Campo de guerra analiza la tendencia geopolítica encabezada por Estados Unidos de América, que, con el pretexto de combatir el terrorismo en el mundo, ha impuesto el control y la vigilancia a partir de plataformas militares, y ha impulsado el orden paulatino de grandes corporaciones mundiales, cuya sinergia en el espionaje absoluto se ha revelado en los últimos tiempos. El modelo de control y vigilancia fue insertado en la comunidad internacional mediante la ideología ultraliberal, la apertura de los mercados, la economía globalizada y las sociedades de la información. De modo paralelo, la democracia formal hizo creer que, a través del pragmatismo por encima de las normas constitucionales de cada país, podría avanzarse para realizar un gobierno planetario bajo la bandera de «la libertad y la democracia». Este ensayo documentado e inquietante explora esa geopolítica que aprovecha la inestabilidad social, los cárteles de la droga, la represión del Estado y el paramilitarismo para sentar las bases de un dominio integral. Un atisbo al mundo del mañana que comenzó a ser hoy.

Sergio González Rodríguez

Campo de guerra

ePub r1.0

Titivillus 22.08.2023

Sergio González Rodríguez, 2014

Los enlaces externos que aparecen en este libro han sido comprobados y rectificados, en la medida de lo posible, por el editor digital. De algunos ha sido imposible encontrar el nuevo enlace y de otros se ha enlazado directamente a la versión encontrada en archive.org.

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

El día 7 de abril de 2014, el jurado compuesto por Salvador Clotas, Román Gubern, Xavier Rubert de Ventós, Fernando Savater, Vicente Verdú y el editor Jorge Herralde, concedió el 42.º Premio Anagrama de Ensayo a Campo de guerra, de Sergio González Rodríguez (México).

Resultó finalista Historia descabellada de la peluca, de Luigi Amara (México).

NOCIÓN DE CAMPO

El terreno extenso fuera de las ciudades, el lote baldío en el ámbito urbano, la tierra de cultivo o laborable, el llano que se contrapone a una loma o las montañas, el lugar de los juegos o el esparcimiento, de los duelos o las construcciones académicas, son algunas de las acepciones que designa la palabra campo. Y se habla de campo eléctrico, gravitatorio o visual, de espacio que sirve para generar datos en una investigación, de terreno ocupado por un ejército o fuera de este durante operaciones de guerra.

En muchas partes del mundo, ese último significado —el teatro de operaciones bélicas— congrega la idea y prácticas de campo donde se entrecruzan la vida de las personas, la geopolítica, la estrategia de guerra, las aplicaciones del arte y la cultura y el control y la vigilancia de las colectividades. Aquí se hablará del plan estratégico de militarización del mundo, del modelo global de control y vigilancia y del campo de guerra en México a principios del siglo XXI, cuyo caso presenta diversos factores, agentes, circunstancias, procesos y tendencias que están lejos de ser privativos de este país.

Por el contrario, esos factores expresan formas mediante las que surgen y se consolidan conceptos y procedimientos de los Estados-nación de la actualidad bajo el orden global-local existente en las sociedades a lo largo y ancho del planeta: la ultracontemporaneidad, que se refiere al espacio/tiempo de la globalización (simultáneo, ubicuo, sistémico y productivo) e incluye el tiempo histórico-local y la noción de «tiempo real» de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, Internet, en particular, así como la tendencia al uso de la lengua inglesa como lengua franca en todo el mundo. El aplanamiento integral, sin fronteras ni límites, en lo civil y lo militar[1].

La materia que aquí se examina está vigente en muchas sociedades y en fases diversas, latentes, de gestación o explícitas, debido a que comparten las mismas bases económicas y el mismo tipo de sistema sociopolítico: las democracias formales de corte ultraliberal en el ámbito de la economía globalizada, su modelo de seguridad y tecnocracia bélica, que fue establecido desde las dos últimas décadas del siglo XX. Este modelo incluye el combate al tráfico de drogas como un objetivo de guerra, equiparable al terrorismo o la insurgencia[2].

En sus limitaciones frente a los temas de justicia, igualdad y distribución de la riqueza, oferta de calidad de vida y oportunidades hacia el futuro para la mayoría de la gente, los Estados y países de todos los continentes expresan ya los signos alarmantes de grandes conflictos y tensiones sociales en crisis continua que trascienden la ciencia política o la penal, los fenómenos criminológicos y la burocracia diplomática. Implica un cambio integral de civilización que urge comprender: la era del transhumanismo planetario de cariz tecnológico y militar. Las sociedades del futuro vigiladas y controladas.

En un campo de estudio en general emergen las contradicciones sociales, las estructuras simbólicas, las reglas de dominación respecto del capital, las influencias mutuas entre los participantes, las instituciones y el grado de autonomía que hay de por medio[3]. Lo relevante en tal estado de emergencia está en incluir dichos condicionantes y, más decisivo aún, abrirlos al escrutinio del intercambio de energías, fuerzas, presiones y tensiones que los atraviesan y los reconfiguran hacia la autorreflexión de sí mismos.

Un campo de guerra en particular expresa el tránsito del conflicto internacional a la interiorización de este en las fronteras, litorales o tierra adentro de un país. Y refleja un rechazo a las normas y las instituciones que las sostienen. Un campo de guerra ultracontemporáneo es continuo, plano, simultáneo, ubicuo, sistémico y productivo, e incide en mar, aire, tierra, espacio y ciberespacio.

El campo de guerra que aquí se examina trasciende el territorio de la nación mexicana, sus vinculaciones con la frontera norte y la frontera sur del país, ya que América del Norte se despliega hacia la región centroamericana y del Caribe: se extiende como campo contiguo de operaciones bélicas del Comando de América del Norte hacia el resto del mundo. Un proceso de militarización que se remonta a la última década del siglo XX y en 2014 incluye focos de riesgo en Corea del Norte, Siria, Ucrania, Venezuela, entre otros[4].

Este será un informe acerca de tal circunstancia, su génesis y evolución en el caso de México, que anuncia el de otros países y continentes distintos bajo la inercia de la geopolítica y las grandes transformaciones a nivel planetario. La función directa del informe es proporcionar datos mediante un texto que describe, analiza e ilustra sobre un suceso o asunto en sus características y circunstancias. Y aspira a la claridad y la exactitud[5].

Un informe textual es algo más que un simple relato o crónica (historia cronológica): ensaya y analiza las consideraciones de la realidad en términos de cuerpos (personas), espacios, formas, cartografías, y las relaciones que ensamblan a la sociedad en crisis, estado de guerra o emergencia. Y está comprometido con el cumplimiento de ser un enlace veraz entre lo que registra y estudia y aquello que lo suscitó, y se atreve a extenderlo a otros observadores o lectores. Campo, campo de excepción, un campo de guerra, un informe sobre un campo de guerra bajo el orden global.

MAPA POSNACIONAL

El umbral inestable en que se convirtió México desde 1994 hacia principios del siglo XXI debe pensarse de otra forma[6]. El mapa de la República Mexicana tal como se lo conoce en su conjunto ya es otro: ha quedado atrás la antigua figura de la cornucopia plena de riquezas y recursos naturales que se identificaba con el emblema nacional, común a varios Estados-nación de América Latina[7]. El Estado posnacional que ha surgido ordena otros trazos. Los litorales hacia ambos lados del mar y sus fronteras al norte y al sur se han convertido en extensas líneas porosas o translineales que se flexibilizan, abren y cierran bajo las intrusiones de vigilancia terrestre y aérea del ejército de Estados Unidos de América (EE. UU.) o las tareas convergentes del crimen organizado. A su vez, EE. UU. ha impuesto su hegemonía en el mercado de las armas[8].

Al volverse espacio, el poder sobre un territorio se despliega como mapa. Tener mapas es saber sobre la organización espacial: un enfoque conjunto de las realidades y posibilidades de dominio. Observar por encima de las cosas, a través de ellas, dentro de ellas y más allá de ellas atañe al pensamiento estratégico[9].

Las regiones del país se han modificado a su vez por el dominio de los grupos criminales, cuyas actividades en torno del trasiego de la droga han reconfigurado el mapa interior del país con sus trayectos, ocupaciones temporales y pugnas con otros en la misma empresa, e incluye el control y gestión del delito común y el resto de las industrias ilegales: secuestro, extorsión, robo, tráfico de personas y de armas y explotación de mujeres, menores y niños, lenocinio, prostitución, cobro de derechos de piso y de paso, etcétera. La dislocación territorial ha traído consigo otra cartografía movediza que poco tiene que ver con los mapas tradicionales[10].

Las mayores transformaciones internas y externas se presentan en el litoral del Golfo de México, que une Centroamérica con México en un corredor territorial, regional y poblacional estragado por el crimen contra los ideales de desarrollo humano y sustentable, la prevención de los desastres naturales, el turismo, la economía formal y el comercio, la integración vial, energética y de comunicaciones. La economía informal y subterránea tienden a imponerse en esa nueva conformación asimétrica: el túnel[11].

Allá la explotación de las personas, los expulsados de sus comunidades por la pobreza y la criminalidad, los exiliados en busca de trabajo en EE. UU. a través de la ruta mexicana, donde sufren abusos, muerte, violaciones y extorsiones por parte de grupos criminales, experimentan el acoso vital de la carencia del Estado de derecho y el respeto a la dignidad humana: el vasto trayecto que se convierte en cárcel, en campo que concentra la vileza de los poderes inversos.

En el norte del país, las ciudades fronterizas iniciaron décadas atrás la tendencia disolvente que se extendería al resto del país. En el centro, occidente, el Pacífico norte y sur, las regiones atestiguan permanentes crisis y tensiones entre lo legal y lo ilegal que han terminado por crear condiciones alegales: contra o fuera de la legalidad incluso en las instituciones.

Cada ciudad de esas regiones ha derivado de su antiguo estatuto político-administrativo inscrito en la preponderancia de la ley, a urbes reformuladas por la fuerza del crimen organizado y las componendas con los gobiernos federal, estatal y local. El daño contra los pobladores ha sido dual: expulsión o exilio en busca de refugio y mejores condiciones de vida[12] y sumisión o coacción bajo el nuevo orden criminal-institucional. Un ascenso del modelo carcelario como alternativa de gobierno urbano, donde los más fuertes y corruptos, los delincuentes coludidos con los funcionarios oficiales, ejercen el poder público de la sociedad.

Las esferas tradicionales de lo público y lo privado se han trastocado: la población, ya privada de sus derechos, vive en un régimen cotidiano de terror, donde la privacidad en cualquier momento adviene cosa pública por el acoso ilegal. Y las expectativas de supervivencia se vuelven urgentes: trabajo, empleo, familia, creencias, comunidad tienden a romper su cadena continua para asumir una fragmentación cada vez más difícil de ser ensamblada hacia un horizonte viable, excepto el que ordena el trastorno ocasionado por la dinámica del crimen y el combate al crimen.

México se ha convertido en un campo de batalla bajo el nuevo orden global y la geopolítica de EE. UU., la mayor potencia mundial. Un campo sujeto a las contradicciones más agudas.

En la República Mexicana, casi todos los delitos que se cometen permanecen impunes; su territorio, fronteras y litorales están asediados por grupos criminales que disputan al Estado el monopolio de la violencia. La extorsión y el secuestro se han generalizado, mientras que México incumple en su integridad el Protocolo de la Convención de Palermo para combatir el crimen organizado de alcance planetario. Esto habla de la falta de un Estado de derecho e «imperio» de la ley[13].

El asesinato de decenas de periodistas en los últimos años subraya la vasta impunidad de los delitos que se cometen en México[14]. De nada sirve apoyarse en la relatividad estadística de las cifras para aducir que la diferencia entre el 80 %, o 93 o 99 % de impunidad respecto del cien por cien es lo que permite defender que en México sí existe un Estado de derecho, respaldado por un (des)orden institucional que implica de hecho territorios amplios bajo el dominio de los cárteles de la droga. O, peor aún, plantear que en otras partes del mundo también es muy alta la impunidad de los delitos: semejantes alegatos expresan las sinrazones del comparativismo inepto.

En México, como en otros países del mundo, se vive bajo una idea formalista de las instituciones cuya disfuncionalidad pone en evidencia la dinámica de simulación que rige la vida pública y en la que participa la integridad del Estado: de los partidos políticos hasta la Suprema Corte de Justicia, de los gobiernos a las cámaras de diputados y de senadores, del accionar del capital a los monopolios de la comunicación, de las fuerzas públicas al sistema judicial y penal, del ciclo electoral a los intelectuales y propagandistas que apoyan esa simulación. En medio persiste una sociedad cada vez más indefensa ante las complicidades del poder político y económico, por comisión o por omisión, con el crimen organizado.

El Estado de derecho, como concepto, sería indicativo e imprescindible para establecer una medición de lo legal y lo ilegal. Su punto de referencia se localizaría menos en un principio metajurídico de imperio de la ley en abstracto que en los cumplimientos concretos de sus instituciones.

La preponderancia de lo legal se refiere a la legitimidad de un Estado, así como la importancia de lo ilegal pondría en duda tanto la legalidad en sí como su consecuente y presunta legitimidad. Desde este punto de equilibrio, la pérdida parcial de la legalidad en el territorio del Estado implicaría una quiebra del Estado de derecho en términos formales y fácticos. De poco valen eufemismos al respecto, por ejemplo aquellos que reconocen un Estado en crisis y quieren atenuar el hecho relativizándolo: lo nombran «Estado acorralado», «Estado débil», «Estado fallido», «Estado que puede fallar», etcétera.

En un Estado Constitucional de Derecho, las garantías constitucionales son las garantías de la rigidez de los principios y de los «Derechos constitucionalmente establecidos que gravan de manera específica a los poderes del Estado[15]». La propia Constitución estaría en el vértice de las fuentes, en el grado supraordenado y normativo de todas sus normas en relación con todas las demás del ordenamiento.

Un Estado Constitucional de Derecho sería un Estado garantista, que significa un «modelo de Derecho, no solo de Derecho penal, sino de Derecho en general, orientado a garantizar los Derechos subjetivos[16]». Con esto se refiere a la universalidad de los Derechos fundamentales. Por lo tanto, un Estado que incumpliera sus preceptos constitucionales sería un Estado sin Derecho, aunque se apegara al formalismo legal en sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sería una suerte de entelequia carente de sustancia. Tal es el caso de México, donde las autoridades incumplen y vulneran preceptos constitucionales, incluso desde sus propuestas de reformas jurídicas con la complicidad del poder legislativo para imponerlas. No es casual que en tales términos se asocie el Estado Constitucional de Derecho con democracia, que sería su consecuencia ideal[17].

Para comprender la disfuncionalidad del falso Estado de derecho en México y la ausencia del imperio de la ley habría que ir más allá de señalar la ruptura entre lo formal y lo material en la realidad del Estado mexicano.

El Índice Internacional de Estado de derecho (Rule of Law) del organismo World Justice Project[18] muestra que México ostenta un perfil heterogéneo y lesivo: si bien el país tiene una larga tradición constitucional, protecciones para la libertad de expresión y de creencias, así como presenta independencia del poder judicial y apertura en sus regulaciones, expone una fuerte corrupción en todos los ramos gubernamentales entrelazada con la lucha de las fuerzas policiales; de acuerdo con dicho Índice, la justicia criminal es «deficiente» (ocupa el lugar 63 de 66 países evaluados), prevalece la debilidad de sus investigaciones criminales y de los sistemas adjudicados y hay discriminación contra grupos vulnerables, corrupción de jueces y policías, violaciones en los procesos judiciales y a los derechos de los acusados (ocupa el lugar 64 al respecto). Además, registra fallas en el encausamiento judicial de funcionarios y policías corruptos (lugar 59). En general, el 91 % de los delitos comunes no se denuncia debido a la ineptitud e ineficacia de las autoridades[19].

Teoría del an-Estado: en México, y por la ausencia de un Estado Constitucional de Derecho, la posibilidad autocorrectiva del propio Estado resulta a su vez inexistente, y esta anomalía se vuelve productiva: prolonga entramados fácticos, el umbral donde se une lo legal y lo ilegal bajo la sombra del Estado normativo. En este caso, tal condición determinaría su propio concepto diferencial: un Estado que simula legalidad y legitimidad, al mismo tiempo que construye un an-Estado (del prefijo «an-», del griego): la privación y la negación de sí mismo.

La disfuncionalidad del an-Estado mexicano se nutre de mayores disfuncionalidades, sobre todo la compulsión por emitir más y más leyes, más y más penas, en lugar de producir Derecho y cumplirlo, desde los preceptos constitucionales hasta las leyes y reglamentos existentes. En México, como en otras naciones, se vive en la cultura de la a-legalidad.

La violencia contra las instituciones mexicanas de los últimos años tiene una fuente común: el pacto suprainstitucional originado por los nexos criminales del poder político y económico con el narcotráfico. En México el concepto de pacto tiene un pasado dudoso que se remonta a treinta años atrás, cuando se generalizaron los pactos o alianzas de la oligarquía del país con el fin de reafirmar su fortaleza de cara a los procesos modernizadores de entonces, sobre todo en el ámbito económico.

En el imaginario de sus operadores, el pacto se volvió el mecanismo ideal para fundar un nuevo orden que, a la postre, implicaría más problemas que soluciones. En especial, los arreglos con el crimen organizado por parte del Estado y los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, en aquel tiempo, establecieron la distribución del territorio nacional cuya vigencia perduraría hasta los primeros años del siglo XXI[20].

Para usos de la vida pública, el concepto de pacto está desacreditado por su pasado infamante al menos por dos razones: a) remite a situaciones que favorecieron intereses particulares en demérito de los de la mayoría civil; b) sirvió también para encubrir conductas ilícitas o irregulares que terminaron por borrar las diferencias entre lo legal y lo ilegal.

La zona borrosa en la que aconteció la degradación institucional de México fue un acto imitativo de las prácticas ambivalentes de las agencias de EE. UU. ante el crimen organizado. Por una parte, el gobierno estadounidense persigue las actividades criminales bajo el formalismo debido; por otra, incurre en operaciones ilegales y confidenciales de otras de sus áreas que transgreden sus propias leyes y, por supuesto, las de otros países en nombre de su «seguridad nacional».

En 2012, se hizo pública una operación de 2007 de la agencia estadounidense contra las drogas, Drug Enforcement Administration (DEA), que usó el territorio mexicano para traficar cocaína de América a Europa, transportó millones de dólares de procedencia ilícita por diversos países y lavó dinero en bancos de EE. UU. y China. Aquel año se divulgó también que, en Chile, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) traficó cocaína boliviana cuyas ganancias se aplicaron en operaciones para desestabilizar el gobierno de Ecuador. Con el pretexto de la infiltración en grupos criminales, la ilegalidad se ha vuelto legítima en un accionar internacional que contradice la supremacía de la ley[21].

A la fecha, la CIA de EE. UU. mantiene nexos con organizaciones criminales para incrementar la desestabilización en México bajo una lógica paramilitar[22]. Dicho factor geopolítico se inscribe en los objetivos encubiertos de la Iniciativa Mérida, producto del Acuerdo para la Prosperidad y la Seguridad de América de Norte (ASPAN): «Una serie de políticas, homologaciones de estándares y regulaciones para cumplir con el objetivo principal de la seguridad en la región y al exterior de la región», que a menudo quieren imponerse por encima de la norma superior del país: los principios constitucionales[23]. Políticas que obedecen a las directivas del Comando de América del Norte (NORTHCOM), que para usos diplomáticos desde 2006 habría de llamarse Cumbre de Líderes de América del Norte[24]: 1) fortalecer el Estado mexicano para garantizar la seguridad nacional de EE. UU. frente a la amenaza potencial del crimen organizado y el terrorismo en la región de Centroamérica y el Caribe; 2) fortalecer y profesionalizar las fuerzas armadas de México para que cumplan los programas y planes de seguridad nacional de EE. UU. frente al futuro.

En términos militares, tales directivas se enmarcan en la gran transformación de la era industrial hacia la era de la información de guerra, que el gobierno de EE. UU. comenzó a implementar desde finales del siglo XX, y se refiere a un proceso que remodela la competencia y cooperación militar a través de nuevas combinaciones de conceptos, capacidades, personal y organizaciones que explotan las ventajas estadounidenses con el fin de protegerse contra las amenazas asimétricas —o anticonvencionales, como el terrorismo, el sabotaje, el ataque a blancos civiles— y mantener una posición estratégica en nombre de la paz y la estabilidad del mundo[25].

En la medida en que se ha transformado el ejército de EE. UU., ha puesto un interés particular en acordar la cooperación internacional para asegurar que los cambios en las capacidades estadounidenses puedan ser aplicados de modo efectivo en relación con las capacidades de aliados y coaliciones: «Los objetivos de transformación de EE. UU. deberán usarse para formar y complementar los desarrollos y prioridades militares en el extranjero, lo mismo en el contexto bilateral que en el multilateral[26]». En esta lógica de guerra, las prácticas y procesos que son contrarios deben eliminarse.

Con el fin de realizar esos objetivos, el gobierno estadounidense, a través de la CIA, lleva adelante «actividades» (operaciones encubiertas) para estimular focos de desestabilización institucional en el territorio mexicano mediante acciones con el crimen organizado, lo que permite escenarios reales de combate y adiestramiento de las fuerzas armadas contra grupos antiinstitucionales. La CIA suele incorporar como informantes y/o agentes a diplomáticos y funcionarios consulares, así como a los agregados militares de México y representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), fiscalía nacional, en la embajada de México en EE. UU. y en otros países. Lo mismo acontece con funcionarios de inteligencia y miembros de las fuerzas armadas. Varias acciones contra criminales mexicanos en la guerra del narcotráfico fueron operadas por militares o paramilitares estadounidenses armados, lo que contradice la versión oficial del gobierno mexicano al respecto[27].

La CIA ha jugado en México un papel determinante a través del grupo criminal de mayor eficacia paramilitar en términos de estrategia, logística y tácticas operativas: Los Zetas, cuyos cuadros dirigentes tuvieron adiestramiento bélico de alto nivel en EE. UU., ya fuera como soldados de élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) de México o de los llamados kaibiles del ejército de Guatemala. Las operaciones de la CIA en torno del narcotráfico se han presentado ya en Vietnam, Nicaragua y Afganistán[28]. La maquinaria bélica de EE. UU. sería un factor determinante en el auge de la violencia en los últimos años en México, que ha medrado del nuevo contexto internacional, la amenaza del terrorismo y la geopolítica emergente de la potencia estadounidense a partir del 11 de septiembre de 2001.

El cumplimiento de dichas tareas obedece a dos directrices del gobierno estadounidense. La primera es la que afirma, desde 1954, que las operaciones encubiertas sean planeadas y conducidas de modo consistente con las políticas exteriores y militares de EE. UU., y que dicho papel sea asignado a la CIA[29]. La segunda se refiere a que desde 2002, de acuerdo con su estrategia de seguridad nacional, ese gobierno ha dejado de reconocer el principio de soberanía absoluta de los Estados, que data del Tratado de Westfalia de 1648[30].

Así, bajo la ideología de la integración y la cooperación binacionales entre EE. UU. y México, ha prosperado el desmantelamiento del concepto de soberanía, un fundamento constitucional en México. En los hechos, EE. UU. busca la absorción de recursos naturales, energéticos y humanos de México para fortalecer sus intereses geopolíticos a cambio del financiamiento, la asesoría y la vigilancia que sirven para realizar el proceso absorbente.

En medio de la amnesia y la omisión políticas, concurren cinco expedientes:

1. En 2008, la prensa mexicana informó que el avión privado N987SA, utilizado por la CIA en vuelos clandestinos con supuestos terroristas hacia la base de Guantánamo, y que llevaba cerca de cuatro toneladas de cocaína del Cártel de Sinaloa/Pacífico cuando se estrelló en Mérida en septiembre de 2007, fue adquirido por dos millones de dólares en efectivo en EE. UU. vía transacciones de la Casa de Cambio Puebla[31]. La información provino de dos fuentes oficiales: la DEA y la PGR.

Asimismo, se notificó que la Casa de Cambio Puebla se hallaba bajo investigaciones de México y EE. UU. como parte de la red financiera que utilizaba el Cártel de Sinaloa/Pacífico para blanquear dinero producto del narcotráfico, e incluyó la compra de aviones que se usarían en el transporte de la droga[32].

2. En 2010, bajo la Operación Fronteras en Colombia, se detuvo a 21 personas vinculadas con el blanqueo de dinero vía Casa de Cambio Puebla. El jefe de la operación allá fue un general de la policía nacional, señalado en su país por su presunto trabajo, aparte de su cargo en el gobierno colombiano, como informante de agencias estadounidenses y protector de narcotraficantes, además de que su hermano fue condenado en Alemania por tráfico de cocaína en 2006[33]. En 2012, el gobierno mexicano anunció a dicho funcionario como asesor en asuntos de seguridad pública; en México negaría su relación con criminales y agencias estadounidenses, sin aludir al caso de su hermano[34].

3. Con motivo del Informe en 2012 de la Sub-Comisión Permanente de Investigaciones del Senado de EE. UU[35]. sobre el caso del banco HSBC y su permisividad en el delito de blanqueo de dinero, ha reaparecido el papel al respecto de la Casa de Cambio Puebla, Monex, Sigue Corporation y el Banco Wachovia.

Dicho Informe detalla diversas actividades vinculadas con el blanqueo de dinero. Y aborda el caso del empresario farmacéutico de origen chino y naturalizado mexicano al que las autoridades de México decomisaron doscientos cinco millones de dólares en 2007, que se encontraban en su residencia en la capital del país[36].

4. Bajo custodia del gobierno estadounidense en espera de ser extraditado a México, ese empresario divulgó entonces que el dinero estaba en su poder debido a una operación coactiva de gente de poder en México vinculada al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI[37]).

Como se dio a conocer al efectuar aquel decomiso, el empresario había recibido un trato preferencial para instalar una planta farmacéutica en el Estado de México[38]. Sus operaciones para importar sustancias químicas, que han perseguido tanto el gobierno de EE. UU. como el de México, se dieron entre 2001 y 2006, mientras fue director de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, organismo que otorga los permisos del ramo, un operador del PRI.

Hasta la fecha, la PGR nada ha informado acerca de la investigación al respecto sobre la presunta responsabilidad de esos funcionarios. Las personas que fueron detenidas en relación con el decomiso referido ya fueron liberadas: por ejemplo, sus familiares[39]. En ningún caso las autoridades federales pudieron demostrar los cargos.

5. WikiLeaks filtró que, con la asistencia del banco suizo Julius Baer, un general del ejército mexicano fue capaz de invertir varios millones de dólares en el fondo Symac entre 1990 y 1998[40]. Al año siguiente un funcionario de México, informante del Federal Bureau of Investigation (FBI), ofreció pruebas a las autoridades de EE. UU. y México contra el militar. En 2000, el general fue detenido y acusado de apoyar al Cártel de Juárez. Dos años después fue sentenciado a quince años de prisión. En 2007 fue declarado inocente y en 2008 reivindicado por el ejército. El también contacto de la CIA, protagonista de la Guerra Sucia y asesor gubernamental fue asesinado en 2012 en la Ciudad de México. De aquellos millones de dólares nunca más se supo nada.

Se impone una definición de geopolítica: ciencia que pretende fundar la política nacional o internacional en el estudio sistemático de los factores geográficos, económicos, raciales, culturales y religiosos, a la luz de los intereses de una potencia global en la que converge el crimen organizado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de México y su actualidad? De Hans Kelsen: no existe ninguna contradicción entre experiencia y lógica[41].

En la ruptura del antiguo mapa mexicano y la reformulación del territorio incide, por ejemplo, la incesante militarización y paramilitarización del país, que incluye grupos de «autodefensa comunitaria», muchas veces vinculados al crimen organizado. Un proceso que está relacionado con el nuevo escenario global.

El gobierno mexicano ha negado que en el país existan grupos de paramilitares en acción contra delincuentes. Esta afirmación se produjo en Ciudad Juárez en 2011, al publicitarse que los asesinatos allá habían decrecido debido a la estrategia gubernamental de combate al crimen. Fue la respuesta a un hecho: un grupo paramilitar autodenominado Los Matazetas anunció sus actividades en el estado de Veracruz, frente al Golfo de México[42].

El surgimiento del paramilitarismo no solo es un hecho sino una derivación informal de la Iniciativa Mérida. Los antecedentes de esto se encuentran en el Plan Colombia[43]. La dinámica de combate al narcotráfico patrocinado por EE. UU. admite tres posibilidades, como consta en registros históricos: la participación de policías y militares nacionales, la injerencia de agentes y elementos militares de EE. UU. en acciones encubiertas y la incidencia de grupos paramilitares.

La eventual reducción de la violencia homicida en Ciudad Juárez estaría relacionada con el factor paramilitar, además del patrullaje militar y policial. Diversos empresarios de gran poder económico en Ciudad Juárez han empleado a paramilitares para proteger su vida y sus propiedades en esa frontera[44].

En su prisa por legitimarse, el gobierno mexicano soslayó los miles de muertos y el desgarramiento social que en dicha urbe fronteriza fueron producto de la guerra contra el narcotráfico, así como obvió la persistencia de la desaparición de mujeres jóvenes. También incurrió en una falta muy grave: se negó a responder al Tribunal de la Corte Penal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la condena al Estado mexicano por los casos de asesinadas en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez en 2001[45]. Esta desobediencia del gobierno y del Estado mexicanos ante el Tribunal Supremo del continente se agrega a su desdén ante el restablecimiento del Estado de derecho en México y a su proclividad hacia las soluciones autoritarias, que basa en consideraciones «especiales» frente a la violencia antiinstitucional[46]. El «estado de excepción» y su uso en las democracias se ha vuelto un recurso dominante en la política ultracontemporánea[47].

En los últimos años el gobierno mexicano ha presumido: «Este gobierno no asesina ni reprime[48]». La insistencia de tal declaración se expresa mientras ha emitido decenas de iniciativas de reformas jurídicas dirigidas al endurecimiento de la función represiva del Estado, muchas de ellas ya puestas en práctica a pesar de ser contrarias a las garantías y principios constitucionales[49]. Asimismo, persisten miles de denuncias civiles contra la violación de los derechos humanos por parte de policías, militares y marinos. Este problema ha sido denunciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU[50]). En la perspectiva oficial resalta la carencia de una visión panorámica del efecto de los actos del gobierno, del crecimiento de víctimas a las que se les ofrecen soluciones asistencialistas, demagogia o prácticas burocráticas que se limitan a simular atención, el fomento de una sociedad policiaca y paramilitarizada. Una sociedad que vio multiplicados sus problemas debido al empleo de una pésima estrategia contra el crimen y la inseguridad, consumada sin estudio de los riesgos y cálculo de los daños virtuales[51]. Su fracaso sirvió para reafirmar la máquina de guerra y los intereses geopolíticos de EE. UU.

En tal orden geopolítico, hubo otro episodio significativo con la divulgación del gobierno estadounidense de una presunta conjura entre fundamentalistas musulmanes y narcotraficantes mexicanos para atacar a EE. UU. Existe el imperativo de equiparar a estos últimos con la figura penal de terroristas. En obediencia a esta demanda, el gobierno propuso reformas legislativas al respecto, al mismo tiempo que en EE. UU. diversos congresistas y funcionarios urgieron a declarar terroristas a tales narcotraficantes[52]. En 2012, se detuvo en México a un grupo de presuntos terroristas de la organización islamista-libanesa Hezbolá[53]. Un signo más de la lógica de la guerra y la violencia a través de las agencias de inteligencia estadounidenses.

La meta es acrecentar la inestabilidad en México, para imponer el Estado «fuerte» y la misión de que México actúe como gendarme de la región al sur de EE. UU., Centroamérica y el Caribe. El país del norte requiere que México provea la mano de obra más barata del mundo[54] para su industria maquiladora: la mayoría de las exportaciones son para el mercado estadounidense y millones de mexicanos trabajan allá. El caos, el desastre educativo y la imposición de la barbarie (armas, droga, violencia, explotación masiva) terminan por ser redituables dentro de la geometría asimétrica de México con sus vecinos del norte. La ilegalidad es un gran negocio global. EE. UU. lo patrocina con la máquina de la guerra como plataforma económica: la urdimbre turbia.

AÑOS DE PLOMO

A partir de 2007, el gobierno mexicano quiso emprender una guerra contra el narcotráfico[55]. Al estudiar el tema, casi nunca se analizan el factor de EE. UU. y la complicidad institucional de México en el auge violento y el protagonismo de grupos de narcotraficantes.

El alegato convencional del gobierno mexicano se reduce a un asunto de mercado: EE. UU. es corresponsable del problema mexicano debido a su alto consumo de drogas y su venta indiscriminada de armas de alto poder a delincuentes. También se ha dicho que los gobiernos previos fueron ineficientes y omisos frente al crimen organizado. Nada se menciona acerca de los intereses geopolíticos de EE. UU. que vulneran el Estado-nación en México y en otras partes del planeta.

Por ejemplo, la consultoría Stratfor es un organismo que trabaja para los intereses del Pentágono, la industria de las armas y, a veces, para el Departamento de Estado y otras dependencias estadounidenses. De hecho, se lo tiene como una CIA no oficial. En general, sus informes reflejan las ideas y los cambios conceptuales de las instituciones de EE. UU. vinculadas a la seguridad nacional.

En un boletín oficioso de Stratfor sobre el narcotráfico en México en 2012, se distinguen dos aspectos: 1) un decomiso de quince toneladas de metanfetamina en Guadalajara, estado de Jalisco, que indicaría que los narcotraficantes mexicanos habrían ejercido un «profundo cambio» en sus actividades criminales, al transitar de intermediarios a controladores de un mercado ilícito de cariz independiente y rentable, y 2) los grupos criminales del narcotráfico mexicano son eso y no cárteles, ya que un cártel se caracteriza por sus acuerdos mercantiles en busca de una estabilidad de precios, por lo tanto se debería emplear mejor para ellos la etiqueta propuesta por la DEA: organizaciones criminales transnacionales (TOC[56]).

En esos dos aspectos del informe citado se observan, más que hechos comprobables, elaboraciones de análisis estratégico que comienzan a modificar el enfoque, la puesta en escena conceptual-operativa y los usos de la terminología con el fin de adecuarlos a las transformaciones de la geopolítica estadounidense del futuro próximo.

Sobre el primer aspecto se puede decir que la realidad contradice lo que afirma Stratfor: los narcotraficantes mexicanos han sembrado a lo largo de las décadas pasadas amapola para elaborar heroína y cannabis para obtener marihuana. Y lo han hecho a gran escala. Desde luego, también han sido intermediarios de la cocaína sudamericana hacia otras partes. Su experiencia y capacidad organizativas los han llevado a flexibilizar sus actividades de acuerdo con las circunstancias y las demandas del mercado (esto incluye otras industrias criminales). Para ellos el negocio de la producción de metanfetamina está lejos de ser un «cambio profundo»: se trata de una más de sus adaptaciones frente a un contexto cambiante, cuyos usos datan de quince años atrás.

En esa primera afirmación de Stratfor conviene leer un redimensionamiento de los narcotraficantes mexicanos —cuyos acuerdos empresariales al interior de cada organización han sido sistemáticos y eficaces en diversos periodos— que tiene como fin situarlos en un nivel de peligro mayor, que es lo que especifica el segundo aserto: al etiquetarlos como «organizaciones criminales transnacionales» pueden ser vistos en consecuencia como «terroristas», como enemigos desestatalizados, y ya no como cárteles adscritos a un país o territorio. El matiz es determinante. En Colombia este modelo explicativo se impuso desde 2003 y consolidó la militarización de la sociedad.

La sospecha de terrorismo radicaliza y flexibiliza la construcción de imágenes del enemigo, lo que permite el uso universal de la violencia armada en nombre de la defensa interior, la declaración de guerra contra los Estados sin que medie un ataque previo, normaliza e institucionaliza el Estado de excepción y, por último, instaura la extralegalidad no solo de las relaciones internacionales y los enemigos terroristas sino también del propio Estado de derecho y de las democracias extranjeras[57]. Los principios constitucionales se someten a mandatos ejecutivos.

Aquel informe de Stratfor encubre un factor que surge de inmediato cuando se habla de metanfetamina en el negocio global de las drogas: la influencia al respecto del sudeste asiático (Tailandia, Laos), las tríadas chinas y los intereses geopolíticos de la República Popular China en tal asunto. La conexión sino-mexicana está en el fondo de aquello que Stratfor soslaya y que se anuncia ya en la inserción territorial de China mediante la compra de predios y propiedades en la frontera, cuyo precio ha descendido por la inseguridad[58].

En el orden global emergente, las TOC deben observarse ya como un fenómeno inseparable de las Fuerzas Armadas Multinacionales (FAM) que persiguen a aquellas bajo la coordinación estadounidense.

El endurecimiento de EE. UU. respecto de la estrategia de combate a las drogas está en el horizonte de México. Y la escalada de violencia continúa ante el desconcierto de las autoridades, que ahora aluden a este problema en términos ya no de guerra contra el narcotráfico, como lo hicieron hasta meses atrás, sino de guerra entre los narcotraficantes.

El cambio de enfoque de la versión oficial es significativo: hacia 2012, el gobierno mexicano enfatizaba que la violencia en el país poco tenía que ver con su estrategia de combate al crimen organizado y, en cambio, era producto de la violencia de los criminales. O bien, las autoridades explicaban que las reacciones violentas de algunos grupos criminales frente a sus operaciones represivas, por ejemplo la erradicación de cultivos, los decomisos o la detención de algunos jefes, mostraban el tino de la estrategia. El vaivén paradójico de puntos de vista forma parte del descontrol del gobierno, que, antes de abandonar el poder, ya se limitaba a tareas tácticas, tardías e ineficientes de patrullaje en zonas conflictivas, que provocaron que las fuerzas armadas (ejército, marina, policía federal) se desplazaran de localidades en el litoral del Golfo de México al norte o bien al centro-occidente del país. Asimismo, publicitaba la desaparición de algún jefe del narcotráfico en medio de versiones contradictorias[59].

La lucha contra todos los grupos criminales sin excepción que presume el gobierno mexicano, al persistir en atacar a los jefes de los distintos grupos, incrementó la violencia en México de 2007 a 2012. La ubicación y distribución de dicha violencia habla de algo más complejo que la versión oficial: índices violentos, localizados y circunscritos, de importancia menor. El problema de la violencia y la inseguridad en México alcanza una dimensión alarmante, relacionada en 2012 con las rivalidades entre dos grandes cárteles y sus respectivos aliados: el Cártel de Sinaloa/Pacífico y Los Zetas.

Hacia 2013, el gobierno se propuso abatir los índices de homicidio, secuestro y extorsión y focalizar el combate al crimen organizado. Para lograrlo se plantearon los lineamientos de planeación, prevención, protección a los derechos humanos, coordinación y transformación institucional, cuyo fundamento consistió en que la Secretaría de Gobernación se hiciera cargo de la seguridad pública y estableciera, bajo su mando, una «gendarmería nacional» para fortalecer el control territorial de fronteras y zonas estratégicas con cinco centros regionales de adiestramiento de mando policiales, además de crear un Centro Nacional de Inteligencia, complementario de la Oficina Binacional de Inteligencia[60]. La nueva «estrategia anticrimen» sostendrá la presencia del ejército y la marina en tareas policiales, como en la etapa previa de guerra contra el tráfico de drogas y su aviso de cambio de modelo de civilización. La estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico en México tiene ahora dos vertientes: 1) continuar con los compromisos derivados de la Iniciativa o Plan Mérida, cuyo propósito ha sido instalar y hacer funcionar la maquinaria de guerra patrocinada y dirigida por EE. UU. al sur de su frontera; y 2) simular un cambio de prácticas y discurso «pacifista» del nuevo gobierno respecto de su antecesor, al mismo tiempo que asume la inercia que este dejó.

Los analistas mexicanos y estadounidenses tienden a observar la violencia en México como si aconteciera en un territorio aislado de las tensiones políticas y geopolíticas, donde los fenómenos violentos son reducibles a un enfoque criminológico que presenta la realidad contemporánea como un asunto de simples pugnas entre el gobierno y el crimen organizado. Y a veces retoman algunas variables del mercado y la economía subterránea para redondear la postura analítica. Conforme mayor refinamiento buscan en el manejo y acomodo de las cifras o los modelos explicativos, más pasan por alto el propio contexto histórico y la corrupción de las instituciones mexicanas, sujetas, como nunca antes, a la lucha de los intereses de poder dentro y fuera del país.

La inestabilidad mexicana tiene que ver con un factor infrecuente entre los analistas: el interés del Pentágono en acrecentar, a través de la CIA, la manipulación al interior de los grupos criminales, al mismo tiempo que la DEA desarticula los viejos nexos del Cártel de Juárez y su derivación, el Cartel de Sinaloa/Pacífico, con el ejército mexicano.

La detención de tres generales del ejército mexicano en 2012, exigida por la DEA y consumada en México por la PGR, se expresaría en el contexto político y geopolítico descrito, que implica también reacomodos necesarios al interior de las fuerzas armadas[61]. Al año siguiente, los generales fueron liberados por falta de pruebas sobre su presunta vinculación con el crimen organizado.

La presencia operativa de la CIA y del resto de las agencias de seguridad en México es un hecho tan incontrovertible como la defección del gobierno mexicano ante la defensa de la soberanía nacional.

En 2006, el gobierno mexicano se vio rebasado por la obligación de cumplir con el Acuerdo para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte que firmó en 2005.

La consecuencia sustancial de tal acuerdo se materializó en la Iniciativa Mérida de 2008, que culminó en 2010 y cuya prolongación ya se negoció desde 2012 en el Congreso de EE. UU., e implicaría 250 millones de pesos para cada uno de los siguientes cuatro años, aplicables en México a prevenir el delito, a la reforma penal y de seguridad, al fomento de los derechos humanos, al mejoramiento de las policías federales, estatales y municipales y a una frontera más segura[62].

La degradación institucional en México incluyó la de su sistema de inteligencia de Estado, que desde años atrás fue desarticulado y reducido a un organismo burocrático y sujeto a la corrupción, mientras grupos de espionaje al servicio de diversos políticos realizaban investigaciones ilegales[63].

Con el pretexto de instalar una oficina que le diera seguimiento a la Iniciativa Mérida, el gobierno estadounidense se hizo cargo de las tareas de inteligencia operativa en México por encima de las propias fuerzas armadas del país en la guerra contra el narcotráfico bajo los intereses de la seguridad nacional de EE. UU.

Las agencias de seguridad de EE. UU. que operan en México no solo vigilan que se cumplan las metas y los objetivos de la Iniciativa Mérida, sino que, como en otros casos históricos, se ocupan de manipular a los narcotraficantes mexicanos bajo sus intereses geopolíticos. Así ha sucedido con la DEA y la CIA en México[64].

La acción conjunta de las agencias respecto de los cárteles y grupos de narcotraficantes mexicanos ha seguido tres fases: 1) debilitar o atacar a unos (Los Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo) conforme inducen el fortalecimiento de otros (Cártel de Sinaloa/Pacífico y Los Zetas); 2) desarticular (o eliminar) los contactos estratégicos y acciones de antiguos operadores e informantes (ex Cártel de Juárez, ex Federación) cercanos a la DEA y a la CIA[65]; 3) concentrar la transición de antiguos operadores de cárteles en el establecimiento de nuevas congregaciones criminales de corte paramilitar asentadas en polos urbanos o suburbanos (los Caballeros Templarios, los Legionarios) cuyo control de plazas, trayectos y territorios se fundan en la corrupción de policías y funcionarios (por ejemplo en Acapulco, en el Pacífico mexicano o en el centro del país). La lucha de «todos contra todos[66]» produjo la hegemonía del Cártel de Sinaloa/Pacífico y Los Zetas como polo de su contraparte: el Comando del Norte personificado en el ejército, la armada, la fuerza aérea, los policías mexicanos, y los militares y agentes estadounidenses que operan en México.

La estrategia de por medio indica que sin fuerza contrainstitucional sería imposible consolidar la reestructuración de las fuerzas armadas en México y homologar su funcionamiento hasta aproximarse a los estándares militares —y de seguridad migratoria, fronteriza, marítima, portuaria, aeroportuaria, informativa— de las directivas del NORTHCOM, al que México fue integrado con EE. UU. y Canadá en 2002. El complemento de esta política absorbente en términos geopolíticos reside en la implantación de la reforma penal, cuyo núcleo es el proceso penal adversarial, más conocido como «juicios orales», en el sistema judicial mexicano[67].

A partir de la instalación de la oficina de inteligencia de EE. UU. en torno de la Iniciativa Mérida, decenas de expolicías y funcionarios trabajan bajo las órdenes de distintas agencias de EE. UU[68].

La lección de estos hechos y procesos de grave trascendencia para México y la subregión del Caribe y Centroamérica significa no solo la pérdida de la soberanía nacional por la gestión de políticos que pasan por alto los principios constitucionales con el argumento de la integración y la cooperación, sino que, por lo mismo, se asumen simples empleados de los intereses geopolíticos de EE. UU. La destrucción de su país carece de importancia: son la servidumbre del traspatio estadounidense. Por ejemplo, el gobierno mexicano autorizó la instalación de bases militares de EE. UU. en su territorio[69].

En 2012, el gobierno anunció que en los últimos meses había descendido el número de homicidios en México, índice con el que se pretende mostrar al mundo que la guerra contra el narcotráfico y a favor de la seguridad pública ha dado resultados. Los hechos señalan lo contrario.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública afirmó que desde 2007, año en que comenzó su estrategia armada, se registró por primera vez en el segundo semestre de 2011 y en el primer semestre de 2012 un descenso de homicidios del 7 %.

Organismos civiles rebatieron la relevancia de la reducción anunciada, la cual, a partir de las mismas cifras oficiales, se ubicaría en realidad en un 4,32 %. Los «datos duros» del gobierno se mostraron falsos. Este tipo de manipulación informativa es recurrente en el gobierno mexicano de uno u otro partido. Entre 2007 y 2012, habría más de sesenta mil muertos (otros estiman ciento veinte mil muertos), ya que la violencia del crimen organizado ha causado en México más de siete mil muertos en el primer semestre de 2012, un 10 % más que en los seis meses precedentes[70]. La ficción oficial cayó por tierra a la luz de evaluaciones independientes.

El gobierno mexicano contempló su declive: no solo fracasó en la principal divisa («el gobierno del empleo»), sino que la geopolítica de EE. UU. le impuso combatir al narcotráfico, reformar el sistema penal y mejorar la seguridad pública, encargo que emprendió desde una estrategia basada más en la fuerza bruta que en la inteligencia. Los resultados saltaron a la vista: un país devastado por la violencia y la inseguridad en casi la totalidad de su territorio.

Al emplear al ejército, la marina y la fuerza aérea en tareas de gendarmería, el gobierno ha vulnerado la sustancia de los preceptos constitucionales, como se ha explicado a últimas fechas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación[71]. Por desgracia, los funcionarios prefieren apegarse al formalismo de lo que entienden por Estado legal, en vez de respetar el Estado Constitucional de Derecho.

El gobierno mexicano trató de convencer al ejército, la marina y la fuerza aérea mexicanos para que aceptaran un operativo especial de EE. UU. en territorio nacional, semejante al que aniquiló a Osama Bin Laden, con el fin de aprehender o matar al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán[72]. Las fuerzas armadas de México se negaron: aceptar tal operativo significaba violar los principios constitucionales y la soberanía del país. Sería hasta 2014 cuando un comando de marinos mexicanos coordinados por EE. UU. detuviera a Guzmán, quien se entregó sin mediar resistencia alguna.

En 2012, un par de agentes de la CIA fueron presa de una emboscada y un tiroteo cerca de la Ciudad de México en el que participaron presuntos criminales que contaban con el apoyo de patrullas y agentes de la policía federal de México («investigaban un secuestro», afirmó la versión oficial). Los dos estadounidenses iban acompañados de un oficial de la Secretaría de Marina mexicana (SEMAR), y los tres lograron escapar en el vehículo blindado que los transportaba[73].

Las autoridades de los países implicados en el incidente proporcionaron información escasa para explicar a fondo los hechos. En cambio, las versiones difundidas fueron contradictorias acerca de tres puntos esenciales: 1) la presencia de agentes armados de EE. UU. en territorio mexicano; 2) por qué la policía federal apoyó a los asaltantes de los agentes; 3) cuál era la función de un oficial de la marina al lado de agentes de la CIA.

Los agentes de la CIA que fueron emboscados se hallaban en un municipio limítrofe entre el Distrito Federal, el estado de México y el de Morelos, donde se abre un corredor de operaciones criminales de la capital mexicana hacia el Pacífico, en particular el puerto de Acapulco, y que ha estado en disputa desde años atrás por diversos grupos, sobre todo el Cártel de Sinaloa/Pacífico, Los Zetas y el desprendimiento del primero: el grupo de los Beltrán Leyva, que ha sido el principal punto de ataque de las acciones de México y EE. UU. desde 2008 por el grado de eficacia que llegaron a alcanzaron sus actividades en ambos países. Al final, el FBI concluyó que había habido un ataque directo a los agentes estadounidenses por órdenes del grupo criminal de los Beltrán Leyva. Las autoridades mexicanas explicaron que tres agentes federales participaron en el ataque a causa de una confusión mientras investigaban un secuestro.

El incidente marcó un punto de quiebra desde que fue activada la Iniciativa o Plan Mérida en 2008. La institución de enlace con los estadounidenses ha sido, sobre todo, la SEMAR.

El enfoque geopolítico del gobierno estadounidense sobre el tráfico de drogas de México hacia EE. UU. tiene que ver con tres frentes: 1) la seguridad nacional estadounidense (y el riesgo de terrorismo sobre la hipótesis de la posible conexión del crimen organizado internacional con grupos de fundamentalistas de Medio Oriente); 2) el control del mercado (distribución y consumo) de las drogas en EE. UU. y en la frontera con México, y 3) la manipulación estadounidense de los cárteles mexicanos de la droga en la configuración del nuevo mapa de acción policiaco-militar de México respecto de Centroamérica y el Caribe, que ha impuesto instigar la inestabilidad social en territorio mexicano mediante la violencia del narcotráfico y el endurecimiento consecuente del Estado policial-militar.

Una vertiente de interpretación del problema de los agentes de inteligencia de EE. UU. en México insiste en alegar que basta la autorización del poder ejecutivo para sobrepasar el tema de la soberanía, lo que equivale a creer que la autoridad presidencial o de las fuerzas armadas se halla por encima de la Constitución. Por desgracia, y debido a ese tipo de posturas que vulneran principios constitucionales, México cayó casi a ciegas en una guerra cuya inercia prolongará sus daños hacia el futuro.

En 2012 fue liberada una agente del Departamento de Estado de EE. UU. que trabajó años atrás como auxiliar de un alto funcionario mexicano, quien entre 2008 y 2013 fue preso y absuelto en el contexto de la Operación Limpieza del gobierno de México contra las corruptelas de funcionarios de la PGR y sus nexos con el grupo de los Beltrán Leyva. Si tal agente doble tuvo que ver con los hechos descritos, entonces se confirma que dicha operación fue orquestada, y no solo instigada, por el gobierno estadounidense[74].

Al divulgarse las actividades de la CIA en México y los intereses geopolíticos de EE. UU. en el crimen organizado y los cárteles de la droga mexicanos, se desveló también la pugna al interior del ejército por el control de la Secretaría de la Defensa[75].

El gobierno estadounidense ha expresado en público y en privado su falta de confianza en esa fuerza armada de México, al grado de favorecer las tareas conjuntas con la Secretaría de Marina, corporación naval a la que considera menos corrompida, como lo ejemplifica un mensaje del gobierno estadounidense en el que se da a conocer un convenio de colaboración y confidencialidad renovable cada año a nivel binacional.

El mensaje afirma: «Tenemos entendido que no es necesaria la aprobación de ninguna otra autoridad del gobierno de México para que este convenio entre en vigor una vez firmado, más allá de la aprobación ya concedida por la SEMAR». El propósito del convenio busca fincar un intercambio «más suave y fluido con la SEMAR, especialmente entre el personal militar», y permitir y regular el intercambio de información de seguridad nacional clasificada entre ambas partes, la cual puede estar catalogada como «confidencial», «secreta» y «ultrasecreta[76]».

Es significativo el uso de la terminología de las nuevas doctrinas militares que aluden a lisura, suavidad o fluidez[77], así como el comentario sobre la importancia de contar con estrategias eficaces de información. Sugiere el reto de contrarrestar con redes análogas las redes[78] de los agentes conflictivos o insurrectos, ya sean terroristas, guerrilleros, cárteles de la droga, pandilleros o activistas sociales no violentos.

La transición gubernamental de 2012 en México indica la continuidad de una ortodoxia política que lleva vigente tres décadas: el megaplan de absorción de México a EE. UU. que ha implicado el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) en la última década del siglo XX y el Acuerdo para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN) en la primera década del XXI[79].

El efecto inmediato de la lógica de guerra en México ha modificado su mapa no solo en su interior, sino en las propias ciudades también. Al inicio de la segunda década del siglo XXI, las ciudades mexicanas se caracterizaron por sus altos índices de violencia, en particular por el delito de homicidio. En términos estadísticos, cinco ciudades mexicanas estaban entre las diez más violentas del mundo (Juárez, Acapulco, Torreón, Chihuahua, Durango). Y revelaban un problema continental: en América, y en particular América Latina, se ubicaron cuarenta y cinco de las cincuenta ciudades más violentas del mundo. Ciudad Juárez fue considerada la segunda ciudad más violenta del mundo, después de San Pedro Sula, en Honduras[80].

Este proceso de degradación se hizo patente en los últimos diez años. Por ejemplo Monterrey, capital del estado de Nuevo León al norte del país y frontera con EE. UU., fue a lo largo del siglo XX un foco de desarrollo industrial y de gran impacto en México y a nivel internacional y, como buena parte de las urbes mexicanas, se caracteriza por sus contrastes sociales: concentración de la riqueza en pocas familias y desigualdad y pobreza mayoritarias[81]. Una ciudad, la tercera de importancia en el país, rodeada de montañas y cordilleras.

La amplitud del consumo de drogas dio paso al auge de la violencia: entre 1991 y 2005 se duplicó dicho consumo entre los jóvenes. En conjunto con los controles fronterizos más estrictos por EE. UU. en la frontera —que fomentaron el auge de la oferta de drogas en territorio mexicano—, la guerra contra el narcotráfico del gobierno, la pugna de los grupos criminales en la plaza, así como la crisis económica, la demanda de consumo de drogas influyó en el aumento de la violencia intrafamiliar y el robo a casa habitación, a personas, a negocios y de vehículos.

En 2010, Nuevo León pasó de ser uno de los estados más seguros a uno de los tres más peligrosos del país: proliferaron extorsiones, robos y ataques a negocios, secuestros, despojos en áreas rurales, trata de personas, atmósfera violenta y aumento de víctimas. El efecto paulatino ha sido una crisis de gobernabilidad, ineptitud y corrupción institucionales, descenso de las inversiones, cambios de rutinas sociales, inversiones en seguridad, cierre de negocios, exilio.

La desestructuración del espacio social ha afectado a la cartografía comunitaria, que ve reducido su esquema espacial y temporal de actividades, al mismo tiempo que se han alterado los trayectos de las personas. Y ha surgido un nuevo orden-desorden del ámbito urbano-suburbano, sobre todo por el incremento del pandillerismo y su efecto de incidencia criminal que ensambla con tres dimensiones: la de los cárteles de la droga, que son organizaciones criminales de alcance transnacional (Cártel del Golfo, Cártel de Sinaloa/Pacífico, Los Zetas) y matriz protectora, la de los pobladores (y reserva humana de víctimas potenciales) y la de la guerra contra las fuerzas armadas[82].

La tridimensionalidad del efecto pandillero, debido a las diferencias entre los actores convergentes, produce que la violencia sea múltiple y localizada en zonas de fricción cambiantes bajo circunscripciones locales que interaccionan entre sí (líneas de trasiego de drogas, delimitaciones temporales, puntos de venta, etcétera). A diferencia de otras urbes que ya registran superpandillas como Los Aztecas de Ciudad Juárez, Monterrey cuenta con pequeñas pandillas, además de los delincuentes comunes, en el centro y al norte (Colonia Valle Santa Lucía), en el noroeste (Topo Chico), en el nororiente (Escobedo), San Nicolás de los Garza, Apodaca Centro, Apodaca en la periferia occidental, Guadalupe centro, sur de Monterrey (Cerro de la Campana), Juárez-Cadereyta Jiménez. La localización de estos focos criminales, por circunscritos que puedan parecer, implica acciones de elasticidad y expansionismo por parte de las pandillas debido a su vinculación con los cárteles de la droga. Su fortaleza proviene de prácticas expoliadoras sobre los habitantes, que les permiten un acopio extraordinario de recursos monetarios, materiales y humanos mediante la extorsión, el secuestro, el robo, las usurpaciones, el empleo coactivo, etcétera. El sentido de la propiedad privada y sus perímetros habituales se ven invertidos respecto del orden constituido y giran o se alternan con el desorden criminal.

La corrupción de autoridades hace inviable que los ciudadanos busquen restaurar la normalidad precedente en el espacio público y privado. Una tendencia marcada por la guerra contra el narcotráfico indica que las pandillas mutarán en superpandillas bajo las ventajas de las telecomunicaciones: telefonía móvil, Internet, redes sociales[83]. A través de esta espacialidad emergente o transmediática que interactúa con el espacio convencional, las pandillas logran mejorar sus actividades criminales, y a la vez flexibilizan el sentido del territorio que pisan o dominan, al igual que el de los ciudadanos. Su ensamble con los cárteles de la droga de alcance transnacional será decisivo en su vinculación con autoridades corruptas.

En Acapulco, Guerrero, en el litoral del Pacífico sur, predominan dos pandillas: La Barredora y el Cártel Independiente de Acapulco. Sus actividades se presentan en barrios periféricos. El territorio de Acapulco consiste en la bahía homónima, las montañas circundantes y los asentamientos vecinos a ambos lados hacia el mar y atrás de las montañas. Los crímenes suelen irrumpir en accesos o vialidades importantes, reflejo de la pugna territorial entre los delincuentes: el maxitúnel de la carretera 95, el centro histórico o tradicional, la Y (donde se cruzan la carretera 200 y la 95), la periferia noroeste, el lado este[84].

Destino turístico nacional e internacional de alto impacto, Acapulco ve estrangulado su funcionamiento por la coacción ilícita que ejercen los grupos criminales no solo alrededor, sino en el centro y a través de toda la zona metropolitana. La bahía y la oferta de servicios turísticos y de entretenimiento se convierten en la punta de un espacio bajo la forma de un embudo de alto riesgo. El combate al crimen de las autoridades tiene un impacto temporal y actúa sobre la posibilidad de reducir la violencia, sin atacar el fundamento de los negocios criminales. La consecuencia es un entorno alegal cuyo espacio flexible coacciona la legalidad y las normas, así como reformula los usos y costumbres sociales. El perímetro de la bahía, que concentra la infraestructura y los servicios turísticos, se delinea como una reserva criminal.

La guerra contra el narcotráfico en México, que se inició como «proyecto piloto» en Ciudad Juárez, terminó por convertir esta urbe fronteriza en un sitio más peligroso y desolado de lo que ya era desde la década anterior: viviendas abandonadas, pequeños negocios cerrados, niños huérfanos, doscientas mil familias en exilio. En estos años el ejército mexicano movilizó un promedio de cuarenta y ocho mil soldados cada mes en el territorio nacional para combatir a los cárteles de la droga y realizó cerca de doscientos mil patrullajes. A pesar de esta campaña militar, el crimen organizado se fortaleció dentro y fuera del país[85].

En Ciudad Juárez el gobierno mexicano emprendió tres planes y realizó otras acciones para tratar de establecer un control. Cada fracaso ha servido para multiplicar los problemas de un territorio estragado por el crimen organizado, la corrupción institucional y las carencias gubernamentales.

En la primavera de 2008 comenzó un Operativo Conjunto, que después se llamaría Operación Coordinada, en el estado de Chihuahua. Militares y policías federales tomaron el mando de la seguridad local, instalaron diez bases de operaciones mixtas y 46 puestos de control móvil. Contaban con 180 vehículos, 13 equipos de «detección molecular» de drogas, explosivos, armas y dinero, además de tres aviones C-130 Hércules y un Boeing 727/110 de la fuerza aérea mexicana. Primero hubo allá dos mil quinientos soldados, al año siguiente fueron siete mil, además de dos mil policías federales.

Militares y policías federales ocuparon distintos puntos y practicaron patrullajes y otras operaciones tácticas. La ciudad fue vulnerada al grado de que los habitantes rechazan ya esa presencia: las denuncias por los abusos de las fuerzas armadas se acumulan en los archivos de los organismos nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos[86]. Más adelante, el ejército fue relegado por la policía federal debido a exigencias de EE. UU. Excepto en algunas zonas privilegiadas, la vida urbana se efectúa bajo un clima de guerra y la supervivencia colectiva.

Un ejemplo de la violencia sin límites del crimen organizado por el control de la ciudad aconteció en 2010: decenas de muchachas y jóvenes fueron atacados a tiros por un comando en una fiesta. Murieron dieciséis. Semanas después hubo otro ataque análogo en otro festejo. Una persona murió al instante y siete quedaran heridas. A lo largo del año se repitió muchas veces este tipo de atentados contra jóvenes indefensos en espacios privados. En 2010, Ciudad Juárez registró incluso el asesinato de una funcionaria de la embajada de EE. UU. y el estallido de un coche bomba. Y la policía federal disparó contra unos jóvenes que protestaban por la violencia en la urbe.

El declive del Cártel de Juárez en esa frontera y el ascenso del Cártel del Pacífico como organización más fuerte han reformulado ese territorio, donde han pugnado también Los Zetas. Los Aztecas, Los Artistas Asesinos, Los Mexicles, La Mara Salvatrucha, La Mafia Mexicana y Barrio 18 son las superpandillas de allá —se estima que suman veinte mil miembros— y en su entorno medran grupúsculos como Barrio 22, Barrio Noveno y Pandilla 357[87].

La zona metropolitana se halla dividida en dos grandes porciones de sur a norte y de oriente a poniente, y hay áreas interpuestas que son motivo de lucha cotidiana bajo el creciente dominio del Cártel de Sinaloa/Pacífico. En los barrios de mayor pobreza se incrementan los homicidios. Mientras tanto la zona turístico-empresarial, así como los parques industriales de las empresas transnacionales, disfrutan de la seguridad que es inexistente en los barrios pobres. Urbe de gran fluidez en el transporte privado y de posibilidades intercomunicativas para las personas, su territorio posee el plusvalor de ser una frontera estratégica para el contrabando de drogas hacia EE. UU., circunstancia que ha terminado por moldear la vida colectiva por el combate cotidiano entre los grupos criminales y las fuerzas armadas desde años atrás.

En Guadalajara, la influencia del Cártel de Sinaloa/Pacífico y Los Zetas ha traído consigo el surgimiento de dos grupos menores de alcance regional: Jalisco Nueva Generación y El Milenio, de los cuales derivan pandillas de barrio[88]. Guadalajara se encuentra en un valle, y a su alrededor colinda con los municipios de Zapopan e Ixtlahuacán del Río en el norte, al oriente Tonalá y Zapotlanejo, al sur Tlaquepaque y al poniente Zapopan. Con poco menos de cinco millones de habitantes, es la segunda ciudad de importancia en el país. El incremento de homicidios se vincula con la lucha por el dominio territorial de los grupos criminales.

En 2012 se acentuó un auge de la violencia en el centro de México, que incluye los estados de Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Jalisco, donde el Cártel de Sinaloa/Pacífico, Los Zetas, El Milenio, La Familia y los Caballeros Templarios trasiegan y controlan localidades y trayectos. Con las fronteras norte y sur, el litoral del Pacífico y el Golfo de México, el centro configura un vector determinante hacia el futuro del campo de guerra, en general por el fortalecimiento de las fuerzas armadas y en particular por la consolidación de las policías federal, estatal y municipal[89]. Conforme los grupos criminales han mejorado su organización, recursos tácticos, hombres y armamentos, las fuerzas armadas (ejército, fuerza aérea, armada y policías) han logrado que su presupuesto aumente en los últimos años: entre 2000 y 2006 hubo un incremento de cerca del 25 %; entre 2007 y 2012, el aumento fue del 97 % y se aplicó a la adquisición de vehículos de transporte táctico, aeronaves de vigilancia y buques patrulla, así como a helicópteros de ataque y rescate: el cuarto gasto militar en importancia de América Latina[90]. La lógica de guerra está en marcha.

En Michoacán Los Caballeros Templarios, grupo criminal surgido en 2011 como una derivación de La Familia, es contenido por «autodefensas comunitarias» o paramilitares que afirman oponerse a esos y a otros grupos criminales.

Hacia el occidente del país y en el litoral del océano Pacífico, Michoacán es estratégico por sus riquezas naturales y su actividad económica, y significativo en la producción y el tránsito de drogas (marihuana, amapola/heroína, cocaína sudamericana, metanfetamina) por parte de diferentes cárteles y agrupaciones criminales. El alcance internacional de dichas actividades ha convertido Michoacán en un campo de guerra y de intereses geopolíticos.

El gobierno de México reconoce que Los Templarios controlaban la exportación a China de millones de toneladas de mineral de hierro al año, mientras que el gobierno estadounidense mantiene su alerta desde 2004 acerca del riesgo de que, a través de algún grupo de narcotraficantes locales, penetre uno o varios terroristas de Al Qaeda a la frontera norte por vía de Michoacán.

Debido a la crisis institucional que impera en el país, y en particular en Michoacán, la sociedad vive bajo el imperio del crimen, en lugar de beneficiarse del imperio de la ley. Para enfrentar el problema, el gobierno federal decidió emprender una estrategia con dos fases iniciales: 1) asumir el control integral en la zona del conflicto; 2) crear las condiciones para institucionalizar las autodefensas. Y anunció también un plan de rescate policial, económico y asistencial para Michoacán (que pasó por encima de los poderes constituidos de este estado), aparte de nombrar un comisionado especial a cargo.

Las acciones del gobierno federal ante la situación en Michoacán continúan el endurecimiento represivo del Estado cuyas bases fueron puestas por el régimen anterior, al igual que la ampliación de las medidas de «excepcionalidad» ante una emergencia donde la contraparte del conflicto se distingue por su lógica asimétrica en términos de fuerza bélica. Apresan o eliminan a unos, surgen otros. Una guerra de bajo perfil sin fin a la vista.

En las comunidades urbanas, ya dominantes en el planeta por vez primera en la historia humana, se ha implantado una política cosmopolita que fusiona una visión integral y al mismo tiempo cada vez más precisa de las cosas y los seres humanos, que tienden a ser vistos como unidades digitales insertas en redes y sistemas tecnológicos[91]. El modelo de control y vigilancia que funde los intereses corporativos con los de tipo militar, imperativo de omnisciencia complementario del orden global, se ha generalizado ante la actitud expectante del ciudadano común, que ve alterada su vida entre aquello que lo trasciende y la fatalidad de encararse a sí mismo como cifra de poderes supraindividuales.

Ese modelo se funda en el autoritarismo y la pulsión punitiva, impone un régimen de control social que tiende a demarcar la desigualdad y establecer en la periferia urbana y los suburbios pobres el riesgo potencial de la contrainsurgencia. Bajo la idea de control y vigilancia integral del espacio urbano, los ciudadanos son la contraparte de lo militarizado y lo policial.

Los Estados y sociedades en crisis que pierden su monopolio de la violencia acceden al ejercicio cotidiano de represiones y coacciones por diversos medios. El escenario de la guerra se centraliza en las ciudades, y emerge una economía de la seguridad controlada por corporaciones transnacionales que tienden a desplazar la soberanía nacional de los países con el fin de normalizar el concepto anglosajón de homeland (patria), reformulado desde principios del siglo XXI por EE. UU. como garantía planetaria de su propia soberanía nacional[92].

Bajo tal estrategia, que implica a las principales metrópolis del mundo (Nueva York, Londres, Pekín, París, Tokio, Madrid, etcétera), el gobierno de la Ciudad de México ya ha instalado un sistema de cámaras de vigilancia que reinscribe el territorio urbano en la omnisciencia militarizada. Así confía en abatir el delito[93].

El concepto de campo de guerra abarca y penetra todo, desde la escala molecular de la ingeniería genética y la nanotecnología hasta los sitios, espacios y experiencias cotidianas de la vida urbana, las esferas planetarias del espacio tangible y el ciberespacio inmaterial de alcance global[94].

El horizonte para México indica la normalización de la violencia comunitaria, el fortalecimiento del Estado represivo y la implantación de la máquina de guerra como resultado del estatus de ser traspatio de EE. UU. En otros países, el fortalecimiento militar y policial generalizado reformula también a las sociedades. Ya se sabe: en situaciones bélicas, la primera víctima es la verdad[95]. La inestabilidad y los conflictos suelen ser muy productivos para ciertos poderes económicos y geopolíticos: des-humanizan. Adviene la condición transhumana para el siglo XXI.

ANAMORFOSIS DE LA VÍCTIMA

Para el sistema del derecho, la víctima suele ser uno de los agentes que están presentes o convergen en un acto violento. Su existencia está incluida en una trama policialjurídica que la dirimirá como conflicto y medirá su daño[96]. Desde el punto de vista legal, la víctima es parte de un edificio (el de la ley) que se expresa bajo un diseño lineal y verticalista, cuyo símbolo implica una balanza, la diosa Themis que sostiene una balanza o una cornucopia, o bien traduce la imagen de la pirámide del derecho[97]. En estas figuraciones, la víctima aspira a ser vista y considerada persona que adquiere corporeidad en su relación espacio-temporal con la esfera del derecho.

La víctima se sabe afuera de un edificio vasto y laberíntico y, a la vez, cercano. E indefensa como en la parábola de Franz Kafka «Ante la ley[98]»: un campesino, víctima de alguna injusticia, se halla frente a la puerta de la ley cuyo guardián ha de impedirle el acceso y hacerle gastar su tiempo en una plática dispersa que desata preguntas y respuestas sin fin. Exasperantes. La víctima escucha al guardián decir: «Si tan grande es tu deseo de entrar, inténtalo. Pero recuerda que soy muy poderoso. Y el último de los guardianes. Entre salón y salón hay otros guardianes, de mayor poder que el anterior. El tercer guardián es tan terrible que yo no puedo mirarlo siquiera». Pasan los años y la víctima envejece. Ya moribunda, solo le resta una cuestión: «¿Por qué en todos estos años nadie más que yo pretendió entrar?». El guardián responde: «Nadie podía pretenderlo porque esta entrada estaba solo para ti. Ahora la cerraré». Ante la imposibilidad de acceder a la justicia, la víctima solo tiene una certeza: gravitar en torno de la ley. Su expectativa de ser escuchada es incierta y su misma identidad como persona remite a un molde que la unificará con otras. En ausencia de justicia, la conformación y la conformidad de la víctima hacen proclive su devenir en una mera cifra al lado de otras en algún registro oficial.

El trayecto de las víctimas obliga a rememorar lo único que puede contrarrestar la homogeneidad que promete y cumple la ley: su vivencia extrema ante la violencia, la especificidad intransferible de su cuerpo y entendimiento en el trance de ser blanco de un delito, un abuso, una atrocidad. La alteración de la estabilidad cotidiana de las personas por un hecho violento, lo que aquí se denominará anamorfosis[99] de la víctima, se contrapone a la simetría de la ley y las instituciones encargadas de hacer valer los derechos de la víctima a través de mecanismos, medidas y procedimientos. Alude y describe la experiencia directa de algún daño, algún menoscabo, algún peligro, algún riesgo o circunstancia atentatoria contra sus derechos humanos.

La diferencia entre el hecho acontecido a la víctima y el derecho que la asiste muestra dos realidades opuestas: la primera se vive como una anamorfosis, es decir una imagen, representación o memoria deforme y confusa, o regular y exacta, según desde dónde o cuándo se la evoque; la segunda se muestra proclive a la simetría. Entre ambas está el umbral en el que lo político funciona como bisagra o punto de ensamble de un conflicto cuya virtualidad es permanente: una herida, una huella, una grieta que, conforme las instituciones son incapaces de atender, se abre cada vez más y nunca cierra. Ante este desgarramiento, la víctima se disgrega. Esta disgregación la devuelve a la experiencia originaria del trauma: su adhesión continua a la anamorfosis de lo irracional, lo a-racional, el horror, el pánico de revivir lo casi indecible. Lo desordenado de una vez para siempre.

La condición de víctima solo puede superarse como intercambio simbólico respecto de la muerte. Y aun así la víctima reaparece como anamorfosis de su propia memoria: rota, deformada, inscrita en una representación anómala de lo conocido, donde lo propio se vuelve ajeno, alienado, distante, ignoto, y lo afectivo cae en lo atroz y en la crueldad a manos de otros. Se impone el mundo como anamorfosis: el trazo siniestro. Una alternancia entre la norma y la anomalía. Y en medio la víctima: sus vivencias crónicas en el umbral de lo peor.

La víctima suele aparecer como parte de una indagatoria judicial que le confiere la identidad que enlaza su experiencia en el linde entre la vida y la muerte y la revisión institucional, sujeta al accidente y las eventualidades de lo probable. Su acontecer se incorpora a la lógica de lo cronológico y la urgencia de ir cada vez más atrás (los antecedentes) para esclarecer la verdad de lo acontecido. Y aunque la víctima se halle fuera del orden judicial, su estancia en el mundo encarna la potencia de ser incorporada a la lógica del documento y la indagatoria judicial, donde el fenómeno humano puede ser letra y acaso cifra ulterior que a su vez engrosará columnas de datos en registros disciplinarios.

Si en vez de comprender a la víctima solo bajo su aparición en un recuento cronológico, que la traduce como grano de arena en el gran reloj de la existencia compartida, o como muesca en la línea temporal, se la aprecia desde su corporeidad, su presencia en un espacio dado, su conversión en trayectoria en un ámbito tridimensional —o de cuatro dimensiones si se añade la esfera conceptual—, su humanidad en medio de las características morfológicas, geográficas y transgeográficas —cuando se consideran las telecomunicaciones y su territorio, Ciberia—, el resultado podrá ofrecer mejores indicios sobre la persona y su devenir en víctima. Al incluir a la víctima en un espacio, al espacializarla, surge un cuerpo personal en medio de un cuerpo social: una topografía cultural, una perspectiva espacial de tipo crítico. La cartografía de las víctimas que reubica el daño, menoscabo y agravio.

Un cuerpo que es una persona. La vida en su propia indefensión ante el poder que la somete y aniquila: la nuda vida[100]. Para comprender mejor la anamorfosis de la víctima, se requiere aproximarse a ejemplos esclarecedores acerca de la influencia del espacio y la nueva cartografía del campo de guerra en quienes la padecen a nivel civil en diversas localidades y situaciones.

Cuerpo/persona de Adriana Ruiz[101]: modelo y animadora deportiva en la ciudad de Tijuana, madre de un niño y a cargo del resto de su familia. Se desempeña en el medio de las relaciones públicas. Como parte de su trabajo, se publicita en redes sociales: difunde su imagen y su experiencia profesional. Ha concursado en algún certamen de belleza y en campañas comerciales. La empresa que la ha contratado como animadora pertenece a un grupo de poder local. Un sábado es secuestrada por un grupo armado en la puerta de su casa. La familia denuncia el secuestro. Los medios de comunicación divulgan la noticia. Presionan a las autoridades. Cuatro días después, la policía anuncia el hallazgo del cadáver de la víctima y la detención de los responsables del asesinato. El cuerpo de la muchacha está semienterrado un metro bajo tierra en un basurero de la colonia Altiplano, en el extrarradio de la ciudad. Está decapitada. Presenta huellas de tortura: le han arrancado las uñas de los pies y un dedo de cada pie. Los inculpados confiesan: el jefe del grupo criminal les ordenó secuestrar, interrogar, torturar y decapitar a la víctima como advertencia «a las demás». El grupo criminal, que se desplaza por todo el tejido urbano, cree que ella es una delatora, puesto que otras mujeres cercanas al grupo la han acusado de serlo. La policía encuentra en poder de los asesinos el teléfono de la víctima: con su cámara grabaron la decapitación. Las autoridades resaltan los nexos de la víctima con sus victimarios. La familia los niega. En la prensa se denuncia el apremio de la policía por detener a los responsables de los hechos, así como las diversas contradicciones y lagunas del boletín oficial. La policía responde que ha desmantelado un grupo criminal de alto impacto en la ciudad. El jefe de la policía ya ha sido expuesto en los medios de comunicación como protector de algún grupo criminal para favorecer a otro.

Tijuana, con cinco millones de habitantes, pertenece a la urbe transnacional conformada también por Rosarito, Tecate y San Diego, en EE. UU., y presenta una asimetría vasta respecto de la frontera estadounidense: ha crecido en un valle, una meseta y a lo largo y ancho de cerros, cañones, barrancas, arroyos y canales. Su signo preponderante son los pliegues del territorio. Adriana Ruiz entrecruzó su trayecto de vida con el del crimen organizado, que posee, al menos en parte, el territorio urbano, mediante sus negocios ilícitos. El impacto de lo mediático y lo transmediático se presenta como una forma de establecer conexiones comunitarias que aplanan el territorio lleno de pliegues y detona una reacción simultánea, ubicua, inmediata, de los agentes institucionales. La formalidad de las instituciones se ve relegada por la urgencia alegal que desata la desconfianza de la opinión pública. El asesinato de la víctima ocurre más de una vez: en la realidad y, después, como noticia sensacionalista y en la potencia de la reproducibilidad a partir de lo grabado por los criminales. La víctima entra en un círculo de revictimización continua. El trayecto de la víctima conduce de un centro de la sociedad en Tijuana a los márgenes; de hecho culmina en un basurero periférico.

Cuerpo/persona de Genaro Macías[102]: propietario de un negocio de compraventa de automóviles en Zamora, Michoacán, y padre de dos niños. En los últimos años ha mejorado su situación económica. En su negocio participan dos de sus hermanos: Ulises y Pedro. Un día que circula en su coche es secuestrado. Lo llevan a una casa de seguridad en domicilio desconocido. Su familia negocia el rescate. Un mes después del secuestro, la víctima es liberada. Se refugia en la misma ciudad con familiares, quienes le instan a que abandone el país. En EE. UU. podrá encontrar refugio. La víctima se niega. Al cabo de varias semanas en las que permanece escondido, se aliña, se despide de sus hijos, su esposa y demás familiares. Afuera, en la calle, ya lo esperan unos sujetos. Lo secuestran de nuevo. En breve, su cuerpo es hallado en un paraje en el extrarradio de la ciudad, cerca de la carretera hacia Guadalajara. Está amontonado con los cuerpos de sus dos hermanos. Las víctimas presentan el torso desnudo y huellas de tortura. A Genaro Macías le han dado un tiro en la cabeza y en la frente lleva grabada la letra Z. La policía informa a la prensa que se trata de asesinatos realizados por el grupo criminal Los Zetas, que ejecutaron a las víctimas por haberlos traicionado y tener tratos con el grupo rival en la región: La Familia.

Zamora se ubica en un valle y es un polo de producción económica dedicado al cultivo y exportación de frutos, zarzamora y fresa, con una población de 300 000 habitantes y fuerte actividad de servicios; su toponimia, de procedencia ibérica, alude a una ciudad amurallada. En la actualidad, Zamora es una zona de tránsito abierto entre Guadalajara y Morelia, ciudades capitales. El signo de Zamora es la fluidez territorial, solo interrumpida por las tácticas de bloqueo del tránsito en polos urbanos que realizan los grupos criminales en pugna para coaccionar a autoridades. La víctima y sus hermanos incurrieron en la convergencia empresarial con el crimen organizado: la compraventa de vehículos automotores representa una de las formas habituales para consumar el blanqueo de dinero de procedencia ilícita. Al adherirse la víctima a la fluidez ilegal, su trayectoria se volvió de alto riesgo.

Cuerpo/persona de Daniel Arteaga[103]: originario de Martínez de la Torre, Veracruz, reside en el estado de México y es padre de una hija universitaria que estudia en Europa. Se dedica a ejecutar y analizar operaciones de inteligencia civil del Estado mexicano. Su experiencia y honestidad en el trabajo son reconocidas por sus compañeros, civiles y militares, y por agencias de inteligencia de EE. UU., Europa e Israel. El desmantelamiento de los organismos de inteligencia de la primera década del siglo XXI en México y la reconfiguración de ellos en torno de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al frente de la lucha contra el narcotráfico a partir de 2007, ha ocasionado que, a pesar de su experiencia y honestidad, sea relegado poco a poco de sus funciones. En el desempeño de su trabajo descubre diversos actos de corrupción, negligencia y omisiones criminales por parte de policías y funcionarios del más alto nivel en la SSP. Decide denunciar los hechos y dirige una carta al presidente de la República. La respuesta es el silencio. Un día llaman a la puerta de su casa: al atender, el funcionario descubre una maleta. La abre y está llena de dinero. La toma y se dirige a la oficina de quien sospecha se la envió: un superior en la línea de mando. Entrega la maleta al sujeto, quien lo amenaza con una disyuntiva: o recibe el dinero o renuncia bajo la amenaza de matarlo a él y a sus familiares. El funcionario presenta su renuncia. Se dedicará a ser consultor de inteligencia para los gobiernos de los estados.

La corrupción del área de seguridad e inteligencia en México es uno de los impedimentos para su mejora. Esta dificultad implica su funcionamiento en todo el país. Por sus cualidades y trayectoria, un funcionario como Daniel Arteaga representa un obstáculo en el auge alegal de la nueva arquitectura de la seguridad pública: pasó de estar en el centro de las tareas de inteligencia a los márgenes institucionales, conforme han crecido las anomalías de los aparatos de control, vigilancia y policía en el país. La degradación institucional es ubicua y simultánea, y está lejos de ser focalizada y corregida: la SSP es un organismo disfuncional. En los márgenes, el funcionario tiene los días contados.

Cuerpo/persona de Elías Castillo[104]: periodista político que invierte su dinero en negocios ocasionales y reside en el Puerto de Veracruz, frente al Golfo de México. Conocido en los círculos políticos de Veracruz, un día es secuestrado en la vía pública. Lo conducen a una casa de seguridad desconocida donde un sujeto siempre encapuchado dialogará con él a lo largo de los días mientras familia y amigos negocian el rescate. Los secuestradores conocen cada uno de los hábitos de la víctima a través de la vigilancia e interceptación de sus comunicaciones electrónicas y correo postal. Le piden, además del pago de rescate, que les entregue su casa. La víctima les responde que está bajo hipoteca: de cederles la escritura de la propiedad, solo adquirirían un adeudo. La noticia del secuestro trasciende a la prensa. La familia y los amigos de la víctima comienzan a reunir dinero para el rescate. Los secuestradores lo liberan. Un encapuchado le dice: te soltamos solo porque tenemos los mismos amigos en el medio político. La víctima sabe que podrán secuestrarlo de nuevo, por lo que considera salir de la ciudad.

Los espacios de los criminales son ya indistinguibles de los de la clase política. Por el conocimiento del campo de explotación y reserva humana y de bienes que tiene el crimen organizado, las víctimas virtuales están sujetas a un plan sistemático de búsqueda y ataque cuya expansión es centrífuga. La indistinción entre lo legal y lo ilegal absorbe el trayecto de quienes incurren en el crimen o en la política. La víctima atestigua una contracción de su espacio vital que es correlativa a la amplitud creciente del espacio criminal. Donde domina el crimen organizado desaparece la división entre lo público y lo privado. La víctima accede al estatuto de presa. O persona en libertad condicional otorgada por el crimen organizado.

Cuerpo/persona de Jesús Torrijos[105]: después de la medianoche, varios soldados ingresan en su vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin mediar una orden judicial de allanamiento ni aprehensión; saquean su casa, roban dinero y lo apresan. Su esposa levanta una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua y entrega unas imágenes de video tomadas con un teléfono celular que muestran los destrozos de los soldados. El ejército afirma que la detención se realizó tres días después de la fecha auténtica: en su informe, declaran que se acercaron a Torrijos en la calle y lo vieron arrojar una bolsa con marihuana en el suelo, por lo que lo arrestaron de inmediato. Torrijos fue acusado de «delitos contra la salud» y «posesión con fines de venta». En el juicio se mostraron las incoherencias del relato del ejército. Tres meses después la víctima fue liberada, pero el juez no ordenó que se iniciara una pesquisa sobre los presuntos delitos de los soldados: abuso de autoridad, robo, golpes, tortura. Tampoco lo hizo la fiscalía.

La violación de los derechos y garantías de las víctimas por parte de los militares abre la dimensión de lo alegal hacia la convergencia con el crimen organizado. El orden constituido desaparece como una realidad para las víctimas, que se encuentran entre la violencia extrema de las fuerzas armadas y la del crimen organizado. Este agostamiento de la legalidad escinde el estatuto civil de las personas. La omisión judicial de las propias autoridades colabora a entorpecer el cumplimiento de la ley y la procuración de la justicia. El imperio de la ley adviene imperio del crimen.

Cuerpo/persona de Eliud Naranjo[106]: policía municipal de 33 años, es detenido a las 8.45 de la mañana por una veintena de policías y soldados que irrumpe en su vivienda en Huimanguillo, Tabasco. Las fuerzas de seguridad lo golpean frente a su familia. Le vendan los ojos y lo llevan en un vehículo no identificado a un lugar desconocido. Lo torturan hasta que acepta confesar que trabaja para la delincuencia organizada. Los informes policiales afirman que Naranjo fue detenido en «flagrancia», en un retén cercano a Cárdenas, Tabasco. En su «acta narrativa de los hechos», la policía declara que lo vieron seguir en actitud «sospechosa» a un convoy policial y que, después de su detención, Naranjo confesó de manera «espontánea» que trabajaba como informante para la delincuencia organizada. Naranjo insiste en que fue forzado a firmar su declaración mediante torturas. Naranjo impugna los cargos formulados en su contra: alega que fue detenido en forma arbitraria y torturado para obtener una confesión falsa. A pesar de esto, continúa en prisión a la espera de que se resuelva su apelación.

Las autoridades elaboran una «narrativa» que después de los hechos reelabora lo acontecido para ocultar las violaciones de los derechos de las víctimas. Dicha reelaboración es un modus operandi reiterado, por lo que las autoridades trabajan en actos premeditados y concertados entre los agentes y mandos policiales y los fiscales a cargo de encausar los hechos. Al margen del principio de un debido proceso, el juez en turno se apega a la rigidez procesal sin considerar los aspectos sustanciales de imparcialidad, justicia y libertad. El edificio del derecho se vuelve una instancia tortuosa para las víctimas desde el momento en que entran en él.

Cuerpo/persona de José Barrera[107]: dueño de una vidriería en un barrio periférico de Ciudad Juárez, originario de Durango. Comienza su negocio hacia 1995 y puede adquirir una casa y alcanzar un nivel de vida superior al de sus vecinos. Congrega a su alrededor a familiares de su lugar natal que han acudido a la frontera en busca de trabajo. Una mañana entran a su negocio unos pandilleros. Lo extorsionan pero la víctima se niega como otras veces a darles dinero. Le disparan con armas de fuego, después de hacer lo mismo en una tienda y en una papelería cercanas. Al oír los disparos, su esposa corre a la tienda, situada junto a una casa de dos plantas. Cuando alcanza a su esposo, ya está muerto. La policía recupera el cuerpo de la víctima y demora más de un día en entregarlo a la familia: los asesinatos de personas suelen ser vistos siempre como un asunto de vinculación con el crimen organizado. Los seis hijos, menores de edad, que ha procreado con su esposa, al igual que su familia, habrán de abandonar Ciudad Juárez luego de cerrar la vidriería.

En Ciudad Juárez los barrios son dominio de las pandillas, que cobran el derecho de paso y de piso a todos: la policía acepta y protege a cambio de dinero tal régimen, que funciona como gobierno ilegal. La explotación del tránsito y el espacio y la realización de negocios ilícitos establecen la reglas de coexistencia en los barrios de esa frontera. Los ciudadanos son incluidos en un funcionamiento de apariencia normal pero en los hechos de índole carcelaria, ya que las avenidas y calles de los barrios solo son transitables con relativa calma durante el día. Por la noche solo la policía y los pandilleros suelen transitar en sus calles y avenidas. Para el ciudadano común el riesgo nocturno es muy alto. El espacio privado ha dejado de existir como tal: los pandilleros penetran en él en cualquier momento; no hay muro, barrera ni límite a sus actividades, lo privado es un corredor más para sus negocios ilícitos: saltan, destruyen u horadan paredes, puertas y alambradas. Lo ilícito devora lo lícito, ya que la economía formal es absorbida por la economía subterránea e informal. Bajo el dominio del crimen organizado y el combate gubernamental a este, el territorio urbano adviene zona de guerra cotidiana equiparable a los conflictos de baja intensidad.

Cuerpo/persona de Rodolfo Nájera[108]: policía de Lerdo, Coahuila. En una red social aparece frente a la pantalla. Lo han grabado en un video: dos enmascarados con fusiles de asalto lo custodian. La víctima está arrodillada, las manos atadas en la espalda, el rostro bajo muestra golpes y una fuerte hinchazón alrededor del ojo izquierdo. La oreja del mismo lado está semidesprendida. Una voz fuera de cuadro lo interroga. La víctima confiesa que trabaja para unos narcotraficantes: el Pirata, el Delta. El interrogador lo obliga a delatar la red de policías y criminales a la que pertenece. La víctima cuenta hechos acontecidos en la ciudad de Torreón, Coahuila, frontera con Texas al norte. Tiempo atrás, un grupo armado ataca tres bares en Torreón, mata a 10 personas y hiere a 40. Más adelante, un grupo armado toma por asalto un nuevo bar en Torreón, mata a 8 personas y hiere a 20. Semanas después, un grupo armado irrumpe en una fiesta particular en un hotel de Torreón; cinco sujetos con chalecos antibalas y fusiles de asalto disparan contra los asistentes; matan a 17 personas y hieren a otras 18. Una vez que consuman cada masacre, los asesinos atraviesan de nuevo la frontera estatal de Coahuila a Durango y regresan a la prisión en Gómez Palacio. La directora del penal autoriza y protege las acciones criminales. En la imagen de video, la víctima reaparece en otra locación. Otro diálogo breve se desarrolla. La voz pregunta si la gente de la víctima prefiere matar inocentes porque son incapaces de enfrentarse con la última letra: Los Zetas. La víctima responde: sí, señor. La voz insiste: no nos pueden derrotar. La víctima asiente: no. Los custodios se separan. Suena un tiro. La víctima cae al frente. Al día siguiente se divulga el video en las redes sociales. Las autoridades aprehenden a la directora del penal y a los sicarios.

Los policías están expuestos al mejor postor. Los grupos criminales son un poder suprainstitucional, que lo mismo transita de un lado a otro que atraviesa los muros de las cárceles cuando lo desea. Las investigaciones sobre hechos delictuosos tienden a ser subsumidas por el propio crimen organizado, que rompe los límites institucionales e impone su propia ley del talión o justicia retributiva: lex talionis. La crueldad y la falta de respeto a los derechos humanos son la norma en el crimen organizado, por lo que el espacio legal es avasallado por el ilegal. El video expande el pánico de la víctima y la prepotencia de los victimarios, y el espacio transmediático multiplica las posibilidades agresivas del crimen organizado, que funde en una sola preceptiva abyecta lo real, lo mediático y lo transmediático. En consecuencia se impone a los espectadores y en general al público la visión perversa, deformada, informe desde la indefensión de la víctima: la anamorfosis y lo indescriptible. Se presenta una involución del espacio cultural.

Cuerpo/persona de José Antonio Elena[109]: 16 años de edad, residente en Nogales, Sonora, frontera con Nogales, Arizona. Es abatido por tiros de arma de fuego en un crucero urbano, colindante con la línea fronteriza. La Border Patrol estadounidense afirma que el menor, junto con otros tres sujetos, introducían paquetes de marihuana a territorio de EE. UU. Al ser descubiertos, corrieron a refugiarse en Nogales. Detrás del muro que divide la frontera, en territorio de EE. UU., un agente de la Border Patrol disparó ocho tiros contra la víctima: dos en la cabeza, cuatro en el tórax, los otros se incrustaron en la pared de un consultorio médico cercano a donde el cuerpo cayó. El menor quiso arrojar piedras a los agentes de la Border Patrol para distraerlos y fue asesinado por uno de estos. El vocero de la Border Patrol sostiene que «cuando una persona, un agente, piensa que está en peligro su vida o la de otro agente o de otra persona», léase ciudadano estadounidense, «no hay línea, se borra la frontera».

La línea fronteriza está sujeta a la lógica de la guerra. En estado y campo de guerra, un soldado o agente de EE. UU. tiene la obligación de defender a su país y su modo de vida, de acuerdo con el Código de Conducta de las fuerzas armadas de EE. UU[110]. En vista de que el gobierno de EE. UU. considera que el tráfico de drogas es un delito equiparable al terrorismo, el terrorista carece de garantías de respeto a su persona, ya que se lo considera un combatiente en acción y está fuera del estatuto que protege la Convención de Ginebra[111]. La simple presunción por parte de un soldado o agente estadounidense de apreciar un riesgo a la seguridad nacional de EE. UU. basta para que se actúe en consecuencia y sus resultados serán protegidos por el gobierno estadounidense. Por lo tanto, se impone el criterio que apunta: Inter arma silent leges: «En tiempos de guerra la ley guarda silencio[112]». Sumisión, arrasamiento, exterminio.

El campo de guerra contempla el problema de la realidad que se interpone con sus fuerzas, tensiones, presiones, acontecimientos, condiciones, factores, oportunidades. Desde el pensamiento militar ultracontemporáneo hay dos conceptos para enfrentar eso: fricción, que describe lo que a pesar de lo planeado resiste en la realidad, y niebla, que remite a la ambigüedad e incertidumbre de conocimiento que deben asumir los operadores frente a una situación de batalla. De hecho los operadores bélicos hablan de «niebla y fricción» de la guerra[113]. La anamorfosis de las víctimas provendría de tal situación fricativa y neblinosa, que refleja la experiencia del umbral entre la guerra y la no-guerra. En el campo de guerra, la naturaleza, su espacio mismo, es victimada[114].

Para explicar el sentido de anamorfosis, se puede imaginar a la víctima ante una situación bifurcada en dos fases: en primer lugar, la realidad habitual se quiebra debido al suceso traumático que, en los casos descritos, remite a la intromisión de un agente criminal o un acto de guerra; en segundo lugar, la víctima comienza a percibir lo que acontece desde una visión deformada en la que se incluye ella misma: ya no es la persona que era antes de la irrupción criminal o bélica, aunque su memoria insista en indicarle lo contrario. Todo el episodio criminal o bélico en que la víctima se ve inscrita representa una anamorfosis. Su objeto de deseo es que la normalidad se restituya. La mirada oblicua que permite a un observador común disfrutar de una anamorfosis en un cuadro o pintura[115] resulta imposible: tendría que estar fuera de la escena. La víctima es ya una anamorfosis encarnada. Su deseo de restituir el tiempo y el espacio habituales expresa lo contrario: el anonadamiento, el filo del vacío, la nada que surge poco a poco de la deformidad extrema en que vive antes de morir (aunque la muerte se suspenda o dilate por alguna contingencia o resultado inercial).

Si se compara la experiencia de la víctima con el ejemplo clásico de una anamorfosis, la pintura Los embajadores (1533) de Hans Holbein el Joven[116], la víctima estaría dentro de la calavera cifrada a los pies de los retratados, la cual representa la supremacía de la muerte frente a la vanidad del mundo. En el caso de los asesinatos y atrocidades grabadas o filmadas, la anamorfosis de la víctima se despliega como posibilidad para una variante de la escopofilia: la contemplación compulsiva y placentera de algo que se percibe como siniestro. Desde tal uso, la víctima de lo anómalo se desmaterializa en la fantasía, morbo o fijación del observador. La normalidad cotidiana se restituye a través del gozo, el ensimismamiento o el pánico del otro, el observador ulterior que vendrá a estar siempre fuera de la escena.

Para el victimario la anamorfosis es algo invisible, ya que los actos de crueldad y transgresión que acomete son su mundo objetivo: encarnación sombría. Desde su punto de vista, la víctima carece de valor alguno. Es un objeto que puede someter a las vilezas que ordene su deseo de supremacía. La teatralidad que constituyen sus actos de abuso y sacrificio dejan fuera cualesquiera consideraciones que no sean la depredación, aniquilamiento o cautividad de la víctima. Es una figura de anamorfosis incapaz de verse como tal. El único rasgo humano o de orden que le queda al victimario es su anonimato. Rostro sin nombre, bajo máscara o capucha, se refugia en la deformación; quiere borrarse, anularse. Es el temor punzante de ser descubierto y castigado.

Si la víctima se hunde en la anamorfosis que construye la violencia ejercida contra ella, el victimario busca volverse invisible como persona y mantenerse vivo como función de exterminio. A ambos los une esa intersección que, en algún momento, los lleva a cruzar sus respectivos destinos o trayectos en un punto de ensamble aciago.

Los grupos criminales dedicados al trasiego de la droga y la explotación de otras industrias del crimen tienen dos ventajas estratégicas sobre las fuerzas armadas que las combaten y, desde luego, sobre sus víctimas potenciales: 1) la comprensión directa de los territorios que ocupan a partir de su saber y de su accionar: planean o proyectan sus acciones y, al mismo tiempo, aplanan o quieren aplanar la superficie en la que se desenvuelven; 2) desarrollan redes de guerra mediante las telecomunicaciones y relaciones de clientela o empleo comunitario para mejorar la eficacia de sus operaciones logísticas y tácticas. El crimen organizado implica una variante de la guerra de cuarta generación (4GW), que dispone de redes políticas, económicas, sociales y militares suficientes para convencer al enemigo de que sus objetivos estratégicos son inalcanzables o demasiado costosos[117].

La consecuencia de ambos aspectos reformula la idea del espacio y los territorios que en el tránsito, dominio o control de los grupos criminales se vuelven proteicos y adquieren formas diversas a las habituales, por ejemplo en el control de las entradas y salidas de alguna localidad. Los grupos criminales recurren al funcionamiento de bandas organizadas de amplia flexibilidad: desechan el tránsito lineal o establecido, o bien lo turnan con alternativas cambiantes en brechas y caminos inusuales que incluyen el modelo táctico de enjambre militar (swarming): multiplicidad difusa de unidades pequeñas, casi autónomas pero bajo una coordinación mutua, que operan en sinergia integral[118]. El resultado directo de este tipo de operaciones produce una maleabilidad espacial que afecta al territorio y las localidades bajo su influencia, hasta el grado de que el mapa convencional se ve alterado en sus fines, metas y objetivos, por ejemplo cuando establecen cercos tácticos que aíslan y protegen a los grupos criminales en caso de posibles ataques de las fuerzas armadas, y en los que concurren sus redes humanas, comunicativas y de clientes o empleados[119].

El campo de guerra es un médium transformado por sus operaciones: materia flexible, casi líquida, que permanece sujeta a las contingencias y en un suspenso respecto de su condición convencional[120]. Una oscilación entre el reposo y el movimiento continuo, donde se impone la inestabilidad expansiva.

Tal imposición modifica también los usos y costumbres comunitarios. Las personas, víctimas potenciales, tienen tres opciones: la adherencia al grupo criminal, ya sea definitiva o temporal; la marginación y, por último, el destierro. La guerra del narcotráfico tiende a producir cientos de miles de exiliados que huyen del dominio criminal. Y si el espacio cotidiano se ve deformado por los grupos criminales, lo mismo ocurre con su organización y su manejo temporal: además del rebasamiento de muros, fronteras, límites, accesos y salidas, los grupos o bandas se fragmentan y actúan al mismo tiempo y en direcciones diversas, igual que carecen de una cronología lineal; son imprevisibles, dispersos, inestables, y se ven favorecidos por la asimetría, la sincronización y el caos[121].

En sus operaciones, los grupos criminales actúan por sorpresa, lo que incrementa el factor del miedo en sus víctimas probables: el rumor, el escándalo, los ruidos acerca de sí mismos se unen en un bucle comunicativo que se parasita al repetirse una y otra vez[122]. La anticipación del miedo como elemento psicológico es parte de su arsenal, que se potencia por la ineficacia de las fuerzas armadas que los persiguen. El efecto inmediato, sobre todo si las fuerzas armadas carecen de respeto a los derechos de las personas, consiste en el rechazo de la población al poder constituido y la legalidad, lo que las convierte en adherentes virtuales del crimen organizado.

El aplanamiento del espacio y los territorios alcanza una gran sofisticación: los grupos criminales irrumpen, trazan una nueva lisura en el terreno, incluso en orografías agrestes, al unir puntos estratégicos con sus propios medios de comunicación[123], desdeñan los límites entre lo legal y lo ilegal y arrasan con las divisiones reales y simbólicas de lo público y lo privado. Por ejemplo, una serie de comandos suele realizar operaciones de bloqueo del tránsito urbano: toman cruceros o accesos/salidas en forma simultánea o sucesiva, roban vehículos automotores en cada sitio y los incendian, atraen la reacción de las fuerzas armadas y se enfrascan en tiroteos. Huyen y dejan una secuela de restos, víctimas y miedo. Paralizan zonas metropolitanas de miles y hasta millones de habitantes en Guadalajara, Monterrey, Nuevo Laredo, Torreón, Matamoros, Veracruz, Reynosa, etcétera. Las comunidades se ven inmersas de pronto en una homogeneidad y una planimetría emergentes.

Una zona bélica es un mandato de desposesión absoluta. En el extrañamiento de la experiencia, las víctimas se enfrentan al riesgo de la situación, el episodio anómalo o traumático. Conforme se establecen y normalizan la homogeneidad y la planimetría criminales o de las fuerzas armadas, surge una reducción de la realidad a sus signos elementales. Y la parte humana de las personas se objetiva en tanto activo de utilidad o inutilidad para la tarea del crimen o el daño colateral de las fuerzas armadas. El mundo de la vida de las personas sujetas al dominio criminal o de combate al crimen tiende a vaciarse para ser llenado con imposiciones, reglas y gustos de los delincuentes. Sin semejante vaciamiento sería imposible que se generara la anamorfosis de las víctimas, que desde el primer contacto —directo o indirecto— con la influencia del crimen o del poder público comienzan a columbrar una amenaza. Y alienta el temor en su fuero interior: se abre un pasadizo secreto en términos simbólicos que vincula realidad y subjetividad.

Frente a la amenaza de la violencia y el poder que rompen límites y carecen de contenciones, las personas presencian un cambio extremo: las ideas de tiempo y espacio se someten a un régimen inverso o perverso, origen de una arquitectura abyecta que altera los valores conocidos y establece una realidad de espacios contiguos, controlados y vigilados por el crimen organizado o las fuerzas armadas. Las personas están expuestas a la agorafobia (el peligro es externo) o la claustrofobia (la amenaza está en lo interior). El ciudadano carece de certezas ante sí mismo, y solo vive en el trance prolongado de la incertidumbre: el clima de fricción y de niebla.

Mientras el campo de guerra lo permite, la persona es invisible; una vez que se vuelve visible y un objetivo, la persona entra en la anamorfosis, que tiene una cualidad adicional: expresa la desmesura. Frente a esta, la persona se ve y se siente más indefensa. La desmesura o quiebre del orden convencional es la fábrica de los monstruos y las monstruosidades[124].

En particular, los criminales hacen de su planificación y aplanamiento del espacio y el tiempo un tipo de desmesura peculiar: la dotan con sus propios simbolismos, contenidos, mitos, imágenes, iconos, representaciones. Este conjunto de usos se apropia de las derivaciones de la cultura vernácula lo mismo que de la cultura de los medios masivos de comunicación: la música, la radio, el cine. Y de los productos que circulan en redes sociales: exaltaciones del crimen, jactancia de delitos, testimonios de sevicias cometidas, reafirmaciones de lo ilegal, festejo de hazañas contra la ley, memoria de la vida criminal, etcétera. La desmesura de las fantasías que celebran la liturgia contra el orden constituido invade el espacio real con sus aplicaciones prácticas, en las que se proyecta también el imperativo de lo homogéneo, lo planeado, el aplanamiento —en suma, la realidad del crimen sin límite—, y se incorporan las figuraciones de lo monstruoso: el carnaval cruel que invierte el mundo convencional.

Proliferan entonces la exhibición del poder bélico, las simbolizaciones de grupo o región, las apariencias peculiares, los distingos opuestos a los contrincantes, las formas y los modos que caracterizan a cada grupo criminal y los quieren diferenciar de las personas comunes al igual que de las fuerzas armadas que los persiguen, las cuales practican, en sentido contrario, sus propios modos de imagen y propaganda o aplanamiento comunicativo[125].

El espacio real y simbólico es invadido por la desmesura criminal que produce, además de sus figuraciones (emblemas, uniformes, máscaras, tatuajes, etcétera), utilidades, artefactos, vehículos, enseres, construcciones que llevan la marca de identidad de los distintos grupos del crimen. El valor de uso es dotado de un valor extra: las formas que le dan sentido o sinsentido al accionar transgresivo.

Cada objeto producido por los criminales lleva la huella de sus fundamentos, de allí que los objetos criminales fusionen utilidad y ornato en la misma proporción. Y hacen resonar su origen: son desmesurados, monstruosos, presagios tangibles, intimidan desde su simple existencia. Su inmovilidad es amenazadora; su desplazamiento, letal. Frente a ellos las personas ven representado el anuncio de la anamorfosis.

Un ejemplo está en el diseño de los vehículos automotores todoterreno que emplean los grupos criminales, en especial aquellos que son transformados de su índole civil a una de tipo bélico. En talleres especiales elaboran blindajes, adiciones y adaptaciones diversas a un bajo costo (diez a quince mil dólares[126]). El uso de carga o transportación genérica de dichos vehículos convierte camiones o camionetas en tanques de guerra para asalto o autotransporte blindado, que custodia efectivos o bienes criminales. El blindaje, que consiste en la adición de partes de hierro y láminas de acero que alcanzan un alto grado de resistencia (nivel 6, capaz de soportar disparos de bazuca), se complementa con el uso de neumáticos antibalas y ventanillas con cristal reforzado, así como se recurre a la instalación de faros nocturnos y plataformas en la parte superior del vehículo u orificios para piezas de artillería y otras armas de fuego. Los aparatos adquieren formas monstruosas que son una parodia de los vehículos industriales de guerra (tanques, tanquetas, anfibios), y asumen su procedencia artesanal-vernácula con la fantasía particular de los grupos criminales y sus simbolismos de poder, intimidación, eficacia, invulnerabilidad y reto a las normas de convivencia.

Ante semejantes vehículos, su presencia sola, la víctima posible columbra que incluso las fuerzas armadas podrían estar en desventaja por algún momento. Creados también para el combate contra grupos rivales, estos vehículos llegan a tener dispositivos como descargas electrificadas o antipersecución (arrojan puntas de metal en el camino, aceite o gas pimienta). De acuerdo con las autoridades, la vulnerabilidad de los vehículos está en su lentitud (40 a 50 kilómetros por hora), su gran peso, sus neumáticos y su propia apariencia, detectable a la distancia por vigilancia terrena o aérea.

En zonas rurales, obtienen su mayor provecho en caminos o veredas planas; en zonas urbanas son difíciles de manejar, por lo que su existencia cumple a veces más un significado simbólico que una utilidad real. Son aparatos de intimidación y efecto psicológico que transmiten la percepción de un poder absoluto a partir de su apariencia escultórica de fuerza y energía masiva de la época industrial y las máquinas, la imaginería de la cultura de la música de heavy metal y las películas de contenido posapocalíptico y de horror[127]. La reducción de la realidad al mensaje de supremacía del más fuerte arroja a la víctima a la perspectiva de anamorfosis. El efecto de movilidad y de potencia que atraviesa los límites termina por construir el pánico de las comunidades y, acaso, de los grupos rivales. Si se examinan las formas de estos vehículos, construidos por varios grupos criminales, se hallan ciertas similitudes: alternancia de lo simétrico y lo asimétrico, las puntas y su evocación fálica, lo trapezoide, las torretas y su aspiración de fuerte móvil, la parte frontal como máscara atroz, la superficie oscura u oxidada, los acabados burdos. El conjunto de tales formas implica la concreción de las fantasías criminales y el imperativo de reducir su potencia bélica a un efecto apotropaico: el reemplazo de lo real por la fe en una defensa simbólica a partir de la superstición o pensamiento premoderno que otorga a ciertos actos, gestos, rituales, objetos o frases litúrgicas la facultad de evitar, alejar, desviar el mal o alguna amenaza material o inmaterial, o bien permite un manto protector contra los espíritus o demonios aciagos o una acción maligna de orden mágico. Un vehículo blindado de los grupos criminales es un amuleto gigante y móvil que busca, además de su utilidad, la procesión de los temores que compendia y emite a su alrededor. Un juguete agresivo que alcanza su sentido supremo en el conjunto de las operaciones y dominio del espacio y territorios del crimen organizado, en el impacto virtual de las posibles víctimas. En la contraparte, las fuerzas armadas del orden constituido, impera la lógica del Estado fuerte o de terror y la guerra. En el umbral del horror, el cuerpo de las personas y su perímetro vulnerable.

GUERRA GLOBAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO

A lo largo de la primera década del siglo XXI, los cárteles mexicanos de la droga se fortalecieron. El prestigio internacional de los narcotraficantes mexicanos es el emblema del fracaso de la guerra gubernamental contra el crimen organizado. El gobierno efectúa detenciones y decomisos mientras crecen la violencia, la inseguridad y los negocios ilícitos. A partir de 2003, los narcotraficantes mexicanos tomaron el liderazgo del tránsito de la droga de Sudamérica hacia el norte. En EE. UU. persiste el mayor mercado de consumo de drogas del mundo[128]. La primacía en México permite acceder a otros continentes, de allí el encono de tal pugna.

El factor decisivo de ese fortalecimiento es la ineficacia y corrupción de las instituciones implicadas en la estrategia mexicana de combate al narcotráfico. Tal combate se volvió un problema irresoluble para el gobierno de México y comienza a ser un reto en América y Europa. La Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidos (UNOCD) indica que la cocaína que llega a Europa y se produce en Colombia, Perú y Bolivia es transportada por narcotraficantes mexicanos, que han desplazado poco a poco a los colombianos y compiten con los venezolanos en hacer llegar la droga al continente europeo, en especial a través de África occidental. Se estima que el 90 % de la droga que llega al continente europeo transita por esa ruta.

El auge de los cárteles mexicanos en el mundo implica a 38 países en Europa, África y Medio Oriente, y es motivo de alarma entre las autoridades de España, Alemania e Italia. Esta actividad delata a su vez el fracaso de los gobiernos en América[129].

Los narcotraficantes mexicanos se distinguen en el transporte intercontinental de la droga y ya sustituyen a los colombianos como los mayores distribuidores de estupefacientes en el mundo. En 2008, fueron aprehendidas más de 200 personas en Estados Unidos e Italia al demostrarse los nexos entre Los Zetas de México y la mafia italiana ’Ndrangheta, que maneja al año cincuenta y cinco mil millones de dólares en negocios criminales. Los mexicanos, eficaces y muy violentos, conducen la cocaína de Colombia a Nueva York, y de allí llega a Italia[130].

La Organización de las Naciones Unidas advierte que el tráfico de drogas es mucho más que eso: implica otras industrias del crimen (blanqueo de dinero, secuestro, extorsión, robo, explotación de personas, armas, etcétera). Y violencia generalizada. El caso de América Latina resulta alarmante porque muestra un escenario que acosa a Europa. Vistos como una totalidad, América Latina y el Caribe presentan hoy los más altos índices de violencia criminal de todo el mundo[131]. Esto obedece a que el narcotráfico trae consigo el uso de gran cantidad de armamento y una práctica de la violencia que puede extenderse más allá de los que participan en el tráfico de drogas. Un contagio letal para el orden establecido.

El problema central está en que, a través de la corrupción, el poder público y privado en México han fortalecido el auge de los cárteles de la droga y las bandas criminales. La crisis del Estado de derecho revela el perfil oscuro del orden global: la economía subterránea, cuya política consiste en los usos violentos[132]. La sangre, la muerte, la amenaza, la explotación, las armas, la ganancia sin límites. El negocio enorme de la ilegalidad de las drogas, cada vez más cuestionada por expertos, que han propuesto poner fin a la política mundial del prohibicionismo como una solución posible al problema[133].

México ha vivido entre la memoria de sus revoluciones en el pasado y la certeza de su involución actual: el retroceso del Estado de derecho al enfrentar la mayor crisis de su historia contemporánea.

En el estado de Tamaulipas, al lado del Golfo de México, en un rancho cerca de la frontera con EE. UU., se hallaron los cuerpos de 72 migrantes de distintos países latinoamericanos. De acuerdo con el reporte oficial, fueron ejecutados por el grupo criminal Los Zetas. Los asesinatos de migrantes son frecuentes en esa ruta. En Colima, en el litoral del océano Pacífico, fue asesinado un exgobernador, al igual que un candidato al gobierno de Tamaulipas. Y continuaron las matanzas, las decapitaciones y los descuartizamientos entre unos y otros grupos criminales[134].

Las autoridades han mostrado su empeño contra el narcotráfico en diversas operaciones militares que implican muerte de civiles ajenos al crimen. En 2010 hubo también una acción en Tamaulipas que arrojó un centenar de víctimas entre criminales y civiles, incluido un reportero local; a principios del siglo XXI, México se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo[135].

La Comisión Nacional de Derechos Humanos consigna a su vez un incremento de casi el 500 % de las denuncias contra los derechos humanos por parte de militares y policías en la guerra contra el narcotráfico desde 2006. Para justificar esta política, el gobierno mexicano afirma: «Si ven polvo en el aire, es porque estamos limpiando la casa».

La crisis de inseguridad y violencia en México muestra la falta de responsabilidad y destreza del Estado, del gobierno y las clases dirigentes del país, además de revelar la ruptura con la propia sociedad para enfrentar una defensa integral del orden establecido. Como se sabe, la erosión institucional comenzó desde dos décadas antes y la violencia creció a partir de 2000.

Los antecedentes de la estrategia mexicana fueron incorporar al ejército en tareas de gendarmería en todo el país y después a la armada en la vanguardia operativa. El objetivo ha sido la implantación de una sociedad policial-militarizada. Sus resultados son el auge de la violencia en todo el país. Nunca había sido más inseguro México que ahora, cuando dispone de mayores recursos humanos y materiales contra la violencia criminal que en toda su historia.

El dominio del crimen organizado implica el 71 % del territorio de México, de acuerdo con el Senado de la República[136]. Y este poder no solo está lejos de retroceder, sino que se ha diversificado mediante otras industrias criminales además del narcotráfico: secuestro, extorsión, robo, tráfico y explotación de personas, robo a gran escala a transportistas y venta de droga al menudeo en la República Mexicana.

La aprehensión de jefes o sicarios del narcotráfico, que las autoridades mexicanas convierten en espectáculo propagandístico, en poco afecta a las actividades criminales de los cárteles de la droga: son reemplazados de inmediato. O surgen nuevos grupos que ya comienzan a balcanizar el territorio mexicano[137].

El tema del combate al crimen organizado está en la agenda de la política mexicana desde hace veinticinco años. La ineficacia y la corrupción marcaron un trayecto destinado al fracaso. Además de errar en el diagnóstico de la situación y el método de combate, el gobierno mexicano asumió cinco premisas falsas: 1) considerar el crimen organizado como un agente externo a las instituciones del país y no, como lo es, algo inherente a ellas; 2) reducir el problema a un asunto policial-criminológico, donde la complejidad del narcotráfico y sus industrias criminales formarían un bando y, otro, los organismos de seguridad (por el contrario, entre ellos han mantenido nexos de connivencia e interlocución corrupta, lo que ha azuzado a unos grupos contra otros por el control de mercados, rutas y territorios); 3) ocultar la degradación policiaca, ministerial, judicial, penal y sus efectos más graves: la absoluta impunidad de los delitos en México (el 93-99 % en términos estadísticos[138]); 4) soslayar que el problema del narcotráfico es para EE. UU. un asunto geopolítico, en el que su gobierno acostumbra aplicar un doble rasero en nombre de sus intereses y su seguridad nacional; 5) ignorar que el teatro de operaciones de una guerra siempre es más amplio de lo que indican algunas localidades en las que explota la violencia, como Ciudad Juárez.

El Estado, el gobierno y las clases dirigentes se niegan a modificar su mentalidad mientras la crisis escala a mayores grados de violencia. La mentira acerca de que tal violencia es producto de lo efectivo de la ofensiva gubernamental cae por su propio peso. Lo peor reside en que, con el pretexto de una estrategia errada, la sociedad policialmilitarizada se normalice hacia el futuro en la vida pública y privada: surge la máquina bélica como signo adicional de la involución hacia el futuro.

La corrupción del narcotráfico se ha implantado en México a través de los organismos encargados de la defensa de la ley y la procuración de la justicia, de las áreas de inteligencia del Estado, de la milicia y las policías, de los gobiernos de los estados de la federación, de los partidos políticos, el sistema judicial, el capital y el sistema bancario y financiero. Nunca tantos padecieron por tan pocos[139].

En América Latina, el entrelazamiento del crimen organizado y las instituciones de cada país ha prosperado por la acción corruptora de los cárteles de la droga —sobre todo los mexicanos— y las bandas criminales, que ya influyen cada día más en el continente y mantienen enlaces muy importantes con las economías de EE. UU. y la Unión Europea[140]. La ONU alerta sobre la creciente demanda de drogas en África y América Latina, cuyos Estados carecen de capacidad para enfrentar el problema de la toxicomanía social. Los países ricos han impuesto a los pobres el hábito de consumir drogas, además de destinarlos a la producción y el tráfico de sustancias prohibidas. La transferencia es dos veces perversa, ya que siembra también en las sociedades la inestabilidad y el riesgo de la insurgencia criminal.

Las soluciones que suelen proponerse son semejantes en todos los países y obedecen a una perspectiva de prohibicionismo contra las drogas. Una política inculpadora, represiva y fundada en el uso de la violencia y las armas por parte del Estado y los gobiernos. El proyecto de implantar sociedades policial-militares comienza con el establecimiento de una policía nacional única, bajo control externo de gobiernos más poderosos u organismos internacionales, que concentra y centraliza sus mandos en un ministerio del Interior. Esto vulnera las autonomías locales y agudiza una mayor integración militar: en el caso mexicano, con EE. UU. Estas medidas, que se plantean como «solución», contribuyen más bien a complicar un asunto de grave impacto global.

A lo largo de las décadas, EE. UU. ha tenido una conducta formal frente a México y el tema de las drogas: etapa histórica de tolerancia (1920-1969); tolerancia prohibitiva (1969-1985); prohibicionismo punitivo (1985-1989); cooperación binacional y certificación de EE. UU. sobre la lucha de México contra el narcotráfico (1989-2002). Entre 2002 y 2006, el problema del narcotráfico se volvió una urgencia común, de allí la guerra contra el narcotráfico en México a partir del principio de seguridad nacional de EE. UU[141].

El sentido del espacio, las regiones y los territorios se ha modificado desde que se amplió la economía en el planeta y crecieron las sociedades de la información. Las fronteras, zonas estratégicas de tensión, se volvieron porosas, dúctiles, vehiculares, fluidas, debido en gran parte a los fenómenos migratorios[142]. La máquina bélica y la máquina criminal se nutrieron de las líneas fronterizas sobre todo por dos factores: el tráfico o la explotación de personas y el tráfico de armas.

A partir del 11 de septiembre de 2001, EE. UU. considera una prioridad para su seguridad nacional la frontera con México, lo que ha incrementado las tensiones tradicionales entre ambos países. A pesar de los planes de levantar un muro a lo largo de la línea fronteriza, en 2011 el gobierno estadounidense reconoció que solo tenía control efectivo en el 15 % de la frontera con México, mientras que en el resto ejercía una capacidad de respuesta operativa[143]. El «blindaje» se mostraba precario. En 2013, y con el pretexto de la reforma migratoria, el Senado de EE. UU. avaló reforzar la seguridad fronteriza, duplicar policías, extender las alambradas y adquirir más equipos de vigilancia y detección, así como cámaras, vehículos, helicópteros y aeronaves no tripuladas (drones).

Contra la idea de las antiguas fronteras nacionales de índole estática, ahora se vive en ellas un ambiente de liquidez y flexibilidad. Esto produce la penetración interactiva de las culturas implicadas. La nueva materia fronteriza crea una transfrontera, produce espacios translineales que alteran los sentidos y representaciones de función e identificación que hay de por medio, así como despliega temporalidades, configuraciones y mutaciones emergentes[144]. Cada lado fronterizo intercambia y modifica ante el otro: chocan, dialogan, se repelen o fusionan en forma temporal o permanente.

En la frontera entre México y EE. UU. se muestran dichos signos desde al menos la década de los sesenta del siglo XX, cuando la industria ensambladora se instaló allá y comenzó a congregar flujos migratorios. Cuatro décadas después se vieron los resultados de una anomalía global-local: un territorio que del lado mexicano, por ejemplo Ciudad Juárez, atestigua un desarrollo desigual, combinado, inestable y expansivo que afecta a la economía, la política, la sociedad y la cultura. Y comparte frontera con El Paso, Texas, la segunda ciudad más segura de EE. UU[145]. Estos contrastes sirven también para alimentar la xenofobia al norte del río Grande. A lo largo de la frontera han existido doce mil puntos de venta y entrada al territorio mexicano de armamento ilegal[146]. Esto condujo a muchas personas a considerar que la dinámica básica de la crisis mexicana se debe a un trueque estratégico que EE. UU. realiza con México: drogas a cambio de armas. Tal negocio tiene variables: con el pretexto de rastrear el comercio ilícito, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadounidense (ATF) permitió el tráfico de miles de armas a criminales de México entre 2009 y 2010[147].

La línea fronteriza en ese desierto compartido experimenta la posibilidad integral de la barbarie, o por lo menos la oportunidad para el surgimiento de anomalías institucionales. Las evidencias y los indicios están en los pliegues y repliegues del terreno fronterizo: en la cultura que permanecerá y en la microfísica de lo cotidiano. Para traducir los espacios translineales se puede aludir a tres figuras cuya realidad y simbolismo son recurrentes en la frontera mexicana: el puente, el muro y el basurero. El puente binacional funciona como una válvula de seguridad para controlar el flujo de personas en busca de trabajo en territorio norteamericano y el contrabando de drogas, o para realizar el traslado de armas hacia México; el muro, ensamble que implica, sería la barrera de contención imposible frente a la liquidez y porosidad transfronteriza, y el basurero representa el producto más elaborado de esa ecología siniestra que convierte las ciudades de un país en vías de desarrollo en un basurero o traspatio del país desarrollado con el que comparte una frontera. La historia lo muestra.

La degradación mexicana comenzó en el seno de sus instituciones. La máquina criminal del narcotráfico en México es consustancial a sus instituciones políticas y económicas. Y EE. UU. está implicado. La situación adversa de México a principios del siglo XXI se gestó tiempo atrás y remite a los pactos de Estado con distintos grupos criminales[148]. Tales pactos a cambio de dinero constituyen el origen de los cárteles actuales, y desde entonces comprometieron el uso del territorio nacional para el tránsito de la droga proveniente de Sudamérica. Esta circunstancia terminó por corromper las corporaciones militares y policiales, la economía, la política y la sociedad.

Los acuerdos fueron una prolongación del apoyo mexicano en su territorio a la operación Irán-Contra, que a partir de 1981 dirigió el gobierno de EE. UU. Dicha operación, consistente en el intercambio de armas para la contraguerrilla nicaragüense por drogas para el mercado norteamericano, fue concebida y operada por la CIA, que incluso maquinó y consumó el asesinato de quienes supieron de esta y amenazaron con divulgarla entonces. Las tareas en el territorio mexicano correspondieron a una oficina homóloga: la Dirección Federal de Seguridad.

En las últimas décadas, EE. UU. ha patrocinado o inducido el cambio democrático en América Latina. El resultado ha sido escaso en logros de mejora social y, en cambio, han proliferado la pobreza, la marginación y el crimen organizado, sobre todo el tráfico de drogas y su potencia contra las instituciones.

Para EE. UU. el control de México y Centroamérica se presenta en el contexto de las crisis en los países de la región que puedan permitir la paramilitarización de los territorios —incluidos mercenarios a cuenta del Pentágono—, el auge armamentista, las operaciones de inteligencia o punitivas a favor de los intereses norteamericanos. De nuevo, se dispone de un tratado de libre comercio y un acuerdo de seguridad regional[149]. Los antecedentes históricos en todo el mundo son muy expresivos al respecto[150]. El narcotráfico y el resto de sus industrias criminales son el pretexto para la geopolítica estadounidense de carácter integral hacia el siglo XXI, que consiste en la aplicación de dos nociones de estrategia militar al mundo civil: comando y control por las vías de la doctrina, la organización, el entrenamiento y la educación[151]. En el eje de todo se encuentra la tecnología. En su primera fase, tales nociones tienen dos puntos de irradiación e impacto subcontinental de capacidades: México (Centroamérica) y Colombia (Sudamérica). Y, entre otros, un objetivo básico: el combate al terrorismo.

El gobierno estadounidense ha sostenido la hipótesis de que hay una posible alianza entre Al Qaeda y ciertos cárteles de la droga mexicanos. México ha negado dicha posibilidad[152]. En 2011, EE. UU. insistió en la posibilidad de una alianza entre Al Qaeda y Los Zetas, grupo de sicarios que creció hasta formar su propia empresa criminal de alcance intercontinental[153].

Los fundadores de Los Zetas son desertores del ejército mexicano que recibieron adiestramiento de élite en México y EE. UU. El Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, antes Escuela de las Américas, ha sido la sede tradicional de oficiales latinoamericanos que son incorporados por el Pentágono y las agencias de inteligencia norteamericanas a operaciones secretas cuyo objetivo es imponer la estrategia de dominar sin ocupación militar directa. O bien, combatir riesgos como el terrorismo o el populismo radical.

A partir de análisis de inteligencia, fundados a la vez en sus expectativas geopolíticas, EE. UU. se mantiene alerta al sur de su frontera. Y ha advertido sobre el nivel sin precedentes de la violencia de los cárteles mexicanos por el control de territorio y sus crímenes. Defiende la tarea conjunta hasta el final de esta guerra contra el narcotráfico.

El gobierno estadounidense ha advertido que en México hay una forma de insurgencia encabezada por los cárteles del narcotráfico, que en potencia podrían tomar el gobierno; esto haría necesaria una respuesta militar por parte de EE. UU., ya que la fuerza militar y policiaca de México es escasa e inadecuada. Hay allí un doble juego de discurso y prácticas formales e informales, la explicitación de su pensamiento interno y las retractaciones ante el protocolo de las relaciones bilaterales. Para usos públicos el discurso cumple un asedio geopolítico. Mientras tanto, sus distintas agencias operan su propia agenda.

EE. UU. ha demandado a México abrir un nuevo frente de la guerra al narcotráfico en la frontera mexicana con Guatemala: en esta zona ahora dominada por el crimen organizado crecerán los conflictos. A pesar de la resistencia del gobierno mexicano ante la posibilidad de abrir otro frente de guerra en su territorio sur, es previsible el replanteamiento del papel vigilante de México hacia su frontera sur y Centroamérica[154]. La debilidad de la región exige el apoyo mexicano.

Desde 1959, casi todas las guerras de EE. UU. han sido inducidas y emprendidas en forma prioritaria por su máquina bélica, disfrazadas de respuesta a una supuesta agresión enemiga y donde aparecen engaños y manipulaciones de sucesos importantes que involucran la conexión global de las drogas[155]. La CIA realiza operaciones ilegales de gran alcance, como la globalización de la tortura, los asesinatos selectivos y otros abusos en prisiones clandestinas[156], y suele fomentar la inestabilidad interna de las naciones para favorecer intereses inmediatos o futuros de EE. UU., sea por razones de dominio e influencia o por explotación y reserva de recursos naturales. Este es el caso del petróleo y el gas mexicanos, abundantes en el Golfo de México y tierra adentro hacia el norte. O del uranio: en Chihuahua hay más de cincuenta yacimientos uraníferos.

En la Oficina Binacional de Inteligencia en la capital mexicana cohabitan funcionarios y agentes del Pentágono, la CIA, el FBI, la ATF, así como de los departamentos de Justicia, de Seguridad Interior y del Tesoro. El Pentágono opera mediante la Agencia de Inteligencia Militar, la Oficina Nacional de Reconocimiento y la Agencia Nacional de Seguridad. También está el Departamento de Seguridad Interior, la Inteligencia de Guardia Costera y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio; mientras que el Departamento del Tesoro tiene agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros[157]. La Oficina Binacional de Inteligencia admite también instalaciones en Tijuana, Ciudad Juárez y Escobedo.

El problema del narcotráfico y la violencia en América Latina está lejos de reducirse a un juego de policías y ladrones, o de simple orden criminológico: atañe a la economía, la política, la sociedad y la cultura. Muestra, ante todo, la grave crisis institucional de los países latinoamericanos. Su urgencia se dispersa entre la búsqueda de un horizonte democrático, la gravitación de la economía global y el peso de sus inercias y desequilibrios históricos. En esas grietas han prosperado la ineficacia, la ineptitud, la corrupción. Y el implante de un esquema económico en el que algunos privilegiados se benefician del negocio de la ilegalidad y su peligro más lacerante: la impunidad de la violencia y los delitos, la fractura en el cumplimiento de la ley y la práctica de la justicia.

La importancia del tráfico de drogas y su violencia está lejos de ser una suma de percepciones desatadas por los medios masivos de comunicación, como indicaría la «teoría de la bala mágica» (los medios tienen la capacidad de moldear al público y volcarlo a un solo punto de vista). El negocio pródigo de la ilegalidad se ha vuelto en América Latina uno de los mayores riesgos, ya que se mantiene a partir de poderes económicos y políticos que obtienen grandes beneficios, y gobiernos que combaten o simulan combatir el crimen organizado mientras su burocracia y cuerpos policiales y militares se exponen a la corrupción, bajo un discurso de hipocresía y manipulaciones que dista de compaginar los dichos con los hechos.

Si algo trajo consigo la modernización de América Latina desde hace dos décadas y media, fue la ineptitud por parte de sus clases dirigentes de atenuar las asimetrías entre las normas democráticas y la pobreza y la desigualdad: el procedimiento de que a través de la alternancia partidaria y unas elecciones más o menos vigiladas se establecieran las bases de un desarrollo continuo. En cambio, prevalecen oligarquías, monopolios y corporaciones rapaces, contrarias a cualquier principio igualitario.

La Organización de las Naciones Unidas emitió en 2008 un informe en el que destacaba la vulnerabilidad en estos países frente al crimen y en particular el narcotráfico, ya que este «es el más responsable en términos de acción colectiva[158]». Colombia, Perú y Bolivia producen mil toneladas de cocaína anuales, que llegan al menos a diez millones de consumidores en EE. UU. y Europa a través de América Latina, donde «casi cada país en el hemisferio es afectado». La producción de cocaína se ha incrementado tanto como los decomisos en diversos países (Venezuela, Trinidad y Tobago, Panamá, Costa Rica). Esto se debió a las dificultades de los narcotraficantes en Colombia, que extienden sus actividades a otras zonas.

El crecimiento del consumo de cocaína en Europa ha multiplicado el narcotráfico hacia África occidental con implicaciones en Venezuela y los países del sur del Caribe. A pesar de que el consumo de cocaína ha descendido en EE. UU., su mercado es aún el más grande. En cuanto a la heroína, el hemisferio mantiene su demanda, con Colombia y México como proveedores de poco más de un millón de adictos. A su vez, el consumo de cannabis es «universal», y cada país proporciona su respectivo producto, si bien Paraguay, Colombia y Jamaica son exportadores de esta droga a otros países de la región.

Ese informe destaca que al inicio la producción de metanfetaminas para abastecer el consumo doméstico fue más agudo en EE. UU. Este abasto se ha extendido a México y, a partir de allí, aún más al sur. La Oficina contra la Droga y el Delito alerta acerca de cómo el narcotráfico impacta en otras formas del crimen, incluso en la insurgencia, como lo ejemplifica Colombia y, a últimas fechas, México. En general, en América Latina el narcotráfico es indisociable del auge de la violencia. Si el narcotráfico parece estar en todas partes es porque las sociedades registran dicha ubicuidad, cuyo centro expansivo está en las propias instituciones y sus dobleces. El caso de México sería el más visible ahora en el ámbito internacional, aunque su gobierno niega la gravedad del problema.

Tal contexto explicaría el auge de bandas criminales que ejemplifican los grupos centroamericanos, como «las maras» y su propia subcultura de afirmación en el delito. El informe resalta el blanqueo de dinero y la corrupción como factores adicionales que erosionan la economía y los gobiernos en este «problema hemisférico». A su vez destaca que, por ejemplo, el consumo de marihuana ha crecido en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela, Jamaica, República Dominicana, Honduras y México. Y advierte que el narcotráfico es una de las muchas fuentes del crimen que confrontan la región: ningún país en América Latina está a salvo del tráfico de estupefacientes. Mientras la violencia relacionada con la droga puede ser difusa en grandes poblaciones de países consumidores, se concentra a menudo en «cuellos de botella», zonas, trayectos y puntos críticos donde se da su tráfico. Dicha violencia, concluye el informe, está lejos de ser un conflicto social como cualquier otro, ya que se trata, por el contrario, de un efecto cíclico: el narcotráfico erosiona el imperio de la ley, y esta debilidad facilita los negocios ilícitos.

Desde 2010 ha descendido en México la producción de opio y de marihuana, mientras que se ha intensificado el combate al tráfico de cocaína hacia EE. UU. y reafirmado la producción de metanfetamina[159]. La regulación del combate al narcotráfico en América Latina consiste en la optimización del control y la vigilancia.

En 2012 se anunció que, en la frontera con México, EE. UU. mantiene ya el vuelo de drones (vehículos aéreos no tripulados) y dirigibles que cazan narcotraficantes y operaciones de tráfico humano. A su vez, la Secretaría de Marina mexicana divulgó su programa de drones de alcance táctico en tareas de vigilancia y espionaje contra el crimen organizado[160]. Con todo, ni los gobernantes ni los legisladores mexicanos han atendido las connotaciones graves del tema; soslayan tanto las operaciones de los drones estadounidenses en la frontera o el territorio nacional como los riesgos futuros de tal uso bélico-tecnológico respecto a los derechos de las personas: restricciones de uso y retención de imágenes, obligatoriedad de hacer públicos los usos, control, auditoría y observación democráticos al respecto. Organismos internacionales consideran que el uso de drones permite ejecuciones extrajudiciales que violan leyes internacionales y derechos humanos bajo la teoría de la guerra global contra el terrorismo[161].

Minimizar los problemas ahora y hacia el futuro solo implica la ruta de la mentira y la defección. Facilita la perpetuidad de la máquina de la guerra y su contraparte, la máquina criminal, sus consecuencias seculares.

EPÍLOGO: TRANSHUMANISMO PLANETARIO

La era del transhumanismo planetario se caracteriza por la incorporación de los seres humanos como una parte del gran sistema tecnológico-militar que permitirá ir más allá de los límites convencionales, desde la biología hasta lo social, que la especie ha mantenido durante miles de años. El proyecto transhumanista está vinculado a la aspiración ya no de bienestar colectivo sino de supremacía de quienes lo encabezan, poseen y administran. Los riesgos están a la vista: cada vez más, los Estados-nación son incapaces de comprender la gran transformación encubierta en el modelo de control y vigilancia mediante la estrategia de desplazar la presencia de la persona (sujeto de derecho por antonomasia) para instalar la hegemonía creciente del dios bicéfalo de la técnica y el dinero como eje del mundo programable hacia el futuro a través de los aparatos[162].

En la actualidad y hacia el porvenir, las personas estarán cada vez más sujetas a un régimen de control y vigilancia debido al modelo de civilización que se ha impuesto en el planeta desde la última década del siglo XX. Este modelo configura el tipo de ciudadano bajo un orden emergente que une el ultraliberalismo, la economía globalizada, la democracia formal o procedimental, las prácticas corporativas que trascienden a los Estados-nación, las telecomunicaciones y la revolución de los asuntos militares en cuya base se encuentran los avances tecnológicos.

El modelo incluye no solo el dominio militar a través del comando unificado por EE. UU. en operaciones multinacionales[163], sino la búsqueda de un marco normativo común para la política, la economía, la seguridad y el medio ambiente que actuaría por vía de diversas instituciones internacionales. La lógica de un solo mundo que converge en prioridades ambientales, económicas, tecnológicas y de consumo como utopía aquí y ahora para todos a partir de normas comunes: ciencia, razonamiento lógico, economía de libre mercado, individualización, contrato social que vincule responsabilidades de gobernantes y gobernados y multilateralismo. Normas que se autovalidan como dogmas de fe laica[164]. El «nuevo orden mundial»: gobierno y cultura unánimes a cargo de élites militares, corporativas, financieras supranacionales y su prole de burócratas y sirvientes que defienden el mito del crecimiento incesante de la economía como panacea universal, el exterminio de los recursos naturales y energéticos, la explotación de las personas por el trabajo y el ocio, el ataque a la soberanía de los Estados-nación, etcétera.

Para conseguir un mundo único, es preciso el modelo de control y vigilancia de la gente mediante cámaras, redes y centrales específicas que se despliegan en una multidimensionalidad que abarca cinco espacios interconectados: 1) el espacio privado (hogar o vivienda); 2) el espacio comunitario (barrio, vecindario, templos, clubes, gimnasios, parques); 3) el espacio público (calles, avenidas, plazas, lugares edilicios, de ocio o esparcimiento, deportivos, foros, teatros, comercios, estaciones de transporte, aeropuertos, oficinas burocráticas, puestos policiales); 4) el espacio de trabajo (plantas industriales, oficinas, fábricas); 5) el espacio personal (trayectos terrestres, marítimos, aéreos, estancias, reposo: la disponibilidad de tiempo completo frente a los sistemas de posición global a través de dispositivos electrónicos de índole portátil). El ideal del panóptico que aspira a ver todo ha mutado hacia el oligóptico: que logra ver mejor[165].

El horizonte del ciudadano cosmopolita y su vivencia simultánea de «identidades y lealtades contradictorias[166]» sería avasallado por el ciudadano conectado como una unidad o singularidad más dentro del «sistema de sistemas» o redes ultracontemporáneas[167]. Se alega que las aplicaciones del control y la vigilancia ostentan una neutralidad que está disponible al poder económico o político y a cualquier persona. Para justificarse, tal alegato debe soslayar el origen, las funciones y los usos de las telecomunicaciones, en particular el papel central de la perspectiva militar sobre la vida civil en el modelo emergente de orden global. Resulta interesante comparar el espionaje estadounidense a partir de programas de intercepción comunicativa como Prism o XKeyscore, imitado por otros países[168].

En 2012, el Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. publicó un informe sobre las tendencias globales para el año 2030[169]. Este consejo es un órgano administrativo que depende del presidente estadounidense y se ocupa de la política exterior y la seguridad nacional, y congrega al vicepresidente, a los secretarios de Estado y Defensa y al propio consejero de Seguridad Nacional. La prospección afirma considerar tanto la continuidad de lo existente como el surgimiento de nuevas posibilidades en el ámbito planetario. Al hacerlo, prevé y modela el futuro a partir de los factores actuales y ofrece los resultados desde sus intereses, capacidades y directivas hacia un medio plazo.

Ese informe, realizado por académicos estadounidenses con la participación de expertos de todos los países del mundo, expone una «estructura» para pensar el futuro. Su método consiste en distinguir entre «megatendencias», aquellos factores que es probable que ocurran bajo cualquier escenario, y «cambiantes del juego», variables críticas que parecen más o menos ciertas. Asimismo, la diversidad y complejidad de los factores emergentes demandan atender escenarios o mundos alternativos que podrán encararse en algún momento. Las megatendencias son cuatro: a) fortalecimiento individual o de pequeños grupos (debido a reducción de la pobreza, crecimiento de la clase media global, logros educativos, amplitud de las nuevas comunicaciones y productos tecnológicos, avances de salud pública); b) difusión del poder hegemónico, por lo que emergerán redes y coaliciones en un mundo multipolar; c) patrones demográficos (el arco inestable de la demografía se estrechará y el crecimiento económico decrecerá en países envejecidos, un proceso ya en marcha en México y en España, por ejemplo, y habrá un 60 % de la población en polos urbanos, además del incremento migratorio); d) comida, agua y nexos de energía (urgencia de tales recursos que serán sujetos a la dinámica comercial de oferta-demanda).

El informe citado expresa que los cambiantes del juego son seis: a) proclividad a la crisis económica de alcance global (volatilidad, desbalances, diferencias que podrían ocasionar un colapso o bien, debido a la polaridad múltiple, provocar una mayor flexibilidad); b) vacío de gobernanza (el trance entre la adaptabilidad al cambio y la dificultad de salir adelante); c) potencial de incremento de conflictos (cambios y desplazamientos veloces hacen crecer las pugnas dentro y fuera de los Estados); d) mayor amplitud de la inestabilidad regional (por ejemplo en Medio Oriente y el sur de Asia) que podría acentuar la inseguridad global; e) impacto de nuevas tecnologías; f) papel de EE. UU. (su hegemonía deberá trabajar con nuevos compañeros y reinventar el sistema internacional).

En cuanto a los mundos potenciales, el informe contempla cuatro factores: a) mecanismos averiados (en el orden global, EE. UU. jugará un papel decisivo); b) fusión (podrá haber tareas conjuntas de cooperación global, por ejemplo EE. UU. y China); c) genios fuera de la botella (producidos por las desigualdades de los países, que aumentan las tensiones sociales; por lo demás, y sin desligarse por completo, «EE. UU. ya no será más el policía global»); d) un mundo no-estatal (conducidos por las nuevas tecnologías, actores no-estatales tomarán el liderazgo de las confrontaciones globales).

Resulta interesante confrontar el informe del Consejo de Seguridad Nacional con el plan estratégico Joint Vision 2020 de las fuerzas armadas de EE. UU. En el primer caso predomina la expresión civil de un enfoque cuyos sustratos son militares, si bien el informe evita mencionarlos; en el segundo caso, como es obvio, prevalece la perspectiva militar.

La preeminencia de EE. UU. en el mundo de finales del siglo XX hacia el XXI reside en su poderío militar. Este poderío se nutre a su vez de las transformaciones tecnológicas aplicadas a operaciones que defiendan los intereses y responsabilidades planetarias de la nación estadounidense, y sus aliados, contra las amenazas persistentes y los retos futuros. Si el plan estratégico Joint Vision 2010 enfatizaba el tránsito de las fuerzas armadas de la era industrial a la era comunicativa, el plan Joint Vision 2020[170] instruye sobre las capacidades de maniobra, ataque, logística y de índole intelectual de cobertura absoluta en busca de acciones flexibles y destreza de respuesta.

El mandato para las fuerzas armadas consiste en que sean persuasivas en tiempos de paz y decisivas en tiempos de guerra. La evolución estratégica está influida por dos factores: el desarrollo y la amplitud de las tecnologías de la información que moldearán la conducta de las operaciones militares (sobre la base de la información como principio de superioridad), así como las innovaciones intelectuales y técnicas modificarán la propia estrategia, el contexto en el que actúan. De acuerdo con estas directivas, se acepta que EE. UU. interactuará con una variedad de actores regionales: «El transporte, comunicaciones y tecnología de la información envolverán y fortalecerán los vínculos económicos y la atención a los eventos internacionales[171]». Las nociones de seguridad, interés y valores políticos serán el dispositivo del compromiso con los compañeros en el exterior a partir de poder operar fuerzas multinacionales en cualquier parte del mundo, y coordinar dichas operaciones con agencias gubernamentales y organismos internacionales. El ejército de EE. UU. se reserva también actuar por medio de contratistas[172].

Dicho contexto estratégico admite que los posibles adversarios podrán acceder, a través del comercio global, a gran parte de la misma tecnología que usan los militares estadounidenses, por lo que la superioridad deberá ser garantizada menos por las disponibilidades materiales que por la ventaja de tener líderes, personal, doctrina, organizaciones y entrenamiento adecuado. En esta situación competitiva, la superioridad tendrá que ir más allá del dominio de los medios convencionales de guerra para encarar las alternativas bélicas en términos asimétricos: la interacción entre un actor fuerte y otro u otros débiles.

El espectro de dominación integral en el plan Joint Vision 2020 considera cinco fuentes de fricción que están presentes en el futuro: 1) los efectos de peligro y angustia; 2) la existencia de incertidumbre y azar; 3) las acciones impredecibles de otros actores; 4) la fragilidad de máquinas e información; 5) el factor humano. La respuesta a los riesgos de fricción está en la flexibilidad y adaptación al cambio. Al igual que en la antigüedad, el plan estratégico reconoce la información como una «clave» que puede garantizar la victoria. El concepto de superioridad informativa se define como la «capacidad de recolectar, procesar y diseminar un flujo constante de datos mientras se socava u obstruye que el adversario disponga de la misma habilidad[173]».

Al igual que en la esfera militar, las corporaciones de negocios transnacionales participan de perspectiva y ordenamiento análogos[174]. Dentro del plan estratégico militar, la superioridad informativa proviene de individuos, organizaciones y sistemas que recogen, procesan o diseminan la información. Las variables de las operaciones informativas incorporan un significado multidimensional (blanco, arma, recursos, dominio de operaciones), nivel de acción o efecto deseado (táctico, operacional, estratégico o combinado), objetivo de las operaciones (proveeduría de datos, percepción de manejo, dominio del campo de batalla, comando y control de armamento, disrupción y destrucción sistémicas) y, por último, naturaleza de la situación (paz, crisis o conflicto). La exactitud de medios y fines requiere de un ambiente global de información (mar, aire, tierra, espacio y ciberespacio).

El plan estratégico Joint Vision 2020 se muestra como un sistema de sistemas debido a su exigencia de interoperabilidad, que consiste en la utilidad de los sistemas, unidades o poder de ofrecer y aceptar servicios de otros sistemas, unidades o fuerzas, y de usar los servicios intercambiados para habilitarlos en la operación conjunta. Los resultados a obtener implican comandos y equipos humanos atentos a las nuevas capacidades y herramientas —a menudo provenientes de automatizaciones—, flexibilidad, adaptación, coordinación, dirección y conocimiento actualizado del campo de guerra, además de recurrir a una fuerza conjunta, dispersa y coordinada, capaz de transformarse en forma reducida, ágil, móvil, dispersa, interactiva y en red, lo que redundará en tempos de operación simultánea y plural. En síntesis, dicha fuerza conjunta busca establecer agencias multinacionales de orden compatible, interoperativo y de información compartida. Un horizonte de experiencia e innovación sobre un fundamento que comparte con los negocios corporativos: el mundo es un campo de oportunidades para obtener ganancias, un campo de guerra real o virtual.

Tanto el informe del Consejo de Seguridad Nacional como el plan estratégico Joint Vision 2020 subrayan el predominio de EE. UU. en el futuro global bajo diferencias de grado y formas participativas, así como reconocen la importancia que jugará la tecnología, en particular la relativa a la información y sus productos. Si ese informe evita explicitar el papel decisivo que el control y la vigilancia tienen y tendrán en las próximas décadas para la vida militar y civil en el mundo global, el plan estratégico describe su gran utilidad futura: «La evolución de la tecnología de la información nos permitirá integrar bajo incremento las formas tradicionales de operar con la inteligencia, vigilancia y reconocimiento sofisticados de toda fuente en una campaña informativa totalmente sincronizada». Una red global con interconexiones para «manejar y proveer la información a demanda de guerreros, hacedores de política y gente de apoyo[175]». Por su parte, los «productos tecnológicos» de los que habla el informe del Consejo de Seguridad Nacional señalan un punto de ensamble entre la vida militar y la vida civil: las personas, sus prácticas y modalidades de consumo vigiladas a través de Internet y otras plataformas[176].

La revelación en 2013 de cómo el gobierno estadounidense espía a todo el mundo a través de las comunicaciones, ciudadanos, criminales vigentes o virtuales, gobiernos, «amigos» y «aliados», demuestra la gravedad de los ataques contra las libertades y derechos de las personas.

Entre el control y la vigilancia tradicionales y los procedimientos ultracontemporáneos al respecto destaca el tránsito del respaldo analógico en papel al respaldo electrónico, cuyas connotaciones son amplias, diversas y profundas. Un análisis comparativo[177] de las diferencias entre el modo tradicional y el emergente de controlar y vigilar indica que este observa desde una extensión artificial de los sentidos, puede ser visible o invisible, suele carecer de consentimiento por parte de las personas, es de costo inferior al tradicional y funciona en forma remota e indetectable casi siempre. La recolección de datos se vuelve un procedimiento automático y los datos se transmiten de inmediato a una red interconectada y compartida entre diversas agencias, que es continua en el tiempo y capaz de congregar el pasado, el presente y el futuro en su virtualidad, a la vez que los datos son disponibles en «tiempo real».

Los productos tecnológicos que se emplean para el control y la vigilancia ultracontemporáneos están en el mercado abierto, lo que contribuye a crear una ilusión de tecnología neutra, y la individualidad de los datos se incorpora al instante en procesamientos detallados que multiplican su comprensión supraindividual.

En el modo emergente de control y vigilancia, la información entra en bancos específicos de datos que tienden a descontextualizar también esta bajo una aparente utilidad neutra, y el alcance y la penetración se incrementan, ya que el poseedor de los datos genera un saber que ignora cada persona, quien se convierte en un ente anónimo. Esto construye un conjunto de personas: una masa informativa. Ya como cifra, cada persona-ente o unidad se conecta en una red que a su vez conecta con otras redes. El dato y la persona-ente están sujetos a procesos de manipulación de la realidad y efectos de simulación, donde el registro es audiovisual y separable.

Asimismo, el análisis informativo es realizado por expertos en red dispersa e impersonal que se monitoriza a sí misma. Los datos se pueden obtener, manejar, almacenar, recuperar y analizar en forma más eficiente y combinable (visual, textual, auditiva, digital), y toda esa información se puede transmitir y recibir mejor que del modo tradicional, cuando los archivos eran de papel. Big Data.

Los criterios éticos frente al control y la vigilancia descritos implican considerar que la recopilación informativa evite daños a las personas, la validez o invalidez de los datos, las restricciones en defensa de la privacidad, el conocimiento y el consentimiento, así como las limitaciones prácticas, la discusión pública de las medidas virtuales con normativas claras y la revisión e inspección sistemática de los procedimientos, entre otros aspectos[178]. Lo mismo deberá considerarse en lo que atañe a los usos de la información recopilada y a recopilar. Cada país, a partir de convenios y normas internacionales, debe garantizar la defensa de los derechos de las personas.

Y si las personas representan el primer ámbito que debe resguardarse de los abusos y excesos de los Estados, o de las corporaciones y las fuerzas armadas en actos unilaterales o conjuntos, el espacio urbano, en el que ya vive la mayor parte de la población en todo el planeta, debe limitar el control y la vigilancia al igual que denunciar y contener que las ciudades sean reducidas y vistas como un campo de guerra tan real como potencial, donde las personas se conviertan en blancos operativos de diversos tipos en cualquier tiempo y lugar.

La idea del control y la vigilancia dentro y más allá de los Estados-nación ha traído consigo una lógica que abarca desde la cultura popular hasta la industria del entretenimiento, la producción industrial, la guerra y el diseño de armamentos de uso humano o automatizados[179]. E implica también una ideología de fobia a la diferencia, contraria a la urbanidad, de índole tecnofílica, que se vierte contra los otros, que son objetivados como blancos de la violencia de poder: el nuevo urbanismo militarizado, que se ha ensayado durante años, por ejemplo, en los servicios aeroportuarios, y a últimas fechas en el control de las calles y las multitudes[180].

Contra tal pulsión se imponen la acción política, las soluciones pacifistas y el cuestionamiento de la tendencia a la «securocracia» global, a las posturas fundamentalistas, a la vinculación entre la guerra y el entretenimiento, al incremento de soluciones políticas como los «estados de emergencia» y de «excepción» o el «derecho del enemigo» (o derecho fuera del derecho[181]). En suma, es imprescindible recuperar la legalidad sustancial y el sentido de los límites y la defensa de las diferencias en una comprensión geográfica equitativa y bajo consideraciones democráticas del espacio urbano, de lo público y lo privado.

Para contrarrestar la permanencia de las zonas «vigiladas», sujetas a la jerarquización del poder urbano de tipo transnacional y sus redes centralizadas, debe surgir un uso distinto y disperso que permita y estimule la participación de la gente más allá de los roles predestinados (diversión, clientela política, consumo, miedo a través de lo mediático y lo transmediático). En particular debe avanzarse en hacer visible lo invisible que subyace en esos usos, en discutir en público los fundamentos de los asuntos militares en el espacio urbano, su mandato coactivo y violento, los privilegios que en tal estrategia favorecen a los poderosos, así como deben acentuarse las políticas para desvelar, denunciar, contener y resistir, a través del arte, las aplicaciones alternas de la cartografía o el activismo social, dicha visión militarista y sus extensiones imperiales en la vida civil. En general, romper con la lógica bélico-policial que ordena «el estar conmigo o el estar contra mí», y que deriva en un mundo maniqueo de dos contendientes: «ellos o nosotros[182]».

Como alternativa se ha propuesto una visión de solidaridad, fluidez, igualitarismo y apropiación comunitaria mediante colaboraciones a nivel global que logre erradicar la militarización del control y la vigilancia, a partir de otras prácticas en la sociedad, la política, la comunicación y la cultura que favorezcan la convivencia plural por encima de los enfoques binarios, las manipulaciones y la opacidad[183]. Además, debe realizarse una crítica de la economía política con el fin de transformar la realidad ultracontemporánea sobre la base de un examen de las asimetrías en el orden planetario.

Un informe sobre el futuro que realizaron la ONU y otros organismos y se publicó en 2006[184], estableció que la evolución del mundo apunta a un gobierno planetario con una economía globalizada y bajo la etapa comunicativa de Internet. Su enfoque pacifista oculta el factor bélico que ha impulsado tanto el desarrollo de la economía como la revolución tecnológica en la vida cotidiana durante la modernidad y hasta la época actual. Defiende una postura de paz y de colaboración colectiva hacia el futuro con tres escenarios posibles: 1) mundos convencionales, donde prevalecerán las «fuerzas del mercado» y las «reformas políticas»; 2) barbarización, que prevé un predominio del colapso social y el mundo entendido como una fortaleza (que sería identificable con la visión militarista, la «securocracia» del control y la vigilancia); 3) grandes transiciones, que consiste en un «eco-comunalismo» y un «nuevo paradigma de sustentabilidad» (solidaridad y nuevos valores como paz, libertad, desarrollo y medio ambiente) que se lograría hacia 2068.

En esa tendencia, el informe apunta que en poco más de una década a partir de ahora, es decir hacia 2025, se impondrá en el mundo la «globalización de la sociedad civil» a partir de Organizaciones en Base a Valores (OBV), dedicadas a la acción sobre la plataforma comunicativa. Dicho informe ofrece un relato ficticio del futuro en el medio plazo: «Las redes globales de las OBV, armadas de cámaras digitales y otros sensores, demostraron ser la fuerza opositora ideal frente a las corporaciones globales depredadoras y a los gobiernos incompetentes. Organizaron vastas redes para seguir el comportamiento de las corporaciones: cómo y dónde estaban explotando bosques, la calidad de sus condiciones de trabajo y salarios, su contribución a las comunidades locales. La información era puesta en Internet, a menudo con tomas de video. Presionaban a los comerciantes minoristas para que evitaran a los proveedores transgresores, y a los consumidores para boicotear sus productos. Las redes OBV aplicaron a las empresas globales la poderosa capacidad de presión del mercado. Los gobiernos que fracasaban en suministrar servicios básicos a los más pobres, proteger recursos sensibles para el medio ambiente o hacer respetar los derechos universales, eran objeto de presiones políticas igualmente poderosas. Al exigir transparencia y pedir rendición de cuentas, estas redes de base de ciudadanos activistas aportaron un mecanismo rápido y poderoso de retroalimentación social, mucho más potente que los esfuerzos regulatorios formales de los gobiernos y los organismos intergubernamentales».

El informe futurista de 2006, anterior a la gran crisis económica global de 2008, al protagonismo de los grupos Anonymous y WikiLeaks, a las delaciones comunicativas desde dentro de los aparatos de espionaje, y cuyo diagnóstico de la historia y el presente era plausible en aquel momento, lucía precario ya en 2013. En particular, porque la alternativa del activismo vía Internet se ha mostrado hasta el momento limitada e ineficaz ante el poder militar, los intereses corporativos y las políticas de los Estados-nación. Para lograr avances significativos hacia un cambio radical de la mente humana se requiere mucho más que la fe en las nuevas técnicas de la información y la comunicación. Ante todo, urgen un conocimiento y una crítica de la realidad, sus inercias y funcionamiento profundo más completos que el enfoque pacifista de aliento tecnocrático y evolucionista que presenta dicho informe.

En el caso europeo, en 2010 se publicó Proyecto Europa 2030, que reconoce la inseguridad del presente y contempla que en los próximos veinte años «no solo habrá varios polos de poder, sino que el centro de gravedad del mundo se habrá desplazado también: hacia Asia y el Sur del planeta, hacia nuevos actores públicos y privados, y hacia arriba, hacia las instituciones transnacionales[185]». El reto central consiste en enfrentar tal transformación, cuyo dinamismo condiciona la oferta de energía (combustibles fósiles que en su mayor parte tendrán que importarse, con el complemento de la energía renovable) bajo el cambio climático y sus riesgos consecuentes.

Proyecto Europa 2030 tiene como plataforma el modelo de «economía social de mercado» y alta competencia, que se aplica a la búsqueda del crecimiento y el empleo, la inversión social selectiva, el nuevo pacto para el mercado único en el continente, la gobernanza económica de estabilidad y convergencia. A lo anterior, se añade la sostenibilidad ambiental, el mejoramiento educativo, el incremento de gasto en investigación y desarrollo, así como alienta nuevas reglas que estimulen la innovación y la creatividad, la racionalidad demográfica y una política eficaz de inmigración. Alude también al control de los desplazamientos humanos y la seguridad interior y exterior.

Al contrario de la tendencia tecnológica y belicista de control y vigilancia, Proyecto Europa 2030 propone mantener y desarrollar un «espacio de libertad, seguridad y justicia», es decir, «ahora es necesario que actuemos de manera decisiva instaurando un nuevo “Modelo Europeo de Seguridad”. Dicho modelo, basándose en la concepción y en los objetivos que figuran en la “Estrategia de Seguridad Interior” adoptada recientemente [2010], deberá dar prioridad a los intereses de los ciudadanos europeos al tiempo que aborda los retos en rápida evolución del siglo XXI[186]». El documento prescribe proteger los derechos y libertades individuales, mejorar la cooperación y la solidaridad entre los Estados miembros, atender las causas de la inseguridad y no solo sus efectos. Para esto, ordena priorizar la prevención y el compromiso con los ciudadanos, y reconocer la interdependencia entre las dimensiones interna y externa de la seguridad a la hora de establecer un planteamiento de «seguridad global» con terceros países.

En el ámbito militar, Proyecto Europa 2030 reconoce las carencias conjuntas de los países miembros de la Unión Europea (UE) y demanda combatirlas a partir de un punto de referencia: EE. UU. El gasto militar en Europa equivale a la mitad del estadounidense, mientras que su proyección exterior de fuerzas se reduce entre el 10 y el 15 % respecto de la de EE. UU. La UE acepta que es insuficiente la inversión en las capacidades necesarias para responder a nuevas situaciones de seguridad (fuerzas de despliegue rápido, transporte aéreo estratégico, helicópteros, comunicaciones, policía militar): «con 1,8 millones de soldados, medio millón más que EE. UU., la UE no es capaz de desplegar sesenta mil soldados en fuerzas de intervención rápida y tiene dificultades para destinar cinco mil soldados a una misión de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD[187])». El 70 % de las fuerzas terrestres europeas son incapaces de operar en el exterior, a pesar de que los conflictos emergentes requieren fuerzas expedicionarias capaces de desplegarse y permanecer activas. En general, las misiones de la PCSD europea suelen ser fragmentarias y circunstanciales, y están lejos de responder a un plan o estrategia horizontal. En buena parte, esto obedece a que la UE carece de una financiación común para sus misiones: sin un reparto equitativo de la carga entre los Estados miembros, se carece de «incentivos» para participar en misiones militares, y, en cuanto a la producción de armamento, a la UE le «cuesta mucho más producir mucho menos que EE. UU.», paradigma hacia el futuro.

La conclusión de Proyecto Europa 2030 deja clara su postura de optimizar el modelo bélico para la UE: «es menester que la UE se ponga de acuerdo en una visión a largo plazo de la UE, que podría exponerse en un Libro Blanco, con prioridades claramente definidas en materia de amenazas, de criterios de intervención y de recursos asignados[188]». La fortaleza de los países miembros del pacto europeo demanda un rendimiento militar de índole superior al existente ahora.

El aliento civil y la defensa de los derechos y libertades individuales del Proyecto Europa 2030 concuerda con el Informe sobre una Nueva Agenda Digital para Europa 2015 del Parlamento Europeo (PE), cuyo enfoque en torno de una «economía próspera y competitiva» defiende la accesibilidad, la transparencia, la igualdad, el pluralismo, y considera la privacidad de los datos en el funcionamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), sobre todo porque Europa es, en la actualidad, «el “continente móvil” del mundo» y «el 75 % de los abonados a la telefonía móvil son usuarios de banda ancha móvil con acceso a servicios inalámbricos de alta velocidad[189]». Por ejemplo, al comenzar la segunda década del siglo XXI, España estaba a la cabeza en la compra y uso de artilugios electrónicos de tipo móvil, enfocados al entretenimiento, donde tiende a quedar atrás la lectura de libros[190]. La tecnofilia ultracontemporánea contribuye, en su inadvertencia de los riesgos del control y la vigilancia, al advenimiento de los sistemas militarizados en el ámbito civil y el transhumanismo.

Frente al tema del control y la vigilancia, el PE parece confiar demasiado en las disposiciones sobre la «neutralidad» de la red y los servicios de por medio, provistos, como se sabe, por corporaciones transnacionales que han mostrado a lo largo de estos años su alcance invasor en la producción, la circulación y el consumo de las personas[191]. En este contexto, es significativo que el programa de Conocimiento de Información Total estadounidense, que se basa en millones de cámaras y entrecruzamiento informativo de datos y sistemas, funcione ya en un país de la UE: el Reino Unido[192]. Esta aplicación vanguardista se ha vuelto decisiva para el resto de Europa.

Un estudio sobre las guerras en la segunda mitad del siglo XX determina que sus principales factores fueron la etnicidad y la violencia, mediante la polarización y la fragmentación, que surgieron en torno de asuntos públicos donde interactúan la política y la economía. Así, la instrumentación de los intereses y beneficios se vuelve más importante que los odios en sí[193]. Permanece el desacuerdo como germen y la posibilidad hacia el futuro de construir modelos para entender ese proceder implacable.

La búsqueda de soluciones alternas de participación individual y colectiva con el fin de transformar el orden existente oscila entre la matriz pacifista y la matriz insurreccionalista del pensamiento. Un ejemplo del ideario «no violento» de alcance transnacional y ecuménico está en agrupaciones como L’Arche, que afirma: «Los que renuncian a las armas no tienen defensa. Correctamente ejercidos y preparados, pueden ser una fuerte defensa civil no violenta. Esto se puede definir como la lucha de todo un pueblo para detener el mal y neutralizar al enemigo con formas que respeten la vida y a la gente, dejando una oportunidad al diálogo. Esta fuerza no tiene que ver con la riqueza o el privilegio y no puede ser monopolizada por el gobierno. Las mujeres tienen tanta participación como los hombres. La no violencia está relacionada con la justicia de la causa y la unión de los que luchan. Así, los usos de la no violencia son consistentes con el fin. En cambio, con las armas, el fin es lo que justifica los medios. Por otra parte, las armas, especialmente las de destrucción masiva, nacen en la mente para destruir los valores que se desea proteger. La fuerza de la verdad también nos hace conscientes de nuestra responsabilidad y de la injusticia[194]». La matriz pacifista confía en que logrará triunfar en el siglo XXI.

Un año antes de la gran crisis económica de 2008 se publicó un manifiesto[195] que, además de anunciar la debacle del sistema financiero mundial, propuso una insurrección inminente a nivel global. Su impulso comunitario convocó a la multitud a organizarse para enfrentar el orden existente desde el estudio, el aprendizaje y la enseñanza de la realidad y sus efectos nocivos. Propuso además crear territorios compartidos de inconformidad y activismo insurrecto con «zonas de opacidad» frente al poder convencional, ampliar vínculos con otras comunidades y territorios rebeldes a lo largo y ancho del planeta, llevar la insurrección sistemática a otras partes y vencer uno por uno los obstáculos, consumar una identidad anónima e invisibilizar los ensambles organizativos, así como construir medios de autodefensa, capitalizar toda crisis, sabotear la autoridad, bloquear la economía, deshacerse del control policial, imponer autoridades locales y deponer el uso de las armas con el fin de favorecer nuevas prácticas de la política. Sin enunciarlo así, se expresaba una teoría de la fuerza asimétrica.

Tanto el pacifismo como los movimientos insurreccionalistas suelen confluir en soluciones que explotan el cariz asimétrico de su «debilidad» respecto de las fuerzas hegemónicas. En términos tradicionales, tal desproporción remite al rango 1:2.

En valuaciones contemporáneas se emplea esta postura: «Un conflicto se codifica como asimétrico si el producto dividido por la mitad de las fuerzas armadas de un actor y la población supera el producto simple de las fuerzas armadas de su adversario y la población por ≥ 5:01[196]». El estudio de las asimetrías en los conflictos ha llevado a formular este razonamiento: cuanto mayor es la brecha respecto de quien tiene el poder, los actores fuertes son menos resolutivos y por lo tanto más vulnerables en lo político; por el contrario, en tal situación, los actores débiles se vuelven más firmes y menos vulnerables en lo político. En consecuencia, con el fin de predecir mejor los resultados en un conflicto asimétrico debe observarse la interacción estratégica entre los actores.

Por ejemplo, la mejor consecuencia para un actor débil sería efectuar un ataque directo (que busca destruir la capacidad de pelear del adversario) contra una defensa indirecta (la voluntad de pelear del adversario); la segunda mejor consecuencia para un actor débil sería efectuar un ataque indirecto (la voluntad de pelear del adversario) contra una defensa indirecta (la voluntad de pelear del adversario[197]). Esto explicaría las dificultades militares de EE. UU. en Vietnam, Somalia, Irak y Afganistán.

Parece contradictorio llevar el pensamiento pacifista a las consideraciones del campo de guerra. Sin embargo, su lenguaje y sus prácticas asumen el concepto de paz como un arma para combatir la guerra[198]. Esas adaptaciones doctrinarias hacen pensar que, hacia el futuro, el escenario de la humanidad no será entre el bando de la guerra y el de la paz, sino el choque generalizado entre dos formas distintas de hacer la guerra en un mismo sistema único.

El futuro resulta inexistente sin el momento actual, y este, hasta ahora, se muestra casi por completo ajeno a las prescripciones de mejoría de los distintos escenarios que suelen plantearse. La asimetría entre la actualidad y el deseo de transformación es desproporcionada. Las tendencias e inercias obligan a formular otras aproximaciones. Quizás en el estudio de las asimetrías en la economía, la política, la sociedad y la cultura se encuentre una reserva de sueños inéditos hacia el porvenir: la asimetría, las anomalías y las diferencias son también un principio transformador que podrá contrarrestar al transhumanismo tecnológico-militar.

La integración económica y política del mundo ha visto en las asimetrías de los países un riesgo permanente y, a veces, ha sabido capitalizar su existencia. El Tratado de la Unión Europea (TUE) entró en vigor en 1993 y, un año después, hizo lo propio el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El trasfondo geopolítico de entonces fue la revolución de los asuntos militares consumada por EE. UU., que encauza la globalización desde entonces. A veinte años de aquello, el Departamento de Defensa estadounidense ha instado a Europa a incidir con su Tratado del Atlántico Norte (OTAN[199]), a pesar de las limitaciones prácticas que padece, en el nuevo foco de seguridad hacia el siglo XXI y sus amenazas crecientes: el vasto territorio de Asia y el Pacífico.

El caso de México y su integración económica, política y militar bajo los intereses estadounidenses refleja cómo ha sido posible aprovechar la condición asimétrica, la alegalidad de un Estado y la implantación de reformas integrales de sus sistemas productivos, de inteligencia, penal y de seguridad para absorberlos poco a poco de acuerdo con las demandas de EE. UU. hacia el siglo XXI. Los años de violencia extrema e inestabilidad en México han colaborado a lograr esos fines y trastornado su espacio real y simbólico a partir de cartografías emergentes y adversas para la mayoría de las personas.

Los resultados de dicha absorción revelan una sociedad en crisis y de escasas expectativas hacia el futuro, que deben reformularse. Su caso sirve para alertar situaciones semejantes en otras partes del planeta y auspiciar otros modos de enfrentar lo que viene. En particular, contener el énfasis belicista basado en la tecnología y el modelo de control y vigilancia de las personas, quienes son vistas como mera unidad sujeta al orden supraindividual que reside en poderes últimos cada vez más concentrados e inexpugnables. Un mundo dividido entre dirigentes-analistas y personas-entes, los operadores y su mundo de vida lejano de la educación, el bienestar y la cultura, inmerso en el consumo y el entretenimiento. La gran masa en busca de aprender destrezas para la ultraconectividad de los sistemas y sus dispositivos o aparatos que dominan la fuerza de trabajo y la privacidad, y determinan el gasto individual: violencia comunitaria, ocio, narcosis, sexualidad, etcétera, mientras soslayan la amenaza del desamparo extremo. El malestar social convertido en sustancia maleable, pasaje a la virtualidad de ser anamorfosis viva ante los abusos u omisiones del poder constituido y la depredación del poder criminal.

La humanidad nunca supo tanto como ahora sobre la naturaleza y la composición del cosmos, y jamás estuvo más lejos de las estrellas que en el presente. Por fortuna, persiste el misterio ante el porvenir.

BIBLIOGRAFÍA

AGAMBEN, Giorgio, Che cos’è un dispositivo?, Roma, Nottetempo, 2006, 35 pp.

—, Estado de excepción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2007.

—, Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, Valencia, PreTextos, 2010.

—, «¿Qué es un campo?», en Medios sin fin, Valencia, Pre-Textos, 2010, 121 pp.

ALLMER, Thomas, Towards a Critical Theory of Surveillance in Informational Capitalism, Frankfurt am Main, Peter Lang, Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2012.

Amnesty International Report 2010, Londres, AI, 2010.

ANDERS, Günther, La obsolescencia del hombre, vol. II, Valencia, Pre-Textos, 2011.

ARLEY ORDUÑA, Amada María, Más allá del TLCAN. ASPAN ¿qué es y a dónde vamos?, México, Porrúa, 2011.

ARQUILLA, John, y David RONFELDT, Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime and Militancy, Santa Mónica (CA), Rand Corporation, 2001.

ASPE, Pedro, et al., «Building a North American Community. Report of an Independent Task Force», EE. UU., Canadá, México, Council on Foreign Relations/Canadian Council of Chief Executives/Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, 2005.

BALTRUŠAITIS, Jurgis, Les perspectives dépravées. Tome 2, Anamorphoses, París, Flammarion, 1996.

BARRÓN CRUZ, Martín Gabriel, Violencia y seguridad en México en el umbral del siglo XXI, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2012.

BAUMAN, Zygmunt, Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty, Cambridge (UK), Polity Press, 2007.

BECK, Ulrich, Poder y contrapoder en la era global, Barcelona, Paidós, 2004.

BENJAMIN, Medea, Drone Warfare: Killing by Remote Control, Nueva York/Londres, OR Books, 2012.

BOURDIEU, Pierre, Campo de poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto, Buenos Aires, Montressor, 2002.

CARRANCÁ y RIVAS, Raúl, Reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad públicas. Variaciones críticas, México, Porrúa, 2010.

CLAIR, Jean, Hubris. La fabrique du monstre dans l’art moderne, París, Gallimard, 2012.

COHEN, Elliot D., Mass Surveillance and State Control: The Total Information Awareness Project, Basingstoke (UK), Palgrave Macmillan, 2010.

COSS NOGUEDA, Magda, El tráfico de armas en México, México, Grijalbo, 2011, 199 pp.

DALE SCOTT, Peter, American War Machine, Lanham (Maryland), Rowman & Littlefield Publishers, 2010.

DE CASTILLO VERA, Pilar, Informe sobre una nueva Agenda Digital para Europa: 2015, Parlamento Europeo, Comisión de Industria, Investigación y Energía, Unión Europea, 2010.

DE DIEGO, Estrella, Contra el mapa, Madrid, Siruela, 2008.

Department of Defense, Transformation Planning Guidance, EE. UU., abril de 2003.

EDWARDS, Sean J. A., Swarming on the Battlefield. Past, Present, And Future, Santa Mónica (CA), Rand, 2000.

Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia, México, UNAM/IIDC, 2011.

ENCISO, Froylán, «Los fracasos del chantaje. Régimen de prohibición de drogas y narcotráfico», en Arturo Alvarado y Mónica Serrano (coords.), Seguridad nacional y Seguridad interior, «Los grandes problemas de México», vol. 15, México, COLMEX, 2010.

ESTEBAN, Joan, Laura MAYORAL y Debraj RAY, «Ethnicity and Conflict: Theory and Facts», Science, Nueva York, 18 de mayo de 2012, vol. 336, pp. 858-865.

FERNÁNDEZ MENÉNDEZ, Jorge, Narcotráfico y poder, México, Rayuela, 1999.

FERRAJOLI, Luigi, Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, Madrid, Trotta, 2011.

—, Garantismo y Derecho penal. Un diálogo con Ferrajoli, México, Ubijus, 2010.

—, «Pasado y futuro del Estado de derecho», en Miguel Carbonell (ed.), Neconstitucionalismo(s), México/Madrid, UNAM/Trotta, 2009.

FORGIONE, Francesco, Mafia Export. Cómo la ’Ndrangheta, la Cosa Nostra y la Camorra han colonizado el mundo, Barcelona, Anagrama, 2009.

FUKUYAMA, Francis, América en la encrucijada. Democracia, poder y herencia neoconservadora, Barcelona, Ediciones B, 2007.

GARCÍA ANGULO, Ana, Intervenciones en el arte contemporáneo: CCTV, Facultad de Bellas Artes de Madrid, Departamento de Pintura, 2007.

GAUCHON, Pascal, y Jean-Marc HUISSOUD (coords.), Las 100 palabras de la geopolítica, Madrid, Akal, 2013.

GIBLER, John, Morir en México, México, Sur+, 2012.

GONZÁLEZ MÁRQUEZ, Felipe, et al., Proyecto Europa 2030. Retos y oportunidades. Informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE en 2030, Unión Europea, mayo de 2010.

GRAHAM, Stephen, Cities Under Siege: The New Military Urbanism, Nueva York/Londres, Verso, 2011.

GRÜN, Ernesto, Una visión sistémica y cibernética del Derecho en el mundo globalizado del siglo XXI, México, UNAM, 2006.

HAUBEN, Ronda, «From the ARPANET to the Internet», Nueva York, Columbia University, 1998.

HAMMES, Thomas X., The Sling and the Stone, Saint Paul (Minnesota), Zenith Press, 2006.

HARTIGAN, Jake, Why the Weak Win Wars: A Study of the Factors that Drive Strategy in Asimmetric Conflict, tesis, Monterey (CA), Naval Postgraduate School.

HBR’s 10 Must Reads on Strategy (including featured article «What Is Strategy?» by Michael E. Porter), EE. UU., Harvard Business Review, 2011.

HERNÁNDEZ, Anabel, Los señores del narco, México, Grijalbo, 2010.

HERNÁNDEZ, Javier, Lucha contra el narcotráfico en zonas urbanas: Monterrey, México, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, septiembre de 2012.

Human Rights Watch, Ni Seguridad, Ni Derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la «guerra contra el narcotráfico» de México, Nueva York, 2011.

Informe San Pedro Sula (Honduras), la ciudad más violenta del mundo; Juárez, la segunda, México, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A. C., 2012.

JAMESON, Fredric, «La lógica cultural del capitalismo tardío», en Teoría de la postmodernidad, Madrid, Trotta, 1996.

Joint Vision 2010, Departamento de Defensa de EE. UU., 1996.

Joint Vision 2020, America’s Military-Preparing for Tomorrow, EE. UU., Departamento de Defensa, 2000.

KAFKA, Franz, «Ante la ley», en Cuentos, Buenos Aires, Orión, 1974.

KELSEN, Hans, Derecho y lógica, México, Coyoacán, 2012.

—, Teoría pura del derecho, México, Éxodo, 2006.

KLEIMAN, Mark, Contención del crimen organizado y no organizado, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011.

LAIDLER, Keith, Surveillance Unlimited: How We’ve Become the Most Watched People on Earth, Cambridge, Icon Books, 2008.

LATOUR, Bruno, Re-ensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red, Buenos Aires, Manantial, 2008.

LINARES ZÁRATE, Alejandro, La Justicia. Su simbología y valores que concurren en su aplicación, México, UAMEX, 2005.

LIVINGSTONE, Grace, America’s Backyard: The United States and Latin America from the Monroe Doctrine to the War on Terror, Londres, Zed Books, 2009.

MAHBUBANI, Kishore, The Great Convergence: Asia, The West, and the Logic of One World, Nueva York, PublicAffairs, 2013.

MANJÓN-CABEZA, Araceli, La solución. La legalización de las drogas, México, Debate, 2012.

MARTÍNEZ, Óscar, Los migrantes que no cuentan, México, El Faro/Sur+, 2012.

MAZZETTI, Mark, The Way of the Knife: The CIA, a Secret Army, and a War at the Ends of the Earth, Nueva York, Penguin, 2013.

MINTON, Anna, Ground Control: Fear and Happiness in The Twenty-First-Century City, Londres, Penguin, 2012.

Misión de La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Socavando el Estado de Derecho y consolidando la impunidad, Colombia, CIJ, 2005.

MOLOTCH, Harvey, Against Security: How We Go Wrong at Airports, Subways, and Other Sites of Ambiguous Danger, Princeton, Princeton University Press, 2012.

NAÍM, Moisés, Illicit: How Smugglers, Traffickers, and Copycats are Hijacking the Global Economy, Nueva York, Anchor, 2006.

National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds, EE. UU., NIC, 2012.

OCTA 2009, EU Organised Crime Threat Assessment, EUROPOL, 2009.

Oficina de la Policía Europea, Europol SOCTA 2013, Unión Europea, 2013.

Organización de Estados Americanos, El problema de las drogas en las Américas, Washington, OEA/Secretaría General, 2013.

Parlamento Europeo, Informe sobre la existencia de un sistema mundial de interceptación de comunicaciones privadas y económicas (sistema de interceptación ECHELON) (2001/2098(INI)), PE, 2001.

PASTRANA BERDEJO, Juan David, y Esbert BENAVENTE CHORRES, Implementación del proceso acusatorio de oralidad en Latinoamérica, México, Flores Editor y Distribuidor/Facultad de Derecho UAEM, 2010.

PICOUET, Patrick, y Jean-Pierre RENARD, Les frontières mondiales: Origines et dynamiques, Nantes, Éditions du temps, 2007.

RASKIN Paul, Tariq BANURI, Gilberto GALLOPÍN, Pablo GUTMAN, Al HAMMOND, Robert KATES y Rob SWART, La gran transición: la promesa y la atracción del futuro, Santiago de Chile, ONU/CEPAL/Stockholm Environment Institute/Global Scenario Group, 2006.

RODRÍGUEZ, Cynthia, Contacto en Italia, México, Debate, 2009.

ROMANO, Anthony, Joint Vision 2010: Developing the System of Systems, EE. UU., Air Command and Staff College, Maxwell Air Force, 1998.

Rule of Law Index, Washington, The Justice Project, 2011.

Rule of Law Index, Washington, The Justice Project, 2012.

SCHLÖGEL, Karl, En el espacio leemos el tiempo. Sobre historia de la civilización y geopolítica, Madrid, Siruela, 2007.

Secretaría de la Defensa Nacional, Tercer Informe de Labores, México, SEDENA, 2009.

Senado de EE. UU., Subcomité Permanente de Investigaciones, «U. S. Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case History», Washington, Senado de EE. UU., 17 de julio de 2012.

Sentencia del Campo Algodonero, CIDH, Santiago de Chile, 2009.

SINGER, P. W., Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry, Ithaca (NY), Cornell University Press, 2007.

SHANNON, Elaine, Desperados: Latin Drug Lords, U. S. Lawmen, and the War America Can’t Win, Nueva York, Viking, 1989.

Southern Pulse, «Monterrey Street Gangs», América Latina, marzo de 2012.

Southern Pulse, «Acapulco Criminal Environment», América Latina, junio de 2012.

Southern Pulse, «Guadalajara Criminal Environment», América Latina, agosto de 2012.

Southern Pulse, «Ciudad Juárez Criminal Environment», América Latina, octubre de 2012.

STANLEY, Jay, y Catherine CRUMP, Protecting Privacy From Aerial Surveillance: Recommendations for Government Use of Drone Aircraft, Nueva York, American Civil Liberties Union, diciembre de 2011.

Stratfor Global Intelligence, Mexico in Crisis. Lost Borders and the Struggle for Regional Status, Austin (TX), Stratfor Books, 2009.

The Invisible Committee, The Coming Insurrection, Massachusetts, Semiotext(e)/MIT Press, 2009.

The National Security Strategy of the United States of America, EE. UU., septiembre de 2002.

TNS, Presentación del estudio Mobile Life, España, 2012, pp. 27 y 28.

TORRE, Wilbert, Narcoleaks, México, Grijalbo, 2013.

TRIPP VILLANUEVA, José Octavio, y Carlos MENDOZA MORA, El narcotráfico en el contexto de las relaciones México-EE. UU. Pautas para el diseño de una política interméstica, México, Porrúa, 2012.

TZU, Sun, El arte de la guerra, México, Nueva Época, 2010.

UNODC, The Threat of Narco-Trafficking in The Americas, Organización de las Naciones Unidas/Oficina contra la Droga y el Delito, Nueva York, octubre de 2008.

UNODC, World Drug Report 2010, Nueva York, abril de 2010.

UNODC, World Drug Report 2012, Nueva York, 2012.

U. S. Navy, Survival, Evasion, Resistence and Escape Handbook, Departamento de Defensa, 2011.

WATTS, Barry D., Clausewitzian Friction and Future War, Washington, Institute for National Strategic Studies, National Defense University, 1996.

WEBB, Gary, Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion, Nueva York, Seven Stories Press, 1998.

WEBER, Max, Economía y sociedad, México, FCE, 1983.

WEINER, Tim, Legado de cenizas, México, Debate, 2008, 720 pp.

WEINSTEIN, Deena, Heavy Metal: The Music and Its Culture, Nueva York, Da Capo Press, 2000.

WEIZMAN, Eyal, A través de los muros, Madrid, Errata Naturae, 2012.

WHITTEN, Daniel L., «Perspective on the Military Envolvement in the War on Drugs –Is There a Better Way?», Alabama, Air University, 1999.

ZAMORA GRANT, José, Derecho victimal. La víctima en el nuevo sistema penal mexicano, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2009.

ŽIŽEK, Slavoj, Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture, Massachusetts, MIT Press, 1992.

[1] Para una lectura militar del término aplanamiento o lisura: Shimon Naveh, «Between Straited and the Smooth», Cabinet Magazine, núm. 22, Verano, 2006; un ideario geopolítico, cultural y económico de dicho término está en: Thomas L. Friedman, The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century, Nueva York, Picador, 2007, 660 pp. <<

[2] El trasfondo del prohibicionismo está en la fe puritana-anglosajona, y ha establecido una estrategia de escudo geopolítico: prohibición=guerra versus liberalidad=terrorismo. Cf., Daniel L. Whitten, «Perspective on the Military Involvement in the War on Drugs –Is There a Better Way?», Alabama, Air University, 1999, 39 pp. <<

[3] Y campo, en su extremo, es el espacio que se abre cuando el estado de excepción empieza a convertirse en regla: Giorgio Agamben, «¿Qué es un campo?», en Medios sin fin, Valencia, Pre-Textos, 2010, 121 pp. Pierre Bourdieu, Campo de poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto, Buenos Aires, Montressor, 2002, 127 pp.; también: Campo (sociología). La base del pensamiento estratégico en Sun Tzu se halla en «la localización del lugar» en donde se desarrollará la batalla: el campo de las ventajas virtuales que hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Cf. Sun Tzu, El arte de la guerra, México, Nueva Época, 2010, p. 9. <<

[4] Un estudio de la geopolítica continental de EE. UU. está en Josué Ángel González Torres, «Control hemisférico de los Estados Unidos: El Comando Norte». <<

[5] El giro que Latour propone para pasar del concepto del panóptico al oligóptico resulta decisivo para comprender el modelo de control y vigilancia hacia el futuro. Véase Bruno Latour, Re-ensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red, Buenos Aires, Manantial, 2008, pp. 178-186. <<

[6] El levantamiento neoindigenista de 1994 en el sureste de México contra el Estado detona la etapa de acciones antiinstitucionales que culminarán con el auge del crimen organizado a principios del siglo XXI. Las características de dicha guerrilla y sus redes sociales expresan las formas emergentes de la guerra hacia el futuro, la guerra de Cuarta Generación. Cf. John Arquilla y David Ronfeldt, Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime and Militancy, Santa Mónica (CA), Rand Corporation, 2001, 352 pp. <<

[7] El mito de la abundancia americana y la reducción del planeta a un simple almacén de recursos materiales transita de la época colonial a la poscolonial. Cf. Irma Beatriz García Rojas, «El cuerno de la abundancia: mito e identidad en el discurso sobre el territorio y la nación mexicanos», Revue Histoire(s) de l’Amerique Latine, vol. 2005, pp. 1-25. <<

[8] En 2011, EE. UU. ostentaba el 78 % del mercado armamentista del mundo: Tom Engelhardt, «The Pentagon: A Global NRA», thenation.com, 14 de enero de 2013.

La industria de las armas estadounidense provee el armamento para unos y para otros: EFE, «EU es el mayor exportador de armas en el mundo», 19 de marzo de 2012; S. A., «7 de cada 10 armas usadas por criminales en México vienen de EU: ATF», 27 de abril de 2012. También, Magda Coss Nogueda, El tráfico de armas en México, México, Grijalbo, 2011, 199 pp. <<

[9] El triunfo del capitalismo anglosajón en la modernidad impone la perspectiva economicista y la estrategia en torno de la producción máxima, que comienza con el sentido, aprovechamiento, vigilancia y control del espacio disponible para ser dominado y explotado. Véase Karl Schlögel, En el espacio leemos el tiempo. Sobre historia de la civilización y geopolítica, Madrid, Siruela, 2007, p. 246. <<

[10] La objetivación-subjetivación del territorio y los mapas bajo escenarios bélicos evoca los mapas subjetivos que ideó el pensamiento vanguardista a lo largo del siglo XX, del surrealismo al situacionismo. Cf. Estrella de Diego, Contra el mapa, Madrid, Siruela, 2008, 103 pp. <<

[11] Sobre las figuraciones colectivas que son producto de la influencia territorial del crimen organizado, su dominio y explotaciones de la persona en el fenómeno de la migración de Centroamérica hacia EE. UU., cf. Óscar Martínez, Los migrantes que no cuentan, México, El Faro/Sur+, 2012, 291 pp. <<

[12] Las cifras sobre desplazados por la guerra contra el narcotráfico oscilan entre 239 000 personas y 1,6 millones. Tal desplazamiento modifica el mapa poblacional, que después de la acción bélica o criminal jamás vuelve a ser el mismo. Cf. S. A., «239 mil desplazados por la guerra contra el narco», animalpolitico.com, 29 de marzo de 2011; Gloria Leticia Díaz, «Desplazados 1,6 millones de mexicanos por guerra contra el crimen organizado», Proceso, 28 de noviembre de 2011. También: http://www.proceso.com.mx/?p=289550. <<

[13] Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comunicado 185, 15/12/2008; también Liliana Alcántara, «Ve CNDH impunidad en 99 por ciento de los delitos», El Universal, 15 de diciembre de 2008. En 2013, tal índice de impunidad no ha descendido en forma significativa. También el informe Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia, México, UNAM/IIDC, 2011, 39 pp. También, Diana Bautista, «Dejan impunes 93 % de los delitos», 29 de diciembre de 2013. <<

[14] La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registra 76 periodistas asesinados desde 2000 hasta abril de 2012: CNDH tiene registrados 76 asesinatos de comunicadores desde el 2000. <<

[15] Luigi Ferrajoli, Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, Madrid, Trotta, 2011, p. 40. <<

[16] Luigi Ferrajoli, Garantismo y Derecho penal. Un diálogo con Ferrajoli, México, Ubijus, 2010, p. 16. <<

[17] Luigi Ferrajoli, «Pasado y futuro del Estado de derecho», en Miguel Carbonell, editor, Neoconstitucionalismo(s), México/Madrid, UNAM/Trotta, 2009, pp. 13-29. <<

[18] Rule of Law Index, The Justice Project, Washington, 2011, pp. 26 y 79. La evaluación de 2012 continúa adversa para México: http://worldjusticeproject.org/country/mexico. <<

[19] Antonio Baranda, «Queda oculto el 91 por ciento de los delitos», reforma.com, 28 de septiembre de 2012. <<

[20] Los hechos históricos de esa época constan en Elaine Shannon, Desperados: Latin Drug Lords, U. S. Lawmen, and the War America Can’t Win, Nueva York, Viking, 1989, 528 pp. <<

[21] Humberto Padgett, «El Cártel de la DEA», México, Emeequis, 9 de enero de 2012, pp. 28-38; Francisco Marín, «La CIA financiada por el narco», Proceso, 3 de diciembre de 2012, pp. 64-67. <<

[22] La información y el análisis de la CIA en México que se cita en estas páginas fueron proporcionadas a SGR por un asesor de inteligencia oficial, que solicitó el anonimato. <<

[23] Amada María Arley Orduña, Más allá del TLCAN. ASPAN ¿qué es y a dónde vamos?, México, Porrúa, 2011, p. 161. En 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la siguiente tesis: «Los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario pacta sunt servanda, del que deriva que las obligaciones contraídas libremente frente a la comunidad internacional no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno» (Amparo/120-2002): Los tratados internacionales en el orden jurídico mexicano. En 2012, la Cámara de Diputados expidió la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados con la finalidad de imposibilitar que haya acuerdos internacionales del Poder Ejecutivo, por ejemplo el ASPAN y la Iniciativa Mérida, sin sanción del Senado: Redacción, «Expiden la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados», Diario Jurídico, 26 de abril de 2012, s. folios. <<

[24] Además de ratificar el acuerdo de 2005, las cinco prioridades de 2006 hacia 2007 en América del Norte fueron: fortalecer la competitividad; gestión de crisis; pandemia de gripe aviar; seguridad, energía y fronteras seguras, como se puede leer en el boletín del Gobierno de Canadá, «Prime Minister announces North American Leaders’ Summit in Canada», Ottawa, 15 de junio, 2007. <<

[25] El gobierno de EE. UU. aplicó su idea de Transformación del planeta, o Doctrina Donald Rumsfeld, a partir del concepto de Revolution of Military Affairs (RA, Revolución de los Asuntos Militares): Departamento de Defensa, Transformation Planning Guidance, EE. UU., abril de 2003, 39 pp. <<

[26] Ibíd., p. 8. <<

[27] S. A., «Entrenan mercenarios a soldados en País», reforma.com, 6 de abril de 2011; Bill Conroy, «U. S. Private Sector Providing Drug-War Mercenaries to Mexico», 3 de abril de 2011, Sector privado de los EE. UU. proporciona mercenarios de guerra a México. <<

[28] Peter Dale Scott, American War Machine, Lanham (Maryland), Rowman & Littlefield Publishers, 2010, 408 pp.; Gary Webb, Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion, Nueva York, Seven Stories Press, 1998, 592 pp. <<

[29] National Security Council, Directiva 5412, EE. UU., 15 de marzo de 1954: Note on U. S. Covert Actions. <<

[30] Ernesto Grün, Una visión sistémica y cibernética del Derecho en el mundo globalizado del siglo XXI, México, UNAM, 2006, p. 93; The National Security Strategy of the United States of America, EE. UU., septiembre de 2002, 31 pp. <<

[31] Doris Gómora, «El Chapo compró el jet de la CIA», El Universal, 5 de septiembre de 2008; Bill Conroy, «New Document Provides Further Evidence That Owner of Crashed Cocaine Jet Was a U. S. Government Operative», The Narco News Bulletin, 1 de diciembre, 2007: http://www.narconews.com/Issue48/article2919.html. <<

[32] Hannah Stone, «US Targets Bank in Mexico Money Laundering Crackdown», InSightCrime, 10 de mayo de 2011. <<

[33] Sobre el caso del general Óscar Naranjo: Carlos Fazio, «Basada en corrupción y mentiras, la historia del colombiano Óscar Naranjo», La Jornada, 30 de junio de 2012. <<

[34] Ignacio Alzaga, «Naranjo ve una narco-campaña contra él», Milenio diario, 22 de septiembre de 2012: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4c118f5397b6e7e518b0b77674907377.

Lino González Veiguela, «¿Quién es el general Naranjo?», 3 de octubre de 2012. En 2014, Naranjo renunció como asesor del gobierno mexicano: Inés Santaelulalia, «El general Naranjo deja México», El País, 24 de enero de 2014. <<

[35] Senado de EE. UU., Subcomité Permanente de Investigaciones, «U. S. Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case History», Washington, Senado de EE. UU., 17 de julio de 2012, p. 108. <<

[36] Renato Ravelo, «La historia oficial», Proceso, 11 de marzo de 2007: http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=94497&rl=wh. <<

[37] Zhenli Ye Gon, «Carta», El Universal, 16 de julio de 2007. <<

[38] Francisco Gómez y Francisco Reséndiz, «Obtiene Ye Gon en mandato de Montiel licencia para laboratorio», El Universal, 5 de agosto de 2007. El laboratorio de Ye Gon se instaló durante el gobierno de Arturo Montiel, antecesor y tío de Enrique Peña Nieto, exgobernador del estado de México y presidente mexicano a partir de 2012. <<

[39] S. A., «Liberan a familiares de Zhenli Ye Gon», Milenio diario, 5 de junio de 2012. <<

[40] Información disponible sobre el caso del general Mario Acosta Chaparro en: Bank Julius Baer millions of USD in trust for Mexican mass murderer and drug trafficker Arturo Acosta Chapparo, 1998. <<

[41] Cf. Pascal Gauchon y Jean-Marc Huissoud (coords.), Las 100 palabras de la geopolítica, Madrid, Akal, 2013, 125 pp. Hans Kelsen, Derecho y lógica, México, Coyoacán, 2012, p. 8, nota 1. <<

[42] Jacobo G. García, «El fantasma del paramilitarismo en México», El Mundo, 27 de septiembre de 2011. <<

[43] Cf. Misión de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Socavando el Estado de derecho y consolidando la impunidad, Colombia, CIJ, 2005, 79 pp. <<

[44] CNN, «EU tuvo reportes de que empresarios contrataron paramilitares en Juárez», 17 de marzo de 2011. <<

[45] Sentencia del Campo Algodonero, CIDH, Santiago de Chile, 2009, 167 pp. <<

[46] Barrón Cruz describe tal situación: «Lo que es visible en nuestro país a partir de la “guerra contra el narcotráfico” es la consolidación de un Estado penal fundamentado en la intolerancia y, a la vez, en la “guerra contra la pobreza”, de ahí la necesidad de recoger a las clases acomodadas y temerosas de la inseguridad. Bajo el amparo de la misma se ha consagrado una política criminal altamente represiva, articulada en la “cultura de la emergencia y la excepcionalidad penal”, que incluye, entre muchos factores, nuevos tipos de penales de mayor punibilidad, recorte de los beneficios penitenciarios para cierto tipo de delincuente y mayor presencia militar, tanto en las corporaciones de policía como en su actuación». Cf. Martín Gabriel Barrón Cruz, Violencia y seguridad en México en el umbral del siglo XXI, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2012, p. 187. <<

[47] Agamben explica que «esta dislocación de una medida provisoria excepcional que se vuelve técnica de gobierno amenaza con transformar radicalmente —y de hecho ya ha transformado de modo sensible— la estructura y el sentido de la distinción tradicional de las formas de constitución». Véase Giorgio Agamben, Estado de excepción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2007, pp. 25-26. <<

[48] S. A., «El Estado no ha cumplido su función de proteger a la gente», Excélsior, 14 de octubre de 2011. <<

[49] Por ejemplo, la reforma penal de 2008: cf. Raúl Carrancá y Rivas, Reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad públicas. Variaciones críticas, México, Porrúa, 2010, 126 pp. <<

[50] Liliana Alcántara, «La ONU regaña a México por derechos humanos», El Universal, 13 de octubre de 2009. <<

[51] S. A., «Critica Kofi Annan estrategia anti-narco de Calderón», animalpolitico.com, 19 de octubre de 2012: Annan afirmó: «Ha muerto mucha gente». <<

[52] Cf. http://www.presidencia.gob.mx/iniciativas-de-ley/iniciativa-de-ley-que-expide-la-ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita-y-de-financiamiento-al-terrorismo-se-reforma-el-articu/; también http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/2/2011-04-14-1/assets/documentos/ejecutivo.pdf. S.A., «Piden en EU combatir narco como terrorismo», reforma.com, 16 de diciembre de 2010. <<

[53] Pedro Diego Tzuc, «Capturan a presunto miembro de Hezbolá», reforma.com, 9 de septiembre de 2012: http://www.reforma.com/libre/online07/preacceso/articulos/default.aspx?plazaconsulta=reforma&url=http://www.reforma.com/nacional/articulo/671/1341524/&urlredirect=http://www.reforma.com/nacional/articulo/671/134 1524/?Titulo=capturan-a-presunto-miembro-de-hezbola. <<

[54] S. A., «La mano de obra nacional es más barata que la china», El Informador, 23 de octubre de 2012. <<

[55] El 22 de enero de 2007, semanas después de llegar a la presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa prometió ganar «la guerra» al crimen organizado durante una reunión abierta del Consejo Nacional de Seguridad Pública; desde entonces, su operación contra el narcotráfico, la política más relevante de su mandato, se conoce como la «guerra contra el narcotráfico» y a ella aludieron a lo largo de su mandato reiteradas veces él y los funcionarios de su gobierno, cf.: Ofrece Calderón ganar la guerra al crimen organizado. El art. 89, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala entre las facultades y obligaciones del Presidente de la República «Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos previa ley del Congreso de la Unión». La presidencia de Calderón incurrió en decisiones anticonstitucionales con el pretexto de su «guerra» contra el narcotráfico. <<

[56] Los informes oficiosos del gobierno estadounidense, como los de la consultoría Stratfor, especializada en asuntos de seguridad global, suelen tener prestigio como fuente de información. Cf. Ana Langner, «Stratfor: México, adicto a las narcoganancias», El Economista, 22 de agosto de 2012. <<

[57] Ulrich Beck, Poder y contrapoder en la era global, Barcelona, Paidós, 2004, p. 38. <<

[58] Nallely Ortigoza, «Compran chinos Ciudad Juárez», reforma.com, 30 de marzo de 2012. <<

[59] Sobre el caso de Heriberto Lazcano, uno de los jefes de Los Zetas, que de acuerdo con la versión oficial fue abatido y su cuerpo robado, cf. Jorge Carrasco Arraizaga y Juan Alberto Zedillo, «La caída y la sucesión», Proceso, 14 de octubre de 2012; Patricia Dávila, «El cadáver exhibido no es del Lazca», Proceso, 14 de octubre de 2012. En el medio de la inteligencia federal circuló la versión acerca de que Lazcano pactó con un agencia estadounidense su entrega y su muerte fue una simulación. <<

[60] Se habló de «planeación, prevención, protección a los derechos humanos, coordinación y transformación institucional»: cf. Recuperar la paz y la libertad; cf. Discurso presidencial del 17 de diciembre de 2012 en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública; J. J. Esquivel, «En sigilo, crea el gobierno el Centro Nacional de Inteligencia», Proceso, 13 de enero de 2013, pp. 6-9. El objetivo de este centro es acotar la penetración en territorio mexicano de la Oficina Binacional de Inteligencia, que dirigen las agencias estadounidenses del ramo. <<

[61] Jorge Carrasco Araizaga, «Por la SEDENA se vale todo», Proceso, 22 de julio de 2012. <<

[62] S. A., «Propone Senado de EU dar mil mdd a México para depurar policías», aristeguinoticias.com, 12 de julio de 2012. <<

[63] Juan Veledíaz, «Una historia de amor y espionaje», Proceso, 21 de febrero de 2010. <<

[64] Chris Arsenault, «Mexican Official: CIA “manages” Drug Trade», aljazeera.com, 24 de julio de 2012. <<

[65] Por ejemplo, Ignacio Coronel, Javier García Morales, Vicente Mayo Zambada, José Luis Esparragoza y Mario Acosta Chaparro. <<

[66] Weizman explica: «Hoy en día, los manuales militares tienden al empleo de nociones como simultaneidad, redes, solapamiento, simetría y desequilibrio, describiendo una pesadilla hobbesiana de vínculos caóticos: a menudo una “guerra civil global” de todos contra todos». Cf. Eyal Weizman, A través de los muros, Madrid, Errata Naturae, 2012, p. 31. <<

[67] Juan David Pastrana Berdejo y Esbert Benavente Chorres, «La reforma en México», en Implementación del proceso acusatorio de oralidad en Latinoamérica, México, Flores Editor y Distribuidor/Facultad de Derecho UAEM, 2010, pp. 219-298. <<

[68] Gustavo Castillo García, «Trabajan para agencias estadounidenses», La Jornada, 18 de diciembre de 2011. <<

[69] NOTIMEX, «América Latina es nuestro “patio trasero”: secretario de Estado de EU, John Kerry», 17 de abril de 2013. Un estudio histórico de dicha postura está en Grace Livingstone, America’s Backyard: The United States and Latin America from the Monroe Doctrine to the War on Terror, Londres, Zed Books, 2009, 256 pp. S. A., «Lista base militar: espiará el Pentágono a México desde Puebla», vanguardia.com, 22 de diciembre de 2011. <<

[70] S. A., «Hubo más de 7000 asesinatos en seis meses», El Economista/AFP, 9 de agosto de 2012. Tanto el Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad como la Consultora Lantia cuestionaron las cifras oficiales. De acuerdo con el organismo civil México Evalúa, entre 2006 y 2012 hubo en México ciento un mil homicidios de todo tipo, una cifra cercana a las bajas de la Guerra de los Balcanes y de Irak: Rolando Herrera, «Estiman 101 mil asesinados en sexenio», Reforma, 27 de noviembre de 2012. Robert Sandels, «Militarization and Political Crisis in Mexico», Global Research, USA, 4 de septiembre de 2013. <<

[71] Léase la postura del ministro José Ramón Cossío Díaz, quien afirma que, a partir de la Constitución mexicana, el ejército solo puede realizar en tiempos de paz funciones que tengan exacta conexión con la disciplina militar y dentro de los espacios que les están asignados (fuertes, cuarteles, comandancias, etcétera). La función de gendarmería por parte del ejército es anticonstitucional: http://es.scribd.com/doc/102349639/Cossio-001. Para una interpretación parcial del tema por parte del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, léase Miguel Alessio Robles, «Réplica/Niega Ejecutivo violar la Constitución», Cartas a Reforma, Reforma, 10 de agosto de 2012. <<

[72] Jorge Carrasco Araizaga y J. J. Esquivel, «Atrapar al Chapo», Proceso, 12 de agosto de 2012. <<

[73] Gustavo Castillo García, «Federales dispararon 152 veces contra los agentes de la CIA en Tres Marías», La Jornada, 15 de septiembre de 2012. <<

[74] Alfredo Méndez, «Levantan el primer arraigo en la gestión del procurador Jesús Murillo Karam», La Jornada, 17 de diciembre de 2012. <<

[75] Por ejemplo, se ha informado que el general Acosta Chaparro fue asesinado porque investigaba, en colaboración con la CIA, al general Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa (1994-2000), quien lo hizo encarcelar en su momento. De acuerdo con tal versión publicada, Cervantes Aguirre estaría implicado en la corrupción del narcotráfico en el ejército mexicano, y bajo la mira de las agencias de inteligencia de EE. UU.: cf. Isabel Arvide, Mis generales, México, Planeta, 2012, p. 301. Cervantes Aguirre es uno de los generales de mayor poder en México; se sabe que mantiene un equipo especial de inteligencia a su servicio y exsubordinados que se cuentan entre los militares más influyentes del ejército. <<

[76] Se trata de un cable filtrado por WikiLeaks que firma la secretaria de Estado Condolezza Rice, cf. Anabel Hernández, «Pactan en secreto la Marina y EU», reforma.com, 29 de agosto de 2012. <<

[77] Sobre el significado militar del término suave (smooth) en el pensamiento militar ultracontemporáneo, cf., Eyal Weizman, A través de las puertas, op. cit., p. 57. <<

[78] Respecto de la importancia de las redes informativas e informáticas en el campo de guerra actual, cf. John Arquilla y David Ronfeldt, Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime and Militancy, op. cit., 2001, 352 pp. <<

[79] Para examinar la ideología de la integración a EE. UU. como establecimiento de un espacio común de «seguridad» que absorbe infraestructura, fronteras, fuerzas armadas, espacio aéreo, información de inteligencia, recursos estratégicos, oportunidades de desarrollo económico de México, cf. Pedro Aspe et al., «Building a North American Community. Report of an Independent Task Force», US, Canada, México, Council on Foreign Relations/Canadian Council of Chief Executives/Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, 2005, 47 pp. Una postura crítica de la integración y el papel asimétrico de México desde el punto de vista jurídico está en Amada María Arley Orduña, Más allá del TLCAN. SPAN ¿qué es y a dónde vamos?, México, Porrúa, 2001. <<

[80] Informe San Pedro Sula (Honduras), la ciudad más violenta del mundo; Juárez, la segunda, México, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A. C., 2012, 63 pp. <<

[81] El diagnóstico al respecto y los datos subsecuentes provienen de Javier Hernández, «Lucha contra el narcotráfico en zonas urbanas: Monterrey», Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, septiembre de 2012, 34 pp. <<

[82] La cartografía criminal de Monterrey y las prácticas criminales que se describen provienen del informe Southern Pulse, «Monterrey Street Gangs», Latinoamérica, Southern Pulse, marzo de 2012, 23 pp. <<

[83] Southern Pulse, «Monterrey Street Gangs», Latinoamérica, Southern Pulse, marzo de 2012, p. 8. <<

[84] La cartografía criminal de Acapulco y las prácticas criminales que se describen provienen del informe Southern Pulse, «Acapulco Criminal Environment», Latinoamérica, Southern Pulse, junio de 2012, 23 pp. <<

[85] Luis Kuryaki, «Revela Wikileaks a Ciudad Juárez como “proyecto piloto” en guerra vs. narco», Juarezland, 2 de diciembre de 2010; Secretaría de la Defensa Nacional, Tercer Informe de Labores, México, SEDENA, 162 pp. <<

[86] Amnesty International Report 2010, Londres, AI, 2010, pp. 223-226. <<

[87] La cartografía criminal de Ciudad Juárez y las prácticas criminales que se describen provienen del informe Southern Pulse, «Ciudad Juarez Criminal Environment», Latinoamérica, Southern Pulse, octubre de 2012, 47 pp. <<

[88] La cartografía criminal de Guadalajara y las prácticas criminales que se describen provienen del informe Southern Pulse, «Guadalajara Criminal Environment», Latinoamérica, Southern Pulse, agosto, 2012, 19 pp. <<

[89] A principios de 2013, el gobierno del Distrito Federal inició un «Plan Escudo Centro» con los Estados de México, Morelos e Hidalgo para enfrentar en forma conjunta los retos de seguridad, agua, medio ambiente y movilidad: S. A., «Mancera arranca hoy el Plan Escudo Centro», La Razón, 2 de febrero de 2013. <<

[90] Jésica Zermeño, «Parte de guerra», suplemento Enfoque, Reforma, 16 de septiembre de 2012, pp. 7-9; Informe Anual, SIPRI, junio, 2010. <<

[91] Stephen Graham, Cities Under Siege: The New Military Urbanism, Nueva York/Londres, Verso, 2011, 432 pp. <<

[92] Allen Feldman, «Securocratic Wars of Public Safety», en Interventions: International Journal of Postcolonial, Studies, Londres/Nueva York, vol. 6, núm. 3, 2004, pp. 330-350. <<

[93] María Crespo, «Las cámaras de seguridad se multiplican por todo el mundo», El Mundo, 4 de agosto de 2010; el gobierno de la capital mexicana instaló en los últimos años cerca de quince mil cámaras, y se dispone a incrementar el sistema con siete mil cámaras más, S. A., «Alcalde Mancera quiere más cámaras de seguridad para Ciudad de México», México, Ventas de Seguridad, 10 de diciembre de 2012. <<

[94] Stephen Graham, Cities under Siege, op. cit., edición Kindle: localización: 1091-1100. <<

[95] Fernando Tucho Fernández, «La manipulación de la información en los conflictos armados: tácticas y estrategias», España, s. f., 17 pp. <<

[96] José Zamora Grant, Derecho victimal. La víctima en el nuevo sistema penal mexicano, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2009, 215 pp. <<

[97] Alejandro Linares Zárate, La Justicia. Su simbología y valores que concurren en su aplicación, México, UAMEX, 2005, 10 pp.; sobre la concepción piramidal de derecho positivo, el cual considera que toda norma funda su vigencia en una norma superior. Cf. Hans Kelsen, Teoría pura del derecho, México, Éxodo, 2006, 174 pp. <<

[98] Franz Kafka, «Ante la ley», en Cuentos, Buenos Aires, Orión, 1974, s. f. <<

[99] Baltrušaitis escribe que «la anamorfosis —palabra que surge en el siglo XVII pero relacionada con composiciones previas— procede por una inversión de elementos y de funciones. En lugar de una reducción progresiva a sus límites visibles, es una dilación, una proyección de formas fuera de sí mismas, conducidas de tal modo que se configuran hacia un punto de vista determinado: una destrucción por un restablecimiento, una evasión que implica un retorno […]. La anamorfosis es un acertijo, un monstruo, un prodigio», cf.: Jurgis Baltrušaitis, Les perspectives dépravées. Tome 2, Anamorphoses, París, Flammarion, 1996, pp. 7-8. <<

[100] Este argumento sigue la reflexión de Agamben, cuando afirma: «la nuda vida, es decir, la vida a quien cualquiera puede dar muerte pero que es a la vez insacrificable del homo sacer […]. Una oscura figura del derecho romano arcaico, en que la vida humana se incluye en el orden jurídico únicamente bajo la forma de su exclusión (es decir de la posibilidad absoluta de que cualquiera le mate)», cf. Giorgio Agamben, Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, Valencia, Pre-Textos, 2010, p. 18. Esta posibilidad de que «cualquiera le mate» es un hecho en la sociedad mexicana, cuyo índice de impunidad de los delitos es absoluto. <<

[101] S. A., «Homicidas de edecán, al servicio de El Teo», El Universal, 8 de agosto de 2009. También: http://blogs.periodistadigital.com/hermosillo.php/2009/08/07/p245576. <<

[102] Caso registrado por SGR, el nombre de la víctima es simulado para proteger su identidad. <<

[103] Caso registrado por SGR, el nombre de la víctima es simulado para proteger su identidad. <<

[104] Caso registrado por SGR, el nombre de la víctima es simulado para proteger su identidad. <<

[105] Human Rights Watch, Ni Seguridad, Ni Derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la «guerra contra el narcotráfico» de México, Nueva York, 2011, p. 72. <<

[106] Ibíd., p. 68. <<

[107] Caso registrado por SGR, el nombre de la víctima es simulado para proteger su identidad. <<

[108] Caso registrado en John Gibler, Morir en México, México, Sur+, 2012, pp. 13-17. <<

[109] Caso registrado por S. A., «Patrulla fronteriza mata a un mexicano», CNN, 12 de octubre de 2012. <<

[110] U. S. Navy, Survival, Evasion, Resistence and Escape Handbook, EE. UU., Departamento de Defensa, 2011, edición Kindle, localización 36-41 y ss. <<

[111] El Artículo 3, 1.d., de la Convención de Ginebra, 1949, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, prohíbe: «Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados». <<

[112] Un análisis crítico del origen y significado de la frase y sus usos actuales está en Jimmy Sun, «Inter arma silent leges», EE. UU., CS 199r Final Project, 14 de mayo de 2007, s. folios: http://www.eecs.harvard.edu/cs199r/fp/Jimmy.pdf. <<

[113] Barry D. Watts, Clausewitzian Friction and Future War, Washington, McNair Paper 52, octubre de 1996, p. 2 y ss. <<

[114] Nicolas Skrotzky, La Terre victime de guerres, Sang de la Terre, París, 2002, 319 pp. <<

[115] Slavoj Žižek, Looking Awry. An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture, Cambridge (MA), MIT Press, 1992, 188 pp. <<

[116] Jurgis Baltrušaitis, Les perspectives dépravées, op. cit., pp. 125-160; Slavoj Žižek, Looking Awry, op. cit., pp. 30-55. <<

[117] Para un estudio de la generaciones de guerra y, en particular, la cuarta generación o 4GW, véase Thomas Hammes, The Sling and the Stone, Saint Paul (Minnesota), Zenith Press, 2006, 336 pp. Hammes describe que la «cuarta generación de guerra (4GW) usa todas las redes disponibles para combatir al enemigo». Cf. edición Kindle, localización 212-16. <<

[118] Eyal Weizman, A través de las puertas, op. cit., p. 22. También Sean J. A. Edwards, Swarming on the Battlefield. Past, Present, And Future, Santa Mónica (CA), Rand, 2000, 93 pp. Edición Kindle. <<

[119] Sobre el efecto de las redes sociales en la guerra contra el narcotráfico en México, Andrés Monroy-Hernández, Emre Kiciman y Danah Boyd, Scott Counts, «Narcotweets: Social Media in Wartime», EE. UU., Microsoft Research, 2011, pp. 515-518. <<

[120] Eyal Weizman, A través de las puertas, op. cit., pp. 10-11. <<

[121] Rubén Martín, «Narco y violencia en Guadalajara», El Economista, 12 de marzo de 2012. <<

[122] René Ramón e Israel Dávila, La Jornada, 7 de septiembre de 2012: Paralizan rumores sobre violencia el oriente del Edomex. <<

[123] S. A., «Desmantelan una red de comunicación de Los Zetas», Excélsior, 24 de agosto de 2012. <<

[124] Jean Clair, Hubris. La fabrique du monstre dans l’art moderne, París, Gallimard, 2012, 189 pp. <<

[125] Para una muestra de la propaganda oficial sobre la guerra al narcotráfico, Alejandro Poiré Romero, ¿Por qué el narcotráfico se hizo más violento en los últimos años?, México, Gobierno Federal, 21 de agosto de 2011: http://presidencia.gob.mx/blog/blog-alejandropoire/. <<

[126] Los datos para describir dichos vehículos provienen de S. A., «Blindados del narco, monstruos inoperantes», La Razón, 18 de junio de 2011. <<

[127] Jameson apunta que las máquinas como iconos «son aún emblemas visibles, esculturales nódulos de energía que confieren carácter táctil y figurativo a las energías motrices»: cf. Fredric Jameson, «La lógica cultural del capitalismo tardío», en Teoría de la postmodernidad, Madrid, Trotta, 1996, 344 pp. La cita está tomada de: La lógica cultural del capitalismo tardío, p. 20; Deena Weinstein, Heavy Metal: The Music and Its Culture, Nueva York, Da Capo Press, 2000, 368 pp. <<

[128] EFE, «El consumo de drogas en Estados Unidos alcanza su máximo histórico», Expansion, 17 de septiembre de 2010; UNODC, World Drug Report 2012, Nueva York, 2012, p. 18. <<

[129] OCTA 2009, EU Organised Crime Threat Assessment, EUROPOL, 2009, 63 pp. <<

[130] Homero Campa, «Los Zetas y Ndrangheta: la conexión», Proceso, 15 de noviembre de 2009, pp. 51-55. También, Cynthia Rodríguez, Contacto en Italia, México, Debate, 267 pp. <<

[131] UNODC, The Threat of Narco-Trafficking in The Americas, Organización de las Naciones Unidas/Oficina contra la droga y el delito, octubre de 2008, pp. 31 y ss. <<

[132] Moisés Naím, Illicit: How Smugglers, Traffickers, and Copycats are Hijacking the Global Economy, Nueva York, Anchor, 2006, 352 pp.; Francesco Forgione, Mafia Export. Cómo la ’Ndrangheta, la Cosa Nostra y la Camorra han colonizado el mundo, Barcelona, Anagrama, 2009, 386 pp. <<

[133] La tendencia crítica contra la política represiva de las drogas y la criminalización de los consumidores se puede consultar en Guerra a las Drogas. Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, junio de 2011. También Araceli Manjón-Cabeza, La solución. La legalización de las drogas, México, Debate, 2012, 318 pp.

Una crítica a la propuesta legalizadora se halla en Mark Kleiman, Contención del crimen organizado y no organizado, México, INACIPE, 2011, 29 pp. Para entender la estrategia hemisférica contra las drogas, que recomienda «optimizar» el control de la oferta y la demanda de drogas: Estrategia hemisférica sobre drogas. <<

[134] Solo en 2011 fueron 493 decapitados, «Decapitaciones se desatan en este sexenio», 28 de octubre de 2012. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia, entre 2007 y 2012 hubo 2611 decapitados: S. A., «La anulación del crimen organizado», Milenio diario, 12 de noviembre de 2012. <<

[135] Boletín de Press Emblem Campaign, PEC, 2 de octubre de 2012, Ginebra. <<

[136] S. A., «71 por ciento del territorio nacional bajo control del narco», Proceso/Apro, 1 de septiembre de 2010. <<

[137] Stratfor Global Intelligence, Mexico in Crisis. Lost Borders and the Struggle for Regional Status, Austin (TX), Stratfor Books, 2009, 270 pp. <<

[138] Véase supra, nota 13. <<

[139] Anabel Hernández, Los señores del narco, México, Grijalbo, 2010, 587 pp. <<

[140] UNODC, 2010 Report, Nueva York, abril de 2010, 71 pp.: Promoting health, security and justice. También European Police Office, Europol SOCTA 2013, Unión Europea, 2013, 52 pp.; en 2013, la Organización de Estados Americanos emitió un informe analítico titulado El problema de las drogas en las Américas, Washington, OEA/Secretaría General, 2013, 114 pp. Entre otros puntos, se sugiere que los gobiernos consideren despenalizar el consumo de drogas y legalizar la marihuana. <<

[141] Cf. Froylán Enciso, «Los fracasos del chantaje. Régimen de prohibición de drogas y narcotráfico», en Arturo Alvarado y Mónica Serrano (coords.), Seguridad nacional y Seguridad interior, «Los grandes problemas de México», vol. 15, México, COLMEX, 2010, pp. 61-104. <<

[142] Zygmunt Bauman, Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty, Cambridge (UK), Polity Press, 2007, 128 pp. <<

[143] NOTIMEX, «EU mantiene control efectivo en 15 por ciento de la frontera», El Universal, 15 de febrero de 2011. <<

[144] Patrick Picouet y Jean-Pierre Renard, Les frontières mondiales: Origines et dynamiques, Nantes, Éditions du temps, 2007, 159 pp. <<

[145] Katie Connolly, «Violencia en la frontera de EU. ¿Mito o realidad?», BBC/El Paso, Texas, 28 de julio de 2010. <<

[146] José Luna, «Circulan casi 15 millones de armas ilegales en México», EL Sol de México, 24 de febrero de 2008: http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n606108.htm. En 2014, de acuerdo con la investigadora Magda Coss Noguera, las armas de fuego sin control alguno en México rebasan los 20 millones. <<

[147] José Díaz Briseño, «Pega a ATF escándalo por tráfico de armas», reforma.com, 5 de marzo de 2011. <<

[148] Jorge Fernández Menéndez, Narcotráfico y poder, México, Rayuela, 1999, 235 pp. La red de complicidades implicó en su momento dos asesinatos, que se atribuyen al hecho de que las víctimas descubrieron los nexos con el narcotráfico de los gobiernos de EE. UU. y México, hasta entonces confidenciales: el del periodista mexicano Manuel Buendía en 1984 y el de un agente antinarcóticos de EE. UU., Enrique Camarena, un año más tarde (Jorge Fernández Menéndez, Narcotráfico y poder, op. cit., p. 24). Su fantasma bicéfalo acompaña la degradación mexicana y la ambigüedad estadounidense sobre el problema de las drogas a nivel continental y en sus relaciones internacionales hacia el sur. De acuerdo con agentes de la DEA en México en aquella época, la CIA realizó ambos asesinatos: J. Jesús Esquivel, «La historia secreta detrás del asesinato de Camarena», Proceso, 19 de octubre de 2013: http://www.proceso.com.mx/?p=355922. <<

[149] República Dominicana/Tratado de Libre Comercio para Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés): http://caftaintelligencecenter.com/subpages/spanish.asp; Acuerdo para la Seguridad Ciudadana en Centroamérica (CACSP, por sus siglas en inglés) e Iniciativa para la Seguridad Regional en Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés): http://www.state.gov/j/inl/rls/fs/181294.htm. <<

[150] Mike Whitney, «Is the CIA behind Mexico’s Bloody Drug War?», Global Research, 26 de abril de 2010. <<

[151] El pensamiento militar ultracontemporáneo de EE. UU. puede consultarse en el documento Joint Vision 2010, EE. UU., Departamento de Defensa, 1996, 39 pp. <<

[152] Blanche Petrich, «Intentó EU incluir en plan Mérida un acuerdo antiterrorista», La Jornada, 12 de febrero de 2011. <<

[153] J. Jaime Hernández, «EU teme liga de Zetas y Al Qaeda», El Universal, 10 de febrero de 2011; Cynthia Rodríguez, Contacto en Italia, México, Debate, 2009, 267 pp. <<

[154] J. Jaime Hernández, «Frontera sur de México, un serio problema: EU», El Universal, 6 de abril de 2011: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/184579.html. <<

[155] Peter Dale Scott, American War Machine: Deep Politics, the CIA Global Drug Connection, and the Road to Afghanistan, Lanham (Maryland), Rowman & Littlefield Publishers, 2010, 408 pp. <<

[156] Véase el Informe: Open Society Foundations, Globalizing Torture. CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition, USA, Open Society Justice Initiative, 2013, 212 pp., consultado el 8 de febrero de 2013. Como ha declarado Tim Weiner, autor de la historia oficialista de la CIA titulada Legado de cenizas (México, Debate, 2008, 720 pp.), dicha agencia «ya no es ni intenta ser una agencia de espionaje, ya es abiertamente una organización paramilitar que se dedica al asesinato selectivo de enemigos» (Anna Grau, «La CIA se dedica al asesinato selectivo», ABC, 8 de marzo de 2010). En torno de las operaciones extrajudiciales, sobre todo los «asesinatos selectivos» de dicha agencia mediante operaciones de campo o por drones, véase Mark Mazzetti, The Way of the Knife: The CIA, a Secret Army, and a War at the Ends of the Earth, Nueva York, Penguin, 2013, 381 pp. <<

[157] Jorge Carrasco A. y J. J. Esquivel, «El gran espía», Proceso, 14 de noviembre de 2010, pp. 6-9. <<

[158] Oficina contra la Droga y el Delito, La amenaza del narcotráfico en América Latina, Nueva York, ONU, 2008, p. 3 y ss. <<

[159] UNODC, World Drugs Report, Nueva York, 2012, 100 pp. <<

[160] Medea Benjamin, Drone Warfare: Killing by Remote Control, Nueva York/Londres, OR Books, 2012, 262 pp.; Elizabeth Bumiller (NYT), «Matar a distancia», El País, 31 de julio de 2012; Doris Gómora, «Nuevos “guardias” de EU en frontera con México», El Universal, 4 de mayo de 2012.

Pepe Flores, «La Marina de México produce su primer vehículo aéreo no tripulado», alt1040.com, 16 de agosto, 2012. <<

[161] El presidente Felipe Calderón permitió que drones estadounidenses espiaran en territorio mexicano. Se trata del típico mandato ejecutivo que transgrede principios constitucionales: Dana Priest, «U. S. role at a crossroads in Mexico’s intelligence war on the cartels», The Washington Post, 27 de abril de 2013. Sobre la defensa de la protección a la privacidad, Jay Stanley y Catherine Crump, Protecting Privacy from Aerial Surveillance: Recommendations for Government Use of Drone Aircraft, Nueva York, American Civil Liberties Union, diciembre de 2011, 16 pp. Amnistía Internacional, «Muerte con drones, similar a ejecución extrajudicial», Vanguardia.mx, 22 de mayo de 2013. <<

[162] Sobre el origen del término, Julian Huxley, «Transhumanism», New Bottles of New Wine, Londres, Chatto & Windus, 1957, pp. 13-17; para una postura ultracontemporánea del tema: Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, Nueva York, Penguin, 2006, 672 pp. Medio siglo atrás, el filósofo Günther Anders describió una amenaza ahora cumplida: «El triunfo del mundo de los aparatos consiste en que ha eliminado la distinción entre estructuras técnicas y sociales y ha dejado sin objeto la distinción entre ambas. El buen funcionamiento de los macroaparatos es la condición del funcionamiento de los microaparatos, que, vistos desde la perspectiva de los macroaparatos, quedan reducidos al papel de meras piezas de un gran aparato. De la misma manera, cada macroaparato, en la medida en que quiera funcionar y hacerlo bien, tiene que coordinarse a su vez con otros, al final incluso con todos los demás macroaparatos. Por fantástica que pueda sonar esta consecuencia, con esto se afirma que los aparatos tienen como meta fundamental una situación ideal en la que solo existe un aparato único y continuo, o sea, El Aparato: ese aparato, que “incorpora y sintetiza” en sí todos los aparatos y alrededor del que todo funciona. De esta manera, surge uno de los conceptos clave de esta reflexión, pues de hecho el actual mundo de aparatos solo se puede comprender ex futuro, a partir de esa idea final que es inherente: aparatos = mundo». Véase Günther Anders, La obsolescencia del hombre, vol. II, Valencia, Pre-Textos, 2011, p. 115. Agamben afirma que quizás no sería errado definir la fase extrema del desarrollo capitalista que se vive ahora como una gigantesca acumulación y proliferación de dispositivos, y aunque desde que apareció el homo sapiens hubo dispositivos, podría decirse que hoy no hay un solo instante en la vida de los individuos que no esté modelado, contaminado o controlado por algún dispositivo: Giorgio Agamben Che cos’è un dispositivo?, Roma, Nottetempo, 2006, 35 pp. <<

[163] Sobre el Comando de Combate Unificado (Unified Combatant Command) del Departamento de Defensa de EE. UU. distribuido en todas las regiones geográficas: Unified combatant command. <<

[164] Francis Fukuyama, América en la encrucijada. Democracia, poder y herencia neoconservadora, Barcelona, Ediciones B, 2007, p. 170 y ss. Kishore Mahbubani, The Great Convergence: Asia, The West, and the Logic of One World, Nueva York, PublicAffairs, 2013, 328 pp.; Nathan Gardels, «La lógica de un solo mundo», El País, 17 de enero de 2013. <<

[165] Bruno Latour, Re-ensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red, Buenos Aires, Manantial, 2008, p. 260. <<

[166] Ulrich Beck, Poder y contrapoder en la era global, op. cit., p. 71. <<

[167] Anthony Romano, Joint Vision 2010: Developing the System of Systems, EE. UU., Air Command and Staff College, Maxwell Air Force, 1998, 43 pp. <<

[168] Sobre el origen militar de Internet: Ronda Hauben, «From ARPANET to the Internet», Nueva York, Columbia University, 1998, s. f.; acerca del sistema Echelon de interceptación de comunicaciones: Parlamento Europeo, Informe sobre la existencia de un sistema mundial de interceptación de comunicaciones privadas y económicas (sistema de interceptación ECHELON) (2001/2098(INI)), 2001, 204 pp.; un análisis detallado de los usos civiles y militares del control y la vigilancia está en Thomas Allmer, Towards a Critical Theory of Surveillance in Informational Capitalism, Frankfurt am Main, Peter Lang, Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2012, 136 pp. Sobre el programa Prism de la Agencia Nacional de Seguridad de EE. UU.: Glenn Greenwald y Ewen MacAskill, «NSA Prism program taps in to user data of Apple, Google and others», The Guardian, 7 de junio de 2013. Una crítica al espionaje global está en Ulrich Beck, «El riesgo para la libertad», El País, 30 de agosto de 2013, p. 21. <<

[169] National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds, EE. UU., NIC, 2012, 160 pp. <<

[170] Joint Vision 2020, America’s Military-Preparing for Tomorrow, EE. UU., Departamento de Defensa, 2000, 40 pp. <<

[171] Ibíd., p. 4. <<

[172] P. W. Singer, Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry, Ithaca (NY), Cornell University Press, 2007, 360 pp. <<

[173] Ibíd., p. 8. <<

[174] HBR’s 10 Must Reads on Strategy (including featured article «What Is Strategy?» by Michael E. Porter), EE. UU., Harvard Business Review, 2011, 288 pp. <<

[175] Ibíd., p. 20. <<

[176] Allmer sintetiza el enfoque que observa un signo de neutralidad en la tecnología de control y vigilancia: «Las nociones no panópticas de vigilancia en Internet utilizan un concepto neutral que asume que estas permiten efectos tales como la protección y la seguridad, al igual que el control de los efectos coercitivos; o bien recurren a un concepto positivo que identifica las características cómicas, divertidas, lúdicas e incluso agradables de la vigilancia, y que toda persona tiene oportunidad de practicar. Además, estos enfoques tienden a rechazar la proposición de que los mecanismos de vigilancia están dominados por actores políticos y económicos y consideran la monitorización como algo no necesariamente tan molesto y perturbador. En las nociones no panópticas sobre Internet, se entiende la vigilancia de antemano como una herramienta de gestión útil y eficaz, al igual que se aprecian justos los métodos y procederes de monitorización en línea de las personas», Thomas Allmer, Towards a Critical Theory of Surveillance in Informational Capitalism, op. cit., p. 81. <<

[177] Las características del nuevo modelo de control y vigilancia que se describen constan en Gary T. Marx, «What’s New about “New Surveillance”? Classifying for Change and Continuity», Surveillance & Society, 1 (1), Surveillance Studies Network, 2002, pp. 9-29. <<

[178] Una discusión detallada sobre el tema está en Gary T. Marx, «An Ethics for the New Surveillance», The Information Society, núm. 14, 1998, pp. 171-1851. <<

[179] Stephen Graham, Cities Under Siege, op. cit., edición Kindle: localización 8640-47. <<

[180] Ibíd. Edición Kindle, localización 8653-61; Harvey Molotch, Against Security: How We Go Wrong at Airports, Subways, and Other Sites of Ambiguous Danger, Princeton, Princeton University Press, 2012, 278 pp.; Anna Minton, Ground Control: Fear and Happiness in the Twenty-first-century City, Londres, Penguin, 2012, 288 pp. <<

[181] Sobre el «derecho del enemigo»: Günther Jakobs, El pensamiento filosófico y jurídico penal de Günther Jakobs, México, Flores Editor y Distribuidor. Una crítica a la aplicación en México de dicha teoría: Miguel Ángel Mancera Espinosa, «El Derecho penal del enemigo en México», Revista Penal, México, pp. 141-160. <<

[182] Stephen Graham, Cities Under Siege, op. cit., edición Kindle: localización 8653-61 y ss. También léase la visión futurista de la organización Great Transition. <<

[183] Para consultar prácticas de intervención cultural del control y la vigilancia: Ana García Angulo, Intervenciones en el arte contemporáneo: CCTV, Facultad de Bellas Artes de Madrid, Departamento de Pintura, 2007, 79 pp. <<

[184] Paul Raskin, Tariq Banuri, Gilberto Gallopín, Pablo Gutman, Al Hammond, Robert Kates y Rob Swart, La gran transición: la promesa y la atracción del futuro, Santiago de Chile, ONU/CEPAL/Stockholm Environment Institute/Global Scenario Group, 2006, 79 pp. <<

[185] Felipe González Márquez et al., Proyecto Europa 2030. Retos y oportunidades. Informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE en 2030, Unión Europea, mayo de 2010, p. 11. <<

[186] Ibíd., p. 33. <<

[187] Ibíd., p. 35. <<

[188] Ibíd., p. 36. <<

[189] Pilar del Castillo Vera, Informe sobre una nueva Agenda Digital para Europa: 2015, Parlamento Europeo, Comisión de Industria, Investigación y Energía, Unión Europea, 2010, p. 6. <<

[190] TNS, Presentación del estudio Mobile Life, España, 2012, pp. 27 y 28. <<

[191] Thomas Allmer, Towards a Critical Theory of Surveillance in Informational Capitalism, op. cit. <<

[192] La Information Awareness Office estadounidense fue establecida en 2002 por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (DARPA) con el fin de establecer el programa de Conocimiento de Información Total: Total Information Awareness (TIA). En 2003, al retirarle su financiamiento el Congreso, dicho programa se diversificó en otros sin perder su intención totalizadora, cf. Elliot D. Cohen, Mass Surveillance and State Control: The Total Information Awareness Project, Basingstoke (UK), Palgrave Macmillan, 2010, 258 pp.; Keith Laidler, Surveillance Unlimited: How We’ve Become the Most Watched People on Earth, Cambridge, Icon Books, 2008, 256 pp. <<

[193] Joan Esteban, Laura Mayoral y Debraj Ray, «Ethnicity and Conflict: Theory and Facts», Science, Nueva York, 18 de mayo de 2012, vol. 336, pp. 858-865. <<

[194] Cf. L'arche de Saint Antoine. <<

[195] The Invisible Commitee, The Coming Insurrection, Massachusetts Semiotext(e)/MIT Press, 2009, 135 pp. La edición original de 2007 se publicó en Francia por Éditions La Fabrique. Hay una edición en español de Melusina (2009). <<

[196] Ivan Arreguín-Toft, «How the Weaks Win Wars: A Theory on Asimmetric Conflict», Nueva York, International Security 26: 1, p. 100. El análisis citado proviene de la misma obra. <<

[197] Jake Hartigan, Why the Weak Win Wars: A Study of the Factors that Drive Strategy in Asimmetric Conflict, tesis, Monterey (CA), Naval Postgraduate School, 79 pp.; también hay edición Kindle. <<

[198] En palabras de Gandhi: «Los ingleses quieren obligarnos a situar la lucha en el terreno de las ametralladoras, pues ellos tienen armas y nosotros no. Nuestra única posibilidad de derrotarlos consiste en llevar el combate a un terreno en el que nosotros poseemos armas y ellos no». Esto implica una convicción clara del valor de las asimetrías. Cf. http://noviolencia-activa.blogspot.mx/2006/05/gandhiy-king.html; algunos teóricos de la no-violencia como Jean Goss y Jean Marie Müller suelen invertir a una lógica pacifista la estrategia y las tácticas de la guerra: cf. http://noviolencia-activa.blogspot.mx/2006/05/metodologia-de-la-no-violencia-activa.html. La genealogía de la doctrina pacifista proviene del jainismo hindú y el principio de «ahimsa» (no hacer daño a la vida, no usar la violencia), el Evangelio cristiano, la desobediencia civil de Henry David Thoreau, la austeridad de John Ruskin y el cristianismo libertario de León Tolstói, entre otras vertientes. Tales pacifistas parecen acogerse al criterio latino Arma in armatos sumere iura sinunt, es legítimo tomar las armas contra los que portan armas. <<

[199] Leon E. Panetta, Speech, King’s College London, 18 de enero de 2013: http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1744. El proceso bélico se quiere irreversible. <<