De los ocho años que duró la República española se han escrito muchas y diversas historias. Breve fue su duración pero muy intensa su vida y más aún sus consecuencias, especialmente porque durante este periodo España vivió una guerra civil que marcó nuestra Historia. Siete especialistas, coordinados por Santos Juliá, Premio Nacional de Historia en 2005, trazan las líneas fundamentales de los aspectos políticos: desde la proclamación el 14 de abril de 1931 hasta la desolación y la derrota de las premisas republicanas por la fuerza de las armas de un nuevo Estado el 1 de abril de 1939.

AA. VV.

República y Guerra en España (1931-1939)

ePub r1.0

Titivillus 14.04.15

Título original: República y Guerra en España (1931-1939)

AA. VV., 2006

Santos Juliá: (Coordinador)

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

Octavio Ruiz-Manjón

Gabriel Cardona Escanero

Enrique Moradiellos

Javier Tusell

Ángela Cenarro

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

Introducción (Santos Juliá)

INTRODUCCIÓN

Santos Juliá

Era un hermoso día de sol. Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros llegaba, al fin, la segunda y gloriosa República Española. ¿Venía del brazo de la primavera? La canción infantil que yo oí cantar, o soñé que se cantaba en aquellas horas, lo decía de este modo: La primavera ha venido / del brazo de un capitán. / Cantad, niñas en coro: / ¡Viva Fermín Galán!». Así recordaba el poeta Antonio Machado el 14 de abril en Segovia, aquel momento en que estallaron todas las esperanzas. Recibida en las calles de las ciudades como una fiesta popular coronada por el gorro frigio, la República quedó proclamada en la tarde de aquel día mientras el rey Alfonso XIII se iba entre coplas y se aclamaba entre aplausos a las nuevas autoridades.

En medio de aquel entusiasmo, un gobierno provisional, formado por socialistas, republicanos y nacionalistas catalanes, emprendió la obra de reformas políticas y sociales exigidas por las profundas transformaciones experimentadas desde la Gran Guerra por la sociedad española: la República vino, o advino, como regalo de primavera; pero llegó también como fruto maduro, largo tiempo esperado por las nuevas clases medias y por la clase obrera surgidas en las ciudades durante los quince años anteriores. Era preciso instaurar en España un régimen democrático, con el Parlamento como centro de la vida política, sufragio limpio y fin del poder político de los caciques; liberar al Estado de la tutela de las dos grandes instituciones que lo tenían mediatizado desde los años de la Restauración, el Ejército y la Iglesia; establecer la igualdad de derechos políticos y civiles de hombres y mujeres; remediar las grandes desigualdades sociales, agravadas por las oleadas de emigración desde las zonas rurales deprimidas a suburbios miserables de las ciudades; extender la educación en los grados primario y secundario y atender a la creación de centros superiores; proceder a una nueva distribución territorial del poder, con la concesión de autonomías reclamadas desde principios de siglo por los movimientos y partidos nacionalistas, especialmente en Cataluña.

Era un programa ambicioso, que afectaba a todos los órdenes de la sociedad y del Estado, a las relaciones entre clases sociales, al poder de clérigos, militares y terratenientes, a la vida de las familias desde el nacimiento al entierro, a la aspiración a la autonomía política de las regiones. La República no era, en el imaginario social, un mero cambio de régimen, mucho menos de gobierno; era, o prometía, un cambio de vida: la clase obrera se incorporaría al sistema político y al gobierno del Estado y mejoraría su miserable condición; las mujeres accederían a la esfera pública, se harían visibles también en la política; los niños y jóvenes recibirían una nueva educación, laica, moderna, que acabaría con la lacra del analfabetismo y con el provincianismo de una enseñanza dominada por los religiosos caídos en avalancha desde Francia sobre España a finales del siglo XIX; las regiones encontrarían un mejor acomodo en el Estado; los campesinos accederían a la propiedad de las tierras que trabajaban; el Estado se organizaría como democracia, acabando con la doble soberanía depositada en las Cortes y el rey. La vida, en fin, sería más igualitaria, más libre, más justa, como reclamaban los tiempos.

De estas grandes expectativas, pasados dos años, no quedaban más que rescoldos. En la coalición de gobierno formada por republicanos y socialistas se abrieron desde muy pronto diferencias profundas en torno al alcance de las reformas y a la naturaleza misma del régimen. En octubre de 1931, con motivo del debate constitucional sobre la cuestión religiosa, abandonaron el Gobierno Niceto Alcalá-Zamora, su presidente, y Miguel Maura, ministro del Interior; en diciembre, una vez aprobada la Constitución y ratificado Manuel Azaña en la presidencia del Gobierno, lo abandonó Alejandro Lerroux con el Partido Radical. La coalición quedó reducida a republicanos de izquierda y socialistas, que continuaron con su plan de reformas aunque con un apoyo social considerablemente reducido, que amenazaba con estrecharse cada vez más y no por un solo flanco, sino por todos, a izquierda y derecha. Reforma agraria, debate sobre autonomía de Cataluña, leyes laicas, prosecución de las reformas militares, legislación social, proyectos educativos: en cualquiera de estos frentes comenzaron a surgir obstáculos imposibles de prever en aquellos meses de grandes expectativas.

La evidente desproporción entre los apoyos sociales y políticos con que contaba la coalición presidida por Manuel Azaña y la urgencia, amplitud y profundidad de las reformas propuestas crearon un clima de tensión y lucha del que participaron todas las fuerzas sociales. La Confederación Nacional de Trabajadores, anarco-sindicalista, se declaró muy pronto decepcionada por la obra de gobierno y comenzó sus llamadas a la huelga general revolucionaria. Los patronos revitalizaron sus organizaciones y manifestaron su protesta por la aplicación de la nueva legislación social. Los militares, que habían recibido las primeras reformas con muestras de aprobación, reaccionaron violentamente ante la revisión de ascensos decretados por la guerra de Marruecos y comenzaron a conspirar. Los religiosos movilizaron al mundo católico por la proyectada ley de órdenes y congregaciones religiosas que implicaba el cierre inmediato de todos sus colegios y la prohibición de impartir enseñanza. Y mientras se deterioraba la confianza política, la crisis económica extendía la incertidumbre sobre el futuro, se paralizaban las grandes obras y un desempleo rampante afectaba de manera especial a los campesinos y a los sectores más deprimidos de las poblaciones urbanas.

La coalición no aguantó la presión creciente que la batía por todos sus costados y, ante la segunda y definitiva retirada de la confianza presidencial al presidente del Gobierno, se rompió en septiembre de 1933: Manuel Azaña salió del Gobierno y republicanos y socialistas continuaron cada cual por su lado. El resultado de las elecciones convocadas para noviembre de ese año, con los radicales y los católicos ocupando las primeras posiciones, y los socialistas y republicanos divididos y derrotados, supuso un cambio de dirección en el Gobierno, presidido ahora por Lerroux, con el apoyo parlamentario de la CEDA, una confederación de partidos católicos, edificada sobre Acción Popular, confesional, inspirada por Ángel Herrera y dirigida por José María Gil-Robles. Se habló de rectificación de la República, pero era evidente que en aquella alianza latía el propósito de la CEDA de acercarse al Gobierno para situarse en una posición que le permitiera disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones con el propósito de llevar a cabo una profunda reforma de la Constitución en un sentido corporativo y autoritario.

El repliegue de la izquierda y los avances de la derecha introdujeron un elemento de inestabilidad que se reflejó en continuas crisis de Gobierno, incapaces de sostenerse más allá de tres meses en el poder. Nuevos partidos salieron a la palestra, mientras los jóvenes formaban milicias y se generalizaba un nuevo discurso político que recurría a la violencia como expresión de su rechazo a la presente situación y como único instrumento para transformar el mundo. Ese era ya el lenguaje habitual entre jóvenes anarquistas y comunistas cuando nacía la República, pero lo será desde ahora entre los socialistas, que amenazaron con la revolución si la CEDA se incorporaba al Gobierno; como lo será también entre las juventudes del nuevo partido de Falange Española o las que engrosan las filas de la católica Acción Popular y de los partidos monárquicos, claramente situados, a medida que avanzaba 1934, en una política subversiva.

Frente a este nuevo clima político, el Partido Radical se escindió entre quienes estaban dispuestos a mayores concesiones a la derecha católica y quienes pretendían seguir una vía propia, igualmente alejada del republicanismo de izquierda como de la reacción de derechas. Diego Martínez Barrio y un grupo de diputados abandonaron el Gobierno y el partido, debilitándolo ante el empuje de las derechas que incorporaban, en mítines, discursos, manifestaciones, los modos, el lenguaje y los símbolos propios del partido nazi recién aupado al poder en Alemania. La adopción de saludos fascistas, la formación de escuadras de jóvenes uniformados con la camisa parda y el pantalón corto, el lenguaje de violencia, las amenazas esgrimidas por las juventudes, mostraban lo que poco después Ramiro Ledesma Ramos definirá como fascistización de los partidos católicos y monárquicos, un fenómeno al que atribuía la debilidad del partido fascista puro, Falange Española. En todo caso, los lenguajes políticos de revolución y contrarrevolución habían hecho su aparición y ganaban adeptos por días.

En estas circunstancias, y ante la debilidad creciente del Partido Radical, José María Gil-Robles exigió la entrada de su partido en el Gobierno como condición para mantener el apoyo parlamentario que le venía prestando desde las elecciones. Los socialistas, que habían amenazado con la revolución en la seguridad de que el presidente de la República no accedería nunca a las pretensiones de la CEDA, declararon la huelga general revolucionaria al conocerse la formación del nuevo Gobierno en los primeros días de octubre de 1934. A ella se añadió de inmediato la rebelión del Gobierno de la Generalitat, presidido por Esquerra Republicana y enfrentado durante todo el anterior verano con el Gobierno central por una cuestión relativa a las competencias del Parlamento catalán, proclamando una República Catalana. Liquidada la rebelión en unas horas por la rápida intervención del Ejército, bajo la autoridad del general Batet, la revolución declarada por los socialistas exigió que el Gobierno de la República se empleara a fondo, con el envío de legionarios y regulares para aplastar la insurrección obrera que se había extendido por la cuenca minera de Asturias.

La revolución de octubre de 1934 mostraba una vez más la vigencia de una cultura política, muy arraigada de nuevo entre los españoles desde el golpe de Estado del general Primo de Rivera en 1923. Pero mostró, sobre todo, como ya había ocurrido con la rebelión del general Sanjurjo en 1932 y las diversas intentonas revolucionarias declaradas por la CNT entre 1931 y 1933, la relativa facilidad con que la República, manteniéndose fieles al ordenamiento constitucional sus fuerzas armadas y de seguridad, podía sofocar los movimientos insurreccionales. Con los sindicatos obreros clausurados, los dirigentes socialistas encarcelados y los republicanos perseguidos, habría sido la gran ocasión para que las fuerzas del centro y de derecha iniciaran una política de apaciguamiento y reequilibrio social. Ciertamente, las secuelas de la revolución de octubre fueron graves, pero no impidieron en absoluto el normal funcionamiento de las instituciones republicanas. Si los gobiernos de coalición radical-cedista no optaron por una política de centro, no fue porque resultara imposible, sino porque la opción política de la CEDA iba por otros derroteros.

La CEDA, en efecto, había accedido al Gobierno con el propósito de impulsar la reforma de la Constitución en una dirección autoritaria y corporativa. Por eso, la experiencia de su coalición con el Partido Radical no fructificó en estabilidad ni eficacia gubernativa, sino todo lo contrario. Después de un año de crisis continuas, y cumplido el plazo de cuatro años establecido por la Constitución para iniciar procedimiento de reforma, Gil-Robles reclamó la presidencia del Gobierno. Lo hizo no porque contara ahora con una posible mayoría parlamentaria que le permitiera gobernar, sino porque, al no contar con ella, estaría en condiciones de disolver las Cortes, tras presentar un proyecto de reforma constitucional, y convocar nuevas elecciones. La negativa de Alcalá-Zamora a encargar a Gil-Robles la formación de un nuevo gobierno —lo que habría equivalido a entregarle el decreto de disolución— abrió la tercera fase de la política republicana. En lugar de a Gil-Robles, Alcalá-Zamora entregó el decreto de disolución a un hombre de su confianza, Manuel Portela Valladares, líder de un pequeño partido de centro.

Las nuevas elecciones tampoco sirvieron para estabilizar el sistema político. Con la derecha dividida y con los partidos de izquierda —desde republicanos a comunistas— formando una coalición electoral, bautizada como Frente Popular, el mismo sistema que primó el triunfo de la derecha en 1933 se encargó ahora de otorgar una neta victoria en escaños a las izquierdas, que solo habían obtenido un discreto triunfo en votos. No fue posible, sin embargo, ni la reducción del número de los partidos que acudieron a las primeras elecciones, ni la persistencia de los que estuvieron en el origen del sistema, dos condiciones básicas del proceso de consolidación de una democracia todavía frágil. Por el contrario, el número total de partidos con representación parlamentaria aumentó ligeramente, mientras los partidos más relevantes, o desaparecieron, como el Radical, o sufrieron procesos de división interna, como el PSOE y la CEDA.

Por debajo de la apariencia de los dos bloques o frentes alineados en orden de batalla, un frente popular y un frente de la contrarrevolución, lo que existía eran coaliciones electorales que englobaban a partidos incapaces de formar un Gobierno de coalición o constituir una disciplinada y homogénea oposición. El panorama político de la primavera de 1936 no es el de una polarización, un ascenso a los extremos, sino el de una profunda fragmentación de pequeños grupos políticos y, más grave para el porvenir de la República, de escisión o división de los dos grandes partidos que ocupaban la mayor parte del territorio a la izquierda y a la derecha del sistema multipartidista. La división interna del PSOE lo incapacitó para sostener al Gobierno, mientras la división de la CEDA le impedía mantener la disciplina de una oposición dentro de los cauces constitucionales. En la fragmentación de los grandes partidos, más que en una caída inevitable en el abismo, es donde hay que buscar las causas del deterioro político tan evidente en la primavera de 1936, que redundó en gravísimos problemas de orden público, con un pistolerismo rampante en las ciudades y enfrentamientos entre campesinos y Guardia Civil en los pueblos.

Con todo, si las fuerzas armadas y de seguridad hubieran guardado su juramento de lealtad a la Constitución, no habría sido posible que los españoles se hubieran enfrentado en una guerra civil. La guerra fue consecuencia directa de un golpe de Estado militar. No por muy evidentes es menos necesario repetir dos obviedades: si los militares, en lugar de conspirar, hubieran asistido, como era su deber, al Gobierno de la República en sus intentos de restablecer el orden y la paz social, jamás hubiera habido una guerra civil; pero si, puesto que decidieron conspirar, como era su hábito desde 1906, hubieran garantizado las complicidades suficientes para dar un golpe sin fisuras, con todo el Ejército unánime, se habrían hecho con el poder con alguna mayor dificultad que en 1923 pero no con menor éxito. Pero un golpe militar realizado sin que la totalidad del Ejército ni de las fuerzas de seguridad del Estado se sumaran a la rebelión, en un momento de gran movilización sindical, con una masa de obreros jóvenes, poco cualificados, condenados intermitentemente al paro, con una historia reciente de huelgas y de intentonas insurreccionales, con unas juventudes que llevaban dos años exaltando, a derecha e izquierda, la violencia como partera del nuevo mundo, no podía triunfar. Y eso es lo que explica que el resultado de aquella horrenda culpa, aquel delito de lesa patria, como lo definió Manuel Azaña, que fue la sublevación militar contra la República Española, no acabara, como en septiembre de 1923, en el triunfo neto de los rebeldes, con un rápido control del Estado; pero tampoco, como en agosto de 1932, en el triunfo neto del Gobierno, con un rápido sofocamiento de la rebelión.

En julio de 1936 fracasó la rebelión pero no triunfó el Gobierno que, presidido por Santiago Casares Quiroga, presentó su dimisión para dejar al presidente de la República la posibilidad de buscar alguna solución de compromiso que evitara la guerra. La búsqueda duró una noche: Martínez Barrio, encargado de formar nuevo Gobierno, intentó una aproximación a los rebeldes, que fue rechazada de plano por su principal cabecilla, el general Mola. Si la República no quería sucumbir ante los militares rebeldes, no quedaba otra posibilidad que armar a los sindicatos para que se enfrentaran a la rebelión. Así comenzó una situación no prevista por los rebeldes ni querida por el Gobierno: un golpe militar que triunfaba en su intento de establecer una base territorial de poder pero que fracasaba en su objetivo de hacerse con el gobierno del Estado; y un Gobierno que para contener la rebelión tuvo que armar milicias sindicales o de partidos obreros que, al disponer de armamento, iniciaron una revolución social. Es la guerra, pero es, a la vez, donde los militares triunfan, la contrarrevolución, y, donde los leales logran derrotar a los rebeldes, la revolución. En resumen, una guerra civil que no podrá acabar en un armisticio como primer paso de una reconciliación, no ya porque la sangre derramada en las primeras semanas creara un abismo de odio difícilmente superable entre leales y rebeldes, sino porque lo que estaba en juego era qué tipo de sociedad y de Estado iba a salir del enfrentamiento armado.

La guerra civil desencadenada por el golpe militar fue, en su origen, en sus motivaciones y en sus discursos, un asunto estrictamente español, en el que para nada influyó la situación por la que atravesaba Europa y en el que confluyeron varios conflictos propios de un tiempo que se creía pasado: una guerra de religión, una lucha de clases por las armas, una rebelión militar contra el legítimo poder civil, un choque de nacionalismos dentro de la misma nación, no solo de un nacionalismo españolista frente al catalán o vasco, sino del nacionalismo clerical y militar de los rebeldes frente al nacionalismo popular y republicano de los leales. Fue también una guerra española en un sentido más profundo: a la luz de sus llamas cobró un sentido nuevo el curso de la historia de España desde, al menos, la revolución liberal contra el absolutismo hasta la proclamación de la República. La fuerza retrospectiva de la metáfora, o el mito, de las dos Españas, debido a la radicalidad de la quiebra social —a esa quiebra de civilización a la que tantas veces se ha referido el profesor José María Jover— que la guerra supuso y a su final como exterminio del perdedor, gravitó sobre toda la historia anterior impregnándola de una especie de fatalismo no ya en el sentido de que el pasado sea irremediable, sino en el más fuerte de que el pasado es necesario: que las cosas ocurrieron así porque así estaba escrito en un guión trágico que se cumplía ahora en cada uno de sus actos, más allá de la voluntad de los actores.

Pero de una lucha a muerte entre españoles, la guerra civil adquirió muy pronto, desde las primeras semanas, una dimensión internacional. A la muy temprana y abierta intervención alemana e italiana en apoyo a los rebeldes, siguió desde los primeros días de la defensa de Madrid la presencia de brigadas internacionales que ocuparon sus posiciones en el frente de batalla. Con alemanes, italianos, soviéticos e internacionales en suelo español, la guerra civil dejó de ser solo una guerra interior en la que se solventaba por las armas la confluencia de antiguos pleitos españoles; comenzó a ser también campo de prueba o prólogo de una guerra entre Estados europeos y entre sistemas políticos y sociales, entre fascismo, democracia y comunismo. La anacrónica guerra de España, iniciada no por casualidad en África, se había convertido desde finales de 1936 en primera campaña de la futura guerra entre fascismo y democracia, con la novedad de que la Unión Soviética había venido a ocupar en la contienda el lugar desertado por Francia y Gran Bretaña con su ignominiosa política de No Intervención, simple tapadera que dejó a alemanes e italianos campo libre para hacer en España lo que bien quisieron.

Fue ese cruce de dos guerras, propia la primera de un tiempo histórico que se creía enterrado para siempre y anuncio la segunda de un tiempo no llegado todavía a sazón, lo que confirió a la guerra de España su especial rango en la historia universal del siglo XX. Dejada a sí misma, no habría sido más que un anacronismo propio de una sociedad atrasada, abrumadoramente rural, la última de las guerras carlistas, la última expresión bárbara de las dificultades del Estado liberal español para entrar en el mundo moderno. Fueron las dos grandes burocracias españolas, la militar y la eclesiástica, aliadas hasta confundirse desde septiembre de 1936, las que se enfrentaron a la resistencia caótica, tan heroica como ineficaz, de obreros y campesinos organizados en sindicatos que no sabían nada del Estado, o mejor que lo consideraban como una emanación de la sociedad burguesa destinado a diluirse con ella y a desaparecer. Durante aquellos primeros meses la guerra fue particularmente destructora, porque a la procedencia africanista de los generales sublevados se unió la tradición militarista del Ejército español, que buscaba en el interior de la patria que decía defender al mayor de sus enemigos, y el afán depurador del episcopado que azuzaba a los militares a aplastar la hidra de las siete cabezas, a extirpar el virus que destruía el ser de la nación española. En el territorio republicano, la vieja utopía del gran día en que el pueblo en armas responde a la reacción desencadenando la revolución adquirió la forma de una hoguera devastadora del antiguo orden y de sus defensores, a cuyo resplandor se liberaron poderosas energías y se cometieron tantos crímenes que con ella ardió también para siempre una idea de República sin que ningún proyecto colectivo emergiera de sus ruinas.

Un ejército colonial, que no dejaba ser viviente a su paso, crecientemente rodeado de frailes y sacerdotes, frente a columnas de paisanos, sin instrucción, armamento ni disciplina: tal fue la primera guerra de España, una guerra de otro tiempo. Sobre ella, se introdujo de repente el futuro en forma de divisiones fascistas, aviones nazis, tanques soviéticos. Esa intromisión modificó el contenido de la guerra y provocó el auge, entre las instituciones de la vieja España, de una nueva burocracia uniformada, el partido fascista, la Falange, que venía a ocupar un lugar entre el Ejército y la Iglesia. Provocó también, en el otro lado, el crecimiento de los comunistas, que se vieron catapultados al primer plano por el abandono británico y francés, la ayuda soviética, la debilidad de los republicanos, la división de los socialistas y la desorientación e indisciplina de los anarquistas. Fascistas combatiendo por un Nuevo Estado frente a una coalición de republicanos, socialistas, anarquistas y comunistas en la que estos adquirieron un papel político impensable unos meses antes, batiéndose por lo que bautizaron como democracia de nuevo tipo: esa fue la segunda guerra de España, una guerra del futuro.

1937 fue el año de la definición. En Salamanca y en abril, un Estado incipiente, que había concentrado todo el poder en un Caudillo al que no faltará desde el 1 de julio el aval de la Carta Colectiva del episcopado español, resolvió por decreto la unificación de todas las fuerzas civiles que habían acudido en apoyo de la rebelión militar. Desde entonces, y como decía Azaña cuando se hablaba de fascismo en España: «hay o puede haber en España todos los fascistas que se quiera. Pero un régimen fascista, no lo habrá. Si triunfara un movimiento de fuerza contra la República, recaeríamos en una dictadura militar y eclesiástica de tipo español tradicional». Por ese lado, todo quedó resuelto para el futuro desde ese momento. En la República, sin embargo, la diversidad de partidos y sindicatos combatientes hacía imposible una unificación y más que improbable la integración de todos en un proyecto común. En mayo de 1937, la profunda disparidad de fuerzas tomó la forma de una guerra dentro de la guerra: Barcelona vivió unos días de enfrentamientos callejeros entre los sindicalistas de la CNT, apoyados por el POUM, frente a los comunistas del PSUC que apoyaban a la Generalitat. El resultado político se viviría pocos días después en Valencia, cuando el Gobierno presidido por Largo Caballero, sostenido por la UGT y la CNT, dejó paso a un nuevo Gobierno presidido por Juan Negrín, una coalición de los partidos socialista, comunista, republicanos y nacionalistas de Cataluña y Euskadi.

La reconstrucción del Gobierno republicano y la intervención de las potencias extranjeras transformó aquella guerra antigua, con columnas avanzando sobre un campesinado mal preparado para resistir, en prólogo de una guerra moderna, con ejércitos capaces de sostener duras y prolongadas batallas. Vencería el que contara con una retaguardia más disciplinada, más obediente al mando militar, y con una ayuda del exterior más sistemática y regular, sin trabas ni impedimentos que interrumpieran los suministros. Largos meses pasaron en los que no bastó ni tanta obediencia ni tanta y tan regular ayuda, que los rebeldes seguían recibiendo de Italia y Alemania sin oposición alguna de Francia e Inglaterra, para inclinar la balanza de su parte. El hambre y los sufrimientos de la población civil extendieron el cansancio: la guerra, que se había esperado solventar en semanas, duraba demasiado, parecía interminable. Se habló de mediación, de una intervención internacional de las potencias interesadas, pero en Munich, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, después de ceder ante Hitler en lo que más importaba, no tuvo ningún reparo en confirmar el abandono de la República a su suerte, que se decidió finalmente en la batalla del Ebro, cuando los republicanos lograron en un primer momento romper el frente nacionalista solo para verse cuatro meses después superados por la mayor potencia de fuego de sus enemigos.

Al final, la caída sin resistencia de Cataluña, la entrada de las tropas de Franco en Barcelona, las prisas de Francia y Gran Bretaña en reconocer al Gobierno de Burgos, la dimisión del presidente Azaña, exiliado en Francia desde los primeros días de febrero de 1939, y la quiebra del pacto que había dado origen al Gobierno de Juan Negrín causaron a la República la peor de las derrotas posibles, con su entrega inerme a los vencedores tras una nueva y última guerra interna entre sus defensores, esta vez en Madrid. La derrota de la República fue seguida de una recaída de España en una dictadura militar y eclesiástica, apoyada en una clase de servicio fascista, que procedió a una sistemática e implacable represión con el resultado de cientos de miles españoles exiliados o encarcelados y varias decenas de miles ejecutados tras consejos de guerra sumarísimos, acusados de adhesión a la rebelión militar, esto es, de haber permanecido leales a la República durante los años de guerra. Y por lo que respecta a su dimensión internacional, el triunfo de los sublevados hizo buenos los malos augurios de su presidente: el triunfo de la rebelión interior apoyada en la intervención extranjera fue seguida a los pocos meses por la derrota de Gran Bretaña y, sobre todo, de Francia en la primera campaña de la guerra general abierta por el ataque alemán a Polonia en septiembre de 1939.

Los vencedores, dominados por el ansia de depuración, persistieron en su política de venganza y exterminio: había que enderezar la nación torcida, proclamó Franco. De esa manera, la guerra no terminó con la victoria, no solo porque el estado de guerra declarado por los militares al comienzo de la sublevación persistió hasta 1948, sino porque, más allá de esa fecha, el discurso de la guerra contra una anti-España que se diría dotada de la misma eternidad proclamada para la España verdadera no dejó nunca de recitarse en todos los aniversarios posibles: el de la victoria, el de la sublevación, el del Caudillo, el de la muerte del Fundador. Un culto a la muerte mantuvo viva durante años sin fin la llama de la exclusión, el odio y la venganza.

Y Antonio Machado, aquel testigo singular de las esperanzas de primavera levantadas por el advenimiento de la República, lloró años después su ruina en los inolvidables «Versos» escritos para Hora de España: «Trazó una odiosa mano, España mía, / —ancha lira, hacia el mar, entre dos mares— / zonas de guerra, crestas militares, / en llano, loma, alcor y serranía. / Manes del odio y de la cobardía / cortan la leña de tus encinares, / pisan la baya de oro en tus lagares, / muelen el grano que tu sueño cría. / Otra vez —¡otra vez!— ¡oh triste España!, / cuanto se anega en viento y mar se baña / juguete de traición, cuanto se encierra / en los templos de Dios mancha el olvido, / cuanto acrisola el seno de la tierra / se ofrece a la ambición, ¡todo vendido!».

* * *

De los ochos años que duró la República Española se han escrito, y no dejan de escribirse, muchas y muy diversas historias: tan breve fue el tiempo de su vida, tan profunda su huella. Lo que se ha intentado con este volumen es trazar las líneas fundamentales de su historia política, desde su gozosa proclamación un día de abril de 1931 hasta la desolación de su derrota y la implantación por la fuerza de las armas de un nuevo Estado otro día del mismo mes de 1939. Los trabajos aquí reunidos proceden del volumen XL de la Historia de España Menéndez Pidal, dirigida por José María Jover (Madrid, Espasa, 2004), donde también pueden consultarse otras facetas de la vida española de estos años: la economía, la cultura, la irrupción de las mujeres en la esfera pública, el primer exilio, los mitos y las representaciones simbólicas.

1. Proclamación de la República, Constitución y reformas (Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo)

1

PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA,

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

El desplome de la Monarquía y la proclamación de la República

EL DESPLOME DE LA MONARQUÍA Y LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA

El 15 de febrero de 1931 se presentó en la cárcel Modelo de Madrid don José Sánchez Guerra. Venía a entrevistarse con los miembros del comité revolucionario, detenidos en vísperas de la intentona insurreccional de diciembre del año anterior, con la que quisieron traer la República. El anuncio de la visita causó el lógico bullicio en la prisión. Sánchez Guerra, antiguo jefe del Partido Conservador monárquico, partícipe destacado en una de las últimas conspiraciones fallidas contra la dictadura de Primo de Rivera, y miembro ahora del grupo de los constitucionalistas, había sido encargado por el Rey, Alfonso XIII, de formar Gobierno tras la crisis del día 14. El general Berenguer, presidente del Gabinete desde la caída de la Dictadura de Primo de Rivera, había cosechado un rosario de anuncios de abstención a su convocatoria de elecciones generales. Desde los republicanos a los socialistas, pasando por los constitucionalistas y otros antiguos políticos de la Corona, dijeron que no concurrirían a ellas. El conde de Romanones y Manuel García Prieto, que permanecían fieles al régimen, desconfiaban de los resultados de una consulta electoral a Cortes y preferían comenzar por unas elecciones locales. El general Berenguer, desasistido, presentó su dimisión: no podía aceptar la responsabilidad de dar a las Cortes el carácter de Constituyentes que muchos reclamaban, ni tampoco someterse a la prelación de unas elecciones locales improvisadas que en nada podrían resolver, en su opinión, el problema político planteado. Creía necesarias unas Cortes ordinarias para, «sometido todo el pasado desde el año 1923 a un voto de indemnidad para la Corona, fortalecer la autoridad moral de esta, legalizando la situación constitucional»[1].

Hacía frío en aquella mañana del 14 de febrero de 1931, cuando Sánchez Guerra anunció su visita. Algunos de los detenidos llevaban dos meses en la cárcel, en la que, según contó uno de los veteranos, Miguel Maura, abundaban los presos políticos. Allí supieron del fracaso de diciembre, pero vivieron unas Navidades «apoteósicas», gozando de una gran libertad que les permitía debatir a diario sobre la situación y el futuro político y recibir casi desde el primer día «visitas multitudinarias», restringidas luego y sustituidas por montañas de cartas. El encuentro con Sánchez Guerra —«sombrero de copa y abrigo de pieles»— se celebró en el locutorio de abogados. Apenas cabían. Delante se colocaron el exministro liberal de la Corona, Niceto Alcalá-Zamora, y el socialista Francisco Largo Caballero; detrás otro socialista, Fernando de los Ríos, y Miguel Maura, hijo del antiguo líder del conservadurismo monárquico, Antonio Maura. Sánchez Guerra dijo que venía a solicitarles su participación en un futuro gobierno, una oferta sin precedentes en la historia de la Monarquía. Alcalá-Zamora puso condiciones, Sánchez Guerra se impacientó, Fernando de los Ríos habló sobre lo histórico del momento y Miguel Maura atajó: «Nosotros con la Monarquía nada tenemos que hacer ni que decir». «Lo suponía —suspiró Sánchez Guerra—: gracias y buenas tardes»[2].

No tardó en renunciar al encargo de formar Gobierno. Tampoco tuvieron éxito en el empeño Romanones, García Prieto ni Melquiades Álvarez. Por fin, el 17 de febrero, en una encerrona en el Ministerio de la Guerra salió un nuevo Gabinete presidido por el almirante Aznar, aunque realmente dirigido por el conde de Romanones, en el que solo figuraban viejos políticos de la Monarquía, sin savia nueva. Dos días después se anunciaba el propósito de convocar elecciones municipales para el 12 de abril, provinciales para el 3 de mayo y generales para el 7 de junio. «No solo por coincidir todos los miembros del Gobierno en que es necesario introducir modificaciones en la Constitución vigente —se decía en la declaración ministerial—, sino con el propósito de abrir, dentro de la legalidad, amplio cauce a todas las aspiraciones, las nuevas Cortes tendrán el carácter de Constituyentes». Eso sí, por imposición de Juan de la Cierva, serían unas Cortes bicamerales y el régimen monárquico no sería objeto de revisión[3].

El año 1930 había sido tan decisivo como algunos auguraron. No iba a resultarle fácil a la Monarquía sobrevivir a la Dictadura caída, ni cerrar con éxito su intento de reorganizar las filas monárquicas en una derecha templada, con Francisco Cambó a la cabeza, y una izquierda liberal, liderada por Santiago Alba. La aceptación por Alfonso XIII del golpe de septiembre de 1923 y de la suspensión de la normalidad constitucional, seguida más tarde del intento de sustituirla por un nuevo orden político, había limado la legitimidad, si no de la Monarquía —aunque también—, sí de la figura del Rey. Seis años de excepcionalidad política anquilosaron las redes clientelares de los viejos partidos dinásticos, faltos de sentido y sometidos a la descalificación pública. La promoción desde arriba de un complejo entramado corporativo y de un único partido, la Unión Patriótica, había facilitado la incorporación a la vida política de nuevas élites, no siempre bien avenidas con las anteriores porque rompieron con muchos presupuestos del conservadurismo y el liberalismo anteriores. Abandonados, cuando no menospreciados y vejados por el Rey, relevantes políticos de la Monarquía hicieron público su distanciamiento de la Corona ya en tiempos de la Dictadura. El liberal Santiago Alba, en quien Primo de Rivera quiso escarmentar a todos aquellos «profesionales de la política», se exilió a París, y allí seguía cuando, en enero de 1930, se abrió un tiempo de incertidumbres al pretender la vuelta a una normalidad constitucional, rota años atrás. No tardaron en encadenarse los actos y conferencias en las que significados políticos confirmaron su desafección al Rey, para declararse, algunos de ellos, abiertamente partidarios de la República. El 13 de abril, en el teatro Apolo, de Valencia, en una de las más sonadas intervenciones, lo había hecho Niceto Alcalá-Zamora, quien, unos días después, en la sociedad El Sitio, de Bilbao, sentenció que la monarquía de Alfonso XIII no cumplía las condiciones que hacían viable una Monarquía en los tiempos modernos y era deber suyo, por tanto, invitar al Rey a que por el bien del país se marchara[4].

El 15 de noviembre de 1930, el periódico El Sol publicaba, bajo el título de «El error Berenguer», un artículo firmado por José Ortega y Gasset, uno de los más renombrados intelectuales del momento. No se trataba, decía el filósofo, de que el Gobierno hubiera cometido errores, sino que era un error en sí mismo al pretender que España volviera a la normalidad por cauces normales, después de siete años de anormalidad. «¡Españoles, vuestro Estado no existe! —terminaba—. ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia». La llamada al compromiso político había sonado entre las viejas y más nuevas generaciones de intelectuales, desde el regreso de Unamuno y su apoteósica recepción en Salamanca, a los ruidosos discursos de políticos e intelectuales en el Ateneo madrileño, presidido sucesivamente por Gregorio Marañón, Fernando de los Ríos y Manuel Azaña, mientras una oleada de comentarios, escritos, folletos y libelos inundaban la prensa y toda suerte de publicaciones. El 10 de febrero de 1931, firmado por el propio Ortega, junto a Marañón y Pérez de Ayala, apareció el manifiesto fundacional de la Agrupación al Servicio de la República, con la que se pretendía «movilizar a todos los españoles de oficio intelectual» para formar un «copioso contingente de propagandistas y defensores de la República española»[5].

Intelectuales y exministros hirieron de muerte a la Monarquía. Sus declaraciones resultaban más estruendosas que el complejo movimiento de fuerzas políticas que iba dando cauce al nuevo republicanismo. Este se afincaba, en parte, en odres viejos aunque remozados, como el Partido Radical que continuaba presidiendo Alejandro Lerroux. Había también organizaciones con apenas unos años, como la Acción Republicana, cuyo manifiesto fundacional redactó en 1926 un todavía poco conocido Manuel Azaña, y que poco después se unió con los radicales en una Alianza Republicana. Otras eran aún más recientes, como el Partido Radical Socialista apadrinado en 1929 por Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo, o la Derecha Liberal Republicana que en julio de 1930 anunciaron Miguel Maura y Niceto Alcalá-Zamora. Una efervescencia de iniciativas de carácter provincial o regional acompañaba al proceso, cuya fortaleza dependía de su capacidad para resolver la tradicional fragmentación del republicanismo.

Eso fue lo que hicieron en San Sebastián, a mediados de agosto de 1930, representantes de Alianza Republicana, del radical-socialismo y de la Derecha Republicana, de Estat Català y Acció Republicana, y también de la Federación Republicana Gallega. Dar cauce en el pacto a las reivindicaciones autonómicas de los catalanes era uno de los objetivos. En San Sebastián surgió el comité revolucionario, que en los meses siguientes celebró diversas reuniones, primero en casa de Miguel Maura, desde octubre en el Ateneo de Madrid: había que decidir cómo traer la República y también qué República sería aquella. El multitudinario mitin de solidaridad republicana celebrado el 29 de septiembre en la plaza de toros de Las Ventas, de Madrid, y la asamblea nacional de la Alianza Republicana dos días más tarde ofrecieron, por primera vez, la imagen de un movimiento pujante que tuvo su continuidad en todo el país. Al mismo tiempo, hubo conversaciones con las fuerzas a las que se quería incorporar, especialmente con los socialistas y las organizaciones sindicales, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), imprescindibles si se quería que una huelga general acompañase a la insurrección militar que trajera la República. Porque esa fue la vía elegida.

Hasta el 20 de octubre no se decidió la comisión ejecutiva del Partido Socialista, y lo hizo solo por ocho votos a favor y seis en contra, entre ellos el de su presidente, Julián Besteiro. Lo apretado de la votación traslucía el recelo hacia los republicanos, el temor a embarcarse en una aventura incierta que hiciera peligrar las organizaciones asentadas en los años de la Dictadura y, también, el tradicional «obrerismo» celoso del aislamiento y la independencia. Solo cuando el republicanismo dio pruebas de cierta fortaleza y el riesgo de quedarse fuera resultó mayor que el de compartir la apuesta republicana, los socialistas dieron el paso adelante. Temían además que, de no hacerlo, su eterna rival, la CNT, en pleno proceso de reconstrucción aunque cargada de discrepancias internas, obtuviera mayores beneficios. Tras el fracaso del complot revolucionario y complejísimas negociaciones entre Madrid y Barcelona, la central anarcosindicalista aceptó a mediados de noviembre establecer una «inteligencia» con los elementos políticos y sumarse a la huelga general cuando esta se convocara[6].

Pero el paso previo tenían que darlo los militares. Conspiradores había dentro del Ejército desde que Primo de Rivera abriera de nuevo la espita de los pronunciamientos, que luego se volvería en su contra, como lo haría más adelante contra la República. Algunos militares habían organizado ya en 1926 una Asociación Militar Republicana a cuyo frente estaba ahora el general Queipo de Llano, arrestado y obligado a pasar a la reserva por el dictador. Presidía Queipo también un comité militar auxiliar del comité revolucionario. Había tramas y contactos personales con ciertos republicanos, como Alejandro Lerroux, y también con elementos obreros cenetistas y con catalanistas en Barcelona. El director general de Seguridad, el general Mola, tras proceder a una reforma de las fuerzas de seguridad, trataba de controlar un orden público perturbado por los incidentes y tumultos que acompañaban a muchos actos públicos, por las protestas de los estudiantes universitarios que impulsaban a la movilización a las clases medias profesionales, y por los conflictos laborales, insurreccionales y revolucionarios, los convocados por la CNT, que la UGT trataba de templar. Eso fue lo que ocurrió a mediados de noviembre, cuando el sindicato socialista quiso evitar que se convirtiera en una llamada a la huelga general la paralización de Madrid, por reacción a la sangrienta represión del multitudinario entierro de dos obreros de la construcción muertos en accidente de trabajo[7].

La conspiración republicana seguía su complicada marcha, pero la intentona fracasó en medio de iniciativas dispersas, minoritarias y contradictorias: en Jaca, los capitanes Galán y García Hernández, representantes del grupo de oficiales jóvenes radicales partidarios de la insurrección, se adelantaron, fueron detenidos, condenados y ejecutados. Tres días más tarde, el previsto, apenas si hubo movimiento militar en el aeródromo de Cuatro Vientos, en Madrid, y la huelga general naufragó. La República no vendría por la vieja vía del pronunciamiento militar con apoyos revolucionarios. El 20 de marzo de 1931, tres meses más tarde de la intentona de diciembre y uno después de haber sido invitados por Sánchez Guerra a formar parte de un Gobierno de la Monarquía, se celebró consejo de guerra contra el comité revolucionario encarcelado. El consejo, cuyo presidente, el general Burguete, exigió celebrar las sesiones en la Sala de Plenos del Palacio de Justicia, se convirtió en un gran mitin de afirmación republicana, aprovechado por los abogados de los acusados para recalcar, ante un público entusiasta que abarrotaba las galerías, la ilegitimidad de un régimen que gobernaba inconstitucionalmente. Tres días tardó en llegar una sentencia simbólica que, de hecho, significaba la libertad inmediata.

No llegaba a tres semanas el tiempo que faltaba para la celebración de las elecciones municipales anunciadas por el Gobierno. Fue la primera campaña electoral moderna en la historia de España, convertida por la coalición de las fuerzas republicanas y socialistas en un plebiscito entre Monarquía y República, como anunciaron en su manifiesto del 4 de abril y se hartaron de repetir en mítines y actos públicos. Porque esa era, en su opinión, la pregunta que tan hondamente preocupaba a todos los españoles. Semejante reducción les permitía sortear las diferencias entre las fuerzas coligadas y presentar una República respetable, conservadora, como gustaba explicar a Niceto Alcalá-Zamora. Los monárquicos, por su parte, obligados por el empuje desde su izquierda, se debatían entre el recurso a las viejas prácticas clientelares, aprovechando la intervención a su favor de los gobernadores civiles y la recuperación de los viejos entramados caciquiles, y la necesidad de lanzarse a una campaña electoral efectiva. El «encasillado» que habían hecho meses atrás, en diciembre de 1930, cuando Berenguer quiso convocar elecciones generales, les permitió un optimismo que aún conservaban. En marzo de 1931, Francisco Cambó había promovido la formación de un Partido de Centro Constitucional, una fusión de regionalistas, mauristas y otros grupos conservadores de diversas provincias, acogido por la prensa como ejemplo de una derecha «moderna y europea». Llegaba, quizá, un poco tarde. Por otro lado, la Unión Monárquica Nacional, fundada en abril de 1930 con José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador, como secretario general, reivindicó la herencia de la Dictadura. Rompió las tradiciones liberales con un lenguaje radical que incomodaba y rechazaban los viejos políticos pero que, quizá para desgracia de estos, se convirtió en protagonista de la campaña, desplazando la defensa de la Monarquía. Pese a la resistencia de algunos monárquicos constitucionalistas a compartir cartel con quienes durante la Dictadura habían sido sus enemigos, hubo candidaturas únicas en Madrid y en la mayoría de las provincias. Eso, y que la proclamación de candidatos elegidos por el artículo 29 arrojó una mayoría de concejales monárquicos, les permitió confiarse[8].

Sufrieron un inmediato varapalo cuando comenzaron a llegar las primeras noticias de los resultados, la misma tarde del 12 de abril. «El Gobierno descontaba la derrota monárquica en Madrid —escribió, recordando aquellos momentos, el conde de Romanones—, pero nunca pudo sospechar un barrido tan completo en toda España». No fue en toda España, como dejaba claro la Hoja Oficial del Lunes del día 13, pero sí en las grandes ciudades y en otras menos previsibles, como el feudo romanonista de Guadalajara. Fue ese repentino estado de ánimo reflejado en las palabras del conde lo que precipitó un desenlace en absoluto imaginado. Pesó también el anuncio del general Sanjurjo, director de la Guardia Civil, de que gran parte del Ejército y del instituto armado que dirigía se mantendrían neutrales ante los resultados electorales. El propio ministro de la Gobernación, Berenguer, mandó a los capitanes generales un telegrama cifrado —pero publicado por la prensa al día siguiente— urgiéndoles a mantener la disciplina para que el país pudiera seguir «el curso lógico impuesto por la suprema voluntad nacional». No se convocó Consejo de Ministros hasta el lunes por la tarde: cuatro dijeron que el resultado de las elecciones restaba autoridad al Gobierno y quisieron dimitir, mientras Juan de la Cierva, casi en solitario, se manifestó dispuesto a presidir un Gobierno que defendiera la Monarquía a cualquier coste. Tras tres horas de discusión, el conde de Romanones, que había abogado por declarar inmediatamente la crisis y dejar expedita la actuación del Rey, sacó del bolsillo una nota que llevaba previamente preparada, aconsejando en breve plazo una consulta a la voluntad nacional en elecciones generales[9].

A la mañana siguiente, 14 de abril, el Rey no consideraba todo perdido. Alarmado, Romanones le mandó mensaje de que no cabía sino una renuncia y una ordenada transmisión de poderes, única manera de hacer posible una pronta vuelta por clamoroso llamamiento popular. Cuando llegó a Palacio, la actitud de Alfonso XIII era menos optimista y, tras decidir quemar el último cartucho consultando a los constitucionalistas, ordenó a Romanones la «penosa» tarea de entrevistarse con Alcalá-Zamora. El Rey estaba dispuesto a transferir su autoridad a un Gobierno que convocara Cortes Constituyentes, saliendo él mientras tanto del país. Romanones buscó un terreno neutral para su entrevista, la casa de Gregorio Marañón, pero a su petición de unas semanas de tiempo respondió Alcalá-Zamora que acababa de recibir el apoyo del general Sanjurjo, y que daba por perdida la batalla de la Monarquía. El Rey, tras renunciar al Trono en Consejo de Ministros, debía abandonar el país antes de que cayera el sol, saliendo no por Irún, sino por Portugal. De vuelta a Palacio, el Rey oyó su relato y, a la espera de la visita de los constitucionalistas, «para demostrar que la familia hizo por el enfermo cuanto pudo», se celebró Consejo de Ministros en su presencia y se descartó la resistencia. En la nota que finalmente hizo pública lamentaba: «Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo […] Espero conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos»[10].

Alfonso XIII abandonó Palacio antes de las nueve de la noche. Fue una despedida emocionada, no exenta de miradas críticas de muchos cortesanos que pensaban que el Gobierno no le había defendido suficientemente. Para entonces, una multitud se agolpaba frente al Palacio Real. La calle se convertía en una fiesta. Ni Alfonso XIII ni muchos de sus ministros pensaban que aquella despedida fuera definitiva. Tampoco los miembros del Gobierno provisional habían creído hasta entonces que la República pudiera ser una realidad inmediata. Fueron recibiendo las noticias de los resultados electorales y, a las cinco de la mañana del día 13, al salir de la Casa del Pueblo, Fernando de los Ríos había dicho que el triunfo les permitía ir a las elecciones generales en octubre y, de repetirse el éxito, traerían la República en un plazo breve. Pero los acontecimientos se precipitaban. Muchos amigos y correligionarios se concentraron en casa de Miguel Maura. La prensa se hacía eco de noticias y rumores de todo tipo, también sobre la posible declaración de la ley marcial. A las seis de la mañana del 14 de abril, los nuevos concejales habían declarado la República en Éibar. Fueron los primeros. Unas horas más tarde, en Barcelona, Companys y otros concejales electos habían exigido y conseguido el gobierno de la ciudad de manos del alcalde; una hora más tarde, Francesc Macià proclamaba la República catalana dentro del Estado federal español. El ejemplo cundía. En Madrid se había izado la bandera republicana en el Palacio de Comunicaciones. Maura, preocupado por un posible desbordamiento popular y por el vacío de poder que podía producirse, tomó la iniciativa. A media tarde subió en un coche junto con Manuel Azaña, «pálido como un muerto», y se abrió camino hasta el Ministerio de la Gobernación. Otros miembros del Gobierno le seguían en otro coche.

La noticia de que ondeaba la bandera republicana corrió como un reguero de pólvora por Madrid. Hubo muchedumbres en la calle la noche anterior, pero la mañana había sido tranquila. Ahora, las gentes comenzaron a arremolinarse, salían de los cafés y de los establecimientos y se concentraban desde la plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol. Desde Lavapiés y los barrios bajos de Atocha las multitudes invadían el centro de la ciudad. El entusiasmo sucedía a la perplejidad inicial, comenzaba a cantarse la Marsellesa y el Himno de Riego, también la Internacional, mientras se enarbolaban las primeras banderas, republicanas unas, rojas otras. Los retratos y símbolos monárquicos desaparecían de escaparates y portalones. Alcalá-Zamora salió al balcón del ministerio y, en un mensaje transmitido por radio, proclamó la República. Dentro, Miguel Maura iba llamando uno a uno a los gobernadores civiles para que hicieran pacíficamente el traspaso de poderes, y el presidente, tras hablar también por teléfono con los capitanes generales, dictó los decretos de nombramiento de los ministros y el Estatuto Jurídico del nuevo Gobierno. «Nos regalaron el poder», escribió Miguel Maura. «No hicimos sino recoger en nuestras manos, cuidadosamente, amorosamente, pacíficamente a España, a la que habían dejado caer en medio del arroyo». Por fortuna para ellos, de antemano estaba constituido el órgano rector. Una Monarquía que, como algunos decían, había durado quince siglos cayó como un peso muerto que se desploma, minada por todas partes, por la altura y por la base[11].

El Gobierno provisional

EL GOBIERNO PROVISIONAL

El 15 de abril, el Gobierno llamó a finalizar los festejos, recuperar la tranquilidad pública y volver al trabajo, para evitar cualquier merma de su prestigio y autoridad. Al día siguiente se celebró el primer Consejo de Ministros. Lo presidía Niceto Alcalá-Zamora, católico y persona de orden, líder ahora de la Derecha Liberal Republicana e importante protagonista en aquella transición. También lo había sido su compañero de militancia y ahora ministro de la Gobernación, republicano de última hora, Miguel Maura, hermano de Gabriel, miembro del Gobierno recién defenestrado. Alejandro Lerroux, por el contrario, estaba desde hacía más de quince años al frente del partido con más solera y de mayor implantación entre los republicanos, el Radical, si bien era una suma de agrupaciones y órganos regionales muy autónomos, sin apenas organización y con recursos financieros escasos. Era Lerroux la encarnación más acabada de la República para una parte relevante de la opinión pública, muy alejado del populismo que le caracterizó a comienzos de siglo como el Emperador del Paralelo. Las suspicacias de sus compañeros por la imagen clientelar y corrupta que acompañaba a su partido le habían impedido un mayor protagonismo y le llevaron a ocupar un Ministerio que él mismo consideró de segunda, el de Estado, que, además, le alejaba del escenario político. El otro ministro del Partido Radical, el sevillano Diego Martínez Barrio, concejal durante años en su ciudad natal y conspirador contra la Dictadura, tampoco desempeñaba una cartera de primera línea: la de Comunicaciones. El Ministerio de Economía fue ocupado por Luis Nicolau d’Olwer, un profesor ponderado, fundador en 1922 de Acció Catalana, que, poco antes de proclamarse la República, se fundió con Acció Republicana de Catalunya para crear el Partit Catalanista Republicà. Autonomista pero centrado, este partido no había tenido demasiado éxito en las elecciones de abril que consagraron la hegemonía de la Esquerra en Cataluña, pero Nicolau d’Olwer estaba ahí como miembro del comité revolucionario y, por tanto, del gobierno[12].

Más a la izquierda, Manuel Azaña, antiguo militante en el Partido Reformista de Melquiades Álvarez, portavoz ahora de la Alianza Republicana, de vocación oscilante entre el mundo intelectual y la política, radical en su palabra y con fama de huraño, ocupó el Ministerio de la Guerra. El de Marina fue para Santiago Casares Quiroga, abogado coruñés y uno de los principales dirigentes de la Organización Republicana Gallega Autónoma. Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo ocuparon, respectivamente, las carteras de Fomento e Instrucción Pública. Domingo, maestro y periodista, con una larga trayectoria política republicana en Barcelona, fundador y presidente del Partit Republicà Català, y Albornoz, abogado y periodista también, de formación institucionista, habían fundado el Partido Radical Socialista por el descontento con la creciente moderación del Partido Radical de Lerroux, al que ambos habían estado próximos. Defendían una democracia radical, un anticlericalismo rotundo y posiciones muy avanzadas en materia social. Por último, había en el Gobierno tres ministros socialistas. Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, era catedrático en la Universidad de Granada, de formación también institucionista, militante desde 1918 en el Partido Socialista y contrario a la colaboración con la Dictadura, como también lo había sido Indalecio Prieto, ahora ministro de Hacienda. Prieto era periodista, autodidacto, pero sobre todo un veterano militante que dimitió de la comisión ejecutiva por discrepar de la contemporización con Primo de Rivera, acudió a título personal a la reunión de San Sebastián y defendió desde un principio el compromiso político con los republicanos. El Ministerio de Trabajo fue para Francisco Largo Caballero, antiguo obrero estuquista, militante del partido y secretario general de la UGT desde 1918. Apoyó la aceptación de cargos públicos durante la Dictadura de Primo de Rivera y fue miembro del Consejo de Estado, aunque después se distanció[13].

Era un Gobierno, por tanto, de amplia y heterogénea coalición, desde la derecha republicana hasta el Partido Socialista, de políticos nuevos como gobernantes, con la excepción de su presidente, aunque gozaran de experiencia en ayuntamientos, en el Parlamento, casi siempre en la oposición, y en otras instituciones. Era lógico que vieran los problemas desde su experiencia anterior, desde una política de escasa movilización, bruscamente interrumpida en su evolución por los años de la Dictadura. Venían cargados, eso sí, de grandes principios, convencidos quizá de que con eso había de bastar para domeñar la realidad, y de grandes proyectos, desde la puesta en pie de un nuevo orden constitucional a la reorganización territorial del Estado, la redefinición de las relaciones con la Iglesia, la transformación del Ejército y la reforma agraria, la regulación de las relaciones laborales y otras mejoras relativas a la clase obrera. Eran cuestiones todas ellas arrastradas durante largo tiempo y cargadas de significado, sobre las que las reuniones celebradas por el comité revolucionario no habían pergeñado un proyecto común. Tampoco eran duchos, ni quizá demasiado sensibles a la importancia de los procesos de deliberación y de toma de decisiones y, por su aversión a la política monárquica, aborrecían las reboticas, los pasillos del Congreso y los salones de las comisiones como antros de perdición de la virginidad política. La sintonía entre los ministros no se adivinaba buena. No solo por discrepancias ideológicas o por la intención paradójica de suscitar desacuerdos de algunos para propiciar apoyos de otros, sino también por disparidades de carácter y de manera de entender su encomienda política. La heterogénea coalición quedaba sostenida por la común pertenencia al Gobierno, pero el trabajo colegiado iba a resultar difícil[14].

Ese Gobierno provisional tenía todos los poderes, aunque, según el Estatuto Jurídico redactado por su presidente, se comprometió a rendir cuentas ante las Cortes en cuanto se reunieran. El Estatuto prometía el respeto pleno a la conciencia individual mediante la libertad de creencias y de cultos y el pleno reconocimiento también del «derecho sindical y la libertad corporativa». Prometía garantizar por ley la propiedad privada, que no podría ser expropiada sino por causas de utilidad pública y previa indemnización. En la primera reunión del Consejo de Ministros, Fernando de los Ríos se apresuró a negar la inminencia de una separación de la Iglesia y el Estado, mientras Indalecio Prieto, preocupado por la fuga de capitales y tratando de evitar el pánico, aseguraba el respeto a los empréstitos, conversiones, créditos y avales de la Dictadura. Algunos ministros se lanzaron de inmediato a legislar por decreto. Especialmente prolíficos fueron Manuel Azaña desde el Ministerio de la Guerra, y Francisco Largo Caballero desde el de Trabajo. Ambos llegaban al Gobierno con objetivos bien pensados y juzgaron urgente su puesta en marcha[15].

Las primeras semanas fueron las de la luna de miel de la República. No sabía qué admirarse más, opinaban algunos, si la moderación del Gobierno o la circunspección de la oposición. Solo hacía falta darle tiempo a la República. Aunque la exigencia de responsabilidades por el golpe de Estado de 1923 y por las actuaciones durante la Dictadura de Primo de Rivera había sido pieza importante de las campañas de la coalición gobernante, y se había incorporado al Estatuto Jurídico del Gobierno como compromiso futuro, no hubo campaña por la «republicanización» de la República, por llevar a cabo una depuración sistemática en todos los niveles de la Administración. Muchos funcionarios permanecieron en sus puestos, y algunos se hicieron republicanos, con gran indignación de quienes, considerándose como tales de toda la vida, aspiraban quizá a reemplazarlos o, al menos, desconfiaban de ellos. Otra cosa fue la política de nombramientos en puestos políticos clave, como el de los gobernadores civiles, que cambiaron. El ministro Miguel Maura tuvo que negociar con los distintos partidos a la hora de nombrarlos, y las decisiones no siempre recayeron en las personas idóneas. Tampoco disponía Maura de unas fuerzas de seguridad adecuadas. La Guardia Civil, disciplinada y quizá suficiente en sus efectivos para las zonas rurales y pequeñas ciudades, no gozaba de buena prensa y tampoco tenían sus miembros una mentalidad predispuesta para afrontar su tarea con nuevas maneras, más acordes con el orden democrático. En las ciudades, los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad eran insuficientes en número e ineficaces y mal provistos de recursos. Con la llegada de la República no hubo modificaciones en el Reglamento de la Guardia Civil, como algunos ministros sugirieron, y solo un tiempo más tarde, cuando fue nombrado director general de Seguridad el radical-socialista Ángel Galarza, se decidió crear un nuevo cuerpo de policía, la Guardia de Asalto, cuyos aspectos técnicos, pese a todo, fueron encomendados a un militar, el coronel Muñoz Grandes[16].

Todo el mundo se felicitaba por lo pacífico y festivo del cambio de régimen, máxime cuando los meses previos habían sido agitados. No cabía esperar de momento amenaza seria desde una derecha desconcertada y desperdigada, pero los proyectos insurreccionales, aunque fracasados, desde una extrema izquierda de contornos imprecisos, habían dejado en herencia un radicalismo «ultrarrepublicano» contrario a la República «barata», como parecía, por su moderación, la defendida por el Gobierno. Fue la política de orden público el primer desafío al que tuvo que hacer frente el Gobierno. La luna de miel terminó con los acontecimientos de mayo. El domingo día 10, en la inauguración de los locales del recién creado Círculo Monárquico en la calle de Alcalá, un gramófono colocado en la ventana difundió la Marcha Real y vivas al Rey. Se organizó un tumulto y, poco después, una concentración amenazante ante la sede del diario monárquico ABC, seguida de una carga de la Guardia Civil, con heridos y dos muertos. Por la noche se reunió el Gobierno y Maura exigió que la Guardia Civil disolviera la multitud vociferante en el exterior, que pedía su dimisión. Pero topó con la opinión de otros ministros que temían que la Guardia Civil en la calle convirtiera lo que consideraban un estallido fugaz en una masacre de consecuencias imprevisibles. A la mañana siguiente, mientras el Consejo se reunía de nuevo y circulaban toda suerte de rumores, se recibió la noticia de que estaba ardiendo el convento de los jesuitas de la calle de la Flor. Fue el primero de una quema promovida por grupos de activistas que, tras desalojar de conventos e iglesias a sus ocupantes, arrojaban por las ventanas imágenes y objetos de culto, que ardían en una pira mientras las gentes contemplaban el espectáculo ante la actitud pasiva de las fuerzas del orden. Al tropezar de nuevo con la resistencia del resto del Gobierno, Maura amenazó con dimitir y se retiró a su casa, donde se enteró de la decisión de declarar el estado de guerra y recurrir al Ejército para restablecer el orden. La intercesión de diversas personalidades, y el ruego del propio Alcalá-Zamora, le hicieron rectificar y volvió a la reunión, no sin reclamar y obtener plenos poderes en adelante para utilizar a la Guardia Civil, y nombrar y destituir gobernadores civiles y otras autoridades. Finalmente logró controlarse la situación en Madrid y en aquellas otras ciudades y provincias que vieron también arder conventos e iglesias[17].

Unos achacaron los acontecimientos a una provocación de los monárquicos y justificaron la explosión «popular» como una reacción frente a la irreductible actitud de los católicos frente al nuevo régimen: el pueblo se había adelantado al Gobierno en la defensa de la República. Otros condenaron las dudas y vacilaciones del Gobierno, su retracción inicial y su posterior actitud parcial con la suspensión de la prensa monárquica y católica, y aprovecharon para incidir en la contradictoria actitud entre los ministros. No era solo la política de orden público del Gobierno lo que se puso sobre el tapete, sino también el espinoso problema religioso que, hasta entonces, transcurría por las vías de la negociación y el compromiso. Alentaban este desde el Gobierno el propio Alcalá-Zamora y el ministro socialista de Justicia, Fernando de los Ríos, y, desde el mundo católico, un sector de la jerarquía amparado por el nuncio, monseñor Tedeschini, y por el arzobispo de Tarragona, Vidal y Barraquer, y lo defendían quienes, como el grupo de El Debate, con Ángel Herrera Oria a la cabeza, apostaban por una postura accidentalista.

No era fácil, puesto que si bien oficialmente la Iglesia, una institución poderosa en la España de 1930, recibió la República ordenando a sus ministros y fieles «respeto y obediencia», el 14 de abril había despertado recelos, franco temor e incluso oposición entre algunos prelados que no se recataron en manifestarlo, privada pero también públicamente, en la conferencia extraordinaria de metropolitanos celebrada el 9 de mayo. Pocos días antes, el cardenal arzobispo de Toledo y primado de España, Pedro Segura, representante de las actitudes más integristas, había dirigido una pastoral a todos los obispos y fieles en la que consideraba la proclamación de la República una gran desgracia, al tiempo que elogiaba, agradecido, al monarca destronado y a la Monarquía. Frente a esta posición extrema, la doctrina del accidentalismo sostenida por los más templados no estaba plenamente elaborada, ni contaba con predicamento generalizado en una Iglesia como la española. Por el otro lado, el anticlericalismo estaba bien arraigado en la izquierda republicana y socialista y entre ciertos intelectuales, que identificaban a la Iglesia católica como uno de los más firmes pilares de la Monarquía defenestrada, del viejo orden oligárquico y del oscurantismo padecido durante más de un siglo. Resultaba tentador para la izquierda convertir esa convicción en elemento aglutinante de unas fuerzas políticas en otras cuestiones divididas, a sabiendas de que podía ser un importante elemento de movilización popular[18].

Las primeras medidas del Gobierno republicano, como la voluntariedad de la enseñanza religiosa en la educación primaria, habían sido perfectamente liberales. Tras los acontecimientos de mayo se decretó la libertad de cultos, que Vidal y Barraquer rechazó por considerarla contraria al Concordato y porque debilitaba la posición de los partidarios de la negociación. Las relaciones se enredaron, y a ello contribuyó la decisión de Maura de expulsar del país al obispo de Vitoria, Mateo Múgica, que se había negado a obedecer su indicación de que no hiciera una visita a Bilbao de la que se sospechaba que podrían derivarse graves conflictos. En ese ambiente crispado, el cardenal Segura hizo pública una pastoral supuestamente colectiva de todo el episcopado, y una exposición al presidente del Gobierno en la que se protestaba por las recientes medidas que atentaban, en su opinión, contra los derechos de la Iglesia y la conciencia de los católicos. Segura, que había salido voluntariamente para Roma el 13 de mayo, entró de incógnito otra vez en el país el 11 de junio, solo para ser localizado por orden del ministro y expulsado cuatro días más tarde. El católico Maura hacía uso de los plenos poderes recibidos, no sin que ello le costara un duro enfrentamiento con Alcalá-Zamora. La intervención de una serie de documentos relacionados con Segura, en los que se incitaba a los párrocos a vender los bienes y objetos de valor de sus parroquias, provocó la indignación de los anticlericales y la decisión del Gobierno de prohibir dichas ventas. Forzó también a la Santa Sede a decidir la remoción de su puesto del cardenal primado, quedando la dirección de la Iglesia española en manos de Vidal y Barraquer, lo que, pese a todo, permitió proseguir la vía de la negociación hacia la futura definición constitucional de las relaciones Iglesia-Estado[19].

Los acontecimientos de mayo precipitaron otras decisiones. Una de ellas fue la convocatoria de elecciones municipales en los ayuntamientos en que se habían producido reclamaciones fundadas de los candidatos derrotados. Mientras transcurría el plazo de resolución de dichas reclamaciones —más de dos mil quinientas—, se nombraron comisiones gestoras, decisión que levantó una contundente condena de las derechas, sin que faltara tampoco la de quienes, desde la izquierda, exigieron la disolución de todos los ayuntamientos monárquicos. Se anularon un 5 por 100 de las elecciones, lo que suponía la convocatoria de una nueva consulta en 882 ayuntamientos. Hubo una categórica victoria de los candidatos republicanos y socialistas, que obtuvieron más de cuatro mil concejales frente a algo más de seiscientos monárquicos. La abstención, elevada, lo fue sobre todo entre los sectores más conservadores, en gran medida desorganizados. Las elecciones confirmaron un cambio radical en el poder local, decisivo en aquellos momentos de institucionalización de la República y consolidación de los partidos[20].

También se decidió adelantar las elecciones generales a Cortes Constituyentes para el 28 de junio. El decreto de convocatoria establecía que estarían compuestas por una sola Cámara e investidas del más amplio poder constituyente y legislativo. Ante ellas habría de rendir cuentas el Gobierno provisional y a ellas correspondería nombrar y separar libremente la persona que ejercería la Jefatura del Estado. Habrían de celebrarse los comicios conforme al decreto de 8 de mayo, que reformaba la ley electoral vigente de 1907 y sería aplicable solo para las elecciones a las Constituyentes. Hubo muchas dudas y debate. Se había prometido una República democrática y representativa. Había, por tanto, que enmendar una larga trayectoria de elecciones fraudulentas. Pero, al mismo tiempo, se acusaba la incertidumbre y la necesidad de reforzar unos partidos casi a estrenar. Si para lo primero se creía necesario establecer grandes circunscripciones y aplicar criterios proporcionales, para lo segundo se requería templar la proporcionalidad y evitar así una excesiva fragmentación política. Finalmente, se decidió rebajar a veintitrés años la edad mínima para poder votar y se implantaron las circunscripciones provinciales y el sistema de listas, acabando así con los distritos uninominales, «ancho cauce a la coacción caciquil», como rezaba el preámbulo del decreto. Pero para la distribución de escaños se aplicaría un criterio mayoritario corregido: los electores solo votaban un 80 por 100 aproximadamente del número de diputados que correspondía a su circunscripción, con lo que se garantizaría la representación de las minorías, sin llegar al extremo de la proporcionalidad. Las candidaturas debían obtener más de un 20 por 100 de los votos para proclamarse triunfadoras y, de no conseguirlo, se iría a una segunda vuelta. Podían, además, tacharse o añadir candidatos a las listas. El carácter mayoritario y por lista favorecía las grandes coaliciones, pero posibilitaba también a algunas fuerzas coligadas la obtención de una representación parlamentaria mayor de la que hubieran obtenido de haber acudido en solitario a las elecciones. Es decir, podía no revelar la verdadera fuerza de los partidos participantes. Pero estaban por ver sus consecuencias[21].

En contra de lo que pudo pensarse dos meses antes, en aquella campaña electoral la cuestión del régimen apenas ocupó lugar. Algunos viejos líderes monárquicos, como Santiago Alba, desarbolados y pesimistas, habían disuelto sus antiguas formaciones políticas. Los más comprometidos con la Dictadura de Primo de Rivera habían optado por el exilio temporal ante la amenaza de las responsabilidades. Los seguidores de unos y otros podían optar por integrarse o votar a los partidos republicanos más próximos, la Derecha Liberal o el Partido Radical, así como al Partido Republicano Liberal Demócrata fundado por el antiguo líder del reformismo, Melquiades Álvarez. También podían hacerlo a la Acción Nacional, promovida por Ángel Herrera Oria, director del diario católico El Debate, al amparo de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y de otras manifestaciones del exitoso asociacionismo católico. Acción Nacional llamó a desarrollar una firme política de masas y a actuar dentro del régimen republicano: «¿República conservadora? ¿República radical, socialista? ¿Quién lo sabe? Lo cierto es que las elecciones decidirán el Gobierno futuro. Es un deber, por tanto, pensar en ellas, prepararse para ellas», había señalado como objetivo El Debate, «inhibiéndose» de las formas de gobierno. Solo los monárquicos más recalcitrantes mantuvieron la confrontación e incluso llamaron a la abstención. Muy pocos, José Calvo Sotelo desde Lisboa, hicieron de la Monarquía y de la colaboración con la Dictadura una baza política[22].

La desaparición del peligro antirrepublicano como elemento de cohesión deterioró la coalición de San Sebastián. La Derecha Liberal Republicana tropezó en muchos lugares con el abierto rechazo de sus antiguos compañeros, que se negaban ahora a compartir lista con ellos por su carácter conservador. En nada ayudó a resolver ese conflicto el que tanto Alcalá-Zamora como Miguel Maura, amén de sus riñas, decidieran no participar personalmente en la campaña y dejaran la tarea en manos de un antiguo monárquico, Joaquín Chapaprieta. Tampoco fueron fáciles las relaciones de la izquierda con el Partido Radical, que había acentuado su discurso mesurado y se había convertido en refugio predilecto, aunque no exclusivo, de antiguos monárquicos, lo que llevó a sus compañeros de coalición a tildarlo de «nido de caciques». Se desmarcaron también muchos radical-socialistas, pero lo hicieron, sobre todo, los socialistas, que ya se habían proclamado en su manifiesto del 1 de mayo «guardianes vigilantes» de una República que había nacido a su calor y a la que estaban dando «un contenido social nutrido de sustancia revolucionaria». La coalición se mantuvo, pero hubo fracturas a nivel local, disparidades y duros enfrentamientos[23].

La campaña electoral y el día de las elecciones transcurrieron sin apenas incidentes. El ministro de la Gobernación había dado instrucciones muy precisas a los gobernadores civiles para garantizar «una neutralidad absoluta en la contienda electoral» y posibilitar el ejercicio del voto en la más absoluta libertad. Las operaciones de escrutinio, largas y complicadas por la novedad, dieron pie a algunas incidencias que habrían de resolver más tarde las Cortes, a las que habían vuelto las atribuciones plenas para resolver sobre las actas. Nadie puso en cuestión la limpieza de la consulta. Hubo, eso sí, una abstención elevada, de un 35 por 100, que se atribuyó a la dejación de las clases más conservadoras, aunque fue más elevada en zonas de implantación izquierdista, probablemente por la abstención defendida por el anarcosindicalismo.

No cupo duda sobre la victoria aplastante de la coalición de republicanos y socialistas y la débil representación de la derecha, confirmada tras la segunda vuelta, de escasa relevancia, celebrada a comienzos de julio. Más difícil era la atribución de un número indiscutible de actas a cada partido. Solo más adelante decidirían muchos diputados su adscripción a unas siglas. Estaba claro que el mayor número de escaños había correspondido al Partido Socialista: del máximo de siete diputados alcanzado antes del golpe de Estado de 1923, llegaban ahora a 113. Los radicales de Lerroux, el segundo grupo en tamaño, tenían 89. A mayor distancia les seguían los radical-socialistas (54), la Esquerra (36), Acción Republicana (30), la Derecha Liberal Republicana (22), los republicanos gallegos (19) y la Agrupación al Servicio de la República (13). En total, la coalición contaba con una aplastante mayoría, casi un 90 por 100 de la Cámara. Agrarios, tradicionalistas, nacionalistas vascos, regionalistas catalanes y Acción Nacional —las derechas, en resumen— apenas rondaban cincuenta diputados en una Cámara que llegaba casi a los quinientos[24].

La composición que iban a tener las Cortes anunciaba una ruptura radical, una absoluta falta de continuidad con el sistema de partidos de la Monarquía, y, al mismo tiempo, una ratificación con creces de quienes habían traído la República y gobernado durante los primeros meses. La legitimación del nuevo régimen aparecía abrumadora y, por ello, propiciaba la tentación de identificar y reservar la República para sí mismos. Casi todo el Parlamento era Gobierno, y así lo celebraron. Pero el Gobierno era plural, y también lo era la Cámara. Hubo, además, sorpresas notables y de consecuencias importantes, como la derrota relativa de la Derecha Liberal Republicana, el partido del presidente del Gobierno. Chapaprieta dimitió inmediatamente, y, pocas semanas más tarde, Miguel Maura anunció su separación de la minoría. Estaba claro que las clases conservadoras, las que votaron, habían preferido otras opciones. Lerroux, que había hecho campaña afirmando la necesidad de consolidar una «República de orden», era para muchos el verdadero triunfador entre los republicanos, hasta el punto de que se rumoreó un cambio de Gobierno en el que asumiría la presidencia. El socialista Indalecio Prieto salió al paso afirmando taxativamente que un Gobierno tal no contaría ni con el apoyo, ni con la colaboración ni la confianza del Partido Socialista. Lerroux atajó y dijo que sería una insensatez que el Gobierno no continuara en su puesto. Había otras prioridades. La fundamental, redactar y aprobar una Constitución[25].

Las Constituyentes

LAS CONSTITUYENTES

El 14 de julio de 1931, aniversario de la toma de la Bastilla, tuvo lugar la solemne apertura de las Cortes Constituyentes. Del hemiciclo del Palacio de Congresos había desaparecido todo lo que pudiera recordar a la Monarquía. No todos los diputados pudieron o quisieron cumplir con el mandato de vestir traje oscuro. Eran casi todos parlamentarios por primera vez y, como dijeron los cronistas más entusiastas, habían sido traídos legítimamente por sus distritos. Representaban al Foro, a la Universidad y a las Casas del Pueblo: abogados muchos de ellos, pero también periodistas, intelectuales, maestros y profesores, médicos y profesionales. Por primera vez también, muchos obreros, y unas pocas, solo tres, mujeres que todavía no eran electoras, pero sí podían ser elegidas. No faltó quien calificara a los nuevos representantes de la nación de masa ingente de políticos improvisados, «diputados por azar», poco dados a la tolerancia en el trato y susceptibles de dejarse llevar por la demagogia. Solo un puñado de los antiguos diputados de las Cortes de la Monarquía permanecían en su puesto; algunos muy señalados, como Santiago Alba o el conde de Romanones. Aquel día, el pueblo de Madrid se había tirado a las calles para verlos. Se apretujaba en las aceras, en los techos de los tranvías y subidos a los árboles, ondeando banderas y dando vivas a la República mientras tocaban las bandas y el Gobierno se trasladaba en coche desde el edificio de la Presidencia hasta el Palacio de las Cortes. «La fecha de hoy es una alta, una suprema cima, una cresta en la Historia de España», dijo Alcalá-Zamora desde la esquina del «banco azul». En nombre de aquella «revolución triunfante», el Gobierno presentaba como ofrenda a la Cámara la «República intacta y la soberanía plena»; una República segura, afirmada, sin peligros que la perturbaran, y una soberanía sin mediatizaciones[26].

Otro poder surgía, pues, junto al Gobierno, pero aún habían de constituirse definitivamente las Cortes. En discutir las actas se tardaba demasiado tiempo, pensaban los más impacientes, deseosos de contar con un instrumento político distinto al del Gobierno. El 22 de julio, algunos diputados de Acción Republicana y radical-socialistas reclamaron la plena soberanía de la Cámara para tratar los problemas de orden público y evitar que el Gobierno legislara por decreto en aquella materia. Se aceleró, pues, la constitución definitiva de las Cortes, que se produjo el 27 de julio. Los había deseosos de que se sancionara la plena soberanía de la Cámara, pero también los había temerosos de que pretendiera ejercer un poder ilimitado. Un grupo de diputados «agrarios», de la derecha, propuso en aquella primera sesión que se procediera inmediatamente a la elección de un presidente de la República. No debía caerse en los errores de la Primera República, donde la coincidencia en una misma persona de la presidencia del Gobierno y del Estado dobló el impacto de cualquier crisis. Las izquierdas entendieron la propuesta como un intento de mediatizar la soberanía de la Cámara, pero fue Alcalá-Zamora quien pidió que no se tomara en consideración la propuesta. Solo se conseguiría reducir al Gobierno a la impotencia, provocando una crisis inmediata. Se desechó por aclamación, como ocurriría en muchas otras ocasiones. Que nadie osara en aquel recinto atacar a la República. A la mínima sospecha se alzaban las voces y los puños[27].

El socialista Julián Besteiro, ratificado en su puesto de presidente de las Cortes, veía la República todavía débil y desvalida, y en su toma de posesión llamó a todos los diputados a cuidarla para que pudiera marchar con la frente alta y el paso seguro. Niceto Alcalá-Zamora, al rendir cuentas de lo hecho por el Gobierno provisional que presidía, habló, por el contrario, de los éxitos de aquella «revolución resuelta, extensa y pacífica», respetuosa y ecuánime, aceptable por todos. Ante la voluntad soberana de las Cortes presentó la dimisión de su Gobierno y apeló a que el que lo sustituyera no fuera un «Gobierno encajonado en una limitación recelosa de facultades». Si resultaba ser él quien lo encabezara, prometía presidir un Gobierno «sin una variación», tal como estaba constituido, fiel a la cohesión que le daba la convicción de que la República era la República de todos, sin desviaciones sectarias, siempre en defensa del interés nacional[28].

Tras la intervención de los diferentes grupos políticos anunciando su postura, José Ortega y Gasset sancionó: no había tiempo que perder; no debían reproducirse escenas lamentables que recordaban tiempos pretéritos. Había tres cosas que no podían hacerse allí: «ni el payaso, ni el tenor, ni el jabalí». Aquella combinación de fuerzas en el Gobierno era la única posible en ese momento, aunque hubiera de cambiar «notablemente» en su modo de gobernación: «Tenéis, pues, que seguir ahí, pero cambiar, engrandecer vuestra política […] tenéis que ser los mismos, solo que un poco otros. Señores ministros, tenéis que sucederos a vosotros mismos». Algunos diputados habían pedido votación nominal, pero el Gobierno recibió la confianza de la Cámara por aclamación, en medio de vivas a la República. Llegó después de un duro debate abierto por el diputado federal, abogado y carnet número 5 de la CNT de Madrid, Eduardo Barriobero, que condenó el tratamiento, «esencialmente monárquico», del orden público y pidió la salida de los socialistas del Gobierno porque, en su opinión, crispaba las actitudes de la otra gran central sindical, la CNT, provocando una «dolorosísima guerra civil» entre dos sectores de la opinión trabajadora. Fueron los socialistas quienes propusieron el nombramiento de una comisión parlamentaria que abriera una investigación sobre los trágicos acontecimientos ocurridos en Sevilla, donde la violencia que acompañó a la convocatoria de una huelga general desembocó en la muerte de cuatro detenidos en el parque de María Luisa cuando eran conducidos por las fuerzas del orden. La proposición fue apoyada por el propio ministro de la Gobernación, Miguel Maura, aunque la Derecha Republicana puntualizó que no debía constituir un precedente para que «constantemente el Poder legislativo pudiera invadir atribuciones del Poder ejecutivo»[29].

Pocos días más tarde el Parlamento dio nuevos quebraderos de cabeza al ejecutivo. El decreto de convocatoria de elecciones a Cortes había encomendado a estas, además de la trascendental misión de elaborar la Constitución y sus leyes complementarias, el juicio por las responsabilidades de la Dictadura, una tarea comenzada por el Gobierno provisional y que se había revelado compleja y delicada. La cuestión había pasado a un segundo plano en las preocupaciones del Gabinete, pero no faltaban diputados que consideraban que las responsabilidades habían sido «la bandera para derrocar un régimen» y su exigencia no podía dejarse en manos de la justicia, porque no haría nada eficaz. Le correspondía a las Cortes la tarea, pero cuando llegó el momento de discutir el Reglamento que la comisión parlamentaria elegida para ello estaba elaborando, hubo quien previno contra el peligro de que, de concedérsele la absoluta libertad de acción que reclamaba, se convertiría en un verdadero Comité de Salud Pública, incontrolable. Era el asunto más grave que se había planteado hasta el momento, del que podrían derivarse graves enfrentamientos de los ministros con las Cortes y con sus propios grupos parlamentarios. «No he arrostrado ni he visto Cámara más hostil que la de aquella tarde», recordó más tarde Alcalá-Zamora al escribir sobre su intervención, en la que propuso separar las labores investigadoras, que corresponderían a la comisión parlamentaria, y las judiciales, que serían encomendadas a los tribunales pertinentes. Manuel Azaña llegó a pensar que el Gobierno «estaba en el suelo» y que podía ser el «fin de la República». Logró encauzarse el desafío, y la comisión tiró piedras contra su propio tejado con sus vacilaciones y detenciones arbitrarias, primero, y ya a finales de noviembre con su primera actuación pública: la acusación al ex Rey, Alfonso XIII, del delito de rebelión militar y de «lesa majestad contra el pueblo». El dictamen de la comisión era largo y farragoso, el debate fue penoso y hubo que forzar una nueva proposición que declaró a Alfonso XIII «culpable de alta traición»[30].

Para entonces, las Constituyentes estaban inmersas en la discusión de la Constitución. El Gobierno había encargado un anteproyecto a una comisión jurídica asesora presidida por Ángel Ossorio y Gallardo, un prestigioso jurista, católico con preocupaciones sociales y una larga carrera política a sus espaldas, que se había declarado en las Cortes «monárquico sin rey al servicio de la República». El texto establecía la libertad de conciencia y de culto, pero concedía a la Iglesia católica un estatuto como asociación de derecho público y se le dejaba abierta la posibilidad de la creación de centros escolares y de que en ellos se impartiera educación religiosa. Proponía también un Parlamento bicameral con un Senado de composición corporativa, auxiliado por consejos técnicos y un consejo jurídico asesor, y un presidente de la República, elegido por las Cortes, con poderes amplios, como el derecho de veto sobre la legislación y el de disolución de las Cámaras. No se pronunciaba sobre la organización territorial del Estado, aunque reconocía la posibilidad de autonomías regionales. El anteproyecto no consiguió la aceptación unánime del Gobierno. Respondía a la idea de República de orden que había defendido, entre otros, la Derecha Republicana, y pareció muy insuficiente a las izquierdas: «Todo nuestro esfuerzo no sirvió para nada», resumió Ossorio más tarde. No iba a haber una propuesta conjunta apadrinada por el Gobierno, que decidió entregar el mandato a las Cortes con todas sus consecuencias. Aún más, se anunció que cada ministro podría opinar y votar conforme a la posición que le pareciera oportuna a él o a su grupo[31].

Para la elaboración de un nuevo proyecto de Constitución se eligió una comisión parlamentaria presidida por el socialista Luis Jiménez de Asúa. En un plazo de apenas veinte días, resolvió una tarea que en otros parlamentos habría durado meses, como reconoció su propio presidente. Aunque Jiménez de Asúa dijo que les había sido de gran ayuda el trabajo de la comisión anterior, el texto que presentó a la Cámara se distanciaba de aquel en puntos clave. No se hablaba de Estado federal, pero sí de un «Estado integral» que vendría a corregir el «férreo» e «inútil Estado unitarista español». Ante la «evidente decadencia del sistema bicameral» en todo el mundo, proponía la existencia de una sola Cámara, «por ser altamente democrática nuestra Constitución» y porque el sistema bicameral era «sobremanera nocivo» y obstaculizador de las leyes progresivas. En cuanto al presidente de la República, no sería ni fuerte ni débil, sino una síntesis de ambas cosas: elegido por el pueblo, no podría disolver la Cámara. En resumen, «sin enmascarar nuestro pensamiento», finalizó Jiménez de Asúa su presentación ante las Cortes, «[quiero] decir que es una Constitución avanzada; deliberadamente lo ha decidido así la mayoría de los comisionados. Una Constitución avanzada, no socialista (el reconocimiento de la propiedad privada le hurta ese carácter); pero es una Constitución de izquierda. Esta Constitución quiere ser así para que no nos digan que hemos defraudado las ansias del pueblo». Nada dijo en su discurso Jiménez de Asúa sobre el tratamiento del problema religioso, pero el nuevo proyecto establecía una drástica separación entre la Iglesia y el Estado, que incluía la disolución de las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes[32].

El debate constitucional duró más de tres meses. Empezó el 28 de agosto con el debate de la totalidad y siguió el del articulado, para terminar con todo a comienzos de diciembre. Las sesiones, celebradas por la tarde, se prolongaron en muchas ocasiones hasta la madrugada o el amanecer. Mantuvieron en ascuas a la opinión pública, con entusiasmo al principio, aunque al cabo de las semanas se acusó el agotamiento, tanto entre ministros y diputados como en las tribunas y en la prensa. Hubo discursos brillantes e intervenciones sonadas que catapultaron a algunos a la cima, pero también los hubo tediosos, doctrinarios y «de altura», ironizados por algunos comentaristas. Las discusiones y las votaciones pusieron a prueba el funcionamiento y la eficacia de la Cámara, organizada, según el nuevo Reglamento, en grupos parlamentarios. Solo uno, el socialista, la «minoría de cemento» como pronto se la denominó, demostró disciplina, aunque hubiera discrepancias internas. Entre los republicanos resultó muchas veces imposible prever los comportamientos y, en algunos casos, especialmente entre los radical-socialistas, la indisciplina fue la norma. Cuando más falta hacía mostrar una férrea cohesión, escribió uno de ellos, aparecía un grupo de diputados votando contra la mayoría; desobedeciendo el acuerdo que momentos antes se había tomado, salía del salón para no dar el voto y, además, lo comentaba a los periodistas. Tampoco estaban seguros los ministros de contar para sus propuestas con el apoyo del grupo en nombre del cual ocupaban su puesto en el Gobierno, y tenían que emplearse a fondo para convencerlos, sin garantías de conseguirlo. Porque no siempre fueron fáciles las relaciones entre los ministros, sus grupos y los partidos respectivos. En algunos casos, el liderazgo ministerial lo era casi todo; en otros, el grupo era casi el partido, pero también los había en los que la organización extraparlamentaria podía condicionar las grandes decisiones, como ocurría con los socialistas. El haber entregado el Gobierno la iniciativa a las Cortes, renunciando a conducir el debate constitucional, y el que aquellas Cortes, investidas de la plena soberanía, funcionaran bajo tales presupuestos, llevó al Parlamento a convertirse en centro de la vida política, abierta y expuesta, pública, para quien quisiera oír las discusiones o leerlas al día siguiente en la prensa. La misma publicidad alcanzaba de inmediato, por lo tanto, cualquier discrepancia entre los partidos del Gobierno. Porque lo que demostraron las Constituyentes fue que, si bien no había fuerzas políticas relevantes desleales a la República, la abrumadora mayoría gubernamental con la que nacieron ocultaba un pluralismo fragmentado y, todavía más, que los diversos partidos que la integraban tenían proyectos contradictorios y en ciertos extremos incompatibles[33].

Ya en la discusión del título preliminar, la propuesta del socialista Luis Araquistáin de calificar a aquella República, además de «democrática», de «República de trabajadores», fue testimonio a la vez del peso de los socialistas en la comisión parlamentaria y en las Cortes, y del signo de los tiempos, del nuevo constitucionalismo de entreguerras empeñado en el reconocimiento de unos derechos sociales que implicaban la redefinición del derecho de propiedad y la intervención del Estado en la economía. El artículo 1 de la Constitución finalmente aprobado decía: «España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y de las Regiones».

El debate social volvió a surgir al llegarse al artículo 44, que, aun reconociendo «actualmente» el derecho de propiedad, admitía la expropiación, con o sin indemnización, y subordinaba las fuentes naturales de la riqueza a los «intereses de la economía nacional», sugiriendo una socialización gradual. No fue asunto tan grave, por predecible, la oposición de los «agrarios» a la redacción de aquel artículo, pero sí el voto particular de los radicales, que ya se habían retirado disgustados del hemiciclo cuando se propuso lo de la República de trabajadores, y el intento de transacción, inicialmente fallido, de Niceto Alcalá-Zamora, que, sintiéndose desautorizado, quiso dimitir. Las amenazas fueron neutralizadas por una propuesta, aceptada, de la Agrupación al Servicio de la República, que limitaba la acción expropiadora del Estado, aunque la mantenía incluso sin indemnización en caso de que así lo dijera una ley aprobada por mayoría absoluta[34].

Controvertido también fue el tema de la organización territorial. Se desechó la fórmula de Estado federal y se introdujo el término de «Estado integral», con el que se pretendía integrar en el nuevo Estado la voluntad autonomista de las regiones, dando al mismo tiempo salida al compromiso adquirido con los catalanes en el Pacto de San Sebastián. Aunque muchas fuerzas políticas se declaraban defensoras de la autonomía regional, no era unánime ni clara la opinión sobre su alcance ni en la coalición de Gobierno ni en el interior de cada uno de los partidos. Discrepancias teóricas aparte, que produjeron prolijas disquisiciones en la Cámara, lo que se discutía también era un problema político de reparto de poder. La proclamación de la República había dado alas inmediatas al proceso autonómico en Cataluña, con el reconocimiento de la Generalitat y la aprobación en plebiscito del Estatuto de Núria, entregado formalmente al Gobierno. La Esquerra, partido hegemónico en Cataluña tras las elecciones, había participado en el Pacto de San Sebastián y aceptado que fueran las Cortes las que decidieran al respecto. Sin embargo, el proyecto constitucional planteaba para las futuras autonomías unas competencias menores que las recogidas en el Estatuto de Núria, e Indalecio Prieto acusó a los catalanes de deslealtad, de haber creado en Cataluña un Estado de hecho que pretendían que fuera recogido en la Constitución, mientras Largo Caballero se oponía, tajante, a entregar a Cataluña las competencias en materia laboral. Los radicales, en su mayoría reacios, mantenían la ambigüedad, mientras, por el otro extremo, los «agrarios» se declararon del todo contrarios a cualquier descentralización del Estado[35].

Si la autonomía catalana se convertía en problema dentro de la propia coalición gobernante, el caso vasco resultaba también complejo, pero más ajeno. El nacionalismo vasco, dividido y en complicado proceso de reorganización cuando llegó la República, no había asistido a la reunión de San Sebastián, se había inhibido en el pleito entre Monarquía y República y, pese a su posterior acatamiento al nuevo régimen, era mirado con recelo. Aunque importante, el Partido Nacionalista no era hegemónico en el País Vasco. Las elecciones habían demostrado la existencia allí de un claro pluralismo político. De ahí que el proyecto de Estatuto de Estella propiciado por el nacionalismo, que pretendía facultar un Concordato propio con el Vaticano y limitar los derechos políticos de los inmigrantes, no solo no contaba con el apoyo del resto de las fuerzas políticas vascas, que apadrinaron otros proyectos, sino que tenía pocos visos de salir adelante en las Cortes. Por unos motivos en el caso de Cataluña, por tanto, y otros en el País Vasco, amén de las discrepancias respecto al significado de aquel «Estado integral», no era extraño que no se lograra el acuerdo de las distintas fuerzas políticas, rotas en torno a esta cuestión. Finalmente, Alcalá-Zamora logró colar un dictamen de armonía que dejaba el detalle de las competencias transferibles a la discusión, en su momento, de los diferentes estatutos. Los catalanes aceptaban con ello su discusión parlamentaria y la imprescindible aprobación por las Cortes Constituyentes. El pleito autonomista quedaba encauzado, pero no resuelto[36].

Fue el tema religioso el que provocó la crisis más grave durante el debate constitucional. Tras conocerse los extremos en los que el proyecto de la comisión parlamentaria planteaba la separación de la Iglesia y el Estado, las conversaciones entre el nuncio y Vidal y Barraquer, por un lado, y el presidente del Gobierno, Alcalá-Zamora, y el ministro de Justicia, el socialista Fernando de los Ríos, por otro, trataron de alcanzar un compromiso previo al debate. A mediados de septiembre llegaron al acuerdo de que la Iglesia sería reconocida en su personalidad jurídica, las órdenes religiosas serían respetadas en su constitución y régimen propios, así como en sus bienes, quedando en todo lo demás sujetas a las leyes generales del país, aunque se hacía excepción de lo que pudiera ocurrir con la Compañía de Jesús. Se garantizaba la libertad de enseñanza a todos los españoles, aunque bajo la suprema inspección del Estado, y el presupuesto de culto y clero se extinguiría progresivamente. No era un acuerdo formal y no estaba en absoluto claro que contara con el beneplácito de todos los ministros, pues nunca llegó a someterse a votación en Consejo. Mucho menos cabía pensar que tuviera el apoyo de las distintas fuerzas políticas representadas en el Gobierno. En el debate de la totalidad hubo partidarios de una secularización del Estado, tajante solo en lo relativo al laicismo en la enseñanza, pero también hubo anticlericales extremos y quienes partiendo de una actitud más templada acabaron inclinándose del lado de los segundos, asumiendo la propuesta de la comisión. Tampoco podía contarse con el apoyo a la fórmula de compromiso del conjunto de la Iglesia española y de los católicos, entre quienes la actitud intransigente gozaba de gran predicamento. La imposibilidad de encontrar un terreno común pospuso la discusión del artículo 3, relativo a la aconfesionalidad del Estado. El presidente del Gobierno, Alcalá-Zamora, era optimista respecto a la viabilidad de la transacción, pero Vidal y Barraquer, consciente de la debilidad de la posición política del presidente en la Cámara, trató de tender puentes a otros diputados católicos, e incluso a la minoría radical que, con un Lerroux prácticamente ausente del hemiciclo, mantenía en esto también una posición ambigua[37].

Llegó el momento de discutir el artículo 24 del proyecto constitucional, en el que se decía que todas las confesiones religiosas serían consideradas como asociaciones sometidas a las leyes generales del país; que el Estado no podría sostener, favorecer ni auxiliar económicamente a las Iglesias, asociaciones e instituciones religiosas, y que se disolverían todas la órdenes, nacionalizándose sus bienes. Abrió fuego el ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, que no habló como ministro ni como militante socialista, sino a título personal. Para sorpresa de algunos, se mostró ahora contrario a la consideración de la Iglesia como Corporación de Derecho Público, cerrando así el paso a una enmienda del diputado de Acción Republicana Enrique Ramos, que contaba con el apoyo de los radicales y de otros grupos. En los dos días siguientes se oyeron las voces de unos y otros; también la del presidente del Gobierno, que defendió una separación de la Iglesia y el Estado fruto de un acto de concordia, y no de una imposición unilateral. Poco ayudó la intervención del joven diputado de Acción Nacional José María Gil-Robles, quien dijo que los católicos no podían aceptar el principio de la libertad de conciencia e hizo una dura advertencia a la Cámara: el proyecto constitucional significaba «persecución a la Iglesia» y, de aprobarse, ellos declararían abierto «un nuevo período constituyente».

Así las cosas, con la prensa en plena campaña y mítines religiosos en muchas ciudades, el 13 de octubre el Gobierno se reunió solo para confirmar la división interna y las discrepancias incluso entre ministros de un mismo partido, y después lo hizo la comisión parlamentaria. En su nuevo dictamen, la expulsión inmediata de las órdenes religiosas fue sustituida por su sometimiento a una ley especial, y se incluyó un régimen transitorio para las percepciones del clero. Los radical-socialistas lo consideraron una moderación inaceptable y se retiraron en señal de protesta, mientras los socialistas anunciaban la defensa como voto particular del dictamen primitivo, defensa que hizo, además, Luis Jiménez de Asúa. Entonces se levantó Manuel Azaña y pronunció un discurso que le propulsaría al más alto puesto. Dijo Azaña aquello de «España ha dejado de ser católica», refiriéndose a la aprobación —por 267 votos contra 41— del artículo 3 de la Constitución, que declaraba la aconfesionalidad del Estado. Pero su intervención tenía, sobre todo, un objetivo político: cortar el nudo y dar salida a la situación evitando rupturas en la coalición de Gobierno. Había tenido que emplearse a fondo para convencer a su propia minoría de que apoyara la fórmula que iba a proponer, y que endurecía el dictamen al prohibir la enseñanza a las congregaciones religiosas y trasladar la disolución de la orden de los jesuitas al texto mismo de la Constitución. Se trataba de conseguir que los socialistas la votaran. Los radical-socialistas no se sumaron al fervoroso aplauso que acogió el final de su intervención y los socialistas pidieron tiempo para deliberar. Se interrumpió la sesión y muchos diputados se acercaron a felicitarle. Eran las doce de la noche cuando se reanudó. Los socialistas habían anunciado la retirada de su voto particular a cambio de la introducción de algunas adiciones que la comisión, reunida sin la representación de las derechas, aceptó. Tras otro largo debate, a las siete de la mañana se sometió a votación el nuevo texto. Alcalá-Zamora había anunciado su voto en contra, y Miguel Maura, también. Estaban ausentes de la Cámara 223 diputados, voluntaria o involuntariamente. De los presentes, 178 votaron a favor (socialistas, radicales, Acción Republicana y Esquerra) y 59 en contra («agrarios», vasco-navarros y algunos católicos)[38].

Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura dimitieron. El primero comunicó al Consejo de Ministros el «propósito irrevocable de considerarme fuera de la Constitución y obligado a defender su reforma». No dimitió solo por convicción religiosa, sino porque, como escribió más tarde, el ministro de la Guerra había preparado y concertado la maniobra, sin advertirle siquiera de su propósito de hablar, y porque desde hacía tiempo percibía la gestación de una nueva mayoría en el Parlamento y en el Gobierno. Se abrió una crisis de difícil tramitación. Julián Besteiro, encargado de proponer a quien considerase oportuno la constitución de un nuevo Gobierno, se comprometió a no salir de la Cámara hasta resolverlo y, tras dos horas de interrupción, un nuevo presidente, Manuel Azaña, hizo su entrada en el hemiciclo entre grandes aplausos. Aquel ministro de la Guerra, cuya eficacia como tal ensalzó José Ortega y Gasset, se «había calzado la presidencia» con su discurso. Era la primera personalidad producida por la República, y había nacido en el Parlamento. De la euforia lírica de Alcalá-Zamora se pasaba al fino estilete de cirujano de Manuel Azaña, como escribió Josep Pla[39].

Azaña no introdujo en el Gobierno más variaciones que las imprescindibles. Pasó a Casares Quiroga a Gobernación y puso a José Giral en Marina. Prometió mantener la colaboración con las Cortes para una rápida votación de la Constitución, pero también dijo que no iba a ser aquel un Gobierno transitorio, provisional. Gobernaría con firmeza y el horizonte abierto como si tuviera por delante años de gobernación. Haría respetar la República, y de no serlo, la haría temer, porque aquella República era de todos los españoles, gobernada, regida y dirigida por los republicanos. No tardó en demostrarlo. Pocos días más tarde llevó a la Cámara, con carácter de urgencia y sin tiempo para enmiendas, una Ley de Defensa de la República que Santiago Alba calificó de mucho más grave que el proyecto de ley contra el terrorismo de Antonio Maura o el de huelgas de Canalejas, ninguno de los cuales pudo convertirse en ley bajo la Monarquía. La nueva ley otorgaba al ministro de la Gobernación capacidad para suspender cualquier periódico que quebrantara el crédito o perturbara la paz o el orden público, sin posible recurso en contra, y condenaba «toda acción o expresión que redundara en menosprecio de las instituciones u organismos del Estado». En Consejo de Ministros se había opuesto Azaña a que el proyecto se debatiera previamente en los grupos parlamentarios, porque quienes gobernaban eran ellos, los ministros. Tampoco estuvo dispuesto a admitir demasiadas discusiones en el Parlamento. No era el Gobierno, sino la República, la que necesitaba la ley, porque se gobernaba con una Administración y unos funcionarios heredados, acostumbrados a otros «resortes de mando», y si la conciencia profesional y el sentimiento del deber no bastaban para el correcto cumplimiento de las obligaciones y la adhesión de corazón al nuevo régimen, se demostraría que el Gobierno tenía medios para hacer sentir «todo el peso de su autoridad»[40].

Los últimos debates constitucionales no levantaron las pasiones de los primeros, aunque en ellos se definieron las reglas de la relación entre los poderes. La pretensión de romper con lo que se consideraban vicios de la política monárquica, así como la voluntad de incorporarse al constitucionalismo más democrático y avanzado, tejieron un detallado y complicado juego de pesos y contrapesos. Las Cortes, pieza central del engranaje y salvaguardia del funcionamiento democrático del régimen, serían unicamerales, pese a los argumentos de Alcalá-Zamora, que, ahora desde su escaño, defendió con apasionamiento el bicameralismo como garantía de equilibrio y moderación, y como medio de evitar la confrontación del Gobierno y la Jefatura del Estado con las Cortes. El Gobierno fue reconocido como institución diferenciada y autónoma, por primera vez responsable ante las Cortes. Era el motor de la vida política, pero el deseo de los constituyentes de evitar un ejecutivo fuerte le obligaría a desarrollar una intensa actividad en las Cortes, que tenían además capacidad para limitarlo. La Presidencia de la República, en un intento de compensar los modelos tanto de República parlamentaria como presidencialista y, al mismo tiempo, separarse de las tradiciones doctrinarias de la Monarquía, quedaba sujeta al refrendo ministerial y limitada en la decisiva cuestión de la disolución de la Cámara, que solo podría ejercer el presidente en dos ocasiones a lo largo de un mandato de seis años. Conservaba el jefe del Estado, sin embargo, atribuciones que iban más allá de las meramente representativas y honoríficas: nombraba y separaba libremente al presidente del Gobierno, cuya figura quedaba además constitucionalizada, y podía ejercer veto suspensivo en la promulgación de las leyes. En ciertos aspectos sus funciones no se distinguían de las del Gobierno, mientras que en las que le eran específicas —como la disolución de las Cortes o el veto legislativo— estaba muy limitado. Por otro lado, no sería elegido por sufragio universal y directo, como en un principio se diseñó, sino por un colegio electoral integrado por el conjunto de los diputados y un número igual de compromisarios elegidos por sufragio universal. Un poder ejecutivo dual, fuerte, y a la vez limitado, se superpondría así a la primacía de unas Cortes unicamerales. Eran previsibles los roces y los conflictos[41].

El 9 de diciembre de 1931, las Cortes aprobaron entre aclamaciones el texto definitivo de la Constitución por 368 votos a favor, a los que se sumarían después los de diecisiete ausentes, y ninguno en contra. Pero nacía sin el voto de las minorías de derecha, que habían abandonado el Parlamento el 15 de octubre, tras la aprobación del artículo 26, para declarar después que aquella Constitución no podía ser la suya y que, desde aquel momento, levantaban la bandera de su revisión. Gil-Robles no estuvo de acuerdo con la decisión de dejar sin voz a los católicos en las Cortes, pero se sumó a la campaña revisionista. Como catedrático de Derecho Político, calificó la Constitución de «disparate técnico» y «amasijo de principios contradictorios, que no dejará gobernar a ningún gobierno», y como militante dijo que «en el orden de las libertades públicas es tiránica; en el orden religioso es persecutoria, y en el orden de la propiedad es vergonzosamente bolchevizante». La Constitución republicana nació convertida en símbolo del entusiasmo de la mayoría parlamentaria, pero amenazada por el recelo, cuando no el rechazo, de determinados sectores de opinión. No se limitaba a fijar procedimientos, sometía a derecho las relaciones entre poderes, incorporaba mecanismos de democracia directa y derechos sociales, y fijaba el camino para la solución de conflictos, como el religioso o el de la organización del Estado, sobre los que no se había logrado un acuerdo. Incorporó, además, como texto adicional, la Ley de Defensa de la República, que había levantado fuertes críticas. Más que punto de encuentro, la Constitución corría el riesgo de convertirse en campo de batalla[42].

Sobre lo que debía pasar a continuación venían haciéndose muchas cábalas. Había que elegir presidente de la República, y lo harían, por ser el primero, las Cortes. Se habían barajado varios nombres, pero un mes atrás, en una comida informal en el Restaurante Lhardy en la que se habló también de otras cuestiones trascendentales para el futuro de la República, el Gobierno se había decidido por la candidatura de Alcalá-Zamora, pese a sus declaraciones sobre la revisión de la Constitución. Ahora, 410 diputados votaron a su favor, una casi unanimidad que ocultaba profundas reticencias no solo entre los socialistas, que se consideraron «coaccionados» por sus propios ministros, y los radicalsocialistas, sino incluso en Acción Republicana, muchos de cuyos miembros le votaron con «desgana». El solemne juramento de Alcalá-Zamora ante la Cámara, la recepción y el desfile militar ante el Palacio Real fueron multitudinarios, pero no tan festivos como había sido la apertura de las Constituyentes[43].

Si importante era la designación del jefe del Estado, no lo era menos la decisión sobre la continuidad o disolución de las Constituyentes y sobre el nuevo Gobierno. Respecto a las Cortes, se había llegado entre los ministros al acuerdo de que se prolongaría su existencia hasta que se aprobaran una serie de leyes fundamentales, consideradas desarrollo del texto constitucional. Respondían así al mandato del decreto de convocatoria de las elecciones de las que habían nacido. En lo segundo, el futuro Gobierno, la dilucidación fue más compleja, tuvo sorpresas al final, dio pábulo a todo tipo de comentarios entonces y no dejó de achacársele después la deriva que iba a tomar la República. Porque aquella crisis, en cuyos inicios se habló de formar un Gobierno exclusivamente republicano, cambió de rumbo cuando los socialistas anunciaron su voluntad de continuar, y terminó en un nuevo Gabinete presidido por Manuel Azaña del que había desaparecido el Partido Radical. Fue una sorpresa de última hora, de la que dejó constancia Azaña en sus memorias y después, públicamente, en la presentación del nuevo Gobierno ante la confianza de las Cortes. Cuando, tras cerrar su composición acudió Azaña a presentársela a Lerroux, que había sido el primero en dar su conformidad, el líder radical se echó atrás por no estar de acuerdo con la presencia de los socialistas. Azaña devolvió el encargo a Alcalá-Zamora, pero este le dijo que siguiera adelante. En el nuevo Gobierno, Azaña conservaba, junto con la Presidencia, el Ministerio de la Guerra. Casares Quiroga y José Giral se mantenían en sus Ministerios de Gobernación y Marina; los dos ministros radicalsocialistas, Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo, se convertían en ministros de Justicia y de Agricultura, Industria y Comercio. Dos independientes, el catalán Jaume Carner y Luis de Zulueta, se encargaron de Hacienda y Estado, y los socialistas conservaban tres carteras: Indalecio Prieto pasó de Hacienda a Obras Públicas, un Ministerio de nueva creación; Fernando de los Ríos se quedó con Instrucción Pública, y Largo Caballero se mantuvo en Trabajo. Los 294 votos a favor y cuatro en contra, los de los federales, decidieron la confianza[44].

Habría resultado una «imprudencia» dislocar la coalición, dijo Azaña ante las Cortes, al tiempo que insistía en la importancia del cambio: si hasta entonces los ministros habían estado un tanto dispersos, como representantes de los partidos en el Gobierno, ahora estaban fundidos y engastados en él. No era ya una coalición heterogénea de enorme fuerza numérica, sino una «mayoría constante» que sostenía un Gobierno «rigurosamente parlamentario». Había también, por primera vez, una oposición —la del Partido Radical— con una responsabilidad aún mayor que la del Gobierno, pues de ella dependía que este no fuera derrotado por una «coincidencia momentánea de un grupo republicano con otro antirrepublicano», abocando con ello, se quisiera o no, a la disolución de las Cortes. Fue un socialista, Teodomiro Menéndez, quien encabezó la proposición de confianza. La ovación unánime al aprobarse la Constitución, dijo, era la prueba más clara de que aquellas Cortes debían continuar hasta que se aprobaran las mal llamadas leyes complementarias, en realidad «orgánicas», y para ello ofrecía «una masa obrera consciente y ciudadana», el mejor baluarte que había de tener la República para tapar la «brecha» abierta en la coalición con la salida de los radicales, que tanto había alegrado a las derechas y a los viejos monárquicos. Solo después llegaría el momento de que cada partido desplegara su bandera y su programa[45].

La gran coalición republicano-socialista se había roto. Un Gobierno más homogéneo e inclinado hacia la izquierda se disponía, en palabras de su presidente, a «enseñar a gobernar en democracia» con aquellas mismas Cortes[46].

Las reformas en la calle y en el Parlamento

LAS REFORMAS EN LA CALLE Y EN EL PARLAMENTO

Mientras los diputados discutían la Constitución, la sociedad española se había movilizado, agitada por medidas que pretendían reformarlo casi todo y recorrida por quienes buscaban asentar sus respectivas fuerzas. La conformación de un sistema de partidos y el surgimiento de una nueva clase política venían a coincidir con el proceso de institucionalización de la democracia republicana y con el despliegue de una política de grandes reformas en tiempos difíciles. Porque la proclamación de la República se produjo cuando ya se habían anunciado los primeros síntomas de una crisis económica, acompañada de la paralización de actividades y el incremento del paro forzoso, que en parte fue consecuencia de la gran depresión mundial, pero que en gran medida obedeció a causas internas. Viejos problemas estructurales y nuevos conflictos sociales pusieron a prueba la eficacia de los protagonistas de la vida pública, quienes, a su vez, los avivaron al ponerlos al servicio de sus empeños ideológicos y de sus objetivos políticos.

La sociedad española era a comienzos de los años treinta una sociedad mayoritariamente rural y católica, con un elevado índice de analfabetismo, pero desde comienzos de siglo venían acortándose las distancias que la separaban de las sociedades europeas más desarrolladas. La población urbana se había doblado, habían mejorado las tasas de alfabetización y se hacía perceptible el proceso de secularización. Se mantenían, sin embargo, las profundas desigualdades sociales y regionales que hacían de ella una sociedad cuando menos dual, con grandes contrastes entre núcleos industrializados, enclaves urbanos modernos, agriculturas especializadas y competitivas, burguesías asentadas y minorías selectas, frente a extensas zonas rurales ancladas en el tiempo, con un desigual reparto de la propiedad y masas de jornaleros miserables o un pequeño campesinado al borde siempre de la crisis, pendiente de la climatología y ahogado por los créditos. Junto a la clase obrera de las industrias más tradicionales, se amontonaba en las ciudades una mano de obra joven y recién inmigrada del campo, temporalmente contratada en la construcción o en actividades dependientes de ella, y un número importante de artesanos, pequeños comerciantes, industriales o contratistas, unas clases medias y medias bajas que constituían el nervio de muchas ciudades junto con otras fuerzas vivas: maestros, profesores, médicos, funcionarios, abogados y profesionales, muchos de ellos dependientes de los presupuestos del Estado. Sobre esa sociedad todavía mal comunicada y poco integrada, de localismos y vida provinciana, con una cultura política asociativa y participativa escasamente desarrollada, se dispuso la República a reformar, transformar y revolucionar casi todo.

A comienzos de octubre de 1931, el Consejo de Ministros había dado el visto bueno a un proyecto de ley sobre intervención obrera en las industrias, más conocido como de «control obrero». La reacción de los intereses económicos contra lo que calificaron de «experimentación de una política socialista» fue inmediata. Hubo escritos de protesta, reuniones, asambleas y movilizaciones, que acabaron dando al traste con el proyecto, que nunca llegaría a discutirse en las Cortes aunque el ministro de Trabajo afirmara que esa reivindicación estaba «consignada en la Constitución». Fue casi la única iniciativa que Largo Caballero no pudo ver aprobada, porque las Cortes habían convertido en ley, sin apenas discusión, sus abundantes disposiciones por decreto, a las que se añadieron otras nuevas. Suponían un gran esfuerzo por mejorar el nivel de vida y las condiciones de trabajo de obreros y jornaleros, y también una transformación radical en las relaciones laborales que, más allá de la voluntad de modernizar ese mercado, tenía un propósito político. No se trataba de hacer «nada en socialista», se apresuró a aclarar el ministro, puesto que los compromisos contraídos con los republicanos impedían de momento una labor específicamente socialista, pero sí de ir tomando posiciones que facilitarían después la consecución del «ideal supremo». Las sociedades y sindicatos, no todos ellos, sino los socialistas, debían ir asumiendo responsabilidades en el terreno de las relaciones laborales y de la dirección y administración de empresas. En resumen, debía fortalecerse la representación sindical de la UGT allí donde se pudiera, en el marco de una organización corporativa, como paso previo para alcanzar luego el socialismo. Una vez terminada la labor de las Constituyentes y convocadas normalmente unas elecciones generales, aclaraba el ministro, el Partido Socialista y la UGT irían a la lucha «totalmente desligados de las demás fuerzas políticas», dispuestos a gobernar «con absoluta libertad de acción»[47].

El proyecto de «control obrero» no salió adelante, pero sí lo hicieron, junto a la fijación de la jornada laboral y el establecimiento de salarios mínimos, la implantación o reforma de distintos seguros (retiro obrero, maternidad, accidentes de trabajo…), la Ley de Jurados Mixtos, la de Asociaciones Profesionales y la de Contrato de Trabajo, así como la de colocación obrera, verdaderos pilares, sobre todo la primera, de afianzamiento del corporativismo obrerista. También se reorganizó el Ministerio y el Consejo de Trabajo, con ampliación en el número de delegados e inspectores. Mayor alcance tuvo, si cabe, la legislación referida al mundo rural, donde, además de todo lo anterior y, por tanto, la necesidad de que jornaleros y patronos adoptaran modelos de asociación y organización hasta entonces poco extendidos, se tomaron medidas encaminadas a paliar el paro forzoso, como la ley de «términos municipales», que imponía la obligación de contratar jornaleros del propio término; la creación de bolsas de trabajo y la exigencia de un orden de contratación que los sindicatos trataron de convertir en «turno forzoso»; la prohibición de utilización de maquinaria siempre que hubiera obreros sin trabajo; el recurso a los «alojamientos» de parados, pese a su prohibición legal… Los salarios, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, subieron. En una coyuntura marcada por la depresión económica, el enrarecimiento del mercado laboral y el aumento del desempleo en sectores tan sensibles como la agricultura y la construcción, la legislación caballerista revivió, potenciada, la tradicional pugna entre las dos grandes organizaciones sindicales, socialista y anarquista, y sus dos maneras de entender la organización, la lucha obrera y el horizonte de una revolución. Una revolución que, pese a las diferencias entre unos y otros, una mayoría de la clase obrera creía inminente.

La implantación de todas estas medidas propició un crecimiento considerable de la UGT, inusitado en el caso de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), instaladas ambas en los organismos corporativos y en las demás instituciones reguladoras del mercado. Pero la CNT, lejos de desaparecer como una reliquia del pasado según parecían pensar el propio ministro y muchos socialistas y republicanos, tuvo también un rápido proceso de expansión. Debatían en su seno las corrientes sindicalistas más moderadas y los grupos de afinidad de la Federación Anarquista Ibérica (FAI). En su primer congreso celebrado en Madrid, la adopción de las federaciones de industria para modernizar la organización pareció dar el triunfo a los primeros, pero también se confirmó el tradicional antipoliticismo y la defensa de la acción directa. Nada había que decir ni esperar de las Cortes y se rechazaron de plano los Jurados Mixtos —«un engendro de la Monarquía y de la Dictadura», como los calificó el periódico Solidaridad Obrera—, así como cualquier otra mediación del Estado. Nada había que pactar o negociar con una República burguesa, y lo demostraron en los primeros conflictos, desde la huelga de Telefónica a los graves acontecimientos de Sevilla o el llamamiento a la huelga general en diferentes ciudades en el otoño de 1931. En marzo de 1932, después de la primera llamada a la insurrección y la proclamación, fracasada, del «comunismo libertario» en el Alto Llobregat, la salida de Ángel Pestaña de la secretaría general para ser sustituido por el faísta Manuel Rivas ratificó la derrota del sindicalismo y el triunfo de la FAI. La política de orden público, la represión, las detenciones y deportaciones, así como la defensa de los presos, afianzaron en la dirección de la CNT a los elementos más radicales, que se cargaron de razones denunciando el trato de favor que desde el Ministerio de Trabajo recibían sus rivales, los sindicatos socialistas[48].

La «guerra civil» entre los dos sindicatos, junto con la depresión económica y la resistencia patronal, provocó una conflictividad social y laboral en aumento. El número de huelgas y huelguistas se había cuadruplicado entre 1929 y 1930, y volvería a duplicarse en 1933, aunque no hubo un crecimiento significativo entre 1931 y 1932. Lo que sí se intensificó fue el clima de desorden y violencia. Los gobernadores civiles se hacían eco de la explosiva situación existente en las provincias agrícolas andaluzas y extremeñas, pero también en Salamanca y en otras, como Ciudad Real o La Rioja, donde apenas había precedentes. Las negociaciones de las bases de trabajo en los Jurados Mixtos se convirtieron en verdaderos calvarios, para ser luego denunciadas por los propietarios y patronos que decían haberlas firmado bajo coacción y se negaban a cumplirlas. No era fácil mediar entre las diversas organizaciones sindicales y patronales y entre los organismos e instituciones que interferían en semejantes asuntos, desde los Jurados y Delegaciones de Trabajo a las autoridades locales y provinciales, pertenecientes muchas veces a distintas fuerzas políticas. También en las organizaciones socialistas, engrosadas por un aluvión de nuevos militantes poco dispuestos a aceptar la tradicional cultura obrera corporativa, se oían quejas sobre la lentitud e incumplimiento de las leyes y bases de trabajo o sobre los perjuicios que en la práctica ocasionaban medidas como la ley de «términos municipales»[49].

Las reformas laborales, la confrontación sindical y la conflictividad recibieron cumplida respuesta de propietarios y patronos, que se aprestaron a organizarse y defenderse en medio de una coyuntura económica poco propicia. Todo aquello rompía con sus hábitos de contratación y dirección de sus negocios. Decidieron incumplir las leyes y saltarse los acuerdos que consideraban imposibles de obedecer, y que, por otro lado, tampoco respetaban muchas organizaciones obreras, ni las autoridades correspondientes. El clima de exasperación se dejó sentir sobre todo entre los propietarios pequeños y medianos en las zonas rurales y entre la mesocracia patronal y comerciante de las ciudades, que se declararon ahogados por su difícil situación, maltratados por la legislación laboral y sujetos pacientes de una conflictividad que con frecuencia les era ajena. Muchos habían recibido con entusiasmo la República, de la que también esperaban respuesta a sus problemas, pero fueron sumiéndose en una ola de desconfianza y de protestas que se extendió por todo el país. Si en Cataluña, donde primaba la CNT, denunciaban la «duplicidad de actuación y de representación entre los Jurados Mixtos y las asociaciones obreras que se oponen a su existencia», en Vizcaya acusaban a los «elementos indisciplinados o revolucionarios» que pretendían romper la actitud pacífica y negociadora de los sindicatos mayoritariamente socialistas. En Sevilla, donde se enfrentaban socialistas, anarquistas y comunistas, la patronal pronosticaba la «desaparición de las fuentes de riqueza del país por ruinas sucesivas» y exigía el cumplimiento efectivo de la Ley de Asociaciones y de Jurados Mixtos. En Madrid, como en otras ciudades, la patronal del comercio y de la construcción padeció detenciones, se enfrentó a los Jurados y urgió a que se convirtieran efectivamente en órganos de conciliación y arbitraje, para lo que creían necesario que el Ministerio de Trabajo estuviera regentado por una persona no «combatiente en la lucha de clases». La gran patronal, por su parte, en tono más moderado pero igualmente tajante, denunciaba además la falta de coordinación entre los diferentes ministerios y la autonomía del de Trabajo, la ausencia de una política económica capaz de paliar los efectos de la crisis y el clima de desconfianza que se propagaba al hilo de lo que comenzó a llamarse «socialización en frío» de la economía española[50].

La vida en las zonas rurales se veía agitada también por el anuncio de una reforma agraria que no acababa de concretarse. Entre muchos republicanos, y desde hacía menos tiempo también entre los socialistas, estaba arraigada la idea de que la agricultura española, base de la economía nacional, puesto que daba ocupación a casi un 50 por 100 de la población activa, estaba aquejada de un profundo mal que tenía su origen en el régimen de propiedad, en su concentración en las zonas de latifundio dominadas por una oligarquía de origen señorial y absentista. Amén de cultivar sus tierras de manera ineficiente, o incluso de dejarlas incultas, esa oligarquía mantenía aherrojada a una masa de jornaleros hambrientos de tierras, que apenas conseguían salarios misérrimos en ciertas épocas del año. Había que atajar ese mal con energía, porque solo así se conseguiría a la vez una mejora de la agricultura y una mayor justicia social, una «democracia aldeana», que permitiría asentarse a la República. Más allá de esta convicción compartida, todo eran discrepancias en el seno de la coalición gobernante sobre qué tierras redistribuir y cómo, a qué campesinos beneficiar y si debía hacérseles o no propietarios, y de dónde obtener los recursos para financiar la reforma. La extremada complejidad del mundo agrario y las peculiaridades de la estructura de propiedad de la tierra hacían prácticamente imposible evitar el conflicto, aunque la redistribución se circunscribiera a las zonas de latifundio, como quiso hacerse en un principio tratando de limitar el grupo de los propietarios afectados. La conveniencia de un estudio más detenido de las necesidades de la agricultura tropezó con la urgencia de aliviar el desempleo y desactivar una situación explosiva[51].

La comisión técnica nombrada en mayo de 1931 por el Gobierno provisional optó por una respuesta rápida y aconsejó la aprobación inmediata, por decreto, del «asentamiento temporal» de 60 000 a 75 000 familias campesinas por año en latifundios (más de 10 hectáreas en tierras de regadío y de 300 de secano) de toda la nación, pero con carácter de urgencia en las provincias andaluzas y extremeñas, además de Toledo y Ciudad Real, las más afectadas por el paro. La tierra quedaría en manos de sus propietarios, que recibirían un canon, y la reforma se financiaría con un impuesto progresivo sobre los latifundios. Como escribió más tarde uno de los miembros de aquella comisión, el proyecto pareció demasiado avanzado a los republicanos de derecha, mientras los socialistas lo consideraron conservador. Los propietarios, afectados por medidas como el «laboreo forzoso», la prórroga de los arrendamientos y la autorización de los colectivos, se movilizaron y consiguieron la promesa de Alcalá-Zamora de que la reforma no se haría por decreto. El proyecto de los técnicos fue rechazado, y se nombró una comisión ministerial, presidida por el propio presidente y encargada de realizar uno nuevo, que se presentó ante las Cortes el 25 de agosto de 1931. En el preámbulo se decía que de no aplacarse el «hambre de tierra», el esfuerzo democrático republicano quedaría invalidado. Se dictaminaba la expropiación previa indemnización, en lugar de la ocupación temporal, y se excluían por completo las fincas cultivadas directamente, colocando en primer lugar las tierras de origen señorial y las que superasen la quinta parte de un término municipal. Se trataba de circunscribir la reforma a las tierras de la nobleza, de los propietarios absentistas y de los caciques. La comisión parlamentaria encargada de dictaminar sobre el proyecto no fue capaz de aunar opiniones y acabó presentando dos dictámenes sucesivos, más radical el segundo, hecho público a finales de noviembre, ya que incluía inequívocamente entre las fincas susceptibles de expropiación las cultivadas directamente, rebajando de forma sustancial la indemnización.

Para entonces, Azaña había decidido que por su enorme complejidad la reforma agraria sería obra de más de una generación, y el ministro de Agricultura, Marcelino Domingo, anunciaba la redacción de un nuevo proyecto que, aunque previsto para enero, no llegó al Parlamento hasta finales de marzo de 1932. Era un compromiso que suavizaba el ataque a la nobleza restringiendo las confiscaciones a las propiedades «ilegítimas», planteaba indemnizaciones más generosas, eliminaba el impuesto progresivo, convertía en mínimos los límites máximos de superficie expropiable y, aunque no excluía a los cultivadores directos, se les permitía conservar parte de sus propiedades. Los propietarios, que no habían cejado en ningún momento su movilización, reconocieron que «parcialmente, en muy pequeña parte», se había hecho caso a sus críticas, pero seguía siendo una reforma «híbrida» con unos asentamientos que no se sabía lo que eran, un despojo o semidespojo de ciertas propiedades y, en resumen, «una radical transformación de la constitución rural de España» que afectaba al concepto de propiedad y, por tanto, a todas las actividades productoras. A finales de abril, las entidades agrarias consiguieron reunir a representantes de las más importantes organizaciones económicas en un movimiento de solidaridad multitudinario. Aquel «ataque a la propiedad», se dijo allí, ocultaba intenciones de socialización, «un ensayo franco de estatificación» que convertía al Estado en «gran latifundista», rompiendo con todas las promesas de respeto a la propiedad, división de poderes y normas de todo Estado de Derecho[52].

La lenta discusión en la que entró el nuevo proyecto fue una muestra de las dificultades con las que tropezaba la acción de gobierno anunciada por Manuel Azaña en diciembre del año anterior. Se habían aprobado medidas que desarrollaban ciertos preceptos constitucionales, sobre todo los relativos a la Iglesia: se disolvió la Compañía de Jesús, se secularizaron los cementerios y se aprobó la ley de divorcio. Pero los grandes proyectos, la reforma agraria y el Estatuto de Cataluña no conseguían el consenso necesario en el Parlamento, dificultados por la obstrucción de las minorías de la derecha y el desánimo, ambigüedad y contradicciones de los grupos de la mayoría. Las explosiones de violencia y la política de orden público, como ocurrió con los sangrientos sucesos de Castilblanco y de Arnedo, provocaban interpelaciones al Gobierno, no ya desde las oposiciones, sino desde la minoría radical-socialista e incluso la socialista. No se perdían las votaciones en la Cámara, pero frente al obstruccionismo practicado con eficacia por las minorías de la derecha comenzaban a menudear las abstenciones, las ausencias y los gestos de desaprobación en la mayoría. El presidente de la Cámara, Julián Besteiro, pensó más de una vez en la necesidad de reformar un Reglamento que se había aprobado con demasiada precipitación y daba cancha a aquellas actitudes.

Tras el reajuste que había significado la formación del Gobierno en diciembre, el republicanismo conservador y de centro trató de reorganizarse. En enero de 1932, Miguel Maura anunció la formación de un nuevo partido, el Republicano Conservador, mientras los progresistas de Alcalá-Zamora, que vieron huir parte de sus efectivos hacia el nuevo partido, celebraban su segundo congreso. Pero lo que se esperaba era que Lerroux rompiera su silencio. Su salida del Gobierno había despertado grandes expectativas que se tradujeron en un aluvión de adhesiones, de caciques y monárquicos según las izquierdas, pero en realidad de clases medias, profesionales, propietarios y empresarios, adhesiones que acentuaron la heterogeneidad interna del partido y las discrepancias en su seno, pero confirmaron también su protagonismo. No rompió Lerroux su silencio en las Cortes, donde los radicales seguían mal que bien votando con el Gobierno. Lo hizo en un mitin celebrado en la plaza de toros de Madrid el 21 de febrero; una semana después, en Barcelona, en el hotel Ritz, ante una audiencia de hombres de negocios; diez días más tarde, en otra plaza de toros, esta vez en Ciudad Real, y así en una campaña que duró la primavera y culminó, mucho más dura en sus términos, en un mitin en Zaragoza el 10 de julio. Lerroux no se conformaba con el papel de oposición que le había adjudicado Azaña. Insistía en que los españoles habían votado una República para que se gobernara, no a favor de una clase o partido, sino «en republicano», y solo representando a todas las clases se evitaría el divorcio de la República con el país, y la dictadura de una clase o de un partido. En Zaragoza fue más contundente: había llegado la hora del relevo de un Gobierno que estaba desembocando en una dictadura ejercida por el propio Parlamento en contra de la mayoría del país. No se podía gobernar teniendo enfrente a esa mayoría, porque eso se traducía en «el pueblo en la calle». El blanco de Lerroux eran los socialistas, como lo eran para la patronal y para el sindicalismo anarquista, y apeló al presidente de la República para romper la situación. No tardaron en responderle los atacados. Un manifiesto firmado por el PSOE y la UGT calificó de sospechosa la apelación al jefe del Estado y señaló la satisfacción que producía en las derechas la afirmación del líder radical de que las Cortes no representaban al país. Ellos, los socialistas, seguían en el poder porque no había surgido aún el partido o coalición de partidos capaz de hacer frente a la contrarrevolución y consolidar la República. El relevo propuesto por Lerroux solo sería posible mediante una disolución de las Cortes, verdadero golpe de Estado al que los socialistas se opondrían sin reparar en medios, por violentos que fueran[53].

Reclamó entonces Lerroux ante las Cortes una condena del Gobierno al manifiesto socialista, por considerarlo un veto al Partido Radical y una coacción a la Presidencia de la República, convencido como estaba de representar a un sector de la opinión que, si bien no tenía mayoría en las instituciones, sí la tenía en la calle. A Azaña le pareció «irrelevante» el debate suscitado, fruto exclusivamente de la «impresionabilidad» del ambiente. La República y la Constitución eran de todos los españoles, monárquicos y republicanos, dijo, y todos tenían en ella garantizados sus derechos. Le espantaba que pudiera calificarse de dictadura a un Gobierno que no sabía salir de las Cortes, y negó que fuera la suya una política socialista: «somos hombres de gobierno parlamentario»; fuera del Parlamento todo eran hablillas y pasiones. No le correspondía condenar el manifiesto de los socialistas, puesto que solo era responsable de lo que de «común» tenía el Gobierno, y no de las trayectorias individuales de cada uno de los partidos que lo componían. En resumen, y esa fue su lección, todos los males venían de la vieja práctica política, de aquellas «copiosas mayorías parlamentarias de la Monarquía», ilegítimas por la suplantación del sufragio y por venir de la concesión de un decreto de disolución del Rey. No era ese decreto lo que había que conquistar, sino el voto de los ciudadanos, «que en España ya no hay rey, cosa que algunos olvidan», remató.

No era cuestión de doctrina, sino de táctica, de sensibilidad a los estados de opinión, le replicó Lerroux. Había que asentar la República sobre el mayor número posible de adeptos, y con la política del Gobierno no se atraían voluntades, sino que se las alejaba. Terció Indalecio Prieto: «Los socialistas estaban allí para consolidar la República, y seguirían mientras se les requiriera para ello. Eran la organización política más fuerte del país, y difícilmente podría gobernarse contra ellos». Pero se irían sin «un resquemor, ni un disgusto, ni una insatisfacción, ni un gesto de contrariedad» cuando dejaran de ser necesarios. No convenía a la salud de la República la actitud «ingenua» de Lerroux, ni la atracción de unas derechas que amenazaban con desnaturalizar la República. De ahí el «clarinazo» de aviso de su manifiesto. Fue Miguel Maura quien volvió a la doctrina, al «viejísimo axioma parlamentario» de si un Gobierno, teniendo mayoría en la Cámara y la confianza del presidente, era inamovible. Por haber sido elegida la Cámara en coalición solo podía hacer obra de conjunto y estaba incapacitada para dividirse en bandos, como pretendía Azaña adjudicando papeles a unos y otros. En situaciones así, era perfectamente legítimo el recurso al jefe del Estado. Le rebatió Azaña, que consiguió acabar triunfante un debate que le pareció ahora más fructífero que al principio. Se habían aclarado las posiciones respectivas de socialistas y radicales, que venían «cruzándose por encima del Gobierno»; se conservaban las actitudes, pero desaparecían los agravios. El Gobierno quedaba como estaba, «en la misma relación con las oposiciones y con la misma integridad en la mayoría», sin necesidad de pactar con nadie: «que se abandone la ilusión —terminó— o el deseo de ir golpeando con los nudillos en el muro de la mayoría a ver si suena a hueco donde pueda encontrarse el soñado tesoro de la crisis»[54].

No fue, sin embargo, el debate en el Parlamento lo que desbloqueó las leyes pendientes, sino el fracaso del golpe de Estado que el 10 de agosto encabezó el general Sanjurjo. Las reformas militares que a poco de proclamarse la República había puesto en marcha Manuel Azaña como ministro de la Guerra estaban creando malestar en el seno del Ejército. Llegó Azaña al ministerio con la firme voluntad de cumplir con la tarea pendiente de modernizar y profesionalizar al Ejército, lo que exigía, entre otras cosas, una drástica reducción de la oficialidad y, al mismo tiempo, neutralizarlo políticamente. Jefes y oficiales tuvieron que prestar adhesión y fidelidad a la República, pero se les brindó la oportunidad de retirarse voluntariamente. Se renovó la política de ascensos y destinos, reservándose el ministro el pase a la reserva de los generales sin destino durante más de seis meses. Se modificaron la justicia y la educación militares, con el cierre de la Academia de Zaragoza, y se estableció una nueva organización que redujo las dieciséis divisiones existentes a ocho, mientras los 21 000 oficiales disminuían hasta 8000. No había en la intención del ministro deseo alguno de «triturar» al Ejército, como quiso atribuirle el general Mola, distorsionando las palabras del propio Azaña, pero las inquietudes y descontentos por los cambios y sustitución de mandos desembocaron en una campaña personal contra el presidente del Gobierno, agravada cuando decidió suspender la prensa militar[55].

El general Sanjurjo, cuyo papel al frente de la Guardia Civil había sido decisivo en abril de 1931, fue trasladado de esa dirección a la de Carabineros tras la criticada actuación de la Guardia Civil en los acontecimientos de Arnedo. Su resquemor por semejante degradación le llevó a sumarse a otros militares descontentos que, a su vez, habían sido tentados por grupos monárquicos alfonsinos, mientras otros buscaban sus apoyos entre antiguos constitucionalistas, como Manuel Burgos y Mazo o Melquiades Álvarez. De todo ello sabía mucho también Alejandro Lerroux, que tenía algo más que mera amistad con el general Sanjurjo, y había prevenido en público sobre los peligros que amenazaban a la República, mientras Martínez Barrio lo hacía en privado a Azaña. La conspiración era casi pública y cuando la policía comenzó la desarticulación de la trama los militares implicados decidieron adelantar la fecha al 10 de agosto. En Madrid bastaron dos guardias civiles y una compañía de Asalto para hacer fracasar la toma del Ministerio de la Guerra, en el que Azaña les esperaba la noche señalada para el golpe, convencido de que no pasaría nada y decidido a enseñar también cómo se aplastaba una insurrección militar. En Sevilla, con un manifiesto a favor de una dictadura militar que pusiera orden, pero sin mención alguna a la restauración de la Monarquía, el general Sanjurjo tuvo más éxito y se hizo con el control de la ciudad, pero solo durante unas horas[56].

«Cada suceso de estos me clava más al poder […] Me aterra pensar que no tengo sustituto posible que satisfaga a los republicanos y sea capaz de llevar el Gobierno», anotaba un Azaña preocupado pero eufórico y felicitado por todos, incluido Alejandro Lerroux. La más importante de las organizaciones patronales, Unión Económica, condenó también la intentona y aseguró que los intereses económicos actuarían siempre con los medios que la legalidad les otorgara y con acatamiento leal al régimen republicano. Socialistas y republicanos, también los radicales y los conservadores, cerraron filas en torno al Gobierno. El 24 de agosto, tras una ardorosa intervención de Azaña, se aprobó una ley, más bien simbólica, que incautaba las propiedades de los implicados en el golpe, y el 9 de septiembre, de nuevo tras una inesperada aparición de Azaña, se aprobó la Ley de Reforma Agraria, tras cuatro meses de tediosos debates en los que la minoría agraria había demostrado su capacidad de obstrucción mientras los partidos republicanos dejaban la discusión en manos de diputados de segunda fila. Los 318 votos a favor y 19 en contra pusieron fin a la cuestión y permitieron su puesta en marcha[57].

También se aprobó el Estatuto de Cataluña, tras otros cuatro meses de debate en los que se habían oído opiniones de altura, comenzando por la del propio Azaña. Su propósito de no plantear el problema en términos doctrinales e históricos, como sí hizo José Ortega y Gasset, sino políticos, como había hecho con la cuestión religiosa con tanto éxito, no dieron en este caso los mismos frutos. Las minorías de la derecha plantearon una obstrucción en toda regla, que halló campo abonado en las discrepancias y las dudas del bloque de gobierno. No se había conseguido despejar los desacuerdos aplazados desde el debate constitucional. Fue la reacción a «la sanjurjada» lo que permitió aprobar un Estatuto que declaraba a Cataluña región autónoma dentro del Estado español, reconocía la cooficialidad de las dos lenguas y las competencias exclusivas en derecho civil y régimen administrativo, incluyendo la red secundaria de transportes, la sanidad y la beneficencia, mientras que establecía como competencias compartidas la gestión tributaria y la educación. No sirvieron de mucho los avisos del jurista Sánchez Román acerca de las dificultades que podrían surgir como consecuencia de la pérdida de control sobre las competencias cedidas, así como de la aplicación por la Generalitat de las leyes generales. En las primeras elecciones al Parlamento catalán, celebradas en noviembre de 1932, la Esquerra confirmó su hegemonía, pero la Lliga, aunque a distancia, se recuperó notablemente y copó las minorías[58].

En la pendiente

EN LA PENDIENTE

Tenía razones Manuel Azaña para estar exultante: la aprobación de las dos leyes era una clara demostración de la «revolución triunfante». Pero su optimismo no duró mucho tiempo. En octubre celebraron los socialistas su XIII Congreso Nacional. Prieto consiguió que no se consultara con las agrupaciones la continuación de la colaboración gubernamental y que saliera adelante una enrevesada disposición en la que se afirmaba que la darían por concluida tan pronto como las circunstancias permitieran hacerlo, «sin daño para la consolidación y fortalecimiento de la República ni riesgo para la tendencia izquierdista señalada en la Ley fundamental del Estado». O sea, que seguirían. El Partido Radical celebró su Congreso, el primero, también en el mes de octubre. Lo necesitaba para dar impresión de fuerza y de una cohesión que estaba lejos de tener. El mismo día en que se celebró el banquete final y Lerroux proclamó una vez más que el país no se sentía gobernado en republicano, se hizo pública una nota del Partido Radical-Socialista y de Acción Republicana anunciando la continuación de su colaboración con los socialistas y la próxima formación de una Federación de Partidos Republicanos de Izquierda como instrumento de un futuro gobierno, que podría apoyarse bien en los socialistas, bien en los radicales y republicanos conservadores. El Partido Radical, en su pugna con el otro gran partido de ámbito nacional, el socialista, veía alejarse una vez más sus posibilidades de hacerse con el poder[59].

A finales de año, el cierre de filas propiciado por la «sanjurjada» estaba herido de muerte y los acontecimientos en la calle vinieron una vez más a servir en bandeja las oportunidades de una nueva confrontación. En enero de 1933, la llamada de la CNT a otra insurrección provocó en el pueblo gaditano de Casas Viejas una sangrienta represión. El cerco al cuartel de la Guardia Civil y la muerte de un sargento desembocaron, tras muchos disparos y varios intentos de asalto por las fuerzas del orden, en el incendio de la cabaña del carbonero Seisdedos, en la que se habían refugiado sus hijos y yerno, partícipes de la revuelta. Hubo ocho muertos, seis de ellos calcinados, y la nieta de Seisdedos logró salvar la vida porque llevaba abrazado a su hijo. No acabó ahí. El capitán Manuel Rojas, enviado el día 10 desde Madrid, continuó la búsqueda de culpables y, al parecer bebido, provocó la matanza de otros doce campesinos, dos mujeres y un niño. Murieron también tres guardias. Antes de que pudieran conocerse los hechos con detalle, el asunto saltó al Parlamento. Azaña eludió en un primer momento toda responsabilidad, argumentando que no cabía hacer otra cosa «frente a un conflicto de rebeldía a mano armada contra la sociedad y el Estado», pero no pudo zanjar la cuestión. Lerroux insistió en el absoluto fracaso de aquel Gobierno que en catorce meses había perdido todo su prestigio, autoridad y fuerza moral, no tanto por las reformas emprendidas, sino por la manera de realizarlas, por la «falta de ductilidad», de «cordialidad», de tacto, de «espíritu verdaderamente liberal», y dejó caer que todos los partidos, incluso los socialistas, se veían abocados a tensiones internas como consecuencia del secuestro de las prerrogativas constitucionales que el Gobierno ejercía. Anunció, además, su «inquebrantable resolución» de recurrir a todos los métodos que el Reglamento de la Cámara permitiera para impedir la acción del Gobierno, si este no dimitía[60].

Hubo un momento de incertidumbre cuando Indalecio Prieto reconoció el interés de los socialistas en abandonar «cuanto antes» el ejecutivo. Aunque aclaró que no lo harían hasta que no hubiera otro instrumento de gobierno asegurado, sus palabras sirvieron a Miguel Maura para poner en entredicho la «perfecta salud del Gobierno» de que había presumido Azaña en su réplica, pues todo el mundo pensaría que los socialistas seguían ahí como «forzados». Tuvo que despejar el presidente la «alucinación» de una crisis inminente, afirmando que él mismo había preparado el terreno a Prieto para permitirle rebatir la acusación de que los socialistas se apegaban al poder de manera «desaforada y codiciosa». Pero lo cierto es que el asunto de Casas Viejas estaba provocando un clima muy tenso en el Parlamento y graves enfrentamientos incluso entre algunos diputados socialistas, a quienes hubo que recordar su obligación de asistir a las sesiones, y sus propios ministros. El Gobierno tuvo que retroceder sobre su negativa a que se nombrara una comisión parlamentaria, y por 173 votos contra 130 se aprobó una moción de confianza al tiempo que se aceptaba la comisión. El director general de Seguridad fue cesado, y se abrió proceso contra el capitán Rojas, que, unos meses más tarde, fue condenado a veintiún años de prisión. En la comisión ejecutiva del Partido Socialista volvió a discutirse sobre la permanencia en el Gobierno, y se ratificó lo decidido unos meses atrás en el Congreso. Todo por evitar que la República derivase a la derecha y se perdiera lo conseguido[61].

Azaña mantenía la confianza de la Cámara, pero la obstrucción anunciada por los radicales amenazaba la aprobación de dos nuevas leyes: la reguladora del Tribunal de Garantías Constitucionales y, sobre todo, la relativa a las asociaciones religiosas. Había llegado esta a las Cortes en octubre de 1932, tras «la sanjurjada», con el nombre de Ley de Confesiones y Congregaciones, y fue defendida por el presidente del Gobierno como derivación lógica de lo establecido en la Constitución. Su discusión en comisión parlamentaria, como en otras ocasiones, dio como consecuencia un dictamen más extremista que el proyecto original, sobre todo en relación con la enseñanza ejercida por las órdenes religiosas. Socialistas y radical-socialistas —el ministro Albornoz pertenecía a este partido— habían propiciado un dictamen que exigía la prohibición de los colegios religiosos y su sustitución inmediata. Los radicales habían anunciado que harían excepción de este proyecto en su política de obstrucción, pero que apoyarían la propuesta del Gobierno, no la de la comisión. El debate comenzó el mismo día que terminaba su cometido otra comisión, la de los sucesos de Casas Viejas. En relación con ello, el Gobierno consiguió una nueva moción de confianza por 212 votos, mientras la oposición se abstenía. Pero apenas dos semanas más tarde, las minorías radical, republicano conservadora, progresista y federal se negaron a conceder al Gobierno el «larguísimo crédito de confianza» que les había pedido Azaña para la aprobación de otros proyectos de ley. Solo estaban dispuestos a aprobar la ley del Tribunal de Garantías Constitucionales y la de congregaciones religiosas, siempre que se hiciera rápidamente. Azaña buscó entonces la confianza de sus compañeros de Gobierno, por un lado, y la del presidente de la República, presentándole a la firma otros dos proyectos de ley, la de orden público y la de arrendamientos. Dos días después de que Alcalá-Zamora diera su visto bueno, el jefe del Gobierno dijo en una conferencia en Bilbao que ninguna obstrucción acabaría con el ministerio y que la República no era un régimen provisional ni de ensayo. Había que agotar hasta el límite de lo posible la vida de los parlamentos, de los gobiernos y de sus programas[62].

Los partidos estaban tomando posiciones porque iban a celebrarse elecciones municipales en los ayuntamientos elegidos en abril de 1931 por el artículo 29 de la antigua ley electoral, que permanecían gobernados por comisiones gestoras. Era un número importante de concejales el que estaba en juego, aunque no llegaran a un 13 por 100 los electores afectados y correspondieran a pequeñas localidades rurales de Aragón, de las dos Castillas y de Navarra. Fueron elegidos más concejales de la coalición gobernante que de la coalición que, en su caso, podría liderar el Partido Radical, pero este obtuvo los mejores resultados, por delante de los socialistas. Sin embargo, la verdadera triunfadora fue la nueva derecha católica. Fue la gran sorpresa, no tanto quizá para los radicales, que venían sospechándolo, sino para las izquierdas, incluido el propio Azaña. Porque aquella nueva fuerza política, aunque representada en el hemiciclo por la voz constante e incisiva de José María Gil-Robles, había nacido y crecido fuera del Parlamento. En abril de 1932, Acción Nacional —presidida ya para entonces por Gil-Robles— había cambiado su nombre por Acción Popular. Su campaña de movilización y organización de una gran fuerza política cobijada en la denuncia de la Constitución, de la legislación laboral y agraria, de la política socializante del Gobierno y de la conflictividad y el desorden públicos apostaba por una vía posibilista, por la actuación dentro de los cauces legales, condenando la violencia sin por ello bajar la guardia ni suavizar los términos de su censura de la política del Gobierno[63].

«La sanjurjada» fue la ocasión para depurar sus filas. Las detenciones, deportaciones y clausuras de periódicos que siguieron al golpe pusieron a prueba las actitudes de esta nueva derecha. En octubre, como habían hecho radicales y socialistas, los populares celebraron también asamblea. Una proposición en la que se declaraba la absoluta incompatibilidad entre la pertenencia a Acción Popular y la participación en movimientos sediciosos contra la República dio pie a la aprobación, no sin discrepancias, de las tesis accidentalistas respecto a las formas de gobierno, plasmadas en la decisión de persistir en la lucha legal, en la reprobación del empleo de la violencia y en la prohibición de que los dirigentes actuaran públicamente como miembros de otros partidos.

Antonio Goicoechea, líder de los monárquicos alfonsinos y autor del primer programa de Acción Nacional, encarcelado tras «la sanjurjada», emprendió la contraofensiva al recuperar la libertad. «Repugnamos el posibilismo. Somos intratables, hostiles, irreductibles…», afirmaba ABC. En enero de 1933, Goicoechea dimitió de todos sus cargos en Acción Nacional y poco después nació Renovación Española, dispuesta a difundir la doctrina monárquica y a constituirse en partido legal sin por ello abandonar la conspiración. Muy otra fue la deriva de los posibilistas, que tras la batuta de Ángel Herrera y José María Gil-Robles, y con apoyos importantes como el de la pujante Derecha Regional Valenciana, desembocaron en la celebración de un magno congreso en el que nació la Confederación Española de las Derechas Autónomas (CEDA): religión, familia, trabajo, propiedad y obra social fue el lema sobre el que se construiría el primer partido de masas de la derecha española, un partido de bases heterogéneas y gran capacidad de movilización que, al amparo de su tan proclamado accidentalismo, no había dado razón pública de lealtad republicana[64].

Fue esta nueva derecha, imprevista por los fundadores de la República, la que asomó como triunfadora en las elecciones municipales de abril de 1933. La discusión del proyecto de ley de congregaciones religiosas había desencadenado en la prensa y en la calle una movilización que asentó el empuje cedista. La irrupción de aquel invitado no deseado contribuyó a cuartear la unión de las oposiciones republicanas al Gobierno. A comienzos de mayo, Azaña propuso el cese de hostilidades para que pasaran la ley de orden público y la de arrendamientos. En los dos extremos, los republicanos conservadores y los más extremistas dijeron que no, pero radicales, federales e independientes aceptaron. El 17 de ese mes, tras aplicar la «guillotina» para terminar un debate interminable, las Cortes aprobaron la ley de congregaciones religiosas. Faltaba la firma del presidente de la República, cuyo desacuerdo con la ley era sabido. Recibió la visita de un centenar de comunidades religiosas y del nuncio, al tiempo que las minorías agraria y vasco-navarra condenaban la ley. Alcalá-Zamora apuró los plazos y no firmó hasta el 2 de junio, haciendo constar que lo hacía por mandato constitucional. Ese mismo día el episcopado hacía pública su protesta. El Vaticano había decidido nombrar primado de Toledo a Isidro Gomá, dando con ello a entender clausurada cualquier política de negociación y acuerdo con el Gobierno. El 4 de junio, el papa Pío XI, en su encíclica Dilectissima nobis, calificó la ley de «manifiesta injusticia» y llamó a todos los católicos españoles a demostrar su rechazo a esta. El Debate se mantuvo en su postura, llamando al «boicot legal, correcto y pacífico» de la ley.

El malestar de Alcalá-Zamora era conocido, como también lo eran sus conversaciones con algunos líderes del republicanismo de centro y derecha que, en más de una ocasión, desde aquel mitin de Lerroux en Zaragoza un año atrás, miraban a la más alta magistratura del Estado como la única capaz de desbloquear la situación. Las intervenciones de Alcalá-Zamora durante el debate constitucional le habían valido el apelativo de «centinela de la República», y como presidente de ella se sentía llamado a intervenir. La Constitución se lo permitía, pero también lo limitaba. La potestad de más difícil uso, escribió en sus memorias, se reveló ser la «tan restringida» de disolución del Parlamento: apresurar su ejercicio era agotarla, y prescindir de ella, mantener y agravar el divorcio entre las Cortes, reflejo de circunstanciales estados de opinión, y las reacciones posteriores de la conciencia nacional. Alcalá-Zamora se sentía injustamente atacado por Azaña y por los socialistas, y convencido de la existencia de ese divorcio y de su responsabilidad en arbitrar una salida. Pero no quería hacer uso prematuro de su prerrogativa[65].

Consciente de todo ello, Azaña quiso volver a asegurarse la confianza del jefe del Estado, y aprovechó la necesidad de sustituir al ministro de Economía, Jaume Carner, muy enfermo, para plantearle una remodelación del Gobierno. Alcalá-Zamora le contestó que quería abrir consultas; Azaña lo entendió como una retirada de confianza, y presentó la dimisión. Era la primera crisis de Gobierno y la primera vez que el presidente abría consultas, y lo hizo según modelos pretéritos, de tiempos de la Monarquía, buscando notoriedad y protagonismo, sin regatear tiempo y en número excesivo. La llamada a Melquiades Álvarez y a Santiago Alba provocó la indignación de los socialistas. Indalecio Prieto fracasó al ser desautorizado por su propio partido para buscar la colaboración de los radicales, y tampoco tuvo éxito Marcelino Domingo. Alcalá-Zamora tuvo que volver a Azaña, al que pidió que ampliara sus apoyos. Trató este de reconstruir la gran coalición de 1931, y habló con Martínez Barrio, pero era imposible que los radicales, después de la campaña de los meses anteriores, pudieran aceptar la colaboración con los socialistas, y así se lo hicieron saber a Azaña. No pudo este hacer otra cosa que ampliar su Gobierno con la entrada de la Esquerra —Lluís Companys sería ministro de Marina— y de los federales —Franchy Roca lo sería de Industria y Comercio—. No era un Gobierno «de liquidación», dijo Azaña al presentarlo a la confianza de las Cortes, pero no fue esa la impresión que dejaron traslucir el resto de las intervenciones. Lerroux anunció el fin de su política de obstrucción, en la que se consideraba derrotado, pero en su opinión era aquel el peor de los gobiernos posibles. Mantenía su deseo de que los socialistas abandonaran, no por odio ni hostilidad, sino para que pudieran ejercer una saludable oposición. Pero nunca se echaría a la calle para conseguirlo. Prieto pidió que se les dejara a ellos liquidar «correctamente» su colaboración, y Azaña se congratuló de todo, prometiendo hacer lo posible para merecer no ya el respeto, sino la confianza de los radicales. El más duro fue Gil-Robles: se había frustrado la «rectificación total» con la que se inició la crisis, se habían mediatizado las facultades del jefe del Estado, violado la Constitución y demostrado la dictadura de un Gobierno «faccioso». Ellos habían puesto un «exquisito cuidado» para mantenerse en un «terreno evolutivo», pero la «conciencia nacional» en su evolución podía llevárselos por delante en beneficio de los más extremistas. De momento, a ellos les bastaba con la derogación de la Ley de Defensa de la República, requisito que los federales habían exigido para su colaboración gubernamental. «Atreveos a ir pronto a las elecciones y veremos qué queda de vuestra obra revolucionaria», retó Gil-Robles. Los 188 votos con los que Azaña obtuvo la confianza traslucían una complicada situación parlamentaria, reflejo, pero también causa, de la tensa situación social[66].

La primavera y el verano de 1933 fueron calientes. La crisis económica y el desempleo alcanzaban su clímax, y los conflictos se multiplicaban y enquistaban. Entre febrero y junio, la CNT, aunque en franco declive y debilitada por las rivalidades por el poder y su propia estructura descentralizada que permitía todo tipo de acciones incontroladas, lanzó huelgas generales en varias ciudades y promovió toda suerte de conflictos como «gimnasia revolucionaria». Pero no fue solo la CNT. A los dirigentes de la UGT les costaba cada vez más trabajo contener los ímpetus y mantener, en ciudades como Madrid, los viejos principios de la práctica gremial, canalizados ahora a través de los Jurados Mixtos. La FNTT, con casi medio millón de afiliados por entonces, la mayoría de ellos sin formación alguna y poco dispuestos a aceptar la vía de la negociación corporativa, quebró la escasa soldadura entre la recentísima sindicación agraria y la urbana tradicional. Dispuestos a romper la negociación paritaria cuando hiciera falta y llamar a la huelga, tampoco era solución para muchos la reforma agraria, no por su lenta aplicación, sino porque su horizonte no era convertirse en campesinos «asentados». Tampoco era pacífico el ambiente entre los arrendatarios, pendientes de una ley que no acababa de aprobarse, o entre los pequeños y medianos propietarios de tierras que a sus anteriores preocupaciones sumaban ahora la incertidumbre sobre el alcance de la reforma agraria. Aunque se había limitado la expropiación a los señoríos jurisdiccionales, las tierras mal cultivadas, las sistemáticamente arrendadas y las pertenecientes a zonas regadas que no se hubieran convertido en regadío, la aplicación de la ley a todo el territorio nacional y las medidas relativas a los arrendamientos y a los ruedos depreciaron la propiedad y sembraron la inquietud entre todos los propietarios, grandes y pequeños[67].

En el mes de marzo se había celebrado en Madrid una gran asamblea que reunió a las más importantes organizaciones agrarias y en su apoyo a muchas de otros sectores económicos. Se pidió la revisión de la ley de reforma «por antijurídica y antieconómica», aunque la primera reclamación fue el ejercicio del principio de autoridad frente a la «anarquía» manifestada en los constantes atentados a la propiedad, invasión de tierras, talas de árboles, destrucción de ganado y apropiación de frutos. La legislación social, dijeron los reunidos, debía acompasarse al estado económico del país para evitar que las cargas sociales y las bases de trabajo condujeran a un aumento de los costes de producción que solo tendría dos salidas: «la ruina del productor y de sus obreros o la carestía de la vida». Pocas semanas más tarde, la recién creada Confederación Española Patronal Agrícola acusaba al Ministerio de Trabajo de haber insuflado artificialmente, desde la ciudad al campo, «la odiosa lucha de clases». La guerra declarada a los Jurados Mixtos, general en todo el mundo patronal y empresarial, culminó en una magna asamblea celebrada el 19 de julio en Madrid, que reunió a más de un millar de representantes de organizaciones de todo tipo, unánimes en su condena. Aunque hubo intervenciones incendiarias, las conclusiones finales se moderaron para exigir «perentoriamente» la modificación de la estructura de los Jurados, suspendiéndose mientras tanto las facultades dirimentes de sus presidentes. La organización corporativa, en la que el ministro de Trabajo, Largo Caballero, había apoyado toda su política, hacía aguas, y no solo por la protesta patronal[68].

Todo aquello era importante, pero lo era sobre todo porque diezmaba los apoyos parlamentarios del Gobierno. Se precipitaba ahora la división dentro del Partido Radical-Socialista, de la que venía dándose muestras desde los acontecimientos de Casas Viejas. En el Congreso celebrado por el partido en el mes de junio, en vísperas de la dimisión de Azaña y de la crisis de gobierno, fueron evidentes las discrepancias, aunque logró evitarse la escisión que encabezaba, entre otros, Félix Gordón Ordás, muy crítico con Azaña, con su Gobierno y con la colaboración socialista. Podía ser un «contagio» de los argumentos que en un principio fueron patrimonio de las derechas y de los radicales, pero un número cada vez mayor de radical-socialistas, testigos del «desbarajuste» que la política social del Partido Socialista causaba en muchos lugares, abogaban por medidas como la derogación de la ley de términos municipales, la inspección y el control sobre las autoridades locales y las presidencias «técnicas» de los Jurados Mixtos, cuestiones que quedaron incorporadas al proyecto de bases de gobierno elaborado por el comité ejecutivo del partido, y que eran inaceptables para los socialistas. La tensión se tradujo en una clara disociación entre el comité nacional del radical-socialismo, en el que los disidentes críticos se hicieron con la mayoría, y el grupo parlamentario, con lo que su actuación en las Cortes resultó aún más imprevisible de lo habitual. A finales de julio, Azaña tuvo que preguntar a los ministros radical-socialistas si contaban con la confianza de su propio partido, y la consulta que estos hicieron aceleró la ruptura final, aunque aún tardaría en materializarse[69].

La discusión del proyecto de ley electoral a lo largo del mes de julio puso en evidencia las opiniones sobre la realidad de los partidos, tras dos años casi de Gobierno republicano socialista. No fue la incorporación del sufragio femenino el tema que levantó mayor debate, sino la propuesta de sustituir el sistema mayoritario por el proporcional. La defendió Gil-Robles, para quien el sistema mayoritario no permitía la representación verdadera de las minorías y auguraba la muerte de unos «partidos intermedios», barridos por las posiciones extremas u obligados a aliarse necesariamente con ellas, perdiendo su personalidad e ideología. Tampoco había permitido consolidar partidos fuertes capaces de formar una mayoría homogénea, como demostraba la situación que se vivía. La prima a la mayoría, pronosticó Gil-Robles, podía volverse en contra de los partidos en el Gobierno, produciéndose un movimiento de péndulo desacompasado que hiciera tabla rasa del pasado para construir algo que a la siguiente vuelta sería a su vez destruido. Algo muy poco conveniente para el país.

La defensa de la proporcionalidad que hicieron Gil-Robles y otros diputados, como Ossorio y Gallardo, chocó con la opinión de la comisión, ratificada por el mismo Azaña. No se trataba de elaborar la definitiva ley electoral de la República, sino de arbitrar un instrumento con el que hacer frente a unas próximas elecciones municipales. Tenía Azaña la «convicción indestructible» de que los republicanos de todos los colores y los socialistas tenían mayoría en el país y de que el sentimiento liberal y las instituciones democráticas estaban suficientemente arraigados en la legalidad y en el corazón de todos ellos, por lo que no compartía los temores que algunos esgrimían. El único peligro era la dispersión de las candidaturas republicanas y socialista, y que, por ello, resultaran derrotadas por otra antirrepublicana y antisocialista, gracias a una ley electoral que les concediera un «triunfo inmerecido». Los movimientos de péndulo corregirían errores y desaciertos, y aun teniendo él de su paso por el Gobierno el convencimiento del servicio cumplido, también tenía el suficiente patriotismo y sentido cívico como para saber que su papel era pasajero, estaba sujeto a discusión y quizá a derrota[70].

Tras la aprobación de la nueva ley electoral, que mantuvo el criterio mayoritario, y de una ley de orden público, muy discutida por los socialistas, que venía a sustituir a la derogada de defensa de la república, la actividad parlamentaria decayó, aunque las Cortes permanecieron abiertas mientras languidecía la discusión del proyecto de ley de arrendamientos. El 3 de septiembre se celebraron elecciones para cubrir los puestos de vocales que correspondían a los ayuntamientos en el Tribunal de Garantías Constitucionales, una institución que tenía como función el entender en los recursos de anticonstitucionalidad de las leyes y en los de amparo, así como en los conflictos de competencias entre el Estado y las autonomías y en la responsabilidad criminal del jefe del Estado, de los ministros y otros altos cargos. Aunque los partidos de la coalición gubernamental trataron de evitar que las elecciones se convirtieran en un plebiscito sobre el Gobierno, así como de presentar candidaturas conjuntas, no lograron ni una cosa ni la otra. En muchas provincias los radicales fueron con los republicanos conservadores. La coalición gobernante obtuvo el 35,4 por 100 de los votos, la basada en los radicales un 32 por 100 y las derechas un 32,6 por 100, pero la distribución de miembros favoreció a estas últimas, que se quedaron con seis de los quince puestos frente a cinco de la coalición republicanosocialista y cuatro radicales. La relevancia de los resultados de esta consulta electoral no se ocultaba a nadie. Alejandro Lerroux se presentó ante la opinión como el que había conseguido evitar que el Tribunal de Garantías Constitucionales se convirtiera en un «reducto derechista contra la Constitución y la República», y tres días más tarde planteó ante las Cortes la urgencia de un cambio de Gobierno. En respuesta, la moción de confianza fue presentada por un miembro del Partido Radical-Socialista, solo para que, a gritos, un exmilitante de dicho partido, Pérez Madrigal, dejando así constancia de las divisiones internas, pidiera que fuera defendida por uno de los disidentes. Obtuvo Azaña de nuevo la confianza de la Cámara, aunque por 146 votos frente a tres[71].

Cuando acudió al presidente de la República para obtener la suya, tropezó Azaña con la decisión de Alcalá-Zamora de preguntar a los ministros si consideraban que el mantenimiento de aquel Gobierno, tan quebrantado, era el idóneo para sostener la amplia coalición de que había hablado Azaña en la última crisis y para afrontar las próximas elecciones municipales. En nota pública, Azaña respondió que la contestación a esas cuestiones le competía al propio jefe del Estado y que no cabían soluciones circunstanciales, sino definitivas. En vista de ello, Alcalá-Zamora decidió abrir consultas, y Azaña presentó su dimisión el 7 de septiembre. Su Gobierno no caía por la pérdida de confianza de las Cortes, donde la coalición, rota en la calle y en los pueblos, se mantenía, aunque debilitada. Cayó porque se la retiró el presidente de la República. Estaba por ver que fuera posible la formación de otro Gobierno capaz de gobernar con aquellas Cortes. La comisión ejecutiva del Partido Socialista, pese al intento de Prieto de esperar, votó por unanimidad la propuesta de Largo Caballero de declarar «rotos todos los compromisos». Sin Azaña, la mayoría socialista no era ni se sentía republicana[72].

Fue Alejandro Lerroux quien se puso, por fin, a la tarea de formar un Gobierno que debía ser de concentración republicana. No era fácil, pues lo que verdaderamente perseguía era el decreto de disolución que Alcalá-Zamora se negaba a concederle. Azaña, fiel a su reiterada afirmación de que no debían identificarse aquellas Cortes con el Gobierno saliente, sino que deberían ser posibles otras combinaciones ministeriales, se aprestó, no sin dudas en su partido, a dar el nombre de uno de sus correligionarios, Sánchez-Albornoz, para ocupar el Ministerio de Estado, mientras los radical-socialistas, por escaso margen, aceptaban también la colaboración. Finalmente, el líder radical consiguió formar Gobierno. Lerroux se resistía, sin embargo, a someterlo a la confianza de las Cortes, y en el interregno se consumó la división del Partido Radical-Socialista. Por fin, el 2 de octubre se produjo el que sería el último debate de las Constituyentes. Lerroux estuvo torpe de maneras. Leyó su discurso y afirmó, en clara alusión a la nueva derecha accidentalista, su voluntad de abrir la República a quien estuviera dispuesto a jugar dentro de las instituciones, aunque no hubiera manifestado abiertamente adhesión a la República. Anunció también una amnistía, que casi todos entendieron que iba dirigida a los detenidos tras «la sanjurjada». Prieto, primero, y Azaña, después, estuvieron muy duros. Mientras hablaba el líder socialista podía oírse en la Cámara el vuelo de una mosca. Qué concepto de la dignidad de las Cortes podía tener Lerroux, dijo Prieto, para presentarse ante ellas después de haberlas declarado divorciadas de la opinión. Cuando afirmó que consideraba rotos todos los compromisos con los partidos que formaban parte del Gobierno, la minoría socialista, puesta en pie, prorrumpió en un fuerte aplauso.

Azaña fue más allá. Afirmó que la situación había cambiado «pavorosamente» desde el momento en que decidió prestar su colaboración para no acrecentar el «desgarrón» en el seno del republicanismo y hacer posible otro Gobierno con aquellas Cortes. Era evidente que no se trataba de hallar el mejor Gobierno posible para afrontar unas elecciones municipales, sino unas legislativas, porque lo que anunciaba Lerroux era la disolución: «no debemos retroceder en la política española a las costumbres de la Monarquía», sentenció. El líder radical les había puesto en la tesitura de elegir entre él y el Parlamento. «¡Ah! Entonces, no». Acción Republicana retiraba, pues, su colaboración y anunciaba su voto negativo[73].

Lerroux, pálido y cansado, pidió tiempo. Algunos diputados de la mayoría estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para impedir la disolución de las Constituyentes, incluso pasar a la firma una proposición declarando la imposibilidad de disolverlas por quedar pendiente la aprobación de leyes complementarias. Eran conscientes, como les previno Besteiro, de que semejante decisión constituiría un verdadero golpe de Estado parlamentario. Cuando se reanudó la sesión, Lerroux se encontró con el desplante también de la Esquerra y las dudas de los radical-socialistas. Gil-Robles dijo que dada la precariedad de aquel Gobierno, al que a cada minuto se le restaba alguno de sus componentes, renunciaba al uso de la palabra.

El Gobierno estaba sentenciado: los que van a morir os saludan, dijo Lerroux. Desde aquel momento, en la cabecera del «banco azul» no había nadie, porque él presentaba la dimisión. Y, diciendo esto, se puso en pie, dispuesto a abandonar el hemiciclo. Ni Besteiro, como presidente de las Cortes, ni los socialistas, después de haber presentado un voto de censura, podían consentir que Lerroux lo evitara. Según el artículo 75 de la Constitución, dicho voto inhabilitaría al líder radical para asumir un nuevo encargo y presidir las próximas elecciones, que era lo que pretendía. Para que su muerte fuera «plenamente gallarda», le dijo Prieto, debía esperar la resolución del Parlamento. Lerroux le suplicó que no le pidiera eso, pero ya se había sentado y, desde el «banco azul», oyó la réplica de Azaña. «¡Yo ambicioso!», exclamó el expresidente. Había tenido en sus manos un poder como pocos habrían tenido: un Parlamento «adicto hasta el entusiasmo», un Gobierno compenetrado y sometido a todas las pruebas. ¿En qué había empleado ese poder?: «en poner el pie encima de los enemigos de la República, y cuando alguno ha levantado la cabeza por encima de la suela de mi zapato, en ponerle el zapato encima». ¿En beneficio de quién? «En beneficio de su señoría —le espetó Azaña— como de todos los republicanos y de todos los españoles». Lerroux se había portado injustamente con él, aunque no pensaba pasarle factura: «Yo sé que en la oposición no soy nada y que me tengo que dedicar a la propaganda o a componer versos». Lo que fuera a pasar a continuación se haría sin su intervención, y si fuera posible, para mayor descanso suyo, sin su consejo. Ciento ochenta y siete votos contra 91 sentenciaron a muerte al Gobierno Lerroux y abrieron la crisis[74].

Los diputados hicieron guardia en los pasillos del Congreso, los teléfonos no pararon de sonar y todas las minorías parlamentarias se declararon constituidas en sesión permanente. Unos eran partidarios de mantener las Cortes, mientras otros las daban por agotadas. Los socialistas consideraban anticonstitucional no ya que Lerroux fuera de nuevo encargado de formar Gobierno, sino que lo fuera cualquier miembro del Gobierno defenestrado. Llamó Alcalá-Zamora en un principio a personajes independientes: Sánchez Román, Pedregal, Marañón, Adolfo Posada…, no sin que se oyera la protesta de quienes no comprendían el recurso a personalidades sin representación parlamentaria. El encargo recayó finalmente en Diego Martínez Barrio, que trató de formar un Gobierno de gran coalición de republicanos y socialistas. Contaba en su contra con la resistencia del propio Lerroux y la de los socialistas. El primero, a quien sacaron de la cama de madrugada Azaña, Domingo y Martínez Barrio, acabó cediendo, pero las negociaciones encallaron con los socialistas, prisioneros de sus propias declaraciones. El Gobierno que por fin formó Martínez Barrio no contó con su presencia. Todavía hubo intentos de evitar la disolución. En nota pública los radical-socialistas independientes abogaron por que el nuevo Gobierno permitiera al Parlamento reanudar su tarea, aprobar los presupuestos y restablecer la solidaridad republicana. Los socialistas prometieron benevolencia si se mantenían las Cortes, «cuya indiscutible gloria, por haber estructurado jurídicamente la República, se acrecentaría elaborando otras leyes que llevan también la huella indeleble de la revolución»[75].

Pero el 9 de octubre, el mismo día en que se conoció la composición del Gobierno, se hizo público también el decreto de disolución de las Cortes, con un largo preámbulo en el que Niceto Alcalá-Zamora explicaba las razones, como preceptuaba la Constitución y al propio presidente interesaba. Las Constituyentes habían terminado su tarea, puesto que se habían promulgado todas las leyes a ellas reservadas, pero también por motivos relativos a su vida interna y a su relación con la opinión pública. Su agotadora labor legislativa había estado presidida por la «elevación de miras, sensibilidad de emoción y rectitud esencial de propósito», mas ese mismo esfuerzo y la trascendencia de su obra habían alterado el número de partidos y sus relaciones mutuas, hasta el punto de dificultar la formación de una mayoría estable. Habían surgido corrientes de opinión «no coincidentes con la predominante en las Cortes», y todo ello hacía necesario buscar la «orientación y armonía definitivas, acudiendo a la consulta directa de la voluntad general».

Las Constituyentes, gloriosas, inolvidables y fecundísimas en su brevedad, protagonistas de una verdadera «revolución legal», como opinaban muchos, habían sido prematuramente disueltas, con grave quebranto para el régimen republicano. Otros pensaban que habían cumplido su misión, y su supervivencia solo acarreaba daño a los partidos y al régimen y desdén hacia la opinión pública. Pero no faltaban quienes, como Gil-Robles, les achacaban un vicio de origen, fruto del clima de «anormalidad» en que se encontraba el cuerpo social al producirse la revolución, prolongado después por el aplastamiento de la mecánica parlamentaria con el «criterio brutal de las mayorías». Mientras los socialistas persistían en su voluntad de concurrir en solitario a las elecciones, y los republicanos buscaban acuerdos, el mismo 9 de octubre la CEDA convocaba a otras organizaciones para constituir una Unión de las Derechas. Las elecciones, convocadas en primera vuelta para el 4 de noviembre, deberían demostrar la capacidad de la República para arbitrar la alternancia en el poder[76].

2. La vida política en el segundo bienio republicano (Octavio Ruiz-Manjón)

2

LA VIDA POLÍTICA EN EL SEGUNDO

BIENIO REPUBLICANO

Octavio Ruiz-Manjón

La caída del tercer Gobierno de Azaña, el 8 de septiembre de 1933, marcó el final de lo que se ha considerado el bienio radical y reformista del régimen republicano. Era el desenlace previsible de una situación de crisis económica y violencia social que terminó por minar una situación política de alianza entre socialistas y republicanos de izquierda, que había creado tensiones en ambos sectores de la coalición de Gobierno. La colaboración socialista se debilitaba tanto entre sus líderes como entre sus bases, ya que, si entre aquellos existía quien, como Indalecio Prieto, era partidario de una salida controlada de la coalición gubernamental, las bases se resentían de la moderación y lentitud de las transformaciones sociales, lo que aumentaba su proclividad hacia las soluciones revolucionarias.

Entre los republicanos, por su parte, había quienes se encontraban a disgusto con las exigencias de reformas sociales de algunos socialistas y no faltaban quienes, como el propio Alcalá-Zamora, buscaban «centrar la República», expresión que equivalía a procurar la formación de un Gobierno con el exclusivo respaldo parlamentario de los partidos republicanos de centroizquierda y, más adelante, la exclusión de las derechas que no querían integrarse en la República. En ese sentido, Alcalá-Zamora había celebrado, a partir de mediados de marzo, una serie de entrevistas con Martínez Barrio de muy dudosa oportunidad política, por lo que podía significar la relación entre el Jefe del Estado y un caracterizado dirigente de la oposición[1]. Azaña, que tenía motivos sobrados para desconfiar de estos tejemanejes, radicalizaba su discurso, en el sentido de reafirmarse en los valores republicanos que representaba la coalición parlamentaria que le sostenía.

Las derechas, no hace falta decirlo, seguían en una situación de constante hostilidad al Gobierno y jaleaban a los radicales en su política de oposición. La aprobación de la Ley de Congregaciones Religiosas, en mayo de 1933, no había hecho sino acentuar esa actitud, a la vez que dejaban en una situación incómoda a un católico practicante como era el presidente Alcalá-Zamora.

En esas condiciones, los sucesos de Casas Viejas, que se habían discutido en el Parlamento a comienzos de febrero, afectaron duramente a la coalición gubernamental, que vio refrendado su distanciamiento del electorado en las elecciones municipales parciales del mes de abril siguiente. A pesar de que fuese posible minimizar el sentido político del resultado, como hizo Azaña, que habló de «burgos podridos», las elecciones constituyeron una advertencia que llevó a Alcalá-Zamora a provocar la crisis de junio, en la que los fracasos sucesivos de Besteiro, Prieto y Domingo para sacar adelante el encargo de formar Gobierno obligará al presidente de la República a repetir de nuevo la misma fórmula política anterior, con Azaña de nuevo como presidente de Gobierno. Este aprovechó la crisis para acentuar el carácter republicano del Gobierno y, aunque no pudo incorporar a los radicales, dio entrada en él a los federales y a los nacionalistas catalanes de Esquerra. En cualquier caso, las relaciones entre Azaña y Alcalá-Zamora quedarían seriamente dañadas a partir de aquel momento.

El despego de la opinión pública con respecto al Gobierno se confirmaría, a comienzos de septiembre, en la elección de vocales regionales al Tribunal de Garantías Constitucionales. El triunfo de los radicales fue indiscutible[2], al igual que el de los candidatos de otros partidos de la oposición, y, ante las exigencias de Lerroux, Alcalá-Zamora retiró la confianza a Azaña, que dimitió el día 8 de septiembre.

Pese a los deseos de Alcalá-Zamora, que, en su afán de desembarazarse de Azaña, le había hablado durante el verano a Martínez Barrio de la conveniencia de un Gobierno de «pasacalle» que consiguiese la aprobación de los presupuestos y convocase elecciones municipales[3], el presidente de la República convenció a Lerroux de que acudiera a las Cortes para buscar el apoyo a un Gobierno constituido exclusivamente por republicanos de izquierda. Mucho más sorprendente es que Lerroux aceptara el encargo sin ninguna garantía de que, de fracasar, recibiría el decreto de disolución del Parlamento y de convocatoria de nuevas elecciones, aunque después haya afirmado que estaba convencido de que existía un acuerdo tácito en ese sentido. Lerroux empezaba a dar signos de una pasividad que, en sus memorias, ha tratado de justificar con la idea de que no quería que las generaciones posteriores le reprochasen por haber antepuesto su «criterio personal al interés general del país»[4], pero que también daba la impresión de responder a la fragilidad de su proyecto político y, quizá también, a la misma fragilidad moral y física de un personaje al que el cambio de régimen parecía haberle llegado demasiado tarde en su larga carrera política.

Los Gobiernos de concentración republicana y las elecciones de noviembre de 1933

LOS GOBIERNOS DE CONCENTRACIÓN REPUBLICANA Y LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE DE 1933

El Gobierno formado por Lerroux, que se hizo público el 12 de septiembre de 1933, integraba representantes de seis partidos políticos, pero su coherencia, dada esa heterogeneidad, era más que dudosa. Los radicales, predominantes en el nuevo equipo, eran hombres de confianza de Lerroux y representaban los nombres más respetados de las diversas familias regionales republicanas de Andalucía (Martínez Barrio), Canarias (Lara) y Valencia (Samper), aunque también estaba presente la «vieja guardia» barcelonesa en las personas de Guerra del Río y Rocha. Los que les acompañaban eran políticos republicanos de escasa significación entonces, aunque el paso del tiempo haya magnificado la figura del historiador Sánchez-Albornoz, futuro presidente de la República en el exilio. Lo componían Alejandro Lerroux, en la Presidencia; Claudio Sánchez-Albornoz, de Acción Republicana, en Estado; Juan Botella Asensi, de Izquierda Radical Socialista, en Justicia; Diego Martínez Barrio, radical, en Gobernación; Juan José Rocha, también radical, en Guerra; Vicente Iranzo, que había sido de la Agrupación al Servicio de la República, en Marina; Antonio Lara Zárate, radical, en Hacienda; Domingo Barnés, del Partido Radical-Socialista, en Instrucción Pública; Ricardo Samper, radical, en Trabajo y Previsión; Rafael Guerra del Río, también radical, en Obras Públicas; Ramón Feced, del Partido Radical Socialista, en Agricultura; Laureano Gómez Paratcha, de la Organización Republicana Gallega Autonomista, en Industria y Comercio, y Miquel Santaló, de Esquerra Catalana, en Comunicaciones.

Ese primer Gobierno Lerroux tuvo muy corta duración, y cuando, después de una suspensión de las sesiones de Cortes, Lerroux se presentó ante estas, el día 2 de octubre, la situación se convirtió en irresoluble desde el momento en que se vio que ni siquiera algunos de los partidos representados en el Gobierno —especialmente la Acción Republicana de Azaña— estaban dispuestos a sostenerlo. Después de unas torpes intervenciones de Lerroux, y de las contundentes réplicas de Prieto y Azaña, el presidente del Gobierno reconoció que era imposible obtener la confianza de la Cámara y anunció su intención de dimitir, pero fue obligado por el presidente de las Cortes, Besteiro, a asistir a la votación de una moción de confianza hacia el Gobierno. Las explicaciones que, sobre esta crisis, ha proporcionado Alcalá-Zamora no resultan muy convincentes, de puro seráficas[5], mientras que Martínez Barrio tiene por seguro que el presidente Alcalá-Zamora hubiera deseado que Lerroux se hubiese mantenido algún tiempo más en el cargo, con la esperanza de desembarazarse de él más adelante[6].

Se sucedieron entonces una serie de encargos a personalidades de escaso o nulo relieve parlamentario, como Pedregal, Marañón, Sánchez Román o González Posada, hasta que el encargo recayó en Martínez Barrio, interlocutor habitual del presidente de la República, así como de Azaña, durante los meses anteriores. Resultaba patente el afán de neutralizar a Lerroux, por el temor generalizado a lo que pudiera hacer con el decreto de disolución en las manos.

El Gobierno que Martínez Barrio dio a conocer el día 9 de octubre, después de haber llevado hasta los socialistas la invitación a participar en él[7], mantenía muchas de las caras del Gobierno anterior, pero provocó el malestar de muchos radicales, convencidos de que se había tratado de marginar a Lerroux, aunque este, protocolariamente, hubiera reiterado el apoyo a las gestiones de su lugarteniente. Formaban parte del nuevo Gobierno Diego Martínez Barrio, radical, en la Presidencia; Claudio Sánchez-Albornoz, de Acción Republicana, en Estado; Juan Botella Asensi, de la Izquierda Radical Socialista, en Justicia; Manuel Rico Avello, independiente que había pertenecido a la Agrupación al Servicio de la República, en Gobernación; Leandro Pita Romero, de la Organización Republicana Gallega Autonomista, en Guerra; Vicente Iranzo, independiente, en Marina; Antonio Lara Zárate, radical, en Hacienda; Domingo Barnés, del Partido Radical Socialista Independiente, en Instrucción Pública; Carlos Pi y Suñer, de Esquerra Catalana, en Trabajo y Previsión; Rafael Guerra del Río, radical, en Obras Públicas; Cirilo del Río, del Partido Progresista, en Agricultura; Félix Gordón Ordás, del Partido Radical-Socialista, en Industria y Comercio, y Emilio Palomo, del Partido Radical Socialista Independiente, en Comunicaciones.

Martínez Barrio, en sus memorias, ha subrayado que su Gobierno recogía muy equilibradamente a los que habían participado en la antigua mayoría parlamentaria y a los que habían estado en los partidos de la oposición. Manuel Rico Avello, el nuevo titular de Gobernación —puesto clave en cualquier Gobierno y más en aquellos momentos electorales—, era un abogado asturiano, diputado de las Constituyentes en la Agrupación al Servicio de la República, que había inspirado Ortega y Gasset.

En cualquier caso, el objetivo fundamental del nuevo Gobierno era la convocatoria de elecciones, de acuerdo con el decreto que apareció en la Gaceta del día 10 de octubre, que las fijaba para el 19 de noviembre. Una posible segunda vuelta tendría lugar el día 3 de diciembre y las nuevas Cortes habrían de reunirse el siguiente día 8.

Las elecciones se desarrollarían de acuerdo con la nueva ley electoral que se había aprobado el 27 de julio de aquel mismo año. Era una ley que mantenía unos criterios similares a los del decreto que había regulado las de 1931: circunscripciones provinciales, o de ciudades de más de 150 000 habitantes (lo que supuso un número menor de circunscripciones ciudadanas que en 1931), y votación por listas abiertas en las que los votantes solo podían optar por un número de candidatos inferior al de los diputados que se elegían en cada circunscripción, con la intención de dar mayor posibilidad de representación a las minorías. Por otra parte, para poder ser proclamado diputado había que obtener, por lo menos, el 20 por 100 de los votos emitidos y que alguno de los candidatos alcanzase el 40 por 100 de esos votos. De no reunirse esos dos requisitos, la elección se repetiría, pero solo con los candidatos que hubiesen alcanzado el 8 por 100 de los votos válidos escrutados. Era un sistema —como señalara Bécarud[8]— «poco propicio a las individualidades; favorecía, en cambio, a los partidos organizados e incluso les incitaba a coaligarse».

Fue, precisamente, lo que no hicieron las izquierdas, que rompieron la coalición gubernamental que había gobernado en el primer bienio y se presentaron separados a las elecciones: por un lado, los socialistas, confiados de su triunfo, y por otro, los republicanos de izquierda que se aglutinaban en torno a Azaña. También fueron casi en solitario los radicales, que estaban convencidos de tener un fuerte respaldo, pero que tampoco contaban con excesivos aliados naturales a los que recurrir. Las derechas, por el contrario, extremaron sus posibilidades de coaligarse y, poniendo aparte diferencias tácticas, procuraron presentar candidaturas conjuntas a partir de la unión de derechas y agrarios que se había establecido a poco de convocarse las elecciones. Algunos antiguos monárquicos, como Santiago Alba, pensaron que era la ocasión propicia para incorporarse al Partido Radical, poco exigente a la hora de valorar la trayectoria anterior de los recién llegados.

Un dato sintomático de la efervescencia conservadora en estos momentos fue el discurso que pronunció el 29 de octubre, en el teatro de la Comedia, de Madrid, el hijo del dictador Primo de Rivera, que constituyó el punto de arranque de Falange Española, un partido fascista que aglutinaría los diversos intentos de esta índole que se venían produciendo desde comienzos de 1933. En las elecciones inmediatas conseguiría un acta por Cádiz, con la protección de los monárquicos.

Con todo, la gran novedad de las elecciones era el voto femenino, que incorporaba seis millones de nuevos electores al proceso político. La innovación fue recibida con aprensión por los partidos republicanos, que temían una polarización de ese voto hacia el socialismo y hacia la derecha católica; pero, a la postre, a pesar de que alguien dijo que «las mujeres españolas votaron como un solo cura», no parece que resultaran decisivas en la modificación del panorama político español. Mucha más importancia habría de tener, en contra de los intereses de las izquierdas, la llamada al abstencionismo que hicieron los anarquistas.

La campaña electoral fue muy enconada, y en todos los bandos, aunque mucho más acusadamente en la derecha, se habló de la revisión de la obra realizada por las Constituyentes. Las derechas, para rectificarla en lo que hacía referencia a la legislación religiosa y social; los socialistas, encabezados por Largo Caballero, para acentuar su carácter revolucionario. Gil-Robles dejó claro, desde un principio, que la democracia era un medio, no un fin, y que, cuando llegase el momento, el Parlamento tendría que someterse o desaparecería. Largo Caballero, por su parte, tampoco le iba a la zaga y hablaba abiertamente de una conquista del poder por la vía democrática, aunque tampoco se descartaba «una conquista del poder por vías situadas fuera de la legalidad»[9]. Los radicales se ofrecían como garantía de gobernabilidad, mientras que los republicanos de izquierda acudían impotentes a un electorado que parecía haberles vuelto la espalda. Eran las cuatro grandes opciones entre las que se dilucidaba la contienda electoral, y el grado de hostilidad entre ellas no auguraba nada bueno para la estabilidad del sistema político.

Un hecho también de mal augurio, por lo que tenía de burla a la legalidad, fue la fuga de Juan March de la prisión de Alcalá de Henares a dos semanas escasas de las elecciones. El millonario mallorquín, que había sido elegido poco antes vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, decidió irse a Gibraltar con el auxilio del propio director de la cárcel y del oficial de guardia, a los que sobornó. La fuga dejó en ridículo al Gobierno, en cuyo seno se produjeron fuertes tensiones. Días más tarde, cuando ya se había producido el fracaso de las izquierdas en la primera vuelta de las elecciones, se produciría la salida del ministro de Justicia, Juan Botella Asensi.

Cuando terminaron las dos vueltas previstas para las elecciones, el panorama parlamentario había cambiado radicalmente. Las derechas dominaban ampliamente en la nueva Cámara, en la que no quedaba otro grupo netamente republicano numeroso que el de los radicales, aunque se sospechaba que este albergase a demasiados personajes oportunistas y de pocos escrúpulos. Los socialistas habían visto reducirse a la mitad su minoría y existía un verdadero enjambre de partidos con una reducida representación parlamentaria. El descalabro de los partidos republicanos de izquierda era completo, al igual que el de los seguidores de Alcalá-Zamora, que no pudieron contar con el apoyo de su líder. Había motivos más que sobrados para dudar de la lealtad republicana de la mitad de los componentes de la nueva Cámara.

A partir de los datos proporcionados por Gil Pecharromán[10] hemos podido confeccionar el siguiente cuadro, en el que, con todas las limitaciones que imponen los cambios de denominación de los partidos (o los cambios de contenido de una misma denominación, que se indican en cursiva), se puede apreciar la fuerte oscilación que supusieron los resultados de 1933 con respecto a los de 1931. Estos últimos no están completos y solo se ofrecen con intención de comparar los resultados para ilustrar la gran oscilación experimentada por la Cámara.

Partido | Elecciones de 1933 | Elecciones de 1931
CEDA | 115 | 5
Partido Radical | 104 | 94
PSOE | 58 | 115
Agrarios | 36 | 26
Lliga Catalana | 24 | 4
Tradicionalistas | 21 | 4
Republicanos conservadores | 18 | —
Esquerra Republicana | 18 | 31
Renovación Española | 16 | 1
Nacionalistas vascos | 12 | 10
Liberal-demócratas | 10 | 2
Acción Republicana | 5 | 28
Radical Socialistas Independientes | 4 | —
Federales | 4 | 17
Progresistas | 3 | 22
Unió Socialista de Catalunya | 3 | 4
Republicanos independientes | 2 | —
Republicanos gallegos | 1 | 16
Radical-socialistas | 1 | 59
Comunistas | 1 | —

La fisonomía de la nueva Cámara suponía un profundo contraste con la anterior, al margen del evidente dato de que predominaban las caras nuevas con respecto a los que ya habían intervenido en las Cortes Constituyentes. El carácter predominantemente conservador de la Cámara recién elegida implicaba también cambios significativos en la distribución socioprofesional de sus componentes, a la vez que disminuía el tono de fuerte radicalismo político que había caracterizado a las Constituyentes. «Distintos los hombres —ha señalado Martínez Barrio[11]—, distintos los métodos de trabajo y, sobre todo, antagónicos los propósitos». Alcalá-Zamora, por su parte, las ha calificado de «fernandinas», aunque fuera él quien estaba en el puesto de Fernando VII, y «las más reaccionarias que ha habido»[12].

En esas circunstancias, y cuando aún no se había completado el proceso electoral porque faltaba la segunda vuelta de las elecciones, se produjo una curiosa visita de Azaña a Martínez Barrio que este nos ha contado en sus Memorias[13]. Según el entonces presidente de Gobierno, Azaña pretendía, según le dijo, «suspender la reunión de Cortes, constituir otro Ministerio en el que estén representadas todas las fuerzas de izquierda y hacer una nueva consulta electoral».

No tenemos una versión expresa de Azaña sobre este episodio[14], mientras que Alcalá-Zamora, que no parece que fuera informado por Martínez Barrio de la visita de Azaña, y sí de un posterior intercambio epistolar en el que Azaña, junto con Marcelino Domingo y Santiago Casares Quiroga, le insistieron a Martínez Barrio en la necesidad de la «formación —decían— de un Gobierno republicano que dé a la opinión la seguridad de que el rumbo de la República no va a desviarse peligrosamente», se limita a sugerir en sus Memorias una complicidad masónica en estas gestiones. También comenta las solicitudes similares que a él le hicieron los ministros Botella y Gordón Ordás[15] y, una vez llegado el momento de las consultas para la formación de un nuevo Gobierno, el propio Negrín, en nombre de la minoría socialista. Alcalá-Zamora no desaprovecha la ocasión para sugerir que, propuesta tan peregrina, se había forjado con la colaboración de Fernando de los Ríos, del que, con ironía un tanto gruesa, subrayaba su condición de profesor de Derecho Político.

Azaña, por lo demás, continuó en esta actitud en las semanas posteriores y siguió clamando contra las derechas que pretendían acceder al poder. En un discurso que pronunció en Barcelona, a comienzos de enero, expuso la opinión de que la Constitución y el Parlamento no podían servir para entregar el régimen a los enemigos de antes. En su opinión, la CEDA y los agrarios no tenían «títulos políticos para ocupar el poder», aunque tuvieran parlamentarios suficientes. Tenían que convertirse al republicanismo.

La amenaza a la República no era, sin embargo, exagerada, y Ortega y Gasset salió por aquellos días de un largo mutismo para dar un viva al régimen en las páginas del diario madrileño El Sol y, sin escatimar críticas para los gobernantes del bienio anterior, reclamar que se empezase desde el principio «una política absolutamente limpia y sin anacronismo»[16]. El artículo fue continuado de otro («En nombre de la nación, claridad»), pocos días más tarde, en el que urgía a que las derechas clarificasen su actitud con respecto al régimen republicano.

Los Gobiernos de centro republicano de Lerroux

LOS GOBIERNOS DE CENTRO REPUBLICANO DE LERROUX

Ninguno de estos pronunciamientos modificaron la opinión de Alcalá-Zamora, ni la del jefe de Gobierno, Martínez Barrio, que procedieron a la normal apertura de las Cortes en el día previsto, el 8 de diciembre. Uno de los recién convertidos, no solo al republicanismo, sino también al radicalismo lerrouxista —Santiago Alba—, fue elegido presidente del Congreso, en una decisión que resultaba sintomática de la recuperación de viejos políticos monárquicos —también reaparecieron entonces Cambó y Goicoechea—, y, aunque acordado previamente entre Lerroux y la CEDA, no debió ser del agrado de Martínez Barrio, ya alertado del posible deslizamiento conservador de la nueva situación, que comparaba al nuevo presidente con su antecesor. Besteiro, ha dejado escrito Martínez Barrio[17], «era un hombre íntegro, inatacable moralmente, en tanto que don Santiago Alba, viejo monárquico, republicano de la víspera, traía un poco a la memoria el recuerdo del patio de Monipodio». Lerroux, por su parte, ha señalado[18] que Alba, además de «un positivo y probado valor intelectual», era «experto parlamentario y hábil político», aparte de que podía servir de ejemplo y estímulo a cuantos, desde la Monarquía, pasaran a incorporarse al régimen republicano, que era precisamente lo que muchos republicanos como Martínez Barrio tenían que ver con desagrado.

Tampoco parecían estar contentos los anarquistas, que desencadenaron ese mismo día 8 un movimiento revolucionario que afectó a diversas poblaciones de Aragón, La Rioja, Barcelona, Galicia, Levante, Sevilla, Granada, León y Extremadura, y que provocó noventa muertos, casi doscientos heridos, setecientos detenidos y un más acusado descrédito de la práctica insurreccional del anarquismo, deficiente de preparación y con objetivos descabellados.

La crisis de gobierno se produjo a la semana siguiente y, entre otros, fue llamado a consultas José María Gil-Robles, el líder de la CEDA, triunfante en las elecciones. El mismo día 16, Alejandro Lerroux pudo formar un Gobierno de coalición sin otro inconveniente que el de tener que renunciar, por la oposición de Alcalá-Zamora, a compaginar la Presidencia del Consejo con el Ministerio de la Guerra, como había hecho Azaña. Esa circunstancia llevó a Martínez Barrio, que había pretendido ponerse al margen del nuevo Gobierno, a encargarse de los asuntos militares, uno de los principales escenarios de la labor reformista del primer bienio. Al margen de dos independientes (Rico Avello y Pita Romero), el Gobierno era de neta mayoría radical, con una solitaria presencia de los liberales demócratas melquiadistas (Álvarez Valdés), y otra de los progresistas de Alcalá-Zamora (Cirilo del Río). José María Cid, del grupo agrario, se incorporaba al Gobierno a título personal y sin la representación de su grupo, que todavía no había manifestado su acatamiento al régimen republicano.

La composición del nuevo Gobierno fue la siguiente: Alejandro Lerroux, en la Presidencia; Juan José Rocha, en Estado; Ramón Álvarez Valdés, en Justicia; Manuel Rico Avello, en Gobernación; Diego Martínez Barrio, en Guerra; Leandro Pita Romero, en Marina; Antonio Lara Zárate, en Hacienda; José Pareja Yébenes, en Instrucción Pública; José Estadella Arnó, en Trabajo; Rafael Guerra del Río, en Obras Públicas; Cirilo del Río, en Agricultura; Ricardo Samper, en Industria y Comercio, y José María Cid, en Comunicaciones. Las adscripciones políticas señaladas eran matices que trataban de afirmar el carácter netamente republicano del nuevo Gobierno, que adquiriría un carácter más acusadamente radical un mes más tarde (23 de enero), cuando el paso de Rico Avello a la Alta Comisaría de España en Marruecos provocó el traslado de Martínez Barrio a Gobernación, mientras que otro radical, Diego Hidalgo Durán, ocupaba la vacante dejada por el político sevillano en Guerra.

La nueva situación política era muy frágil, como consecuencia de que el Gobierno dependía del apoyo de unas fuerzas políticas que no habían declarado lealtad al régimen republicano y, aunque la minoría agraria lo hizo por aquellos días, resultaba muy problemático el intento de la CEDA de hacer aceptable a los católicos españoles un régimen republicano del que había emanado una variada legislación anticlerical. De hecho, la oposición más furibunda a los planteamientos de la CEDA —expresados en un editorial («Los católicos y la República»), que publicaría El Debate el 15 de diciembre— surgió de las filas de los monárquicos alfonsinos y de los tradicionalistas. Más adelante, valorando los resultados de aquellas elecciones, José María Gil-Robles escribiría: «No quedaba, pues, otro remedio que transigir con una situación de centro y obtener el mayor beneficio posible de tan delicada coyuntura»[19].

También era un factor nuevo la mayor capacidad de injerencia del presidente de la República en los asuntos de gobierno. Martínez Barrio ha contado[20] lo sucedido en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, en el que Alcalá-Zamora manifestó su decidida voluntad de oponerse a la reincorporación al Ejército de los sublevados en agosto de 1932, y su disposición a vetar cualquier ley en ese sentido. La actitud contemporizadora de Lerroux le pareció a Martínez Barrio la aceptación de una confianza presidencial condicionada y un mal precedente para los meses que se avecinaban.

Tampoco estaba el lugarteniente de Lerroux satisfecho con la orientación política del nuevo Gobierno y, a principios de febrero, hizo unas declaraciones a la revista madrileña Blanco y Negro en las que calificaba de «imprecisa y confusa» la situación política, denunciaba un sorprendente —ya que había habido unas elecciones dos meses antes— distanciamiento entre el Parlamento y la calle, y advertía que no colaboraría con una situación de centro-derecha, aunque la juzgaba inevitable. «La razón —concluía— es bien clara. Yo soy un hombre de izquierdas»[21].

Las declaraciones de Martínez Barrio acrecentaron las tensiones dentro del Partido Radical y, tras la dimisión del político sevillano, con el que se solidarizaría el ministro de Hacienda, Lara, se abrió una crisis ministerial (1 de marzo) que dio la ocasión a Alcalá-Zamora para realizar unas prolijas consultas políticas, que se resolverían con la formación, el día 3 de marzo, de un tercer Gobierno Lerroux que quedó formado de la siguiente manera: Alejandro Lerroux, en la Presidencia; Juan José Rocha, en Estado; Ramón Álvarez Valdés, en Justicia; Rafael Salazar Alonso, en Gobernación; Diego Hidalgo Durán, en Guerra; Leandro Pita Romero, en Marina; Manuel Marraco, en Hacienda; Salvador de Madariaga, en Instrucción Pública; José Estadella Arnó, en Trabajo; Rafael Guerra del Río, en Obras Públicas; Cirilo del Río, en Agricultura; Ricardo Samper, en Industria y Comercio, y José María Cid, en Comunicaciones.

Los ministros dimisionarios habían sido sustituidos por Rafael Salazar Alonso y Manuel Marraco. También cayó el ministro de Instrucción Pública, José Pareja Yébenes, que fue sustituido por Salvador de Madariaga, al que Lerroux, ansioso siempre de lustre intelectual, había tratado ya de incorporar a su efímero primer Gobierno y al que ofreció de nuevo la cartera, después de haberlo hecho infructuosamente con los doctores Marañón, Cardenal y Hernando. Muy significativa, en cualquier caso, era la incorporación de Salazar Alonso, una de las figuras destacadas del sector más conservador del radicalismo, aunque no se tratase de un recién llegado al partido, en el que venía militando desde veinte años antes, aunque solo contaba entonces con treinta y ocho. Su clara posición antimarxista atrajo el beneplácito de los medios más conservadores y, lógicamente, el recelo de los socialistas[22].

Al día siguiente de la resolución de la crisis, el líder radical recibió un apoteósico homenaje popular —orquestado por la vieja guardia de su partido— para conmemorar su septuagésimo aniversario. Excesivos años, quizá, para las energías que era necesario desplegar en la vida política española de aquel momento.

Signos de radicalización

SIGNOS DE RADICALIZACIÓN

Los socialistas, a través de Negrín, habían vuelto a reclamar la disolución de las Cortes durante las consultas presidenciales de la crisis recién disuelta, lo que parecía marcar una clara línea de fractura del consenso a la izquierda del Gobierno, cada vez más dependiente del apoyo de unas derechas que, con la excepción de los agrarios, seguían recalcitrantes al acatamiento de la República. El Partido Socialista experimentaba, desde el desenlace de las elecciones, una fuerte tensión entre los partidarios de la integración en el régimen, capitaneados por Besteiro, y quienes, siguiendo el liderazgo de Largo Caballero, declaraban agotada la República burguesa y optaban abiertamente por la vía revolucionaria. Las tensiones se trasladaron a las ejecutivas del PSOE y de la UGT, de las que fueron desplazados los elementos besteiristas desde comienzos de 1934. En los primeros días de febrero, Prieto hablaba en Madrid de ir hacia «la desaparición de la propiedad privada de la tierra» y de que el proletariado se hiciese cargo del poder[23].

También habían exigido ya la disolución de las Cortes Azaña y Miguel Maura, preocupados por la consolidación del nuevo régimen y por el peligro que corría en manos de la derecha. Los republicanos de izquierda, en todo caso, aparentaron asimilar la dura lección de las elecciones y el día 3 de abril llegaron a la constitución de Izquierda Republicana, en la que se agrupaban los seguidores de Azaña (Acción Republicana), Marcelino Domingo (radical-socialistas independientes) y Santiago Casares Quiroga (Partido Republicano Gallego), bajo la presidencia del expresidente del Consejo de Ministros. En su discurso de agradecimiento, Azaña habló del servicio a una «patria republicana española» y manifestó su repugnancia por la situación política del momento. Sus palabras eran la continuación de un discurso que había pronunciado dos meses antes (11 de febrero) en el cine Pardiñas, de Madrid, en el que había fijado su posición política después del fracaso electoral.

Mucho más encendidas fueron las palabras de Azaña, en ese mismo escenario, cuando el 16 de abril se dirigió a las juventudes republicanas para reclamar la vuelta al 14 de abril de 1931 —«a las siete de la tarde», precisaba—, en lo que suponía la ratificación de la idea de salvar la República mediante la reconstitución de «la fuerza explosiva de la revolución política del año 31»[24]. Pocos días más tarde, con un ánimo más sereno y ante un público más crítico y maduro, Azaña pronunciaría una conferencia[25] en la sociedad El Sitio, de Bilbao, en la que ofreció sus reflexiones sobre lo exigible a un político del momento y apuntó la posibilidad de una minoría que viera desmoronarse la democracia «que había querido fundar» y a la que no le quedara «más recurso que el hecho revolucionario para restituir en su ser la democracia primitiva». Resultaba tan sintomático como preocupante, en cualquier caso, que la palabra revolución empezara a proliferar en ámbitos muy dispares del espectro de la vida política española.

Muy agitado era también el clima en los sectores conservadores, en donde se registraba un fuerte incremento de las actividades de grupúsculos fascistas. Falange Española, con la protección de los monárquicos, aumentó su actividad propagandística y protagonizó frecuentes enfrentamientos con sectores juveniles de los partidos proletarios. También se deslizaban hacia actitudes fascistas las juventudes de la CEDA, que el 22 de abril protagonizaron un acto de afirmación patriótica en la Lonja de El Escorial. Allí se leyeron los principios programáticos de la organización, entre los que se contaba la idea de que «los jefes no se equivocan», una neta afirmación de «antiparlamentarismo», y la proclamación solemne de que, «ante todo, España, y sobre España, Dios». Los manifestantes fueron atacados al volver a Madrid, en donde se generó un clima de violencia que obligó a la intervención decidida del nuevo ministro de la Gobernación, Salazar Alonso.

Mientras tanto, los monárquicos, tanto alfonsinos como tradicionalistas, apostaban decididamente por la vía insurreccional y, a finales de marzo, establecieron los primeros contactos con Mussolini para recabar del Gobierno fascista ayuda militar con vistas al derrocamiento del régimen republicano, y así se lo prometió el Duce.

De hecho, el clima de radicalización política que se experimentaba en la calle tenía su correlato con el espíritu de revancha que predominaba en las Cortes, que se tradujo en una actividad parlamentaria de muy escaso relieve, a pesar de que el presidente de las Cortes, Santiago Alba, hubiese tratado, en los últimos días de febrero, de aumentar su protagonismo con la propuesta de un ambicioso programa legislativo. Las izquierdas no lo tomaron en consideración, mientras que las derechas reclamaron una absoluta prioridad para la amnistía, la ley de haberes del clero y la rectificación de la reforma agraria[26].

Fue precisamente la amnistía, aprobada por las Cortes el día 20 de abril, la que provocaría un nuevo colapso de la situación política. La ley aprobada había sufrido profundas modificaciones durante su tramitación, de forma que se extendía a muchas más personas que las inicialmente previstas y, lo que resultaba inaceptable para el presidente de la República, permitía la reincorporación al servicio de los militares participantes en la sublevación de Sanjurjo. La tramitación se había hecho con muy escasa dirección, ya que, en el curso de los debates, tuvo que dimitir el ministro de Justicia, Ramón Álvarez Valdés, y Salvador de Madariaga, que le sustituyó provisionalmente, adoptó la táctica de ampliar hacia la izquierda, como compensación, las ventajas que obtenían los diputados de derecha durante las sesiones parlamentarias[27]. Alcalá-Zamora, por su parte, no tenía dudas de que la amplitud de criterios de Lerroux en relación con la amnistía eran fruto de la inconsciencia del líder radical y, tal vez, el resultado de oscuros compromisos contraídos en el verano de 1932[28].

De ahí que el presidente de la República, que ya había advertido al Gobierno anterior de su oposición a una medida de gracia que hiciera posible la reincorporación a sus destinos de los sublevados en agosto de 1932, se resistiese a promulgar el texto, pero, ante la negativa unánime de los ministros a refrendar la devolución del texto a las Cortes, tuvo que ceder, aunque hiciera llegar a las Cortes una larga nota en la que mostraba sus reparos a la ley aprobada. El Gobierno entendió que el presidente les había retirado su confianza y Lerroux presentó la dimisión del Gobierno el día 25 de abril.

La crisis marcó un punto de total enfrentamiento entre Alcalá-Zamora y Gil-Robles, y este ofreció a Lerroux los votos de la CEDA para hacer triunfar un voto de censura que hubiese implicado la destitución del presidente de la República, posibilidad que también manejaron los miembros de la minoría parlamentaria radical[29]. Aparte de que la maniobra parlamentaria distaba de tener el éxito asegurado, Lerroux actuó con un sentido político conservador y descartó la oferta que se le hacía. «Lo más anticonservador de todo —escribiría años más tarde a Cándido Casanueva, que fue quien le trasladó la oferta de Gil-Robles[30]— es la iconoclastia, la destrucción de las jerarquías». Para afirmar poco después: «Yo me alegro infinito de no haberle dado a Azaña patrón y modelo». Gil-Robles, por su parte, ha dejado escrito en sus memorias: «Se perdió, sin embargo, una excelente oportunidad de eliminar a uno de los elementos más perturbadores de la política española». Alcalá-Zamora tuvo noticia de lo que se había intentado y no parece que dejara caer en el olvido aquellos hechos.

Un largo Gobierno de transición

UN LARGO GOBIERNO DE TRANSICIÓN

El día 27 de abril, Alcalá-Zamora encargó la formación de un nuevo Gobierno a Ricardo Samper. Era este un viejo radical valenciano, seguidor de Blasco Ibáñez, que había sido alcalde de Valencia en los años de la Monarquía y diputado en las Cortes republicanas desde 1931. Había figurado en todos los gobiernos de Lerroux y, según Pla[31], había atraído desde muy pronto la atención de Alcalá-Zamora, que se ha limitado a decir que era el «ministro radical de cuyas condiciones tenía mejor idea»[32]. Gil-Robles ha censurado su falta de energía[33], sugiriendo que eso era precisamente lo que buscaba Alcalá-Zamora, mientras que las explicaciones posteriores de Lerroux[34], apelando al bien supremo de la República para explicar su autorización a las gestiones de Samper, distan mucho de ser convincentes y, desde luego, encontraron fuerte resistencia en su propio partido y en sus valedores de la CEDA. Tal vez la mejor pista para explicarse el desenlace de la crisis se halle en las memorias de Martínez Barrio, que sugiere la situación de debilidad en la que había quedado Lerroux al aprobar una ley que contradecía la posición de Alcalá-Zamora, con quien el Gobierno se había solidarizado tan solo unos meses antes. De esa manera, quedaba al nuevo Gobierno la incómoda tarea de poner en práctica una ley de amnistía que repugnaba a amplios sectores del mundo republicano.

El Gobierno de Samper, hecho público el día 28, estaba compuesto de la siguiente manera: Presidencia, Ricardo Samper; Estado, Leandro Pita Romero; Justicia, Vicente Cantos Figuerola; Guerra, Diego Hidalgo Durán; Marina, Juan José Rocha; Hacienda, Manuel Marraco; Gobernación, Rafael Salazar Alonso; Obras Públicas, Rafael Guerra del Río; Agricultura, Cirilo del Río; Industria y Comercio, Vicente Iranzo; Trabajo, Sanidad y Previsión Social, José Estadella; Instrucción Pública, Filiberto Villalobos; Comunicaciones, José María Cid.

Representaba una acusada continuidad respecto al anterior, del que solo desaparecían Lerroux y Madariaga. Tampoco ofrecía ninguna novedad en su perfil político, ya que el liberal-demócrata Villalobos tomaba el relevo del anteriormente dimitido Álvarez Valdés, mientras que Cantos era un viejo radical castellonense y Vicente Iranzo aparecía clasificado como independiente. La continuidad de Salazar Alonso en Gobernación parece que fue la única condición que impuso Lerroux al autorizar a Samper para aceptar el encargo de formar el equipo ministerial. En la presentación del nuevo Gobierno, a comienzos de mayo, Azaña adoptó la postura de salir en defensa de Alcalá-Zamora, para justificar su comportamiento durante el desarrollo de la crisis precedente, y condenó lo que consideraba un secuestro de la prerrogativa presidencial. Gil-Robles, por su parte, intensificó su implicación con el régimen, haciendo afirmaciones expresas de acatamiento al poder republicano.

La frágil base parlamentaria del nuevo Gobierno se debilitaría aún un poco más, dos semanas después de constituirse, con la separación (16 de mayo) de Martínez Barrio del Partido Radical. Le seguirían una veintena de diputados, que pasaron a formar el grupo parlamentario radical-demócrata, y un pequeño grupo de altos cargos y gobernadores civiles, germen de un Partido Radical Demócrata que empezó a moverse pronto en los ámbitos de la izquierda republicana. A mediados de junio, en un mitin celebrado en el teatro Victoria, de Madrid, Martínez Barrio explicó detalladamente los motivos que le habían llevado a la disidencia, exigió la sustitución del Gobierno Samper por otro netamente republicano y pidió que la Acción Popular de Gil-Robles aclarase definitivamente su posición respecto de la República.

La recién aprobada Ley de Amnistía, mientras tanto, empezaba a manifestar sus efectos con la presencia en el Congreso de los Diputados, a comienzos de mayo, del exministro José Calvo Sotelo, el anuncio de la pronta llegada del conde de Guadalhorce, otro significado exministro primorriverista, y la excarcelación del golpista Sanjurjo, que se trasladó a vivir en Portugal. El día 20 de aquel mismo mes de mayo se celebró un homenaje a Calvo Sotelo y Yanguas Messía, también vuelto del exilio francés, que significó el primer paso hacia la constitución, meses después, de la coalición de monárquicos que se denominó Frente Nacional.

Porque no eran solo los individuos. También las fuerzas políticas antirrepublicanas se movilizaban. Monárquicos alfonsinos y tradicionalistas habían acudido a finales de marzo a Roma para recabar, y obtener, de Mussolini la promesa de una ayuda militar para derribar al régimen español y, desde primeros de mayo, era patente la opción de los carlistas por el insurreccionalismo, resultado del nombramiento de Manuel Fal Conde como secretario general de la Comunión Tradicionalista. El pretendiente Alfonso Carlos de Borbón ordenó la ruptura de los lazos de entendimiento con los monárquicos alfonsinos y Fal Conde puso todas sus energías en la reorganización del Requeté, con el ánimo de convertirlo en instrumento de una nueva sublevación militar. Los monárquicos alfonsinos, por su parte, preferían torpedear a Gil-Robles y a su deliberada ambigüedad en la cuestión de la forma de organización del Estado. A comienzos de junio filtraron la noticia de una entrevista de Alfonso XIII con José María Valiente, presidente de las Juventudes de Acción Popular. La rápida dimisión de este no impediría que se alimentase la duda sobre la sinceridad republicana de la CEDA. Las denuncias de una posible involución fascista estaban a flor de piel.

En un clima de notable inestabilidad política y de constantes rumores alarmistas sobre la estabilidad del régimen y la seguridad personal de sus más destacadas figuras, las izquierdas empezaron a dar signos de que intentaban recuperar la unidad de acción que les había faltado desde antes de las elecciones. Alcalá-Zamora ha relatado[35] que, a comienzos de julio, recibió una visita de Martínez Barrio en la que este le trasladaba el deseo amenazante de las izquierdas republicanas y de los socialistas para recuperar el poder. Martínez Barrio, por su parte, ha quitado dramatismo a esta entrevista y la ha situado[36] en el contexto de las conversaciones que, durante ese verano, mantuvo con Azaña, Miguel Maura, Marcelino Domingo y Felipe Sánchez Román, orientadas a la consecución de una línea de entendimiento entre los republicanos de izquierda. Fueron unas negociaciones muy difíciles de las que se terminaría descolgando Miguel Maura a finales de aquel mismo mes de julio. Pero las gestiones para la reorganización de las izquierdas siguieron avanzando y, a finales de septiembre de 1934, los seguidores de Martínez Barrio llegaron a un acuerdo con la izquierda radical-socialista de Botella, y los radicales socialistas de Gordón Ordás, para formar el partido de Unión Republicana, una agrupación relativamente moderada dentro del espectro político de la izquierda.

Un verano problemático

UN VERANO PROBLEMÁTICO

El Gobierno Samper pretendió ofrecer una imagen de energía, especialmente a través de la figura de su joven ministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso[37], y la verdad es que no faltaron problemas sociales y políticos a ese Gobierno que se consideraba de transición. Uno de los primeros fue la huelga de campesinos, convocada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, perteneciente a la UGT, para el día 5 de junio. El ministro de la Gobernación la consideró ilegal, después de declarar «de interés nacional» la recolección de una cosecha que se prometía excepcional, y, aunque no consiguiera «declarar el estado de guerra», como pretendía, sí consiguió desactivar a los huelguistas a través de detenciones masivas y de la suspensión de ayuntamientos socialistas. Este fracaso de junio debilitaría sensiblemente al conjunto del movimiento obrero en un momento en el que ya estaban en marcha planes de subversión política de más largo alcance.

También tuvo un notable impacto el enfrentamiento con el Gobierno catalán a propósito de una Ley de Contratos de Cultivos que el Gobierno denunció ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, que dictaminó, por los mismos días en que se desarrollaba la huelga de campesinos, la incompetencia del Parlamento catalán para legislar en estas materias. El Parlamento catalán, en abierto rechazo de la sentencia, volvió a aprobar íntegramente la ley, y el Gobierno, que no tenía la plena seguridad de sacar adelante en las Cortes un proyecto de ley para establecer la nulidad del acuerdo y gobernar por decreto en estas materias[38], tuvo que optar por unas negociaciones que dieron escasos frutos y que avivaron las tensiones en el mes de septiembre.

Tampoco le faltaron problemas al Gobierno en el País Vasco, donde las exigencias de los nacionalistas para conseguir un amplio Estatuto de autonomía chocaron con la voluntad de la mayoría parlamentaria para frenar los desarrollos autonómicos dentro del Estado. Al plantearse el conflicto catalán en el Parlamento, el Partido Nacionalista Vasco secundó a la Esquerra y retiró a sus diputados. Y, durante aquel verano de 1934, se produjeron tensiones entre las diputaciones vascas y el Ministerio de Hacienda que desembocaron, a comienzos de septiembre, en una Asamblea de Ayuntamientos Vascos en la que la presencia de Indalecio Prieto era un claro síntoma del acercamiento entre socialistas y nacionalistas vascos.

A finales de aquel verano era patente el agotamiento de la fórmula ministerial presidida por Samper, y tanto la CEDA como los radicales manifestaron, a la vuelta de las vacaciones parlamentarias, su decisión de ir a un nuevo Gobierno más acorde con la composición del Parlamento. El designio era claro en Gil-Robles, que reclamó ya la entrada en el Gobierno durante un acto de las Juventudes de Acción Popular celebrado en Covadonga (9 de septiembre), y, aunque Lerroux expresó alguna reticencia[39], los elementos más conservadores de su partido le inclinaron hacia la alianza gubernamental con la CEDA. En una reunión celebrada por la minoría parlamentaria radical a finales de septiembre[40], Eloy Vaquero, uno de los supuestos adversarios de la incorporación de la CEDA, habló abiertamente a favor de esa posibilidad. Una semana más tarde, Vaquero sería el ministro de la Gobernación del nuevo Gobierno.

Un discurso de Alcalá-Zamora en Valladolid, el 23 de aquel mes de septiembre, pareció ofrecer la ocasión para que el presidente de la República recabase de todos los partidos políticos el respeto a las normas democráticas y al orden constitucional, pero las felicitaciones del momento no aseguraban el margen de tolerancia que era imprescindible para abordar la batalla política que se avecinaba.

Las izquierdas, mientras tanto, maduraban su decisión de enfrentarse a la presencia de los cedistas en el Gobierno y, curiosamente, fueron dos entierros los que proporcionaron la ocasión para contactos políticos en los que se abordaron las actitudes de republicanos de izquierda y socialistas de cara a lo que parecía inevitable acceso de la CEDA al poder. En el de Manuel Andrés, exdirector general de Seguridad que había sido asesinado en San Sebastián a mediados de septiembre, coincidieron Indalecio Prieto, Azaña y Casares Quiroga. Más importante, y también más cercana a los acontecimientos que se preparaban, fue la visita a Barcelona, a finales de septiembre, de diversos políticos madrileños para asistir al entierro del exministro Jaume Carner. Azaña habló allí con Largo Caballero, que se mostró despectivo hacia la idea de recobrar la República y comprendió lo maduro del proyecto revolucionario socialista a través de un comentario que hizo Fernando de los Ríos sobre la irrelevancia de los republicanos en los preparativos revolucionarios, lo que irritó profundamente a Azaña[41]. Prieto asistió a estas conversaciones con un silencio que sugiere que, por muy escéptico que fuera sobre el éxito del movimiento revolucionario, lo veía irremediable. Ni que decir tiene que esos días fueron también ocasión de prolongados contactos con los líderes del nacionalismo catalán.

El día primero de octubre, con la terminación de las vacaciones parlamentarias, se produjo la esperada crisis de Gobierno después de que la CEDA retirara su confianza al presidido por Samper. En las consultas presidenciales, iniciadas al día siguiente, se contrapusieron las demandas de un Gobierno fuerte, que representase a la mayoría parlamentaria, y las de quienes seguían insistiendo en la disolución de las Cortes y la convocatoria de unas nuevas elecciones. Alcalá-Zamora, pese a que no ocultó sus reticencias a la entrada de la CEDA, y pretendió minimizarla en cuanto al número de ministros, no tuvo más remedio que aceptar las exigencias de Gil-Robles y encargó a Lerroux la formación de un nuevo equipo ministerial que reflejase adecuadamente la composición de la Cámara.

El 4 de octubre, Alejandro Lerroux formaba un Gobierno al que se incorporaban, por primera vez, tres ministros de la CEDA, que habían sido elegidos cuidadosamente entre los de trayectoria más cercana a las posiciones republicanas. El nuevo Gobierno estuvo formado por Alejandro Lerroux, en la Presidencia; Ricardo Samper, en Estado; Rafael Aizpún Santafé, en Justicia; Eloy Vaquero Cantillo, en Gobernación; Diego Hidalgo Durán, en Guerra; Juan José Rocha, en Marina; Manuel Marraco, en Hacienda; Filiberto Villalobos, en Instrucción Pública; José Oriol Anguera de Sojo, en Trabajo, Sanidad y Previsión Social; José María Cid, en Obras Públicas; Manuel Giménez Fernández, en Agricultura; Andrés Orozco Batista, en Industria y Comercio; César Jalón, en Comunicaciones, y José Martínez de Velasco y Leandro Pita Romero, como ministros sin cartera.

Llamaba también la atención la desaparición de Rafael Guerra del Río, un clásico del ala izquierda del radicalismo, y la de Rafael Salazar Alonso, sorpresa de la que participó el propio interesado, que achacó su eliminación al presidente de la República[42]. Esta es una especie que alimentó el propio Lerroux al señalar que sacrificó al ministro de Gobernación para satisfacer a Alcalá-Zamora y hacerle más llevadera la incorporación de los ministros cedistas[43].

Los agrarios incrementaban su presencia en el Gobierno (Martínez de Velasco y Cid) y se mantenía una solitaria representación de los liberal-demócratas melquiadistas en la persona de Filiberto Villalobos. Leandro Pita Romero, independiente, pasó a ser ministro sin cartera. En el amplio grupo de ministros radicales, la presencia de Samper pretendía sugerir una imagen de continuidad del Gobierno y coherencia del partido, mientras que las otras caras nuevas carecían de un especial relieve político. La constitución de este Gobierno significó la puesta en marcha del bloque gubernamental, una fórmula de coalición de cuatro partidos —CEDA, radicales, agrarios y liberal-demócratas melquiadistas— que fue, durante meses, la receta gubernamental que mejor parecía responder a la alineación de fuerzas parlamentarias. En los aledaños de ese sistema de partidos, pero perfectamente integrables para otras soluciones ministeriales, quedaban algunos republicanos conservadores y los nacionalistas moderados de la Lliga.

La revolución de octubre

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

La formación del nuevo Gobierno provoca la inmediata puesta en marcha, por medio de los acuerdos sincronizados de las ejecutivas de la UGT y del PSOE, de una huelga general que trató de paralizar la vida en las grandes ciudades, aunque tuvo un seguimiento muy desigual como consecuencia de una organización muy deficiente. Aunque había un comité de huelga que había coordinado los preparativos, no se firmó ningún manifiesto y se trató de presentar la huelga como un movimiento popular espontáneo. Sin embargo, las acciones por sorpresa que se preparaban en Madrid, con el apoyo de algunos oficiales, no prosperaron por la detención preventiva de muchos socialistas implicados y por la inhibición de quienes tenían que dirigirlos.

La única excepción significativa se dio en Asturias, donde la Alianza de las fuerzas obreras, especialmente de los mineros, era muy fuerte y en donde, el mismo día 5, la insurrección armada de estos provocó la declaración del estado de guerra. Los partidos de izquierda, por su parte, manifestaron también su hostilidad al nuevo Gobierno en notas de graduada agresividad, pero con un vocabulario muy similar, que coincidían en la idea de la ruptura de la solidaridad con las instituciones del régimen, que consideraban que habían sido entregadas a los enemigos de la República. Hubo duros combates en el País Vasco y se produjeron muertes en algunos pueblos de Aragón y Andalucía, principalmente, pero el movimiento careció de articulación y eficacia y, con la dramática excepción de Asturias, el país podía considerarse controlado por las fuerzas de orden público, apoyadas por el Ejército, a los pocos días de iniciada la huelga. Los dirigentes nacionales del comité de huelga habían quedado pronto neutralizados por los propios fallos de organización del movimiento y, en su mayoría, fueron detenidos[44] junto con otros significados dirigentes de la UGT y el PSOE.

La intervención del presidente de la Generalitat de Cataluña, Companys, que en la tarde del día 6 proclamó el Estado Catalán en la República Federal Española y se solidarizó con los dirigentes de la protesta, a los que invitó a establecer en Cataluña el Gobierno provisional de la República, fue respondida inmediatamente por el Gobierno con la extensión del «estado de guerra» a toda España y la difusión de una proclama de Lerroux, difundida por la radio, en la que daba seguridad de la decisión del Gobierno de aplicar la ley marcial y pedía el apoyo de los ciudadanos para restablecer «la unidad moral y política».

La situación más preocupante para el Gobierno era, en cualquier caso, la de Asturias, y decidió enviar allí tropas estacionadas en África bajo el mando del general López Ochoa, mientras que, en Madrid, el ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, se valía del asesoramiento del general Franco, temporalmente en la capital, y al que había decidido retener a su lado —escribiría un par de meses después de esos hechos— «por su valía, por su pericia militar y por su lealtad al régimen»[45]. En la práctica, Franco se convirtió durante aquellos días en la figura clave del Ministerio de la Guerra.

La firme actuación del general Batet, jefe de la IV División en Barcelona, hizo posible que a las seis de la mañana del día 7 el presidente Companys tuviese que solicitar el cese de las hostilidades y se entregara a las tropas de Batet, asumiendo toda la responsabilidad por lo ocurrido. La falta de apoyo popular había resultado decisiva en el rápido fracaso del intento revolucionario de la Generalitat para alterar la forma de organización del Estado. Azaña estaba en Barcelona aquellos días, aunque no tuvo ninguna relación operativa con aquellos hechos, lo que no impidió que fuera encarcelado poco después y trasladado a un barco de guerra.

Resuelto el problema catalán, la atención del Gobierno se centró en Asturias, donde la revolución estaba provocando una situación de violencia inusitada. La Alianza Obrera era dueña de la cuenca minera, había establecido su capital en Mieres y presionaba duramente para controlar Oviedo. Los combates se prolongaron hasta el día 11, cuando los dirigentes revolucionarios, conscientes de que las tropas que el Gobierno había traído de África confluían sobre Oviedo, decidieron ceder en su ataque, aunque todavía hubiera algunos intentos desesperados de sostener la revolución. El día 12, el general López Ochoa controlaba casi completamente Oviedo, con la ayuda de las tropas llegadas de África, que dirigía el coronel Yagüe, aunque la resistencia de los revolucionarios continuaría durante casi una semana en la cuenca minera. Finalmente, el general López Ochoa y el dirigente minero Belarmino Tomás llegaron a un acuerdo sobre el cese de las hostilidades. El saldo de muertos superaba el millar y las destrucciones materiales, especialmente en Oviedo, eran gravísimas. Teodomiro Menéndez, uno de los dirigentes de la revuelta asturiana, quedó detenido y Ramón González Peña se entregaría a principios de diciembre.

Largo Caballero había sido detenido en Madrid, mientras que Indalecio Prieto escapó a Francia. Diez años más tarde, con la amarga experiencia de los acontecimientos posteriores, Prieto se reconocía culpable por su participación en aquel movimiento revolucionario, pero en aquellos momentos predominaba en las filas del socialismo la actitud de glorificar el movimiento y compararlo con la Commune parisina de 1871.

La gravedad de los acontecimientos revolucionarios había forzado, el día 9, a la suspensión de las sesiones de Cortes después de la aprobación de una moción de apoyo al Gobierno, encabezada por Gil-Robles. Pero ese respaldo generalizado al Gobierno comenzó a cuartearse muy pronto, especialmente como consecuencia de la discusión sobre los indultos, que se planteó a mediados de aquel mismo mes de octubre, cuando se conocieron las penas de muerte para los militares que habían colaborado en la sublevación del Gobierno de la Generalitat contra el ordenamiento constitucional establecido. Los más significados, entre los condenados, eran el comandante Enrique Pérez Farrás, jefe de los mozos de escuadra de la Generalitat; el teniente coronel Juan Ricart, jefe de los Guardias de Asalto que se había puesto a las órdenes de Companys, y el capitán Federico Escofet, que estuvo a las órdenes de Pérez Farrás. Los tribunales militares que juzgaban los acontecimientos asturianos añadieron una docena al número de los sentenciados a muerte y la cifra no dejaría de acrecentarse en las semanas siguientes.

El presidente de la República dio a la publicidad una nota en la que, con la posible intención de presionar al Gobierno, acusaba recibo de miles de mensajes con la solicitud de que se indultase a los condenados. Alcalá-Zamora había establecido un forzado paralelo entre la reciente sublevación de octubre y la de Sanjurjo, de dos años antes, y no estaba dispuesto a que se castigase a unos mientras que Sanjurjo y sus colaboradores acababan de beneficiarse con la reciente ley de amnistía.

Los indultos y la suspensión del régimen autonómco en Cataluña

LOS INDULTOS Y LA SUSPENSIÓN DEL RÉGIMEN AUTONÓMICO EN CATALUÑA

La cuestión de los indultos se discutió en el Consejo de Ministros que se celebró el día 18 de octubre, bajo la presidencia de un Alcalá-Zamora firmemente decidido a imponer al Gobierno su parecer, claramente proclive al indulto. «Yo estaba resuelto en defensa de la patria y de su porvenir a que no se derramara sangre catalana por delito político y dureza del poder central»[46]. Consideraciones tácticas, además, aconsejaban al presidente a no aumentar la nómina del martirologio catalán, al margen de que no abundaban, entre los ministros, los deseosos de aparecer como partidarios de mantener condenas de muerte a toda costa.

El artículo 102 de la Constitución, que rechazaba los indultos generales, preveía la posibilidad, «en los delitos de extrema gravedad», del indulto individual hecho por el presidente de la República «previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno responsable». Alcalá-Zamora mantuvo que el informe del Tribunal Supremo tenía que ser, en todo caso, previo a cualquier propuesta del Gobierno, en contra de la opinión de Lerroux, apoyado por los ministros de la CEDA, que entendía que bastaba que el Gobierno se diera por enterado de la sentencia para que esta se ejecutase. La postura de Alcalá-Zamora, que entendía fundamentada en un caso excepcional de «trascendencia histórica y supremo interés nacional», se impuso en la deliberación del Consejo de Ministros y tuvo como consecuencia la remisión de las sentencias al Tribunal Supremo para que este determinase la pertinencia de los indultos. Se abrió así la puerta para el indulto de todos los militares condenados por el delito de rebelión militar en Barcelona y, en lógica derivación, el de la casi totalidad de los que fueran condenados durante los meses siguientes por los sucesos de Asturias y de otras localidades. Incluido el caudillo de la revolución asturiana, Ramón González Peña, que sería detenido en los primeros días de diciembre.

Algunos ministros se inclinaban por la dureza, e incluso los ministros de la CEDA amenazaron con la dimisión, pero la remota posibilidad de una crisis de Gobierno, en la que el presidente de la República entregara el poder a las izquierdas, aconsejó a Gil-Robles a plegarse a las posiciones que sostenía Alcalá-Zamora y la decisión de proponer el indulto, con muy escasa oposición, se hizo pública a comienzos de noviembre. Goicoechea sugeriría en las Cortes que la militancia masónica de algunos ministros pudo influir en la decisión tomada, y Juan Simeón Vidarte ha aludido con cierto detalle a las gestiones realizadas en ese sentido desde los medios masónicos[47].

Sorprendentemente, esta decisión no impidió que se extendiera, incluso fuera de España, la protesta por lo que se consideraba violencia represiva del Gobierno. Asuntos como el del periodista Luis de Sirval (Luis Higón), asesinado por unos oficiales de la Legión, que lo sacaron de la celda en la que estaba detenido, se acumularon en una campaña de propaganda en la que ganaban protagonismo los comunistas, pero que descansaba sobre una política represiva que no podía sino enconar los espíritus y hacer aún más difícil la recuperación de un clima de convivencia. El diputado socialista francés Vincent Auriol, futuro presidente de la República Francesa, acudió a España a comienzos de noviembre para interesarse por los detenidos, lo mismo que hizo una comisión laborista británica, presidida por el conde Listowell, miembro de la Cámara de los Lores. La visita de estos al presidente de las Cortes, Santiago Alba, provocaría una tensa reunión en la que el político español rechazó la pretensión inquisidora de los británicos. Una tarea similar, en todo caso, la realizarían los diputados socialistas Negrín y De los Ríos, que acudieron a Oviedo a finales de diciembre para entrevistarse con Teodomiro Menéndez, al que creían moribundo. De los Ríos continuaría su viaje hasta Astorga y, vuelto a Madrid, presentó una denuncia ante el fiscal general de la República.

La discusión de todos estos asuntos en las Cortes marcó el inicio de una fuerte ofensiva de las derechas antirrepublicanas, dirigidas por Calvo Sotelo, que tuvo como objetivo al Gobierno Samper, al que se culpaba de imprevisión durante los preparativos revolucionarios, y provocó la salida del Gobierno de este, así como la del ministro de la Guerra, Diego Hidalgo (16 de noviembre). La crisis parcial se resolvió dentro del Gabinete, ya que Rocha pasó a ser ministro de Estado, sin dejar de serlo de Marina, y Lerroux consiguió por fin lo que ya había intentado en ocasiones anteriores: simultanear la presidencia del Consejo con el Ministerio de la Guerra, como ya había hecho Azaña en los años iniciales del régimen. En los últimos días de aquel año dimitiría también el ministro de Instrucción Pública, Filiberto Villalobos, como consecuencia de las críticas que, desde la CEDA, se habían hecho a su gestión ministerial, y a primeros de enero de 1935 se retirarían del Gobierno José Martínez de Velasco y Leandro Pita Romero, en lo que tenía un indudable sentido de debilitación de la base republicana del ejecutivo y, a la vez, de acrecentamiento del papel tutelar de la CEDA sobre la situación política. La incorporación, unos días más tarde, del radical Gerardo Abad Conde como ministro de Marina, no alteraría esta situación.

Cuando se iniciaba el último mes del año 1934 el balance político del Gobierno parecía muy escaso y, por el contrario, el desenlace de la revolución de octubre le había enajenado demasiadas simpatías, tanto de las derechas como de las izquierdas. La tarea de gobierno apenas ofrecía otros elementos estimulantes que las iniciativas avanzadas del ministro Giménez Fernández en relación con la política agraria. Esta tarea ministerial, sin embargo, tenía soliviantados a muchos propietarios que consideraban que, a pesar de apoyarse en documentos pontificios, las medidas del político sevillano iban mucho más allá de lo que consideraban conveniente los sectores conservadores.

Estas mismas reticencias alentaban a las derechas monárquicas en su actitud de descalificación de la política de la CEDA y llevaron a la constitución, a primeros de diciembre de 1934, de un Bloque Nacional, inspirado por Pedro Sainz Rodríguez y dirigido por Calvo Sotelo, que trataba de agrupar a los partidos que rechazaban la República. El manifiesto, que no se divulgó a causa de la censura, hablaba de «reformar el Estado y la sociedad» sobre la idea de la unidad de España y el rechazo del Estado vigente, aunque, a pesar de reconocer que la mayoría de los firmantes eran monárquicos, no planteaban por el momento «el problema de la forma de gobierno»[48]. El manifiesto llevaba más de cien firmas, entre las que, aparte de los ya citados, destacaban las de Goicoechea, el conde de Rodezno, Víctor Pradera y Ramiro de Maeztu.

Tampoco era menor el nivel de excitación en las izquierdas, que salieron fortalecidas con la política de lenidad del Gobierno y tomaron el fracaso revolucionario como un simple jalón en su programa de recuperación del poder. Aunque las Cortes aprobaron, a finales de noviembre, el suplicatorio para que fuera procesado Azaña, resultaba claro que este no había tenido nada que ver con la organización ni con la dirección del movimiento revolucionario y, a finales de diciembre, fue puesto en libertad. Pocos días antes de que eso sucediera, en una carta dirigida a Indalecio Prieto, refugiado en París, Azaña dejaba clara constancia del clima de euforia que empezaba a ganar a las izquierdas españolas: «Recibo cientos y cientos de cartas, en las que domina la misma nota: ahora más que nunca…»[49]. Fruto de ese clima fue una reunión que los republicanos de izquierda celebraron el último día del año 1934 en la redacción del diario madrileño La Libertad, y a la que acudieron Albornoz, Martínez Barrio, Barcia, Gordón Ordás, Botella Asensi y Franchy Roca. El primero de ellos abogó por la alianza de los partidos republicanos con las organizaciones proletarias en lo que podría considerarse una propuesta seminal del futuro Frente Popular.

La factura política más considerable de aquellos sucesos la pagó Cataluña, que, desde que se sofocó el movimiento revolucionario, estuvo sometida a la autoridad militar y vio cómo, a finales de noviembre, se suspendía en sus funciones al Parlamento catalán, a la vez que se iniciaba un acalorado debate en el Parlamento de Madrid, avivado por las derechas monárquicas, sobre la conveniencia de derogar definitivamente el Estatuto de autonomía. A finales de diciembre de 1934, Manuel Portela Valladares, efímero ministro liberal en el último Gobierno constitucional de la Monarquía, fue nombrado gobernador general de Cataluña, en sustitución del Gobierno de la Generalitat, y el 2 de enero de 1935 se aprobaba una ley que suspendía indefinidamente el Estatuto de autonomía, a la vez que se reintegraban a la Administración del Estado muchas de las competencias que habían sido previamente delegadas.

La reforma constitucional y el reagrupamiento de las izquierdas

LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y EL REAGRUPAMIENTO DE LAS IZQUIERDAS

Pero el tema que pasaría a primer plano desde comienzos de 1935 sería el de la reforma constitucional. Una serie de Consejos de ministros se dedicaron a considerar cómo habría que hacerla, ya que a finales de ese año se cumpliría el plazo de cuatro años que fijaba la propia Constitución (art. 125) para realizar una revisión que no exigiera una mayoría cualificada de «las dos terceras partes de los diputados en el ejercicio del cargo». En todo caso, el texto constitucional preveía que cualquier propuesta de revisión tendría que señalar «el artículo o artículos que [habrían] de suprimirse, reformarse o adicionarse», y esa era una tarea a la que había venido dedicándose Alcalá-Zamora, desde que la aprobación de los artículos relativos a las confesiones religiosas le habían obligado a abandonar la Jefatura del Estado en octubre de 1931[50]. «La idea principal suya —escribía Azaña a Prieto a mediados de ese mes de enero— se reduce a revisar la Constitución, como anunció en su último discurso en las Cortes, y en la carta de dimisión del cargo de presidente del Consejo, que yo conservo en su original».

De acuerdo con las propuestas del presidente de la República, se consideró la conveniencia de revisar los estatutos de autonomía, las relaciones con la Iglesia católica, la unicameralidad, las condiciones de la iniciativa legal, los poderes presidenciales y algunos otros asuntos. El ministro Dualde fue encargado de articular un proyecto de revisión, pero la misma dificultad de la tarea, unida al hecho de que la aprobación de la ley de reforma constitucional implicaba la inmediata disolución del Parlamento que la aprobase —con el riesgo que eso entrañaba para la coalición en el poder—, hizo que los trabajos progresaran muy lentamente y que, finalmente, la propuesta se viera desbordada por los acontecimientos políticos del otoño de aquel año.

En el ámbito de los partidos de izquierda mientras tanto, continuaban los avances hacia un entendimiento electoral. Manuel Azaña, que había obtenido el respaldo de su partido para buscar un entendimiento con otros partidos republicanos, entendía que el acuerdo debía extenderse hacia los socialistas y, para eso, buscaba el concurso de Indalecio Prieto, que era el más afín a esa idea en un partido entonces controlado por Largo Caballero, empeñado todavía en lograr un entendimiento con las organizaciones obreras, previa al entendimiento con los republicanos.

La idea de un entendimiento con los partidos republicanos tenía la más favorable acogida en la Unión Republicana de Martínez Barrio, como ya se encargó de manifestar este en un discurso que pronunció en Sevilla, en los primeros días del nuevo año, así como en el Partido Nacional Republicano, que lideraba Felipe Sánchez Román. Pero la clave seguía estando en la extensión de ese acuerdo de los republicanos hasta el socialismo, como se encargaría de manifestar Azaña en la carta a Prieto antes aludida[51]: «No creo ser indiscreto diciéndole a usted que una gran parte del porvenir depende de ustedes los socialistas, y de las organizaciones obreras, y de que acertemos a combinar una táctica que nos permita esperar la formación de una fuerza política tan poderosa como para ganar la primera batalla que se nos presente».

La reapertura de las Cortes, el 23 de enero, sirvió para reactivar la cuestión de los indultos, especialmente a raíz de la condena a muerte, a mediados de febrero, del máximo dirigente del movimiento revolucionario asturiano, Ramón González Peña. La situación sirvió, en el Parlamento, para reactivar la cuestión de la infiltración de la masonería en el Ejército, mientras que la campaña en pro de los indultos concitó en la calle el apoyo de figuras destacadas del mundo cultural. Personajes ajenos a la actuación política, como Azorín, Valle-Inclán y Del Río Hortega, pusieron su firma en escritos dirigidos al presidente de la República, y parecía fuera de toda duda que Ramón González Peña sería también indultado, como efectivamente ocurrió. La misma reaparición de Azaña en el Parlamento, con un discurso que pronunció el día 20 de marzo sobre su pretendida responsabilidad en la preparación de los sucesos revolucionarios, sirvió para restaurarle en la plaza de líder de las izquierdas españolas y significó el pistoletazo de salida para una campaña propagandística que le llevaría a protagonizar grandes reuniones de masas en los meses siguientes[52].

Se había planteado ya abiertamente la cuestión de una amplia coalición electoral en el seno del Partido Socialista y, a requerimiento, posiblemente inducido, de Juan Simeón Vidarte, Indalecio Prieto escribió a la comisión ejecutiva del PSOE una larga carta[53] en la que se manifestaba inequívocamente por una gran coalición electoral que englobase desde los republicanos de izquierda hasta las organizaciones obreras, a la vez que rechazaba abiertamente, contra lo que pretendían los caballeristas, limitar la alianza a las organizaciones obreras, porque significaría entregar de nuevo el poder a una «mayoría derechista». La carta de Prieto, que se cerraba con la denuncia de los excesos verbales de algunos elementos de las Juventudes Socialistas, proclives a la bolchevización del partido, dejaba patente el enfrentamiento de Prieto con Largo Caballero, que se prolongaría durante mucho tiempo.

La votación, en el Consejo de Ministros celebrado el día 29 de marzo, favorable al indulto de González Peña, Teodomiro Menéndez y otros condenados a muerte, por más que sabida[54], no dejó de tener las consecuencias políticas previstas, y los ministros de la CEDA —que habían votado contra los indultos, junto con el agrario Cid y el melquiadista Dualde— presentaron su dimisión al jefe del Gobierno, y este presentó la del Gobierno a Alcalá-Zamora en el mismo día.

Un Gobierno efímero

UN GOBIERNO EFÍMERO

Las consultas presidenciales, en las que los partidos componentes del anterior Gobierno propusieron el mantenimiento de la fórmula, mientras que las izquierdas republicanas y los socialistas volvían a pedir la disolución de las Cortes y gobiernos de concentración republicana, dieron paso a sucesivos encargos de formación del Gobierno a Lerroux y Martínez de Velasco, que se estrellaron con la exigencia de la CEDA de contar en el nuevo Gobierno con una presencia proporcional a su fuerza parlamentaria que incluyera la cartera de Guerra, por lo que, finalmente, Alcalá-Zamora encargó a Lerroux la formación de un Gobierno de transición que pudiera subsistir el mes que estarían cerradas las Cortes. Con ese plazo de treinta días, y como parecía indudable que el Gobierno no obtendría el apoyo de los diputados, la gente empezó a llamarlo el «Gobierno de la letra».

El nuevo Gobierno, constituido el día 3 de abril, estaba formado por Alejandro Lerroux, Presidencia; Juan José Rocha, en Estado; Vicente Cantos Figuerola, en Justicia; Manuel Portela Valladares, en Gobernación; general Carlos Masquelet, en Guerra; vicealmirante Francisco Javier Salas, en Marina; Alfredo Zabala y Lafora, en Hacienda; Rafael Guerra del Río, en Obras Públicas; Eloy Vaquero, en Trabajo, Sanidad y Previsión Social; Juan José Benayas, en Agricultura; Manuel Marraco, en Industria y Comercio; Ramón Prieto Bances, en Instrucción Pública, y César Jalón, en Comunicaciones. Se prescindía de los hombres de la CEDA, reunía una mayoría de personas sin representación parlamentaria y limitaba sus apoyos políticos, de forma harto significativa, a dos progresistas —Zabala y Benayas— amigos de Alcalá-Zamora, y al melquiadista Prieto Bances. También llamaba la atención la nueva promoción de Portela Valladares, después de su resurrección política en Barcelona al frente del Gobierno Civil. Sería sustituido en ese puesto por un radical de dudoso prestigio como era Juan Pich y Pon.

La prensa, especialmente la de las derechas antirrepublicanas, se apresuró a dar por acabado el experimento integrador de la CEDA, y tampoco parecían estar muy contentos los radicales. Lerroux ha escrito[55] que aceptó el encargo para no poner al presidente de la República ante la tesitura de tener que disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. El radical Jalón, por su parte, se lamentaba de la escasa raigambre republicana de muchos de los nuevos ministros. Figuraban, entre ellos, alguno (Portela) que lo había sido ya con García Prieto, y otros dos (Martínez de Velasco y Cantos) que habían sido también subsecretarios con el antiguo dirigente del Partido Liberal. «Faltaba únicamente García Prieto»[56], concluía el ministro de Comunicaciones con resignación. Parecía, por el contrario, estar muy satisfecho Alcalá-Zamora, que ha llegado a afirmar que aquel Gobierno fue «uno de los mejores de la República»[57].

Las izquierdas, en cualquier caso, siguieron trabajando por la consecución de un amplio frente electoral ante una convocatoria que se hacía cada vez más posible. Los representantes de Izquierda Republicana (Azaña), de Unión Republicana (Martínez Barrio) y el Partido Nacional Republicano que lideraba Felipe Sánchez Román llegaron, el 12 de abril de aquel año, a un pacto de conjunción republicana que abría la puerta hacia ese entendimiento.

Quedaban los socialistas que, a raíz de la carta dirigida por Prieto a la comisión ejecutiva, prepararon una circular en la que se manifestaban abiertos a posibles alianzas con republicanos y obreros en unas futuras elecciones. El texto[58], que distaba mucho de ser concluyente, se complementaba con un artículo que, en el cuarto aniversario de la proclamación de la República, Indalecio Prieto publicó en un número extraordinario de El Liberal, de Bilbao. En él se manifestaba abiertamente a favor del pacto con los republicanos, lo que le atrajo las críticas de Largo y sus seguidores, a los que contestó por cartas[59] y en otra serie de artículos («Posiciones socialistas») que se publicaron en el mismo periódico a partir del 22 de mayo. Se había iniciado una profunda escisión en el seno del socialismo español que condicionaría su trayectoria en los meses siguientes y marcaría el comportamiento de sus más significados líderes: Besteiro, Prieto y Largo Caballero. A mediados de mayo, Fernando de los Ríos había dimitido de la ejecutiva del PSOE por la demora en convocar una reunión del comité nacional que pusiera fin al clima de violencia verbal que se había generalizado entre algunos dirigentes del socialismo español y que tenía amplio eco en la prensa del partido.

En cualquier caso, el entendimiento entre Azaña y Prieto era muy profundo y constituía la piedra angular de la futura coalición. «No necesita usted —escribía el primero— recomendarme la necesidad de la coalición. Habla usted a un convencido. Y yo a otro». Azaña, sin embargo, reconocía que había reticencias entre muchos republicanos para la aceptación de Martínez Barrio y se mostraba reacio a la incorporación de los comunistas, que, «sin aportar número de votos apreciable, espantarían a los electores y desnaturalizarían, en perjuicio nuestro, el carácter de la coalición»[60]. Azaña era partidario de que la coalición electoral de las izquierdas hiciese posible un Gobierno exclusivamente de republicanos, para lo que era necesario que estos contasen con una nutrida minoría que les proporcionase la indispensable base parlamentaria. Había socialistas, Largo entre ellos, que entendían que los republicanos pretendían beneficiarse de los votos socialistas.

El último Gobierno Lerroux

EL ÚLTIMO GOBIERNO LERROUX

Mientras tanto, la reapertura de las Cortes a comienzos de mayo forzaba a una nueva crisis de Gobierno, para lo que se renovaron consultas en las que, lógicamente, no hubo cambios de posiciones con respecto a lo que se había dicho a comienzos de abril. Formarían parte del nuevo Gobierno —constituido el día 6— Alejandro Lerroux, en la Presidencia; Juan José Rocha, en Estado; Cándido Casanueva, en Justicia; Manuel Portela Valladares, en Gobernación; José María Gil-Robles, en Guerra; Antonio Royo Villanova, en Marina; Joaquín Chapaprieta, en Hacienda; Manuel Marraco, en Obras Públicas; Federico Salmón, en Trabajo, Sanidad y Previsión Social; Nicasio Velayos, en Agricultura; Rafael Aizpún, en Industria y Comercio; Joaquín Dualde, en Instrucción Pública, y Luis Lucia, en Comunicaciones.

Pese a las reticencias socialistas, expresadas por Besteiro y De los Ríos, la CEDA había impuesto su criterio y obtuvo cinco carteras ministeriales, entre las que se encontraba la de Guerra, que desempeñaría Gil-Robles, aunque llamaba la atención que no se hubiera contado con el avanzado Giménez Fernández en el Ministerio de Agricultura. El nuevo Gobierno significaba una profunda revisión del equipo anterior y el mantenimiento de la influencia de Alcalá-Zamora a través de la presencia de tres amigos políticos suyos como eran el agrario Velayos —un declarado enemigo de la reforma agraria—, Chapaprieta y Portela Valladares. El presidente de la República no ha ahorrado menosprecio en el juicio que le merecía aquel Lerroux: «Llegó la hora de poner a prueba las dotes de aquel y apareció tal cual era: muy por encima de un agitador vulgar y muy por debajo de un estadista clarividente»[61].

Un destacado protagonismo, en la gestión gubernamental de los meses siguientes, correspondería al nuevo ministro de Hacienda, Chapaprieta, que puso en marcha unos proyectos de restricción del gasto y de nivelación presupuestaria que se convirtieron en elementos básicos de la vida política a partir de entonces. Se esperaba, para 1936, un presupuesto que tradujera a la realidad todos estos proyectos.

Por otra parte, el aumento de la representación de la CEDA en el nuevo Gobierno no convenció a los monárquicos para que dejaran de atacar al partido católico, ni calmó a buena parte de sus bases, especialmente las juveniles. Un manifiesto de las Juventudes de Acción Popular (JAP), pocos días después de constituido el Gobierno, reclamaba «una Constitución que [abriese] los cauces de un Estado Nuevo», y las expresiones de antiparlamentarismo y de rechazo de los medios democráticos fueron frecuentes en sus actos públicos[62].

Inició entonces Azaña una campaña de mítines encaminada a galvanizar a las izquierdas republicanas, a la vez que criticaba las actuaciones del Gobierno y denunciaba los proyectos de Alcalá-Zamora. En el estadio valenciano de Mestalla reunió, el 26 de mayo, a una multitud ante la que habló de «un ajuste de cuentas» con los gobernantes del momento, denunció la «mixtificación electoral del año 1933» y señaló que en las elecciones futuras «la opción [sería] entre República y anti-República».

La siguiente parada de Azaña fue en el campo de Lasesarre de Baracaldo (14 de julio), donde reiteró los argumentos esgrimidos en Valencia y afiló sus dardos contra la reforma constitucional que pretendía Alcalá-Zamora. «He conseguido mucho más y, sobre todo, mucho más pronto de lo que yo podía esperar», le comentaba unas semanas después a Prieto[63] en una carta.

No gustaron estos alardes de las izquierdas a los partidos de la coalición gubernamental, que buscaron acallar estos éxitos de convocatorias de masas, si era posible, en los mismos escenarios: el campo de Mestalla se convirtió así en etapa obligada de todo propagandista político. Si Azaña lo había llenado en mayo, un mes más tarde Gil-Robles llenaba el campo… y la plaza de toros valenciana. No llegó a tanto Lerroux, que se conformó con llenar solo el campo de fútbol una semana después de la intervención del líder derechista.

Ambos líderes competían también en prodigar signos de autocomplacencia, como fueron los homenajes que recibiera Gil-Robles en Salamanca (junio) y Lerroux en Barcelona (septiembre), pero la situación ministerial estaba lejos de parecer asentada y, una vez más, fue Cataluña la que proporcionó el fulminante que terminaría por dinamitar la situación. Al resquemor generado en los ambientes conservadores por la rebelión de octubre, se unía una permanente irritación por la supervivencia de las instituciones autonómicas. A ese clima respondió la salida del Gobierno del ministro de Marina, Royo Villanova, disconforme con el traspaso de unos servicios de Obras Públicas a la Generalitat. Velayos, ministro de Agricultura, que también pertenecía al Partido Agrario, se solidarizó con él, y el 20 de septiembre se hizo oficial una crisis de Gobierno que iba a transformar radicalmente las condiciones de la vida política.

El «straperlo»

EL «STRAPERLO»

Las consultas, como venía haciéndose costumbre, fueron muy prolijas y, en un primer momento, Alcalá-Zamora hizo el encargo a Santiago Alba, la figura más relevante del radicalismo después de Lerroux, pero se vio obligado a renunciar después de infructuosas gestiones para incorporar a los partidos que formaban el bloque y de extender los apoyos gubernamentales entre los republicanos moderados y los catalanistas de la Lliga. «He creído —había explicado el presidente de la República en una nota del día 23— que debe intentarse […] que se constituya un Gobierno de tregua limitada y concentración amplia, el cual siga la obra de reconstitución financiera y restablezca la convivencia social y en colaboración con las Cortes actuales». La negativa de los jefes de los partidos del bloque gubernamental a aceptar un Gobierno que no estuviese presidido por alguno de ellos frustró definitivamente las gestiones. Sin embargo, Alcalá-Zamora no parecía dispuesto a entregar el Gobierno a Gil-Robles, o a Melquiades Álvarez, porque pensaba que las izquierdas lo considerarían una provocación.

El encargo pasó al día siguiente a Chapaprieta, el gran protagonista de la política de reconstrucción financiera y promotor de una restricción radical en el gasto, del que el presidente Alcalá-Zamora reclamaba «la constitución de un Gobierno menos amplio» que atenúe «la infortunada tirantez de la vida española». El nuevo encargado sí consiguió la colaboración de los líderes de los partidos del bloque gubernamental y, pese a un enfrentamiento con Alba, al que ofreció la cartera de Gobernación, formó un gobierno (25 de septiembre) de solo nueve miembros, ya que lo componían Joaquín Chapaprieta, Presidencia y Hacienda; Alejandro Lerroux, en Estado; Federico Salmón, en Justicia y Trabajo; Joaquín de Pablo-Blanco, en Gobernación; José María Gil-Robles, en Guerra; Pedro Rahola, en Marina; Juan José Rocha, en Instrucción Pública; Luis Lucia, en Obras Públicas y Comunicaciones, y José Martínez de Velasco, en Agricultura, Industria y Comercio.

La anterior coalición de Gobierno quedaba desdibujada, mientras que la influencia de Alcalá-Zamora quedaba acrecentada por la imposición de un presidente de Gobierno sin ningún respaldo parlamentario a pesar de que la incorporación del catalanista Rahola significara una efectiva ampliación de la mayoría parlamentaria. Los planes hacendísticos de Chapaprieta y la desconfianza hacia el partido de Lerroux parece que fueron los móviles decisivos en la actuación de Alcalá-Zamora, que ya había recibido la denuncia que motivaría el escándalo político unas semanas después. Chapaprieta, por su parte, ha afirmado que aceptó el encargo para evitar la disolución del Parlamento y sacar adelante su programa de reformas hacendísticas.

En el desenlace de la crisis, especialmente en la decisión de apartar a Lerroux de la dirección del Gobierno, Gil-Robles y Chapaprieta ofrecen testimonios encontrados[64], aunque haya que reputar ambos como sinceros, de que Alcalá-Zamora hubiese aludido, durante el desarrollo de la crisis, a la acusación de inmoralidades políticas que afectaban al entorno del caudillo radical, que no tardaría en hacerse pública. La insinuación de Chapaprieta es un tanto vaga, mientras que la negación de Gil-Robles no puede ser más rotunda. Pudiera ocurrir que, destapados los escándalos, Chapaprieta hubiese creído entender insinuaciones precisas en lo que no era otra cosa que los comentarios habituales sobre la dudosa moralidad de algunos que se movían en el entorno de Lerroux. Aunque, dados los testimonios de otros contemporáneos, como César Jalón y Salazar Alonso[65], también pudiera ocurrir que la ignorancia de Gil-Robles no fuera tan completa como ha pretendido en sus memorias.

La cuestión era que, desde finales del verano, estaba en la Secretaría de la Presidencia de la República una denuncia, firmada por Daniel Strauss, sobre las gestiones realizadas, junto con su socio Perl (el nombre de la máquina derivaba de la combinación de ambos apellidos: «straperlo»), para poner en marcha una especie de ruleta que llegó a funcionar unas horas en el casino de San Sebastián y algunos días en Formentor, antes de ser prohibida. El promotor intentó resarcirse de sus pérdidas a través del chantaje a Lerroux, ya que su hijo Aurelio estuvo implicado en las gestiones corruptas que se hicieron para obtener el permiso de funcionamiento de la máquina. Al no llegar a un acuerdo con el abogado designado por Lerroux, el denunciante se dirigió entonces a la oposición, hacia el entorno de Azaña y de Prieto, y este último puede que tuviera alguna intervención en la presentación de la denuncia. Finalmente, esta se presentó, a comienzos de septiembre, ante el presidente de la República. Este habló a Lerroux del asunto, pero el jefe de Gobierno se limitó a comentar los intentos de soborno recibidos y minimizó la situación, que, sin embargo, debió pesar en Alcalá-Zamora a la hora de resolver la crisis ministerial de finales de aquel mes de septiembre. Alcalá-Zamora estaba convencido[66], desde luego, de la participación de Prieto en las idas y venidas de la denuncia por diversos ambientes de la vida política española, pero este aspecto, en vez de descalificarla, la hacía mucho más peligrosa si iba a ser utilizada por la oposición.

Alcalá-Zamora informó a Chapaprieta del asunto del estraperlo en los primeros días de octubre —antes de que se ofreciese un homenaje a Lerroux, al que asistiría Gil-Robles, como desagravio al desplazamiento de Lerroux de la presidencia del Gobierno— y, ante la posibilidad de recibir la crítica de las oposiciones como encubridor del asunto, trasladó la información a los jefes de la mayoría gubernamental el día 12 de octubre, y el Gobierno dio a conocer una nota el día 18, en la que informaba de la recepción de una denuncia y su traslado al fiscal. Dos días después tenía anunciado Azaña un nuevo mitin en el campo madrileño de Comillas y los gubernamentales no querían ofrecer ese flanco descubierto para posibles ataques del líder de las izquierdas republicanas.

Azaña habló, efectivamente, el domingo día 20 ante una multitud enfervorizada de más de doscientas mil personas, y solo aludió de pasada al asunto que habría de discutirse en las Cortes pocos días después. Su discurso continuó en la línea de presentar la situación como un peligro para el mismo régimen republicano, rechazar la idea de una revisión constitucional y alentar una futura gran coalición electoral que desplazase a las derechas del Gobierno.

El «aldabonazo que —en frase de Azaña— la opinión republicana» dio a las puertas de Madrid prolongó su resonancia cuando, dos días después, se abrió el debate parlamentario en torno a la nota dada por el Gobierno sobre el traslado de la denuncia de Strauss. Pese a algún intento de descalificación de Alcalá-Zamora por parte de los radicales, el debate adquirió su pleno sentido político cuando Miguel Maura se cuestionó la autoridad moral de Lerroux y sus colaboradores. La propuesta de Goicoechea de nombrar una comisión investigadora fue aceptada de inmediato por el jefe de Gobierno, Chapaprieta, y por el Partido Radical, cuyo jefe aludió a una conjura contra su partido, a la vez que se refugiaba en una actitud de pasividad que habría de resultar funesta para el futuro del propio partido. Santiago Alba empezaba a perfilarse en el horizonte como una alternativa regeneradora del desprestigiado radicalismo.

La comisión parlamentaria que investigó los hechos realizó su trabajo con celeridad, de manera que el día 26 pudo concretar las responsabilidades personales que cabía exigir de aquellos hechos y pedía la suspensión de funciones públicas para los que aparecían inculpados. El debate posterior, desarrollado en la tarde del lunes 28, conduciría a la definitiva descalificación del radicalismo, del que solo se salvó, y por muy estrecho margen, el exministro Rafael Salazar Alonso. Al día siguiente, Lerroux y Rocha saldrían del Gobierno, en el que serían sustituidos por dos radicales de muy escasa significación.

El nuevo Gobierno estaba constituido por Joaquín Chapaprieta, en Presidencia y Hacienda; José Martínez de Velasco, en Estado; Federico Salmón, en Trabajo, Justicia y Sanidad; Joaquín de Pablo-Blanco, en Gobernación; José María Gil-Robles, en Guerra; Pedro Rahola, en Marina; Luis Bardají, en Instrucción Pública; Luis Lucia, en Obras Públicas y Comunicaciones, y Juan Usabiaga, en Agricultura, Industria y Comercio. La coalición gubernamental estaba tocada de muerte.

Rápido deterioro de la vida política

RÁPIDO DETERIORO DE LA VIDA POLÍTICA

Así debió entenderlo inmediatamente Manuel Azaña, que se había mantenido un tanto al margen de la trifulca parlamentaria que había acabado con Lerroux, pero que se dirigió a mediados de mes al PSOE para proponer una gran coalición electoral con vistas a unos comicios que se veían cada día más cercanos. Largo Caballero aceptó, casi a bote pronto, la oferta, pero insistió en extender la coalición hasta los comunistas, a la vez que establecía mecanismos de coordinación con ellos, con la central sindical comunista (CGTU) y con la Federación de Juventudes Socialistas, a la que se reconocía la posibilidad de desarrollar una política autónoma. Esta posición, que disminuía el peso específico de los republicanos de izquierda, y su capacidad de fijar un programa de actuación que pudiera servir de plataforma electoral, significó un momentáneo triunfo para Largo y contribuyó, a la larga, a la falta de cohesión de la futura alianza electoral de izquierdas.

Un eslabón más en el penoso proceso que conducía a la desaparición del bloque gubernamental lo proporcionó una nueva denuncia que se hizo contra los radicales y que se conoció a finales de noviembre. El firmante, Antonio Nombela, había sido inspector general de Colonias, y denunciaba las gestiones hechas desde la Presidencia de Gobierno, desempeñada en ese momento por Lerroux, para abonar una indemnización por la rescisión de un contrato de comunicaciones marítimas. Las responsabilidades políticas no eran excesivamente claras, pero, sumada al asunto del estraperlo, la denuncia constituyó una nueva vuelta de tuerca en el proceso que llevaba a la dinamitación del Partido Radical. Se creó una nueva comisión parlamentaria de investigación y se volvió a asistir al inhibicionismo, entre despectivo y resignado, de Lerroux, que abandonó el Congreso sin esperar a la discusión del dictamen de la comisión, de la que salió exculpado con una votación poco brillante. Lerroux cerraba aquella noche una trayectoria de cuarenta años y salía de la escena política por la puerta de atrás.

Tampoco salía mejor librada la coalición gubernamental, y el día 9 de diciembre quedó planteada una nueva crisis política al reconocer Chapaprieta la imposibilidad de sacar adelante sus proyectos de reforma, dadas las muchas trabas que encontró en las filas de los radicales y de los cedistas. Alcalá-Zamora consideraba imposible entregar el Gobierno a Gil-Robles, al que consideraba enemigo de la República[67], y, durante las subsiguientes consultas, se fue abriendo paso la idea de disolución de las Cortes, especialmente a medida que fracasaban los intentos de Chapaprieta para reconstruir el Gobierno y los de Martínez de Velasco para poner en pie uno nuevo, a pesar de que Alcalá-Zamora dice que ofreció a ambos el decreto de disolución[68].

La CEDA, fuera del Gobierno

LA CEDA, FUERA DEL GOBIERNO

Se vivió, en aquella difícil coyuntura, un momento muy delicado cuando Gil-Robles, convencido de que iba a ser desalojado del Gobierno y que el presidente Alcalá-Zamora se encaminaba a la disolución del Parlamento, propició una reunión del general Fanjul, subsecretario del Ministerio, con los generales Franco, Varela y Goded, con el fin de que evaluaran la oportunidad de dar un golpe de Estado, con la promesa de que él no resultaría ningún obstáculo para su realización[69]. Franco, sin embargo, convenció a sus compañeros de la inviabilidad del golpe y así se lo comunicaron a Gil-Robles, ante la decepción de los elementos monárquicos que dirigía Calvo Sotelo.

Finalmente, tras una gestión fracasada de Miguel Maura, el encargo de formar Gobierno recayó en Portela Valladares, que consiguió el apoyo de los agrarios, de los catalanistas de la Lliga y de los melquiadistas, aunque no consiguiera apear a Lerroux y Gil-Robles de sus exigencias de que se mantuvieran abiertas las Cortes y que estuvieran presentes en el Gobierno todos los partidos que formaban el bloque gubernamental. El convencimiento de poder contar con el decreto de disolución de las Cortes le permitió, el 14 de diciembre, constituir un Gobierno del que formaban parte Manuel Portela Valladares, en Presidencia y en Gobernación; José Martínez de Velasco, en Estado; Joaquín Chapaprieta, en Hacienda; Alfredo Martínez y García-Argüelles, en Justicia, Trabajo y Sanidad; Joaquín de Pablo-Blanco, en Agricultura, Industria y Comercio; el general Nicolás Molero, en Guerra; el almirante Francisco Javier Salas, en Marina; Manuel Becerra, en Instrucción Pública; Cirilo del Río, en Obras Públicas y Comunicaciones, y Pedro Rahola, como ministro sin cartera. El Gobierno Portela consagraba la ruptura del bloque gubernamental, por cuanto salía de él la CEDA y los radicales estaban representados por dos políticos sin el menor relieve. La CEDA publicaría, pocos días después, una nota con duros ataques a Alcalá-Zamora, al que consideraban responsable único del agotamiento de la situación política. Las Cortes fueron suspendidas unos días después y no volverían a abrirse en aquella legislatura.

A la conmoción en los ámbitos gubernamentales sucedió una no menor en las filas del PSOE cuando, el día 16, se reunió el comité nacional del partido. Una propuesta incidental de Prieto, para que la minoría parlamentaria socialista ajustara su comportamiento a las directrices de la ejecutiva y del comité nacional, provocó la dimisión de Largo Caballero como presidente del partido, que se hizo efectiva cuando el comité respaldó la propuesta de Prieto. Los elementos «centristas» de Prieto tomaban momentáneamente el control del partido, mientras que los caballeristas se refugiaban en la dirección de la UGT. La unidad de dirección del movimiento socialista, que se había conseguido a comienzos del año anterior, volvía a quedar rota y los prietistas ganaban mucha capacidad de maniobra en vísperas de las inmediatas elecciones.

Nueva crisis y disolución de las Cortes

NUEVA CRISIS Y DISOLUCIÓN DE LAS CORTES

El cierre de las Cortes y la necesidad de aprobar los presupuestos significaron dificultades que pusieron a dura prueba la difícil estabilidad de un Gobierno nacido ya con tan escasos apoyos políticos y ninguno parlamentario. El protagonismo político de Chapaprieta, que trató con Gil-Robles de la oportunidad de constituir un Gobierno que facilitase una gran coalición de centro-derecha[70], fue interpretado por Alcalá-Zamora como una conspiración impulsada por Gil-Robles[71] y tampoco se avenía bien con los intereses de Portela, por lo que, a final de año, la crisis se hizo inevitable.

La CEDA, marginada del Gobierno, protestó ruidosamente a través de duras notas de prensa y de una campaña de mítines de marcado carácter preelectoral que inició Gil-Robles en los días anteriores a las Navidades y en los que delimitó nítidamente su proyecto político de los preparativos electorales que había empezado a hacer Portela. Especialmente dura fue una nota que la CEDA publicó el 27 de diciembre, en la que se declaraba incompatible con el proyecto centrista de Portela y de quienes le apoyasen. «Pocas veces —escribiría Chapaprieta[72]— se habrá procedido más desafortunadamente que como lo hizo en aquella ocasión el señor Gil-Robles», porque —continúa el mismo testigo— debió haber pensado que «no podríamos aparecer ante la opinión procediendo al dictado de la desconsiderada e inoportuna coacción que la nota suponía».

Esta situación condujo el penúltimo día del año a un tumultuoso Consejo de Ministros, en el que una intervención de Portela, reclamando la dirección exclusiva de la vida política y denunciando las maniobras electorales de algunos ministros, provocó la reacción acalorada de Chapaprieta, el abandono de la sala por parte de los ministros De Pablo-Blanco y Martínez García-Argüelles, y el desencadenamiento de una nueva crisis ministerial. Alcalá-Zamora reiteró el encargo a Portela y le encargó la formación, como se decía en la nota que se publicó en la ocasión, de un Gobierno «con menos intereses electorales, de ponderación e imparcialidad». Después de unas frustradas gestiones con Miguel Maura y Abilio Calderón, Portela daría a conocer ese mismo día la lista del nuevo Gobierno, que estaba integrado por Manuel Portela Valladares, en Presidencia y Gobernación; Joaquín Urzaiz Cadaval, en Estado; Manuel Rico Avello, en Hacienda; Manuel Becerra, en Justicia, Trabajo y Sanidad; José María Álvarez Mendizábal, en Agricultura, Industria y Comercio; el general Nicolás Molero, en Guerra; el almirante Antonio Azarola, en Marina; Filiberto Villalobos, en Instrucción Pública, y Cirilo del Río, en Obras Públicas y Comunicaciones.

Con ese Gobierno desaparecían los últimos vestigios del bloque gubernamental y quedaba expedito el camino para unas nuevas elecciones, en las que Portela pretendía jugar un protagonismo destacado. Los presupuestos se aprobarían por decreto al día siguiente.

La salida de la CEDA del Gobierno revitaliza a las derechas antisistema, que entienden confirmados sus análisis. El Bloque Nacional de Calvo Sotelo se siente liberado para emprender una lucha abierta con lo que entiende que es un aumento de la presencia marxista, por lo que se siente autorizado para trabajar en el restablecimiento de una Monarquía tradicional alejada de concomitancias con los principios del liberalismo y de la democracia. Más allá de la cita con las urnas, en la que la extrema derecha confiaba muy poco, hay ya una clara voluntad de acudir a los medios violentos en la lucha por el establecimiento de ese nuevo Estado.

El Gobierno intenta ganar tiempo con una prolongación de las sesiones de Cortes por un mes, pero la violenta reacción de las derechas, que juzgan inconstitucional e incluso, en el caso de los monárquicos, hablan de la responsabilidad criminal del presidente de la República, fuerzan a este a ceder, y el día 7 de enero firma el decreto de disolución de lo que, para curarse en salud y protegerse del artículo constitucional que limitaba las posibilidades presidenciales de disolución, denomina «las primeras Cortes ordinarias de la República». Ese mismo día se restablecen las garantías constitucionales en todo el territorio nacional.

Republicanos conservadores, como Miguel Maura, y parlamentarios del desaparecido bloque gubernamental, como Giménez Fernández, reaccionan en la Diputación Permanente de las Cortes con fuertes críticas a Alcalá-Zamora y con la advertencia de que aquella era la segunda disolución de las Cortes —lo que implicaba una amenaza de destitución del presidente de la República—, pero la decisión era irreversible y el futuro político del régimen habría de jugarse en unas elecciones que habían quedado convocadas para el 16 de febrero siguiente.

El llamado «bienio negro» o «bienio reformista» podía considerarse concluido. La trayectoria política de aquellos años había puesto de manifiesto un profundo desajuste entre la composición del Parlamento y la práctica de gobierno, de manera que este se había visto permanentemente afectado por la falta de credenciales republicanas de quienes más títulos democráticos tenían para el ejercicio del poder. Esa prevención se había traducido, prácticamente desde los días inmediatos a las elecciones de noviembre de 1933, en una permanente descalificación de los partidos gubernamentales por parte de los que habían ejercido el poder durante el bienio anterior y, en la misma línea, de una permanente actitud de reticencia por parte del presidente de la República.

El momento de ruptura abierta de cualquier solidaridad política fue, desde luego, el estallido revolucionario de octubre de 1934, pero no faltan motivos para sostener que una mínima solidaridad institucional, que pudiera hacer estable un cierto sistema de partidos, no existió nunca durante este bienio y que, a pesar de una tarea legislativa nada despreciable de los hombres del segundo bienio, el proyecto de modernización política que significó la Segunda República española podía considerarse tocado de muerte desde el otoño de 1933. Sin que ello comporte abonarse a visiones catastrofistas sobre la inevitabilidad del sangriento conflicto civil que sobrevendría unos meses más tarde.

3. El Frente Popular y la política de la República en guerra (Santos Juliá)

3

EL FRENTE POPULAR Y LA POLÍTICA

DE LA REPÚBLICA EN GUERRA

Santos Juliá

Como resultado de la revolución de octubre de 1934, las izquierdas obrera y republicana quedaron desbaratadas en sus organizaciones, los locales sindicales y casas del pueblo clausurados, los sindicatos disueltos y los militantes desconcertados, sin dirección política que seguir ni objetivos que alcanzar. Entre los socialistas, principal fuerza implicada en los hechos revolucionarios, Largo Caballero y sus más cercanos colaboradores habían sido apresados y pendía sobre ellos la acusación de rebelión contra la República; el dirigente asturiano González Peña tenía muchas posibilidades de que le cayera una petición de pena de muerte; exiliado en Francia y Bélgica andaba Indalecio Prieto, intentando presentar los hechos de octubre como una defensa preventiva de la democracia. De los republicanos, Manuel Azaña, detenido en Barcelona, veía pasar los días desde la cubierta de los buques de la Armada en los que sucesivamente estuvo prisionero por orden del juez que instruía su causa, acusado también de rebelión. Y entre los catalanes, Lluís Companys y los consejeros de la Generalitat esperaban el momento del juicio en la cárcel Modelo de Madrid, adonde habían sido trasladados en enero de 1935.

En estas condiciones era imposible reconstruir una dirección política por cualquiera de las dos alas de la anterior coalición, republicana u obrera. Pero la misma persecución a que fueron sometidos los dirigentes obreros y republicanos suscitó hacia ellos corrientes de simpatía y adhesión, evidentes sobre todo en el caso de Manuel Azaña, que recibía en su prisión cientos de cartas y muestras de afecto procedentes de personalidades independientes y de notorios militantes de los partidos republicanos y socialista. Algo era preciso hacer con toda aquella corriente que fluía hacia su camarote y Azaña lo tuvo claro desde el mismo momento en que el Tribunal Supremo sobreseyó el sumario por rebelión que sobre él pendía y ordenó su puesta en libertad en los últimos días de 1934[1]. Recobró la libertad dispuesto, como decía, a rescatar la República de los malandrines que la tenían secuestrada.

Rescatarla sobre la única base posible: recomponer la unidad de los partidos republicanos y, una vez asentado este primer paso, reconstruir la coalición con el Partido Socialista. Esta había sido su fórmula durante el primer bienio de la República y esta volvía a ser ahora su política. Pero era preciso no confundir el camino: se trataba de conquistar la opinión para volver sin ningún equívoco a la vía que nunca debió haberse abandonado, la del sufragio, la de las elecciones. Desechada cualquier veleidad revolucionaria, también la acariciada en algún momento del año anterior, como una vuelta al 14 de abril, esperaba un duro trabajo político que recompusiera los puentes rotos y se presentara ante los electores, cuando la ocasión llegase, con un programa claro de gobierno para pedir de ellos el voto y retornar con toda legitimidad al poder.

Republicanos y socialistas

REPUBLICANOS Y SOCIALISTAS

Para avanzar por ese camino, Azaña trabajó simultáneamente en dos direcciones. La primera, establecer un acuerdo entre todos los partidos republicanos que pudiera plasmar en un manifiesto programático. Durante el año anterior, había unificado su propio partido, Acción Republicana, con el sector del Partido Radical-Socialista que había seguido a Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz y con la Organización Republicana Gallega Autónoma de Casares Quiroga, para fundar Izquierda Republicana, de la que, sin discusión, era presidente y líder reconocido. Por otra parte, el sector que había seguido a Martínez Barrio en su escisión del Partido Radical había creado en mayo de 1934 el Partido Radical Demócrata, que pocos meses después se fundió con los restos del Partido Radical-Socialista, liderado por Félix Gordón Ordás, para formar Unión Republicana. Con esta y con el pequeño Partido Nacional Republicano de Felipe Sánchez Román, Izquierda Republicana firmó una nota común, con motivo del cuarto aniversario de la proclamación de la República, en la que se pedía un régimen escrupulosamente legal para los presos políticos y sociales, el restablecimiento de las garantías constitucionales suspendidas tras la revolución, la libertad para los detenidos por orden gubernativa, la revisión de expedientes de remoción o traslado de funcionarios, el restablecimiento del derecho sindical y la reposición de las autoridades locales de elección popular. Se trataba, pues, de un primer documento que pretendía liquidar los efectos jurídicos y políticos de la revolución y restablecer la normalidad constitucional[2].

Esta nota no significaba más que un primer acuerdo entre partidos republicanos, que siguieron trabajando durante todo el verano en la elaboración de un programa de gobierno. Mientras lo alcanzaban, Azaña reanudó los contactos con los socialistas, rotos en el verano anterior, por el lado que consideraba más cercano a sus propias posiciones. Dos semanas después de recobrar su libertad, escribió a Indalecio Prieto planteándole la necesidad de «combinar una táctica que nos permita esperar la formación de una fuerza política tan poderosa como para ganar la primera batalla que se nos presente». La sugerencia de Azaña encontró una favorable acogida en Prieto, que le respondió de inmediato recordándole que hacía todo lo posible «en pro de un enderezamiento» de la política socialista y de la necesidad de «trabajar por una coalición electoral». Prieto inició esos trabajos de manera sutil enviando una carta a la comisión ejecutiva de su partido con la propuesta de llegar a una alianza por la izquierda y por la derecha del socialismo. Con las ideas contenidas en esa carta, y en otra dirigida a la misma comisión por Fernando de los Ríos, el vicesecretario general del PSOE, Juan Simeón Vidarte, envió una circular a todas las agrupaciones recomendando no hostilizar a ningún grupo obrero ni republicano «que se haya mantenido libre de contacto con la actual situación» y establecer relaciones cordiales con todos ellos aunque sin llegar a contraer compromiso alguno[3].

La circular firmada por Vidarte se interpretó como el esbozo de una rectificación oficial de la política seguida por los socialistas desde la derrota en las elecciones de noviembre de 1933: de la ruptura con los republicanos y de la estrategia revolucionaria como vía hacia la conquista del poder se pasaba a restablecer la coalición y reemprender el camino a las urnas. Pero el hecho de que hubiera sido elaborada y publicitada por el sector «centrista» del PSOE provocó una enérgica reacción de la «izquierda» aglutinada en torno a Largo Caballero, que encabezó una carta de protesta contra la circular, firmada también por dirigentes de la UGT y de las Juventudes. El socialismo aparecía así por vez primera escindido de la cima a la base en dos facciones, dirigida una por Prieto, con sólidos apoyos en la ejecutiva del partido; la otra por Caballero, fuerte en la ejecutiva de UGT y en algunas agrupaciones del PSOE como, particularmente, la de Madrid. La división, hecha pública, bloqueó la posibilidad de elaborar una política de alianzas, por la izquierda o por la derecha, para salir de la crisis en que se había encerrado el PSOE desde la revolución de octubre.

El bloqueo y la pasividad socialista dejaban el terreno despejado para que republicanos, por la derecha, y comunistas, por la izquierda, avanzaran sus propias políticas. Los republicanos decidieron ir en posición de fuerza a la inevitable coalición electoral mostrando a sus futuros coligados que eran capaces de movilizar la opinión; que mantenían, o habían acrecentado, su capacidad de convocar multitudes, de modo que todo el mundo supiera que eran la mayoría del país. Todos se mostraron muy activos, organizando por las capitales de provincia mítines y reuniones, especialmente su principal dirigente, Manuel Azaña, que salió, como decía, a echar discursos por ahí, convencido como siempre del poder de la palabra como instrumento de la política. Tal fue el origen de la serie de discursos «echados» en los campos de Mestalla en Valencia, de Lasesarre en Bilbao y de Comillas en Madrid, discursos en campo abierto, como los bautizó, pronunciados ante decenas de miles de personas, que llegaron a rondar el medio millón en el último de la serie, el pronunciado en Comillas en el mes de octubre: una creciente salida de gente a la calle que recordaba lo sucedido en 1930, solo que ahora el humor había cambiado y las reivindicaciones se habían hecho más perentorias.

Cuando inició esta campaña de movilización popular, sobre Azaña pendía la «propuesta de acusación» presentada ante las Cortes por un grupo de diputados empeñados en encontrarle culpable del delito de «comprometer la paz o la independencia del Estado» al haber colaborado en la revolución de Asturias por la parte que hubiera tenido, mientras era presidente del Consejo y ministro de la Guerra, en la venta de un cargamento de armas a los socialistas. La acusación, promovida por la CEDA y los monárquicos y firmada, entre otros, por Pedro Sainz Rodríguez y José María Pemán, era tan desatinada que acabó por producir el efecto contrario: como dijo el conde de Rodezno a ABC, «se han empeñado en levantar un pedestal a Azaña y lo van a conseguir»[4]. Lo consiguieron, en efecto, ya que la acusación se quedó en agua de borrajas, no sin que antes, desde su pedestal de inocente injustamente perseguido, Azaña pronunciara un demoledor discurso en las Cortes, lleno de sátira, sarcasmo, ironía, ingenio y elocuencia —como escribió el embajador de Estados Unidos, Claude Bowers, presente en la sesión—, en el que encargó a Gil-Robles un recado para el presidente de la República: que aprendiera a no tomar «por realidades sus propias alucinaciones ni a difundir especies nacidas de la aprensión personal y contagiadas a Su Señoría»[5]. Con ese discurso, Azaña hacía pública su ruptura con Alcalá-Zamora y su rechazo de cualquier salida a la embrollada situación política que no pasara por la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Tal era el único camino para enderezar de nuevo la política republicana.

A ese objetivo respondió el contenido de sus discursos en campo abierto: una crítica de la política seguida hasta ese momento por los radicales, que solo habría servido para destruir la obra republicana y amontonar escombros sobre el terreno de la República; una exigencia de nuevas elecciones que cerrara el paso a las propuestas de reforma constitucional —en realidad, de cambio de Constitución— presentadas por la derecha católica; una advertencia a republicanos y socialistas sobre los errores cometidos en las elecciones de 1933, situando su origen en la baja evaluación que entonces hicieron del poder y de la fuerza de los adversarios; un programa de gobierno que fuera más allá de la coalición electoral y que sería realizado desde el poder por un Gobierno estrictamente republicano en su composición. Cuando los republicanos llegaran a un acuerdo firme entre ellos, lo presentarían a los socialistas, que de esta manera reiniciarían su paulatina reincorporación a la legalidad republicana. Eran, sin que nadie lo llamara entonces con esa expresión, los primeros pasos de la coalición finalmente conocida como Frente Popular.

Formación y triunfo del Frente Popular

FORMACIÓN Y TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR

Pero el nombre de la coalición en ciernes no habría de venir de Azaña ni de sus naturales aliados, los socialistas, sino de una compañía en aquel momento indeseada: ¿adónde podemos ir nosotros, y ustedes, con los comunistas?, había escrito a Prieto a principios de 1935. Ocurría sin embargo que, a diferencia de los socialistas, los comunistas salieron de los hechos de octubre con una política definida y con la firme voluntad de llevarla a término fueran cuales fuesen las circunstancias adversas. La política era clara: conseguir una «ligazón orgánica» con los socialistas; frente único por abajo, como se decía en los tiempos de la política de clase contra clase, creando por todas partes comités de fábrica o de barriada e impulsando iniciativas en las que se hiciera patente la unidad de acción, el socorro a los presos, los comités proamnistía, los mítines de solidaridad; pero también, y esta era la novedad, frente único por arriba, acuerdos formales con los líderes socialistas, antes acusados de socialfascistas, para crear comités de enlace entre agrupaciones de ambos partidos y alianzas obreras y campesinas. Unos y otros, comités de fábrica y barrio por la base, o de enlace por la cima, además de atraer a obreros socialistas al contacto con los comunistas, debían desarrollar acciones por la liberación de presos, contra la condena de muerte, contra la guerra imperialista o en conmemoración de los hechos de octubre[6].

La correosa insistencia de los comunistas en esta política de ligazón orgánica con los socialistas encontró el invariable rechazo de estos, que acabaron por responder con el silencio a los rutinarios llamamientos a la formación de comités. No hubo tampoco manifiestos conjuntos, excepto uno firmado en protesta por las condenas dictadas contra los presos de Turón. Pero mientras esperaban una mayor ductilidad socialista, los comunistas españoles se percataron al fin de que algo se movía en la política exterior de la Unión Soviética: ante el peligro alemán, y para tranquilizar a Francia y Gran Bretaña, era necesario abrir hacia los partidos «burgueses» el pacto por arriba con los socialistas. Con dificultades de comprensión, y algunas resistencias para su adaptación, pues el PCE daba por superada la fase de alianzas con los republicanos, cuando iba mediado 1935 los dirigentes españoles que habían asistido al V Congreso de la Internacional traían bien aprendida la lección: la alianza con los socialistas solo era un primer paso para establecer en España una «concentración popular antifascista» al modo francés, o sea, que el pacto con el PSOE, que en España era todavía una aspiración, debía completarse con un acuerdo en toda regla con los republicanos.

El problema para avanzar en esta política radicaba en la negativa a firmar cualquier acuerdo, ya con los comunistas, ya con los republicanos, sostenida sin pestañear por la facción de izquierda del socialismo hasta que el hundimiento del Partido Radical hizo inevitable la convocatoria de elecciones. El 14 de noviembre de 1935, Manuel Azaña, en nombre de los partidos republicanos con los que había anudado ya un acuerdo firme en los meses anteriores, se dirigió al secretario de la comisión ejecutiva del PSOE, Enrique de Francisco, para presentarle la propuesta formal de una «coalición electoral de los partidos de izquierda»[7]. Las comisiones ejecutivas de UGT, PSOE y Juventudes, reunidas en la Cárcel Modelo, decidieron dos días después y por unanimidad responder afirmativamente aunque añadiendo la exigencia de incluir en el pacto electoral a «otros grupos obreros». Inesperadamente, Largo Caballero aceptaba la coalición con los republicanos pero se convertía en artífice de la incorporación del Partido Comunista a la coalición electoral, pues bajo la cláusula «otros grupos obreros» se comprendía, además de la UGT, el PCE con su sindicato, la CGTU. Lo que el viejo líder socialista pretendía, al aceptar la coalición añadiendo esa exigencia, era impedir que Prieto administrara la nueva política; con los comunistas, un pequeño partido que controlaba un todavía más pequeño sindicato, creía reforzar su posición en la futura coalición. Para asegurarla, decidió abrir las puertas de la UGT a la CGTU y alentar a los jóvenes socialistas a iniciar un proceso de fusión con los jóvenes comunistas. En fin, y por si esto no fuera poco, exigió que el programa que los socialistas llevaran a la coalición debía ser conocido y aprobado previamente por el Partido Comunista y su sindicato, lo que naturalmente implicaba la formación de algún comité que debatiera cada punto del programa[8].

Esto era más de lo que Prieto y su gente podían aceptar. En la inmediata reunión del comité nacional del PSOE, con los encarcelados ya en la calle, Prieto hizo saltar a Largo de la presidencia del partido y abandonar con sus fieles la comisión ejecutiva. Desde mediados de diciembre, Prieto será el dirigente indiscutible de la facción de «centro», a costa desde luego de dejar en manos de la «izquierda» la poderosa organización sindical, incapaz de proponer una política autónoma, pero con fuerza suficiente para bloquear, si así lo deseaba, la aprobada por la ejecutiva del partido. Una escisión fatal, que anuló al socialismo como fuerza hegemónica de la coalición de izquierdas en el momento en que más necesitaba plantear unido las batallas políticas que se avecinaban. Por su parte, Azaña no tuvo más remedio que admitir a los comunistas en la coalición, aunque se negó a incorporarlos al comité encargado de elaborar las candidaturas y el programa de gobierno. Tampoco accedió a renunciar a ningún puesto de las candidaturas que menoscabase la representación republicana: todo lo que comunistas y otros grupos obreros pudieran conseguir sería a costa de cesiones de los socialistas.

De manera que el Frente Popular fue, en España, una coalición electoral entre republicanos y socialistas a la que, por exigencias de una facción de estos, se sumaron los comunistas del PCE y del POUM, las organizaciones juveniles y los sindicatos socialistas y comunistas. Esta peculiar vía española al Frente Popular implicó un límite al alcance del acuerdo, rebajado a mera coalición electoral. No se trata solo de que en el texto del pacto, que profundizaba las políticas llevadas a cabo por la coalición republicano-socialista del primer bienio, se hiciera constar expresamente los desacuerdos entre republicanos y socialistas, sino que los socialistas rechazaron la posibilidad de formar un Gobierno de coalición con los republicanos. Se trataba, pues, de un acuerdo sin más alcance que el electoral y la promesa de un apoyo parlamentario que acabaría cuando los socialistas creyeran que había sonado la hora de hacerse con todo el poder, esta vez por la vía legal. La distancia con el Frente Popular francés era evidente: allí, cuando el Frente Popular triunfó, la presidencia del Consejo de Ministros recayó sobre un socialista, Léon Blum, que incorporó a su Gobierno al Partido Radical, equivalente del republicanismo español, contando con el apoyo parlamentario comunista. En España, el Gobierno sería exclusivamente republicano, con el PSOE ayudando desde el Parlamento a la realización de un programa que no era el suyo y esperando el momento de sustituir a los republicanos. Al PCE, por su parte, no le quedaba más que insistir en el proceso de unidad con los socialistas a la vez que defendía ahora una política «antifascista», de unión estrecha con el republicanismo para preservar la democracia.

La voz «frente» abarcaba, por lo tanto, a toda la izquierda, pero ocultaba no ya fuerzas muy dispares, con políticas contradictorias, sino partidos fragmentados. Lo formaban Izquierda y Unión Republicana, el PSOE y el PCE, los sindicatos obreros y las juventudes socialistas y comunistas, el pequeño Partido Sindicalista, de Ángel Pestaña, y el POUM, que formó parte también del Front d’Esquerres de Catalunya, coalición electoral equivalente al Frente Popular aunque en Cataluña la fuerza hegemónica era, con mucho, Esquerra Republicana, mientras socialistas y comunistas trabajaban en su proceso de unificación. Esta diversidad de partidos y sindicatos explica que en los días de campaña electoral la preocupación y el interés de Azaña consistiera en definir exactamente el alcance de la coalición, a la que presentó como una entidad política superior a las diversas organizaciones que la integraban. Quería tener las manos libres para gobernar, saliendo al paso de la acusación de que era un prisionero de los socialistas, y dejar claro que su programa no tenía nada de revolucionario. En la reiteración de estos dos principios de su propaganda electoral estaba presente, como él mismo se preocupó de destacar, el escarmiento de la experiencia pasada: después de la derrota de 1933, de la revolución de 1934 y de las vicisitudes posteriores, Azaña daba por seguro que sus oyentes habían «aprendido a saber lo que vale la papeleta electoral, que ya va siendo hora». El tono es como de reprimenda, de llamar la atención sobre la irresponsabilidad del abstencionismo electoral, calificado como uno de los mayores despropósitos que pueden cundir en el ánimo español. Ahora ya no hay lugar para equívocos: práctica leal y sincera de la Constitución, libertad personal, defensa de los derechos profesionales, reforma social, reparación de las injusticias, tolerancia. Nosotros, dice Azaña, no predicamos la guerra civil, no queremos más guerra que la guerra política y legal, pacíficamente desenvuelta entre los ciudadanos[9].

Al pacto firmado por todas las izquierdas el 15 de enero de 1936 siguió una movilización popular de amplitud incomparable con nada de lo ocurrido hasta entonces: la exigencia de amnistía y la reposición de los despedidos por la huelga general de 1934 no dejó indiferente a ninguna fuerza obrera o republicana. Fruto de ella fue que la única gran organización que por su ideología, más que por su naturaleza, quedó fuera del pacto, la anarcosindicalista CNT, no propugnara en esta ocasión la abstención y llegara a recomendar el voto. Frente a esta coalición electoral de todas las izquierdas, las derechas no pudieron oponer esta vez un frente único. La CEDA mantuvo su ambigüedad respecto a la Constitución y no logró alcanzar con sus posibles aliados un acuerdo global, que implicara a todos en torno a un programa común. Mientras las izquierdas publicaban un manifiesto y un programa de medidas de gobierno, las derechas se presentaron sin programa y en unas coaliciones que variaban de naturaleza según las circunscripciones, yendo a veces de la CEDA a los partidos monárquicos y, otras, de la CEDA al Partido Radical. Su propaganda solo pudo centrarse en consignas «anti», bajo la denominación común de «frente de la contrarrevolución», y con la aspiración de Gil-Robles, proclamada según modernas técnicas publicitarias, de reclamar todo el poder e ir «a por los 300» diputados, aunque paradójicamente no llegaran a esa cantidad los candidatos presentados por la CEDA.

Fueron unas elecciones apasionadas, con muy elevada participación a pesar de un tiempo desapacible: desde las monjas de clausura al anarquista antipolítico, todo el mundo fue a votar. No hubo mayores incidentes. El resultado: un reparto muy equilibrado de votos, cerca de 4,7 millones para el Frente Popular, alrededor de 4,4 millones para las diferentes coaliciones de derecha, unos 400 000 para distintos de centro y cerca de 126 000 para los nacionalistas vascos, que acudieron con candidatura propia, rechazando la coalición con la CEDA a la que le empujaban los obispos. La prima a los triunfadores, propia del sistema electoral, convirtió el resultado en holgada mayoría para la coalición de izquierdas: 263 diputados para el Frente Popular y 210 para la derecha y el centro-derecha (incluyendo aquí cinco diputados nacionalistas vascos y otros doce de la Lliga Regionalista), en la primera vuelta[10]. Pero los problemas que aquejaban desde 1931 al sistema de partidos no se arreglaron tampoco en esta tercera convocatoria. Ciertamente, se habían consolidado tres grandes opciones que respondían a las preferencias mayoritarias del electorado: la republicana en IR-UR, con 113 diputados; la socialista en el PSOE, con 88, y la católica en la CEDA, con 101 diputados; pero otras tendencias marchaban hacia una mayor fragmentación y las opciones antisistema situadas en los extremos y favorecidas por el sistema electoral salían reforzadas: varios pequeños partidos pudieron obtener algún escaño al incorporarse a las listas de uno de los dos grandes bloques electorales. Cuando se publicó la composición de la Cámara, los partidos representados eran 33, de los que siete lograron un solo escaño y únicamente once consiguieron más de diez; de ellos, dos pasaban de cincuenta y solo uno de cien.

Al conocerse los primeros resultados comenzaron a dispararse todas las expectativas acumuladas desde el inicio de la campaña electoral. Para obreros y campesinos, triunfar sobre la derecha significaba la liberación de los presos y la readmisión de los despedidos. Se produjeron, pues, marchas hacia las cárceles con objeto de poner en la calle a los presos y concentraciones ante obras y talleres para exigir la readmisión de despedidos. Al mismo tiempo, los ayuntamientos destituidos en 1934 eran repuestos entre aclamaciones populares. Mientras tanto, la autoridad del Gobierno desapareció por completo. Como en 1931, y como secuela también de un triunfo electoral, se produjo una situación de eclipse de poder que los dirigentes de la coalición de derechas intentaron cerrar incitando al presidente del Consejo de Ministros a la declaración del estado de guerra y animando a actuar a dos destacados generales, Franco y Goded. La rápida intervención del general Núñez de Prado y especialmente de Sebastián Pozas, que amenazó con oponer la Guardia Civil a lo que ya calificaba como militarada, detuvo los movimientos de Franco, aunque no los de Gil-Robles y Calvo Sotelo, que presionaron hasta última hora ante el presidente del Consejo, Manuel Portela, para que declarase el estado de guerra.

Dominado por un sentimiento insoportable de responsabilidad e impotencia ante el deterioro del orden público, Portela presidió en la mañana del día 19 un Consejo de Ministros en el que pasó revista a los motines de presos en varias cárceles y a los disturbios provocados en Zaragoza por «las turbas» que recorrían las calles arrollando a los guardias e iniciando tiroteos. No ayudaba a tranquilizarle la actitud de quienes dos días antes habían convocado en Madrid una enorme manifestación que ocupaba por completo la Puerta del Sol. Los manifestantes daban vivas a la República, pedían la inmediata aplicación de la amnistía y habían colocado un gran cartel, con esa palabra, en la misma fachada desde la que un retrato igual de grande de Gil-Robles había amenazado durante la campaña electoral con la consigna de «Estos son mis poderes». Y a pesar de que los dirigentes obreros habían pedido a los manifestantes que se disolvieran, Portela creía que detrás de aquellas manifestaciones y motines no había el impulso espontáneo de las multitudes que celebraban el triunfo, sino la obediencia a consignas y órdenes circuladas por las organizaciones del Frente Popular y más concretamente por Izquierda Republicana. Si Azaña estaba detrás de todo aquello, que gobernara Azaña, debió de pensar mientras dirigía sus pasos al Palacio Nacional para presentar la dimisión ante el presidente de la República[11].

Los republicanos en el Gobierno

LOS REPUBLICANOS, EN EL GOBIERNO

Niceto Alcalá-Zamora, sin otra salida constitucional posible, llamó a Manuel Azaña para encargarle la formación de Gobierno. Habría deseado el líder de Izquierda Republicana recibir el encargo en otras condiciones, cuando se hubieran cumplido todos los plazos que el normal desenvolvimiento del proceso político exigía: constitución de las nuevas Cortes el 16 de marzo y presentación a ellas del nuevo Gobierno. Pero la situación no podía esperar. Aceptó el poder no ya en malas condiciones, sino en las peores, como escribió en su diario ese mismo día. Actuó, sin embargo, con rapidez y en pocas horas tenía formado el Gobierno: nueve ministros de Izquierda Republicana, tres de Unión Republicana y un independiente, el general Masquelet, a quien confió el Ministerio de la Guerra. La Puerta del Sol se había llenado, como en todas las grandes ocasiones, de una multitud expectante. Hasta allí se dirigió el nuevo presidente, cerca ya de media noche, abriéndose paso entre la multitud, que le ovacionaba. Casares Quiroga, antiguo ministro de la Gobernación, nombrado ahora de Obras Públicas, quiso sacar la policía a la calle, pero Azaña prefirió dirigir unas palabras de agradecimiento por las manifestaciones de entusiasmo y prometer para la mañana siguiente la reposición de los ayuntamientos y la rápida aprobación de un decreto de amnistía. Y para terminar, un consejo: que se disolvieran pacíficamente sin perturbar el orden público. El señor Azaña, escribió al día siguiente el cronista de El Sol, fue ovacionado por la muchedumbre que obedeció su deseo dispersándose[12].

Así comenzó su andadura el flamante Gobierno republicano, con moderados del tipo de Augusto Barcia en Exteriores, Gabriel Franco en Hacienda, Enrique Ramos en Trabajo, Mariano Ruiz Funes en Agricultura o Marcelino Domingo en Instrucción otra vez. El presidente del Consejo convocó a la Diputación Permanente de las anteriores Cortes para plantearle la necesidad urgente de legalizar la liberación de los presos con la concesión de una amnistía y aprobar un decreto sobre readmisiones e indemnizaciones a los «seleccionados» por la huelga general de octubre. Estas medidas, tomadas con el apoyo de los diputados de la CEDA, se complementaron con las llamadas a los dirigentes sindicales para que pusieran fin a las manifestaciones y carreras espontáneas y convocaran para el día 1 de marzo una gran manifestación, que sería a la vez celebración del triunfo y apoyo al Gobierno. Idéntico sentido tuvo la prohibición de una manifestación nacional de campesinos, convocada para el 15 de marzo. Por otra parte, las tensiones entre Madrid y Barcelona se resolvieron con la anulación por el Tribunal de Garantías de la ley que suspendió el Estatuto y la liberación de Companys y sus consejeros, condenados a treinta años de cárcel que cumplían en el penal de El Puerto de Santa María, y su inmediata reposición en el Gobierno de la Generalitat.

Al tiempo que procedía a tomar estas medidas pacificadoras, el Gobierno mantuvo el estado de alarma durante toda la primavera, lo que le permitió proceder contra Falange Española, que comenzó pronto su racha de atentados apuntando por vez primera a destacadas autoridades políticas: el vicepresidente de las Cortes, Luis Jiménez de Asúa, que salvó la vida aunque no así su escolta, Jesús Gisbert; ni el magistrado Manuel Madrigal, asesinado a los dos días de dictar la sentencia que condenaba al autor de aquel atentado y a sus cómplices. Por otra parte, alejó de Madrid a los generales más notoriamente conspiradores, retirándoles el mando de tropas y situándolos al frente de comandancias militares. Sin duda, se hablaba de revolución y de contrarrevolución, permanecía la tensión en la calle y comenzaban a menudear los atentados y muertes violentas. Sobre todo, a la movilización por las indemnizaciones y reposiciones siguió la discusión de las bases de trabajo de cada gremio o industria, con llamadas continuas a la huelga que se declaraban sin cesar. Pero si todo esto es cierto, también lo es que el discurso de Azaña en las Cortes, el 3 de abril, conciliador e impregnado de gran emoción política, tuvo efectos que llegaron a la Bolsa de Madrid. Las sociedades anónimas habían comenzado ya a publicar los resultados del ejercicio anterior, mostrando su confianza en que lo peor de la crisis había pasado; el pleno del Consejo Superior Bancario registró con agrado la vuelta a la normalidad y acordó el 11 de marzo visitar al presidente del Gobierno para «reiterarle una vez más la adhesión plena de la banca» y manifestarle que «se encontraba incondicionalmente al lado del Gobierno»; al vencimiento de 500 millones de tesoros solo se solicitó el reembolso de 67, cubiertos los demás en unas horas por la misma banca, que cubrió también una nueva emisión; las sociedades patronales, obligadas a soportar las readmisiones e indemnizaciones, recomendaron obediencia a sus afiliados, aunque anunciaron acciones legales para reducir sus perniciosos efectos, mientras negociaban con los sindicatos las nuevas bases de trabajo. La gente no dejó de divertirse a pesar de una lluvia persistente: abundaron los forasteros en la Semana Santa y la Feria de Sevilla, y es célebre el éxito de Morena Clara en cines llenos a rebosar de un público entusiasta.

De modo que la percepción de esos meses como un descenso inevitable a los infiernos, como si una fatalidad encaminara la vida política española hacia la catástrofe de la guerra, debe tomarse como un recurso para legitimar el golpe de Estado que desde el mismo momento del triunfo del Frente Popular se maquinaba. Por supuesto, sería igualmente torpe pretender que todo iba bien en el mejor de los mundos. El Gobierno había acometido la tarea de reconstruir la autoridad civil en un clima de tensiones caracterizado por el creciente pánico de las clases propietarias, urbanas y rurales, ante la incesante movilización de obreros y campesinos, humillados y hambreados desde 1934, y que ahora difícilmente podían encauzar sus reivindicaciones a través de jurados mixtos o cualquier otra instancia mediadora, dinamitadas como lo habían sido durante el año anterior, cuando la CEDA creyó que su triunfo en la revolución de octubre le abría las puertas del poder y dejó campar a los patronos por sus respetos en una política que los elementos más moderados del catolicismo social consideraron suicida. La lucha de clases se planteaba ahora cara a cara, en ciudades como en el campo, con algunos casos particularmente dramáticos como la matanza de campesinos en Yeste en un enfrentamiento con la Guardia Civil.

Pero el verdadero problema fue que ese deterioro del orden público vino acompañado de una profunda desorientación política de los dos partidos con mayor representación parlamentaria. La CEDA y el PSOE compartían algunas características comunes: ambos disponían de una amplia base social y ambos habían participado en distintos gobiernos de las legislaturas anteriores; ambos habían sido también en algún momento partidos antisistema y tenían de la República una visión instrumental: servía en la medida en que aproximara la hora de la realización de su programa máximo, que en los dos casos implicaba no ya una reforma constitucional, sino un régimen diferente, autoritario, católico y corporativista en la CEDA, socialista con un amplio programa de nacionalizaciones en el PSOE. En el clima de inestabilidad creado por el triunfo de la coalición de izquierda, la definición de una política de apoyo a la República y a la democracia por estos dos grandes partidos hubiera, sin duda, rebajado la tensión, aliviado el miedo de unos y atemperado la euforia de otros.

Ninguno de los dos partidos fue capaz de definir esa política, ni cualquier otra. Manuel Giménez Fernández, del ala moderada y social de la CEDA, lo intentó sometiendo una votación a su grupo parlamentario para que se decidiera de una vez entre república o monarquía, democracia o fascismo. Ganó su votación, pero el retorno de Gil-Robles a la cabeza del grupo, añadido a los agravios recibidos con motivo de las actas de diputados invalidadas y los resultados de la segunda vuelta electoral, que redujo en unos 25 diputados el total de los escaños de las derechas, radicalizó de nuevo las posiciones. Las juventudes de su propio partido, que habían experimentado desde 1934 un proceso de radicalización, adoptando lenguaje, uniformes y saludos fascistas, se deslizaban hacia Falange Española, que engrosaba por vez primera de manera perceptible su afiliación. Mientras tanto, la mayor combatividad parlamentaria del líder monárquico, Calvo Sotelo, lo convertía en referente de las derechas, frustradas tras la derrota de quien había prometido conquistar el poder por la vía pacífica y vueltas ya con toda claridad hacia una solución de fuerza protagonizada por los militares. El mismo Gil-Robles puso a disposición de Mola en los primeros días de julio los remanentes que habían quedado del fondo electoral de la CEDA[13].

El deslizamiento de la derecha accidentalista hacia las posiciones de la derecha subversiva no fue compensado por una mayor determinación del PSOE para reforzar el Gobierno republicano; sucedió más bien lo contrario. Desde el mismo día del triunfo electoral, la hostilidad entre las dos facciones socialistas se reanudó, a la espera de que un congreso, previsto para el otoño, decidiera. La comisión ejecutiva del PSOE, de la que habían salido Largo Caballero y sus leales Enrique de Francisco y Wenceslao Carrillo, se veía continuamente atacada y desautorizada por los dirigentes de la UGT, que tenían el apoyo de la izquierda de su propio partido y de las Juventudes, lanzadas ya, tras una estancia de su secretario general, Santiago Carrillo, en la Unión Soviética, a la unificación con las Juventudes Comunistas. De la escisión entre los mayores lo único que resultó fue la impotencia de Prieto para llevar adelante su política de reforzar al Gobierno y restablecer el orden, mientras Largo Caballero, incapaz de sustituir con sus propios medios al Gobierno republicano, radicalizaba su discurso, daba vía libre a los jóvenes para fundirse con los comunistas y acercaba la acción sindical de la UGT a la que por tradición convenía más a la CNT: las huelgas dirigidas por ambos sindicatos después de crear comités conjuntos se multiplicaron. Los dirigentes de la UGT pretendieron poner en marcha durante esos meses una especie de frente sindical con la CNT, de espaldas a los partidos políticos y directamente enfrentado con ellos cuando trataban de poner límite a sus movilizaciones.

Si de la confusión y desorientación en las filas de la derecha católica resultó el trasvase de efectivos y liderazgo a la derecha subversiva, monárquica o fascista, de la escisión en las filas socialistas resultó el desplazamiento de la iniciativa política a los dos grandes sindicatos, UGT y CNT. Después de conseguir la amnistía y la readmisión e indemnización de los seleccionados por la huelga de octubre, los sindicatos aprovecharon su nueva posición de fuerza para plantear, en las discusiones sobre nuevas bases de trabajo, exigencias que los patronos juzgaron desorbitadas, como la de 36 horas de jornada semanal reclamada por la CNT en el sector de la construcción. La movilización obrera tropezó con la resistencia patronal a nuevas concesiones y dio origen a la convocatoria de huelgas más generalizada de la República: en los meses de mayo y junio, las estadísticas del Ministerio de Trabajo recogieron más huelgas que todo el año 1934 y tantas como en 1933. Eran, en muchos casos, huelgas dirigidas por los dos sindicatos, de acción directa como gustaba a los anarcosindicalistas, sin posibilidad de mediación oficial, que se extendían de una industria a otra y que, en Madrid, llegaron a finales de junio a las puertas de la huelga general.

A esta movilización de obreros urbanos acompañó, o precedió, la de jornaleros del campo. El 3 de marzo, el mismo día en que Ruiz Funes publicaba un decreto por el que se devolvían las tierras a los yunteros expulsados de ellas por la ley de contrarreforma agraria, se puso en marcha en Cenicientos, una aldea de la provincia de Madrid, lo que Edward Malefakis ha denominado «la gran oleada de ocupación de fincas», que culminó el día 25 del mismo mes con la toma sincronizada en Badajoz de tres mil fincas por unos 60 000 campesinos encuadrados y dirigidos por la Federación de Trabajadores de la Tierra, poderoso sindicato de campesinos de la UGT. Entre la ocupación de Cenicientos y las de Badajoz, el director del Instituto de Reforma Agraria, Vázquez Humasqué, había prometido que no quedaría en el plazo de ocho días «ni un yuntero sin tierra», porque él mismo la tomaría donde la hubiera. Después de las ocupaciones en amplias zonas de latifundio, de Sevilla y Córdoba, como de Salamanca y Toledo, la reposición de la Ley de Reforma Agraria por las Cortes y las medidas adoptadas para simplificar los trámites de expropiación no venían más que a sancionar situaciones de hecho: hasta el mes de junio se habían ocupado más hectáreas (573 000) y asentado más campesinos (114 000) que desde la promulgación de la ley cuatro años antes[14].

Todo esto ocurría mientras en la presidencia de la República se abría la más inoportuna de las crisis que acabó por debilitar al ya frágil Gobierno republicano. Niceto Alcalá-Zamora había actuado en los meses anteriores como un auténtico jefe de partido, dando el decreto de disolución a Portela Valladares y promoviendo su propio partido, con el obvio resultado de un descalabro en las urnas. En buena lógica política, debió haber sacado la lección de esa aventura, que todos, por la derecha como por la izquierda, entendieron como una derrota personal, y haber dimitido de la presidencia de la República. Permaneció en ella, sin embargo, reteniendo, según una interpretación muy personal de la Constitución, su potestad para disolver de nuevo las Cortes, aunque ya lo había hecho dos veces. Los partidos de la mayoría no lo veían así y decidieron que el presidente había agotado su prerrogativa y que, por tanto, podían someter al juicio de las Cortes su decisión de disolver por segunda vez. Forzando el artículo 81 de la Constitución, las Cortes aprobaron la declaración de que, «para los fines del último párrafo» de aquel artículo, el decreto de disolución de 7 de enero de 1936 no era necesario, lo que implicaba automáticamente la destitución del presidente de la República.

El problema, más que de destitución, a la que la derecha asistía muy complacida, era de sustitución. Comenzaron, como era de esperar, los conciliábulos y rumores sobre posibles candidatos. La izquierda socialista defendió la candidatura de Álvaro de Albornoz, a quien consideraba como el más radical de los republicanos; la izquierda republicana no quería de ninguna manera prescindir de la dirección ejecutiva de su principal dirigente, Manuel Azaña. Pero al presidente del Consejo no le quedaba duda alguna respecto a la persona que debía ocupar la presidencia de la República: él mismo. Y no porque se sintiera cansado de bregar con la política diaria; tampoco porque fuera presa de un sentimiento de pánico o se dejara llevar por el deseo de revancha contra su antecesor en el puesto, sino por estar convencido de que si fracasaba la fórmula de gobierno presidida por él, la misma República estaría perdida. Azaña pensaba que un Gobierno formado exclusivamente por republicanos debía ser sustituido, mejor antes que después, por un Gobierno de coalición republicano-socialista. Esa convicción tenía nombres propios, ya que ese Gobierno sería presidido por Indalecio Prieto. Para que tal cosa ocurriera, para que los republicanos aceptaran participar en un Gobierno de la presidencia de Prieto, y los adversarios de Prieto en el Partido Socialista se avinieran a ello, era preciso que la presidencia de la República estuviera en manos de un republicano con autoridad sobre su propia gente y sobre los socialistas. Y de esa especie solo había uno, que era él.

De modo que Azaña dimitió de la presidencia del Gobierno y fue elegido para la de la República el 10 de mayo de 1936. Su propósito consistía en encargar la formación de un Gobierno de coalición a Indalecio Prieto: como confió semanas después al embajador francés, Francia no sacaba más que ventajas al estar gobernada por un Ministerio en el que figuraban los socialistas. Pero fue en este punto donde toda la operación quedó bloqueada por la amenaza de la UGT de romper el pacto de Frente Popular y por la votación del grupo parlamentario socialista, controlado por Largo Caballero, que rechazó un eventual cambio de significación política del Gobierno, negándose a que los socialistas participaran en él. Aunque Prieto disponía de mayoría en el comité nacional de su partido, renunció a forzar su convocatoria y rehusó el encargo que efectivamente le ofreció Azaña, esperando que la prevista convocatoria de un congreso del PSOE le daría la razón. Aunque luego se propalaran otras versiones, en mayo de 1936 no hubo Gobierno de coalición presidido por un socialista sencillamente porque la facción liderada por Largo cerró las puertas a tal eventualidad. Azaña creyó que a Prieto le había faltado valor para hacerse cargo del Gobierno, pero se consoló pensando que de todas formas había reforzado su posición para el congreso que en octubre había de resolver las diferencias socialistas: «¿A quoi bon ces quatre mois d’interim?», se lamentaba ante Herbette[15].

De momento no las resolvieron, sino que las agudizaron, debilitando en la misma medida a un Gobierno que, presidido ahora por Santiago Casares, titular además del Ministerio de la Guerra, transmitió enseguida a la opinión pública el mensaje de que la situación se le escapaba de las manos. En el mismo mes de mayo, la CNT celebraba en Zaragoza un congreso que dedicó lo mejor de sus energías y de su tiempo a debatir la organización de la futura sociedad libertaria, aun si los confederales estaban bien lejos en la primavera de 1936 de llamar a una nueva insurrección. Los grupos de afinidad que formaban la FAI habían decidido que, si las izquierdas ganaban las elecciones de febrero, inevitablemente se produciría una sublevación militar y tendrían «entonces que salir a la calle a combatirla por las armas». Tampoco llamaban a la revolución los dirigentes de la izquierda socialista, aunque, en las últimas semanas de junio, Largo Caballero, secretario general de la UGT, evocaba entre las risas de sus oyentes los rumores de conspiración militar con un argumento similar al utilizado por los anarquistas: «si se quieren proporcionar el gusto de dar un golpe de Estado por sorpresa, que lo den […] No conseguirán más que disfrutar unos días o unos meses de la satisfacción que pueda proporcionarles el mando, porque no quiero suponer que nos vayan a cortar a todos las cabeza». En Largo como en García Oliver, la revolución obrera sería esta vez la respuesta a un golpe militar[16].

Toda esta retórica revolucionaria flotaba sobre un movimiento de huelgas que alcanzaba su punto más álgido en el mes de junio. La expectativa de una inminente revolución creció en las organizaciones sindicales al mismo tiempo que exhibían su radical incapacidad para tomar cualquier iniciativa en esta dirección: la CNT no estaba dispuesta a repetir insurrecciones como las fracasadas desde la instauración de la República, y la UGT, con el fiasco de octubre de 1934 todavía humeante, no haría nada sino esperar a que los militares dieran su golpe y el Gobierno republicano cayera para ocupar el poder. Por eso, y a pesar de toda la irresponsable retórica gastada durante estas semanas, un movimiento sindical revolucionario estaba más lejos de producirse que nunca en la agitada vida republicana. Pero si nadie estaba dispuesto a declararla, todos esperaban que fueran otros los que tomaran la iniciativa. En efecto, cuando los dirigentes sindicales, libertarios o socialistas, hablaban en la primavera de 1936 de revolución como respuesta inevitable a un golpe de la derecha no hacían más que repetir una arraigada tradición de la cultura obrera española: la revolución, que se tenía por inevitable, fatal, como un parto de la naturaleza, como aurora que llega, se concebía sin embargo como defensa o respuesta a una acción emprendida por el enemigo de clase. Siendo dirigentes obreros, el arma de esa defensa será la huelga general que llevaba prendida en su convocatoria, cuando la acción enemiga tomara cuerpo, una insurrección armada.

Días de revolución

DÍAS DE REVOLUCIÓN

De modo que revolución, para los dirigentes obreros españoles, era la respuesta de sus sindicatos a una ofensiva del enemigo. Esto fue así durante toda la República para los anarquistas, que llamaron una y otra vez a la huelga general revolucionaria porque se creían objeto de ataques republicanos y socialistas desencadenados contra ellos. Pero fue también así para la UGT y los socialistas cuando proclamaron su derecho a la revolución como única forma de evitar el «ludibrio fascista» que se preparaba en España si la CEDA accedía al Gobierno. Al depender esta acción sindical de una iniciativa ajena rodeada por su propia naturaleza de incertidumbre, el rumor y la excitación propia de los acontecimientos que se saben inevitables, aun si se desconoce el momento exacto en que han de producirse, adquirían una importancia crucial para el comienzo de la acción revolucionaria. En un país con tan pésimas comunicaciones como España en 1936, los dirigentes sindicales tenían que llamar la atención de sus militantes para que no se dejaran llevar de rumores y no iniciaran ninguna acción hasta saber con certeza que el golpe se había producido y que la orden de responder había emanado de quienes tenían capacidad de decisión. Con esto, la iniciativa quedaba en manos del adversario, cuya acción, por definición, debía preceder a la de los revolucionarios, lo que les daba además un margen precioso de tiempo para actuar. Era una respuesta a lo ya iniciado por otros, no una acción incondicional, lo que se identificaba como revolución.

Por eso, lo primero que los militantes debían hacer era cerciorarse de que la hora de la respuesta había llegado; y como de eso no podían enterarse permaneciendo en sus casas, salían a la calle, a formar corrillos con los vecinos más cercanos, para dirigirse juntos a los lugares que se suponían depositarios de información fidedigna. Al confluir hacia ese centro emisor grupos procedentes de todos los rincones, la concentración aumentaba, los ánimos se exaltaban y no era insólito, sino más bien habitual, que comenzaran los enfrentamientos con las fuerzas de orden, especialmente con la Guardia Civil, que, policía rural como era, poco habituada a enfrentarse a concentraciones de campesinos ni a restablecer el orden en las ciudades, y mal equipada como estaba, carente de medios, excepto el fusil, provocaba incidentes irreparables que hacían más inminente «un estallido de cólera popular». Y en verdad, muchos de los conatos revolucionarios de los años treinta no pasaron, por su falta de preparación, su carácter espontáneo, su desencadenamiento y desarrollo, de estallidos de cólera popular que se saldaban con el resultado de varios muertos. Nadie dirigía la acción o nadie lo hacía con eficacia política: en el campo, en los pueblos, escribía Helmut Rudiger, delegado en España de la Asociación Internacional de Trabajadores, a la que pertenecía la CNT, cada año, especialmente en primavera, las acciones revolucionarias de masas comienzan casi siempre espontáneamente, sin estar dirigidas por ninguna organización[17]. Pero en las capitales no iba de otro modo: el rumor que corría en los atardeceres revolucionarios había que contrastarlo en los tradicionales lugares de encuentro de los militantes, que no eran la plaza, como en los pueblos, sino los bares, las esquinas o, cuando nadie sabía nada, la Casa del Pueblo. En Madrid, desde la tarde del 18 de julio de 1936 y durante todo el día siguiente, hacia allí acudió una inmensa multitud que impedía el acceso a los locales. «Esto que veo es el pueblo que se ha echado a la calle», se dice para sus adentros un personaje de ficción, Hamlet García, en su deambular por las calles de la ciudad durante esas horas[18].

El pueblo, identificado en el lenguaje sindical con la clase obrera, se ha echado a la calle para ofrecer resistencia al golpe militar que rápidamente se identifica como fascista: ha salido a la calle para responder al golpe; pero la sola respuesta a una ofensiva de la reacción es ya la revolución. Por eso, en Madrid, lo primero consistirá en rechazar lo que se está tramando a esas horas cerca de la Casa del Pueblo, en el palacio de Buenavista, sede del Ministerio de la Guerra, donde el presidente de la República ha llamado a los dirigentes de los partidos para ver cómo se sale de la crisis de gobierno que el golpe ha provocado: Santiago Casares no sabe qué hacer excepto ordenar la disolución de las guarniciones rebeldes y eximir a los soldados del deber de lealtad hacia sus jefes. Son órdenes sobre papel mojado, porque un rebelde, por definición, no obedece, y respecto al deber de lealtad, quien no lo cumpla es fusilado sobre la marcha: los primeros asesinados por los golpistas son los compañeros de armas que se muestran remisos o contrarios a seguir a los rebeldes en su acción; luego, si la rebelión triunfa, las primeras víctimas serán los gobernadores civiles y los alcaldes, inutilizando así la capacidad de respuesta contra la rebelión de lo que queda todavía en pie del aparato del Estado. Cuando ya tienen controlado un territorio, el fusilamiento tras el remedo de juicio sumarísimo definió a la implacable máquina represora de los rebeldes, desde que iniciaron la construcción de su nuevo Estado hasta que dieron por terminada, muy avanzados los años cuarenta, la labor de limpieza y depuración. Tratándose de un ejército que conquista posiciones, que ocupa pueblos y ciudades hostiles, los primeros momentos se caracterizaron por el desencadenamiento de una violencia ejecutada sobre el terreno: degüello, paseos, tiros en la sien a la vera de los caminos. Pero cuando se estabiliza el dominio, junto a los militares que juzgan y fusilan, quedando así para siempre vinculados por un pacto de sangre, aparecen los clérigos y los fascistas, movidos también como los militares por un ansia purificadora, por la urgencia de extirpar el virus que había alimentado a la anti-España contra la que ellos se habían sublevado.

El Gobierno quiere poner un dique a lo ya inevitable intentando convencer a los rebeldes de que depongan su actitud. Para eso debe presidirlo alguien capaz de entrar en contacto con ellos. En la noche del sábado 18, Azaña llamó al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, que era masón y que había mantenido trato con algunos cabecillas de la rebelión, para encargarle la formación de un Gobierno que desbordara por la derecha los límites del Frente Popular y no contara, por la izquierda, con los comunistas. Martínez Barrio lo intenta pidiendo a Sánchez Román y a Prieto su incorporación al Gabinete. El primero accede, pero Prieto, tras consultar con su partido, regresa con una respuesta decepcionante: el PSOE no se incorporará al Gobierno. Es, de nuevo, la estrategia de Largo Caballero la que se impone: esperar a que los republicanos caigan para ocupar ellos todo el poder. Martínez Barrio sigue, de todas formas, adelante; habla con algunos de los comandantes generales de las divisiones orgánicas y con el general Mola, jefe efectivo de la VI División, como le dice su titular, el general Batet, ya desposeído del mando: «Es tarde, muy tarde…», responde Mola a las consideraciones que le hace Martínez Barrio, que, a pesar de todo, a primeras horas de la mañana ha logrado formar un Gobierno a base de los tres partidos que habían firmado la nota de 14 de abril del año anterior: Izquierda Republicana, Unión Republicana y Partido Nacional Republicano; no es, obviamente, un Gobierno de Frente Popular[19].

Los intentos del Gobierno para llegar a un acuerdo, mientras los militares persisten en su rebeldía, encuentran rápidamente la oposición de socialistas, comunistas y anarconsidicalistas, que convocan una gran manifestación. Desde primeras horas de la mañana del domingo, día 19, hasta Martínez Barrio llegan las voces de los manifestantes exigiendo armas y gritando abajo el Gobierno. El recién nombrado presidente, fracasado en su gestión, y con los partidos obreros dirigiendo una manifestación contra su Gobierno, dimite: su presidencia habrá durado poco más de seis horas. Azaña habla por teléfono con Companys para informarse de cómo van las cosas en Barcelona y recibe una respuesta tranquilizadora: la rebelión está vencida; solo quedaba un núcleo de resistencia en la antigua Capitanía General. Convoca entonces al Palacio Nacional a los dirigentes de los partidos y sindicatos, inaugurando así una práctica que mantendrá en adelante, con objeto de resolver la crisis de manera que todos se sientan implicados en la fórmula que se adopte. De esa reunión, su amigo José Giral saldrá investido como presidente de un nuevo Gobierno parecido al anterior en que también está formado exclusivamente por republicanos, aunque a él no se incorpora el partido de Sánchez Román. Lo importante, con todo, es que Largo Caballero, que también ha acudido a la cita convocada por el presidente de la República, rechaza una vez más la participación socialista y solo da su visto bueno al Gobierno bajo la condición de que proceda a repartir armas a los sindicatos[20].

El reparto de armas marca un punto de no retorno en aquella revolución desencadenada por la rebelión. Por una parte, el Gobierno de la República pierde el control de los acontecimientos, pues carece de instrumentos propios para sofocar la rebelión y para encauzar o contener la revolución: no dispone del ejército que, cuando no se ha sumado a la rebelión, ha quedado inservible para controlar el orden interior; y no puede fiarse de las fuerzas de seguridad, aunque, por su particular carácter de fuerza militarizada, la Guardia Civil todavía podrá utilizarse en algunos lugares para dirigirla contra los rebeldes, como ocurrió en Barcelona; pero eso depende de lo que ordenen los mandos, por lo general desafectos. Tampoco dispone el Gobierno de aparato judicial, que se viene abajo por completo: los jueces no pueden cumplir su función, carecen de instrumentos para detener a los delincuentes o para incoar procesos a los cómplices de la rebelión. Con los obreros armados, las cárceles se abren de par en par y por sus puertas salen centenares de delincuentes que se hacen fácilmente con las armas repartidas a los sindicatos. No hay tampoco funcionarios que permanezcan en sus puestos para sostener la maquinaria del Estado. De hecho, el Estado, si no se esfuma, se derrumba. La revolución, pues, parece haber triunfado, al menos en lo que al territorio no controlado por los rebeldes se refiere. Cierto, quedan las instituciones de la República y nadie ha asaltado el Banco de España, pero el poder de esas instituciones se desvanece ante la patrulla que, en cada localidad, controla la salida y entrada de forasteros o que en las calles de la ciudad detiene a los transeúntes, exige documentación, cumpliendo funciones de policía sin control superior alguno.

Se diluye el poder del Estado porque revolución triunfante es, en España, ahora como en el siglo XIX, proliferación de comités que inmediatamente comienzan a organizar todo lo relacionado con la continuación de la lucha armada contra el agresor y con la represión de los enemigos de la revolución. Los comités proclaman con un manifiesto su propia existencia y el comienzo de un nuevo orden social. Se destruyen por medio del fuego los símbolos del viejo orden derrocado, se queman los archivos de ayuntamientos que guardan los registros de propiedad, se rocía de gasolina y se prende fuego a las iglesias, se da muerte a quienes se señala como enemigos de la clase obrera y de la revolución, a propietarios, clérigos, guardias civiles, mientras se deroga el dinero, se incautan empresas, se organiza el aprovisionamiento por medio de bonos o de vales, se patrullan las calles y se colocan guardias en las entradas de la carretera. En las capitales, cualquiera puede cruzarse con «milicianos que levantan el fusil y el puño y obreros con sus familias y un aspecto siniestro y festivo a la vez»; los comités sindicales carecen de recursos para controlar por sus propios medios a quienes entregan las armas y dejan campar por sus respetos a los milicianos y a los que se llamaban a sí mismos milicianos y se aceptaban como tales, «parodia trágica de organización militar», como los vio Arturo Barea, saliendo a la caza del hombre[21]. La simbología revolucionaria, impregnada de contenidos religiosos, con su lenguaje de redención por la muerte, giraba siempre en torno a la inevitable violencia que acompaña al alumbramiento del nuevo mundo, a la sangre que mana durante el parto y al fuego que limpia hasta reducir a cenizas el carcomido edificio destinado a desaparecer; la revolución se había soñado como destrucción de lo existente, como derrumbe de un mundo podrido y nuevo amanecer entre temblores de la madre naturaleza. Haber mostrado simpatías por la derecha, ser católico o propietario de un negocio, vestir bien, llevar sombrero, se convirtieron de pronto en razones para morir; bastaba una delación de cualquier procedencia para forzar la entrada en una vivienda de alguien que, por los motivos que sea, se considerara sospechoso de connivencia con los rebeldes, secuestrar a su ocupante, sacarlo a la calle, llevarlo hasta el primer descampado y descerrajarle un tiro en la cabeza.

Eso fue lo que ocurrió en media España como consecuencia directa de las abortadas o aplastadas rebeliones militares de julio de 1936. Con la rebelión derrotada, los militantes de partidos y organizaciones obreras se ven embargados de pronto por sentimientos de entusiasmo y alegría. Ha llegado la hora, esta vez la revolución va de verdad; se podía percibir en la mirada de las gentes: estalla la rebelión militar, recuerda Moreno Villa, e «inmediatamente se produce un cambio de actitud en la servidumbre de la Residencia de Estudiantes: unas cuantas mujeres aleccionan a las demás y comienzan a mirarnos como a burgueses dignos de ser arrastrados». Alejandro Vitoria, de las Juventudes Socialistas, rebosaba de felicidad en su nuevo cometido devolviendo boletos de empeño porque con su acción pensaba estar «derribando los valores del capitalismo burgués». En aquellos días, la revolución les «estaba mirando cara a cara», estaba allí presente, y era fabulosa. Tanto entusiasmo viene motivado porque la revolución hace surgir «comités en todos los barrios, espontáneamente, montando comedores comunales, requisando comida, extendiendo vales». Se diría que este es el lenguaje de la revolución libertaria, comités espontáneos, vales, requisiciones de alimentos, igualitarismo, destrucción de valores burgueses…, pero quien así muestra su entusiasmo por la revolución es Rafael Hernández, un militante de la UGT de Asturias[22].

Hemos sido los destructores por excelencia, escribe el secretario general de la CNT. Destructores por excelencia del capitalismo y del Estado, eso es en efecto lo que fueron. Destructores que creían que bastaba el acto de demolición para que de las ruinas del orden viejo surgiera un nuevo orden armónico, sin que fuera preciso ningún tipo de trabajo político para crear un nuevo poder por encima de los comités sindicales que comenzaban a gestionar las empresas requisadas, las tierras colectivizadas, los servicios públicos incautados, por no hablar de las milicias enviadas a contener al enemigo. Y eso es lo que define a la revolución española del verano de 1936: que el nuevo poder que a duras penas se levanta sobre las cenizas del Estado es el poder de comités sindicales. La teoría ya lo había establecido, pero un testimonio valdrá en esta ocasión por toda la teoría: «Aunque éramos antiautoritarios, de pronto nos convertimos en la única autoridad que allí había. El comité local de la CNT tuvo que hacerse cargo de la administración, el transporte, los suministros de víveres, la sanidad. En resumen, nos tocó dirigir el barrio». La situación se repite en todos los planos: el barrio, el pueblo, la fábrica, la tienda, la explotación agraria. Y será en esos comités sindicales, de la CNT en ocasiones, de la UGT en otras, o de ambos muchas veces, en donde «debe encontrar su estructura la nueva sociedad española», de la misma manera que serán los sindicatos obreros los que constituyan la base de la verdadera democracia y el instrumento de la nueva economía[23].

Pero los sindicatos —UGT como CNT— procedieron a realizar una profunda revolución social desdeñando el problema central de toda revolución política: la toma revolucionaria del poder más allá del límite de su acción directa. Es significativo que en Madrid como en Barcelona los dirigentes sindicales actuaran de idéntica manera. En Barcelona eran ellos los amos, pero García Oliver, Durruti, Abad de Santillán atendieron solícitos la llamada de Lluís Companys y se presentaron en el palacio de la Generalitat solo para confirmarlo en la presidencia y asegurarle que podía contar con su apoyo. En Madrid, la situación fue similar: Martínez Barrio tuvo que renunciar ante la multitud que exigía armas; pero Largo Caballero, que hubiera podido tomar el Gobierno con solo haber alargado la mano, lo que tomó fue el tranvía para ver qué se le ofrecía al señor presidente del Gobierno y, cuando este dimitió, al señor presidente de la República. Rechazó cualquier posibilidad que no fuera la entrega de armas a las organizaciones obreras decretada en debida forma por un presidente de Consejo republicano. García Oliver y Largo Caballero compartían una cultura sindical mucho más cercana de lo que las luchas entre las organizaciones de las que eran dirigentes podía hacerles sospechar: ambos creían que la revolución social era abolición del capitalismo y disolución del Estado, y que el solar así deshabitado lo ocuparían automáticamente los sindicatos con solo declarar una huelga general.

Ocurría, sin embargo, que además de la revolución había una rebelión, o mejor, había revolución porque antes había habido rebelión. Y la rebelión estaba lejos de haber sido derrotada. En Madrid y en Barcelona, sí; pero en Zaragoza la poderosa organización de la CNT quedó destrozada en horas, lo mismo que ocurrió en Sevilla, también lugar fuerte del sindicalismo y de la UGT; y en Valencia no se sabía muy bien por dónde habría de romper la situación: hasta finales de julio, los militares acuartelados no se rindieron a la evidencia de que habían perdido la partida. Por no hablar de las capitales de Castilla la Vieja, o de Navarra, donde la rebelión triunfó con el apoyo de buena parte de la población: Burgos, Zaragoza, Pamplona, Sevilla, capitales todas del interior que garantizaban a los rebeldes un dominio territorial desde el que iniciar la ofensiva, disponiendo, como era el caso, de un ejército mal dotado pero prácticamente intacto en sus jerarquías. Allí, el poder del Estado republicano y de las organizaciones obreras no es que se diluyera, sino que fue literalmente exterminado: alcaldes, concejales, dirigentes de partidos republicanos y obreros, líderes sindicales fueron fusilados o asesinados sobre la marcha. En Salamanca, Miguel de Unamuno, que había saludado la rebelión, acabaría por escribir desolado: «es un estúpido régimen de terror. Aquí mismo se fusila sin formación de proceso y sin justificación alguna […] Y es que nada hay peor que el maridaje de la mentalidad de cuartel con la de sacristía»[24].

Ante la disolución del Estado republicano, el fracaso de la rebelión en las principales capitales, su triunfo en varias capitales del interior, y la amenaza que viene de los territorios en poder de los rebeldes, surgen por todas partes iniciativas para poner en pie poderes regionales que organicen lo necesario para la defensa, el mantenimiento de la producción, el abastecimiento. El propósito común es que esos nuevos órganos de gobierno representen al mayor número de organizaciones que hacen frente a la rebelión. En Cataluña, el golpe de Estado y la inmediata revolución aceleraron el proceso de fusión de Unió Socialista de Catalunya, Federación Catalana del PSOE, Partit Comunista Proletari y Partit Comunista de Catalunya en una nueva formación que desde el 23 de julio tomó el nombre de Partit Socialista Unificat de Catalunya y se adhirió de inmediato a la Internacional Comunista. Dos días antes, la CNT había accedido a la solicitud de Companys para formar un Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, con una representación de todos los partidos y sindicatos, que quedó formada por tres miembros de Esquerra, uno de Acció Catalana, uno de la Unió de Rabassaires, del PSUC, del POUM, dos de la FAI, tres de CNT y otros tres de UGT, sindicato bajo inmediato control del PSUC. El Gobierno de la Generalitat sufría varias modificaciones con objeto de dar entrada al mayor número de partidos y sindicatos posible, hasta que a finales de septiembre se constituyó, presidido por Josep Tarradellas, un nuevo Gobierno en el que estaban representados, con la izquierda republicana, los comunistas del PSUC y del POUM, y la CNT. Alianza de fuerzas más que dispares, enfrentadas, muy pronto inviable, aunque dispuso de tiempo suficiente para reafirmar su poder decretando que en el territorio bajo control de la Generalitat solo tendrían fuerza de obligar las disposiciones publicadas en el Diari Oficial y creando un ejército de Cataluña. La lejanía del frente y la insoluble debilidad del Gobierno de la República favorecía la especie de independencia de hecho a la que se encaminaban las medidas adoptadas por la Generalitat en los primeros meses de guerra.

En el País Vasco, las cosas discurrieron de otra manera: en Álava la rebelión triunfó sin apenas resistencia, como había ocurrido en Navarra, donde contó además con un amplio apoyo popular. En Vitoria y Pamplona, el PNV aprobó una declaración manifestando que por su ideología católica y fuerista no podían unirse al Gobierno de la República. En Guipúzcoa, sin embargo, la rebelión fue ahogada por la resistencia de los partidos de izquierda y los sindicatos, que sustituyeron al poder legal y organizaron la defensa hasta la caída de San Sebastián en manos de los rebeldes, a mediados de septiembre. En Vizcaya no hubo rebelión y pudo mantenerse la autoridad del Estado: gobernador civil y mandos militares lograron controlar la situación, evitando la persecución de clérigos y la quema o despojo de iglesias. En ambos casos, y tras los primeros momentos de incertidumbre, los respectivos comités del PNV declararon su lealtad a la República, «en consonancia con el régimen democrático y republicano que fue privativo de nuestro pueblo en sus siglos de libertad», según rezaba la declaración preparada por el Bizkaia Buru Batzar. Fue una declaración que encontró cierta resistencia, ya que no faltaban quienes creyeran que el PNV debía mantener una posición de neutralidad, juzgando que se trataba de una guerra entre españoles en la que nada se había perdido a los vascos[25]. La situación no acabaría de definirse por completo hasta que la Junta de Defensa de Vizcaya fue sustituida por un Gobierno bajo la presidencia de José Antonio Aguirre, con las principales consejerías en manos del PNV y con presencia de socialistas y comunistas, tras la concesión del Estatuto de Autonomía por las Cortes de la República reunidas el 1 de octubre. De todo el País Vasco, no quedaba para entonces bajo control del nuevo Gobierno más que la provincia de Vizcaya, excepto Ondarroa, y el importante centro industrial de Éibar.

Dentro de la diversidad de situaciones producidas por la rebelión militar, la de Valencia ofrece una curiosa originalidad: los militares sublevados permanecieron dentro de los cuarteles en actitud expectante durante dos semanas, hasta que finalmente los militares republicanos y los obreros, que mientras tanto habían dominado los puntos clave de la ciudad y formado desde el día 22 un Comité Ejecutivo Popular, con un representante de cada partido y dos de cada sindicato, decidieron asaltarlos a principios de agosto. En muchos pueblos, los comités sindicales, formados por CNT y UGT, sustituyeron a los ayuntamientos republicanos y procedieron a desarmar a la Guardia Civil y a controlar las salidas y entradas de las poblaciones. El Gobierno de la República envió una Junta Delegada para entrevistarse con el general Martínez Monge y exigirle el traspaso de poderes. Si la Junta pudo cumplir con algunas de las funciones relacionadas con el abastecimiento y esfuerzo de guerra, los que en realidad controlaron la situación fueron los comités locales formados por los sindicatos que, como en otras zonas del territorio de la República, comenzaron las requisas, la represión, la incautación de talleres, fábricas y tierras. La producción industrial se puso de nuevo en marcha bajo el control de los comités de fábrica formados por militantes de la CNT y la UGT, como ocurrió también con parte de la superficie agrícola, aunque el volumen de las colectivizaciones no pasó del 13,18 por 100 de la cultivada, a diferencia de zonas de latifundio de Andalucía y Castilla la Nueva, donde superaron en muchos casos el 50 por 100[26].

Comités o consejos de la misma naturaleza y con idéntico origen se formaron también en Asturias, Santander, Aragón, hasta el punto de que el vacío dejado por el hundimiento del Estado central fue sustituido por esta floración de poderes regionales con una composición variable según la relación de fuerzas en presencia, pero que, en todo caso, se caracterizaron por la búsqueda de alianzas entre los partidos políticos y los dos grandes sindicatos bajo el predominio de estos. No era solo que los comités fuesen la forma clásica de organización sindical, sino que los sindicatos eran en ellos la fuerza dominante, con los partidos en posición subordinada. A medida que pasaban las primeras semanas de rebelión y revolución se hacía más evidente que el Gobierno de la República, además de perder el control de los territorios caídos en manos de los militares sublevados, era incapaz de gobernar con eficacia los que habían quedado bajo su autoridad nominal. La consecuencia fue que nadie ejerció durante esas decisivas semanas un poder central efectivo y que los republicanos se esfumaron como fuerza política tras el dominio obrero que, por su parte, desatendió la tarea de reconstruir un poder estatal, fenómeno a la postre inevitable porque los agentes de la revolución habían sido dos sindicatos y los sindicatos carecen de recursos para tomar y gestionar el poder político. En España, sobre todo, los dos sindicatos eran fuertes en los ámbitos locales, en algunas industrias y empresas, pero débiles en sus estructuras centrales. La CNT, como escribía el secretario de la AIT, era un «conglomerado de federaciones regionales sin ninguna disciplina de conjunto»[27]; pero en la UGT, más centralizada y burocratizada, las sociedades adheridas gozaban de gran autonomía y la comisión ejecutiva dejaba una infinidad de decisiones a la iniciativa de las federaciones de industria adheridas. Por eso, la revolución española de 1936 fue tan profunda en lo social y, a la vez, tan frágil en lo político.

Cambio de Gobierno: los sindicatos en el poder

CAMBIO DE GOBIERNO: LOS SINDICATOS EN EL PODER

Encubriendo bajo su manto una revolución social incapaz de organizar eficazmente la defensa, la República solo cosechó desastres en el exterior y retrocesos continuos en el interior. En el exterior, porque la política de no intervención elaborada en el mes de agosto por Francia y Gran Bretaña sirvió de tapadera para que Alemania e Italia acudieran solícitas en ayuda de los rebeldes. En el interior, porque las milicias que habían sido la expresión armada de este nuevo poder sindical se mostraron ineficaces para la batalla en campo abierto y ofrecer una eficaz resistencia a las tropas sublevadas que avanzaban desde Andalucía, por Extremadura, camino de Madrid. Las consecuencias de estos hechos hicieron insostenible hacia finales de agosto la continuidad del Gobierno republicano. Como Luis Araquistáin, principal ideólogo de la izquierda socialista, escribió a Largo Caballero el día 24, «virtualmente, el Gobierno republicano está muerto. No tiene autoridad ni competencia, ni decisión para hacer la guerra a fondo y acabarla con una victoria absoluta y revolucionaria […] La continuación de este Gobierno está comprometiendo la victoria y, en todo caso, la prolonga innecesaria y peligrosamente». Tenía razón, aunque silenciara la responsabilidad que a los mismos socialistas cabía en esa muerte por su obstinada resistencia a todas las medidas que hubieran dado al Gobierno aquella autoridad y la competencia que Araquistáin tanto echaba de menos[28].

En todo caso, Giral creyó que era llegado el momento de sacar las consecuencias de esta situación y decidió «entregar a S. E. el Presidente de la República los poderes que recibió de él y con ellos la dimisión de todos los ministros», añadiendo en la misma carta que debía formarse un Gobierno capaz de «representar a todos y cada uno de los partidos políticos y organizaciones sindicales u obreras de reconocido influjo en la masa del pueblo español, de donde nacen siempre todos los poderes». El presidente de la República, que creía a los dirigentes sindicales culpables del desbarajuste, despilfarro de tiempo, energía y recursos, y de la parálisis del Gobierno, no tuvo más remedio que plegarse y aceptar como un hecho consumado la traslación de poder, aunque no era capaz de ver en Largo Caballero a un Lenin redivivo y estaba convencido de su fracaso: se hundirá, decía, pero la República con él. Largo Caballero era, sin embargo, como de él escribió el periodista y agente de la Internacional Comunista Mijail Koltsov, la figura más destacada y respetada del movimiento sindical y, si los sindicatos detentaban el poder, era inevitable que el secretario general más respetado ostentara la presidencia del Consejo[29].

Se cumplía así, por otra parte, el plan que Largo había acariciado desde el fracaso de la revolución de octubre: no participar en ningún Gobierno como mero aliado de los republicanos. Es verdad que ese plan contemplaba, cuando los republicanos cedieran el paso, la formación de un Gobierno exclusivamente obrero, pero la rebelión no había sido derrotada por la huelga general, y era preciso tener en cuenta el conjunto de fuerzas combatientes además del mantenimiento de la legalidad republicana. Entre «la formación de un Gobierno de nuestra izquierda» y un Gobierno mixto, como escribía Araquistáin, no cabía duda: el presidente de la República no aceptaría la primera opción. Había que formar por tanto un Gobierno al que se incorporaran los socialistas de la otra tendencia, los republicanos, los comunistas y, eventualmente, la CNT. Un gobierno, aconsejaba Araquistáin, que no despertara alarmas en el interior ni en el exterior y que podría ser «un gran Gobierno de guerra y al mismo tiempo, sin decirlo, un gran Gobierno revolucionario». Para formarlo, Largo Caballero se dirigió, como secretario general de la UGT, a los partidos socialista, comunista, republicanos y a los confederales, proponiéndoles una distribución de carteras que serían ocupadas por los designados por los mismos partidos y sindicatos. Era un procedimiento de formación de gobiernos por el que los ministros actuaban más como representantes de sus formaciones en el poder central que como miembros de un equipo de la confianza de su presidente.

Por parte de los republicanos, no hubo problema: el anterior presidente del Consejo, José Giral, accedió a seguir en el Gobierno como ministro sin cartera, mientras Bernardo Giner de los Ríos se mantenía en Comunicaciones y Marina Mercante, y Julio Just, en Obras Públicas; el PSOE envió a tres «representantes»: Prieto, que se hizo cargo de Marina y Aire; Negrín, que asumió Hacienda, después de descargar su irritación diciendo que la formación de ese Gobierno era peor que perder Getafe, y Anastasio de Gracia, que se ocupó de Industria y Comercio. La UGT designó al mismo presidente, que se hizo cargo también del Ministerio de la Guerra; a Julio Álvarez del Vayo para Asuntos Exteriores y a Ángel Galarza para Gobernación, aunque ninguno de los dos había sido nunca dirigente sindical. Los comunistas, a pesar de sus esfuerzos por quedar fuera del Gobierno, siguiendo las instrucciones de la Internacional, convencida de que así sería más fácil preservar la unidad del Frente Popular o, simplemente, de que esa política suscitaría menos recelos en Francia y Gran Bretaña, cedieron a las presiones de Largo y se hicieron cargo de Instrucción Pública y Agricultura: mantenerse al margen del Gobierno, escribía José Díaz, habría creado una situación muy peligrosa[30].

Quedaban los nacionalistas vascos y la CNT. Los primeros, después de la visita de una delegación presidida por José Antonio Aguirre, pactaron su incorporación a cambio de una rápida aprobación del Estatuto que posibilitara la formación de un Gobierno autónomo presidido por el propio Aguirre. Alcanzado el acuerdo, Manuel Irujo se incorporó al Gobierno como ministro sin cartera el 25 de septiembre, y pocos días después, el 1 de octubre, el Gobierno presentaba a las Cortes el proyecto de Estatuto, aprobado sobre la marcha. En la imposibilidad de convocar elecciones, Aguirre fue elegido por los concejales de los ayuntamientos vizcaínos presidente del Gobierno autónomo el 10 de octubre y rápidamente formó un Gobierno en el que los nacionalistas se reservaron las áreas fundamentales: Presidencia, Defensa, Justicia y Cultura, Gobernación y Hacienda. No tuvo ningún problema para dejar a la CNT fuera de este Gobierno, que quedó, por lo tanto, como de coalición nacionalista, socialista y comunista, con una clara hegemonía de los primeros. Este será el Gobierno que a partir de entonces se haga cargo de la conducción de una guerra que en el País Vasco tuvo su propia dinámica, determinada por la naturaleza del partido hegemónico, nacionalista y católico, que mantuvo las iglesias abiertas y las industrias en manos de sus propietarios y que cuidó del orden público evitando la actuación de patrullas y los asesinatos indiscriminados, salvo a principios de enero de 1937, cuando, por represalias contra los bombardeos, se produjo la matanza de más de doscientos presos en Bilbao.

La CNT quedó también fuera del Gobierno de la República, pero no porque se la excluyera, sino porque se tomó dos meses exactos para renunciar a un elemento central de su visión del mundo: su antiestatismo y su antipoliticismo, con el consiguiente rechazo a participar en cualquier Gobierno. La guerra ya se había encargado de arruinar los principios en los que se sostenía esa visión y había determinado la participación de sindicalistas en la más variada clase de comités junto a militantes de la UGT y de los partidos políticos. En el Pleno Nacional de Regionales, celebrado por la CNT el día 3 de septiembre para estudiar el ofrecimiento de Largo Caballero, se presentó la propuesta de crear en cada ministerio unas «juntas asesoras» formadas por dos representantes de la UGT, otros dos de la CNT y dos más del Frente Popular: cuatro sindicales por dos políticos. Dos semanas después, y en el último intento de forzar una alternativa de Gobierno vergonzante, el Pleno de Regionales reunido el 15 de septiembre aprobó la propuesta, presentada por las delegaciones catalana, levantina y asturiana, y firmada por Federica Montseny, Juan López y Aurelio Álvarez, de formar en Madrid un Consejo Nacional de Defensa, compuesto por cinco delegados de la UGT, sutilmente identificados como «marxistas», otros cinco de la CNT, y cuatro procedentes de los partidos republicanos; el presidente de tal Consejo sería Largo Caballero y como presidente de la República se mantendría a Manuel Azaña, siempre que actuase «con el mismo espíritu que viene observando hasta la fecha»[31]. A estas alturas, la CNT aceptaba ya que lo principal, más que seguir con la revolución, era ganar la guerra, como aceptaba también que para ganarla era preciso un esfuerzo común y una dirección coordinada. La cuestión radicaba todavía en que un Gobierno era por definición el alto órgano de la política, mientras que un comité o un consejo, aunque asumiera funciones de gobierno, seguía siendo un comité o un consejo, o sea, un órgano creado desde abajo en el que los sindicatos se reservaban la posición dominante.

La CNT necesitó celebrar varios plenos más para pasar de la convicción, expresada ya este 15 de septiembre, de que «no había solución posible en el estado en que nos hallamos sin una coordinación más eficaz de fuerzas y la creación de un organismo aglutinante de las mismas que consiga abatir al fascismo en todos los frentes», a la de aceptar, en las peores condiciones posibles, su incorporación al Gobierno. En el último pleno convocado para debatir este asunto, el 18 de octubre, los reunidos se limitaron a delegar en el comité nacional que negociase la participación de la CNT en el Gobierno de la República. Horacio Martínez, que presidía ese comité nacional, era de tiempo atrás un partidario de la integración y su tarea consistió en establecer las condiciones en que los confederales se incorporarían al Gobierno: no se contentaba con los dos ministerios que Largo Caballero les había ofrecido; pensaba que eso era rebajar a la CNT al mismo nivel que los comunistas, una fuerza claramente inferior. Exigió cuatro carteras, una más de las asignadas sobre el papel a la UGT.

Las obtuvo: el 4 de noviembre, con los rebeldes en las puertas de Madrid, Largo Caballero comunicó a Azaña la remodelación de su Gobierno: salían Ruiz Funes y Tomás i Piera, y se dividían dos ministerios para hacer sitio a las nuevas incorporaciones de la CNT, además del republicano Carlos Esplá en el nuevo Ministerio de Propaganda y Jaume Ayguadé, que aceptó un ministerio sin cartera. El presidente de la República, desolado, consideró la posibilidad de dimitir ante la presencia de alguien como García Oliver al frente del Ministerio de Justicia y ante los modos más bien desconsiderados de Largo Caballero en la tramitación de todo el asunto, haciendo públicos los nombramientos antes de someterlos a la firma presidencial. Ante su irritación y protesta, Largo atendió la petición de enviarle por escrito las razones de esa incorporación con una carta en la que explicaba que si se había visto en el trance de pedir la autorización para publicar los decretos designando a los nuevos ministros sin esperar a que estuviesen firmados se debía exclusivamente a la urgencia del caso, y le hacía constar que los nuevos ministros de la CNT habían sido «designados libremente por su organización» y que él se había limitado a aceptarlos siguiendo el mismo criterio observado con los partidos políticos. Al fin, desde Montserrat, donde se había medio retirado unas semanas antes, Manuel Azaña aceptó con amargura la presencia, en un Gobierno de la República por él presidida, de cuatro militantes de la CNT: Juan García Oliver, Juan Peiró, Juan López y Federica Montseny, firmantes los dos últimos de aquella propuesta de Consejo Nacional de Defensa con que la CNT había pretendido sustituir al Gobierno[32].

De modo que entre el 4 de septiembre y el 6 de noviembre de 1936 se desarrolló en el territorio que permanecía leal a la República un proceso político que acabó por llevar por vez primera en la historia europea a la participación de católicos, nacionalistas, republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas en un Gobierno de coalición. Consejos que habían asumido el poder sin el refrendo oficial, gobiernos formados al amparo de los estatutos de autonomía, como los de Euskadi y Cataluña, todos se caracterizan, como el mismo Gobierno de la República, por la coalición de fuerzas dispares, cada una con sus propias tradiciones y con sus metas, no siempre coincidentes; todos surgidos de la previa destrucción del normal funcionamiento del Estado por la doble acción de una rebelión y una revolución; todos actuando como poder supremo en sus propios territorios; todos animados, por encima de sus diferencias, por la convicción de que para hacer avanzar sus objetivos particulares era preciso ganar antes la guerra. No fue la divisoria entre ganar la guerra o hacer la revolución lo que escindió a los leales a la República; fue más bien que con gobiernos que acogían a organizaciones de tan diversa naturaleza y objetivos era imposible evitar las luchas por la hegemonía.

De momento, el Gobierno y todos sus ministros reafirmaron como tarea prioritaria la de ganar la guerra: para eso se había formado este Gobierno de «unidad nacional» y a conseguirlo se iba a aplicar. Por supuesto este era el objetivo proclamado desde siempre por los comunistas: «ganar la guerra es lo que determina la acción de nuestro Partido en estos momentos», dirán en su primer pleno ampliado. Pero se trata de una tesis compartida por todos y elevada a núcleo del programa ministerial enunciado en la primera declaración del nuevo Gobierno, que subordina al triunfo sobre la rebelión «cualesquiera otros intereses políticos, dando de lado a diferencias ideológicas puesto que de momento no puede existir otro afán que el de asegurar el aplastamiento de la insurrección»[33]. Propósito que comparten o pregonan al pie de la letra los nuevos ministros de la CNT, como García Oliver cuando exige «la supeditación absoluta de nuestra vida y de nuestras actividades a la guerra». La CNT nunca había pensado que la revolución tendría que enfrentarse a una guerra, y cuando se encontró metida en ella, sus dirigentes reaccionaron supeditando las realizaciones revolucionarias a la necesidad previa del triunfo militar: incluso el ideal soñado del federalismo les pareció «no practicable» en una situación de guerra. De momento, «lo primero era ganar la guerra», ya que la revolución no podía ser sino «resultante de la guerra popular». Tal es la doctrina oficial de la CNT cuando su secretario general explica a un redactor del Manchester Guardian que el único objetivo de la hora actual consiste en ganar la guerra y que no queda tiempo para discutir los proyectos anarquistas, comunistas o republicanos; una idea repetida por el secretario general del PCE cuando decía: «comunismo libertario, dictadura del proletariado, socialismo de Estado, República federal: ya hablaremos de todo eso. Cuando el pueblo haya vencido, entonces el pueblo soberano dirá qué gobierno quiere darse»[34].

Por debajo de esta identidad de propósito corría un similar discurso de la guerra que la tenía como lucha por la independencia nacional, contra la invasión extranjera o contra el fascismo; era el pueblo español contra fuerzas mercenarias. Ante la necesidad de formar consejos y gobiernos de coalición y de definir estrategias políticas unitarias con las que hacer frente al avance de los rebeldes, el lenguaje de revolución, que dominó las primeras semanas, fue haciendo un hueco a un nuevo lenguaje que exaltaba la unidad de la nación y el heroísmo del pueblo contra el invasor. Como decía Federica Montseny, lo único que podía unir a los «camaradas de todas las tendencias, republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas» era «el espíritu indómito de la raza». Definir lo que estaba ocurriendo como una «guerra antifascista que debe asegurar la independencia del país» es frase de la cosecha de García Oliver, que culpaba a la falta del «gran principio nacional» el hecho de que, a pesar del esfuerzo derrochado, los meses de guerra no habían servido para avanzar ni un solo paso. Lenguaje de los dirigentes de la CNT que pudo haber sido, sin modificar nada, el de los dirigentes del PCE: cuando se cumplían cinco meses desde que estalló «la rebelión militar fascista», la guerra se había transformado en «una guerra nacional, una guerra por la independencia de España, gracias al apoyo descarado que los fascistas alemanes, italianos y portugueses han prestado a los facciosos». Lo que hoy tenemos, dirá José Díaz tres meses después, es «una guerra de liberación nacional, una guerra de independencia de nuestra nación». Y su partido aprobará una resolución diciendo que la guerra impuesta al pueblo español se había transformado «de guerra de defensa de nuestro pueblo contra la rebelión militar de los oficiales fascistas y traidores a su patria, en una guerra de independencia nacional contra la invasión militar colonizadora del imperialismo fascista de Alemania e Italia». Un lenguaje, por cierto, en el que anarquistas y comunistas podían encontrarse en sintonía con el presidente de la República, Manuel Azaña, que tanto gustaba de evocar la guerra de Independencia cada vez que hablaba de «esta guerra» que le había tocado presidir[35].

Ese lenguaje estuvo lejos, por tanto, de ser exclusivamente comunista. Nada más cercano, a este respecto, de un discurso de Federica Montseny que otro de Dolores Ibárruri, dos mujeres expertas en el arte de la oratoria de masas. Para la primera, era evidente un «parentesco racial» y una identidad esencial entre el esfuerzo de un Viriato y un Durruti acaudillando a una masa entusiasta que se transformaba por la acción en un pueblo con un solo pensamiento, una sola voluntad, un solo brazo. Es esa «unidad nacional contra el invasor extranjero» lo que permite a la dirigente anarquista definir la lucha como «guerra antifascista que debe asegurar la independencia del país, o como magnífico movimiento popular contra la asonada fascista, heroica lucha que prosigue aún enfrentándose el ejército del pueblo y las hordas que han invadido el suelo ibérico». Pero la dirigente comunista no habla otro lenguaje: nuestra lucha, dice en una alocución dirigida al pueblo argentino, «que en los primeros días del movimiento pudo calificarse de guerra civil, perdió pronto este carácter para transformarse rápidamente en guerra de independencia. Quieren someternos, esclavizarnos, pero no será. El alma de España, de nuestra España, de la España popular, se ha forjado indomable y grandiosa a través de los siglos». Las mujeres de Sagunto, de Numancia, de los Comuneros de Castilla, de los agermanados de Valencia y de Mallorca, de los payeses de Cataluña, las Agustina de Aragón, María Pita, María Pineda, volvían a vivir en las Aida Lafuente, las Lina Odena, las mujeres de Asturias, las mujeres de Madrid, que Dolores Ibárruri señalaba como ejemplo heroico de mujeres españolas dispuestas a defender el suelo de la nación contra la invasión extranjera[36].

Nada de extraño tendrá, por tanto, que de similares planteamientos estratégicos y de tan cercanos discursos de guerra se deriven parecidas consecuencias prácticas. Ante todo, la urgencia de establecer lo que Juan López llama una «unidad férrea sobre dos casos»: la organización militar y la económica. Los ministros de la CNT aceptan y hasta preconizan la creación de una organización militar «unificada férreamente» y la necesidad de disciplina, mando único y la más estrecha y cordial unión. Es conocida la insistencia comunista en el hierro y el acero como metáforas del ejército popular que pretende poner en pie; pero los confederales no les fueron a la zaga ni se mostraron tampoco escrupulosos en la utilización de métodos coactivos para garantizar esa férrea unidad: mando único, ejército regular e imposición de disciplina en la retaguardia. Como no dejaron tampoco de denunciar el sentido «propietarista de los comités de control» que se vieron obligados a combatir con toda energía. Un notorio dirigente de la FAI, Diego Abad de Santillán, reconocía que de la militancia sindical revolucionaria había surgido «el fenómeno social de los asaltos a mano armada» y denunciaba a los responsables de los comedores populares que «salían directamente a requisar víveres» arruinando así la economía de la región. Juan Peiró, titular del Ministerio de Industria desde noviembre, reconocía que la economía se hundía de un modo casi vertical a consecuencia de las incautaciones realizadas de manera improvisada y de las diferencias existentes entre industrias incautadas y colectivizadas. Lo notable, con todo, es que la fórmula ideada por los dirigentes de la CNT para remediar esta situación era idéntica a la comunista: articular en un solo organismo nacional el elemento rector de nuestra economía, de manera que se impidiera la acción caótica producida en la economía al mantener «la separación de unos pueblos contra otros»[37].

Idéntica coincidencia es perceptible en la amplitud que según las diferentes organizaciones representadas en el Gobierno debían alcanzar las colectivizaciones y nacionalizaciones. No hay una disparidad radical entre la política muy pronto defendida por los comunistas de respetar al pequeño propietario agrícola y considerar archisagrado el fruto del trabajo del labrador y lo que Mariano R. Vázquez decía al corresponsal británico cuando le aseguraba que «la pequeña propiedad, el pequeño comercio, los artesanos serán respetados» y que serían castigados los ataques contra ellos. Respetar implicaba no obligar a colectivizar su tierra si no era ese su deseo ni someterle a requisas del fruto de su trabajo. En este punto, el acuerdo no se limitaba a los dirigentes: el Congreso Regional de Campesinos de Cataluña, de la CNT, aprobó por unanimidad, en septiembre de 1936, antes por tanto de que los confederales participaran en el Gobierno, respetar el cultivo de los pequeños propietarios «siempre que esto no obstaculice o dificulte el desarrollo de los núcleos que se colectivicen». Es evidente, por lo demás, que la CNT no procedió a colectivizar la tierra en Cataluña, ni siquiera cuando eran los amos, por emplear el lenguaje de García Oliver. Hubo una colectivización parcialmente forzada en Aragón por grupos armados procedentes de otras localidades, pero ni Cataluña ni Valencia ni amplias zonas de Andalucía que no cayeron en manos de los rebeldes presenciaron colectivizaciones de tierra a gran escala[38].

La cuestión, por tanto, no radicaba ni en fórmulas de gobierno, ni en estrategias políticas y ni siquiera en discursos de la guerra. La cuestión, una vez formado el Gobierno de Largo Caballero e incorporados a él representantes de todos los partidos y sindicatos, consistirá en saber quién iba a ser capaz de llevar a la práctica el discurso de unidad nacional y de guerra de independencia, la necesidad de disciplina y creación de un ejército, el orden en retaguardia, el respeto de la pequeña propiedad; quién podría reducir la dispersión de organismos y conducir la disparidad de fuerzas a una meta común creando los instrumentos precisos; o sea, quién iba a dirigir aquella eclosión de fuerzas dispares que había puesto en marcha la rebelión. Como expresión del evidente dominio de los sindicatos obreros de las primeras semanas de revolución, tocaba el turno al dirigente sindical más respetado; dependería en buena medida de cómo saliera de la prueba que esta fórmula de amplia coalición de partidos y sindicatos se convirtiera en gobierno eficaz para los objetivos de ganar la guerra y perdurable como expresión de una coalición obrera y republicana.

Luchas por la hegemonía

LUCHAS POR LA HEGEMONÍA

El 1 de octubre de 1936, mientras un general, Francisco Franco, era investido por sus compañeros de armas como jefe del Gobierno del Estado y generalísimo de los ejércitos, un antiguo estuquista, secretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero, presentaba en Madrid su Gobierno a las Cortes de la República, convocadas por vez primera tras la rebelión militar. Poco dado a pronunciar grandes discursos en el Parlamento, Largo expresó de forma lacónica su principal objetivo: ganar la guerra y vencer al fascismo tanto en el frente, en las trincheras, como en la retaguardia, en los privilegios de orden político, jurídico, económico y social de que habían disfrutado las clases dominantes de la sociedad española. Pero todo esto, vencer al fascismo, ganar la guerra, cambiar el orden económico y social, no pasaría de ser palabras si no se procedía a la reconstrucción del Estado. Para comenzar la obra había que levantar un verdadero ejército de la atomización en que se movían las milicias, recuperar para el Gobierno el poder político disperso en una miríada de unidades, y en fin, internacionalizada ya la guerra civil, buscar aliados exteriores donde los hubiera.

Comenzó por donde más dolía: reorganizando los mandos militares, nombrando al coronel Asensio, después de ascenderle a general, jefe del teatro de operaciones del Centro, que debió abandonar enseguida tras los sucesivos fracasos de las ofensivas dirigidas para recuperar Talavera; y constituyendo un nuevo Estado Mayor Central, del que saldrá el núcleo de militares profesionales llamado a alcanzar notoriedad en el curso de la guerra: Antonio Cordón, Segismundo Casado y, sobre todo, Vicente Rojo, que ocupará desde el 20 de octubre la segunda jefatura junto a Manuel Estrada. Tanta importancia como esta incipiente recomposición de la unidad de mando tuvo el decreto de 18 de septiembre que ordenaba el pase a la escala activa de los jefes, oficiales y clases que componían las milicias, complementada al día siguiente con la concesión a los milicianos de los derechos y deberes correspondientes a las fuerzas militares. A partir de entonces, los milicianos quedaron militarizados, al menos sobre el papel, de manera que quienes no quisieran incorporarse a la nueva estructura militar tendrían que darse de baja, perdiendo la paga. Pocos días después, se crearon las Brigadas Mixtas como unidades autónomas con plena capacidad operativa. El ministro asumió desde el 16 de octubre el mando de todas las fuerzas armadas, de modo que quedaba concentrada en la misma persona la dirección política y militar de la guerra. Si para la segunda contaba ya con un Estado Mayor, para la primera contaría con el nuevo cuerpo de comisarios creado el mismo día 16. Largo creía poner en buenas manos la dirección del comisariado nombrando a su ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez del Vayo, comisario general, y a su leal compañero en la dirección de la UGT, Felipe Petrel, secretario general. Como era habitual en el reparto de responsabilidades, fueron nombrados subcomisarios Crescenciano Bilbao, del PSOE; Ángel Gil Roldán, de la CNT; Ángel Pestaña, del Partido Sindicalista, y Antonio Mije, del PCE. Ningún republicano en la dirección del comisariado, que se convirtió así en la expresión de una especie de frente obrero en el Ejército.

Poco se avanzó, sin embargo, en la coordinación de los gobiernos regionales y en la reconstrucción de un poder central capaz de unificar la política de guerra. Ciertamente, desde finales de septiembre los ayuntamientos comenzaron a ser repuestos, sustituyendo con alcaldes y concejales el poder municipal de los comités; pero en Cataluña la Generalitat creó en diciembre de 1936 un ejército propio y, en enero del año siguiente, el presidente Companys se declaró partidario de un Estado federal, lo que permitirá poco después a su primer consejero, Josep Tarradellas, proponer un nuevo tipo de relaciones entre la Generalitat y la República, o establecerlas en la práctica. En Euskadi, las iniciativas fueron en parecida dirección: ensanchar la autonomía hasta el punto de actuar como «un Estado vasco semiindependiente», con la creación también de un ejército propio solo nominalmente unificado bajo el mando del general Llano de la Encomienda, con quien no tardó en «tarifar» el Gobierno vasco, que asumió tareas propias del Estado como emitir sellos, acuñar moneda, expedir pasaportes y mantener relaciones exteriores[39].

En lo que el Gobierno de Largo Caballero no avanzó nada fue en el compromiso de las potencias democráticas con una política que impidiera la descarada intervención de las potencias fascistas bajo el manto de la No Intervención. El 26 de octubre de 1936, el dirigente socialista italiano, Pietro Nenni, que había visitado España como delegado de la Internacional Obrera y Socialista, sometió a la consideración de esta y de su Federación Sindical el cambio radical que en las semanas anteriores había experimentado la guerra de España. Para entonces era ya evidente que los fascistas saboteaban con total impunidad la política de no intervención y al comité de Londres. Por otra parte, la Unión Soviética había iniciado abiertamente su política de ayuda directa a la República. La lucha entre el fascismo y el antifascismo había pasado del plano nacional al internacional: si se dejaba la exclusiva de la ayuda antifascista a la Unión Soviética, la relación de fuerzas en la izquierda española, especialmente entre comunistas y socialistas, cambiaría dramáticamente. Era preciso, por lo tanto, concluía Nenni, que la Internacional Obrera y la Federación Sindical salieran de su pasividad y actuaran en el conflicto español formando un solo bloque y con ayudas propias a la defensa de la República[40].

Con este discurso, Nenni avisaba de las inevitables consecuencias que la no intervención y la pasividad de la Internacional Socialista tendrían en el futuro sobre la política republicana. Desde la llegada de Largo Caballero a la presidencia del Consejo se había producido un giro radical en la relación de la República con las potencias extranjeras: Francia y el Reino Unido habían respondido con el embargo a las solicitudes de compra de armas que desde el primer día les había dirigido el Gobierno de Giral. Pero a finales de agosto llegó a Madrid el primer embajador de la Unión Soviética, Marcel Rosenberg, mientras otro histórico de la revolución rusa, Vladimir Antonov-Obseenko, se hacía cargo del consulado en Barcelona. Poco después se convocó en Moscú una gran manifestación para mostrar el apoyo y la solidaridad de los comunistas rusos con la República española, expresión de un giro en la actitud mantenida hasta entonces por la Unión Soviética en el comité de Londres. Desde principios de octubre, la URSS no ocultó su apoyo a la causa republicana e incluso la convirtió en centro de propaganda y movilización internacional, lo que tuvo el inmediato efecto de implicar a la Internacional Comunista en el reclutamiento de voluntarios para dirigirlos hacia España. Armas, compradas con el oro que el Gobierno de la República depositó en la Unión Soviética, y voluntarios comenzaron a llegar a España cuando las tropas de Franco se acercaban peligrosamente, sin encontrar serios obstáculos, a las puertas de la capital.

En esas últimas semanas de octubre, los comunistas españoles, que eran bien poca cosa hasta las elecciones de febrero de 1936, habían modificado su posición en el entramado de fuerzas que sostenían a la República. Por una parte, habían unificado bajo su control a las juventudes socialistas y comunistas en unas nuevas Juventudes Socialistas Unificadas que desempeñarán un importante papel en la movilización y encuadramiento de jóvenes; habían culminado también la unificación de varios grupos socialistas y comunistas de Cataluña para crear el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que quedó, como la UGT catalana, bajo dirección comunista; habían desarrollado la propuesta de creación de un verdadero ejército regular, incorporando sin reticencia alguna su ya célebre Quinto Regimiento de Milicias al nuevo ejército republicano. Además, y como recordaba Luis Buñuel, el ejemplo de los anarquistas armados, entrando en restaurantes y pidiendo botellas de vino a «un buen hombre cuyo hijo luchaba en la sierra», o bajando de la sierra «para entrar a saco en las bodegas de los hoteles», impulsaba a muchos como él a «volverse hacia los comunistas que aplicaban todas sus energías a la conducción de la guerra»[41].

La nueva influencia ejercida por los comunistas entre obreros, jóvenes, miembros de las clases medias, militares, contrastaba con el creciente deterioro de la situación, evidente en el imparable avance del ejército de África, que continuaba su progresión hacia Madrid: el 30 de octubre ocupaba una línea a solo quince kilómetros de la capital y el 4 de noviembre estaba ya en Alcorcón, Leganés y Getafe; el 6 alcanzaba Campamento y los Carabancheles; el 7, Villaverde. Cuando vadeaba el Manzanares, el Gobierno dio por inevitable la caída de la capital; resolvió trasladarla a Valencia y encomendó su improbable defensa al general Miaja y a una Junta de Defensa, en la que de inmediato los jóvenes comunistas ocuparon puestos de responsabilidad. Quienes se quedaron en Madrid no pudieron interpretar estos hechos sino como una vergonzosa huida y, contra todo pronóstico, se aprestaron a su defensa. Fue entonces, con ocasión de la marcha del Gobierno y el temor a la ocupación, cuando se produjo la más brutal de las matanzas llevadas a cabo en territorio republicano: más de dos mil presos en las cárceles de Madrid fueron objeto de diversas «sacas» y fusilados con armas automáticas por milicianos en las cercanas localidades de Paracuellos y Torrejón. Realizada cuando el Partido Comunista controlaba la Consejería de Orden Público, a esta matanza solo puso fin el nombramiento de un anarquista, Melchor Rodríguez, como delegado de Prisiones, el 4 de diciembre de 1936[42].

La responsabilidad colectiva del Gobierno no redujo la personal de Largo Caballero como dirigente sindical, político y militar, que abandona la capital sin haber previsto nada para su defensa: a partir de ese momento, dejó de ser aquel líder más querido y respetado de la clase obrera, sobre todo porque habiendo dado por perdida el Gobierno la capital, los madrileños fueron capaces de organizar, sin que en ello tuviera parte alguna el Gobierno, su defensa. Madrid resistió el primer embate y rechazó los siguientes, deteniendo así el avance del ejército rebelde, una empresa en la que tuvieron especial relevancia política dos fenómenos llamados a influir de manera perdurable en la política republicana. Por una parte, al dirigir su defensa un militar de carrera rodeado de un Estado Mayor, el ejército republicano en construcción comenzó a adquirir un nuevo papel, mostrando de manera práctica su superioridad sobre las milicias. Por otra, el PCE, fortalecido por los envíos de armamento soviético y la presencia de las Brigadas Internacionales, decidió asumir «la gran tarea de defender Madrid» y hacerlo de forma que sus militantes comenzaran a «sobresalir dos palmos por encima de cualquier obrero de otra organización y de otros partidos»[43]: con dirigentes jóvenes y responsabilidades crecidas, la presencia de comunistas fue decisiva en la Junta de Defensa. Las consignas de orden y disciplina, los trabajos en la fortificación de la ciudad, la defensa de los intereses de la muy numerosa clase media de pequeños propietarios, comerciantes y artesanos y su mayor capacidad organizativa los volvieron atractivos a los mandos militares, que comenzaron a considerarlos como su mejor sostén. A partir de la batalla de Madrid, los comunistas adquirieron un mayor peso político mientras los militares ampliaban su esfera de poder: dos factores decisivos para el porvenir del Gobierno presidido por Largo Caballero, que veía impotente la incapacidad de la Internacional Socialista para prestar un apoyo eficaz a la República y equilibrar la creciente influencia comunista[44].

Con el nuevo año, se multiplicaron las iniciativas unitarias entre los distintos partidos y sindicatos, convencidos todos de que la guerra sería larga y de que para ganarla no se podía seguir como hasta entonces, haciéndola cada cual un poco por su cuenta. La fuerza siempre viva de la utopía, o el mito, de la unidad obrera se manifestó de nuevo en las continuas llamadas a la unión o alianza que los dos sindicatos mutuamente se dirigían. En enero de 1937, la Federación Local de Sindicatos Únicos de Madrid, evocando la sangre marxista y libertaria que corría por un mismo surco en las trincheras, dirigió a sus «hermanos de la UGT» una llamada para llegar «pronto a una unión apretada con lealtad, con sinceridad, con calor de efusión, con ansia fraternal, con anhelos de compenetración y amor», en la seguridad de que «los frutos de esa unión serán fecundos y rápidos». Los hermanos de la UGT, o sus mentores, respondieron a estos llamamientos con propuestas de unión del proletariado, con la CNT, a la que llaman «central sindical hermana», que ha tomado «derroteros francamente favorables a la unidad, de concordia y acuerdo», mientras en «el orden meramente político se acentúa la confusión y el desbarajuste». En Valencia, comenzaron a celebrarse frecuentes reuniones entre la comisión ejecutiva de la UGT y el comité nacional de la CNT, hasta el punto de anunciar que se estaban «jalonando los cimientos de algo que tal vez pueda ser definitiva y rápida solución del presente»[45].

Este nuevo lenguaje en las relaciones entre los órganos dirigentes de los dos sindicatos tenía, por parte de la CNT, el propósito de llegar a una Alianza Obrera Revolucionaria como instrumento para someter todas las actividades de la guerra «a un plan conjunto y a una sola dirección» y eliminar «las maniobras de los profesionales de la política». La Alianza se presentaba como condición para mantener un firme control de los sindicatos sobre la producción y la vida social y como baluarte contra el que se estrellarían las maquinaciones políticas para desplazar a las organizaciones obreras de la dirección del Estado. La CNT insistía en su tradicional visión de la revolución social como «administración por medio de los sindicatos [de] todo cuanto ayer tenían en sus manos las clases capitalistas», una visión en la que no quedaba lugar alguno para «la política, el mangoneo de los charlatanes de la vida pública del país», que sería sustituida «por la administración directa de la economía». Formar esta Alianza Obrera le parecía a los dirigentes confederales tanto más urgente cuanto percibían ya en el horizonte la amenaza de comunistas y socialistas, que si llegaban a formar el partido único del que tanto se hablaba en aquellas semanas pretenderían «dirigir políticamente lo que los sindicatos de productores habrían de administrar por sí mismos». La CNT no desesperaba del buen sentido de la UGT y daba por seguro que muy pronto se plasmaría en hechos concretos la Alianza. Mientras tanto, su prensa publicaba un «Proyecto de bases de un Estatuto de Levante» que contenía un proyecto muy avanzado de «sindicalización del Estado»: la función legislativa recaía sobre el Pleno Nacional de Regionales, que elegiría además al presidente del País Valenciano; el Consejo Ejecutivo Regional sería elegido por el presidente de entre una terna presentada por el Pleno para cada consejería; presidente y consejeros serían responsables individual y colectivamente, en el orden civil y criminal, ante el Pleno de Sindicatos[46].

Paralelas a este intento de construir una Alianza Obrera Revolucionaria corrieron durante el primer trimestre de 1937 dos propuestas unitarias emanadas de las dos facciones del PSOE dirigidas ambas a estrechar relaciones con el PCE. La de izquierda proponía nada menos que la «fusión de los dos partidos marxistas» y la «unificación total del proletariado español» en un solo partido que acabará forjando el «órgano político de la Revolución». Era una propuesta fantástica, que los comunistas recibieron complacidos y algo incrédulos, interesados también en mirar a la otra dirección, la que les conducía a la ejecutiva del PSOE, que el mismo día dirigía una circular, firmada por su secretario general, Ramón Lamoneda, a todas sus agrupaciones dándoles cuenta de «la necesidad y la urgencia de un contacto especialmente estrecho entre nuestro Partido y el Comunista, de igual raigambre marxista y de coincidencias cada día mayores en la apreciación de los problemas del momento». Lamoneda notificaba además el acuerdo de iniciar conversaciones con «dicho Partido hermano para que la cordialidad plasme en acuerdos concretos de coordinación de esfuerzos hacia objetivos comunes»[47]. Tal vez seguían pensando los socialistas, de una y otra facción, en los mismos términos que antes de la guerra: que cada cual podría reforzar su posición atrayendo hacia su campo a los comunistas, sin caer en la cuenta de que estos habían salido ya de la condición marginal que ocupaban desde su fundación en la política española.

Sea lo que fuere, al recibir los requerimientos de las dos facciones del socialismo, los comunistas percibieron de inmediato la oportunidad de convertirse en árbitros de la disputa interna del socialismo. Por eso aceptaron en un primer momento la doble propuesta y decidieron seguir su propia política integrándolas en una sola. Acordaron la creación de un comité de enlace con la ejecutiva del PSOE, pero señalaron la conveniencia de que se invitara también a formar parte de ese comité a la UGT, porque de esa forma «estarían representadas las dos corrientes del partido». La UGT, sin embargo, aunque nombró a sus dos representantes en el comité de enlace PCE-PSOE, aplazó indefinidamente su puesta en marcha, aduciendo que debía resolver antes los problemas de sus relaciones con la CNT, que le presionaba desde el otro frente para formar la Alianza Obrera, puramente sindical. La dilación en incorporarse al comité explica las presiones que durante esas semanas ejercieron los comunistas, comenzando por el delegado de la Internacional, Vittorio Codovilla, y el mismo embajador Rosenberg, ante Largo Caballero para que se decidiera de una vez a impulsar el proceso unificador que su propia facción había formalmente propuesto a principios de enero. Largo respondió a esas presiones de manera airada, como una intolerable intromisión de los soviéticos en la política española.

La entrada de las tropas franquistas y de los legionarios italianos en Málaga el 8 de febrero, con la brutal matanza que siguió a su conquista, agravó todavía más la distancia entre Largo y los comunistas, que a finales de mes se hizo ya insalvable y suscitó un agrio debate sobre el papel de los sindicatos en la política. Las órdenes no siempre se cumplían: el Gobierno, como Largo Caballero lamentaba ante Azaña, no carburaba; los ministros de la CNT trataban de ayudar y predicaban la disciplina, pero las masas no obedecían; la militarización avanzaba más lentamente de lo deseado; los choques entre unos y otros, con resultado de muerte, abundaban; la falta de coordinación entre los distintos ministerios y entre el Gobierno central y los poderes regionales o provinciales impedían una eficaz organización de la defensa. Ante semejante panorama, Azaña pregunta a Largo —«ojos de bella porcelana, ligera irritación rosa de los párpados»— si creía llegado el momento de prescindir de los ministros de la CNT, y como el presidente del Consejo le dijera que no, le responde que entonces tendría que sustituirlos; lo que no puede abrirse, a mediados de febrero, es una crisis total: sería un salto en el vacío. Pero es exactamente en una crisis total en lo que piensa Largo, que evoca entonces como propuesta de la CNT la posible formación de «un Gobierno con las dos sindicales y todo lo más unas gotas de los partidos», una idea que él mismo no dejaba de acariciar. Azaña rechaza tajante esta posibilidad: ese Gobierno lo formaría en todo caso Martínez Barrio, no él, que jamás presidirá «una república sindical»[48].

¿Una república sindical? El intento de formarla fue lo que comenzaron a denunciar socialistas y comunistas. De los primeros, el comité nacional del PSOE había llamado la atención de sus militantes sobre los peligros inherentes a la «sobrestimación de los sindicatos», a los que se prodigaban «elogios demasiado sospechosos de querer conducirlos insensiblemente a creerse eje del Estado». Pasados los primeros meses de guerra, en los que hubo que improvisarlo todo —añadía el comité—, «los sindicatos debían constreñirse a su misión específica» sin crear milicias ni justicias propias, sin ensayar nuevas formas de economía ni emitir órdenes que interfieran a las de los partidos. El comité reafirmaba la doctrina tradicional que situaba al partido político como rector y al sindicato como auxiliar en la lucha política: era un error atribuir al sindicato, como a un nuevo Saturno revolucionario, la misión de «disminuir, sustituir y devorar a los partidos políticos»[49].

Que los sindicatos se limitaran a su función y dejaran la política en manos de los partidos: tal era la exigencia bajo la que latía una nueva estrategia encaminada a desplazar del Gobierno a las organizaciones sindicales; estrategia en la que el comité nacional del PSOE —en manos de la facción de Prieto— coincidía plenamente con los dirigentes comunistas, que, por su parte, plantearon ante el presidente de la República, a mediados de marzo de 1937, la necesidad de sustituir a Largo Caballero al frente del Ministerio de la Guerra, aunque mantuviera la presidencia del Consejo[50]. Ellos estaban también, como Azaña, «contra las sindicales», y por estarlo decidieron acelerar su entendimiento con la comisión ejecutiva del PSOE y con los republicanos. Los socialistas de centro habían demostrado ser mejores que los de izquierda, informaba a Moscú un delegado de la Internacional, tras afirmar que en los últimos meses se había establecido una colaboración práctica y regular entre los comunistas y los socialistas de centro. El acercamiento culminó en el acuerdo de 15 de abril por el que ambos partidos decidieron constituir comités de enlace en todos los niveles de sus respectivas organizaciones, prescindiendo ya por completo de la UGT. Era una buena plataforma para emprender una ofensiva en toda regla contra el presidente del Consejo[51].

Largo veía enredarse entre sus pies, «a manera de reptiles, las intrigas y pasiones» y creía ser el centro de una de ellas. Su posición en el Gobierno no dejaba de debilitarse: tenía ahora la enemiga declarada del PCE, aliado para esta y otras cuestiones con la ejecutiva del PSOE, y no había avanzado nada en sus proyectos de alianza sindical con la CNT, que había decidido «arreciar» su acercamiento a la UGT para desplazar totalmente a los partidos políticos o debilitar su influencia en el sindicato socialista, «aumentando en lo posible la división entre el sector de Largo Caballero y los comunistas»[52]. La coincidencia entre las direcciones del PSOE y del PCE no pasó inadvertida a los amigos de Largo Caballero ni a los dirigentes confederales. De los primeros, Araquistáin avisó desde París a Largo sobre «la campaña nacional e internacional» astutamente organizada «a favor de un Gobierno presidido por Prieto, a quien la propaganda presenta como un gran organizador, un gran patriota y un hombre de realidades, mientras la izquierda del partido aparece como intransigente, sin ductilidad, como formada por visionarios fanáticos, incapaces de movernos entre los cambios y las sutilezas de la realidad». Por los imperativos de la política internacional, Araquistáin daba por inevitable la unidad entre socialistas y comunistas e invitaba a Largo a no dejarse arrebatar esa bandera por Prieto, ya que, en este caso, «Rusia […] se irá tras Prieto». Y, como Araquistáin, el comité nacional de la CNT, en una circular urgentísima fechada el 11 de marzo de 1937, avisaba de una abierta conspiración de los partidos políticos encaminada a «producir una crisis de gobierno» a la que era preciso oponer una alianza con la UGT, que tendría como meta la formación de un Gobierno de las sindicales. La CNT no temía seguir adelante con su propuesta aunque contra ella se alzasen «todos los partidos en compacto bloque, incluyendo al socialista y al comunista»[53].

Azaña recupera la iniciativa: la crisis de mayo de 1937

AZAÑA RECUPERA LA INICIATIVA: LA CRISIS DE MAYO DE 1937

La crisis se abrió, en efecto, como inevitable resultado de los enfrentamientos iniciados en Barcelona el 3 de mayo de 1937, cuando un destacamento de la Guardia de Asalto intentó recuperar para la Generalitat el edificio de la Telefónica, ocupado por los confederales. Varios grupos de la CNT respondieron con las armas y el POUM se sumó a la lucha en un intento de imponer una dirección revolucionaria a quienes siempre había considerado como revolucionarios descarriados. Los incidentes entre policías de la Generalitat y patrullas de confederales y los asesinatos de dirigentes comunistas y anarcosindicalistas se habían sucedido desde enero, pero ahora la lucha se extendió por toda la ciudad, pues en el otro bando, la Generalitat y el PSUC hicieron frente a la rebelión, provocada en buena medida por ellos mismos, para inclinar a su favor el control del orden público en Cataluña y arrinconar al POUM. Era, en definitiva, la quiebra de la inestable coalición que había gobernado Cataluña desde la revolución de julio: Esquerra Republicana no había podido controlar a la CNT, ni el PSUC había podido liquidar al POUM; ahora unían sus fuerzas, iniciando así lo que bien podía entenderse como una guerra dentro de la guerra. La lucha, que se prolongó varios días, estuvo a punto de ocasionar una intervención de las fuerzas de Marina y Aire enviadas por el Gobierno central, finalmente evitada gracias a la mediación de los ministros y dirigentes nacionales de la CNT que convencieron a sus correligionarios de deponer las armas, no sin que se abriera dentro de la misma CNT una profunda crisis que no se resolverá en el futuro.

El presidente de la República se encontró en el centro de esa batalla, encerrado en el palacio de Pedralbes y sin posibilidad de moverse de allí, cogido entre dos fuegos. Azaña era por entonces un crítico acerbo de lo ocurrido en la República desde septiembre de 1936: lo que muchos llamaban revolución no era para él sino «abundancia de desorden», inevitable cuando la revolución carece de un contenido político, de pensamiento, de autoridad, de capacidad organizadora y de eficacia con respecto a los fines que la desatan. No reprochaba a los revolucionarios que lo fueran, sino que se mostraran incapaces de llevar a cabo la revolución que proclamaban. Una revolución —escribió por aquellos días— necesita apoderarse del mando, instalarse en el Gobierno, dirigir al país según sus miras. No lo ha hecho. Por falta de fuerza, de plan político, de hombres con autoridad, por lo que sea, lo cierto es que se había creado la situación propia de los alzamientos que empiezan y no acaban, que infringen todas las leyes y no derriban al Gobierno para sustituirse a él; una situación de «indisciplina, anarquía, desorden», de la que se había derivado «la impotencia y el barullo» ante los que el Gobierno no había podido nada, sino comprobar que en todos los servicios públicos se había producido «un derrame sindical paralizante como un derrame sinovial»[54].

El análisis de Azaña expresaba un pensamiento muy extendido en abril de 1937, cuando era ya evidente el desastroso resultado de la dirección sindical para la guerra y los partidos habían vuelto a levantar cabeza: que el Gobierno presidido por el secretario general de la UGT, con una sustancial presencia de dirigentes de la CNT y una representación subalterna de partidos políticos, no podía continuar por más tiempo. Mientras los dos grandes sindicatos hablaban de sellar su alianza revolucionaria, el PSOE se había aproximado al PCE para contrarrestar la sindicalización del Estado y reducir a los sindicatos a una función puramente económica. Fue esa situación de enfrentamiento entre sindicatos y partidos, y el hecho de que desde mediados de febrero todos los dirigentes políticos y sindicales le hubieran hecho partícipe de sus preocupaciones sobre lo insostenible de la situación, lo que hizo posible que el presidente de la República, que compartía la idea de separar la presidencia del Consejo de Ministros del Ministerio de la Guerra, recuperara la capacidad de iniciativa perdida desde noviembre de 1936 y asumiera un decisivo papel en la búsqueda de una solución a la crisis abierta con la «insurrección anarquista».

Azaña se había trasladado de Montserrat a Barcelona a principios de 1937 y cuando el 3 de mayo comenzó la lucha en la calle se encontró aislado por completo del Gobierno. A través de su gabinete telegráfico pretendió establecer contacto con el presidente del Gobierno, pero Largo Caballero, ocupado en negociar con los dirigentes de la CNT una salida pacífica al conflicto, no encontró tiempo o no juzgó necesario acudir a las llamadas del jefe del Estado. Fue Prieto quien, por deferencia personal, las atendió e intentó tranquilizarle anunciándole el envío a Barcelona de dos destructores y de algunas fuerzas de aviación que llegarían por tierra. Pero la inevitable tardanza de ese tipo de ayuda, su prolongado aislamiento con peligro cierto de la vida —suya y de los familiares que le acompañaban—, el silencio de Largo Caballero, le llevaron a expresar a su interlocutor la posibilidad de dimitir. Poco después, hacia el mediodía del 5 de mayo, Azaña aseguró a Martínez Barrio que «solamente una acción de gobierno rapídisima y aplastante» podría evitar que tomase una «determinación irreversible». Por rapídisima y aplastante pretendía sugerir lo que después pedirá ya abiertamente: un bombardeo de la aviación leal que despejara el camino de su residencia hasta el puerto con objeto de abandonar Barcelona. Azaña llegó a proponer a Prieto que diera la «orden a la aviación de que bombardee el foco de la estación», una sugerencia que a este pareció «demasiado extrema a título de episódica y podría complicar las cosas». Finalmente, pudo salir de Pedralbes y llegar el día 7 a Manises sin que el Gobierno tuviera que ordenar el bombardeo de su propio territorio[55].

Pero, evidentemente, Azaña marchó a Valencia dispuesto a romper el nudo de aquella situación. El mismo día 7 recibió, por la tarde, a Largo Caballero, que «entró en conversación como si nos hubiésemos visto todos los días o como si yo llegase de una excursión de recreo». Conteniendo la irritación acumulada por lo que juzgaba «abandono efectivo» e «insolente conducta» de su interlocutor, Azaña no evocó los sucesos de Barcelona porque no veía modo de que una vez iniciada la conversación sobre ese asunto pudiera salir Caballero de la entrevista como presidente de Gobierno. Desde noviembre, había resuelto no relevarlo por una decisión personal y aún no sabía cómo hacerlo cuando lo tuvo delante aquel día de mayo. Fue el mismo Largo Caballero quien al presentarle la propuesta de destituir al general Miaja puso en sus manos la caja de los truenos. Azaña vio claramente que despedir a Miaja podía agravar los problemas de Largo con los comunistas, que de todas formas no querían correr ellos solos con el coste de provocar una crisis de gobierno. Era preciso que los demás partidos estuvieran de acuerdo no ya en que la crisis se abriera, sino en el papel que cada cual debía asumir en su desarrollo. Y fue en este punto cuando la intervención de Azaña comenzó a ser decisiva. En una conversación que mantuvo con Giral poco después de su llegada a Valencia, comprobó que el acuerdo alcanzado entre comunistas, socialistas y republicanos era sólido y que todos ellos formaban, como le dijo Giral, «una piña que facilitará cualquier solución». Que la piña estuviera formada y que ninguna circunstancia pudiera romperla fue lo que permitió a Azaña mantener en esta ocasión la iniciativa.

La crisis política estalló cuando los dos ministros comunistas abandonaron la reunión celebrada por el Gabinete el día 14 de mayo tras comprobar que Largo no estaba dispuesto a emprender una implacable persecución contra el POUM. Prieto advirtió a Largo Caballero, que pretendía continuar la reunión como si nada hubiera ocurrido, que eso abría una crisis de gobierno y que debía comunicarlo enseguida al presidente de la República. Azaña reiteró entonces la confianza a Largo y le encargó la formación de un nuevo Gobierno con la recomendación de que encontrara algún acomodo con los comunistas y redujera las dimensiones del Gabinete. Pero en vez de buscar una fórmula de compromiso renunciando al Ministerio de la Guerra, como exigían los comunistas y querían socialistas y republicanos, Largo se obstinó en retenerlo sin consultar con ningún partido y añadiéndole además Marina y Aire, con lo que relegaba a Prieto a un ministerio secundario: no se le podía ocurrir nada mejor para conseguir el rechazo simultáneo de comunistas y socialistas. Para colmo, obligado por la necesidad de reducir ministerios, y sin hablar con los interesados, ofreció solo dos carteras secundarias, las de Justicia y Sanidad, a los únicos aliados con los que razonablemente podía contar, la CNT, mientras retenía para la UGT tres de primer rango: Presidencia con Defensa Nacional, Estado y Gobernación. La CNT, única de las organizaciones que había manifestado su decisión de no prestar su colaboración a ningún Gobierno en el que no figurase «como presidente y ministro de la Guerra el camarada Largo Caballero», quedó boquiabierta cuando tuvo ante sus ojos la composición del nuevo Gobierno propuesta por Largo y retiró el apoyo antes prometido. Para colaborar, la CNT exigía tantos ministerios al menos como la UGT y anunciaba que no participaría en el Gobierno si le arrebataba Industria y Comercio[56].

El desarrollo de la crisis puso de manifiesto que si existía un acuerdo previo —la piña de Giral— entre los partidos políticos, no ocurría lo mismo entre los sindicatos. Mientras la comisión ejecutiva del PSOE hacía llegar a los dirigentes del PCE una propuesta concreta de borrador de futuro Gobierno que encabezaría Juan Negrín y en el que se atribuía a Jesús Hernández el importante Ministerio del Interior[57], la UGT y la CNT no habían avanzado nada en sus proyectos de unidad de acción ni en su propósito de imprimir al Gobierno de la República una común dirección política. En esas condiciones, la ofensiva contra Largo Caballero no desembocó en una lucha entre partidos y sindicatos, sino en el progresivo aislamiento del viejo dirigente sindical, que no había logrado establecer ningún tipo de hegemonía obrera en la República y que no pudo contar, en el momento de la crisis, con el apoyo sin fisuras de su propio sindicato ni con la CNT. El plan de gobierno que presentó a Azaña parecía ideado para aumentar más su aislamiento político: no intentó formar un bloque obrero ni exploró la posibilidad de encontrar un camino intermedio que le evitara la confrontación directa con sus adversarios. Quiso tener razón él solo contra los partidos sin reforzar previamente su flanco sindical y hasta debilitándolo. Estaba realmente acabado, lo que dejaba libres las manos de Azaña, que de pronto se encontró con el mayor margen de iniciativa posible. Largo no caía empujado por una decisión personal «antiobrerista» suya, sino por la presión conjunta de socialistas y comunistas y sin que la CNT moviera un dedo para salvarlo. Azaña recobraba la necesaria libertad para resolver por última vez una crisis de gobierno.

Una libertad que ejerció en el marco del acuerdo previo gestado en las últimas semanas entre socialistas, comunistas y republicanos. Estaba claro que el futuro presidente de Gobierno no podía proceder de las filas republicanas, ya que no sería aceptado por los demás y habría que dar en ese caso «por descompuesto e inutilizado el Frente Popular». Estaba excluido también, aunque según creía Azaña «muchos lo desean», que se encargara él personalmente del poder: «es un despropósito en que nunca incurriré»[58]. Tampoco podía ser un comunista, hipótesis que ni siquiera se planteó, aunque el presidente recibiera la opinión de José Díaz y Dolores Ibárruri, que insistieron en «el manifiesto fracaso de las sindicales». No quedaban más que los socialistas, de los que escuchó la opinión de tres miembros de la comisión ejecutiva, Lamoneda, Cordero y Vidarte, de acuerdo en todo con los comunistas: en el fracaso sindical como en retirar a Largo el Ministerio de la Guerra. Pero de los socialistas, descontados los caballeristas, quedaban únicamente los de la facción prietista, que controlaban la ejecutiva. Y de estos, recibió también la opinión de sus dos ministros, Prieto y Negrín. La opción entre los dos parecía clara: Prieto. Eso era, al menos, lo que casi todo el mundo esperaba[59].

Azaña eligió, sin embargo, a Negrín, aunque disponiendo la fusión de los Ministerios de Guerra y de Marina y Aire en un nuevo Ministerio de Defensa que sería confiado a Prieto: dos socialistas al frente de la política y de la guerra. Lo hizo, ante todo, porque no se fiaba de Prieto en la Presidencia, y ningún otro socialista, excepto él, podía ocuparse de Defensa: «Estaba mejor Prieto al frente de los ministerios militares reunidos, para los que fuera de él no había candidato posible», escribió en su diario, mientras que en la presidencia sus altibajos de humor, sus «“repentes” podían ser un inconveniente». Azaña conocía a Prieto de antiguo y estimaba sus cualidades y su capacidad de trabajo, pero ya en una ocasión anterior, y debido a estos «repentes», había tenido que trasladarlo de un ministerio muy sensible, Hacienda, a otro más adecuado a su personalidad, Obras Públicas. «Me parecía más útil —sigue Azaña— aprovechar en la presidencia la tranquila energía de Negrín», un político más completo y más idóneo que Prieto para presidir un Gobierno de coalición con republicanos y comunistas, es decir, para reconstruir el Frente Popular. «Si no se puede gobernar con el Frente Popular, no hay gobierno», había dicho a Martínez Barrio cuando desechó la idea de encargarse él personalmente del poder. Y esta era, en efecto, la cuestión. Negrín tenía buenas relaciones con todas las fuerzas —o no las tenía malas con ninguna— del Frente Popular. Aunque amigo de Prieto y colaborador suyo, no había sido protagonista de ningún enfrentamiento con Largo ni con la UGT, que no habían mostrado hacia él la abierta hostilidad con que habían combatido a Prieto desde mediados de 1935. Negrín tenía además buenas relaciones con los comunistas, aunque había sido el único socialista que reforzó un cuerpo armado —el de Carabineros— cuidando de que no entraran comunistas en él. Por su formación y energía gozaba del aprecio de los republicanos, que lo consideraban como uno de los más cercanos a sus posiciones políticas. Podía obtener quizá, pero no Prieto, la colaboración o la neutralidad de la CNT, con la que nunca había tenido especiales relaciones ni de cercanía ni de rechazo. En resumen, Negrín era el único político de relieve de la República que en mayo de 1937 no concitaba la hostilidad de ninguno de los partidos ni sindicatos que formaban el Frente Popular[60].

Todo esto debió de pesar en el ánimo de Azaña para optar por él. Pero quizá la razón decisiva fue la misma que le había movido a permanecer en la presidencia: que no veía salida posible al conflicto fuera de una mediación internacional. Azaña partía del supuesto de que era imposible para la República ganar la guerra: la victoria es una ilusión, dijo a Ossorio ya en septiembre de 1936. Y como Ossorio le replicara que entonces había que tratar con Franco, le contestó: no lo creo; hay que defenderse y procurar que no perdamos la guerra en el exterior. A este principio se atuvo desde entonces: en octubre de 1936 había encargado al profesor Bosch Gimpera que explicara a Pablo de Azcárate, embajador de la República en Londres, que «la situación interior es muy peligrosa y que era indispensable conseguir urgentemente que el Gobierno británico tomara la iniciativa de una mediación que pusiera término a la guerra». En febrero de 1937 había expuesto un plan de «mediación y plebiscito» a Besteiro y a Sánchez Román, que lo aprobaron; a Prieto, que lo juzgó irrealizable e inútil; a Álvarez del Vayo, que no lo tomó en consideración; a Araquistáin, que lo recibió con una mueca de extrañeza, y a Ossorio, que lo reprobó, diciéndole que si no había victoria no quedaba más remedio que morir. Pero él no cejaba: a principios de mayo, ofreció a Julián Besteiro la representación oficial de la República en la ceremonia de coronación de Jorge VI con objeto de explorar las posibilidades de una gestión de paz de la que se encargaría el Gobierno británico. En mayo de 1937, la situación había cambiado considerablemente: Madrid había resistido y los italianos acababan de fracasar en su intento de tomar la capital por Guadalajara. Había razones para esperar una salida negociada y así se había expresado el diputado conservador Winston Churchill, que meses antes había negado el saludo a Pablo de Azcárate. El secretario del Foreign Office, Anthony Eden, necesitaba pruebas de la buena voluntad italiana para seguir con su política de seguridad y prestó más atención de la acostumbrada a la propuesta que les transmitía Julián Besteiro. Preguntó a los embajadores concernidos que sondearan ante los gobiernos la posibilidad de una mediación en España y aprovechó la presencia en Londres del enviado de Pío XI, Giuseppe Pizzardo, para preguntarle si Italia se uniría a una llamada conjunta de las potencias en favor de un armisticio. Deseoso de no aparecer identificado en exceso con los gobiernos fascistas y de mantener buenas relaciones con Francia y Gran Bretaña, el Vaticano acogió el plan, juzgó que merecía la pena poner en marcha una iniciativa internacional y sondeó al Gobierno italiano sobre la eventualidad de un armisticio[61].

A pesar de su favorable acogida, el plan no fue mucho más allá. Los embajadores británicos mostraron una vez más su escepticismo sobre las posibilidades de una paz negociada y el enviado del Vaticano hubo de escuchar la radical negativa que, de parte de Franco, le transmitió el cardenal Gomá. Las autoridades insurgentes no comprendían las cautelas y vacilaciones de la Santa Sede para establecer plenas relaciones diplomáticas con el nuevo Estado ni su política contemporizadora con los nacionalistas católicos del País Vasco, y no ocultaban su irritación ante lo que consideraban un efecto de la propaganda roja. La remota posibilidad de que el Vaticano se incorporara a una iniciativa de las potencias para poner fin a la guerra por medio de un armisticio fue acogida con no disimulada irritación por el representante oficioso del Gobierno de Burgos ante la Santa Sede, Antonio Magaz, y por el mismo Franco, que había encargado al cardenal Gomá la difusión de un escrito colectivo del episcopado español al mundo católico sobre la verdadera naturaleza de la guerra y la imposibilidad de que acabara de otra forma que no fuera la victoria total, la rendición incondicional del enemigo. Es lo que Gomá transmitió a Pizzardo en una entrevista mantenida en Lourdes: la guerra no podía terminar más que con la victoria sin condiciones de la España nacional y católica. A mediados de 1937, la propuesta de un plan de mediación que dejara la guerra en tablas, con una ardua tarea de reconstrucción de la convivencia nacional en perspectiva, estaba condenada al fracaso, aunque no por eso abandonó Azaña su idea de poner fin a la guerra por medio de una paz negociada[62].

Gobierno de Frente Popular

GOBIERNO DE FRENTE POPULAR

Razones de política internacional se añadieron, pues, a las de política interior y de carácter para hacer de Negrín el mejor candidato posible a la presidencia del Gobierno. Lo que Azaña pretendía era un Gobierno capaz de robustecer la defensa en el interior de manera que fuera posible forzar la paz por una mediación internacional. Con Largo Caballero, esa posibilidad estaba descartada. Con Negrín era otra cosa: Negrín era un político, no un dirigente sindical; un republicano, no un socialista que soñara en la revolución; con él se podía hablar y seguramente entenderse. El resultado de este conjunto de circunstancias fue un retorno a la política de Frente Popular y el consiguiente fin de la hegemonía sindical. Los sindicatos entraron a partir de entonces en una profunda crisis, con la división entre quienes querían continuar la política de apoyo al Gobierno, aunque fuera en una posición subordinada, y los que pretendían constituirse en oposición al Gobierno y a su política. En la UGT, esta división dio lugar a fuertes enfrentamientos entre los leales a Largo Caballero y los que, dentro de la organización sindical, mantenían posiciones cercanas a la ejecutiva del partido. El comité nacional desautorizó a finales de mayo la actitud de Largo Caballero y la negativa de la comisión ejecutiva a aceptar el puesto en el nuevo Gobierno que Negrín había ofrecido a la UGT. Una serie de expulsiones siguió a esta crisis interna, con la elección de dos ejecutivas enfrentadas, hasta que la intervención de la Federación Sindical Internacional puso fin a la escisión sin cerrar las heridas abiertas. La nueva ejecutiva, bajo la presidencia de Ramón González Peña, que era también presidente del PSOE, dejó de actuar como un organismo político autónomo del partido, pero la escisión de hecho redundó en un mayor debilitamiento de la «familia» socialista, que ahora contaba ya con la oposición de dos líderes históricos: Julián Besteiro y Largo Caballero. En la CNT, sin llegar a una escisión como la sufrida por la UGT, se abrió muy pronto una brecha entre su dirección oficial, que reconoció enseguida el error de haber rechazado el puesto en el Gobierno ofrecido por Negrín, y los grupos que consideraban una traición a la historia y la naturaleza de la Confederación el camino emprendido desde el 19 de julio o, como decía su comité nacional, entre quienes pretendían aplicar en las actuales circunstancias los mismos métodos que dieron vida y consistencia a la Confederación y los que actuaban «en un plan de intervencionismo gubernamental y de colaboración obligada»[63].

Había triunfado, pues, la política de quienes pretendían desde comienzos de 1937 reducir a los sindicatos a la función que les era propia: asegurar la producción y auxiliar al Gobierno. Fruto de este triunfo serán las negociaciones entre los órganos directivos de la CNT y la UGT para llegar a un programa de acción común e incorporarse de manera formal al pacto de Frente Popular, un paso que dieron ambos sindicatos conjuntamente a mediados de marzo de 1938, cuando se abría la crisis del primer Gobierno de Negrín. De los pasados proyectos de Alianza Obrera Revolucionaria con el propósito de formar un Gobierno exclusivamente sindical, o bajo su hegemonia, nunca más volvió a hablarse. La crisis de mayo de 1937 significó, por tanto, un fuerte desplazamiento de poder desde los dos grandes sindicatos a los partidos políticos que habían firmado en enero de 1936 el pacto de Frente Popular o, en Cataluña, el Front d’Esquerres, aunque aquí a ese carácter general de la crisis se añadió, dentro del campo comunista, el triunfo del PSUC sobre el POUM, contra el que el Partido Comunista emprenderá una implacable persecución; y el debilitamiento de Esquerra Republicana, que perdió en favor del Gobierno central el control del orden público y progresivamente de la producción industrial.

Negrín pudo atender, por tanto, sin estorbos sindicales, la recomendación de Azaña en el sentido de formar un Gobierno de Frente Popular reduciéndolo a la mitad. Los ministros socialistas fueron tres, a cargo de las áreas centrales del Gobierno: Presidencia y Hacienda, que se quedó Negrín; Defensa Nacional, que unificaba Guerra y Marina y Aire, para Prieto, y Gobernación, a quien llevó a un incondicional de Prieto, Julián Zugazagoitia, director de El Socialista. El PCE quedó exactamente como estaba, con Hernández a cargo de Instrucción, fundido ahora con Sanidad, y Vicente Uribe, que siguió en Agricultura hasta el fin de la guerra. Y luego, en el Ministerio de Estado, José Giral sustituyó a Álvarez del Vayo; Manuel Irujo, del PNV, ocupó el Ministerio de Justicia, desempeñado hasta entonces por García Oliver; Jaume Ayguadé, de Esquerra Republicana, se hizo cargo de Trabajo y Asistencia Social, y Bernardo Giner de los Ríos, de Unión Republicana, siguió en Comunicaciones, con el añadido de Transportes y Obras Públicas. En resumen, cinco ministros del lado «obrero» de la coalición frentepopulista y cuatro del lado republicano, dos de partidos de ámbito estatal y otros dos representando a los nacionalismos vasco y catalán: era un Gobierno de Frente Popular, que llegaba con un año de retraso respecto al primer intento del presidente de la República y más escorado a la izquierda de lo que Azaña habría deseado un año antes.

Escorado a la izquierda, pero perfectamente presentable ante las cancillerías extranjeras, que era en parte de lo que se trataba. Se trataba, desde luego, de más cosas: restablecer la autoridad y el poder del Gobierno central; reforzar el Ejército y unificar los planes militares bajo un solo mando; estrechar, en una coyuntura difícil, las relaciones con los gobiernos vasco y catalán o, al menos, neutralizar su posible oposición; restablecer el orden público y las garantías jurídicas de los ciudadanos. Fueron estas, además, las indicaciones que el nuevo Gobierno recibió del presidente de la República en la primera sesión celebrada con él, en la que transmitió a los ministros sus dos grandes preocupaciones: consolidar la autoridad del Gobierno en materias de Orden Público y de Guerra y buscar la mediación internacional o, como lo había expresado en otras ocasiones: defensa en el interior, lo que requería reconstrucción del Estado y del Ejército; y no perder la guerra en el exterior, lo que implicaba una acción diplomática dirigida a convencer a las potencias democráticas de sustituir la política de no intervención por una positiva acción de mediación. Azaña creía necesario preparar políticamente el desenlace de la guerra, empezando por aquello que podría alterar la situación a favor de la República: la retirada de extranjeros bajo control internacional, que se acompañaría de lo que llamaba una suspensión de armas —un armisticio que no exigiera la firma de los contendientes, sino la vigilancia de unas comisiones internacionales de control— que, añadida al creciente cansancio de la población, haría muy difícil reanudar la guerra. Eso era lo que Azaña no había dejado de buscar desde los primeros meses de la guerra y lo que en los últimos días de julio de 1937 encargaba al embajador de México que transmitiera al presidente Lázaro Cárdenas[64].

¿Era esa la política del nuevo Gobierno y de su presidente? Sí, en lo que se refiere al primer punto; pero no del todo, en lo que atañe al segundo. De lo primero, Negrín no necesitaba ser convencido: bajo su iniciativa, y durante el tiempo que rigió el Ministerio de Hacienda, el Cuerpo de Carabineros multiplicó sus efectivos hasta el punto de recuperar sin problemas su función como policía de fronteras sustituyendo en la tarea a las patrullas de milicianos; ahora, como resultado de las luchas de mayo en Barcelona, su Gobierno asumió las competencias de Orden Público desempeñadas por la Generalitat en Cataluña; disolvió en el mes de junio el Consejo de Aragón y encarceló a su presidente, Joaquín Ascaso, hermano del líder de la CNT muerto en el asalto de julio a las Atarazanas, acusado por el juez de tráfico de joyas. Reforzó los cuerpos policiales y los progresos en el ejército republicano que, en reclutamiento y disciplina, le parecieron al agregado militar francés impresionantes, aunque pudiera percibirse que el entusiasmo y las ilusiones, y también el desorden, de los primeros meses eran sustituidos por la organización y la tibieza, con un considerable despliegue policial[65].

Todo este esfuerzo de recomposición del Estado se dirigía a consolidar las posiciones militares, aunque en este terreno lo que de inmediato esperaba al nuevo Gobierno era la pérdida total de los territorios del Norte todavía republicanos y una experiencia en el frente de Madrid preñada de enseñanzas políticas para el futuro. Bilbao, en efecto, cayó sin que de nada sirviera el llamado «cinturón de hierro», como en un lúcido comentario había previsto dos semanas antes Azaña: defenderse casa por casa, calle por calle, como en Madrid, es un caso que no se repetirá en Bilbao, escribió entonces, y, en efecto, cuando estuvo vencida la defensa en el campo, la villa no resistió. No solo eso: caído Bilbao era «verosímil que los nacionalistas arrojaran las armas, cuando no se pasen al enemigo». Hicieron las dos cosas: los batallones vascos desobedecieron la orden de replegarse hacia Santander y Asturias para continuar allí la lucha y se rindieron en Santoña el 26 de agosto ante las tropas del general Roatta y en no pocos casos sus efectivos pasaron a encuadrarse en las filas de los vencedores: ellos no se batían, escribió también Azaña, «por la causa de la República ni por la causa de España, a la que aborrecen, sino por su autonomía y semiindependencia»[66]. Y así, terminada la resistencia en Vizcaya, Santander primero y la parte de Asturias que quedaba como territorio republicano cayeron también en manos de los sublevados, sin que sirvieran de mucho las maniobras de distracción en Brunete y luego en Belchite. El 21 de octubre se había completado la caída de todo el Norte.

El rumbo que tomaba la guerra, con la pérdida del Norte y las ofensivas en un primer momento triunfantes para quedar enseguida paralizadas y volver al punto de partida después de sufrir grandes pérdidas de material y hombres, sumado a la irreparable escisión sufrida en las filas socialistas y a la confusión reinante en las filas confederales, solo podía conducir al auge del papel político de los militares y a la hegemonía de los comunistas dentro de la coalición de Frente Popular, confirmando un dato perceptible en los días de la defensa de Madrid. De lo primero, porque, como la experiencia demostraba, la política de la República dependía por completo de la suerte de las armas; de lo segundo, porque, pasada la exaltación revolucionaria y metidos todos en una guerra de desgaste, con las privaciones y sufrimientos que son de imaginar, la necesidad de disciplina en el frente y en la retaguardia dependía de la presencia de un partido político a salvo de escisiones internas y decidido a resistir. Con los confederales divididos entre quienes querían volver a lo de siempre y quienes no renunciaban al intervencionismo político, y con los socialistas debilitados por sus luchas internas, ese partido solo podía ser el comunista.

El PCE interpretó el resultado de la crisis de mayo como un claro triunfo y, además de emprender la persecución del POUM, a la que Manuel Irujo opuso desde su ministerio una barrera exigiendo la actuación de los tribunales de justicia, impulsó la creación inmediata de comités de unificación y sometió a los socialistas a una continua presión para que disolvieran sus agrupaciones. El triunfo, según escribió Togliatti, se les había subido a la cabeza y decidieron que había llegado el momento de «plantear la cuestión de la hegemonía y luchar abiertamente por esa hegemonía en el Gobierno y en el país». Es hora de crear el Partido Único del Proletariado sobre los principios marxistas-leninistas-estalinistas, clamaba Dolores Ibárruri en el pleno del comité central celebrado en Valencia un mes después de la crisis[67]. Frente a esa acción avasalladora, el secretario general del PSOE, Ramón Lamoneda, daba largas a la creación de comités de enlace mientras Prieto oponía una política de profesionalización del Ejército, restando atribuciones al comisariado frente a los mandos y prohibiendo el proselitismo político, lo que dio lugar a la aparición, en el otoño de 1937, de tensiones entre los vencedores políticos de mayo, que afectaron también a las relaciones del Gobierno de la República con los nacionalistas vascos y catalanes. Irujo dimitió como ministro de Justicia —aunque siguió en el Gobierno como ministro sin cartera— por la implantación de unos tribunales especiales dedicados a la represión del espionaje y el derrotismo, y la Generalitat vio con algo más que inquietud el traslado de la capital a Barcelona, decretada a finales de octubre.

Más o menos larvadas, todas las tensiones estallaron con ocasión de la batalla de Teruel, en diciembre de 1937, que en sus primeros días llenó de euforia al Gobierno, convencido de haber pasado de la defensa al ataque, como dijo Prieto en un juego de palabras con la denominación de su ministerio. El general Rojo temía de tiempo atrás que el enemigo preparaba una ofensiva por el norte del Ebro para cortar el territorio de la República y aislar Cataluña. Si lo conseguían, dijo a Azaña, la guerra se habrá concluido[68]. Fue sin embargo el ejército de la República el que atacó y avanzó, pero a estos entusiasmos siguió sin solución de continuidad el mayor desaliento y confusión. La ofensiva sobre Teruel acabó en el derrumbe del frente de Aragón, con el inicio el 9 de marzo de la maniobra de ruptura hacia el mar y la llegada del ejército de Franco al Mediterráneo el 15 de abril. La previsión de Rojo se había cumplido: el enemigo había cortado el territorio de la República en dos.

Negrín impone la resistencia: la crisis de abril de 1938

NEGRÍN IMPONE LA RESISTENCIA: LA CRISIS DE ABRIL DE 1938

Semanas antes de que el desastre se produjera, en los últimos días de febrero, Azaña volvió a llamar al embajador de Francia y mantuvo con él una conversación de tres horas en las que repasó los grandes temas políticos objeto de sus anteriores cavilaciones: las primeras advertencias a Blum sobre el peligro alemán, el sentido que tenía su permanencia como presidente de la República, la naturaleza del régimen que se construía en la zona rebelde, el lugar inesperado que los rusos habían ocupado en la República como consecuencia del abandono de las potencias occidentales. Al fin, llegó a lo que le interesaba: la política de no intervención. Nadie comprendía en España que Inglaterra y Francia olvidaran sus intereses estratégicos esenciales y adoptaran, con la neutralidad y el bloqueo, una política de suicidas. Azaña fue esta vez más lejos y propuso la firma de un acuerdo que pusiera a disposición de Francia y Gran Bretaña las bases navales de Cartagena y de Mahón con objeto de equilibrar las de Ceuta, Málaga y Palma, en poder de los rebeldes. ¿Qué harían ustedes si esas bases cayeran en manos de los invasores de España?, preguntó al embajador. Azaña añadió todavía que, después de la dimisión de Eden, Inglaterra parecía dispuesta a aprobar concesiones a las potencias totalitarias y que Francia la seguiría por el mismo camino. Entre las contrapartidas a esas concesiones figurarían la búsqueda de un apaciguamiento en España. «¿Debemos resistir? ¿Debemos oponernos o permanecer inertes? No lo creo. Hay que entrar sinceramente en estas perspectivas y en este juego». Para cerrar el trato, Azaña desmintió que el Gobierno y la organización social de la España republicana pudieran asimilarse al comunismo. Este mito desaparece cada día más. Ya casi se ha desvanecido. Próximamente, quizá se haya desvanecido del todo[69].

A esta conversación siguió la ruptura del frente y la convicción, compartida por el presidente de la República y el ministro de Defensa, de que era preciso reconocer la derrota y terminar la guerra cuanto antes. A los ojos de Azaña y Prieto, el curso de las operaciones mostraba que el ejército republicano nunca podría ganar y que la continuación de la defensa no tenía sentido. En una reunión que los ministros mantienen el día 15 de marzo, Negrín pide a los reunidos que se pronuncien: los republicanos se muestran indecisos; Julián Zugazagoitia, en nombre de su partido, se manifiesta por la movilización de todos los medios y contra toda suerte de compromisos; Prieto está de acuerdo con lo manifestado por Zugazagoitia y Negrín resume la situación diciendo: aquí hay dos políticas: una de luchar, otra de concesión y compromiso. El Gobierno de la República, como Giral y Negrín comunicaban a Labonne, se había dividido acerca de una propuesta de mediación efectuada por el Gobierno francés, seis a favor y cinco en contra[70]. El día siguiente, en el consejillo celebrado antes de la reunión formal con el presidente de la República, Negrín vuelve a plantear la cuestión de la mediación ofrecida por el Gobierno francés. Prieto, de nuevo, rechaza la posibilidad porque si el ejército se enterase cundiría la desmoralización, mientras Giral y el resto de los republicanos aceptarían esa mediación siempre que partiera de Francia, no como una iniciativa del Gobierno. Así las cosas, llega Azaña y pide el presidente del Consejo que le diga qué hay. Negrín resume: consultado el Gobierno, hay unanimidad en rechazar la proposición francesa. ¿Unánimemente… todos? Pregunta, algo incrédulo, Azaña. Y se lanza entonces a un análisis desolador de la situación: «¿Se puede ganar con los recursos actuales? Alguno dice, no; los demás callan». Repite la pregunta, añadiendo que él no lo cree. «Vuelven a callar. Pero quien calla, otorga». Queda todavía tiempo para realizar una gestión enérgica cerca de Francia. Si no ayudan, él sabe lo que ha hecho y también lo que no hará ni consentirá. Conoce su deber[71].

Tal es el clima de la reunión ministerial, cuando una gran manifestación se dirige hacia el lugar en que está reunido el Consejo exigiendo una actitud firme en la continuación de la guerra y el rechazo de cualquier intento de negociación, acusando de capitulacionismo a los ministros tildados de derrotistas y traidores. Prieto entendió que el blanco de los ataques era él y le pareció oír gritos que le acusaban de traidor. Vidarte, que iba con otros dirigentes socialistas y comunistas a la cabeza de la manifestación, no recuerda haber oído esos gritos, pero eso es lo de menos: cuando Azaña abandona la reunión, los ministros se quedan todavía un rato en consejillo y Prieto llama la atención sobre la amenaza de dimisión acabada de formular por el presidente de la República: sería una catástrofe, dice, y aconseja entonces que se haga una gestión ante el Gobierno francés. Se equivoca usted, le responde Negrín. La distancia entre los dos antiguos amigos comienza a ser insalvable y no dejará de ahondarse en los días siguientes. Del gran político que había culminado la reconstrucción del Ejército, Prieto pasó a ser en esas semanas el peor de los ministros de Defensa posible, aunque no fuera más que porque su opinión la conocían los mandos militares y corría por calles y cafés. Tal vez Prieto, que ya había tenido un fuerte encontronazo con Negrín en la Nochevieja de 1937, cuando Teruel fue recuperado por el enemigo, comenzara a creer que su amigo era en verdad el loco visionario que decía Azaña, sin percibir, como recuerda Mariano Ansó, que su lógica no era menos rigurosa que la de quienes se inclinaban por la mediación para acabar la guerra[72].

En todo caso, Negrín resolvió a finales de marzo apartar a Prieto de ese ministerio, pero un incidente con Jesús Hernández, ministro comunista, que había publicado algunos artículos y pronunciado un duro discurso contra los «derrotistas», complicaba la ya difícil solución. Pidió, pues, al PCE que retirase a Hernández y redujese su presencia a un solo ministro, y, necesitado como se confesaba de la presencia de Prieto, le propuso que renunciase a Defensa y aceptase otro ministerio. Los comunistas accedieron, Prieto rechazó la oferta y Azaña mantuvo abierta la crisis durante algún tiempo. Se entrevistó de nuevo con Labonne para repetirle que «la partida estaba jugada, y de forma definitiva, desde que las potencias totalitarias afirmaron su voluntad de intervención y las democráticas las observaron, inmóviles». Le recordó lo que había ocurrido en el Consejo de Ministros del día 16 y se preguntó qué debía hacer. Si provocaba una crisis ministerial tendría que hacerse cargo personalmente del poder, cambiar de política y ser responsable de un inmediato derrumbe de la resistencia. Es imposible, dijo. Y como toda mediación de carácter político no se adecuaba a las circunstancias, le instó a promover un esfuerzo internacional de carácter exclusivamente humanitario[73].

En el orden interno, Azaña quería prescindir de Negrín, pero, como en el caso de Caballero, no por una decisión personal. Muchos le habían venido «con el cuento al oído de que no es posible seguir así, que Negrín es un dictador, que está entregado a los comunistas, que la guerra va mal, que la gente está muy descontenta». «¿Cuándo nos quita a este don Juan?», le repetía sonriente Lluís Companys. Azaña convocó a los dirigentes de los partidos y sindicatos para que le dijeran lo mismo, ahora ya con «la responsabilidad cada cual de sus propios actos». Una iniciativa sorprendente, no equiparable a la mantenida en la mañana del 19 de julio de 1936 cuando Martínez Barrio había dimitido, la República quedó sin Gobierno y era preciso encargar a alguien a sabiendas de que contara con el apoyo de los partidos; ni en mayo de 1937, cuando Largo Caballero trataba de formar Gobierno. Ahora, no había crisis: Azaña no había retirado su confianza a Negrín ni este había dimitido. El objeto de aquella reunión, por tanto, no estaba claro y hasta podía interpretarse en el sentido de que Azaña necesitaba que ante Negrín los jefes de los partidos manifestaran su desconfianza en el presidente del Consejo para él retirársela, lo cual era bastante desatinado. Sea lo que fuere, nadie se manifestó contra Negrín. Monzón, del PNV, dijo que no había nada que hacer excepto expresar su admiración por Negrín; Mariano R. Vázquez, de la CNT, recordó la gravedad de la situación, que aconsejaba no modificar el Gobierno, si acaso, añadió, podría reforzarse con la participación de los dos sindicatos, CNT y UGT; González Peña, presidente de los socialistas, dijo que el partido quería mucho a Prieto pero que había que tener cuidado con él; Tarradellas parece no haber expresado ninguna opinión, solo pidió conocer a fondo el problema militar, que fue lo mismo que dijo Nicolau. Quedó por tanto Azaña más solo que nunca, lo que facilitó un agrio enfrentamiento con José Díaz, que no dejó pasar una observación del presidente de la República sobre la política soviética en el sentido de que utilizaba a España como prenda de sus relaciones con Inglaterra. Negrín se negó a dar explicaciones sobre la situación militar y redujo todo el problema a una cuestión de fe: «yo creo en el triunfo y Prieto y Giral, no». Azaña no tuvo más que añadir: «el problema es la situación militar y esta reunión no sirve para nada». «Entonces —replicó Díaz—, ¿por qué nos ha citado?»[74].

En efecto, nadie podía saber por qué Azaña había convocado aquella reunión: era evidente que de ella no podía salir nada, sino el encono. Pero que eso fuera así descubre la gravedad de la situación de abril de 1938 comparada con la de mayo de 1937. Entonces, la oposición a Largo había fraguado en una coalición que proponía como alternativa al «Gobierno de las sindicales» un Gobierno de partidos para desarrollar una nueva política de reconstrucción militar de la República que condujera al levantamiento por las potencias de la política de embargo y no intervención. Ahora, la oposición a Negrín, que se había manifestado en conversaciones y disputas, no pudo cristalizar en ninguna propuesta diferente de gobierno, ni pudo nadie enunciar ninguna otra política, no queriendo nadie pasar por defensor de la capitulación pura y simple en una situación de desbandada. Al contrario, los órganos dirigentes de todos los partidos y de los sindicatos —que reafirmaron la validez de la política de Frente Popular solicitando su admisión formal en el pacto— expresaron de inmediato su apoyo al Gobierno y a su presidente, que procedió a introducir los cambios exigidos por la crisis: se hizo él mismo cargo de Defensa, dejando Hacienda a Méndez Aspe. Paulino Gómez ocupó el lugar de Zugazagoitia, que pasó a secretario general de Defensa, y Segundo Blanco, de la CNT, sustituyó a Jesús Hernández en Instrucción y Sanidad, mientras González Peña ocupaba el puesto que Mariano Ansó dejó por propia iniciativa, y para convertirse en estrecho colaborador del presidente del Consejo, en Justicia. Giner de los Ríos siguió en Comunicaciones y Transportes, del que se desgajó Obras Públicas, para Antonio Velao, mientras Giral permanecía en el Gobierno como ministro sin cartera y Álvarez del Vayo —un desplante para Azaña— volvía a Estado.

Pese a los peores augurios, se recompuso el frente gracias a la apertura de la frontera francesa conseguida por Negrín en un viaje relámpago a París. En un discurso dramático, el presidente del Consejo llamó a la resistencia y en una declaración de trece puntos anunció que sus fines de guerra consistían en asegurar la independencia de España y establecer una República democrática cuya estructuración jurídica y social sería aprobada en referéndum; afirmó su respeto a la propiedad legítimamente adquirida, la necesidad de una reforma agraria y de una legislación social avanzada, y anunció una amplia amnistía para todos los españoles que quisieran cooperar en la inmensa labor de reconstrucción y engrandecimiento de España. En su intento de aparecer ante las potencias extranjeras con la situación interior controlada, Negrín inició gestiones infructuosas con el Vaticano para restablecer relaciones diplomáticas y abrir las iglesias al culto. Todo esto iba en la dirección de continuar la guerra aunque las perspectivas de mediación internacional se hubieran diluido, como siempre, en nada. «¿Espera usted todavía algo bueno del exterior?», le preguntó el 22 de abril de 1938 un exasperado Azaña recordándole que esa «era una de las razones de la resistencia». La respuesta de Negrín no dejaba lugar a dudas: Muy poco, pero no se puede hacer otra cosa. «Alto, no es usted presidente porque no haya otra política posible; otra política no es solo posible, sino urgente», replicó Azaña, aunque a la hora de concretar a qué política se refería, debió admitir que no aconsejaba la rendición, sino aprovechar la resistencia para preparar la solución final[75].

Eso era lo que hacía Negrín, resistir para negociar un armisticio que evitara represalias y fusilamientos: si esto se lograba, sería posible, dijo a un enviado noruego, «considerar ciertas negociaciones para preparar el cese de hostilidades e inmediatamente un armisticio». Pero Negrín solo esperaba del triunfo de los nacionalistas «un reinado de terror y de venganzas sangrientas» y consideraba extremadamente deseable una llamada de parte de uno o varios gobiernos con el fin de que esas negociaciones pudieran tener lugar sin riesgo de «incidentes sangrantes»[76]. En el fondo, y por lo que respecta a las consecuencias prácticas, aunque otra fuera la retórica, una posición similar a la de Azaña, metido también en el círculo vicioso en que veía preso a su primer ministro, pues la única posibilidad de preparar esa solución final no dependía del Gobierno de la República, sino de la voluntad de Francia y del Reino Unido para presionar a Alemania e Italia con objeto de que estas a su vez impusieran a Franco una salida negociada. Contra toda esperanza, Azaña se mantuvo hasta el final firme en su convicción de que los intereses de las dos potencias democráticas les impulsarían a poner término a la intervención germano-italiana. Pero si esa voluntad de las potencias democráticas faltaba —y faltó desde el primer hasta el último día de la guerra—, la única alternativa a la resistencia era la derrota, la rendición incondicional y los fusilamientos: por eso tenía razón Negrín cuando afirmaba que no había otra política posible más que la de resistencia.

Que no la había se puso dramáticamente de manifiesto en la reunión del comité nacional del PSOE celebrada a mediados de agosto. Como era habitual en estas reuniones, los responsables de la política debían dar cuenta de sus actos y Negrín tuvo que explicar la destitución de Prieto como ministro de Defensa, una decisión que había desalentado a sus partidarios, aunque los más destacados habían pasado a ocupar puestos clave en el comisariado y en la jefatura de las fuerzas armadas. Ahora debía explicar las razones de su decisión, que fueron las esperadas: no se puede mantener como ministro de Defensa a alguien que da por perdida una guerra. Prieto no aceptó esa explicación y con extrema violencia acusó a Negrín de haber cedido a los dictados de Moscú: a mí me han echado los rusos, repetía, en medio del silencio de los delegados. Prieto, como había dicho González Peña, era persona muy querida en su partido, pero en aquella reunión nadie pidió la palabra para argumentar en su defensa. Tampoco intervino nadie para defender a Negrín[77]. El Partido Socialista, nervio de la situación, como decía Martínez Barrio en la crisis del 37, había agotado con Negrín todas las políticas posibles: o se resistía, y entonces había que continuar la guerra, o se capitulaba, y entonces serían los responsables de una derrota que abriría la puerta a una implacable represión.

A no ser, claro está, que se explorara un camino intermedio: formar un Gobierno sin Negrín —y, por tanto, sin los comunistas— capaz de resistir a la vez que buscaba la mediación. Era una especie de cuadratura del círculo, porque la resistencia dependía del buen entendimiento de Negrín con los mandos militares, especialmente con el general Rojo, y de la capacidad del PCE para mantener la disciplina. ¿Era posible nombrar un Gobierno prescindiendo de ellos sin que por lo mismo se desencadenara la desbandada general? Tal vez, siempre que el presidente de la República contara con la determinación de Gran Bretaña y Francia de sostener activamente a ese Gobierno obligando al enemigo a negociar. De la posible formación de un Gobierno, sin presencia comunista, formado en torno a Martínez Barrio y Prieto, pero contando con Negrín, ya se había hablado con el Gobierno francés durante los días de euforia por el éxito republicano en Teruel, aunque Negrín, que conocía la idea, la había rechazado por prematura «porque era deseable que asumieran también ellos la responsabilidad en las duras medidas necesarias para la disciplina en el trabajo, la distribución de productos, el control policial y el reclutamiento»[78]. Ahora, a las pocas semanas de la solución de la crisis, volvió a considerarse la posibilidad de un cambio de política bajo la presidencia de Prieto. Azaña, después de una tormentosa entrevista con Negrín a propósito de la destitución de su cuñado como cónsul en Ginebra, retuvo a Prieto en Madrid, contra el acuerdo del Gobierno de nombrarle embajador en México, con el argumento de que no se podía quedar «prisionero de Negrín», de que quizá lo necesitara en un futuro cercano para encargarle la formación de un Gobierno capaz de negociar una paz honorable[79].

Corrieron de nuevo rumores de que algo se tramaba durante el verano de 1938, iniciada ya la batalla del Ebro. El 29 de julio Azaña mantuvo una larga conversación con el representante inglés, John Leche, para informarle de que estaba dispuesto a forzar la salida de Negrín y de los comunistas si Inglaterra se decidía a intervenir imponiendo la suspensión de armas, como primer paso para una retirada de extranjeros. Azaña insistió ante Leche en que él era un burgués profundamente anticomunista y que respetaría en el futuro la decisión del pueblo si votaba monarquía. Toda España estaba cansada de una guerra que podía continuar años. Él, por su parte, que siempre había considerado la guerra no solo un desastre, sino una desgracia nacional, había pronunciado un discurso de paz con objeto de preparar a la opinión pública para que aceptara una mediación[80]. Como su popularidad y prestigio habían aumentado, proponía la completa retirada de voluntarios de acuerdo con el plan de Londres y aprovechar las negociaciones para una «suspensión de armas» y no un armisticio (una diferencia que Leche no acababa de entender), seguida de una desmovilización tan amplia como fuera posible y de un intercambio general de prisioneros. Él lo forzaría con el apoyo de todo el país y si fuera necesario pronunciaría un discurso desde Madrid con el que convencería a los dubitativos. Si el Gobierno no quería su plan, lo despediría y nombraría otro. No temía a los comunistas. Quedaba, desde luego, la dificultad de inducir a Franco a negociar. Pero Franco era un muñeco en manos de Italia y las grandes potencias podían presionar a Roma. El último paso, lejano en el tiempo, sería un plebiscito, con la presencia de comisarios extranjeros. En resumen, Azaña proponía una vez más una política que siempre había fallado en su supuesto inicial: Inglaterra se había atenido invariablemente al embargo y a la no intervención y nada podía inmutar su decisión, mucho menos un presidente que carecía de poder y que apremiaba a los ingleses en la dirección contraria a la política de apaciguamiento seguida con Hitler. Al recibir el despacho de su encargado de Negocios, los burócratas del Foreign Office anotaron lo que escribían desde siempre: que no había nada particularmente nuevo en las propuestas de Azaña y que el principal problema consistía en tratar con el general Franco. Al presidente se le debía contestar que el Gobierno de Su Majestad estaba sumamente interesado y agradecido de conocer su opinión y que tendría en cuenta sus observaciones[81].

Ni los británicos respondieron más que con palabras corteses a los requerimientos de Azaña ni el Estado Mayor Central del Ejército republicano había dado por perdida la guerra. Mientras Negrín y Rojo creyeran posible pasar de nuevo a la ofensiva, los comunistas eran, como siempre, imprescindibles para mantener la disciplina en el frente y el orden en la retaguardia. Negrín dio todavía un paso adelante en sus relaciones con la Generalitat e incautó para el Estado toda la industria de guerra, lo que motivó la dimisión de Ayguadé y de Irujo, de la Esquerra y del PNV, respectivamente, sustituidos de inmediato por Josep Moix, del PSUC, y Tomás Bilbao, de Acción Nacionalista Vasca, una crisis menor en relación con las anteriores, pero no por eso menos significativa: el Gobierno perdía el apoyo de Esquerra y del PNV, que presentaron por su cuenta planes de mediación y paz separada ante el Foreign Office y el Quai d’Orsay, ofreciendo al Reino Unido y a Francia una especie de protectorado que se extendería desde el Cantábrico al Mediterráneo, desde Bilbao a Barcelona[82]. Los comunistas, por su parte, conscientes de la debilidad socialista y conocedores de los rumores que les daban por excluidos de un futuro Gobierno, llegaron a creer que todos los problemas podrían solucionarse con tomar «en sus manos todos los resortes del poder» y formar un «Gobierno puramente obrero»[83]. En tales circunstancias, formar un Gobierno contra los comunistas y sin el apoyo del Estado Mayor, para iniciar sin garantías firmes de una acción internacional una negociación que Franco siempre había rechazado, era de todo punto imposible. Antes tendría que producirse la ruptura entre los comunistas y los jefes del ejército republicano. Y eso estaba muy lejos de ocurrir cuando el 25 de julio de 1938, con un espectacular despliegue del ejército de la República, las líneas enemigas quedaron rotas en el frente del Ebro, preludio de una cruenta y agotadora batalla que habría de arrastrarse durante cuatro meses y que acabó en el derrumbe de las líneas republicanas.

Derrota incondicional

DERROTA INCONDICIONAL

Con la derrota en la batalla del Ebro era evidente que el primer objetivo de la política de Frente Popular, encarnada en el Gobierno de Negrín, la defensa en el interior, había fracasado. Mientras tanto, las perspectivas de obtener algún progreso en el segundo de aquellos objetivos, levantar la política de no intervención para sentar las bases de una mediación internacional, acabaron por cerrarse con el abandono de la República perpetrado por Chamberlain el mismo día, 30 de septiembre de 1938, en que entregó a Hitler Checoslovaquia. La conversación sobre España contenida en esta entrevista es desoladora: Chamberlain pretendió convencer a Hitler de que Mussolini estaba ya tan cansado de España que acogería positivamente cualquier intento de mediación. Hitler soltó, al oír aquello, una gran carcajada y después de decirse las habituales generalidades, y de asegurarse mutuamente que prestarían atención al asunto, pasaron a otra cosa[84]. Ante este abandono y el derrumbe de las defensas republicanas en el Ebro a principios de noviembre, fue tomando cuerpo la única alternativa posible al Gobierno de Negrín, que ya no era Prieto, mucho menos Besteiro, con quien sin embargo departió Azaña un día de noviembre, por «conocer su opinión y su ánimo»[85]. Negrín y lo que su Gobierno representaba fueron la última posibilidad de la República; después de él, la única alternativa no era ya política, sino militar: que los jefes del ejército de la República rompieran con el PCE y con Negrín y pusieran fin a la guerra tras negociar con los jefes del ejército del nuevo Estado español los términos de una rendición sin represalias y una entrega ordenada de armas y hombres, como en vano soñaba y escribía el coronel Casado, jefe del ejército del Centro, al modo en que terminó la guerra carlista[86].

Mientras se sucedían los contactos entre Casado y los emisarios nacionalistas, el día 1 de febrero de 1939, en las sesiones del Congreso de los Diputados celebradas en el castillo de Figueras, Negrín redujo sus trece puntos a las tres garantías que su Gobierno pedía a las potencias democráticas como condiciones de paz: la independencia de España, que el pueblo español «señale cuál ha de ser su régimen y cuál ha de ser su destino» y el cese de «toda persecución y toda represalia» en nombre de «una labor patriótica de reconciliación». Su Gobierno volvió a obtener la confianza de su grupo parlamentario y de los 72 diputados asistentes a la sesión del Congreso[87], pero ya entonces, y a pesar de las protestas de fidelidad que recibió durante ese mes en las diversas reuniones con los jefes del Ejército y representantes de los partidos, estaba en marcha la operación que acabará por revelar la ficción política que permitía subsistir a su Gobierno. Las conversaciones entre dirigentes socialistas que ocupaban cargos de responsabilidad en la ejecutiva o en el comisariado y los jefes militares giraban siempre en torno a la necesidad de acabar cuanto antes la guerra: eso es lo que pensaban González Peña, presidente de la ejecutiva, o Bruno Alonso, comisario de la Flota. Es lo que pensaba también, y lo decía desde hacía meses, Julián Besteiro, cuyos contactos con el coronel Casado a partir de los primeros días de febrero eran de todos conocidos.

En estos días dramáticos, alejado del Gobierno y desplazando su residencia hacia la frontera con Francia, el presidente de la República emprendió también por su cuenta y riesgo angustiosas gestiones ante los representantes diplomáticos francés y británico para urgir su intervención con objeto de poner cuanto antes fin a la guerra. El 4 de febrero logró mantener una entrevista con el embajador de Francia, Jules Henry, a quien dijo con toda claridad que estaba en completo desacuerdo con Negrín y que era preciso hacer lo que fuera para acabar de una vez: «Hemos perdido la guerra, hemos sido vencidos y no nos queda más que aceptar las consecuencias». Le pidió entonces una iniciativa franco-británica ante los gobiernos de Franco y de Negrín con una propuesta de tregua inmediata para arreglar las cuestiones humanitarias. Los dirigentes políticos y los jefes militares quedarían libres para marcharse y se formaría un comité de republicanos que entraría en contacto con representantes del Gobierno de Franco. A continuación se discutirían las condiciones de paz y el fin de la guerra en todo el territorio, incluyendo el Sur. Si Negrín rechazaba la tregua, dimitiría de la presidencia de la República. Después de ver al embajador francés, Azaña mantuvo una entrevista en idénticos términos, y con las mismas propuestas, con el representante británico, Skrine Stevenson[88].

Fue la última gestión realizada por el presidente de la República para conseguir una paz negociada. Para eso se había quedado Azaña en la Presidencia y a eso dedicó sus limitadas posibilidades, en el ejercicio de su función presidencial, intentando convencer a sus gobiernos, o al margen de ella, por iniciativa propia ante Francia y Gran Bretaña. La última gestión, según comunicaba el embajador francés al inglés, «planteaba delicadas cuestiones de carácter constitucional»[89], exactamente igual que la primera. Si esta se planteó sin conocimiento del Gobierno, aquella lo fue claramente en contra. De todas formas, esas delicadas cuestiones constitucionales que unos y otros aducían para recomendar calma y observar cómo se desarrollaban los acontecimientos no pesaban nada ante la fuerza de los hechos. Negrín tuvo desde el principio razón en un punto sustancial, del que todo pendía: Franco jamás aceptaría ni una paz negociada gracias a una mediación internacional, ni una capitulación en regla, con representantes de ambos gobiernos sentados a la misma mesa firmando papeles, a no ser que fuera obligado a ello por la superioridad del ejército de la República. Como eso nunca ocurrió, la guerra de Franco, que era de conquista y exterminio, no podía acabar más que con el enemigo derrotado y huido.

Azaña había anunciado a los embajadores francés e inglés su intención de dimitir si Negrín no aceptaba la tregua que una presión franco-británica lograra arrancar a Franco en los primeros días de febrero de 1939. Mientras los diplomáticos de las dos potencias pesaban las delicadas cuestiones constitucionales y medían las ventajas que para sus respectivos Estados se derivarían de tal gestión, Negrín y Álvarez del Vayo, reducidas ya las condiciones de una posible rendición a las garantías de que no habría represalias, insistieron ante el presidente de la República para que regresara a España. Azaña, por su parte, alojado en la Embajada de la República en París, hizo saber el 15 de febrero al Gobierno francés que su vuelta significaría un aliento al Gobierno de Negrín y a su política de resistencia y que dimitiría en el mismo momento que le hicieran conocer su intención de reconocer al general Franco[90]. Fue lo que ocurrió el 27 de febrero: los gobiernos francés y británico reconocieron al Gobierno de Franco y Azaña hizo llegar al presidente de las Cortes su dimisión como presidente de la República.

La renuncia de Azaña no implicaba la ilegitimidad del Gobierno presidido por Negrín, pero le arrebataba su razón política, inexistente ya a los ojos de los jefes militares y los líderes de los partidos, que no veían en la resistencia más finalidad que la de mantener el poder comunista, ahora ya superfluo para su función como garante del orden y la disciplina en retaguardia. El resultado fue la formación a principios de marzo de un Consejo Nacional de Defensa, presidido por el coronel Segismundo Casado, que recibió de inmediato el «leal acatamiento y apoyo sin reservas» del órgano oficial del PSOE, El Socialista, y que buscó su más alta legitimación en la presencia del único de los dirigentes históricos del socialismo que había optado por mantenerse apartado de las luchas por el poder. Besteiro, que había mantenido conversaciones con agentes nacionalistas y con la Falange clandestina en Madrid, rompió «un largo y penoso silencio» para negar la legitimidad a un Gobierno «falto de la asistencia presidencial y de la asistencia de la Cámara». En la noche del 5 de marzo de 1939, ante los micrófonos de Unión Radio, dirigió una llamada a los españoles pidiendo que colaboraran con el Consejo Nacional de Defensa, del que había aceptado la Consejería de Estado. La renuncia de Azaña, añadió Besteiro, deja a la República decapitada; constitucionalmente no era posible sustituir al presidente dimisionario y por lo que se refería al Gobierno, falto de la asistencia presidencial, carecía de toda legitimidad. No había, pues, ni podía haber, un Gobierno legítimo en la República. Pero tampoco existía un estado de desorden. En la República, puesto que el Gobierno de Negrín había declarado el estado de guerra, existía una autoridad indiscutible, el ejército. A su alrededor estaban los representantes de Izquierda Republicana, Partido Socialista, Unión General de Trabajadores y Movimiento Libertario, «dispuestos a prestar al Poder legítimo del ejército republicano la asistencia necesaria en estas horas solemnes». Besteiro terminaba su alocución, escuchada con emoción y juzgada de admirable por quienes en el Madrid clandestino la esperaban desde hacía días, pidiendo a todos que asistieran al «Poder legítimo de la República, que, transitoriamente, no es otro que el Poder militar»[91].

El fin de la guerra en Madrid ilumina retrospectivamente la crisis política arrastrada por la República desde la primavera de 1938. A partir de ese momento, el único partido que mantuvo sin fisuras la política de resistencia fue el comunista, observado cada vez con más hostilidad por sindicalistas y socialistas que habían compartido hasta la crisis de abril esa misma política y que a partir de ese momento se dividieron. Las quejas por la agresividad comunista y por su intento de controlar el Estado republicano se añadieron a la creciente desmoralización de la población, que deseaba acabar la guerra cuanto antes. En ese clima de cansancio y de anticomunismo rampante, no fue difícil a Casado aplastar la resistencia que el PCE opuso en Madrid a su golpe, desmintiendo así la tesis que daba a los comunistas como verdaderos dueños del ejército republicano, y proceder rápidamente a poner fin a la guerra aun a costa de una rendición sin condiciones, abandonando a los combatientes al peor de los destinos posibles, confiado tan solo a la prometida clemencia de Franco. Aquella ilusoria confianza se alimentó de los ambiguos ofrecimientos a los militares republicanos que negociaron con los representantes del Gobierno de Burgos las condiciones de la rendición. Franco, al rechazar la paz negociada y exigir la rendición incondicional, había prometido que la España nacional sería generosa para los que rindieran las armas «evitando sacrificios estériles, y no fueran reos de asesinatos y otros crímenes graves». Ni el mero «servicio en campo rojo», ni haber militado simplemente y como afiliado en campos políticos extraños al Movimiento Nacional eran motivos de responsabilidad criminal, se decía en aquel ofrecimiento, decenas de miles de veces conculcado por los consejos de guerra que de inmediato se hicieron cargo de la represión de los vencidos[92].

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4. Rebelión militar y guerra civil (Gabriel Cardona Escanero)

4

REBELIÓN MILITAR Y GUERRA CIVIL

Gabriel Cardona Escanero

Conspiración y sublevación

CONSPIRACIÓN Y SUBLEVACIÓN

El Ejército y la política

Entre 1932 y 1936 se produjeron cinco intentonas armadas contra la Segunda República. Tres tuvieron carácter popular, las anarquistas de 1932 y 1933 y la revolucionaria de 1934, y dos, conservador, las de 1932 y 1936. El Gobierno pudo restablecer el orden en las cuatro primeras ocasiones, y al no lograrlo en la quinta se desencadenó la guerra civil.

Las reformas militares de Azaña habían reducido el número de oficiales, pero no republicanizaron el Ejército. Ni siquiera fue posible desmilitarizar el orden público, a pesar de crearse una nueva policía, los Guardias de Asalto, e incrementarse la Guardia Civil y los Carabineros. De modo que en las situaciones conflictivas los gobiernos republicanos debieron recurrir a los instrumentos clásicos de la Monarquía: estado de guerra y tropas en la calle, lo cual devolvió protagonismo al Ejército y proporcionó un creciente poder político a los generales, sobre todo a partir de 1934.

En el conservador cuerpo de oficiales destacaban un minoritario grupo de republicanos y otro más numeroso de derechistas, que pretendían influir sobre el grueso de sus compañeros. En el pasado, cierto número de militares, incluidos algunos generales, y sobre todo el Cuerpo de Artillería, se habían enfrentado al dictador Miguel Primo de Rivera; sin embargo, durante la República, muchos militares recordaban a la Dictadura como el régimen venturoso que había zanjado la guerra del Rif, terminado con el terrorismo ácrata y proporcionado al Ejército gratificaciones ideológicas, aunque no económicas. El dictador había politizado el Ejército, y gran parte de la oficialidad, cuya procedencia era monárquica, miró con disgusto a los gobiernos republicanos reformistas, aunque se aseguró de que su actitud antigubernamental no fuera política, sino patriótica, y se limitaba a defender España de los separatistas y los revolucionarios[1].

La mentalidad de esta oficialidad conjugaba elementos militares, patrióticos, católicos y conservadores que la Dictadura había acrecentado, añadiéndoles la pérdida de respeto a las instituciones parlamentarias y la idea de que el Ejército era el mejor árbitro del desordenado mundo civil. Este conjunto de convicciones recibió durante la República otros elementos procedentes del fascismo italiano y del reaccionarismo francés. En cambio, otro grupo de militares asumió ideas republicanas y de izquierda, aunque sin llegar al radicalismo, porque los cercanos al comunismo y al anarcosindicalismo no sumaban una docena. De estas posturas encontradas nacieron dos organizaciones secretas, la derechista Unión Militar Española (UME), y su enemiga, la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA), que se vigilaban recíprocamente[2].

Cuando el Frente Popular triunfó en las elecciones de febrero de 1936, el nuevo Gobierno cesó o trasladó de guarnición a los generales que consideraba más peligrosos. Entre ellos, Francisco Franco, jefe del Estado Mayor Central, que fue destinado a Canarias; Manuel Goded, jefe de la Aeronáutica Militar, que marchó a Baleares, y Emilio Mola, jefe de las tropas de Marruecos, que pasó a la irrelevante guarnición de Pamplona.

Diez generales y un coronel irritados con el Gobierno se reunieron a principios de marzo en el domicilio madrileño de Delgado Barreto, el director del antiguo periódico de la Dictadura, y decidieron organizarse, bajo la presidencia de Ángel Rodríguez del Barrio[3], a fin de preparar una sublevación para el 20 de abril. El jefe previsto fue José Sanjurjo, antiguo teniente general, amigo de Primo de Rivera, que ya en 1932 se había sublevado contra la República. Capturado entonces, fue condenado a muerte, aunque, en lugar de ejecutarlo, lo encerraron en el penal del Dueso, donde permaneció hasta que, por presiones de la derecha, el Gobierno de Lerroux le concedió una amnistía. Desde entonces residía en Portugal.

Los generales conspiradores no pertenecían a la UME porque no aceptaban subordinarse a una sociedad secreta dirigida por comandantes y capitanes; sin embargo, estaban al tanto de sus manejos y aceptaron su colaboración para extender las redes de la conjura, que prendió fácilmente entre los militares jóvenes.

Un ambiente encrespado

El 14 de abril de 1936 estalló una bomba durante el desfile conmemorativo de la proclamación de la República. La explosión fue seguida por un tiroteo de inciertos orígenes, donde murió el alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes, que asistía como simple espectador. Al día siguiente, un grupo de falangistas y militares de derecha aprovechó su entierro para provocar un alboroto, que degeneró en disturbios callejeros, donde murió el falangista López de Heredia al enfrentarse con la sección de guardias de Asalto que mandaba el teniente José del Castillo. Enterado de cuanto se tramaba, Azaña denunció públicamente la conspiración militar en el Congreso y advirtió que el Gobierno actuaría contra ella. Rodríguez del Barrio, viéndose descubierto, ordenó detener los planes de revuelta y, como estaba gravemente enfermo de cáncer, abandonó la conjura.

Entonces, la junta de generales confirmó a Sanjurjo como jefe del movimiento y confió su preparación a Mola, que desde su destino de Pamplona se hizo cargo de los trabajos para captar adeptos y luego comenzó a enviar cartas e instrucciones, firmadas con el seudónimo de El Director[4], a las diversas guarniciones. Era más joven y eficaz que Sanjurjo y Rodríguez del Barrio y mantenía buenos contactos en la policía, porque había sido director general de Seguridad del Gobierno Berenguer, en los últimos tiempos de la Monarquía. No solo contactó con los oficiales de la UME, sino con cualquiera que pudiera ayudarle en la futura acción contra el Gobierno.

Pamplona era el centro más importante de los carlistas, que preparaban su propia sublevación, se organizaban y entrenaban militarmente, mantenían algunas relaciones con Italia y Alemania e importaban armas desde Portugal[5]. Mola trató con ellos, intentando llegar a un acuerdo, que resultó trabajoso porque las empecinadas exigencias carlistas podían alejar a otros grupos. También se acercó a los falangistas, un partido casi minúsculo, que, acusado de pistolerismo, había sido suspendido por el Gobierno, y su líder, José Antonio Primo de Rivera, procesado y encarcelado. Hijo del antiguo dictador, pretendía que la Falange protagonizara su propio golpe contra la República y no deseaba actuar como un simple comparsa de los generales, a quienes consideraba políticamente primitivos. Por ello, intentó atraer hacia su partido a oficiales jóvenes, algunos de los cuales, como Julio Ruiz de Alda, compartieron la dirección, o como Juan Antonio Ansaldo Bejarano, que le ayudaron a organizar los comandos callejeros. Durante la primera semana de mayo escribió en la celda donde estaba recluido la «Carta a un militar español», que incitaba a la sublevación.

El Gobierno no interceptó las redes de los conspiradores, que se ampliaban rápidamente, mientras Mola captaba a numerosos oficiales de graduación intermedia y a miembros del cuerpo del Estado Mayor, esenciales para secundar la tarea de los generales comprometidos y también para neutralizar a quienes se negaran a sublevarse. Los conspiradores no trabajaban solos, pues contaban con numerosos estímulos civiles, el apoyo económico de los partidos Renovación Española y Acción Popular, y de personalidades civiles como Juan March y Juan Ignacio Luca de Tena. A pesar de todo, ni la junta de generales ni Mola toleraban interferencias en la planificación, dirección y objetivos del futuro movimiento, donde todo el protagonismo correspondía a los militares[6]. La conspiración era esencialmente militar y se empeñaba en que los futuros colaboradores del golpe aceptaran actuar bajo el mando de los oficiales, condición que los carlistas y falangistas no aceptaban fácilmente.

El Gobierno había confiado los mandos más importantes a generales republicanos o, por lo menos, liberales. La medida resultaba menos determinante de lo que podía parecer a simple vista. Durante la Monarquía, el pesado organigrama militar imponía que la opinión de los altos mandos decidiera la actitud del Ejército. Sin embargo, entre 1931 y 1932, Azaña había simplificado las estructuras de mando y retirado a los generales de edad avanzada, siempre reacios a complicarse la vida. Estas medidas concedieron protagonismo a muchos militares jóvenes, destinados en Marruecos[7] o que habían pasado allí muchos años, lo cual resultaba peligroso porque eran gentes decididas[8] y mandaban unidades eficientes; además, la capacidad destructiva del Ejército era inmensamente superior a la de cualquier otra institución, con mayor razón cuando los cuerpos de orden público estaban militarizados y las organizaciones revolucionarias más activas no resultaban peligrosas porque se habían decomisado numerosas armas a los civiles a raíz de la revolución de 1934[9].

Alzamiento en Melilla

A principios del verano de 1936 pistoleros adscritos a diversos extremismos políticos desencadenaron en Madrid una sucesión de atentados, tanto contra hombres de la izquierda como de la derecha. Entre los asesinados figuraron dos oficiales socialistas, el capitán Carlos Faraudo y el teniente José del Castillo, este último del Grupo de Asalto del cuartel de Pontejos, en el centro de Madrid. Algunos de sus compañeros más exaltados[10] decidieron vengarlo dando muerte a un prohombre de la derecha y, por azar, asesinaron a José Calvo Sotelo, un político reaccionario, brillante y famoso.

Su muerte excitó a las derechas y animó a los conspiradores de Mola[11], a quienes se unió entonces el general Franco, que se había mostrado reacio a participar en una sublevación cuyo jefe supremo era Sanjurjo, con quien estaba seriamente enemistado desde 1932. Días atrás, los monárquicos habían enviado a Canarias un avión inglés de alquiler a fin de que, si decidía sublevarse, Franco pudiera trasladarse a Marruecos para tomar el mando de las tropas, cuyos generales eran republicanos.

Sin embargo, los planes de Mola confiaban más en las tropas de la Península que en las de África. Aunque los oficiales de Marina eran mayoritariamente proclives a la conspiración, predominaban las izquierdas en los cuerpos subalternos y la marinería, de modo que no secundarían una revuelta de sus mandos. A pesar de la actitud de sus oficiales, se temía que la escuadra quedara en manos del Gobierno, de forma que resultaba problemático un transporte de tropas sublevadas a través del Estrecho.

Los conspiradores carecían de un proyecto político unitario. En un primer tiempo, unos pretendían acabar con la República y otros, simplemente, sustituir al Gobierno. A largo plazo, sus preferencias se extendían desde una dictadura militar hasta un régimen fascista, pasando por la restauración de Alfonso XIII, la coronación del pretendiente carlista o la instauración de una república conservadora. Para evitar divisiones y lograr la máxima colaboración posible, los generales decidieron no sublevarse en nombre de una idea política concreta, sino simplemente contra el Gobierno, dejando la definición política para más adelante. Así, Mola, tras laboriosas conversaciones, pudo cerrar sus tratos con diversas fuerzas conservadoras, los carlistas, los falangistas y hasta con algunos militares republicanos, como los generales Gonzalo Queipo de Llano y Miguel Cabanellas y el coronel Antonio Aranda.

Las autoridades, advertidas del peligro, practicaron algunos registros en Barcelona, que demostraron la existencia de la conjura. En Melilla, a primeras horas de la tarde del 17 de julio, la policía sorprendió reunida a la plana mayor de los conspiradores locales, que no se dejó detener y replicó oponiendo a los policías un grupo de legionarios armados.

Como habían sido descubiertos y ya estaban en clara rebeldía, optaron por adelantar el pronunciamiento, que estaba previsto para la madrugada del 19. Detuvieron al jefe militar de Melilla, general Manuel Romerales, a los mandos que fueron fieles o tenían fama de republicanos, sacaron las tropas a la calle para ocupar la ciudad y luego transmitieron por teléfono la noticia a los restantes conspiradores del Protectorado. Aquella misma noche, todas las tropas de Marruecos se sublevaron, depusieron a las autoridades y detuvieron a los republicanos militares y civiles más representativos. Los nuevos jefes enviaron un telegrama a Franco, que sublevó Canarias en las primeras horas del 18 y luego tomó el avión inglés que le esperaba. El aparato se dirigió a Agadir, donde Franco pasó la noche, y el 19 reanudó su viaje hasta el aeródromo de Sania Ramel, en Tetuán, que estaba en manos de los rebeldes.

La sublevación

Las guarniciones de la Península y Baleares se unieron gradualmente al pronunciamiento, muchos de cuyos planes se desbarataron con el adelanto de fecha. Mola había pensado sublevar simultáneamente el mayor número posible de guarniciones, cada una de las cuales debía hacerse con el poder local, detener y eliminar a los principales dirigentes políticos y sindicales de izquierda[12] y enviar columnas hacia Madrid, donde las tropas sublevadas esperarían en el interior de los cuarteles. Una vez tomada la capital, una Junta de generales sustituiría al Gobierno y decidiría el paso siguiente.

A fin de contar con mayor autoridad, los comandantes y capitanes que dominaban las juntas locales de la UME decidieron no aparecer como jefes de la revuelta, sino que los generales proclamaran el estado de guerra. Sin embargo, los nombramientos del Gobierno habían logrado que, de toda la cúpula militar, solo conspirasen Franco, Goded, Cabanellas y Queipo de Llano, respectivamente, jefes militares de Canarias, Baleares, Zaragoza y el Cuerpo de Carabineros. Los restantes mandos superiores se mostraban leales y los conjurados se vieron obligados a sustituirlos por otros generales antirrepublicanos.

A pesar de la fidelidad de la cúpula militar, en tres días se sublevaron 44 de las 51 guarniciones más importantes, casi toda la Marina de Guerra[13], buena parte de la Aviación y la mitad de los cuerpos de la Guardia Civil, Carabineros y Seguridad y Asalto[14]. Gracias a la complicidad de generales y miembros del Estado Mayor, la revuelta se apoderó de los cuarteles generales de Marruecos, Canarias, Baleares, Zaragoza, Valladolid, Burgos, Sevilla y La Coruña, y solo perdió los de Madrid, Barcelona y Valencia[15].

Doble frustración

El Gobierno no pudo detener el movimiento, aunque envió algunos barcos y aviones contra los alzados y decretó la destitución de los generales rebeldes y el licenciamiento de sus tropas. El cuartelazo fraccionó y debilitó la fuerza del Estado, dejándolo prácticamente sin tropas para defenderse. El organigrama militar saltó en pedazos, las unidades militares y de orden público perdieron su cohesión y muchas armas pasaron a manos de los miembros de partidos y sindicatos de izquierda o, en bastantes casos, de simples incontrolados. La mayor parte de las unidades que no se sublevaron desaparecieron prácticamente, excepto las ubicadas en algunos cuarteles de Madrid, la III División Orgánica (Valencia), la guarnición de Menorca y parte de las fuerzas de orden público. Los oficiales de Marina sublevaron casi todos los buques, pero muchos fueron detenidos por sus propios hombres, que constituyeron comités para el gobierno de los barcos, obedeciendo parcialmente al Gobierno y a los oficiales no sublevados.

La crisis del poder militar permitió que se desencadenara la revolución popular, que puso el poder en manos de los milicianos y de sus comités[16], también difíciles de controlar por el Gobierno republicano, donde no había ministros socialistas, comunistas ni anarquistas que pudieran servir de interlocutores con los partidos obreros y los sindicatos.

No solo fracasó el Gobierno, sino también los sublevados, porque fueron incapaces de dominar la capital, las grandes ciudades, las regiones industriales, la Marina de Guerra y, a pesar de que dejaron al Gobierno sin el Ejército, no pudieron tomar el poder. Ninguno de los dos bandos tenía fuerza para derrotar inmediatamente al otro y este trágico empate hizo posible la guerra civil[17].

A los pocos días del pronunciamiento se había consolidado la división de España en dos zonas antagónicas. En la gubernamental surgió un poder armado popular, desorganizado, fragmentado e incapaz de derrotar a los militares rebeldes, aunque se mostraba decidido a luchar contra ellos. En cambio, los sublevados, gracias a los expeditivos métodos militares, conservaron parte del aparato del Estado[18] y suficientes mandos y unidades organizadas para desarrollar operaciones eficientes desde el primer momento y, en una segunda fase, reconstruir y ampliar el Ejército.

La potencia armada de ambos bandos no resultaba equivalente. Mientras sus propios partidarios apenas obedecían al Gobierno, los generales alzados controlaban férreamente su territorio, y cuando el 20 de julio quedaron sin jefe al morir Sanjurjo en accidente aéreo, cada uno impuso una autoridad absoluta en su zona de influencia y Mola organizó una Junta de Defensa Nacional, formada por generales y coroneles, que asumió el poder político[19].

En conjunto, contaban con unos 120 000 hombres armados, entre soldados y fuerzas de orden público; por lo tanto, disciplinados, organizados y con cierto entrenamiento. La tercera parte estaba constituida por tropas de África, situadas al otro lado del Estrecho, que parecía estar dominado por la flota del Gobierno[20]. Solamente pudo llegar a Andalucía un pequeño contingente de tropas africanas en los primeros momentos; después, las rutas navales quedaron bloqueadas y la flota republicana se instaló en Tánger. La situación se modificó al llegar once aviones de transporte, Junkers alemanes que se dedicaron a llevar soldados rebeldes desde Marruecos a Sevilla, donde el general Gonzalo Queipo de Llano se había sublevado pero contaba con escasas fuerzas. Días después, el Gobierno italiano envió a Franco doce aviones Savoia-81 con su tripulación completa y su dotación de bombas y ametralladoras; aunque solo nueve aparatos pudieron llegar a su destino, su cobertura permitió dominar el Estrecho y sus inmediaciones.

La guerra de las columnas

LA GUERRA DE LAS COLUMNAS

A la conquista del territorio

Cuando la sublevación militar hizo desaparecer casi todas las tropas del territorio gubernamental posibilitó una revolución obrera que la fuerza del Ejército había hecho inviable en octubre de 1934. Por diversos procedimientos, numerosos militantes de izquierda lograron hacerse con un arma y se declararon dispuestos a luchar no solo contra los militares rebeldes, sino también contra los vestigios de la vieja España[21]. Los campesinos solo pudieron armarse con escopetas de caza, herramientas agrícolas y algunos fusiles tomados a la Guardia Civil; sin embargo, las masas de las ciudades se apoderaron del armamento del Ejército. A pesar de que el entusiasmo revolucionario y el armamento generalizado aplastaron la rebelión militar en algunos lugares, no creció por ello el poder del Gobierno, que necesitaba combatientes organizados para luchar contra los rebeldes mientras las masas milicianas se mostraban reacias a la disciplina. Era necesario organizar un nuevo Ejército; sin embargo, la izquierda era tradicionalmente antimilitarista y solo el Partido Comunista[22], aleccionado por la experiencia soviética, parecía dispuesto a militarizar sus afiliados[23].

Mientras el entusiasmo revolucionario consumía grandes energías en la zona gubernamental, en la sublevada los generales establecieron sendas dictaduras, suprimieron los partidos del Frente Popular y sometieron los restantes a su autoridad, incluidas las unidades armadas de requetés y falangistas. Contra los núcleos enemigos más cercanos enviaron columnas improvisadas de soldados y voluntarios mandados por oficiales del Ejército, que les imponían disciplina[24] y obligaban a cumplir las órdenes superiores, marginando a los dirigentes del partido.

Dos columnas partieron desde Burgos y Valladolid hacia Madrid, donde el general Manuel Fanjul esperaba refugiado en el cuartel de la Montaña al frente de las tropas sublevadas. Las carreteras que llevaban a la capital cruzaban la sierra de Guadarrama por varios puertos, donde se apostaron algunos militares designados por el Gobierno que a duras penas podían mandar los heteróclitos conjuntos de soldados, guardias y milicianos. Entre oleadas de entusiasmo y desorden, detuvieron a las columnas de Mola antes de que pudieran cruzar la sierra. No obstante, unos y otros resultaron incapaces de arrollar al enemigo, y el frente del Guadarrama quedó estabilizado hasta el final de la guerra.

Toda España estaba recorrida por columnas de distinto signo. Desde Madrid, las republicanas tomaron Alcalá y Guadalajara, pero fracasaron ante el Alcázar de Toledo, donde se había encerrado el coronel José Moscardó con un millar de hombres armados, mujeres y niños[25], sin que los repetidos intentos gubernamentales pudieran tomar la fortaleza.

El 24 de julio comenzaron a salir de Barcelona diversas columnas de milicianos con objeto de conquistar Aragón. Carecían de un plan de conjunto porque cada columna respondía a distintas militancias y la preponderancia anarquista[26] impedía que la Generalitat coordinara mínimamente el conjunto. Las faltas de dirección técnica, escasez de armas y municiones e indisciplina frustraron el avance, que se detuvo al chocar con los sublevados. Estos tampoco pudieron hacerse con la victoria y, a principios de agosto, el frente aragonés quedó detenido en una línea próxima a Huesca, Leciñena, Pina, Belchite y Teruel.

Otras columnas republicanas salidas de Valencia tomaron Albacete y el 28 de julio el general José Miaja reunió a todas las fuerzas disponibles en la zona en una gran columna que se dirigió a Córdoba con la intención de amenazar Sevilla, capital de los sublevados en el Sur. Sin embargo, tanto el mando republicano, que apenas podía controlar sus fuerzas, como el sublevado consideraban aquel frente como secundario y se mantuvo en defensiva[27].

Tampoco triunfó un desembarco republicano que puso pie en Mallorca el 16 de agosto. Su jefe, el capitán Alberto Bayo, contaba con milicias catalanas y algunas tropas regulares embarcadas en Menorca, donde recaló la columna antes de dirigirse a Mallorca. Un desembarco resultaba una operación demasiado compleja para aquellas fuerzas, mayoritariamente compuestas por milicianos anarquistas sin materiales adecuados. Una vez que pisaron tierra en Porto Pi, la situación permaneció confusa mientras aparecían en la isla algunos aviones y consejeros italianos que organizaron a los falangistas mallorquines con criterios fascistas y desencadenaron una tremenda represión para asegurar su propia retaguardia. Animados por la ayuda italiana, que crecía progresivamente, los nacionales contraatacaron a los desembarcados divididos por las desavenencias entre Bayo, Indalecio Prieto, la Generalitat, el Comité de Milicias[28] y el Gobierno. En los primeros días de septiembre, Bayo debió cumplir la orden de reembarcar a riesgo de ser abandonado por la flota[29].

Los militares sublevados eran hombres formados en la guerra colonial, magníficos jefes de batallón que ignoraban casi todo lo referente a una guerra de masas. En el calor del primer verano se limitaron a practicar el mismo tipo de guerra que habían hecho en Marruecos. Sus enemigos, los militares que defendían la República, eran sus antiguos compañeros de campaña y poseían iguales conocimientos. Unos y otros se limitaron a pequeñas operaciones, destinadas a batir enemigos de pequeña entidad, sin plantearse cuestiones técnicas más complicadas.

Franco, en el sur

Queipo de Llano consolidó su situación en Andalucía mediante columnas volantes, ayudadas por tropas africanas. Al comenzar agosto, pequeñas columnas de legionarios y regulares salieron de Sevilla hacia la frontera portuguesa. Debían continuar hacia Madrid por la ruta de Extremadura, más larga que la de Despeñaperros, pero que evitaba atravesar 400 kilómetros de territorio republicano, con el flanco derecho amenazado por las tropas de Miaja, situadas en Córdoba.

El principal éxito de Franco fue conseguir la ayuda internacional necesaria para superar el estado primitivo de las operaciones[30]. Mola fracasó en sus contactos exteriores y cuando sus tropas quedaron detenidas y sin municiones en la sierra madrileña debió pedir ayuda a Sevilla, donde estaban almacenados millones de cartuchos. Franco logró que el Gobierno portugués permitiera que los camiones de munición españoles circularan libremente por su territorio, llevando cartuchos a la zona de Mola.

El Gobierno republicano solicitó armas a Francia en virtud de los acuerdos de compra ya existentes; sin embargo, las presiones británicas y de españoles partidarios de los sublevados articularon dificultades crecientes, hasta que cesó la venta de armas francesas. El 1 de agosto, los gobiernos británico y francés propusieron establecer en Londres un Comité de No Intervención para prohibir la llegada de armas y soldados extranjeros a la guerra española. El Gobierno español solo recibió una inicial ayuda mexicana y luego debió recurrir a los vendedores internacionales de armamento.

En cambio, Roma y Berlín escuchaban inmediatamente las peticiones de Franco. Las presiones diplomáticas italianas impusieron que la flota republicana abandonara Tánger, obligándola a establecerse en Málaga, demasiado lejos de la costa marroquí y descentrada del Estrecho. El 2 de agosto llegó a Melilla el buque italiano Morandi con material de guerra; poco después atracaría en Cádiz el alemán Usamaro con otros diez Junkers, varios cazas y material diverso. Los acorazados alemanes Deutschland y Admiral Scheer y los aviones Savoia italianos patrullaban la zona, de donde desaparecieron casi todos los barcos del Gobierno. El 6 de agosto, un convoy con tropas africanas cruzó el Estrecho[31], que desde entonces quedó abierto al tráfico entre Marruecos y Andalucía. Al día siguiente, Franco estableció su cuartel general en Sevilla y relegó a Queipo de Llano[32] a las atribuciones de su zona[33], donde se convirtió en una especie de virrey, aunque quedó marginado de las grandes decisiones de la guerra, que se tomaban más al norte.

La ayuda extranjera fue vital para los sublevados durante las primera semanas. Sin los aviones alemanes el puente aéreo entre Tetuán y Sevilla se habría limitado a tres o cuatro aparatos, insuficientes para situar al otro lado del Estrecho los hombres que consolidaron la sublevación de Queipo de Llano. Después, la ayuda del Gobierno de Lisboa proporcionó a Franco la seguridad de su flanco izquierdo y la comunicación con la zona de Mola.

En agosto, mientras solo luchaba un millar de extranjeros en filas republicanas, ya los mercenarios marroquíes, procedentes de las zonas española y francesa del Protectorado, proporcionaban el grueso de las tropas de choque de los rebeldes y, hasta la batalla del Norte, protagonizarían las operaciones más duras.

En el vaivén de columnas que recorrían España destacaban las tres africanas, que habían partido de Sevilla hacia la frontera portuguesa, mandadas, respectivamente, por Asensio Cabanillas, Castejón y Tella. Cada una contaba con un batallón de legionarios, otro de regulares[34], una batería y algunos servicios, y, aunque su artillería y aviación eran escasas, la superioridad de sus soldados profesionales permitía avanzar de pueblo en pueblo en camiones y autobuses requisados, aplastando a los campesinos mal armados que apenas podían oponerles resistencia. En cada población los republicanos eran detenidos y se armaba a civiles de derecha para que asegurasen la situación, mientras las tropas continuaban su camino sin dejar efectivos en retaguardia.

La guerra imposible de la República

El Gobierno solo lograba hacerse obedecer militarmente en Madrid y la zona Centro, mientras Cataluña, Asturias y el País Vasco escapaban a su control. El 2 de agosto decretó que los grupos armados se organizaran en batallones mandados por militares profesionales de confianza. No obstante, no estuvieron constituidos los primeros hasta septiembre, pues solo entre el 10 y el 20 por 100 de los antiguos oficiales estaban en el bando republicano, la fidelidad de algunos era discutible y muchos milicianos se resistían a la militarización. Únicamente el Partido Comunista había organizado un centro de reclutamiento e instrucción, llamado Quinto Regimiento, que envió al frente las primeras unidades organizadas, mandadas por miembros del partido[35] o por militares de convicciones conocidas.

Al controlar únicamente la zona Centro y carecer de Ejército, el Gobierno fue incapaz de impulsar una estrategia global contra los rebeldes. Su única posibilidad era pensar cómo detener el avance de las columnas africanas hacia Madrid. El general José Riquelme intentó una estrategia defensiva consistente en establecer fuerzas en puntos importantes y de paso obligado para las columnas africanas. Su idea resultó de imposible realización, porque los atacantes se movían disciplinadamente mientras los milicianos se desbandaban con facilidad, al no estar sujetos al duro vínculo de la disciplina jerarquizada.

En Extremadura[36], las tropas africanas habían tomado el nombre de Columna Madrid y estaban a las órdenes de Yagüe, un hombre de confianza de Franco, muy bregado en las operaciones de Marruecos. Los republicanos no pudieron ofrecerle resistencia hasta que llegó a Badajoz, donde el coronel Puigdengolas y otros oficiales profesionales organizaron una defensa que resultó infructuosa. Los africanos tomaron la ciudad el 14 de agosto y Yagüe desató una dura represión contra los vencidos[37]. Doce días después, Franco trasladó su cuartel general a Cáceres, desde donde podía vigilar el avance de las tropas de África sin perder de vista a la Junta de Generales, que concentraba el poder político.

El 4 de septiembre, tras la caída de Talavera, el Gobierno republicano nombró jefe del Teatro de Operaciones del Centro al general José Asensio Torrado[38], hombre de sólidos conocimientos, que abandonó la estrategia defensiva e intentó detener a los africanos con ofensivas parciales. También fracasó este experimento porque el conglomerado armado que defendía la República era incapaz de maniobrar como un verdadero ejército y sus enemigos defendían sus posiciones sin ceder terreno.

En cambio, Mola, después de su frustrado avance hacia Madrid, organizó tropas en Navarra para conquistar Guipúzcoa. Confió el mando a militares profesionales y combinó a los numerosos requetés con soldados, hasta contar con fuerzas disciplinadas que el 5 de septiembre tomaron Irún, cortando la comunicación del norte con Francia. Una semana más tarde entraron en San Sebastián.

La gran batalla de Madrid

LA GRAN BATALLA DE MADRID

El ataque de Varela

La Columna Madrid había llegado muy cerca de su objetivo en pocos meses[39]. Cuando se reforzó con dos nuevas columnas de legionarios y regulares, tomó el nombre de Ejército de África y, el 21 de septiembre, llegó a Maqueda, donde en la carretera de Madrid tenía un ramal hacia Toledo. El día anterior se habían reunido los generales en Salamanca con el propósito de nombrar un general en jefe y, aunque no llegaron a un acuerdo, las mayores posibilidades confluían en Franco, porque muchos generales eran monárquicos y creían que también lo era aquel joven general gallego. Este tomó entonces una decisión sorprendente: sustituyó a Yagüe[40] por el general José Varela, dándole instrucciones de detener el avance hacia Madrid y desviarse hacia el sur para liberar el Alcázar de Toledo.

La conquista de la capital quedó aplazada para dirigirse al Alcázar, que se había convertido en un objetivo sentimental y propagandístico, después de resistir durísimos ataques durante dos meses y medio. Las vanguardias de Varela llegaron a la Ciudad Imperial el 26, dominándola el 27. El Alcázar quedó liberado, Franco apareció públicamente como el liberador de la fortaleza y la Junta lo designó generalísimo al día siguiente.

Esta desviación hacia Toledo proporcionó un tiempo precioso para preparar la defensa de Madrid, donde nada estaba preparado. Los generales Asensio Torrado y Miaja[41] decidieron fortificar el perímetro de la ciudad, poniendo a miles de personas a cavar trincheras y concentrar en la capital todos los milicianos y armas que pudieran reunir. Gracias a la toma de Toledo contaron con un mes para trabajar y hubo tiempo para que llegaran a España las primeras armas compradas a la Unión Soviética con las reservas de oro españolas.

Finalmente, Largo Caballero abandonó las ideas milicianas y aceptó la formación de un Ejército regular republicano, cuestión que requeriría largo tiempo porque todo el entramado militar de la República había desaparecido. Un decreto del día 30 estableció que todas las milicias serían militarizadas y el Gobierno mantuvo su propósito, estimulado por malos presagios como los bombardeos de Madrid, el 2 y el 6 de octubre. El 10 de octubre, otro decreto creó las seis primeras Brigadas Mixtas del Ejército Popular y, el 16, el buque Konsomol descargó en Valencia la primera remesa de armas soviéticas.

Desde septiembre, los cazas italianos Fiat se habían impuesto a los Dewoitine y Loire de los republicanos, que perdieron el dominio del aire, de manera que los bombarderos alemanes actuaron libremente sobre la capital.

La tardía ayuda soviética llenaría el hueco dejado por la inhibición de los Estados democráticos. Solo la ayuda rusa permitiría a los republicanos continuar la guerra, que marchaba viento en popa para los franquistas. El 17, sus columnas procedentes de Galicia rompieron el cerco de Oviedo, que el coronel Antonio Aranda defendía contra las milicias asturianas desde el mes de julio[42]; en el Centro, las tropas africanas de Varela tomaron Illescas el 19. En aquella fecha, Franco firmó las últimas instrucciones para ocupar la capital, cuya conquista se daba por hecha[43] y, con ella, el final de la guerra.

El núcleo de las tropas de Varela era la infantería colonial, muy adecuada para luchar en campo abierto pero sin experiencia en el ataque contra un frente organizado. Sin embargo, no se esperaba que los milicianos se defendieran en Madrid con mayor eficacia que hasta entonces; si los legionarios y regulares los habían arrollado durante más de tres meses, en Madrid sucedería lo mismo.

Llegaban a la capital numerosos refugiados de los pueblos cercanos y una ola de temor se extendía entre sus habitantes. Quizá esa misma sensación hizo nacer la decisión de salvar la ciudad, hasta el extremo de que unas doce mil personas cavaban trincheras y fortificaban las primeras casas. El 29 entraron en combate las primeras armas soviéticas cuando un grupo de carros T-26 atacó a la caballería marroquí en Seseña e hizo una carnicería que los republicanos no supieron explotar. En el cielo, dominado hasta entonces por los aviones italianos y alemanes, aparecieron los primeros cazas rusos y la gente contempló los primeros combates aéreos con tanta curiosidad como esperanza. Los aviones suministrados por la URSS eran de la mejor calidad. Desde finales de octubre, los Tupolev SB-2 (Katiuska) se movieron libremente, burlando a los Fiat, cuya velocidad era muy inferior. A principios de noviembre, los republicanos contaron con treinta bombarderos y cuarenta cazas soviéticos, que les dieron el dominio del aire.

El avance de Varela era tan rápido que el 4 de noviembre los diversos grupos políticos, incluida la CNT, aceptaron participar en un nuevo Gobierno de Largo Caballero. En la calle crecían simultáneamente el entusiasmo y el desánimo, hasta el extremo de que el Gobierno recién formado abandonó la capital el día 6, trasladándose a Valencia. Con las prisas, se equivocaron los sobres con instrucciones entregados a los generales Asensio Torrado y Miaja, encargados, respectivamente, de luchar en el campo y defender la ciudad.

Los franquistas esperaban que Madrid culminara el paseo militar iniciado en Sevilla tres meses antes y Varela no preparó un gran ataque conjunto, sino una operación sencilla, donde cada columna debía penetrar en la ciudad contando con sus propias fuerzas. El ataque principal penetraría en la ciudad por la carretera de La Coruña, la Ciudad Universitaria y los puentes de los Franceses y del ferrocarril; mientras, una acción secundaria distraería al enemigo en los puentes de Segovia, Toledo y la Princesa. Se trataba de una maniobra frontal, sencilla, sin apoyo artillero ni reservas, porque se esperaba encontrar un enemigo débil y desmoralizado; ni siquiera se habían preparado puentes de campaña para atravesar el Manzanares, un río pequeño casi seco, encajonado en un canal[44]. Como si estuviera en los tiempos de Napoleón, Varela ordenó que la tropa asaltara los puentes, los tomara y atravesara por ellos.

Una casualidad favoreció a los republicanos. El día 7 murió en primera línea un oficial italiano y sobre cuyo cadáver aparecieron los planes de la futura operación. Con los papeles en su poder, Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor de Miaja, distribuyó sus fuerzas y, a la vista del desbarajuste con que contaba, ordenó que todas las decisiones sobre la defensa se tomaran en su puesto de mando y, como tenía más hombres que fusiles, situó reservas sin armas cerca del puente de Toledo y de la Ciudad Universitaria, con la intención de que aprovecharan las armas de los muertos y heridos.

Mientras tanto, se organizaban en Albacete las Brigadas Internacionales, inspiradas por comunistas extranjeros, sobre todo franceses, que habían logrado reclutar voluntarios en todo el mundo, no todos los cuales eran comunistas[45]. La llegada de sus primeros batallones a Madrid infundió ánimos a la población; no llegaban a los dos mil hombres, pero su disciplinado desfile por la ciudad demostró a los madrileños que no estaban solos[46].

Como estaba previsto, el gran asalto de Varela comenzó el día 8 y los soldados profesionales de Marruecos avanzaron impetuosamente. Algunos defensores se atemorizaron y huyeron, pero la mayor parte se aferraron a sus posiciones sin dejarse arrollar ni desbandar. La confianza había cegado a Franco y a Varela, lanzándose contra una línea que había preparado la defensa durante un mes y tenía a retaguardia todos los recursos de una gran ciudad.

El Ejército de África se limitaba a unos quince mil hombres, apoyados por una artillería de acción de conjunto de solo nueve baterías de 105 y 155 mm. Desde los edificios más altos, los republicanos observaban todos sus movimientos y trasladaban los refuerzos a través de la red de transportes urbanos. Técnicamente, las tropas de Varela eran muy superiores a los desorganizados defensores de la capital, pero la naturaleza del objetivo les superaba[47].

Vicente Rojo, un inteligente e inexperto oficial de Estado Mayor, planificó las operaciones con todo el rigor académico que le fue posible[48]. Su jefe, el general Miaja, tomó la presidencia de una Junta de Defensa de Madrid formada por todos los partidos y sindicatos, que movilizaron todos los recursos humanos y materiales de la ciudad e impulsaron un espíritu de resistencia inspirado en la Gran Guerra, incluso con su principal lema, «¡No pasarán!», convertido en símbolo de la resistencia de Madrid y, luego, de la República.

Ambos bandos combatieron con saña durante los cinco primeros días, mientras los aviones rusos trataban de impedir los bombardeos alemanes e italianos. Los días 15, 16 y 17 se luchó ferozmente en la Ciudad Universitaria. Después se sucedieron contraataques de los africanos que solo conquistaron pequeños espacios de terreno. Poco a poco, los contendientes quedaron agotados y los combates languidecieron. El 23, Franco ordenó detener el asalto.

La guerra se internacionaliza y complica

El fracaso de Varela transformó las operaciones que, hasta entonces, se habían calcado de las campañas africanas. A pesar del Comité de No Intervención, la guerra se internacionalizó aceleradamente[49]. Rusos, alemanes e italianos enviaron asesores, técnicos, armas y equipos a los bandos en lucha, que reclutaron soldados forzosos para ampliar sus efectivos[50]. La intervención extranjera resultó desigual[51]. La República obtuvo inicialmente algún material francés y mexicano, para después quedar a expensas de las compras a traficantes internacionales y, sobre todo, de los suministros llegados de la URSS, siempre irregulares tanto en los tiempos de entrega como en la naturaleza de los materiales, pues comprendieron desde magníficos carros y aviones hasta anticuadas ametralladoras Maxim e, incluso, vetustos cañones sin amortiguador hidráulico. A pesar de sus defectos, solo esta ayuda permitió a la República continuar la guerra, mientras las potencias democráticas se mantenían al margen. Con las armas y materiales llegaron asesores rusos, que contaron con gran predicamento, aunque no influyeron en la dirección de la guerra[52]. Posteriormente, los dos bandos recibirían otros combatientes extranjeros[53].

Los suministros alemanes e italianos fueron más continuos y regulares. La ayuda alemana fue mayor hasta que en noviembre de 1936 Italia tomó la delantera: envió grandes cantidades de cartuchos, vigiló la llegada de los barcos rusos con material y sus submarinos torpedearon algunas unidades republicanas. Los alemanes enviaron también instructores para formar oficiales y suboficiales en España; en noviembre organizaron la Legión Cóndor[54], que contaba con unidades de carros de combate, fuerzas de defensa aérea y aviación[55], cuyos oficiales deseaban comprobar la eficacia de los bombardeos aéreos sobre ciudades y encontraron en Madrid un campo de experiencias[56] para los nuevos aparatos y las tácticas que esperaban desarrollar. La guerra española actuó como un campo de instrucción para unidades que llegaban al completo y se relevaban cada tres meses.

La intervención extranjera provocó oleadas de propaganda que buscaban el descrédito del adversario. Los republicanos aireaban la ayuda italoalemana a los franquistas como demostración de su fascismo e identificaban a los soldados marroquíes como el símbolo de la crueldad y el salvajismo. Los nacionales utilizaban a las Brigadas Internacionales y los consejeros y armas soviéticas como argumentos para acusar a los republicanos de títeres del comunismo.

La ayuda extranjera no evitó que gran parte del conflicto fuera primitivo y estuviera mal respaldado por la deficiente industria española. A pesar de todo, ambos bandos abandonaron los toscos métodos de los primeros meses y sustituyeron las columnas por organizaciones militares clásicas, muy difíciles de estructurar en el Ejército Popular, al que le faltaba el entramado básico. Durante toda la guerra sería una fuerza mal equipada e inmersa en un proceso de organización que nunca logró terminar. En cambio, Franco multiplicó fácilmente sus unidades gracias al fermento de sus primeras tropas y la disponibilidad de mandos militares; sin demasiados problemas pudo poner todos los recursos al servicio de la guerra, mientras sus enemigos jamás lo consiguieron.

En las afueras de Madrid se multiplicaron las trincheras, parapetos y refugios. Rojo distribuyó órdenes sencillas y terminantes: resistir sin abandonar ninguna posición, contraatacar ante cualquier avance enemigo y fortificar sin descanso.

El desgaste sufrido durante el asalto había sido tan intenso que las operaciones se detuvieron durante tres semanas. A finales de noviembre, como estaba claro que la capital resistiría, el Gobierno republicano limitó la autonomía de Miaja y reorganizó la Junta de Defensa de Madrid, cambiándole también el nombre. La capital dejó de funcionar como un frente aislado y fue suministrada a través de la carretera de Valencia, que se convirtió en su cordón umbilical, donde Albacete constituía una base logística de primer orden.

Batalla de la carretera de La Coruña

Franco tenía sus tropas detenidas al sur y sudoeste de Madrid, sin poder avanzar hacia el interior, y buscó un nuevo escenario para luchar a campo abierto, donde esperaba que sus tropas pudieran combatir libremente. La zona elegida estaba al oeste de la Casa de Campo, donde se planeó un avance hacia la carretera de La Coruña, distante unos ocho kilómetros.

En el pueblo de Pozuelo, centro de la zona enemiga, estaba situado el puesto de mando de José María Galán, jefe de la III Brigada republicana, todavía en trance de organización, dotada de armamento heterogéneo y con escaso material. Galán era un militar de izquierdas con gran ascendiente sobre sus milicianos, a quienes un decreto acababa de convertir en soldados; habían fortificado parcialmente sus posiciones, cavando tramos de trincheras y reforzando las numerosas casas de campo de la zona.

Varela envió para conquistar Pozuelo una columna africana mandada por Siro Alonso, con algunos carros y cañones de campaña. Su misión resultaba tan simple y lineal como las anteriores: debía marchar seis kilómetros hacia el norte, entre una fuerza de caballería a su izquierda y tropas de la Casa de Campo a la derecha, solo con el apoyo de cuatro baterías de piezas ligeras y sin reservas para apoyar la operación.

Las tres columnas se pusieron en marcha el 29 de noviembre y sorprendieron algunas posiciones republicanas. El resto de los hombres de Galán resistió y Miaja envió en su ayuda a la XI Brigada Internacional. Los republicanos permanecieron en sus posiciones y sus ametralladores se ensañaron tirando al blanco sobre los vulnerables caballos, sin que los dieciséis cañoncitos de los atacantes pudieran evitarlo. El ataque fracasó porque la táctica africana resultaba inútil frente a posiciones medianamente organizadas.

Miaja y Rojo contaban con fuerzas organizadas en cuatro sectores encomendados a Kleber (Lázar Stern), Aureliano Álvarez Coque, Cipriano Mera[57] y Enrique Líster. La organización resultaba tosca, pero comenzaba a funcionar. Era de esperar un nuevo ataque y Rojo repartió instrucciones para seguir fortificando y esperar una nueva embestida enemiga. Como se esperaba, esta se produjo, pero también fracasó ante las fortificaciones contra las que solo se lanzaba infantería.

Dos fallos seguidos demostraron la necesidad de cambiar de táctica y Franco formó el I Cuerpo de Ejército, con Andrés Saliquet al mando, cuyo puesto situó en Ávila. Al norte de la capital se encontraban las divisiones de Soria y de Ávila; al sur, la División Reforzada de Madrid, encargada de tomar la ciudad, y en Cáceres una brigada que no intervenía en la batalla.

La División Reforzada de Madrid, que era la más potente, además de sitiar la capital, desarrollaba la batalla de la carretera de La Coruña. Para el ataque siguiente envió unos diez mil hombres, divididos en dos fuerzas (Eduardo Sáenz de Buruaga y Fernando Barrón), con apoyo de dos compañías alemanas de carros y la caballería de José Monasterio. Debían marchar en una dirección paralela al primer intento y doce kilómetros más al oeste. Esta fuerza, aunque contaba con mayores efectivos, conservaba los primitivos defectos: carecía de reservas y solo contaba con cinco baterías de acción de conjunto.

Las deficiencias republicanas compensaban estos errores. A pesar de los decretos ministeriales, el Ejército Popular no existía, y Luis Barceló, el militar profesional que mandaba los republicanos del nuevo objetivo, solo contaba con unos cuantos batallones a medio organizar en la zona de Boadilla y Villanueva de la Cañada. Los combates comenzaron el 14 de diciembre y a los dos días los republicanos abandonaron Boabilla.

Miaja envió entonces a las únicas fuerzas bien organizadas con que contaba: las XI y XII Brigadas Internacionales y un destacamento de carros rusos, mientras otras unidades intentaban distraer al enemigo con un contraataque en el sur. El mal tiempo y la fatiga detuvieron los combates durante varios días, y Franco ordenó acumular cuantas tropas fuera posible.

Los republicanos habían distribuido las suyas en cinco divisiones y trabajosamente trataban de organizarlas; problema que no afectaba a Franco, que desdoblaba sus unidades[58], aprovechando el reclutamiento forzoso y la ayuda extranjera. Pronto reunió la mayor masa de tropas empleada hasta entonces[59] y preparó un nuevo ataque, con objetivos más amplios, al mando de Luis Orgaz, porque Varela estaba herido.

Esta vez los combates resultaron más duros, pero Orgaz consiguió avanzar y el 6 de enero cortó la carretera de La Coruña. Después prosiguió hacia el este, intentando separar Madrid de las fuerzas republicanas del Guadarrama. El forcejeo resultó brutal; los franquistas contaban con soldados más entrenados y estaban sobrados de municiones de todo tipo; los republicanos resistieron con dureza, pero perdieron Pozuelo, Húmera y Aravaca. El 9 de enero, la infantería africana tomó sus últimos objetivos en la cuesta de las Perdices. Ambos bandos habían luchado ferozmente, hasta llegar al cuerpo a cuerpo y las bombas de mano. Estaban desgastados por una batalla que había costado unos quince mil muertos entre ambos bandos. Las tropas de Franco habían logrado sus objetivos iniciales aunque no pudieron aislar el frente del Guadarrama. Los republicanos habían aprendido a defenderse.

Empate en el Jarama

Terminados los combates al oeste de Madrid, el Estado Mayor de Franco decidió atacar en el sur de la capital para cortar la carretera de Valencia, y Rada, Sáenz de Buruaga, Barrón, Asensio y García Escámez prepararon 20 000 hombres, produciéndose el primer ataque el 6 de febrero de 1937 contra brigadas republicanas que se estaban organizando con reclutas. Los generales republicanos Miaja y Pozas enviaron refuerzos al mando de Modesto y Burillo para contener al enemigo. Los republicanos ocuparon los puentes de Pindoque y San Martín de Valdeiglesias, pero las tropas indígenas se los arrebataron en sendos golpes de mano nocturnos. Dominados los puentes, los franquistas se desplegaron en la ribera opuesta y la batalla se convirtió en un choque frontal donde cada ejército lanzó todos sus medios contra el enemigo. No hubo maniobras, sino acumulación de medios, porque ambos bandos ya contaban con efectivos humanos y armamento suficientes.

El Jarama se convirtió en una batalla de material, donde Franco contó con aviones recién salidos de las fábricas alemanas e italianas[60]. También los republicanos recibieron importantes ayudas aéreas soviéticas[61], que les dieron superioridad aérea al principio de la batalla. Hasta entonces habían combatido en defensiva y ahora necesitaron organizar potentes contraataques que les sirvieron de escuela para maniobrar en campo abierto, primero desmañadamente, después con creciente eficacia.

El 12 por la mañana, la brigada franquista de Asensio ocupó un montículo conocido como el Pingarrón, el punto militarmente más importante de la zona porque dominaba la carretera. Los republicanos enviaron al Jarama la brigada de carros de Pavlov[62] y la XV Brigada Internacional, recién organizada por el Coronel Gal (Janos Galicz), con voluntarios de veintitrés países, entre ellos el célebre batallón americano Abraham Lincoln.

El día 15, el general Pozas, que dirigía a los republicanos, entregó el mando a Miaja, que organizó cuatro divisiones (Walter, Gal, Líster y Güemes) y una fuerza independiente (Modesto). Los bombardeos tomaron protagonismo en ambos bandos, sucediéndose los combates aéreos, donde colaboró un cañón antiaéreo alemán recién fabricado, el célebre 88. El Jarama se había convertido en una batalla de desgaste cuyas operaciones se detuvieron por agotamiento de ambos bandos.

El esfuerzo de todos se dirigió entonces al Pingarrón, donde se habían fortificado el capitán Zamalloa con regulares de Ceuta y alguna caballería. La artillería republicana había alcanzado un nivel apreciable y, desde el 23, concentró sus fuerzas en el montecillo, que luego asaltaron los internacionales. En seis horas de combate ambos bandos enviaron refuerzos al Pingarrón, que cambió tres veces de manos[63] hasta que la noche detuvo la refriega. Era el final de una batalla terminada en tablas, con un enorme desgaste mutuo. El Jarama demostró que la guerra se había internacionalizado y constituyó el primer empate técnico logrado por el núcleo de fuerzas republicanas, fogueadas en la defensa de Madrid[64].

Los ataques en otros frentes

Mientras la batalla de Madrid centraba la principal atención, se desarrollaban ofensivas secundarias. En Andalucía, Queipo de Llano desencadenó un ataque en el frente de Córdoba que le llevó hasta 30 kilómetros del santuario de Santa María de la Cabeza, donde los republicanos tenían sitiado un contingente de la Guardia Civil desde el principio de la guerra.

El bando gubernamental activó varias ofensivas para distraer tropas enemigas de la batalla de Madrid y poner en actividad a los 40 000 hombres que teóricamente formaban el Ejército del Norte, nombre que designaba las diversas milicias situadas en tierras del Cantábrico, donde la organización militar no se había producido.

En la «ofensiva de Villarreal»[65] las milicias vascas pretendieron avanzar hacia Vitoria sin conseguirlo. Su fracaso extendió la idea de concentrarse en la defensiva y la fortificación de Vizcaya. En Asturias, las milicias atacaron el pasillo que unía Oviedo con la retaguardia franquista, cañonearon intensamente la ciudad y mantuvieron una fuerte presión hasta el 17 de marzo, cuando su impulso quedó frenado por las numerosas bajas sufridas. Quedaba demostrado que el Ejército del Norte solo existía sobre el papel, no había superado la fase miliciana, carecía de un mando único obedecido por todos y estaba falto de aviación. La voluntad no bastaba para coordinar algo tan complejo como una gran ofensiva cuyo fracaso costó numerosas vidas y provocó una grave crisis de entusiasmo.

Cerca del frente de Madrid los republicanos desencadenaron la «ofensiva de Sigüenza», que rompió el frente, tomó un par de pueblos y cesó al cabo de once días porque ambos bandos comprendieron que consumía recursos sin incidir en la batalla principal.

Guadalajara

Al iniciarse la guerra, Mussolini envió aviación y unos cientos de hombres. Franco necesitaba la ayuda, deseaba recibir equipo, armas, municiones, sin desdeñar la llegada de hombres equipados y armados. Sin embargo, solo deseaba que estuvieran organizados hasta el nivel compañía a fin de que los mandos superiores fueran españoles.

Mussolini se impacientaba ante la lentitud con que Franco conducía la guerra y, sin atender a los deseos de sus aliados españoles, decidió activarla con sus propias tropas. A finales de 1936 y principios de 1937 los envíos italianos de hombres y material crecieron espectacularmente y, sin permiso de Franco, a mediados de febrero habían llegado a España 84 823 italianos encuadrados militarmente y con el armamento y material necesarios para organizar un Cuerpo de Ejército, el Corpo Truppe Volontarie, mandado por Roatta y otros cinco generales del Ejército regular[66].

Los italianos tenían la experiencia de sus campañas coloniales africanas, donde habían desarrollado una táctica rápida y ligera, «la guerra celere», que pensaban aplicar en España para conseguir una victoria rápida, a pesar de que sus blindados, el carro Fiat-Ansaldo L-3/35 y el autoblindado Ansaldo-Lancia IZ, eran excesivamente ligeros para enfrentarse con los rusos.

Presionaron a Franco para que el CTV atacara Málaga, reducto republicano sin organización militar y solo unido a su retaguardia por la carretera de Almería[67]. Finalmente, el ataque se organizó con dos columnas españolas apoyando al CTV, que llevó el peso de la operación, iniciada el 3 de febrero de 1937 y terminada el 7 con la toma de Málaga[68], prácticamente sin encontrar resistencia.

El fácil triunfo incrementó las presiones de Mussolini, ahora dispuesto a conquistar Valencia. Franco se opuso porque, si los italianos terminaban la guerra por su cuenta, el Duce pretendería convertir España en su satélite. Ante la negativa, el Estado Mayor italiano ofreció la alternativa de que el CTV tomara parte en la batalla de Madrid.

El Estado Mayor italiano había planeado una imaginativa maniobra: atacarían Guadalajara desde el norte, romperían el frente y proseguirían en una maniobra motorizada hacia Alcalá de Henares. Entonces se moverían hacia ellos las tropas españolas del Jarama para aprisionar a los republicanos entre dos fuerzas, cortar la carretera de Valencia y completar el cerco de Madrid.

Concedida la autorización, el ataque comenzó el 8 de marzo, tras un temporal de nieve y lluvia que había convertido los campos en un barrizal cubierto de niebla. Como se esperaba, el ataque desbarató las débiles defensas republicanas. Miaja y Rojo perdieron el control de la situación, enviaron algunas fuerzas a contraatacar mientras preparaban más refuerzos y luego ordenaron a sus mejores unidades que, sobreponiéndose a la fatiga del Jarama, marcharan a taponar las carreteras de la Alcarria por donde llegaba la fuerza enemiga.

Sin embargo, los italianos fueron incapaces de realizar su rápido avance y el desorden consumió su victoria. La magnífica flota de dos mil camiones del CTV embotelló las escasas carreteras mientras resultaba imposible moverse por el campo enfangado. Si entonces Franco hubiera ordenado a sus fuerzas del Jarama que marcharan hacia el norte, como estaba previsto, el desastre republicano habría sido completo. Pero no lo hizo y dejó solos a sus imaginativos aliados.

La maniobra italiana había previsto rápidos movimientos de tropas apoyadas por la aviación y la artillería[69], pero los vehículos apenas podían moverse y la artillería y la aviación no los apoyaban. La niebla cegaba sus observatorios y los aparatos, que actuaban desde aeródromos improvisados, no podían despegar de sus encenagadas pistas de tierra. Comenzaban a producirse choques entre los inexpertos camisas negras y los fogueados internacionales. El mal tiempo favorecía a los republicanos, que necesitaban moverse menos, no tenían el estorbo de los vehículos y estaban apoyados por su aviación, que, al actuar desde aeródromos consolidados, despegaban desde pistas de cemento que no se encharcaban. Libre el cielo de aviones italianos, los republicanos bombardearon y ametrallaron, multiplicando el desorden. El 15, Franco negó a Roatta la autorización para retirar el CTV del campo de batalla y solo le autorizó mantener una pausa hasta el 19. Cuando una mejoría del tiempo permitió que despegaran los aviones italianos ya resultaba imposible enderezar la situación en tierra; desde el día 11, el coronel Jurado con el IV Cuerpo republicano[70] había tomado la iniciativa. Diez días de mal tiempo y los ataques aéreos habían desbaratado al CTV, que emprendió la retirada. Franco no reaccionó hasta el 22, cuando el frente quedó estabilizado.

Guadalajara cerró la gran batalla de Madrid y causó gran efecto en ambas retaguardias. Los republicanos sufrieron unos 2000 muertos y 4000 heridos, frente a 400 muertos y 1800 heridos contrarios. Sin embargo, ganaron la batalla de la propaganda; pudieron exhibir sus 500 prisioneros italianos y capturaron gran cantidad de material. Fue escaso el valor táctico de aquella batalla; sin embargo, supuso una derrota estratégica para Franco, que se vio obligado a abandonar la batalla de Madrid. A cambio, logró una victoria política: desde entonces, Mussolini no pudo disponer libremente del CTV para intentar una guerra por su cuenta[71], Franco utilizó a los italianos como quiso y donde creyó conveniente.

La campaña del Norte

LA CAMPAÑA DEL NORTE

Conquista de Vizcaya

Guadalajara había consumido el último esfuerzo para tomar Madrid. La concentración del poder político y el mando militar en su persona permitía a Franco tomar decisiones estratégicas generales, y optó por cambiar de escenario[72]. Mola y Juan Vigón, su jefe de Estado Mayor, habían organizado una nueva masa de maniobra, basada en las Brigadas Navarras y una Reserva General de Artillería, a las que se unieron las aviaciones alemana e italiana con más de 150 aparatos y el CTV reorganizado, 65 batallones, 250 piezas de artillería y 60 carros de combate.

El norte republicano comprendía Vizcaya, Santander y Asturias, la primera gobernada por el Partido Nacionalista Vasco y las otras dos por sendos comités. Contaban con un Ejército del Norte solo teórico, porque persistía la organización miliciana, y su jefe, el general Llano de la Encomienda, no se entendía con el Gobierno vasco. Este procuraba dirigir la guerra según sus propios criterios en el empleo de sus 27 batallones de infantería, un regimiento de artillería y diversas unidades de servicios que para el Gobierno del lendakari Aguirre eran el Ejército de Euskadi y para el Gobierno de la República el XIV Cuerpo del Ejército Popular. Confiando en las virtudes de la guerra defensiva, se habían fortificado las lindes de Vizcaya, además del llamado cinturón de hierro de Bilbao. A pesar del esfuerzo, el futuro militar se presentaba problemático para un territorio que padecía la falta de aviación, escaso armamento y el bloqueo naval de sus costas[73].

Mola hizo atacar la línea exterior el 31 de marzo, en el sector de Ochandiano y con el objetivo final fijado en Durango. Su táctica consistió en machacar con bombardeos de aviación y artillería las posiciones enemigas antes de que llegara el momento de atacar la infantería. A pesar de su inferioridad en aviación y artillería, las milicias vascas resistieron y Mola no pudo romper la primera línea de defensa hasta el 24 de abril.

A pesar de todo, se demostró la superioridad militar de Mola, y el Gobierno vasco pidió insistentemente a Valencia el envío de aviones. Resultaba difícil, porque los aparatos carecían de autonomía suficiente para llegar en vuelo y fracasaron los intentos de transportarlos en barco o haciendo escala en Francia. Ya era tarde cuando lograron llevar en vuelo algunos I-15 desde Cataluña e I-16 desde el Centro.

La aplastante superioridad aérea de alemanes e italianos castigó la retaguardia vasca con duros bombardeos sobre Durango y, el 26 de abril, sobre Guernica, cuya destrucción provocó una campaña internacional de repulsa[74]. Cuando, el 27, ambas localidades fueron ocupadas por los requetés navarros, los batallones vascos se replegaron al triángulo señalado por los montes Jata, Sollube y Bizcargui, con la finalidad de proteger Bilbao.

Entre el 3 y el 7 de mayo los graves enfrentamientos políticos ocurridos en Barcelona debilitaron al Gobierno Largo Caballero y, en esta situación, el lendakari Aguirre comunicó que asumía personalmente el mando militar de las operaciones en Euskadi. En la misma época, Mola reforzó su masa de maniobra al poner en línea las IV y V Brigadas Navarras, la División italiana veintitrés de Marzo y varios tabores de regulares. Su renovada ofensiva tuvo éxito y, el 9 de mayo, tomó el Sollube[75], un punto esencial de la defensa.

El 17 de mayo se formó el Gobierno Negrín y el general Gámir Ulibarri llegó al norte para tomar el mando de las tropas de Euskadi, mientras Llano de la Encomienda conservaba el mando militar de Santander y Asturias.

El lugar dejado por la muerte de Mola lo ocupó el general Fidel Dávila, que prosiguió las operaciones hasta llegar al cinturón de hierro de Bilbao, que se había construido bajo la inspiración de algunas ideas militares francesas y el éxito de la defensa de Madrid. La táctica defensiva resultó ineficaz ante la prepotencia de la aviación y la artillería, que batían libremente las obras. Los aviones sobrevolaban tranquilamente la línea fortificada y observaban su desarrollo, cuyos planos una traición había puesto en manos de Dávila. El 12 de junio, el punto más débil del cinturón fue machacado por una tempestad de proyectiles y bombas que permitieron a la I Brigada Navarra de García-Valiño atravesarlo aquel mismo día[76]. Durante la semana siguiente los batallones vascos protagonizaron duras resistencias y rendiciones sin combatir mientras caravanas de refugiados civiles y militares huían a Santander. El 19, las tropas de Dávila entraron en Bilbao[77].

Las ofensivas de La Granja y Huesca

La formación del Gobierno Negrín transformó radicalmente la dirección de la guerra. Hasta entonces, los distintos frentes habían sido regidos por su propia dinámica. Largo Caballero se mostraba partidario de decisiones pactadas, en cambio Negrín prefería decidir con criterios personales; además, la pérdida de poder de la CNT incrementó el poder del Gobierno, que, por primera vez, pudo pensar en decisiones estratégicas. El ministro de Defensa, Indalecio Prieto, estaba decidido a dirigir la guerra según criterios técnicos: nombró subsecretarios a cuatro militares profesionales y encomendó el Estado Mayor Central a Vicente Rojo. Sin embargo, la República nunca nombró un general en jefe. Sus principios eran tan civilistas que, hasta el final del conflicto, el Gobierno no declaró el estado de guerra y en muchas de sus instancias políticas nunca desapareció la actitud de desconfianza, o por lo menos de reticencia, hacia los militares profesionales del propio bando. La figura de un general preeminente habría suscitado la repulsa de muchas formaciones políticas y sindicales. Si Rojo fue universalmente aceptado se debió, en buena parte, a que siempre se limitó a su papel, en teoría secundario, de jefe del Estado Mayor Central.

El Ejército Popular estaba mal abastecido, carecía de disciplina interna, escaseaban las reservas y la artillería y la aviación estaban en retroceso. Sin embargo, la batalla de Madrid había entrenado algunas unidades que el Gobierno decidió utilizar y encargó planificar movimientos destinados a distraer las operaciones de Dávila en el norte. Rojo preparó entonces dos pequeñas ofensivas, una en La Granja y otra en Huesca, que debían iniciarse con sendos ataques por sorpresa a fin de compensar la debilidad de la aviación y artillería republicanas.

El 31 de marzo, el coronel Moriones atacó La Granja y Valsaín con dos divisiones de la sierra de Madrid. Tuvo éxito y amenazó Segovia hasta que sus tropas recibieron los ataques de la aviación franquista llegada del frente Norte. En esta situación, bastó que intervinieran pocas tropas de refuerzo para detener la ofensiva el 2 de junio. Al día siguiente, murió Mola al estrellarse su avión cuando se dirigía a inspeccionar el frente de La Granja[78].

El ataque contra Huesca se desencadenó días más tarde. Previamente se trasladó la XII Brigada Internacional desde Madrid a Aragón y desde el 10 se desarrollaron acciones destinadas a engañar al enemigo. El 12, el general Pozas atacó Huesca con fuerzas españolas y la XII Brigada, sin conseguir la sorpresa que pretendía. Atacantes y defensores pelearon con dureza, pero únicamente la XII Brigada estaba acostumbrada a participar en una ofensiva y la situación se mantuvo entre vaivenes hasta que, el 19, llegaron refuerzos franquistas y recuperaron la única posición tomada por los republicanos.

Los planes de Rojo habían chocado con el infierno de la ejecución; La Granja y Huesca demostraron que el Ejército Popular ya era capaz de emprender acciones ofensivas, pero estaba lastrado por graves deficiencias.

Batalla de Brunete

El Gobierno decidió una ofensiva de más envergadura para salvar Santander, y Rojo preparó una operación en el Centro con más de 80 000 hombres, toda la aviación disponible, 100 carros, 30 blindados y 164 piezas de artillería. Miaja tomó el mando de tres Cuerpos de Ejército: el V (Modesto, con las divisiones de Líster, El Campesino y Walter), el XVIII (Jurado y luego Casado, con las divisiones de Galán, Enciso y Gal) y el II (Romero), situado en Vallecas para realizar una maniobra secundaria. Se trataba de fuerzas heterogéneas que solo habían logrado su cohesión hasta el nivel batallón. Las tropas entrenadas se reducían a los Cuerpos V y XVIII, este último recién creado, mientras el II había sido improvisado para la ocasión.

Se eligió para atacar una dura llanura abrasada por el verano, donde los cuerpos V y XVIII debían romper el frente franquista de Madrid y avanzar hacia el sur. El II Cuerpo llevaría a cabo un movimiento secundario para encontrarse con ellos en Alcorcón.

El 6 de julio de 1937, tras una preparación de artillería y aviación, la división de Líster atacó y avanzó 16 kilómetros, rodeando el pueblo de Brunete, un cruce de carreteras que permitiría avanzar hacia Villaviciosa de Odón, Boadilla y Sevilla la Nueva. Los defensores resistieron y Líster, en lugar de bordear el pueblo y continuar hacia el sur, se detuvo todo el día en tiroteos inútiles. A su derecha, la división de El Campesino llegó a Quijorna y también se detuvo. A su izquierda, la división Walter llegó a Villanueva de la Cañada, cuyos defensores se replegaron.

Como tenían por costumbre, casi todas las tropas franquistas defendieron sus posiciones denodadamente, mientras las republicanas atacaron con igual tenacidad. Esta situación favoreció a los defensores, porque los republicanos se entretuvieron en la conquista de los pueblos en lugar de avanzar rápidamente hacia sus últimos objetivos. El retraso permitió que entraran en fuego dos tabores de Regulares, enviados ya el día 5 ante el temor de un ataque.

El 7 comenzó la maniobra secundaria del II Cuerpo que partía de Vallecas. Ya había hecho la mitad del camino cuando sus unidades, sin costumbre de atacar e inseguras en campo abierto, comenzaron a replegarse y todo el Cuerpo regresó a su base de partida. Este fracaso se unió a la excesiva precaución de los mandos republicanos de los Cuerpos V y XVIII, que no se atrevieron a profundizar en el terreno, ignorando las resistencias aisladas. Miaja también temió perder el control de la situación y ordenó permanecer en Brunete hasta que cayeran Quijorna y Villanueva de la Cañada. El Campesino, sin enemigo al frente, no sobrepasó el río Perales, a pesar de tener orden para ello. El 8, el II Cuerpo intentó repetir su fracasada operación, pero el enemigo estaba prevenido y detuvo su avance.

El ataque principal, aunque tenía éxito, avanzaba muy despacio y dio tiempo a Franco para detener la ofensiva sobre Santander y transportar en ferrocarril cuatro divisiones, dos Brigadas Navarras y unidades de carros, caballería y servicios. La llegada de la Legión Cóndor y la Aviación Legionaria[79], dotadas de los nuevos Messerschmitt 109, Heinkel 111 y Savoia 79, arrebató a los republicanos el dominio del aire[80].

El 18, cuando la batalla ya llevaba doce días de duro desgaste, Varela contraatacó y empujó a los republicanos hasta sus bases de partida. El 24, los franquistas recuperaron las ruinas de Brunete en un combate casa por casa y, el 25, un gran bombardeo de artillería y aviación machacó a los republicanos. El 26, Varela quiso aprovechar el desgaste de los agotados republicanos para continuar hasta Madrid, cuyo frente parecía abierto. Entonces Franco ordenó detener la operación y devolver las tropas al norte. Había perdido unos 10 000 hombres y 25 aviones; los republicanos, unos 25 000 hombres y 100 aviones.

Santander

La batalla de Brunete comenzó tarde para ayudar a Bilbao, pero logró retrasar casi dos meses el avance hacia Santander, donde se habían refugiado numerosa población civil y batallones vascos. Las fuerzas republicanas en Santander y Asturias sumaban catorce divisiones, con unas cien piezas y cuarenta aviones, a los que Dávila oponía el CTV, seis Brigadas Navarras, la Brigada de Castilla, unas trescientas piezas, un centenar de carros y otro de aviones. Sus fuerzas no eran más numerosas, aunque resultaban superiores en moral, organización y potencia de fuego. Cuando atacaron el 14 de agosto no encontraron una resistencia encarnizada, y en pocos días tomaron Peña Labra, Reinosa, el puerto del Escudo y Torrelavega.

El 21, algunos batallones vascos abandonaron sus posiciones replegándose a Santoña y Laredo. Dos días después, otros batallones vascos, desobedeciendo las órdenes de Aguirre y de Gámir, marcharon a Santoña, donde ocuparon la Academia de Oficiales y liberaron a 2500 presos franquistas. Era el resultado de largas conversaciones secretas entre dirigentes del PNV, el Vaticano y los jerarcas fascistas italianos que buscaban una paz separada[81]. El 25 llegaron dos barcos donde comenzaron a embarcarse políticos y milicianos vascos mientras nuevos batallones de gudaris se dirigían a los puertos; hasta que Franco tuvo noticias de cuanto sucedía y ordenó que todos los barcos fueran descargados y los batallones que se entregaron fueron considerados prisioneros de guerra y conducidos a campos de concentración.

El 24, las tropas de Dávila habían cortado las comunicaciones entre Asturias y Santander, en cuyos puertos civiles y milicianos buscaban embarcarse para marchar a Francia. Faltaban embarcaciones y, progresivamente, la evacuación se convirtió en pánico, luego en huida desordenada. El 26 entraron en la ciudad tropas navarras e italianas, y el frente santanderino se había desplomado en solo doce días.

Batalla de Belchite

La grave situación del norte inspiró al Gobierno a una nueva batalla de diversión destinada a salvar Asturias mediante una ofensiva en Aragón, donde se acumuló secretamente una masa de maniobra equipada con armas soviéticas recién llegadas.

Privado de otras posibilidades, Rojo preparó un plan parecido al de Brunete: una fuerza atacaría por sorpresa en Belchite, rompería el frente y avanzaría hacia Zaragoza. Una maniobra secundaria se movería al otro lado del Ebro a fin de cortar las vías de comunicación de la capital aragonesa hacia el norte.

Mandaba las fuerzas republicanas el general Pozas y se dieron instrucciones para no repetir el error de Brunete. Fue inútil. El 24 de agosto tuvo éxito el ataque por sorpresa, pero los republicanos se empeñaron en tomar las posiciones enemigas que no se rendían. Aunque habían ocupado casi mil kilómetros cuadrados y sus vanguardias estaban a 30 kilómetros de Zaragoza, en lugar de lanzar el ataque motorizado que estaba previsto contra la ciudad dedicaron los principales esfuerzos a conquistar Belchite y Quinto, que resistían aunque ya habían sido rebasados 15 kilómetros[82].

La maniobra secundaria ni siquiera se puso en marcha, y cuatro días después de comenzar la batalla llegó la contraofensiva franquista, que detuvo el avance republicano. El frente quedó estabilizado el 6 de septiembre.

Un Ejército no se crea en pocos meses, y el Popular no había completado su organización, carecía de cuadros medios eficientes y su reducida masa de maniobra, fogueada en el frente de Madrid, no contaba con el respaldo de las restantes unidades. Era posible romper un frente con esa masa de maniobra mediante un ataque por sorpresa. Sin embargo, no existían reservas para relevar al desgastado escalón de ataque que, además, era víctima de la superioridad aérea enemiga. Todas las grandes ofensivas habían seguido la misma secuencia: tenían éxito inicialmente y luego se detenían hasta que llegaban la aviación y reservas enemigas, que invertían la situación hasta convertir la victoria en un matadero. Ante la insoluble situación, el 30 de septiembre, el coronel Rojo solicitó ser relevado como jefe del Estado Mayor Central. El Gobierno no solo lo mantuvo en su puesto, sino que, el 21 de octubre, lo ascendió a general. El problema no era la dirección de la guerra, sino la imposibilidad de improvisar en poco tiempo un Ejército compacto, equipado y con reservas.

La guerra estaba marcada por la aviación militar que los alemanes e italianos empleaban ofensivamente[83], mientras los republicanos, conocedores de su inferioridad, se concentraban en la aviación defensiva, dando preferencia a los cazas. Los resultados fueron estratégicamente desastrosos porque el bando franquista logró mucha mayor capacidad para el ataque a tierra y la escuadra republicana quedó sin protección. Esta deficiencia se sumó a la falta de petróleo, que Franco obtenía de compañías norteamericanas, y de mandos cualificados. La Marina republicana quedó condenada a la impotencia y la República debió concretarse a una estrategia continental, sin iniciativas aéreas ni navales[84].

Asturias, defensa sin futuro

El 1 de septiembre, cinco días después de dominar Santander, Solchaga atacó por la costa y días después llegó a Llanes, mientras Aranda atacaba por el sur y los italianos permanecían en reserva.

En espera de que la política resolviera su tremendo problema militar, el Consejo de Asturias y León, que presidía Belarmino Tomás, se proclamó soberano, y sustituyó al general Gámir por el coronel Prada cuando solo se contaba con 50 000 fusiles para 80 000 hombres en un territorio bloqueado por mar y tierra, casi desprovisto de aviación y con escasos recursos militares.

La resistencia republicana, apoyada en la dura orografía, era, sin embargo, muy tenaz, especialmente por las tropas de Galán y los milicianos vascos de Ibarrola. Su empecinamiento no podía compensar la inferioridad aérea, artillera y logística. El 1 de octubre la Brigada de Castilla tomó Covadonga; en el sur, Aranda llegó el 4 al puerto de San Isidro, y el 8 llegó Solchaga al Sella, cuyo cauce marcaba una línea fortificada en la que confiaban los republicanos.

Un bombardeo alemán permitió, dos días después, a los navarros desbordar esta línea, que marcaba la última posibilidad defensiva de Asturias. A pesar de todo, la lucha no cedió hasta que, el 20 de octubre, el Estado Mayor Central ordenó la evacuación por mar. Ya el 17, el Consejo había pedido resistir tres días a fin de que los mandos militares y los mejores batallones pudieran marchar a Francia con la intención de proseguir la lucha en el Centro. Los barcos disponibles eran escasos y entre el 20 y el 21 abandonaron Asturias cuantos combatientes, civiles y políticos pudieron embarcar. Prada, Galán y Ciutat, el jefe del Estado Mayor, partieron el 21 por la mañana[85]. Aquella misma tarde la IV Brigada de Navarra entró en Gijón. El frente Norte había desaparecido[86].

La maniobra de Levante

LA MANIOBRA DE LEVANTE

La República, en desventaja

La conquista del norte decidió la guerra, que era eminentemente terrestre dados los secundarios papeles asignados a las flotas, la franquista mandada por el almirante Francisco Moreno Fernández y la republicana por su colega Luis González Ubieta. Durante 1937 se habían hundido los dos viejos acorazados[87] que permanecían uno en cada bando, el España, con los franquistas, y su gemelo el Jaime I, con los republicanos, que también perdieron los destructores Císcar y Ferrándiz, cinco submarinos y vieron limitadas sus operaciones por la falta de petróleo, repuestos, municiones y oficiales competentes[88]. La aviación contraria, que efectuaba frecuentes salidas en busca de los barcos, se beneficiaba de las informaciones facilitadas por los alemanes e italianos[89]. Ya el 22 de noviembre de 1936, un submarino italiano penetró en Cartagena y torpedeó a los cruceros republicanos Miguel de Cervantes y Méndez Núñez. Posteriormente, la marina italiana vigiló la ruta de los mercantes soviéticos que transportaban armas a España y estableció una base para la marina de Franco en la isla de Favignana. Estas intervenciones cortaron el tráfico de mercantes rusos que transportaban armas a los puertos del Levante español. El suministro de armas no se restauró hasta meses después, por una vía que partía del Báltico, pasaba a Francia y atravesaba la frontera española, siempre que lo permitieran las autoridades galas, sujetas a los compromisos de la No Intervención.

La vigilancia de los barcos que transportaban armamento no fue la única actividad naval de los aliados de Franco. En la conquista de Málaga, buques alemanes e italianos informaron sobre los movimientos republicanos en la zona costera. Ambas marinas vigilaban el Mediterráneo en cumplimiento de los acuerdos del Comité de No Intervención y, contra sus instrucciones, recalaban en los puertos de Mallorca e Ibiza.

Los aviones republicanos, más que proteger su propia flota, buscaban a los barcos franquistas. El 22 de febrero de 1937 lograron frustrar el bombardeo naval de Sagunto atacando a los cruceros Canarias, Baleares y Almirante Cervera cuando navegaban hacia la ciudad. En otras ocasiones atacaron al Canarias y al Baleares, las unidades más potentes y modernas de ambas flotas, que interceptaban eficazmente el tráfico naval republicano y bloqueaban sus costas[90]. Creó problemas internacionales que los buques alemanes e italianos amarraran cerca de los españoles en puertos de Baleares. En Palma de Mallorca, bombas republicanas alcanzaron al crucero italiano Barletta y al patrullero alemán Albatros; en Ibiza, al crucero alemán Deutschland. En represalia, el 31 de mayo de 1937 dos barcos alemanes, el acorazado de bolsillo Admiral Scheer y el crucero Leipzig, cañonearon la ciudad republicana de Almería, que carecía de defensas costeras.

Las modernas aeronaves soviéticas, alemanas e italianas hicieron de la aviación un arma decisiva. Los franquistas apoyaron con aviación todas sus operaciones terrestres y ensayaron el bombardeo de ciudades. Contaban con unidades alemanas e italianas llegadas al completo con sus aviones, municiones y equipos de tierra, mientras los republicanos dispusieron de aviones e instructores soviéticos y una intraestructura deficiente. También sufrieron la falta de pilotos, que progresivamente se subsanó formándolos en la URSS en cursillos de seis meses, operación que revistió grandes dificultades.

Terminada la campaña del Norte, las grandes industrias siderúrgicas habían quedado en la zona franquista y todas las armas rusas necesitaban llegar a través de Francia, que no siempre daba facilidades, mientras Franco recibía los suministros italianos y alemanes sin problemas[91]. Esta ventaja no aceleró la lenta estrategia franquista, que desesperaba a sus aliados, sino que, tras la conquista del norte, su acción se hizo más lenta, tímida y conservadora, hasta el extremo de dejar la iniciativa estratégica en manos de los republicanos y procurar sacar únicamente ventaja de los bombardeos aéreos y los contraataques, nunca iniciados sin haber acumulado suficiente artillería, aviación y reservas para ser claramente superior.

El 31 de octubre, Negrín trasladó su Gobierno a Barcelona con la intención de implicar en la guerra toda la capacidad catalana. Poco antes, la aviación italiana había incrementado los bombardeos sobre Cataluña, especialmente sobre Barcelona. Mussolini aprovechaba la ocasión para demostrar a Europa la potencia aérea italiana[92], aprovechándose del desgaste sufrido por los republicanos.

Una vez derrumbado el frente Norte, Franco decidió reanudar la batalla de Madrid en el punto en que la había interrumpido tras la derrota italiana de marzo de 1937. Al comenzar diciembre había acumulado unos cien mil hombres en el frente de Guadalajara para reproducir, con más potencia, el antiguo plan italiano rectificado, que le permitiría cortar la carretera Madrid-Valencia y aislar completamente la capital, que, sin suministros, no tardaría en rendirse.

También el Estado Mayor de Rojo preparaba tres grandes operaciones, una para Andalucía, otra contra Huesca y una tercera contra Teruel. Esta fue elegida cuando el espionaje advirtió que Franco había concentrado una gran masa de tropas cerca de Guadalajara.

Batallas de Teruel y del Alfambra

Durante los tres últimos meses de 1937, Franco recibió 240 aviones y tomó una gran ventaja, mientras los republicanos comenzaban a montar los cazas soviéticos en Reus, Sabadell y Alicante, adonde se habían trasladado las antiguas fábricas de Getafe y Guadalajara.

Negrín decidió salvar Madrid con una ofensiva de distracción sobre Teruel. Tomar una capital de provincia era una gran baza propagandística de fácil realización porque Teruel estaba situado en un saliente del frente, adentrado como una nariz en territorio republicano. Podría conquistarlo una maniobra de doble envolvimiento a cargo del Ejército de Levante y del recién creado Ejército de Maniobra.

Las tropas republicanas se pusieron en marcha secretamente el 15 de diciembre, sin bombardeos previos de aviación ni artillería. El XXII Cuerpo (Ibarrola) envolvió por el norte, el XVIII Cuerpo (Fernández Heredia) por el sur y el XX Cuerpo (Arturo Menéndez) atacó de frente. Al llegar la primera noche, la ciudad había quedado cercada. El 18, los republicanos tomaron La Muela; el 19, el puerto de Escandón, tras un combate muy duro, y el 22 entraron en la ciudad, donde el coronel Rey d’Harcourt se hizo fuerte en varios edificios con 2000 hombres armados y otros tantos civiles.

A pesar de esta resistencia, la caída de Teruel se propagó en ambas zonas con gran impacto psicológico porque un bando estaba acostumbrado a continuas derrotas y el otro a seguidas victorias. Franco varió entonces sus planes y renunció nuevamente a Madrid. Dávila recibió la orden de suspender la operación de Guadalajara y reconquistar Teruel. El día de Navidad el Cuerpo de Castilla (Varela) y el de Galicia (Aranda) comenzaron a moverse acompañados por 296 piezas de artillería. La guerra se desplazaba hacia Levante en uno de los inviernos más duros que se recordaba en la zona[93].

El general Alfredo Kindelán había organizado la aviación franquista en cuatro unidades: la Legión Cóndor, la Aviación Legionaria, la I Brigada Aérea Hispana y las Fuerzas Aéreas de Baleares, además de varios grupos independientes para la cooperación por tierra; en total, más de 400 aparatos bien equipados y puestos a punto. Cuando el 29 de diciembre atacaron, los Cuerpos de Castilla (Varela) y Galicia (Aranda) contaron con una seria protección de la Legión Cóndor mientras Rey d’Harcourt continuaba resistiendo. Tropas de Agustín Muñoz Grandes y de Rafael García-Valiño tomaron La Muela el día 31. Aquella misma noche la temperatura descendió a 18 grados bajo cero y cayó la mayor nevada del siglo. El frío causó estragos en los hombres, detuvo la logística e inmovilizó a los dos ejércitos[94], aunque los franquistas, peor dotados de ropa, llevaron la peor parte. Solo en el interior de la ciudad continuaron los combates. Cuando Dávila intentó reanudar el avance, el frío lo hizo imposible, y el 8 de enero de 1938, Rey d’Harcourt se rindió cuando ya no tenía comida ni medicamentos[95].

El 14, Dávila ordenó a Aranda y Varela que sus tropas rodearan la ciudad y luego la conquistaran. El ataque duró desde el 17 al 22 de enero y fracasó ante las tropas de Hernández Sarabia; el 19 entraron en acción las Brigadas Internacionales que habían descansado durante la primera fase de la batalla. Entre el 25 y el 29, una contraofensiva de Hernández Sarabia recuperó terreno hasta que debió retirarse ante la fatiga de los hombres y la intensidad de los ataques aéreos. El 30, Dávila recibió refuerzos hasta contar con los Cuerpos de Castilla, Galicia, Marroquí y la División de Caballería, preparándose para atacar de nuevo.

Rojo creía que la batalla ya había terminado y en lugar de replegar las unidades a posiciones más ventajosas las dejó inmóviles mientras sus enemigos se reforzaban. La llamada batalla del Alfambra comenzó el 5 de febrero, cuando las catorce divisiones de Dávila empujaron y hundieron el frente de ocho divisiones republicanas[96], y la caballería de Monasterio dio una carga tremenda contra los agotados republicanos, que sufrieron 15 000 muertos y heridos y 7000 prisioneros. Una reacción conjunta de los Ejércitos de Maniobra y Levante intentó taponar la brecha, pero, el 17, Yagüe atravesó el río con el Cuerpo Marroquí mientras los bombarderos republicanos se habían concentrado para buscar la escuadra enemiga. La aviación republicana, mandada por Ignacio Hidalgo de Cisneros, había perdido en aquella batalla bastantes de sus 300 aparatos y la franquista pudo machacar el campo republicano hasta que los hombres perdieron la moral. El 20, Hernández Sarabia ordenó retirarse[97].

La llegada al mar

Franco optó por hacer retroceder el frente de Aragón y conquistar el complicado terreno montañoso del Maestrazgo[98] en lugar de atacar nuevamente Madrid o Cataluña. La maniobra comenzó el 7 de marzo y la situación republicana se vio agravada porque numeroso armamento soviético quedó retenido por las autoridades francesas.

Las mejores tropas republicanas estaban agotadas y muchas fuerzas del frente de Aragón carecían de experiencia. El 10 de marzo, Solchaga reconquistó Belchite y Rojo situó las Brigadas Internacionales en Caspe. La aviación italo-alemana allanó el camino a los italianos, que avanzaban rápidamente. El 16 de marzo, Varela rodeó Caspe y lo tomó al día siguiente. El avance era imparable y los destrozados republicanos perdieron Tardienta y la sierra de Alcubierre, levantaron el cerco de Huesca y, el 3 de abril, Gandesa y Lérida.

La caída de Teruel había desprestigiado al ministro de Defensa, Indalecio Prieto, que se desmoralizó, convencido de que la derrota era ya inevitable. Negrín, acusándolo de derrotista, decidió cesarlo el 29 de marzo, y Prieto dimitió. Negrín asumió entonces directamente la cartera de Defensa.

Mientras tanto, al sur del Ebro, los franquistas avanzaban lentamente y el 30 de marzo llegaron ante Tortosa, donde Líster se había hecho fuerte. Superaron su resistencia y la vanguardia del Cuerpo de Galicia, que iba mandada por Alonso Vega, llegó a Vinaroz el 15 de abril. La España republicana había quedado partida en dos[99].

Las tropas republicanas que habían participado en la batalla resultaron fraccionadas. Al sur de la brecha quedó el Ejército de Levante y parte del de Maniobra, cuyo resto estaba al norte, donde se concentraban las unidades procedentes de Madrid, que eran las mejores del Ejército Popular. Habían sido diezmadas de tal forma que no podía continuar la resistencia, y un ataque contra ellas habría dejado expedito el camino a Barcelona. Sin embargo, Franco ordenó atacar Valencia.

Las operaciones comenzaron el 17 de abril con la intención de conquistar Castellón, Sagunto y llegar a Valencia. A pesar de su desgaste, los republicanos presentaron una resistencia tenaz, de modo que las vanguardias de Aranda no llegaron a Castellón hasta el 14 de junio. Valencia estaba defendida por la línea fortificada Viver-Segorbe-Sagunto, contra la que acumularon los atacantes nuevos recursos. El ataque comenzó el 23 contra Onda, que resistió cinco días. Después, los contraataques republicanos frenaron la ofensiva, que progresó lentamente. Entre el 20 y el 23, ambos bandos forcejeaban con fuerza y los atacantes sufrieron numerosas bajas que les obligaron a detenerse[100]. Entonces llegaron noticias de un ataque republicano en el Ebro[101].

El hundimiento del «Baleares»

Cuando la batalla de Levante presentaba tintes sombríos para los republicanos, levantó su entusiasmo una noticia inesperada: su escuadra había hundido el crucero Baleares, orgullo de la flota enemiga. A finales de 1937, el almirante González Ubieta, jefe de la escuadra republicana, y el comisario Bruno Alonso lograron establecer la disciplina de las tripulaciones e impulsaron su adiestramiento. El 5 de marzo de 1938, la mayor parte de la flota zarpó de Cartagena. Tres lanchas torpederas entregadas por la URSS navegaban protegidas por una flotilla de cuatro destructores y otra de dos cruceros y cinco destructores. Las torpederas regresaron a puerto, por razones mal conocidas, y los restantes buques continuaron su singladura. Antes de amanecer el día 6, la segunda flotilla se encontró con la División de Cruceros franquista[102], que navegaba sin protección de unidades menores y no tuvo la precaución de alejarse para aprovechar la ventaja de su artillería de largo alcance. Su jefe, el almirante Vierna, tomó algunas decisiones imprudentes, que aprovecharon el crucero Libertad para hacer fuego de cañón y los destructores Sánchez Barcáiztegui, Almirante Antequera y Lepanto para lanzar torpedos, uno de los cuales alcanzó al Baleares. El crucero se detuvo con grandes daños y sus compañeros abandonaron el lugar para no ser también alcanzados. También los republicanos se replegaron hacia Cartagena, temerosos de que un nuevo combate desafortunado empañara su triunfo. Dos destructores británicos acudieron en ayuda del Baleares y salvaron a parte de la tripulación; el resto, unos ochocientos hombres, se hundieron con el buque[103].

La batalla del Ebro

LA BATALLA DEL EBRO

El paso del río

Rojo jamás asumió funciones políticas ni desempeñó mandos superiores, limitándose a dirigir la estrategia republicana como jefe del Estado Mayor Central[104]. En cambio, Franco, aunque se reservaba las últimas decisiones militares, se dedicaba preferentemente a la política[105] y descargaba la dirección de las operaciones en su Estado Mayor, donde contaba con hombres tan eficientes como Francisco Martín Moreno, Juan Vigón, Luis Gonzalo, Antonio Barroso y el ministro de Defensa, Fidel Dávila. En esta fase de la guerra, optó por un ritmo aún más lento que el habitual y buscó desgastar al enemigo, aunque fuera a costa de las bajas propias, voluntad que iba a tener su máxima expresión en la batalla del Ebro.

Las tropas republicanas situadas en Cataluña estaban a las órdenes de Hernández Sarabia, que contaba con los Ejércitos del Este (Perea) y del Ebro (Modesto), fruto este último de reorganizar los restos del Ejército de Maniobra, completarlos con reclutas catalanes y equiparlos con los nuevos materiales rusos. A fin de valorar su efectividad, desde el 22 de mayo de 1938 el Ejército del Este atacó Tremp y Balaguer, demostrándose, aunque su organización había avanzado, que quedaba mucho por mejorar.

Al comenzar aquel verano, la aviación de bombardeo italiana se había reforzado seriamente[106] porque Mussolini deseaba dejar constancia internacional del poder fascista. Por su parte, los republicanos recibieron los primeros cazas I-16 con cuatro ametralladoras, que dieron gran resultado. En agosto contarían con 156 cazas frente a 200 franquistas, muchos de los cuales se enfrentarían en el Ebro y Extremadura.

Rojo había estudiado varios planes estratégicos, como reconstituir el Ejército de Maniobra en el Centro, atacar en Extremadura, en el Ebro o ejecutar el Plan P. La decisión de Negrín fue desencadenar una ofensiva en el Ebro, a fin de descargar la presión militar sobre Valencia y alargar la guerra esperando el estallido del conflicto que se adivinaba próximo en Europa. Declarar entonces la guerra a Alemania supondría la alianza automática de Francia e Inglaterra y la salvación de la República.

El plan previsto establecía que el Ejército del Ebro cruzara el río por tres sectores. En el principal actuarían el XV Cuerpo (Tagüeña) en la dirección de la carretera de Flix a Gandesa y el V Cuerpo (Líster) según la carretera de Tortosa a Gandesa, confluyendo ambas fuerzas en la sierra de Cavalls. En dos sectores secundarios cruzarían la 42 División cerca de Mequinenza y la 46 División, más al sur, próxima a Amposta.

Las tropas se entrenaron y los materiales se acumularon en secreto hasta que, durante la noche del 24 de julio de 1938, los republicanos cruzaron el Ebro por sorpresa mediante barcas, plataformas y pasarelas flotantes. Al acabar el día 25, la operación en conjunto había sido un éxito, con una gran cabeza de puente establecida frente a Gandesa y otra menor cerca de Mequinenza. Solamente había fracasado la 46 División, que no cruzó el río.

A la mañana siguiente llegaron la aviación alemana, italiana y española franquista, esta última ya numerosa y dotada de materiales italo-alemanes. Aunque las bombas machacaron los puentes de campaña, el Ejército del Ebro tomó todos los pueblos de la bolsa, profundizó hasta 20 kilómetros de la ribera y, al cuarto día, había llevado al otro lado de la corriente todas las tropas y materiales preparados de antemano.

Proseguir la batalla resultó más difícil e impuso grandes sacrificios. La aviación destruía los puentes durante el día y, durante la noche, los zapadores republicanos tendían otros y cables para cruzar el Ebro con balsas. A los daños producidos por los aviones se unieron las crecidas artificiales del Ebro, porque los franquistas abrían las compuertas de pantanos situados aguas arriba y la corriente se llevaba los puentes, las barcas y las pasarelas.

Mientras tanto, llegaban reservas franquistas a toda prisa para taponar la bolsa. Los republicanos, como siempre, carecían de ellas. Los hombres de vanguardia a los cuatro días de marchar y combatir estaban exhaustos y sedientos en el infierno de julio. Líster, cuya fuerza debía tomar Gandesa, quedó clavado en las afueras del pueblo mientras la guarnición enemiga recibía nuevos refuerzos. Las mejores tropas del Ejército Popular estaban detenidas a lo largo de 30 kilómetros del Ebro, de espaldas a la corriente, y recibieron orden de fortificarse, sin ceder un palmo de terreno.

La batalla de desgaste

El mando republicano se preparaba para una batalla defensiva porque Negrín necesitaba ganar tiempo a fin de buscar una alianza con Francia e Inglaterra mientras se consolidaba la incipiente organización del Ejército Popular. Sin embargo, las circunstancias eran desventajosas para los republicanos, que combatían con un río a la espalda, en inferioridad y sin recibir nuevas armas ni municiones rusas porque estaba cerrada la frontera francesa.

Franco no tenía por qué aceptar aquella batalla. Su situación estratégica era inmejorable. Contaba con suficientes fuerzas para fijar la gran bolsa donde estaba encerrada la élite del ejército enemigo. Le sobraban medios para proseguir desde Lérida la conquista de Cataluña o atacar nuevamente Madrid o Valencia. En cambio, decidió librar en el Ebro una gran batalla de desgaste.

Durante ella desencadenó siete ofensivas sucesivas, apoyadas por un aplastante fuego artillero y aéreo. Fueron ataques en frentes muy estrechos, lineales y violentos como un puñetazo[107]. El primero se dirigió contra la bolsa secundaria de Mequinenza, que los republicanos abandonaron pronto a fin de ahorrarse bajas en una ocupación que ya carecía de sentido. Las básicas de la bolsa principal estaban al norte y sur de Gandesa, en las sierras de Cavalls y Pandols. Al comenzar la segunda ofensiva, la XII División, atrincherada en Pandols, recibió un fuego devastador, seguido de ataques que, durante una semana, desgastaron a los dos bandos. Los franquistas cambiaron entonces de objetivo y atacaron sin resultado La Fatarella a lo largo de otra semana sangrienta. La cuarta ofensiva marchó entre La Fatarella y Pandols hacia Corbera y la Venta de Camposines.

Ninguna de las cuatro ofensivas dio resultado, pero hizo de la batalla un matadero. En el verano abrasador ambos bandos se ensañaron en el ataque y defensa de cada posición, con un terrible balance de víctimas. Cuando la batalla ya duraba tres meses, los defensores se replegaron para hacerse fuertes en las sierras de Cavalls y Pandols, sobre las que se abatió un diluvio de fuego de artillería y aviación. Ambos bandos sufrían un terrible desgaste humano, aunque la capacidad de resistencia republicana estaba limitada por la continua destrucción de los puentes y el cierre de la frontera francesa.

Las esperanzas republicanas crecieron ante la posibilidad de que estallara una guerra europea provocada por las apetencias de Hitler sobre territorio checoslovaco de los Sudetes. Checoslovaquia era un Estado democrático que contaba con la protección francesa y británica, cuya firmeza era la de esperar. No fue así, y, para evitar la guerra, París y Londres dejaron en el acuerdo de Munich las manos libres a Hitler. El Gobierno Negrín comprendió que si las potencias democráticas no defendían Checoslovaquia, mucho menos lo harían con la República española, aliada de la Unión Soviética[108].

La batalla prosiguió sin esperanzas de enlazar con un conflicto internacional. Las tropas de Líster defendían la sierra de Cavalls, que dominaba la llanura de Gandesa y el punto esencial de la batalla, mientras las de Yagüe y García-Valiño intentaban tomarla. Las conversaciones internacionales condujeron a retirar algunos combatientes extranjeros: diez mil italianos de un bando y los internacionales del otro, reducidos a menos de quince mil, parte de los cuales se negaron a abandonar España.

La séptima ofensiva de Franco resultó decisiva. En la madrugada del 30 de octubre, la infantería de García-Valiño asaltó Cavalls, removido por una durísima protección artillera. Después se combatió en lo alto de la sierra durante todo el día. Desde entonces, la batalla quedó decidida, los republicanos fueron replegándose ordenadamente y pasaron el río entre el 7 y el 15 de noviembre. Las últimas fuerzas pasaron secretamente durante la noche. El 16 de noviembre estaban todos en la orilla izquierda[109]. La batalla había durado casi cuatro meses, con más de treinta mil bajas franquistas y casi el doble republicanas.

La ocupación de Cataluña

LA OCUPACIÓN DE CATALUÑA

Ataque al frente catalán y ofensiva de Valsequillo

El desastre del Ebro había desgastado al Ejército de este nombre y se hizo necesario reorganizar los 220 000 soldados que la República tenía en Cataluña, para los cuales faltaban incluso fusiles y ametralladoras. Así se incrementaron las presiones para reclutar más hombres y enviar al frente el mayor número de armas. Todavía no se había restablecido la organización militar cuando las informaciones hicieron creer en la inminencia de un nuevo ataque franquista[110].

Rojo estudió una maniobra de distracción para retrasarlo y dar tiempo a la llegada de nuevas armas que estaban detenidas en Francia. El llamado «plan Motril» establecía que el 8 de diciembre una división republicana rompiera el frente en la dirección Motril-Málaga y una brigada transportada por mar desembarcara en la costa de retaguardia. Málaga y el sur de Granada quedarían amenazados, combinando la acción con otras dos secundarias: un ataque en Córdoba-Peñarroya y otro en el frente de Madrid. El conjunto del plan pretendía poner en peligro los frentes nacionales de Andalucía, para obligar a Franco a enviar reservas desde Extremadura, donde podría desencadenarse otra gran ofensiva republicana. A última hora, el general Miaja y el almirante Buiza se opusieron al plan, que se abandonó cuando ya las primeras tropas se habían puesto en marcha.

Nada impidió que el 23 de diciembre se produjera la ofensiva general franquista contra el frente catalán. Los Cuerpos de Urgel y Maestrazgo atacaron en Tremp al XI Cuerpo republicano. Más al sur, el CTV y el Cuerpo de Navarra cargaron contra el XII Cuerpo en Serós. Los italianos avanzaron rápidamente porque sus enemigos se desbandaron y solo fue posible pararlos con el contraataque de una brigada de la XI División. La falta de camiones impidió enviar más tropas republicanas a taponar la brecha. Al cabo de veintidós días el ataque había logrado sus objetivos generales con un avance de casi 100 kilómetros por unos 120 de ancho, que costó a los republicanos 70 000 bajas y unas 40 000 a los franquistas.

A pesar de haberse anulado el «plan Motril», el Estado Mayor republicano no abandonó la idea de una ofensiva de distracción en Andalucía que también compensara los avances hechos por Queipo de Llano durante el verano anterior. La ofensiva se planeó para el frente de Pozoblanco, que estaba inactivo desde 1937, y donde el 5 de enero de 1939 el XXII Cuerpo Republicano atacó en Valsequillo con dos divisiones y 40 blindados en vanguardia. El frente se derrumbó en la zona de ataque, pero resistieron las posiciones situadas en los bordes de la brecha. Los republicanos avanzaron 20 kilómetros, hasta que, al tercer día, padecieron fuertes ataques aéreos mientras se trasladaban reservas franquistas, incluso desde Cataluña, con las que se organizaron dos grandes agrupaciones. Al tercer día, un gran temporal de lluvia detuvo el avance republicano, que ya padecía los eternos problemas del Ejército Popular, entre ellos la falta de disciplina de los muchos mandos intermedios que no seguían los planes de operaciones. La ofensiva acabó consumiéndose a sí misma y su impulso terminó al chocar con las reservas enemigas.

Llegada a la frontera francesa

La ofensiva en el sur no detuvo la batalla de Cataluña, donde Rojo pretendió establecer sucesivas líneas de defensa, imposibles con aquel ejército agotado, cuya derrota total se adivinaba. Los atacantes cargaron contra el Ejército del Este, que defendía la zona norte, y una vez que tomaron el punto clave de Artesa de Segre volcaron sus esfuerzos en el sur, donde estaba el Ejército del Ebro, rompieron el frente en Borjas Blancas y avanzaron hacia Tarragona, donde entraron el 15 de enero. Su avance fue considerable, situándose en la línea Pons-Cervera-Tarragona, mientras fracasaban desesperados intentos republicanos para reactivar la retaguardia, recordando la resistencia madrileña de 1936. El ataque sobrepasó sin problemas el cauce del Llobregat, último obstáculo natural antes de Barcelona[111], que el 22 fue abandonada por los organismos del Gobierno[112]. La población, hambrienta, agotada y desmoralizada, deseaba, por encima de todo, el final de la guerra. Nadie ofreció resistencia a las tropas de Franco, que entraron en la capital catalana jaleadas por sus partidarios, que abandonaban la clandestinidad.

Caída Barcelona, se derrumbó el plan de resistencias sucesivas elaborado por Rojo, mientras caravanas de civiles y soldados marchaban hacia la frontera francesa. En la vanguardia de los franquistas marchaba el CTV, que había mantenido un buen ritmo durante toda la operación. Dadas las circunstancias internacionales, la llegada de italianos a la frontera francesa habría inquietado a las autoridades galas, recelosas ante las ambiciones de Mussolini y ya muy inquietas porque la conquista de Cataluña había situado aviones alemanes e italianos muy cerca de su territorio. El CTV recibió orden de detenerse y dejarse rebasar por las tropas navarras a fin de que ellas tomaran contacto con los franceses. El 1 de febrero se celebró en el castillo de Figueras la última sesión de las Cortes y el 9 se rindieron los republicanos de Menorca. El 10, los navarros controlaron la frontera. En los últimos tiempos, unas cuatrocientas mil personas la habían cruzado para refugiarse en Francia.

El final de la guerra

EL FINAL DE LA GUERRA

Entre la voluntad y el desánimo

No todos los republicanos aceptaron que la pérdida de Cataluña suponía el final de la guerra. Azaña y Rojo permanecieron en Francia; sin embargo, Negrín, el 10 de enero, regresó en avión a Alicante con la idea de continuar la lucha en la zona Centro y aquel mismo día se entrevistó con los generales Miaja, jefe del sector Centro-Sur, y Matallana, jefe del Estado Mayor, que no lo recibieron con entusiasmo. Al día siguiente regresaron a España todos los ministros, excepto Giral, que permaneció junto a Azaña, que se negaba a regresar, al igual que los generales Jurado y Hernández Sarabia. En el exilio o en España, la mayor parte de los políticos y jefes militares republicanos consideraban perdida la guerra[113]; sin embargo, Negrín se mostraba decidido a continuar hasta lograr una paz con garantías de que no habría represalias contra los vencidos.

Convocó a los principales jefes militares a una reunión en la base aérea de Los Llanos, donde expuso que habían resultado inútiles sus esfuerzos para lograr la ayuda de Francia e Inglaterra, por cuya razón no había otra posibilidad que seguir luchando hasta conseguir una paz negociada. Los militares no compartieron el voluntarismo del presidente ni tampoco apuntaron salidas posibles a la situación.

El Ejército Popular contaba todavía con medio millón de hombres, la mitad que el franquista, la flota y algunos puertos, entre ellos, la base naval de Cartagena. Sin embargo, el pesimismo había calado y la única institución que claramente apoyaba la idea de luchar era el Partido Comunista. El mismo Gobierno, después de abandonar Barcelona, hasta carecía de una sede fija, algunos de sus ministros se encontraban de misión en el extranjero y el presidente visitaba los frentes.

La sublevación de Cartagena

El Gobierno se instaló finalmente en una finca cercana a Elda, que recibió el nombre clave de Posición Yuste. Mientras tanto, los gobiernos británico, francés y estadounidense deseaban cerrar el capítulo de la guerra española, de la que también se había desentendido Stalin, ahora interesado en pactar con Hitler sus reivindicaciones en Europa oriental. Azaña, conocedor de la situación, el 27 de febrero envió una carta de dimisión al presidente de las Cortes, Martínez Barrio.

El coronel Segismundo Casado, jefe del Ejército del Centro, dirigía una conspiración de diversos grupos militares y políticos que pretendían sustituir al Gobierno Negrín por otro que negociara el final de la guerra. Contaba con la colaboración de personalidades como el socialista Julián Besteiro y el anarquista Cipriano Mera, jefe del IV Cuerpo, y estableció contactos con agentes del SIPM, el servicio secreto de Franco.

El 2 de marzo, el almirante Buiza propuso a los jefes y comisarios de la Marina que, si Negrín no firmaba la paz en cuarenta y ocho horas, la flota abandonara España. Al día siguiente, el Gobierno nombró a Galán jefe de la base de Cartagena, y al teniente coronel Etelvino Vega, comandante militar de Alicante. Galán tomó el mando el 4 por la noche, pero poco después estalló una sublevación y, en poco tiempo, gubernamentales, casadistas y franquistas se apoderaron de las diversas dependencias militares. En pleno caos, una incursión de aviones italianos bombardeó y hundió un destructor y la flota abandonó Cartagena rumbo al puerto argelino de Bizerta.

Los franquistas de Cartagena dominaban la base naval mientras una columna gubernamental se preparaba para asaltarla y se acercaba al puerto un convoy naval con tropas de Franco. El almirante Moreno, al conocer que los gubernamentales estaban a punto de recuperar Cartagena, ordenó que los barcos regresaran, pero dos de ellos, que carecían de radio, penetraron en el puerto y el Castillo de Olite fue hundido por las baterías de costa, pereciendo los más de dos mil hombres que iban a bordo.

El golpe de Madrid

El 5 de marzo, Negrín presidía una reunión en la Posición Yuste. A la misma hora, en los sótanos del Ministerio de Hacienda, cuartel general del mando militar de Madrid, se encontraba Casado con dirigentes socialistas, cenetistas, de Izquierda Republicana y mandos militares. A medianoche, Julián Besteiro, Cipriano Mera y Casado anunciaron por Unión Radio que se había constituido un Consejo Nacional de Defensa con la finalidad de conseguir una paz honrosa.

Los casadistas se apoderaron de Alicante, y Negrín, viéndose aislado, se dirigió al aeródromo de Monóvar, de donde partieron varios aviones con el presidente, algunos ministros y otras personalidades.

El Consejo Nacional de Defensa quedó como único Gobierno republicano de hecho mientras mantenía conversaciones con delegados del Gobierno de Burgos. En la madrugada del 6, chocaron los partidarios del Consejo y los miembros del Partido Comunista, cuyos dirigentes locales desconocían la marcha de Negrín. El Consejo ordenó detener a todos los jefes y comisarios comunistas, y estos, al frente de sus unidades, tomaron diversos edificios y puntos de la ciudad mientras la población contemplaba horrorizada cómo los republicanos se mataban entre sí. Los combates callejeros se mantuvieron con distintas alternativas hasta el atardecer del 10, cuando las tropas de Cipriano Mera dominaron importantes puntos de la ciudad. Durante los combates se habían asesinado prisioneros y los comunistas fusilaron a los coroneles Pérez Gazzolo, López Otero y Fernández Urbano, del Estado Mayor de Casado. Se estima en unos dos mil el número total de muertos de aquellas jornadas. Finalmente, se negoció un alto el fuego efectivo para las ocho de la mañana del 12 de marzo.

En Valencia, los jefes militares lograron evitar el enfrentamiento armado, mientras en otras ciudades como Ciudad Real, Toledo, Jaén y Almería los casadistas detenían a los comunistas. Una vez controlada Madrid, Casado ordenó detener al coronel Luis Barceló y al comisario José Conesa, que fueron juzgados en juicio sumarísimo y fusilados al día siguiente; otros dirigentes comunistas fueron detenidos y encarcelados.

Rendición sin condiciones

El Consejo de Defensa se reunió el 12 para proponer a Franco una paz sin represalias, con diversas garantías como la distinción entre los delitos comunes y políticos, el respeto a la vida y la libertad de los militares que no hubieran cometido delitos comunes y la concesión de un plazo de veinticinco días para poder exiliarse. Después se hizo saber a los agentes del SIPM que los coroneles Casado y Matallana esperaban día y hora para trasladarse a la zona nacional y negociar el cese de las hostilidades[114].

Ambos esperaban que se tuviera en cuenta su condición de militares profesionales y anticomunistas; sin embargo, la respuesta de Burgos fue de rendición incondicional, sin ningún tipo de negociación previa. El 22, el Consejo comprendió la situación, aceptó la rendición incondicional y ordenó a los gobernadores civiles que preparasen la evacuación. Como delegados suyos marcharon a Burgos el teniente coronel Antonio Garijo y el comandante Leopoldo Ortega, a quienes el coronel Ungría, jefe del SIPM, negó cualquier documento escrito y exigió la entrega de la aviación el 25 de marzo y de todo el ejército el 27. En una segunda reunión tampoco lograron ningún tipo de concesiones hasta que el general Martín Moreno ordenó terminar el encuentro.

El 26, las tropas de Franco avanzaron en Extremadura sin encontrar resistencia y al día siguiente ocuparon Almadén y diversas localidades de la provincia de Toledo[115]. El 28, Casado se trasladó en avión a Valencia y el 29 abandonó España en un buque británico. De los miembros del Consejo, solo Besteiro permaneció en su despacho, donde fue detenido por las tropas de Franco que entraron triunfalmente en Madrid.

Más de 150 000 personas, desde políticos y jefes militares hasta mujeres y niños, se habían concentrado en Alicante con la esperanza de poder embarcar y huir. El 28 partió el barco Stanbrook abarrotado de fugitivos y, desde la madrugada del 29, la multitud se concentró en el puerto mientras el coronel Ricardo Burillo se entrevistaba con miembros de la delegación internacional y del Cuerpo consular en espera de que llegase un gran mercante, el Winnipeg, fletado por el Comité Internacional, y otros buques prometidos por el Gobierno francés[116], operación que hicieron imposible el crucero Canarias y el minador Vulcano, situados en la bocana del puerto. Al atardecer del 30, la División italiana Littorio llegó al puerto, donde entraron los minadores Júpiter y Vulcano con tropas españolas. Todos los refugiados quedaron prisioneros[117].

El 1 de abril de 1939, el parte oficial de guerra del Cuartel General del Generalísimo anunció que esta había terminado.

5. El mundo ante el avispero español: intervención y no intervención extranjera en la guerra civil (Enrique Moradiellos)

5

EL MUNDO ANTE EL AVISPERO ESPAÑOL:

INTERVENCIÓN Y NO INTERVENCIÓN

EXTRANJERA EN LA GUERRA CIVIL

Enrique Moradiellos

El espejo deformante: la significación internacional del conflicto español

EL ESPEJO DEFORMANTE: LA SIGNIFICACIÓN INTERNACIONAL

DEL CONFLICTO ESPAÑOL

La guerra civil que se libró en España entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939 tuvo sus orígenes en motivos propiamente internos españoles: las graves tensiones sociales y la violenta polarización política que había cristalizado en el país en un contexto de profunda crisis económica. Sin embargo, el curso efectivo y desenlace final de ese conflicto endógeno estuvo crucialmente condicionado por el contexto europeo contemporáneo. La forma más evidente de ese condicionamiento fue la intervención (o no intervención) en la contienda fratricida española de varias potencias continentales que prestaron su ayuda (o rehusaron hacerlo) a uno u otro de los bandos contendientes. El proceso de internacionalización derivado de tal intervención exterior confirió a la crisis bélica española una importancia decisiva en el panorama diplomático que precedió al estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 y dio origen al debate que convulsionó a amplios segmentos de la opinión pública europea y mundial de la época. No en vano, durante casi tres años, el avispero español se convirtió en el escenario de lo que cabe considerar también como una guerra civil europea a pequeña escala y parcialmente premonitoria de la que habría de estallar a finales de 1939[1].

Apenas una semana después del estallido de la guerra en España, un artículo editorial publicado el 25 de julio de 1936 en The Manchester Guardian, prestigioso diario liberal británico, comenzaba afirmando: «El significado internacional de la guerra civil española es bastante más grande de lo que parecía en un principio». Y al cabo de unas semanas de lucha, The Times, otro influyente diario conservador británico, corroboraba ese juicio previo y apuntaba el motivo y razón básica del conclicto: «[la guerra de España] puede considerarse como un espejo deformante en el que Europa contempla una imagen exagerada de sus propias divisiones»[2].

Ciertamente, como indicaban ambas citas periodísticas, el conflicto fratricida en España tuvo desde el principio una dimensión internacional ineludible y trascendental para su desarrollo y terminación final. Contra lo que todavía suele afirmarse ocasionalmente, el carácter de esa dimensión internacional no era resultado de la hipotética injerencia y participación de potencias o instituciones extranjeras en el desencadenamiento de la contienda. En otras palabras: no es verdad que antes del estallido de la guerra hubiera en marcha una conspiración comunista dirigida desde Moscú para propiciar una revolución social y la implantación de un régimen de tipo soviético en España (como afirmarían los militares insurgentes para justificar su sublevación como un mero golpe preventivo que se anticipaba a dicha revolución). Antes al contrario, el Kremlin y la dirección moscovita del Komintern, atemorizados por el peligro nazi y embarcados en la búsqueda de la alianza anglo-francesa, refrenaron sistemáticamente las ínfulas revolucionarias del Partido Comunista de España y recibieron con desconcierto y aprensión las primeras noticias sobre la sublevación[3].

Tampoco es cierto que existiera un acuerdo previo de las autoridades fascistas de Italia y de sus homólogas nazis de Alemania con los militares conjurados con el fin de estimular y apoyar la realización de su golpe faccioso (como sostendría la propaganda republicana a modo de consoladora explicación del alcance del fenómeno insurreccional). Los vagos contactos exploratorios de los conspiradores con los líderes nacionalsocialistas y fascistas, aunque contaban con precedentes en años previos (vínculos italianos con la Falange y visita del general Sanjurjo a Alemania), no habían cuajado en nada serio y tanto en Roma como en Berlín se vieron sorprendidos por el momento y alcance de la sublevación[4].

La dimensión internacional implícita en la contienda española respondía a dos razones fundamentales y correlativas: la doble presencia de una analogía esencial y de una sincronía temporal entre la crisis bélica española y la crisis europea de la segunda mitad de los años treinta. Ambos fenómenos constituyeron los factores fundamentales que confirieron a la guerra española su importancia y significado internacional. Y ambos fueron la causa y origen del rápido proceso de internacionalización del conflicto y del concomitante interés pasional que suscitó este en la opinión pública mundial contemporánea. No en vano, los respectivos frentes y las retaguardias creados en España se convertirían en el «espejo deformante» que concitaba el apoyo o la hostilidad de los diversos grupos sociales, ideologías políticas y potencias estatales que fracturaban el continente europeo. Tanto para quienes percibían la contienda española como un combate frontal entre el comunismo y la civilización occidental como para quienes la interpretaban como una batalla decisoria entre la democracia y el fascismo. Un representante diplomático británico advirtió ese fenómeno con palabras bien reveladoras después de año y medio de guerra civil e intervención extranjera en ella: «Por el momento, España tiene a su cargo el desdichado papel de constituir el reñidero de Europa»[5].

La analogía esencial entre la crisis española que dio origen a la guerra civil y la crisis europea de los años treinta permite considerar a aquella como una versión regional y específica de esta última. De hecho, desde una perspectiva referencial históricocomparativa (superadora de la habitual perspectiva diferencial hispano-céntrica), cada vez resulta más evidente que la guerra civil española fue un episodio de la fase final de la llamada «crisis europea del período de entreguerras», que se extiende entre el final de la Gran Guerra y el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

La naturaleza general de la crisis de entreguerras que asoló a Europa durante el ventenio de 1919-1939 derivaba del impacto devastador de la Primera Guerra Mundial sobre los fundamentos del previo orden liberal y capitalista por su novedosa condición de Guerra Total: un tipo de contienda agotadora que implicaba la movilización masiva de la sociedad afectada, subordinaba toda la actividad económica a las exigencias bélicas, requería una incesante producción industrial para alimentar logísticamente los frentes de combate, demandaba múltiples sacrificios materiales a las poblaciones de retaguardia y exigía una imparable cuota de sangre humana tanto de efectivos militares como de personal civil[6].

Tras la intensa movilización bélica de 1914-1918 habían aparecido inéditos problemas sociopolíticos y desafíos económicos que obligaban a buscar nuevas soluciones de estabilización en todos los países europeos, tanto si eran vencedores como vencidos o neutrales. En el plano político, había que afrontar la irrupción en la vida pública de unas masas que habían soportado el sufrimiento del esfuerzo de guerra y exigían nuevos modelos políticos para canalizar la voluntad de participación popular en la gestión del Estado. En el plano social, había que hacer frente a la presencia de unas clases obreras reforzadas por el desarrollo industrial inducido por la guerra y organizadas en fuertes partidos y sindicatos autónomos para defender sus derechos laborales y civiles. Y en el plano económico, había que articular la intervención masiva del Estado en la economía para solventar fenómenos desconocidos como eran la inflación galopante y el crecimiento desorbitado de la Deuda Pública.

Para hacer frente a los nuevos problemas y desafíos aparecieron en escena ya durante la Gran Guerra tres núcleos de proyectos antagónicos de reestructuración del Estado y de las relaciones sociales que pretendían estabilizar la crítica situación en beneficio de las expectativas e intereses de diversos grupos y clases sociales que servían de apoyo y soporte a cada uno de ellos: el proyecto reformista-democrático, la alternativa reaccionaria fascista o fascistizante y la propuesta revolucionaria de matriz obrera. Estas serían las «Tres Erres» que iban a dominar el período de entreguerras y a protagonizar una silenciosa y espasmódica «guerra civil europea»: Reforma, Reacción o Revolución.

El proyecto reformista, triunfante claramente en Gran Bretaña y Francia, por ejemplo, propugnaba una democratización del sistema político que hiciera compatible el funcionamiento de la economía capitalista y la participación obrera en la gestión del Estado mediante el sufragio electoral universal y la política de provisión estatal de servicios sociales básicos. La alternativa reaccionaria pretendía estabilizar la situación mediante la anulación de la autonomía operativa de la clase obrera y su férrea supeditación a un programa de integralismo nacionalista de carácter totalitario (como en la Italia fascista o la Alemania nazi) o meramente autoritario (como en la Polonia de Pilsudski o en el Portugal de Salazar). Por último, el modelo revolucionario de matriz obrera implicaba la destrucción del régimen económico capitalista y de la propiedad privada y su sustitución por un régimen genéricamente colectivista o comunista ortodoxo (en la forma que triunfó en Rusia con los bolcheviques). Como ha señalado al respecto el historiador Donald C. Watt:

La guerra civil que comenzó en Europa al tiempo que las campanas anunciaban el armisticio (en noviembre de 1918) era en esencia un conflicto triangular: los conservadores tradicionales y los demócratas, sostenedores del Estado de Derecho, afrontaban el desafío simultáneo de los nuevos reaccionarios de la derecha antiparlamentaria y de los revolucionarios de la izquierda antiburguesa[7].

En todos los países de Europa, desde 1918 y particularmente tras el impacto disolvente de la Gran Depresión económica de 1929, las tres alternativas habían estado presentes con mayor o menor intensidad y según el grado respectivo de modernización socioprofesional y desarrollo económico, urbano y productivo. Y en todos ellos había acabado por imponerse uno u otro de los modelos contendientes tras un grado mayor o menor de violencia y tensión sociopolítica: triunfo bolchevique bajo la dirección de Lenin en la guerra civil rusa de 1917-1921 y consolidación de la Unión Soviética (URSS); quiebra del orden democrático en Italia e instauración del régimen fascista por Benito Mussolini en 1922; proclamación de la dictadura militar en Portugal bajo la inspiración de Oliveira Salazar en 1926; fortalecimiento de la democracia en Gran Bretaña tras el fracaso de la huelga general laborista en 1926; colapso de la república democrática de Weimar en Alemania y acceso al poder de Adolf Hitler y el nazismo en 1933; aplastamiento de la tentativa de asalto reaccionario a la Tercera República en Francia en 1934, etc.

España había experimentado una evolución análoga a la de los otros países europeos que tenía el mismo origen inmediato: la crisis del verano de 1917 que rompió los precarios equilibrios de la Monarquía liberal-parlamentaria de la Restauración. También cobró la forma de similares alternativas político-ideológicas en conflicto y con parecidos apoyos y soportes sociales: un monarquismo católico y cada vez más autoritario y ultranacionalista que sostendría la Dictadura militar del general Miguel Primo de Rivera entre 1923 y 1930; una corriente democrática que se articularía durante esa etapa sobre la conjunción entre el republicanismo burgués y el movimiento obrero socialista; y una tendencia revolucionaria e internacionalista que se aglutinaría mucho más en torno al anarcosindicalismo que al minoritario comunismo de inspiración soviética.

Durante el azaroso quinquenio democrático de la Segunda República los tres proyectos institucionales demostrarían una fuerza insuficiente para imponerse definitivamente a los contrarios y lograr así la estabilización de las tensiones sociopolíticas. De hecho, en España se llegaría a una situación de empate de fuerzas entre una fragmentada alternativa democrático-reformista (en el poder durante el primer bienio de 1931-1933) y una borrosa alternativa reaccionaria (en el poder durante el segundo bienio de 1934-1935), con la recurrente aparición de la alternativa revolucionaria con capacidad para minar y desestabilizar el poder efectivo de las otras, pero no para derribarlas o, mucho menos, suplantarlas.

Paradójicamente, en ese empate virtual de fuerzas residió la peculiaridad y singularidad de la crisis española en el contexto de la crisis genérica continental. A diferencia de otros países europeos, en España se alcanzó un irresoluble equilibrio inestable entre las fuerzas políticas y los apoyos sociales de la alternativa reformista y la alternativa contrarreformista; un equilibrio y contrapeso que hacía imposible la estabilización del país mediante la imposición de uno u otro proyecto de modo incontestable y definitivo. De este modo, como resultado de ese empate peculiar y singular, demostrado fehacientemente en la consulta electoral de febrero de 1936, pudo plantearse y surgir el recurso a las armas como medio extremo para dirimir el conflicto y resolver el dilema. Y hablar de armas, que no de votos, implicaba hablar de la actitud del Ejército como corporación burocrática con el monopolio del uso de la fuerza violenta legítima del Estado. Con la particularidad de que en el seno del generalato y la oficialidad militar estaba prácticamente ausente el apoyo a las propuestas revolucionarias y era claramente mayoritaria la simpatía por la alternativa reaccionaria frente a los valedores de la opción reformista.

Además de esa analogía esencial entre la crisis específica española y la crisis genérica europea (que haría posible la mayor o menor identificación de cada uno de los bandos contendientes en España con sus homólogos europeos), entre ambos procesos se produjo una conexión temporal y cronológica de enorme trascendencia: la guerra civil española se iniciaría en julio de 1936 y se desarrollaría hasta abril de 1939 en medio de una coyuntura europea sumamente crítica y decisoria. De hecho, a lo largo del año crucial de 1936 el sistema de relaciones internacionales en el continente entraría en una fase de crisis irreversible que conduciría directa y gradualmente hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Esta sincronía y paralelismo temporal entre el desenvolvimiento de la guerra en España y el agudo deterioro de las tensiones europeas sería la causa generadora del enorme impacto diplomático del conflicto español y de su rápido proceso de internacionalización. No en vano, el avispero español, convertido en un «reñidero de Europa», se desarrollaría justo a la par y en íntima vinculación con la crisis final que daría origen a la segunda gran guerra continental del siglo XX.

El contexto europeo e internacional en los años treinta

EL CONTEXTO EUROPEO E INTERNACIONAL EN LOS AÑOS TREINTA

La crisis del orden europeo y mundial que se manifestó tan vivamente en el año 1936 tenía su origen en la fragilidad del sistema de relaciones internacionales surgido tras la apretada victoria en noviembre de 1918 de la coalición aliada (Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos) frente a Alemania y sus satélites (Austria-Hungría y el imperio otomano). El santo y seña simbólicos de dicho sistema era la Sociedad de Naciones, el nuevo organismo internacional con sede en Ginebra, y su política de seguridad colectiva mediante consultas intergubernamentales permanentes, arbitraje y recurso a sanciones colectivas (económicas o militares), en caso de agresión a cualquier país miembro[8]. En realidad, el organismo ginebrino y el llamado «sistema de seguridad colectiva» nunca tuvo plena eficacia por contar desde su origen con fallas insuperables: Estados Unidos declinó integrarse y se retiró a una posición de aislacionismo radical que no se quebraría hasta 1941, en tanto que Alemania y la Unión Soviética no serían admitidas como miembros hasta 1926 y 1934, respectivamente. Por si fuera poco, la profunda crisis económica desatada en 1929 había terminado por romper su precaria estabilidad porque provocó graves desequilibrios en las relaciones interestatales y en la dinámica interna sociopolítica de varias potencias.

La principal amenaza contra el orden internacional imperante en la Europa de entreguerras provenía de los nuevos regímenes contrarrevolucionarios y totalitarios implantados por Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Como corolario a su política común de reforzamiento del poder estatal, férrea disciplina social, autarquía económica y exaltación nacionalista, tanto la dictadura fascista como la nazi postulaban una política exterior beligerante y revisionista del statu quo territorial. En gran medida, sus objetivos exteriores revisionistas buscaban la solución de las tensiones latentes en el interior de ambos países mediante una rectificación ventajosa de las fronteras por vía de la fuerza militar o de la intimidación diplomática.

En el caso italiano, el pragmatismo coyuntural desplegado por el Duce se combinaba con una notable coherencia programática: se trataba de convertir a Italia en la potencia hegemónica del Mediterráneo, reactualizando el Mare Nostrum de la Roma imperial y contrarrestando la hegemonía naval anglo-francesa en el área. A este fin habían respondido sus cautelosas actividades en Corfú, Albania y Libia durante los años veinte, como paso previo a iniciativas mayores solo imaginables cuando Italia hubiera logrado una potencia económico-militar suficiente y una cobertura diplomática más propicia. Mientras ese momento llegaba, la pretendida política de «equidistancia» entre la entente anglo-francesa y sus potenciales adversarios no ocultaba la profunda hostilidad hacia la primera por ser responsable de la «prisión» mediterránea que asfixiaba el futuro imperial de Italia[9].

En el caso del Tercer Reich, el oportunismo táctico del Führer también se combinaba con un programa de expansión imperialista en fases graduales: Alemania habría de recuperar primeramente su capacidad militar y los territorios perdidos por el tratado de paz de Versalles de 1919; después, habría de convertirse en la potencia hegemónica en Europa central, anexionando o neutralizando a rivales como Austria, Checoslovaquia, Polonia o Francia; y, por último, habría de conquistar la Rusia europea para convertirse en una potencia continental inexpugnable y una gran potencia mundial sin parangón. Para conseguir esos objetivos y evitar el cerco letal de 1914-1918, Hitler estimaba imprescindible la alianza tácita o expresa con Italia y Gran Bretaña, propiciada por la renuncia germana al Tirol y a la expansión colonial, respectivamente[10].

Las pretensiones revisionistas abrigadas por la Italia fascista y la Alemania nazi estaban en franca oposición a los intereses y propósitos de las dos principales potencias beneficiarias y garantes del statu quo en Europa: los regímenes democráticos de Francia y Gran Bretaña, grandes vencedores del conflicto de 1914-1918. En ambos países se percibía con suma prevención el revisionismo territorial nazi y el irredentismo imperial fascista. Sin embargo, también se consideraba muy improbable una combinación hostil de ambas dictaduras porque existía un claro antagonismo en su respectiva política exterior: la voluntad alemana de anexionar Austria y lograr la hegemonía en los Balcanes se enfrentaba al propósito italiano de garantizar la independencia austriaca (como Estado tapón en el norte) y de ejercer un protectorado de facto sobre los Balcanes.

Por otra parte, el temor franco-británico a una difícil concertación italo-germana estaba eclipsado por otra preocupación fundamental en el escenario diplomático de la época: la sustitución de Rusia por la Unión Soviética tras el triunfo de la revolución bolchevique en 1917. Tanto por su naturaleza social revolucionaria y anticapitalista como por su ascendiente en la política interior de otros Estados a través de los partidos comunistas, la URSS provocaba fuertes recelos en los círculos gobernantes británicos y franceses, tanto si eran conservadores como liberales, socialdemócratas o laboristas. Además, en esos medios políticos existía la convicción de que el estallido de otra guerra general europea solo serviría para desencadenar nuevas revoluciones sociales y extender el comunismo, tal y como había sucedido en la propia Rusia y en Europa central entre 1917 y 1920. Y esa profunda prevención antisoviética no fue modificada por la perceptible moderación de la diplomacia soviética a partir de 1933.

De hecho, bajo la orientación dictatorial de Stalin, la política exterior de la URSS había sufrido un cambio notable como resultado de la instauración del nazismo en Alemania, con su declarado programa de expansionismo anticomunista hacia el este. Previamente, los dirigentes soviéticos habían alentado el proyecto de una revolución mundial que sacara de su aislamiento al régimen y facilitara el difícil proceso de industrialización y colectivización en curso. Destruida esa esperanza, la aguda conciencia de vulnerabilidad estratégica y falta de preparación militar había sido agravada por el surgimiento casi simultáneo del peligro expansionista japonés en Asia oriental y del peligro alemán en Europa central. El temor a una agresión combinada por ambos flancos distantes y expuestos, con la posible connivencia del resto de las potencias capitalistas, había forzado a Stalin a retirar su apoyo a la revolución mundial para buscar un entendimiento diplomático y militar con las potencias democráticas a fin de contener la amenaza alemana y evitar la pesadilla de una coalición de Estados capitalistas contra la URSS. Esa era la firme razón de la nueva política exterior soviética de defensa de la seguridad colectiva y el statu quo emprendida en 1934 con la integración en la Sociedad de Naciones y reforzada en 1935 con la firma de un pacto de asistencia mutua con Francia. Su complemento era la estrategia comunista de frentes populares interclasistas en defensa de la democracia y en oposición al fascismo[11].

Dentro de ese inestable contexto diplomático, el primer aldabonazo serio al precario sistema internacional lo había dado Japón en 1931, al ocupar la provincia china de Manchuria para incorporarla a su incipiente imperio asiático, pese a las protestas y denuncias de la Sociedad de Naciones. Dos años después, Hitler secundó ese desafío retirando a Alemania del organismo ginebrino y poniendo en marcha un programa de rearme intenso que violaba las cláusulas del tratado de paz de Versalles. En 1935 fue Mussolini quien socavó la política de seguridad colectiva al iniciar la conquista militar de Abisinia y resistir las sanciones económicas decretadas contra Italia por la Sociedad de Naciones. Por último, en marzo de 1936, Hitler aprovechó la división creada entre Italia y las potencias democráticas a propósito de Abisinia y ordenó la remilitarización de Renania, crucial provincia fronteriza con Francia que había sido desmilitarizada al final de la Gran Guerra.

Ninguno de esos actos revisionistas, realizados siempre manu militari, fueron contenidos de manera efectiva por Francia y Gran Bretaña, que confiaban en la posibilidad de evitar un enfrentamiento armado y de lograr un reacomodo de las pretensiones italianas y alemanas en el concierto europeo e internacional. De hecho, los dirigentes británicos, secundados con mayor o menor entusiasmo por las autoridades francesas, habían puesto en marcha desde el primer momento la llamada «política de apaciguamiento» de ambas dictaduras. Esta política era esencialmente una estrategia diplomática de emergencia destinada a evitar una nueva guerra mediante la negociación explícita (o aceptación implícita) de cambios razonables en el statu quo territorial que satisficieran sustancialmente las demandas revisionistas sin poner en peligro los intereses vitales franco-británicos[12].

En la base de dicha política estaba la convicción de que ambas democracias no tenían fuerza suficiente para librar un posible conflicto con las tres potencias revisionistas simultáneamente. Y ello por varios motivos. Primero, por la debilidad económica de ambos países como resultado de la grave crisis económica: una debilidad que afectó mucho más a Francia que a Gran Bretaña y que otorgó a este país la posición dominante en la alianza bilateral. En segundo lugar, por la vulnerabilidad militar francesa y británica en caso de conflicto simultáneo con Japón en el Lejano Oriente, Alemania en Europa e Italia en el Mediterráneo: ya la Gran Guerra había demostrado la extrema dificultad de contener sin aliados el empuje bélico alemán en un solo frente. En tercer orden, por la desventajosa situación diplomática de los años treinta: a diferencia de 1914-1918, Gran Bretaña y Francia no podían contar con la ayuda vital de Estados Unidos, replegado en un aislacionismo absoluto, ni tampoco con la de Rusia, convertido en un país peligroso por su doctrina social, sospechoso por sus intenciones políticas e incierto por su valor militar. Y en cuarto lugar, por la fragilidad política de ambos Estados: la expectativa de un enfrentamiento bélico provocaba gran rechazo en la opinión pública francesa y británica, cuyos sentimientos pacifistas pretendían evitar a toda costa, si era posible, una nueva sangría humana como la de la última contienda europea. Estas sólidas razones apuntalaban la conveniencia de transitar la vía del apaciguamiento como estrategia adecuada para evitar un nuevo conflicto bélico continental y ensayar la posibilidad de un reacomodo de las demandas de Italia y Alemania[13].

En definitiva, en vísperas del estallido de la guerra civil española, los síntomas de desintegración del sistema de relaciones intraeuropeo eran manifiestos. Y la respuesta de las grandes potencias europeas ante el estallido de la crisis bélica en España estuvo condicionada, desde el principio y hasta el final, por su previa política exterior. De hecho, la respuesta anglo-francesa ante la crisis española se subordinaría en todo momento a los objetivos básicos de esa política de apaciguamiento general. La reacción soviética se enmarcaría dentro de los parámetros de su política de seguridad colectiva y búsqueda de aliados occidentales para frenar el expansionismo germano. Y, finalmente, Italia y Alemania responderían a la crisis en virtud de su común política revisionista del statu quo y tratando de superar su antagonismo recíproco (como apuntaba la aceptación italiana de la firma del tratado austro-germano de julio de 1936, que prescribía la coordinación de la política exterior de ambos Estados y el tácito reconocimiento nazi de la primacía imperial italiana en los Balcanes y el Mediterráneo).

El proceso de internacionalización del conflicto: fracasos republicanos y éxitos insurgentes

EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO: FRACASOS REPUBLICANOS Y ÉXITOS INSURGENTES

En ese contexto internacional inestable y crítico, el 17 de julio de 1936 comenzó en el Marruecos español una potente insurrección militar de perfil reaccionario contra el Gobierno reformista de la República. En los días sucesivos, la insurrección consiguió afianzar su dominio sobre casi la mitad del país, pero fue aplastada sin remisión en la otra mitad peninsular por una combinación de fuerzas militares leales al Gobierno unidas a milicias sindicales armadas urgentemente. El consecuente fracaso parcial del pronunciamiento abrió la senda hacia una verdadera guerra civil en la medida en que los insurgentes se plantearon de inmediato la conquista del territorio enemigo, mientras que las autoridades republicanas se aprestaban a la defensa y ulterior recuperación de las zonas sublevadas.

La conversión del golpe militar en guerra civil planteó a ambos bandos un problema logístico vital: en virtud de la equilibrada división geográfica de España y del raquitismo de la industria bélica nacional, no existían los medios y el equipo militar necesarios para sostener un esfuerzo bélico de envergadura y prolongado. Por ese motivo, el mismo día 19 de julio de 1936, tanto el jefe del nuevo Gobierno republicano, José Giral, como el general Francisco Franco, comandante de las cruciales fuerzas sublevadas en Marruecos, se dirigieron en demanda de ayuda a las potencias europeas de las que cabía esperar algún auxilio y apoyo. El Gobierno de la República solicitó el envío de aviones y municiones a Francia, donde hacía pocas semanas había accedido al poder un Gobierno homólogo de Frente Popular presidido por el socialista Léon Blum[14]. El general Franco envió sus emisarios personales a Roma y Berlín, solicitando también armamento y aviones para transportar sus experimentadas tropas a Sevilla y poder iniciar así la inevitable marcha sobre Madrid, capital del Estado, cuya conquista y control era requisito imprescindible para lograr el reconocimiento internacional[15].

La simultánea petición de ayuda exterior formulada por ambos bandos contendientes suponía un reconocimiento explícito de la dimensión internacional presente en el conflicto español y un intento deliberado de sumergirlo en las graves tensiones que fracturaban la Europa de los años treinta. De hecho, ambas peticiones, en el contexto crítico del verano de 1936, iban a abrir la vía a un rápido proceso de internacionalización de la guerra civil que tuvo resultados bien distintos para los militares sublevados y para las autoridades de la República.

Apenas finalizada la oleada de huelgas que había precedido la victoria electoral frentepopulista, Léon Blum decidió el 21 de julio aceptar en secreto la demanda de ayuda republicana tras consultar con sus socios de coalición en el Gobierno y ministros del Partido Radical, Édouard Daladier (Guerra) e Yvon Delbos (Asuntos Exteriores). Sólidas razones políticas y estratégicas aconsejaban esa medida al margen de preferencias ideológicas: la República española estaba regida por un Gobierno reconocido y amigo, cuya benevolencia y colaboración sería crucial en caso de guerra europea para asegurar la tranquilidad de la frontera pirenaica y garantizar el libre tránsito (comercial y de tropas) entre Francia y sus colonias norteafricanas (donde estaba acuartelado un tercio del ejército francés). Sin embargo, nada más conocerse esa decisión gracias a una filtración de un agente franquista en la Embajada española de París, la opinión pública y los medios políticos franceses se dividieron profundamente al respecto[16].

La izquierda en general, socialista y comunista, así como la gran mayoría del Partido Radical, aprobaron la medida. Por su parte, la derecha política (bien asentada en el Senado), la opinión pública católica y amplios sectores de la Administración estatal y del Ejército rechazaron enérgicamente el envío de cualquier ayuda a la República y postularon la neutralidad por un doble motivo: la hostilidad hacia los síntomas revolucionarios percibidos en el bando gubernamental español y el temor a que la ayuda francesa desencadenase una guerra europea. El propio presidente de la República, Albert Lebrun, advirtió crudamente a Blum: «Lo que se propone hacer, entregar armas a España, puede significar la guerra europea o la revolución en Francia»[17]. La prensa derechista no era menos enérgica y alarmista que el presidente Lebrun: «La intervención francesa en la guerra civil española sería el comienzo de la conflagración europea deseada por Moscú» (semanario Candide). Casi idéntica preocupación imperaba en los cruciales ámbitos militares, que percibían los sucesos españoles como «una crisis peligrosa» en el orden internacional y también contagiosa en el plano doméstico: «Había miedo a un tercer frente. […] Había miedo a la revolución y a que los graves sucesos de España se propagaran en Francia» (según testimonio posterior del capitán Desfrasne, encargado en 1936 de la sección meridional europea en los servicios de inteligencia del Estado Mayor francés)[18]. De hecho, el mariscal Pétain, héroe de guerra, no dejaría de expresar su simpatía por Franco y se ofrecería reservadamente a sus representantes oficiosos para «boicotear toda orden que pueda sernos contraria»[19].

Además de esta fuerte oposición interior, que halló pronto eco en los influyentes ministros radicales (especialmente en Daladier y Delbos), Blum se encontró también con otra oposición igualmente firme y decisiva: la actitud de estricta neutralidad adoptada desde el primer momento por el Gobierno británico, su vital e insustituible aliado en Europa.

En efecto, en el Reino Unido, el Gabinete conservador en el poder desde 1931, presidido por Stanley Baldwin, había visto en el estallido de la guerra española sobre todo un grave obstáculo para su política de apaciguamiento y el peligro de una nueva guerra europea. Además, debido a la situación española durante el primer semestre de 1936 y a las noticias sobre lo que sucedía en la retaguardia republicana, los gobernantes británicos estaban convencidos de que en España, bajo la mirada impotente del Gobierno republicano, se estaba librando un combate entre un ejército contrarrevolucionario y unas execrables milicias dominadas por comunistas y anarquistas. Así lo habían advertido los representantes diplomáticos y consulares británicos en el país con reiterada insistencia: «La verdad sobre España era que hoy no existía ningún Gobierno. De un lado estaban actuando las fuerzas militares y de otro se les oponía un Soviet virtual» (llamada telefónica del agregado comercial el 21 de julio); «Si el Gobierno triunfa y aplasta la rebelión militar, España se precipitará en el caos de alguna forma de bolchevismo» (despacho del cónsul general en Barcelona el día 29). Esa doble preocupación quedó patente en la única directriz política que Baldwin le dio a su ministro de Asuntos Exteriores, el secretario del Foreign Office, Anthony Eden, el 26 de julio: «De ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país, debe meternos en la lucha al lado de los rusos»[20].

En función de ese doble motivo, y a fin de garantizar la seguridad de la base naval de Gibraltar (clave en la ruta imperial hacia la India) y de los cuantiosos intereses económicos británicos en España (que representaban el 40 por 100 de las inversiones extranjeras en el país), el Gobierno del Reino Unido decidió inmediatamente adoptar de hecho una actitud de estricta neutralidad entre los dos bandos contendientes. Una neutralidad que significaba la imposición de un embargo de armas y municiones con destino a España, equiparando así al Gobierno legal reconocido (único con capacidad jurídica para importar dicho material) y a los militares insurgentes en un aspecto clave y capital. Por eso mismo, se trataba de una neutralidad benévola hacia el bando insurgente y malévola hacia la causa de la República. Una minuta reservada de sir Samuel Hoare, primer lord del Almirantazgo (ministro de Marina), expresaba muy bien el carácter diferencial de esa política neutralista:

Por el momento parece claro que debemos mantener nuestra política de neutralidad. […] Cuando hablo de «neutralidad» quiero decir estricta neutralidad; es decir: una situación en la que los rusos ni oficial ni extraoficialmente den ayuda a los comunistas. En ningún caso debemos hacer nada que estimule el comunismo en España, especialmente si tenemos en cuenta que el comunismo en Portugal, adonde probablemente se extendería, y sobre todo a Lisboa, sería un grave peligro para el Imperio Británico[21].

La situación creada por la profunda división interna en Francia y por la irreductible actitud neutralista británica preocuparon vivamente al Gobierno francés y le llevaron a revocar su decisión inicial de prestar ayuda a la República. El 25 de julio de 1936, tras un intenso debate en el Consejo de Ministros (y después de que Eden le hubiera advertido: «os pido una sola cosa: os ruego que seáis prudentes»), Léon Blum anunció la decisión de no intervenir en el conflicto español y cancelar cualquier envío de armas y municiones al Gobierno de Madrid. Los gobernantes franceses creían que así contribuían a apaciguar la situación interna, a reforzar la alianza con Gran Bretaña, a localizar la lucha dentro de las fronteras españolas y a evitar el peligro de su conversión en una guerra europea. Sin embargo, la retracción francesa no impidió ni mucho menos la rápida internacionalización del conflicto.

La primera petición de ayuda enviada por Franco a Alemania no había obtenido una respuesta afirmativa de las cautelosas autoridades diplomáticas y militares germanas. Por eso mismo, el 23 de julio, Franco envió a Berlín a dos empresarios nazis residentes en Marruecos para solicitar el apoyo directamente a Hitler. Ambos se entrevistaron con el Führer en Bayreuth el día 25 y consiguieron que aceptase la demanda de asistencia de Franco. Se comprometió a enviar, secretamente y mediante una ficticia compañía privada (la HISMA: Sociedad Hispano-Marroquí de Transportes), veinte aviones de transporte (Junker 52) y seis cazas (Heinkel 51) con su correspondiente tripulación y equipo técnico, que comenzaron a salir con destino a Tetuán el 29 de julio. Con el concurso de esos aviones y pilotos, Franco pudo organizar inmediatamente un puente aéreo de tropas hacia Sevilla que eludiera el bloqueo naval implantado en el estrecho de Gibraltar por la Marina republicana y comenzar así la que sería una meteórica marcha sobre Madrid[22].

Los motivos de Hitler para intervenir en la guerra española fueron esencialmente de orden político-estratégico: si el envío de una pequeña y encubierta ayuda alemana favorecía el triunfo de un golpe militar, podría alterarse el equilibrio de fuerzas en Europa occidental, puesto que se privaría a Francia de un aliado seguro en su flanco sur. Por el contrario, una victoria republicana sobre los militares insurgentes reforzaría la vinculación de España con Francia y la URSS, las dos potencias que limitaban a Alemania por el este y el oeste y que se oponían a los proyectos expansionistas nazis. Así se contemplaba explícitamente en las directrices reservadas dadas por el propio Führer a su primer representante diplomático ante Franco, el general retirado Wilhelm Faupel, pocos meses después de estallar la guerra:

Su misión consiste única y exclusivamente en evitar que, una vez concluida la guerra (con la victoria de Franco), la política exterior española resulte influida por París, Londres o Moscú, de modo que, en el enfrentamiento definitivo para una nueva estructuración de Europa —que ha de llegar, no cabe duda—, España no se encuentre del lado de los enemigos de Alemania, sino, a ser posible, de sus aliados[23].

Además de esas posibles ventajas, Hitler apreció la existencia de una oportunidad política única en la coyuntura imperante: el amago de revolución social desatado en la zona republicana como consecuencia del levantamiento permitía presentar la intervención alemana, caso de ser descubierta, como una acción meramente anticomunista y desconectada de otros propósitos más inquietantes para la entente anglo-francesa. De hecho, a la vista de lo que estaba sucediendo en Francia y Gran Bretaña (bien transmitido por sus embajadores en París y Londres), era previsible que esa ayuda no fuera condenada por los sectores conservadores británicos y franceses ni fuera objeto de una respuesta enérgica por sus gobiernos respectivos. En todo caso, el carácter inicialmente secreto y limitado de la ayuda dejaba abierta la posibilidad de una retirada honrosa del conflicto español si ello resultara necesario.

Apenas decidida la intervención nazi, Mussolini adoptó una decisión similar después de recibir reiteradas demandas de ayuda transmitidas por Franco a través del cónsul italiano en Tánger y de su agregado militar. El 28 de julio, el Duce, en estrecho contacto con su yerno y ministro de Asuntos Exteriores, el conde Ciano, resolvió apoyar a los insurgentes con el envío de doce aviones (bombarderos Savoia 81) con su correspondiente tripulación y equipo para posibilitar el traslado de las tropas marroquíes a Sevilla. Paralelamente, decidió reforzar la precaria situación de los militares rebeldes en la estratégica isla de Mallorca con el envío de una expedición de soldados italianos al mando de un extravagante oficial llamado el Conde Rossi. Es evidente que tomó esa medida gradualmente, después de conocer la decisión de Hitler de apoyar a Franco, una vez que supo que Francia había renunciado a intervenir por su división interna y tras haber comprobado que Gran Bretaña recelaba del Gobierno republicano y abrigaba una simpatía apenas encubierta por los sublevados. En esas circunstancias, todo parecía indicar que una limitada y secreta ayuda italiana a Franco podría decidir el curso de la guerra sin provocar un grave conflicto internacional con las democracias occidentales (ni tampoco con la Unión Soviética, dada su actitud de prudente distanciamiento del conflicto)[24].

Las motivaciones iniciales de Mussolini, al igual que las de Hitler, fueron, por consiguiente, de naturaleza esencialmente geoestratégica: se ofrecía la posibilidad de ganar un aliado agradecido en el Mediterráneo occidental, debilitando la posición militar francesa e incluso británica, y todo a bajo precio y con riesgo limitado. Como afirmaría orgullosamente en febrero de 1939 ante el Gran Consejo Fascista, la intervención en favor de Franco había respondido básicamente a sus designios imperiales mediterráneos y a «una necesidad histórica fundamental: la necesidad de Italia de obtener el libre acceso al mar»[25]. Además, en caso necesario, podrían camuflarse esos motivos bajo el manto público de una intervención meramente anticomunista y en absoluto dirigida contra los intereses franco-británicos. Así lo reconocería reservadamente el propio Duce al mariscal Goering algunos meses después: «Los conservadores ingleses tienen un gran temor al bolchevismo y este temor podría ser fácilmente explotado en términos políticos»[26].

Estas primeras y básicas motivaciones de los dictadores italiano y alemán se irían ampliando a medida que su intervención en favor de Franco aumentaba cuantitativamente y que la guerra se prolongaba en el tiempo. Entonces irían apareciendo otras razones derivadas y secundarias para justificar y refrendar el mantenimiento de dicha política. Al respecto, cabe subrayar, por ejemplo, la pretensión alemana de asegurarse los suministros de piritas y mineral de hierro españoles, esenciales para abastecer su programa de rearme acelerado. De hecho, a lo largo de la guerra, Alemania se convertiría en el primer importador de minerales españoles de interés estratégico, superando con mucho a Gran Bretaña y a Francia, tradicionales mercados prioritarios de dicha exportación. Como resultado, la partida de piritas españolas adquirida por Alemania pasó de 562 584 toneladas en 1935 a 895 000 toneladas en 1938, mientras que la partida de minerales de hierro pasó de 1 321 000 toneladas en 1935 a 1 825 401 toneladas tres años más tarde[27].

Igualmente, como otra razón derivada podría citarse la voluntad de conversión de la guerra española en un campo de pruebas militares donde los ejércitos alemán e italiano ensayaban técnicas y equipos y adquirían experiencia bélica con vistas al futuro. Así se explicarían las aplicaciones de la estrategia de guerra celere por parte de las tropas italianas en el frente de Málaga (febrero de 1937) y, con bastante peor fortuna, en la batalla de Guadalajara (marzo de 1937). También se comprendería bajo esta perspectiva la polémica destrucción alemana de la villa vasca de Guernica (26 de abril de 1937), primer ejemplo de bombardeo masivo y deliberado contra objetivos civiles sin valor militar directo y probado pero con alto grado de impacto psicológico y desmoralizador.

En cualquier caso, esas nuevas razones nunca llegarían a eclipsar el motivo central político-estratégico que había determinado en primer lugar la decisión germano-italiana de intervenir en apoyo de Franco. A finales de diciembre de 1936, el embajador alemán en Roma exponía certeramente en un despacho confidencial para sus superiores esas prioridades y justificaba la acordada precedencia de Italia sobre Alemania en la política de asistencia a los insurgentes españoles (en función de su emplazamiento en el Mediterráneo, área reservada para el imperialismo italiano):

Los intereses de Alemania e Italia en el problema español coinciden en la medida de que ambos países pretenden evitar una victoria del bolchevismo en España o Cataluña. Sin embargo, mientras que Alemania no persigue ningún objetivo diplomático inmediato en España al margen de este, los esfuerzos de Roma se dirigen sin ninguna duda a lograr que España se acomode a su política mediterránea o, al menos, a evitar la cooperación política entre España y el bloque de Francia e Inglaterra. Los medios utilizados para este fin son: apoyo inmediato a Franco; asentamiento en las islas Baleares que previsiblemente no será retirado voluntariamente a menos que se instale en España un Gobierno central favorable a Italia; compromiso político de Franco con Italia; y estrecho vínculo entre el fascismo y el nuevo sistema político establecido en España […] Nosotros debemos considerar como deseable la creación en el sur de Francia de un factor que, libre del bolchevismo y de la hegemonía de las potencias occidentales y por el contrario en alianza con Italia, sirva para hacer reflexionar a los franceses y a los británicos. Un factor que se oponga al tránsito de tropas francesas desde África y que tome en plena consideración nuestras necesidades en el ámbito económico[28].

Al margen y a la par de la ayuda italo-germana, el tercer apoyo externo (primero en el orden temporal) de la rebelión militar española provino de la dictadura de Oliveira Salazar. Desde principios de 1936, el Gobierno portugués había experimentado un creciente temor a los efectos de la evolución sociopolítica española sobre la estabilidad del Estado Novo[29]. El inicio del golpe ofreció la oportunidad para extirpar el peligro de contagio comunista (y democrático) mediante el apoyo a los insurrectos, y Salazar no dudó en «la necesidad de consolidar su fuerza de resistencia».

En consecuencia, Portugal se convirtió en centro de importación y compra de armas (procedentes de Alemania y otros países), además de servir como vía de comunicación entre los dos iniciales núcleos aislados insurgentes (la zona noroccidental y el foco andaluz). Salazar también permitió y alentó el alistamiento de voluntarios portugueses para servir con las tropas militares españolas (los célebres Viriatos, que llegarían a una cifra máxima de 10 000 efectivos). Y su ayuda diplomática fue igualmente decidida y esencial, defendiendo incansablemente a los rebeldes en Londres y otros foros internacionales, con una orientación que se definiría de este paradójico modo: «El Gobierno portugués defendió siempre una política de imparcialidad, oponiéndose con decisión a todas aquellas iniciativas que podrían traducirse en ventajas para el partido rojo»[30]. Buena prueba de esa línea de apoyo pudieran ser las palabras transmitidas a Eden por Armindo Monteiro, ministro salazarista de Exteriores, durante su visita a Londres el 30 de julio de 1936:

Le expliqué que una victoria del Ejército [en España] no implicaría necesariamente una victoria de tipo político italiano o alemán, en tanto que una victoria de los rojos sería fatalmente una victoria de la anarquía, con graves consecuencias para Francia y, por ende, para Europa, donde la fuerza del comunismo era ya enorme[31].

La política de No Intervención colectiva en Europa: génesis y significado

LA POLÍTICA DE NO INTERVENCIÓN COLECTIVA EN EUROPA: GÉNESIS Y SIGNIFICADO

El comienzo de la intervención italo-germana en favor de Franco fue inmediatamente descubierta por el Gobierno francés porque dos de los aviones enviados por Mussolini aterrizaron por error en Argelia el 30 de julio. Esta evidencia fehaciente de apoyo militar nazi-fascista a los insurgentes españoles obligó al Gobierno a reconsiderar su decisión de no intervenir en auxilio a la República. En el mismo sentido operaron las inquietantes noticias sobre la actividad del Conde Rossi en Mallorca, que hacían temer una implantación de Italia en medio de las vitales líneas de comunicación entre Marsella y Argelia. No en vano, los estrategas militares franceses siempre habían considerado la benevolencia de España como una necesidad imperiosa para la seguridad nacional. Como reconocería con posterioridad un estudio del Ministerio del Aire, el peligro de una España hostil aliada a una potencial combinación italo-germana era una contingencia de extrema gravedad:

1.º Las comunicaciones entre el Mediterráneo y el Atlántico se verían interrumpidas. Cualquier maniobra de la flota francesa sería imposible entre los dos teatros de operaciones del mar del Norte y del Mediterráneo. La ruta de las Indias estaría cortada.

2.º Francia perdería su libertad de acción en el Mediterráneo. Ahora bien, la conducción de una guerra implica esta libertad de acción. Si ciertos convoyes tuvieran que desviarse y rodear el continente africano, nuestro abastecimiento se vería comprometido […].

3.º Las posesiones del África del Norte quedarían aisladas y en peligro. Por otra parte, si los ejércitos del Aire de Italia y Alemania atacaran masivamente en el Mediterráneo podrían desligarnos de esas posesiones, consiguiendo así una baza militar extraordinaria incluso antes de cualquier ataque a la Francia metropolitana.

Francia estaría expuesta de esta forma a una verdadera catástrofe[32].

Sin embargo, a pesar de la gravedad de la amenaza, la profunda división interna en el país y la absoluta oposición del aliado británico hicieron imposible cualquier medida enérgica favorable a los republicanos por parte del Gobierno francés. Principalmente porque sus temores estratégicos no tuvieron el eco deseado al otro lado del canal de la Mancha. De hecho, a pesar de que el Foreign Office británico recibió con aprensión la posibilidad de que Mussolini estuviese intentando establecer una posición en Mallorca, su temor estaba mitigado por un reciente juicio de sus estrategas militares según el cual esa contingencia «no pondría seriamente en peligro a Gibraltar». Además, aunque los jefes de Estado Mayor eran muy conscientes de que «en una guerra con una potencia europea sería esencial para nuestros intereses que España fuese favorable o, en el peor de los casos, estrictamente neutral», seguían considerando como prioridad estratégica la reconciliación con Italia para evitar su alianza definitiva con Alemania y para asegurar así la tranquilidad del Mediterráneo. En todo caso, los estrategas advertían sobre una escalada de intervenciones exteriores en la guerra española por sus pavorosas consecuencias: «creemos que inevitablemente se convertiría en una guerra europea, con las fuerzas del fascismo a un lado y las fuerzas del bolchevismo al otro, con Gran Bretaña en este último bando»[33].

En esa situación, tras intensos debates internos y con el objetivo de lograr como mínimo un confinamiento real de la guerra española, el Gobierno francés propuso el 1 de agosto de 1936 que las principales potencias europeas suscribieran un Acuerdo de No Intervención en España y prohibieran la venta, envío y tránsito de armas y municiones con destino a ambos bandos contendientes[34]. En esencia, las autoridades francesas pretendían con ese compromiso de embargo colectivo, en palabras textuales del secretario de Blum, «evitar que otros hicieran lo que nosotros mismos éramos incapaces de hacer»: puesto que no podían ayudar a la República, al menos intentarían evitar que Italia y Alemania ayudaran a los rebeldes. Así lo apreciaron certeramente y de inmediato los diplomáticos británicos en París con alivio notorio: «Francia renunció a ayudar al Gobierno español para atajar la ayuda de Italia y de Alemania a los insurgentes, con su consecuente peligro de guerra»[35]. Un año más tarde, Louis de Brouckère, presidente de la Internacional Socialista y estrecho colaborador de Blum, confesaría al presidente de la República, Manuel Azaña, la imposibilidad de adoptar otra política con palabras bien reveladoras, según anotó en su diario este último:

El año pasado, al regresar de España [Brouckère había visitado el país a principios de agosto de 1936], llegó a París cuando se ponía en marcha la política de no-intervención. Habló de ello con Blum toda una tarde. Blum no podía tomar otro camino. Si hubiese dado armas a España, la guerra civil en Francia no habría tardado en estallar. Blum le dijo que no tenía seguridad del Ejército. El Estado Mayor era opuesto a que se ayudase a España. La opinión se hubiera puesto en contra de Blum, acusándole de servir a Moscú. Inglaterra no le habría secundado en caso de guerra extranjera. De Brouckère habla del «miedo a Inglaterra» como uno de los motivos de aquella política[36].

La propuesta francesa de lograr un pacto de No Intervención colectiva fue inmediatamente asumida por las autoridades de Gran Bretaña, que vieron en ella un mecanismo ideal para preservar su neutralidad de facto y amortiguar así las crecientes críticas de una oposición laborista solidaria con la causa de la República (no en vano la iniciativa era del socialista Blum). Además, esa propuesta permitiría igualmente garantizar los cuatro objetivos diplomáticos básicos establecidos por el Foreign Office en la crisis española: confinar la lucha dentro de España y, al mismo tiempo, refrenar la hipotética intervención del aliado francés en apoyo a la República; evitar a toda costa el alineamiento con la Unión Soviética en el conflicto, y eludir totalmente el enfrentamiento con Italia y Alemania por su presente o futura ayuda a Franco. Por tanto, para las autoridades británicas, la política multilateral de No Intervención contenía ab initio el germen de la impostura posterior, en la medida en que su objetivo real no era el declarado (evitar la intervención extranjera), sino la salvaguardia, por su mera existencia y apariencia de operatividad, de aquellos cuatro objetivos señalados. En definitiva, era «el mejor y quizá el único medio» de poner en práctica una política definida de la siguiente manera en una carta privada remitida a Eden el 7 de agosto de 1936 por Winston Churchill, entonces un mero pero influyente diputado conservador:

Este asunto español no deja de preocuparme. Considero sumamente importante hacer que Blum permanezca con nosotros estrictamente neutral, incluso si Alemania e Italia continúan ayudando a los rebeldes y Rusia envía dinero al Gobierno. Si el Gobierno francés toma partido contra los rebeldes, será un don del cielo para los alemanes y proalemanes[37].

La plena conformidad del Gobierno británico con ese juicio básico de Churchill quedó demostrada patentemente por la gestión oficial realizada por su embajador en París ante las autoridades frentepopulistas aquel mismo día 7 de agosto. Según recoge textualmente la documentación diplomática francesa:

1.º Sir George Clerk ha comunicado ayer sin ambages a M. Delbos la preocupación de su Gobierno por el conflicto español. Es necesario acelerar la puesta en práctica del acuerdo de no intervención y, sobre todo, que mientras tanto no se efectúen suministros de armamento que comprometan todo.

2.º El embajador de Inglaterra teme particularmente que si la indecisión de la lucha se prolonga, el general Franco, necesitado a toda costa de ayuda, tenga que hipotecar las islas Baleares por apoyo italiano, o, más todavía, las islas Canarias por apoyo alemán. Piensa que en ese caso la situación de Gibraltar no estaría segura.

3.º [Sir George Clerk]… no oculta que sus simpatías en el conflicto español están con los rebeldes, a quienes considera como los únicos capaces de derrotar la anarquía y la influencia soviética[38].

En esas circunstancias, Blum convocó una nueva reunión del Gobierno francés el 8 de agosto de 1936 que decidió formalmente poner en vigor de modo unilateral e inmediato el embargo de armas y municiones contenido en su propuesta de pacto colectivo de No Intervención. Como consecuencia, aquel mismo día se cancelaban las tímidas medidas tomadas por las autoridades francesas para remitir secretamente ayuda al Gobierno republicano español, que se habían limitado a modestos envíos de material bélico básicamente aeronáutico[39].

Con el visto bueno del Reino Unido a la decisión gubernamental francesa, la diplomacia de ambos países desplegó un tenaz esfuerzo para lograr el concurso de todos los gobiernos europeos en la adopción de esa inédita política multilateral de neutralidad cualificada (porque no suponía la retirada del reconocimiento jurídico del Gobierno legal ni implicaba la concesión de los derechos de beligerancia a los insurgentes)[40]. Fruto de esas gestiones, a finales de agosto de 1936 un total de veintisiete Estados europeos (todos, excepto Suiza, neutral por imperativo constitucional) habían suscrito oficialmente el Acuerdo de No Intervención en España, que cobró la forma de una declaración política similar por parte de cada Gobierno partícipe (no la de un tratado jurídico de obligado cumplimiento):

El Gobierno de [seguiría relación alfabética de países firmantes]:

Deplorando los trágicos acontecimientos de que España es teatro; Decididos a abstenerse rigurosamente de toda injerencia, directa o indirecta, en los asuntos internos de ese país; Animados por la voluntad de evitar toda complicación perjudicial para el mantenimiento de las buenas relaciones entre las naciones; Declaran lo que sigue:

1.º Los gobiernos citados prohíben, cada uno en lo que le concierne, la exportación, directa o indirecta, la reexportación y el tránsito a España, posesiones españolas o zona española de Marruecos, de toda clase de armas, municiones y material de guerra, incluyendo aviones, montados o desmontados, y todo navío de guerra.

2.º Esta prohibición se aplica a los contratos en curso de ejecución.

3.º Los gobiernos […] se mantendrán informados de todas las medidas que tomen para hacer efectiva la precedente declaración, que entra inmediatamente en vigor[41].

Muy poco después, los gobiernos firmantes también aceptaron una nueva propuesta franco-británica para formar parte de un Comité, con sede en Londres e integrado por los respectivos representantes diplomáticos en dicha capital, que tendría como misión la vigilancia de la aplicación de dicho acuerdo de embargo de armas colectivo. En consecuencia, el 9 de septiembre de 1936 quedó constituido el Comité de No Intervención bajo la presidencia del delegado británico (lord Plymouth, subsecretario parlamentario del Foreign Office). Inmediatamente, a propuesta británica, fue constituido un Subcomité de No Intervención integrado por los representantes de los países adyacentes a España y los principales productores de armas: Alemania, Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Portugal, Suecia y la Unión Soviética. También por iniciativa británica fue aprobado un «procedimiento de trabajo» que solo permitiría al Subcomité examinar las denuncias de infracción al acuerdo basadas en «pruebas sustanciales» y presentadas por un Gobierno partícipe (no por los bandos españoles, la prensa u otras instituciones independientes), tras lo cual se esperaría a las explicaciones del Gobierno acusado «para establecer los hechos», sin provisión de sanciones en el caso de que se demostrase la veracidad de la denuncia original[42].

Sin embargo, el triunfo de esa política de No Intervención colectiva patrocinada por Francia y Gran Bretaña era desde el principio más aparente que real. Los tres países que se habían manifestado más resueltamente favorables hacia los insurgentes (Italia, Alemania y Portugal) habían consentido en firmar el Acuerdo y tomar parte en el Comité para relajar la tensión internacional y no forzar una reacción enérgica anglo-francesa. Pero no tenían intención de respetar el compromiso de embargo de armas. De hecho, Mussolini comunicó de inmediato a Hitler que había instruido a su embajador en Londres para que «hiciese todo lo posible a fin de dar a las actividades del Comité un carácter puramente platónico»[43]. En efecto, Italia y Alemania continuaron enviando armas y municiones a Franco, mientras Portugal seguía prestándole un vital apoyo logístico y diplomático. Por si fuera poco, al mismo tiempo que suscribían el pacto de No Intervención, Italia y Alemania también iniciaban una coordinación de sus actividades militares en España que abriría la vía al establecimiento oficial, en el mes de octubre, de su alianza diplomática: el Eje Roma-Berlín. El 28 de agosto de 1936, por encargo de Hitler y Mussolini, se reunieron en Roma el almirante Wilhelm Canaris, jefe del Servicio Secreto Militar alemán, y el general Mario Roatta, su homólogo italiano. Entre los cruciales acuerdos adoptados en esa reunión figuraron los siguientes:

1.º Proseguir [a pesar del embargo de armas] los suministros de material bélico y las entregas de municiones, según las peticiones del general Franco [posiblemente, suministros italianos y alemanes en paridad]. […].

2.º La ayuda material será remitida solo al general Franco y estará bajo el control de las fuerzas armadas. […].

6.º Envío de parte de cada uno de los dos gobiernos de un oficial [eventualmente con un ayudante] como órgano de comunicación con Franco. Entre sus competencias estarán: a) garantizar conjuntamente los intereses de ambos países desde el punto de vista político-militar y económico-militar; b) aconsejar al general Franco en cuanto sea necesario; c) acordar el pago de los suministros [al contado — materias primas]. […].

8.º No exigirle a Franco compensaciones de tipo político[44].

En consecuencia, el continuo sabotaje italo-germano (con la activa colaboración portuguesa), unido a la debilidad de la respuesta franco-británica, determinaron casi desde el comienzo el rotundo fracaso real de la política de No Intervención colectiva en España. Apenas constituido en Londres el Comité correspondiente, el representante alemán en este remitió a Berlín un informe confidencial donde subrayaba certeramente la falta de una firme voluntad anglo-francesa para detener la intervención y la naturaleza de recurso elusivo y dilatorio que tenía el organismo recién creado:

La sesión de hoy dio la impresión de que para Francia y Gran Bretaña, las dos potencias interesadas principalmente en el Comité, no se trata tanto de tomar medidas reales e inmediatas como de apaciguar la excitación de los partidos de izquierda en ambos países mediante el mero establecimiento de tal Comité. En particular, durante mi entrevista de hoy con [sir Robert] Vansittart [subsecretario permanente del Foreign Office] sobre otro asunto, tuve la sensación de que el Gobierno británico confiaba en aliviar la situación política interior del primer ministro francés con la formación del Comité[45].

En efecto, durante el mes de septiembre de 1936, a la sombra de las primeras y parsimoniosas deliberaciones del Comité de No Intervención, el proceso de internacionalización de la guerra había generado una estructura de apoyos e inhibiciones muy favorable para el esfuerzo bélico de los militares insurgentes y muy perjudicial para la capacidad defensiva del Gobierno republicano.

Por una parte, el bando ya liderado indiscutiblemente por el general Franco había logrado mantener intacta la vital corriente de suministros militares procedente de Italia y Alemania (concedidos además a crédito) y el inestimable apoyo logístico y diplomático portugués. Y todo ello a pesar de las prescripciones del acuerdo y de la presencia y participación de los representantes de esos tres países en el Comité de Londres.

Por otro lado, las autoridades republicanas se habían visto privadas de los potenciales suministros bélicos procedentes de Francia, Gran Bretaña y otros Estados europeos en virtud de la observancia estricta del Acuerdo por parte de sus gobiernos respectivos. Esta política había sido secundada, además, por Estados Unidos, el restante gran mercado de armamentos disponibles en el ámbito occidental. La Administración del presidente Franklin D. Roosevelt había decretado un embargo de armas unilateral (primero «moral» y desde enero de 1937 «legal») en virtud de su tradicional alineamiento diplomático con la entente francobritánica, de las tendencias aislacionistas de la opinión pública norteamericana, del rechazo hacia los síntomas revolucionarios percibidos en la retaguardia republicana y del temor de los líderes demócratas a enajenarse el apoyo electoral católico en beneficio de sus adversarios republicanos[46].

En consecuencia, la República solo pudo contar con el apoyo abierto pero limitado del México presidido por el general Lázaro Cárdenas, que autorizó la venta de material perteneciente al ejército mexicano y prestó continuo apoyo diplomático a la causa gubernamental. Una actitud que contrastaba con la adoptada por los restantes países latinoamericanos, que oscilaron entre la neutralidad y la preferencia sin compromiso militar por uno u otro de los contendientes[47]. La abierta simpatía cosechada paralelamente por la República en los ámbitos populares e intelectuales del mundo occidental no conllevó, sin embargo, ningún efecto práctico en el orden de los abastecimientos militares (aunque sí en el plano del reclutamiento de voluntarios extranjeros para luchar en sus filas y en la recepción de ayuda humanitaria)[48].

Esa situación de práctica imposibilidad para acceder a los mercados de armamento oficiales impuso a la República el gravoso recurso a las dudosas oportunidades ofrecidas por el oscuro mundo de los traficantes de armas internacionales. A título de mero ejemplo, los agentes republicanos fueron capaces de comprar viejas armas y municiones en la muy conservadora Polonia del mariscal Smigly-Rydz a precios desorbitados (con un incremento de entre el 30 y el 40 por 100 de su valor de mercado), previo pago de sustanciosas comisiones de soborno y con la complicidad encubierta de sus autoridades. No en vano, como alardeó uno de los intermediarios polacos: «vendiendo chatarra a los [republicanos] españoles a precios astronómicos conseguimos restablecer la solvencia de la banca polaca». Y el caso de Polonia es bien representativo de lo sucedido igualmente en las tres repúblicas bálticas, en Checoslovaquia o en Turquía[49].

Para empeorar la situación, desde mediados de septiembre de 1936, a la vista de la brutal persecución sufrida en la retaguardia republicana por el clero y el culto católico, el Vaticano comenzó a secundar públicamente la beligerante actitud adoptada desde el primer momento por la jerarquía episcopal española, firme partidaria de los insurgentes y enfrentada desde 1931 a las autoridades republicanas por su decidido programa secularizante. De este modo, el catolicismo mundial pasó a convertirse en uno de los principales valedores internacionales del esfuerzo bélico franquista, encumbrado a la categoría de Cruzada por la fe de Cristo y la salvación de España frente al ateísmo comunista y antinacional. Solo el hecho crucial de que los nacionalistas vascos, fervorosos católicos, se hubieran alineado con el bando republicano evitó una toma de partido en favor de Franco más rotunda por parte del anciano papa Pío XI. Su decisiva alocución del 14 de septiembre de 1936 en Castelgandolfo a un grupo de refugiados españoles huidos de la zona republicana se limitó a condenar tajantemente a las «fuerzas subversivas» del comunismo y a lamentar el sufrimiento de las víctimas de la furia antirreligiosa. El único apoyo velado al bando franquista se deslizó en un cauteloso párrafo final de la alocución:

Por encima de toda consideración política y mundana, Nuestra bendición se dirige de manera especial a cuantos han asumido la difícil y peligrosa tarea de defender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la religión, que es tanto como decir los derechos y la dignidad de las conciencias, condición primaria y la más sólida de todo bienestar humano y civil[50].

Sin embargo, esa prudencia oficial de la Santa Sede no aminoró en la práctica la intensidad del apoyo del mundo católico universal a la causa franquista. De hecho, el Pontífice envió pocas semanas después al general Franco, por conducto reservado del cardenal Isidro Gomá, primado de España, «una bendición especial, a él y a cuantos con él colaboran en la defensa del honor de Dios, de la Iglesia y de España»[51]. Al respecto, es significativo que el único grupo numeroso de auténticos voluntarios extranjeros alistados en el bando franquista fuera el contingente de unos setecientos católicos irlandeses dirigidos por el general Eoin O’Duffy[52]. Dejando aparte, claro está, a un contingente de voluntarios extranjeros difícilmente reconciliable con la idea de Cruzada: las tropas de Regulares indígenas formadas por mercenarios marroquíes reclutados en el Protectorado, cuyo número total ascendió a una cifra cercana a los 70 000 hombres[53].

En su conjunto, la cristalización de esa estructura tan asimétrica de apoyos e inhibiciones internacionales en el otoño de 1936 tuvo su reflejo inmediato en el curso de las hostilidades en España, con su cosecha de recurrentes triunfos militares insurgentes y de clamorosas derrotas republicanas a lo largo de los meses de agosto y septiembre de 1936. Como resultado de ambos fenómenos, en el mes de octubre las tropas de Franco se acercaban victoriosas e imparables a Madrid y se aprestaban para lanzar el asalto frontal y previsiblemente definitivo sobre la capital española. La guerra parecía que iba a ser resuelta rápida y brevemente con una clara y tajante victoria insurgente.

Dos diplomacias españolas enfrentadas: formulación y ejecución de la política exterior republicana e insurgente

DOS DIPLOMACIAS ESPAÑOLAS ENFRENTADAS: FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR REPUBLICANA E INSURGENTE

Como en todos los órdenes de la Administración estatal, la sublevación militar de julio de 1936 y su conversión en guerra civil significó una profunda e irreversible fractura en el seno del Cuerpo diplomático y consular encargado de la representación de los intereses españoles en el exterior. En consecuencia, ambos bandos contendientes tuvieron que afrontar la imperiosa necesidad de reconstruir con toda urgencia los instrumentos básicos de acción internacional del Estado a la par que trataban de formular y poner en marcha las primeras orientaciones de una política exterior al servicio de su respectivo esfuerzo bélico interno.

En el caso republicano, el trastorno causado por la sublevación en el aparato de representación diplomático-consular fue mayúsculo y muy difícil de superar con posterioridad. El Ministerio de Estado, a cuyo frente estaba desde febrero de 1936 el iusinternacionalista asturiano Augusto Barcia Trelles (confirmado en el cargo por José Giral el 19 de julio), tuvo que afrontar una defección masiva de sus funcionarios tanto en Madrid como en la mayor parte de las embajadas y consulados del extranjero, aparte de sufrir la inevitable improvisación respecto a la línea política a seguir en el ámbito internacional[54].

El primer recuento oficial de lealtades y deserciones en este Cuerpo burocrático distribuido por todo el mundo, solicitado por orden circular ministerial del 24 de julio, dio como resultado un total de 128 adhesiones frente a 59 dimisiones[55]. Pero la abultada cifra de adhesiones era equívoca, porque una parte de ese personal estaba a la espera de acontecimientos o se mantenía en el cargo por mandato de las autoridades insurgentes y con el propósito de sabotear las gestiones oficiales republicanas. Así, por ejemplo, en el caso de la representación diplomática y consular en Gran Bretaña, la orden circular solo produjo la dimisión inicial del primer consejero en Londres y del cónsul en Cardiff (seguidos poco después por el primer y segundo secretario de la Embajada londinense). Pero una gran parte de los adheridos seguía los dictados de la «Junta Nacional de Londres», dirigida por el ingeniero aeronáutico Juan de la Cierva y el duque de Alba (Jacobo Stuart Fitz-James y Falcó, también duque de Berwick y par de Inglaterra). Entre ellos se hallaba el propio embajador (Julio López Oliván), los dos agregados navales, el adjunto al agregado comercial y los cónsules en Glasgow, Liverpool y Newcastle. Todos presentarían su dimisión antes de septiembre de 1936, después de haber obstaculizado gravemente las primeras gestiones diplomáticas republicanas. De este modo, en la amplia representación española en Londres solo permanecieron plenamente leales a la República el cónsul general en Londres, el agregado comercial y el cónsul en Southampton[56].

Lo sucedido en Londres y Gran Bretaña no fue ni mucho menos una situación atípica o extraordinaria. Prácticamente lo mismo sucedió en todas las representaciones exteriores de España. A título de ejemplo, los embajadores en Roma (Manuel Aguirre de Cárcer), Berlín (Francisco Agramonte), París (Juan Francisco de Cárdenas) y Washington (Luis Calderón) dimitirían más pronto que tarde de sus respectivos cargos para prestar sus servicios a la causa insurgente. De hecho, con motivo de la toma de posesión del nuevo Gobierno presidido por Francisco Largo Caballero a principios de septiembre de 1936, se produjo una avalancha de otras 78 dimisiones. El nuevo ministro de Estado, el periodista socialista Julio Álvarez del Vayo, calcularía que para entonces la deserción había alcanzado al 90 por 100 del Cuerpo diplomático y consular activo en época de preguerra. Ciertamente, según cómputos fidedignos de Marina Casanova, «solo 62 diplomáticos se mantuvieron fieles a la República a lo largo de toda la guerra»[57].

Para sustituir a esos dimisionarios y paliar el golpe propagandístico causado por su deserción, el Gobierno republicano tuvo que nombrar a prestigiosos intelectuales y universitarios que representaran dignamente al régimen en sus respectivos puestos. De este modo, por ejemplo, el jurista socialista Fernando de los Ríos asumió la Embajada en Washington; el también socialista y penalista Luis Jiménez de Asúa se hizo cargo de la plaza de Praga; el doctor socialista Marcelino Pascua ocupó la recién abierta Embajada en Moscú; el periodista socialista Luis Araquistáin fue destinado a París (después de un breve intervalo de semanas con la sede en manos del político Álvaro de Albornoz); y el prestigioso funcionario internacional Pablo de Azcárate y Flórez (secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones desde 1934) quedó al frente de la Embajada en Londres. Todos ellos, junto a sus nuevos equipos, se hicieron cargo de sus funciones al comenzar el otoño de 1936, imprimiendo un nuevo rumbo a la hasta entonces casi inerte diplomacia republicana. En el caso ilustrativo británico, con la llegada de Azcárate y su equipo (Antonio de la Cruz Marín como consejero, el capitán Fernando Navarro como agregado naval y el periodista Antonio Ramos Oliveira ejerciendo de agregado de Prensa), la República comenzó a desarrollar una intensa actividad política y diplomática en Gran Bretaña de la que había carecido con anterioridad[58].

Efectivamente, al margen de los problemas logísticos planteados por la amplitud de las defecciones, las autoridades republicanas afrontaron también inicialmente graves dificultades para articular una política exterior coherente y acorde con sus imperiosas necesidades bélicas. Así, por ejemplo, los rotundos fracasos cosechados por sus peticiones de auxilio material en Francia se combinaron con el descubrimiento de la hostilidad patente de Alemania, Italia y Portugal, pese al mantenimiento formal de relaciones diplomáticas hasta casi el mes de noviembre. Buena muestra de esta última situación es la peripecia del embajador republicano en Lisboa, el historiador Claudio Sánchez-Albornoz, literalmente «cercado» y acosado en el edificio de la Embajada lisboeta para forzar infructuosamente su renuncia hasta la ruptura de relaciones oficiales el 23 de octubre de 1936[59].

La reacción del Gobierno republicano ante la génesis y articulación de la política de No Intervención colectiva demuestra claramente el desconcierto e improvisación que afectó inicialmente a la formulación y ejecución de una clara línea de conducta política en el exterior[60]. En un primer momento, comprobada la imposibilidad de comprar armas en Francia y Gran Bretaña y el peligro de intervención hostil italo-germana, el Gobierno republicano apostó por la aceptación «con reservas» del principio de no intervención como mal menor e inevitable dadas las circunstancias. En consecuencia, el 10 de agosto de 1936, una nota oficial presentada por el entonces embajador en París (Albornoz) al Gobierno francés declaraba:

La suspensión de la exportación de armas al Gobierno español, en el preciso momento en que tiene especial necesidad de ellas para restablecer la normalidad jurídica en su propio territorio, lejos de estar conforme con el principio de No Intervención, constituye una intervención muy efectiva en los asuntos internos de España. […]

La No Intervención, a juicio de mi Gobierno, exigiría por el contrario el mantenimiento estricto y escrupuloso del régimen normal de relaciones de todo orden con el Gobierno español. […]

El Gobierno español está dispuesto a reconocer las ventajas que tal acuerdo tendría, principalmente como medio para prevenir complicaciones internacionales de carácter general. Por este motivo, inspirándose en los sentimientos expresados al principio de esta carta y con el beneficio de la reserva de principio enunciada en el párrafo precedente, mi Gobierno estaría dispuesto a colaborar lealmente en la aplicación de tal acuerdo en la medida en que sea posible hacerlo sin comprometer los intereses del país. Pero cree indispensable llamar la atención del Gobierno francés sobre la importancia decisiva que tienen, de un lado, el plazo en el que el acuerdo podría entrar en vigor y, de otro, la eficacia de las garantías de su aplicación estricta[61].

La formación del Gobierno de Largo Caballero a principios de septiembre de 1936, junto con la paralela reestructuración del Cuerpo diplomático y consular, significó un nuevo impulso para la política exterior republicana. En consonancia con su política de resistencia a ultranza frente al avance de las tropas franquistas, el nuevo Gabinete adoptó una línea diplomática mucho más enérgica y decidida. Ante todo, redobló los esfuerzos para obtener armamento por todas las vías legales e ilegales posibles y solicitó insistentemente a la Unión Soviética (y acabaría por obtener) la urgente ayuda militar precisa para abastecer a sus fuerzas militares (una previa petición secreta de Giral, el 25 de julio, no había obtenido respuesta de Stalin)[62].

Simultáneamente, las nuevas autoridades comenzaron a denunciar acremente la política de No Intervención y recurrieron a la Sociedad de Naciones para tratar de defender la causa republicana. El 25 de septiembre, ante la Asamblea anual del organismo ginebrino, Álvarez del Vayo denunció la «intervención armada de Italia y Alemania en la guerra civil española» y trató de conseguir su condena y sanción como «Estados agresores» de la República española[63]. No tuvo éxito, porque la Sociedad de Naciones, a petición franco-británica y contra la protesta mexicana, decidió delegar en el Comité de No Intervención la responsabilidad de atajar las repercusiones internacionales de la crisis española. La reacción republicana sería una renovada denuncia de esa política inhibitoria, como la transmitida a finales de octubre de 1936 por Rafael de Ureña Sanz (secretario general del Ministerio de Estado) al encargado de Negocios británico en Madrid:

Dijo que Gran Bretaña estaba tratando a España como si fuera Abisinia al insistir en una política de No Intervención que denegaba armas al Gobierno español y sin embargo no hacía nada para evitar que los rebeldes obtuvieran material bélico. Él creía que los miembros del Gobierno de Su Majestad y del Comité de No Intervención eran instintivamente hostiles. También se quejó de que los círculos de negocios y bancarios eran enemigos y denegaban innecesariamente créditos y otras facilidades[64].

Desde esas fechas y hasta casi la terminación del conflicto, la actividad de la diplomacia republicana se concentraría en esas dos vías políticas complementarias: asegurar el mantenimiento de los apoyos exteriores ya logrados y tratar de extender estos sobre la base de la revocación del Acuerdo de No Intervención y del cambio de actitud franco-británica. Dentro de ese marco global, el embajador Azcárate recapitularía casi al final de la contienda los «dos puntos fundamentales» que habían vertebrado su actuación política y diplomática en el Reino Unido (prácticamente equivalentes a los desarrollados en Francia o Estados Unidos):

a) Hacer patente la realidad y extensión de la intervención italiana y alemana en favor de los rebeldes; mostrar que lo que está ocurriendo en España es resultado del designio de esas dos potencias de dominar políticamente a España; subrayar los inmensos peligros que esto representa para Inglaterra en el caso de un triunfo de los rebeldes.

b) Destruir la idea de que la República era el comunismo y el bolchevismo en acción; demostrar la inexistencia del influjo decisivo y preponderante de la URSS en la política republicana; sacar el máximo partido de los inmensos progresos realizados por la República, no solo en el orden militar, sino en la reconstitución de toda su vida civil[65].

En el caso del bando insurgente, también fue necesaria la formulación y ejecución improvisada de una política exterior acorde con sus propias necesidades bélicas. A este respecto, las ventajas logísticas derivadas de la adhesión mayoritaria a su causa de los funcionarios diplomáticos y consulares fueron parcialmente neutralizadas por el mantenimiento del reconocimiento jurídico internacional del Gobierno de Madrid, con su correspondiente exclusividad de facultades legales y diplomáticas. En todo caso, la eficacia de las gestiones de las nuevas «juntas» oficiosas creadas por los diplomáticos afectos a las autoridades rebeldes derivaba del prestigio de sus integrantes y de sus amplios conocimientos oficiales en sus respectivos países: los ya citados duque de Alba y Juan de la Cierva, en Londres; José María Quiñones de León, exembajador monárquico, en París; José María Gil-Robles, en Lisboa; el marqués de Portago y el barón de las Torres, en Berlín, etc. A título ilustrativo, la representación insurgente en Estados Unidos quedó a cargo de una «Junta de Nueva York» (compuesta por M. Alonso, F. Iturriaga, J. de Gregorio y J. Sunye) que actuaba en estrecho contacto y bajo la dirección de un notable grupo de diplomáticos desafectos afincados en Washington: el embajador, Luis Calderón; su primer secretario, Luis Olivares y Bruguera, conde de Artaza, y el agregado aéreo, comandante Ramón Franco (hermano menor del general Franco). Sus ocupaciones inmediatas consistieron en «impedir el envío de aeroplanos y material de guerra a la España roja» y defender la causa rebelde en esferas oficiales aprovechando la «ayuda» y simpatía «de amigos del Departamento de Estado»[66].

Para tratar de centralizar y ordenar la actuación de las «Juntas Nacionales» constituidas en la mayor parte de las capitales del mundo, la Junta de Defensa Nacional constituida en Burgos dictaminó la creación el 30 de julio de 1936 de su propio Gabinete Diplomático. Dirigido por el iusinternacionalista José Yanguas Messía (exministro de Estado durante la Dictadura de Miguel Primo de Rivera), el nuevo organismo debía cumplir la función de embrionario Ministerio de Estado alternativo y tenía como labor fundamental «informar de cuanto se someta a su consideración sobre asuntos relativos a esa especialidad»[67].

Una de las primeras tareas del Gabinete Diplomático, aun antes de su creación legal, fue la de redactar el 28 de julio la nota oficial de presentación de la Junta a los gobiernos extranjeros con los que España mantenía relaciones oficiales. Sin embargo, el Gabinete burgalés no fue ni el único ni el principal de los instrumentos de formulación y acción exterior del bando insurgente. Desde la capital del Protectorado de Marruecos, el general Franco había iniciado por su propia cuenta amplias gestiones internacionales de gran eficacia: entrevistas con los cónsules italiano y británico en Tánger y Tetuán, remisión de emisarios personales a Berlín (Johannes Bernhardt) y Roma (Luis Bolín), envío del general Kindelán para entrevistarse con el gobernador británico de Gibraltar, contacto epistolar y telefónico con el comité de control internacional de Tánger, etc[68]. Para asesorarle en estas gestiones, Franco había creado su propio «Gabinete Diplomático del Ejército Expedicionario», dirigido por el diplomático en excedencia José Antonio Sangróniz de Castro. Este seguiría en sus funciones a partir de octubre de 1936 en calidad de «jefe del Gabinete Diplomático de Su Excelencia», una vez convertido Franco en «Jefe del Estado» y «Generalísimo de las Fuerzas Nacionales». Por esas mismas fechas, el nuevo Caudillo constituyó también una Junta Técnica del Estado, con sede en Burgos, que contaba con una Secretaría de Relaciones Exteriores dirigida por el exembajador en Varsovia Francisco Serrat y Bonastre[69].

Los intensos esfuerzos diplomáticos desplegados desde el primer momento por Franco y articulados por Sangróniz (con la aprobación del organismo dirigido por Yanguas Messía desde Burgos) perseguían dos objetivos concurrentes: por un lado, lograr la ayuda militar directa y la protección diplomática de Italia, Alemania y Portugal para poder proseguir las operaciones militares contra el enemigo; de otro, tratar de cercenar toda contingencia de cualquier apoyo exterior a la República por parte de las potencias democráticas. En ambos casos, la denuncia del carácter comunista del enemigo se concebía como el mejor medio para lograr ambos propósitos. En palabras de Franco a la prensa británica el 27 de julio de 1936:

La victoria del presente gobierno [de Madrid] significaría la imposición del terror rojo. […] El comunismo triunfante representa la destrucción de la civilización occidental y de la religión. Nosotros apelamos a la simpatía de las grandes naciones para nuestra lucha contra el bolchevismo destructor[70].

El rápido éxito conseguido por esas gestiones internacionales franquistas, junto con el paralelo fracaso de las iniciativas republicanas, fue prontamente reconocido por las propias autoridades insurgentes. El 4 de agosto de 1936, Yanguas Messía redactaba para la Junta de Defensa Nacional uno de sus primeros informes sobre la situación exterior y el balance de apoyos e inhibiciones logrados por cada bando. El optimismo global implícito en el texto estaba plenamente justificado, así como el pronóstico de que la ocupación de Madrid habría de ser la piedra de toque para lograr el ansiado reconocimiento jurídico internacional:

El tono general de la situación diplomática es favorable a nuestro movimiento, primero porque en el mundo entero están hoy en plena lozanía los ímpetus arrolladores de los Estados totalitarios y segundo porque aun en aquellos países, anclados en el liberalismo, o entregados ya al Frente Popular, existen, en proporción a la gravedad del mal, una reacción de tipo nacionalista. Tenemos a Francia si no absolutamente en contra, por lo menos poco favorable, […] tenemos a Inglaterra prácticamente neutral, tenemos las simpatías de Portugal, Italia y Alemania, tenemos el aliento de todos aquellos países hispanoamericanos que han sacudido el yugo marxista, Brasil, Argentina, Chile, etc., tenemos el anhelo de la parte mejor de nuestras Colonias en el extranjero, que han empezado ya incluso a recaudar fondos para nuestro Ejército salvador. […]

La toma de Madrid y el asentar nuestro Gobierno en los rodajes administrativos reconocidos será el motivo determinante para que se reconozca oficialmente la legitimidad absoluta de nuestro movimiento[71].

Efectivamente, del resultado de la batalla de Madrid, iniciada a principios de noviembre de 1936, dependían las expectativas de victoria o derrota de ambos bandos españoles. Y el imprevisto resultado de aquella, esencialmente determinado por un crucial cambio en el contexto internacional, tendría como resultado la conversión de una guerra supuestamente breve y corta en una contienda prolongada y de muy larga duración. Las respectivas políticas exteriores de insurgentes y de republicanos habrían de adaptarse a la nueva situación bélica y al correspondiente contexto internacional envolvente.

El viraje soviético de septiembre de 1936: razones e implicaciones

EL VIRAJE SOVIÉTICO DE SEPTIEMBRE DE 1936: RAZONES E IMPLICACIONES

Secundando la iniciativa franco-británica, la Unión Soviética también había suscrito el Acuerdo de No Intervención y se había sumado al Comité de supervisión de Londres sin muchas dilaciones[72]. Los dirigentes soviéticos habían percibido el estallido de la guerra como una perturbación grave e inoportuna, ya que el amago revolucionario desatado en zona republicana podría arruinar su esfuerzo de acercamiento a Francia y Gran Bretaña e incluso podría estrechar los vínculos de esas potencias con las dictaduras fascistas por el temor compartido a una nueva revolución en Europa. Por eso, Stalin había decidido demostrar su distanciamiento respecto del conflicto, declarando la «simpatía platónica» soviética por la causa republicana y permitiendo el envío de ayuda humanitaria, pero sin intervenir a su favor con el suministro directo de armas o municiones (negándose, por lo tanto, a atender la petición de ayuda republicana emitida el 25 de julio)[73].

Las razones de esa conducta cautelosa habían sido apreciadas certeramente por el representante italiano en Moscú al comienzo de la guerra: «el Gobierno soviético bajo ninguna circunstancia se dejaría involucrar en los asuntos internos de la Península [Ibérica], donde tiene mucho que perder y nada que ganar». Además, al igual que los gobernantes franceses, Stalin también confiaba en que sería posible localizar la guerra y evitar el peligro de un triunfo rebelde mediante la anulación de todos los suministros exteriores. Como escribió el mismo diplomático poco después: «en consecuencia, la iniciativa francesa en pro de un acuerdo de no intervención en España ha sido recibida con enorme alivio»[74]. Buena prueba del acierto de esa estimación sobre las razones de la cautela inicial soviética son las instrucciones dadas por Maxim Litvinov, comisario soviético de Asuntos Exteriores, a su nuevo embajador en Madrid, Marcel Rosenberg (que presentó sus cartas credenciales el 31 de agosto de 1936):

Hemos discutido en reiteradas ocasiones el problema de la ayuda al Gobierno español después de su partida, pero hemos llegado a la conclusión de que no era posible enviar nada desde aquí. […] Nuestro apoyo proporcionaría a Alemania e Italia el pretexto para organizar una invasión abierta y un abastecimiento de tal volumen que nos sería imposible igualarlo. […] No obstante, si se probara que pese a la declaración de No Intervención se sigue prestando apoyo a los sublevados, entonces podríamos cambiar nuestra decisión[75].

Efectivamente, como indicaban esas instrucciones, la posición inicial soviética acabaría modificándose progresivamente desde principios de septiembre de 1936, una vez demostrado el fracaso de la política de No Intervención para detener en la práctica la ayuda italo-germana a Franco. El 14 de septiembre, Stalin en persona decidió el envío directo de armamento a España y encomendó la puesta en marcha de la operación clandestina a la NKVD (luego, KGB: los servicios secretos y de seguridad soviéticos). En consecuencia, a principios de octubre, en un contexto bélico realmente crítico y desfavorable, la Unión Soviética comenzó a socorrer militarmente a la República sin abandonar de modo oficial la política de No Intervención, siguiendo así los pasos de las potencias del Eje[76].

Los motivos de ese cambio de conducta fueron esencialmente políticos y estratégicos. Todas las pruebas parecen indicar que Stalin decidió enfrentarse a las potencias fascistas en España para evitar el deterioro de la posición estratégica de su reticente aliado francés y para poner a prueba la viabilidad de su política de colaboración con las democracias europeas frente al peligro de expansionismo nazi. España habría de ser la piedra de toque de ese proyecto de gran coalición antifascista: la arena donde se comprobaría la disposición o falta de disposición de las democracias para colaborar con la URSS en la contención de los proyectos agresivos alemanes. Meses después de tomada esta crucial decisión, un informe del vicejefe del servicio secreto militar soviético en España para sus superiores en Moscú razonaba al respecto:

Una victoria de los fascistas en España puede crear las condiciones para reforzar la agresividad de todos los Estados fascistas; en primer lugar y ante todo, de la Alemania hitleriana, profundizando extraordinariamente el peligro de guerra en Europa, en especial de un ataque de Alemania contra Checoslovaquia y otros países democráticos y de una guerra contrarrevolucionaria contra la URSS[77].

El embajador británico en Moscú había apreciado desde el principio de la guerra civil esa omnipresente preocupación estratégica en los cálculos soviéticos. A su juicio, la «actitud correcta y neutral» del Kremlin se habría mantenido «si no hubiera sido por las crecientes pruebas de que los dos principales Estados fascistas estaban ayudando activamente a los insurgentes». Y subrayaba lo que era «el núcleo del problema para el Gobierno soviético»:

Aquí no puede recibirse con alegría ninguna complicación de la escena europea que proporcione a Alemania una oportunidad para intervenir […] Lenin profetizó tiempo atrás que España sería el primer país en seguir la vía de Rusia. Pero España y la revolución mundial pueden esperar. Mientras tanto, cualquier peligro para Francia es un peligro para la Unión Soviética[78].

El recién llegado embajador republicano en Moscú, Marcelino Pascua, sería informado reiteradamente por el propio Stalin del carácter interino y supletorio de esa ayuda soviética (hasta que se materializase el apoyo franco-británico) y de los límites infranqueables fijados a esta (el enfrentamiento con el bloque franco-británico y la precipitación de una guerra general). Así lo comunicaría Pascua al presidente de la República, Manuel Azaña, en el verano de 1937:

Terminantemente [Stalin], le reitera que aquí [en Moscú] no persiguen ningún propósito político especial. España, según ellos, no está propicia al comunismo, ni preparada para adoptarlo, y menos para imponérselo, ni aunque lo adoptara o se lo impusieran podría durar, rodeado de países de régimen burgués, hostiles. Pretenden impedir, oponiéndose al triunfo de Italia y de Alemania, que el poder o la situación militar de Francia se debilite. […] El Gobierno ruso tiene un interés primordial en mantener la paz. Sabe de sobra que la guerra pondría en grave peligro al régimen comunista. Necesitan años todavía para consolidarlo. Incluso en el orden militar están lejos de haber logrado sus propósitos. Escuadra, apenas tienen, y se proponen construirla. La aviación es excelente, según se prueba en España. El ejército de tierra es numeroso, disciplinado y al parecer bien instruido. Pero no bien dotado en todas las clases de material. […] Gran interés en no tropezar con Inglaterra[79].

En esas circunstancias y bajo esas premisas, hasta que se hiciera efectivo el hipotético apoyo franco-británico, las autoridades soviéticas decidieron poner en marcha dos vías paralelas para posibilitar la resistencia de la República ante lo que parecía un incontenible avance militar de las tropas de Franco: 1.º mediante la formación de Brigadas Internacionales; y 2.º mediante el envío directo de material bélico soviético.

Desde finales de septiembre de 1936, los partidos comunistas de todo el mundo (bajo la dirección del Komintern y previa autorización de Moscú) habían iniciado el reclutamiento de voluntarios extranjeros para combatir en España con la República. Debido al enorme impacto de la guerra en la opinión pública antifascista internacional, la campaña tuvo un éxito resonante e inmediato. A mediados de octubre llegaron los primeros efectivos a la base española de Albacete, y el 8 de noviembre, en plena batalla de Madrid, entró en combate la primera de las Brigadas Internacionales (la XI Brigada, compuesta por unos 1900 hombres, en su mayoría alemanes). En conjunto, alrededor de 35 000 voluntarios (34 111, según cálculos de Skoutelsky, basándose en los archivos del Komintern; 31 369, según Radosh y sus colaboradores, basándose en datos del Archivo Militar del Estado Ruso), procedentes de más de cincuenta países de todos los continentes, sirvieron como brigadistas internacionales en las filas republicanas[80].

En su seno predominaron los voluntarios procedentes de medios obreros, aunque hubo una abundante representación de miembros de las clases medias y círculos intelectuales. Las siete Brigadas Internacionales constituidas (XI, XII, XIII, XIV, XV, 129 y 150) combatirían como fuerza de choque en casi todas las grandes batallas de la guerra hasta septiembre de 1938, cuando el Gobierno republicano, presidido entonces por el doctor Juan Negrín, decidió su evacuación unilateral en un intento frustrado para forzar al bando franquista a imitar esa medida. Su contribución a la capacidad de resistencia de la República fue fundamental, no tanto por su estricto valor militar cuanto por el ejemplo de solidaridad internacional que demostraban y por el modelo de disciplina que ofrecieron al ejército republicano en vías de formación.

El primer envío de material bélico remitido desde la Unión Soviética fue recibido en el puerto de Cartagena el 4 de octubre de 1936. Desde entonces, los suministros soviéticos de aviones, tanques, ametralladoras y artillería no dejaron de afluir a la España republicana hasta el final de la guerra, de un modo intermitente y según las facilidades u obstáculos encontrados en las rutas marítimas mediterráneas y en la frontera francesa con la Cataluña republicana. Al lado de ese material bélico, los soviéticos también enviaron a España un conjunto de 2082 asesores y especialistas militares (incluyendo los agentes del NKVD), que trataron de ayudar en la constitución del Ejército Popular de la República y que serían discretamente retirados durante el verano de 1938[81].

No cabe duda de que los suministros militares soviéticos supusieron un refuerzo vital para la capacidad de resistencia republicana. De hecho, serían el aporte fundamental de material bélico para la República durante toda la guerra, a mucha distancia del recibido de Francia u otros orígenes. Según cálculos fidedignos, del total de aviones importados por la República durante la guerra (entre 1124 y 1272 aparatos), en torno al 60 por 100 procedían de la Unión Soviética (entre 680 y 757, todos ellos militares), un 21 por 100 de Francia (entre 237 y 287, solo 60-69 militares) y un 4 por 100 de Checoslovaquia (entre 43 y 53, todos militares)[82].

Al igual que la ayuda italo-germana a finales de julio de 1936 había salvado a los insurgentes de una situación muy grave (puesto que les permitió trasladar el Ejército de África a la Península e iniciar la marcha sobre Madrid), también la ayuda soviética contribuyó de modo decisivo a la inesperada resistencia republicana en Madrid en noviembre de 1936 (evitando la prevista derrota final de la República en aquella crítica coyuntura).

La vinculación entre la República y la Unión Soviética se estrechó en el mes de octubre de 1936 con la controvertida decisión del Gobierno republicano de depositar en Moscú tres cuartas partes de las reservas de oro del Banco de España (cifradas en 635 toneladas de oro fino), que había sido movilizado desde el primer momento para atender a los gastos derivados de la compra de armas y suministros diversos en el extranjero. Las razones de esa medida eran varias: garantizar la seguridad de las reservas contra posibles ataques enemigos en el interior del país y contra sus acciones legales en bancos extranjeros; poner fin a los actos de sabotaje y boicot contra operaciones financieras republicanas experimentados en las redes bancarias occidentales; y asegurar su disponibilidad y convertibilidad de modo confidencial y eficaz gracias al sistema bancario soviético.

En conjunto, según los detallados estudios del profesor Ángel Viñas (revalidados por Pablo Martín Aceña), se enviaron a Moscú unas 510 toneladas de oro de aleación, con cargo a las cuales se fueron pagando los envíos de suministros militares soviéticos y de otros países europeos a la República[83]. Las divisas generadas por esa operación de venta del oro (unos 518 millones de dólares) se gastaron en su totalidad en compras de material bélico y pagos por servicios diversos (importaciones de alimentos, carburante, material sanitario, pago de «comisiones» de soborno a funcionarios extranjeros para conseguir permisos de exportación, etc.). Además, según el renovador análisis de Gerald Howson, esas compras bélicas a la URSS incluyeron buena dosis de material anticuado y poco eficaz y fueron pagadas al contado, a precios de mercado internacional y sin ninguna rebaja o descuento significativo en favor del comprador. En definitiva, cabe desmentir el mito propagandístico franquista del «oro de Moscú» robado por los republicanos y entregado a Stalin sin contrapartida[84]. De hecho, agotado el oro, la URSS concedió un postrer crédito sin garantía a principios de enero de 1939, que apenas pudo ser utilizado por la República[85].

El mismo destino y parecida suerte corrió otra pequeña cantidad de las reservas de oro (cifrada en la cuarta parte: 174 toneladas de oro fino) que fue vendida al Banco de Francia y cuyo contravalor (unos 195 millones de dólares) sirvió para pagar suministros procedentes de dicho país. Por motivos obvios de interés político, sobre este «oro de Francia» no se hizo igual campaña de propaganda y denuncia. En conjunto, como resultado de esa movilización de las reservas de oro y de otros expedientes financieros internos (comercio exterior, ventas de plata, etc.), las autoridades republicanas fueron capaces de generar un volumen total de 744 millones de dólares. Esa cifra global de divisas habría de ser el coste financiero de la guerra civil en el bando republicano.

Contarréplica de las potencias del Eje y retracción franco-británica

CONTRARRÉPLICA DE LAS POTENCIAS DEL EJE Y RETRACCIÓN FRANCO-BRITÁNICA

El apoyo militar y financiero que la URSS comenzó a prestar a la República desde octubre de 1936 tuvo dos consecuencias diversas pero igualmente negativas para sus objetivos diplomáticos globales. Por un lado, la intervención soviética en el otro extremo del continente europeo acentuó profundamente la ansiedad y recelo de los gobiernos británico y francés sobre las verdaderas intenciones de Moscú. Por otro, sirvió como pretexto idóneo para justificar un incremento cuantitativo y cualitativo del apoyo de las potencias del Eje al general Franco (este último demostrado con su reconocimiento oficial como Gobierno de iure de España el 18 de noviembre de 1936, en plena ofensiva frontal sobre Madrid). En ese proceso de intensificación de la ayuda militar, diplomática y financiera de Italia y Alemania naufragó definitivamente la política de No Intervención colectiva patrocinada por Francia y Gran Bretaña.

Los círculos gubernamentales británicos, en mayor medida que los franceses, siempre habían sospechado que la política soviética de apoyo a la seguridad colectiva podía encubrir segundas intenciones mucho menos honorables. Por eso habían visto con prevención la firma del pacto franco-soviético en 1935 y se habían negado a secundar los llamamientos en favor de una Gran Alianza antinazi. La rápida polarización ideológica causada en Europa por la guerra civil española había reavivado tanto en Londres como en París esos temores latentes, que alcanzaron su máxima intensidad precisamente con la decisión soviética de ayudar militarmente a la República. La interpretación británica de esa medida, sustancialmente idéntica a la francesa, quedó recogida en la siguiente minuta escrita a finales de octubre de 1936 por sir Robert Vansittart, subsecretario permanente del Foreign Office:

Da la impresión de que los rusos están dispuestos a llegar al límite. Sin ir tan lejos, creo que probablemente están dispuestos a mucho; y esta carta confirma otra vez la tesis que he subrayado últimamente de que el afán de revolución mundial es mucho más fuerte en Rusia de lo que habíamos creído en los últimos dos o tres años; tan fuerte, en efecto, que ni siquiera Stalin puede contenerlo. Es un proceso bastante sorprendente teniendo en cuenta que Rusia, desde 1933, con el crecimiento del peligro alemán en Europa, y hasta este mismo verano, había procurado hacerse tan amiga de las democracias occidentales como fuera posible y había moderado sus doctrinas revolucionarias. Ahora no solamente ha cambiado la moderación, sino que ha incrementado la marcha de un modo tremendo[86].

El resultado de esa interpretación de la acción soviética fue reafirmar en los gobiernos británico y francés su voluntad de no involucrarse en la contienda española y de preservar la política multilateral de No Intervención como único modo para evitar la temida guerra general. Frente a esa firme actitud, de nada sirvieron las explicaciones dadas por el embajador soviético a Eden el 3 de noviembre:

La reconocida simpatía del Gobierno soviético con el Gobierno de España no se debía a su deseo de implantar en ese país un régimen comunista […] y el propósito del Gobierno soviético al tratar de prestar ayuda al Gobierno español era mucho más inmediato. […] El Gobierno soviético estaba convencido de que si triunfara el general Franco, el impulso dado a Alemania e Italia sería tal que haría más factible y cercano otro acto de agresión por su parte. Y esta vez quizá en Europa central u oriental. Eso era lo que Rusia quería evitar a toda costa y esa era su principal razón para desear que el Gobierno español saliera triunfante en esta guerra civil[87].

Aprovechando esa coyuntura diplomática propicia y sin grandes temores a la respuesta anglo-francesa, las potencias del Eje decidieron responder a la intervención soviética con una sustancial intensificación de su apoyo material a Franco.

A finales de octubre de 1936, Hitler decidió el envío de una unidad aérea alemana que combatiría en las filas nacionalistas como Cuerpo autónomo, con sus propios jefes y oficiales, pero en contacto directo con el general Franco. La llamada Legión Cóndor arribó a España por vía marítima a principios de noviembre y llegaría a contar durante toda la guerra con unos efectivos globales de 19 000 soldados alemanes (pilotos, tanquistas, artilleros y expertos en comunicaciones), si bien nunca superó la cifra de 5600 hombres en un mismo momento (los frecuentes reemplazos tenían como objetivo extender la experiencia bélica al mayor número de soldados posible). Su fuerza aérea se mantuvo regularmente en torno a 140 aviones de modo permanente, a los que asistían un batallón de 48 tanques y otro de 60 cañones antiaéreos. Sus comandantes serían todos generales de la Lüftwaffe (fuerza aérea alemana) de reputado prestigio: Hugo Sperrle (hasta octubre de 1937), Hellmuth Wolkmann (hasta noviembre de 1938) y el barón Wolfram von Richthofen. Como tal unidad prácticamente autónoma del resto del ejército nacionalista tomó parte en casi todas las operaciones militares desarrolladas hasta el final de la guerra: un conjunto total de treinta combates o batallas con un saldo global de 371 muertos y 232 aviones perdidos[88].

La respuesta italiana fue ligeramente posterior a la alemana, pero la superó en número e intensidad, en consonancia con el mayor interés político y estratégico manifestado por Roma. No en vano, el 28 de noviembre de 1936, Mussolini y Franco habían firmado un tratado secreto de amistad que estipulaba su «estrecha cooperación» diplomática, el respeto de Italia a la integridad e independencia de España y la adopción por esta de una muy generosa «actitud de neutralidad benévola» hacia aquella en caso de guerra[89]. Tras la conclusión del tratado, durante los meses de diciembre de 1936 y enero de 1937, Mussolini envió a España un auténtico cuerpo de ejército expedicionario: el Corpo di Truppe Volontarie, primero al mando del general Mario Roatta (hasta la debacle de Guadalajara en marzo de 1937) y luego de los generales Ettore Bastico (hasta finales de 1937), Mario Berti (hasta octubre de 1938) y Gastone Gambara.

El CTV agrupaba de modo permanente a unos 40 000 soldados italianos y su número total ascendió a lo largo de toda la guerra a 73 000 hombres. Si a estos se añaden las fuerzas aéreas enviadas en paralelo (llamadas Aviación Legionaria), compuestas por unos 6000 hombres, el número total de efectivos italianos en España alcanzaría los 79 000 hombres hasta el final del conflicto (3819 de los cuales perderían la vida y unos 12 000 resultarían heridos)[90].

Todas esas cifras indicaban que tanto Italia como Alemania habían decidido seguir prestando masivamente y casi de modo abierto su ayuda militar a Franco, siempre que esta no superara el límite de la permisividad tácita británica ni precipitara el estallido de una inconveniente guerra general. Una ayuda y unos suministros, además, prestados a crédito y en condiciones muy ventajosas, lo que resultó esencial para los insurgentes, puesto que no contaban con recursos financieros para hacer frente a los enormes gastos exigidos por la guerra.

De hecho, el coste financiero de la campaña bélica en el bando franquista ascendería a un total de entre 694 y 716 millones de dólares, una cifra muy cercana a los 744 millones de dólares gastados por la República con el mismo fin. Sin embargo, si bien esta había sufragado ese coste con la venta de reservas de oro, el general Franco tuvo que sufragarlo mayormente con los créditos italianos (entre 413 y 456 millones de dólares) y alemanes (entre 225 y 245 millones de dólares). En consecuencia, las autoridades nacionalistas tuvieron que asumir su endeudamiento con las potencias del Eje y tratar de compensarlo con la reorientación hacia ellas de su comercio exterior (esencialmente, las exportaciones de piritas y mineral de hierro). Como resultado, a lo largo de la guerra se produjo un cambio muy significativo en la composición del flujo de exportaciones españolas a países extranjeros respecto a la etapa prebélica. Así, Gran Bretaña y Francia, que en 1935 habían absorbido el 16,7 y el 8,7 por 100 de esas exportaciones, en el año 1938 habían descendido al 11,7 y 0,3 por 100, respectivamente. Por el contrario, Alemania e Italia, que en 1935 solo habían absorbido el 13,1 y 2,4 por 100 de esa corriente exportadora, ascenderían en 1938 a la condición de primeros clientes de España con el 40,7 y el 15,3 por 100, respectivamente. La progresiva vinculación política y diplomática de la España del general Franco con las potencias del Eje estaba teniendo su reflejo en el plano de las relaciones económicas, para mayor inquietud y preocupación de los gobernantes de las democracias occidentales[91].

En definitiva, entre octubre de 1936 y febrero de 1937 se había producido un cambio fundamental en el escenario internacional de la guerra española. No en vano el compromiso soviético en favor de la República y la intensificación del apoyo del Eje al general Franco marcaron la culminación del dilatado proceso de internacionalización de la guerra civil. A partir de esa última fecha, el cuadro de apoyos militares, diplomáticos y financieros de cada bando quedó configurado definitivamente y se mantuvo inalterado hasta el final de la guerra.

Por un lado, el bando franquista siguió contando con el vital apoyo de la Italia fascista, la Alemania nazi y, en menor medida militar, del Portugal de Salazar. Por su parte, la República se basaba esencialmente en el apoyo soviético, el aliento moral mexicano, y recibía de Francia una pequeña ayuda encubierta, vacilante e intermitente (lo que Léon Blum calificaría de «no-intervención relajada»: la tolerancia furtiva hacia el contrabando de armas por la frontera pirenaica hacia la Cataluña republicana). Mientras tanto, el resto de los países europeos, encabezados por Gran Bretaña, seguían firmemente adheridos al Acuerdo de No Intervención y respetaban mayormente el embargo de armas y municiones imperante.

Ilusiones frustradas: los proyectos de control naval y terrestre de la No Intervención

ILUSIONES FRUSTRADAS: LOS PROYECTOS DE CONTROL NAVAL Y TERRESTRE DE LA NO INTERVENCIÓN

La crítica situación creada por la masiva intervención exterior en la guerra civil en el invierno de 1936-1937 convenció a las autoridades británicas y francesas de la necesidad de poner coto al peligroso proceso con alguna medida resolutiva. Por iniciativa de Anthony Eden, y con el visto bueno de Léon Blum, a lo largo del primer semestre de 1937 el Comité de No Intervención se embarcó en varios esfuerzos para detener la escalada mediante la imposición de un laborioso control naval y terrestre de las fronteras españolas (a cargo de una flota internacional y de observadores neutrales). El propósito básico de esos proyectos era convertir en realidad efectiva el confinamiento de la guerra civil, evitando la llegada de suministros bélicos exteriores al menos en gran escala y sin camuflaje alguno (el control aéreo quedó siempre descartado por imposibilidad técnica).

Después de múltiples reuniones del Comité y del Subcomité de No Intervención, el 8 de marzo de 1937 quedó aprobado el «Plan de Observación de las fronteras españolas terrestres y marítimas»[92]. Como parte de este, desde ese mes y hasta junio del mismo año, las costas españolas fueron patrulladas por las flotas de cuatro países firmantes del Acuerdo que tenían derecho a detener y registrar todos los buques mercantes europeos destinados a puertos españoles para detectar la presencia de armas y municiones prohibidas. A pesar de las críticas soviéticas, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia fueron las potencias navales encargadas por el Comité para efectuar esa tarea de vigilancia de la costa española. Como complemento a la patrulla naval, un plantel de observadores internacionales se desplegó por diversos puntos de las fronteras de España con el mismo cometido respecto al tráfico terrestre. El Gobierno británico, principal impulsor del proyecto, fue consciente desde el principio de la relativa inutilidad de todas estas medidas si no se contaba con la leal colaboración de las potencias intervencionistas. Así lo había hecho constar el servicio de inteligencia militar británico en una nota confidencial de principios de mayo de 1937:

El esquema de supervisión del Comité de No Intervención entró en vigor el 20 de abril de 1937. Puede que detenga los movimientos masivos, pero es improbable que evite la infiltración continua de armas y voluntarios a España. No cubre el tráfico aéreo, ni el realizado en buques españoles o americanos, ni el destinado a puertos portugueses. Por ello, no resulta sorprendente encontrar que desde esa fecha ha habido vuelos de aviones a España, tráfico normal de armas en buques españoles y «panameños», y un aparente incremento del movimiento de envíos encubiertos a Lisboa. En cualquier caso, la plantilla de supervisores no tiene poder de control, sino solo de observación[93].

Sin embargo, el Foreign Office perseveró en esa política porque sostenía la convicción de que el confinamiento de la guerra era el único medio para reducir su carácter de amenaza latente a la paz europea y a los intereses británicos en la península Ibérica y el Mediterráneo. Además, Eden y sus asesores confiaban en que el plan de control de No Intervención facilitara la vía para la adopción de otras dos medidas ulteriores y complementarias. En primer lugar, la búsqueda de un acuerdo de todas las potencias del Comité para proceder a la retirada supervisada de combatientes extranjeros (eufemísticamente llamados «voluntarios») que participaban en las hostilidades en apoyo a uno u otro de los bandos. En segundo término, la colaboración de las potencias del Eje en una gestión internacional para imponer la mediación entre los contendientes españoles y evitar así la instalación en España de un régimen político potencialmente antibritánico y antifrancés. En ambas esferas, las ilusiones abrigadas en Londres y compartidas en París iban a experimentar sendas frustraciones durante el tenso verano de 1937.

Después de varias semanas de discusiones bizantinas, la propuesta británica para la retirada supervisada de «voluntarios» extranjeros de España fue aprobada por el Comité de No Intervención el 26 de mayo de 1937. Italia y Alemania habían decidido aceptar el proyecto porque «no es conveniente por motivos tácticos rehusar la discusión del tema» y era recomendable «ganar tiempo» mientras se completaba la ofensiva franquista sobre Vizcaya y se apaciguaba la tensión provocada por la destrucción alemana de Guernica[94]. Sin embargo, la propia complejidad del tema y las dificultades logísticas y políticas que entrañaba su ejecución práctica (requería la aprobación y concurso de ambos contendientes) dejaba abiertas múltiples facetas para el debate y la dilación interesada.

La propuesta de mediación internacional auspiciada por Gran Bretaña tuvo una suerte aún más desafortunada. El 17 de mayo, Eden había transmitido oficialmente su idea a «las principales potencias interesadas»: Francia, Alemania, Italia, Portugal y la Unión Soviética. Considerando que la retirada de «voluntarios extranjeros» no podría llevarse a cabo «en medio de hostilidades activas», el secretario del Foreign Office sugería que esas potencias emprendieran «una gestión colectiva ante ambas partes en España con el objetivo de inducirles a acordar un armisticio en todos los frentes por un período de tiempo suficiente»[95].

La reacción de las potencias consultadas fue previsible. Francia se sumó gustosamente al proyecto. La URSS anunció su aprobación «de principio», aunque solicitaba la consideración de «extranjeros» para las tropas marroquíes. Alemania, Italia y Portugal respondieron a la invitación de modo muy poco entusiasta más que abiertamente negativo. El 19 de mayo, Mussolini había informado a Berlín que consideraba la gestión «como un movimiento dirigido a lograr un compromiso en España de acuerdo con el viejo objetivo británico de impedir una victoria del fascismo bajo todas las circunstancias». El embajador alemán en España también consideraba que «no nos interesa en absoluto un compromiso en España. La lucha debe continuar a toda costa hasta la victoria del general Franco». Finalmente, el propio Franco se ocupó de decretar la sentencia de muerte de la iniciativa al proclamar el 22 de mayo su negativa «más categórica» a toda idea de armisticio y negociación y su disposición a aceptar exclusivamente una «rendición sin condiciones». En Roma y Berlín hicieron suya esa tajante negativa bajo un disfraz dilatorio y por motivos bien comprensibles: «La situación interna y militar de Franco es tan favorable que no tiene ninguna razón para considerar favorablemente un armisticio»[96].

En ese contexto, la iniciativa mediadora británica, que recibió incluso la aprobación rutinaria del Consejo de la Sociedad de Naciones el 28 de mayo, se fue diluyendo como «impracticable», «prematura» o meramente «inoportuna»[97]. La grave crisis desatada a principios de junio de 1937 en el sistema de control de No Intervención acabaría por enterrarla definitivamente.

La crisis del verano de 1937 tuvo su origen en la decisión alemana de forzar la desaparición de la patrulla naval a raíz de un incidente bélico: el 26 de mayo, un bombardeo republicano sobre Ibiza alcanzó de lleno al acorazado alemán Deutschland y ocasionó una treintena de muertos entre su tripulación. Hitler replicó cuatro días después con un intenso bombardeo de la ciudad de Almería y con el anuncio de la retirada alemana de la patrulla naval y del Comité de No Intervención, medida que fue secundada por el Gobierno italiano[98]. Ambas potencias propusieron como alternativa el reconocimiento de los derechos de beligerancia al bando franquista y su equiparación de iure y de facto con el Gobierno republicano.

La retracción anglo-francesa ante la acometida de las potencias del Eje quedó manifiesta en su reticente aceptación del final del sistema de control y su simultánea insistencia en mantener en vigor el Comité de No Intervención. Las protestas soviéticas no lograron modificar la actitud conciliatoria hacia las demandas germano-italianas de Londres y París, donde acababa de producirse un reajuste gubernamental en clave conservadora: Neville Chamberlain se había convertido a mediados de mayo en el nuevo primer ministro británico, en tanto que un mes más tarde Blum era sustituido en la Jefatura del Gobierno por el radical Chautemps, primero, y luego por Daladier. En adelante, la restauración del control, combinada con una retirada supervisada de los combatientes extranjeros y el reconocimiento de los derechos de beligerancia a los insurgentes, permanecería como mera posibilidad teórica y pretexto para justificar la vigencia del Acuerdo y del Comité. La política de No Intervención se había convertido definitivamente en una farsa institucionalizada y mutuamente consentida.

Las autoridades alemanas e italianas apreciaron certeramente esa situación favorable durante toda la crisis del verano y procuraron graduar su acción militar y diplomática en favor de Franco sin superar los límites formales establecidos por lo que percibían como una tolerancia tácita británica. Así lo comunicó a principios de julio de 1937 al propio Hitler el influyente embajador en Londres y delegado alemán en el Comité, Joachim von Ribbentrop:

No debemos esperar complicaciones serias para la situación europea de la tensión actual en la política de No Intervención. Inglaterra quiere la paz, como también Francia; a pesar de la línea de firmeza adoptada ahora, ninguna forzará las cosas hasta el límite. Podemos seguir contando con este hecho como un factor absolutamente seguro y podemos tomar nuestras decisiones futuras sin dejarnos influenciar o molestar. […] Los británicos tratarán de encontrar una solución de compromiso en los días venideros, encubiertamente o convocando una nueva reunión del Subcomité [de No Intervención][99].

Una victoria gradual y en etapas frente a una derrota lenta y a plazos

UNA VICTORIA GRADUAL Y EN ETAPAS FRENTE A UNA DERROTA LENTA Y A PLAZOS

A partir de la crisis del verano de 1937, el relativo equilibrio de fuerzas militares logrado entre los dos bandos españoles fue decantándose progresivamente en favor del general Franco y en contra de la República. La causa principal de ese proceso residió en la firme reactivación del apoyo bélico de las potencias del Eje al bando nacionalista en una medida y proporción que no pudo ser compensada por los envíos militares soviéticos ni por el contrabando de armas de otras procedencias.

La Unión Soviética no era por entonces una gran potencia militar. A pesar de sus grandes reservas de hombres (casi un millón de soldados en 1935), su producción industrial bélica era incapaz de atender a todos sus compromisos defensivos en el este (frente a Japón) y en el oeste (frente a Alemania) y se concentró en la fabricación de aviones en detrimento de las necesidades de la marina y de la infantería. Además, la eficacia operativa del Ejército Rojo estaba claramente disminuida por las profundas turbulencias políticas que afectaban recurrentemente al régimen estalinista: durante las purgas de 1937-1938 quedaron diezmados la casi totalidad del alto mando (incluyendo al mariscal Tujachevski) y prácticamente la mitad del cuerpo de oficiales[100].

Aparte de esas limitaciones internas, el envío de remesas de material bélico tropezaba con varios obstáculos logísticos para alcanzar el territorio de la República. Ante todo, la lejanía de los puntos de suministro obligaba a un largo, costoso y arriesgado transporte por mar. La travesía por el Mediterráneo desde Crimea se enfrentaba al peligro del bloqueo de la Marina franquista y del apoyo de la flota italiana a esa labor de control desde sus estratégicas bases en Sicilia (por cuya cercanía necesariamente había que pasar). Por su parte, la travesía desde el Ártico soviético por el Atlántico exigía desembarcar el material en Francia y esperar a la imprevisible decisión de sus gobernantes de autorizar o denegar el tránsito por su frontera pirenaica hacia la Cataluña republicana. En ambos casos, la incertidumbre y falta de regularidad en los envíos afectaron gravemente a la planificación militar republicana. Buena prueba de las reticencias de los militares soviéticos a desprenderse de su escaso material bélico con destino a España se encuentra en una carta a Stalin del mariscal Voroshilov, comisario de Defensa, el 2 de noviembre de 1937:

Te envío una lista de mercancías que podemos vender, por mucho que nos duela, a los españoles […] Si Francia no se porta vilmente, conseguiremos que todo llegue a su destino en el plazo más breve posible. Verás que la lista contiene el lote de piezas de artillería, debido no solo al hecho de que el ejército republicano las necesita, sino también a la decisión de Kulik [general G. I. Kulik], que creo que es correcta, de deshacernos, de una vez por todas, de las piezas de artillería fabricadas en el extranjero —británicas, francesas y japonesas. […] Lo más doloroso de todo es el material de aviación que estamos enviando; pero, como no pueden prescindir de él en España, hay que enviarlo. Pido tu visto bueno para que, si lo juzgas oportuno, empiece el transporte de material a Murmansk[101].

En claro contraste con las dificultades soviéticas, las remesas de material bélico desde Italia y Alemania eran mucho más fáciles de importar en términos geográficos y pudieron ser más constantes y regulares, ajustándose mejor a las necesidades previstas por el Cuartel General de Franco. En esas condiciones, la estrategia diplomática franquista se concentró en la preservación inalterada del cuadro internacional de apoyos e inhibiciones existente. No en vano, para ganar su guerra localizada, Franco necesitaba el continuo desahucio de la República por parte de las potencias democráticas sin mengua de su propia capacidad para recibir ayuda italo-germana. Así lo reconocería un informe reservado de un alto funcionario diplomático franquista en vísperas de la victoria:

Así como el trabajo de los gobiernos europeos ha consistido en procurar que el llamado «problema español» no llegase en sus repercusiones internacionales a provocar una guerra europea, nuestra labor principal, y casi única, había de consistir también en localizar la guerra en territorio español, evitando a todo trance que sus derivaciones externas condujesen a una guerra internacional en la que poco podíamos ganar y mucho perder; y esta localización había que obtenerla, sin embargo, asegurando la ayuda franca de los países amigos en la medida de nuestra conveniencia, sin perjuicio de tender a toda costa a evitar la ayuda extranjera al enemigo o al menos reducirla al mínimo posible[102].

Consciente de esa situación desventajosa, el nuevo Gobierno presidido por el doctor Juan Negrín desde mayo de 1937 trató de frenar el lento deterioro de la situación militar republicana con una renovada actividad internacional. Como corolario a su política interior de eliminación de vestigios revolucionarios y reforzamiento del poder estatal, los esfuerzos de Negrín en política exterior se dirigieron a conseguir el apoyo de las democracias occidentales y a terminar con un sistema de No Intervención solo aplicado en realidad contra la República y sumamente lesivo para su esfuerzo de guerra. Mientras se lograba ese objetivo, la ayuda militar soviética seguía siendo «la tabla del náufrago», el factor que permitía resistir momentáneamente y evitar la derrota total y absoluta. Así lo confesaría privadamente y con amargura el jefe del Gobierno republicano a finales de septiembre de 1937 a un estrecho colaborador y correligionario:

Aunque me ve aparentando optimismo, no creo que saquemos nada práctico de la reunión de la Sociedad de Naciones [cuya asamblea anual se celebraría a principios de octubre de 1937]. Alemania, Italia y Portugal seguirán ayudando descaradamente a Franco, y la República durará lo que quieran los rusos que duremos, ya que del armamento que ellos nos mandan depende nuestra defensa. Únicamente si el encuentro inevitable de Alemania con Rusia y las potencias occidentales se produjese ahora, tendríamos posibilidades de vencer. Si esto no ocurre, solo nos queda luchar para poder conseguir una paz honrosa[103].

Sin embargo, los denodados esfuerzos de Negrín para lograr el apoyo de las democracias fueron infructuosos, porque tanto Gran Bretaña como Francia continuaron manteniendo la fachada de la No Intervención como mecanismo óptimo para confinar el conflicto español, evitar su conversión en una guerra europea y marginar sus efectos negativos sobre la política de apaciguamiento. En julio de 1937, el ministro de Asuntos Exteriores francés confesó al embajador norteamericano en París la subordinación de la actitud francesa a la británica y la firme supeditación del «problema español» a los objetivos de la política de apaciguamiento:

Por lo que respecta al futuro, la posición que tomará Francia dependerá por completo de la posición de Inglaterra. Francia no emprenderá la guerra con Alemania e Italia. La posición de Francia será la misma que su posición en el asunto español. Si Inglaterra decide estar firme al lado de Francia frente a Alemania e Italia, Francia actuará. Si Inglaterra continúa mostrándose distante, Francia no podrá actuar. En ningún caso se encontrará en la posición de tener a la Unión Soviética como su único aliado. […] Delbos expresó su opinión de que Mussolini consideraría esta nueva actitud de Inglaterra como una prueba de debilidad y que proseguiría sus actividades en el asunto español con mayor descaro que en el pasado. A juicio del ministro, los británicos quisieran ver a Franco triunfar siempre que pudieran asegurarse de que esa victoria no significaría una dominación fascista del Mediterráneo. Estaban tratando de obtener garantías suficientes de Mussolini y Franco para convencerse de que dicho triunfo no implicaría ningún peligro para su ruta imperial a través del Mediterráneo[104].

Los gobernantes británicos, con el apoyo francés, solamente se permitieron adoptar una postura de firmeza en septiembre de 1937, después de que los ataques indiscriminados de aviones y submarinos italianos contra los barcos mercantes que traficaban con la República hubieran superado el límite aceptable, extendiéndose por toda la cuenca del Mediterráneo y poniendo en peligro la navegación internacional en dicho mar. Entre el 6 de agosto y el 2 de septiembre habían sido atacados y en muchas ocasiones hundidos, de forma anónima y sin previo aviso, treinta buques mercantes de diversa nacionalidad (once británicos, seis republicanos, tres rusos, tres franceses, etc.). Entonces, por iniciativa franco-británica y con el apoyo soviético, tuvo lugar en Nyon (población cercana a Ginebra) una conferencia de potencias ribereñas del Mediterráneo y del mar Negro destinada a garantizar el libre tráfico por el área y a terminar con los ataques de «submarinos piratas» (eufemismo para evitar la acusación directa contra la flota italiana). Con exclusión de la República y sin asistencia de Italia (que se negó a participar), la conferencia de Nyon encomendó a la poderosa Marina británica y a la Marina francesa la vigilancia de las rutas comerciales del Mediterráneo, con autorización para hundir a cualquier submarino o barco agresor del tráfico mercante internacional[105].

La enérgica respuesta franco-británica en Nyon, apoyada por todos los Estados ribereños del Mediterráneo, puso límites precisos al apoyo italiano a Franco que Mussolini comprendió y respetó con posterioridad. A partir de entonces, la guerra española se convirtió en un escenario marginal y estabilizado de la tensión política continental. No en vano la atención y preocupación europea e internacional fue concentrándose en los acuciantes problemas derivados de la expansión alemana en Europa central. Y una víctima derivada de esa tensión fue Anthony Eden, reemplazado por lord Halifax en el Foreign Office el 20 de febrero de 1938 por sus crecientes divergencias con Chamberlain sobre la viabilidad de la política de apaciguamiento de Italia y la correlativa conveniencia de seguir tolerando la intervención fascista en España.

El 12 de marzo de 1938, Hitler procedió a anexionar Austria al Tercer Reich, sin réplica militar de las potencias democráticas y previo consentimiento italiano (el Duce había decidido ceder Austria al Führer a cambio de su apoyo a la hegemonía italiana sobre el Mediterráneo). La única réplica al golpe de fuerza nazi fue la constitución en París de un breve Gobierno frentepopulista presidido por Blum que pareció dispuesto a reconsiderar su política española y prestar ayuda directa a la República. Sin embargo, en la decisiva reunión del Comité Permanente de la Defensa Nacional del 15 de marzo, la propuesta de Blum chocó con la firme oposición de los jefes de Estado Mayor y del ministro de la Guerra: «la intervención en España desencadenaría la guerra general» e «Inglaterra se separaría de nosotros si abandonásemos la no-intervención». En consecuencia, la única medida tomada por Blum consistió en abrir de facto la frontera francesa con Cataluña al paso libre de material bélico soviético y de otros suministros con destino a la República[106].

Clausurada la vía marítima mediterránea por el bloqueo naval franquista con ayuda italiana, la vía terrestre a través de Francia se convirtió en el único canal de importaciones bélicas seguras para la asediada República y permanecería abierto hasta junio de 1938. La decisión reservada del Gobierno francés permitió que entrasen por Cataluña los suministros militares suficientes para contener la gran ofensiva desatada por Franco a principios de marzo en todo el frente oriental, que había logrado partir en dos mitades el territorio dominado por la República a mediados de abril de 1938.

Sin embargo, la fuerte presión del Gabinete británico logró que el nuevo Gobierno francés presidido por Daladier (formado en abril, ya sin participación de los socialistas) aplacase sus temores y aceptara clausurar nuevamente su frontera pirenaica el 13 de junio de 1938. No en vano, Chamberlain había decidido que la victoria de Franco no sería un grave problema político o estratégico para la entente franco-británica por varios motivos. Primeramente, porque el agotamiento humano y las destrucciones materiales provocadas por la devastadora guerra civil harían imposible que Franco participara en un conflicto europeo incluso si quisiera hacerlo. En segundo lugar, porque Franco necesitaría recurrir al crédito y al capital británicos para financiar el proceso de reconstrucción económica de posguerra en España. Y, finalmente, porque la potencia naval anglo-francesa era tan superior y la vulnerabilidad militar española tan patente que bastarían para disuadir a un militar como Franco de cualquier actividad provocadora u hostil. A juicio de las autoridades británicas, frente a esas razones, que mitigaban el temor a una victoria franquista, la continuación de la guerra española era muy peligrosa porque dividía internamente a la opinión pública democrática e impedía separar a Italia de Alemania y restar fuerza a esta en sus pretensiones sobre Checoslovaquia y Europa central. En definitiva, el Gabinete británico consideraba que la República española podía ser sacrificada sin excesivo peligro en beneficio de la colaboración italiana en Europa y de la preservación de la paz continental[107].

En efecto, desde el momento en que se cerró la frontera francesa, la República vio cortadas sus últimas y vitales líneas de suministros militares y alimenticios exteriores. El golpe de gracia a sus esperanzas de recibir apoyo de las democracias se produjo durante la grave crisis de septiembre de 1938, originada por la presión de Hitler sobre Checoslovaquia para que cediera de inmediato el territorio de los Sudetes habitado por población mayoritariamente germana. Durante aquel mes crucial, el riesgo de guerra entre Alemania y las democracias occidentales (Francia era garante de la integridad checa, al igual que la URSS) pareció tan evidente que el propio Franco se vio obligado a adoptar una medida extrema con indisimulado pesar: el 27 de septiembre, después de informar a Roma y Berlín, comunicó oficialmente a los gobiernos británico y francés su decisión de permanecer neutral en caso de conflicto por la cuestión germano-checa. Según el pragmático análisis de las autoridades franquistas, compartido con mayor o menor disgusto por sus valedores internacionales, no cabía otra solución que tratar de aislar la guerra española de la crisis general europea para evitar la contingencia de una derrota total. Así lo había subrayado un alto funcionario franquista en un memorándum reservado a finales de mayo de 1938:

Basta abrir un atlas para convencerse de ello. En una guerra contra el grupo franco-inglés puede decirse, sin exageración alguna, que estaríamos totalmente cercados de enemigos. Desde el primer momento los encontraríamos en todo el perímetro de nuestro territorio, en todas las costas y en todas las fronteras. Podríamos contenerlos en la de los Pirineos; pero me parece poco menos que imposible evitar a la vez la invasión por la frontera portuguesa. […] Alemania e Italia solo podrían prestarnos auxilios insuficientes para la defensa de una España débil, y nada de lo que nos ofrecieran podría compensar el riesgo de luchar a su lado. […] Habría que hacerles ver que su ayuda no podría librarnos de las acometidas de Inglaterra y Francia en una guerra en la que nuestro territorio comenzaría por ser el principal teatro, para terminar, muy probablemente, en base de ataque a nuestros aliados[108].

A la postre, la crisis germano-checa no acabó en guerra, sino en un nuevo triunfo diplomático y estratégico de Hitler. El 29 de septiembre de 1938, Daladier y Chamberlain firmaban junto a Hitler y a Mussolini el Acuerdo de Munich, aceptando la desmembración de Checoslovaquia según las exigencias nazis a cambio de una promesa alemana de paz y de negociación futura de cualquier cambio territorial. De hecho, el Acuerdo parecía configurar el Pacto Cuatripartito (con exclusión de la Unión Soviética) que Gran Bretaña había perseguido siempre y significaba la culminación (aparentemente triunfal) de la política de apaciguamiento de las democracias occidentales.

La resolución de la crisis de septiembre de 1938 con el Acuerdo de Munich dio al traste con las expectativas republicanas, porque dejó claro que las potencias democráticas que no habían combatido por Checoslovaquia tampoco iban a hacerlo por España. Ese horizonte internacional tan oscuro agudizó radicalmente la desintegración política interior de la República, acentuando el larvado enfrentamiento entre los partidarios de continuar la resistencia a ultranza y los sectores seducidos por la posibilidad de negociar la rendición ante Franco con el aval de las potencias occidentales. Esa situación permitió que el triunfal avance franquista sobre Cataluña, iniciado a finales de diciembre de 1938, terminara con el colapso completo de la resistencia militar republicana. A finales de marzo de 1939, después de un breve episodio de guerra intestina en las propias filas gubernamentales, las tropas de Franco ocuparon todo el territorio español sin encontrar resistencia y dieron por finalizada la guerra civil con una victoria total y sin condiciones.

Para entonces, la tensión europea había enfilado la recta hacia el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. En el mismo mes de marzo, violando sus compromisos de Munich, Hitler ocupaba lo que restaba de Checoslovaquia ante el estupor impotente de Francia y Gran Bretaña. Un mes más tarde, Italia se anexionaba Albania en clara ruptura de sus garantías de respeto al statu quo en el Mediterráneo. Entre tanto, la Unión Soviética se había replegado a un receloso aislacionismo y tanteaba por igual la alternativa de un apoyo a la entente francobritánica y la posibilidad de un pacto de no agresión con Alemania. Al respecto, es revelador un mero dato cronológico: apenas cinco meses después de terminada la contienda civil en España estallaría la guerra europea que tan laboriosamente había evitado (o aplazado) la política de No Intervención colectiva.

Epílogo

EPÍLOGO

No cabe duda alguna de que el contexto internacional de la guerra civil española (en virtud del cuadro de apoyos e inhibiciones fraguado y del consiguiente desequilibrio de suministros militares y asistencias de otro tipo: logística, diplomática y financiera) determinó de modo directo y crucial tanto el curso efectivo de la contienda como su desenlace final. En efecto, los condicionamientos del marco exterior plantearon ventajas notorias e impusieron servidumbres sustanciales a cada uno de los bandos contendientes, que trataron de utilizarlos o sortearlos a fin de engrosar su capacidad de acción militar, acrecentar la eficacia de su aparato estatal, aprovechar sus propios recursos económicos de cara al esfuerzo bélico y fortalecer la moral de combate de su población civil de retaguardia[109].

Sin la constante ayuda militar, diplomática y financiera prestada por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, es harto difícil creer que el bando liderado por el general Franco hubiera podido obtener su rotunda victoria absoluta e incondicional. De igual modo, sin el asfixiante embargo impuesto por la política de No Intervención y la inhibición de las grandes democracias occidentales, con su gravoso efecto en la capacidad defensiva, disponibilidad material y fortaleza moral, es muy poco probable que la República hubiera sufrido una derrota militar tan total y sin paliativos. Así lo explicitaba el agregado militar británico en España en un informe confidencial elaborado al final del conflicto:

Es casi superfluo recapitular las razones [de la victoria de Franco]. Estas son, en primer lugar, la persistente superioridad material durante toda la guerra de las fuerzas nacionalistas en tierra y en el aire, y, en segundo lugar, la superior calidad de todos sus cuadros hasta hace nueve meses o posiblemente un año. […]

Esta inferioridad material [de las tropas republicanas] no solo es cuantitativa, sino también cualitativa, como resultado de la multiplicidad de tipos [de armas]. Fuera cual fuera el propósito imparcial y benévolo del Acuerdo de No Intervención, sus repercusiones en el problema de abastecimiento de armas de las fuerzas republicanas han sido, para decir lo mínimo, funestas y sin duda muy distintas de lo que se pretendía.

La ayuda material de Rusia, México y Checoslovaquia [a la República] nunca se ha equiparado en cantidad o calidad con la de Italia y Alemania [a Franco]. Otros países, con independencia de sus simpatías, se vieron refrenados por la actitud de Gran Bretaña. En esa situación, las armas que la República pudo comprar en otras partes han sido pocas, por vías dudosas y generalmente bajo cuerda. El material bélico así adquirido tuvo que ser pagado a precios altísimos y utilizado sin la ayuda de instructores cualificados en su funcionamiento. Tales medios de adquisición han dañado severamente los recursos financieros de los republicanos[110].

Si es incuestionable que ese contexto internacional fue crucial para el desenlace de la guerra civil, también es cierto que la influencia de la contienda en la crisis europea fue aminorada por el éxito parcial de la política de No Intervención colectiva. El localizado conflicto español no habría de ser el catalizador de una guerra europea que acabaría por estallar posteriormente por otros motivos. Sin embargo, pese a que esa política cauterizó los peores efectos disolventes de la contienda española sobre el escenario europeo, no pudo evitar al menos tres graves consecuencias de gran trascendencia: la cristalización del Eje italo-germano en clave antidemocrática tanto más que anticomunista; una división debilitadora de la entente franco-británica y de sus respectivas opiniones públicas; y la inclinación de la Unión Soviética hacia un expectante aislacionismo que estaba tan abierto a cortejar el apoyo franco-británico como un pacto de no agresión mutuo con Alemania.

En este sentido, el avispero español puede ser considerado con toda propiedad el prólogo de la Segunda Guerra Mundial y no solo en el evidente sentido estrictamente cronológico. Además de ser sobre todo una guerra civil española, la contienda también había sido una pequeña guerra civil europea en miniatura y sustancialmente premonitoria de la que habría de estallar en septiembre de 1939.

6. La evolución política de la zona (Javier Tusell)

6

LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LA ZONA

SUBLEVADA

Javier Tusell

La evolución política de la zona sublevada en contra de la República dependió tanto de las operaciones militares iniciadas en julio de 1936 como de los protagonismos que emergieron a partir de entonces. Hasta cierto punto, por tanto, puede decirse que los conspiradores carecían de auténticos planes políticos perfectamente prefigurados, como no fuera expulsar con violencia y decisión al Frente Popular. El Nuevo Estado del que ya se hablaba en 1937 resultó en buena medida una improvisación.

Pero solo hasta cierto punto, porque en los primeros meses de 1936 ya se habían diseñado actitudes tanto en las fuerzas políticas que estuvieron a favor de la sublevación como en los conspiradores materiales. En España, a partir de la victoria del Frente Popular, se conspiró mucho y muy desordenadamente por parte de civiles y militares de derecha. Participaron en la conjura individuos de todos los grupos de la derecha, pero de modo principal monárquicos, falangistas y tradicionalistas, quedando para el principal partido de la derecha, la CEDA, en plena disgregación, tan solo un papel de comparsa ocasional y de financiador parcial.

Los monárquicos alfonsinos siempre habían previsto la liquidación de la experiencia republicana mediante una intervención militar a la que los dirigentes de esta tendencia prestarían su colaboración para convertirse luego en inspiradores ideológicos. Su propósito era evidente y conocido: triunfante la sublevación, volvería una Monarquía que ya nada tendría de liberal, inspirada en las tesis de Charles Maurras. Los falangistas acabaron integrándose en los planes militares, pero lo hicieron muy tardíamente, a comienzos de junio. Con respecto a sus planes de futuro, quizá la mejor descripción que de ellos pueda hacerse proceda del contenido de una conversación que tuvo un emisario carlista con el propio José Antonio Primo de Rivera, ya en la cárcel. Como el resto de las fuerzas políticas de derecha, pensaba que los militares se harían con el poder durante una etapa corta, pero quería el predominio del «partido que mayor ambiente popular tenga»; debía ser «francamente definido y responsable» en la tarea de reconstrucción nacional. Es obvio que pensaba en el suyo y en su absoluto predominio, aunque, eso sí, estaba dispuesto en materias educativas y religiosas a hacer concesiones al catolicismo, «aduciendo el ejemplo de Mussolini que, aunque en el comienzo de su gobierno prescindió de él, hoy no ha tenido otro remedio que aceptarlo e imponerlo». De la Monarquía no quería que se tratara, sobre todo al principio del movimiento contra la República.

Pero de los grupos políticos de la derecha extrema el que conspiró antes con el propósito de derribar el régimen fue el tradicionalismo, que fue también el que tuvo unos propósitos más precisos y exigentes. Fue el primer grupo político que estableció contactos orgánicos con los militares que organizaban la conspiración en España durante la primera quincena de junio de 1936, pero el problema que inmediatamente se planteó fue el relativo al programa. El principal dirigente tradicionalista, Fal Conde, era partidario de producir un acto violento que arrastraría a las «masas sanas» y al Ejército, pero se negaba a colaborar si no tenía la seguridad de no ser engañado. De ahí que propusiera a los militares un programa que suponía la derogación de la Constitución y las leyes laicas, la disolución de partidos y sindicatos y la constitución de un Directorio con un militar como presidente y dos consejeros políticos, ambos tradicionalistas, que tendrían a su cargo las responsabilidades de Interior y Educación. Pero Fal sabía que en esta postura exigente no era seguido por la mayoría de los dirigentes carlistas, que mantenían posiciones más posibilistas; aun así, acabó rompiendo con los militares. Entonces, otro dirigente del tradicionalismo, el conde de Rodezno, representante del tradicionalismo navarro, se puso en contacto con el principal dirigente de la conspiración militar, Mola, y se decidió a la colaboración en esta región, consciente de que, si el movimiento militar estallaba, las masas propias estarían de modo inevitable con él, como así sucedió. De nada sirvieron la resistencia de Fal o las dudas de don Javier hasta el último momento.

Todo este elenco de posturas explica la situación que se dio inmediatamente después del estallido de la guerra civil, pero, para tratar de los propósitos que guiaban a la sublevación, hay que hacer alusión de modo principal a los militares. Como hemos visto, todos estos grupos políticos se remitían a un paréntesis dictatorial militar, pero en qué consistiera este debía ser definido por el propio mando, y este tuvo unas ideas elementales y poco precisas.

De los generales que participaron en la conspiración, Sanjurjo era todo un símbolo y el previsible jefe, pero de él no podía esperarse ni tan siquiera el esbozo de una fórmula programática. El mismo dirigente tradicionalista Fal Conde, que ponía en él toda su confianza, le describió como «tan simplote». No solo no redactó programa alguno, sino que cuando se enfrentaron las posiciones de carlistas y de Mola trató de mediar con una carta que es testimonio de sus limitaciones. Un tercio de ella estaba dedicada a convencer a Mola de que aceptara la bandera bicolor, algo sin verdadera trascendencia; en el resto, parecía ver la solución de los males nacionales en el restablecimiento de los tenientes generales y la constitución de un gobierno militar asesorado por un Consejo de «hombres eminentes», la supresión de los partidos, «para que [todo] se encalme», y la «estructuración del país desechando el actual sistema liberal y parlamentario». Cuando recibió esta carta, Mola aseguró no creer que fuera del militar exiliado, porque no le interesaba, pero en realidad le dijo a Rodezno que Sanjurjo era «incapaz para decir a nada que no». En el fondo debía pensar que se debía en exceso a los carlistas.

Fue Mola no solo el organizador de la sublevación en contra del Frente Popular y la República, sino también el único capaz de vertebrar algo parecido a un programa. Lo hizo en una nota redactada el 5 de junio. El resumen de todo lo previsto se encontraba en tan solo cuatro palabras que, en mayúsculas, concluían el breve texto: «UN ESTADO FUERTE DISCIPLINADO». Para ello se constituiría un Directorio de cinco generales con un presidente, mientras que los civiles no tendrían otra función que la técnica o administrativa. El Directorio mantendría el régimen republicano y las conquistas obreras, pero disolvería las Cortes y demás instituciones y asumiría todos los poderes, suspendiendo la Constitución (sin derogarla, por tanto). El golpe, pues, en su programa no implicaba tan radical ruptura con el pasado como la que se produjo luego. Solo estaba prevista la disolución de sectas, partidos y sindicatos de inspiración extranjera, y la dictadura se decía temporal hasta la elección de un Parlamento constituyente «por sufragio en la forma que oportunamente se determine». Junto con disposiciones demasiado vagas («saneamiento de la Hacienda», «extinción del analfabetismo») incluía otras que parecían contener un residuo liberal, como las relativas a la separación de Iglesia y Estado y el establecimiento del carnet electoral. El régimen propuesto era mucho más duro que el de la Dictadura de Primo de Rivera, pero se parecía infinitamente más a él que a la situación política española al final de la guerra civil.

¿Se ha de tomar muy en serio un programa como este? La verdad es que no, y el primero que no lo hizo así fue el propio Mola, que con tal de conseguir el apoyo de los tradicionalistas acabó por aceptar como programa la confusa carta de Sanjurjo. Por otro lado, no fue un elenco de medidas discutido con el resto de los militares ni fue hecho público después de iniciarse la lucha armada. En suma, puede decirse que lo que guiaba a los militares no era un programa, sino un deseo de enfrentarse a una situación que creían revolucionaria e imponer por la fuerza un régimen de autoridad temporal, pero que no excluía la vuelta a una forma más autoritaria aunque no fascista ni en completa ruptura con el liberalismo. En suma, los militares veían su propia intervención como un acto de policía, un restablecimiento del orden público por medios extraconstitucionales sin ulteriores propósitos muy precisos.

Claro está que entre los militares que preparaban la sublevación también latían algunas otras posibilidades políticas más radicales. Entre los papeles de otro conspirador, el general Varela, hay testimonios de soluciones más radicales. Había recibido la influencia del tradicionalismo y era por ello mucho más taxativo —o lo eran sus consejeros, pues es posible que no redactara todos estos papeles por sí mismo—. En su archivo se encuentra un programa de acuerdo a través del cual la Constitución sería derogada, la prensa por completo fiscalizada, incluso en los nombramientos de cargos directivos de los periódicos; los partidos de izquierda, suprimidos, y los de derecha, unificados, etc. Aun así, lo esencial del golpe de Estado parece haber sido, en la mente de los militares, concluir con la situación política y social existente. Qué se hiciera luego dependía de quién predominara e incluso de la aspereza de la lucha previa.

Francisco Franco no redactó ningún programa como estos, aunque su primera proclama descubre que se movía en interpretaciones parecidas a las de Mola. Si no lo hizo fue porque su papel en la conspiración fue inferior al que luego se le atribuyó, tanto en lo que respecta a la organización, en la que desempeñó un papel secundario, como en el ideario, respecto del que tardó mucho en definirse o se limitó a sumarse a otras actitudes. La primera vez en la que apareció Franco en la conspiración fue con ocasión de la reunión celebrada el 8 de marzo en Madrid en casa de un civil relacionado con la CEDA, en la que participaron, junto a él, los también generales Mola, Orgaz, Villegas, Varela y Fanjul, junto con el teniente coronel Galarza. Lo que sabemos acerca de esta reunión se refiere a pequeños roces entre Franco y Mola, pero también al hecho de que el primero buscó y obtuvo desde el principio el segundo puesto en la conjura, en ausencia de Sanjurjo, lo que no le impidió mantener en los meses siguientes, hasta la sublevación, una actitud desdibujada e incluso ambivalente.

El Estado campamental y la jefatura de Franco

EL ESTADO CAMPAMENTAL Y LA JEFATURA DE FRANCO

Como en el caso del Frente Popular, el primero y más evidente resultado del alzamiento militar fue la fragmentación de la autoridad política entre los sublevados, pero en este caso fue solo la consecuencia del fracaso del pronunciamiento y de la discontinua geografía que controlaron en un principio. Con el transcurso del tiempo, en este bando, aunque perdurara la heterogeneidad en la composición política, se logró, sin derramamiento de sangre, un grado elevado de unidad. Tal situación se explica por la peculiar mentalidad que guiaba a los sublevados. Para ellos se trataba de evitar, ante todo, el triunfo de una supuesta revolución inminente a pesar de que ni estaba preparada ni existía un grupo político capaz de protagonizarla.

Probablemente, como ya se ha sugerido, si la sublevación hubiera triunfado desde el primer momento se habría constituido un Directorio militar con algunos técnicos dentro de un régimen formalmente republicano, y es previsible que ese régimen hubiera sido tan solo temporal en sus propósitos, aunque infinitamente más represivo que el de Primo de Rivera. Lo que caracterizó a la primera organización de la España sublevada, cuando se percibió que la guerra duraría, fue lo que Serrano Suñer denominó como el «Estado campamental», una fórmula de organizarse de modo temporal y como en campaña, en la que todo, desde las medidas políticas hasta las propias instituciones, parecía improvisado. Hubo, además, un acusado policentrismo.

El general Sanjurjo murió el 20 de julio cuando, al partir de Portugal, el avión, pilotado por el aviador monárquico Ansaldo, capotó y se estrelló. Para los sublevados, la muerte del militar era un acontecimiento grave, ya que les privaba de algo tan difícil como era un jefe indisputado tanto entre el mando como entre los grupos políticos. En estas circunstancias, al día siguiente, tomó el general Mola la iniciativa de crear una mínima estructura administrativa. Como en el caso de la conspiración, fue el planificador fundamental de la acción, aunque hubo también elementos civiles (en esencia, de significación monárquica) que jugaron un papel colaborador. Descartó una Junta con elementos civiles; fueron personas vinculadas con el monarquismo, como Vallellano, Goicoechea y Yanguas, los que insistieron en la necesidad de que el organismo que se creara fuera de carácter exclusivamente militar. Una vez que se hubo optado por este criterio, la graduación se imponía a cualquier otro principio jerárquico, y así se explica que quien resultara nombrado para la presidencia de la Junta fuera tan conspicuo republicano como el general Cabanellas.

El 22 de julio, Mola y Cabanellas se entrevistaron en Zaragoza, donde el primero hizo la oferta formal al segundo, que aceptó. El día 23 estaba ya de nuevo Mola en Burgos anunciando mediante una proclama el establecimiento de una Junta de Defensa Nacional que actuaría como Gobierno provisional. Nada en la presentación de quien habría de presidirla hace pensar en un liderazgo carismático, pues quedaba descrito como «el más antiguo de los generales de división afectos al Movimiento» y «figura venerable y patriótica». Junto a él, en la Junta de Defensa hubo otro general de división, Saliquet, y los de brigada Mola, Dávila y Ponte, así como dos coroneles.

La formación de la Junta fue decidida por Mola sin consultar absolutamente con nadie, por lo que se plantea el problema de cuál pudo ser la reacción de Franco ante la noticia de su creación. En África, este todavía no había empezado a opinar acerca de un régimen permanente para España. Menos de una semana después de formarse la Junta dijo a un representante del partido nazi que el Gobierno «nacionalista» se había organizado en forma de un Directorio de tres generales, él, Queipo y Mola, bajo su presidencia. Resultó así desde el punto de vista militar, pero lo último, su presidencia, descubría una ambición que la evolución de los acontecimientos haría posible. Ya en Cáceres, a primeros de septiembre, se entrevistó con un enviado alemán y en la conversación se hizo patente la orfandad en que se encontraba desde el punto de vista político. Si triunfaba, ayudaría a cualquier movimiento nacional apoyado por el pueblo y volvería a su carrera profesional en el Ejército.

Al mediodía del 24 de julio se hizo pública una declaración-programa de la Junta de Defensa que, en realidad, es un documento de escasa consistencia y de menor trascendencia aún. Así, por ejemplo, no se decía ni tan siquiera que las Cortes de 1936 fueran ilegítimas, lo que luego se convirtió en medio fundamental de propaganda de los sublevados, sino que solo se afirmaba que estaban «ganadas por el afán bolchevizante». Lo que los militares ofrecían era «frente al marxismo, España» y «frente a la anarquía, la ley». Había, además, una genérica promesa de conservación de las conquistas sociales y políticas. Del futuro, lo único que se indicaba era que quedaría constituido un Directorio militar, siendo provisional el existente hasta entonces.

Las verdaderas responsabilidades supremas estuvieron en los meses iniciales en manos de los jefes militares. Mayor trascendencia que cualquier decisión de la Junta tuvo la reunión, a mediados de agosto, de Mola, Queipo y Franco en Sevilla. La mejor prueba fue el inmediato papel decreciente de Cabanellas, visto con prevención por gran parte de los sublevados. Fue el primer militar que utilizó la boina roja de los carlistas, lo que provocó entusiasmo entre ellos, pero, en cambio, a algún militar, que sabía de su origen y de su adscripción masónica, le dio la sensación de padecer alucinaciones provocadas por la fiebre.

Fueron escasas pero de cierta importancia las medidas tomadas por la Junta en el terreno político. La declaración de estado de guerra el 30 de julio consagró el absoluto predominio de las autoridades militares, que duró hasta el final de la contienda. De esta manera quedaban dotados los altos mandos de unos poderes represivos excepcionales que incluían entre los delitos la propalación de noticias falsas, cualquier intento de «tender a dificultar» el abastecimiento o el abandono del trabajo. A mediados de septiembre fue regulada la actuación de los partidos políticos. En un decreto que daba la sensación de iniciarse con una condenación general de todos los partidos, al final solo se declararon fuera de la ley a los que hubieran figurado en el Frente Popular o le hubieran apoyado luego. En pura teoría, por tanto, un Lerroux hubiera podido actuar en la legalidad, pero no un nacionalista vasco. Un decreto muy poco posterior prohibió la totalidad de las actividades políticas y sindicales, pero en tales términos que no parecía deducirse que se pensara en la intrínseca maldad del pluralismo: se toleraban las «peculiares ideologías» de cada uno, pero quedaba condenado el «partidismo político».

Estas medidas fueron tomadas exclusivamente por los miembros de la Junta residentes en Burgos, al mismo tiempo que el número de sus componentes fue variando con el transcurso del tiempo. De manera sucesiva se incorporaron a la Junta el almirante Moreno, Franco (que lo hizo el 3 de agosto), Gil Yuste y Orgaz, todos ellos jefes militares. Algunas de las medidas tomadas en estos momentos iniciales de la guerra por parte de la Junta de Defensa en materia de restauracionismo religioso precedieron a las políticas seguidas con posterioridad de una forma más coherente y articulada.

La Junta de Defensa estuvo lejos de ser el único organismo de dirección política de los sublevados durante los primeros meses de la guerra. Como en el caso del Frente Popular, aunque en menor grado y extensión, se dio también un manifiesto policentrismo entre los sublevados y no solo por las dificultades de comunicación entre sus dirigentes. Dos centros de decisión merecen especial atención porque constituyeron, en algún momento, reductos de poder resistentes a la concentración en sus manos que finalmente llevó a cabo Franco. Las especiales circunstancias de Sevilla y el carácter de quien protagonizó allí el golpe explican la necesidad de referirse a la capital andaluza; en cuanto a los carlistas, no hay que olvidar que fueron el grupo político que en primer lugar se decantó por el golpe de Estado y tuvo tras de sí unas masas adictas.

Queipo de Llano, conspirador en favor de la República, estuvo convertido durante los primeros meses de esta en todo un símbolo de militar republicano, lo que explica que todavía en 1936 conservara un puesto importante en la jerarquía militar, que le permitió viajar por toda España. También le permitió conspirar, y en este aspecto parece indudable que su papel fue mucho más decisivo que el de Franco. Luego, el inesperado decantarse de Sevilla por la sublevación tuvo como consecuencia proporcionar la base imprescindible para que las tropas de África pudieran pasar a la Península.

Valiente hasta la temeridad e impetuoso hasta la imprudencia, Queipo de Llano era un hombre sin doblez cuya espontaneidad le hizo popular en el momento de su mayor protagonismo histórico, incapaz de conseguir victorias políticas a medio plazo por su ingenuidad y candidato a tener una mala imagen entre los historiadores del futuro. Era una de esas personas en las que la relación de igual a igual no debía ser fácil y en que el contacto personal primaba sobre cualquier otra cosa. Sus diatribas brutales contra el adversario y la dureza de la represión que aplicó fueron compatibles con el hecho de que salvara a algún señalado dirigente republicano (Giménez Fernández, por ejemplo).

Lo primero que es preciso señalar respecto de Queipo de Llano es su enorme popularidad en la zona sublevada de la mitad sur de la Península. Nacía, por supuesto, de su personalidad, pero también del ambiente en donde ejercía su mando militar y político. No olvidemos que si había existido una capital de provincia en que la experiencia del desorden público resultara más persistente en los años republicanos, fue Sevilla. Fue allí donde durante el primer bienio republicano se produjeron más huelgas y más muertes en atentados sociales; una de las más inestables (diecisiete gobernadores civiles en algo más de cinco años de República), aquella que tenía un proletariado organizado más activo (con la, para entonces y para ahora, elevadísima afiliación del 60 por 100) y más proclive al maximalismo en el que competían anarquistas y comunistas. La lucha política llegó a tal virulencia que el director del diario de extrema derecha fue procesado sesenta y ocho veces, mientras que un periódico comunista daba instrucciones acerca de cómo organizar milicias ilegales. No extraña que una parte de la sociedad sevillana mostrara entusiasmo ante el vencedor, sobre todo teniendo en cuenta que la lucha había durado cinco días y que, durante ellos, dos tercios de la ciudad habían estado en manos del adversario. La popularidad de Queipo fue adquirida entre las clases conservadoras aterrorizadas por el temor a la revolución social, pero también por el desgarro popular de sus charlas.

Lo que nos interesa de manera especial es que con el bagaje de su popularidad Queipo de Llano montó un área de autonomía propia en lo político que duró mucho tiempo e inquietó en más de una ocasión a Franco. En Sevilla, las noticias de la Junta de Defensa no fueron frecuentes. Como era habitual en las autoridades militares de la zona sublevada, Queipo de Llano nombraba a los gobernadores civiles; pero hizo más todavía: les dio instrucciones para que tomaran medidas concretas de gobierno que no eran en absoluto consultadas con nadie. En los meses que siguieron llegó a dictar 79 bandos y 38 órdenes, de los que 58 y 33 aparecieron, respectivamente, hasta finales de 1936, lo que testimonia que con el paso del tiempo su poder se fue haciendo decreciente.

Antes de examinar el contenido de la obra de Queipo de Llano en su virreinato hay que empezar por advertir en dónde estaban sus relaciones en 1936. En términos relativos, Queipo era un «republicano» en el seno de la dirección sublevada. Los tradicionalistas podían espontáneamente reintroducir el crucifijo en la escuela, pero a él se le planteaba como problema, por ejemplo, devolver o no a los jesuitas los edificios de que fueron despojados tras su expulsión. Mucho más importante que esta apoyatura inicial es el hecho de que Queipo de Llano pretendiera la «absorción de las masas rojas que quedaran». La expresión entrecomillada pertenece al cónsul italiano en Sevilla; para él lo que hacía el jefe del Ejército del Sur era idéntico a lo que la Falange como grupo político pretendía en la totalidad del territorio nacional. De ahí nació una activa política social consistente en la repetida publicación de órdenes y bandos en los que el general se decía partidario, por ejemplo, del «capitalismo paternalista» y, al mismo tiempo, disciplinaba el pago de los salarios, regulaba la función de inspección de las condiciones de trabajo, trataba de conseguir la construcción de casas baratas o dirimía los conflictos entre capital y trabajo. Resultaba muy habitual que tomara una disposición que lo lógico hubiera sido que fuera adoptada por un organismo de carácter nacional y no por otro regional. Este género de actuación y de talante le pareció al agente portugués, cuando le visitó, ya a comienzos de su declinar político, el propio de una especie de paternal déspota oriental «en plena luna de miel con sus funciones de Señor absoluto de una hermosa región».

«Trabajo va a tener con él el Generalísimo», escribió, además, el citado agente. El poder político de uno iba en perjuicio evidente e inmediato del otro. Quien estuvo a sus órdenes para luego cambiar de bando y servir de instrumento de propaganda al adversario no mintió cuando escribió que, en Sevilla, «la fotografía de Franco se ve en muy pocos sitios; Queipo en su territorio le desplaza, anula su personalidad». Por supuesto, desde fecha muy temprana, quien se hizo con la Jefatura del Estado en octubre de 1936 trató de tener algún instrumento de control sobre Queipo de Llano. Tuvo, por ejemplo, un cuartel de enlace en Sevilla regido por un coronel de su confianza, Luis Villanueva, pero las autoridades dependientes de la Jefatura del Ejército del Sur se negaron a proporcionarle automóviles; tampoco hicieron nada por difundir la primera propaganda dirigida a la exaltación de una jefatura común bajo la divisa «Una Patria. Un Estado. Un Caudillo». Con su habitual incapacidad para callarse lo que pensaba de unos y otros, Queipo de Llano llamaba al enlace de Franco «la portera de Sevilla» y decía de él que había ascendido por «méritos de teléfono». Cuando le visitó tan solo por unas horas un personaje político de primera fila en el carlismo pensó inmediatamente que «quizá en el futuro [Queipo] sea un posible disidente porque no se recata de hablar con ligereza de Franco, Varela y otros compañeros suyos».

El segundo poder político prácticamente autónomo durante los primeros meses de la guerra fue el organizado en torno al tradicionalismo, del que se puede decir que llegó a la creación de todo un germen de Estado. En Navarra, el tradicionalismo tenía una organización militar clandestina organizada de forma capilar y capaz de una movilización importante en efectivos. Con esta base se articuló en la provincia una organización paraestatal que no parece haber tenido conflictos con el general Mola, pero que tomó medidas que implicaban el ejercicio de la soberanía y el olvido de cualquier tipo de existencia de un Estado central. La Junta Central de Guerra de Navarra estuvo presidida por Joaquín Baleztena. Formaron parte de ella un representante por cada una de las merindades navarras y muy pronto empezó a dictar disposiciones sobre cuestiones religiosas: a los pocos días se restableció la enseñanza católica y en agosto se revocó la expulsión de la Compañía de Jesús. Otras medidas se refirieron al restablecimiento del crucifijo en las escuelas, la depuración de los enseñantes o la incautación de literatura disolvente en las bibliotecas. Respecto de la vuelta a la bandera bicolor, ni siquiera fue necesaria una disposición precisa, pues se utilizó espontáneamente.

Pero los tradicionalistas no se limitaron a tener este reducto, sino que pretendieron crear también una organización nacional. A finales de agosto se reunieron en Burgos los principales dirigentes del carlismo. Habían acudido a la capital castellana con objeto de irse situando en contacto con la Junta de Defensa, pero descubrieron que esta, aunque «muy encumbrada, no tenía más que carácter técnico». En consecuencia, formaron otra propia que se convirtió en el organismo superior de la Comunión Tradicionalista. La Junta tenía como presidente al jefe-delegado de la Comunión, Fal Conde, auxiliado por un secretario, Lamamié, y estaba compuesta de dos secciones, una militar, en donde figuraba Zamanillo, el delegado de requetés, y Rada, y otra de «asuntos generales», que hubiera podido denominarse más propiamente política. En esta última figuró Rodezno, al que separaban de Fal Conde diferencias de edad, pero sobre todo de talante, pues mientras el primero había estado preparando una sublevación exclusivamente tradicionalista, el segundo siempre fue partidario de una coalición más amplia. Aparte de esta estructura para regiones o provincias, fueron nombrados unos «comisarios de guerra» que venían a ser una especie de delegados en esta circunstancia bélica. Debe tenerse en cuenta que alguna de las atribuciones de la sección de asuntos generales de la Junta Nacional eran auténticos ministerios en germen (Valiente se ocupaba de las cuestiones religiosas; Olazábal, de relaciones exteriores…). Con el paso del tiempo esta estructura administrativa fue creciendo, creándose responsabilidades en Hacienda, Enseñanza y Gremios.

Los carlistas contaban, además, con una persona que estaba al frente de la causa propia. El príncipe-regente don Javier de Borbón-Parma anudó una relación muy estrecha con Fal Conde que duró toda la guerra. Don Javier, por el momento, no entró en España, aconsejado por Fal, pues «el Regente no debe entrar en España sin acatamiento y reverencia», pero «para el Jefe de Gobierno ha de ser desagradable ver en entredicho nuestra confianza a su autoridad». Nos interesan estas recomendaciones porque testimonian el grado de autonomía que se atribuían los carlistas y porque hacen referencia indirecta a la persona de Franco. Debe tenerse en cuenta que dos meses antes de que se escribiera la citada carta ya Franco había sido nombrado jefe del Estado y el dirigente carlista solo le atribuía la condición de jefe de Gobierno.

Una persona recelosa de los peligros que pudiera correr su poder (y Franco lo fue siempre en grado superlativo) hubiera encontrado muchísimas razones para la prevención ante los carlistas sin necesidad de recurrir a la correspondencia entre Fal y don Javier. Durante los primeros meses de la guerra los tradicionalistas no testimoniaron el afán monopolizador del poder político que luego los falangistas mostraron en los primeros meses de 1937, pero parecían decididos a construirse un reducto de poder propio al margen del militar. Cuando en el Boletín de Campaña de los Requetés se hablaba de «nuestro caudillo», no se trataba de Franco, sino de los descendientes de la línea dinástica propia. Fal Conde aparecía descrito como «el hombre que Dios nos ha enviado», y se felicitaba a Franco, pero tan solo como «digno representante del movimiento».

¿Fue consciente este, a medida que fue adquiriendo la idea de que sobre sus hombros recaía una misión providencial, de que este Estado dentro del Estado era un peligro para él? Hay indicios suficientes como para pensar que sí. Fal Conde debió de tener su primera conversación con Franco a fines del mes de octubre o comienzos de noviembre. Su juicio fue tan positivo como el de tantos otros políticos del bando sublevado, que creían que estaba muy por encima de la media del generalato español. Pero don Javier pronto supo, a través de otro dirigente carlista, que en el futuro «quedaría como Regente de la Comunión, pero en las manos de Franco». Desde el momento en que este asumió la Jefatura del Estado estuvo decidido a ejercerla por completo y a liquidar a sus adversarios políticos. En la lista, el primero que figuró fue Manuel Fal Conde, el hombre que quiso haber creado un Protoestado carlista.

A lo largo de todo el mes de agosto de 1936 las declaraciones de Franco, cuando era preguntado, recordaban que la sublevación no iba en contra de las instituciones y que se plasmaría en una Dictadura corta en el tiempo, dejando, además, implícito que poco sabía o tenía que sugerir acerca de los modos de gobierno que serían implantados. Tampoco reclamó para sí una jefatura sobre el movimiento militar; pensaba en esta posibilidad y, además, estaba convencido de que, por así decirlo, tenía derecho a ella, por lo que se había acordado en el primer momento de la conspiración, pero esas esperanzas o deseos se les hizo presentes mucho más a los emisarios extranjeros que a los compañeros en el generalato. El verdadero cambio se produjo en otro sentido. La guerra, con su largo cortejo de salvajismo, provocó la simplificación y la búsqueda ansiosa de un liderazgo personificable, y él era, de todos los generales, el menos susceptible de encontrarle enemigos, el que parecía más reposado, el más estrictamente militar y el que menos identificado estaba con cualquier situación política anterior. Era, sobre todo, el general que había obtenido más triunfos en el campo de batalla en el plazo de contienda que se llevaba desarrollado hasta el momento. El grito «¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!», parece haber nacido espontáneamente, tal como revela la prensa diaria.

Desde comienzos de septiembre, instalado ya en Cáceres y con un Cuartel General propio, contó con el apoyo de una pequeña infraestructura que podía serle de utilidad para un mínimo de acción política. Millán-Astray le sirvió para la propaganda interna; Luis Bolín, encargado de trasladarle en el avión Dragon Rapide, le puso en contacto con la prensa extranjera. Disponía ya, además, de sus principales colaboradores políticos durante la primera parte de la guerra: el diplomático Juan Antonio Sangróniz y, sobre todo, su propio hermano Nicolás. Para una persona como él, que tenía un fondo de indudable timidez, recelosa y que de la política tenía una experiencia nula, fue esencial contar en su proximidad con una persona de la que pudiera fiarse por completo, que sirviera su ambición política, pronto transparente, y pudiera utilizarle como pantalla con sus interlocutores y rivales.

Importa señalar el momento y las circunstancias en las que se produjo este nombramiento, porque sin duda el ambiente fue fundamental. Es evidente que en el momento del nombramiento jugó un papel esencial la circunstancia bélica. Si el 28 de septiembre se tomó la decisión en los términos que veremos, el día anterior había entrado el general Varela en Toledo, en cuyo Alcázar resistían los sublevados. En realidad, la liberación de los sitiados no tenía un verdadero valor militar, pero sí moral y político, como afirmó el propio Franco. El aprovechamiento de esta circunstancia demostró en él una capacidad para medir el tiempo político envidiable, de la que haría gala en ocasiones posteriores, en especial en el proceso de unificación de las fuerzas que ya acaudillaba.

El nombramiento de Francisco Franco como jefe del Estado resulta conocido en sus pasos políticos fundamentales, sin que sea imaginable que se descubran fuentes nuevas que alteren de manera esencial aquello que de él sabemos. El punto de partida era el que ya conocemos: un poder militar de facto en manos de un triunvirato militar y el hecho de que, así como Franco había demostrado deseos de ejercer el mando personal, en cambio, Mola recurriera en el primer momento a nombrar un mando colectivo presidido por otro.

La iniciativa para el nombramiento partió del general Kindelán, preocupado por el mando plural, aunque hubiera actuado de una manera coordinada; sin duda, en lontananza, podía haber otro factor de carácter político. El citado militar, como también Orgaz, era monárquico y debía ser consciente de que solo un Martínez Campos llevaría a una Restauración que tampoco veía en este momento como una exigencia inmediata. Las otras personas que trataron con Kindelán de esta cuestión fueron siempre de la más estricta intimidad de Franco o de su entorno militar: su hermano Nicolás, Millán-Astray y Yagüe, que incluso parece haber dicho estar dispuesto a conseguir ese propósito unificador «con una compañía de legionarios». De todos estos militares, lo que podríamos denominar como «grupo promotor», solo Millán-Astray no tuvo enfrentamientos posteriores con Franco. Según los medios monárquicos, también participó en estas reuniones Sangróniz, lo que probaría de nuevo el propósito político a medio plazo de una parte del grupo.

Merece la pena señalar en qué términos se produjo la respuesta de Franco ante todas estas sugerencias. Kindelán cita la «modestia», que todavía aparentaba el futuro jefe del Estado, pero también otros dos factores más relacionados con el cálculo político: «el temor de que la cosa no estuviera aún madura» y el de perder el mando de las tropas de África. Como se ve, estas dos preocupaciones testimonian las dos capacidades esenciales de Franco para actuar en política: la ya mencionada de medir el tiempo y la de descubrir dónde estaba el poder efectivo. Un puesto como el del general Cabanellas, sin mando de tropas, hubiera resultado lo mismo que nada.

Franco, tras algún día de duda, acabó convocando el 21 de septiembre a los militares que dirigían la sublevación en una finca cercana a Salamanca, propiedad del ganadero Pérez Tabernero. Los convocados no eran ni tan siquiera los generales y oficiales de la Junta de Burgos, pues a ellos se había sumado Kindelán. Se debía haber elaborado un orden del día relativo a otras cuestiones, pues la mañana entera fue empleada en cuestiones de menor importancia. Solo después de comer introdujo la cuestión Kindelán, apoyado por Orgaz. Sin duda, fue una sorpresa, en ese momento, la intervención de Mola, que era un posible candidato a las máximas responsabilidades y ahora se mostró taxativo: «Si antes de ocho días no se ha nombrado Generalísimo, yo no sigo; yo digo: ahí queda eso y me voy». Quienes promovieron a Franco desde posiciones monárquicas recalcaron la «generosa, abnegada y patriótica actitud del general Mola», quien le podía haber puesto auténticas dificultades; con ello, Queipo de Llano, otro posible rival, carecía de argumentos para oponerse en público, aunque los expresó en privado. Los de Cabanellas, por su parte, no fueron tomados en consideración. Afirmó que el mando único era prematuro y que la guerra también podría dirigirse por un Directorio o Junta, lo que fue respondido por Kindelán con la seguridad de que de esa manera se perdería la guerra. La propuesta de Kindelán fue votada por la totalidad de los asistentes, con excepción de Cabanellas. Franco, el elegido por unanimidad, no habría de perdonárselo.

La Junta de Burgos había quedado como responsable de hacer pública la decisión, pero tardó en hacerlo, y eso movió de nuevo a Kindelán y a las personas del entorno de Franco a promover una nueva reunión en el mismo sitio. Solo entonces se pensó en añadir al supremo mando militar también el político; el decreto en que se articuló esta decisión fue redactado en el mismo momento en que Franco saludaba a la multitud que expresaba su entusiasmo por la toma de Toledo. A la finca de Salamanca acudió de nuevo quien iba a ser investido con la suprema responsabilidad política acompañado de sus principales promotores militares, mientras que su hermano Nicolás se encargaba de enviar dos unidades de milicias, tradicionalistas y falangistas, encargadas de mostrar el apoyo de los dos grupos políticos principales al nombramiento del hermano.

De nuevo la reunión se inició con la discusión de asuntos de menor trascendencia, hasta que, a media mañana, consiguió Kindelán leer el decreto que traía preparado. Su preámbulo consistía en una glosa de la necesidad militar del mando único, pero su artículo tercero decía que la «categoría de Generalísimo llevará anexa la función de jefe del Estado mientras dure la guerra». Kindelán admite que la lectura del decreto tuvo «mala acogida», cuya causa puede adivinarse: lo que cambiaba por completo el panorama era la extensión de la magistratura de Franco al terreno político. Mola cambió de postura y Kindelán admite haber padecido «gran violencia» en el transcurso de la reunión. Importa recalcar que no se tomó ninguna decisión precisa. La discusión no parece haber durado mucho más de una hora y, después del almuerzo, los dos generales más decisivos junto a Franco en el mando de tropas, Mola y Queipo de Llano, abandonaron la reunión. La cuestión quedó en manos de Cabanellas, quien aquella misma noche se trasladó a su residencia de Burgos.

Debió de ser allí donde el presidente de la Junta de Defensa se decidió finalmente a aceptar el nombramiento de Franco. Se puede comprender que lo hiciera. Su cargo era nominal y circunstancial; había quedado no ya en minoría, sino en la soledad más absoluta y, además, tampoco se daba tanta importancia a lo que estaba sucediendo, pues la guerra parecía cuestión de semanas. Además, quizá en esa misma noche o al día siguiente consultó a Mola y Queipo de Llano por teléfono. Parece haber sido únicamente el jefe del Ejército del Sur el que discrepó, finalmente, del nombramiento, pero tampoco debió de haber resistido a ultranza. Resulta, en cualquier caso, sorprendente que a una decisión de tanta importancia se llegara de esta manera.

El encargado de redactar el decreto final fue el catedrático de Derecho Internacional José Yanguas, pero es obvio que en él intervinieron el propio Franco o sus consejeros. La fórmula que empleó para hacerlo variaba de manera sustancial el texto de Kindelán. El preámbulo no se refería ya a la necesidad de unidad de mando militar, sino a la de «un solo Poder», a secas. Franco era nombrado, con una fórmula por completo peregrina, jefe del Gobierno del Estado, que parecía indicar una posible provisionalidad, pero al mismo momento asumía «todos los poderes del Estado» aparte de la dirección militar. La prensa no hizo distinción y atribuyó a Franco sin titubeo la condición de jefe del Estado.

El interrogante que cabe hacerse es si lo sucedido merece la denominación de «golpe de Estado». En cierto sentido sí lo fue. Los militares que otorgaron a Franco tan importante puesto habían pensado en una magistratura temporal en que lo castrense fuera lo esencial; esperaban tomar Madrid de manera inmediata y concluir la guerra, momento a partir del cual todo debería ser discutido de nuevo. Nadie pudo imaginar ni remotamente que acababa de contribuir a crear una magistratura dictatorial personal y vitalicia. Incluso la relevancia de lo sucedido no aparece tan recalcada en la prensa de la zona sublevada. En cierto sentido, en cambio, no merece el nombre de golpe de Estado porque fue aceptado sin resistencia por todos aquellos que participaron en las deliberaciones acerca de la jefatura única. Fue sobre todo el comienzo de un proceso de concentración del poder, el inicio, si acaso, de un golpe de Estado por pasos del que constituye la mejor prueba la conversión de la magistratura de que había sido investido en una pura Jefatura del Estado sin más por simple cambio de los términos en el Boletín Oficial.

En esta ocasión, como no podía menos de suceder, Franco debió pronunciar sendos discursos, el primero dirigido a quienes le habían nombrado y el segundo, radiofónico, a la totalidad de los españoles. Este segundo discurso fue el primero en que, al menos remotamente, presentó algo parecido a un programa; en su elaboración puede haber jugado un papel el coronel Martínez Fusset, que Franco se había traído como asesor desde Canarias. Lo que asombra es lo poco que Franco había avanzado en el terreno de la política propiamente dicha. Como podrían haber hecho el resto de los generales sublevados, todavía parecía estar dispuesto a dejar subsistentes algunos restos de la legislación republicana: habló, por ejemplo, de respetar las regiones y se mostró contrario a la confesionalidad religiosa. Dos años después pontificaría sobre materias económicas, pero de momento pronunció una frase literalmente incomprensible: «El capitalismo se encauzará y no se regirá como clase apartada, pero tampoco se le consentirá una inactividad». Quizá el verdadero cambio en lo que decía se denotó en las ausencias más que en las afirmaciones. Todavía a comienzos de 1937 dijo alguna vez que su poder era temporal, pero ahora por vez primera empleó el termino «totalitario» para referirse a su ideal político. Y, sobre todo, lo que por vez primera había desaparecido era la idea de la dictadura breve y de transición.

Pero el verdadero cambio no se había producido en los discursos, sino en el propio interior de Franco. Es obvio que había buscado el nombramiento y que forzó que fuera todo lo amplio que resultó al final; sobre todo se encargó en meses sucesivos de irlo ampliando día a día. «Me tengo que encargar de todos los poderes», dijo a la Junta de Burgos en el transcurso de la aceptación de su magistratura. Su mención a «todos los poderes» fue lo que marcó un giro radical en su vida. Años después, en las breves notas que redactó como memorias, resumió brevemente el significado de lo sucedido: «El peso de la Jefatura del Estado. Responsabilidad total: las dos partes, la militar y la política y de esta la económica». Se trataba, en fin, de la Dictadura, de la que nunca pensó volverse atrás.

Al mismo tiempo que se creaba el mando único, fue modificada la Junta, que pasó a ser definitivamente un mero órgano de intendencia de la retaguardia, carente de cualquier capacidad de dirección militar. La proclamación de Franco supuso, en efecto, un cambio fundamental en la organización política de la zona sublevada, pese a lo cual es preciso advertir que los rasgos «campamentales» se mantuvieron hasta el final mismo de la guerra. La transición entre la fórmula anterior y la nueva se llegó a apreciar incluso en la denominación del diario oficial, que pasó a recibir el nombre Boletín Oficial del Estado. En el del 2 de octubre quedaron definidos los rasgos y características de la Junta Técnica de Estado, supremo organismo colectivo que debía acompañar a Franco en el ejercicio del poder.

La presidió, en primer lugar, el general Dávila, que al mismo tiempo desempeñó la jefatura de Estado Mayor de Franco —lo que ya prueba el papel de segundo orden de la Junta— hasta que al asumir, tras la muerte accidental de Mola, la dirección del Ejército del Norte, le sustituyó Gómez Jordana. Ambos eran militares con una sólida experiencia en Marruecos y capaces para las tareas organizativas, pero no habían tenido experiencia o significación política. De la presidencia de la Junta, ahora denominada Técnica de Estado, dependieron siete comisiones en las que figuraban profesionales y algunos políticos de significación monárquica como Bau, Vegas Latapié, Pemán, Amado, etc.

En general, pero de modo especial en las materias relativas a la cuestión religiosa, la obra de la Junta Técnica recuerda más a la derecha tradicional que al fascismo. El propio Pemán afirmó que existía un marcado contraste entre las «cosas católicas» que la Junta promovía y las «cosas nuevas y fascistas» patrocinadas por la Falange. Cuando, en noviembre de 1936, el rector de Zaragoza preguntó a la Junta si en su centro educativo debía figurar la bandera del sindicato falangista al lado de la nacional se le respondió negativamente. Algunas medidas iniciales recuerdan, incluso, al arbitrismo de Miguel Primo de Rivera. No deja de ser lógico, porque la Junta estuvo dominada por militares y ese dominio se veía multiplicado por el hecho de que, de manera paralela y harto disfuncional, Franco dispusiera de otros organismos políticos de su directa dependencia, también de predominio castrense: de él dependía una Secretaría General, ocupada por su hermano Nicolás; una Secretaría de Guerra, un gobernador general y una Secretaría de Relaciones Exteriores, único cargo no ocupado por un militar, sino por el diplomático monárquico Sangróniz. De las 160 disposiciones tomadas por los sublevados hasta finales de año, unas setenta emanaron directamente del entorno de Franco.

Lo que por estas fechas había en lontananza en el bando sublevado era una dictadura militar con parco contenido pero muy represiva que habría establecido un régimen del que es difícil imaginar que hubiera podido ser tan duradero como resultó la dictadura de Franco. Si la guerra hubiera concluido, mediante victoria de los sublevados en este momento, hubiera producido mucho más un régimen parecido al de Pinochet. La Junta Técnica no era un régimen de partido único, ni obsesivamente clerical; la única diferencia sustancial que por el momento podía apreciarse con la Dictadura de Primo de Rivera eran los ríos de sangre ya derramados.

Poco tenía que ver con el fascismo Nicolás Franco, miembro durante la República del partido agrario y ahora principal consejero de su hermano. La ignorancia en materia de ideario totalitario de Nicolás llevó a que alguno de los jóvenes falangistas (Foxá) se refiriera sarcásticamente al «nicolás-sindicalismo», en vez de «nacional-sindicalismo». Pero ambos hermanos se daban cuenta de la necesidad de una mínima estructuración política del régimen. Nada más ser nombrado jefe del Estado, Franco tuvo una conversación con el primer emisario diplomático que le envió Hitler y no tuvo inconveniente en describirle sus propósitos. No le preocupaba el corporativismo, los sindicatos o nada parecido. Lo que quería era una «unificación de ideas», una ideología común entre el Ejército, los fascistas, los monárquicos y los católicos. Los antiguos privilegios no serían restablecidos, ni vendría la Monarquía, pero era preciso definir alguna línea política más para el futuro. Su propio nombramiento se había adelantado por esta razón; era mejor hacer todo esto antes de la toma de Madrid con el resultado de la batalla todavía pendiente, porque así habría menos resistencia. Era preciso, eso sí, hacerlo con suavidad.

El obstáculo principal podía ser la desunión entre quienes le seguían. Fue a mediados de diciembre de 1936 cuando se planteó por vez primera un problema político grave entre la autoridad militar y la política, con el resultado del claro triunfo de la primera. Es importante señalar que la disciplina les fue impuesta a los carlistas precisamente porque ellos habían empezado a organizar un embrión de Estado y no a los falangistas, que, aunque más numerosos, actuaban de una manera muy poco articulada al haber perdido a la mayor parte de su dirección. El momento en que se produjo el conflicto coincidió con la primera aparición de instrucciones de control centralizadas acerca de la prensa y los medios de comunicación, en las que, por ejemplo, se establecía la obligación de publicar cualquier nota de procedencia oficial y empezaba a practicarse una planificada exaltación del Caudillo.

El problema se planteó en relación con la oficialidad del Requeté y respondía a un problema objetivo. Poco habituados a las normas castrenses, a pesar de la organización cuasimilitar de su grupo político, los dirigentes tradicionalistas pidieron un mes después del estallido de la guerra que los oficiales del Requeté fueran asimilados a los del Ejército regular «mientras duren las actuales circunstancias de guerra». La respuesta vino dada por la Junta de Defensa y consistió en establecer un procedimiento y unos requisitos: sería necesario para acceder a la oficialidad tener al menos el título de bachiller y demostrar aptitud en unos cursillos.

Todos estos antecedentes son necesarios para explicar lo que vino a continuación, que fue un enfrentamiento de carácter político. En la mente de quienes redactaron el decreto creando la Academia Carlista de Oficiales no debió de haber otra cosa que la voluntad de resolver un problema acuciante y no voluntad de provocación. Los tradicionalistas que habían montado un germen de Estado actuaban de acuerdo con unos criterios de autonomía que Franco, muy consciente de haber adquirido en plenitud el poder político, no estaba dispuesto a admitir. Un reglamento para la citada Academia apareció publicado en el boletín de los carlistas fechado el 8 de diciembre en la ciudad de Toledo. Se regulaba también en él los ascensos por méritos de guerra, lo que debió de ser especialmente irritante para las autoridades militares.

Hay que tener muy en cuenta el desbarajuste institucional en el que se vivía en estos momentos entre los sublevados. La Junta de Defensa había establecido unas condiciones para la oficialidad de las milicias que la Junta carlista de Navarra parecía no tener muy en cuenta; Fal Conde dijo, no obstante, haber consultado con el Cuartel General. El 18 de diciembre vio el conde de Rodezno el decreto de la Real Academia y parece haber previsto lo que iba a suceder. Al día siguiente, en Salamanca, el propio Franco se entrevistó con él. «Sin alterarse —cuenta Rodezno—, con fineza pero con mucha decisión, me manifestó el disgusto que le había producido el decreto». Aludió a la máxima autoridad política que había asumido ya; no podía ser que, al margen de esa Jefatura de Estado única, hubiera otro poder «que creaba y regulaba ejércitos, que concedía ascensos». Vino después lo peor: «Calificó el hecho de golpe de Estado, de delito de traición, de conducta propia de un anarquista, no de un hombre afecto al Movimiento, y añadió que Fal se tenía que marchar». Poco después, no ya Franco, sino Dávila, que recibió unos minutos al jefe carlista, le ofreció como únicas alternativas el exilio o el consejo de guerra. Fal, además, debía ir a Portugal y no a Francia, y no recibiría ni siquiera una orden por escrito porque «sería vidriar más las cosas». De este modo, los militares (el propio Franco) se habían impuesto al grupo más movilizador de la extrema derecha.

Las dificultades de Franco con los falangistas fueron, en principio, menores. El único incidente de importancia (y aun a él no cabe atribuirle el carácter de nacional) fue el que tuvo lugar a comienzos de 1937. La Junta de Mandos provisional de Falange decidió difundir un discurso de José Antonio Primo de Rivera, el de corte más revolucionario de los suyos, que había sido pronunciado durante la campaña electoral del año anterior el 2 de febrero. La Delegación de Prensa y Propaganda del Cuartel General prohibió la difusión de ese texto, y lo hizo, además, utilizando por vez primera el decreto que prohibía las actividades partidistas. Da la sensación de que la medida fue acatada por la dirección falangista en la mayor parte de la zona sublevada, pero no en el caso de Salamanca, Burgos y Valladolid, donde se impuso la lectura del discurso en las radios; como consecuencia, hubo un número elevado de detenciones que duraron solo algunas horas o, a lo sumo, días. El incidente duró tan solo desde el 2 al 7 de febrero y se liquidó sin consecuencias: aunque los detenidos eran falangistas de importantísima significación (Ridruejo, Tovar, Girón, Andino…), la detención consistió tan solo en tenerlos en los locales donde ejercían su mando custodiados por quienes eran sus subordinados.

La significación política de este incidente no consiste en lo descrito, sino en la reacción de Franco, que, disciplinado el carlismo y convencido él mismo de su papel providencial, tuvo un primer pronto consistente en proceder sumarísimamente contra esos tres jefes provinciales de Falange. Después se dirigió al jefe provisional de este partido en unos términos muy confusos con respecto a los hechos, pero por completo determinados en lo que respecta al ejercicio del mando político y de la más estricta disciplina. Si, por un lado, se les acusó de mostrar «síntomas de deslealtad y desunión, con tendencia a producir división de los españoles» (sic), por otro les calificaba de «indeseables» e «infiltrados» y les reprochó una actuación «negligente cuando no punible». Tal barroca mezcla de cosas diferentes concluía con la orden a Falange de que depurara tales mandos, dándole, además, decidido el resultado de esta medida, que debía ser la «destitución».

Unificación impuesta por decreto

UNIFICACIÓN IMPUESTA POR DECRETO

Con las decisiones mencionadas, poco tenidas en cuenta por los combatientes en aquellos días y no bastante subrayadas por la historiografía, comenzó una evolución política interna importante que llevaría a la constitución de un partido político único con el transcurso del tiempo. A comienzos de 1937 corrieron rumores de que se iba a crear un partido «franquista», pero todo hace pensar que esta idea no nació de una iniciativa oficial, sino que fue, quizá, sentida por los aliados de los sublevados y por sus masas sin clara adscripción política.

Hay que tener en cuenta la peculiaridad de la situación en que se encontraban los diferentes grupos políticos cuyos seguidores habían apoyado desde un principio la sublevación. El gran partido de la derecha durante la etapa republicana había sido la CEDA, pero su colaboracionismo con la República supuso su marginación. Tuvo unas milicias, pero muy poco nutridas, que muy pronto Gil-Robles estuvo dispuesto a disolver si se formaba un gran movimiento político unitario; la verdad es, no obstante, que carecía ya prácticamente de seguidores. Los monárquicos procedentes de Renovación Española, por su parte, siempre carecieron de masas y confiaron en adquirir influencia por el procedimiento de asesorar a los militares. Prueba de su escasa resistencia a la unificación reside en el hecho de que cuando don Juan de Borbón quiso acudir a combatir al lado de Franco lo hizo vistiendo de una manera que presagiaba el uniforme del futuro partido único. Franco no le autorizó a hacerlo porque eso le hubiera supuesto un conflicto con los dos grupos políticos emergentes en la España por él acaudillada.

Desde el comienzo del período bélico, tradicionalistas y falangistas jugaron este papel, merced a su capacidad para adaptarse a la situación bélica, pese a que su afiliación hasta el momento había resultado comparativamente reducida. Pero unos y otros estaban en una situación muy peculiar y difícilmente podían enfrentarse a Franco o, siquiera, ponerle verdaderos reparos. Este, por otro lado, causó una muy buena impresión inicial a los dirigentes políticos de todos los grupos de la derecha. A Rodezno, uno de los principales dirigentes carlistas, le pareció «cauto, muy sereno, amable y reservado, y superior a sus compañeros generales».

El problema de los falangistas en estos momentos fue, según uno de sus dirigentes, que habían pasado de ser «un cuerpo minúsculo con una gran cabeza a ser un cuerpo monstruoso sin cabeza». En efecto, sus bases se habían multiplicado de manera desbordada (en Galicia pasaron en pocas semanas a varias decenas de miles a partir de tan solo unos centenares) sin que las esperanzas de que José Antonio se mantuviera en vida estimularan verdaderamente la aparición de nuevos dirigentes. Manuel Hedilla, hombre honesto, austero y trabajador, fue elegido al frente de una Junta de mandos en agosto de 1936; sus indudables cualidades se unían en su persona a una evidente carencia de instrucción y de imaginación. Es posible que cometiera el error de lanzarse por la senda de una actitud demagógica, pero su problema principal fue la carencia de capacidad de liderazgo, pues, a pesar de su elección, en la práctica nunca fue aceptado por la mayoría de los dirigentes regionales falangistas. De ahí el nacimiento de un cantonalismo falangista cuyo contenido ideológico resulta difícilmente precisable. Aznar, Garcerán y Sancho Dávila, principales adversarios de Hedilla, no pueden ser tildados de «neofalangistas», pues su disidencia en un primer momento pudo incluso ser alimentada por la propia Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange. Su oposición parece, por el contrario, haber nacido, sobre todo, de la no aceptación del liderazgo personal de Hedilla, en especial a partir del momento en que se inició una campaña de promoción política de su figura. Los dirigentes falangistas eran todo lo contrario de dóciles: en su mayoría se trataba de jóvenes estudiantes inexpertos y embriagados de violencia de los que difícilmente podía esperarse una auténtica disciplina. Por su parte, el tradicionalismo estaba dividido ya desde la época de la Segunda República en una dirección nacional, la de Fal Conde, y la de aquella región donde el tradicionalismo había tenido desde fecha muy temprana una mayor implantación, es decir, Navarra, en donde predominaba el conde de Rodezno. Las circunstancias bélicas agravaron esta situación, que era más de talante (mucho más posibilista el de Rodezno) que de principios.

La actitud de Franco respecto de ambas fuerzas políticas fue siempre decidida y su voluntad disciplinaria, no solo en materias estrictamente militares, sino también políticas. Cuando en diciembre de 1936 los carlistas crearon una Academia Militar que concedería títulos de oficial, Franco habló de «traición». Para Rodezno lo que le irritó del tradicionalismo fue su «tono de soberanía» que adoptaba. Cuando mantuvieron ambos una conversación en enero de 1937, el primero sacó la impresión de que el segundo había ya diseñado una línea de actuación propia consistente en no admitir ni de forma remota su propia interinidad, no tolerar la menor disidencia o apariencia de esta y atribuir a las dos grandes opciones políticas de su bando una misión específica y subordinada al mando propio. El tradicionalismo le proporcionaría la solera y el fundamento doctrinal de su posición política, mientras que la Falange el tono radical capaz de atraer a las masas obreras de inicial signo izquierdista. Estaba ya claro que quería todo el poder para siempre. Al regente carlista le dijo que era necesario evitar plazos o reservas «que puedan poner en interinidad al Estado, necesitado de fortaleza». A Fal Conde trató de someterlo con promesas de cargos, pero no lo consiguió. Mientras tanto, había ya impuesto la disciplina a los falangistas con idéntico rigor a como lo había hecho con los tradicionalistas. Desde finales de 1936 las milicias quedaron sometidas al Código de Justicia Militar, lo que atribuyó a Franco un duro instrumento disciplinario. Por otro lado, cuando se creó una Delegación de Prensa y Propaganda se la hizo dependiente de la Secretaría General desempeñada por Nicolás Franco.

La única posibilidad de resistencia ante la voluntad de Franco de crear un partido único, que se fue haciendo patente a partir de las primeras semanas de 1937, hubiera consistido en que carlistas y falangistas decidieran por sí una unificación que les convirtiera en un contrapeso ante el creciente poder de la dirección militar. Los tradicionalistas, que habían crecido mucho menos que la Falange, intentaron incorporar a sus filas a la Lliga, y de la CEDA, a los sindicatos católicos y al minúsculo partido nacionalista de Albiñana. El mismo hecho de que trataran de sumar adhesiones era prueba de la conciencia de su debilidad relativa respecto a Falange. Esta llevaba su prepotencia y su voluntad hegemónica incluso hasta la insolencia.

A lo largo del mes de febrero de 1937 hubo conversaciones en Lisboa de falangistas y tradicionalistas sin que, respecto de la unión, resultaran verdaderamente relevantes las diferencias entre las diversas facciones existentes en ambos grupos políticos. Los tradicionalistas defendían, como es lógico, la necesidad de proclamar la regencia de don Javier y querían suprimir los partidos, mientras que los falangistas parecían indiferentes ante las formas de régimen y deseaban un partido único. Pero el verdadero factor de divergencia fue la tendencia de Falange a considerar que la única unidad posible consistía en que ella absorbiera el tradicionalismo. De esta manera perduraba una prevención fundamental entre estas dos fuerzas políticas que no estaban en condiciones de evitar lo que se les venía encima. Con posterioridad, las conversaciones prosiguieron en Salamanca: los tradicionalistas consiguieron que Falange asumiera el principio monárquico y el Estado católico, pero no quisieron aceptar la incorporación masiva a Falange.

La unificación, en realidad, estaba decidida por el mando militar antes de que estallara la lucha en el seno de Falange. Franco, que explicó su necesidad a sus aliados italianos y alemanes, además, afirmó no estar dispuesto a consultar sobre ella, sino tan solo a notificarla. Se encontraba a comienzos de 1937 en unas condiciones inmejorables para imponerla. Por un lado, los emisarios fascistas italianos y alemanes, de quienes dependía buena parte de su aprovisionamiento militar, se lo recomendaban. Por otro, el tradicionalismo estaba dividido y su sector más importante desde el punto de vista de los efectivos con que contaba (el navarro) estaba mucho más cercano al posibilismo de Rodezno que al legitimismo de Fal Conde. Finalmente, el falangismo no dejaba por un momento de mostrar sensación de exceso de confianza, prepotencia y de indiferencia ante la cada vez más patente pretensión de Franco de hacerse con la totalidad del poder político. Por si fuera poco, la unidad falangista era también precaria bajo la apariencia de resultar firme.

La lucha de facciones en el seno de la Falange fue, por tanto, un factor que ayudó a Franco, pero que no provocó su decisión. En el fondo, lo que hubo tras de esa lucha era la simple ausencia de una jefatura comúnmente aceptada en el seno de Falange. Los adversarios de Hedilla propusieron un triunvirato alternativo, le acusaron de ausencia de liderazgo y reivindicaron purismo político y actitud decidida con respecto al mando militar. El 16 de abril de 1937 parecieron haber triunfado tras una reunión en Salamanca, pero el mando militar impidió que apareciera la noticia de que habían relevado a Hedilla. Aquella noche un grupo de hedillistas se acercó a la residencia de uno de los adversarios de su líder (Sancho Dávila) y el enfrentamiento tuvo como consecuencia dos muertos, producto, más que de un atentado, de la tendencia de los dirigentes falangistas a ir con escoltas armados, inexpertos y proclives a la violencia. Ni aun después de estos sucesos, que supusieron la detención de los tres adversarios fundamentales de Hedilla, tuvo este tras de sí a toda la dirección de la Falange. De los tres cabecillas adversarios, dos le debían su puesto y uno más había colaborado con él, y del resto de la dirección falangista, solo diez de un total de veintidós le mostraron su firme apoyo para que llevara las conversaciones con Franco en relación con una posible unificación política. La victoria de Hedilla fue pírrica y, además, volátil. Mientras el líder falangista acudía a los italianos dando una versión revolucionaria de Falange, las conversaciones de los dirigentes falangistas durante estos días testimonian una excepcional carencia de información y, sobre todo, de criterio ante la situación. La mayoría de ellos pensaba que se iba a formar un gobierno presidido por Mola y solo estaban preocupados por cuestiones formales e internas. Ni por un momento pensaron en resistir, en la conciencia, como dijo uno de ellos, de que «un acuerdo, si el Generalísimo hace [la unificación] por la fuerza, no cabe». En realidad, Franco ni tan siquiera hubo de utilizar la fuerza, sino que se limitó a evitar que circularan emisarios falangistas a través de la España por él controlada. Su discurso el 18 de abril dejó claro que la unificación estaba destinada a ser permanente como respuesta a todo un pasado liberal. Se pronunció, sin embargo, en unos términos lo bastante imprecisos como para que no alarmaran demasiado a nadie.

Otra cosa fue el Decreto de Unificación propiamente dicho, aparecido el 19 de abril y producto de la pluma de alguien que, como Ramón Serrano Suñer, tenía una indudable formación jurídica fascista. Partiendo de que «una acción eficiente de Gobierno» era «incompatible con la lucha de partidos», y con la promesa de incorporar al nuevo grupo político «aportaciones colectivas e individuales», se dio luz a un partido de kilométrica denominación: Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista. Se aceptaban los veintiséis puntos programáticos de la Falange inicial, pero se dejaba claro que el jefe del Estado lo era también del partido y que tanto la Junta política como el Consejo Nacional dependerían de él.

En la primera estaba previsto que figurara Hedilla, pero, al negarse, por ser el único falangista de su propia tendencia y sin preeminencia alguna sobre los demás, fue acusado de estar en el origen de los incidentes del 16 de abril y de haber mantenido una posición de resistencia ante la unificación y condenado a muerte dos veces, aunque fuera luego indultado. Una veintena más de personas fueron enviadas a prisión tras juicios rapidísimos con severas penas (otras tres más a muerte). Entre ellas hubo futuros ministros de Franco, porque este siempre prefirió comprar posibles disidentes que hacerlos desaparecer, como ya había demostrado en el caso de Fal Conde. Aunque Franco argumentó ante sus aliados que Hedilla había conspirado en contra de su persona —¡incluso con la cooperación de Araquistáin!—, lo cierto es que la mejor descripción de lo hecho por Hedilla la proporciona este mismo: «Yo he podido ser torpe, pero jamás traidor».

Se ha interpretado por algunos historiadores que en esta ocasión Falange se «suicidó», pero dicha afirmación no parece cierta si tenemos en cuenta que su tono revolucionario era, a diferencia de otros grupos fascistas, bastante superficial. No solo los dos albaceas testamentarios de José Antonio Primo de Rivera, Ramón Serrano Suñer y Raimundo Fernández-Cuesta, colaboraron con el régimen en puestos destacados, sino que también lo hizo la hermana. No tuvo ningún éxito, en consecuencia, el intento de Prieto de promover una disidente Falange Española Auténtica de la que debieron resultar incluso poco atractivas las siglas (FEA). El embajador alemán, proclive a la intromisión en la política interna para favorecer a los sectores más radicales del fascismo, afirmó ante sus superiores que describiría a la supuesta Nueva España cuando llegara a descubrirla.

Lo más relevante de la unificación es que descubrió a las claras la avaricia de poder de Franco. Para su triunfo contó con la realidad de que el sector más fuerte dentro de la derecha permanecía marginado, mientras los dos emergentes eran demasiado noveles, inexpertos en su dirección y heterogéneos como para presentarle seria resistencia. Otro elemento crucial para llegar a entender el éxito de Franco consiste en que en esta ocasión, como en tantas otras, dio la sensación de adoptar una medida provisional y de urgencia y, por tanto, susceptible al cambio, cuando en realidad no hacía otra cosa que ratificar su claro deseo del monopolio del poder. Y, en fin, midió perfectamente el tiempo en que tomar su decisión y, una vez adoptada, aferrarse a ella incluso en manifiesta contradicción con la verdad de lo acontecido.

A lo largo de los meses entre abril de 1937 y el final de año se produjo en la zona política controlada por Franco un doble proceso, tendente, por un lado, a la vertebración de un nuevo partido con una simbología propia y unas instituciones características y, por otro, una resistencia sorda a esta voluntad unitaria por parte de un elevado porcentaje de este conglomerado —o, al menos, de su dirección política— que componía la coalición de Franco. El primer fenómeno ocupó las primeras páginas de los diarios y resulta fácil de reconstruir. El segundo, por el contrario, solo puede ser conocido mediante fuentes indirectas o a través de aquellas que revelan el pensamiento oculto de los protagonistas.

Puede ser conveniente partir de dos ideas simples pero agudas y convincentes, que Dionisio Ridruejo dejó escritas en sus memorias. La unificación fue posible porque en el bando que acaudillaba Franco existía un espíritu de guerra que era «absorbente y neutralizante» y que impedía la manifestación de cualquier discrepancia política efectiva a pesar de la potencialidad dispersiva de una coalición plural y muy alejada en lo que hacía referencia a sus propósitos finales, al menos en pura teoría. Aprovechando esta realidad y el hecho de que tenía en sus manos la totalidad del poder, lo que hizo Franco fue dar un «golpe de Estado a la inversa»: el Estado se apoderó del partido y no al revés, como fue el caso en el fascismo italiano. Podría decirse también que Franco se apoderó de uno y otro.

Partiendo de estas premisas, resultaba imprescindible, en los meses que siguieron a abril de 1937, poner en marcha esta nueva entidad política. En ellos se crearon sus liturgias y sus organismos básicos y, además, se pusieron en funcionamiento sus instrumentos de socialización política fundamentales. Desde el inicio mismo de la trayectoria del partido unificado fue bien claro que este significaba también un cambio en la inspiración política de Francisco Franco: si hasta entonces esta procedía principalmente de su hermano Nicolás con un entorno de derecha tradicional, ahora sería su cuñado, Serrano Suñer, el más influyente. Con él se inició el camino hacia una cierta fascistización del régimen naciente con la consiguiente exaltación de un líder que no era ya solo militar, sino también político. Franco se benefició de este proceso, pero también la Falange, puesto que es evidente, aunque Ridruejo no lo diga, que fue ella la gran beneficiaria del proceso de unificación.

Muy pronto, en efecto, se vio que el partido unificado caminaba por la senda del fascismo. La misma proporción de falangistas y tradicionalistas al frente de cada organización provincial resultó muy expresiva (en veintidós, la jefatura le correspondió a los falangistas, y solo en nueve a tradicionalistas), pero, además, la primera medida de carácter litúrgico que se tomó respecto del nuevo partido fue convertir el brazo en alto en saludo nacional porque «en los albores del Movimiento […] cortejo de los mártires era saludado de esa forma». Pronto apareció Franco fotografiado de esa manera al mismo tiempo que vestía el uniforme militar. Otras liturgias surgieron también en estos momentos. La más decisiva y también la más conflictiva fue la relativa al uniforme, que, si tardaría en unificarse de manera definitiva, mereció, sin embargo, los honores de toda una campaña de prensa de quien fuera el falangista entusiasta de la unidad en torno a Franco en los primeros meses del nuevo partido, Giménez Caballero. Como siempre continuó haciendo, más adelante escribió, en tono alucinado y metafísico, acerca de la camisa de color azul «del Guadarrama pintado por Velázquez en los atardeceres del Pardo». El día del aniversario de su exaltación a la dirección militar y política de su bando, Franco estableció como emblema de la Nueva España el yugo y las flechas de los Reyes Católicos. Si la primera medida parecía estar dirigida a satisfacer el componente más fascista del régimen, esta decía tener un componente más tradicional.

Franco no dio la sensación por el momento de adoptar un lenguaje calificable de fascista, aunque, con el transcurso de los meses y por influencia de Serrano, acabaría haciendo suyo y repitiendo hasta la saciedad el calificativo «totalitario». En el aniversario de la sublevación todavía la prensa adicta publicó su primera proclama en el momento de la sublevación con la mención a la «fraternidad, libertad e igualdad»; fue la última ocasión en que tal documento fue juzgado digno de ser reproducido. En unas declaraciones al principal de los diarios de la zona que controlaba justificó la unificación afirmando que en realidad las dos grandes organizaciones previas no eran partidos y la coincidencia ideológica entre ellas era muy grande. Pero, sobre todo, aludía a la «masa neutra, sin encuadrar, de los que no han querido afiliarse jamás a ningún partido». No empleó nunca el adjetivo «revolucionario» e incluso señaló que «España no estaba retrasada en lo social». Todo ello cambiaría con el transcurso del tiempo, pero en ninguna declaración hasta finales de 1937 hubo el testimonio mínimamente de un gran proyecto político que, en cambio, se hizo mucho más frecuente en 1938 y, sobre todo, en 1939.

La influencia del fascismo no vino ni remotamente de Franco, sino del que se convirtió en su principal consejero. A la hora de configurar la Junta Política, sus componentes fueron proporcionados principalmente por Serrano Suñer, «ya en franca discordia» con Nicolás Franco, según Rodezno. Ya en mayo de 1937, Ciano había recomendado desde Italia que el bando sublevado hiciera una declaración de intenciones sociales; el embajador italiano no logró tratar de la cuestión con Nicolás Franco, pero encontró receptividad en Serrano Suñer, descrito como «un abogado de mucha inteligencia y prestigio», con la ventaja de ser, además, cuñado del Caudillo.

Lo único que la Junta Política hizo en realidad fue preparar el texto de unos estatutos que motivó fuertes discusiones entre sus miembros y que, al final, fue publicado en los primeros días del mes de agosto. La definición que en ellos se hacía de FET y de las JONS era ya la típica de un partido fascista en cuanto que la definición incluía una descripción del grupo político como «la disciplina por la que el pueblo unido y en orden asciende al Estado y el Estado infunde al pueblo las virtudes de servicio, hermandad y jerarquía». Cierto es, también, que un párrafo previo, enormemente alambicado, a base de citar al Imperio y al cristianismo en una mezcla confusa, daba otra impresión menos radical. Otro rasgo peculiar de este partido es que serían militantes todos los que formaran parte de las organizaciones preexistentes en el momento en que se dictaba la norma, pero también todos los generales, oficiales y clases del Ejército, lo que testimoniaba el papel decisivo de este en el régimen y constituyó un rasgo diferencial con respecto al fascismo. Las contribuciones respectivas de tradicionalismo y falangismo al nuevo partido se describían en los términos ya habituales en Franco: el primero era garantía de «continuidad histórica» y el segundo constituía el testimonio de que iba a producirse la «revolución nacional». Por otro lado, como cabía prever, el partido se caracterizaba por un grado elevadísimo de personalismo, no tan frecuente en los movimientos totalitarios. Franco aparecía descrito como «supremo caudillo del Movimiento [que] personificaba todos los valores y todos los honores del mismo como autor de la era histórica donde España adquiere las posibilidades de realizar su destino»; además, asumía, «en su entera plenitud, la más absoluta autoridad» y respondía «ante Dios y ante la Historia». Ya en esta primera norma estatutaria del partido, a la que la prensa dio el carácter de norma política del Nuevo Estado, otorgándole, por tanto, un carácter cuasi constitucional, Franco aparecía reservándose para sí de forma exclusiva el nombramiento de sucesor, tal como haría más de treinta años después. La disposición, en fin, determinaba la existencia de dos órganos del nuevo partido: un Consejo Nacional, nombrado por Franco, y una junta de la que seis miembros serían también de designación suya y otros seis elegidos por el Consejo.

Lo más decisivo en la configuración del partido fue, en el mismo mes de octubre, la llegada a la zona controlada por Franco de Raimundo Fernández-Cuesta, secretario general de Falange en 1936, y la constitución del Consejo Nacional de Falange. La primera reviste una importancia muy superior a la de un suceso personal. Procedente del otro bando y canjeado por Prieto, quien pudo haber tenido al hacerlo un propósito político, la llegada de Fernández-Cuesta hacía posible un choque entre la Falange unificada y la previa que en pura teoría podía ser explosivo. No lo fue, sin embargo. Hubo un momento, nada más incorporado a la zona controlada por los sublevados, en que pudo parecer que Fernández-Cuesta iba a liderar el falangismo purista. Pero carecía de carácter y el hecho de hacer alguna declaración favorable a la Monarquía debió de incitar el recelo de Franco y desviarle de la Falange más juvenil y revolucionaria. El verdadero resultado de la llegada de Fernández-Cuesta consistió en liquidar cualquier tipo de posible legitimismo falangista que en él hubiera podido tener inspirador o jefe.

La posible duda, además, se despejó en tan solo unas cuantas semanas. Serrano Suñer muy pronto descubrió que no había el menor peligro en que Fernández-Cuesta ocupara cualquier puesto en la estructura del partido o del Estado porque su carácter apático, no muy activo y receloso le convertían en inocuo, y él, en cambio, estaba seguro ya a estas alturas de que tenía en sus manos fácil acceso a los resortes de poder por razones derivadas de la vinculación familiar. El cuñado de Franco trata siempre en sus memorias a Fernández-Cuesta de una manera un tanto despectiva, mientras este no oculta que desde el primer momento, tras su llegada a Burgos, hubo de encontrar la reticencia de Serrano. Los falangistas, cuyo principal testimonio histórico es, sin duda, para esta época, Dionisio Ridruejo, solo confiaron en el único dirigente histórico que les quedaba durante muy pocos días, y pronto descubrieron que «nos equivocamos de medio a medio» porque «a favor de Serrano había tanto las condiciones de personalidad y capacidad específica como las de situación y posibilidad circunstancial». En cambio, Fernández-Cuesta «era un hombre con capacidad normal para una misión pública de segundo rango». Aunque tuvo razón el secretario general en desconfiar de Serrano, la verdad es que parece correcto lo que este afirma en sus memorias acerca del primero: carente de carácter, ni satisfacía a los falangistas ni tampoco proporcionaba seguridad y confianza a Franco, lo suficientemente receloso siempre como para solo confiar (y no siempre) en los miembros de su familia. Si Fernández-Cuesta fue nombrado secretario general del partido unificado a finales de 1937, la causa hay que encontrarla, al mismo tiempo, en su inocuidad y su pasado.

El pacto entre Franco y Falange tuvo otro intermediario. Las memorias paralelas de Serrano Suñer y Ridruejo informan de forma detallada y convincente acerca de la tensión existente tras la unificación entre las vestales del falangismo y el nuevo partido. Se comprende que Franco se sintiera molesto por el paralelo culto al desaparecido José Antonio Primo de Rivera. La romántica mística joseantoniana le indignaba tanto, comentó Agustín de Foxá, como a un hombre que se casara con una viuda y descubriera que no tenía otro tema de conversación que las virtudes de su anterior marido. Con la capacidad para fabular extrañas conspiraciones que le caracterizaba, el Caudillo llegó a decir que sabía que José Antonio había sido secuestrado y castrado por los rusos. En esto último es posible que mostrara su acomplejada prevención respecto de él.

Pero la innata prudencia de Franco y su capacidad para reservar el juicio ante los demás se alió con la habilidad inteligente de Serrano Suñer para evitar que esta potencial tensión con Falange degenerara en enfrentamiento. En torno a Pilar Primo de Rivera, incapaz sin duda de liderar ninguna maniobra política, se había formado una especie de sanedrín de puristas del falangismo que podía ser el origen de un foco de resistencia al poder personal de Franco. Pero este no se enfrentó directamente con ellos y Serrano hizo de intermediario entre él y aquellos jóvenes. Mantuvieron estos originariamente una actitud «distanciada, pero negociadora y finalmente integrada». Fueron precisamente las tensas conversaciones entre el cuñado de Franco y personas como Ridruejo las que hicieron nacer una auténtica amistad que perduró a pesar de todos los avatares políticos. En sus memorias, Serrano hace alusión al «impulso juvenil poco proclive a la cautela» de Ridruejo, que además estaba dotado de una capacidad dialéctica temible. Pero con el paso del tiempo los falangistas pasaron de una actitud conspiratoria contra Franco a la pura murmuración, para finalmente diluirse e incluso llegar a establecer un auténtico pacto con él por el intermedio de su cuñado. Sin la menor duda, ese pacto fue muy rentable para Falange. Gestionado en el momento en que se estaba elaborando el Estatuto del partido, explica el lenguaje de este y también contribuye a explicar el peso numérico de los falangistas en el Consejo Nacional. En definitiva, en estos momentos finales de 1937 había quedado establecido el acuerdo implícito entre la Falange y Franco: este no fue nunca falangista, pero este movimiento le sirvió, sin duda, para concentrar el poder en sus manos, le dotó de un lenguaje político que empezaría a exhibir sobre todo en 1938 y le proporcionó un instrumento de movilización de masas.

Junto con los estatutos ya mencionados, el elemento más decisivo en la vertebración del partido unificado fue el nombramiento de los cincuenta consejeros nacionales de FET y de las JONS, en octubre, y su posterior jura en el burgalés Monasterio de las Huelgas, a comienzos de diciembre. La ceremonia coincidió, como todos los eventos políticos del bando de Franco, con una operación militar, la finalización del frente Norte. Como no podía menos de suceder, dado el carácter sincrético del partido, la composición de este Consejo fue plural y ponderada, hasta el punto de que los nombramientos no se hicieron públicos a través de una lista alfabética, sino intentando compensaciones políticas a medida que se avanzaba en la lectura de los nombres. De los cuatro que encabezaban la lista, el primero era Pilar Primo de Rivera (falangista), seguida del tradicionalista conde de Rodezno, el general Queipo de Llano y el monárquico José María Pemán. No resulta fácil hacer una clasificación muy precisa del significado político de los consejeros, porque en algunos de ellos se acumulaban las adscripciones, pero, en líneas muy generales, habría que indicar que la mitad eran falangistas mientras que a los tradicionalistas no les correspondieron más que un número de puestos equivalente a un cuarto del total. Había ocho militares, todos ellos de estricta confianza de Franco o lo suficientemente relevantes para no ser excluibles (como era el caso de Queipo de Llano); el número de monárquicos (cinco) fue muy reducido. Buena parte de los nombrados no tomaron muy en serio el cargo con el que eran honrados. «He sido nombrado consejero nacional de Falange Española Tradicionalista», escribió Pemán; «no creo que dé mucho trabajo el nuevo cargo: supongo que el Consejo será una cosa suntuaria, estilo Gran Consejo fascista, que se reúne, por ejemplo, para declararle la guerra a Abisinia cuando ya está declarada». Como tendremos ocasión de comprobar, tuvo incluso una función mucho más modesta de la que le atribuyó el escritor: a fin de cuentas, el Gran Consejo fascista pudo desplazar del poder a Mussolini, mientras ni por lo más remoto cupo nunca esperar que pudiera hacer algo parecido el Consejo Nacional con Franco. Sus funciones, siempre modestas, muy pronto se convirtieron en nulas por la radical imposibilidad de aconsejar a quien desconfiaba de cualquier organismo colectivo con pluralidad de opiniones, aunque él mismo lo nombrara.

El juramento del Consejo Nacional y su primera sesión tuvo lugar a comienzos de diciembre de 1937 con una serie de liturgias de corte medieval. Los propios consejeros no habían obedecido las órdenes que les habían sido dadas acerca del uniforme: ni los tradicionalistas llevaban camisa azul ni boina roja los falangistas, por lo que cabe deducir que la unificación no se había convertido en una realidad. Concluida la ceremonia de la jura, el Caudillo dirigió unas breves palabras a quienes denominó como «mis consejeros», como si se tratara de personas encargadas de asesorarle a él y no de dirigir un partido. Fernández-Cuesta, que ese mismo día había aparecido nombrado también secretario general del partido, tuvo la poco gloriosa función de, «interpretando el pensamiento unánime de todos los consejeros», proponer que se dejara en manos de Franco la designación de seis miembros del Consejo para cubrir otros tantos puestos en la Junta Política que le correspondían; de ella formarían parte, además, otros seis que preceptivamente eran nombrados por Franco. Así se desbarató un intento de candidatura de cooptación que se estaba fraguando por los monárquicos.

Pero si la constitución del Consejo Nacional parecía testimoniar la consolidación del partido, aun bajo la estricta disciplina de Franco, poco después se produjeron los primeros incidentes públicos que testimoniaban lo incompleto e insatisfactorio del proceso de unificación. El 12 de octubre tuvo lugar en Burgos una concentración de estudiantes de las dos organizaciones unificadas. Estuvieron presentes algunos de los principales dirigentes de la España de Franco y este mismo presidió el acto. Fue, al decir de Pemán en su diario íntimo, una «maravillosa estampa hitleriana», pero careció de un factor decisivo. Hubo entre doce mil y quince mil estudiantes del SEU y unos ocho mil o nueve mil de la AET (Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas). Estos últimos acabaron por no desfilar al pretender los falangistas un monopolio del acto considerado como injustificable y que empezaba por quien lo presidía, un Franco que, según Rodezno, vistió por vez primera la camisa azul, lo que parece muy desafortunado. Cuenta Pemán que en el momento inicial, antes de comerzar la ceremonia, había «todo un sector rojo de boinas y otro todo azul de camisas»; los requetés agitaron las boinas cuando llegaba Franco, mientras que los falangistas se ponían firmes. Como para «sacarse la espina de lo de Burgos» —o para compensar la posible ofensa al tradicionalismo—, Franco al mes siguiente estuvo en Navarra. Allí, aunque saludara con el brazo en alto, llevó la boina roja y en el pecho las flechas y el yugo que la prensa identificó también con la España tradicional. A tan complicadas ponderaciones de vestimenta obligaba la situación en los momentos iniciales de un partido en realidad mucho menos unificado de lo que se pretendía. Como contrapartida, en diciembre de 1937, tras haber permanecido unos días en España, se produjo la expulsión de don Javier, el príncipe regente carlista. Se podían tener condescendencias hacia las masas carlistas, pero no hacia quienes las dirigían.

Si la unificación caminó con dificultades, perduró al mismo tiempo la contraposición entre la Junta Técnica y el partido. Hay que tener muy en cuenta, a la hora de hacer mención de las dificultades de funcionamiento de la primera, que persistía en gran parte de la España sublevada una situación de predominio de un poder militar prácticamente autónomo. Se mantuvo, en especial, en Andalucía con Queipo de Llano, hasta el punto de que Jordana, que estaba al frente de la Junta, llegó a proponer a Franco que suscribiera una nota destinada al llamado «virrey de Andalucía». En ella se decía que «en cualquier Estado y más en un Estado totalitario como el que se está forjando» las jerarquías inferiores debían someterse a las superiores; en consecuencia, si las autoridades militares se veían obligadas «a dictar bandos u órdenes que se relacionasen con los organismos mencionados no lo harán de ningún modo sin previa consulta a mi Autoridad o propuesta a los centros correspondientes […] en la inteligencia de que será anulada toda disposición que no se ajuste a estas normas». Franco, en realidad, no llegó a firmar esta nota ni a convertirla en disposición, pero, al menos, le dijo a Jordana que le llamaría la atención a Queipo. No resulta posible saber si lo hizo, pero sin duda guardó en su ánimo la decisión de actuar en este terreno como acabaría haciendo: la situación descrita fue el antecedente de su destitución al final de la guerra civil. De modo más inmediato, parece evidente que tenía que provocar la búsqueda de otra fórmula de regir los destinos políticos del régimen naciente. Jordana coincidió con Serrano Suñer en pedir a Franco la formación de un gobierno.

La mención al cuñado de Franco debe concluir la referencia a este período político. Todo el año 1937 se puede resumir en un prolongado ascenso de Serrano Suñer en el aprecio político de Franco; es lógico que hubiera una especie de mutuo apoyo entre ambos nacido de la complementariedad. Serrano acabaría siendo excluyente, megalómano y sectario, pero, de momento, era una persona torturada por la tragedia familiar más que obsesionada por la ambición propia; tenía unos conocimientos legales y una idea del Estado en la que su formación en la Italia ya fascista había jugado un papel importante. Si, en efecto, Serrano se convirtió en «el colaborador más próximo y más entregado» que tuvo Franco fue porque estando en ese círculo íntimo familiar que vedaba, en principio, el recelo, tenía, además, capacidades más apropiadas para la ocasión que Nicolás y proporcionaba un marco conceptual en el que integrar la decisión de Franco de tomar el poder en su totalidad y conservarlo hasta el final de sus días. No solo jugó un papel importante en la constitución del primer gobierno, sino que esta formó parte de un proyecto más amplio. La unificación había sido el primer paso, y mucho más decisivo fue todavía el pilotaje en la primera singladura del partido unificado en el que Serrano desempeñó un papel tan decisivo como ya se ha indicado. A falta de concreción de su responsabilidad al lado del Caudillo, los italianos le atribuyeron la condición de «secretario político» de Franco, en lo que no estaban muy descaminados.

Pero de momento el cuñado de Franco no desempeñaba puesto político alguno, aunque su relevancia fuera decisiva, y esto, unido a su peculiar carácter, le convirtió muy pronto en una persona tan odiada como poderosa. En fecha tan temprana como octubre de 1937 esta situación fue constatada por un observador de indudable agudeza. Pemán lo percibió entonces: era ya objeto de frecuentes conversaciones la «privanza de Serrano», «por no tener cargo oficial e intervenir en muchos asuntos, por su procedencia cedista, hasta por su contextura física enfermiza y pálida». Pero Pemán no vio por el momento en ello ningún inconveniente especial: todo eso no era más que un «malestar puramente burgalés y salmantino, de corte, de intriguilla, de comadreo», mientras que el «resto de España ni sabe nada de esto ni le importa». «La guerra va bien», concluyó; «la paz va espléndidamente, ¿qué importa, por Dios, que el Caudillo hable más o menos con su cuñado?». Sin embargo, en los meses y años sucesivos, en el ápice de su poder, Ramón Serrano Suñer atrajo sobre sí la ira indignada de muchos correligionarios políticos de Pemán porque no estaba en juego una relación personal del Jefe del Estado, sino la configuración de un régimen.

El primer Gobierno de Franco

EL PRIMER GOBIERNO DE FRANCO

Desde finales de 1937 fue haciéndose evidente en el bando sublevado la urgencia de constituir un organismo de gobierno y administración más eficaz que el hasta entonces existente. A la creación de un Gobierno propiamente dicho, que sustituyera la frágil estructura de la Junta Técnica del Estado, coadyuvaron Jordana, su presidente, y Serrano Suñer, la estrella ascendente en la política interna de los sublevados. Como fue habitual que sucediera con Franco, su gestación resultó larga y complicada. Finalmente, el Gobierno quedó constituido en los primeros días de febrero de 1938, tras la batalla de Teruel. Jordana fue nombrado vicepresidente-secretario, asumiendo también la competencia acerca de las relaciones exteriores; pero todavía resultó mayor la influencia de Serrano al frente del único ministerio, Gobernación, con tres subsecretarías y libre de la preocupación por el Orden Público, atribuido al general Martínez Anido. Tanto el programa como las principales disposiciones de política interior salieron de sus manos y, por si fuera poco, parece haber inspirado la propia composición del Gabinete. Parece que incluso evitó que figurara en él Nicolás Franco, aludiendo al peligro de que hubiera en él «demasiada familia»; el hermano del Caudillo recibió, con aparente escasa satisfacción por su parte, la Embajada española en Lisboa. Con poca decisión se le ofreció un cargo ministerial a Queipo (Agricultura) para apartarlo de Sevilla, pero sin éxito.

Como sería habitual en la España de Franco, caracterizó a este primer Gobierno una composición plural y muy medida: junto a dos falangistas había tres generales, dos monárquicos alfonsinos, un tradicionalista, dos ingenieros y un antiguo cedista. Como sucedería más adelante, también ahora la distribución de las carteras siguió unos principios destinados a convertirse en habituales. A los falangistas les correspondieron las de carácter social; a los tradicionalistas les tocó la relación con la Iglesia (Justicia) y a los monárquicos las carteras técnicas o relacionadas con la Educación. Otro rasgo de este Gobierno, también perdurable, es que estuvo formado por los que podríamos considerar como «posibilistas» en el seno de las fuerzas políticas que apoyaban la sublevación. Franco, por sugerencia de Serrano o no, eligió como ministros a personas relevantes que, aun manteniendo su significación previa, estaban dispuestos, en principio, a mantener una lealtad superior al Caudillo: este fue el caso señalado del monárquico Sainz Rodríguez (Educación Nacional) y del tradicionalista conde de Rodezno (Justicia).

Serrano había sido cedista, pero no fue esta la razón de su ascenso político. Cuñado de Franco, tenía unas capacidades administrativas y de traducir en textos legales la voluntad política del jefe del Estado de las que este carecía. Bien dotado intelectualmente, era el único de los miembros del Gabinete capaz de esbozar y promover un programa político como alternativa al «Estado campamental» hasta entonces existente. El contenido de dicho programa, siempre en favor de la preeminencia de su cuñado y de él mismo, trataba de aunar el «calor popular, social y revolucionario» de las doctrinas falangistas con las algo más «inactuales» del carlismo, pero en realidad favoreció mucho más a la primera que al segundo y sentó el primer paso para el intento de «fascistización» de la posguerra. Tenso, absorbente y personalista, Serrano Suñer se vio gravemente perjudicado siempre por su ambición demasiado evidente y por su carencia de don de gentes. Pero, de momento, su poder político no hizo otra cosa que crecer: cuando en diciembre de 1938 murió Martínez Anido, asumió la integridad de sus competencias en materia de Orden Público. La vicepresidencia de Jordana resultó, en la práctica, una magistratura de inferior significación.

De todos modos, no debe pensarse que la sustitución del Estado campamental por uno nuevo fuera tan inmediata ni que la obra legislativa en el bando de Franco fuera amplia y significativa. La mejor muestra de que el Estado campamental perduró reside en que la organización política de retaguardia siguió repartida en una pluralidad de sedes en toda la meseta superior castellana y el norte. Asimismo, el poder político de Queipo de Llano en Sevilla, al que se le impidió continuar con sus charlas radiofónicas, descendió de modo vertical. No parece oportuno extenderse acerca de la obra legislativa emprendida en estos meses. Quizá la norma política más perdurable fuera la Ley de Prensa de 1938, que introducía unas concepciones beligerantes contra la libertad de prensa, incluyendo la censura y el nombramiento gubernativo de los directores de los medios de comunicación, por lo que en algunos aspectos resultó incluso más dura que la legislación italiana en que se inspiraba. Duró, aunque atemperada en algún punto, hasta 1966. Caracterizó, por su parte, a la legislación acerca de los aspectos vinculados con los Ministerios de Justicia y Educación, cuyos titulares fueron Rodezno y Sainz Rodríguez, respectivamente, una voluntad decidida de restauracionismo religioso que llevó a la purga del personal docente y a la abolición de la legislación laica de la República, dando un extremado carácter clerical a la nueva. Lo que luego fue denominado como Fuero del Trabajo, única disposición de rango constitucional aprobada en el transcurso de la guerra, hecho expresivo de la indefinición de los sublevados, fue elaborado por dirigentes falangistas (Dionisio Ridruejo y el ministro Pedro González Bueno), por lo que tenía concomitancias originales con el fascismo, como lo prueba la intervención y asesoramiento de personas ligadas a la Embajada italiana. Pero luego, por influencia monárquica y tradicionalista, no pasó de ser un conjunto de declaraciones generales, apenas traducidas por el momento en legislación concreta. Se puede decir, por tanto, que a lo largo de 1938 las victorias militares de Franco en la guerra no fueron acompañadas de una paralela clarificación del panorama político interno de su régimen. Cierta propensión fascista y una radical indefinición que en la práctica multiplicaba el poder político de Franco resultaron los rasgos más característicos de un Nuevo Estado que daba la predominante sensación de provisionalidad.

Lo que, en cambio, quedó muy claro fue el predominio avasallador de Franco como dirigente político. A este respecto resulta muy interesante el discurso pronunciado por él en la conmemoración de la sublevación, el 18 de julio de 1938, quizá el más significativo de los de contenido político que pronunció a lo largo de este año. Franco dio a esta conmemoración el carácter de celebración de la llamada «revolución nacional», lo que ya empezaba por tener un obvio componente fascista, al menos en el lenguaje. Además, en el discurso, leído ante el micrófono de Radio Nacional, estableció una vinculación, quizá un tanto forzada, entre sí mismo y José Antonio Primo de Rivera con ocasión de la revolución de Asturias en 1934; luego se perdió en la versión conspiratoria del estallido de la guerra civil y en la condenación del adversario militar. Pero lo más interesante de su intervención fue la alusión que hizo al Nuevo Estado y a los posibles disidentes en la España que acaudillaba. Siempre había repudiado desde los años de la experiencia marroquí el sistema liberal, que ahora describió como «de apetitos y clientelas políticas». Pero, además, ofreció una contraposición de un Estado «neutro y sin ideales» y otro «misional y totalitario». Si el primero de estos dos últimos calificativos parecía tener al menos el recuerdo de un factor religioso, lo cierto es que a continuación había una diatriba violentísima en contra de la resistencia al segundo con toda una peculiar interpretación del pasado español que tenía muy poco que ver con la Historia, pero que serviría de argumento frente a don Juan de Borbón en cartas posteriores en que los Reyes Católicos fueron presentados como un modelo de totalitarismo. Dijo Franco: «Si algunos, al servicio encubierto de los enemigos de la unidad y grandeza de España o infiltrados de virus liberal, murmuran que esto no es nacional o que es pagano, les ofrecemos la ejecutoria del Estado español de nuestros Siglos de Oro, con su carácter misional y su cadena de ideales, que fueron la base de su Imperio, el cual cae y se derrumba cuando se pierden aquellas sublimes aspiraciones, cuando el Estado se vuelve indiferente y cuando a la cabeza pensante de un Caudillo suceden las asambleas deliberantes de hombres sin responsabilidad en que el extranjerismo se adueña de España y es causa de nuestra decadencia».

No hay palabra en este discurso que tenga desperdicio. Lo esencial es el nacionalismo que fundamenta en el pasado el proceso de fascistización en el presente, mientras que el repudio del pluralismo tenía como consecuencia la exaltación de un Caudillo que, si en el pasado podía ser Felipe II, en el presente era, sin duda, él mismo. Patente estaba también en este planteamiento la condena a quienes juzgaran este camino hacia el totalitarismo como algo no vinculado a la tradición nacional o ajeno al cristianismo. Franco escribió, en un principio, que repudiaría y aplastaría «a los que arguyan que esto no es español». Al final tachó esa frase, pero no, de momento, otra en que aseguraba que «la España fascista, la que tuvo el yugo y las flechas por emblema, la del Caudillo responsable y carácter misional», era aquella que había servido de modelo «que hoy adoptan los pueblos que cuidan su grandeza». Así, la España imperial parecía antecedente del fascismo y el nazismo, planteamiento del que no se sabe qué admirar más, si su ignorancia o su audacia. En la versión final del texto aparecida en la prensa acabó desapareciendo esa referencia a la España nacionalista como fascista, aunque bien significativo es que Franco escribiera esas frases de su propia mano y solo las tachara al final.

Importa señalar que el contenido de esos planteamientos debía tener como resultado final la unificación política absoluta y una completa desaparición de la discrepancia. «Nuestro régimen —prosiguió Franco— no es, pues, ni un capricho ni una fórmula artificiosa de organización; es una necesidad histórica, indispensable a la propia existencia de la Patria». Y ello se concretaba en lo siguiente: «Hay que soldar al pueblo, dividido por los partidos; hay que unir medio siglo de separaciones; hay que borrar los prejuicios de la lucha de clases; hay que hacer una justicia; hay que educar un pueblo y separar a nuestras juventudes de resabios liberales; […] tenemos que poner mano dura sobre los desvíos de la juventud, si alguien se apartase de la línea marcada». Un último párrafo del discurso concluía por reintroducir el componente religioso y el repudio de cualquier disenso: «El espíritu de crítica y reserva es cosa liberal que no tiene arraigo en el campo de nuestro Movimiento, y os repito, una vez más, que su tónica es militar y monástica y a la disciplina y patriotismo de aquella ha de unirse la fe y el fervor de lo religioso». El componente más tradicional aparecía esgrimido en este momento, pero el propósito totalitario pesaba sobre las líneas anteriores.

Esta mentalidad tan proclive al fascismo, aun tan incorrectamente dibujado, se pudo percibir en algunas otras intervenciones de Franco a lo largo de la segunda mitad de la guerra civil. En la más importante de ellas, la que conmemoró su exaltación a la Jefatura del Estado, queda bien patente que el ropaje totalitario iba dirigido de manera principal a la concentración del poder político en un liderazgo personal y salvador. En este mismo año había recibido ya el ascenso a capitán general de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, consolidando su caudillaje militar. Ahora recibió el político de manos de Fernández-Cuesta, como secretario general del partido, quien aseguró que «la unidad española se consigue en la sumisión de todos sus hombres y de todas sus partes a una sola disciplina, a una sola obediencia, a un solo Jefe». Incluso asistió al acto el arzobispo de Burgos, y habló de la aparición providencial de Franco en un momento en que «la locura demoníaca parecía empeñada en perder a España». Tanto entusiasmo exaltatorio fue respondido en términos equivalentes por aquel cuya fiesta de exaltación se celebraba. La del 1 de octubre representaba —dijo— «la voluntad de nuestro pueblo de buscar su unidad». Él cumpliría su función con la ayuda del Todopoderoso: «Pido a Dios claridad de pensamiento y fortaleza de brazo para poder gobernar con la equidad y espíritu de servicio con la que mi Gobierno está dispuesto a secundarme para poder llevar a cumplimiento la revolución que España tiene pendiente y que mi Movimiento encarna y para llevar a la Patria a las cumbres del poderío que mis Ejércitos están dispuestos a mantener». A este fin, todo quedaba en las manos de quienes le oían: «Así será si vosotros sois siempre unos en la obediencia, en la fe y en el impulso».

Pero esta apariencia de unión en torno a un Caudillo tenía poco que ver con la realidad interna del régimen percibida desde el mismo Gobierno. No solo la unificación había sido un fracaso, en términos de sentimientos de los grupos ante ese proceso, sino que en la etapa final de la guerra, mientras que Franco parecía cada vez más seguro y consciente de su condición de Caudillo, algunos de sus principales colaboradores quedaron muy decepcionados respecto de sus capacidades e incluso del papel que ellos mismos habían jugado en su promoción. Entre los ministros, esta posición resulta manifiesta en los casos de Martínez Anido, Sainz Rodríguez y Amado. Incluso Jordana, caracterizado por su fidelidad a Franco, pensaba que las instrucciones que le daba eran «demasiado inconcretas como para ser aplicables». Gran parte del malestar existente entre los ministros y, en general, la clase dirigente del régimen era producto del ascenso de Serrano Suñer, único ministro que aparecía en la prensa y que parecía beneficiarse constantemente de su relación familiar con Franco. En estas condiciones, lo que muy pronto caracterizó al primer Gobierno del Nuevo Estado fue una profunda desunión.

Ya en mayo de 1938 el diario de Jordana, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, recoge la actitud de Franco, que, «seguramente impresionado por algún chisme, me llamó la atención en el sentido de que le satisfacía la marcha de los asuntos internacionales». En julio existieron las primeras discrepancias respecto de la propaganda exterior; lo que Jordana quería era que esta «se hiciera de acuerdo conmigo y mis intervenciones se difundieran más» en la prensa controlada por Serrano. Pero fue en octubre cuando el deterioro de las relaciones entre Jordana y Serrano se hizo más manifiesto. A partir de comienzos de este mes el vicepresidente empezó a presidir algunos de los Consejos de Ministros en ausencia de Franco. Tal decisión, sin duda, no le sentó nada bien a quien era la estrella ascendente del Gobierno. Muy a menudo, cuando presidía Jordana, Serrano llegaba tarde, como si concediera a esas reuniones menor significación que a la tarea a desarrollar en su despacho. Persona muy disciplinada y fiel a Franco, Jordana, que tenía una personalidad propia, a veces discrepaba de él en puntos importantes. Lo hizo en relación con la actitud a adoptar sobre las relaciones con el Vaticano, en que escribió que Franco tenía una «idea completamente equivocada», o sobre la depuración del Cuerpo Diplomático, que al Caudillo le pareció «demasiado blanda», cuando él tendía a apoyarse en los elementos más establecidos de la carrera. Hubo un momento en que Jordana comenzó a aceptar con menor paciencia a un Franco que cada vez estaba más seguro de sí mismo y de sus capacidades y que, al mismo tiempo, mostraba cada vez más patentes insuficiencias en su formación. «Su idea acerca de este asunto —escribió en una ocasión—, completamente imprecisa, es dificilísimo de llevarla a la práctica». No puede haber un juicio más duro acerca de quien se consideraba un estadista providencial. Ya en 1939, a Jordana empezó a sucederle lo que a otros muchos miembros del Gobierno, es decir, que soportaba mal las largas peroratas de Franco sobre materias de las que ignoraba casi todo: «El Generalísimo —escribió en otra ocasión— me dio una sesión de dos horas hablándome de cuestiones económicas».

Lo que más influyó en la sorda irritación de Jordana en los últimos meses de su permanencia en el Gobierno, como en el caso de la mayor parte de los ministros, fue la creciente influencia, que consideraba por completo contraproducente, de Serrano Suñer. Se traducía en la más completa intromisión en temas ajenos, incluidos los de política internacional. A principios de marzo de 1939 el diario de Jordana ya aludía directamente a Serrano, haciéndole responsable de una presentación de la victoria militar propia de una manera que resultaba contraproducente por completo para mantener buenas relaciones con los países europeos no pertenecientes al Eje. Lo que en estos momentos de victoria escribió no puede ser más expresivo y contrasta con la presumible satisfacción que debiera haber sentido ante el inmediato triunfo militar: «Semana de lucha enorme para contrarrestar la campaña tendenciosa y nociva en extremo para nuestra política internacional. Todos mis esfuerzos para que sea yo, como responsable, el que lleve la dirección política internacional fracasan completamente porque el ministro de Gobernación y Propaganda, en su desmesurado afán de invadirlo todo, y la colección de inconscientes que lo rodean, que se atribuyen todas las inquietudes del Movimiento, campan por sus respetos sin freno. Esto me produce máxima amargura que exterioricé ante el Generalísimo en mi despacho del lunes. Me dio la razón y llamó la atención del ministro de Propaganda [sic], ordenándole que sometiera a mi censura cuanto se refiere a la política internacional. Surtió algún efecto de momento, pero es vana esa tarea porque volverá al sistema de campar por sus respetos contra el que nadie puede». Llama la atención que Jordana llegara incluso a modificar el título del Ministerio de un Serrano cada día más abrumadoramente presente en la prensa.

Con el final de la guerra civil, Jordana había llegado ya a la saturación. Poco ambicioso en el terreno político y sobrecargado de trabajo, llegó a la conclusión de que debía abandonar el Gobierno. Visitó, entonces, a Franco y «le expuse —cuenta en su diario— mi opinión de que ante los gravísimos problemas que es menester afrontar es necesario que se halle asistido por un Gobierno de plena autoridad [pero] el actual carece de ella, no por el desgaste de los ministros […] sino porque, tal vez por no contar con la debida confianza y por esa campaña ególatra y absurda de propaganda en la que solo aparece siempre la figura de Serrano Suñer, los demás ministros quedan siempre en lugar desairado, estimando la opinión, por cierto con protesta y desagrado, que todas esas campañas son encaminadas para preparar el terreno y nombrar presidente a Serrano». Franco, sin embargo, tardaría en realizar la crisis ministerial cuatro meses y, ante la sugerencia de un nombramiento de Serrano como presidente del Gobierno, hizo un gesto dubitativo, testimonio de que ya había optado por tener en sus manos la totalidad del poder, decisión en la que permaneció hasta dos años antes de su muerte.

El testimonio de Rodezno resulta muy coincidente con el de Jordana en sus rasgos principales y, al mismo tiempo, divergente en la vehemencia a la hora de expresarlo. En la actitud de Rodezno hubo un componente ideológico que no cabe ignorar. Abominaba de la Falange juvenil y revolucionaria, en la que había encontrado, como también en algunos otros miembros del Gobierno, una dura resistencia a esa «reparación del laicismo» que él había tratado de llevar a la práctica desde la cartera ministerial. Sabía que la unificación se había convertido en absorción de los carlistas, y Franco, que le había parecido muy superior al resto de los generales, se había ya desmoronado por completo en su aprecio; pronto le indignó y lo encontró ridículo. Sin embargo, toda su indignación se dirigía, por el momento, en contra de Serrano Suñer, sobre el que no pareció haber tenido inconveniente en expresarse, aun en privado, con extremada violencia.

La irritación de Rodezno con el propio Gobierno de que formaba parte fue anterior a la de Jordana, más profunda, y no dudó en compartirla con otros miembros del Gabinete. A la altura del verano de 1938, Rodezno había roto prácticamente con Serrano. El 20 de agosto le escribió una carta que no puede ser más indicativa de su irritación, del poder que tenía Serrano y de su deseo de llegar por su intermedio a Franco. Se quejaba de que en el Consejo de Ministros no se hubiera hablado prácticamente nunca de política, pero sobre todo señalaba su «discrepancia profunda con la tónica general que va dominando». Falange era, para él, «una organización política que en los precedentes e iniciación del Movimiento solo pudo ofrecer un concurso meritorio pero modesto». Había sido, en realidad, el Ejército el que había podido unir a sectores que eran muy diversos. Julio de 1936 no había sido una sublevación por el nacionalsindicalismo, pero este iba imponiéndose a través de «concepciones y modos unilaterales». Con «angustiada expresión de preocupación patriótica», aseguró al cuñado de Franco que «jamás en lo político contemporáneo (me refiero, claro está, a nuestro campo) se ha montado un elenco directivo más dispuesto a hundirnos de nuevo en desenfrenos demagógicos o a terminar su vida en una impopularidad sin precedentes». Para medir la violencia de estas frases hay que tener en cuenta que en este momento todo el mundo sabía que quien presidía en realidad ese equipo dirigente no era otro que el propio Serrano. Pero este era consciente de que su cuñado necesitaba, por el momento, de la tendencia carlista identificada con Rodezno.

Desde hacía tiempo el ministro de Justicia había visto con preocupación el hecho de que Franco atribuyera una condición vetusta al carlismo. A partir de octubre, como muchos otros ministros, empezó a darse cuenta de las limitaciones de aquel a quienes todos llamaban Caudillo. En los Consejos se perdía con mucha frecuencia en «minucias de abastos» y, en cambio, cuando se intentaba introducir el debate político de fondo, hacía un «frunce especial», indicativo de que ese era un terreno que se reservaba única y exclusivamente para sí mismo y sus asesores. Lo peor venía cuando tomaba la palabra para desvelar los grandes proyectos de futuro que iba a emprender nada más concluir el período bélico. Explicó, por ejemplo, un proyecto para eliminar la deuda contraída con el exterior durante la guerra y «por las claras comprendía que a todos nos estaba pareciendo una simpleza». Debía serlo, porque el ministro de Hacienda, Amado, se inclinó al oído de Rodezno y le dijo: «Este hombre está en la luna. Esto es una tertulia de café».

No puede extrañar en ese ambiente que en el mes de noviembre apareciera en el diario de Rodezno un expresivo «ya no puedo más». Tres días antes de la Navidad de 1938, Serrano, «entre infantil e insensato», según le describe Rodezno, fue protagonista principal de uno de los Consejos de Ministros más desagradables al presentar unos figurines con el futuro uniforme de los ministros. «Una monada», comentó Rodezno, añadiendo que «está por nacer el sastre que así me vistiera a mí». En los descansos entre las sesiones del Consejo, Rodezno se encontraba con que tanto Serrano como Franco bromeaban acerca de él, calificándole de «liberal». Por supuesto, no lo era; pero, en cambio, tenía mucho más respeto por las instituciones deliberantes como procedimiento para llegar a la toma de decisiones, frente al ordeno y mando nacido desde arriba.

El panorama de una paz inmediata era más preocupante, para buena parte de los ministros, que una guerra que ya consideraban como ganada. Franco había comenzado a mostrarse locuaz en extremo, pero esto a los ojos de sus colaboradores no era algo que agigantara su figura, sino que la empequeñecía. «Además de muy hablador —apuntó Rodezno—, es hombre para quien el tiempo no cuenta; jamás ha usado reloj». Sainz Rodríguez le escuchaba y no daba crédito a lo que oía. Quien no estimaba críticas más o menos subterráneas en contra de Franco las lanzaba en contra de Serrano Suñer. En marzo de 1939, Italia concedió distinciones honoríficas a los ministros españoles, pero lo hizo graduando el peso político de cada uno de ellos: Serrano recibió una condecoración de mayor importancia que la del resto de sus compañeros, como también Jordana, cuando solo en este caso, desde el punto de vista administrativo, existía razón para ello. Eso bastó para que Suanzes, ministro de Industria, se negara a aceptar la suya, y «este detalle quincallero —comentó el ministro de Justicia— demostró cómo estaba el patio». El endiosamiento y aparente omnipotencia de Serrano hacían que cualquier decisión que se tomara, fuera intrascendente o no, despertara las inmediatas prevenciones del resto de los ministros contra él. A la coronación del nuevo papa Pío XII fue enviado Fernández-Cuesta, lo que Rodezno tomó como «una nueva desatención» para una persona como él, en quien recaía la responsabilidad de ocuparse de las relaciones entre Iglesia y Estado. El ministro de Justicia creía que ante las esferas vaticanas podía hacer mejor papel que «el camarada Raimundo», pero este, muchos años después, en sus memorias, todavía parece pensar que fue un procedimiento para alejarle de Madrid en el momento de la conclusión de la guerra civil, lo que es también expresivo de la prevención contra Serrano.

A comienzos de 1939 esta tensa situación estalló. Franco, indignado, destituyó a Sainz Rodríguez, autor de una serie de inocuas bromas acerca de su cuñado. Cuando se lo comunicó al Consejo, la actitud de sus ministros le pareció insuficientemente sumisa y llegó a amenazar con ejecutar a quien todavía no había sido sustituido de forma legal. De este modo la guerra civil concluyó con una situación en la que ya resultaba inevitable un inmediato cambio gubernamental. Rodezno, por aquellos días, anotó en su diario que «este hombre —Franco— no tiene remedio y nos ha dado un buen chasco».

La identificación entre ambos cuñados debe haber sido en este momento completa; con el paso del tiempo se deterioraría gravemente, pero faltaba mucho para que así sucediera. Lo importante desde el punto de vista político es que Serrano, con su bagaje intelectual, había apuntalado la autoconciencia de un dictador. Si hay un término para describir el estado de ánimo de Franco es el de efervescencia. No solo estaba entusiasmado con la victoria, sino también consigo mismo, con la condición de estadista, Caudillo de la paz y de la reconstrucción, que creía otorgada por la Providencia. Se sentía capaz de enderezar el rumbo de España, encauzándolo por senderos muy distintos que aquellos a los que le había conducido la mediocridad de sus predecesores. Si alguna duda tuvo en algún momento acerca de su papel, la presencia de Serrano Suñer a su lado como consejero áulico se la disipó de manera radical. Tenía grandes planes y los exponía sin cesar a sus ministros y a los visitantes extranjeros. Estaba dispuesto a actuar de forma decidida, y en esos momentos para él esto significaba identificarse, por muy confusa que tuviera las ideas acerca del fascismo, con lo que este representaba. Quienes le oían adivinaron que en él se había producido un cambio fundamental e irreversible y supieron medir sus consecuencias. Se trataba de un cambio que le afectaba personalmente a él, pero también al régimen que había de encabezar y dar nombre durante largos años. El 20 de mayo de 1939, el conde de Rodezno llegó a una conclusión que habría de ser profética: «Esto parece que toma rumbos de poder personal indefinido». Así fue, desde luego.

La espontaneidad de la actitud de Franco era tal que no tenía inconveniente en mostrarla con claridad cristalina ante los embajadores extranjeros; lo hacía incluso con ingenuidad total y con una sobreabundancia de explicaciones que con el paso del tiempo serían la precisa antítesis de su talante como gobernante discreto que no abría la boca en los Consejos de Ministros o se limitaba a apostillar la intervención de sus consejeros con tan solo unas palabras. Tan solo una semana antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se había formado un Gobierno en que el predominio de Serrano fue bien claro, recibió Franco al embajador portugués, personaje de gran importancia en el régimen de Salazar. Pedro Teotonio Pereira encontró a Franco satisfecho de haber conseguido, por fin, contar con un Gobierno homogéneo, de hombres probados por la guerra; para él eso era esencial, porque sin unidad política «era imposible llevar a cabo las grandes reformas que tenía a la vista». Hablaba con entusiasmo y exuberancia verbal de los principales problemas de gobierno, principalmente de aquellos sobre los que había escrito textos privados planificando el inmediato futuro. Le preocupaba el castigo de los rojos (citó, por ejemplo, la redención de penas por el trabajo) y la reconstrucción civil. Se explayó en sus ideas económicas para España: había que conseguir elevar el nivel de vida de las clases trabajadoras sin encarecer la producción. No veía contradicción posible entre estos dos principios y no dudó en rozar la impertinencia a la hora de indicar la magnitud del esfuerzo social al que estaba dispuesto: iba a avanzar tanto en este terreno que Portugal no le iba a poder seguir y, en consecuencia, habría un contraste entre ambos países. Lo decía en tono grave e ingenuo y argumentaba que no entendía cómo el presupuesto portugués se liquidaba sin déficit «cuando había tantas cosas para hacer». No parecía dispuesto a aceptar de buen grado los consejos de prudencia a que pretendió inducirle la ortodoxia conservadora del dirigente salazarista. Por el contrario, se embarcaba en «largas cogitaciones» tanto sobre política exterior como interior. «Noto —escribió Teotonio a Salazar— que cada vez le gusta más hablar con tono doctoral sobre los asuntos más complejos e inesperados». No eludía las relaciones internacionales y respecto de ellas alarmó al embajador portugués. Acercando la silla a la suya, le dijo confidencialmente que viajaría a Roma y a Berlín antes que hacer cualquier viaje a Portugal (no tuvo inconveniente en dar la sensación de que tenía una impresión negativa acerca del país vecino). Pensaba que Italia tenía derecho a su espacio vital y que Alemania conseguiría que Polonia acabara cediendo ante ella; incluso no mostró ningún reparo en que su aliado Hitler hubiera pactado con Stalin. Teotonio acabó la conversación muy preocupado y así se lo escribió a su jefe de Gobierno: «Confieso a V. E. que cada día tengo más aprensión sobre las ideas del Generalísimo. Lo encuentro enamorado del Poder y del poder personal. De todos cuantos gobiernan España, es él quien me dice cosas más extrañas y quien habla un lenguaje más próximo al Eje».

Por supuesto, nadie podía hacer afirmaciones semejantes en público en España, pero personalidades de la derecha ausentes del Gobierno coincidieron en el diagnóstico sobre Franco de estos momentos. Francesc Cambó, el líder catalanista que le prestó una importante ayuda desde el punto de vista de la política exterior, escribió, tras oír algunas de las intervenciones de Franco: «El Generalísimo desconoce la Historia de España; habla de política y muestra que no sabe más que un tertuliano de un cafetín de pueblo; habla de economía y ¡válgame Dios las cosas que dice!». Era lo mismo que pensó años después el general Alfredo Kindelán, que había jugado un papel decisivo en la promoción de Franco a las altísimas responsabilidades que desempeñaba en esos momentos. Kindelán había tratado a Franco con frecuencia durante la guerra civil y se convirtió en uno de los personajes más caracterizados del monarquismo tras ella. Para diagnosticarle empleó la expresión «mal de altura», que parece apropiada. Decía que era taimado y cuco, más que perverso, y asimilador de ideas más que productor de ellas. El «mal de altura» lo percibía en él sobre todo porque, como los escaladores que remontan en exceso para sus posibilidades, parecía mareado por la cota que había alcanzado partiendo de sus limitadas capacidades y, más en concreto, por una formación deficiente. La combinación entre esa ignorancia, la tendencia a creer en fábulas conspiratorias, el ansia de poder y el caudillaje obtenido durante una larga guerra habían tenido como resultado el descrito.

Puede decirse, en conclusión, que durante la guerra civil, de una manera poco frecuente, atendiendo a lo que sucede habitualmente en este género de conflictos, el bando sublevado consiguió un grado de unidad política considerable en un plazo corto de tiempo. Esto contribuyó, sin duda, de manera importante a la victoria, aunque habría que preguntarse también lo que podría haber llegado a suceder si en algún momento los sublevados hubieran experimentado una grave derrota militar. Franco utilizó una evidente prudencia y habilidad, pero, además, se vio beneficiado de una ventajosa posición que nacía de la peculiar situación de las fuerzas políticas que dirigía, divididas entre el posibilismo y el purismo y carentes de liderazgo claro desde que comenzó el período bélico. En lo que tenía de régimen dictatorial personal y militar, muy poco institucionalizado y con un partido único pero de influencia política fascista tan evidente como también limitada, se puede decir que el franquismo se engendró como régimen durante la guerra civil. Pero solo durante la Segunda Guerra Mundial Franco se convirtió en árbitro permanente de las tendencias políticas de la derecha en un momento dificilísimo para él y su régimen que hubiera podido suponer la entrada en el conflicto mundial y la «fascistización» completa. En 1939 todavía existía una latente confrontación entre esos grupos que ni siquiera la dirección bélica de Franco y la exaltación de su persona que le proporcionó su cuñado lograron superar.

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7. Instituciones y poder local en el nuevo Estado (Ángela Cenarro)

7

INSTITUCIONES Y PODER LOCAL

EN EL «NUEVO ESTADO»

Ángela Cenarro

La sublevación que se propuso depurar

LA SUBLEVACIÓN QUE SE PROPUSO DEPURAR

La tarde del 17 de julio de 1936 corrió como la pólvora la noticia de que la guarnición de Melilla se había levantado contra la República. En estos primeros momentos no estaban claras las verdaderas intenciones de los militares rebeldes, y muchos creyeron que se trataba de una militarada más. Durante los días siguientes la insurrección fue extendiéndose por la Península, a medida que un nutrido grupo de oficiales, distribuido en las principales guarniciones, declararon el estado de guerra o forzaron a sus superiores a hacerlo. Los bandos, firmados por la máxima autoridad de cada Región Militar, se distribuyeron por las ciudades en hojas volanderas o se colocaron en las paredes de las calles más céntricas. A partir de ese momento, cualquier acto de resistencia u oposición al golpe se sometió a la justicia militar, y derechos tan elementales como el de reunión o huelga fueron suprimidos de un plumazo. Y, curiosamente, aunque los primeros mensajes radiados o escritos de las autoridades militares terminaban con vivas a la República, en su nombre serían eliminados los representantes políticos de la primera democracia española. Era el fin de las esperanzas republicanas, de ese breve período que había intentado convertir la arena política en fuente de reformas sociales. En su lugar llegaban la militarización, la subordinación y el control exhaustivo, principios organizativos que el Ejército español siempre llevaba consigo.

Los distintos bandos declaratorios del estado de guerra, emitidos el 19 y 20 de julio en aquellas capitales donde había triunfado la sublevación militar, iban dirigidos a los políticos republicanos. Emilio Mola, líder de la conspiración, firmó el de la IV División, que, entre otras muchas cosas, militarizaba a las autoridades y funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. De esta forma, cualquier delito que cometieran, entendiendo por tal toda muestra de resistencia al levantamiento, sería castigado conforme establecía el código de justicia castrense. Saliquet, al frente de la VII División, indicaba que serían depuestas todas las autoridades que no ofreciesen confianza o no prestasen el debido auxilio al Ejército[1]. En algunas ciudades, como en Orense, el comandante militar conminó a tribunales y corporaciones a seguir desempeñando sus funciones como si nada hubiera pasado. Hasta ese punto podía llegar la obsesión por ofrecer una imagen de normalidad, siempre conveniente cuando se intentaba mantener el orden. Ahora bien, en otros lugares, los bandos contribuyeron a desvelar los verdaderos objetivos de las guarniciones sublevadas, al declarar la suspensión de los ayuntamientos republicanos nombrados tras las elecciones del Frente Popular unos meses atrás. Y en todas partes, con independencia de las palabras del bando, los militares disolvieron las corporaciones locales y provinciales para nombrar otras, casi siempre de carácter interino, hasta que la situación se clarificase[2].

En torno al día 27 de julio el panorama se despejó. La recién constituida Junta de Defensa Nacional decretó que los gobernadores civiles debían considerarse destituidos a partir del 19. Una decisión como esta, con efectos retroactivos, parecía la consecuencia de que en muchas capitales de provincia las sedes de los gobiernos civiles se hubieran convertido en espacios de resistencia al golpe. Durante esos días cruciales, cuando el triunfo o el fracaso de la sublevación todavía no estaba decidido, sus salones habían acogido la reunión de las principales autoridades civiles, los más destacados representantes del Frente Popular y algún miembro de la Guardia Civil leal a la República. Allí habían deliberado sobre las estrategias más adecuadas para frenar el golpe, y también, a sus puertas, habían acudido miembros de las organizaciones obreras pidiendo armas para poder plantarle cara con eficacia. Pero la decisión de la Junta, como enseguida se vio, no solo parecía cercenar las muestras de oposición espontánea a un nuevo episodio de intervencionismo militar, sino también apuntar a la cabeza visible de la República en el ámbito local[3].

La ocupación de los principales edificios públicos donde se ubicaban las instituciones locales y los centros de comunicaciones formó parte del ritual de esa sublevación que presentaba algunas novedades, pues esta vez no se hacía por delegación de ninguna instancia gubernamental ni estatal. La Junta de Defensa Nacional, integrada por varios generales insurrectos, imponía su voluntad por encima de todo, y para demostrarlo, nada mejor que emitir un bando ratificando y haciendo extensivo a todo el territorio sublevado la declaración del estado de guerra. Así lo hizo el día 28 de julio. En el artículo tercero se especificaba que los funcionarios, autoridades o corporaciones que no prestasen

el inmediato auxilio que por mi autoridad o por mis subordinados sea reclamada por el restablecimiento del orden o ejecución de lo mandado en este Bando, serán suspendidos inmediatamente de sus cargos, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad criminal, que les será exigida por la jurisdicción de Guerra[4].

Como tantas otras disposiciones, este decreto pretendía barnizar con tintes de legalidad una realidad dramática, pues la totalidad de los gobernadores, alcaldes o concejales habían sido ya depuestos por la fuerza de las armas, detenidos, encarcelados y, en muchos casos, asesinados. Así sucedió con el gobernador civil de Teruel, Domingo Martínez Moreno, que se suicidó en Zaragoza, cuando lo trasladaban a Logroño; con el de Zaragoza, al que le aplicaron la ley de fugas; el de Lugo, Ramón García Núñez; el de Burgos, Julián Fagoaga Reus. El de Granada, César Torres Martínez, pasó un consejo de guerra, pero consiguió salvar su vida. Similar fue el destino de casi todos los que ocupaban un puesto en la política local. En Salamanca fueron fusilados Casto Prieto Carrasco, profesor universitario y primer alcalde republicano, así como otros dos concejales representantes de la clase obrera, Casimiro Paredes Mier y Manuel Alba. En Logroño, Basilio Gurrea Cárdenas, quien fuera alcalde de Izquierda Republicana, y el concejal socialista Ignacio Aragón Bacigalupe. En Sevilla fueron detenidos para ser fusilados unas semanas después el doctor José María Pueyes, médico republicano y presidente de la Diputación Provincial, y el alcalde, Horacio Hermoso Araujo. También, Tomás González Cuevas, concejal socialista y vicepresidente de la Diputación Provincial de Valladolid. En Zaragoza fueron eliminados casi todos los miembros del Ayuntamiento y la Diputación; en Huesca, el alcalde, Mariano Carderera, así como el exalcalde Manuel Sender, hermano de Ramón, y otros concejales. En Teruel cayeron el alcalde, Pedro Fabre, y el presidente de la Diputación, Ramón Segura. Y en Granada, el alcalde, Manuel Fernández-Montesinos, casado con la hermana de Federico García Lorca.

Las detenciones y fusilamientos, sin ningún tipo de garantía judicial, desvelaron de manera definitiva las intenciones que latían tras el golpe de Estado. La principal y más importante era poner fin a la Segunda República y esas transformaciones profundas en la esfera de la política que la «niña bonita» había traído consigo. En 1931 los gobiernos civiles, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos se habían convertido en espacios políticos democráticos donde la República se jugaba su futuro, pues en manos de quienes los ocupaban recayó la responsabilidad de aplicar de manera efectiva la nueva legislación reformista. Cinco años después, los gobernadores y alcaldes frentepopulistas tuvieron que hacer frente a un golpe concebido para aniquilar esas propuestas de organizar el Estado y la sociedad. Ellos fueron las principales víctimas del proyecto purificador que los militares estaban poniendo en práctica, al ser las cabezas más visibles del régimen republicano y los principales beneficiarios del desplazamiento de las viejas élites vinculadas a la Monarquía que había tenido lugar en abril de 1931.

El paso siguiente era ocupar las instituciones locales y controlarlas, para lo cual nada mejor que elevar otros hombres a esos puestos clave. Estos venían amparados por la máxima autoridad militar de la provincia, que los designaba a su antojo y los protegía. También se ajustaban a un perfil muy concreto. En el verano de 1936 abundaron los militares que se hicieron con los resortes del poder civil, o mejor dicho, que lo sometieron a sus designios. El cargo de gobernador civil fue ocupado por el teniente coronel Santa Pau Ballester, en Salamanca; el teniente coronel de la Guardia Civil Joaquín García de Diego, en Valladolid, y el capitán de Artillería Emilio Bellod, una figura central en la trama conspirativa, en Logroño. Lo mismo pasó en dos provincias aragonesas, con el comandante de la Guardia Civil Julián Lasierra Gil, en Zaragoza, y el teniente coronel Gervasio Sáez de Quintanilla, en Huesca. En Burgos fue el propio general Fidel Dávila quien ocupó el preciado cargo, aunque solo por unos días, y en Granada, el comandante José Valdés Guzmán, jefe de la Milicia de Falange, que había desempeñado un papel clave en la preparación del «alzamiento» en esta capital.

Las corporaciones tampoco se libraron de la injerencia del Ejército sublevado. El comandante Del Valle asumió la alcaldía de Salamanca; José Vallés Foradada, capitán de Infantería retirado, la de Huesca, y otros lo hicieron con la presidencia de las diputaciones provinciales. Así sucedió en Sevilla, con el teniente coronel Antonio González Espinosa, uno de los máximos dirigentes de la UME, y en Huesca, con el capitán de Veterinaria retirado Ignacio Pérez Calvo. En Lugo, el comandante de Artillería Juan Yáñez Alonso se puso al frente de la gestora municipal, y el teniente coronel José Pardo y Pardo-Montenegro hizo lo propio en la provincial. En el caso de que las gestoras estuvieran íntegramente compuestas por civiles, un delegado militar se encargaría de presidir las sesiones y garantizar que ni una sola de las palabras emitidas cuestionaran o desafiasen el nuevo orden. Lo mismo sucedió en las zonas rurales, donde la Guardia Civil solía efectuar el traspaso de poderes. En las localidades orensanas, por ejemplo, se recurrió a oficiales del Ejército retirados e incluso a personas de orden para cumplir este cometido. Al fin y al cabo, las nuevas comisiones gestoras debían ser meras comparsas del poder militar, el único que tenía capacidad para tomar decisiones en un estado de guerra.

Datos como estos demostraban que la finalidad no era volver a la situación anterior a 1931, a los estertores de la Monarquía. La sociedad española demandaba respuestas que hicieran frente a esas necesidades derivadas del proceso de modernización en el que estaba sumida desde finales del siglo XIX. Tales respuestas podían llegar por la vía democrática o por la vía autoritaria, y los resultados, lógicamente, serían completamente diferentes. Pero estaba claro que en la España de 1936 no era posible cambiar algo para que todo siguiera igual. Cualesquiera que fueran los métodos, a esas alturas era imposible ignorar o desoír las demandas de participación de amplios colectivos sociales en el Estado. El golpe militar iba contra estas transformaciones, y sin embargo, paradójicamente, también las agudizó. Pues aunque el Ejército y sus aliados pretendían terminar con la movilización de izquierdas, la de signo derechista se disparó tras la sublevación y tuvo que ser encauzada adecuadamente. Los voluntarios del 18 de julio fueron miles, encuadrados en las milicias de Falange, Requeté o Acción Ciudadana, que en diciembre quedó sometida al Código de Justicia Militar. Y si bien desde el primer momento los militares se aseguraron de que actuaban a sus órdenes, la presencia en la escena pública de estos colectivos dejaría su impronta en la configuración de la clase política local a medida que avanzaba la guerra[5].

Además, el golpe de Estado no había conseguido prosperar en buena parte del territorio peninsular e insular, lo que dio paso a una coyuntura de guerra. Y la guerra impuso su lógica: aniquilar al enemigo y vencerlo en el frente de batalla. Para ello fue necesario someter la zona ocupada a un proceso de control y centralización exhaustiva. Cuando tanto se estaba decidiendo en el frente, nada podía dejarse al azar en la retaguardia. Hubo que empezar por garantizar las máximas adhesiones; de ahí que enseguida se abrieran numerosas suscripciones patrióticas dirigidas a recaudar fondos para la causa[6]. Asimismo, los nuevos gobernadores civiles presidieron una serie de comisiones que, integradas por los máximos exponentes de la banca y el comercio local, debían elaborar una lista de todas las empresas existentes en cada provincia con el fin de tener un conocimiento certero sobre sus directores, su producción y sus beneficios. El triunfo de la Nueva España requería el apoyo del capital, y para ello desplegaron sus esfuerzos los representantes de la élite política y económica de cada ciudad. Ahora bien, aunque la militarización alcanzó también al poder económico y los empresarios tuvieron que someterse al designio de los oficiales rebeldes, muchos optaron por contribuir a la victoria de los rebeldes de manera voluntaria[7].

Septiembre trajo consigo algunas novedades importantes, pues una serie de decretos dieron otra vuelta de tuerca al sancionar el terror ya desplegado. El día 2 fueron destituidos por la fuerza los jueces y fiscales municipales de «actuación negligente, contraria al movimiento nacional, o poco patriótica», lo que constituía un paso más hacia la sumisión de la justicia ordinaria a la militar que ahora imperaba. Poco después, el decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional (JDN) declaraba fuera de la ley a todas las organizaciones políticas y sociales integradas en el «funesto Frente Popular», establecía la incautación de sus bienes y daba cobertura legal a la persecución de sus representantes. Dos caminos se abrieron para materializar esta última. Uno iba dirigido a los funcionarios, incluidos los adscritos a la Administración provincial y municipal, al sentar las bases de su depuración y posible destitución. Aunque con posterioridad se darían órdenes específicas para regular este proceso en cada Cuerpo, en virtud del decreto los trabajadores públicos debían ser «corregidos, suspendidos y destituidos» de sus cargos en el caso de haber dado muestras de «actuaciones antipatrióticas o contrarias al Movimiento Nacional». Los propios jefes de cada centro asumirían la responsabilidad de elaborar los expedientes y proponer las destituciones.

Para el grueso de la población civil había otros planes. Las autoridades militares debían elaborar listas con los nombres y una relación de sus bienes, que serían automáticamente embargados hasta que se esclareciesen la responsabilidad criminal o civil de sus propietarios. Pronto empezaron a sentirse los primeros efectos del imperio de la «justicia al revés». Los boletines oficiales de cada provincia se llenaron de edictos que emplazaban a las personas afectadas por los artículos del decreto 108. Muchos funcionarios fueron suspendidos de empleo y sueldo, llamados a presentarse en el plazo de unos días y finalmente destituidos. Los bienes de quienes no tenían un puesto en la Administración fueron embargados y subastados. Algunos no pudieron responder a los emplazamientos, ni contemplar cuál era el destino de sus propiedades, porque habían cruzado las líneas del frente para encontrar refugio en la retaguardia leal a la República o habían sido ya fusilados en las semanas siguientes al golpe militar. Tampoco hizo falta esperar a nuevas órdenes que precisaran los procedimientos, ni a la creación de nuevos organismos encargados de aplicar las medidas dictadas, como la Comisión Central de Incautación de Bienes, que tendría una delegación en cada provincia a partir de enero de 1937.

Paralelamente a este proceso que legitimaba la exclusión, se puso en marcha otro tendente a configurar las instituciones del Estado. Al fin y al cabo, ambos se complementaban. La construcción del «Nuevo Estado» requería previamente una purificación en profundidad de la sociedad, sobre todo de aquellos sectores que más se habían comprometido con esas otras formas de hacer política. En el diseño institucional quedó clara la voluntad de ruptura con la República, pues a finales de septiembre un decreto recuperaba el espíritu del Estatuto Municipal de marzo de 1924. El municipio, insistía, debe «huir del parlamentarismo» y para conseguirlo se recomendaba que las comisiones gestoras de las poblaciones de más de 20 000 habitantes se constituyesen según establecía la ley emitida en octubre de 1935, durante el «bienio negro». Esto significaba crear una Comisión Permanente, integrada por el alcalde y los tenientes de alcalde, que, con la excusa de agilizar la resolución de los asuntos urgentes, tenía la capacidad para tomar las decisiones más importantes. El poder local no solo se centralizaba y se subordinaba a las más elevadas jerarquías militares, sino que se concentraba en pocas manos y, de esta forma, se controlaba más fácilmente[8].

Unos días después, el 5 de octubre, la recién creada Junta Técnica de Estado daba órdenes más específicas acerca de la constitución de las comisiones gestoras provinciales y municipales. Las primeras debían componerse con representantes de las Cámaras agrícolas, de Comercio, Industria y Navegación. También se consideraban necesarias las personas «de eficiencia en su labor y carentes de significado político», aunque, en último extremo, se aceptarían los de «tendencias afines a la causa nacional». Por último, formarían parte de las corporaciones provinciales «elementos destacados que se estimen indispensables para la gestión administrativa y cuya solvencia moral sea notoria». Además, los gobernadores civiles asumirían el control de las actividades y movimientos económicos de las diputaciones.

Similares criterios presidieron la formación de las gestoras municipales. Estas debían integrarse por los mayores contribuyentes, lo cual no suponía excluir a quienes «en razón a sus actividades o por su significación personal pudieran estimarse como de leal o imprescindible cooperación». Dejaban también un hueco para la representación de organizaciones obreras «afectas al movimiento salvador de España», como las Centrales Obreras Nacional-Sindicalistas. Todas las corporaciones serían nombradas por los gobernadores civiles, quienes, a su vez, rendirían cuentas al gobernador general de la Junta Técnica[9]. El decreto, que cerraba la primera fase de la reorganización de las instituciones locales durante la guerra civil, sancionaba la subordinación al poder militar central y dejaba bien claro que las gestoras se convertían en instrumentos destinados a imponer un nuevo orden social definido por la jerarquización y verticalidad[10].

La identidad de los nuevos políticos locales

LA IDENTIDAD DE LOS NUEVOS POLÍTICOS LOCALES

Enseguida fue evidente que no faltaban hombres dispuestos a ocupar un hueco en la política local. Sobre ellos recayó el peso de la aplicación efectiva de las medidas depuradoras de la Administración y los embargos de sus convecinos. Pero ¿quiénes eran esos nuevos gobernadores?, ¿quiénes los integrantes de las comisiones gestoras? Cuando se emitieron las primeras disposiciones reguladoras de la composición de las corporaciones locales, estas llevaban más de dos meses funcionando allí donde había triunfado el golpe de Estado. Y, en realidad, la normativa dictada al respecto sirvió más para sancionar lo ya existente que para alterar el perfil de esos políticos, encargados de no hacer política, afectos al Glorioso Movimiento Nacional. Junto a los militares, conservadores de viejo y nuevo cuño ocuparon los principales cargos desde los últimos días de julio de 1936. Entre ellos, hombres que habían dado sus primeros pasos en la Unión Patriótica del dictador Primo de Rivera, antiguos monárquicos, cedistas, tradicionalistas y algunos, todavía pocos, falangistas. La mayoría de estos últimos eran camisas viejas, porque militaban desde hacía algunos años en el partido que fundara José Antonio Primo de Rivera, pero rastreando en sus antecedentes familiares era fácil encontrar conexiones con miembros del empresariado, los financieros locales o los monárquicos de toda la vida.

En realidad, los intereses que representaban unos y otros eran los mismos. Su presencia —o la de sus vástagos— en las nuevas instituciones designadas por los militares ponía de manifiesto que, aunque desplazados de la política durante la etapa republicana, habían encontrado la fórmula para recuperar el control de la vida pública a nivel local. Y, por mucho que creyeran que estaban retornando al lugar que les correspondía de manera natural, era evidente que los métodos para conseguirlo tenían que ver con la fuerza y estaban desprovistos de cualquier rasgo de espontaneidad. Había también algunas caras nuevas, personas que hasta ahora se habían mantenido al margen del juego político, cuyo nombramiento se explicaba por esa necesidad de rodear a las comisiones gestoras de un halo de apoliticismo y eficacia. Los hombres que encarnaban estos valores, tan preciados en la primera fase de la guerra, procedían de la élite económica y social de cada localidad. Incluso se echó mano de antiguos republicanos conservadores escorados hacia la derecha. Así sucedió, por ejemplo, en Zaragoza, donde dos personalidades vinculadas al Partido Radical, Miguel López de Gera y el médico Luis Orensanz, presidieron, respectivamente, la primera gestora municipal y provincial. O en Logroño, donde Ángel Moreno, del Partido Republicano Conservador, se puso al frente de la alcaldía en diciembre de 1936, sustituyendo al camisa vieja Julio Pernas. Su presencia permitía en ocasiones justificar esas declaraciones dirigidas a hacer creer que el Ejército se había sublevado para corregir el rumbo de un régimen que caminaba hacia el caos y la revolución[11].

Así seguirían las cosas hasta la orden del 30 de octubre de 1937, que venía a poner orden y concierto en la selección del personal político de ayuntamientos y diputaciones. Si hasta entonces se recomendaba que los elegidos fueran hombres destacados por su talante apolítico y su capacidad de resolución, ahora se exigía que fuesen de «reconocida solvencia moral y conducta intachable». Además, el gobernador general daba instrucciones mucho más precisas. Por un lado, fijaba el número de integrantes de las corporaciones municipales y provinciales en función del número de habitantes; por otro, establecía que las propuestas del gobernador civil para cubrir vacantes o renovar las gestoras estuvieran debidamente justificadas, es decir, acompañadas del «juicio que dichas personas le merecieran». Juicio que, lógicamente, debía forjarse con el asesoramiento del jefe del puesto de la Guardia Civil y los jefes local y provincial de FET-JONS. Otras dos recomendaciones subrayaban la vocación rompedora del emergente «Nuevo Estado». Por un lado, se dejaba bien claro que dichas propuestas nunca podrían recaer en miembros de las organizaciones políticas pertenecientes al Frente Popular, algo que había sucedido ocasionalmente en las primeras fases del conflicto armado. Por otro, se recordaba la conveniencia de que las personas elegidas cumpliesen el requisito de estar afiliadas al partido único creado unos meses atrás (tal como estipulaba el Decreto de Unificación de 1937) «para ir dando realidad a los anhelos nacionales de que participen en los organismos y servicios del Estado componentes de FET y de las JONS».

En suma, durante el otoño de 1937, cuando ya habían caído en manos del Ejército insurgente territorios como Málaga y el litoral cántabro, se extremaban las precauciones a la hora de elegir a los políticos locales y se introducía una novedad que los nuevos tiempos traían consigo. La organización falangista, convertida ya en FET-JONS, avanzaba posiciones en la configuración del Estado. Como veremos, el nuevo partido único tendría mucho que decir en la organización de la vida pública, pues entre sus funciones estaría vigilar al vecindario y emitir continuos informes sobre los individuos, tanto si estaban cercados por la justicia militar como si eran propuestos para desempeñar un cargo.

La nueva Falange, subordinada ahora al Caudillo, era ante todo una incipiente burocracia destinada a convertirse en uno de los pilares del Estado franquista. Esta organización, el único partido permitido en la retaguardia insurgente, era el resultado de haber sido unidas por la fuerza todas las organizaciones políticas que habían respaldado la sublevación. También era una respuesta a las nuevas necesidades que la guerra imponía, como la de extender a la esfera de la política el control, la centralización y el sometimiento jerárquico al Ejército de toda la retaguardia. Algo que, a diferencia de la zona republicana, se realizaba mediante decretos y la militarización forzada.

Además, Falange era una plataforma que albergaba a amplios colectivos, muy en consonancia con los tiempos modernos que corrían. Ahí estaban los de siempre, los hombres de la CEDA, a veces militantes con anterioridad en las filas monárquicas o del dictador Miguel Primo de Rivera, pues así se había decidido por su líder, José María Gil-Robles. En Zaragoza, por ejemplo, Francisco Caballero, quien fuera teniente de alcalde en enero de 1939, había sido el encargado de firmar el acta de disolución de Acción Popular Agraria Aragonesa y determinar el traspaso de sus afiliados a la nueva organización. En Valencia, al haber permanecido durante toda la guerra en territorio republicano, FET-JONS tuvo que crearse ex novo por Adolfo Rincón de Arellano. En sus filas recalaron quintacolumnistas, excautivos y los hombres de la Derecha Regional Valenciana. A estas alturas, que los hombres de la nueva Falange hubieran tenido un pasado autonomista era lo de menos, siempre que «fuesen gentes de espíritu, aptas y leales al Caudillo, procurando [sic] subrayar la unificación en todos sus signos externos»[12].

También había hombres nuevos, que ingresaban en Falange como una forma de tener sus espaldas cubiertas ante las políticas de terror y de venganza, o por la capacidad de atracción de ese discurso radical que exhibía. Tanto si este partido disfrutaba de un pequeño arraigo como si no, en casi todas las provincias la afiliación a Falange se disparó. Este fenómeno era bastante predecible en lugares como Cantabria, donde ya existía una tradición de fuerte militancia que se consolidó gracias al ascenso del antiguo jefe provincial Manuel Hedilla a la dirección de la Junta de Mando Provisional en septiembre de 1936. Pero resultaba más sorprendente en zonas como Sevilla, donde el éxito del partido con anterioridad a la guerra había sido más bien escaso. En el plazo de unos meses, varias localidades de la comarca de Aljarafe multiplicaron por ocho el número de afiliados a Falange. Muchos ingresaron en la Primera Línea, lo que significaba participar en las acciones armadas de las columnas que, dirigidas por algunos de los mayores terratenientes, recorrían los pueblos de la comarca para recuperar las tierras que habían sido ocupadas[13].

Muchos miembros de Falange, la mayoría iniciados en la militancia después de estallar la guerra o producirse la unificación, encontrarían en las corporaciones municipales y provinciales un campo muy despejado para medrar. Pues fue una constante que a partir de la orden del 30 de octubre de 1937 la presencia de representantes falangistas aumentara en el seno de las gestoras. Esta tónica se acentuaría en la posguerra, cuando ser excombatiente se convirtió en un mérito de peso y, ya entrada la década de los cuarenta, la presencia de hombres del partido al frente de los gobiernos civiles propició el acceso de camisas azules. En última instancia, se trataba de mostrar la adhesión sin fisuras al proyecto que encarnaban los sublevados. Y haber luchado en las filas del ejército franquista, tener un carné de Falange en la mano o levantar mucho el brazo cuando llegaban las tropas rebeldes, por cualesquiera que fueran las razones, fueron vías claras para obtener el reconocimiento de los militares y optar a una serie de cargos políticos.

Lo más llamativo era que la política venía marcada por un discurso que hablaba sobre la «regeneración» de España. No era mera retórica, pues tras esas palabras latía todo un proyecto monolítico, depurador y centralizador que había comenzado con el tiro en la nuca y seguía, ahora, con el sometimiento de las instituciones locales. Pieza angular de dicho discurso era el rechazo del sistema liberal parlamentario en todas sus formas, pues se identificaba, como si fueran lo mismo, el liberalismo y la democracia con el caciquismo y la corrupción. Los militares sublevados y los prohombres locales que habían secundado el golpe decían encarnar la verdadera pureza de la cosa pública, al conseguir aunar de manera armónica los intereses de todos los españoles. Porque quienes no los compartían, claro está, no eran verdaderos españoles, quedaban fuera de la nueva comunidad nacional que se estaba forjando y eran identificados como los representantes de la «anti-España».

La «regeneración» quedó reducida a un cambio en los mecanismos para acceder al control de los centros donde se hacía la política. Terminar con el sistema electoral era la mejor forma de garantizar que las elecciones no se falsearan nunca más. A cambio, se impuso la designación arbitraria, producto en muchas ocasiones de favoritismos y amiguismos, la subordinación al Ejército, la centralización a ultranza. Porque en las zonas rurales hubo una clara continuidad tanto en la estructura de la propiedad agraria como en las formas de poder social que se correspondían con ella. Y si la restauración del poder social estuvo acompañada de todas las novedades que ya hemos descrito, estas deben entenderse en su contexto adecuado[14]. En ocasiones los nuevos falangistas, aunque no pertenecieran a las antiguas élites dirigentes, estaban conectados con ellas mediante lazos familiares o afectivos. También por esas solidaridades verticales tan abundantes en el mundo rural que, en muchos casos, encubrían una fuerte dependencia de los más débiles con respecto a los más poderosos. Así sucedió, por ejemplo, en Pereiro de Aguiar, un pueblo de la provincia de Orense, donde el jefe local de Falange servía desde siempre en casa del médico del ayuntamiento. Las viejas élites, en definitiva, utilizaron las redes clientelares en las que estaban inmersos con anterioridad al golpe militar con el fin de organizar milicias y fundar las Falanges locales, la principal cantera de efectivos humanos para el soporte político de la dictadura[15].

Las disposiciones legislativas que siguieron a la orden de octubre de 1937 no insistieron más en las normas que debían regir la composición de las comisiones gestoras, pero sí ampliaron o precisaron las funciones que se les encomendaban. Estaba previsto que tales instituciones se convirtieran en ejes rectores de la vida local y, por lo tanto, en centros decisorios de la suerte que corrieran los ciudadanos. Lo mismo sucedió con los gobernadores civiles, quienes asumieron una serie de funciones cuyos efectos serían determinantes en la reestructuración de la sociedad emprendida tras la entrada del ejército insurgente en cada localidad. Como el decreto 108 y todos aquellos que regulaban la depuración de los representantes políticos o los empleados públicos seguían vigentes, su aplicación sería inmediata tras la entrada de las tropas franquistas en cada ciudad o municipio que hubiera permanecido en territorio republicano[16].

Aunque el Estatuto de Cataluña había sido derogado el 5 de abril de 1938, la inminente caída de esta región a comienzos de 1939 generó una serie de normas dirigidas al desmantelamiento administrativo de la Generalitat. Así, las diputaciones provinciales se hicieron cargo de todas las instituciones e instalaciones que dependían de ella, y desde el Gobierno central se dieron facilidades para que la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona solicitaran créditos cuantiosos destinados a su reconstrucción[17]. El 26 de enero, fecha de la ocupación de Barcelona por las tropas franquistas, el subsecretario de Orden Público, Eliseo Álvarez-Arenas, asumió la totalidad de los poderes civiles y militares en esa provincia. Otros nombramientos siguieron a este. Mariano Calviño de Sabucedo fue elegido para ocupar el cargo de jefe provincial de FET-JONS, como buen ejemplo que era de esos falangistas con ganas de prosperar en la Cataluña derrotada; Josep Maria de Milà i Camps, conde de Montseny, monárquico alfonsino y colaborador del general Primo de Rivera, ocupó la presidencia de la Diputación, y un capitán de la Legión, Víctor Felipe Martínez, fue alcalde por un día para dejar paso enseguida a Miguel Mateu, un hombre de las finanzas y la industria metalúrgica. Todos juntos constituían una buena representación de los colectivos sociales y políticos que estaban ganando la guerra[18].

FET-JONS se presentó como uno de los núcleos favoritos para elegir a los gestores de las localidades catalanas, así como el de quienes contaban con alguna experiencia en los anteriores períodos de excepción. Sin embargo, el legado de la guerra se hacía sentir por estas fechas, y todavía más en los territorios que habían permanecido fieles al Gobierno de la República hasta el último momento. Llegaba la hora de los excombatientes, pero, sobre todo, de los más agraviados por la represión de las milicias y los tribunales populares, como los excautivos o los familiares de los caídos por Dios y por España. Además, como el impacto económico y moral de la revolución del verano de 1936 en Cataluña había sido enorme, a partir de 1939 se impuso la «lógica de la victoria social» y, ante la debilidad de las opciones derechistas de signo españolista, los miembros de la burguesía local, antiguos hombres de la Lliga, afluyeron a los consistorios[19].

La militarización seguía viva, de manera que hasta el final de la guerra los delegados militares continuaron vigilando el proceso de constitución de las comisiones gestoras en las zonas que en la primavera de 1939 seguían en poder de la República. En Murcia, la Falange local se hizo cargo del Ayuntamiento el 29 de marzo, hasta que el general jefe del Ejército de ocupación delegó en la Auditoría de Guerra, ubicada en Valencia, la designación de una gestora municipal provisional dos días después. La alcaldía recayó en Agustín Virgili Quintanilla, un hombre vinculado a las élites agrarias y a la CEDA ya extinta. La elección fue realizada por Pedro Bañón Pascual, capitán honorario del Cuerpo Jurídico Militar, quien también nombraría a la nueva corporación de Cartagena, presidida por el jefe local de Falange, Tomás Cerezo Muñoz. No obstante, en Almería, aprovechando la confusión inicial, algunos individuos, quintacolumnistas, huidos que ahora regresaban, oficiales de unidades militares o simples oportunistas, se hicieron con los máximos cargos locales sin esperar la orden del Ejército, que debía venir desde arriba[20].

Los políticos locales tuvieron un importante margen de maniobra para decidir acerca de las cuestiones que vertebraban la vida cotidiana de los españoles. En sus manos estuvo la aplicación efectiva de las medidas purificadoras del emergente «Nuevo Estado», pero también el control de asuntos tan decisivos para la supervivencia de la retaguardia como los abastecimientos y la beneficencia o, una vez terminada la guerra, la reconstrucción moral y material de las localidades. De ellos dependió, en definitiva, que muchos hombres y mujeres tuvieran que abandonar el pueblo donde habían vivido durante años, o que el maestro depurado pudiera permanecer allí donde había impartido sus clases en la etapa republicana. Muchas cosas, y muy importantes, cuando se estaban poniendo las bases de la sociedad y el Estado franquistas.

El ejercicio del poder local durante la guerra civil

EL EJERCICIO DEL PODER LOCAL DURANTE LA GUERRA CIVIL

Con la supresión de cualquier vestigio democrático y la práctica electoral desapareció el voto como valor de cambio. Este había sido una pieza clave en ese mecanismo de intercambio de favores tan extendido en las relaciones clientelares consolidadas durante la Restauración. Lo que resultó fue la sumisión y la subordinación en sus manifestaciones más puras, el hieratismo más rígido en el ejercicio del poder. ¿Cuáles eran, entonces, las ventajas de obtener un puesto en una gestora que tenía escaso margen de maniobra y unos reducidos presupuestos que la atenazaban? Las circunstancias que acompañaron a la guerra, primero, y a la victoria, después, generaron una serie de bienes muy preciados, y en torno a ellos, o a quienes disponían de ellos, se hilaron nuevas adhesiones y lealtades. Así, las viejas relaciones de poder se reformularon y las antiguas clientelas se reconstruyeron en torno a los que estaban a punto de ganar la guerra en abril de 1939. La «Victoria», en definitiva, introdujo un crucial eje para la vertebración de la sociedad de posguerra.

Las instituciones locales se hicieron eco de esa división entre vencedores y vencidos. No era casualidad que entre las principales actividades de quienes las controlaban estuviera la colaboración activa en ese proyecto de purificación que los militares rebeldes habían puesto en marcha desde julio de 1936. La participación de la sociedad civil en las tareas represivas, mucho más contundente de lo que en un principio se había creído, se canalizó de manera prioritaria a través de las comisiones gestoras y los gobiernos civiles[21]. Los nuevos gobernadores, alcaldes y presidentes de las diputaciones se encargaron de aplicar la legislación depuradora de los empleados públicos y los políticos republicanos o de izquierda. El decreto 108 había iniciado un proceso que iría perfilándose a medida que pasaba el tiempo. Así, un decretoley del 5 de diciembre de 1936 regulaba la destitución de funcionarios, y una orden de enero de 1937 hacía hincapié en que las propias corporaciones debían resolver los expedientes de depuración y aplicar las sanciones oportunas. En diciembre de 1938 se otorgaba al Ministerio del Interior facultades para revisar los acuerdos que las corporaciones hubieran tomado sobre los expedientes, de modo que los mecanismos depuradores daban un paso más hacia el sometimiento al poder central del Estado[22]. Unos meses después, en marzo de 1939, cuando la victoria estaba ya cercana, se establecían nuevas normas para continuar con la depuración de los funcionarios en las zonas «recientemente liberadas» por su actuación durante el «Movimiento Nacional».

Mayor impacto tuvo si cabe la depuración del magisterio, uno de los grandes puntales de la reforma educativa republicana. Desde agosto de 1936 los alcaldes tenían la obligación de comunicar a los rectores qué tipo de conducta habían observado los docentes hasta ese momento. Las primeras listas de maestros suspensos de empleo y sueldo o destituidos aparecieron ya en septiembre y, como medida profiláctica, la Comisión de Cultura y Enseñanza encargada de la depuración los expulsó de las localidades en las que ejercían. Estas decisiones causaron estragos a la hora de satisfacer las demandas educativas de la retaguardia, de manera que a partir de enero de 1938 se abrió la posibilidad de que los alcaldes evitaran esos traslados si así lo solicitaban mediante una instancia[23].

Los alcaldes y otras autoridades locales, como el jefe local de Falange, el comandante del puesto de la Guardia Civil o el párroco, tuvieron también mucho que decir en los consejos de guerra, cada vez más frecuentes desde comienzos del año 1937, y, sobre todo, cuando en la recta final del conflicto armado se dictó la Ley de Responsabilidades Políticas (9 de febrero de 1939). De hecho, una de las vías para abrir expediente de responsabilidades políticas era que cualquier autoridad militar o civil denunciara a un vecino ante el tribunal o los juzgados municipales. En Lleida, por ejemplo, el grueso de los expedientes fue el resultado directo de las denuncias emitidas por las corporaciones locales. Además, el contenido de los informes elaborados por quienes desempeñaban esos cargos era decisivo para el rumbo que tomase el expediente. Algo parecido sucedía con los avales, que podían salvar a los soldados del ejército republicano desmovilizado o a los prisioneros de guerra retenidos en un campo de concentración o, por el contrario, encaminarlos con firmeza hacia la cárcel, el consejo de guerra y, quizá, el fusilamiento. En definitiva, estas figuras se convirtieron en puntos de referencia ineludibles para la reconstrucción del poder en la retaguardia franquista, porque en sus manos estuvo la capacidad de escribir el destino de sus convecinos, considerados enemigos, primero, y vencidos, después[24].

Las jefaturas locales y provinciales de Falange contaron con sus propios servicios de información e investigación, integrados por antiguos quintacolumnistas, como en el caso de Valencia, o por vecinos recién ingresados en el partido. Dichos servicios, convertidos en verdaderos centros de espionaje, elaboraron unos ficheros donde se especificaban todos los datos que la justicia militar requería para los procedimientos sumariales de los consejos de guerra: conceptuación policial, religiosa, pública y privada del encausado; filiación política, ideológica y actuación con anterioridad al «Glorioso Movimiento Nacional»; cargos que desempeñó, candidatura a la que votó en febrero de 1936… La sociedad de la posguerra se convirtió en una «sociedad intervenida», pues los nuevos falangistas llegaron a espiar a sus vecinos en cafés y tabernas. Su labor fue, al parecer, más atinada que la de otros eficientes y tradicionales colaboradores del Ejército, la Policía y la Guardia Civil[25].

Que la nueva clase política local fue un agente de esa división entre vencedores y vencidos que se impuso al término de la guerra se demuestra con las siguientes actuaciones. A partir de mayo de 1938 los «ayuntamientos recién liberados» recibieron la consigna de normalizar la vida civil y económica cuanto antes, para lo cual debían custodiar y administrar los bienes abandonados, pertenecientes a quienes se habían opuesto al «Glorioso Movimiento Nacional». Asimismo, los alcaldes presidieron las comisiones depositarias municipales de recuperación agrícola, creadas para tramitar y resolver las solicitudes de reclamación de los bienes incautados o colectivizados en la retaguardia republicana, y por lo tanto, destinadas a garantizar la continuidad del orden social alterado por los comités revolucionarios durante la guerra. Igualmente, en abril de 1939 los gobernadores civiles y los secretarios de las diputaciones, junto a otros representantes de la Administración del Estado, integraron las comisiones provinciales de Reconstrucción, con el fin de evaluar los daños materiales ocasionados durante la guerra y conseguir préstamos para los propietarios afectados[26].

Por si todo esto era poco, los ayuntamientos y las diputaciones quedaron obligados a sufragar gastos y dar facilidades materiales para la creación del Cuerpo de Mutilados, que amparaba a los vecinos heridos en la lucha por «la liberación y engrandecimiento de España»; a subvencionar las residencias y hogares para alojar a las cumplidoras del Servicio Social; a elaborar el censo de excombatientes, donde se incluían los aptos para recibir las notables prebendas morales y materiales que el régimen les tenía reservadas, y también el padrón de beneficencia, donde se incluían las familias pobres, objeto ahora del paternalismo y la caridad mal entendida de la dictadura[27].

La Iglesia no quedó al margen de la dinámica del ejercicio del poder local. Obispos y curas sometieron a la sociedad a una recatolización forzada, que consideraban el justo precio por su anterior alejamiento del verdadero camino que llevaba hasta Dios. Pero no se limitaron a invadir el espacio público con sus discursos, sermones y homenajes a los caídos, sino que también obtuvieron cuantiosas ventajas materiales. En Barbastro, por ejemplo, donde la oleada de violencia anticlerical se había saldado con la muerte de casi doscientos miembros del clero, la Iglesia tuvo ocasión de cobrarse en especie tantos agravios. Los hombres de las juntas de Acción Católica coparon el Ayuntamiento a partir de marzo de 1938, cuando la ciudad fue definitivamente ocupada. El alcalde, Juan Juseu, además de católico, abogado y terrateniente, era benefactor del Monasterio del Pueyo, uno de los espacios más castigados por el terror revolucionario. Y entre sus primeras decisiones estuvo restablecer la vieja romería del Pueyo, subvencionar la peregrinación de los escolares a la Virgen del Pilar de Zaragoza, alterar el calendario de las sesiones de la gestora municipal para que sus miembros pudieran asistir a las procesiones de Semana Santa y colocar cruces en todos los caminos y entradas de la ciudad. La corporación municipal se prestó a realizar los trámites para que las órdenes religiosas solicitaran sus exenciones de tributos, aparte de ofrecerles sueldos y subvenciones a cambio de la realización de sus actividades asistenciales. También, como en todas las localidades ganadas para la «Patria», frenó la construcción de grupos escolares, uno de los puntales de las reformas republicanas, y a cambio dio facilidades para que los curas y las monjas abrieran sus propias escuelas.

Los gobernadores civiles recibieron encomiendas de gran alcance. Presidieron las juntas provinciales de Beneficencia, que, reorganizadas en octubre de 1936, trabajaron en estrecha colaboración con las delegaciones provinciales de Auxilio Social desde abril de 1938. Dichas juntas estaban encargadas de llevar a la práctica esa política asistencial que iba inextricablemente ligada al control, la ideologización y las propuestas de sumisión de los vencidos. En el otoño de 1936 fueron facultados para resolver todas las cuestiones relacionadas con el abastecimiento de productos de primera necesidad y evitar su encarecimiento. Más adelante, en octubre de 1937 presidieron las juntas provinciales de Precios, y a partir de febrero de 1938, las de Abastos, con la misma finalidad. De manera que el control de la producción y de los precios estuvo en sus manos, así como la capacidad de sancionar sus continuas alteraciones. Pero los datos apuntan a que fueron precisamente los hombres más cercanos a estos centros de poder local quienes estuvieron implicados en las redes de comercialización ilegal que generaban cuantiosos beneficios. En casi todas las provincias se registraron varios casos de corrupción en materia de abastecimiento en los años finales de la guerra y en la primera posguerra, lo que sirvió para que las jefaturas de Falange, con escaso peso en los gobiernos civiles y en las gestoras todavía, acusaran de «caciquismo» a quienes controlaban estas instituciones y se presentaran a sí mismos como los genuinos representantes de la supuesta pureza de la «Nueva España»[28].

Otras atribuciones estuvieron más estrechamente relacionadas con la intervención de la sociedad civil. El gobernador concentró en sus manos todas las competencias en materia de orden público, por mucho que durante unos meses, entre junio de 1938 y enero de 1939, la figura del delegado de Orden Público asumiese parte de ellas. Porque, en la práctica, los gobernadores debían encargarse de que los ciudadanos estuviesen sometidos a una vigilancia exhaustiva, especialmente cuando se reunían o asociaban. También eran los responsables de evitar y reprimir cualquier acto que pudiera alterar esa tranquilidad ficticia impuesta por las armas. Además, tal como venía dictado desde arriba, los gobernadores pusieron un celo especial en el mantenimiento de las buenas costumbres. Así, en julio de 1938, una orden circular les animaba a «reprimir los actos contrarios a la moral y a la decencia pública», entre los que se encontraba la maledicencia, la blasfemia o la difamación. Para desempeñar esta tarea siempre contaron con la ayuda desinteresada de las juntas de Acción Católica y de los sacerdotes, que veían con gran satisfacción cómo sus rígidas recomendaciones sobre la moral sexual y el recato en el vestir se llevaban a la práctica gracias a la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado.

Pero, sin duda, donde más se notó el legado de la guerra y la represión fue en la reestructuración social que se experimentó en todas las comunidades locales tras el «Día de la Victoria». Fue un proceso que estuvo controlado por los gobernadores civiles y los alcaldes, en alianza con el colectivo de los vencedores, y adquirió tintes más llamativos en esos lugares «reconquistados» a medida que avanzaba el ejército de Franco. Los pueblos y las ciudades, sobre todo las pequeñas, se convirtieron en el marco adecuado para llevar a cabo con eficacia esa purga de los elementos que ahora se tornaban incómodos, todos aquellos con un pasado izquierdista o firmemente comprometidos con la defensa de la República. Las órdenes de los oficiales del ejército victorioso eran claras, pues insistían en que los miembros del «ejército rojo» volvieran a sus localidades de origen y se abstuvieran de cambiar de residencia hasta que los alcaldes o la Guardia Civil rellenasen una «ficha clasificatoria», tarea idéntica a la que se realizaba en los campos de concentración.

Llegar al lugar de residencia habitual era el primer eslabón de una larga cadena de sospechas, delaciones o expulsiones. Los gobernadores civiles comunicaban por escrito a los alcaldes que quienes no hubiesen cometido delitos debían ser readmitidos en sus localidades de origen, aunque sometidos, eso sí, a una estricta vigilancia. Es más, en no pocas ocasiones, a petición de las fuerzas vivas locales, los alcaldes pedían que algunas personas retornaran a dónde siempre habían vivido, pues consideraban que este era el espacio idóneo para saldar las viejas cuentas pendientes. El proceso podía funcionar en el sentido inverso, y los alcaldes se hacían eco de los deseos de los vecinos que habían ganado la guerra para frenar o impedir la llegada de elementos poco gratos. En definitiva, la «Victoria» dotó a las viejas relaciones de vecindad de una fuerza especial para determinar la admisión o expulsión de cada uno de sus miembros. Y los vencedores, amparados por las autoridades civiles o militares, tuvieron en sus manos la capacidad para decidir la suerte de los vencidos, así como para rehacer a su antojo esas relaciones sociales que sustentaban la vida cotidiana de millones de españoles[29].

Como puede apreciarse, la voz de la sociedad civil se dejó oír en más ocasiones de las previstas durante la guerra y la primera posguerra. Los vecinos de orden estaban en condiciones de imponer su voluntad de vez en cuando, y los alcaldes, concejales y gobernadores civiles actuaron como mediadores eficaces entre estos colectivos y el aparato del Estado. Integraron comisiones de carácter civil, como las de «províctimas del marxismo», reunieron pliegos de firmas para salvar de la cárcel a algunos falangistas enfrentados con la justicia o, incluso en algunas ocasiones, emitieron quejas acerca de las conductas irregulares, favoritismos o negligencias de ciertos cargos públicos[30]. Su presencia, sus voces y sus anhelos fueron decisivos a la hora de reorganizar la sociedad que salía de una guerra profundamente dividida, y las instituciones locales se convirtieron en canales adecuados para que fueran escuchadas o tenidas en cuenta. Ellas mismas estaban ocupadas por hombres de probada fidelidad a la dictadura del general Franco, que tenían por delante un prometedor futuro al lado de los principales pilares burocráticos del «Nuevo Estado», la Iglesia, el Ejército y el partido único FET-JONS.

Ilustraciones

ILUSTRACIONES

El 14 de abril de 1931 el pueblo de Madrid celebra en la Puerta del Sol la proclamación de la República

Bajo la presidencia de Julián Besteiro, las Cortes decretan y sancionan la Constitución en este documento

Discurso de Niceto Alcalá-Zamora durante la apertura de las Cortes Constituyentes el 14 de julio de 1931

Manuel Azaña en 1931, año en el que fue nombrado presidente del Gobierno

Niceto Alcalá-Zamora, primer presidente de la Segunda República española

El 31 de diciembre de 1931 se celebró el consejo de guerra contra los acusados de los sucesos de Castilblanco (Badajoz)

Portada de la edición oficial del Estatut de Catalunya de 1932

Retrato al óleo de Francisco Largo Caballero por Luis Quintanilla

Barcelona, 1932. Manuel Azaña con un grupo de militares

El general José Sanjurjo, protagonista de la sublevación militar de 1932

Mitin de José Antonio Primo de Rivera en el teatro de la Comedia de Madrid el 29 de octubre de 1933

Gabinete ministerial de Alejandro Lerroux formado tras la dimisión en 1933 de Azaña

Conmemoración del segundo aniversario de la proclamación de la República, en Barcelona en 1933

José María Gil-Robles era el líder indiscutible de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), la fuerza política más votada en las elecciones de 19 de noviembre de 1933

Protesta popular y actuación de la policía montada en 1934 en Barcelona

En el verano de 1934 se celebró la Asamblea de Ayuntamientos Vascos. En la imagen, Indalecio Prieto dirigiéndose hacia ella

Los sucesos de octubre de 1934 se saldaron con muertes y detenciones. En la imagen, consejo de guerra a varios acusados celebrado en Oviedo

Gobierno radical formado por Lerroux el 1 de enero de 1935

Manuel Portela Valladares fue presidente del Gobierno formado el 14 de diciembre de 1935

En enero de 1935 Lluís Companys y los consejeros de la Generalitat fueron recluidos en la cárcel Modelo de Madrid

Milicianos anarquistas el 20 de julio de 1936 en la Puerta del Sol de Madrid

El 20 de julio de 1936 la Guardia Civil desaloja a los militares rebeldes que habían ocupado el hotel Colón de Barcelona

En 1936, Josep Tarradellas ocupó el cargo de presidente de la Generalitat de Catalunya

José Antonio Aguirre fue el encargado de presidir la delegación nacionalista vasca que negoció el nuevo Estatuto en 1936

Dolores Ibárruri en un acto celebrado en la plaza de toros de Madrid el 29 de febrero de 1936

Elecciones del 16 de febrero de 1936. Votantes en la Escuela de San Jacinto, en Sevilla

Francisco Franco, en el centro del balcón de la derecha, anuncia la sublevación militar desde el Ayuntamiento de Ceuta

Franco con los generales Mola y Cavalcanti en Burgos, en agosto de 1936

Milicianos del Frente Popular en las inmediaciones de la Casa de Campo de Madrid

Munich, 1936. Hitler anuncia la inminente lucha contra el bolchevismo, que se libraría en suelo español

El primer ministro francés durante la guerra civil, Léon Blum, apoyó inicialmente a la República

Carta del general Cabanellas al primer ministro británico, Anthony Eden, en la que manifiesta su interés por mantener las relaciones cordiales entre los dos países tras la formación del nuevo gobierno franquista

Postal republicana de 1936 que representa el frente del Guadarrama durante la defensa de Madrid. En la torre, una bandera con el famoso «No pasarán»

Manifestación en la Plaza Roja de Moscú, en 1936, en solidaridad con los antifascistas españoles

Wilhelm Canaris, jefe del servicio secreto militar alemán, responsable del envío continuado de armas en apoyo del ejército de Franco a pesar de las directrices del Comité de No Intervención

Mario Roatta, jefe del servicio militar italiano en 1936. Participó con Canaris en las reuniones en las que Italia y Alemania decidieron mantener la ayuda a Franco

Recepción organizada por el gobernador y el alcalde de Toledo el 30 de septiembre de 1936, con motivo del encuentro de los concejales de Segovia, entre ellos Dionisio Ridruejo (en la primera fila, el tercero por la derecha), con el general Moscardó

Miembros de las Brigadas Internacionales en noviembre de 1936. En las siete Brigadas que se formaron había voluntarios procedentes de los medios obreros, pero también de las clases medias y de círculos intelectuales

Representantes de todos los partidos del Frente Popular durante el acto de constitución del Ayuntamiento de Madrid el 24 de abril de 1937

Misa celebrada el 20 de junio de 1937 a las puertas de la iglesia de San Nicolás de Bilbao, con asistencia de las tropas franquistas

Lluís Companys (sentado en el centro) al frente del Gobierno catalán el 29 de junio de 1937

Dibujo anónimo publicado en agosto de 1937 en The Ilustrated London News que muestra a un corneta anunciando el avance de los requetés en combate

Cartel que pedía el alistamiento a las filas del Partido Comunista

Manuel Hedilla (en el centro) en un acto de Falange celebrado en Salamanca

El 20 de junio de 1937 las tropas franquistas toman la ciudad de Bilbao. En la imagen, la plaza del Ayuntamiento

Tropas del ejército franquista entrando en Santander en agosto de 1937

José María de Areilza (en el centro, con uniforme), alcalde de Bilbao, en un acto de la Primera Bandera de la Falange en Vizcaya, el 28 de septiembre de 1937

Intervención de Juan Negrín durante el acto de apertura de la sesión de la Sociedad de Naciones en septiembre de 1937

Hilario Salvador, alcalde de Barcelona, durante una alocución al pueblo de Madrid, el 30 de noviembre de 1937, en Unión Radio

Batalla de Guadalajara. Retirada de las tropas italianas en 1937

Largo Caballero (a caballo, a la izquierda de la imagen) inspecciona las tropas republicanas

En octubre de 1937, miles de milicianos llegan a Panillac (Francia) desde Gijón

Legionarios italianos abandonan Santa Bárbara en dirección a Tortosa

Mussolini y Hitler, los valedores de Franco en la guerra civil española, a pesar de las consignas del Comité de No Intervención

Manuel José Fal Conde al frente de un grupo de requetés sevillanos

Frente de Vizcaya. El general Mola observando el paso de la aviación

Cartel tradicionalista

Cartel de NO-DO con las imágenes de Franco, Queipo de Llano, Mola y José Antonio

Enero de 1938: grupo de evadidos de Teruel con el alcalde de la ciudad

Una escuela de Barcelona durante la guerra civil

Puesto de Auxilio Social en la Puerta del Sol de Madrid, en marzo de 1939

Primer Consejo de Ministros del gobierno de Franco celebrado el 2 de febrero de 1938 en Burgos. Sentados, de izquierda a derecha: Severiano Martínez Anido, Fidel Dávila, el conde de Rodezno, el conde de Jordana, Franco, Pedro González Bueno, Alfonso Peña Boeuf y Pedro Sainz Rodríguez. De pie: Juan Antonio Suanzes (fuera del encuadre), Andrés Amado, Ramón Serrano Suñer y Raimundo Fernández-Cuesta

Raimundo Fernández-Cuesta

El papa Pío XII

Dionisio Ridruejo

Los generales Franco y Dávila el 19 de agosto de 1938, durante la batalla del Ebro

Despedida de las Brigadas Internacionales el 26 de octubre de 1938 en Barcelona. En la imagen, Manuel Azaña y Juan Negrín

Desfile de las Brigadas de Trabajos durante el Congreso de Servicios Técnicos celebrado por la FET de las JONS el 1 de mayo de 1938 en Bilbao

Alfredo Kindelán en el desfile de la Victoria celebrado en Sevilla el 17 de abril de 1939

Jordana leyendo un mensaje de adhesión ante Franco el 1 de octubre de 1938

El general Queipo de Llano en Unión Radio de Sevilla en 1939

El 4 de marzo de 1939 Julián Besteiro anuncia en Unión Radio la rendición de Madrid

Último parte de guerra de 1 de abril de 1939, anunciando el final de la contienda

Notas

[1] Dámaso Berenguer, De la Dictadura a la República, Tebas, Madrid, 1975 (2.ª ed.), págs. 238 y sigs.; la cita, en pág. 285. <<

[2] Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII, Ariel, Barcelona, 5.ª ed., 1968. Miguel Martorell Linares, «El rey en su desconcierto. Alfonso XIII, los viejos políticos y el ocaso de la Monarquía», en Javier Moreno (ed.), Alfonso XIII. Un político en el Trono, Marcial Pons, Madrid, 2003, págs. 395 y 396. <<

[3] La declaración, en Dámaso Berenguer, De la dictadura…, ob. cit., págs. 301 y 302. La exigencia de Cierva, en Miguel Martorell Linares, «El Rey en su desconcierto…», ob. cit., pág. 398. <<

[4] El intento de reorganización de las filas monárquicas, en Miguel Martorell Linares, «El Rey en su desconcierto…», ob. cit., pág. 388; el alejamiento de los políticos durante la Dictadura, en Carlos Seco Serrano, «El cerco a la Monarquía. La ruptura de los partidos dinásticos con Alfonso XIII durante la Dictadura de Primo de Rivera», en Estudios sobre el reinado de Alfonso XIII, Real Academia de la Historia, Madrid, 1998, págs. 239-390; el discurso de Alcalá-Zamora en Bilbao, en Ángel Alcalá Galve, Alcalá-Zamora y la agonía de la República, Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2002, págs. 180-182. <<

[5] Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, Los intelectuales y la República, Nerea, Madrid, 1990; Javier Zamora Bonilla, Ortega y Gasset, Plaza y Janés, Barcelona, 2002, págs. 303 y sigs.; la cita de la ASR, en pág. 317. <<

[6] El «cambio de rumbo» de los socialistas, en Shlomo Ben Ami, Los orígenes de la Segunda República española. Anatomía de una transición, Alianza, Madrid, 1990, págs. 205-230. Las tendencias en el seno del socialismo, en Santos Juliá, Los socialistas en la política española. 1879-1982, Taurus, Madrid, 1996, págs. 144-158. La CNT, en Eduardo González Calleja, El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la Restauración (1917-1931), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1999, págs. 538-554. <<

[7] Enric Ucelay-Dacal y Susana Tavera García, «Una insurrección dentro de otra, la lógica insurreccional en la política española 1924-1934», Ayer, núm. 13, 1994, págs. 115-146; Eduardo González Calleja, El máuser y el sufragio, ob. cit., págs. 505-590. Los militares, también en Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Siglo XXI, Madrid, 1979, págs. 103115; Stanley G. Payne, Ejército y sociedad en la España liberal, 1808-1936, Akal, Madrid, 1977, págs. 365-377. <<

[8] La «incoherente» defensa de la Monarquía, en Shlomo Ben Ami, Los orígenes de la Segunda República…, ob. cit., págs. 316-323; el encasillado de 1930, en Javier Tusell, «El encasillado de 1930», Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 21, mayo-agosto 1995, págs. 23-54; la resistencia de los monárquicos constitucionales, en Miguel Martorell Linares, «El Rey en su desconcierto…», ob. cit., págs. 398-399. <<

[9] Conde de Romanones, Notas de una vida, Marcial Pons, Madrid, 1999, pág. 499. Las elecciones municipales, en Juan J. Linz, Los partidos políticos en España, Narcea, Madrid, 1979, págs. 99-110. <<

[10] Relato de aquellos días con las memorias —contradictorias— de quienes los protagonizaron, en Shlomo Ben Ami, Los orígenes de la Segunda República…, ob. cit., págs. 337-343. Las dos versiones de Romanones, la de 1931 y la de 1940, comentadas por Javier Moreno, en «Las memorias de un viejo liberal», prólogo a Notas de una vida…, ob. cit., pág. XXXVI. Más detenida aún, la narración de Eduardo González Calleja, El máuser y el sufragio…, ob. cit., págs. 608-627. La nota del Rey, en Habla el Rey, Madrid, 1955, págs. 330 y 331. <<

[11] Romanones, Notas de una vida…, ob. cit., págs. 497-523; Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII…, ob. cit., págs. 147-172; Shlomo Ben Ami, Los orígenes…, ob. cit., págs. 347-351; Santos Juliá, Madrid, 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de clases, Siglo XXI, Madrid, 1984, págs. 7-16; Niceto Alcalá-Zamora, Memorias, Planeta, Barcelona, 1998, págs. 194 y sigs.; Josep Pla, Madrid. El advenimiento de la República, Destino, Madrid, 2003, págs. 102 y 108. <<

[12] Alcalá-Zamora y la Derecha Liberal, en Luis Íñigo Fernández, La derecha liberal…, ob. cit.; el populismo del joven Lerroux, en Joaquín Romero Maura, «La Rosa de Fuego». El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909, Alianza Editorial, Madrid, 1989 (reed.), y José Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista, Alianza, Madrid, 1990. Para los radicales en la República, Nigel Townson, La República que no pudo ser. La política de centro en España (1931-1936), Taurus, Madrid, 2002. También, Octavio Ruiz-Manjón, El Partido Republicano Radical 1908-1936, Tebas, Madrid, 1976. D’Olwer y el fracaso de su partido, en Isidre Moles, El sistema de partidos políticos en Cataluña 1931-1936, Ediciones de Bolsillo, Barcelona, 1973, págs. 66 y sigs. <<

[13] «Vocación oscilante» de Azaña, en Santos Juliá, Manuel Azaña…, ob. cit., págs. 10 y sigs. Fundación del Partido Radical Socialista, en Juan Avilés Farré, La izquierda burguesa en la II República, Espasa-Calpe, Madrid, 1985, págs. 43 y sigs. <<

[14] Joaquín Romero Maura, Ensayos sobre la violencia política en España, Marcial Pons, Madrid, 2000, págs. 188 y sigs. <<

[15] Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII…, ob. cit., págs. 194 y 209-210. <<

[16] La luna de miel de la República, en Josep Pla, «Vuit dies després, impressió general», Madrid, 25 de abril de 1931, en Obra completa. Polèmica. Cròniques parlamentàries (1929-1931), Destino, Barcelona, 1982; Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII…, ob. cit., págs. 266-275; Luis Íñigo Fernández, La Derecha Liberal Republicana…, ob. cit., págs. 271-279; Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Alianza, Madrid, 1983, págs. 315 y sigs. <<

[17] El «ultrarrepublicanismo» y la República «barata», en Enric Ucelay-Dacal, «Buscando el levantamiento plebiscitario, insurreccionalismo y elecciones», Ayer, núm. 20, págs. 49-80. La crónica de los sucesos del 10 y 11 de mayo varía sustancialmente en las memorias de Miguel Maura, Alcalá-Zamora u otros protagonistas; tampoco la prensa coincide, y no lo hará después a la hora de identificar a los activistas responsables. <<

[18] La pluralidad de actitudes en el seno del catolicismo, en Manuel Álvarez Tardío, Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión en la Segunda República Española (1931-1936), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002. La cultura clerical y el anticlericalismo, en los diversos estudios incluidos en Emilio La Parra López y Manuel Suárez Cortina (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, Biblioteca Nueva, Madrid, 1998, especialmente Julio de la Cueva Merino, «El anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra Civil» (págs. 211-296). También, Rafael Cruz (ed.), «El anticlericalismo», Ayer, núm. 27, y José Álvarez Junco, «Los intelectuales, anticlericalismo y republicanismo», en José Luis García Delgado (ed.), Los orígenes culturales de la II República, Siglo XXI, Madrid, 1993, págs. 101-126. <<

[19] Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII…, ob. cit., págs. 293 y sigs. Niceto Alcalá-Zamora, Memorias…, ob. cit., págs. 215-228. <<

[20] Shlomo Ben Ami, Los orígenes de la Segunda…, ob. cit., pág. 371-375. Nigel Townson, La República que no pudo ser…, ob. cit., págs. 69 y sigs. José Manuel Macarro, Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936), Universidad de Sevilla, Sevilla, 2000, págs. 44 y sigs. <<

[21] Juan J. Linz, Los partidos políticos en España, Narcea, Madrid, 1979, págs. 115 y sigs.; Santiago Varela, Partidos y Parlamento en la Segunda República, Fundación Juan March-Editorial Ariel, Madrid, 1978, págs. 58-65. <<

[22] Pedro C. González Cuevas, en Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Tecnos, Madrid, 1998, págs. 128 y sigs. Julio Gil Pecharromán, Conservadores subversivos. La derecha autoritaria alfonsina (1913-1936), Eudema, Madrid, 1994, págs. 91 y sigs. José R. Montero Gibert, La CEDA. El catolicismo social y político en la II República, Ediciones de la Revista del Trabajo, Madrid, 1977, vol. I, págs. 93-163. <<

[23] La coalición «totalmente deshecha», en Shlomo Ben Ami, Los orígenes de la Segunda República…, ob. cit., pág. 382. Luis Íñigo Fernández, La Derecha Liberal…, ob. cit., págs. 292-304. También, Joaquín Chapaprieta, La paz fue posible. Memorias de un político, Ariel, Barcelona, 1972, págs. 150 y sigs. Nigel Townson, La República que no pudo ser…, ob. cit., págs. 78-83. Juan Avilés Farré, La izquierda burguesa en la II República, Espasa-Calpe, Madrid, 1985, pág. 76. <<

[24] La circular del ministro a los gobernadores civiles, en Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII…, ob. cit., pág. 318 y 319. Javier Tusell, Octavio Ruiz-Manjón y Genoveva García Queipo de Llano, Las Constituyentes, unas elecciones de transición, CIS, Madrid, 1982. Las cifras de los resultados electorales, que varían en los distintos autores por la dificultad de precisarlas, son las de Santiago Varela, Partidos y parlamento…, ob. cit., pág. 69. Javier Tusell, Octavio Ruiz-Manjón y Genoveva García Queipo de Llano, Las Constituyentes, unas elecciones de transición, ob. cit. <<

[25] Santos Juliá, «Sistema de partidos y problema de consolidación de la democracia», Ayer, núm. 20, 1995, pág. 120. Octavio Ruiz-Manjón, El Partido Republicano Radical 1908-1936…, ob. cit., pág. 187; Nigel Townson, La República que no pudo ser…, ob. cit., págs. 85-87. <<

[26] Juan J. Linz, «Continuidad y discontinuidad en la élite política española, de la Restauración al régimen actual», Estudios de Ciencia Política y Sociología. Homenaje al profesor Ollero, Madrid, 1972, págs. 361-423. A. Mori, Crónica de las Cortes Constituyentes 1931-1933, vol. I, Madrid, 1932, págs. 7-21. La masa improvisada, en Josep Pla, Croniques parlamentàries (1929-1932), obra completa, vol. 40, Barcelona, 1982, págs. 440 y 441. Mercedes Cabrera, «Las Cortes republicanas», Ayer, núm. 20 (1995), págs. 13-47. <<

[27] Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes (DSCC), 27 de julio de 1931, págs. 160-166. J. Ballester Gozalvo, diputado en las Cortes Constituyentes, El final de las Constituyentes. La serpiente y el león, Madrid, s. f., pág. 8. <<

[28] Discurso de Besteiro, en DSCC, 27 de julio de 1931, págs. 157-160; el de Alcalá-Zamora, en DSCC, 28 de julio de 1931, págs. 168-175. <<

[29] Agustín Millares Cantero, Franchy Roca y los federales en el «Bienio azañista», Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1997, pág. 118. El debate, en DSCC de 28, 29 y 30 de julio de 1931, págs. 167-250. <<

[30] C. P. Boyd, «“Responsabilities” and the Second Republic, 1931-1936», en M. Blickorn (ed.), Spain in conflict 1931-1939. Spain and its enemies, Sage Publications, Londres, 1986, págs. 14-39. A. Mori, Crónica…, vol. I, ob. cit., págs. 105-122. Niceto Alcalá-Zamora, Memorias…, ob. cit., pág. 209. Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, vol. I, Crítica, Barcelona, 1978, pág. 97. <<

[31] Ángel Ossorio y Gallardo, Mis memorias, Tebas, Madrid, 1975, pág. 180. <<

[32] La comisión estaba compuesta por cuatro socialistas, además del presidente, tres radicales, tres radical-socialistas, dos catalanes, un diputado de Acción Republicana, otro de la Federación gallega, un federal, un progresista —como se llamaba ahora la Derecha Liberal Republicana—, un diputado vasco-navarro y otro agrario. La exposición de Jiménez de Asúa, en A. Mori, Crónica…, ob. cit., págs. 186-196. <<

[33] Juan Simeón Vidarte, Las Cortes Constituyentes de 1931-1933. Testimonios del Primer Secretario del Congreso de Diputados, Grijalbo, Barcelona, 1976. J. Ballester Gozalvo, El final de las Constituyentes…, ob. cit., págs. 45-48. Juan J. Linz, «From great hopes to civil war, the breakdown of Democracy in Spain», en Linz y Stepan (eds.), The breakdown of democratic regimes. Europe, Baltimore, 1978. L. Arranz, «Modelos de partido», Ayer, núm. 20, págs. 81-110. Santos Juliá, «Sistema de partidos y problemas de consolidación de la democracia», Ayer, núm. 20, págs. 111-139. <<

[34] Javier Corcuera, «El constitucionalismo de entreguerras y la Constitución española de 1931», Historia Contemporánea, núm. 6, 1991. Nigel Townson, La República que no pudo ser…, ob. cit., págs. 99 y 100; Luis Íñigo Fernández, La Derecha Liberal…, ob. cit., págs. 381 y 382. <<

[35] Francisco Tomás y Valiente, «El “Estado integral”, nacimiento y virtualidad de una fórmula poco estudiada», en José Luis García Delgado (ed.), La República española. El primer bienio…, ob. cit., págs. 379-395. José Antonio González Casanova, «Consideraciones sobre el proceso autonómico catalán durante la Segunda República española», ibídem, págs. 397-406. Santiago Varela, Partidos y Parlamento…, ob. cit., págs. 125 y sigs. <<

[36] Juan Pablo Fusi, El problema vasco en la II República, Turner, Madrid, 1979; José Luis de la Granja, Nacionalismo y II República en el País Vasco, CIS, Madrid, 1986; Santiago de Pablo, Ludger Mees y José Antonio Rodríguez, El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco, I, 1895-1936, Crítica, Barcelona, 1999, págs. 209 y sigs. <<

[37] Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra…, ob. cit., vol. I, págs. 133-134 y 232; Julio de la Cueva, «El anticlericalismo en la Segunda República…», ob. cit., págs. 229-232; Manuel Álvarez Tardío, Anticlericalismo y libertad de conciencia…, ob. cit., págs. 133 y sigs. <<

[38] Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra…, ob. cit., págs. 217-219. Su discurso, en DSCC, 14 de octubre de 1931, págs. 1726-1728. Manuel Álvarez Tardío, Anticlericalismo y libertad de conciencia…, ob. cit., págs. 175-185, y Julio de la Cueva, «El anticlericalismo en la II República…», ob. cit.; la abstención, en págs. 238 y 239. <<

[39] El texto de la dimisión de Alcalá-Zamora, en Ángel Alcalá Galve, Alcalá Zamora y la agonía de la República, Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2002, págs. 361-363. Niceto Alcalá-Zamora, Memorias…, ob. cit., pág. 229. Luis Íñigo Fernández, La derecha liberal…, ob. cit., págs. 388-391. Santiago Varela, Partidos y Parlamento…, págs. 194 y sigs. Josep Pla, «D’Alcala Zamora a Azaña», 18 de octubre de 1931, Croniques parlamentàries…, ob. cit., págs. 397-402. <<

[40] El discurso de Azaña, en DSCC, 14 de octubre de 1931, págs. 1726-1728. El debate de la Ley de Defensa de la República, en DSCC de 20 de octubre de 1931, págs. 1836-1847. Manuel Ballbé, Orden público y militarismo…, ob. cit., pág. 197. <<

[41] Niceto Alcalá-Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931, Civitas, Madrid, 1981(reed.). Santiago Varela, Partidos y Parlamento…, ob. cit., cap. IV. Juan Ignacio Marcuello y Manuel Pérez Ledesma, «Parlamento y Poder Ejecutivo en la España contemporánea», Revista de Estudios Políticos, núm. 93, págs. 17-38. Juan Pablo Fusi, «La Jefatura del Estado y del Gobierno», en Antonio Morales Moya y Mariano Esteban de Vega (eds.), La historia contemporánea en España, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 1992, págs. 22 y 23. Antonio Robles, «Las coaliciones de Gobierno durante la Segunda República (1931-1936)», Histoire et Mémoire de la Seconde République Espagnole, Université Paris X, París, 2002, págs. 43-61. <<

[42] Gil-Robles, cit. por J. R. Montero, La CEDA, ob. cit., pág. 204. José María Gil-Robles, No fue posible la paz, Planeta, Barcelona, 1998, págs. 61-73. La Constitución, en Leonardo Morlino, Dalla democracia all’autoritarismo, Il Mulino, Bologna, 1981, pág. 144. <<

[43] Manuel Azaña, Memorias políticas…, ob. cit., vol. I, págs. 327-329; Juan Simeón Vidarte, Las Cortes Constituyentes…, ob. cit., pág. 241. <<

[44] Manuel Azaña, Memorias políticas…, vol. I, ob. cit., págs. 334-344. Nigel Townson, La República que no pudo ser…, ob. cit., págs. 125 y sigs. <<

[45] Santos Juliá, Manuel Azaña, ob. cit., págs. 142-152. Eduardo Espín, Azaña en el poder. El Partido de Acción Republicana, CIS, Madrid, 1980. El discurso de Azaña y el debate consiguiente, en DSCC de 17 de diciembre de 1931, págs. 2936-2955; las palabras de Teodomiro Menéndez, en págs. 2949 y 2950. <<

[46] Enseñar a gobernar en democracia, cit. por Santos Juliá, Manuel Azaña…, ob. cit., pág. 154. <<

[47] Largo Caballero, en declaraciones del 22 de noviembre de 1931 al periódico Ahora, recogidas en Cuatro historias de la República…, ob. cit., págs. 286 y 291. Santos Juliá, «Objetivos políticos de la legislación laboral», La Segunda República. El primer bienio…, ob. cit., págs. 27-47. <<

[48] Julián Casanova, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Crítica, Barcelona, 1997; la cita entrecomillada, en pág. 111. José Manuel Macarro, «Sindicalismo y política», Ayer, núm. 20, 1995, págs. 141171. John Brademas, Anarcosindicalismo y revolución en España (1930-1937), Ariel, Barcelona, 1974. Antonio Elorza, La utopía anarquista bajo la Segunda República Española, Ayuso, Madrid, 1973, págs. 351 y sigs. <<

[49] Conflictos en el seno de las organizaciones socialistas, por ejemplo en Andalucía, en José Manuel Macarro, Socialismo, República y revolución…, ob. cit. Coexistencia de viejas y nuevas formas de protesta y acción, en Carlos Gil Andrés, Echarse a la calle. Amotinados, huelguistas y revolucionarios (La Rioja, 18901936), Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2000, págs. 179 y sigs. <<

[50] Mercedes Cabrera, La patronal ante la República. Organizaciones y estrategia (1931-1936), Siglo XXI, Madrid, 1983; las citas, en págs. 205-218 y 156159. José Manuel Macarro, La utopía revolucionaria. Sevilla en la Segunda República, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, Sevilla, 1985. Santos Juliá, Madrid, 1931-1934…, ob. cit. <<

[51] Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Ariel, Barcelona, 1971; Pascual Carrión, Los latifundios en España, Ariel, Barcelona, 1975 (2.ª ed.). La cultura agraria, en José Manuel Macarro, Socialismo, República y revolución…, ob. cit., págs. 195 y sigs. Las incoherencias y contradicciones de los partidos, en Santiago Varela, Partidos y Parlamento…, ob. cit., págs. 229 y sigs. <<

[52] Mercedes Cabrera, La patronal ante la Segunda República…, ob. cit., págs. 176 y sigs. <<

[53] Luis Íñigo Fernández, La Derecha Liberal…, ob. cit., págs. 400-425; Nigel Townson, La República que no pudo ser…, ob. cit., págs. 133-161. Texto del manifiesto socialista, reproducido en José Ballester Gozalvo, El final de las Constituyentes…, ob. cit., págs. 26-32. <<

[54] El debate, en DSCC de 19 de julio de 1932, págs. 7139-7162, y de 20 de julio de 1932, págs. 7185-7219. <<

[55] Michael Alpert, La reforma militar de Azaña (1931-1933), Siglo XXI, Madrid, 1982. Santos Juliá, Manuel Azaña…, ob. cit., págs. 98-110 y 172 y sigs. Carlos Seco Serrano, Militarismo y civilismo en la España contemporánea, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1984, págs. 393 y 394. <<

[56] Carlos Gil Andrés, La República en la plaza. Los sucesos de Arnedo en 1932, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2002. Pedro Carlos González Cuevas, Acción Española…, ob. cit., págs. 165 y sigs. Julio Gil Pecharromán, Conservadores subversivos…, ob. cit., págs. 108 y sigs. Nigel Townson, La República que no pudo ser…, ob. cit., págs. 167-178. <<

[57] La anotación de Azaña de 20 de agosto, en Memorias…, ob. cit., págs. 204 y 205. Las intervenciones de Azaña, la aprobación de la reforma y los intereses afectados, en Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina…, ob. cit., págs. 239-277. <<

[58] Azaña frente a Ortega, en Santos Juliá, Manuel Azaña…, ob. cit., pág. 199 y sigs. Andrés de Blas, «El debate doctrinal sobre la autonomía en las Cortes Constituyentes de la II República», Historia Contemporánea, núm. 6, 1991, págs. 119-143. Borja de Riquer, «El sistema de partidos en Cataluña durante el primer bienio (1931-1933)», en ibídem, págs. 85-91. <<

[59] Santos Juliá, Los socialistas en la política…, ob. cit., pág. 193. La Federación de Izquierdas, en Eduardo Espín, Azaña en el poder…, ob. cit., y en Juan Simeón Vidarte, Las Cortes Constituyentes…, ob. cit., págs. 500 y sigs. <<

[60] Los acontecimientos de Casas Viejas, en Julián Casanova, De la calle al frente…, ob. cit., págs. 111-113. El debate parlamentario, en DSCC de 3 de febrero de 1933, págs. 10917-10962. <<

[61] Juan Simeón Vidarte, Las Cortes Constituyentes…, ob. cit., págs. 515-527. <<

[62] Manuel Álvarez Tardío, Anticlericalismo y libertad de conciencia…, ob. cit., págs. 235-270; Julio de la Cueva, «El anticlericalismo…», ob. cit., págs. 242-244; Santos Juliá, Manuel Azaña…, ob. cit., págs. 214-216. <<

[63] Resultados electorales, en Nigel Townson, La República que no pudo ser…, ob. cit., págs. 198 y 199, y Luis Íñigo Fernández, La Derecha Liberal…, ob. cit., págs. 442 y 443. <<

[64] José Ramón Montero Gibert, La CEDA…, vol. I, ob. cit., págs. 143-221 y 245-304. Pedro Carlos González Cuevas, Acción Española…, ob. cit., págs. 128 y sigs.; la cita de ABC, en pág. 179 y sigs. Rafael Valls, La Derecha Regional Valenciana (1930-1936), Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1992, y Vicent Comes Iglesia, En el filo de la navaja. Biografía política de Luis Lucia Lucia (1888-1943), Biblioteca Nueva, Madrid, 2003. <<

[65] Alcalá-Zamora «centinela de la República», en Diego Martínez Barrio, Memorias, Planeta, Barcelona, 1978, pág. 49. Niceto Alcalá-Zamora, Memorias…, ob. cit., págs. 242-245 y 272-277. <<

[66] En el nuevo Gobierno, Azaña conservó el Ministerio de la Guerra y Casares Quiroga el de Gobernación, en Hacienda entró Agustín Viñuales, Fernando de los Ríos pasó a Estado, dejando la cartera de Instrucción Pública a un radical socialista, Francisco Barnés. Indalecio Prieto y Largo Caballero conservaron los Ministerios de Obras Públicas y Trabajo. El debate de investidura, en DSCC de los días 14 al 20 de junio de 1933. <<

[67] Julián Casanova, De la calle al frente…, ob. cit., pág. 130. Santos Juliá, Madrid 1931-1934…, ob. cit., págs. 147-190. Marta Bizcarrondo, «La crisis socialista, de la República a la Guerra Civil», en La II República. Una esperanza frustrada, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1987, págs. 83-104. José Manuel Macarro, Socialismo, República y revolución…, ob. cit., págs. 230 y sigs. Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina…, ob. cit., págs. 239-277. <<

[68] Mercedes Cabrera, La patronal ante la República…, ob. cit. <<

[69] «Contagio», en José Ballester Gozalvo, El final de las Constituyentes…, ob. cit., págs. 50-52; «Desbarajuste», en José Manuel Macarro, Socialismo, reforma y revolución…, ob. cit., págs. 186 y 187. Juan Avilés Farré, La izquierda burguesa…, ob. cit., págs. 169 y sigs. <<

[70] Gil-Robles, en DSCC de 4 de julio de 1933, págs. 13809-13813; Azaña, en DSCC de 6 de julio, págs. 13906 y 13910-13911. <<

[71] Nigel Townson, La República que no pudo ser…, ob. cit., pág. 2167. <<

[72] Santos Juliá, Manuel Azaña…, ob. cit., págs. 285 y 286. <<

[73] Nigel Townson, La República que no pudo ser…, ob. cit., págs. 220 y 221. El debate, reproducido en José Ballester Gozalvo, El final de las Constituyentes…, ob. cit., págs. 85-289. <<

[74] El golpe de Estado parlamentario, en Juan Simeón Vidarte, Las Cortes Constituyentes…, ob. cit., págs. 643-646. <<

[75] Las negociaciones y las notas públicas, en José Ballester Gozalvo, El final de las Contituyentes…, ob. cit. <<

[76] Mercedes Cabrera, «Las Cortes republicanas», ob. cit., págs. 30 y 31. De Ballester Gozalvo son los calificativos de «inolvidables» y «fecundísimas»; la labor ya cumplida, en las intervenciones de Lerroux en el debate de octubre; las opiniones de Gil-Robles, en prólogo a José de Medina Togores, Un año de Cortes Constituyentes (Impresiones parlamentarias), Madrid, s. a., 1932. <<

[1] Diego Martínez Barrio, Memorias, Planeta, Barcelona, 1983, págs. 175-176. <<

[2] Octavio Ruiz-Manjón, El Partido Republicano Radical, 1908-1936, Tebas, Madrid, 1976, pág. 376. <<

[3] Diego Martínez Barrio, Memorias, ob. cit., pág. 187. <<

[4] Alejandro Lerroux, La pequeña historia, Editorial Cimera, Buenos Aires, 1945, pág. 157. Más adelante (págs. 168 y 169) sugiere que hubo en aquel encargo un pacto tácito de ofrecerle el decreto de disolución si fracasaba. <<

[5] Niceto Alcalá-Zamora, Memorias (Segundo texto de mis memorias), Barcelona, Planeta, 1977, pág. 246, habla de reservar a Lerroux como una «esperanza de conciliación republicana». <<

[6] Diego Martínez Barrio, Memorias, ob. cit., pág. 195. <<

[7] Ibídem, pág. 203. <<

[8] Jean Bécarud, La Segunda República española. 1931-1936. Ensayo de interpretación, Taurus, Madrid, 1967 (original de 1962), pág. 94. <<

[9] Santos Juliá, Los socialistas en la política española, 1879-1982, Taurus, Madrid, 1997, pág. 198. <<

[10] Julio Gil Pecharromán, Historia de la Segunda República española (19311936), Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, págs. 58 y 179. <<

[11] Diego Martínez Barrio, Memorias, ob. cit., pág. 210. <<

[12] Niceto Alcalá-Zamora, Memorias, ob. cit., págs. 260 y 261. <<

[13] Pág. 211. <<

[14] En el Cuaderno de la Pobleta, en una anotación de 7 de agosto de 1937, alude a ella sin darle ningún relieve político, como tampoco lo hace su interlocutor, que volvía a ser Martínez Barrio. Manuel Azaña, Obras completas, Oasis, México, 1967, vol. IV, pág. 730. <<

[15] Págs. 259 y 260. <<

[16] José Ortega y Gasset, «¡Viva la República!», en Obras completas, XI, Escritos políticos, II (1922-1933), Revista de Occidente, Madrid, 1969, págs. 524-531. <<

[17] Diego Martínez Barrio, Memorias, ob. cit., pág. 213. <<

[18] Alejandro Lerroux, La pequeña historia, ob. cit., pág. 207. <<

[19] José María Gil-Robles, No fue posible la paz, Ariel, Barcelona, 1968, pág. 107. <<

[20] Diego Martínez Barrio, Memorias, ob. cit., pág. 214. <<

[21] Blanco y Negro, Madrid, 4 de febrero de 1934. <<

[22] Rafael Salazar Alonso, Bajo el signo de la revolución, Librería San Martín, Madrid, 1935, págs. 30-32. <<

[23] Discurso del 4 de febrero, en el cine Pardiñas, de Madrid. En Indalecio Prieto, Discursos fundamentales, Turner, Madrid, 1975, págs. 201 y 203. <<

[24] Discurso a los jóvenes republicanos, en Obras completas, Oasis, México, II (1966), pág. 963. <<

[25] «Grandezas y miserias de la política», recogida en Obras completas, III (1967), págs. 5-21. <<

[26] José María Gil-Robles, No fue posible la paz, ob. cit., pág. 116. <<

[27] Salvador de Madariaga, Memorias (1921-1936). Amanecer sin mediodía, Espasa-Calpe, Madrid, 1974, págs. 417 y 418. <<

[28] Niceto Alcalá-Zamora, Memorias, ob. cit., pág. 273. <<

[29] Diego Martínez Barrio, Memorias, ob. cit., pág. 220, que dice que contó lo ocurrido en el Consejo de ministros de diciembre de 1933 para oponerse a la propuesta. <<

[30] Carta de Lerroux a Cándido Casanueva, de 14 de septiembre de 1936, desde Leiria (Portugal). Recogida parcialmente en José María Gil-Robles, No fue posible la paz, ob. cit., pág. 121. <<

[31] Josep Pla, Historia de la Segunda República española, Destino, Barcelona, 1940, vol. III, págs. 12 y 13. <<

[32] Niceto Alcalá-Zamora, Memorias, ob. cit., pág. 274. <<

[33] José María Gil-Robles, No fue posible la paz, ob. cit., pág. 122. <<

[34] Alejandro Lerroux, La pequeña historia, ob. cit., pág. 258. <<

[35] Niceto Alcalá-Zamora, Memorias, ob. cit., pág. 278. <<

[36] Diego Martínez Barrio, Memorias, ob. cit., pág. 232. <<

[37] Niceto Alcalá-Zamora (Memorias, ob. cit., pág. 282) ha rechazado rotundamente esa imagen de energía del ministro. <<

[38] Carta de Gil-Robles a Samper, de 30 de junio de 1934, en Octavio RuizManjón, El Partido Republicano Radical, 1908-1936, ob. cit., págs. 441-444. <<

[39] Carta de Gil-Robles a Samper, de 30 de junio de 1934, en Octavio RuizManjón, El Partido Republicano Radical, 1908-1936, ob. cit., pág. 451. <<

[40] César Jalón, Memorias políticas, Guadarrama, Madrid, 1973, págs. 116-118. <<

[41] Manuel Azaña, Obras completas, ob. cit., vol. IV, pág. 668. <<

[42] Rafael Salazar Alonso, Bajo el signo de la revolución, ob. cit., págs. 326 y 331. Cfr. Carta de Eloy Vaquero a Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, en Niceto Alcalá-Zamora, Discursos, Taurus, Madrid, 1979, pág. 32. <<

[43] Alejandro Lerroux, La pequeña historia, ob. cit., pág. 261. <<

[44] El comité lo componían Francisco Largo Caballero, Enrique de Francisco, Carlos Hernández Zancajo, Santiago Carrillo, Felipe Pretel y Juan Simeón Vidarte, el único que no fue detenido, que nos ha contado que estuvo una semana sin otra información que la que proporcionaba la radio. Juan Simeón Vidarte, El bienio negro y la insurrección de Asturias. Testimonio del entonces Vicesecretario y Secretario del PSOE, Grijalbo, Barcelona, 1978, págs. 240-290. <<

[45] Diego Hidalgo, ¿Por qué fui lanzado del Ministerio de la Guerra?, Espasa-Calpe, Madrid, 1934, pág. 30. <<

[46] Niceto Alcalá-Zamora, Memorias, ob. cit., pág. 294. <<

[47] Juan Simeón Vidarte, El bienio negro y la insurrección de Asturias, ob. cit., pág. 369. <<

[48] Una descripción detallada del manifiesto, en Julio Gil Pecharromán, Conservadores subversivos. La derecha autoritaria alfonsina (1913-1936), Eudema, Madrid, 1994, págs. 200 y 201. <<

[49] Carta del 25 de diciembre de 1934, en Manuel Azaña, Obras completas, III, Oasis, México, 1967, pág. 590. <<

[50] Fruto de ese trabajo fue el libro Los defectos de la Constitución de 1931 (Imp. de R. Espinosa, Madrid, 1936), que recogía las propuestas de Alcalá-Zamora en esos debates. <<

[51] Carta del 16 de enero de 1935, reproducida en Manuel Azaña, Obras completas, ob. cit., págs. 591-593. <<

[52] El discurso en las Cortes abriría el libro Discursos en campo abierto (Espasa-Calpe, Madrid, 1936), que se recogería en Manuel Azaña, Obras completas, ob. cit., págs. 181-293. <<

[53] Carta del 23 de marzo de 1935, que contesta a la que Vidarte le envió el 20 de ese mismo mes. Ambas, en Juan Simeón Vidarte, El bienio negro y la insurrección de Asturias, ob. cit., págs. 388-393. <<

[54] Azaña la daba por descontada en su carta a Prieto del 4 de marzo. En Manuel Azaña, Obras completas, ob. cit., págs. 595-597. <<

[55] La pequeña historia, ob. cit., pág. 378. <<

[56] César Jalón, Memorias políticas, ob. cit., pág. 204. <<

[57] Niceto Alcalá-Zamora, Memorias, ob. cit., pág. 304. <<

[58] Recogido en Juan Simeón Vidarte, El bienio negro y la insurrección de Asturias, ob. cit., págs. 396-398. El autor, que lo era también de la circular, pretende presentarla como el punto de arranque del Frente Popular. <<

[59] Reproducidas, algunas parcialmente, en Juan Simeón Vidarte, El bienio negro y la insurrección de Asturias, ob. cit., págs. 402-407. <<

[60] Carta de Azaña a Prieto, de 20 de abril de 1935. En Manuel Azaña, Obras completas, ob. cit., págs. 601 y 602. <<

[61] Niceto Alcalá-Zamora, Memorias, ob. cit., pág. 334. <<

[62] Por ejemplo, en el mitin celebrado en Santiago de Compostela a primeros de septiembre de 1935. <<

[63] Manuel Azaña, Obras completas, ob. cit., pág. 603. <<

[64] José María Gil-Robles, No fue posible la paz, ob. cit., pág. 291; Joaquín Chapaprieta, La paz fue posible. Memorias de un político, Ariel, Barcelona, 1971, pág. 207. <<

[65] César Jalón, Memorias políticas, ob. cit., pág. 221; Rafael Salazar Alonso, Bajo el signo de la revolución, ob. cit., pág. 305. <<

[66] Niceto Alcalá-Zamora, Memorias, ob. cit., pág. 312. <<

[67] Niceto Alcalá-Zamora, Memorias, ob. cit., págs. 341 y 344. <<

[68] Ibídem, pág. 534. <<

[69] José María Gil-Robles, No fue posible la paz, ob. cit., págs. 365 y 366. El propio Franco exculparía de la iniciativa a Gil-Robles en una carta del 4 de febrero de 1937, que se reproduce en las págs. 377 y 378. <<

[70] Joaquín Chapaprieta, La paz fue posible, ob. cit., págs. 353-360. <<

[71] Niceto Alcalá-Zamora, Memorias, ob. cit., págs. 344 y 345. <<

[72] Joaquín Chapaprieta, La paz fue posible, ob. cit., pág. 363. <<

[1] «Querella por rebelión militar contra Don Manuel Azaña Díaz y Don Luis Bello», AHN, Fondos Modernos, Tribunal Supremo, leg. 2.1. <<

[2] He tratado de este proceso en Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936), Siglo XXI, Madrid, 1979, págs. 27-41, y Manuel Azaña. Una biografía política, Alianza, Madrid, 1990, págs. 387-440. Nota de los tres partidos, Política, 18 de abril de 1935. <<

[3] Azaña a Prieto, 16 de enero de 1935, Obras completas, ob. cit., págs. 591 y 592; Prieto a Azaña, 21 de enero de 1935, BN, Manuscritos, 22128, 6 y 7; Acta de la comisión ejecutiva del PSOE, 20 de marzo de 1935, FPI AH; Prieto a la comisión ejecutiva, Documentos socialistas, Madrid, s/f., págs. 19-26; una copia de la circular de Vidarte, SHM, arm. 46, leg. 63. <<

[4] «Propuesta de acusación formulada por el Sr. Goicoechea y otros Sres. Diputados contra D. Manuel Azaña Díaz», DSC, 12 de marzo de 1935, Apéndice 30. Declaraciones de Rodezno, ABC, 21 de marzo de 1935. <<

[5] Discurso de Azaña, DSC, 20 de marzo de 1935, págs. 7016-7036 y 70427048. Notas de Claude Bowers, Misión en España, Grijalbo, Barcelona, 1977, pág. 154. <<

[6] Cartas del comité central del PCE a responsables de organización de los comités provinciales, 29 y 30 de octubre de 1935, APCE, VIII, 112 y 113. Para detalle de la tediosa correspondencia cruzada durante 1935, Santos Juliá, «Sobre la formación del Frente Popular en España», Sistema, 73 (julio 1986), págs. 67-81. <<

[7] Azaña a Enrique de Francisco, 14 de noviembre de 1935, que he reproducido en «Tres cartas inéditas sobre la propuesta de un frente electoral», Revista de Derecho Político, 12 (invierno 1981-1982), págs. 271-275. <<

[8] «Acta de la comisión ejecutiva del PSOE», 16 de noviembre de 1935, FPI AH, 20-23. Folios 113-114; «Acta de la reunión celebrada el día 16 de noviembre de 1935 por las comisiones ejecutivas de la UGT, PSOE y FNJS», en Francisco Largo Caballero, Escritos de la República. Notas históricas de la guerra de España, Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 1987, págs. 255-259. <<

[9] Discurso de propaganda electoral, Política, 15 de febrero de 1936. <<

[10] Javier Tusell, Las elecciones del Frente Popular en España, Edicusa, Madrid, 1971, vol. 2, pág. 13. <<

[11] Manuel Portela Valladares, Memorias, Alianza, Madrid, 1988, págs. 184196. Para diversos intentos de manifestación, El Sol, 18 y 19 de febrero de 1936. <<

[12] El Sol, 20 de febrero de 1936. <<

[13] José María Gil-Robles, No fue posible la paz, ob. cit., pág. 780. <<

[14] Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Ariel, Barcelona, 1970, págs. 424-433. <<

[15] Herbette a Delbos, 10 de julio de 1936, DDF, II, 423. En mayo de 1937, Azaña recuerda el encargo a Prieto en conversación con Cordero y Vidarte. «¡Era el momento de Prieto!», les dijo: Juan Simeón Vidarte, Todos fuimos culpables, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, pág. 664. <<

[16] Juan García Oliver, dando cuenta de las conclusiones a las que llegó el grupo Nosotros a principios de 1936, El eco de los pasos, Ruedo Ibérico, Barcelona, 1978, pág. 163; discurso de Largo Caballero en la clausura del congreso de la Federación de la Edificación, Claridad, 27 de junio de 1936. <<

[17] M. Dashar [Helmut Rudiger], The revolutionary movement in Spain, Libertarian Publishing Society, Nueva York, 1934, pág. 12. <<

[18] Paulino Masip, El diario de Hamlet García [1944], Madrid, 2003, pág. 103. Pero este testimonio literario concuerda del todo con lo que sabemos de esas horas por otras fuentes. <<

[19] Diego Martínez Barrio, Memorias, Planeta, Barcelona, 1983, págs. 362368. De esa noche y de la mañana del 19 ha dejado un vivo, y algo dolido, relato Marcelino Domingo, España ante el mundo, México, 1937, págs. 231-234. A pesar de lo que cuenta su secretario personal, Santos Martínez Saura, en Memorias, Barcelona, 2001, págs. 404-407, no es verosímil que Azaña, antes que a Martínez Barrio, haya ofrecido el encargo a Indalecio Prieto. <<

[20] Manuel Azaña a Gonzalo R. Lafora, Barcelona, 12 de julio de 1938, en Manuel Azaña, Apuntes de memoria y Cartas, ed. de Enrique de Rivas, Valencia, 1990, vol. 1, págs. 302 y 303. También Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos, Ed. Unidad, México, 1976, págs. 156 y 157. <<

[21] La primera cita es de un personaje de ficción, Tomás Labayen, en su errático deambular por las calles de Madrid: Juan Iturralde, Días de llamas, Debate, Madrid, 2002, pág. 53; la segunda, de Arturo Barea, La forja de un rebelde, Debate, Madrid, 2000, págs. 633-638. <<

[22] José Moreno Villa, Vida en claro, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1976, pág. 211; testimonio recogido de Alejandro Vitoria, en Ronald Fraser, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, Crítica, Barcelona, 1979, vol. 1, pág. 331. <<

[23] Félix Carrasquer, de la CNT-FAI, a Fraser, Recuérdalo…, ob. cit., pág. 186; para los sindicatos como base de la nueva sociedad, CNT, 7 y 20 de enero y 13 de marzo de 1937. <<

[24] Miguel de Unamuno a Quintín de la Torre, 1 de diciembre de 1936, en Luciano Fernández Egido, Agonizar en Salamanca. Unamuno (julio-diciembre 1936), Alianza, Madrid, 1986, pág. 210. <<

[25] Santiago de Pablo, Ludger Mees y José A. Rodriguez Ranza, El péndulo patriótico, Crítica, Barcelona, 2001, vol. 2, págs. 9-19; Juan Pablo Fusi, «El País Vasco durante la guerra», en Edward Malefakis, La guerra de España, 19361939, Taurus, Madrid, 1996, págs. 291-299. <<

[26] Aurora Bosch, Ugetistas y libertarios. Guerra civil y revolución en el País Valenciano, 1936-1939, Debat, Valencia, 1984, págs. 20-23 y 372-375. <<

[27] Helmut Rudiger, «Materiales para la discusión sobre la situación española en el Pleno de la AIT de 11 de junio de 1937», SHM, leg. 46, carp. 63. <<

[28] Araquistáin a Caballero, 24 de agosto de 1936, FPI AFLC. <<

[29] Carta de dimisión de Giral, AMAE, RE 133, carp. 9; observación sobre el Lenin español, Cipriano Rivas, Retrato de un desconocido, Grijalbo, Barcelona, 1981, pág. 351. <<

[30] Díaz y Duclos a Dimitrov, 4 de septiembre de 1936, RHS, doc. 9, págs. 52 y 53. <<

[31] «Acta del Pleno Regional de Grupos Anarquistas de Cataluña celebrado en Barcelona el 21 de agosto de 1936» y «Dictamen emitido por la ponencia», aprobado por el Pleno Nacional de Regionales de 15-17 de septiembre de 1936, AHNS, Serie Bilbao, leg. 39. <<

[32] Largo Caballero a Manuel Azaña, 4 de noviembre de 1936, AMAE, RE 137, carp. 2. Azaña comunicó aquella tarde a Carles Pi i Sunyer que «quería marcharse, salir de España, renunciar a la presidencia», según cuenta este en La República y la guerra, Grijalbo, México, 1975, pág. 418. <<

[33] Pleno Ampliado del Comité Central del Partido Comunista de España, Lo que el Partido Comunista considera indispensable hacer para ganar la guerra, Barcelona, 1937, pág. 10. «Declaración ministerial», Claridad, 5 de septiembre de 1936. <<

[34] Juan García Oliver, El fascismo internacional y la guerra antisfascista española, Barcelona, 1937, pág. 13; Juan López, Concepto del federalismo en la guerra y en la revolución, Barcelona, 1937, pág. 9; Diego Abad de Santillán, La revolución y la guerra de España, La Habana, 1938, pág. 69; «Declaraciones del compañero Mariano R. Vázquez», CNT, 13 de enero de 1937; José Díaz, «Ante el gobierno del pueblo, orden, disciplina y legalidad», en El PCE por la libertad y la independencia de España, Valencia, marzo 1937. <<

[35] El camino de la victoria. Llamamiento del Partido Comunista a todos los pueblos de España y a cuantos aman la paz, el progreso y la libertad, Valencia, s/f; Manuel Azaña, «Discurso en el Ayuntamiento de Valencia», 21 de enero de 1937, OC, vol. III, pág. 340. Para el discurso de guerra de independencia nacional contra el invasor, Santos Juliá, «Fuerza y debilidad del Frente Popular en la guerra civil», Leviatán (otoño de 1988), págs. 53-71. <<

[36] Federica Montseny, La Commune de París y la revolución española, Valencia, 1937; Dolores Ibárruri, Las heroicas mujeres de España. Discursos pronunciados en el homenaje del pueblo argentino a Pasionaria el 28 marzo 1937, Buenos Aires, 1937. <<

[37] Juan López, Concepto del federalismo, ob. cit.; Juan Peiró, De la fábrica de vidrio de Mataró al Ministerio de Industria, Valencia, 1937. <<

[38] CNT/AIT, Congreso Regional de Campesinos de Cataluña. Memoria, septiembre 1936. Barcelona, 1936, págs. 22 y 23. Julián Casanova, Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, Siglo XXI, Madrid, 1985, pág. 120, para los «grupos armados procedentes del exterior». <<

[39] José Luis de la Granja, República y guerra civil en Euskadi, Oñati, 1990, pág. 264; lo de tarifar es de Azaña, Diarios completos, Crítica, Barcelona, 2001, anotación de 31 de mayo de 1937. <<

[40] Bruno Tobia, «Pietro Nenni e la politica dell’Internazionale Operaia e Socialista (1930-1939)», en Enzo Colloti (ed.), L’Internazionale Operaia e Socialista tra le due guerre, Feltrinelli, Milán, 1985, págs. 161-167. <<

[41] Luis Buñuel, Mi último suspiro, Plaza y Janés, Barcelona, 1982, págs. 186-189. <<

[42] Ian Gibson, Paracuellos, cómo fue, Argos Vergara, Barcelona, 1983, pág. 191, propone la «cifra aproximada» de 2400, que Javier Cervera, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, Alianza, Madrid, 1998, reduce a «algo más de 2000». <<

[43] «Conferencia del camarada Antón», Mundo Obrero, 4 de noviembre de 1936. <<

[44] Hay interesantes observaciones sobre la naturaleza interclasista del PCE durante la guerra y de su atractivo entre jóvenes y mujeres, en Helen Graham, The Spanish Republic at War, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, págs. 180-184. <<

[45] «A nuestros hermanos de la UGT», CNT, 12 de enero de 1937; «Hacia la unión del proletariado», Claridad, 3 de marzo de 1937. <<

[46] Para todo esto, «Los sindicatos y la política», «La más urgente necesidad es conseguir la alianza CNT y UGT» y «Circular urgente», CNT, 2 y 6 de enero, y 8 de marzo de 1937. Comité nacional, «Circular a las Regionales», 21 de marzo de 1937, AHNS, serie Bilbao, leg. 39; «Proyecto de bases de un Estatuto de Levante», CNT, 1 de abril de 1937. <<

[47] «Escrito a favor de la unificación política del proletariado hispánico», FPI AFLC, 197-24, y «Forjemos el órgano político de la Revolución. Por la unidad marxista hacia la unificación total del proletariado español», Claridad, 6 de enero de 1937; Comisión ejecutiva «Al Comité de…», 6 de enero de 1967, SHM, arm. 46, leg. 63. <<

[48] Conversación de Azaña y Largo Caballero en Benicarló, 19 de febrero de 1937, en Manuel Azaña, Apuntes de memoria, texto 6. <<

[49] Comité nacional del Partido Socialista, «A los comités de las Agrupaciones socialistas», marzo de 1937. SHM, arm. 46, leg. 63. <<

[50] Conversación de Azaña con Díaz e Ibárruri, en Manuel Azaña, Apuntes de memoria, 14-20 de marzo, doc. 8, pág. 223. De esta conversación, en términos muy similares aunque atribuyendo a Azaña la propuesta de separar el Ministerio de la Guerra de la presidencia del Consejo, da cuenta Marty a Dimitrov en un informe de 28 de marzo de 1937, RHS, doc. 42, pág. 241. En otro informe anterior, Marty no descartaba la posibilidad de «forzar una reorganización del Gabinete con otro ministro de Guerra o incluso un Gobierno sin Caballero» si fuera necesario, RHS, doc. 39, pág. 213. <<

[51] RHS, doc. 42, pág. 240. <<

[52] «Una sensacional declaración de Largo Caballero», Claridad, 27 de febrero de 1937; «Dictamen de la Ponencia designada por el Pleno Nacional de Regionales para estudiar la forma de neutralizar la descarada ofensiva desencadenada por el Partido Comunista contra la Organización Libertaria», y carta de Mariano R. Vázquez a la Regional de Aragón de 27 de abril de 1937, SHM, arm. 46, leg. 66. <<

[53] Araquistáin a Largo Caballero, 2 de mayo de 1937, FPI AH, 26-36; Comité nacional de la CNT, «Circular urgentísima», 11 de marzo de 1937, SHM, arm. 46, leg. 66. <<

[54] Garcés, en La velada en Benicarló, págs. 417-423. Azaña volvió sobre estos temas en «El Estado republicano y la revolución» y «La revolución abortada», dos de sus «Artículos sobre la guerra de España», OC, IV, págs. 493-504. <<

[55] Cintas telegráficas de las comunicaciones de Azaña con Valencia los días 4 a 6 de mayo, SHM, leg. 461, y relato del mismo Azaña, Diarios, 20 de mayo de 1937. <<

[56] Notas y documentos de la crisis se publicaron con profusión en la prensa. El comité nacional de la CNT conservó una buena colección: AHNS, serie Bilbao, carp. 39, o SHM, arm. 46, leg. 66. <<

[57] Este borrador data al menos del 11 de mayo, fecha de una «Carta informativa sobre la situación política reciente en España» de Codovilla, delegado de la Internacional en España, a Moscú, RHS, doc. 43. <<

[58] Diarios, anotación de 20 de mayo de 1937. <<

[59] Para estas visitas, Juan Simeón Vidarte, Todos fuimos culpables, ob. cit., págs. 663-665; Manuel Azaña, Diarios, 20 de mayo. <<

[60] Sigo aquí lo escrito por mí en «Presidente por última vez, Azaña en la crisis de mayo de 1937», en Alicia Alted, Ángeles Egido y M.ª Fernanda Mancebo (eds.), Manuel Azaña. Pensamiento y acción, Alianza, Madrid, 1996, págs. 239-256. <<

[61] Conversación de Eden con Pizzardo, 10 de mayo de 1937, PRO, FO 371/21158, y carta de Eden a Dummond, embajador en Roma, dándole cuenta, DBFP, Second Series, XVIII, 1937, págs. 744 y 745. <<

[62] De la propuesta de Eden y de la conversación con Gomá dio cuenta Pizzardo al embajador de Italia ante la Santa Sede, 27 de mayo de 1937, Archivio del Ministero degli Affari Esteri, Roma, Serie Santa Sede, 1937, busta 35. <<

[63] Los sucesos de mayo en Barcelona (relato auténtico), Nueva York [1937], que contiene «Un Informe del comité nacional de la Confederación Nacional de Trabajo». <<

[64] Azaña, Diarios, 26 de julio de 1937. <<

[65] Teniente coronel Morel a M. Daladier, Valencia, 12 de junio de 1937, DDF, VI, 62. <<

[66] Son comentarios de Azaña ante Negrín y Zugazagoitia, a quienes evitó hablar de «la posible defección de los nacionalistas, que puede ser una aprensión mía, y he de cuidar no ensombrecer sin utilidad conocida el ánimo de los ministros», Diarios, 31 de mayo de 1931, pág. 974. <<

[67] Togliatti, «Informe de 30 de agosto de 1937», en Escritos, pág. 129; Dolores Ibárruri, Es hora ya de crear el gran Partido Único del Proletariado, Madrid, 1937, págs. 6, 55 y 63. También, La victoria exige el Partido Único del Proletariado. Carta del Buró Político del Comité Central del PCE a la Comisión Ejecutiva del PSOE, junio de 1937. <<

[68] Rojo habla de todo esto con Azaña el 1 de noviembre de 1937, Diarios, pág. 1194. <<

[69] Conversación de Azaña con Labonne: Labonne a Delbos, 25 de febrero de 1938, cit. <<

[70] Labonne a Paul-Boncour, dando cuenta de la visita de Negrín y Giral el 16 de marzo de 1938, DDF, VIII, 455. <<

[71] Azaña, Apuntes de memoria, texto 13; en su Comentarios, Enrique de Rivas cita otros testimonios de esta reunión y restablece su fecha. Las posiciones de cada ministro, en Palmiro Togliatti, «Verbali di riunioni e appunti redatti a mano da Palmiro Togliatti nel corso della sua presenza in Spagna, 1937-1939», 50, Archivo del Instituto Gramsci, Roma. <<

[72] Mariano Ansó, Yo fui ministro de Negrín, Planeta, Barcelona, 1976, pág. 217; Negrín había tildado de traidores a los que se complacían en destacar «la superioridad momentánea en armamento de que goza el enemigo», Discurso del presidente del Consejo de Ministros Don Juan Negrín pronunciado el día 26 de febrero de 1938, Barcelona, pág. 12. <<

[73] Labonne a Paul-Boncour, 1 de abril de 1938, DDF, IX, 102. <<

[74] Martínez Barrio recuerda que asistieron Negrín, Companys, Monzón, González Peña, Vázquez, Díaz, Quemades y él, Memorias, pág. 372. He seguido aquí las notas de Togliatti, que añaden a esta lista los nombres de Josep Tarradellas y Lluís Nicolau d’Olwer, «Verbali di riunioni», pág. 54. <<

[75] Diarios, 22 de abril de 1938. <<

[76] Memorándum de la conversación de Negrín con M. de Lilliehöök, 4 de julio de 1938, PRO FO 371/22660. <<

[77] «Comité nacional del PSOE», El Socialista, 9, 10 y 11 de agosto. Hay un relato de esta reunión en Vidarte, Todos fuimos culpables, ob. cit., págs. 844852. Prieto dio su versión en Cómo y por qué salí del Ministerio de Defensa Nacional [1939], Planeta, Barcelona, 1989. <<

[78] Juan Avilés Farré, Pasión y farsa. Franceses y británicos ante la guerra civil española, Eudema, Madrid, 1994, pág. 132. <<

[79] Azaña, Diarios, 12 de mayo de 1938, para la conversación con Prieto. Lo mismo recuerda al nuevo embajador francés, Jules Henry, en conversación de 4 de febrero de 1939, DDF, XIV, 38. <<

[80] Se refiere a su último discurso de guerra, pronunciado en el Ayuntamiento de Barcelona el 18 de julio, que terminaba con la conocida invocación de paz, piedad y perdón, OC, III, ob. cit., págs. 365-378. <<

[81] Conversación de Azaña con John Leche, 29 de julio de 1938, y minutas, PRO FO 371/22660. Trata de esta entrevista Luigi Paselli, «L’illusion déçue de Manuel Azaña. Vich, 29 juillet 1938», en Jean P. Amalric y P. Aubert (eds.), Azaña et son temps, Casa de Velázquez, Madrid, 1993, págs. 387-398. El Cuartel General de Franco fue informado de esta propuesta por un colaborador del SIPM en nota de 14 de agosto, AGM, CGG, leg. 277, carp. 8. <<

[82] «Memorándum presentado por J. I. de Lizaso en nombre de S. E. José A. Aguirre, Presidente de Euzkadi», 12 de octubre de 1938, PRO FO 371/22661 W 13619. En W 13620, un ejemplar del mismo Memorándum presentado por Josep M. Batista i Roca «en nombre del presidente de Cataluña, Lluís Companys». Año y medio antes, Manuel Carrasco i Formiguera había presentado lo que podría considerarse un esbozo de este plan al embajador británico, sir Henry Chilton, Despacho de Chilton, Hendaya, 23 de febrero de 1937, PRO FO 371/21324 W19074. <<

[83] Togliatti, «Informe del 21-22 de abril de 1938», Escritos, ob. cit., pág. 197. <<

[84] Conversación de Chamberlain con Hitler, 30 de septiembre de 1938, DBFP, Third Series, vol. II, págs. 635-640. <<

[85] Diarios, 19 de noviembre de 1938. De la visita hay varios informes a cargo del Servicio de Investigación y Policía Militar, en AGM, CGG, arm. 4, leg. 248, carp. 7. <<

[86] Planes de Casado y entrevistas con emisarios del SIPM, AGM, CGG, arm. 4, leg. 248, carp. 4. De las negociaciones de Casado y de su sublevación hay un pormenorizado relato en Ángel Bahamonde y Javier Cervera, Así terminó la Guerra Civil, Marcial Pons, Madrid, 1999. <<

[87] DSCD, Extracto oficial de la sesión celebrada el miércoles 1.º de febrero de 1939. <<

[88] Conversación de Azaña con Henry, 4 de febrero de 1939, cit. Stevenson a Halifax, 8 de febrero de 1939, PRO FO 425/426, W 2559/8/41. <<

[89] Telegrama de Stevenson de 4 de febrero de 1939, PRO FO 371/24147. <<

[90] Conversación Rivas Cherif y Georges Bonnet, en «Note du Cabinet du Ministre», 15 de febrero de 1939, DDF, XIV, 125. <<

[91] El Socialista, 7 de marzo de 1939. La admiración por el discurso es de Julio Palacios, «En la España roja. Memorias de un agente del SIPM», AGM, CGG, 277, 18. Para los contactos, declaración de Antonio Luna, en Ignacio Arenillas, El proceso de Besteiro, Revista de Occidente, Madrid, 1976, págs. 190-196. <<

[92] Una copia de este «Ofrecimiento de clemencia por S. E. a los rojos», de 6 de febrero de 1939, en AGM, CGG, leg. 248, carp. 4. <<

[1] Gabriel Cardona, El poder militar en España hasta la guerra civil, Siglo XXI, Madrid, 1982. <<

[2] Julio Busquets y Carlos Losada, Ruido de sables, Crítica, Barcelona, 2003. Gabriel Cardona, «Militares y República, entre la lealtad y la conspiración», en Historia 16, año VI, núm. 60. <<

[3] A la primera reunión, celebrada en Madrid a principios de marzo, asistieron los generales Franco, Mola, Saliquet, Rodríguez del Barrio, Orgaz, Villegas, García de la Herrán, González Carrasco, Varela, Ponte, y el coronel Galarza Morante, en representación de Sanjurjo. <<

[4] Jaime del Burgo, Conspiración y guerra civil, Alfaguara, Madrid, 1970. Carlos Blanco Escolá, General Mola, el ególatra que provocó la guerra civil, Esfera de los Libros, Madrid, 2002. Tomás Echevarria, Cómo se preparó el Alzamiento. El general Mola y los Carlistas, Madrid, 1985. B. Félix Maíz, Alzamiento en España, de un diario de la conspiración, Editorial Gómez, Pamplona, 1952; Mola, aquel hombre, Planeta, Barcelona, 1976. <<

[5] Martin Blinkhorn, Carlismo y contrarrevolución en España, Crítica, Barcelona, 1979. <<

[6] Felipe Bertrán Güell, Preparación y desarrollo del alzamiento nacional, Santarén, Valladolid, 1939. Antonio Lizarza Iribarren, Memorias de la conspiración, Editorial Gómez, Pamplona, 1953. <<

[7] Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Siglo XXI, Madrid, 1982. <<

[8] Gustau Nerín, La guerra que vino de África, Crítica, Barcelona, 2005. <<

[9] Amado del Rosal, Historia de la UGT, Barcelona, 1977. <<

[10] Formaron el grupo de asesinos varios guardias de Asalto, un capitán de la Guardia Civil y un guardaespalda socialista. <<

[11] José María Iribarren, Con el general Mola, escenas y aspectos inéditos de la Guerra Civil, Librería General, Zaragoza, 1937; Mola, datos para una biografía y para la historia del alzamiento nacional, Librería General, Zaragoza, 1938. <<

[12] Francisco Espinosa, «Julio de 1936. Golpe militar y plan de exterminio», en Julián Casanova (coord.), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Crítica, Barcelona, 2002. <<

[13] Fernando Fernández Bastarreche, «La flota con el gobierno», en La guerra militar, Historia 16, Madrid, 1996. Manuel D. Benavides, La Escuadra la mandan los cabos, Rosa, S. A., México, D. F., 1976. Fernando y Salvador Moreno de Alborán y de Reyna, La guerra silenciosa y silenciada. Historia de la campaña naval durante la guerra de 1936-1939, Gráficas Lormo, Madrid, 1998. <<

[14] Los célebres «guardias de asalto» formaban parte del Cuerpo de Seguridad y Asalto. <<

[15] Para Barcelona son muy ilustrativas las memorias: Federic Escofet, Al servei de Catalunya i de la República, Edicions Catalanes, París, 1973. <<

[16] Juan García Oliver, El eco de los pasos. El anarcosindicalismo en la calle, en el Comité de Milicias, en el Gobierno, en el exilio, Ruedo Ibérico, Barcelona, 1978. <<

[17] José Couceiro Tovar, Hombres que decidieron, 17 a 22 de julio de 1936, Rollán, Pinto, 1969. Luis Romero, Tres días de julio, Ariel, Barcelona, 1972. «Fracasos y triunfos del levantamiento», en Edward Malefakis (ed.), La guerra de España, 1936-1939, Santillana, Madrid, 1996. Gabriel Cardona, «La sublevación», en Historia 16, año IX, núm. especial, agosto de 1984; «El cataclismo de julio», en La Guerra Civil, vol. 4, Historia 16, Madrid, 1986-1988. <<

[18] Paul Preston, La Guerra Civil española, Plaza y Janés, Barcelona, 1987. <<

[19] Guillermo Cabanellas, Cuatro generales, Planeta, Barcelona, 1977. <<

[20] Fernando Fernández Bastarreche, «La guerra en el mar», en La guerra militar, Historia 16, Madrid, 1996. <<

[21] Pierre Broué, La Revolución española (1931-1939), Península, Barcelona, 1977. Pierre Broué y Émile Témime, La revolución y la guerra de España, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1977. Burnett Bolloten, La revolución española. Sus orígenes, la izquierda y la lucha por el poder durante la guerra civil, 1936-1939, Grijalbo, Barcelona, 1990. <<

[22] Guy Hermet, Les communistes en Espagne, París, 1971. Enrique Líster, Nuestra guerra, Colección Ebro, París, 1966. <<

[23] Joaquín Maurín, Revolución y contrarrevolución en España, Ruedo Ibérico, París, 1966. <<

[24] Gabriel Cardona, «La guerra de las columnas», en ob. cit., La Guerra Civil, ob. cit., vol. 5. <<

[25] José Moscardó Ituarte, Diario del Alcázar, Atlas, Madrid, 1943. Cecil Eby, The siege of the Alcázar, Bodley Head, Londres, 1966. <<

[26] Diego Abad de Santillán, Memorias (1897-1936), Planeta, Barcelona, 1977. John S. Brademas, Anarcosindicalismo y revolución en España (19301937), Ariel, Barcelona, 1974. <<

[27] Francisco Moreno Gómez, La guerra civil en Córdoba, Alpuerto, Madrid, 1986. <<

[28] El Comité de Milicias Antifascistas coordinaba desde Barcelona las fuerzas milicianas. <<

[29] Alberto Bayo, Mi desembarco en Mallorca, Miguel Font, Palma, 1987. Manuel Cruells, L’expedició a Mallorca, Juventud, Barcelona, 1972. Josep Massot i Muntaner, El desembarcament de Bayo a Mallorca, Abadía de Montserrat, Barcelona, 1987; Vida i miracles del «conde Rossi», Abadía de Montserrat, Barcelona, 1988. <<

[30] Ángel Viñas, La Alemania nazi y el 18 de julio. Antecedentes de la intervención alemana en la guerra civil española, Alianza, Madrid, 1977. <<

[31] Alfonso Patrón de Sopranis, Burlando el bloqueo rojo. El primer salto del Estrecho, Jerez Industrial, Jerez, 1937. <<

[32] José Manuel Martínez Bande, La campaña de Andalucía, SHM, San Martín, Madrid, 1986. <<

[33] Manuel Barrios, El último virrey, Argos Vergara, Barcelona, 1978. <<

[34] Las llamadas Fuerzas Regulares Indígenas estaban formadas por mercenarios marroquíes y un cierto número de españoles. <<

[35] Enrique Líster, Memorias de un luchador. Vol. I: Los primeros combates, G. del Toro, Madrid, 1977. Juan Modesto, Soy del Quinto Regimiento, Ebro, París, 1969. <<

[36] Francisco Espinosa, La columna de la muerte, Crítica, Barcelona, 2003. Julián Chaves Palacios, La guerra en Extremadura. Operaciones militares (19361939), Editora Regional de Extremadura, Mérida, 1997. <<

[37] Mario Neves, La matanza de Badajoz, Badajoz, 1986. También, Francisco Espinosa, La columna de la muerte, Crítica, Barcelona, 2003. <<

[38] M. Teresa Suero Roca, Militares republicanos de la guerra de España, Península, Barcelona, 1981. <<

[39] José Manuel Martínez Bande, La marcha sobre Madrid, SHM, San Martín, Madrid, 1968. Manuel Sánchez del Arco, El sur de España en la reconquista de Madrid, Ed. Sevillana, 1937. <<

[40] Como premio de consolación, Yagüe había sido nombrado previamente coronel y jefe de la Legión. <<

[41] Lázaro Somoza Silva, El general Miaja, biografía de un héroe, México, D. F., 1944. <<

[42] Óscar Pérez Solís, Sitio y defensa de Oviedo, Afrodisio Aguado, Valladolid, 1938. Juan Antonio Cabezas, Asturias, catorce meses de guerra civil, Planeta, Barcelona, 1975. <<

[43] Hugh Thomas, «Los primeros meses de lucha», en Edward Malefakis (ed.), La guerra de España, 1936-1939, Santillana, Madrid, 1996. <<

[44] Julio Aróstegui, «La defensa de Madrid y el comienzo de la guerra larga», en Edward Malefakis (ed.), La guerra de España, 1936-1939, ob. cit. Carlos Asensio Cabanillas, «El avance sobre Madrid y la guerra en los frentes del Centro», en La Guerra de Liberación Nacional, Universidad de Zaragoza, 1961. Gabriel Cardona, «La batalla de Madrid», en La Guerra Civil, ob. cit., vol. 9. Antonio López Fernández, Defensa de Madrid, A. P. Márquez, México, D. F., 1945. José Manuel Martínez Bande, La lucha en torno a Madrid, SHM, San Martín, Madrid, 1969. G. López Muñiz, La batalla de Madrid, F. G. Vicente, Madrid, 1943. <<

[45] Andreu Castells, Las Brigadas Internacionales de la Guerra de España, Barcelona, 1974. Manuel Requena Gallego y Rosa M.ª Sepúlveda Losa (eds.), Las Brigadas Internacionales, Cedobi, Albacete, 2003. <<

[46] Andreu Castells, Las Brigadas Internacionales de la Guerra de España, Barcelona, 1974. Santiago Álvarez, Historia política y militar de las Brigadas Internacionales, Compañía Literaria, Madrid, 1996. Luigi Longo, Le brigade internazionali in Spagna, Editori Riuniti, Roma, 1936. César Vidal, Las Brigadas Internacionales, Espasa Calpe, Madrid, 1998. <<

[47] Carlos Blanco Escolá, La incompetencia militar de Franco, Alianza, Madrid, 2000. <<

[48] Vicente Rojo, Así fue la defensa de Madrid, Imprenta de la Comunidad de Madrid, 1987. Carlos Blanco Escolá, Franco y Rojo, dos generales para dos Españas, Labor, Barcelona, 1991. <<

[49] Fernando Schwartz, La internacionalización de la guerra civil española, julio de 1936-marzo de 1937, Planeta, Barcelona, 1972. <<

[50] La ampliación de su pequeño ejército resultó fácil para los generales sublevados. Ya el 9 de agosto de 1936 la Junta decretó la movilización de los reemplazos de 1931, 1932 y 1933. Entre septiembre y diciembre fueron militarizadas todas las unidades de falangistas y requetés. <<

[51] Ángel Viñas, «Las condiciones internacionales», en Manuel Tuñón de Lara y otros. La Guerra Civil española. 50 años después, Labor, Barcelona, 1985. «Intervención y no intervención extranjeras», en Edward Malefakis (ed.), La guerra de España, 1936-1939, ob. cit. <<

[52] José Luis Alcofar Nassaes, Los asesores soviéticos en la guerra civil española, Dopesa, Barcelona, 1971. <<

[53] Michael Alpert, «Los voluntarios extranjeros del Caudillo», en La Aventura de la Historia, núm. 51, enero de 2003. José Luis Alcofar Nassaes, «Spansky». Los extranjeros que lucharon en la guerra civil, Dopesa, Barcelona, 1973. Peter Kemp, Mine of Truble, Londres, 1957 (versión española: Legionario en España). Judith Keene, Luchando por Franco, Salvat, Barcelona, 2001. M.ª Rosa Madariaga, Los moros que trajo Franco, Martínez Roca, Barcelona, 2002. Mohammad Ibn Azzuz Hakin, La actitud de los moros ante el Alzamiento. Marruecos, 1936, Algazara, Málaga, 1997. Mustafá el-Meroun, El Cuerpo de Ejército Marroquí en la guerra civil española, Tesis doctoral inédita, Universidad de Granada, 1999. <<

[54] Peter Elstob, La Legión Cóndor, San Martín, Madrid, 1973. <<

[55] La Luftwaffe solamente contaba entonces en España con veinte bombarderos Junkers-52, catorce cazas Heinkel-5, seis Heinkel-45 de reconocimiento y algunos hidros. <<

[56] Ramón Hidalgo Salazar, La ayuda alemana a España 1936-1939, San Martín, Madrid, 1975. <<

[57] Joan Llarch, Cipriano Mera, un anarquista en la guerra de España, Producciones Editoriales DL, Barcelona, 1976. <<

[58] Rafael Casas de la Vega, Las milicias nacionales en la guerra de España, Editora Nacional, Madrid, 1974. Gabriel Cardona, «Milicias y Ejércitos», en La Guerra Civil, ob. cit., vol. 10. <<

[59] Eran veinticuatro batallones (once de marroquíes y cinco de legionarios), siete escuadrones de caballería, veinticuatro baterías, tres unidades contracarro, casi cien carros y aviación. <<

[60] La Legión Cóndor recibió en febrero treinta bombarderos Heinkel 111B, diecisiete Dornier 17F de reconocimiento y, poco después, otros veinte bombarderos que sustituyeron a muchos Junkers Ju-52 y Heinkel 51 entregados entonces a la Agrupación Española, porque los alemanes solo cedían aparatos usados y no admitían pilotos españoles en sus filas. Los italianos se encuadraban en la Aviacione Legionaria, que recibió entonces los bombarderos Savoia 79 y cazas Meridionali Ro 37 bis, que dotaron una escuadrilla española y otra italiana. <<

[61] Entre diciembre y enero llegaron sesenta y dos cazas I-16, los pilotos españoles recibieron aviones rusos a finales de año y en febrero se formó la primera escuadrilla española de I-15, bajo el mando de Andrés García Lacalle. Con esta y otras cinco rusas se formó el Grupo de Caza 26, donde coexistían españoles y extranjeros. Al comenzar 1937 llegaron numerosos cazas I-15. Igualmente llegaron bombarderos Polikarpov R-5 (Natacha). <<

[62] Contaba con cuatro batallones de carros T-26B y una compañía de camiones blindados BA-32. Los carros rusos, con sus 9,2 t y cañones de 37 o 45 mm, eran muy superiores a los alemanes Panzerkampfwagen I, que pesaban 5 t y no tenían cañón. <<

[63] Murieron todos los oficiales defensores, excepto Zamalloa, que recibió dieciséis heridas y no abandonó la posición hasta perder el sentido. <<

[64] Michael Alpert, El ejército republicano en la guerra civil, Ruedo Ibérico, Barcelona, 1977. Ramón Salas Larrazabal, El Ejército Popular de la República, Editora Nacional, Madrid, 1973. «Las fuerzas militares», en Edward Malefakis (ed.), La guerra de España, 1936-1939, ob. cit. <<

[65] Emilio Enciso, Villarreal, su cerco y su defensa, Vitoria, 1937. <<

[66] El CTV contaba con cuatro divisiones, la Littorio, de militares, y las Dio lo Vuole, Fiamme Nere y Penne Nerea, de milicianos fascistas. <<

[67] José Luis Alcofar Nassaes, C. T. V. Los legionarios italianos en la guerra civil española 1936-1939, Dopesa, Barcelona, 1972. John F. Coverdale, La intervención fascista en la Guerra Civil española, Alianza Editorial, Madrid, 1979. <<

[68] Los republicanos malagueños estaban en pleno desorden, contaban con 8000 fusiles para 12 000 hombres y no fueron apoyados por la cercana base de Cartagena porque de la flota republicana solo el crucero Libertad se encontraba en buenas condiciones. <<

[69] Francesco Belforte (general Francesco Biondi Morra), La guerra civile in Spagna, ISPI, Milán, 1938-1939. Emilio Faldella, Venti mesi di guerra in Spagna, Le Monnier, Florencia, 1939. <<

[70] Lo formaban las divisiones Líster, Lacalle y Mera, con dos batallones de carros. <<

[71] Ramón Garriga, Guadalajara y sus consecuencias, G. del Toro, Madrid, 1974. <<

[72] Francisco de Cossío, Guerra de salvación. Del frente de Madrid al de Vizcaya, Santarén, Valladolid, 1937. <<

[73] Manuel Tuñón de Lara, «La guerra en el Norte», en La Guerra Militar, Historia 16, Madrid, 1996. Gabriel Cardona, «De Madrid a la caída del Norte», en La guerra de España, 1936-1939, El País, Madrid, 1986. <<

[74] Herbert R. Southwortt, Gernika! Guernica!, A Study of Journalism, Propaganda and History, University of California Press, Berkeley, 1977. Fernando García de Cortázar, «Guernica, medio siglo después», en Historia 16, núm. 133, 1987. Vicente Talón, Arde Guernica, San Martín, Madrid, 1970. Gordon Thomas y Max Morgan-Witss, El día que murió Guernica, Plaza y Janés, Barcelona, 1980. <<

[75] Rafael García-Valiño y Marcén, «La campaña del Norte», en Universidad de Zaragoza (ed.), La Guerra de Liberación Nacional, Talleres Octavio y Félez, Zaragoza, 1961, págs. 259-314. <<

[76] Ibídem. <<

[77] José Manuel Martínez Bande, Vizcaya, SHM, San Martín, Madrid, 1971, y Nueve meses de guerra en el Norte, SHM, San Martín, Madrid, 1980. <<

[78] Carlos Blanco Escolá, El general Mola, La Esfera de los Libros, Madrid, 2002. <<

[79] José Luis Alcofar Nassaes, La aviación legionaria en la guerra civil española, Euros, Barcelona, 1975. <<

[80] Ferdinando Pedriali, Guerra di Spagna e aviazione italiana, Aeronautica Militare Italiana, Ufficio Storico, Roma, 1992. <<

[81] Alberto Onaindía, El «Pacto» de Santoña, antecedentes y desenlace, Bilbao, 1983. <<

[82] José Manuel Martínez Bande, La gran ofensiva sobre Zaragoza, SHM, San Martín, Madrid, 1973. <<

[83] Gerald Howson, Aircraft of the Spanish Civil War, 1936-1939, Putnam, Londres, 1990. José Gomá, La guerra en el aire, AHR, Barcelona, 1958. Ignacio Hidalgo de Cisneros, Cambio de rumbo, Colección Ebro, Bucarest, 1971. Joaquín García Morato, Guerra en el aire, Editorial Nacional, Madrid, 1940. Alfredo Kindelán, Mis cuadernos de guerra, Plus Ultra, Madrid, 1945. «La aviación en nuestra guerra», en La Guerra de Liberación Nacional, ob. cit. Jesús Salas Larrazabal, La guerra de España desde el aire, Ariel, Barcelona, 1972. «La Aviación en la guerra», en La guerra militar, Historia 16, Madrid, 1996. Guerra aérea 1936-1939, IHCA, Madrid, 1998. Andrés García Lacalle, Mitos y verdades, la aviación de caza en la guerra española, Ediciones Oasis, México, D. F., 1973. <<

[84] José Luis Alcofar Nassaes, Las fuerzas navales en la guerra española, Dopesa, Barcelona, 1971. Francisco Bastarreche Díez de Bulnes, «De nuestra guerra en el mar», en La Guerra de Liberación Nacional, ob. cit. <<

[85] Francisco Ciutat, Relatos y reflexiones de la guerra de España, 1936-1939, Forma Ediciones, Madrid, 1978. <<

[86] José Manuel Martínez Bande, El final del frente Norte, ob. cit. <<

[87] El España se hundió el 30 de abril de 1937 en la costa santanderina, al chocar con una mina. El Jaime I voló por una explosión interna en Cartagena el 17 de junio del mismo año. <<

[88] Michael Alpert, La Guerra Civil española en el mar, Siglo XXI, Madrid, 1987. <<

[89] Fernando y Salvador Moreno de Alborán y de Reyna, La guerra silenciosa y silenciada. Historia de la campaña naval durante la guerra de 1936-1939, Gráficas Lormo, Madrid, 1998. <<

[90] Ricardo Cerezo, Armada Española. Siglo XX, Ediciones Poniente, Madrid, 1983. <<

[91] Gerald Howson, Armas para España; la historia no contada de la Guerra Civil española, Península, Barcelona, 2000. José Luis Alcofar Nassaes, «Las armas de ambos bandos», en La guerra militar, Historia 16, Madrid, 1996. <<

[92] Josep M. Solé Sabaté, y Joan Villarroya Font, Catalunya sota les bombes (1936-1939), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1986. <<

[93] Antonio Aranda Mata, «La guerra en Asturias y en los frentes de Aragón y Levante», en La Guerra de Liberación Nacional, ob. cit. <<

[94] José Manuel Martínez Bande, La batalla de Teruel, SHM, San Martín, Madrid, 1990. <<

[95] Eloy Fernández Clemente, El coronel Rey d’Harcourt y la rendición de Teruel, historia y fin de una leyenda negra, Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1992. <<

[96] Rafael García-Valiño, Guerra de liberación española. Campaña de Aragón y el Maestrazgo. Batalla de Teruel. Batalla del Ebro (1938-1939), Madrid, 1949. <<

[97] Stanley G. Payne, «De Teruel a la batalla del Ebro», en Edward Malefakis (ed.), La guerra de España, 1936-1939, ob. cit. <<

[98] Ramón Salas Larrazábal, «Del Alfambra al Mediterráneo», en La guerra militar, ob. cit. <<

[99] José Manuel Martínez Bande, La llegada al mar, SHM, San Martín, Madrid, 1975. <<

[100] Hugh Thomas, La guerra civil española, Grijalbo, Barcelona, 1985. <<

[101] José Manuel Martínez Bande, La ofensiva sobre Valencia, SHM, San Martín, Madrid, 1977. <<

[102] Cruceros Canarias, Baleares y Almirante Cervera, que navegaban al mando del almirante Manuel de Vierna. <<

[103] Bruno Alonso, La Flota republicana en la guerra civil de España, México, 1944. Manuel Cervera Cabello, «El hundimiento del crucero Baleares», en Revista General de Marina, Madrid, abril de 1981; y Jeroni F. Fullana, Eduardo Connolly y Daniel Cota, El crucero «Baleares» (1936-1939), Lleonard Muntaner, Palma de Mallorca, 2000. <<

[104] Carlos Blanco Escolá, Franco y Rojo, Labor, Barcelona, 1993. <<

[105] Paul Preston, Franco, Grijalbo, Barcelona, 2000. Javier Tusell, Franco en la Guerra Civil. Una biografía política, Tusquets, Barcelona, 1992. <<

[106] Constaba de una escuadra de Bombardeo Pesado con dos grupos de S-81, una de Bombardeo Rápido con dos grupos de S-79, el grupo autónomo Cigogne y dos escuadrillas de BR-20. <<

[107] José Manuel Martínez Bande, La batalla del Ebro, SHM, San Martín, Madrid, 1988. Estanislau Torres, La batalla de l’Ebre, Nova Terra, Barcelona, 1971. <<

[108] Gabriel Cardona, «El Ebro, la gran batalla», en La Guerra Civil, ob. cit., vol. 19. <<

[109] Manuel Tagüeña Lacorte, Testimonio de dos guerras, Oasis, México, 1973. <<

[110] Gabriel Cardona, «La guerra llega a Cataluña», en La Guerra Civil, ob. cit., vol. 19. <<

[111] C. Torre Enciso y D. Muro Zegri, La marcha sobre Barcelona, Editora Nacional, Barcelona, 1939. <<

[112] Albert Balcells y Gabriel Cardona, «La caída de Barcelona», en La Guerra Civil, ob. cit., vol. 22. <<

[113] Julián Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, Crítica, Barcelona, 1977. <<

[114] Segismundo Casado, Así cayó Madrid, Guadiana, Madrid, 1968. <<

[115] José Manuel Martínez Bande, El final de la Guerra Civil, SHM, San Martín, Madrid, 1985. <<

[116] Manuel Tuñón de Lara, «La agonía de la República», en La guerra militar, ob. cit. <<

[117] Ángel Bahamonde y Javier Cervera, Así terminó la guerra de España, Marcial Pons, Madrid, 2001. <<

[1] Entre la más reciente literatura historiográfica sobre las dimensiones internacionales del conflicto español cabe destacar las siguientes aportaciones: Michael Alpert, Aguas peligrosas. Nueva historia internacional de la guerra civil, Akal, Madrid, 1997. Juan Avilés Farré, Las grandes potencias ante la guerra española, Arco Libro, Madrid, 1998. Enrique Moradiellos, El reñidero de Europa. Las dimensiones internacionales de la guerra civil española, Península, Barcelona, 2001. Jean-François Berdah, La democracia asesinada. La República Española y las grandes potencias, 1931-1939, Crítica, Barcelona, 2002. <<

[2] «Spain and the Powers», The Manchester Guardian, 25 de julio de 1936; «Europe and Spain», The Times, 8 de septiembre de 1936. <<

[3] Herbert R. Southworth, El mito de la Cruzada de Franco, Plaza y Janés, Barcelona, 1986. Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, Planeta, Barcelona, 1999, pág. 283. <<

[4] Ángel Viñas, La Alemania nazi y el 18 de julio. Antecedentes de la intervención alemana en la guerra civil, Alianza, Madrid, 1977. Robert H. Whealey, Hitler and Spain. The Nazi Role in the Spanish Civil War, University Press of Kentucky, Lexington, 1989. Ismael Saz, Mussolini contra la Segunda República. Hostilidad, conspiraciones, intervención, 1931-1936, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, Valencia, 1986. <<

[5] Despacho de Geoffrey Thompson, encargado de Negocios en España, al secretario del Foreign Office, 11 de enero de 1938. Recogido en Enrique Moradiellos, La perfidia de Albión. El gobierno británico y la guerra civil española, Siglo XXI, Madrid, 1996, pág. 242. <<

[6] Arthur Marwick, Clire Emsley y Wendy Simpson (eds.), Total War and Historical Change, Europe, 1914-1945, Open University, Buckingham, 2001. Gabriel Kolko, El siglo de las guerras. Política, conflictos y sociedad desde 1914, Paidós, Barcelona, 2005. <<

[7] Donald C. Watt, «The Nature of the European Civil War, 1919-1939», capítulo primero de su obra Too Serious a Business. European Armed Forces and the Approach to the Second World War, Temple Smith, Londres, 1975. <<

[8] Anthony Adamthwaite, The Lost Peace. International Relations in Europe, 1918-1939, Edward Arnold, Londres, 1980. P. M. H. Bell, The Origins of the Second World War in Europe, Longman, Londres, 1993. <<

[9] Renzo de Felice, Mussolini il Duce, Einaudi, Turín, 1974 y 1981. MacGregor Knox, Mussolini Unleashed, 1939-1941, University Press, Cambridge, 1986. R. J. B. Bosworth, Mussolini, Península, Barcelona, 2003. <<

[10] Klaus Hildebrand, The Foreign Policy of the Third Reich, Batsford, Londres, 1973. Gerhard L. Weinberg, The Foreign Policy of Hitler’s Germany, University of Chicago, Chicago, 1983. Ian Kershaw, Hitler, 1936-1945, Península, Barcelona, 2000. <<

[11] Jonathan Haslam, The Soviet Union and the Struggle for Collective Security in Europe, 1933-1940, Macmillan, Londres, 1984. Geoffrey Roberts, The Soviet Union and the Origins of the Second World War, Macmillan, Londres, 1995. <<

[12] Jean-Baptiste Duroselle, Politique étrangère de la France. La Décadence (1932-1939), Imprimerie Nationale, París, 1979. Martin Thomas, Britain, France and Appeasement, Berg, Oxford, 1997. R. A. C. Parker, Chamberlain and Appeasement. British Policy and the Coming of the Second World War, Macmillan, Londres, 1993. <<

[13] W. Mommsen y L. Kettenacker (eds.), The Fascist Challenge and the Politics of Appeasement, Allen & Unwin, Londres, 1983. <<

[14] Testimonio de Blum ante una comisión informativa de la Asamblea Nacional en julio de 1947, Rapport fait au nom de la Commission chargée d’enquêter sur les événements survenus en France de 1933 à 1945, Imprimerie de l’Assamblée National, París, 1951, Annexes, tomo 1, pág. 215. <<

[15] Las peticiones de Franco se reproducen en dos colecciones, Documents on German Foreign Policy, 1918-1945, series D (1937-1945), vol. 3 (Germany and the Spanish Civil War), HMSO, Londres, 1951, docs. núms. 2 y 14 (en adelante se citará DGFP y núm.). Documenti Diplomatici Italiani, 8.ª serie, Ministero degli Affari Esteri, Roma, 1993, vol. 4, docs. núms. 570, 578 y 584 (en adelante, DDI, vol. y núm.). <<

[16] Juan Avilés Farré, Pasión y farsa. Franceses y británicos ante la guerra civil española, Eudema, Madrid, 1994. Pierre Renouvin, «La politique extérieure du premier gouvernement Léon Blum», en VV. AA., Léon Blum, chef de gouvernement, 1936-1937, Fondation Nationale des Sciences Politiques, París, 1967, págs. 329-353. <<

[17] Ángel Viñas, «Blum traicionó a la República», Historia 16, núm. 24, 1978, pág. 54. <<

[18] Jaime Martínez Parrilla, Las fuerzas armadas francesas ante la guerra civil española, Ejército, Madrid, 1987, pág. 206. Peter Jackson, «French Strategy and the Spanish Civil War», en Christian Leitz y David J. Dunthorn (eds.), Spain in an International Context, 1936-1959, Berghan, Oxford, 1999, págs. 55-79. <<

[19] Nota informativa preparada por el Gabinete Diplomático de la Junta de Defensa Nacional instalada en Burgos, «Informe confidencial. Asesoría de Estado», 4 de agosto de 1936. Custodiado en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid), serie Archivo Renovado, leg. 614, exp. núm. 5. En adelante se citará AMAE R614/5. <<

[20] Todas las citas proceden de Enrique Moradiellos, La perfidia de Albión, ob. cit., págs. 43, 58 y 61. <<

[21] Minuta, 5 de agosto de 1936. Recogida en Enrique Moradiellos, La perfidia de Albión, ob. cit., pág. 68. <<

[22] Sobre la intervención alemana, además de Robert Whealey (Hitler and Spain), véanse: Raymond Proctor, Hitler’s Luftwaffe in the Spanish Civil War, Greenwood Press, Westport, 1983, y Ángel Viñas, Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil, Alianza, Madrid, 2001. <<

[23] Ángel Viñas, La Alemania nazi y el 18 de julio, ob. cit., nota 6, pág. 363. <<

[24] John Coverdale, La intervención fascista en la guerra civil española, Alianza, Madrid, 1979; Ismael Saz y Javier Tusell (eds.), Fascistas en España. La intervención italiana en la guerra civil a través de los telegramas de la «Missione Militare Italiana in Spagna», CSIC, Madrid, 1981. Morten Heiberg, Emperadores del Mediterráneo. Franco, Mussolini y la guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2003. <<

[25] John Coverdale, La intervención fascista en la guerra civil, ob. cit., pág. 84. Sobre esa crucial declaración programática de Mussolini, véase MacGregor Knox, Mussolini Unleashed, ob. cit., págs. 38-41. <<

[26] Acta de las conversaciones (23 de enero de 1937) reproducida en Ciano’s Diplomatic Papers, Odhams Press, Londres, 1948, pág. 87. <<

[27] Rafael García Pérez, Franquismo y Tercer Reich, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994. <<

[28] Despacho del embajador alemán en Roma, 18 de diciembre de 1936. Recogido en la colección DGFP, núm. 157. <<

[29] Hipólito de la Torre Gómez, La relación peninsular en la antecámara de la guerra civil, UNED, Mérida, 1988. <<

[30] Portugal ante la guerra civil de España. Documentos y notas, Secretariado da Propaganda Nacional, Lisboa, 1939, págs. 6 y 7. César Oliveira, Salazar e a guerra civil de Espanha, O Jornal, Lisboa, 1988. <<

[31] Dez Anos de Politica Externa, 1936-1947. A Nação Portuguesa e a Segunda Guerra Mundial, Imprensa Nacional, Lisboa, 1964, vol. 3, doc. núm. 75. <<

[32] «La situación en España», 13 de abril de 1937. Jaime Martínez Parrilla, Las fuerzas armadas francesas ante la guerra civil, ob. cit., pág. 237. <<

[33] Mediterráneo occidental. Situación derivada de la Guerra Civil española, 24 de agosto de 1936. Enrique Moradiellos, La perfidia de Albión, ob. cit., págs. 78 y 79. <<

[34] El texto oficial de la propuesta, en la colección Documents Diplomatiques Français, 1932-1939, Série 2 (1936-1939), vol. 3 (1936), Ministère des Affaires Étrangères, París, 1966, doc. núm. 56. En adelante se citará: DDF, vol. y núm. de documento. <<

[35] Las palabras del secretario de Blum, en VV. AA., Léon Blum, chef de gouvernement, ob. cit., pág. 339. El juicio previo del consejero de la Embajada británica, en Enrique Moradiellos, El reñidero de Europa, ob. cit., pág. 95. <<

[36] Manuel Azaña, Memorias de guerra, Grijalbo, Barcelona, 1996, pág. 263. <<

[37] Reproducida en Enrique Moradiellos, El reñidero de Europa, ob. cit., págs. 96 y 97. <<

[38] «Note de la Sous-Direction d’Europe», 8 de agosto de 1936. DDF, vol. 3, núm. 108. <<

[39] El inicio y volumen de la ayuda militar francesa a la República ha sido cuestión polémica hasta hace poco. Algunos autores profranquistas sostuvieron que fue notable y se había iniciado a finales de julio de 1936, con anterioridad a la italo-germana, que habría sido así una mera réplica. Esa hipótesis ha quedado descartada gracias a documentación italiana y francesa consultada por Ismael Saz (Mussolini contra la Segunda República, ob. cit., págs. 196-200 y apéndice 4) y Gerald Howson (Aircraft of the Spanish Civil War, Putnam, Londres, 1990, págs. 13, 112 y 252). Un documento reservado del Ministerio de Asuntos Exteriores franquista reconocería este hecho en julio de 1938: «Al principio de la guerra civil española la intervención por parte de Francia en favor de la España roja no se manifestó inmediatamente porque no era previsible el alcance del Movimiento. […] Después de dos o tres meses apareció evidente que el Gobierno se veía envuelto en una verdadera guerra, y entonces comenzó a realizarse la intervención de Francia, solicitada por Madrid y por los Partidos extremos del Frente Popular francés, en favor de la España roja. Tal intervención asume en breve proporciones imponentes que culminaron en el verano de 1937 y se mantuvieron en la misma medida elevada durante un año, esto es, hasta finales de junio del corriente año». AMAE R833/12. <<

[40] Norman J. Padelford, International Law and Diplomacy in the Spanish Civil War, Macmillan, Nueva York, 1939. <<

[41] DDF, 1936, vol. 3, núm. 84. Los gobiernos adheridos fueron: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Turquía, Unión Soviética y Yugoslavia. <<

[42] El archivo del Comité de No Intervención se conserva en el Public Record Office (Londres), sección Foreign Office Records (Archivo del Foreign Office), serie Records of the Non-Intervention Committee (clave 849). Las actas de las reuniones plenarias, en el leg. 1. En adelante, FO 849/1. Las actas del Subcomité, en el leg. 27. En adelante, FO 849/27. <<

[43] Nota interna del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán sobre la información transmitida por el representante italiano en Berlín, 5 de septiembre de 1936. DGFP, núm. 73. <<

[44] DDI, vol. 4, núm. 819. <<

[45] Telegrama del encargado de Negocios alemán en Londres, 9 de septiembre de 1936. DGFP, núm. 79. <<

[46] Richard P. Traina, American Diplomacy and the Spanish Civil War, Indiana University, Bloomington, 1968. <<

[47] José Antonio Matesanz, Las raíces del exilio. México ante la guerra civil española, Colegio de México-Universidad Nacional Autónoma, México, 1999. Mark Falcoff y Fredrick Pike (dirs.), The Spanish Civil War. American Hemispheric Perspectives, University of Nebraska, Lincoln, 1982. <<

[48] Stanley Weintraub, The Last Great Cause. The Intellectuals and the Spanish Civil War, Weybright and Talley, Nueva York, 1968. <<

[49] Gerald Howson, Armas para España. La historia no contada de la guerra civil española, Península, Barcelona, 2000, pág. 164. <<

[50] Hilari Raguer, La pólvora y el incienso. La Iglesia y la guerra civil española, Península, Barcelona, 2001, pág. 122. <<

[51] María Luisa Rodríguez Aisa, El cardenal Gomá y la guerra de España, CSIC, Madrid, 1981, pág. 93. <<

[52] Robert A. Stradling, «Campo de batalla de las reputaciones, Irlanda y la guerra civil española», en Paul Preston (ed.), La República asediada, Península, Barcelona, 1999, págs. 119-143. <<

[53] María Rosa de Madariaga, Los moros que trajo Franco. La intervención de tropas coloniales en la guerra civil, Martínez Roca, Barcelona, 2002. <<

[54] El ministro recogió por escrito después de la guerra sus avatares al frente del Ministerio: La política de No Intervención, Patronato Hispano-Argentino de Cultura, Buenos Aires, 1942. <<

[55] Marina Casanova, La diplomacia española durante la guerra civil, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1996, págs. 28 y 29. <<

[56] Enrique Moradiellos, Neutralidad benévola. El Gobierno británico y la insurrección militar española de 1936, Pentalfa, Oviedo, 1990, cap. 3. <<

[57] Marina Casanova, La diplomacia española durante la guerra civil, ob. cit., pág. 31. El cálculo previo, en Julio Álvarez del Vayo, Les batailles de la liberté, Maspero, París, 1963, pág. 248. <<

[58] Pablo de Azcárate, Mi embajada en Londres durante la guerra civil, Ariel, Barcelona, 1976. <<

[59] Antonio Pedro Vicente, «O cerco á embaixada da República espanhola em Lisboa (maio a outubro de 1936)», en Fernando Rosas (coord.), Portugal e a guerra civil de Espanha, Colibrí, Lisboa, 1998, págs. 3-105. <<

[60] Ricardo Miralles, «Las iniciativas diplomáticas de la Segunda República durante la guerra civil», en Javier Tusell, Juan Avilés y Rosa Pardo (eds.), La política exterior de España en el siglo XX, Biblioteca Nueva-UNED, Madrid, 2000, cap. 8. <<

[61] Nota presentada por el embajador español, 10 de agosto de 1936. DDF, vol. 3, núm. 120. <<

[62] La petición secreta de Giral se reproduce en la colección de documentos del Archivo Militar del Estado Ruso publicada por Ronald Radosh, Mary R. Habeck y Grigory Sevostianov (eds.), España traicionada. Stalin y la guerra civil, Planeta, Barcelona, 2002, pág. 10. <<

[63] Pablo de Azcárate, Mi embajada en Londres…, ob. cit., págs. 143145. Arnold J. Toynbee, Survey of International Affairs. 1937, vol. 2: The International Repercussions of the War in Spain, The Royal Institute of International Affairs, Londres, 1938, págs. 246-248 y 260-267. <<

[64] Telegrama del encargado de Negocios en Madrid para el Foreign Office, 31 de octubre de 1936. Custodiado en el Public Record Office, sección Foreign Office Records (Archivo del Foreign Office), serie General Correspondence (clave 371), leg. 20545, doc. W14828. En adelante se citará: FO 371/20545 W14828. <<

[65] Nota del embajador para el ministro de Estado, 9 de septiembre de 1938. Pablo de Azcárate, Mi embajada en Londres…, ob. cit., págs. 270-271. <<

[66] Enrique Moradiellos, Neutralidad benévola, ob. cit., pág. 256. <<

[67] Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional, 4 de agosto de 1936. <<

[68] Ismael Saz, Mussolini contra la Segunda República, ob. cit., págs. 178-193. Enrique Moradiellos, Neutralidad benévola, ob. cit., págs. 153-164. Alfredo Kindelán, Mis cuadernos de guerra, Plus Ultra, Madrid, 1945, pág. 19. Ángel Viñas, La Alemania nazi y el 18 de julio, ob. cit., cap. 5. <<

[69] Los datos sobre Sangróniz proceden de su expediente personal custodiado en la sección de Personal del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid), AMAE P474/33.781. <<

[70] The Daily Mail, 27 de julio de 1936. <<

[71] Informe confidencial, 4 de agosto de 1936. AMAE R614/5. <<

[72] David T. Cattell, Soviet Diplomacy and the Spanish Civil War, University of California, Berkeley, 1955. Geoffrey Roberts, «Soviet Foreign Policy and the Spanish Civil War», en Christian Leitz y David J. Dunthorn (eds.), Spain in an International Context, ob. cit., págs. 81-103. Daniel Kowalsky, La Unión Soviética y la guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2003. <<

[73] Ronald Radosh y otros, España traicionada…, ob. cit., doc. núm. 10, pág. 56. <<

[74] Despachos del encargado de Negocios italiano en Moscú a sus superiores en Roma, 23 de julio y 6 de agosto de 1936. DDI, vol. 4, docs. núms. 604 y 693. <<

[75] Citado en Marta Bizcarrondo y Antonio Elorza, Queridos camaradas, ob. cit., pág. 460. <<

[76] Gerald Howson, Armas para España, ob. cit., caps. 17 y 18. Daniel Kowalsky, La Unión Soviética y la Guerra Civil española: una revisión crítica, Crítica, Barcelona, 2004, págs. 159-210. <<

[77] Informes del 20 de febrero de 1937. Ronald Radosh y otros, España traicionada…, ob. cit., doc. núm. 33, pág. 174. <<

[78] Despacho del 10 de agosto. Recogido en Documents on British Foreign Policy, 1919-1939. Series 2, vol. 17, Londres, HMSO, 1979, doc. núm. 78. En adelante: DBFP, vol. y núm. <<

[79] Anotación del 12 de junio de 1937. Manuel Azaña, Memorias de guerra, ob. cit., págs. 74 y 75. <<

[80] Rémi Skoutelsky, L’Espoir guidait leurs pas. Les volontaires français dans les Brigades internationales, Grasset, París, 1998. Ronald Radosh y otros, España traicionada…, ob. cit., doc. núm. 73, pág. 549. <<

[81] Gerald Howson, Armas para España, ob. cit., cap. 18. Daniel Kowalsky, La Unión Soviética y la Guerra Civil española, ob. cit., págs. 212-218 y 258. <<

[82] Gerald Howson, Aircraft of the Spanish Civil War, ob. cit., págs. 303-305. <<

[83] Ángel Viñas, El oro de Moscú, Grijalbo, Barcelona, 1979. Pablo Martín Aceña, El oro de Moscú y el oro de Berlín, Taurus, Madrid, 2000, caps. 5 y 6. <<

[84] Gerald Howson, Armas para España, ob. cit., caps. 19 y 20. <<

[85] Ángel Viñas, «Mitos que se derrumban, controversias que se aclaran», en Sergio Millares (dir.), Juan Negrín, el estadista, Las Palmas, El Museo Canario, 2005, págs. 69-98. <<

[86] Minuta fechada el 27 de octubre de 1936. Enrique Moradiellos, La perfidia de Albión, ob. cit., pág. 107. <<

[87] DBFP, vol. 17, doc. núm. 348. <<

[88] DGFP, núm. 113. Robert H. Whealey, Hitler and Spain, ob. cit., págs. 4850 y 101-103. Ángel Viñas, Franco, Hitler y el estallido de la guerra, ob. cit., págs. 448-453. <<

[89] El texto del tratado, en Ciano’s Diplomatic Papers, ob. cit., págs. 75-77. <<

[90] John Coverdale, La intervención fascista en la guerra, ob. cit., págs. 152-171 y 372-373. Ismael Saz y Javier Tusell, Fascistas en España, ob. cit., págs. 25-41. <<

[91] Rafael García Pérez, Franquismo y Tercer Reich, ob. cit., pág. 60. Ángel Viñas, «La financiación exterior de la guerra civil», en su libro, Guerra, dinero y dictadura, Crítica, Barcelona, 1984, págs. 202 y 203. <<

[92] Actas del Comité, 8 de marzo de 1937. FO 848/1. Actas del Subcomité, 23 de marzo y 15 y 27 de abril de 1937. FO 849/27. <<

[93] Nota del Ministerio de la Guerra, 7 de mayo de 1937. Enrique Moradiellos, La perfidia de Albión, ob. cit., págs. 140 y 141. Efectivamente, la mayoría de los envíos alemanes iban en ficticios buques panameños y arribaban a Lisboa. Michael Alpert, La guerra civil española en el mar, Siglo XXI, Madrid, 1987, págs. 153-156. <<

[94] Memorándum del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán y telegrama del secretario de Estado para el embajador en España, 21 de abril y 4 de mayo de 1937. DGFP, núms. 246 y 249. Acta de la sesión del Comité de No Intervención, 26 de mayo de 1937. FO 849/27. <<

[95] DBFP, vol. 18, núms. 482 y 490. DGFP, núms. 257, 259 y 260. <<

[96] Telegrama del embajador italiano en Roma y despachos del embajador alemán en Burgos, 5, 19 y 23 de mayo de 1937. DGFP, núms. 254, 261 y 264. <<

[97] Arnold J. Toynbee, Survey of International Affairs, ob. cit., págs. 301-304. <<

[98] Michael Alpert, La guerra civil española en el mar, ob. cit., págs. 275-280. Arnold J. Toynbee, Survey of International Affairs, ob. cit., págs. 311-314. DGFP, núms. 267, 268 y 272. Enrique Moradiellos, El reñidero de Europa, ob. cit., págs. 150-156. <<

[99] Despacho, 4 de julio de 1937. DGFP, núm. 376. <<

[100] P. M. H. Bell, The Origins of the Second World War, ob. cit., cap. 8 y págs. 197-200. Geoffrey Roberts, The Soviet Union and the Origins of the Second World War, Macmillan, Londres, 1995. Adam B. Ulam, Expansion and Coexistence: the History of Soviet Foreign Policy, 1917-1967, Praeger, Nueva York, 1968. <<

[101] Gerald Howson, Armas para España, ob. cit., págs. 182 y 183. La carta está fechada erróneamente en 1936. <<

[102] Memorándum de Ginés Vidal, 28 de enero de 1939. AMAE R834/31. <<

[103] Confidencia de Negrín a Juan Simeón Vidarte, subsecretario del Ministerio de Gobernación y autor de Todos fuimos culpables, ob. cit., 1973, págs. 764 y 765. <<

[104] Telegrama del embajador Bullitt para el presidente Roosevelt, 30 de julio de 1937. For the President. Personal and Secret, Houghton Mifflin, Boston, 1972, pág. 222. <<

[105] Michael Alpert, La guerra civil española en el mar, ob. cit., págs. 288 y 289. Enrique Moradiellos, El reñidero de Europa, ob. cit., págs. 172-177. Las deliberaciones de la conferencia, en DBFP, vol. 19, núms. 154, 156 y 167. También en DDF, vol. 6, núms. 423, 439 y 447. <<

[106] Actas de la reunión, en DDF, vol. 8, núm. 446. Jaime Martínez Parrilla, Las fuerzas armadas francesas ante la guerra, ob. cit., págs. 184-198. <<

[107] Enrique Moradiellos, La perfidia de Albión, ob. cit., cap. 4. <<

[108] Memorándum del conde de Torrellano, «Consideraciones sobre la futura política internacional de España», 20 de mayo de 1938. AMAE R834/31. <<

[109] Enrique Moradiellos, «La intervención extranjera en la guerra civil: un ejercicio de crítica historiográfica», Ayer (Madrid), núm. 50, 2003, págs. 199-232. <<

[110] Informe del mayor E. C. Richards sobre la estrategia ofensiva en la guerra española, 25 de noviembre de 1938. FO 371/22631 W16269. <<

[1] El bando de la IV División, en Isaac Rilova, Guerra civil y violencia política en Burgos (1936-1943), Dossoles, Burgos, 2001, págs. 372-374. El de la VII División, en Ignacio Martín Jiménez, La guerra civil en Valladolid (19361939). Amaneceres ensangrentados, Ámbito, Valladolid, 2000, pág. 86. <<

[2] En la provincia de Zaragoza, todos los ayuntamientos fueron sustituidos entre el 20 y el 27 de julio, tal como indican Julita Cifuentes y Pilar Maluenda en El asalto a la República. Los orígenes del franquismo en Zaragoza (1936-1939), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1995, pág. 217. En aquellas localidades donde hubo una fuerte resistencia al golpe, como en Ateca, Sos o Ejea de los Caballeros, el nombramiento de los nuevos ayuntamientos se retrasó. En Orense fueron destituidos los ayuntamientos de aquellos municipios que se consideraban claves para el triunfo del «alzamiento», según relata Julio Prada en «Militares, caciques y falangistas. La lucha por el poder local en la implantación del franquismo», Tiempos de silencio. Actas del IV Encuentro de Investigadores del Franquismo, Universitat de València-FEIS, Valencia, 1999, págs. 83-90. <<

[3] Reuniones en la sede del gobierno civil tuvieron lugar en Salamanca, tal como indica Luciano González Egido, Agonizar en Salamanca. Unamuno (juliodiciembre 1936), Alianza, Madrid, 1986, pág. 38; en Valladolid, Ignacio Martínez Jiménez, Amaneceres ensangrentados, ob. cit., pág. 65; en Granada, Ian Gibson, Granada en 1936 y el asesinato de Federico García Lorca, Crítica, Barcelona, 1986 (6.ª ed.), pág. 81; y en Teruel, Ángela Cenarro, El fin de la esperanza. Fascismo y guerra civil en la provincia de Teruel (1936-1939), Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1996, págs. 46-48. <<

[4] Bando declaratorio del estado de guerra, 28 de julio de 1936, BOE, 30-VII-1936. <<

[5] La movilización derechista posterior a la sublevación ha sido sugerentemente analizada por Javier Ugarte Tellería en La nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco, Biblioteca Nueva, Madrid, 1998. Las cifras de efectivos ingresados en las milicias a lo largo de la guerra, en Rafael Casas de la Vega, Las milicias nacionales en la guerra de España, Editora Nacional, Madrid, 1974, pág. 39. Véase también Julio Aróstegui, Los combatientes carlistas en la guerra civil española, Aportes XIX, Madrid, 1991. <<

[6] Francisco Moreno Gómez ha contabilizado 32 listas de suscripciones patrióticas en Córdoba en 1936, en La guerra civil en Córdoba (1936-1939), Ed. Alpuerto, Madrid, 1985, págs. 458 y 459. <<

[7] Dicha comisión debía integrarse por el delegado de Hacienda, el director de la sucursal del Banco de España, el ingeniero jefe de Industria y los presidentes de las Cámaras oficiales de Industria, Comercio y Agrícola, así como un representante de la banca privada local, según establecía el decreto núm. 37, del 14 de agosto. Pero la contribución de la patronal a la causa de los sublevados fue anterior. En Zaragoza, las autoridades militares de la V División Orgánica rogaron a las cámaras y asociaciones de empresarios y labradores que constituyesen una junta para la recaudación de donativos con destino a las fuerzas del ejército y ciudadanos voluntarios. Así se constituyó el embrión zaragozano de la Junta Recaudatoria Civil de Defensa Nacional. A pesar de la imposición militar, algunas empresas hicieron donaciones voluntarias al Ejército. Todo ello, en Ángela Cenarro Lagunas, Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón, 1936-1945, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1997, págs. 302-304. <<

[8] Decreto 140, de 30 de septiembre de 1936. <<

[9] Decreto de 5 de octubre de 1936, «Instrucciones para el desenvolvimiento de los cometidos que se le asignan al Gobernador General». <<

[10] La «verticalización» que se impuso en todos los ámbitos de la sociedad española durante la guerra civil y la posguerra ha sido analizada por Michael Richards en Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco (1936-1945), Crítica, Barcelona, 1999. <<

[11] Julita Cifuentes y Pilar Maluenda, El asalto a la República, ob. cit., págs. 86-94; Cristina Rivero Noval, Política y sociedad en La Rioja durante el primer franquismo (1936-1945), Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2001, pág. 297. <<

[12] El dato de Valencia, en José Antonio Gómez Roda, «La primera jefatura provincial de FET-JONS de Valencia (1939-1943)», II Encuentro de Investigadores del Franquismo, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1995, tomo I, págs. 127-134. <<

[13] Sobre el peso del «hedillismo» en Cantabria, véase la tesis doctoral inédita de Julián Sanz Hoya, «El primer franquismo en Cantabria. Falange, instituciones y personal político (1937-1951)», Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cantabria, 2003, especialmente págs. 281-321. La inmensa afluencia a las filas de Falange, ha sido estudiada por Alfonso Lazo en Retrato de fascismo rural en Sevilla, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1998, págs. 21-35. <<

[14] Antonio Cazorla Sánchez, «La vuelta a la historia: Caciquismo y franquismo», Historia Social, 30 (1998), págs. 119-132. <<

[15] Julio Prada, «Militares, caciques y falangistas», ob. cit., pág. 87. La reconstrucción de las redes clientelares por otras vías, como la capitanía general, las delegaciones provinciales de FET-JONS o la organización sindical, ha sido señalado también por Martí Marín i Corbera, en «El nou poder local», en Manel Risques, Francesc Vilanova y Ricard Vinyes (ed.), Les ruptures de l’any 1939, Fundació Carles Pi i Sunyer, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000, págs. 55-67. <<

[16] Así lo hacían, por ejemplo, el decreto del 23 junio de 1938, que daba normas para regular los ayuntamientos liberados después de febrero del mismo año; también las múltiples órdenes y decretos que a lo largo de 1938 y 1939 delimitaron las funciones de las autoridades locales, tal como veremos en el apartado siguiente. <<

[17] Véanse las órdenes del 15 de enero y 15 de febrero de 1939. La decisión de ampliar el límite de 500 000 pesetas consignado para los créditos en el decreto del 23 de junio de 1938 se hizo también extensiva a las ciudades de Madrid, Valencia y Alicante en los meses siguientes. <<

[18] Martí Marín i Corbera, Els ajuntaments franquistes a Catalunya. Política i administració municipal, 1938-1979, Pagès Editor, Lleida, 2000, págs. 72 y sigs. <<

[19] Martí Marín i Corbera, Els ajuntaments franquistes a Catalunya…, ob. cit., págs. 72 y sigs. Antonio F. Canales Serrano, «Las lógicas de la victoria. Modelos de funcionamiento político local y provincial durante el primer franquismo», en II Encuentro…, ob. cit., tomo I, págs. 74-81; y «Derecha y poder local en el siglo XX. Evolución ideológica y práctica política de la derecha en Barakaldo (Vizcaya) y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 1898-1979», tesis doctoral inédita, Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d’Història Moderna i Contemporània, 2002. <<

[20] Julián Navarro Melenchón, «La implantación del régimen franquista en Murcia», en Tiempos de silencio, ob. cit., pág. 76. María Encarna Nicolás, en su libro Instituciones murcianas en el franquismo (1939-1962). (Contribución al conocimiento de la ideología dominante), Editora Regional, Murcia, 1982, págs. 285 y 286, explica cómo en el momento de la ocupación de la ciudad la alcaldía fue entregada por el socialista Bienvenido Santos al joyero falangista Julio Torres Gascón, que la desempeñó durante unos días. Pedro María Egea Bruno, La represión franquista en Cartagena (1939-1945), Murcia, 1985, págs. 31 y 32. Antonio Cazorla, Desarrollo sin reformistas. Dictadura y campesinado en el nacimiento de una nueva sociedad en Almería, 1939-1975, Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 1999, pág. 46. <<

[21] Sobre la implicación de la sociedad civil en la violencia franquista es fundamental el trabajo pionero de Conxita Mir, Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra, Milenio, Lleida, 2000. Véase también Ángela Cenarro, «Matar, vigilar y delatar, la quiebra de la sociedad civil durante la guerra y la posguerra en España (1936-1948)», Historia Social, 44 (2002), págs. 65-86. <<

[22] En virtud de la legislación anterior (decretos 5-XII-1936 y 2-I-1937), las corporaciones tenían competencia para resolver los expedientes y, en el caso de que los interesados interpusieran una apelación, recurso o queja, podía intervenir el gobernador general. Ahora el Ministerio del Interior estaba autorizado a revisar los acuerdos sin que hubiera reclamación por parte de los afectados, e incluso tenía competencias para promover la formación de un expediente si lo consideraba oportuno y las corporaciones no habían dado orden de instruirlo. <<

[23] Así se establecía en la orden del 18 de enero de 1938. Quedaban exceptuados los maestros con «ideología separatista», que no podrían permanecer en el pueblo ni en la región donde la escuela estuviera enclavada. Las razones de la orden tenían que ver con la enorme cantidad de vacantes que la depuración de los maestros estaba ocasionando en las escuelas durante la guerra. Se intentaba así proveer las escuelas temporalmente, con independencia de que el expediente abierto siguiera su curso (orden del 27 de febrero de 1938). Que estas medidas respondían a una circunstancia excepcional se confirma con la orden del 2 de noviembre de 1939, que derogaba las dos citadas. <<

[24] Conxita Mir, Fabià Corretgé, Judit Farré y Joan Sagués, Repressió Econòmica i Franquisme. L’actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la provincia de Lleida, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997, págs. 177-181. <<

[25] La expresión «la sociedad intervenida» es de Conxita Mir, Vivir es sobrevivir, ob. cit., pág. 21. Las tareas de espionaje realizadas por los servicios de información e investigación de Falange, en Alfonso Lazo, Retrato de fascismo rural, ob. cit., págs. 54 y sigs. <<

[26] El Servicio de Recuperación Agrícola se creó con la ley del 3 de mayo de 1938. Las Comisiones de Reconstrucción, en virtud de la orden del 25 de abril de 1939. Véase también Antonio Cazorla, Desarrollo sin reformistas, ob. cit., págs. 156 y sigs. <<

[27] Tales obligaciones quedaron fijadas en la orden circular del 23 de julio de 1938, orden del 27 de agosto de 1938, orden del 27 de noviembre de 1939 y orden circular del 4 de diciembre de 1939, respectivamente. <<

[28] Así sucedió, por ejemplo, en Albacete a lo largo del año 1939, según la investigación de José María Gómez Herráez, Instituciones, perspectivas económicas y problemas sociales durante el franquismo. Albacete, entre el silencio y el éxodo rural (1939-1962), Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1993, págs. 8990 y 95 y sigs. Y de forma muy clara en algunas localidades de Almería, según Antonio Cazorla, en Desarrollo sin reformistas, ob. cit., págs. 53 y sigs. <<

[29] Todo ello, en Ángela Cenarro, «Muerte, control y ruptura social, la salida de la guerra civil en Teruel (1939)», en Tiempos de silencio, ob. cit., págs. 18-23. <<

[30] Un ejemplo de la constitución de la Comisión Pro-Víctimas del Marxismo, en el libro de Encarnación Barranquero Texeira, Málaga entre la guerra y la posguerra. El franquismo, Ed. Arguval, Málaga, 1994, págs. 146 y sigs. Las quejas de algunos ciudadanos fueron canalizadas a través del gobierno civil, tal como ha demostrado María Encarna Nicolás Marín, «Los gobiernos civiles en el franquismo. El retorno a la tradición conservadora en Murcia (1939-1945)», en Javier Tusell y otros, El régimen de Franco (1936-1975). Política y relaciones exteriores, UNED, Madrid, tomo I, págs. 135-149. <<