Silencio administrativo: La pobreza en el laberinto burocrático. La bestial y desgarradora historia de una mujer sin techo. Un texto lúcido, contundente y revelador que incita a la reflexión y a la lucha por los derechos humanos más básicos. Esta es una historia real. La de una mujer sin hogar, discapacitada y enferma que trata de solicitar la renta mínima a la que tiene derecho según los optimistas mensajes de la administración y los medios. Pero el laberinto burocrático que debe recorrer para ello, los escollos y trabas con que tropieza y la crueldad de un sistema que exige más a quien menos tiene desembocan en la desesperación. Mientras tanto, los ciudadanos se quedan con la impresión contraria: hay montones de prestaciones y ayudas para los más pobres. «Privilegiados». «Caraduras». «Vagos». Los prejuicios se acumulan. Este es uno de los comienzos de la aporofobia: el odio al pobre.

Sara Mesa

Silencio administrativo: la pobreza en el laberinto burocrático

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Titivillus 16-07-2022

Sara Mesa, 2019

Editor digital: Titivillus

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—¿Tienes algún prejuicio contra mí? —preguntó K.

—No tengo ningún prejuicio contra ti —dijo el sacerdote.

—Te lo agradezco —dijo K—. Todos los demás que participan en mi proceso tienen un prejuicio contra mí. Ellos se lo inspiran también a los que no participan en él. Mi posición es cada vez más difícil.

—Interpretas mal los hechos —dijo el sacerdote—, la sentencia no se pronuncia de una vez, el procedimiento se va convirtiendo lentamente en sentencia.

FRANZ KAFKA,

El proceso

Nota inicial

Este libro surge de un encuentro. Del día en que mi amiga Nuria y yo nos paramos a hablar con una mujer que mendigaba en una calle de Sevilla, y de todo lo que vino después. Es, ante todo, una crónica personal que relata un viaje hacia un mundo que yo desconocía: el de la extrema pobreza y el endemoniado laberinto burocrático por el que se hace pasar a los más necesitados.

Según el informe «El Estado de la Pobreza 2018» de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), el 26,6 % de la población española está en riesgo de pobreza y exclusión. De ellos, el 5,1 % (más de 2,3 millones de personas) padece pobreza severa, es decir, subsiste con menos de 342 euros al mes.

Descendiendo en la terrible escala de la carencia, la Fundación RAIS —Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral— calcula que en España 31 000 personas no tienen hogar, el mayor estado de vulnerabilidad y desprotección posible. Por su parte, el informe «¿En qué sociedad vivimos?», de Cáritas Española, eleva el número a 40 000 personas sin techo.

Impacta que cifras tan preocupantes no estén en el primer plano del debate político y mediático, cuando, además, los índices de pobreza continúan creciendo y los sistemas de rentas mínimas puestos en marcha por las distintas comunidades autónomas se han revelado ineficaces para erradicarla. En el caso de la pobreza extrema, la condena a la invisibilidad del colectivo de los «sin techo» —personas que, en su mayoría, no pueden ni siquiera defenderse a sí mismas— es tal que, por ejemplo, los planes estatales de vivienda siguen sin incluir medidas específicas contra el sinhogarismo.

Sin embargo, la percepción ciudadana va en sentido contrario. La idea de que existen multitud de ayudas y prestaciones destinadas a los más pobres está tan extendida que no son pocos los que las consideran excesivas, hasta el punto de sentir un agravio comparativo.

Lo que subyace bajo esta percepción es la creencia en la voluntariedad de la pobreza: habiendo tantos recursos disponibles, piensan muchos, si alguien vive en la calle es porque quiere. Y a partir de ahí, surgen todos los demás estigmas: los «sin techo» son vagos, sucios, locos, problemáticos, peligrosos.

La filósofa Adela Cortina acuñó el término aporofobia, odio a los pobres, a partir del griego áporos («indigente», «sin recursos»), bajo el convencimiento de que para resolver cualquier problema el primer paso es designarlo. En 2017, la RAE incluyó aporofobia en el Diccionario de la Lengua Española y, desde entonces, se ha convertido en un término de uso corriente. Cortina habla de la existencia de razones neurológicas para explicar —que no justificar— la aversión, miedo y rechazo hacia los pobres, mucho más extendida que otras fobias sociales. Este odio puede manifestarse desde actitudes sutiles (recelos y prejuicios que, en mayor o menor medida, todos tenemos) hasta las más radicales (crímenes de odio). Pero además de las motivaciones cerebrales, Cortina recuerda que existen razones de otro tipo —políticas, sociales y económicas— que fomentan la aporofobia, y que son las que se pueden y deben modificar.

La historia que cuento en Silencio administrativo —encarnada en el periplo de una mujer discapacitada y pobre que, al pedir ayuda, se choca contra la dura realidad del silencio— pone de manifiesto que la administración y algunos medios de comunicación contribuyen indirectamente a la existencia de la aporofobia al crear una imagen distorsionada y magnificada de las ayudas y partidas públicas destinadas a erradicar la pobreza, al tiempo que silencian o maquillan sus graves limitaciones y deficiencias.

Las rentas mínimas —pensadas para proporcionar los más elementales recursos de subsistencia— están reconocidas como un derecho humano en distintos textos internacionales, como la Carta Social Europea. No voy a entrar aquí en la idoneidad de este tipo de rentas, muy cuestionadas no solo por su insuficiencia y por la burocratización de los trámites que conllevan, sino también porque no evitan la llamada trampa de la pobreza, cronifican la precariedad y fomentan la economía sumergida. No voy a entrar, como digo, en ese debate, porque el propósito de Silencio administrativo es describir una realidad a través de una experiencia concreta, experiencia que se centra en la situación actual y no en la deseable. Sin embargo, vista la inadecuación del sistema vigente —que, por cierto, también viene siendo denunciada desde hace años por el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa—, puedo decir que cada vez estoy más convencida de que la única solución para erradicar la pobreza es la implantación de una renta básica universal, medida que apoyan muchos economistas contemporáneos como Philippe van Parijs en Francia, Guy Standing en Reino Unido y Daniel Raventós en España.

La historia de Silencio administrativo se ubica en Andalucía, comunidad en la que, según datos reconocidos por el gobierno, el 35,4 % de la población está en riesgo de pobreza y el 7,1 % en riesgo de pobreza extrema, superando la media española. No obstante, es importante subrayar que los escollos burocráticos, la lentitud de los trámites y las deficiencias que aquí se describen no son problemas exclusivamente de ámbito andaluz, sino que se extienden al resto de España, afectando a comunidades gobernadas por todo tipo de formaciones políticas.

Debo matizar también que no soy una experta en asuntos sociales ni derechos humanos. Aunque me he documentado para escribir al respecto y he consultado a varias organizaciones y asociaciones centradas en la marginación y la exclusión social, Silencio administrativo no es, ni pretende ser, un ensayo, sino más bien una crónica personal cuya perspectiva, no exenta de la subjetividad de la narradora, aborda una realidad social que es, por desgracia, objetiva e insoslayable.

1. El mismo
número de pie

La primera vez que la ve le llama la atención de inmediato, por su fragilidad y su desamparo. No es una mujer completamente ciega, pero lleva bastón y unas gruesas gafas. Está sentada en el suelo con las piernas encogidas, bajo el alero del edificio de un banco, ocupando el mínimo espacio posible para protegerse de la lluvia. En un cartón, al lado, ha escrito que es una «mujer sin recursos». Pide «trabajo y comida».

Beatriz pasa a su lado, la mira de reojo, la olvida un minuto después.

Pero a partir de entonces, cada mañana de camino al trabajo, va a verla siempre allí, justo en el mismo sitio, y ya no le va a ser tan fácil olvidarla.

La observa con discreción y con vergüenza. Nunca le da dinero porque está en contra de la caridad. Beatriz piensa que la caridad no sirve para combatir la injusticia, que a veces es justo lo contrario: los parches y el lavado de conciencia contribuyen al sostenimiento de la pobreza.

Pero siente una extraña incomodidad.

Una incomodidad que se parece mucho a la culpa.

Se pregunta cómo una mujer tan vulnerable puede estar mendigando bajo el frío y la lluvia de ese invierno, que está siendo particularmente crudo.

En vez de acostumbrarse a su presencia, verla allí a diario es lo que hace que no pueda seguir mirando hacia otro lado.

Le persigue la imagen de sus zapatillas: de lona, muy viejas, sucias, totalmente inadecuadas para el frío.

Una mañana se acerca y le pregunta qué número de pie tiene.

La mujer levanta la vista, trata de enfocarla con esfuerzo. Un 39, responde. Es una suerte: Beatriz también tiene un 39.

Al día siguiente le lleva unas botas de cordones, sólidas, de piel, unas botas de las que Beatriz puede prescindir fácilmente porque tiene calzado de sobra. La mujer se las pone enseguida, tras darle las gracias.

Así es como Beatriz empieza a hablar con Carmen. Gracias a que las dos tienen el mismo número de pie.

El diálogo se mantiene en posiciones diferentes: Carmen sentada en el suelo, levantando la cabeza; Beatriz de pie, o acuclillada, tratando de ponerse a su altura.

Esto es incómodo, no solo físicamente. La conversación se mantiene a trompicones y Beatriz no puede evitar sentir que se entremete en la intimidad de otra persona.

Al principio le habla de usted. Se sorprende cuando se entera de que es más joven que ella, porque no lo parece. Aún no ha cumplido los cuarenta, pero el rodillo de la vida le ha pasado con crueldad por encima, envejeciéndola prematuramente. Se llevan solo cinco años. Lo normal, entonces, es que se tuteen.

Beatriz le pregunta por su situación. Cómo es que está pidiendo, dice, con tanto frío y en su estado. Carmen le cuenta que no tiene nada. Ningún ingreso, ninguna ayuda, nada. Ni siquiera una casa. Entonces, ¿dónde duerme? En la calle. Bueno, no exactamente en la calle. En el garaje de un bloque de pisos que está abandonado. Se cuela por una puerta rota y ahí pasa la noche, en un colchón. ¿No ha ido al ayuntamiento, no ha ido a Cáritas? Sí, ha ido a varios sitios, pero en todos le dicen lo mismo: para recibir alguna ayuda necesita estar empadronada. Y ella no está empadronada en ningún lado.

La mujer se expresa con claridad y corrección, responde a sus preguntas sin vacilar, pero al principio a Beatriz le cuesta creer lo que le cuenta y duda de que esté bien informada.

¿Cómo va a ser cierto lo que dice?

Alguien tiene que asistirla, esté empadronada o no.

Beatriz ha oído hablar de ayudas oficiales, de prestaciones. Lo ha leído en prensa, lo ha visto mil veces en los informativos televisivos, lo ha oído en la calle. Los servicios sociales de los ayuntamientos, de las diputaciones, de la Junta destinan partidas para gente necesitada. Hay rentas para personas sin techo, para discapacitados, para mujeres solas. Hay albergues y centros de acogida, ayudas de alquiler, incentivos al empleo.

Carmen cumple todos los requisitos. Solo es cuestión de enterarse bien. En eso, Beatriz podría ayudarla.

O eso es lo que cree, inocentemente.

2. El asunto
del padrón

Beatriz empieza a buscar por internet. Enseguida obtiene resultados sobre rentas «mínimas» o rentas «básicas» pensadas para personas sin recursos. Al parecer, existen ayudas similares en todas las comunidades autónomas, con denominaciones y características más o menos similares.

En el caso de Andalucía, parece que hay suerte. Justo el año que va a comenzar, 2018, entra en vigor la llamada «renta mínima de inserción social», que sustituye y mejora el «ingreso mínimo de solidaridad» existente previamente.

El gobierno la ha anunciado como un gran avance social, por muchas razones. Llegará a más familias. Se aumentarán las cuantías —entre 420 y 780 euros al mes, según los miembros que compongan la unidad familiar—. Se concederá por plazos de doce meses, pero puede prorrogarse cada seis mientras se mantengan las circunstancias de pobreza de las personas que la solicitaron —aunque, obviamente, la idea es que la «mala racha» se supere—. Por eso, la prestación va acompañada de un plan de inserción sociolaboral: tanto mejor, piensa Beatriz.

La presidenta de la Junta de Andalucía ya lo anunció bien claro meses atrás en una comparecencia en el Parlamento[1]: «El objetivo no es otro que erradicar la pobreza, que es una gran fuente de exclusión social, marginación y desdicha, con la que los andaluces no debemos resignarnos a convivir».

Se calcula que la prestación llegará a más de 42 000 familias andaluzas. ¡Es imposible que Carmen no sea una de ellas!

Beatriz siente crecer sus esperanzas según se va informando a través de las noticias oficiales, más aún cuando lee que se tendrán en cuenta situaciones de urgencia y emergencia social, «extremo que se determinará en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la entrada del expediente en la correspondiente delegación de la Junta».

Más emergencia social que la de una mujer discapacitada durmiendo en un garaje no puede haber, piensa ella, así que ¡en cinco días puede estar el problema resuelto!

Beatriz busca el impreso de la solicitud, lo descarga, mira los requisitos.

Su alegría empieza a disiparse: acaba de tropezar con el primer escollo.

Los solicitantes, lee, han de acreditar que están empadronados de forma estable en un municipio de Andalucía. Por «forma estable» se entiende «al menos con un año de antelación a la fecha de la presentación de la solicitud».

Glups. Carmen no solo no cumple el requisito mínimo del año, sino que ni siquiera está empadronada.

Pero debe de haber alguna excepción para un caso como el suyo.

Busca el decreto-ley de origen[2], lo lee con detenimiento. ¡Sí, parece que hay excepciones! Ser víctima de violencia de género —debidamente acreditada…—. O víctima de trata de personas —también debidamente acreditada…—. O emigrante retornado… Refugiado… ¡Persona sin hogar!, lee Beatriz.

Persona sin hogar… debidamente acreditada.

Así que no es suficiente con vivir en la calle. Hay que acreditarlo.

Beatriz sigue leyendo, el decreto-ley completo y todos sus anexos. No es una lectura fácil. Al revés: es intrincada, compleja, laberíntica. Ciertamente, ella no es trabajadora social y desconoce los pormenores de este tipo de trámites, pero es licenciada universitaria y se supone que sabe manejarse con los papeleos. Sin embargo, le cuesta un buen rato encontrar la información que busca: el modo de acreditar que uno vive en la calle —o en su sucedáneo: en un garaje.

Un artículo remite a otro capítulo. Este, a su vez, a un anexo. Beatriz se ve obligada a traducir términos. «Situación de excepcionalidad de acceso» y «emergencia social» deben de referirse a casos como el de Carmen: no tener casa, no tener absolutamente nada. Finalmente interpreta que, para acreditar estas circunstancias, debe adjuntar un modelo de solicitud cumplimentado por los servicios sociales correspondientes a su domicilio.

¿Pero qué «domicilio»?

Beatriz está entrando en un callejón sin salida.

Incluso en el llamado procedimiento de urgencia, todo ha de acreditarse con la documentación correspondiente. Curioso concepto ese de «urgencia», piensa.

Por ejemplo, el motivo por el que una persona está sin hogar. ¿Es debido a un proceso de desahucio? ¿Se ha producido una ejecución hipotecaria? ¿Un lanzamiento por impago de renta? ¿Se perdió la vivienda habitual por incendio, derrumbe u otra catástrofe? Bien, pues todo debe ir acreditado: contrato de arrendamiento, advertencias legales por impago, informe de la entidad bancaria que concedió la hipoteca, informe de los bomberos, de la policía o de quien interviniera en la catástrofe que obligó al desalojo…

Beatriz está mareada. Carmen no puede acreditar nada de esto, entre otras cosas porque, según le ha contado, vive en la calle desde que se le acabó el dinero para pagar la habitación en la que se quedaba en los últimos tiempos. ¿Puede considerarse eso un desahucio? No. Nunca tuvo contrato en aquel sitio.

Pero su situación debe de estar contemplada de algún modo, no es posible que quede desprotegida de esa forma.

Está claro que va a tener que consultar sus dudas. Beatriz por sí misma, tan capaz como se creía, no es capaz de resolver el escollo.

Hay un teléfono de información para ayudar en los trámites, pero nunca está operativo. Beatriz llama y llama durante varios días: o bien comunica o bien no lo cogen. Una vez consigue que le pasen con un funcionario del área. Pero no, él no es quien lleva ese asunto exactamente. Solo puede decirle que están «saturados». La nueva renta mínima acaba de ponerse en marcha y los técnicos todavía están recibiendo formación adecuada.

Le sugiere que se dirija a los servicios sociales del municipio correspondiente, dado que son ellos, preferentemente, los que deben servir de cauce previo. Aunque si uno no tiene casa, ¿cuál es el «municipio correspondiente»? El garaje donde duerme Carmen está en un pueblo de las afueras de Sevilla. Ella coge todos los días el autobús para ir a la ciudad y mendigar en un barrio de más nivel económico. Pero, al fin y al cabo, vive allí y allí estaba también la habitación que ocupó en otro tiempo.

¿Tiene sentido acudir a los servicios sociales de ese ayuntamiento?

Puede ser, le dice el funcionario. Allí podrían, al menos, informarle.

Cuando le cuenta todos estos trámites, Carmen la mira en silencio, como sin comprender.

Después le recuerda que ella ya estuvo en los servicios sociales del ayuntamiento y le dijeron que no podían atenderla al no estar empadronada.

Beatriz cree que eso sucedió porque Carmen no supo explicarse bien. Quizá sea bueno que alguien la acompañe y exponga sus problemas con mayor precisión. Contacta por teléfono con los servicios sociales del ayuntamiento y le dan una cita. No inmediata, pero sorprendentemente cercana: en dos semanas.

Queda con Carmen para ir juntas. Esa mañana aparece puntual, con su bastón, su documentación y una expresión entre la docilidad y la desconfianza.

No le falta razón para ser desconfiada.

Lo primero que les dicen es que no les consta la cita. ¿Cómo que no?… Pero si me dijeron que… No, no, no consta. ¿Tienen algún papel que lo demuestre? No, no lo tienen. La cita fue verbal.

Beatriz está empezando a perder los nervios, pero comprende que es mejor someterse, no discutir. Bueno, pues pedimos ahora una nueva cita, dice, con papel, por favor. No, no pueden dársela. ¿Por qué? Porque los trabajadores sociales solo pueden atender a personas empadronadas en el pueblo. Y esa mujer no lo está.

Beatriz no da crédito ante tal sinsentido. Carmen no tiene derecho a la renta mínima si no acredita su extrema pobreza. Pero aquellos que, según la norma, deben acreditarla, tienen otra norma que los incapacita para hacerlo.

El callejón sin salida del padrón es tan cruel como absurdo.

Beatriz hace una consulta al Defensor del Pueblo Andaluz, donde le informan de que desde 2015 se considera que «las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc., e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón[3]». Esto es buena noticia. No obstante, la procedencia del padrón queda supeditada a un informe de los servicios sociales o de la policía local donde se acredite la situación de «sinhogarismo[4]». Así, se vuelve al mismo sitio de partida.

Después de investigar posibles soluciones, Beatriz descubre que el caso de Carmen no es el único —aunque esto no sea consuelo para nadie—. Otras muchas personas sin hogar vagan interminablemente por laberintos burocráticos como el que relató, por ejemplo, una periodista que acompañó en su periplo por las oficinas de empadronamiento a un hombre desahuciado de 58 años[5].

Peor lo tienen aún las personas que, por las circunstancias que sean, carecen de toda documentación. Ni aunque quieran pueden regular su situación. Sobreviven condenadas a la invisibilidad, como le pasa a Luis (alias Joselito), un hombre de 41 años que vive en Córdoba, pero que, al no constar en ningún registro oficial, no tiene derecho a nada[6].

Teóricamente la situación ha mejorado desde 2015 debido a la nueva normativa, pero en la práctica, a veces, y dependiendo de cada ayuntamiento, las cosas se ponen complicadas. Después de todo, evitar el empadronamiento es una manera de despachar con rapidez ciertos problemas. Los no empadronados ni siquiera entran en la estadística.

Para solicitar ayuda, uno ha de ser pobre, pero no tanto.

Carmen pertenece a la capa más baja de las capas, y situaciones como la suya ni siquiera se contemplan con lógica.

Carmen no está en riesgo de exclusión: ya ha sido excluida. Una barrera infranqueable se alza ante ella.

A Beatriz le disgusta la ligereza con que suele utilizarse el término kafkiano. Pero no se le ocurre uno mejor para describir la situación.

3. ¿Y mientras
tanto?

Beatriz conoció a Carmen en diciembre, los días previos a la Navidad. Las calles estaban abarrotadas de personas que hacían sus compras; en teoría, era un buen momento para sacudir las conciencias y despertar el impulso de la caridad.

Sin embargo, ni entonces, ni mucho menos después, lo que consigue Carmen mendigando es suficiente, puesto que sus necesidades son totales: techo, comida, ropa, productos básicos. Además, sigue haciendo frío, demasiado frío para estar durmiendo en un garaje y pasarse horas y horas sentada en el suelo. No es lo habitual en Sevilla, pero ese año las temperaturas bajo cero están siendo frecuentes durante la noche. Beatriz lee en el periódico que dos personas sin hogar fueron rescatadas de contenedores cuando los operarios de la limpieza estaban a punto de descargarlas en el camión. Tenían tanto frío que prefirieron dormir entre la basura antes que a la intemperie.

Ahora que Beatriz ha entendido que la obtención de ayudas oficiales no va a ser rápida, recurre a personas de su entorno. Entre todos, propone, podrían echar una mano a Carmen hasta que consiga los recursos a los que obviamente tiene derecho.

Pregunta también en Cáritas, en algunas ONG. Las respuestas son variadas, casi nunca esperanzadoras, y a menudo dependen más de las personas concretas que de las entidades.

En algunos casos, exigen papeles, ciertas garantías: empadronamiento, inscripción como demandante de empleo, justificantes de la Seguridad Social que acrediten que no se reciben prestaciones públicas.

En otros, la ayuda es demasiado básica —y, por desgracia, inútil—: paquetes de garbanzos, lentejas o pasta —¿dónde los va a cocer?—, galletas, zumos. Carmen se alimenta de galletas y zumos, y a veces ni siquiera de eso, pero también necesita otras cosas: jabón, compresas, dinero para el transporte, medicinas.

Beatriz comprende que no se puede considerar bajo el mismo prisma a todos aquellos que practican, de un modo u otro, la caridad. Los hay amables, considerados, generosos y respetuosos con las personas a las que tratan de ayudar. Pero también hay otros que se dejan llevar por el paternalismo y los clichés. En una ONG asistencial, una mujer le dice que si Carmen está en la calle es porque quiere. Opiniones como esta o similares —las personas sin hogar no se dejan ayudar, hay que ser cautos porque pueden engañarte, son incapaces de cumplir las normas, se aprovechan de las subvenciones, etc.— no son tan infrecuentes en personas supuestamente caritativas.

Afortunadamente, dos organizaciones locales se implican de inmediato. Les basta entrevistarse con Carmen, sentarse a escucharla, para entender la urgencia de su caso. Ante la evidencia, brindan su ayuda sin reservas, aunque sus recursos, por desgracia, son limitados y provisionales.

Lo primordial es evitar que Carmen duerma en la calle. La carencia de un hogar, por precario que sea, supone una condena para las personas más pobres, la negación de un futuro mejor. Sin un espacio donde descansar, donde asearse o donde poder guardar las pertenencias, la desprotección es total.

Por no hablar del problema de no figurar en el padrón, ese tremendo obstáculo.

El albergue municipal está descartado por varias razones. Carmen ya estuvo cuatro o cinco meses, y no quiere volver. Le pasaron «cosas malas» allí, cosas que no especifica en ese momento —más adelante lo hará— y en las que Beatriz no se siente con derecho a indagar.

Además, según ella, hay rotación de internos. Los «sin techo» no pueden quedarse eternamente; no hay plazas para todos y, pasados unos meses, los echan: sus circunstancias siguen siendo las mismas que cuando llegaron, con la única diferencia de que ahora tendrá que pasar mucho tiempo para que puedan entrar de nuevo.

Beatriz no sabe cómo funciona el albergue, nunca lo ha visto por dentro, pero piensa que si Carmen prefiere estar como está —y está muy mal— ha de tener sus razones[7].

No es la única que lo piensa. La Fundación RAIS, que se ocupa de los derechos de las personas sin hogar, también duda de la eficacia de los albergues municipales, que solo ofrecen cobijo transitorio, estigmatizan a sus usuarios y prolongan el círculo de la pobreza[8].

Los albergues, de propiedad municipal pero habitualmente bajo gestión privada, presentan muchas otras carencias, también de tipo material. Algunos interpretan que, si se mejoran las condiciones, puede producirse un «efecto llamada»: si la sopa es mala, piensan, no habrá tanta demanda. Es lo que le cuentan en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, donde también son muy críticos con los albergues. El acceso es complejo —se forman largas colas pero atienden solo a unas pocas personas por día—, lo cual se contradice con esa creencia común e infundada de que los «sin techo» no van «porque no quieren».

Descartado por tanto el albergue, y dada la emergencia de Carmen, deciden pagarle el alquiler de la habitación que ya ocupó en otro tiempo.

La habitación cuesta ochenta euros al mes y está en un piso viejo y descuidado, con la luz pinchada. La ventana no cierra bien, hay cables que cruzan por todos lados, enchufes rotos, paredes con humedades, goteras. Dos somieres de hierro con colchones baratos y una mesa de aglomerado con cajones es todo el mobiliario del que dispone, además de derecho a usar la cocina.

Allí solo viven hombres, que van y vienen según les va la cosa. Hombres pobres.

Beatriz le menciona al casero el asunto del padrón, pero él se muestra desconfiado. Teme que el empadronamiento de Carmen en su piso lo perjudique de algún modo, que si deja de pagar no pueda echarla. Beatriz le explica que esto no es así, pero no hay forma de convencerlo. Sin su consentimiento, y en ausencia de contrato, facturas o documentos que acrediten que Carmen vive allí, van a seguir teniéndolo difícil.

A Beatriz le parece un lugar horrible, busca por internet habitaciones mejores. Podrían intentar pagar más con tal de sacar a Carmen de allí.

Pero no es solo una cuestión de dinero. Solo en lugares tan marginales y precarios como ese es donde se permite la entrada a personas como Carmen, que no tienen dinero ni trabajo, que mendigan, están sucias y no pueden ofrecer garantías de ningún tipo.

En todos los sitios a los que llama, una vez explicadas las circunstancias, le dan largas.

Nadie va a alquilar una habitación digna a Carmen porque en su estado se considera que ni siquiera merece ya la dignidad.

4. Dickens en el
siglo XXI

Poco a poco, Carmen va revelando su historia. Con treinta y siete años, su vida parece una novela de Dickens ambientada en el siglo XXI.

Carmen nació y se crio en un barrio humilde de la periferia de Sevilla.

Su madre murió atropellada por un coche cuando ella tenía solo ocho años. Su hermano mayor, poco después, se suicidó.

A los dieciséis, fue violada por un amigo de su padre, pero no hubo denuncia ni nadie la defendió cuando se atrevió a contarlo.

A los dieciocho, se fue de casa y poco después comenzó su adicción a la heroína.

Con veintipocos se quedó embarazada y tuvo un hijo. Se prostituía para mantenerlo. También era maltratada por su pareja de entonces, el padre del niño —no lo denunció porque, en fin, «iba en el lote».

Los servicios sociales les quitaron el bebé. Carmen se resignó, pues sabía que no podía cuidarlo como merecía —¡aunque no era verdad que estuviese desnutrido, como dijeron!, protesta al recordarlo.

Tras varias detenciones por tráfico de drogas, fue juzgada y cumplió una condena de siete años en la cárcel de Alcalá de Guadaira —donde coincidió con Isabel Pantoja.

Durante su presidio, consiguió desengancharse de la heroína —sin metadona, a pelo, «fue un infierno», confiesa—. Estaba decidida a cambiar su vida por completo.

Fue también en la cárcel cuando empezó a desarrollar un problema neurológico que le terminaría afectando a la vista, con episodios de ceguera total que ocasionaron la pérdida completa de visión en un ojo y una discapacidad reconocida del 36 % —según le cuenta a Beatriz, avisó de sus dolores de cabeza y sus mareos, pero no le hicieron caso, hasta que un día se desmayó, y cuando la llevaron al hospital ya no veía nada.

Al terminar su condena y salir en libertad pudo mantenerse durante algún tiempo con el paro, ya que en la cárcel había trabajado «en los carros» —esto es, transportando materiales.

Era poco dinero, así que solo se podía permitir alquilar una habitación en un piso compartido —el mismo lugar donde ha vuelto ahora—. Allí se relacionaba fundamentalmente con mendigos, migrantes y otra gente de paso.

Cuando se le acabó el paro, también ella empezó a mendigar. Fue a pedir ayuda a los servicios sociales municipales, pero al no estar empadronada en el pueblo no la atendieron.

Tras un episodio de ceguera total transitoria, tuvieron que ingresarla otra vez de urgencias. Al salir del hospital, deprimida y sin dinero, intentó tirarse por una ventana. Unos vecinos lo impidieron y la llevaron de vuelta a urgencias, donde le recetaron antidepresivos y ansiolíticos.

Una pelea en el piso y la intervención de la policía hizo actuar finalmente a los servicios sociales, que se limitaron a derivarla al albergue municipal de Sevilla, donde se quedó unos meses. Allí sufrió una agresión sexual que denunció con pruebas —las cámaras del albergue mostraban al agresor entrando en el módulo femenino y en su dormitorio.

Al salir del albergue volvió al mismo pueblo, pues algunos conocidos le habían hablado de un edificio deshabitado donde podía meterse. A ella le tocó el garaje.

Cuando Beatriz escucha la historia de Carmen —que no la cuenta así, cronológicamente, sino a retazos, según su ánimo o su confianza oscilan—, piensa en la mala suerte de esa mujer sin raíces familiares, pobre, maltratada, agredida sexualmente, exdrogadicta, expresidiaria, exprostituta, madre sin hijo, discapacitada, enferma y ahora, además, sin techo. No es extraño que, ante historias así, cualquiera piense que, además de esa enorme ración de mala suerte, también hay detrás un poco de culpa, pues ¿cómo puede ser —según el dicho de la sabiduría popular— que todo le pase a ella?

Pero esta acumulación de desgracias no responde a la mala suerte ni a la casualidad, sino a la terrible concatenación lógica que encadena los distintos eslabones de la marginación en una escalera descendente. Cada uno de los episodios de la vida de Carmen echa raíces en los anteriores, la coherencia de su historia es tal que no hay fisuras ni contradicciones.

El día a día en el mundo de la droga, de la prostitución, la cárcel o la mendicidad ha de estar lleno de dolor y violencia. El empeño de Carmen en salir adelante es fuerte y, dado su pasado, es también admirable, casi heroico.

Si hay vacíos en la historia, Beatriz teme más bien que correspondan a momentos tan duros que Carmen prefiere callarlos. Las dos guardan un respetuoso silencio en torno a ellos.

Carmen muestra una gran dignidad cuando relata su vida, no cae jamás en el victimismo, es capaz incluso de reírse, con un oscuro y franco sentido del humor. Es agradecida, pero nunca carga las tintas. Frases como «qué buena eres» o «¿qué haría yo sin ti?» jamás salen de su boca. Da las gracias porque es educada, pero lo hace siempre con discreción, en términos de igualdad.

5. Plazos, plazos

Aún no han resuelto el problema del empadronamiento, pero ahora que Carmen cuenta con una dirección Beatriz cree que merece la pena intentarlo, aunque no tengan el consentimiento del casero.

En el peor de los casos, si no le permiten empadronarse en la habitación, podría intentar hacer valer la norma que establece que incluso la ausencia total de techo puede y debe figurar como un domicilio válido.

Pertrechada con esta documentación, acompaña a Carmen a la oficina del padrón, donde, como temía, le piden contrato de alquiler, factura de suministros o autorización escrita del propietario de la vivienda. Si no cuenta con esto, le dicen, es imposible.

Pero esta vez Beatriz no se conforma. Saca su fotocopia del BOE, menciona al Defensor del Pueblo. El funcionario mira el papel, teclea en el ordenador, imprime, sella y entrega el certificado del padrón sin decir nada.

Problema resuelto.

Beatriz no puede evitar preguntarse qué hubiese pasado de no acompañar a Carmen.

Aunque, en realidad, ya tiene la respuesta.

Ya ha visto cómo muchas veces —no siempre, pero sí muchas veces— los funcionarios, técnicos y asistentes sociales se dirigen a Carmen. Entre la arrogancia y el paternalismo. Hablándole despacio y alto, como a los niños. Sin desarrollar la información, dando por descontado que no la entiende.

Pero nada empaña ahora la alegría del momento. El primer logro. Se miran, sonríen.

Y comprenden que no hay tiempo que perder.

Deben ir ya a los servicios sociales del ayuntamiento. Ahora no le dirán a Carmen que no pueden atenderla. Son ellos los que deben redactar el informe que justifique por qué Carmen no cumple el requisito de empadronamiento estable mínimo de un año que exigen para conceder la renta mínima. También los que pueden documentar su situación de extrema pobreza, la dependencia absoluta de la caridad, la llamada «urgencia» que dará prioridad a su solicitud.

Van de inmediato a las instalaciones. Y enseguida, allí, el gran chasco.

La cita que le dan es para dentro de dos meses. Más de dos meses, para ser exactos.

Beatriz protesta. Necesitan ser atendidas antes. Carmen no puede esperar tanto.

No hay modo. Están saturados, les dicen. Hay otros muchos casos urgentes en el municipio, el de Carmen no es el único. Todos deben ser atendidos.

Beatriz no quiere desconfiar. Le cuesta pensar mal de los que allí trabajan, pero… ¿más de dos meses?

Si de verdad hay problemas de carga de trabajo, ¿por qué no se dota de más personal a ese área?

No, Carmen no puede esperar tanto, más aún teniendo en cuenta que, visto lo visto, el día de la cita tampoco estarán listos los informes: habrá que solicitarlos, redactarlos, supervisarlos, firmarlos y enviarlos.

El decreto de la renta mínima establece que el plazo para resolver y notificar la resolución es de dos meses. No pueden esperar dos meses a la cita, otros tantos hasta contar con los informes y dos más para obtener la ayuda.

No es solo porque Carmen no tenga nada. Es también porque, para ella, el tiempo corre en contra. La precariedad en la que vive es tal que incluso su seguridad física corre peligro. Mujer, discapacitada, sola, subsistiendo en un entorno de marginalidad y violencia.

Carmen es una buena representación de la feminización de la pobreza, agudizada tras los años de crisis económica. Los datos más recientes muestran que cada vez más mujeres viven en la calle o en infraviviendas, resquebrajándose así el prototipo del hombre mendigo con trastornos mentales o problemas de alcoholismo. La estructura socioeconómica que lleva a muchas mujeres a ocuparse en exclusiva de la familia y el hogar o a trabajar en puestos escasamente remunerados y/o sin contratos va de la mano de una dependencia económica extremadamente quebradiza. Una ruptura sentimental o la muerte de los padres, por ejemplo, puede conducir a una mujer joven directamente a la pobreza más absoluta. Muchas se agarran a la supuesta protección que le ofrecen otros hombres, se prostituyen o son extorsionadas.

Una mujer como Carmen está mucho más expuesta a sufrir agresiones o a ser víctima de trata. Ya en el albergue municipal fue acosada por un hombre sin que nadie hiciese nada, hasta que las cámaras lo grabaron entrando en su dormitorio.

El acosador era otro residente del albergue, pero el riesgo puede venir de cualquier sitio: ya conocemos las terribles consecuencias de la aporofobia en forma de palizas y hasta asesinatos. Hatento, el Observatorio de Delitos de Odio contra Personas sin Hogar, afirma que al menos el 47 % de los «sin techo» han padecido algún ataque debido al mero hecho de ser pobres. El porcentaje sube al 60 % en el caso de las mujeres, de las cuales el 19 % han sufrido agresiones sexuales y el 26 % están sin hogar precisamente por haber sufrido violencia ellas o sus hijos[9].

Beatriz toma una decisión. A pesar de todas las dudas y de la gran cantidad de trámites que hay que hacer, presentarán la solicitud de la renta mínima por su cuenta y lo harán antes de que acabe enero, para tener respuesta, como muy tarde, a finales de marzo.

Para justificar que no se cumple el requisito del empadronamiento mínimo de un año presentarán una declaración jurada y ampliarán la documentación cuando la tengan.

Aclararán lo que tengan que aclarar, pero no dejarán pasar los meses.

Carmen no puede permitírselo.

Con todo, para atar cabos, para que la solicitud no tenga errores —o los mínimos posibles— y no falte ningún documento esencial, Beatriz no desiste de intentar contactar con los técnicos de la delegación. Es imposible.

En centralita le dicen que puede remitir sus consultas a través de un correo electrónico que han creado específicamente para resolver dudas. Es lo que Beatriz hace de inmediato. Es 19 de enero.

La respuesta llegará mucho más tarde, el 20 de febrero. Ni siquiera es una respuesta que suene convincente. Pero da igual. Para entonces, la solicitud ya estará echada.

Milagrosamente. Con pinzas. Con incertidumbre.

6. Pidiendo lo
imposible

El día en que consiguen presentar la solicitud, Beatriz siente que han superado —aunque, desde luego, aún no ganado— una carrera de obstáculos.

Este alivio no deja de ser llamativo.

A lo largo de su vida, Beatriz ha tenido que enfrentarse a muchos papeleos, desde matrículas de estudio a petición de ayudas de alquiler, desde darse de alta como autónoma hasta presentar la declaración de la renta, desde cambiarse de aseguradora hasta firmar una hipoteca.

Nada, nunca, le produjo mayor sensación de precariedad —de estar cometiendo errores— que la solicitud de renta mínima, pues nadie las ha ayudado en la tramitación ni ha resuelto sus dudas, a pesar de que las indicaciones al respecto eran confusas e incluso contradictorias.

La declaración jurada que redactó para que firmase Carmen resume —solo en parte— esta peripecia. Habla de su extrema pobreza, de la carencia de hogar, de su discapacidad y su enfermedad. Habla de la imposibilidad de haber sido atendida antes por los servicios sociales. Presenta el informe que una trabajadora social de una ONG ha redactado para darle más peso a sus argumentos.

Suena a súplica, y realmente es una súplica.

Beatriz se pregunta: ¿cómo pueden pedir que toda la documentación —toda la compleja documentación que hay que recabar— esté a tiempo y perfecta?

Y, sobre todo, ¿cómo es posible exigir a quien vive en la calle, sin recursos de comunicación —teléfono, internet— ni de transporte, que haga su peregrinaje a través de oficinas, ventanillas y colas como si nada?

Carmen dice —y no está bromeando— que cada día «de papeles» pierde un día «de trabajo», porque no puede mendigar. Ir a un sitio o a otro le supone gastar dinero en autobús —un dinero que no tiene—. A veces se ha pegado largas caminatas con su bastón, incluso atravesando un tramo de autovía, para ir a la ciudad. De unas oficinas la han derivado a otras inútilmente. Esto también ha pasado.

¿No es un sinsentido que justo a los que están «en situación de pobreza o riesgo de exclusión social» se les exija más que a nadie?

El mismo lenguaje de la solicitud es tan críptico que Beatriz se ha dejado los ojos tratando de desentrañarlo.

Se dirá que no está pensado para el solicitante, sino para los trabajadores sociales que prestan su apoyo a estos solicitantes, pero ¿dónde están esos trabajadores? Ellas no los han encontrado.

Sin embargo, a la administración no se le podría acusar tan fácilmente de obstaculizar los trámites.

En teoría, hay teléfonos de información —en la práctica, nunca, o casi nunca, se atienden—. Se han habilitado correos electrónicos destinados a resolver consultas —aunque las respuestas se reciban un mes más tarde, y ni siquiera sean respuestas satisfactorias.

También existe la posibilidad de presentar la solicitud por medios telemáticos: pobres 2.0.

Pero ¿de verdad alguien piensa que los solicitantes de este tipo de prestaciones cuentan con los medios, las capacidades y las facilidades necesarias para conectarse a internet sin problema?

En Yo, Daniel Blake, película de 2016 de Kean Loach, se cuenta la historia de un carpintero viudo que, debido a un infarto, debe dejar de trabajar. Causa ternura e indignación contemplar las escenas en las que el protagonista intenta rellenar sin ayuda sus solicitudes de prestaciones sociales por internet —algo imperativo, en teoría para agilizar la tramitación—, aprovechando los ordenadores de la biblioteca. Es un hombre que ha trabajado toda su vida, pero desconoce el manejo de la tecnología y ni siquiera sabe cómo funciona un ratón.

Que se utilice la tecnología no solo es lícito, sino deseable. El problema, piensa Beatriz, es que se deje a las personas en manos de ella, sin asistencia.

Por no hablar, claro está, de las webs que fallan, las solicitudes que se quedan colgadas en el último momento, las interfaces ariscas… Si la tecnología no se traduce en simplificación y rapidez, es totalmente inútil.

Entre esta y otra prestación social que han solicitado para personas con discapacidad[10], Carmen tiene ya acumulados montones de papeles: una certificación del banco que acredita la posesión de una cuenta bancaria —sin fondos, claro está—, la inscripción oficial como demandante de empleo, el alta en el censo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, un justificante del número de la Seguridad Social, un certificado negativo de pensionista, el certificado de empadronamiento conseguido in extremis, además de la documentación básica: DNI y tarjeta acreditativa del grado de discapacidad.

Pero esto no es nada todavía.

Más adelante le pedirán más papeles. Documentos que, en teoría, pueden recabarse de otras administraciones —para eso firmó su consentimiento—, que en un principio ni siquiera se indicaba que eran necesarios y que, de pronto, inesperadamente, se vuelven imprescindibles.

Cosas como una fotocopia compulsada del DNI. Un justificante de ingresos del año anterior. Un certificado de convivencia y residencia.

Aún más. Un certificado colectivo del historial de domicilios. Pero ¿esto no lo habían presentado ya? No, no, ¡no confundir! Una cosa es la «certificación de inscripción padronal colectivo» y otra el «certificado colectivo del historial de domicilios».

Beatriz piensa: vaya, ahora Beckett se suma a Dickens y Kafka.

El problema no es la denominación de los documentos. Siendo justos, alguna razón debe de sustentar toda esa jerga. El problema es la indefensión que se crea al exigir precisión a aquellos a los que no se informó previamente y a los que se sigue sin informar.

Parecen estar buscando el error. Parecen zancadillas. Intentos de ralentizar y de paralizar lo que ya de por sí va indiscutiblemente lento.

Porque, obviamente, «de no aportar esta documentación en el plazo de diez días, se originará la paralización del expediente» y, eventualmente, la desestimación de la solicitud.

En una ocasión, la petición de documentación se hace por teléfono. Beatriz se pregunta: ¿es una forma válida de hacerlo? ¿Cómo se cuentan así los plazos? ¿Qué constancia queda del trámite?

Se alegra de ser ella quien atienda el teléfono —tuvieron la precaución de indicar su número en la solicitud—. Al menos puede apuntar cuidadosamente lo que le dicen. El nombre exacto de los documentos.

No es ninguna tontería, porque, si llamaran a Carmen, ella no tendría «donde apuntar». Algo tan sencillo como esto —atender el teléfono, coger un papel y un bolígrafo, apoyarse en una superficie plana para escribir— no lo es tanto si uno está mendigando en la calle y usa bastón.

Y sin embargo, nadie podría reprocharle a Carmen que no cumpla con su parte.

A pesar de los rodeos y las contradicciones de la administración, ella no desfallece, es puntual en sus citas, firma donde le dicen, facilita sus datos, aporta la documentación con la que cuenta, está dispuesta a pedir número, esperar colas y rellenar todos los impresos que haga falta.

Incluso el día en que la citan para una entrevista de trabajo en la ONCE, se esmera y se pone su mejor ropa: una camisa blanca que le dejaron, vaqueros limpios, zapatillas. Se presenta ilusionada porque cree realmente en la posibilidad de trabajar. Es lo que más desea.

No es seleccionada, pero nadie podrá acusarla de no haberlo intentado.

A Beatriz le enternece ver la carpeta de plástico donde guarda todos sus papeles, una carpeta que engorda a medida que adelgazan sus esperanzas.

La lleva a todos lados, dentro de una mochila que tiene las cremalleras rotas. ¿Por qué no deja los papeles en la habitación?, le pregunta Beatriz un día. Carmen se encoge de hombros. No es seguro, dice. Los que son como ella están acostumbrados a llevarlo todo encima. Por si acaso.

Pero ¿no le vendría bien al menos otra mochila? Le ofrece una que ella no usa, una mochila pequeña con un bonito estampado de flores. Carmen frunce el ceño. No, ahí no le cabe el cartón «de pedir», ¿no tiene una más grande? Bueno, sí, tiene una sin estrenar que le regalaron a su hijo y que finalmente no utilizó, pero es una mochila claramente escolar, con dibujos infantiles, quizá no sea la más adecuada…

Carmen la interrumpe. Lo tiene clarísimo: prefiere la escolar. Ahí le caben mejor todas sus cosas, le explica.

¿La Patrulla Canina? ¿Y qué más da?

Los pobres no se plantean cuestiones de estilo.

7. ¿Tabaco, móvil,
perro?

Carmen fuma un cigarro de vez en cuando. Cuando puede. Normalmente los pide. A veces los compra en los kioscos donde los venden sueltos —todavía existen, de tapadillo.

Es, dice, su único «vicio». Y no piensa renunciar a él. Realmente no puede. Superó su adicción a la heroína, pero la ansiedad sigue con ella. ¿Cómo podría no fumar?

Tabaco y café solo: para ella son más necesarios que el agua.

Carmen está delgada, tiene los dientes muy estropeados, la piel amarillenta y el pelo sin cortar. A veces va muy sucia.

Es cierto que ahora tiene un lugar donde asearse, pero no hay lavadora en la casa. Llevar la ropa a la lavandería le cuesta cuatro euros. Un lujo que casi nunca puede permitirse.

Para algunas personas del barrio donde pide —un barrio céntrico, lleno de tiendas de moda, cafeterías y entidades bancarias—, verla fumando les parece una contradicción. No tiene dinero para la lavandería pero sí para tabaco.

En todo caso, no cuesta nada lavar la ropa a mano. No cuesta nada —o no mucho— cortarse el pelo, con esta proliferación de peluquerías low cost y cortes a tres euros. No cuesta nada ser un poco más aseada, ir «más aparente».

Beatriz nota las miradas de reproche que le dirigen. Pero el desánimo de Carmen, la tristeza y la desesperación, tienen más importancia para ella que las manchas en la ropa. Qué poco importa una mancha en la ropa cuando uno no ingresa ni un solo euro al mes.

Carmen tiene un móvil que le compró Beatriz. Le compró el aparato y una tarjeta, para que pudiese estar comunicada. Cuando Carmen está en una zona con wifi, utiliza whatsapp. Igual que todo el mundo.

A menudo habla así con Beatriz: es más barato, más fácil. Le manda besos con corazones, ramos de flores, memes con frases de superación personal.

Esto también despierta suspicacias entre la gente.

Así que lleva un bastón de invidente, así que supuestamente no ve bien, y sin embargo, dicen, ahí la tenemos, tecleando.

Una persona pobre con un móvil, ¿dónde se ha visto?

Tienen dinero para lo que quieren.

Porque, obviamente, la pobreza se confunde con el hambre. Cualquier posesión que vaya más allá del bocadillo de mortadela y la manta raída puede ser censurable.

Sin embargo, pocas cosas hay más imprescindibles para Carmen que el teléfono. Si le sucede algo —y, por supuesto, su situación actual es de alto riesgo—, debe poder comunicarse. Si hay que avisarla de algo —por ejemplo… de que le piden más papeles— es la manera más rápida de hacerlo.

Carmen, además, está enferma. La lesión que tiene en el cerebro, una masa «de límites indefinidos» cuya malignidad aún no ha sido del todo diagnosticada, no solo le ha ocasionado pérdida de visión. También le causa dolores de cabeza y mareos. A veces, cuando se levanta para estirar las piernas y fumar un cigarro, se tambalea. Algunos deben de pensar que está bebida. Borracha y además fumando. Sucia.

La pobreza es fea, es difícil de mirar. Es incómoda. Se puede ser pobre pero decente: esto lo hemos escuchado muchas veces. Pobre pero limpio. Pobre pero honrado. Pobre pero sin vicios. Pero: la mala leche de la conjunción adversativa.

Esa perfección, esa limpieza, que se les exige a los más pobres.

Los queremos beatíficos, agradecidos, puros de corazón, impecables. Que no digan una palabra más alta que otra. Que den siempre las gracias y no insistan. Que se acerquen un poco pero que se retiren enseguida. Que gasten nuestras limosnas en lo que nosotros decidamos que se las deben gastar. Que no haya ni una sola tacha en su pasado, ni un desliz.

Pero hay además otra sorpresa. Carmen tiene una perra, que nunca lleva con ella a mendigar porque es muy vieja. Una golden retriever que fue adiestrada como perro guía pero que ahora está tan desahuciada como su dueña.

El afecto que Carmen le tiene a ese animal es conmovedor.

Hay días en que ha dejado de comer para comprarle pienso. Gastó cerca de trescientos euros del paro para operarla de tumores en las mamas. Le compra pipetas antiparasitarias, un medicamento para la otitis y está pensando hacerse con una manta de perro, porque algunas noches hiela y el animal sufre.

Al principio, Beatriz intenta hacerle ver que esa perra, más que una ayuda, es un lastre para ella. Pero sabe que no es verdad. Los impedimentos que pueda ocasionarle —no solo económicos, sino también de movilidad: al fin y al cabo tiene suerte de que la dejen tenerla en la habitación— se ven suplidos con creces por la compañía que le ofrece.

De algún modo, proteger a una mascota —cuidarla, alimentarla— dota de una profunda dignidad a la persona que lo hace. Carmen todavía puede cuidar de alguien, todavía es importante para alguien. Existe una criatura que la quiere y que no la juzga.

A veces, un animal es lo que hace que las personas que viven en extrema pobreza consigan esquivar la locura.

Sin embargo, hay asociaciones de defensa de los derechos de los animales que denuncian el uso de perros en la mendicidad. Asociaciones probablemente bienintencionadas, pero que Beatriz considera también un tanto hipócritas.

Se centran en el dedo que señala la luna —pobres perros— pero olvidan la luna.

El mecanismo que hay detrás nos es bien conocido. Sentimos más compasión por un perro —por la inocencia indudable de un perro— que por una persona —que siempre es sospechosa de ser culpable—. Si el animal está sucio, es porque no lo lavan. Si lo está la persona, es porque le gusta la mugre. Etc.

Es cierto que los perros callejeros lo pasan mal, aunque quizá no peor que en las jaulas de las protectoras.

Dado que sus dueños —juzgados como explotadores— no pueden cuidarlos como debieran, algunas de estas asociaciones piden que se los quiten, aunque no haya señales de maltrato más allá de la pobreza, que sus dueños también sufren.

En una petición reciente realizada a través de change.org a la alcaldesa de Barcelona, se instaba a la prohibición de los perros mendigos, alegando que están «en manos de las mafias». Puede que los perros tengan microchip, se argumentaba, pero eso es porque los mendigos usan «una dirección fantasma», «la misma dirección que usan para solicitar ayudas sociales, que nadie se molesta en comprobar con lo fácil que sería pedir el padrón o facturas de suministros».

Cuando Beatriz lee esto, le da la risa floja.

Ahora comprende que parte de la reticencia de Carmen a volver al albergue se debía a su perra.

Podría calificarlo de capricho, de disparate, de falta de sentido común.

Pero por esas fechas se ve incapaz de calificarlo de nada. Cada vez le resulta más complicado juzgar desde su lugar, su privilegiado lugar. Cada vez le sorprende más que mucha gente lo haga tan alegremente.

8. El engranaje
en marcha

¿En marcha o atascado? No parece muy claro. Los dos meses de plazo que supuestamente tarda en tramitarse la renta mínima están pasando rápidamente sin noticias.

Lo de rápidamente es un decir, porque cada día cuenta para mal.

La situación de Carmen es cada vez peor. No es solo por la carencia de bienes materiales. A veces hay peleas entre los compañeros del piso donde vive. Carmen pone un candado en su puerta para proteger sus pocas pertenencias. El dueño del inmueble está pendiente de un proceso de desahucio. Nadie sabe qué pasará con sus «inquilinos» entonces.

Beatriz empieza a sospechar que Carmen entrega bajo coacción parte de lo que saca de la mendicidad, si no todo. La comida que compra en un economato social se le acaba pronto, demasiado pronto. Últimamente parece preocupada y más nerviosa. Le han vuelto a recetar antidepresivos y ansiolíticos —para esto se ve que no hay límites—. Carmen dice que ella no necesita medicamentos, que lo que necesita es cambiar de vida. Pero aun así los toma, porque no le queda otra.

La secretaria de la ONG Mujeres en Zona de Conflicto, con la que Beatriz habla un día, le explica que las víctimas de trata viven distintas formas de violencia, no necesariamente de tipo sexual.

No hay que olvidar, le dice, que Carmen fue prostituta en el pasado, por lo que tiene perfectamente interiorizado el esquema de dominación que supone buscar la protección de un hombre —el proxeneta— al que se le entrega todo el dinero ganado. El mecanismo en el caso de la mendicidad es similar y es muy probable que ya se esté empezando a producir.

Carmen no ha mentido en nada a Beatriz —ella ha tenido la ocasión de comprobar, punto por punto, todas las circunstancias de su historia, por duras o increíbles que parecieran en principio—; sin embargo, en los últimos tiempos, nota que hay partes de su vida que calla, quizá porque piensa que, si las cuenta, la ayuda que Beatriz y todos los que rodean a Beatriz le están dando puede terminarse.

Solo una intervención rápida de la administración —ay, la llamada «urgencia» contemplada en las leyes— podría sacar a Carmen de la espiral en la que está a punto de caer, la rueda que la triturará tarde o temprano.

Pero la administración no da ninguna señal de vida.

Este mutismo se hace aún más amenazante cuando se conocen todas las implicaciones del llamado «silencio administrativo», un silencio de tipo negativo: «Transcurrido el plazo para resolver sin haberse dictado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada».

¿Qué significa esto?

Es como si uno llama a una puerta esperando que le abran. Pero no abren. Uno espera al menos que alguien responda al otro lado. Que alguien diga «espere, por favor», «un momento», o incluso «vuelva mañana» o «vuelva dentro de un mes». Pero tampoco nadie dice nada. ¿Hay alguien tras la puerta? ¿Quizá uno está llamando donde no tiene que llamar? Uno tiene miedo de dar la vuelta e irse a probar suerte en otro lado. Tiene miedo de que, justo al marcharse, la puerta se abra y entonces, al no estar allí, la posibilidad de ser atendido se pierda para siempre.

El sistema es diabólico, pero es exacto. En su exactitud radica, de hecho, su perversidad.

Mientras tanto, ha llegado el día de la cita en los servicios sociales comunitarios. Beatriz confía en que cojan el testigo de lo que ellas iniciaron solas.

Sin embargo, la cita resulta desconcertante.

La trabajadora social que se hace cargo del expediente de Carmen parece conocerla de antes. Hace alusiones veladas a su pasado, insinuando que hay asuntos oscuros que Beatriz desconoce.

A Beatriz le da igual el pasado de Carmen. A estas alturas confía más en ella que en toda la parafernalia administrativa. ¿Que estuvo en la cárcel? Ya lo sabe. ¿Que se ha visto involucrada en peleas? Qué esperamos.

Lo importante ahora es su presente. ¿No es cierto que no tiene nada? ¿No es cierto que, de no ser por la caridad, estaría pasando hambre y frío? ¿Quién defiende sus derechos?

La trabajadora social la interrumpe. Tranquila, dice, Carmen sabe defenderse por sí misma, ya lo ha demostrado otras veces, y sonríe sin añadir más: otra alusión velada que mina la credibilidad de quien es víctima.

A continuación, la trabajadora les informa de las ayudas que el municipio destina a personas sin recursos. Hay ayudas de alquiler —aunque para ello debe presentar contrato—. Ayudas para afrontar el pago de las facturas de agua o luz —ídem—. Incluso ayudas para el pago de la tasa de basuras.

Beatriz se impacienta. De qué le vale a Carmen nada de esto.

La trabajadora asiente. Bueno, la única ayuda a la que sí puede optar es la llamada ayuda de emergencia, consistente en un vale mensual de sesenta euros para gastar en alimentos y artículos de higiene en comercios de la zona. Así, les explica, además de potenciar la economía local, los usuarios pueden comprar productos frescos, salir de los paquetes de garbanzos y arroz que les dan en Cáritas.

Aunque, ay, por desgracia ahora mismo hay un pequeño problema y esa partida está sin fondos. Esperan que se solucione pronto. Le pide a Carmen su número de teléfono para avisarla[11].

Sobre ayudas autonómicas o estatales la trabajadora social no dice nada, hasta que Carmen pregunta por la renta mínima. Bien, dice ella examinando la copia de la solicitud que han presentado, pues a ver qué pasa con la tramitación, hay que esperar.

Ahí acaba todo.

¿No se suponía que los servicios sociales comunitarios colaboraban en la tramitación? Si Beatriz no hubiese sacado el tema, la trabajadora social ni siquiera le habría mencionado la existencia de esta renta.

Tampoco cuando negaron asistencia a Carmen por no estar empadronada le informaron de que podía regular su situación incluso sin contar con domicilio.

¿Para qué están entonces los servicios sociales? ¿Dos meses de espera para eso?

Salen de allí con una sensación de frustración y fracaso. O al menos es lo que siente Beatriz. Carmen, en cambio, ya está acostumbrada a ser despachada así de todos los sitios.

Beatriz no quiere generalizar. A pesar del tono de condescendencia, las insinuaciones negativas y la desinformación de la persona que les ha atendido, no le cabe duda de que en esa misma área o en otras similares de otros municipios debe de haber trabajadores y educadores sociales esforzándose con profesionalidad y rigor, dejándose la piel en la tarea, realmente saturados de expedientes.

Pero hay muchas cosas que le cuesta entender. Por ejemplo, que el ayuntamiento se quede sin fondos para la llamada ayuda «de emergencia». O la tardanza en las citas incluso en casos de urgencia. La desinformación de algunos asistentes. El incumplimiento de funciones esenciales.

¿Y todavía se permiten deslizar insinuaciones oscuras sobre Carmen?

9. Silencio
administrativo

A finales de marzo siguen sin noticias. La amenaza del silencio administrativo continúa en pie. ¿Qué hacer ahora?

A Beatriz no le cabe en la cabeza que vayan a desestimar la solicitud de Carmen. Y sin embargo no tiene garantía de que las cosas vayan a salir bien.

A través de una conocida, consigue un contacto directo en la delegación. Llega a pensar que este atajo servirá para resolver el problema, pero no quiere ilusionarse: lo único que necesita, se dice, es información. Si van a desestimar la solicitud de Carmen quiere saber al menos la razón, para poder defenderse.

Hace su consulta. ¿Podrían informarle sobre el estado de la tramitación? El funcionario admite que van con mucho retraso. La renta mínima es una prestación nueva y el personal todavía se está formando. Hay criterios que aún no están claros y deben consensuarse entre todas las provincias. Pero no deben preocuparse: se tome la decisión que se tome al respecto, será notificada. Lo que no sabe decir es cuándo. Las solicitudes que se presentaron en enero están todavía «grabándose».

Beatriz no entiende bien a qué se refiere con «grabar», pero suena a un paso muy inicial de la tramitación: ¿meter datos en el ordenador?

Le explica los aspectos más dramáticos del caso. Insiste en la precariedad del estado de Carmen. Insinúa que puede ser víctima de trata. La desesperación podría provocarle una recaída en la droga. O puede hacerle volver a la prostitución.

El funcionario anota todos estos datos. Asegura que le darán prioridad. Pero esta prioridad no se concreta en nada. Los días, las semanas, siguen pasando sin respuesta.

Los meses, uno tras otro.

Los temores de Beatriz respecto al destino de Carmen no son del todo infundados. Problemas de todo tipo empiezan a acumularse.

Para empezar, debido a diferencias con otro de los inquilinos y ante la inminencia de la orden de desahucio que pesa sobre su casero, se ve forzada a dejar su habitación.

Primero se va a casa de «un amigo». Las relaciones con este «amigo» son ambiguas, o al menos Beatriz no las entiende. Al principio no la deja salir; después la tiene mendigando horas y horas, incluso en días de lluvia.

Vive con él en un piso donde paran también otras muchas personas, familiares o no, eso Beatriz no lo sabe. La zona es conocida por su conflictividad. Basta con teclear el nombre del barrio en un buscador para que aparezcan noticias sobre redadas, tráfico de drogas, agresiones, hacinamiento, falta de servicios mínimos.

No es el mejor lugar ni la mejor compañía para Carmen, pero ¿qué puede hacer? ¿Acaso tiene otras opciones? Recuerda la definición de pobreza del filósofo y economista Amartya Sen: la pobreza es falta de libertad. Una definición certera, dolorosamente exacta.

Beatriz trata de que Carmen le cuente qué está pasando realmente, pero tiene la sensación de estar indagando sin derecho.

A los pobres se les exige siempre que detallen sus intimidades si no quieren que sobre ellos se extienda —aún más— la sospecha.

Beatriz se resigna a seguir peleando por la renta mínima. Es lo único que puede hacer antes de que todo se vaya de las manos: encontrar la salida del laberinto burocrático.

10. El laberinto
burocrático

Pero el laberinto burocrático no es un ente abstracto. Es una maquinaria compuesta por personas con nombres y apellidos reglada por normas y costumbres que imponen personas con nombres y apellidos.

Estas personas nunca deberían olvidar que los expedientes con los que trabajan, esas solicitudes llenas de datos y documentación, tienen que ver también con personas que no siempre pueden defender sus derechos.

El laberinto burocrático archiva una solicitud cuando requiere documentación adicional y no se presenta en un plazo de diez días. El laberinto burocrático puede incumplir sus propios plazos —y de hecho así sucede—, pero es implacable con los plazos ajenos.

El laberinto burocrático exige que cualquier cambio en las circunstancias de la solicitud sea notificado en un plazo de quince días. A pesar de que el procedimiento se alargue indefinidamente, esta obligación sigue vigente. Si se cambia de domicilio, si se encuentra trabajo aunque sea solo unos días, si cualquier miembro de la unidad familiar lo encuentra, si se recibe de pronto un ingreso no previsto…, todo ha de ser notificado. En caso de no hacerlo, la solicitud podría ser desestimada.

El laberinto burocrático no considera la precariedad de la vida de decenas de miles de personas que no tienen un hogar estable o ni siquiera tienen hogar. Se comunica a través de números de teléfono o de direcciones que cambian con frecuencia. Si alguna notificación no es recibida, la culpa nunca es del notificante, sino del solicitante, que no estuvo lo suficientemente pendiente.

El solicitante ha de estar siempre localizable porque en cualquier momento le pueden reclamar más papeles. Ha de tener todo en orden, durante meses, meses y meses hasta que el procedimiento acabe, sin saber cuánto tiempo durará la tramitación ni en qué estado se encuentra.

El silencio administrativo es unilateral, porque a la otra parte se le exige comunicación constante, veraz, rápida y eficiente.

El laberinto burocrático tiene el poder de callar apelando a sus razones —«falta personal», «faltan recursos», «se han retrasado partidas», «las ayudas son nuevas», «estamos definiendo los criterios», «estamos saturados»…

Sin embargo, no hay razones válidas para el silencio de la otra parte —«me cortaron la línea de teléfono y no pude recibir vuestra llamada», «no me dio tiempo a pedir el papel que me dijisteis», «no entendí qué papel era necesario y mandé otro por error», «no tenía dinero para coger el autobús y hacer trámites», «me escribisteis a la dirección de la que me echaron por no pagar», «estoy enfermo y nadie me está ayudando»…

En estas circunstancias, es normal que muchos como Carmen se resignen y desistan. Que la desesperanza gane.

Esto no solo sucede en Andalucía, que es donde Beatriz y Carmen viven. Sucede en todas partes. Según CCOO, en la Comunidad de Madrid dos tercios de las solicitudes de renta mínima de inserción se rechazan por trabas burocráticas[12]. Este porcentaje se refiere solo a las solicitudes presentadas. La perspectiva sería mucho peor si tuviéramos en cuenta todas las que no llegan a presentarse por falta de información y asistencia.

La plataforma madrileña RMI Tu Derecho también ha denunciado el aumento generalizado de los escollos y habla de «fiscalización de la pobreza» en la comunidad. El último hito en esta fiscalización es la exigencia a los mendigos de una declaración jurada en la que se consigne cuánto dinero sacan en la calle, como si fuese un empleo normal. Esta cantidad será descontada del importe final[13]. Se supone que la renta mínima está pensada para evitar que las personas se vean obligadas a mendigar, sin embargo se fiscaliza y humilla a los excluidos, institucionalizando la sospecha infundada de que los mendigos sacan bastante más dinero del que creemos.

También en la Comunidad de Madrid a miles de familias se les ha retirado recientemente la renta sin argumentar con claridad el motivo, por lo que los afectados, a los que se les concede un plazo de diez días para reclamar, no pueden defenderse[14].

A menudo, el pretexto para suspender la ayuda es que las familias tienen derecho a otra prestación, que a su vez se deniega por estar cobrando la renta mínima[15].

Andalucía, Madrid… Prácticamente todas las comunidades autónomas han endurecido los requisitos para acceder a estas rentas, bien sean los referidos a la antigüedad del empadronamiento o al tiempo de percepción.

Pero a la opinión pública se le vende justo lo contrario. Todos los cambios, muchos de ellos sin beneficios demostrables, son presentados como positivos.

A menudo, la puesta en marcha de rentas con nombres nuevos se publicita por la administración como un avance, sin indicar que supone la extinción de ayudas o prestaciones previas y que, por tanto, las inversiones no son tan cuantiosas como parecen.

También se vende como positiva la colaboración de las distintas administraciones en la tramitación, dando la sensación de que se gana en flexibilidad, implicación e intercambio de perspectivas y de que cuanta más gente intervenga, mejor. La realidad —el caso de Carmen lo deja bien claro— se traduce en una mayor burocratización del proceso, que se encarece, se hace más complejo, se ralentiza y finalmente conduce al atasco.

El laberinto burocrático, al final, resulta ser un laberinto sin salida.

11. ¡Privilegiados!

Hay montones de ejemplos. Todos ellos descorazonadores.

Así, una reciente noticia aparecida en el diario El País[16].

En ella se habla del próximo realojo de los habitantes del asentamiento chabolista de El Gallinero, en Madrid, en pisos de alquiler social o alojamientos compartidos.

La noticia recoge historias de algunas de las personas que viven en el asentamiento, describiendo la dureza de un día a día marcado por graves problemas de salubridad y exclusión social. Familias hacinadas con niños, mujeres embarazadas y ancianos desgranan sus ilusiones y sus miedos.

Se describen también las condiciones —y las grietas— de la medida, desde la falta de información para los interesados sobre sus destinos a las medidas de control, normas y sanciones que se pondrán en marcha en caso de incumplimiento por parte de los interesados.

La noticia se construye a través de fuentes diversas: los propios chabolistas, la administración, agentes sociales, un párroco… Hay pluralidad y divergencia de opiniones.

Los comentarios de la noticia en la web son, en cambio, preocupantemente homogéneos. Desoladores.

«Entiendo perfectamente que se acostumbren a ese modo de vida porque para qué trabajar, si ya les mantenemos los demás. Su renta mínima, su piso a precio irrisorio, su carro lleno, su colegio gratis… Y encima a destruir lo que otros, con nuestros impuestos que religiosamente pagamos, nos cuesta tanto tener».

«Una chica de 24 años que vive en la inmundicia, sin trabajo, prácticamente sin cultura… Eso sí, con cinco hijos y ya con el sexto en camino, pero eso sí lo saben hacer muy bien. Sin palabras».

«¿Se les ha pedido que se comprometan a cambio a algo? ¿Se les ha ofrecido el acceso a algún tipo de control de la natalidad?».

«Lo fácil es tener que trabajar para poder pagar tu hipoteca, tus impuestos, la comida que pones en la mesa…, eso que no te regala nadie, después de una noche de jarana en la que esa gente y sus cachorros se dedican a cantar por la calle hasta altas horas de la madrugada, queman algún contenedor que otro, roban algún coche que otro, porque claro, están bien descansaditos ya que por el día no tienen otra cosa que hacer».

«Teniendo en cuenta que no llego a 50 años y tengo casi 30 cotizados yo creo que a mí también me tendrían que conceder un alquiler de 65 €. Mejor harían no contando sus circunstancias».

La estigmatización de los más pobres —los «sin techo», los chabolistas, los mendigos— se basa, como todo acto denigratorio, en la asignación de falsedades que nadie se molesta en comprobar porque se sustentan y asimilan a través de prejuicios.

Podría argumentarse que los comentarios en las versiones online de los medios no son representativos y que es la posibilidad del anonimato lo que hace que emerjan opiniones llenas de estigmas, rechazo y odio.

Sin embargo, Beatriz ha escuchado montones de comentarios similares en la calle. Conversaciones sobre lo fácil que lo tienen los que se aprovechan de su supuesta pobreza y sacan dinero gratis del Estado frente a lo duro que lo tiene «el currante medio» para salir adelante.

Con esa opinión a veces coinciden incluso los «caritativos». Hay quienes dan limosna, compadecidos por las personas que mendigan, pero están en contra de que el Estado deba ayudar a estas personas a alcanzar su derecho a una vida digna. La caridad prevalece entonces sobre el sentido de justicia y toma su peor cara: se convierte en una virtud privada, individual y arbitraria.

A veces, las críticas se hacen más fuertes en aquellos que también —sea ocasionalmente o no— se ven en dificultades económicas, aunque no estén ni mucho menos en la misma situación de emergencia que aquellos a los que critican.

Como si les tuviesen envidia.

Simplificándolo un poco, Beatriz diría que se trata de un ataque de pobres contra los que son aún más pobres.

Esto ha aumentado desde la crisis de 2008, que ocasionó un considerable empobrecimiento de la clase media. Pero, en vez de producirse una identificación con aquellos que ya antes vivían en la pobreza, en vez de hacer un frente común, crecieron las suspicacias y el rencor de los «nuevos pobres» ante los «pobres de toda la vida».

Comedores sociales, economatos de caridad, oficinas del paro… son lugares muy concurridos y no precisamente por mendigos de toda la vida de Dios o personas en las que la cochambre ya se ha instalado para siempre.

No. En esas colas hay arquitectos, abogados, médicos, directivos en otro tiempo de grandes equipos humanos, señoras que por nada del mundo se perdían un día de Feria, camareros, albañiles, maestros, jubilados, administrativas que ahora limpian escaleras y extranjeros, muchos inmigrantes «porque todos son hijos de Dios».

Y conservan su porte, su ropa, su lustre, su educación aumentando aún más el contraste con sus compañeros de cola que ya están acostumbrados a dormir en la calle.

Este texto se publicó en el ABC de Sevilla el 10 de junio de 2012. No es un artículo de opinión, sino una noticia relativa a la saturación, en pleno auge de la crisis, de comedores sociales y economatos benéficos, es decir, lugares destinados a «mendigos de toda la vida», a «personas en las que la cochambre se ha instalado para siempre».

Parece que la humillación de acudir a estos sitios tiene que ver con el hecho de mezclarse. Con que aquellos que conservan «su porte, su ropa, su lustre» estén al mismo lado de los que «ya están acostumbrados a dormir en la calle».

En cambio, para los «mendigos de toda la vida» no es una humillación hacer cola, puesto que «están acostumbrados».

«Ellos» frente a «nosotros», esas indudables diferencias.

Pero es cierto que nos conmueve más ver a un licenciado universitario en la cola de un economato social que a un «mendigo de toda la vida». Al parecer, las neuronas espejo, esas que causan la empatía, no funcionan de manera indiscriminada. La identificación, el reconocimiento de rasgos comunes, es un componente esencial para que se activen.

No nos da por pensar la razón por la que el «mendigo de toda la vida» no es universitario. Si ha sido o no tras una decisión voluntaria. Si la causa está en otro tipo de componentes sociales y económicos más complejos. Olvidamos que el origen de la pobreza es la desigualdad. Nos compadecemos al ver los síntomas de la enfermedad, pero preferimos ignorar el diagnóstico.

La misma Beatriz admite que siente más compasión al ver a una persona de aspecto «normal» durmiendo en la calle —esto es, una persona más o menos limpia, más o menos estable, con un equipaje más o menos ordenado— que ante un mendigo tirado en una manta sucia, rodeado de cartones de vino y de basura.

La identificación se produce más por estos rasgos que por la verdadera esencia compartida: la de ser personas, seres humanos.

Estas reflexiones no surgen de la nada. Beatriz ha leído el ensayo de Adela Cortina Aporofobia, el rechazo al pobre[17], en el que se explica bien este mecanismo de raíces cerebrales.

Pero también hay raíces sociales, dice Cortina, y estas son las que se pueden y se deben cambiar. En esto radica, según ella, el desafío de la democracia.

El periodismo tiene también su responsabilidad y no debería contribuir a la creación de una percepción social de la pobreza llena de estigmas, estereotipos y prejuicios.

Existen códigos deontológicos destinados a mejorar el tratamiento informativo de las noticias referidas a violencia de género, menores, migrantes, personas con discapacidad.

Pero no existe todavía un código deontológico para el tratamiento informativo de la pobreza.

El observatorio Hatento ha llamado la atención a algunos medios de comunicación por el trato degradante y deshumanizante que dan a las personas sin hogar, publicando en ocasiones fotografías y vídeos sin valor informativo que vulneran su intimidad y privacidad. Hay hijos que han visto en la prensa a sus padres buscando comida en los contenedores; padres que han visto a sus hijos durmiendo en cajeros automáticos. Situaciones dramáticas expuestas además con connotaciones negativas, como si fuesen un obstáculo para la paz social.

Las noticias relacionadas con personas sin hogar suelen centrarse casi en exclusiva en los problemas que supuestamente crean en el vecindario y se plantean como una cuestión de seguridad ciudadana. El debate puede ser, por ejemplo, que hagan sus necesidades en la calle, no la inexistencia de aseos públicos. Las noticias casi nunca se contextualizan dentro del problema mucho mayor de la exclusión social y la vulnerabilidad.

Las noticias que presentan a los «sin techo» como un inconveniente para los demás ciudadanos, obviando la perspectiva de que el verdadero drama es su misma existencia, fomentan la aporofobia. Este enfoque expone que el problema son, siempre, los otros. No es de extrañar entonces que los testigos accidentales de agresiones a «sin techo», según datos de Hatento, ni siquiera se sientan involucrados cuando las presencian. Según este observatorio, ocho de cada diez testigos no hicieron nada, y solo un 2,7 % llamó a la policía.

Pero el problema no es solo el trato degradante. Los tonos triunfalistas en los medios también tienen su miga.

Un reciente titular en Diario de Jerez, «Lluvia de millones para barriadas desfavorecidas[18]», sirve como ejemplo de la presentación efectista, acrítica y epidérmica de noticias que sin duda requieren un tratamiento más complejo: se recogen datos de futuras inversiones y acciones por parte de la administración pero no se habla de resultados reales.

Otro titular similar apareció por los mismos días en el ABC de Córdoba: «Lluvia de millones para las barriadas más desfavorecidas de Córdoba[19]».

Los hechos se convierten en noticiables cuando los políticos de turno convocan ruedas de prensa para anunciar las medidas que supuestamente pondrán en marcha para erradicar la pobreza. Entonces se habla de inversiones, partidas presupuestarias, medidas, programas, futuros resultados.

Rara vez se hace un seguimiento de estas informaciones.

Beatriz recuerda el día en que leyó, por primera vez, noticias sobre la existencia de la renta mínima. Recuerda su entusiasmo, su alegría primera. En todos los medios, la noticia se construía mediante la simple reproducción de declaraciones políticas. Palabras bonitas, contundentes, inapelables. Ningún periodista se puso a hacer cuentas. Ahora ella las hace.

Tienen razón las voces críticas que hablan de la insuficiencia de la renta. Beatriz mira las tablas de cuantías. A una unidad familiar de cuatro miembros le corresponderían 580 euros al mes (145 por persona). A una de seis miembros con tres o más menores, 688 euros (115 por persona). Esto en el caso de que se concediera sin obstáculos, cosa que está por ver.

¿Cómo una renta pensada —o más bien vendida— para erradicar la pobreza puede estar por debajo —tan por debajo— de los umbrales de la pobreza?

Y si el porcentaje de pobreza severa está en el 7,1 % de la población de Andalucía, es decir, en casi 600 000 personas, ¿cómo se puede presumir de que la renta beneficiará a 42 000 familias? A menos, claro está, que se considere que cada una de estas familias se compone de catorce personas…

Esta es la realidad: la de los números, la de los datos. No la de los titulares llamativos.

Sin embargo, la percepción final de muchos ciudadanos es que, efectivamente, cae una «lluvia de millones» para los demás, pero no para ellos.

No para los que libran cada día su batalla por pagar las facturas, el colegio de los niños, la letra del coche, la cuota del gimnasio o el seguro médico.

¡Qué fácil lo tienen, al parecer, los que no tienen nada, los que no pagan colegio, ni seguros, ni coche, ni facturas de luz y agua porque ni siquiera tienen casa!

Para ellos, esos privilegiados, hay lluvia de millones.

12. Mucho más
que números

A Carmen y a su «amigo» los han echado de la casa en la que estaban y han tenido que irse a otro sitio. Ahora viven en un bloque vacío de pisos ocupados por personas de muy diferente condición. No hay luz ni agua corriente.

Carmen está ahora peor que al principio, atrapada en una maraña que cada vez es más difícil desenredar.

Su enfermedad sigue avanzando. A pesar de las revisiones médicas y las pruebas por las que ha pasado, todavía no saben bien cómo tratarla. Tuvo un ingreso de emergencia, le hicieron resonancias y una biopsia. Los mareos son cada vez más fuertes y más frecuentes, su desequilibrio al andar ya no es solo achacable a la pérdida de visión. Más delgada, más pálida, con pupas en la cara y en los brazos, los síntomas de la enfermedad la convierten en sospechosa. Algunas personas, al verla, se apartan de su camino.

Sea cual sea el diagnóstico de su enfermedad, reposo, higiene, asistencia adecuada y una buena alimentación parecen imprescindibles para ella. Justo lo que no tiene.

Beatriz no puede evitar pensar que cuando la conoció, en aquel ya lejano y frío diciembre, tuvo su oportunidad de salvarse. Pero después de todos esos meses en los que ha tenido que sobrevivir sin que la administración haya aportado lo más mínimo —nada salvo recetas de antidepresivos y ansiolíticos—, ¿qué se puede esperar?

Carmen puso todo su empeño en ser ayudada. Entregó los papeles, guardó cola, se presentó a las citas, selló el paro. Pero ahora el desánimo se ha instalado en ella. ¿Hay novedades?, pregunta de vez en cuando. Beatriz suspira. No, nada.

Siente una terrible vergüenza cuando responde.

Vergüenza de su impotencia, de su discurso interno autojustificatorio: «He hecho todo lo que podía hacer».

Porque probablemente siempre pueden hacerse más cosas.

Le pide autorización para interponer una queja al Defensor del Pueblo Andaluz en su nombre.

En el escrito, Beatriz expone que el estiramiento de los plazos de tramitación de la renta mínima, esa incertidumbre, está causando una indefensión todavía mayor que una negativa. Ante una negativa, podrían buscar respuesta. Tal como está, no pueden hacer nada. El problema, supone, debe de estar afectando a muchas más personas. Su queja es, por tanto, general.

Y así es, en efecto. Iguales o parecidas a la de ella, se han recibido ya múltiples quejas. Tantas que, a finales de mayo, el Defensor inicia una actuación de oficio dirigida a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

El Defensor del Pueblo ya hizo un informe para el Parlamento andaluz titulado «25 años del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía en las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz» en el que se denunciaban los constantes retrasos y dilaciones en la tramitación de esta prestación, así como la insuficiencia del presupuesto, entre otros asuntos.

Con la nueva prestación el panorama no ha mejorado, y se siguen recibiendo quejas. Las situaciones descritas son dramáticas. Afectan a personas sin hogar, como Carmen. A mujeres solas con hijos menores a su cargo, que se ven obligadas a presentar convenios reguladores de separación o divorcio para demostrarlo. A ancianos dependientes y enfermos. A migrantes que no acceden a ayudas sociales. Todos ellos sin forma alguna de cubrir sus necesidades básicas, pero con la obligación de justificar y demostrar su pobreza.

Muchos se quejan de no haber recibido respuesta tras varios meses de presentar su solicitud. Otros cuentan que les pidieron documentos que ya habían presentado. Algunos de estos documentos, además, ya están en manos de otras administraciones. Otros son, simplemente, absurdos.

El mismo requisito de acreditación como persona sin hogar… ¿no es un sinsentido en el caso de Carmen cuando, en teoría, deben constar sus datos de los meses que pasó en el albergue municipal?

La mayoría de las personas que se quejan no consiguen ponerse en contacto con las delegaciones correspondientes, ni por teléfono ni en persona. Desde el correo electrónico que supuestamente se puso en marcha para resolver dudas contestan con la fórmula «Nuestro servicio es un servicio de información general, por lo que no podemos atender a consultas de carácter particular y/o personal».

Si se presentan en las dependencias, les dicen que no pueden atenderlos sin cita. Si quieren coger cita, les dicen que han de hacerlo por teléfono. El teléfono de las citas siempre comunica o no se atiende. El círculo se cierra y las llamadas «colas de la vergüenza» en las delegaciones se evitan.

Muchos se quejan también de que los medios de comunicación apenas se hacen eco de sus protestas. Se sienten invisibles.

Una joven que prepara oposiciones y cuida de sus padres con una discapacidad de más del 70 % afirma que rechazaron su solicitud porque no cumplió el requisito de estar inscrita como demandante de empleo durante todo el proceso de tramitación. Al parecer, selló el paro un día más tarde de lo que le correspondía. Recurrir la resolución le supondría otros tantos meses de trámites y es incompatible con presentar una nueva solicitud.

Otro hombre relata que le pidieron un informe que deben realizar los trabajadores sociales del municipio donde vive. Pero la cita en asuntos sociales de su ayuntamiento se la dan cuatro meses más tarde, porque también están colapsados.

Una madre con dos hijas menores sigue sin respuesta a pesar de tener pendiente una orden de desahucio, que ya ha documentado. Su asistenta social ha enviado un escrito de urgencia a la delegación. Siguen sin saber nada.

También los educadores sociales se quejan[20]. No solo consideran que las cantidades asignadas son claramente insuficientes. También denuncian que se pongan en marcha procedimientos administrativos que requieren la asistencia de agentes sociales sin tener en cuenta los recursos disponibles.

Piden, por ejemplo, que se simplifiquen el impreso de solicitud y los requisitos exigibles. Hasta para ellos mismos, dicen, los impresos son complejos de interpretar y rellenar. No favorecen la autonomía de los solicitantes, por lo que los servicios sociales se saturan. Muchas personas se atascan a mitad del proceso y desisten.

Beatriz lee casos y más casos. Ya no puede pensar solo en números. Detrás de cada expediente hay una o más personas. Personas como Carmen, en situaciones tan dramáticas como la de Carmen.

La presión del Defensor del Pueblo y de otros organismos como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía llevó a la consejera de Igualdad a dar explicaciones en el Parlamento el 13 de junio. Tras reconocer las deficiencias en la tramitación de la renta mínima, achacó los problemas al «proceso de adaptación de la plataforma informática que tramita las solicitudes para acceder a la prestación». Todo se resolvería, dijo, en un mes.

Un par de semanas después se publicaron algunas modificaciones de los requisitos más criticados por profesionales, trabajadores sociales y grupos políticos, en especial en lo referido a la acreditación de escolarización de los menores y la inscripción como demandantes de empleo de todos los miembros de la unidad familiar mayores de dieciséis años. El requisito del año mínimo de empadronamiento estable sigue vigente, salvo las excepciones, que han de documentarse escrupulosamente.

El problema no se resolvió «en un mes».

Fueron varios más los que tuvieron que esperar muchos solicitantes.

Carmen entre ellos.

13. Un futuro
previsible

¿Qué pasará?

Beatriz es capaz de intuirlo.

Los pocos medios de comunicación que han hablado de este asunto se cansarán. No harán un seguimiento del conflicto. No debido a un inconveniente específico del tema, sino a la invisibilidad habitual a la que se condena a los más pobres. A menos que haya polémica política por medio —y la pobreza jamás está en el centro del debate político— seguirá siendo así.

La renta mínima empezará a concederse, o al menos un porcentaje de los solicitantes comenzarán a recibir sus pagos. Al sentir que la maquinaria se pone en marcha, el problema se dará por resuelto, aunque siga habiendo atrasos y por el camino hayan quedado muchas solicitudes atascadas.

Nadie hablará de las solicitudes que se desestimaron y que, de acuerdo a las modificaciones que se hicieron en verano, pueden recurrirse.

Cuando se presente la memoria correspondiente, la administración no detallará los motivos de las denegaciones y archivos. Se dará el balance general, tratando de presentar los datos de la manera más favorable posible. Que cerca del 40 % de las solicitudes se denieguen o archiven —como suele ser la tónica— se considerará normal.

Nadie hablará de las solicitudes que no llegaron a presentarse por falta de información o de asistencia, o por atascos burocráticos como el que vivió Carmen con su empadronamiento.

Muchas personas continuarán teniendo la percepción de que los pobres son unos privilegiados a los que se conceden todo tipo de prestaciones sin ninguna exigencia a cambio. Unos vagos a los que les resulta más rentable poner la mano que trabajar.

Darán igual los datos del Instituto Nacional de Estadística, que hablan del crecimiento de la pobreza en los últimos diez años.

Darán igual también los datos de Cruz Roja, de Cáritas, de los bancos de alimentos, que han visto duplicar y triplicar su actividad de asistencia[21].

El rechazo al pobre, la aporofobia, se mantendrá intacta o incluso crecerá.

En cuanto a Carmen…

La resolución favorable debió de ser aprobada a finales de agosto, siete meses después de la presentación de la solicitud. La fecha es aproximada, porque lo cierto es que no reciben ninguna notificación al respecto. Lo descubren por casualidad, cuando un día Carmen ve en su cuenta el primer ingreso, que se ha realizado a primeros de septiembre. Beatriz intuye que en este final algo ha tenido que ver la queja del Defensor del Pueblo y que, de otro modo, la solicitud habría sido desestimada. Vistos todos los que se quedaron por el camino, Carmen todavía puede considerarse afortunada. Pero la sensación de victoria es agridulce.

El importe mensual asignado (473 euros, lo cual incluye el 10 % de incremento por su discapacidad) es tan insuficiente que difícilmente podrá sacar a Carmen de la caridad y la mendicidad. Todavía peor: es tan insuficiente que no le permitirá alcanzar un mínimo grado de independencia y libertad, lo que la condenará, al carecer de otro apoyo, a convertirse en víctima de la extorsión.

Durante la espera, Carmen ha pedido créditos rápidos a empresas sin escrúpulos que ahora se los van a cobrar bien caros. Esto, entre otras cosas. Tener dinero le servirá principalmente para pagar las deudas que ha ido acumulando. Desde luego, no para vivir con dignidad.

La administración, aunque tarde, siente que ha cumplido, y se lava ahora las manos. Pero de nada sirve ingresar un dinero sin tener en cuenta las circunstancias de las personas que lo reciben. De nada sirven las soluciones parciales cuando, en la mayoría de los casos, las personas sin hogar tienen otras carencias que se deben abordar de manera integral. Sin apoyo social, nadie puede cambiar su vida de la noche a la mañana. La misma sociedad que excluye a los más pobres no está dispuesta a aceptarlos porque sí, porque ahora tienen algo de dinero en una mochila rota.

El plan de inclusión sociolaboral que acompaña a la percepción de la renta no se concreta en nada. Supuestamente, Carmen tenía que firmar un compromiso y habría un seguimiento por parte de los servicios sociales municipales. Pero de esto siguen sin tener ni idea. ¿Falta de información? ¿O un argumento para quitarle más adelante la renta al no cumplir con ese requisito?

Además, dentro de pocos meses la renta concedida se extinguirá, pues su duración es solo de un año. Puede solicitar la renovación para seis meses más, aunque debe hacerlo en el plazo de tres meses antes de que se extinga.

Hasta esto es retorcido. A una persona que le acaban de conceder la renta lo último que se le ocurre es que ya debe solicitar la renovación, empezar a mover papeles de nuevo.

Porque si no lo hace en ese plazo, no podrá renovarla. Habrá que solicitarla nuevamente, comenzar otra vez desde el principio, y, además, con la espera intermedia de un mínimo de seis meses.

Seis meses de descansito, más todos los que vengan después añadidos a la tramitación —¿siete, por ejemplo?—, como si no hubiese pasado ya bastante tiempo en blanco.

Tranquilos, que este plazo de espera no se tendrá en cuenta en las situaciones de urgencia o emergencia social «debidamente acreditadas».

Pero ¿quién lo acreditará en el caso de Carmen?

¿Esto les suena?

Claro: es el chirrido de la rueda del hámster, dando vueltas sobre sí misma para nada.

Epílogo

La historia de Carmen es una historia real, aunque he cambiado su nombre y algunas de las circunstancias de su vida aparecen ligeramente modificadas o emborronadas para preservar su anonimato. En ningún caso he exagerado ni he cargado las tintas sobre estas circunstancias. Al revés, por difícil que resulte creerlo, su realidad tiene elementos que la hacen aún más dura, pero que no he recogido aquí por no ser pertinentes.

Beatriz no soy yo. Beatriz es una mezcla de las personas que pusimos nuestro empeño desinteresado —e inútil, en gran medida— en ayudar a Carmen. Bien pensado, el hecho de que el personaje de Beatriz represente a una colectividad resulta aún más impactante en el balance final: que entre varios no pudiéramos vencer la máquina burocrática de la administración pone de relieve qué poco puede hacer quien está solo e indefenso ante ella.

Quiero agradecer públicamente el apoyo de todos aquellos que se involucraron en la historia de Carmen, muy en especial el de Nuria Muñoz y mis padres, la asociación Tomares Comparte, el economato social de Triana Hijas de la Caridad y Cáritas de San Juan de Aznalfarache.

Agradezco también la información y el apoyo facilitados por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y por el Defensor del Pueblo Andaluz, instituciones que están desempeñando un papel esencial en la denuncia de la inadecuación del sistema de rentas mínimas.

También, aunque no sé sus nombres, agradezco el trabajo de los agentes sociales y técnicos de la administración que se hayan implicado realmente en la defensa de los derechos de Carmen y de otros como Carmen, pues estoy convencida de que los ha habido, y los hay, luchando desde dentro.

Noviembre de 2018

[1] Comparecencia en el Parlamento andaluz sobre política general del 7 de junio de 2017. <<

[2] Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. <<

[3] Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal. <<

[4] Según la Fundación RAIS, este neologismo es necesario porque representa la realidad de personas en situación de extrema pobreza sin estigmatizar con términos como vagabundo o indigente y la diferencia de otras situaciones de precariedad: «Las circunstancias de una persona que no tiene una puerta que cerrar que garantice su seguridad o un baño accesible, por poner algún ejemplo, poco tienen que ver con la situación de las personas que trabajan ocho horas por 600 euros al mes» (Cristina Hernández en «Sí, se llama “sinhogarismo”», El País, 24 de febrero de 2018). <<

[5] Fabiola Barranco Riaza, «La misión imposible de empadronarse en Madrid si eres una persona sin hogar» (eldiario.es, 19 de junio de 2015). <<

[6] Carmen Reina, «Se llama Luis, tiene 41 años y es invisible para el sistema» (eldiario.es, 13 de mayo de 2018). <<

[7] Razones como, por ejemplo, las de Mari Carmen y Juan José, una pareja de jubilados (él, enfermo) que no quisieron entrar en el albergue municipal de Sevilla porque los separaban en módulos diferentes: «Él sufre Parkinson y el año pasado le dio un ictus, no quiero que duerma solo», explicó ella (Antonio J. Mora, «Sin techo a los 70», El País, 25 de noviembre de 2016). <<

[8] Además, según RAIS, de suponer un coste económico mayor que el que supondría la puesta en marcha de políticas justas de alquiler social, programas de viviendas compartidas o viviendas tuteladas según los principios del programa «Housing First». <<

[9] Según Hatento, los datos podrían ser aún peores, pues muchas personas que sufren agresiones no denuncian por miedo a represalias, a no ser creídas e incluso porque desconocen que son hechos denunciables. <<

[10] Prestación que a Carmen le será finalmente denegada, teóricamente por no alcanzar el grado de minusvalía mínima (65 %) y a pesar de que la resolución denegatoria admita que la solicitante cumple todos los requisitos. <<

[11] Tardarán dos meses en hacerlo. En un periodo de ocho meses, Carmen recibirá solo dos vales. <<

[12] «El 66 % de las solicitudes de Renta Mínima de Inserción se rechazan por culpa de la “burocracia”», El Boletín, diario de actualidad y finanzas, 18 de mayo de 2018. <<

[13] Juan Diego Quesada, «La Comunidad de Madrid exige saber cuánto ganan los mendigos para descontarlo de sus ayudas», El País, 2 de octubre de 2018. <<

[14] Carmen Pérez-Lanzac, «Una plataforma denuncia ante el Defensor del Pueblo la retirada de la Renta Mínima a miles de madrileños», El País, 18 de mayo de 2018. <<

[15] Isabel García, «El Gobierno del PP de Madrid deniega el 75 % de las solicitudes para una renta mínima de inserción», nuevatribuna.es, 17 de mayo de 2018. <<

[16] Alberto G. Palomo, «De las chabolas al alquiler social», El País, 23 de julio de 2018. <<

[17] Adela Cortina, Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia, Barcelona, Paidós, 2017. <<

[18] Diario de Jerez, 11 de julio de 2018. <<

[19] ABC de Córdoba, 11 de julio de 2018. <<

[20] Así lo hizo público el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (Copesa) en un comunicado de prensa en julio de 2018. <<

[21] Consuelo Durán, «10 parámetros que dibujan que somos más pobres que hace una década», eldiario.es, 22 de agosto de 2018. <<