos. Cuando hablamos de territorios de una extensión relativa, la pertenencia es de las bandas, los traficantes de droga al menudeo —el llamado “tráfico hormiga”—, de armas y de autos. En el último aspecto, tendríamos que ponderar la relación entre lugar, pertenencia y grupos generadores de violencia».

Asimismo, el investigador distingue las percepciones simbólicas que se tienen del desierto respecto al hallazgo de las asesinadas: un espacio inhóspito, carente de agua, sujeto a temperaturas extremas, libérrimo y, desde luego, opuesto a la cultura, los valores civilizados y la identidad urbana.

El desierto, arguye Covarrubias González, sería un espacio apropiable, al menos durante algún tiempo, por grupos generadores de violencia. A esta perspectiva habría que anteponer una circunstancia determinante: el espacio público en Ciudad Juárez tiene propietarios antes que poseedores temporales. Lomas de Poleo, por ejemplo, uno de los sitios donde han aparecido muchos cuerpos de mujeres asesinadas, es una de las Colonias que constituyen el área de Anapra. Esta área engloba una superficie de cerca de 7 190 000 metros cuadrados.

Los registros del municipio revelan que este territorio es propiedad de cuatro dueños: Pedro Zaragoza Fuentes, Alfredo Urías, Oscar Cantú y la familia Lugo, tal como lo dio a conocer Diario de Juárez el 26 de mayo de 1999. El área resulta estratégica debido a la apertura del Boulevard Fronterizo, una obra de urbanización de cara al siglo XXI en el cruce internacional de San Jerónimo-Santa Teresa, en la frontera de Chihuahua con Nuevo México, al poniente de Ciudad Juárez.

Esto indica que el uso, manejo y posesión del espacio público en cuanto a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez está inscrito no sólo en el arbitrio de grupos que ejercen la violencia ilegal, sino en la estrategia de dominio territorial de esta frontera. En otras palabras, el origen y el crecimiento del capital, el desarrollo urbano, las empresas constructoras, las especulaciones inmobiliarias y la industria maquiladora. Y las fortunas históricas de un puñado de familias en los grandes negocios de los centros nocturnos, el control de la venta de cerveza, licor y refrescos, los servicios de infraestructura básica, como las distribuidoras de gas natural. O los medios de comunicación.

Lo anterior parece asociarse al esquema de urbanismo de Los Ángeles, California, que cuestiona Mike Davis en City of Quartz: una suerte de «ecología del mal» a cargo de inversionistas que despejan, nivelan y pavimentan el terreno, se ocupan apenas del agua, construyen algunos valladares y conectan el «producto». Tales inversionistas terminan por ver al «desierto sólo como otra abstracción de dos signos: el dinero y la basura entrelazados».

En Ciudad Juárez, el crimen organizado ha llegado a cohabitar con el poder económico. Los beneficios son mutuos. Uno sirve al otro. Alternan sus pendencias y sus acuerdos: la política es una guerra electoral a la que se patrocina mediante uno u otro partido.

Pedro Zaragoza Fuentes, dueño de Lomas de Poleo, fue señalado por la prensa estadounidense luego de que se «descubriera que camiones de su empresa familiar habían sido usados para contrabandear cocaína a Estados Unidos», como consigna Andrés Oppenheimer en su libro Ojos vendados. El periodista puntualiza que Mariano Herrán Salvatti, a cargo del combate a las drogas en México entre 1997 y 2000, le indicó que eran inexistentes los cargos federales contra Pedro Zaragoza, pero que «había una investigación en curso sobre su primo, Miguel Zaragoza».

El 6 de abril de 2000, en Reforma, el reportero Abel Barajas entrevistó a Pedro Cital, encargado de Planes y Programas Urbanos en Ciudad Juárez, que describía cómo la superficie de esta localidad crece por encima de su población debido a las invasiones de nuevos colonos y a la estrategia de los desarrolladores, «que fraccionan e introducen servicios en terrenos alejados de la zona urbanizada». Aquel funcionario apuntaba: en los próximos quince años, Ciudad Juárez crecerá hacia el sur y al suroriente. Justo en este rumbo se encuentra el perímetro más importante en cuanto al hallazgo de cuerpos de mujeres asesinadas. Entre otros, incluye sitios como Lote Bravo, Zacate Blanco, Granjas Santa Elena.

La sociedad juarense de finales del siglo XX hacia el XXI ha vivido el impacto disolutorio de las instituciones tradicionales como un estigma que se ahonda mediante la muerte anónima y de género en el espacio abierto o público. El entorno de ruptura y dispersión tiene su causa, entre otros factores, en el aislamiento secular de estos territorios, en la lejanía del México central, sobre todo de la capital. Aquella cima de lo ajeno que desde el punto de vista de los norteños merece un nombre irónico: se le llama «Chilangolópolis». O admite un apelativo infamante para su gente: los «chilangos». Un sinónimo de personas tramposas, ladronas, abusivas.

Los símbolos se imponen.

La noción de Norte, de pertenencia a una latitud extrema, casi olvidada por el Centro, y por lo tanto recia y entera por sí misma, desdeñosa de una idea de la nacionalidad adscrita por hegemonía a los poderes centrales de la Federación, ocupa un lugar básico entre los habitantes de Ciudad Juárez. Y en esta identidad norteña los males suelen venir de afuera. En especial, del Sur. Es decir, de abajo. De lo bajo. Del Sur del Estado y del Sur de la República, en particular el crecimiento urbano, inequitativo, súbito y vertiginoso que ha tenido la localidad desde 1970 hasta la fecha, debido al flujo migratorio, la población flotante provista por el imán de ser una ciudad que es al mismo tiempo un enlace: un puente.

El puente como símbolo primario: Paso del Norte, frontera con Estados Unidos. Punto superior respecto de lo bajo del resto de la República. En tiempos de la economía global, la maquila sería el segundo símbolo juarense después del puente. Los migrantes se han asentado en condiciones precarias en las áreas de la Sierra de Juárez, al oeste de la ciudad, desde donde puede contemplarse la promesa del «otro lado»: Estados Unidos. El automóvil sería, en la urgencia de desplazamiento y anhelos de prosperidad, el tercer símbolo juarense.

Francisco Javier Llera Pacheco, académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, afirmaba en 1997 que lo más importante que debía reconocerse era que los problemas de aquella frontera no venían de procesos locales, «sino de fuerzas externas», que representaban el resultado del fracaso de la estrategia nacional de desarrollo en México. Y añadía que, para resolver problemas como el exceso de migrantes, la concentración poblacional, la falta de infraestructura, los asentamientos precarios y el deterioro ambiental se requerían cambios radicales en México en cuanto a las políticas nacionales y las regionales.

En síntesis, Juárez encarnaría un territorio vehicular e intenso en todos los sentidos, un puente, un enclave de la economía multinacional, cuya industria maquiladora impone un paradigma que penetra y ordena el cuerpo de la sociedad —sólo la recesión mundial de 2001 afectaría en forma grave a la economía fronteriza.

El Norte, la tierra de las realidades y de los hechizos imaginarios. Juárez, la que se quiere más norteña de las ciudades mexicanas.

Sobre las condiciones económicas y sociales, el norte de México de fin del siglo XX habría consumado la propuesta de imágenes y representaciones múltiples sobre lo mexicano de mayor poderío desde que la llamada cultura «chicana» se difundió en los años sesenta y setenta. Bajo su mapa difícil, se ha multiplicado la alternativa de estar en el mundo al estilo del narcocontrabando, las leyes incumplidas y el ocio nocturno —por cada escuela, hay 5 bares en Ciudad Juárez, aparte de mil «picaderos», puntos de venta de drogas duras al menudeo. De nuevo, se demuestra que la historia es un paisaje complejo que surge de la geografía y la cultura. Así como cantan, en un corrido local, Los Dinámicos del Norte en «Contrabando de Juárez»:

Bonito Juárez querido,

yo desde aquí te diviso,

lástima que aquí en El Paso,

tenga ciertos compromisos.

Son las once de la noche,

oigo música en los bares,

mi querida allá me espera,

en una calle de Juárez.

Güerita de ojos azules,

no le puedo dar mi mano,

porque me tiene enjuiciado

el gobierno americano.

Qué bonito es el Río Bravo,

ya nadie podrá negarlo,

porque el contrabando pesa,

cuando se pasa nadando.

3. Una muchacha para nunca jamás

La muchacha salió de su casa a las cinco.

Era el 14 de agosto de 1995 y, como todas las madrugadas, se dirigía a su trabajo en la maquiladora Procon. De nombre Elizabeth Castro García y 17 años de edad, la joven dejaba el domicilio familiar de la calle de Bronce número 1829. Al terminar su turno laboral a las tres y media de la tarde, se dirigía a la escuela ITEC, de Lerdo esquina con Mejía, a la que entraba a las cinco. Estudiaba computación. A las siete de la noche de aquel lunes 14, salió del plantel con una amiga, María Angélica Contreras, que la acompañó algunas calles. En un crucero céntrico se perdió su rastro.

De inmediato, su familia elaboró volantes que decían: «¡SE BUSCA! Elizabeth Castro García desapareció el día 14 de agosto a las 7.00 de la tarde en las calles Vicente Guerrero y Juárez. Vestía una playera blanca. Cualquier información comunicarse al teléfono 15-70-26». Dominaba el volante el rostro de Elizabeth, que mira de frente a la cámara fotográfica.

Un par de transeúntes la vio caminar al lado de un hombre moreno, alto, que cargaba una maleta negra.

Dos semanas atrás, su hermana Patricia la había visto cuando descendió de un auto negro con vidrios polarizados —como usan muchos vehículos en Ciudad Juárez—. De acuerdo con su hermana Eunice, Elizabeth había tenido tres novios, Daniel «N», Nicolás Herrera y Jorge Zamora. Al parecer, un conductor de autobús la pretendía también.

Durante los días siguientes, la familia recibió llamadas extrañas: al descolgar, sólo se escuchaba alguna canción ranchera de Vicente Fernández, o de Selena, la entonces recién asesinada cantante de música «tex-mex»: ¿Bidi, bidi, bom, bom?…

En aquellos días, Francisco Molina Ruiz era el procurador de Justicia en el Estado de Chihuahua, y Javier Benavides comandante de la policía judicial. Hernán Rivera estaba al frente del área de Averiguaciones Previas y Jorge López Molinar encabezaba la Subprocuraduría de la Zona Norte. Francisco Minjárez era titular del Grupo de Investigaciones Especiales y Antonio Navarrete era agente judicial en Ciudad Juárez. Un grupo de funcionarios y policías cuya presencia será recurrente en el futuro respecto de los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez.

La mañana del 15 de agosto de 1995, Eunice Castro García compareció, en compañía de dos testigos, Gloria Pérez y Susana Montes Pérez, ante el Ministerio Público para denunciar la desaparición de su hermana Elizabeth:

—Tenemos temor fundado de que algo grave le haya ocurrido a mi hermana —decía—, porque preguntamos en su trabajo si había ido a laborar, y nos manifestaron que no.

El agente del Ministerio Público a cargo de recibir la denuncia le preguntó la media filiación de Elizabeth. Eunice, de 25 años, respondió:

—Tez blanca, complexión delgada, 1,75 metros de estatura, usa cabello largo, viste regular, de 17 años aproximadamente…

—¿Dónde podría estar?

—Ignoro dónde puede ser localizada —respondió.

Luego de los asientos legales del caso, quedó registrada la denuncia por el «delito de desaparición de persona», y se turnó el mismo día al Grupo de Investigaciones Especiales. Tomaron la indagatoria los agentes judiciales Francisco Javier Cervantes Torres y Jonathan Tovar López, y se trasladaron al domicilio de la desaparecida, en la Colonia Juárez.

La familia reiteró la circunstancia de su desaparición y detalló la ropa que vestía la muchacha: un pantalón vaquero color verde, blusa blanca, zapatos negros tipo «bombita», calcetas blancas con franjas. También repitió los datos fisionómicos que constaban en actas y que Sandra Landeros y «Yadira» eran amigas suyas.

Al día siguiente, se instauró la averiguación previa 0301/15852/95 ante el jefe de la oficina, Hernán Rivera. En aquella fecha, los agentes asignados ya daban parte de un «homicidio», cuando no se disponía aún de un cuerpo.

El día 16, los policías fueron de nuevo al domicilio de Elizabeth y se entrevistaron con su madre, Irma Mari García Díaz, que acababa de llegar de Bañón, municipio de Villa de Coss, en Zacatecas, porque le notificaron la desaparición de su hija. Desde un par de meses atrás no veía a Liz, como la llamaban en casa a la muchacha. Añadió que la camiseta de su hija decía «California» y que tenía el cabello largo casi hasta la cintura y de color castaño obscuro. Sus ojos eran café obscuros y grandes, el rostro alargado, la nariz afilada, la boca regular, los labios gruesos.

La madre había notado a Liz muy triste, pero no le comentó nada al respecto. La muchacha siempre quería acompañarla a todas partes, pero ahora se había mostrado renuente. La última vez que estuvo con ella le dijo:

—Mamá, fíjese que en la zapatería 3 Hermanos de la calle Velarde, en donde compré unos zapatos, allí desapareció una muchacha el otro día…

El 11 de julio de 1995 había desaparecido Silvia Elena Rivera Morales. A principios de septiembre de aquel año, se descubrió su cuerpo en Lote Bravo. Además de estudiar, trabajaba en la zapatería 3 Hermanos. Liliana Holguín, cuyo cuerpo se hallaría en el año 2000 en Cerro Bola, fue vista también en la zapatería 3 Hermanos por última vez.

Los policías solicitaron que la madre de Elizabeth declarara ante el Ministerio Público. Irma Mari García Díaz, de 47 años, casada y dedicada al hogar, madre de dos hijas más, Eunice y Patricia, ratificó su testimonio. Asimismo, puso en manos de los policías algunas fotografías de su hija. En una de ellas, Liz está abrazada con un amigo en un parque de Juárez. Se la ve confiada, deseosa de protección. Cada vez que posa, Elizabeth repite el gesto de apego.

Al ampliar su testimonio, Eunice especificaba al agente del Ministerio Público por qué estaba tan segura de la ropa que llevaba su hermana:

—Me fijé en estas prendas de vestir porque la noche anterior ella estaba arreglando la ropa que se iba a poner, y me di cuenta cuando planchaba su ropa.

—¿Y su ropa interior?

—De su ropa interior no me di cuenta cuál se puso, pero yo conozco toda su ropa interior, sólo que no he revisado cuál es la que falta.

También comentó que los viernes Elizabeth se iba a comer con sus amigas, y que no le conocía novio ni planes de casarse o de viajar. A pesar de tener pasaporte local, viajaba poco a El Paso, Texas.

La familia vivió en zozobra durante algunos días. Preguntaban los amigos, las amigas:

—¿Qué noticias hay?

—Ninguna.

—¿Nada?

—Nada todavía…

El 19 de agosto, la policía halló un cuerpo femenino, entre arbustos y basura, en el kilómetro 5 de la carretera a Casas Grandes, en Granjas Santa Elena. Un terreno semidesértico, de escasa vegetación.

Se dio entrada a este hallazgo bajo el cargo de «homicidio doloso». La Averiguación Previa 16142/95-1101 indica que el cuerpo estaba bocabajo, la cabeza orientada al norte, el brazo derecho flexionado bajo el abdomen y el izquierdo semiflexionado a lo largo; las piernas separadas. Se confirmaba la muerte por estrangulamiento. Tenía el cabello anudado con una «banda o liga café». El cuerpo conservaba una playera blanca con la leyenda «California. The Golden State» al frente. La prenda estaba enrollada encima de los senos, al igual que el brasier de color blanco. Bajo el cuerpo, se halló un pantalón vaquero color verde con manchas de sangre y fauna cadavérica. A la izquierda, a la altura del muslo, estaba un zapato sin agujeta y unas pantaletas blancas. Excepto el zapato, que llevaba el sello 3 Hermanos, ninguna de las prendas tenía etiquetas o marca visible.

De acuerdo con el acta del caso, el cuerpo «presentaba un avanzado estado de descomposición», lo que dificultó los exámenes periciales y forenses. Pero se observó una «herida cortante de forma triangular, situada en la región coccígea, la cual abarca la parte interna en ambas regiones glúteas, y el ano dilatado».

Además, se apreció en la «muñeca del brazo izquierdo un par de cintas para zapato, atadas, presentando una de ellas un asa, donde puede caber perfectamente la otra mano». El Ministerio Público detalló así el hallazgo:

«A unos veinte metros hacia el sur de la cinta asfáltica y en una hondonada se da fe prejudicial de tener a la vista el cadáver de una persona de sexo femenino de aproximadamente diecinueve años de edad, dicho cadáver se encuentra en una posición de decúbito ventral con la cabeza apuntada hacia el norte y sus extremidades inferiores hacia el lado opuesto y semiabiertas y su brazo derecho flexionado hacia el tórax y el izquierdo flexionado, dicho cadáver presenta signos de muerte real y no reciente, rigidez cadavérica completa y conservación completa».

En este punto, el acta consigna algunos datos fundamentales: «es de aproximadamente un metro con sesenta centímetros de longitud, complexión regular, tez morena, cabello castaño, frente regular y ojos de color café, asimismo no se le aprecian sus rasgos faciales debido a su avanzado estado de descomposición en que se encuentra, se encuentra vestida con una camiseta color blanco».

Se tomaron 25 fotografías y se lo identificó como el cuerpo 118/95.

El jefe del Departamento de Identificación Criminal, Servicios Periciales y Medicina Legal, doctor Julio César del Hierro Ochoa, elaboró los exámenes de rigor y, entre otros datos técnicos, apuntó que el cadáver tenía una estatura de 1,63 metros.

En su informe cita que el cuerpo ya se había identificado «en el anfiteatro local, con el nombre de Elizabeth Castro García de 17 años de edad». Asimismo, destaca que el lugar del hallazgo no era «donde ocurrió el hecho». Había muerto de asfixia por estrangulamiento en otra parte, y la muerte había ocurrido cinco o seis días antes del 19 de agosto. Al examinar un rastro de sangre en el pantalón encontrado debajo de las piernas de la víctima, se halló una muestra de sangre tipo «A», distinto del de la víctima, que era de tipo «O».

Patricia, hermana de Elizabeth, su padre Marcos Castro Valdez y Alfonso Cuauhtémoc Córdova Díaz, tío político, concurrieron a reconocer el cuerpo.

—¿Es Elizabeth?

Asentaron que sí. También la madre de la muchacha, que aseguró:

—La identifiqué por las medidas de su cuerpo, por su complexión, que es delgada, por su cabello, que es largo y castaño obscuro, y por la forma de sus pies, además la ropa que me mostraron y que me dijeron que es la que ella traía puesta…

El cuerpo estaba en descomposición. No hubo aportaciones criminalísticas ni prueba alguna de tipo técnico que apoyara lo dicho por los familiares.

El Ministerio Público solicitó que Patricia Castro García declarara el 21 de agosto. De 26 años de edad, casada, Patricia atestiguó que la noche del domingo 13 de agosto vio a su hermana Elizabeth por última vez.

—¿Y luego? —preguntó el agente a cargo.

—Sólo sé que mi cuñado José Alfredo acompañó a pie a mi hermana Elizabeth al camión hasta el Viaducto, siendo aproximadamente diez minutos para las cinco de la mañana.

El cuñado la vio subirse al autobús especial que llevaba empleados a la fábrica Procon. En últimas fechas, de acuerdo con su hermana, Elizabeth iba sola a la escuela al salir del trabajo, porque su amiga Yadira Rodríguez, que solía acompañarla, había dejado de trabajar en Procon. De la escuela a la casa, María Angélica Contreras acompañó a Elizabeth en varias ocasiones.

A las nueve de la noche del lunes 14, la familia se preocupó. Algo malo le había sucedido. Era infrecuente el retraso. Pasaron las horas.

—¿Qué hicieron?

—Comenzamos a buscarla en la cárcel preventiva, y hablamos a la otra cárcel donde dicen que llevan a los menores, y al chofer del camión del que sólo sé que se llama Martín, no sé cómo se apellida, le preguntamos por mi hermana, que si la había dejado en la fábrica, y nos dijo que la había llevado a la fábrica y que la había bajado donde mismo… y que cuando salió mi hermana de la fábrica también la trajo al centro de la ciudad. Ya siendo las seis de la mañana del día 15, venimos a poner la denuncia de desaparición.

Patricia añadía que la familia habló a la fábrica para «ver si se había presentado ella el día catorce», pero omitió decir qué le respondieron.

Enseguida, relataba qué sucedió cuando fueron a indagar a la escuela de su hermana:

—El día 15 por la tarde hablamos con la maestra de mi hermana, nos dijo que había visto a mi hermana salir de la escuela en compañía de otra alumna de nombre María Angélica Contreras, y hasta el viernes 18 supe, por una persona de nombre Ana María Castro, que un yerno de ella había visto a mi hermana Elizabeth el martes o el miércoles de esa semana en la glorieta de la carretera, pidiendo un aventón en compañía de un hombre, y que había otras dos personas pidiendo un aventón, pero no dijo si eran hombres o mujeres, hacia el sur, como que iban de salida…

—¿Cómo era el hombre que la acompañaba?

—Dijo que era no muy alto, moreno y de aspecto chilango.

Patricia decía que el yerno de Ana María había pasado entre las doce y la una de la tarde por allí de rumbo al basurero, y que a él también le habían pedido un aventón, pero no se detuvo.

El testigo dijo que alcanzó a ver cómo el grupo caminaba a la altura de las oficinas de la Policía Federal de Caminos (PFC) mientras pedía un aventón, y entre ellos se pasaban una botella de agua. Recordaba haber visto a Elizabeth tomar agua.

En la misma declaración, Patricia Castro García asentó que la familia había preguntado a un policía de caminos, del que desconocía su nombre y la unidad a la que estaba adscrito, si identificaba a su hermana. Ante una fotografía de ella, el policía aseguró que había visto a la muchacha el día 9 de agosto en el Supermercado del Río.

Patricia continuó su declaración:

—Un niño de los que andan limpiando vidrios pero no sé cómo se llama que encontramos en la gasolinera de la glorieta nos dijo que había visto a mi hermana en compañía de un hombre, y que traía una maleta negra. También los había visto sentados en la gasolinera pero no dijo cuándo… En la gasolinera tres hombres de una troca nos dijeron que habían visto a mi hermana en la Colonia Virreyes, y dijeron: «a esta joven la vimos»… pero no dijeron cuándo.

Otro niño en la gasolinera dijo que había visto a Elizabeth a bordo de un «camión urbano de color azul», pero fue incapaz de precisar la fecha, tampoco si iba sola o acompañada.

Al margen de su testimonio formal, Patricia refirió al reportero Sergio Melgar de Diario de Juárez que, dos semanas antes de que desapareciera su hermana, la había visto descender de un auto negro con los vidrios polarizados. Y reprodujo el episodio:

—¿Con quién venías? —preguntó la hermana mayor.

—Es el carro de Sandra —respondió Elizabeth.

—Ése no es el carro de Sandra.

Elizabeth guardó silencio.

Yadira Rodríguez afirmaba que Elizabeth había tenido un novio de nombre Jorge Zamora, que vivía en la Colonia Virreyes y que «seguido se lo encontraban en el centro». Patricia reconocía que alguna vez su hermana le contó que tenía otro novio, Ángel Ambriz.

—Jorge era el único que sabía a cuál escuela iba y a qué hora salía mi hermana.

El agente del Ministerio Público preguntó:

—¿Podría decir la media filiación de Jorge?

—Tez morena, complexión regular, de aproximadamente 20 años de edad.

—¿Y la de Ángel?

—A Ángel no lo conozco.

—¿Qué otros datos puede agregar sobre estas personas?

—Dicen que a Jorge Zamora lo corrieron de la fábrica Procon porque quiso besar a la fuerza a una señora.

Los agentes policíacos Cervantes Torres y Tovar López localizaron a Jorge Zamora Alvarado en su domicilio de la Colonia Virreyes. El joven, de 18 años de edad, aceptó que había conocido a Elizabeth en el trabajo, pero que comenzó a tratarla en el mes de abril en un concierto del grupo Los Temerarios en los Jardines de la Carta Blanca. Elizabeth iba acompañada de una amiga y del novio de ésta. Conversaron, y en un momento él la invitó a bailar música disco y Elizabeth aceptó. Él tomó dos cervezas y ella comió papitas. Mientras bailaban, se empezaron a besar. También le acarició los senos. Estuvieron en el lugar hasta las cuatro o cuatro y media de la mañana, y luego la acompañó para que ella abordara una «rutera». Salieron abrazados. En la calle, volvió a acariciarla, pero ella le contuvo, le dijo al muchacho:

—Le seguimos en otra ocasión… Es que te quiero conocer mejor.

En la misma entrevista con los policías, Jorge Zamora recordó que, tiempo después, un compañero de trabajo llamado Santiago Valdez le confesó que ya había tenido relaciones con Elizabeth, y que ésta se movía como una culebra. Una «culebra», como la canción de moda. Y que también había salido con otros muchachos de la misma fábrica. Zamora afirmaba que habría de encontrarse a Elizabeth en el Salón Diver’s de la avenida Juárez, pero que la evitó «por todas las cosas que sabía ya de ella».

Los policías se dirigieron luego a entrevistar a Eunice Castro García, y le preguntaron sobre los hábitos de su hermana. Eunice respondió que ella había trabajado en la misma fábrica a partir del mes de mayo de 1995, y que en julio su hermana comenzó a irse a bailar con unas amigas que eran de su mismo pueblo de Zacatecas. Al regresar éstas a su tierra, Elizabeth retomó la costumbre de salir a bailar con muchachas y muchachos de la maquiladora, como Yadira Rodríguez, Miriam Martínez, Sandra Landeros, o «Alma»… Con ellas iba a bailar a la avenida Juárez. Eunice le había conocido a su hermana otros novios: Daniel, Nico, Ángel, además de «otros muchachos».

La autoridad solicitó que se le tomaran a Jorge Zamora muestras de sangre, y que declarara ante el Ministerio Público. Su declaración repetía lo dicho ante los policías, y agregaba un episodio acerca de la noche en que salió con Elizabeth.

—La encaminé al centro, la dejé en la catedral y le dije que me esperara un rato mientras que yo iba al baño, y al regresar a donde la había dejado la encontré hablando con un muchacho, y cuando llegué a donde estaba ella el chavo se retiró y le pregunté que quién era, que si la estaba molestando, y ella me dijo que no, que nada más le estaba preguntando por una calle, y luego la fui a encaminar a donde se agarran los camiones a la casa de ella.

Jorge Zamora decía asimismo que Elizabeth «tenía muchos problemas con las muchachas de la fábrica».

—Con la que más tenía problemas era con una de nombre Miriam, porque según esto Miriam decía que Elizabeth le coqueteaba mucho a su novio de nombre Óscar, quien trabajaba en la cafetería, y una vez se iban a pelear Elizabeth y Miriam en el baño.

—¿Con quién más tuvo problemas?

—Una vez una muchacha de nombre Caro que trabajaba ahí en la fábrica le reclamó a Elizabeth que por qué andaba diciendo cosas de ella. Allí en la misma fábrica trabajaba la hermana de Elizabeth, Eunice, que me dijo que ésta se portaba mal y que se iba mucho a bailar y que llegaba tarde a la casa, y que si seguía así se la iban a llevar con sus papás no recuerdo adónde.

Jorge Zamora, alias «El Zamora», aceptó que le hicieran las pruebas de sangre. El resultado arrojó que era del tipo «O» positivo, y mostró nerviosismo cuando le preguntaron acerca de un par de resguños que tenía en la piel. Respondió:

—El rasguño del brazo derecho me lo hizo un gato la semana pasada. El rasguño en el cuello no sé cómo me lo hice. Cuando yo pisteo mucho aguardiente, o sea un litro, me pongo muy borracho y no me acuerdo de lo que hago. Cuando trabajaba me ponía muy borracho, al grado de que no recordaba lo que hacía…

—¿En dónde se encontraba usted y en dónde estuvo los días 14 y 15 de agosto de 1995?

—Todo el día 14 y el 15 que fueron lunes y martes estuve en mi domicilio y no salí a ningún lado.

Había estado en compañía de su familia. La declaración asentó las lesiones en la piel de Jorge Zamora.

El Ministerio Público citó a declarar de nuevo a Eunice Castro García acerca de los hábitos y amistades de su hermana.

Esta vez, Eunice recordó que una amiga suya, Irene, le preguntó si Elizabeth «andaba de novia con el chofer del camión que la llevaba a la fábrica», porque veía que ella y otra muchacha de nombre Lourdes Mesta platicaban con el sujeto. A pregunta expresa de su hermana, Elizabeth le respondió que éste —Martín— era novio de Lourdes. En la alberca La Rosita, Eunice vio a Elizabeth que conversaba con Martín, un muchacho de 25 años de edad, delgado, de cerca de 1,75 metros, tez blanca. También ratificó las versiones acerca de los pleitos de su hermana con las compañeras a causa de los celos.

Francisco Minjárez, jefe especial de la investigación, informaría a la prensa:

—Por lo menos dos de las jóvenes acudían con frecuencia a un mismo lugar, del que posiblemente fueron elegidas y sustraídas…

Construía ya los fundamentos que caracterizarían el enfoque de las autoridades acerca de los homicidios en serie: las víctimas eran mujeres de doble vida o costumbres libertinas; homicidas y víctimas confluían en algunos centros nocturnos.

El 6 de octubre, cuando tocó su turno de presentar declaración ante las autoridades, María Angélica Contreras Padilla, de 24 años de edad, expresó que había conocido poco a Elizabeth. Unos dos meses. La describe como «alegre pero no vulgar». Solía usar tenis blancos. Llevaba su bolso de mano y sus útiles en una carpeta grande que tenía pegada una hoja con un pensamiento escrito a máquina. No recordaba qué decía éste. Ella le confesó que tenía un novio en la maquila, pero se reservó su nombre. También, que a veces tomaba licor. En ese momento, el agente del Ministerio Público acotó:

—¿Al grado de embriagarse?

—No sé, nunca me lo dijo.

—¿Le platicó de otros novios?

—Me platicaba de varios novios que había tenido y de uno más que tenía en su lugar de origen, pero nunca me dijo el nombre de esas personas… Sí mencionaba mucho el nombre de un tal Juan, que era su compañero de trabajo.

—¿Le platicó que tuviera relaciones sexuales con alguien?

—Nunca platicamos de cosas relacionadas con sexo, ni me platicó de que alguien la molestara en ese sentido.

—¿Cuándo fue la última vez que la vio con vida?

—Fue el lunes 14 de agosto. Ese día me platicó de su vida personal en relación con su lugar de origen, de su familia, del tiempo que tenía aquí y del tiempo que tenía trabajando en la maquila. Al salir de clases, como a las siete de la tarde, nos fuimos caminando por la calle de Lerdo hasta llegar a la de Abraham González. De ahí llegamos a la calle de Juárez y dimos vuelta a la izquierda para avanzar hasta la calle de Vicente Guerrero. Yo di la vuelta a la izquierda para ir a la calle de Ahumada.

—¿Y ella?

—¿Ella? No sé qué dirección tomó…

María Angélica describió la vestimenta de Elizabeth aquel día: pantalón vaquero color «azul», playera blanca con un estampado.

—¿Llevaba ella en la mano un diccionario en inglés?

—Nosotras no usamos en la escuela un diccionario de inglés…

—¿Está segura?

—Sí. Y yo nunca la vi con uno a ella.

Tres días antes, la policía había detenido al egipcio Abdel Latif Sharif Sharif, ex residente en Estados Unidos y afecto a divertirse en bares desde que llegó, semanas atrás, a Ciudad Juárez. Las autoridades ya maquinaban la consignación formal de su caso como el del multihomicida.

4. Criminólogos rodantes

A finales de octubre de 1995, viajó a Ciudad Juárez un equipo de expertos capitalinos denominado Grupo Interdisciplinario de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (GI/PGJDF), coordinado por el criminólogo René González de la Vega. Se proponía ofrecer apoyo técnico a las autoridades locales, ante la sospecha de que había un mismo patrón delincuencial detrás de los numerosos homicidios contra mujeres en Juárez, notorios desde dos años atrás.

El día 25, a las diez de la mañana, tuvo lugar la primera reunión de trabajo con funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJECH). Las autoridades chihuahuenses proporcionaron una carpeta informativa con fotografías, algunos dictámenes de necropsias y las primeras diligencias del Ministerio Público estatal. Asimismo, algunos mandos de la policía judicial explicaron detalles de las investigaciones.

Por la tarde, el Grupo Interdisciplinario tuvo acceso a las averiguaciones previas. El propósito era ampliar y profundizar la información recabada hasta entonces. Por la noche, a las once, hubo una segunda reunión en la que los expertos capitalinos hicieron algunas recomendaciones para mejorar el trabajo de la policía estatal. Era claro que los expedientes carecían de la formalidad y el rigor necesarios.

Al día siguiente, a primera hora del día 26, se realizó otra junta de trabajo con funcionarios de Chihuahua y especialistas del FBI. Se expresaron hipótesis preliminares y se intercambiaron puntos de vista.

Hacia las once de la mañana, el Grupo Interdisciplinario se dirigió a todos los lugares en los que se habían encontrado los cuerpos o los restos de las víctimas en las últimas semanas. A las cinco y media de la tarde, terminó el recorrido, y una hora después se celebró otra reunión más. En ella se determinó que permanecerían en Ciudad Juárez dos miembros del equipo, un criminalista y un patólogo, en tanto los demás regresarían a México en un vuelo nocturno.

El Grupo Interdisciplinario decidió expresar un conjunto de recomendaciones como resultado de su asesoría a las autoridades de Chihuahua, que atañían a la «organización, administración y supervisión» de las pesquisas, además de lo referente al ámbito de las averiguaciones previas y lo criminalístico. También, al asunto del egipcio Sharif Sharif, sobre el que se informó de palabra al Grupo Interdisciplinario, y sobre la base de un «cuadernillo de diligencias» del Ministerio Público. Las autoridades locales se reservaron ofrecer copia de la causa penal y del desglose de la averiguación previa.

Ante todo, el Grupo Interdisciplinario recomendaba establecer una «Unidad Especial» para indagar sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Esta Unidad, bajo una sola línea de mando, debía contar con los recursos y el apoyo amplio de todas las áreas de la Procuraduría. Se sugería reducir el equipo al mínimo para privilegiar su eficacia y su capacidad de respuesta y cobertura. Por lo tanto, contar con dos «células» de investigación, compuestas por un agente del Ministerio Público y seis detectives en cada una de ellas. Y sólo responderían ante el jefe del área jurídica, en este caso, el subprocurador de la Zona Norte.

Se recomendaba además que el mando de los policías estuviera en manos de los respectivos agentes del Ministerio Público, cuyo accionar debía ser permanente en las averiguaciones previas.

Otro aspecto importante previsto por el Grupo Interdisciplinario era el establecimiento de una «Unidad de Análisis Criminológico», a cargo de un jefe con dos analistas. La idea era que, a través de aquélla, se actualizara la información criminalística y criminológica que obtuvieran las células investigadoras. A su vez, la Unidad tendría bajo su responsabilidad los contenidos que se ofrecieran al público mediante un «Jefe de Comunicación Social».

Aparte, se subrayaba la urgencia de contar con un jefe de logística que se encargara de los problemas administrativos, como uso de vehículos, gasolina, viáticos, salarios, papelería, etcétera. Y se urgía a disponer de un «Coordinador General», con jerarquía de agente de Ministerio Público, que dispusiera de un cuerpo de asesores técnicos en criminalística y patología forense. Su responsabilidad sería distribuir las tareas a las células y áreas respectivas, mediante un método de información «compartimentalizada» o restringida, así como definir un plan de trabajo particular para cada averiguación previa y crear una bitácora general de la investigación con bitácoras particulares de cada averiguación previa.

El Grupo Interdisciplinario sintió la necesidad de ampliar sus recomendaciones hasta el grado de proponer una suerte de reglamento para el plan de trabajo que permitiera disponer de una metodología lógico-jurídica, actuar de lo general a lo particular, evitar las ideas preconcebidas, trabajar con hipótesis múltiples a partir de las evidencias encontradas y, en consecuencia, poder sustentar teorías ulteriores para, más tarde, comprobar los hechos. Incluso, se subrayaba atender los tres principios básicos de toda investigación: móvil, ocasión y medios de quien comete un hecho delictivo. Se insistía en desechar lo que, en términos de criminalística y criminología, fuera ajeno al plan de trabajo establecido.

Como era previsible, el Grupo Interdisciplinario despertó la reticencia de los funcionarios de Chihuahua. Las investigaciones locales reprobaban el mínimo examen. Las sugerencias sobre los requisitos de confidencialidad, comprobación de los hechos, control de elementos variables de la investigación, incluso las recomendaciones sobre cómo realizar los interrogatorios, representaban un juicio adverso, aunque implícito y respetuoso, a las actuaciones desordenadas de la Procuraduría de Chihuahua.

El colmo era que el documento de las recomendaciones explicitaba «evitar en todo momento durante los interrogatorios transmitirle a los testigos una sensación de inseguridad personal». Se sugería ofrecer protección a los testigos y evitar la inducción de los testimonios, así como grabar en video las declaraciones. Y trabajar en forma sistemática y exhaustiva en la investigación, informar al público sobre las horas-hombre dedicadas a investigar los crímenes, proceder a evaluaciones semanales y parciales de cada área. O utilizar los «formatos para la investigación de homicidios con los que ya cuentan los funcionarios de Chihuahua».

Al final del informe del Grupo Asesor, se apuntaban algunos distingos criminalísticos que subrayaban el dolo de los homicidios. El cuerpo 118, el de «Elizabeth Castro García», presentaba «la inexistencia de las lesiones típicas de lucha y/o forcejeo». Se infería que «pudo haber sido sorprendida por su agresor, colocándose atrás de la víctima el victimario y usando las manos como elemento constrictor para efectuar el mecanismo de asfixia por estrangulamiento».

Sobre el cuerpo 122, femenino no identificado, se decía que la «ausencia de lesiones o huellas características de lucha permiten inferir también que la víctima fue sorprendida por su agresor, esto es que colocado el agresor por atrás de la víctima la golpea, siendo muy probable que la víctima esté en posición de decúbito ventral, enseguida ejerce la tracción del cuello. Posteriormente es colocada en decúbito dorsal y le ocasiona las lesiones con instrumento punzocortante y las mutilaciones (esto con base en que en la luxación traumática de vértebras cervicales hay hematoma y obviamente infiltrados hemáticos)».

El cadáver 133, de Silvia Elena Rivera Morales, repetía el «mecanismo del caso 118, aclarando que muy probablemente la víctima está en decúbito ventral, lo que aumenta las posibilidades del victimario de someter a su víctima y siendo más fácil atarle las manos por atrás del tronco».

En el cadáver 137, femenino no identificado, se apreciaba que al «agresor no le fue posible sorprender completamente a su víctima, pues se observan huellas de defensa, sugiriendo esto que, durante la agresión, el agresor pierde momentáneamente el arma blanca, intentando posteriormente el estrangulamiento, utilizando un elemento constrictor».

En tal caso, era probable que «al estar semiinconsciente o inconsciente, pero aún con vida, estando la víctima en decúbito ventral, el agresor le toma la cabeza, mientras le muerde el lóbulo de la oreja izquierda, para enseguida traccionar con mucha fuerza el cuello, colocando muy probablemente una rodilla en la región escapular (a nivel de las vértebras torácicas), haciendo girar bruscamente el cuello como en otros casos. Es posible que haya iniciado la agresión al golpear la hemicara derecha. La mutilación fue efectuada post mortem».

El cadáver 138, femenino no identificado, registraba repetición del «mecanismo de ataque inicial, colocada la víctima en decúbito ventral, el victimario le efectúa un mecanismo de asfixia por estrangulamiento, en seguida en estado semiinconsciente o inconsciente el cuerpo de la víctima es colocado en decúbito dorsal, causándole el agresor las heridas por instrumento punzocortante. Por otra parte, al ser colocado el cuerpo de la hoy occisa en decúbito dorsal, con alguno de los pies el agresor le produce las fracturas en esternón y en primera costilla del lado derecho».

El informe del Grupo Asesor anotaría en sus últimas líneas: «aun cuando hay dos cadáveres con edad mayor a las otras cinco, es importante señalar que las ropas encontradas son casuales, muy juveniles, coincidiendo todas en este aspecto. Esto es que no se descarta que dieron apariencia de una edad menor a la que tenían».

A finales de abril de 1996, el doctor David Trejo Silecio atendía en su oficina del Departamento de Patología del Hospital de Xoco, en la Ciudad de México, rodeado de frascos de formol color ámbar con fetos, curiosidades y anomalías orgánicas. Trejo Silecio, un hombre barbado cercano a los cuarenta años, robusto, cordial y de inteligencia aguda, aceptaba comentar algunos detalles sobre las muertas de Juárez.

Por una llamada del jefe policíaco Francisco Minjárez, a quien describe como una persona cortés, Trejo Silecio llegó a Ciudad Juárez el 15 de septiembre de 1995. El objetivo de su viaje consistía en realizar observaciones de los cuerpos de las mujeres asesinadas, determinar las lesiones, precisar el causal de las muertes y apoyar la tarea identificatoria de un antropólogo forense, que sería el doctor H. Gill-King, de la University of North Texas. Al decir de Trejo Silecio, el antropólogo estadounidense fue invitado por el policía Jesús «Chuy» Terrones: seis o siete años antes, el experto había colaborado en la indagación de una serie de casos similares a los de Ciudad Juárez en territorio texano.

El patólogo capitalino recuerda que tenían 5 cuerpos de mujeres pero las autoridades locales carecían de los exámenes imprescindibles, había protocolos irregulares. Por ejemplo, se apunta: «fueron violadas». O bien, «fueron estranguladas», sin que hubiera prueba alguna que acompañara los asertos.

Trejo Silecio tenía presente el cuerpo número 122, de una mujer no identificada, porque resaltaba la falta de exámenes y se apreciaba el desnucamiento, la luxación de las vértebras. Tenía que aceptarse la posibilidad de que, al violar a la víctima, el agresor terminaba por desnucarla cuando alcanzaba el orgasmo violatorio y disfrutaba de las convulsiones de aquel cuerpo en el momento de la muerte.

El patólogo capitalino formó parte luego del Grupo Interdisciplinario, le llamaba «La Palomilla», que viajó a Ciudad Juárez para asesorar a la Subprocuraduría de la Zona Norte de Chihuahua semanas después. Trejo Silecio señalaba las dificultades del caso: la primera de ellas, el rezago de saberes científicos por parte de las policías y los equipos de investigación, así como la falta de normas y procedimientos adecuados para enfrentar un reto semejante. Era el imperio de la improvisación y la ineficacia, decía el patólogo. De inmediato, los asesores advirtieron las limitaciones de las autoridades locales y su reticencia a colaborar.

En privado, el jefe de peritos local, el doctor Julio César del Hierro, cuestionaba entre bromas e ironías la capacidad de los asesores de la capital mexicana. A pesar del buen trato que imperó, los funcionarios y policías de Chihuahua resintieron como un juego de intromisiones los comentarios y sugerencias del equipo asesor.

Su participación provenía, al menos en lo formal, de los convenios de intercambio entre las procuradurías estatales y la del Distrito Federal. Estos convenios incluían, por ejemplo, la solicitud de pruebas periciales de alta exigencia técnica de la que carecían las autoridades de los estados, como la de identificación de ADN.

Trejo Silecio cuestionaba, por ejemplo, el equívoco de anunciar violaciones en cuerpos con plena descomposición, o en restos de huesos y jirones de piel en los que nada podía sugerir elementos probatorios al respecto. Se oponía también a la idea de que el asesino dejaba rasgos idiosincrásicos, algo que la prensa había destacado. No al menos en este caso: aquello de los zapatos acomodados al lado de las muertas como un gesto fetichista. El patólogo capitalino lo atribuía más bien al hecho incidental de quien lleva el cuerpo en los brazos y los zapatos en los dedos índice y anular antes de tirar todo al suelo. Argumentaba que ni siquiera se habían seguido los métodos de rigor que implican el levantamiento de los cuerpos y el respeto a las evidencias. Y añadía: las fotografías testimoniales eran, casi siempre, inútiles o inservibles por estar mal enfocadas y mal iluminadas —los detalles para un patólogo-criminalista resultan fundamentales—, cuando no carecían incluso de los números de la averiguación previa. Resultaba imposible en algunas de ellas saber a qué cuerpo pertenecían, afirmaba, al mismo tiempo que extendía, para demostrar su dicho, copias de aquellas imágenes incluidas en los expedientes de los casos del verano y el otoño de 1995.

El doctor Trejo Silecio desplegaba sobre su escritorio, contundente y profesoral, aquellas fotografías que mostraban cuerpos deshechos a la intemperie. Imágenes tremebundas.

Insistía en que se habían desestimado testimonios y pistas en los hallazgos de los cuerpos, lo que jugaba a favor de los asesinos. Y contaba una anécdota de la visita del Grupo Interdisciplinario al sitio donde fue hallado el cuerpo de una víctima, a quien se le atribuiría el nombre de Elizabeth Castro García, en el kilómetro 5 de la carretera a Casas Grandes, en Granjas Santa Elena. El patólogo recuerda que aquel cuerpo, de acuerdo con los datos disponibles, debió de estar durante un día en otro sitio distinto de donde lo descubrió un lugareño, y de estar allí acaso seis horas a la intemperie, muy cerca de la cinta asfáltica de la carretera. Los asesinos de aquella mujer habrían dejado el cuerpo entre las tres y la cinco de la mañana, y, debido a que es un lugar muy transitado, aquél fue descubierto pronto.

El propio Trejo Silecio se acercó a preguntar a quienes atendían un taller automotriz en las cercanías: se sorprendió de escuchar a un testigo, un mecánico que le aseguró haber oído la madrugada de los hechos el motor de una camioneta y risas y plática de al menos dos hombres. Si bien el testigo afirmaba que tuvo temor de asomarse a la puerta, sí pudo identificar el tipo de vehículo usado por los hombres debido al ruido del motor. La policía desestimó ampliar esta línea de investigación.

Trejo Silecio se inclinaba a creer que pudieran ser al menos dos sujetos quienes participaron en el traslado, y quizás en el asesinato, de algunas de las muertas. A la luz de los hechos reconocía que, sin duda, aparecerían más cuerpos. Nuevos asesinatos semejantes a los que él pudo examinar: «Sí, por desgracia».

Coincidía con Robert K. Ressler, quien precisó: «Cuanto más tiempo permanezca sin identificar una víctima, más probable es que no se pueda seguir ninguna pista del crimen que conduzca a quien lo cometió». En otras palabras, la impunidad sería el afrodisiaco de los asesinos.

Meses después, a mediados de 1997, se publicó la noticia sobre la víctima número 87 de la serie de asesinatos fronterizos desde 1993. El 15 de mayo de aquel año se reportó el hallazgo en un paraje desértico de las inmediaciones de Ciudad Juárez: otra mujer joven, en quien se hallaron signos de violencia extrema y abuso sexual. El cuerpo de la víctima estaba descarnado, con señas de estrangulamiento y semivestido. Tenía unos 15 días expuesto en el lecho de un arroyo, y fue localizado por un campesino que caminaba en busca de animales perdidos.

El organismo local Grupos de Mujeres Contra la Violencia exigió que se formara un equipo especializado para investigar los casos, que se contara con personal técnico como químicos, biólogos, antropólogos y criminólogos.

Entre las últimas víctimas había un par de niñas. Sólo durante el mes de junio se había reportado la desaparición de otras dos niñas de 15 años.

Las autoridades estatales, tanto como las federales, trataban de minimizar los hechos. Días antes del hallazgo de aquel cuerpo, el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, había estado en Ciudad Juárez sin haber hecho una declaración enfática respecto de los crímenes y la violencia contra mujeres en la zona fronteriza.

Tampoco los medios de comunicación de masas prestaron un interés de primer rango al asunto del ataque sistemático de corte misógino en Ciudad Juárez.

Las autoridades del estado de Chihuahua habían inculpado a algunos individuos en procesos viciados desde su origen —debido a la coacción de testigos, los nulos o frágiles elementos probatorios, la descalificación de las víctimas, la negligencia en las prácticas criminalísticas, etcétera.

Pero lo peor consistía en la recurrencia del hallazgo de mujeres asesinadas a pesar de aquellos encausamientos. El desdén y la amnesia de las autoridades se había vuelto un argumento político. Mientras, continuaban los crímenes de género.

Jane Caputi y Diana E. H. Russell han escrito en The Politics of Woman Killing que, en el escenario de las sociedades inglesa y estadounidense, similar en términos de género al de otros países como México, la misoginia no sólo produce violencia contra las mujeres, sino que distorsiona la cobertura informativa de los crímenes.

«Femicidio, violación y maltrato», escriben dichas feministas, «son ignorados de varios modos o expuestos en forma sensacionalista por la prensa, dependiendo de la raza de la víctima, de su clase social y su atractivo fisionómico (es decir, de los patrones masculinos)». La policía, los medios de comunicación de masas y la respuesta pública a los crímenes contra mujeres de color, o pobres, o lesbianas, o prostitutas y drogadictas, denuncian Jane Caputi y Diana E. H. Russell, engloban una perspectiva tenebrosa. Ya que, por lo regular, la apatía se entrelaza con el uso de estereotipos peyorativos y la inculpación de las víctimas.

Lo que indican Caputi y Russell se cumplía en el caso de las muertas de Juárez: la mayoría de ellas eran mujeres o niñas de familias precarias, obreras de maquila, jóvenes anónimas. Tanto las víctimas como sus familias habían sufrido tratos desdeñosos e incriminatorios, se las había acusado de descuido, de imprudencia, e incluso de llevar una doble vida que las expuso al riesgo criminal. Más de una vez, los funcionarios judiciales habían amonestado a las familias juarenses por «faltar a sus obligaciones» preventivas respecto de las menores. Al dolor por la pérdida de una hija, al registro lacerante de la impunidad e ineficacia policíaca o ministerial, se había añadido la humillación pública.

Los indicios de los crímenes hacían pensar que el autor o los autores de los crímenes trabajaban bajo esquemas organizados. Por lo tanto, la victimología de las muertas de Juárez se aproximaba a la inermidad que John E. Douglas señala en su libro Crime Classification Manual: suele tratarse de mujeres jóvenes con poca fuerza física, solteras, empleadas, que a menudo viven solas. Representan «víctimas de bajo riesgo», cuyo infortunio se encuentra en el hecho de que se atraviesan con el asesino cuando éste busca a quien atacar.

En una zona fronteriza como Ciudad Juárez, las probabilidades de eso se incrementan ante el flujo migratorio y el nomadismo cultural. El problema principal es la sobrepoblación móvil. Exceso de personas y exceso de desierto: de inermidad.

Ante la carencia del polo estatal de la ley, no hay ninguna entereza simbólica que ejerza un contrapeso análogo en el cuerpo social, ni como conjunto ni como freno del crimen; en especial, cuando se trata de situaciones análogas a las muertas de Juárez: el crimen extremo como forma del horror, del impulso maligno, extraño e inquietante que se ceba en las mujeres.

En la primavera de 1996, lo que más le preocupaba al doctor David Trejo Silecio era que las autoridades locales dejaran de investigar, «de hacerlo bien». O que inventaran a los culpables.

—Si todo el caso del egipcio y «Los Rebeldes» fue inventado —decía, reflexivo—, entonces hay que tener miedo…

Poco a poco la corazonada del patólogo —un especialista en ver el mundo desde adentro hacia fuera— se volvería imperativa.

5. Cuentos crueles

A finales del siglo XX, todo México tendía a ser una zona crepuscular en la que cualquier cosa podía suceder —a twilight zone, que diría Robert K. Ressler.

Una nación-frontera que vio crecer el azote del crimen, la impunidad, la pérdida del respeto a la vida, la desaparición de la gente como industria del exterminio. En el mes de octubre de 1998 se había incrementado la subcultura de la violencia en el país. En Baja California, 19 personas fueron ejecutadas por líos del narcotráfico y, días después, otras seis personas, además de ser asesinadas, recibieron «tiro de gracia». Hasta esa fecha, se contaban 260 homicidios en Tijuana.

En la Ciudad de México se registraban seis ejecuciones, y se habían hallado varios cadáveres de «encobijados», «encajuelados» y numerosas víctimas de asaltos. Esta tendencia crecería en el futuro.

De todos los delitos registrados en el país en 1998, la capital mexicana registraba poco más del 10%, mientras el estado de Chihuahua conjuntaba el 7%.

Aquel año, el Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada (IMECO) aventuraba, en su informe Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México, lo siguiente: «El crimen en lo fundamental es organizado desde el Estado, protegido desde el Estado y defendido desde el Estado ante las exigencias de las víctimas —la sociedad— de poner fin a las agresiones de estos grupos delictivos. De hecho, las “mafias” mexicanas habitan en el corazón del mismo Estado».

El diagnóstico sonaba exagerado, pero refería a fenómenos de desgaste nunca antes vistos en las instituciones mexicanas —uno de los autores de aquel libro, Lucio Mendoza, había sido director de Investigación en la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN), entre 1986 y 1991, organismo a cargo de la inteligencia política del país en ese entonces; luego sería subordinado del secretario de Seguridad Pública (SSP), Alejandro Gertz Manero, durante el gobierno de Vicente Fox.

En los últimos años, México había resentido como nunca antes la desigualdad ancestral y el desastre de la economía. Presenciaba asimismo el ocaso del presidencialismo autoritario, y el lento relevo de un nuevo esquema político. Bajo el esplendor de la criminalidad de Estado, se dio el auge de la corrupción policíaco-judicial y el narcotráfico. Así, proliferó el resto de sus giros lucrativos: secuestro, robo de vehículos, asalto de transportes de mercancías e insumos, asaltos camineros, asaltos contra bancos, tráfico de armas, tráfico de personas.

Las fronteras mexicanas sufrieron diversos efectos donde se anudaba una erosión múltiple que incluía el pacto nacional y la inseguridad pública. Pero las circunstancias fronterizas del país y su desarrollo crítico se habían gestado al menos desde una generación atrás, mediante el propósito gubernamental de congregar las fronteras al ritmo del «desarrollo estabilizador» de entonces. La puesta en marcha del Programa Nacional Fronterizo (1961-1965), enfilado a introducir la infraestructura urbana en nuestras fronteras y crear mejores condiciones de vida por vía del fomento turístico. O bien, el Programa Industrial de la Frontera (1965-1995) y su perspectiva integradora con Estados Unidos, que concluiría en el proceso globalizador del fin del siglo XX.

Las limitaciones de la estrategia nacional de desarrollo en México se volvieron una sombra que asediaba las expectativas del presente y el futuro: su vértigo modernizador se había implantado desde la pirámide centralista; luego llegó a las fronteras para refundarlas y terminó por regresar a sus orígenes. Ahora, su regreso al centro traía una cauda de inconvenientes y disoluciones que se gestaron aquí y allá.

En los últimos años, el país había vivido una serie de sucesos violentos que lo trastornaron, como el levantamiento armado proindigenista de 1994 en los Altos de Chiapas, en la rezagada frontera sur. Y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia, en aquel mismo año, en la bicultural ciudad de Tijuana, puerta californiana a los Estados Unidos.

O la guerra entre los Cárteles de la droga desde mediados de la década de los noventa. El Cártel del Golfo, el de Tijuana, el de Juárez. Una suerte de desgarramiento fronterizo, terreno o marítimo, que se extendería al núcleo del país.

En su libro de crónicas Bordertown de 1998, el estadounidense Barry Gifford escribía que las ciudades de la frontera norte de México se asientan en un territorio indeciso entre algo y la nada. Pero este rasgo de incertidumbre parecía expandirse. Era la fronterización imprevista de las principales ciudades, que hacía temer algo indeseable: el día en que todo México llegara a ser un territorio a medio camino entre algo y la nada.

La memoria y el destino se unían.

En el mes de marzo de 1989, en Matamoros, Tamaulipas, desapareció el joven estadounidense Mark Kilroy, oriundo de la vecina ciudad de Brownsville, Texas. No será hasta el 3 de abril cuando la policía local arreste al propietario de un rancho cercano a Matamoros, en el que se hallan 13 cadáveres mutilados y restos de ofrendas rituales, fetiches, vasijas, pintas con sangre en las paredes, animales. Mark Kilroy había sido víctima de un sacrificio ritual.

El detenido declarará formar parte de una banda satánica de narcotraficantes dirigida, según la policía, por Adolfo de Jesús Constanzo y Sara María Aldrete Medina. Sus adeptos se autodenominaban «rayados», porque acostumbraban llevar unas marcas rituales en la piel. Poco después, en el episodio de su detención, Constanzo sería asesinado.

El objetivo de aquellos ritos, se decía, era lograr la inmunidad y la invisibilidad para sus miembros. Era una vertiente de la santería cubana denominada «Palo de Mayombe».

La indagatoria llevó al hallazgo y desmantelamiento de una vasta red de intereses y clientela, inscrita la mayor parte en el mundillo del espectáculo y el ambiente homosexual más marginal. La prensa llegó a publicar otra versión: que la Policía Judicial de Distrito Federal (PJDF) había manipulado el caso para desviar el interés de los vínculos de Adolfo de Jesús Constanzo con sus jefes policíacos. Incluso habían hallado, en casa de uno de los criminales, fotografías de aquel santero y narcotraficante en compañía de Fausto Valverde Salinas, entonces director antinarcóticos de la Policía Judicial Federal (PJF), o de Carlos Armendáriz, ex comandante de la PJDF. Y de Guillermo González Calderoni, ex comandante de la PJF, que huiría en 1992 de México hacia Estados Unidos para evadir las acusaciones por enriquecimiento ilícito, así como las indagatorias sobre las denuncias en su contra por tortura y asesinato que constaban en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se le acusaría también de haber combatido a los Cárteles del narcotráfico en la costa del Pacífico mexicano, mientras respetaba al Cártel del Golfo, que en aquel tiempo dirigía Juan García Abrego. Así, aparecieron relatos espeluznantes de violencia extrema entrelazada con protecciones policíacas.

Al referirse al caso de los «Narcosatánicos», Pablo Cabañas Díaz describió en 1989 los antecedentes culturales, que se remontan a la Colonia y al siglo XIX, de la brujería y la santería en la franja fronteriza que abarca desde Las Cruces, Nuevo México, El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, en Chihuahua, y llega hasta Brownsville, Texas, y Matamoros, en Tamaulipas.

«La relación terrenal, entendida como la transformación que debe realizarse en la tierra y no en un cielo fuera de este mundo», precisó Cabañas Díaz, «hace pensar que el narcotráfico posee en la brujería un aliado importante, ya que esta tradición cultural permite reforzar a los grupos sociales que operan en la clandestinidad y cuyas prácticas son secretas». Así, subrayaba Cabañas Díaz, la relación entre brujería y narcotráfico adquiere dimensiones inéditas que van más allá de la nota roja.

El abismo en el que cayó Mark Kilroy se llamaba Rancho Santa Elena. Años después, otro Rancho Santa Elena se vincularía a desaparecidos y homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez.

La trinidad del satanismo, el narcotráfico y los sacrificios humanos se difundió como un signo atroz y presagioso. Una atmósfera cotidiana en la sociedad mexicana hacia finales del siglo XX. Estas imaginerías vueltas emblema influyeron en el propio Barry Gifford, que en su novela Perdita Durango de 1991, luego film en la pantalla grande, narra la fuga de una pareja de delincuentes que sacrifican a un niño de diez años en un rito de santería.

La presencia en México de ritos satánicos se ha desvelado de cuando en cuando. Sobre todo, mediante indicios en la nota roja de los periódicos, que han reportado el descubrimiento —en baldíos o casas abandonadas— de los típicos restos de ceremonias satánicas, notorias por los cadáveres de animales degollados y desangrados.

El territorio al sur de la frontera de Estados Unidos se ha prestado asimismo a toda clase de fantasías radicales, como las que refleja la película de Robert Rodríguez Del crepúsculo al amanecer, de 1996, en la que unos delincuentes estadounidenses secuestran a un clérigo y su familia y los conducen a una ranchería en la tierra adentro de México, cuya sede es un centro nocturno/pirámide donde residen extraños vampiros. Esta cinta recupera los viejos mitos del cine de Hollywood respecto a México en tanto un territorio libérrimo, apto para todo tipo de excesos y dispersiones corporales, negocios sucios y riquezas vastas que esperan a los aventureros más valientes. El país de los caminos sin ley y los bandidos caciquiles, la violencia ilímite y los ecos de la antropofagia demoníaca de los aztecas. En estas imágenes y representaciones estereotípicas, pavor de la cultura anglosajona y protestante, confluyen la leyenda negra de la cultura hispánica y la barbarie mexicana.

Joel Norris, en la biografía Henry Lee Lucas. Retrato de un asesino en serie, de 1991, registra que Lucas, uno de los máximos asesinos seriales de todos los tiempos, entró en contacto en Maryland con una secta secreta de cariz satánico, llamada «La Mano de la Muerte». Esta secta demandaba niños y jóvenes para consumo de ritos sacrificiales o filmación de videos pornográficos. Se presume que la secta recibía a secuestradas púberes, las mimaban, las maquillaban, las vestían bien y las preparaban para actuaciones únicas que culminaban con su asesinato. «La Mano de la Muerte», al decir del asesino, subsistía en varias localidades de Estados Unidos y tenía ramificaciones en México.

«Realicé más de 35 viajes a México», atestigua Henry Lee Lucas, «llevando en cada uno tres o cuatro niños. Y te puedo decir exactamente el lugar donde los entregaba en México. Es un rancho bastante grande, con casas, está bien entrado en México. Los jefes de la secta me decían cuántos necesitaban y qué tipo de niño era más valioso. Normalmente eran niños pequeños, entre cuatro y once años de edad. Me daban mil dólares por cada cargamento».

Lucas decía recordar que los cuerpos sacrificados llevaban una marca: «a veces son redondas, otras veces son rayas o una zeta grabada con la punta de un bolígrafo». O una cruz puesta de cabeza en el centro del pecho de las víctimas.

El asesino precisaba que, incluso, llegó a secuestrar a una pelirroja —ese requisito le fue impuesto por la secta— en Denver, y la condujo a México para filmar un video. La adolescente de 13 años, prostituta y drogadicta, viajó bajo el efecto de la heroína y jamás intuyó su destino mortal. Durante más de un año, Lucas y su cómplice Ottis Toole se dedicaron a tales oficios.

Aunque la historia de «La Mano de la Muerte» de Henry Lee Lucas se ha atribuido a la vasta mitomanía de éste, la sospecha permanece, e ilustra sobre el infinito continente fantástico que alberga México, su mítico salvajismo y el libertinaje corrupto de sus autoridades.

Si bien los elementos de satanismo parecen converger en el caso de «Los Narcosatánicos», tanto como en el relato sobre «La Mano de la Muerte», se trataría de sectas distintas. Lo indicativo surge de la reincidencia trinitaria de un poder violento con amplios recursos económicos: satanismo, narcotráfico y sacrificios humanos muy dentro de México.

En abril del 2001, las autoridades federales detuvieron a Gilberto García Mena, uno de los jefes del Cártel del Golfo. En su mansión de Guardados de Abajo, un poblado del estado de Tamaulipas, este sujeto tenía una choza que funcionaba como capilla de la Santa Muerte, un esqueleto vestido con ropaje talar y aura divina, al que se invoca, reza y rodea de veladoras en busca de poder y protección.

Había noticias anteriores acerca de este culto en el submundo delincuencial. Además de ser una devoción marginal o subalterna, la Santa Muerte sería el hilo conductor hacia un poder invisible y quizás vasto.

En noviembre de 1998, Víctor Manuel Soto Camacho, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, reveló algunas de las vinculaciones, estructura, lenguaje, usos y costumbres del crimen organizado en la Ciudad de México. Éste era favorecido, alegaba, por la protección de mandos policíacos medios. Y algo más: la policía y los delincuentes estaban unidos mediante rituales de iniciación. El ingreso de nuevos miembros en esta hermandad delincuencial consistía, por ejemplo, en cometer alguna fechoría o tomar parte en ceremonias de tipo «narcosatánico», que incluían el consumo de drogas.

Interrogado al respecto, un informante que prefirió permanecer anónimo, ex agente de la PJF e instruido en conocimientos de magia ritual, confirmó la existencia de una hermandad del crimen entre policías y delincuentes, cuyo núcleo es la creencia en la Santa Muerte.

La detención del criminal Daniel Arizmendi López en 1998 reveló la compleja red de una de las bandas de secuestradores más crueles del país: solía mutilar una oreja a sus víctimas. Y mantenía en su guarida un altar que entonces despertó asombro e inquietud: se adoraba a la Santa Muerte.

Parte del modus operandi de Arizmendi López, como se sabría a partir de sus declaraciones al ser detenido, eran las plegarias a la Santa Muerte. Este culto reflejaría un fenómeno de sincretismo contemporáneo que une tradiciones antiguas, del santoral católico, con la santería, el vudú y otras creencias más modernas. A su vez, se entrecruzan allí contenidos provenientes del satanismo: lo sacrificial y lo dañino a partir de invocar fuerzas de negatividad radical. Todo sugiere la parte esotérica de conductas criminales que se caracterizan por su alto grado de violencia y dolo. A partir de este culto, se establecerían lazos o pactos de sangre y silencio de los que depende el funcionamiento delincuencial en busca de la impunidad permanente.

El 3 de febrero de 1999 fue acribillado, frente a las oficinas de la PGR en la Ciudad de México, el primer comandante José Francisco Sánchez Naves. Era un típico ajusticiamiento. Sánchez Naves había sido subdelegado de la PJF en los estados de Sinaloa, Oaxaca, Nuevo León, Distrito Federal, Sonora y Chihuahua. En este último, tuvo como jefe inmediato a quien después sería procurador estatal, Arturo Chávez Chávez. Fue la época de esplendor del Cártel de Juárez en la primera mitad de los años noventa. Al morir, trascendió que Sánchez Naves era un agente doble que trabajaba al mismo tiempo para la PGR y el Cártel de Juárez. Asimismo, que el comandante era un adepto a la Santísima Muerte.

Los vínculos entre semejantes cultos paganos y el submundo delincuencial revisten una importancia que las autoridades mexicanas una y otra vez han soslayado —en agosto de 2002, ante un caso de narcobrujería sacrificial, la PGR debió reconocer al menos 25 crímenes similares, nunca indagados a fondo, en los últimos años. Allí está el auge de la santería entre diversos narcotraficantes, aparte de los «narcosatánicos» de Adolfo de Jesús Constanzo. Amado Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez, lo mismo peregrinaba a Jerusalén que solicitaba el concurso de santeras y santeros cuando viajaba a Cuba. También está el caso de José de Jesús Amezcua, detenido en 1998 acusado de traficar metanfetaminas y efedrina a gran escala con sus hermanos, y que sería un preso extraditable de México a Estados Unidos en 2001. Afirmaba ser «santero», y cuando se le detuvo, regresaba del Mercado de Sonora de la Ciudad de México con yerbas y objetos propios de su culto. A pesar de que esta pandilla lo negó, las autoridades indicaron su cercanía con el Cártel de Tijuana y los hermanos Arellano Félix.

Al investigar los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez, las autoridades pronto desestimaron una hipótesis: que los asesinatos pudieran deberse a usos rituales de filia satánica. Aunque los cuerpos sacrificados parecían proliferar en fechas plenas de resonancias mágicas: la entrada de la primavera, el 21 de marzo. También, el 30 de abril/1.º de mayo, conocida como Noche de Santa Walpurgis o Valburga. De acuerdo con las leyendas populares germánicas, esa noche se reúnen las hechiceras y los demonios. O el solsticio de verano, del 21 al 22 de junio.

En marzo de 1996, desapareció en Ciudad Juárez María Guadalupe Del Río Vázquez. Había ido de compras al centro de la ciudad. Jamás regresó con sus padres. Sus familiares y amigos emprendieron la búsqueda. Algún testimonio menciona que se la vio a bordo de un autobús de transporte urbano, mientras conversaba con una mujer y un hombre. Ante su ausencia, los familiares y amigos de Guadalupe decidieron rastrear Lomas de Poleo. Un día, descubrieron una cabaña de madera. Estaba abandonada. Fuera de la cabaña se encontraron veladoras negras y rojas y trozos de madera entre los que se distinguía una tabla amplia y alta de cerca de 2 metros de alto por 1,50 de ancho. Contenía dibujos de trazo hábil.

La reportera del diario Norte Rosa Isela Pérez describe que, en el centro de una de sus caras, la tabla tenía el dibujo de un escorpión y en uno de los lados de éste se encontraba la figura de tres mujeres desnudas, de cabello largo, sentadas en bancos con la mirada hacia el escorpión. Debajo se hallaba la figura de una mujer sin ropa, recostada y maniatada. Tenía una expresión de tristeza, los ojos cerrados.

Describe la reportera: «encima del escorpión, hacia su lado derecho, había cinco o seis soldados dibujados de pie, detrás de unas matas que semejaban marihuana. En la parte baja de la tabla había trazos similares, y entre sus hojas se asomaban los rostros encapuchados de cuatro hombres. En la parte alta de la tabla había un signo de baraja, un as de espadas. La cara anversa de la tabla, en su centro, mostraba a dos mujeres recostadas, desnudas, las piernas flexionadas y abiertas.

»En la parte superior estaba el signo de un as de tréboles y el medio cuerpo de dos mujeres desnudas que parecían sonreír. Todas las mujeres tenían el cabello largo, sus respectivos rostros mostraban rasgos finos. La parte baja de la tabla tenía manchas de cera negra y roja. Allí, se habían grabado números y letras que parecían referir a las placas de tres vehículos. A media tabla del anverso, se encontraba también el dibujo de un cholo con gabardina y sombrero». Según testigos, todos los dibujos «tenían calidad», anota la reportera. El interior de la cabaña presentaba un escenario análogo: huellas labiales en las paredes, cera negra en el piso, ropa femenina y manchas, al parecer, de sangre fresca.

Al día siguiente de tal hallazgo, unos agentes de la Policía Judicial de Chihuahua exigieron que los voluntarios entregaran la tabla que habían encontrado. Éstos se negaron y la remitieron a Victoria Caraveo, coordinadora de organizaciones civiles de Ciudad Juárez, que la hizo llegar a la Subprocuraduría de la Zona Norte del Estado. Poco después, las autoridades informarían que la tabla se había enviado «a otra ciudad» para analizarla. Nunca se supo más de la evidencia.

El 28 de marzo de 1996, los agentes policíacos anunciaron que se había identificado el cuerpo de María Guadalupe Del Río Vázquez, de 17 años. Tenía mutilado el pezón izquierdo y había sufrido estrangulamiento. El cuerpo se descubrió en Lomas de Poleo.

A lo largo de los años noventa, el escorpión fue un símbolo distintivo entre los narcotraficantes mexicanos. Este dato reaparece en la película Tráfico (2001), de Steven Soderbergh. Rosa Isela Pérez logró indagar que un narcotraficante llamado Magdaleno Coronel, asesinado en 1993 en Guadalajara, dos días después del ataque mortal al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, tenía un escorpión tatuado en la muñeca izquierda. El sujeto pertenecía al Cártel de Juárez, y era hermano de Ignacio Coronel, otro narcotraficante de la frontera norte del país asentado en Jalisco y cercano a Juan José Esparragoza, alias «El Azul», del mismo grupo. Esto sugiere la convergencia de ritos y satanismo entre los narcotraficantes.

En agosto de 2000, se descubrió en Cerro Bola un triángulo formado con piedras de cerca de 3 metros por lado, justo en las inmediaciones en las que se encontraron los cuerpos de Amparo Guzmán Caixba y Liliana Holguín de Santiago, que fueron asesinadas en condiciones análogas a las de muchas otras.

De acuerdo con Rosa Isela Pérez, el triángulo tiene 46 piedras por lado, pero con rocas más grandes en 4 puntos, y en su base tiene una abertura de menos de un metro. La punta del equilátero se orienta hacia el sur, y la abertura de su base hacia el norte. El triángulo se encuentra a unos cinco metros de donde se halló el cuerpo de Amparo Guzmán el 1.º de abril del año pasado, y a unos 500 metros de donde fue localizado el de Liliana Holguín de Santiago el 28 de junio de 2000. Entre los lugares de localización de ambas víctimas existen 491 metros. La superficie interior del triángulo fue desherbada y a un lado del triángulo se encontraron restos de una hoguera, precisa Rosa Isela Pérez.

Así como se rehusó a establecer vínculos entre estos homicidios y tantos otros anteriores, la fiscal de Juárez Suly Ponce restó importancia a las evidencias acerca de ritos satánicos de narcotraficantes. E insistió en que, al tomar posesión del cargo en 1998, nunca le fue entregada la tabla descubierta por los vecinos dos años atrás. Tampoco documento alguno sobre el análisis de ésta. No había motivo para tomar en serio todo aquello. De nuevo, perduraban la duda y el universo conjetural. La impunidad se volvía la energía del crimen, pero de la imaginación también.

Otra pesquisa desestimada por los expertos en los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez ha sido el móvil de una industria de pornoviolencia o snuff movies detrás de éstos —por lo demás, la pornografía con menores es otro de los fenómenos presentes en dicha frontera. El estudio más serio sobre la existencia de tales películas, Gods of Death, de 1997, de Yoran Svoray, expone un indicio, entre otros, que merece citarse.

Svoray se infiltró en una exhibición clandestina de este tipo de cine de la mafia en Nueva York. El público era una decena de hombres de negocios y profesionistas entre los 30 y los 50 años. Al comenzar a correr las imágenes, esto se vio en la pantalla: «dos hombres tenían sexo con una muchacha de cabello obscuro. No era de raza negra, era una mujer morena, hispana, sudamericana».

Y agrega: «la cabeza de la muchacha colgaba de la orilla de la cama mientras el hombre que estaba arriba de ella la penetraba. El otro hombre blandió una navaja y se arrodilló cerca de la cabeza de la mujer. En un segundo todo acabó». Cada espectador pagaba 1500 dólares por observar el video. Su excepcionalidad lo encarecía. Sin copias, era una máquina de hacer dinero.

En una época de idolatría de la imagen, sería extraño que los homicidas sexuales eludieran las posibilidades de grabar sus delitos. De hecho, hay pruebas en México de que este tipo de criminales filman sus actos de violencia.

El 14 de mayo de 1998 un depredador cometió un descuido y, al día siguiente, se difundió el horror que aproximaba la frontera a la capital mexicana y, al mismo tiempo, reflejaba el centro en los márgenes. Una muchacha de 17 años de nombre Penélope Marlene Tellezgirón Quiroz se fugó, tras cuatro horas de cautiverio, de una casa de la Colonia Malinche, al nororiente de la capital mexicana, y acudió a la policía a denunciar su secuestro. Las autoridades indagaron el predio de la calle Norte 80-A número 4209, Colonia La Malinche, y la víctima identificó al secuestrador, José Lázaro Bouchán Velázquez, de 40 años, que fue detenido.

La noche previa, Bouchán Velázquez había amagado con un arma de fuego a Penélope, que circulaba en la calle. La condujo al interior de su domicilio y la obligó a tomar un fármaco. En un descuido del secuestrador, la muchacha saltó por una ventana y escapó.

La policía interrogó a Bouchán Velázquez e inspeccionó su casa. Hallaron enterrados y en descomposición los cuerpos de dos estudiantes del vecindario: Tania Alejandra Covantes Mercado, de 25 años, y Ana María De la Cruz Sánchez, de 19 años. La primera fue estrangulada; la segunda murió por un impacto de bala en la cabeza.

Los archivos de las autoridades registraban seis mujeres desaparecidas a últimas fechas del vecindario. Una búsqueda cuidadosa en la casa de Bouchán Velázquez, que se decía inocente, reveló la existencia de un falso muro: dentro de éste, había una bolsa de plástico transparente con un videocassette, que tenía manuscrita la leyenda «Violación de Ana María». También hallaron más huesos. Las imágenes grabaron la presencia de Bouchán Velázquez y de otro sujeto en los actos criminales. Un policía declaró a la prensa:

—Podemos observar que hay otra persona en el video. Le ayudaba a Bouchán a grabar a las jóvenes. Ya se tiene el nombre de esta persona.

Después, se detendría a Miguel Ángel Bouchán Velázquez, hermano de José Lázaro y propietario de la casa. Las autoridades se reservaron dar más detalles acerca de las imágenes. En pocas semanas, el primer detenido fue condenado a penas máximas. Su hermano quedó libre por falta de pruebas. Por la prisa de las autoridades, un copartícipe estaría libre.

Todo en México semejaba ya una línea fronteriza: un tejido de poderes centrífugos que se reproducen a escala contra las normas y las instituciones. Un suspenso entre algo, la nada y las expoliaciones de pocos.

6. «¡Arriba el norte!…»

A lo largo del siglo XX, Ciudad Juárez originó al menos dos leyendas nocturnas que trascienden al siglo XXI.

Una de ellas resulta pintoresca: la invención del cóctel «Margarita» el 4 de julio —día de la Independencia de Estados Unidos— de 1942 por el cantinero juarense Francisco «Pancho» Morales. La otra reviste un cariz incriminatorio: una zona de tolerancia tan agreste como festiva al pie del viejo puente internacional.

Óscar J. Martínez, en Ciudad Juárez: el auge de una ciudad fronteriza a partir de 1848, consigna que, en 1921, el cónsul general de Estados Unidos en México John W. Dye apuntaba: «Juárez es el lugar más inmoral, degenerado y perverso que he visto u oído contar en mis viajes. Ocurren a diario asesinatos y robos. Continuamente se practican juegos de azar, se consumen y venden drogas heroicas, se bebe en exceso y hay degeneración sexual». Y remataba: «es La Meca de los criminales y los degenerados de ambos lados de la frontera».

Una nota del diario capitalino El Universal Gráfico del 5 de junio de 1922 señalaba a su vez que, «especialmente, y durante su visita a la población de Ciudad Juárez, el señor Fernando Félix, visitador general de Migración en la Región Norte, informa que tropezó con enormes dificultades para lograr que las autoridades del lugar impidieran la entrada a nuestro país de mujeres de mal vivir, que en gran número pasan de los Estados Unidos a nuestro territorio, para explotar sus bellezas en los cabarets».

Con estos antecedentes, durante los años cuarenta la vida nocturna en Ciudad Juárez vivió su etapa de mayor lustre, que se extinguiría poco a poco hacia principios de la década siguiente.

En 1980, el historiador Antonio Saborit registró la voz de un testigo de la época, Antonio Saborit Irigoyen: «Ahora qué queda. Todavía hace poco, dos, tres años cuando más, se quemó en Juárez uno de los últimos centros nocturnos que quedaban de los cuarenta.

»Y aunque no era de los muy buenos, porque había cantidad, estaba en la mejor zona de Ciudad Juárez, que era la Avenida Juárez. Ahí había de todo: bares, hoteles para coristas, oficinas en las que uno se podía casar o divorciar, según la suerte o la necesidad, cabarets muy buenos y tiendas de curiosidades».

Saborit Irigoyen recordaba también que «donde empezaba la Juárez, estaban dos bares que existen todavía: el Nueva York, de un señor Barrios, y enfrente, El Espíritu de San Luis. Y al llegar al puente internacional de Santa Fe, en donde termina la Juárez, había un restorán muy bueno, el Cristal Palace, que en el segundo piso tenía el Liz Follies, que fue un cabaret que se quemó después. Sobre esa calle se desarrollaba lo mejor de la vida nocturna. La calle de Juárez era, por así decirlo, el eje de la ciudad. Era una calle amplia, de doble sentido, que partía por la mitad el tranvía que hacía el servicio entre Juárez y El Paso».

Aquélla era una atmósfera de triunfalismo bélico, militares, rubias, música de Glenn Miller, de Cole Porter, boleros de Agustín Lara, cantantes de la Voz de la América Latina desde México (la radiodifusora capitalina XEW). O cómicos como Germán Valdés «Tin Tan», crooners, canciones rancheras, mariachis, baile de salón, celebridades de Hollywood, toreros. Y atuendos a la moda popular de los «pachucos»: pantalones «bombachos» cerrados en el tobillo, leontina, el cabello liso a fuerza de vaselina, la chaqueta hasta las rodillas, los zapatos con tacón cubano.

Aparte, estaba la elegancia cosmopolita de los caballeros en blanco y negro, las corbatas Wembley y las camisas Arrow, las damas de vestido de noche, sombrero y guantes finos que se paseaban en los vestíbulos de los antiguos hoteles.

En aquella frontera legendaria resuenan los nombres de Pancho Villa, Al Capone, José Vasconcelos, Adolfo López Mateos, Lilia Prado, Yolanda Montes «Tongolele», Fermín Espinosa «Armillita»; Juan Manuel Fangio, Felice Bonetto, Piero Taruffi y el eco de sus potentes autos que allí culminaban la Carrera Panamericana…

Y los anuncios o marquesinas multicolores de los restaurantes y bares: Spanish Town, El Submarino, Manhattan, La Puerta del Sol, La Gota de Agua, Los Compadres, Aquí es Jalisco, Amanecer Tapatío, El Gallo Club, Las Mañanitas, El Tenampa, El Pasadena Club, La Despedida, Manolo’s Bar, Reno Bar, El Gato Félix, el Stork, Gambrinus Bar, La Gruta, El Florida, El Panamerican Garden, El Partenón. O los cabarets: Lobby N.º 2, New Tívoli, Aloha, El 1, 2, 3, Chinese Palace, Casino, Club Sorosis, El Botón Rojo…

El esplendor terminó, pero las costumbres dispersivas continuaron. Eran parte de la historia y la cultura de Ciudad Juárez.

A partir de los años cincuenta, las autoridades locales estimularon la apertura de bares y cantinas populares al expedir numerosos permisos.

«Desde la fundación de la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe, en 1659», declaró el historiador local Ignacio Esparza Marín a Ignacio Alvarado, «la zona fue productora y consumidora de vinos y licores, una condición que derivó mucho después en una fama que atrajo siempre a contrabandistas, delincuentes y hombres simples que buscaban consumir alcohol».

De acuerdo con el historiador, «después de fundada la misión el desarrollo en la zona fue muy lento. Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue la elaboración de vinos y aguardientes con las uvas que se cosechaban aquí. Casi doscientos años más tarde, en 1824, el licor fue de hecho la moneda corriente. Para entonces, constituida la localidad en Paso del Norte», evoca el historiador, «la población vivía íntimamente ligada al comercio del licor, pero hacia finales del siglo XIX la normalidad con que se manejaba éste se trastornó con la llegada del ferrocarril a El Paso, Texas, llamado entonces Franklin».

La afluencia de trabajadores para la vía férrea requirió en Paso del Norte la apertura de hoteles, restaurantes, salones de baile y cantinas, además de la creciente demanda de vinos y licores. La modernidad y la tradición se unían.

Al final del siglo XX, aparte de aquel barrio añoso próximo al puente internacional —al que concurría medio millón de personas las noches del viernes o el sábado—, se instalarían los grandes salones de baile para albergar las diversiones nuevas de los obreros y las trabajadoras de la industria de la maquila. Como El Bandolero, Los Globos, el Afro.

También surgieron los bares minúsculos que se transformaron en salones de baile con músicos para aprovechar un nuevo horario, que ordenaba el cierre de este tipo de sitios a las dos de la madrugada, y ya no a las cinco, como hasta antes del mes de octubre de 1998.

Este último recurso del gobierno local disparó tres inconvenientes: el clandestinaje o expansión del festejo fuera de la zona tradicional; el círculo de extorsiones y sobornos entre autoridades y transgresores y, por último, el crecimiento del consumo de bebidas de bajo contenido alcohólico, sobre todo la cerveza.

Las autoridades municipales, en cambio, alegaban que el índice de los delitos había descendido en un 30% desde que se implantó la medida.

En esta zona nocturna y binacional, cada quien emprenderá su aventura: mujeres, hombres, travestis, trago, canciones, amistades, coqueteos, puñetazos, baile, droga, riesgos, gasto corporal. Allí, en cada esquina, hay bandas de «cholos» en ropas holgadísimas y perneras que parecen esconder zancos, o de vaqueros escuálidos de botas de avestruz, colguijo de plata y camisa de flecos. En la penumbra, se distinguen los vigías sospechosos que otean el descuido de los distraídos al amparo del neón luminoso de anuncio cervecero y las luces halógenas de autos y camionetas relucientes.

La música de heavy metal invade la calle desde las potentísimas bocinas interiores de algún vehículo, se estrella en el abdomen de los transeúntes o se entreteje con el espesor de batalla, desplante y teatro del ocio urbano en esta frontera. A un lado, corren riachuelos del drenaje descompuesto, el agua maloliente y el polvo en costras recala contra las aceras o los muros. La decadencia y la novedad se ayuntan. Un olor dulzón, añejo, se apropia de la noche entremezclado con el de la gasolina, la marihuana o el humo del escape de los cientos o miles de vehículos que allí transitan.

En el salón Río Bravo, se hunden en sus sombreros los trabajadores menores de veinte años. Afectivos, restregan los flecos de sus camisas en los codos y los flancos de sus compañeros de juerga, y resuena el filo de sus botas en la pista de madera.

Presumen los pantalones vaqueros de marca, sus adornos de hilo garigoleado que evocan lo perdido: en camisas, chamarras y pantalones, se ven las siglas DGO —anagrama de Durango, el estado vecino de Chihuahua, en letras góticas.

Son los «cheros» —vaqueros—, esos jóvenes ensombrerados que gritan «¡Arriba Durango!» en este salón de baile del centro de Ciudad Juárez, en medio del cartón de cervezas y las canciones del grupo Límite, que reproduce el sonido ambiental para regocijo de las parejas diestras en la pista. Un injerto musical hecho de balada, cumbia, salsa, rock, tonada norteña de acordeón, voces gemebundas, ritmo ondulante, percusiones de espuelas y el bramido de una tuba u otros instrumentos metálicos. Son las mismas canciones que se escuchan aquí, en las rockolas de la Ciudad de México o en muchas otras partes del país.

Hacia la segunda mitad de los años noventa, se contempló el triunfo de una sensibilidad «norteña» de consumo masivo extraída de la esfera del espectáculo, de su boyante industria discográfica mexico-estadounidense, de las estrellas de la pantalla grande y chica, pero, en especial, de los dineros del narcotráfico.

Y difundió el gusto por las botas, los cinturones de piel de avestruz o de víbora, las camisas llamativas de seda con puntas de metal en el cuello, las cadenas y las pulseras de oro y la fe impertérrita en Dios tanto como en las armas de fuego —cuyo trofeo e idolatría es el fusil soviético de asalto AK-47, el llamado «Cuerno de Chivo» por la forma curveada del cargador de balas, de uso común entre los narcotraficantes.

Una moda que ha incluido el dispendio y el patrocinio de festejos locales y regionales con dineros turbios, bajo cuyo manto creció, desde finales de los años ochenta, el fenómeno musical de la «onda grupera», esas bandas de música que fundieron lo tradicional y lo contemporáneo, lo cosmopolita y lo ranchero, lo acústico y lo electrónico.

Bandas y «tecnobandas» que exprimieron cientos de corridos: canciones populares que ofrecen noticias y memorizan la pugna primaria del bien y del mal, exaltan las glorias delincuenciales de los y las narcotraficantes, o bien de sus adversarios policíaco-militares, además de emitir admoniciones así como melodías suaves y del despecho bravío. El canto al delito y la celebración de la supervivencia o muerte de los violentos. Como relata el corrido «Pacas de a kilo» de Los Tigres del Norte:

Me gusta andar por la sierra,

me crié entre los matorrales;

y yo aprendí a hacer las cuentas

nomás contando costales;

me gusta romper las redes

que ponen los federales…

Así triunfaron Los Tucanes de Tijuana («Mis tres animales»), Los Invasores de Nuevo León («El Barón del Golfo»), Los Incomparables de Tijuana («El temible Cuerno de Chivo»), Los Originales de San Juan («La peda») o Los Leones del Norte («La muerte de un Federal»)…

Dichos corridos son el complemento de una fenomenología mercantil que refleja el placer de lo ostentoso y la virilidad hasta elevarlos a estereotipos, donde relumbra el anhelo de la ganancia babilónica en lo ilícito y la astucia, la ropa de marca (como la firma Versace), las chamarras de visón, las cadenas de oro en el cuello, las flotillas de autómoviles de lujo (el Ford Grand Marquis o las vagonetas Suburban). Y la arquitectura tardomoderna-vernacular (sus colores chabacanos o pastel, los edificios de oficinas con cristales polarizados en verde obscuro, la charrería ornamental, el neomexicanismo de mansiones con muros, cúpulas, arcadas y patios de hacienda hechos para el lujo, la privacía, la ultraseguridad, lo orgiástico), los aparatos de telecomunicaciones de alto alcance, los animales exóticos. O la orfebrería que refunda la palabra cursi: un juego en el que compiten el lustre payo y la inversión transnacional.

Al ser detenido, el 22 de junio de 1995, el narcotraficante de Sinaloa Héctor «El Güero» Palma llevaba consigo 779 000 dólares en efectivo y dos pistolas calibre 45. Una de ellas, en las cachas, reproducía sendas palmeras formadas por diamantes, rubíes y esmeraldas engarzados en oro. Amado Carrillo Fuentes adquirió, de su joyero Tomás Colsa MacGregor, en 1992, un diamante tipo Marquis Baguette de 19 kilates (un millón de dólares) para usarlo en un pendiente y un reloj Piaget Emperador de 46 kilates repujado con diamantes (250 000 dólares). El resto de las joyas completaban un valor de tres millones de dólares.

Asimismo, el narcotráfico produjo su léxico propio, cuyo ejemplo primario son los términos zoológicos para aludir a la droga: el gallo (marihuana), el perico (cocaína), la chiva (heroína). Y muchos otros giros regionales, sobre todo sinaloenses, que se convertirían en un argot pertinaz.

Ajenos al boato aquel de los «barones», de los «grandes señores» de la droga y sus negocios de alto perfil, en el salón Río Bravo se reencuentran los jóvenes que sólo poseen sus cuerpos gráciles, los huesos filosos, el encanto adolescente, la piel morena, el sudor por el ansia corporal que se fuga hacia un futuro tan inmediato que se disuelve antes de existir.

Sensualidad gimnástica y desplantes de caderas combativas a la altura del bajo vientre. Taconeo ensordecedor y rutinas multitudinarias de manos en la cintura y pasos laterales o al frente. La sonrisa y el grito de alegría en la boca en esta encrucijada social. Y las canciones del grupo Bronco, Los Temerarios, Erika y el Ruedo, Ruth y «El toquecito». O «La culebra», de la banda Machos:

¡Huyé José, huyé José!

Ven pa’cá.

Cuidao con la culebra que muerde los pies…

La misma canción que, publicó la prensa, se escuchaba en el sonido ambiental cuando cayó muerto, en Tijuana, el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, víctima de un atentado.

Torsiones de cintura y pares de botas en giro contrario que llegan al clímax cuando el hombre «quiebra» a la mujer. «La quebradita», un estilo de baile que expresa la metáfora del cortejo, los ires y venires, la entrega, el vencimiento y el orgasmo compartido en un desmayo hacia atrás de la espalda femenina contra el apoyo reclinado del brazo masculino: «¡Quiébrate, mi amor!»…

Inmersas en la substancia de una geografía tan real como fantástica, brillan las muchachas de 15, de 16 años que vienen del agotamiento de la semana en la maquila o en las empresas de servicios. El mando patriarcal convertido en razón eficientista. Las muchachas se entregan al fervor del baile que se da en tanto forma de amnesia contra el orden laboral de cada día. Y se lanzan a circular en la pista de baile hasta la apuesta de simular ser mayores de edad, pero las traiciona su apego infantil al fetiche en sus cuerpos frágiles, deseosas ante la curiosidad y el riesgo nocturnos de Juárez: blusas blancas de licra con mangas como flor abierta, pantalones vaqueros negros, adornos de platería en la cintura, pulseras y dijes, playeras al ombligo y tatuajes de calcomanía.

El gasto del cuerpo en ellas se satura de nostalgias rancheras y expectativas de devenir cowgirls en un Far West mexicano, como los cactus y las nopaleras vinculados a los videoclips de los programas televisivos de música norteña o «grupera».

Ellas encarnan una suerte de prótesis industrial en la que se unen sus cuerpos, el tiempo de ocio y los artilugios comunicativos: microfaldas estrechas, teléfonos móviles y radiolocalizadores en el cinto, sandalias de cintas doradas y plateadas, lociones y perfumes agudísimos. Miradas de obsidiana fulgurante que se abren a la noche y a la sexualidad, de pronto temerosas ante su propia belleza.

Aquello es un estilo a la medida de los pre-brownies, premojados, pre-indocumentados, latin people en potencia siempre diferida hacia el «otro lado». La geografía que los devora acepta, como horizonte último, el sentido del desarraigo y el abandono de la memoria comunitaria de una tierra adentro que los ha expulsado. Y revela un trayecto en busca de una nueva identidad nómada donde el entorno natal, la familia, los amigos quedan atrás para ser reemplazados por otro universo vertiginoso de técnica y productividad, de mercancías y cálculo urbano que se desenvuelve entre la explotación, la supervivencia, la esperanza para algunos.

«¡Arriba Durango!», «¡Abajo los chilangos!», gritan todos, azuzados por un animador.

«¡Arriba el Norte!», repiten, entusiastas, rientes. Músculos y corazones a salvo —por ahora— de los riesgos nocturnos y la ciudad feroz, del desierto o la muerte al cruzar la frontera. El éxodo salarial hacia Estados Unidos y su civilización. «¡Arriba el Norte!, ¡Arriba!…», grita la multitud. Siempre arriba el Norte. Inalcanzable quizás, corpóreo en el hechizo de esta vida que se mide en segundos.

7. La maldición de la tía bruja

A pocos kilómetros de la ciudad de El Cairo, en Egipto, bajo el sol cenital del desierto, se veía a mediados del siglo XX una casa en medio de extensos sembradíos de algodón.

Era la propiedad de Abd-el Latif. Un hombre de trabajo y trato duro que poseía una sabiduría nata, analfabeta, fiel a las enseñanzas del Corán. Medía dos metros de estatura y era capaz de cargar cerca de ciento cincuenta kilos. La corpulencia y el rostro se los heredaría a su hijo, Abdel Latif Sharif Sharif, que nació el 19 de septiembre de 1946. Fue hijo único, puesto que su padre jamás tuvo otros hijos, algo común en una cultura poligámica, con sus demás mujeres. Su padre tenía 50 años cuando él nació, y su madre, Basima Ganem, 25. Era la tercera esposa de su padre, y vivía en la tercera casa.

De ascendencia turca, Basima era afecta a la lectura y había realizado estudios de química. Rubia, de ojos verdes, alta, paciente y cariñosa, de modales suaves y voz baja, Basima le enseñó a Sharif Sharif muy pronto a leer, escribir, sumar, restar. Y algunas canciones que resuenan ahora, fragmentarias, en la soledad del encierro.

El padre se oponía a que el niño accediera a saberes académicos, pero proveía todo lo necesario para la manutención, e incluso lujos, de su tercer matrimonio. La educación que su madre le proporcionó hizo posible que el niño ascendiera casi de inmediato del primero al segundo año de enseñanza básica.

Un día, contra la costumbre, su padre fue a recogerle a la escuela en lugar de su madre.

—Tu madre murió —le dijo—, ahora vivirás conmigo.

Sharif Sharif recuerda que su padre era sencillo y rudo.

El niño se refugiaba en sus deberes escolares, adiestraba palomas mensajeras y pescaba en el río. Se apasionaba con la compañía de sus perros y le gustaba nadar.

A los 12 años de edad de Sharif Sharif, el padre convino su matrimonio, como era tradición, con una prima de 10. Tres años después, Sharif Sharif rechazó el compromiso y decidió divorciarse: quería continuar sus estudios. La ruptura ocasionó la ira familiar. Uno de sus primos juró matarle. Una tía, la madre de su ex esposa, le hizo un conjuro.

De cuando en cuando, Sharif Sharif vuelve a ver aquella cara desfigurada de su tía la bruja, mientras le lanzaba el maleficio. Su padre murió un año después.

Sharif Sharif estudiaría ingeniería química inorgánica en la Universidad de El Cairo. Alcanzó un promedio de 9,9. Fue maestro en una escuela preparatoria y en la universidad, y viajó a la Unión Soviética para participar en un proyecto de investigación auspiciado por el gobierno egipcio.

En este último país residió un año. Aprendió mucho, tenía suerte con las mujeres y deseaba viajar a Estados Unidos. Eran los años setenta. Y muchos jóvenes querían estar en el centro del mundo.

—Mi llegada a la ciudad de Nueva York —evoca Sharif Sharif— debió haber sido como la de tantos inmigrantes que, al igual que yo, iban dispuestos a pagar cualquier tributo a cambio de ser parte de aquella gente, de sus calles, sus rascacielos y, por qué no, de sus millonarios que se pasean en grandes coches y derrochan dólares, fuman puro y dirigen al mundo con la punta del pie.

Era la fantasía de tomarse fotografías rodeado de bellas mujeres al lado de los monumentos, que luego enviaría a los amigos que se conformaron con la vida aburrida, sedentaria del viejo país.

Por su destreza académica, Sharif Sharif pudo conseguir trabajo en industrias de cosméticos, petroquímica, pinturas y tratadoras de pieles, así como compañías mineras. Se destacaba en la investigación científica, y sus ingresos y prestaciones eran excelentes. Pero, a pesar de los viajes, los seminarios, los logros, el profesionista resentía una enorme soledad. Y, para combatir la angustia, comenzó a beber vodka.

Al evocar esos años, Sharif Sharif se ve como un profesionista exitoso y joven, que despertaba los recelos de sus compañeros de trabajo. Llegó a desarrollar 26 patentes de petroquímica.

—Esto fue formando a mi alrededor círculos de envidia —precisa—, de los que debí protegerme, círculos de superficialidades en los que fui cayendo, descendiendo a veces de forma consciente y otras no tanto. Así como fue creciendo en mí el gusto por el vodka, también me fue consumiendo la vanidad, pues de esta manera me olvidaba de esa soledad interior que me causaba náuseas…

Las mujeres se convirtieron en otra de sus obsesiones. Durante su estancia de 21 años en Estados Unidos, contrajo matrimonio dos veces y tuvo cinco compañeras, con las que vivió temporadas largas.

—A todas y cada una de ellas las recuerdo porque no todo fue amargo. Si bien es cierto que tuve que enfrentar situaciones muy penosas, no sería justo desconocer los tiempos de dicha, cuando a veces llegué a pensar que mi soledad quedaba atrás.

Sharif Sharif confiesa que ahora le gustaría hablar de aquellas mujeres y referirlas por sus nombres, pero tiene miedo de que le «inventen otra historia de terror» a partir de cualquier dato nuevo. En cambio, se muestra dispuesto a informar acerca de lo que llama «mis antecedentes delictivos» en Estados Unidos. Ha llegado a creer que lo que se ha divulgado acerca de su pasado obedece más a una conjura para hacerle cada día más daño que a un apego a los hechos.

—Tendré que referirme a cuatro mujeres y a un hombre —advierte—, para de una vez por todas dejar en claro la forma como las autoridades de Chihuahua, en su incapacidad investigadora, se han concentrado en mí para resolver los cientos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

Se queja de que siempre citen su pasado negro para despertar el morbo, el desprecio, la xenofobia, mientras siguen impunes los crímenes cometidos en la frontera:

—Admito que no soy hombre de conducta ejemplar, pero no acepto cargar con crímenes que jamás cometí.

Sharif Sharif extiende su relato manuscrito de los delitos en los que se vio involucrado en el país del norte:

«Caso 8103-1225, Marzo 3, 1981

Joanne Collins Poldesmink

North Palm Beach, Florida

Esta mujer fue mi novia, tuvimos un pleito mientras bebíamos en mi departamento, yo la insulté, pero jamás la golpeé, como lo han divulgado las autoridades judiciales de Ciudad Juárez, y la prueba está en el reporte oficial, el cual revela que Poldesmink retiró los cargos que había presentado y no se hizo ningún arresto. Es un reporte de delito menor.

Caso 8108-4771

Janet Stroven

Agresión sexual

A esta señora la conocí en el bar de un hotel donde se llevó a cabo una convención, estuvimos charlando y bebiendo en el bar, en un momento determinado la invité a mi casa, ella aceptó, pero cuando íbamos en mi coche rumbo a mi domicilio, me hizo saber el precio de sus servicios. Recuerdo que me reí en forma escandalosa, tal vez burlonamente, y le dije: “Pensé que eras una profesionista de la industria del petróleo, al menos eso te entendí, y resulta que eres una vulgar prostituta que cobra por sus servicios”. Su indignación fue mayúscula.

Esa misma noche presentó su denuncia por agresión sexual. Cuando me presenté ante el juez le hice saber que yo tenía razón. Con toda serenidad, el juez me dijo: “Tienes razón, pero no derecho de decirle prostituta a una prostituta”. Pagué una multa, no recuerdo de cuánto.

Caso 8105-2568

Mayo 2, 1981

Molly Fleming

Agresión sexual

Era mi vecina en un conjunto habitacional, nos conocíamos de vista. Un día ella llegó a mi departamento y la invité a pasar. Estuvimos bebiendo y, en algún momento, Molly decidió retirarse porque se sentía borracha, así me lo dijo. En esos días yo tenía mucho trabajo, y cuando ella dijo que se retiraba no insistí en que se quedara. Minutos después, me llama por teléfono y me pide que suba a su departamento. La encontré en el marco de la puerta con un baby-doll muy sugerente. Por supuesto que pasé e hicimos el amor. De pronto, llama su novio por teléfono diciéndole que viene a verla. Fuera de sí, la mujer me corre de su departamento.

Al llegar, el novio obviamente se da cuenta de todo y ella inventa que yo la narcoticé con algo que puse en su bebida. El novio ofendido llama a la policía y, en unos minutos, llegan los oficiales policíacos a mi departamento. Ésa es una de las veces que he celebrado no ser obsesivo con la limpieza, pues cuando llegó la policía todavía estaban nuestras copas sobre la mesa, se las llevaron, las analizaron y sólo encontraron residuos de vodka. No sé después qué fue de Molly, pues no la volví a ver por el vecindario. Legalmente, me dan libertad condicionada a cinco años.

Caso 83-4231

Marzo 3, 1983

Susan Wait

Golpiza sexual

Esta mujer era en aquel tiempo una estudiante de la universidad que vino a vivir a mi casa. Desde un principio, aceptó que tuviéramos relaciones sexuales, asegurándome que era soltera, que no tenía novio ni compromisos de pareja. Susan, al igual que yo, tenía problemas con el alcohol. Un día salí de viaje de trabajo, y llamé por teléfono a mi casa. Al hablar con ella la noté muy rara, escuché voces y le pregunté quién estaba con ella. Su respuesta fue esquiva, pero lo que más le interesó era saber en ese momento cuándo regresaría yo a casa. Le respondí que me llevaría dos días más. De hecho, la estaba llamando para pedirle que fuera por mí al aeropuerto.

En fin, el asunto es que cuando llego, encuentro mi recámara desarreglada, la cama estaba como se quedan las camas después de intensa actividad sexual, había copas con residuos de licor, etcétera. Aunque era obvio, Susan negó los hechos rotundamente.

Al día siguiente cenamos, ambos bebimos, bebimos y bebimos, hasta llegar a la discusión. Ella aceptó que había tenido un invitado la noche anterior. En ese momento yo la golpeo. De esto me declaré, y me seguiré declarando, culpable: sí la golpeé. Después nos reconciliamos, y tuvimos relación sexual. Por la madrugada, me despierta quejándose de un dolor en el oído, consecuencia de mi agresión. Inmediatamente la llevé al hospital, y estuve esperando hasta que salió una enfermera y me comunicó que Susan ya no quería verme.

Me retiré a mi casa y, al día siguiente, llegó la policía por mí, me arrestaron y se inició el juicio. La juez me encontró culpable de sexual battery (golpiza sexual), y también de transgredir el periodo de libertad condicional del caso anterior de Molly Fleming, condenándome a 12 años de prisión, de los cuales purgué 5 años y 4 meses.

El tiempo que pasé en prisión lo dediqué a dar clases de árabe a unos internos de origen musulmán, y allí fue donde me ocupé de instruir a un hombre que ha estado muy presente en mi vida, este hombre era un técnico de laboratorio en la compañía en la que yo trabajaba antes de ir a prisión.

La compañía consiguió permiso para que Thomas Wilson, mi “personaje inolvidable”, fuera a la cárcel a recibir la capacitación que yo le daría tres veces por semana. De ser un pobre diablo lo hice químico, pero no es el momento de abordar un tema tan importante, como lo es este sujeto miserable. No me quiero salir del recuento de mi negro historial, no quiero eludirlo.

Caso CRB-20-863

Midland, Texas

Nancy Díaz

Asalto sexual

Era una noche del 31 de octubre, qué remedio: noche de brujas. Decido ir a celebrar fecha tan significativa en Estados Unidos, y es allí donde conozco a Nancy Díaz junto con su prima. Después de que cierran el bar, invito a la señora Díaz a mi casa, quien acepta. Allí estuvimos hasta las primeras horas de la mañana, en cuatro ocasiones tuvimos relación sexual. Dormitamos un par de horas, hasta que Nancy me pide que la lleve de regreso a su casa, a lo que accedí sin ningún problema. Unos metros antes de llegar a su casa me pide bajarse, pues observa el coche de su marido. En ese momento se transforma. A mí me había asegurado que estaba divorciada, pero ése ya no era el momento de aclaraciones.

No volví a saber de ella, hasta que se presenta su marido en la compañía donde yo trabajaba, Benchmark Research Co., para arreglar el “ultraje” a cambio de la módica cantidad de 20 000 dólares y así no denunciarme a la policía. No acepté su trato, pues no había delito que perseguir. Se entrevista con mi abogado, quien no le da esperanzas de que su chantaje prospere: lo anima a que presente la denuncia. Finalmente, hicieron la denuncia ante la policía, e inmediatamente yo decido pagar una fianza de 15 000 dólares para que se abra el proceso. Este asunto fue desechado en la corte por falta de pruebas. De allí me fui a un hospital en la ciudad de Dallas, Texas, para someterme a un tratamiento de desintoxicación etílica.

Ya no era posible seguir acarreándome más problemas. Tomé conciencia de mi destrucción, pues estaba claro que mi forma de beber era ya cosa de un loco. Debo mencionar que acumulé incluso cuatro cargos por manejar en estado de ebriedad y otro por obstrucción de la justicia. Estando sobrio jamás cometí ni una infracción por estar mal estacionado, ni tonterías de ésas.

Enfrenté también una orden de deportación, que apelé y dio lugar a un juicio muy largo, hasta que finalmente me desistí de éste. Tal ha sido mi negro historial, del que por ningún motivo me siento orgulloso. Reconozco mi culpa, acepto mi conducta antisocial por motivo de mi adicción al alcohol; pero recibí ya castigo por ello. ¿Acaso tendré que vivir el resto de mi vida en una celda para lograr el perdón? ¿Luego me absolverían, o serían mis antecedentes el eterno obstáculo para ser un hombre nuevo, un hombre diferente? Es algo que todavía no logro comprender; vas a la cárcel a pagar una culpa, sales, pero la culpa nunca queda saldada, entonces ¿qué caso tiene la cárcel, o tal vez, qué caso tiene la libertad?

Éstos son todos mis antecedentes, después se han ido agregando más cosas conforme crece la desesperación de las autoridades de Chihuahua o la fantasía de la gente».

Sharif Sharif recuerda que el subprocurador Jorge López Molinar llegó a asegurar que tenía «14 acusaciones por violación» pendientes de resolver en Estados Unidos. O que era «responsable del crimen de una mujer en Odessa, Texas». Después, alguien del Departamento de Policía de Gainsville, Florida, le afirmó a una reportera que, cuando estuvo detenido por el asunto de Susan, «8 mujeres acudieron a acusarme». Sharif pregunta:

—¿Será posible que me acusaran ante la policía y nunca se me notificara a mí de tal cosa? ¿Qué sucedió con esas acusaciones?, ¿dónde están, quiénes son las que acusan?… En fin, no puedo creer que si fueran ciertas se hayan desvanecido en la bruma y ahora, después de dieciocho años, salgan a relucir. No cabe duda que la corrupción no tiene pasaporte.

Esperanzado en su recuperación, Sharif Sharif recuerda que pasó más de un mes en el hospital tejano, donde se le practicaron todo tipo de exámenes físicos y psicológicos. Y jamás, subraya, le detectaron nada cercano a una psicopatía. Cuando fue dado de alta del hospital, le acompañaron su jefe Wayne y Mary Key, su asistente.

En el avión particular de la compañía volaron a El Paso, Texas. Los esperaban el abogado paseño Paul Douglas y su socio juarense, Mario Chacón Rojo. De allí se dirigieron al Consulado Americano en Ciudad Juárez para que Abdel Latif Sharif Sharif firmara su deportación voluntaria de los Estados Unidos.

—Así terminaba para mí «el sueño americano». Frente al monstruo, me quemé en su espejismo, me aniquiló… Ahora buscaba dejar el alcohol que tantos problemas me había acarreado, ahora buscaba vivir en paz.

Entre agosto y septiembre de 1995, Sharif Sharif se ocupó de su trabajo. Y visitó la Ciudad de México durante un par de días con el fin de formalizar su situación migratoria.

—Al iniciar octubre, el domingo 2 —recuerda—, fui al centro de Ciudad Juárez. Estuve en el bar Joe’s, donde bailé toda la noche. El Joe’s es un antro, al igual que el Noa Noa, de esos que caen en la categoría de lugares de «mala muerte», pero con buena música, al menos a mí me gustaba.

A Sharif Sharif le encantaba participar en concursos de baile, y sentir la pegajosa calidez de la multitud, el entusiasmo del anonimato. Las mujeres que asistían al bar le pedían que les comprara una cerveza, una hamburguesa, una copa de licor. O bien ofrecían sus servicios sexuales a cambio de «money for pampers for my boy» (dinero para los pañales de mi bebé).

—Se me encogió el alma: esto sí que nunca lo había oído —precisa el químico egipcio.

Aquella noche, Sharif Sharif salió del bar Joe’s cuando el sitio estaba a punto de cerrar. Caminó rumbo al estacionamiento donde había dejado su auto. En ese momento, dos hombres vestidos de «cholos» le trataron de asaltar, le golpearon la nariz y sangró. En el forcejeo, le rasgaron la camisa. Los asaltantes huyeron y él abordó su auto.

Cuenta que, al dar la vuelta en una esquina, cerca del Joe’s, estaba una de las muchachas que le había pedido dinero. Reñía con un par se sujetos. Se detuvo y ella subió al auto.

—La escena era patética: yo con la camisa en la nariz tratando de detenerme la hemorragia, y ella con una estopa inhalando sabe Dios qué porquería. Llegamos a mi casa. Allí destapé un par de cervezas. Le ofrecí una a mi circunstancial compañera y la otra me la bebí. Me fui a dormir, no supe a qué horas se dormiría ella.

Sharif Sharif asegura que ambos se bañaron aparte, y le proporcionó a ella unos calcetines y una camiseta. En lugar de un desayuno, la muchacha le pedía droga o dinero, a lo que él se negó. Se puso agresiva, golpeó una ventana con sus puños y se hirió. Al verse lastimada, salió de prisa.

—Pasaría una media hora cuando yo salí a traer algo de comer y la vi a distancia platicando con otra mujer. La llamé para llevarla a que tomara un camión, pero ella se negó: me advirtió que haría un escándalo. De regreso a mi casa, me di cuenta que esta chica me había robado dinero. Poco después, mientras me disponía a limpiar la casa, llegaron dos policías y me detuvieron: la joven adicta me acusaba.

Sharif Sharif relata que, al llegar a los separos de la Policía Judicial del Estado, su miedo fue mayor. Estaba lleno de agentes policíacos que le rodeaban. Todos hablaban al mismo tiempo y él era incapaz de entenderles. Un reportero que hablaba inglés le explicó que le acusaban de ser el «asesino en serie» de mujeres.

—Recuerdo perfectamente a un policía que llegó jadeante, sudoroso, tenso, se frotaba la cara con las dos manos y repetía, eufórico: «Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos»… Después sabría su nombre: Antonio Navarrete.

Era el 3 de octubre de 1995. Blanca Estela Carmona Díaz acusaba a Abdel Latif Sharif Sharif de violación, secuestro y lesiones. Le confinaron en una celda de «Alta Seguridad Nueva» en el Centro de Readaptación Social (CERESO), la cárcel de Juárez. Un lugar húmedo, sucio, siempre maloliente, en el que imperaba la corrupción. Allí conoció al «Cricket». Este muchacho era el jefe de una pandilla y hablaba inglés. Se convirtió en su traductor, le leía los periódicos:

—Siempre que terminaba su tarea, movía la cabeza para los lados y, muy ceremonioso, me decía: «You’re fucked my friend» (Estás jodido, amigo mío). Cuánta razón tenía…

Muy pronto, obligaron al químico egipcio a proporcionar muestras de sangre, de saliva, de semen, de vello púbico y de impresiones dentales.

Sharif Sharif pudo comunicarse con sus abogados y denunciar las irregularidades ante el juez, que ordenó le fueran entregadas las muestras que le habían tomado a fuerzas. Al comparar sus huellas dentales con las huellas que se encontraron en el cuerpo de una víctima, Adriana Márquez, el resultado fue negativo. Sería lo mismo al confrontar sus huellas con las que se encontraron en los cuerpos de Silvia Elena Rivera y Elizabeth Castro García.

—Para el 13 de octubre —precisa Sharif Sharif—, el juicio público en mi contra era incontenible. En Diario de Juárez y Norte se reproducían las declaraciones del subprocurador Jorge López Molinar que afirmaba que yo era un prófugo de la justicia de Estados Unidos, entre muchas otras mentiras.

El acusado argumentaba que si aquello hubiera sido cierto, jamás habría salido de Estados Unidos: al momento de presentarse ante las autoridades de migración para hacer del conocimiento de éstas que dejaba el país y se establecía en México, declaró para cuál compañía trabajaba y ofreció toda su información personal. No había tal prófugo.

—A escasos seis días de ser detenido por un delito que no cometí, era ya el criminal más terrible del continente americano —exclama.

Sharif Sharif lamenta que algunas dirigentes de los grupos feministas se unieran al juicio en la prensa. Repetían, afirma, las mentiras y los equívocos oficiales: el jefe policíaco Francisco Minjárez se reunía con Esther Chávez Cano y Astrid González para asegurarles la culpabilidad del químico egipcio. Y les pedía tiempo y paciencia para poderles presentar las «contundentes evidencias físicas» que formaban parte de su investigación. Han pasado años, insiste Sharif Sharif, y dicho policía no ha presentado nada.

En medio de tal animadversión pública, recuerda que llegó a sentir miedo de recibir a los periodistas.

—Hubo un reportero de Houston que, con toda su estupidez, me preguntó si me gustaba la carne, de momento pensé que me invitaría una hamburguesa. No: era parte de su «investigación», pues, con sus ojos fijos en mí, me dijo: «Qué raro, los vampiros no comen carne»… Además, yo desconocía el idioma español, en fin, todo me acobardaba. Tenía ganas de llorar, tenía ganas de morir.

Las acusaciones contra Sharif Sharif comenzaron a rebasar el asunto de Blanca Estela. Ahora, las autoridades locales hablaban de su responsabilidad en el homicidio de cuatro mujeres: Silvia Elena Rivera, Adriana Márquez, Olga Alicia Carrillo y Elizabeth Castro García.

Sharif Sharif sostiene que fabricar testigos y declaraciones falsas es una práctica común en México. Y también falsificar firmas en declaraciones, o asentar testigos que luego nunca reaparecen. La tortura, ya sea física o psicológica, insiste, no ha sido erradicada, y se recurre a ella con frecuencia, y aunque ésta quede demostrada, nada cambia las cosas.

—La verdad es que les caí del cielo: era el «chivo expiatorio» por excelencia. Extranjero, sin familia, sin arraigo en esta sociedad, soltero, con buenos ingresos económicos y, sobre todo, con antecedentes delictivos en Estados Unidos.

El químico egipcio precisa que, en el mes de enero de 1996, llegaron a visitarle dos personas. Eran dos hombres a los que jamás había visto en su vida. Uno era Víctor Valenzuela Rivera, ex policía «meritorio» de la Policía Judicial de Chihuahua, y Ramiro Gómez Romero, agente de la Policía Judicial Federal. El motivo de su visita era hacer de su conocimiento que venían de la ciudad de Chihuahua. Habían tratado de entrevistarse con el procurador Francisco Molina Ruiz, pero no los había recibido. Querían ofrecerle la versión que tenían sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

Tiempo después, el químico egipcio la haría pública en la conferencia de prensa en la cárcel del 19 de abril de 1996, además de, a partir de aquélla, levantar una denuncia formal contra Alejandro y Melchor Máynez.

Luego de su visita a Sharif Sharif, Valenzuela abandonó Ciudad Juárez, pues estaba amenazado de muerte. Reaparecería tres años más tarde con el mismo testimonio y su tenacidad en que las autoridades lo escucharan.

—No volví a saber de Víctor Valenzuela ni de su amigo Ramiro Gómez Romero hasta el mes de enero de 1999 —rememora Sharif Sharif—, cuando lo encuentro en el CERESO. Estaba detenido bajo el cargo de vender cocaína.

A su amigo Ramiro Gómez Romero le habían hallado muerto meses atrás.

En febrero de 1996, recuerda Sharif Sharif, el gobernador Francisco Barrio Terrazas declaró en público que 320 testigos le señalaban como el responsable de la muerte de siete mujeres.

—¿Ignoraría el gobernador el tamaño de la burocracia de las oficinas de averiguaciones previas? —pregunta el químico egipcio—. ¿Por qué hacía Barrio declaraciones tan estúpidas? Era cuestión de pensar dos minutos para saber cuánto tiempo llevaría declarar a trescientos veinte testigos. Éste era un ingrediente más para el juicio público, pues en autos sólo estaba la declaración de veinte testigos en total, en cuatro diferentes averiguaciones, y ninguno me acusaba directamente.

A todas luces, se trataba de testigos fabricados, porfiaba. Para Sharif Sharif era evidente que el procurador Molina Ruiz engañaba a su amigo y compadre Barrio Terrazas. Aprovechaba la confianza que le tenía el gobernador.

Hacia finales de aquel mes, Barrio Terrazas debió corregir sus declaraciones: Sharif Sharif no era culpable de siete homicidios, sino de cuatro. Más tarde afirmaría que tenían localizados a otros dos cómplices: un egipcio que era primo de Sharif Sharif y un «nigeriano». Días después, el gobernador modificaría su declaración y aseguraría que los cómplices eran dos mexico-estadounidenses «totalmente identificados».

Hacia el 16 de abril, el jefe policíaco Francisco Minjárez organizó una redada en los bares del centro para el «esclarecimiento» de los crímenes contra mujeres. Se detuvo a más de 150 hombres y mujeres, de los que al final de la noche quedarían 15: una mujer y catorce hombres. Los presuntos delincuentes fueron detenidos mediante una orden ministerial, no por una orden de aprehensión liberada por un juez. Era un mandato arbitrario. Así, se anunció que culminaba una investigación que, a decir de las autoridades, había llevado ocho meses.

Investigación «al estilo del FBI», con rango del «primer mundo», dijo el procurador Arturo Chávez Chávez, que para entonces había relevado en el puesto a Francisco Molina Ruiz. Éste ya despachaba en el Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD) de la Procuraduría General de la República.

La captura multitudinaria culminó con la presentación de los detenidos: la presunta banda de «Los Rebeldes». Se les anunció como los cómplices del químico egipcio en los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez.

—Ahora mi situación se complicaba más —relata Sharif Sharif—. Era ya el cerebro detrás de la banda de «Los Rebeldes». Decían que a Sergio Armendáriz, el supuesto jefe de ellos, alias «El Diablo», yo lo había conocido en el Joe’s Place. Luego, ya estando en prisión, le había llamado para que asesinara a jóvenes mujeres y así confundir a la policía además de probar mi inocencia.

Las autoridades aseguraban que Sharif Sharif les pagaba a «Los Rebeldes» 1200 dólares por cada mujer asesinada. Éste era el motivo por el que continuaban los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.

—Al procurador Chávez Chávez le parecía evidente esta situación, porque yo siempre había asegurado mi inocencia y a la vez sostenía que seguirían los crímenes.

A pesar del encarcelamiento de «Los Rebeldes», continuó el hallazgo de cuerpos de mujeres asesinadas. El 23 de abril, el subprocurador López Molinar anunció la presencia de un «tercer psicópata en la ciudad». Las autoridades se enredaban.

—¡Vaya —ironiza Sharif Sharif—, ahora los psicópatas estaban celebrando una convención o algo parecido en esta frontera!

Tres años después, en 1999, se repetiría tal recurso de las autoridades de Chihuahua, sólo que entonces la banda se llamaría «Los Choferes». Una trama idéntica. Inverosímil.

A pesar de su mente racionalista, de científico, Abdel Latif Sharif Sharif no pudo menos que pensar en un círculo siniestro. Volvía la maldición de la tía bruja.

8. Baño de sangre en la frontera

El 4 de julio de 1997 se supo de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, «El Señor de los Cielos», jefe del Cártel de Juárez. De acuerdo con las informaciones oficiales, se había sometido a una operación de cirugía plástica en el Hospital Santa Mónica de la Ciudad de México. Su nombre postizo al ingresar fue Antonio Flores Montes. La destreza de los cirujanos le daría una nueva fisonomía, que le volvería invisible ante la ley. Además de los cambios en la nariz, la prótesis del mentón, la liposucción del abdomen y el tórax, le modificarían los párpados e incluso el color de los ojos.

A las 9:30 horas de aquel día, los médicos emprendieron la tarea múltiple que demoraría ocho horas en consumarse. Hacia la medianoche, el paciente resintió dolores intensos. Pidió que le aplicaran algún medicamento. Le aplicaron una substancia contraindicada en sus condiciones: una dosis de Dormicum. Murió en la madrugada. Al parecer, había sufrido un paro respiratorio. El acta de defunción indicó un paro al miorcardio. Imprudencial o doloso, fue un homicidio.

Desde el mes de enero de 1997, cuando comprendió que el acoso policíaco contra él iba en serio, Amado Carrillo Fuentes propuso un arreglo con el gobierno. La propuesta en sí era una amenaza contra quienes, desde el poder público y privado, le habían otorgado protección y complicidad. Allí habría que ubicar la causa de lo que vino. En adelante, sus días como gran figura pública del narcotráfico estarían contados.

La Drug Enforcement Agency (DEA), la agencia de drogas de Estados Unidos, se apresuró a declarar a la prensa, antes que las autoridades mexicanas, que aquel hombre sí era Amado Carrillo Fuentes. Esta sospechosa e impropia premura provocó que el embajador de México en Estados Unidos, Jesús Silva-Herzog, llamara «cretino» al director de la DEA, Thomas Constantine.

La prensa divulgó las dudas, siempre negadas por la PGR, acerca de que Carrillo Fuentes no había muerto en realidad. El cuerpo enterrado en Sinaloa habría pertenecido a otra persona, se dijo, que suplantó al «Señor de los Cielos».

Días después de manejos forenses, las autoridades mexicanas entregaron aquel cadáver a la familia. Fue reconocido como el del auténtico Amado Carrillo Fuentes, y recibió inhumación en Guamuchilito, Sinaloa. El costo funerario ascendió a cerca de 50 000 dólares.

Semanas más tarde, se sabría que «El Señor de los Cielos» había intentado establecerse en Chile con sus más cercanos colaboradores. Entraron allá bajo un manto hábil: identidades y pasaportes falsos. Realizaron inversiones y celebraron fiestas que incluyeron música de mariachis y platillos mexicanos. Al conocer la noticia sobre la muerte del narcotraficante, las autoridades chilenas mostraron escepticismo: A ustedes les consta, pero a nosotros no, sería su respuesta. La investigación sobre el Cártel de Juárez en Chile quedó abierta.

Luego vinieron los asesinatos en el estado de Chihuahua. Murieron decenas de narcotraficantes mayores y menores. La situación se prestaba a suponer un acto de venganza por la presumible negligencia o dolo que ocasionó la célebre muerte. Se dijo también que aquello era producto de los ajustes internos en el Cártel de Juárez. O bien, un exterminio de testigos. Cayeron cuatro médicos que, se adujo, habían participado en la operación que le ocasionó la muerte al «Señor de los Cielos». Y predominó una certeza: el narcotráfico proyectaba su sombra y exponía sus métodos.

Un día después de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, falleció Tomás Colsa MacGregor, joyero y empresario a cargo del lavado de dinero del Cártel de Juárez. Durante dos días se le torturó, se le asfixió poco a poco con una bolsa de plástico en la cabeza y se le estranguló mediante un alambre enrollado a un tubo de metal. Esta tortura afecta el aliento, la circulación sanguínea y provoca una fractura de la tráquea. En marzo y en mayo de 1997 había atestiguado ante la PGR. Los testimonios de Colsa MacGregor se convertirían en el fundamento de la persecución contra tal grupo criminal, que se desató cuando se detuvo, el 6 de febrero de 1997, al titular del INCD, el general del ejército mexicano Jesús Gutiérrez Rebollo, a quien acusaron de ser la pieza clave de una red de protecciones al narcotráfico que incluía, como se vería en los siguientes años, a otros altos mandos del ejército.

En los siguientes días fueron asesinadas diversas personas que trabajaban para el Cártel de Juárez: Irma Lizzette Ibarra y Héctor Ixtláhuac Gaspar, en Guadalajara, Jalisco. Y Salvador Morales García.

El 8 de julio, en Ciudad Juárez, murió de bala en la cabeza Javier Estrada. El 14 de julio aparecieron muertos, dentro de la cajuela de un automóvil, Juan Alberto Pasillas y María de Lourdes Villaseñor. El día 15 fue ametrallado Nelson Ramiro Sánchez Meléndez, en un municipio próximo a Ciudad Juárez. El 17 de julio le tocó el turno de morir a Ernesto Saldierna. Luego fue asesinado Eugenio Juan Rosales Ortiz, «El Genio», en su casa del fraccionamiento juarense Misión de los Lagos.

A los pocos días, un comando llegó al restaurante bar Maxfim, cerca de la plaza de toros de Ciudad Juárez, y acribilló al narcotraficante de Durango Lino Herrera, y a Teresa Elida Herrera Rey, Héctor Arturo Jiménez Holguín, María Eugenia Martínez Job y David Ramírez Rojas. Los asesinos fueron al menos tres. Entraron hacia las nueve y media de la noche y dispararon primero contra dos personas y después contra el resto del grupo. Al tratar de impedir la huida de los agresores, murió a balazos el subjefe de custodios del CERESO local, Armando Olague Hernández.

El 17 de agosto, fueron secuestrados en Ciudad Juárez los transportistas de plátano Fernando Cuevas Córdoba y Juan Manuel Aragón. Sus cadáveres aparecieron amarrados y amordazados. En otra parte de la ciudad fronteriza, fueron secuestrados Darío Rivas, Luis Fong, Carlos Fong Ruiz y Heliodoro Herrera.

Cinco días después, fueron asesinados los médicos colombianos que administraban el Hospital Guernica de Ciudad Juárez: Freddy Paternina Grandete, Lamec Villalobos, Javier Quintero Heredia y Tabaré Flores González. Sus cuerpos se encontraron en la cercanía del parque El Chamizal.

El 31 de agosto, en el bar Gerónimo’s, cayeron José Ignacio Guzmán Niebla, Carlos Valmaña y José Elías Carrillo. El 15 de noviembre fue muerto a balazos José Loya López en el restaurante juarense Kinsui. Era el trigésimo noveno ejecutado de aquel año. Al terminar 1997, sumarían en Ciudad Juárez 918 víctimas de delitos violentos, producto de ejecuciones, accidentes viales, homicidios en asaltos y sobredosis de drogas.

La Ciudad de México, en el mismo lapso, presentaría 1688 homicidios violentos.

En aquellas fechas, se supo también que un comandante de la PJDF, Jorge Francisco Palacios Hernández, «El Chiquilín», estaba desaparecido desde semanas atrás, como lo consignó Roberto Zamarripa en Reforma el 15 de septiembre de 1997.

Poco antes, el 25 de agosto de 1997, el reportero David Vicenteño, de Reforma, fue secuestrado, golpeado y amenazado para que ya no investigara más sobre la desaparición de aquel agente, que fungía como guardián en una de las residencias de Carrillo Fuentes en la ciudad de México.

Los familiares de Palacios Hernández le buscaron en la jefatura policíaca donde estaba adscrito, sin obtener respuestas convincentes. Aparte de ser guarda doméstico, entre sus ocupaciones estaba la de ser «doble» o «escudo» de Amado Carrillo Fuentes, con quien tenía un gran parecido físico.

Esto secundó el rumor de que «el Señor de los Cielos» estaba vivo: residía fuera del país a salvo de la policía. El propio Francisco Barrio Terrazas, gobernador entonces del estado de Chihuahua, expresó sus dudas sobre la «muerte oficial» de Amado Carrillo Fuentes.

El furor asesino de los invisibles se unía a la prodigalidad de las sospechas. Los negocios de Amado Carrillo Fuentes, como se demostraría en el futuro, incluyeron ramificaciones internacionales en Estados Unidos y Colombia, en Chile y Argentina, entre otros países del continente. Asimismo, se sabría de sus tratos con la mafia rusa.

El crecimiento del narcotráfico, el crimen organizado y la economía informal que a ellos se anexa había seguido una estrategia de amplio alcance que incluía en sus actividades al Estado mexicano. Y lo había logrado a través de las instituciones judiciales y los cuerpos militares. O las policías federales o estatales.

En su libro Mitología del «narcotraficante» en México, Luis A. Astorga A. ha estudiado el origen de esta práctica en el país y la corrupción oficial. Y ha descrito algunos fenómenos culturales que acompañan al narcotráfico en el ámbito local y regional durante décadas, en especial la costa norte del Pacífico mexicano, los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California. En tal ámbito, habría proliferado así una consistente muestra de «catarsis» colectiva, que incluye léxico, modas, usos y costumbres referentes al narcotráfico. Por ejemplo, el culto popular al bandido-santo Malverde, o los corridos sobre el contrabando. Una auténtica industria subcultural.

Dicho especialista indica que es necesaria la cautela ante las autoridades, ya que construyen una estigmatización del narcotraficante para realzar, en sentido contrario, la respetabilidad propia. Pero esta práctica habitual suele encubrir un hecho decisivo: entre las autoridades civiles y militares del país encargadas de procurar y defender la ley, o de perseguir a los delincuentes, se han vuelto difusas las respectivas identidades.

Escribe Astorga: «La paradoja de quienes se dedican a traficar con drogas prohibidas es que no actúan completamente en la ilegalidad, pues para realizar sus actividades en forma plena recurren a aquellos que representan la autoridad encargada de perseguirlos o no, quienes no necesariamente son objeto del mismo trato». Astorga precisa que quienes representan la autoridad y se convierten en cómplices de los delincuentes, no por ello dejan de tener autoridad, «aunque a juzgar por la ley se encuentran ya del lado de la ilegalidad».

A finales del siglo XX, el crimen organizado en México construyó un teatro de fantasmas y simulaciones que se prolongaría hacia el XXI. La corrupción generalizada erosionó, hasta hacerlas casi inútiles, las más altas instituciones judiciales, militares y policíacas del país. Inútiles para su razón de ser, funcionales para el manejo escénico y el juego de apariencias de los que ha dependido hasta la fecha el crecimiento del narcotráfico en México a través de una estrategia de complicidades y protecciones.

En los últimos quince o veinte años, se ha visto crecer el narcotráfico mientras el Estado abandonaba sus obligaciones básicas: la defensa de la ley, la soberanía, la paz social, el monopolio de la violencia. A cambio, y mediante el dispositivo de trasvasar las identidades, de prolongar la fantasmagoría que difumina o encubre la mano negra del poder público, se ha puesto el propio aparato del Estado al servicio de los negocios ilícitos. El mayor de ellos.

En 1997, se estimaba que el lavado de dinero del narcotráfico ascendía a más de 15 000 millones de dólares al año. Alrededor del 3 al 4% del Producto Interno Bruto de México. Los datos oficiales indican que 15 centavos de cada dólar blanqueado en México se reparten entre tres: el que ofrece el capital, el que lo triangula y el que lo recibe e inventa gastos, inversiones o adquisiciones para convertir el dólar en moneda nacional.

Presidentes de la República, políticos, banqueros, empresarios, gobernadores, dignatarios eclesiásticos o altos mandos militares, judiciales y policíacos han salido a relucir en una danza macabra bajo la música del gran capital y la prolongación de un orden ilegal de cosas existentes. Un umbral donde los corrompidos acceden a corruptores y se rebasa la dialéctica reduccionista entre lo legal y lo ilegal.

Jean-François Boyer afirma que las autoridades financieras del país pactaron las inversiones de los narcotraficantes en México —durante el gobierno de Miguel de la Madrid en los años ochenta— a cambio de protección y ganancias compartidas.

En su libro El negocio. La economía de México atrapada por el narcotráfico, Carlos Loret de Mola A. reproduce un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que señala que «si se terminara con el narcotráfico, la economía de Estados Unidos caería entre el 19 y el 22%, en tanto que la mexicana se desplomaría hasta un 63%».

El 2 de junio de 1999, el reportero Tim Golden de The New York Times publicó una nota en la que recuperaba testimonios de actas oficiales que mencionan sobornos de millones de dólares del Cártel de Juárez al entonces secretario particular del presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León: Liébano Sáenz, oriundo de Chihuahua. Este funcionario, que negó semejantes cargos, fue colaborador cercano y vocero de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, asesinado en 1994.

Ante aquellas acusaciones, la PGR reiteró lo que antes había dicho al respecto: eran falsas. Pero el agente especial —Héctor Rodríguez Armendáriz— que indagó para la PGR los nexos de Liébano Sáenz con el narcotráfico apareció muerto en un lote baldío de Hermosillo, Sonora, el 22 de junio de 1999. Tenía las manos esposadas y recibió tres disparos de bala en la cabeza. Antes de su asesinato, había recibido amenazas de muerte. Intentó, en vano, que la PGR lo protegiera.

El 16 de abril de 2000, el programa de televisión de Estados Unidos 60 Minutes denunciaría al secretario de la Defensa de México, Enrique Cervantes Aguirre, de proteger el narcotráfico. De nuevo, hubo negativas y rechazos por parte de las autoridades, pero ninguna pesquisa seria al respecto —Cervantes Aguirre tuvo en sus manos la información sobre el caso de Liébano Sáenz en 1995; la indagatoria militar, desde entonces, se detuvo.

El Observatoire Géopolitique des Drogues (OGD), organismo internacional con sede en París, escribió en su análisis titulado «La geopolítica mundial de las drogas, 1998-1999», que «a pesar de las “históricas” incautaciones anunciadas por el gobierno mexicano y algunos arrestos de alto nivel, de alguna forma “normales” en el contexto electoral, México permanece como uno de los principales centros de los narconegocios en el mundo. Y es probable que, en los años siguientes, la producción, el tráfico y el lavado de dinero sean indispensables para su economía, ya que, bajo la impunidad en el país, persistirán en financiar las actividades políticas».

Tal umbral ilícito ha contado también con el concurso de políticas antiinformativas, los ocultamientos, la propaganda autojustificatoria. O la siembra de las confusiones. Las autoridades han llegado al extremo de construir en los medios de comunicación de masas una suerte de substancia delincuencial ubicua, inasible, omnipotente, que deja en el nominalismo más abstracto lo que deberían ser acciones concretas, resultados y eficacia. Estos medios de comunicación, sobre todo de tipo electrónico, han caído una y otra vez en este juego encubridor al reproducir las versiones oficiales como verdad última. Nadie quiere indagar otros senderos.

Mientras, crecen los muertos y las muertas producto de la guerra del narcotráfico. A causa de ésta, en el último sexenio del siglo XX murieron cerca de 15 000 personas en México.

A finales de 1997, el presidente de la República convocó al país a combatir la impunidad. Los juarenses sabían muy bien qué implicaba la falta de castigo a los criminales. En tanto diversas organizaciones civiles documentaban 100 homicidios contra mujeres en aquella frontera, las autoridades locales manejaban un saldo de 79. Este diferendo básico se mantendría en el futuro.

Al mismo tiempo, dichas autoridades negaban la probable relación entre sí de muchos de estos homicidios. A pesar de que la PGJECH tenía a sus culpables en la cárcel —Sharif Sharif y «Los Rebeldes»»—, las víctimas continuaban. Las cifras se contradecían pero los hechos desafiaban la indiferencia.

Entre 1993 y noviembre de 1997, habían aparecido decenas de mujeres asesinadas, gran parte de ellas, al parecer, víctimas de un mismo salvajismo y forma criminal. Muchachas, incluso niñas, estranguladas, desnudas o semidesnudas, algunas con las manos atadas, huellas de golpes, mutilaciones o torturas. Sus cadáveres persistían en aparecer en parajes desérticos o semidesérticos de la periferia de Ciudad Juárez. Siempre los mismos: Lote Bravo, Lomas de Poleo, Cerro Bola…

De acuerdo con la información de la prensa, el patrón parecía recurrente. Las autoridades se negaban a avalar esta certidumbre. El registro de los homicidios permanecía aún en la «dimensión desconocida» que definiera Robert K. Ressler. La vida y la muerte se confundían en el vaivén de las cifras de mujeres asesinadas. Tanto como las cifras, diferían los criterios correspondientes para la definición de los periodos criminales.

El Grupo 8 de Marzo y otros organismos civiles llevaban su registro desde enero de 1993. En éste, una parte importante reflejaba asesinatos de tipo «serial»: homicidios relacionados entre sí, cometidos por un mismo sujeto o grupo en un lapso identificado, y realizados bajo formas similares.

Las autoridades desestimaban aquellos datos y preferían plegarse a lo mínimo, a los usos anacrónicos. Por ejemplo, el término de «crímenes pasionales».

En 1910, Carlos Rougmagnac definió en su libro Matadores de mujeres el término: «En el hombre criminal pasional, la obsesión es el temor al despojo de la cosa que tiene por exclusivamente propia; es la idea fija a la que, para acabar de torturarle, se agrega el elemento imaginativo que le hace recordar algunos detalles y figurarse otros que, verdaderos o no, remueve, combina y abulta sin cesar, no porque éste sea un efecto de su voluntad sino por lo contrario, porque su voluntad es débil, o en otros términos, porque falta energía en algunos centros cerebrales y sobra excitabilidad en otros». Rougmagnac concluía: «Y como todo trabajo cerebral debe resolverse en manifestaciones externas motrices y buscar una derivación que restablezca el equilibrio, tendremos, en el caso, el crimen ciego, brutal, feroz».

A finales del siglo XX, Ernesto García, vocero de la Subprocuraduría de Chihuahua rechazaba que los casos estuvieran relacionados unos con otros, y cuestionaba que, en un mismo inventario, se incluyeran «asesinatos pasionales» junto con los que la prensa identificaba como de tipo «serial». Todo en nombre, acusaba, de reivindicaciones políticas.

En cambio, Esther Chávez Cano, directora del Grupo 8 de Marzo, sostenía la vinculación entre aquellos asesinatos. Y acudía a un argumento sociológico y de género: las víctimas eran mujeres no identificadas, o de familias desposeídas, trabajadoras de maquila. Además, denunciaba que las autoridades incurrían en estigmatizar a las víctimas por disponer de su tiempo libre y «frecuentar salones de baile o bares».

Chávez Cano alegaba que, después del encausamiento de los inculpados, Abdel Latif Sharif Sharif y «Los Rebeldes», es decir, entre la primavera de 1996 y el otoño de 1997, se habían presentado muchos más asesinatos contra mujeres bajo condiciones semejantes.

La PGJECH insistía en reconocer como «asesinatos seriales» los ocurridos, y para ella «resueltos» con la detención y juicio de Sharif y «Los Rebeldes», durante 1995 y 1996. El resto eran «crímenes aislados». Y «multicausales», afirmaba.

Pero los homicidios contra mujeres eran sólo una parte de los delitos que se cometían a diario contra las mujeres en aquella zona fronteriza. Representaban sólo una arista del clima de violencia extrema de Ciudad Juárez, que era paralelo al de todo el estado de Chihuahua.

Los datos de la Secretaría de Salud muestran que, en Chihuahua, se presentaron 306 homicidios intencionados en 1990; en 1996, la cifra había crecido a 431. En 1995, Ciudad Juárez tenía el segundo lugar de homicidios en México después del Distrito Federal, que contaba con una población diez veces mayor: 8 236 960 habitantes. En esa época, la urbe juarense admitía 797 697 habitantes.

Además de las mujeres asesinadas, la vida colectiva en Ciudad Juárez había visto en 1997 un año de sangre sin precedentes. Al margen de los ajusticiamientos de decenas de personas por las pugnas del narcotráfico, estaba la grave inseguridad pública: secuestros, balaceras en restaurantes o bares. Y desapariciones.

La Asociación de Amigos y Familiares de Personas Desaparecidas (AFAPD), fundada en julio de 1997 en El Paso, Texas, denunciaba que en los últimos tres años 61 personas habían sido secuestradas o desaparecidas en Ciudad Juárez. Desde el 16 de noviembre de aquel año, este grupo civil había alertado a los estadounidenses sobre los riesgos de viajar a la localidad fronteriza. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos se había reservado tomar una medida análoga al respecto. En cambio, había prevenido a sus ciudadanos sobre el peligro de transportarse en taxis de la Ciudad de México.

Chávez Cano, cuyo grupo formaba parte de la Coordinadora de Organismos No Gubernamentales en Pro de la Mujer de Ciudad Juárez —fundada en 1999—, explicaba que, desde tiempo atrás, había prevenido a las autoridades de Chihuahua acerca de la violencia creciente contra las mujeres:

—En 1993, cuando comienzan a aparecer cadáveres de mujeres no identificadas, nos alarmamos. Dijimos: «Ojo, aquí está pasando algo».

Contaba la militante civil que fueron a entrevistarse con el presidente municipal de entonces, el panista Francisco Villarreal, que les ofreció su apoyo y esperanzas de actuar al respecto, pero la situación empeoró para las mujeres. Se entrevistaron con el entonces procurador estatal, Francisco Molina Ruiz:

—Tuvimos fuertes enfrentamientos, porque siempre se negó a reconocer la violencia contra las mujeres.

Con el afán de esclarecer los crímenes, las organizaciones civiles propusieron crear una fiscalía especial:

—Porque cuando preguntamos qué hace la policía, o cómo va la investigación en torno de los asesinatos de mujeres estranguladas —precisaba Chávez Cano—, siempre se nos dice que se está investigando. Nunca hay resultados. Al pedir que se abriera una fiscalía especial al respecto, nos dijeron que si no sirvió la fiscalía especial en el caso de Luis Donaldo Colosio, para qué proponer ahora esto. Dan ganas de morirse de la risa, o de pelearse con ellos. Nos están contando un chiste o nos quieren ver la cara de idiotas.

Pero, más que en la apertura de una fiscalía especial, Esther Chávez Cano confiaba en la alternativa de que la PGR ejerciera la «atracción» del caso. En otras palabras, que asumiera la jurisdicción y tomara el mando de las indagatorias. Así lo había pedido el Grupo 8 de Marzo en reuniones con mujeres de otras partes del país. Suponían que las medidas de orden federal serían más eficaces.

Sin embargo, al tratarse los homicidios de un delito de orden «común», cuya responsabilidad depende del gobierno estatal, las autoridades federales se descartaban de atraer los expedientes. Sólo podrían hacerlo si se encontrara un enlace de estos homicidios con algún delito federal. Como el narcotráfico.

Poco después, más de un indicio apuntaba en este sentido sin que la PGR se resolviera a intervenir.

—Si no se toman medidas a nivel federal, no va a pasar nada —insistía Chávez—, porque esta sociedad ya se vio rebasada… y ahora queremos echarle la culpa a la falta de valores, porque ésa es la frasecita de los panistas en el gobierno actual, «se han perdido los valores», como dijo en su momento el jefe de la policía, Jorge Ostos: «Aquí hay tanta violencia porque no creemos en la Virgen de Guadalupe». Con estos criterios, ¿qué podemos esperar?

A pesar de que Chihuahua tenía un gobierno del PAN, el Congreso del Estado acogió entonces una iniciativa de Ley sobre violencia doméstica o intrafamiliar que ayudaría a mejorar las condiciones de las mujeres de Chihuahua.

No sólo aquellos grupos civiles lamentaban la ineficacia de las autoridades, también los supuestos criminales.

Éste era el caso de Sergio Armendáriz, presunto jefe de la banda de «Los Rebeldes», que aceptaba conversar en una pequeña sala del CERESO de Ciudad Juárez, un año después de su detención:

—Desde muy chico, mi madre me inculcó que a la mujer se la respeta, se la quiere, se la venera —reflexionaba, tranquilo, mientras fumaba un cigarrillo—. Yo nunca he golpeado a una mujer, ¿por qué ahora me acusan de haberlas matado? —insistía.

El inculpado reclamaba justicia: estaba procesado por los delitos de violación, asesinato y secuestro. Pero reafirmaba su inocencia:

—Fuimos unas víctimas más de la ineficacia de las investigaciones de la Procuraduría.

Armendáriz denunciaba que su proceso había estado lleno de contradicciones, y que desde el primer momento se violaron sus derechos individuales:

—Los cargos con relación a mí están desapareciendo, cayendo uno a uno.

De acuerdo con Armendáriz, varios presuntos miembros de «Los Rebeldes» habían tenido mejor suerte: el juez absolvió a Fernando Rubén Germes; Erika Fierro, la única mujer involucrada, salió libre bajo fianza, y José Luis Rosales Juárez logró su libertad por un amparo, mientras dos más fueron enviados al Tribunal para Menores. Armendáriz decía mantener la esperanza, pero temía que le esperaran años de cárcel por delante.

En el otoño de 1997, Abdel Latif Sharif Sharif, acusado de ser el autor de los crímenes seriales de 1995, recibía visitas en su celda de 2 por 3 metros en el área de Alta Seguridad del CERESO de Ciudad Juárez.

Hacia el atardecer, ofrecía y preparaba una taza de café al visitante. La puerta abierta de su celda, encharcada por una fuga de agua, invitaba los saludos de otros reclusos que transitaban en el área, e incluso alguno de ellos se atrevía a entrar. Le mostraban una camaradería fraternal. El químico egipcio se había ganado el respeto de sus compañeros.

La cafetera se calentaba y Sharif Sharif revolvía papeles, hurgaba en algunas cajas de cartón y, al fin, extendía unos cuadernos con los diagramas que había elaborado sobre la frecuencia de los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez.

Su español había mejorado mucho desde la rueda de prensa del año anterior. En la celda había una cama, un televisor viejo, algunos videos de películas y libros, la mayoría en inglés y de temas químicos o industriales. Sharif estaba entusiasta, casi eufórico por tener la oportunidad de compartir con un periodista las explicaciones sobre su inocencia. Le gustaba tender un suspenso teatral en sus alegatos, e insistía en que la aparición de cuerpos de mujeres estranguladas había comenzado desde antes de que él radicara en Ciudad Juárez. Y siguieron después de su aprehensión. En ese momento, nadie sabía que aquellos homicidios continuarían también los años siguientes excepto, quizás, los asesinos.

Sharif Sharif, que había llegado de Estados Unidos para trabajar como químico de procesos industriales en una empresa de Ciudad Juárez, mostraba, orgulloso, el mazo de formularios de patentes con sus inventos registrados en Estados Unidos:

—Soy un científico —se complacía en repetir a lo largo de la plática.

Según el egipcio, el verdadero culpable de los asesinatos de mujeres que a él le inculpaban era Alejandro Máynez. No tenía la menor duda. A pesar de su denuncia del año anterior en rueda de prensa, y que luego ratificó ante el Ministerio Público, jamás se había investigado a dicho sujeto porque, decía, gozaba de la protección policíaca. Insistía en que Antonio Navarrete, ex jefe de Homicidios de la Policía Judicial del Estado, era uno de los mejores amigos de Alejandro Máynez.

El 23 de enero de 1997, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua le había confirmado a Sharif Sharif una sentencia absolutoria sobre los siete cargos de homicidio ocurridos en 1995 y que se le imputaron en 1996. Sólo aguardaba la resolución sobre otro cargo de asesinato, el de Elizabeth Castro García. Desde entonces, se había esfumado la etiqueta de «asesino serial» con que las autoridades judiciales de Chihuahua le expusieron en público.

Sharif Sharif, de quien se habían publicitado 14 denuncias en Estados Unidos por violación y atentados al pudor contra mujeres, repetía que él era inocente y un «chivo expiatorio» de la ineptitud de las autoridades de la PGJECH.

—Nadie quiere hacer nada —comentaba.

Y se veía al lado de las víctimas:

—Nadie quiere hacer nada por las asesinadas, no tienen derecho a justicia, son mujeres sin familia, no hay poder ni presión que las respalde…

A partir de lo que la prensa había divulgado, Sharif Sharif comentaba que en 1993 se dio el primer hallazgo de lo que sería una larga cadena de homicidios.

El 2 de diciembre de 1997, el gobernador Francisco Barrio Terrrazas afirmaría que el porcentaje de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez era «normal».

Pero había allí un episodio insólito que desafiaba la capacidad de la PJE para resolver los casos. El criminal aún estaba libre, remataba Sharif Sharif, tajante, tenaz: trazaba mediante un bolígrafo azul una gráfica de curvas de intensidad criminal que tejía determinadas fechas. Creía ver en ello un mismo patrón homicida. Al lado de otras evidencias, podía vencerse éste mediante una investigación científica.

Antes de acudir al acto de pasar lista de presente del horario nocturno, Sharif Sharif comentaba que no descansaría en su propósito de demostrar su inocencia. Su formación científica le ayudaría a conseguirlo. Ya escribía un libro con todo lo que había estudiado sobre el tema. Hojeaba sus cuadernos y se ponía sus gafas de leer en forma alterna, entusiasta. Estaba convencido de salir libre, y entonces se dedicaría a perseguir al autor de los asesinatos de mujeres por los que se encontraba preso. Era una fantasía persistente: dejar de ser un perseguido y convertirse en el perseguidor. A su lado, en la pequeña mesa, se veía una novela en inglés de Tom Clancy, cuya lectura había interrumpido a media tarde: No Remorse era el título: Sin remordimiento.

Poco después de las ocho de la noche, luego de pasar lista ante un trío de celadores que trataban como si fueran sus amigos de siempre a los presos de «alta peligrosidad», Sharif Sharif buscaba prolongar, al igual que el resto de los presos, mediante bromas, anécdotas, invitaciones a cenar café y frijoles con tortillas, la estancia del visitante.

El que viene de la calle, de otra ciudad, de la vida abierta e ilímite trae consigo aquel influjo irrenunciable que extraña cada uno de ellos: ofrecían una historia personal a cambio de algún sueño de libertad, mientras los celadores resonaban los cerrojos y los candados de las rejas. Afuera del reclusorio la noche se coagulaba en el desierto.

9. Un superdetective en la dimensión desconocida

En el otoño de 1998, fue hallado en un basurero de Ciudad Juárez el cuerpo de una mujer de cerca de 20 años.

En aquel sitio, las autoridades habían levantado antes otros cadáveres de mujeres. La víctima reciente era de complexión delgada y tenía el cabello largo —como la mayoría de las otras muertas—. Ya sin vida, le golpearon la cabeza con una piedra y pasaron un vehículo sobre ella hasta dejarla irreconocible.

Apenas en enero de aquel año, aún bajo el gobierno del PAN, se había creado una fiscalía especial para atender los homicidios contra mujeres en la frontera.

Tal homicidio, cuya víctima permanecía inidentificada, se interpretaba como un reto del o de los asesinos al gobierno entrante en Chihuahua del PRI.

El asunto de las muertas de Ciudad Juárez, que de por sí se ubicaba en el escenario complejo de toda frontera, exponía ya un fenómeno siniestro en la incidencia de este tipo de crímenes en serie: el efecto copycat. La proliferación de los imitadores que, debido a la ineficacia de las autoridades policíacas y judiciales, vio incrementar la impunidad a su favor.

O, más que un efecto copycat, parecía tratarse de un efecto cascada de parásitos, depredadores humanos. Como afirma Michel Serres: el parásito no se detiene. No deja de comer o de beber. Se expande, se fuga y crece, invade y ocupa. Propicia el ruido, el estrépito, la furia, el tumulto y lo incomprensible. La asimetría, la violencia, el asesinato y las matanzas.

El 3 de octubre de 1998 la policía de El Paso, Texas, detuvo a un sujeto de 25 años de edad. Se dijo que era el presunto culpable de la muerte de cuatro mujeres en Ciudad Juárez, entre ellas, Hester van Nierop. Una joven holandesa que, según los primeros informes de la policía, tenía 18 años. Después se diría que eran 22.

La policía de Chihuahua hizo saber que Hester van Nierop había viajado a Nayarit, en septiembre de 1998, a visitar a una hermana suya. De allí se fue a Juárez, atraída por las noticias sobre homicidios contra mujeres. Sentía curiosidad y decidió conocer los bajos fondos de la ciudad fronteriza, se murmuró. En particular, las cantinas y bares de ínfima categoría de la parte antigua de la ciudad y que colindan con el puente internacional. De acuerdo con la policía, allí habría conocido a un sujeto no identificado, que la condujo a un hotel de la zona después de visitar el bar Norma’s. Doce horas después, hallaron el cuerpo de la turista bajo la cama de uno de los cuartos. Estaba semidegollada, se publicitó.

La policía de Chihuahua presumía que el detenido en El Paso, Texas, llamado Juan Carlos Ortiz Huerta era el autor de la muerte, en febrero anterior, de Elva Verónica Olivas Luévano y de Perla Patricia Sáenz, presunta prostituta. El cuerpo de esta última se había descubierto «escondido» en el Hotel Juárez, el «mismo sitio» en el que moriría meses después la joven holandesa.

Pero las versiones eran equívocas. Y destacaba una anomalía en aquella detención: desde marzo de 1998, la policía había aprehendido y, poco después, liberado a dicho sujeto por falta de pruebas: la esposa del detenido y un pastor atestiguaron a su favor. Bajo el pretexto de haber hallado nuevos «elementos probatorios», las autoridades de Chihuahua solicitaron su detención en Texas a principios de octubre.

La policía decía que el detenido tenía dos cómplices: «El Cholo» y «El Negro». El detenido negó conocer a ambos y rechazó las acusaciones de la policía de Chihuahua. Pero hubo un anuncio espectacular en Ciudad Juárez y en El Paso, como si se tratara del auténtico responsable de los homicidios no sólo de Elva Verónica y Perla Patricia, sino de la otra joven no identificada y, sobre todo, de la muchacha europea.

Este recurso judicial-propagandístico se presentaría también en el futuro: a falta de resultados, se recurría al espectáculo en la prensa. Su finalidad era acallar, o al menos reducir, el impacto en el público del hallazgo de nuevos cuerpos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.

Lo peculiar de las informaciones policíacas, o bien de las que aparecen en la prensa a partir de éstas, es que suenan verosímiles en lo general, pero de una a otra fuente son diferentes, a veces contradictorias en los detalles.

Hester pudo ser «Haester». Su muerte se habría debido menos a un «semidegollamiento» que a un estrangulamiento. Se diría también que la holandesa llegó como turista, y que «era estudiante en El Paso, Texas». Semanas atrás había reportado el robo de sus documentos «en Los Ángeles, California». Habría sido una muchacha de «complexión regular», de un metro sesenta de estatura y cabello castaño.

Se afirmaría también que llegó al Hotel Juárez acompañada de un sujeto atlético, de unos treinta años, piel blanca y cabello negro. Y se añadía en tal descripción una pequeña cicatriz en la mejilla derecha. El hombre hablaba español pero delataba un acento de estadounidense, de «gringo», y pagó cinco días por adelantado. Pidió que nadie los molestara. Las pertenencias de «Haester» se habían hallado dentro de la funda de una almohada, en la habitación 121…

Con todo, el caso de las muertas se había vuelto un acertijo internacional, pero las autoridades federales de México —en especial, la Presidencia— permanecían indiferentes. Sin duda, porque las víctimas eran mujeres desposeídas y detrás de sus muertes sólo había el reclamo de sus familias o amigos, o el de las organizaciones civiles.

Muchos diarios, revistas, canales de radio o televisoras del mundo viajaron en esas fechas a Ciudad Juárez para indagar sobre los homicidios contra mujeres. El mes de octubre, la BBC londinense anunció que filmaría un documental sobre el caso para la televisión europea.

El gobierno saliente del PAN en el estado de Chihuahua debió reconocer su impotencia ante el mayor caso en la historia criminal del país. Sin embargo, realizó a lo largo de los meses una campaña de propaganda en defensa de sus investigaciones y posturas. Arturo Chávez Chávez, el procurador de Justicia, había insistido en la eficacia de la policía, en la pulcritud de sus procedimientos y la integración de las averiguaciones previas. Y se mostraba molesto por las suspicacias que despertaba su trabajo sobre los homicidios contra mujeres en la frontera norte.

La Subprocuraduría de la Zona Norte registraba el homicidio de 27 mujeres durante 1997. De éstos, se habían «resuelto» 15. Había 12 casos sujetos a investigación. De aquel total, sólo en «10 existió violencia sexual».

En una entrevista con Reforma, el 29 de noviembre de 1997, Chávez Chávez había insistido en ver la «raíz o las causas de la violencia»: el problema de los valores, de la cultura, de la educación, de la falta de respeto al derecho de los demás. Pero proclamaba nunca sustentar sus acciones legales desde un enfoque de «valores». Sobre los homicidios de Lote Bravo y Lomas de Poleo, decía contar con «pruebas irrefutables», además de las «imputaciones recíprocas» que los miembros de la banda de «Los Rebeldes» se habían hecho. Y daba ejemplos: el ADN que «se encontró» en el vehículo de alguno de ellos y que «correspondía» a las víctimas, o uno de los puñales que estaba en uno de sus vehículos, que «coincidía plenamente» con las heridas infligidas a una víctima.

O bien, abundaba el procurador, la posición de las piezas dentales de uno de los acusados, que es como una huella dactilar descubierta en alguna de las víctimas. También estaban las pruebas de luminol, la substancia que se usa para revelar huellas de sangre. Defendía, asimismo, la inculpación a Sharif Sharif. Decía que el egipcio «había sido condenado en tres ocasiones por violación en Estados Unidos, lo corrieron de aquel país, tenemos copia de las resoluciones. El grado de violencia que ha tenido con sus víctimas ha ido en ascenso».

Falseaba los hechos.

Chávez Chávez presumía que alrededor del 80% de todos los homicidios del estado de Chihuahua estaban «resueltos». Y asentaba un aspecto decisivo: «no necesariamente quiere esto decir que esté detenido el homicida, sino que se expidió orden de aprehensión contra él». El mandato que cancela toda responsabilidad.

Meses después, en una nueva entrevista con Reforma, el 29 de marzo de 1998, el procurador ofrecía otras cifras sobre el mismo año de 1997: 22 averiguaciones previas por homicidio contra mujeres. De los archivos oficiales 5 cuerpos se habían esfumado. Decía que 11 personas estaban consignadas ante los juzgados y eran 6 los cuerpos no identificados. 7 casos estaban «resueltos» y en 3 más se había ubicado a los «responsables», pero estaban «prófugos». Había 12 casos por resolver.

Las contradicciones eran flagrantes.

Al paso del tiempo, los jueces declararían improcedentes los supuestos vínculos entre Sharif Sharif y «Los Rebeldes», que era la clave de las autoridades. Este recurso sería el signo persistente en las investigaciones oficiales sobre los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez: dar por resueltos crímenes a partir de dictámenes burocráticos.

Sobre la guerra de las cifras, el procurador Chávez Chávez decía que para eso estaba el Registro Civil, y también estaban los cuerpos, las tumbas que se podían «contar». Negaba que la institución a su cargo especulara o «maquillara» los datos. Y desafiaba: «tenemos abiertas las cifras a quien las quiera».

A su vez, desdeñaba las de los grupos civiles, que reconocían más víctimas que las cifras oficiales, y cuya fuente documental había sido, desde 1993, el registro testimonial de la prensa cuando la policía acude a levantar los cuerpos en el lugar de los hechos.

Al final, el funcionario aceptaba que «la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua no tenía todo bajo control, definitivamente no».

En mayo de 1998, el gobernador Francisco Barrio Terrazas acusó a la prensa de ser la causante de la mala imagen de Ciudad Juárez. Aquel mes, un grupo de diputadas federales de la Comisión de Equidad y Género firmó un convenio de 16 puntos con las autoridades de Chihuahua para «tratar de terminar» con la violencia en Ciudad Juárez. Las presiones de los grupos de mujeres locales, estatales y nacionales lograron que se interesara la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Después de indagar a fondo sobre el caso de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, la CNDH descalificó a las autoridades de Chihuahua, además de hallar conductas ilegales en su accionar. En la Recomendación 44/98 de este organismo se lee que las «averiguaciones previas proporcionadas en copia fotostática por la Procuraduría General del estado de referencia (Chihuahua), presentan múltiples deficiencias en su integración que se traducen en diversos aspectos sustanciales». Además, argumentaba el documento que en la «mayoría de los casos existe dilación en la procuración de la justicia. Situación ésta que resulta alarmante per se, aunada al contexto que rodea a las mismas, es decir, hasta finales del año de 1997, de acuerdo con la relación de mujeres que fueron asesinadas durante los años de 1995, 1996 y 1997».

El aserto se refiere al lapso en que tanto Francisco Molina Ruiz como después Chávez Chávez estuvieron al frente de la Procuraduría de Chihuahua.

La misma Recomendación 44/98 amonestaba: «cuando los actos de autoridad —como en el caso de las averiguaciones previas ya mencionadas— adolecen de la suficiente motivación y fundamentación para definir la fortaleza jurídica de esos actos del poder público en la determinación de la situación jurídica de algún probable responsable, vulnera en su perjuicio la garantía de seguridad pública».

En síntesis, la CNDH dictaminó que tales deficiencias de las autoridades chihuahuenses transgredían la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Chihuahua.

La CNDH recomendó investigar al entonces procurador Chávez Chávez, al subprocurador Jorge López Molinar y a otros servidores públicos de la Subprocuraduría de la Zona Norte, en Ciudad Juárez.

Pero el gobierno de Francisco Barrio Terrazas desestimó las recomendaciones con el pretexto de su improcedencia, ya que, decía, tal organismo fundaba éstas en falta de «información suficiente», lo que se prestaba al «interés político de los distintos grupos o actores sociales de la entidad».

El 1.º de julio, la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura apremió a las autoridades de Chihuahua a investigar los homicidios contra mujeres en la frontera.

Mediante la injerencia del PAN en la entonces Comisión de Seguridad del Senado de la República, en particular de Francisco Molina Ruiz, ex procurador de Chihuahua durante los primeros tres años de la gubernatura de Barrio Terrazas, se envió a Ciudad Juárez a un criminólogo de Barcelona: José Antonio Parra Molina. Además de validar las investigaciones, tal criminólogo se destacó por sus opiniones «misóginas» contra las víctimas, tal como lo denunció, entre otros, el Grupo 8 de Marzo.

En el verano de 1998 llegaría a Ciudad Juárez, invitado por la Procuraduría de la República, el especialista en crímenes seriales Robert K. Ressler.

El anuncio de su arribo causó gran expectativa. La diputada perredista Alma Vucovich, copresidenta de la Delegación de la Comisión de Equidad y Género de la LVII Legislatura, opinaba:

—En las reuniones que sostuvimos, el procurador del Estado de Chihuahua admitió que ellos no han tenido la capacidad de obtener buenos resultados en las investigaciones sobre asesinatos de mujeres, y ahora fincan sus esperanzas en que un personaje como Ressler pueda darles una pista que conduzca a la solución de los casos.

La diputada veía como un avance la visita de Ressler a la frontera norte:

—Para mí esto (no hay que olvidar que el gremio policíaco del estado está muy maleado) es ya satisfactorio. Pienso que es una muestra de voluntad que no habían tenido las autoridades de Chihuahua, aunque, por otro lado, me parece contradictorio que asuman la postura de atribuir a intereses electorales las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos —aseguraba la legisladora.

Desde el principio, Ressler fue cauto. Días antes de viajar a Ciudad Juárez, aceptó confirmar a Reforma por vía telefónica su visita, pero no quiso precisar la fecha exacta, porque, a su juicio, esto les correspondía a las autoridades de Chihuahua. Quería respetar las formas.

La visita de Ressler a Ciudad Juárez se había originado en un acuerdo establecido el 12 de mayo de aquel año entre el procurador Chávez Chávez y la Delegación de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.

El punto 13 del acuerdo precisaba: «Fortalecer en todo lo que sea necesario la labor de la PGJECH, en especial apoyando a los especialistas internacionales en criminología Robert Ressler y José Antonio Parra Molina (este último egresado de la Facultad de Criminología de la Universidad de Barcelona), para que coadyuven en la identificación de los factores generadores de la violencia ejercida en contra de la mujer en esta ciudad».

Al consumar su retiro en 1991 del servicio en la Unidad de Ciencias de la Conducta, Ressler llevaba ya dieciocho años en el FBI. Egresado de la Universidad de Michigan en criminología y administración policíaca, fue instructor y criminólogo de la Academia del FBI en Quantico, Virginia, a partir de 1974. A lo largo de los años, impartió cátedra en la Universidad de Virginia y en la de Michigan, y llegó a ser investigador en la Universidad de Pennsylvania. Antes de ingresar en el FBI, había estado diez años en el ejército de Estados Unidos como oficial de policía e investigador criminal, hasta alcanzar el grado de coronel. Ressler, ya en reserva de la milicia, se había desenvuelto en materias tan especializadas como la negociación con delincuentes, la criminología, la psicología de índole anormal y, sobre todo, el análisis de perfiles criminológicos.

Una de las grandes aportaciones de Robert K. Ressler al combate al crimen contemporáneo fue su iniciativa de formular perfiles criminológicos como un proceso esencial de la investigación, así como el establecimiento del Centro Nacional para el Análisis del Crimen Violento del FBI (NCACV). De allí derivaron programas de enseñanza y aprendizaje, como el Programa de Aprehensiones de Crimen Violento (VICAP), además del Proyecto de Investigación de la Personalidad Criminal, del propio FBI.

Al llegar a Ciudad Juárez, Ressler acababa de publicar un libro, I Have Lived in the Monster, y venía de haber sido asesor privado en casos de crímenes difíciles en Japón, Austria, Inglaterra y Sudáfrica. Su viaje a este último país duró cinco jornadas, y tuvo la siguiente agenda día tras día: 1) estudio de campo de los lugares en que se hallaron los cadáveres; 2) vuelo en helicóptero sobre dichos sitios; 3) estudio de exámenes forenses, elementos periciales, fotografías, reportes de autopsias y análisis de expedientes; 4) curso rápido a policías; 5) presentación de un reporte escrito ante las autoridades y conferencia de prensa.

En tal viaje, Ressler configuró un perfil criminal que auxiliaría a detener a Moses Sithole, inculpado de 36 asesinatos de mujeres. Se esperaba que realizara un programa de trabajo análogo en Ciudad Juárez.

En su libro I Have Lived in the Monster, había escrito: «En nuestra época, el contínuum de violencia interpersonal abarca desde los intensamente individuales actos de perversión de menores y asesinato, como en el caso del japonés Miyazaki, hasta los asesinatos múltiples de asesinos seriales como Colin Ireland, Andréi Chikatilo, Jeffrey Dahmer y Norman Simons. El hecho de que la cantidad e intensidad de estos actos se incremente día tras día en todo el mundo es testimonio de que nuestras sociedades están desarrollando deformaciones cada vez más virulentas».

Robert K. Ressler viajaba a la frontera mexicana. A lo que había denominado la «dimensión desconocida». Pero las autoridades de Chihuahua le depararon ciertas sorpresas: por ejemplo, la consulta fragmentaria de los expedientes sobre los homicidios de mujeres, o el hecho de asignarle un intérprete-custodio, que tendía a dificultar el diálogo directo del ex policía del FBI con sus interlocutores. Esto fue notorio en su trato con la prensa y los reporteros bilingües.

Sin embargo, Ressler declaró su apoyo a las autoridades policíacas del estado de Chihuahua. El 19 de junio de 1998, en conferencia de prensa, afirmaría que estaba en Juárez por una invitación del gobierno de Chihuahua y su Procuraduría de Justicia. Carlos Licón y Jorge Ostos lo habían recibido y tratado en «total apertura», «no lo habían bloqueado», insistió. Había hecho recorridos de campo, le tradujeron varios expedientes, habló con los médicos forenses y, el día anterior, había ofrecido un curso para 60 policías judiciales del estado. «Los felicitó por los procedimientos que utilizan, mejores que los de Estados Unidos», expresó el traductor simultáneo de la Procuraduría de Chihuahua.

Enseguida, Ressler comentó que había recomendado a las autoridades de Chihuahua, en franca contradicción con sus elogios previos, que usaran el formato de reporte criminal del VICAP, de rigor en varios países del Primer Mundo.

Este formato presenta ventajas metodológicas y de alcance operativo, al implicar 180 campos de investigación y no los 60 campos que alcanzaba el formulario de datos local.

Asimismo, comentó que la técnica de las autoridades juarenses era «buena», pero que él había hecho algunas sugerencias a las prácticas forenses. También dijo que sería conveniente establecer una comparatividad de datos con otras naciones respecto a este tipo de crímenes, lamentó que en 40 casos de restos no identificados ni siquiera pudo realizarse una autopsia y respondió así a la pregunta sobre la culpabilidad de Sharif Sharif:

—No aseguro que sea el asesino, pero su personalidad, las circunstancia y sus antecedentes penales en Estados Unidos le hacen un sospechoso probable.

Un par de veces repitió que creía en la presencia de más de un asesino en serie en Ciudad Juárez, y recomendó a las mujeres dejar de ponerse «en riesgo»:

—Muchas de las víctimas se pusieron en riesgo por haber ido a centros de baile, o por salir a trabajar muy temprano o salir muy tarde. Se debe educar al pueblo y a los medios de comunicación para sugerir que sea el padre, un hermano, un hombre el que las espere o las acompañe.

La reportera Diana Washington de El Paso Times le preguntó:

—La policía dice que las mujeres que murieron provocaron al asesino con su minifalda o su vestimenta…

Ressler sonrió antes de responder:

—No, no es así, ustedes o yo vemos una minifalda y nos parece atractiva, pero el psicópata tiene otra motivación, sus impulsos sexuales no son normales, su estructura mental y moral es diferente. La vestimenta no provoca un crimen.

Por último, Ressler pidió a la prensa que se cuidara de ofrecer noticias escandalosas sobre los homicidios para evitar que se generalizaran las imitaciones criminales.

Después de esta conferencia de prensa, el gobierno panista hizo un amplio uso del prestigio de Ressler. Le convirtió en parte de un coro de mentiras —que recogieron diversos medios de comunicación—, por ejemplo, la de afirmar que el egipcio Abdel Latif Sharif Sharif estaba acusado de «más de 70 muertes», algo que jamás había sucedido. En esas fechas, Sharif sólo enfrentaba un cargo de homicidio, el de Elizabeth Castro García.

El mes de julio Ressler volvió a Juárez y, a petición de Sharif Sharif, se entrevistó al fin con él. Concluyó que el egipcio era «muy inteligente, posee una mente creativa». Un embaucador astuto, diría también —al paso de los años, Robert K. Ressler habría de reconocer que la idea de las autoridades de Chihuahua en torno a la culpabilidad de Sharif «no es correcta».

Luego aseguraría que, de acuerdo con su experiencia, en Ciudad Juárez había tres psicópatas sexuales de índole sádica. Al menos, eran dos homicidas «organizados» y uno «desorganizado».

Negaba que fueran de origen mexicano: quizás provenían de Estados Unidos —en 2002 diría «que pensaba, como antes, que el o los asesinos tendrían que ser hispanos o mexico-estadounidenses, además de que podrían vivir en El Paso, Texas, y atravesar la frontera para asesinar mujeres».

En 1998, Ressler recomendó que la industria maquiladora creara un fondo para ofrecer una recompensa de medio millón de dólares. Justificó: «el dinero siempre funciona». Para entonces, las hipótesis más recurrentes sobre la causalidad y el perfil criminal detrás de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez eran: 1) tráfico de órganos; 2) asesino de origen estadounidense —hipótesis inviable a juicio del criminólogo juarense Óscar Máynez—; 3) pugnas entre pandillas; y 4) crímenes de «polleros».

Se mencionaba también la posibilidad de que estos homicidios estuvieran vinculados a sacrificios de sectas (como los de «narcosatánicos» de la década anterior), o a traficantes de imágenes de pornoviolencia (snuff movies) —aunque el propio Ressler descalificó de inmediato estas líneas de investigación: «son tonterías estudiantiles», dijo.

Robert K. Ressler, que siempre ha suscrito que su trabajo se basa en la experiencia, se limitó en Ciudad Juárez a seguir la experiencia que le mostraron las autoridades chihuahuenses. Desconocía la lengua española, el accionar de la policía mexicana y la urdimbre sociopolítica. Al evaluar las aportaciones del experto en asesinos seriales, la feminista Esther Chávez Cano declararía:

—Ya se ve para lo que sirvió: aportó poco, casi nada, excepto sus pronunciamientos patriarcales.

Acostumbrado a tratar por doctrina y método con la individualidad del crimen, Ressler soslayaba también el dominio de la violencia disponible en México al crimen organizado, el papel de las empresas criminales en Ciudad Juárez, sus vínculos con policías y funcionarios del gobierno. En especial, en los negocios del narcotráfico y su enorme poder. Fue discreto. El emisario de una cultura anglosajona en tierra brava.

Apenas meses atrás, la senadora estadounidense Dianne Feinstein había declarado que, a pesar de las presunciones del Departamento de Estado de su país acerca de los «resultados alentadores y el progreso notable» de México en su combate contra el narcotráfico, el Cártel de Juárez era más fuerte que nunca.

Lo peor era que se extendía día con día en Estados Unidos.

La senadora enumeraba, a partir de la información de las agencias estadounidenses, las ciudades en las que operaba Amado Carrillo Fuentes. En el estado de Texas, en El Paso, Houston, McAllen, Midland, Odessa y San Antonio. En California, en Los Ángeles, San Diego, Sacramento. También estaba presente en otras capitales: Las Vegas, en Nevada; Chicago, en Illinois, y, desde luego, en Nueva York y en Miami.

Mientras tanto, las autoridades de Chihuahua hacían creer al público que Ressler había acudido a dar el visto bueno a sus investigaciones, que, como presumía el procurador Chávez Chávez, eran «de Primer Mundo».

El 28 de junio de 1998, en lo que Robert K. Ressler iba y venía entre Virginia y Ciudad Juárez, apareció muerta otra muchacha en Lote Bravo. Se la identificaría como Brenda Patricia Méndez Vázquez, de 15 años de edad. Murió estrangulada y registraba huellas de violación anal y vaginal. Su familia la había reportado como desaparecida cuatro días antes del hallazgo del cuerpo. Era la vigésima víctima de año.

Asesinos en serie, imitadores o solitarios, organizados o desorganizados, su libertinaje ostentaba el triunfo del efecto cascada y la depredación parasitaria.

En la dimensión desconocida, las cosas tendían a volverse indistinguibles incluso para los expertos.

10. La pequeña holandesa

El 20 de septiembre de 1998, el grupo 203 de la Policía Judicial de Chihuahua se dirigió al Hotel Plaza de la calle Ugarte.

Son los alrededores del puente internacional Paso del Norte. Un territorio de edificios obsoletos, cantinas y bares. Hoteles que fueron el lujo del turismo y ahora sirven para el comercio sexual. Se respira allí un aire de muelle en decadencia, pleno de encanto anacrónico. Y de rincones lóbregos. Reinan los fantasmas de un esplendor lejano de políticos y celebridades de la radio, el cine, los toros o las carreras de automóviles.

Ahora, la noche anima el territorio y allí se concentran los hombres y las mujeres anónimos en busca del tiempo dispersivo que mitigue la supervivencia. O acreciente los deseos sin fin. También pululan los drogadictos, las prostitutas, las pandillas de festejantes, los turistas mexicanos o extranjeros. Y la gente que trabaja en la zona, cuyo signo es el oficio de la mirada dura: servicial ante el pago y afecta a la indiferencia. O al silencio. Los violentos encuentran allí su arena o su coto de caza.

Aquel grupo de policías lo encabezaban Joel Téllez y Antonio Conde. Tenían como apoyo a los agentes Ríos y Valenzuela. Todos adscritos a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres (FEIHM). El jefe del grupo era Antonio Navarrete.

Horas antes, la unidad 204 había recibido un telefonema de la administración de dicho hotel acerca de que, en el cuarto 121, se encontraba el cuerpo de una mujer. Se trataba de la ciudadana neerlandesa Hester van Nierop, de 28 años de edad.

La policía estudió la escena del crimen, retiró el cuerpo y realizó las diligencias del caso, que inscribieron bajo el número 1102-20250/98. En otros documentos oficiales, este expediente aparece referenciado con una cifra distinta: 20520/98. El informe forense señalaría «asfixia por estrangulamiento» como causa de muerte de la víctima.

Al día siguiente, la unidad 203 levantó los objetos de Hester van Nierop, e interrogó a la recepcionista. Ya en las oficinas de la fiscalía, la empleada colaboró en trazar el retrato hablado del sujeto que llegó con la occisa al hotel el 19 de septiembre de 1998. Era un hombre de cerca de 35 años de edad y tipo atlético, tez blanca, cabello castaño ondulado, largo, ojos rasgados, nariz recta, un metro con setenta y seis centímetros de estatura. Tenía una cicatriz en la mejilla derecha y huellas de acné en el rostro. Se registró bajo el nombre de «Roberto Flores».

En un primer momento, los agentes buscaron en los archivos de la policía: nadie había con ese nombre. Luego acudieron al bar Norma’s, próximo al Hotel Plaza, donde un empleado comentó, al ver el retrato hablado, que éste tenía algún parecido con un sujeto que era luchador, pero se negó a confirmar su dicho.

El 23 de septiembre, la policía acudió a indagar en otros hoteles del centro de Ciudad Juárez. En el Hotel Koper, de la avenida Juárez, dos empleados vincularon el retrato hablado con un sujeto. Solía acudir a veces a dicho hotel. Le gustaba ocupar el cuarto 21. El día 1.º y 2 de septiembre anteriores, se había hospedado allí bajo el nombre de «Roberto» y «Roberto Hernández».

Según el testimonio de una empleada de este hotel, el hombre acudía allí en compañía de mujeres, permanecía algunas horas y abandonaba el sitio. Alguna vez solicitó que le dieran crédito para poder alquilar un cuarto. Se lo negaron.

La policía acudió a otros hoteles del vecindario como el Condesa, el San Carlos, el Sureste y el Burciaga. Nadie reconoció al sujeto. Sin embargo, en el registro del Hotel Burciaga apareció, el 19 de septiembre, un cliente llamado «Roberto».

Una indagatoria adicional en los archivos policíacos reveló la existencia en los registros de Roberto Flores Belmonte y Roberto Flores Reyes. El primero tenía 18 años de edad y era descartable. El segundo asentaba 28 años cuando la policía lo consignó. A éste, los agentes le encontraron cierto parecido con el acompañante de Hester en el Hotel Plaza. Pero Roberto Flores Reyes había proporcionado a la policía un domicilio falso y no se le pudo hallar. Lo habían detenido por asaltar, en las orillas del Río Bravo, a trabajadores indocumentados en tránsito a Estados Unidos.

La policía vinculó el homicidio de Hester con el de Perla Patricia Hernández, acontecido en la primavera del mismo año de 1998: el cuerpo de ésta fue hallado en la cabaña 25 del Motel Fronterizo, en una posición similar a la del de Hester, es decir, debajo de la cama. Perla Patricia había muerto por heridas punzocortantes y la última vez que se la vio en vida fue cuando abordaba un vehículo Mazda, o Datsun, color azul gris con placas de Texas, o de Nuevo México. La policía vinculó ambos crímenes debido a que, contaban los testigos, coincidía la media filiación de los involucrados.

Desde octubre de 1998, FEIHM había solicitado la colaboración de la policía de El Paso, Texas.

En enero de 1999, y en respuesta a una solicitud de información por parte del embajador de México en los Países Bajos, la fiscalía resumió las indagatorias que había cubierto hasta entonces: eran casi las mismas de tres meses atrás. Debido a los requerimientos diplomáticos, la fiscalía envió de nuevo a varios agentes a indagar en el Hotel Burciaga, y resultó lo siguiente, de acuerdo con la respuesta enviada al embajador el 27 de enero de 1999:

«Siendo la última vez que Roberto Hernández se ha hospedado en el Hotel Burciaga el 18 de enero del presente año a la una de la mañana, refiriéndose en el registro de entrada que entró acompañado de una mujer, abandonando el hotel tres horas después». En otras palabras, el presunto sospechoso del homicidio de Hester van Nierop había vuelto a la zona del crimen ante el descuido, explícito, de las autoridades.

La fiscalía agregaba: «cabe mencionar que se tiene localizada a una persona que corresponde a las características proporcionadas por los testigos, y que se ha identificado su vehículo y domicilio, por lo que se han estado realizando rondines en dicho domicilio para observar los movimientos de los moradores de este lugar, y se ha entrevistado a vecinos del sospechoso, quienes manifiestan que en efecto este sujeto tiene una complexión atlética e incluso tiene un gimnasio en el segundo piso de su casa».

La fiscalía insistía en que ya se vigilaban los hoteles del centro de Ciudad Juárez. Y nada decía al embajador neerlandés del fiasco de principios de octubre anterior, cuando la policía de El Paso, Texas, detuvo a Juan Carlos Ortiz Huerta, de 25 años de edad. La fiscalía afirmó entonces que era el presunto culpable de la muerte de al menos dos mujeres, aparte del homicidio de Hester van Nierop. Después de la propaganda y el revuelo espectacular del momento, el caso de Ortiz Huerta cayó en el olvido. Nada firme tenían las autoridades sobre el caso de Hester van Nierop.

En abril de 1999, esta vez en respuesta a la embajada de los Países Bajos en México, la fiscalía informaba que, el 24 de febrero de 1999, había localizado a una mujer de nombre Rosa González, mesera de un restaurante próximo al Hotel Plaza. La mesera decía que, en septiembre de 1998, atendió a un sujeto cuya descripción se aproximaba a la de Roberto Flores. Añadió que llevaba en uno de los brazos un tatuaje con el dibujo de una mujer desnuda. Además, tenía una deformidad en una de las orejas.

El sujeto aquel volvió al restaurante varias veces, y pidió que lo atendiera dicha mesera. Durante la plática con el sujeto, ella se enteró de que era de nacionalidad estadounidense, y que vivía en una ciudad a una hora de vuelo de El Paso, Texas. También le confesó que huía de Estados Unidos porque había matado, en forma accidental, a un familiar suyo. Quería vivir en Ciudad Juárez y establecer un restaurante. Le invitó a encargarse de éste. La mesera rehusó la oferta, ya que le gustaba su trabajo actual. El sujeto añadió que su nombre era Robert Flores. Le apodaban «El Roberto» o «Beto».

La fiscalía alegaba que, a partir de semejante testimonio, había intensificado la búsqueda del sospechoso con la ayuda de las autoridades estadounidenses, pero nada lograría durante los siguientes meses.

Otro de los posibles sospechosos, de acuerdo con Felipe Pando, ex jefe de homicidios en Chihuahua y luego funcionario de la policía municipal de Ciudad Juárez, es Pedro Padilla Flores. Padilla fue encarcelado en 1986 por violación y homicidio contra dos mujeres y una niña de 13 años, aunque confesó más asesinatos —solía arrojar los cuerpos de sus víctimas en el Río Bravo—. En 1991, escapó de un penal y continúa prófugo. Adicto al consumo de drogas, Padilla vivía en el distrito Mariscal del centro de Ciudad Juárez cuando fue arrestado.

En los reportes policíacos sobre Hester van Nierop resulta notorio un detalle: están ausentes las referencias sobre la víctima. El testimonio acerca de la actitud de la muchacha al llegar al hotel, o cómo iba vestida. La forma en la que se comportaba respecto de su acompañante. Ni una palabra. Como si ella jamás hubiera estado allí antes de morir.

El misterio se ahonda de cara a la vida.

Hester Suzanne van Nierop nació el 24 de septiembre de 1970. Murió cinco días antes de cumplir 28 años de edad. Su padre es Roeland Zeeger van Nierop, propietario de una tienda de artefactos para la iluminación y accesorios decorativos. Su madre, Arsène van Nierop, trabaja en tareas de comunicación para la empresa ICT Pink Roccade, en La Haya, de donde son originarios ella y su marido. Tanto Roeland como Arsène estudiaron sociología, pero en algún momento cambiaron de carrera. Él optó por la arquitectura de interiores y ella se inscribió en una escuela de modas. Roeland, de 27 años, entró a trabajar como empleado en la tienda del padre de ella, que tenía 24 años cuando nació Hester.

Hester tuvo una hermana, Melissa, dos años menor, y un hermano adoptivo, Germán Villafane, peruano cinco años mayor que Hester.

De trato agradable, simpática, abierta, Hester acudió a la escuela del vecindario en La Haya. Al terminar la secundaria, viajó sola a Italia, donde permaneció seis meses. Estudió italiano e historia del arte. Ya dominaba el inglés, el alemán y el francés. Al regresar de Italia, Hester se inscribió en una escuela preuniversitaria y logró terminar en un año el programa de cursos que está planteado para dos años. Así, pudo estudiar arquitectura.

La muchacha se caracterizaba por tener muchos amigos y amigas. Le desagradaba la violencia y era una gran lectora. Rara vez mostraba enojo, pero sabía defender su postura personal y mantenía una excelente relación con sus padres.

La familia de Hester es muy unida. Los padres y sus tres hijos acostumbraban viajar durante el verano. Hacían excursiones y campamentos. Viajes largos con mochilas al hombro en diferentes países europeos. Les gustaba también navegar en canoa. Viajaron a Francia, España, Luxemburgo, Portugal, Suecia, Noruega, Turquía, Marruecos.

Hester se distinguía por su temperamento carismático. Le gustaba invitar a casa a sus amigos y amigas. Para ella, la amistad era un rasgo perdurable. Disfrutaba al conocer nuevas amistades. Su aspecto juvenil le daba un atractivo especial.

A Hester la fascinaba diseñar y coser su propia ropa. Tenía habilidad también para las tareas manuales, como el bricolaje. Llegó a practicar la escultura y la pintura. Y, como un juego, tocaba la flauta junto con una amiga, pero carecía de sentido del ritmo.

Cuando estaba de viaje, se mantenía en contacto permanente con su familia y sus amistades: le agradaba enviar tarjetas postales de los lugares a los que iba. Con un novio, Hester viajó a China durante tres meses, siempre en plan de estudiante y poco dinero en el bolsillo. Cuando emprendió el viaje a México y Estados Unidos, no tenía novio. La hacía feliz viajar sola durante los siguientes ocho meses.

La obsesionaba su investigación final para recibirse como arquitecta en la Universidad de Delft. Sus calificaciones fueron sobresalientes. Entre sus compañeros, fue la más destacada. Era ambiciosa en sus propósitos intelectuales. Se proponía sacar adelante el proyecto de un edificio comunitario de cinco pisos en Amsterdam, cuyo atractivo sería un jardín de piedras donde las personas pudieran encontrar un remanso en el tráfago de la vida urbana.

Hester quería estudiar la arquitectura de los rascacielos en Estados Unidos. Como estancia intermedia, decidió viajar a México, donde se encontraba, desde abril de 1998, su hermana Melissa.

Cinco años atrás, Hester había heredado de su abuelo 5000 florines, que guardó para su viaje al continente americano. Le servirían para visitar Estados Unidos y Canadá, donde tenía algunos amigos.

Después de seis años de trabajar para una empresa en Holanda, la hermana de Hester, Melissa, quiso dedicarse a proteger tortugas en la costa del Pacífico mexicano, en Playa Platanitos, Nayarit. Melissa había estudiado español en la península ibérica. Más que el territorio mexicano en sí, una ciudad o una circunstancia local, Hester deseaba visitar a su hermana. Ambas viajaron a la Ciudad de México, conocieron Teotihuacán y los museos capitalinos. Allí esperarían a sus padres. El matrimonio Van Nierop había estado en Cancún.

Hester disfrutó de México, la impresionaron sus antiguos templos. Y quiso conocer, al lado de sus padres, la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, el Cañón del Cobre, mientras Melissa volvía a Nayarit. La familia visitó la Estación Creel, los manantiales calientes de la sierra. Allá, se hospedaron dos días en el Hotel Margarita. Luego fueron a Ciudad Cuauhtémoc. Hester se propuso viajar de Cuauhtémoc a Casas Grandes. La interesaba conocer allí las ruinas arqueológicas y la cerámica vernacular. Sus padres debían dirigirse a la capital mexicana para volver a su país.

Tanto Arsène como Roeland guardan buenos recuerdos de México y su gente, aunque les sorprendió la enorme cantidad de policías en las calles de la capital. En ésta, algunas calles les parecieron temibles, tanto como para evitarlas de noche. Muy distintas de la tranquilidad de Nayarit.

Hester era una mujer pequeña y hermosa, de pelo largo, trigueño obscuro. Medía 1,55 de estatura, delgada, de cuerpo armónico. Su peso promediaba los 50 kilogramos. Tenía un aspecto sencillo, saludable, atractivo que la hacía destacar de inmediato.

Durante el primer día de su viaje a México, le acontenció un presagio: perdió sus papeles de identidad y su cartera. Pero la embajada de los Países Bajos en la Ciudad de México le repuso la documentación necesaria. Hester supuso que Ciudad Juárez era la mejor frontera para cruzar hacia Estados Unidos. Nada especial sabía de Juárez. Semanas atrás, había visitado Tijuana, Baja California, que le pareció una urbe desagradable, tensa, angustiosa. Quería evitarla, y optó por Ciudad Juárez. Sin darse cuenta, el abismo la miraba ya.

Arsène y Roeland van Nierop se despidieron de su hija Hester en Cuauhtémoc, el jueves 17 de septiembre, bajo el sol de las 13.30 horas. Ella viajaría sola a Casas Grandes antes de ir a la frontera juarense. Su plan era llegar a Casas Grandes el viernes, pernoctar allá y luego cruzar el sábado la frontera hacia Estados Unidos por Ciudad Juárez. La muchacha vestía un vestido largo azul. Estaba optimista y entusiasmada. Al igual que tantas otras veces, se despidió de sus padres.

El lunes siguiente, el matrimonio Van Nierop volvió a su casa en La Haya. El martes por la noche, conversaron sobre las incidencias de su viaje con Germán, el hermano de Hester, que se retiró poco después.

A la media noche, Arsène y Roeland recibieron una llamada de la policía neerlandesa: Hester había sido víctima de homicidio en México. Debían establecer contacto con la embajada de los Países Bajos en este país.

En un primer momento, nadie respondió al telefonema de Arsène en dicha embajada. De la policía holandesa, Arsène obtuvo los números de la policía de Ciudad Juárez. Supo que el cuerpo de su hija Hester fue hallado, desnudo, bajo una cama de hotel. Tenía una toalla alrededor de la cintura. La descubrió así una empleada de limpieza el domingo 20 de septiembre. Había muerto la noche anterior.

Arsène y Roeland van Nierop recibieron, a través del servicio exterior de los Países Bajos, un informe oficial de la muerte de su hija. También una copia del resultado de la autopsia. El lenguaje de la burocracia policíaca y judicial de México resultaba casi intraducible. Las preguntas se estrellaban contra los datos mal redactados, confusos, escasos, contradictorios.

Las autoridades holandesas recomendaron evitar el contacto directo de la familia Van Nierop con las autoridades de Chihuahua. Las pertenencias de Hester, a la fecha, están extraviadas. La fiscalía chihuahuense sólo entregó a su familia el bolso de mano de Hester, que contenía sus lentes, un cuaderno de notas y un libro en inglés. También el pasaporte y su licencia de manejar, que estaban sucios, con manchas de lodo o de haber estado en un basurero. La fiscalía jamás ha entregado la mochila ni la ropa de Hester. Por ejemplo, su vestido negro y largo que ella prefería. Tampoco las diapositivas y las copias de los trabajos de arquitectura que llevaba la víctima para fines profesionales en Estados Unidos. Mucho menos, su cámara fotográfica Pentax, el aparato reproductor Discman, los discos compactos de música ni su dinero en documentos cobrables.

La embajada de los Países Bajos en México tramitó el envío del cuerpo de la muchacha a La Haya. La familia lo recibió nueve días después de la muerte de Hester. El pésimo trabajo de la agencia funeraria en México impidió a sus padres ver a Hester por última vez. Su hermano Germán diseñó una invitación a la ceremonia fúnebre con una serie de fotografías que reproducían la vida de su hermana. Más de quinientas personas acudieron a tal ceremonia. Algunos de sus amigos y amigas recibieron todavía tarjetas postales que Hester envió antes de morir.

A los pocos días, la madre de Hester soñó con su hija: le contaba que estaba bien, que no debía preocuparse más. Tiempo después, Arsène soñó de nuevo con Hester. La familia disfrutaba de un día de campo, al lado del Muro de Berlín. Estaban conscientes de que ella había fallecido ya. Pero se veían juntos y felices los cinco otra vez. Hester tenía que regresar al otro lado del Muro. Arsène le sugirió que esperara, al menos unos días, antes de irse. Hester sonrió, estaba radiante de alegría. Su sonrisa era un consuelo. De pronto, saltó por encima del Muro y se disolvió en los sueños. Allí se unió con sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus amigas. La frontera mexicana fue un muro sin boleto de vuelta.

Del asesino de Hester van Nierop nada se supo. Excepto que es una sombra de trazos elusivos en un pedazo de papel.

11. Muertas sin fin

Atención. Se busca. Se agradecerán informes.

Ante la desaparición de una persona, se prodiga un florecimiento del luto que se inicia en cada caso cuando se difunden los volantes, los papeles que llevan la leyenda «Se busca». Expresan el centelleo de los presagios más amargos, el vaivén entre la esperanza y el temor de la muerte.

Los rostros de esos avisos en simples hojas de papel blanco, reproducidos en mimeógrafo o fotocopiadora, son casi indistinguibles. En su mayoría, se trata de niños, niñas y jóvenes. Allí, los trazos fisionómicos pugnan por escapar de los claroscuros que la reproducción deficiente les asigna. Caracterologías que devienen manchas, nombres que se confunden o enciman unos con otros.

Los datos rutinarios de cada volante insisten en una edad, un matiz de piel, una estatura, un color de ojos, una cicatriz. O una discapacidad física, cuando la hay. La vida de una persona en diez líneas de tipografía o caligrafía.

Para los familiares o para los desconocidos que llegan a leer estos avisos callejeros, la imagen de las personas extraviadas, muchas veces perdidas para siempre, se ubicará en el centro de una intriga hostil: la de la muchedumbre flotante en una frontera, un país, un territorio, una urbe.

Desaparecer es incurrir en esa suspensión del tiempo que conduce al limbo terrenal, el de las ilusiones que chocan con la violencia, o las explotaciones que destruyen identidades y construyen otras nuevas. Una geografía etérea y movediza de la que jamás se vuelve y que, a cambio, ni siquiera permite la certeza de la muerte, el dolor redimible por una causa específica. En aquélla, sólo se ahonda el cerco de la fatalidad, de la providencia, de la mano de Dios, la sola vida que se arroja contra sí misma hasta hundirse en la nada.

Los volantes de «Se Busca», que claman por las víctimas de una desaparición, se han convertido en la metáfora de la vida urbana, ya casi unánime en el mundo. Antes, las personas se perdían en los senderos naturales, en el mar, la montaña, el desierto… Ahora, tienden a perderse en el camino a las ciudades. Ciudades que son océanos, riscos montañosos o latitudes desérticas en sí. Se pierden en las carreteras, los arrabales, los basureros y lotes baldíos. En las esquinas céntricas, los cuartos de azotea, los barrios prostibularios, los centros recreativos donde se reúnen los jóvenes. O en los puentes que unen a los países.

Los pasos de las personas extraviadas son como la tinta invisible: sólo se revelará a quien esté al tanto del juego. Y en las ciudades, en particular, en las zonas fronterizas, todos han de estar tan pendientes de sí mismos que apenas pueden atender su alrededor.

En Ciudad Juárez, los volantes están en los postes frente a la Clínica del Seguro Social, en la terminal de los autobuses foráneos, en los tableros de los supermercados, en las afueras de los templos. En las oficinas policíacas, en el interior de los vehículos del transporte urbano, en el aeropuerto. En los muros junto a las fachadas de los comercios y los restaurantes de comida mexicana o china.

Pocos días o semanas después de que se los coloca, esta suerte de botellas al mar de las intranquilidades contemporáneas, exvotos en espera de un milagro evasivo o meros papeles al viento, son relevados por otro volante que, a su vez, reemplazará el siguiente. Uno tras otro. Un montaje espectral de rostros, datos, señales, manchas imposibles.

Atención. Se busca. Se agradecerán informes.

Para los familiares de las víctimas en Ciudad Juárez, la historia de la desaparición y muerte de un ser querido reviste en cada caso una rutina de insensibilidad policíaca. A pesar de las denuncias inmediatas, las autoridades se mantienen inactivas, por apego a una regla: dejar que transcurra un par de días. O agreden con sus procedimientos. Por ejemplo, suelen aducir que las desaparecidas tienen una doble vida, se prostituyen, son afectas a las fiestas, o a fugarse con algún amigo. La inacción de las autoridades se convierte en la ventaja de los asesinos.

El inicio de la primavera de 1999 en Ciudad Juárez consignó el rito inverso al simbolismo regenerador de la vida, propio de la fecha: se denunciaron cuatro violaciones —dos de las víctimas eran niñas de 9 años—. También se halló el cuerpo de una joven de 18, morena, esbelta, de cabello largo, que fue desnudada, violada, estrangulada y a quien se intentó incinerar con llantas. El 21 de marzo, se reportó desaparecida a otra muchacha.

En la Ciudad de México, cuatro días antes, un grupo de diputadas federales había demandado que la Secretaría de Gobernación interviniera para esclarecer los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Jesús Murillo Karam, subsecretario de Seguridad Pública, aceptó el compromiso.

Poco después, volvía el horror en Juárez: el día 18, se sabría, por las informaciones policíacas, que la joven Nancy Villalba González de 13 años, obrera de la firma Motores Eléctricos, había sufrido secuestro por parte del conductor suplente de un vehículo en ruta de la maquiladora. El sujeto la condujo a las cercanías de Granjas Santa Elena, en el kilómetro 17 de la carretera a Casas Grandes, y donde antes se ha descubierto a más de una docena de muertas. Allí, informaban las autoridades, desnudó, violó, estranguló y dejó, sin identificación alguna, por muerta a Nancy.

La niña sobrevivió al ataque, caminó kilómetros hasta un caserío y logró denunciar a su agresor, que sería identificado como Jesús Manuel Guardado Márquez, de 25 años. En un primer momento, trascendió que se trataba de un ex agente de la PJE. Luego, las autoridades lo negarían.

El presunto criminal, alias «El Tolteca», «El Chacal» o «El Drácula», de acuerdo con lo que se escuchaba en los pasillos policíacos, cayó por azar preso en Durango a finales de marzo. Se le atribuían de inmediato siete asesinatos, además de aquel intento en el que Nancy había salvado la vida.

A principios de abril de 1999, las autoridades vincularían a Guardado Márquez, que decía ser violador pero jamás homicida, con una banda de violadores y asesinos. Esta banda, afirmaban las autoridades de Chihuahua, incluía a dos hermanos de aquél, miembros de la policía municipal.

Pero el anuncio más importante fue que todos ellos eran «dirigidos desde la cárcel por Sharif Sharif», el químico de origen egipcio a quien, en 1996, se acusó de consumar asesinatos en serie contra mujeres con la pandilla de «Los Rebeldes».

La detención de Jesús Manuel Guardado Márquez se convirtió en un despliegue noticioso. Sin duda, era la respuesta del gobierno local al compromiso del subsecretario Murillo Karam ante las diputadas: había prometido una «estrategia de investigación en el plazo de una semana». Allí estaban los resultados.

El gobernador Patricio Martínez, que llegó a ofrecer, en febrero de 1999, 5000 dólares de recompensa a quien proporcionara datos sobre los homicidios de mujeres, declararía a la prensa que con las detenciones de «Los Choferes» «terminaba una pesadilla de horror con una altísima cuota de sangre». Y se dirigió, triunfalista, solemne a «la industria internacional» asentada allá —las maquiladoras.

«Ciudad Juárez está recuperando la paz», expuso el funcionario, «deja atrás los días de angustia y podemos decir que los problemas graves policíacos de inseguridad que en años pasados estaban asolando a Juárez, los estamos viendo con el fin a la vista». Eran las palabras de un gobernador deseoso de comenzar una nueva era a partir de la manía declarativa como principio político. La realidad lo traicionaría.

El secretario de Gobierno y otros funcionarios incurrieron en idéntica prisa por ganar el beneplácito de la prensa, la radio o las televisoras, mediante declaraciones indiscriminadas y contradictorias. E improcedentes respecto del sigilo que solicitaban las indagatorias.

Esther Chávez Cano, del Grupo 8 de Marzo, expresó sus dudas sobre los anuncios de las autoridades. Insistía en que el problema de la violencia contra las mujeres en la frontera remitía a las fallas de educación en las personas. Y esto atañía lo mismo a los delincuentes que a las autoridades policíacas o judiciales. Chávez Cano recordaba que, por motivos políticos o electorales, el gobierno anterior del PAN en Chihuahua había «mentido, manipulado y ocultado» las cifras sobre las muertas durante su gestión. Ahora, el gobierno del PRI parecía repetir semejante trance.

Sobre las publicitadas detenciones de abril, Chávez Cano se mostraba escéptica, y advertía:

—Esto no cambia la situación, y van a continuar los crímenes como pasó con «Los Rebeldes». Todas y todos creímos que era el principio del fin, y ya se han visto los resultados.

Recordaba también que, desde principios de 1993, aquellos horrores se habían repetido año tras año, que ya se acercaban en 1999 a los doscientos homicidios, de acuerdo con las cifras de las organizaciones civiles de mujeres. Estos homicidos, precisaba Chávez Cano, exponían muy diversos modus operandi y causa mortal: estrangulamiento, golpes, amarraduras, mutilaciones, suplicios, cortes, incineraciones.

El 21 de enero de 1999, el Colegio Nacional de Criminología (CNC) anunció que auxiliaría a las autoridades de Chihuahua en la investigación de los homicidios contra mujeres. Poco después, los voceros de dicho Colegio declararían a la prensa el abandono de su ayuda en vista de la falta de apoyo de la fiscalía juarense.

En febrero, la fiscal Suly Ponce aseguraba que de 184 homicidios reconocidos por la PGJECH, 24 eran producto de uno o unos mismos asesinos. Y que había «imitadores».

Para el 3 de marzo, las autoridades mencionaban la ayuda de varios expertos del FBI y, días más tarde, anunciarían que, de acuerdo con éste, la mayoría de los homicidios carecían de nexos entre sí. Pero el 24 de abril, la oficina del FBI en El Paso, Texas, desmintió las aseveraciones de la fiscal Ponce, en particular aquellas acerca de que los expertos de este organismo habían diagnosticado que el egipcio Abdel Latif Sharif Sharif era un «psicópata».

Los sucesos atraían a otros expertos, como la profesora Candice Skrapec, de la Universidad Estatal de Fresno, California, que arribó a Juárez con un grupo de criminólogos a principios de junio de 1999 para una estadía prevista de dos meses.

La incidencia homicida contra las mujeres implicaba un furor misógino, que por la ineptitud policíaca y judicial había pasado de un estatuto de crimen esporádico a estrago colectivo bajo el efecto cascada de depredadores que acechaban en la penumbra y reproducían la violencia última en trazos discontinuos, aunque eficaces. Era el dominio de la muerte suburbana.

Hasta los últimos días de marzo de 1999, la Policía Judicial de Chihuahua había recibido 85 reportes sobre personas desaparecidas, y reconocía 22 casos pendientes de resolver. En la mayoría de los reportes, las autoridades decían encontrar sólo conflictos familiares o amoríos en fuga. Una trivialización que servía para encubrir y propiciar el crimen. Una desidia que condenaba de antemano. Y una actitud de desprecio a las mujeres.

Amparo Trejo recuperó en aquellas fechas una serie de testimonios de trabajadoras juarenses de la industria maquiladora acerca de la violencia cotidiana: «Victoria es del río de mujeres que caminan en las madrugadas hacia las maquiladoras cuando todavía no asoma el sol», anotó la reportera en Reforma, «no sabe nada de un silbato para alertar en caso de peligro y tampoco cree que salga alguien a ayudarla si lo usa. Camina tres cuadras solitarias, y por instinto de conservación en contrasentido a los autos».

La fábrica que empleaba a Victoria, de acuerdo con la reportera, carecía de cualquier medida para evitar un posible ataque o agresión a las obreras. De los tres turnos laborales sólo disponían de transporte los de noche.

«—Hace dos días un muchacho mordió a Queta y le pegó, y a otra le arrebataron la bolsa…».

Amparo Trejo consignaba que Victoria vivía con Artemia desde cinco años atrás en la Colonia El Mirador, una zona de vida de las maquileras. En el trayecto obligado de ambas había tres escuelas, y las obreras recordaban que de una de éstas fue robado un niño del turno vespertino. La violencia aparece en todo momento en el relato.

«—Ayer en la tarde, vi a un cobrador de la ruta del Mirador, la misma donde estaba “El Tolteca” (uno de los presuntos asesinos de mujeres), que le decía a una muchachita que quería ser monaguillo, trataba de enamorarla. ¡Sí, yo lo he visto!, ¡Es el diablo!, yo creo que así las atrapan —asegura Artemia, que abre, inmensos, sus ojos color miel».

A pesar de todo, decían las trabajadoras, les gustaba vivir en Juárez. Pero el miedo estaba en el aire: «cuando ellas escuchan que alguien toca a su puerta se paralizan y se miran a los ojos sin moverse por un momento», describía Amparo Trejo:

«Hace tres meses, en el segundo piso abandonado de la casa que rentan, unos cholos, con su clásica vestimenta negra holgada, golpearon el techo toda la noche hasta que amaneció. Cuando salieron ellas, su casa estaba pintada con grafitti negro, letras alargadas escritas con furia.

»—Hemos pensado en comprar una pistola, pero sabemos que ni eso nos puede proteger si nos atacan».

La obrera de este testimonio y su pareja, Artemia, rentaban un departamento de 500 pesos, pero incluso allí escaseaba la privacía:

«—Tengo muchas amigas que han optado por vivir con una mujer porque los hombres las abandonaron y no les respondieron», contaba Victoria a la reportera.

«Ella se quedó huérfana a los 14 años con cinco hermanas más chicas que ella y su madre. Fue el pilar de la casa y viajó a Juárez para sostener a la familia, llegó a un albergue, y cuando conoció a Artemia no se separaron. La música de Ana Gabriel y el sonido de la tele las acompaña siempre».

Las obreras esbozaban sus proyectos ante la reportera:

«—Quisiéramos irnos a trabajar a Nebraska un tiempo, donde nos dijeron que hay mucho trabajo, pero queremos volver aquí».

No dejaban de mandar dinero a sus familias: a Durango una y a Torreón la otra. Confiaban en que pronto comprarían un coche de mil dólares. Un par de años antes, la pareja acostumbraba visitar La Madelón, un salón de baile en el centro de Juárez para homosexuales y lesbianas, pero ya había cambiado su rutina.

«—¿Para qué sales? —añadía Victoria—, compras un boleto en la rutera para que te maten, porque seguido hay balaceras en los camiones por la noche, han matado hasta a niños».

Artemia evocaba: «Hace tres años íbamos a bailar, no salíamos de las reuniones, pero ahora mejor vamos al cine o a pasear, ya no vamos ni al centro desde que empezaron a matar a las muchachas, ahora sólo vamos a fiestas en casas».

La sobrevivencia se volvía un regalo supremo.

Desde 1995, cuando los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez trascendieron al interés nacional e internacional, los periodistas acudieron una y otra vez a entrevistar a Irma Pérez, cuya hija Olga Alicia Carrillo Pérez, militante del PAN, apareció asesinada el 9 de septiembre de aquel año: unos pocos restos humanos esparcidos en un radio de 60 metros, a 3 kilómetros al oriente del mercado local de abastos. Su blusa estaba desgarrada. Por la ropa y un análisis odontológico se pudo determinar la identidad.

La madre de la víctima se destacó en la tarea de hacer antesalas en las oficinas policíacas, declarar a la prensa, reunir a los familiares de otras víctimas. O establecer contactos con grupos de mujeres.

Hacia los cuatro años de la desaparición de su hija, se mantenía inquisitiva ante las autoridades, e invitaba a «hablar con las muchachas del grupo». Los sábados a las tres o cuatro de la tarde solía reunirse en su pequeña casa el grupo Voces sin Eco, compuesto por madres, hermanas, tías y otros familiares de niñas y muchachas que fueron víctimas de asesinatos sexuales.

La casa de Irma Pérez está en la Colonia Bellavista, un barrio con retícula estrecha, algunas avenidas de fuerte tránsito de vehículos o peatones y casas pequeñas de un nivel. Las calles tienen nombres de metales como Plata, Uranio, Antimonio, que suenan fantásticos en este barrio obrero, ya urbanizado desde tiempo atrás: calles con asfalto, corriente eléctrica, drenaje, alumbrado público, líneas telefónicas.

En la calle de Oro vive Irma bajo un tipo de arquitectura hecha para familias de dos o tres personas. Ella tiene ya unas décadas en la frontera, y siempre se negó a irse «al otro lado», a Estados Unidos, donde incluso tiene familiares. Se gana la vida tras un carrito de hot-dogs, a precio de 15 pesos cada uno, que se halla estacionado a la puerta de su casa.

En la sala se acomoda una mesa, cuatro sillas, un refrigerador, un aparato de radio. En un muro destaca una fotografía de Olga Alicia, coloreada al estilo de una artesanía pretérita, en la que viste su traje de primera comunión. Los manteles y las cortinas parecen transmitir una pulcritud de templo y, al mismo tiempo, una calidez doméstica.

Irma, vestida de pantalones deportivos y playera, ropa de estar en casa de muchas juarenses, invita a las muchachas a que se expresen.

Guillermina González Flores, de 22 años, menuda, de rostro moreno y bello, empleada de la misma maquiladora en la que trabajaba su hermana María Sagrario, que desapareció el 16 de abril de 1998 y fue hallada muerta el 29 siguiente, cuenta su decepción:

—El propio nombre de nuestro grupo habla de que no somos escuchadas por las autoridades, ni por la comunidad entera. No ha habido justicia ni se han resuelto los crímenes.

El grupo Voces sin Eco lo formaron al principio siete familias de víctimas, que a su vez se relacionaban con otras familias que habían padecido un drama semejante. González Flores señala que los familiares de las víctimas están cansados, y tienen miedo incluso. Ante la comunidad juarense, las autoridades carecen de credibilidad.

—Nos han decepcionado bastante en la forma en que —detalla González Flores—, cuando se denuncia la desaparición de las mujeres, éstas no son buscadas ni localizadas.

Afirma que una vez que se encuentra el cuerpo de alguna víctima, las autoridades creen hacer su trabajo al entregar los restos. No actúan cuando es necesario.

Guillermina recuerda que su hermana María Sagrario de 17 años desapareció después de terminar su turno laboral a las tres de la tarde. De inmediato, la buscaron en hospitales y clínicas —la suponían víctima de algún accidente—. Luego la reportaron a la policía municipal, donde recibieron las típicas argumentaciones, que si estaba con el novio, que si estaba con sus amigas, que ya regresaría… A los catorce días, apareció el cuerpo, acuchillado y estrangulado.

—No mueven ni una pestaña, a pesar de que desde las primeras veinticuatro horas hay tiempo de rescatar a las personas —insiste González Flores.

Cuestiona también que las autoridades investigan hasta que tienen un cuerpo, y luego buscan a los criminales incluso en las propias familias, mientras el verdadero asesino continúa libre.

—Faltan capacidad y ganas. Nos quieren ver la cara nada más, ¿por qué?, no lo sé —reclama.

Guillermina González Flores relata que, cuando su familia decidió viajar de Durango a Ciudad Juárez, sabía de los crímenes en esta frontera, y tenía preocupación porque es una familia de casi puras mujeres. Sus ojos negros se posan aquí y allá, en busca de la palabra exacta que honre la memoria de su hermana, la voz grave de prematura entereza:

—Al llegar, nos dimos cuenta de que las propias autoridades, o la gente, difunden la idea de que a las mujeres les pasa aquello porque se lo buscan.

Enfatiza:

—Ante todo el mundo desmiento estas versiones, porque son falsas, no sólo en el caso de mi hermana, sino en el de todas las jóvenes que han sido victimadas.

Y quiere dejar claro que aunque las mujeres tuvieran doble vida, eso no justifica que las asesinen así:

—En cuanto encuentran un cuerpo, cuando ni siquiera saben cómo se llama la mujer, las autoridades ya la están juzgando por prostituta. Es su explicación de siempre —se queja.

Hasta los últimos días de la gubernatura de Francisco Barrio Terrazas, en septiembre de 1998, el grupo Voces sin Eco se manifestó una y otra vez en un mitin público. A partir del nuevo gobierno, el grupo acordó colaborar con las autoridades, y así generar una mejor atención, a pesar del riesgo implícito de ser manipulado a favor de la propaganda oficial.

Voces sin Eco se proponía construir una red informativa y de comunicaciones que contemplara un programa preventivo —dirigido a la juventud—, y otro de respuesta inmediata al presentarse una denuncia por desaparición, detallaba González Flores.

Mientras describía sus proyectos, su mirada alcanzaba el brillo acuoso del entusiasmo, el anhelo de cambiar las cosas y la nostalgia por su hermana muerta, cuyo asesinato las autoridades atribuyeron a Guardado Márquez —luego darían marcha atrás al darse cuenta de que era improbable cualquier vínculo entre una y otro.

A un lado, Irma Pérez atestiguaba, la mirada triste, de santa de capilla antigua, pendiente de que su empeño lo retomaran las muchachas. Hablaba en voz baja, recibía a las recién llegadas, preguntaba por las que no acudieron. Se la veía contenta con esta nueva familia a su alrededor. Y sonreía al hablar de lo bien que le quedaban sus hot-dogs, que vendería aquélla, como todas las noches, a partir de las ocho —excepto en Semana Santa, claro está.

Mientras tanto, comenzaban a dejar de pasar los coches y los camiones polvosos sobre la avenida 16 de Septiembre, e Irma recibía los saludos de los vecinos que se resguardaban uno a uno en la merienda y el televisor. Sólo permanecería la luz tímida de los arbotantes. Buenas noches, Irma, buenas noches.

La vida en tanto un hecho subrepticio y volátil, por desplazamientos, por invisibilidad, por desaparición, por anonimato, alcanzaba en Ciudad Juárez un rango inquietante. También colaboraba el alto grado de violencia: en 1999 había 350 delitos diarios, de los que el 80% nunca se denunciaba, ya que se volvía inútil hacerlo. Un mal que estragaba al país entero.

Rafael Ruiz Harrell escribe en Criminalidad y mal gobierno que, por ejemplo, el índice medio de impunidad en la Ciudad de México de la primera mitad de los años noventa (1990-1995) fue de 96,2%: de cada mil delitos, se habían resuelto 38. La tendencia adversa se mantendría en los siguientes años en todo el país.

«La eficacia de nuestras autoridades», detalla el criminólogo, «deja mucho que desear. Frente a nuestro 2,58%, Río de Janeiro consigue resolver el 15,96 de sus delitos y Londres el 31,40. Es decir: si se toma la cifra correspondiente a la Ciudad de México como punto de partida, resulta que en Río se resuelven 618 casos por cada cien de los nuestros; en Nueva York 713; en Madrid 900 y en Londres 1216».

En Ciudad Juárez, bajo ese torbellino delincuencial, las personas diluyen su rostro e identidad, aunque tengan cuerpo y alma autónomos. Víctimas y victimarios por igual. Una existencia marcada por tal condición elusiva, móvil. Son numerosos los casos de mujeres que desaparecieron a la espera de un camión, o fueron vistas por última vez mientras algún vehículo merodeaba en las cercanías. Los zapatos y las ruedas intercambian o fantasmagorizan su valor de uso y su valor de fetiches. La muerte surge como incidencia vehicular. Una desgracia veloz y depredadora. La aspereza del desierto que se uniera al salvajismo del asfalto.

Para mejorar un escenario tan adverso, en especial para las trabajadoras, Esther Chávez Cano confiaba en las tareas preventivas, sobre todo, la injerencia de la industria maquiladora, ya que ésta tiene la oportunidad y el dinero para proteger a sus empleadas.

—Pero están cerrados porque no quieren adquirir ninguna responsabilidad —expresaba.

Ante el caso de Nancy Villalba González, la maquiladora donde laboraba expresó su molestia porque ella había utilizado un acta de nacimiento falsa para obtener el trabajo.

Chávez Cano se disgustaba:

—Tras de corneada, apaleada.

Y decía:

—Una de las pocas cosas que nos dejó el famoso investigador Robert K. Ressler fue su opinión de que iban a seguir apareciendo muertas, porque las mujeres están muy desprotegidas.

En las colonias, explicaba la defensora civil, se carece de vigilancia, por lo que el gobierno, si desea terminar con la violencia, debe tener ideas y acciones que dejen a un lado la política:

—Por ejemplo, infiltrar agentes dentro de la maquila, en los transportes, entre otras medidas —proponía.

Chávez Cano, una mujer delgada de edad madura, mente ágil e ironía a flor de labios, que dejó años atrás la capital mexicana y se asentó en Juárez a cargo de tareas administrativas en una empresa fronteriza, lamentaba que las autoridades de uno u otro partido optasen por soluciones políticas ante problemas de cariz policíaco y judicial. Mencionaba que si los panistas no las habían escuchado pero al menos las habían oído, ahora los priístas, un gobierno «represivo y amafiado», comentaba, habían intentado acallar los reclamos de los grupos de mujeres, o insistido en dividir, desprestigiar o desintegrar sus esfuerzos.

Precisaba:

—Aunque a nosotras nos pudieran callar, surgirían otras voces, pero ¿y las muertas?…

Se entristecía, suspiraba, combatía el desaliento. La también directora del Centro de Crisis Casa Amiga, un organismo de apoyo a víctimas de violación o de violencia intrafamiliar, que arrancó sus tareas el mes de febrero de 1999, afirmaba entonces que, más que estudios académicos o pretextos de especializaciones, se requerían medidas prácticas por parte de la policía.

—Se debe capacitar a la gente no sólo en aspectos técnicos, sino en el entendimiento del concepto de género, lo que ayudaría a dejar atrás actitudes machistas y prejuicios que tienden a obstruir el ejercicio de la ley y la justicia.

Para Esther Chávez Cano, la negligencia de las autoridades venía de un hecho: las muertas eran mujeres y pobres. Las asediaba un infortunio de dos caras. Y les aguardaba una adversidad adicional: en poco tiempo, las distintas asociaciones civiles expresarían pugnas y desconfianzas internas.

Por ejemplo, Voces sin Eco se quejaría de haber sido objeto de manipulaciones y usos políticos por parte, entre otros, del Grupo 8 de Marzo. Esther Chávez Cano atribuiría esto al clima de confusiones e insidias fomentado por las autoridades —presa del desaliento, el grupo Voces sin Eco haría pública su desintegración el 9 de julio de 2001.

Casi cuatro años más tarde de que se hallara un cuerpo identificado como el de Elizabeth Castro García, el 3 de marzo de 1999, el juez Armando Jiménez Santoyo dictó una sentencia de 30 años de cárcel al egipcio Abdel Latif Sharif Sharif, entonces de 52.

Tanto el acusado —«Soy un chivo expiatorio», alegaba— como su defensora particular, Irene Blanco, consideraron aberrante tal sentencia por su falta de apego al derecho.

Blanco, una mujer alta y clara, próxima a los cincuenta años de edad, imponía su voz lo mismo a la música de una pianista de lobby-bar que a los ladridos de su perro en casa.

En mayo de 1999 detallaba que, desde antes de que dictara la sentencia, el juez le llegó a comentar a ella en privado que el cargo a Sharif Sharif era infundado, que ni siquiera existían motivos para que se hubiera ordenado el auto de formal prisión. Dos o tres veces escuchó decir lo mismo al juez: que carecía de elementos suficientes para culpar al egipcio. Después, vino la sorpresa de la condena. La defensora afirmaba que el juez llegó a manifestarle su temor de que la opinión pública «se le echara encima» si daba un fallo absolutorio, debido a que, durante tres años, el régimen de Francisco Barrio Terrazas expuso a Sharif como un «monstruo».

Blanco explicaba que, al inicio de su causa en 1995, Sharif Sharif había acumulado tres cargos: secuestro, violación y lesiones. De inmediato, resultaron improcedentes el secuestro y las lesiones. Al año siguiente, se le dio sentencia absolutoria del cargo de violación. En tres años, las autoridades insistieron en acusar al químico egipcio de 149 cargos adicionales, asociación delictuosa, violación equiparada, inhumación y exhumación de cadáveres, etcétera, y el juez en turno negó una tras otra las órdenes de aprehensión respectivas. Este dictamen fue ratificado en una segunda instancia penal.

Cuando Sharif Sharif logró salir libre, lo detuvieron por el homicidio de Elizabeth Castro García. Para condenarle, argumentaba Blanco, el juez se había basado en las declaraciones de «Los Rebeldes», pero, acotaba:

—Si tomamos en cuenta que Sharif Sharif nunca tuvo ningún proceso que le involucrara con «Los Rebeldes», dado que se le negaron las órdenes de aprehensión correspondientes, el juez ha utilizado unas declaraciones de «Los Rebeldes» en las que Sharif Sharif no estuvo presente cuando ellos las hicieron, ni contó con un abogado defensor que le representara. Esto es anticonstitucional.

En algún momento del proceso, puntualizaba Blanco, se citó a los testigos de cargo para que ampliaran sus declaraciones. Nunca reaparecieron los que acusaban a Sharif Sharif en forma directa. Además, habían proporcionado direcciones falsas o inexistentes. El caso lo habría inventado, «totalmente, y muy mal armado», la Procuraduría de Chihuahua de entonces, al mando de Arturo Chávez Chávez y, antes, de Francisco Molina Ruiz.

Las autoridades del régimen siguiente retomarían dicho caso al pie de la letra:

—Por ejemplo, consta en actas —detallaba la defensora— que a Sharif Sharif le vieron en tres bares distintos el mismo día y a la misma hora con diferente vestimenta.

Asimismo, Blanco apuntaba que Sharif Sharif y «Los Rebeldes» carecían de todo vínculo, e incluso los integrantes de la presunta banda eran desconocidos entre sí:

—Fue una banda que crearon. Por si fuera poco, las características fisionómicas de Elizabeth Castro García y el cuerpo hallado que se le atribuye presentaron tremendas diferencias.

La defensora añadía que, además de apelar contra esta condena en una segunda instancia, había suscrito denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Egipto y en la de nuestro país. Irene Blanco estaba convencida de que la extranjería de Sharif Sharif y su falta de familia o amistades en México habían determinado las acusaciones. Aceptaba, desde luego, que habían colaborado a esta imagen estigmatizadora los antecedentes en Estados Unidos del químico egipcio por agresión sexual, delito allá de tercer grado. En otras palabras, un «delito menor».

El arresto de Sharif Sharif se dio, recordaba Irene Blanco, cuando «la psicosis» por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez estaba a punto de desbordarse. Y el gobernador Barrio Terrazas declaró que Sharif Sharif no operaba solo, que tenía dos cómplices mexico-estadounidenses, pero a la semana corrigió:

—Los culpables son un nigeriano y un egipcio, primo de Sharif. Dos semanas después, hacen una redada y levantan a un centenar de jóvenes, de los cuales detienen a su vez a una docena bajo una orden ministerial, y afirman: Esto es el fruto de una investigación que llevó ocho meses. Y si fue así, ¿por qué tantas versiones?

Era la expresión del juicio sumario en los medios de comunicación.

Desde que Sharif Sharif fue detenido en 1995 hasta 1999, argüía Irene Blanco, hubo cerca de 80 asesinatos más. La defensora suponía que a causa del encarcelamiento de Jesús Manuel Guardado Márquez, «El Tolteca», habrían de «fincarle todo a Sharif Sharif», al margen de culpabilidades demostrables —el tiempo le daría la razón—. Y consideraba un total disparate el cargo contra el químico egipcio como «jefe» de la banda que, al decir de las autoridades de Chihuahua, debía 20 muertes. El asunto, acotaba, se había fraguado con el ánimo, por una parte, de bloquear la apelación a la sentencia de 30 años y, por otra, de ofrecer como «resueltos» los asesinatos de mujeres, y así acallar los reclamos nacionales e internacionales de por medio. En conjunto, una averiguación «fantasiosa e inducida», que encubría a los verdaderos culpables: la mafia de narcotraficantes y policías de Ciudad Juárez.

Durante una conferencia de prensa el 2 de abril de 1999, Sharif Sharif dijo:

—Estamos viendo la misma mala película que nos hicieron ver cuando me acusaron de haber participado en asesinatos en compañía de «Los Rebeldes».

Tres días después, para impedir que hiciera más declaraciones públicas, las autoridades transfirieron a Sharif Sharif del penal de Ciudad Juárez al de Chihuahua, de alta seguridad. Y confiscaron las memorias, análisis y gráficas que acopiaba sobre las muertas de Juárez. En adelante, estaría incomunicado.

La ley aparecía bajo sospecha.

En junio de 1999, la Procuraduría de Chihuahua acusó a diputados federales del PAN y del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) de politizar los homicidios de mujeres.

Durante el verano, la búsqueda y detención de Rafael Reséndez Ramírez (o Ángel Maturino Reséndez), llamado «el multiasesino del tren», nutrió las expectativas de que él tuviera que ver con las muertas de Juárez. Al final, tanto las autoridades de México como las de Estados Unidos desestimarían semejante vínculo —aunque algunos expertos han señalado que se debe investigarle a fondo.

El 23 de julio de 1999, la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Asma Jahangir viajó a Ciudad Juárez y se entrevistó con la fiscalía especial y las voceras de los grupos civiles en defensa de la mujer. La relatora prometió estudiar el caso de los homicidios en esta frontera: juzgaba que la injusticia y la impunidad selectiva eran un asunto político en México.

A los pocos días, el FBI informaba que el Cártel de Juárez se había triplicado.

El 4 de octubre de 1999, durante el foro «Sepultadas en la Frontera», organizado por la Universidad de Nuevo México, en Las Cruces, el comisionado de Seguridad Pública del Municipio de Ciudad Juárez demandaría a las organizaciones civiles dejar de «magnificar» los crímenes contra las mujeres. El funcionario policíaco era Javier Benavides.

Sacrificar mujeres en Ciudad Juárez reflejaba el placer de una fama que se quería clandestina y anónima. El proyecto concluso de las fantasías sangrientas en medio de un territorio donde día tras día fermentaba el miedo, y donde las mujeres emergían y participaban en la construcción de su propia vida. Ciudad Juárez veía desplegar el sacrificio de mujeres que podrían ser el emblema de la mexicana de tierra adentro: joven, morena, breve, empeñosa.

Este punto fronterizo, quizás el más mexicano del Norte en sus imágenes y representaciones, usos y costumbres, resentía un odio extremo a los orígenes. El salto imposible hacia afuera de la propia sombra. La regeneración perversa y destructiva.

Los asesinatos contra mujeres, de tipo serial o aislado, producto de uno o varios sujetos, de pandillas urbanas o narcotraficantes, asumían también un rostro característico del mundo posmoderno: la resonancia espectacular.

Las muertas de Ciudad Juárez planteaban un acertijo donde se transparentaba el país: la dificultad de la justicia y el peso de sus inercias de ineptitud y corrupción. Pero la certeza del mal en una frontera mexicana también se expandía poco a poco hasta rebasar el perímetro de la aldea, e incluir lo global.

12. Los motivos del lobo

El 18 de junio de 1999, el diario Reforma de la capital mexicana registró un testimonio atroz. Un informante aseguraba que la figura del policía asesino estaba detrás del mayor caso criminal en la historia contemporánea de México y acaso del fin de siglo en el mundo: los homicidios seriales contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El informante decía conocer el secreto. Las decenas de niñas y mujeres víctimas de secuestro, violación, mutilaciones y muerte a lo largo de casi una década eran, al menos en parte, el producto de un grupo de sujetos dedicado al contrabando de drogas y de joyas. Los protegían, por conveniencia o negocios comunes, algunos policías y funcionarios del estado de Chihuahua, afirmaba aquél. Había convivido con ellos. Sabía quiénes eran. Los había escuchado vanagloriarse de sus crímenes. Y ahora quería, como tres años atrás lo había hecho, delatarlos.

La posibilidad que abría el informante derruía las acusaciones contra un conjunto de individuos que estaba en la cárcel. Como el egipcio Abdel Latif Sharif Sharif. O la banda de «Los Rebeldes». Jesús Manuel Guardado Márquez, alias «El Tolteca», y la banda de «Los Choferes», también. Todos ellos vinculados, según las autoridades, a los asesinatos en serie y por esto presos. El aroma del fiasco se expandía entre los expedientes y las certezas oficiales.

El testimonio del informante trastornaba de principio a fin la trama que, hasta entonces, habían defendido las autoridades de Chihuahua. Y afectaba al enfoque difundido por casi toda la prensa, la radio, las televisoras mexicanas, incluso las extranjeras.

El informante se llamaba Víctor Valenzuela Rivera. Un ex policía meritorio, asociado o «madrina» de la Policía Judicial de Chihuahua. Originario de Parral, con 37 años de edad, estaba preso en la cárcel juarense. Ofrecía nombres, circunstancias, detalles, lugares.

El encuentro con el informante había sucedido al mediodía del 26 de mayo de 1999, bajo el calor de la temporada y el azoro por las inminentes revelaciones. Y tuvo un episodio previo. Entre los cientos de internos, había al menos dos que respondían al nombre de Víctor Valenzuela. El primero era un hombre muy alto y delgado, que atendió de inmediato a la búsqueda de los custodios en las crujías del penal. Estaba preso por robo y tenía cerca de treinta años. Mostró extrañeza ante la circunstancia de que preguntaran por él unos visitantes desconocidos. Transmitía el nerviosismo de quienes saben que pronto estarán libres. Un par de preguntas fueron suficientes para descubrir que era la persona equivocada. Lucía frustrado.

Diez minutos después llegó a la oficina del director, sencilla como la de un un prefecto de escuela básica, un hombre moreno, de bigote, serio. Vestía pantalones vaqueros y una chamarra color azul. Con la mirada cautelosa, se sentó y colocó una de sus manos en la cintura, la otra en el muslo. Estaba sereno, pero revelaba la tensión instintiva de cualquier persona ante un trance ignoto. Tenía además un aire de resignación y de valor. Era del tipo de personas que saben ya de qué tamaño es la muerte. Su decisión de hablar era muy anterior a su encarcelamiento. Y habló, confirmó versiones, respondió cada una de las preguntas. O dejó abiertas aquellas que quizás reservaba para cuando creciera la confianza en el diálogo. Ese u otro día.

Por lo pronto, las autoridades debían investigar a Alejandro Máynez. Y al primo de éste, Melchor, del mismo apellido, por su responsabilidad en los homicidios de mujeres, dijo. Hablaba en voz baja, pero firme. Buscaba los ojos del interlocutor.

Los protectores de los homicidas eran dos altos funcionarios policíacos del estado de Chihuahua. Precisó sus nombres y apellidos. Antonio Navarrete, que entonces era mando operativo de la policía municipal de Ciudad Juárez. Y Francisco Minjárez, desde tiempo atrás comandante del Grupo Especial Antisecuestros de la PJECH. Representaban el primer poder detrás de los asesinos. Había más personajes involucrados, y su jerarquía llegaba a la Ciudad de México. Al Senado de la República, por ejemplo. Y más arriba aún, afirmaba.

Desde el comienzo de las investigaciones de los homicidios de mujeres en Juárez, en 1993, ambos policías habían estado cerca o bien a cargo de las indagatorias. Así, los asesinos habrían contado una y otra vez con su protección. El informante esperaba que las autoridades iniciaran una pesquisa a fondo.

Valenzuela decía saber de la existencia de un enlace entre Melchor Máynez y Sergio Armendáriz, «El Diablo», presunto jefe de la banda «Los Rebeldes», ex empleado de seguridad acusado de asesinar mujeres en 1996. Había allí una madeja a desenredar. Y repetía:

—Alejandro Máynez y Francisco Minjárez no sólo se conocen, sino que son socios. Sí, señor. Así es…

Ratificaba, la respuesta rápida en los labios.

El 19 de abril de 1996, Alejandro y Melchor Máynez ya habían sido motivo de una denuncia de Abdel Latif Sharif Sharif como los verdaderos asesinos. No hubo respuesta de las autoridades. Tres años después, el 26 de mayo de 1999, el informante reapareció, ya preso. Insistía en que se debía indagar a los Máynez.

El 1.º de octubre de 1998, el PAN —previos comicios— había dejado su lugar en el gobierno del estado de Chihuahua al PRI. El informante supuso que era el tiempo de recuperar la memoria, y decidió acudir a las oficinas de la nueva fiscal a cargo de homicidios de mujeres, Suly Ponce. Ante ella, reiteró la información sobre la culpabilidad de los Máynez y sus nexos policíacos. Tampoco hubo respuestas. La fiscal le solicitó al declarante volver al día siguiente.

Afuera de las oficinas de Suly Ponce, Valenzuela fue interpelado, aseguraba, por dos agentes de la PJECH, quienes le identificaron por su nombre y le detuvieron.

—¿Qué, pues?

—Ese señor que está allá en la esquina dice que le vendiste droga, déjate revisar…

—Espérense…

—¡Cómo que no!, aquí está la droga, ¿ves como sí?

Eso le dijeron a Valenzuela, mientras uno de ellos «extraía» un par de gramos de cocaína de sus ropas. Aquellos agentes lo remitieron a la Policía Judicial Federal (PJF), que lo condujo al reclusorio local.

Al reencontrarse allí con Sharif Sharif, Valenzuela le confesó que las acusaciones en su contra eran parte de la venganza de un agente policíaco, al que no mencionó por su nombre, con el que había tenido problemas antes.

En la cárcel, decía ahora el informante, estaba en un sitio «inmejorable» para continuar su propia investigación sobre los homicidios contra mujeres, ya que entre sus compañeros de presidio se contaban «Los Rebeldes» y «Los Choferes», también vinculados por la policía juarense con los asesinatos.

Había algo intrigante en la circularidad del testimonio: en 1996, Valenzuela había pisado por su voluntad la cárcel para ofrecerle a Sharif Sharif elementos en su defensa. En 1999, los mismos elementos lo llevaban al encierro. Tres años y dos gobiernos de distinto partido no le habían quitado al informante ni el brío ni el valor de denunciar los detalles y protagonistas de una historia en la que confluían dos nombres: Antonio Navarrete y Francisco Minjárez.

La historia de las muertas de Juárez, en especial, se anudaba a la carrera policíaca de Francisco Minjárez, ya que Sharif Sharif le atribuía ser quien «armara» su detención en octubre de 1995, así como, en abril de 1996, los nuevos cargos relacionados con la banda de «Los Rebeldes».

Valenzuela aseguraba que él escuchó a Minjárez, Navarrete y Máynez conversar cómo este último había asesinado a dos mujeres. Y cuando detuvieron a Sharif Sharif, Máynez le comentó a Valenzuela:

—Ya no hay bronca —alardeó—, porque al egipcio le van a cargar todas las muertas. Ya verás…

Después sucedió lo mismo con «Los Rebeldes». Así lo habían dicho también Minjárez y Navarrete, socios en aquellos negocios de contrabando de drogas y de joyas.

Los datos comenzaban a resonar unos con otros.

En mayo de 1999, un ex teniente de la policía municipal de Juárez, Martín Salvador de Arce, había denunciado al comandante Navarrete ante la Procuraduría de la República por proteger el tráfico de drogas en Ciudad Juárez. De Arce fue amenazado de muerte por presentar su testimonio.

La PGR se negó entonces a proporcionar información acerca de este cargo, que, hasta donde se conoce, nunca se indagó.

El relato del informante Víctor Valenzuela se esmeraba en los detalles: había tenido más vínculos con el primo de Alejandro, Melchor Máynez, porque hacia 1992 o 1993 le «invitó» a participar en la «violación» de una mujer, a lo que él se negó. Luego, Valenzuela se enteraría por la prensa de la aparición de mujeres violadas y asesinadas en Ciudad Juárez.

El informante comprendió, decía, que los Máynez eran los responsables de los crímenes, quienes primero actuaron juntos y luego se separaron. Melchor venía de El Paso, Texas, a incursionar contra las mujeres juarenses, y transitaba el puente «a pie». Trabajaba en un centro comercial de allá.

Los secuestros de las víctimas, agregaba Valenzuela, eran en la madrugada, y ambos asesinos buscaban que las víctimas fueran «pobres, no ricas, para que no hubiera problemas». Las mataban quebrándoles el cuello. E insistía en que, en su momento, había hecho del conocimiento de todo aquello a un comandante de apellido Paredes, de la PJF, y a Arturo Tovar de la PJECH. Pero este último le advirtió, molesto:

—No te metas en eso, Víctor… No es asunto tuyo.

La respuesta del agente le perturbó. Se dio cuenta de que había puesto el pie en un terreno peligroso. Un juego de vida o muerte.

Aquel mediodía de mayo de 1999 en Ciudad Juárez, mientras el tiempo apremiaba, el informante dejó de hablar en algún momento. Se despidió, cortés, cauteloso todavía. Medía el impacto de sus revelaciones.

—Víctor, ¿necesita algo? ¿Le podemos ayudar en algo?

—No, nada. Estoy bien —se despidió.

Salió de la oficina del director del penal rodeado de su propia incertidumbre.

Las acusaciones de Víctor Valenzuela eran coherentes y sensatas. Reforma buscó a la fiscal Ponce para que expresara su punto de vista acerca de aquel testimonio, pero ésta evadió responder todo cuestionamiento al respecto.

Poco después, Diana Washington de El Paso Times localizó a Melchor Máynez, quien negó las versiones del informante encarcelado. La reportera indagó luego a la familia de Alejandro Máynez en Ciudad Juárez, que afirmaba ignorar desde tiempo atrás el paradero de éste. Todo el mundo hablaba de él, pero nadie sabía ubicarle. Había vivido del «otro lado», en California, en Los Ángeles… Alejandro Máynez solía usar, como Washington logró saber, al menos otro nombre: Armando Martínez. El presunto asesino se transformaba en un fantasma, que también usaba a veces el nombre de Paco (Francisco) Villanueva.

Pero todo el testimonio de Víctor Valenzuela era frágil, la palabra de un preso. De un desconocido. Un mero rumor de convictos y delincuentes. Sin el apoyo de las autoridades, resultaba casi infructuoso profundizar en sus señalamientos.

Las autoridades federales, al igual que las de Chihuahua, se negaron a comentar lo publicado por Reforma el 18 de junio de 1999 —durante la preparación del reportaje, ya se habían negado a declarar al periódico.

La de Víctor Valenzuela era una más de las versiones posibles sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Con todo, el informante proporcionaba indicios interesantes. Meses después, éstos serían confrontados con una investigación de México y Estados Unidos. Entonces volverían las sospechas sobre los funcionarios policíacos de Chihuahua.

En una cafetería de Ciudad Juárez, el mismo día 26 de mayo de 1999, el criminólogo Óscar Máynez, sin parentesco alguno con Alejandro ni con Melchor Máynez, recordaba que, en 1993, mientras era instructor de la PJE, había prevenido a la superioridad acerca del surgimiento de homicidios en serie en la frontera norte.

Sugirió que se formara un grupo especial de investigadores. Y alertó de que, de no detener cuanto antes al o los responsables, la situación empeoraría. Nadie tomó en serio su aviso. El criminólogo, maestro en criminología y derecho por la American University de Washington, D.C., evocaba su decepción de entonces. Y disentía de la hipótesis de Robert K. Ressler acerca de la oriundez estadounidense del o los presuntos asesinos en serie en Ciudad Juárez: sería difícil —si no imposible— que un extranjero se desplazara, en forma inadvertida, ágil y segura, por los lugares en los que aparecen los cuerpos de las asesinadas. Un territorio de pandillas, contrabandistas, policías, militares mexicanos.

Óscar Máynez, que un par de años después ejercería su especialidad en la Subprocuraduría de la Zona Norte de Chihuahua, afirmó en tal entrevista que estimaba, a partir sólo de las notas de la prensa, una cifra de 56 homicidios de mujeres bajo un patrón similar entre 1993 y 1999 —en noviembre de 2001, sugeriría la presencia de dos homicidas «organizados» y una cantidad mayor de víctimas.

Aquel mes de mayo de 1999, un ex subprocurador de Chihuahua, Nahúm Nájera Castro, confesó que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez no se habían solucionado por falta de «valor, voluntad política y honestidad». Lo mismo por parte de la policía que de las autoridades judiciales, de los medios de comunicación, los organismos no gubernamentales, los grupos de profesionistas. Proponía que el asunto implicaba una responsabilidad común.

Abogado de cierta fama en la frontera juarense, Nájera Castro había vuelto al ejercicio de su oficio, y recibía entonces en una amplia oficina dentro de una casa habitación convertida en bufete. El piso de mármol reducía la alta temperatura de la primavera. La madera en los muebles y los libreros con obras de jurisprudencia ofrecían un aire de solemnidad legalista.

El ex subprocurador de Chihuahua, que había estado en el cargo durante pocos meses del nuevo gobierno, aceptó la existencia de complicidades entre policías y delincuentes en Ciudad Juárez. También dijo que ésta podía comprobarse. Le constaba. Y proporcionaba un ejemplo de los «hechos que había vivido».

A finales de 1998, mientras él era subprocurador de la Zona Norte, fueron detenidos bajo la acusación de secuestro tres agentes federales. Durante el interrogatorio manifestaron su extrañeza ante la detención:

—Si Minjárez ya sabe lo que hacemos, ¿cuál es el problema? —repetían.

Expresaban su queja por lo que veían como la ruptura de un pacto delincuencial.

Entre los policías judiciales de Chihuahua y la policía municipal de Ciudad Juárez se filtraban los motivos del lobo: la red de protección a asesinos y violadores, narcotraficantes y secuestradores. Una industria delincuencial muy lucrativa. En aquellos días, una persona muy cercana al ex gobernador Francisco Barrio Terrazas pudo repetir, en plan de anonimato, el peligroso secreto a voces en Ciudad Juárez:

—Detrás de los asesinatos de mujeres hay una mafia, con la que no hay que meterse. Ésta es la verdad… y arroja los cuerpos de las víctimas en la vía pública para chantajear al gobierno o presionarlo.

El testimonio indica que aquel gobierno habría pactado con tal mafia.

Así, la cautela de los testigos carecía de exageración. En la víspera de que Reforma publicara una parte de las revelaciones del informante Valenzuela, Eduardo Rivas Blanco, de 28 años, sufrió un atentado del que salió con vida por un milagro. Es hijo de Irene Blanco, la defensora particular de Sharif Sharif.

Blanco, antigua militante del PAN y ex colaboradora de Barrio Terrazas cuando éste fue presidente municipal de Ciudad Juárez, antes de que llegara a la gubernatura de Chihuahua (1992-1998), había recibido varias amenazas de muerte desde tiempo atrás. Y solía escuchar interferencias en su línea telefónica, incursiones contra su privacía —el Código Penal Federal considera un delito este tipo de actos.

El miércoles y el jueves previos al ataque, se había reunido con la reportera Diana Washington y el enviado de Reforma para reafirmar su defensa de Sharif Sharif y cuestionar la investigación oficial acerca de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. La PGJECH acababa de acusar al egipcio de pagarle a la banda de «Los Choferes» para que asesinaran a más mujeres y así demostrar a las autoridades que él era inocente.

Una historia a todas luces absurda y, sobre todo, indemostrable. Hecha sólo para el anuncio espectacular en la prensa, la radio, las televisoras. Y útil quizás para encubrir a otros, que se resguardaban en la sombra.

Irene Blanco había insistido a los reporteros en que escuchasen el testimonio de Víctor Valenzuela. Y así lo harían poco después. Al día siguiente de que Blanco tuvo aquellas pláticas con la prensa, su hijo viajaba con un amigo en la camioneta familiar cuando otro vehículo le cerró el paso. Uno de los dos agresores disparó 12 balas calibre 9 milímetros sólo contra Rivas Blanco. La camioneta quedó con los cristales rotos y llena de agujeros. El amigo —Iván Molina— había alcanzado a gritar en alerta y ambos se agacharon. Nada más vieron. A pesar de las hemorragias, el conductor pudo llegar a un hospital al volante de la camioneta y así salvar la vida.

La policía judicial nunca detendría a los responsables. Sin duda, detrás de aquel atentado había una urdimbre de conjeturas. Mientras el tirador fallaba, el informante había dado en el blanco. Detrás del blanco, surgía un rastro de sangre.

13. Policías bajo sospecha

El 27 de noviembre de 1999, Ciudad Juárez se despertó con una noticia que dio la vuelta al mundo.

México y Estados Unidos habían emprendido una acción conjunta. Participaban cerca de 200 agentes policíacos y 600 soldados mexicanos, además de 65 agentes del FBI.

El objetivo era buscar los cientos de cadáveres que, de acuerdo con informaciones de ambos países, estaban enterrados en distintos ranchos de narcotraficantes en esta localidad. Eran los «narcocementerios» o «narcofosas».

Incluso se llegó a decir que habría más de doscientos cuerpos, entre los que se encontrarían los de las personas que, desde años atrás, se habían reportado como desaparecidas o víctimas de «levantones» o raptos. En los últimos seis años, se estimaba que habían desaparecido cerca de 200 personas en Ciudad Juárez, mexicanas o extranjeras. Esto registraba la AFAPD con sede en El Paso, Texas.

A pesar de aquel despliegue espectacular y de las expectativas en los medios de comunicación de México y el exterior, los resultados fueron escasos. En poco más de un mes de operaciones, sólo se localizaron nueve cuerpos. Quizás porque los narcotraficantes emplean un método que elimina los cuerpos de sus víctimas. Le llaman «lechada»: una mezcla de cal y substancias químicas que arrojan sobre los cadáveres en las fosas para desintegrar los tejidos orgánicos. Que no quede huella…, es la orden, que no quede huella, como contaba una canción de la época.

Sin embargo, el centenar de cadáveres que se buscaba entonces bajo tierra había aparecido allí a lo largo de la década de los años noventa. Pero a cielo abierto. Se trataba de decenas de restos de mujeres asesinadas durante los últimos años. Cuerpos que aparecieron incluso a las puertas mismas de aquellos ranchos que investigarían, entre noviembre de 1999 y enero del 2000, el FBI y la PGR.

La búsqueda binacional había incluido el Rancho Tiradores del Norte, en el kilómetro 4,5 de la carretera a Casas Grandes. El Rancho La Campana, en el kilómetro 27 de la misma carretera. Asimismo, otros sitios, entre ellos el Rancho Santa Elena, «atrás de Pemex», y el Rancho Santa Rosalía, en el municipio de Ascensión. Un ejercicio de memoria señalaría la diferencia entre las expectativas inconclusas del operativo binacional y una realidad abrumadora: las muertas de Juárez. Los datos hablaban por sí solos, aunque ninguna autoridad respondió.

De acuerdo con el registro de organizaciones civiles de la ciudad fronteriza, el 11 de enero de 1994 se halló en Granjas Santa Elena el cuerpo de una mujer no identificada de 25 o 30 años. En el mismo sitio, apareció el cuerpo de Araceli Rosaura Martínez Montañez, de 19 años, el 4 de julio de 1995. A su vez, el 19 de agosto de 1995 se descubrieron los restos de una mujer, que se dijo era Elizabeth Castro García, en el kilómetro 5 de la carretera a Casas Grandes, a sólo 500 metros del Rancho Tiradores del Norte. Tres días después, se descubrieron a 4 kilómetros al sur del kilómetro 6 a Casas Grandes los cuerpos de dos adolescentes no identificadas.

Atrás de Granjas Santa Elena se ubicó, el 11 de noviembre de 1995, el cuerpo de quien se dijo era Adriana Torres Márquez de 15 años y, muy cerca, el de Ignacia Morales Soto, el 23 de noviembre. El 15 de diciembre de 1995 apareció el cuerpo de Rosa Isela Tena Quintanilla de 14 años, otra vez en las cercanías del kilómetro 5 de la carretera a Casas Grandes. El 9 de marzo de 1996 se descubrió el cuerpo no identificado de una niña de 9 a 12 años. Esto fue en el kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes, ni más ni menos donde está el Rancho La Campana.

En este rancho y en el Tiradores del Norte solía haber festejos «fastuosos» a lo largo de los últimos años. Allí se reunían diversas personas con camionetas y automóviles de lujo, incluso presuntos narcotraficantes, o agentes policíacos. Con motivo de la indagatoria binacional, se citaron testimonios de vecinos sobre grandes fiestas u orgías en aquellos ranchos. Y secuestros, ejecuciones e inhumaciones de las víctimas.

El 9 de junio de 1996 se encontró el cuerpo no identificado de otra adolescente cerca de Granjas Santa Elena. Al día siguiente, sucedió lo mismo, pero esta vez a dos kilómetros del Rancho La Campana. El 1.º de diciembre de 1997 apareció atrás de Granjas Santa Elena, a 5 kilómetros de la carretera a Casas Grandes, el cuerpo de Aracely Núñez Santos.

Proliferan los datos semejantes: la mayor parte de los cuerpos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez a partir de 1993 se ha hallado en este mismo perímetro, desnudos, semidesnudos, con huellas de violencia sexual, mutilaciones y muerte por estrangulamiento.

El operativo binacional que recibió el repudio inmediato de las autoridades locales se habría originado a partir de la información que proporcionó Mario Silva Calderón, «El Animal». Un ex comandante de la PJF, que fue también escolta y asesino a sueldo del Cártel de Juárez.

El gobernador chihuahuense, Patricio Martínez, aprovechaba el suceso para insistir en que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez eran un asunto pretérito. Pero continuaba el hallazgo de más cuerpos de mujeres en tal localidad, a pesar de la presencia de policías de México y Estados Unidos.

Con todo, era significativo otro filo del acontecimiento. El operativo binacional de «narcocementerios» otorgaba vigencia al testimonio de Víctor Valenzuela Rivera, que el 26 de mayo de 1999 reveló la existencia de un grupo de policías y delincuentes vinculados al narcotráfico y a secuestros, responsable de muchos homicidios en la frontera norte de Chihuahua, en particular, de mujeres.

El 18 de junio de 1999, Reforma había publicado sólo una parte —a reserva de indagar el resto— de las revelaciones de Valenzuela. Su testimonio señalaba a Alejandro Máynez y a su «primo» Melchor, del mismo apellido, como los verdaderos responsables de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. En sus declaraciones, Valenzuela había denunciado también a dos agentes policiales como cómplices y protectores de aquéllos: Francisco Minjárez, jefe del Grupo Especial Antisecuestros de la PJECH, y Antonio Navarrete, directivo de la policía municipal de Ciudad Juárez.

Aunque las autoridades de Chihuahua se negaron a declarar al respecto, trascendió que ambos funcionarios policíacos estaban sujetos a investigación bajo el operativo binacional.

Las declaraciones de Valenzuela del mes de mayo fueron hechas en presencia de la diputada federal Alma Vucovich, del PRD y presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la LVII Legislatura. También estuvo allí el diputado federal juarense Carlos Camacho, del PAN. Y registraron el encuentro la reportera Diana Washington de El Paso Times y el enviado de Reforma. Valenzuela aseguró entonces que a las víctimas de aquel grupo se las enterraba en el Rancho Santa Elena. También en otro rancho de Villa Ahumada, localidad al sur de Ciudad Juárez. El primero de aquéllos, situado en Granjas Santa Elena en la localidad fronteriza, sería el denominado «punto número 3» en la logística del operativo binacional.

El 16 de diciembre de 1999 se anunció el hallazgo en tal rancho de un laboratorio clandestino de drogas y de una osamenta enterrada. A la luz de los hechos, los datos del informante Valenzuela se revalidaban.

En esos días, el dirigente de la AFAPD Jaime Hervella comunicó que las autoridades debían investigar también, por complicidad o negligencia, a Arturo Chávez Chávez, ex delegado estatal de la PGR, ex procurador de Chihuahua y ex superior de Francisco Minjárez. Hervella se quejaba también de que Francisco Minjárez nunca había investigado las denuncias sobre desapariciones y había favorecido la impunidad.

Los nombres de los funcionarios y policías de Chihuahua reaparecían durante la búsqueda de «narcocementerios». Y perfilaban su circularidad en el asunto de los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez. Había historias y expedientes negros que, en más de un caso, se repetían aquí o allá.

El informante Valenzuela había dicho asimismo en aquella entrevista del 26 de mayo de 1999 que el grupo delincuencial contaba con la protección directa de un senador del PAN por Chihuahua: Francisco Molina Ruiz. Éste era el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, ex comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) y ex procurador de dicho estado.

Al ser cuestionado al respecto, el senador Molina Ruiz negó la versión y descalificó al informante:

—Ni sé quién es ni conozco a ese tal Víctor Valenzuela. Yo era procurador en 1993 cuando fundamos el grupo de Francisco Minjárez. Conocía bien tanto a los miembros de esa agrupación como a los oficiales de la Policía Judicial del Estado. Ninguno de ellos era este sujeto.

Soslayaba que Valenzuela le había buscado tres años atrás en la ciudad de Chihuahua. Rechazó también que Minjárez ni nadie de la Policía Judicial hubiera tenido agentes meritorios o «madrinas». Y culminaba:

—Dudo mucho que alguien sepa de la existencia de este señor.

A pesar de tal convicción, el propio Minjárez sí reconocería quién era el señor Víctor Valenzuela. Cuando se le inquirió sobre este asunto el 8 de diciembre de 1999, Francisco Minjárez Ramírez aceptó relatar algunos detalles. Ante todo, se mostró extrañado de las acusaciones aquellas y aseguró ser un policía eficaz y honesto:

—He resuelto el ciento por ciento de los casos de secuestro desde 1994 a la fecha, no sólo en Chihuahua, sino en otros estados también, ya que hemos apoyado en Sinaloa, Jalisco, Coahuila, Sonora.

En ese entonces, el policía decía disfrutar de un «periodo vacacional» al cargo de comandante del Grupo Especial Antisecuestros del Estado de Chihuahua, que coincidía con las investigaciones del operativo binacional en Ciudad Juárez.

Ya desde 1997, Francisco Minjárez se había jactado ante la prensa de tener uno de los más altos índices de rescate de víctimas de secuestro en todo el país. Afirmaba que la clave de su «eficacia» era, en primer lugar, la «cohesión» de su grupo policíaco. En segundo lugar, el comandante atribuía su «éxito» a la intervención de teléfonos. Y al registro grabado de las llamadas con la «ayuda», dijo, de Teléfonos de México (TELMEX), o de las compañías de telefonía móvil.

Acerca de la incidencia de desaparecidos en la frontera, el también abogado, originario de Ojinaga, Chihuahua, aseguraba:

—Cuando una persona se ausenta en Ciudad Juárez o no llega a dormir a la casa, se pone la denuncia de ausencia, pero luego la gente ya no acude a dar más información…

Y explicaba que, cuando pasa un mes de la desaparición:

—Le narran a usted los hechos, y los elementos que dan para investigar son muy pobres.

Sobre las investigaciones de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, comentaba:

—Tomé el caso en junio de 1995 hasta la detención de Sharif Sharif, el 8 de octubre. Allí es donde termino mi función. Ya después otra unidad que la Procuraduría crea se encarga de darle seguimiento hasta la fecha.

En cuanto a que la inculpación a Sharif Sharif fue un caso «armado», como lo denunciara Irene Blanco, la defensora particular del químico egipcio, Minjárez replicaba:

—Desde luego que no. Tan no está armado que los jueces han determinado que está sólida la investigación.

Pero matizaba sus palabras ante el hecho de que a Sharif Sharif se le culpó de muchas muertes y sólo estaba condenado, y en proceso de apelación, por el caso de Elizabeth Castro García:

—Lo que pasa es que uno como investigador tiene la certeza de tener al culpable, y luego en la etapa jurídica la situación es diferente. A veces no cuenta uno con los elementos probatorios suficientes para que los jueces dicten la responsabilidad.

En cuanto a los publicitados vínculos de Sharif Sharif con la pandilla de «Los Choferes», supuestos violadores y asesinos de mujeres en Ciudad Juárez, Minjárez decía atenerse a las declaraciones de los testigos. Interrogado en torno de su presunta protección a Alejandro Máynez, negaba el cargo:

—Desde luego que no es cierto. No conozco a los Máynez sino después de que secuestran a un pariente de ellos que se llama Guillermo Máynez. Fue secuestrado y le liberamos en un operativo en El Fuerte, Sinaloa. Es la única relación que tengo. No conozco ni a Alejandro ni a Melchor Máynez.

De acuerdo con el testimonio de Víctor Valenzuela, Minjárez protegía a Máynez desde que éste asesinó hacia principios de los años noventa a una adolescente llamada Silvia. Además, había sido su socio en «negocios de contrabando de drogas y de joyas». En tanto negaba aquello, Minjárez sí reconocía a Víctor Valenzuela:

—Se acercó hace bastante tiempo diciendo que tenía información, pero que nos decía los datos sobre el particular si le hacíamos comandante de la Judicial del Estado, que él había sido «madrina» de la Judicial Federal y que él quería ese puesto, que quería una «charola». Desde luego, no accedimos. La justicia no acepta soborno.

La información que había proporcionado Valenzuela, mencionaba Minjárez, se había investigado:

—… y era falsa completamente. Él dijo que estuvo en una cantina y escuchó una conversación. Es todo lo que tenía.

Hasta ahí llegó la indagatoria.

Minjárez decía que lo que retarda la solución de los casos de desaparecidos en «levantones» es la falta de datos. Y se negaba, contundente, a hablar de narcotráfico:

—A mí hábleme de secuestros.

Francisco Minjárez afirmaba no recordar, ni tener idea alguna, sobre las denuncias de que él otorgaba protección a agentes federales dedicados al secuestro y la extorsión:

—Tan es así que tengo algunos de ellos en la cárcel. Es una declaración muy atrevida —se asombraba.

Pero ésta provenía del ex subprocurador de la Zona Norte de Chihuahua, Nahúm Nájera Castro.

A los pocos días de que Reforma publicara estas declaraciones de Minjárez, la PGJECH defendió al funcionario y avaló su trabajo como policía y jefe del Grupo Especial Antisecuestros. También defendió a Francisco Molina Ruiz.

—No hay nada en contra del senador panista Francisco Molina Ruiz, ni tampoco existe ninguna duda ni sospecha sobre el jefe del grupo Antisecuestros, Francisco Minjárez —acotó el procurador de Chihuahua, Arturo González Rascón.

Las autoridades del PRI en Chihuahua defendían a los ex funcionarios del PAN. Y la PGR guardaba silencio: desdeñaba la solicitud de respuestas al respecto.

A lo largo de 1999, el gobernador Patricio Martínez había insistido en que la violencia en Ciudad Juárez era un tema pretérito. Pero continuaba el hallazgo de cuerpos ajusticiados a cuenta del narcotráfico. Semanas después, dicho gobernador reclamaría al presidente de la República la carencia de presupuesto federal para el combate al crimen en Ciudad Juárez. En respuesta, el Poder Ejecutivo envió una comisión de alto nivel contra el crimen, cuyos logros fueron nulos.

El presidente municipal de esta frontera, Gustavo Elizondo, encabezaría una campaña para «dignificar la imagen de la ciudad afectada con la difusión de las ejecuciones, los casos de desaparecidos y de mujeres violadas y estranguladas». Tal funcionario exigió, y obtuvo, que la PGR dejara de apelar al Cártel de Juárez, y se refiriera en su lugar al Cártel de Carrillo Fuentes. Tras el empeño de reivindicar la imagen de una ciudad y sus pobladores, las autoridades de Chihuahua pretendían, al parecer, cancelar las investigaciones acerca de los nexos del narcotráfico con gobernantes, ciudadanos prominentes y empresarios locales. O que se indagara a policías y funcionarios sospechosos de corruptelas e ineptitud.

En su figura de presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, el senador por Chihuahua Francisco Molina Ruiz se opuso al operativo binacional.

—Vulnera la soberanía nacional —aseguró.

Asimismo, rechazó que mientras fue procurador en Chihuahua hubiese tenido conocimiento de los «narcorranchos».

El 19 de enero de 2000 se halló el cuerpo de una mujer de 20 años, estaba en un paraje de Cerro Bola. La muerta tenía sus ropas al lado, como en muchos otros casos, arrojadas por el o los victimarios. Se presumió que había sufrido violación.

Apenas el 15 de octubre anterior, se había encontrado el cadáver de una mujer de entre 15 y 17 años en un baldío de los campos de PEMEX, entre la carretera a Casas Grandes y la calle Barranco Azul. Se dijo que tenía dos o tres días de muerta. Al día siguiente, las autoridades declararon algo muy distinto y poco creíble: se trataba de una mujer de entre 40 y 45 años de edad, con 20 o 30 días de haber fallecido. El 17 de noviembre se había descubierto, también en Cerro Bola, el cráneo de una joven de entre 19 y 22 años.

El 1.º de diciembre, las autoridades judiciales anunciaron una movilización en busca de restos en aquella área. Colaborarían grupos de banda civil, que en anteriores ocasiones descubrieron restos en lugares como Lomas de Poleo. Pero no trascendieron los resultados.

Lote Bravo es otro de los lugares en las afueras de Ciudad Juárez, contiguo a los sitios investigados por el operativo binacional, en donde se han hallado cuerpos al aire libre. Un predio enorme al sur de Ciudad Juárez que colinda con la carretera Panamericana, en los alrededores del aeropuerto local.

De acuerdo con el testimonio de la reportera capitalina Sonia del Valle, del Centro de Investigación de la Mujer A.C. (CIMAC), Héctor Mejía, asesor de la Procuraduría de Chihuahua, realizó una indagatoria especial sobre los homicidios de mujeres de Ciudad Juárez. En febrero de 1999, en su cubículo, Mejía le mostró a la reportera una fotografía aérea de Lote Bravo que revelaba un camino en medio del desierto. El camino terminaba en un rancho bien instalado al que rodeaban árboles. Mientras Del Valle señalaba lo excepcional de la construcción en aquel paraje, el funcionario le detalló:

—Ahí llevan a las secuestradas.

El asesor expresó también que «había personal de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua involucrado en aquellos crímenes». Más adelante, el propio Mejía recibió instrucciones superiores de entregar su investigación a Francisco Minjárez, y jamás volvió hablar de ésta. Ni aunque le recordaran su revelación a la reportera capitalina. Aquel asesor realizó sus indagatorias cuando el subprocurador de la Zona Norte era Nahúm Nájera Castro, que, por cierto, fue removido del cargo poco después de que Mejía le revelara a Sonia del Valle los detalles de su investigación sobre los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez.

Las versiones oficiales eran intocables. Víctor Valenzuela había recordado historias de policías de las que nadie quería ya hablar. Entre otras, aquella de que Francisco Minjárez y Antonio Navarrete participaron en inventar el caso de Ana Luisa Benavides. Esta mujer fue acusada, en 1992, de asesinar a Carlos Maldonado —vendedor de joyas—, a su esposa Lourdes Murillo y a su hijo recién nacido Carlos Alexis. La policía municipal halló, en el baúl de un auto abandonado en una calle céntrica de Ciudad Juárez, 12 bolsas de plástico con trozos de cuerpos humanos y las cabezas cercenadas de la mujer y el bebé de tres meses. El cuerpo del joyero estaba en su casa, cortado en 15 partes, también dentro de bolsas.

Ana Luisa Benavides, ex mesera, ex modelo y ex estudiante de medicina, entonces de 21 años de edad, fue inculpada y detenida. Acumuló una sentencia de 40 años de cárcel. Afirmaría después que, bajo amenazas de muerte, se la obligó a descuartizar los cuerpos de las tres víctimas con dos cuchillos de cocina. Pero que ella no había matado a la familia, sino cuatro sujetos vinculados al narcotráfico. El móvil de los crímenes fue que el vendedor debía 70 000 dólares de unas joyas. El nombre de Alejandro Máynez fue mencionado entonces por la prensa como uno de los verdaderos asesinos de la familia Maldonado Murillo.

Asimismo, el informante Valenzuela involucraba a Francisco Minjárez y a Antonio Navarrete, junto con Javier Benavides, sin vínculo alguno con Ana Luisa y luego comisionado de la policía municipal de Juárez, en la muerte del agente policíaco Felipe Lardizábal Hernández, alias «El Negro». El cadáver de éste fue arrojado en Lote Bravo el 16 de noviembre de 1994. Desde un año y medio atrás, investigaba en forma encubierta los negocios turbios de sus colegas, sus vínculos con Amado Carrillo Fuentes, el jefe del Cártel de Juárez. Desde entonces, los familiares de Lardizábal han responsabilizado a Francisco Molina Ruiz, Arturo Chávez Chávez y al propio Javier Benavides por tal homicidio.

Jean Rivelois narra así este episodio: «Lardizábal remitió los resultados de su investigación directamente al responsable de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua. Revelaba que la mayoría de los comandantes y agentes de este cuerpo policíaco mantenían nexos con traficantes de drogas, no sólo bajo la modalidad de venta de protección, sino de traslado de la droga en los vehículos de la policía». Con toda seguridad, añade Rivelois, fue traicionado por los responsables policíacos o gubernamentales, ya que comprometía los intereses de ciertos notables que estaban implicados.

El «contacto» de Lardizábal en la Procuraduría de Chihuahua, escribe el investigador francés, «se convirtió en delegado de la Procuraduría General de la República en Chihuahua, sin que hubiera una purga de efectivos policíacos».

Aquel contacto pudo ser el propio Arturo Chávez Chávez. O Hernán Rivera, jefe del Departamento de Averiguaciones Previas de la PGJECH entre 1992 y 1996, quien a partir de este último año se convirtió en delegado en Chihuahua de la PGR.

La última vez que se le vio vivo a Lardizábal fue en el Hotel Montecarlo que, a lo largo de la década de los noventa, se distinguió como un reducto clandestino de la PJE.

Otra noche, en una de las habitaciones del Montecarlo, se escucharon, en un cuarto contiguo, gritos de dolor de una mujer y, tiempo después, llegó un automóvil con judiciales de Chihuahua, que abrieron la cajuela del vehículo y arrojaron un bulto envuelto en cobijas.

Asimismo, de acuerdo con Víctor Valenzuela, en uno de los bares de Alejandro Máynez de la avenida Vicente Guerrero había un «reservado» con un espejo especial para ver sin ser visto. Allí acudían Minjárez y Navarrete. Un espacio raro, «como de brujería», para encerrar muchachas, que nunca eran las del bar, sino otras de fuera del negocio, a pesar de que allí abundaban las mujeres. Alejandro Máynez llevaba aquellas muchachas porque «le gustaban vírgenes y que no tuvieran enfermedades».

El informante Valenzuela había revelado que el trasfondo del círculo de protección de los policías y funcionarios de Chihuahua era «el contrabando de drogas y de joyas». Y estaban coludidos otros agentes federales y locales. Insistía Valenzuela en citar el nombre de Javier Benavides, comisionado en 1999 de la policía municipal de Ciudad Juárez.

Meses después, este funcionario policíaco denunciaría por difamación a dos periodistas de Ciudad Juárez: Jesús Antonio Pinedo Cornejo y Luis Villagrana. Se habían atrevido a recordar aquellas historias de antiguas corruptelas, protecciones al narcotráfico y crímenes policíacos.

Existía un hilo conductor.

A principios de los años ochenta, Luis H. Álvarez del PAN llegó a la alcaldía de Chihuahua. Y nombró a Javier Benavides jefe de los Servicios Especiales de Vigilancia. Se cuenta que le dio un apoyo incondicional.

Al paso del tiempo, un sujeto llamado Arnulfo Saldaña, alias «El Ojinaguita», señalaría a Benavides como el policía que se apropió en 1985 de joyas de alto valor que él había robado y pertenecían a un funcionario del gobernador Oscar Ornelas Küchle (1980-1985). Benavides había sido un militante notorio del PAN. En 1986, cuando crecieron las protestas de los panistas ante el fraude electoral en las elecciones por la gubernatura del estado de Chihuahua, Javier Benavides se encadenó en los pilares del Palacio de Gobierno como una muestra de «resistencia civil». Este alarde le ganó fama.

Al presentar aquella demanda contra los periodistas —que luego «retiraría»—, Benavides trataba de evitar el desprestigio: se había sabido que estaba a punto de incorporarse al equipo de Francisco Molina Ruiz, el abogado y ex procurador de Chihuahua que pugnaba por llegar, al lado del ex gobernador Francisco Barrio Terrazas, al gabinete del presidente electo Vicente Fox.

Tanto la Procuraduría de Chihuahua como la de la República, a través de su delegación en dicho estado, declararon en favor de Javier Benavides. Ambos organismos carecían de «elementos de prueba», dijeron, acerca de que el policía tuviera nexos con el narcotráfico.

No había lugar a más preguntas. El pasado era cosa muerta: las reputaciones se hallaban a salvo.

14. La defensa imposible

Irene Blanco militó en el PAN durante quince años. Cuenta que dos veces contendió como precandidata a una diputación federal. Pero hubo dos grandes problemas que se lo impidieron: el primero se refería a su condición de mujer. El segundo era el hecho de estar divorciada. Además, se la criticó porque tenía muchas «tendencias de izquierda». Se enfrentaba con un partido muy tradicionalista y de derecha.

La defensora afirma que su militancia en el PAN se dio cuando Francisco Barrio Terrazas se lanzó como aspirante a la presidencia municipal de Ciudad Juárez en 1982. Un grupo de amigos sacó adelante su candidatura y, en 1983, Barrio Terrazas ganó las elecciones. En ese lapso, tuvo la experiencia de haber pasado las noches enteras al frente de los Comités Electorales. Cuidaba el voto ciudadano bajo las agresiones de los contingentes del partido oficial, el PRI.

—Recuerdo muy bien una noche que estuvimos ahí sentados y ellos pasaron a intimidarnos con perros, los azuzaban contra nosotras, puras mujeres en guardia para defender el voto. Los hombres sólo aguardaban en sus camionetas, «vigilándonos»… Qué barbaridad, ahora recuerdo todas estas cosas, no sé, no me «caía el veinte» entonces de la utilización, de la manipulación que hay en la política con respecto a la mujer.

Después de su periodo municipal, Francisco Barrio Terrazas se lanzó a competir por la gubernatura del estado de Chihuahua y sucedió el célebre fraude electoral de 1986. En la campaña de Barrio Terrazas, ella pudo aportar el toque de claxon que rezaba: «¡Ba-rrio-Sí-Baeza-No!» Luego participó en el Comité de Resistencia Civil. Allí, tomó cursos sobre «la no violencia activa» con instructores de Filipinas. Al lado de sus compañeros, se mantenía en lucha en nombre del ideal de «cambiar las cosas que estaban torcidas en este país».

—Por ahí debe de andar el Manifiesto de Francisco Barrio Terrazas, el que pegó por todos lados en la ciudad de Chihuahua, más bien en todo el Palacio de Gobierno, donde decía: «No volveré a pagar impuestos». Ahí debe de estar el papel, alguien lo debe de conservar. En mí, se conserva en la memoria, pero todo se va olvidando, todo se va negociando y, finalmente, ahí quedaron nuestras tomas de puente, nuestra experiencia de dormir en el puente…

A pesar de todo, la ex funcionaria municipal reconoce el ejemplo de Luis H. Álvarez. O de Francisco Villarreal y el doctor Víctor Manuel Oropeza, ya fallecidos. En 1992, Barrio Terrazas fue elegido gobernador del estado de Chihuahua. Al igual que otros panistas, Irene Blanco descubriría que el poder cambia a las personas.

Irene Blanco era en 1999 la defensora de la causa de Abdel Latif Sharif Sharif, acusado de un homicidio, el de Elizabeth Castro García. Más de 35 años atrás, había arraigado en Ciudad Juárez.

—Nací en el estado de Chihuahua —afirmaba—, y a veces me pregunto qué estoy haciendo en este asunto. De repente, siento que estoy entrampada en un banco de arena de donde no puedo salir, ni para defender a uno ni para que me escuchen otros, ni para que se haga justicia. Me quedé sola —añadía.

Precisaba que había conocido a Sharif Sharif después de que fue encarcelado. Ella trabajaba en la presidencia municipal, durante la administración panista de 1992-1995. Era presidente municipal Francisco Villarreal Torres y ella directora de relaciones públicas.

—Francisco Villarreal Torres era otra cosa. Un hombre que se cocinaba aparte, todo mundo lo criticó y dijo que el problema de Villarreal era no ser un político, pero ésa fue la gran ventaja de Villarreal: nunca se dejó marear por la política, nunca se vendió a ella. Luchar por la justicia, como él me dijo tantas veces, significa enfrentarse a todo tipo de poderes, te estigmatizan de estar loco y te persiguen y acosan. Primero envejeces antes que ver que las cosas se enderecen. Definitivamente, no le faltó razón, y así fue que en la administración municipal conocí a Sharif.

Irene Blanco cuenta que, cuando aquel hombre de origen egipcio fue detenido el 3 de octubre del 1995, estaba a punto de terminar el gobierno para el que ella trabajaba. Fue a través de su hija Cristina Rivas Blanco, que era psicóloga en el penal, que comenzó a tener noticias de él. Con el tiempo, se haría amiga, compañera y defensora del químico egipcio.

—Villarreal se entera de que Sharif está sufriendo porque no sabe dónde quedó su perra Charlotte, y un buen día fuimos los dos a llevársela al penal, lo que le produjo una gran alegría a Sharif. Como él no sabía español, empecé a ayudarle, a hacerle traducciones, a decirle qué sucedía. Y, sobre todo, a decirle que había un idioma que para Sharif era totalmente ajeno. No era el inglés ni el español ni el árabe, era el lenguaje de la política, el que conozco desafortunadamente.

La defensora recordaba que, a partir de 1992, se comienza a vivir una serie de situaciones adversas en Ciudad Juárez: narcotráfico, inseguridad pública, violencia. Y también se multiplican los asesinatos de mujeres.

Evocaba:

—A Villarreal le llamó la atención el caso, y planteó sus preguntas a los encargados de la seguridad pública, tanto a nivel municipal como estatal, y lo que empieza a quedar claro, para él, es que echaron mano del primer inculpable que encontraron, y ese primero se llama Sharif.

Por encargo de Villarreal, que abandonaba el gobierno y salía de viaje, Irene Blanco atendió al químico egipcio. Aquél dijo: «No te separes de ahí, ayúdale porque le van a hacer polvo, y lo peor de todo esto es que los crímenes van a quedar impunes».

Las autoridades tenían la certeza de haber apresado al «asesino en serie» de mujeres, y así filtraron la noticia. Luego vendrían las contradicciones entre un jefe policíaco y el jefe de Averiguaciones Previas: al principio, Francisco Minjárez decía: «pues Sharif Sharif no tiene nada que ver». Hernán Rivera: «no, no, sí tiene que ver». Durante un año, Sharif Sharif estuvo en proceso por las acusaciones de Blanca Estela Carmona Díaz: violación, secuestro y lesiones. Le dejaron en libertad: eran inexistentes los elementos inculpatorios. No había tenido una relación sexual con ella. Ni existieron las lesiones ni el secuestro.

La defensora precisaba que, en cuanto a los homicidios contra mujeres, Francisco Molina Ruiz tenía una intención definida, que nunca cambió. Desde un principio, acusó al químico egipcio, incluso hizo declaraciones ante los medios de comunicación: era un extranjero que sólo «había venido a este país a hacer maldades». Irene Blanco detallaba:

—Arturo Chávez Chávez llegó a la Procuraduría y era evidente que ni siquiera estaba bien enterado de cómo se estaban llevando las cosas. Queda como ejemplo de su ineptitud la entrevista que ofreció en 1998 para el periódico Reforma. Dice ahí una sarta de tonterías enormes, habla de que Sharif pudo librarse de la acusación de violación porque probó que Blanca era prostituta, es decir, el procurador ni siquiera había tenido la ocurrencia de meterse al expediente, o de que alguien le interpretara el expediente para saber qué tenía que decir.

El resto de los funcionarios en Chihuahua reproducían, afirmaba Irene Blanco, aquellos disparates.

Cada vez que Sharif Sharif estaba a punto de obtener su libertad, venía una campaña de desprestigio en los medios de comunicación.

—Al salir liberado Sharif en 1996 por falta de elementos probatorios, quien le detiene en las inmediaciones del Instituto de Migración es Antonio Navarrete. Éste muestra un encono muy personal contra Sharif, cuando le dice: «Ahora te voy a llevar al CERESO, y ahí te vas a quedar». Así es como me lo refirió después Sharif a mí.

Antonio Navarrete era uno de los policías que el informante Víctor Valenzuela ya había denunciado en la capital chihuahuense. Nunca se actuó contra Navarrete, afirmaba Blanco.

—Tuve la oportunidad de entrevistarme con Gustavo Elizondo cuando era el representante del gobernador aquí —precisaba la defensora—, y esto fue un poco antes, y le pregunté: «Gustavo, ¿qué pasó con la acusación que hizo Sharif?» Dijo: «No, no, eso está pendiente, ya la policía de El Paso nos está ayudando, nosotros ya pusimos la denuncia en El Paso, pero como Alejandro Máynez se fue a El Paso, nosotros no podemos hacer nada, estamos esperando que la policía de allá nos avise que ya le detuvieron».

Al tiempo, Irene Blanco se enteraría que jamás existió la denuncia local ante la policía de El Paso. Comentaba: «No es posible que veamos tantas cosas en este país y las tomemos como naturales, como normales». Mencionaba que había habido otras acusaciones directas contra Antonio Navarrete. Jamás han prosperado.

Cuando se involucró a Navarrete en alguna situación delicada, por ejemplo, una denuncia que le inculpaba como narcotraficante, el alcalde Gustavo Elizondo guardó silencio acerca de su propio funcionario policíaco. Navarrete ha sido intocable.

Además, había cosas extrañas, insistía la defensora.

—Tuve la oportunidad de entrevistarme con el entonces candidato Patricio Martínez, luego gobernador, quien me aseguró lo siguiente: le parecía que se les había pasado la mano en cuanto a lo fantasioso de la historia de Sharif y «Los Rebeldes». Así lo platicamos. Después, a la vuelta de cinco meses, repetía la misma historia y ligaba a Sharif con lo mismo. Los crímenes se daban, dirá, porque Sharif seguía pagándolos desde la prisión, porque era un hombre sumamente inteligente, sumamente peligroso…

Irene Blanco estaba convencida de que el delito más grave que cometió Sharif Sharif fue haber hablado y mencionado nombres. Así como haber delatado a policías y funcionarios en actos de corrupción.

—Eso está prohibido aquí —expresaba—, él no midió las consecuencias y yo siento que ése es el delito más grande que carga, por lo que se le está castigando, porque, respecto a lo otro, ni hay elementos ni hay manera de acusarlo de todo lo que se le inculpa.

Y detallaba las contradicciones del expediente que incrimina a Sharif Sharif. En particular, desestimaba el hecho de que una muchacha obrera de maquiladora, que entra a trabajar a un turno de ocho horas continuas, tuviera fuerza y ganas de llevar una doble vida. Así lo expresaron las autoridades en el caso de Elizabeth Castro García. Sobre todo, la defensora indicaba las contradicciones en la descripción fisionómica de Elizabeth Castro García y el cuerpo que presentaron las autoridades a la familia para que lo identificara. Proponía como prueba en contra que, de acuerdo con el informe criminológico, el cadáver medía 1,60 metros. Después, el informe forense hablará de 1,63 metros, en tanto Elizabeth medía, como consta en la denuncia por desaparición, 1,75 metros.

La defensa aportó una prueba a favor de tal dato: una fotografía en la que se ve un refrigerador General Electric de dos puertas que de fábrica tiene una altura de 1,70 metros. Elizabeth, que está de pie al lado, tiene una estatura superior al mueble. La imagen la aportó la familia a las autoridades cuando la muchacha desaparece, y consta en el página 70 del expediente.

Asimismo, Irene Blanco cuestionaba los datos contradictorios entre la fecha en la que desaparece Elizabeth y los días que tenía de muerto el cuerpo que se atribuye a ésta. Hay una diferencia entre ambos datos que provoca la duda razonable.

Las autoridades tampoco presentaron un análisis decisivo de ADN, a pesar de que anunciaron en su momento que esta prueba se había realizado. La defensora sospechaba que el resultado se ocultó debido a que era adverso a la causa oficial. Además, las declaraciones de los testigos, citaba, eran «inducidas, fantasiosas y absurdas». Por ejemplo, «resulta que Sharif estuvo en tres lugares distintos a la misma hora». La defensora exponía que en el caso de Sharif Sharif se hizo una averiguación carente de profesionalismo:

—No hay un solo elemento científico, no hay ningún examen real ni de los cuerpos ni de los lugares, y las declaraciones de los testigos son contradictorias entre sí, vagas, sueltas.

Los testigos, explicaba, dicen que vieron a Sharif Sharif salir con ella un jueves, y la muchacha desaparece un lunes. Su familia atestigua que ella no faltó ningún día a su casa, ni llegó tarde, pero a partir de esa declaración de los testigos el juez concluye que sí vieron a Sharif Sharif con Elizabeth Castro García. En consecuencia, afirman, Sharif Sharif fue quien la privó de la vida.

Tampoco la última persona que vio con vida a Elizabeth, una amiga de la escuela, avala con su testimonio las presunciones policíacas.

—Los jueces toman como válidas averiguaciones infundadas para dictar una sentencia de treinta años a una persona, cuando no está configurado ni siquiera el delito de homicidio —reclama la defensora—. Todas las averiguaciones que conocí en expedientes están por el estilo, son iguales, hay gente que está repitiéndose como testigo en un asunto y aparece también en otro. Y si ese tipo de cosas no les llama la atención a los jueces o no es importante para ellos, es cuando entendemos perfectamente que aquí ya no se trata de investigar el crimen y de dar con los culpables o de castigar al verdadero responsable de los crímenes.

Para Irene Blanco, el trasfondo era claro: conforme más se atacaba al químico egipcio, más se protegía a alguien. Y esto se observaba por la rutina de mentir en las averiguaciones, de mentir en los antecedentes, de consignar testimonios dudosos a falta de una investigación científica. Aseguraba:

—Tengo en mi poder todo el expediente de este asunto de Elizabeth Castro y gustosa lo pongo a la orden de cualquier abogado o de cualquier grupo de criminólogos. No esconderé jamás este expediente, al contrario, quien lo quiera para un análisis, para un estudio, gustosa se lo hago llegar, porque no es posible tolerar hasta donde hemos llegado.

La defensora describía el traslado de Sharif Sharif de Ciudad Juárez a la capital chihuahuense. Y recordaba que, al escuchar la noticia de que se le ligaba a éste con Jesús Manuel Guardado, «El Tolteca», le preguntó al químico egipcio:

—¿Y ahora qué? Es la tontería más grande, ni te preocupes, le dije. Me respondió: Cómo no voy a preocuparme si por una «tontería» ya tengo aquí tres años y medio.

No le faltaba razón.

La defensora advertía sobre el cariz político que, a su juicio, presentaba el caso contra Sharif Sharif: Víctor Anchondo Paredes, secretario de Gobierno del estado de Chihuahua, fue quien expuso al público las acusaciones que presumían un vínculo entre el químico egipcio y la supuesta banda de «Los Choferes». Por otra parte, a los acusados de pertenecer a tal banda se les presentó ante los medios de comunicación, y fue público que estaban muy golpeados. Habían sido víctimas de torturas para arrancarles las declaraciones.

Abundaron, asimismo, las mentiras acerca de las «cuentas millonarias de Sharif» en Estados Unidos. Se informó también de que tenía allá inmensas propiedades y regalías producto de sus patentes. Nunca se exhibieron las pruebas de estas versiones.

Una mañana que la fiscal Suly Ponce divulgaba cosas semejantes, Sharif Sharif llamó desde el teléfono público del penal al programa televisivo «Magazine del 5». Solicitó desmentir al aire a la funcionaria:

—La reto a que ambos nos sometamos a un detector de mentiras, a ver quién pasa la prueba, si usted o yo, porque todo lo que usted está informando son mentiras. Yo no tengo ni un centavo y si usted dice que encontró esas cuentas, todas se las regalo, son suyas y cualquier dinero que usted encuentre a mi nombre o que se ligue conmigo, ese dinero es suyo.

Aquello fue demasiado. De acuerdo con Irene Blanco, este desafío le ganó el traslado a Chihuahua.

Entre tanto, las autoridades insistían en probar que alguno de «Los Choferes» había estado en la cárcel para visitar al químico egipcio, pero fue un intento infructuoso. El entonces director del penal, Abelardo González, atestiguó que en los registros a su cargo eran inexistentes los nombres que alardeaban las autoridades. Incluso, este funcionario fue coaccionado, recordaba la defensora, para que modificara las listas a favor de las presunciones oficiales. Al negarse, fue obligado a renunciar luego.

El 2 de abril de 1999, Sharif Sharif pudo convocar una rueda de prensa, y declarar de nuevo que él carecía de dinero. También repitió su desafío a la fiscal. Sharif dijo: «Estamos viendo la misma mala película que nos hicieron ver cuando me acusaron de haber participado en asesinatos en compañía de “Los Rebeldes”». Tres días después, Sharif fue llevado a la ciudad de Chihuahua. Ahí le incomunicarían.

—La invención de las autoridades era la siguiente —apuntaba Irene Blanco—: supuestamente Sharif se había entrevistado con un sujeto al que le dicen «El Narco», que es un apodo que, según éste, se lo endilgaron a raíz de la investigación, y le dijo que necesitaba un asesino, que si conocía a alguien que se drogara y violara mujeres, que lo necesitaba para que le hicieran un «jale», porque necesitaba que matara a dos mujeres por semana. Entonces, presumen, «El Narco» dijo: «Sí, sí conozco», y luego volvió y le dijo a Sharif: «Ya tengo quien». «Ándale pues, tú las matas allá, nomás que aparezcan en el periódico, que sean dos por semana y me traes los calzones de las víctimas aquí y yo te pago mil doscientos dólares».

Las autoridades nunca presentaron ni las cuentas bancarias ni los prestanombres que avalaran aquello. Tampoco el mínimo indicio de algún cheque o transferencia de dinero de Sharif Sharif. Después dijeron que Newton Van Druner, que estuvo preso en el CERESO por falsificación de dólares, era el que financiaba al químico egipcio con dólares falsos.

—Pero se dijo, se dijo y se dijo, y nunca se probó nada ni se ha consignado nada —expresaba la defensora—. Todo queda a nivel de declaraciones en la prensa, de la fiscal, del procurador, del jefe de Averiguaciones Previas. Una se queda pensando nomás en la capacidad económica que puede tener un gobierno para pagar, inducir u ordenar notas periodísticas. Difícilmente algún particular podría hacerle sombra.

Al llegar Sharif Sharif al penal de Chihuahua le destinaron a una zona de alta seguridad como un reo muy peligroso. En un principio, era él quien no se dejaba hacer exámenes de ningún tipo: ni psicológicos, ni médicos, ni psiquiátricos. Entonces, le castigaron con un aislamiento completo.

—Legalmente estoy nombrada como defensa de Sharif en el expediente de Elizabeth Castro García y en la apelación de Chihuahua, pero es difícil poder verle porque es una constante que me cambian la jugada para impedírmelo. Un día llego y me dicen: «No puede». ¿Por qué? «Su cédula». No, yo no tengo cédula, no soy abogada, yo soy su defensora. «Ah, bueno, es que aquí nos tiene que traer una constancia de que es la defensora, porque de otra manera no puede entrar».

Ante el aislamiento insoportable, el químico egipcio accedió a que le practicaran un examen psiquiátrico. Debido a la presión de los medios de comunicación, las autoridades convocaron a una rueda de prensa donde se presentó Sharif Sharif, que insistió en acusar de corruptas a las autoridades.

Las autoridades filtraron a la prensa, sin prueba alguna, que el químico egipcio era adicto a la marihuana y a los psicotrópicos. Mientras tanto Renato Garza, el psicólogo del penal, declaraba lo contrario: Sharif Sharif es un hombre «sano mentalmente», un hombre que sabe distinguir entre el bien y el mal y que no tiene ningún problema. Añadió el especialista: «no es ningún psicópata, es un hombre mentalmente sano».

A pesar de semejantes declaraciones, evocaba la defensora, la fiscal repitió una y otra vez que Sharif era un «psicópata», y «Los Choferes» unos «degenerados».

Incomunicado en el penal de Chihuahua, Sharif Sharif inició una huelga de hambre para presionar a las autoridades y entrevistarse con el gobernador Patricio Martínez, pero nunca lo consiguió y debió desistir. Su defensora acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con el fin de poner la queja por incomunicación. Obtuvo que se relajara la disciplina. Pero las dificultades persistieron:

—Vuelvo otra vez a tratar de verlo, y se me limita la visita —comentaba Irene Blanco—, de nuevo porque «no soy su defensora», porque no presento la documentación «adecuada». Voy por los documentos al Tribunal y los presento la siguiente vez que acudo a Chihuahua. Es un domingo, y a pesar de llevar el documento que me pidieron, me dicen que no puedo entrar, porque los domingos está prohibida la entrada a litigantes y abogados. Alego entonces que asisto como visita familiar, me detienen: «No, pues no puede, porque si usted quiere venir así, tiene que avisar dos días antes para prepararnos». ¿Para que «se preparen»? Qué expresión tan sospechosa. No puedo verle.

Hasta el mes de septiembre de 1999, su defensora no pudo hablar con Sharif Sharif y descubrió que algo estaba mal con él. Encuentra a una persona privada de sus facultades mentales, que habla incoherencias y refleja una personalidad distante del Sharif Sharif que ella conoce. Estaba en un desaliño total de su persona, sucio, maloliente. Entre balbuceos, expresaría que le obligaban a tomar fármacos, y reiteraba historias inconexas de índole persecutoria, de amenazas de muerte, de incriminaciones sistemáticas. La defensora escribió una carta al gobernador de Chihuahua, le narraba las condiciones en las que se encontraba el interno. Volvió a recurrir a la CEDH. Nada prosperó ni hubo modificaciones.

Al final, sólo permitieron, como si fuese un privilegio, que se entrevistara con Sharif Sharif siempre y cuando la visita no excediera de veinte minutos, y que fuera vigilada por custodios.

Ir al penal de Chihuahua, precisaría Irene Blanco, era como visitar el infierno. Un lugar inhóspito en la periferia de la capital chihuahuense. Una mujer inerme en un microuniverso inhumano.

Ni la CNDH ni Amnistía Internacional (AI) intervinieron, a pesar de las peticiones interpuestas. La primera alegó respeto a la autonomía estatal. La segunda respondió con silencio. Sólo el organismo civil Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC) acudió en su ayuda, aunque con escasos resultados.

Las aguas en Chihuahua están muy turbias.

Mientras a la defensora se le obstaculizaba la visita a Sharif Sharif, las autoridades urdían reportajes de nota roja que trataban de aniquilar al químico egipcio, recordaba ella. Como el que publicó The Forth Worth Star-Telegram, donde se insistía en acusarlo, con base en suposiciones, de ser el sospechoso de un crimen que se cometió en Pennsylvania veintiún años atrás.

—Vivo con miedo, pero vuelvo a repetirlo: también vivo con el miedo de callarme, ¿cuál miedo será más válido?, o si los dos son válidos, ¿qué debo entonces hacer? —preguntaba la defensora—. Parece que lo único que falta es difundir mi nombre e incriminarme.

Irene Blanco estaba convencida de que en las acusaciones a Sharif Sharif jamás hubo una investigación científica. Y proporcionaba un ejemplo de cómo las autoridades reiteran los errores:

—Se realizó un foro en Nuevo México, en Las Cruces, y preguntaron a la fiscal Suly Ponce dónde estaban depositados los objetos de las mujeres víctimas de homicidio, y respondió que no existía ningún depósito, «porque hubo órdenes superiores que así me lo indicaron, porque ya no tenía caso seguir guardando ropas y cosas de ésas». ¿Cómo es posible que se destruyan evidencias? Esto quiere decir que los crímenes se van a quedar impunes, que hay que destruir todas las evidencias para que nunca se llegue al fondo de la verdad.

En efecto, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua prevé, para fines procesales, el aseguramiento y resguardo de los «instrumentos del delito» y cosas implicadas en éste. Lo contrario sería una trangresión de la ley.

Sobre el atentado a su hijo, Irene Blanco decía que, el 13 de mayo de 1999 había regresado de Chihuahua hacia las 6.30 de la tarde. Estaba sola en su casa y, cerca de las 8.00 de la noche, recibió una llamada telefónica, muy explícita: «Ándate con cuidado, porque donde más te duela ahí te damos», dijo una voz masculina.

Ella acababa de ofrecer una conferencia de prensa en la que entregó a los medios de comunicación copias de las cartas de queja que había expuesto a la CEDH y respondió las preguntas sobre la sentencia de la culpabilidad de Sharif Sharif. La prensa era su último refugio e insistiría en frecuentarla. Pocos días después, el 21 de mayo de 1999, su hijo sufrió el atentado contra su vida.

Como una muestra de la práctica de las autoridades, Irene Blanco citaba que, después de aquel ataque a su hijo, se hallaba afuera de la sala de operaciones, y se aproximó una enfermera.

—Señora, la buscan estos agentes de la policía judicial.

—¿Usted es la mamá de Eduardo Blancas?

—Yo no conozco a ningún Eduardo Blancas.

—Sí, es el joven que acaban de balacear.

—A mi hijo le balacearon, pero no se llama Eduardo Blancas, vaya usted a recabar la información pertinente y correcta, y luego venga a continuar con su investigación.

—Es que venimos porque le vamos a tomar la prueba del radiozonato…

Se preguntaba la defensora:

—¿Se puede creer? No traían ni siquiera el nombre correcto de la víctima.

Les respondió entonces que su hijo estaba en el quirófano, y que sólo el médico podría autorizarlos. Se retiraron.

Mientras, en el noticiario de la tarde, en el canal 56 y en el canal 44, se difundían cintillos noticiosos que decían: «Ajuste de cuentas entre narcos, balacera entre narcos en la avenida del Charro y Álamos de San Lorenzo, hay una víctima: Eduardo Blancas». Antes de indagatoria alguna, allí estaba el infundio. Habían pasado minutos después del atentado.

La defensora describía que el ataque sucedió en la avenida de la Raza, no en la avenida Álamos San Lorenzo y la avenida del Charro, como lo mencionaron las noticias. Había sido en avenida de la Raza y Lago Monitoga.

Hay una distancia considerable entre ambos sitios, pero la PJE insistía en divulgar los datos falsos, como el del apellido de la víctima. Bajo el pretexto de examinar indicios, retuvieron la camioneta de Irene Blanco que conducía su hijo. Ella demoró una semana en recuperarla. Tuvo que ir por ésta y, al recogerla, observó que habían robado la herramienta, los audiocassettes que traía, el extinguidor, el alternador e incluso sacaron la gasolina del tanque. Al llegar a su casa, notó también que las balas estaban todavía incrustadas en la camioneta. Más tarde, las autoridades se retractarían: «No fue un enfrentamiento entre narcos, fue un crimen, perdón, fue un asalto común».

Hasta la fecha, exigía Irene Blanco, «quiero que alguien me resuelva eso de un asalto común». Y preguntaba:

—¿Es un asalto común que alguien se te empareje en un vehículo en marcha y te vacíe la carga de una pistola? ¿Venían las víctimas con unas valijas de banco? Estoy de acuerdo, pero si salieron de su negocio con una paleta helada en la mano, ¿por qué los iban a asaltar? ¿De dónde sacaron que ya tenían un retrato hablado? A mí me consta que a Iván Molina le preguntaron una y mil veces que si los había visto, y dijo: «No vi a nadie porque veníamos platicando y de repente sentimos la balacera, vi una pick up gris de dos tonos, fue todo porque nos agachamos, nos tiramos, me tiré al piso, yo no le vi la cara a nadie». Sin embargo, ellos hablan y dicen que el retrato hablado lo dio Iván Molina. Puras mentiras. Por lo pronto, aquí ya quedamos como narcotraficantes.

Se lo decían sus hijos: «¿Por qué vamos a irnos de Ciudad Juárez, si lo que tú estás haciendo es una causa de justicia?». Pero el asunto era delicado.

—Lo digo con todas sus letras: si algo les pasa a mis hijos o a mí —precisaba Irene Blanco—, responsabilizo directamente a las autoridades de este estado, directamente al procurador y al gobernador. Cuando denuncié que había recibido amenazas y me las habían hecho efectivas, el procurador, rapidísimo, dijo: «Desligo a la fiscalía de esto». Pero yo nunca dije que la fiscalía tuviera que ver, nunca mencioné la palabra «fiscalía». Afirmé que la gente que hizo esto está dentro de la Procuraduría, pero la Procuraduría tiene muchos departamentos, no nada más la Fiscalía.

La defensora sentía que rozaba el límite de su resistencia al evocar el episodio del atentado contra su familia. Y sus convicciones se estrellaban contra los afectos.

La valentía termina donde comienza la imprudencia. Sus hijos terminarían por abandonar Ciudad Juárez. Ella también.

15. La familia feliz

En las votaciones presidenciales del año 2000 en México, Vicente Fox Quesada, candidato del PAN —partido del «cambio»— ganó la presidencia para el periodo 2000-2006. Obtuvo el voto de sólo 16 millones de mexicanos. 21 millones se abstuvieron de votar. Al presidente electo lo respaldaba una cuarta parte del espectro político de México. Era un mapa de lo que el país mismo descubría al verse en el espejo de los comicios después de más de siete décadas de gobiernos autoritarios del PRI.

Esta situación retrataba lo que había dejado de ser, lo que era incipiente y promisorio y lo que tendría que dejar de ser. Una fisionomía en espera de reconstruirse. Entre los retos imperativos del gobierno de Vicente Fox, se encontraban la seguridad pública y la reforma de la justicia. Pero las propuestas transicionales al respecto comenzaron a inquietar a la sociedad: ¿quién encabezaría tan estratégica tarea?

Apenas a unos días de que tomara el poder el nuevo gobierno, el ex procurador de Chihuahua, Francisco Molina Ruiz, persistía en obtener un nombramiento. Al llegar a la presidencia, Vicente Fox lo dejó fuera de su gabinete. La Procuraduría de la República quedaría en manos de un equipo de militares de alto nivel. En el caso de Molina Ruiz, las ambiciones políticas se vieron obstruidas por el agravio a muchas personas.

En aquellas fechas previas a la toma del poder del nuevo gobierno, el académico en derecho Miguel Sarre precisaba que era necesario erradicar la práctica de la justicia como un arma política. Señalaba que esto no había desaparecido en México con los nuevos gobiernos de oposición en diversos estados. Y corría el riesgo de suceder lo mismo con la alternancia presidencial. El también asesor del equipo de transición del presidente electo señalaba, en su cubículo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) —una escuela de élite al sur de la capital mexicana—, que la cultura jurídica al uso correspondía con el rezago y el atraso jurídicos del país. Y cuestionaba el uso de textos obsoletos de fuerte carga autoritaria que llevaban consigo una tradición fascista.

—Los abogados que siguen recibiendo esas enseñanzas —enfatizaba— están en todos los partidos. No hay un cambio cultural ahí.

Argüía que la resistencia más fuerte al cambio se encontraba en la mentalidad de la abogacía, en su formación. Para la reforma de la justicia en México, explicaba, era fundamental acotar el Ministerio Público, quitarle todas las atribuciones de tipo «jurisdiccional» que siempre ha realizado:

—La obligación del Ministerio Público no es demostrar para sí que hay delito que perseguir —distinguía, profesoral—, sino llevar el caso ante el juez para que éste determine si hay o no delito. Si a un acusado le van a llevar directamente ante el juez, ya no vamos a tener esa etapa de averiguación previa que conocemos.

Este cambio implicaría, acotaba Sarre, modificar el régimen de la prisión preventiva. Sugería, en consecuencia, modificar el sistema para que las personas pudieran ir ante el juez sin estar detenidas. Si se eliminara la prisión preventiva, vislumbraba, se reduciría a la mitad el número de presos. Asimismo, Sarre encontraba un punto de alarma en la existencia y prácticas de la policía judicial de todo el país:

—Está muy viciada. Es mucho más lo que se puede hacer con una policía preventiva. La policía judicial es un gran problema por el gran poder que se le ha dado. Es un poder sin control, y donde no hay controles externos, habrá corrupción —alertaba.

El asesor de Vicente Fox propugnaba construir un ministerio público autónomo. Un nuevo sistema de justicia penal donde el proceso se definiera ante el juez. Para lograrlo, el Ministerio Público tendría que perder el poder de integrar el proceso y llevarlo ya prefabricado ante el juez. A su vez, la policía judicial estaría sometida al ministerio público y se limitaría a la función de investigar. Dejaría de invadir el terreno de la prevención del delito. Esto desmantelaría toda la estructura paralela al Ministerio Público que existe por parte de la policía judicial: jefes de grupo, comandantes, etcétera. Concluía Miguel Sarre, contundente:

—En México, un comandante tiene más poder que un ministro de la suprema corte, y esto es inaceptable.

Con el arribo al poder de la nueva presidencia de Vicente Fox, algunas de aquellas propuestas serían realizadas y otras no. Los procuradores de los diversos estados de la República mexicana mostraron reticencia cuando el gobierno de transición les propuso la reforma de un ministerio público ajeno al poder ejecutivo de cada entidad. En cambio, la presidencia de Vicente Fox fundó una Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y se propuso convertir la PGR en una agencia investigadora. Era la única forma, se dijo, de enfrentar los embates del crimen organizado. Habría asimismo un Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para coordinar las tareas del área.

El 25 de julio del 2000, Francisco Molina Ruiz y José Luis Reyes Vázquez anunciaron, como coordinadores de justicia y seguridad pública del presidente electo, las directrices de su programa para atacar la delincuencia organizada. Los medios de comunicación citaron la carrera de Francisco Molina Ruiz. Su paso por la Procuraduría de Chihuahua (1992-1996), su fugaz estancia a cargo del INCD (1996) y su senaduría por el PAN entre 1997 y 2000. Allí, había presidido la Comisión de Seguridad Pública del Senado. También había sido secretario técnico del Grupo de Contacto de Alto Nivel México-Estados Unidos.

Con todo, las informaciones dejaban de lado lo que tenía mayor importancia: la calidad de su gestión en los puestos que había cubierto. El examen de su trayectoria. Algunos le defendían a ultranza, como José Luis Barraza González, presidente saliente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de Chihuahua. Opinaba que Francisco Molina Ruiz, al igual que el gobierno de Francisco Barrio Terrazas, había sido «muy transparente y eficaz». Y pensaba que era lógico que a Molina Ruiz se le hubiera empezado «a golpear», o a revivir casos añejos que ya estaban incluso archivados. Precisaba:

—En Chihuahua no se tiene conocimiento de que Molina Ruiz mantenga vínculos con el narcotráfico. Quisiera preguntar si realmente existen pruebas en esas acusaciones —desafiaba.

Algo análogo sostenía José Luis Rodulfo, director de la Asociación de Maquiladores de Chihuahua (AMCH), ya que consideraba que Molina Ruiz y Barrio Terrazas habían demostrado su «compromiso, lealtad y honestidad» mientras fueron funcionarios del estado, cualidad en sí indispensable, decía, para representar los intereses de la sociedad. Por su parte, la jerarquía católica se abstuvo de expresar su voz sobre el tema.

Pero otros que conocían a Molina Ruiz como funcionario, o le habían padecido en carne propia, veían en su nombre un sinónimo de negligencia e insensibilidad. Por ejemplo, era pública la protesta contra Francisco Molina Ruiz de la AFAPD, el grupo civil fundado en El Paso, Texas, en julio de 1997, que pretendía localizar a 196 desaparecidos en la frontera norte mexicana, entre ellos 22 ciudadanos de Estados Unidos. Jaime Hervella, que había fundado la asociación, afirmaba que mientras Molina Ruiz fue procurador, los familiares y amigos de personas desaparecidas jamás encontraron el mínimo apoyo a sus demandas. Hervella recordaba que, años atrás, hubo un fin de semana en Ciudad Juárez pleno de hechos de violencia muy aguda. Cuando se le preguntó a Molina Ruiz cuáles serían sus acciones, se limitó a decir, despectivo, que las víctimas eran «narcotraficantes u homosexuales», y por lo tanto no había nada que hacer. Con él no podía contarse, «porque dejó las puertas abiertas al crimen organizado».

Hervella sentía como un agravio íntimo la presencia de Molina Ruiz al lado de Vicente Fox. Había perdido a su ahijado y la esposa de éste, Saúl Sánchez junior y Abigail Martínez de Sánchez, en un «levantón» en Ciudad Juárez el 24 de mayo de 1994, cuando Molina Ruiz era procurador del estado de Chihuahua. El desaparecido era un especialista en telecomunicaciones de la Marina de Estados Unidos que al licenciarse inventó un aparato para rastrear e intervenir llamadas telefónicas. En algún momento, relataba Hervella, había entrado en contacto con la PGR de México, y le propuso adquirir aquel invento para el combate al crimen organizado. El aparato resultó tan eficaz que arruinó algunos negocios del narcotráfico. Hervella creía que a esto se había debido la desaparición de su ahijado. Mencionaba que había sido inútil acudir lo mismo a Molina Ruiz que a quien le sucedió en el cargo, Arturo Chávez Chávez. Y tenía en la memoria un episodio:

—En algún momento, siendo procurador de Chihuahua, el incompetente de Chávez Chávez declaró en una rueda de prensa: «Debo de confesar que en esta ocasión la PGR no me avisó por adelantado del “levantón” que vinieron a hacer».

Para Hervella y muchos familiares y amigos de personas desaparecidas aquello constituía una confesión explícita de complicidad con un delito. Jaime Hervella declaraba que, a pesar de las dificultades de por medio, solicitaría extraditar a Arturo Chávez Chávez a los Estados Unidos para que compareciera ante un juez y aclarara su responsabilidad en el caso de los ciudadanos estadounidenses desaparecidos en Chihuahua.

Sobre el operativo binacional en los «narcocementerios», que se dio en Ciudad Juárez entre noviembre y enero de 1999, Hervella comentaba, en su español exacto con ligero acento estadounidense:

—Los ranchos y los laboratorios clandestinos de droga, como los desaparecidos, son cosas que surgieron durante el gobierno de Francisco Barrio Terrazas.

—¿Y Molina Ruiz? —se le preguntaba.

—Molina Ruiz está hasta las orejas —decía—. Nadie jamás le investigó nada.

Para Jaime Hervella y sus compañeros de reclamo, a los que tanto la PGR como el gobierno de Estados Unidos reconocían como interlocutores, el nombre de Francisco Molina Ruiz remitía al recuerdo de burlas y humillaciones. O de falta de respeto a las víctimas, a las que etiquetó una y otra vez como delincuentes o narcotraficantes, sin que mediara una investigación. La prueba, insistía, eran los 2000 expedientes inmóviles durante las gestiones de Molina Ruiz y de Chávez Chávez.

Hervella iba más allá todavía. Revelaba que la falta de voluntad para encontrar a los desaparecidos provenía de un propósito sospechoso:

—Es para proteger al grupo de Francisco Barrio Terrazas, pues existe un documento oficial con declaraciones firmadas por un individuo acerca de que Barrio fue financiado por el Cártel de Juárez —puntualizaba.

Hervella se refería a documentos muy comprometedores.

En efecto, en las actas del llamado «maxiproceso» contra el Cártel de Juárez de la PGR, Francisco Barrio aparece como protector del narcotráfico a cambio de «fuertes cantidades de dinero». Este documento causaría un revuelo cuando fue divulgado, el 15 de octubre de 2000, por Diana Washington, reportera de El Paso Times, semanas antes de que Vicente Fox tomara el poder. Implica un testimonio oficial de la investigación contra el Cartel de Juárez en el que consta que el ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, recibió pagos de Amado Carrillo Fuentes, jefe de jefes de ese grupo de narcotraficantes. Fue a cambio de protección a sus actividades ilícitas. Es el documento conocido como PGR/UEDO N.º 157/98.

El 25 de marzo de 1997, Tomás Colsa MacGregor, joyero y amigo de Carrillo Fuentes, había revelado a las autoridades: «El mismo Carrillo Fuentes tiene relaciones y le brindan protección los gobernadores actuales de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Sonora y Chihuahua, incluso le comentó Amado al declarante que este último gobernador panista de apellido Barrios (sic), ya había abusado en pedirle fuertes cantidades de dinero a Amado Carrillo a lo cual a éste ya lo tenía “molesto” por estar pidiendo siempre dinero».

Asimismo, el entonces testigo protegido Colsa McGregor, que fue secuestrado, torturado y asesinado el 5 de julio de 1997 en la capital mexicana, decía en su declaración que «sabe y le consta que el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes tiene amistad y le brinda protección el gobernador de Morelos Jorge Carrillo Olea».

Desde marzo de 1997, la información sobre los vínculos de Amado Carrillo Fuentes con Francisco Barrio Terrazas la tuvo, por tarea de inteligencia del ejército mexicano, el secretario de la Defensa Enrique Cervantes Aguirre.

En su momento, los testimonios de Colsa McGregor permitieron a las autoridades federales levantar diversos cargos contra decenas de personas en el «maxiproceso» contra el Cartel de Juárez. Muchos salieron libres por falta de pruebas. Pero, junto con otros elementos probatorios, dichos testimonios encarcelaron a los generales del ejército mexicano Francisco Humberto Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro. Y convirtieron en prófugo de la justicia al ex gobernador del estado de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, después preso.

La vocera de prensa del presidente electo, Martha Sahagún —que al paso de los meses contraería matrimonio con éste—, se limitó a comentar que «el señor Barrio es una persona de honorabilidad intachable», y su trayectoria «bien conocida», además de ser una «persona honorable». Sin embargo, eludió referirse al testimonio de Colsa McGregor, a pesar de tener ya una copia del documento en su poder.

Si bien Barrio Terrazas al principio se negó a opinar sobre los cargos en su contra, en cuanto El Paso Times difundió el testimonio aquél se apresuró a negar su contenido y a descalificar al testigo, un «delincuente». El propio Vicente Fox deploró la nota de aquel diario, y agregó:

—No sé cómo puede haber este tipo de afirmaciones dolosas, sin sustento, simple y sencillamente oportunistas, buscando desacreditar a una persona que está colaborando con plena honestidad y transparencia.

Nada quiso saber ni investigar. Reiteraba que, a pesar de todo, incorporaría a Barrio Terrazas a su gabinete, a quien defendía por su «gran moralidad».

A partir del 1.º de diciembre de 2000, el ex gobernador de Chihuahua se convirtió en el secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM). Es la institución federal encargada en México de combatir la corrupción y la impunidad de los funcionarios públicos.

La propia PGR había exonerado a Jorge Carrillo Olea, al declarar que no existía indagatoria alguna en esa institución en torno de los vínculos del ex gobernador de Morelos con el Cártel de Juárez. No sucedió lo mismo con Francisco Barrio Terrazas. La PGR guardó silencio.

El tema de la cercanía de Barrio Terrazas con el narcotráfico ya había trascendido en 1998. En el libro Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México, el Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada (IMECO), —que dirigía un ex funcionario de Inteligencia Federal—, difundió que el piloto del entonces gobernador de Chihuahua era miembro de la organización de Amado Carrillo Fuentes. De nombre Héctor Valdés, el piloto se encargaba de contratar las tripulaciones para los embarques aéreos de la droga del narcotraficante. Dicho libro circuló sin que conociera reparo legal por parte del gobernador involucrado.

Acerca de las incriminaciones de Colsa McGregor a Barrio Terrazas, el funcionario federal al mando de las investigaciones contra el narcotráfico, José Trinidad Larrieta, hizo saber que nada comentaría al respecto.

Por su parte, Carlos Becerril, vocero del procurador de la República, dijo que, excepto el ex gobernador de Quintana Roo, ningún otro de los gobernadores mencionados en aquella acta testimonial encaraban cargos federales. Sin embargo, las autoridades mexicanas aseguraron que el testimonio de Colsa McGregor implicaba una investigación abierta, de allí que las acusaciones contra Barrio Terrazas permanecieran en actas oficiales.

El documento difundido por el diario tejano procedía del voluminoso expediente de extradición de Lucio Cano, un abogado juarense residente en El Paso, Texas, al que las autoridades mexicanas quisieron extraditar en septiembre del 2000. Un juez federal de esta localidad denegó la solicitud.

El expediente de más de dos mil páginas había llegado a esta corte a través de la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México y el Departamento de Estado del país del norte.

Aquel testimonio de Colsa McGregor ya se conocía, y la prensa lo había citado antes, pero era la primera vez que se presentaba al público en forma facsimilar. Irrebatible en su procedencia.

También fue transcrito en el libro La historia secreta del narco. Desde Navolato vengo, de José Alfredo Andrade Bojorges, que se publicó a principios de 1999. Con todo, los documentos de los procesos contra el Cártel de Juárez representaban un peligro. Como lo ejemplificó el destino de este último autor.

El 20 de julio de 1999, Andrade Bojorges acudió a comer en un restaurante de la Zona Rosa de la Ciudad de México con unos amigos abogados. Al salir del restaurante, pudo ver que un auto se aproximaba para cerrarle el paso. Andrade Bojorges iba en compañía de un amigo. Tan veloz fue la acción que su amigo sólo pudo ver cómo un sujeto desconocido se bajaba del auto, subía a la fuerza a su acompañante y de inmediato el auto se daba a la fuga. Andrade Bojorges llevaba en la mano un portafolios que contenía su archivo particular. A la fecha, José Alfredo Andrade Bojorges se encuentra desaparecido. Dejó pendiente una segunda obra que había anunciado en la prensa, donde ampliaba sus revelaciones sobre el narcotráfico y otros temas similares. Por ejemplo, el grupo de poder —formado por personajes dudosos como el ex procurador General de la República Enrique Álvarez del Castillo y el ex subprocurador Javier Coello Trejo— en torno del entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Alejandro Gertz Manero. Este último funcionario llegaría al gabinete presidencial con el gobierno de Vicente Fox como secretario de Seguridad Pública.

A lo largo de los años, Francisco Molina Ruiz había disfrutado de la amistad y el compadrazgo con Francisco Barrio Terrazas. El paso por la Procuraduría de Chihuahua le había convertido en «experto» en el tema de justicia y seguridad pública del PAN. De allí su arribo al círculo foxiano, que desvelaba un inconveniente mayor: sus logros en dicho ámbito, si no nulos, eran polémicos al menos.

El 3 de diciembre de 1996, el procurador panista Antonio Lozano Gracia dejó su cargo al frente de la PGR. También se iba con él Francisco Molina Ruiz, que había dirigido el combate a las drogas. Al año siguiente, la propia PGR demostró, cifras de por medio, que la gestión de Molina Ruiz al frente del INCD era poco competitiva comparada con la que vino después. En marzo de 1997, la senadora estadounidense Dianne Feinstein criticó que, a pesar de la detención de los jefes del Cártel del Golfo el año anterior, México se había negado a perseguir al Cártel de Juárez: un cártel cayó y el otro despuntó.

Así, mientras Vicente Fox estuvo en campaña, Francisco Molina Ruiz hizo lo propio. En marzo de 2000, declaró contra los militares de la guarnición en Ojinaga, Chihuahua. Pugnaba por una diputación de su partido, que al final se malograría. Acusaba a aquéllos de solapar al narcotráfico. En especial, atacó al general Domiro García Reyes, ex jefe la escolta de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, asesinado en 1994.

Meses después, durante las semanas previas a la toma de poder del presidente electo, Francisco Molina Ruiz estuvo muy activo. Como asesor de Vicente Fox, encabezó el primer contacto del nuevo gobierno con su virtual homóloga Janet Reno de Estados Unidos.

Más tarde, el funcionario insistió en su proyecto para el combate al crimen en México mediante dos medidas: transformar la PGR en una «Fiscalía General de la Federación» y «desmilitarizar» la lucha contra el narcotráfico. Además, se proponía reformar el ministerio público; y, por último, crear una policía a semejanza de la agencia FBI de Estados Unidos. Durante una primera visita a la PGR, Molina Ruiz aseguró, sin embargo, que se apoyaría en los viejos comandantes de la policía judicial para ejercer sus tareas. Luego, ya encolerizado, Francisco Molina Ruiz lanzaría una acusación explícita a todos sus detractores:

—Quienes me critican están vinculados al narcotráfico.

Pero no sólo eran opiniones lo que sus adversarios esgrimían en su contra.

El 2 de noviembre de 1995, Heidi Slauquet fue víctima de un «levantón» en las afueras del aeropuerto de Ciudad Juárez. No se ha vuelto a saber de ella. A pesar de que se hizo denuncia estatal y federal, jamás hubo una investigación. El procurador de Chihuahua era Francisco Molina Ruiz. La periodista Isabel Arvide, coadyuvante de la causa de la víctima, explicaba que, desde el principio, Molina Ruiz quiso disuadirla de que presentara la denuncia por desaparición, y le recomendó que «no se metiera en líos». Arvide insistió, y el comandante Francisco Minjárez le tomó la denuncia estatal. Incluso Molina Ruiz llegó a mentir para convencerla de que no perseverara. Afirmó que se «había visto viva» a la víctima en El Paso, Texas, y que estaba adscrita a un programa de «protección a testigos» en Estados Unidos. Esto después lo desmentirían las autoridades de tal país. El mismo procedimiento disuasorio lo hizo aquel funcionario con otros familiares o amigos de desaparecidos.

La periodista juzgaba que las autoridades «estaban coludidas» con aquella desaparición. Arvide contaba que, ante la negligencia de Molina Ruiz, ella debió investigar. Y alertó sobre los nexos subyacentes del narcotráfico. En los casos de desapariciones, como en los de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, afirmaba la periodista, no había habido ninguna investigación más allá de una denuncia en un expediente que pasa al olvido. Isabel Arvide —una reportera influyente en altos círculos del poder en México— logró saber que, mediante un «levantón» similar al que padeció Slauquet, desaparecieron días después los hermanos Francisco y Armando Rayos Jáquez, a manos de un grupo armado que viajaba en vehículos pertenecientes a la Delegación de la Procuraduría de la República en Chihuahua. En esa época, Arturo Chávez Chávez se hallaba a cargo de dicha oficina y, al pasar Molina Ruiz al INCD, se convirtió en procurador de Chihuahua.

En las denuncias formales sobre aquellas desapariciones, Chávez Chávez aparecía indiciado, y como procurador decidió omitir la investigación de rigor. Evitaba así encarar la responsabilidad al respecto que le afectaba a él y a Molina Ruiz.

Ante la indiferencia de las autoridades estatales y federales, la periodista se dedicó entonces a escribir y publicar su libro sobre el caso, que tituló Muerte en Juárez. Allí, alude a los vínculos de su amiga con narcotraficantes intocables, a su entorno de ranchos, orgías y desapariciones bajo una red de protección municipal, estatal y federal.

En tal libro, publicado en 1996, Francisco Minjárez es uno de los protagonistas, al que la autora describe como imperturbable, paciente, cortés, astuto. Siempre tenía la respuesta justificatoria de su inacción en la punta de la lengua. Ante las sospechas de Arvide, Minjárez replicaría:

—Si bien en el libro de Isabel Arvide aparece el relato de su denuncia de hechos ante la autoridad tanto federal como estatal, en el expediente no aparece nada de eso. ¿A título de qué pudo haber una investigación? —se justificaba.

Alguien había borrado las huellas.

En 1997, al fundarse la AFAPD, el nombre de Heidi Slauquet se añadió a la lista. Al mismo tiempo, y por presiones de la reportera, se reabrió su caso en la PGR, esta vez en la unidad de combate al crimen organizado. En consecuencia, se logró una cita ministerial para que comparecieran ante la autoridad federal Chávez Chávez, Minjárez y otros funcionarios locales. Ninguno de ellos compareció. Mientras tanto, el fiscal especial Jorge Castañeda Espinosa de los Monteros encontraba irregularidades en la actuación del entonces delegado de la PGR en Chihuahua, Hernán Rivera, ex jefe de averiguaciones previas de Molina Ruiz en la Procuraduría de Chihuahua, y responsable de las primeras pesquisas sobre los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez, además de estar implicado en la desaparición y muerte del policía judicial Javier Lardizábal Hernández —a decir de los familiares de la víctima—. A causa de aquellas anomalías, Rivera debió abandonar la delegación federal.

El 31 de diciembre de 1997, la escolta de Isabel Arvide, proporcionada por la PGR, sufrió un atentado —«una amenaza»—, dice ella. Un policía de su escolta quedó herido de bala. Sin embargo, la reapertura del caso de Heidi Slauquet se detuvo ante la sospecha, según la propia procuraduría, de que algunos investigadores a cargo estuvieran «infiltrados por el narcotráfico».

—Coincidentalmente, se para la investigación —asegura Arvide— cuando ya hay posibles implicaciones de colaboradores muy cercanos a Molina Ruiz, por ejemplo el propio Francisco Minjárez.

Poco después, se nombró a otros agentes, pero en cuanto éstos continuaron las indagatorias en la frontera norte, se anunció que la Policía Judicial de Chihuahua los detuvo, el 17 de mayo de 1998. Los acusaban de ser secuestradores. Eran Iván Bañuelos, Froylán Castillo García y Luis Manuel Lara García, adscritos a un comando de la Judicial Federal en Ciudad Juárez.

Los policías habían recibido entrenamiento en España sobre superación profesional y decencia, en la Academia del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila. Juan Jesús Aznárez publicaría, en El País del 11 de junio de 1999, un reportaje acerca de este caso. Los policías declaraban que habían sido víctimas de una trampa por parte de la «mafia imperante en la ciudad fronteriza, una fraternidad delincuente que asesina, secuestra, prospera con el narcotráfico y no admite intromisiones». El trío de policías aquel tenía casi concluidas 13 indagatorias de desapariciones en Ciudad Juárez y preparaba ya las correspondientes órdenes de detención. Uno de los casos era el de Heidi Slauquet. Las autoridades de Chihuahua nada habían investigado antes: «Había policías de la Judicial del Estado implicados, entre mandos medios y agentes».

Al detener a Iván Bañuelos y sus compañeros, la Policía Judicial de Chihuahua incautó la información confidencial de los investigadores, escribía Aznárez en su reportaje. La detención aconteció un par de días después de que, en Ciudad Juárez, la Judicial Federal ejecutó un cateo en una propiedad del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes llamada «El Bunker». Y coincidió también con otra circunstancia: los investigadores estaban a punto de citar a declarar al jefe de la PJECH sobre las personas desaparecidas.

En mayo de 1998, cuando suceden aquellos hechos, Alejandro Castro Valles era el primer comandante de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua, Heriberto Lachica era coordinador operativo, Francisco Barriga fungía como segundo comandante y Francisco Minjárez estaba a cargo del Grupo Especial Antisecuestros. El último y el primero de ellos reaparecerían en el futuro, siempre vinculados con los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez.

La periodista Isabel Arvide consideraba que las acusaciones contra los investigadores especiales habían sido un invento de Francisco Minjárez —en 2002, Iván Bañuelos continuaba preso e incomunicado en Chihuahua—. Desde aquel entonces, las indagatorias sobre el caso de Slauquet se interrumpieron.

Cuando a finales de 1999 se desató el operativo binacional sobre «narcofosas» en ranchos juarenses, el procurador de la República Jorge Madrazo ofreció una disculpa a la periodista:

—Tenías razón, Isabel: te sigo debiendo la investigación sobre Heidi Slauquet —le dijo.

Después, el caso quedó en manos de José Trinidad Larrieta, de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR —este funcionario renunciaría a dicho puesto a principios de 2001.

Al margen de la identificación de siete de las nueve osamentas halladas en las «narcofosas», las indagatorias sobre desaparecidos quedaban inconclusas. Sin embargo, en los documentos oficiales consta lo que Francisco Molina Ruiz dijo «no recordar» en los casos de desapariciones: la huella del narcotráfico.

Isabel Arvide contaba que buscó al nuevo gobernador de Chihuahua Patricio Martínez, pero nada mejoró. Todos parecían «coludidos», se quejaba.

Había otro aspecto obscuro en la carrera política de Francisco Molina Ruiz que revelaba las connivencias del grupo de poder al que pertenecía. Cuando el Congreso de Chihuahua revisó las cuentas de la gubernatura (1992-1998) de Francisco Barrio Terrazas, se descubrieron varias anomalías. Samuel Schmidt, politólogo y académico, precisaba que él había solicitado a Barrio Terrazas que le explicara en persona el embrollo. En especial, el asunto de un préstamo a Molina Ruiz, en el que intervino el gobierno del estado.

De acuerdo con el Congreso local, Molina Ruiz pidió un préstamo al banco, nunca pagó y quien pagó fue el gobierno del estado. Incluidos los intereses. Según la versión del propio Barrio Terrazas, en testimonio grabado por Samuel Schmidt el 21 de julio de 1997, el préstamo lo otorgó el gobierno a Molina Ruiz.

Y «fue para pagar sus servicios», ya que éste «había cerrado» su despacho jurídico al incorporarse a la Procuraduría de Chihuahua en 1992.

Schmidt, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), categorizaba:

—Si aquélla no es una prestación para todos los funcionarios del estado, como reconoció Barrio ante mí, entonces es un peculado, porque no hay partida presupuestal que lo permita y el dinero se tomó de otra, aunque nadie levantó una acusación formal.

Molina Ruiz, procurador de Justicia del Estado, sabía que se violaba la ley en su beneficio, y lo aceptó. Más tarde, adujo en respuesta a los cuestionamientos que él ya había pagado el préstamo. Nunca hizo público el comprobante del pago. Interrogado al respecto, el ex senador respondía que dichas acusaciones eran parte de un rencor partidario:

—Cada vez que hay un movimiento político de mi parte, se dan campañas en mi contra.

El académico Samuel Schmidt explicaba que este tipo de justificaciones —el supuesto trasfondo político o partidario de los cuestionamientos— tenía un motivo:

—Ellos siempre plantearon «el cambio»: el cambio viene desde Chihuahua. Inclusive, un chiste típico de Chihuahua con Barrio decía: efectivamente Chihuahua cambió, pero cambió de manos. Porque fue una truhanería lo que pasó aquí con ellos. Resultaron peores que los priístas.

A principios de la década de los ochenta, el PAN, partido de derecha y adversario tradicional del entonces oficialista PRI, logró triunfos electorales en el norte de la República mexicana. Por ejemplo, en 1983, Luis H. Álvarez llegó a la presidencia municipal de la ciudad de Chihuaha, capital del estado, Francisco Barrio Terrazas a la de Juárez y Rodolfo Elizondo a la de Durango. Era el despertar del «neopanismo», una mezcla de intereses de grupos, estrategias y discursos empresariales, pragmatismo político, fobia anticentralista y desdén ante la doctrina histórica de su propio partido. Esta tendencia contaría con el apoyo de la Iglesia católica para imponerse como fuerza política mediante una postura rupturista y de confrontaciones, que tuvo gran impacto propagandístico dentro y fuera de México. Allí confluyó un grupo «parapolítico» de extrema derecha, denominado Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC).

El triunfo electoral de Barrio Terrazas para la gubernatura de Chihuahua en 1992 se consideró una muestra del «cambio» en México. En Chihuahua, se llegaría a conocer al primer círculo de Francisco «Pancho» Barrio Terrazas —que incluía ante todo a su hermano Federico— como la «familia feliz». A ella pertenecía también quien habría de ser alcalde de Ciudad Juárez, Gustavo Elizondo (1998-2001). Era, en parte, un ramaje de la influyente empresa Cementos Chihuahua y su vaivén partidario.

Por ejemplo, el procurador del gobierno estatal del PRI a partir de 1998, Arturo González Rascón, fue abogado de la empresa Cementos Chihuahua. Esta empresa es propiedad de los Terrazas, Federico y Luis Enrique Terrazas: Luis Enrique Terrazas pertenece al PAN, fue secretario de Desarrollo Económico durante la gubernatura de Barrio Terrazas y contendió por la candidatura a gobernador del estado en las elecciones de 1998. En el último momento, hizo una alianza con Ramón Galindo para que éste fuera el candidato del PAN, que a la postre perdería. Así, dejaron fuera del juego a Eduardo Romero, que era el candidato fuerte. Al hacer esto, favorecían al candidato del PRI, Patricio Martínez, que en su momento llegaría a la gubernatura.

Arturo González Rascón, el procurador, fue socio del despacho del secretario de Gobierno de Patricio Martínez, Víctor Anchondo Paredes. Éste también trabajó para los Terrazas. Arturo Chávez Chávez, ex procurador durante la gubernatura del PAN y ex delegado de la PGR en Chihuahua, es sobrino de Luis Enrique Terrazas y militante del grupo DHIAC. En suma, un clan empresarial y político con sus respectivas clientelas.

El propio Barrio Terrazas recibió apoyos económicos de otro empresario de Ciudad Juárez, Valentín Fuentes, para llegar a la gubernatura de Chihuahua en 1992.

Durante el periodo previo a la toma de la presidencia de Vicente Fox, la prensa divulgó también irregularidades adicionales de Barrio Terrazas. Las había detectado la Contaduría General del Congreso de Chihuahua. Ascendían a más de 25 millones de pesos, en la cuenta pública del organismo descentralizado llamado Promotora de la Industria Chihuahuense. Algunas de las operaciones de ésta parecían constituir el delito de peculado.

Se encontró también que Francisco Molina Ruiz «fue favorecido», en forma indirecta, con la indemnización que pagó el gobierno a los dueños originales de un predio en litigio, cuyo beneficiario tuvo como defensa el despacho privado de Molina Ruiz. Al paso del tiempo, el Congreso local se negó a otorgar la aprobación de la cuenta pública del gobierno de Francisco Barrio Terrazas, y turnó las investigaciones a la Procuraduría de Chihuahua. Todavía en el verano de 2001, las autoridades prometieron «investigar» los hechos.

El periodista Luis Javier Valero, dirigente del PRD en Chihuahua, ha detallado una decena de ejemplos del gobierno de «cambio» de Francisco Barrio Terrazas, que incluyen empresas y transacciones irregulares, gastos excesivos, nóminas discrecionales, nepotismo, etcétera —en julio de 2002, se notificaría de una denuncia judicial de una ciudadana estadounidense contra Barrio Terrazas por despojo de 2800 hectáreas de terrenos urbanos en Ciudad Juárez.

Samuel Schmidt, ex director del Centro de Estudios Interamericanos y Fronterizos de la Universidad de Texas en El Paso, recordaba que cuando Molina Ruiz se convirtió en procurador en 1992, se generalizaron los secuestros. Y se extendió el abigeato en la sierra, quizás vinculado al narcotráfico. También comenzaron los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y las desapariciones sistemáticas. Así, esta población se convirtió en la «capital mundial de los desaparecidos. Y cuando Molina Ruiz deja la PGJECH y se va al Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD), es cuando el narco sienta sus reales en Ciudad Juárez», detallaba el académico.

—Molina Ruiz no tiene la menor autoridad para hablar de seguridad pública —criticaba Schmidt— por una razón: cuando el señor estuvo en los puestos que implicaban esa responsabilidad, su gestión fue mala.

Schmidt consideraba una «barbaridad» por parte de Molina Ruiz la reducción del problema del narcotráfico a un asunto policíaco, su enfoque al margen de la seguridad nacional. Para colmo, señalaba, el área policíaca era donde había fracasado como funcionario.

A su vez, la defensora de los derechos de la mujer Esther Chávez Cano cuestionó la presencia de Francisco Molina Ruiz al lado de Vicente Fox, ya que había mostrado muy poco interés en atender los homicidios contra mujeres y los casos de «levantones» en Ciudad Juárez. Y atestiguaba:

—Es gente que no ha hecho un buen papel, ¿qué hizo cuando estuvo en la PGR, donde no lució? Tampoco se notó cambio alguno cuando llegó al Senado, por lo tanto, no es ninguna carta a la que podamos apostar. No es el hombre capacitado para encabezar la reforma de la justicia y la seguridad pública del país —decía—. Supongo que tampoco lo es para los familiares de las víctimas que hemos hablado con él cuando fue procurador aquí.

Ante estos cuestionamientos, Molina Ruiz negó incluso lo que era un asunto público y registrado, como haberse entrevistado con Esther Chávez Cano y las representantes de los grupos juarenses en defensa de la mujer.

El presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, Alberto Medrano Villarreal, compartía la opinión adversa sobre Molina Ruiz. Recordaba, por ejemplo, que la madre del desaparecido Horacio Iván López Castaño, Bertha López viuda de Castaño, llegó a entrevistarse en persona con Molina Ruiz, quien en su presencia recibió una noticia telefónica sobre el paradero de aquél. Más tarde, Molina Ruiz negaría los hechos, cuando ya era comisionado del INCD. La mujer insistía en que Francisco Molina Ruiz tenía responsabilidad en esta desaparición.

El presidente de la Barra y Colegio de Abogados juarense afirmaba que instó a los familiares y amigos de las víctimas a formar una asociación civil para defender sus derechos. Éstos habían recibido amenazas de muerte si continuaban las denuncias de su drama.

—La época en la que estuvo al frente de la procuraduría Francisco Molina Ruiz —reclamaba el representante de los abogados de Ciudad Juárez— es cuando hubo más desapariciones en el estado de Chihuahua. También está involucrado su sucesor, Arturo Chávez Chávez —decía.

En cambio, el periodista juarense Elías Montañés Alvarado aseguraba que el gobierno de Barrio Terrazas había hecho un esfuerzo para combatir la corrupción, sólo que debió enfrentar condiciones muy difíciles.

—Yo no diría que son las personas idóneas por sus antecedentes, pero me gustaría matizar diciendo que no creo que existan los ángeles de espada flamígera que, por sí mismos, garanticen el combate efectivo de la corrupción —concluía.

Francisco Molina Ruiz demandaba que se le investigara. Se decía confiado en que nunca nadie hubiera presentado una denuncia formal en su contra. Y rechazaba de nuevo lo que era noticia entonces: que el Congreso de Chihuahua lo indagaba por presuntas irregularidades. Sobre las acusaciones de peculado decía «no entender» a qué se referían.

—Son cuentas que están saldadas.

De acuerdo con la versión de Molina Ruiz, no había ningún quebranto. Y se vanagloriaba de que su antiguo subordinado en el INCD, Javier Benavides, hubiera denunciado y logrado que se encarcelara a «un periodista que lo difamó».

También negaba el auge de las desapariciones durante su gestión en Chihuahua como procurador, aunque los hechos lo contradijeran. Acerca de la acusación a Barrio Terrazas de proteger al narcotráfico, se deslindó, molesto:

—Son acusaciones falsas, pero en las que además a mí no se me menciona.

Defendía asimismo los cargos contra Abdel Latif Sharif Sharif y sus averiguaciones sobre los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez. Por último, descalificaba las recomendaciones 44/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al respecto, porque, a su parecer, tuvieron un «propósito electoral».

Si el gobierno entrante de Vicente Fox dejó fuera a Francisco Molina Ruiz de su gabinete, el controvertido funcionario encontraría consuelo. Meses después, se le nombró presidente de la Comisión de Orden del PAN, dedicada a juzgar la moralidad de sus militantes. Luego, Molina Ruiz sería nombrado oficial mayor de la SECODAM, a cargo de Francisco Barrio Terrazas, que congregaría en esta dependencia a su antiguo equipo de trabajo en Chihuahua: Hugo Gutiérrez Dávila, Eduardo Romero, Arturo Chávez Chávez, Javier Benavides; y como jefe de asesores fungiría Ernesto Enríquez Rubio, ex socio de Carlos Hank González, una figura emblemática de la vieja política mexicana. A este equipo se agregó Aliza Chelminsky, ex directora en México de la firma multinacional Burson-Marsteller, especializada en relaciones públicas y cabildeo. Estaría al frente de la Unidad de Vinculación para la Transparencia.

Pero el tráfago transicional encubría otros sucesos primordiales. El martes 24 de octubre de 2000, las autoridades del estado de Chihuahua reconocieron el hallazgo de otra mujer asesinada en Ciudad Juárez. El cuerpo de la muchacha se encontraba en plena descomposición. Estaba en un paraje desértico de los suburbios. La víctima presentaba hematomas en diferentes partes, y quizás lesiones internas. Se estimó que los restos tenían entre 15 y 18 semanas de estar expuestos a la intemperie, y los exámenes periciales, se dijo, revelarían si la mujer había sufrido algún ataque sexual.

La fiscalía de homicidios de mujeres de Ciudad Juárez aventuró que los restos podían ser los de María Elena Chávez Caldera, de 15 años, desaparecida cinco meses antes. Pero los familiares de ésta rechazaron, en primera instancia, que fuera el cuerpo de quien buscaban. La familia provenía de Durango y la muerta era pariente de otra víctima de la larga serie misógina: Olga Leticia Carrillo Pérez, que apareció asesinada el 9 de septiembre de 1995. La familia Chávez Caldera denunciaba la negligencia de las autoridades desde el primer momento, al asentar la desaparición de María Elena. Debían «esperar», les dijeron, porque antes que la suya había 449 denuncias. Hubo una negativa tajante a investigar el paradero de la muchacha. Por lo tanto, la familia acudió al grupo Voces sin Eco, formado por los familiares y amigos de las víctimas de homicidios y desapariciones.

Se repartieron volantes y se insistió en la atención a éste y otros casos. Fue infructuoso. De acuerdo con este organismo civil, tenían ratificadas 38 desapariciones de mujeres desde 1992, aunque las autoridades aseguraban que sólo había tres casos pendientes por resolver.

Por desgracia, la prensa comenzaba a repetir el argumento: todo es una mera «leyenda»; o bien, merecido se lo tenían aquellas mujeres por ignorar «cómo corre el agua en Ciudad Juárez», según dice un refrán popular en Paso del Norte. Se imponía la normalización de la barbarie.

16. La ciudadana X

Le gustan las cámaras. Le gustan los micrófonos. Se siente bien ante el reto público. Le agrada vestirse con traje sastre, tacones altos, usar cabellera castaña y ondulada y afinar el carmín labial. La distingue una mezcla de coquetería y actitud profesional. Tiene el estilo de una abogada de empresa privada. Se la recuerda en un paraje desértico donde descubrieron el cuerpo de una mujer asesinada en Ciudad Juárez. Llevaba un atuendo como para ir de fiesta, hundía los zapatos en el polvo, oscilaba las piernas entre el suelo pedregoso y la estrechez de la minifalda. Pero quería estar allí, que nada le contaran. Allí donde se unía el drama, las expectativas, los periodistas, los policías, los médicos forenses, la ocasión de las declaraciones y la pose al arbitrio de los fotógrafos.

Le sienta el gestual activo de sus manos. Es polémica y tenaz. Una mujer de batalla. Sin duda, voluntariosa, ávida de aprender. Y regañona. Sobre todo, se niega a permitir que pongan en duda la eficacia del gobierno del PRI al que sirve. La enervan los periodistas desafectos. Y nada quiere saber de las personas que la cuestionan. En particular, la exasperan los grupos civiles, los intelectuales, las feministas que defienden los derechos de las mujeres. A ellas, en buena medida, atribuye el fracaso de las autoridades previas del PAN en el control de los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez. No en balde se vanagloria de que, antes que ella, hubo cuatro fiscales que apenas duraron algunas semanas o meses en el puesto. Ella, en cambio, había cumplido más de dos años allí.

El 9 de noviembre de 1998, Suly Ponce tomó la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez (FEIHM), y pensaba continuar hasta que se resolvieran por completo estos delitos, afirmaba. También estaba orgullosa de las cifras: bajo su fiscalía, el registro de este tipo de crímenes descendió. Su apego al procurador de Chihuahua, Arturo González Rascón, la convirtió en una funcionaria inmune al riesgo de la renuncia o el despido. Ningún escándalo, queja pública y presiones de la prensa la afectaron. Es una mujer firme, de familia. Madre de dos hijos y con poco más de treinta y cinco años de edad. Le fascina responder a sus críticos. O desdeñarlos.

En el verano de 1999, al término de la reunión con Asma Jaganhir, relatora de la ONU, aseguró que la visión de ésta sobre lo que sucedía en Ciudad Juárez era «distorsionada y exagerada». Por fortuna —decía— había revertido tal imagen: «le presentamos nuestras cifras y el trabajo que estamos haciendo para esclarecer los asesinatos». Pero sus oponentes le cuentan los errores en los que incurre cada vez que abre la boca: equívocos, contradicciones, infundios, tonterías, amenazas, promesas. O anécdotas chuscas, como aquella cuando declaró que Sharif Sharif era el asesino serial porque era «árabe», pues los «árabes tienen conductas bárbaras con las mujeres». O bien, que el egipcio era psicópata porque usaba una cama de agua.

El egipcio Sharif Sharif se le había vuelto una obsesión. Estaba convencida de que era el gran mago detrás de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Nunca lo ha demostrado. Confiesa que se volvió lectora del Corán, incluso ha dicho estudiar la lengua árabe.

Escudriña una y otra vez en la caligrafía volátil de algunos papeles confiscados al químico egipcio.

Busca una clave, un indicio, un dato revelador que termine de una vez por todas con las sospechas y permita encausarle, ahora sí, por las decenas de muertas en la frontera.

Defiende la investigación que llevó a la captura de Jesús Manuel Guardado, «El Tolteca», y «Los Choferes». Soslaya que las declaraciones de éstos fueran extraídas a golpes, tortura y amenazas. Se defiende, ostenta videos grabados donde expresa mostrar lo contrario. Fueron confesiones voluntarias, reitera. Pero sus palabras chocan contra los testimonios de los acusados y la propia prensa, que atestiguó las huellas de los golpes.

Con todo, la fiscal Ponce parece reunir los contrastes de su accionar en un solo punto: reproduce un guión que alguien le ha dictado. Y le dicta aún.

El 21 de febrero de 2001 se halló el cuerpo de la enésima mujer asesinada en Ciudad Juárez en los últimos años. Apareció estrangulada. Fue Lilia Alejandra García Andrade. Tenía 17 años de edad y dos hijos. Empleada de una maquiladora local, el 14 de febrero salió de trabajar y rumbo a su casa fue secuestrada. Se denunció su desaparición dos días después. Las lesiones en su piel indican que estuvo maniatada durante días y sufrió ataques sexuales.

Justo al día siguiente de aquel anuncio, un cable de la agencia Associated Press que circuló desde la tarde, firmado por Susan Parrot, informaba de que unos oficiales de la policía de Dallas, Texas, habían arrestado «a un asesino serial» que durante años aterrorizó a las mujeres de Ciudad Juárez.

A través de la oficina de la PGR en San Antonio, las autoridades judiciales del estado de Chihuahua habían solicitado la detención de «José Juárez Rosales». La hermana del detenido explicaba que, desde años atrás, las autoridades de Chihuahua quisieron involucrar a éste con la banda de «Los Rebeldes» en los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez, pero fue liberado por falta de pruebas.

La nota, por venir de fuentes oficiales, causó un fuerte impacto. El día 23, el vocero de la Procuraduría de Chihuahua, Víctor González, declaró a El Paso Times:

—Creemos que José Juárez Rosales es miembro de la banda «Los Rebeldes», que fueron acusados en 1996 de violar y matar al menos a siete mujeres.

El funcionario repetía que el egipcio Abdel Latif Sharif Sharif era el autor intelectual detrás de «más de una docena de mujeres muertas por dicha banda». Esther Chávez Cano, defensora de los derechos de las mujeres, comentó entonces a El Paso Times:

—Las muertes continúan y las autoridades persisten con la misma versión: que el culpable es Sharif. No tienen ninguna credibilidad.

El día 24 de febrero de 2001, la policía de Dallas entregó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a José Luis Rosales Juárez. Las autoridades chihuahuenses decían tener «nuevas pruebas», y remitían al presunto «multihomicida» a la misma juez que, en su momento, debió abandonar el juicio del químico egipcio ante la denuncia de la defensa de su falta de probidad. El día 26 del mismo año 2001, la fiscal Suly Ponce declaraba que, con la reaprehensión de Rosales Juárez, las autoridades esperaban «obtener mayores pruebas y más órdenes de aprehensión en contra de seis integrantes de la pandilla de “Los Rebeldes”». Respecto al homicidio de Lilia Alejandra García Andrade, expresó que su investigación guardaba «avances significativos», pero demandaba que los testigos llamasen, «para que digan lo que vieron». Luego se quejaría de que en Ciudad Juárez «nadie ve nada, nadie se da cuenta de nada», que los criminales no habían «entendido el mensaje de no más impunidad» por lo que continuaban su reto a la autoridad.

Nada fundamental —ni pruebas ni testimonios— ofrecía a las demandas públicas, excepto un grupo investigador formado por 20 elementos de la Policía Judicial del Estado (PJE) y 5 agentes del Ministerio Público (MP), con al menos dos años en el área de homicidios. Policías judiciales cuyo salario era menor a los 300 dólares quincenales. Agentes del MP de poco más de tal cantidad de salario. Las autoridades judiciales de Chihuahua aducían, en tono justificatorio, padecer de escasez operativa, como falta de gasolina para las patrullas y equipo de seguridad, además de trabajar bajo un régimen de nulas prestaciones laborales, entre otros inconvenientes.

Aquel mismo día 26 de febrero de 2001, trascendió que dicha fiscal fue denunciada en la prensa por Carlos Escobar Escárcega: la funcionaria le quiso sobornar para que inculpara a una persona por el homicidio de Lilia Alejandra. La fiscal anunció que presentaría una demanda por difamación que incluiría a la reportera que reprodujo la denuncia. A la fecha, se desconocen los avances de las investigaciones acerca del homicidio de Lilia Alejandra García Andrade. Otra vez, la impunidad se convertía en norma. Era obvio que la PGJECH quiso construir un impacto noticioso en los medios de comunicación para atenuar los efectos del nuevo hallazgo criminal.

El 6 de abril de 2001, el procurador Arturo González Rascón respondió al embajador de los Países Bajos que José Luis Rosales Juárez era ajeno al homicidio de Hester van Nierop en 1998. Un año atrás, el propio funcionario había declarado que los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez implicaban un «fenómeno complejo», que sólo podía frenarse con un «cambio cultural» que mejorara las relaciones familiares y el freno de los abusos de género. Y se alegraba entonces de que las cifras de disminución criminal favorecieran a su gobierno.

En efecto, de acuerdo con una evaluación del año 2000 de la Policía Federal Preventiva (PFP), se «hacía evidente que los delitos per cápita habían descendido en el estado de Chihuahua», pero, advertía este organismo, «no dejaban de ser altos». Ciudad Juárez condensaba poco más de la mitad de los delitos violentos en Chihuahua.

Durante el foro universitario «Primera Reunión Binacional Crímenes contra Mujeres», realizado en los primeros días de noviembre de 2000 en Ciudad Juárez, puntualizó la titular de la FEIHM:

—De enero de 1993 al 1.º de octubre de 1998, se registraron 177 homicidios de mujeres, de los cuales en 104 casos se consignó a los presuntos responsables, significando un 58,7% de casos esclarecidos. De octubre de 1998 a octubre del año 2000 se han registrado 43 homicidios de mujeres, de los cuales 32 se encuentran concluidos en su etapa de averiguación previa, lo que significa un 75% de casos esclarecidos. Del total de expedientes manejados por la FEIHM desde su creación, podemos acentuar que, específicamente en lo que se refiere al homicidio doloso de mujeres en Ciudad Juárez, en la pasada administración gubernamental se contaba con un porcentaje de eficiencia del 58,7% y un índice de impunidad de 41,3%, en esta administración se está sobre el 75% de eficiencia y existe un índice de impunidad del 25%, específicamente en lo que se refiere al homicidio doloso de mujeres.

Las cifras ornaban el triunfalismo, sobre todo cuando «consignar a presuntos responsables» es un sinónimo de «resolver los casos». Pero cuatro meses después, ante el hallazgo del cuerpo de Lilia Alejandra García Andrade, la fiscal debió recurrir al manejo propagandístico para justificarse. No era la primera vez que esto sucedía.

Casi desde el inicio de la serie de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, las autoridades del PAN consumaron tal tipo de actos —como luego harían las del PRI—, en demérito de investigaciones serias y expedientes consistentes. Y la prensa, la radio, las televisoras hicieron eco, en particular éstas últimas, de aquel juego propagandístico de la PGJECH, sin que hubiera de por medio la menor cautela.

Hay dos ejemplos claros entre muchos otros. El primero de ellos es la campaña en todos los medios de comunicación de México en torno de la captura de Gloria Trevi en Brasil y su proceso extraditorio, justo cuando el operativo binacional de las «narcofosas» se hallaba en la parte más alta del interés público en los últimos días de 1999. De acuerdo con testimonios ministeriales, esta cantante y actriz —acusada de violación y secuestro de menores— tuvo relaciones con Amado Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez. El segundo ejemplo lo constituye el arresto en El Paso, Texas, en octubre de 1998, de Juan Carlos Ortiz Huerta, a quien —como se ha visto— la Procuraduría de Chihuahua hizo detener en relación con cuatro homicidios de mujeres acontecidos a lo largo del año en hoteles de Ciudad Juárez. La detención de Ortiz Huerta se dio un par de semanas después de que fuera hallado el cuerpo de la holandesa Hester van Nierop bajo la cama del Hotel Plaza de aquella frontera. Había que cubrir el escándalo, ya que se trataba de una ciudadana europea. La detención de Ortiz Huerta fue más un espectáculo que un acto judicial. El caso continúa abierto. El responsable del homicidio, libre. Como tantas otras veces.

A pesar de todo, la fiscal Suly Ponce afirmaría cada vez que se le preguntara que está «resuelto» el 80% de los casos de homicidios contra mujeres. Al hacerse cargo de la FEIHM en Ciudad Juárez, Suly Ponce le dio la espalda a las organizaciones civiles que, a lo largo de la década de los noventa, habían reivindicado la causa de las víctimas. Y ejercido una presión constante sobre las autoridades.

Irma Campos, del Grupo 8 de Marzo, se quejaba de que el gobierno quería ocultar las informaciones sobre los asesinatos contra mujeres con el fin de evitar los cuestionamientos acerca de la falta de resultados. Lamentaba que fueran los simples ciudadanos quienes reportaran los hallazgos y, a veces, hasta realizaran la búsqueda de nuevos cuerpos.

Entre las organizaciones civiles y los políticos oposicionistas, comenzó a concluirse que el gobierno de Patricio Martínez tenía la consigna de deshacerse del problema de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Quizás había un mandato expreso del gobernador para ocultar los hallazgos de nuevos cuerpos. El 27 de mayo de 1999 Carlos Camacho, entonces diputado federal del PAN, compartió esta creencia en su oficina juarense:

—Conociendo a los políticos del PRI, no me extrañaría que el gobernador haya dado órdenes a un grupo de policías judiciales para que se hagan cargo de ocultar los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.

Para la Procuraduría de Chihuahua, el asunto de los homicidios contra mujeres parece más un expediente político que de índole judicial. Esto se vio desde el 22 de febrero de 1999, cuando la fiscal Ponce declaró a la prensa que el nuevo gobierno reconocía 184 homicidios desde 1993 hasta esa fecha. Y que, de todos éstos, 24 provenían de la «misma persona». Así, sólo faltaba cerrar la cuadratura del círculo. Fue específica y dijo basarse en las repeticiones del patrón victimológico: la mayoría de las víctimas era de «extracción humilde, mujeres delgadas, de cabello largo, morenas». Y trabajadoras de la industria maquiladora, además de menores de edad. Insistía también en negar los vínculos entre los nuevos hallazgos y los cuerpos anteriores. Nada de vinculaciones incómodas. Argumentaba que los casos recientes eran producto de «imitadores» o pandilleros. El mandato era hallar al culpable. O quizás inventarle.

El 25 de febrero de 1999, la fiscal Ponce anunció que se había detenido a un sospechoso de cometer al menos dos homicidios y tres violaciones contra estudiantes de secundaria: Gerardo Vargas Elías, «El Sherry». Se dijo que las autoridades contaban con los testimonios inculpatorios de tres niñas que dijeron sufrir las amenazas del sujeto. Con todo, el violador parecía ajeno a los homicidios sistemáticos.

El 3 de marzo de 1999, el día que se anunció la sentencia de 30 años de cárcel contra Sharif Sharif por el homicidio de Elizabeth Castro García, se reportó el hallazgo de otro cuerpo. La prensa recordó que Francisco Minjárez, en funciones como comandante del Grupo Antisecuestros de la nueva administración, había dicho desde 1995 que el egipcio tenía cómplices. Este dicho antiguo fundamentaría todas las acusaciones. Poco después, el procurador González Rascón insistía en que la «mayoría de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez no tienen relación entre sí». Anunciaba que cinco «perfiladores del FBI» analizaban 78 expedientes, y que de éstos habían seleccionado 23.

El 19 de marzo de 1999, la fiscal Ponce declaró que la PGJECH ofrecía una recompensa a quien informara acerca del paradero del conductor de un camión de pasajeros que había violado a una niña de 14 años e intentó matarla. Las autoridades informaban que habían identificado al agresor: era Jesús Manuel Guardado Márquez, de 25 años de edad. La fiscal Ponce aseguró a la prensa que el prófugo, «ex agente policíaco que fue dado de baja», estaba involucrado en varios homicidios de mujeres.

Ante las exigencias civiles, las autoridades anunciaron una tarea conjunta de la policía municipal y la Fiscalía Especial. En cambio, la prensa registró los desencuentros entre el subprocurador Nahúm Nájera Castro y la fiscal especial Ponce: entraban en contradicción no sólo por una disputa jurisdiccional y por la línea de mando, sino que mantenían enfoques distintos sobre los homicidios de mujeres. «En relación a estos crímenes, tenemos la teoría de la operación de un asesino en serie», decía un categórico Nájera Castro. Y declaraba que, ante todo, debía indagarse esta línea. La fiscalía, en cambio, ya tenía a su culpable en la persona de Jesús Manuel Guajardo Márquez, «El Tolteca», y el 1.º de abril de 1999 anunció que diez conductores de camiones de transporte urbano estaban coludidos en homicidios de mujeres.

Y Abdel Latif Sharif Sharif estaba también implicado.

—Se trata de un delincuente de tipo organizado, manipulador, una persona con alto grado de peligrosidad —dictaminaba.

Se reabría el juego de las circularidades.

La fiscal Ponce se ha mostrado proclive a personalizar los asuntos de trabajo, o se muestra renuente ante la insistencia de los familiares y amigos de las víctimas acerca de la falta de resultados. Incluso, se quejan los agraviados, mantiene un trato despótico hacia ellos. O bien, se la ha oído alardear descalificaciones contra la defensora de Sharif Sharif.

Irene Blanco, que afirma jamás haber cruzado palabra con la fiscal, recuerda en cambio una circunstancia:

—Al parecer, Suly Ponce estuvo en el Ministerio Público un tiempo. También trabajó en el Instituto Federal Electoral. Pero una fiscalía de homicidios de mujeres requiere otro perfil profesional. Un día afirma: «Nos dejaron sin un solo expediente, no sabemos nada, no podemos investigar porque no tenemos expedientes», y después de un año te dice lo contrario: «Entre los expedientes que tenemos estamos por ver si la osamenta que encontramos en el Cerro Bola corresponde con alguna de las que tenemos aquí». ¿Tenías o no tenías expedientes? ¡Dijiste que no tenías y ahora sí tienes!

El 19 de enero de 2000, los grupos civiles exigieron la renuncia de la fiscal Ponce: se había encontrado otro cuerpo más, esta vez en Cerro Bola. Diez días después, se localizó a otra víctima en Loma Blanca, justo donde se había descubierto el cuerpo de Sagrario González Flores en 1998. La fiscal advirtió que el avance de las pesquisas dependía de que se identificara a la víctima. Luego se sabría que era María Isabel Nava Vázquez, pero las indagatorias quedarían inconclusas. La fiscal, en tanto, negó que este crimen reanudara los homicidios seriales, o que un psicópata estuviera suelto. Pero el 31 de enero, la fiscal Ponce debió reconocer otra víctima: Cecilia Sáenz Parra. Había sido violada. Esta vez, las autoridades dijeron que habían detenido al presunto homicida: César Solís.

El 15 de febrero de 2000 se notificó acerca de otra muerta en Lote Bravo: había sufrido violación. Las autoridades informaron que los rasgos de este último cuerpo coincidían con los de la desaparecida Inés Silvia Merchant, de 23 años. El 2 de abril siguiente se anunció el descubrimiento de otra víctima en Cerro Bola, que sería el cuerpo de Amparo Guzmán Caixba. El 26 de julio se informó del hallazgo de Irma Márquez, estrangulada en un paraje solitario. Ese mismo día, la fiscalía presentó a Antonio Sarmiento Ruvalcaba como supuesto victimario. El mes de septiembre del 2000, la policía juarense anunció un rastreo de más cuerpos en algunas zonas despobladas próximas a la ciudad.

En un contrapunto revelador se anunció, a principios de octubre de 2000, la «renuncia» de Antonio Navarrete a su puesto directivo en la policía municipal. Se negó a que le sancionaran como corresponsable de una riña de policías de su agrupamiento con un grupo de reporteros durante una pelea de box. En esas fechas, su colega Javier Benavides «retiró» la demanda que había interpuesto contra dos periodista juarenses por difamación. Después de años de servicio, ambos policías parecían entrar en un receso local ante las expectativas de que su ex jefe y amigo Francisco Molina Ruiz llegara al gobierno de Vicente Fox. Ambos tuvieron líos por causa de la prensa.

En la «Primera Reunión Binacional Crímenes contra Mujeres», un estudio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) estableció que en Tijuana se cometieron, entre 1985 y 1997, dos asesinatos contra mujeres por cada 100 000 mujeres. En Ciudad Juárez, de acuerdo con dicho estudio, la proporción era de diez por cada 100 000 de ellas. Irma Campos, del Grupo 8 de Marzo, denunció que ni la fiscalía ni el gobierno de Patricio Martínez habían cumplido sus promesas de solucionar los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez.

No hay que preocuparse: los culpables están presos, confirmaría una y otra vez la fiscal especial Suly Ponce. O pediría paciencia. Y advertiría: La fiscalía sólo habrá de responder por los homicidios acontecidos desde 1998 en adelante. El pasado es cosa muerta: una suma de expedientes incompletos o destruidos. La fiscal ya había asegurado que, al final de la anterior gubernatura en Chihuahua, las evidencias y las ropas de las víctimas fueron incineradas en la Academia Estatal de Policía. A sus ojos, se trataba pues de un asunto concluso.

El 8 de marzo de 2001, se difundirían las declaraciones del procurador de Chihuahua acerca de que «se han cometido crímenes de mujeres en otros estados de la República y en mayor cantidad», dijo, «pero sólo se ha dado difusión a Ciudad Juárez como el lugar donde matan a las mujeres». Sin embargo, fue incapaz de mencionar en qué otras partes se ha presentado este fenómeno.

Interrogado acerca de aquella respuesta del procurador de Chihuahua, el criminólogo Rafael Ruiz Harrell comentó:

—Es claro que en toda la República se asesina tanto a hombres como a mujeres, y en ese sentido no hay entidad que no pueda colaborar a la macabra estadística de mujeres víctimas de homicidio doloso. Si a ésas vamos, podría señalarse que de 1995 a 2000 se privó deliberadamente de la vida a 840 mujeres de un total de 7858 homicidios dolosos registrados. La proporción, como se podrá advertir, es de más o menos el 10% y esto es importante porque esa relación: 9 hombres por cada mujer, es más o menos la misma en toda la República. Podrá variar de una mujer por 12 hombres hasta una mujer por 7,5 hombres, pero siempre anda entre esos límites (aunque década a década el porcentaje femenino ha venido subiendo). No se trata, así pues, de que no haya mujeres asesinadas en el resto del país, sino de lo que representan las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez del total.

En consecuencia, Ruiz Harrell precisa que «si de 1994 a 2000 hubo 591 homicidios dolosos registrados en Ciudad Juárez y 259 fueron de mujeres (suponiendo 230 de las no identificadas o identificadas a medias)», esto quiere decir que en vez del 10% representaron el 43,8%. «Y eso sí es inquietante», concluía el criminólogo.

En Estados Unidos, por ejemplo, las víctimas de homicidio son hombres en un 76,4% y mujeres en un 23,6%.

Con todo, las cifras insensibilizan a quienes menos deberían hacerlo. Se ha visto reír a carcajadas a Suly Ponce mientras asiste al levantamiento del cuerpo de una mujer víctima de homicidio. Su voz y figura podrían ser las de un funcionario X, como cualesquiera otras. Reemplazables. Indiferentes. Las víctimas, en cambio, son lo contrario: personas únicas. Incluso las no identificadas.

El 29 de julio de 2001 se anunciaría que Zulema Bolívar, subordinada de Suly Ponce, pasaba a ocupar el mando de la Fiscalía Especial en Ciudad Juárez. Y Suly Ponce ascendía a Coordinadora de Ministerios Públicos en la Zona Norte del Estado de Chihuahua. El procurador Arturo González Rascón comentó que Suly Ponce había realizado durante su gestión «muy exitosas investigaciones». El 1.º de marzo de 2002, tanto Suly Ponce como Zulema Bolívar renunciarían a sus cargos, la primera de ellas acusada en la prensa de sostener nexos con el narcotráfico y la mafia policíaca que protege a los homicidas de mujeres.

Aquella fiscal es una pieza más de la maquinaria burocrática de un país en plena descomposición —entre marzo y julio de 2002, habría dos relevos en la FEIHM: Liliana Herrera y Ángela Talvera.

No pasa nada, dirá ella. Nada, repetirán los que vengan.

Nada.

Como el silencio del desierto.

Nada.

Como los huesos de las víctimas dispersos en la noche.

17. Campos de algodón

El martes 6 de noviembre de 2001, un albañil se dirigía a su trabajo en un fraccionamiento al oriente central de Ciudad Juárez. Eran cerca de las nueve de la mañana. Decidió tomar un atajo y atravesó unos campos de algodón contiguos. Un fuerte aroma cadavérico lo obligó a voltear la mirada hacia el lecho de un canal de riego. Descubrió, a flor de tierra y en un entorno de yerbas secas, el cuerpo en descomposición de una mujer.

Al llegar, la policía examinó el terreno y halló dos cuerpos más. La primera víctima, una adolescente de cerca de 15 años, tenía las manos atadas por la espalda. Había muerto entre 10 y 15 días atrás. La edad de las otras dos víctimas se estimó en alrededor de 25 años. Los tres cuerpos estaban desnudos y era presumible la violencia sexual en las víctimas. Al parecer, las mujeres fueron asesinadas en distintas fechas y durante el lapso de los seis meses previos. Incluso, los cuerpos tenían signos de haber estado en una cámara de refrigeración. Alguien los había «sembrado» allí. Más aún: en aquellos homicidios habían participado al menos dos sujetos. A pleno sol, crecía la certeza escalofriante de más homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez.

Para entonces, las organizaciones no gubernamentales contabilizaban más de 300 víctimas. El gobierno local hablaría sólo de 246. En pocas semanas, la cifra se incrementaría.

Los campos de algodón —propiedad de la familia Barriocolindan con un fraccionamiento y un rancho de aspecto próspero, y apuntan a la esquina de dos avenidas muy transitadas: Paseo de la Victoria y Prolongación Ejército Nacional. El rancho se llama Jaime Bermúdez Cuarón— «el padre de la industria maquiladora en Juárez»— en honor del empresario juarense que apoyó a Francisco Barrio Terrazas para que llegara a la presidencia municipal en 1983 —la familia Bermúdez es uno de los propietarios de Lote Bravo. Enfrente de los campos está la Asociación de Maquiladoras. Los cuerpos sembrados allí eran un mensaje mórbido a todo aquel que supiera leerlo.

El miércoles 7 de noviembre, los expertos de la Fiscalía Especial —a cargo de Zulema Bolívar— ampliaron la búsqueda y descubrieron 5 cuerpos más en un canal de drenaje. Estos nuevos «homicidios en serie» —reconocidos así por dicha Fiscalía, mientras recomendaba cautela y detenimiento en las indagatorias— desmentían la insistencia de las autoridades de Chihuahua de haber ya solucionado el problema.

Esther Chávez Cano, defensora de los derechos de las mujeres, afirmó:

—Este asunto no ha terminado. Los homicidios continúan y las autoridades vuelven a manifestar su ineptitud.

El procurador de Chihuahua, Arturo González Rascón, declaró que convocaría la ayuda de las policías municipal, estatal y federal, e incluso del ejército, con el fin de investigar los homicidios.

—El asesino o asesinos —repitió el funcionario—, sufrirán todo el peso de la ley.

A su vez, los gobiernos municipal y estatal ofrecieron una recompensa de 20 000 dólares a quien proporcionara informaciones útiles.

El jueves 8 de noviembre diversas organizaciones civiles se manifestaron frente a las oficinas de la Fiscalía Especial, efectuaron una clausura simbólica y demandaron una investigación científica de los homicidios. También se presentó un hecho disímbolo que tendría relevancia con el paso del tiempo: la fuga del penal de alta seguridad de la ciudad de Chihuahua de los reos Francisco Estrada, Jorge Alberto Saracho y Víctor Manuel Rivera —los dos primeros, sicarios del narcotráfico.

Aquel día, se informó de la desaparición de dos adolescentes de 14 años, que se unían a una larga lista de muchachas desaparecidas durante los últimos meses: Yadira Elizabeth Sotelo, Silvia Elena Reveles Morales, Irma Angélica Rosales Lozano, Guadalupe Luna de la Rosa, Elena Arellano Prieto, Miriam Yolanda Guerrero Castañeda. Y Verónica Martínez Hernández, Rosa Velia Cordero Hernández, Minerva Teresa Albeldaño, Mayra Juliana Reyes Solís, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Claudia Ivette González.

Un mes atrás, María Sáenz —del Comité de Chihuahua Pro Derechos Humanos (CCHPDH)— había alertado sobre una tendencia creciente en Ciudad Juárez: antes se encontraban los cuerpos de las víctimas violadas y estranguladas. Ahora, «simplemente desaparecen», declaró. Poco a poco, algunos cuerpos emergían. A la fecha, los grupos civiles registraban más de 450 desaparecidas en los últimos años.

El viernes 9 de noviembre el procurador González Rascón anunció —contra la confidencialidad que merece una pesquisa seria— un detalle macabro de los homicidios en serie: en 5 de los cuerpos se observaba que se había cortado un mechón del cabello en la parte trasera de la cabeza. Las víctimas, asimismo, murieron de asfixia por estrangulamiento.

El sábado 10 de noviembre se supo que —horas antes— un grupo de agentes encapuchados, vestidos de negro y sin insignia de corporación, había detenido a Víctor Javier García Uribe y a Gustavo González Meza. El primero de ellos estaba amparado en términos legales ya que, en 1999, la policía lo quiso involucrar como violador y homicida de mujeres al lado de Jesús Manuel Guardado, «El Tolteca». Las autoridades de Chihuahua inculparon a «El Tolteca» de ser asesino en serie —a la fecha, se encontraba detenido en el penal de alta seguridad de la capital chihuahuense, en espera de sentencia por aquellos delitos.

El abogado de García Uribe —Sergio Dante Almaraz— explicó que éste fue «levantado» a la fuerza, ya que ni se respetó el amparo ni se le mostró la orden de aprehensión, pero los encapuchados iban en vehículos con el emblema de la Policía Judicial de Chihuahua. Después, se sabría que García Uribe estuvo preso —antes de ser consignado— en un sitio clandestino de Ciudad Juárez.

El escándalo por los hallazgos estuvo previsto: el mismo sábado 10 se inauguraba el «Foro Internacional: Mujeres Trabajadoras en contra de la Violencia hacia la Mujer», que reunía a diversas dirigentes obreras y activistas, como Linda Chavez-Thompson, vicepresidenta de la central laboral AFL-CIO de Estados Unidos, y Francisco Hernández Juárez, de la correspondiente UNT de México. En el marco de tal foro, Victoria Caraveo, dirigente de Mujeres por Juárez, cuestionó la irresponsabilidad de la procuraduría de Chihuahua, e invitó a unir esfuerzos para elaborar programas de prevención y respuesta inmediata contra los homicidios, en los que —argüía— «deben confluir diversos sectores».

—Tenemos que desarrollar —afirmaba Caraveo— formas de detectar de inmediato si una empleada de maquiladora llega o no llega a su lugar de trabajo, o bien cuando llegue tarde, porque allí está el caso de Claudia Ivette González, que le negaron el acceso a la maquiladora Lear porque se retrasó dos minutos y luego desapareció.

También acudieron, en busca de apoyo, algunos familiares de las víctimas, como la madre de Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años y dos hijos, que desapareció el 14 de febrero de 2001 al salir de su trabajo en una maquiladora. A Lilia Alejandra se la halló muerta siete días después en un lote baldío —propiedad del ex gobernador Teófilo Borunda— frente al centro comercial Plaza Juárez, en el cruce de las avenidas Adolfo López Mateos y Ejército Nacional, un lugar muy transitado y a pocos kilómetros de los campos de algodón. La autopsia reveló que aquella adolescente murió el 19 de febrero. Fue violada, torturada, mutilada y estrangulada. Su cuerpo estaba semidesnudo y envuelto en una cobija.

Las autoridades locales recibieron denuncias de testigos que presenciaron el «levantón» de Lilia Alejandra por parte de varios hombres en un vehículo, pero se negaron a investigar a fondo los testimonios. El homicidio permanece impune. Trascendería que dichos sujetos son sicarios del narcotráfico.

Óscar Máynez, jefe de peritos de la Subprocuraduría de la Zona Norte de Chihuahua, confirmó que algunos de los cuerpos de los campos de algodón guardaban similitudes respecto de las lesiones infligidas en el cuerpo de Lilia Alejandra. Por ejemplo, la mutilación de los senos. Podía presumirse que los asesinos de Lilia Alejandra y los de las últimas víctimas fueron los mismos. En poco tiempo, surgirían más indicios.

Por la tarde del sábado 10 se reveló que el procurador Arturo González Rascón había tomado el mando de las pesquisas por órdenes directas del gobernador Patricio Martínez, que instruyó además desvincular al narcotráfico en el manejo comunicativo, deslegitimar las críticas de los grupos civiles y situar la causa única de los crímenes en la descomposición social de la frontera. Marginó así a la propia Fiscalía Especial y a su área de servicios periciales.

Un equipo de apoyo viajó desde la ciudad de Chihuahua a Juárez para ordenar, entre otras medidas, la introducción de maquinaria pesada en los campos donde se hallaron las víctimas. Los peritos locales lograron revertir la orden. La prensa, asimismo, difundió la prisa del procurador por solucionar los crímenes mediante mandato supremo.

En la Fiscalía Especial imperaba el descontento y la preocupación por las intromisiones del procurador, ajenas a cualquier protocolo técnico y operativo. «El problema principal», comentaría Óscar Máynez, «es la ineptitud del procurador». Aquel sábado 10 de noviembre, el diario Norte difundió la suspicacia de la criminóloga Candice Skrapec:

—Es asombroso que ocho cuerpos de mujeres puedan ser abandonados en una misma área que, por cierto, no es remota, y que los cuerpos no hayan sido descubiertos antes. Hacer algo como esto es sumamente atrevido, sumamente descarado para cualquier persona. Es decir, cualquier persona que haga algo como esto tiene que ser alguien sumamente atrevido o descarado, alguien que actúa con absoluta desfachatez y/o sin empacho alguno.

La noche del domingo 11 de noviembre, en las oficinas de la Subprocuraduría, el procurador González Rascón anunció que tenía ya 2 culpables de los 8 homicidios recientes: los conductores de transporte urbano Víctor Javier García Uribe, alias «El Cerillo», y Gustavo González Meza, alias «La Foca». Al decir del funcionario, llevaban meses, si no años, dedicados a secuestrar y matar mujeres, previo consumo de «alcohol, cocaína y marihuana».

De acuerdo con las autoridades —donde resaltaba la ausencia de la fiscal especial Zulema Bolívar—, ambos individuos habían confesado los crímenes y proporcionado el nombre y apellido de cada una de las 8 víctimas. El procurador detalló quiénes eran: Guadalupe Luna de la Rosa, Verónica Martínez Fernández, Claudia Ivette González, Mayra Reyes Solís, Laura Berenice Ramos Monárrez, Bárbara Martínez Ramos, Esmeralda Herrera Monreal y María de los Ángeles Acosta Ramírez. Los presuntos culpables, añadió el procurador, reconocían que en los campos de algodón había otras 3 víctimas, por lo que en total éstas podrían ascender a 11.

Al salir de la conferencia de prensa, González Rascón fue interpelado por Miriam García, esposa de Víctor Javier García Uribe, que lo acusó de «cobarde» y haber pasado por encima de la ley. El funcionario huyó de inmediato, rodeado de sus guardias. Al mismo tiempo, el abogado Almaraz insistía ante los periodistas en su denuncia de las violaciones a los derechos humanos de los inculpados.

Óscar Máynez definió la atmósfera de tales anuncios: «Esto apesta». Y comentó que temía que en el vehículo de uno de los detenidos, una camioneta tipo van ya incautada, «la gente del procurador sembrara evidencias inculpatorias».

Los peritos de Chihuahua se ocuparon de revisar la camioneta «en busca de evidencias». Dijeron hallar cabellos de mujer en el vehículo, y conminaron a los peritos locales a reconocer el hallazgo para que se registrara en la averiguación previa. El jefe de servicios periciales de la fiscalía juarense, Óscar Máynez, se negó a hacerlo: «No me consta el hallazgo. No puedo avalarlo», respondería.

El lunes 12 de noviembre, fue explícito el rechazo colectivo o al menos el escepticismo generalizado ante el anuncio del procurador, lo mismo en la prensa que en las televisoras y la radio locales. Los programas de llamadas abiertas al público resumían la desconfianza y llamaban la atención hacia otros hechos indicativos, por ejemplo el ascenso de las denuncias sobre desapariciones de muchachas. A partir del martes 6, se había recibido una docena más.

Diversos grupos civiles demandaron que, ante el clima de violencia y agresiones sistemáticas contra las mujeres, se declarase Ciudad Juárez zona de «emergencia nacional». Ni la Secretaría de Gobernación ni la Procuraduría de la República expresaron acuse de recibo.

El martes 13, las autoridades ratificaron el cese de las investigaciones, incluso el abandono de todo rastreo policíaco en los campos de algodón en busca de los otros 3 cuerpos de los que habló el procurador —tres meses más tarde—, un rastreo de grupos civiles descubriría allí ropa y objetos que pertenecieron a las víctimas; sólo cabía una disyuntiva: o la policía hizo un rastreo negligente o fueron sembrados después.

Óscar Máynez confirmó que, hasta entonces, sólo se tenía identificadas a 5 víctimas: Mayra Reyes Solís, Claudia Ivette González, Verónica Martínez Hernández, Bárbara Martínez Ramos y Laura Berenice Ramos Monárrez. A mediados de diciembre, la fiscalía entregaría sólo 2 cuerpos a sus familiares, los de Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, ya que el resto permanecería a la espera de otras pruebas periciales, —como la de ADN— al paso del tiempo, estas pruebas desmentirían la identidad de las víctimas, pero las autoridades ocultarían los resultados.

En adelante, la PGJECH prohibiría a los peritos hacer declaraciones a la prensa. En términos técnicos, las presunciones del procurador carecían de cualquier fundamento: no había habido ningún rigor en la indagatoria científica y policíaca.

Ante el juez tercero de lo Penal, José Alberto Vázquez Quintero, los acusados denunciaron la tortura a la que fueron sometidos para declararse culpables. A pesar de todo, el 14 de noviembre el juez Vázquez Quintero dictó el auto de formal prisión a los dos acusados. El mismo día, se hallaron los cuerpos de 2 jóvenes asesinadas más: uno en el Motel Royal y otro en el municipio de Guerrero. En pocas horas, las autoridades presumieron la «resolución» de ambos casos. Entre el hallazgo de los 8 cuerpos y el mandato judicial que encarcelaba a los supuestos culpables, transcurrió sólo una semana.

Un par de días después, el gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García, ofreció su epitafio favorito para una semana atroz: «Los resultados de las investigaciones sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez no están para someterse a una decisión de mayoría de votos».

Eva Pavón, madre de Silvia Arce —una joven que desapareció en marzo de 1998— describió la forma como las autoridades han justificado su inacción ante las desapariciones y los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez:

—Siempre nos dicen lo mismo: «¿Para qué le buscan? No se metan en la boca del lobo». Y cuando insistimos, la respuesta es: «A ver quién se cansa primero»…

El 19 de noviembre de 2001 se halló el cuerpo semidesnudo, estrangulado y golpeado de otra muchacha de 21 años, Alma Nelly Osorio Bejarano, en una calle periférica de Ciudad Juárez. El día 22, la Cámara de Diputados de la República aprobó integrar una Comisión Especial para vigilar las investigaciones de los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez. La integrarían 12 legisladores federales de todos los partidos, pero sus tareas fueron discretas, —tanto como obstruidos sus trabajos por las pugnas partidarias— la Comisión se comprometió a ofrecer sus conclusiones en marzo de 2002 y no lo hizo.

Una semana después, el director del CERESO, Carlos Gutiérrez Casas, entregaría al juez Vázquez Quintero la constancia de las lesiones por tortura que presentaban García Uribe y González Meza al ingresar al penal. El responsable de la detención y maltrato de los inculpados fue Alejandro Castro Valles, primer comandante de la Policía Judicial de Chihuahua.

Desde 1999, se habían divulgado los nexos de este policía con la mafia juarense de narcotraficantes, asesinos y secuestradores que allá impera. La denuncia pública provino de los tres agentes federales que indagaban dicha fraternidad delincuencial y cayeron presos por ésta en 1998. Pero antes de que avanzaran más en su tarea, fueron acusados y condenados por «secuestro» a partir de las declaraciones de dos personas que jamás reaparecieron para ratificar o confrontar sus cargos.

Los hechos se dieron en torno del primer comandante de la Policía Judicial de Chihuahua, que era entonces el propio Castro Valles, y de Francisco Minjárez, que fungía como jefe del Grupo Especial Antisecuestros —cargo que mantendría hasta principios de 2002—. A este último policía también se le vinculó en el pasado con la red de protección a la mafia local. En su momento, el procurador González Rascón salió en defensa suya. Muy pronto se refrendaría la pertinencia de estos señalamientos.

El diario Norte divulgaría que los «encargados del grupo antisecuestros de la Procuraduría de Justicia del Estado, Francisco Minjárez y Carlos Medina, figuraban como los principales operadores de las desapariciones forzadas en Ciudad Juárez». Y denunciaba:

—Cabe destacar que son más de 196 desapariciones que se vinculan a Francisco Minjárez y su grupo, quien recibía orden del entonces jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, Francisco Molina Ruiz.

El 20 de noviembre de 2001, en el bar Hooligan’s de la urbe fronteriza —cerca de donde se halló el cuerpo de Lilia Alejandra García Andrade—, un grupo de amigos (Eduardo Ramírez, de 32 años, Óscar Barraza de 33, Raúl Varela Vega de 24, Juan Antonio Chávez Santacruz de 28 y David Chávez Santacruz de 32 años) tuvo un altercado con unos sujetos. Uno de aquellos había cruzado palabra con una muchacha que estaba en otra mesa y la invitó a bailar, lo que suscitó la ira de sus tres acompañantes. Molesto, uno de éstos se acercó a la mesa de los otros y le propinó un puñetazo en la cara a David Chávez Santacruz, que quiso responder a la agresión pero fue detenido por los vigilantes del bar.

—¡Ya váyanse! —urgieron los empleados del establecimiento al primer grupo—, porque estos tipos están pesados: no saben con quiénes se han metido —remarcaron, mientras condonaban el pago de la cuenta con tal que se disipara el riesgo.

El grupo optó por abandonar en paz el lugar y se dirigió al domicilio de otro amigo, ubicado en la avenida Ejército Nacional, cerca del Camino Viejo a San José. Antes de llegar a su destino, el grupo advirtió que los perseguía la unidad 743 de la Policía Municipal. A bordo iban Carlos Saldívar Amparán, de 34 años, y Lorenzo Vargas González, de 26.

Los agentes policíacos, adscritos al Distrito Norte, manifestaron que procederían a revisar el vehículo, pero en lugar de hacerlo hablaron por radio y esperaron un rato antes de irse sin mediar explicaciones. Cinco minutos después, arribaron media docena de vehículos, de los que descendieron cerca de diez sujetos con armas de alto poder. Gritaban que eran agentes de la Judicial Federal pero carecían de las insignias y uniformes respectivos. Uno de éstos golpeó a David Chávez Santacruz, que cayó al suelo ya semiinconsciente, mientras sus amigos eran «levantados» por los supuestos agentes. Entre ellos, no estaban los sujetos del altercado en el bar.

Días después, se hallaron los cuerpos de los cuatro «levantados»: presentaban golpes y signos de torturas diversas en un par de casos. Por ejemplo, a Juan Antonio Chávez Santacruz le fueron arrancados dos dedos mientras estaba con vida. Las cuatro víctimas murieron de asfixia por estrangulamiento. Los policías municipales que tendieron la trampa a las víctimas —o los «pusieron» a tiro— sólo fueron suspendidos unos días. El sobreviviente David Chávez Santacruz recibió amenazas de muerte.

Quienes ordenaron el secuestro y asesinato de las víctimas eran, según el testimonio de los empleados del bar, «Juan, Pedro y Jorge», al parecer miembros del cártel de los Carrillo Fuentes. Se llegó a decir que el acompañante de la muchacha en discordia era el mismísimo Vicente Carrillo Leyva, cuya boda acontecería el 25 de noviembre de 2001 en el Rancho Villa Juárez, en Navolato, Sinaloa, sin asomo de acoso policíaco o del ejército, a pesar de tener en su contra una orden de aprehensión por narcotráfico desde 1998. También se sabría que el bar Hooligan’s ha sido un negocio de los Carrillo Fuentes.

Así, el perímetro urbano, la victimación, el modus operandi de los «levantones», el apoyo táctico de la policía y los homicidios o mutilaciones por parte de sicarios recordaban la misma firma delincuencial al servicio del narcotráfico, ya fueran los homicidios de mujeres u otros crímenes. El crimen organizado alrededor de la familia Carrillo Fuentes y sus aliados subrayaba su pugna abierta con el gobierno de Patricio Martínez, le creaba mala atmósfera pública y le arrojaba cadáveres aquí y allá para coaccionarlo.

La causa de fondo es el enorme negocio en esta frontera: el narcotráfico. De allí brota gran parte del poder de los políticos y los empresarios que «lavan» dinero. A pesar de los indicios de delitos de orden federal en el caso de los campos de algodón, la PGR se negó a ejercer la «atracción» de las indagatorias, como lo anunció el subprocurador Eduardo Ibarrola Nicolín el 28 de noviembre de 2001. El anuncio decepcionante añadía una sospecha: este funcionario tiene mala reputación. En 1993 Kaveh Moussavi, un representante de la multinacional IBM, denunció que Ibarrola Nicolín le había exigido —a nombre del gobierno mexicano— un millón de dólares para el otorgamiento de un contrato de compraventa a nivel federal. Su impericia —voluntaria o involuntaria— ha enturbiado también diversos procesos judiciales de México en otros países.

Durante las semanas posteriores al hallazgo en los campos de algodón, se decantarían las claves del horror en la frontera juarense.

A principios de diciembre, y mientras la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Patricia Espinosa Torres, impulsaba crear una «comisión interdisciplinaria» para atender la gravedad del problema en Ciudad Juárez, las autoridades de Chihuahua se esforzaban en convencer a la opinión pública acerca de las bondades de su trabajo. Esto incluyó la exhibición, en televisoras locales de cable y de señal abierta, de un documental realizado ex profeso. La PGJECH comenzó también a circular un documento: Homicidios de mujer en Ciudad Juárez, enero de 1993-noviembre de 2001.

Su objetivo tenía dos aspectos: racionalizar el problema de las cifras discordantes y persuadir a propios y extraños sobre los éxitos policíaco-judiciales de la administración actual respecto de las limitaciones de la gubernatura anterior. El primer aspecto retomaba el término de «homicidios situacionales» (es decir, «motivos pasionales, narcotráfico, robo, sexuales, en riña, intrafamiliares, venganzas, imprudencia y motivos desconocidos») en contraposición a los «homicidios múltiples» (o seriales). Según aquel documento, desde 1993 se habían presentado en Ciudad Juárez 261 homicidios, y sólo 76 de ellos eran múltiples. El resto correspondía a los situacionales. El gobierno de Patricio Martínez reconocía haber enfrentado 81 homicidios, sólo 20 de ellos de tipo múltiple. A su vez, declaraba la «resolución» de 47 de los 61 homicidos situacionales, y 15 de los 20 múltiples —además de otros 4 múltiples ocurridos durante la gubernatura previa—. Este enfoque, más propagandístico que judicial, despertó mayores suspicacias.

El 13 de diciembre, el presidente Vicente Fox ordenó a la PGR «meterse a fondo» en las investigaciones de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Con todo, fue un propósito que, a falta de una «atracción» formal del asunto, permanecía sólo en el plano de las colaboraciones o apoyos interinstitucionales. La falta de decisión por parte del Ejecutivo auspiciaba la injerencia dolosa de los poderes corruptos en los organismos de seguridad pública de México.

El mismo día que se anunciaban las órdenes presidenciales, se filtró a la prensa un documento confidencial que el FBI, con fecha del 5 de septiembre de 2001, había enviado a la PGR. Era un informe con datos útiles sobre el homicidio de Lilia Alejandra García Andrade:

«Ciudad Juárez, Chih. La siguiente información fue recibida en el FBI en su oficina de El Paso, Texas, Estados Unidos, y le fue reportada por una fuente confidencial, quien no está en posición de testificar.

»Los hechos reportan la actividad sospechosa respecto del asesinato de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de homicidio en Ciudad Juárez. La noche del 21 de febrero de este año una mujer alertó a varios vecinos de la calle Rancho El Becerro sobre la presencia de un automóvil blanco, marca Thunderbird, estacionado frente al negocio Teleservicio Domínguez. La joven reportó que alguien trataba de meter a la fuerza a una mujer al vehículo mencionado. El vehículo estaba estacionado con el frente hacia el sur y en su interior había una gran actividad, como si alguien estuviera peleando, o quizá como si una pareja estuviera teniendo relaciones sexuales. Más tarde un hombre que aparentemente vigilaba el vehículo desapareció, y al parecer se introdujo en el Teleservicio Domínguez. El segundo piso del establecimiento fue remodelado recientemente.

»El miércoles 23 de febrero de 2001 se encontró el cuerpo de una mujer en un lote baldío adyacente a la calle Rancho Agua Caliente, rumbo que había tomado el vehículo Thunderbird la noche del 21 de febrero. Por reportes periodísticos se supo después que la víctima Lilia Alejandra García había estado desaparecida durante varios días. En esas fechas había sido remodelado el Teleservicio Domínguez. Cuando fue hallado el cuerpo de Lilia Alejandra, la policía encontró residuos de cierto pegamento en sus calcetas. El tipo de pegamento es el que se utiliza en la instalación de alfombras. Más aún, un diario informó que la víctima presentaba quemaduras provocadas al ser arrastrada sobre una alfombra.

»La siguiente información está relacionada con Teleservicio Domínguez y sus supuestas actividades de narcotráfico: el propietario es Jorge y está relacionado con Raúl; él es un conocido narcotraficante. Hay una mujer, quien tiene una amiga que está casada con un hombre que trabaja para Raúl empacando drogas y en la construcción de compartimentos en vehículos. En una ocasión, cuando la primera mujer visitaba a su amiga, Raúl estuvo presente y le ofreció trabajo en el narcotráfico. Le dijeron que para poder trabajar para ellos tenía que matar a alguien de su propia familia. La gente asesinada por el grupo de Raúl es supuestamente mutilada y ello incluye arrancar los testículos o los senos de las víctimas».

A pesar de incluir datos equivocados, por ejemplo, la fecha de desaparición y muerte de Lilia Alejandra García Andrade, el documento revelaba información investigable. Y, al perder su carácter confidencial, servía como un grito de alerta para los presuntos homicidas de por medio: la familia Domínguez.

Bajo las protestas públicas ante semejante despropósito, la FEIHM informó, el 16 de diciembre de 2001, que ya «había investigado» al personal del negocio Teleservicio Domínguez, pero que «no encontró elementos para establecer presunta responsabilidad».

El 14 de diciembre, más de 300 organismos civiles demandaron a las autoridades responsables informar sobre las investigaciones de los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez. En especial, a la CNDH, que en 1998 recomendó corregir y sancionar las anomalías del gobierno de Chihuahua al respecto —entonces bajo el régimen de Francisco Barrio Terrazas—, y a partir de ese momento guardó silencio.

El 18 de diciembre, durante la reunión de la Fundación Internacional para la Investigación de la Naturaleza del Hombre, Sergio Antonio Rueda Delgado, psicólogo de Ciudad Juárez, y Stanley Kripnner, de Estados Unidos, destacaron las similitudes en la mayor parte de los homicidios en serie ocurridos en Ciudad Juárez. Incluso el caso de los 8 cuerpos de noviembre. Rueda Delgado, que dijo estudiar el tema desde 1995, explicó en dicho foro:

—El o los asesinos ya tienen establecido un modus operandi sofisticado, al que sólo incorporan nuevos rituales para experimentar más satisfacción sexual. Normalmente, los psicópatas actúan solos, pero cuando se trata de personas prominentes en la sociedad o alguien que es considerado una autoridad, éstas utilizan a un grupo de hombres o personas para levantar a las víctimas y luego deshacerse de ellas.

Añadió que los homicidas «pasan ante la sociedad como buenos ciudadanos y, sin embargo, son los responsables de crímenes seriales, porque el patrón de conducta es similar en todos los cuerpos». El psicólogo hablaba desde un conocimiento directo de la causa debido a su experiencia profesional en tratar estas psicopatías en Ciudad Juárez.

Hacia finales de diciembre, las autoridades federales consignaban 61 «ejecuciones» producto de las pugnas entre narcotraficantes. También se informó sobre el asesinato de tres mujeres más: María Luisa Carsoli Berumen de 33 años, empleada de Casa Amiga, acuchillada por su esposo Ricardo Medina Acosta a las puertas de allí; «La Guatemalteca» o «La Chilindrina» de 25 años de edad, cuyo cuerpo se encontró en las aguas de un canal, y Susana Torres Valdivieso, de 20 años, muerta a balazos al salir de un bar. En la urbe fronteriza, la violencia crecía por el control de la plaza, y en la que convergen desde tiempo atrás los siguientes grupos: el de Carrillo Fuentes/Juan José Esparragoza, alias «El Azul» (el «antiguo» Cártel de Juárez), el de los Arellano Félix (Cártel de Tijuana) y el «nuevo» Cártel de Juárez.

Tal escalada violenta arrancó un año atrás: el 17 de enero de 2001, cuando el gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, sufrió un atentado contra su vida que lo dejó herido. El 3 de junio del 2001, en el diario Milenio, Isabel Arvide divulgó —a partir de fuentes de inteligencia militar— la presunta complicidad y una red de protección a narcotraficantes en Chihuahua por parte de personajes de la política y la empresa de aquel estado. En particular, Jesús José «Chito» Solís Silva, entonces coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Chihuahua; Crispín Borunda; Raúl Muñoz Talavera, hermano del narcotraficante Rafael Muñoz Talavera, asesinado en 1998. Asimismo, Dante Poggio, ex agente de la Policía Judicial Federal (PJF), y Osvaldo Rodríguez Borunda, dueño de Diario de Chihuahua y Diario de Juárez. Todos ellos —escribió la periodista— amigos cercanos y vecinos de rancho del gobernador Patricio Martínez.

Las autoridades federales o estatales nunca desmintieron la información sobre el nuevo Cártel de Juárez. Sólo Rodríguez Borunda se llegó a inconformar a través de sus publicaciones y, en agosto de 2002, presentó una demanda penal contra Isabel Arvide por difamación. En su defensa, después de sufrir un arresto ilegal en la capital chihuahuense, la periodista aportaría al juez la copia de una orden de aprehensión federal de 1994, por el delito de contrabando, contra tal empresario.

El 1.º de enero de 2002, Óscar Máynez —jefe de peritos de la FEIHM— renunciaría a su puesto. Si en su carta de renuncia aludía a motivos de índole personal, en privado reconocía su negativa a avalar una situación insostenible en términos éticos y profesionales. Una semana después, el 7 de enero, Arturo González Rascón fue removido de su puesto como titular de la Procuraduría de Chihuahua. Aquel día se anunció el nombramiento del nuevo procurador: Jesús José «Chito» Solís Silva. Era un gesto obscuro de avenencia ya que a Solís Silva se le ha vinculado en el pasado con el hampa juarense y el narcotráfico. Cuando se presentó el caso del Rancho «El Búfalo», en el municipio de Jiménez-Camargo, a mediados de los años ochenta, Solís Silva era el jefe de la Policía Judicial de Chihuahua. Cayó de su cargo después del hallazgo y desmantelamiento de aquel rancho de alta productividad en el cultivo de marihuana.

Hay más detalles sobre su trayectoria, ya públicos y tampoco desmentidos: a mediados de 2001 se realizó el decomiso de dos toneladas de cocaína en una bodega de Ciudad Juárez. Al ser sorprendido, el jefe de los narcotraficantes sólo pidió que los policías federales se comunicaran por un teléfono celular con el dueño de la droga incautada: era su hermano, el mismísimo «Chito» Solís.

El nombramiento de Solís Silva como procurador despertó fuertes reclamos en la sociedad chihuahuense. Se recordó también que el nuevo subdirector operativo de la PJECH —y mano derecha de «Chito»—, Vicente González García, fue también uno de los hombres de confianza del ex jefe de la judicial estatal Elías Ramírez, señalado muchas veces como protector del narcotráfico y próximo al entonces subprocurador federal, el dudoso Javier Coello Trejo. El gobernador Patricio Martínez cerró los oídos ante los reclamos colectivos. También el presidente Vicente Fox y el secretario de gobernación Santiago Creel.

A principio de enero de 2002, se anunció el hallazgo de dos mujeres asesinadas: la primera de ellas, acuchillada en su vivienda; la segunda fue encontrada en un baldío. El 9 de enero se supo que la PGR sólo había recibido 11 expedientes de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. En ninguno de ellos aparecía la huella del narcotráfico. Tres días después, se informó sobre la detención de Jorge Alberto Saracho, uno de los reos que se fugó en noviembre del penal de la capital chihuahuense. Trascendió que la escapatoria la había patrocinado el grupo de narcotraficantes de los Carrillo Fuentes para que el sicario —quien también estaría vinculado con los homicidios de mujeres— cumpliera una orden: asesinar al gobernador Patricio Martínez.

El 15 de enero de 2002, los conductores de transporte urbano inculpados en el caso de los cuerpos de los campos de algodón fueron trasladados de Ciudad Juárez al penal de alta seguridad de la capital del estado. Mario César Escobedo Anaya, abogado de uno de los detenidos, expresó:

—No nos han notificado del traslado, pero ya esperábamos ver esto porque la procuraduría no hizo la presentación de pruebas, incluso su testigo Laura Güereca no asistió a comparecer porque no existe. Las autoridades violaron un amparo en proceso en el Juzgado Sexto de Distrito. No tienen cómo probarle a la ciudadanía sus presunciones.

Asimismo, agregó que continuaría con su defensa hasta el final, «porque se está cometiendo una injusticia». Era un desafío demasiado peligroso.

A un año del atentado en su contra, el gobernador Patricio Martínez lamentó la escasa ayuda de la autoridad federal en la localización de los autores intelectuales del crimen, sus «enemigos políticos», explicitó.

Y se enfrascó en un duelo de acusaciones a través de los medios de comunicación con su antecesor Francisco Barrio Terrazas, que estuvo de visita en Ciudad Juárez al lado del procurador federal Rafael Macedo de la Concha. Aquel 20 de enero se descubrió otro cuerpo en un canal de irrigación paralelo a la carretera Juárez-Porvenir: era el de Lourdes Ivette Lucero Campos, de 26 años de edad. Una nutrióloga de la maquiladora Motores Eléctricos. Fue victimada a golpes. De inmediato, las autoridades inculparon a su esposo. Este homicidio llevaba un mensaje análogo al de los campos de algodón de cara a las autoridades protagónicas del drama en la frontera: dos políticos en pugna —con sus respectivos grupos de poder bajo la sombra del narcotráfico— y un procurador federal inerme ante el crimen organizado.

El 28 de enero, en las faldas del Cerro Bola, se halló el cuerpo de Mercedes Ramírez Morales, de 35 años, obrera de la maquiladora Ademco. El cuerpo tenía signos de violencia sexual y la cabeza golpeada con una piedra.

Mientras proliferaban también las ejecuciones con el sello del narcotráfico, Diana Washington de El Paso Times informó el 30 de enero que, de acuerdo con el agente especial del FBI Hardrick Crawford, Jr., su agencia consideraba el involucramiento de uno o más asesinos seriales en los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. El agente estadounidense añadía que el o los responsables podrían ser residentes de El Paso, Texas. Se basaba en el trabajo que realizaron los «perfiladores» de homicidas del FBI en 1999, cuando consultaron 78 expedientes y seleccionaron entre 25 y 30 casos. Hardrick Crawford, Jr., declaró a la reportera:

—No se llegó entonces a un dictamen conclusivo debido a que se carecía de análisis adicionales, que hubieran implicado un viaje a Juárez para profundizar en el asunto. No fuimos invitados de nuevo por nuestros colegas mexicanos porque ellos nos aseguraron que tenían un arresto que los satisfacía tanto como el detenido al que responsabilizaban de los crímenes.

Al día siguiente, en otra nota del diario texano, la propia Diana Washington divulgaba que desde tiempo atrás la oficina del FBI en El Paso había ofrecido entrenamiento y apoyo técnico a las autoridades de Chihuahua, pero que éstas lo habían rechazado. El agente Alvarado Cruz recordaba un detalle: la entonces fiscal especial Suly Ponce aseguró que su idea sobre la culpabilidad de Abdel Latif Sharif Sharif la compartía el FBI, pero la agencia sólo había expresado que era una «teoría de novela». Asimismo, Hardrick Crawford, Jr., explicaba:

—En cuanto me enteré de que el presidente Vicente Fox declaró que las autoridades federales de México investigarían los homicidio de mujeres en Juárez, e incluso solicitaría la ayuda del FBI, me puse en contacto con los perfiladores de la academia de Quantico, en Virginia, para saber si estaban dispuestos a regresar. Me dijeron que estaban listos, y que responderían en cuanto se lo solicitara el gobierno federal.

De inmediato, el vocero de la PGR Manuel del Castillo comentó que, a nivel federal, no se había solicitado todavía la ayuda del FBI. Sin embargo, el 31 de enero y 1.º de febrero el subprocurador federal «B», Jorge Campos Murillo, apareció en la prensa con dos declaraciones antagónicas a dos distintos diarios: En La Jornada se leyó: «La Procuraduría General de la República (PGR) descartó por el momento pedir ayuda directa del FBI para la investigación de los crímenes de mujeres». Y Reforma consignó: «La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al FBI la información de las investigaciones que ha efectuado desde 1998 en torno a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez». Una semana después de afirmar aquello y que comenzaría a indagar a hijos de familias prominentes de Ciudad Juárez —«narcojuniors»—, la PGR informó de que Jorge Campos Murillo dejaba la subprocuraduría «B» que había desempeñado hasta entonces.

Su lugar lo ocuparía Carlos Javier Vega Memije, ex visitador general, que ahora se haría cargo de coordinar la revisión de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. De nuevo, se observaba la inoperancia a partir de filtraciones, contradicciones, discontinuidad, ineficacia…

Sin embargo, los elementos de juicio disponibles arrojaban un desafío para las autoridades federales del país: los homicidios en serie contra mujeres se producen en orgías sexuales y de fraternidad por parte de uno o más equipos de operadores o asesinos, protegidos por funcionarios de diversas corporaciones policíacas. Y cuentan con la complicidad y patrocinio de personajes prominentes —que poseen grandes fortunas legales o ilegales, producto del narcotráfico y el contrabando—, cuyo alcance ocupa la frontera norte e incluso el centro del país —Phil Jordan, ex director de El Paso Intelligence Center (EPIC), organismo que aglutina en El Paso, Texas, a 23 agencias de inteligencia de Estados Unidos y del mundo, ha concluido un panorama similar y de alarmante alcance «global». De allí proviene la tenaz impunidad de estos crímenes de género, racistas y clasistas.

De acuerdo con fuentes de seguridad federal, se trata de seis prominentes empresarios de El Paso, Texas, Ciudad Juárez y Tijuana quienes patrocinan y atestiguan los actos que cometen los sicarios, dedicados a secuestrar, violar, mutilar y asesinar mujeres —su perfil criminológico se aproximaría también a lo que Robert K. Ressler ha denominado «asesinos de juerga» (spree murders). Las autoridades mexicanas— al más alto nivel están al tanto de estas actividades desde tiempo atrás, y se han negado a intervenir. Estos empresarios —del ramo del gas, transportista, de medios de comunicación, refresquero y de establecimientos de ocio, juego y apuestas— guardan nexos con políticos del gobierno de Vicente Fox Quesada.

Un agente no identificado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) declaró al diario El Heraldo de Chihuahua el 30 de enero de 2002:

—De acuerdo con el CISEN, existen en los estados varios funcionarios involucrados en el narcotráfico. Burócratas de los gobiernos estatales, municipales y federales, y del ejército, la fuerza aérea y la marina. Hay funcionarios intocables en las corporaciones y una investigación oficial sobre ellos desataría problemas imposibles de solventar por el Estado mexicano: el gobierno no les puede pegar porque se pegaría a sí mismo. Y en caso de que se dispusiera a hacerlo, las consecuencias podrían ser más desastrosas que el mismo problema del narcotráfico…

El Estado de derecho en México sería una ficción.

El 3 de febrero, un grupo de agentes de la PJECH acudió al domicilio familiar donde se escondía el prófugo Francisco Estrada, alias «El Venado» o «El Guayabo», en Villa Ahumada, un poblado próximo a Ciudad Juárez. Los agentes quisieron extorsionar al delincuente para dejarlo libre. Al negarse éste, se suscitó una balacera y un agente murió, mientras el perseguido continuaba su huida en compañía de su hermana, que fue quien mató al agente. La tensión policíaca crecía.

Al día siguiente, se divulgó que la defensa del egipcio Abdel Latif Sharif Sharif solicitaba la intervención de la embajada de su país: después de seis años en la cárcel, no se le había demostrado a plenitud el crimen que se le imputaba —el homicidio de Elizabeth Castro García— ni recibía aún una sentencia definitiva.

La noche del 5 de febrero de 2002, alcanzaría su clímax el escándalo que se desató en noviembre con los hallazgos en los campos de algodón. Un grupo de agentes judiciales del estado de Chihuahua asesinó al abogado Mario César Escobedo Anaya, de 29 años de edad. Era el defensor de uno de los conductores inculpados. El ataque aconteció una semana después de que el abogado concedió una entrevista sobre los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez para el programa 20/20 Downtown de la cadena televisiva ABC de Estados Unidos. Los policías pretextaron una confusión: «creyeron» que el abogado era en realidad el prófugo Francisco Estrada. Y le persiguieron cuando iba a bordo de su vehículo, le dispararon y le hicieron chocar contra un taller mecánico —el abogado recién había aceptado la defensa de la madre del prófugo, detenida, días atrás, en Villa Ahumada. Se identificó a los agentes: José Carlos Armendáriz Chaparro, Jaime Gurrola Serrano, Francisco Javier Licón Rubio, Rubén Vázquez Alvarado, Donaldo Antonio López Castro y Moisés Ramos Aviña. Todos ellos estaban bajo el mando del primer comandante de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua (PJECH), que disparó antes que nadie contra la víctima. Era Alejandro Castro Valles, responsable de la detención arbitraria y la tortura de los dos conductores inculpados.

El procurador Jesús José «Chito» Solís Silva salió en defensa de sus agentes, pero la indignación pública fue mayúscula. La procuraduría estatal debió consignarlos, aunque ni los apresó ni los puso en custodia: los declaró en cese, por lo que se desligó de toda responsabilidad al respecto. El destino de los agentes estaría en manos de la jueza sexta de lo Penal Carmen Alicia Verdugo Bayona, que prometió —como tantas otras veces— que un día se «haría justicia». Meses después, los exoneró con el argumento de que actuaron en «defensa propia».

El 9 de febrero de 2002, se celebró en la ciudad de Chihuahua la boda de Stephanie Korrodi Ordaz y Fernando Baeza Gómez. En representación del presidente de la República Vicente Fox acudió el secretario de Relaciones Exteriores Jorge G. Castañeda. La novia es una de las tres hijas de Lino Korrodi Cruz, uno de los amigos más próximos al presidente Fox desde treinta años atrás. Estuvo a cargo de las aportaciones de la campaña presidencial que condujo al poder al candidato del PAN. Y medió para que Vicente Fox amistara con Liébano Sáenz, ex secretario particular del presidente Ernesto Zedillo.

El novio es hijo del ex gobernador de Chihuahua (1986-1992) Fernando Baeza Meléndez, del PRI. El ex gobernador se dedica a administrar un rancho de cultivo industrial de frutas en Costa Rica, propiedad de la familia del extinto y controvertido político mexicano Carlos Hank González, investigado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.

Ya desde el 21 de agosto de 1999, otra hija de Lino Korrodi —Karla— había contraído matrimonio con el joven Valentín Fuentes Téllez, miembro de una importante familia de Ciudad Juárez. Vicente Fox, en campaña para llegar a la presidencia, asistió como invitado de honor a esta boda. A su vez, Valeria Korrodi Ordaz es esposa de Genaro Baca Madrid —patrocinador de la campaña presidencial de Vicente Fox—, hijo de uno de los principales socios de Roberto González Barrera, presidente del consejo de administración del Grupo Financiero Banorte. El empresario González Barrera era consuegro y socio de Hank González.

El boletín Narco News publicó, el 24 de junio de 2000, cómo Valeria Korrodi concentraba aportaciones dinerarias de empresas estadounidenses en una cuenta del Bank of the West en El Paso, Texas, y transfería los recursos a México para cubrir los gastos de la campaña presidencial de Vicente Fox. El propio Fox aceptó la autenticidad de los cheques. Tal procedimiento de transferencia recurrió a métodos e instituciones bancarias que, en el pasado, ha usado el narcotráfico para lavar dinero.

Valentín Fuentes Téllez es familiar de Pedro Zaragoza Fuentes —amigo y vecino de la familia de Hank González en San Diego, California—, que estuvo implicado en negocios de narcotráfico dentro del Cártel de Juárez en 1990, de acuerdo con documentos del Departamento del Tesoro y el Servicio de Aduanas de Estados Unidos. Aún se le investiga. En 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari detuvo una investigación oficial por delitos fiscales, narcotráfico y lavado de dinero contra la familia Zaragoza Fuentes: poco antes, el entonces gobernador de Chihuahua Francisco Barrio Terrazas había intercedido en su favor.

Valentín Fuentes Téllez fue víctima de un «levantón» o secuestro el 1.º de mayo de 1995, en Ciudad Juárez. El joven Fuentes, entonces de 26 años de edad, permaneció bajo secuestro 38 días y lo liberaron el 9 de junio de 1995. A partir del secuestro, Fuentes Téllez recurriría al uso de una guardia particular con gente armada —en 2002, sería asesinado por dos sicarios el ex comandante del Grupo Antisecuestros Carlos Medina Ornelas, guardia de la familia Fuentes. La familia pagó un millón o al menos 500 000 dólares de rescate— en aquellas fechas, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez visitó a la familia Fuentes Téllez para «solidarizarse» con ella. Las «negociaciones» estuvieron a cargo de Francisco Minjárez, que, en un primer momento, asumió las investigaciones sobre los homicidios contra mujeres de Ciudad Juárez e inculpó al egipcio Abdel Latif Sharif Sharif. En aquellos años, este comandante policíaco «rescató» también de un secuestro al dueño de bares juarenses Guillermo Máynez, padre adoptivo de Alejandro Máynez, uno de los presuntos implicados en los homicidios contra mujeres, cuyo destino —a la fecha— permanece ignoto.

El festejo de la boda Korrodi-Baeza continuó en la casa de unos sobrinos del presidente Vicente Fox, vecinos en Ciudad Juárez de la familia Fuentes Téllez. Al secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, se le ha citado en la prensa como un político muy cercano a los Zaragoza Fuentes.

Los personajes y las circunstancias se conjugan en la compleja red de los intereses fronterizos, los pactos políticos y el financiamiento encubierto a la campaña que llevó a la presidencia a Vicente Fox Quesada —y funcionarios de Chihuahua a su gobierno, como Francisco Barrio Terrazas. El beneficio de los secretos compartidos.

De acuerdo con un ex funcionario de la Subprocuraduría de la Zona Norte de Chihuahua, durante las primeras indagatorias sobre los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez surgieron los nombres de algunos empresarios locales que «pudieran estar involucrados» en estos crímenes. Uno de ellos era «Valentín Fuentes, el joven». Por razones que ignora el informante, éste y otros nombres quedaron fuera de registro en las averiguaciones previas. Se les exoneró de inmediato.

El 11 de febrero de 2002, al terminar su visita a Ciudad Juárez —y luego de reunirse con las autoridades del estado y con representantes de organismos civiles—, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Marta Altolaguirre prometió que emitiría sus recomendaciones hacia el otoño de 2002. Y declaró:

—Mi impresión sobre la situación de los crímenes contra las mujeres de Ciudad Juárez es desalentadora. Todavía falta mucho por hacer.

Demasiado, podría añadirse. Y los asesinatos continúan. Pero cuando el olvido no entraña la verdadera muerte, todo está vivo.

18. La vida inconclusa

… 23/09/02, Erika Pérez, entre 25 y 30 años, cabello color castaño, blusa estampada con flores, pantalón y pantaletas abajo de las rodillas, correa del bolso alrededor del cuello, camino de terracería a partir del crucero de las calles Paseo del Río y Camino San Lorenzo.

23/09/02, no identificada, osamenta de once meses de antigüedad, a un lado una pantaleta, camisa obscura, pantalonera color naranja, calcetas blancas, once broches para el cabello, atrás de la maquiladora BRK, cerca de las vías férreas y el Eje Juan Gabriel. 28/08/02, Dora Alicia Martínez Mendoza, 34 años de edad, 35 heridas punzocortantes en todo el cuerpo, domicilio, n.º 6100 de la calle Pitaya y Cebada, Colonia el Granjero. 22/06/02, no identificada, domicilio en el Fraccionamiento paso de los Virreyes, balazo en la cabeza. 09/06/02, Carmen Ivón Ontiveros Rodríguez, 13 años, semienterrada, con un golpe de martillo en el cráneo y al parecer violada, traspatio de una vivienda que se ubica a un par de cuadras de su domicilio, la policía detuvo a dos supuestos culpables, José González, al parecer de 16 años, y Mario Martínez Martínez, de 20. 02/6/02, Lucila Dávalos Silva, de 30 años, mesera del Bar Ritz, 1,60 metros de estatura, complexión regular, tez morena clara, vestía sólo sostén de color beige que estaba levantado, tenis y calcetines de color blanco, a un lado un pantalón de mezclilla azul y una blusa con flores de colores azul y gris, Plaza Cervantina, cruce de las calles Ramón Corona y Callejón de La Mancha, en la zona Centro, tenía entre 4 y 5 horas de haber fallecido, la autopsia reveló que falleció a consecuencia de shock medular, o separación de vértebras. 21/05/02, Gloria Betance Rodríguez, 34 años, psicóloga y profesora, torturada, acuchillada en su domicilio junto con su esposo Antonio Ortiz Ballesteros, la policía aprehendió a dos presuntos culpables, José Eduardo Martínez Esparza alias «El Diablo», de 19 años de edad, y Carlos Lorenzo Magallanes Rodríguez, de 28, que negaron los cargos y denunciaron tortura. 31/05/02, Elisa Lomas Ortiz, afuera de su domicilio, calles Oro y Artículo 27, al menos 20 heridas con arma blanca. 20/03/02, Zulema Olivia Torres, 13 años, paraje del Valle de Juárez a la altura del poblado de Guadalupe, asfixia por estrangulamiento, la policía inculpó a su hermana, Isela Alvarado Torres. 21/03/02, Miriam Soledad Sáenz Acosta, de 14 años de edad, muerta de un balazo «accidental» por José Abraham Ortiz Martínez, de 19 años, detenido. 19/03/02, Alicia Carrera Lagunes, 75 años, y Carolina Carrera, 34 años (síndrome de Down), domicilio Alatorre 1876, Colonia Obrera, ambas fueron golpeadas, quemadas, amordazadas, atadas de pies y manos, las cabezas cubiertas con bolsas de plástico, se intentó incinerarlas. 28/01/02, Mercedes Ramírez Morales, de 35 años, obrera de la maquiladora Ademco, faldas del Cerro Bola, tenía signos de violencia sexual y la cabeza golpeada con una piedra. 20/01/02, Lourdes Ivette Lucero Campos, 26 años, nutrióloga de la maquiladora Motores Eléctricos, el cuerpo flotaba en un canal de irrigación paralelo a la carretera Juárez-Porvenir, victimada a golpes, las autoridades inculparon a su esposo José Luis Cid González. 05/01/02, no identificada, heridas con arma blanca, domicilio. Unidad Infonavit-Solidaridad. 07/01/02, no identificada, domicilio. Colonia Salvárcar.

23/12/01, «La Chilindrina» o «La Guatemalteca», 25 años, prostituta, canal de riego en la Colonia Bellavista, según las autoridades, murió por sobredosis de droga. 23/12/01, Susana Torres Valdivieso, de 20 años, Bar La Changada, baleada. 21/12/01, María Luisa Carsoli Berumen de 33 años, acuchillada por su ex esposo, Ricardo Medina Acosta, a las puertas de Casa Amiga. 19/11/01, Alma Nelly Osorio Bejarano, 21 años, calle de Plata esquina con Venustiano Carranza, pantalón vaquero de mezclilla color azul y un sostén color rojo, semidesnuda, estrangulada y golpeada. 14/11/01, no identificada, Motel Royal, la policía detuvo a presunto responsable en las horas siguientes. 14/11/01, no identificada, municipio de Guerrero, la policía detuvo a un sujeto y lo inculpó de inmediato. 06-08/11/01, Mayra Reyes Solís, Claudia Ivette González, Verónica Martínez Hernández, Bárbara Martínez Ramos y Laura Berenice Ramos Monárrez, estaban semienterradas al lado de otras tres víctimas no identificadas, campos de algodón, avenida Paseo de la Victoria esquina con Prolongación Ejército Nacional, cuerpos en descomposición, mutilados, desnudos. 12/06/01, Lourdes Gutiérrez Rosales, 34 años, 1,65 metros de estatura, morena clara, cabello teñido de color castaño, atrás de la maquiladora Coclisa de las avenidas Del Charro y Ribereño, cerca del Parque El Chamizal, desnuda, golpeada, semienterrada, fractura del hueso hioides, a un lado estaban unas prendas: pantalón de lycra unitalla con rayas verticales de colores negro y blanco, playera con logotipo de Nike, pantaleta negra y sostén blanco, sandalias blancas de plataforma. 12/05/01, Rebeca Sifuentes Castro, 18 años, baldío, vestida, estrangulada, quemaduras por fricción de neumáticos, cinco semanas de embarazo, ocho horas de muerta. 21/02/01, Lilia Alejandra García Andrade, 17 años, baldío frente a Plaza Juárez Mall, envuelta en una cobija, semidesnuda, fue atada, violada, mutilada y estrangulada. 14/01/01, Susana Enríquez Enríquez, 29 años, arroyo próximo al Cerro Cristo Negro, desnuda de la cintura hacia abajo, su ropa al lado del cuerpo, al parecer, violada y estrangulada.

24/10/00, María Elena Chávez Caldera, entre 15 y 17 años de edad, 1,60 metros de estatura, cabello largo teñido, paraje desértico, pantalón vaquero color azul, sudadera gris con franjas verdes, playera rosa con dibujos de platillos voladores, tenis blancos, utilizaba broquel en el oído izquierdo, cintilla con un dije en forma de corazón que lleva inscrita la palabra «Amor», tres o cuatro meses de muerta, vestida. 28/06/00, Liliana Olguín, 17 años, Cerro Bola, desnuda de la cintura hacia abajo, muerta tres meses atrás. 01/04/00, Amparo Guzmán Caixba, 17 años de edad, Cerro Bola, semidesnuda, violada, fractura de cervicales. 28/06/00, no identificada, tres meses de muerta. 14/02/00, Inés Silva Merchant, 23 años, alrededores de la Colonia Fray García de San Francisco, Lote Bravo, asfixia por estrangulamiento, golpeada, desnuda de la cintura hacia abajo, zapatos envueltos en su pantalón al lado del cuerpo. 29/01/00, María Isabel Nava Vázquez, 18 años de edad, canal de irrigación en el poblado de Loma Blanca, a unos 500 metros de la carretera Juárez-Porvenir, asesinada a cuchilladas, calcinada, se la vio por última vez viva cuando fue a solicitar trabajo en una maquiladora cerca de la estación Aldama de la Policía Judicial del Estado (PJE). 19/01/00, osamenta de una mujer, 28 o 30 años de edad, a 2 kilómetros del cuartel de la Policía Montada Ejido Adolfo López Mateos, al parecer estrangulada, 6 meses a la intemperie, cabello castaño claro y largo, anillo de plástico en el dedo pulgar izquierdo, otro más se encontró en su pantalón vaquero color negro, playera blanca, desgaste de dientes que quizás indique padecimiento de epilepsia. 05/01/00, cadáver descuartizado de mujer, enterrado en el jardín de una casa en la Colonia División del Norte, 50 años.

17/11/99, cráneo femenino, entre 19 y 22 años, tenía dos años de muerta. 25/10/99, Nelly América Gómez Holguín. 21/10/99, Blanca Estela Vázquez Valenzuela. 16/10/99, María del Refugio Núñez López. 15/10/99, no identificada, la policía municipal asegura que su edad es de 15 años, mientras la fiscal Suly Ponce afirma que es una mujer adulta, baldío en la calle Barranco Azul y carretera a Casas Grandes, a corta distancia del Centro de Readaptación Social de Adultos (CERESO), al parecer fue violada y muerta a golpes. 22/08/99, Vanessa Horcasitas. 10/08/99, no identificada. 02/08/99, Bertha Briones. 07/07/99, Rosa María Rivera. 06/07/99, María Elba Chávez, 21 años, interior de un hotel, signos de violación. 07/06/99, Elizabeth Flores Sánchez, 20 años, cerca del Río Bravo, golpeada con un trozo de madera grande. 06/06/99, Irene Castillo. 19/04/99, María Santos Ramírez. 22/03/99, no identificada, inmediaciones de las vías férreas y calle Barranco Azul, delgada, morena, cabello largo, desnuda, se intentó incinerarla con llantas. 12/03/99, Gladys Lizeth Ramos Escárcega, 23 años, muerta por arma de fuego. 03/03/99, Elena García Alvarado. 15/02/99, Irma Angélica Rosales Lozano, 13 años, trabajadora de maquila, se halló su cuerpo en Parque Industrial Gema, violada, muerta por asfixia con una bolsa de plástico sobre la cabeza. 15/02/99, Elsa América Arreguín Mendoza, 22 años, domicilio en Colonia Melchor Ocampo, dos impactos de bala 9 milímetros. 14/02/99, no identificada, osamenta dispersa en un radio de 500 metros, Lomas de Poleo. 01/02/99, Paulina León, 17 años, violada y al parecer estrangulada, con sólo una de las perneras puesta de su pantalón vaquero. 13/01/99, Patricia Monroy Torres, 27 años, cinco impactos de bala, fue secuestrada de su casa en el fraccionamiento El Granjero. 11/01/99, María Estela Martínez Valdez, 33 años, interior de un vehículo, frente a la Central Camionera, violada, estrangulada.

10/12/98, no identificada, 13 años, estudiante de secundaria, predio de basura, morena, delgada, cabello largo, signos de violencia sexual. 06/10/98, no identificada, cerca de 20 años, delgada, pelo largo, basurero municipal de Santa María, violada, torturada, estrangulada, golpeada con una piedra, le pasaron un vehículo sobre la cabeza, tubo de plástico al lado con el que la golpearon y penetraron. 19/09/98, Hester van Nierop, estudiante holandesa, 28 años, Hotel Plaza, estrangulada, desnuda bajo una cama. 18/09/98, Rocío Barraza Gallegos, 23 años, dentro de una patrulla de la Policía Judicial del Estado, frente a la Academia Estatal de Policía, balazo en la nuca; el responsable, al parecer, el agente judicial Pedro Alejandro Valles Chaires de 22 años, asignado a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres (FEIHM), prófugo. 31/08/98, Eréndira Ivonne Ponce, cerca de 17 años, morena, cabello negro y largo, kilómetro 29 de la carretera a Casas Grandes, atada de manos, semidesnuda, al parecer estrangulada, pantaleta a la altura de los tobillos. 03/08/98, Paulina Lizalde Gómez, 15 años, embarazada de siete meses, baldío, rociada con gasolina y quemada. 05/08/98, Aracely Lozano Bolaños. 27/06/98, Brenda Patricia Méndez Vázquez, 15 años, Lote Bravo cerca del Libramiento Aeropuerto, estrangulada, golpeada, violada por vía anal y vaginal. 01/06/98, no identificada, 15 años, faldas Cerro Bola, estrangulada. 25/05/98, Nora Elizabeth Flores, 25 años, guardia de seguridad en una maquiladora, una calle, estrangulada, torturada, golpes. 11/05/98, Gabriela Edith Martínez Calvillo, 15 años, golpes y lesiones con arma blanca, intento de violación. 29/04/98, María Sagrario González Flores, 17 años, ejido Loma Blanca, señales de estrangulamiento, heridas de arma blanca, ataque sexual. 20/04/98, no identificada. 16/04/98, Argelia Irene Salazar Crispín, 16 años, Ponciano Arriaga y Eje Vial Juan Gabriel, al parecer, violada y torturada, heridas con arma blanca. ¿?/¿?/98, no identificada, entre 20 y 25 años, 1,71 metros de estatura, casquillo dorado en un diente superior izquierdo. 18/03/98, no identificada, canal de irrigación cerca de las maquiladoras en Waterfield, 30 heridas punzocortantes en el pecho y cuello. 23/02/98, Elizabeth, calcinada, atrás de las vías del ferrocarril en Ponciano Arriaga y Eje Vial Juan Gabriel, manos y cráneo pequeños, complexión delgada, estatura mediana, dentadura grande, cinturón negro, pluma de tinta roja. 19/02/98, Perla Patricia Sáenz Díaz, cerca de 28 años, trabajaba en un bar, cabaña 25 del Motel Fronterizo, bajo una cama, desnuda, fractura del maxilar inferior, tenía punciones de aguja hipodérmica en brazos y piernas, al parecer fue herida con un picahielo en el lado izquierdo del pecho. 16/02/98, Clara Zepeda (o Zapata) Álvarez, 16 (o 17) años, muerta a tiros de escopeta en su domicilio de la Colonia Colinas de Juárez. 16/02/98, no identificada, basurero municipal, traumatismo craneoencefálico con una piedra que estaba al lado. 16/02/98, tres osamentas distintas, Lomas de Poleo, huesos dispersos en un radio de 200 metros, sostén blanco en una tráquea, en un cráneo un diente de platino con una letra R grabada, tenis con restos de un pie, pantalón vaquero talla 5 marca Capricio, pantalón azul, sostén, sudadera roja, cráneo, mandíbula y huesos pequeños. 03/02/98, Ana Hipólito Campos, 38 años, 40 puñaladas, semidecapitada, en su domicilio, calle Puebla esquina Nuevo León, Colonia Lomas de San José. 27/01/98, Silvia Gabriela Laguna Cruz, sudadera de rayas blancas y negras, sostén, ambos subidos por encima de los senos, pantalones rojos y pantaleta blanca a la altura de la rodilla derecha, calcetas blancas, descalza, al lado un estuche negro con pinturas cosméticas. 25/01/98, María Isela Núñez, cerca de 20 años, delgada, morena, cabello negro corto, cerca de 1,50 metros de estatura, metida en un tambo, orificio en pecho con sangrado, semidevorada por animales, pantalón vaquero, tenis negros tipo botín, blusa desgarrada. 24/01/98, Rosalina Veloz (o Martha Esmeralda Veloz Valdez), 20 años, trabajadora de maquila, predio atrás de la unidad habitacional de INFONAVIT Oasis Revolución, 21 heridas punzocortantes en espalda, tórax, cuello, muerte por shock «hipovolémico», semidesnuda, sudadera verde levantada sobre los senos. 03/01/98, Jessica Martínez Morales, 13 años, morena, desnuda, arroyo atrás de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y a 25 metros de distancia de las vías de ferrocarril.

21/12/97, no identificada, entre 12 y 16 años de edad, Lomas de Poleo, a un metro y medio del Rancho El Oasis, pantalón azul marino y cinto negro, meses de muerta. 09/12/97, Rosa Margarita Arellanes García, 24 años, muerta por arma de fuego en el salón El Vértigo. 08/12/97, no identificada, osamenta, kilómetro 35 de la carretera a Casas Grandes, al lado un pantalón, una camiseta con el logotipo de Carta Blanca y tenis color blanco. 02/12/97, Amalia María de los Dolores Saucedo Díaz de León, 33 años, Lote Bravo, vestida, muerta por fractura de las vértebras cervicales. 01/12/97, Aracely Núñez Santos, entre 18 a 20 años, cauce de un arroyo, a espaldas de la Colonia Santa Elena, a 5 kilómetros de la carretera a Casas Grandes, morena, cabello negro teñido y largo, pantalonera a la altura de los tobillos, heridas de arma blanca. 30/11/97, María Teresa Rentería Salazar, 32 años, domicilio de la Colonia Plutarco Elías Calles, acuchillada en el cuello. 17/11/97, Eréndira Buendía Muñoz, 19 años, desapareció cuando fue a bailar al salón El Patio, de la avenida Tecnológico, baldío a espaldas de la planta Flourex cerca de la carretera Panamericana, desnuda, la ropa a un lado del cuerpo: pantalón tipo mallas de color negro y pantaleta roja. 08/11/97, Norma Julissa Ramos Muñoz, 21 años, calle segunda de Ugarte y Aguascalientes, arma de fuego. 07/11/97, no identificada, huesos dispersos en Cerro Bola, pantalón color blanco, pantaleta blanca, más de dos meses de muerta. 21/10/97, Juana Íñiguz Mares, 38 años, se la reportó desaparecida desde el día anterior. 13/10/97, Virginia Rodríguez Beltrán, 20 años de edad, semienterrada, campos deportivos atrás de PEMEX, camiseta color azul, a un lado pantalón vaquero y pantaleta. 13/10/97, Brenda Esther Alfaro Luna, campos deportivos atrás de PEMEX. 03/10/97, no identificada, 14 años, 1,75 metros de estatura, morena, cabello largo, una pierna más corta que la otra, blusa de rayas negras y sostén blanco, Granjas Santa Elena, campos deportivos de PEMEX, carretera a Casas Grandes, 72 horas de muerta, violada, estrangulada, bocabajo, sin golpes, cerca de 50 heridas punzantes. 28/09/97, María Irma Plancarte Luna, 25 a 30 años, envuelta en una manta, estacionamiento del Boulevard Zaragoza y Eje Juan Gabriel, cuatro días de muerta, desnuda, atada de pies y manos con alambre, golpeada, un ojo desprendido, quizá arrastrada por un terreno pedregoso. 09/09/97, Martha Gutiérrez García (o Martha Hernández García), 18 años, baldío de la Colonia Barrio Alto, desnuda, estrangulada. 09/07/97, no identificada, entre 20 y 30 años, 1,60 metros de estatura, cabello negro de 30 centímetros de largo, sostén obscuro, calceta en el pie izquierdo, amordazada con cinta adhesiva, manos atadas al vientre, dos anillos de fantasía en la mano izquierda, flotaba en un canal de aguas negras a la altura del Rancho de Los Fuertes, carretera a Porvenir, meses de muerta. 31/05/97, Verónica Beltrán. 29/05/97, Amelia Lucio Borjas, 18 años, interior de su domicilio, calle de Fénix 922, Fraccionamiento Bosques de Salbárcar, nueve heridas de arma blanca en el tórax. 19/05/97, Marcela Hernández Macías (o Maricela Macías Fernández), kilómetro 29 de la carretera a Casas Grandes, estrangulada. 15/05/97, no identificada, arroyo del ejido El Sauzal, 15 días de muerta, al parecer violada y estrangulada. 16/04/97, no identificada, El Sauz, en Valle de Juárez, pantalón de color obscuro, tenis negros y blusa verde, en el bolsillo unas llaves al parecer de automóvil, avanzado estado de descomposición. 11/04/97, Miriam Aguilar Rodríguez, 16 años de edad, 1,65 metros de estatura, morena, cabello castaño obscuro y largo, delgada, detrás de la embotelladora de la Frontera, avenida Óscar Flores y Santos Daurón, pantalón negro con motas blancas que estaba a la altura de las rodillas, blusa rosa por encima de los senos, zapatos tipo minero, brasier blanco, pantaleta negra y calcetas blancas con rayas negras y rojas, junto al cuerpo se encontró un bloque de cemento con restos de cuero cabelludo, fragmentos de tejido humano en las uñas, una de éstas rota, resistió la violación, la autopsia reveló el himen intacto. 29/03/97, Silvia Guadalupe Díaz, 19 años, bata de obrera maquiladora, ejido El Sauzal, violada. 21/03/97, Maribel Palomino Arvizo, 15 años, 1,70 metros de estatura, cabello largo castaño, morena, pulsera negra en un brazo y un collar, en El Sauzal, desnuda, a 2 metros estaban una pantaleta blanca y calcetas del mismo color, huellas de violación y estrangulamiento. 14/03/97, Ana María Gardea Villalobos, desaparecida el 1.o de marzo de 1997, faldas de Cerro Bola, 10 a 15 días de muerta, violada, torturada, 15 heridas de arma blanca en cuello y tórax, muerte por desangramiento, desgarre en región vulvar compatible con una penetración. 11/03/97, Cinthia Rocío Acosta Alvarado, 10 años, Valle Dorado quinta etapa (300 metros al norte del camino principal hacia el tiradero municipal del kilómetro 25 de la carretera a Casas Grandes), un mes de muerta, asfixia debido a estrangulamiento, equimosis [presencia de sangre en el tejido celular] en el cuello, fractura del hueso hioides izquierdo con equimosis, probable ahorcamiento con las manos, huellas de golpes en cabeza, manos y piernas, violación, equimosis en palma y dorso de la mano izquierda, lesiones similares en ambas muñecas y golpes en el muslo derecho y glúteo del mismo lado. 16/01/97, no identificada, 16 años, 1,65 metros de estatura, morena clara, blusa blanca, pantalón verde, sin ropa interior, señas de inyecciones en un brazo, callejón de Carreño en el centro de Ciudad Juárez [punto de reunión de adictos a las drogas], la llevaron de otro lugar y la arrojaron allí, golpes en diversas partes del cuerpo y señales de violación. ¿?/01/97, no identificada, 40 años, kilómetro 70 de la carretera Panamericana, disparo de arma de fuego en la cabeza.

06/12/96, Brenda Mejía Flores (o Lizeth Nájera), 15 años, desaparecida desde el 26 de noviembre de 1996, acuchillada, tiro de gracia, quizá violada. 06/12/96, Susana Mejía Flores, 14 (o 13) años (desaparecida desde el 26 de noviembre de 1996), acuchillada, tiro de gracia, al parecer violada, presunto responsable Edgar César Sánchez, novio de Brenda, prófugo. 31/11/96, no identificada, 16 años de edad, blusa desabrochada y calceta en pie izquierdo, camino vecinal cerca del ejido El Sauzal, a 2 kilómetros del centro de diversión Valle Verde, más de 15 días de muerta, no se pudo establecer la causa de la muerte, semidesnuda, se presume violación. 18/11/96, no identificada, entre 20 y 25 años, 1,70 metros de estatura, robusta, cabello castaño obscuro y largo, tatuaje en la muñeca, junto al vado del Río Fuentes, blusa blanca con estampado azul, calcetas blancas y brasier negro, desnuda de la cintura hacia abajo. 14/11/96, Leticia García Rosales, 23 años, un barranco, pantalones verdes hacia abajo de la cintura, blusa blanca y calcetines verdes, golpes en el rostro y el cuerpo, al parecer, opuso resistencia. 02/11/96, Norma Leticia de la Cruz Bañuelos, prostituta que trabajaba fuera del bar Rancho Grande, ejecutada a balazos por unos hombres que estaban a bordo de un auto obscuro. 31/10/96, no identificada, en terrenos de El Sauzal del Valle de Juárez, pantalón y blusa de rayas azules y blancas, uñas pintadas con barniz rojo, cabello obscuro claro y largo. 30/09/96, Perla Hopkins (o Victoria Parker Hopkins o Rita Parker Hopkins). 19/08/96, no identificada, joven, Colonia Eréndira (o Colonia Arturo Gámiz), semidesnuda, violada, estrangulada, golpes en la cara y heridas en el cuello. 16/08/96, Alma Leticia (Patricia) Palafox Zavala, 15 años, degollada, como responsable fue señalado Ernesto Gómez Cordero, de 30 años, detenido. 15/08/96, Soledad Beltrán, 25 años, arenales cerca de la carretera Juárez-Porvenir, 30 horas de muerta, torturada y ejecutada de un tiro. 09/08/96, Sonia Ivette Sánchez Ramírez, 13 años, 1,56 metros de estatura, morena, short amarillo, blusa blanca floreada, zapatos negros, calcetas blancas, cabello largo, ojos cafés, a 100 metros de las oficinas principales de la Policía Judicial de Chihuahua, violada y estrangulada, la niña salió a acompañar a su hermana, obrera de maquila, y no regresó. 30/07/96, Rocío Miranda Agüero, 28 años, dueña del bar Top Capos, unos niños descubrieron sus restos disueltos en un tambo de ácido corrosivo, del cuerpo sólo quedaron las manos y los pies, fue raptada por un grupo de 17 individuos, del rapto se salvaron la sirvienta y la hija de Rocío, de dos meses de edad, se la identificó por unos implantes de silicona. ¿?/07/96, no identificada. 10/07/96, Sandra Luz Juárez Vázquez, 17 años, 1,60 metros de estatura, 52 kilos de peso, cabello largo y obscuro, pantalón vaquero negro, blusa color mostaza, Río Bravo, estrangulada. 07/07/96, no identificada, 15 o 16 años, Lote Bravo, a mil metros del kilómetro 21 de la carretera Panamericana, un arete en la oreja, desnuda, en un puño tenía hierbas de la vegetación del lugar, muerte por traumatismos y heridas punzocortantes. 26/06/96, Elizabeth Ontiveros López, 600 metros al norte del CERESO sobre un arroyo en la esquina de las calles de Barranco Azul y Terreros en la Colonia Toribio Ortega, playera de rayas de tonos rosa y blanco, pantalón vaquero azul marca Errego con botones en ambas bolsas posteriores del mismo color, rojo, verde y cristal, tenis negros marca Reebok 5 1/2, pantaleta blanca, murió durante la madrugada del martes anterior, 22 heridas corto-contundentes, la mayoría en el tórax del lado izquierdo, una en el brazo izquierdo, cinco en la espalda, otra en la región cervical y otra en el abdomen. 10/06/96, no identificada, 17 años, 1,70 metros de estatura, delgada, cabello castaño, camiseta negra, brasier beige y calzón blanco, zapatos talla 3, osamenta, la camiseta tenía orificios producidos por un arma punzocortante. 07/06/96, Aracely, 23 años, bailarina del bar La Bahía, asesinada a tiros por su marido Tomás Sandoval Rodríguez de 50 años. 28/04/96, Rosario Fátima Rodríguez, edificio abandonado de la calle de Galeana. 07/04/96, Rosario García Leal, 17 años, obrera con gafete de maquiladora Phillips, acuchillada, violada, mutilada, muerta 40 días antes, dos meses atrás reportada como desaparecida. ¿?/04/96, Isalda Chávez, joven, muerta en Valle de Juárez, zona agrícola al oriente de Ciudad Juárez. ¿?/04/96, Josefina Reyes Salazar, 26 años, muerta en Valle de Juárez. ¿?/04/96, Ignacia Morales, joven, muerta en Valle de Juárez. 29/03/96, no identificada, joven, Lomas de Poleo, violada y estrangulada, 15 días de muerta. 29/03/96, no identificada, joven, Lomas de Poleo, violada y estrangulada, 30 días de muerta. 28/03/96, Guadalupe Verónica Castro Pando, 16 años, Lomas de Poleo, violada y estrangulada. 23/03/96, no identificada, joven, Lomas de Poleo, violada y estrangulada. 18/03/96, no identificada, joven, Lomas de Poleo, violada y estrangulada. 13/03/96, no identificada, joven, Lomas de Poleo, violada y estrangulada. 09/03/96, no identificada, 9 a 12 años, acuchillada, violada, carretera a Casas Grandes, kilómetro 27.

¿?/12/95, Laura Ana Inere, 27 años, murió por arma de fuego, Panteón Municipal. ¿?/12/95, Elizabeth Gómez, 29 años, 1,60 metros de estatura, delgada, cabello negro ondulado, campos deportivos de PEMEX, falda subida hasta la cintura, blusa color cobre encima de los senos, chaqueta azul, zapatos negros, sin sostén, acuchillada, presunto culpable un policía municipal. 15/12/95, Rosa Isela Quintanilla, 14 años, pelo negro, delgada, campos deportivos de PEMEX, atada, pantalonera morada, blusa negra estampada, tenis negros y medalla de la Virgen del Cobre, acuchillada. 23/11/95, Ignacia Morales Soto, 22 años, delgada, 1,63 metros de estatura, morena, cabello largo, Granjas Santa Elena, carretera a Casas Grandes, presunto asesino, Juan Escajeda. 18/11/95, no identificada, 18 años, poblado Loma Blanca, pantalón color gris debajo de uno negro, chaleco gris, desangrada. 11/11/95, Adriana Torres Márquez, 15 años, atrás de Granjas Santa Elena, carretera a Casas Grandes, cabello castaño, zapatos negros, lentes obscuros, pantalón dorado Silver Red talla 28, camisa vaquera, sostén y calcetines blancos, cráneo completo, desnucada, cercenado el seno derecho y huellas de mordidas en el pezón izquierdo. 09/09/95, Olga Alicia Carrillo Pérez, 18 años, 1,54 metros, delgada, predio semidesértico Zacate Blanco, al oriente de la avenida Las Torres, a 3 kilómetros hacia el oriente del Mercado de Abastos en el libramiento Aeropuerto y carretera Panamericana (predio Zacate blanco), pantalón vaquero negro marca Lee, talla 3 mediana, calzón blanco o beige con una flor en la parte anterior media, brasier blanco o beige abrochado con un moño en la parte anterior media, dos calcetas blancas colocadas sobre ambos pies, hueso hioides con aspecto isquémico y fractura, sección del asta izquierda, muerta de 30 a 50 días atrás por heridas de arma blanca en cuello y tórax. 10/09/95, no identificada, de 30 a 35 años, regular, 1,54 metros de estatura, hacia el oriente de la avenida de las Torres, a la altura de la unidad de transferencia de limpia municipal, predio Zacate Blanco, osamenta dispersa en 60 metros, muerte de 30 a 50 días atrás por causa indeterminada (se encontró un fragmento de soga), blusa blanca con franjas transversales, de colores rojo, azul y guinda, de manga corta, brasier beige con blanco, copa chica, sin marca ni talla apreciables, encima de la región pectoral, pantalón vaquero color azul marca Braxton, pantaleta de color beige, calceta blanca en el pie izquierdo, zapatos negros marca Creaciones Angelina, tubo chico de crema para los labios, cuerpo en descomposición, huellas de violencia, muerta 30 a 50 días antes. 05/09/95, no identificada, de 20 a 24 años, delgada, 1,56 metros de estatura, cabello castaño, libramiento Aeropuerto, atrás del Mercado de Abastos, muerta de 50 a 60 días atrás por probable estrangulación, manos amarradas a la altura de la muñeca con correa al parecer de bolso de mujer. 01/09/95, Silvia Elena Rivera Morales, 17 años, 1,54 metros de estatura, cabello negro y largo, delgada, a 2 kilómetros al oriente de la autopista a Ciudad Juárez, a la altura del kilómetro 21, Lote Bravo, zona semidesértica, playera azul con la figura de Mickey Mouse, brasier blanco por encima de la región pectoral, pantaleta negra marca Tania, talla mediana, calcetines blancos, dilatación anal y vulvar, asfixia por estrangulamiento, de 45 a 60 días de muerta. 27/08/95, Miriam de los Ángeles Deras, 25 años, en la calle de Mercurio n.º 902, blusa azul, short vaquero gris, ropa interior negra, calcetas y tenis blancos, heridas de arma de fuego en el tórax y el abdomen. 22/08/95, no identificada, de 16 a 17 años, delgada, 1,60 metros, terracería semidesértica a 4 kilómetros al sur del kilómetro 6 de la carretera a Casas Grandes, anexo a Granjas Santa Elena, muerta de 60 a 90 días atrás por causa indeterminada. 22/08/95, no identificada, de 18 a 20 años, morena, mestiza, 1,50 metros de estatura, cabello negro y largo, terracería semidesértica situada a 4 kilómetros al sur del kilómetro 6 de la carretera a Casas Grandes, avanzado estado de descomposición, muerta de 30 a 60 días por causa indeterminada. 20/08/95, Gloria Escobedo Piña, 20 años, 1,65 metros de estatura, morena, cabello largo, en I. de la Peña n.º 1158, brasier negro, camiseta, desnuda de la cintura hacia abajo, sangrado genital, violada por los tres conductos y estrangulada, asesinada al parecer por su padrastro, Miguel de Jesús Montelongo León. 19/08/95, «Elizabeth Castro García», 17 años, 1,63 metros de estatura, cabello castaño claro y largo, a 20 metros al sur de la carpeta asfáltica, a nivel del señalamiento del kilómetro 5 de la carretera a Casas Grandes, hacia el sur de la carpeta asfáltica, Granjas Santa Elena, atada de una mano con dos agujetas, muerta de 5 a 7 días atrás por asfixia debida a estrangulamiento. 08/08/95, Patricia Cortés Campos, 33 años, 1,60 metros de estatura, cabello largo, calle Velarde y Francisco Campos n.º 331, Colonia Obrera, hematoma aurícula y tórax, el informe policíaco indica muerte por «intoxicación». 06/08/95, Gloria Olivas Morales, 28 años, secuestrada junto con Walter Ríos y Alejandro Fuentes, avenida Jilotepec, playera en color blanco y logotipo de la marca Nike, mallas azules de cuadros y tenis Nike blancos, azul y rosa, estrangulada. 16/07/95, Erika García Moreno, 19 años, delgada, morena, cabello negro, atrás de PEMEX, blusa color blanco, sostén blanco, pantaleta negra, pantimedias café, pantalón vaquero azul, huellas de violencia externa, equimosis por succión, estrangulada. 04/07/95, Araceli Rosaura Martínez Montañez, 19 años, Granjas Santa Elena, pantalón vaquero negro, botas café y blusa blanca, estrangulada, probable culpable Juan Manuel Cruz Carreón. 21/04/95, Karina Daniela Gutiérrez, 25 años, 1,59 metros de estatura, delgada, trabajadora de maquila, Eje Juan Gabriel, leotardo gris, Hermanos Escobar y P. Del Río, estrangulada. 17/04/95, Fabiola Zamudio, 35 años, robusta, morena, cabello negro, Hotel El Ranchito, sostén blanco, intoxicada. 24/02/95, Miriam Adriana Vázquez, 14 años, 1,60 metros de estatura, trabajadora de maquila, Eje Juan Gabriel, bolsa negra y cadena dorada, acuchillada y violada. 25/01/95, María Cristina Quezada Mauricio, 31 años, 1,65 metros de estatura, cabello largo, calle José Casavantes n.º 1168, Colonia Francisco I. Madero, jersey negro con gris, cobija amarilla, violada y estrangulada, su marido es inculpado. 10/01/95, no identificada, osamenta, Ejido El Sauzal, carretera Juárez-Porvenir.

20/11/94, Guillermina Hernández, 15 años, 1,50 metros de estatura, delgada, morena, cabello largo hasta los hombros, violada, incinerada, se le encontró en Guadalupe, se inculpó a Juan Carlos Escageda. 09/11/94, no identificada, 30 años, morena, indígena, falda roja, jersey color ladrillo y calcetas blancas, edificio en construcción avenida Vicente Guerrero, entre Bolivia y Paraguay, estrangulada y violada, su cuerpo estaba cubierto por una cobija. 25/10/94, no identificada, de 20 a 25 años, cabello castaño, pantaleta y una blusa descolorida, anillo en la mano izquierda de la Academia Comercial Hidalgo, de Ciudad Delicias, con iniciales «JFA», «Generación 51», libramiento Aeropuerto en Lote Bravo, muerta por estrangulamiento 30 días antes, envuelta en una bolsa de plástico. 08/08/94, Patricia, alias «La Burra», 30 años, 1,63 metros de estatura, robusta, morena, cabello rizado, golpes en el abdomen, callejón de Guadalupe n.º 300, posible responsable Raúl, alias «El Chilango», y Mario Gallegos, alias «El Mariachi». 25/06/94, María Agustina Hernández, cerca de 35 años, 1,50 metros de estatura, morena, cabello largo, cuarto de madera en la calle Isla Saboga y Nogal, Colonia 16 de Septiembre, estrangulada, al parecer por su amante, Alfredo Coronado. 08/05/94, Gladys Yaneth Fierro Vargas, 12 años, falda floreada y corpiño, 300 metros de distancia del kilómetro 4 de la carretera Juárez-Porvenir, rumbo a Satélite, estrangulada, violada, a un lado se halló su ropa interior, tenis negros y blusa roja. 12/05/94, Donna Maurine Striplin Boggs, 26 años, 1,64 metros de estatura, cabello castaño, frente amplia, al borde el Río Bravo frente a la refinadora Esmeralda, heridas punzopenetrantes y contundentes en el cuello, tórax y abdomen, sobre todo en la región subclavicular. 25/04/94, Lorenza Isela González, falleció 8 días atrás, 23 años, bailarina del cabaret Norma’s, 2 kilómetros de la garita aduanal de la carretera Panamericana, 50 metros de la cinta asfáltica, el 21 de marzo salió del bar con unos clientes, estrangulada, herida en el pecho, mutilados los dedos índice y meñique, se mencionó como implicado al dueño del bar Safari, Alejandro Máynez. 11/03/94, María Rocío Cordero, 11 años, tubo de desagüe cerca de la carretera a Casas Grandes y Barranco Azul, raptada antes de llegar a la Escuela Primaria Gabino Barreda en la Colonia México 68 donde vivía, estrangulada, violada por vía anal y vaginal. 11/02/94, Emilia García Hernández, salón llamado La Madelón, riña con arma punzocortante, al parecer la mataron sus compañeras. 11/01/94, no identificada, 30 años, morena clara, prolongación calle Manzano, short blanco de licra, blusa floreada con tirantes, pantaleta beige, golpeada, estrangulada 10 días antes.

15/12/93, Yolanda Tapia, domicilio de la calle 57 n.º 540, herida punzocortante en cráneo, madero en la vagina, se dijo que la asesinó su hijo Jesús Roberto Gil Tapia. 15/11/93, Esmeralda Leyva Rodríguez, 13 años, atrás de la escuela Hermanos Escobar hacia la Teófilo Borunda, raptada al salir de la Escuela Secundaria Técnica 27, violada, vía anal y vaginal. 14/10/93, Tomasa Salas Calderón, pantalón de pechera color azul, avanzado estado de descomposición, murió una semana atrás, llevaba identificación de Hipermart. 14/10/93, Mireya Hernández Méndez, 20 años, 1,60 metros de estatura, estrangulada, basurero Parque Industrial Juárez, trabajaba en Phillips. 17/09/93, Marcela Santos Garza, 18 años, 1,75 metros de estatura, morena, cabello largo, muerta a balazos, al parecer por su novio Heberto Cruz Aguilar. 29/08/93, no identificada, 28 años, interior de auto Mustang estacionado en una calle del fraccionamiento Senecú, pantalón corto y azul, blusa blanca con estampado azul, estrangulada cinco días antes. 14/06/93, Guadalupe Ivonne Estrada Salas, 16 años, delgada, morena, 1,60 metros de estatura, short vaquero azul, zapatos de charol negros, calcetas blancas, trabajaba en Bravo Eléctrico Sistemas, del Parque Industrial Magna Flex, muerta 23 días antes, la descomposición impidió saber la causa de la muerte. 10/06/93, no identificada, cerca del bordo del Río Bravo sobre un camino de terracería, violada y estacada con una rama, muerta por fractura de cráneo debido a un golpe con un block de concreto. 05/06/93, Verónica Huitrón Quezada, 26 años, 1,78 metros de estatura, cabello corto, final de la calle principal de Puerto de Anapra, acuchillada, atada de manos con alambre, la intentaron incinerar. 13/05/93, no identificada, 25 años, cabello claro, tez blanca, pantalón vaquero, zapatos de tela, violada y acuchillada, Sierra Juárez, faldas del Cerro Bola. 03/05/93, no identificada, 30 a 35 años, morena, cabello obscuro, camino a Ortiz Rubio, a 3 metros de una acequia, cerca de Satélite, pantalones cortos, pantaleta, descalza, embarazada de 5 meses, muerta un día antes por estrangulamiento, golpes en la cara y el abdomen. 21/04/93, Luz de la O. García. 14/03/93, Jessica Lizalde León, 29 años, locutora, reportera de radio, domicilio en Anémona n.º 9814, Colonia Ampliación Aeropuerto, asesinada con arma de fuego, dos disparos calibre 9 milímetros en el rostro. 17/02/93, no identificada. 25/01/93, Angelina Luna Villalobos. 23/01/93, Alma Chavira Farel…

… Y tú me devolverás los cuerpos de mis niños y mis niñas; los depositarás en las playas de la isla; y los prebendados los pondrán en las criptas del templo; y encenderán, encima, lámparas eternas donde arderán óleos santos, y mostrarán a los viajeros piadosos todos estos huesecillos blancos esparcidos en la noche…

MARCEL SCHWOB, La cruzada de los niños.

Epílogo personal

Desperté y a mi alrededor había voces y luces extrañas. Demoré unos segundos en reencontrar, entre la pesadez de mi cuerpo y la volatilidad de mis sentidos, un punto de referencia que me devolviera a la realidad. Quería irme de allí de inmediato. Supe que estaba en una sala de quirófano.

Durante dos meses, había vivido bajo una suerte de sonambulismo. De sopor y lentitud que me esforzaba en disimular. Había tratado de seguir las rutinas cotidianas, como si nada hubiera sucedido el 15 de junio de 1999.

Aquel día fui golpeado y asaltado en un taxi, que abordé una noche en la Colonia Condesa de la Ciudad de México. En el trayecto hacia mi domicilio, el taxi se detuvo de pronto. En un instante, se aproximaron dos sujetos armados. Me ordenaron cerrar los ojos, sentarme en la parte media del asiento. El taxi arrancó, el conductor era cómplice. Sólo debía responder si me preguntaban algo.

A pesar de mi nula resistencia, sufrí maltratos verbales, puñetazos, heridas con picahielo en las piernas, golpes en el pecho, rostro y la cabeza con las cachas de los revólveres. Anunciaron que me aniquilarían en un paraje solitario del sur de la ciudad. El taxi se detuvo de nuevo para que bajara uno de los sujetos y otro —«El Jefe», le decían— abordara.

Éste reanudó la rutina de puñetazos, codazos y amenazas de violación y de muerte. El paso muy próximo de una patrulla con sus luces de vigilancia encendidas, que pude registrar a través de los párpados cerrados, disuadió a los atacantes de continuar su tarea de la última hora. Me dejaron, ensangrentado y confuso, en una calle de la Colonia Narvarte, en el mismo perímetro donde inició el asalto. Levanté una denuncia formal y al día siguiente acudí al médico. Éste sólo me ordenó reposo y recetó un analgésico. Mi familia y mis amigos se inquietaron. Uno de éstos me preguntó, suspicaz como siempre:

—¿La golpiza tuvo que ver con tus reportajes sobre Ciudad Juárez?

—Prefiero no pensarlo —le respondí—, los asaltos por dinero son comunes ahora, como sabes.

Pero quedó la duda: el secuestro, golpiza y robo —que las autoridades asentaron por rutina como un simple «robo con violencia»— sucedieron en la víspera de que se publicara en Reforma, el 18 de junio, un reportaje de mi autoría titulado «Señalan a policías como cómplices». Se refería a los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez. Había trabajado en este reportaje desde semanas antes. Y me había acostumbrado a escuchar en mis teléfonos, lo mismo estacionarios que en el móvil, ruidos extraños y deficiencias en el servicio. Ahora, mi soslayo se volvía un indicio angustioso.

Acudí a ratificar la denuncia formal en la delegación policíaca. Los empleados fueron amables, pero requerían de más datos, de otra forma nada se podría indagar, afirmaron. Por ejemplo, necesitaban las fotografías del sujeto que, en un cajero automático, hizo el retiro de dinero en efectivo de mi cuenta mediante la clave que proporcioné, bajo maltratos, a sus cómplices. Debía solicitar al banco respectivo aquellas imágenes de la cámara de vigilancia, y luego llevárselas a la policía. En suma, tenía que hacer parte de su trabajo. Jamás volví.

A partir de entonces, dejé de viajar a Ciudad Juárez.

A las ocho semanas de aquel suceso, advertí problemas de expresión verbal: se me trababa la lengua cuando quería hablar. Manifesté también dificultades de memoria. Un velo obscuro y tenue desaparecía el pasado. Poco a poco, tendría dificultades para recordar los datos más insignificantes de lo inmediato. Los rostros de las personas conocidas se desprendían de su respectivo nombre. Mis actos se untaban en una nube sombría. Las vivencias caían en una inanidad silenciosa. Dormía en exceso y me sentía débil. Era un bulto de gestos tenaces y palabra a la deriva.

El 11 de agosto de 1999, terminé en el hospital. Me condujeron dos amigas y un amigo, compañeros del periódico Reforma, en el que trabajo desde 1993. En el hospital me diagnosticaron un severo derrame sanguíneo —un hematoma— en el cerebro, producto de los traumatismos del asalto. Me operaron de urgencia. La intervención quirúrgica fue venturosa. Convalecí dos meses. Recuperé la salud y me reintegré a mis actividades normales, ya avanzado el mes de octubre.

En una de mis colaboraciones de Reforma, publiqué un agradecimiento a mis familiares y amigos que se preocuparon por mi salud. Me cuidaron, me visitaron, me llamaron. Incluso cooperaron para subsanar los costos de la contingencia. Siempre lo agradeceré.

Un mes más tarde, a finales de noviembre, se desataron las noticias sobre el operativo binacional en torno de las «narcofosas». Cobraban vigencia los datos que había proporcionado, meses atrás, un informante: Víctor Valenzuela. Sus testimonios eran veraces. En particular, lo referente a los ranchos donde se enterraba a las víctimas. Así, decidí retomar la investigación sobre los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez.

El 8 de diciembre de 1999, entrevisté por vía telefónica al comandante Francisco Minjárez, jefe del Grupo Antisecuestros de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua. Seis horas más tarde, sufrí otro asalto, también a bordo de un taxi que llevaba en orden su documentación. Esta vez, dos sujetos subieron al vehículo en un alto de crucero. Fueron directos, no me golpearían, aseguraron:

—Nosotros no venimos drogados —repetían.

Desde luego, deseaban un poco de dinero, pero traían ante todo un mensaje, y éste —dijeron— era el motivo de su presencia:

—Usted anda metido en una bronca muy gruesa, mi señor… A usted, lo pusieron. Alguien lo puso. Ándese con cuidado. ¿Sí me entiende? El comandante nos ordenó que le dijéramos esto.

Expresaban una y otra vez:

—A usted lo pusieron, está metido en un asunto muy delicado, tenga cuidado, el comandante nos ordenó decírselo. ¿Sí me entiende lo que queremos decirle…? —amenazaban.

Poner a alguien es convertirlo en «blanco». Ordenar un ataque personal o disponer de una víctima que debe ser agredida. «Me habían puesto», decían. Debía tener cuidado.

Mientras, comprobaban que uno de sus cómplices extrajera dinero de un cajero automático con la clave que les proporcioné. En pocos minutos, me dejaron en una calle de la Colonia Doctores. Indemne.

En lugar de acudir a la policía, fui al periódico. El entonces director de Reforma me pidió elaborar un informe y enviárselo. Así lo hice y se lo entregué. Allí quedaron las cosas: no hubo respuesta.

A las pocas semanas, leí una noticia que me impresionó. El 2 de enero de 2000 se halló el cuerpo sin vida de Lourdes Diaque en un suburbio del sur de la Ciudad de México. Tenía a su cargo un programa radial sobre temas de mujeres en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER/XEB). Al preguntar a quienes la conocieron, sabría que uno de los últimos temas que trató fue los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez. La psicóloga había abordado un taxi en la Colonia Condesa. Apareció desfigurada, mutilada, violada y arrojada en un lote baldío. Le habían golpeado la cabeza en forma salvaje. Nada se ha sabido de los culpables.

El 10 de enero de 2000 publiqué en Reforma el reportaje en el que había trabajado durante las últimas semanas. Se tituló «Los cuerpos perdidos». Documentaba que el operativo de «narcofosas» buscaba cadáveres enterrados, mientras que a lo largo de los años noventa habían aparecido decenas de niñas y mujeres asesinadas en el perímetro de los ranchos orgiásticos de narcotraficantes.

El 29 de abril de 2000 se informó en Ciudad Juárez, Chihuahua, del hallazgo del cuerpo del periodista José Ramírez Puente, de Radio Net 1490. Se le había encontrado en el asiento delantero del vehículo que manejaba. En un primer momento, las autoridades locales ocultaron el crimen. Después, dieron a conocer que «habían localizado 10 kilos de marihuana en el auto y que la investigación no era competencia de ellos». Quienes conocían al periodista desestimaron dichas palabras: tenía fama de hombre honrado y vivía con un salario minúsculo. La droga debió de ser puesta allí para confundir. El cuerpo del periodista de 28 años de edad recibió más de 35 lesiones con un picahielo en el costado izquierdo, una de ellas en el corazón. A la fecha, el asesinato está impune. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha reivindicado este caso.

A lo largo del año 2000, publiqué al menos tres artículos en los que me referí al tema de los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez. Denunciaba la indiferencia de las autoridades locales y federales. El desdén colectivo. Los homicidios han continuado.

El 10 de julio de aquel año, mientras hablaba desde mi teléfono móvil con una amiga, escuché una interferencia y una voz que ordenaba:

—Localízenlos, localízenlos…

Aquel día, al salir de un restaurante, un par de sujetos siguió mis pasos:

Uno de ellos se acercó a mí y dijo:

—Te estamos vigilando. Ten cuidado…

—Ya me di cuenta y sé de dónde viene el encargo —respondí.

Mi respuesta los desconcertó, y se alejaron de prisa.

El 2 de agosto por la mañana, un sujeto me interpeló en las cercanías de mi domicilio. Más que preguntarme algo obvio («¿Dónde está el puesto de periódicos?»), parecía identificarme como el sujeto de alguna acción próxima.

—Allá, en la esquina —le repliqué, extrañado aún por la pregunta, ya que el sujeto tenía al alcance de su mirada el kiosco de diarios y revistas.

Caminé unos metros y, al llegar a la bocacalle siguiente, se aproximó un vehículo, se detuvo y de éste comenzó a descender un sujeto que se acomodaba un objeto en la cintura. Retrocedí y atravesé la avenida para ponerme a salvo. Huí en sentido contrario al tránsito vehicular. Veloz, el auto aquel arrancó y se perdió en la avenida. A bordo iban tres individuos.

Los teléfonos prolongan su funcionamiento irregular. El correo electrónico demora y muestra anomalías. Sobre todo, cuando se trata de intercambio de mensajes sobre los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez. Cada signo raro de aquéllos parece llevar una suerte de aviso preventivo. O amenaza.

En el verano de 2000, un funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inquirido sobre ciertos peritajes de 1995 en esta institución para las autoridades de Chihuahua, comentó en privado que estaban bien enfocadas las notas que yo había publicado en Reforma sobre los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez. El trasfondo del asunto, afirmaba, era tan confidencial que, de tener algún expediente al respecto, sólo podría mostrarlo sin posibilidad de proporcionar copia alguna. Y si se llegaba a publicar aquella información, la PGJDF negaría su validez en términos oficiales.

En esas fechas, supe también que un analista del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) había recibido unas tarjetas informativas sobre una plática telefónica mía. En ésta, decía el analista, yo había abordado el tema de la mafia rusa en México. En efecto, a finales de 1999 escribí sobre un centro nocturno de la Ciudad de México que empleaba a bailarinas provenientes de Europa Oriental. Todo indicaba que el enlace de este tráfico humano era la mafia rusa. Desde 1997, las autoridades mexicanas supieron que el Cártel de Juárez había establecido vínculos con la mafia rusa. El analista de CISEN sugería que tuviera yo cuidado. Era peligroso indagar aquello —el general del ejército mexicano Enrique Salgado Cordero, comandante de la 3.ª Región Militar, resultaría copropietario de un inmueble al servicio de aquella red internacional. Y añadía que, en los homicidios contra mujeres de Ciudad Juárez, estaban involucrados policías municipales y judiciales del estado de Chihuahua. A lo largo de los años, tal ha sido uno de los contenidos centrales de mis investigaciones y reportajes al respecto. Además, el analista ofreció un dato inquietante: el sujeto señalado como Alejandro Máynez ya estaba muerto. Asesinado. Por esto nadie sabía dónde estaba tal persona. Pero no faltó en Ciudad Juárez quien asegurara lo contrario: a dicho sujeto lo habían visto en el año 2000 en uno de sus bares, el Safari— también se ha sabido que Alejandro Máynez estaría preso por homicidio en Estados Unidos. La incertidumbre letal.

El triunfo de Vicente Fox en las elecciones de julio de 2000 acercó a Francisco Molina Ruiz al equipo de enlace gubernamental. El polémico ex procurador de Chihuahua lucía como el candidato idóneo para hacerse cargo del área de justicia y seguridad pública del nuevo gobierno del PAN. El olvido es moneda corriente en nuestra vida pública, pensaba. En consecuencia, juzgué necesario recordar la trayectoria conflictiva de Molina Ruiz. Y, más aún, presentar en un reportaje lo que pensaban sobre él quienes conocían la calidad de su trabajo. La historia se instalaba en mi escritorio.

Después de semanas de sondear opiniones entre diversos protagonistas de la vida pública de Chihuahua, el 29 de octubre de 2000 se publicó en Reforma un reportaje mío que se tituló «Molina Ruiz, el asesor incómodo». En el centro de la plana apareció una entrevista con el también ex senador, cuyo encabezado decía: «Me quieren desactivar». Y se añadía un subtítulo: «El integrante del equipo de transición de Fox dice que se le puede investigar su actividad pública». Con todo, Reforma le dio a Molina Ruiz la oportunidad de reivindicarse por segunda vez ante los cuestionamientos que diversas personas habían expresado a través de mí.

Así, el 2 de noviembre de 2000 Reforma publicó una entrevista de Daniel Moreno con Molina Ruiz bajo este título: «Están ligados al narco ataques en mi contra». El declarante recurría al infundio. Era una réplica reiterativa, colérica. Como se sabe, al tomar el poder el presidente electo el 1.º de diciembre de 2000, Francisco Molina Ruiz quedó fuera del gabinete de seguridad pública.

El 17 de enero siguiente, el gobernador de Chihuahua Patricio Martínez sufrió un atentado contra su vida que lo dejó herido. En adelante, se acentuaría el clima de violencia en la frontera norte. Días atrás, el presidente Vicente Fox había anunciado una guerra frontal al narcotráfico. El nuevo procurador de la República, el general del ejército Rafael Macedo de la Concha, recién había estado en Chihuahua. Convino con el gobernador, según leí, la lucha contra el narcotráfico.

El delegado y el subdelegado de la PGR acababan de ser presos, acusados de corrupción a favor del Cártel de Juárez. La mujer que atentó contra el gobernador es una ex agente de la Policía Judicial de Chihuahua. El gobernador Patricio Martínez recobraría la salud.

En un primer momento, las autoridades de Chihuahua se apresuraron a negar la existencia de una conjura de narcotraficantes detrás de aquel ataque. Tres meses después, exigían a los organismos federales esclarecer los hechos en tal sentido. En abril de 2001, el FBI difundió que, dos años antes del atentado contra el gobernador chihuahuense, había alertado a la PGR acerca de este propósito. También, la misma mañana del atentado. El Cártel de Juárez estaba involucrado, precisó la agencia estadounidense.

Las autoridades federales de México omitieron actuar. El gobierno entrante se descubría inerme ante la corrupción policíaca y judicial. Lo declaraba. Se reconocía en sus límites. Sin ley y justicia, las personas poco valen. O nada.

A finales de abril de 2001, supe del asesinato de un informante del FBI, ex policía municipal de Ciudad Juárez de nombre Benjamín López Zárate, y quien había alertado a esta agencia acerca del ataque contra el gobernador de Chihuahua. Recibió ocho balas de un fusil AK-47. La PGR desautorizaría esta noticia. El FBI mantendría su versión. Reaparecía el teatro de fantasmas y simulaciones. Los desmentidos y la rapidez en exonerar. El umbral perverso. La palabra oficial como cielo protector. O su silencio cómplice.

Hay allí otra causa de fondo: en México, las instituciones que procuran la justicia gastan más dinero en propaganda que en cumplir sus fines. Poco hacen contra los poderes fácticos, suprainstitucionales que potencian la complicidad entre la clase política y el crimen organizado, juegan con uno u otro partido y tienden a convertir la «transición democrática» en una farsa injusta.

La lectura de los periódicos me inspira pensamientos negros. Unas de las intuiciones más certeras —e inquietantes— de Leonardo Sciascia fue cuando afirmó que en los periódicos se encuentra toda la realidad, aunque ésta aparezca tras un velo que siempre deja entrever lo que sucede. Por lo tanto, se debe leer entre líneas y tener memoria. Quienes tienen el poder quieren poseer también el monopolio de la verdad.

Asociar lo disperso ayuda bastante a contradecir la «verdad» oficial, así como auxilia a revelar lo que algunas autoridades ocultan en sus acciones. Cada acto, cada palabra, cada mutis de ellas expresan una arquitectura inversa: al principio opaca, pero luego evidente hasta hacerse casi corpórea. Leer entre líneas refiere al hallazgo de lo que trascenderá lo contingente; y a la capacidad de jerarquizar, distinguir o evaluar más allá de lo inmediato.

Rememorar cosas pretéritas otorga los beneficios del pensamiento analógico, es decir, de la aptitud de trazar analogías, asociaciones, puentes en los hechos que la vida cotidiana presenta a gran velocidad, inconexos, en medio del caos noticioso y bajo el riesgo de la amnesia generalizada. Así, vale agregar al espacio de la interlínea y la práctica de la memoria por vía analógica un atributo disponible en la lectura múltiple de los sucesos: la agudeza ante las anomalías, aquello que permite conjeturar y sirve de plataforma al análisis y las vislumbres prospectivas. Esto último implica un fundamento, que precisan Thomas A. Sebeok y Jean Umiker-Sebeok al afirmar que se puede partir de una anomalía inesperada y luego conducirse hacia un grupo de premisas.

Los estudios históricos, en general, parten de ideas semejantes: convocan el tejido de los hechos y las conjeturas. El propio Charles S. Peirce escribió que si el hombre no poseyera una luz interior que tiende a conjeturar, y lo hace de forma tan eficaz que se desdeña pensar en el azar, desde tiempo atrás la raza humana se habría extinguido de la faz de la tierra por su incapacidad de luchar y sobrevivir. Primero sería la conjetura y después el método; el hombre y después la ciencia. O la comprensión de la parte en el todo y el todo en cada parte; luego la exactitud.

De visita en México, un experto de la ONU, Dato Param Cumaraswamy, informó el 15 de mayo de 2001 acerca de la preocupación, en el ámbito internacional y en el organismo que representaba «por el alto índice de impunidad que se registra en México, cuyo nivel alcanza entre el 95 y el 98%». Agregó: los mexicanos no creen en la justicia porque nunca la han tenido. Menos aún, en lo que respecta a los derechos humanos, concluyó. Las señales se contagiaban.

El 18 de junio de 2001, se divulgó un informe del CISEN que alertaba al presidente de la República sobre el riesgo que, para la «seguridad nacional» y el «desarrollo económico», representa la corrupción en todo el país. El análisis precisaba que la «estructura que sostiene la corrupción puede establecer relaciones de complicidad con grupos poderosos o con enemigos del Estado, llegando a constituirse en un poder paralelo al gobierno». Una entidad, al decir del documento, encabezaba la lista del estrago unánime en la República mexicana: Chihuahua.

En noviembre de 2001, volví a Ciudad Juárez. Era patente el impacto de la crisis en la industria maquiladora. El desempleo, la pobreza, la incuria, el desgaste se observaban en los detalles urbanos. Había disminuido la carnavalesca vida nocturna de los alrededores del Puente Internacional Paso del Norte.

Ahora, los bares se diseminaban por toda una urbe motorizada que, al caer la noche, adquiere un aire espectral. Largas avenidas solitarias de peatones. Calles y calles semiobscuras, de pronto iluminadas por los arbotantes ambarinos o el neón carmesí que anuncia las mercancías corporales. Arquitecturas abandonadas a medio construir. Lotes baldíos al lado de viviendas, edificios comerciales y enormes terrenos a la espera del lucro y la violencia. El mal que aguarda: el FBI registra 300 desapariciones relacionadas con el tráfico de drogas en Ciudad Juárez durante los últimos años —el 5 de septiembre de 2002, esta agencia anunciaría que las autoridades mexicanas solicitaron ayuda, sin precisar aún en qué consistiría ésta, para resolver los homicidios seriales en Ciudad Juárez.

De día, la costumbre disimula los filos de la vida fronteriza: las personas encaran la adversidad desde la resistencia y el apoyo mutuo.

Tengo a mi lado una fotografía aérea de Ciudad Juárez. Me la regaló un amigo. Fue tomada treinta o cuarenta años atrás. Trato de escrutar en sus perfiles y detalles, en la traza urbana que empequeñecen las montañas y el desierto, el asomo de un mensaje oculto. Es un recurso inútil, vacuo.

Comencé a interesarme en los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez durante 1995. Una mañana de 1996, salí de la Ciudad de México hacia la frontera norte. Y hallé un rastro de sangre. Desde entonces, lo he seguido. En estos años, por padecimientos diversos murieron mi hermano Jesús, mi hermana Margarita, mi padre, José de Jesús. A veces, el rastro aquel se convertía en un hilillo casi invisible, y había que aguzar los sentidos para distinguirlo. Luego se volvía ostentoso de tan evidente. Un charco de sangre espesa en el que se hunden la indignación y el azoro. Una y otra vez perduraron las palabras, los testimonios, los documentos, los datos, los hechos, los indicios, las conductas circulares.

Es patente, ante todo, la existencia de un centenar de homicidios seriales contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua —organismos civiles contabilizan más—, un suceso que parece implicar, como propone Robert K. Ressler, la participación de uno o dos homicidas en serie, aparte de los criminales comunes. Sería el producto de una orgía sacrificial de cariz misógino, a cuyas víctimas se busca y elige en forma sistemática (en calles, fábricas, comercios o escuelas) en un contexto de protecciones y omisiones de las autoridades mexicanas durante la última década. En especial, sus policías y funcionarios judiciales, que cuentan con el respaldo de un grupo de empresarios del mayor poder económico y criminal en todo el país.

El móvil general de por medio refiere a un rito homicida de contenido sexual que sirve para cohesionar, fraternizar y garantizar el silencio de quienes pertenecen a su secreto: una mafia muy influyente. El móvil particular sería un no-móvil, como afirma Robert K. Ressler: «El asesino en serie mata por matar, no suele tener un móvil en particular».

Los culpables estarían libres, y gente inocente en la cárcel.

Asimismo, se ha carecido de una investigación policíaca de calidad y diversas personas han sufrido «avisos», intromisiones, amenazas o atentados para que dejen de atestiguar, o de ahondar en las pesquisas de los asesinatos contra mujeres en Juárez. O para que «no confundan» estas líneas: narcotráfico, secuestro, desapariciones y homicidios misóginos.

El 25 de julio de 2001, fueron asesinados —por un comando de sicarios— el esposo y la hija de Irma Rodríguez Galarza, especialista a cargo de elaborar, desde años atrás, los retratos hablados y los perfiles óseos de las mujeres víctimas de homicidio doloso en Ciudad Juárez. En el momento del atentado, que la policía atribuyó a un lío con el crimen organizado, Rodríguez Galarza se encontraba en la Ciudad de México en un curso de medicina forense. También han recibido amenazas de muerte las militantes civiles Esther Chávez Cano y Victoria Caraveo, o el criminólogo Óscar Máynez, entre otras personas.

La noche del 8 de junio de 2002, me hallaba en un restaurante de los portales del Puerto de Veracruz. Había ido a impartir un curso literario en el Instituto Veracruzano de Cultura. Mientras departía con un grupo de alumnos bajo el bullicio circundante, se acercó a saludarme un hombre, que extendió sobre la mesa su credencial de la Secretaría de Gobernación, al mismo tiempo que decía:

—Vine a checar que te portaras bien, ¿eh? Pórtate bien… —sonreía, irónico.

Recogió la credencial, se despidió y se hundió en la multitud.

El país alberga ya un gran osario infame, que fosforece bajo la complacencia de las autoridades. Estos crímenes tienen efecto a lo largo y a lo ancho del mundo.

Así, recordar se volvió para mí un mandato. Algo bastante difícil de cumplir. Porque llevamos dentro nuestro propio demonio y hacemos de este mundo nuestro propio infierno, del que siempre alguien quiere apropiarse.

Por lo mismo, recuerda, me dije. Ya eres parte de los muertos y de las muertas. Te inclinas ante ellos y ellas.

Recuerda, sí. Por ahora, sólo recuerda, aunque en estos tiempos parezca excesivo y hasta impropio recordar. Que otros sepan lo que recuerdas. Y puedan leer lo anotado con tinta roja para entender lo escrito en color negro.

Tengo una certeza: contra la nada, perdurará el destino. O la memoria. Al fin y al cabo, la vida de cada quien es un desafío misterioso en aquello que nos sobrevivirá.

Fuentes

1. La dimensión desconocida

Este recuento está basado en el reportaje de Rossana Fuentes Berain y Sergio González Rodríguez «Frontera: Dimensión desconocida», Reforma, 24 de abril de 1996, y en las informaciones publicadas en el periodo por el corresponsal de La Jornada Rubén Villalpando, y las de Diario de Juárez y Norte, firmadas por Armando Rodríguez, Salvador Castro, Raúl Flores Simental, Ignacio Alvarado y Jaime Pérez, entre otros.

Nortec Collective, The Tijuana Sessions, vol. 1, Palm CD001-2.

La descripción acerca del llamado «Diario de Richy» la hizo al autor Marco Antonio Torres, directivo de Diario de Juárez.

Las definiciones criminológicas provienen de dos obras: Earl James, Catching Serial Killers, International Forensic Services, Inc., Lansing, Michigan, 1991, p. 281; y John E. Douglas et. al., Crime Classification Manual, Nueva York, Lexington Books, 1992, p. 123 y ss.

Las referencias al caso de «Las Poquianchis» y otros criminales célebres en México se encuentran en el libro de Carlos Monsiváis Los mil y un velorios. Crónica de la nota roja, México, Alianza Cien/Conaculta, 1994, 96 pp. La historia de Andréi Chikatilo proviene de Mijaíl Krivich y Ol’gert Ol’gin, Camarada Chikatilo, el Carnicero de Rostov, Barcelona, Ediciones Serrés, 291 pp.

2. El mapa difícil

La crónica y las entrevistas con diversos expertos o protagonistas allí citados se extraen de Sergio González Rodríguez, «Ciudad Juárez: Geografía de impunidad/El enigma de la frontera (I)» y «Ciudad Juárez: Geografía de impunidad/Tierra de maquila, sitio de violencia (II)», Reforma, 28 y 29 de noviembre de 1997.

Los datos del diagnóstico sociocultural de Ciudad Juárez surgen de las siguientes fuentes: Óscar J. Martínez, Ciudad Juárez: El auge de una ciudad fronteriza a partir de 1848, México, FCE, 1978, 254 pp.; Estado de Chihuahua, México, Guía turística, México, INEGI/Secretaría de Turismo, 1997, 176 pp.; XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), copia electrónica: http://gro.inegi.gob.mx/.

Las cifras sobre el tránsito fronterizo en Ciudad Juárez: Alberto Moreno, «Dignidad municipal exigen alcaldes», Semanario, núm. 295, 17 de junio de 1996, p. 16.

El dato de Ciudad Juárez como la cuarta urbe más contaminada de México está en Araly Castañón, «Contaminación: Juárez, cuarto lugar del país», Diario de Juárez, 28 de mayo de 1999.

Acerca del uso de telefonía móvil en Ciudad Juárez: Rubén Terrazas Sáenz, «Usa celular 41 por ciento de los juarenses», El Diario Digital, copia electrónica del 24 de marzo de 2001.

Las cifras sobre población flotante en Ciudad Juárez las registra Israel Covarrubias González, Frontera y anonimato: Una interpretación de la violencia sobre las mujeres en Ciudad Juárez, 1993-2000, tesis de maestría, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, Sociología Política, 2000, p. 28.

La idea de la maquila como un paradigma industrial que afecta a toda la sociedad juarense, aparece en Alfredo Limas Hernández, «La construcción de ciudadanías: derechos objetivos, subjetivos y ecocomunitarios. Una propuesta desde los nuevos actores sociales en la frontera», Programa de Estudios Culturales y de Género, marzo de 2001, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, copia electrónica proporcionada por el autor, p. 6 y ss., y Alfredo Limas Hernández, «Sexualidad, género, violencia y procuración de justicia», Programa de Estudios Culturales y de Género, UACJ, noviembre de 2000, copia electrónica proporcionada por el autor.

La cita textual de Robert D. Kaplan se lee en: La anarquía que viene. La destrucción de los sueños de la posguerra fría, Barcelona, Ediciones B, 2000, p. 114.

El perfil de los jóvenes en México está basado en Ivonne Melgar, «El futuro que no llega», Reforma, 3 de enero de 2000.

El alcance de Internet en México se puede consultar en «Prevén alza del gasto en la industria sexual en la web», El Financiero, 27 de marzo de 2000; «El maestro Yahoo», El Financiero, 25 de enero de 2000; y Francisco de Dios y Norberta Juárez, «Séptima entrega del consumo cultural y los medios. Nuevas tecnologías», Reforma, 16 de abril de 2001. Por último, Ángel Bautista/Merco-Sur, «El comercio electrónico en México tiene un largo camino por recorrer», info@mercosur-news.com.uy http://www.mercosur-news.com.uy.

El panorama sobre el consumo de drogas entre los mexicanos se puede consultar en «Aumenta consumo de drogas entre los mexicanos», Fox News, que reproduce datos oficiales de la Secretaría de Salud (SS).

El estudio de la industria maquiladora se expone en Guadalupe Santiago Quijada, Procesos productivos y condiciones de trabajo en la industria maquiladora: caso Surgikos, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez/Centro de Estudios Regionales, junio de 1997, Cuadernos de Trabajo/31, 38 pp.

Julia Estela Monárrez Fragoso, «Víctimas de crímenes sexuales: de las estadísticas oficiales a la documentación hemerográfica feminista», Colegio de la Frontera Norte de Ciudad Juárez, copia electrónica, p. 6 y ss.

La cita textual está en Covarrubias González, op. cit., p. 63.

Sobre los propietarios de Anapra, donde se encuentra Lomas de Poleo, confróntese Juan Manuel Cruz, «Anapra en el centro de la polémica», Diario de Juárez, 26 de mayo de 1999.

El concepto de «ecología del mal» lo recupera Mike Davis en City of Quartz, Nueva York, Vintage Books, 1992, p. 4.

El caso de Pedro Zaragoza Fuentes lo refiere Andrés Oppenheimer, Ojos vendados: Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina, México, Plaza & Janés, 2001, p. 273.

La tendencia del crecimiento urbano de Ciudad Juárez en boca de un funcionario local está en Abel Barajas, «Denuncian en PGR al Tribunal Agrario», Reforma, 6 de abril de 2000.

La idea de que los problemas de la frontera juarense son un resultado de «fuerzas externas» la expresa Francisco Javier Llera Pacheco en «Ciudad Juárez/El Paso: The Economic Development of a Transboundary Region», Noesis, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, julio/diciembre de 1995, p. 24.

Para ilustrar la magnitud de la crisis en la industria maquiladora de 2001, Julio Aranda et. al., «Las maquiladoras: el espejismo desaparece», Proceso, núm. 1316, 20 de enero de 2002, pp. 36-42.

El dato acerca de la desproporción juarense entre la cantidad de escuelas respecto de los bares está en Enrique Rodríguez, «Las muertas de Juárez», Noticias, TV-2, 24 de julio de 2001; José Ernesto Topete, «Operan casi mil “picaderos” en Ciudad Juárez». El Heraldo de Chihuahua, 22 de febrero de 2002.

El corrido «Contrabando de Juárez» de Los Dinámicos del Norte está recopilado en 18 corridos de miedo, CD, volumen 2, EMI/DIV.

3. Una muchacha para nunca jamás

Toda la información viene de los expedientes procesales del caso de Elizabeth Castro García, de los que el autor tiene copia.

La declaración de Patricia Castro García al reportero Sergio Melgar apareció en Diario de Juárez, el 8 de septiembre de 1995.

4. Criminólogos rodantes

Toda la información se extrajo del Informe Consulta y Asesoría Técnica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Ciudad de México, 3 de noviembre de 1995. El autor dispone de una copia de este informe.

La entrevista con el doctor David Trejo Silecio tuvo lugar el 27 de abril de 1996. En 1997 y en 1999 el autor volvió a entrevistarse con el patólogo.

El concepto de femicidio y la cita están tomados de Jane Caputi y Diana E. H. Russell, «Femicide: Sexist Terrorism against Women», en Jill Radford y Diana E. H. Russell, Femicide. The Politics of Woman Killing, Nueva York, Twayne Publishers, 1992, p. 15 y ss. Un comentario al respecto, y en relación a los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez se publicó en Sergio González Rodríguez, «Noche y Día. Las muertas de Juárez», Reforma, 7 de junio de 1997.

La descripción victimológica la ofrece John E. Douglas, op. cit., pp. 126 y 127.

5. Cuentos crueles

Los datos sobre la violencia en las ciudades mexicanas provienen de los medios de comunicación del periodo, y los reproduce Sergio González Rodríguez, «Escalera al Cielo. Contracultura y disolución», Reforma, Revista Cultural El Ángel, 18 de octubre de 1998.

La cita textual se encuentra en Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada (IMECO), Asociación Civil, Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México, México, Océano, 1998, p. 31. En el boletín que publicaba este organismo, Agenda de Seguridad Pública, aparece el nombre de Lucio Mendoza como presidente de IMECO. Sobre los antecedentes de este especialista en tanto funcionario de inteligencia gubernamental, véase Alejandro Gutiérrez, «El CISEN, para servir a grupos políticos», Proceso, 29 de julio de 2001, pp. 22-25, y de autoría sin firma, «CISEN, la historia oculta», La Crisis, del 11 al 17 de agosto de 2001, pp. 9-14.

La definición de la frontera que se menciona, como un lugar entre algo y la nada, la describe Barry Gifford en Bordertown, San Francisco, Chronicle Books, 1998, sin folios, fotografías de David Perry.

Una perspectiva de la frontera colindante con la de Gifford está en Charles Bowden: Juárez, The Laboratory of our Future, prólogo de Noam Chomsky, epílogo de Eduardo Galeano, Nueva York, Aperture, 1998, 131 pp. Este libro incluye imágenes de un grupo de fotógrafos juarenses: Javier Aguilar, Jaime Bailleres, Gabriel Cardona, Julián Cardona, Alfredo Carrillo, Raúl Lodoza, Jaime Murrieta, Miguel Perea, Margarita Reyes, Ernesto Rodríguez, Manuel Sáenz, Lucio Soria Espino, Aurelio Suárez Núñez.

El término «fronterización» lo propuso Sergio González Rodríguez en «Escalera al Cielo. Contracultura y disolución», loc. cit.

El caso de Adolfo de Jesús Constanzo y los «Narcosatánicos» lo consigna Carlos Monsiváis, loc. cit. También, Leonardo Tarifeño, «La amante del diablo», Gatopardo, septiembre de 2000, núm. 6, pp. 62-70.

La cita textual de Pablo Cabañas Díaz pertenece al artículo «Narcotráfico y ritos satánicos», La Jornada Semanal, 23 de abril de 1989.

Algunos estereotipos acerca de México en el cine de Hollywood los trata David R. Maciel en El bandolero, el pocho y la raza, México, CONACULTA/Siglo XXI, 2000, 224 pp.

Los testimonios de Henry Lee Lucas sobre la secta «La Mano de la Muerte» y su extensión mexicana se hallan en Joel Norris, Henry Lee Lucas. Retrato de un asesino en serie, Madrid, Valdemar, 1991, pp. 97-122.

Sobre el culto a la «Santa Muerte» puede consultarse Carmen Ruiz, «Los hidalguenses rezan a la Santa Muerte», Contenido, noviembre de 1995.

El apego a la Santa Muerte del narcotraficante Gilberto García Mena, «El June», lo documenta Alejandro Almazán, «Su devoción por la Santa Muerte», El Universal, 19 de abril de 2001.

Sobre los «ritos de iniciación» delincuencial y las declaraciones del legislador Víctor Manuel Soto Camacho: Juan García, «Hampa satánica», El Sol de México. Mediodía, 4 de noviembre de 1998. Asimismo, el culto a la Santa Muerte en Tepito, el barrio de la Ciudad de México: «Decadencia de un emporio», Reforma, 23 de octubre de 1998; y Sergio González Rodríguez, «Noche y Día. La santísima trinidad maligna», Reforma, 27 de septiembre de 1997. El autor entrevistó en el mes de octubre de 1998 a la antropóloga Silvia Ortiz Echeniz, especialista en espiritualismo y el culto a la Santa Muerte. Además: Sergio González Rodríguez, «La subcultura del narco: La Santísima veleidosa», Reforma/Revista Cultural El Ángel, 28 de octubre de 2001.

El testimonio del informante confidencial fue expresado durante una entrevista que tuvo con el autor el 3 de noviembre de 1998.

La detención del secuestrador Daniel Arizmendi López, el 20 de agosto de 1998, y los detalles al respecto aparecen en la prensa de tal fecha y los días subsecuentes. En especial, resulta imprescindible la cobertura de César Romero Jacobo en Reforma.

El dato acerca de que el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, «El Señor de los Cielos», era afecto a la santería, está en Andrés Oppenheimer, Ojos vendados: Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina, México, Plaza & Janés, 2001, p. 27.

La mención sobre la santería del narcotraficante José de Jesús Amezcua Contreras se encuentra en Jorge Fernández Menéndez, Narcotráfico y poder, México, Rayuela, 1999, p. 129.

La historia del comandante José Francisco Sánchez Naves, «El Kojak», la registró Jorge Espíndola Hernández, «El asesinato de los judiciales, disputa entre narcos y el Estado mexicano», El Financiero, 9 de febrero de 1999.

El reconocimiento de las autoridades federales sobre la narcobrujería está en: Edgar Ávila Pérez, «Los brujos del narcotráfico», Milenio Semanal, n.º 257, 26 de agosto de 2002, pp. 40-43 y Francisco Alústiza Castro, «Cinco mil dólares por una entrevista», ibid.; Sergio González Rodríguez, «Noche y día: La anomalía como amenaza», Reforma, 31 de agosto de 2002.

Rosa Isela Pérez proporcionó los datos del nexo entre el satanismo y los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez en una serie de reportajes publicada en Norte, de Ciudad Juárez, 4-11 de marzo de 2001. También de la misma autora: «Relacionan crímenes con satanismo», Norte, 10 de noviembre de 2001.

El tema de la pornografía con menores en Ciudad Juárez se aborda en: Carlos Vigueras, «El caso de Minerva: Vivir para contarlo», mileniodiario.com, Milenio Semanal, 8 de septiembre de 2002, copia electrónica. También: Juan de Dios Olivas, «Fotógrafo ofrecía dinero a menores para posar desnudas», El Mexicano, 2 de septiembre de 2002, y Jacinto Segura Garnica, «Corruptor de menores dice trabajar para fotógrafo porno», El Mexicano, 4 de septiembre de 2002. Sobre la magnitud del problema en todo el país: UNICEF, «Conclusiones de la Reunión Trinacional sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes», México, D.F., 1.o de mazo de 2001, copia electrónica/google.com.

La crónica de la exhibición clandestina de una auténtica película snuff en Nueva York la presenta Yaron Svoray (con Thomas Hughes), Gods of Death, Nueva York, Simon & Schuster, 1997, pp. 133-134.

Reforma informó, a partir del 14 de mayo de 1998, sobre el caso del violador y homicida de la Ciudad de México José Lázaro Bouchán Velázquez, mediante los reporteros María Luisa Pérez, Alfredo Joyner, Francisco Rodríguez, Gladys Ferrer, Gerardo Jiménez y Arturo Sánchez.

6. «¡Arriba el norte!…»

La citas textuales sobre la mala fama de Ciudad Juárez se consignan en Óscar J. Martínez, op. cit., p. 84, y El Universal Gráfico del 5 de junio de 1922.

El testimonio sobre la vida nocturna en Ciudad Juárez durante los años cuarentas y cincuentas lo publicó Antonio Saborit, «Una guitarra tan grande como Ciudad Juárez», La Cultura en México, suplemento de Siempre!, 8 de octubre de 1980.

Otros datos de aquella vida nocturna están en Ignacio Alvarado, «La historia se repite» y «El licor en la hora de la violencia», El Diario Digital, copia electrónica del 29 de marzo de 1999. También, sin firma de autor, «De bar a salón de baile», El Diario Digital, copia electrónica del 29 de marzo de 1999, y David Pérez López, «Los viejos clubes de la ciudad», El Diario Digital, copia electrónica del 12 de agosto de 2001.

La crónica del salón Río Bravo se basa en Sergio González Rodríguez, «Ciudad Juárez: Geografía de impunidad/Tierra de maquila, sitio de violencia (II)», Reforma, 29 de noviembre de 1997.

El tema de los corridos sobre el narcotráfico aparece en Guillermo Hernández, «El corrido ayer y hoy. Nuevas notas para su estudio», ensayo incluido en José Manuel Valenzuela, compilador, Entre la magia y la historia, México, El Colegio de la Frontera Norte/Plaza & Valdés, 2000, pp. 319-337. También, Luis A. Astorga A., «Corridos: ética, estética y mitología», Mitología del «narcotraficante» en México, México, UNAM/Plaza & Valdés, 1995, pp. 91-133. Del veto de algunas autoridades a esta música informaron Iván Frutos y Mary Hernández, «Vetan narcocorridos», Reforma, 1.º de abril del 2001. Para un estudio amplio: «Elijah Wald, Narcocorrido. Un viaje al mundo de la música de las drogas, armas y guerrilleros». HarperCollins, Nueva York, 2001, 333 pp. El caso de un grupo musical vinculado al narcotráfico lo muestran José Martínez M. y Héctor A. González, «Capos del Cártel de Ojinaga, los chicos felices de Sidney», Bajo Palabra, núm. 21, pp. 8-9.

José Reveles aportó los datos acerca del tipo de joyas que adquirían algunos narcotraficantes: «Dos testigos del macroproceso, asesinados», El Financiero, 6 de julio de 1999. Héctor Palma, «El Güero», fue detenido el 22 de junio de 1995. En la prensa mexicana aparecieron descritos los objetos y las armas que ostentaba el narcotraficante.

Un glosario de «palabras regionales sinaloenses y del caló» se lee en (alias) Nacaveva, Diario de un narcotraficante, México, Costa-Amic, 1994, 365 pp.

Banda Machos, 16 reales Hits, CDER-80-04.

7. La maldición de la tía bruja

La información está basada en el testimonio escrito por Abdel Latif Sharif Sharif, del que el autor tiene una copia. Los datos legales que cita el testimonio están incompletos, pero así los consignó el declarante.

8. Baño de sangre en la frontera

Los detalles sobre la muerte de Amado Carrillo Fuentes, «El Señor de los Cielos», provienen de Héctor de Mauleón, «La balada de Amado Carrillo», Nexos, núm. 279, marzo de 2001, pp. 42-49, y Carlos Marín, «La maquinación, la operación, la muerte, la autopsia y la identificación de Amado Carrillo», Proceso, núm. 1080, 13 de julio de 1997, pp. 28-35. También se consultaron: Jorge Fernández Menéndez, Narcotráfico y poder, México, Rayuela, 1999, pp. 68-74; José Alfredo Andrade Bojorges, La historia secreta del narco. Desde Navolato vengo, México, Océano, 1999, 217 pp.; y Sergio González Rodríguez, «Noche y Día. Los invisibles y el buen dios», Reforma, 30 de agosto de 1997.

Sobre la propuesta de «arreglo» con el gobierno por parte de Amado Carrillo Fuentes, véase Carlos Marín, «Documentos de Inteligencia Militar involucran en el narcotráfico a altos jefes, oficiales y tropa del ejército», Proceso, núm. 1082, 27 de julio de 1997, pp. 6-15.

La serie de asesinatos que siguió a la desaparición del jefe del Cártel de Juárez el 4 de julio de 1997, la documentó la prensa capitalina y la de Ciudad Juárez. Los datos apuntados son de Reforma, La Jornada, Diario de Juárez y Norte.

El perfil sobre criminalidad en Ciudad Juárez y la Ciudad de México durante 1997 está, a partir de cifras oficiales, en Alberto Nájar, «La normalidad de la violencia según Barrio», Masiosare/La Jornada, 25 de enero de 1998.

El caso del comandante policíaco que era doble de Amado Carrillo Fuentes lo documentó Roberto Zamarripa, «¿Y el Chiquilín?», Reforma, 15 de septiembre de 1997. La agresión al reportero David Vicenteño fue denunciada en: «Secuestran y amenazan a reportero de Reforma», Reforma, 6 de septiembre de 1997.

Las dudas de Francisco Barrio Terrazas, entonces gobernador de Chihuahua, sobre la muerte del jefe de jefes del Cártel de Juárez, constan en Marco Lara Klahr, Días de Furia, México, Plaza & Janés, 2001, p. 115.

El enlace de la mafia rusa con el Cártel de Juárez lo anotó Jorge Fernández Menéndez, Narcotráfico y poder, loc. cit., pp. 77-78.

La cita textual sobre los nexos entre narcotraficantes y autoridades estatales y federales viene de Luis A. Astorga A., op. cit., p. 77.

El tema del «bandido-santo» lo trata César Güemes, «Jesús Malverde: de bandido generoso a santo laico con prestigio regional», La Jornada, 10 y 11 de agosto de 2001.

Las cifras acerca del monto del lavado de dinero en México y su equivalente respecto del Producto Interno Bruto (PIB) se encuentran en Tim Coone, «Plata sucia» Latin Trade/Norte, 6 de agosto de 1997. El tema lo profundiza el periodista francés Jean-François Boyer en su libro La Bataille Perdue contre la drogue, del que la revista Proceso dio a conocer su contenido en: «El narcoestado, desafío para Fox», Proceso, 3 de diciembre de 2000, pp. 30-33. A mediados de 2001, apareció en español esta obra imprescindible bajo el título La guerra perdida contra las drogas. Narcodependencia del mundo actual, México, Grijalbo, 2001, 364 pp. En la página 154 de este libro expone el autor el pacto entre el gobierno mexicano y los narcotraficantes.

Un estudio del impacto económico del narcotráfico en México y Estados Unidos se ubica en Carlos Loret de Mola A., El negocio. La economía de México atrapada por el narcotráfico, México, Grijalbo, 2001, 193 pp., de allí proviene la cita textual. También es útil: Jorge Fernández Menéndez, El otro poder. Las redes del narcotráfico, la política y la violencia, Nuevo Siglo/Aguilar, 2001, 367 pp. Con todo, el mejor análisis integral del narcotráfico en México, que incluye un enfoque particular sobre el caso de Chihuahua, lo constituye Jean Rivelois, Drogue et Pouvoirs: Du Mexique au Paradis, Francia/Canadá, L’Harmattan, 1999, 412 pp.

La repartición proporcional de las ganancias por blanqueo de dinero en México aparece en Rubén Torres, «Lavaron en cuatro años US 57 millones a los Carrillo», El Economista, 9 de julio de 2001.

La noticia sobre los sobornos del narcotráfico al secretario particular del presidente de México apareció en Tim Golden, The New York Times, 2 de junio, 1999; véase, también, Comunicado núm. 1548, Presidencia de la República, Los Pinos, 2 de junio, 1999, y PGR, Boletín núm. 162/99, 1.º de junio de 1999. El asesinato del investigador de la PGR consta en: Miguel Badillo, «Oficio de papel», El Universal, 22 de octubre de 2001.

José Martínez M. cita las acusaciones a Enrique Cervantes Aguirre en «Otro narcogeneral aprehendido», La Crisis, 14 al 20 de abril de 2001, pp. 19-23. Andrés Oppenheimer documenta las acusaciones y desmentidos en torno del secretario de la Defensa de México, op. cit., pp. 61-62. Un panorama al respecto se encuentra en Jorge Fernández Menéndez, op. cit., p. 129. Asimismo, Agustín Ambriz, «Informe militar sobre el general Gutiérrez Rebollo: otros oficiales del Ejército, agentes y comandantes del INCD y de la PGR, cómplices de Amado Carrillo», Proceso, núm. 1060, 23 de febrero de 1997, pp. 7-12; Felipe Cobián, «“El general Rebollo no sabe lo que dice… ni por el pensamiento me ha pasado ser narco”, dice el suegro de Zedillo», Proceso, núm. 1080, 13 de julio de 1997, pp. 28-35. Carlos Marín, «Documentos de Inteligencia Militar involucran en el narcotráfico a altos jefes, oficiales y tropa del ejército», loc. cit.; Miguel de la Vega, «Gutiérrez Rebollo insiste en relacionar con el narco a la familia presidencial y a los titulares de la Sedena y de la Judicial Federal», Proceso, núm. 1090, 21 de septiembre de 1997, pp. 18-19. Además, Pablo César Carrillo, «Detienen a Quiroz en su casa y a Acosta en Campo Militar», Reforma, 2 de septiembre de 2000; Jesús Aranda, «acción penal en contra de los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro», La Jornada, 1.º de septiembre de 2000 y Raúl Monge, «Los generales Acosta y Quirós, sólo dos ramas de la narco-milicia», Proceso, núm. 1244, 3 de septiembre de 2000, 12-17. Sobre el ocultamiento de Enrique Cervantes Aguirre acerca del caso de Liébano Sáenz, consúltese Miguel Badillo, «Oficio de papel», El Universal, 22 de octubre de 2001.

Los datos y la cita textual acerca de la penetración del narcotráfico en el sistema político mexicano provienen del Informe del Observatoire Géopolitique des Drogues, «La Géopolitique Mondiale des Drogues», Rapport Annuel, 1998-1999, abril de 2000, pp. 136-142. Otra fuente es J. Michael Waller, «The Narcoestate Next Door», News World Communications, Inc., copia electrónica, 1999.

Las cifras sobre los y las asesinadas por causa del narcotráfico en México las publicó, a partir de información oficial, Francisco Medina en «Asesinados 14 mil 286 por el narco en seis años», México Hoy, 28 de marzo de 2000.

Los registros contradictorios sobre los homicidios contra mujeres están tomados de Sergio González Rodríguez, «Ciudad Juárez: Geografía de impunidad/El enigma de la frontera (I)» y «Ciudad Juárez: Geografía de impunidad/Tierra de maquila, sitio de violencia (II)», Reforma, 28 y 29 de noviembre de 1997.

La cita textual sobre los «crímenes pasionales» se encuentra en Carlos Roumagnac, Matadores de mujeres, Librería de Ch. Bouret, 1910, pp. 36-37.

Las cifras sobre criminalidad provienen de fuentes oficiales y se publicaron en Sergio González Rodríguez, «Ciudad Juárez: Geografía de impunidad/El enigma de la frontera (I)»,op. cit. El resto de las cifras está en Rafael Ruiz Harrell, Criminalidad y mal gobierno, México, Sansores y Aljure, 1998, 332 pp.

Las declaraciones del gobernador Francisco Barrio Terrazas se encuentran en Rubén Villalpando, «Normal el porcentaje de mujeres asesinadas en Juárez, opina Barrio», La Jornada, 3 de diciembre de 1997.

9. Un superdetective en la dimensión desconocida

Este capítulo se basa en Sergio González Rodríguez, «Muertas sin fin. Ciudad Juárez: misoginia sin ley», Letras Libres, núm. 5, mayo de 1999, pp. 40-45.

El concepto de «parásito» se puede consultar en Michel Serres, The Parasite, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University Press, 1982, p. 253.

Las diversas versiones acerca del homicidio de Hester van Nierop se publicaron en Rubén Villalpando, «Asesinó a su amante un agente que investigaba crímenes contra mujeres», La Jornada, 22 de septiembre de 1998; Ignacio Alvarado, «Cómo corre el agua», Día Siete, núm. 11, pp. 12-22, y Víctor Ronquillo, Las muertas de Juárez, México, Planeta, 1999, pp. 117-118.

Rubén Villalpando, «Detienen a un sospechoso de asesinar a 4 jóvenes en Juárez», La Jornada, 4 de octubre de 1998, y «Arrestan a un hombre en El Paso acusado en crímenes de mujeres», Associated Press, 3 de octubre de 1998, copia electrónica.

Información de Notimex, «Harán cinta sobre crímenes en México», Reforma, 6 de octubre de 1998.

Las declaraciones citadas de Arturo Chávez Chávez se difundieron en Sergio González Rodríguez, «Ciudad Juárez: Geografía de impunidad/Tierra de maquila, sitio de violencia (II)», op. cit., y Fernando del Collado, «Morir en Ciudad Juárez», Enfoque/Reforma, 29 de marzo de 1998.

La cita textual proviene de la Recomendación núm. 44/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), «Caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y sobre la falta de colaboración de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua», p. 44 y ss. El autor tiene copia de este documento, fechado el 15 de mayo de 1998.

La réplica de Francisco Barrio Terrazas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos está en Rubén Villalpando, «Descalifica Barrio las cifras de la CNDH sobre mujeres asesinadas», La Jornada, 26 de mayo de 1998.

Sobre la queja de la Comisión de Equidad y Género del Congreso de la Unión, Rubén Villapando, «Apremian a la CNDH a investigar homicidios de mujeres en Juárez», La Jornada, 2 de julio de 1998.

Las declaraciones de Alma Vucovich se hallan en Sergio González Rodríguez, «Viene a Juárez experto en asesinatos múltiples», Reforma, 4 de junio de 1998.

Robert K. Ressler, Tom Shachtman (colaborador), I Have Lived in the Monster: Inside the Minds of the World’s Most Notorious Serial Killers, Mass Market Paper Back, Estados Unidos, 1998, 227 pp.

Las visitas de Robert K. Ressler a Ciudad Juárez las cubrieron, entre otras fuentes, Sergio González Rodríguez, «Viene a Juárez experto en asesinatos múltiples», Reforma, 4 de junio de 1998; Martín Orquiz, «Asesinos en serie extranjeros actúan aquí», El Diario Digital, copia electrónica obtenida el 20 de junio de 1998; Rubén Villapando, «Informan sobre mujeres asesinadas en Ciudad Juárez», La Jornada, 20 de junio de 1998, y Javier Kuramura, «Avala experto trabajo de PJE», Reforma, 20 de junio de 1998. Diana Washington proporció al autor una copia de las notas que tomó durante la conferencia de prensa de Ressler el 19 de junio de 1998. También es útil Alejandro Almazán, «El Cazador de asesinos en serie», Revista Milenio, 17 de agosto de 1998.

El cambio de juicio de Robert K. Ressler sobre Abdel Latif Sharif Sharif y sus ratificaciones sobre Ciudad Juárez las recogió Diana Washington Valdez, «FBI suspects serial killers in Juárez deaths», El Paso Times, 31 de enero de 2002.

La cita textual está en el discurso de la senadora Dianne Feinstein, «State Department. Explanation of Mexico’s Certification, 10 de marzo de 1997», copia electrónica/google.com.

10. La pequeña holandesa

Sobre la antigua zona turística de Ciudad Juárez, David Pérez López, «Viejos hoteles, historias antiguas», El Diario Digital, 22 de abril del 2001.

La información sobre el homicidio de Hester van Nierop se extrajo de los documentos oficiales, cuya copia tiene el autor, y de una entrevista por correo electrónico con Arsène van Nierop, madre de la víctima, realizada durante el mes de mayo de 2001.

El caso del asesino Pedro Padilla Flores y otros dos posibles homicidas está en: Diana Washington Valdez, ¿«Quiénes son los culpables? Algunos de los sospechosos». El Paso Times, 23 de junio de 2002.

11. Muertas sin fin

Este capítulo se basa en la información de Sergio González Rodríguez, «Muertas sin fin. Ciudad Juárez: misoginia sin ley», loc. cit.

La nota sobre la oferta de ayuda a las autoridades de Chihuahua por parte del Colegio Nacional de Criminólogos (CNC) se publicó en Rubén Villalpando, «Ayudarán especialistas a esclarecer crímenes contra mujeres», La Jornada, 22 de enero de 1999.

El arribo de un grupo de criminólogos de la Universidad de California a Ciudad Juárez lo reportó Armando Rodríguez, «Llegan a Juárez expertos de EU», El Diario Digital, copia electrónica del 9 de junio de 1999.

Los testimonios sobre la violencia en la vida cotidiana de las mujeres juarenses se hallan en Amparo Trejo, «La vida en la línea: Juárez y el miedo (I)», «La vida en la línea: ¿Respira? ¡Contrátala! (2)», «La vida en la línea: libertad provisional (III)», Reforma, 4, 5 y 6 de junio de 1999.

Las cifras sobre criminalidad provienen de Rafael Ruiz Harrell, op. cit., p. 61 y ss.

Rosa Isela Pérez ha descrito las pugnas entre los grupos feministas en Norte de Ciudad Juárez, 4-11 de marzo de 2001, véase, en particular, la parte séptima de la serie de reportajes.

Rubén Villalpando, «Desintegran ONG de apoyo para la búsqueda de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez», La Jornada, 10 de julio de 2001.

El caso Resendez lo cubrió, entre otras fuentes, el artículo «Death Rides the Rails», People, 12 de julio de 1999.

La visita de Asma Jahangir la reportó María Elena Medina, «Vive México impunidad, dice relatora de la ONU», Reforma, 24 de julio de 1999.

La nota sobre el foro «Sepultadas en la Frontera» está en Rubén Villalpando, «No magnificar crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, piden a ONG», La Jornada, 5 de octubre de 1999.

12. Los motivos del lobo

La información básica del capítulo proviene de Sergio González Rodríguez, «Señalan a policías como cómplices», Reforma, 18 de junio de 1999; y, del mismo autor, «Los cuerpos perdidos», Reforma, 10 de enero de 2000.

El artículo 167, fracción VI sanciona como delito «al que dolosamente o con fines de lucro interrumpa o interfiera las comunicaciones» telegráficas, telefónicas o satelitales. Confróntese Agenda Penal Federal, México, Ediciones Fiscales, 2001, pp. 40-41.

13. Policías bajo sospecha

La parte fundamental del capítulo se encuentra en Sergio González Rodríguez, «Los cuerpos perdidos», loc. cit. y en la carta «Aclaraciones de Molina» publicada por Reforma el 11 de enero de 2000.

Sobre la «lechada»: Alejandro Gutiérrez y Francisco Ortiz Pinchetti, «Los cadáveres no aparecen, pero los desaparecidos sí existen», Proceso, núm. 1205, 5 de diciembre de 1999, p. 22.

La negativa de Francisco Molina Ruiz acerca de que jamás recibió denuncias sobre «narcorranchos», la publicó Hugo Hernández Jáuregui, «Nunca recibí denuncias sobre el narcorrancho», El Heraldo de Chihuahua, copia electrónica del 3 de diciembre de 1999.

Las declaraciones del procurador Arturo González Rascón se publicaron en Pablo César Carrillo, «Defiende procurador a jefe antisecuestros», Reforma, 13 de enero de 2000.

El caso de Ana Luisa Benavides lo refiere Everardo Monroy Caracas, «Siete años después, nuevo juicio», Diario de Juárez, 4 de junio de 1999.

Las circunstancias del asesinato del policía Felipe Lardizábal Hernández se encuentran en Jean Rivelois, op. cit., pp. 98-99.

La aprehensión de periodistas apareció en Rubén Villalpando, «Formal prisión a 2 periodistas acusados de difamación», La Jornada, 27 de septiembre de 2000, y, del mismo autor, «Retira ex jefe policíaco demandas contras dos periodistas de Juárez», La Jornada, 4 de octubre de 2000. El sitio http://www.unafuente.com reunió los reportajes que provocaron la demanda en un dossier titulado «los documentos del descontento», copia electrónica obtenida el 29 de septiembre de 2000.

14. La defensa imposible

La información del capítulo se basa en los testimonios grabados y transcritos de Irene Blanco para el autor.

El Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua dice en su artículo 221: «Los instrumentos del delito y las cosas objeto o efecto de él, así como aquellos en que existan huellas del mismo o pudieran tener relación con éste, serán asegurados, ya sea recogiéndolos, poniéndolos en secuestros judicial o simplemente al cuidado y bajo responsabilidad de alguna persona, para el objeto de que no se alteren, destruyan o desaparezcan». Asimismo, el artículo 222 indica: «Las cosas inventariadas conforme al artículo anterior, deberán guardarse en lugar o recipiente adecuado, según su naturaleza, debiendo tomarse las precauciones necesarias para asegurar la conservación e identidad de estas cosas». Confróntese, Código Penal y de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, México, Anaya, 2000, p. 141.

15. La familia feliz

Una parte de la información del capítulo proviene de Sergio González Rodríguez, «La vida nueva (sin el PRI)», Letras Libres, núm. 20, agosto de 2000, pp. 30-35. También, del mismo autor, «Molina Ruiz, el asesor incómodo», Reforma, 29 de octubre de 2000 y Daniel Moreno, «Están ligados al narco ataques en mi contra», Reforma, 2 de noviembre de 2000.

Los pronunciamientos sobre justicia y seguridad pública del equipo del presidente electo se difundieron, entre otras fuentes, en Daniel Lizárraga, «Buscan unificar Policía y limpiarla de corruptos», Reforma, 25 de julio de 2000; Jesús Aranda, «Fox, por desmilitarizar los cuerpos policíacos, dicen Reyes y Medina», La Jornada, 1.º de agosto de 2000.

El autor tiene copia de la lista de las personas desaparecidas en Ciudad Juárez de acuerdo con el registro de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (AFAPD), con sede en El Paso, Texas.

El testimonio de Tomás Colsa MacGregor, que incrimina a Francisco Barrio Terrazas con el narcotráfico, es PGR/UEDO, núm. 157/98, del que el autor tiene una copia. Diana Washington Valdez localizó el documento y lo difundió en «Cartel paid off PAN official, warrant says», El Paso Times, 15 de octubre de 2000.

Carlos Marín, «Documentos de inteligencia militar involucran en el narcotráfico a altos jefes, oficiales y tropa del ejército», Proceso, 27 de julio de 1997, pp. 6-15.

Sobre el piloto aviador de Barrio Terrazas: Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada (IMECO), Asociación Civil, op. cit., p. 102. También se puede consultar el testimonio de Colsa MacGregor en José Alfredo Andrade Bojorges, op. cit., p. 189. El relato de la desaparición de Andrade Bojorges se obtuvo del director de la Editorial Océano de México, Rogelio Carvajal, y de Pablo César Carrillo, «Desaparece abogado de Amado Carrillo», Reforma, 28 de julio de 1999. Asimismo, Amparo Trejo y Linaloe R. Flores, «¿Huida o secuestro?», Reforma, 29 de septiembre de 1999.

Las cifras sobre la gestión de Francisco Molina Ruiz al frente del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) constan en el Compendio Informativo (1996) de la Procuraduría General de la República (PGR), que está abierto a consulta pública en la biblioteca de este organismo.

Discurso de la senadora Dianne Feinstein, op. cit.

Las acusaciones de Francisco Molina Ruiz contra Domiro García Reyes están en Enrique Lomas, «Solapa general al narco», Reforma, 28 de marzo de 2000.

La información de Isabel Arvide proviene de una entrevista que concedió al autor el 10 de agosto de 2000. También, véase el reportaje de esta periodista sobre la desaparición de Heidi Slauquet: Muerte en Juárez, México, Grupo Editorial Siete, 1996, 108 pp.

Sobre los investigadores que fueron acusados de secuestro, Juan Jesús Aznárez, «Policías en apuros», El País, 11 de junio de 1999, contraportada.

Los datos de Samuel Schmidt son producto de una entrevista telefónica que el académico concedió al autor el 3 de agosto de 2000.

Acerca del «neopanismo», Soledad Loaeza, El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994, México, FCE, 1999, pp. 362-398. También, Alberto Aziz Nassif, Chihuahua: Historia de una alternativa, México, La Jornada/CIESAS, 1994, 148 pp.

El autor tiene copia del documento titulado «Informe de la revisión complementaria en cumplimiento al acuerdo tomado por la Comisión de Vigilancia, realizada a Promotora de la Industria Chihuahuense», Chihuahua, julio de 2000. Sobre este asunto, el autor tuvo entrevistas telefónicas con la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Alma Gómez, que llevó el caso de Promotora de la Industria Chihuahuense a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría General del Congreso del Estado de Chihuahua en la LIX Legislatura.

El recuento de las irregularidades durante la gubernatura de Francisco Barrio Terrazas lo ofrecen Alejandro Gutiérrez, «Las cuentas pendientes de Barrio», Proceso, 5 de agosto de 2001, pp. 26-29, y Luis Javier Valero, «Barrio, Honestidad y credibilidad», todoseditores.com, copia electrónica obtenida el 9 de julio de 2001. Este artículo expone una decena de ejemplos al respecto. La acusación por despojo contra Francisco Barrio Terrazas en: Juan de Dios Olivas, «Acusan a Barrio de fraude», El Mexicano, 4 de julio de 2002, copia electrónica.

El desenlace en la trayectoria de Francisco Molina Ruiz está en Ernesto Núñez, «Juzgará Molina Ruiz faltas de los afiliados», Reforma, 24 de junio de 2001 y «Eligen a Francisco Molina Oficial Mayor de Secodam», Reforma, 3 de octubre de 2001.

16. La ciudadana X

La reportera Rosa Isela Pérez indagó los contrastes de la gestión de la fiscal Suly Ponce Prieto en Norte de Ciudad Juárez, op. cit., consúltese, en particular, la parte sexta de la serie de reportajes.

Sobre la captura del presunto asesino serial posterior al hallazgo del cuerpo de Lilia Alejandra García Andrade, el 21 de febrero del 2001, Susan Parrot, «Suspected border serial killer arrested», Associated Press, 22 de febrero de 2001. También Diana Washington Valdez, «Man accused in Juárez killings», El Paso Times, 23 de febrero de 2001, y Carlos Figueroa y Rubén Villalpando, «Apresan en Dallas, Texas, a presunto asesino de 10 mujeres en Juárez», La Jornada, 24 de febrero de 2001.

El testimonio de una persona acerca del intento de soborno por parte de la fiscal Ponce lo documentó Marisela Ortega, «Prevén obtener más pruebas contra asesinos», Reforma, 26 de febrero de 2001.

El autor tiene una copia de la carta que dirigió, el 6 de abril de 2001, el procurador de Chihuahua al embajador de los Países Bajos en México. Las declaraciones del procurador de Chihuahua sobre la «complejidad» de los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez se hallan en Enrique Lomas, «Ven complejos crímenes de mujeres en Juárez», Reforma, 8 de marzo de 2000.

Sobre los cuestionamientos al trabajo de la fiscal por parte de diversos sectores sociales: Armando Rodríguez, C. Ruiz y L. Sosa, «Suly, bajo fuego», El Diario Digital, copia electrónica obtenida el 24 de marzo de 2001.

Las condiciones de trabajo de las autoridades judiciales de la zona norte de Chihuahua las describe Luz del Carmen Sosa, El Diario Digital, «Fiscalía: con poco sueldo y experiencia», copia electrónica del 5 de marzo de 2001.

Los roces entre las autoridades judiciales en Ciudad Juárez fueron difundidos por Marisela Ortega, «Otra mujer sacrificada», El Heraldo de Chihuahua, copia electrónica del 25 de marzo de 1999.

Las declaraciones de Irene Blanco sobre la fiscal provienen de sus testimonios grabados por el autor.

Sobre la «renuncia» de Antonio Navarrete: Araly Castañón, «Suspenden a policías por trifulca», El Diario Digital, copia electrónica, 2000.

Los datos sobre delitos en Chihuahua forman parte de la ponencia de Lourdes Martínez Medellín, directora general de Vinculación y Comunicación Social de la Policía Federal Preventiva (PFP), durante el Foro «Crímenes contra Mujeres»: «Política de Seguridad Pública del Estado Mexicano y la prevención del delito: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua», noviembre de 2000, 13 pp. También, Marisela Ortega, «Reportan alza en aesinatos de mujeres», Reforma, 6 de noviembre de 2000.

Las cifras sobre la actuación de las autoridades en los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez están en Suly Ponce, «La Procuración de Justicia y la Seguridad Pública», ponencia en el Foro «Primera Reunión Binacional Crímenes contra Mujeres», noviembre de 2000, pp. 3 y 4.

José Antonio Chávez, «Deberá Gloria Trevi aclarar nexos con Amado Carrillo», La Prensa, 22 de enero de 2000.

En su oficina de Ciudad Juárez, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) Carlos Camacho expresó al autor esta posibilidad el 27 de mayo de 1999.

Rubén Villalpando, «Detienen a un sospechoso de asesinar a 4 jóvenes en Juárez», La Jornada, 4 de octubre de 1998, y «Arrestan a un hombre en El Paso acusado en crímenes de mujeres», Associated Press, 3 de octubre de 1998, copia electrónica.

La declaración de la fiscal Suly Ponce acerca de la incineración de evidencias judiciales consta en la serie de reportajes de Rosa Isela Pérez, en particular, «Expediente Sharif: Historia de pifias y omisiones», Norte de Ciudad Juárez, 4-11 de marzo de 2001.

El testimonio del procurador de Chihuahua fue registrado por Marisela Ortega, «Llaman en Ciudad Juárez a unirse contra el crimen», Reforma, 8 de marzo de 2001.

El 10 de junio de 2001, el criminólogo Rafael Ruiz Harrell expresó su evaluación, por correo electrónico al autor, sobre los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez.

Las cifras citadas se obtuvieron de U.S. Department of Justice/Bureau of Justice Statistics, Homicide Type by Gender, 1976-99/google.com.

Los cambios en la Fiscalía Especial constan en: Ciudad Juárez & Chihuahua News, «New Juárez Prosecutor for Crimes Against Women», 2 de agosto de 2001, www.nmsu.edu/-frontera/today.html. Acerca de la funcionaria Ponce, Isabel Arvide publicó los siguientes datos: «Suly Ponce cuyo cuñado, de apellido Jurado, es uno de los narcotraficantes desaparecidos en estos años. Y su pareja sentimental es un comandante de la Policía Judicial del Estado llamado Jesús Lenín. ¿Juez y parte?», «El miasma de Juárez», isabelarvide.com, 24 de enero de 2002. La renuncia de Suly Ponce está en «Salen Suly Ponce y fiscal de mujeres», El Diario Digital, 2 de marzo de 2002; su relevo por Liliana Herrera López en: Armando Rodríguez, «Crímenes sin resolver, la prioridad», El Diario Digital, 5 de marzo de 2002.

17. Campos de algodón

Este capítulo se basa en tres artículos de Sergio González Rodríguez: «Ley de la impunidad en Ciudad Juárez», Reforma, 26 de diciembre de 2001; «Muerte en Juárez: La solución M.», Reforma, 19 de enero de 2002, y «Ciudad Juárez: Entre la cifra y el mapa», Reforma/Revista Cultural El Ángel, 3 de marzo de 2002. Asimismo, se utilizan datos de la investigación de campo que realizó el propio autor durante el mes de noviembre de 2001 en aquella frontera. Una fuente confidencial que desea mantener su anonimato reveló al autor los signos de congelación en los cuerpos hallados en aquellas fechas y las órdenes expresas del gobernador de Chihuahua acerca de los hallazgos.

El terreno de los campos de algodón, al parecer, pertenece a la familia Barrio Hierro, que, según una versión, es distinta a la de Francisco Barrio Terrazas. Lo importante de que aparezca tal apellido tiene que ver con la recurrencia de alusiones onomásticas y mensajes en el «sembrado» o abandono de los cuerpos. Por ejemplo, Lilia Alejandra García Andrade fue raptada el día de San Valentín de 2001; el automóvil de quienes la secuestraron estuvo estacionado junto al comercio San Valentín. Su cadáver fue encontrado el 21 de febrero en un terreno baldío próximo a la avenida Valentín Fuentes —se trata de un territorio urbano donde han arrojado también muchas víctimas de pugnas entre narcotraficantes—. En tal perímetro, en un lote muy cercano a la avenida Valentín Fuentes, se hallaron los cadáveres de los cuatro hombres «levantados» al salir del bar Hooligan’s el 20 de noviembre de 2001.

Sobre la fuga de los reos véase Edgar Prado Calahorra, «Ayudan custodios en evasión», Norte, 9 de noviembre de 2001, y «Patrocinó narco fuga de reos», Diario de Juárez, 10 de noviembre de 2001.

El incremento en la desaparición de los cuerpos se menciona en Rubén Villalpando, «Continúan desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez», La Jornada, 14 de octubre de 2001.

La cifra de desaparecidas la cita Diana Washington Valdez a partir del registro de organismos civiles, «2-nation inquiry into Juárez killings sought», El Paso Times, 16 de febrero de 2002.

El rastreo civil que descubre nuevas evidencias en los campos de algodón lo narra Diana Washington Valdez, «Volunteers find possible clues in slain women case», El Paso Times, lunes, 25 de febrero de 2002.

El resultado de las pruebas de ADN en: Diana Washington Valdez, «DNA shows Juárez bodies-misidentified», El Paso Times, 2 de mayo de 2002.

El origen de la Comisión Especial está en César Cruz Sáenz, «Instala Congreso una comisión especial», El Diario Digital, 22 de noviembre de 2001. Para el desarrollo de tal Comisión: César Cruz Sáenz, «Dan seguimiento a asesinatos de Juárez», El Diario Digital, 24 de noviembre de 2001; César Cruz Sáenz, «Bloquean fondo para mujeres», El Diario Digital, 16 de diciembre de 2001; César Cruz y Gabriela Minjárez, «Reprueba Congreso a autoridad estatal», El Diario Digital, 18 de diciembre de 2001. También: Francisco Luján, «Caso de mujeres: diputados se atoran», El Diario Digital, 24 de enero de 2002.

Acerca de la tortura a los conductores inculpados: Pedro Torres, «Documentada, tortura a choferes: defensor», El Diario Digital, 28 de noviembre de 2001.

El dato de que la investigación que inculpa a los conductores la realizó el primer comandante Alejandro Castro Valles se encuentra en Armando Rodríguez, «Culpan a 2 choferes», Diario de Juárez, 12 de noviembre de 2001. Las vinculaciones de los agentes judiciales de Chihuahua con el narcotráfico se registran en Juan Jesús Aznárez «Policías en apuros», El País, 11 de junio de 1999, y Sergio González Rodríguez, «Vinculan a policías con crímenes en Ciudad Juárez», Reforma, 18 de junio de 1999.

La red protectora al narcotráfico por parte de la policía municipal la aborda Luis Carlos Carrasco Martell, «Denuncian red de corrupción y protección a narcotráfico», El Heraldo de Chihuahua, 22 de noviembre de 2001.

La suspicacia de la criminóloga Candice Skrapec la apuntó Rafael Núñez, «Descartan asesino solitario», Norte, 10 de noviembre de 2001.

El señalamiento a Francisco Minjárez lo firma Carlos Huerta, «Espera PGR expedientes de secuestros en Juárez», Norte, 10 de marzo de 2002.

El caso del bar Hooligan’s consta en: Armando Rodríguez, «Aparecieron ejecutados ayer», El Diario Digital, 25 de noviembre de 2001; «En activo, los policías sospechosos», El Diario Digital, 25 de noviembre de 2001; Armando Rodríguez, «Inconsistencias en participación de agentes antes del secuestro de los 4 ejecutados», El Diario Digital, 26 de noviembre de 2001; Luz del Carmen Sosa, «Sepultan a tres ejecutados», El Diario Digital, 26 de noviembre de 2001; «Mutilan a una de las víctimas», El Diario Digital, 26 de noviembre de 2001; Armando Rodríguez, «Bajo protección de la Judicial el sobreviviente del “levantón” trágico», El Diario Digital, 27 de noviembre de 2001; Pedro Torres y Alejandro Quintero, «Suspenden a policías acusados de “poner” a los cuatro hombres», El Diario Digital, 27 de noviembre de 2001; Armando Rodríguez, «Dan nombres de supuestos ejecutores», El Diario Digital, 27 de noviembre de 2001; Armando Rodríguez y A. Castañón, «Huye del país la testigo principal», El Diario Digital, 28 de noviembre de 2001; Alejandro Quintero, «Intentan policías bloquear declaración de agentes», El Diario Digital, 28 de noviembre de 2001. Diana Washington Valdez recogió el dato acerca de la presunta implicación en tal caso de Vicente Carrillo Leyva. La boda de tal sujeto la reportó José Ernesto Topete Bernal, «La crema y nata del narco, en la boda del hijo de A. Carrillo», El Heraldo de Chihuahua, 3 de diciembre de 2001. De acuerdo con una fuente confidencial que desea mantener su anonimato, el bar Hooligan’s sería propiedad del empresario local Federico de la Vega bajo la administración de Wilfredo Moya. A su vez, Ricardo Sánchez Caballero, que al parecer fungió como apoderado legal de Amado Carrillo Fuentes, representaría a dicho bar y a otro denominado Vértigo.

El caso Ibarrola/Moussavi lo referenció Francisco Rodríguez, indicepolitico.com. En mayo de 2002, Eduardo Ibarrola Nicolín fue nombrado cónsul de México en Houston, Tejas. Su trayectoria cuestionable aparece en: Héctor A. González, «Crisis en la PGR», méxico.com, 23 de mayo de 2002, copia electrónica.

Sobre las declaraciones de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), consúltese Carlos Coria Rivas, «Politizan crímenes contra mujeres», El Diario Digital, 8 de diciembre de 2001.

La propaganda mediática del gobierno chihuahuense la reportó Roberto Ramos, «Abogados cuestionan video», El Diario Digital, 7 de noviembre de 2001.

El documento Homicidio de mujer… del gobierno de Chihuahua lo difundió Gustavo Castillo García, «Ordenó Fox a PGR investigar a fondo los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez», La Jornada, 13 de diciembre de 2001. En la misma nota se reproduce el informe confidencial del FBI que fue filtrado a la prensa. Diana Washington Valdez confirmó, con la oficina del FBI en El Paso, Texas, que el documento fue reproducido en forma impropia y parcial.

La queja de organismos civiles sobre la falta de avance en las investigaciones la publicó Milenio Diario: «ONG exigen sobre asesinatos en Ciudad Juárez», 15 de diciembre de 2001.

Sobre los especialistas y el perfil criminal confróntese Raúl Lechuga Manquero, «Buscan delinear perfil de asesinos», El Diario Digital, 18 de diciembre de 2001.

Los homicidios de finales de diciembre de 2001 están en Armando Rodríguez, «Matan a mujer de Casa Amiga», El Diario Digital, 22 de diciembre de 2001; Luz del Carmen Sosa, «Muere mujer por sobredosis», El Diario Digital, 24 de diciembre de 2001; Alejandro Quintero, «Rafaguean a tres en Juárez; matan a mujer», El Diario Digital, 24 de diciembre de 2001; Rubén Villalpando, «Otras dos mujeres asesinadas en Juárez», La Jornada, 27 de diciembre de 2001.

El recuento de las ejecuciones debido al narcotráfico lo hicieron Javier Valdez, Jesús Narváez, David Carrizales y Rubén Villalpando, «Matan a cuatro personas en Sinaloa…», La Jornada, 29 de diciembre de 2001.

Sobre el «nuevo» Cártel de Juárez, confróntese Isabel Arvide, «Nace otro cártel en Chihuahua», Milenio Diario, 3 de junio de 2001. Diana Washington Valdez retomó esta nota dos días después en El Paso Times. Los desmentidos de Osvaldo Rodríguez Borunda en Diario de Juárez y Diario de Chihuahua se publicaron al día siguiente, tanto como en Milenio Diario. Entrevistada por Sergio González Rodríguez el 14 de diciembre de 2001 sobre sus fuentes de información, Arvide reveló que provenían de la «inteligencia de la zona militar de Ciudad Juárez». También de la misma autora, véase «El miasma de Juárez», isabelarvide.com, 24 de enero de 2002. Los detalles del litigio de Osvaldo Rodríguez Borunda contra Isabel Arvide están en: «Carta de Isabel Arvide a la opinión pública» y otros documentos, en isabelarvide.com, 26 de agosto 2002, copia electrónica; y José Ernesto Topete Bernal, «Libre bajo fianza de 100 mil pesos Isabel Arvide», El Heraldo de Chihuahua, 2002; también, véase Sergio González Rodríguez, «Noche y día: La anomalía como amenaza», Reforma, 31 de agosto de 2002. El autor tiene una copia de la orden de aprehensión contra el empresario Osvaldo Rodríguez Borunda.

El atentado al gobernador Patricio Martínez lo cubrieron todos los medios de comunicación. Sobre sus secuelas, Alejandro Gutiérrez, «Error de Fox si sólo ataca a los Arellano», Proceso, núm. 1275, 8 de abril de 2001, pp. 32-33. Jorge Fernández Menéndez, «¿Qué pasa con el atentado contra Patricio Martínez?», Milenio Diario, 19 de abril de 2001. Un año después: Carlos Coria y Reynaldo Domínguez, «Crimen organizado tras atentado», El Diario Digital, 28 de diciembre de 2001; Jesús Manuel Serrano, «Fiscalía especial para el atentado», El Heraldo de Chihuahua, 29 de diciembre de 2001; David Piñón Balderrama, «Fueron mis enemigos políticos», El Heraldo de Chihuahua, 17 de enero de 2002; Benjamín Martínez Coronado, «No me informan del atentado», El Heraldo de Chihuahua, 19 de enero de 2002.

La renuncia del jefe de peritos Óscar Máynez la notificó Armando Rodríguez, «Dimite jefe pericial por caso de mujeres», El Diario Digital, 2 de enero de 2002; Armando Rodríguez, «Dirige nuevo jefe Servicios Periciales», El Diario Digital, 3 de enero de 2002. En diciembre de 2001, en conversación telefónica, el perito expresó sus reservas a Sergio González Rodríguez.

El nombramiento del nuevo procurador lo consignan: David Piñón Balderrama, «Ponen nuevo procurador», El Heraldo de Chihuahua, 8 de enero de 2002; Armando Rodríguez, «Cae procurador; critican al nuevo», El Diario Digital, 8 de enero de 2002; Alejandro Quintero, «Tardía, pero atinada la salida: ONGs», El Diario Digital, 8 de enero de 2002; M. Quezada y R. Domínguez, «Cuestionan pasado de procurador», El Diario Digital, 9 de enero de 2002; A. Rodríguez, R. Ramos y A. Castañón, «Designan a nuevo subjefe de la PJE», El Diario Digital, 10 de enero de 2002.

Para conocer los antecedentes del nuevo procurador de Chihuahua: Isabel Arvide, «El miasma de Juárez», isabelarvide.com, 24 de enero del 2002 y, de la misma autora, «Inmoral nombramiento del procurador en Chihuahua», 9 de enero de 2002, isabelarvide.com; también: «El narco sienta sus reales en Chihuahua», 10 de enero de 2002, isabelarvide.com.

Los homicidios de principios de enero de 2002 se ubican en Rubén Villalpando, «Hallan en Ciudad Juárez el cuerpo de otra mujer asesinada», La Jornada, 8 de enero de 2002.

Sobre la desvinculación de los expedientes de homicidios respecto del narcotráfico: Armando Rodríguez, «Desligan de “narco” expedientes de mujeres», El Diario Digital, 10 de enero de 2002; además, Roberto Ramos y Araly Castañón, «Faltan por entregar 91 expedientes de mujeres», El Diario Digital, 13 de enero de 2002.

La captura del sicario prófugo se publicó en «Recapturan a sicario en Chihuahua», El Diario Digital, 13 de enero de 2002, y José Ernesto Topete Bernal, «Recapturan a prófugo», El Heraldo de Chihuahua, 13 de enero de 2002. La versión acerca de la presunta responsabilidad de Jorge Alberto Saracho como homicida de mujeres la recogió Diana Washington Valdez. El supuesto encargo de asesinar al gobernador proviene de una fuente confidencial que desea mantener su anonimato.

El traslado de los conductores inculpados a la ciudad de Chihuahua está en R. Ramos, A. Rodríguez y P. Torres, «A Chihuahua, “El Cerillo” y “La Foca”», El Diario Digital, 17 de enero de 2002. La cita textual de las palabras del abogado Mario César Escobedo Anaya proviene de la misma nota.

Las declaraciones de Patricio Martínez contra su antecesor en la gubernatura las reprodujo Benjamín Martínez Coronado, «No me informan del atentado», El Heraldo de Chihuahua, 19 de enero de 2002. También: Enrique Lomas, «Exige Patricio indagar a Barrio por atentado», Reforma, 16 de mayo de 2002.

Los nuevos hallazgos de mujeres asesinadas se hallan en Roberto Ramos, «Matan a otras mujeres», El Diario Digital, 20 de enero de 2002; Luz del Carmen Sosa, «Hallan a mujer asesinada», El Diario Digital, 28 de enero de 2002; y Marisela Ortega, «Asesinan a obrera en Juárez», Reforma, 28 de enero de 2002.

Las declaraciones del agente del FBI en El Paso, Texas, en Diana Washington Valdez, «FBI profile shows Juárez killer may live in El Paso», El Paso Times, 20 de enero de 2002, y, de la misma autora, «FBI suspects serial killers in Juárez deaths», El Paso Times, 31 de enero de 2002. La cita textual del agente del FBI se encuentra en la misma nota.

Las versiones contradictorias del subprocurador federal están en Gustavo Castillo, «Sepultan pruebas de asesinatos en Juárez», La Jornada, 31 de enero de 2002, y Marisela Ortega, «Solicitan datos al FBI de muertes en Juárez», Reforma, 1.º de febrero de 2002.

El desplazamiento del subprocurador Jorge Campos Murillo se publicó en «Anuncian relevos en la Procuraduría», Milenio Diario, 7 de febrero de 2002, y SUN, «Indaga PGR a “juniors”», El Diario Digital, 31 de enero de 2002.

Las fuentes de seguridad federal que se citan, deben mantenerse en el anonimato. El ex funcionario de inteligencia de Estados Unidos Phil Jordan pregunta: «¿Cómo quieren encontrar a cientos de niñas y mujeres secuestradas en la frontera si no están siendo buscadas en el lugar correcto; y, mucho menos, si tomamos en cuenta que existen miles de laberintos que utiliza el crimen organizado para encubrir sus ilícitas actividades protegidas por policías locales, estatales y federales? Se trata de mafias amparadas bajo el poder de los cárteles de la droga que operan en forma globalizada». Véase mileniodiario.com, Milenio Semanal, «Muertas de Juárez: Sin noticia del FBI», 8 de septiembre de 2002, copia electrónica.

Sobre el concepto mencionado, Robert K. Ressler afirma: «El término asesinos de juerga (spree murder) implica a uno o más homicidas que pueden cometer crímenes en equipo. Actúan bajo un grado muy alto de emociones sin que exista un periodo de enfriamiento entre uno u otro crimen. Pueden matar a dos o más víctimas al mismo tiempo y en dos distintos lugares», confróntese con Diana Washington Valdez; «Profile finds ‘mass media’ disheartening», El Paso Times, 11 de mayo de 2002.

La cita textual del agente de CISEN fue extraída de David Piñón Balderrama, «Hay “intocables” coludidos con jefes del narco: Cisen», El Heraldo de Chihuahua, 30 de enero del 2002. Al parecer, la fuente no identificada se trata del ex agente Jesús Villegas, ya que el 29 de enero este funcionario estuvo de visita en el Congreso del Estado de Chihuahua y dialogó con diversos periodistas. Es posible que haya reingresado al CISEN.

La persecución del prófugo Francisco Estrada se halla en Enrique Perea Quintanilla, «Mata prófugo a judicial», El Heraldo de Chihuahua, 4 de febrero de 2002, y José Ernesto Topete, «Extorsionó judicial al reo prófugo», El Heraldo de Chihuahua, 6 de febrero de 2002.

Para leer los reclamos de Abdel Latif Sharif Sharif consúltese Enrique Lomas, «Pide egipcio intervención de Embajada», Reforma, 4 de enero de 2002.

La noticia sobre el asesinato del abogado la registraron Rubén Cortés, «Bajo tortura confiesan 11 asesinatos en Juárez», 7 de febrero de 2002, cronica.com; «Se contradice PGJE», El Diario Digital, 7 de febrero de 2002; Roberto Ramos, «Culpa padre a los judiciales», El Diario Digital, 7 de febrero de 2002; Diana Washington Valdez, «Lawyer for suspect in killings in Juárez slain», El Paso Times, 7 de febrero de 2002; Armando Rodríguez, «Declaran a judiciales», El Diario Digital, 8 de febrero de 2002; Armando Rodríguez y Pedro Torres, «Sólo quedan a disposición de Asuntos Internos», El Diario Digital, 9 de febrero de 2002; Rubén Terrazas y Araly Castañón, «Abogados exigen justicia», El Diario Digital, 9 de febrero de 2002; Roberto Ramos, «Exigen encarcelarlos», El Diario Digital, 10 de febrero de 2002; Roberto Ramos, «Lo remataron judiciales», El Diario Digital, 10 de febrero de 2002; Juan J. García Amaro, «Hubo siembra de balas en el asesinato del abogado», cronica.com, 10 de febrero de 2002; Rubén Cortés, «Padre de abogado muerto en Juárez encuentra testigo del crimen», cronica.com, 11 de febrero de 2002; Armando Rodríguez, «Prevén consignar a los judiestatales», El Diario Digital, 11 de febrero de 2002; A. Rodríguez y A. Quintero, «Le “sembraron” una pistola, afirman», El Diario Digital, 11 de febrero de 2002; Roberto Ramos y Armando Rodríguez, «Aseguran armas de judiciales», El Diario Digital, 12 de febrero de 2002; Roberto Ramos y Lucy Sosa, «Aportan pruebas contra judiciales», El Diario Digital, 14 de febrero de 2002; Roberto Ramos, «El arma, los disparos, el “pitazo” y la rapiña», El Diario Digital, 14 de febrero de 2002; Roberto Ramos, «En la mira, los judiestatales», El Diario Digital, 15 de febrero de 2002; del mismo autor, fuente y fecha, «Implicados, en la capital». Además, Roberto Ramos y Lucy Sosa, «Consignan a judiciales», El Diario Digital, 16 de febrero de 2002; Armando Rodríguez, «“Nos obligó a dispararle”, asegura el comandante», El Diario Digital, 16 de febrero de 2002; «Protesta padre de la víctima», El Diario Digital, 16 de febrero de 2002; Roberto Ramos, «Se contradicen los judiciales, insisten los abogados», El Diario Digital, 17 de febrero de 2002; Carlos Coria Rivas, «Cesan a agentes; continúan libres», El Diario Digital, 17 de febrero de 2002; Roberto Ramos, «Llevará el caso la jueza Verdugo», El Diario Digital, 17 de febrero de 2002; Roberto Ramos, «Habrá justicia, promete jueza», El Diario Digital, 19 de febrero de 2002. La exoneración de los policías consta: Diana Washington Valdez, «¿Quiénes son los culpables? Algunos sospechosos», El Paso Times, 23 de junio de 2002.

La boda y detalles de la familia Korrodi Baeza se pueden consultar en «Domingo en ráfagas», El Heraldo de Chihuahua, copia electrónica obtenida el 12 de marzo de 2002, google.com; Olga Aragón, «Une casamiento a rivales políticos», El Diario Digital, 7 de febrero de 2002; Olga Aragón, «Lino Korrodi, el hombre del dinero», El Diario Digital, 7 de febrero de 2002; Sonya Valencia, «Lino Korrodi. El misterioso secretario sin cartera de Vicente Fox», Actual, núm. 103, abril de 2002, pp. 22-25; el secuestro de Valentín Fuentes Téllez lo cubrieron: «Plagian al nieto de un empresario», Reforma, 2 de mayo de 1995; Marisela Ortega, «Moviliza agentes presunto plagio», Reforma, 16 de marzo de 2000; David Alvídrez, «Caen plagiarios de chihuahuenses», El Diario Digital, 26 de febrero de 2002; Raymundo Rivapalacio, «Estrictamente Personal: Castañeda para el 2006», El Universal, 15 de mayo de 2002, y Diana Washington Valdez, «Officials investigate donation to Fox», El Paso Times, 17 de junio de 2002; Redacción, «Ejecutan a Ex comandante», El Mexicano, Miércoles 17 de julio de 2002.

Para los antecedentes de la familia Zaragoza Fuentes y el apoyo de Francisco Barrio Terrazas: José Reveles, «Frenó CSG investigación sobre lavado de dinero», El Financiero, 18 de mayo de 1996 y, del mismo autor, «Tráfico de drogas en pipas de gas», El Financiero, 19 de mayo de 1996. Además: Miguel Badillo y Miguel Ángel Ortega, «Los Zaragoza Fuentes, cinco años investigados por la PGR y Hacienda», El Financiero, 8 de mayo de 2002. La vigencia de las investigaciones del gobierno estadounidense sobre narcotráfico en el caso de las familias Hank Rohn y Zaragoza Fuentes se puede consultar en: Eduardo Valle, «Panorama norteamericano: Ahora, he aquí, las malas noticias», El Universal, 4 de agosto de 2002.

Sobre Lino Korrodi, Guillermo H. Cantú, Asalto a Palacio. Las entrañas de una guerra, México, Grijalbo/Mondadori/Raya en el Agua, 2001, pp. 128-135.

El caso de Carlos Hank González y su familia consta en José Martínez, Las enseñanzas del profesor: Indagación de Carlos Hank González, México, Océano, pp. 233-286. Las transferencias monetarias de Estados Unidos a México para la campaña presidencial de Vicente Fox constan en: «Citibank implicated in money laundering for Fox campaigne», The Narco News Bulletin/narconews.com, 24 de junio de 2000; también Rafael Loret de Mola, Los cómplices, México, Océano, 2001, pp. 180 y ss.

El financiamiento oculto a la campaña presidencial de Vicente Fox se puede consultar en: Alejandro Gutiérrez, Antonio Jáquez y Rodolfo Montes, «Korrodi, el imán del dinero foxista», Proceso, núm. 1332, 12 de mayo de 2002, pp. 17-21. Antonio Jáquez, «Aportaciones sospechosas», Proceso, núm. 1334, 26 de mayo de 2002, pp. 8-13, y, del mismo autor, «Carlota, financiero», Proceso, núm. 1337, 16 de junio de 2002, pp. 14 y 15. A la fecha, el asunto se encuentra en proceso judicial.

La información sobre las anomalías en las primeras indagatorias de los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez fue proporcionada por un ex funcionario de la Subprocuraduría de la Zona Norte de Chihuahua que desea el anonimato.

Acerca de la visitadora Marta Altolaguirre: Víctor Ballinas y Rubén Villalpando, «Desalentadora, mi impresión sobre la situación de los crímenes en Ciudad Juárez: Altolaguirre», La Jornada, 12 de febrero de 2002.

18. La vida inconclusa

El análisis más completo acerca de la lista de mujeres víctimas de homicidios dolosos en Ciudad Juárez 1993-2000 y su examen comparativo, se encuentra en Julia Estela Monárrez Fragoso, «Víctimas de crímenes sexuales: de las estadísticas oficiales a la documentación hemerográfica feminista», El Colegio de la Frontera Norte, agosto de 2000, 15 pp. Copia electrónica. Esta investigación es producto de una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)/Sistema Regional de Investigación Francisco Villa, para el Proyecto «Feminicidio: el caso de Ciudad Juárez, 1993-1999. Perfiles de vulnerabilidad de las mujeres asesinadas y políticas públicas para mujeres en riesgo».

Otro análisis de las cifras sobre las víctimas, su origen y desarrollo, se encuentra en Israel Covarrubias González, op. cit.

La lista de las víctimas de homicidio doloso en Ciudad Juárez desde 1993 hasta mayo de 2001 proviene de las siguientes fuentes: Programa de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Comité Independiente de Chihuahua Pro Defensa de los Derechos Humanos y el Grupo Feminista 8 de Marzo (lista 1993-1996, proporcionada por Esther Chávez Cano en 1997); Diario de Juárez, La Jornada y la lista de Israel Covarrubias González en Frontera y anonimato, ya citada.

Por su parte, la reportera Diana Washington Valdez anota que las víctimas ascienden a más de 300, «Forensics expert’s kin slain in Juárez», El Paso Times, 26 de julio de 2001.

En virtud de la carencia de fuentes oficiales dignas de confianza —o alternas a las ya descritas—, que permitan contraprobar todos y cada uno de los casos presentados en el periodo 1993-2002, se asume que la lista expuesta en este capítulo es parcial y sujeta a discrepancias onomásticas, de fechas y detalles diversos. En algunas transcripciones, la fecha inscrita corresponde al día del hallazgo del cuerpo, en otras, al de su divulgación en la prensa. Este cariz aproximativo suele presentarse en la propia fuente hemerográfica, que se basa en información de las autoridades policíacas y judiciales, o en testimonios directos de reporteros.

La lista se origina en el año de 1993 por el interés de las feministas locales por denunciar el auge de la violencia en Ciudad Juárez. El Grupo 8 de Marzo se fundó allá un año atrás. La tendencia criminal en ascenso en los últimos quince años del siglo XX en Ciudad Juárez la estudia Julia Estela Monárrez Fragoso en «Víctimas de crímenes sexuales: de las estadísticas oficiales a la documentación hemerográfica feminista», obra también citada.

En distintos universos de casos, los expertos Robert K. Ressler y Óscar Máynez han encontrado la incidencia de homicidios dolosos de tipo serial contra mujeres en Ciudad Juárez.

Confróntese, además, Rohry Benítez et. al., El silencio que la voz de todas quiebra. Mujeres y víctimas de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, UACJ/Casa Amiga/Ediciones del Azar, 1999, 166 pp., y José de Jesús Hernández López, «Estudio criminológico de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua», Centro Universitario de los Altos, 2000, 40 pp., copia electrónica/google.com.

En una mezcla de ficción y crónica, Gregorio Ortega aborda Las muertas de Juárez. El caso de Elizabeth Castro García y Abdel Latif Sharif Sharif, México, Fontamara, 1999, 143 pp.

Por último, véanse Gonzalo Moreno, «Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez: la teoría de investigación y la realidad de la impunidad», Agenda de Seguridad Pública (Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada), núm. 7, del 1 al 15 de febrero de 1998, pp. 10-13; «Reporte ciudadano sobre el feminicidio en Juárez para ser presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos», Ciudad Juárez, 6 de marzo, 2002, Red Ciudadana de No violencia y Dignidad Humana, y «Asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Análisis de datos».

Hasta principios de 2001, Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C. establecía que del total de los asesinatos a partir de 1993, 108 tienen características similares: las víctimas murieron por estrangulación, desnucamiento o apuñaladas; eran trabajadoras de la maquila o de establecimientos comerciales como zapaterías; mostraban signos de violencia sexual y otras formas de tortura, además de que sus cuerpos fueron abandonados en lotes baldíos o a la orilla de las carreteras. Confróntese: Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C., abril 2001, cimacnoticias.com, Ciudad Especial Asesinadas en Ciudad Juárez, copia electrónica obtenida el 16 de marzo de 2002.

Las muertas de Juárez engrosarían la lista de mujeres que fueron aniquiladas en el mundo a causa de la violencia de género, cuya cifra, en palabras de Noeleen Hayzer, directora del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNIFEM), se aproxima a 60 millones de mujeres, confróntese Sonia del Valle, «Sin justicia, 80 por ciento de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez», cimacnoticias.com, México, 17 de mayo de 2001.

Epílogo personal

Averiguación Previa núm. 08/02434/99 06, Delegación Regional Benito Juárez. Departamento «Dos» de Averiguaciones Previas, Agencia Investigadora del Ministerio Público núm. 08. H Segundo Turno.

Sobre los secuestros rápidos, su proliferación en la Ciudad de México y el ocultamiento de estos delitos por las autoridades bajo el rubro de «robo con violencia», Luis Muñiz, «“Caprichosas”, las cifras oficiales sobre plagios», El Universal Gráfico, 3 de mayo de 2001. Carlos Monsiváis fue el amigo que inquirió al autor sobre la posible causa del asalto y las amenazas.

Sergio González Rodríguez, Reforma/Revista Cultural El Ángel, «Escalera al Cielo. La Obscuridad y la luz», 19 de septiembre de 1999, p. 1.

Sergio González Rodríguez, «Señalan a policías como cómplices», loc. cit.

Sonia del Valle, «Demandan ONG esclarecimiento en el asesinato de Lourdes Diaque», CIMAC, 14 de enero de 2000, copia electrónica/google.com. También, Excélsior, Foro, «Negligente Investigación del Caso Lourdes Diaque», 12 de septiembre de 2000, copia electrónica/google.com.

Sergio González Rodríguez, «Los cuerpos perdidos», loc. cit.

El entonces directivo de Reforma al que rindió informe el autor —sin respuesta alguna— acerca de las amenazas en su contra fue Ramón Alberto Garza.

También, acerca del asesinato de Lourdes Diaque: Renato Galicia Miguel, «Ante la justicia, “somos grupos desechables”: Pilar Sánchez», El Financiero, 10 de enero de 2001. Pilar Sánchez, del grupo Católicas por el Derecho a Decidir, confirmó, en entrevista telefónica el 4 de julio de 2001, la cobertura temática sobre Ciudad Juárez en un programa radial de Lourdes Diaque, poco antes de la que psicóloga y comunicadora fuera asesinada.

Sobre el asesinato del periodista José Ramírez Puente, que se dijo trabajaba también para CISEN, Rubén Villalpando, «Ejecutan a periodista en Juárez; en 10 años, 5 asesinatos de informadores», La Jornada, 30 de abril de 2000.

Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), «El ejercicios periodístico en México: las garantías no llegan», otoño de 2000, copia electrónica/google.com.

Sergio González Rodríguez, «Noche y día. Las muertas de Juárez: ¿Nacionalismo o impunidad?», Reforma, 22 de enero del 2000; Sergio González Rodríguez, Reforma, «Noche y día. La vida perdida», Reforma, 28 de octubre de 2000; Sergio González Rodríguez, «Censura por hábito: violencia y asesinatos contra mujeres», Complot, agosto de 2000, pp. 32-42.

El funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que atestiguó debe mantenerse anónimo.

El informante del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) debe mantenerse confidencial. Sobre las actividades de este organismo y su espionaje a periodistas: Jaime Balderas Alarcón, «Corrupción, lavado de dinero, las causas», La Crisis, 24-30 de junio de 2000, pp. 6-8, y «Desmantela gobernación amplia red de espionaje», México Hoy, 21 de julio de 2000. También, Guadalupe Irízar, «Espió el Cisen por “presiones”», Reforma, 20 de julio de 2001. En esta última nota el director del CISEN, Eduardo Medina Mora, reconocería que este organismo sí hacía espionaje: «es decir, la invasión de la esfera privada de los particulares con métodos ilegítimos».

El tema de la mafia rusa en México está en Jorge Carrasco, «Trafica mujeres red rusa», Reforma, 19 de diciembre de 1999, y Sergio González Rodríguez, «Las europeas del Men’s Club», Reforma, 19 de diciembre de 1999; también, Jorge Fernández Menéndez, Narcotráfico y poder, loc. cit., pp. 77-78, e Iván Frutos, «Niega general vínculo “table”», Reforma, 14 de noviembre de 2000.

Diana Washington Valdez aportó las versiones de testigos que afirman que Alejandro Máynez/Armando Martínez/«Paco» Villanueva fue visto con vida en Ciudad Juárez durante el año 2000, así como atestiguan la presencia de éste en el funeral del ex gobernador Teófilo Borunda en el verano de 2001. La versión sobre el encarcelamiento por homicidio de tal sujeto en Estados Unidos la proporcionó una fuente confidencial.

Sergio González Rodríguez, «Molina Ruiz, el asesor incómodo», loc. cit., y Daniel Moreno, «Están ligados al narco ataques en mi contra», loc. cit.

El atentado al gobernador Patricio Martínez lo cubrieron todos los medios de comunicación. Sobre sus secuelas, Alejandro Gutiérrez, «Error de Fox si sólo ataca a los Arellano», Proceso, núm. 1275, 8 de abril de 2001, pp. 32-33. Jorge Fernández Menéndez, «¿Qué pasa con el atentado contra Patricio Martínez?», Milenio Diario, 19 de abril de 2001.

José Martínez, «Madrazos y cacería de brujas», Bajo Palabra, núm. 8, octubre de 2000, pp. 16-19.

Diana Washington Valdez, «FBI warned of attack on Chihuahua Governor», El Paso Times, 28 de abril de 2001; Jorge Fernández Menéndez, «El “informante confidencial” del FBI, asesinado», Milenio Diario, 27 de abril de 2001; Ildefonso Chávez, «Diez disparos recibió el oreja de EU», Milenio Diario, 27 de abril de 2001; Alfredo Joyner, María Idalia Gómez y María del Refugio Gutiérrez, «Niega la PGR el asesinato del informante del FBI», Milenio Diario, 28 de abril de 2001.

Víctor Fuentes, «Gastan más en difusión que en procurar justicia», Reforma, 7 de julio de 2001.

Leonardo Sciascia, Negro sobre negro. Diario siciliano, La Cultura en México, suplemento de Siempre!, 18 de noviembre de 1981, p. VIII.

Thomas A. Sebeok y Jean Umiker-Sebeok, Sherlock Holmes y Charles S. Peirce. El método de investigación, Paidós, Barcelona, 1987, p. 33.

Víctor Ballinas, Jesús Aranda y Rosa Elvira Vargas, «La impunidad registra en México niveles de 95 a 98 por ciento, afirma relator de la ONU», La Jornada, 15 de mayo de 2000; también, Víctor H. Michel, «Más de la mitad del Poder Judicial, corrupto: ONU», Milenio Diario, 9 de abril de 2002.

Sobre el «nuevo» Cártel de Juárez, confróntese Isabel Arvide, «Nace otro cártel en Chihuahua», Milenio Diario, 3 de junio de 2001. Diana Washington Valdez retomó esta nota dos días después en El Paso Times. Entrevistada el 14 de diciembre de 2001 sobre sus fuentes de información, Arvide reveló que provenían de la inteligencia de la zona militar de Ciudad Juárez.

Luis Guillermo Hernández y Heliodoro Cárdenas, «La corrupción, grave riesgo para la Seguridad Nacional, advierte el Cisen», Milenio Diario, 18 de junio de 2001.

La cifra de desapariciones del FBI la emitió Steven C. McCraw, Deputy Assistant Director, «Crimen Organizado, Tráfico de Drogas y Actividades Terroristas, ante el Comité Judicial de la Cámara de Diputados. Subcomité del Crimen», Washington, D.C., 13 de diciembre de 2000.

El más de un centenar de mujeres asesinadas en forma serial lo propone: Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C., abril de 2001, cimacnoticias.com, Ciudad Especial Asesinadas en Ciudad Juárez, copia electrónica obtenida el 16 de marzo de 2002.

Diana Washington Valdez ha ejemplificado los vínculos entre una Escuela de Computación ECCO/Grupo ECCO Pionero y al menos cuatro víctimas de homicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua: «Juárez murders inquiry turns to computer school», El Paso Times, 7 de abril de 2002.

Las palabras de Robert K. Ressler se pueden consultar en Diana Washington Valdez, «¿Quiénes son los culpables? Algunos sospechosos», El Paso Times, 23 de junio de 2002. En lo que respecta a la ayuda virtual del FBI a las autoridades mexicanas, de la misma autora: «FBI aid asked in Juárez killings», El Paso Times, 5 de septiembre de 2002.

El atentado contra la familia de Irma Rodríguez Galarza, atribuido por las autoridades a problemas con el narcotráfico, lo reportó Rubén Villapando, «Ejecutan sicarios a esposo e hija de funcionaria policíaca en Ciudad Juárez; no hay sospechosos», La Jornada, 26 de julio de 2001; además, Ginger Thompson, «Ver la muerte cara a cara», El Diario Digital/The New York Times, 30 de septiembre de 2001.

El epígrafe que reza Lege rubrum si vis intelligere nigram («Lee lo anotado en rojo si quieres entender lo escrito en negro») se refiere a la costumbre, originada en el siglo XV en Europa, de consignar el nombre propio y entrelazarlo con una «rúbrica». Al paso del tiempo, la firma sería considerada un ritual o punto de honor, de pundonor: «El término rubor es, en su origen, producto de una asociación de ideas propiciada por la antigua costumbre de destacar con tinta roja lo más trascendente o entrañable de los libros caligrafiados, particularmente los de carácter más solemne, como los de derecho civil y canónico, cuyos epígrafes se imprimían con tinta roja, apelando a la relación poética de que es el color de la tinta más humana, la sangre, y de su tintero, el corazón mismo. Y tan importante llegó a ser lo que aparecía ruborizado, que se advertía Lege rubrum si vis intelligere nigrum, o sea, lee lo anotado en rojo si quieres entender lo escrito en negro». Confróntese, Equipo de Expertos Osiris, Lo que revela la firma, Barcelona, Editorial De Vecchi, 1994, p. 16. En Huesos en el desierto, el antiguo aforismo se transforma en una metáfora que tiñe el contenido del texto y refleja la historia del presente en sus contrastes más trágicos y, al mismo tiempo, personales. En consecuencia, como ha sugerido Jaume Vallcorba, sería también correcta la siguiente traducción del latín: «si quieres entender el texto lee la rúbrica», o «lee la rúbrica para entender el texto». En este caso, el epílogo es mi rúbrica.

El segundo epígrafe que abre el libro pertenece a Leonardo Sciascia, El caballero y la muerte, Barcelona, Tusquets, 1989, p. 69.

Protagonistas

Sergio Armendáriz, «El Diablo», acusado de homicidios de mujeres con la pandilla «Los Rebeldes». Preso en Ciudad Juárez.

Francisco Barrio Terrazas, militante del Partido Acción Nacional (PAN), gobernador del estado de Chihuahua desde 1992 hasta 1998. Durante su gobierno comenzaron a multiplicarse, además de los secuestros, las desapariciones y la violencia, los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por lo menos, hubo 125 casos de estos últimos durante su gobierno. En diciembre de 2000, al llegar Vicente Fox Quesada a la presidencia de México, nombró a Barrio Terrazas al frente de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) del gobierno, encargada de combatir la corrupción y la ineficacia de los organismos públicos.

Javier Benavides, militante del PAN, funcionario de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua (PJECH) bajo las órdenes del procurador Francisco Molina Ruiz. Al incorporarse éste al Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), lo acompaña en su estancia en tal organismo. Después, fue funcionario de la policía municipal de Ciudad Juárez. Para el 2001, se incorporaría a la burocracia de SECODAM.

Amado Carrillo Fuentes, «El Señor de los Cielos», narcotraficante, jefe de jefes del Cártel de Juárez. Muerto en 1997.

Elizabeth Castro García, víctima de homicidio en 1995.

Irene Blanco, ex militante del PAN, defensora particular de Abdel Latif Sharif Sharif hasta principios del 2001. Se incorpora como delegada de SECODAM en el sureste mexicano.

Esther Chávez Cano, fundadora del grupo civil 8 de Marzo y directora del Centro de Crisis Casa Amiga.

Arturo Chávez Chávez, militante del PAN, delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de Chihuahua, bajo el mando del procurador general de la República Antonio Lozano Gracia, y procurador general de Justicia del estado de Chihuahua entre 1996 y 1998. Funcionario de SECODAM con Francisco Barrio Terrazas.

Roberto Flores, presunto asesino de Hester van Nierop.

Vicente Fox, del PAN, presidente de México para el periodo 2000-2006. Es el primer presidente de oposición en México después de más de setenta años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante su campaña, prometió resolver los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez.

Guillermina González Flores, hermana de una víctima de homicidio, Sagrario González Flores, y dirigente del grupo civil Voces sin Eco, que fue disuelto a mediados de 2001.

Arturo González Rascón, al frente de la PGJECH del gobierno de Patricio Martínez hasta enero de 2002.

Jesús Manuel Guardado Márquez, «El Tolteca», «El Chacal», «El Drácula», acusado de violaciones y homicidios de mujeres con la pandilla «Los Choferes». Preso.

Alejandro Máynez (alias Armando Martínez o Paco Villanueva), mencionado como uno de los autores de homicidios en serie de mujeres en Ciudad Juárez. Estaría libre. O muerto.

Melchor Máynez, primo de Alejandro del mismo apellido, mencionado como cómplice de éste. Vive en El Paso, Texas.

Óscar Máynez, sin vínculo alguno con Alejandro o Melchor del mismo apellido, es psicólogo de formación con especialidad en criminología. Estudió en la American University de Washington, D.C., una maestría en criminología y derecho bajo una beca de la Fundación Fulbright. Experto adscrito a la Subprocuraduría General de Justicia de la Zona Norte del Estado de Chihuahua (SPGJZNECH), en Ciudad Juárez (2000-2001).

Abdel Latif Sharif Sharif, egipcio, acusado de homicidios de mujeres y de dirigir desde la cárcel a dos pandillas de homicidas de mujeres: «Los Rebeldes» y «Los Choferes». En 1999 fue condenado a treinta años de prisión por el homicidio de Elizabeth Castro García. Su proceso está en apelación. Se encuentra en un penal de alta seguridad de la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua.

Jorge López Molinar, al frente de la SPGJZNECH durante la gubernatura de Francisco Barrio Terrazas.

Antonio Lozano Gracia, militante del PAN, titular de la PGR entre 1994 y 1996.

Rafael Macedo de la Concha, titular de la PGR en el gobierno de Vicente Fox. Ex procurador del Ejército Mexicano.

Jorge Madrazo, titular de la PGR entre 1996 y 2000.

Patricio Martínez García, gobernador del estado de Chihuahua para el periodo 1998-2004. A principios de abril de 1999, anunció a la prensa que con la detención de Jesús Manuel Guardado Márquez, «El Tolteca», terminaba «una pesadilla de horror en Ciudad Juárez». Entre octubre de 1998 y julio de 2002 se ha reportado un centenar de homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez. En enero de 2001, sufrió un atentado al que sobrevivió. En agosto del mismo año declaró que la proliferación del narcotráfico y la violencia en Chihuahua eran culpa del gobierno anterior de Francisco Barrio Terrazas, a quien acusó de inducir dicho atentado.

Francisco Minjárez Ramírez, funcionario policíaco en Chihuahua desde la gubernatura de Francisco Barrio Terrazas. Jefe del Grupo Especial Antisecuestros de la Policía Judicial del Estado en la gubernatura de Patricio Martínez. A principios de 2002 renunció a su cargo.

Francisco Molina Ruiz, al frente de la PGJECH entre 1992 y 1995. En 1996, fue comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), que dependía de la PGR. Fue senador de la República entre 1997 y 2000, donde presidió la Comisión de Seguridad Pública del Senado, y secretario técnico del Grupo de Contacto de Alto Nivel México-Estados Unidos. Durante los meses previos a la toma de gobierno del presidente Vicente Fox, fungió como uno de los encargados de asuntos de justicia y seguridad pública del presidente electo. Su irregular trayectoria lo marginó de ser incorporado al gabinete del presidente entrante Fox. En 2001 se le nombró presidente de la Comisión de Orden del Consejo Nacional del PAN, a cargo de juzgar la moralidad de sus militantes. Meses después, fue nombrado oficial mayor de SECODAM.

Mujeres y niñas víctimas de tortura, mutilaciones, violación y homicidio en Ciudad Juárez.

Nahúm Nájera Castro, subprocurador general de Justicia de la Zona Norte del Estado de Chihuahua durante el primer semestre del gobierno de Patricio Martínez.

Antonio Navarrete, funcionario policíaco de la PJECH en el gobierno de Francisco Barrio. Funcionario de la policía municipal de Ciudad Juárez entre 1998 y 2000. Militante del PAN. Acusado de proteger la distribución de droga al menudeo en Ciudad Juárez.

Hester van Nierop, holandesa, víctima de homicidio en 1998. Al parecer, es la única mujer europea entre las asesinadas en Ciudad Juárez.

Irma Pérez, madre de Olga Alicia Carrillo Pérez, que era militante del PAN y fue víctima de homicidio en 1995. Fundadora del activismo civil en favor de las mujeres víctimas de homicidios en Ciudad Juárez.

Suly Ponce Prieto, fiscal al frente de la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres (FEIHM) en Ciudad Juárez y después coordinadora de Ministerios Públicos de la Zona Norte de Chihuahua bajo el gobierno de Patricio Martínez. Renunció a principios de 2002. En marzo de 2002 fue nombrada jefa de Gobernación del estado en Ciudad Juárez.

Hernán Rivera, director del Departamento de Averiguaciones Previas de la PGJECH bajo las órdenes de Francisco Molina Ruiz. Después fungió como delegado de la PGR en el estado de Chihuahua.

Robert K. Ressler, superdetective especializado en asesinos «seriales», ex agente del FBI. En 1998 visitó Ciudad Juárez como consultor de las autoridades de Chihuahua. En 2002, volvió allá como conferencista.

Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994. En su libro México, un paso difícil a la modernidad, describió así a Francisco Barrio Terrazas como gobernador: «siempre se desempeñó con seriedad y talento. Barrio era, sin duda, un político excepcional y respetable». Durante su gobierno, se firmó un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hubo un levantamiento indígena en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y fueron asesinados Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI y su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI. Su hermano Raúl Salinas de Gortari purga en la actualidad una condena de 27 años por el homicidio de Ruiz Massieu.

David Trejo Silecio, patólogo, miembro del Grupo Asesor de criminólogos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que viajó a Ciudad Juárez en el otoño de 1995 para apoyar a las autoridades locales en la investigación de los homicidios contra mujeres.

Víctor Valenzuela Rivera, ex policía meritorio de la PJECH. Informante.

Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México entre 1994 y 2000. El 23 de febrero del 2000, de visita en Ciudad Juárez, Zedillo se comprometió a «asumir los compromisos claros y precisos para reforzar las acciones de seguridad y de procuración de justicia en el estado». Meses después, el gobernador Patricio Martínez sufrió un atentado del que sobrevivió. Mientras las autoridades de Chihuahua sostuvieron que éste se debió al crimen organizado, las autoridades federales lo negaron. Durante el gobierno de Zedillo, la prensa nacional y extranjera publicó diversas versiones acerca de que familares suyos, tanto como su secretario particular, mantenían vínculos con narcotraficantes. La PGR, que es un ramo del Poder Ejecutivo, desacreditó estas versiones.

Postfacio a la tercera edición

Hay crímenes que no han de olvidarse, víctimas cuyo sufrimiento pide menos venganza que narración. Sólo la voluntad de no olvidar puede hacer que estos crímenes no vuelvan nunca más.

PAUL RICOEUR,

Tiempo y narración

De nuevo, la memoria.

El dilema de la memoria admite el vínculo que ésta suele sostener respecto del olvido, y algo más: «lo contrario del olvido no es la memoria, sino la verdad», se ha dicho.

Sin embargo, la revelación de la memoria no busca tampoco sólo la verdad, siempre tan relativa, sino, más bien, la exactitud. Allí se anudaría cualquier desasosiego en pos de un pasado que es presente.

A lo largo del año de 2004, fueron asesinados 4 periodistas mexicanos: Roberto Javier Mora García, Francisco Ortiz Franco, Francisco Arriata Saldierna y Gregorio Rodríguez Hernández.

En 2005, fue desaparecido Alfredo Jiménez Mota y asesinados Guadalupe García Escamilla y Raúl Gibb Guerrero.

Estos asesinatos, que permanecen impunes, acontecieron bajo la inseguridad que se vive en México por la ineficacia y la corrupción institucionales ante la delincuencia y el crimen organizado, sobre todo, el narcotráfico.

La amenaza de desaparición y muerte contra mí en la primavera de 2004 por publicar Huesos en el desierto e indagar el femicidio en Ciudad Juárez, inscribe su historia lateral en semejante tragedia.

El 18 de noviembre de 2002, Huesos en el desierto se presentó en Barcelona. El acto se realizó en el Instituto Cultural de Cooperación Iberoamericana, y mereció un generoso interés que se vio reflejado en una serie de entrevistas y notas de prensa.

Los periodistas europeos se mostraban perplejos ante los hechos narrados en el libro: les parecía inadmisible que un gobierno con aspiraciones democráticas permitiera una tragedia como la de Ciudad Juárez.

La ausencia en aquel acto de algún representante del gobierno mexicano fue indicativa: a pesar de ser un servicio civil y defender los preceptos del Estado mexicano, a los que se pliega el contenido de Huesos en el desierto, los empleados de México en el exterior desestimaron todo apoyo al libro y a su autor. Obedecían órdenes de la «cancillería». Entonces Jorge G. Castañeda, cuestionado en Huesos en el desierto, era todavía secretario de Relaciones Exteriores.

Meses después, el cónsul en Barcelona Sealtiel Alatriste explicaría el rechazo oficial ante el tema por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al negar todo apoyo al grupo mexicano Conjuro Teatro para montar en Barcelona una obra escénica sobre el femicidio en Ciudad Juárez, que se inspiró en parte en Huesos en el desierto, titulada Los trazos del viento: «No apoyamos obras que denigran a México». De nuevo, cumplía instrucciones.

En México, Huesos en el desierto se presentaría el 24 de noviembre en la Plaza Mayor o «Zócalo» de la capital mexicana: era parte de una serie de manifestaciones en contra del femicidio en Ciudad Juárez, que culminó con una marcha encabezada por madres y familiares de las víctimas, entre los que sobresalía el grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que en el verano de 2003 al lado de la abogada civil Isabel Vericat del grupo Epikeia lograrían una gran resonancia en España acogidas por el juez Baltasar Garzón, quien declaró a partir de entonces que lo acontecido en Ciudad Juárez eran «crímenes contra la humanidad», a la vez que denunciaba la ineptitud del gobierno mexicano para enfrentar el problema.

Meses después, el propio Garzón conocería en México, antes que nadie y por invitación expresa del gobierno mexicano, el «Plan Integral de 40 puntos» de la Secretaría de Gobernación para combatir la violencia en Ciudad Juárez, que a la postre se mostraría inútil. Era claro que al gobierno le interesaba contrarrestar con anuncios espectaculares y propaganda las posturas críticas, en particular de figuras con rango internacional.

Antes de que Huesos en el desierto circulara en puntos de venta en México a finales de noviembre de 2002, ya había una campaña contra el libro en Internet y en foros públicos, a cargo de la servidumbre de Francisco Barrio Terrazas, uno de los corresponsables en Chihuahua del femicidio, a quien el libro cuestiona a fondo tanto como a sus principales funcionarios.

La especialista en relaciones públicas Angelina Peralta, conocedora de los entretelones del poder político y representante en México de escritores como el filósofo Fernando Savater, advirtió: «Hay un veto contra Huesos en el desierto». Se refería, desde luego, a un veto gubernamental.

En cambio, el libro tendría una excelente recepción entre la crítica y los lectores.

En la víspera de la presentación de Huesos en el desierto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco, en diciembre de 2002, fue notorio observar, junto a la mesa de la cafetería La Estación de Lulio en la que yo que departía con unos amigos, al ex subprocurador Javier Coello Trejo, citado en la obra, muy atento a mi plática —este antiguo funcionario, asiduo en la frontera juarense años atrás, cobró notoriedad cuando policías de su escolta cayeron presos en 1990 por violar mujeres en la Ciudad de México.

Huesos en el desierto nunca pudo circular a plenitud en el estado de Chihuahua. Por ejemplo en Ciudad Juárez, como logró indagar la periodista argentina Graciela Atencio, el libro llegaba a un par de puntos de venta y, de inmediato, los embarques eran adquiridos completos, o bien, en caso de que restaran algunos ejemplares, tenían los empleados la instrucción de disuadir al posible comprador con el siguiente pretexto: «No compre este libro, está lleno de mentiras, denigra a Ciudad Juárez» —algo semejante sucedería en junio de 2005 con Cosecha de mujeres. Safari en el desierto mexicano de Diana Washington Valdez.

La campaña contra el libro y su autor estaba en marcha. El tema de Ciudad Juárez ha sido un asunto estratégico para el gobierno desde años atrás.

Se ha sabido que, hacia 1995, durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León y con Antonio Lozano Gracia como procurador General de la República, una investigación federal —que conoció el comandante Juan José Tafoya— concluyó que varios funcionarios policíacos y judiciales organizaban orgías con narcotraficantes que incluían el asesinato de mujeres jóvenes. A pesar de que estos sujetos eran cómplices de aquellos homicidios, uno de ellos fue «ascendido» a un puesto en la Ciudad de México, con el fin de protegerle.

Entre 2000 y 2001, hubo otra pesquisa federal de la PGR que intervino teléfonos y grabó conversaciones comprometedoras de personajes importantes: tenían implicaciones en los asesinatos sistemáticos contra mujeres, que acontecían por el puro gusto sexual de matarlas en orgías. Quedó clara la participación de dos jóvenes de prominentes familias juarenses. Los investigadores asignados turnaron toda la información a sus superiores, que volvieron a proteger a los implicados: su influencia llegaba al más alto nivel del gobierno federal.

El 26 de abril de 2003, el FBI divulgó que, en un cateo reciente efectuado en El Paso, Texas, en la casa de un presunto narcotraficante, se halló una credencial de «Primer Comandante» de la Policía Judicial Federal a nombre de Jorge Miramontes Álvarez con la fotografía de Vicente Carrillo Leyva, uno de los jefes del Cártel de Juárez. El FBI transfirió el asunto a las autoridades mexicanas con el fin de que investigaran los hechos. La preocupación del FBI consistía en que, bajo el rubro de «Certifica», estaba una firma y un nombre: Diego Valadés, procurador General de la República en 1994. No hubo respuesta de las autoridades mexicanas ni sobre la autenticidad del documento ni sobre los probables delitos.

El 11 de agosto de 2003, Amnistía Internacional ofrecería un informe sobre los asesinatos y desapariciones misóginos en la frontera norte de México. Y se advirtio que éste tendría como objetivo convencer al gobierno mexicano de que aplicara un criterio internacional a lo que, a decir de Irene Kahn, secretaria general del organismo, hasta la fecha había sido sólo una «política interna».

Un mes atrás en Chihuahua, ciudad capital del estado, se halló el cuerpo seccionado en tres partes de Neyra Azucena Cervantes, de 19 años, en un cerro cercano al basurero municipal. Era estudiante de ERA, Escuela de Computación. En ese perímetro fue hallado, el 27 de marzo de 2002, el cuerpo de Paloma Angélica Escobar Ledezma, de 16 años, estudiante de la Escuela de Computación ECCO, ya señalado en Ciudad Juárez como un plantel vinculado a secuestros y desapariciones de adolescentes.

El 28 de mayo de 2003, se encontró el cuerpo de Viviana Rayas Arellanes a pocos metros de distancia de la carretera Chihuahua-Delicias. Acudía a la Escuela de Computación ECCO. Poco después, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJECH) detuvo y torturó para que se declaran culpables de aquel asesinato «a golpes» a Ulises Perzabal y la ciudadana de Estados Unidos Cynthia Kiecker —quienes permanecerían presos en forma injusta hasta su exoneración en 2005 por las presiones del gobierno estadounidense.

Asimismo, la PGJECH mintió acerca de la verdadera causa de la muerte de Viviana: al igual que Paloma, fue estrangulada. Las tres muchachas no eran las únicas víctimas inmersas en semejantes coincidencias, ya que se cuenta una docena de ellas. A principios de abril de 2003, la Escuela de Computación ECCO cambiaría su nombre a Grupo Incomex —inquirido sobre el tema, un funcionario del plantel alegó desconocer los hechos.

De acuerdo con la familia de Paloma Angélica Escobar Ledezma, el propietario de los planteles ECCO es Valente Aguirre, como lo dio a conocer el reportero radial Kent Paterson, de Nuevo México. Al parecer originario de Durango y avecindado durante un tiempo en León, Guanajuato, Valente Aguirre es un empresario conocido como «el rey de la franquicia» entre los propietarios de equipos del fútbol mexicano, ya que fue dueño de Unión de Curtidores, La Piedad y Club Deportivo León. En 1997, reconocía que su fortuna era producto de «un gran número de escuelas de computación en todo el país». A últimas fechas, maneja Los Dorados de Culiacán, Sinaloa, y nada se sabe de la pesquisa del gobierno sobre sus actividades y el femicidio en Chihuahua.

El informe de AI, titulado México. Muertes intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, causó un fuerte impacto fuera y dentro del país: indicaba 370 homicidios dolosos a partir de fuentes civiles y 400 desaparecidas, en tanto que la PGJECH reconocía cifras menores. Asimismo, AI condenaba las actuaciones de las autoridades de Chihuahua y, aparte de reconocer la «apertura» de México a las instancias internacionales en defensa de los derechos humanos, reclamaba al gobierno federal afrontar la «falta de la diligencia debida del Estado de prevenir, investigar y sancionar los crímenes». Era un mentís tajante contra la propaganda del gobierno.

Si bien el informe de AI se limitaba a reproducir datos y contenidos ya divulgados por la prensa antes, y a pesar de que las conclusiones y las «recomendaciones» mesuraban la energía de las páginas previas, la credibilidad de este organismo provocó que su postura causara un revuelo inusitado: el gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García, «reprobó» el informe; el secretario de Gobernación Santiago Creel se manifestó en desacuerdo y regañó a las organizaciones no gubernamentales por carecer de «objetividad»; el procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha rechazó que hubiera negligencia del gobierno federal y defendió iniciativas como la creación de una agencia mixta del Ministerio Público, cuyo mandato —se había anunciado— consistía en «definir cuáles son homicidios en serie o sexuales y cuáles fueron cometidos por delincuentes comunes».

El 12 de agosto de 2003, los representantes de AI se entrevistarían con el presidente Vicente Fox que, a decir de Irene Khan luego de su entrevista, «no estuvo de acuerdo con el informe, no lo entendió». Como una consecuencia directa del impacto del informe de AI, la Secretaría de Relaciones Exteriores cesó a Mariclaire Acosta, subsecretaria de Derechos Humanos, por negarse a combatir dicho informe, además de cancelar esta oficina en el organigrama institucional.

El domingo 10 de agosto, la revista Proceso divulgó un expediente del FBI donde se cita a Francisco Barrio Terrazas como protector de narcotraficantes del Cártel de Juárez a cambio de dinero durante el tiempo que fue gobernador en Chihuahua (1992-1998) —información ya conocida, pero soslayada por las autoridades mexicanas.

Al mismo tiempo, un grupo de reporteros locales, estadounidenses y de la capital mexicana bajo la «Operación Sagrario» —como la bautizó Diana Washington Valdez en honor de la víctima Sagrario González—, decidió indagar los datos proporcionados por un testigo de hechos vinculados a los homicidios en serie en dicha frontera. Se trataba de un informante al servicio del FBI en El Paso, Texas. El informe de inteligencia del FBI, que está fechado el 24 de febrero de 2003, dice a la letra:

«En Ciudad Juárez existe un lugar llamado Club 15, por la avenida Juárez. Una noche advierto información que no podría resistir escuchar Según [el nombre del testigo aparece borrado para protegerle] sabe quiénes son los responsables de los homicidios de las chicas abandonadas en las áreas de Ciudad Juárez.

»[El testigo] me dijo que el licenciado Urbina, junto con su chalán (un muchacho de bigote, flaco y prepotente) sirven como lookout para reclutar chicas de nuevo. Ellos dos se ponen en contacto con niñas que visitan la tienda de música llamada Paraíso Musical, por la avenida 16 de Septiembre, contraesquina de la catedral de Juárez. Las niñas van adentro, y al salir, se encuentran solas. Poco después de ser perseguidas, sin que se den cuenta, otros jóvenes les llegan y les piden información personal para una escuela llamada ECCO, por esa misma calle.

»De alguna manera u otra, estas niñas son contactadas para ir al restaurante del licenciado Urbina, nombrado La Sevillana, cerca del Club 15, donde allí dentro del restaurante son amarradas, tape puesto en sus boquitas y son llevadas afuera de un callejón donde proliferan prostitutas. El encargado del transporte de estas chicas se llama El Güero y es propietario del club Marlboro, cerca del Club 15. El Güero es parte del Cártel de Juárez y opera en otros clubes como El Safari, Nereidas. En conjunto con su compinche llamado El Ritchie o Ricardo Domínguez (según su nombre, si es verdad que se llama así) se encargan de pagar a la policía para descartar los cuerpos muertos. Advierto que el nuevo jefe de policía de Juárez, el ingeniero Ruvalcaba, es primo hermano de este nombrado Domínguez».

Añade el documento, avalado por el agente especial del FBI Art Werge, que «Urbina colecta muestras» de cabello de las víctimas que guarda en el Club 15 «para enseñar a los clientes como trofeo», y que «también hay una salida por el techo del Club 15 donde guardan evidencias de las mujeres muertas».

El informe continúa así: «La verdad señores parece demasiado increíble», pero «todas estas desaparecidas han tenido que ver con ser vistas por última vez en áreas cercanas de los lugares mencionados en el centro de Juárez». Y concluye el reporte: «Hay planes de matar a otras 4 en las próximas 2 semanas. La verdad, yo estaba inconsolable despues de ir a dejar [al testigo] a su casa, pero esa noche no podía dormir. Les suplico, señores, que hagan algo por fin».

El grupo de reporteros acudió al Club 15, donde los empleados negaron tener conocimiento sobre desaparaciones, secuestros u homicidios de muchachas, e invitaron a revisar el tapanco de la cantina, un depósito de cajas de cervezas y trebejos, aunque confirmaron que el dueño del lugar es, en efecto, un Fernando Urbina —dos años después, éste negaría las inculpaciones.

Algo semejante aconteció en el Hotel Condesa y en la tienda Paraíso Musical. En el bar Marlboro, la encargada negó también las versiones del informante de FBI, y aceptó comunicar por vía telefónica a la reportera Diana Washington Valdez con El Güero, quien de nuevo rechazó las informaciones. A su vez, el encargado de La Sevillana —restaurante que sería cerrado meses después— reiteró «no saber nada» al respecto, si bien aceptó que el lugar era frecuentado por familias prominentes de Ciudad Juárez, como los «Zaragoza, los Fuentes…».

En mayo de 2003, el ex procurador de la República Jorge Carpizo había demandado ante la PGR al prelado católico Juan Sandoval Íñiguez por el delito de «lavado de dinero» en complicidad con la familia Zaragoza Fuentes, entre otros. Las autoridades federales se negaron a investigar los hechos y exoneraron en breve a los presuntos implicados.

Sobre miembros de aquellas familias, emparentadas entre sí, el gobierno de Estados Unidos mantiene abierta su investigación por narcotráfico. Como consta en Huesos en el desierto, Lino Korrodi —financiero de la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada— guarda nexos familiares directos con los Zaragoza y los Fuentes. Algunos de ellos apoyaron con dinero la campaña del ahora presidente Fox. En su obra testimonial Me la jugué, Lino Korrodi incluye una fotografía tomada en las playas de Zihuatanejo donde se le puede ver al lado de Vicente Fox Quesada, su hija Karla y el esposo de ella: Valentín Fuentes Téllez.

Se presume que el nombre de Valentín Fuentes Téllez apareció en las primeras indagatorias sobre homicidios sistemáticos contra mujeres, pero en forma misteriosa aquel dato desapareció de los expedientes judiciales. Nunca se le volvió a investigar. Al difundirse durante 2002 y 2003 diversas informaciones sobre su personalidad investigable, pudo amenazar a quienes lo hicieron a través de terceras personas. Tal sería el episodio que padeció Diana Washington Valdez.

De acuerdo con el testimonio de un diputado federal en 2004, un sujeto de familia prominente en Chihuahua pretendió abusar con sus amigos de un par de muchachas juarenses durante un vuelo en un avión particular a Las Vegas, Nevada. Ellas resistieron el ataque y lograron escapar al llegar a su destino. El miedo les impidió levantar una denuncia. Al conocer esta información, un agente del FBI declaró que allí trasluce «una conexión muy organizada con ciertas conductas y rituales».

Las autoridades de Chihuahua respondieron a la Operación Sagrario de los periodistas como otras veces: el subprocurador Oscar Valadez confirmó que había recibido la información del FBI, pero que, y a pesar de los detalles o los nombres citados en el reporte, no hubo ningún detenido, porque «no ha habido un señalamiento directo contra nadie». Es la misma actitud que se tuvo en 2001 ante un informe proporcionado por el FBI en relación con el secuestro y homicidio de Lilia Alejandra García Andrade, en el que, por cierto, se menciona asimismo a miembros de una familia vinculada al narcotráfico: los Domínguez.

Del documento del FBI tiene copia —según la propia agencia estadounidense— la Procuraduría General de la República, que nada diría al respecto. También lo conoce la Secretaría de Seguridad Pública (SPP): lo recibió su entonces secretario Alejandro Gertz Manero de manos de Diana Washington Valdez, Kent Paterson y Sergio González Rodríguez, quienes solicitaron entrevistarle aquel 10 de agosto de 2003 en el Hotel Radisson de El Paso —un año más tarde, este funcionario renunciaría a su cargo.

Lo asombroso del informe es la recurrencia de nombres, establecimientos, territorio de acción y modus operandi de los responsables de secuestros, desapariciones y homicidios.

Así lo había afirmado en público el propio José Refugio Ruvalcaba, ex jefe de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, que renunció el 18 de marzo de 2003, al precisar que personajes ricos y poderosos están involucrados en los asesinatos contra mujeres —a su renuncia, tomó el cargo Ramón Domínguez Perea, ex funcionario en Chihuahua y en el Distrito Federal.

También lo reiteró José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando declaró a la prensa el 15 de agosto de 2003 que «detrás de esto, hay una organización criminal a la que hay que desenmascarar y castigar».

Hacia el otoño de 2003, y como lo detectó la reportera Diana Washington Valdez, pendía sobre mí una amenaza explícita: un alto funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua había ordenado «levantar» a Sergio González Rodríguez «en cuanto ponga un pie en suelo chihuahuense, para así enterarnos de quién le llena la cabeza con una sarta de mentiras».

El 15 de octubre de 2003, al presentar mi libro en Nueva York, decidí que era necesario dar a conocer una información que acababa de obtener y cotejar con otras fuentes. Durante el acto que se realizó en la librería Barnes & Noble de Chelsea, en Manhattan, divulgué los «nombres de una serie de personas que, de acuerdo con fuentes de seguridad federal, tendrían que ser interrogados por la Procuraduría General de la República para que proporcionaran información determinante con vistas a solucionar los homicidios sistemáticos contra mujeres en Ciudad Juárez, los cuales, según expertos criminólogos y organismos internacionales rebasan al menos un centenar de víctimas: Manuel Sotelo (presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez); Arnoldo Cabada (concesionario de la televisora canal 44); Miguel Lerma Candelaria (ex funcionario público y ex diputado del Partido Revolucionario Institucional); Miguel Ángel Fernández (concesionario de la empresa Coca Cola); Jorge Hank Rohn (propietario de Caliente, un consorcio dedicado al entretenimiento y las apuestas)».

También mencioné a «Tomás Zaragoza Ito (de la empresa de venta de gas natural Tomza) y a Valentín Fuentes Téllez (cuya familia es propietaria del Grupo Imperial, también distribuidora de gas natural)».

La hermana de éste último, Angélica Fuentes Téllez, fue vocera de la «sociedad civil» —impuesta por el entonces secretario de la SSP Alejandro Gertz Manero, vinculado a ella en forma sentimental, a decir de la prensa— en un acto público en Ciudad Juárez, cuando se presentó en 2003 el Plan Integral de la Secretaría de Gobernación —a partir de octubre de 2004, ella sería nombrada representante del gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México, al mismo tiempo que organizaría subastas de obras de arte con el fin de recaudar fondos para la campaña presidencial hacia el 2006 de Jorge G. Castañeda.

Durante los días previos a la presentación de Huesos en el desierto, que acogió el Instituto Cultural de México en Nueva York, dirigido entonces por Hugo Hiriart, el cónsul mexicano Arturo Sarukhán quiso cancelar el acto. Quería congraciarse con su amigo, el ex secretario de Relaciones Exteriores Jorge G. Castañeda. Al dejar esta Secretaría en enero de 2003, Castañeda había instalado su oficina en un edificio de Lino Korrodi, el administrador de los dineros obscuros que apoyaron la carrera presidencial de Vicente Fox Quesada, tampoco investigados a fondo. Korrodi proporcionó a su vez dinero para la fallida campaña de Santiago Creel, luego secretario de Gobernación, hacia la jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2000.

La presentación de Huesos en el desierto se pudo realizar porque estaba pactada con Barnes & Noble desde tiempo atrás, y cancelarla habría sido contraproducente para el prestigio del servicio exterior de México.

Asimismo, el cónsul Sarukhán prohibió que Adolfo Aguilar Zinzer, representante mexicano en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU,) y a quien Castañeda y Sarukhán consideraban un desafecto, fuera uno de los comentaristas en el acto, aun cuando éste ya había comprometido su presencia. Aguilar Zinzer se había interesado en el tema del femicidio en Ciudad Juárez y estaba al tanto de los intereses de poder y criminalidad que obstaculizaban su solución. En el verano del año 2000, ya como protagonista del equipo del presidente electo Vicente Fox Quesada, me recibió Aguilar Zinzer en su casa de campo de Tepoztlan, estado de Morelos, para intercambiar puntos de vista sobre los expedientes conflictivos de ex funcionarios de Chihuahua como Francisco Barrio Terrazas, Francisco Molina Ruiz y otros políticos que aparecían dentro del nuevo gobierno.

Un par de días después de que se realizó la presentación de Huesos en el desierto, el cónsul Sarukhán reunió al equipo de funcionarios del Instituto Cultural de Nueva York para reprenderlos por haber permitido que «González Rodríguez viniera a expresar su punto de vista a expensas nuestras».

El burócrata consular pasaba por alto que el acto tuvo lugar en un foro libre en territorio estadounidense. Su actitud subrayó que, en las instalaciones de México en el exterior, estaba cancelada la libertad de expresión. Sus empleados debían olvidar los mandatos constitucionales y someterse a los intereses personales, o a los pactos del gobierno en turno con el poder suprainstitucional.

El 31 de octubre de 2003, Diana Washington Valdez publicó en el diario La Jornada un fragmento de su libro Cosecha de mujeres. Safari en el desierto mexicano, en el que ratificaba los apellidos de personas investigables.

En Ciudad Juárez se desató una campaña contra los periodistas y en defensa de los empresarios locales en programas televisivos y de la radio, así como en la prensa.

El hostigamiento del gobierno sería semejante en el centro del país: cada vez que acuerdo por teléfono una cita para encontrarme en un restaurante o cafetería con cualquier persona, hay alrededor nuestro vigilantes atentos a mis palabras. Les llaman «monitores» u «orejas» al servicio de la Secretaría de Gobernación, o del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional. De cuando en cuando, gente extraña vigila también en automóviles afuera de donde habito. Su fin es incomodar y obstruir la vida de quien vigilan mediante intervenciones telefónicas, o del correo postal y electrónico.

En aquellas fechas Patricia Olamendi, subsecretaria de Relaciones Exteriores, intentó censurar el diagnóstico sobre los derechos humanos en México elaborado por una cuarteta de expertos mexicanos a solicitud de la ONU. La funcionaria quiso mediatizar también el contenido integral del informe elaborado por la Misión de expertos de la ONU sobre el desorden gubernativo, lo mismo estatal que federal, en el asunto de la violencia y los homicidios misóginos en Ciudad Juarez. Lo que se defendía en foros internacionales, se incumplía dentro del país.

El 24 de noviembre, la periodista Carmen Aristegui propuso entrevistarme por vía telefónica sobre el femicidio para su programa en la cadena W Radio. Durante la entrevista, insistió en que me centrara en un punto: los «nombres» de las personas que, al presentar mi libro en Nueva York, había expresado. Palabras más, palabras menos, repetí lo que había declarado allá. Y subrayé que un periodista jamás debe asumir el papel que no le corresponde, como erigirse en juez, en agente del ministerio público, o convertirse en policía. Me limitaba a ofrecer una información a las autoridades con el fin de que éstas la retomaran.

A los pocos días, Carmen Aristegui me llamó para advertirme que vendría una demanda judicial contra ella y contra mí. Había un profundo disgusto entre quienes había yo mencionado en su programa. Le respondí que, en lo que a mí atañía, aceptaba el alcance de mis palabras. Ella me urgía a revelarle la «fuente» de la que provenían mis datos. Me negué en nombre del derecho de reserva para la identificación de una fuente cuando la persona de por medio está en peligro. Le sugerí, en cambio, que pidiera a las autoridades declarar en público su punto de vista al respecto.

Ninguno de los mencionados por mí dio la mínima muestra, ni entonces ni después, de ayudar a las autoridades federales a cumplir mi propósito de que «proporcionaran información determinante con vistas a solucionar los homicidios sistemáticos contra mujeres en Ciudad Juárez». Tampoco las autoridades tomaron en cuenta la información expresa, a pesar de que, por ejemplo, se la hice llegar en distintas ocasiones al entonces procurador de la República Rafael Macedo de la Concha a través de dos de sus asesores de comunicación. Sólo acusó recibo verbal a través de ellos. Nunca supe más de la investigación solicitada.

El 12 de diciembre de 2003, Carmen Aristegui publicó un artículo en Reforma en el que se deslindaba de mis pronunciamientos en su programa.

En aquellas fechas, la comisionada Guadalupe Morfin Otero me pidió también «mi información» cuando coincidimos en un par de actos públicos —su más cercana colaboradora, Teresita Gómez de León, ha mantenido a lo largo del tiempo sus nexos informativos a favor de CISEN.

El 7 de febrero de 2004, se recibió un citatorio en el diario Reforma de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el que se ordenaba presentarse «al periodista ciudadano Sergio González Rodríguez» en calidad de «probable responsable» de delitos.

Al acudir con las autoridades en la fecha prevista, acompañado por el abogado Jaime Inchaudarrieta que me asignó el Grupo Reforma, supe que la denuncia en mi contra era por «calumnia y difamación». Pretendía fundarse justo en lo que yo había declarado para Carmen Aristegui en su programa de radio.

El demandante era uno de los mencionados por mí aquella vez: Miguel Lerma Candelaria, ex diputado federal, señalado en 1982 como responsable de manejos fraudulentos por 200 millones de dólares contra un organismo del gobierno del que fue funcionario. Para evadir los cargos, se dio a la fuga y vivió en El Paso, Texas, durante diez años: atribuye lo acontecido a una persecución política del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988). En dos distintos momentos, el ministerio público dictaminó el «no ejercicio de la acción penal» en contra mía. Bajo un amparo, el demandante se inconformó sobre tal proceder. El proceso judicial estaba en marcha. Más adelante, un juez dictaría el sobreseimiento de la causa.

Semanas más tarde, el 25 de marzo de 2004, recibí la siguiente información de boca de una persona inserta en los aparatos de seguridad federal de México, a quien conozco desde años atrás, que me expresó a la letra: «Me he enterado que, por mandato de un secretario de Estado, y para responder a la exigencia de una figura empresarial muy importante en Ciudad Juárez, se prepara un operativo que lleva como objeto la desaparición y muerte de usted: Sergio González Rodríguez».

Y añadió: «De hecho, se ha pedido para el operativo el encubrimiento por parte de otras dependencias federales. Usted representa un problema para el gobierno». En seguida, me comunicó los detalles, nombres y apellidos de los involucrados en el «operativo» para mi desaparición y muerte, que por ahora me reservo.

Informé sobre aquel aviso a los directivos de Reforma y también a algunos colegas escritores. Alarmada por la amenaza en mi contra, Diana Washington Valdez de El Paso Times demandó por escrito una respuesta al respecto a la oficina de la Presidencia de la República de México, que guardó silencio.

El 23 junio de 2004, me reuní en la capital mexicana con Rupert Knox, coordinador del equipo de investigaciones sobre México en el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, y le comuniqué aquella amenaza y otros acosos en mi contra. Al término de la entrevista, le solicité que, en caso de que yo sufriera cualquier asalto violento, secuestro, desaparición, accidente, presunto suicidio, atentado o muerte, hiciera pública la información completa y detallada que le proporcioné.

Por lo visto, incidir en los secretos de la frontera juarense implica un riesgo mayor.

En 2004, el propio presidente Vicente Fox Quesada dio órdenes expresas para que el CISEN dejara de investigar a personajes de Chihuahua, ya fuera el entonces gobernador Patricio Martínez García —quien se quejaba una y otra vez de espionaje federal— o la familia Zaragoza Fuentes. Incluso dio instrucciones para dejar fuera de tareas de inteligencia del CISEN a Joaquín Arenal Romero, un funcionario que ya investigaba a gente de poder de Ciudad Juárez —éste habría de incorporarse a otro organismo del gobierno.

Cuando se registra una amenaza integral, el pasado se agudiza, ya que disgrega el sentido de lo inmediato y absorbe el porvenir.

Así, volví a recordar el asalto y la golpiza que sufrí en junio de 1999 en la Ciudad de México, que acontecieron justo cuando estaba a punto de publicar en Reforma el reportaje sobre la red de protección policíaca en Chihuahua a secuestradores, narcotraficantes y asesinos de mujeres. En el escrito aparecieron los nombres de funcionarios como Francisco Molina Ruiz, Francisco Minjárez, Antonio Navarrete. Los dos primeros negaron en su momento dichos señalamientos.

La segunda vez que me secuestraron y amenazaron meses después, en diciembre de 1999, de parte del «comandante», acababa de entrevistar horas antes para Reforma al comandante Francisco Minjárez sobre tal tema. Como nunca, estoy seguro de que no hubo azar ni casualidad de por medio en ambos episodios.

Francisco Molina Ruiz, jefe y amigo del comandante Minjárez, siempre ha sido de mal fario para quienes le rodean, o se cruzan con él. A mediados de 1998, ejecutaron en la Ciudad de México a Francisco Javier Sánchez, ex agente de la policía judicial de Chihuahua en la época en la que Molina Ruiz era procurador allá. Éste le trajo consigo al Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Sánchez volvió a Ciudad Juárez para incorporarse a la policía municipal, a la que renunció poco antes de ser asesinado a la usanza del narcotráfico.

Otro afectado por el aura obscura de Molina Ruiz fue Roberto Corral —primo del senador Javier Corral, del Partido Acción Nacional—, a su vez ex policía estatal y ex municipal, quien también le acompañó al Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Durante la primavera de 2002, Corral viajaba en su camioneta a las ocho de la mañana en Ciudad Juárez. Cerca de su casa, y al virar en una calle, se le emparejaron dos coches, uno Nissan y otro Grand Marquis. Los testigos vieron a cuatro sujetos. El fuego cruzado le desfiguró el rostro a Corral. Al dar la noticia de los hechos, la prensa local recordó que Roberto Corral, al igual que Antonio Navarrete y Javier Benavides, dos policías muy allegados también a Molina Ruiz, en varias ocasiones fueron señalados por sus nexos con el narcotráfico.

El tercero de la lista fue el propio Francisco Minjárez, y su muerte en septiembre de 2003 es una coreografía de balas idéntica a la que aniquiló a Corral: una mañana que circulaba en su camioneta en la ciudad de Chihuahua, le dispararon desde una pick up en marcha. Recibió más de treinta impactos de rifles de asalto AK-47. Tenía meses de haber abandonado la comandancia del Grupo Especial Anti-Secuestros, y era jefe de seguridad del Corporativo Interceramic.

Ya desde marzo de 2002, el periódico Norte de Ciudad Juárez divulgó lo que constituía un secreto a voces en Chihuahua: Francisco Minjárez era el principal operador de las desapariciones forzadas o «levantones» en Ciudad Juárez de la última década. Se citaron 196 desapariciones vinculadas a Francisco Minjárez y su grupo, «quien recibía órdenes del entonces jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, Francisco Molina Ruiz». Tanto las autoridades de Chihuahua como las federales guardaron silencio. El ejemplar jefe antisecuestros fue el capo de los «narcolevantones» y la industria del secuestro en Chihuahua, y el FBI le llegó a considerar «uno de los policías más corruptos y asesinos del estado de Chihuahua».

En junio de 2005, se halló el cuerpo en Ciudad Juárez del ex primer comandante de la Policía Judicial de Chihuahua Jesús Buil Issa: fue secuestrado en Coahuila, torturado, golpeado, maniatado y envuelto en una manta al estilo de los ajusticiamientos del narcotráfico. A lo largo de los años, la familia de Javier Lardizábal le había señalado como un agente implicado en la desaparición y muerte de éste. Cercano a los ex procuradores de Chihuahua Francisco Molina Ruiz y Arturo Chávez Chávez, la agencia antidrogas DEA de Estados Unidos y el FBI consideraban a Jesús Buil Issa un narcotraficante. La camioneta en la que estaba el cuerpo del también antiguo chofer de Amado Carrillo Fuentes fue estacionada, acaso como una advertencia, cerca de una farmacia denominada «Benavides» —el mismo apellido de otro policía del mismo grupo y primo del asesinado: Javier Benavides.

Francisco Molina Ruiz, que aparece así en medio del narcotráfico a la vez que muy cercano a la DEA de Estados Unidos, que le apoyaba en su empeño de ser nombrado procurador general de la República en el año 2000, ha conjuntado como alto funcionario de la Secretaría de la Función Pública a otros policías con problemas delincuenciales, por ejemplo, Alejandro Castro Valles, quien mató al abogado Mario César Escobedo Anaya, o Carlos Díaz de León, acusado de intervenir teléfonos en forma ilegal. Bajo el patrocinio de Francisco Barrio Terrazas, este grupo ha realizado tareas de espionaje que trascienden las funciones burocráticas que le corresponden.

En el otoño de 2004, la Secretaría de Gobernación anunció el nombramiento de un nuevo subsecretario: Arturo Chávez Chávez. El ex procurador de Chihuahua, inculpado como transgresor de derechos humanos y con diversas denuncias penales en su contra por desaparición de personas en Chihuahua, pretendía ocupar el área de derechos humanos del gobierno de la República. Su nombramiento fue revocado por los reclamos de grupos civiles. Luego se anunciaría su ratificación como subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos.

En mayo de 2005, el gobierno mexicano presionó por conductos no oficiales al gobierno de Estados Unidos con el fin de que éste indagara el motivo de la divulgación de informaciones, provenientes de sus agencias de inteligencia, sobre el tema de Ciudad Juárez que constaban en libros y reportajes periodísticos.

En estos afanes contrainformativos se logró identificar al ex diputado federal de Ciudad Juárez Carlos Borunda Zaragoza, en su momento presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. A éste se le ha señalado en la prensa como el principal vocero de la campaña de desprestigio en Estados Unidos contra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial hacia el 2006 del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El político juarense del Partido Acción Nacional, adscrito a la Embajada mexicana en Washington D.C., es producto de dos familias que han sido muy importantes en la frontera: «cruza de león y de tigre», como cuenta el abogado Sergio Dante Almaraz. También se ha opuesto al reclamo de la congresista californiana Hilda Solís para que se incluya el tema del femicidio en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.

Los enemigos de la denuncia de crímenes contra la humanidad mantienen un gran poder y llevan a cabo una campaña sistemática para que jamás se investiguen los asuntos de Ciudad Juárez.

¿Cómo y por qué pudo desatarse aquella barbarie?

En 1989, cuando México anunció las conversaciones hacia la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, un grupo de empresarios y políticos de Ciudad Juárez, con influencia al más alto nivel del país, ordenó crear un clima de inseguridad social mediante el empleo de sicarios del narcotráfico, protegidos por policías y funcionarios judiciales, para secuestrar y asesinar mujeres pobres, entre ellas, obreras de la industria multinacional allá asentada. El trasfondo de aquello consistía en reafirmar los privilegios y el dominio fronterizo ante la posibilidad de algún cambio.

De acuerdo con tal información producto del testimonio reciente de un agente investigador que estuvo adscrito a la oficina de la PGR en Ciudad Juárez, los sicarios que secuestraron y asesinaron mujeres entre 1989 y 1996 estarían ya muertos: fueron ajusticiados para evitar el riesgo de que alguno de ellos delatara el exterminio patrocinado por gente poderosa. Algo análogo aconteció con varios agentes y comandantes policíacos. El resto de los homicidios sería parte de un efecto copycat, de imitadores, en el que han confluido hijos de los mismos poderosos y otros delincuentes que actúan por su parte.

Este funcionario renunció a la PGR por estar amenazado de muerte al conocer dicha información. Antes de desaparecer de la vida pública, dirigió una carta personal al presidente Vicente Fox Quesada acerca del asunto. A pesar de ser datos expuestos por un agente calificado, nunca recibió respuesta.

Aquel grupo de poder se habría apropiado de la fortuna que hizo Rafael Aguilar Guajardo mientras fue jefe del Cártel de Juárez, adonde llegó debido al apoyo de Fernando Gutiérrez Barrios, ex director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y ex secretario de Gobernación, muerto en el año 2000.

El asesinato de Aguilar Guajardo en 1993 —quien había participado en la «guerra sucia» contra grupos subversivos dos décadas atrás, e incluso ajustició y enterró algunos de ellos en fosas clandestinas de la frontera juarense—, así como el ulterior ascenso de Amado Carrillo Fuentes como jefe de la organización delincuencial, señalaron el ocaso de Gutiérrez Barrio como gestor de los pactos entre el Estado mexicano y el crimen organizado, ya que condujo a lo largo de los años la colaboración de los servicios de inteligencia mexicanos con la Central Intelligence Agency (CIA) de Estados Unidos.

Gutiérrez Barrios estuvo al tanto del operativo «Irán-Contra» de principios de los años ochentas, mediante el que la CIA, supervisada por el vicepresidente de Estados Unidos George Bush padre, intercambió armas para combatir a la guerrilla de izquierda en Centroamérica a cambio de drogas destinadas al mercado estadounidense.

De la red de control implantada en aquella época por la DFS —que luego retomarían militares de alto rango como Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Humberto Quirós Hermosillo y Jesús Gutiérrez Rebollo, entre otros— surgiría la repartición de los territorios nacionales en respectivos cárteles (de Tijuana, del Golfo, de Juárez). José María Guardia, presunto agente de la CIA, fue el último hombre de Gutiérrez Barrios en Ciudad Juárez. En 2003 este empresario, también amigo del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, consejero «espiritual» de la familia Zaragoza Fuentes, disputaba intereses en la industria del juego y las apuestas con Jorge Hank Rohn.

Un ex jefe de la policía en Ciudad Juárez, Javier Benavides, ha declarado que los asesinatos contra mujeres en Juárez son «demasiado fuertes y complejos incluso para el FBI». Asimismo, reiteró la participación en el femicidio de gente poderosa opuesta al TLC. Como se muestra, la geopolítica está en el centro del femicidio en la frontera de México y Estados Unidos.

En cuanto a la responsabilidad de las autoridades mexicanas, resaltan algunos puntos que sintetizan lo acontecido entre finales de 2002 y 2005.

1. En 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 44/98, que demandaba investigar a policías y funcionarios de Chihuahua; durante cinco años no hubo seguimiento de ésta, algo obligado; en 2003, la CNDH reanudó su interés al respecto, y emitió un informe que desaprueba el accionar del gobierno de Chihuahua y aun del gobierno federal respecto del problema.

2. Acerca de la mala calidad del trabajo de las autoridades policíaco-judiciales de Chihuahua y del gobierno federal, así como de múltiples irregularidades y posibles delitos, puede citarse el informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, de la Oficina contra la Droga y el Delito, sobre la Misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, noviembre de 2003.

O bien, se puede acudir al testimonio en 2003 del perito en patología David Trejo Silecio, quien confirma lo siguiente: «En 1995, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua pretendían que el Grupo Asesor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al que yo pertenecía, avalara sin prueba alguna que Abdel Latif Sharif Sharif era el culpable de los homicidios en serie de mujeres. Por esta causa, el Grupo Asesor se retiró de la asesoría técnica. Allí está la explicación de todo lo que hemos visto después».

3. La presunta «resolución» de los casos por el gobierno estatal ha implicado, sobre todo, mandatos burocrático-legalistas que consideran como «resueltos» expedientes consignados a un juez, o como «sentenciados» a aquellos acusados que cuentan ya con sentencia judicial, aunque en estos casos, y a pesar del formalismo de por medio, se carece de pruebas que fundamenten las sentencias, como lo ha demostrado la Misión de expertos de la ONU ya citada.

4. Tanto la Procuraduría de Chihuahua como la de la República han aseverado toda clase de presunciones y rumores que causan confusión y exponen una irresponsabilidad flagrante: en lugar de circunscribir sus acciones al ámbito que les atañe, el policíaco-judicial, se dirimen, se manosean y se desechan en público de un día hacia otro hipótesis o móviles en cuanto a los homicidios contra mujeres —ora tráfico de órganos, ora sectas seudorreligiosas, ora pornografía violenta, ora crímenes de militares estadounidense de la base Fort Bliss, ora narcotraficantes de poca monta— sin ningún fundamento, ni límite, ni sensatez declarativos. En otras palabras, las investigaciones acontecen sobre todo en los medios masivos de comunicación, y expresan los entretelones de las corruptelas y los intereses creados.

5. Más allá del manejo de las gráficas o cifras «definitivas» a que las autoridades ha reducido la tragedia juarense, persisten las dudas sobre las fuentes oficiales que dificultan comprobar todos y cada uno de los casos de homicidios dolosos contra mujeres en Ciudad Juárez desde 1993 a la fecha.

6. El escaso interés federal en el femicidio se presentó tarde y mal: desde las declaraciones de atender los casos expresadas en las postrimerías del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) hasta la estrategia de manipulación y ocultamiento federal ordenada por el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006), hay un empeoramiento de la situación, ya que se trata de una política premeditada que se desvía de la responsabilidad esencial y responde, en cambio, con una serie de acciones sustitutivas que nada tiene que ver con la procuración de la justicia, el cumplimiento de la ley ni el castigo a los verdaderos culpables del femicidio en Ciudad Juárez.

¿Que se entiende aquí por acciones sustitutivas? Son aquellas acciones que, en una gestión de gobierno, se realizan con el fin de administrar un problema antes que intentar resolverlo. Esta reducción de la política a lo administrativo depende en forma directa de los recursos procedimentales o jurídicos que permiten el manejo y control de situaciones que se caracterizan, con o sin fundamento, como de «riesgo a la gobernabilidad», y que por lo tanto implican decisiones ante todo discrecionales o confidenciales de índole paralegal, cuyo alcance impacta la estructura y las funciones de gobierno, así como sus ámbitos comunicativos al interior y el exterior del país.

El resultado es que, en nombre de la ley, se vulnera el Estado de derecho y se obstaculiza la justicia.

En cuanto a los homicidios sistemáticos contra mujeres en Ciudad Juárez, estas acciones sustitutivas del gobierno mexicano han sido cinco: a) en 2003, la apertura de una fiscalía mixta entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal; b) enseguida, el anuncio de un Plan Integral de «40 puntos» para combatir la violencia en Ciudad Juárez por parte de la Secretaría de Gobernación; c) el nombramiento de una comisionada (Guadalupe Morfín Otero) de la propia Secretaría de Gobernación para tareas estrictas de asistencia social y relaciones públicas, cuyo objetivo explícito ha sido tratar de «reconstruir el tejido social de la frontera»; d) ya en 2004, la creación de una fiscalía especial de la Procuraduría General de la República a cargo de María López Urbina, que está encargada de indagar sólo aquellos posibles delitos que hubieran cometido los policías y funcionarios de Chihuahua al investigar asesinatos contra mujeres; a mediados de 2005, se nombró a otra fiscal (Mireille Roccati) y se añadieron recursos humanos y materiales sin alterar el objetivo primordial de sólo «coadyuvar» a las autoridades estatales.

Las cuatro acciones descritas se han mostrado insuficientes y contradictorias, enredadas en las dificultades procesales que las confrontan y, en consecuencia, han ofrecido logros escasos respecto del tamaño del reto, al restringirse a revisar expedientes y homologar cifras, a establecer un banco de datos genéticos y a identificar algunos cuerpos, o localizar algunas mujeres que fueron reportadas como desaparecidas, así como a ejercer presupuesto para «atender» a familias de las víctimas, o a personas acusadas en falso de algunos delitos. En resumen, muchos cambios y gastos, e insignificantes avances.

Por último, la quinta acción sustitutiva del gobierno de Vicente Fox Quesada respecto de la tragedia en Ciudad Juárez ha sido la circunscripción del proceso comunicativo por medio de meras técnicas de propaganda e imagen sobre sus propias acciones, lo que pretende incidir en lo que las personas perciben acerca del problema, y ya no en la realidad misma.

Además, se intenta el descrédito y la descalificación de quienes cuestionan las versiones oficiales y la propia política gubernamental. El complemento de lo anterior, a través de los órganos de espionaje e inteligencia del Estado, es la vigilancia, el acoso, las intercepciones comunicativas. Y menosprecio de expedientes, informes, testimonios, evidencias, así como se multiplican las coacciones en las televisoras, las radiodifusoras y la prensa para excluir las críticas al gobierno acerca del femicidio en Ciudad Juárez, o bien, para restarle importancia a éste. Aparte de llevar al límite coactivo a quien investiga, se pretende arrebatarle su credibilidad. Antes, estas acciones sólo les identificaba con las de los regímenes totalitarios. Ahora, son usuales e incluso se aceptan como mera rutina contrainformativa en sistemas de falsa democracia como el que se vive en México.

7. A la fecha, se repite aquí y allá que los asesinatos sistemáticos contra mujeres en aquella frontera son un «mito», una «fantasía», un «lucro» de personas u organismos civiles que «afectan la imagen de Ciudad Juárez». A diversos funcionarios federales se les ha hecho costumbre declarar, en público y en privado, sean requeridos o no para hacerlo, que «no existen evidencias» sobre los nexos del crimen organizado en los asesinatos misóginos de Ciudad Juárez.

Allí están para contradecir tal complicidad los señalamientos, en momentos distintos a lo largo de los últimos años, de agentes en activo del FBI de Estados Unidos, o de Phil Jordan, ex director de El Paso Intelligence Center (EPIC). O bien, las investigaciones de periodistas independientes como las de Rosa Isela Pérez y Graciela Atencio de Norte, Kent Paterson, reportero radial de Nuevo México, Alfredo Corchado de The Dallas Morning News, o de la reportera de El Paso Times Diana Washington Valdez, compiladas en su libro Cosecha de mujeres. Safari en el desierto mexicano, cuyas aportaciones al conocimiento del asunto han sido decisivas. Además, los videodocumentales de Lourdes Portillo (Señorita extraviada) y Alejandra Sánchez (Ni una más), y la obra testimonial de Isabel Vericat Ciudad Juárez: de este lado del puente.

Contra la tendencia que defiende impunidades, intereses políticos e incluye el menosprecio, la indiferencia o las desinformaciones, están también los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2003), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2003), Amnistía Internacional (2003) y el de la ONU/CEDAW (2005), así como el informe que rindió la Misión de la Oficina del Combate a la Droga y el Delito de la ONU en Ciudad Juárez (2003); asimismo, debe valorarse el Reporte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de México (2005).

En estos términos, Huesos en el desierto ha descrito tanto el móvil general como el móvil particular, la razón y sinrazón de los homicidios sistemáticos contra mujeres en Ciudad Juárez realizados por una fraternidad en el crimen, así como ha distinguido el carácter de dominio territorial del femicidio, vinculado al ejercicio de un poder económico con amplios y profundos nexos con el sistema político mexicano, tanto como con la delincuencia organizada y la economía formal de alto impacto en rubros básicos, o bien, la subterránea (contrabando, prostitución, explotación de niños y menores, tráfico de indocumentados, etcétera).

Asimismo, el libro ha retratado la puesta en marcha de esta industria maquiladora del exterminio de mujeres pobres, al insistir en el modus operandi de extrema violencia de aquellos asesinos que inscriben signos de odio idiosincrásico, misógino, radical, u otros que reflejan los privilegios sociales de quienes patrocinan todo. Las víctimas de esta fábrica de cadáveres en serie han sido objeto de mensajes de secrecía en condiciones específicas de miedo y amenazas de un poder clasista e impune. Sangre, sacrificio, poder grabados en cada uno de los cuerpos.

Tal femicidio expone una significación directa e inherente a un esquema productivo —la industria maquiladora transnacional— que explota cuerpos desechables —números despersonalizados—, así como la pertenencia de su esquema al modelo económico de índole globalizada, lo que asocia fenómenos en apariencia dispersos. Crímenes contra la humanidad, pues, y esto no sólo por la violación y tortura que han proliferado contra las víctimas.

Semejante especificidad criminal nada tiene que ver con delitos de fuero «común», como insisten en proclamar las autoridades mexicanas, tampoco con las explicaciones acerca de que todo aquello se subordina a la «violencia intrafamiliar» y a la «complejidad del contexto en la frontera», que como alegatos en abstracto tienden a evadir lo particular, y que han sido parte lo mismo del discurso propagandístico que justifica las acciones sustitutivas del gobierno que bandera ideológico-política de diputadas, funcionarias y algunos grupos feministas de presión en plan acomodaticio.

Jane Caputi y Diana E. H. Russell precisaron en The Politics of Woman Killing que la misoginia no sólo produce violencia contra las mujeres, sino que distorsiona a su vez la cobertura informativa de los crímenes. «Femicidio, violación y maltrato», escriben dichas feministas, «son ignorados de varios modos o expuestos en forma sensacionalista por la prensa, dependiendo de la raza de la víctima, de su clase social y su atractivo fisionómico (es decir, de los patrones masculinos)».

Así la policía, el aparato judicial, los medios masivos de comunicación y la respuesta de la sociedad a los crímenes contra mujeres incluyen una perspectiva viciosa ya que, por lo regular, la apatía se entrelaza con el uso de estereotipos peyorativos y la inculpación de las víctimas.

Desde una postura crítica, especialistas y académicas del país encabezadas por Marisa Belausteguigoitia, Lucía Melgar e Isabel Vericat consumaron en el otoño de 2004 un «Plan Alternativo para solucionar el feminicidio en Ciudad Juárez». Se buscaba esclarecer los asesinatos a partir de la propuesta de una estructura única de investigación que retomara todos y cada uno de los casos, hacer justicia a las víctimas, reparar el daño a sus familiares en forma desinteresada y sacar a la luz los sucesos históricos del femicidio en aquella frontera. Los ejes fundamentales del Plan Alternativo implicaban reformas legales, así como diversas medidas políticas y administrativas a nivel federal, estatal y municipal. La iniciativa, que fue presentada al poder ejecutivo y al legislativo, entre otras instancias, tuvo una respuesta mínima.

En mayo de 2005, el presidente Vicente Fox Quesada regañó a los medios masivos de comunicación en México por exagerar el tema de los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez. Y citó cifras que «demostraban» que el problema era inexistente, que los crímenes «estaban solucionados». Al día siguiente, debió reconocer que persistían más de cien asesinatos impunes.

De acuerdo con el testimonio de Adolfo Aguilar Zinzer —ex asesor de seguridad nacional y asuntos internacionales de la presidencia, que moriría en forma intempestiva el 5 junio de 2005—, Vicente Fox Quesada se opuso siempre a que se abriera una investigación a fondo sobre el femicidio en Ciudad Juárez.

La estrategia se habría establecido desde el principio de aquel gobierno: tramar una suma de engaños.

El examen del femicidio en Ciudad Juárez que habita en Huesos en el desierto transcurre del cuestionamiento de la versión oficial o legal sobre asuntos trascendentales de la vida pública, es decir, desde una forma de ejercer la desobediencia civil en el periodismo y la literatura, hasta la desobediencia radical respecto del Estado mexicano: se pone en duda la propia facultad de gobernar del Estado. A esta directriz política se quiere apegar el libro, resultado del oficio de hacer la historia del presente, de unir las precisiones de la memoria y la resistencia al olvido. En este empeño, la imaginación literaria resulta complementaria por necesidad, como lo ha mostrado Roberto Bolaño con su gran novela sobre la tragedia en Ciudad Juárez titulada 2666.

El alegato de fondo en Huesos en el desierto confronta autoridades, a las que se ha invitado para que declaren su punto de vista en cada momento. Lo turbio y el silencio han sido sus mejores aportaciones.

En julio de 2005, una muchacha fue víctima de violación tumultuaria, logró escapar y denunció que personajes prominentes de Ciudad Juárez habían participado en el delito. Mencionó sus apellidos a la prensa: «Sotelo… Zaragoza… Cabada». Las autoridades de Chihuahua se negaron a indagar la denuncia, desmintieron y descalificaron a la víctima, de la que no se ha vuelto a saber su paradero.

En su informe del mes de agosto de 2005, la comisionada Guadalupe Morfín aceptó por fin que «hay grupos de poder, probablemente vinculados a agentes de corporaciones públicas, que ni siquiera han sido rasguñados. El dique de la impunidad requiere ser derribado, con el concurso de todas las autoridades».

Sin embargo, al anunciarse poco después la creación de una fiscalía especial para atender todos los casos de asesinatos contra mujeres a nivel nacional, la PGR previó el término de su trabajo en Ciudad Juárez hacia finales del 2005, ya que el examen de los expedientes estaba completo y «resuelta» la mayor parte de los casos. Anticipó también que haría un «pago de auxilio» a las familias de las víctimas, proporcional respecto al grado de crueldad que cada una de ellas padeció. Éstos eran los resultados «relevantes» del gobierno mexicano para una tragedia devastadora.

Habría que comprender la violencia contemporánea en México como una guerra a escala subterránea. Y volver a descifrar sus signos funestos a contraluz de estas palabras de Ernst Jünger: «Sólo obscuros rumores daban noticias de las espantosas fiestas en que los matarifes y sus esbirros se refocilaban con la angustia, la humillación, la sangre de sus víctimas. Esos crímenes serán por siempre, para tiempos lejanos, un baldón de nuestro siglo; y resultará imposible sentir respeto por quienes no hayan tenido ni corazón ni ojos para lo que ocurría en esos sitios».

A lo largo de los años, varias veces me han preguntado si temo continuar en esta investigación atribulado por el peligro que implica hacerlo. Ésta es mi respuesta recurrente, porque carezco de alguna otra: la valentía de las víctimas al encarar en el último momento la indignidad de su muerte, nos librará del miedo, siempre, una y otra vez.

Fuentes

Postfacio a la tercera edición

Paul Ricoeur, Tiempo y narración, vol. III, México, Siglo XXI, 1996, p. 912.

El registro de los periodistas asesinados está en «Duelo», Etcétera, mayo de 2005, p. 13.

La negativa del Consulado de México en Barcelona es testimonio de Dana Stella Aguilar, directora de Conjuro Teatro, a Sergio González Rodríguez.

Sobre la visita de Baltazar Garzón a México: Miriam Ruiz, «Apoyo total a víctimas de Ciudad Juárez: Garzón», cimacnoticias.com; la evaluación adversa del secretario de Gobernación sobre las acciones de su gobierno ante el problema de Ciudad Juárez está en: José Antonio Román, «Crítica situación en Juárez: Creel», La Jornada, 26 de mayo de 2005; allí afirma: «Mucho menos me voy a poner a justificar o a defender algo que estamos viendo que no está saliendo bien».

El testimonio de Angelina Peralta fue comunicado a Sergio González Rodríguez.

Luis Enrique López y Ana Elena González fueron testigos de la presencia de Javier Coello Trejo en la ocasión referida.

Graciela Atencio comunicó a Sergio González Rodríguez dicha información. Diana Washington Valdez hizo lo propio respecto de su libro.

Los datos sobre las pesquisas concluyentes y desestimadas por el gobierno federal están en Diana Washington Valdez, Cosecha de mujeres. Safari en el desierto mexicano, Barcelona, Océano, 2005, pp. 226-228.

Acerca de la credencial policíaca de un narcotraficante: Julián Reséndiz, «Tenía capo credencial de la PGR», El Diario Digital, 26 de abril de 2003. Un funcionario de la PGR en aquella época, Rafael Arredón, confirmó a Sergio González Rodríguez que la credencial pudo obtenerla el narcotraficante a través de Adrián Carrera Fuentes, que fuera director de la Policía Judicial Federal en aquellas fechas, y luego señalado como protector de Amado Carrillo Fuentes.

Lo acontecido en agosto de 2003, la resonancia del informe de Amnistía Internacional y la Operación Sagrario proviene de: Sergio González Rodríguez, «Zona caliente: Ciudad Juárez, Amnistía y los intocables», El Ángel/Reforma, 24 de agosto de 2003. Correos electrónicos de Juan Capuchino de Incomex a Sergio González Rodríguez, 28 de agosto de 2003 y 5 de septiembre de 2003. Amnistía Internacional (informe), México. Muertes intolerables. 10 años de desapariciones y asesinatos en Ciudad Juárez y en Chihuahua, agosto de 2003, 71 pp./Report, México. Intolerable Killings: Ten years of abductions and murders in Ciudad Juárez and Chihuahua. Para el caso de Ulises Perzabal y Cynthia Kiecker, véase: Alma Guillermoprieto, «A Hundred Women», New Yorker, 29 de septiembre de 2003, pp. 82-93.

Sobre la demanda penal de Jorge Carpizo contra Juan Sandoval Íñiguez y la familia Zaragoza Fuentes por lavado de dinero: Álvaro Delgado, «El escándalo de las narcolimosnas», Proceso, núm. 1403, pp. 30-32.

Lino Korrodi, Me la jugué, México, Grijalbo, 2003, 232 pp.

Diana Washington Valdez informó a Sergio González Rodríguez acerca del reporte que ella levantó por amenazas recibidas en la Policía de El Paso, Texas, en enero de 2004.

Acerca del diputado federal que registró el testimonio sobre el intento de ataque sexual a dos muchachas juarenses: Diana Washington Valdez, Cosecha de mujeres, op. cit., p. 229. Sergio González Rodríguez estuvo presente mientras el diputado proporcionaba la información. El comentario del agente del FBI fue obtenido más tarde por la periodista texana.

Las amenazas a Sergio González Rodríguez en Chihuahua fueron comunicadas a éste por Diana Washington Valdez, que las escuchó de una vocera del gobierno de Chihuahua.

El diario Reforma publicó el 17 de octubre una nota sobre el acto de presentación de Huesos en el desierto que se realizó en la librería Barnes & Noble, en Chelsea, Manhattan, Nueva York.

Las relaciones de Alejandro Gertz Manero y Angélica Fuentes Téllez aparecieron en: Julián Andrade, «Un comienzo difícil», Milenio Semanal, 28 de julio de 2003, pp. 38-42; Armando Emanuel Vélez y Alberto Ponce de León, «Angélica Fuentes: la reina del gas», Milenio Semanal, 10 de mayo de 2004, pp. 42-45, y Andrea Ávila, «Angélica Fuentes Téllez: la reina del gas», Actual, núm. 131, agosto de 2004, pp. 14-18.

Los nexos entre Lino Korrodi y Jorge G. Castañeda están en: F. Bartolomé, «Templo Mayor», Reforma, 18 de enero de 2004; Alejandro Lelo de Larrea, «Bajo la lupa del CISEN», Cambio, 29 de mayo al 4 de junio de 2005, pp. 18-22. Sobre los dineros obscuros de Lino Korrodi a Vicente Fox Quesada y a Santiago Creel: Jesusa Cervantes y Alejandro Gutiérrez, «El gasero Zaragoza, otro foxista bajo sospecha», Proceso, núm. 1374, 2 de marzo de 2003, pp. 19 y 20; Jesusa Cervantes y Alejandro Gutiérrez, «Amigos de Fox: el contacto en Ciudad Juárez», Proceso, núm. 1376, 16 de marzo de 2003, pp. 32-34; Jaime Cárdenas García: Lecciones de los asuntos Pemex y Amigos de Fox, México, UNAM/IIJ, 2004, 190 pp.; y Eduardo R. Huchim, «El caso Creel: Korrodi y la impunidad», La Jornada, 14 de mayo de 2005.

La entrevista de Adolfo Aguilar Zinser y Sergio González Rodríguez se llevó a cabo en el verano del 2000 en su casa de campo en Tepoztlan, estado de Morelos.

Funcionarios adscritos entonces al servicio exterior mexicano en Nueva York comunicaron a Sergio González Rodríguez la información detallada sobre la conducta del cónsul Arturo Sarukhán.

Diana Washington Valdez, «Así empezó todo», La Jornada, 31 de octubre de 2003.

Kent Paterson reportó a Sergio González Rodríguez el clima hostil contra los periodistas a finales de 2003 y principios de 2004.

Sobre las presiones de Patricia Olamendi, subsecretaria de Relaciones Exteriores: Raúl Monge, «Jaloneo por el informe de la ONU», Proceso, núm. 1411, 16 de noviembre de 2003. Acerca de los problemas de la Misión de expertos de la ONU con dicha subsecretaria, se apela al testimonio que Isabel Vericat proporcionó a Sergio González Rodríguez de sus conversaciones con Carlos Castresana; asimismo: José Gil Olmos, «Las muertas de Juárez: lo más abyecto», Proceso, núm. 1415, 14 de diciembre de 2003, pp. 22-24.

De las personas mencionadas, sólo Arnoldo Cabada aludió meses después al tema del femicidio en una entrevista, sin aportar mayores precisiones excepto denominarlo una «fantasía realmente», confróntese Cecilia Guerrero y Horacio Carrasco, «Tejen leyendas en torno a feminicidios», Diario de Juárez, 3 de noviembre de 2004. Antiguo concesionario en Ciudad Juárez de la empresa Televisa, perdió la concesión respectiva poco después del escándalo en torno de los «nombres» divulgados por Diana Washington Valdez y Sergio González Rodríguez. Los asesores de comunicación a quienes proporcioné información para el procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha fueron Marco Antonio Rodríguez Blásquez y Gerardo de la Concha.

Carmen Aristegui, «Nombres», Reforma, 12 de diciembre de 2003.

Sobre la demanda contra Sergio González Rodríguez: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Fiscalía Central de Investigación Para Servidores Públicos. Unidad Sin Detenido «C-2». Averiguación Previa: FSP/8T1/2636/03-12. Oficio No. FSP/UII/64MGS/02-10. Sobre los antecedentes del demandante Miguel Lerma Candelaria: Rafael Loret de Mola, Los cómplices, México, Océano, 2001, pp. 143-159.

El nombre del experto en seguridad federal que proporcionó la información sobre el «operativo» que lleva como objeto la desaparición y muerte de Sergio González Rodríguez, debe permanecer en reserva.

La reunión de Sergio González Rodríguez con Rupert Knox tuvo lugar en el Hotel María Cristina el 23 de junio de 2004 a las 14.30 horas.

La información acerca de las órdenes del presidente Vicente Fox Quesada al Centro de Investigación y Seguridad Nacional para cancelar toda pesquisa comprometedora en Chihuahua, proviene del experto en seguridad cuyo nombre es reservado. Meses después, se divulgaron en la prensa algunos detalles al respecto: véase Antonio Jáquez, «Inteligencia sin control», Proceso, núm. 1464, 21 de noviembre de 2004, pp. 28-34.

Los detalles sobre el par de secuestros y la golpiza referida aparecen también en Sergio González Rodríguez, «La caja negra del comandante Minjárez», Carlos Monsiváis, et. al., Viento rojo. Diez historias del narco en México, México, Plaza & Janés, 2004, pp. 81-97. Asimismo, véase «Candidato perdedor de la gubernatura de Chihuahua», Bajo Palabra, julio-agosto de 2004, pp. 40-43. Joel Edgardo González, «Tenía días perdidos: que es ex comandante», El Mexicano, 7 de junio de 2005, y Redacción, «¡Jesús, María y José!», lapolaka.com, 7 de junio de 2005, copia electrónica. También: Diana Washington Valdez, op. cit., pp. 32 y 118-119.

Los policías de Francisco Molina Ruiz fueron denunciados en: Daniel Lizárraga, «Opera ex Secodam con fuerza policíaca», Reforma, 24 abril de 2003, y Carlos Huerta, «Judiciales asesinos», Norte, 17 de noviembre de 2003.

Para el registro del reclamo público por el nombramiento de Arturo Chávez Chávez, véase José Antonio Román y Alonso Urrutia, «Madres de asesinadas en Juárez califican de verdaderamente inútil reunión con Fox», La Jornada, 25 de noviembre de 2004.

Sobre Carlos Borunda Zaragoza: «Mexican protest», El Paso Times, 5 de junio de 2005; J. Jesús Esquivel, «Washington: cabilderos vs. cabilderos», Proceso, núm. 1489, 15 de mayo de 2005, pp. 24-28. Entrevista de Sergio Dante Almaraz con Sergio González Rodríguez en la primavera de 2003 en el Hotel Sevilla de la Ciudad de México.

El informante de la PGR, cuyo nombre se mantiene en reserva, es abogado y cursó estudios en el instituto de capacitación de la PGR. La historia del caso «Irán-Contra» o «Irangate» y su impacto en México lo sintetiza Jorge Fernández Menéndez, Narcotráfico y poder, op. cit., pp. 19-56. El testimonio de Javier Benavides consta en: Diana Washington Valdez, op. cit., p. 135.

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe especial sobre los casos de homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, México, noviembre de 2003 (CD-ROM).

Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre la Misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Noviembre de 2003, 58 pp.

La atmósfera de versiones contradictorias de las autoridades se puede leer en: Sergio González Rodríguez, «Noche y día. Agresión y disparate», Reforma, 10 de mayo de 2003.

La postura de la PGR acerca de su «Informe final» está en: Redacción, «En diciembre informe final de la PGR sobre feminicidios». Norte, 7 de junio del 2005.

Las acciones sustitutivas del gobierno sobre el femicidio en Ciudad Juárez están registradas en: Silvia Otero y Francisco Gómez, «No indagará PGR crímenes en Juárez», El Universal, 22 de mayo de 2003; Manual metodológico para la investigación criminalística de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, México, Instituto Nacional de Ciencia Penales, Colección Criminalística, 2004, 429 pp.; Luis Alegre y Marisela Ortega, «Lanzan en Juárez operativo sin plazos», Reforma, 23 de julio de 2003; el 17 de octubre de 2003 se anunció el nombramiento de la comisionada: véase, Guadalupe Morfín Otero, «Tardía pero urgente atención», Mural, 22 de octubre de 2003, informe de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, México, febrero 2005, 53 pp.; Redacción, «Designa PGR fiscal para el caso Juárez», eluniversal.com, 30 de enero de 2004; Tercer Informe de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, almargen.com.mx, 31 de enero de 2005, copia electrónica. «Mireille Roccati nueva Fiscal para el caso Juárez», cimacnoticias.com, copia electrónica.

Las descalificaciones de las autoridades se encuentran en: Gustavo Castillo García, «PGR: ninguna evidencia de que bandas organizadas sean autoras de feminicidios», La Jornada, 19 de agosto de 2004, y Miroslava Breach y Rubén Villalpando, «Llegó a 10 número de muertas en Juárez en 2005; el gobernador critica a la prensa», La Jornada, 29 de marzo de 2005.

Ejemplos de investigaciones independientes son: Alfredo Corchado y Ricardo Sandoval, «Caso Juárez se centra en policías y drogas», The Dallas Morning News, 1 de marzo de 2004; Diana Washington, Cosecha de mujeres, op. cit., Graciela Atencio, «Una década de impunidad y misoginia», La Triple Jornada, 61, suplemento de La Jornada, 1 de septiembre de 2003, p. 4.

También son muy útiles los trabajos de Isabel Vericat Ciudad Juárez: de este lado del puente, México, Instituto Nacional de las Mujeres/Epikeia, A. C., 2004, 127 pp. y de Julia Monárrez y César M. Fuentes, «Feminicidio y marginalidad urbana en Ciudad Juárez en la época de los noventa», en Torres Falcón, Marta (coord.), Violencia contra las mujeres en contextos urbanos y rurales, México, El Colegio de México/PIEM, 2003, pp. 43-70; 124. Así como los siguientes documentales: Lourdes Portillo, Señorita extraviada. ITVS-Xochitl Film Productions, 2001; Alejandra Sánchez, Ni una más, CUEC/UNAM, 2001, y Rafael Bonilla Pedroza y Patricia Ravelo Blancas La batalla de las cruces, CIESAS/Campo Imaginario, 2005. Y para comprender la naturaleza corruptora del Cártel de Juárez: Charles Bowden, Down by the River. Drugs, Money, Murder, and Family, Nueva York, Simon & Schuster, 2002, 433 pp.

Amnistía Internacional (Informe), op. cit, en 2003, este organismo reiteró sus críticas al gobierno: «México: Falla la justicia en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua», documento fechado el 28 de febrero de 2005, copia electrónica, google.com. También: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe especial sobre los casos de homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, México, noviembre de 2003 (CD-ROM); Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe), Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación, ONU/CEDAW (2005), 62 pp.; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre la Misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, op. cit. Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Reporte de Mujeres Asesinadas en el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, febrero de 2005, 11 pp.

La cita textual está tomada de Jane Caputi y Diana E. H. Russell, «Femicide: Sexist Terrorism against Women», en Jill Radford and Diana E. H. Russell., loc. cit.

«Plan Alternativo para solucionar el feminicidio en Ciudad Juárez», 29 de septiembre de 2005, México, 10 pp. Quien convocó a unirse a este Plan fue el grupo de especialistas en diversas disciplinas denominado «Alternativas», que contó con el aval del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (El Colegio de México), del Programa Universitario de Estudios de Género (UNAM), del Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (UNAM) y del Colegio de Académicas Universitarias (UNAM), entre otras organizaciones y personas.

El regaño presidencial aparece en: Rosa Elvira Vargas, «Acusa Fox a medios de refritear casos de Juárez», La Jornada, 31 de mayo de 2005, y Renato Dávalos y David Carrizales, «Se da uso político a los asesinatos en Juárez: Fox», La Jornada, 1 de junio de 2005.

El testimonio de Adolfo Aguilar Zinzer fue expresado a Sergio González Rodríguez el 25 de febrero de 2005 en las instalaciones del canal 40 de televisión de la Ciudad de México. Sobre el accidente de carretera en el que muere el ex asesor presidencial: Raquel Fierro, «Fallece Aguilar Zinzer», Reforma, 6 de junio de 2005.

Paolo Virno, en Grammatica della moltitudine, describe que «la desobediencia radical debe poner en cuestión la propia facultad de mandar del Estado», confróntese: Marcelo Expósito, «De la desobediencia civil a la desobediencia social: la hipótesis imaginativa», Brumaria, n.º 2, junio de 2003, copia electrónica/google.com.

Roberto Bolaño, 2666, Barcelona, Anagrama, 2004, 1125 pp.

Sandra Rodríguez Nieto, «Enfrenta a televisoras locales presunto caso de violación», 9 de julio del 2005, El Diario Digital, copia electrónica.

Benito Jiménez, «Reconocen fracasos en Plan para Juárez», Reforma, 12 de agosto de 2005.

Guadalupe Vallejo Mora, «Creará PGR Fiscalía Especializada de delitos violentos contra mujeres», 13 de septiembre de 2005, cimacnoticias.com.

Ernst Jünger, La Paz, seguido de El nudo gordiano, El Estado mundial y Alocución en Verdún, traducción de Andrés Sánchez Pascual, Barcelona, Tusquets, 1996, p. 17.

SERGIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (Ciudad de México, 26 de enero de 1950 - 3 de abril de 2017) fue un periodista y escritor mexicano,​ conocido especialmente por sus investigaciones sobre feminicidios en Ciudad Juárez.

Comenzó escribiendo en publicaciones estrictamente culturales, para ir ampliando su trabajo hacia otros campos relacionados con la cultura como la economía, la filosofía, la política y los estudios sobre la violencia desde los que dar cuenta de la realidad mexicana.

Desempeñó labores de crítico, narrador, ensayista, historiador de la literatura y guionista. Ha sido editor de libros y suplementos culturales así como profesor en estudios de postgrado. Su trabajo ha sido reconocido con diversos premios, tanto en su México natal como fuera, entre ellos España y Alemania.