MADRID. HISTORIA DE UNA CAPITAL

Concebida como una historia global de la ciudad, MADRID. HISTORIA DE UNA CAPITAL no es una recopilación de varias monografías especializadas, sino el relato y la interpretación que tres estudiosos de la historia de Madrid hacen del proceso que llevó a una villa medieval a convertirse en capital, primero de un Imperio, y finalmente, de un Estado. CRISTINA SEGURA se ocupa de la protohistoria de la ciudad, desde sus orígenes como fortaleza musulmana hasta el comienzo de los tiempos modernos; DAVID RINGROSE ofrece una visión muy plástica de su morfología, estructura social y funciones como capital de un vasto Imperio, y SANTOS JULIÁ reconstruye su transformación desde la época de Isabel II hasta la consagración de su capitalidad por la Constitución de 1978.

©1994, Juliá, Santos; Ringrose, David; Segura, Cristina

©2000, Alianza Editorial

Colección: El libro de bolsillo. Historia

ISBN: 9788420636009

Generado con: QualityEPUB v0.34

Madrid. Historia de una capital

Santos Juliá

David Ringrose

Cristina Segura

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Primera edición en «Libros singulares»: 1994

Tercera reimpresión: 1998

Primera edición en «El libro de bolsillo»: 1995

Primera reimpresión: 1997

Primera edición en «Área de conocimiento: Humanidades»: 2000

Diseño de cubierta: Alianza Editorial

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

© Fundación Caja de Madrid

© Santos Juliá, David Ringrose y Cristina Segura

© Alianza Editorial, S. A., Madrid, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15;

28027 Madrid;

teléfono 91393 88 88

ISBN: 84-206-3600-2

Depósito legal: M. 39.933-2000

Impreso en Fernández Ciudad, S. L.

Printed in Spain

Presentación

La historia de Madrid, como toda la historia local, ha experimentado en los últimos años un extraordinario auge debido, a partes iguales, a la nueva organización territorial del poder, a las mejores oportunidades de financiación de este tipo de estudios, al giro hacia lo cercano y lo cotidiano en la investigación histórica y, desde luego, a esa tendencia hacia el particularismo siempre latente en nuestra sociedad y emergente cuando la ocasión es propicia. Como en todo proceso cultural, hay motivos para felicitarse por este renacido interés hacia lo más próximo y para preocuparse si la tendencia llegara a ser tan hegemónica que impidiera la atención a otras realidades de ámbito social y políticamente más amplias en las que lo local tiene, sin embargo, su cabal comprensión. En todo caso, Madrid, como otras ciudades, dispone hoy de una ya amplísima bibliografía y varios equipos —en las Universidades Complutense y Autónoma— han producido en los últimos años, colectiva o individualmente, un incremento sustancial de nuestros conocimientos sobre su evolución demográfica, económica, social, urbanística, política, cultural.

Cuando la Fundación Caja Madrid me mostró su interés en publicar una historia de Madrid destinada a un lector culto aunque no especialista, mi primer propósito fue invitar a un grupo de investigadores de cada una de las edades y materias para producir una historia que fuera a la vez temática y cronológica. Sin embargo, la reciente abundancia de este tipo de monografías, añadida a la intención de producir una obra más general, menos especializada por áreas, más dirigida a un lector que quisiera, en 150 o 200 páginas, hacerse una idea sólida aunque no necesariamente exhaustiva del proceso de formación de la capital en cada una de las grandes épocas históricas, me impulsó a desechar esa idea y sustituirla por una historia global de la capital en las edades media, moderna y contemporánea, a cargo de un solo autor que daría su personal visión de Madrid en cada uno de esos periodos.

De manera que lo que tiene el lector en sus manos no es la recopilación de varias monografías especializadas sino el relato y la interpretación, sostenidos en investigaciones de primera mano pero también en la bibliografía disponible, que tres estudiosos de la historia de Madrid, los tres con numerosas publicaciones sobre temas madrileños a sus espaldas, ofrecen del proceso de su constitución como capital. Cristina Segura, de la Universidad Complutense, se ocupa de la protohistoria de esa capital desde sus orígenes como fortaleza musulmana hasta el comienzo de los tiempos modernos; David Ringrose, de la Universidad de California en San Diego, ofrece una visión muy plástica, acompañando una entrada regia, de su morfología, estructura social y funciones como capital de un vasto Imperio continental y oceánico y yo, de la UNED, me he ocupado de reconstruir las líneas que me parecen más fundamentales del proceso de su gran transformación desde su proyecto como capital de la Monarquía que alumbra en la época isabelina a la capital del Estado que consagra la Constitución de 1978.

Madrid. Historia de una capital no compite, pues, con los relatos pormenorizados de las historias cronológicas ni con las monografías especializadas —géneros ambos en los que el lector tiene mejores obras entre las que elegir— sino que pretende ofrecer una interpretación histórica de su constitución como capital, de lo que ha sido y es, primero como fortaleza y villa, luego como capital de un Imperio, finalmente como capital de un Estado. El libro incorpora todo lo que a cada autor ha parecido relevante para una comprensión global de esa historia, pero deja de lado, porque no nos ha guiado ningún afán de exhaustividad, el detalle de otros aspectos que, a buen seguro, forman parte también de una historia de Madrid. La morfología de la ciudad, sus principales actividades económicas, la configuración de sus clases sociales, las líneas generales de su vida y de sus luchas políticas y, en fin, aquellos aspectos de la esfera pública que más pueden contribuir a una cabal comprensión de su capitalidad es a lo que se ha dedicado más atención, aunque hayan debido sacrificarse, excepto en algunas pinceladas, cuestiones que suelen ser más del gusto del cronista o del escritor costumbrista y para las que existe también abundante literatura.

Al terminar este trabajo, no me queda sino agradecer a la Fundación Caja Madrid su interés por el fomento de la historia de la ciudad, del que este libro es un resultado, y su paciencia ante las siempre inevitables demoras; a la Biblioteca Nacional, al Archivo Ruiz Vernacci y, sobre todo, al Museo Municipal, de donde proceden la mayoría de las ilustraciones, su permiso para la reproducción de los cuadros, grabados y fotografías que acompañan el texto; a Ricardo Artola el interés enseguida mostrado por la publicación del original y su empeño en hacer con él una edición ampliamente ilustrada. Belén López Celada ha tenido una parte tan activa en la preparación del texto que sin su preciosa colaboración este libro habría sido, para peor, muy diferente.

Santos Juliá

Madrid en la Edad Media. Génesis de una capital (873?-1561)

Cristina Segura

Introducción

Cuando en 1561, Felipe II decreta instalar la capital de sus estados en la villa de Madrid, no podía imaginar de qué modo iba a repercutir dicha decisión en aquella urbe. Desconocemos las razones que le movieron, pero debían de tener cierto peso: había entonces en Castilla otras muchas ciudades que parecían ser más apropiadas. Ciudades espléndidas, ricas, bien situadas, con tradición política e infraestructura suficiente, dignas de convertirse en residencia oficial de la Corte y centro de una monarquía en la que no se ponía el sol. A pesar suyo, Madrid fue la elección del Rey Prudente.

Su posición central en la Península no era demasiado valiosa: los reinos de los Austrias se extendían entonces desde América hasta Italia; Castilla, por tanto, constituía sólo una pequeña porción de la monarquía. De hecho, la distancia era algo que parecía preocupar poco a Felipe II, quien esperaba las noticias de su imperio en el vecino monasterio de El Escorial. Además, a poco más de una jornada de Madrid se encontraba Toledo, una rica e importante ciudad que no resultó agraciada con la capitalidad. Resulta improbable que el motivo de su exclusión fuese el descontento de Isabel de Valois, que odiaba el brusco contraste de los fríos y húmedos inviernos toledanos, con sus veranos secos y calurosos. Sin embargo, el clima madrileño no era mucho mejor, si exceptuamos la influencia benigna de la vecina sierra de Guadarrama, que proporcionaba aires saludables y frescos durante el estío.

¿Qué poseía Madrid para que Felipe II la eligiera capital? Debía de ser algo forjado en los siglos anteriores. Por tanto, hagamos un breve repaso de ellos.

Durante mucho tiempo, la ciudad había permanecido alejada de los centros de poder, hasta que se iniciara, a comienzos del siglo XIII, la penetración en el valle del Guadalquivir. A partir de entonces, se transforma en un enclave estratégico, causa de una fuerte militarización de la villa encarnada por su alcázar. Hasta ese momento, su desarrollo urbano, social y económico había sido el característico de una ciudad de frontera: se trataba de un núcleo bien fortificado, habitado predominantemente por caballeros, cuyo desarrollo económico se había reducido al necesario para un abastecimiento suficiente de los lugareños. No había fuentes de riqueza importantes y no se desarrolló ninguna industria que rebasara los ámbitos ciudadanos.

Es a partir de los cambios del siglo XII cuando Madrid comienza a formar una personalidad característica, basada en sus orígenes. Como realengo que era, no tenían peso en la ciudad la alta nobleza ni la jerarquía eclesiástica. Era tierra de caballeros que habían perdido su razón de ser, que abandonan la actividad militar y encuentran una nueva fuente de financiación en los oficios concejiles. A la ausencia de grandes intereses nobiliarios y eclesiásticos se sumará el atractivo de las cacerías en el monte de El Pardo como razones de las cada vez más habituales estancias de los reyes en Madrid a partir de Pedro I. Paralelamente, se irán convocando las Cortes con mayor frecuencia en la villa, aprovechando su posición media dentro de la Corona de Castilla. Dicha situación favorecía, además, el paso de mercancías y el abastecimiento, el consiguiente desarrollo de un mercado y, por tanto, un crecimiento económico continuo.

Todas estas circunstancias no podían sustraerse a la perspicacia del segundo de los Austrias. Madrid era una ciudad nueva, sin ataduras con el pasado castellano, sin alta nobleza, ni bandos enfrentados; ofrecía en contrapartida una oligarquía de servicio dedicada al gobierno local; por añadidura, estaba a la vez lejos y cerca de todas partes. Felipe II comprendió el alcance de estas ventajas, y convirtió a Madrid en su ciudad; una capital de lento crecimiento, que sólo fue capaz del esplendor algunos siglos más tarde.

Con la capitalidad, surge la necesidad de volverse al pasado de la ciudad, adornarlo y glorificarlo para hacerlo digno de los Austrias; es el momento en el que nacen los falsos cronicones, reinventores de la historia de Madrid. La gran mancha que los eruditos de entonces deseaban borrar era el profundo enraizamiento madrileño con el Islam, inadmisible en un siglo como el XVI, marcado por la tensión religiosa. Y sin embargo, Madrid era incuestionablemente una fundación islámica, como sus mejores edificaciones atestiguaban; tanto el alcázar como las más señaladas iglesias medievales habían sido construidos por alarifes musulmanes o mudéjares. Este pasado infiel no era lo ideal, y menos aún si consideramos que el turco representaba por aquel entonces una de las mayores amenazas para el Imperio. Todo ello condujo a buscar un origen más remoto: la Mantua carpetana, el romano Miacum o el Madrid visigodo. La villa requería, además, un santo patrón —papel que recayó sobre un labrador madrileño— y un culto mariano —la Virgen de la Almudena— que afirmaran una profunda devoción.

Los lugares comunes se repitieron, hasta llegar incluso a nuestros días, en que persiste un incomprensible interés por desvincular a Madrid de su importante legado andalusí, olvidando que la villa nació bajo la égida de una de las fuerzas más poderosas del Medievo: el Islam. Su impronta es innegable: la toponimia, el callejero, el emplazamiento, las conducciones de agua, los restos arquitectónicos, el nombre de su patrona, etc., contribuyen a mantener viva una rica herencia que ni la monarquía de los Austrias, ni la de los Borbones fueron capaces de borrar.

1. Los controvertidos orígenes

Los defensores de un pasado madrileño anterior al islámico proponen diversas teorías, desde la improbable identificación de Madrid con la Mantua carpetana, hasta la afirmación de poblamientos romanos y visigodos basada en los escasos restos materiales de esas procedencias que se han hallado en la ciudad. Las fuentes escritas conocidas parten del Madrid islámico, por lo que se hace preciso acudir a la arqueología para remontarse en el tiempo. Sin embargo, las dificultades para la investigación arqueológica son enormes en un casco histórico que ha estado continuamente habitado desde antiguo, superponiéndose un poblamiento al anterior hasta llegar al presente, en el que la inmensa mole del Palacio Real ocupa buena parte del solar del Madrid islámico. Por lo demás, las excavaciones de urgencia que se han llevado a cabo hasta ahora, ya sea por necesidades de edificación o de ordenación urbanística, sólo han dado cuenta de restos materiales vinculados con el incuestionable pasado islámico: o bien no existió una población anterior a la musulmana, o si la hubo, no ha dejado ninguna huella material, lo cual es bastante significativo. De hecho, la cerámica que componía el ajuar de los madrileños no ofrece grandes diferencias con las piezas andalusíes encontradas en otros lugares próximos, manifestando la importancia y vigencia de una población musulmana próspera durante un dilatado periodo. Seguidamente, la población mudéjar y posteriormente la cristiana seguirán utilizando la misma cerámica.

Ciertamente, han aparecido algunos restos materiales preislámicos —como piezas de mosaico romano o una lápida visigoda— que por sí solos, sin embargo, no constituyen una garantía de poblamiento. Se trata de objetos perfectamente transportables que —según la opinión unánime de los expertos— bien pudieron ser traídos a Madrid en épocas posteriores a su realización.

Un caso muy distinto es el de las tierras próximas a la Villa, concretamente las terrazas del Manzanares, donde hay innumerables restos del Paleolítico y del Neolítico, que constatan la existencia de una población nómada o seminómada en esos tiempos remotos. Asimismo, la gran cantidad de restos de animales encontrados indica que se trataba de un lugar de paso de manadas, que acudían a beber de las aguas del Manzanares y a pastar en sus orillas; a su vez, la presencia de estos animales atraía posiblemente a los cazadores en busca de alimento.

Por otra parte, la aparición de numerosos fósiles de animales antediluvianos dentro del casco histórico no significa que Madrid ya existiera en la Prehistoria, sino simplemente que era un lugar frecuentado y donde se produjeron asentamientos estacionales, favorecidos por la confluencia de caminos y los recursos naturales que coincidían en este enclave.

Algo semejante puede afirmarse con respecto a la época romana. Muy cerca del casco histórico, en la actual Puerta del Ángel, así como en la Casa de Campo, Carabanchel y Villaverde Bajo, han aparecido restos de villae tardorromanas que demuestran la existencia de una población de carácter rural, pero no de un núcleo urbano. La presencia de estas villae, hábitat rural característico de la época del Bajo Imperio, sólo testifica que los campos estuvieron poblados y cultivados en aquellos tiempos, hecho natural teniendo en cuenta la tradicional feracidad de las riberas del Manzanares. Este asentamiento rural pervivió en época visigoda, iniciándose un periodo de declive que culmina en los primeros tiempos del dominio islámico, caracterizados por los movimientos de población, y que señalan el abandono definitivo de dichas villae.

Durante el siglo IX, estas tierras serán un paso obligado de los ejércitos islámicos y cristianos, sucediéndose las razzias tanto de los cristianos del norte como, sobre todo, de los propios musulmanes. Por lo tanto, es lógico pensar que la población rural buscara la protección de alguno de los núcleos amurallados más próximos, como Toledo, Alcalá, Talamanca, etc., quedando así despoblada la zona hasta el momento en que se acomete la fundación de la ciudad. De este modo, podemos afirmar que Madrid, Mageritah, Matricen, Mayrit, etc., nació como un núcleo de población musulmana, creado con anterioridad al emirato de Muhammad I.

Las distintas hipótesis sobre la fundación

La línea defensiva de la Marca Media

La rebelión de la población mozárabe de Toledo durante el emirato de Muhammad I motivará el enfrentamiento entre el ejército del emir y las tropas de Ordoño I, quien será derrotado en una emboscada junto al río Guadacelete. Muhammad I aprovecha esta victoria para crear un eje defensivo en la Marca Media mediante la creación de fortificaciones en algunos núcleos de población desprotegidos —como Madrid— y la mejora de las ya existentes, caso de Talamanca.

De este modo, al comenzar la segunda mitad del siglo se había trazado una línea que contenía el empuje cristiano por el norte, cuyos puntos clave eran: Olmos, Canales, Calatalifa, Saktan (¿Escalona?), Madrid y Talamanca.

Según esta línea de investigación, la fundación y fortificación de la ciudad estarían estrechamente relacionadas. Por el control que permitía sobre los pasos de la sierra del Guadarrama e incluso de los de Somosierra, Madrid se convertiría en una pieza defensiva fundamental que interceptaba el acceso a la Meseta Sur de leoneses y castellanos.

La función estratégica de estos territorios no perdió vigencia tras su incorporación a Castilla, a fines del siglo XI; sólo se invirtió en sus términos, convirtiéndose en el bastión defensivo de los cristianos frente a los ataques musulmanes procedentes del sur. Más tarde, la expansión territorial cristiana, que hace descender la línea fronteriza hasta Sierra Morena, supondrá la pérdida de la función defensiva por parte de los citados enclaves. Comienza una fase de decadencia, de la que apenas se salvan Talamanca, Escalona (si identificamos a esta última con Saktan) y, especialmente, Madrid, que era considerada un lugar idóneo para el desarrollo de un núcleo urbano, según testimonios que han llegado a la actualidad.

El emplazamiento

Ibn Jaldum, autor de finales del siglo XIV, señala que las ciudades son los emplazamientos donde los pueblos se instalan permanentemente. Ya hemos reseñado cómo el solar de Madrid y sus tierras próximas fueron lugares transitados y con asentamientos esporádicos de población desde la Prehistoria; pero es a mediados del siglo IX cuando se produce el establecimiento definitivo en el emplazamiento actual que da origen a la ciudad. El hábitat permanente se produce —según Ibn Jaldum— porque un lugar reúne todas las condiciones naturales necesarias para ello.

Primeramente, es preciso que se encuentre próximo un cauce de agua o, en su defecto, algunos manantiales abundantes. El Manzanares —llamado Guadarrama en la Edad Media por nacer en dicha sierra— asegura este requisito. Su cauce estaba a la distancia adecuada para no causar problemas de salubridad a la población y, además, su subsuelo posee una gran riqueza hídrica, que aflora en numerosas fuentes y manantiales.

Ibn Jaldum señala, además, la necesidad de que existan campos de cultivos en los alrededores del emplazamiento. Madrid está rodeada por tierras aptas para el cultivo de los productos básicos en la dieta alimenticia propia de una aglomeración urbana.

En tercer lugar, el autor considera imprescindible la existencia en las proximidades de unos pastos abundantes, además de algunos montes y bosques, capaces de suministrar leña para el hogar y para la construcción de casas, así como el alimento necesario para el mantenimiento del ganado. En Madrid, las huertas y tierras de labor rodeaban el Manzanares, mientras que en las cercanías eran numerosas las dehesas y el monte de El Pardo ofrecía caza y leña suficientes.

Otra de las características de un buen emplazamiento, según Ibn Jaldum, es la buena circulación de los vientos. La cercana sierra del Guadarrama suministra frescos vientos del norte, que limpian el ambiente de aires contaminados. También favorece la buena ventilación la elevación del terreno, que reporta asimismo una ventaja decisiva en cuanto a las buenas cualidades defensivas de la ciudad. Este último argumento, de carácter estratégico, constituirá el elemento decisivo para la fortificación del lugar, dentro del diseño defensivo de Muhammad I.

La atribución de características militares a Madrid conllevó la construcción de un castillo o alcázar y de una ciudadela o almudayna, donde residían los guerreros que lo defendían. El diseño defensivo se completa con la muralla, que protege tanto la almudayna como la medina, en la que reside la población civil. Sobre el origen de esta última existen dos hipótesis: la existencia de una población previa a la construcción de la fortaleza, o bien la venida de gentes desde otros puntos, atraídas por el inicio de la fortificación y por las posibilidades económicas que sugería la reciente fundación. En cualquier caso, en los primeros tiempos tras la fortificación, Madrid debía de estar habitada mayoritariamente por guerreros, pues la defensa de la zona así lo exigía. Las necesidades de abastecimiento de la población militar irían atrayendo otras gentes a la ciudad. Mercaderes, artesanos, campesinos y algunos grupos marginales, como pobres o prostitutas, fueron diversificando la composición social de la ciudad, que paralelamente iba desbordando el recinto amurallado, creándose los primeros arrabales.

La rebeldía muladí

La mayoría de los cronistas árabes explican la fundación de Madrid en los términos hasta ahora reseñados, otorgando a Muhammad I el papel protagonista, al dotar al enclave de rango de ciudad por la construcción de la ciudadela, el alcázar y la medina. Existe, sin embargo, otra teoría sobre la fundación, expuesta por Ibn Hayyan en el Muqtabis III. En la citada obra, se señala que la fortaleza de Mageritah fue construida por Mundhir ibn Huray ibn Habil, miembro de la familia de los Banu Habil, quienes dominaban la Marca Media, actuando con gran independencia respecto a Córdoba. Mantenían, en cambio, buenas relaciones con los cristianos del norte, a los que les unían profundos vínculos de origen étnico. Los Banu Habil, como tantas otras familias hispanomusulmanas, eran muladíes; es decir: sólo la religión les separaba de los cristianos, leoneses o castellanos, mientras que de los emires cordobeses les distanciaba la ascendencia árabe de estos últimos.

Según el Muqtabis III, la fortificación de Madrid no guardó relación con el trazado de una línea defensiva frente al norte cristiano, sino que por el contrario, se trataba de ayudar a sostener la rebeldía de Toledo frente al emir cordobés, y en general, de toda la Marca Media; región que se encontraba muy mal asimilada a la dominación islámica y mantenía una rebeldía endémica frente al centro de poder árabe residente en Córdoba.

Los Banu Habil, como tantas otras familias, no se doblegaron hasta tiempos de Abderramán III. Según Ibn Hayyan, fue un hermano del fundador de Madrid quien pactó con Abderramán y entregó la fortaleza, la cual era casi imposible de tomar al asalto. Otras fuentes aseguran que este califa cordobés tuvo que someter un importante foco rebelde que había en Madrid. De cualquier modo y según esta versión, Madrid habría sido en su origen una fundación rebelde contra el poder cordobés, y habría alcanzado el rango de ciudad tardíamente, con Abderramán III.

El control sobre Toledo

Existe otra tercera hipótesis sobre el origen de Madrid que comprende en cierta medida las dos anteriores. Según esta teoría, existía en el solar de Madrid un pequeño núcleo de población musulmana, que sería fortificado por Muhammad I, a fin de controlar desde este bastión al insumiso gobernador de la Marca Media, quien residía en Toledo. Los muladíes de esta zona dominaban la Marca Media y no aceptaban de buen grado las órdenes de Córdoba, sólo interesada en el cobro de los impuestos. Un argumento a favor de esta teoría es la ubicación de Madrid con respecto a Toledo: la actual capital se encuentra en el eje que comunica Toledo con los pasos del Guadarrama y Somosierra, que constituían entonces las puertas de acceso a la Meseta Norte para los musulmanes, al mismo tiempo que la vía de penetración de los cristianos hacia el sur. Además, el camino hacia Toledo partía de la Puerta de la Vega, en esa época la más importante de la ciudad.

Conclusiones

Cualquiera de las tres hipótesis es viable. Por otra parte, ofrecen aspectos comunes, como el origen islámico de Madrid y su acusado carácter militar en los primeros tiempos. Por otra parte, el aparente desfase cronológico entre las distintas teorías puede matizarse, si consideramos que en los tiempos de Muhammad I el enclave se reducía posiblemente al castillo y la ciudadela. Según Torres Balbas, la existencia de la medina y la mezquita mayor son condiciones indispensables para otorgar a un núcleo de población la categoría de ciudad. En el caso de Madrid, el núcleo civil, la medina, se desarrolló probablemente con posterioridad a la fortificación del lugar; y habrá de esperarse a los tiempos del califato para ver erigirse la mezquita mayor. Hasta entonces, existía únicamente una pequeña mezquita en el interior de la almudayna, que atendía las necesidades de los guerreros defensores de Madrid. Estas circunstancias pudieron ser la explicación de que Ibn Hayyan retrasase la fundación hasta la época del califa Abderramán III. Combinando ambas teorías, podemos afirmar que, si bien el impulso inicial es obra de Muhammad I, por la construcción del castillo y los demás elementos defensivos, Madrid sólo llegará a ser una ciudad islámica en puridad un siglo más tarde, con Abderramán III.

Hasta finales del siglo X Madrid permaneció ensombrecida por la riqueza material y el glorioso pasado de su vecina Toledo. Se encontraba además fuera de las rutas que conducían a los viajeros hacia los fastos cordobeses. Por dichos motivos, encontramos pocas alusiones a Madrid por parte de los cronistas árabes. Entre ellas, cabe destacar, no obstante, la de al-Himyari, quien considera su castillo como una de las mejores construcciones defensivas de al-Andalus. Este testimonio constituye una prueba más del valor predominantemente militar de un enclave que unía a sus altas murallas y su magnífica fortificación, un emplazamiento vital para el control de la sierra del Guadarrama y, por consiguiente, del acceso al valle del Tajo de los cristianos del norte.

2. Tras las huellas de la ciudad islámica

De entre los elementos que integraban el Madrid islámico, la muralla es de la que conservamos mayor número de restos arqueológicos. El conocimiento de su trazado nos servirá para obtener una visión global del Madrid islámico, a medida que vayamos integrando dentro y fuera de ella los demás componentes: la almudayna, el alcázar, la mezquita y los arrabales. El examen del material con que fue construida nos sugerirá distintas alternativas sobre el crecimiento de la ciudad.

Un pequeño recinto bien defendido

En primer lugar, llama la atención la perfecta adaptación del trazado a la orografía del terreno, aprovechándose de este modo las defensas naturales del emplazamiento de Madrid, que ocupaba la cima de una colina bordeada por barrancos. Sólo existía una zona más asequible, por la que actualmente discurre la calle de Carlos III, que une la actual plaza de Oriente con la de Isabel II. Por este lado no existía escarpe pronunciado como en las otras tres vertientes de la colina: la actual cuesta de San Vicente; la terraza del Manzanares, donde se asentaba el alcázar; y la actual calle Segovia.

Por el fondo del barranco que actualmente ocupa la calle Segovia, corría un arroyo que en época cristiana se llamó de San Pedro; a él vertían las aguas de la colina en la que se asentaba Madrid. Frente a este cerro, y separada por el barranco, existía otra colina, la que posteriormente se denominó de las Vistillas. En este alto se instaló la población civil, constituyéndose un arrabal cuya población tenía una dedicación mercantil y artesana. La puerta de la Sagra se abría al otro barranco, el que actualmente ocupa la cuesta de San Vicente, donde se formó otro arrabal de menor importancia, disperso e integrado preferentemente por campesinos.

Un lienzo de la muralla corría por el extremo septentrional del castillo, cuyo emplazamiento exacto es difícil de precisar. Posiblemente, el alcázar ocupaba la actual Plaza de la Armería, Bailén y parte de la Plaza de Oriente. La muralla continuaba, atravesando la Plaza de Oriente, para bordear la almudayna, donde probablemente se abriría la Puerta de la Sagra. Trazaba un ángulo recto y continuaba por la actual calle del Factor, que ocupó el espacio de la muralla cuando fue derruida en tiempos posteriores.

En la actual calle Mayor, frente a Capitanía, se abría otra puerta próxima a la mezquita. Aquí la muralla formaba otro ángulo recto hasta descender a la Puerta de la Vega, una de las tres con las que contaba el recinto y la mejor conocida en la actualidad. Sus restos, excavados en 1985, se encuentran en la confluencia de la calle Mayor con la cuesta de la Vega, frente a la hornacina de la Virgen de la Almudena.

Desde la puerta de la Vega, la muralla remontaba hasta el alcázar, cerrando el exiguo recinto murado. Las dimensiones del mismo serían de unas ocho o nueve hectáreas, a las que habría que sumar, para hacerse una idea del tamaño del Madrid islámico, el territorio ocupado por los arrabales, que más tarde quedarían integrados por las defensas construidas en la época cristiana.

El alcázar, remoto antecesor del Palacio Real

Es lógico que apenas podamos imaginar cómo fue el alcázar islámico, teniendo en cuenta su evolución posterior: ampliado y transformado en fortaleza cristiana, sufrió a lo largo del tiempo sucesivas modificaciones hasta ser destruido por un incendio, a principios del siglo XVIII. Su solar experimentó aún otra profunda transformación: sobre él se levantó el Palacio Real, que esconde por tanto bajo sus cimientos los vestigios de las construcciones islámica y cristiana. Estas circunstancias han impedido, obviamente, realizar una excavación arqueológica que pudiera arrojar luz sobre las peculiaridades y el exacto emplazamiento del edificio musulmán.

Podemos afirmar, no obstante, que el alcázar y la muralla constituían las piezas defensivas básicas de la ciudad, y debieron de formar un todo homogéneo, realizado en el mismo material. Era del alcázar de donde partía la muralla, para rodear la almudayna y la medina, y a él tornaba, finalmente, para cerrar el recinto murado.

Siguiendo la tipología habitual de los alcázares islámicos, la planta del castillo debía de ser cuadrada, articulada en torno a un patio central, que servía de refugio a los guerreros que vivían en la almudayna en los casos de ataque o sitio continuado. Los materiales empleados en su edificación, así como su emplazamiento, fueron evidentemente los idóneos, ya que la fortaleza resistió todos los intentos de asalto que se sucedieron desde su creación. En su recinto existió probablemente algún manantial que facilitara la resistencia continuada de la plaza.

El castillo era el lugar de residencia del caid, quien asumía a la vez la autoridad militar y la máxima representación del poder central, representado primeramente por el emir y más tarde por el califa. Esta concentración en una sola figura de las funciones de gobierno y defensa del lugar atestigua el preeminente valor militar de Madrid en aquellos tiempos iniciales. En el interior del castillo, se encontraba además una pequeña mezquita, suficiente para atender las necesidades religiosas de la población militar, compuesta por la guarnición del alcázar y los guerreros que residían en la almudayna. Esta última era un elemento subordinado al alcázar, comunicaba directamente con él y atendía a su defensa. La ciudadela o almudayna ocupaba probablemente parte de la actual Plaza de Oriente y del solar de la catedral de la Almudena. El resto del exiguo espacio murado estaba ocupado por la medina.

La mezquita

Al igual que el castillo, la mezquita mayor que se construyó en el siglo X también fue reutilizada tras la conquista cristiana. Convertida en parroquia bajo la advocación de Santa María, ha sido destruida en época reciente. Su solar se encuentra actualmente ocupado por una casa de vecinos, en el número 88 de la calle Mayor, en la esquina con Bailén. Conocemos con seguridad, por tanto, su emplazamiento, pero nada sabemos de sus trazas, aunque es probable que siguiera el patrón de otras mezquitas de época califal de las que conservamos restos.

Junto a la mezquita, los lienzos de la muralla formaban un ángulo recto; en el oriental se hallaba la ya mencionada puerta de la mezquita, que fue bautizada como arco de Santa María tras la conquista cristiana, precisamente por la advocación que había recibido el templo islámico en su consagración.

«Mis muros de fuego son»

La piedra de pedernal, tan abundante en esta zona, fue utilizada en la cantería de la muralla. Sus grandes sillares dieron lugar a una parte del lema de Madrid: «Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son». La primera oración hace referencia probablemente a la abundancia de manantiales del suelo madrileño, mientras que la segunda puede tener su origen en los rayos del sol, en el ocaso del día, haciendo brillar como brasas las piedras de la muralla; o tal vez se deba a las chispas que hacían saltar de los sillares de pedernal las flechas que fueron lanzadas por los diversos atacantes de la ciudad.

Entre los años 1972 y 1985, se han realizado cuatro excavaciones en la cuesta de la Vega-calle Mayor, gracias a las cuales se ha podido comprobar cómo difiere el aparejo interior de la muralla respecto del exterior, y las partes inferior y superior de este último entre sí. De estas diferencias en la calidad y disposición de los sillares han surgido distintas hipótesis sobre la construcción de la muralla. La teoría más reciente pertenece a Retuerce, uno de los miembros de la excavación de 1985, la cual dejó al descubierto un importante lienzo de muralla. El citado autor considera que la construcción de ésta fue muy lenta, por lo que se desarrolló en un dilatado espacio de tiempo. Según Retuerce, las diferentes facturas de los sillares no se deben a épocas sucesivas de construcción, sino a que se cuidaron mucho más los cimientos y el exterior que el interior y la coronación por una razón estratégica y de economía de medios. Se pretendía que los foráneos divisaran una perfecta construcción, signo del poderío de la ciudad, mientras que los habitantes de Madrid contemplaban unos muros algo más toscos, pero al mismo tiempo más baratos.

Los lienzos de la muralla estaban jalonados por un número considerable de torres, que servían para dar una mayor solidez a la construcción; al mismo tiempo contribuían, en el caso de un ataque exterior, a facilitar la defensa. La proximidad de estas torres puede comprobarse en los 118 metros lineales de muralla conservados en la cuesta de la Vega. En este espacio debían de elevarse seis torres, la última de las cuales ha sido destruida recientemente al construirse la casa de la calle Bailén, 12. De hecho, aún pueden apreciarse algunos vestigios en la entrada del garaje de la mencionada vivienda, pertenecientes probablemente a la parte superior de la torre, ya que buena parte de ella debe encontrarse sepultada. La construcción de esta vivienda sin una excavación previa ha hecho que se pierda una valiosa oportunidad para el mejor conocimiento de la muralla islámica.

La famosa torre Narigués, convertida con el paso de los siglos en símbolo del pasado islámico de Madrid, se encontraba probablemente entre la torre sepultada y la puerta de la Vega. Sin restos materiales que nos orienten, es difícil precisar su emplazamiento respecto de la muralla y, por tanto, su verdadero valor defensivo. No obstante, ha sido considerada como el punto de arranque de la nueva muralla cristiana, que tenía como objeto integrar los arrabales en el recinto murado. De esta hipótesis proviene la importancia de esta torre, cuya localización fue uno de los objetivos, lamentablemente incumplidos, de la excavación de 1985.

Para completar nuestra idea de la muralla islámica, debemos imaginarla no sólo articulada por torres y puertas: existían abundantes portillos, a lo largo de su perímetro. Sin los riesgos y gastos que suponía la construcción de una gran puerta, eran accesos más operativos, que a veces servían para dar salida a los pequeños y numerosos cauces de agua existentes, así como para evacuar las aguas residuales. En el lienzo conservado en la cuesta de la Vega se aprecian perfectamente varios portillos y también alguna alcantarilla por la que se vertían las aguas sobrantes.

Los arrabales

La guarnición militar fue atrayendo a una población civil progresivamente más numerosa. Se trataba, en un principio, de las familias de los guerreros acantonados, junto con gentes que venían a cubrir las necesidades que éstos generaban, como comerciantes, artesanos y, también, prostitutas, jugadores, quincalleros, etc.

El paso del tiempo fue dando estabilidad y permanencia a esta población, que iba conformando los primeros arrabales. La vecina colina de las Vistillas era el emplazamiento que ofrecía mejores posibilidades por su fácil comunicación con la ciudadela a través de la Puerta de la Vega. Para salvar el cauce de agua que separaba ambas colinas, se construyó un puente que más tarde se conoció como alcantarilla de San Pedro. Probablemente, se establecieron arrabales también frente a las restantes puertas. El cercano a la Puerta de la Sagra tenía un carácter rural, puesto que se componía de numerosos huertos y tierras de cultivo. El arrabal que se formó próximo a la puerta de la mezquita adquirió una importancia similar al de las Vistillas, aunque hubo de esperar a la conquista cristiana para alcanzar su máxima importancia, como el ámbito de expansión de la ciudad.

Sin embargo, al principio de la época cristiana fue el de las Vistillas el arrabal más próspero, tal como nos lo indican las distintas actuaciones arqueológicas que se han efectuado en esa área. Conocemos la extensión del recinto y la presencia de población en la época andalusí por el hallazgo de un qanat o viaje de agua y de diversos restos de cerámica. El viaje es una conducción perfectamente construida que recogía el agua de alguna de las numerosas fuentes existentes en Madrid y la transportaba a esta colina, señal de la existencia de numerosa población estable en la zona, y del nivel de desarrollo técnico al que se había llegado en la ciudad por aquel entonces. Asimismo, las piezas recogidas confirman que la actividad económica estaba especialmente concentrada en el arrabal de las actuales Vistillas.

3. Los avatares de una población de frontera

Mayrit o Magerit. Éstos son los primeros nombres que recibe la ciudad: aquellos con los que los cronistas árabes la denominan. Encierran un significado ligado a la vida y necesidades cotidianas de la ciudad, ya que el mayrat, o conducción de agua, es posiblemente la raíz etimológica de estos términos; lo cual sería altamente indicativo de lo valiosos, y a veces determinantes, que resultaron para Madrid sus cuantiosos recursos hídricos. En los dos siglos de dominio islámico, Madrid tuvo que hacer frente a numerosos sitios; la fiabilidad de su fortificación debió de aliarse a un abastecimiento suficiente dentro del recinto murado de recursos vitales, como el agua, que permitieran resistir los asedios.

Aparte de su función militar como enclave defensivo de la Marca Media es difícil obtener datos referentes a su desarrollo como ciudad, sus avatares políticos, los usos y costumbres de sus hombres y mujeres, etc. Son escasas las informaciones que nos han llegado, precisamente por el valor puntual y limitado de esta población fronteriza.

A lo largo de los doscientos años en que la ciudad permaneció bajo el dominio de Córdoba, se mantuvo su carácter básicamente militar, a despecho del progresivo crecimiento extramuros de unos desguarecidos arrabales. De hecho, el poder civil no se desgajó nunca de la autoridad militar —encarnada por el caid o alcaide—; Madrid, al contrario que otras ciudades musulmanas de mayor rango, nunca estuvo regida por un wali. Podemos extraer, además, otras conclusiones de algunas listas conservadas de alcaides de Mayrit o Magerit. Todos los designados pertenecían a familias con gran influencia en Córdoba: parece, por tanto, que se trataba de una plaza de cierto peso, o al menos, motivo de preocupación constante en Córdoba como pieza clave de la Marca Media. La necesidad de contar con alcaides con fidelidad probada a Córdoba se agudiza si tenemos en cuenta las tradicionales malas relaciones entre el poder central y el gobernador de la Marca Media.

Las fuerzas y ambiciones territoriales de castellanos y leoneses crecieron a la par durante el siglo X. Madrid, en primera línea hacia el sur y puesto de control de las rutas de la sierra, debía bloquear las incursiones de los cristianos. De hecho, la mayor parte de las expediciones, tanto cristianas como musulmanas, pasaron por ella. Almanzor convocaba aquí a su ejército para cruzar la sierra y atacar a los cristianos del norte. Ibn Idari relata un encuentro entre Almanzor y Galib frente a las murallas de Madrid como algo habitual. Podemos suponer que era mucho menos costoso reunir el ejército en un lugar fronterizo como éste, que salir hacia la frontera desde Córdoba. Una vez convocadas las fuerzas en Madrid, podía optarse por diversas rutas de penetración para emprender las incursiones en territorios enemigos.

El más antiguo de los ataques cristianos conocidos a Madrid fue el intento frustrado de Fernán González, conde de Castilla; pero el más famoso fue el de Ramiro II, el año 932, quien conquistó temporalmente los arrabales de la ciudad. La almudayna, defendida por su alcaide y guarnición, resistió y por ello la ocupación no consiguió hacerse estable. De modo que al poco tiempo, Ramiro II tuvo que abandonar esta ciudad, que fue capaz de resistir al ejército de ocupación castellano-leonés. Bajo Abderramán y Almanzor, la presión musulmana fue muy fuerte y frenó el avance cristiano; a pesar de lo cual, el califa intensificó el carácter defensivo de la ciudad con el nombramiento de esforzados guerreros como alcaides: cualquier error en la elección del jefe militar podía facilitar una vía de fácil penetración para el enemigo proveniente del norte.

Con el establecimiento de los reinos taifas en el siglo XI, Madrid quedó incluido en la importante taifa de Toledo, que abarcó todo el territorio de la Marca Media. La suerte de Madrid quedaba ligada a la de Toledo, a la que serviría como defensa ante los ataques cristianos que llevó a cabo Fernando I de Castilla en los primeros tiempos de su reinado. La beligerancia del monarca castellano pronto dejaría paso al establecimiento de un juego de contrapartidas entre ambos bandos, que permitiría un periodo de paz. Se trata del sistema de parias, característico de las relaciones de los reinos castellanos y leoneses con las taifas musulmanas a partir del siglo XI, y cuyo mecanismo era el siguiente: el rey musulmán pagaba un tributo anual al monarca castellano, el cual se comprometía a cambio a respetar la integridad territorial de la taifa y protegerla de cualquier agresión. De esta forma, se va articulando una relación progresivamente más estrecha de Madrid con la Corona de Castilla. La paulatina pacificación de las relaciones con los castellanos va atenuando la fuerte impronta militar que la ciudad conserva desde su nacimiento y propicia que, a mediados del siglo XI, el Madrid islámico llegue a su momento de máximo esplendor. La población civil, que habitaba extramuros, superará entonces en número al contingente militar. En los arrabales, y sin miedo ya a una posible invasión, se desarrollará una actividad económica creciente, favorecida por las buenas comunicaciones que permite el emplazamiento de la ciudad. Madrid comenzará a ser conocida, no ya por su castillo, sino por su mercado, mientras las murallas van perdiendo su sentido conforme sigue aumentando el número de personas que habitan extramuros.

Esta apariencia de paz encubre una forma de presión más sutil, pero más eficaz por parte de los castellanos: la repoblación de los territorios. La poderosa Segovia aprovechaba la coyuntura para ir avanzando hacia el sur; la ocupación de los puertos de la Sierra constituía el paso previo para atravesar el Sistema Central y penetrar en la Meseta Sur. Madrid era el primer obstáculo con el que los segovianos tropezaron. Optaron por sortear el escollo, rehuyendo el enfrentamiento abierto al avanzar por terreno no habitado, mientras se daba de lado a los núcleos de población como Madrid. El poder cristiano iba creciendo así imparablemente, preludiando la conquista de la taifa de Toledo a fines del siglo XI, y por tanto, la caída de Madrid en manos del rey de Castilla. Al mismo tiempo, se creaba una situación que tendría graves repercusiones en el futuro: la presencia segoviana muy próxima al territorio de la ciudad.

El mayrat de Magerit

En cuanto a la forma cotidiana de vida de aquellas gentes, poco más podemos hacer que dar por extensibles los usos de otras ciudades andalusíes a la que nos ocupa. Sólo un rasgo se perfila más nítidamente: el perfecto abastecimiento de agua, gracias al eficaz aprovechamiento de los abundantes recursos naturales. El mayrat o viaje de agua encontrado en la plaza de los Carros da fe del progreso técnico que se había alcanzado, ya que se trata de una construcción muy sofisticada, a la vez que avala la existencia de población en aquella zona constituyendo un arrabal. Por otra parte, esta preocupación por aprovechar la riqueza hídrica de Madrid nos pone en conexión con las distintas actividades cotidianas del arrabal: el abastecimiento de las viviendas con sus huertas y jardines anejos. Dentro de la tradición musulmana se considera signo de bienestar la tenencia, formando un conjunto con la casa, de un jardín con frutales y una pequeña zona dedicada a huerta con la que atender al consumo diario. Asimismo, el Corán prescribe una serie de abluciones que requerían un fácil y cómodo abastecimiento de agua en las viviendas.

Numerosos manantiales y fuentes daban lugar a cauces de agua que rodeaban y recorrían la ciudad; en ellos desaguaban los sobrantes de las casas y jardines. Por todo ello, no es aventurado pensar que el Madrid islámico gozó de unas condiciones higiénicas superiores a las de otros lugares y, sobre todo, mucho mejores que las de épocas posteriores de su historia, en las que la gran aglomeración de población ocasionó problemas de salubridad.

Los ajuares encontrados en las distintas excavaciones llevadas a cabo en el recinto del Madrid islámico nos dan a conocer los objetos que utilizaban los primeros madrileños. Junto a éstos, han aparecido una serie de huesos de animales que nos revelan asimismo su dieta alimenticia y los animales domésticos que los acompañaban en su vida diaria: perros, gallinas, palomas, ovejas, etc. En cada casa debía de haber, además del jardín, un palomar y un gallinero; estos elementos cumplían una función básica en la economía de cada hogar.

En cuanto a las ocupaciones de la población civil, parece que dentro de los artesanos eran los curtidores quienes alcanzaron mayor importancia, si tenemos en cuenta las repetidas alusiones a las tenerías que encontramos en las fuentes. Pero ni artesanos ni comerciantes alcanzan en número a los campesinos que cultivaban las huertas del Manzanares y los campos aledaños a la ciudad, que seguía siendo, al fin y al cabo, un núcleo urbano de segundo orden.

La cultura

Como en todas las ciudades islámicas, la vida espiritual en su sentido más amplio, la impartición de justicia y la enseñanza convergían en la mezquita mayor, hoy desaparecida. Al igual que en los demás órdenes de la vida civil, no parece que Madrid despuntase intelectualmente por encima de la norma habitual en las ciudades islámicas de sus características, haciendo la salvedad de que en aquella época el mundo musulmán había alcanzado un punto de madurez y riqueza en sus manifestaciones culturales que ensombrecía casi por completo las realizaciones culturales de los reinos cristianos. Se ha mantenido a lo largo del tiempo la creencia de que Madrid llegó a ser un destacado centro intelectual, basada en la repetición en algunos repertorios de hombres sabios que reciben el sobrenombre de «el Madrileño». Sin embargo, este dato carece de envergadura suficiente como para hacer una apreciación tan generosa y convertir a Magerit en la capital cultural de la Marca Media.

La llave de muchos caminos

La red viaria que cruzaba la Península antes de la llegada de los musulmanes perduró en buena medida durante todo el Medievo. Algunas de las calzadas más importantes se hallaban cercanas a Madrid, lo que constituirá uno de sus rasgos más sobresalientes, desde entonces a nuestros días.

Destacaba la excelente comunicación con Toledo, la cabeza de la taifa, desde donde podía continuarse camino hacia el sur por la vía más importante de las que conducían a tierras meridionales. A su vez, Madrid se encontraba a medio camino entre Toledo y Segovia por la ruta que atravesaba el Guadarrama. Esta circunstancia hacía de Magerit la vía de acceso a los reinos cristianos por los pasos del Sistema Central. Otro centro próximo de comunicaciones era Alcalá, donde nacía la calzada que llevaba a Zaragoza a través del río Jalón, conectaba con el valle del Ebro y llegaba a Barcelona.

En cuanto a las comunicaciones se refiere, el Manzanares jugaba un papel ambivalente: se convertía en un obstáculo para los madrileños en sus viajes hacia Toledo y Segovia, pero a su vez, ejercía un importante papel de defensa ante un ataque cristiano. Se franqueaba bien por un vado o por algún tipo de puente o alcantarilla. Por entonces, debían de existir dos puentes, uno en el camino de Toledo y otro en el de Segovia, que seguramente fueron reemplazados por otros mayores tras pasar la ciudad al ámbito cristiano. También extramuros, por el camino hacia Alcalá, se encontraba otra dificultad: el cauce del Jarama que llegaba engrandecido por el Henares. Es de suponer que existiera algún tipo de vado o puente en esta zona, que sería posteriormente sustituido por el llamado puente de Viveros, cuyo valor estratégico fue creciendo con el tiempo: representaba para los cristianos del norte la llave hacia Madrid y, por tanto, hacia el sur por Toledo.

Los caminos que comunicaban Madrid con otras tierras accedían a sus puertas y cruzaban la ciudad. En la puerta de la Vega convergían el camino de Toledo y la salida hacia Segovia. De ahí partía una calle que llegaba al arco de Santa María, de donde salía una ruta que llevaba a Alcalá y Talamanca.

4. La conquista por Alfonso VI

En la década de los ochenta del siglo XI, una Castilla en plena expansión repobladora había obtenido el dominio del Sistema Central y ambicionaba a renglón seguido las tierras del valle del Tajo; se trataba de rendir la taifa de Toledo, en la que se inscribían los territorios de la antigua Marca Media, como Madrid. Las relaciones entre el entonces monarca castellano, Alfonso VI, y el de Toledo, Alcadir, se midieron en términos más sutiles que los de la presumible rivalidad. De hecho, ambos se habían prestado mutua y pública ayuda en anteriores ocasiones, hasta que la fragilidad creciente del gobierno del musulmán por su escasez de apoyos internos, sumado a las necesidades expansivas castellanas, dieron un giro a la situación. Parece que Alcadir pactó secretamente la rendición de Toledo, a cambio de que Alfonso VI le ayudara a ganar el reino taifa de Valencia; lo que sucedió efectivamente en 1086. Un año antes, el rey castellano había sitiado la ciudad de Toledo, que ofreció una resistencia posiblemente imprevista, pero que finalmente capituló. Con ella, caían todas las ciudades de la antigua Marca Media: Talavera, Alcalá, Oreja y Madrid entre ellas. A juzgar por la escasa resistencia que ofreció esta última, cuando tantos asedios había resistido desde su fundación, parece muy probable que se produjera una entrega casi automática a continuación de la rendición de Toledo.

La aparición de los mudéjares

La ocupación militar de la ciudad no planteó problemas: por la capitulación, los musulmanes se comprometían a la entrega de la fortaleza militar, que pasaba a manos cristianas. Tanto los guerreros de la guarnición como los personajes notables de la ciudad decidieron trasladarse al sur, a territorio andalusí, para no someterse a dominio cristiano. Quedaba por resolver qué hacer con la población civil, con los habitantes de los arrabales; los artesanos, comerciantes y campesinos que ocupaban el estrato inferior de la población civil. Se trataba de un problema general para toda la Marca Media, que se les planteaba por vez primera a los ocupantes cristianos. Hasta ese momento, los castellanos habían ido ocupando zonas rurales; la escasa población que en ellas habitaba había sido barrida y sustituida fácilmente por repobladores cristianos. Sin embargo, la capitulación de la Marca Media ponía en manos de los castellanos un territorio poblado, cuya extensión superaba ampliamente las posibilidades repobladoras de los ocupantes. La población musulmana, aparte de todo, no había ofrecido resistencia, lo que restaba justificación a una matanza o expulsión masiva, por otra parte de imposible ejecución, dado su elevado número. La situación era, además, apremiante, ya que la ocupación física del territorio por población afín era una condición imprescindible para afianzar la conquista, evitando volviera en poco tiempo a manos andalusíes. Estas circunstancias dieron lugar a una nueva política: se autorizaría a los musulmanes a que pudieran permanecer en sus casas, con sus propiedades, bajo la soberanía del rey de Castilla. Esto supone el nacimiento de la población mudéjar, es decir: de los musulmanes que vivían sometidos a un poder cristiano, a imitación del fenómeno del mozarabismo. Tal como los castellanos descubrieron una vez conquistado, el Toledo islámico había contado con un significativo núcleo mozárabe. Su origen se remontaba a la población hispanogoda, que tras la caída de la monarquía visigoda en el siglo VIII, fue autorizada por los musulmanes a mantener el culto cristiano y sus costumbres, siempre que se acatara la soberanía política del Islam. Inspirándose en esta situación previa, Alfonso VI concibió la idea de pactar con los musulmanes de la Marca Media la posibilidad de permanecer en sus casas, respetándoseles sus propiedades, costumbres, lengua y religión; manteniéndose incluso a sus autoridades locales. En contrapartida, sólo se les exigiría la sumisión a la Corona de Castilla; no obstante, aquellos que no quisieran vivir en territorio cristiano podían marchar a al-Andalus.

La conquista de Madrid

De este modo se produjo, sin grandes desgarramientos, la incorporación de Madrid a los dominios castellanos. Es, a partir de este momento cuando se van a efectuar profundas transformaciones en la sociedad madrileña, el progresivo debilitamiento de la raíz islámica a medida que la cultura cristiana va ocupando todos los ámbitos. De este modo, la mezquita mayor se consagra como iglesia, colocándose bajo la advocación de Santa María. No obstante, la nueva parroquia pronto comenzará a denominarse de la Almudena, aludiendo a la almudayna islámica.

En contra de algunas opiniones, Alfonso VI no pudo encontrar en Madrid población mozárabe, ya que se trataba de una ciudad de fundación islámica. Bien es cierto que en la segunda mitad del siglo IX, después del episodio de los mártires cordobeses, se produjo un flujo migratorio de población mozárabe hacia el norte, pero resulta difícil imaginar que estas gentes huidas de Córdoba se fueran a asentar precisamente en un bastión defensivo contra los cristianos del norte, cuando el valle del Duero ofrecía muchas más seguridades y una mejor acogida. Resulta mucho más probable que tras la caída de la ciudad, acudieran a ella mozárabes de otros lugares de la Marca Media, tales como Toledo, atraídos por las ventajas que ofrecía una ciudad recién incorporada a Castilla, en la que se precisaban fieles para tomarla a su cargo. Siguiendo este razonamiento, los cuatro mozárabes que aparecen entre los dieciocho madrileños que reciben para la ciudad el fuero de Toledo en 1118 podrían haber acudido como repobladores a Madrid, al igual que los otros catorce madrileños firmantes, procedentes de la Meseta Norte. Fue, por tanto, a partir de la conquista cuando se instala en Madrid una reducida mozarabía, con un peso social irrelevante y que pronto se asimilaría al conjunto de la población cristiana, puesto que su rastro acaba por desaparecer con el tiempo.

Los almorávides

La caída de la Marca Media dio lugar a una fuerte reacción en todo el Islam y fue una de las causas de la entrada de los almorávides en al-Andalus. Estos feroces guerreros africanos, estrictos cumplidores de los principios del Islam, llevaban a la práctica de manera implacable el mandato coránico de la guerra santa. Iniciaron su ofensiva contra los castellanos en ayuda de los reyes de taifa andalusíes. Pronto llegaron hasta el Tajo, haciendo peligrar las conquistas de Alfonso VI. Las derrotas sufridas por el ejército castellano en Consuegra y en Uclés (1108) supusieron la retirada del ejército cristiano nuevamente al otro lado del Sistema Central. Se perdieron en estos combates la mayoría de las conquistas de Alfonso VI, excepto aquellas plazas que contaban con fortalezas verdaderamente eficaces. La campaña del 1110 fue especialmente dura: en ella cayeron Talamanca y Madrid. En esta última, sólo resistieron la almudayna y el castillo, donde permaneció la guarnición castellana; el resto de la ciudad, habitada mayoritariamente por mudéjares, fue ocupada por los almorávides. Esta situación de retroceso, en la que los castellanos perdían prácticamente todo el valle del Tajo, guardaba relación con la situación de profunda crisis política que atravesaba la Corona castellana bajo el reinado de Urraca, hija y sucesora de Alfonso VI, amenazada en su poder por su propio marido, el rey de Aragón Alfonso I. En aquellos momentos, sólo Alvar Fáñez defiende infructuosamente las recién conquistadas tierras de la Marca Media, donde los almorávides campan por sus respetos. Entre tanto, Madrid a duras penas resistía.

El hijo de Urraca, Alfonso VII, trajo con su reinado un cambio de tendencia: el ardor guerrero de los almorávides decayó paulatinamente, volvía a manos cristianas la Marca Media y se iniciaba la repoblación de la Meseta Sur. Eran los años centrales del siglo XII, cuando Madrid se integraba totalmente en Castilla conforme recibía población procedente del norte a través de Somosierra. Una línea de torres vigías —primero desde el Jarama y más tarde en el Tajo— ofrecían una defensa segura a las tierras madrileñas, que hacía imposible una nueva acometida de los musulmanes. Garantizaban además esta protección las encomiendas de las Órdenes Militares, que desde el Tajo hacia el sur suponían el mejor escudo para Castilla frente a otro posible ataque. Gracias a este sistema defensivo, la entrada de los almohades en la Península, que se produce por esas fechas, no afectó en modo alguno a Madrid.

En conclusión, Madrid experimentó un tránsito pacífico del Islam a la esfera cristiana: no hubo destrucción de sus edificaciones y la mayoría de sus habitantes continuaron viviendo en la ciudad. Su rico legado andalusí no se borró de un plumazo por efecto de la conquista, sino que sufrió un lento e imparable retroceso. Se produjo una paulatina aculturación de la sociedad, al tiempo que Madrid se asimilaba al predominio cristiano y se convertía en una ciudad castellana más.

5. El alfoz madrileño: problemas con Segovia

El término

Cuando Madrid pasó a manos de Alfonso VI, el territorio rural que rodeaba a la villa y que había estado bajo su jurisdicción en la época islámica se mantuvo como el alfoz de la ciudad. Se trataba de un término de límites no demasiado precisos en el Sistema Central, donde entraba en contacto con el alfoz de Segovia. Las tierras de esta última habían limitado anteriormente con los territorios islámicos del reino de Toledo que constituían la frontera entre el Islam y Castilla. Se trataba por tanto de una demarcación tradicionalmente cambiante e inestable, aprovechada en los últimos tiempos como área de expansión para los concejos castellanos del norte de la Sierra, quienes habían emprendido una acción repobladora hacia el sur sin otra resistencia que la que los musulmanes fueran capaces de oponer. Estas posibilidades expansivas quedaban truncadas de raíz con la incorporación a Castilla de los territorios pertenecientes a la taifa de Toledo, que se alzarían como barrera a las ambiciones expansionistas de la Meseta Norte. En el caso del alfoz madrileño, era Segovia la que resultaba perjudicada, por lo que se sucedieron los conflictos entre ambas ciudades.

La repoblación

Desde el primer momento, se sintió la preocupación de la Corona castellana por proceder a asentar la población cristiana en Madrid para asegurar una mejor incorporación de la ciudad. El alcázar había sido ocupado por guerreros, pero se precisaba además la afluencia de población civil, de familias, que constituyeran los verdaderos repobladores. El propio rey Alfonso VI fue quien patrocinó e inició la repoblación castellana de la ciudad. A tal efecto, donó a los monjes benedictinos unas tierras en la zona norte de Madrid, en un arrabal muy poco poblado y bastante alejado del resto de la ciudad. Con este paso, ya en 1095 se emprendía la primera repoblación sistemática y organizada de la ciudad, con la creación de un priorato bajo la tutela del monasterio de Silos y la advocación de San Martín. Los monjes benedictinos que aquí se asentaron debían ocuparse del cuidado espiritual de los repobladores haciendo las funciones de parroquia, que se fueron intensificando por el continuo aporte de nuevos repobladores, quienes acabaron formando un vico o aldea que recibió el fuero de Sahagún. La razón de que esta primitiva repoblación se estableciera fuera de la ciudad estribaba en el peso de la población mudéjar en el Madrid recién conquistado por los cristianos. Debido a esta circunstancia, se pretendió estimular la expansión de la ciudad fuera del recinto islámico hacia el norte, objetivo que no se consiguió hasta bien avanzada la Edad Media. Por otra parte, con la creación de un priorato tutelado por Silos, Alfonso VI no pretendía meramente introducir una institución religiosa en la ciudad, sino a la vez mantener satisfechos a los influyentes monjes benedictinos.

La llegada de los almorávides frenó la repoblación de la zona, que no pudo intensificarse hasta un poco antes de 1118, año en que se concedió el fuero de Toledo a Madrid. Por entonces, los almorávides ya habían frenado algo sus ímpetus y en Castilla se había superado la crisis sucesoria tras la muerte de Alfonso VI. En estas mismas fechas se constata la presencia de los segovianos en Calatalifa, Bayona y el monte de El Pardo; por lo tanto, Madrid se encontraba rodeada de repoblaciones segovianas. No obstante, nueva población fue llegando poco a poco, procedente de las tierras de Burgos y a través del puerto de Somosierra, es decir: eludiendo Segovia, que controlaba los pasos de Guadarrama. Si bien algunos de ellos se asentaron en el vico de San Martín, la mayoría buscó la protección de las murallas, ocupando los lugares abandonados por los musulmanes madrileños que habían marchado al sur, a tierras andalusíes. Pero el recinto islámico murado era reducido, por lo que pronto los repobladores tuvieron que asentarse en los arrabales, zonas poco pobladas por los mudéjares. Estos últimos fueron concentrándose paulatinamente en una zona de la ciudad que actualmente se denomina de las Vistillas y que entonces comenzó a conocerse como la Morería.

Los repobladores fueron ocupando el solar del Madrid islámico, recinto fortificado y arrabales, que pronto hubo que murar.

La tenencia

La tenencia de Madrid se estableció desde el momento en que la ciudad se incorporó a la Corona de Castilla. Esta rapidez se explica por el carácter defensivo de la ciudad, sumado a los problemas militares originados como consecuencia de la entrada de los almorávides en la Península Ibérica. El primer tenente conocido, Pedro Ansúrez, se remonta a 1095. Tanto él como sus primeros sucesores tuvieron que enfrentar la responsabilidad de defender la ciudad frente a los almorávides, lo que no se consiguió plenamente. Sólo el alcázar —residencia del tenente— resistió, ofreciendo refugio a los demás habitantes de Madrid. Cuando la frontera descendió hacia el sur, la tenencia de Madrid fue perdiendo poder e importancia al dejar de encontrarse en primera línea frente al enemigo. Ya en la Baja Edad Media, el alcázar fue puesto bajo la autoridad de un alcaide; no obstante, su carácter defensivo no desaparecería completamente, ya que Madrid se verá envuelta en los sucesivos conflictos civiles que asolaron Castilla durante dicho periodo.

La tenaza segoviana

La repoblación de Madrid fue afianzándose a lo largo del siglo XII, en especial gracias a la labor llevada a cabo por Alfonso VII de consolidación de la frontera con el Islam. De esta manera, por los mismos motivos que la ciudad iba perdiendo su importancia militar, las gentes acudían en mayor número para asentarse en ella. Asimismo, esta situación incitó a los segovianos a seguir su camino hacia el sur en el que tropezaron con los intereses de los madrileños. Para salvar este escollo, comenzaron a rodearlo. De esta manera, llegaron —por el este de Madrid— a dominar la llamada rinconada de Perales; por el oeste iniciaron el descenso por la vía del actual río Guadarrama. Madrid, de esta manera, quedaba rodeada por la tenaza segoviana por tres de los cuatro puntos cardinales; e incluso se veía amenazada en un futuro por el sur, ya que en los planes expansivos de Segovia se incluía la penetración por la línea del Tajo, lo que hubiera dejado al alfoz madrileño completamente cercado por tierras segovianas. En un primer momento, el concejo de Madrid carecía de la fortaleza necesaria para enfrentarse con esta situación; pero una vez que contó con el poder suficiente, inició las protestas contra la amenazante presencia segoviana. Mientras tanto, en la ciudad rival se proclamaba que Madrid se hallaba en su área de expansión y jurisdicción, por lo que reivindicaba la incorporación de la futura capital a su alfoz como una aldea más. El 1 de mayo de 1152, el rey Alfonso VII —nieto del conquistador de Madrid—, ante la solicitud de los madrileños, señaló la frontera norte del alfoz del concejo de Madrid. La linde trazaba una línea imaginaria que unía las cumbres del Sistema Central o la divisoria de aguas y que partía del puerto del Berrueco para finalizar en el de Lozoya. El documento donde se estableció este acuerdo se encuentra en el Archivo de la Villa y fue copiado por el archivero del siglo pasado Timoteo Domingo Palacios, que realizó un importante trabajo de copia de los documentos más significativos para la historia de Madrid. Éste es sin duda uno de los más señalados, y las sucesivas confirmaciones que de él hicieron sus sucesores indican claramente que la disposición de Alfonso VII no era respetada por los segovianos, quienes en sus pueblas, accediendo preferentemente por la vía del Guadarrama, habían llegado hasta el monte de El Pardo, casi a la vista de Madrid. Este conflicto —que originaba violentos enfrentamientos de forma intermitente— se mantuvo durante toda la segunda parte del siglo XII y buena parte del XIII.

Pero no fue ésta la única situación de conflictividad en la que Madrid se vería envuelta: el concejo de la ciudad colaboró activamente en todas las empresas militares de aquella época mediante el envío de milicias; como compensación a esta ayuda, exigía que se le reconocieran sus derechos frente a Segovia. De este modo, tras la victoria de las Navas de Tolosa —en la que las milicias madrileñas estuvieron presentes, participando asimismo en los sitios de Córdoba y Sevilla— el concejo pidió ayuda en sus reclamaciones a Fernando III, quien confirmó en 1246 el privilegio de Alfonso VII No obstante, los segovianos —haciendo caso omiso de las disposiciones reales— continuaban con sus pueblas en el monte de El Pardo, ocasionando las protestas continuas de los madrileños.

Fue en tiempos de Alfonso X cuando se inició la solución del problema. Este monarca, ante las múltiples y persistentes quejas que formulaban ambas partes, optó por nombrar una comisión para estudiar el conflicto, que decidió separar las cuencas alta y baja del río Manzanares —todavía entonces conocido como Guadarrama— y concederlas a Segovia y a Madrid respectivamente. Se constituían, de esta manera, dos zonas diferenciadas: el Real de Manzanares y el monte de El Pardo. Sin embargo, esta solución no dejó satisfecha a ninguna de las partes, puesto que ambas exigían el dominio de toda la cuenca del Guadarrama.

Más tarde, Fernando IV concedió en señorío el Real de Manzanares —la parte alta de la cuenca— a su pariente Alfonso de la Cerda, mientras el monte de El Pardo quedaba para Madrid, cortándose su acceso a los segovianos. Al introducir un poder señorial entre ambas ciudades, el monarca pretendía solucionar la pugna continua de ambos concejos. El Real de Manzanares volvería a ser realengo en tiempos de Alfonso XI, debido a que los problemas por la sucesión de Alfonso X afectaban a la familia de la Cerda. El enfrentamiento entre Segovia y Madrid renació, y como ya se había experimentado que la mejor solución para el problema era la asignación del Real de Manzanares a un poder señorial, dichas tierras volvieron a pasar de realengo a señorío.

Enrique II confió la tenencia del Real de Manzanares a Iñigo López de Mendoza, cuya familia poseía importantes intereses en los alrededores. A partir de este momento, permaneció vinculada a estos terrenos de una u otra manera: Juan I asignaría la tenencia a Pedro González de Mendoza y finalmente, en 1436, Juan II creaba un señorío con el Real de Manzanares, donándolo a la casa de Mendoza. Por tanto, la casa de Mendoza pasaba a reunir en sus manos valiosas posesiones en la actual provincia de Guadalajara, el Real de Manzanares en Madrid, y el señorío de Buitrago como puente entre ambos territorios. De esta manera, se formaba un poderoso estado que constituiría la base territorial del poder que los Mendozas adquirieron a finales del siglo XV, cuando llegaron a ser una de las familias más influyentes en la corte de los Reyes Católicos.

La señorialización del Real de Manzanares supuso la pérdida para el concejo de Madrid de la riqueza que suponían sus abundantes pastos y bosques. Además, las tierras al norte del Real pasaron definitivamente a Segovia como en la resolución de Alfonso VII, formando el sexmo del valle del Lozoya. El alfoz madrileño también se veía limitado al este —por tierras eclesiásticas en este caso: Talamanca y Alcalá de Henares, que pertenecían al arzobispado de Toledo— y al sudeste, por las encomiendas de la ribera del Tajo de la Orden Militar de Santiago. Esta área había sentido la presencia de los segovianos, en concreto en la rinconada de Perales, por lo que se trató de frenar su avance donando la rinconada al arzobispo de Toledo, en 1099. Con Alfonso VII, estas tierras pasaron a constituir una serie de encomiendas articuladas sobre las dos riberas del Tajo, que actuaban como muralla frente al ataque de los musulmanes; con el paso del tiempo irían consolidando su relación con Madrid, hasta que en el siglo XIX pasaron a formar parte de la provincia cuando ésta se constituyó.

Toda la cuenca del actual Guadarrama se encontraba bajo la jurisdicción de Segovia, constituyendo la vía de penetración en su avance repoblador hacia el sur, circunstancia que limitó a su vez las posibilidades de crecimiento madrileño por el oeste.

6. Modificaciones urbanas en el sistema defensivo

La caída en manos almorávides de los arrabales madrileños durante la agresiva campaña de aquellos en el 1100 hizo ver la necesidad de incorporar al recinto murado estas áreas, cuyo peso era cada día mayor en cuanto al volumen de gentes que albergaban y la actividad comercial que en ellas se desarrollaba. De este segundo recinto murado, sólo quedaría fuera el vico de San Martín, asentado en la zona norte de la villa, considerada poco peligrosa.

El alcázar

El poderoso castillo heredado de los musulmanes no fue objeto de transformaciones hasta el siglo XIV, cuando los monarcas castellanos comenzaron a residir frecuentemente en Madrid. Fue entonces cuando Pedro I y Enrique III iniciaron algunas obras de reforma para hacerlo más cómodo y amplio. En esos momentos, ya no era preciso mantener el acusado carácter militar del edificio, por lo que pudo iniciarse una lenta transformación mediante la que se le fueron incorporando algunos elementos palaciegos.

Los reyes de la casa de Trastámara hicieron del alcázar una de sus sedes predilectas. Por ejemplo, Enrique IV lo escogerá para la celebración de su boda con Juana de Portugal y para el nacimiento de su única hija. En él se reunieron con frecuencia las Cortes y alguna vez el concejo. Por tanto, se iba preparando su futuro papel —una vez que Madrid accedió a la capitalidad— como residencia de la Corte, que perduró hasta su desaparición por un incendio en 1734.

La primera imagen conservada del alcázar procede de una vista de Madrid pintada por el flamenco Wyngaerde en el siglo XVI, en donde sobresale este macizo edificio contemplado desde la actual Casa de Campo.

Restos de la muralla

Con respecto a la nueva muralla surge un mayor número de cuestiones, ya que contamos con mayor volumen de información, conservándose aún algunos restos visibles sobre los que se han efectuado varias excavaciones arqueológicas. Las huellas medievales de Madrid deben rastrearse fosilizadas en la ciudad actual, lo que dificulta las investigaciones. En cuanto a la documentación escrita, la información sobre urbanismo que se obtiene de ella es muy somera, por lo que sólo mediante la arqueología pueden alcanzarse conclusiones definitivas. El panorama de penuria se completa con la pobreza de fuentes iconográficas, que son muy tardías, ya del siglo XVI. El primer plano de la ciudad —el famoso Texeira— procede del XVII.

La causa de la dispersión y escasez de las huellas medievales en el Madrid del presente se debe a que hasta tiempos muy recientes no se ha respetado el legado medieval madrileño. De esta manera, se han ido destruyendo valiosos restos del Medievo con la construcción de nuevas casas sin excavaciones previas, cosa que actualmente es preceptiva.

En cuanto a la destrucción de la muralla, está ligada a la ampliación cristiana del recinto y la pérdida de su carácter defensivo, ya en la época de los Austrias. En la primera fase, se destruyó parte de los muros islámicos, mientras que en la segunda, el deterioro de la muralla se debió a la acción de los vecinos, muchos de los cuales construyeron sus casas adosadas a la misma, abriendo además en ella puertas o ventanas y utilizando sus piedras en nuevas edificaciones. Otra práctica habitual consistía en destruir los cimientos de la muralla para construir bodegas, algunas de las cuales todavía se conservan y son utilizadas por los típicos mesones de las Cavas.

El 15 de enero de 1954 se declaró a la muralla monumento histórico-artístico, lo cual no supuso una mayor consideración: después de esta declaración todavía se llevaron a cabo algunas destrucciones. En 1956, en la calle Mesón de Paños, números 11, 13 y 15, aparecieron restos de una muralla de verdugada, es decir: mampostería con hiladas de ladrillo. Sin duda se trataba del coronamiento de la muralla cristiana, cuyos cimientos y base eran de pedernal. Estos restos se destruyeron para poder edificar viviendas. En 1982 apareció en la calle del Espejo, número 14, un resto del cimiento de la muralla de grandes sillares irregulares de pedernal, semejantes a los que se encontraron en el garaje de la calle Escalinata, 11. Este descubrimiento podía guardar relación con el hallazgo de los restos de un torreón en 1648, sobre el que existe documentación. Sin embargo, el torreón se cortó y la base sirvió de cimiento para un nuevo edificio.

La disposición de la muralla que se construyó para integrar el arrabal de las Vistillas se conoce gracias a las excavaciones que se han llevado a cabo en esta zona, en la calle del Almendro y la plaza de los Carros fundamentalmente. Asimismo, han aparecido trozos del lienzo cristiano en las calles de los Mancebos y Angosta de los Mancebos, mientras que los restos que aún hoy se encuentran en la entrada del garaje de la casa de Bailén 12, junto con los aparecidos en Mayor 83, pertenecen al murado primitivo de la época islámica.

El trazado del recinto

Todos estos restos materiales, así como la incidencia en el trazado de algunas calles, constituyen la base para plantear un trazado verosímil de la muralla cristiana. Otras ayudas provienen de algunas fuentes tardías pero igualmente válidas, como los restos del trazado de la muralla representados en el primer plano conservado de Madrid, que llevó a cabo Texeira en 1656; la planimetría efectuada en 1750-51; y la vista de Madrid de Wyngaerde, quien retrató la perspectiva de la ciudad con una gran fidelidad. En ella se divisa perfectamente la muralla —que corría paralela al Manzanares— y las puertas correspondientes a este lienzo.

El trazado del segundo recinto, o muralla cristiana, parte de la puerta de la Vega según Texeira, si bien otras opiniones la hacen comenzar en la torre Narigués. En un lugar no bien determinado todavía el lienzo desciende por el barranco de San Pedro y remonta al arrabal de las Vistillas. El arroyo de San Pedro se salvaba gracias a un pequeño puente: la alcantarilla de San Pedro. Próximos a ella se encontraban el pozacho y la fuente llamada de los Caños Viejos. El primero debía de ser algún tipo de construcción hidráulica, un pequeño azud para embalsar el agua que daba nombre a toda la zona, muy rica en agua y, por tanto, en huertas. La existencia de una casa de baños de época islámica utilizada hasta bien entrado el siglo XIV confirma la abundancia de este recurso. Texeira refleja perfectamente en su plano los Caños Viejos, localizándolos en la manzana que actualmente comprende las calles de Segovia, Alamillo, Morería, Plaza de la Morería y cuesta de los Caños Viejos. Posiblemente, existía en esta área un manantial, o bien desembocaba allí uno de los múltiples viajes de agua que debían de recorrer el subsuelo de Madrid.

La proximidad del supuesto emplazamiento de la torre Narigués hace pensar que ésta sería una torre albarrana, desde donde se protegería a los que salieran a tomar agua. Otra hipótesis hace de ella una coracha, gracias a la cual la ciudad se abastecería del agua de estos Caños. En el plano de Texeira, junto a los Caños, aparecen restos de una construcción que tiene el aspecto de ser un elemento defensivo, lo que refuerza la teoría de la torre albarrana.

En esta zona de la muralla debía de haber una puerta llamada de Segovia que comunicara con la puente Segoviana y con el camino que conducía a esta ciudad. Otra puerta, la de Moros, se encontraba junto a la actual iglesia de San Andrés, donde desembocaba el tramo de la muralla que descendía por la actual calle de los Mancebos y Angosta de los Mancebos. El nombre de la mencionada puerta se debía a que éste fue el lugar donde se emplazaba la morería, que dio lugar a la calle así llamada actualmente. Ya fuera del recinto, se encontraba el cementerio islámico, en la actual Plaza de la Cebada. Desde la puerta de Moros, el lienzo de muralla corría por la actual calle del Almendro después de unirse al tramo de Angosta de los Mancebos en un punto desconocido hasta el momento.

Al final de la actual Cava, se abría la puerta Cerrada, recordada actualmente con la plaza del mismo nombre. Posiblemente, el concejo cerró dicha puerta con el fin de solucionar el problema de la delincuencia que en ella se desarrollaba, debido a su diseño estrecho, y con varios recovecos, donde se asaltaba frecuentemente a los viajeros que llegaban a la ciudad. Otra hipótesis explica el cierre por su deficiente accesibilidad: los lodos y barros que se formaban en sus proximidades en la época de lluvias la hacían prácticamente intransitable. A finales del siglo XIV, ya se encontraba medio derruida, procediéndose a su demolición en 1569, con el fin de facilitar la comunicación con el arrabal de Atocha, cada vez más importante. Se sabe que en su clave había sido esculpido un dragón, que debía de hacer referencia a los restos de un dinosaurio aparecido cerca de la actual Cava Baja cuando se estaba construyendo la muralla.

Desde aquí, por la Cava de San Miguel, la muralla iba a enlazar con la calle Mayor, donde se abría una nueva puerta: la de Guadalajara, que abría el camino que conducía a esta ciudad. Esta puerta se hallaba alineada con la puerta de Santa María y la puerta de la Vega, constituyendo las tres un eje, el de la calle del Rey, conocida más tarde como calle Mayor, que comunicaba el camino de Segovia —que salía de la puerta de la Vega— con el de Guadalajara. La calle del Rey se convertiría en el eje principal de la expansión de la ciudad cristiana, que asumió por tanto una orientación este-oeste, perpendicular al eje norte-sur de la época islámica, paralelo al río que servía como defensa.

Desde la puerta de Guadalajara, la muralla discurría por las actuales calles de Mesón de Paños, Espejo y Escalinata hasta enlazar con el primer recinto en la difícilmente localizable puerta de Valnadú. En esta zona se localizaban los llamados Caños del Peral, que sin duda estaban abastecidos por la misma corriente de agua que los Caños Viejos, pues ambas fuentes estaban casi en línea recta.

Próxima a la puerta de Valnadú parece que se alzó la torre Gaona, cuya función ha dado lugar a distintas especulaciones, desde que custodiara las operaciones de abastecimiento de agua como la torre Narigués, hasta que se tratara de una torre albarrana, o incluso una coracha. A partir de este punto, la muralla continuaba hacia la puerta de la Sagra, perteneciente al primer recinto al igual que la de Valnadú, cuyo nombre significa 'atalaya' en árabe. La mencionada puerta pudo ser llamada de tal forma por la posibilidad que ofrecía de contemplar todas las atalayas emplazadas en las primeras estribaciones de la Sierra de Guadarrama. La función que desempeñaban dichas posiciones constistía en vigilar cualquier movimiento anómalo que partiera de la Sierra. De este modo, el Madrid islámico se mantenía avisado de cualquier posible ataque castellano desde esa dirección.

7. La ciudad a finales del Medievo

Los primeros tiempos del Madrid cristiano fueron crispados e inestables y obligaron no sólo a mantener el carácter eminentemente defensivo de la ciudad, sino incluso a reforzarlo construyendo un segundo recinto amurallado que custodiara los pujantes arrabales. Habrá que esperar a la conquista del valle del Guadalquivir, en el siglo XIII, para que la impronta militar de la Villa se diluya completamente. No obstante, sus muros aún recobrarían su función original en algún esporádico estallido de conflictividad de los finales del Medievo. Sin embargo, un nuevo papel, muy distinto al anterior, va a ser confiado a estas recias paredes: controlar la fiscalidad de las mercancías que afluyen a un mercado en crecimiento. De este modo, cuando se amplíe el recinto con un tercer cerramiento a finales de la Edad Media, se estará persiguiendo un fin meramente económico y administrativo: engrosar los tributos que la Villa recibe, al incorporar bajo su jurisdicción la fiscalidad sobre la creciente actividad comercial de los arrabales.

La ciudad empieza a tomar forma a lo largo de estos siglos finales de la Edad Media y se redondea durante el reinado de los Reyes Católicos; de tal forma, que cuando Felipe II la convierte en capital, ya ha adquirido una personalidad bien dibujada. Es el Madrid que pintara Wyngaerde desde la Casa de Campo, alzándose en una colina, por encima de la cual se recortan multitud de espadañas de iglesias y donde la mole del alcázar se impone sobre el conjunto. Es el Madrid que los Austrias van a considerar indigno de tamaño imperio, emprendiendo la reconstrucción de sus iglesias, conventos y monasterios, sobre los cimientos de los humildes alzados medievales. El Madrid que verá cómo se desbaratan sus ya frágiles huellas al compás del ardor desamortizador del XIX y cuyos últimos restos serán sepultados en la Guerra Civil. Es, por tanto, una ciudad que debemos rastrear bajo los solares del casco histórico actual, en las advocaciones de las nuevas iglesias que conservaban las de las reemplazadas, en los nombres de las calles, que evocan antiguas tareas y dedicaciones; y recomponerlo mediante los relatos de viajeros o las pinturas de siglos posteriores a los que nos ocupan, cuando aún la presencia física del legado medieval era significativa.

La zona de la Plaza Mayor

La iglesia en la que había sido transformada la mezquita tras la conquista no debía de satisfacer en demasía a los parroquianos, y en cuanto la Villa se pudo permitir el dispendio, los alarifes madrileños construyeron una nueva parroquia de Santa María —de estilo probablemente mudéjar— sobre el solar de la anterior. El nuevo templo se alzaba en la actual esquina de Mayor 88 con Bailén. Le recordaba su pasado islámico la vecina puerta de la muralla rebautizada como arco de Santa María, precisamente en honor de la parroquia. Consiguió sobrevivir hasta que las necesidades de ampliación de la calle Mayor en el siglo XVII sentenciaron su fin.

Caminando calle Mayor arriba, en lo que hoy conocemos como Plaza de la Villa, podemos evocar una antigua plaza del Salvador, dominada por la iglesia del mismo nombre, construida tras emprenderse el segundo recinto murado. La iglesia, en el solar del actual 70 de Mayor, fue cobrando auge, primero como sede del concejo, y del regimiento a partir del XIV; en su cámara se reunían los miembros de estos órganos de gobierno municipal, acudiendo a la llamada de su campana. Fuera, en el atrio, los vecinos trataban los problemas comunes, mientras en la plaza se concentraba la actividad comercial. Fue la actual Plaza Mayor, entonces del Arrabal, la que en el XV suplantó a aquélla en las preferencias de los comerciantes, atraídos por las ventajas fiscales que les reportaba desarrollar su actividad fuera de los portazgos, en el arrabal de la Santa Cruz. Podemos suponer que a finales del Medievo el gobierno de la ciudad echara en falta una sede específica para su ejercicio y se erigiera una primitiva casa del concejo en el solar del actual Ayuntamiento, fechado en el XVII. La fijación en esta zona de los órganos de poder municipal actúa de reclamo para las fuerzas vivas de la ciudad: tanto la Plaza del Salvador como sus aledaños serán ocupados por residencias de los miembros de la oligarquía madrileña, en especial a partir del siglo XV. Aún puede contemplarse la torre —entonces casa— de los Luján, donde se dice que estuvieron presos Francisco I y sus hijos tras su derrota en la batalla de Pavía. Sabemos que un sobrino de Cisneros construyó en 1537 la casa con el nombre del cardenal que aún hoy se conserva, aunque bastante modificada. El nombre de la cercana calle de los Luzón da fe de que allí tuvo casa en otro tiempo dicha familia, también colindante con la iglesia del Salvador.

Llegamos al mercado de San Miguel, cuyo nombre recuerda el de la iglesia sobre la que está enclavado, que se hallaba muy próxima al segundo recinto de la muralla y a la puerta de Guadalajara. Próxima a la entonces Plaza del Arrabal, se levantó la iglesia de la Santa Cruz, que tradicionalmente —y con poco realismo— se ha querido concebir como una ermita mozárabe. Dicha parroquia se asentaba en la confluencia de las actuales calles de Atocha y de la Bolsa que constituye la Plaza de la Provincia. La iglesia que hoy contemplamos en ella se edificó en el siglo XIX y ocupa un emplazamiento próximo al de su antecesora. Estos parajes estaban comprendidos en el próspero arrabal de Santa Cruz, el cual se incorporó a la villa en el siglo XV, con la construcción de la cerca que formó el tercer recinto.

En el extremo meridional del eje que corta transversalmente la calle Mayor a la altura de la actual Plaza de la Villa, se encontraban los arrabales que se incorporaron a la ciudad con la construcción del segundo recinto murado. Se trataba de un área creciente en actividades y población, que pronto demandaría la edificación de nuevas iglesias. La primera fue San Pedro el Viejo, cuyo emplazamiento debía de encontrarse más próximo a la Puerta Cerrada que el de la que vino a reemplazarla, y que mantiene aún la huella tardomedieval en su torre mudéjar. Los alarifes madrileños seguían con toda probabilidad los cánones de dicho estilo en la construcción de la infinidad de iglesias que no se han conservado, cuyo aspecto no diferiría mucho de sus vecinas de Toledo que aún hoy se mantienen. En cuanto al templo madrileño al que hacíamos mención, destacaba particularmente su campana por ser la más grande de la ciudad, y por tener encargada la misión de dar las horas canónicas, que regían la vida de la urbe, y avisar a los labradores de cualquier acontecimiento señalado.

A poca distancia, bajo la actual iglesia de San Andrés, se encuentran los restos del templo medieval del mismo nombre, en cuyo cementerio se enterró a San Isidro en el siglo XI o XII. Afirma la tradición que el santo patrono fue testigo de la conquista de Madrid y que su cuerpo, descubierto milagrosamente en el XIV, fue trasladado por Alfonso XI al interior de esta iglesia. El monarca mandó hacer un arca de madera para guardar el cuerpo de San Isidro y una capilla donde venerar sus restos. Todavía podemos apreciar en la primera su decoración con escenas de la vida del santo y de su mujer, Santa María de la Cabeza; mientras que la antigua capilla fue reemplazada por la que hoy subsiste de la época del Barroco. En el intervalo entre la desaparición de la antigua y la finalización de la barroca, los restos del santo fueron trasladados a la capilla del Obispo, cuya denominación proviene del obispo de Plasencia, Guillermo de Vargas, quien ultimó la construcción que había encargado su padre. El conjunto formado por el panteón familiar y la nave gótica tardía edificada para albergar a la primera daban testimonio del poderío alcanzado por los Vargas, una de las familias más destacadas de la oligarquía madrileña. Se encargaron a Francisco Giralte el retablo y los enterramientos, una de las pocas joyas renacentistas que se conservan en la ciudad. A esta capilla se accede por la plaza que comenzó a ser conocida como de la Paja en el siglo XVI, ya que era el lugar donde se vendía el trigo procedente de los campos de Madrid hasta la construcción de la casa de la Panadería en el siglo XVII.

Durante el tiempo que nos ocupa, la colación de San Andrés fue la zona predilecta de la oligarquía madrileña para fijar su residencia. Junto a la iglesia, en la esquina de las actuales calles de los Mancebos y Costanilla de San Andrés, construyeron su palacio en el XV los Lasso de la Vega, quienes hospedaron repetidamente tanto a Isabel la Católica como a Cisneros. Su potente torre asumía un carácter defensivo, en el caso en que la vecina Puerta Cerrada fuera tomada. La reina Isabel aprovechó la cercanía entre su residencia madrileña favorita y la iglesia de San Andrés, para comunicar ambos edificios con un arco. En la fachada del templo actual, todavía pueden apreciarse rastros de la fábrica primitiva, y un vano cegado señala dónde se abría en tiempos el acceso a la iglesia por el pasadizo de la Reina Católica.

Seguimos avanzando hacia el sur por el eje que cruza la calle Mayor, para terminar en el área que quedó extramuros del amurallamiento cristiano. Será un foco de expansión para el Madrid tardomedieval, y como tal, irá urbanizándose y adquiriendo una fisonomía propia impulsado por muy diversas iniciativas. Una de ellas fue la franciscana, que desde el desaparecido monasterio de San Francisco, irradiaba su influencia por los alrededores. Beatriz Galindo protagonizó otro impulso urbanístico a raíz del testamento de su marido, el secretario de los Reyes Católicos Francisco Ramírez, influyente personaje del Madrid de la época. A su muerte, la Latina ordenó construir un hospital con el doble propósito de cumplir la última voluntad de su esposo y de acondicionar un lugar donde retirarse en su viudedad. En cuanto al carácter de la institución, era de tipo asistencial más que específicamente sanitario, tal como era habitual en la época. Ocupaba el solar entre la actual Carrera de San Francisco y la calle de Toledo —donde se encuentra actualmente el Teatro de la Latina—, al que se agregó más tarde el espacio que albergaba el antiguo cementerio islámico, carente ya de función una vez que los Reyes Católicos obligaron a elegir a los mudéjares entre la conversión o la expulsión. Aprovechando esta circunstancia, Beatriz Galindo compró el terreno del cementerio, cuya vecindad no era de su agrado, como se desprende de las continuas quejas que presentó al concejo tanto sobre aquél como acerca de un muladar contiguo. Su idea era sanear las proximidades de su fundación, objetivo que le reportó un conflicto con la vecina comunidad franciscana cuyo desenlace da prueba del peso de esta última en la zona que nos ocupa. El motivo de la disputa fue el proyecto de la Latina de establecer una fundación de concepcionistas jerónimas en unas casas cercanas al hospital que acababa de fundar; la presión en contra de los franciscanos, temerosos de que se instalara un núcleo controlado por los poderosos monjes jerónimos en lo que los primeros consideraban su radio de influencia, la hizo mudar de opinión, optando finalmente por una comunidad de concepcionistas franciscanas. Las monjas jerónimas hubieron de ser instaladas en otro punto de la Villa, donde dieron lugar a la denominación de la actual calle de la Concepción Jerónima. En cuanto al hospital, sólo se conserva parte de una escalera y una magnífica portada gótica trasladada a los jardines de la Escuela de Arquitectura, en la Ciudad Universitaria. También el concejo intervino señaladamente en la zona, al ordenar construir un matadero, cuyo objeto era mejorar las condiciones sanitarias de la ciudad concentrando el sacrificio de todas las reses fuera de los muros de la Villa. La adopción de medidas higiénicas como ésta demuestra el nivel de desarrollo alcanzado por el concejo madrileño en los últimos años del Medievo.

No fue ésta la única iniciativa urbanística del concejo en la zona que nos ocupa; debemos referirnos además a la Plaza de la Cebada y a las Cavas. La primera era el lugar elegido por el concejo para concentrar el comercio del producto que le ha dado su nombre, ya que el mercado de cereales estaba rigurosamente controlado por el organismo municipal. En cuanto a las cavas, se trataba de terrenos extramuros próximos a la muralla que se excavaban para facilitar su defensa. Durante un tiempo, fueron tierras mal desecadas, utilizadas como muladares, y ya en el siglo XIV —una vez que las necesidades de seguridad fueron desapareciendo, a la vez que el crecimiento demográfico demandaba nuevos espacios para ocupar— el concejo procedió a la urbanización de estas cavas y a la concesión de solares para que se pudieran levantar casas. Los efectos de esta acción urbanizadora permanecen aún hoy en alguna medida, ya que el trazado actual del callejero en esta área proviene de aquella época.

Rematando dos extremos del Madrid medieval se hallaban la puente Toledana y la Segoviana, puntos de partida de los caminos que conducían respectivamente a las dos ciudades vecinas. Aunque no se conoce el momento de su construcción, parece lógico pensar que, por motivos de seguridad, no fuera previo a la completa pacificación de la zona tras los inestables primeros tiempos de la conquista cristiana. Posiblemente, hasta el siglo XII no existiera más que un vado o pontón que permitiera cruzar el río. La frágil estructura de los puentes que se edificaron entonces, sin embargo, obligaba a cuantiosas y continuas reparaciones por las frecuentes avenidas del Guadarrama/Manzanares y las lluvias de primavera; por lo que, cuando Madrid accedió a la capitalidad, se construyeron otros nuevos, más acordes con el nuevo rango de la ciudad. Al primitivo puente de Segovia se accedía en un principio por la Puerta de la Vega y posteriormente por la de Segovia, por donde desaguaba el arroyo de San Pedro. Éste descendía por un barranco que dio lugar a la calle Segovia, precisamente por ser el acceso al puente y al camino que llevaban a dicha ciudad. Precisamente en la salida hacia aquélla, un poco antes de cruzar el puente, en la ribera bajo el alcázar, la vasta explanada de la Tela constituía el escenario de justas y torneos. Más al sur se encontraba el primitivo puente de Toledo, al que se accedía por la Puerta Cerrada primeramente, y cuando ésta dejó de utilizarse, a través de la de Moros. Como en el caso anterior, la calle por la que se llegaba al camino de Toledo pronto recibió el mismo nombre.

La Plaza del Arrabal

Como nexo entre el área reseñada y la zona de Atocha, se encontraba la Plaza del Arrabal —futura Plaza Mayor tras su remodelación en el siglo XVIII—, cuyo nombre se debe a su primitivo emplazamiento fuera del recinto amurallado, en el arrabal de Santa Cruz. De ella partía la calle de Toledo, vía de acceso al camino que conducía a dicha ciudad, de la cual procedía buena parte del abastecimiento madrileño. Éste podría haber sido uno de los factores que hicieron nacer la actividad comercial en este emplazamiento en tiempos de Juan II, aunque la razón decisiva para su desarrollo fue, como ya se ha comentado, los beneficios económicos que reportaba su situación extramuros, libre del control fiscal de la villa. Indudablemente, fue esta ventaja material la que permitió a esta plaza reemplazar en el liderazgo comercial a la del Salvador. Este auge económico animó a Enrique IV a emprender la construcción de unos porches de poca altura sostenidos por pilastras de madera, con el fin de proteger de las inclemencias del tiempo a los que se dedicaban a la compra y venta. A su vez, el desarrollo comercial de la plaza actúo como motor de todo el barrio, de su limítrofe de San Ginés y la zona de la calle Toledo, que se convirtieron en los centros del intercambio mercantil de la villa.

A finales del Medievo, la plaza poseía un trazado irregular, que comprendía bodegones, mesones y tiendas permanentes, además de la alhóndiga del pan —antecedente de la actual casa de la Panadería del siglo XVII—, donde se comerciaba con el grano y la harina. Además, se encontraban las redes de la carne y del pescado, sobre las que el concejo pasó a ejercer una férrea vigilancia, una vez incorporado el arrabal al recinto murado. Las redes eran puestos permanentes de venta controlados por el concejo que recibían su nombre de la red sobre la que se colocaban el pescado y la carne por medidas de higiene. Al tiempo que se desarrollaba económicamente la Plaza del Arrabal y su entorno, la zona del Salvador se consolidaba como el centro administrativo de la Villa, tanto por ser la sede del regimiento, como por la buena comunicación con el alcázar, donde radicaba el poder político.

El arrabal de Atocha

El reinado de los Reyes Católicos representó para este barrio sólo un esbozo previo al desarrollo que experimentará más tarde bajo los Austrias, cuando se convertirá en el área de expansión de la villa, auspiciada por la fundación de conventos y su elección como sede de la segunda residencia del rey, el Palacio del Buen Retiro. El nombre del arrabal alude al santuario que en él se encontraba, uno de los primeros motores de su desarrollo por la creciente devoción a la Virgen de Atocha, fomentada por los dominicos. Asimismo contribuyó el traslado de los jerónimos al Buen Retiro desde su monasterio del Paso, en la franja de la ribera del Manzanares que actualmente ocupan el parque del Oeste y la Ciudad Universitaria. Este primitivo establecimiento se había edificado en tiempos de Enrique IV, recibiendo el nombre de Santa María de El Paso en recuerdo del paso honroso o torneo que protagonizó Beltrán de la Cueva para celebrar la venida del embajador de Bretaña. Su emplazamiento en el camino del Guadarrama lo hacía frío e insalubre, pero su mayor desventaja radicaba en su lejanía de los centros de influencia madrileños. Las quejas de los jerónimos fueron escuchadas por sus protectores los Reyes Católicos, quienes les facultaron para trasladarse al extremo sur de la prolongación del eje de la calle Mayor. Consideraciones climatológicas aparte, las ventajas decisivas de esta zona residían en su condición de terreno prácticamente virgen, sin fundaciones de importancia, lo que permitía a los jerónimos extender fácilmente su influencia por toda el área. La actual iglesia y claustro de San Jerónimo el Real constituyen una pequeña parte de lo que fue en su día una gran explotación monástica, cuya construcción primera se efectuó siguiendo el gótico del momento, para sufrir más tarde, en el siglo XIX, ciertas transformaciones.

Otro aspecto que irá cobrando importancia con el tiempo será el camino que, con principio en la puerta de Guadalajara, tenía como un hito el santuario de la Virgen de Atocha, atravesaba Vallecas y Vicálvaro, y ponía en comunicación Madrid con las tierras de las Órdenes Militares de la ribera del Tajo y Cuenca, para finalizar en Valencia. Dicha ruta se irá convirtiendo en los últimos siglos medievales en una de las más destacadas vías madrileñas de abastecimiento.

Los arrabales de San Ginés y de San Martín

Desde la Plaza del Arrabal nuevamente, se tomaba la calle de Esparteros para llegar a la Puerta del Sol, nacida al tiempo que la cerca del tercer recinto y cuyo nombre proviene de un gran sol que en ella había representado. En sus alrededores se encontraba la llamada casa de la Putería, fuera del recinto murado. En estos terrenos confluían las aguas de los arroyos que corrían por las actuales calles de la Montera y de Carretas. De la Puerta del Sol, partía el camino al monasterio de San Jerónimo que conducía a Alcalá de Henares. Igualmente se incorporó al casco urbano con el tercer cerramiento el arrabal de San Ginés, emplazado al norte de la Villa. La calle del Arenal, cuyo nombre es debido al carácter arenoso de su suelo, recorrido por un arroyo, fue adquiriendo importancia por ser la vía hacia el alcázar. Por otra parte, la proximidad de la Plaza del Arrabal motivó que se convirtiera en centro menestral: el callejero de esta zona, proveniente de los siglos XV y principios del XVI, alude frecuentemente a los artesanos que en las diferentes calles tenían sus talleres y viviendas: Esparteros, Bordadores, etc.

La leyenda cuenta que la iglesia de San Ginés se edificó sobre una ermita que se había levantado para conmemorar el lugar donde el santo sufrió el martirio por mandato de Juliano el Apóstata. Cerca del templo, se alzaba un hospital bajo la misma advocación. En la parte septentrional de la calle del Arenal, se encontraba el vico o aldea de San Martín, fruto de la primera repoblación, llevada a cabo por Alfonso VI. En torno al monasterio de San Martín, surgió un arrabal, cada vez más próspero, que se incorporó asimismo a la villa cuando se estableció el tercer recinto. El postigo de San Martín recuerda actualmente la puerta que se allí se levantaba, junto a la actual plaza de las Descalzas, donde se ubicaba el monasterio.

Los arrabales de San Martín y San Ginés, junto con el monasterio de Santo Domingo el Real, se sucedían sin solución de continuidad. Suponían la incorporación al casco primitivo del Madrid medieval de un vasto territorio que había empezado a ser ocupado a partir de los siglos XI y XII. Junto con los demás arrabales ya señalados, constituía las áreas de crecimiento de un Madrid en expansión, especialmente tras su capitalidad, que se veía frenado en su fachada noroeste por el alcázar y, sobre todo, por el escarpe sobre el río.

La zona norte

Parece ser que el monasterio de Santo Domingo fue fundado —al igual que el de los franciscanos— por su santo titular, quien eligió el lugar, según la tradición, por hallarse en él una fuente milagrosa. Su dominio de explotación se hallaba próximo a una puerta del segundo recinto, llamada de Valnadú. En él se instaló una congregación de monjas que pronto contó con la protección de reyes y nobles. El lugar fue elegido por los reyes con sus familias para el descanso de sus restos mortales, y por las hijas de la oligarquía madrileña para tomar los hábitos; ambas circunstancias propiciaron cuantiosas donaciones, que hicieron de Santo Domingo la más poderosa explotación del Madrid medieval hasta la irrupción en la villa de los jerónimos, en el siglo XV. Fueron enterrados en este monasterio los infantes Berenguela, hija de Alfonso X; Leonor, hija de Fernando IV; y Juan y Constanza, hijo y nieta respectivamente de Pedro I, cuyos restos también descansaron allí por un tiempo. Otra muestra de la importancia del monasterio dentro del ámbito castellano es el hecho de que Constanza, nieta del Justiciero, fuera su abadesa. En el siglo XV, la aparición de nuevas órdenes que sustituyeron a las tradicionales en el favor real motivó el inicio de la decadencia del monasterio, cuyo final se produjo por efecto del fenómeno desamortizador decimonónico. Actualmente, la Plaza de Santo Domingo evoca el emplazamiento del desaparecido monasterio. La puerta del mismo nombre permitía la comunicación de Madrid con Fuencarral y las otras aldeas al norte. A lo largo de este camino fue apareciendo un caserío que no logró prosperar hasta la época de los Austrias.

San Miguel de la Sagra, San Juan, Santiago y San Nicolás

De estas cuatro pequeñas iglesias conocemos poco más que su emplazamiento en el casco del segundo recinto, o en el del recinto islámico. Posiblemente, San Miguel se hallaba fuera del amurallamiento musulmán, junto a la puerta de la Sagra. Fue derribada por orden de Carlos I cuando se acometieron las reformas de ampliación del alcázar. Posiblemente, su solar se encuentre ocupado en la actualidad por el lado septentrional de la Plaza de Oriente. San Juan fue fundada el año 1254 por Fernando III, desapareció como tantas otras iglesias madrileñas en el XIX, y su solar quedó ocupado por la plaza de Ramales. Muy próxima se hallaba la iglesia de Santiago, cuyas trazas medievales también han desaparecido, aunque en este caso se levantó un nuevo y bello templo en el siglo XVIII bajo la misma advocación. En cuanto a San Nicolás, parece que la torre mudéjar de la actual iglesia es la original de la Edad Media. Es notoria su semejanza con la de San Pedro; ambas constituyen los restos más antiguos del Madrid medieval, a excepción de la muralla. Es posible que en el solar de San Nicolás se levantara anteriormente una mezquita, lo que confirmaría la existencia de dos mezquitas: la mezquita mayor en la almudayna y otra algo más alejada.

El callejero medieval de esta zona tan próxima al alcázar y luego al palacio se ha modificado bastante: la capitalidad supondría una agresión para el Madrid medieval, del que se sucederían otros destrozos. Puede decirse que la decisión de Felipe II no fue buena para la conservación de las edificaciones medievales. No obstante, las huellas de estas construcciones han perdurado, y nos permiten reconstruir idealmente, con la ayuda de las fuentes escritas o materiales, la ciudad medieval.

8. La administración local: el fuero y el concejo

El fuero que se otorgó a Madrid en 1118 era el mismo que había recibido Toledo tras su conquista en 1085 y suponía la primera legislación castellana que recibía la ciudad. Puede agruparse entre los fueros breves característicos de aquella época, regulando únicamente las primeras necesidades que se planteaban en un lugar recién conquistado. Este texto permaneció vigente durante casi un siglo, pues no se otorgó una nueva normativa jurídica hasta 1202, cuando Alfonso VIII dio a la villa una serie de leyes que se han denominado Fuero de Madrid. Se reducía a un conjunto de normas sobre las caloñas, junto con otras disposiciones que resolvían algunos problemas cotidianos, por lo que no puede considerarse propiamente un fuero. Durante el siglo XIII mientras Madrid seguía contando únicamente con esta pobre regulación local, otras ciudades recibían fueros extensos con un elevado número de capítulos. Esta comparación nos da la medida de la escasa importancia que los monarcas otorgaron a la villa hasta la Baja Edad Media.

El contenido de ambos textos legales, en cuanto que responde a las necesidades de la ciudad, nos revela sus características y grado de desarrollo. De este modo, el fuero de 1118 nos habla de una sociedad eminentemente agraria, mientras que las disposiciones de Alfonso VIII señalan la incorporación de rasgos urbanos en una estructura aún eminentemente rural. En la Baja Edad Media se produce un desfase entre el parco ordenamiento de la ciudad y su grado de desarrollo que mueve al concejo a completar la legislación mediante una serie de ordenanzas, como respuesta a las necesidades del desarrollo ciudadano. Dichas normas se hallan recogidas en los libros de los acuerdos tomados por el concejo en sus sesiones, intercaladas entre las diversas disposiciones dictadas en las reuniones municipales. Puesto que los primeros libros de acuerdos municipales conservados se remontan al siglo XV, es de este momento del que proceden las ordenanzas más antiguas conservadas, pero posiblemente existieran otras anteriores que se han perdido. Al contrario que en otros concejos, en Madrid no se elaboró un libro de ordenanzas donde se fueran copiando separadamente todas las ordenanzas municipales, con el fin de crear un corpus jurídico al que acudir para resolver los conflictos diarios. Tampoco se produce una promulgación de normas sobre alguna actividad en concreto, como las ordenanzas de algún oficio, usuales en otros lugares. Todas estas carencias redundan en el escaso desarrollo del ordenamiento legislativo madrileño, sobre el cual es necesario hacer una precisión: su jurisdicción comprendía únicamente a los vecinos cristianos. No debe olvidarse que en Madrid había otras dos comunidades: judíos y mudéjares se regían por sus propias leyes y contaban con sus propios jueces. No obstante, en caso de conflicto con un cristiano, tanto mudéjares como hebreos debían someterse a las leyes del concejo. Por otra parte, la legislación local —sobre todo las ordenanzas—, en cuanto que ordenamiento general de la vida urbana, era de obligado cumplimiento para todos los que residían en la ciudad. Por ejemplo, la prohibición de verter suciedad en las calles afectaba a los madrileños de todas las comunidades religiosas.

El concejo

A pesar de no haber constancia documental del momento en que se estableció la organización municipal en Madrid, parece plausible emplazarlo en los años posteriores a la concesión del fuero de la ciudad en 1118. Ya a mediados del siglo XII durante el reinado de Alfonso VII, comenzaría a funcionar una primitiva organización municipal, origen del concejo de Madrid. En una primera fase, se trataba de un concejo abierto: a la salida de la misa dominical en la iglesia de Santa María, los vecinos se reunían para deliberar sobre los problemas que afectaban a la convivencia urbana y las relaciones con otras ciudades. Esta situación debió de dar paso en poco tiempo a un concejo restringido, la formación predominante en la Castilla de aquel periodo. Como respuesta a la pacificación de la zona, el concejo era ya con toda probabilidad en el siglo XIII un organismo cerrado, incipientemente controlado por el grupo privilegiado de la sociedad madrileña, los caballeros, quienes comienzan a monopolizar los cargos municipales, que en un principio habían sido electivos. A pesar de no existir información suficiente para el caso madrileño, no es arriesgado pensar que la ciudad siguiera la tónica habitual en otros núcleos urbanos castellanos.

No obstante, sí conocemos un dato bastante significativo: en 1212, el concejo de Madrid tuvo la capacidad de organización y la autoridad suficientes como para enviar un grupo de madrileños a las Navas de Tolosa —al igual que hicieron otras ciudades— con el fin de apoyar a Alfonso VIII en su lucha contra los almohades. A partir de este momento, las milicias concejiles madrileñas fueron adquiriendo cada vez mayor importancia, llegando a participar en los episodios más destacados de la conquista del valle del Guadalquivir.

El regimiento

A partir de 1348, el concejo fue sustituido por el regimiento, de acuerdo con un fenómeno generalizado en toda Castilla. Esta mutación era el producto de los acuerdos alcanzados en las Cortes celebradas en Alcalá de Henares durante el reinado de Alfonso XI, los cuales constituyeron el llamado Ordenamiento de Alcalá, que produciría transformaciones sustanciales de la organización municipal. La medida de reemplazar el concejo por un regimiento perseguía una mayor centralización del poder en manos de la Corona, que asumía la potestad de nombrar a los regidores. La composición social del poder local madrileño no sufría modificaciones, sino un mayor refuerzo: los caballeros pasarían a ocupar el oficio de regidores, y por tanto, a ejercer un control más acusado de la vida municipal. Al hacerse hereditario, dicho cargo se hizo característico de una pequeña nobleza no demasiado acaudalada que encontró en su ejercicio una forma de incrementar su patrimonio.

Así, al llegar el siglo XIV el regimiento madrileño se hallaba en manos de determinadas familias —los Luzón, los Vargas, etc.— que gobernaban la ciudad en su entero beneficio. Al igual que en otros muchos aspectos, Madrid había sufrido una evolución en sus órganos de gobierno local paralela a la de las demás ciudades castellanas, caracterizada por la concentración del poder urbano en manos de un reducido grupo de familias influyentes y la completa exclusión de los ciudadanos menos privilegiados, en un proceso no exento de estallidos de conflictividad social.

La oposición a los regidores

Un sólo interés en común —la oposición a los regidores— unirá las voces de pecheros y caballeros menos favorecidos en sus reclamaciones a la Corona, por lo que no llegaron a constituir un frente amenazante para las familias privilegiadas, que supieron sortear los obstáculos que los monarcas intentan oponer a su arbitrariedad. En 1452, Juan II se ve obligado a intervenir en un litigio planteado por el nombramiento de jueces y alguaciles, derecho que tanto los regidores como los otros caballeros pretendían reservarse. La solución de Juan II favoreció a los regidores pues, aunque el monarca se atribuyó la potestad del nombramiento, sólo podría escoger entre los candidatos propuestos por el regimiento. Asimismo, un enfrentamiento entre corregidor y regimiento en 1491 obligó a Isabel la Católica a deponer por un año a los regidores. Estas medidas puntuales, sin embargo, no fueron suficientes para minar su poder a los regidores, que supieron aprovechar en su beneficio los conflictos civiles castellanos de la Baja Edad Media.

En otras ciudades se estaban produciendo los mismos procesos de control oligárquico; pero se añadía un elemento más a la conflictividad: la existencia de bandos en pugna por el poder, causa de que grandes concejos se deshicieran en luchas intestinas. Mientras tanto, el rango menor de Madrid y la limitación de sus riquezas obligaba a llegar a un entendimiento a las distintas familias en el poder, quienes estrechaban sus lazos mediante alianzas y matrimonios.

La comunidad de Villa y Tierra

El concejo de Madrid tenía jurisdicción sobre el alfoz de la ciudad, a la que abastecía de productos agrícolas de primera necesidad. Los campesinos, que vivían en las aldeas del alfoz madrileño, acudían a la villa no sólo para la habitual compra-venta, sino también para resolver toda una serie de cuestiones jurídicas, políticas, fiscales, religiosas, etc. El concejo de Madrid —por ser la cabeza del alfoz— era además el intermediario entre las aldeas y el poder central en todo tipo de cuestiones. No obstante, existía una organización administrativa en las aldeas en manos de un concejo aldeano. Sus competencias se limitaban a atender los problemas locales de menor envergadura y especialmente, a representar los intereses de los aldeanos ante el concejo de la villa. Puesto que éstos solían ser contrapuestos, las relaciones entre ambos órganos resultaban poco fluidas.

Madrid se definió como una comunidad de Villa y Tierra al igual que la mayoría de las ciudades castellanas de la Meseta Norte. Estas comunidades reproducían un sistema feudal en el que la Villa ejercía el papel de señor y las aldeas que constituían la Tierra, el de la servidumbre. Madrid asumía amplios poderes jurisdiccionales y fiscales, estando obligadas las aldeas a contribuir tanto a los gastos del concejo de Madrid, como a los servicios que la Corona solicitaba; asimismo debían aportar hombres cuando Madrid organizaba alguna milicia, cuyo objetivo no fue en ciertas ocasiones participar en las empresas de la Corona, sino enfrentarse a ella, como sucedió en la guerra de las Comunidades.

Surgirían las inevitables tensiones entre Tierra y Villa, agudizadas por la desequilibrada carga fiscal que esta última imponía. Así, de las cuatro partes en que se dividían las cargas, una correspondía a cada uno de los tres sexmos que constituían el alfoz madrileño, y sólo la restante cuarta parte a la Villa. De esto se deduce que la ciudad, siendo el núcleo más poblado y rico, era el que proporcionalmente contribuía en menor medida.

A pesar de los conflictos derivados de las cargas fiscales y militares que la comunidad madrileña debía soportar, las relaciones de la Villa con sus aldeas eran necesariamente muy intensas, puesto que a Madrid —como hemos visto— tenían que acudir los aldeanos para solucionar cualquier problema legal, deponer ante los escribanos o, simplemente, por motivos religiosos. En la Villa existían algunos centros devocionales que atraían a los fieles y, por otra parte, la unidad que formaban la Villa y su alfoz dentro del Arzobispado de Toledo debió de favorecer un cierto grado de cohesión.

9. La hacienda local

A la par que una organización político-jurídica, el concejo es a su vez un mecanismo fiscal que plantea unas relaciones de dependencia con su alfoz equiparables a las de un señorío. En efecto, la figura del concejo funciona en toda Castilla como un señorío colectivo, que se beneficiaba de las plusvalías que proporcionaba la tierra como en cualquier señorío. Por supuesto, la carga fiscal no se repartía equitativamente entre poblaciones —como ya se ha explicado, la Villa salía notablemente beneficiada—, ni entre grupos sociales, ya que las obligaciones contributivas recaían sobre los miembros de las clases inferiores, mientras los caballeros, en virtud de su pertenencia a la nobleza, permanecían exentos. A su vez, la hacienda municipal estaba controlada por los caballeros, lo que cerraba el círculo de su control político, social y económico sobre los grupos menos favorecidos. Sin embargo, durante los siglos que nos ocupan se mantuvo un cierto grado de resistencia a aceptar esta situación de desigualdad por parte de los pecheros, quienes opondrán sus quejas repetidamente ante el concejo primero y, tras su instauración, ante el regimiento. Desde 1264 existía una junta de pecheros —apenas aceptada y desatendida por parte de los caballeros—, con la finalidad de controlar el gasto de la hacienda municipal. Se documenta algún intento regio de mediar entre ambas partes: en 1381, Juan I ordenaba a los caballeros miembros del regimiento madrileño que escogieran cierto número de pecheros, con la obligación de mantener informados a estos últimos sobre las cuestiones afectas a las arcas del municipio. No obstante, los regidores continuarán desoyendo las demandas de los pecheros, actuando únicamente en favor de sus propios intereses. El conflicto se recrudecerá en el siglo XV, cuando se unan a las voces de protesta las de los caballeros que no formaban parte del regimiento, a los que los regidores comenzaron a exigir el pago de tributos en algunos momentos extremadamente apurados, desatendiendo la condición de hijosdalgos de aquéllos. La voracidad de los regidores resultaría cada vez más onerosa para la hacienda madrileña, lo que hizo precisa, a partir de 1477, una intervención cada vez más frecuente del corregidor con la intención de paliar los abusos fiscales, hasta que se instaura un sistema de reuniones obligatorias del regimiento para la imposición de cualquier tributo, en las que debían ser escuchados los pecheros y las resoluciones habían de estar firmadas por dos regidores, el corregidor y el escribano del concejo. En las situaciones acuciantes que requerían un procedimiento de urgencia, éste debía ser posteriormente recogido en las actas del concejo. Las mayores protestas surgían ante las derramas y las sisas, que por su carácter extraordinario afectaban tanto a pecheros como a caballeros. Las quejas se fundaban en que, si bien existían circunstancias de gravedad que afectaban los intereses de la comunidad, el procedimiento solía ser expeditivo, sin consulta previa de ningún tipo, y la recaudación conllevaba habitualmente un pingüe beneficio para los regidores. Cuando se producía el caso de que los caballeros se negaran a pagar, cosa harto frecuente, recaía sobre la Tierra el peso de una carga añadida.

El gasto

Existían dos vías para la recaudación de estas imposiciones extraordinarias: el asiento y la recaudación directa por parte del concejo. El primer sistema y más habitual consistía en obtener el anticipo de fondos de una persona, que recibía a cambio la concesión del cobro de los tributos. A pesar de que el importe adelantado siempre era menor que el monto del total, esta modalidad era la preferida por el concejo por la rapidez en la obtención del dinero que suponía. El sistema de recaudación directa, por otra parte, adolecía de una excesiva lentitud, además de suponer el desembolso de algún dinero. En cuanto al sujeto de la imposición, los pecheros preferían que, en vez de repartimientos, se procediera a imponer cargas sobre el consumo de algunos productos de primera necesidad como la carne o el pescado, a fin de hacer más llevadero y compensado el pago de los tributos. Estos impuestos indirectos de carácter extraordinario eran las derramas o sisas. Las necesidades recaudatorias podían venir impuestas por la Corona, o bien ser consecuencia del mantenimiento de pleitos con otros poderes, ya fueran concejiles o nobiliarios.

Además, el concejo tenía que hacer frente a una serie de gastos, agrupables en cinco apartados. En primer lugar, se encuentra la partida dedicada a todo lo relacionado con el uso del poder municipal, en especial el pago de los salarios de los oficios municipales y el costo del mantenimiento del orden público. Los gastos por salarios fueron incrementándose significativamente con el paso del tiempo, lo que denota un reseñable desarrollo, pero a la vez, un aumento de la presión fiscal y con ella de la conflictividad.

Otro apartado, en este grupo primero, es el ocasionado por la exigencia del mantenimiento del prestigio de la Villa, mediante la organización de fiestas, procesiones, corridas de toros, etc. Existían una serie establecida de acontecimientos —tales como las entradas reales, el nacimiento de un infante o los lutos ocasionados por alguna muerte regia— cuya celebración exigía un importante capítulo. Asimismo, era también inexcusable realizar algunos desembolsos para la atención de la beneficencia pública.

El segundo grupo lo componen los gastos originados por la defensa del espacio de aprovechamiento económico de la Villa y Tierra, ocasionados en concreto por los pleitos sostenidos con otras instancias en los casos de apropiaciones indebidas de bienes, o ante las concesiones reales de algunos señoríos a costa del territorio del alfoz madrileño.

El tercer grupo de asignaciones se dedicaba al mantenimiento de las vías de comunicación que atravesaban las tierras de Madrid. Existían diversas circunstancias que aconsejaban mantener aquéllas en buen estado: el apropiado abastecimiento de la Villa, las vinculaciones de los más variados órdenes —jurídicas, religiosas, etc.— entre la Villa de Madrid y las gentes de su alfoz, o la conveniencia de que ningún punto remoto quedara libre del pago de los impuestos y los recaudadores pudieran acceder a todos los lugares. Dentro de esta partida, el monto más cuantioso lo representaba la reparación de los puentes, entre los que cabe señalar los ya referidos de la Toledana y la Segoviana y el puente de Viveros sobre el Jarama, también muy transitado. Además de las razones de índole práctica, influían argumentos de tipo áulico: el buen estado de los caminos era signo del poderío de Madrid. Por otra parte, no puede olvidarse que las buenas comunicaciones facilitaban el acceso de los recaudadores a todos los lugares.

En cuarto lugar, se hallaba el gasto derivado de las mejoras del equipamiento urbano, tanto en lo relativo al abastecimiento del mercado, como a su mantenimiento; y también de las calles y todos los edificios públicos dependientes del concejo. Dentro de dicho concepto debían de incluirse cuantiosos desembolsos, ya que se acometerán en el siglo XV obras de gran envergadura, como la de la Plaza del Arrabal, la alhóndiga del pan en 1487, el establecimiento de la red del pescado y de la carne, así como la construcción del matadero, autorizada en 1489 e iniciada en 1495. Todas estas mejoras, si bien suponían un gasto considerable, revertían en el propio concejo al permitirle obtener nuevos ingresos, a la vez que le proporcionaban prestigio. Otras inversiones de menor envergadura —aunque igualmente propagandísticas— se efectuaban para mantener el empedrado de las calles y proceder a su saneamiento, o bien para el sustento de los servicios sanitarios y de educación a cargo del concejo. Está documentada la dotación de dos físicos y de un cirujano para atender las necesidades sanitarias de la Villa, que cobraban 4.000 y 2.000 maravedíes al año respectivamente. Debido a las dificultades económicas del concejo, a finales del XV sus salarios habían bajado a 3.000 y 1.500. Hasta la expulsión de los judíos fueron éstos los que desempeñaron este oficio; después de 1492, hubo dificultades para encontrar quienes conocieran estos oficios y quisieran trabajar para el concejo de Madrid. Existía además una escuela de gramática mantenida por el concejo para la educación de los hijos de vecinos. El licenciado que atendía a la enseñanza de la gramática y de la lógica —las dos disciplinas que en ella se impartían— se quejaba continuamente de su pobreza, señalando que «era letrado de balde». Los alumnos no tenían obligación de hacer ningún pago y el concejo probablemente no destinaba fondos suficientes.

El quinto y último grupo de gastos abarcaba los ocasionados por la formación de dehesas para el disfrute por parte de los vecinos de los bienes comunales. Esta partida creció con el paso del tiempo debido a la progresiva apropiación indebida por parte de la oligarquía, tanto de éstos como de los bienes de propios.

En su conjunto, el gasto fue incrementándose en paralelo al crecimiento de la ciudad y específicamente a su desarrollo económico, que le posibilitaba hacer frente a un número mayor de obras públicas y atender a mayores necesidades. Este auge económico iniciado a finales de la Edad Media puede constituir una de las claves de la elección de esta villa por parte de Felipe II como lugar de residencia.

Los ingresos: los bienes de propios

Ante el cúmulo de gastos que suponía el mantenimiento de la Villa, el concejo necesitaba una fuente de ingresos estable, puesto que la mayor parte de los impuestos indirectos iban a parar en manos del poder central. Para suplir esta deficiencia, se dotaba a los concejos de unos bienes de variada naturaleza, a fin de que con los beneficios que producían se atendiera a los gastos municipales. Esa característica de ser enteramente propiedad del concejo —el cual podía disponer de ellos y de sus beneficios a placer— da origen a su nombre de bienes de propios. A cargo de administrarlos se hallaba el mayordomo del concejo, responsable de la hacienda municipal en general. Luis Martínez García, investigador de estas cuestiones, distingue entre bienes de propios y rentas por una parte, y censos y arrendamientos pagados en especie por otra. Los beneficios de todos ellos eran utilizados por el mayordomo para atender a los gastos habituales de la Villa.

El origen de estas fuentes de recursos se hallaba en el fuero repoblador que el monarca concedía a una ciudad tras su conquista, donde se solían especificar los bienes que la Corona donaba al concejo para atender a los gastos que ocasionaba el gobierno municipal. En el caso de Madrid, las primeras referencias a lo que en un primer momento se conoce como bienes del común aparecen en el fuero de 1202, donde se detallaban disposiciones concretas acerca de la utilización de éstos. Por ejemplo, se disponía que las rentas del prado de Atocha y de Rivas, además de los beneficios que se derivasen del carrascal de Vallecas, de los molinos y del canal, se destinasen a la reparación de las murallas, apartado que debía de suponer un fuerte desembolso en estos primeros tiempos del Madrid cristiano. Sin embargo, la brevedad del fuero y lo circunstancial de su contenido limitan en gran medida las posibilidades de conocimiento de los bienes de propios de Madrid.

El citado investigador señala tres etapas en el desarrollo de los bienes de propios en el concejo de Madrid: una primera de formación a partir del año 1202, en que se promulga el fuero, hasta 1406. La segunda comprendía desde esta fecha hasta el inicio del reinado de los Reyes Católicos, en que la organización del Estado moderno da lugar a una serie de transformaciones; y una última fase, desde el inicio del XVI hasta el establecimiento de la municipalidad, en que los propios quedan perfectamente organizados.

En la etapa de formación, cabe destacar la gran labor organizativa llevada a cabo por Alfonso XI, quien, cuando instaura el regimiento como forma de gobierno municipal, hace alusión a unas rentas «de los comunes del concejo de la Villa», que constituyen sin duda lo que más tarde se conocerá como bienes de propios. Este último término aparece a raíz de una donación real —la dehesa de Tejada— efectuada en 1345, que, unos años después, el rey Enrique II pretendería privatizar. Dicha decisión regia provocó una firme protesta por parte de los vecinos de la villa de Madrid, la cual se opuso a desprenderse de su «bien propio». A partir de este episodio el referido término se generaliza en la documentación madrileña.

A lo largo del siglo XIV, las necesidades del concejo fueron aumentando. Si bien la reparación de los muros se hacía cada vez menos necesaria, aparecían en su lugar nuevos gastos a los que hacer frente, como los salarios de los regidores y otros oficiales del concejo, además de las obras públicas urbanas, que constituían un capítulo importante. Los documentos señalan que las rentas que antes se empleaban en la reparación de los muros comienzan a utilizarse para «otras cosas».

Desde 1345, será el mayordomo del regimiento el encargado de la administración de las finanzas del concejo. Entre sus obligaciones se encontraba sufragar los gastos y recaudar los ingresos necesarios para hacerles frente. A medida que avanza el siglo, la falta de liquidez del concejo se convierte en un problema recurrente, debido a que los ingresos proporcionados por los bienes municipales se habían quedado insuficientes frente a las nuevas exigencias de gasto que implicaba el desarrollo de la Villa. La búsqueda de nuevas fuentes de recursos que compensaran estos crecientes desembolsos de la hacienda madrileña constituyó el problema esencial del regimiento madrileño durante el siglo XV.

La segunda etapa en el desarrollo de los bienes de propios de la villa de Madrid abarca los años comprendidos entre 1406 y 1485. Se trata de un periodo enmarcado por la pugna entre alta nobleza y monarquía por aclarar y definir los derechos y obligaciones mutuos dentro del Estado. Los continuos enfrentamientos armados entre los dos bandos impiden a la Corona mantener un control sobre los gobiernos de las ciudades, situación que aprovechan los regidores para apropiarse de algunos bienes y emplear en su beneficio personal las rentas de otros. Durante dicha fase, sólo se produjo un intento de frenar los abusos de las oligarquías urbanas: el protagonizado por Enrique III, que fue abruptamente interrumpido por su prematura muerte. Este monarca había enviado como juez pesquisidor, en 1406, al doctor Per Yáñez, con el fin de que impusiera el orden y terminara con las apropiaciones indebidas en Madrid.

La reiteración de estas prácticas hizo solicitar tanto a los escuderos como a los caballeros de la villa no pertenecientes a las familias en el poder una nueva intervención del rey —entonces, Juan II— que restableciera el control sobre los regidores. El monarca designó a Marcos Fernández como nuevo juez pesquisidor de Madrid, pero la falta de apoyo real —en el contexto del conflicto entre los infantes de Aragón y don Álvaro de Luna— hizo perder efectividad a su actuación. Los regidores hicieron caso omiso a las órdenes de abandonar sus puestos, o bien eran sustituidos por un miembro de su propia familia; la apropiación y disfrute indebido de los bienes municipales se mantuvo, y dio lugar a una situación de bancarrota generalizada durante el periodo comentado.

Otra práctica habitual consistía en tratar de corromper a los jueces pesquisidores, operación que solía culminar con éxito, como puede deducirse del siguiente episodio. En 1434, María Álvarez de Vargas, mujer del bachiller Juan Sánchez de Peralta, fue obligada a devolver a la villa de Madrid el arroyo de Cantarranas por tratarse de un bien común. Juan Sánchez, alcalde del rey, había sido enviado como pesquisidor a Madrid. Durante su estancia en la villa, había contraído matrimonio con María, cuyo apellido Vargas nos da fe de su pertenencia a una de las más conspicuas familias madrileñas, uno de cuyos miembros ocupaba entonces un cargo en el regimiento.

Se había llegado a tales extremos en la usurpación de bienes que en las Cortes celebradas en Madrid en 1433, se dio un ordenamiento para intentar solucionar el problema. Se dispuso que todos aquellos edificios, plazas, solares y tiendas usurpados a los concejos se arrendaran y sus rentas pasaran a considerarse como bienes de propios. Esta decisión origina un nuevo grupo de propios constituido por los censos.

Aparentemente, se produjo cierta mejora en la situación de la villa, ya que Juan II ordenaba en 1444 que el salario del juez y el del corregidor se pagara con los propios. No obstante, las usurpaciones continuaban produciéndose, aunque de forma más cautelosa, encubiertas en contratos de arrendamiento que pasaban a convertirse con el paso del tiempo en donaciones. Se prohibió arrendar los bienes de propios, lo que no impidió que algunas de las grandes familias de la oligarquía madrileña continúen apareciendo en la documentación de la época como arrendadoras de los mismos. Todo ello hace pensar en una situación verdaderamente difícil para el desarrollo de la vida municipal, con una hacienda diezmada por las ambiciones de los munícipes.

A pesar de que los pleitos para restituir los bienes usurpados fueron muy numerosos, su buen fin dependía del celo del juez pesquisidor, que era mudable. En tiempos de Alfonso Díaz de Montalvo se produjo una actividad inusitada, enmarcada en la destacada labor de modernización administrativa llevada a cabo por Enrique III. Gracias a las sentencias de aquél —en las que ordenaba la restitución al concejo de multitud de bienes usurpados por la oligarquía— poseemos una información pormenorizada acerca de la mayoría de los bienes de propios de la Villa de Madrid. La situación empeoró bajo el reinado de Enrique IV: Madrid, como otros concejos castellanos, intervino en las luchas del rey contra sus hermanos, colocándose en algunos momentos puntuales en el bando de la infanta Isabel. En 1460, se planteó un grave problema que da la medida del poder de la oligarquía madrileña. En esa fecha, se pretendió ampliar la plaza del Salvador, para lo cual era preciso expropiar algunas casas, gasto que el concejo no podía sufragar. La plaza era lugar de residencia de la oligarquía madrileña y hubiera sido necesario proceder a desembargar algunas de las rentas que se habían apropiado indebidamente. La oposición de los privilegiados madrileños fue inconmovible: el concejo se resistió, en 1469, a recibir a Diego de Valderrábanos, delegado por el rey para lograr la restitución de los bienes usurpados. Además, los regidores y caballeros de la villa se conjuraron al año siguiente para que el rey no hiciese donaciones de bienes madrileños a personas que no fueran vecinos de Madrid. Los apellidos de los que juraron eran los de las familias más poderosas, las mismas que tenían usurpados estos bienes.

El final del reinado de Enrique IV constituye posiblemente el momento culminante en lo que se refiere a la usurpación de bienes concejiles por parte de la oligarquía madrileña, en un proceso similar al de las restantes ciudades del reino de Castilla. Con la llegada al trono de los Reyes Católicos, se inició el saneamiento de las haciendas municipales y la lucha por acabar con estos abusos. Se inaugura entonces un tercer periodo —de 1480 a 1496— en el que se inicia la reforma de la situación preexistente y la restauración de los bienes de propios. Algunas de las disposiciones de Juan II volvieron a ponerse en vigor, como la obligación de la presencia de cuatro pecheros en todas las reuniones del concejo, con el fin de vigilar sus deliberaciones y evitar los abusos del grupo dirigente. Asimismo, la figura del corregidor quedó implantada generalizadamente —tal como Enrique III había tratado de conseguir— en el marco de las reformas administrativas de los Reyes Católicos. Otro tanto puede decirse del procurador de pecheros, cuya función primordial era el control de los regidores.

Las sentencias del licenciado Álava —a partir de 1480— marcan el giro definitivo de la situación. Este enviado real consiguió que sus decisiones fueran cumplidas y logró revocar bastantes usurpaciones. Cinco años después, el licenciado Alfonso de Aguilera, juez pesquisidor en la villa de Madrid, logró sanear lo relativo a las propiedades rústicas que formaban parte de los bienes comunes del concejo, que habían sido usurpados a lo largo del siglo XV por la oligarquía madrileña. Se trataba de ejidos, baldíos, pastos, prados y dehesas cuyo fin original había sido el aprovechamiento común por parte de los vecinos, pero que algunos regidores habían puesto en cultivo, beneficiándose privadamente de sus frutos. La decisión adoptada consistió en mantener la propiedad de los usurpadores a cambio del pago de una renta a la villa. En consecuencia, los bienes comunes se transformaron en bienes de propios, a la vez que las rentas procuradas por ellos atendían a los numerosos gastos del concejo. Era una solución intermedia, que pretendía lograr el necesario saneamiento de la hacienda municipal, evitando un enfrentamiento directo con la oligarquía madrileña.

Los gastos del concejo eran cada vez mayores: a los indicados anteriormente se añadían los que se derivaban de los pleitos originados por las frecuentes usurpaciones de bienes municipales y los conflictos mantenidos con los poderes vecinos, como el duque del Infantado o el señor de Alcobendas. Eran pleitos interminables que exigían grandes gastos, ya que el concejo tenía que enviar sus procuradores a la Corte. Esta situación deficitaria es decisiva en la resolución de convertir los bienes de comunes en propios; incluso se crearon nuevos bienes de propios con el fin de obtener nuevos recursos. La mala situación de la hacienda municipal, por otra parte, revertía únicamente en los vecinos pecheros, quienes se vieron obligados a pagar derramas y sisas extraordinarias, además de dejar de disfrutar definitivamente de los bienes del común, especialmente de los gastos para sus ganados. Mientras tanto, la oligarquía —responsable en parte del estado deficitario del municipio— consiguió que, a cambio de su colaboración, la Corona redujera algunos impuestos.

En 1496, el licenciado Yanguas, juez pesquisidor, había conseguido prácticamente acabar con las usurpaciones. Sin embargo, la ingente labor llevada a cabo bajo los auspicios de los Reyes Católicos fue deteriorándose progresivamente tras la muerte de Isabel, como consecuencia de los problemas derivados de su sucesión. Cuando Carlos I accedió al trono, las oligarquías municipales se encontraban nuevamente con las manos libres. El procedimiento seguido fue la continua transformación de los bienes del común en bienes de propios, pagando por su disfrute un censo no demasiado elevado. Las protestas de los pecheros no llegaron a ser atendidas por Carlos I, que en 1530 tuvo que acceder a que se arrendaran comunales como propios, como las tierras de pastos de las dehesas de Valderromasa, de Robladiza y del Quejigal, que pasaron a ser tierras de labor. Las dehesas de la Arganzuela y del Porcal lograron ser salvadas del voraz apetito de los regidores madrileños.

Pocos años después la capitalidad minimizaría estos problemas, de los que los pecheros madrileños constituyeron, evidentemente, las principales víctimas.

Otros ingresos

Dentro del capítulo de ingresos, es necesario tener en cuenta algunos monopolios de los que se beneficiaba el concejo, como el matadero o los puestos de obligados —los que se obligaban al abastecimiento de la carne, el pescado o cualquier otra mercancía—, que el concejo subastaba. Los préstamos y las enajenaciones constituían asimismo otras fuentes esporádicas de ingresos.

Desde mediados del siglo XV, se constata un incremento en el gasto y en los ingresos del concejo de Madrid, debidos ambos al desarrollo económico de la Villa. Existían mayores necesidades, que exigían mayores desembolsos, que a su vez demandaban mayores recursos. Los ingresos del concejo pudieron aumentar porque se había elevado el nivel económico de sus vecinos, a pesar de las protestas, tensiones y conflictos motivados por la injusta distribución de las cargas. El grupo de pecheros no quería ser el único soporte de las arcas municipales, los caballeros ajenos al regimiento se negaban a tributar y ambos grupos elevaban sus voces contra los regidores. Los problemas de la fiscalidad madrileña son semejantes a los de cualquier otro concejo de sus características y gracias a ellos pueden inferirse nuevos datos para confirmar el desarrollo económico de Madrid a fines del Medievo.

10. Relaciones con el poder central

En estos siglos finales de la Edad Media, las células básicas de la estructura del reino estaban constituidas por los señoríos y los concejos. Mientras aquéllos encarnaban los amplios poderes que aún conservaba la nobleza, los segundos eran unidades emergentes que, dentro de sus esfuerzos por incrementar sus capacidades y autonomía, se aliarán con la Corona en su dilatada pugna frente al estamento nobiliario para reforzar la autoridad real. Cada apoyo puntual prestado por un concejo a la monarquía será recompensado por ésta mediante distintas contrapartidas, que reforzarán el peso específico del primero. Por tanto, la situación de las ciudades no es uniforme, sino que en cada una de ellas existirá una realidad distinta configurada por el propio fuero y los añadidos de los sucesivos privilegios concedidos por los monarcas. Pasemos a analizar entonces las características particulares de la relación entre la villa de Madrid y la Corona.

Concesiones reales

La base jurídica de la ciudad, el fuero de Madrid, no daba lugar a una situación eminentemente privilegiada. Además durante esta época amenazaron su integridad territorial tanto la ambición expansionista de la vecina Segovia, como la concesión de algunos señoríos a costa del alfoz madrileño. Por ello, cuando la Corona se veía en la necesidad de compensar al concejo de Madrid por algún servicio prestado, solía adoptar medidas beneficiosas para éste acerca de dichos contenciosos.

No obstante, se trataba de acciones concretas en momentos extraordinarios: por lo común la política del concejo estaba orientada hacia lograr el mayor margen de autonomía posible respecto de los monarcas. Eran inevitables, sin embargo, los puntos de contacto entre ambas instancias en cuestiones de tipo jurídico, administrativo, fiscal, militar, etc. En cuanto al primer aspecto, la relación provenía de que concejo y Corona representaban respectivamente la primera y última instancia a las que un vecino podía recurrir, por lo que el monarca contaba siempre con la potestad de revocar una decisión del gobierno de la ciudad. Por lo que respecta a la hacienda central, recababa en Madrid los tributos indirectos —como la alcabala— que gravaban las transacciones comerciales, sobre los que la Corona podía realizar algún tipo de concesión. De hecho, una de las fuentes extraordinarias de ingresos para la hacienda madrileña estará constituida por las rentas reales que la Corona cedía al concejo y que se devengaban de ingresos que pertenecían al poder central. Asimismo, en momentos determinados la presión fiscal de la Corona se engrosaba con derramas y sisas requeridas por el rey ante una urgente necesidad —como atestiguan algunos padrones fiscales conservados— y mediante los servicios votados en Cortes.

En el caso del ejército, también se daba una patente subordinación al poder real. Encontraremos a las milicias concejiles madrileñas en la mayoría de los episodios bélicos relevantes: la lucha con los invasores africanos almorávides y almohades, la conquista del Guadalquivir y las guerras civiles que asolaron a Castilla en la Baja Edad Media.

El corregidor

Dentro de la tendencia subyacente en los últimos siglos del Medievo castellano de reforzamiento del poder real y articulación administrativa del territorio, se crea la figura del corregidor, representante de los intereses regios en el concejo. Fue Enrique III —precursor en muchos aspectos de la política de los Reyes Católicos— quien trató de implantar la institución del corregimiento, sin que su temprana muerte se lo permitiera. Habría que esperar hasta el siglo XV para que se reemprendiera esta práctica encaminada a limitar la autonomía del poder municipal, monopolizado por las oligarquías locales. La palabra co-regidor aludía a la pretendida colaboración entre dicho funcionario, como representante del poder real, y el regimiento. Este enviado del rey residía en la ciudad y además de informar a la Corona sobre los asuntos locales, tenía potestad jurídica en representación del rey: debía ser los ojos y las manos regias allí donde su autoridad no alcanzara. Su misión consistía específicamente en evitar los abusos de los regidores, quienes habían implantado con el tiempo la patrimonialización de sus cargos, apropiándose repetidamente de bienes municipales. A partir de Enrique III, se recurre a esta figura siempre que el monarca desea intervenir en la marcha de algún municipio en particular, debido a su acusada conflictividad o la gravedad de los abusos concejiles. Finalmente, fueron los Reyes Católicos quienes extendieron el régimen de corregidores en Castilla, dentro de su política de expansión del poder real y centralización administrativa. Esta medida suponía una pérdida de autonomía del concejo, ante la que las oligarquías locales se defendieron mediante variadas estrategias: desde la abierta oposición a recibir un corregidor, hasta —cuando no hubo otro remedio— la integración de dichos funcionarios en sus familias mediante matrimonios.

Hasta 1477, no apareció en Madrid un corregidor permanente. Se trataba de un momento acusadamente conflictivo en toda Castilla, situación en la que la villa se veía implicada. A partir de este momento, se afianza esta figura definitivamente en la ciudad como representante de la justicia de los Reyes Católicos. La actuación de estos funcionarios requiere todavía una investigación exhaustiva, por lo que no es aún posible tratarla con la profundidad pertinente.

Las Cortes madrileñas

El aspecto mejor conocido de las relaciones entre el concejo de Madrid y el poder central es el referido a las Cortes de Castilla. La participación madrileña en esta cámara parece que se remonta a las Cortes de Carrión de 1188, si bien pasarán casi tres siglos hasta que se fije qué ciudades poseerán el privilegio de concurrir a ellas. Durante el siglo XIII, los avatares de la lucha con los musulmanes exigían la presencia casi constante de los monarcas en tierras andaluzas, por lo que las ciudades del valle del Guadalquivir fueron las preferidas para convocar Cortes. Sin embargo, las protestas e inasistencias de los representantes de la Meseta Norte movieron a mediados del siglo XIV a trasladar su escenario habitual a la Meseta Sur, por su posición intermedia. Fue a partir de entonces cuando Madrid pasó a ser escogida frecuentemente —aproximadamente un 10 por ciento de las ocasiones en los últimos siglos de la Edad Media— como escenario.

La posición central de la villa debía de ser uno de los motivos de la repetida elección de Madrid, además del hecho de reunir una infraestructura suficiente —con el alcázar— para las reuniones; pero, sin duda, el argumento de mayor peso lo constituía la inexistencia de una alta nobleza que pudiera tratar de presionar en las deliberaciones de la cámara. Esta circunstancia pudo tener un papel esencial asimismo en la posterior decisión de Felipe II de hacer de la villa su Corte. Exactamente, las Cortes se reunieron en Madrid en las siguientes ocasiones: 1309, 1329, 1339, 1391, 1393, 1419, 1433, 1435, 1528 y 1534.

En general, las resoluciones de las Cortes celebradas en Madrid no eran de la trascendencia de ordenamientos como el de Alcalá de 1348, sino que se trataban asuntos menores de contenido más circunstancial, como las necesidades financieras de la Corona para continuar la guerra con el reino de Granada, el creciente poderío y los abusos de las oligarquías municipales, la administración de justicia, reformas administrativas, las nuevas instituciones, los problemas derivados de las minorías, etc. Excepcionalmente, las Cortes de 1435 determinaron el número de ciudades con representación en dicho órgano: serían las diecisiete presentes en dicha convocatoria.

Los procuradores a Cortes

A partir de las Cortes de Burgos de 1430, serían dos los representantes de cada ciudad. Estos procuradores —su nombre proviene de que procuraban ante el rey el bien para su concejo— debían ser caballeros y elegidos por el regimiento, de modo que la representación en Cortes recaía en manos de las correspondientes oligarquías concejiles, lo que dio lugar a múltiples protestas. En el caso madrileño, las continuas quejas de los caballeros no regidores y de los pecheros ocasionaron la intervención de Juan II, quien estableció —el 7 de enero de 1454— que sólo uno de los dos procuradores sería elegido entre los regidores, quedando reservado el otro puesto para los caballeros; además se instituía un sistema de turnos entre las colaciones a las que pertenecían los elegidos. No parece que la mencionada sentencia fuera obedecida, puesto que no cesaron los conflictos y las protestas relacionadas con esta cuestión. Evidentemente, el cargo de procurador era codiciado, no sólo por lo que podía representar de prestigio e influencia, sino también porque la estancia en las Cortes podía ser aprovechada para negociar asuntos privados. Por otra parte, la remuneración económica no era despreciable y debía de ser apetecida por la oligarquía madrileña, poco sobrada de bienes materiales. Con el fin de acercar los procuradores a los intereses de la monarquía, sus sueldos pasarán a correr por cuenta de la hacienda real a partir de 1425.

Documentalmente, las protestas de caballeros y pecheros ante el monopolio de los regidores de la representación a Cortes se centraban en tres reclamaciones muy concretas: las elecciones se hacían en secreto y no a campana picada, como era preceptivo; sólo se convocaba a tal efecto a las personas que interesaban al regimiento y no a todos los que procedía reunir; y finalmente, se acusaba a las personas elegidas de servir a intereses muy específicos. Evidentemente, la oligarquía local no pensaba renunciar al control del cargo y, una convocatoria tras otra, se repetirán los mismos apellidos entre los representantes madrileños: los Luján, Herrera, Vargas, Zapata, Lasso, etc.

En las relaciones con el poder central, el concejo de la villa de Madrid mantuvo un comportamiento semejante a la práctica habitual en la Castilla bajomedieval. Carecía, por tanto, de condiciones extraordinarias que anunciasen la capitalidad. La normalidad era la tónica en todos los aspectos; por lo que precisamente es en ella donde podrá buscarse el motivo de que Madrid llegara a convertirse en residencia del poder central.

11. Evolución de la población

El periodo que nos ocupa es anterior a la práctica de efectuar censos, por lo que las cifras propuestas ofrecen un enorme margen de error y varían enormemente para el mismo espacio de tiempo entre distintos madrileñistas, según las fuentes estudiadas y las unidades de medida de la población en ellas empleadas (personas, vecinos o pecheros).

Torres Balbas utilizó el método de evaluar la población de las ciudades islámicas atendiendo a su superficie, para lo cual estableció un coeficiente de habitantes por kilómetro cuadrado. Este sistema ofrece cifras aproximadas bastante fiables, como se ha demostrado en los casos en los que se han podido contrastar los datos obtenidos con alguna fuente escrita. Siguiendo los cálculos de Torres Balbas, Oliver Asín propone que la población de Madrid anterior a la conquista cristiana debía de rondar las 12.408 personas.

Para intentar establecer la población de Madrid a fines de la Edad Media, Monturiol utiliza fuentes de carácter fiscal. Según la sisa de la carne del año 1483, la población de Madrid sería de unas 8.800 almas; cantidad que en la sisa del año 1496 habría ascendido a 12.000. Hay que tener en cuenta que en las sisas no aparecen todos los residentes en un lugar, quedando fuera la mayoría de la población marginal. Esta misma autora ofrece el número de 209 cabezas de familia pecheras para el año 1506, atendiendo a la pesquisa del pan. En este grupo no se han tenido en cuenta a los no pecheros como los caballeros, clérigos, extranjeros, pobres, etc.

Estos datos se corresponden, en cierta medida, con los ofrecidos por una fuente coetánea y bastante fidedigna, Las Quinquagenas de Gonzalo Fernández de Oviedo, que habla de unos 3.000 vecinos en 1513. Si se acepta que cada familia estaba compuesta por cinco individuos, se puede aventurar que la población madrileña estuviera algo por encima de los 15.000 habitantes, puesto que no se incluían en estos datos a los pobres, criados, transeúntes, etc. Para mediados del XVI, Fernández de Oviedo señala un importante crecimiento de la población madrileña, pues en 1546 el número de vecinos se habría duplicado, girando en torno a los 6.000; lo que daría lugar a unos 30.000 habitantes.

El censo de pecheros de 1530 ofrece cierta concordancia con estas cifras, ya que marca una cantidad de 747 vecinos pecheros, lo que supondría la existencia de unas 3.500 personas relacionadas con este grupo, entre los pecheros y sus respectivas familias. Haciendo un cálculo aproximado de los madrileños que quedaban excluidos por no tener obligación de tributar, puede adelantarse una cifra de 10.000 individuos.

Alvar, en su trabajo sobre el Madrid de los inicios de la Modernidad, señala unos datos que no se corresponden totalmente con los ofrecidos hasta ahora. Según este autor, Madrid era un pequeño núcleo de población hasta que el establecimiento de la capitalidad provoca un espectacular incremento demográfico. Por tanto, el aumento de la población madrileña se produce por causas exógenas relacionadas con la capacidad de atracción de la Corte y no por el crecimiento natural debido a un posible desarrollo económico. Por otra parte, el incremento demográfico daría lugar a un brusco aumento de la población, lo que acarrearía graves problemas de abastecimiento, vivienda, hacinamiento, etc. Los datos ofrecidos por el mencionado autor se basan fundamentalmente en el estudio de fuentes parroquiales, las cuales hacia finales del siglo XVI ofrecen series bastante completas de nacimientos, muertes, etc. Para 1550, Alvar establece que la población madrileña sería de unas 9.000 personas, cantidad considerablemente menor que la ofrecida por Fernández de Oviedo. A partir de entonces, según Alvar, se iniciará un fuerte crecimiento: en 1560, la población sería ya de 16.000 personas; al año siguiente, la población habría aumentado en 8.000 individuos; y en 1570, los residentes en Madrid serían unos 34.000. El repartimiento de alcabalas de 1557/61 aporta unas cifras que se corresponden con las defendidas por Alvar. En este repartimiento se señala que Madrid tenía 2.811 vecinos, lo que supondría una población de alrededor de 15.000 personas.

Asimismo, los datos presentados por Jerónimo de la Quintana refrendan igualmente las conclusiones de Alvar, al considerar una población entre los 12/14.000 habitantes en 1563. Además estas cifras guardan coherencia con los 30.000 habitantes de los que habla Domínguez Ortiz para el XVI madrileño de acuerdo con las incidencias de epidemias, enfermedades, malas cosechas, etc., que asolaron a la población durante este siglo.

Por último, quiero hacer una breve referencia a las dos minorías étnicas que forman parte de la sociedad madrileña en el Medievo: los judíos y los mudéjares. Con respecto a los primeros, es tan poco lo que se conoce que resulta arriesgado dar cifras de población. Debe tomarse en consideración el pogromo de 1391, que en Madrid dio lugar a una matanza de judíos de la que no se pueden ofrecer datos; a partir de este año, el número de judíos comenzaría a descender mientras que aumentaba el de conversos. En 1492, los judíos madrileños tuvieron que abandonar su ciudad; en este momento se produce el último incremento de la población conversa, que iría integrándose lentamente en la sociedad cristiana vieja.

Con respecto a los mudéjares, el exhaustivo trabajo de Juan Carlos de Miguel nos permite contar con más datos, a pesar de que las informaciones demográficas sean muy pocas. Para dicho investigador, la población mudéjar de finales del siglo XV debía de estar formada por unas 250 familias. Los mudéjares habían sufrido un descenso continuado desde la conquista cristiana, quedando reducidos a este pequeño grupo.

Atendiendo a todo lo expuesto, es posible afirmar que la población madrileña debió de ser bastante estable —con algunas fluctuaciones que ahora señalaré— durante todo el Medievo. El conocimiento del recinto urbano durante la época medieval ayuda a evaluar el desarrollo demográfico madrileño, por lo menos en líneas generales. Tras la fundación en el siglo IX, la población fue aumentando hasta aproximarse a la cantidad ofrecida por Oliver Asín. Después de la conquista cristiana se produjo un descenso debido al trauma que se deriva del paso de manos musulmanas a las cristianas y a los posteriores ataques almorávides. A partir del reinado de Alfonso VII, la población se fue recuperando y llegó a ser semejante a la de los últimos tiempos de dominio islámico. Esto lo demuestra el que la muralla cristiana encerrara unos arrabales que ya existían antes de la conquista de Alfonso VI. Durante el Bajo Medievo la población oscilaba entre los 10/12.000 habitantes. Se mantuvo sin grandes alteraciones, pues no se produjeron hechos destacables que pudieran incidir sobre ella, produciéndose un mero crecimiento vegetativo hasta el establecimiento de la capitalidad. Fue entonces cuando se inicia el fuerte crecimiento sostenido que ha caracterizado hasta hoy a la población madrileña.

12. La sociedad madrileña

Llamaba la atención a los viajeros que acudían a Madrid en los siglos tardomedievales la gran cantidad de caballeros que allí concurrían. Efectivamente, al igual que las demás ciudades fronterizas al norte y sur del Sistema Central, Madrid quedó marcada por su pasado militar, primero islámico y luego cristiano, por su carácter de fortaleza en primera línea del conflicto, defendida por un grupo de guerreros entre los que irá definiéndose la oligarquía madrileña de la Baja Edad Media.

Los caballeros

Una vez que la frontera se trasladó al sur en los inicios del siglo XIII, los caballeros madrileños perdieron su razón de ser original y su fuente de ingresos. Comienza entonces un proceso de búsqueda de un nuevo papel en la ciudad, de acuerdo con sus privilegios de nacimiento: exenciones fiscales, no sometimiento a la justicia ordinaria, etc. La necesidad de recursos por parte de este grupo fue la causa de que las milicias concejiles madrileñas estuvieran presentes en las más importantes campañas de la conquista del valle del Guadalquivir y, posteriormente, del reino de Granada. Los salarios, aún esporádicos e insuficientes, que recibían por su participación en las campañas les ayudaban en su precaria situación económica. Era preciso, no obstante, asegurarse un caudal de ingresos estable y suficiente en tiempos de paz. Los órganos de poder local asumirán desde su origen este papel, ya que la posición eminente que habían conferido a los caballeros los avatares de la conquista castellana y los primeros tiempos de la integración de Madrid en el reino les permitirá acceder al control del concejo y del regimiento. El monopolio de oficios concejiles y posteriormente la patrimonialización de los regimientos no beneficiaron uniformemente a todo el grupo de los caballeros, sino a determinadas familias, cuyos miembros irán transmitiéndose el cargo de generación en generación. De este modo, bajo el reinado de Enrique IV, era frecuente encontrar casos de renuncia del cargo en favor de un pariente: cambian por tanto las personas, pero se mantienen los mismos apellidos. Paralelamente al control político de la ciudad, los Luzón, Vargas, Gudiel, Zapata, etc., irán engrosando sus fortunas privadas gracias a la apropiación indebida de terrenos del concejo. Estas prácticas no serán admitidas de buena gana por los restantes madrileños, dando lugar a una serie continuada de tensiones y conflictos durante todo el periodo que nos ocupa.

Señorialización de la oligarquía

El contexto que favoreció el crecimiento de la oligarquía madrileña fue el de las luchas entre la alta nobleza castellana y la monarquía características de la Baja Edad Media. El concejo prestó su apoyo indistintamente a diferentes facciones, a cambio de contrapartidas económicas. Por otra parte, el trato con la alta nobleza —con ocasión de las alianzas en los conflictos civiles— dio lugar a que la oligarquía madrileña empezara a imitar sus costumbres y formas de vida, produciéndose una señorialización progresiva de la alta sociedad madrileña. Comienzan a construirse nuevas mansiones en la villa o a remodelarse las antiguas, como en el caso de la torre de los Lujanes o la torre fortificada de la casa de los Lasso, vecina de la iglesia de San Andrés. Una vez que la Plaza del Salvador perdió su carácter mercantil, se fue convirtiendo en el emplazamiento favorito de las residencias de la nobleza. Otra práctica que se generalizó entre las familias privilegiadas fue solicitar la creación de pequeños señoríos próximos a Madrid en los que construir sus castillos, como es el caso de los Zapata en Barajas. Incluso llegaron a establecerse algunos mayorazgos. También se ocuparon de consolidar su prestigio, mediante la edificación de capellanías y capillas funerarias, la fundación de hospitales y de obras pías. El caso más destacado lo representa la fundación del desaparecido monasterio de Rejas por Pedro Zapata, en 1479.

Control político, incremento patrimonial, endogamia y búsqueda del prestigio son rasgos que caracterizan a una oligarquía local que no deja de ser modesta, en comparación con las familias implantadas en otras ciudades. Precisamente, gracias a la inexistencia de una alta nobleza pudo descollar este grupo de caballeros, que cuando el Medievo toca a su fin, actúa como los grandes, imitando sus usos y costumbres.

Los monasterios

Aparte de la oligarquía local, existía otro sector privilegiado, el representado por las fundaciones monásticas, que además de las rentas producto de sus propiedades agrícolas o urbanas, se beneficiaban de los censos, capellanías, donaciones de los fieles, etc. Este conjunto de recursos propiciado por la generosidad de algunos cristianos era suficiente para que las órdenes monásticas mantuvieran un estatus acorde con la dignidad que se les reconocía. A pesar de que en líneas generales la actuación económica de dicho grupo es rentista, en el caso de las explotaciones agrícolas existía la costumbre de conservar una parcela cercana al monasterio para el cultivo directo por parte de legas o legos y criadas o criados, dedicándose su producción enteramente al consumo interno. Por otra parte, el carácter disperso de las propiedades monacales madrileñas colocaba el poderío territorial y económico de los monasterios de la villa en una situación de medianía, incomparable con las grandes y concentradas propiedades de las órdenes religiosas en otros pagos.

Los pecheros

El resto de la sociedad estaba constituido por los sectores no privilegiados: los pecheros —que constituían el grupo mayoritario entre artesanos, comerciantes y campesinos— y la población marginal. Las cargas fiscales se concentraban en los primeros, quienes constituían el grupo productivo de la ciudad y que precisan, aún hoy en día, un estudio a fondo.

El predominio de lo rural: los campesinos

Si bien Madrid poseía el estatus de ciudad, las actividades agrarias seguirán dominando la vida urbana hasta el final del periodo contemplado. De hecho, las actividades de la Villa y su alfoz forman una unidad casi modélica.

Las tierras de la Villa no eran de gran calidad, por lo que no reunían condiciones para la especialización en algún tipo de cultivo. Se cultivarán, por tanto, todos los productos básicos para el mantenimiento de la población, sin lograrse rendimientos destacados, ya que la producción ni siquiera era suficiente para el abastecimiento de la villa. La pieza esencial la constituía el cereal, especialmente la cebada y el trigo con que se hacía el pan, pieza básica de la dieta alimenticia del momento. La producción autóctona de trigo era insuficiente, por lo que se hacía necesario traerlo de otras zonas —como la Meseta Norte— más aptas para este cultivo. Para evitar posibles manipulaciones o el mercado negro del trigo, el concejo arbitró varios sistemas para tener controlada la importación y el abastecimiento de la ciudad, a la vez que asegurarse la estabilidad de precios.

Las viñas y olivos de los campos madrileños resultaban asimismo escasos para la demanda de la población. Los olivares, emplazados en las áreas más meridionales del alfoz, eran menos frecuentes que las tierras sembradas con cereal o viñedos. De hecho, en la dieta castellana el aceite no era un elemento imprescindible como en el Mediterráneo. El típico puchero no precisaba del aceite para su condimento, puesto que las grasas animales —en especial del cerdo— cumplían esta función. El aceite no sólo era útil para la alimentación, sino que también se usaba para la iluminación, aunque fue cayendo en desuso el empleo de candiles, que fueron sustituyéndose por velas. El candil alimentado por aceite de oliva era más representativo del mundo islámico que del castellano, puesto que el aceite era un lujo en una ciudad como Madrid que dependía de otros territorios más meridionales para su abastecimiento.

En cuanto al vino, a pesar de estar su cultivo más implantado que el del olivo, e incluso que el del cereal, su producción resultaba igualmente insuficiente para atender a la demanda madrileña. Es preciso tener en cuenta el papel imprescindible jugado por el vino en una dieta de marcada pobreza calórica, basada en el consumo de cereal fundamentalmente, donde la carne constituía un privilegio de las clases más favorecidas y los productos de la huerta sólo eran consumidos esporádicamente. De modo que, según estimaciones actuales, un hombre consumía por término medio un litro de vino al día, mientras que las mujeres y los niños bebían unos tres cuartos. Se bebía el caldo del año, sin apenas tiempo de crianza, puesto que la producción no era suficiente y los sistemas de conservación apenas conseguían hacer durar el vino una temporada. Próximas al núcleo urbano se hallaban buenas zonas vitícolas, y en general destacaba toda la franja sudoriental. Vicálvaro, Vallecas, Carabanchel de Arriba y, sobre todo, Getafe, Fuenlabrada y Parla eran las aldeas de mayor producción, comercializada íntegramente en el mercado madrileño. Las tierras que formaban parte de los dominios monásticos en buena medida estaban ocupadas por plantaciones de viñas. Esta aportación endógena al mercado madrileño del vino se complementaba con lo importado de las próximas tierras de la Orden Militar de Santiago, en el Tajo.

Las riberas del Manzanares estaban ocupadas en su mayor parte por huertas cultivadas por campesinos mudéjares, que producían las hortalizas, legumbres y frutas requeridas para el abastecimiento diario. Existían otras huertas, dentro del recinto de los monasterios y en las tierras próximas a las aldeas. Parece probable que la producción hortícola, favorecida por el regadío que permitían los ríos, fuera capaz de abastecer completamente a la población, quien consumía estacionalmente sus productos. Mientras que en el mundo islámico los frutales y los productos de huertas eran elementos imprescindibles de la dieta alimenticia, entre los cristianos actuaban tan sólo como un complemento en las estaciones en que abundaban.

Las informaciones disponibles referentes al campesinado madrileño son escasas. A falta de datos más exactos, podemos extraer algunas informaciones sobre su situación de la leyenda de San Isidro Labrador. El santo patrono fue en vida un campesino, que trabajaba las tierras de Iván (Juan) de Vargas como criado. La oligarquía madrileña, a la que pertenecían los Vargas, además de disfrutar del monopolio de los oficios municipales, complementaba su poderío económico con la posesión de tierras, legítimamente suyas o usurpadas al concejo. Eran campesinos como Isidro los que cultivaban las tierras de esta oligarquía. Queda por resolver cuál era la relación que unía a los campesinos y los dueños de la tierra. No parece probable que un jornalero fuera denominado criado. Además, el tiempo de San Isidro es muy temprano para la existencia de jornaleros. Resulta más verosímil suponer cierta relación estable entre propietarios y cultivadores concretada por el pago de una renta estipulada. Si bien en líneas generales los labradores de la Villa trabajaban tierras ajenas, existía un reducido grupo de propietarios campesinos que cultivaban fundamentalmente pequeños huertos. Debía de tratarse de un campesinado no demasiado próspero, ya que la agricultura madrileña ni siquiera era capaz de cubrir las necesidades de abastecimiento de la ciudad.

Conviven en Madrid, por tanto, los tres tipos posibles de propiedades según el tamaño: grande en manos monásticas, mediana en las de los caballeros y pequeña propiedad campesina. Dicha coexistencia manifiesta la perfecta articulación de la unidad de explotación que eran las comunidades de Villa y Tierra. Este sistema, a pesar de no ser privativo de Madrid, se manifiesta en esta villa modélicamente en lo referente a la profunda unidad entre todos los integrantes del mismo. De esta forma fue posible que, con unas condiciones de partida tan mediocres, tanto Madrid como su alfoz fueran experimentando a lo largo del periodo estudiado un desarrollo económico progresivo. La mayor parte de la zona norte del alfoz madrileño estuvo dedicado a pastos, que representaban una de las grandes riquezas del concejo mediante su arriendo y el cobro a la Mesta de derechos de paso para sus animales. Los intereses de los campesinos eran contrarios a esa práctica, pues requerían los pastos para alimentar a su propio ganado. Se sucederán los pleitos ocasionados por el paso de las ovejas, con resoluciones que no conseguirán nunca impedir su tránsito.

A pesar de las usurpaciones del regimiento, Madrid mantuvo importantes y extensas zonas dedicadas a pasto para las ganaderías de los vecinos de la villa. Asimismo, la mayoría de las aldeas también tenían, en su proporción, alguna dehesa de aprovechamiento comunal. El monte de El Pardo, la dehesa de Amaniel, la de la Arganzuela, etc., fueron importantes reservas de pastizales. La dehesa de la Arganzuela, en las orillas del Manzanares, la constituían unas tierras ocupadas por viñedos y huertos que fueron compradas por el concejo y transformadas en un bien comunal a finales del siglo XV, ante la demanda de tierras de pasto por parte de los vecinos, seriamente perjudicados por las crecientes usurpaciones. Mientras tanto, las aldeas estaban tratando de reservar sus dehesas únicamente para sus ganados, impidiendo su disfrute a los de la villa. Así, a mediados de siglo, en 1434, ya se habían establecido los términos de la dehesa de Amaniel, reservándose al pasto de las reses que iban a abastecer las carnicerías de Madrid.

El problema suscitado por las tierras de pasto se mantuvo a lo largo del siglo XV y parte del XVI, como un aspecto más del enfrentamiento entre los vecinos y las familias privilegiadas. Para los campesinos el mantenimiento de la ganadería era necesario para el desarrollo de las actividades cotidianas —como el trabajo de los campos o el transporte— y el abastecimiento de carne de la población.

Los artesanos y comerciantes

El desarrollo artesanal se reducía al abastecimiento de la villa, excepto en el caso de los curtidores, cuya producción rebasaba probablemente dicho ámbito. Faltaban estímulos a la producción, tales como la existencia de una población numerosa o de grandes riquezas naturales, que impulsaran un crecimiento de la producción por encima del nivel de consumo urbano. A pesar de que la limitada producción de las manufacturas hace desechar la idea de una potente organización artesanal comparable a la de algunas otras ciudades, esta circunstancia no implica la inexistencia de gremios, como algunos autores han defendido, si bien fuera escaso su peso en el acontecer del Madrid bajomedieval. La sociedad madrileña no contaba con un patriciado urbano, puesto que no existían apenas diferencias entre los diversos oficios artesanales. No obstante, este grupo precisa de una investigación en profundidad.

La orientación de la producción hacia el abastecimiento urbano acarreaba otra consecuencia añadida: debido al pobre impulso propiciado por las manufacturas, si no era muy grande la importancia de los artesanos, aún por debajo se hallaba el grupo de los mercaderes, que en otros núcleos de población constituían el sector más pujante entre los pecheros. Los regatones madrileños, dedicados a la venta al por menor, daban lugar a un pequeño volumen de negocio que no sobresalía de entre los demás sectores no privilegiados. La presencia de grandes mercaderes en la villa será escasa hasta ya entrado el siglo XV, cuando se consolida el desarrollo económico madrileño.

En conclusión: Madrid es una ciudad, pues tiene la calificación de Villa, pero sus actividades económicas son en este periodo las propias del medio rural. Esta afirmación debe matizarse, no obstante, con la siguiente salvedad: a finales del Medievo, la situación había evolucionado en cierta medida, debido a un creciente desarrollo de la actividad dineraria. La población privilegiada se había hecho rentista y vivía no sólo de las rentas que producían las tierras, sino también de las que proporcionaban los arrendamientos de casas, tiendas, etc., y de los empréstitos. Por lo tanto, estaban surgiendo nuevas fuentes de ingresos, que nada tenían que ver con lo rural; suponían una actividad económica dineraria, y por ello, propia de la llamada vida urbana. La situación fuertemente ruralizada desde el punto de vista de las actividades económicas estaba evolucionando en los últimos siglos del Medievo al ritmo con el que la oligarquía municipal incorporaba otras formas de riqueza fundamentadas en la actividad fiduciaria.

Los sectores marginales

La sociedad madrileña estaba perfectamente constituida para que un grupo privilegiado —los regidores— viviera gracias a la producción de los pecheros, quienes todavía resultaban favorecidos respecto a otros, por su integración en la sociedad madrileña. Existían otros sectores de población excluidos de la sociedad oficial, como los pobres —mendigos, enfermos, vagabundos, etc.— y los grupos marginales, como judíos o musulmanes. No puede reunirse en el mismo apartado a todas estas personas, pues eran muy diferentes las condiciones de los primeros, que vivían en la miseria, respecto de los dos grupos formados por las minorías religiosas, en cuyo seno existían individuos con un poder adquisitivo considerable, incluso superior al de muchos cristianos de las clases medias. Se trataba, por tanto, de dos tipos muy diferentes de marginalidad: la de los primeros venía dada por su pobreza, mientras que la de los segundos provenía de su religión.

En cuanto a los mudéjares, el destacado trabajo de Juan Carlos de Miguel ha arrojado luz sobre su realidad social. El grupo de musulmanes que permaneció en Madrid tras la conquista no procedía, evidentemente, de los soldados que habían defendido la almudayna, sino de los comerciantes y artesanos residentes en los arrabales. Esta minoría mudéjar fue incrementándose primeramente con el aporte de cautivos que recuperaban su libertad en Madrid. Tras la conquista del Guadalquivir y la expulsión de los mudéjares de esta zona en 1264, algunos de los que prefirieron permanecer en la Península fueron a residir a la Meseta, una parte de los cuales llegó a Madrid.

La primera fuente documental que atestigua la presencia de mudéjares en la ciudad es el fuero de 1202. En el siglo XIII, hay constancia de que existía una aljama en Madrid, aunque hasta tiempos de Alfonso XI no hay noticias de su organización. Este hecho revela el elevado número de mudéjares madrileños, que motivó la concesión de una administración particular que los controlara y mediara entre ellos y el concejo. A través de la aljama, todas sus actividades se hallaban perfectamente reglamentadas e intervenidas. La sede de reunión se encontraba en la actual plaza del Alamillo, próxima a la calle de la Morería, cuyo nombre ha permanecido como recuerdo de la originaria zona de residencia de los mudéjares madrileños. Aquí estaba la llamada Morería Vieja para distinguirla de la Morería Nueva. Esta última se constituyó en las proximidades de la plaza del Arrabal, durante la fase del siglo XV en que esta área se convierte en el centro comercial de Madrid. Esta Morería Nueva quedó reservada para los que disfrutaban de mejor situación económica, mientras los más pobres permanecían en la morería vieja.

La aljama proporcionaba un cierto grado de libertad y autonomía, al mismo tiempo que suponía la fiscalización total por parte de la Corona castellana. Un alcalde administraba justicia en los pleitos civiles entre mudéjares, mientras que en los casos donde se enfrentaban cristianos y mudéjares, era un juez cristiano quien hacía justicia. La aljama también se encargaba de la carnicería y del cementerio musulmán —próximo a la Plaza de la Cebada— además de la llamada casa de las bodas, cuya función todavía no ha sido completamente aclarada. La mezquita se encontraba en la zona del Pozacho y no muy lejos se hallaba una casa de baños para los mudéjares. Desde el punto de vista fiscal, la aljama era responsable del pago del servicio y del medio servicio que la Corona exigía a este grupo de población. Sus componentes desempeñaban las mismas actividades que los pecheros —artesanado y campesinado— con diferentes niveles de ingresos según los casos particulares. Destacaban entre los artesanos los alarifes —trabajadores verdaderamente expertos, a quienes se debe la mayoría de las edificaciones del Madrid de aquella época— y los herreros, responsables de todos los útiles de labranza que se precisaban en Madrid y en su Tierra. Todos los datos conocidos permiten pensar que esta minoría debía de encontrarse razonablemente integrada en la sociedad madrileña hasta la conversión forzosa dictada por los Reyes Católicos en 1502. Tras esta fecha, no hay constancia de un grupo morisco madrileño, lo cual hace referencia a una intensa aculturación previa, que permitió que los mudéjares madrileños se integraran tras su conversión en la sociedad madrileña. En 1570, cuando se decretó la expulsión de los moriscos granadinos tras su derrota en la guerra de las Alpujarras, hubo un grupo que se asentó en Madrid. Éstos fueron los moriscos que salieron de la villa en 1610 con motivo de la expulsión general ordenada por Felipe III.

La minoría judía sufrió un proceso paralelo al de sus semejantes en el conjunto de Castilla. Su asentamiento fue posterior a la conquista, haciéndose especialmente intenso durante el siglo XII debido a la llegada de los almorávides a al-Andalus, estrictos perseguidores de los no creyentes. Las condiciones en Castilla eran entonces mucho más favorables, puesto que la necesidad de repoblación favorecía la buena acogida de contingentes humanos. Éste fue el caso madrileño, donde se asentó una gran cantidad de judíos, que encontró sus primeras dificultades a partir de mediados del siglo XIV. El clima de convivencia que había imperado hasta el momento es reemplazado por un incremento de la intolerancia castellana desembocando en el terrible pogromo de 1391, que en Madrid no alcanzó las desastrosas consecuencias de otros lugares. No obstante, a partir de esta fecha la población judía de la Villa comenzó a descender. Por ello, cuando se produce la expulsión de 1492, el número de judíos que abandonó Madrid no fue demasiado elevado, permaneciendo en cambio una comunidad de conversos no del todo asimilados.

Las actividades de los judíos no eran distintas de las de los pecheros. Se trataba en su mayor parte de campesinos que cultivaban las tierras próximas a la villa. Asimismo, existían judíos dedicados a distintos oficios, que no llegaban a alcanzar, sin embargo, el mismo grado de especialización que los mudéjares. Sólo destacaban en el ejercicio de la medicina, ocupando los oficios de físico y cirujano del concejo hasta la expulsión. La judería madrileña no era demasiado poderosa económicamente, se limitaba a contribuir con su trabajo al mantenimiento de la ciudad. Tradicionalmente se ha creído que la zona donde residieron preferentemente fue la que ocupa actualmente el barrio de Lavapiés, donde se encontraría la judería destruida en 1391. Sin embargo, la documentación estudiada por Pilar Bravo arroja nuevas luces, haciendo pensar que no existió una judería en la ciudad, sino que los hebreos vivieron diseminados por la villa. Como consecuencia del antisemitismo creciente, los judíos que permanecieron en Madrid buscaron el amparo de la Corona y para ello comenzaron a asentarse próximos al alcázar dentro del primer recinto de la muralla.

No hay constancia que existiera aljama judía en Madrid; pero suponemos que sus actividades y prácticas serían similares a las desarrolladas en otras ciudades. Por otra parte, el hecho de que en 1492 los judíos madrileños se hallasen perfectamente identificados revela que no había existido un proceso de aculturación e integración en la sociedad cristiana semejante al de los mudéjares.

Los distintos grupos que formaban la sociedad madrileña se distribuyeron ordenadamente en el solar urbano, dando lugar a una peculiar toponimia de la que aún quedan muestras en el callejero de la villa.

La presencia de las mujeres

En la sociedad madrileña, las mujeres desempeñaron un papel similar al de otros lugares, y del que tenemos noticias relacionadas con los ámbitos de la producción y la religión fundamentalmente. En cuanto al primer aspecto, existen informaciones acerca de mujeres que se dedicaban a la administración de sus patrimonios, comprando, vendiendo y, sobre todo, arrendando tierras, casas o tiendas. Algunas ponen sus bienes a censo para disfrutar de unas rentas. No se conoce cuál era su estado civil, pero no necesariamente se trataba sólo de viudas, sino que debía de haber casadas y solteras entre ellas. Por otra parte, sus relaciones con la propiedad y la explotación de sus bienes eran las comunes en la época, sin que pueda aplicarse una lectura específica en cuanto al género. Estas actividades se corresponden con la realidad social, más que con la normativa legal, que sí era diferente para hombres y para mujeres.

Encontramos en el Madrid de la época las mismas ocupaciones que en otras ciudades castellanas: panaderas, regatonas, vendedoras de productos de las huertas, etc. No obstante, existían dos profesiones especialmente desarrolladas en la villa: las taberneras o mesoneras —que atendían a los que acudían al mercado y a los que deseaban festejar algo— y las prestamistas. Se aludía frecuentemente a las mujeres de Madrid cuando se hablaba de esta actividad, mientras que no hay constancia de que los judíos desempeñaran en la villa esta ocupación, como tópicamente se ha afirmado numerosas veces.

En lo tocante a la actividad religiosa cabe destacar que uno de los monasterios más importantes de la villa era el de mujeres de Santo Domingo. Existieron además conventos de clarisas, concepcionistas, trinitarias, etc. Es preciso destacar en este apartado la labor fundadora de Beatriz Galindo, la Latina, colaboradora íntima de la reina Isabel. Al enviudar, esta culta mujer se dedicó a fundar en la ciudad diversos conventos y el ya reseñado hospital de la Latina.

Otra cuestión fundamental en la época es el papel desempeñado por las mujeres en las estrategias matrimoniales de sus familias en persecución de una alianza política o económica. Constituyó una práctica habitual que las mujeres de la oligarquía fueran casadas con corregidores o jueces pesquisidores, con el fin de implicarles en los intereses del grupo de regidores frente a la justicia que la Corona pretendía implantar sobre los abusos de este grupo.

La campana de San Pedro marcaba el ritmo de la vida en Madrid y en los campos próximos; gracias a ella, los campesinos se enteraban de los acontecimientos excepcionales y del paso del tiempo. Estos labriegos producían las frutas y hortalizas que sus mujeres vendían en el mercado a precios muy buenos, según cuentan los viajeros. Para éstos, a su vez, Madrid era una ciudad muy barata, pero mal abastecida y pobre. Juan Dantisco señalaba que en su alojamiento —que era muy amplio— no había nada «porque en Madrid no hay nada más que lo que se trae». Los escasos viajeros del XV y el XVI muestran una ciudad extensa —sobre todo por sus arrabales—, pero pobre y abastecida sólo de lo imprescindible, no demasiado cómoda y desde luego, nada lujosa. El ajuar medieval aparecido en las excavaciones que se han realizado es pobre: cerámicas de factura árabe debida a los mudéjares madrileños, o bien traídas por vendedores, ollas, cazuelas, barreños, platos, cuencos, escudillas, cántaros, tinajas, etc.

Los madrileños vivían en una ciudad modesta, pero en la que las necesidades primarias se hallaban cubiertas. Tanto la oligarquía como los grupos no privilegiados tenían un poder adquisitivo bastante reducido dentro de su clase. En concreto, será esta debilidad económica de los grupos dirigentes de la sociedad madrileña lo que motivará la escasez de comodidades y artículos de lujo en Madrid.

13. Organización religiosa

Una vez conquistado, Madrid fue puesto bajo la jurisdicción de la restaurada diócesis de Toledo, constituyendo un arciprestazgo con sede en la iglesia de Santa María. Esta situación se ha mantenido hasta tiempos muy recientes, lo que explica la inexistencia de una iglesia catedral, presente en tantas otras ciudades castellanas.

Origen de la iglesia madrileña

Cuando la Villa fue designada capital de los Austrias, se hizo preciso transformar los modestos orígenes de esta ciudad de segundo orden en el contexto castellano, incidiendo especialmente en la búsqueda de unas raíces cristianas preislámicas. Así, los falsos cronicones del XVII afirman repetidamente la existencia de una organización eclesiástica madrileña durante la época paleocristiana, haciendo remontar la fundación de la iglesia de Santa María al año 38 d.C. En general, se asignaba a la mayoría de las parroquias medievales unos orígenes anteriores a la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica. En el caso madrileño, la existencia de una iglesia paleocristiana era imprescindible para poder dar consistencia histórica al culto de la Virgen de la Almudena, en un momento en que crecían las devociones a esa advocación. Sin embargo, este supuesto legado preislámico no parece que encaje demasiado con el hecho de que fuera un emir musulmán quien procedió efectivamente a la fundación de Madrid.

Asimismo, carece de fundamento la defensa de una iglesia mozárabe en la villa: puesto que éstas fueron los reductos de supervivencia de un culto cristiano previo a la islamización, sólo pudieron surgir en los lugares poblados con anterioridad a la implantación del emirato. En cuanto a la hipótesis de una afluencia mozárabe con ocasión de la emigración generalizada de este grupo de al-Andalus en tiempos de Muhammad I, ya ha sido refutada en capítulos anteriores. Por tanto, podemos afirmar que la organización eclesial surgida tras la conquista castellana no contaba con ningún antecedente previo, pese a lo que especulaciones interesadas hayan podido afirmar.

León Pinelo, en sus célebres anales, señalaba la existencia de seis iglesias cuando entraron los «moros» en Madrid: Santa María, San Martín, San Ginés, San Salvador, San Nicolás y San Pedro. Según el citado autor, las seis iglesias fueron respetadas por los musulmanes, lo que se contradice con la preocupación de los fieles —de acuerdo con estas tesis— por esconder la imagen de la Virgen de la Almudena. Pinelo afirmaba, además, que estas iglesias permanecían en el momento de la entrada de Alfonso VI en la ciudad, sobreviviendo a la conquista castellana. Lo inverosímil de esta teoría muestra el desconocimiento de los eruditos antiguos, aliado a un evidente deseo de engrandecer el pasado de la capital del reino. Todas estas suposiciones son indefendibles por un estudioso actual mínimamente riguroso.

De hecho, hasta 1126 no hay una referencia documental con valor científico acerca de la iglesia madrileña. Se trata de la confirmación por parte de Alfonso VII de un privilegio de su abuelo, Alfonso VI, concerniente a la concesión del vico de San Martín a la abadía de Santo Domingo de Silos como priorato con funciones de parroquia en la recién conquistada ciudad. De esta forma Alfonso VII garantizaba la donación de su antecesor con el fin de favorecer la repoblación de Madrid tras la invasión almorávide. San Martín se mantuvo en la misma situación durante buena parte del Medievo hasta su integración en el recinto urbano junto al arrabal de San Ginés a finales de la Edad Media. A pesar de su papel parroquial respecto a los pobladores del vico —pronto convertido en arrabal— se trató en realidad de la primera institución monástica de Madrid.

La red parroquial

Después de las tempranas noticias acerca de San Martín, hemos de esperar hasta fines del siglo XII para encontrar pruebas de la existencia en la villa de una red parroquial. Madrid aparece configurada entonces como una realidad urbana integrada por una serie de collaciones, cada una de las cuales constituye a su vez el marco territorial sobre el que ejercía su jurisdicción una parroquia. En la Edad Media, la collación es la unidad administrativa básica sobre la que se organiza una ciudad en todos los órdenes: religioso, judicial, fiscal, a efectos de las levas militares y de las elecciones concejiles. Constituía, por tanto, el elemento en torno al cual se organizaba la vida urbana. El documento en cuestión es una carta donde se señala la existencia de diez parroquias en Madrid, localizadas todas intramuros. Sólo es incierto el emplazamiento exacto de San Miguel de la Sagra —cuya collación poseía un fuerte carácter rural— debido a que el trazado de la muralla en la zona donde se asentaba la parroquia no es conocido con la precisión deseada.

En cuanto a San Juan, si bien dicha carta emplaza su origen en el siglo XII existe otra referencia a ella que imputa su fundación a Fernando III, en 1254. El Rey Santo dotó a esta iglesia de importantes reliquias, entre ellas alguna de San Juan Bautista que dio nombre a la iglesia. Además de la citada San Miguel de la Sagra, e hipotéticamente San Juan, las otras parroquias reseñadas eran Santa María, San Andrés, San Pedro, San Justo, el Salvador, San Miguel de los Octoes, Santiago y San Nicolás. Juan Ramón Romero destaca el número tan elevado de parroquias para un espacio urbano tan reducido como el del Madrid de entonces. Por este motivo, las collaciones debían de ser en algunos casos bastante reducidas. Ilustrativa de esta situación es la gran proximidad existente entre Santiago (el actual edificio mantiene el mismo emplazamiento que su antecesor) y San Juan, cuyo solar está ocupado actualmente por la plaza de Ramales.

El citado autor establece una distribución de las parroquias madrileñas con la forma de la punta de una lanza cuyo vértice coincidiera con la puerta de Guadalajara, de donde partirían dos líneas oblicuas. La primera llegaría al alcázar, y en ella se encontrarían San Miguel de la Sagra, San Juan y Santiago. En la otra línea, originada en el área de la puerta Cerrada, se hallarían San Andrés, San Pedro, San Justo y San Miguel de los Octoes. En el eje principal, la calle Mayor, estarían el Salvador, San Nicolás y Santa María. Esta distribución de las iglesias —todas ellas de nueva construcción excepto Santa María según Romero— no era fortuita, sino que correspondía a las diversas formas de asentamiento de la población cristiana. Tras la conquista, la ciudad islámica había permanecido poblada por mudéjares y judíos, ocupando los cristianos áreas despobladas hasta entonces, además de la almudayna, que había sido desocupada por los guerreros. Las iglesias se emplazarán tanto en esta última zona como en los nuevos arrabales, surgidos en torno a una ermita o santuario que accedería al rango de parroquia.

Con las incorporaciones de la parroquia de San Ginés a mediados del siglo XIII y la de Santa Cruz en el XV, se completa la red parroquial madrileña, que en tiempos de Alfonso X estaba organizada como un cabildo. Las nuevas parroquias —San Ginés y Santa Cruz, además de San Martín— poseían unas collaciones mucho más extensas que las de las originarias. Se encontraban emplazadas en la zona este, puesto que ésa era el área de expansión de la ciudad. La alta densidad parroquial del casco urbano hizo deseable que no proliferaran las parroquias, por lo que se autorizó que las nuevas collaciones fueran más extensas. Como éstas se hicieron sobre arrabales preexistentes, se produjeron una serie de conflictos jurisdiccionales entre ellas. El establecimiento de dos concordias sucesivas entre San Martín y San Ginés para dirimir el problema de los límites —en 1470 y 1485 respectivamente— implica la existencia de un desacuerdo continuado entre ambas parroquias, que desembocó con seguridad en un abierto enfrentamiento en multitud de ocasiones.

La creación del cabildo parroquial en Madrid respondía a la necesidad por parte de la Iglesia madrileña de presentarse cohesionada frente a otras instituciones, como la mitra toledana o el concejo madrileño, con el fin de defender sus posiciones frente a ellos, a la vez que evitaban la intromisión de otros poderes en sus asuntos. Los intereses políticos y económicos del clero madrileño colisionaban con los de los poderes públicos, por lo que las relaciones entre ambos no siempre eran fluidas. Asimismo, la convergencia de todo el clero secular en el cabildo le permitía fortalecerse frente al clero regular, siempre deseoso de cobrar mayor peso en la villa.

Las ermitas y otros edificios religiosos

Además de las parroquias e instituciones monásticas, existían en la ciudad otros lugares de culto, como las ermitas, los oratorios públicos y los humilladeros. En cuanto a las primeras, se trataba de santuarios emplazados habitualmente extramuros sobre los que contamos con escasas informaciones fidedignas, puesto que la mayor parte de lo conocido sobre ellos se circunscribe al ámbito de lo legendario, que Ángela Muñoz Fernández ha tratado de desentrañar.

Sabemos que la iglesia de Santa Cruz tuvo su origen en una ermita, al igual que San Sebastián, que ascendió a la categoría de parroquia en 1550 y donde se trasladó una cofradía bajo esta advocación que tenía su sede en San Martín. Se conserva una redacción de sus ordenanzas de 1520. Desde el siglo XII, era famoso el santuario de la Virgen de Atocha, que se convirtió en uno de los centros de espiritualidad de Madrid en la Edad Moderna, y motor del poblamiento de la zona, tras el asentamiento de los dominicos. El surgimiento de la ermita se debe —como en tantos otros casos— a una intervención milagrosa que pone al descubierto una imagen; en este caso se trataba de un cuadro de la Virgen, que se ocultó cuando la llegada de los musulmanes. El culto se hizo cada vez más importante, hasta convertirse posiblemente en el de mayor raigambre y aceptación en la villa. Próximas a este santuario y dependientes de él la tradición emplazaba las ermitas de San Juan, Santa Catalina, Santa Polonia y Santa Columba, cuya autenticidad es bastante dudosa.

La ermita de San Luis, dependiente de la parroquia de San Ginés, estaba próxima a una red o mercado cercano al camino de Hortaleza, en el antiguo vico de San Martín, de acuerdo con las noticias que de ella nos llegan de 1438; sobre su solar se edificó la actual iglesia del Carmen y San Luis. El topónimo Red de San Luis recuerda tanto la ermita como el pequeño mercado cercano. Posiblemente, junto al camino de Hortaleza existía una ermita bajo la advocación de Santa Bárbara: era zona de campos y la santa era la abogada frente a las inclemencias climatológicas. Es probable que sea heredera suya la actual iglesia de este nombre.

La emperatriz Isabel mandó edificar extramuros una ermita bajo la advocación de San Isidro para celebrar la curación de su marido después de haber bebido agua de una fuente. Según la tradición el manantial había brotado milagrosamente por intercesión de San Isidro para apagar la sed de su amo, Iván de Vargas. El emplazamiento se ha mantenido cercano a dicha fuente. Próxima a la Puerta de Moros, nos encontramos con una ermita dedicada a San Millán, documentada desde 1420, adonde eran llevados los endemoniados para ser desposeídos. En el lazareto, cerca de la Puerta de la Vega, existía una ermita bajo la advocación de su patrono San Lázaro. Se sabe de otra ermita dedicada a San Cebrián de la que no se conoce más que el nombre.

El número de ermitas o santuarios no fue muy numeroso; de hecho, estos establecimientos eran más propios del medio rural que del urbano. Solían surgir en lugares alejados de las parroquias y monasterios tratando de escapar al radio de acción del clero secular y regular. En la Villa, la densidad parroquial dificultaba que prosperasen estos lugares de culto popular; a diferencia de la Tierra madrileña, donde hubo un número importante de ellos, convertidos en centros de peregrinación a escala local y en un elemento de cohesión dentro de la comunidad.

Según la autora citada anteriormente, poco puede decirse de los oratorios y humilladeros. Con respecto a los primeros, se tiene noticia de uno dedicado a Santa Ana en los primeros tiempos de la existencia de la Plaza del Arrabal. Es posible que se levantara para atender a las devociones de los mercaderes que acudían a aquel lugar y que dejara de existir una vez edificadas las parroquias de Santa Cruz y San Ginés. Conocemos menos aún del oratorio dedicado a la Inmaculada Concepción y erigido en el Campo del Rey.

Los humilladeros eran lugares construidos en los caminos próximos a las ciudades para que los viajeros pidieran protección a la divinidad o a sus santos preferidos cuando iniciaban un viaje. Hay noticias de la existencia de algunos de ellos cerca de las puertas de Valnadú, de Guadalajara y de la Vega. Asimismo, se sabe de otro próximo al monasterio de San Francisco.

Los monasterios

Hasta el XVI, sólo existían en Madrid cinco monasterios —San Martín, San Francisco, Santo Domingo, Santa Clara y San Jerónimo—, momento en el que se fundarán diversos centros que desarrollarán su actividad en la Edad Moderna. Asimismo, algunos centros monásticos fundados fuera del recinto urbano fueron trasladados a la villa, como el de Rejas, cuyo primitivo dominio está ocupado actualmente por el aeropuerto de Barajas, y el de Nuestra Señora de la Piedad Bernarda, erigido inicialmente en la aldea de Vallecas, en 1473, y trasladado al núcleo urbano en 1552.

Tras levantarse el más antiguo de los monasterios madrileños —San Martín, en 1086— habrá que esperar al siglo XIII para que surjan, extramuros, dos nuevas instituciones monásticas —San Francisco y Santo Domingo— cuya fundación se atribuye a los santos titulares respectivamente, en sus teóricas visitas a Madrid. El de San Francisco, fechado en 1217, fue ocupado por frailes, mientras que el de Santo Domingo, fundado un año después, se asignó a monjas de clausura. Los tres monasterios tenían perfectamente distribuidos sus radios de acción y se hallaban suficientemente alejados entre sí como para que sus competencias no chocaran. Ni San Francisco ni Santo Domingo desempeñaron el papel de parroquia, y mantuvieron una rivalidad constante con las circundantes por incrementar su influencia sobre los fieles. En cuanto a la formación de sus patrimonios, mientras este último gozó de una especial protección real —especialmente a partir de Pedro I— que le permitió tener a su cargo un vasto dominio territorial, la riqueza de los franciscanos se basó fundamentalmente en la posesión de casas y solares, aunque también poseyó tierras y disfrutó de rentas sobre éstas.

En el siglo XV, se fundaron otros dos monasterios. El primero de ambos fue el de Santa Clara, levantado intramuros a instancias de Catalina Núñez de Toledo —emparentada por matrimonio con la poderosa familia de los Álvarez de Toledo— en unas casas de su propiedad situadas en las actuales calles del Espejo y de Santa Clara. Esta fundación de monjas clarisas es un antecedente de las que proliferaron en el siglo XVI debidas a miembros de las familias más destacadas de Madrid —como las ya reseñadas fundaciones de la Concepción Jerónima y de la Concepción Francisca efectuadas por Beatriz Galindo— de acuerdo con el ambiente fundacional impulsado por los Reyes Católicos.

No obstante, la fundación más señalada del XV está representada por el monasterio de Santa María del Paso en 1464, bajo los auspicios de Enrique IV, quien premiaba así a los jerónimos por su valioso apoyo en las luchas del monarca contra la nobleza castellana. Aunque los jerónimos eran indudablemente los monjes de mayor ascendiente sobre los monarcas, algunos miembros individuales de otras órdenes tradicionales de Madrid, como Cisneros o Torquemada, llegarán a alcanzar grandes cotas de poder. Como ya se ha comentado, fue el deseo de acercarse a los centros de poder lo que motivó el traslado de los jerónimos a principios del siglo XVI a las cercanías del santuario de la Virgen de Atocha.

En cuanto a las fundaciones conventuales del XVI, se inician en 1523 con los dominicos de Atocha, que al asentarse en la ermita de la Virgen de Atocha pasan a controlar el culto de una devoción en auge. Para completar las fundaciones tardías masculinas, es necesario referirse al convento de agustinos que se estableció en 1547 bajo la advocación de San Felipe el Real. Sin embargo, las fundaciones más renombradas de la centuria corresponden a Beatriz Galindo. Se trata de la Concepción Francisca, la Concepción Jerónima y el hospital de la Latina, a los que ya hemos dedicado nuestra atención en capítulos anteriores.

Es preciso hacer referencia finalmente a los beaterios madrileños, peculiares instituciones en las que las mujeres no estaban sometidas a ninguna regla, ni a jerarquía eclesiástica alguna. Se formaban a partir de grupos de mujeres solteras o viudas con sus hijas que decidían libremente vivir en comunidad bajo una rigurosa ascesis. Su forma de vida era reconocida por los madrileños como un ejemplo de santidad, siendo especialmente apreciadas por su dedicación asistencial; al mismo tiempo, no eran del agrado de la iglesia oficial por escapar a su control. Finalmente, la reforma cisneriana las obligó a someterse a los cauces de religiosidad establecidos por los Reyes Católicos: las beatas se vieron forzadas a profesar los hábitos en conventos al uso, como fue el caso de los grupos establecidos por Beatriz Galindo en la Concepción Francisca y en la Concepción Jerónima. Tenemos noticias de un beaterio próximo a la puerta de Valnadú —cuyas beatas asistían a los oficios religiosos en el vecino monasterio de Santo Domingo— y otro cercano a San Pedro. Los restantes beaterios debían de ser secundarios, y fueron igualmente absorbidos por los conventos femeninos.

Hospitales

Los hospitales en la Edad Media estaban considerados como instituciones de carácter religioso a las que se asignaba un papel múltiple: reportaban un mérito para el alma del fundador o de la familia de los fundadores, a la vez que contribuían al engrandecimiento del culto divino por su labor asistencial de pobres y enfermos. Además del ya mencionado hospital de la Latina, de un marcado carácter asistencial, existían en Madrid algunos otros menos documentados, según Ángela Muñoz. Hay noticias acerca de una donación al hospital del Corpus Christi en 1389. Asimismo, se hace referencia a un hospital de San Isidro, otro de San Nicolás y otro bajo la advocación de Santa María, que bien pudiera ser Santa María de Atocha. En el siglo XV, se estableció un hospital para pestilentes bajo la protección de San Sebastián. Igualmente, los leprosos tuvieron su hospital o lazareto bajo la protección de San Lázaro. Existió otro hospital, llamado de Santa Catalina de los Donados, que ha dejado su huella en el callejero, lo mismo que el fundado, ya en el XVI, por Antón Martín.

Geografía eclesiástica y espiritualidad

La distribución de parroquias y de monasterios nos hace creer en un acuerdo tácito entre el clero secular y el regular para el reparto de donaciones, mandas pías, capellanías, beneficios, enterramientos, fundaciones, etc. Ya que la proximidad a los fieles era un requisito irrenunciable para conseguir sus favores, se trataba de distribuir perfectamente las áreas de influencia entre los distintos centros religiosos, a fin de evitar conflictos que a la larga minaran el poder de estas instituciones. De este modo, las parroquias se localizaban intramuros, con sus collaciones perfectamente delimitadas, mientras que los monasterios se hallaban extramuros, repartiéndose estratégicamente los diferentes puntos cardinales. Sólo San Martín y Santo Domingo estaban algo más próximos entre sí, puesto que el monasterio del Paso, ubicado en la misma zona, pronto cambió de emplazamiento. A pesar de este reparto de influencias, los monasterios mantuvieron en los primeros tiempos su carácter primigenio de células aisladas y autónomas que establecían con los fieles relaciones menos estrechas que los clérigos parroquiales.

Mientras la vinculación con la parroquia era obligada desde el mismo momento del nacimiento, y en ella debían cumplirse las obligaciones sagradas, la relación de un fiel con un monasterio era algo voluntario y libre. Por este motivo, los monjes tenían que volcar sus esfuerzos en procurar ganarse estas fidelidades, práctica que fue intensificándose en los últimos siglos medievales, como ilustra el deseo de los jerónimos por acceder a una mayor presencia ciudadana. Los franciscanos fueron los monjes con mayor incidencia en la piedad popular, a la vez que gozaban de la protección del concejo, que les otorgaba limosnas a cambio de sus prédicas en las grandes solemnidades religiosas. Los conventos de monjas se hallaban subordinados a los masculinos y tenían como misión principal servir de refugio a las huérfanas de la oligarquía madrileña y a niñas pobres. Estas fundaciones no gozaron de importantes donaciones, que iban dirigidas mayoritariamente a los conventos masculinos. En los primeros tiempos del Madrid cristiano, las ayudas más considerables les fueron concedidas a los franciscanos, quienes fueron reemplazados por los jerónimos y dominicos a finales del Medievo en las preferencias tanto de los fieles como de la religiosidad oficial.

Cultos marianos

Los tres cultos marianos más arraigados en la sociedad madrileña serán los de la Almudena, la Virgen de Atocha y la de la Flor de Lis, si bien las dos últimas alcanzaron su momento de mayor popularidad en la Edad Moderna. En cuanto a la devoción de la Concepción, cuya implantación se remonta al reinado de los Reyes Católicos, fue cobrando con el tiempo mayor importancia.

Tanto la Virgen de la Almudena como la de la Flor de Lis estaban vinculadas a la iglesia de Santa María, que a fines del periodo medieval pasará a conocerse como Santa María de la Almudena, siendo posiblemente más antiguo el culto de la segunda de estas devociones marianas. La pintura de una Virgen aparecida en esta iglesia con ocasión de las obras de 1624 fue identificada como la imagen que se representó en la mezquita mayor cuando, tras la conquista, se consagró como iglesia dedicada a Santa María. Según la leyenda de la Virgen de la Almudena, se trataba de una imagen que los cristianos escondieron tras la llegada del Islam a la Península y que los mozárabes trataron de recuperar infructuosamente, recordando los relatos de sus antepasados. Se organizó una procesión con el fin de obtener la ayuda divina, y al pasar la comitiva por el punto donde se hallaba, el lienzo de muralla que la cubría cayó, dejando visible la imagen. Esta tradición, tan poco verosímil por otra parte, nos ofrece una muestra de la importancia creciente del culto a la Almudena. Existen otras hipótesis que retrasan la implantación de dicho culto y el de la Flor de Lis al siglo XVII. Si bien la visita pastoral de 1427 se refiere a la iglesia de Santa María de la Almudena, para Ángela Muñoz esta referencia sólo tiene un sentido topográfico, puesto que la iglesia —anteriormente mezquita mayor— estaba emplazada en la antigua almudayna o almudena. Ya que es muy difícil retrotraer el culto hasta la mencionada época, dicha autora lo emplaza en la Edad Moderna.

El culto a la Virgen de Atocha remite asimismo a una leyenda: la aparición de la Virgen tras la conquista cristiana en un atochar o campo de esparto, donde se erigió una ermita en su honor. Muy distintas son las raíces del culto a la Concepción. En 1348, Madrid sufrió una terrible epidemia de peste negra que, según la tradición, remitió milagrosamente una vez se hizo voto a la Inmaculada Concepción y a San Sebastián de celebrar una serie de actos para conmemorar la fiesta de dicha Virgen, el 8 de diciembre, y del santo, el 20 de enero. Tras las misas correspondientes, se realizaban sendas procesiones, de las que existe constancia documental desde 1493. Tanto la procesión de la Inmaculada —que salía de la iglesia de Santa María, donde estaba radicado este culto— como la de San Sebastián —que partía de la iglesia de Santiago— constituyeron actos cultuales especialmente señeros de la religiosidad madrileña. La creciente preferencia por la advocación de la Inmaculada Concepción no es privativa de Madrid, sino que está relacionada con la religiosidad moderna impulsada por la Corte de los Reyes Católicos, quienes pretendieron uniformar y centralizar las creencias religiosas, dentro de sus esfuerzos por implantar el Estado moderno.

El Corpus Christi

Junto a estas dos procesiones, en las que se expresaban los sentimientos religiosos de los madrileños, existía otra procesión de gran importancia que rebasaba el ámbito de lo sagrado: la del Corpus Christi. Esta celebración se generalizó en los últimos siglos medievales por impulso del papa Juan XXII, quien dispuso, en el siglo XIV, que se llevara la Hostia en procesión anualmente. Esta celebración poseyó desde el primer momento un marcado carácter urbano, expresándose mediante ella el poderío de una ciudad, al tiempo que su fervor religioso. Se trataba de un acto cívico en el que desfilaban, además de clérigos y religiosos, representantes de todas las instituciones urbanas.

El día del Corpus era una fecha destacada en el calendario madrileño. La celebración había sido establecida ya en el siglo XIV y la primera referencia a la procesión es del 22 de junio de 1481. El concejo velaba por su magnificencia y esplendor como expresión de su poder, lo que implicaba una considerable participación de elementos civiles. De hecho, el palio que cubría al Corpus era portado por los regidores y caballeros, en dos turnos: el primer grupo lo llevaba hasta la Plaza del Arrabal, donde tomaba el relevo el segundo grupo, que lo portaba hasta la iglesia de Santa María, principio y fin del recorrido. Como manifestación de su poderío, los representantes del concejo —miembros de la oligarquía ciudadana, por tanto— portaban cirios, hachas, etc. A su vez, el clero secular y el regular participaban en la celebración ataviados con sus ropajes litúrgicos más ricos y espléndidos.

El carácter cívico de la festividad se manifestaba en la participación de los gremios en el desfile a instancias del concejo, que obligaba a que todos los oficios tuvieran su representación. Debían acudir en corporación y vestidos de gala portando sus propios estandartes, lo que debía de suponer unos gastos considerables, si nos atenemos a las protestas de los gremios aún hoy conservadas. Ante estas quejas, que manifiestan claramente lo modesto del artesanado madrileño, se autorizó que varios oficios se agruparan para asistir a la procesión y compartieran así los gastos. El desconocimiento de la organización gremial nos impide obtener mayor información, aunque tenemos constancia de la representación de traperos, taberneros, corambreros, curtidores, zapateros, cereros, pellejeros, etc. A partir de 1481, la obligación de desfilar se hizo extensiva a mudéjares y judíos, quienes ejecutaban sus danzas características a lo largo del recorrido. La presencia de estos grupos no cristianos en un acto religioso conduce a dos conclusiones: el predominio del matiz cívico sobre el religioso de dichas procesiones y el gran nivel de integración de ambos grupos en la sociedad madrileña.

Las calles de la ciudad que atravesaba el cortejo habían sido previamente limpiadas y engalanadas por orden del concejo, que requería a los vecinos para que adornaran el recorrido con colgaduras, colchas, telas, etc. Año tras año, esta celebración expresaba el interés de las autoridades civiles por controlar las manifestaciones culturales y servirse de ellas para manifestar su prestigio.

San Isidro

El primer rasgo destacable del culto de San Isidro es que precisamente un labrador fuera el elegido como patrono de un núcleo urbano, circunstancia que reafirma el profundo carácter rural de la villa en aquellos tiempos. Asimismo, se trata de uno de los primeros santos de origen servil, puesto que la santidad estuvo vinculada generalmente durante el Medievo a personas ilustres, cultivadas, miembros de los grupos dominantes. Isidro, criado de los Vargas, representaba por el contrario una de las primeras expresiones del ideal de santidad franciscana, que valoraba la humildad, la piedad, la caridad, la oración privada, etc. Las circunstancias vitales del santo eran las habituales de la mayor parte de la población, lo que otorgaba popularidad a este culto. La devoción por Isidro —que fue considerado santo por el pueblo aun antes de su beatificación— es típica del siglo XIII y de la religiosidad de los países mediterráneos.

Poco se sabe con certeza del santo patrono, aparte de que vivió a fines del siglo XI o principios del XII. A pesar de que algunas teorías afirman su origen mozárabe, parece más probable que fuera uno de los repobladores de Madrid. La fuente de información esencial acerca del santo es el códice de Juan Diácono, del siglo XIII, que comprende una biografía de Isidro de historicidad muy dudosa, bastante inconexa y poco ilustrativa; algunos himnos en su honor; y sobre todo, una serie de milagros como prueba de su santidad. Diácono narra los hechos sobrenaturales ocurridos por mediación del patrono, tanto en vida de éste como por la invocación de su recuerdo o de su cadáver incorrupto. La narración corresponde a una serie de creencias populares muy enraizadas en la sociedad madrileña de entonces, lo que hace afirmar a Ángela Muñoz que si bien una persona individual escribe el códice, resulta más apropiado hablar de una autoría anónima, debida a los fieles madrileños que veneraban a Isidro repitiendo y propagando su vida y milagros. La figura de Juan Diácono es muy difícil de situar; posiblemente se tratara de un clérigo de San Andrés, lo que podría explicar la vinculación del santo con esta parroquia, de la que se le hace feligrés y donde se le rendirá culto, tras la aparición de su cuerpo incorrupto, en el siglo XIII.

Fue este descubrimiento sobrenatural el que dio origen al culto. Pronto comenzaron a atribuirse diversos milagros a la mediación de su cadáver incorrupto, que al poco tiempo fue trasladado al interior de la iglesia de San Andrés, en cuyo cementerio se descubrió la tumba, también de forma inexplicable. Esta circunstancia —el enterramiento en una parroquia— implica la existencia en la ciudad de una red parroquial suficientemente fuerte como para evitar que un nuevo y pujante culto se escapara de sus manos y fuera controlado por otra institución religiosa, santuario o monasterio. Alfonso XI mandó la construcción del arca en la que se guardó el cadáver, que se cerró con varias llaves por cuya posesión se produjeron continuas discusiones, pues no sólo confería el derecho de intervenir en un asunto tan relevante en la época como era el culto al futuro santo, sino que constituía un signo de poder dentro de la sociedad madrileña.

Los Vargas tuvieron siempre en su poder una llave del arca para manifestar su ascendencia sobre el santo, su antiguo criado. La capilla anexa a San Andrés construida a principios del siglo XVI por esta familia para venerarlo representaba por este motivo una ostentación del poder de dicho linaje. Isidro no fue canonizado hasta 1622, momento muy especial de la historia de Madrid, pues se iniciaba el reinado de Felipe IV, uno de los monarcas con mayor vinculación con la villa y que más favorecieron el esplendor de la ciudad.

Ritos funerarios

Si bien lo preceptivo era el enterramiento en el cementerio o el interior de la parroquia correspondiente, esta obligación podía eludirse por motivos piadosos, y escogerse algún monasterio o convento con el que el muerto o su familia mantuvieran una especial relación. Los cementerios no habían adquirido aún su carácter sagrado y podían ser escenario de cualquier festividad, por lo que sólo se enterraba en ellos a quienes no disponían de recursos para optar por otros lugares. Por otra parte, ser escogido para la sepultura de una de las familias poderosas de Madrid suponía el aporte de nuevos ingresos en forma de limosnas, misas, obras pías, fundaciones, capellanías, etc. Los beneficios económicos que giraban en torno a la muerte desencadenaron una pugna constante entre monasterios y parroquias por conseguir la vinculación de un linaje.

Generalmente, los hombres se amortajaban con el hábito de San Francisco, mientras que las mujeres lo hacían con el de Santo Domingo. Se velaba un tiempo el cadáver en la casa y después se llevaba en procesión fúnebre, de mayor o menor solemnidad, según la clase social del muerto. Por último, se hacían los oficios funerarios y se procedía al enterramiento, generalmente, en ataúd. Si el muerto pertenecía a alguna cofradía religiosa, ésta tenía una gran participación en todo lo relacionado con el acontecimiento. La muerte, en el final de la Edad Media, acentuó su carácter de espectáculo.

Las cofradías tenían una presencia activa en los ritos funerarios de sus miembros. A pesar de que las ordenanzas de cofradías que se conservan datan del XVI, en siglos anteriores ya existían estas organizaciones que, además de su carácter profesional, cumplían una misión de canalización de la religiosidad popular.

14. Repercusiones del acontecer político del reino

El tránsito del Medievo a la Edad Moderna en Castilla se realizó bajo el signo de una marcada turbulencia política. La necesidad de transformación de una sociedad guerrera y feudal para adaptarse a los nuevos planteamientos sociales, económicos, políticos, etc., desembocó en el estallido de múltiples conflictos en Castilla a lo largo de los siglos XIV y XV, que dieron lugar a una acusada inestabilidad. La villa de Madrid, a pesar de su modesta categoría en el contexto castellano de entonces, se vio envuelta en todos los avatares acaecidos durante este periodo.

En el eje de las tensiones del reino se encontraba la oposición entre la nobleza tradicional y la Corona, enfrentadas por intereses contrapuestos: mientras la primera no estaba dispuesta a perder sus privilegios de grupo, la monarquía pretendía la consolidación de un Estado moderno, fuerte y centralizado. Este enfrentamiento sostenido entre ambos bandos dio lugar a una serie de episodios violentos, que llegaron a su punto culminante en la guerra de las Comunidades a principios del siglo XVI.

La sucesión de Pedro I

Aunque las tensiones se remontan a los tiempos de Alfonso X, sus manifestaciones violentas no comenzaron hasta mediados del siglo XIV, una vez que Enrique de Trastámara declara la guerra a su hermano —Pedro I— con la intención de arrebatarle el poder. A partir de este episodio, Castilla se divide en dos bandos enfrentados a muerte que lucharían repetidas veces. En el de la Corona, se alinearán habitualmente las oligarquías urbanas; la colaboración entre ambas instancias es fruto de una convergencia de intereses: los reyes necesitan del poder municipal para enfrentarse a la alta nobleza, mientras los concejos, que deseaban asimismo frenar el poderío creciente de aquélla, recibían concesiones económicas a cambio de su ayuda. Si bien algunas ciudades mantuvieron una fidelidad constante hacia uno de los dos bandos, Madrid fluctuó en varias ocasiones, aunque evitó generalmente implicarse demasiado. Estos cambios de postura se deben en parte a la existencia en Madrid de dos grupos enfrentados entre sí, partidarios respectivamente de cada una de las partes en litigio, que impedían que la ciudad pudiera adoptar una postura cohesionada.

El peso de los Vargas y los Luzón en el regimiento hizo de Madrid un foco petrista frente al bando nobiliario que apoyaba a Enrique de Trastámara. No obstante, existía un grupo partidario de Enrique que consiguió entregar la ciudad en 1368 al bastardo. Varias veces a lo largo de este periodo se repitió la misma dinámica: el bando minoritario provocaba la toma de la ciudad por sus aliados, no rindiendo el alcázar, sino por traición interna. Enrique de Trastámara —una vez obtenida la Corona, tras el asesinato de Pedro I en Montiel— tomó represalias contra los partidarios de su hermano, arrebatándoles Alcobendas, Barajas y Cobeña. Los mencionados lugares pasaron a engrosar el señorío de los Mendoza, familia que iría adquiriendo una creciente importancia en la Corte, formando un importante estado en las vecinas tierras de Guadalajara y en Madrid.

El siglo XIV

A partir de esta época, la ciudad pasó a ser una de las residencias preferidas por los reyes, haciéndose sus estancias más frecuentes y prolongadas. Asimismo, comenzaron a convocarse Cortes en la Villa con cierta asiduidad. Los reyes aficionados a la caza, como Enrique IV y su padre, Juan II, residieron en la ciudad a menudo, atraídos por la riqueza cinegética del monte de El Pardo. Las crecientes estancias reales preludiaban entonces la decisión de Felipe II y su glorioso futuro como Corte de los Austrias. No obstante, Madrid sufriría también el azote de las calamidades propias de la época. En la segunda mitad del siglo XIV, la población de la villa soportó algunos coletazos de la peste negra, conjurada con el ya referido voto a la Inmaculada Concepción y a San Sebastián.

Otro acontecimiento reseñable, casi anecdótico, fue la conversión temporal de Madrid en señorío por decisión de Juan I. La villa —hasta entonces siempre realengo— fue otorgada al rey de Armenia, León V, quien había sido despojado de su reino por el soldán de Babilonia. El caritativo Juan I, además de pagar el rescate del monarca destronado, le ofreció también la posibilidad de venir a residir a Castilla. Con el fin de proporcionar al armenio unos estados de acuerdo con su categoría, el rey castellano formó, en 1383, un señorío con tres realengos importantes: Villarreal, Andújar y Madrid. La regia decisión no fue aceptada por dichos lugares, por lo que se sucedieron los levantamientos, que obligaron a Juan I a asegurar que se trataba de una situación provisional hasta la muerte o marcha de León V, circunstancia que se produjo en 1392. A partir de esta fecha, y ante la fuerte oposición presentada por los madrileños a perder su categoría de realengo, ningún monarca volvió a intentar cambiar su régimen jurisdiccional.

Por otra parte, el señorío de León V debió de ser muy peculiar, puesto que en 1391 se convocaron Cortes en Madrid, donde se arbitraron soluciones para la regencia de Castilla, tras la temprana muerte de Juan I, quien dejaba como heredero a un menor, Enrique III. En el mismo año se produjo en la ciudad la brutal matanza de judíos, siguiendo la ola antisemita propagada desde Sevilla por las inflamadas prédicas del arcediano de Écija, Ferrán Martínez.

La guerra civil

La predilección de Enrique IV por Madrid movió a que la ciudad se inclinara a favor de su hija Juana en el enfrentamiento de ésta con su tía Isabel la Católica por la sucesión de la Corona de Castilla. Los valedores de Juana —Juan de Zapata, señor de Barajas y Alameda, y el alcaide del alcázar, Rodrigo de Castañeda, señor de Torrejón— eran personajes suficientemente influyentes como para poder asegurar la lealtad de toda la ciudad a la hija del rey. No obstante, las pretensiones de Isabel lograron el decisivo apoyo de Pedro de Ayala, comendador de Paracuellos de la Orden de Santiago, que tenía bajo su custodia la defensa de la puerta de Guadalajara. En 1476, éste pactaría con un Mendoza, el duque del Infantado, que mantenía la villa bajo asedio; la puerta de Guadalajara fue así abierta a los partidarios de Isabel, que pudieron tomar la ciudad. Sin embargo, permaneció poco tiempo en su poder y cuando en 1476 se produce la victoria del bando isabelino en Toro, Madrid se halla nuevamente del lado de Juana. A pesar de esta circunstancia, la nueva soberana no tomó represalias contra los madrileños, mientras el concejo de Madrid por su parte se avino inmediatamente a la nueva situación, colaborando activamente en las empresas de los Reyes Católicos.

La sucesión de la Reina Católica

A la muerte de Isabel, se reprodujeron nuevos conflictos sucesorios: la Corona había recaído en su hija Juana, casada con el archiduque de Austria, Felipe; sin embargo, Fernando el Católico —regente mientras su hija no volviera de los Países Bajos— estaba poco dispuesto a ceder el poder a su yerno, con el que mantenía pésimas relaciones. En Madrid, Fernando contaba con el apoyo de los Zapata y de los Lasso, mientras que Felipe era secundado por Arias Dávila, desposeído del oficio de regidor por el bando contrario. En 1506, Fernando firmó una concordia con sus hijos en la que los reconocía como herederos legítimos. Las características de dicho acuerdo evitaron las represalias; por tanto, los partidarios de Fernando mantuvieron su influencia en el concejo madrileño. Así, Lope Zapata será elegido procurador para las Cortes de Valladolid, en las que se juraba a Juana y a Felipe como reyes de Castilla.

El conflicto vuelve a repetirse tras la muerte de Felipe, el 25 de septiembre de 1506. Juana comenzaba a manifestar evidentes signos de locura y Fernando pretendía la sucesión al trono, a pesar de que la herencia de la Corona castellana pasaba legalmente de aquélla a su hijo Carlos. Madrid volvió a ser testigo de enfrentamientos entre dos bandos, agravados por una circunstancia añadida. Los regidores habían usurpado una serie de bienes al concejo, lo que había dado lugar al envío por parte de la Corona de pesquisidores y corregidores, quienes a su vez militaban en uno u otro bando. Su situación era muy comprometida, pues, por encima de las alianzas políticas, todo el regimiento tenía el común interés de evitar las pesquisas y mantener las usurpaciones. Estas circunstancias configuraron una situación verdaderamente confusa, caracterizada por la movilidad entre ambos bandos, hasta que la muerte de Fernando el Católico permitió a Carlos reunir la doble Corona castellano-aragonesa.

Las Comunidades

Este levantamiento tuvo una marcada repercusión en la Villa, que actuó en sintonía con los restantes concejos comuneros de la zona. El hecho de que el regente Cisneros tuviera su residencia oficial fijada en Madrid influiría en esta toma de postura resueltamente a favor de las Comunidades, que dio lugar a la participación madrileña en uno de los acontecimientos más decisivos del XVI castellano, corroborando la estrecha vinculación de la villa con los sucesos de la época.

El primer enfrentamiento del concejo madrileño con Carlos I fue la postura testimonial que aquéllos adoptaron de no levantar los pendones en honor del que se había intitulado nuevo rey de Castilla. A partir de este momento, el malestar contra el monarca siguió creciendo: a pesar de los insistentes ruegos castellanos, que reclamaban su presencia, Carlos continuaba en Flandes. Los concejos castellanos consideraban que la regencia no era la forma adecuada de gobernar el reino e iniciaron una serie de medidas para intentar suplir el vacío de poder. Burgos, con el apoyo decidido de Madrid, propuso convocar unas Cortes donde se discutiera la crisis planteada. Ante las tensiones que se estaban desarrollando en Castilla, Carlos I envió una carta a los concejos castellanos desde Bruselas, el 10 de octubre de 1516, donde anunciaba su venida a Castilla, que no se produjo efectivamente hasta el 19 de septiembre del siguiente año. Si bien la llegada del rey a Castilla fue celebrada en Madrid con distintos festejos, los procuradores de la villa se opusieron —como los de algunas otras ciudades— a la concesión del servicio extraordinario que Carlos había solicitado en las Cortes de marzo de 1520, celebradas en Santiago de Compostela. Se consideraba que Carlos debía residir en la Península para dedicarse plenamente a su gobierno, por lo que fueron condenadas las intenciones del monarca de pretender el trono del imperio alemán tras la muerte de su abuelo Maximiliano de Austria, razón por la que reclamaba en las Cortes dicho servicio.

A pesar del descontento generalizado de Castilla, Carlos I partió hacia Alemania para coronarse emperador. Toledo se puso a la cabeza de la revuelta, apoyado muy de cerca por Madrid, cuyo concejo se alzó contra la situación impuesta por Carlos el 18 de mayo del año 1520. El alcázar había sido encomendado al licenciado Francisco de Vargas, alcaide miembro de una conspicua familia de la oligarquía madrileña fiel al rey. Cuando se produjo el primer levantamiento, a pesar de encontrarse ausente el alcaide, el castillo fue respetado y sólo se entró en la casa de éste para tomar las armas que allí tenía guardadas.

De este modo, se estabilizó la situación: el alcázar fiel al rey, defendido por el teniente del alcaide Pedro de Toledo, mientras la Villa se solidarizaba con el movimiento de los comuneros. Ambas fuerzas pactaron un acuerdo de mutuo respeto el 21 de junio: gracias a la mediación de los regidores Rodrigo de Luzón y Pedro Zapata, pertenecientes a las más importantes familias madrileñas, se obtuvo la promesa por parte de Pedro de Toledo de que el alcázar permanecería siempre en beneficio de los vecinos, comprometiéndose además a no introducir más tropas en Madrid. Sin embargo, la tensión constante de esta situación acabó por desbordarse: los comuneros decidieron a principios de julio transgredir lo acordado y tomar el alcázar, animados por el triunfo del movimiento en otros puntos de la Meseta. Los sitiadores pretendían evitar el aprovisionamiento de la fortaleza, único medio de rendir el inexpugnable castillo. Con esa intención iniciaron la construcción de minas y otros instrumentos para establecer el sitio, mientras les disparaban los ocupantes del alcázar. Para evitar el hostigamiento de los sitiados, los comuneros optaron por una medida extrema que prueba lo encarnizado de la revuelta: tomaron como rehenes a familiares de los realistas, colocándolos como parapetos.

Ante la gravedad de la situación, la mujer del alcaide solicitó ayuda a Juan Arias Dávila, señor de Torrejón de Velasco, y a Diego de Vera. El movimiento comunero, mientras tanto, amenazó a los que prestaran ayuda a los realistas con quemarles sus tierras y sus casas. El alcázar capituló el 31 de agosto y fue entregado al alcalde mayor Gregorio del Castillo. Los comuneros estaban especialmente interesados en el reparto de las armas que se guardaban en la fortaleza, que se llevó a cabo tras un minucioso inventario de las mismas.

El concejo de Madrid pudo así contribuir a la lucha comunera con un ejército compuesto por 12 escuadras aproximadamente, de 20 hombres cada una, entre los que había artesanos, campesinos, comerciantes, mercaderes, escribanos, notarios, bachilleres e, incluso, hidalgos y caballeros. Por tanto, estaba representada toda la sociedad madrileña, como corresponde a un movimiento de amplia base social y con una aceptación muy grande entre los grupos urbanos. El ejército, al mando de Juan de Zapata, se constituyó en diciembre de 1520 y resistió hasta después de la derrota de Villalar, el 23 de abril de 1521, manteniéndose en rebeldía hasta el 7 de mayo.

El concejo madrileño no se limitó a aportar estos hombres, obtuvo además para el levantamiento la cuantiosa suma de 304.000 maravedíes, que aportaron Gregorio del Castillo y Juan Negrete, quienes detrajeron dicha cantidad de las rentas reales. Esta actuación tan decidida a favor de las Comunidades ocasionó graves problemas tanto a ambos como a todos los vecinos de Madrid. Dos días después de la rendición del alcázar, por obra del propio Gregorio del Castillo, llegó a la villa el corregidor Martín de Acuña, acompañado por el capitán de infantería Antonio de Collazos, que recibió el mando de la fortaleza. Las cabezas visibles del movimiento comunero —los esforzados Gregorio del Castillo y Juan Negrete— sufrieron prisión durante tres años, al cabo de los cuales se les puso en libertad, siéndoles restituidas las propiedades que se les había incautado. La estudiosa de este tema Josefa San Román considera que la razón de entregar el alcázar fue el temor de un asalto de las tropas leales a Carlos V, que habría originado importantes destrozos y numerosas muertes.

Algunas de las aldeas de la Tierra de Madrid —como por ejemplo, Vallecas— todavía resistieron tras la entrega de la Villa; sin embargo, se trataba de una actitud con mero valor testimonial. El corregidor Martín de Acuña emprendió una lenta labor de pacificación, iniciada con la medida —adoptada en los primeros días de su mandato— de ordenar correr tres toros, con el fin de congraciarse con los madrileños.

El fin del Medievo

Uno de los últimos sucesos remarcables fue la presencia en Madrid del rey Francisco I de Francia durante los años 1525 y 1526, después de haber sido hecho prisionero por su derrota en la batalla de Pavía. El rey fue hospedado por los Lujanes en su casa de la plaza del Salvador, de la que aún se conserva la torre.

En conclusión, Madrid participó en la medida de su modestia en todos los acontecimientos del reino. Su posición en el centro peninsular, combinada con su proximidad a varios cruces de caminos, le impedían mantenerse al margen de los conflictos que asolaban Castilla a fines del Medievo, puesto que su dominio resultaba atractivo, a pesar de tratarse de una ciudad de segundo orden. Este dato influyó en la decisión del Rey Prudente de convertir la Villa en el centro de sus numerosos territorios. La decisión de Felipe II convirtió a Madrid en capital de un poderoso Estado, provocando unas alteraciones y cambios profundos en todas sus estructuras que dieron lugar a una ciudad nueva: el Madrid de los Austrias.

Madrid, capital imperial (1561-1833)

David Ringrose

1. Sólo Madrid es Corte

Imágenes y narración

El 10 de octubre de 1746, el rey Fernando VI tomó posesión de Madrid oficialmente como soberano de los reinos de España y del imperio español. Su espectacular entrada, que duró cuatro días, formaba parte de una antigua y generalizada tradición existente en Europa y en el imperio español. En efecto, muchas otras ciudades españolas organizaron similares entradas, sustituyendo las personas del nuevo rey y su reina con grandes retratos. Estos rimbombantes rituales públicos caracterizaban la ascensión de un nuevo monarca, el reconocimiento del heredero, la llegada de un embajador importante o de una nueva reina y, en las Indias, la llegada de un nuevo virrey. Equiparables a estas celebraciones ritualizadas de ascensión al trono eran, en todo el ámbito europeo, las ceremonias que acompañaban el entierro de un soberano, el ritual público de un «auto de fe», y la reiteración de autoridad del gobierno municipal y de grupos corporativos.

Esta clase de rituales confirmaban el hecho de que el Madrid del Antiguo Régimen era una de las grandes ciudades de la Europa preindustrial. Como lugar de residencia del rey y su Corte, Madrid era por definición una capital. En realidad, y en modos sutilmente distintos, Madrid era la capital de Castilla, de los reinos peninsulares que llegarían a convertirse en Reino de España, y de un inmenso imperio colonial. Hasta comienzos del XVIII, Madrid era también la capital de gran parte de Europa, incluidos Portugal (hasta 1640), Nápoles, Milán y los Países Bajos. Una historia convencional de la ciudad que fue durante tres siglos capital del más extenso imperio europeo desde Roma exige muchos volúmenes del tamaño del presente. Las páginas que siguen no pretenden, por consiguiente, ofrecer una historia sistemática de la capital española.

Mi propuesta es, más bien, utilizar la entrada de Fernando VI como fuente de una serie de cuadros verbales y visuales de Madrid, de su relación con aquella monarquía que hizo de Madrid capital mundial, y de los madrileños que vivían en ella. Estas imágenes tienen dos orígenes diferentes y, por ello, se superponen en modos complejos. Una serie de imágenes está basada en las percepciones y testimonios que nos han legado los habitantes del Madrid del Antiguo Régimen. Estas personas nos han dejado diversas descripciones de la ciudad, escritas con fines diferentes, y dichas descripciones nos proporcionan un primer conjunto de impresiones. Al mismo tiempo, el historiador de fines del siglo XX analiza el pasado empleando métodos modernos y definiendo las diversas cuestiones de modo que resulten pertinentes para el mundo de hoy. Al hacerlo, emplea definiciones y criterios que serían completamente ajenos a las personas del Antiguo Régimen. Esta perspectiva del siglo XX produce un segundo conjunto de imágenes y percepciones sobre Madrid. Dado que nos cabe alternar entre estas dos visiones de Madrid, acaso podamos comprender mejor esta ciudad como parte tanto del legado de Europa como de un mundo lejano y perdido.

Sólo Madrid es Corte

Todo intento de describir el Madrid imperial topa inevitablemente con la frase «Sólo Madrid es Corte» y sus implicaciones. La frase misma es semánticamente ambigua en un sentido que revela vivamente el carácter del propio Madrid. El significado que primeramente viene a la cabeza es aquel que sugiere que sólo en Madrid podríamos haber encontrado la Corte que fue corazón de la monarquía española; una afirmación que es a un tiempo cierta y de vital importancia para nuestro análisis. A partir de la designación de Madrid como sede de la Corte regia en 1561, pocos monarcas españoles se desplazaron a gran distancia de Madrid durante temporadas largas. Al desarrollarse, la Corte trasladó su sede de un palacio a otro de la región circundante, y en el siglo XVIII la rotación estacional entre Madrid, Aranjuez, La Granja y el Escorial estaba ya firmemente establecida. Fuera de esta pauta, no obstante, fueron pocos los reyes españoles posteriores a Carlos V que se alejaron mucho de Madrid o se ausentaron de la capital mucho tiempo. Además, con la evolución de la burocracia, al pasar de simple comitiva de viaje a un conjunto de instituciones bien definidas, también ésta se convirtió en una importante y permanente característica de la vida de la capital. En este contexto, la prolongada ausencia de Felipe IV mientras se encontraba en el frente aragonés en la década de 1640 fue bastante excepcional. Así pues, el primer significado de la frase «Sólo Madrid es Corte» no encierra excesiva confusión.

El segundo significado que puede colegirse de la frase es de mayor interés para el historiador de lo que fue para los habitantes del Madrid de los Austrias o de los Borbones. Esta interpretación de la frase, dice, en efecto, que nada había en Madrid de sustancia salvo la Corte regia. Esta forma de entender la frase entraña la implicación de que, aunque Madrid era una de las grandes ciudades de Europa, era poco lo que ocurría en ella que no pudiera atribuirse a la presencia del rey, de su Corte y de su gobierno. Y lo cierto es que algunas de nuestras descripciones coetáneas resaltan de modo sistemático la estrecha asociación entre rey, Corte y capital.

El concepto de autoridad política que predominó en el Antiguo Régimen definía a la burocracia y la aristocracia como agentes del monarca y, por consiguiente, como una extensión de su servicio personal. Dado que, como luego veremos, la vida económica de Madrid se cifraba en buena medida en las actividades de la Corte y de los artesanos, criados, trabajadores y comerciantes que abastecían sus necesidades, este segundo significado de «Sólo Madrid es Corte» era también en gran parte exacto. A nuestro mundo contemporáneo —que asocia la gran ciudad al comercio, la industria, las finanzas y las operaciones de mercado— esta clase de fundamentación palaciega de la vida de una gran ciudad se le antoja arcaica y hasta insólita. Ahora bien, no podemos aspirar a comprender el Madrid imperial sin tener clara la fundamental identidad entre rey, servidor real, empleado del rey y súbdito. Así pues, la estructura y organización de una capital del siglo XX es muy diferente a la de una capital del Antiguo Régimen. Esta última era primordialmente el lugar de residencia de la Corte, en sí misma un aspecto esencial de la monarquía.

La capital del siglo XX es también diferente en términos de la estructura de su economía y su sociedad. Pocas veces es la capital contemporánea tan totalmente «política» en su esencial razón de ser como lo fue el Madrid imperial. Los cambios revolucionarios experimentados por la industria, los transportes y las comunicaciones han alterado la geografía de toda la actividad económica a partir de 1800. La manufactura, en su día más eficiente cuando estaba emplazada cerca de las fuentes rurales de mano de obra y materias primas, resulta ahora más eficiente cuando está próxima a los mercados y la mano de obra urbanos. En consecuencia, la capital actual abarca toda una variedad de actividades industriales y de servicios que sencillamente no existían antes de 1800. Por tanto, el peso relativo del componente político es mucho menor en la vida urbana de hoy día que antes de la industrialización. Desde nuestra perspectiva, pues, la vida del Madrid imperial aparece desproporcionadamente influida por la presencia de la Corte real.

Esta asociación de grandeza urbana con poder político era general en toda la Europa de comienzos de la Edad Moderna. En la Europa del Antiguo Régimen figuraban importantes ciudades comerciales e industriales, pero las ciudades más grandes —París, Nápoles y Estambul— eran capitales políticas. Giovanni Botero plasmó esta forma de percepción en un famoso tratado sobre la grandeza de las ciudades escrito a fines del siglo XVI. En su análisis, las ciudades se hacían poderosas en virtud de la jurisdicción que ejercían sobre los territorios circundantes y a consecuencia de la residencia de los príncipes: «Porque donde reside el príncipe [...] toda cuestión de importancia se eleva a dicho lugar». El grado en que el Madrid imperial estaba dominado por la Corte estaba acentuado no sólo por estos supuestos automáticos, sino también por la geografía y el emplazamiento de la capital en el centro de la Península Ibérica. Su interacción económica con las provincias circundantes estaba limitada por una población rural dispersa, unos recursos agrícolas escasos y un transporte caro. La interacción de Madrid con las zonas litorales, más dinámicas, estaba también limitada por la mala calidad de los transportes, agravada por las grandes distancias.

Por consiguiente, Madrid se ajustaba a los dos significados de la frase «sólo Madrid es Corte» con extraordinaria exactitud. Madrid era la única Corte de un inmenso imperio, y prácticamente toda la actividad social y económica de esta ciudad dependía de la presencia de dicha Corte. Ambos significados están implícitos en el acerbo comentario de Mesonero Romanos de que

...la industria más importante de la capital consistía en «hacer las reputaciones» de gente de todas partes del reino, con la sastrería y las tertulias como importantes actividades complementarias.

Monarquía, Corte, ciudad

Aunque esta observación no es más que una de las múltiples críticas ingeniosas que se han hecho a Madrid, documenta un importante vínculo entre el carácter de la monarquía absoluta y las estructuras y percepciones que monarca y Corte generaban dentro de la ciudad. Pese a que la villa de Madrid contaba con sus propias instituciones de gobierno, la presencia del rey y la Corte impidió la formación de una sociedad urbana autónoma de la índole existente en las ciudades europeas analizadas por Max Weber y Henri Pirenne. Aunque en Madrid se hallaban elementos de la ciudad europea típica, estaba también en el centro de una retícula —inmensa, complicada y muchas veces vagamente definida— de instituciones que ejercían autoridad moral y dominio político en un ámbito mundial. Simultáneamente, esta capital era centro de atención de numerosos entramados extraoficiales de interacción aristocrática, burocrática, familiar, comercial y popular. En realidad, las estructuras oficiales y extraoficiales deben considerarse contérminas, dado que las mismas personas habitaban ambos sistemas al mismo tiempo.

No es éste el lugar para intentar un análisis de las estructuras extensas que dieron al Antiguo Régimen su cohesión interna. En lo que sigue se examina, por el contrario, la intersección de aquellos entramados dentro de la ciudad, como fuente de coherencia y perdurabilidad del régimen. Son, no obstante, necesarias unas breves palabras sobre el sistema en general. La autoridad legítima no estaba en principio definida en términos de un poder cimentado en la fuerza, y tampoco era un poder delegado en un gobierno por la colectividad de los ciudadanos, como en la teoría política del siglo XX. El poder basado en el uso arbitrario de la fuerza no era exactamente una novedad en Europa, pero esta índole de poder era definido como tiranía.

La autoridad política legítima se entendía en términos de una síntesis medieval entre la autorización divina del poder temporal, la autoridad moral de los monarcas temporales, y las limitaciones, localmente definidas, a la función de los príncipes. La jurisdicción sólo era legítima cuando seguía la costumbre local y había sido reconocida por la autoridad religiosa. Hacia el siglo XVI, el cambio de soberano era una cuestión de herencia, pero en todas partes se observaban los ritos de autorización religiosa con grandiosas ceremonias públicas. El poder así legitimado estaba definido y limitado por fueros y prácticas locales. El rey que excedía dichos límites corría el riesgo de enfrentarse a una rebelión, como pudo comprobar Felipe II en los Países Bajos y Felipe IV en Cataluña.

La obediencia al mandato real se seguía —en teoría— del reconocimiento por parte de los súbditos de la autoridad moral del soberano para emitir órdenes y arbitrar litigios. El sentido de estar obligado a la obediencia estaba apuntalado por una serie de valores y creencias centrados en parte en la Iglesia —católica o protestante— y en parte en un complejo código individual del honor que era vital para la posición de la persona y de su familia en la sociedad. Los súbditos obedecían al rey porque no hacerlo acarreaba la pérdida de honor y, por ello, la pérdida de estatus. Esta obligación moral estaba reforzada por la amenaza del castigo judicial, el cual implicaba muchas veces la derogación de condición social, en lugar del encarcelamiento o el castigo físico. Sólo en última instancia recurrían los monarcas de comienzos de la Edad Moderna al uso auténticamente arbitrario de la fuerza contra los que desafiaban la autoridad moral del soberano. Es por esto por lo que las acciones de Felipe II contra Antonio Pérez o la ejecución de María Estuardo por Isabel de Inglaterra fueron tan insólitas. Y fueron acciones insólitas no porque fueran típicas de un soberano cruel, sino porque implicaban un uso infrecuente de la fuerza arbitraria.

Entre las premisas del mundo político de la Corte regia se encontraba el supuesto de que el rey y la sociedad eran servidos y protegidos por una nobleza que gozaba de privilegios y estaba obligada a servir en diversas competencias «nobles». Militares en origen, las formas de servicio noble se habían expandido hacia el siglo XVI para abarcar la justicia, la administración y la diplomacia. Como todo en el Antiguo Régimen, las líneas que delimitaban a la clase aristocrática eran borrosas y permeables. La riqueza, la tierra, los cargos comprados y el favor real procuraban a nuevas familias acceso a esta aristocracia; la pobreza, la ineptitud y la caída en desgracia destruían esa «reputación» esencial para el mantenimiento del estatus noble.

Sólo si entendemos estos valores esenciales de la sociedad del Antiguo Régimen podremos explicar que la Corona española —con una burocracia rudimentaria y dominada por el patronazgo— consiguiera acumular las cantidades de hombres, impuestos y recursos necesarios para librar guerras incontables a lo largo de tres siglos. Las observaciones precedentes sobre el Antiguo Régimen son obvias, pero importantes para entender la estructura y funcionamiento de Madrid. Muchos de los recursos reunidos por la Corona pasaban por Madrid. El imperio no podía funcionar sin una capital; por tanto, una parte del precio que se debía pagar por la grandeza imperial de España era un subsidio social colectivo para Madrid. Así pues, la ciudad era a un tiempo reflejo de la sociedad española, y una extensión y representación consciente del sistema político de aquella sociedad. En nuestra construcción de las diversas imágenes del Madrid imperial, entraremos en la ciudad primeramente a través de la visión autoconstruida de sus soberanos.

2. El rey toma posesión: la ciudad como Corte

Ceremonial y propaganda

Cuando Fernando VI entró en su capital el 10 de octubre de 1746, su entrada oficial era algo más que un simple espectáculo brillante. Era también un complejo alegato sobre la sociedad, que se expresaba a través de una rica exhibición de símbolos y de un cuidadoso orden de proximidad al rey. En una monarquía patrimonial como la de los Austrias y los Borbones españoles, estos rituales reafirmaban repetidamente el orden oficial de las cosas. Mediante la entrada de Fernando VI, por consiguiente, podemos percibir que la capital estaba concebida como una extensión de la Corte real y su entorno y, en un sentido ceremonial, era contérmina de ellos. De ahí que todos los aspectos de esta entrada de cuatro días sirvan de un modo u otro para definir los lazos entre el nuevo soberano y su ciudad personal.

El propio séquito del rey revela una parte de la jerarquía general. Al mismo tiempo, la forma de sentar a los consejeros reales está cuidadosamente dispuesta para que éstos puedan, a un tiempo, ver al rey y ser vistos por él en sus lugares correspondientes. Después, las organizaciones corporativas de la ciudad se muestran ante el nuevo monarca y reconocen ritualmente su categoría de súbditos. Por último, las ceremonias no sólo alegorizan al soberano, sino que incorporan importantes espacios y vías públicas a una percepción ritualizada de la ciudad como extensión de la Corte y de la identidad regia.

La real entrada de 1746 fue un festival de cuatro días que comenzó, en el primero, con una enorme procesión por la ciudad del séquito real. Fue esto seguido en el segundo día por un gigantesco desfile de mascarada o mojiganga ofrecido por los gremios y el Ayuntamiento de la ciudad. En el tercer día se prodigó una gran abundancia de fuegos artificiales, mientras que en el cuarto el rey y la reina asistieron a una serie maratoniana de corridas de toros en la Plaza Mayor: la sesión de la mañana presenció la muerte de doce toros, mientras que en la sesión de la tarde, a la que asistieron los reyes, se sacrificaron diecinueve toros, antes de que se hiciera en exceso de noche como para continuar. A cada función asistieron más de 40.000 espectadores, casi un tercio de la población de toda la ciudad.

Esta clase de festejos se organizaban para celebrar la ascensión de todo nuevo monarca. Bajo el superficial regocijo de semejantes celebraciones subyacía, no obstante, el hecho de que estas complicadas festividades cívicas estaban esmeradamente estructuradas y llenas de significado simbólico. Ceremonias y rituales revalidaban y reforzaban los vínculos que, según la ideología oficial del Antiguo Régimen, unían al soberano y sus vasallos. Por tanto, mientras que la mojiganga procuraba una breve huida de la vida cotidiana, y sus disfraces, sus sátiras y hasta sus burlas constituían una inversión temporal y simbólica de las normales jerarquías de autoridad, significaba también la aceptación del orden social y político, y por ende lo fortalecía.

Estas representaciones y objetivaciones de la jerarquía, pensadas para afirmar el carisma y la autoridad del monarca, parecen haber formado parte del gobierno centralizado en todas partes. El antropólogo Clifford Geertz ha tratado este fenómeno en un ensayo en que compara la Inglaterra isabelina, la Java del siglo XIV y el Marruecos del siglo XIX. Mientras que cada caso tenía su propia lógica interna moral y emocional, en todos ellos aparecían las procesiones regias como característica esencial en la reiteración del papel central del rey. Estas procesiones definían unos círculos concéntricos de afinidad social y política que iban abriéndose a partir de la figura del rey, incluyendo primero a su familia y su séquito, después a su Corte, a la capital, al reino del soberano y, por último, a los potenciales súbditos del mundo exterior. La identificación simbólica de la capital como lugar central donde ocurren todas las cosas importantes es quizá la idea más destacada que Botero y Geertz aportan al presente ensayo.

Como vía para visualizar y comprender el Madrid imperial, la entrada real proporciona una valiosa descripción de la estructura económica y social de la ciudad según la concebían sus elites dominantes. La particular «entrada» que aquí tratamos —de cuya crónica existe una edición preparada y publicada por Virginia Tovar— data de mediados del siglo XVIII y parece haber sido similar en muchos sentidos a la de Carlos III. Con ciertas variaciones en itinerario y contenido simbólico, esta entrada era esencialmente la misma que sus predecesoras de los siglos XVI y XVII, y su cronista era perfectamente consciente de la más mínima desviación de anteriores prácticas. Ni el hecho de que Fernando VI no fuera el rey más glorioso de España (aunque tampoco fue el peor), ni el de que España no estuviera en 1746 en la cima de su poderío (tampoco estaba en su punto más bajo) restan fuerza y significado a este vínculo entre el rey, el gobierno y Madrid. Además, al margen del lazo emocional entre rey y súbditos, los detalles de esta entrada componen un diagrama extraordinariamente exacto del modo en que los soberanos de España veían la estructura de la sociedad madrileña. Es este diagrama el que tiene interés, tanto por lo que en él figura como por lo que falta.

La procesión real

A las cuatro de la tarde, el rey y su séquito salieron del Palacio del Buen Retiro y entraron en Madrid por la Puerta de Alcalá. A la cabeza iba

la Real Guardia de Alabarderos, mandada de su subteniente a caballo y precedida de su Música de oboes y trompas. Seguían los tres Escuadrones de Guardias de Corps, precedido cada Escuadrón de dos Essentos, un Timbalero, y tres Trompetas, con cubiertas y vanderolas bordadas o cubiertas de galones de Plata. Cerraba la retaguardia el Ayudante general. Iban después timbales y trompetas de las Caballerizas del rey, seguidas por quatro coches dorados en que iban los doce Mayordomos de Semana de Su Magestad. Iban después ocho estufas doradas, cada una ocupada por tres o quatro Gentiles Hombres de Camara de Su Magestad. Los dependientes de la Casa Real iban con sus correspondientes uniformes en que sin dar lugar a la emulación o el exceso, campeaba lo rico y lo vario. Seguían el coche de respeto, una bella estufa de ocho cristales y tirada de ocho hermosos cavallos Pios, con quatro lacaios y ocho mozos y el Coche de Oficios, dorado de nuevo, con ocho caballos negros, quatro lacaios y ocho mozos. En el iban el Caballerizo Mayor, Mayordomo Mayor, Sumiller de Corps y Capitán de Guardias de Corps de Cuartel. Seguían después los batidores de Guardias de Corps, doce lacaios del rey y doce de reina y diez Caballerizos del rey con aderezos que no desdecían de lo sublime. Luego se dejaba ver el Coche de Persona, una riquisima estufa de talla delicada, rodaba de oro, con grandes cristales y tirado por ocho caballos blancos salpicados con manchas. Iban en este coche el rey y la reina. A los lados del coche iban a caballo todos los oficiales y essentos de Guardias de Corps, seguidos por veinte Guardias de Corps. Seguían una berlina dorada con la Camarera mayor de la reina y tres coches de Damas y otros del Señor de Honor, de Azafata y de mayordomos de Semana de la reina. Al final, los batallones de Guardias de Infantería puestos a lo largo de la ruta, pasado el último coche, formaban una retaguardia impresionante.

Esta descripción abreviada de la regia procesión no puede darnos siquiera una idea somera de la riqueza de la decoración, y en ella tampoco se enumeran los incontables lacayos, mozos y pajes que acompañaban las numerosas carrozas. Y no transmite tampoco el esmero con que el cronista daba relación de los títulos y puestos de las decenas de aristócratas que, como miembros de la casa real, tenían derecho a participar en el desfile real y cuya presencia no hacía sino aumentar la majestad del propio soberano.

De modo totalmente literal, el rey y su casa —la definición más restringida de la Corte— estaban situándose en sus puestos correspondientes en la capital. Y no sólo esto sino que, además, la colocación de cada participante en la procesión reflejaba con gradaciones minúsculas la jerarquía de estatus dentro de la Corte. El rey y la reina están en el centro del desfile. Cuanto más cercanas al centro de la procesión se encontraban las demás personas con privilegio de ir en carroza, tanto más prestigiosa su condición. La jerarquía de la casa oficial del rey se extendía delante de él, la de la reina seguía tras la carroza real. Lo importante no era estar a la cabeza del desfile. Lo importante era estar cerca del centro.

Ocultos tras esta cuidadosa disposición de dignatarios había aspectos de la Corte de los que no se habla en la crónica. Durante gran parte del reinado de Felipe V, las relaciones entre el rey y muchos miembros de la alta aristocracia no fueron buenas. Muchos aristócratas poderosos de la Corte del patético rey Carlos II se habían opuesto a la venida de un rey francés, el cual, suponían, gobernaría bajo la tutela de Luis XIV. Lógicamente, pues, habían apoyado al pretendiente austríaco en la Guerra de Sucesión española (1702-1714). No es de extrañar, por tanto, que muchos de los títulos y grandes de España recelaran de los cortesanos, validos y administradores franceses llegados con el nuevo rey, sentimiento que era mutuo por parte del nuevo gobierno. Esta situación perduró hasta bien entrado el reinado de Felipe V, y estuvo alimentada por importantes cambios en el sistema de consultas y actuación política que rodeaba a la Corona. El sistema Habsburgo de Consejos Reales, los cuales trataban las propuestas gubernativas, aconsejaban al rey y muchas veces formulaban legislación, había sido durante mucho tiempo el rasgo esencial del modo de gobierno de los Austrias. Los títulos importantes y los grandes de España habían controlado tradicionalmente muchos de los puestos de dichos Consejos, y bajo Carlos II desempeñaron un papel crucial en el ejercicio de gobierno. El nuevo régimen creó una serie de secretariados especializados que constituían una barrera entre los Consejos y el rey, y un número en aumento de importantes decisiones se tomaban y ponían en práctica sin atender demasiado a las opiniones formuladas por los Consejos. Este cambio, unido a la tendencia del rey y la reina a ceder el poder a forasteros como el cardenal Alberoni y el Barón de Ripperdá, mantuvieron a la aristocracia a una distancia prudente. Además, hacia finales de la década de 1720, se estaba dejando una importante porción de autoridad en manos de letrados burócratas como José Patiño y José de Campillo que, aun siendo nobles, pertenecían a la nobleza provincial, muy distinta de la aristocracia titulada que tan prominente era en el entorno real. Por consiguiente, cuando el reinado de Felipe V tocaba a su fin, muchos títulos gravitaron hacia un extraoficial «partido fernandino», con esperanza de cambiar el carácter del reinado siguiente.

En este contexto, la composición de la casa del nuevo rey es interesante. En ella figuraban una serie de miembros de la alta nobleza titulada, como el Duque de Frías, el Conde de Bornos, el Duque de Medinaceli, el Conde de Benavente y el Duque de Medina Sidonia. Además, aunque había en el séquito una serie de títulos más recientes, también figuraban varios hijos primogénitos y segundones de las familias tituladas. Entre estos últimos se encontraban los hijos del Conde de Montijo, del Duque de Uceda y del Marqués de Villana. Aunque ciertos nobles burócratas como José de Campillo y el Marqués de la Ensenada retuvieron el control político a lo largo de los diez primeros años del reinado de Fernando VI, la complicada política cortesana de sus últimos años hace pensar que la aristocracia había recuperado parte de la influencia que tuviera en el siglo XVII.

Los Cinco Gremios Mayores y los Consejos

En su recorrido de Madrid, la real procesión atravesó un mundo cuidadosamente organizado, casi mágico, instalado dentro de la ciudad tangible. Dos importantes aspectos de aquella meticulosa organización atañían a los Consejos Reales, anteriormente la más próxima fuente de asesoramiento al soberano, y a los Cinco Gremios Mayores, posiblemente la organización corporativa más poderosa de España, siendo su más serio rival el Consulado de Cádiz, con su privilegiada posición en el comercio de las Indias.

En una de esas curiosas ambigüedades que encontramos a lo largo del Antiguo Régimen, el tratamiento de los Consejos y de los Cinco Gremios Mayores es testimonio de una extraña realidad de la sociedad española. Los Consejos reflejan una jerarquía más antigua y aún formalmente reconocida, mientras que el papel de los Cinco Gremios Mayores indica ciertos cambios en dicha jerarquía que no gozaban todavía de reconocimiento oficial. Como veíamos, la jerarquía oficial de participantes y observadores comienza con los aristócratas de la casa real, y desciende a través de los numerosos Consejos y agencias reales hasta que, en el segundo día, llegamos a los elementos productivos encarnados en los gremios. De este modo se objetiva la jerarquía de la monarquía en general.

Los diversos Consejos Reales aparecen en la crónica en el orden de precedencia del protocolo real. A los miembros de cada Consejo se les asignaban sus puestos cuidadosamente en determinados balcones desde los cuales podían contemplar la regia procesión durante la entrada. Eran éstos, además, puestos desde los cuales los consejeros eran a su vez visibles al rey y a la multitud, reconociendo así simbólicamente la relación recíproca entre el rey y los consejeros en presencia de sus súbditos. Una vez más, la jerarquía de autoridad oficial se reafirma de modo escrupuloso y exacto ante la mirada de todos.

Así, los miembros del más importante Consejo, el Consejo de Castilla, se sentaban en los balcones principales del propio palacio de Consejos. Ello les permitía contemplar la llegada del rey y la reina a la plazuela de Consejos, y observar la ceremonia celebrada bajo el pórtico de la iglesia de Santa María de la Almudena, antes de que los monarcas entraran en ella para asistir a misa y al Te Deum. El Consejo de Guerra se situaba en el mismo edificio, en los balcones que miran a la iglesia de Constantinopla, lo cual procuraba a sus miembros una vista de la entrada a la plaza de los Consejos, pero no de la iglesia. El Consejo de Indias tenía vistas sobre la misma plaza desde las casas de Bedmar, situadas junto a la iglesia de Santa María, mientras que el Consejo de Hacienda estaba sentado en un balcón sobre el Portal de los Mangueteros. El Consejo de Órdenes se colocaba frente a la Casa Profesa, el Consejo de la Cruzada en el balcón de una casa particular de la calle Mayor, y la Junta de Aposento, relativamente insignificante, quedaba relegada a los balcones abiertos sobre los peineros de la Puerta del Sol.

Hay una ambigüedad que da un aire algo arcaico a esta disposición y que atañe a los Cinco Gremios Mayores. Los Cinco Gremios Mayores no aparecen, en efecto, en un lugar definido de los festejos, pero fueron no obstante el primer grupo de la ciudad en recibir la comunicación oficial del rey cuando estaba proyectándose la entrada. Es más, el rey le concedió graciosamente el privilegio de organizar (y sufragar) prácticamente todos los aspectos de la suntuosa decoración de las calles incluidas en la ruta de la real comitiva, y de otros actos públicos de estos cuatro días de fiesta. Por tanto, en modo que parece contradecir la deferencia ritual ante la aristocracia y los Consejos que hemos advertido en la procesión real, se reconoce así que los Cinco Gremios Mayores tenían una especial importancia para el rey de calidad perfectamente comparable a la de los Consejos Reales. Así pues, pese a que en el ritual de todos estos actos no se les asigna un lugar en la estructura simbólica de la ciudad, los Cinco Gremios fueron el medio por el que se coordinó y financió todo este derroche. El único indicio de su importancia se advierte en el primer monumento que el rey vio al entrar en la ciudad: una enorme serie de arcos provisionales en la Puerta de Alcalá decorados con motivos alegóricos pintados y escritos que constituían un himno a las glorias del comercio y de los Cinco Gremios Mayores. Más aún, el cronista deja claro en diversos comentarios incidentales que los Cinco Gremios ocupaban desde hacía ya tiempo esta posición central en las entradas reales, aunque quedara indefinido su lugar en la jerarquía ritual que estos festejos ponían de manifiesto.

Los Cinco Gremios surgieron en el siglo XVII cuando cinco de los más importantes gremios comerciales de la capital fundaron una sola organización financiera y comercial que daba a sus miembros virtual control sobre la economía comercial de Madrid. Cada uno de los cinco gremios —los de los Paños, la Sedería, la Droguería, la Lencería y la Joyería— controlaba la distribución dentro de Madrid de un importante ramo del comercio. Con la evolución de la ciudad durante el período de los Austrias, los gremios se convirtieron en destacados participantes en el comercio internacional. Al ir acumulando poder y capitales, los Cinco Gremios se convirtieron en prominente fuente de crédito para el rey, adquirieron una posición prominente en el arrendamiento de impuestos dentro de Madrid, y llegaron a constituirse en importante entidad en el que los miembros de la elite urbana podían invertir sus ahorros. Con los capitales de este modo acumulados, los Cinco Gremios no sólo expandieron sus formas tradicionales de comercio, sino que participaron activamente en el abastecimiento de alimentos y combustibles a Madrid. Los gremios constituyeron una primordial fuente de capital para los consorcios de intermediarios que organizaban el tráfico de vino, carne, aceite de oliva, jabón, carbón de leña y muchos otros artículos que la Corona y la ciudad procuraban regular y estabilizar. En el transcurso del siglo XVIII, esta participación en la economía urbana se hizo más compleja y se extendió al exterior de la ciudad propiamente dicha. Los Cinco Gremios organizaron una serie de compañías por acciones de comercio de valores, intentaron entrar en el comercio de las Indias y se hicieron cargo de varios contratos de abastecimiento para el ejército y la marina. Los Gremios estuvieron entre los promotores del Banco de San Carlos, primer Banco de España, y de la fracasada Compañía de Filipinas en la década de 1780. Por entonces, sólo con las considerables inversiones que habían atraído de las ricas elites españolas, disponían de un fondo común de inversiones igual a la mitad del real presupuesto de un año.

Aunque es fácil comprender el motivo por el que el rey otorgó a los Cinco Gremios una forma de reconocimiento de estatus elevado en Madrid, menos claro es su acoplamiento en la concepción formal de una sociedad basada en estamentos. Fundamentalmente, los Cinco Gremios era una organización de unos 400 comerciantes, muchos de ellos de medios bastante modestos y dedicados personalmente a asuntos comerciales. En el sistema de valores del mundo aristocrático, la actividad comercial era menospreciada, sobre todo si se llevaba a cabo de modo excesivamente visible y sin intermediarios ni agentes. Ahora bien, durante los siglos XVII y XVIII, su creciente riqueza e importancia procuró a los Cinco Gremios una posición dentro de la sociedad madrileña no muy diferente a la concedida a los Ciudadanos Honrados de Barcelona. Eran algo más que simples comerciantes, pero no formaban realmente parte de la aristocracia titulada. Las realidades de la jerarquía social se complicaban aún más por el hecho de que la mayoría de los miembros de los Cinco Gremios eran en efecto hidalgos. La mayor parte de la clase comercial de Madrid descendía de y estaba afiliada a familias de las Provincias Vascas, la Montaña, Navarra y La Rioja. En estas regiones, la hidalguía era muy abundante en toda la sociedad y cualquier familia asociada a alguna oligarquía de aldea o distrito poseía con certeza un título de hidalguía. Así pues, por su riqueza, poder y nacimiento los miembros de los Cinco Gremios eran incuestionablemente parte de la elite urbana de Madrid, aun cuando no formaran parte de la aristocracia titulada cortesana.

Así pues, en sólo unas páginas, la crónica de la entrada real nos presenta aquellos elementos de Madrid que constituían el corazón de la Corte y del Estado. En ella se revela la jerarquía interna de la casa real, incluidas las casas oficiales del rey y la reina. Mediante su inclusión y su distancia relativa de la carroza real, el desfile nos descubre los detalles del orden jerárquico de los aristócratas que rodeaban al rey. Al mismo tiempo, la antigüedad y rango de los diversos Consejos se aprecia en el orden en que aparecen enumerados y en la geografía de sus puestos de observación en relación al Palacio de Consejos. Sin duda alguna, la disposición de los distintos consejeros dentro de cada Consejo estaba organizada y clasificada con igual esmero según los lugares de observación asignados. Es por ello por lo que la totalidad del desfile no sólo muestra al rey y su Corte ante la ciudad, sino que también despliega ante el rey la jerarquía de su gobierno. Para reforzar nuestra percepción del carácter personalista del sistema, cabría recordar que en el catastro de Madrid realizado por el marqués de la Ensenada en la década de 1750, todos estos augustos consejeros y sus miles de subordinados quedan simplemente definidos como «empleados del rey».

La Corona y el Ayuntamiento

Uno de los aspectos más curiosos de la entrada de 1746 atañe a la relación simbólica entre las autoridades de la ciudad de Madrid y el rey. Según el cronista, era tradicional que el rey y la reina hicieran su entrada en la ciudad a caballo. Dado que el rey entró en Madrid por la Puerta de Alcalá, fue allí recibido por el corregidor de la ciudad y los miembros del Ayuntamiento. Los detalles de este encuentro están ilustrados por las ceremonias asociadas a la entrada de doña Ana de Austria en 1569. Los regidores del Ayuntamiento dieron la bienvenida a la reina fuera de las puertas de la ciudad (en este caso, la puerta de la Carrera de San Jerónimo). En primer lugar entregaron a la reina las llaves de la ciudad, para después ofrecerle un palio que los regidores en persona sostuvieron sobre la reina durante la procesión como símbolo de la protección de la ciudad al soberano y, remedando una tradición imperial, de la soberanía de la reina sobre la ciudad en la cual hacía su entrada. Los regidores se incorporaron de este modo a la procesión real en lugar muy próximo a la regia persona. Este hecho implicaba que el gobierno municipal como comunidad corporativa gozaba de un estatus muy diferente al de las restantes entidades corporativas que componían la sociedad urbana. La versión de la entrada real del siglo XVI evoca, pues, un mundo medieval en que se reconocía a las ciudades un importante grado de soberanía independiente, que podían libremente ceder o negar en sus negociaciones con la Corona. La autoridad real operaba, por tanto, en un entorno de soberanía compartida y mediación real. Al menos en el nivel simbólico, el fijar la residencia del rey en una ciudad como ésta era sólo parcialmente decisión real, y requería la aquiescencia simbólica de la ciudad como entidad corporativa.

Este aspecto de la entrada real adquiere ciertos matices interesantes cuando se compara el anterior ejemplo con el de Fernando VI, en el que el Ayuntamiento estuvo casi totalmente desprovisto de la función y el estatus que podrían haberlo situado cerca del rey y la reina. En este caso el rey modificó un precedente largamente establecido y decidió entrar en la ciudad en la carroza real, lo cual alteró de inmediato el contexto todo de la ceremonia a las puertas de la ciudad, dado que era imposible llevar el tradicional palio sobre la enorme carroza regia. Ello dio pie a un intercambio de ansiosas cartas en que el Ayuntamiento sugirió que sus miembros podrían esperar al rey con el palio junto a la iglesia de Santa María de la Almudena, donde tendría que recorrer a pie la distancia entre la carroza y la puerta de la iglesia. Al fin, los funcionarios municipales hubieron de entregar las llaves como parte de las ceremonias habituales de homenaje cuando el rey juró su cargo. Simultáneamente, fueron informados de que, puesto que no tendrían nada que hacer mientras el rey hiciera su entrada por la Puerta de Alcalá, éste no deseaba que se unieran a la procesión en ningún momento.

No sólo quedaba el gobierno municipal excluido de la comitiva que componía la real procesión, sino que además el Ayuntamiento fue desplazado por los reales infantes del lugar de observación que podría haberle procurado un lugar propio en la pauta de exhibición recíproca que tenía lugar entre el rey y sus Consejos consultivos. El punto de observación lógico del Ayuntamiento, el balcón principal de la Casa Consistorial de la plaza de la Villa, fue asignado a la familia real. En consecuencia, el órgano corporativo de la ciudad apareció en esta entrada como poco más que una de las muchas corporaciones secundarias de la real ciudad, desfilando ante el rey y entreteniéndole, a la par que reconocía su categoría subordinada y vasalla.

Señalando hacia la concepción de autoridad real que surgiría en el siglo XVIII, el estatus simbólico impuesto a la ciudad por Fernando VI entrañaba implicaciones muy importantes. La soberanía compartida parecía haber sido sustituida por una imagen del rey como fuente única de soberanía y por el supuesto concomitante de que la ciudad, como persona corporativa, no tenía derecho a reclamar una soberanía intermedia. Por consiguiente, su parte en legitimar la residencia del rey en Madrid no era mayor que la del Gremio de Zapateros o cualquier otra corporación, dentro de un espacio urbano que se definía más como Corte-capital que como ciudad-capital. Todo este episodio sintetiza el cambio de relación entre la Corona y los municipios surgido en Castilla durante el periodo de los Borbones.

Es posible, no obstante, que dichos cambios fueran simples ajustes de protocolo para adaptarse al hecho de que el rey hubiera optado por no entrar a caballo. Pero queda en pie la cuestión de que en una sociedad profundamente sensible a la jerarquía, el precedente y el protocolo, las modificaciones sufridas por la entrada sólo pueden interpretarse como una manifestación concerniente al cambio en las relaciones entre el rey y la capital. El cambio sugiere claramente la anulación de la soberanía simbólica de la capital de modo marcadamente público, e implica una reformulación del carácter y alcance del absolutismo real en relación a la soberanía municipal. Como veremos cuando examinemos la mojiganga que dominó el segundo día de entrada, estos hechos situaron al Ayuntamiento en un nivel próximo al de otras corporaciones de la sociedad urbana. Aun cuando este cambio en ritual puede simplemente haber sido la confirmación de una realidad ya tiempo ha establecida, presta también mayor sustancia a la frase «Sólo Madrid es Corte».

3. La Corona y la economía urbana

Los cimientos de la economía madrileña

Observábamos unas páginas más atrás que las crónicas de las entradas y de los otros acontecimientos cívicos son importantes tanto por lo que no consignan, como por lo que directamente nos revelan. Aquellas partes de la entrada de 1746 que hasta el momento hemos comentado (la Corona, la aristocracia, la burocracia, el Ayuntamiento y los Cinco Gremios Mayores) constituían la cúspide social y política de la sociedad madrileña. Al continuar esta exposición, irán apareciendo otras partes de la estructura social urbana, pero es conveniente destacar algunos aspectos de estos grupos de elite que las crónicas no revelan. En la visión ideológica de la sociedad que la monarquía patrimonial aspiraba a representar y de la cual extraía, a su vez, su legitimidad, la presencia de instituciones políticas y sociales de elite constituía la principal justificación y explicación de la existencia de Madrid como gran ciudad, y dentro de los postulados de los comienzos de la Edad Moderna, esta lógica prácticamente quedó sin ser cuestionada. Madrid se justificaba, era necesario y se sustentaba por la majestad y la legítima autoridad del monarca. Como capital del reino, era por definición el lugar en donde se producían todas las decisiones y todos los fallos arbitrales de importancia.

Por otro lado, el mundo contemporáneo percibe estas cuestiones de un modo algo diferente. En lugar de comprender la ciudad como algo que por definición se derivaba de la existencia de la Corte, hoy en día consideramos la ciudad como un fenómeno autónomo. Formulamos preguntas acerca de los bienes que produce, sobre los recursos que la mantienen en cuanto que economía urbana, y sobre las funciones que cumple y por qué las cumple. Si adoptamos esta perspectiva más actual y consideramos las vitales fuerzas económicas que sustentaban el Madrid imperial, obtenemos algunas respuestas interesantes.

Incuestionablemente, Madrid existía como gran ciudad en virtud y en beneficio de las elites sociales y políticas a que acabamos de referirnos. Es muy difícil reconstruir cifras significativas sobre la economía general de una ciudad preindustrial; no obstante, disponemos de unas pocas, pero muy reveladoras para mediados del siglo XVIII. La fuerza central e impulsora de la economía urbana era el continuo flujo de riqueza que la Corona dirigía hacia dicha economía. La Corona recaudaba impuestos en todas partes, incluido Madrid, pero gastaba en ella mucho más de lo que allí recaudaba. Si incluimos los palacios reales de los alrededores, las dos residencias reales dentro de la ciudad, la guardia de corps y los criados de la casa real destinados a los palacios, el rey aportó cien millones de reales anuales a la economía urbana durante la última parte del siglo XVIII. La importancia de Madrid-Corte en la estructura política del Antiguo Régimen queda ilustrada por dos hechos notables: en primer lugar, la totalidad del presupuesto real de la época era de sólo seiscientos millones de reales aproximadamente y, en segundo, sólo después de una prolongada y considerable expansión bajo Carlos III se igualaron los gastos de la real armada a los de la Corte de Madrid.

El sistema de Corte y consejos que veíamos en la regia procesión no era más que la cúspide de una burocracia real en la que varios miles de hombres recibían salarios del rey en calidad de consejeros, fiscales, receptores, escribanos, notarios, alguaciles, tapiceros, porteros y mozos. Entre la casa real y la burocracia, eran cinco mil las familias mantenidas por la Corona en la década de 1750, posiblemente un 10 por ciento de la población activa de Madrid. Todas estas personas recibían rentas recaudadas por la Corona en todo el imperio y diseminadas en la economía de la ciudad. Además, esta parte de la sociedad no sólo era económicamente importante por sus dimensiones, sino que también contaba con ingresos relativamente cuantiosos y estables.

El proceso mediante el cual se transfería la riqueza del mundo hispánico a manos de los consumidores urbanos estaba complementado por un sistema paralelo de transferencias privadas. La aristocracia titulada, asociada a la Corte y a los Consejos, pese a recibir salarios y otros beneficios del rey, mantenía sus propios palacios y casas en la ciudad, en los que procuraba emular a escala menor la vida de la Corte regia. Por ello, decenas de los más acaudalados terratenientes de España trasladaban a la ciudad enormes rentas obtenidas en forma de arrendamientos, impuestos enajenados, beneficios de la lana, la madera y los pastos, y derechos feudales de variada especie. Esta riqueza afluía a Madrid para pagar la construcción de grandes palacios, abonar salarios y proporcionar alimentos y ropa al contingente de criados personales y otros dependientes de la casa que en algunos casos superaba las cien personas. Las estimaciones aproximadas indican que los cien millones de reales que el rey inyectaba en la economía urbana estaban igualados por una similar suma aportada por estos residentes nobles.

Un tercer componente de este mecanismo de transferencia era la Iglesia. Aunque no es posible una estimación plausible de la cuantía de este flujo de pagos transferidos, muchos de los conventos, monasterios, hospitales y otras instituciones religiosas estaban dotadas de propiedades diseminadas por toda la geografía española. Los arrendamientos de estas tierras también confluían en Madrid para contribuir al mantenimiento de los integrantes de estas comunidades religiosas. Aunque la renta per cápita del mundo eclesiástico era relativamente baja, eran casi cuatro mil los miembros de estas instituciones madrileñas en la década de 1750.

Estos inmensos flujos de riqueza entraban en la ciudad en forma de rentas tributarias y arrendamientos. A continuación se distribuían en forma de salarios, pagos por la construcción y el mantenimiento de edificios, alimentos, ropa, hospitales, asistencia a los indigentes, joyas y artículos de lujo. Estos recursos pasaban después de comprador a vendedor en la típica cadena de intercambios que constituye la vida comercial de toda ciudad. Como veremos más adelante, había en la ciudad una cantidad notablemente escasa de actividades industriales mediante las cuales se pudieran vender los artículos en mercados lejanos y traer con ello a la ciudad unas ganancias que vinieran a sumarse al flujo de arrendamientos y tributos. Este hecho era consecuencia directa del carácter de Madrid como sociedad urbana, y del modo en que se distribuían las rentas en la sociedad. Por tanto, desde una perspectiva contemporánea, así como desde la perspectiva de los cronistas del Antiguo Régimen, Madrid era una extensión económica, así como social e ideológica, de la casa y la Corte reales.

Los gremios y otros súbditos del rey

Todo lo anterior no significa que la economía de Madrid careciera de potencial manufacturero, sino más bien que su situación preindustrial ponía serios límites a su crecimiento en dicho sentido. Hasta fines del siglo XVIII, la mayoría de las tecnologías industriales eran fuertemente intensivas en mano de obra. El coste de organizar un sistema de abasto suficiente para una ciudad de las dimensiones de Madrid en una Castilla de suelos pobres y cosechas irregulares significaba que incluso las necesidades básicas costaban mucho más en la capital que en las provincias. En consecuencia, el salario de subsistencia era inevitablemente más elevado en términos monetarios dentro de la ciudad que en el campo. Sólo por estos motivos, eran pocas las industrias que podían establecerse en Madrid a menos que estuvieran fuertemente orientadas al mercado de la propia ciudad. Las distancias entre Madrid y otras ciudades grandes, unidas a los altos costes del transporte y a un campo empobrecido, significaban que, en todo caso, eran escasos los mercados para las exportaciones de los productos manufacturados de la capital.

El propio Madrid era el único mercado disponible para la industria establecida en la capital, y este mercado era muy limitado. Un análisis del Catastro de Ensenada (fechado en 1757 en Madrid) y de otras fuentes indica que la distribución de rentas en el Madrid del siglo XVIII era extremadamente desigual. Aproximadamente un 40 por ciento de todas las rentas urbanas iban a parar a las entre cuatrocientas y quinientas casas más ricas, que representaban un 1 por ciento del total. Al mismo tiempo, el 25 por ciento superior de la pirámide de ingresos captaba no menos del 85 por ciento de dichas rentas urbanas. El efecto de ello fue la creación de un mercado urbano en que no más de entre seis mil y ocho mil familias gozaban de suficientes ingresos para ser clientes regulares de un sector industrial especializado. En estas condiciones, era totalmente ilógico desarrollar una producción a gran escala. La producción en masa de artículos homogeneizados no sólo implica una gran inversión de capital, sino también un mercado capaz de absorber una producción cuyo volumen permita la distribución del elevado coste inicial entre una gran multitud de consumidores. Madrid, geográficamente aislado, con una distribución de rentas extremadamente desigual y una cantidad limitada de consumidores acaudalados, no podía sostener semejante estrategia de inversiones.

Siendo ésta la situación, lo económicamente lógico para la industria era especializarse fuertemente en la producción de una amplia variedad de artículos. El modo más rentable de abordar esta clase de mercado era concentrándose en productos pensados para el consumidor individual y maximizar el precio en cada transacción, factores estos que se ajustan estrechamente a la índole de mercado urbano que puede inferirse de todo lo dicho sobre Madrid hasta el momento en este ensayo. Para atisbar la clase de industria urbana que ello producía, podemos volver a la real entrada de 1746.

Como parte de los festejos, el rey permitió graciosamente a los 52 gremios menores de la ciudad organizar una enorme mojiganga para diversión de los nuevos monarcas. En estos actos se unía un entretenido espectáculo público a un ritual de sumisión a la autoridad real. Este desfile fue organizado en el Corralón de la Villa, desde el cual los participantes siguieron la misma ruta utilizada por la comitiva real a su vuelta desde Santa María de la Almudena al Palacio del Buen Retiro. Los grupos que representaban a los distintos gremios entraron en el complejo palacial por vía de la ermita de San Juan, actuaron en la Plaza de la Pelota, y salieron por el lado de la Puerta del Juego de la Pelota. El rey y la reina contemplaron esta mojiganga desde su dorado balcón, estando los balcones circundantes ocupados por la familia real y «toda la Corte». Dentro de la Plaza de la Pelota los participantes avanzaban por un corredor formado por dos compañías de Guardias Reales y la Real Compañía de Alabarderos, cada una con su respectiva banda de música. Si bien los guardias contribuían al esplendor del momento, su presencia significaba también que las medidas de seguridad en esta plaza cercana al rey eran muy fuertes.

Contrariamente a la procesión del día anterior, en esta ocasión el rey y la reina actuaban como los espectadores más importantes. Estaban, pues, mostrándose como soberanos, pero participaban también en una ceremonia cívica que reafirmaba otro componente de la jerarquía urbana, y que permitía a rey y súbditos concebirse mutuamente en una relación jerárquica simbólicamente definida. Así como en el día previo el rey había «reclamado» su capital y había hecho manifiesta la jerarquía de su Corte y su gobierno, en este segundo día el resto de la sociedad urbana, representada por sus organizaciones corporativas, reconoció su condición subordinada desfilando ante el rey.

Aparte de esta reafirmación de la versión oficial de jerarquía social inscrita en la estructura del acto, la mojiganga suponía también otra clase de proceso de reiteración. Como parte de esta mascarada, los participantes principales de cada gremio iban ataviados con una increíble variedad de disfraces y se entregaban muchas veces a vigorosas burlas y chanzas, y a conductas que habrían sido normalmente consideradas desordenadas. El gremio de zapateros de viejo iba a la cabeza con un ejército de chirigota de 113 personas, con sus armas, sus banderas y sus tambores. Su parte en la mojiganga consistía en una serie de batallas chuscas de ópera cómica. Cada gremio estaba representado en proporción al número de sus miembros, y cada uno procuraba crear su propio tema. Decenas de personas iban vestidas de osos, tigres, leones, persianos, indios, africanos, moros, turcos, romanos, matachines, franceses, magistrados, dioses, diosas, maragatos, naipes, senadores, toreros, sátiros, médicos, sacristanes, emperadores, alcaldes, monos, gallegos, doctores, loros, enanos, reyes, chinos, valencianos y genoveses.

Según el cronista, en esta impresionante mezcla de desfile y exhibición circense participaron casi 1.500 personas y 634 caballos. La mayor parte de la mojiganga corrió a cargo de los 52 gremios menores de Madrid. En el final, no obstante, tomó parte una compañía de más de 250 actores y lacayos disfrazados suministrados por el corregidor interino y el gobierno municipal de Madrid. El punto culminante de su actuación, y de toda la mojiganga, fue un tropel de 96 actores, comediantes y lacayos que escoltaba a una triunfal carroza abierta ocupada por nueve doncellas vestidas de Musas. En una elevación de la parte trasera de la carroza iba un hermoso joven vestido de Apolo, como viva representación alegórica del rey.

Aparte de toda la significación iconográfica, el mencionado final de la mojiganga nos permite una nueva percepción. Como en el París de Luis XIV, las instituciones municipales de la ciudad estaban estrechamente supervisadas por el gobierno del rey. En Madrid, muchos aspectos de la justicia, la administración y el abasto alimentario urbano quedaban en realidad bajo la competencia directa de la Sala de Alcaldes y Corte. Dado que era una subcomisión del Consejo de Castilla, ello significaba que, administrativa y conceptualmente, Madrid era una extensión de la Corte real. El Ayuntamiento de Madrid y su real corregidor tenían a su cargo muchas de las funciones habituales de abastecimiento, vigilancia e higiene pública, y se asemejaban en estructura, por lo tanto, a los gobiernos municipales de toda España. Pero la subordinación de la ciudad a la Corona se manifiesta de modos diversos. No sólo había muchos aspectos de la vida urbana que eran regularmente controlados por alguna oficina del gobierno del rey, sino que, no obstante ser el centro urbano más grande de España, el Madrid del Antiguo Régimen no logró nunca la categoría oficial de ciudad y siempre fue técnicamente una villa.

Esta observación aclara aún más el lugar simbólico del gobierno municipal en la estructura social proclamada por los festejos de la entrada. En apariencia, su posición había quedado reducida a la de una corporación subordinada, pero en el complejo mundo de jerarquías declaradas, frente a las funcionales, el Ayuntamiento conservaba aún un puesto superior al de otros grupos corporativos. Ello se plasma en un hecho paralelo al de los Cinco Gremios, puesto que se «permitió» a las autoridades municipales financiar una parte significativa del festival. Esto daba al Ayuntamiento una categoría superior a la de otras corporaciones, como los gremios, pero su contribución fue considerablemente menor que la de los Cinco Gremios Mayores. Esto no sólo es un indicio de los recursos económicos relativamente modestos del gobierno de la propia ciudad, sino que implica que éste era menos importante para la Corona que los Cinco Gremios y por este motivo se le asignaba un papel correspondientemente secundario. Como patrocinador de una parte relativamente reducida de las festividades de entrada, el gobierno municipal de Madrid parece haber sido relegado a un tenue espacio intermedio en la jerarquía rey-Corte-capital, en la cual aparece no como parte integral de la Corte y el gobierno del rey, sino como principal (detrás de los Cinco Gremios Mayores) de las muchas entidades corporativas que eran tratadas como subordinadas a la Corona y que componían la sociedad urbana de la capital.

Desde un punto de vista antropológico, la totalidad del acontecimiento puede interpretarse en diversos niveles. Como ya se indicaba, las entidades corporativas de la propia ciudad, desde el gobierno municipal a los venteros y vendedores de aceite, desfilaron ante el rey, rindiéndole homenaje y reconociendo tanto su soberanía como la jerarquía que definía la relación implícita. Una mascarada es además un momento en que las habituales normas y límites de la realidad quedan temporalmente suspendidas. Las personas se transforman transitoriamente en otras criaturas, y también en los mandatarios, funcionarios y aristócratas que los dominan. Gran parte de las chanzas, la comedia, el falso despliegue militar y la burla dirigida contra figuras de autoridad suponían, pues, una breve inversión del mundo real. Al permitir estos momentos de ridiculización, la cultura proporcionaba una válvula de escape al malestar y la desconfianza, y fortalecía con ello la estructura general.

La mojiganga revela otras cosas sobre Madrid en las que los coetáneos pensaban mucho menos. El número de participantes de los diversos gremios estaba en proporción aproximada al número de personas dedicadas a cada oficio; más exactamente, era índice del número de maestros de cada gremio. Al mismo tiempo, una enorme parte de la población trabajadora de Madrid no aparece en absoluto en esta jerarquía oficial. Si por un momento olvidamos la especialización gremial, el grueso de la población trabajadora de Madrid puede dividirse en cuatro amplias categorías: manufacturas, construcción, elaboración y distribución de alimentos, y servicios personales. Cada una estaba de un modo u otro físicamente presente en la mojiganga, pero no de forma que ello le asignara un puesto en la jerarquía oficial, o que reflejara su importancia numérica dentro de la sociedad urbana. En realidad, hubo importantes diferencias entre peso numérico y categoría reconocida en todo este festival.

La manufactura era la más prominente de estas amplias categorías de población trabajadora, y daba empleo aproximadamente a un 17 por ciento de las personas que tenían ingresos en la ciudad. Si examinamos la lista de gremios, descubriremos que muchos de ellos, incluidos los más numerosos (sastres, zapateros de viejo, guarnicioneros, roperos de viejo y maestros de coches) hacían o reparaban artículos de artesanía directamente para el cliente individual. Estos gremios urbanos tradicionales no estaban asociados históricamente a la producción de artículos estandarizados que pudieran ser exportados para su venta en mercados lejanos. Otras clases de artesanos como los cuchilleros, jalmeros, cesteros, esparteros, latoneros, boteros, curtidores, cerrajeros y sombrereros estaban dedicados a un tipo de producto que, en teoría, podía comercializarse en otros lugares. En Madrid, no obstante, éstos eran invariablemente gremios menores cuya escala de operaciones confirma que también ellos se habían desarrollado exclusivamente para satisfacer la demanda del mercado interior de la capital. Así pues, la estructura del sector manufacturero corrobora lo que anteriormente deducíamos de la distribución de las rentas dentro de la ciudad, y reitera también una situación que las elites de los siglos XVII y XVIII daban por sentada: que la capital existía en virtud de la Corte y estaba sostenida por ella.

La diferencia entre el cuadro que ofrecía la mojiganga y la realidad del Madrid imperial era más apreciable en los ramos de distribución de comestibles, que constituían en torno al 6,3 por ciento de la fuerza de trabajo. Entre los participantes reconocibles en la mojiganga había panaderos, cabreros, hortelanos, gallineros, pasteleros, tenderos de aceite y vinagre, y mesoneros. Esta lista oculta importantes distinciones. En un extremo, el gremio de panaderos era amplio y rico, en tanto que el gremio de hortelanos era un grupo reducido de terratenientes acaudalados, con propiedades en los fértiles y bien irrigados valles al sur de Madrid. En el extremo opuesto, la mayor parte de los miembros del gremio de tenderos de aceite y vinagre no ganaban más que unos cuantos cientos de reales al año, en un momento en que el maestro panadero medio ganaba 20.000 reales. Por otra parte, en la estructura corporativa formal de la ciudad objetivada en la mojiganga no había lugar para los cientos de tenderos y trajinantes que abastecían a la ciudad de carne, carbón, cebada, paja, leña, vino, jabón y agua potable, ni para los mozos que trabajaban en el real pósito, la alhóndiga, o los almacenes municipales de carbón. En este sector el aspecto representativo de la fiesta es mucho menos completo. Es claro que grandes porciones de la población urbana no estaban integradas en la jerarquía urbana imaginada, afirmada y reafirmada en festivales cívicos como la real entrada.

Ello es aún más aparente en la industria de la construcción, que empleaba aproximadamente a un 16 por ciento de la fuerza de trabajo. Verdad es que varios gremios ligados a la construcción estaban allí representados: puertaventaneros, cerrajeros, carpinteros, vidrieros de ventanas, madereros, yeseros y ebanistas. Con la excepción de los madereros y los yeseros, todos estos oficios eran de artesanías pequeñas y muy especializadas. Éstas producían artículos de alta calidad que formaban parte de la decoración y terminado de los edificios, aunque no de su construcción. Aparte de unos pocos gremios especializados similares, como los de torneros, artistas, escultores y tramoyistas, hay en la lista dos importantes omisiones.

No incluye ésta a los maestros de obras, que eran tanto los arquitectos como los ingenieros de estructuras de comienzos del periodo moderno. Este sector, que tuvo unos comienzos humildes como contratistas y capataces de cuadrillas de trabajadores, poseía además un legado de técnicas prácticas de construcción. En ellas se incluía el esencial conocimiento de cómo trabajar los materiales tradicionales, piedra, ladrillo y madera, para adaptarlos a una concepción arquitectónica. Con la expansión de Madrid, los proyectos de construcción aumentaron en dimensiones y en número, y estos maestros de obras cobraron cada vez mayor importancia como arquitectos y contratistas generales, adquiriendo con ello un estatus mejorado no reconocido por las manifestaciones formales de jerarquía. Es éste otro aspecto escasamente explorado de la historia de Madrid.

También sin representación en la jerarquía simbólica estaban los peones de albañil, los canteros y los trabajadores no especializados que se empleaban a miles para construir los palacios, las iglesias, los conventos, las casas de vecindad y los edificios del gobierno que constituían el marco físico del Madrid imperial. Encontramos aquí otra faceta numéricamente grande de la vida madrileña ligada sólo muy tenuemente a la sociedad jerárquica imaginaria plasmada en la ceremonia civil.

La cuarta y mayor parte de la población trabajadora consistía en los miles de personas que desempeñaban trabajos personales para otros. Pese a constituir casi una tercera parte de la fuerza de trabajo, esta enorme porción de la sociedad urbana no gozaba de estatus reconocido propio, no obstante su presencia en todo el festival. En su mayoría, estas personas estuvieron presentes sólo como parte del despliegue que magnificaba la posición social de otros. Los pocos servidores que suministraban servicios personales especializados y productos relacionados, como eran los golilleros, cotilleros y peineros, no aparecen en la mojiganga. Otros grupos que el economista moderno situaría en el sector de servicios, como abogados, médicos y cirujanos, no son ni tan siquiera nombrados por el cronista. Dejando aparte esta clase de grupos pequeños, no obstante, el ejército de criados que formaba casi una tercera parte del total de la población activa del Madrid imperial era simbólicamente invisible.

Además, mientras que esta categoría, la más numerosa de los trabajadores urbanos, no tiene un lugar definido en el festival, aparece por doquier. Son los criados, lacayos, gente de librea, cocineros, camareras y asistentas que existían en toda casa de alguna categoría. Estas personas no estaban representadas en la estructura formal de la entrada en el sentido de que no gozaban de una identidad corporativa y colectiva reconocida, y por tanto no tenían existencia cívica por derecho propio. Y sin embargo, cientos de ellos estuvieron presentes en todos los momentos de la entrada. Todo carruaje del real desfile y todo gremial de la mojiganga iba flanqueado de lacayos, gente de librea y mozos. Según la lógica del Antiguo Régimen, estructurada en parte por persistentes postulados de autoridad y dependencia, esta clase de personas eran inevitablemente dependientes. Vivían en las casas ricas, llevaban el uniforme de la casa y cumplían las labores personales menos gratas. Como dependientes de esta índole, personales o de la casa, la inmensa cantidad de empleados del servicio no poseían verdadera identidad cívica salvo como parte de la casa en que vivían y trabajaban. Simplemente, no se entendía que estas personas constituyeran grupo o entidad corporativa autónoma de ninguna clase. Como dependientes del rey o como dependientes de la jerarquía de familias que les daban empleo, esta gigantesca clase servidora era conceptualmente parte del entorno cortesano con el que comenzábamos. El carácter paneuropeo y perdurable de este supuesto de tutela asumido por los criados está documentado por la negativa de los ingleses a concederles el derecho al voto hasta mucho después de que prácticamente todo los demás varones adultos contaran con este privilegio. Debido a su estatus, pues, la clase servidora de Madrid era simultáneamente la parte más visible y la más invisible en la concepción de sociedad que se expresaba ritualmente en el transcurso de la real entrada.

4. La ciudad como Corte: planificación absolutista y crecimiento espontáneo

La ciudad barroca como escenario del absolutismo

Si los testigos presenciales de los siglos XVII y XVIII entendían Madrid como una sociedad urbana jerárquica que dependía y giraba en torno al rey y la Corte, la capital funcionaba también como escenario material del ceremonial, ritual y quehaceres oficiales de dicha Corte. En realidad, la ciudad física era parte esencial del interminable ritual que exponía, simbolizaba y demostraba la autoridad del rey sobre el imperio y sobre la capital, y con el cual se reiteraba la visión de la sociedad construida por las elites dominantes y aceptada por la mayoría de los participantes. Puesto que todo lo que queda de aquella compleja arquitectura cultural son restos materiales dispersos, es importante recordar que la ciudad física no era más que una parte de un sistema imaginado social e ideológico que integraba sus componentes materiales en un decorado teatral para la continuada dramatización de la autoridad. Así pues, el verdadero Madrid imperial era una ciudad barroca, conformada por elementos tanto reales como imaginarios.

El concepto de ciudad como escenario exige una cuidadosa formulación. Para empezar, es esencial comprender que el Madrid barroco que más fácilmente ve y, por tanto, imagina el lector, historiador o turista del siglo XX es, en el mejor de los casos, un caparazón material incompleto de la capital de los siglos imperiales. Para el observador actual, la frase «ciudad barroca» evoca una serie aleatoria de iglesias, palacios y arquitectura civil. Cada edificio es impresionante en sí mismo y todos ellos, ya sean clasificados por el historiador de arte como ejemplo de arquitectura renacentista, barroca o neoclásica, son notables tanto por sus magníficas proporciones como por la decoración compleja y programática de su fachada y los pormenores decorativos del interior. Pero la ciudad imperial que surge de la serie aleatoria de reliquias históricas que aún se conservan representa sólo una pequeña parte de la construcción cultural que era el Madrid barroco. Para comprender lo que ha desaparecido, no hay más que enumerar unas cuantas de las pérdidas más sobresalientes: la iglesia de San Salvador, cercana a la plaza de la Villa; los conventos de San Gil y Santa Clara; la iglesia parroquial de San Juan, y el Jardín de la Priora, todos ellos en la zona de la moderna plaza de Oriente; la iglesia de San Juan Bautista en la plaza de Ramales; el convento de San Felipe el Real, que ocupaba el área que hoy constituye la plaza de Pontejos y la Casa del Cordero; la iglesia del convento de las Escuelas Pías de San Fernando, cuyas ruinas forman hoy parte de un parque en la calle de Mesón de Paredes, el hospital e iglesia del Buen Suceso, que se levantaba en el extremo oriental de la Puerta del Sol, el convento y los amplios jardines de las monjas de la Concepción Bernarda de la Carrera de San Jerónimo, y el Palacio del Buen Retiro, la mayor parte del cual fue destruido a comienzos del siglo XIX. Pese a no ser más que una enumeración aleatoria de monumentos perdidos, nos permite apreciar que lo que resta del pasado material es una parte muy limitada del pasado.

Además, al margen de que muchos de los edificios originales han desaparecido, la mayoría de los que quedan han perdido su entorno original. Las plazas, jardines y claustros que constituían el marco y acrecentaban la grandiosidad de muchas edificaciones barrocas han desaparecido, aunque se haya conservado el edificio mismo. Así, el entorno primero de nuestros edificios más antiguos está enterrado bajo construcciones y calles más modernas que han eliminado el sentido de escala que formaba parte del concepto original de los maestros constructores del Antiguo Régimen.

En los últimos años, los historiadores del arte y la arquitectura han comenzado a estudiar las ciudades renacentistas y barrocas, en un esfuerzo por reconstruir el escenario físico de la autoridad regia y la sociedad aristocrática. Su trabajo nos aproxima a la realidad de las capitales del Antiguo Régimen porque en él se examina el emplazamiento de los edificios importantes, se reconstruyen los espacios públicos en torno a ellos, y se documentan las calles y las rutas ceremonialmente importantes que ligaban dichos lugares públicos. Estos estudios, aplicados a la Roma renacentista, la Florencia del siglo XVI, el Turín del siglo XVII y la Módena del XVIII, nos hablan de los proyectos de algunos monarcas absolutos que quisieron reconstruir sus capitales. En todos los casos, la finalidad era reorientar calles y plazas, renovar fachadas y construir nuevos edificios para unir los monumentos de épocas anteriores a los del soberano reinante. El objetivo último era convertir la ciudad en un inmenso e integrado decorado físico que no sólo diera relieve al mensaje de las ceremonias cívicas, sino que fuera en sí mismo la materialización del poder del soberano.

Este aspecto de la historia urbana ha atraído últimamente a muchos historiadores del arte, especialmente en Italia. El valor de sus trabajos estriba en que han aumentado nuestra comprensión sobre los modos en que la Europa del Antiguo Régimen utilizaba imágenes, decorados y símbolos a modo de lenguaje visual que reafirmaba constantemente los valores y estructuras jerárquicos de la sociedad oficial. Ello nos proporciona una vía para percibir cómo se relacionaban entre sí las dispersas reliquias de la era barroca. En la medida en que dichos trabajos destacan los monumentos físicos y los restos arquitectónicos perdurables, debemos permanecer atentos al carácter complejo de la sociedad que los construía y tener presentes otros aspectos menos materiales de la capital barroca en tanto que artefacto cultural. La capital barroca no era ni una serie aleatoria de monumentos arquitectónicos ni, en un análisis más complejo, simplemente un conjunto integrado de rutas procesionales y espacios públicos. La capital regia era un esquema mítico, simbólico y casi mágico que se superponía a la ciudad real. Debido a sus dimensiones y complejidad, Madrid puede constituir un ejemplo mucho mejor de este hecho que la capital de cualquier soberano italiano menor.

Para apreciar lo que realmente implica esta afirmación consciente de poder real y jerarquía social hay que atender a las actividades que se desarrollaban dentro de esos espacios públicos, así como a los cambios arquitectónicos tangibles que se realizaban en las ciudades principescas. Las más desmesuradas de las ceremonias llevadas a cabo en Madrid eran las «entradas» rituales organizadas por los nuevos soberanos, y es por ello por lo que en este trabajo se utiliza la entrada de Fernando VI como umbral de paso al Madrid imperial existente en la mentalidad de los siglos XVII y XVIII. Estas entradas no eran sino los más suntuosos de una amplia lista de actos ceremoniales entre los que figuraban autos de fe, recepciones de embajadores, funerales regios, bodas reales y acontecimientos de menor categoría. Incluso el rutinario desplazamiento del soberano hasta la iglesia o de un palacio a otro servía de ocasión para la reiteración, en una escala menor, de las concepciones oficiales sobre la relación entre el soberano y sus súbditos. En realidad, toda actividad regia tenía un complicado aspecto simbólico y ritualizado que variaba en cuanto a su alcance y su emplazamiento. Hemos elegido la real entrada por tratarse de un proceso ritual que incluía a toda la ciudad en su ceremonial.

Madrid como escenario

Madrid no ha sido todavía muy bien estudiada desde esta perspectiva y, por ello, nuestra visión de Madrid como capital imperial está conformada por una incompleta perspectiva historiográfica. Son numerosos los estudios que demuestran o suponen que los monarcas renacentistas y barrocos de Italia elevaron la reconstrucción urbana a una forma de arte independiente. Sugieren aquellos que el monarca absoluto realizó, o procuró hacerlo, inmensas inversiones en la reconstrucción física de su capital con el fin de crear un escenario apropiado para su categoría y autoridad y una manifestación de éstas. Así, la capital barroca ideal transmitía a primera vista una panorámica de la autoridad y la cultura del príncipe a través de toda una variedad de motivos decorativos, edificios, uniformes y grandes calles, mientras que la existencia misma de tales monumentos verificaba el poder cuasi divino del monarca para crear.

No se puede decir que este regio anhelo de construir y crear faltara en España. Carlos V construyó y reformó numerosos palacios en toda España, siendo el más notable de ellos el palacio de estilo renacentista, nunca utilizado, que hizo construir en el interior de la Alhambra de Granada. Las incontables investigaciones realizadas sobre el complejo palacial de El Escorial muestran que todas sus medidas y sus elementos arquitectónicos formaban parte de una representación consciente de la relación entre Dios, el rey y los súbditos. Al mismo tiempo, San Lorenzo de El Escorial era testimonio del gran poder del rey para crear a una escala grandiosa, de modo semejante al poder de Dios para crear el mundo. Es por ello por lo que no sorprende que el palacio de El Escorial fuera ante todo un lugar público, donde paseaban con considerable libertad personas de todos los sectores sociales. Los mensajes que encarnaba El Escorial tenían el fin de ser recibidos por todos los vasallos.

Ahora bien, para muchos observadores pasados y presentes, Madrid no adquirió nunca el aire de una ciudad monumental construida (o reconstruida) para servir de escenario a la grandeza y poder de los monarcas españoles. Ni la categoría de gran potencia del imperio de los Habsburgo españoles a comienzos del siglo XVII, ni la considerable prosperidad de los reinados de Fernando VI y Carlos III dieron a Madrid la integración formal de espacios ceremoniales que los historiadores han detectado en sus estudios de las capitales principescas de Italia. Como el historiador alemán de la arquitectura Wolfgang Braunfels escribía recientemente:

Prácticamente en todos los lugares de España vemos un proceso de enriquecimiento arquitectónico que debe su excelencia estética al anhelo de defensa o, en algunos casos, a una afortunada improvisación. Una fortuita decisión de Felipe II [...] hizo posible la elección de Madrid como capital [...] En un principio, el rey ordenó que se abriera la Plaza Mayor cortándola sobre la red de calles, porque deseaba un lugar propio para actos solemnes [...] Aparte de esto, él y sus sucesores se ocuparon, en el mejor de los casos, de la terminación del palacio [...] El entramado de calles experimentó un constante proceso de expansión y densificación que hacía imposible su ordenación. La ciudad en general carece de toda fisonomía formal.

No sólo esta condescendiente caracterización de Madrid es probablemente errónea, sino que no alcanza a percibir qué era lo que constituía una capital barroca. La percepción simplista de Madrid como una serie de edificaciones y calles estrechas e irregulares que presentan un aspecto arbitrario e irracional para el moderno planificador urbano no llega en modo alguno a comprender el carácter multidimensional del fenómeno cultural que constituye una capital barroca. En efecto, algunas de dichas dimensiones no forman ya parte de nuestra percepción colectiva de Madrid-capital. El ciudadano del siglo XX no recibe símbolos e ideas a través de los mismos medios que el súbdito del Antiguo Régimen, e incluso cuando los símbolos de grandeza y autoridad son superficialmente iguales, el ciudadano contemporáneo deduce de ellos significados muy distintos a los que advertía el súbdito del rey del Madrid imperial.

Con objeto de entender el Madrid imperial como centro urbano, así como capital imaginaria, debemos desentrañar los componentes de la concepción de esta ciudad que existía en el Antiguo Régimen. Como ya se indicaba, uno de estos componentes es la «ciudad como la sociedad aristocrática quería que fuera». Es decir, Madrid como una extensión socialmente construida de la Corte real y un escenario para el rey, la Corte y el gobierno imperial. Otro componente, especialmente desde la perspectiva del siglo XX, es la serie de consecuencias imprevistas que se derivaban del proceso de imponer sobre el Madrid tangible esa visión jerárquica del mundo en que «sólo Madrid es Corte». Como ya se ha sugerido, la imagen oficialmente sancionada de la sociedad del Madrid cortesano no reconocía o no era consciente de los importantes elementos sociales que florecían dentro de la ciudad.

De modo similar, el mundo físico madrileño evolucionó como una mezcla de resultados intencionados y crecimiento urbano espontáneo. Así, la evolución física de Madrid como centro urbano refleja la interacción entre el impulso absolutista para reconstruir la capital, convirtiéndola en un escenario material para la manifestación de la autoridad real, y los aspectos espontáneos y no regulados del crecimiento urbano que Braunfels advierte en la anterior cita.

Esta interacción entre lo intencionado y lo espontáneo puede observarse mediante un breve análisis de cuatro temas interrelacionados. Dos de ellos suponen modos de hablar sobre el Madrid-capital que se presenta a través de la estructura y el simbolismo de ceremonias civiles como la real entrada. Los otros dos temas representan los resultados imprevistos y nunca voceados coexistentes con la versión oficial de Madrid-Corte-capital. Debido a que sin la Corte Madrid habría sido una ciudad de modesta importancia, debemos comenzar con los temas que vendrían a ampliar el primer capítulo de este ensayo y que describen a Madrid como creación y representación consciente de la autoridad real y la sociedad aristocrática y patriarcal.

Escenario y tablado

Como vimos, cuando el rey de España hizo su entrada oficial en la capital, no transitó simplemente a caballo o en carruaje por la calle de Alcalá y la calle Mayor hasta la Plaza Mayor. Entró en la capital formando parte de un espectáculo esmeradamente orquestado y se situó en el centro de una jerarquía de relaciones claramente definida. Su casa personal (y aristocrática), en sí misma una intrincada jerarquía, le rodeaba al entrar en la ciudad. Los agentes que trabajaban a su servicio en los Consejos estaban situados ante él, siguiendo también un escrupuloso orden jerárquico de antigüedad e importancia. Los grupos corporativos en que se organizaba la sociedad urbana del Antiguo Régimen se presentaron a continuación ante el rey para divertirle y servirle, así como para reconocer su condición de súbditos reales. Era éste un contexto que subordinaba claramente la sociedad urbana en general al rey y su Corte. Esta manifestación relativamente directa de jerarquía no es, sin embargo, más que una parte de la cuestión.

Puede decirse que todas estas actividades, y otras similares, se desarrollaban en dos niveles. En uno de ellos, estos repetidos espectáculos cívicos se apropiaban simplemente de las calles y plazas de la ciudad cotidiana durante unas cuantas horas; en otro nivel, tenían lugar en un mundo creado, que utilizaba calles y plazas como tablado teatral sobre el que se creaba otra ciudad imaginaria. Este mundo imaginario incorporaba las instalaciones físicas de la ciudad a un escenario de proporciones magníficas. Así pues, en el transcurso de su entrada, el rey tomaba literalmente la capital al penetrar y tomar posesión de ella ritualmente. Entre estos actos, la ceremonia celebrada en Santa María de la Almudena era el reconocimiento del papel legitimador de la Iglesia en el sistema social y político, después de lo cual el rey establecía ceremonialmente su residencia. Al mismo tiempo, el monarca recorría también una ciudad simbólica, efímera pero compleja, que transformaba y brevemente trascendía a la ciudad cotidiana y mundanal, y que buscaba implantar y reforzar en el espíritu de todos los presentes los presupuestos ideológicos, sociales y políticos del Antiguo Régimen.

Este mundo simbólico, temporal pero constantemente reiterado, constituía pues un aspecto importante del Madrid imperial, y su existencia explica por qué los monarcas absolutos de Europa dedicaron tanta atención a la renovación de sus capitales. La lógica de utilizar la ciudad como objetivación de un orden social acarreaba la premisa de que, si las representaciones transitorias de poder podían ser sustituidas por otras permanentes en forma de monumentos perdurables creados por el soberano, la indoctrinación que ello implicaba sería más constante y omnipresente. Ahora bien, este afán reconstructor estaba limitado por otros factores. En ocasiones, aparecían espontáneamente elementos arquitectónicos de adecuada grandeza, de los cuales cabía apropiarse cuando fuera necesario. Algunas capitales tenían dimensiones suficientes para constituir magnos escenarios en sí mismas. En ciertos casos, una reconstrucción a fondo resultaba excesivamente costosa debido al tamaño mismo de la capital. Todos estos factores incrementaban la distancia entre el regio deseo de reconstruir y la reconstrucción llevada a cabo en efecto, y todos ellos se hicieron rápidamente aplicables a Madrid después que la Corte se hubo establecido allí.

Aunque es difícilmente argumentable que hubiera una eficaz planificación por parte del gobierno absolutista, hacia mediados del siglo XVII Madrid ofrecía una impresionante serie de espacios y recorridos públicos que podían adaptarse a las exigencias de las ceremonias cívicas. En la mayoría de los casos, por consiguiente, era más rentable para la Corona servirse del tablado permanente ya presente que reconstruirlo a gran escala. Tenía más sentido emplear las rutas, espacios y monumentos existentes como escenario para formas de propaganda suntuosas pero más efímeras. Además, la Corona supo reconvertir el coste de los repetidos festivales cívicos en provecho propio, al otorgar a los Cinco Gremios Mayores y a otras entidades corporativas en el sistema jerárquico la gracia de organizar los festivales y financiar el escenario que se montaba sobre el tablado ofrecido por la ciudad material. Para tener una idea más clara de lo que vienen a significar escenario y tablado, y para percibir el modo en que dicho tablado evolucionó, regresemos a la real entrada de 1746.

Vimos ya algo del simbolismo oficial que ésta implicaba. Podemos ahora observar el mundo físico que se creaba en torno a estos regios acontecimientos. En el primer nivel que indicábamos anteriormente, podemos simplemente volver a trazar la ruta real, e identificar los lugares visitados por el rey en su capital. Mediante esta acción, el rey fue demarcando la ciudad como algo propio, de modo muy parecido al del animal que instintivamente marca su territorio de caza o de apaleamiento. En el segundo nivel, podemos señalar los espacios ceremoniales de los que iba apropiándose y describir algunas de las transformaciones temporales que fueron realizadas. Una vez hecho esto, podemos analizar en términos generales la evolución física de la ciudad, y tratar brevemente sobre la interacción entre cambio intencionado y espontáneo en el Madrid imperial.

La ruta ceremonial

La procesión real de 1746, que podemos seguir fácilmente en el magnífico mapa de Texeira del Madrid de 1656, comenzó y finalizó en el Palacio del Buen Retiro. Saliendo del terreno palacial por la Puerta Verde o Puerta de las Heras, el rey y su séquito entraron oficialmente en Madrid por la Puerta de Alcalá. La procesión avanzó por la calle de Alcalá, pasando por la lonja del convento de San Hermenegildo de Carmelitas Descalzos. Este monumento, que iba a convertirse en iglesia de la parroquia de San José en 1748, había sido recientemente reconstruido en 1742 con una gran logia o atrio frente a la fachada que miraba a la calle de Alcalá. La procesión cruzó después la Puerta del Sol, con su enorme fuente en el extremo oriental, en dirección a la calle Mayor. Al entrar en la calle Mayor, el rey vio a su izquierda la magnífica iglesia del convento de San Felipe el Real. Esta iglesia —que también había sido recientemente reconstruida tras el fuego de 1718— tenía un gran patio que se abría a la calle Mayor y ocupaba todo el trecho entre la calle del Correo y de Esparteros, prestando un elemento de grandiosidad al comienzo de la calle Mayor. A la derecha de la procesión se levantaba una de las mayores casas nobles de Madrid, la del conde de Oñate. Construida en el siglo XVI, esta edificación exhibía una austera fachada de casi 60 pies de altura y una longitud de 266 pies cumplidos a lo largo de la calle Mayor, interrumpida por una ornamentada puerta churrigueresca y numerosas ventanas y balcones. Al avanzar la procesión calle Mayor arriba, pasó junto al emplazamiento de la Puerta de Guadalajara, tiempo ha desmantelada, que marcaba el borde oriental de Madrid a comienzos del siglo XVI. En aquel punto, la calle Mayor se convertía en calle de Platerías, que desembocaba en la Plazuela de la Villa, de espléndida fuente. En aquel lugar, los infantes reales contemplaban la procesión desde el balcón principal de la Casa de la Villa. En este caso, la familia real se había desplazado desde el lugar lógico para presenciar el paso de la procesión al Ayuntamiento. La real comitiva siguió en dirección oeste por la calle de la Almudena, hoy parte de la calle Mayor, hasta la Plazuela de los Consejos. En ella vería el palacio de los Consejos a la izquierda, y la iglesia de Santa María de la Almudena a la derecha, en el extremo occidental de la plaza. El palacio de los Consejos había sido durante mucho tiempo la mayor edificación de la ciudad después del Alcázar. Seguía un proyecto original de Francisco de Herrera, y fue construido bajo la dirección de Juan Gómez de Mora para el duque de Uceda durante el reinado de Felipe III. En la segunda mitad del siglo XVII fue residencia de Mariana de Austria, hasta su muerte en 1696. Tras un largo periodo de abandono, el edificio fue adquirido en 1717 por Felipe V para uso de sus Reales Consejos. Los miembros de los Consejos más importantes tuvieron el privilegio de observar la real procesión desde los balcones de este edificio.

Al fondo de la Plazuela de los Consejos, la carroza real llegó a la iglesia de Santa María de la Almudena. Una de las más antiguas iglesias de Madrid, Santa María era lo más parecido a una catedral que tuvo Madrid en los siglos imperiales. Aunque la ciudad misma carecía de sede episcopal, la capital era residencia del Patriarca de las Indias y del nuncio pontificio. Para los actos regios, la debida figura ceremonial era, en todo caso, el arzobispo de Toledo, primado de la Iglesia de España. En la iglesia de Santa María el rey y la reina salieron de su carroza y fueron recibidos en el pórtico por el arzobispo de Larisa, que, vestido con el atavío pontifical de ceremonia, actuaba en nombre del arzobispo de Toledo. El arzobispo de Larisa estaba acompañado por el Patriarca de las Indias y otros dignatarios eclesiásticos. El Patriarca dio el agua bendita al rey y la reina, que a continuación entraron en la iglesia, donde el arzobispo celebró una misa solemne que comenzó con un Te Deum.

Cuando terminaron las ceremonias religiosas había caído ya la noche, y el resto de la procesión estuvo iluminada por miles de faroles y antorchas, que sumaban tres mil sólo en la Plaza Mayor. Dejando atrás la iglesia de Santa María, la procesión volvió por su anterior recorrido hasta la Puerta de Guadalajara, donde giró a la calle Nueva y entró en la Plaza Mayor. Esta plaza —construida primeramente en 1617-19 en la irregular y no planificada Plaza del Arrabal, y reconstruida después de los fuegos de 1631 y 1672— tenía en el siglo XVII un aspecto muy parecido al actual. Con los cambios posteriores, consecuencia del devastador fuego de 1790, muchos de los edificios se redujeron en uno o dos pisos y se ampliaron hasta cubrir las calles que allí desembocan, dándole a la plaza su actual altura uniforme. La Plaza Mayor fue construida para servir como centro ceremonial y económico de la vida urbana. Funcionaba habitualmente como mercado público y podía convertirse en un enorme teatro, coliseo o plaza de toros con capacidad para acomodar entre cuarenta y cincuenta mil personas.

Una vez atravesada la Plaza Mayor, la procesión salió hacia la plaza de Santa Cruz y la iglesia parroquial del mismo nombre. Esta plaza estaba conectada a la plaza de la Provincia, dominada por una gran fuente y por el notable edificio del siglo XVII conocido desde hacía tiempo como la Cárcel de Corte, hoy llamado palacio de Santa Cruz y Ministerio de Asuntos Exteriores. Los escribanos de provincia tenían sus despachos en esta plaza y estuvieron a cargo de su decoración. La ruta procesional desfiló después por Atocha hasta Carretas, donde giró entrando en la Plazuela del Ángel. Desde allí, la procesión siguió Carretas hasta la Puerta del Sol y continuó después por la Carrera de San Jerónimo, remontando después todo el séquito real el camino que llevaba al Buen Retiro, y entrando en el palacio por la Puerta del Ángel.

La Carrera de San Jerónimo se convirtió en entrada ceremonial de Madrid en el siglo XVI, y marcaba el término oriental de la ruta ceremonial que cruzaba la ciudad de este a oeste. Mucho antes de la construcción del Palacio del Buen Retiro, el monasterio de San Jerónimo, fundado por Enrique IV, constituía un importante centro ceremonial de la Corona. Prefigurando el papel de Madrid como capital, San Jerónimo había sido el lugar donde, en 1528, Felipe II, como heredero del trono de Castilla, había jurado su cargo de Príncipe de Asturias. Dentro del monasterio había unos apartamentos reservados para personas regias, conocidos como «cuarto de San Jerónimo», y en él fueron alojados muchos personajes reales antes de su entrada ceremonial en Madrid propiamente dicho. Cuando se construyó el Palacio del Buen Retiro en la década de 1630, se hizo en terrenos que habían sido otorgados al monasterio, el cual quedó en efecto incorporado al complejo palacial. Por ello, el espacio vacío entre el monasterio (y posteriormente el palacio) y la Carrera de San Jerónimo era punto de partida habitual para las procesiones ceremoniales de todo tipo.

Así pues, utilizando el ejemplo de la real entrada, podemos fijar el eje ceremonial de la ciudad. Las rutas de entrada se variaban en ciertos pormenores de cuando en vez. Hasta el siglo XVIII solían comenzar en la Carrera de San Jerónimo, cruzando la ciudad por vía de la Puerta del Sol, la calle Mayor y la de la Almudena. Previamente a la construcción del Buen Retiro, cuando el Alcázar era la principal residencia real, dicho palacio funcionaba como término occidental, según queda ilustrado por la espléndida entrada organizada para la visita del príncipe Carlos de Inglaterra en 1623. Como veíamos en el caso de Fernando VI, la calle de Alcalá, de porte cada vez más grandioso, se convirtió en una entrada alternativa. Cuando el Alcázar dejó de figurar en la ruta ceremonial, en especial después de su destrucción en 1734, la iglesia de Santa María pasó a ser el término occidental. Todas las procesiones cruzaban la Plaza Mayor después de quedar concluida en 1619. Cuando se imponía una vuelta al Buen Retiro, seguían una de las dos o tres rutas posibles de regreso a la Puerta del Sol y la Carrera de San Jerónimo.

Evolución de la ciudad física

Pese a no ser más que uno de los factores que conformó el crecimiento físico de Madrid, esta ruta ceremonial moldeó el contexto urbano en evolución, que a su vez daba a dicha ruta un cierto grado de prestancia, no obstante la aparente carencia de una sistemática planificación urbana. Este eje ceremonial operó a la recíproca con los límites de expansión occidental creados por el río Manzanares y los reales terrenos de caza, y con la localización de unos caminos de entrada a Madrid ya largamente establecidos, para configurar el Madrid imperial.

Este proceso no implicaba la reconstrucción de una ciudad medieval populosa e improvisada, problema que habían de resolver los príncipes absolutistas de Italia, por la sencilla razón de que el Madrid imperial era una ciudad nueva. El Madrid de 1500 a 1525 era una población de cierta importancia, residencia castellana de Felipe II mientras fue príncipe de Asturias, pero distaba mucho de ser una gran ciudad. En consecuencia, su explosivo crecimiento a fines del siglo XVI significó que el Madrid-capital de 1600 desplazara todo su centro físico y ceremonial al exterior del antiguo Madrid-villa. El caserío medieval de origen quedó solamente como el más antiguo de los diversos barrios tradicionales.

El Madrid de comienzos del siglo XVI se agrupaba en torno al macizo alcázar medieval y estaba rodeado por una muralla, en parte de origen moro, que corría desde la parte norte del antiguo castillo, a través de la plaza de Santo Domingo, hasta la Puerta de Guadalajara, situada donde la calle Nueva confluye con la calle Mayor después de salir de la Plaza Mayor. La muralla describía después una curva hacia el sur y el oeste siguiendo la línea de la Cava Alta y la Cava Baja, en dirección al punto donde el camino de Segovia ascendía desde el Manzanares. La muralla subía después hasta los elevados terrenos que miran al Manzanares y corría en dirección norte para unirse al extremo sudoccidental del Alcázar.

Nada más traspasar la Puerta de Guadalajara había un descampado irregular que constituyó el foco del comercio y la expansión urbana durante gran parte del siglo XVI. Conocido como plaza del Arrabal, era allí donde convergían los caminos de Toledo, Atocha, Guadalajara y Fuencarral frente a la que era entrada principal por el este de la ciudad medieval. El Arrabal, un espacio vacío desigual e irregular, rodeado por una creciente y desordenada variedad de casas, mesones, tiendas y mercados, era una especie de área de acondicionamiento donde comerciantes y arrieros descansaban y se preparaban para entrar en las angostas y populosas calles del casco urbano. Esta versión del siglo XVI de ensanche urbano se extendía junto a las principales carreteras que confluían frente a la Puerta de Guadalajara. En consecuencia, en el momento en que Felipe II estableció la Corte en Madrid, éste contaba con una muralla más reciente que encerraba distritos al norte y el sur de la plaza del Arrabal y se extendía hacia el este hasta la moderna Puerta del Sol; allí, la nueva puerta de este nombre se había convertido en principal entrada por el este.

Poco después de que Madrid se convirtiera en capital, empezó a preocupar a las autoridades la cantidad de pequeñas edificaciones, apresuradamente construidas, que estaban surgiendo en la zona desocupada que había entre la Puerta del Sol y lo que es hoy el Paseo del Prado. En un intento de regular esta urbanización incontrolada, y para proporcionar control fiscal y sanitario a la ciudad, en 1566 la muralla se amplió más hacia el este por orden de Felipe II. Pese a no ser más que una simple barrera de tránsito con fines primordialmente fiscales, la ciudad de fines del siglo XVI quedó durante algún tiempo prácticamente definida por esta tapia. Aunque estaban surgiendo edificios al otro lado de algunas de las principales puertas de esta muralla incluso mientras estaba en construcción, siguió constituyendo el límite oficial de la ciudad durante cierto tiempo. La muralla corría desde la cuesta de la Vega a las Vistillas, cruzaba la Carrera de San Francisco y seguía por la calle de Calatrava. La primera Puerta de Toledo estaba situada en la confluencia de la calle de Toledo y la de Santa Ana, y desde allí la muralla seguía esta calle hasta Embajadores, cruzaba Lavapiés y corría, vía Magdalena, hasta la plaza de Antón Martín. La parte oriental de esta muralla nueva atravesaba lo que es ahora la plaza de Antón Martín, con una puerta para el tráfico en Atocha, que estaba entonces ampliándose. Seguía después una línea recta que corría entre las modernas calles de Echegaray y de la Vega, girando brevemente hacia el este en la Carrera de San Jerónimo hasta el punto donde empezaba a descender acusadamente hacia el moderno Paseo del Prado. Allí se abría la puerta que presenció muchas de estas entradas ceremoniales que hemos estado examinando. La muralla rodeaba una porción de la calle de Cedaceros y después giraba hacia el norte para atravesar Alcalá a la altura de la calle de Peligros, creando así la primera Puerta de Alcalá. Desde Alcalá, la muralla seguía por Peligros hasta el final de Montera y después se dirigía hacia el oeste hasta el postigo de San Martín, antes de partir hacia el Alcázar.

Por entonces Madrid empezaba ya a adquirir el eje ceremonial de siglos posteriores, aunque seguía teniendo escaso atractivo para el visitante extranjero. Ya en 1569, la entrada de la reina doña Ana de Austria mostró muchos de los atributos de nuestro ejemplo del siglo XVIII. Tras haber pernoctado en el cuarto del rey del monasterio de San Jerónimo, la procesión regia entró en Madrid por vía de la Puerta del Sol, la calle Mayor y la antigua Puerta de Guadalajara hasta la iglesia de Santa María de la Almudena para la celebración de un Te Deum. Puesto que este ceremonial era anterior a la construcción del Buen Retiro y de la Plaza Mayor, una vez fuera de la iglesia la procesión se dirigió hacia el cercano Alcázar real.

Aunque esta procesión concedió la misma atención a la representación de la jerarquía cortesana y civil que puede advertirse en el siglo XVIII, con una ornamentación similarmente suntuosa en cada plaza, es posible detectar importantes diferencias en la disposición de los componentes jerárquicos. Una de estas diferencias es el prominente papel de las fundaciones religiosas en toda la ruta ceremonial. Cuando la procesión pasaba junto a sus edificios, muchos miembros de estas instituciones salían a la calle y se unían a la real procesión. Ello representa un contraste con la entrada de 1746, en la que el componente religioso no está ritualmente reconocido salvo por las ceremonias ante la iglesia de Santa María de la Almudena y en su interior.

Sean cuales fueren los simbolismos específicos de autoridad inscritos en estas ceremonias, la necesidad de escenificarlos producía repetidos despliegues en que se unían espléndidos decorados provisionales con auténticas mejoras en los elementos físicos de la ciudad. Hacia 1599 la calle de Alcalá estaba siendo ya utilizada como entrada ceremonial alternativa a la de la Carrera de San Jerónimo. En aquel año, y en honor de la entrada de doña Margarita de Austria, se adoquinó una buena parte de la calle de Alcalá, aunque algo tardíamente. Fue asimismo ensanchada y rectificados sus bordes, y la existente Puerta de Alcalá fue embellecida con un gran arco de ladrillo que mostraba los debidos adornos iconográficos. Otras entradas importantes produjeron la demolición de la antigua Puerta de Santa María, de la Puerta Cerrada y de la Puerta de Guadalajara, todo lo cual facilitó el ensanche de las calles y plazas que éstas habían dominado.

No obstante estas mejoras esporádicas, la ciudad no producía buena impresión en algunos visitantes. Si hemos de creer a Lamberto Wyts, un noble de los Países Bajos que formaba parte del séquito de Ana de Austria, el Madrid de 1569 era primitivo incluso con criterios del siglo XVI:

Tengo a esta Villa de Madrid por la más sucia y puerca de todas las de España, visto que no se ven por las calles otros que grandes servidores (como ello los llaman), que son grandes orinales de mierda, vaciados por las calles, lo cual engendra una fetidez inestimable y villana [...]. Después de las diez no es divertido pasearse por la ciudad, tanto que, después de esa hora, oís volar orinales y vaciar la porquería por todas partes.

Aunque no parece que Felipe II llevara a cabo una gran labor sistemática de reales construcciones en Madrid, salvo por algunas modificaciones en el Alcázar, se tomaron importantes medidas que reflejan un interés en el diseño urbano similar al que era habitual en Italia. Fue bajo Felipe II cuando se realizaron los primeros planes para convertir la plaza del Arrabal en un espacio cívico más formalizado. Algunas de las edificaciones de esta área fueron demolidas y se inició la construcción de la Casa de la Panadería en 1590. Así pues, esta plaza siguió siendo un espacio vacío e irregular con un solo costado definido hasta que fue allí construida la primera versión total de la Plaza Mayor en 1619.

Aunque la ciudad crecía rápidamente, importantes partes de lo que conocemos como el Madrid imperial seguían siendo terrenos desocupados a la muerte de Felipe II en 1598. Por entonces, no obstante, tanto en la ciudad demarcada por la muralla de 1566 como en sus afueras, que pronto serían urbanizadas, las importantes arterias de Atocha, Mayor, Alcalá y San Bernardo se dotaron de un trazado más recto y se había evitado su estrechamiento debido a las construcciones no reguladas. Simultáneamente, la edificación del espléndido puente nuevo de Segovia produjo una similar reforma en la calle de Segovia. Junto a la eliminación de las tapias y puertas que habían caído en desuso debido al crecimiento de la ciudad, estos cambios dieron a Madrid un sistema de arterias para el tráfico interno que era notablemente espacioso para una ciudad del siglo XVII.

Es innegable que una gran parte de Madrid siguió constituida por una serie de miserables casas de un piso y de calles estrechas y sucias mucho después de la muerte de Felipe II. Tanto el mapa de Texeira de 1656, trazado justamente cuando una nueva muralla definió las dimensiones de Madrid para los dos siglos siguientes, como la extraordinaria maqueta a escala de la ciudad en 1830 que puede verse en el Museo Municipal, producen la misma impresión. Pero las mismas cosas podían decirse en buena medida de cualquier ciudad europea de parecidas dimensiones a comienzos de la Edad Moderna. Pese a dichas impresiones, es también cierto que el reinado de Felipe II dejó a Madrid un magnífico legado de espacios públicos y calles interiores. Aunque la muralla de 1566 cayó muy pronto en desuso, las rutas interiores que se construyeron sobre las vías que en su día llevaban a la medieval puerta de Guadalajara permitieron el crecimiento de la ciudad hasta sus dimensiones de los siglos XVII y XVIII. La disposición de estos antiguos caminos, junto al emplazamiento del Alcázar en el borde occidental de la ciudad y del monasterio de San Jerónimo al este del arroyo que terminaría por convertirse en el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, crearon un eje económico y ceremonial que pedía, a la par que atraía, impresionantes edificaciones y espacios abiertos.

Esta orientación axial se vio muy reforzada por la construcción del Palacio del Buen Retiro en la década de 1630. En efecto, el palacio mismo manifiesta el persistente esfuerzo para utilizar arquitectura, arte y lenguaje simbólico con el fin de sustentar la adhesión de un público a una particular visión de orden social. Más aún, las circunstancias de aquellos años indican que el afán, inherente al absolutismo dinástico, por reafirmar sus principios organizativos fue deliberadamente desplazado del escenario amplio de la capital y se concentró en el palacio. El conde-duque de Olivares, ante una situación internacional cada vez más desesperada, pugnó por fortalecer la autoridad moral de su «Rey Planeta», Felipe IV, con objeto de conservar la lealtad de la cada vez más inquieta elite aristocrática a la política de los Austrias en el exterior.

A raíz de un fuego que dañó seriamente el Alcázar de Madrid, por tanto, y pese a la crisis financiera de la monarquía, Olivares emprendió la construcción de un palacio que fortaleciera la autoridad moral del rey y, en virtud de los postulados políticos de la época, aumentara la capacidad de la Corona para extraer recursos de sus súbditos. Así pues, las energías planificadoras del régimen se concentraron en el entorno palacial puertas adentro, creando un suntuoso mundo interior que constantemente reiteraba el poder del rey, la extensión de sus reinos y el esplendor de su reinado. Ahora bien, el público no era todo el mundo sino la aristocracia que frecuentaba la Corte. Este vital problema de relaciones públicas explica, por tanto, el hecho de que el impulso que produjo la planificación urbana barroca en otros lugares se centrara en Madrid en el palacio.

Su efecto general fue, no obstante, reforzar en gran medida la influencia del eje ceremonial de Madrid en otros aspectos de la construcción monumental. Como consecuencia, el anterior interés en el trazado básico de arterias urbanas operó a la recíproca con el desplazamiento de atención desde el Alcázar al Buen Retiro, y produjo una serie de casas e instituciones religiosas de adecuada magnificencia a lo largo de la ruta este-oeste que hemos descrito.

Es por ello por lo que, dos siglos más tarde, durante la entrada de Fernando VI, el cronista se siente repetidamente impresionado por la grandiosidad de diversos monumentos, y en toda su narración se siente obligado a hablarnos de las dimensiones de varios espacios públicos, de la anchura de las calles, y de la altura y tamaño de los palacios nobles. A decir de él, el ancho de la vía del regio recorrido no era nunca inferior a los seis metros, de tal manera que «quedaba un camino tan lucido, tan adornado, tan Magestuoso, que sin otra noticia mostraba haberse construido para Personas superiores a lo común».

Cuando el lector evoca las calles estrechas y sinuosas, los callejones y pasajes del viejo Madrid entre el moderno Teatro Real y la Cava Baja, queda claro que la calle de Alcalá, la Plaza Mayor, la Plazuela de los Consejos («una gran plaza, suficiente para que se pudiesen formar en ella los Escuadrones de las Reales Guardias de Corps ...») y la calle Mayor debieron presentar un verdadero aire de grandiosidad a las personas de la época. La imposibilidad de transportar productos en gran parte de París y la dificultad para crear rutas arteriales en ciudades como Turín, Módena o Roma indican que, no obstante la hostil crítica de Braunfels anteriormente citada, el Madrid imperial podía ofrecer un aspecto bastante impresionante. A diferencia de los soberanos de algunas de las ciudades de Italia, más pequeñas y antiguas, los monarcas de España no tuvieron que reconstruir su capital con objeto de crear un tablado magnificente para sus rituales de poder. Consiguieron, por otra parte, guiar algunos de los cambios que se operaban en esta capital nueva, dinámica y en expansión. A consecuencia de ello, los posteriores monarcas no tuvieron más que tomar posesión de unos elementos urbanos que estaban ya disponibles como escenario de los rituales y las representaciones simbólicas de su orden social ideal.

No implica esto que el impulso para reformar la ciudad no estuviera presente en posteriores épocas. Cuando Fernando VI entró en Madrid para establecer oficialmente su residencia en el Palacio del Buen Retiro, se estaba ya construyendo el monumental Palacio de Oriente, el cual se convertiría en un punto focal de la reconstrucción del área circundante y de la redefinición física de Madrid. En realidad, cabría sostener que los cambios urbanos comenzados bajo Carlos III eran la proyección de un planteamiento que atribuía una nueva forma de autoridad central a la Corona y el Estado, y que reflejaba una versión modificada del orden social oficial. Por lo tanto, los últimos decenios del siglo XVIII presenciaron el desmonte de gran parte de los terrenos que hoy constituyen la plaza de Oriente y la creación de los Jardines de Sabatini, al norte del nuevo palacio. Al mismo tiempo, Carlos III patrocinó los proyectos de reforma del Paseo del Prado, el Paseo de Recoletos y los paseos que flanquean el río Manzanares. Construyó asimismo tanto el Real Observatorio como el Jardín Botánico, y comenzó a levantar un magnífico edificio para alojar un Museo de Ciencias Naturales, palacio este que después se convertiría en el Museo del Prado. Sin cambiar significativamente el interior de la ciudad, estas reformas sugieren una modificación más del eje ceremonial de la ciudad, y también una nueva concepción de la sociedad de Madrid como ciudad-Corte. El espléndido nuevo Palacio de Oriente recondujo la vida de la elite otra vez hacia el oeste de la ciudad. Al mismo tiempo, los nuevos paseos significaron una forma novedosa de esparcimiento y exhibición visible, asociada a una variedad de agrupamientos sociales que sobrepasa los límites de la aristocracia tradicional e incluye a la elite mercantil de los Cinco Gremios Mayores, y a los miembros de la nobleza burocrática de reciente titulación que dominaron la política y la administración reales en el siglo XVIII.

Si unimos esta nueva oleada de construcción absolutista del escenario urbano a los cambios observados en la estructura interna del ceremonial de entrada de 1746, podremos apreciar aún mejor el contraste entre las ideas sobre la autoridad de los siglos XVI, XVII y XVIII. Es posible calificar a Felipe II de monarca «absoluto» en términos que datan del reinado de Juan II, más de un siglo antes, pero el suyo era un absolutismo jurídicamente definido que operaba dentro de una estructura de soberanía dispersa y una colaboración cuanto menos simbólica entre el rey y poderosas entidades corporativas. Así, las ceremonias de su época muestran un reconocimiento de la colaboración con la ciudad-capital y, al mismo tiempo, un carácter fuertemente público. En la primera mitad del siglo XVII el ceremonial siguió siendo público, pero el interés de la Corte se centró en torno a la indoctrinación de la elite aristocrática. Los soberanos de fines del siglo XVIII modificaron sutilmente estos conceptos, de tal modo que el poder absoluto no sólo suponía una máxima autoridad jurisdiccional, sino también un monopolio sobre la soberanía. Ello puede deducirse tanto de la reorientación de la ciudad física hacia el nuevo Palacio de Oriente, como de la mengua de rango del Ayuntamiento de Madrid en los festejos de la real entrada de 1746. Se advierte esto también en la compleja jerarquía dual por la cual la clase comercial no estuvo oficialmente representada en el orden simbólico de la entrada, pero fue, no obstante, esencial para su financiación y organización.

De modo irónico, gran parte del urbanismo barroco de los monarcas Carlos III y Carlos IV fue en realidad llevado a la práctica por los muy diferentes regímenes que surgieron en el siglo XIX. En el transcurso del siglo XIX, el orden social y los conceptos legitimadores del Antiguo Régimen fueron impugnados, pero un gobierno tras otro procuró magnificar al Estado que intentaba controlar, y muchos de aquellos gobiernos estuvieron dominados por hombres cuyos predecesores empezaron a formar parte del orden establecido en el siglo anterior. Así pues, los numerosos planes iniciados en la época de Carlos III fueron continuados y, en el caso de la zona que abarca la plaza de Oriente, el Teatro Real y la plaza de la Ópera, se ampliaron considerablemente por regímenes tan diversos como los de José Bonaparte, Fernando VII y los moderados de mediados del siglo XIX.

5. Dos Madrid: la ciudad física y la ciudad mágica

La ciudad física

Hacia 1640, tanto la ciudad de Madrid física y cotidiana como la ceremonial que servía para proclamar el orden social y político habían adquirido las formas básicas que conservarían durante casi dos siglos. La estructura física del Madrid imperial era en parte fruto de planificación y dirección, y en parte el legado fortuito de Felipe II y Felipe III. La durabilidad del conjunto puede explicarse en virtud de esta proposición: que la ciudad resultante satisfacía con suficiencia las necesidades propagandísticas de la Corona y no exigía la índole de reconstrucción absolutista observada en muchas capitales italianas. Según una explicación menos optimista, esta misma falta de renovación podría entenderse como una clara carencia de recursos y de sentido de autoridad por parte del rey. Sea cual fuere la opción aceptada para explicar la permanencia del escenario urbano que se configuró entre 1560 y 1640, la Corte se apropió repetidamente de elementos de la ciudad tangible y construyó sobre ellos un mundo ritual que propagaba los supuestos y valores del régimen. En anteriores capítulos vimos diversas fases del primer crecimiento de Madrid, y diversos componentes de la real entrada de 1746. En las siguientes páginas completaremos ambos aspectos mediante el trazado de los límites físicos de la ciudad tangible como fue definida por Felipe IV, y mediante la descripción de la ciudad mágica instalada dentro de la ciudad cotidiana para proclamar el orden social y político del rey y la Corte.

Como vimos anteriormente, la mayor parte de la expansión física de Madrid se produjo durante los reinados de Felipe II y Felipe III, y fue en esa época cuando quedó establecido el sistema interno de calles arteriales y plazas principales. De modo concurrente, fueron fijándose la mayoría de los puntos focales habituales del eje ceremonial de la ciudad. El resultante eje ceremonial quedó inicialmente definido por el monasterio de San Jerónimo, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y el Real Alcázar. Esta ruta de ceremonia se superpuso sobre una red de calles arteriales que había ido desarrollándose a partir de los caminos que de todos los puntos del país llegaban a la entrada oriental de la ciudad medieval por el norte, el este y el sur.

La transformación de estos caminos en calles urbanas, y de las plazas donde iban a confluir, dio a Madrid tres importantes puntos nodales para el tráfico interior de la ciudad madura. El primero de ellos era la plaza del Arrabal, situada al otro lado de la medieval Puerta de Guadalajara. Este espacio irregular, posteriormente convertido en Plaza Mayor, era el punto de destino de los caminos de Atocha, Toledo y Segovia. Pese a que la calle de Segovia terminaba nominalmente en Puerta Cerrada, llevaba también al visitante o arriero cerca del extremo bajo de la plaza del Arrabal. Un segundo núcleo de tránsito, algo menos central, se formó en la plazuela de Santo Domingo. Esta plaza creció al otro lado de la puerta norte de la muralla ampliada hasta la Puerta del Sol a comienzos del siglo XVI, y nuevamente extendida por Felipe II en 1566. Así, el puerto/plazuela de Santo Domingo se convirtió en punto central del tráfico llegado desde el área de El Pardo, o que se aproximaba a Madrid por vía de Fuencarral. Santo Domingo se convirtió con ello en un lugar conveniente para que los viajeros y arrieros llegados de la zona norte de la provincia pusieran sus asuntos en orden y atendieran a sus bestias, antes de entrar en el corazón de la ciudad. Desde Santo Domingo podían o bien entrar en la ciudad medieval, o bien recorrer una serie de calles que les conducían hasta la Plaza Mayor, o bien seguir la calle de Preciados hasta la Puerta del Sol. A comienzos del siglo XVII la Puerta del Sol era el segundo gran punto focal del tráfico de entrada a Madrid. Los caminos que después pasaron a ser las calles de Fuencarral, Hortaleza y Alcalá, así como la Carrera de San Jerónimo, se unían todos en la plaza que se formó al otro lado de la Puerta del Sol existente a comienzos del siglo XVI.

Así pues, hacia comienzos del siglo XVII las dos encrucijadas internas más importantes del tráfico urbano eran la Plaza Mayor y la Puerta del Sol. Estos dos puntos clave estaban a su vez conectados por la calle Mayor, que, con el nombre de calle de la Platería y calle de la Almudena, corría desde la Plaza Mayor hasta Santa María de la Almudena y el Real Alcázar. Así pues, el eje ceremonial de la ciudad imaginaria de la Corte coincidía muy de cerca con el eje económico de la ciudad tangible. A plazo más largo, el mundo de la Corte se configuró en torno a los extremos este y oeste de dicha ruta ceremonial, mientras que el mundo comercial y artesanal se extendió hacia el norte y el sur del mismo, entre los dos puntos nodales del tráfico urbano.

Si Felipe II y Felipe III dieron a Madrid su estructura básica, el reinado de Felipe IV procuró a la ciudad los otros dos elementos que iban a definir tanto la ciudad física como la cortesana durante los dos siguientes siglos. Hacía ya mucho tiempo que Madrid se había expandido más allá de la muralla construida por Felipe II, y en 1656 Felipe IV confirmó las dimensiones físicas de su capital al ordenar la construcción de una nueva muralla circundante. Como en el caso de sus predecesoras, esta muralla tenía fines legales y fiscales, y en ningún momento fue pensada como fortificación, lo cual explica que pudiera desaparecer tan completamente. Pero el hecho de que Madrid hubiera dejado de expandirse hacia mediados del siglo XVII y se hubiera solidificado su estructura urbana significó que estos límites serían perdurables. Entre tanto, la construcción del Palacio del Buen Retiro confirmó el eje ceremonial de la capital como Corte. En este proceso, surgieron prestigiosos barrios aristocráticos en ambos extremos de la principal ruta ceremonial. Establecidos los límites de los dos mundos urbanos, podemos dar un breve repaso a las dimensiones de cada uno.

Las lindes fijadas para Madrid a partir de 1656, marcadas en el magnífico plano de la ciudad de Pedro Texeira, pueden ser fácilmente rastreadas sobre un mapa moderno, aunque su visualización es mucho más difícil cuando nos enfrentamos al proceso urbanizador de los siglos XIX y XX, que no sólo ha eliminado edificios sino también calles enteras. Nuestro recorrido del Madrid imperial comienza en el Real Alcázar y sigue los límites fijados por Felipe IV en sentido contrario a las agujas del reloj.

Desde el extremo sudoccidental del Alcázar, la muralla del siglo XVII seguía las fortificaciones medievales hasta la antigua Puerta de la Vega, y descendía después a la calle de Segovia, donde se abría una nueva puerta situada cerca de la entrada a la moderna ronda de Segovia. Desde esta puerta, la nueva muralla se curvaba hacia el este bajo la Vista de San Francisco, corriendo paralela y un poco hacia el este y el sur de la calle de San Buenaventura. Después se unía a la línea de la ronda de Segovia hasta llegar a la Puerta de Toledo, situada en el lado norte de la moderna glorieta del mismo nombre. Desde allí, la linde corría aproximadamente a lo largo de la ronda de Toledo, abrazando el matadero de la Villa. Por ello, al área en torno a la Puerta de Toledo llegaban todos los días cientos de ovejas y vacas destinadas al abasto de carne. No es de extrañar, por tanto, que la zona próxima a la Puerta de Toledo fuera también el emplazamiento de las industrias de curtido y marroquinería, origen de considerable hedor y contaminación. Las calles que iban hacia el norte desde el matadero eran también frecuentadas por ganado, y por los arrieros que transportaban la carne a las carnicerías al por menor, concentradas en el área del Rastro.

La muralla seguía después la ronda de Valencia hasta una puerta menor situada allí donde la calle de Lavapiés alcanzaba la muralla, pero no había entrada alguna en el actual emplazamiento de la enorme glorieta de Embajadores. La muralla de demarcación zigzagueaba después siguiendo un trazado que corresponde a la ronda de Atocha, hasta una pequeña puerta contigua al Hospital de la Villa. Construido en 1596, este edificio alberga hoy el Centro de Arte Reina Sofía.

Dejando atrás esta Puerta de Vallecas, la linde se alejaba de la ciudad propiamente dicha y corría hacia el este rodeando el convento de Nuestra Señora de Atocha y una inmensa zona desocupada donde hoy se encuentran el Real Observatorio y los distritos situados a ambos lados del paseo de la Reina Cristina. Continuaba después hacia el norte siguiendo la línea de la avenida Menéndez Pelayo, girando al oeste en el camino de Alcalá para alcanzar la Puerta de Alcalá. El contorno amurallado encerraba, por tanto, dentro de la ciudad oficial, el vasto espacio vacío ocupado por los edificios y terrenos del nuevo Palacio del Buen Retiro. La muralla corría a continuación brevemente hacia el norte, a lo largo de lo que es hoy la calle Serrano, para abarcar en su interior el magnífico convento de los Agustinos Recoletos, construido en 1592. Atravesando el espacio hoy ocupado por la Biblioteca Nacional, se abría en la muralla una modesta puerta en lo que es hoy la Plaza de Colón, antes de girar hacia el oeste por la moderna calle de Orellana, inmediatamente al sur de la calle de Génova. Después abrazaba el enorme convento de Santa Bárbara, iniciado en 1606 y emplazado en el lado oriental de la gran plaza que aún lleva este nombre.

El anterior resumen de la porción este de las lindes madrileñas del siglo XVII resulta muy engañoso como indicador de las dimensiones de la ciudad en cuanto área urbanizada. Toda la parte oriental de la muralla de demarcación de 1656 incluía amplios terrenos que se hallaban prácticamente despoblados. Si hemos de fiarnos de los dibujos de Texeira, no había edificaciones privadas de ningún tipo al este del Prado de los Agustinos Recoletos y del Prado de Atocha, por entonces no urbanizados. Más aún, aunque se había construido mucho a lo largo de la calle de Atocha hasta el sur y este de la Puerta de Antón Martín, de 1566, poblando densamente la zona entre la calle de las Huertas y la Puerta de Toledo de 1656, gran parte del área inmediatamente al oeste del Prado (paseo) de los Recoletos estaba muy escasamente poblada. Desde la calle de las Huertas hacia el norte hasta la Puerta de Santa Bárbara, toda la zona entre los modernos paseos en la parte este y las actuales calles de San Agustín, Marqués de Cubas, Barquillo y Fernando VI era un complejo de parcelas ajardinadas con algunas casas aristocráticas e instituciones religiosas dispersas. Incluso al oeste de esta área, sobre todo en la calle del Barquillo, existían espacios vacíos considerables. En realidad, la totalidad del distrito situado al este de la muralla antigua construida por Felipe II en 1566 y cercano a las puertas de Alcalá y San Jerónimo había experimentado una urbanización notablemente escasa pese a la rápida expansión general de la ciudad. Si incluimos también las tierras desocupadas en torno al Alcázar que quedaban dentro de la demarcación oficial, no menos del 40 por ciento de la zona abarcada por la muralla de Felipe IV no estaba urbanizada en 1656. Si recordamos además que los numerosos monasterios y conventos situados en la ciudad contaban también con jardines y claustros, se hace más fácil entender que la ciudad alcanzara casi los 300.000 habitantes en la década de 1850 antes de que comenzara su verdadera expansión más allá de estos límites del siglo XVII.

Al cruzar el lado norte de Madrid, la muralla de 1656 avanzaba desde el extremo sur de la plaza de Santa Bárbara, por la línea que marcaba la moderna calle del Divino Pastor, un poco al sur de las de Carranza y Sagasta. La muralla se abría en una pequeña puerta al sur de la moderna glorieta de Bilbao, que daba acceso a los pozos de la nieve de la ciudad. Más al oeste, se destacaba la importante Puerta de Fuencarral, que se abría en el lado sur de la glorieta de Ruiz Jiménez. La linde continuaba en dirección oeste hasta la Puerta de San Joaquín, que estaba en la moderna calle de la Princesa a la altura de la de Alberto Aguilera. Conocida como Camino de El Pardo, la línea de la calle Princesa marcaba el límite occidental hasta el punto en que el Camino de El Pardo se convertía en calle de Leganitos. Allí, la muralla giraba brevemente para seguir el Camino del Río (hoy cuesta de San Vicente), y después atravesaba un espacio vacío hoy ocupado por el Palacio del Senado. La muralla de demarcación terminaba al llegar al convento de la Encarnación. Este convento, construido en 1622, colindaba con el lado norte de los terrenos del Real Alcázar.

Una rápida ojeada a los distritos norte de la ciudad muestra en parte la misma pauta de crecimiento rápido, que irradiaba desde las puertas de la muralla de Felipe II que veíamos en las áreas sur y sudeste. Los caminos de Hortaleza y Fuencarral, que finalizaban en la Puerta del Sol, y los de Alcobendas y El Pardo, que desembocaban en la plazuela de Santo Domingo, fomentaron todos una urbanización en sentido norte análoga a la que estaba produciéndose a lo largo de los caminos de Toledo y Atocha. Limitado al oeste por la presencia del Alcázar, por un terreno abrupto y por el real dominio sobre las tierras que bordean el río Manzanares, y también limitado al este por el Palacio del Buen Retiro y por carecer de acceso a las tierras situadas al otro lado de las puertas de Alcalá y San Jerónimo, el crecimiento urbano cambió de dirección. Aunque inicialmente había seguido el eje ceremonial y comercial este-oeste surgido en el siglo XVI, la expansión hacia el este quedó pronto desviada hacia zonas cada vez más al norte y el sur de este prestigioso eje central.

Este apunte incompleto de la ciudad física, basado en las calles arteriales clave y las lindes oficiales fijadas por Felipe IV, transmite una cierta idea de la extensión y disposición del mundo real que era Madrid-capital. Era también, como ya indicábamos, una ciudad de casas bajas, de mala construcción y de uno o dos pisos, habitadas por unos cuantos miles de familias que tenían rentas holgadas y por decenas de miles de familias y personas que eran miserablemente pobres incluso para criterios del siglo XVII. Calles estrechas, sucias, sin empedrado, que hacían las veces de cloacas, un puñado escaso de fuentes públicas de agua limpia, un abastecimiento alimentario limitado y errático, y las enfermedades endémicas formaban parte de la vida cotidiana de la mayoría de los madrileños. Junto al marco físico surgido a comienzos del siglo XVII, éstas eran las realidades predominantes de la vida en Madrid. Este mundo de ciudad-popular era, claramente, muy distinto al de la ciudad-Corte que hemos visto descrito en las entradas reales. Fue sobre este escenario cotidiano, mediante la apropiación de los elementos físicos más admirables del eje este-oeste de la ciudad, donde el régimen aristocrático y absolutista de la España de los Austrias y los Borbones creó la representación mágica y alegórica del poder y la jerarquía a que nos referíamos en el curso de este ensayo. Esta ciudad imaginaria era tan importante para el Antiguo Régimen como la ciudad física, y es, por tanto, conveniente ligar la anterior descripción física a una descripción del mundo mágico que las elites rectoras evocaron con objeto de indoctrinar, disciplinar y trascender la realidad, muchas veces deprimente, que les rodeaba.

La ciudad mágica

El sustancial escenario urbano, relativamente impresionante, que Madrid proporcionaba para el ceremonial regio, unido al interés en un público más aristocrático para la clase de propaganda que ejemplifica el Buen Retiro, significó que el incentivo para reconstruir la capital como ámbito urbano fue relativamente escaso durante más de un siglo después de su construcción. Las exigencias simbólicas y físicas de los rituales públicos se satisficieron, por el contrario, mediante la apropiación de espacios y monumentos urbanos ya existentes. Ese espacio urbano así absorbido fue entonces transformado con afirmaciones monumentales, si bien efímeras, sobre la autoridad y la sociedad. Aquellas reconstrucciones pasajeras objetivaban a su vez el mundo imaginario de la ideología dominante, sirviéndose del escenario urbano y las rutas ceremoniales que hemos descrito. ¿Cómo era aquella ciudad imaginaria?

Cuando Fernando VI recorrió junto a su séquito las calles que componían el eje ceremonial del Madrid imperial, repitiendo un ritual llevado a cabo por innumerables personajes reales y dignatarios extranjeros del Antiguo Régimen, estaba también recorriendo una ruta cuidadosamente demarcada que el antropólogo describiría como un espacio mágico. Sería bueno recordar las palabras del cronista sobre un «camino tan lucido [...] que [...] mostraba haberse construido para Personas superiores a lo común».

En su trayecto, la procesión pasó o atravesó una serie de espacios públicos y edificios prominentes que habían sido incorporados a este mágico espacio regio. En la primera mitad del recorrido figuraban la plaza que se abría nada más traspasar la Puerta de Alcalá, la lonja de la iglesia de los Carmelitas Descalzos, el Palacio del Marqués de Valleolmos, la Puerta del Sol, la lonja de San Felipe el Real, la casa del Conde de Oñate, la Puerta de Guadalajara, la calle de Platerías, la plaza de la Villa, y la Plazuela de los Consejos, en que se destacaba el pórtico de la iglesia de Santa María de la Almudena. En el camino de vuelta se encontraban la calle Nueva, la Plaza Mayor, la de la Provincia, la Plazuela del Ángel, la calle de Carretas, la Puerta del Sol, la Carrera de San Jerónimo y la Puerta del Ángel a la entrada del Palacio del Buen Retiro. Por grandiosos que fueran todos estos lugares en circunstancias normales, tanto ellos como las calles que los conectaban fueron totalmente transformados para la entrada del rey a un increíble mundo de alegoría y erudita alabanza al valor, la audacia, la sabiduría y la cultura del rey y su reina, unidos a representaciones de la riqueza, el poder, la extensión y la feracidad de sus reinos.

El arranque y el final de la ruta real estaban señalados con dos inmensas pirámides provisionales. Las dos de la Puerta de Alcalá tenían 10 metros de altura y estaban cubiertas con frases en latín y español en que se ensalzaba a los nuevos monarcas y a sus reinos. Estaban, asimismo, profusamente ornamentadas con imágenes que simbolizaban el vasallaje y la deferencia a la autoridad del rey. Delimitando un espacio mágico cuidadosamente definido para ser ocupado por el nuevo soberano, la totalidad de su recorrido por la ciudad estaba flanqueado a ambos lados por una valla continua de abigarrados paneles alegóricos. Según nos cuenta el cronista, esta valla consistía en 1.320 secciones, cada una de ellas de un metro de alto y seis de largo, sostenidas por 14 balaustradas ricamente pintadas. Cada sección tenía un panel central rectangular con un marco que imitaba jaspe, mientras que las uniones entre paneles se ocultaban con una columna de falso jaspe y un panel triangular de cuatro metros de altura pintado con frases e ilustraciones alegóricas. Esta valla seguía ininterrumpidamente a ambos lados de la ruta procesional, que tenía casi cinco kilómetros de longitud. La descripción de la crónica nos suministra interminables pormenores sobre el contenido de cada uno de estos paneles decorativos. Es de esperar que unos pocos de dichos pormenores basten para transmitir una impresión precisa.

El volumen total de los materiales decorativos, tanto los de las plazas como los de la inmensa valla, fueron obra de una sola persona. Estaban organizados en torno a un tema basado en los cuatro elementos y el cielo, y se fundaban en la premisa de que para el monarca perfecto sólo la alabanza útil y verdadera sería aceptable. En consecuencia, uno de los temas dominantes era el buen gobierno y la política útil, evocando así la retórica de la economía política utilitaria de la Ilustración francesa. De acuerdo con estos elementos temáticos, un grupo de pinturas representaba a la Tierra, con motivos tales como una esfera oscura y la frase «la tierra estaba oscura y vacía, pero si Bárbara [de Braganza] la hubiera mirado por ventura, habría sido abundante». En otro panel se veía un olivo, con la frase: «El olivo ofrece tres dones / al rey con fiel acatamiento / paz, clemencia y ciencia»; mientras que otro representaba una escena de peñas arrancadas por un terremoto con la leyenda: «Al ver que será verdaderamente justa / la integridad de Fernando / hasta la tierra tiembla». En otra sección se veía la figura de un armadillo con la frase en latín: «Divitys animosa suis», seguida por «Dañar no podrá a Fernando / la fuerza más enemiga / que es su virtud su loriga». Cientos de estas alegorías literarias y pictóricas, brillantemente ilustradas, flanqueaban los casi cinco kilómetros del recorrido de la real procesión.

Al mismo tiempo, el trayecto estaba «anclado» por construcciones en tres dimensiones mucho más ornamentadas en cada plaza y espacio abierto. Un magnífico arco de tres cuerpos servía de complemento a la ya existente Puerta de Alcalá, y mostraba diversos aspectos del comercio propio de cada uno de los Cinco Gremios Mayores, acompañados por numerosas representaciones simbólicas de España y Portugal, junto a los retratos del rey y la reina, todo lo cual estaba repleto de alusiones al más poderoso de los emperadores romanos. A un lado de la calle de Alcalá, toda la lonja del convento de los Carmelitas había sido convertida en un espectacular jardín que contenía una estatua del profeta Elías, arcos decorados y grandes fuentes que ofrecían un magnífico espectáculo acuático y también lanzaban chorros de «inocente Fuego, que ostentando quanto cabe en el de lucido, era del todo inepto para exercitar lo dañoso». Una vez más, estos ornamentos estaban entremezclados con frases sobre la justicia, la sabiduría y la religiosidad del rey.

El siguiente espectáculo había sido levantado en la Puerta del Sol, un espacio público alargado e irregular rodeado de edificios insignificantes. En 1746 esta plaza no contaba aún con la espléndida Casa de Correos que hoy constituye su centro focal, pero que no fue construida hasta 1768. En consecuencia, el rasgo predominante de la antigua Puerta del Sol era la llamada Fuente de la Mariblanca de su extremo oriental. Para la real entrada toda la plaza se cubrió de colgaduras y en su centro se colocó un enorme cenador formado por ocho arcos inmensos, cada uno de nueve metros de altura y rematados por ocho arbotantes también de nueve metros de alto. Sobre el centro de este cenador había una cornisa rocosa azotada por olas y decorada con corales y mariscos. En el interior había una fuente gigantesca dorada y plateada con chorros de agua que brotaban de las bocas de cuatro monstruos y caían en estanques con forma de concha. Las imágenes y los carteles que aparecían en esta estructura resaltaban el tema del rey como Emperador de los Mares. El costado del cenador visto por el rey en su primer paso por la Puerta del Sol estaba construido con materiales que imitaban jaspe y mármol. Debido a que su segundo paso por la Puerta del Sol iba a ser ya de noche, el lado sur del cenador estaba hecho de materiales translúcidos o invisibles para que, con luz artificial del interior, el rey pudiera ver una fantasía brillantemente iluminada. Similares alabanzas dominaban el ornamentado despliegue de la Lonja de San Felipe el Real, situada al principio de la calle Mayor. Cubierto de complicados adornos florales, había en este decorado 17 cuadros simbólicos, cada uno de los cuales era una alegoría sobre la sumisión de algún aspecto de la naturaleza a la real voluntad.

En otros puntos del recorrido había diversas plazas dominadas por enormes arcos, generalmente de estilo neoclásico y adornados con estatuas, pinturas, y frases y citas laudatorias. En la Puerta de Guadalajara había un arco de 15 metros de altura, cuyo tema ornamental representaba al rey como el dios Marte y jefe militar. En la Plaza de la Villa figuraba la reproducción de un gigantesco castillo sobre una peña rocosa, con una estatua de Madrid en Armas asentada donde debía encontrarse la torre del homenaje. La ciudad ofrecía su lealtad al nuevo rey en numerosos carteles. El pórtico de la iglesia de Santa María de la Almudena estaba cubierto de lujosos tapices y colgaduras, con letreros en que se expresaban similares sentimientos. Anejo a esta iglesia había otro arco triunfal de 15 metros de anchura y 20 de altura de dos cuerpos. El tema ornamental era la inmortalidad y sus letreros vaticinaban que la memoria de Fernando y de su entrada serían inmortales. Donde la calle Nueva llevaba de la calle Mayor a la Plaza Mayor se alzaba otro arco que hacía juego con el de la adyacente plaza de Guadalajara, y donde se representaba a las Musas de las artes y a los grandes escritores de España. Al salir de la Plaza Mayor, la procesión atravesó la Plaza de la Provincia, donde aparecía otro inmenso cenador compuesto de ocho arcos de 10 metros de altura y coronado por cuatro arcos menores. En conjunto, sus motivos laudatorios representaban a los ocho continentes y las cuatro estaciones, todos los cuales estaban sometidos a los reales deseos. Los arcos más impresionantes estaban en la Plazuela del Ángel. A su entrada por el lado de la calle de Carretas, había una estructura de 12 metros de anchura y tres cuerpos, que alcanzaba la altura de 30 metros. Su tema decorativo giraba en honor de la reina portuguesa, Bárbara de Braganza, y contenía numerosas descripciones y alusiones literarias en honor de Portugal, Vasco de Gama y Lisboa. La construcción más voluminosa de todo el festival era el arco de la Puerta del Ángel que marcaba la entrada a la calle del Prado. Situado entre las casas del duque de Medinaceli y de la duquesa de Atri, este arco de tres vanos no medía menos de 35 metros de ancho y 40 de alto, y mostraba tres niveles de columnatas jónicas. En sus ornamentos se identificaba al rey con los dioses de Grecia y Roma, y contaba con una representación móvil del sol de seis metros de diámetro.

El decorado más espectacular de todo el recorrido era el de la calle de Platerías, suministrado por la Congregación de San Eloi del Arte de Plateros. Al leer su descripción, no sorprenderá que el Gremio de Plateros fuera el más rico de la ciudad. Los 212 miembros de las diversas especialidades de platería admitieron tener unas rentas anuales de casi 15.000 reales en el año de 1757, mientras que los 22 integrantes de los plateros/joyeros al por mayor promediaban los 56.000 reales, sustancialmente más que las rentas medias de los terratenientes titulados residentes en la ciudad. Pese a que cabría cuestionar el buen gusto del espectáculo, era éste lo bastante suntuoso para que su descripción ocupe casi nueve páginas de la transcripción impresa de la crónica.

Ambos lados de la calle de Platerías, que tenía 50 metros de longitud, estaban cubiertos con una fachada decorativa de 15 metros de altura dividida en dos cuerpos. El inferior tenía la forma de una galería de 22 arcos pintados imitando jaspe y mármol. En el interior de todos ellos había reproducciones transparentes del escudo de armas de cada uno de los reinos regidos por el monarca. Por la noche, en el recorrido de vuelta del rey hasta palacio, estas transparencias estaban iluminadas con 600 grandes velas. Las cornisas del cuerpo inferior de arcos tenían una barandilla en que se exhibían 607 piezas de plata, mientras que el pasamanos de la barandilla mostraba otros 176 grandes floreros, sortues, perfumeros, aguamaniles y figuras de escultura en plata. El segundo cuerpo estaba formado por dieciséis pirámides de cinco metros de altura, con 24 paneles hexagonales de exposición y decenas de lámparas. En cada extremo de la calle se alzaban dos pirámides, cada una con su enorme estatua de plata en vitrina de cristal.

En el centro de la calle había una pirámide aún mayor que mostraba las estatuas de San Fernando y Santa Bárbara, bajo las cuales se veían unos retratos de dos metros de altura del rey y la reina con marcos ricamente decorados en plata y piedras preciosas. Diseminadas por todo este derroche había más de mil lámparas y cirios, «4.573 piezas de Plata» y 44 ilustraciones alegóricas sobre grandes paneles, acompañadas de los debidos rótulos poéticos. Es posible que el de Plateros no fuera el más rico e influyente de los Cinco Gremios Mayores, pero proporcionó uno de los más espectaculares despliegues de este pasajero mundo mágico asociado a la real entrada.

Para producir mayor efecto, toda la segunda mitad de este espectacular recorrido de la entrada del rey transcurrió ya de noche. Todo el trayecto desde la iglesia de Santa María de la Almudena nuevamente a la Puerta del Sol y el Buen Retiro estuvo iluminado con decenas de miles de linternas y antorchas. Sólo en la Plaza Mayor se contaban tres mil lámparas, y muchos miles más flanqueaban el camino. Junto a la iluminación de la calle de Platerías y el cenador transparente e iluminado de la Puerta del Sol, la luz artificial prestó un aire mágico a todo el desfile y a su decorado material. Sin duda alguna, los varios kilómetros de vallas profusamente pintadas, los inmensos arcos provisionales, los jardines y otras construcciones decorativas, además de los adornos que se destacaban en cada uno de los edificios importantes, los miles de luces y los cientos de pajes, guardias reales y bandas de música ricamente ataviados debieron producir una impresión intensa y hasta trascendental en muchos de los observadores y participantes. Es por todo ello por lo que una entrada a gran escala como ésta transformaba la ciudad cotidiana de Madrid en un mundo especial y mágico, un mundo que aspiraba, mediante su organización impuesta, a dar expresión viable al sistema imaginario de autoridad y jerarquía que definía las relaciones oficiales entre el rey, la Corte, la ciudad-capital y los habitantes de esa ciudad.

6. Una ciudad de forasteros

Dos perspectivas urbanas

Si el Madrid imperial en su calidad de Corte era en parte una ciudad que existía en el pensamiento de su elite dirigente, y en parte una ciudad que había crecido y se había conformado para servir de escenario donde magnificar y confirmar dicho mundo imaginario, Madrid era al mismo tiempo un lugar donde vivían y trabajaban miles de personas. Era, asimismo, el centro de la vida económica castellana y el punto central desde el cual se regía un inmenso imperio y donde se negociaban enormes cantidades de transacciones públicas y privadas. Aunque la deslumbrante fachada de Madrid-Corte se desmoronó después de 1808, algunos de estos otros aspectos del Madrid imperial resultaron ser más perdurables y tener mayor solidez.

Hasta este momento, hemos analizado Madrid primordialmente como Corte y como complejo urbano en expansión. Hemos visto la ciudad según era percibida por las elites rectoras, como un entorno tangible del gobierno del rey y como mundo imaginario que reforzaba los postulados prevalecientes acerca de la sociedad y sobre la autoridad política. Para entenderla bien, sin embargo, tenemos que comprender que la capital no era tanto una ciudad integrada y autónoma, sino más bien una serie de componentes conectados a otras partes del mundo hispánico. Vistos desde esta perspectiva, muchos aspectos de la vida madrileña constituían verdaderos vínculos entre la capital y otros mundos sociales y económicos, entre los que se contaban las comunidades agrícolas rurales, las oligarquías sociales provinciales, zonas económicas y comerciales regionales, y entramados de autoridad política que se extendían hasta puntos tan remotos como Nápoles, Bruselas, Lima y Manila. En efecto, Madrid era al mismo tiempo una ciudad con características propias de la vida urbana y el punto focal, asimismo, de numerosas relaciones ciudad-país y ciudad-imperio.

Es indudable que la sociedad urbana es diferente a la del campo. Todas las ciudades atraen concentraciones de artesanos, abogados, comerciantes y funcionarios. Estas personas se encuentran también repartidas por los pequeños pueblos de la sociedad agrícola, y en ellos son miembros subordinados de una jerarquía social orientada hacia la economía agrícola y las elites terratenientes. Concentradas en la ciudad, no obstante, estas mismas personas pueden desarrollar una conciencia colectiva que no sólo se funda en intereses comunes, sino también en simple proximidad. Mediante este proceso se convierten en algo que se parece más a una clase social en el moderno sentido de la expresión.

Al mismo tiempo, no obstante, la ciudad presta servicios al campo que la rodea, y en el caso de una capital suministra sus servicios a un ámbito mucho más amplio. La ciudad obtiene alimentos, combustible y materias primas de su hinterland económico; productos manufacturados, de una red comercial más extensa; e incluso a sus habitantes, llegados como inmigrantes, del mundo circundante. Algunas ciudades se sostienen económicamente porque sus habitantes organizan intercambios comerciales y producen artículos que pueden venderse en la red comercial. Otras, como Madrid, existen primordialmente porque facilitan las actividades del gobierno y la integración social de las elites políticas. Ni el proceso gubernativo ni la vida de la elite política se desarrolla enteramente en la capital, pero ninguno de los dos puede operar sin una capital.

Estos rasgos generales de las ciudades nos obligan a considerar muchos aspectos de Madrid en una doble perspectiva. No basta con describir personas e instituciones en su interacción dentro de la ciudad. Debemos también preguntarnos qué clase de interacción mantenía cada elemento del mosaico urbano con el mundo exterior a la ciudad. No es extraño, por consiguiente, que una de las labores más arduas del historiador sea captar de algún modo la esencia de esa comunidad enorme y algo desarticulada que era el Madrid-Corte, el Madrid-capital, dificultad que guarda relación en buena parte con el carácter nuevo de la ciudad en el siglo XVII, con sus dimensiones y con el hecho de que sus funciones económicas y sociales se derivaran de su papel de sede de la Corte y el gobierno. El carácter de esta comunidad y esta sociedad urbanas se complicaba aún más por las realidades demográficas de la vida urbana en el mundo preindustrial. Pese a ser incompletas nuestras fuentes, es preciso elaborar algunas impresiones generales de ese perdido mundo urbano, con el fin de suministrar un contexto para la visión idealizada del Madrid-Corte que surge de las ceremonias cívicas del estilo de las reales entradas. Ese contexto amplio nos permitirá situar a los miembros privilegiados de la Corte, a los gremios y otras organizaciones corporativas, así como a sus criados personales, dentro de una visión más compleja de lo que constituye una gran ciudad.

Inmigración, demografía y población urbana

Desde el momento de su elevación a la categoría de ciudad-capital hasta el presente, Madrid ha sido una ciudad de inmigrantes. Aunque nuestras primeras estadísticas amplias datan de 1850, parece ser que a lo largo de los siglos en que fue capital imperial, entre la mitad y las tres cuartas partes de los habitantes de Madrid habían nacido en alguna otra provincia. En el año de 1850, momento en que la ciudad acababa de iniciar un periodo de rápido crecimiento, formaba parte de este grupo al menos un 60 por ciento de la población. El Madrid imperial experimentó episodios similares de expansión acelerada entre 1560 y 1625 y nuevamente desde mediados del siglo XVIII hasta aproximadamente 1800. En los decenios finales del siglo XVII y en el transcurso de las guerras napoleónicas y la ocupación francesa, en que la población de la ciudad se redujo o permaneció estática, la proporción de inmigrantes fue inevitablemente menor, pero es probable que nunca descendiera por debajo del 50 por ciento del total. Este fenómeno, que se explica por una serie de razones, acarrea además una serie de consecuencias en cuanto a la estructura de la sociedad urbana.

Cuando Felipe II designó a Madrid como capital y residencia de la Corte, era ya una ciudad de tamaño mediano en proceso de crecimiento, de 20.000 a 30.000 habitantes. Utilizado con frecuencia como residencia de las partidas de caza reales, el Alcázar de Madrid era visitado a menudo por Carlos V y su séquito, y se convirtió en residencia predilecta de Felipe II mientras fue Príncipe de Asturias. Por tanto Madrid, de modo no oficial, era ya una ciudad regia que estaba creciendo cuando comenzó oficialmente su función imperial en 1561. Hacia finales del reinado de Felipe II en 1598, Madrid había rebasado la cifra de 60.000 habitantes de Toledo, durante mucho tiempo centro de la vida urbana en la Castilla interior, y se acercaba a los 100.000. En 1600, Madrid era ya la ciudad más populosa de España, y continuó su crecimiento casi explosivo hasta bien entrado el siglo XVII; así, en 1630 albergaba al menos 150.000 almas. En aquel momento la expansión cesó, y a lo largo de los decenios centrales del siglo XVII la ciudad perdió población gradualmente.

Siendo lo anterior indicio tanto de la decadencia demográfica de Castilla como de la disminución de los recursos de la Corona, parece ser que entre la muerte de Felipe IV en 1665 y el final de la Guerra de Sucesión en 1714, Madrid no tenía más de 100.000 a 115.000 habitantes. Con la general recuperación demográfica del siglo XVIII y la mayor prosperidad de la Corona y de su Corte, Madrid empezó también a expandirse, recobrando un total de 150.000 habitantes hacia 1760 y acercándose a los 200.000 en 1800. La ciudad padeció mucho a consecuencia de la devastadora crisis de subsistencias de 1804, la invasión francesa y la quiebra de los sistemas de abastecimiento debido al sistema de guerra de guerrillas mediante el que se libró en parte la Guerra de Independencia, lo que provocó posiblemente un breve descenso de la población hasta un 25 por ciento. A continuación del Trienio Liberal, la capital inició otro periodo de crecimiento demográfico, el cual elevó la población total hasta un número superior a los 280.000 habitantes hacia 1860.

Estas oleadas de crecimiento nos hablan de una sociedad urbana compuesta en buena medida de inmigrantes, en especial durante las largas fases expansivas. Otros factores relacionados con las duras realidades de la vida demográfica y económica preindustrial en Castilla explican por qué una parte tan considerable de la población urbana estaba formada por inmigrantes incluso cuando la ciudad no se hallaba en expansión. En la medida en que podemos determinarlo, la expectativa de vida de un niño nacido vivo en las aldeas castellanas de fines del siglo XVIII era de unos 27 años. Puesto que esta cifra era sólo ligeramente superior a la edad típica de matrimonio, ello revela una tasa de mortalidad tan elevada que a una comunidad rural le resultaba difícil mantener una población estable. Si todas las mujeres se hubieran casado, cada mujer casada habría tenido que parir cinco o seis niños vivos para que la familia típica pudiera autorrelevarse y contribuir al crecimiento de la población.

Simultáneamente, la mayoría de las grandes ciudades europeas eran lugares mortíferos para vivir. La crónica pobreza y la recurrente desnutrición del mundo rural se magnificaban debido a la concentración de suciedad, las enfermedades, las malas condiciones de vida, la carestía de los alimentos y la imprevisibilidad del trabajo, todo lo cual dificultaba aún más a los indigentes urbanos la formación de una familia y tenía efectos desastrosos en los recién nacidos. Aunque no todas las ciudades eran igualmente deficientes a estos respectos, no deja de ser revelador que en el siglo XVII, en la ciudad pañera francesa de Amiens el niño que nacía vivo tenía, en el mejor de los casos, una expectativa de vida de sólo 17 años. Existe cierta evidencia de que hacia fines del siglo XVIII, con un mejor abastecimiento de agua, la pavimentación de las calles, y una recogida bastante regular de desechos humanos y animales, Madrid era una de las ciudades más salubres de Europa. Aun así, la manipulación más optimista de las estadísticas indica que había en la ciudad solamente alrededor de 95 nacimientos por cada 100 muertes, y hay pocos motivos para no suponer que el déficit demográfico era mucho mayor en los siglos XVI y XVII.

Una ciudad como Madrid era demográficamente débil también por otros motivos. Pocos de los trabajos accesibles a la mayoría de los inmigrantes tenían una remuneración suficiente para mantener a una familia y, como veremos, eran escasas las posibilidades de formarla en la misma ciudad. Las personas del servicio doméstico, criadas y criados, tenían muchas veces prohibido casarse, como era también el caso de los oficiales y aprendices de la mayoría de los gremios. El carácter desesperado de la existencia urbana para gran parte de su población puede colegirse en los cientos de recién nacidos que eran abandonados todos los años en la Inclusa de Madrid. Esta clase de hogares de beneficencia para niños abandonados existían en todas las ciudades importantes de Europa y, pese a las buenas intenciones de los que las dirigían, eran poco más que centros de infanticidio socialmente sancionados. Sólo un porcentaje mínimo de los niños que ingresaban en estas instituciones salía vivo de ellas.

Además, una gran parte de la población indigente de una ciudad como Madrid era en realidad siempre transitoria. Miles de mozos gallegos y asturianos y de muchachas de las provincias de Toledo, Ávila, Salamanca y Guadalajara venían a la ciudad con la intención de trabajar allí unos cuantos años, a fin de ahorrar para casarse o adquirir una finca en su pueblo. David Reher ha demostrado que en Cuenca, incluso cuando se producían lentos descensos de la población total, se renovaba anualmente cerca de un 15 por ciento de la población a consecuencia de una inmigración urbana temporal. No hay motivo para suponer que el caso de Madrid fuera diferente.

Estas duras realidades indican que para que una ciudad de 150.000 habitantes compensara su déficit demográfico, tenía que atraer entre 1.000 y 2.000 inmigrantes anuales. Si la inmigración temporal era tan habitual como en Cuenca, habría varios miles de nuevos residentes adicionales todos los años. Si, además, la ciudad crecía, como ocurrió en Madrid en diversos momentos, la afluencia tenía que superar a la migración de salida y a las muertes en otras 1.000 a 2.000 personas anuales. ¿Cuáles son, pues, algunas de las características de la sociedad de un mundo urbano complejo y transitorio como éste?

Inmigración permanente, inmigración temporal

Una de las cuestiones que hay que considerar es que en la ciudad convivían estrechamente dos poblaciones que estaban relacionadas con el mundo urbano de modo diferente, como evidencia el censo de 1850. Pese a pertenecer a una fecha que no corresponde al periodo imperial de Madrid, aquellas de sus características demográficas que pueden compararse con fuentes anteriores son idénticas y por ello, puede proporcionarnos algunas impresiones útiles. Se trata del primer censo que distingue entre habitantes nacidos en Madrid e inmigrantes, indicando además la provincia originaria así como la distribución por edades de ambos grupos. Permite, por tanto, atisbar el carácter dual de la sociedad urbana.

No obstante el sombrío cuadro demográfico anteriormente pintado, la distribución por edades de ese 40 por ciento de la población nacida en la ciudad es muy similar a la del campo. La mortalidad infantil era probablemente algo más elevada, pero por lo demás indica un medio social estable en que las familias se formaban y se reproducían adecuadamente. Por contraste, en la distribución por edades del 60 por ciento de la población que se calificaba de inmigrante hay muy pocas personas menores de 15 años. Al mismo tiempo, los grupos inmigrantes entre los 15 y los 40 años superaban con mucho a los residentes nacidos en la ciudad de las mismas edades. Ello nos plantea dos interrogantes: qué carácter tenía ese núcleo interior demográficamente estable de la vida urbana, y cómo era ese mundo intensamente inestable de inmigrantes urbanos.

Los orígenes del núcleo interior pueden colegirse de algunos datos dispersos de comienzos del siglo XVII, mientras que los datos ocupacionales del Catastro de Ensenada nos proporcionan un cuadro más amplio de esta sociedad dual en el siglo XVIII. Las fuentes descriptivas y el censo de 1850 ofrecen, por su parte, algunas impresiones sobre la población flotante inestable. Conjuntamente, estas fuentes nos permiten una comparación más completa entre el mundo imaginario de las elites del Antiguo Régimen y el mundo real de la mayoría de los habitantes de la ciudad.

Intentemos primero atisbar el núcleo interior de la economía y la sociedad de esta ciudad en evolución durante la época de Felipe III y Felipe IV. No es difícil hallar en las fuentes literarias la clase de anécdotas y descripciones que pueden procurarnos algunas impresiones sobre la vida urbana, y la índole de personas que se dirigía a esa floreciente ciudad castellana que era Madrid. Más difícil es encontrar fuentes que puedan proporcionarnos un cuadro más preciso de la sociedad urbana que allí estaba creándose.

Al establecerse la Corte y la burocracia real en Madrid, decenas y después cientos de consejeros, procuradores, escribanos, receptores y otros funcionarios se vieron obligados a trasladarse a la nueva capital. Gradualmente, sus labores fueron estabilizándose, encontraron y se construyeron casas, y se trajeron a sus familias consigo. Al ir en aumento la suntuosidad de la vida cortesana y sus rituales, y empezar a ofrecer cada vez más posibilidades de patronazgo aristocrático, estatus social y ventajas económicas al cortesano avispado, los nobles titulados de Castilla desplazaron su atención de sus tierras y fincas hacia Madrid y su Corte. Uno por uno, estos aristócratas terratenientes fijaron su residencia en Madrid, primero temporalmente y después construyéndose palacios permanentes para ellos y sus familias en las partes nuevas de la ciudad. La inmensa casa del conde de Oñate, con una fachada de casi 20 metros de altura y que cubría más de 80 metros de recorrido de la calle Mayor, no era más que un ejemplo. Puesto que las edificaciones y los criados eran unas de las formas más visibles de consumo, y puesto que las exhibiciones de riqueza eran importantes para mantener la posición en la sociedad aristocrática, los nuevos palacios crearon una demanda a gran escala tanto de mano de obra para la construcción como de servicio doméstico. Aunque la mayoría de estos nobles mantenía relación con sus posesiones rurales, y a menudo residían parte del año en sus ciudades provinciales de origen, la capital fue convirtiéndose cada vez más en punto central de referencia para su vida social y sus intereses financieros.

Hay evidencia indirecta similar que muestra que, no obstante las periódicas prohibiciones del Ayuntamiento de Madrid y la Corona, la década de 1590 presenció una aceleración de la afluencia a Madrid de escribanos, comerciantes, tenderos, artesanos y trabajadores especializados. A juzgar por sus oficios, se trataba de personas que provenían de otras ciudades castellanas, más que del campo. Varios de los edictos con los que se pretendió cortar dicha afluencia indican que el cercano Toledo era el centro más seriamente afectado por esta migración a la nueva capital. La situación económica, tanto en España como en Europa, estaba debilitando las industrias tradicionales de la seda, los paños de lana y la marroquinería de Toledo, Segovia, Cuenca y Ávila. Al mismo tiempo, Madrid desarrolló un apetito insaciable —respaldado por la autoridad regia— del combustible, el trigo, el vino, el aceite de oliva y la carne que habían nutrido a Toledo y a las restantes ciudades castellanas en su expansión del siglo XVI. Los precios alimentarios en alza se unieron a la pérdida de mercados lejanos para socavar las economías urbanas de Castilla, mientras que el rápido crecimiento de la demanda de elite en Madrid atrajo a una amplia variedad de inmigrantes, especializados y adinerados, así como no especializados y pobres.

Aunque carecemos de una medida exacta de la cantidad de campesinos pobres que se dirigieron a la nueva capital, sí contamos con algunas fuentes que documentan la formación de este núcleo relativamente estable de sociedad urbana que revela el censo de 1850. Con el crecimiento de Madrid, miles de personas solicitaron la categoría oficial de «vecino» de la Villa; se conservan casi seiscientas de estas «peticiones de vecindad» del periodo de 1600-1663. Ser vecino de Madrid procuraba un más fácil acceso a muchas formas de negocios en la ciudad, e implicaba además ventajas fiscales que podían ser provechosas. Así, aunque la vecindad no tenía mayor importancia para los pobres no especializados y los inmigrantes temporales, era valiosa para las personas que establecían negocios y comercios, y a la larga se convertían en residentes. Por tanto, estas peticiones complementan nuestra evidencia descriptiva, permitiéndonos comprobar la clase de profesiones y ocupaciones que la ciudad atraía. Los resultados confirman otra vez nuestra observación inicial de que «sólo Madrid es Corte».

Entre 1600 y 1630, al aumentar la población de la ciudad hasta en un 50 por ciento, el 68 por ciento de las peticiones de vecindad eran de personas dedicadas a las actividades esenciales de una economía urbana: artesanos y trabajadores especializados (34 por ciento), elaboración y distribución de comestibles (20,6 por ciento), e industrias de servicio tales como mesoneros, barberos, cirujanos, peluqueros, etc. (13,2 por ciento). A pesar de ser elevado el número de personas de estos sectores básicos que hay en la muestra, los grupos que sobresalen en diversas descripciones anecdóticas resultan relativamente reducidos. Los financieros y comerciantes sumaban un 8,2 por ciento, los empleados del servicio real un 4,9 por ciento, y los títulos y caballeros un simple 0,3 por ciento. Ello ilustra claramente la construcción de la infraestructura urbana necesaria para sostener a largo plazo a un gran centro urbano con una elite opulenta.

Si comparamos la situación antes y después de 1630, podemos detectar un cambio en el carácter de la migración al finalizar en Madrid el primer periodo de crecimiento rápido y comenzar después un largo episodio de gradual descenso. Así, las cifras comparables para 1631-1663 muestran una pauta muy distinta. Las actividades económicas centrales que explican el 68 por ciento de las peticiones en el primer periodo suponen sólo un 36 por ciento del total en el posterior, mientras que los inmigrantes del sector financiero y mercantil descendieron también considerablemente hasta el 5,8 por ciento. Ello representa un marcado contraste con respecto a la inmigración de empleados del rey y de títulos y caballeros. Estos últimos ascendieron del 0,3 al 9,4 por ciento de los inmigrantes, mientras que los empleados del rey pasaron del 4,9 a casi un 17 por ciento del total. Queda claro que cuando cesó la expansión de Madrid y el resto de las ciudades castellanas hubieron superado lo más intenso de su decadencia, Madrid dejó de atraer a inmigrantes relacionados con los servicios artesanales y alimentarios, y estos grupos empezaron a autorreproducirse progresivamente en el interior de la sociedad urbana. Simultáneamente, la expansión de la Corte, posiblemente ligada a la construcción del Palacio del Buen Retiro, estimuló una inmigración continuada de personas asociadas a la Corte y a la burocracia. Una vez que hubo cesado la inicial expansión de la ciudad, el sostenido alto nivel de inmigración entre estos grupos de elite nos muestra de otro modo distinto la creciente interdependencia entre ciudad y Corte.

Aunque las peticiones de vecindad nos permiten percibir la estructura social y ocupacional de lo que llegó a ser el núcleo estable ocupacional y demográfico de la sociedad urbana, no hay referencia en ellas a una gran parte de dicha sociedad. Hasta el Catastro de la Ensenada de la década de 1750, las fuentes no permiten un cuadro más amplio que incluya a los miles de habitantes no especializados y transeúntes que componían la mayoría de la población urbana.

Empleando una definición amplia de las personas económicamente activas que obtenían ingresos a cambio de productos o servicios, el catastro indica que en torno a 42.000 de los aproximadamente 150.000 habitantes de la ciudad pertenecían a esta categoría. Si utilizamos subgrupos coincidentes con los que acabamos de aplicar a las peticiones de vecindad, los empleados por la Corona o que vivían de arrendamientos de propiedades representaban un 10,24 por ciento, no muy diferente del 12,5 por ciento que hallamos en las peticiones en el periodo de sesenta y tres años de 1600 a 1663. Las clases de profesiones liberales —escribanos, médicos, profesores— constituían un 4,14 por ciento, mientras que las personas dedicadas a las finanzas y el comercio suponían el 4,59 por ciento. Los dos grupos sumaban un total de 8,73 por ciento, sólo ligeramente inferior al 9,5 por ciento de las peticiones del anterior siglo. Por el contrario, las industrias relacionadas con la alimentación que aparecen en el catastro daban empleo a un 6,29 por ciento de la población activa, mientras que otro 21,03 por ciento trabajaba en manufacturas o en los oficios especializados de la construcción. Ambos grupos sumaban un total de 27,3 por ciento frente al 42,9 por ciento de la fuente anterior. Ello muestra a su vez que después de finalizado el primer brote de expansión urbana y construida la infraestructura ocupacional de la ciudad, estos grupos pasaron a constituir una cuarta parte estable de la población activa según nuestra definición.

Los datos del catastro nos permiten establecer algunas proporciones en lo que cabría considerar como una estructura ocupacional tripartita. Sólo algo más del 10 por ciento de los receptores de ingresos de la ciudad formaban la Corte, la aristocracia y la burocracia que componían el núcleo esencial de la vida urbana en la capital imperial. Sin ellos, Madrid no habría sido una ciudad importante. Aproximadamente otro 30 por ciento de la población activa formaba el núcleo social y ocupacional estable de la ciudad que podemos asociar a los datos demográficos sobre habitantes nacidos en Madrid del censo de 1850. Eran éstos los escribanos, médicos, comerciantes, tenderos y artesanos que tenían ingresos y condiciones de vida suficientes y estables, y que podían transmitir con tranquilidad sus negocios y estatus de una generación a otra dentro del medio urbano.

Como anexo al núcleo estable de servicios y manufacturas, cabría incluir a otro 11,36 por ciento de receptores de ingresos que eran miembros del clero secular o regular. Aunque en el Antiguo Régimen no se definía a estas personas como «productivas», es evidente que el clero y la Iglesia proporcionaban una serie de servicios a la sociedad: formalizaban los matrimonios, se ocupaban de las solemnidades de muertes y entierros y, en general, mediaban entre la gente común y Dios. Además la Iglesia formaba parte y reforzaba una ideología que legitimaba el orden social absolutista y jerárquico. Desde esta perspectiva, las personas mantenidas por las instituciones religiosas recibían unos ingresos a cambio de unos servicios que eran de gran importancia para la sociedad, y están claramente asociadas al núcleo de grupos estables que se formó para sostener la Corte y todo lo que ella implicaba.

La parte más sombría de este mundo urbano queda plasmada en el hecho de que, en el catastro, los peones de la construcción, el servicio doméstico (sirvientes, gente de librea, etc.) y otras formas de servicios personales conjuntamente suman al menos un 42 por ciento de la población activa. Si añadimos la mano de obra no especializada y eventual que fue incluida como parte de las organizaciones corporativas por los funcionarios que compilaron el catastro, cerca de la mitad de las personas que obtenían ingresos en la ciudad trabajaban en la índole de empleo asociada al mundo demográficamente inestable de los inmigrantes recientes y los forasteros que hemos descrito.

Inmigración, geografía y sociedad urbana

Queda claro que Madrid era una ciudad de inmigrantes. A lo largo de sus siglos imperiales, más de la mitad de las personas de la capital habían ido allí desde algún otro punto del mundo hispánico. En consecuencia, si lo consideramos como una sola entidad social, Madrid resulta un mosaico social maravillosamente diverso. En efecto, la realidad demográfica de Madrid expresa, en un contexto de mundo cotidiano, la amplitud y diversidad de los reinos de la monarquía con tanta exactitud como algunas de las grandilocuentes descripciones alegóricas que se presentaban en las reales entradas. Como se sugería al comienzo de este capítulo, la inmigración es también un aspecto de la vida urbana que nos descubre la ciudad como conjunto complejo de grupos sociales diferenciados, cada uno de los cuales era también parte integral de alguna porción del mundo español exterior a la capital.

La enorme cantidad de población flotante de criados y mano de obra que buscaba trabajo de día en día, y que componía más de la mitad de la ciudad, no está bien documentada para la mayor parte de los siglos imperiales, pero existe evidencia suficiente para corroborar que provenía de todos los lugares de España. Avanzando hacia atrás desde comienzos del siglo XIX, dicha evidencia conforma algunas pautas geográficas de migración interesantes.

Llegado el siglo XIX, el número total de inmigrantes se dividía casi por igual entre hombres y mujeres. Ello suponía un cambio frente a anteriores proporciones, puesto que los datos de periodos previos sugieren que hasta bien entrado el siglo XVIII la inmigración masculina era mucho mayor que femenina. Las cifras de población total indican que en 1757 había 111 hombres por cada 100 mujeres, mientras que en 1850 la situación se había invertido, con sólo 95 hombres por cada 100 mujeres en la población. El elevado número de servidores masculinos que mostraban las reales entradas hace pensar que en el periodo anterior la vida doméstica de las personas acaudaladas descansaba más en los hombres que en las mujeres. Hacia finales del siglo XVIII, no obstante, la vida doméstica de los ricos tendía a imitar cada vez más la de las familias francesas adineradas. A consecuencia de ello, se cambió la organización interior de las grandes casas y la vida familiar empezó a evolucionar hacia el tipo de organización doméstica dominada por mujeres que se generalizó en la Europa del siglo XIX. Ello trajo consigo un sustancial incremento de la demanda de mujeres para el servicio doméstico.

Las pronunciadas diferencias entre las pautas migratorias regionales parecen indicar, sin duda, que la paridad estadística entre inmigrantes masculinos y femeninos no se correspondía con la inmigración de familias o matrimonios. El número mayor de inmigrantes provenía bien de provincias en las inmediaciones de Madrid, bien de provincias litorales bastante alejadas, especialmente del norte y Galicia. Enumeradas en orden descendente, las provincias vecinas de origen más importantes eran Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca y Segovia. En todos estos casos, y también en los de provincias de menor importancia como Ávila y Albacete, del 58 al 69 por ciento de los inmigrantes eran mujeres. Con resultados semejantes en cuanto a la cantidad de inmigrantes a Madrid, y también en orden descendente, se encontraban Asturias, Lugo y La Coruña. Dichas provincias, junto a Orense y Pontevedra, enviaron contingentes con un 57,5 a 75 por ciento de varones. En realidad, entre los inmigrantes de Lugo, Orense y Asturias (que por sí sola suministró el 14 por ciento de todos los inmigrantes) juntos, había más de un 72 por ciento de varones. Así pues, aunque la proporción entre inmigración masculina y femenina cambió con el tiempo, la mayoría de ambos sexos llegaba en edad relativamente joven y en estado soltero.

La evidencia de esta enorme y compleja migración a la capital se veía en todas las calles y plazas de la ciudad. Los vascos aparecían por doquier, no sólo en el comercio y la banca, sino también en la distribución al por mayor y al detalle de hierro y herramientas, artículos de ferretería y otros utensilios de hierro. Dominaban asimismo el comercio al por mayor y al por menor de pescado fresco y en conserva, de modo que el pescadero del barrio era casi por definición vasco. Los inmigrantes asturianos se veían por todas partes llevando grandes cántaros de cerámica para acarrear y vender agua potable por los barrios, mientras que a los valencianos se les asociaba a la venta de refrescos como la horchata. El sainetero del siglo XVIII Ramón de la Cruz advirtió grandes cantidades de inmigrantes de Galicia, Valencia, Asturias y Cataluña, todos ellos con diferentes atavíos característicos, y observó que la mayoría eran hombres que buscaban trabajo como criados, vendedores ambulantes de alimentos perecederos y utensilios para la casa, y pequeños corredores en artículos viejos y usados. Los miles de muchachas que provenían de las provincias cercanas parecen haber sido menos visibles en las calles. Dichas jóvenes venían en busca de empleo temporal en el servicio doméstico y en trabajos no especializados también eventuales. La inseguridad de esta clase de oportunidades queda sugerida en la elevada proporción de inmigrantes de provincias vecinas que aparecen entre los residentes de los hospicios municipales. Aunque muchas de estas pautas están muy elocuentemente documentadas para los siglos XVIII y XIX, los archivos parroquiales del siglo XVII también registran las llegadas de Castilla la Vieja, Asturias y Galicia, demostrándose así que las pautas de siglos posteriores eran ya antiguas y estaban bien establecidas.

Las formas de inmigración y sus implicaciones indican que no podemos hablar realmente sobre Madrid como una sola sociedad coherente. Aunque es indudable que la ciudad tenía un núcleo estable de elementos de las profesiones liberales, cortesanos, comerciantes y artesanos, al menos la mitad, o más, del mundo urbano estaba integrado de modo sólo imperfecto en aquel medio social. Estas comunidades transeúntes eran ramificaciones de la sociedad provincial en el medio urbano. Tenían, no obstante, importancia para la economía urbana porque cumplían la interminable variedad de labores no especializadas esenciales para las elites de un mundo preindustrial. Procuraban, además, soluciones intensivas en mano de obra para la producción y distribución en un espacio urbano empobrecido de esos ingredientes de la vida de bajo valor y beneficios reducidos. Todas las ciudades del Tercer Mundo funcionan actualmente en parte gracias a estas redes de pequeños empresarios y obreros eventuales.

Esta inmigración a Madrid, masiva y a menudo recíproca, produjo la aparición en la ciudad de una serie de barriadas autónomas cuyos universos mentales sobrepasaban las murallas urbanas. Estas comunidades se formaron parcialmente en torno a ocupaciones y oficios, pero surgieron de agrupaciones de familias y amigos de un común origen rural. Cada uno de estos agrupamientos, aunque participaba en el mundo urbano, mantenía constantes y abundantes contactos con las regiones y aldeas de las que ellos o sus familias eran oriundos. Ello puede apreciarse claramente en el modo en que las redes sociales de algunos barrios no sólo se concentraban en alguna plaza o taberna particular, sino también en los mesones y posadas que eran puntos de parada habituales para los cosarios y otros transportistas que llegaban de determinadas poblaciones provinciales. Estos lugares se convirtieron después en centros de distribución de productos, correo, información y personas en el trajín entre ciertas comunidades rurales y sus «colonias» de inmigrantes en la capital. Esta pauta era particularmente visible entre los grandes grupos de inmigrantes del norte y de Galicia, entre los cuales, la elevada proporción de varones parece indicar una forma de migración temporal semejante a la que ha estado asociada a Galicia durante mucho tiempo. Pero lo que de ello se deduce también es que esta pauta no era en modo alguno peculiar a los aguadores, peones y mozos de Asturias y Galicia. En efecto, uno de los aspectos fascinantes de una ciudad preindustrial como Madrid es la medida en que estaba compuesta por toda una serie de colonias rurales, que eran simultáneamente ramificaciones del mundo rural en la ciudad y parte de esta sociedad urbana.

Los estudiosos de ciudades tan distintas como la Florencia del siglo XV y el París del siglo XVIII han quedado admirados ante la variedad y la fuerza de estas conexiones urbano-rurales, y por el modo en que generan enclaves urbanos y umbrales sociales para entrar en la vida urbana y también salir de ella. Dado que gran parte de esta migración urbana estaba concatenada, las redes de parentesco, amistades y obligaciones mutuas que permeaban la vida rural producían un inmigrante a la ciudad típico, que contaba con un primer lugar para descansar, con ayuda para encontrar vivienda y con una red informativa sobre las posibilidades de empleo, los aspectos legales de la vida urbana y muchos otros asuntos. En el caso de Cuenca, David Reher ha podido documentar pequeñas agrupaciones de unidades domésticas urbanas interrelacionadas que constituían extensiones de otras familias de determinadas aldeas rurales. Estas casas se hallaban situadas muy próximas entre sí, generalmente en una sola parroquia. Con toda nueva llegada, salida, matrimonio y muerte, estas unidades domésticas se fundían y separaban, pero siempre tenían capacidad para absorber a otro joven u otra muchacha recién llegados del campo, pertenecientes a la familia de un tío, un primo, un sobrino o un cuñado, en busca de trabajo. Lo típico era que la muchacha encontrara empleo en una casa modesta, aprendiera unos cuantos refinamientos urbanos y después entrara a servir con otra familia más pudiente. Después de pasar por dos o tres empleos progresivamente mejores, volvía a su pueblo con ahorros para la dote y la posibilidad de casarse.

Los amplios mundos de las elites urbanas

Lo que no se aprecia con facilidad sobre Madrid es el grado en que grandes porciones de la sociedad urbana de todos los niveles habían salido de la sociedad rural y provincial, y permanecían perpetuamente ligadas a ella, haciendo con ello muy tenue toda autoidentificación colectiva con Madrid. No extraña este fenómeno entre los indigentes urbanos una vez hemos comprendido la importancia de la inmigración para el mantenimiento de la ciudad. Tampoco resulta difícil de entender en el caso de la nobleza terrateniente. Dado el carácter de sus bases económicas y sociales en la sociedad rural, sería sorprendente que no se identificaran con un mundo organizado en forma lineal y que se extendía más allá de la ciudad.

Aunque muchos nobles se hicieron vecinos de Madrid y otros mantenían allí residencias que utilizaban una parte del año, la mayor parte de la clase terrateniente se insertaba en una red social que se extendía por todo el país, si bien mantenía su epicentro en Madrid como fuente de patronazgo, privilegios, estatus y movilidad ascendente. Esta circunstancia se explica por toda una serie de razones. Debido a que sus rentas tenían origen rural, pero también a que sus títulos, sus honores y su categoría hidalga estaban ligados a la provincia, la mayoría de las familias tituladas mantenía y utilizaba residencias en las ciudades y pueblos de las provincias españolas. Allí conservaban sus vínculos con la nobleza terrateniente local y con el complejo entramado de lazos culturales y económicos de patronazgo, clientela, amistad, jurisdicción y deferencia al rango, que constituían a la par que legitimaban el poder señorial. Esta situación recuerda el lenguaje de Peter Laslett en sus comentarios sobre la sociedad inglesa en el siglo XVII, cuando observa que la clase terrateniente era posiblemente la única clase verdaderamente «nacional».

Madrid era, por tanto, esencial para la sociedad aristocrática, pero sólo como parte de una red social aristocrática más amplia. Las partes rurales y regionales de dicha red suministraban importantes recursos y también lugares donde reclutar nuevos talentos. La capital procuraba un contexto para el intercambio social, para definir la jerarquía y el estatus, y para acordar matrimonios, cuestión de máxima importancia en la sociedad patrimonial.

La segunda parte de la elite urbana de Madrid —cuyas similares alianzas a larga distancia y relaciones recíprocas con el mundo provincial son ya conocidas— era el personal no titulado de los Consejos y la burocracia real. Denominada nobleza letrada en los siglos XVI y XVII, estas personas son en ocasiones clasificadas como nobleza burocrática por los historiadores del siglo XVIII. Procedentes de familias provincianas de categoría menor pero de alguna prestancia, y carentes de títulos, estos letrados surgían de la índole de oligarquía local que dominaba los gobiernos municipales en la mayoría de las ciudades. Como ha demostrado Adeline Daumard en su magnífico estudio sobre los consejeros del Consejo de Castilla en los siglos XVII y XVIII, estos nobles de provincias se afanaban asiduamente en pos de conexiones y benefactores que ayudaran a los más jóvenes de la familia a obtener cargos en la burocracia, bien en las provincias o, preferiblemente, en la Corte. Esto era en parte consustancial a la vida política, puesto que las elites regionales aspiraban todas a crearse alguna influencia en la Corte de Madrid.

Llegado el siglo XVII, una compleja colaboración interfamiliar y un sistema de reclutamiento para los cargos estrechamente controlado habían creado una afluencia regular a Madrid de jóvenes aspirantes de provincias, destinados a convertirse en funcionarios o a cultivar importantes conexiones que fueran de utilidad a sus familias en las provincias. La columna vertebral de este sistema era el control que mantenían los letrados sobre la admisión a los colegios de elite de las universidades de Alcalá, Valladolid y Salamanca. Estas mismas familias controlaban también el sistema de examen y recomendación de los candidatos a empleo que se efectuaba en la Cámara de Castilla. Al igual que los inmigrantes más pobres, éstas eran migraciones que reflejaban una sensibilidad muy afinada a todo acontecer en la ciudad y las provincias. Aunque surgieron importantes figuras de aquel sistema a lo largo de todo el periodo imperial, el proceso es extraordinariamente notable en el siglo XVIII, en que produjo personalidades de la talla de Melchor de Macanaz, José Patiño, José de Campillo, el marqués de la Ensenada, el conde de Floridablanca, el conde de Campomanes y Gaspar de Jovellanos.

La geografía de esta migración de «pretendientes» a la Corte y la burocracia puede ilustrarse con los orígenes de los hombres que alcanzaron algún puesto en el Consejo de Castilla. En la época de Carlos II (1665-1700), alrededor de un 53 por ciento de los consejeros eran oriundos de Castilla la Nueva o Castilla la Vieja, incluido el propio Madrid. Hacia fines del siglo XVIII (1773-1808), esta cantidad había descendido a un 27 por ciento. Estas cifras demuestran que resultaba más frecuente la inmigración a Madrid para los miembros de la nobleza letrada o burocrática que para la población en general. La parte proveniente de áreas periféricas del reino constituía casi el 50 por ciento en el siglo XVII, y llegó a ser un 72 por ciento a comienzos del siglo XIX. Es indicativo de la perdurabilidad de esta tendencia que un 79 por ciento de los ministros del periodo revolucionario y moderado (1833-1854) fueran también oriundos de los mismos lugares.

En el análisis de Fayard, estas familias hidalgas poseían tierras, controlaban las concejalías en los ayuntamientos de ciudades provinciales, enviaban a sus hijos a los debidos colegios universitarios de Alcalá, Salamanca o Valladolid, y procuraban promocionar a los miembros de la familia en la Corte. La unidad familiar patrimonial y central de estas familias pocas veces se trasladaba a Madrid, aunque algunas familias colaterales se establecían con frecuencia en la capital. Encontramos, pues, auténtica sustancia en la imagen del joven provinciano que, en los siglos XVII y XVIII, llegaba a Madrid con sus cartas de presentación y hacía frenéticos recorridos de visitas con la esperanza de convertirse en protegido de alguien.

La totalidad del sistema funcionaba en parte debido a que, aunque las familias en el estricto sentido nuclear no se establecieran en Madrid, en el sentido extenso típico de la sociedad patrimonial mantenían siempre varias bases geográficas, entre ellas puestos de avanzada familiares en la capital. De este modo, la nobleza burocrática, cuyo poder en la Corte fue acrecentándose con el tiempo, mantuvo sus raíces provinciales y consiguió al mismo tiempo autorreproducirse dentro del Antiguo Régimen. Para ella, como para la aristocracia titulada, Madrid no constituía el centro primordial de sus vidas, sino que constituía más bien el inevitable punto focal entre otros varios puntos focales de la red familiar.

Esto, que es aplicable a la aristocracia y la nobleza burocrática, era también aplicable a la elite mercantil de Madrid. Utilizando una Matrícula de comerciantes compilada en 1829, en la divisoria entre el Antiguo Régimen y el siglo XIX, pueden detectarse pautas muy similares. En la muestra extraída de dicha fuente figuraban 100 comerciantes al por mayor y banqueros, de los que 24 decían haber nacido en Madrid. Los restantes 76 eran oriundos de Santander/Rioja/País Vasco (25), Levante/Cataluña (19), Castilla la Vieja y la Nueva (12), y de países extranjeros (14). La banca, muy particularmente, estaba dominada por los vascos, y de los 24 miembros madrileños de esta elite capitalista, la mayoría consistía en banqueros con apellidos vascos.

Si ampliamos la muestra a todos los incluidos en la Matrícula, no sólo figuraría el comercio de altas finanzas y al por mayor de la ciudad, sino también cientos de pequeños propietarios de comercios al por menor. Quizá la única categoría de pequeño comercio no representada en las listas es la de los que se dedicaban a la venta de alimentos y combustibles. En este ámbito, un notable 85 por ciento de los comerciantes y tenderos había nacido fuera de la provincia de Madrid, a lo que cabe añadir que más de una tercera parte de esa comunidad mercantil general provenía del norte (Santander/País Vasco/Rioja), y casi un 24 por ciento de otras provincias de Castilla la Vieja y la Nueva.

Éstas son tasas de inmigración muy superiores a las existentes en la población general, y parecen guardar relación con lo que anteriormente calificábamos de núcleo estable de la sociedad urbana. Cabría sugerir dos explicaciones algo diferentes que probablemente actuaban de modo simultáneo. Dadas las fluctuaciones en los ingresos disponibles de la amplia población indigente de Madrid, consecuencia de la inestabilidad de los precios alimentarios de un año a otro, había una tasa bastante elevada de fracaso entre los pequeños comerciantes, especialmente cuando la ciudad sufría crisis económicas y contracción demográfica. Ello sitúa a los pequeños tenderos cerca del límite entre las partes estable y transeúnte de la sociedad, y parece indicar que aquéllos eran relevados por la constante inmigración desde ciudades más pequeñas. Según la otra explicación, que es casi con certeza aplicable a los negocios familiares de mayor envergadura, las empresas familiares sostenían casas patrimoniales en sus regiones de origen, mientras mantenían también el negocio y una residencia en la capital. Un regular intercambio entre la provincia y la ciudad de hijos jóvenes, en calidad de aprendices y candidatos casaderos, y posiblemente también entre los propietarios y los directores jubilados, así como sus viudas, mantenía los lazos entre la casa solariega patrimonial y la empresa de Madrid. Siendo ésta la situación, si las condiciones económicas de la capital eran realmente malas, la familia podía retirarse temporalmente de la vida comercial, pero sin perder los conocimientos y las relaciones comerciales que les facilitarían el regreso.

La pauta general de un vínculo continuado ciudad/provincia en muchas familias mercantiles es la única explicación viable de ciertos hechos. A comienzos del siglo XIX los directores de varias empresas importantes de Madrid habían nacido fuera, pero otras fuentes indican que algunas de aquellas empresas urbanas habían tenido una existencia continuada de más de un siglo. Los detalles sobre este hecho no se encuentran con mucha facilidad, no obstante, sabemos por ejemplo que la empresa Dutari Hermanos existía ya como tal mucho antes de 1700. Como negocio familiar, pasó por las manos de padres, hijos, hermanos y sobrinos —prácticamente ninguno de ellos nacido en Madrid— y pervivía aún en 1829. Si bien es peligroso argumentar a partir de un solo ejemplo, en este caso, aun cuando el cabeza de familia residía en Madrid, mantenía estrechas relaciones con su pueblo natal (Zugarramurdi, Navarra), ampliando las propiedades familiares en él y financiando ciertas instituciones del pueblo. Si unimos este sentido de continuidad a la sostenida actividad de los Cinco Gremios Mayores, de los cuales era miembro Dutari, podemos percibir que la comunidad mercantil de la ciudad operaba dentro del mismo sistema de valores y redes familiares que otras porciones de la elite urbana.

La medida en la que cabe hablar de una «clase mercantil madrileña» es, por lo tanto, algo incierta. Aunque es evidente que en la capital se concentraban muchos empresarios, resulta menos clara su forma de relacionarse entre sí en términos de unos intereses y preocupaciones comunes.

El mundo mercantil estaba notablemente segmentado y, al igual que las especializaciones plebeyas que hemos encontrado entre los inmigrantes pobres de diversas regiones, existían similares especializaciones en el sector comercial. El grupo más generalmente visible era el del norte. Como ya se ha señalado en páginas anteriores, éste dominaba toda una variedad del comercio al por menor, entre la que se contaba el pescado, el hierro, los productos de ferretería y la banca. Los comerciantes catalanes, que fueron cobrando prominencia en la ciudad gradualmente en el transcurso del siglo XVIII, no eran tan numerosos y se especializaban en el comercio al por mayor de productos manufacturados, como los textiles y el calzado.

El gran contingente de Castilla la Vieja y la Nueva se dedicaba a un amplio repertorio de actividades comerciales, pero se les asociaba especialmente con el comercio al por menor a pequeña escala, o a los productos agrícolas y las toscas manufacturas producidas en los pueblos castellanos para los pobres de la ciudad.

Al mismo tiempo, existe una escasa evidencia de migración interurbana entre las grandes ciudades. De los más de ochocientos comerciantes de la muestra de 1829, apenas una docena de ellos había nacido en una ciudad grande como

Barcelona, Sevilla, Valencia o Zaragoza. Por consiguiente, la clase mercantil era similar a otros sectores de la sociedad urbana. Estaba fuertemente segmentada dentro de la ciudad y, simultáneamente, íntimamente ligada a una serie de hinterlands provinciales lejanos de toda la Península.

7. Las primeras necesidades: Madrid y Castilla

Como ya vimos, Madrid era una ciudad de inmigrantes durante los siglos del periodo imperial. En todos los niveles de la sociedad urbana la población estaba formada por agrupamientos de personas —familias, paisanos, artesanos especializados y comerciantes al por menor— de toda España. La vida de la ciudad forzaba a estas comunidades urbanas a la interacción y, con ello, alentaba ciertas formas de conciencia colectiva, pero no generaban clases urbanas coherentes salvo en ocupaciones y oficios especializados. Así pues, la ciudad consistía en una amplia variedad de barrios y grupos sociales, cuya cohesión se debía a unos lazos comunes con la familia y el lugar de origen, pero con escasas conexiones intergrupales dentro de la ciudad. Para muchos madrileños, posiblemente para la mayoría, por consiguiente, el vínculo entre la «colonia» de residentes urbanos que definía su vida cotidiana y sus lugares de origen provinciales era tan fuerte como cualquier otro lazo con el resto de la sociedad urbana. Es más: ello es aplicable a todos los niveles sociales, desde la aristocracia a los mundos del comercio y la burocracia, a los jornaleros pobres y al servicio doméstico.

Si la repetida hipótesis de que las ciudades como Madrid constituían sociedades urbanas peculiares y autónomas no puede aplicarse a la mayor parte de la población madrileña, aún se ajusta menos a la realidad cuando se estudia la ciudad como mundo económico autónomo. Si exceptuamos el pequeño volumen de artículos producido por los gremios especializados para los mercados de elite de la capital, prácticamente todo lo demás que se consumía en Madrid era importado de otros lugares. Es ésta una afirmación evidente que apenas parecería necesario realizar, salvo por la circunstancia de que la estructura de sociedad, rentas y consumo de Madrid resultó muy importante a la hora de configurar la interacción de la ciudad con el mundo exterior. Los siguientes capítulos estudiarán las conexiones entre la estructura interna de la sociedad madrileña y las formas en las que Madrid participaba en el mundo exterior.

Aunque las divisorias puedan parecer más claras de lo que eran en el mundo real, los recursos transportados a Madrid para sustentar a una gran ciudad crearon tres entramados o hinterlands urbanos diferenciados, además de los que suministraban los habitantes de la ciudad. Al analizar estos entramados hemos de aventurarnos en regiones muy distantes a los límites de Madrid, ya que ninguna ciudad puede existir sin este tipo de sistemas de apoyo, y por tanto dichos sistemas forman parte inseparable del sistema dinámico inscrito en el significado de la palabra «ciudad». Uno de estos sistemas, coincidente aproximadamente con el sistema de abasto urbano, ligaba a la ciudad, en virtud de las necesidades de subsistencia de la población en general, a su hinterland castellano. Otro, más o menos asociado con el término «comercio», vinculaba los hábitos de consumo de las elites urbanas a las economías marítimas de las provincias litorales y al comercio internacional. El tercero, relacionado con los términos «imperio» y «gobierno», suministraba gran parte de las rentas que mantenían a la economía urbana y situaban a Madrid en el centro de un sistema mundial de capitales subordinadas y de sus respectivos hinterlands regionales. Cada uno de estos sistemas de suministro orientados hacia Madrid reflejaba un aspecto fundamental de la estructura de la sociedad madrileña y de la correspondiente distribución de rentas dentro de la ciudad. En las páginas que siguen se explorarán algunas de estas relaciones.

Aspectos de la vida cotidiana

Veíamos anteriormente que la concepción idealizada de Madrid como Corte-capital, presentada al mundo por la elite dominante, minimizaba o pasaba por alto a la inmensa cantidad de criados del servicio doméstico, trabajadores no especializados e inmigrantes con trabajo eventual que llenaban la ciudad. La ironía de nuestra exposición estriba en que, pese a su pobreza, esta mayoría no reconocida de la población urbana conformó en realidad el mundo madrileño mucho más de lo que las elites rectoras percibían. Para comprender mejor esta afirmación, debemos en primer lugar traducir la palabra «pobreza» a términos más concretos. La mayor parte de los datos más específicos de que disponemos sobre esta cuestión corresponden a la segunda mitad del siglo XVIII, pero, salvo por algunos cambios pequeños en formas de consumo, la situación descrita se ajusta a Madrid para todos los siglos de imperio.

Como antes se indicaba, en torno a 42.000 personas, cabezas de familia y miembros de órdenes religiosas, recibían alguna forma de ingresos directos en la década de 1750. De esta cifra total, la media de ingresos era de unos respetables 6.300 reales. Este promedio es, no obstante, un indicio de las tremendas desigualdades en la distribución de rentas y de un pequeño número de rentas aristocráticas que eran cien veces, y en ocasiones incluso mil veces, superiores. Más significativo es el hecho de que la mediana de ingresos, la divisoria que separa al 50 por ciento de las personas con los ingresos más bajos del otro 50 por ciento con los más altos, era sólo de 1.450 reales. En realidad, aproximadamente un 70 por ciento de la población tenía unos ingresos inferiores a los 2.000 reales anuales.

Diversas descripciones coetáneas nos dicen que la dieta cotidiana típica de los pobres urbanos de Madrid consistía en unos 500 a 600 gramos de pan. Aunque, por lo general, se trataba de pan de trigo, tenía muchas veces mezcla de cebada, centeno u otros granos más baratos. Lo cierto es que en algún momento de la década de 1780, el Pósito de Madrid apartó fondos para crear una panadería municipal que cociera suficiente de este «pan de pobres» barato para abastecer a 5.000 personas. Aunque el pan predominaba en la dieta de los pobres, ésta incluía también de 60 a 100 gramos de carne, generalmente de cordero o algún tipo de carne de cerdo, un puñado de garbanzos o habas, un pedazo pequeño de cerdo salado, y una o dos onzas de aceite de oliva. Pese a que el vino era una bebida común, la mayoría de las descripciones de la dieta de los indigentes no lo incluyen como parte esencial de la vida diaria. En la práctica, la mezcla de estos ingredientes básicos cambiaba en alguna medida según la estación y los precios relativos. Para variarla, podía incluir alguna cebolla, ajo o huevo fresco. En épocas de sequía, cuando todo escaseaba, la dieta se concentraba en el alimento que resultara más barato, por lo general el pan.

Algunos aspectos de la dieta cambiaron, no obstante, a la larga. Existe evidencia fiable de que el vino era mucho más barato y mucho más abundante a comienzos del siglo XVII que a fines del XVIII. Al mismo tiempo, el aceite de oliva no entró a formar parte habitual de la dieta urbana hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando se incrementaron rápidamente las importaciones de aceite en Madrid. La carne era algo más abundante en la alimentación popular de Madrid que en la de muchas grandes ciudades de Europa, en parte debido a que la gran industria lanera proporcionaba carne como producto secundario, y en parte debido a que en Castilla la ganadería contaba con ventajas comparativas en la economía rural más fuertes que en países con climas más favorables para la agricultura. La forma más común de carne fue el cordero hasta aproximadamente el año 1800, pero en el siguiente medio siglo aquél fue sustituido rápidamente por la carne de vaca en la dieta general.

Esta magra dieta se plasmaba en un desayuno de pan fresco, después de lo cual el pan sobrante y otros ingredientes se guisaban en un «puchero». Frío o caliente, dependiendo del precio del carbón, este puchero constituía tanto la comida como la cena. En precios medios, esta escasa ración costaba 920 reales para un matrimonio. En una ciudad donde la mitad de las rentas eran inferiores a los 1.450 reales y un 25 por ciento de las mismas inferiores a los 950 reales, y donde las periódicas cosechas malogradas hacían subir los precios de forma acusada precisamente cuando bajaban los ingresos, se hace trágicamente clara la penuria de la vida cotidiana.

El carácter marginal de esta forma de existencia se aprecia aún mejor si añadimos uno o dos «productos de lujo», así como el coste de la vivienda. El total de población y el total de las importaciones a la ciudad indican que en el siglo XVIII los madrileños bebían una media de 55 litros de vino anuales, o ligeramente más de un litro a la semana. Ello refuerza la impresión de que los pobres no bebían mucho vino, pero si consumían la media urbana, el coste de alimentar a dos personas asciende de inmediato a los 1.520 reales anuales. De modo similar, la fuente principal de combustible para guisar era el carbón, y el consumo total de la ciudad era de unos 125 kilos anuales por persona. Si descontamos las cantidades empleadas en cocer el pan, en las casas ricas, y en diversas industrias, la cantidad que queda para la cocina familiar probablemente no sobrepasaba los dos kilos semanales en la familia media. Pero incluso esta cantidad habría aumentado significativamente el coste de la dieta básica.

Comparada con la alimentación, la vivienda era relativamente barata, pero también muy deficiente. Vimos ya que gran parte de la ciudad estaba formada por calles estrechas y sucias flanqueadas de inmuebles de uno o dos pisos («casas de malicia»), donde vivía la mayor parte de la población. En su obra de teatro La Petra y la Juana, el escritor del siglo XVIII Ramón de la Cruz describe esta clase de inmuebles con vivido detalle. Pinta éste un edificio de dos plantas con un piso bajo y un piso alto con ático, que se levantaba en torno a un pequeño patio con una fuente, que proporcionaba agua y era el lugar donde los vecinos lavaban su ropa y la tendían a secar. A juzgar por otras descripciones de la ciudad, la basura, las aguas residuales y los desperdicios humanos simplemente se arrojaban a la calle todas las noches. Con siete habitaciones por piso, más otras dos en el ático, la citada casa de vecindad alojaba a 13 familias y 23 personas. Ello indica que 11 de las 13 familias vivían, guisaban, comían y dormían en una sola habitación, y parece ser que dicha habitación costaba de 60 a 70 reales anuales. Corroborando algunos de nuestros anteriores comentarios sobre los inmigrantes, las bajas tasas de nupcialidad y las bajas tasas de natalidad en la ciudad, sólo una de las 13 familias incluía un niño. No obstante la evidente pobreza, sin embargo, en tres de estas 13 unidades figuraban personas calificadas de criadas o criados. Una versión más amplia de esta índole de pobreza urbana es la ofrecida por Mesonero Romanos en 1336, en un relato presencial de un similar inmueble de cuatro plantas. Los arrendamientos variaban considerablemente dependiendo de la planta y del número de habitaciones, pero el edificio contaba también con covachas en los pasillos para residencia temporal, y albergaba la increíble cantidad de 62 familias.

Estas cifras no incluyen estimación alguna del coste de vestidos, diversiones, utensilios domésticos y otros elementos. Es, no obstante, fácil advertir que el Madrid del siglo XVIII constituía un mundo en que un 70 por ciento de las familias, con ingresos inferiores a los 2.000 reales anuales, oscilaba al borde del nivel de subsistencia. En efecto, una familia de cuatro o cinco personas necesitaba de 3.000 a 4.000 reales anuales para disfrutar de algo más que la calidad más ínfima de alimentos, ropa y vivienda.

Pero no obstante su pobreza, este mundo de indigencia urbana sobrevivía y se expandía. Más aún: su demanda agregada de pan, carne, aceite, vino y carbón impulsaba el motor económico que ligaba a Madrid con la economía castellana y, al hacerlo, proporcionaba una importante fuente de riqueza a las elites urbanas.

El abasto de la ciudad

Pese a su pobreza, los miles de criados, jornaleros, aguadores, gente de librea, artesanos y peones que formaban el grueso de la población urbana consumían un volumen de alimentos y combustibles que suponía un importante reto y un estímulo a la economía de mercado de las dos Castillas. Con al menos 150.000 habitantes, y en un año en que las cosechas fueron malas, el Madrid de 1630 consumió alrededor de 500.000 fanegas de trigo, más de 1.500.000 arrobas de vino, 50.000 arrobas de aceite de oliva y aproximadamente 4.000.000 de kilos de cordero y vaca. Al aproximarse la población urbana a los 200.000 habitantes en 1800, estas cifras se elevaron a unas 900.000 fanegas de trigo, 500.000 arrobas de vino, 7.000.000 kilos de cordero y vaca, y 150.000 arrobas de aceite de oliva. Aunque no disponemos de datos sobre el consumo de carne de cerdo en 1530, sabemos que hacia finales del siglo XVIII la ciudad consumía más de 2.000.000 de kilos de cerdo, tocino, jamones y varios tipos de salchichas.

El carácter de la dieta individual anteriormente descrita está claramente reflejado en la estimación del consumo por persona que estas cifras totales implican. El consumo de trigo fluctúa en una estrecha franja entre 3,7 y 4,3 fanegas anuales, proporción determinada por el hecho de que la persona normal necesita aproximadamente esta cantidad de grano en una dieta dominada por el pan. Hasta el siglo XIX no descendió este promedio, cuando el pan fue sustituido parcialmente por legumbres y patatas. El consumo de vino bajó muy acusadamente de 156 a 46 litros anuales entre 1630 y 1800, mientras que en el mismo periodo el consumo de aceite de oliva ascendió de unos 5 litros por persona y año a unos 16 a finales del siglo XVIII. El consumo de carne también se elevó moderadamente, de unos 22 kilos anuales en 1630 a unos 30 kilos siglo y medio después.

Las fuentes del siglo XVIII suministran datos adicionales sobre otros productos consumidos en cantidades relativamente grandes en la ciudad, entre ellos 500.000 fanegas de legumbres y cebada, 120.000 kilos de confituras, 2.300.000 arrobas de carbón y 275.000 kilos de carne de cerdo y derivados. Todos estos datos representan una inmensa afluencia de productos agrícolas, llegados a Madrid día tras día durante la mayor parte del año. Un informe fechado en 1784 nos dice que más de 5.000 animales de carga y 700 carretas y carros introducían abastecimientos por las puertas de la ciudad todos los días del año. A esto hay que añadir los aproximadamente 1.100 carneros, cabezas de vacuno, terneros y cerdos que entraban al matadero y al Rastro todos los días por la Puerta de Toledo.

Mientras que fueron las masas de indigentes urbanos las que, en virtud de su gran número, dieron origen a este tráfico de alimentos y combustibles básicos, las formas en que se organizaba y se llevaba a cabo el abasto tenían importantes implicaciones para otros aspectos de Madrid-capital. La necesidad de mantener la estabilidad del abasto y de los precios indujo al gobierno a intervenir en los sistemas de suministro. La cuantía y el valor total del comercio ofrecían beneficios a proveedores privados e intermediarios que facilitaban el comercio de abasto. El volumen y la variedad de los productos significaba que terratenientes y campesinos de las dos Castillas mantenían unos contactos económicos con la capital que eran paralelos a los que implicaba el continuo intercambio de personas entre la ciudad y el campo. Además, la evolución de este complejo sistema de suministro documenta los cambios en ideas y prácticas surgidos en Madrid cuando el abastecimiento administrado y regulado dejó paso a un sistema impulsado por las fuerzas de mercado. Una sorprendente cantidad de actitudes asociadas al liberalismo económico del siglo XIX operaba ya en la evolución del abasto urbano en el siglo XVIII.

La parte más sensible del abasto era el suministro de trigo, y fue aquí donde la intervención de la autoridad real y municipal fue más generalizada y persistente. Con el impresionante crecimiento de Madrid del siglo XVI y principios del XVII, las autoridades se esforzaron por crear un abastecimiento de trigo suficiente en el contexto de la economía castellana, superpoblada y organizada en una red de mercados dedicados al aprovisionamiento de una retícula de ciudades entre las que se contaban Toledo, Guadalajara, Cuenca, Segovia, Ávila y Valladolid. La solución fue una serie de embargos, discriminatorias regulaciones de precios, envíos forzosos de pan desde pueblos cercanos, y ocasionales subvenciones gubernamentales. Aunque el declive económico de las ciudades que acabamos de nombrar fue resultado de una compleja serie de factores, es difícil no llegar a la conclusión de que la arbitraria irrupción de las autoridades de Madrid en sus sistemas de abasto fue parte importante de sus crecientes problemas. El rápido incremento en el nivel base de los precios del trigo que coincidió con la intervención de Madrid en el mercado en 1580 y 1620, forzó inevitablemente la subida de los salarios de subsistencia en la industria textil castellana, imposibilitando su competencia con artículos flamencos e italianos más baratos.

La caída de las ciudades castellanas en la primera mitad del siglo XVII centró el mercado regional en la capital, mientras las necesidades de Madrid se reducían con la tendencia descendente de la población urbana a fines del siglo XVII. Estos cambios desplazaron la atención oficial hacia los problemas de abasto a corto plazo causados por las repetidas pérdidas de las cosechas, originando la creación del Pósito municipal como mecanismo para estabilizar los precios del pan. Aparte de las cuantiosas adquisiciones por parte del gobierno para mitigar crisis de subsistencias verdaderamente graves, como en 1629-32, 1753, o 1804, la finalidad primordial del Pósito era disminuir las fluctuaciones estacionales en el abasto de trigo y los precios del pan. Para ello, se servía de agentes reales y consignatarios locales para comprar grano después de las cosechas, cuando los precios eran bajos, y almacenarlo hasta la primavera, cuando las existencias de los particulares estaban agotadas. En aquel momento, daba salida al grano en el mercado urbano para evitar que los precios aumentaran más rápidamente.

En el siglo XVIII, en que las fuentes ofrecen un cuadro más exacto, el Pósito había generado una pequeña burocracia para gestionar sus asuntos, en la que figuraban un administrador, una Junta de Dirección de cinco miembros, cinco contables, tres administradores, cuatro receptores, dos medidores, y varios mozos que trabajaban en los almacenes y los molinos. Otros agentes del Pósito recorrían toda Castilla la Vieja y León para comprar grano. Los funcionarios del Pósito disponían de prioridad en el uso del transporte profesional, mantenían depósitos satélites en Arévalo y cerca del Puerto de los Leones, y operaban un gran molino harinero en la Sierra de Guadarrama, así como en el mismo edificio del pósito de Madrid. La versión del siglo XVIII de dicho Pósito se alzaba en el lado este del Paseo de Recoletos, inmediatamente al norte de la actual Plaza de Cibeles, y al sur del convento de los Agustinos Recoletos, desaparecido en el siglo XIX.

El Ayuntamiento regulaba también el abasto de vino, carne, aceite de oliva, carbón y otros cuantos productos. Dado que la mayoría de estos productos tenían que pagar sisas al ser introducidos en la ciudad, en los motivos de esta regulación se mezclaban la preocupación por la estabilidad de los precios con la necesidad de recaudar impuestos de manera eficaz. Todos los años, la ciudad otorgaba por pública subasta un contrato o concesión a un solo proveedor, que podía ser un empresario rico, un consorcio de proveedores o una entidad corporativa como los Cinco Gremios Mayores o, en algunos casos, uno de los gremios menores. Los concesionarios se comprometían a abastecer a la ciudad del producto en cuestión y acordaban unos precios al detalle que variaban sólo moderadamente en el transcurso del año. De hecho, estos precios eran ajustados de vez en cuando si las predicciones del proveedor sobre la calidad de la cosecha resultaban equivocadas, pero estos cambios eran siempre negociados con la administración de abastos.

El otro elemento del abasto en el que el gobierno intervenía casi tanto como en el comercio de granos era el carbón. En la segunda mitad del XVIII, este ramo del abasto estaba gestionado por una oficina municipal con un personal de 13 personas, más 16 veedores y asistentes que trabajaban en cuatro almacenes dentro de la ciudad. Había, además, cuatro comisionados y ocho asistentes que inspeccionaban y negociaban la tala de bosques en los montes, la elaboración del carbón, y su envío a Madrid.

Pese a que se daba una tendencia hacia una menor regulación, los concesionarios operaban dentro de un laberinto de controles y privilegios. Sucedía a menudo que los concesionarios obtenían el monopolio de mercado de algunos productos específicos, pero sobre la premisa de que los cambios de precios estacionales serían estrechamente controlados. Para conseguir que esto resultara más viable, la Corona limitaba en ocasiones los precios que los productores podían pedir. Los proveedores obtuvieron también tribunales especiales, capacidad para embargar transportes y privilegios de pastos. Aunque los controles más complejos atañían al trigo y el carbón, la ciudad supervisaba casi todos los productos, y mantenía instalaciones públicas como los mercados y los mataderos.

Abasto y sociedad urbana

Las cantidades de alimentos y combustible que acabamos de describir representan una de las empresas comerciales de mayor envergadura de la España preindustrial. Cuando se unen los volúmenes a los precios, hay evidencia de que los alimentos y el combustible básicos daban cuenta de más del 40 por ciento de los aproximadamente 430.000.000 reales (en precios al por menor) de artículos vendidos en la economía urbana en la década de 1780. No es de extrañar, por tanto, que este trasiego cotidiano contribuyera a la riqueza de una buena porción de la elite urbana, definida como esas 4.000 a 6.000 familias con ingresos suficientes para permitirse un estilo de vida por encima del nivel elemental de subsistencia.

No todas ellas vivían con lujo, y sus rentas reales variaban mucho. Algunos buhoneros de barrio apenas sobrepasaban el nivel de pobreza, otros eran tan ricos como la media de los aristócratas titulados. Para dar significado a estos ingresos, recordemos que la dieta de subsistencia costaba 450 reales. Los aprendices más pobres ganaban 350 reales anuales más comida y alojamiento, mientras que los ingresos personales más cuantiosos eran los del duque de Alba, con 20.000.000 reales. Entre los proveedores cotidianos de comestibles había 242 tenderos de aceite y vinagre, con sólo 3.000 reales anuales, 100 bodegoneros con un promedio de 3.300 reales, 239 taberneros con 5.400 reales y 19 pasteleros con una media de 9.000 reales. Entre las rentas más sustanciosas encontramos 24 polleros y hueveros con unas rentas medias de 12.500 reales, 90 confiteros con 13.000 reales, 46 mesoneros con 15.000 reales, 14 «maestros del Gremio de Tratantes en Fruta» con 16.000 reales, 129 panaderos con un promedio de 18.000 reales y 125 molenderos de chocolate con unos ingresos medios de 30.000 reales.

Estas cifras, derivadas del Catastro de la Ensenada de la década de 1750, no están completas, pero demuestran que los plebeyos quehaceres de proveer a Madrid de lo necesario para todos los días suministraban la base económica a una parte considerable de la pequeña clase mediana del Madrid imperial. Estas cifras por sí solas representan más de 1.000 familias con rentas que las situaban muy por encima de ese nivel de pobreza que padecía el 70 por ciento de las familias con ingresos inferiores a los 2.000 reales anuales. Además, hemos visto que había unas 50 personas directamente empleadas por el gobierno en el abasto de trigo y carbón. La gran variedad de los ramos de abastecimiento de Madrid y las enormes diferencias en rentas entre ellos nos dicen que, aunque la mayoría de los participantes eran modestos tenderos, muchos eran comerciantes y financieros, miembros respetados de la sociedad urbana con rentas similares a las de los miembros de los Cinco Gremios Mayores y de la nobleza titulada.

El comercio de abasto también se insertaba en la sociedad urbana en modos menos evidentes. En muchos de los contratos para la provisión de productos específicos participaban madrileños prominentes que nunca habrían tomado parte en el comercio directo al por menor. En un caso al menos, a comienzos del siglo XVIII, se concedió un contrato de dos años para el abastecimiento de carbón a un consorcio registrado en forma de sociedad múltiple. El contrato estipulaba minuciosamente que, dado que algunos de los socios eran «Hijosdalgo de sangre notoria», su asociación a esta actividad comercial no supondría en modo alguno la posibilidad de anulación de su estado noble y de sus privilegios. Puesto que sabemos por otras fuentes que tanto el duque de Medinaceli como el del Infantado participaban habitualmente en el abasto de carbón, es claro que este tipo de comercio nutría directamente los bolsillos de la aristocracia terrateniente residente en Madrid.

Ello es aplicable al menos a otro caso concerniente al abasto de trigo. Muchos ricos terratenientes acumulaban grandes provisiones de grano porque los arrendamientos de tierras se pagaban muchas veces con parte de las cosechas y, al fin y a la postre, había que comercializar aquellos excedentes. Es interesante observar, que en varias ocasiones en que la cosecha había sido mala y los precios del grano estaban en alza, los archivos del Pósito registran un número desusadamente elevado de grandes y títulos que venden voluminosas cantidades de grano a la ciudad. Aunque los documentos ensalzan su generosidad por poner su trigo a disposición del Pósito, no puede pasar inadvertido que no tuvieron el menor inconveniente en cobrar a la ciudad el elevado precio de mercado creado por la temporal escasez. También en este caso vemos una forma en que los niveles más altos de la sociedad urbana participaban en ciertos aspectos del abasto.

Había, asimismo, otros sectores de esta sociedad que participaban. Una serie de los contratos de abasto de menor cuantía se otorgaban habitualmente a alguno de los gremios menores capaz de reunir el capital necesario para hacerse cargo de la tarea. Los Cinco Gremios Mayores, la Compañía de Lonjistas y la fracasada Compañía de Filipinas participaron todos en grado variable, y su presencia fue en aumento al ir avanzando el siglo XVIII. De hecho, los Cinco Gremios se vieron en considerables aprietos financieros debido a que las malas cosechas, la inflación y la incierta situación política de la década de 1790 les causaron grandes pérdidas en la gestión monetaria del abasto.

Por último, el abasto puso los cimientos de importantes carreras en la vida pública. El ejemplo más notable es el del conde de Cabarrús, fundador del Banco de San Carlos, predecesor del Banco de España. En calidad de joven aprendiz de una casa mercantil de Bayona asociada a la compañía Lalanne, Cabarrús llegó a Madrid hacia 1774 para dirigir la fábrica de jabón de su suegro en Carabanchel. Sólo dos años después aparece en el Registro de Mercaderes de Granos como el mayor especulador del comercio de granos de Madrid, con cinco almacenes de trigo situados en puntos estratégicos de los principales caminos a Madrid. Ésta fue una de las actividades que le permitieron hacer la propuesta de un banco nacional que estabilizara el crédito real en un momento en que los envíos de metales preciosos de América estaban interrumpiéndose a causa de la guerra con Inglaterra. Así pues, el comercio de abasto de Madrid incidía en todos los niveles de la sociedad de la capital y contribuía a mantener algunas de las fuertes injusticias económicas típicas de la ciudad-Corte.

Ciudad, abasto y Castilla

Si el proceso de abastecer a Madrid de sus necesidades básicas afectaba a todos los niveles de la sociedad madrileña, también ligaba a esta ciudad prácticamente con todos los rincones de las dos Castillas, reforzando con ello los vínculos creados por el continuo intercambio de personas. Esta serie de lazos interconectados puede clasificarse de modos diversos, pero son tan variados que unos cuantos ejemplos en el contexto de una descripción general serán el modo mejor de componer el cuadro de lo que todo ello implicaba.

Sin entrar en los mecanismos del abasto, la primera impresión es sencillamente la que nos transmite su alcance geográfico. En 1625, momento del primer máximo de crecimiento en Madrid, el trigo consumido en la ciudad provenía de fuentes tan distantes como León y la Baja Andalucía. En años de cosechas normales, la mayor parte de aquel trigo se traía de las provincias de Castilla la Nueva, de Segovia y de Ávila. Pero en las crisis de 1630 y 1664-5 se advierte la presencia de agentes del gobierno encargados de adquirir grano en las provincias de Valladolid, Toro, León, Zamora y Salamanca. Además, la ciudad contrató con proveedores particulares el envío de cargamentos desde La Mancha, Jaén, Córdoba y Sevilla, aunque, debido a las distancias y los costes de transporte, las cantidades no fueran grandes. Los abastecedores de vino venían inicialmente de decenas de pueblos cercanos de Madrid y Toledo, y de zonas aisladas de Valladolid, La Mancha y Cuenca. Hacia finales del siglo XVII, muchos de aquellos pueblos se encontraban en grave decadencia y Madrid había ampliado considerablemente su abastecimiento regular de vinos. Así pues, los documentos constatan su dependencia de una amplia región que se extendía desde el sur de Madrid, a través de Toledo, hasta la zona en torno a Ciudad Real y Almagro, prefigurando la moderna importancia del vino de Valdepeñas para la dieta madrileña. Por entonces, la provisión de vinos de mesa llegaba también de Sevilla, Córdoba y Valencia, mientras que Valladolid y Guadalajara habían dejado de participar en este ramo.

Llegado el siglo XVIII, cuando contamos con una mayor variedad de fuentes, el sistema se había desarrollado aún más. El trigo venía hasta Madrid de todas las provincias de Castilla-León y todas las de Castilla la Nueva, mientras que los agentes del Pósito operaban activamente en las zonas próximas a Madrid y en las regiones cerealistas del Valle del Tajo y Tierra del Pan. El vino, consumido en cantidades considerablemente menores en la época borbónica, provenía casi en su totalidad de Madrid, Toledo y La Mancha, con cantidades más reducidas traídas de Guadalajara y de la parte sur de Cuenca. El carbón era transportado desde las sierras al norte y el oeste de Madrid, extraído de los montes que corren desde la parte noroccidental de Guadalajara, a lo largo de las sierras de Guadarrama, Gredos y Gata, hasta la frontera portuguesa.

Además, se traían grandes cantidades desde la Alcarria, Cuenca, los Montes de Toledo y la Sierra de Guadalupe. En la década de 1640, una gran parte de la leña utilizada en el Palacio Real venía de las estribaciones de la Sierra de Gredos y de numerosos pueblos en torno a Madrid. En el siglo XVIII, estas zonas parecen haber quedado desforestadas en grado tal que dejan de aparecer en las fuentes. La madera para la construcción y la carpintería se traía desde algunas de las mismas zonas que el carbón, pero la fuente más importante se encontraba en las áreas montañosas de Soria, Guadalajara y Segovia. La región de la que provenía la carne consumida en Madrid era la más amplia de todas. El abasto de carne se extendía por las dos Castillas, se surtía fuertemente en Extremadura y Galicia, e incluso llegaba hasta Jaén, Cantabria, Aragón y el Pirineo francés.

La pregunta más importante es, claro está, ¿cómo se movilizaba este masivo flujo de provisiones? La respuesta es, evidentemente, mediante una mezcla inmensamente complicada de empresarios —grandes y pequeños, urbanos y rurales, que respondían a los incentivos del mercado—, de acumulaciones precapitalistas basadas en derechos feudales, arrendamientos y diezmos, y de la organización e intervención del gobierno.

En la mayoría de los casos, la mayor parte del trigo utilizado en Madrid era de Castilla la Nueva, el cual era transportado al mercado por campesinos y terratenientes y vendido en la Alhóndiga. Allí compraban el grano y la harina que necesitaban los panaderos antes mencionados para sus tahonas y hornos, siendo éste un mercado esencialmente privado. Aunque disponemos de escasa evidencia, sería raro que muchos de ellos no contaran con redes de agentes y grandes proveedores, que contrataran las futuras cosechas y ofrecieran crédito a los productores. Como vimos, el gobierno complementaba periódicamente los mecanismos del mercado en modos diversos. De modo habitual, el Pósito proporcionaba un mercado a los campesinos que traían sus pequeños excedentes a la ciudad desde las aldeas vecinas, y enviaba también a sus propios agentes a las provincias, especialmente Castilla la Vieja-León, donde iban de pueblo en pueblo adquiriendo los excedentes a campesinos individuales. Algunos de los documentos de contabilidad que se conservan registran los nombres de decenas de campesinos castellanos de cada uno de estos pueblos, que de este modo entraban en contacto directo con Madrid y su economía. Además, en algunas regiones, el Pósito contrataba a comerciantes de grano locales para que actuaran como agentes privados de la ciudad con objeto de movilizar grano. Por último, el funcionamiento del Pósito introdujo algunas de las estructuras económicas precapitalistas del campo en la economía de mercado. Dos ejemplos sobresalen en particular. A uno de ellos se hizo referencia anteriormente cuando se dijo que el Pósito negociaba la compra de las reservas de grano acumuladas por la nobleza terrateniente, que acopiaba grandes existencias gracias a las formas en que sus colonos satisfacían el arrendamiento. El segundo tiene relación con el diezmo. Generalmente, el Pósito negociaba con la Corona la adquisición de las tercias reales, que la Corona recaudaba de la Iglesia. Al mismo tiempo, el Pósito tenía por costumbre comprar grandes cantidades de trigo a los obispados de Segovia, Toledo y Ávila.

Similares mecanismos operaban en los restantes componentes del abasto, con combinaciones variables de organización de mercado, prácticas feudales o precapitalistas, y participación gubernamental. Pero la ilustración del abasto de carbón y el abasto de carne basta, no obstante, para transmitir la complejidad del entramado general. En el caso del carbón veremos cómo grandes extensiones de tierra, escasamente explotada en apariencia, participaban en realidad en la economía comercial. Como vimos, Madrid ofrecía instalaciones para el comercio al por mayor dentro de la propia ciudad. Dichas instalaciones se arrendaban a proveedores que accedían a suministrar ciertas cantidades estipuladas a precios regulados, y a su vez negociaban acuerdos con decenas de tenderos para la distribución dentro de la ciudad. El proveedor era, al menos en algunos casos, un consorcio de personas ricas, entre ellas nobles terratenientes, que tenían propiedades en los montes y sierras de los que anteriormente se hablara. La capa forestal de estos montes estaba formada principalmente por la clase de árbol de cuya raíz surgía un nuevo hijuelo cada vez que el árbol era talado. La ciudad mantenía un inventario de estos montes, que eran periódicamente talados, cada quince o veinte años, cuando los nuevos brotes estaban ya suficientemente desarrollados. La costumbre y la tradición imponían unas técnicas de tala que facilitaban la renovación de estos bosques.

Lo que vemos, por consiguiente, no es un mundo de tierras poco o ineficientemente explotadas. Era más bien un sistema de explotación forestal cuidadosamente gestionado para que el combustible que la ciudad necesitaba fuera un recurso constantemente renovado. La deforestación de muchos de estos montes no fue, por tanto, consecuencia de la demanda urbana. En realidad, una gran parte de la misma se produjo en el siglo XIX, cuando los montes que habían pertenecido a los municipios y las instituciones religiosas fueron vendidos a nuevos propietarios, que se vieron obligados a extraer beneficios inmediatos de ellos con objeto de hacer frente a las deudas contraídas para la adquisición de la tierra. A raíz de aquella situación, muchos bosques no sólo fueron talados, sino que los tocones y las raíces fueron arrancados para enviarlos a las fábricas de carbón. Esta clase de explotación no permitía la recuperación de los bosques sin una repoblación sistemática.

Posiblemente el sistema de suministro más moderno en términos económicos fuera el del abasto de carne, lo que refleja el hecho de que los pastos, y la producción asociada de lana y cueros para la exportación, habían estado basados en el mercado y habían estado plenamente monetarizadas desde la Edad Media. Como en el caso del carbón, la ciudad contrataba con un solo proveedor el funcionamiento del matadero y la distribución de carne a los carniceros al por menor de la ciudad. Este abastecedor empleaba a su vez agentes, tanto en el matadero como en las provincias, para comprar carneros y vacas. Como ocurría con el trigo, una buena parte del abastecimiento de carneros y vacas era traído al mercado de Madrid por propietarios particulares o intermediarios. Igualmente, los agentes empleados por el abastecedor visitaban regularmente las importantes ferias de ganado de Trujillo y La Bañeza. La feria de Trujillo atraía a los terratenientes con ganado para la venta de una zona que abarcaba prácticamente toda Extremadura, la parte occidental de la moderna provincia de Ciudad Real y los distritos septentrionales de la provincia de Córdoba. La feria de La Bañeza atraía a los ganaderos de León, Zamora, Salamanca y gran parte de Galicia. En ambos casos, las compras variaban en volumen, desde una o dos vacas o una docena de ovejas, a decenas de vacas y cientos de carneros adquiridos a un solo vendedor. Como en el caso del trigo, lo que tenemos ante nosotros es una organización de mercado que partía de Madrid hacia el exterior y estaba conectada a miles de labradores y propietarios relativamente pequeños.

Vemos aquí un sistema de mercado nacional en funcionamiento, con dos privilegios gubernamentales que alentaban su concentración en Madrid. Los agentes del abasto tenían derecho de tanteo en las subastas de ganado, que en la práctica significaba que podían igualar cualquier oferta final y eliminar a cualquier otro comprador. Encontramos una huella de lo que esto implicaba en una referencia de pasada a una puja por parte de agentes del reino de Aragón, indicio de que las relaciones de mercado estaban penetrando desde levante hasta el interior mismo ya en el siglo XVIII. El segundo privilegio consistía en una serie de pastos reservados en los caminos que partían de las ciudades de feria hacia Madrid. Las vacas y ovejas ya adquiridas para el abasto podían, pues, ser transportadas a la ciudad en etapas, sin tener que arrendar pastos en tránsito.

Pero no era éste un mundo dominado por agentes de la villa de Madrid que trataran directamente con campesinos y terratenientes. Gran parte del abasto de trigo estaba gestionado por empresas totalmente privadas que operaban dentro del sistema de mercado. En toda Castilla la Nueva, la interacción de los panaderos de Madrid y los comerciantes e intermediarios de grano de los pueblos estructuró los mercados regionales, así como las transacciones orientadas a Madrid. En el pueblo segoviano de San García, un grupo de familias mucho tiempo dedicadas a transportar grano castellano a través de las sierras hasta Madrid evolucionó gradualmente hasta convertirse en un grupo de ricos comerciantes en grano, mediante su afortunada especulación en el comercio de granos de Madrid al margen del sistema organizado por el Pósito. Está claro también que muchos de los rebaños de vacas y ovejas llevados al matadero eran traídos por agentes comerciales de los pueblos actuando a modo de intermediarios comerciales. En efecto, el pueblo de Talavera de la Reina se salvó de lo más riguroso de la crisis del siglo XVIII al convertirse en un importante centro de coordinación de parte del sector privado del abasto de carne. Hacia finales del siglo XVIII, el volumen de las transacciones en las subastas de ganado era de tal envergadura que la Corona hubo de autorizar una segunda gran feria anual.

Hay que hablar todavía de otro aspecto más del sistema comercial que abastecía a Madrid de alimentos y combustible. Aparte de crear un sistema de mercados y contactos comerciales para movilizar este enorme volumen de alimentos y combustible, la sociedad castellana tenía que resolver la enorme tarea de transportar todos estos productos hasta la capital. Aunque las medidas necesarias para dicho transporte eran tecnológicamente sencillas, su organización y funcionamiento eran extraordinariamente complejos y sofisticados. Debido a que el transporte estaba enteramente basado en el acarreo por tierra empleando bestias de carga, carretas y carros, estaba dominado por dos realidades económicas. Hay pocos rendimientos de escala en semejante sistema de transporte, por lo que las empresas tendían a ser pequeñas. Al mismo tiempo, el transporte contaba con una oferta estable de mulas, asnos o bueyes y, por tanto, tendía a centrarse en las provincias más que en la ciudad. En consecuencia, los transportistas profesionales constituían otro más de los múltiples vínculos intermedios y mediadores entre el mercado de Madrid y la economía castellana.

La envergadura de esta labor de transporte quedaba anteriormente sugerida por la llegada diaria de miles de animales de carga y cientos de carretas a las puertas de la ciudad. En este sistema participaban tanto especialistas en transporte, profesionales y a tiempo completo, como miles de participantes estacionales que eran ante todo labradores. Su aspecto más singular era posiblemente el de los arrieros maragatos de la región de Astorga. Con una base de fincas familiares, los maragatos formaban compañías de transporte, también familiares, que empleaban mulas para acarrear mercancías relativamente valiosas desde los puertos del norte hasta el interior. Inicialmente centrados en Castilla la Vieja durante el siglo XVI, reaccionaron con presteza al crecimiento de Madrid. Con una singular cultura regional, estas gentes pintorescas emergen de las fuentes con una doble imagen. Por una parte iban armados, eran desaprensivos y peligrosos. Por la otra, ofrecían el modo más seguro para el transporte rápido de artículos de valor por el norte de Castilla. Casi tan pintorescos como los maragatos eran los carreteros profesionales, muchos de los cuales operaban desde la provincia de Soria o la Sierra de Gredos. Éstos, que viajaban en largas caravanas de carretas de bueyes cuando el tiempo lo permitía, y mantenían su ganado gracias a un sistema de trashumancia similar al de la Mesta, transportaban los productos voluminosos y pesados, como trigo, carbón y materiales de construcción, que hacían falta en la ciudad. Otras regiones de La Mancha eran también centros de arriería. Dichos arrieros llegaban en ocasiones a Madrid con reatas de hasta 100 animales cargados de trigo, vino o aceite. Además, miles de campesinos pasaban de dos semanas a varios meses al año trajinando con dos o tres mulas o burros, o quizá uno o dos carros, transportando productos locales hasta la ciudad, en ocasiones desde puntos muy distantes. Había, por fin, que abastecer de carne a la ciudad. Sin sistemas de refrigeración ni buenos transportes, la solución evidente era que la mayoría de la carne consumida en Madrid entrara por su propio pie. La ciudad procuraba mantener buenos pastos cercanos donde poder engordar ovejas y vacas antes de recorrer la última etapa hacia el matadero. Los cerdos destinados a la ciudad eran muchas veces engordados previamente con bellotas en los robledales, pero después de recorrer el camino hasta Madrid también éstos necesitaban recuperarse, y las afueras de la ciudad estaban salpicadas de pocilgas y comederos donde los cerdos eran engordados a base de cebada antes de ser sacrificados. En una de las cientos de interconexiones que caracterizan cualquier economía, es interesante observar que los panaderos de Madrid participaban también en el abasto de cerdos, dado que muchos de ellos tenían chiqueros en sus patios, junto a sus molinos y tahonas, alimentando a los cerdos con productos residuales de su principal actividad. Está claro que los ganados no llegan solos hasta el matadero, y en esta parte del sistema de transporte participaban cientos de hombres y muchachos que trabajaban como pastores, vaqueros y porquerizos, así como vigilantes de los pastos y de los cebaderos.

Si examinamos con perspectiva el sistema de transporte, se advierte que el proceso de alimentar a Madrid y abastecerlo de combustible creaba una intrincada red de conexiones ciudad-región. Formaban parte de éstas los ingresos directos al campo del mercado urbano, la participación de intermediarios comerciales que salvaban la distancia entre el abastecedor urbano y el productor rural, algunos residentes de la ciudad que participaban habitualmente en el comercio a múltiples niveles, y un flujo continuo de miles de hombres dedicados al transporte que llegaban a la capital regularmente. Además, el comercio de abasto no sólo movilizaba la producción orientada al mercado, sino que atraía hacia éste los excedentes acumulados por terratenientes y el clero e inculcaba los valores de mercado en la elite rural. De todas estas observaciones, surgen dos importantes proposiciones:

1) Madrid, como ciudad-capital, significaba mucho más que un simple agregado de edificios y de personas rodeados por la muralla levantada por Felipe IV en 1656. Como sociedad y como economía, constituía un complejo de redes sociales, migratorias, comerciales y de transporte que abarcaba la totalidad del interior de Castilla. Estos entramados sostenían tanto a los pobres como a muchos de los ricos de la ciudad, proporcionando beneficios e ingresos, así como sustento a los terratenientes residentes en la ciudad, a los comerciantes y a los jornaleros de trabajos serviles. La superposición de este complejo comercio de abastos y de los continuos mecanismos migratorios resumidos en el capítulo anterior deja claro que existe una estrecha interrelación entre ambos.

2) La segunda proposición es la siguiente: por muy feudal o señorial que consideremos el interior castellano, se trataba también de un mundo familiarizado desde largo tiempo atrás con los mercados, el comercio, el crédito y la agricultura comercial. Aunque gran parte de la economía rural permaneció indudablemente dentro del ámbito del autoconsumo hasta el final mismo del Antiguo Régimen, no es menos cierto que prácticamente todos los pueblos tenían algún contacto y conocimiento del mundo exterior, que en los siglos del imperio estaba representado por Madrid.

Podemos, además, concluir este capítulo señalando brevemente unos cuantos indicios de que el mundo rural y el propio sistema de abasto estaban avanzando sostenidamente hacia el mundo de mercados relativamente abiertos que llegó a convertirse en el ideal liberal económico del siglo XIX.

Hacia una sociedad de mercado

Es un lugar común en los análisis sobre mercantilismo y política económica del Antiguo Régimen afirmar que la mayoría de estas políticas estaban pensadas bien para elevar las rentas o para proteger al consumidor frente a la explotación de abastecedores e intermediarios, que acumulaban existencias y especulaban con el carácter imprevisible de las cosechas y el clima. Donde más frecuentemente se percibe y se sobreentiende esto es en los análisis sobre el abastecimiento urbano y el espectro de los motines urbanos que obsesionaban a los gobiernos de la época, y que en España compendia el Motín de Esquilache de 1767.

Un segundo lugar común, relacionado con el anterior, es el hecho de que numerosos economistas y funcionarios gubernamentales de toda Europa estaban formulando un planteamiento diferente. Su propuesta abogaba por el fin de todo control sobre los mercados y los factores de producción, de modo que el productor (en lugar del consumidor) pasara a ser el centro de esta política, bajo condiciones que le alentaran a incrementar la producción cuando se elevaran los precios. De los trabajos convencionales sobre estos aspectos de la Ilustración se desprende que, pese a algunas reformas y tentativas, la mayor parte de aquellas ideas quedaron confinadas a debates en los salones parisinos, las cátedras napolitanas, las tertulias madrileñas y las Sociedades Económicas de Amigos del País, y la ineficaz Junta General de Comercio y Moneda española.

El tercer lugar común que aparece en esta índole de análisis es la hipótesis de que hasta el siglo XIX, en especial después de 1835, esta clase de liberalismo económico no se convirtió en una realidad operativa en la sociedad española. Según esta teoría, la aparición de la economía de mercado hubo de esperar a la venta de tierras eclesiásticas que se inició en la década de 1830, a la concurrente institución de formas parlamentarias de gobierno y a la abolición de corporaciones tradicionales —entre ellas las cofradías, los gremios y la Mesta— consideradas como obstáculos para una sociedad orientada al mercado.

Pese a haber una buena dosis de verdad en estos tres lugares comunes, la realidad es más complicada. Aunque muchos de los impedimentos tradicionales a una economía abierta perduraron, en efecto, hasta entrado el siglo XIX, una cantidad sorprendente del programa económico liberal se puso en práctica en España pausadamente. Ello indica, entre otras cosas, que la elite burocrática del país estaba absorbiendo sostenidamente y aceptando como práctica normal muchas de las premisas de la sociedad orientada al mercado. No es éste lugar adecuado para examinar en detalle lo que constituye una afirmación complicada y polémica. Más interesante resulta, por el contrario, observar la evolución de todo el sistema de abasto madrileño y la manifestación de algunos fenómenos muy significativos.

El ejemplo más patente y mejor analizado es el comercio interior de granos. A raíz de la crisis de subsistencias de 1753, el marqués de la Ensenada abolió la mayoría de los controles interiores sobre el libre movimiento de granos, preparando así la escena para la reforma de mayor envergadura de 1765, en que se eliminaron todos los controles sobre precios y otras normativas. A continuación de la crisis de subsistencias de 1766-67, el gobierno se retractó de estas medidas fijando precios mínimos que pudieran primero evitar las exportaciones y, en caso de agravarse la escasez, permitir las importaciones de grano. No obstante el parcial retroceso, el comercio interior de granos siguió siendo en España notablemente libre y abierto por criterios del siglo XVIII.

Otros aspectos del sistema de contratas monopolistas para el abasto de diversos productos se erosionaron de forma sostenida. En el siglo XVII las formas de regulación seguían siendo bastante pormenorizadas, pero a partir de 1660 aproximadamente las contratas fueron acordándose para periodos cada vez más prolongados. Ello proporcionó nuevos créditos al gobierno de la ciudad, pero creó también un espacio mucho más amplio para que los abastecedores pudieran operar sin interferencias. Hacia mediados del siglo XVIII, el sistema de contratación del abasto de vino empezaba a quebrantarse rápidamente. Varios establecimientos religiosos explotaban sus propias bodegas, eludiendo las sisas hasta que el gobierno empezó a recaudar este impuesto de todo el vino que entraba, reembolsándoles solamente lo correspondiente a la cantidad consumida internamente. El resultado de facto fue la autorización a estos conventos y monasterios para competir directamente con el abasto de vino regulado. En la década de 1750, en efecto, el gobierno empezaba a comprender la inviabilidad del sistema de contrato único, y otorgaba licencias a una considerable lista de mayoristas, algunos de ellos madrileños y otros de pueblos de regiones vinateras. Hacia finales del siglo XVIII, la regulación sistemática había desaparecido prácticamente salvo por el cobro de derechos de aduana.

Algo similar ocurría también con el abasto de carne. Aunque persistió la forma de contrata monopolista hasta fines del Antiguo Régimen, ésta empezaba a quebrarse. La grieta surgió del principio legal según el cual los propietarios de carnicerías de la ciudad que también criaban sus propias vacas u ovejas fuera de la ciudad quedaban exentos del privilegio de monopolio otorgado al abastecedor oficial. Este agrietamiento coincidió con la expansión del comercio de ganado en Talavera, y una asociación de ganaderos y tratantes en ganado de esta ciudad adquirió sus propias carnicerías en Madrid. Cuando finalizaba el siglo, un considerable porcentaje de la carne de vaca y cordero de Madrid se vendía al margen del monopolio, y los ganaderos de Talavera estaban ampliando con éxito la brecha que habían abierto en el monopolio oficial.

Los casos del vino y de la carne no significan tanto una política sistemática como una disposición a aceptar, paso a paso, unos cambios que parecían cada vez más lógicos y racionales a los funcionarios que debían resolver disputas jurisdiccionales. El abasto de carbón representa un caso más llamativo. Tras varias décadas de fuerte control, en los últimos veinte años del siglo XVIII, este abasto fue haciéndose cada vez más difícil y a exigir mayores subvenciones. La primera solución fue conjuntarlo con otros abastos en una enorme contrata que delegaba la mayor parte de los aspectos regulados del abasto urbano en los Cinco Gremios Mayores. La irregularidad climática y la inflación produjeron pérdidas aún mayores a los nuevos agentes abastecedores, y el problema revirtió a manos del Ayuntamiento. Tras mucho debatir, los regidores procedieron a disolver la totalidad del aparato administrativo. En 1805 simplemente subastaron al mejor postor sus existencias de carbón, todos los almacenes de carbón de la ciudad e instalaciones asociadas, y todos sus contratos de futuro acceso a los montes carboníferos. De un solo golpe, el Antiguo Régimen dejó al sistema de mercado uno de los ingredientes centrales del sistema de abastecimiento urbano.

Aunque todos estos ejemplos no son sino una pequeña parte de un panorama complejo, nos hablan de una elite urbana que vivía cada vez más en dos mundos. Uno era el mundo imaginario de la ciudad-Corte, basado en una concepción ideológica de la sociedad que seguía teniendo importancia en la legitimación de la autoridad política. El otro era un mundo de explicaciones y supuestos económicos más novedosos, un mundo que iba satisfaciendo en medida progresiva las necesidades y aspiraciones de miles de madrileños pobres y de muchos cientos de comerciantes, ganaderos y transportistas, así como de agricultores y terratenientes con mentalidad mercantil, de la región de Castilla, vivieran o no en la capital. En cierta medida, por tanto, los decisivos cambios ocurridos en España en la primera mitad del siglo XIX afirmaron, más que crearon, la sociedad liberal de mercado que se plasmó bajo los moderados

8. Sólo Madrid es Corte.
Ciudad e imperio, imperio y ciudad

Hace unos cuantos años el veterano historiador de Madrid Fernando Chueca Goitia publicó un perspicaz ensayo titulado Madrid: ciudad con vocación de capital Nuestro ensayo comenzaba con una frase similar, «Sólo Madrid es Corte», que evoca no nuestra idea de lo que es una capital, sino la concepción de Madrid como sociedad urbana que era capital del reino porque era simbólicamente una extensión de la propia casa del rey y de la real Corte. El delicioso libro de Chueca Goitia encierra esa visión de una ciudad cortesana, pero incluye muchas otras cosas. En su amplia perspectiva figuran muchos de los aspectos que he intentado ilustrar en este ensayo. Algunos de ellos eran resultado de decisiones deliberadas de las elites del Antiguo Régimen (por ejemplo la reconstrucción física de algunas partes de la ciudad); otros eran resultados impremeditados (como la interacción entre una gran población indigente, el abastecimiento urbano y la economía regional). En el último capítulo de este ensayo vamos a ampliar la concepción de Chueca Goitia aunando dos importantes ideas con objeto de percibir el fundamental vínculo entre el Madrid imperial, el imperio que regía, y el gran mundo que constituía el contexto de ambos.

La primera de estas proposiciones es el hecho evidente de que Madrid era la capital política de España y de su imperio. Por sí solo, éste es un lugar común. Como veíamos, debido a que Madrid era la capital, en ciertos sentidos el imperio configuró la ciudad. Simultáneamente, la estructura económica y social que su función política otorgaba a Madrid conformó los restantes contactos de la ciudad con el mundo exterior en modos definidos.

La segunda proposición es menos evidente y, por ello, parece a primera vista más compleja. Además, convierte la primera proposición en algo más que un simple lugar común. Gran parte de lo que hemos visto sobre el Madrid imperial demuestra que esta capital, al igual que cualquier ciudad importante, era mucho más que el mundo densamente poblado que abarcaban los límites amurallados erigidos por Felipe II y Felipe IV con el fin de facilitar la recaudación de ciertos impuestos. La historia urbana limitada a un concepto tan restringido de espacio urbano puede quizá describir ciertos aspectos de la sociedad urbana, pero pocas veces explicarlos. Ello se debe a que gran parte de las cosas que hallamos en el interior de un recinto amurallado son realmente fragmentos de estructuras y costumbres que se extienden mucho más allá de dichas murallas. Si analizamos solamente lo que encontramos dentro de un espacio urbano geográficamente delimitado como éste, no podremos en modo alguno entender por qué actúan las personas como lo hacen, y mucho menos entender el porqué de la existencia de la ciudad.

Esta última observación se hace evidente cuando recordamos la proposición, en apariencia obvia, de que el papel de Madrid como capital explica su existencia como gran ciudad. Comprender que el Madrid imperial no habría existido sin el imperio es un primer paso para entender la ciudad como punto focal de una gran cantidad de hinterlands, entramados y ámbitos de influencia, todos ellos diferentes y superpuestos. Dichos hinterlands pueden definirse como económicos, demográficos, familiares, políticos o culturales, pero prácticamente todo madrileño, rico o pobre, vivía simultáneamente en la ciudad y en algún sistema económico, social o cultural que se extendía mucho más allá de los límites de la ciudad. Estos sistemas amplios podían estar centrados en un pueblo o un valle de origen, otra ciudad, alguna parte del imperio, una comunidad profesional corporativa, o en lealtades familiares. Todos estos vínculos ligaban, por tanto, la ciudad, el imperio y el mundo. Era ésta una relación dinámica, en cambio constante, en la que el mundo conformaba a la ciudad, mientras que ésta influía muchas veces en ciertas partes del mundo.

Subyacente a todas estas interacciones había una institución mucho más elemental: la familia. La identidad individual estaba mucho más ligada a la identidad familiar, la reputación familiar, el patrimonio familiar y las obligaciones familiares en la era preindustrial que en la actualidad. Hemos visto ya algunos aspectos de este fenómeno actuando en la organización de la inmigración y el abasto urbano. Lo mismo puede decirse de todas las estructuras que mantenían la categoría imperial e internacional de Madrid.

Con el fin de entender Madrid, por tanto, tenemos que comprender primero los extensos entramados mediante los cuales la ciudad integraba ciertas partes del mundo exterior en una estructura dinámica que era mucho más que un punto densamente poblado de la geografía establecido por real decreto y por la conveniencia fiscal. La lista de estos entramados puede ser larguísima, y algunos de ellos cambiaron drásticamente en el transcurso de los siglos imperiales.

Durante el llamado Siglo de Oro, la aristocracia y los reyes españoles fueron mecenas de las artes y la literatura, convirtiendo a Madrid en un gran centro europeo de producción, así como de consumo, de pintura, escultura, diseño arquitectónico y teatro, un hecho simbolizado por la cantidad de tiempo que Velázquez pasó en Italia desarrollando su magnífico talento a la par que actuaba como agente en las adquisiciones del rey. Llegado el siglo XVIII, Madrid no era ya el lugar que guiaba el arte, la literatura o la erudición del resto de Europa, pero el entramado cultural seguía en su sitio. Una dinastía y una aristocracia con contactos franceses, y una esfera dinástica de influencia en Italia mantuvieron a Madrid integrada en los mundos del arte y la música europeos. Así, la ciudad promovió la actividad profesional de Domenico y Alessandro Scarlatti, los artistas francés y alemán Houasse y Mengs, el arquitecto italiano Sabatini y el cantante castrato de fama mundial Alessandro Farinelli, el cual administró el mundo de la ópera y el teatro en España durante un decenio y fue uno de los contados confidentes de Fernando VI. Hacia fines del siglo la ciudad estaba otra vez haciendo contribuciones propias a Europa en las personas del Padre Soler, Juan de la Cruz y Francisco de Goya. Así pues, Madrid entró a formar parte, y en ocasiones configuró, de una red de intercambios culturales con anclajes en Nápoles, el norte de Italia, París, Bruselas, Ámsterdam y Londres. Dichos intercambios manifestaban tanto el gusto como la necesidad de exhibición que formaban parte del comportamiento que legitimaba la autoridad social y política, y sin los cuales Madrid habría sido un lugar muy diferente.

En lugar de una lista aleatoria de estos entramados, concluiremos con un breve examen de cuatro de ellos, dos de los cuales eran primordialmente económicos y los otros dos esencialmente políticos. Los cuatro nos remiten a esos aspectos de la sociedad urbana que expresan de forma no preconcebida su personalidad y que ya hemos visto. El punto de partida es, una vez más, el lugar común de que Madrid era la capital. Era en realidad dos capitales, porque ser capital de lo que hoy denominamos «España» era algo diferente a ser capital del imperio español. Atendamos primero a los dos hinterlands políticos que implica dicha observación, y examinemos después dos entramados económicos vitales.

En el siglo XVI, el hecho de que la capital fuera residencia de la Corte regia tenía mucha mayor trascendencia que el hecho de que la capital fuera también sede de la burocracia. Inicialmente, la burocracia real era bastante reducida, y consistía en los diversos secretarios, escribanos, contables, asistentes y porteros que servían al rey, y a los Reales Consejos mediante los cuales gestionaba el rey sus asuntos. Éste es el mundo del siglo XVI que configuró el simbolismo de la real entrada que anteriormente presenciábamos, y que asignó a la aristocracia y a los Consejos unos puestos perfectamente definidos, mientras que los miles de burócratas y «empleados del rey» que vinieron a sumarse en siglos posteriores permanecieron invisibles.

Dentro de un proceso que era a un tiempo persistente y oportunista, la Corona aprovechó toda ocasión posible para crear vínculos administrativos cada vez más directos entre Madrid y la sociedad local. Con cada uno de estos pasos se concentraron en Madrid más información, más patronazgo y más poder de decisión, con lo cual hicieron falta cada vez más receptores, procuradores, escribanos, agentes de negocios y superintendentes para ocuparse de los asuntos de la Corona. La esencia del poder real radicaba en el reconocimiento general de la autoridad moral del rey, y por ende de sus agentes, para ejercer jurisdicción.

Cuando Madrid se convirtió en capital, los Consejos gobernaban Castilla mediante la negociación directa con un número asequible de autoridades provinciales intermedias. Señores, obispos, ayuntamientos y órdenes militares compartían soberanía y jurisdicción con la Corona en extensas porciones de la sociedad local. En ciudades importantes donde la Corona no había alienado su jurisdicción, el rey estaba representado por los corregidores, que despachaban con él mediante el Consejo de Castilla. Regulado por Isabel I, este cuadro de agentes reales eran miembros con voto de los gobiernos municipales. Vigilaban los asuntos locales e intervenían en disputas para apoyar a las facciones favorables a la política real. Aparte de unas cuantas decenas de corregidores, peticiones escritas de Madrid, y algún que otro juez real enviado desde Madrid para dirimir algún litigio importante, la Corona no disponía prácticamente de ningún instrumento para imponer obediencia. En los comienzos de la capitalidad de Madrid, por consiguiente, los lazos administrativos entre Madrid y «España» eran extremadamente tenues.

Si lo comparamos con el presente, estos lazos eran también limitados, porque la mayoría de ellos ilustran solamente el papel de Madrid como capital del reino de Castilla. El rey tenía autoridad sobre la Corona de Aragón, Italia y los Países Bajos, pero la autonomía local de éstos estaba protegida frente a Madrid por las instituciones locales. La política se elaboraba en Madrid, pero las incontables cuestiones relativas a cuotas contributivas, reclutamiento militar y selección de funcionarios locales eran gestionadas localmente en nombre del rey y transmitidas por vía del debido Consejo regional.

La red que concentraba en Madrid la toma de decisiones y las rentas contributivas se formó erráticamente a lo largo del periodo imperial. En su centro estaba la autoridad del rey para administrar justicia, y los reyes españoles tuvieron buen cuidado en no perder nunca el control sobre la designación de jueces y corregidores reales. Al mismo tiempo, diversas instituciones y costumbres que dejaban al margen de la autoridad real a ciertos segmentos de la sociedad peninsular fueron reduciéndose en muchas maneras. Bajo Felipe II y Felipe III, la supresión de la revuelta morisca de Granada (1568-70) y la expulsión de los moriscos de España (1609) eliminaron a una comunidad que había conservado su autonomía cultural y su autogobierno local. A lo largo de los siglos XVI y XVII la Corona vendió cientos de fueros de autonomía municipal (villazgos). Al hacerlo, estos pueblos quedaban fuera de la jurisdicción intermedia de la nobleza, la Iglesia y las órdenes militares y bajo directa autoridad real. En la primera mitad del siglo XVIII, la Guerra de Sucesión permitió a la Corona suprimir la autonomía institucional de Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares. Fueron abolidas las Cortes locales, la Corona empezó a vender los puestos de regidor en los Consejos municipales, los tribunales se incorporaron al sistema castellano y los corregidores fueron nombrados desde Madrid. De este modo, la autoridad real no sólo quedó fortalecida dentro de Castilla, sino que las prácticas castellanas se extendieron a la Corona de Aragón. Estos cambios situaron un número aún mayor de autoridades locales bajo la directa supervisión de los agentes del rey en Madrid, incrementándose sostenidamente la cantidad de funcionarios subordinados necesarios para administrar el gran volumen de los asuntos reales.

Este proceso se intensificó en la segunda mitad del siglo XVIII. En 1749, se creó el sistema de intendentes provinciales para sistematizar el flujo administrativo entre Madrid y el campo, pero esto quedó más que contrapesado por otras iniciativas. De modo progresivo, la real recaudación de rentas fue transferida a funcionarios reales a sueldo, como en los monopolios del tabaco y la sal y la recaudación de derechos de aduana, por no mencionar más que algunos ejemplos. La Corona se afianzó aún más en los gobiernos municipales añadiendo nuevos funcionarios electivos a los ayuntamientos, y creando una oficina real encargada de supervisar la administración de los propios de los municipios. No sorprende, por tanto, comprobar que el número de «empleados del rey» de Madrid, excluido el personal militar de la ciudad, ascendiera de 3.000 en 1757 a 5.600 en 1787 y a 6.500 para 1799, momento en que suponía más del 11 por ciento de la población económicamente activa de la capital.

Vemos así la dinámica en desarrollo de uno de los entramados del hinterland de Madrid. Cuanto más numerosos los asuntos regios, tantos más empleados del rey; a mayor autoridad real, mayores rentas; cuantos más burócratas, tantas más las rentas gastadas en Madrid para pagarlos. Todo esto formaba parte de la búsqueda casi instintiva de la Corona de una autoridad más efectiva, pero también se convirtió en un componente reforzador del crecimiento urbano.

El segundo de los hinterlands políticos que confluían en Madrid era el del imperio americano. Aunque a fines del siglo XVIII la Corona pudo haber aspirado a dominar sobre los vastos territorios de México, el Caribe, Perú y Río de la Plata tan estrictamente como pretendía regir sus provincias peninsulares, las estructuras que unían a Madrid con el imperio eran muy diferentes. Cuando España estableció su predominio en América, México y Perú no fueron organizados como nuevas provincias de Castilla, sino como nuevos reinos con una condición similar a la de Aragón y Nápoles en el siglo XVI. En el siglo XVII, el carácter oficial de este estatus, unido a las limitaciones de las comunicaciones transatlánticas y a la tradición de una jurisdicción regia basada en la autoridad moral más que en la fuerza militar, habían actuado conjuntamente para crear las capitales de Lima y Ciudad de México. Éstas, comparables en dimensiones y complejidad a muchas capitales europeas, se habían convertido en puntos focales de complejos hinterlands urbanos creados por la minería, la agricultura, las manufacturas, los créditos, la religión, la cultura y la promoción familiar. Con la evolución del imperio en los siglos XVII y XVIII esta situación se complicó aún más con el rápido crecimiento de ciudades como Buenos Aires, Caracas y La Habana. Cuando la economía atlántica expandió su tráfico de metales preciosos y artículos suntuarios incluyendo azúcar, tabaco, cuero, cacao y tintes, estas poblaciones, antaño reducidas, también se convirtieron en importantes centros metropolitanos.

Estas grandes capitales coloniales funcionaban como intermediarias entre Madrid y sus respectivas sociedades coloniales. Madrid enviaba virreyes, jueces y funcionarios de hacienda, pero la mayoría de ellos no tenían otra opción que avenirse a interminables componendas con las complejas estructuras locales de familia, patronazgo y autonomía municipal.

Salvo por algún que otro funcionario colonial o noble terrateniente que volvía enriquecido con objeto de entrar en la sociedad madrileña, el provecho que obtenía Madrid de estas conexiones era mucho más indirecto que el obtenido de la administración de la España peninsular. La autoridad política de Madrid legitimaba el control social en América. Los beneficios llegaban a Madrid en forma de remesas de plata para la Corona y rentas aduaneras recaudadas en Sevilla y Cádiz. Estos ingresos proporcionaron a la Corona española unos recursos económicos sin parangón en Europa antes de 1650, que eran contemplados con codicia por Inglaterra y Francia en el siglo XVIII. Probablemente no sea accidental que los dos grandes episodios de crecimiento urbano de Madrid (1561-1625 y 1720-1800) sean casi paralelos a los periodos en que la Corona española logró controlar mejor el flujo de plata de las minas americanas y gravar el comercio americano.

Es más fácil describir estos entramados de control político que explicar lo que les hacía funcionar y definir su relación con Madrid. Aunque el poder militar y la autoridad moral suministran una parte de la respuesta, en especial con respecto al comercio transatlántico, eran más importantes otros factores. Tanto en la España peninsular como en América, el gobierno tenía sólo una capacidad limitada para imponer obediencia. En la Península, el ejército estaba concentrado en las fronteras o próximo a Madrid y no era eficaz como fuerza policial. El imperio español de América es excepcional en el sentido de que Madrid mantuvo su autoridad prácticamente sin ningún ejército profesional oficial hasta el final mismo del siglo XVIII.

La clave esencial del modo en que operaban estos entramados se encuentra en la familia y la comunidad. El papel de éstas ha sido ya indicado en una serie de maneras diversas; son centrales en el proceso por el cual el gobierno de Madrid incorporaba las elites locales a la jerarquía imperial de posición social y profesional, asociada a la Corte y dependiente del favor real y de los cargos. Las elites locales de todas partes estaban integradas en una red que hacía del rey el punto focal de la sociedad. Dado que el rey residía en Madrid, éste se convirtió en el centro geográfico del sistema. En una sociedad como ésta, la posición individual estaba definida por la posición de la familia y su trayectoria social. Si bien riqueza y tierras formaban siempre parte de la fórmula para obtener posición y prestigio social, la proximidad a la Corte era igualmente conveniente, dada la creciente importancia de ésta como fuente de los puestos, títulos y mercedes que acrecentaban el estatus familiar y los bienes patrimoniales.

Así pues, las familias de las elites locales procuraban hacerse con las funciones municipales y los cargos de los ayuntamientos, desde los cuales los miembros de la familia podían ascender a puestos de recaudación de impuestos o administración de suministros al ejército, la marina y la Corte. Estas familias preparaban también a sus hijos para integrarse en este sistema enviándolos a la universidad, a ser posible a uno de los cinco o seis colegios mayores más prestigiosos de Alcalá, Valladolid o Salamanca. Cuando estos hombres terminaban su doctorado, generalmente en Derecho, solían obtener un puesto en la facultad hasta recibir un nombramiento para la Audiencia o, posiblemente, un cargo menor relacionado con alguno de los Consejos Reales. Una elevada proporción de los consejeros de los Consejos de Castilla y de las Indias iniciaron sus carreras de este modo, como procuradores y después oidores de una Audiencia o Cancillería. Desde estas posiciones ascendían a algún cargo en los Reales Consejos de Madrid.

En el siglo XVIII, al quedar integrada la Corona de Aragón en las instituciones castellanas, este sistema de promoción se expandió, dado que la Corona admitió a las elites aragonesas y catalanas en el sistema castellano de nombramientos con la esperanza de garantizar su lealtad. En los tribunales castellanos aparecieron catalanes y aragoneses, al tiempo que los castellanos eran designados jueces e intendentes en las provincias de la antigua Corona de Aragón. Una similar política en América se vio complicada por la competencia para los reales puestos entre criollos y peninsulares. Antes del periodo de Carlos III, muchos criollos ascendieron dentro de los tribunales y virreinatos de las Indias, aunque fueron pocos los que dieron el último paso hasta un puesto en Madrid. De modo irónico, la quiebra del dominio del rey en América está relacionada con los intentos de hacer más eficiente la administración imperial, dado que redujo el acceso de los criollos a los puestos oficiales en un momento en que la economía americana en expansión incrementó su demanda de esta clase de oportunidades. En todos estos aspectos, la familia, el matrimonio, la clientela y el patronazgo eran esenciales. La meta era la Corte, lo cual implicaba residir en Madrid.

Si bien la familia era un elemento básico de todo este proceso, las familias debían operar a través de instituciones y prácticas consuetudinarias para lograr sus objetivos. Como se indicaba anteriormente, muchas familias notables de las provincias, comprendiendo que dos terceras partes de los puestos más altos de Madrid se otorgaban a hombres salidos de seis colegios mayores de tres universidades (Alcalá, Salamanca y Valladolid), enviaban sus hijos a la universidad para adquirir formación jurídica. La admisión a estos colegios estaba en manos de los miembros de unas cuantas familias de letrados que, lógicamente, favorecían a sus hijos y allegados. Terminada la carrera, el nombramiento para la facultad dependía de la misma combinación de mérito y patronazgo.

En la Corte, la selección de candidatos para puestos vacantes del gobierno estaba a cargo de la Cámara de Castilla, una subcomisión del Consejo de Castilla. Entre los miembros de la Cámara predominaban los hombres de las mismas familias de letrados, resultando con ello que los licenciados de aquellos selectos colegios mayores eran fuertemente favorecidos. Esto no excluía a los de diferente origen, pero había un decidido sesgo en este sentido, lo cual, claro está, nos retrotrae a la cuestión de las familias. La familia aspirante o pretendiente cultivaba asiduamente sus contactos con los miembros del mundo letrado de todas las maneras posibles: mediante clientelismo y matrimonio en las provincias, y con constantes peticiones, favores, obsequiosidad e intentos de captar la atención de los superiores.

Es decir, tenemos en suma dos hinterlands políticos madrileños, o entramados de interdependencia entre la ciudad y el mundo exterior, que adoptaron las formas de los reales sistemas administrativos peninsulares por una parte, y de los controles regios sobre los gobiernos centrales en las sociedades paralelas de los virreinatos americanos, por otra. Los lazos dinámicos que mantenían su trabazón dependían del prestigio de la Corona y del hecho de que los valores dominantes en cuanto a estatus, prestigio y jerarquía estuvieran inextricablemente asociados a la propiedad de tierras, la ostentación de riqueza y el logro de alguna proximidad a la Corte real. Muchas de las personas que «habitaban» estos entramados políticos sólo residían en Madrid de modo intermitente o al final de sus vidas profesionales. Sin embargo, la totalidad del sistema existía en virtud del gobierno de Madrid. En semejante mundo, los residentes de elite de Madrid de modo muy parecido a los inmigrantes pobres con los que compartían la ciudad tendían a identificarse más con sus familias y comunidades de origen que con lo que nosotros entendemos que era la sociedad urbana de Madrid. En realidad, la frase «sociedad urbana» no habría tenido mucho sentido para ellos. Así pues, «la sociedad madrileña» es una abstracción moderna impuesta sobre una ciudad del pasado que era primordialmente un lugar donde entraban en contacto muchos sistemas sociales, políticos y familiares en un espacio reducido y densamente poblado.

Esta observación es también aplicable a las dimensiones económicas de la ciudad. Si bien Madrid era un lugar donde convergían una serie de entramados políticos y culturales, era también un centro donde confluían varias redes de actividad económica. Aunque Madrid dominaba los hinterlands políticos que emanaban de la ciudad, no siempre controlaba los mundos económicos de los cuales dependía, pese a que la clase gobernante de Madrid pudiera aspirar a hacerlo. Ahora bien, la riqueza de Madrid, derivada de su carácter político en tanto que gran capital, atraía comercio y finanzas a la ciudad, convirtiéndola en parte importante de los mundos económicos de Europa y el Atlántico.

Hemos visto ya que las autoridades de la capital crearon un hinterland económico dentro de Castilla cuyo fin era abastecer a Madrid de alimentos y combustible. Otros dos sistemas económicos ilustran la compleja interacción entre Madrid, la estructura interna de la ciudad y el mundo en general. Uno de estos sistemas es el entramado del comercio regulado con América, que representaba el equivalente mercantil de la autoridad política en el imperio. La otra red era la compuesta por los contactos comerciales que conectaban a Madrid con el resto del mundo europeo, y proporcionaban artículos y manufacturas de lujo a los madrileños adinerados. En la práctica, estos dos hinterlands comerciales estaban interconectados y la diferenciación entre ambos es en ocasiones artificial. Muchos de los artículos de lujo traídos a Madrid venían de las Indias, más que de Europa, y muchas de las poderosas familias mercantiles de Madrid operaban activamente en ambos hinterlands a la vez. Había, no obstante, diferencias subyacentes en su relación con Madrid que hacen conveniente el tratarlos por separado.

El sistema comercial del imperio español estaba pensado y gestionado desde Madrid con objeto de hacer obligado el paso por los puertos peninsulares del comercio entre la América española y Europa. En la medida de lo posible, la Corona procuraba que el comercio con las Indias se realizara con naves españolas y canalizar los beneficios hacia los comerciantes españoles. Aún más importante era, sin embargo, el hecho de que el comercio imperial fuera fuente de rentas a finales del siglo XVIII para la Corona española, y su importancia última para Madrid radicaba en su contribución a la real hacienda. Aunque Madrid consumía considerables cantidades de productos coloniales, como cacao, azúcar y tabaco, éstos formaban una pequeña parte del comercio de abasto urbano. El vínculo más importante entre Madrid y las Indias pasaba por la real hacienda. Si sumamos las remesas de metales preciosos americanos a la Corona, los derechos de aduana del comercio de las Indias, las rentas del monopolio del tabaco, y el valor de las alcabalas y los cientos recaudados en los puertos por los que pasaba el comercio americano, al menos un 40 por ciento de las reales rentas se extraían del comercio imperial.

Puesto que la economía de Madrid dependía totalmente de los gastos de la Corte, de los ingresos de la aristocracia y de los salarios de los miles de funcionarios empleados por el gobierno, la interdependencia es evidente. Madrid era el lugar donde se tomaban las decisiones políticas sobre el sistema económico imperial, pero las verdaderas bases económicas del comercio de las Indias no se encontraban en Madrid, sino en los poderosos consulados mercantiles de Cádiz, México y Lima. Así pues, la Corona dependía de la buena voluntad de las fuertes comunidades de comerciantes para cumplir las regulaciones dictadas desde Madrid. Los comerciantes de los Cinco Gremios Mayores intentaron entrar en el mercado de las Indias, y muchos de ellos tenían despachos y socios en Cádiz, pero el volumen real de comercio americano que pasaba de Andalucía a Madrid era siempre reducido. La verdadera participación de Madrid en la economía comercial americana era indirecta, a través de la hacienda real.

La intervención de Madrid en el comercio europeo era más directa. Utilizando los puertos de Barcelona, Alicante, Santander y Bilbao, los comerciantes madrileños transportaban a la Corte toda la variedad de manufacturas y artículos de lujo que las elites madrileñas consideraban esenciales para su vida cotidiana. El carácter de este comercio y la geografía del hinterland urbano resultante estaban, por consiguiente, configurados por las estructuras y las costumbres del propio Madrid. La desigual distribución de la riqueza que imperaba en la ciudad, unida a su orientación cortesana y aristocrática, crearon una fuerte demanda de productos suntuarios y manufacturas importadas. Por ello, aunque toda gran ciudad tiene su clase mercantil, la que surgió en Madrid adquirió hábitos propios. La distribución de las rentas dentro de la ciudad fue causa de que los mercados urbanos favorecieran cantidades relativamente pequeñas de una amplia gama de artículos de lujo y manufacturas, una situación que no favorecía la producción en masa. El emplazamiento de Madrid en el interior castellano, unido a unos transportes por tierra rudimentarios e ineficientes, impedía que las industrias urbanas pudieran competir en mercados lejanos. Como consecuencia, el mundo madrileño del comercio y el capitalismo estaba dominado por el comercio de importación, por la venta al por menor a la elite urbana, por el abastecimiento de la ciudad y por las operaciones fiscales de la Corona. No es de extrañar, pues, que la comunidad mercantil madrileña se identificara fuertemente con el estilo de vida y los valores de la Corte y de la elite aristocrática. Tenía escasas oportunidades para familiarizarse con la inversión en la industria o la gestión de la producción industrial.

Pero, al mismo tiempo, las actividades del sector comercial de Madrid respondieron a los hábitos de consumo de su mercado extendiéndose mucho más allá de las costas de la España peninsular. El carácter de este comercio era tan diverso que es difícil presentarlo de forma sucinta. Entre los alimentos que se consideraban productos de lujo en la década de 1780 estaban las 32.000 arrobas (364.000 kilos) de pescado fresco y 6.000 arrobas (68.000 kilos) de peces de río que se consumían todos los años. El pescado fresco de mar era transportado desde Bilbao por arrieros, que lo traían envuelto en hielo y hojas frescas. Si bien este dato nos confirma que los madrileños han sido aficionados al pescado fresco desde hace mucho tiempo, habría que cuestionarse dicha frescura tras cinco días de viaje a través de Castilla. Otros productos alimenticios de lujo eran las 63.000 arrobas (945.000 kilos) de aguardiente, 853.000 kilos de azúcar, 6.343 kilos de café y 545.000 kilos de cacao. Es evidente que el gusto madrileño por el chocolate estaba ya bien desarrollado a fines del siglo XVIII. Al azúcar y al cacao, podemos añadir 110.000 kilos de dulces y mazapán, 106.000 kilos de miel, 100.000 kilos de queso y 150.000 litros de leche.

Si comparamos estas cifras con una población urbana que podía sumar las 175.000 personas hacia 1789, no resultan muy elevadas, e ilustran el pequeño volumen de población que podía permitirse estos lujos en su alimentación. En el caso del azúcar, por ejemplo, el consumo anual era sólo de cinco kilos por año y habitante. Si, no obstante, comparamos el consumo total de azúcar con las seis mil casas que gozaban de ingresos superiores a los de una modesta subsistencia, obtenemos un cuadro más nítido de la desigualdad económica que predominaba en Madrid. Aunque la mayoría de la población urbana jamás veía ninguno de estos sencillos lujos, las seis mil familias con rentas moderadas consumían una media de 142 kilos de azúcar, 90 kilos de cacao, 35 kilos de confituras y miel y 17 kilos de queso anuales.

Incluso este nivel de consumo es bajo según criterios modernos, dado que las mencionadas familias incluían a cinco o seis personas, y había tremendas disparidades en poder adquisitivo también dentro de los sectores medio y superior de la sociedad madrileña. De este modo, una buena parte de las confituras, el cacao, el azúcar y el chocolate era utilizada por unas pocas casas. Si había 4.500 familias con rentas entre los 6.000 y los 20.000 reales, había también 306 familias que recibían más de 40.000 reales, entre ellas las de siete grandes con rentas e ingresos superiores a los 3.500.000 reales. Aquellas 306 familias más ricas percibían más del 40 por ciento de todos los ingresos por unidad doméstica de la ciudad (excluidos, claro está, el rey y su familia inmediata). En aquel mundo, incluso la leche, el queso y los huevos que hoy consideramos parte normal de una dieta sana para todo el mundo eran lujos sólo asequibles a unos pocos madrileños.

Estas mismas desigualdades pueden apreciarse en la actividad comercial que era reflejo de otros aspectos de la vida cotidiana. Hacia 1789, Madrid importaba 6.000.000 de varas (4.800.000 metros) anuales de textiles, de los cuales un 55 por ciento eran lienzos. Aunque en nuestro mundo contemporáneo el lienzo es un tejido de lujo empleado en ropa fina de mesa y de vestir, antes de la Revolución Industrial era la tela de los pobres. El lino se cultivaba y elaboraba en muchas industrias artesanales locales, y se empleaba sobre todo para tejidos bastos como la lona, la arpillera y la ropa tosca del campesino y el jornalero urbano. Al mismo tiempo, alrededor de un 16 por ciento del total eran tejidos de lana. En parte, estos paños eran también fabricados por artesanos rurales, y los pantalones y mantas de lana contaban entre las posesiones más preciadas de los pobres. Calibrado por su valor, no obstante, la mayor parte del comercio de lana de Madrid giraba en torno a las variedades de alta calidad empleadas en la sobria vestimenta de los comerciantes, letrados y burócratas que constituían las clases medias. Por último, el 25 por ciento de los tejidos que entraban en la ciudad eran sedas y un 5 por ciento textiles de algodón. La seda fue convirtiéndose en un componente cada vez más destacado de la vestimenta de la elite cortesana y aristocrática. Los algodones eran menos comunes y seguían siendo un tejido ligero de lujo en el siglo XVIII, habiendo llegado a Europa en un principio en forma de diversos tipos de textiles hindúes de alta calidad. Hasta el siglo XIX, en que la Revolución Industrial abarató mucho los tejidos de algodón, no pasaron éstos a formar parte de las ropas de diario de los pobres, sustituyendo al lino. A estas cifras podemos añadir otros símbolos de lujo como los 47.000 pares de medias de seda, 107.000 pañuelos de algodón y seda, 9.875 kilos de lavanda y 45.000 pares de guantes. Una vez más, la parte del león de la demanda urbana de tejidos estaba creada por la pequeña y opulenta elite de la ciudad.

No es difícil comprender la importancia de estas estadísticas para el carácter del hinterland que mantenía la comunidad mercantil de Madrid. Al igual que los alimentos, una parte desproporcionada de estas importaciones sólo podía ser adquirida por esas seis mil familias relativamente adineradas, y dentro de este grupo la mayoría de las importaciones de la ciudad eran consumidas por sólo unos pocos cientos de las familias más ricas. Una ciudad con una distribución de las rentas más igualitaria habría satisfecho gran parte de la demanda de manufacturas con artículos de precio moderado, producidos en Castilla u otros lugares de España. La clase comercial urbana habría podido hacer entonces lo que los comerciantes hicieron en Inglaterra y los Países Bajos, que fue desarrollar redes de producción a domicilio. En otros lugares, este proceso produjo una progresiva participación mercantil en la organización y financiación de la industria artesanal, lo cual a su vez fomentó los talleres centralizados y puso los cimientos para la mecanización.

En el caso de Madrid, una pequeñísima elite adinerada controlaba una porción tan grande de los ingresos urbanos que por sí sola constituía la mayor parte del mercado madrileño de manufacturas y artículos de lujo. Esta elite cortesana y aristocrática cobró gusto por las modas y los productos extranjeros como símbolos importantes de su categoría y prestigio. Para satisfacer esta demanda, los capitalistas mercantiles de Madrid tenían que traer la mayor parte de lo que vendían desde los lejanos mercados de Cataluña, Francia, Inglaterra y las Indias. En consecuencia, sus oportunidades para desarrollar los hábitos de inversión y la capacidad gestora que habrían facilitado la industrialización de España quedaron seriamente limitadas. Algunos funcionarios coetáneos eran conscientes de estos problemas, como puede apreciarse en los escritos del conde de Campomanes sobre la educación popular y la industria, y en sus fracasadas propuestas para la creación de una «nobleza comerciante». Era escaso, no obstante, lo que esta clase de debates y de propuestas podían conseguir para cambiar la estructura económica subyacente de una ciudad que se había desarrollado como ampliación de la Corte regia.

En este contexto, no era extraño que las elites comerciales de la ciudad se identificaran con la Corte y las elites sociales madrileñas y suscribieran sus valores aristocráticos centrados en la familia. Los cimientos de la elite comercial madrileña se desarrollaron al crecer la ciudad y convertirse en una importante capital a fines del siglo XVI. Muchas de las familias mercantiles de Madrid estaban en un principio relacionadas con las provincias vascas y con las ciudades de Bilbao y Burgos. Su inicial prosperidad surgía del comercio de la lana y del hierro, y de las grandes ferias de Medina del Campo, Medina de Rioseco y Villalón. Con el crecimiento de Madrid a partir de 1561, la demanda de la elite castellana y las operaciones financieras de la Corona miraron hacia este nuevo capital, y muchas de estas familias mercantiles del norte se establecieron en Madrid o abrieron oficinas allí. Lo mismo es aplicable a los hombres de negocios italianos y alemanes que tan importantes fueron en relación al crédito de la Corona y sus operaciones financieras internacionales. A comienzos del siglo XVII, vinieron a unirse a esta mezcla los comerciantes y banqueros portugueses, cuyo número era suficiente para tener su propio Gremio de Mercaderes Portugueses.

Al declinar la posición de España en la red financiera europea a partir de 1660, el control de la actividad económica de la ciudad dejó de estar en manos de los comerciantes-banqueros con conexiones internacionales y pasó a las de una institución autóctona, los Cinco Gremios Mayores. En la década de 1670 esta organización había sido oficialmente reconocida y dominaba el comercio al por menor de Madrid en lino, seda, lana y productos de importación manufacturados y de lujo. Gracias a su riqueza y su capacidad para adelantar fondos a la Corona, los Cinco Gremios tuvieron también un papel considerable y creciente en la contratación y organización del abasto de la ciudad. Hemos visto ya que durante el reinado de Fernando VI los Cinco Gremios ocupaban un lugar propio en la jerarquía de corporaciones urbanas, lugar que era a un tiempo importante (puesto que financiaron y organizaron la real entrada) y ambiguo (pues su estrecha relación con la Corona no estaba reflejada en el simbolismo de los actos). Aunque los Cinco Gremios son casi sinónimo de la elite mercantil de Madrid, lo cierto es que compartían la escena con una serie de ricos y poderosos gremios de comerciantes. Entre éstos figuraban los importadores urbanos de hierro en barras, madera y vino, así como los comerciantes de pescado al por mayor. La mayor parte de estos ramos se basaba en productos del norte de España y estaba en manos de familias de origen cántabro, riojano y vasco. Con la evolución de la economía peninsular a lo largo del siglo XVIII, todos estos cuadros comerciales se expandieron cuando los mercaderes franceses y catalanes buscaron acceso al mercado madrileño y a los asuntos financieros de la Corona.

Como en otros sectores de lo que hoy definimos como sociedad madrileña, y en gran medida debido a que las personas implicadas residían en el mismo espacio urbanizado, la elite mercantil del Antiguo Régimen se identificaba con unos entramados sociales que se extendían mucho más allá de la ciudad misma. Al igual que otros componentes políticos y económicos del mundo madrileño, el hinterland económico del comercio a larga distancia puede ilustrarse mediante los flujos de bienes y capitales, pero en realidad funcionaba porque estaba aglutinado por metas y valores profundamente arraigados y de base familiar. Así pues, la familia del rico comerciante legalmente avecindado en Madrid no era muchas veces más que una rama de una extensa retícula familiar. En estas retículas se fundían lazos familiares y colaboración comercial, de modo que las ramas colaterales de la familia tenían casas en otras ciudades de la Península, en las Indias e incluso en Europa. Julio Caro, en su obra La hora navarra, nos muestra el modo en que operaron estas redes familiares para crear un importante núcleo de comerciantes navarros en Madrid. Al mismo tiempo, nos muestra también que las cuestiones que originaban decisiones familiares guardaban mucha más relación con el patrimonio familiar y la posición social en Navarra y en la burocracia real que con las relaciones sociales de Madrid. Julio Caro demostraba asimismo que estas familias mercantiles suscribían los mismos valores en cuanto a patrimonio, movilidad social y prestigio que sus equivalentes de la aristocracia terrateniente, titulada y ostentadora de cargos públicos; y estaban tan interesados en puestos y honores como los terratenientes y los títulos castellanos. La principal diferencia residía en que, en su ruta hacia los puestos superiores y de influencia en la Corte, figuraban cargos mediante los que se administraban las finanzas de la Corona en lugar del poder jurisdiccional de las Audiencias. Aparte de esta diferencia, el mundo mercantil seguía las mismas técnicas tradicionales que la aristocracia para mantener las trayectorias familiares. Educaba o formaba a sus hijos para determinadas profesiones (entre ellas el comercio, el derecho y la Iglesia), formaba alianzas familiares mediante matrimonios, creaba mayorazgos, compraba puestos municipales y se casaba con parientes próximos para evitar que se dispersara el patrimonio familiar a causa de las leyes de herencia. De modo similar, la tendencia a mantener importantes lazos familiares en las provincias mientras desarrollaba empresas familiares colaterales en Madrid, y de introducir a sus hijos en las carreras burocráticas, estaban tan generalizadas entre los comerciantes como entre los aristócratas.

Vemos pues que los hinterlands imperiales del Madrid del Antiguo Régimen legaron a Madrid y a España herencias importantes, si bien contradictorias. La autoridad política de la Corona, tanto en España como en las Indias, dotaba a Madrid de su función de Corte y centro administrativo. Ello concentraba en la ciudad a las elites políticas de la Corona y el imperio, y a la burocracia concomitante. Puesto que éstas traían consigo la riqueza que la Corona recaudaba y empleaba en el mantenimiento de la Corte y la aristocracia, así como las rentas de la nobleza terrateniente que formaba parte de este mundo cortesano, la economía de Madrid era una creación de su hinterland político y su gobierno. Estos sectores de la sociedad urbana residían, pues, en la ciudad, pero vivían en mundos mentales que se extendían mucho más allá del ámbito urbano.

Lo mismo es aplicable a los hinterlands económicos y a las elites comerciales de la ciudad. Al servicio de un mercado urbano configurado por la desigual distribución de ingresos en la ciudad, la clase mercantil creó un hinterland económico que engarzaba a Madrid en el sistema comercial de toda Europa, no como centro de producción sino como centro de consumo. Una de las ambigüedades importantes del imperio español, por tanto, estriba en que hizo a Madrid rico y poderoso. Al hacerlo, sin embargo, aisló a los sectores capitalistas de la sociedad madrileña de la índole de experiencia que podría haberlos equipado para participar eficazmente en las nuevas formas de riqueza que estaban surgiendo de la Revolución Industrial.

Las ambigüedades asociadas al Madrid imperial son más complejas de lo que sugiere la anterior observación. Tras el escenario simbólico y el montaje de rituales cívicos de legitimación como la entrada de Fernando VI, Madrid (y España) estaba cambiando en modos fundamentales. Dichos cambios subvertían el Antiguo Régimen, y pronosticaban la aceptación general de un conjunto muy diferente de creencias sobre el carácter del gobierno, la economía y el individuo. En estos nuevos supuestos había implícito un mundo en que el Estado obtenía su legitimidad del pueblo soberano más que de Dios; señalaban hacia una burocracia movida por la eficacia como criterio de mérito y por la dedicación profesional a su labor, más que por el maniobrismo en busca de promoción y por una actitud patrimonial y usufructuaria hacia los cargos. Estas nuevas ideas implicaban también un orden económico basado en la propiedad privada de la tierra, y la exclusión de la intervención política en las fuerzas de mercado. Todas estas ideas eran antitéticas con la forma en que el Antiguo Régimen definía y legitimaba su autoridad.

Aunque la crisis que todo esto suponía no pasó a ser un conflicto abierto hasta que los franceses intervinieron en España, podemos percibir que las transformaciones subyacentes se habían hecho patentes desde hacía tiempo en la historia del Madrid imperial. Formulado en el siglo XVI, el ritual del espectáculo público era, llegado el siglo XVIII, una representación cada vez más arcaica y menos exacta de la sociedad. Esto se desprende de nuestras imágenes de Madrid en al menos tres modos, ninguno de ellos directamente relacionado con la preparación de la comunidad mercantil madrileña para participar en la industrialización.

Hay una incongruencia que refleja el carácter cambiante del Estado y la burocracia. Hacia fines del siglo XVIII, la Corona empleaba a miles de funcionarios y hacía intentos por modernizar la formación de éstos. Experimentaba también con las estructuras formales de nombramiento y ascenso que constituyen las características centrales de una burocracia moderna. Al mismo tiempo, no obstante, la estructura de la entrada regia perpetuaba la imagen de un Estado mucho más rudimentario y personalista, en que los miembros de los Reales Consejos eran simbólicamente servidores del rey. El grueso de los empleados públicos, que en el siglo XVIII habían pasado a formar parte del Estado centralizado e institucionalizado que residía en Madrid, seguía siendo invisible. Estos funcionarios tendrían un papel principal en la transformación de los gobiernos europeos del Antiguo Régimen durante el siglo posterior a la Revolución Francesa.

Una segunda contradicción, si bien más difusa, apreciable en nuestras imágenes de Madrid, es la que se advierte en la desarticulada historia del abastecimiento y el comercio urbanos. Durante todo el siglo XVIII, el Estado español, como reflejo del clima intelectual en que se habían educado sucesivas generaciones de burócratas y ministros, fue gradualmente institucionalizando prácticas derivadas de la subversiva visión del mundo anteriormente esbozada. Así, con incrementos graduales y no planificados, la Corona y la ciudad cambiaron la organización del abasto urbano y la regulación comercial. Acompañándolo o no de un lenguaje evocador de las ideas económicas liberales, la Corona eliminó muchos de sus controles sobre los precios, las regulaciones de tránsito y determinados monopolios, y se inhibió de la gestión directa de la distribución de ciertos productos. Estos cambios, pese a ser graduales y parciales, implicaban un decisivo alejamiento ideológico de la tradicional obligación del rey de proteger a sus súbditos en tanto que consumidores, en beneficio de un interés por el bienestar del productor y el distribuidor y del libre juego de las fuerzas de mercado. La meta fue siempre una economía más eficiente, pero habían cambiado los supuestos implícitos, la definición de eficiencia y de su carácter. Así pues, los funcionarios de la Corona y la ciudad fueron gradualmente interiorizando creencias que subvertían el Antiguo Régimen.

La tercera y más notable incongruencia de nuestras imágenes de Madrid se refiere a los Cinco Gremios Mayores y al mundo del capitalismo comercial que representaban. En la estructura simbólica de la entrada —una reiteración formalizada de la estructura social de la capital del rey— apenas si se reconocía a los Cinco Gremios. Ahora bien, de un modo menos público, los Cinco Gremios se habían convertido en fuerte pilar del régimen y paradójicamente habían organizado y también pagado las festividades. Así pues, en la entrada se advierte que la monarquía del siglo XVIII, aunque afirmaba una legitimidad fundamentada en una ideología de autoridad divina, estaba aliada al creciente sector comercial y capitalista de Madrid, antitético con dicha visión tradicional. La contradicción es clara.

Con un sistema fiscal alimentado por la expansión de las economías europea, atlántica y americana, más un largo periodo de gobierno razonablemente estable bajo Fernando VI y Carlos III, las contradicciones de este mundo del Madrid imperial permanecieron mucho tiempo latentes. Hasta el reinado de Carlos IV, en una época de mando incapacitado y repetidas crisis fiscales y diplomáticas, no salieron al exterior. En la primera mitad del siglo XIX, Madrid y España iban a perder el imperio como fuente tradicional de riqueza, forzando una gran reconstrucción de la política interior y la vida económica. Atrapado en medio de estas angustiosas transformaciones, Madrid tardaría más de un siglo en reconstruir sus hinterlands políticos y económicos, de modo que la capital española volviera a disfrutar de una aureola de dinamismo y prosperidad.

Madrid, capital del Estado (1833-1993)

Santos Juliá

Introducción:
La frustración histórica de una capital

La comparación de una ciudad que llegó en deplorable condición a los comienzos del siglo XX con la pujante capital del Estado Nacional salido de la Guerra Civil ha arrojado sobre Madrid la sospecha de que toda su gran transformación no haya sido sino producto de un artificio, de la voluntad del régimen instaurado por el general Franco de dotarse de una gran capital, de una capital imperial. Todo su reciente crecimiento, al igual que su elección como capital de la Monarquía Hispánica de Felipe II, no sería más que el resultado de una decisión política, de la forzada transformación de Madrid en capital de un destartalado Imperio y, varios siglos después, en espejo de la vacía grandilocuencia del régimen franquista. Madrid, la cochambrosa capital del Antiguo Régimen, se habría convertido en la floreciente capital del Nuevo Estado, alcanzando así el rango de gran ciudad y la cima de la jerarquía urbana española, en competencia siempre con Barcelona, por la sola voluntad de los vencedores de la Guerra Civil.

Madrid producto del artificio; Madrid culpable: sobre esa capital artificial ha caído luego el peso de la culpa por todos los fracasos históricos de la nación a la que debía haber servido de dinámico centro urbano. Sobre Madrid ha gravitado de antiguo el veredicto de no haber sabido ni podido cumplir esa función, atada como vivía desde su origen a lo artificioso de la elección, objeto permanente de ese reproche que el historiador Gounon-Lobens hacía a Felipe II y que tanto impresionaba a Fernand Braudel, por no haber convertido a Lisboa en la capital de su Imperio. Los viajeros que siglos después llegaban a sus puertas la juzgaban ciudad ociosa dedicada exclusivamente al desempeño de funciones cortesanas y consuntivas: un poblachón tendido perezosamente en el centro de una árida meseta, predador de su entorno, «germen —como aseguraba Richard Ford— donde hay que buscar el origen de la actual decadencia» española. Lugar de residencia de la nobleza de Corte y terrateniente, de burócratas y funcionarios, carente de industria, sin una burguesía emprendedora, perdido el Imperio, Madrid habría sido el gran freno para que España se constituyera en nación moderna.

Madrid artificio, Madrid culpable deviene así Madrid capital históricamente frustrada en el doble sentido de no haber podido cumplir su función de capitalidad y de crecer ella misma frustrada como ciudad. No es de hoy, como bien se ve, el reproche, pero seguramente la más elaborada teoría de un Madrid culpable de la frustración histórica de España procede de la primera generación intelectual que, aun si mira a Madrid con ojos críticos, pretende hacer de ella una gran capital. De los profesionales e intelectuales de 1914 procede en efecto la visión de un Madrid que, por ser Corte y no capital, ha carecido de una idea que guiara su crecimiento y que se encuentra, tras la pérdida del Imperio, desorientado, sin saber qué camino tomar, encerrado en su cerca, sin medios para elevarse al rango de capital europea. Madrid parecía a los más conspicuos miembros de esa generación, entre los que quizá Manuel Azaña sea quien pronuncie un veredicto más contundente, una ciudad sin hacer, crecida en libertad, como zarza al borde del camino, una capital tan «frustrada como la idea política a la que debía su rango».

Esa dificultad de Madrid para convertirse de Corte de una monarquía imperial arruinada, en capital de una moderna y próspera nación era evidente, ante todo, en su incapacidad para erigirse en capital económica de España. Única entre las ciudades europeas de su rango comunicada exclusivamente por pesadas carretas o por diligencias, Madrid quedó alejada y aislada de los centros fabriles y mercantiles más dinámicos de la Península hasta que avanzado el siglo XIX se mejoró el trazado de las carreteras y se completó la primera red radial de ferrocarriles. Sin fuerza para constituirse en centro de un mercado nacional, Madrid siguió viviendo de su histórica función como consumidor de rentas agrarias generadas en su región y procedentes de toda España. El predominio en su interior del consumo sobre la producción y los servicios desalentó el crecimiento económico de la región a la que servía de centro y no sirvió de impulso a las situadas en la periferia. Aparte de no estimular una economía nacional, Madrid había arruinado la economía castellana: quedó así, hasta bien entrado el siglo XIX, como un centro urbano aislado en medio de un desierto de ruralidad.

De aquí que la capital ofreciera a los viajantes que llegaban a sus puertas a mediados del siglo XIX una sensación de incuria e indolencia. Al no haber hallado para las rentas que la capital consumía un destino dinamizador de la industria y el comercio, Madrid producía la impresión —como lo describirá también Azaña— de un hidalgo perezoso, rural como quien más, que vive de las tierras, suyas o ajenas, y de lo que daba un pequeño comercio que había puesto a nombre de un pariente pobre traído de provincias. Pereza es, en efecto, la sensación que producían sus clases sociales, estructuradas en torno a un círculo de nobles, terratenientes, comerciantes y burócratas y una masa inestable de inmigrantes. Pues si Madrid provocaba tal sensación no era porque en la ciudad se consumiera mucho y se produjera poco sino porque quienes consumían eran, sobre todo, nobles y mendigos, gentes ejemplarmente perezosas, que literalmente no tenían nada que hacer desde que se levantaban tarde por la mañana hasta que se acostaban bien entrada la noche. Los rentistas y burócratas no les aventajaban demasiado en diligencia ni horarios apretados, por no hablar ya de los pequeños comerciantes que contemplaban el paso de las horas tras del mostrador de su tienda o negocio.

La incapacidad de Madrid para convertirse en capital económica de España encontró su primer correlato en su frustración como capital política. Ya en la Edad Moderna, en lugar de presidir la integración de un Imperio —es de nuevo Azaña quien así habla— y ni siquiera de los propios reinos españoles, Madrid se limitó a «registrar hundimientos de escuadras y pérdidas de reinos». Elegida como capital del Imperio de los Habsburgo españoles por ser centro geométrico de la Península, la Corona nunca acabó de sentirla como su capital y hasta hizo todo lo posible por evitarla en sus desplazamientos, sin aventurarse por sus calles. Si es verdad que sólo Madrid fue Corte, también lo es que Madrid fue sólo Corte. No es sorprendente que, Corte de un Imperio muy pronto en ruinas, se convirtiera a lo largo del siglo XIX en capital de un Estado en el que los intereses localistas, administrados por notables y caciques, predominaron sobre la fuerza integradora que se supone atributo de una capital. No había sido capaz, no había tenido la fuerza de integrar los territorios del Imperio y careció de ímpetu para integrar a los diferentes pueblos de una emergente nación. Como escribía Ortega, entrados ya los años veinte, las organizaciones locales creadas desde Madrid se sentían de hecho independientes de Madrid y, por tanto, del poder central.

Sin constituirse en capital económica y presidiendo el irresistible auge de los intereses locales, Madrid tampoco podía convertirse en capital intelectual. Cierto, se daba en ella la más densa concentración de intelectuales y no faltaban centros de ciencia y cultura, pero Madrid no cumplía, finalizado el siglo XIX, esa función de capital que consiste en elaborar una cultura radiante; si acaso —escribía también Ortega— podría encontrarse en ella una cultura adquirida, una cisterna de cultura que otros habrían ido llenando, «pero pensar que haya podido nunca irradiar su espíritu es bobería». Madrid no sólo no irradiaba nada sino que se había dejado penetrar por su entorno rural: eran los chulos que adoptaban un lenguaje de labriegos o esa masa enorme de mendigos que encontraron en Madrid su edén los que daban el tono de la ciudad. Circular en los años veinte por Madrid es, según Azaña, «hender masas de miserables»; salir de Madrid es encontrar a sólo seis kilómetros, sin transición ni zona pelúdica, dice Ortega, el labriego absoluto.

Sin cumplir las funciones de una capitalidad económica, política y cultural, Madrid se presenta como ciudad embarullada, carreteril y polvorienta, ciudad frustrada en su propia morfología y en su crecimiento. Desde que en 1561 es sede de la Corte, Madrid crece sin orden ni concierto. Una monarquía en cuyos dominios nunca se ponía el sol planeaba ciudades cuadriculadas, con irreprochable urbanismo, en el Nuevo Mundo, mientras trataba su propia capital como un patio trasero. La regalía del aposento y la misma fortaleza que servía de palacio a los Austrias impidió a la aristocracia levantar en la capital grandes palacios o disponer de magníficas perspectivas. Sus construcciones no pasaron de apelmazados caserones mientras las calles, en trazado irregular, seguían la línea que les marcaba el capricho o las numerosas iglesias y conventos. No faltaron, desde luego, intentos de racionalizar el crecimiento, de arreglar el trazado, ni propuestas de edificios magnificentes, pero el mismo hecho de que una tras otra acabaran todas archivadas y olvidadas reforzaba el sentimiento de frustración con el de la impotencia. Eran tantos los volúmenes que podrían escribirse con los planes para un Madrid finalmente no construido, un Madrid soñado, que la realidad presente debía provocar sentimientos de desconsuelo y desánimo.

Se comprende que Madrid no pudiera resistir una comparación con otras grandes capitales europeas a las que, desde los años del exilio político o de los viajes de placer, dirigían sus miradas los liberales, progresistas, reformadores e intelectuales madrileños: París, sobre todo, o Berlín, o Londres. Mientras esta última había pasado ya de siete millones de habitantes en 1910, París se acercaba a los tres y hasta Berlín, capital de un reciente Estado-Nación, superaba los dos, Madrid, capital de un reino tan antiguo al menos como los de Inglaterra y Francia, apenas había logrado superar el medio millón. Se comprende, además, que una ciudad así haya engendrado tanto lamento como pesimismo despertaba el Estado al que servía de capital. Freno para el crecimiento económico y causa de estancamiento político, Madrid era la representación paradigmática de un Estado débil, ineficiente, construido por grupos oligárquicos de amigos políticos sobre una sociedad rural, atrasada, retraída, ensimismada, ausente del mercado y de la política mundiales. Que a fines del siglo XIX Madrid sea la capital de un Estado que en muy pocos años pierde sus últimas colonias y levanta fuertes barreras proteccionistas parecía condenar a la ciudad al destino de capital inmóvil, consuntiva, encerrada en sí misma, feliz en su pobretería, complaciente en su casticismo, impasible ante los grandes acontecimientos que trastornaban la historia universal.

La frustración a que se referían los representantes más conspicuos de la madrileña generación de 1914 procede del mismo fondo que alimenta, desde que Madrid dejó de ser Corte de un poder absolutista y trató de convertirse en capital de una nación, las pesimistas reflexiones de todos los que hacia mediados del XIX se dedicaron a pensar Madrid con objeto de proponer remedios. La capital de la monarquía ofrecía, según Mesonero Romanos, un espectáculo indecoroso y repugnante en medio de la esplendorosa Corte de Carlos IV. Su aspecto general, miserable, sin limpieza, salubridad ni policía urbana; su mercado, abierto sólo a clases privilegiadas; sus comunicaciones, inexistentes, convirtiéndola en capital poco menos que inaccesible; sus calles y paseos, yermos; sus establecimientos de instrucción y beneficencia, en el estado más deplorable. Pocas capitales modernas habrán merecido tantos y tan generalizados lamentos. Y el cuadro es idéntico al que se ofrece a finales de siglo: pauperismo africano e inmundas piltrafas sociales, sus calles son —escribe El Progreso— el estercolero nacional.

Todos los testimonios concuerdan: Madrid es durante todo el siglo XIX una ciudad sucia y oscura, con calles angostas e insalubres, con un caserío mezquino, sin servicios, sin policía; una villa que nada significa en el mundo, como escribía en 1851 Nicolás Malo. Ha dejado de ser ya sólo Corte, y la vieja nobleza ha entrado en un irrefrenable declive económico, sin haber alcanzado todavía el rango de capital y sin que afirme su presencia una burguesía que confunda sus intereses con los de la nación. La nación, que se proclama por vez primera como sujeto de soberanía en una ciudad distante, en Cádiz, no encuentra en Madrid un elemento humano en el que sustentarse: la capital de la monarquía es incapaz de sostener sobre sus hombros a la nación española y a pesar de las alteraciones que su pueblo urbano protagoniza de forma intermitente, no ofrece la sólida estructura económica y social capaz de convertirla en capital de un Estado que encarne la soberanía de su pueblo.

Con una nobleza marchita a pesar del brillo que aún emanaba de los salones; con una burguesía que abrigaba como máxima aspiración ahorrar lo suficiente para convertirse en nobleza; con unos artesanos de tienda y taller y con una incontable masa de pobres y mendigos, Madrid parece confirmar en el siglo XIX el artificio y la culpa de su elección como capital de España. Necesitaba sobre todo un espejo en que mirarse «para que se deje de ilusiones y conozca que ha perdido hasta ahora el tiempo en creerse perfecta». Y en verdad que no le faltarán espontáneos dispuestos a proporcionarle todos los espejos del mundo: París, Londres, Berlín se convierten desde mediados de siglo en libros abiertos por exiliados y viajeros para que Madrid conozca lo que es y aprenda a transformarse para alcanzar el rango de capital digna; digna de la monarquía en primer lugar; digna de una gran nación luego; digna de la República más adelante y digna, en fin, cuando desaparecieron monarquía, nación y república, de España para acabar proclamada en la Constitución de 1978 como «capital del Estado».

Capital de la monarquía, capital de la nación, capital de la República, capital de España, capital del Estado: así podrían resumirse las cuatro grandes ideas y el añadido final que alientan y acompañan el crecimiento de Madrid desde 1834 y los diversos impulsos recibidos para escapar de su lamentable estado de postración y abandono. El primero surge inmediatamente después de la muerte de Fernando VII, que abre los ojos a un reducido grupo de madrileños antes muy satisfechos de su Villa y Corte pero que a la primera posibilidad de mirar con otra luz y expresarse con otra libertad lamentan el abandono de la ciudad y proponen algunos remedios para hacer de Madrid la «capital digna de la monarquía». El segundo, que se esboza con ocasión de la revolución de 1868 y que pretende transformar a la ciudad en próspera capital burguesa, quedará como uno más de los Madrid soñados: la nación apenas tiene fuerza para sostenerse en pie y, mientras abandona en el olvido los planes para construir su capital futura, se echa de nuevo en manos de la Corona, la Iglesia y el ejército; el tercero surge tímidamente al calor de los cambios que trae el nuevo siglo y estalla en 1930 como propuesta de construir el «Gran Madrid», pensado por los profesionales e intelectuales de la generación de 1914, como digna capital de la República; el cuarto, anegado en una retórica fascista, hereda en realidad del anterior las líneas maestras del crecimiento y las vuelve a formular con el objeto de levantar la gran capital digna de la Nueva España. El añadido final no obedece a ninguna nueva idea de Madrid: los padres de la Constitución dicen Estado y la villa de Madrid, que es ya una metrópoli, se declara su capital. Si se quisiera personalizar, Mesonero, Fernández de los Ríos y Azaña aparecerían como los constructores de las tres primeras ideas de Madrid —digna de la monarquía, digna de la nación, digna de la República—, sin que pueda atribuirse a un solo personaje la paternidad de la cuarta, aunque, de hacerlo, habría que imputarla a Pedro Bidagor, autor del Plan General de 1941, en su dimensión técnica y al propio Franco en la política. Cada una de ellas, en todo caso, sería incomprensible sin atender a lo que la ciudad fue en cada momento y a las clases sociales y la forma de poder político que guiaron en cada ocasión su crecimiento: la primera aparece, en la época de la revolución liberal, como compendio de las aspiraciones de los compradores de edificios y solares desamortizados en la gran operación lanzada por Mendizábal; la segunda, en los años de la revolución democrática, como sueño de una clase media que guía al pueblo revolucionario y se confunde con la nación; la tercera es la de los profesionales que en alianza con la clase obrera organizada reconstruyen efímeramente la ideal unidad del pueblo revolucionario para traer la República; la cuarta hereda todo de la anterior bajo una retórica fascista e imperial para sucumbir ante una urbanización abandonada al arbitrio de los grandes promotores inmobiliarios; y la quinta o, más exactamente, el añadido final es sólo una consecuencia del consenso constitucional: sin recibir el calor tan prodigado en 1931, Madrid se convirtió en 1978, por declaración constitucional, de capital de España en capital del Estado.

A la estática y casi esencialista visión de Madrid como capital artificial, culpable, frustrada y arrancada arbitrariamente de su lugar secundario por la voluntad de un régimen dictatorial y centralista, se opondrá, pues, aquí la de una ciudad que supera en siglo y medio y muy trabajosamente los límites derivados de su origen como Corte de una monarquía vanamente imperial y de la quiebra y ruina de tal monarquía en el alba de nuestro tiempo. Al compás de esa trabajosa marcha, Madrid asume paulatinamente su función de capital del Estado y de la emergente nación: tal es la visión que se va a proponer en las páginas que siguen. Con un punto de partida realmente catastrófico, Madrid comenzó a transformar su morfología como ciudad, su estructura de clases y su función como capital desde que se inició en los años cincuenta del siglo XIX el tendido de la red ferroviaria, se resolvió el gran problema del abastecimiento de agua y se decidió luego el derribo de su cerca. Consolidó después una posición relevante en el conjunto de la economía española con la domiciliación en su centro histórico de las más importantes sociedades anónimas y con la instalación de los grandes bancos. Durante los treinta primeros años del siglo XX, a su creciente importancia como centro de comunicaciones, comercial y financiero, añadió un nuevo papel como capital intelectual, cultural y política, debido a una masiva inmigración de clases medias y jornaleras y a la irrupción de un pueblo urbano en el que se sostuvo, hacia 1930, el lenguaje de la revolución popular y la movilización por una República que habría de declarar, por vez primera, a Madrid como capital constitucional del Estado. Fue en Madrid, por el peso de sus clases trabajadoras y medias, donde la Monarquía española se derrumbó en el clamor de una fiesta que había adoptado el lenguaje y las maneras de las antiguas revoluciones populares contra el rey. Madrid se había convertido así en abril de 1931, y por derecho propio, en capital de España por ser capital de la República. El resto, hasta ayer mismo, comenzó por una larga y penosa digresión hasta que de nuevo pudieron recuperarse, y más adelante ampliarse, las bases que habían servido para el crecimiento del primer tercio de siglo.

1. Ciudad de ociosos y habladores, conventual y palaciega

La desolada visión de Madrid como capital frustrada no quiere decir que nada se hubiera movido en cien años o que todo el siglo XIX hubiera transcurrido sin cambio digno de mención; más bien, que el punto de partida había sido tan ruinoso que todos los progresos de un siglo que abundó en ellos no fueron suficientes para sacar a Madrid de su postración. El origen del mal es bien conocido, los desastres de la guerra, la quiebra financiera de la monarquía y esos veinte años de despotismo que Valera definió como «periodo horrible de nuestra historia»: las cosas estaban tan mal en 1833, que apenas era posible empeorar.

Desastre, en primer lugar, demográfico, con enfermedades y hambrunas que asolaron la ciudad. Ya en 1804, la escasez de subsistencias provocada por las malas cosechas y por las dificultades que la guerra entre Francia e Inglaterra ocasionó al comercio oceánico causaron la primera gran hambre del siglo que redujo la población de la ciudad de los 180.300 habitantes en el censo de 1798 a los 176.374 que aparecen en el de 1804. Pero si ya esta crisis fue grave, la de 1812 quedó impresa en el recuerdo de los testigos como un «espectáculo de desesperación y angustia»: hombres, mujeres y niños de todas condiciones, recuerda Mesonero, abandonaban sus míseras viviendas, arrastrándose moribundos a la calle para implorar la caridad pública, «para arrebatar siquiera no fuese más que un troncho de verdura, que en época normal se arroja al basurero»; seres humanos expirando en medio de las calles y en pleno día; lamentos de mujeres y niños al lado de los cadáveres de sus padres y hermanos tendidos en las aceras.

Al desastre de la guerra se añadió casi de inmediato el retorno de un poder absoluto dispuesto a exterminar el brote de liberalismo surgido en Cádiz unos años antes. El 13 de mayo de 1814 celebraba Fernando VII «su entrada pública en Madrid por en medio de arcos de triunfo». Pero la ciudad ya no recibe a su rey unánime en el deseo ni en la fiesta: la parte fanática del pueblo lo vitorea con frenesí, comenta Valera, mientras vertían sollozos y lágrimas las familias de hombres ilustres que gemían en los calabozos. Los destrozos físicos producidos por la guerra y los derribos de iglesias, conventos y casas particulares ordenados por el rey «intruso» con el propósito de esponjar y abrir el apelmazado caserío de la urbe aparecieron así como una especie de representación simbólica de ese otro destrozo moral y político que significó para muchos madrileños el retorno al absolutismo y que hundió a la ciudad en el abandono y la parálisis.

Pues si el hambre y la muerte que impregnaban la vida madrileña de principios de siglo no fueron bastantes para desalentar los flujos migratorios, el nuevo clima político que se abatió sobre la ciudad provocará un claro estancamiento del que apenas comenzará a salir cuando va transcurrido ya el primer tercio de siglo. Que la crisis de 1812 causara la muerte de unos 30.000 adultos (cerca del 20 por ciento de la población de más de siete años) no impidió que en el siguiente censo de 1825 la ciudad superase por vez primera los 200.000 habitantes. Pero esa inmigración, reanudada tras el fin de la guerra, estaba lejos de ser muestra de dinamismo demográfico, pues la ciudad permaneció estancada en torno a esa magnitud hasta unos años antes de mediar el siglo: el empadronamiento general de 1845 da una población total de 48.935 vecinos y 206.714 habitantes, cuatro o cinco mil más que en 1825. Sólo a partir de mediados de siglo se iniciará el rápido crecimiento demográfico de la ciudad, que doblará desde ese momento y por dos veces su población en un periodo de no más de ochenta años.

Por el momento, sin embargo, el relativo estancamiento demográfico es el inevitable resultado de los acontecimientos que acompañaron el derrumbe de Madrid como sólo Corte y las dificultades para edificar sobre sus escombros la capital digna de la monarquía por la que suspiraban sus más ilustrados habitantes. En efecto, el fin del Antiguo Régimen y los comienzos del Estado liberal no fueron en Madrid, ni en España, obra de una próspera burguesía mercantil e industrial sino más bien resultado de una ruina económica que arrastró en su estela una quiebra política. A las causas antiguas de nuestra pobreza —escribía Manuel Alonso de Viado en la Revista de Madrid, en 1838— debemos hoy agregar los estragos de la Guerra Civil que agravan la deuda del Estado y agudizan el desnivel entre ingresos y gastos observado ya desde 1792. La consecuencia era inevitable: no habiéndose reducido los presupuestos del Estado... «se debía abrir tarde o temprano una sima sin fondo, en la cual caería el edificio gótico y carcomido [de la monarquía absoluta] que a duras penas acababa de restablecerse con ayuda de cien mil bayonetas mercenarias». No era sólo el absolutismo lo que se despeñaba por esa sima, sino el mismo Estado que prácticamente dejó de existir como centro de poder en los años treinta, destrozado, como escribía Viado, por las causas antiguas de nuestra pobreza y por la Guerra Civil.

La quiebra del Estado absoluto fue el comienzo del declive de la nobleza titulada, residente en Madrid y que seguía, como el Estado, gastando más de lo que ingresaba. No se redujeron sus gastos, pero los ingresos procedentes de las tierras sufrían ya desde años antes graves mermas sin que alumbraran nuevas fuentes de rentas. Sin duda, no se había producido en Madrid, con ocasión de la guerra contra el francés ni después, en 1820, durante la revolución y el Trienio Liberal, ni, en fin, con las revueltas e insurrecciones populares que se sucedieron desde 1834 y que obligaron a la reina regente a buscar la alianza del trono con el liberalismo, ninguna revolución social que hubiera liquidado físicamente a la clase dominante del Antiguo Régimen y procedido a un reparto de sus propiedades. Y este fenómeno social —que la nobleza subsistiera aun atravesando dificultades económicas— es una de las claves, si no la clave, de la futura evolución de la ciudad: Madrid, después de la muerte de Fernando VII, de la guerra y de la revolución, todavía alardeaba de ser «la Corte más alegre y divertida del mundo». Corte era igual a sociedad y a la cabeza de la sociedad madrileña brillaban, cuando el país estaba en guerra, tipos como el duque de Osuna, «de arrogante figura, de amabilidad extremada y de talento poco común», o el duque de San Carlos, que aun si carecía del prestigio que proporcionaban al de Osuna sus ocho millones de reales de renta anual, se permitía invitar a cierto licor turco traído para él expresamente desde Constantinopla. Eran, aunque por estos detalles de la vida social no lo parezca, tiempos de revolución y la circunstancia no escapaba a la mirada de Fernández de Córdova, fiel testigo de su época y de su clase. Pero una revolución que permite ser contemplada desde los palacios de la grandeza es sólo un conato de revolución y los nobles, tras un periodo de incertidumbre y de lamentos por los tiempos que corrían, volvían a abrir tranquilamente sus salones, a frecuentar como si de un privilegio natural se tratase sus paseos exclusivos y hacer lo que se llamaba vida de sociedad.

Las cosas no eran, sin embargo, como antaño: si la revolución liberal había respetado las propiedades de la nobleza en todos sus grados, desde las del grande hasta las del hidalgo, las causas antiguas de pobreza actuaban ahora sin cortapisas y las rentas menguaban por días aunque fuera preciso mantener aquellas masas innumerables de servidores, que tanto admiraron a Townsend en su visita a la mansión del duque de Alba en las postrimerías del siglo XVIII, a esa prodigiosa cantidad de criados de la que hablaba, como si la hubiera visto con sus propios ojos, Madame D'Aulnoy y que permanecerá impertérrita en su magnitud a lo largo del siglo: nada menos que 45.000 sirvientes aparecen en el censo de 1860, el 25 por ciento de toda la población activa de Madrid en ese año. La grandeza tiene cada día menos dinero, escribirá después Pérez Galdós refiriéndose a los años de la revolución; menos dinero, desde luego, pero no por eso renunciaba a su viejo modo de vida, mezcla de generosa opulencia, cuantiosas dádivas, mantenimiento de un ejército de criados y consumo conspicuo de las rentas y del tiempo: un rentista madrileño del Antiguo Régimen es alguien que destina sus ingresos a mantener a criados y pobres, pero también a no hacer nada.

El muchacho de regular fortuna —retratado por Larra—, que no es amigo de levantarse tarde, cree, como todo ocioso, que madruga cuando deja la cama a las diez. No tiene nada que hacer en todo el día salvo ojear los periódicos, salir a la calle, rodar de casa de la marquesa tal a casa de la condesa cual, dar vueltas entre Atocha y Recoletos y asistir a la representación de la última pieza del fecundo Scribe para acabar, «si es noche de sociedad», en casa de E...

Por lo que respecta a las clases que gozaban de fortuna, Madrid todavía era en los años treinta, años de revolución y de pueblo en la calle, una delicia; para los reformadores, una desesperación.

Pues esa vieja clase dominante que abre otra vez sus salones como si nada hubiera ocurrido es literalmente incapaz de mirar a la ciudad y dirigir su necesaria transformación en capital de un nuevo Estado. Aun si algunos de sus individuos descollaron por su inteligencia y por el cultivo de las letras, como los duques de Rivas y de Frías, el marqués de Miraflores o los duques de Abrantes, de Gor y de Veragua, como tal clase, y si se exceptúan «ciertas vanas distinciones, carecía de resorte común que la moviese». No tiene recursos para construir una nueva capital del Estado ni sabría hacerlo aunque dispusiera de capital. La aristocracia titulada, dueña todavía de un inmenso patrimonio territorial íntegramente respetado por la revolución, podía tal vez comprar todavía algún solar o dejar que sus viejos palacios, desvinculados, cayeran bajo la acción de la piqueta. Sus cuantiosas posesiones de suelo en Madrid, administradas como un capital al servicio de una idea de transformación de la ciudad, habrían sido suficientes para iniciar una profunda reforma de la vieja trama de la urbe. No fue así, ni podía serlo, porque a la salida de la guerra de la Independencia y con los comienzos de la Guerra Civil crecieron las dificultades para percibir las rentas procedentes de sus posesiones aunque se mantuvieran los gastos. La aristocracia se adentró así en un camino de inevitable ruina que condujo en tres o cuatro décadas a grandes casas, como la ducal de Osuna, a la quiebra completa y a otras de no menos alcurnia, como la del marquesado de Alcañices, a desprenderse en cincuenta años de la mitad de su patrimonio. De una clase social en declive, incapaz de amoldar su comportamiento a la nueva situación, no podía esperarse ningún dinamismo como promotora de una nueva ciudad.

La falta de una clase dirigente dinámica se agravaba porque entre la clase que Larra llamó de ociosos y habladores y la masa de pobres apenas tenía el Madrid salido del absolutismo «una clase media, numerosa y resignada con su verdadera posición». Larra sabe de lo que habla: si hay en España clase media, industrial, fabril y comercial, no se busque en Madrid, sino en Barcelona, en Cádiz; aquí, en Madrid, asegura, no hay más que clase alta y clase baja. Percibe, desde luego, una clase media, pero formada en su mayoría por empleados o proletarios decentes, que «sacada de su quicio y lanzada en medio de la aristocrática se cree en la clase alta». Una clase media, pues, sin seguridad alguna en sí misma, en sus propias posibilidades, en su poder. De allí deducirá Larra, entre otras cosas, que en Madrid sobra público para la ópera y los toros, pero no para los jardines que por entonces se abren a toda clase de gente: que no haya público para los jardines públicos equivale a decir que no hay clase media dispuesta a afirmar en la calle su presencia.

El apunte de Larra no es toda la verdad del cuadro, pues cuando él escribe había acontecido ya la doble revolución que impulsa una radical transformación del juego político y una incipiente diferenciación de clases sociales. Ante todo, la revolución política que liquida el absolutismo significa la vuelta a Madrid de una considerable masa de exiliados que habían tenido que salir del país en diversas oleadas, por afrancesados o por liberales. Componían lo que Carlos Marichal ha llamado una «intelligentsia en el exilio» —Canga, Argüelles, Alcalá Galiano, Martínez de la Rosa, Istúriz, Toreno— y su retorno a la capital se dejará sentir en esa otra revolución, más que literaria, cultural, llamada romanticismo que convierte de pronto a Madrid en dinámico centro de la vida literaria a donde acuden de provincias cuantos se creían inspirados y sentían la tentación de gloria. Desde la muerte de Fernando VII, además de la quiebra de un régimen, Madrid contempla, entre la fiebre de la excitación romántica y revolucionaria, incesantes estrenos teatrales: en 1834, La Conjuración de Venecia, de Martínez de la Rosa; en el 35, Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas; en el 36, El Trovador, de Antonio García Gutiérrez; en el 37, Los amantes de Teruel, de Juan Eugenio Hartzenbusch. A falta de potencia económica y política, Madrid se reafirma, al menos, como centro de producción literaria.

La recobrada posibilidad de escribir, publicar y representar significaba que, de pronto, se habían abierto nuevos espacios físicos de libertad. Junto a la producción literaria, surgen iniciativas de cafés, ateneos, casinos, mientras se abren los salones nobiliarios. Ya antes de morir Fernando VII, desde 1830, un grupo de amigos y discípulos de Lista abandonan el café de Venecia por el del Príncipe, que Larra tenía por «reducido, puerco y opaco» y que dará cobijo a la tertulia más célebre de aquella década, el Parnasillo, donde se reúnen Mesonero, Roca de Togores, Gil de Zárate, el Duque de Rivas y al que acudirá, reencontrando a sus amigos, desde 1833, Espronceda. En diciembre de 1835 se abre, por una iniciativa presentada ante la Sociedad Económica Matritense y con un discurso inaugural del Duque de Rivas, el Ateneo Científico, Literario y Artístico, en el que impartirán cursos y conferencias de derecho político, economía, filosofía de la historia, historia, lengua, literatura y todas las posibles ramas del saber, el mismo Duque de Rivas, Donoso, Pacheco, Borrego, Alcalá Galiano, Lista, Posada Herrera... y que mantendrá una encendida actividad hasta que los moderados se encarguen, desde el poder, de templar los ánimos. El Liceo se funda en 1837 y traslada muy pronto sus reuniones al Palacio de Villahermosa. De ese mismo año es también el Casino del Príncipe, donde se reúnen personas conocidas, en elegante y escogida asociación, y que además de facilitar a sus asociados salones con magníficas alfombras y lujosas butacas para mantener sus tertulias, establece rígidos criterios de admisión. Quien brillaba —escribe Azaña al analizar un momento algo posterior— quería hacerse presentar en sociedad, y nadie brillaba bastante hasta que no era presentado. En los salones de Frías, de Rivas, de Monjita, los más brillantes ingenios de esta clase media ilustrada iniciarán en los años cuarenta su ascensión a los rangos de la sociedad y de la política. Madrid se convierte así en foco de atracción de una clase intelectual que el romanticismo y la revolución, los clubes, cafés y salones, introducirán necesariamente en la sociedad y en la política.

Aparte de la producción literaria, más bien inclinada a la poesía que a la prosa, de las nuevas instituciones culturales y de las veladas en casas de la grandeza, lo que define aquellos románticos años de revolución es la aparición de nuevos periódicos, desde los que tantas veces se hacía o se saltaba a la política. Periódicos puramente literarios como Cartas Españolas, fundado por Carnerero, El Semanario Pintoresco Español que Mesonero crea en 1836, El Criticón, El Artista, la Revista de España, pero sobre todo, periódicos políticos, como la Abeja, El Correo Nacional, El Piloto, en los que escriben personajes como Pacheco, Bravo Murillo, Alcalá Galiano, Ríos Rosas, Donoso o Sartorius. Si los clubes y ateneos son el lugar de encuentro de la clase media como literata, las redacciones de los periódicos lo serán de esa misma clase como política. En realidad, la poesía, el cuadro de costumbres, el periódico llegarán a formar un continuo con la política, los partidos y el gobierno.

Pues se trata de una clase media que al no encontrar en Madrid grandes empresas industriales ni más carreras profesionales que las de abogado o médico, se dedicará, tras el necesario paso por la literatura y el periódico que le abre las puertas de la sociedad, a la política, vía privilegiada de movilidad social pero también terreno en el que llevar a la práctica las ideas de nación, patria y progreso. Eran, como queda dicho, años de revolución y esta circunstancia unida a la fiebre romántica impedía deslindar nítidamente los campos: se era poeta, periodista y político sin contradicción interior alguna. Se formó así en la capital, con la apertura del juego de partidos de notables propio del liberalismo, una incipiente clase política que escala desde la literatura y el periódico a las jefaturas de los nuevos partidos moderado y progresista. Y como base humana en la que construir su elevada posición, toda una masa de burócratas «pendientes del albur ministerial», que hoy obtienen un empleo y mañana lo pierden para dedicarse a merodear desde las primeras horas de la mañana en las proximidades de los ministerios con objeto de dejarse ver. Forman lo que Valera denominó el proletariado de levita, un sector de la clase media cuyo único futuro consistía en obtener, no perder o recuperar un empleo del Estado. El carácter de esta clase y de sus valedores que alcanzaban altos rangos en los partidos y el resultado final de su presencia en la política tendrán, como luego se verá, algo que ver con su origen y con el tipo de relación que esos partidos establecieron más adelante con el gobierno, con el pueblo y con el ejército.

En la estela de la revolución política y de la consiguiente conversión de Madrid en capital de otro Estado, había acontecido también lo que un fino analista de la época y excelente conocedor de la sociedad madrileña, Juan Valera, no dudó en calificar de revolución social. Pero contrariamente a lo que por tal concepto podría entenderse si se tiene en mente la francesa, todo el contenido de esa revolución consistió en nacionalizar y poner a la venta los bienes del clero y de las órdenes religiosas. El pueblo, escribe Valera, no odiaba a la aristocracia, pero sí a los curas, a quienes tenía por causa de su anterior desgracia: nadie, ni siquiera la aristocracia, acudió en su defensa cuando Mendizábal decidió poner a la venta sus tierras para aliviar la Hacienda e incrementar la riqueza de la nación. El caso fue que, además de la presencia de una clase media de literatos, abogados y periodistas provocada por la revolución política, asomará la oreja, ya en vida de Larra, y sentirá inmediatamente un incesante impulso hacia arriba, esa otra «grandeza nueva» que, procedente de la segunda mitad del siglo XVIII, se introduce por su dinero en la sociedad encopetada durante los años cuarenta para dominar la vida social y económica de Madrid hasta fin de siglo. Es la grandeza formada por el gran «cebo opíparo» de las tierras desamortizadas ofrecido en la arena del Parlamento a la gula de las clases nuevas, a todos esos que, como observará la penetrante mirada de Pérez Galdós, «vendieron paja y después compraron dehesas a los frailes; los que daban de comer a las tropas, y luego establecerán los adelantos...».

No puede definirse con mayor economía y exactitud el carácter y la fuente de riqueza de esa nueva grandeza. Casi todos habían llegado a la capital desde la periferia, siguiendo una pauta establecida desde el Antiguo Régimen por las familias de comerciantes, algunas de ellas hidalgas, arraigadas en pequeñas y medianas localidades, de Santander, del País Vasco, de La Rioja, también de la Meseta interior, que enviaban a Madrid a alguno de sus vástagos con objeto de que sirviera al abastecimiento de la propia ciudad o se situara en las redes comerciales que unían la capital a los puertos de mar. Así se formó en Madrid, al lado de la clase media de literatos, abogados y políticos, una burguesía de negocios que dominó el comercio en su más amplia acepción —incluido, pues, el del dinero— desde la segunda mitad del siglo XVIII y que estaba dispuesta a multiplicar rápidamente sus ganancias sirviendo a todo lo que el nuevo Estado liberal le requiriese.

Cuando llegaron a Madrid, estas familias burguesas se establecieron como comerciantes: de paños, de vinos, de paja. Y luego, cuando formaron algunos ahorros, tuvieron la enorme fortuna de estar a mano mientras la aristocracia declinaba y el Estado se hundía y solicitaban ambos sus préstamos o provisiones. Acudieron en su socorro ayudando a sanear los patrimonios nobiliarios —y transfiriendo al suyo parte de sus posesiones inmobiliarias cuando los nobles renegociaban su deuda— y comprando las fincas que el Estado, acuciado por sus necesidades hacendísticas más que guiado por algún propósito revolucionario, arrebataba a frailes y curas, o actuando como aprovisionadores de armas, de ropa, a las tropas que el gobierno enviaba para combatir la deslealtad carlista. Luego, ya no hubo remedio: esa nueva grandeza, ligada inextricablemente con el Estado, convirtió a Madrid en capital de las finanzas y se convirtió ella misma en proveedora de dinero: abrió casas de banca y se hizo con todos los títulos de la deuda, los del célebre 3 por ciento, y al acercarse tanto a la Corona y tocar con sus manos el poder político, pasó primero a frecuentar los paseos aristocráticos y se atrevió después a entrar en los salones nobiliarios, abiertos ahora también a ella porque ella era ya sociedad. No le costó nada, una vez admitida en sociedad, convertirse en nobleza, acopiando títulos que una Corona pródiga más que generosa en la cooptación nobiliaria no escatimaba a los triunfadores del agiotismo y la especulación. Serán el núcleo permanente de la nueva oligarquía, moderada o progresista con irrefrenable tendencia a la moderación, los protagonistas de la vida social madrileña que los duques, condes y marqueses de viejo tronco deberán aceptar a su lado, como prestamistas primero, como parientes después; los que hacen el nuevo Madrid a su medida, los comerciantes, capitalistas y banqueros, los Caballero, Urquijo, Murga, Rivas, Chávarri, Norzagaray, Pérez Seoane, Fagoaga, Remisa, Carriquiri, Manzanedo, Bringas, Gaviria, Sevillano.

Que al lado de los literatos y políticos encumbrados y de esta nueva grandeza de las finanzas y de los suministros al Estado no creciera pujante una clase alta y media industrial quiere decir que entre la vieja nobleza titulada, que vendía parte de sus tierras y viejos palacios para equilibrar el presupuesto y mantener abiertos los salones, y la nueva aristocracia del comercio no quedó espacio económico para que germinara una burguesía segura de sí misma y de sus posibilidades como fabricante de productos destinados a un amplio mercado nacional o internacional. Y esa estructura social, ese abrumador predominio de grandes titulados o advenedizos y de menudo pueblo, remite de inmediato a la más honda debilidad de Madrid para constituirse como capital de un Estado moderno que se pretendía liberal. La villa del comercio de tiendas, de pequeños propietarios y rentistas, de menestrales y jornaleros, no se transforma con la revolución liberal en un centro de producción material o manufacturera como lo eran París, Londres, Viena, Bruselas y otras cortes europeas. Lo escribía en 1850 Felipe Monlau haciéndose algo más que eco de lo que sólo dos años antes había escrito Madoz: «Madrid no puede ser considerado como centro industrial y mercantil de la nación española [...], la capital de España no tiene, proporcionalmente hablando, la importancia que por ambos conceptos cuentan París y Londres, Viena y Bruselas». Nación española, capital de España: ¿y cómo puede haber nación sin un centro industrial y mercantil?, ¿y cómo podría ser Madrid capital de España si no era a la vez ese centro mercantil e industrial?

Por lo pronto, pues, una constatación se impone a los estudiosos de la ciudad cuando va ya mediado el siglo: Madrid, que es todavía nobiliaria, que presencia la formación de una nueva grandeza del comercio, que es por tanto todavía mucha Corte, no es ni lleva trazas de ser una capital industrial, continúa siendo villa, y de angostas estrecheces, de comercio de tienda y abundancia de menestrales y jornaleros. Si se mide por sí misma, no es capital, ni lo es, sobre todo, si se la compara con otras capitales europeas.

Los motivos parecen claros a sus analistas y reformadores: erigido en el centro de una árida meseta, Madrid carece de vías de comunicación rápidas, seguras y económicas que le permitan aspirar a convertirse en dinámico centro mercantil, consumidor y productor de bienes a buen precio. Todo su tráfico debía realizarse empleando energía animal: las diligencias que, aun si experimentaron progresos notables con el programa de construcción de carreteras que llevó a cabo el Estado liberal y con las mejoras técnicas introducidas en los carruajes, eran un medio de transporte caro y limitado; los arrieros, lentos e incapaces de transportar grandes cantidades de materias primas o de provisiones. La ubicación de Madrid, sin mar, sin río digno de ese nombre, o con un río que no llevaba agua, es una anomalía como capital de Antiguo Régimen, situadas sin excepción en puertos o en las orillas de ríos navegables: y ahora, en tiempos de auge de la riqueza, pagaba cara su anomalía retrasándose definitivamente respecto a todas esas capitales europeas que causaban admiración a exiliados y viajeros.

La falta de río remite al otro problema que dificultaba o convertía en aventura, a los ojos de los observadores contemporáneos, la instalación de industrias: la ciudad carecía de agua. Madrid se abastece, hasta pasada la mitad del siglo, de seis grandes «viages» y de muchas galerías colectivas que llevan el agua hasta sus numerosas fuentes y hasta palacios y conventos y que los aguadores se encargan de distribuir en grandes cántaros por las calles y plazas de la ciudad o suben trabajosamente a las casas. Nosotros —recuerda Pío Baroja, que llegó a Madrid en los años ochenta— teníamos nuestro aguador que como todos los que se empleaban en este trabajo era asturiano, llevaba traje de pana y la montera típica de los campesinos de sus tierras. Muchos pisos altos de casas burguesas debían aprovisionarse de agua por este método cuando el siglo se acercaba ya a su fin, cuando ya recibía la ciudad el abundante caudal del canal de Isabel II. Pero hasta que esas aguas no llegaron, los madrileños no podían consumir más que diez litros diarios por persona. Y sin agua, no hay desde luego higiene ni salud, pero tampoco hay industria.

No disponía tampoco la ciudad de combustible que pudiera extraerse fácilmente de su entorno y carecía, por tanto, de energía abundante y barata, último de los motivos aducidos por Madoz y que Monlau reitera. Y esta última carencia sitúa a ambos observadores en la pista del posible remedio: Madrid será industrial cuando «dos líneas ferriles aproximen esta villa a los dos mares». Que Madrid no sea un punto considerable bajo el aspecto fabril puede ser el resultado de una mala elección como capital pero no constituía ya, a las alturas de 1850, un destino inevitable. El agua podía traerse en cantidades suficientes para abastecer a su población y alimentar a su industria y por lo que respecta al ferrocarril, Londres y París estaban, a esas alturas del siglo, bien comunicadas con su territorio. Era sólo cuestión de proponérselo y de contar con los recursos suficientes para unir a la ciudad con los dos mares.

Mientras tanto, escasez de grandes fábricas, abundancia de pequeños talleres. De las primeras, algunas venían del siglo anterior y habían ampliado su producción hasta alcanzar un mercado internacional: eran reales fábricas que habían sufrido grandes quebrantos con las guerras y que se reconstruyeron en la década de 1840. La fábrica de tabacos, la de mayor dimensión pues daba trabajo a tres o cuatro mil cigarreras; las de tapices, de porcelana del Retiro, de loza fina de la Moncloa, de pólvora; la Casa de la Moneda, la Imprenta Nacional: fábricas todas ellas instaladas en Madrid en función de la Corte o de la capitalidad política y administrativa, dedicadas en su mayoría a la producción de artículos de lujo destinados al consumo de la vieja y nueva grandeza y que conforman lo que Bahamonde ha denominado una economía de la capital para distinguirla de la más tradicional economía de la ciudad. No faltaban, en este mismo capítulo, algunos importantes establecimientos privados con plantillas que contaban entre 200 y 300 obreros como el gran taller de coches de Recoletos; la fundición de hierro de Bonaplata, que se instala en 1839, dotada de moderna maquinaria; la fundición Sanford que comienza a funcionar en 1846; la platería Martínez; la fábrica de metal blanco de Meneses y varias empresas de grabado e imprenta, que se orientaban también al mismo mercado.

Si se exceptúan las manufacturas oficiales o exclusivas que procedían del Antiguo Régimen y esas fábricas que empleaban ya a más de cien trabajadores, lo que abundaba realmente hasta mediado el siglo en el terreno industrial era la pequeña producción de bienes de consumo directo destinada a un mercado puramente local. En alimentación, por ejemplo, se contaban hasta 110 tahonas, lo que para nada significaba que Madrid fuera un centro de brillante producción de pan sino más bien que muchas de ellas utilizaban aún como combustible paja podrida mezclada con excremento de las caballerías y se trabajaba la masa con los pies. Y en las otras ramas industriales la situación era similar: talleres o fábricas de materiales para la construcción, metalúrgicas, curtidores, maestros de obras, imprentas, sastres y modistas, ebanistas, zapateros, con establecimientos en los que trabajaban por lo general no más de tres o cuatro oficiales y aprendices. En total, si se cuentan como industriales los que contribuían con más de 1.000 reales anuales por el subsidio correspondiente, no habría en Madrid, pasada ya la mitad del siglo, más que 121, mientras que los artesanos que pagaban entre 10 y 1.000 reales ascenderían a unos 3.800. Era una industria de horizonte limitado, sin capital que permitiera acceder a nuevos y más amplios mercados, lejanos por lo demás debido a la carestía del transporte. Una industria para la ciudad pero incapaz de generar capitales suficientes para transformar la ciudad. Madrid, en definitiva, como observó Mesonero —y Madoz, y Monlau, y repetirá todavía a finales de los años sesenta Fernández de los Ríos—, no era la capital industrial de España.

Tampoco era un importante centro comercial o mercantil. Ciertamente, el flujo de rentas procedentes del exterior permitía que su comercio tuviera mayor relevancia que su industria. De ahí le vendrá a Madrid la fama de ser predadora de su entorno, de consumir más de lo que producía y de consumirlo sin por ello crear riqueza. Pero, aun si el comercio era actividad a la que se dedicaba un buen número de madrileños, no abundaba el de gran estilo sino más bien el callejero, el de portal o el de pequeña tienda: hasta 610 tabernas y 552 tiendas de vinos generosos aparecen en la relación de Madoz, en la que destacan también, con más de cien contribuyentes, los chamarileros (281), los carboneros (246), los mercaderes que venden por menor cualesquiera telas o tejidos (165), los carniceros (140) y los buhoneros (132). Había también un buen número de contribuyentes por posadas secretas o casas de pupilo (449). Vendedores ambulantes en número colosal durante todo el siglo, ofreciendo todas las mercancías posibles, desde alimentos hasta agua y azucarillos, periódicos o cerillas, convertían las calles de la ciudad en «constante feria y nauseabunda cochiquería», según escribía El Progreso en diciembre de 1897. Algo mejor establecidas, las pequeñas e insignificantes tiendas de la Plaza Mayor en las que se vendían gorras, pañoletas de lana y objetos de ferretería y que tanto llamaron la atención de Hans Christian Andersen durante su viaje a España en 1862. Pero si lo que se deseaba era lujo, entonces aumentaban las probabilidades de ir a parar a un comercio francés: en el terreno del vestido y del peinado, los franceses llegaron a ejercer un auténtico monopolio, aunque cuando se pretendía ir más allá y abrir un gran almacén como los que ya existían en París, entonces se fracasa: el «Villa de Madrid», abierto en 1846, no pudo continuar su andadura y debió cerrar sus puertas, como también lo hará, casi cien años después, el Madrid-París. Madrid podía ser juzgado como centro de tráfico y comercio pero no había dentro de sus cercas una clase social con suficientes recursos como para mantener un gran bazar, como no la había tampoco para emprender grandes reformas urbanísticas. Madrid era una ciudad pobre.

Pobre en el sentido más literal del término, con abundancia de pobres. Pues, efectivamente, a lo que remite este débil equipamiento industrial y ese limitado mercado es a una estructura de clases caracterizada durante toda la primera mitad del siglo por el predominio de una elite de propietarios rentistas, una clase media que percibe rentas de sus posesiones inmobiliarias, un artesanado que tiene lo justo para ir tirando, un número de jornaleros que no supera en mucho al de artesanos y una abigarrada masa de esos aguadores de Asturias, caleseros de Valencia, toreros de Andalucía, mayordomos y secretarios de Vizcaya y Guipúzcoa, reposteros de Galicia, criados montañeses y mendigos de La Mancha a los que Borrow, ansioso como todos los viajeros extranjeros de españolismo recio, saludaba exaltado creyendo ver en ellos al pueblo auténtico, depositario de los más acendrados valores de la raza. Madrid no era ciudad industrial por condicionamientos objetivos, materiales, como los indicados por Madoz, pero no era un dinámico centro mercantil y financiero sobre todo por una estructura de clases que venía del Antiguo Régimen y que no sufrió modificaciones drásticas, profundas, como efecto de ninguna revolución, burguesa o no, en la primera mitad de siglo.

Ciudad de Antiguo Régimen, Corte de la monarquía, Madrid había entrado en el siglo dominado, espacial y materialmente, por la nobleza y el clero, que poseían, junto con las instituciones benéficas y asistenciales situadas bajo su patronazgo, muy cerca de la mitad de todo su suelo. El palacio nobiliario y el convento religioso imprimían su profunda huella en la morfología de la ciudad, desde luego, pero también en su estructura social, en su urdimbre humana. El palacio, porque además de ocupar amplias extensiones irregulares de suelo, como el convento, sustentaba con las rentas de su titular a una impresionante masa de servidores domésticos y las familias enteras que se les adherían. El convento, porque además de dar cobijo a una notable proporción del conjunto de la población, era el centro de un sistema de caridad que sostenía a esa otra porción considerable de habitantes de Madrid, los pobres, que se mantienen allí, fijos, como inmóviles, durante todo el siglo.

Basta contemplar el plano de Madrid para percibir hasta qué punto la morfología, el paisaje global, de la ciudad era resultado de esta extraordinaria densidad palaciega y conventual ante la que se diría impotente, si no cómplice, la Corona. Madoz lamentaba que pocos monumentos de Madrid procedieran de más allá del reinado de Carlos III y, en efecto, bien poco debe la morfología de Madrid a las dos dinastías que la eligieron como lugar de residencia y Corte, pero que no actuaron sobre el espacio de la villa hasta que la generación ilustrada del XVIII decidió adecentar los alrededores y las entradas abriendo paseos y puertas y levantando algún que otro edificio. Ya es sorprendente que el lugar de residencia de los monarcas oscilara alternativamente entre sus límites occidental y oriental, como si no se atrevieran a radicarse en el centro, como si el centro no dispusiera para los reyes de espacio alguno, medrosos además de influir en el entorno de sus palacios, cerrados, sin radiación al exterior. Tuvo que ser un usurpador advenedizo, un recién llegado a Madrid y a la realeza, José Bonaparte, quien comprendiera rápidamente que el Palacio Real no podía elevarse sobre su mísero y apelmazado entorno y decidiera, aun si los tiempos eran poco propicios a estos lujos, abrir espacios y crear nuevas perspectivas. Pero por lo que respecta a las dos dinastías históricas, da la impresión de que se hubieran arrepentido de elegir Madrid y hubieran buscado para residencia los lugares que con menos obstáculos interpuestos les permitieran alejarse velozmente de ella, y aun evitarla y darle la espalda para alcanzar con más rapidez los reales sitios de su verdadera predilección: El Escorial, La Granja, Aranjuez. Así se explica que Madrid, elegida Corte de la monarquía, tomara grande extensión, pero que ésta se le diera —en palabras de Ponz— tumultuariamente, sin plano ni proyecto establecido, sin que la Corona se haya detenido nunca a pensar su ciudad. Y es de admirar, prosigue tan ilustrado viajero, que cuando los españoles fundaban en América ciudades con toda simetría, se formasen sin asomo de ella las calles de la Corte. De admirar y de algo más, desde luego, porque la mayoría de las calles de Madrid se dirigieron por donde quiso la fortuna o, más bien, por donde dejaba ir la maraña de palacios y conventos.

Las amplias posesiones de la Corona al este y oeste de la ciudad determinaron que el posible crecimiento de Madrid a partir de su centro no se verificase en círculos concéntricos. Abandonada la urbe en manos de la nobleza y del clero, el caserío se apelmazó, sin orden ni plan que guiase su crecimiento, en torno a palacios, conventos de escasa prestancia y mezquina fábrica aunque de enorme extensión y amplios jardines, dando lugar así a una abigarrada y densa trama, sin avenidas que jerarquizasen el terreno, sin plazas, excepto la Mayor, ni paseos, excepto el Prado, que sirvieran de desahogo y de marcos de convivencia. Madrid sólo tenía calles y una calle era, no una plaza, su corazón, el punto central que resumía su trama y condensaba a su pueblo, ese sujeto mezclado que cuando afirmaba su presencia se dirigía invariablemente a la Puerta del Sol.

De modo que cuando tienen que describir Madrid, los primeros que piensan la ciudad comienzan siempre por el rey y por las instituciones del Estado, para pasar enseguida a iglesias y palacios. Los manuales y guías de Madrid publicados en la primera mitad de siglo traen siempre en los primeros lugares la lista interminable de parroquias, colegios, instituciones benéficas, oratorios e iglesias particulares, conventos y casas del clero regular: Mesonero, Madoz, Monlau, cada uno de ellos testigo, por lo demás, de lo que fue y de lo que desaparecía bajo su mirada, pues la lista de edificios religiosos amengua por días y de muchos de ellos ya no quedaba, mediado el siglo, más que el recuerdo, el muñón abierto como solar vacío en el centro de la ciudad. Lista sólo parangonable a la de palacios de grandes de España y otros títulos de la nobleza que tienen en Madrid su domicilio: palacios de los duques de Liria y de Alba, los de Osuna, Medinaceli, Infantado, Híjar, Villahermosa, duquesa de Abrantes, condesa de Benavente, toda la retahíla de una nobleza consumidora de rentas agrarias, abrumada de servidores e incapaz de dejar en la ciudad un palacio digno de ese nombre: nadie lamentó nunca que el de Medinaceli, en la parte oriental, o el de Osuna, en la occidental, o tantos otros acabaran derruidos, aunque no fuese en el fervor de una revolución liberal, que se dio por satisfecha con desvincular las posesiones nobiliarias a la par que derribaba y desamortizaba los bienes de la Iglesia.

Y en el espacio que dejaban palacios, conventos e instituciones benéficas, la otra mitad del caserío madrileño brillaba sobre todo por su cutrez y mezquindad, expuesta ahora, con tantos espacios abiertos por la piqueta, a todas las miradas, como más de un siglo después el derribo de la Casa de la Moneda permitió medir en toda su pequeña pretensión las celebradas construcciones del marqués de Salamanca. Han aprendido la arquitectura de los topos, explicaba un viajero del siglo XVII, y Doré y Duvillier, viajeros por Madrid pasada ya la segunda mitad del siglo XIX, no encontraron mejor testimonio que ése para describir lo que ellos mismos veían: casas construidas de tierra, de un solo piso, grandes, enormes, pero sin patios interiores y con escasas puertas cocheras, de modo que las carrozas debían parar en medio de las calles, que por lo demás no ofrecían mejor aspecto.

Clerical y nobiliaria hasta el límite de lo soportable —antigua causa de nuestra pobreza—, Madrid comenzó el siglo ahogado, sin aire, literalmente cubierto de basura y mugre, sobre las que se amontonarían los cascotes provocados por la destrucción de la guerra —motivo inmediato de la ruina—. Pues esa ciudad dominada por la nobleza y el clero carecía de los más elementales servicios de policía urbana y de recursos suficientes para erigir nuevos edificios en los caserones e iglesias destruidos. Las basuras de las viviendas se amontonaban durante toda la semana en los portales hasta que llegaban los carros a recogerla; las calles, sin pavimentar, producían grandes charcos en invierno y levantaban nubes de polvo en verano; la iluminación, aunque comenzada a instalar de forma sistemática en la segunda mitad del siglo anterior, muy deficiente; por supuesto, no había agua bastante para la higiene pública ni la privada.

No debe sorprender, por tanto, que la quiebra de la monarquía absoluta se acompañara en Madrid y en toda España de una mortífera epidemia de peste y que los exasperados madrileños, aunque ahorraran a la posteridad jornadas revolucionarias con el clásico rodar de cabezas nobiliarias —de las que, sin embargo, tenían un buen surtido a mano—, hayan escogido a curas y frailes como blanco de sus iras: en julio de 1834, mientras la peste se llevaba a la tumba a 4.000 infectados, comenzó a correr el rumor de que las fuentes públicas habían sido envenenadas por frailes y monjas, como correrá un siglo y dos años después, y con la calor de julio, el rumor de los caramelos envenenados por las damas catequistas. Toda la pasión exacerbada por el «cansancio de arrastrar durante diez años la cadena del sufrimiento», por el apoyo que el clero había mostrado al absolutismo, por la guerra civil que curas y obispos facciosos alentaban, se revela en esta matanza de religiosos que, como escribe Javier de Burgos, conmueve a la policía y consterna a «las clases acomodadas y naturalmente pacíficas del vecindario de la ciudad». A mediados de los años treinta, Madrid daba en sus calles la impresión de ciudad desesperada, impotente para encontrar un camino, a la deriva, sin plan y sin recursos, sucia, mortífera, mal alimentada, con masas de pobres, sin capacidad para construirse a sí misma como capital ni soportar sobre sus hombros al nuevo Estado que alumbraba, sitiado e indeciso, a la muerte de Fernando VII.

2. Capital digna de la Monarquía

La quiebra del absolutismo y las revueltas e insurrecciones populares que se sucedieron desde octubre de 1833 casi sin interrupción durante diez años no produjeron en Madrid un cambio radical de sociedad, aunque introdujeron al pueblo —por muy ambiguo y cambiante que fuera el concreto contenido social que tras este concepto se ocultaba en cada momento— como factor decisivo de las luchas políticas. Lo fue ya en el giro de la reina gobernadora hacia los liberales durante el mismo mes de octubre de 1833, obligada por los gritos de una multitud que clamaba ante palacio: «Señora, quite Vuestra Majestad a Bermúdez»; en el desarme de los voluntarios realistas, conseguido no sin derramamientos de sangre; en la amnistía que permitió el retorno del exilio de afrancesados y liberales; en la subida de Mendizábal al poder, cuando sustituyó a Toreno un mes después de una nueva insurrección de la milicia urbana; en el nuevo cambio de rumbo a consecuencia del motín de La Granja de 16 de agosto de 1836, cuando Borrow, que entraba por la Puerta del Sol al día siguiente, percibió que la multitud no estaba tranquila y engrosaba por momentos hasta que, contenida durante un día por el general Quesada, estallará la revolución... Hasta 1868, en efecto, esa mezcla de pequeños y medianos propietarios, artesanos, empleados, funcionarios, cesantes, trabajadores, jornaleros que constituirá durante un siglo el pueblo de Madrid no dejará de salir a la calle, muchas veces con las armas en la mano si disponía de ellas, para intervenir con su presencia física en las luchas políticas.

Los movimientos populares que acompañaron y siguieron a la muerte de Fernando VII, las luchas en torno a la sucesión de la Corona, y las medidas de política hacendística adoptadas por los liberales, si respetaron las propiedades nobiliarias, acarrearon sin embargo a la Iglesia un grave, casi definitivo quebranto en su poder sobre la ciudad, muy disminuido ya con la oleada de desamortizaciones eclesiásticas de la primera década del siglo, que afectó a más de ochocientas fincas. Pero ahora, en los años treinta, no es sólo la desamortización como operación hacendística sino la rebelión popular contra el dominio de la ciudad por curas y frailes, de la que habrán de sacar buen partido los comerciantes adinerados, la que introduce por vez primera un foso entre la Iglesia y el pueblo madrileño. Los conventos no fueron sólo saqueados por la multitud en la jornada del 17 de julio de 1834 —lo que en cualquier otro momento habría levantado un clamor general de apoyo a los mártires sacrificados— sino confiscados por el Estado; los frailes, exclaustrados; la maraña de órdenes religiosas, disuelta; sus bienes, declarados en venta. La Iglesia presenciará impotente cómo disminuyen las filas de sus sacerdotes y religiosos y cómo se volatiliza en el aire la inmensa riqueza inmobiliaria de que era titular en la capital: 540 fincas desamortizadas entre 1836 y 1844 se añadieron a las 170 que lo habían sido durante el trienio liberal. En total, desde 1800 hasta la desamortización de Madoz en los años cincuenta, la Iglesia habrá perdido en Madrid alrededor de 1.600 fincas.

La desamortización eclesiástica, a la que sería preciso sumar la de instituciones benéficas regidas por órdenes religiosas, puso a disposición de una ciudad, que hacia 1830 contaba con 8.000 casas distribuidas en 540 manzanas, una considerable masa de suelo urbano con la que se pudo haber procedido a una reordenación profunda de la ciudad, pues aparte de su extensión contaba, y mucho, su privilegiada ubicación. La cuestión radicaba en que ese suelo estuvo disponible en una época de fuertes convulsiones sociales y gran inestabilidad política y dos o tres décadas antes de que se formasen capitales suficientes para emprender obras de remodelación o de ensanche de grandes espacios. En 1837, según los datos de Rafael Mas, las tres cuartas partes de los propietarios madrileños, entre los que se encontraban quienes por vez primera habían accedido a esa envidiada posición por haber adquirido algún solar desamortizado, poseían una sola finca que se concebía como refugio de ahorros en época de mudanza más que como capital dispuesto a multiplicarse ante ilimitadas perspectivas de expansión. La inmensa mayoría de los compradores de fincas desamortizadas pretendía ante todo poner su dinero a buen recaudo, garantizar por medio del alquiler de la casa una vez edificada la percepción de rentas seguras hasta el fin de sus días y transmitir un saneado patrimonio a sus herederos. Y esta actitud no definía sólo al pequeño propietario, al casero que se acercaba cada domingo por su propiedad con objeto de recaudar los alquileres, sino, por ejemplo, al «tan nombrado Maragato» Santiago Alonso Cordero, que pagó hasta 17 millones de reales por el magnífico solar que a la entrada de Mayor había dejado el demolido convento de San Felipe el Real para edificar allí en los años cuarenta —según cuenta Madoz— «un suntuoso edificio con la crecida fortuna que había adquirido, aumentando así la riqueza pública, contribuyendo al ornato de la población y fijando su suerte y el porvenir de su familia en una finca urbana de esta naturaleza, de esta importancia». No es posible decir con menos palabras que fijar la suerte del propietario y asegurar el futuro de la familia equivalía a contribuir al ornato de la ciudad y que la mejor manera de realizar tal contribución consistía en edificar una casa de alquiler.

Afirmó así, basada en la pequeña y mediana propiedad inmobiliaria, su presencia en Madrid una clase media que había comprado suelo con ahorros procedentes del comercio o de la pequeña industria y que percibía por su nueva condición de propietaria una renta de apenas 10.000 reales al año. Tal clase media bloqueó con su mismo predominio cualquier posibilidad de pensar de otro modo el espacio urbano y proceder al planeamiento de la ciudad agresivamente burguesa del XIX, con sus grandes avenidas avanzando sobre los escombros de la vieja trama derruida, sus plazas en estrella, sus largas calles perfectamente alineadas y sus orgullosos y sólidos edificios de piedra. Si en París, que la monarquía absoluta había modelado como gran escaparate de su poder y magnificencia, la antigua Corte dejó paso a la ciudad de la burguesía por excelencia, en Madrid, donde la monarquía había vivido secularmente de espaldas a la ciudad, la nobleza y el clero fueron sustituidos no por burgueses opulentos y ansiosos de grandes perspectivas, sino por pequeños rentistas, por caseros. Madrid, a partir de los años cuarenta del siglo XIX, se convirtió en una ciudad de caseros, fuente inagotable de cuadros costumbristas.

De ahí, tal vez, la permanente insatisfacción que caracteriza a toda la literatura madrileñista por el persistente y al parecer inevitable estado de cochambre y miseria de la ciudad. Los paseos y las obras de embellecimiento y saneamiento, emprendidas en la segunda mitad del siglo XVIII, se habían paralizado por efecto de la guerra y después de que José I hubiera procedido a derribos considerables, pero no comprendidos por el vecindario madrileño, que mostró su hostilidad hacia un rey que derruía todo el entorno del Palacio Real y las parroquias de Santiago y San Juan, San Miguel y San Martín, los templos de Atocha y San Jerónimo, o los conventos de Santa Ana y Santa Catalina para abrir calles y plazas y ensanchar la trama de la villa. El deterioro de las reformas ilustradas más los escombros acumulados por los derribos de Bonaparte y los destrozos de la guerra conformaron un cuadro de abandono y desolación del que la ciudad parecía incapaz de salir.

En efecto, la quiebra financiera del Estado y la penuria de los presupuestos municipales no permitieron continuar las obras emprendidas por José I ni consolidar las limitadas aunque notables mejoras introducidas durante el periodo ilustrado. La apertura del gran eje representativo proyectado por Silvestre Pérez desde el Palacio Real a San Francisco el Grande, salvando con un viaducto la hondonada de la calle de Segovia para unir así simbólicamente a la Corona con la representación de la soberanía nacional, hubo de esperar largos años y finalmente abandonarse, mientras acababan por secarse y echarse a perder los paseos que regularizaban el trazado meridional de la cerca y que desde las puertas de Atocha y de Toledo bajaban en sendos tridentes —única huella barroca sobre el plano de la ciudad— hacia las riberas del Manzanares, donde las lavanderas colgaban la ropa al sol. Por el este, el Buen Retiro, pisoteado sin cuento durante la guerra, era pura ruina y el campo de la Lealtad se ofrecía «desigual e intransitable, convertido en muladar, sitio, en fin, de donde era preciso huir». Por más que se esfuerce, trabajo le cuesta a Mesonero enumerar las obras por las que debía ser recordado el reinado de Fernando, a quien en sus escritos de juventud atribuía zalamero nada menos que el comienzo de una nueva era de prosperidad: la Puerta de Toledo, las alcantarillas, la restauración del Museo del Prado, que fue su obra más importante. Poca cosa, en verdad, en veinte años y para una ciudad que le recibió con festejos aunque rodeada de ruinas y penetrada de suciedad y cochambre.

Con esa pesada carga a la espalda, la disponibilidad del suelo desamortizado en manos de una multitud de propietarios con muy limitados recursos no se tradujo en dinamismo reformador. Más bien al contrario: la asignación de los ahorros a la compra del solar en el que se edificaría una casa para la obtención de rentas individuales liquidó cualquier posibilidad de pensar la ciudad como una totalidad que excediera el límite de su antigua cerca. La atención de los posibles compradores se dirigió al centro mismo de la villa, puesto que era allí donde la Iglesia y las órdenes religiosas tenían mayores posesiones: Alcalá, Carretas, Puerta del Sol, Victoria, Carrera de San Jerónimo, Noviciado, San Bernardo, Preciados... Los compradores miraron al centro y los más osados, o los más pudientes, extendieron su mirada, todo lo más, al paseo de Recoletos, pero ninguno de ellos para proceder a una remodelación global del interior ni a una apertura y expansión de sus límites sino para hacerse con una finca en la que construir su propio palacio o edificar una casa que, alquilada, le asegurase una renta vitalicia.

A los compradores más pudientes, lo que les interesaba era construir su propio palacio como vivienda particular en los mismos terrenos ocupados por los conventos o por las viejas mansiones de la aristocracia titulada. Pero a la mayoría de compradores no les importaba tanto la prestancia del edificio como el máximo aprovechamiento del terreno liberado, no dejar hueco alguno y construir en altura con objeto de ampliar la oferta y alquilar los cuartos a los diversos estamentos sociales. Cada casero pretendía alquilar su casa a una variada muestra del pueblo de Madrid: en los sótanos, al artesano; en los bajos, al tendero o comerciante; los principales, para las familias pudientes; los segundos y terceros, para empleados y oficinistas y, todavía más arriba, en sotabancos y buhardillas, aún quedaba sitio a los jornaleros y honrados trabajadores. La casa de alquiler, de cuatro y cinco alturas, que había aparecido en París antes de la Revolución y que desde la monarquía de Julio se había extendido rápidamente en las nuevas y amplias avenidas, aparecía ahora en Madrid, si bien las calles conservaban su angostura y los materiales de construcción no pasaban en la mayoría de los casos del ladrillo y el yeso, de carcanyoli, de material de no res, que dirá muchos años después Josep Pla cuando contemple, desdeñoso, las fachadas de las casas de Madrid y las compare con las de Barcelona.

Y así Madrid, tal como ya lo percibía Larra y confirmaría Madoz, no aprovechó la desamortización para crecer a lo ancho sino a lo alto: las casas a la malicia, ideadas para evitar la regalía de aposento, los palacios de dos plantas y los conventos de una, que imponían límites de altura al caserío colindante para no estorbar con curiosa mirada la recoleta paz de frailes y monjas, eran sustituidos por casas de cuatro o cinco alturas sin que el perímetro de la ciudad se ensanchase: eran 200.000 madrileños cercados por un muro de tierra de apenas legua y media a la redonda —como los veía Borrow—. La sensación de agobio y de abigarramiento, de confusión de clases, no disminuía un ápice con las nuevas edificaciones, por más que en algunos casos la totalidad o parte de la propiedad desamortizada se aprovechara para romper, ensanchar y alinear algunas calles y abrir alguna placita aquí y allí —de las Cortes, del Carmen, de los Mostenses, de Santa Ana— para uso público aprovechando los solares que quedaron libres tras los derribos de conventos y el traslado de cementerios ordenados por José I

Pero si la ciudad no mejoraba, la sociedad —como observará Fernández de Córdova— conocerá, avanzados los años cuarenta y hasta que vuelvan a estallar grandes perturbaciones, una época de verdadero renacimiento. Una nueva generación aristocrática de muchachas jóvenes y bonitas ansiaba presentarse en los salones, donde les esperaban los pollos de su misma edad. La reina no les decepcionó: diéronse en Palacio bailes muy frecuentes a los que acudía toda la sociedad de Madrid que, por su parte, no podía permanecer indiferente a la iniciativa regia. Abrieron también otra vez los nobles sus salones para recibir y dar bailes a concurrencias de hasta 400 personas. Concluidas las guerras y la revolución, la sociedad encopetada —escribirá Azaña sobre estos años— se divertía locamente: en el invierno del 49 al 50 se dieron en las casas de la nobleza 250 grandes bailes, sin contar los de Palacio.

Pues fue, en efecto, durante los años cuarenta, cuando a la par que se reanudaba la vida de sociedad, se extendió por Madrid aquella epidemia «que llaman pasión de riquezas, fiebre de lujo y de comodidades» que afectaba, sobre todo, a la nueva grandeza del comercio y el préstamo. Comenzó entonces «el enganche de la aristocracia antigua y el comercio moderno», que Galdós percibía en la genealogía de las familias Santa Cruz y Arnaiz. En ese enganche es donde tendrá su más firme apoyo la coalición moderada que se hace con el poder desde 1843 y que llena sus filas —como había pedido años antes el marqués de Miraflores— «de los ricos propietarios, de todo el comercio, de gran número de individuos ilustrados, del clero, del ejército en su mayoría y, en fin, de todo hombre que vale algo en el orden social» y notablemente, entre ellos, los omnipresentes abogados que recorren toda la escala social, desde sus orígenes pequeño-hidalgo o burgués de provincias a la cúpula del poder político en Madrid, en la que les comienzan a acompañar los periodistas; un partido político, el moderado, «de poco pueblo y mucho adalid», que escribirá Valera, de vieja nobleza y nuevos ricos, que remedaban a los nobles, se preocupaban del buen tono e introducían del extranjero, además de alfombras, tapicerías y sillones de muelles, utensilios que no sabían usar, lo que daba a Madrid una extraña mezcla de primitivismo y dureza, de corrupción social y refinada elegancia que Azaña juzgó característica fundamental de la década moderada.

En este marco social moderado, la permanente insatisfacción por el abandono y la miseria de la ciudad se traduce en el propósito de convertir a Madrid en «modelo a las demás poblaciones» para que sirva a un tiempo de «estímulo y gloria de nuestra patria». Es Mesonero, no por casualidad escritor social y políticamente conservador, con algunos ahorros que le permitieron sacar también a él alguna tajada de la desamortización eclesiástica, quien personifica mejor que ningún otro ese afán por elaborar una idea de Madrid, un «pensamiento uniforme» que presidiera su ansiado desarrollo. Y serán precisamente Mesonero y otros pequeños burgueses de la época isabelina los que formulen, tras algunas vacilaciones, la primera idea de un Madrid que quiere emanciparse de su vieja condición de Corte clerical y nobiliaria y transformarse en digna capital de la monarquía.

Tal idea de Madrid como capital digna se resume en las dos grandes direcciones propuestas al crecimiento de la ciudad: «rompimientos y ensanches», por decirlo con los dos conceptos de Mesonero; o «mejorar en diafanidad, ornato y condiciones higiénicas, y al par de ello ampliarse», como escribe el arquitecto Lorenzo Arrazola en su propuesta de dotar a la capital con una catedral a la altura de los tiempos y de su condición. Rompimientos para ampliar sus calles, desahogar su espacio interior y elevar las alturas de su caserío y ensanche para ampliar su territorio, ordenar su trazado futuro, prever su crecimiento son los dos pivotes sobre los que habría de crecer un Madrid que seguiría girando en torno a su centro histórico, la Puerta del Sol y las vías de penetración que allí confluían procedentes de todos los puntos cardinales.

La doble propuesta tendrá, al fin, un doble momento para su puesta en práctica, pues el propio Mesonero, inquieto por los negativos efectos fiscales e higiénicos de un precipitado ensanche que implicara la supresión de barreras aduaneras y el asentamiento de población en suelo falto de agua, optó en 1848 por desaconsejar la ampliación del perímetro y dirigir el esfuerzo a «agotar antes todos los recursos que brinda el espacio» disponible en el recinto cercado. Tomando, como también hará Madoz, posición contra el Real Decreto de 6 de diciembre de 1846 que afirmaba «llegada la ocasión de ensanchar los actuales límites de Madrid, harto reducidos ya para la población que por esta causa se ha aglomerado en casas de altura desmedida», Mesonero expresa sus dudas sobre la conveniencia de ampliar el perímetro y defiende en su lugar la regularización y aprovechamiento del interior, idea que finalmente adoptará el propio Ayuntamiento

Regularizar y aprovechar el espacio disponible en el interior: tales son los dos objetivos del urbanismo madrileño de la primera época isabelina. Regularizar quería decir, ante todo, numerar las calles de manera más racional, alinear las fachadas de las casas, proceder a rompimientos de calles de manera que se asegurase una comunicación fluida y se evitaran los callejones sin salida, empedrar o adoquinar las calzadas y elevar y enlosar las aceras, extender la instalación del gas para el alumbrado, suprimir la acumulación de basuras en los portales estableciendo un sistema más rápido y eficaz de recogida, adecuar las alturas de las nuevas edificaciones a las diversas anchuras de las calles, mejorar los servicios de policía urbana. Aprovechar el espacio no implicaba únicamente colmatar los solares vacíos intramuros formando arrabales que agruparan «a la parte más infeliz del vecindario», obligada a instalarse en condiciones infrahumanas más allá de la cerca, sino proceder a la construcción de todas las instalaciones exigidas por una ciudad moderna y de las que Madrid carecía: mercados cerrados y bien construidos en las plazuelas abiertas con el derribo de conventos; uno o dos mataderos para el ganado de asta y de cerda; nuevos edificios de beneficencia y reclusión: una cárcel que reemplazara a la ruinosa de Corte; inclusa para niños y niñas abandonados, tan numerosos en el Madrid isabelino; hospicios y asilos para pobres, ciegos e impedidos; un hospital general que refundiera y unificara los existentes y algunos nuevos para hombres incurables y locos; una casa de maternidad; un archivo de la Villa y una catedral digna de la Corte; casas de lavado y baños para pobres, cuarteles, campo de ejercicios, habitaciones para obreros y otras construcciones. Todo, en fin, lo que constituía el ideal ilustrado de la ciudad bien ordenada. Y lo que no era menos importante: dotar a las nuevas clases medias de lugares para el esparcimiento y el ocio, de nuevos paseos convenientemente arbolados, de jardines públicos, teatros, cafés y gabinetes de lectura, de liceos, ateneos y sociedades artísticas y recreativas.

El apelmazado y miserable caserío del viejo Madrid debería, en resumen, dar paso a una ciudad más ancha, más alta, más aireada y dotada de una «multitud de edificios públicos, de que hoy carece». No hay aquí, desde luego, la ambición de remodelar por completo la vieja ciudad que reina ya en París ni la necesidad de pensar un Gran Madrid, una metrópoli, como ya se dice de Londres. Madrid no está sometida durante esas décadas a la tremenda presión demográfica que hace estallar a Londres, ni sus planificadores sueñan con la posibilidad de actuar en grandes espacios vacíos y abiertos. Sus intenciones son mucho más modestas: ni de gran capital especulador, como en Londres, ni de grandes perspectivas burguesas, como en París, en Madrid mandan los caseros, y los caseros, cuando son ilustrados como Mesonero, se satisfacen con levantar su propia casa, con el orden y la limpieza de la calle, con el café, el paseo y el teatro para los ratos de ocio y asueto, con la vivienda para el obrero, el asilo para el pobre, el hospital para el enfermo, la cárcel para el delincuente y, si es posible, algunos edificios públicos que permitan, al salir a la calle, henchir de orgullo el pecho por gozar del privilegio de vivir en semejante capital.

¿Qué fue de todos estos planes, de todas esas propuestas de ordenar Madrid evitando cuidadosamente que se desparramase por su exterior, manteniéndolo resguardado, rodeado de sus «tapias desiguales en su altura y en el material de que se hallan formadas»? Pues, ciertamente, la llamada de atención que sonó con la peste de 1834, las repetidas muestras de violencia y protestas de su pueblo, el fin de la guerra civil, la llegada de los progresistas con Espartero al poder y, por último, el asentamiento de los moderados como nueva clase política dirigente en un momento de euforia económica produjeron los primeros movimientos para arrancar a la ciudad de su pasado y tímidos pasos para convertirla en capital digna de la monarquía.

Primeros y tímidos pasos. Si la «nueva grandeza» y los burgueses de comercio, tienda y taller eran, por su proclividad nobiliaria, los primeros, y por la escasez de sus recursos, los segundos, incapaces de operaciones inmobiliarias de envergadura, la nueva clase política tampoco parecía animada a convertir Madrid en poderosa capital símbolo de un nuevo Estado liberal. Por supuesto, algo se interviene en el viejo casco y algo se construye con el objetivo de resaltar el papel de Madrid como capital de la monarquía. De lo primero, tras algún concurso y un encargo que no pasaron a los hechos, el Ministerio de Fomento decidió por fin ampliar la Puerta del Sol y unificar su fachada con nuevos edificios comerciales y de vivienda de seis plantas que Jürgens juzgó «sencillos y distinguidos» y que comenzaron a levantarse desde 1857; unos años antes, y un poco más al este, habían terminado las obras de urbanización del entorno del Palacio Real, que se remataron con el cierre de la Plaza de Oriente y la construcción del Teatro Real, «ese monumento elevado sólo para los goces materiales», según lamentaba algo apocalíptico Donoso, en eterna construcción desde que en 1817 fuera derribado el de los Caños del Peral y que al fin abrirá sus puertas en 1850 para que pudiera verse y ser vista la nueva riqueza y para que los burgueses pudieran mostrar el esplendor de sus hijas casaderas. Un Congreso que reciba, también desde ese mismo año, más dignamente a los representantes de la nación y que no ocupará por fin la iglesia de San Francisco el Grande sino que se levantará muy convenientemente en el solar de lo que fuera convento del Espíritu Santo, y un edificio para Biblioteca y Museos Nacionales, que se comienza a construir en 1866, en terrenos del ensanche antes ocupados por la Escuela de Veterinaria, para inaugurarse, tras interrupciones y demoras sin cuento, casi treinta años después, con ocasión del centenario del descubrimiento, son las iniciativas más ambiciosas del reinado.

Pero lo que Madrid no presenciará en los años cuarenta y cincuenta será la transformación radical de la escala de los proyectos urbanísticos que caracterizó en otras capitales europeas la irrupción del capitalismo en la ciudad, ni la masiva construcción de edificios en los que brille el Estado de la nación. Para lo primero, habría sido preciso derruir amplias zonas de la vieja ciudad o proyectar y urbanizar una ciudad nueva extramuros de la antigua. Y no se puede decir que no hubiera derribos, ciertamente, pero, por la misma dimensión del mercado y por el tipo de agentes que intervenían en él, no lo fueron con vistas a grandes operaciones sino con el más limitado objeto de abrir una pequeña plaza en el lugar antes ocupado por un convento o construir una nueva casa arreglando, todo lo más, la alineación con el resto de las edificaciones. Ni el Ayuntamiento disponía de recursos para proceder a desmontes y nivelaciones de grandes espacios ni existía ningún agente inmobiliario con elevadas sumas de capital a su disposición para enfrentarse a amplias extensiones vacías con objeto de abrir en ellas calles y plazas monumentales y construir sólidos edificios con fachadas de piedra y alturas regularizadas.

Y por lo que respecta a la decisión de salir fuera de los muros para levantar una nueva ciudad, el carácter de los compradores de suelo y la misma dimensión del mercado impidieron durante varios años plantear seriamente la cuestión. Pues los más ricos compradores, los que se hacían con tres, cuatro y hasta cinco o seis solares, lo último que deseaban era alejarse de la vieja ciudad. El fulgurante ascenso social de esa clase de comerciantes que se enriquecía a ojos vistas encontraba en el dominio de la vieja ciudad su más clara y evidente demostración, que remataba con la adquisición de una finca de recreo en los Carabancheles —siguiendo también en esto la pauta de la misma reina y de algunos personajes de la nobleza, como los condes de Montijo—, o en Chamartín y La Alameda. Pero esa clase que Fernández de los Ríos llamará después, con afortunado concepto, aristocracia financiera, no correrá a construir su residencia habitual extramuros de la villa, ni pugnará por hacerse rápidamente con el suelo por el que de todas formas, antes o después, habría de crecer Madrid, sino que edificará sus nuevos palacios en los mismos solares antes ocupados por la vieja nobleza o por el clero. A tal origen atribuye Fernández de los Ríos las casas de opulentos capitalistas, comerciantes, banqueros, ricos propietarios y nobles de antiguo y nuevo cuño, como Manzanedo, Mariátegui, Matheu, Rivas, el duque de Sotomayor, Mesonero, Canga Argüelles, el marqués de Riera, Casariego, Ceriola, el marqués de Salamanca. Retortillo, Gaviria, Vistahermosa, Calderón, Dóriga, Indo, Murga, Finat, Anglada, todos construyen en el centro, en el mismo espacio que había visto cerrar y derruir las mansiones de la antigua nobleza madrileña, los Bornos, Nájera, Borja, Madrid, Muriel, Luzón, Cisneros, Lujanes, Infantado, Vargas, Híjar; o, según el ejemplo de personajes enriquecidos por las armas y la política, compran y alhajan suntuosamente mansiones antes propiedad de la nobleza, como será el caso de Narváez con el palacio del duque de Montemar. Tenían en no pocos casos la forma «de un pequeño palacio, sencilla, magestuosa», como escribe Madoz de la casa que Manuel Matheu se hizo construir en Espoz y Mina. Profusión de variados mármoles para la escalera que conducía al principal y construcción esmerada. La nueva grandeza del dinero adoptó así, reformándolos en busca de una más brillante apariencia externa, los usos de la antigua aristocracia de la sangre: los viejos palacios de la nobleza, de fábrica sombría, con un piso bajo de grandes ventanas enrejadas, otro piso alto, y nada más, aunque suntuosos por dentro y adornados de tapices y cuadros de gran valor, fueron sustituidos por estos nuevos palacios burgueses que se levantaban ya por los años cuarenta y que trasladaron desde ese momento y durante las décadas siguientes la suntuosidad al exterior.

Hasta Barbarita Santa Cruz, que no pertenecía a la aristocracia financiera ni estableció más que una tenue relación con la política, y que tan magistralmente inventó Pérez Galdós, prefiere, ya pasada la mitad de siglo, un amplio y espacioso piso en Pontejos a un hotelito en Recoletos o en el Prado. Barbarita quería salir a la calle y oír todos los ruidos que le hacían sentir en la ciudad y que le llegaban de otro tiempo: el de los cántaros de los aguadores en la cercana fuente, el de las diligencias y postas por la calle Mayor, el de los arrieros subiendo pesadamente sus cargas y hasta el de los gañanes conduciendo sus rebaños a pastar en alguno de los solares todavía no acondicionados para plaza pública. Y si esto ocurría con Barbarita, de quien no puede decirse precisamente que le gustara aparentar y presumir, ya puede imaginarse cuán firme habría de ser la decisión de los nuevos contratistas de levantar su «suntuosa casa de moderna construcción» en el mismo centro de la villa, hacerse ver delante de ella en brillante cabriolé y salir luego al Prado en magnífico landó a dar en ojos —como lo expresa Mesonero— a la rancia nobleza.

Si la iniciativa privada era incapaz de proyectar otra ciudad en la vieja o de ver una nueva en las afueras, la clase política no sentía apremio alguno en realzar el papel de la capital transformando radicalmente su morfología. Faltaba una clara opción por la nación, y sobraba tanta consideración hacia la monarquía, para impulsar una idea de capital como símbolo de la soberanía nacional con sus panteones, monumentos conmemorativos, avenidas de héroes ilustres, grandes edificios representativos del Estado. Ni en Madrid había grandes espacios para levantar majestuosos o imponentes ministerios, ni era fácil construir en piedra, ni se disponía de recursos para abrir amplias y bien alineadas avenidas, ni los políticos buscaban la legitimación que procede de los símbolos representativos de la nación sino el favor de la reina. Aunque no faltase la actividad, especialmente a partir de 1840, todo se hará a escala menor, desprovista de monumentalidad y grandeza. Se quiere, todo lo más, una capital mejor ordenada y algo más digna de la monarquía. Mejor ordenada, y no nueva; de la monarquía, y no todavía de la nación.

Las cosas, sin embargo, se mueven, y tan falso como presentar una ciudad dinámica, pletórica de actividad y penetrada por la idea del progreso, burguesa, capitalista, sería presentar una villa estancada, incapaz de salir de su postración, en la que todavía dominara sin sombra la vieja nobleza. Ante todo, Madrid comienza a estar mejor relacionado con su región y con la Península gracias al proyecto unificador de la nueva clase política moderada y al correlativo impulso que a partir de 1840 recibe la construcción de carreteras, esto es, gracias a su incipiente función de capital política del Estado liberal y a una situación geográfica que hasta el momento había sido percibida como causa de su relativo aislamiento, de su irrelevancia y pequeñez, pero que a partir de ahora la convierte cada vez más en centro de comunicaciones y, por tanto, de mercado. Desde 1834, la inauguración de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos proporcionó el personal técnico adecuado para ejecutar nuevas obras públicas de mayor envergadura. La primera, sin duda, es la que afectará al transporte rodado de superficie: las compañías de diligencias se multiplican, la calle de Alcalá y la plaza Mayor son hervideros a los que llegan y de los que salen continuamente carros y carruajes. El tráfico crece de forma notoria y las distancias a los puntos de la periferia se acortan, como ha señalado Santos Madrazo, hasta la mitad en términos de tiempo y en el plazo de sólo cincuenta años. Madrid, que había desempeñado con evidentes dificultades y carencias su función como centro de relaciones mercantiles con la periferia y como centro político del imperio durante el Antiguo Régimen, comienza ahora a jugar, gracias a las mejoras y extensión de la red radial de carreteras, un papel unificador del mercado nacional, que sólo se consumará, sin embargo, con la construcción de la red ferroviaria.

Y como siempre, el menor indicio de dinamismo económico atrae a Madrid a nuevas oleadas de emigrantes. Si a mediados de los años cuarenta sus habitantes rondaban la cifra de 230.000, pasada la mitad de la década siguiente, en 1857, serán ya 281.000. El ritmo de crecimiento ha sido en ese periodo de unas 5.000 personas/año que hay que atribuir íntegramente a la inmigración, pues en Madrid, como por el momento en todas las grandes capitales, mueren cada año más habitantes de los que nacen, lo que impide garantizar no ya el crecimiento vegetativo, ni siquiera el mantenimiento de sus niveles de población. Todo el crecimiento de Madrid, que es muy vivo desde, por lo menos, 1835, hay que atribuirlo pues a su perversa capacidad de atracción sobre un arco cada vez más amplio de territorio.

Las nuevas corrientes de inmigración a la capital continuaron y reforzaron la pauta de atracción ya habitual en el Antiguo Régimen. Quienes reproducen las filas de las elites comerciales, del dinero o del poder son vástagos de familias comerciantes de Santander, País Vasco, Navarra y La Rioja o hijos de familias terratenientes del sur. Los primeros continúan la vieja tradición de trenzar redes en Madrid con objeto de abastecer el mercado de la capital y extender sus operaciones a la periferia de la Península. Forman, como en el Antiguo Régimen, la porción más numerosa y más sólida de los rangos de esa burguesía comercial que pasará del comercio a los bonos del Estado y a la propiedad de suelo urbano o agrícola. El ejemplo que mejor los personifica es el de Francisco de las Rivas, un comerciante textil al por menor que llegó de Santander y que acabará en los años setenta como propietario de vastas extensiones en Valdepeñas. Angel Bahamonde, que ha seguido los distintos avatares de su fortuna, traza también la trayectoria de otros conocidos comerciantes que terminan de grandes financieros: Fernández Casariego, Manzanedo, Finat, Alvarez, Anduaga, Murga, todos reproducen la misma pauta de enriquecimiento: del comercio, por el préstamo, a la propiedad inmueble, urbana o agraria.

Si llegaban de Andalucía y Extremadura, existía mayor posibilidad de que se dedicaran a las letras y a la política que al comercio. Es significativa la presencia de andaluces y extremeños a la cabeza del gobierno, como ministros o altos cargos de la administración: nada menos que un 40 por ciento de los ministros de la época isabelina fue de este origen. Han estudiado leyes y han probado las letras para abrirse rápidamente paso en la política, que extrae sus elites no precisamente del comercio o de la industria sino de las profesiones liberales, especialmente de los abogados, y de periodistas, literatos e intelectuales: la poesía —escribe Galdós— es el germen de la sabiduría política, afirmación que verdaderamente podría causar asombro, si por fortuna tropezara con ella, a un Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, pero a la que asentiría sin mayor esfuerzo un duque de Rivas; pero la prensa no le andaba a la zaga: alguno, y no de la menor importancia, como Luis José Sartorius, sevillano de humilde origen convertido en flamante conde de San Luis, saltó en un periquete del periodismo al Ministerio de la Gobernación y a la cabeza del gobierno.

Nada de extraño que a la capacidad de Madrid para constituirse en foco de inmigración corresponda un mayor ritmo de intervenciones en la ciudad respecto al primer tercio de siglo. Mejora, ante todo, el aspecto de las calles con la adopción, a partir de 1845, de los adoquines de granito que se acarrean desde Torrelodones y Galapagar. Poco después, hacia 1850, el arroyo central de las calzadas se sustituye por los dos laterales. La red de alcantarillas se extiende hasta alcanzar en 1857 a cerca de la mitad de las calles, y la basura, después de los efectos mortíferos de la epidemia de 1834, no se acumula en los portales sino que se saca a la calle de donde es retirada cada mañana por el carro que anuncia su presencia al tintineo de la campanilla. Y con la basura, retrocede también la oscuridad con el alumbrado de reverbero de gas del que se llegan a instalar hasta 2.000 luces en 1848.

Como corresponde a una incipiente ciudad liberal, el ideal de orden y limpieza no se refiere sólo a las calles sino que atañe también a las personas. Madrid arrastraba tradicionalmente la visión en sus calles de niños abandonados, impedidos y mendigos implorando la caridad, enfermos y locos. Era, por lo demás, el mismo espectáculo que ofrecía toda ciudad de Antiguo Régimen, agravado en Madrid por ser a la vez foco de atracción de emigrantes y ciudad carente de industria en la que emplearlos. La nueva clase que con la revolución liberal accede al poder municipal no se contenta, como la antigua nobleza y el clero, con tener cerca a los pobres para mostrar en ellos, socorriéndolos, la sabiduría del orden natural; los quiere, si es posible, lejos y, desde luego, recluidos. Lejos: ya desde principios de los años treinta las ordenanzas impondrán el despido y retorno a sus puntos de origen de los vagabundos que no lleven en la ciudad un determinado periodo de tiempo; recluidos: en la inclusa que se construye en 1846 si son niños —alrededor de 5.000 hay cada año en la inclusa, de los que mueren hasta 1.000— o en el hospicio, construido en 1848, si son mayores. Para los enfermos que no puedan valerse por sus medios, el Hospital General, que desde 1832 reúne al de hombres y al de mujeres. Y para los delincuentes, una nueva cárcel que muestre el ideal humanitario del nuevo orden social y que sustituya a la vieja cárcel de la villa. No se dieron las autoridades, sin embargo, en este punto, excesivas prisas: abiertas de forma provisional en 1831, las instalaciones del antiguo matadero situadas en las cercanías de Santa Bárbara serán «patrón de ignominia» que la ciudad arrastre hasta que avanzada la década de 1880 se inaugure la cárcel modelo. El hacinamiento, la promiscuidad, los intercambios con el exterior y entre los detenidos que caracterizaban junto con las malas condiciones higiénicas al Saladero son como una parábola de este Madrid isabelino, que pretende alcanzar el rango de capital digna de la monarquía pero tarda cincuenta años en dotarse de una cárcel digna de la capital.

La nueva clase que los costumbristas, novelistas y pensadores del XIX llaman media —situada, esto es, entre la aristocracia y el pueblo— y que comienza a dar el tono dominante a la ciudad pretende también entrar en los espacios antes reservados a la nobleza titulada, y acotar frente al pueblo lugares propios de sociabilidad y convivencia, lo que tendrá alguna repercusión sobre la morfología de la propia ciudad. Por una parte, la clase situada en medio aspira a romper las barreras que la alejaban de la alta sociedad: el Prado dejará de ser un lugar reservado. Es en los años cuarenta cuando se proyectan y abren esos espacios burgueses por excelencia que son los jardines y paseos, que además de servir de asueto y esparcimiento, cumplían la no desdeñable función de permitir a la buena sociedad encontrarse y al «bello sexo hacer admirar sus galas», a la vez que purificaban y refrescaban la atmósfera, neutralizando las miasmas perjudiciales a la salud.

Compendio del nuevo ideal burgués de la vida ordenada, el paseo-jardín cumplía una evidente función social e higiénica, que se completaba con la previsión de proporcionar sus propios paseos a las clases populares, de manera que se mantuviera el buen orden de las cosas. Todavía Fernández de Córdova echaba de menos los tiempos en que el Prado estaba reservado, como la naturaleza imponía, a su propia clase. Ahora ya no se trata de fronteras rígidas sino de convenciones sociales. Es cierto que en el Prado «se reúnen gentes de todas especies y gustos» pero a determinadas horas, y en el Salón, lo que domina es «la juventud elegante», la concurrencia más brillante, las gracias más seductoras, los adornos de más lujo y una multitud de coches y caballos que el pueblo contempla admirado. Las clases populares disponían, para ellas solas, de sus propios paseos, situados en ocasiones cerca de las ermitas, como el de la Virgen del Puerto, notable por reunirse en sus cercanías los días festivos una inmensa concurrencia, en que predominaban gallegos y asturianos, a solazarse de sus pesados quehaceres habituales. Aquí no había caballos ni carruajes, pero no faltaban los columpios.

La nueva clase media pretenderá no sólo codearse con la aristocracia en los paseos sino delimitar los espacios residenciales de manera que cada cual acabe por ubicarse en su sitio. Madrid había sido, hasta mediado el siglo XIX, una ciudad socialmente confusa, sin nítidas fronteras de clase, abigarrada y bullanguera, como la perciben todos los visitantes: la Puerta del Sol —escribe Borrow en el 36, pero lo mismo podía escribir Andersen en el 62— reunía todos los días, «a eso del mediodía, a un gran gentío, pacífico e inmóvil de ordinario, compuesto de desocupados que fuman tranquilamente, o escuchan o comentan las noticias». Todo el mundo va a Sol de la misma manera que todo el mundo pasea por el Prado. Había, desde luego, lugares reservados: en lo privado, los salones garantizaban la vida de sociedad; en lo semipúblico, los casinos y clubes se reservaban el derecho de admitir nuevos socios; en lo público, el café, con una decoración que recuerda a Gautier la de las barracas de feria y todavía lugar de reunión de románticos, revolucionarios, periodistas y cesantes a la busca de empleo, se diferencia ya claramente de la taberna que frecuentan parroquianos con «caras de bandidos». Pero por lo que respecta a las calles y las viviendas, en un limitado espacio, el burgués enriquecido podía tropezarse con el populacho. No bastaba, pues, con las reformas interiores ni con el acotamiento de lugares exclusivos de sociabilidad; era preciso proyectar una nueva ciudad, disponer de más espacio en el que fuera posible disponer jerárquicamente a las tres grandes clases de la población. Había que ensanchar la ciudad.

3. Un ensanche para la ciudad

Y así, mientras en el interior se introducían las limitadas reformas —algunas de ellas en marcha desde que el marqués viudo de Pontejos se puso al frente de la corporación municipal en 1834— que satisfacían a los rentistas como Mesonero, a quien no molestaba en nada tropezarse cada mañana con los tipos que servían de materia prima para su trabajo literario, no faltaron voces que clamaban por el ensanche de la ciudad hacia el exterior de su cerca como una exigencia de su elevación a capital digna de la monarquía. En ese tiempo, observaba Lorenzo Arrazola, Madrid, como si cediera a una irresistible fuerza centrífuga, se seguía echando fuera de sí; con plan o sin él, Madrid crecía más allá de la cerca. La idea de ensanchar Madrid y la conveniencia de hacerlo para resolver el cada vez más acuciante problema de la carestía de alquileres, remediar el ahogo de su población, amontonada en un mezquino y mal accidentado recinto, se reforzaba por el hecho, bien visible, de que de todas formas Madrid se desparramaba por su exterior, por Chamberí, Yeserías, Puente de Vallecas, Peñuelas, Puente de Toledo, arrabales crecidos de forma espontánea y desordenada. No había ya más remedio que proceder a ampliar sus límites con objeto de regularizar y ordenar no ya su recinto interior sino su territorio extramuros.

La escasa fuerza de la ciudad, excepto para crecer hacia arriba, y los estrechos horizontes de su clase dirigente son evidentes en la eternidad que esta conciencia de la ventaja del ensanche necesitó para dar algún fruto palpable. La conciencia venía de lejos, de Jovellanos, a quien era ya entonces habitual citar como el primero en percibir las ventajas que, sobre el precio de los alquileres de la ciudad, se obtendrían del desplazamiento de la cerca y de la incorporación al municipio del cordón de tierras que se extendía desde la puerta de los Pozos a la de Recoletos. Pero que esa conciencia pasara a un plan urbanístico llevó su tiempo: no fue hasta los años cuarenta cuando se formularon los primeros proyectos de ampliar el perímetro de la ciudad con una nueva línea que partiría de la cuesta de Areneros, en el extremo noroccidental de la villa, para morir en el extremo nororiental del Parque del Retiro. Madrid, de acuerdo con este plan, debido al ingeniero Juan Merlo, crecería hacia el norte, como si al viejo riñón se le encasquetara una especie de gorro de dormir.

El recuerdo de Jovellanos, las varias propuestas de Mendizábal, el plan de Merlo, la perspectiva de aguas abundantes y la esperanza de que llegaran a realizarse algunos de los caminos de hierro proyectados debieron de convencer a la reina de que «era llegada la ocasión de ensanchar los actuales límites de Madrid, harto reducidos ya para la población que por esta causa se ha aglomerado en casas de altura desmedida». Tal hora parecía haber sonado en diciembre de 1846, fecha de la primera Real Orden que decretaba el ensanche de la ciudad, por el motivo que el ministro Pidal exponía en el preámbulo: las aguas abundantes habrían de provocar un crecimiento aún más considerable de la Villa, mientras que el ferrocarril habría de realzar el significado de la ciudad como centro común de enlace con todas las ciudades y puntos importantes del reino. Ampliar Madrid se hacía necesario no sólo porque así lo exigía su creciente población sino por la nueva función que habría de desempeñar como centro de comunicaciones entre los distintos puntos de la Península: la clase política comenzaba a tomar conciencia del significado y las exigencias de la capitalidad.

El gobierno se mostraba dispuesto a fomentar y dirigir este desarrollo con «las elevadas miras que necesariamente supone la consideración de que se trata de una gran población que es al mismo tiempo la capital de la monarquía». Hay, pues, en el primer proyecto de ensanche un claro impulso gubernativo que tiende a realzar el papel de Madrid en el nuevo Estado liberal. No hubo, sin embargo, impulso alguno suplementario que procediera de la misma ciudad, ni de sus clases dirigentes ni de sus representantes municipales. Antes al contrario, el Ayuntamiento, defensor de la miserable tapia de Felipe IV —como recordará años después Fernández de los Ríos— y siguiendo en la ocasión otra de las propuestas de Mesonero, escéptico ante los beneficios que los propietarios extraerían de unas hipotéticas construcciones extramuros cuando quedaban en el interior grandes solares sin edificar y cuando el espacio entre lo edificado y la cerca, por el norte y por el sur, estaba lejos aún de haberse colmatado, declaró su oposición a la Real Orden: no podía dedicar sus fondos a la reedificación de la cerca unas leguas más allá de su actual emplazamiento y prefirió destinar sus limitados recursos a diversas reformas del interior. Renunciaba así el Ayuntamiento a erigirse en motor y guía de la ya inevitable extensión de la ciudad.

Tampoco, todo sea dicho, el primer impulso del Estado tuvo posterior consistencia ni pasó de la Gaceta. Los motivos expuestos para iniciar los trabajos conducentes al ensanche eran el agua y el ferrocarril y ambos tardarían aún en llegar. El agua, porque las obras para traerla iban lentas y sufrían intermitentes paralizaciones motivadas por la eterna penuria financiera del Estado que, de pronto, se quedaba sin recursos y tenía que mandar al paro al grueso de los trabajadores empleados en el canal; el ferrocarril, porque del medio centenar de concesiones otorgadas, sólo cuatro llegaron a iniciarse y de ellas, la que comunicaba a Madrid con Aranjuez, cuyos trabajos comenzaron precisamente el mismo año del decreto comentado, tardaría seis años en enlazar a las dos poblaciones, sin mayor efecto, por lo demás, en el intento de convertir a Madrid en gran centro de comunicaciones. Si el Ayuntamiento carecía de recursos para ensanchar la ciudad, el Estado se ahogaba ante una empresa como el canal y los capitalistas carecían de capitales para invertir en obras de tanta envergadura como el tendido ferroviario.

Será preciso esperar mejores tiempos para que el agua, el ferrocarril y el ensanche puedan recibir nuevos impulsos. Un clima de euforia invadió los medios económicos madrileños en los primeros meses de 1856, ha recordado Gabriel Tortella, al estudiar los efectos de las leyes de ese mismo año sobre las sociedades de crédito. Las grandes dificultades en las que se había desenvuelto la banca oficial, desde la creación en 1782 del Banco Nacional de San Carlos y su conversión en el Banco Español de San Fernando, parecían encontrar una vía de salida con la transformación de éste en Banco de España. Pero lo fundamental fue que las casas privadas de banca que venían operando en Madrid como prestamistas del Estado decidieron invertir en las grandes obras que se anunciaban. En muy pocos meses, los banqueros franceses Pereire y la casa de banca Weisweiller y Bauer, sucursal de los Rothschild y figuras clave del mundo financiero madrileño desde los tiempos de Mendizábal, constituyeron legalmente el Crédito Mobiliario Español y la Sociedad Española Mercantil e Industrial, con capitales nominales de 114 y 76 millones de pesetas respectivamente y con el propósito de constituir la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España y la Compañía de Ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante, base de lo que sería red radial de los ferrocarriles españoles. El Estado español podía ser todo lo centralista que se quisiera, la clase política podía pensar en Madrid como centro de comunicaciones, y Madrid mismo soñar con convertirse en nudo de una red de ferrocarriles, pero ni el Estado, ni Madrid, ni su clase política disponían de recursos para la empresa: fue capital francés el que inició el primer tendido ferroviario y fue, por tanto, a él al que Madrid debió, además del Puente de los Franceses, su creciente importancia como capital financiera y su paulatina conversión en centro de comunicaciones terrestres.

Del 56 al 57 no va más que un año: no es sorprendente que los trabajos para el tendido de la red ferroviaria y la inminencia de la llegada de un gran caudal de aguas coincidan casi exactamente en el tiempo con el Real Decreto de 8 de abril de 1857 que reclama imperiosamente el ensanche de la Corte. Nada se había hecho en esta dirección desde la Real Orden de 1846 y habían transcurrido ya más de diez años: si en verdad la clase política moderada pretendía implantar el modelo centralista de Estado, no daba muestras de sentirse muy urgida en poner los medios necesarios para alcanzar su meta. Ahora se vuelve sobre el mismo asunto aunque el tono es más perentorio y el encargo de elaborar un proyecto más firme. Madrid, con agua y con ferrocarriles, no puede seguir cerrada en su cerca. Tiene que abrirse, ampliarse. Y debe hacerlo ordenadamente, con un plan que guíe su crecimiento.

De nuevo, lo que se pretendía era evitar el resultado informe y poco provechoso del crecimiento espontáneo subordinándolo a un «pensamiento completo» con las indispensables condiciones de «unidad, orden y concierto». Había que delinear las futuras grandes vías y las calles ordinarias, enlazar las diferentes líneas de ferrocarriles, encauzar el río, abrir grandes parques, alamedas y plazas, designar los terrenos destinados a edificios públicos, segmentar el espacio creando un extenso barrio fabril e industrial entre los Campos Santos y el Camino Alto de Chamberí; desde allí hasta el paseo de la Fuente Castellana un barrio aristocrático, con edificios aislados entre sí y rodeados de parques y jardines y, en fin, un tercer barrio, que se destinaría a la clase media, desde este paseo a la Carretera de Aragón, más allá de la cual habría sitio para un gran barrio de clase menestral y obrera. La abigarrada confusión de clases sociales en el mismo espacio urbano, a la que nobleza e iglesia se habían adaptado sin problema, resultaba insoportable para algunos sectores de las nuevas clases medias que, con su conciencia de estar situados socialmente entre nobleza y pueblo, pretendían ver también espacialmente situados a cada cual en su sitio y alejar de la ciudad a las clases populares.

La ejecución de tan vasta empresa presentaría dificultades, sobre todo de financiación, pero la misma incorporación de los terrenos del ensanche al municipio aumentaría su valor y si justo parecía que una parte de ese incremento revirtiera sobre sus propietarios, no lo era menos que el resto se destinase a los gastos que ocasionara el propio ensanche y a la ejecución de las obras. Claudio Moyano, que firma esta exposición de motivos, pensaba que la revalorización de los terrenos desviaría hacia el Ayuntamiento recursos suficientes para adquirir suelo destinado a calles, plazas, jardines y edificios públicos y para ejecutar todas las obras de urbanización que la posterior edificación exigiría.

Para alcanzar estos objetivos, Madrid se ensancharía desde el norte al sudoeste por tres de sus cuatro costados de forma ordenada y siguiendo una nueva racionalidad que trocearía lo que hasta 1850 eran arrabales y extramuros en manzanas cuadradas y calles perfectamente alineadas, orientadas de norte a sur y de este a oeste, pasando por encima de las edificaciones ya levantadas en Chamberí y Peñuelas y suprimiendo, por el sur, parte del trazado barroco de los paseos que descendían en tridente desde Atocha hasta el Manzanares. Pero encerrada todavía en un claro límite exterior. Madrid crecía —no exactamente hacia el norte sino en tres direcciones— pero no se abría: los reformadores de los años cincuenta no fueron capaces de concebir la posibilidad de una expansión ilimitada, sostenida en un claro eje de crecimiento posterior, y abogaron por el desplazamiento de las fronteras exteriores, no por su supresión; por derribar la cerca, sí, pero abrir en su lugar un foso. Su ambición no llegaba más que a incorporar los extramuros del viejo casco y guiar con tiralíneas un crecimiento que dejado a su propio desarrollo espontáneo había provocado cierto caótico desorden, cada cual edificando su miserable casucha como podía, a la vera de los viejos caminos, sin calles, sin servicios, amontonados aquí y allá los detritus de la villa por una legión de traperos. Ya era bastante, para los Mesonero primero, los Castro inmediatamente, con llevar adelante las obras de una reforma interior y de un ensanche racionalizado que proporcionaría al vecindario aire y luz, plazas y arboleda, mercados y mataderos, cárceles y hospitales, teatros y catedral dignos de una capital que pretendía medirse con sus hermanas europeas.

Con esa idea global, Madrid tuvo en sus manos, a partir de 1860, la segunda oportunidad de transformar su interior vinculándolo eficazmente con un ordenado crecimiento o ensanche de su exterior. Sólo hacía falta que alguien guiase con energía la ambiciosa aunque prudente operación. Pero los lamentos de la generación de 1914 y de la pléyade de munícipes que produjeron entre 1910 y 1920 innumerables folletos sobre las pésimas condiciones de salubridad e higiene del viejo Madrid, el caos, la suciedad y la miseria del extrarradio y la siempre perentoria necesidad de reformas, de grandes vías interiores, prueban bien que en ambas operaciones los reformadores del Madrid isabelino, como los del sexenio democrático y, en fin, los de la Restauración, no pudieron plasmar aquella idea en la realidad. A principios del siglo XX, después de la gran operación desamortizadora y desvinculadora, de derribos de palacios, conventos e iglesias, de ampliación de la ciudad, Madrid había sido incapaz de convertirse en aquella capital soñada: nada de grandes bulevares, nada de grandes vías atravesando la angosta trama del tejido de la urbe, nada de grandes y representativos edificios que dieran a la vieja Corte el aspecto de una gran capital moderna y europea, nada de amplitud en la nueva ciudad del ensanche y, para colmo, los mismos problemas que ahogaban los extramuros del Madrid de 1860, sólo que agravados hasta lo insoportable, se reproducían en los nuevos extrarradios del Madrid de 1900.

Pues aunque el proyecto de Castro de ensanchar Madrid se apruebe por Real Orden de 19 de julio de 1860, lo cierto es que, nacido ya con escaso aliento, estaba muerto a poco de nacer. El plan de Castro preveía un crecimiento racional y ordenado en el que no faltaban preocupaciones por el aire, la ventilación, el sol, la higiene y el esparcimiento de los pobladores del nuevo Madrid. Alturas de no más de tres pisos, edificaciones que ocuparían tan sólo el 50 por ciento del suelo disponible, calles con anchuras de 30, 20 y 15 metros de acuerdo con la jerarquía de la red viaria, plazas abiertas en las intersecciones de las principales vías, jardines sembrados aquí y allá para mayor desahogo del vecindario, edificios públicos: el Madrid del ensanche aprobado en 1860 ofrecía, para una extensión que duplicaba la del viejo Madrid, una nueva ciudad ordenada, sin grandes pretensiones, pero desahogada, abierta al sol y a los vientos, donde parecía agradable vivir, sobre todo si se comparaba con el mezquino caserío y la condición de suciedad predominante en el viejo casco.

¿A quién podría parecer agradable vivir en el ensanche? Castro pensaba que a todo el mundo, con tal de que a cada cual se le presentara una oferta a la medida de sus necesidades y ambiciones: la alta nobleza y el rico banquero deseaban ardientemente espacio —escribió en su anteproyecto— en donde erigir lindos o suntuosos palacios que rodeados de elegantes floridos jardines y tapizados parques les proporcionasen salubridad, comodidades y recreo; la clase media aspiraba al goce de las mismas ventajas, puestas al alcance de sus fortunas, como también el comercio, que buscaba en vano solaz después de sus semanales tareas. Hasta el honrado artesano y el laborioso proletario se veían privados también de esos lícitos placeres. Los tres órdenes, niveles, estamentos o clases que el pensamiento urbanístico —y social— del siglo XIX veía confundidos en la ciudad antigua reclamaban, cada cual de acuerdo con sus posibilidades, un lugar propio que satisficiera sus ansias de mejoras. Y todos, todos, suspiraban por esas mejoras que creían adivinar en el ensanche de Madrid.

¿Suspiraban, de verdad?, ¿deseaba ardientemente la alta nobleza, el rico banquero y el próspero comerciante edificar en los terrenos del ensanche? Barbarita Arnaiz, ya lo hemos visto, no, desde luego. ¿Quién, entonces, si se trataba de una ciudad con sus zonas pensadas para cada una de las tres grandes clases sociales en las que dividían los contemporáneos su sociedad? En la imposibilidad de responder a esta cuestión radica tal vez el motivo de la suerte que aguardaba al ensanche y a quienes se lanzaron a la aventura de construir allí: la vieja y nueva aristocracia, en el caso de no poder permanecer o instalarse en el centro mismo de la villa, no estaban dispuestas a irse más allá de Recoletos, y eso porque hasta el mismo marqués de Salamanca, después de que le quemaran su casa de Cedaceros, se había decidido a construirse un palacio por aquella zona, pronto seguido por el de Remisa; por lo que respecta a la clase media, en Madrid no existía una tan numerosa que estuviera deseando abandonar el viejo recinto para mostrar, en el nuevo, su estatus social, su condición de nueva clase segura y orgullosa de sí, alejada por igual de la nobleza y del pueblo; y para artesanos y jornaleros, la verdad, no merecía la pena edificar. Al ensanche, por decirlo brevemente, no quería o, si quería, no podía ir ninguna de las tradicionales clases de Madrid: ni el aristócrata viejo, ni mucho menos el banquero nuevo, ni la clase media del comercio y de las profesiones, ni el artesano o el jornalero, que eran tal vez los únicos que se hubieran ido de buena gana, a condición, claro está, de poder pagar los alquileres y de no tener que desplazarse andando hasta su lugar de trabajo.

De manera que casi inmediatamente que se aprobó el proyecto con sus higiénicas condiciones de habitabilidad y comenzaron las construcciones, surgió la decepción primera: no se producía la esperada avalancha hacia el ensanche. Abundaron, pues, las presiones para rebajar aquellas exigencias de edificabilidad, por ver si se reducían los costes y la ocasión de alquilar más barato movía a la clase media a encaminar sus pasos calle Alcalá arriba. El suelo era caro, y más que se encarecería, para destinar encima una buena porción a jardines, plazas y edificios que no iban a ser usados por nadie. Si nadie usa un jardín ¿para qué el jardín? Jardines fuera, pues, como plazas, amplitud de calles, edificios públicos. Edificar, cuanto más, mejor, y mejor también cuanto más cerca del viejo Madrid. El ensanche, que pretendía ser desde su origen una nueva ciudad, desahogada, ventilada, con plazas, con edificios de tres alturas, con fachadas a dos calles, con patios de manzana y jardinería interior, comenzó a construirse como apéndice de la vieja, pegado a ella, lo más cerca posible de ella, viviendo de su savia, copiando de ella alturas y densidad edificatoria, con las casas alineadas al frente de calle y sin espacio alguno a la retaguardia, con idéntica pobretería en sus materiales constructivos.

De modo que sin haber transcurrido cuatro años del decreto de 1860, un nuevo decreto, debido a Antonio Cánovas del Castillo, liquidó por completo las normas establecidas en el proyecto de Castro y dejó al ensanche prácticamente sin pensamiento y sin plan que lo guiase. Las edificaciones, como escribía Cánovas eufemísticamente, no habían tenido todo el desarrollo que era de esperar; en realidad no habían tenido verdadero desarrollo: unas pocas decenas de casas en el barrio de Salamanca, otras en Argüelles y algunas más en Pacífico, total, poca cosa, sobre todo cuando se comparaba con el modelo parisino. De comprobarlo a atribuir esa desgana edificatoria a las condiciones establecidas por el decreto de 1860 no había más que un paso que Cánovas dio sin sonrojo alguno: con aquellas condiciones no había modo de que la iniciativa privada se animase a construir. Y atribuyendo a esos requisitos la retracción privada, se suavizaron hasta quedar irreconocibles: alturas, tantas como en el interior; espacios libres en los solares, tampoco más, y por otra parte había que contabilizar como no edificado los patios interiores; edificios públicos, los que el Ayuntamiento gustase siempre que no atentara a los derechos privados de la propiedad que, mientras tanto, podía hacer con el terreno reservado para aquellos lo que bien quisiera. De pronto, las casas podían subir, el espacio destinado a jardín menguar, los edificios públicos desvanecerse antes de haber tomado cuerpo. Pero lo decisivo para el futuro fue que los propietarios de los terrenos podían hacer con ellos lo que bien quisieran, sin guardar más límite que el trazado de las calles. Si a eso se añade que la expropiación de terrenos para calles, plazas y jardines debía pagarse a buen precio, no puede decirse que el ensanche no prosperara porque el Ayuntamiento o el Estado se mostraran duros con la iniciativa privada. Generosidad es lo que mostraron, y complementaron con la Ley de junio de ese mismo año que establecía las condiciones de financiación de las obras de urbanización: el Tesoro cedía a los Ayuntamientos todo el incremento de la contribución territorial para que lo empleara en la urbanización de los ensanches.

Pero ni siquiera con esta rebaja y esta generosidad financiera pudo el ensanche prosperar al ritmo que en los momentos de entusiasmo se había soñado: la demanda no se animaba y si la calle de Serrano era, en tiempos de Barbarita, «campo», en los de Clementina, personaje de La espuma madrileña, esposa del hijo de un banquero que se había construido un hotelito en Ramón de la Cruz, tenía aún, y estamos casi a final de siglo, un carácter marcadamente provincial; tiendas sin lujo y destinadas en su mayoría a la venta de los artículos de primera necesidad; los niños jugando delante de las casas; las porteras sentadas formando corrillos: el paso de Clementina por la calle despertaba aún admiración por lo insólito que era ver por aquellos parajes a una mujer de su porte, cuyo lugar era, desde luego, la calle Mayor, hacia donde se dirigía.

Escasa demanda que lógicamente afectará al carácter de la oferta y al destino final de los constructores. Para entender lo primero, no hay más que comparar la edificación de las manzanas 208 y 209, levantadas detrás de lo que fue Casa de la Moneda y que todavía se ven hoy, en su desnuda pobretería, con las posteriores construcciones del barrio. Aquellas primeras manzanas, con las que Salamanca comenzó su tarea, no pasaban en efecto de los tres pisos y guardaban las proporciones de densidad edificatoria establecidas en el decreto de 1860, con patios, patinillos y hasta con los jardines interiores, únicos que permanecen como testigos de lo que el ensanche pudo haber sido. Luego, todo eso se abandonó, lo que, sin embargo, no evitó a los únicos capitalistas en el pleno sentido de esta palabra que se aventuraron a convertirse en los años cincuenta y sesenta, al socaire de los vientos de progreso y prosperidad que corrían, en promotores inmobiliarios, acabar en la ruina: Salamanca, que llegó a ser propietario —de acuerdo con los datos de Rafael Mas— de 39 parcelas con un total de 629.746 metros cuadrados se arruinó por completo y tuvo que vender malamente todos los edificios construidos para alquiler con cuyas rentas pensaba seguir construyendo. Madoz y La Peninsular no se adentraron en ese mar desconocido y tuvieron, para arruinarse, bastante con sus edificaciones en el interior: se dice que el Madrid isabelino es fruto del capital especulador; en realidad, fue su tumba.

Al final, el ensanche, que pertenecía a muy pocos propietarios, acabó convirtiéndose, también en lo que a propiedad se refiere, en cercana reproducción de lo que había sido el resultado social de la desamortización en el viejo Madrid: una nube enorme de propietarios, la mayoría de los cuales poseía una sola casa para alquilar en ella a una abigarrada variedad de inquilinos. Ser propietario era el destino, por así decir, natural de la clase media madrileña.

Serlo, claro, de una casa porque ni siquiera para dos daban los ahorros a los que se pretendía sacar el mayor provecho posible. De una casa, en fin, que fuera como una representación de la estructura social de Madrid: también en el ensanche se intentaba alquilar a tenderos y dependientes los bajos, a gentes pudientes los principales, a empleados los segundos y terceros, a obreros y sirvientes los sotabancos y buhardillas. Un barrio pensado para la burguesía se convirtió así con sus primeras edificaciones en una reproducción exacta de lo que había sido, en el interior, el resultado final de la desamortización. Lenta, pero progresivamente, el ensanche ayudó a la consolidación de la ya notoria figura del propietario-casero, que cobraba una renta al tendero, al capitalista, al empleado y al obrero. Madrid, una vez más, aparece así como capital escasa de capitales, sobrada de rentas.

La razón vuelve a radicar en que, a pesar de la impresionante masa de suelo disponible en los años sesenta para la construcción de una nueva ciudad —como en los treinta para la reordenación de la vieja—, Madrid no había dejado de ser, como la definirá Josep Pla en 1921, «ciudad cortesana y burocrática, basada en el feudalismo agrario, situado en la Meseta». Ciudad dominada históricamente por clérigos, aristócratas y latifundistas, Madrid impregnó durante todo el siglo XIX de valores nobiliarios a las capas ascendentes de una burguesía dedicada sobre todo al comercio y al préstamo, una burguesía mercantil y agiotista, que buscó en su entrada a los paseos y salones aristocráticos la definitiva prueba de su triunfo social. Esa burguesía se había quedado en el interior, en casas de las que se reservaba el principal, alquilando el resto, al que se accedía por escalera distinta. Y esa burguesía, procedente del comercio y que luego se dedicará con fruición al descuento y giro de letras, no se fue a vivir al ensanche, que dejó para la creciente clase media funcionarial y profesional.

Con eso, los nuevos propietarios del ensanche, los que compraron solares o casas al arruinado Salamanca o a los antiguos propietarios, como los que se habían beneficiado de la desamortización de solares y edificios conventuales, serán pequeños propietarios que no veían la ciudad más allá del límite de su propio solar, que entendían —con su mentalidad nobiliaria, precapitalista— como fuente de renta y poco más. Estaban desde luego interesados en edificar, cada uno su propia parcela, quizá dos o tres, y hasta cinco o seis si eran muy ricos, pero no les interesaba nada el ensanche en su conjunto ni disponían de capital suficiente para comprar manzanas enteras, financiar desmontes, promover aperturas de grandes vías, urbanizar, en fin, de manera que resultara atractivo para amplios sectores de las clases medias trasladarse al nuevo recinto: no actuaron en el ensanche, como no habían intervenido tampoco en el interior, empresas o sociedades de propietarios que emprendieran la urbanización del terreno con objeto de ofrecer manzanas o barrios enteros urbanizados y atractivos para una demanda solvente.

Ni aunque la ley de 1864 les eximiera del pago de la contribución territorial o de los recargos municipales, aparecieron estos agentes inmobiliarios con capacidad financiera a la medida de la obra proyectada. Decir, ante semejante situación, que el Madrid de la reforma interior y de la construcción del ensanche lo hizo el capital financiero es, simplemente, soñar: si el capital financiero hubiera dirigido las demoliciones del viejo Madrid y la urbanización del nuevo, otra ciudad habría resultado, una ciudad, por ejemplo, como París, que también se transformaba por las mismas fechas.

Madrid soñaba, ciertamente, ser París, pero no lo era, no sólo porque se mostrase incapaz de irradiar cultura a la periferia, sino porque el capital no había establecido allí su sede todavía, ni existían en la ciudad capitales suficientes para remodelar zonas enteras del interior o programar con rapidez y disciplina el crecimiento por el ensanche; no existía —como ha recordado Fernando Roch— un sistema de promoción inmobiliaria en acción, operadores especializados, demanda solvente, financiación.

En su inmensa mayoría, los propietarios eran individuos particulares que pretendían convertir la casa en la que habían invertido sus ahorros en viviendas de alquiler que les garantizasen el mayor volumen de renta posible. Pero con esas miras —que no eran sino la expresión del carácter protocapitalista de su actividad económica— poco se podía hacer con el viejo Madrid y mal podía crecer el nuevo. La idea, propuesta como guía de su expansión, no encontró en su camino los recursos necesarios para impulsar un crecimiento que le permitiera mirarse sin vergüenza a las grandes capitales europeas. Los únicos verdaderos capitalistas acabarán por quebrar, anunciando con la suya la quiebra general del sistema moderado, de la monarquía y del Estado.

4. El pueblo, la revolución…

Ha pasado en Madrid —lamentaba Fernández de los Ríos— lo que le ha pasado a España entera, que sesenta años de agitación tímida no le han proporcionado las consecuencias de una revolución salvadora. La aristocracia, ya se ha visto, no podía transformar una ciudad que ella, junto con la Iglesia, había modelado a su imagen durante los siglos XVII y XVIII; en el XIX el tiempo ya había pasado para una eficaz intervención monárquica o nobiliaria, en la ciudad. La clase media ascendente, la de los comerciantes adinerados, no se mostró interesada en construir una nueva ciudad de espaldas a la nobiliaria, sino en aprovechar el espacio arrebatado a los conventos o comprado a los nobles para construir allí mismo sus propios palacios o para garantizarse una renta construyendo edificios de alquiler. Quedaba el pueblo, y el pueblo, desde 1808 hasta 1868, vivió sesenta años de agitación —nada tímida, por cierto, sino vigorosa y persistente— que tampoco significaron para la ciudad una revolución salvadora.

El pueblo... ¿qué o quién era el pueblo? Si se le percibe a través del lenguaje de la época, pueblo era al principio de esta historia todo lo que no pertenecía a los rangos de la grandeza, vieja o nueva. Por arriba, pues, quedaban fuera de la denominación la aristocracia, todavía gran propietaria de tierras, y los grandes comerciantes, especialmente si se dedicaban al comercio del dinero, si eran prestamistas o tenían una casa de banca, lo que incrementaba decisivamente la probabilidad de emparentar, por matrimonio de sus hijos, con la nobleza titulada o pasar directamente a sus filas haciéndose conceder un título. Sin duda, entre los que ya habían entrado en «la sociedad» y el pueblo propiamente dicho existía un terreno fluido transitado por individuos de aquella clase media que Larra echaba a faltar en Madrid y que no eran ni una cosa ni otra o, mejor, que por lo general habían dejado ya o estaban a punto de dejar de ser la una para acercarse a la otra: alejados ya del pueblo, pero no admitidos aún en las filas de la grandeza. En periodo de profundos cambios, que habían contemplado en sólo cincuenta años el derrumbe de grandes mansiones nobiliarias y la construcción de nuevos palacios burgueses, una sola generación podía ser suficiente para pasar de mediano comerciante a gran prestamista, para salir del pueblo y acercarse a la antigua grandeza.

Por abajo, en los márgenes exteriores, a veces dentro, pero inmediatamente que la acción en la calle continúa y amenaza con desbordarse en violencia que nadie es capaz de controlar, fuera, todo ese mundo, tan abundante en Madrid, que algunos liberales de los años treinta llamarán «populacho», esto es, aquel sector más miserable de la población que contrasta con la «parte sana del pueblo» por su disposición a tomar las armas, o lo que fuera, contra la causa de la libertad y en apoyo del absolutismo. Son las «turbas miserables» que Ayguals de Izco presenta alborozadas cuando reciben en noviembre de 1823 a Fernando VII que entra para recuperar su poder absoluto, esa «plebe» que Martínez de la Rosa temía dispuesta a abrazar la causa de la reacción contra la Reina Niña y que en 1834 se conduce, a los ojos del embajador inglés, como «la peor canalla de Europa». Este populacho de los años veinte y treinta no es distinto en su composición de lo que por los últimos años cuarenta y los cincuenta aparece en esa misma literatura como turbas ya en sazón de convertirse en masa y que, al abrigo de las alteraciones del orden y las revueltas políticas se entregan, ya que no a la causa del absolutismo, sí al incendio, al crimen y al pillaje: pueblo es el que no duda en ofrendar su vida en la barricada por la causa de la libertad; turba es la que saquea y quema cuanto halla a su paso. Ni que decir tiene que puede tratarse de las mismas personas físicas, o de la parte de un conjunto, que se constituyen en pueblo cuando su acción tiene determinado contenido político y en turba, plebe, canalla, populacho, cuando el contenido cambia hacia la pura destrucción.

Nunca es pueblo, desde luego, toda la ingente masa de pobres y mendigos que llenaba con su presencia las calles de la ciudad para bochorno de los honrados y buenos artesanos y burgueses que habrían deseado pasear sin tropezar continuamente con ellos. Algo se hace efectivamente para quitarlos de la vista, pero la persistencia de los lamentos sobre la multitud de pobres que lo invaden todo y el mismo hecho de que su presencia llamara tan vivamente la atención de los viajeros extranjeros procedentes de ciudades en las que la mendicidad formaba parte también del paisaje urbano, indica que las políticas encaminadas a suprimir de la vista a los mendigos tuvieron efectos muy limitados. Madrid permanecerá durante todo el siglo —y buena parte del siguiente— como una ciudad rebosante de pobres y el honrado y laborioso pueblo tendrá que realizar esfuerzos suplementarios para no ser confundido con ellos.

Excluida la grandeza vieja y nueva, la plebe o turba miserable y los pordioseros y mendigos, pueblo es o quiere ser —pues la pertenencia no la dicta únicamente una situación material— todo lo demás. Por abajo, su última escala estaba integrada por quienes se ganaban dura y escasamente su pan con un jornal, normalmente en los oficios tradicionales, en los que el trabajador compartía a veces comida y habitación con el artesano, para quien ser propietario privado de sus medios de producción no implicaba en absoluto pertenecer a una supuesta clase burguesa. Herreros, zapateros, taberneros, carniceros, caleseros, maestros de obras, albañiles, tratantes de hierro, trapo, papel, sebo o pieles: de todos esos oficios procedía hacia mediados de siglo la parte más sustantiva del pueblo de Madrid, sin que se hubiera producido una clara diferenciación social ni segmentación espacial entre los propietarios de los pequeños negocios y sus asalariados, entre las clases laboriosas y las clases —siempre en plural— trabajadoras. Mesonero los retrata vestidos con chaquetilla estrecha y corta complicada con multitud de botoncitos, chaleco abierto, camisa bordada, doblado el cuello, faja encarnada, pantalón ancho por abajo. Su carácter se pintaba altivo e independiente, hostil a todo lo extranjero, encerrado en sí mismo y «temible para el resto». Tal es el pueblo por antonomasia, el de los artesanos y jornaleros con trabajo fijo aunque, como se verá, para que demostrara serlo requería participar, por lo menos hasta 1868, en acciones de las que generalmente no asumía la dirección aunque sí la carga, sobre todo de sangre.

Pues, en efecto, pueblo será, ante todo, en el siglo XIX un sujeto político —como cuando se decía «¡viva el pueblo!»— que evoca inmediatamente acontecimientos políticos. No cualquier acontecimiento sino aquellos en los que la presencia y participación activa de multitudes en la calle resultaron determinantes para cambiar lo que se llamaba la situación, entendiendo por tal habitualmente un gobierno de carácter absolutista o, más adelante, moderado, pero pudiendo abarcar también el derrocamiento de un monarca y hasta el fin de una dinastía. Pueblo, en esta acepción política que es la suya, la que más le conviene cuando de él se habla o a él se destinan manifiestos, es el «pueblo del año 12, del 20, del 23; pueblo de Muñoz Torrero, de Riego y de Argüelles» al que Juan Prim felicitaba, tantos años después, por su iniciativa y resolución, mostrada una vez más en 1868 derrocando un trono sin liquidar en el mismo impulso la constitución monárquica del Estado.

Pueblo de Muñoz Torrero, de Riego, de Argüelles: Prim pudo haber seguido la enumeración: de Espartero y hasta de San Miguel y, claro está, del mismo Prim, de quien la sola mención del nombre hacía perder el tino a uno de los desgraciados sargentos de San Gil que lo confundía con el de la Libertad y que, por confundirlos, cayó fusilado con ambos nombres en los labios. Pueblo es, en este sentido, una invención, el resultado de una búsqueda afanosamente emprendida por aquella clase media que en los años de la revolución y el romanticismo se afianza en las letras, el periodismo, la abogacía y el empleo público. En pleno romanticismo, observará Azaña estudiando a Valera y su mundo, lo popular seduce a lo más alto. Todavía en el año 1845, la condesa de Teba, con el duque de Alba, el marqués de Alcañices y otros nobles viajan a Toledo, visitan la catedral y recorren, vestidos de corto, sus calles. Este consciente aplebeyamiento de la nobleza será, con los viajeros extranjeros, simpatía hacia la gente baja, que la guerra de la Independencia ha lanzado al primer plano de la curiosidad romántica internacional, y con la clase media autóctona, exaltación del pueblo como resumen de todas las virtudes pues en él residen intactos la entereza, la hombría y el arrojo. No ciertamente, en la plebe, que grita «muera la nación y vivan las cadenas», sino en el pueblo auténtico representado en ese zapatero que pierde su vida por suspirar en alta voz por una libertad que tanto tarda en aparecer.

El pueblo es así objeto privilegiado del discurso político de una mal definida clase media que cuando pretende hacer política le habla, le dirige manifiestos, asume su representación, habla en su nombre y se considera parte de él. No parte cualquiera, sino la superior, su cabeza, como si al pueblo/pueblo le sobrara corazón, impulso, entusiasmo, excelsos sentimientos de libertad, pero le faltara cabeza, palabra, dirección. Proliferan, del lado de la nobleza, las sociedades encargadas de propagar y mejorar la educación del pueblo, las iniciativas para atender sus necesidades materiales y espirituales y hasta para fomentar las virtudes de honradez y previsión: el marqués viudo de Pontejos no funda en 1838 por casualidad o por corazonada la Caja de Ahorros, sino porque el pueblo, que lleva en la calle tres o cuatro años, necesitaba instituciones que lo incorporaran a la ciudad. Necesitaba, esto es, guía y dirección que encauzara sus virtudes innatas a objetivos de progreso. Y eso mismo, ilustración que ilumine su camino político, es lo que una clase media que ha subido lo suficiente en la administración del Estado, en el ejército o en las profesiones para alejarse del pueblo, pero no tanto como para ser absorbida en la grandeza, está siempre dispuesta a procurarle aun si con una ambigüedad de fondo sobre su propia posición: la clase media es más ilustrada que el pueblo —escribe Martínez de la Rosa, diferenciando bien entre una y otro—, pero no podría guiarle si no fuera y se sintiera parte de él. De ahí la fluida frontera entre el pueblo y sus ilustrados conductores de la clase media, sean empleados del Estado, profesionales o, más habitualmente, militares.

Sin duda, en esa definición de lo que sea el pueblo cuentan, de modo decisivo, las ideas, hasta el punto de que el pueblo reconocerá como suyos, como que le pertenecen, a personajes encumbrados por el solo hecho de verse en sus ideas: Prim, que alcanza los altos rangos del ejército, es pueblo y hasta le habla o habla en su nombre porque es un progresista que se levanta contra el agio y el latrocinio, contra la reina y su camarilla. Y Sevillano, un banquero tan rico como astuto y prudente —según lo definía Valera—, perteneció, cuando ya se había abierto ancho camino en las finanzas madrileñas, a la milicia que recibió alborozada a Mendizábal en 1835 y casi veinte años después citará a la plana mayor de la revolución en su propia casa para proceder en ella nada menos que a la constitución de una Junta de Salvación, Armamento y Defensa. Mientras esto ocurría, otro banquero, Salamanca, a quien sus pasos le habían conducido hasta el núcleo del poder moderado, presenciaba impotente cómo el mismo pueblo que respetaba las propiedades de Sevillano se transmutaba en turba para encender una hoguera con sus enseres: así de imprecisos eran los intereses de clase.

Tan imprecisos y cambiantes como los propios contornos superiores e inferiores del pueblo cuando se decidía a actuar como sujeto político. Sólo la experiencia, la acción desarrollada en el tiempo, irá discriminando pertenencias e identidades: al principio, cuando en 1835 Mendizábal entró en Madrid, el gran alborozo que brotó en las calles fue compartido por un selecto grupo de aristócratas, no pocos hombres de negocios y ricos banqueros, profesionales y artesanos: allí, con el pueblo y hasta enrolados en la milicia, estaban el ya mentado Sevillano, pero también Fagoaga y Dutari, Francisco de las Rivas, Llano y Chávarri, Manuel Cantero, José Safont. Luego, con la sucesión de revoluciones y la consolidación de la clase política moderada, la abigarrada mezcla irá desprendiéndose de algunos de sus más elevados elementos, pero mientras el pueblo exista como sujeto político —lo que es igual a decir: mientras salga o se eche a la calle— su composición será siempre plural, no tanto porque sea en sí mismo una mixtura interclasista cuanto porque las clases sociales como elementos que configuran la nueva sociedad capitalista todavía no se han diferenciado en su composición ni en sus intereses.

Este pueblo de Madrid —jornaleros, artesanos, tenderos, empleados, profesionales, pequeños propietarios— ni existe en sí mismo, ni está siempre presente como tal en la ciudad, ni constituye una estructura permanente, ni está afiliado masivamente a un partido político, ni forma por tanto una clase ni una mezcolanza interclasista, como si preexistiendo las clases se encontraran para algunas concretas acciones políticas formando parte del mismo pueblo. Más bien ocurre lo contrario: del pueblo presente en las calles de Madrid en 1808 para rebelarse contra el invasor francés, en 1820 para proclamar de nuevo la Constitución y hacérsela jurar al rey, en los últimos meses de 1833 para luchar en defensa de la reina, habrán de salir, andando el tiempo, las clases, pero no sin que antes haya pasado por muy diversas experiencias políticas que acabarán definiendo intereses encontrados. Pues en una ciudad que comenzó su andadura moderna bajo el abrumador peso nobiliario y clerical, la aparición y configuración de intereses de clase, y por tanto, la acción de clase exigirá un largo proceso de diferenciación de la estructura social, de fragmentación o segmentación de una compacta trama urbana, y de paulatina fragmentación de sus diferentes sujetos colectivos. Es lo que ocurrirá precisamente desde los primeros años de siglo y avanzará de forma notable con las sucesivas revueltas o revoluciones de 1835, 1840, 1854 y 1868, aunque todavía quede mucho pueblo como agente político en el Madrid de 1931 que alumbrará, como efecto de la última revolución popular, por segunda vez la República. A lo largo de todo ese siglo que llena la historia del Estado liberal, el pueblo de Madrid está presente y desaparece, se pone nervioso y se enerva, se muestra enérgico o pasivo, egoísta o generoso, valiente o contentadizo con su suerte, aguerrido o medroso: todo dependerá del momento, de si se queda a la zaga o se adelanta a las voces de los que parecen ser sus dirigentes naturales, los jefes militares que anteceden, acompañan o continúan sus manifestaciones de vida. Ese pueblo no puede ser tratado, pues, como si fuera una clase social con sus estructuras organizativas, sus dirigentes reconocidos, sus programas de acción, sus manifiestos de referencia, sus fracciones: en una ciudad que transforma a ojos vista su estructura social, el pueblo cambia también en su composición a la par que actúa colectivamente.

Siendo todo esto así, también es verdad que el pueblo no carece de marcos de referencia, orgánicas en primer lugar, programáticas, en segundo. Porque por muy extraño que en la posterior sociedad de clases pueda parecer, existe en el Madrid del XIX una institución verdaderamente popular que resurge cada vez como una especie de ave fénix. La Milicia Nacional reunía en casi exacta proporción a todas aquellas capas de las que se componía el pueblo de Madrid y cuya fisonomía se pretendía preservar, tanto de los «ladrones» situados en las alturas, en torno a la reina, sirviéndole de camarilla, como del «populacho» que rápidamente se convertía en turba y era capaz de arrasarlo todo. Los que acudían en mayor número y tal vez más fervorosamente a inscribirse en las filas de la milicia eran también la parte más numerosa y, desde luego, la más sana del pueblo, los artesanos, hasta un tercio de sus efectivos, que serían hasta la mitad si se añade a la misma categoría la de los tenderos y comerciantes: de los 17.500 milicianos que Pérez Garzón ha contabilizado en 1854, cerca de 10.000 eran artesanos o comerciantes. Empleados, profesionales liberales y asalariados mantuvieron siempre una significativa presencia (entre 1.000 y 3.000 en cada categoría), con la clara tendencia al incremento de los últimos y al relativo descenso de los primeros, mientras que los propietarios, que en general controlaban los puestos de dirección, no desertaron ni siquiera en los años cincuenta de las filas milicianas. Y es que en una sociedad romántica y con una grandeza —de la sangre, del dinero o de la inteligencia— castiza y aplebeyada, sentirse en más estrecha comunión con el pueblo podía tentar todavía a un puñado de propietarios y hasta a algún rico banquero, poíno hablar ya de literatos, abogados y periodistas.

En todas y cada una de sus manifestaciones, el pueblo exigirá, pues, antes de cualquier otra cosa, milicia nacional o, lo que es igual, uniforme y armas en la mano. En el siglo XIX madrileño —y, de nuevo, en 1930— no se puede concebir un pueblo políticamente vivo que no esté armado, por sí, como milicia, o vicariamente, prestando su calor a la insurrección armada y reconociéndose en algún jefe militar, como cuando se grita, después de «¡Viva el pueblo!», «¡Viva Riego!», «¡Viva Espartero!» o «¡Viva Prim!»: armado para conquistar la libertad, para defenderla de las claudicaciones de los más tibios, para vigilar a sus enemigos; armado como si se diera por supuesto que para alcanzar el poder, participar en él y administrarlo las vías legales resultaran intransitables, como si el poder sólo se pudiera obtener, o no perder, por la fuerza de las armas. Cada irrupción del pueblo en las calles de Madrid va acompañada de esa exigencia de armas, a la que sólo accederán quienes lo guían si su entrega se produce de forma mínimamente organizada, si hay un control, si se establece una jerarquía, se encauza la acción y se toman precauciones para evitar los desmanes. Ésa es justamente la función de la Milicia Urbana de los primeros años veinte, de la Guardia Nacional cuando reaparece con Mendizábal a mediados de los treinta e inmediatamente de la Milicia Nacional, que resurgirá por última vez en la gloriosa revolución de septiembre de 1868 como fuerza cívica de Voluntarios de la Libertad, protagonista de todas las algaradas, revueltas, insurrecciones y revoluciones que presencia Madrid en un siglo rico en estas manifestaciones populares.

No hay en efecto republicano, demócrata, progresista y hasta liberal templado, último eslabón antes del desliz final hacia el moderantismo, que se precie que no haya promovido una vez aupado al poder el alistamiento del pueblo en la Milicia Nacional. Podría decirse que de la misma manera que el sindicato es la forma natural de la clase obrera organizada para la acción de clase, la milicia armada, y no el partido político que es cosa de abogados y literatos más que de masas, de corifeos más que de coro, es el pueblo organizado para la acción política. La iniciativa parte del Ayuntamiento, primera institución que refleja en su propia composición el ascenso del pueblo, y luego es retomada y legalizada por las Juntas que interinamente se hacen cargo del gobierno. Los progresistas marcan muy pronto el camino cuando desde un recién conquistado Ayuntamiento, establecen en 1835 juntas en cada distrito para inscribir a los que soliciten su ingreso en la Guardia Nacional. Luego, la historia no hará más que repetirse: convertida en Milicia Nacional se la ve de nuevo en la calle durante los primeros años cuarenta y, abolida por los moderados cuando triunfan sobre Espartero, hasta el mismísimo Cánovas, «aquel chico de Málaga que discurría con juicio sereno» y que inspiró si no dictó el manifiesto de Manzanares con el que O'Donnell buscaba en julio de 1854 el apoyo popular a su insurrección, incluyó en el programa del futuro gobierno la restauración de la Milicia Nacional como garantía del cumplimiento de unas promesas entre las que la conservación del trono y el respeto al orden y la ley figuraban en lugar privilegiado.

Trono, libertad y orden: tal parece ser todo el programa de la Milicia Nacional, que los moderados toman la precaución de disolver y que reaparece cuando el orden moderado se vuelve irrespirable entre los efluvios de la corrupción y hace inevitable una nueva revolución, que viene a ser para Galdós como «una limpia general y mudanza de aires, ambas cosas muy necesarias en la vida de los pueblos». Pero ni siquiera entonces, en medio de la revolución y después de saber por experiencia práctica la capacidad de reacción de sus enemigos, pretenderá la Milicia algo más que volver al programa de su origen: libertad y orden sin latrocinio, tales son las reivindicaciones del pueblo de Madrid en julio de 1854 cuando está sobre las armas y vigila las calles. Así también, por última vez, en la revolución de septiembre de 1868 cuando el alcalde popular Nicolás María Rivero procedió casi de inmediato a legalizar lo que ahora llama indistintamente Fuerza Popular o Fuerza Ciudadana, y luego será Fuerza Ciudadana de los Voluntarios de la Libertad, a la que se encomiendan las tareas que el mismo señor alcalde tomaba sobre sí desde el primer día de su mandato: hacer que viviera la libertad con el orden.

Pues sea guardia, milicia o fuerza, los nacionales, ciudadanos o voluntarios están ahí para garantizar el trono y la propiedad, que son las bases del orden establecido desde el año 1835. Uniformados y con el arma al hombro, los milicianos transmiten la imprescindible seguridad de que el cambio de situación política no va a degradarse en caos y desorden generalizados. «¡Viva la libertad!», gritan los que no dudan a la hora de poner en riesgo su vida enfrentándose al ejército o a las fuerzas de seguridad; «¡Viva la libertad con el orden!», responde como un eco la proclama oficial de los pronunciados, la exhortación al pueblo del nuevo señor alcalde, pues no se concebía libertad sin orden, ni orden sin propiedad. Como representante inmediato, sin intermediación burocrática alguna, del pueblo de Madrid, la milicia, su composición, su programa y su acción atestiguan precisamente esa base común económica y social en la que se asienta la aspiración popular a la libertad con orden.

Este carácter popular de la milicia explica su presencia como sujeto de revolución en las calles de Madrid durante los treinta y pico de años que van desde la revolución antiabsolutista de los años treinta al triunfo de la revolución antiborbónica en los sesenta, desde la defensa del trono que heredará Isabel hasta su destronamiento. Es un relativamente corto pero muy denso proceso que arranca en el derrumbe del absolutismo, con el pueblo y su milicia como defensores de la libertad y el orden y guardianes del trono, y termina con la revolución política que liquidará, supuestamente para siempre, a la monarquía borbónica. Un pueblo que era invitado ya desde finales de los años treinta a «abolir para siempre el trono de esa raza depravada», pero que no tendrá oídos para tan radical propósito hasta 1866, cuando la terrible represión de la revuelta protagonizada por los sargentos y la tropa del cuartel de San Gil, le haga mirar con nuevos ojos a la reina castiza. Entre medias, la revolución de julio de 1854, que acabará con diez años de gobierno moderado, hará que en su estela germinen ideas radicalmente democráticas y hasta republicanas entre un pueblo de los barrios del sur que al entrar en aquella revolución repugnaba aún la palabra «República» de tal manera que apaleó a los vendedores de El Eco de las Barricadas y rechazó con su indiferencia la aparición de un periódico que osó titularse El Eco de la Clase Obrera. No había una clase obrera en ese Madrid dispuesta a escuchar el eco de su propia voz ni tenía el pueblo oídos para atender a la propaganda republicana.

La presencia del pueblo como milicia armada en la privilegiada escena de la acción política que fue durante todo el siglo la calle con objeto de salvar el trono (de la reacción, de la camarilla) y mantener la libertad con el orden: tal parece ser el contenido reiterado una vez y otra de las revoluciones madrileñas del XIX. Salida a la calle que ocurría a veces de la forma más espontánea, pero normalmente como respuesta a alguna incitación exterior, a algún pronunciamiento militar conectado con una conspiración civil cuya dirección solía recaer en la parte ilustrada del pueblo, o sea, precisamente en quienes inventaron el concepto y lo utilizaron más profusamente. Este sector se componía de una diversa gama de profesionales y empleados, entre los que destacarán políticamente los abogados y periodistas, además de lo que comenzaba a conformarse como un incipiente aparato de la administración del Estado. Con el paso del tiempo los profesionales se irán identificando crecientemente como clase media para diferenciarse, cuando la acción política deje de ser protagonizada por el pueblo todo entero, de la burguesía por arriba y de las clases populares por abajo. No se trata de unas clases medias vinculadas al despegue de cualquier forma de capitalismo industrial, pero sí de un sector de la sociedad que adquiere con el paulatino crecimiento del Estado, con la inestable vida política de clubes y partidos, con la expansión de la prensa y la lectura y con el incremento de los negocios suficiente relevancia para introducir nuevas formas y espacios de sociabilidad, como el Ateneo, lugar de discusión científica y política, los cafés, que se multiplican en Madrid durante toda la época isabelina, y las redacciones de los periódicos, ámbitos privilegiados de la sociabilidad de clase media, de donde emergerá en los grandes acontecimientos para encontrarse sumergida en el pueblo.

De modo que cuando se pretende visualizar a ese pueblo que de otra forma no tendría más que una existencia literaria, la primera imagen que salta a los ojos es la masiva salida a la calle con las armas en la mano para tomar los puntos neurálgicos de la ciudad y, una vez el triunfo asegurado, los festejos que se organizan para recibir a sus caudillos, que se han amotinado, pronunciado o librado alguna batalla que obliga a retroceder a las huestes de la reacción. La Plaza Mayor tomada por milicianos que, con el fusil al hombro o en las manos, se hacen fuerte en ella y vigilan atentos sus accesos; Espartero recibido en Madrid en julio de 1854 con arcos de triunfo, banderas y guirnaldas adornando las barricadas en las que el pueblo se había hecho fuerte contra las tropas enviadas por el gobierno y desde las que advertía al victorioso caudillo el verdadero origen de su poder: tales son las imágenes más queridas del pueblo, las que después se recordarán o se festejarán. Es la jornada, el día en que afirma su presencia: desde el 2 de mayo, pasando por el 7 de julio hasta el 29 de septiembre, la historia del pueblo madrileño está repleta de gloriosas jornadas. No es preciso, y hasta sería injurioso, añadir el año, pues en la memoria de los protagonistas ha quedado grabado con el fuego de los fusiles y la sangre de los mártires.

Todo comenzaba como un sordo ruido producido por las pisadas del pueblo que rompía con ellas «la silenciosa quietud en que vivía». Desde los barrios bajos, al son de las trompetas y tambores que tocan a generala, como en 1835; desde la plaza de los toros, entonando himnos y cantos de libertad, como en 1854, el pueblo acudía presuroso a los centros neurálgicos de la ciudad, donde radicaba o se manifestaba el poder, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol. En el camino acopiaba todas las armas posibles para hacerse fuerte y resistir en las posiciones ocupadas hasta que llegaran noticias de que la situación había cambiado, que la reina —madre o hija— había accedido a nombrar un nuevo ministerio. Pero de esas posiciones centrales podía ser desalojado por las fuerzas de seguridad o por destacamentos del ejército. Si así ocurría no le era difícil, en una ciudad de tan estrecha y tortuosa fisonomía y de tan intrincados laberintos interiores como Madrid, construir barricadas y parapetarse sólidamente detrás de ellas y dentro de las casas. Es lo que hace por vez primera en marzo de 1848 y lo que se repite profusamente en julio de 1854. En esos momentos, con la batalla aún por decidir, era cuando se producían las acciones inherentes a toda revolución: la quema, más que el saqueo, de las propiedades del enemigo. Las más llamativas fueron las de una noche de julio de 1854, cuando ardieron los palacios de Sartorius, conde de San Luis, de Salamanca, de Vistahermosa, de Collantes y de Domènech y hasta el que la reina madre, María Cristina, «ídolo en otro tiempo de los españoles, primera fundadora de sus libertades y blanco entonces del encono revolucionario», ocupaba en la calle de las Rejas.

Y luego, el alborozo del triunfo. Milicia y tropa, o lo que es igual, pueblo y ejército fraternizan, en alguna ocasión antes incluso de intercambiar disparos, con lo que el resultado estaba más que asegurado, pero normalmente después de alguna fusilada de la que podría esperarse, por sus mortíferos resultados como la que ordenó Gándara al saber de los incendios, la hora de la revancha. Pero con el júbilo del triunfo y en medio de la fraternización, el pueblo es incapaz de incubar un ánimo vindicativo, olvida todo rencor y se muestra magnánimo. No siempre, desde luego: el general Quesada sucumbe a sus perseguidores cuando intenta esconderse y es atrapado camino de Fuencarral en agosto de 1836, y el policía Chico, en julio de 1854, «flaco, amarillo, ictérico, como una momia», como lo retrata Baroja, sentado en su colchón y sostenido en unas parihuelas es llevado hasta la Fuentecilla por «una masa de gente harapienta, zarrapastrosa, formada principalmente por mujeres y chicos que vociferaban y daban alternativamente vivas y mueras» y que presencia una a modo de justiciera ejecución, espectáculo corriente en el Madrid de entonces. Pero es sorprendente, después de triunfos que han costado tanta sangre, que nunca en Madrid la revolución victoriosa haya impuesto no ya un régimen, sino ni tan siquiera una semana, un día de terror, que el pueblo victorioso se haya limitado a vengar sus agravios en «muebles, porcelanas y objetos insensibles». No hay terror sino alegría después de la revolución victoriosa. Galdós, notario mayor de estos acontecimientos, quizá echaba de menos una más profunda renovación del ambiente político de los «señorones y cacicones» al calificar las jornadas de julio de «pobre y casera revolución, que no mudará más que los externos chirimbolos de la existencia», juicio que no compartía el corresponsal del Times de Londres cuando ante los mismos hechos creía ver no «un pronunciamiento español corriente, que empieza con ruido y acaba en humo», sino «la seriedad y fiereza de una revolución parisiense».

¿Madrid sería entonces París, si no en su urbanismo, sí al menos en su ímpetu revolucionario? No, tampoco. De estas dos visiones, la de Galdós parece más cerca de la realidad, no sólo porque aquí no había terror ni tanta limpieza del aire sino por el hecho que el mismo Galdós señala: todas estas revoluciones acababan en el abrazo del ejército con el pueblo y en la recepción y bienvenida a un general victorioso. Que el ejército y el pueblo se abracen después de los hechos revolucionarios significa que se abrazan los fusiles, pues se trata de un pueblo armado que se funde con un ejército pronunciado. Lo cual tendrá inmediatos resultados en la institucionalización del triunfo: un general, al frente del ejército y del pueblo, como símbolo del triunfo y brazo poderoso que asegura la permanencia de las metas conseguidas. Todo el programa de la milicia y de la revolución venía a resumirse, en la hora del triunfo, en el apellido de un general victorioso como si, en efecto, ellos mismos con su propia persona fueran el «artículo principal de la fe de los que los seguían».

La suerte de la revolución quedaba así en manos de un Espartero, de un O'Donnell, de un Prim, generales que tienen en común el objetivo último de su acción, sintéticamente expresada en el manifiesto de Manzanares: queremos la conservación del trono pero sin la camarilla que lo deshonra. Da como la sensación de que en su triunfo, el pueblo no sabe qué hacer si no es abrazarse al más fuerte, al general victorioso trasladando así su victoria a las manos de un estamento al que le va todo el honor en su lealtad a la Corona. No es sorprendente que quienes propagaban ideas democráticas y republicanas por los barrios bajos de Madrid al calor de los hechos de julio salieran de estampida, corridos a gorrazos por quienes llevaban tan a gala como los militares su lealtad al trono. El aplebeyamiento de la Corona producía así muy rentables dividendos: cualquiera le quitaba al pueblo de Madrid su reina.

Que conservaba así terreno y recursos suficientes para encauzar, con la ayuda de los generales victoriosos y la clase ilustrada, el triunfo popular, aguantar pacientemente un tiempo y subvertirlo al fin de tal modo que, a la vuelta de dos o tres años, ya era capaz de disolver sin mayor protesta la institución que condujo al pueblo a la victoria. Es entonces la hora del duque de Ahumada, cuando dice en julio de 1843 que el país está «tranquilísimo sin milicia que lo alborote» o cuando el ultramoderado Viluma afirma: no más Milicia Nacional y hasta Madoz, un progresista templado, piense que hay que dar por terminada la revolución. Jamás, hasta 1868, la presencia del pueblo en la calle implica una amenaza al trono, ni siquiera en la más radical de las revoluciones que protagonizará durante todo el siglo, la de julio de 1854, que contempla, tras la fusilada dirigida por Gándara y la erección de barricadas, el triunfo en toda regla de una insurrección armada que permite la entrada en Madrid como triunfadores de quienes no lo habían conseguido por la acción de sus ejércitos. Toda la cuestión de estas insurrecciones y revoluciones populares radica, por una parte, en que el sujeto que las protagoniza carece de recursos políticos, de organización, para administrar el triunfo y, por otra, en que quienes lo administran no pueden contar para una acción de gobierno con un pueblo permanentemente en pie sobre las armas. De ahí, por un lado, la creciente frustración popular; de otro, el auge del militarismo y, simultáneamente, de la debilidad de los gobiernos que emanan de las insurrecciones, incluso de aquellas que acaban victoriosas como las de 1840 y 1854. Una mezcla de pueblo en la calle, militares en el poder y gobiernos inestables es el resultado de esta serie de revoluciones a la madrileña que no acaban de destruir un orden social para imponer otro.

Todo eso parece cambiar en la última de las revoluciones del siglo, llevada por su misma dinámica más allá del tradicional objetivo de conservar el trono limpiándolo de la camarilla. Desde los primeros años, las ideas democráticas y republicanas, y hasta socialistas, se abren camino que va trabajosamente de las minorías de clase media a más amplios sectores populares. No es casualidad que la propagación de esas nuevas ideas coincida con el impulso a las nuevas obras públicas y a los grandes trabajos planeados para traer el agua y convertir la ciudad en centro de comunicaciones ferroviarias. La fuerte expansión económica iniciada en 1856, debida en no escasa medida a la nueva legislación progresista, atrae a Madrid ingentes masas de trabajadores que encontrarán precario empleo en las obras del canal, en el tendido de la red y las construcciones anejas, en el ensanche de la ciudad, en planes de reforma interior como el que afecta a la Puerta del Sol, en los nuevos edificios con los que se pretende resaltar la prestancia de Madrid como capital digna de la monarquía. Una incipiente clase obrera asalariada comienza a afirmar su existencia y, con ella, los abogados, periodistas y profesionales encontrarán un terreno propicio para intentar que se propaguen las ideas de democracia, república y socialismo. Junto a ellas, el mundo universitario también en expansión está presto a escuchar lo que quieran decirle los propagandistas de las nuevas ideas: la palabra de Castelar despierta en la Universidad tanto entusiasmo como entre la milicia la arenga del militar.

De aquí que cuando llegan a la capital las noticias de la batalla de Alcolea, el pueblo que sale de nuevo a la calle no exige esta vez menos que la marcha de Isabel, «esa señora» a la que los propios políticos de la situación habían declarado ya imposible. En Madrid afirma por vez primera su presencia como agente diferenciado de la revolución un partido demócrata que forma su propia junta y distribuye armas al pueblo. La Junta Provincial, presidida por Madoz, se dirige a los madrileños para comunicarles que la dinastía de los Borbones ha concluido. Si el pueblo soberano, al que se invoca, habrá de vivir, los Borbones tendrán que salir: «¡Viva el pueblo soberano!» y «¡Abajo los Borbones!» son ahora gritos equivalentes de la revolución. Lo significativo con todo, lo que sitúa a esta revolución en la estela de las anteriores, es que al grito de «¡Viva la soberanía nacional!» sigan vivas similares a la marina, al ejército, a los generales. Ni siquiera cuando la revolución popular se ha vuelto democrática en su objetivo, y cuando para más abundamiento revolucionario, lo consigue expulsando a la reina, puede prescindir del abrazo del ejército. Ya había escrito Prim en una proclama destinada a la celebridad que nada había más grande ni más justo que las revoluciones cuando «lo exige la miseria del pueblo y el sufrimiento del ejército». De lo primero no había duda: la crisis de 1866 había traído de nuevo la miseria y el hambre, a la que el Ayuntamiento quiso hacer frente con suscripciones caritativas; de lo segundo, bastaba que Prim y el resto de los generales insurrectos lo creyeran. En todo caso, es significativo que ahora, como desde las primeras insurrecciones y revoluciones del siglo, pueblo y ejército marchen de consuno.

Por lo que a Madrid se refiere, la revolución entrañó esta vez el nombramiento por la Junta revolucionaria elegida sobre la marcha por sufragio universal de un nuevo Ayuntamiento con un «señor alcalde popular», Nicolás María Rivero, antiguo progresista desafecto y creador del partido demócrata, a su frente. Será su primer cuidado, dice el alcalde en su primer manifiesto, atender a las necesidades más urgentes de la vida social: organizar la fuerza popular, proporcionar actividad a la industria, regularidad al comercio, trabajo al proletario, socorro al indigente, libertad, orden y seguridad a todos. Es la quintaesencia del ideal burgués de la vida: producir, comerciar, trabajar, socorrer; libres, seguros, ordenados. Ya no hay que avergonzarse de pertenecer a la clase media que entre las revoluciones populares, el crecimiento económico y la expansión demográfica y espacial de la ciudad ocurrida en el largo reinado de Isabel ocupa una sólida posición en la sociedad. Desplazadas de la primera línea la Corona y la Corte, es hora de mirar a la ciudad con nuevos ojos: una vez que se haya realizado esa primera y urgente tarea de dar trabajo y seguridad a todos en la libertad y el orden, se acometerán «grandes mejoras materiales que, haciendo a Madrid digna capital de una gran nación, sean para el futuro recuerdo permanente y vivo de la Revolución de septiembre, de esa revolución gloriosísima, que ha restaurado la honra mancillada de la nación. ¡Viva la unión del ejército y del pueblo! ¡Viva la libertad con el orden!».

5. …y una capital digna de la Nación

«La primera de todas las necesidades de Madrid, una vez victoriosa la revolución, es asegurar el orden público, es ofrecer al vecindario, al capital, al comercio y a la industria sólidas garantías; es procurarse medios de montar una buena policía urbana; es tener elementos para realizar mejoras efectivas»: Fernández de los Ríos, que fiaba a la revolución la posibilidad misma de la transformación de Madrid, no insistía menos en la necesidad del orden, como si quisiera condensar en su propuesta urbanística el doble contenido de los movimientos populares madrileños, revolución con orden. La autoridad soberana de la revolución debía manifestarse inmediatamente, antes de que la resistencia burocrática pudiera contrariarla, en actuaciones rápidas que pusieran las bases del futuro Madrid. Pero esa urgencia, y la radicalidad de las medidas propuestas, no podía aparecer reñida con el orden; actuar con rapidez y actuar con orden: tal es la sustancia del proyecto que convertirá a Madrid por vez primera en una «capital digna de la Nación, digna de España».

Aunque en ocasiones pueda transmitir otra impresión, el proyecto revolucionario de transformación de Madrid no pretendía hacer tabla rasa del pasado para comenzar desde cero, sino proceder a todas las demoliciones que fuesen necesarias —y no eran pocas— con objeto de abrir espacio a las grandes y urgentes reformas de la ciudad. Fernández de los Ríos, a quien el Ayuntamiento había llamado de París para que se hiciera cargo de la concejalía de Obras, trajo de su largo exilio idéntica impresión y el mismo propósito acariciado, antes que él, por Mesonero, y que sentirá, después que él, Azaña. París es de nuevo, y será siempre, el espejo en que los madrileños, viajeros como Mesonero, exiliados como Fernández de los Ríos, o becarios para ampliar estudios como Azaña, contemplan su ciudad y les obliga a cambiar su mirada. Revolución política y nuevo orden social, derribo de conventos y construcción de suntuosos edificios, magnificencia y racionalidad: el espejo que tuvo ante sus ojos Fernández de los Ríos era el de las grandes actuaciones haussmannianas, cuando los reformadores no dudaban de entrar con la piqueta por la trama de la vieja urbe para trazar calles y abrir plazas en el corazón mismo de la ciudad. Ante esas actuaciones quirúrgicas, todo lo realizado en Madrid no pasaba de ser remedio casero, incapaz de devolver la salud al enfermo. Era preciso llevar la ciudad a la mesa de operaciones.

Con el París del Segundo Imperio como modelo de la gran capital que deseaba para España, y con el plano de Madrid desplegado sobre su mesa de trabajo, Fernández de los Ríos no se anduvo con remilgos a la hora de elaborar la lista de edificios condenados al derribo: conventos, parroquias, iglesias y capillas ocupaban lugar privilegiado, pero los cuarteles tampoco quedaban a la zaga. Una sola de las muchas actuaciones previstas exigía, como medida urgentísima, la demolición del convento del Carmen, de la iglesia de San Luis, del Monte de Piedad, de las Descalzas Reales, de San Martín, de Santa Catalina de los Donados y de Santo Domingo. Pero que nadie, advierte el reformador, se sorprenda por la magnitud de la empresa, pues al derribar los vetustos edificios, los solares, desnudos de casas y limpios de escombros, nivelados y cortados por calles y plazas, doblarán su valor. Tal es, en resumidas cuentas, el meollo urbanístico de la revolución con el orden: los derribos, escribe Fernández de los Ríos, enriquecen. Lo que pudiera haber de revolucionario en el primero de los postulados —hay que proceder inmediatamente a las demoliciones— se vuelve perfectamente burgués y capitalista en el segundo —con objeto de que los solares multipliquen su valor—. Los tiempos han cambiado, las ciudades no son más que aglomeraciones de hombres que viven en actividad y que están dispuestos a pagar el doble si para producir, para cambiar, para circular, para gozar no encuentran en su camino obstáculos ni embarazos. La ciudad deviene así espacio para facilitar la velocidad, que es la mejor manifestación de la nueva riqueza liberada por la revolución. Expropiar para demoler, demoler para incrementar el valor del suelo, pues cuando tal suceda las calles se construirán solas: no podría definirse con más economía de argumentos toda la sustancia de la revolución soñada por Fernández de los Ríos y sus amigos progresistas. La revolución urbana es la condición del enriquecimiento social, la puerta a una nueva era de prosperidad.

Y es revolución porque la obra destructora de las demoliciones permite diseñar sobre el plano un nuevo orden para la ciudad y elevar su rango a capital de una nación dispuesta a tomar en sus manos su propio destino. Es significativo que a la llegada al poder municipal de un político demócrata como Nicolás María Rivero corresponda el intento de llevar a la práctica la idea de capital de la nación que había germinado en la cabeza de un revolucionario de los años cincuenta, escritor y periodista, fundador y director de diversas publicaciones, representante de esa clase media profesional que, como el nuevo alcalde, se había abierto paso en Madrid por la pluma, la prensa, la abogacía o la política —o por todas ellas juntas— y que siente llegada la hora de actuar quirúrgicamente sobre los restos de la vieja ciudad conventual y palaciega, abandonada a su suerte por el partido moderado. Ningún lamento por lo mucho que sería preciso derruir: toda aquella relación de conventos e iglesias no era nada cuando se comparaba con las calles rectas y largas, con los mercados y los ensanches que su destrucción permitía, con la rapidez de movimientos y mercancías, con la prosperidad que su nuevo valor anunciaba.

Nada, pues, de ideas de reformas interiores pequeñas y tímidas, como las propuestas hasta entonces y, sobre todo, las contenidas en el plan Castro. A cada bloque de edificios demolidos corresponderá una calle prolongada, una plaza abierta, un trazado alineado. Calles amplias, monumentales, rebosantes de árboles y jardines, que comunicarán los edificios representativos, símbolos de la nueva capitalidad de la nación. Primero había que buscar nueva ubicación a las mezquinas sedes de no pocas instituciones oficiales, entre otras, al mismo Ayuntamiento, que por su tradicional carácter de «corporación servidora de los reyes» había puesto a disposición de la Corona suntuosos edificios mientras él permanecía en la Casa de la Villa, que no poca vergüenza despertaba en Fernández de los Ríos cuando pasaba por delante del Hôtel de Ville de París o la comparaba al Capitolio de Roma o al palacio del corregidor de Londres. Luego, una vez ocupados los dignos edificios, era preciso comunicarlos entre sí por medio de calles no menos representativas de la nación digna. Así se recuperó el viejo —de más de un siglo— proyecto de unir, con la prolongación de la calle Bailén, el Palacio Real con San Francisco el Grande, propuesta sede del Panteón Nacional de Hombres Ilustres. Pero echada la imaginación a volar, ¿por qué contentarse con ese foro y no ampliarlo desde el sur, abriendo una nueva calle convenientemente bautizada Nacional, hasta enlazar el Panteón con el Congreso y, por el norte, desde el Palacio Real hasta el de Liria, demoliendo de paso el cuartel de San Gil, y desde allí hasta la Dehesa de la Villa por la explanada de Amaniel? Visión magnífica, con una gran vía norte-sur que discurriría por toda la fachada occidental de la ciudad y que enlazaría luego por el sur con el este hasta completar un recorrido monumental en el que las fachadas de las casas servirían como superficies de las calles abriéndose en puntos estratégicos para una mejor visión de los lugares de la memoria nacional.

A la vez que de edificios símbolos de la nación, Madrid dispondría así de grandes y rectas avenidas que permitirían una circulación rápida y una amplia perspectiva. Demolidos los conventos y expulsada la dinastía que había convertido la ciudad en mera Corte, sin referencia a la nación, la idea de Madrid emerge aquí con toda claridad y sin reserva alguna ligada a un nuevo sentimiento nacional que encuentra en la capital el lugar de su sede simbólica, política y administrativa, su nuevo centro de poder: había que cambiar la ubicación de los ministerios, despejar espacios para conmemorar gestas históricas —plaza del Dos de Mayo—, proyectar Madrid hacia el futuro —plaza de Europa—, trasladar los restos de españoles ilustres al Panteón Nacional, cambiar los nombres de las calles para evocar páginas y personajes de una historia nacional: Numancia, Sagunto, Covadonga, Padilla, Bravo, Maldonado. Todo lo que no hicieron con Madrid los Austrias en los siglos XVI y XVII ni los Borbones después —«¡Qué dinastías las dos que hemos tenido! Se explica que, dada su índole, no se cuidaran de la comodidad y el ornato de la capital, pero no se comprende que llegara su abandono hasta descuidar lo que tenían diariamente ante sus ojos»— lo haría la revolución: elevarla a capital que expresara esa «ideología del poder» que Mumford ha teorizado como característica de la ciudad barroca.

A la grandiosidad de la transformación del interior corresponde la implacable crítica al proyecto de ensanche por el exterior. Fernández de los Ríos no aprecia nada el plan de Castro, arbitrario damero que encorseta el crecimiento de la ciudad. El límite exterior, con ligeras modificaciones, es lo único que habría de subsistir, a condición de transformar el foso en una alameda que garantizase una rápida comunicación circular. Desechado el plan de la cuadrícula y abandonadas por costosas e irrealizables las propuestas de Castro, lo único que el Ayuntamiento y el gobierno tendrían que hacer es «dar vida urbana a la zona del ensanche, llevando dependencias importantes a los extremos de Madrid», lo que exigiría proceder con toda urgencia al derribo de las tapias que aislaban al viejo casco de los barrios crecidos extramuros y abrir grandes vías de comunicación que pusieran en contacto el centro con los extremos por medio de ferrocarriles, ómnibus y carruajes económicos. Así se promoverá la construcción privada y así el interés particular llevará a comerciantes e industriales a establecer allí sus almacenes y fábricas. Como buen progresista, Fernández de los Ríos no dudaba de la abundancia de compradores una vez que Ayuntamiento y gobierno hubieran comunicado, adecentado y vitalizado convenientemente la zona.

La revolución no consistía sólo en proyectar grandes vías rectilíneas, o abrir grandes plazas rectangulares o circulares, como la propuesta de la Independencia, ejemplo a escala menor de l'Étoile de París; el nuevo orden revolucionario no podía limitarse a construir sobre la antigua trama del casco o extender sobre la nueva del ensanche la racionalidad de la recta y del círculo. Había que dotar también a la ciudad con todo aquello que contribuía al progreso, bienestar y armonía de sus habitantes: a las calles y plazas ordenadas correspondía una sociedad que procuraba guarderías para los niños de madres obligadas a trabajar, asilo a los pobres, casas-modelo a los huérfanos, establecimientos de beneficencia a los ciegos, impedidos y dementes, hospitales a los enfermos, cárceles que se transformasen en colonias agrícolas donde los penados trabajasen al aire libre, escuelas a los niños, centros de instrucción a los adultos, baños económicos para la higiene pública, cementerios para los muertos. Y, lógicamente, aquellas instituciones que constituyen el orgullo de todas las capitales modernas: una nueva Bolsa, una Biblioteca Nacional, un Mercado Central...

Compendio y resumen de esta visión de la nueva morfología urbana y del nuevo orden social de la ciudad es la propuesta de construir casas baratas para la honrada gente trabajadora. Nada arbitrario hay, sino expresión muy coherente del pensamiento revolucionario, en proponer la segmentación espacial de la ciudad por clases sociales, sueño de todo el urbanismo progresista desde ahora hasta los años treinta del siglo XX. Inútil pretender que la vivienda del obrero mejore si lo único que se le ofrece es cambiar la buhardilla del casco por una buhardilla en el ensanche, como se venía haciendo para aprovechar el mínimo espacio habitable. A cada familia obrera una casa y un jardín: este pensamiento, que se adelanta al de Arturo Soria, sería la base de la creación de sociedades cooperativas y de ahorro con objeto de que el honrado y económico trabajador pudiera disponer del suficiente dinero para pagarse una casa en alguna de las colonias planificadas, que, no por casualidad, se construirán fuera y alejadas del viejo casco, en los bordes de grandes vías de comunicación, y situadas radialmente respecto al centro de la ciudad: cuatro barrios obreros, de más de cien casas cada uno, deberían crecer, si la revolución alcanzaba sus objetivos, detrás del convento de San Bernardino, en la Puerta de Toledo, en el Paseo de las Delicias y en Ventas. Y rodeándolo todo, diez millones, cuando menos, de árboles que dieran a las cercanías de Madrid un aspecto semejante, otra vez, a las de París. Madrid ordenado y dinámico en su interior, próspero y espacioso en su ensanche, socialmente segmentado, rodeado por una circunferencia de verdor y bien comunicado en su exterior: tal era la utopía urbana de los revolucionarios del 68.

No muchos años después de que Fernández de los Ríos formulase su plan, quienes llegaban de fuera seguían sin encontrar al acercarse a Madrid, como escribe Lucas Mallada en 1890, ni grandes fábricas y talleres, ni lindas aldeas, ni graciosas casas de campo cercadas de flores, ni bosquecillos, arroyuelos, isletas, caídas de agua, parques, estanques, alamedas, como las que embellecían las cercanías de tantas ciudades extranjeras. Una vez dentro, el panorama no era más excitante: cuando Baroja desembarque por segunda vez en Madrid, sentirá bajo sus pies una ciudad inmóvil, sin curiosidad y sin deseo de cambiar. Madrid conservaba en los años ochenta y noventa aquel aire de pueblo, de ciudad encerrada en sí misma, con el campo metido hasta sus entrañas por las costanillas que servían de camino a las burras de leche y a las cabras para pastar en sus plazuelas, convertidas así más que en lugares simbólicos de la nación, en rústicos prados. Los aguadores subían aún el agua a los pisos altos de las casas y en la Puerta del Sol una abigarrada mezcla de gentes seguía en bulla permanente. El pueblo, que había dejado de ir a la revolución, no peregrinaba al panteón de las glorias nacionales sino que se arremolinaba en torno a los cadalsos en los que se ejecutaba a los condenados a muerte a la vista del público para edificación de las buenas gentes o se solazaba en el Apolo y en tantos otros teatros que por entonces abren sus puertas para las representaciones del género chico, en las que ve reflejada físicamente la vieja ciudad e idealizados sus oficios tradicionales: romántico y revolucionario de los años treinta a los sesenta, el pueblo de Madrid se habrá vuelto castizo y zarzuelero en los ochenta.

¿Qué se hizo, entonces, de la revolución y del Madrid futuro? Pues que de orden no hubo nada, y de capital hubo poco, en los años inmediatos y, sin capital ni orden, aquella revolución, con todos sus proyectos, acabó esfumándose en el aire sin subvertir la estructura de clases del Madrid isabelino y sin afectar decisivamente a la morfología de su capital. La alta sociedad madrileña, que no había cerrado sus salones ni en los más álgidos momentos revolucionarios, sometió a Amadeo de Saboya y a su esposa a un ostracismo implacable que tuvo ya desde el primer momento su expresión en los desiertos balcones de los palacios de Medinaceli, Vistahermosa y Valmediano el día de la entrada en Madrid del nuevo rey, al que llamaban por los salones «Macarroni I». Luego, todo fue vacío y vejaciones: si a la nueva reina le era difícil encontrar entre los grandes quien acudiera a rendirle pleitesía, a los condes de Heredia-Spínola no les costó nada que el tout Madrid se diera cita en sus salones para celebrar el cumpleaños del príncipe Alfonso. José Varela, que ha descrito con fuerza estas escenas, recuerda la seguridad, el dominio de la situación, con el que las señoras de la aristocracia conspiraban abiertamente por la Restauración monárquica, hasta el punto de que el embajador británico se referirá a ella como «the ladies' revolution». La grandeza madrileña, mermada en algo su fortuna, pero todavía en poco su poder, conservaba suficientes recursos para organizar partidas con la canalla de los barrios bajos que salían a la calle a batirse contra la república y la nación y por la monarquía y el rey. La revolución popular de 1868 se convirtió, sin que apenas nadie lo notara, en the ladies' revolution de 1874, en la Restauración monárquica.

Y así, todo lo que quedó del futuro Madrid de esos seis años de revolución y democracia fue el viaducto sobre la calle de Segovia, una de las «obras más considerables de Madrid durante el siglo pasado» —según creía Pedro de Répide— y una de las primeras muestras de la arquitectura de hierro, inaugurado en octubre de 1874; el tranvía de mulas que enlazó desde 1871 el barrio de Salamanca con la Puerta del Sol, los ómnibus y, sobre todo, los derribos. Con el Ayuntamiento de 1869 cayeron, ante la cámara fotográfica allí presente para testimoniar del escueto valor arquitectónico de los edificios condenados a desaparecer, las iglesias de Santa María, Santa Cruz y San Millán, los conventos de Santa Teresa, Maravillas, Santo Domingo, Calatravas y lo que quedaba en pie del Carmen Descalzo, el cuartel de Artillería y la Plaza de Toros y todas las tapias que impedían la prolongación de las calles del viejo Madrid: mucho derribo y algunas nuevas plazoletas y calles pero nada que mereciera en verdad el nombre de revolución salvadora, que era lo que, según Fernández de los Ríos, necesitaba Madrid.

Pero si eso es verdad, también lo es que, restablecido el orden y olvidada la revolución antes de percibirse los frutos de aquella utopía urbana, Madrid se convirtió en potente foco de atracción de un movimiento migratorio que en menos de treinta años aumentará en un 66 por ciento la población de la villa: los 334.000 habitantes de 1872 serán, al comenzar el siglo XX, 540.000, incremento debido en su totalidad a la inmigración, pues Madrid conservaba todavía la demografía típica de las ciudades de Antiguo Régimen, en las que morían más personas de las que nacían debido, desde luego, a la alta mortalidad infantil, pero también al azote de las epidemias que no cesaban: el cólera, la gripe y la viruela causarán grandes estragos entre los madrileños en varios asaltos de las últimas décadas del siglo.

¿Qué vienen a hacer, en qué se ocupan, de qué viven, dónde se meten esos inmigrantes? En la industria, desde luego, no; pues si la impresión de una total inmovilidad tras los años revolucionarios es falsa, también lo sería la de un dinamismo industrial que atrajera hacia grandes fábricas a un número creciente de trabajadores. Si ninguna revolución política fue capaz de abolir para siempre la «espuria raza de los Borbones», si ninguna revolución social provocó la ruina de la nobleza, tampoco ninguna revolución industrial aceleró el pausado ritmo de la producción. Madrid llegará a principios del siglo XX con una estructura industrial muy semejante a la que Madoz y Monlau retrataron a mediados del XIX: predominio de las fábricas o talleres dedicados a la producción de bienes de consumo directo para la propia población y de artículos de lujo destinados al consumo de su antigua nobleza y de su nueva burguesía ennoblecida. Todavía a finales de siglo se podrá repetir que las empresas madrileñas de mayor volumen son la Casa de la Moneda, la Imprenta Nacional, las fábricas de Papel Sellado, la de tapices de Santa Bárbara, la de loza de la Florida, la de Gas y las no menos conocidas fundiciones de Bonaplata, Safont y Sanford o las platerías Martínez.

Ciertamente, el número de industriales creció por encima del ritmo de crecimiento de la propia ciudad: si los madrileños rondaban el cuarto de millón hacia mediados de siglo para superar el medio millón a principios del siguiente, los 2.000 industriales de 1850 serán cerca de 6.000 en 1905. Y sus trabajadores lo harán casi en idéntica proporción: los 11.000 de entonces serán 68.163 ese mismo año, aunque en el censo de 1900 apenas rozan los 45.000 todos los dedicados a alguna actividad industrial en la capital, incluida la construcción. Pero ese mismo crecimiento indica que el tamaño medio de fábricas y talleres era muy parecido y el tipo de producción también. Como en 1850, lo que destaca sobre todo en la industria madrileña de principios de siglo es la fabricación de artículos de uso corriente e inmediato: alimentación, vestido, muebles, calzado. Si se observa el crecimiento de sectores como la química y la metalurgia, parecería que las industrias punta comenzaban a instalarse en Madrid, pero se trata de un espejismo. De momento, lo que estas fábricas producen son también artículos de consumo inmediato: jabón, cera, transformados mecánicos. En definitiva, la ciudad ha crecido en ese medio siglo y con ella, a su paso, crece la industria, pero no cambia el tamaño de las instalaciones ni el tipo de productos ni, en fin, la estructura de las clases sociales que sobre esa mayor presencia industrial se levanta. Y por lo que respecta a la producción de lujo, la pauta es también similar a la descrita por Madoz: porcelana y cristal, mobiliario, tapices, alta costura, joyería, perfumería, carruajes y coches. No es de lujo, pero sí lo es para la ciudad disponer de un floreciente sector de artes gráficas, que ocupa a unos 6.000 trabajadores y que confirma el peso de Madrid como capital del papel impreso, de la prensa y del libro.

De todas formas, no todo es lo mismo: la mayor disponibilidad de suelo y de agua permite la diseminación por el ensanche de algunas grandes fábricas, como la de calzados de José Soldevilla, que da trabajo en los años setenta a 500 obreros; las de objetos de plata y similares que Meneses instala en la calle de Don Ramón de la Cruz; la fundición de Francisco López, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, donde ya se deja sentir el influjo de las conexiones ferroviarias que convierten al ensanche sur y al distrito de la Arganzuela en la zona del primer despegue metalúrgico madrileño; la gran imprenta de Rivadeneyra, en el Paseo de San Vicente; La Deliciosa, una fábrica de bebidas gaseosas, establecida en el Paseo de Santa Engracia, que con Mahou, que instala su gran establecimiento en la calle Amaniel, satisfacen el arraigado gusto de los madrileños por la cerveza con limonada. La producción industrial comienza a despegar y, al hacerlo, abandona el viejo casco de la villa y, en ocasiones, hasta el término municipal, como fue el caso de la Colonial y de Matías López, que se llevaron sus afamadas fábricas de chocolate a Pinto y a El Escorial. Talleres y fábricas, y hasta altas chimeneas, surgen un poco por todas partes, rompiendo así por vez primera la trama homogénea de la ciudad protoindustrial.

Con las nuevas fábricas, también se incrementa la instalación de máquinas de vapor, no muchas todavía, pero en esto, como se sabe bien, lo importante es despegar. Madrid lo hace en esos años: si en 1885 la fuerza motriz de su industria era de unos 2.500 caballos de vapor, veinte años después, en 1905, será de 26.000, cantidad insignificante, desde luego, para una gran capital, pero ya está instalada la Fábrica de Electricidad del Pacífico (en 1899) y quedan dos años para que Hidroeléctrica Española abra sus puertas en Nicolás María Rivero. Una de las causas de la insignificancia industrial de Madrid, la falta o escasez de energía, comienza a disiparse, y aunque sus efectos sólo se dejarán sentir con fuerza a partir de la segunda década del siglo XX, hay energía bastante para que el alumbrado eléctrico comience a funcionar en 1883 y los tranvías eléctricos sustituyan a los de mulas desde el último año del siglo XIX.

Con todo, la mayoría de los inmigrantes no venía con la esperanza de encontrar trabajo en fábricas o talleres. Quienes se libraban de engrosar directamente las masas de pobres y mendigos que seguían pululando por las calles de la ciudad, tenían todas las posibilidades de ir a parar al servicio doméstico y al peonaje de la construcción. Sobre todo, al servicio doméstico, que daba trabajo, a principios de siglo, a una de cada cinco personas ocupadas —cerca de 40.000 (de las que 32.000 son mujeres)— y que será, hasta 1930, el capítulo de «profesiones» que más empleos ofrezca en Madrid: la familia de Corpus Barga, que el propio escritor define como una de esas «familias españolas hidalgas, de nobleza media, que han ido desarraigándose hasta perder sus bienes raíces y formar una burguesía ociosa y burocrática de la que intentaron libertarse los miembros de ella que se dedicaron a las profesiones liberales», disponía, a finales de siglo, de mayordomo, criado, señorita de compañía, cocinera, planchadora y varias criadas. Abundante y barata mano de obra doméstica, tan propia de ciudades de Antiguo Régimen, que dominaba aún el panorama laboral de principios del siglo XX.

La enorme cantidad de servidores domésticos que salta a la vista en todos los censos de Madrid remite, con su sola presencia, al éxito social del sector de la clase media que acabará identificándose como burguesía. Surgida del comercio, el préstamo, la política y las letras, la burguesía madrileña ha llegado, por fin, a la cima: sus miembros más representativos y afortunados —Manzanedo, De las Rivas, Sevillano, Ceriola, Santamarca—, algunos de ellos comerciantes ya en los tiempos de Mendizábal, oficiales de la Milicia Nacional, comerciantes capitalistas, o sea, prestamistas y banqueros en tiempos de Isabel, revolucionarios en los años cincuenta, sin que faltara tampoco algún septembrino en los últimos sesenta, han incrementado su patrimonio con la compra de tierras y son ahora nobles de nuevo cuño —duques de Santoña, marqueses de Alcañices— y propietarios de una parte de los bienes de la antigua nobleza, a la que habían concedido préstamos que le permitieron sanear sus haciendas a la vez que ellos mismos redondeaban las suyas incrementando con propiedades inmuebles un patrimonio crecido con el comercio de mercancías y de dinero. Son protagonistas de la vida social madrileña, personajes de todas las novelas de la época, de las complacientes como Pequeñeces, de Coloma, hasta las críticas como La Espuma, de Palacio Valdés, en la que un botarate de la aristocracia, Pepe Castro, se decide a «tomar estiércol» casándose con Esperanza Calderón, hija de un banquero, por más que como dice a su tía «bien quisiera casarme con una mujer de nuestra clase, pero los jóvenes de la nobleza, por desgracia, no suelen tener en el día fortuna». Y tan elocuente como Pepe es su tía cuando le responde: «Está bien pensado. Aunque sea transigiendo un poco debemos salvar nuestros nombres de la ignominia». Y luego, como para consolarse: «Esperanza es una niña excelente: se ha educado ya entre nosotros».

No es de nuestra clase, lamenta el sobrino; pero se ha educado entre nosotros, se consuela la tía. Burgueses educados entre aristócratas, casados luego con ellos para tomar su nombre y salvarles de la «ignominia» aportando dote al matrimonio: esta misma manera de definir su triunfo como una llegada, como entrada en los salones, como partícipes de la sociedad, como conquista de un vínculo familiar, demuestra bien que con su revolución —quienes de entre ellos en la revolución anduvieran, que no fueron todos— los burgueses nunca pretendieron arrasar la antigua sociedad sino ser admitidos a ella, que su propósito nunca fue liquidar a la nobleza sino asentar las bases de un poder que le permitiera acceder a sus rangos, por el matrimonio o por la obtención de un título. La intensa vida de sociedad durante la Restauración, con secciones en la prensa en las que aparecen mezclados nombres de la aristocracia, de las nueva nobleza de origen burgués y de las altas fortunas de los negocios, la política y, crecientemente, de las letras, muestra bien la altísima capacidad de la sociedad establecida para incorporar a sus rangos a las elites emergentes; una sociedad por así decir porosa y hasta anhelante de incorporar por las razones que se pueden suponer a las grandes fortunas crecidas en la capital. Evidentemente, el resultado de este proceso de absorción, que aparecerá con más claridad en el primer tercio del siglo XX, fue que al mismo tiempo que la burguesía se aristocratizó en posesiones y gustos —compró tierras, construyó palacios—, se volvió devota y frecuentó templos e iglesias, la aristocracia comenzó a actuar como burguesía de negocios —compró acciones, aprendió a especular y a sentarse en los consejos de administración de las sociedades anónimas—. Tal es el origen de la «aristocracia financiera», privilegiado protagonista de la actividad económica madrileña hasta bien avanzada la dictadura del general Franco.

El éxito económico y social de estas fortunas burguesas, sólo equiparables a las de escasísimas casas nobiliarias, como Medinaceli o Alba, pero que superan ya con creces las de muchas otras, no pocas en bancarrota, incluida aquella de Osuna que hacía estremecer de gusto a Fernández de Córdova en los años de la primera revolución, tuvo un inmediato reflejo en su progresiva ocupación del nuevo Madrid: si el interior había agotado la oferta de solares, el ensanche ofrecerá terreno a buen precio para reproducir allí, hasta donde fuera posible, la forma de vida nobiliaria. Desde 1873, y durante diez años, la industria de la construcción conocerá en Madrid uno de sus momentos de esplendor: lo que resulte del ritmo vivo de las edificaciones, y no lo que había proyectado Fernández de los Ríos, será lo que acabe por identificar el nuevo espacio nobiliario/burgués que definirá el futuro Madrid o, al menos, una de sus zonas más representativas. Recoletos y Castellana, que a duras penas habían atraído a ilustres moradores antes de la revolución, se convierten ahora, en un Madrid algo mejor comunicado, en el eje más preciado donde crecen por ensalmo palacetes y hoteles particulares, con mezcla de todos los gustos, neomudéjar, clásico, italianizante, afrancesado, ecléctico. Allí levanta sus nuevas mansiones la vieja aristocracia titulada y la nueva nobleza que pródigamente multiplica la monarquía restaurada, y allí buscan acomodo los altos cargos de la administración, los políticos de éxito, los escritores más célebres y la pléyade de burgueses enriquecidos. Y aunque en la frontera del casco antiguo y el ensanche abriría sus puertas desde 1892 (veintiséis años después de iniciadas las obras), uno de esos edificios en los que Fernández de los Ríos vería gustoso un símbolo de la nación, la Biblioteca Nacional, en su conjunto, la zona Recoletos/Castellana y su entorno inmediato resultarán ser el auténtico Madrid burgués, el de los hôtels particuliers que se habrá realizado, en una dimensión de todos modos reducida, sin que la vieja ciudad hubiera experimentado los efectos de las radicales operaciones de reforma interior o, más exactamente, de destrucción de su viejo tejido para levantar en su lugar algo similar a lo que ya había ocurrido en el Londres georgiano o en el París del Segundo Imperio.

Nada de extraño que a derecha e izquierda de ese nuevo eje nobiliario/burgués en que se convierten durante la Restauración los paseos de Recoletos y Castellana, los terrenos adquieran más valor y se colmaten con rapidez. El barrio de Santa Bárbara, a la izquierda en dirección norte, es el primero en aprovechar, también con palacios y hoteles y con edificios suntuosos de cinco y seis plantas, los solares todavía vacíos y ya parcelados. La instalación de ascensores a partir de 1874 liquida casi de inmediato la heterogeneidad social de los inquilinos de los inmuebles. Aquí, y en otros barrios característicamente burgueses como el de Alfonso XII —el más armónico y sedante de Madrid, la más lograda combinación de monumentalidad, naturaleza y vecindad, como lo definió Juan Benet—, salvo el principal, que seguía reservándose el propietario, el resto de las plantas ofrece sólo dos viviendas a inquilinos acomodados, y no como antes más viviendas y menos espacio a medida que se subían escaleras. La arquitectura es monumental y las fachadas pretenden reflejar, con motivos ornamentales de todos los gustos posibles, desde el neogriego al neoclásico pasando por el neogótico, la clase social a la que pertenecen sus moradores. En el barrio de Salamanca, de mucha mayor extensión, los solares más cercanos al nuevo eje reproducen idéntico modelo pero a medida que la construcción se aleja de esta vía, la nueva clase media de profesionales será la que imponga su presencia. No que aquí y allá, incluso alejados de la Castellana, no se levanten palacetes: a lo largo de lo que serán las vías principales del nuevo barrio no faltan hoteles y palacios, pero como las restricciones a los volúmenes de edificabilidad han desaparecido, la ocupación más rentable del espacio animará a caseros y constructores a presentar una oferta al alcance de la clase media y aún de la artesana con posibles. El barrio de Salamanca, que dispondrá todavía en 1930 de solares vacíos y manzanas enteras sin edificar, adquiere lenta pero ineluctablemente, desde que en 1873 se reduce a 15 el ancho de 20 metros de las calles de segundo orden, se prescinde de los patios de manzana, se suprimen los jardines proyectados sobre terrenos privados, se abandonan los planes de construir edificios públicos y se borran del plano las plazas previstas en los cruces de las principales calles, ese aire característico de la clase media madrileña, más bien pobretón, carente por completo de magnificencia, corta de miras, sin previsión de futuro, como si hubiera optado por encerrarse de nuevo en viviendas sin ventilación, con deplorables condiciones higiénicas, mirando a patios interiores más que hacia las grandes avenidas características de la ciudad burguesa que Fernández de los Ríos habría querido importar de París.

Y es que, finalmente, el nuevo Madrid no se irá definiendo como una ciudad burguesa —grandes vías, fachadas de piedra, plazas estrelladas, monumentos nacionales, gran comercio, tráfico— sino nobiliario/burguesa —palacios y palacetes, jardines privados— en su eje más representativo y de propietarios rentistas, pequeña burguesía mercantil, clase media funcionarial y profesional en sus zonas colindantes. Porque en este Madrid de la Restauración es donde comienzan a asomar la cabeza los intelectuales y profesionales como un sector diferenciado de la sociedad. Ciertamente, el intelectual como sustantivo no aparecerá hasta fin de siglo, pero la tradicional atracción que Madrid ejercía sobre la clase media se multiplica y diversifica desde que se pone fin a los movimientos revolucionarios. La Universidad Central, concebida como la cúspide del sistema educativo, se convierte en un poderoso foco de atracción de profesores a quienes el acceso a una cátedra en Madrid, aparte de ventajas económicas, les puede servir como trampolín de una carrera política o de representación institucional. De un grupo de catedráticos de la Central partirá la iniciativa de crear la Institución Libre de Enseñanza, de tan poderoso influjo no sólo en la vida intelectual y académica de la capital, con el conocido acento en la dedicación y el rigor que emanaba de las lecciones de sus más significados miembros, sino en la conformación de actitudes políticas liberales y reformistas y en la moral de la austeridad que cuajará en el ideal de la santidad laica, tan madrileño. Pero Madrid, además de oportunidades académicas, abre ahora un amplio mercado a nuevos profesionales como los ingenieros y arquitectos, que encuentran trabajo en la construcción de viviendas y edificios oficiales, y mantiene, como siempre, su amplio abanico de oportunidades a escritores y periodistas. Una primera concentración de profesionales e intelectuales que explica la emergencia, en los últimos años de siglo, del intelectual como crítico de la sociedad y de la política.

Crítica que no conduce, sin embargo, a un compromiso político ni, mucho menos, a la participación en movimientos revolucionarios. A partir del 68 y, sobre todo, a partir del fracaso de la República, la elite intelectual madrileña, como por lo demás los miembros de cierta elite burguesa y hasta nobiliaria, deja de conspirar y prefiere dedicarse a sus tareas profesionales o literarias. En Madrid trabajan y escriben durante la Restauración los últimos que todavía quedan de la generación romántica, Valera, Alarcón, Echegaray; los que alcanzan la madurez en el momento de la Institución Libre, Giner de los Ríos, Azcárate, Macías Picavea, Galdós; la generación que Laín llama «de los sabios» que sigue a la anterior sin solución de continuidad, Menéndez Pelayo, Octavio Picón, Ramón y Cajal, Pardo Bazán, y la que muy pronto alcanzará notoriedad como generación del 98, Baroja, Azorín, Valle-Inclán, mientras van madurando, pero son muy jóvenes todavía, quienes luego formarán la constelación del 14. Ninguno de ellos es romántico ni revolucionario. Más bien, bohemios, liberales o reformistas que comparten en ocasiones el ansia de regeneración pero que tienen del «pueblo» una percepción muy diferente a la del romanticismo. El pueblo no es ya el compendio de virtudes y heroísmos dispuesto a dar la sangre por la causa de la libertad; el pueblo es ahora ignorante y analfabeto, incapaz de encontrar un sentido a las cosas, arrastrado por los espectáculos castizos, sentado —como escribirá Azaña, que tiene 20 años cuando se cumpla el siglo— a la vera de los caminos de la historia.

Esta nueva percepción y la creciente distancia entre la elite intelectual y el pueblo es, además de una consecuencia de las experiencias políticas desencadenadas por la revolución del 68, resultado directo de la transformación de la ciudad, de la paulatina segregación espacial y de la lenta pérdida de sustancia popular de su viejo casco. El fin de las revoluciones populares es el comienzo de la formación en Madrid de una clase política que no debe su acceso al poder a algaradas o revueltas callejeras sino a la trama de relaciones de dependencia y clientelismo que consigue establecer con sus puntos de origen. Si la fusión de la alta burguesía comercial con la nobleza terrateniente —la conversión de Manzanedo en duque de Santoña, por ejemplo— dará lugar a esa aristocracia financiera que Costa definirá como oligarquía, el nuevo sistema parlamentario, con partidos de notables que se turnan pacíficamente en el poder, será la clave de la consolidación en Madrid de una clase de políticos profesionales estrechamente vinculados con los caciques locales.

Es esa nueva clase política, que engrosa la filas de los partidos liberal y conservador, la que se encargará de llevar a cabo algunas de las reformas e innovaciones que sobre Madrid habían abrigado o propuesto los moderados de los años cuarenta y los revolucionarios de los sesenta. Será ahora, en los años ochenta, y al tiempo que la edificación privada se hunde en una larga depresión, cuando Madrid se dote de algunos de los múltiples edificios que Mesonero echaba de menos en una capital digna de la monarquía y Fernández de los Ríos en una digna de la nación. Mercados, como los de la Cebada y de Mostenses, primeras estructuras de hierro levantadas en Madrid que la revolución había proyectado y que inauguró la monarquía; estaciones, también generosas en la utilización del hierro y vanguardistas en soluciones técnicas, debidas mayormente a ingenieros franceses e ingleses, como las del Norte, Delicias y Atocha, que sustituyen a los primeros desembarcaderos y que convierten a Madrid en centro de un mercado regional cada vez más integrado; edificios destinados a realzar la capitalidad cultural, como los museos de Etnología y de Ciencias Naturales, la Biblioteca Nacional, la Real Academia Española o la nueva sede del Ateneo en la calle del Prado; el Banco de España, que simboliza en su sólido eclecticismo el nuevo papel que jugará Madrid como capital financiera, reforzado por la coetánea construcción de la Bolsa de Comercio; nuevas construcciones para dependencias gubernamentales, como el imponente Ministerio de Fomento; instituciones docentes, desde la singular Escuela Superior de Ingenieros de Minas y la de Ingenieros Industriales hasta las Escuelas Aguirre, conjunto representativo del neomudéjar madrileño, que tanto ladrillo pudo consumir en beneficio de la tradicional industria de la construcción; edificios, como exigía el buen orden burgués, para auxiliar a los enfermos, como el Hospital del Niño Jesús; atender a los menos favorecidos por la naturaleza, como la Escuela Nacional de Sordomudos y Ciegos; encerrar en condiciones menos deplorables a los presos, como la Cárcel Modelo; o enterrar más dignamente a los muertos, con el cementerio de la Almudena. Y puesto que el viejo orden se había restaurado, nada mejor que iniciar por fin la obras para una catedral, también bajo la advocación de la Almudena, de la que se construye la cripta; proveer a la educación del clero con un Seminario Conciliar, y levantar nuevas iglesias, como las de San Andrés de los Flamencos y San Fermín de los Navarros. Los palacios de Cristal y de Velázquez, en el Retiro; una nueva Plaza de Toros en Felipe II, el teatro de la Princesa, el Circo Price, el frontón Beti-Jai son construcciones que además de contribuir al ornato de la capital, sirven al ocio de sus distintas clases sociales.

Se comprende que, para mantener esta actividad edificatoria, a la ciudad no vinieran sólo, ni principalmente, profesionales e intelectuales; además de chicas de servir, que es la categoría que más abunda, Madrid es foco de atracción de jornaleros que llegan en busca de trabajo. Y esa riada de inmigrantes, más que los palacetes nobiliario/burgueses y los edificios capitalinos, será lo que determine la futura configuración urbana, pues ante tal avalancha, las casitas de una planta en los arrabales y los sotabancos en el interior o en el ensanche son insuficientes, por no hablar de las menesterosas construcciones de los barrios bajos, idealizadas en el género chico quizá como reacción a esa invasión jornalera que comienza a liquidar la naturaleza artesana y menestral del trabajo madrileño. Los inmigrantes, sencillamente, no tienen dónde meterse: en el interior no queda espacio, y en el ensanche, el tipo de edificaciones previsto no está al alcance de sus economías, más bien modestas, cuando no indigentes. En realidad, más que en el ensanche, donde se edifica es en el extrarradio, cada cual en la parcelita que puede: Cuatro Caminos, Prosperidad, La Guindalera, Puente de Vallecas, Las Ventas, la Plaza de Toros, la Carretera de Extremadura ven crecer, sin los mínimos requisitos de higiene y salubridad, unas construcciones ínfimas que impedirán, para más de medio siglo, cualquier posibilidad de un crecimiento racional para el conjunto de la ciudad.

Surge ahora de manera aguda, porque salta a los ojos y se abren informaciones públicas o se discute de ello en congresos, el problema de la vivienda obrera al primer plano de las preocupaciones sociales. Los proyectos de casas para obreros, y alejarlos así de la ciudad, se abren paso, al menos en teoría porque la práctica es siempre cosa distinta, frente a la resistencia de quienes siguen abogando, y lo harán hasta finales de siglo, por la unión de clases en el mismo edificio. Vestigio del viejo orden derrocado en el nuevo restaurado es que en el primer Congreso Nacional de Arquitectos, celebrado en mayo de 1881 —en la cresta de la prosperidad que acabará dos años después—, todavía se eleven voces a favor de reservar en todos los nuevos edificios los sotabancos para el obrero, «porque rodeado de gente acomodada puede encontrar auxilio a sus privaciones, sobrante de alimentos, ropa, relaciones para el día de mañana, mientras que en las afueras se encuentra viviendo a solas con sus miserias». Por supuesto, este ideal será contestado en el mismo Congreso, cuando Mariano Belmás proponga la construcción de barrios obreros en las cercanías, aunque separados, de la ciudad; pero que se defienda de palabra y por escrito significa que el ascensor y las nuevas técnicas constructivas no han desterrado por completo los proyectos de reproducir en el Madrid de la Restauración el modelo edificatorio de la primera desamortización. Si la madre de Corpus Barga —y ésta no era un personaje literario, como Barbarita— tenía a su pobre particular en la buhardilla de un edificio de la plaza del Celenque del que ella ocupaba el principal, ¿por qué no habría de tener el buen burgués a su obrero en la buhardilla de su nueva vivienda en el barrio de Salamanca?

Arturo Soria, sin embargo, juzgó irresoluble este y otros problemas en la vieja ciudad, a la que dio la espalda para irse a reproducir un modelo similar, sólo que en horizontal en lugar de vertical, a las afueras: palacetes con amplio jardín a la calle principal, parcelas más escuetas y casitas elementales para empleados y obreros en las calles posteriores, dotadas todas, desde luego, de idénticos servicios y las mismas comunicaciones. Pero la respuesta a los partidarios de meter a los obreros en sotabancos y buhardillas vendrá de otro lado, de quienes proponen construir casas para obreros, barriadas enteras para todos esos trabajadores a los que era ya imposible acomodar en los barrios destinados a la burguesía y la clase media. Fernández de los Ríos lo había propuesto y la Constructora Benéfica y El Porvenir del Artesano lo intentarán llevar a cabo, con escaso resultado y quiebra final. De modo que lo que acabará por imponerse durante estos años no es ni la buhardilla, ni la de Soria, ni el barrio obrero sino, en el interior, la casa de corredor o corrala, de las que a principios del siglo XX hay alguna muestra en todos los distritos de Madrid, hasta en lo más céntrico, aunque donde abundan sea en lo más bajo, geográfica y socialmente, de los viejos barrios bajos, en los distritos de Inclusa y Latina, seguidos no de muy lejos por Universidad. Por una o dos pesetas, «gente descentrada, que vivía en el continuo aplanamiento producido por la eterna e irremediable miseria... como hundidos en las sombras de un sueño profundo, sin formarse idea clara de sus vidas, sin aspiraciones, ni planes, ni proyectos ni nada», se metían en cuartuchos sin ventilación, hacinados, unos encima de otros. Con un jornal miserable, cuando alcanzaban a tenerlo, estas gentes no pueden ser ya aquel pueblo de Madrid que descubrió y exaltó el romanticismo revolucionario; ya no saldrán a la calle para hacer la revolución, sino únicamente a buscar un plato de comida en alguno de esos asilos y comedores de caridad que abren de nuevo sus puertas cada día para repartir mil, cinco mil raciones. Madrid llega a final de siglo arrastrando el peso de una incontable masa de jornaleros con trabajo eventual y salarios de miseria, de pobres y mendigos. Y esto en el caso de haber entrado en la ciudad y encontrado acomodo en alguna de sus corralas, pues otro indeterminado número de inmigrantes tendrá que conformarse con llegar al extrarradio, donde van construyendo en trazados irregulares, con ausencia total de orden, las casuchas que reproducen para Madrid el mismo paisaje que el de los alrededores de cualquier pueblo manchego, que todavía puede deteriorarse más cuando, más allá, o más abajo, surge alguna de esas dos mil chozas que Chicote cuenta en los primeros años de siglo y que comienzan a rodear la ciudad como si fueran trenzando un cinturón.

Si el palacete o la planta principal en suntuoso edificio en, o en torno a, Recoletos/Castellana es la prueba del éxito de la burguesía del comercio, la choza de Embajadores o de los altos de la Moncloa, la casucha de La Elipa, de los Tejares de San Sixto o del barrio de las Injurias, la corrala de Peñuelas o del Paseo de las Acacias es la prueba más rotunda del fracaso de Madrid para convertirse en capital digna de la nación: en treinta años, de 1870 a 1900, Madrid ofrece a quien se aproxima a sus alrededores, no ya la ausencia de los lindos arroyos que echaba de menos Lucas Mallada sino la imagen de miseria y abandono que evoca en todos el muladar, el aduar marroquí. Capital africana más que europea es lo que repiten novelistas, periodistas e higienistas y buena muestra de ello son esas corralas y esas chozas, y hasta cuevas, que existen un poco por todas partes, en el viejo casco popular y en los nuevos arrabales proletarios. «Nada hay más triste, nada es menos digno de las cercanías de una gran ciudad que los alrededores de Madrid» avisaba a los viajeros una guía francesa de 1886.

Se comprende bien que la creciente segmentación social de la ciudad, la incorporación de la burguesía al sistema político de la Restauración, la dedicación preferente a su trabajo de unos intelectuales que comienzan a habitar barrios más homogéneos, la marginación de los jornaleros en espacios de miseria, añadido todo a la frustración de expectativas políticas que dejó como secuela el Sexenio Revolucionario, hayan actuado como disolvente de aquel pueblo de Madrid que se había erigido desde 1834 en sujeto de revolución. Con el fin de la Milicia Nacional, y hasta de cualquier idea de nación por encima de la Corona, se liquida aquella singular institución que podía alardear de contar en sus rangos —jerárquicamente dispuestos, como garantía del orden— desde el burgués capitalista hasta el trabajador de oficio pasando por los empleados y artesanos. El sector de la clase media que no se pliega a la monarquía restaurada y nutre las filas de los partidos dinásticos intentará dar vida al ideal republicano, maltrecho tras la primera y breve experiencia, pero sus máximas figuras enseguida deciden seguir cada cual su propio camino dando lugar así a un estilo de vida político muy personalista, muy de adhesión a personalidades, sea Salmerón, Castelar, Ruiz Zorrilla o Pi y Margall. Aun si logran algunos éxitos electorales en la última década del siglo, los republicanos no son capaces de estructurar organizaciones sólidas ni asegurar una afiliación permanente. Se reúnen más bien en familia, crean comités de notables de vida lánguida si no hay a la vista una convocatoria electoral y aunque pretenden llegar a los sectores populares por medio de Juntas de Barrio y por la convocatoria de mítines —esa nueva forma de acción colectiva que anuncia el paso de la política de notables a la de masas—, su fuerte es el club, el periódico y la nostalgia de la conspiración.

Buenas razones para que ese otro sector que se desgaja progresivamente del pueblo con la incipiente conciencia de formar una clase social, la clase obrera, no se muestre muy proclive a dejarse convencer otra vez por los cantos del republicanismo y a seguir a sus líderes en la primera intentona insurreccional o revolucionaria. Hasta 1868, bastaba que unos cuantos civiles conspirasen, varios generales se pronunciasen y unos cientos de soldados salieran de sus cuarteles, para que el pueblo de Madrid se echara a la calle con las armas en la mano y sembrara de barricadas la ciudad. Pero desde 1875, las cosas cambian de forma notable. No porque falten civiles dispuestos a alentar insurrecciones, ni hayan desaparecido los generales bizarros capaces de mostrar su valor levantándose contra el gobierno, ni siquiera que en el pueblo no aliente todavía algún fervor por estos políticos revolucionarios y estos generales insurrectos, sino porque comienzan a oírse voces que llaman la atención sobre los intereses contradictorios de las masas trabajadoras y de los militares pronunciados y los políticos burgueses, y que advierten a los obreros que nada tienen que ganar, y mucho que perder, si se dejan arrastrar por dirigentes de otras clases sociales. Tal vez el recuerdo de experiencias pasadas, la proclividad del pueblo madrileño a participar en movimientos revolucionarios, ayude a entender el incansable, reiterado y machacón esfuerzo de un nuevo tipo de líder obrero por impedir el contacto de su clase con dirigentes políticos procedentes de otras clases sociales. Estas voces son internacionalistas y socialistas y aunque no se dejan oír ahora por vez primera en Madrid, sí que se oyen por primera vez de forma organizada, desde El Socialista, que comienza a publicarse en 1886, y desde los mítines que con cierta asiduidad convocan sus dirigentes en el teatrillo que Felipe Ducazcal tenía montado en el paseo del Prado, hollado ahora también por proletarios. El socialismo madrileño, que venía de Fourier y del grupo fourierista de los años cuarenta, encuentra en un inmigrante —Pablo Iglesias— y en trabajadores de oficios tradicionales y bien arraigados en la ciudad, como los gráficos, su primer núcleo. La opción por un crecimiento pausado y fuertemente organizado alejó por completo a los socialistas de cualquier veleidad insurreccional y de todo contacto con militares en mal de pronunciamiento y con políticos de clase media nostálgicos de la revolución. Sin duda, los republicanos y los militares presumían de actuar siempre rodeados del calor popular y mantuvieron su fe en la insurrección como mejor vía para el cambio político. Pero ni el pueblo estaba ya para echarse a la calle ni los dirigentes de la clase obrera mostraban ninguna propensión a dejarse embaucar por lo que tildaban de cantos de sirena.

Quizá no haya mejor muestra que la protagonizada por Ruiz Zorrilla como líder civil de una intentona revolucionaria y por el general Villacampa como militar pronunciado a finales de septiembre de 1886 para percibir la distancia que media entre los nuevos tiempos y la tradicional jornada revolucionaria. Entre la gente del pueblo, recuerda Baroja, que llegó a Madrid uno o dos días después de la intentona, se habló con cierto fervor del general Villacampa y de cómo había andado por las calles de Madrid hasta que le prendieron. Pero entre hablar con fervor de alguien y tomar las armas para seguirle hay una apreciable distancia, que los socialistas ahondaban todavía más. Para ellos, los 300 soldados que atravesaron la Corte gritando «¡Viva la República! ¡Viva Salmerón!» no encontraron más que la indiferencia o, en el mejor de los casos, la curiosidad de los habitantes de Madrid. Tal pasividad era resultado del aprendizaje de una lección histórica: hoy se comprende —escribía un editorial de El Socialista— que las aspiraciones de las masas siguen rumbos diferentes de aquellos que en tiempos no lejanos las arrastraban a ser carne de cañón de enemigos de su clase. En estas luchas no se ventilan intereses propios de la clase obrera, que por su parte hace muy bien al no prodigar en ellas su sangre. Los pronunciamientos militares burgueses —concluía— tienen un carácter mezquino.

Y bien, esto es realmente un nuevo lenguaje político en el Madrid del siglo XIX: el pueblo, como sujeto con intereses comunes a los de una clase media revolucionaria que se apoya en los militares, deja de ser invocado por quienes se erigen en intérpretes de sus intereses. Ahora los «elementos populares» se identifican con una clase obrera que comienza a organizarse sindical y políticamente. Frente a ella, la clase media, incluso si es revolucionaria o aparece como tal, no se diferencia en el fondo de la burguesía. Sus intentonas revolucionarias no hacen más que despistar a las masas de sus verdaderos objetivos, que no son otros que acabar con la burguesía y tomar por su cuenta el Estado. Para eso, confiar en los militares es una quimera, por mucho fervor que el pueblo haya sentido hacia ellos. Militares pronunciados y clase media revolucionaria no son más que una de las posibles caras de la burguesía. La clase obrera tiene sus propios fines, su propia organización y su propia estrategia; ha aprendido con la sangre derramada en tiempos no lejanos que no puede confiar en nadie más que en sí misma: tal es el mensaje que recibe el pueblo de Madrid y que si, de momento, no es suficiente para evitar que siga votando a los republicanos de clase media, sí lo es para enfriar o impedir que renazca el viejo entusiasmo revolucionario. Los tiempos de la revolución popular parecen pasados y Madrid ha perdido la ocasión de convertirse, como París, en digna capital de la nación.

6. Capitalistas, proletarios y profesionales

Cuando España acabó de perder las colonias, el tranvía empezó a perder las mulas; sucesos correlativos inaugurales de un periodo histórico, escribía Manuel Azaña en marzo de 1921 al evocar «el esbozo de progreso material» que apuntó en Madrid a comienzos de siglo. «No lo hemos olvidado —continuaba—: hubo renovación espiritual y apetencia súbita de ventajas y adelantos prácticos; descrédito de oradores; auge de inventores; constitución oficial de la generación del 98, con escala cerrada y amortización de vacantes. Se comprendía que aquí iba a pasar algo. Madrid fue perdiendo la calidad de apacible lugarón manchego: llegaron unas cupletistas francesas; los señoritos se vestían de frac para asistir al primer music-hall de la Alhambra; de la Puerta del Sol salió una mañana el tranvía eléctrico del barrio de Salamanca... Las mulas en reata, que bajaban al trote la cuesta de Atocha, rebotando los ganchos en los adoquines, con un bigardo caballero en la grupa ¿qué se hicieron?...» Y sigue: «Así como la introducción de la libertad ahuyentó a los frailes, y la llegada del agua del Lozoya dispersó a los aguadores, el fluido eléctrico acabó con las mulas del tranvía y sus encuartes».

Tres momentos de la historia de Madrid, tres sucesos inaugurales de otros tantos periodos históricos: la revolución liberal arrasó la ciudad palaciega y conventual, Corte de la monarquía absoluta; el agua liquidó a los aguadores y, con ellos, dispersó a la abigarrada mezcla de gentes que recibía el nombre de pueblo de Madrid; la electricidad acabó con las mulas y con ese aire de poblachón manchego que impregnaba a una ciudad en la que, además de mendigos, el paseante podía tropezar cada mañana con una variada mezcolanza del reino animal: burras, cabras, conejos, gallinas, pollinos. No que no quedaran frailes, ni pueblo, ni animales por las calles sino que sobre aquel poblachón se esbozaba ahora una ciudad moderna, una gran capital. Con el sacrificio de las mulas y la instalación del tendido eléctrico, que acontecían simultáneamente a la pérdida de los restos del imperio, Madrid no tenía más remedio que olvidarse de su pasado como Corte de la monarquía y convertirse en capital de la nación. Azaña no lo sabía cuando escribió entre 1920 y 1922 sus impresiones del «castillo famoso», pero era a él mismo y a su generación a quienes estaba reservado pensar de nuevo Madrid, libre ya de frailes, de aguadores y de mulas, como capital de la República e intentar otra vez elevar su rango al de las capitales europeas: hacer con Madrid, como dirá al alcalde y a los concejales en mayo de 1936, ya presidente de la República y como si por su boca hablara Fernández de los Ríos, algo similar a lo que el Segundo Imperio hizo con París.

El nuevo dinamismo de la capital, que estimulaba el punzante humor de Azaña, no era producto de ningún artificio sino expresión de las transformaciones que su estructura social y su equipamiento industrial experimentaron a medida que avanzaba el nuevo siglo y se convertía en el mayor foco de atracción de emigrantes. En el primer tercio de siglo, Madrid sufrió un profundo cambio demográfico debido no sólo a que por vez primera su tasa de natalidad fue superior a la de mortalidad sino al aluvión migratorio que se le vino encima durante esos años: desde principios de siglo hasta 1930, la provincia de Madrid arrojó un saldo positivo de 449.493 inmigrantes: 72.161 en el primer decenio, 158.682 en el segundo y 219.650 en el tercero, un volumen que explica que la capital duplicara prácticamente su población entre 1900 y 1930, pasando de 539.835 a 952.832 mientras los entonces llamados pueblos limítrofes, pegados ya a la capital, llegaron casi a quintuplicar la suya, saltando de 45.752 a 200.714 habitantes en el mismo periodo. Ese caudal acentuó uno de los conocidos rasgos de la pirámide demográfica madrileña y de todas las ciudades que reciben grandes contingentes migratorios: sus zonas centrales aparecen más hinchadas que la base, lo que indica que, entre sus habitantes, eran más los procedentes de fuera de la ciudad que los nacidos en ella. En Madrid, y en 1930, sólo el 37 por ciento de su población había nacido en la capital; un porcentaje similar procedía de la provincia, la región central y la región castellano-leonesa y, como siempre, podían encontrarse contingentes apreciables de gallegos, asturianos y cántabros, de andaluces —sobre todo de las provincias orientales— y de valencianos: Madrid era en verdad entonces, por su demografía —como escribirá dramáticamente Antonio Machado—, rompeolas de todas las Españas.

Una mirada a la estructura ocupacional de la población madrileña en 1930 sugiere que esos jóvenes que vinieron en tropel encontraron trabajo, en su mayoría, como chicas de servir, jornaleros, empleados y profesionales. Éstos fueron los años de formación de lo que quizá pueda considerarse como primera clase obrera madrileña y de lo que constituye sin duda la base del impresionante momento cultural del Madrid de los años veinte, sostenido por una amplia clase media, quizá infravalorada en su verdadera cualidad y dimensión por los sociólogos que han ubicado la irrupción de la nueva clase media en los años sesenta de nuestro siglo y que, por contraste, tienden a calificar de vieja clase media, nucleada en torno a la pequeña propiedad y la pequeña producción, a toda la que existía antes de la Guerra Civil.

Se produjo así durante el primer tercio de siglo una especie de yuxtaposición del viejo Madrid con su pesada herencia del Antiguo Régimen y una incipiente capital moderna en su estructura social. A la cabeza de los sectores ocupacionales se situaba todavía el servicio doméstico, con cerca de 70.000 activos, de los que más de la mitad —unos 43.000— tenían entre 16 y 30 años de edad. Madrid era todavía en 1930 una ciudad que ocupaba a un impresionante número de servidores personales: los altos funcionarios, los profesionales con mejor clientela, los comerciantes y prestamistas de más elevada posición repetían el modelo aristocrático y podían emplear hasta una docena de trabajadores domésticos. Se mantuvo también, y hasta se incrementó, la masa enorme de pequeños y medianos patronos de la industria y del comercio, que emplean entre uno y cuatro trabajadores, muchas veces familiares, y que dan vida a las asociaciones patronales con objeto de hacer frente a una doble amenaza: la que les llega desde abajo, en la forma de trabajadores también asociados en sus sindicatos, y la que procede de arriba, en lo que ellos llaman capital ocioso y usurero, esto es, los empresarios del comercio y la industria, que no trabajan como ellos, con sus propias manos, y que disponen, para la defensa de sus intereses, de las Cámaras de Industria y Comercio y, para su ocio, del Círculo de la Unión Mercantil.

Pero junto a las clases propias de la sociedad protoindustrial y precapitalista crecerán durante los años diez y veinte las clases y los sectores sociales de ciudades en proceso de transformación. Aunque en los censos no aparezcan más que 21.000 obreros de la construcción es muy probable que el total de los ocupados en esa industria, si se cuentan los de los municipios limítrofes que descargaban cada mañana a sus trabajadores en alguna obra de Madrid, ascendiera a unos 70.000 u 80.000 hacia 1930. No son, desde luego, obreros de fábrica, pero cada vez más serán trabajadores de sociedades anónimas de la construcción. Por ahí, más que por la fábrica, se hizo perceptible el primer proletariado de Madrid, pues avanzados los años veinte, Agromán, Fierro, Fomento, emplearán a 2.000 o 3.000 obreros en las grandes obras públicas. Con ellos, crecerán también los obreros de la industria: El Águila, Standard Eléctrica, Perfumería Gal, Rivadeneyra, Compañía Metropolitano y Gas Madrid, por señalar un solo ejemplo de varios sectores, empleaban cada uno a más de 500 obreros y abundaban las empresas que superaban los 100. Pero quienes aumentaron en esos años de manera más llamativa fueron los ocupados en profesiones liberales —35,000, exactamente el 10 por ciento de toda la población activa madrileña—, que en algunos casos, como el de arquitectos e ingenieros, habían multiplicado por ocho sus efectivos de principios de siglo. Una ya numerosa clase obrera y unas clases medias dedicadas sobre todo al comercio y a las profesiones liberales daban al Madrid del primer tercio del siglo XX un tono social más complejo que el del último tercio del XIX.

Y es que los años diez y veinte fueron los del inicio de grandes obras públicas y de construcción desenfrenada, de orgía constructora, como se dirá luego, cuando la crisis de 1929 asome las orejas. Madrid cambiaba a ojos vistas: desde principios de siglo, el Paseo del Prado transformó de forma notable su paisaje, pues además del Banco de España, que viene de la última década del siglo anterior, se levanta en Cibeles la obra más significativa de Antonio Palacios, el Palacio de Comunicaciones, y el capital francés y británico apuesta por el futuro de la capital como centro de turismo y de negocios financiando la construcción de un tipo de hotel hasta entonces desconocido y que impregna ese trozo de Madrid del aire del París siempre soñado: no serían sólo cupletistas las que desembarcasen sino capitales y estilo como ponen de manifiesto los hoteles Palace y Ritz, ambos en Neptuno, a dos pasos de la estación de Atocha. Lo importante, sin embargo, es que al fin, tras una interminable serie de proyectos de reforma interior, se emprende, desde los primeros años de la segunda década, la primera actuación de envergadura destinada a transformar el casco urbano abriendo una Gran Vía que sirviera de nexo entre los nuevos barrios de los diferentes ensanches crecidos en los últimos treinta años y aligerase el tráfico por el centro del viejo casco a la vez que lo saneaba, ventilaba y le daba empaque moderno. Durante el siglo XIX, Madrid no había dispuesto de capitales con los que acometer ninguna de las grandes obras de reforma interior ideadas para abrir sus estrecheces y es significativo que el derribo de las construcciones que ocupaban los 100.000 metros cuadrados a los que afectarán la actuación en la Gran Vía y las obras de desmonte y urbanización se concedan, por cerca de 29 millones de pesetas, a un banquero francés, Albert Silver, que se convirtió así en el financiero de lo que podría definirse como primera gran actuación capitalista de reforma de la vieja ciudad. De nuevo, Madrid sigue aquí, para la transformación de su interior, la pauta de dependencia externa inaugurada cincuenta años antes cuando banqueros franceses aportaron el capital necesario para convertirla en centro de la red ferroviaria.

Pero esa Gran Vía, que tardará más de veinte años en progresar desde Cibeles a la Plaza de España y enlazar el nuevo barrio de Salamanca con el de Argüelles, no es importante sólo porque su misma realización indica la presencia de nuevas formas de capital y de organización empresarial sino porque refuerza la especialización terciaria de una zona que hasta entonces había formado parte del núcleo del Madrid popular. A medida que el terreno se despeja y urbaniza, se alzan, pegados al antiguo caserío y ocultando su vista, edificios destinados al ocio de las clases diligentes y de las burocracias de Estado, como la Gran Peña, el Círculo de la Unión Industrial y Mercantil, el Casino Militar; al comercio, como los grandes almacenes Madrid-París o la Casa Matesanz; a los espectáculos, como el Palacio de la Música o los cines Callao y Capitol; a las comunicaciones, como el edificio de la Telefónica; a las finanzas, como los grandes bancos que desde 1900 se habían establecido en el triángulo formado por Alcalá, Castellana y Carrera de San Jerónimo. Desde las primeras construcciones de los años diez, en las que no escasea la decoración neobarroca, hasta las últimas de los veinte, en las que predomina el racionalismo, los arquitectos que vienen a la capital, tantos de ellos vascos, como Muguruza, Anasagasti, Zuazo, tendrán ocasión de experimentar nuevas técnicas constructivas y mostrar sus gustos y preferencias en ese escaparate del nuevo Madrid en que se convertirá la Gran Vía.

No es sólo la Gran Vía lo que transforma la fisonomía de la ciudad. Unos años después del inicio de los derribos, el ingeniero Miguel Otamendi, vasco también, como todos, o casi, los que hacen este nuevo Madrid, presentó un proyecto de ferrocarril subterráneo y consiguió reunir el suficiente capital para iniciar su construcción. La banca, en la ocasión el Banco de Vizcaya, ofreció cuatro millones de pesetas si los promotores de la idea —con Otamendi, Carlos Mendoza— eran capaces de reunir otros cuatro. No lo tuvieron fácil hasta que el mismo rey anunció que invertiría un millón, lo que animó a otros financieros a aportar el resto y hasta a incrementarlo a diez millones: iniciadas las obras en el verano de 1917, la primera línea comenzó a funcionar ante la crecida expectación del público el 19 de octubre de 1919, uniendo la barriada de Cuatro Caminos con la Puerta del Sol, que dos años después quedaría enlazada con Atocha gracias a la prolongación de esta misma línea.

Atocha y Cuatro Caminos eran, desde luego, otro Madrid, muy diferente al que servía de enlace la Gran Vía. Si Salamanca y Argüelles habían sido elegidos como lugar de residencia por empleados, profesionales y por una burguesía media, en Atocha y en toda su zona de influencia, al socaire de la estación ferroviaria, que sustituye al modesto «embarcadero» de los tiempos de Isabel y abre sus puertas en 1892, había surgido el primer espacio industrial claramente diferenciado de Madrid. Cuatro Caminos era el ejemplo vivo de ese otro Madrid del extrarradio que crecía sin parar, y sin orden alguno, por el asentamiento del proletariado que llegaba a buscar trabajo en las reformas del interior y a edificar en los inmensos solares todavía vacíos del ensanche, del que hasta un 30 por ciento estaba sin colmatar cuando se proclamó la República. Aunque la estructura empresarial del sector de la construcción fuese muy débil y fragmentada —las principales sociedades anónimas del sector se crean, salvo contadas excepciones, a partir de 1927— y en cualquier momento pudiera aparecer la crisis, los jornaleros vinieron en cantidades que impresionaron a los testigos y se asentaron en míseras chabolas y casuchas levantadas en los terrenos del extrarradio, cuya urbanización siempre pendiente será motivo de informes, decretos y polémicas hasta que al final nada se hace para remediar la situación de abandono y miseria que caracterizó esos enclaves, parcelados a partir de los años sesenta del siglo anterior, con edificaciones de una sola planta y crecidos sin ningún plan de urbanización apoyándose en las carreteras que salían de la ciudad por todos sus puntos cardinales: por la de Francia, al norte, los Cuatro Caminos y Tetuán; por el camino de Hortaleza, al este, el barrio de Prosperidad y, cerca de la carretera de Aragón, la Guindalera; al sudeste, la barriada del Puente de Vallecas que se extiende hasta unirse con Vallecas; al sur, los arrabales de Toledo y San Isidro, entre la carretera de Toledo y los Carabancheles. Es entonces cuando Madrid se rodea, como explica un informe del Ayuntamiento, de una cintura formada por grupos en los que las vías son angostas, con trazado incomprensible y sin los indispensables servicios de pavimentación, desagües ni alumbrado; cintura, corona o anillo que no dejará ya de rodear a Madrid hasta su transformación en área metropolitana.

«Vida refinada, casi europea, en el centro; vida africana, de aduar, en los suburbios», como la veía Baroja, Madrid segmentaba así con rapidez su espacio urbano. Ya nadie habla de mantener juntas en los mismos edificios a todas las clases sociales y si los más filantrópicos, o los más temerosos de un amenazante proletariado que se amontona como puede en las afueras, llaman la atención sobre el acuciante problema de la vivienda, no hay quien ponga en práctica proyectos eficaces de barriadas o casas para obreros. Lo que se construye con esa explícita intención es como una gota de agua en ese mar de proletarización que surge en el extrarradio: las sucesivas leyes de Casas Baratas de 1911 y 1921 alientan la construcción de algunas colonias como las de la Prensa, la Ciudad Jardín de Alfonso XIII, el Madrid Moderno, Albéniz, la Fuente del Berro, Bosque que quedan muy por encima de las posibilidades de ese proletariado. Ciertamente, en la Ciudad Lineal, donde Arturo Soria y la Compañía Madrileña de Urbanización siguen con el proyecto de construir y comunicar con la ciudad su larga calle empleando a trabajadores que demuestren, casi con pruebas de sangre, no estar sindicados, se mantiene todavía en pie la utopía de una unión de clases, no en la versión antigua, vertical, unas encima de otras, sino en la futura, horizontal, unas detrás de otras, pero todas con acceso a idénticos servicios, a las mismas vías y a los mismos espacios de ocio. Lo que se impone, sin embargo, no es este rechazo de la vieja ciudad para construir de la nada y en el desierto una arcadia armónica, por completo nueva, sino la especialización de grandes zonas concéntricas, determinadas por el precio del suelo, que desciende a medida que se aleja del centro: zonas proletarias en el anillo más alejado, los extrarradios del norte y del sur y los barrios que crecen pegados a los pueblos limítrofes por el este; de clases medias y burguesas en el sector del anillo intermedio, el de los ensanches, que desde Argüelles hasta el barrio de Salamanca abraza al antiguo casco por el noroeste, norte y este. Y mientras así se segmentan los nuevos espacios de expansión de la ciudad, el casco antiguo se especializa como zona terciaria, comercial y de servicios, con las nuevas vías que rasgan la trama de un Madrid popular perceptible todavía no sólo en el recuerdo de viejos ruidos y oficios o en los olores de sus calles, sino en la miserable realidad de los barrios bajos, de las hacinadas casas de vecindad, a las que no ha llegado la piqueta por más que sientan la continua amenaza de los sucesivos y nunca realizados proyectos de reforma interior.

Que el metro comenzara a circular y que la ciudad entrara en un proceso de creciente segmentación social fue resultado del significativo cambio que los madrileños incrédulos debieron constatar en su equipamiento industrial. No que Madrid haya sido hasta 1910 una ciudad exclusivamente artesanal o dominada sin excepción digna de nota por el pequeño patrono, pues ya se habían instalado en el XIX algunas grandes empresas del sector gráfico y alimenticio, pero será ahora, a partir también de los primeros años del nuevo siglo, cuando se supere la última de las carencias infraestructurales para impulsar la industria: Madrid estaba dotado, hasta 1905, de una especie de minifundismo eléctrico, incapaz de aportar energía para el consumo industrial. Desde ese año, sin embargo, la Sociedad Hidráulica Santillana, en la que trabaja González Echarte, otro vasco, socio de Otamendi en el proyecto de ferrocarril subterráneo, comienza la construcción de una línea de alta tensión, a la que seguirá muy pronto la que Estanislao de Urquijo —de nuevo capital vasco modelando la ciudad— tiende por el Paseo de Ronda.

Con agua, con ferrocarriles, con fuerza motriz disponible, Madrid conocerá durante la década de 1910 su primer despegue industrial que, aun estrechamente vinculado al auge de la construcción, pone ya las bases de una mayor diversificación en la producción de bienes. Es entonces cuando se constituyen las primeras grandes empresas eléctricas, químicas y metalúrgicas y cuando las sociedades anónimas de la construcción, de dimensiones más adecuadas a las grandes obras previstas y a los nuevos edificios proyectados, pasan a ocupar el espacio que antes llenaba casi por completo la figura del contratista individual. Buscan, para su instalación, no el norte, como ocurrió con muchas industrias en el último tercio del siglo anterior y como todavía pretenderán los urbanistas cuando repitan en sus planes de extensión la vieja idea de dotar a Madrid de una zona industrial donde más cómodo resultara el aprovisionamiento de agua; sino el sur, en torno al cinturón ferroviario que penetra en la ciudad hasta Delicias y Atocha y desde allí corre hacia el encuentro con la estación del Norte. En esa zona, además de los grandes talleres directamente relacionados con el ferrocarril, como los de la compañía MZA, instalan sus fábricas desde 1900 varias sociedades anónimas de las más diversas industrias: las incluidas en los capítulos de cervezas y bebidas gaseosas, como El Águila; de electricidad y gas, como la Fábrica de Electricidad del Pacífico, constituida en 1899, y Gas Madrid, que se establece en la Ronda de Toledo en 1921; las que se dedican a fabricación de material eléctrico, como Osram o Standard Eléctrica, que se constituye en 1926 con un capital nominal de 30 millones de pesetas; a maquinaria y construcciones metálicas, como la Sociedad Comercial del Hierro que se establece en 1920 en Méndez Álvaro. No, claro está, que toda la industria madrileña busque el sur para instalarse —Perfumería Gal, por ejemplo, que también es de 1901, lo hace en Isaac Peral, y Mahou había levantado su enorme fábrica de cervezas en Amaniel unos años antes, en los noventa— sino que el ferrocarril crea en su entorno espacios propicios para lo que puede calificarse primera zona del primer despegue industrial de la capital.

A la vez que transforma su interior y crece desordenadamente en el exterior, y a medida que se industrializa, Madrid presencia la llegada de mucho joven de provincias que viene aquí a encontrar empleo o a probar fortuna. Desde 1900, el capital financiero elige la ciudad como su sede preferida y desde 1910 la banca domiciliada en Madrid supera ya por volumen de depósitos a la que se había establecido en Bilbao y Barcelona durante el siglo anterior. Abren sus puertas, unos detrás de otros y todos concentrados en ese triángulo que desplaza el centro de negocios de la ciudad desde el entorno de Sol por Alcalá hasta Cibeles; el Banco Hispano Americano, creado como consecuencia de la repatriación de capitales fomentada por la guerra y la independencia de Cuba y Puerto Rico; el Banco Español de Crédito, que continúa, modernizándolo, al Crédito Mobiliario y que recibe una fuerte inyección de capital francés; el Banco Urquijo, que muestra la creciente importancia de esa familia —crecida a la sombra de Weisweiller, el hombre de confianza de los Rothschild ante la Corte de Isabel II— en las finanzas y la industrialización madrileña; el Banco Central, otro de los grandes, resultado de la iniciativa de dos financieros valencianos, José Campo e Ignacio Villalonga, y en fin, el de Bilbao, con las dos cuadrigas que reflejan bien el dominio establecido por las finanzas sobre toda la zona cuando se inician los años veinte.

Aunque desde el comienzo de esta historia la significación de Madrid como capital política la convirtió en centro financiero, fue en estas fechas cuando pasó a ser —como tantas veces se ha repetido— verdadera capital del capital, lo que arrastró de inmediato el auge de la domiciliación de sociedades anónimas y un notable incremento en la actividad comercial y de servicios. Todo eso necesitó una fuerza de trabajo de cualidad bien distinta al dependiente y empleado de la segunda mitad del XIX, al hortera de las novelas de Pérez Galdós. Es el momento del oficinista, del empleado de banca, del trabajador de los servicios no domésticos que ocupa las plazas del dependiente del pequeño o mediano comercio y del empleado del prestamista o del comerciante: ni la casa de banca de un Antonio Salabert, duque de Requena de La espuma, de Palacio Valdés, puede medirse con el Banco de Vizcaya, ni su secretario, primer dependiente o como quiera llamársele puede compararse con los directivos del banco, ni las oficinas de éste podrían situarse en lo alto de un palacio, por muy soberbio que fuera el edificado por el duque en el paseo de Luchana. Las nuevas formas de organización empresarial son evidentes en la especialización de edificios, en la multiplicación de las sociedades anónimas, por acciones, que buscan su domicilio en Madrid, que se convierte con ellas, por vez primera, en una incipiente ciudad capitalista.

La capital reduplicó así la ya secular atracción que ejercía sobre las clases medias de provincias en busca de notoriedad y éxito. Lo que ocurre es que ahora ya no serán únicamente estudiantes de derecho o jóvenes abogados, hijos de comerciantes o de propietarios agrarios, sino todo tipo de profesiones características de ciudades en expansión. En los años diez y veinte, a la vez que de obreros de la construcción y aparte de la larga tradición de abogados, Madrid se llenó de científicos, médicos, investigadores, arquitectos, ingenieros, filósofos, novelistas, poetas, músicos y hasta pintores (que, sin embargo, preferían tomar el camino de París). No es, desde luego, la primera vez que Madrid se constituye en centro de atracción de profesionales, pero la magnitud del proceso desborda ahora todas las dimensiones del siglo anterior, de tal modo que en cualquiera de estas profesiones y artes se produjo una repentina densidad en la que descollaron figuras como Ramón y Cajal, Cabrera, Del Río Hortega, Zuazo, Marañón, Ortega, Baroja, Juan Ramón, Falla, Solana. Sólo cuando se leen los nombres que acompañaron a Einstein en su visita de 1923, que recibieron a Le Corbusier pocos años después, que pronunciaban conferencias cada día en una decena de instituciones, puede medirse la vitalidad de la capital en los años veinte, y por contraste la magnitud de la catástrofe que se abatió sobre ella en los cuarenta. En la prensa, en los manifiestos políticos, en la fundación de revistas, en los banquetes de homenaje o adhesión a tal o cual personalidad, figuran las más diversas profesiones y si son todavía abogados los que se llevan la palma —España está gobernada por abogados, lamenta más que certifica Pérez de Ayala en una conferencia pronunciada en 1930—, deben admitir a su vera, superándoles muy pronto en número y en notoriedad, a catedráticos y médicos, a ingenieros y escritores. El paisaje de las clases medias deja de estar tan abrumadoramente dominado por los abogados y pasa a ser compartido por un más complejo y diversificado mundo de técnicos y profesionales.

Una clase obrera que se proletariza y que comienza a incorporarse a unidades más amplias, más anónimas, más capitalistas, de producción y una clase media que vive del ejercicio de distintas profesiones liberales y del Estado: tal es el nuevo panorama social que desde 1910 se superpone o yuxtapone, sin abolirlo todavía, a la vieja división de nobleza, clase media y pueblo, esto es, de propietarios rentistas, comerciantes y tenderos, artesanos y jornaleros que definía al Madrid del siglo XIX. Cada una de estas nuevas clases buscará su propia identidad en diferentes marcos de sociabilidad: la obrera, frecuentando la Casa del Pueblo, que los socialistas abren en 1908 en la calle Piamonte, esquina a Gravina, en lo que fuera palacio del duque de Frías, en el casco antiguo; la intelectual y profesional, en las nuevas instituciones académicas y culturales, pero sobre todo en los cafés, en las tertulias, los banquetes, los círculos literarios, las redacciones de los periódicos y de las revistas. Ninguna de ellas parece haber encaminado sus pasos hacia los clubes y círculos republicanos. Si se definen social y políticamente, lo harán, no por la república, sino por el socialismo los obreros, por el reformismo las clases medias. Nada indicaba, en los años diez y veinte, que tras la resurrección de la vieja carga política dormida bajo la palabra «pueblo» sus pasos les habrían de conducir al republicanismo y a un postrer intento de planear un Gran Madrid.

Los obreros, en primer lugar, que acabarán decantándose por la organización socialista. Hasta 1909, los socialistas de Madrid eran pocos y preferían insistir machaconamente más en lo que los diferenciaba del resto del mundo o de la sociedad que en lo que pudiera unirles a alguna de sus partes o de sus sectores. El magisterio indiscutido de Pablo Iglesias —un emigrante también, aunque madrileño desde niño— había impuesto el rechazo de posibles alianzas con los republicanos, la insistencia en los valores tradicionales de austeridad y honradez y, sobre todo, la preferencia por un crecimiento de la organización obrera lento pero fiel a los principios de una ortodoxia marxista pasada por un moralismo de fuerte impregnación cristiana, a una rápida expansión a costa de renunciar a lo fundamental. Y lo fundamental era que la clase obrera debía emanciparse por su propio esfuerzo, después de un largo periodo de organización y educación, sin extraviar sus pasos por los corruptos senderos de la política en alianzas con quienes definitivamente eran sus enemigos de clase aunque se presentaran como revolucionarios y defensores de los intereses populares.

Pablo Iglesias se rodeó pues de un reducido círculo de fieles que, no sin tensiones internas, optaron por el aislamiento político, sin que les importaran sobremanera los resultados electorales despreciables y sin sentir el mínimo desfallecimiento en la propaganda constante de las ideas, que no llegaba, en Madrid, más allá de los centenares de miembros del partido y unos pocos miles de asociados a las sociedades de la organización obrera, la Unión General de Trabajadores. Así se consolidó en la capital una red de sociedades de oficios, unidas en el común anhelo de la emancipación social y en el ideal del socialismo, una sociedad de la que desaparecería la explotación del trabajo asalariado y en la que todos serían libres e iguales. Formada por trabajadores, impregnada de valores obreros, aislada de los políticos republicanos, defendiendo su identidad societaria frente al anarquismo, la organización obrera madrileña creció sola, sin atraer a las clases medias, alejada de los núcleos intelectuales y poco proclive a confiarles la elaboración de la teoría del futuro Estado, de la ansiada sociedad y de los pasos que sería preciso dar para llegar a ella. Lo que hacía falta era organización y educación como base del crecimiento; cuando las sociedades obreras estuvieran crecidas, organizadas y educadas, sonaría la hora de la revolución y con ella alumbraría, tal vez entre sangre pero con la menor violencia posible, la nueva sociedad.

Todo eso, que es seguramente la reacción contra tanta sangre inútil vertida por el pueblo madrileño en las algaradas y revoluciones del siglo XIX, cambia también, como la propia ciudad, desde 1909, cuando la campaña contra Maura les obliga a dirigir sus pasos al encuentro de los republicanos, con los que andarán un trecho de su camino, justamente diez años. Bastarán, sin embargo, para crecer como organización obrera: la segunda década del siglo fue de afirmación socialista, sobre todo en su brazo o pata sindical. La UGT creció en número y, aunque permaneció la atomización de pequeñas sociedades de oficio que la caracterizaba de sus orígenes, se encaminó lentamente a la federación o a la formación de grandes sindicatos de industria. Son éstos los años de la creación de los primeros grandes sindicatos ugetistas en Asturias o en el País Vasco y Madrid no podía permanecer insensible a los nuevos aires: los 16.800 afiliados de 1903 pasan a ser 28.500 en 1909 y 45.000 en los primeros años veinte, con un porcentaje muy elevado de afiliación sobre el total de trabajadores en industrias como la construcción, la imprenta o la panadería. Algunas sociedades (de albañiles, peones, metalúrgicos, impresores, artes blancas) superan a veces ampliamente los 1.000 afiliados y allí donde la fidelidad al oficio continuaba siendo muy fuerte, se comienza a pensar en federaciones de industria. Es, como siempre en el socialismo madrileño, un proceso lento que sólo comenzará a dar sus frutos a finales de los años veinte: los obreros madrileños de la construcción, de la madera, de la gráfica, de las artes blancas, acabarán con el tiempo organizados por la UGT en grandes federaciones de industria. No es sorprendente que la coalición republicano-socialista triunfe en Madrid, por vez primera, en las elecciones de 1910, con el 54 por ciento de los votos emitidos, esos 41.653 votos que Ortega consideró como un ejercicio de la virtud, y por última, en las de 1919. Luego, cuando de nuevo se dividan de los republicanos, los diez años pasados en conjunción mostrarán que los socialistas se han reforzado mientras los republicanos parecen haber entrado en un lento pero irreversible declive.

Lo que quiere decir que si la organización liderada por Iglesias fue capaz de atraer a los emigrantes obreros a sus rangos o colocarlos bajo su influencia, los republicanos no pudieron hacer lo mismo con las clases medias profesionales e intelectuales. Con una mayor tradición que los socialistas, con un arranque de siglo espectacular, venciendo en Madrid a los monárquicos en las elecciones de 1903, con una herencia política y con formas organizativas impregnadas aún de valores decimonónicos, abocados siempre a la escisión entre revolucionarios y gubernamentales o, más exactamente, a mostrarse gubernamentales cuando su propaganda revolucionaria les hacía crecer y aproximarse al poder, los republicanos madrileños se debatieron siempre en la ambigüedad y acabaron en la dispersión de múltiples capillas reunidas en torno a media docena de pequeños caudillos. Es significativo que Madrid no haya presenciado, como Barcelona, un movimiento radical-populista del tipo del acaudillado por Alejandro Lerroux y que el republicanismo haya estado asociado siempre a los ámbitos cerrados, los cafés, las redacciones de periódicos, las reboticas, al aire espeso del humo de los cigarrillos y a los señores mayores: «señor republicano» era un concepto pero, sobre todo, era una imagen de alguien de faz grave, preferentemente barbudo, vestido de gris oscuro, con el cigarrillo o el cigarro puro en la mano y la vista fija en el horizonte o descansada en las abiertas páginas de un libro, como si soñara sobre el futuro o se ilustrara sobre el presente.

Ese tipo de valores difícilmente podía atraer a quienes, muy jóvenes, llegaban a Madrid en busca de aventuras y con propósitos de conquista. No había republicanos entre quienes acabarán por erigirse como mentores o guías políticos de la nueva clase profesional e intelectual. La mayoría de los nombres que relumbrarán en el firmamento madrileño de los años veinte se había establecido en la capital después de una estancia en alguna universidad extranjera, preferentemente alemana, había ganado la cátedra en la Central muy pronto, antes de la treintena, o se había establecido, con una saneada clientela, en sus respectivas profesiones. Eran profesionales, conocían su oficio y, conscientes de la diferencia entre España y los más cercanos países europeos, pretendían aplicar a la política no ya vagas ideas regeneracionistas sino fórmulas más técnicas, programas de acción. Con una conciencia de grupo que les aleja de sus predecesores del 98, pretendían, sobre todo, organizarse y actuar en política como tales sin que les atrajera nada la idea de integrarse en los círculos de conspiradores con el clásico sabor del café y el cigarro. No les atrae tampoco, o por lo menos no a todos y ni siquiera a la mayoría, la militancia política, de la que huyen como del azufre, como si de una peste se tratase, pero su aguda conciencia de los males que aquejan a la patria les obliga a ser —como diría Salinas de sí mismo— políticos latentes, y si acaso levemente activos, pero jamás militantes.

La formación técnica tan diferente de la de sus mayores, esa mayor conciencia de constituir una clase profesional, esa decisión de actuar en política formando ligas creó entre los intelectuales madrileños —sobre los que será inmenso a partir de 1914 el influjo de Ortega, a quien todavía en 1929 acuden los nuevos escritores en busca de consejo, guía y dirección— una radical ambigüedad a la que es preciso atribuir el fracaso de sus empeños políticos. Pues, por una parte, al formar sus ligas sin querer convertirlas en partidos organizados, el entusiasmo que normalmente acompañaba su fundación se veía seguido al poco tiempo de la atonía y el abandono. Así, la Liga para la Educación Política, impulsada por el propio Ortega; pero también la Unión Democrática Española o, más tarde la Liga Laica: de todas ellas se sabe porque aparece en los periódicos la convocatoria, el manifiesto con las firmas, la llamada a la adhesión; pero, al poco, ya no existen o, al menos, ya no se dice nada de ellas. Por otra, al pretender actuar como tales en política, su afiliación a los partidos existentes no será nunca la característica de un verdadero correligionario. Es notoria, por ejemplo, la presencia de intelectuales en el banquete que se ofrece a Melquíades Álvarez cuando en 1913 echa a andar su proyecto de Partido Reformista, un partido republicano que sitúa entre paréntesis su opción por la República para mostrarse dispuesto a gobernar con la monarquía, pero esa opción que parece generacional por el reformismo no durará tampoco mucho tiempo: los intelectuales abandonan o prefieren ocupar lugares marginales.

En realidad, el mundo intelectual madrileño no se caracterizó ni por su entrada y permanencia masiva en los partidos políticos ni por la consolidación de una acción política distintivamente intelectual a partir de ligas, sino por una mezcla de aquella misma egolatría e individualismo que achacaban a los del 98 y sobre la que se había construido una red de sociabilidad por la adscripción personal a círculos más o menos formales creados en torno a las más sobresalientes personalidades del momento y por la frecuentación de diversas instituciones culturales. Esa diversidad de instituciones, círculos, tertulias y lugares de encuentro produjo una impresionante actividad intelectual que contrastaba con el cada vez más sombrío panorama político. Tres generaciones sucesivas pero coetáneas como las del 98, 14 y 27, coincidiendo en una ciudad media como el Madrid del primer tercio de siglo, protagonizaron un momento intelectual que todavía sorprende hoy, para una ciudad de aquellas dimensiones, por su creatividad, la diversidad de sus campos y la riqueza de sus producciones. «Sé que en este momento —recordará años después Moreno Villa en una instantánea de cualquier día de aquel Madrid— Juan Echevarría está pintando su enésimo retrato de Baroja, que Ortega prepara su clase de filosofía, que Menéndez Pidal redacta su libro La España del Cid que Arniches ensaya un sainete; que Manuel Machado entra y sale de la Biblioteca del Ayuntamiento, que Antonio conversa con Juan Mairena, que Azorín desmenuza la carne de un clásico, que don Pío del Río Hortega está sobre el microscopio, que Juan Ramón Jiménez discurre algún modo de atrincherarse en el silencio, que don Manuel Bartolomé Cossío corrige pruebas de mil cosas, que Benavente se fuma su interminable puro, que Ramón y Cajal estudia las hormigas, que Américo Castro lucha a brazo partido con Santa Teresa, que Zubiri, que Gaos, que Navarro Tomás, que García Lorca, que Valle Inclán...», ¿para qué seguir? La nómina es ciertamente impresionante.

No se trata sólo de personalidades aisladas, recluidas y sin comunicación: en su nueva clase intelectual, Madrid ha dejado de ser una sociedad de ociosos pero no de habladores. Figuras individuales, redes informales de sociabilidad, instituciones culturales: en un reducido espacio de la urbe se reúnen cada tarde tertulias en torno a personajes como Gómez de la Serna, Valle Inclán, Ortega; se convocan cada día, cada semana, decenas de conferencias y mítines a los que asisten verdaderas multitudes, a veces enfervorizadas; se organizan banquetes, homenajes, recepciones con listas de adheridos entre los que se puede encontrar desde médicos e ingenieros hasta filósofos y escritores. Las redacciones de los periódicos bullen de actividad: en Madrid se llegan a publicar hasta veinte periódicos diarios, de ABC a El Socialista, de Heraldo a El Sol. Nacen revistas culturales que rompen decididamente con el espíritu castizo de la generación del 98: Plural, última muestra del ultraísmo que abre Madrid a las corrientes europeas del futurismo y el creacionismo; Revista de Occidente, que con La Gaceta Literaria recogerán e impulsarán el movimiento de vanguardia: Cansinos, Jarnés, Espina, Ayala, Corpus Barga, Guillermo de Torre, Giménez Caballero son, en un momento u otro, jóvenes que animan esas tendencias.

Es la hora de esplendor de la escuela española de Filología, tan madrileña en sus figuras del Centro de Estudios Históricos: Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, Castro. Proliferan las instituciones y sociedades que ofrecen cursos, debates y conferencias: la Academia de Jurisprudencia, con la discusión durante varios días de las ponencias presentadas por algún joven jurista invitado a afilar allí sus primeras armas; el Ateneo, más político pero que no renuncia a sus cursos sobre cuestiones técnicas, ni a sus homenajes a artistas —como el que organiza a Falla y Turina en enero de 1915— y que hasta se permite ser dirigido durante algún tiempo por Menéndez Pidal; la Residencia de Estudiantes, que tanto gusta de invitar a personalidades extranjeras, desde Einstein en 1923 a Keynes en 1930, promovidas muchas de ellas por la Sociedad de Cursos y Conferencias que con el Comité Hispano-Inglés se constituye en motor de la «europeización» de la vida cultural madrileña. Y las señoras, que no se quedan a la zaga: el famoso Lyceum Club femenino, que organizan algunas de las más significadas mujeres de los más brillantes intelectuales, abrirá sus puertas a una amplia nómina de conferenciantes, en la que se incluye el vanguardista Rafael Alberti, que se llega hasta allí con el exclusivo propósito de escandalizar al auditorio y provocar a las señoras burlándose de sus maridos.

Madrid se convierte así, desde las primeras décadas del siglo XX, en centro de comunicaciones y servicios, sede privilegiada del capital financiero, núcleo de incipiente desarrollo industrial y capital de la vida y la industria cultural. No, ciertamente, por ningún ímpetu centralista, para el que carecía de recursos, sino por una especie de movimiento natural que concentra en Madrid, ahora en situación privilegiada, a proletarios, intelectuales, literatos y artistas, hombres de negocios, capitalistas en el sentido más genuino de la palabra. La Unión General de Trabajadores, la Junta para Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes, el Ateneo, la Universidad Central, las Academias, las grandes empresas periodísticas, los bancos, los grandes almacenes, las sedes centrales de las sociedades anónimas, las primeras grandes empresas de la construcción y algunas grandes fábricas metalúrgicas, químicas y de la alimentación comenzarán a llenar los espacios antes ocupados por palacios y conventos y sus respectivos jardines y huertas: Madrid no es ya la ciudad de terratenientes y funcionarios, de ociosos y habladores, sino el esbozo de una capital de capitalistas, profesionales, intelectuales y obreros que busca un Estado.

7. Orígenes del Gran Madrid

Si ese momento particularmente brillante de la literatura y el pensamiento interesa en una historia de la ciudad es porque sirvió como caldo de cultivo para pensar de nuevo Madrid en el marco de una reflexión sobre la cultura y las formas de vida europeas. Las tendencias casticistas, la búsqueda de un ser profundo, de una esencia de España, en la quietud de la Castilla eterna, el desprecio de Corte y la alabanza de aldea que late en la obra de la anterior generación del 98 dejó paso a un nuevo interés por Europa alentado por la Junta para Ampliación de Estudios y en el que coincidieron desde muy pronto madrileños como Azaña y Ortega. Aun dentro de la metafísica cuestión sobre el problema de España, la nueva generación que Luzuriaga denominará por vez primera del 14 no viajará únicamente al corazón de Castilla o a las alturas del Siglo de Oro en busca de respuesta sino que saldrá a las capitales de Europa para repensar España desde ellas. España es el problema, Europa la solución, afirma rotundo Ortega en el mismo año —1911— en que Azaña definía el «problema español» en términos de un desvío de la corriente general de la civilización europea. Una generación que se había formado o completado su formación en ciudades alemanas, francesas y británicas tenía que percibir forzosamente —como la generación romántica y revolucionaria de los años treinta del siglo anterior— la distancia que mediaba entre aquellas grandes capitales y Madrid. Una nueva luz impregnó a los intelectuales madrileños cuando se enfrentaron a los fenómenos que constituían la modernidad y a las grandes novedades de la época: la rapidez y velocidad de comunicaciones que introducían el automóvil, el avión o el teléfono; la aparición de las grandes metrópolis y su expresión en nuevas formas de arte como el cine. Tal es el origen del primer pensamiento y la trama en que se gesta el primer proyecto de un «Gran Madrid».

Tan intensa llegará a ser esa nueva mirada sobre la ciudad que ni siquiera el Ayuntamiento escapará a su influjo. En 1929 decide convocar un concurso internacional de anteproyectos para la urbanización y extensión de Madrid que acompaña de una exhaustiva Información sobre la ciudad, un documento precioso por ser a la vez un minucioso retrato de la ciudad tal como había llegado a ser desde el Plan Castro de 1860 y una llamada a resolver los problemas que aquel Plan había provocado o no resuelto. Los técnicos municipales distinguen en 1929 tres grandes zonas perfectamente diferenciadas: el Interior, con un área de 7,77 millones de metros cuadrados; el Ensanche, que ocupa 15,16 millones y el Extrarradio, que se extiende por otros 43,81 millones. En el Interior, los técnicos identificaban cuatro núcleos, de los que el central aparecía dividido en tres zonas que reunían en un limitado espacio urbano las más dispares actividades comerciales, industriales, financieras o de ocio y a los más diversos sectores sociales. Había, ciertamente, algunos grandes almacenes, pero unos metros más abajo abundaba un miserable comercio callejero al que acudían a abastecerse desde todos los puntos de la ciudad. La Puerta del Sol, corazón de este núcleo, estaba a un paso de los grandes bancos y de las sedes centrales de numerosas sociedades anónimas, pero no quedaba lejos de los talleres y tiendas en que se afanaban impresores, chamarileros, joyeros, modistas o carreteros. Las vías que cruzaban el núcleo comenzaban a sentirse atiborradas de automóviles, autobuses y camionetas, pero no era raro ver en ellas a los mulos tirando de carros. Los oficinistas, empleados y dependientes que salían a tomar su café con leche en alguno de los 166 cafés y café-bares de la zona podían tropezarse en su camino con los directivos de las más importantes sociedades anónimas, los financieros de mayores recursos, los políticos de más nombradía, pero también con una nube de pobres y mendigos, con los vendedores de corbatas a peseta o con el obrero que todavía bajaba a la calle desde su vivienda en alguna buhardilla de la calle de Alcalá. Quedaba todavía mucho dependiente, mucho obrero y mucho artesano viviendo en este centro de Madrid y este hecho, añadido a la atracción que el comercio ejercía sobre toda la periferia, es lo que daba a la zona su singular carácter popular.

El segundo gran núcleo del Interior era todo lo que quedaba al sur del primero, bajando por la calle de Segovia, la Cuesta de las Descargas y pasando por las rondas de Segovia, Toledo, Valencia y Atocha para desembocar en Puerta Cerrada. Una gran variedad típica definía a estos barrios llamados bajos por la declinante pendiente del terreno hacia el Manzanares, pero también por la altura de las clases que los habitaban, con calles de «mezquino caserío» y de «aspecto poco decoroso», en las que abundaban posadas, paradores y casas de dormir para la población forastera de escasos medios. Eran los barrios de más alta mortandad porque a las pésimas condiciones generales de la vivienda se añadía la gran abundancia, todavía en 1930, de fosas sépticas y pozos negros. En sus calles alternaban —como describe Hauser— «una posada con una taberna, luego una barbería, más allá un alabardero junto a un herrador, enfrente de un bodegón o de una espartería» y era frecuente encontrar a la pequeña industria en los pisos de vivienda, lo que daba a toda la zona una nota de «vida intensa de trabajo», muy lejos del tercer núcleo que ocupaba la zona occidental del interior, con las grandes arterias, los más importantes edificios oficiales, los palacetes y edificios de viviendas burguesas, los museos y bibliotecas, los bancos, teatros, casinos, hoteles, cafés y bares de más alcurnia. Además del comercio de gran lujo, aquí es donde más se había construido para que la «clase acomodada» dispusiera de viviendas a la altura de su condición. Pegado a este núcleo por su parte oriental, ese otro Madrid «célebre en hechos de los chisperos», con calles «famosas por los prostíbulos de ínfima categoría» y en las que abundaba la vivienda de empleados, pequeños industriales y estudiantes. El carácter apacible y acogedor de sus calles no se reñía con la procacidad de algunas de sus esquinas.

Sobre la vieja ciudad, popular en el centro, baja en el sur, aristocrática en el este, media en el norte, se había ya superpuesto, a la altura de los años treinta, rompiéndola y transformando su carácter, una nueva ciudad cuyas características espaciales concuerdan con las propias de todas las ciudades en los comienzos de su industrialización, a la búsqueda de una zonificación funcional y social. Lo notable fue que en Madrid esa nueva ciudad tardó decenios en arrancar porque su proyecto nació sin que simultáneamente se multiplicara el tipo de industrias que constituyen el fundamento económico de las ciudades industriales. De ahí que costara tanto tiempo, y alguna ruina, que los madrileños se decidieran a ocupar la otra zona identificada por los técnicos, el Ensanche, que había crecido «pequeño y enteco», con una zona nororiental ocupada por gentes que «sin ser acaudaladas, tenían medios económicos desahogados», otra noroccidental para clase media de limitados recursos y otra, en fin, en el sur, donde se habían establecido, por la proximidad del ferrocarril y por su creciente especialización industrial, obreros, artesanos y modestos empleados.

El problema —secular problema de Madrid— fue que ni el Interior, ya asfixiado, ni el Ensanche, donde no era barato alquilar una vivienda, pudieron acoger la riada de emigrantes que descendió sobre la capital desde el último tercio del siglo XIX y que aceleró y multiplicó su llegada durante los años diez y veinte de nuestro siglo. Muy pronto pudo apreciarse que el principal problema derivado del plan de ensanche radicaba en que antes de ocuparse la zona limitada por los paseos de ronda surgía un nuevo arrabal fuera de su contorno. Cuando los técnicos redactaban su Información, la amplia zona comprendida entre el límite norte del Ensanche y Tetuán de las Victorias había sido ocupada ya por grupos de viviendas que levantaban, sin atenerse a plan alguno, los propios inmigrantes. Del carácter de la zona nadie dudaba: lo que allí había crecido era una «ciudad obrera» de la que cada mañana salía un «torrente proletario» para trabajar en las obras del Interior o del Ensanche. Idéntico proceso, con muy parecidos habitantes, ocurría en los alrededores de las preexistentes vías de tráfico que unían a Madrid con Carabanchel, Vallecas y Canillejas y cuyo producto final fue lo que el Ayuntamiento definió como el magno problema del extrarradio, «un problema de arrabal desordenado y antihigiénico», pues todavía más allá de estos núcleos habitados por los jornaleros recién llegados se acumulaban las montañas de basura y detritus que los 4.000 traperos conducían a las afueras cada mañana en sus pesadas carretas y que servían a un indeterminado número de madrileños para rebuscar entre los desechos de la villa la fuente de su sustento.

La magnitud misma del problema del Extrarradio, con el rápido incremento de la población, que había producido, como dijo el alcalde Ruiz Jiménez, un enorme desarrollo sin orden ni concierto, no obedeciendo a elementales principios de higiene y formando núcleos insalubres, dejó todavía amplio margen de iniciativa a los técnicos municipales que se obstinaban en trasladar a los años diez de este siglo las ideas de los años sesenta del pasado, como si la única fórmula consistiera en repetir, para el Extrarradio, la solución que desde mediados del siglo anterior se había ensayado con el Ensanche. A este propósito respondía el proyecto del ingeniero municipal Núñez Granés de urbanizar todo el perímetro del Extrarradio prolongando con tiralíneas las cuadrículas y las vías de circulación del Ensanche hasta el mismo límite del municipio. El proyecto se aprobó dos veces por el Ayuntamiento de Madrid, en 1911 y en 1916, y hasta por Real Decreto de agosto de ese mismo año, pero no hubo manera de hacerlo avanzar: el propio Núñez Granés lamentará —en 1923— que su querido y demorado proyecto «no se cumplió o se cumplió muy mal».

Desde que Núñez Granés propuso urbanizar el Extrarradio, las nuevas ideas del urbanismo inglés de planificación regional habían avanzado ya entre un sector de la nueva clase media profesional que compartía el interés por Europa propio de pensadores, literatos y políticos y que engrosaba rápidamente sus filas, el de ingenieros y arquitectos. En 1919, Amós Salvador presentó por vez primera un plan general que contemplaba de forma conjunta el Interior, el Ensanche y el Extrarradio, con zonificación para las distintas funciones y barriadas y con una red de circulación que comunicara a la ciudad con su región. La urbanización de Núñez Granés se bate en retirada ante la ofensiva de arquitectos e ingenieros como Salaverry, Aranda, Lorite y Cascales que informan negativamente del proyecto cuando han pasado ya más de diez años de su gestación. La idea de ensanchar Madrid urbanizando progresivamente su periferia cede ante el proyecto de extenderlo y zonificarlo: en esa dirección se moverá en adelante todo el pensamiento que pretendía guiar un crecimiento hasta entonces caótico y desordenado. La nueva clase profesional, con un lugar más sólido en la sociedad madrileña, más segura de sí que en tiempos de Larra, formada en el racionalismo y el empirismo europeos, cuando se dispone a pensar otra vez Madrid se siente liberada de cualquier sucedáneo de ciudad amurallada, tapiada o cercada: quiere un Madrid abierto, sin límites.

Es en este punto cuando va a mostrar toda su potencialidad el mayor progreso realizado en la segunda mitad del XIX: el ferrocarril había roto el tradicional aislamiento de la capital y había unido ya eficazmente a Madrid con los puntos más dinámicos de la periferia peninsular. Por este solo hecho, la situación real de Madrid había cambiado radicalmente: de ciudad erguida en medio de un desierto, perezosa y meramente consumidora, predadora de su entorno, inexplicable como corte de una monarquía imperial, pasó a ser la ciudad mejor situada, la más cercana a todas las ciudades de la periferia. Y es significativo que sea ahora cuando se abra paso también una nueva conciencia de Madrid, que pugna por sustituir la estrecha visión de los ensanches y reformas interiores, de la urbanización del Extrarradio cortando el suelo en cuadrículas y rodeándolo de un límite de protección, por el más ambicioso intento de transformarla en «gran ciudad» sin tener en cuenta sus estrictos límites municipales. Por vez primera se habla de planes generales, de región, y la obsesión por el casco antiguo y el inmediato arrabal, sin desaparecer, cede ante la conciencia de que Madrid tenía que alcanzar el estatuto de una gran capital. No que se abandonen definitivamente los proyectos de reforma interior, que abundan como siempre, sino que Madrid se comienza a concebir preferentemente como centro de un territorio sin límites preestablecidos; centro de su región, desde luego, pero también de toda España. El crecimiento por sucesivas agregaciones en su cintura exterior, el fetichismo del casco antiguo como núcleo expansivo hasta unas cercas o unas rondas que se desplazan, como límite exterior, en todas las direcciones, la frontera circular ampliándose progresivamente, es sustituido por un planeamiento comarcal y regional que pretende realzar la función de capitalidad reivindicada ahora por vez primera sin complejo alguno por la generación intelectual, profesional y liberal de 1914. El ferrocarril, con sus vías que penetran hasta el corazón de la ciudad y que desde allí salen a los más apartados rincones, es el modelo que inspira el nuevo crecimiento: con los nuevos profesionales se impone la idea de que hay que convertir a Madrid en la ciudad-nexo, en ciudad sin cercas, límites ni fronteras, ciudad en crecimiento abierto, núcleo capaz de conectar un territorio, capital.

Para la futura ciudad, la esencia de esa transición de los planes de ensanche a los de extensión y, finalmente, a los de región, se resume en que Madrid dejó de ser pensado en torno a un centro para ser planeado a partir de un eje. Centro por eje, Sol por Prado-Castellana: en ese desplazamiento de la Puerta del Sol a los paseos del Prado y de la Castellana es donde se simboliza el paso de Madrid, Corte mezquina y frustrada, capital de un ruinoso imperio, a Madrid, proyectada capital de nivel europeo. Es significativo que el arquitecto Grases y Riera, pionero del proyecto de prolongar hacia el norte el paseo de la Castellana, haya titulado a principios de siglo la publicación en que dio a conocer su idea La mejor calle de Europa en Madrid. Y no lo es menos que Secundino Zuazo, que será el urbanista por excelencia del Madrid de la República, tenga por seguro, casi treinta años después, que la elevación de Madrid al rango de capital de España «se significa en la comunicación grandiosa de norte a sur, del Paseo de la Castellana hasta el Prado, avenida espléndida, que llega en su belleza natural a igualar a los Campos Elíseos»: de nuevo, y siempre, París, como referente simbólico de la capitalidad madrileña. La Castellana —soñaba Zuazo en 1929— agrupará los edificios más importantes para la cultura, la economía, el comercio privado, los grandes hoteles, la política y la administración, las representaciones extranjeras. Ella será, además de una especie de centro ceremonial destinado a maravillar al visitante, el principal nexo viario y en ella se situará la Estación Central en la que recibirá el viajero «la primera grata impresión a su llegada a Madrid». Así es como creía Zuazo que estaría Madrid en condiciones de cumplir con su deber, que no era otro que «representar el carácter de España entera ante el mundo».

Como Castro, también los artífices del nuevo planeamiento legitiman su propuesta en la necesidad de Madrid de ser capital de España. Pero ahora, con estos nuevos arquitectos y urbanistas, terminan los complejos que dominaron a los pequeños burgueses del 800, que atribuían la capitalidad a un artificio de la fortuna, convencidos como estaban de la maldad de la elección, de que Felipe II había elegido contra todos los datos de la historia y de la naturaleza la ciudad como escenario de la Corte. Ahora se afirma, sin embargo, que «no por una determinación o por una casualidad» es Madrid capital de España. No, en absoluto. Madrid es capital por su «buena situación en el centro del país, entre el Sur fecundo y el Norte industrial». Claro está que para percibir la situación de Madrid como buena, y no como inaccesible capital en el centro de una meseta aislada por montañas casi infranqueables, había hecho falta que Madrid quedara efectivamente en el centro, que estuviera bien comunicada. Ese paso se había dado con el ferrocarril y es precisamente el estudio de los ferrocarriles el que conduce a un ingeniero tan apegado al viejo urbanismo como Núñez Granés «a considerar el problema de la extensión en toda su plenitud, abarcando la totalidad de la región».

No había más que sacar todas las consecuencias del hecho: si Madrid era capital por estar en el centro, carecía de todo sentido que creciera encerrada en un límite circular. En el Congreso Municipal de la Edificación, celebrado en mayo de 1923, se recomienda que el futuro plan general afecte a «toda la extensión que se proyecte y a los núcleos existentes hasta comprender el interior de la población». A pesar de vacilaciones y retrocesos, ésa será la idea de Madrid que se abrirá paso también entre los arquitectos municipales, antes obsesionados por la urbanización del Extrarradio, y que acabará imponiéndose desde el primer Congreso Nacional de Urbanismo, celebrado en 1926. Madrid ya no es sólo término municipal, sino centro de una región cuyos núcleos de población deben unirse entre sí y con el centro en un escalonamiento de grandes anillos circulares que por las vías de penetración que llegan desde la misma periferia de la Península lo unen con el resto de España.

Y de la misma manera que el Madrid del ensanche y la reforma interior fue la idea en la que se retrataba perfectamente una pequeña burguesía de escasos recursos en una ciudad dominada socialmente por la aristocracia y por la concepción rentista de la actividad económica, esta nueva idea de Madrid, gestada por intelectuales y profesionales, podría entenderse como resultado de la profunda transformación de la estructura social madrileña experimentada desde principios de siglo, Josep Pla lo percibió también perfectamente en 1921, punto nodal de la transición de Madrid de Corte de la monarquía a capital del Estado, cuando veía crecer por encima de la secular ciudad residencial del latifundismo agrario, «formas de espíritu más nórdicas —vascas, concretamente bilbaínas— y en mucha menor escala catalanas». Esa forma de lo que Pla llama espíritu vasco, y que tiene sencillamente el nombre de finanzas, de capital, estaba provocando un cambio muy llamativo «de la ciudad a pie llano a otra de edificios altos».

Tales fueron, en efecto, los cambios más significativos de la estructura social que se perciben en torno a 1920: Madrid se vuelve una ciudad «capitalista» en la que predomina, como actividad económica, la industria de la construcción: el espíritu vasco se plasma en disponibilidad de capital para la construcción de edificios altos; o, con otras palabras, el capital reviste en Madrid la forma de sociedad anónima de construcción. Toda la cuestión consistirá en determinar quién dirigirá el proceso de transformación de la ciudad de modo que se adapte en su morfología a esa nueva realidad social. Y en este punto, lo fundamental es que ni la clase obrera ni la clase profesional e intelectual, que crecen al ritmo de las obras, se incorporarán a los rangos de la vieja sociedad ni al viejo sistema político. Por supuesto, en la España de la Restauración tendría que haber ocurrido un cataclismo para que aquellos socialistas tan abrumadoramente obreristas de principios de siglo encontraran algo más que un marginal hueco en el parlamento o en los ayuntamientos, por no hablar ya de recepciones, banquetes y otras manifestaciones del mismo cariz de la sociabilidad burguesa. La clase obrera, y sus dirigentes políticos y sindicales, era un mundo excluido, situado al margen y nadie, salvo algunos sectores del republicanismo, hizo nada por incorporarlos activamente al gobierno de la ciudad o del Estado. Pero es indudable que la clase intelectual pudo haberse acercado más decididamente a la monarquía, haberse integrado en los rangos de la nueva nobleza de extracción burguesa y haberse incorporado de manera más eficaz al sistema político. Que pudo haber realizado lo primero es evidente en los vínculos trabados entre significados personajes de la espuma madrileña con los intelectuales y en la propia actitud deferente de no pocos de éstos ante el rey; y lo segundo habría sido posible si en efecto la opción reformista por la que se inclinaron mayoritariamente en 1913 y 1914 hubiera cosechado algún fruto.

No se produjo ni una cosa ni otra: el deterioro del viejo sistema de partidos, el declive del republicanismo histórico y la ausencia de cualquier otra opción alternativa explica que el pronunciamiento de Primo de Rivera no tropezara con ninguna resistencia en Madrid y pudiera conseguir su objetivo ante la indiferencia o el beneplácito popular y con la inmediata colaboración en los proyectos laborales del dictador de lo más granado de la dirección obrera madrileña, alejada ya entonces del republicanismo y que afianzará con su incorporación a la Organización Corporativa Nacional, creada por la dictadura, su tradicional indiferencia ante las formas de gobierno. Pero también sin que profesionales e intelectuales opusieran más que algunas aisladas voces de protesta y no precisamente de las más jóvenes sino de los políticamente denostados del 98: Unamuno, Valle, entre éstos, Pérez de Ayala y un poco conocido Azaña entre los menos viejos son algunas de las escasas voces que, al alzarse contra el dictador, sentencian también al monarca.

Pero esa indiferencia y hasta complicidad con la dictadura se revelará con el tiempo como un arma de doble filo porque a medida que crezca el despego hacia el dictador subirá también el rechazo de la monarquía. Bajo el tranquilizador talante de los años de euforia económica, de obras públicas, de vanguardia literaria, de arte deshumanizado, de defensa del no compromiso político, se consuma la distancia entre la institución monárquica y aquel pueblo al que siempre el rey invocaba como fuente última de su legitimidad. Ciertamente, el tono cultural, literario y artístico de ese Madrid, que viene ahora de las alturas de la Residencia, para nada es republicano. Más bien, los jóvenes se contentan con algún sarcasmo hacia el dictador, algún chiste y mucha risa, mientras exploran nuevos rumbos literarios y artísticos. El homenaje a Góngora, con toda su carga iconoclasta y los juegos de agua ante los muros de la Academia y las paredes de las casas de los venerables señores que habían criticado al poeta, refleja exactamente el alcance de la protesta de los intelectuales madrileños. La clase obrera, por su parte, después de los años conflictivos que acompañaron al crecimiento económico suscitado por la guerra europea y a la inmediata crisis provocada por la subida de precios, parecía haber entrado en una especie de mar de la tranquilidad, bien organizada en su Unión General, disciplinada, asidua a la Casa del Pueblo.

Hasta que, curiosamente, de este entramado brote, incontenible, un inmenso caudal republicano que acabará por anegar el viejo Madrid, desde Cibeles, embalsándose en Sol hasta llegar al Palacio Real, desalojar a sus egregios inquilinos y depositar en un nuevo gobierno la responsabilidad de hacer otro Madrid, alejado ya para siempre de su función de Corte de la monarquía. No puede entenderse, en efecto, la conversión de Madrid en capital de la República como resultado del crecimiento orgánico, casi natural, de una opción política republicana entre sus clases obreras y medias. Ni la clase obrera, dirigida por los socialistas, era republicana, sino de forma circunstancial, accidental —como lo serán tantos—, ni nunca los más destacados representantes de sus clases medias habían optado por el republicanismo. Fue el vacío creado por el golpe militar, que se llevó con los partidos dinásticos las viejas opciones reformista y republicana históricas, el que unido a una clase obrera organizada en su Unión General, a la plétora de vida cultural, de pequeños grupos en torno a personalidades, de instituciones llenas de vida, lo que favoreció que inmediatamente que se atisbaron los primeros síntomas de debilidad del dictador surgieran voces clamando por la república que acabaron por llenar todo el espacio madrileño.

Pues, al cabo, la proclamación de la República fue en Madrid el resultado de la rápida y creciente ocupación de calles y plazas por aquellas nuevas clases, obrera y profesional, que la monarquía no había incorporado al sistema político constitucional y que, con la Dictadura, había acabado por alienar. Fue, en definitiva, más una cuestión de actitud, de sentimiento colectivo que se propagó incontenible por las redes de la sociabilidad madrileña, que el resultado de un crecimiento orgánico, evolutivo, de una opción política defendida por algún partido republicano que hubiera recibido el creciente apoyo de su población. La República fue percibida, en Madrid, como una especie de primavera, que llegó sin que nadie la esperase, como un milagro, como un regalo. Es significativo que sus propios protagonistas se refieran siempre a la circunstancia como un advenimiento, nadie la había traído pero aquí estaba: «yo no sé si lo hemos hecho nosotros o quién pero el caso es que por arte de birlibirloque somos República», escribía poco después del 14 de abril Pedro Salinas a Amado Alonso. Si hubiera que aplicarle alguna analogía con los procesos de la naturaleza habría que decir que conviene más a la República la imagen de la repentina inundación, que la de la crecida paulatina de un río; fue más una ruptura que una transición.

Pues, en efecto, la clase obrera encuadrada en las organizaciones societarias de la UGT y la que integraba, en menor medida, los rangos de la Agrupación Socialista Madrileña, nunca había sido específicamente republicana ni sentido la conquista de la república como objetivo irrenunciable. Desde el primer número de 1886 hasta que llegaron en 1909 a la conjunción con los republicanos, los socialistas madrileños tuvieron ocasión de leer cada semana, en la primera página de su semanario, al menos uno pero muchas veces dos y hasta tres editoriales dedicados a combatir a los republicanos, que ocupaban en la atención de Pablo Iglesias y su círculo el privilegiado puesto reservado en política al enemigo principal. Es cierto que esos ataques a los republicanos se acompañaban, no siempre, de salvedades hacia la República: los socialistas se presentaban como los primeros convencidos de su necesidad. Pero ni siquiera cuando, ante las defecciones republicanas, se erijan en principales defensores de la República lo harán sin reservas. La República, en el socialismo madrileño —no tanto en el bilbaíno— era cosa de la burguesía y la burguesía era el enemigo de clase. Mejor, desde luego, que el enemigo de clase se mostrara dividido y que uno de sus sectores reivindicara la república como su conquista; los socialistas les apoyarían, pero con la seguridad y el convencimiento de que no era su conquista, sino en el mejor de los casos, una etapa hacia la futura sociedad sin clases.

Ese antirrepublicanismo de la primera fase, seguido del republicanismo circunstancial de los años diez, se trocó, en 1919, en una explícita indiferencia hacia la forma política del Estado. El PSOE, a instancias sobre todo de la Agrupación Socialista Madrileña, rompió sus pactos con los republicanos y aun si mantuvo todavía la república entre sus aspiraciones de principio no hizo en adelante nada por ella. La dictadura reforzó una convicción ya profunda entre los socialistas de Madrid: que la forma política del Estado era indiferente a condición de que en ella pudiera actuar la clase obrera organizada, o sea la Unión General. El dictador lo entendió desde el primer día y, aun si declaró fuera de la ley a los partidos políticos y por tanto también al PSOE, tendió una mano a la UGT, a la que convirtió en instrumento de su política laboral. Nunca, como durante la dictadura, habían estado los socialistas madrileños más incorporados al sistema de poder y más lejos de la República.

Y, de pronto, todo eso comienza a cambiar. Por una parte, los avezados dirigentes sindicales, los que habían conducido al socialismo por las turbulentas aguas de los años diez, llevándolo a la conjunción con los republicanos y a la huelga general de agosto de 1917, evitando después la integración del PSOE en la Internacional Comunista y salvando la identidad de la organización obrera sin embarcarse en operaciones conjuntas con la CNT, los que habían colaborado, en fin, con el proyecto corporativo de Primo de Rivera, comenzaron a mostrar su despego por la dictadura y a manifestarse de nuevo, tras tantos años de silencio, republicanos. Los socialistas fueron, en efecto, la primera fuerza política y sindical bien organizada que manifestó públicamente, ampliando cada vez más el círculo en que resonaba el eco de sus palabras, su republicanismo. La costumbre, muy pronto convertida en tradición, de la visita al cementerio el día del aniversario de la muerte de Pablo Iglesias y los actos que se organizaban con tal motivo sirvieron para afianzar la fidelidad a los principios en que se cimentaba el socialismo y para mostrar, a la vez, la opción por la república, que se hará sin reserva alguna, en abril de 1930, con el dictador ya caído, en el marco de otra celebración necrológica, la inauguración del mausoleo que Barral había esculpido en honor de Iglesias. Día grande, invención de un rito funerario llamado a perdurar en el tiempo y que se acompañará, en algunas de las colaboraciones que El Socialista publica ese día, de la afirmación de la vida eterna de quien años antes había sido calificado por Ortega como santo laico. Ese santo que es Iglesias vive eternamente en la organización obrera, aseguraba Luis Araquistáin, y evocando su figura, con la fuerza que otorga la viva presencia de los muertos, Largo Caballero proclamará que lo único que él quiere en ese momento es república, sólo república.

La opción por la república de los dirigentes sindicales reforzó la posición política minoritaria de quienes, dentro del socialismo pero con vínculos más tenues con la organización obrera, siempre habían defendido la necesidad de un pacto con los republicanos, se habían opuesto a su ruptura y habían venido laborando, en la más estricta soledad política, por la recomposición de ese pacto durante la dictadura. No eran madrileños sus más señalados líderes, sino que habían venido a Madrid desde la periferia. El personaje más en vista, amonestado varias veces por la ejecutiva de su partido por participar en los banquetes con los republicanos, era Indalecio Prieto, que procedía de Bilbao, pero a sus puntos de vista se acercaron desde 1929 una selecta minoría de intelectuales que ingresó en el socialismo impulsada por la razón de que era el único partido republicano existente en España. Juan Negrín lo afirmará expresamente, para desazón de Julián Besteiro, en un discurso pronunciado en la Casa del Pueblo, como hará poco después el doctor Sanchís Banús, otro de los profesionales que optan en un mismo acto por socialismo y república.

Los socialistas, pues, como tantos madrileños del momento, se definen. Si Negrín lo había hecho ante el reducido auditorio de la Casa del Pueblo y si Largo lo hace en el mausoleo, Prieto lo hará en el Ateneo y ante un público bullicioso que no cabe en el salón y los pasillos y se desparrama por las calles adyacentes. Hay que estar con el rey o contra el rey, asegura, definiéndose con una contundencia expresamente destinada a quienes durante esos días de la primavera de 1930 navegan aún entre las aguas del republicanismo y la búsqueda de alguna fórmula que salve a la monarquía. No caben términos medios ni componendas; no es admisible, desde luego, que Alfonso XIII actúe como si nada hubiera pasado y pretenda restaurar la constitución violada o dirigir el proceso de elaboración de una nueva; pero tampoco hay ya lugar para abdicaciones y regencias. La fórmula que cada vez se afirma con más vigor es la de un gobierno provisional que instaure una República.

«República, viva la República, viva la libertad»; tal es el grito que con creciente frecuencia emerge de los actos públicos que, con cualquier motivo, lanzan gente a la calle en este Madrid que acaba de despedir al dictador. Son primero voces en espacios cerrados, comentarios de tertulia, brindis en banquetes, discursos ante unas decenas de comensales. Así comienza a extenderse el nuevo ideal republicano a partir de los pequeños círculos que habían conservado en mesas camillas sus rescoldos durante los cinco años pasados. La primera ocasión en la que se reavivará el fuego es el clásico banquete de celebración de la Primera República, el 12 de febrero. Los comensales se pueden contar ya por docenas y los manifiestos que ahora se publican con este u otro motivo reúnen rápidamente más firmas de las que la «Apelación a la República», redactada por Azaña en nombre de su pequeña organización, había podido reunir cinco años antes. Hay en esos banquetes y manifiestos una lucida y muy proporcional representación de las nuevas clases medias crecidas en Madrid durante los quince años anteriores: periodistas, escritores, médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, ninguna actividad falta al pie de los manifiestos que comienzan a aparecer en la prensa.

Pero a medida que pasan los días, los espacios cerrados serán insuficientes para contener esa creciente marea de republicanismo. Ya en el mismo mes de febrero, el retorno a Madrid del dirigente de la Federación Universitaria Escolar, Antonio María Sbert, es la ocasión de una «imponente manifestación de júbilo», que parte de la Plaza de la Independencia, en la que esperaban a Sbert estudiantes madrileños y comisiones llegadas de las demás universidades con banderas y carteles, y se encamina, engrosando sus filas, hasta la Universidad, en cuyo paraninfo le esperan nada menos que Felipe Sánchez Román, Américo Castro, Luis Jiménez de Asúa y diversas autoridades de la Central como el decano de Ciencia, el secretario general y el vicerrector, Blas Cabrera: nunca ningún representante de los estudiantes fue recibido —ni lo será— por personajes de tal fuste. Vivas a la libertad y a Unamuno y, luego, banquete en un restaurante de la Bombilla con unos mil comensales.

Tres mil, no en esta ocasión comensales, serán los que esperen a Unamuno, vitoreado en la recepción a Sbert, dos meses después, cuando el tren que lo trae del exilio penetre en la estación de Atocha: una gran multitud lo recibió entre aplausos, recuerda Alberti, presente en la recepción, y al grito de viva la República, «grito que ya la policía de aquella dictablanda era insuficiente para reprimir, pues zigzagueaba, escurridizo, por toda la Península». Intelectuales y estudiantes culminan así el proceso de su politización que se había iniciado dos años antes con la oposición al decreto de la Dictadura que equiparaba la enseñanza religiosa a la pública. Pero lo interesante del caso es que esa politización acabará por arrastrar a quienes hacia 1927 propugnaban el arte puro, deshumanizado, alejado de todo compromiso político. No es accidental que sea Alberti quien haya dejado ese recuerdo, pues él, con otros miembros de su generación, se había mantenido al margen de la política hasta muy recientemente. Componían, en verdad, un grupo con la conciencia política entumecida que apenas empezaba a despertarse, como ha escrito Buñuel, quien recuerda no haber sentido el imperativo de manifestar ninguna conciencia política hasta los años 1927-1928. Pero cuando comiencen a sentirlo, lo manifestarán con el mismo ímpetu con que durante años se habían entregado a la poesía, al cine, a la conversación, a la juerga.

Las ocasiones de demostrar, con el rechazo de la dictadura, la hostilidad hacia la monarquía se suceden con cualquier pretexto. Por supuesto, un centro como el Ateneo, que nunca se había decantado por una concreta opción política, se convierte en permanente foco de agitación republicana, sobre todo desde que una junta directiva, encabezada por Azaña, lo presenta de forma explícita como una especie de oposición parlamentaria que, al no poder actuar en un marco constitucional, inicia un proceso público a la monarquía. Hasta a las reglamentarias discusiones de la muy circunspecta Academia de jurisprudencia llega el nuevo clamor republicano: cuando se puso a discusión la memoria presentada por el joven académico Roig Ibáñez, todos los abogados de Madrid se volcaron en el salón hasta el punto de que en la calle «el gentío hacía cola para entrar y se hacía forzosa la intervención de la policía». Ya se comprende que al discutirse de la constitución que necesita España, el ambiente en el salón se hiciera «día por día más densamente republicano» y no se encontrara ningún orador que no se pronunciara a favor de la monarquía «engendradora de dictadura». Proceso a la monarquía, ambiente día a día más densamente republicano: no se trata sólo de unas instituciones venerables; es la ciudad entera la que a partir de los salones que sirven de marco a las conferencias, de los cines y de las plazas de toros que rebosan de asistentes a mítines, de las calles que recorren por cualquier motivo las manifestaciones, se hace por días republicana.

Tal vez no haya día más densamente republicano en este continuo crescendo que el 15 de noviembre, cuando los madrileños se desayunaron, al abrir las páginas de El Sol, con la esperada incorporación de Ortega a las filas de quienes, desde la caída del dictador, se habían definido sin ambages a favor de la República. En uno de los artículos más brillantes salidos de la pluma del escritor madrileño —y pueden contarse por docenas— Ortega culminaba su ataque al Estado de la Restauración con un «Delenda est monarchia» que habría de hacerse célebre y que arrastraría, además de su salida del periódico, la caída del rey. Ortega completaba así, algo tardíamente, el tránsito de la clase media intelectual y profesional madrileña, llegada a la juventud con el siglo y a la plenitud de su capacidad con la dictadura, desde un reformismo político y social dentro del marco monárquico a la ruptura radical con el Estado, la denuncia de su traición a la nación y la proclamación de la República como única posibilidad de salvación para España.

El mismo día en que Ortega publicaba su resonante artículo, El Sol informaba a sus lectores de los incidentes ocurridos la tarde anterior con ocasión del entierro de las cuatro víctimas del hundimiento de una casa en construcción en la calle Alonso Cano. Unos días antes, y coincidiendo con un mal momento de la construcción madrileña, el aumento del paro, el comienzo de la agitación y las manifestaciones contra la falta de trabajo, un edificio —otro más, porque ya el año anterior había ocurrido una tragedia similar— se había venido abajo sepultando entre los escombros a cuatro trabajadores. Tuñón de Lara, un joven de la FUE que andaba aquel día por allí, ha recordado que durante el entierro, al que acudieron más de cien mil manifestantes, se produjeron graves incidentes cuando la cabeza del cortejo fúnebre, subiendo desde Atocha y llegada a la plaza de Neptuno, intentó desviar la marcha de las cuatro carrozas hacia la Puerta del Sol, con objeto de llevar al corazón mismo del viejo Madrid la expresión de su protesta. Guardias de seguridad a caballo cerraron el paso en la Carrera de San Jerónimo y descargaron sus sables y sus fusiles sobre los manifestantes provocando varios muertos y numerosos heridos. Desde ese mismo momento, la clase obrera madrileña dio su espalda a la monarquía y se encaminó de forma irreversible a la República.

La prensa de Madrid, espacio de expresión de sus clases medias, y las calles de Madrid, lugar de la protesta obrera, habían manifestado así un republicanismo que estaban lejos de compartir sólo seis años antes. Ortega, desde luego, pero en no menor medida, la UGT de Madrid, se habían mostrado algo más que pasivos ante el golpe de Estado de septiembre de 1923 que cerraba de hecho cincuenta años de vida política y liquidaba el sistema de la Restauración. La dictadura se estableció sin que el pueblo de Madrid, su clase obrera organizada o los sectores intelectuales o profesionales mostraran algo más que cierta contrariedad y hasta cierto alivio. Por fin —vinieron a pensar— alguien se había animado a dar un escobazo al decadente y corrupto sistema de la vieja política. Su conversión al republicanismo fue como una incontenible marea que creció sin que nadie lo anunciase y que acabó por anegarlo todo.

Esta creciente ocupación de las calles de Madrid por gentes que se identifican como «pueblo republicano» añadió un elemento cualitativamente distinto a todos los intentos conspirativos o insurreccionales encabezados por las elites políticas en alianza con sectores liberales o meramente alienados del ejército. El viejo modelo de los movimientos revolucionarios populares —conspiración política, insurrección militar, pueblo en la calle— que los dirigentes republicanos y socialistas pretendieron revitalizar en diciembre de 1930, con la convocatoria de una huelga general acompañada de un levantamiento militar y de la ocupación del poder por el comité revolucionario trasmutado en gobierno provisional, resultó un fiasco. Pero si los militares no dieron —como se decía— la cara y los dirigentes políticos se encerraron en sus escondrijos o pasaron a los calabozos, no por eso el pueblo de Madrid se quedó en casa. La convocatoria de elecciones municipales convirtió al mes de abril de 1931 en la gran fiesta de la afirmación de la soberanía popular contra la monarquía. Ya desde días antes de las elecciones, las calles de la ciudad rebosaban de gente que pretendía encontrar una butaca o algún lugar de pie en los pasillos de cines y teatros en los que hablarían los candidatos de la conjunción republicano-socialista. En el Olimpia se disputaban la entrada todos los vecinos de Lavapiés y algo semejante ocurría en los alrededores del teatro de la Comedia, en el Pardiñas, en el Maravillas, donde hubo según las crónicas lleno completo y extraordinario entusiasmo, en el Fuencarral, el Variedades o el Victoria.

El carácter súbito y espontáneo de esta movilización popular explica algunos rasgos del republicanismo madrileño, sin raíces profundas en la sociedad, tan amplio como difuso, emotivo, nada estructurado, sin partidos, casi sin afiliados; un republicanismo que había avanzado incontenible por los cafés, las salas de conferencias, las calles, en las conciencias y los corazones, sin que al mismo tiempo progresara en organización y en definición programática. Los republicanos históricos de Madrid, que Marías recuerda arcaicos, ingenuos y que con frecuencia unían su republicanismo teórico con una viva simpatía por Alfonso XIII, se veían ahora desbordados por un nuevo republicanismo eufórico, entusiasta, masivo, dispuesto a proclamar en la calle la República y a renovar la vida política y la sociedad española desde la raíz.

A este entusiasmo se debe que en aquella fecha decisiva del 12 de abril de 1931, la gente se echara a la calle desde bien temprano y que la conjunción republicano-socialista tuviera a su disposición, como envidiaba un despechado Cortés Cavanillas, cuantos interventores y apoderados necesitaba, una orgía de carteles rojos, señoritas y muchachos para vocear las candidaturas, automóviles, millares de banderitas y, sobre todo, ganas de vencer. Vencieron, naturalmente. La conjunción obtuvo aquel día en la capital el 69,2 por ciento de los votos escrutados, un triunfo sin precedente en la historia política madrileña. A la cabeza, los distritos más populares: Hospital, Inclusa y Latina, pero lo sorprendente fue que en Centro, Hospicio y Palacio la conjunción triunfara también con holgura sobre la candidatura monárquica. No era una exageración afirmar que Madrid había votado a la conjunción y que su victoria, incluso en las zonas más tradicionalmente monárquicas, era arrolladora. Alfonso XIII captó bien la magnitud y el significado de la votación cuando comenzó a redactar su proclama «Al País» con aquellas nostálgicas palabras, tan propias de un rey de Antiguo Régimen, incapaz de adaptar la institución monárquica a una política democrática; «Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo».

Al menos, no tenía el del pueblo de Madrid, que desde tiempo atrás había dejado de ser su pueblo. La arrolladora victoria electoral se convirtió inmediatamente en jubilosa presencia del pueblo en la calle para transformar su triunfo electoral en una victoria política sobre la monarquía. Fue en las calles y plazas de Madrid, ha escrito Raymond Carr, donde la monarquía constitucional, creada y mantenida por el liberalismo español del siglo XIX, se allanó finalmente ante su enemigo histórico, el republicanismo. El historiador coincide en este caso con los testigos que resaltaron sin excepción la importancia de la presencia del pueblo en la calle para la instauración de la República, no sólo allí donde efectivamente fue el pueblo quien se adelantó a las autoridades y la proclamó por su cuenta, sino en la capital, donde el gobierno provisional proclamó la República en olor de multitud porque la multitud no se volvía a casa sin comprobar que la bandera tricolor testimoniaba la existencia de un nuevo gobierno republicano y sin saludar y aclamar a los dirigentes del recién estrenado régimen, que a duras penas pudieron abrirse paso hasta la Puerta del Sol, corazón del viejo Madrid popular.

8. Capital de la República

Todo comenzó aquel día memorable cuando unos pocos curiosos que pasaban por Cibeles observaron, alrededor de las tres y media de la tarde, que una bandera republicana subía al asta del Palacio de Comunicaciones. Corrió la noticia y los habituales de los cafés de la calle de Alcalá, en los que aquel día abundaban las mujeres, salieron a la calle para ver la bandera: «Se han echado los cafés a la calle en la revolución de abril desorbitada», escribió González Ruano. Y una vez en ella, la gente permaneció por un momento boquiabierta, sin saber qué hacer, hasta que, la perplejidad trasmutada en entusiasmo, todos decidieron ir, inconscientes tal vez de que repetían un ancestral rito madrileño, desde Cibeles a la Puerta del Sol, donde a las cuatro y media había ya una enorme afluencia de gente.

El huracán de pasiones que, según ABC, había turbado tantas conciencias y extraviado a una gran parte del pueblo soplaba también por otros barrios madrileños en dirección a Sol. Por Alcalá bajaban automóviles con banderines rojos, que pronto quedaron apresados en el océano humano que caminaba a pie. Desde Lavapiés y los barrios bajos subían hornadas de gentes con sus americanas azules, mientras los estudiantes afluían desde San Bernardo, adornándose las solapas con escarapelas tricolor, surgidas como por encanto. Las muchachas de los talleres, tocadas con gorros frigios de papel de seda; los soldados, con el ros de medio lado; las sociedades obreras, con sus queridas enseñas: todos se sumaban al entusiasmo popular, jaleados por quienes, sin animarse a salir, aplaudían desde los balcones los improvisados cortejos. Pronto comenzaron los cantos, sólo para constatar que nadie sabía las letras: se ensayó la Marsellesa y el himno de Riego y se acabó cantando malamente la Internacional. Al fin, hartos de tararear melodías familiares, prefirieron improvisar nuevas letrillas a coplas infantiles e inventar algunos pareados de fácil consonancia, nada complacientes con el rey y su familia, «que no se han "marchao", que los hemos "echao"».

El aspecto entero de Madrid era el de un día de gran fiesta, que se prolongó los días siguientes. Nadie había ido al trabajo, y quienes fueron lo abandonaron en seguida. Venían al centro de todas partes, cada vez más alejadas: del Puente de Vallecas, de Tetuán de las Victorias, de los Carabancheles. Al pueblo de los barrios bajos, a la clase media del ensanche que ahora pisaba más segura, se unía ese proletariado que había permanecido en los márgenes de la ciudad, sin entrar en ella excepto para trabajar. Los obreros ya se atrevían a llegar al centro de la ciudad, observó con especial clarividencia Agustín de Foxá, definiendo así el exacto proceso que puso en marcha la proclamación de la República: el 14 de abril les había enseñado un camino que ya no olvidarían nunca. Pero nadie portaba, como antaño, armas, ni nadie las reclamaba. Más bien, los días de la última revolución popular se situaron bajo el signo de la fraternidad entre el pueblo y las fuerzas de orden. Por supuesto, con los soldados no había ningún problema, pues todos alardeaban de pertenecer al pueblo y andaban despechugados para que a nadie quedara duda de que ninguna jerarquía antigua permanecía en pie; pero tampoco los hubo con los más temibles guardias civiles, que fumaban tranquilamente sus cigarrillos en las esquinas, entre las sonrisas, aplausos y hasta alguna palmada de unas gentes que quizá por vez primera no se sentían extraños a ellos. El clímax emotivo de la fraternización se alcanzó cuando el capitán del ejército Manuel Gutiérrez Flores, en funciones de ayudante del capitán general de la región, entró en el salón de sesiones del Ayuntamiento para notificar en nombre de su jefe que se accedía a la petición formulada por el alcalde de que las bandas de regimientos dieran conciertos en los barrios populares. No pudo contenerse el concejal socialista, Andrés Saborit, que se puso en pie y dio un ¡viva el ejército de la República!, unánimemente contestado. El capitán Gutiérrez, visiblemente emocionado, contestó con un ¡viva el pueblo de Madrid!, y ahí acabó la sesión del primer Ayuntamiento republicano, con el entusiasmo desbordado y los ojos de los presentes arrasados de lágrimas. Sin conciencia de ello, los reunidos habían repetido los dos vivas que sellaron durante un siglo el triunfo de las revoluciones populares madrileñas: «viva el ejército, viva el pueblo»; sólo que en este caso, no sonaron disparos ni hubo que contar muertos. La revolución fue verdaderamente una fiesta.

Lo decisivo para la ciudad fue que en esa reaparición como sujeto político de un pueblo que se diría ya disuelto por las frustradas experiencias anteriores, y en el triunfo de la alianza republicano-socialista sobre la monarquía, radicó el nuevo impulso para llevar a la práctica la idea, cultivada de años antes, de un nuevo y Gran Madrid, capaz de cumplir su función de capital. Si el Madrid de Isabel II fue resultado de una revolución liberal finalmente administrada en la ciudad por una mezcla de pequeños caseros, de comerciantes y de financieros siempre al borde de la ruina; si el «futuro Madrid» de Fernández de los Ríos fue el sueño de una revolución que pretendía convertir la ciudad en espejo de la libertad con el orden, o sea, de la prosperidad de una nueva burguesía enriquecida con el comercio, el préstamo y las rentas inmobiliarias, el Madrid de la República lo sería del pacto político entre una clase obrera crecida en sus rangos y organización desde principios de siglo y unos profesionales que soñaban su ciudad como capital de un Estado democrático y nacional, una capital a la altura de París. El mito del Gran Madrid, la capital que anhela transformarse para aparecer como brillante símbolo del Estado y espejo en el que se contemple satisfecha de sí la nación, no fue un invento franquista, sino el objetivo de esas clases sociales que trajeron la República y que aspiraban a que Madrid perdiera por completo su calidad de Corte de la monarquía, se convirtiera en aquella capital política tantas veces añorada por Azaña, Ortega y el resto de su generación y acabara por emprender el camino hacia esa «gran capital» de la que el mismo Azaña percibía sólo el «esbozo» en los primeros años veinte.

Y es significativo que el impulso para tomar, con más decisión que recursos, ese camino y llevar a la práctica la nueva idea de capital deba esperar a la proclamación de la República. No que la República origine otra idea de Madrid, diferente de la que se había venido gestando desde principios de siglo y, con más claridad, desde 1923 y sobre todo desde el concurso internacional de 1929; sino que al declararla su capital política, se apropió aquella idea para convertirla en el ideal del Madrid republicano. Es en efecto la República, con el encargo recibido por la Oficina Técnica Municipal de redactar un Plan General, la que impulsa el plan de extensión basado en la nueva gran vía de crecimiento sur-norte, en la que los urbanistas veían la representación simbólica de la capitalidad y el eje sobre el que articular la red de comunicaciones entre la ciudad y su región. Pues aunque ya en la Memoria del Plan General de Extensión, publicada en 1926, se consideraba a la ciudad como un «núcleo urbano» rodeado de una «corona continua de gran número de hectáreas con arbolado» y esmaltada de «ciudades satélites», comunicadas con el centro por vías de penetración y entre sí por vías de enlace, serán las autoridades republicanas las primeras que se decidan por construir Madrid como núcleo de una región a la que quieren comunicar entre sí y con la metrópoli: la capital que recibe del entorno rural oxígeno, vitaminas, vida sana e higiénica y valores eternos de la raza y que le devuelve todas las ventajas de la cultura urbana, puesta al alcance de la mano por una compleja red ferroviaria radial y circular. Vías de penetración y salida de la ciudad al resto de la nación y vías de enlace con y entre la corona de poblados satélites componen una nueva imagen gráfica de Madrid que cambia su ensanche cuadriculado por la racionalidad de una geometría sin fronteras sostenida en esa «espina dorsal» del futuro crecimiento que será la Castellana.

Fue absolutamente fundamental a este respecto que la alianza obrera-republicana llegara al poder no sólo en el municipio sino en el Estado, pues por vez primera no será el Ayuntamiento, con sus recursos limitados, sino el propio Estado el que sostenga e impulse la idea de un Gran Madrid. Bajo la Monarquía, escribirá El Sol, el Estado no tiene una conciencia nacional de la idea metropolitana. Madrid se había llenado de «deberes aparatosos» pero nadie imaginaba que pudiera reclamar «derechos para realizar su función de capital de España»: falto de finalidad precisa y de idea rectora, Madrid no se había trazado líneas maestras que guiaran su futuro. Sólo con la República se empieza a comprender que «la exaltación de la idea de capitalidad es indispensable para el funcionamiento nacional del régimen, para la prosperidad y armonía de la nación entera». Y tan fundamental como esa nueva conciencia de la eficiencia de la capital para «la organización de una sensibilidad política de tipo europeo» fue que la responsabilidad de la presidencia del Gobierno y del Ministerio de Obras Públicas recayera, en diciembre de 1931, en quienes mejor representaban, por su significación política y por sus personas, la confluencia entre clase media profesional y clase obrera organizada en que se sostuvo la idea republicana, Manuel Azaña e Indalecio Prieto. Es significativo, en este sentido, que al encargo municipal de redactar en cuatro meses el Plan General de Extensión, se añadiera, desde septiembre de 1932, una iniciativa de Estado que guardaba estrecha relación con la aprobación por las Cortes del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pues, en efecto, el mismo día en que se aprobó el Estatuto, se concedió a Madrid, por vez primera, una asignación presupuestaria por capitalidad de 80 millones de pesetas a invertir en diez años. No era ya sólo que la República hubiera declarado Madrid como capital constitucional, sino que por esta ley de capitalidad convertía a Madrid en interés prioritario del Estado.

Como El Sol vio perfectamente, detrás de esa concesión no estaba sólo la solicitud del Ayuntamiento, sino ese «estadista que más estrechamente se ha unido al corazón de los ciudadanos», Manuel Azaña, cuyo «nombre de gobernante» quedaba así unido «al futuro de un Madrid nuevo». Fue el presidente del gobierno, Manuel Azaña, y no el alcalde de Madrid, Pedro Rico, quien inclinó la voluntad de la mayoría a favor de la aprobación del presupuesto de capitalidad, pues era él, de antiguo, quien más había desarrollado la conciencia de que no hay Estado ni nación sin una capital dinámica. «Pero el caso es que España necesita un Madrid», había escrito diez años antes, cuando dibujaba con trazos sombríos el desolado paisaje urbano madrileño, en el que creía ver el mejor símbolo de la ruina española. Y ahora, cuando se somete a discusión de las Cortes la ley de capitalidad, repite con más vigor, y con un matiz interesante, su vieja idea: «Si Madrid no existiera sería preciso inventar —digámoslo así— la capital federal de la República española, ya que Madrid es el centro [...] donde vienen a concentrarse todos los sentimientos de la Nación, donde surgen y rebotan a todos los ámbitos de la Península las ideas, saturadas y depuradas por la vida madrileña en todos sus aspectos». Parece como si para Azaña, y para la generación a que pertenece, la República hubiera borrado cualquier sombra que todavía quedase del pecado original de un Madrid capital artificial del Estado y culpable de su fracaso. Azaña no es el único que no siente complejo al manifestar el «deseo de que Madrid responda a su nombre de capital de la República y de elevarlo a aquella grandeza que queremos dar a la República española» y al confesar el sueño de que Madrid, «no como interés local y municipal, sino como interés nacional y de representación de la República, tenga aquel esplendor a que nosotros en nuestra modestia podemos aspirar». Con haberse liberado de la losa histórica de su artificio, Madrid, o estos distinguidos madrileños, se han sacudido todo complejo de culpa: Madrid ya no es artificial, Madrid ya no es culpable: quedaba ahora que fuese capaz de mostrar su fuerza y convertirse en centro político de una nación dispuesta por fin a encontrar el camino de la historia.

Lo significativo es que, entre el entusiasmo que despierta en Cataluña el Estatuto y las perspectivas de consolidación republicana que parecen confirmarse después de la fracasada rebelión de agosto de 1932, a nadie sobresalta este lenguaje reivindicativo de Madrid ni critica nadie esta insólita exaltación de Madrid como capital de España. Tal vez sea éste el primer y único momento dulce de la relación entre Madrid y el resto de las capitales, que no la ven ya como antagonista ni vuelcan sobre ella la causa de todas sus desgracias. Tal vez sea éste también el primer momento en que Madrid se sacude el peso de una historia de frustración y, mirando hacia sí misma y sus posibilidades, no encuentra nada que reprocharse.

El nuevo matiz de esta reciente autoconciencia consiste en denominar federal a la capital de la República. No que la República sea federal, sino que la República, a la que Azaña siempre añade su calificativo de española, necesita una a modo de capital federal. El día en que tales palabras se dicen en el Congreso no es cualquiera: se acaba de aprobar el Estatuto de Cataluña y aparece con claridad que la República, sin ser federal, se orienta hacia la federación. Se necesita, pues, más que nunca una capital federal y, para construirla, es preciso sacar a Madrid de la «chabacanería del Ayuntamiento» y ponerlo en manos del Estado, bajo su directa vigilancia. Azaña es escéptico respecto a lo que el Ayuntamiento pueda conseguir: no funciona —escribe en su diario—, sólo hace tonterías y va a malgastar los 80 millones que se le han regalado. El Estado puede y debe hacer algo en previsión del Madrid venidero y de ahí que Azaña encargue a Prieto el estudio y el proyecto de varias obras entre las que destaca, sobre todo, la prolongación de la Castellana para levantar allí varios nuevos ministerios.

Puede verse en ese interés de Estado, en ese proyecto de construir una ciudad capaz de cumplir la función de capital federal, el origen de las dos iniciativas que tendrán en Indalecio Prieto su alma y sostén. A los pocos días de las declaraciones de Azaña se constituye una Comisión encargada de estudiar el proyecto de enlace ferroviario de Madrid y, un mes después, se crea el Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio que recibe el encargo de complementar la red ferroviaria con una red radial y circular de carreteras. La presencia de Secundino Zuazo y de José Lorite en la Comisión de Enlaces Ferroviarios y en el Gabinete Técnico de Accesos, y la de este último en la Técnica Municipal, garantizarían la conexión entre Ministerio y Ayuntamiento, por una parte, y entre los planes de extensión, de enlaces ferroviarios y de accesos por carretera, por la otra.

Pues de lo que se trataba, en efecto, era de contemplar por vez primera, simultáneamente desde el Ayuntamiento y desde el Estado, la planificación conjunta de Madrid como nueva capital. Bajo un impulso unitario, se pretendía «meter el ferrocarril en el corazón de Madrid» con objeto de resolver los estorbos derivados de la solución de continuidad entre las líneas férreas que morían en la estación de Atocha y en la del Norte, la de las compañías de Madrid-Zaragoza-Alicante y del norte. Se resolvería además el problema de la rápida comunicación de la capital con los pueblos de su entorno, fomentando la creación de nuevos e higiénicos poblados satélites a la vez que se rompía el cinturón de miseria construido en el extrarradio. Madrid crecería sin trabas, solucionándose el secular problema de la vivienda, pues la facilidad de transporte permitiría vivir en esos nuevos poblados, y en viviendas con precios al alcance de sus economías, a millares de familias obligadas a habitar «zaquizamíes insalubres». Los nuevos enlaces ferroviarios se complementarían con una red de carreteras concebida también radial y circularmente para garantizar una rápida comunicación de la capital con los poblados que surgirían al pie de los caminos de hierro electrificados y con los lugares de recreo y de producción agrícola. Prieto se dejaba llevar de su entusiasmo cuando proclamaba que enlaces y carreteras, además de resolver problemas estrictamente madrileños y del entorno —expansión ordenada, vivienda, extrarradio, higiene, ocio— realzarían la función de capitalidad de Madrid, «maravillosa síntesis de España», sirviendo de lazo de unión entre todas las capitales y elevando el rango que entre ellas le correspondía «por razón de ser capital de la República».

No es casualidad que sea un bilbaíno de adopción quien haya percibido con tanta claridad y coherencia, y expresado con tan irrefrenable entusiasmo, el tipo de actuaciones que era preciso acometer para asegurar el futuro de Madrid como capital de la República. Una mezcla de experiencias y recuerdos personales vinculados a Bilbao, una confianza muy propia del socialdemócrata que era en el poder de intervención del Estado, unos proyectos regeneradores vinculados a la electrificación y al riego, unos anhelos —como entonces se decía— redentores que se proponían como meta sacar de sus covachas de Ventas, Vallecas y Tetuán a esos hombres «hermanos nuestros que viven allá peor que mendigos y que facinerosos, condenados por una sociedad anticristiana» y a quienes ya contemplaba habitando los poblados satélites, «en casas alegres y risueñas, cara a la luz, viendo el padre, desde el ventanal, en el jardín y la huerta, a sus hijos correr gozosos»; una exaltación, como bien se ve, de los beneficios derivados del continuo urbano-rural, una inquietud política por los estragos que el paro entre los jornaleros de la construcción provocaba en Madrid, el descubrimiento de la naturaleza como espacio para un ocio regenerador e higiénico, la realización del «anhelo de Madrid de ordenar todo su ensanche, todo su avance, todo su progreso hacia el norte, camino de la Sierra, hacia zonas salutíferas», y en fin la previsión de no impedir, si Madrid lo quisiera, un futuro como gran centro industrial: todo eso fue lo que guió a Prieto en las opciones políticas básicas tomadas para realzar la capitalidad desde el Ministerio de Obras Públicas.

Ese conjunto de elementos y la necesidad de ofrecer empleo a miles de trabajadores de la construcción en paro, que las obras municipales no podían absorber, se tradujeron en «la decisión de atacar resueltamente la prolongación del paseo de la Castellana». Cuarenta días escribe Azaña que tardó en realizarse el nuevo trozo del paseo que llevaba veinte años enredado en la «pobreza proyectista y en la nulidad verbalista de ayuntamientos y gobiernos» y que se inauguraba ahora, bajo su mirada, con ocasión de las celebraciones del segundo aniversario de la República. Sin el hipódromo, el paseo aparecía transformado en una «amplísima avenida, que proporciona una de las más bellas perspectivas madrileñas, y que en tiempo próximo se continuará hasta la carretera de Francia, señalando una directriz a la expansión de Madrid por la zona más apropiada para las nuevas edificaciones, haciendo derivar el centro de gravedad de la urbe hacia el norte y descongestionando de esa manera su núcleo central». De Prieto procede el impulso de sacar a Madrid de lo que Azaña —muy interesado en que las obras se ejecutasen con celeridad a fin de que las cosas quedaran en tal estado que no pudiera detenerse ni rectificarse el plan de conjunto— llama el patio de Cibeles y el corredor de la calle de Alcalá, este plan efectivo del crecimiento hacia el norte, zona «por donde Madrid avanza, por donde Madrid crece, por donde Madrid se desarrolla». Para vislumbrar la magnitud del sueño, bastará dejar que resuenen los ecos de esa fascinación por el norte perceptibles en el decreto «creando la Comisión encargada de estudiar el proyecto de enlace ferroviario»: Madrid, se dice allí, podría adquirir «amplitudes maravillosas, quedando casi de anexos suyos ciudades tan sugestivas como Toledo, Ávila, Segovia, Alcalá de Henares y Guadalajara... y, sobre todo, la incomparable Sierra de Guadarrama, cuyas laderas y cimas, ansiadas para el reposo, la salud y el recreo, no son ahora asequibles a las clases humildes».

Éste fue en sustancia el plan que «constituye la base del Gran Madrid» del que Prieto se vio bruscamente cortado por su obligada salida, en septiembre de 1933, del Ministerio de Obras Públicas. Irónicamente, «Gran Madrid», un concepto que Prieto gustaba de utilizar con profusión y que quedará como meta de su política, como expresión final de todo lo que el Ministerio de Obras Públicas había cooperado «a la transformación y engrandecimiento de Madrid», será luego retomado por los urbanistas del franquismo para titular la revista en que exponen sus planes y que abre su primer número con unas «Palabras de S. E. el Jefe del Estado» en las que proponía «dividir Madrid, cortarlo en trozos por las grandes reformas, para darle una fisonomía distinta a la pasada». Pero si los cuarenta años de dictadura dieron a Madrid una fisonomía distinta de la que habría tenido si los planes elaborados por Prieto, la Comisión de Enlaces y el Gabinete Técnico no hubieran sido paralizados por sus sucesores y hubiesen llegado a buen puerto; si el «Gran Madrid» proyectado por la República es diferente del «Gran Madrid» de la dictadura, es asunto que será preciso considerar más despacio.

Pues lo cierto fue que la euforia que acompañó a la proclamación de la República española por el pueblo de Madrid habría de desvanecerse enseguida. La crisis de trabajo que se cernió sobre la ciudad desde 1930 puso de manifiesto la fragilidad tremenda de su anterior crecimiento y la inanidad de los grandes proyectos. No todo era inactividad, desde luego: en la Gran Vía, Martínez Feduchi y Eced levantaban uno de los edificios más llamativos de los primeros años treinta, el Capitol, con su espectacular chaflán de terrazas voladas que disminuyen en altura, y un poco más abajo Fernández-Shaw elevaba simultáneamente la sólida estructura de hormigón del edificio Coliseum. Pero por lo que respecta a la vivienda, y aunque Zuazo continuara con su Casa de las Flores, el recuerdo que el arquitecto vasco transmitió a Oriol es el mismo que compartían todos los patronos y obreros del ramo: nadie construía, salvo algún hotelito aquí y otro allá, en las colonias Parque-Residencia y El Viso, donde Bergamín y Blanco Soler dejarán algunas de las muestras más representativas del racionalismo madrileño.

Y así, mientras las licencias de edificación caían en picado —de una media anual de 1.120 entre 1926 y 1930 a sólo 330 en 1933—, el Ayuntamiento hacía lo que podía para remediar el paro construyendo varios grupos escolares y empleando a jornaleros en la pavimentación y adecentamiento de diversas calles, en lo que se podía dar trabajo a una abundante mano de obra. Pero el concurso para aprobar «el proyecto definitivo de reforma interior» convocado en 1932 por el Ayuntamiento acabaría por declararse desierto —con lo que la ciudad se ha ahorrado algunas de las grandes vías proyectadas para aligerar el tráfico por el viejo casco—, mientras que los planes de expansión acariciados por el gobierno avanzaban siempre por el filo de unos presupuestos muy limitados: se trabajaba en la Ciudad Universitaria, que requería aún cantidades ingentes de obreros para los desmontes y allanamiento de los terrenos en los que se construían la Facultad de Filosofía, parcialmente inaugurada en enero de 1933, y las de Medicina, Farmacia y Ciencias además del Hospital Clínico de San Carlos; también se trabajaba, cuando lo permitía la lluvia, en la Castellana, donde se inició la construcción de los proyectos de los ministerios de la Gobernación y de Obras Públicas y se sacaba a subasta el de Agricultura; en el Prado, que vio horadado su subsuelo por las primeras actuaciones en lo que pronto fue conocido como «el tubo de la risa», el enlace subterráneo que pretendía convertir al eje Prado-Castellana en verdadero núcleo de comunicación de la Península; alguna actividad se percibía también en obras que el propio gabinete calificaba de modestas, en las vías de cintura que debían rodear Madrid con sus dos anillos carreteros. No es —escriben quienes hacen tan escueto recuento— que se olviden otras aspiraciones del pueblo madrileño pero, por el momento, esto es todo lo que se puede hacer, insuficiente para elevar a Madrid al rango soñado y, sobre todo, para dar trabajo a la masa de inmigrantes asentados de mala manera en el extrarradio, con jornales —cuando encontraban trabajo— de ocho o nueve pesetas diarias y que jamás podrían acceder a viviendas dignas en los poblados satélites ni a ocupaciones alternativas en otros sectores industriales.

Pues la crisis de la economía madrileña no fue sólo una parálisis de la edificación sino el resultado de los efectos por ella inducidos. La caída de las licencias de nuevas obras provocó un paro lampante y redujo la actividad de sectores tan dependientes de la edificación como los de la madera y la pequeña metalurgia. Además, la reducción de las posibilidades de consumo de una gran masa de población agravó el pánico que de años antes sentían los pequeños comerciantes, atrapados en la tenaza de su ruinosa competencia y los grandes almacenes y empresas mercantiles. Precisamente, ese pánico del pequeño patrono es lo que mejor refleja el tipo de crisis que atravesó Madrid en los años treinta. Lo que abundaba entonces en la industria y el comercio era el pequeño patrono que empleaba a un puñado de trabajadores y que vivía al día, atendiendo una demanda limitada pero estable con la que podía subsistir y, cuando las cosas iban bien, ampliar lentamente su negocio. El descenso de la demanda y el aumento de salarios le hizo más vulnerable, ya que si era industrial, carecía de capital para aumentar su productividad reduciendo costes y, si era comerciante, el margen de sus beneficios se hundía con los mayores salarios a sus dependientes y con el descenso de las ventas. La crisis económica provocó tensiones muy agudas, por una parte, entre la masa de asalariados sin cualificar y siempre al borde del paro o ya parados y sus empresas y, por otra, entre los obreros con trabajo fijo y sus patronos, que se aprestaron a hacer frente a sus nuevas demandas revitalizando sus durmientes agrupaciones patronales.

En estas condiciones, no pasaron más de dos años sin que la fiesta popular que proclamó la República se convirtiera en lucha de clases y se consumara la quiebra del proyecto que en Madrid había servido de fundamento a la República y a cuyo aliento se debía el acuerdo social sobre el tipo de crecimiento previsto para la capital. A los vivas a la República siguió casi de inmediato —no sólo en Madrid, pues este mismo proceso es perceptible también en otras ciudades que habían experimentado en la década precedente un crecimiento por encima de sus posibilidades, como Barcelona y Sevilla— lo que podría denominarse discursos de la segunda o definitiva revolución que encontraron sus principales sujetos en los trabajadores inmigrantes, muchos de ellos bajo la influencia de un sindicalismo hasta entonces desconocido en Madrid, el de la Confederación Nacional del Trabajo, que se hizo fuerte entre los jornaleros de la construcción, y en los jóvenes llegados durante la década anterior a la capital y que engrosaban las juventudes socialistas y comunistas. Revolución no ya contra la monarquía y la vieja clase política, sino contra la propia República, que no aparecía más que como una monarquía disfrazada de gorro frigio, y contra la burguesía o el capitalismo.

Al soplo de estos nuevos vientos de revolución reverdeció también el viejo ideal sindicalista y antipolítico entre los dirigentes de la tradicional clase obrera organizada, la UGT, crecida en el último periodo de la Restauración y principal soporte, hasta entonces, de la República. Pues lo que la crisis de gobierno de septiembre de 1933, superpuesta a la crisis económica que se arrastraba desde 1930, provocó en Madrid fue la ruptura de la coalición republicano-socialista triunfadora en las elecciones de abril de 1931 y que había dirigido desde entonces el gobierno de la República. Por debajo de ella, se hizo añicos también la alianza de clases en la que se había sustentado el impulso de construir, con la República, el Gran Madrid. La clase obrera, entre la que hacía progresos el sindicalismo de movilización de masas encarnado por la CNT, se adentró ya desde comienzos de 1933 por el camino de las grandes huelgas generales de industria que llevaban siempre prendidas a su convocatoria la expectativa de una segunda revolución: el verano de ese año y todo el año siguiente, hasta la huelga general y el conato insurreccional de octubre, estuvieron esmaltados por un nuevo tipo de lucha obrera que consistía en reclamar reparto de trabajo por medio de huelgas de solidaridad con los trabajadores en paro. De las grandes obras de la Ciudad Universitaria y de la Castellana, las huelgas se extendían rápidamente a toda la industria de la construcción, arrastrando en su estela a las pequeñas y medianas empresas del sector, con la pretensión añadida de que se sumasen a la convocatoria los trabajadores de otras industrias y servicios. Gráficos, camareros y metalúrgicos irán también, antes o después, a la huelga general. Los dirigentes sindicales llegaron a pensar que una huelga general que comprendiese a todas las industrias, y que se legitimaría como respuesta a una ofensiva de la derecha, bastaría para acabar no sólo con la propia derecha sino con la República burguesa.

A la par que ese nuevo horizonte de la toma o la destrucción del poder por medio de una huelga general se abría ante los ojos de los diligentes sindicales, se produjo un segundo fenómeno que puede entenderse como una consecuencia del ingente número de jóvenes que vinieron a Madrid en las dos décadas anteriores: la irrupción en la política de las juventudes y el gusto por las acciones «militares», por los uniformes, los entrenamientos y el uso de las armas, que afectó tanto a socialistas y comunistas, como a católicos y fascistas. Los primeros asumieron y simplificaron rápidamente la nueva visión de la historia pregonada por los diligentes sindicales y teorizaron el enfrentamiento de clases visible en Madrid como lucha final entre la burguesía y el proletariado. Cumplida ya la experiencia de la República burguesa, no quedaba en el horizonte más futuro que el socialismo. Pero si los dirigentes sindicales creían que al socialismo se podía llegar como resultado de una huelga general, los jóvenes estaban convencidos de que el único medio consagrado por la historia era el de la insurrección armada. Para ellos, la República aparecía, con la crisis de la coalición republicano-socialista y el triunfo de los radicales y la derecha católica, no mejor que la monarquía; su destino, por tanto, no debía ser otro que el sufrido por ésta. El lenguaje de la revolución entendida como una insurrección armada comenzó a sustituir también entre los jóvenes empleados al de defensa de la República: las llamadas a la revolución se formulaban desde tribunas públicas, como públicos eran los preparativos para la insurrección, confiados esta vez a las propias milicias socialistas que almacenaron en los despachos y sótanos de la Casa del Pueblo un disparatado muestrario de armas cortas, ametralladoras y munición y dividieron a Madrid en cinco distritos con objeto de organizar en cada uno de ellos diez escuadras listas para tomar el poder, cuando lo ordenaran sus mayores, por la fuerza de las armas.

La fascinación de los jóvenes socialistas por la lucha armada como vía para la conquista del poder corrió pareja con el rebrote de la creencia en la huelga general como instrumento para la revolución social. Confluyeron así en 1934 dos estrategias distintas, de distinto origen y sostenidas por diferentes organizaciones, en una creciente movilización que se dio como objetivo no cualquier toma del poder sino la que conduciría a la instauración de un nuevo tipo de sociedad. Los preparativos militares, las escaramuzas callejeras, las manifestaciones, los mítines llamados «monstruos» en la plaza de toros, las convocatorias a las huelgas generales, la resistencia en la huelga por encima de los límites alcanzados hasta entonces en los conflictos sociales de Madrid, desembocaron finalmente, con el anuncio de la entrada de la CEDA en el gobierno, en los hechos de octubre de 1934. Una huelga general —más general que cualquier otra huelga convocada en Madrid— acompañó a un intento insurreccional que no fue más allá de algunos disparos desde el centro socialista de la Prosperidad y de paqueos desde algunas azoteas y balcones. Pero ni las puertas de los cuarteles se abrieron para que los soldados confraternizaran, como se esperaba, con las milicias ni los milicianos fueron capaces de saber qué tenían que hacer, o dónde estaban sus jefes, cuando comenzaba lo que uno de ellos, en su declaración ante el juez militar que instruyó el caso de rebelión militar, definiría como «el jaleo».

Fracasada la insurrección, derrotada la huelga general y mientras el gobierno procedía al cierre de la Casa del Pueblo, a la disolución de todos los sindicatos y sociedades obreras y al encarcelamiento de los principales dirigentes sindicales y políticos implicados en los hechos de octubre, el Ayuntamiento cambió de manos y, con ellas, de mirada sobre la ciudad. Es significativo que el estudio de proyectos de reforma interior, de los que podían esperarse derribos y revalorizaciones de suelo, prevaleciera de nuevo, a partir de ese momento, sobre los planes de extensión. Ya antes, cuando Prieto salió del Ministerio de Obras Públicas y fue sustituido por el radical Guerra del Río, una de las primeras medidas del nuevo gobierno consistió en disolver la Comisión de Enlaces e interrumpir los trabajos en el subsuelo del Prado. Un año después, cuando la CEDA se incorpora al gobierno, sigue el mismo camino el Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio: definitivamente, las nuevas autoridades no están por el Gran Madrid ni por la ordenada urbanización del exterior. Lo que pretenden, y consiguen, es revalorizar los terrenos del interior y favorecer, con ventajas fiscales y con la promesa de que los sindicatos no podrán en adelante demandar nuevos incrementos salariales ni convocar huelgas, a los empresarios de la construcción, que se sienten liberados de la presión a la que les habían sometido los sindicatos durante el periodo anterior. Declarada ilegal la huelga de octubre, pueden despedir a quien se les antoje y readmitir a quien les plazca sin necesidad de cumplir los anteriores contratos de trabajo ni negociar sus términos con los representantes sindicales, lo que se traduce rápidamente en un rebrote de actividad en el sector.

En efecto, la llamada, por el nombre de su autor, ley Salmón supuso un notable incremento en la solicitud de licencias para edificaciones de nueva planta y una clara recuperación del mercado inmobiliario en el año 1935. Los arquitectos encontraron de nuevo trabajo en la construcción de casas de alquiler y no sólo en la de pequeños hotelitos de una planta. A ese renacido impulso se debe precisamente uno de los episodios más notables de la arquitectura no sólo madrileña, pero que tuvo en Madrid, especialmente en el ensanche del que quedaba aún casi un tercio por edificar, amplio campo de experimentación: el conocido «estilo Salmón», versión, como escribe Alonso Pereira, doméstica y popular que adoptará la última fase del racionalismo español «con sus elementos canónicos reiterados y popularizados y a menudo trivializados».

Episodio breve porque el gobierno de radicales y cedistas se mostró, con el paso de los meses, una fórmula inestable y condenada a intermitentes crisis. No era ésta la mejor manera de devolver la confianza y levantar el vuelo a la decaída economía madrileña; más bien, al contrario. La represión por los sucesos de octubre, el cierre de los sindicatos y organizaciones obreras y la persecución a la que fueron sometidos algunos dirigentes republicanos, añadida a la misma incapacidad de radicales y cedistas para encontrar fórmulas estables de gobierno, impulsaron un movimiento de recuperación de la izquierda republicana y obrera que tuvo su momento culminante en las afueras de Madrid, más allá del puente de Toledo, en el campo de Comillas, un día de octubre de 1935, cuando cerca de 400.000 personas, «la masa humana más crecida que se ha reunido jamás en un acto político», se concentraron para asistir a un mitin de afirmación republicana en torno a la persona de Manuel Azaña. Madrid cumplía así de nuevo, aunque de forma imprevista por los fundadores de la República, su función de capitalidad política: ningún político europeo de la época, escribe un testigo de excepción, Henry Buckley, habría sido capaz de concentrar una masa tan numerosa sin haber recurrido a organizaciones paramilitares, o sin haber adornado el acto con desfiles y manifestaciones. Aquí no hubo nada de eso: la multitud compacta que desde las primeras horas de la mañana se movía hacía el campo de Comillas había llegado el día anterior desde todos los puntos de España, de Valencia, Bilbao, Vigo, Santander, Vitoria, Granada, Málaga, Barcelona y lo había hecho por sus propios medios, en coche, en camionetas, en autocar o en tren. Madrid se convirtió por un día, como ya había ocurrido un día de abril de 1931, en capital de la República. Los militares no dejarán de tomar, cuando ese movimiento dé su fruto en las urnas, buena cuenta del hecho.

Porque a partir de ese momento, todo fue entusiasmo creciente. Los socialistas madrileños, aun si lo hicieron a regañadientes y con la condición de no participar en un futuro gobierno, volvieron a la coalición con los republicanos, lo que permitió presentar otra vez, como en 1931, una candidatura unitaria de izquierdas a la que por vez primera se sumaba también el Partido Comunista. En Madrid, las expectativas levantadas por el anuncio del nuevo pacto fueron enormes: muchos creyeron que la instauración de una nueva sociedad más justa e igualitaria estaba otra vez al alcance de la mano.

Los 225.000 votos que la candidatura del Frente Popular obtuvo en unas elecciones de muy alta participación y desarrollo tranquilo bajo una inclemente mañana de febrero dieron a la coalición republicano-obrera un triunfo sin paliativos: 54 por ciento de los votos emitidos frente al 45 por ciento obtenido por la candidatura de las derechas y un exiguo 1,2 por Falange Española. Formidable triunfo que reavivó de nuevo el entusiasmo: la gente no paraba de manifestarse y de llenar otra vez con cantos y carreras el centro de la ciudad, aunque a diferencia de 1931 no se vieran en la calle señoras con la tricolor ni pequeños o medianos patronos enardecidos por el triunfo de la libertad.

El retorno de los republicanos al gobierno reverdeció los viejos proyectos y hasta, en alguna ocasión, la retórica del primer bienio para la ciudad de Madrid. Cuando Azaña, recién elegido presidente de la República, recibió al repuesto Ayuntamiento, habló al alcalde y a los concejales otra vez de sus proyectos para el engrandecimiento de Madrid: en la capital de la República —les dijo— hay que acometer un plan magno, análogo al que se puso en práctica durante el Segundo imperio francés para el engrandecimiento de París. Los concejales, por su parte, expresaron al presidente la complacencia que les producía oír tales palabras: nada menos que el presidente de la República elevaba a doctrina oficial lo que había sido pretensión secular de los reformadores madrileños, hacer de Madrid, con Madrid, algo similar a lo que ya se había hecho con París. La República haría por Madrid lo mismo que el Segundo Imperio había hecho ya por París y que la Gloriosa revolución de septiembre de 1868 había dejado pendiente.

Esta conversación tenía lugar el 23 de mayo de 1936, veinte días después de que un rumor sobre el reparto de caramelos envenenados por señoras o señoritas catequistas en el populoso barrio de Cuatro Caminos estuviera a punto de repetir en Madrid una matanza de monjas y frailes similar a la que la misma ciudad había contemplado un siglo antes. Las autoridades, auxiliadas por los llamamientos emanados de los partidos y sindicatos obreros, pudieron controlar con oportunas intervenciones de la policía y de los bomberos la ira de la multitud que ya había emprendido acciones de castigo contra algunos colegios de religiosos y rociado de gasolina alguna iglesia, sin que faltara tampoco quien jurara haber visto a sacristanes con el bidón de gasolina en la mano huyendo a favor de las sombras.

Pero lo que ni las autoridades, ni el Partido Comunista, ni la Casa del Pueblo pudieron controlar fue que se declararan en huelga general los que presuntamente deberían transformar la capital de la República española en trasunto de la capital del Segundo Imperio francés. El día 1 de junio comenzó en Madrid, efectivamente, la cuarta, más dura y más larga de las huelgas generales de la construcción habidas en la República que llegó a afectar a ochenta mil trabajadores. Estaban ya en huelga, desde hacía unas semanas, los obreros de la calefacción, ascensores y saneamientos y llevaban también varios días sin trabajar los de cerveza, hielo y gaseosa. Entre los camareros reinaba cierta confusión, pues mientras el Único, de la CNT, había dado orden de huelga general para el día 27, la Agrupación, de la UGT, mantuvo su decisión de trabajar y se temían enfrentamientos entre los afiliados de una y otra central. Y esto no será todo: cuando los obreros de la construcción lleven dos semanas en huelga, iniciarán la suya los seis mil de la madera y todos los del ramo de la sastrería, que ascendían a unos quince mil. Irán también a la huelga, aparte de multitud de obreros de pequeños y medianos talleres y tajos, los trabajadores de Euskalduna, las obreras guanteras, los corambreros y pellejeros, las chicas de las fábricas Gal y Floraria. Una breve y densa historia que había comenzado a mediados de abril de 1931 con el pueblo festivamente en la calle para proclamar la República llegaba, a finales de junio de 1936, a un punto en el que la clase obrera había abandonado el trabajo sin que nadie pudiera predecir cuándo y cómo volvería a él. Por sus implicaciones y alcance, Madrid vivió la huelga más general de todas las huelgas generales hasta entonces habidas.

La magnitud de las exigencias obreras, la creciente hegemonía de la CNT en la dirección de las luchas sindicales, la violencia callejera con su secuela de atentados y asesinatos, los rumores de rebelión militar y la debilidad de que daba muestras el gobierno ante esas presiones enfrentadas convirtieron a Madrid en horno donde se cocían todas las tensiones de la República: obreros en lucha con los patronos, la CNT contra la UGT, monárquicos contra republicanos, socialistas de centro contra socialistas de izquierda, Unión Militar Española frente a Unión Militar Republicana, fascistas contra comunistas... El proceso de fragmentación, que afectó a todas las organizaciones sindicales y políticas y que atravesó a todas las coaliciones, culminó en esta heterogénea multiplicidad de enfrentamientos sin que emergiera una clara dirección política capaz de imponer un rumbo a los acontecimientos. Muy significativo del momento político por el que atravesó la ciudad en la primavera del 36 fue que el dirigente más respetado de la clase obrera madrileña —Largo Caballero— evocara con palabras provocadoras la posibilidad de un golpe militar por las mismas fechas en las que el dirigente más audaz de los monárquicos madrileños —Calvo Sotelo— incitaba sin tapujos a los militares a intervenir. Mientras tanto, el presidente de la República no salía de su aislamiento en la finca de El Pardo y el pueblo de Madrid acudía en masa a la proyección de Morena Clara.

9. El pueblo otra vez en armas

«Prepárate, Emiliano, pues hemos de echar mucho pelo». Desgraciadamente, estas palabras no forman parte del diálogo de algún sainete madrileño, aunque se dijeran camino de Pamplona con motivo de una reunión conspirativa celebrada en Madrid. El general Emilio Mola, que para entonces comienza a intitularse ya «el director», se dirigía con ellas a su ayudante y casi tocayo, el teniente coronel Emiliano Fernández Cordón, dándole cuenta de las reuniones que en la primera quincena de marzo de 1936 había tenido en Madrid con los generales y jefes Franco, Orgaz, Villegas, Fanjul, Rodríguez del Barrio, Ponte, Saliquet, García de la Herrán, Varela y Carrasco. Le decía el general a su ayudante: «Esto empieza bien, Emiliano», pues existía entre los jefes «un ambiente favorable para la misión principal».

La misión principal consistía en suspender, tras la formación de un directorio militar, la Constitución de 1931, cesar al presidente de la República y al gobierno, atribuirse todos los poderes, excepto el judicial; defender una «dictadura republicana que impondría sanciones de carácter dictatorial sin intervención de los tribunales»: el directorio no se atribuía el poder judicial, sencillamente lo anulaba; disolver las Cortes y otras medidas del mismo tenor. El problema para los conspiradores tenía el nombre de una ciudad: Madrid, pues «a medida que el tiempo iba pasando y la conspiración avanzaba —son palabras textuales de Emiliano— en Madrid iban siendo más dueños de la situación los elementos marxistas». No había, pues, la posibilidad, o al menos eso creían los conspiradores, de que ejército y pueblo confraternizaran nuevamente en las calles de la capital y derrocaran el poder establecido. Lo que los jefes militares que preparaban el golpe de Estado idearon fue, por tanto, renovar otra vieja tradición: dar el golpe «en provincias» y conseguir que la guarnición de Madrid se limitase a abandonar los cuarteles sin entablar lucha con las masas marxistas y se dirigiera a «buscar contacto con las columnas que de Burgos, Valladolid, Pamplona y Zaragoza marcharían en dirección a Madrid». Madrid, la capital, objetivo otra vez de conquista de militares insurreccionados en provincias: una técnica de golpe de Estado que Riego había experimentado con buena fortuna en 1820.

Los temores de los militares sublevados se hicieron pronto realidad. Los cuarteles de Madrid y de sus alrededores —Vicálvaro, Getafe, Leganés y Cuatro Vientos, unos siete mil hombres en total— permanecieron dubitativos durante las primeras jornadas, sin atreverse a actuar en ningún sentido, mientras la Guardia Civil y las fuerzas de Seguridad y Asalto y los Carabineros, en cifra similar a la de los militares, pero mejor entrenados para la lucha en las calles y dotadas con armamento moderno, se mantuvieron fieles al gobierno y se pusieron a su disposición. Desde el mismo día 18, el parque de artillería abrió sus puertas a los miembros de las milicias socialistas, comunistas y sindicales y comenzó el reparto de armas a la población civil: la confluencia en las calles de militares y guardias con milicias civiles, tan buscada en todos los movimientos populares desde la revolución liberal, se producía ahora de nuevo aunque en esta ocasión no para derrocar a un gobierno sino para defenderlo de una rebelión militar.

«Y siendo horas de tanta amargura, la gente está alegre, está contenta, da con gusto su vida al sacrificio»: las palabras de aliento y gratitud que el presidente de la República, Manuel Azaña, dirigía a los españoles el día 23 de julio de 1936, cuando la rebelión había quedado definitivamente sofocada en Madrid, reflejan bien el clima general en que se desenvolvía la vida madrileña durante aquellos días que conmovieron, si todavía no al mundo, sí a España. Probablemente, el presidente se equivocaba al suponer que los motivos que alentaban la alegría y el contento popular y que movían de nuevo a «la gente» a dar su vida eran —como dijo— los de asegurar y afianzar su dignidad ciudadana y el porvenir de la República y de la Patria. Pero en esos momentos, tal error carecía de mayor importancia, puesto que aún sin haber decidido para qué se luchaba, si por salvar la República y la democracia, o por la segunda revolución y la destrucción de todo poder político, es lo cierto que todos sabían contra qué y contra quiénes habían empuñado otra vez —como hacía, casi mes por mes, un siglo— las armas: contra la reacción, contra los militares rebeldes, contra los curas, y ahora también, o al menos eso pensaban los más conscientes, contra el fascismo.

Alegría, contento y dar la vida con gusto al sacrificio: es lo que transmiten las primeras imágenes de aquel Madrid que, más que en el inicio de una guerra, se siente en el amanecer de una revolución triunfante, evidente en la progresiva ocupación de los espacios por el pueblo —como llaman muchos al sujeto de esta nueva revolución— o por la clase obrera —como aseguran los más modernos, los que aspiran a la conquista del poder político por el proletariado—. Desde que corrieron los primeros rumores de rebelión militar, los obreros madrileños dieron por seguro que había sonado la hora de la revolución social pendiente y en medio de un sofocante calor comenzaron a salir a la calle. No era la primera vez que en años recientes habían creído llegada esa hora: en 1934, la entrada de la CEDA en el gobierno fue la señal para una huelga general que no llegó a ser revolucionaria porque los elementos militares no abrieron las puertas de los cuarteles ni distribuyeron armas a las milicias. Formaba parte de la cultura obrera madrileña, amasada en años de educación y organización socialista, creer que la hora de la revolución social, de la única y verdadera revolución, sonaría como respuesta de todo el pueblo o de la clase obrera unida, en la huelga general y por las armas, a un intento de golpe de Estado o de adueñamiento del poder por la reacción. En ese momento, cuando llegara esa hora, los obreros, que debían vivir alerta, tenían que salir de casa, con las armas, si de ellas disponían, y encaminar sus pasos a la Casa del Pueblo para ponerse a disposición de los dirigentes de sus respectivos sindicatos, sobre quienes recaería la tarea de organizar la lucha. Y eso fue exactamente lo que ocurrió a partir de la tarde del viernes, 17 de julio: desde los distritos más lejanos del centro —escribe Arturo Barea, testigo y participante de los acontecimientos— las casas vomitaban hombres, todos marchando en la misma dirección, que no es ya la Puerta del Sol como cuando salieron a proclamar festivamente la República, sino la calle de Piamonte, sede de la mayor parte de las sociedades y sindicatos obreros de Madrid. Todas las calles cercanas a la Casa del Pueblo quedaron en muy pocas horas repletas de una multitud expectante.

Formaba también parte de esa cultura política la creencia de que, en su respuesta por la huelga y por las armas al golpe de la reacción, la clase obrera iría más allá de la defensa de la legalidad republicana, tenida por burguesa, y realizaría la revolución social entendida como fin de la propiedad privada de los medios de producción y como hundimiento del poder político y de todo el Estado burgués. Las cosas sucedieron, sin embargo, de forma no prevista por la teoría, ya que los rebeldes eran tan solo unos cuantos e indecisos mandos militares, mientras que el grueso del ejército y de las fuerzas de seguridad permanecieron, en Madrid, fieles a la República, a la que mantuvieron también su fidelidad los republicanos de clase media, burgueses a los ojos obreros. Cuando la Casa del Pueblo y los partidos socialista y comunista emitieron, a poco de la rebelión, sus comunicados alertando a los trabajadores y pidiéndoles que no abandonaran la ciudad porque su presencia podía ser requerida para combatir al enemigo, a quienes señalaban como objetivo de la lucha no era al Estado republicano ni a las fuerzas que le apoyaban sino a un enemigo común a la clase obrera y a la República «burguesa». Se produjo así lo imprevisto en una revolución proletaria aunque habitual en las tradicionales revoluciones populares madrileñas: que militares, guardias de asalto y hasta guardias civiles, fieles al gobierno legítimo, fuesen aplaudidos y vitoreados por el pueblo cuando se encaminaban a liquidar los focos de la rebelión. Dispuestos a sumarse a la lucha, la gente, la clase obrera, los jóvenes, no pocas mujeres, se arremolinaron en las inmediaciones de los cuarteles para realizar lo que inútilmente habían intentado ya en octubre de 1934: recoger armas y fraternizar con los soldados y oficiales que abrazaran la causa del pueblo. El pueblo de Madrid, que había proclamado la República en la calle en las luminosas jornadas de abril de 1931, se disponía ahora, echándose de nuevo a la calle, a aplastar con las armas a los enemigos de aquella República.

La iniciativa de partidos y sindicatos de exigir armas para sus afiliados y las disposiciones tomadas por el nuevo gobierno republicano para sofocar, valiéndose de fuerzas leales, la rebelión, explican el conjunto de fenómenos sociales y políticos que conmocionaron la vida madrileña durante los últimos días de julio de 1936. Fueron mandos militares los que se hicieron cargo de la distribución de armas y del primer y muy fluido encuadramiento de milicias; los que condujeron las columnas, rápidamente bautizadas con sus propios apellidos, como la célebre columna Mangada, a la Sierra. Pero la misma necesidad de armar a civiles prueba bien que los oficiales no disponían de la plenitud de los recursos humanos y materiales que habrían asegurado, con la defensa de la República contra la insurrección, el mantenimiento del orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones del Estado. Esta situación, en la que se mezclaban elementos de la legalidad republicana con milicias creadas espontánea e improvisadamente por la incorporación de efectivos que no siempre conocían el manejo de las armas, impregna de ambigüedad al momento político y social que atraviesa la capital y que no puede definirse ni como el de la pura y simple continuidad del orden constitucional republicano ni como el de la aparición de un doble poder, legal y revolucionario, tan característico de otras situaciones revolucionarias.

Pues en Madrid lo que surge en estos diez días no es un doble poder sino la dispersión y atomización de poderes. Hay lugares que todos respetan y nadie ocupa, como la sede de la más alta magistratura del Estado: no se produjo en Madrid, ni en este momento, ni antes ni después, ningún asalto a ningún Palacio de Invierno; las turbas, por decirlo con la expresión decimonónica, no ensuciaron con sus alpargatas las alfombras del Palacio Nacional ni tuvieron ocasión de contemplar sus Tiépolos. Tampoco se produjo el asalto a la sede emblemática del poder económico, el Banco de España, cuyas reservas en oro nadie pretendió incautar. Como en abril de 1931 o en febrero de 1936, nadie intentará penetrar tampoco en la sede del Ministerio de la Gobernación, desde el que —creían los incautos— se mandaba en toda España; ni se toma tampoco el Palacio de Bellavista, donde radica el Ministerio de la Guerra, que es en verdad el Ministerio del Ejército. Los dirigentes sindicales y políticos madrileños se encaminan, desde luego, a esos edificios, pero no con ánimo de expulsar de ellos a quienes los ocupan, sino para prestarles su apoyo, con el resultado añadido de aumentar la confusión. Cierto: los manifestantes se habían concentrado desde la misma tarde del viernes, día 17, en ese eje de la vida madrileña que va desde Cibeles —Banco de España, Ministerio de la Guerra— pasando por la calle de Alcalá —Ministerio de Hacienda— y la Puerta del Sol —Ministerio de la Gobernación— hasta desembocar en la Plaza de Oriente, Palacio Nacional. Pero no lo hicieron para derribar las puertas de ninguno de esos edificios sino para impedir, con sólo su presencia, esperando tranquilamente, durmiendo, echados contra las tapias, gritando «traición, traición» o «armas, armas, armas», que se formase un gobierno dispuesto a pactar con los generales rebeldes y para exigir armamento a las legítimas autoridades de la República. Pero esos mismos manifestantes que ocupaban las calles desde la tarde del día 17 se dispersan en la mañana del 19 cuando saben que el gobierno designado por el presidente de la República para intentar un acuerdo con los rebeldes renuncia a sus poderes antes de ejercerlos y es sustituido por otro exclusivamente formado por republicanos dispuestos a defender la República, si es preciso distribuyendo armas a los partidos políticos y a los sindicatos obreros.

Si no se ha producido una revolución política en el sentido de una toma rápida y violenta del poder del Estado y creación inmediata de un nuevo poder revolucionario, la gente o el pueblo de Madrid comienza a comportarse, sin embargo, como si la esperada revolución se hubiera ya realizado. Tiene armas en las manos y no hay nadie capaz de mandarles en razón de una jerarquía social o política establecida y aceptada: ésos eran dos de los contenidos básicos de la expectativa revolucionaria, tal como se había vivido en el pasado y como se había alimentado en las semanas anteriores a la rebelión. Habría un golpe militar, al que respondería el pueblo en armas, que anularía todas las jerarquías civiles. Se esperaba también que de ese choque se derivase, casi al modo de un proceso natural y con el derrumbe de la sociedad capitalista, el hundimiento del aparato del Estado y el fin de todo poder político. Pero como ese Estado y ese poder eran atacados por los militares rebeldes y los fascistas, y las autoridades republicanas habían permanecido en sus puestos haciéndoles frente con los escasos recursos disponibles, los trabajadores no sintieron especial urgencia en rematarlos. En Madrid como en Barcelona, la UGT socialista como la CNT anarcosindicalista se condujeron de forma similar: lo importante era que sus afiliados, organizados en milicias, con correajes lucientes sobre los monos y las armas al brazo o en bandolera, permanecieran alerta, vigilantes, en la calle, prestos a la lucha; la cuestión del poder político, sobre la que además no estaban de acuerdo entre ellos mismos, podía esperar.

Lo que no esperó fue la formación de piquetes, de grupos de civiles armados, de milicias, de lo que se dio en llamar pueblo en armas. Pero pueblo, que era ya un concepto sumamente volátil en las revoluciones del siglo XIX, es ahora una voz demasiado vaga e imprecisa incluso si se aplica a una ciudad todavía escasamente segmentada como Madrid. Lo que en realidad estaba ocurriendo era que sindicatos y partidos procedían a encuadrar y armar a sus afiliados y simpatizantes, a formar milicias rápidamente bautizadas con nombres que recordaran su origen y su fidelidad. Pueblo en armas, eran milicias obreras con gran variedad de pistolas, revólveres, fusiles, rifles, carabinas y algunas escasas ametralladoras en las manos. En su configuración interna, en su trama, como en su acción, reproducían la misma estructura de sus matrices originarias: eran sociedades obreras o sindicatos armados. Nada de extraño que funcionaran como los propios sindicatos, sin fuertes conexiones internas, sin más jerarquías que las admitidas por sus propios afiliados y con no pocos «incontrolables» a su alrededor: un jefe hoy podía convertirse mañana en un traidor, como para su desgracia pudo comprobar un oficial del ejército, afiliado al partido socialista, cuya conducta al frente de un grupo levantó suficientes sospechas para ser ejecutado sobre la marcha.

La milicia fue, pues, la forma organizativa adoptada por sindicatos y partidos para aplastar por las armas la rebelión militar en la capital, para detener en la Sierra —en Guadarrama y Somosierra— el avance del ejército del Norte y para venir en ayuda de los leales en ciudades cercanas como Toledo, Cuenca o Guadalajara. Al mando, o en compañía, de militares profesionales y con la intervención de las fuerzas de seguridad liquidaron en dos o tres días los focos de rebelión, que en Madrid se reducían a los cuarteles del extrarradio, Getafe, Carabanchel y El Pardo, aislados e incomunicados y cuya indecisión resultó fatal para sus fines, y a uno de los cuarteles del interior, situado muy cerca del Palacio Nacional, el de la Montaña, en el que tras fuego de artillería irrumpieron como un aluvión las milicias o, más exactamente, la «masa sólida y viva de cuerpos» que Barea vio moverse como una catapulta. Después de dejar docenas de cadáveres achicharrándose al sol en medio de los patios, se hicieron con los 45.000 cerrojos de fusiles allí custodiados y con unas 5.000 pistolas: ya estaban armados, aunque todavía careciesen de munición.

Luego, esas mismas milicias, con las municiones que cada organización pudiese afanar, salían en camionetas hacia la Sierra, donde pocos años antes los obreros madrileños habían acudido por vez primera de forma masiva, en excursiones de recreo, a tomar el aire puro y pasar el domingo. Allí, en Guadarrama y Somosierra, se habían formado a los dos días de la rebelión milicias con voluntarios de los pueblos cercanos, San Rafael, Villalba, Torrelodones, Las Matas, que armadas con escopetas de caza, pistolas, fusiles y machetes controlaban el paso hacia Madrid de vehículos y personas y daban al pueblo madrileño la garantía de una total seguridad a lo largo de los 60 kilómetros de carretera. Hasta allí saldrán los milicianos madrileños cuando no baste la resistencia de los del lugar para contener en la misma Sierra el avance de los rebeldes. Con ayuda del terreno, la montaña, las milicias de Madrid adoptaron una forma de ser y de actuar caracterizada, como escribe Zugazagoitia, director de El Socialista, por la improvisación y la autodisciplina: el miliciano, cuando se cansaba de hacer fuego, se concedía un descanso cuya duración él mismo se encargaba de medir; no reconocía jerarquías establecidas ni obedecía a nadie, a no ser que él mismo le otorgara por propia iniciativa un ascendiente moral; eran muchos —añade Zugazagoitia— los que, haciendo la guerra con pasión vehementísima, la desarrollaban con tarifa y jornada sindicales.

La salida y el retorno de los milicianos, después de alguna operación de éxito, era la ocasión para que la ciudad viviera jornadas de entusiasmo revolucionario. Todos daban por seguro que la rebelión contra la República había fracasado en su propósito de rápido golpe de Estado, pero nadie podía aún percibir que las fuerzas leales estaban lejos de haber triunfado y que ni siquiera se habían situado en el camino de la victoria. En verdad, nadie quería creer, aunque no faltara quien lo advirtiese, que se había iniciado una auténtica y larga guerra y todos se comportaban como si el triunfo fuera cosa de días: las terrazas, los bares y los cafés seguían atestados de gente, que celebraba con risas y aplausos la presencia de los milicianos que iban y venían sin desprenderse de sus armas. Todos daban por seguro que se trataba de un intento más de golpe de Estado militar con un resultado insólito, pues había sido derrotado, fácilmente por lo demás, por el pueblo en armas. El entusiasmo popular era desbordante no ya por el triunfo sino porque al fin el esperado golpe se había producido: en adelante, ningún obstáculo se interpondría ya en el camino abierto hacia una nueva sociedad.

A la vez que penetraban en los cuarteles o viajaban a la Sierra, y puesto que a la rebelión se le suponían cómplices, las milicias y grupos armados se hacían dueños de las calles, constituyéndose muy pronto en piquetes o patrullas de vigilancia, que respondían con sus disparos a los que desde balcones y azoteas efectuaban los «pacos», interesados en provocar un clima de inseguridad y pánico. Los efectivos de policía, en sí mismos limitados, y muy reducidos por su dedicación a funciones militares, sólo bastaban a patrullar las zonas más céntricas, a veces en compañía —o bajo la vigilancia— de milicianos civiles. Pero en las barriadas extremas, las funciones de control, inmediatamente de represión, recaían casi exclusivamente sobre las milicias obreras. Por allí era muy difícil ver a un guardia de asalto ejerciendo las tareas de vigilancia que los grupos de civiles armados con máuseres y pistolas ametralladoras y ataviados con camisas azules o rojas, según fueran comunistas o socialistas, comenzaron a desempeñar desde el domingo, 19 de julio, pidiendo la documentación a los transeúntes y deteniendo a quienes circulaban en automóvil, subiendo a los pisos a efectuar registros y detenciones o a incautar negocios y oficinas.

La progresiva ocupación de espacios experimentó una fuerte aceleración gracias a la incautación de la práctica totalidad del parque móvil madrileño por los grupos armados, a los que se veía cruzar la ciudad, a toda prisa, en ocasiones con riesgo de las vidas, propias y ajenas, pues al volante no siempre se sentaban conductores experimentados. Madrid fue en esos diez días de julio un continuo tráfago de milicianos que iban al monte en camioneta y de patrullas que lo recorrían en automóvil, con los fusiles asomando por las ventanillas avizorando al enemigo de clase, escondido en sus guaridas. No tardaron en ser imitados por los mismos a quienes buscaban que, en ambulancias de la Cruz Roja o en coches de su propiedad, recorrían también las calles de Madrid disparando a ráfagas sus fusiles para crear la confusión y extender el miedo. Los relatos sobre coches-fantasma comenzaron a ser parte de la conversación habitual desde las tertulias de cafés a las redacciones de los periódicos.

Se comprende que las páginas de heroísmo y generoso desprendimiento que escribieron aquellos días quienes pensaban estar ahogando una rebelión militar como pórtico de una revolución social se mezclaran con el robo o la actividad puramente depredadora de otros muchos. Las patrullas de vigilancia pasaron a engrosarse con elementos más interesados en la represión o en el simple pillaje que en la generosa revolución. Comenzaron muy pronto las detenciones indiscriminadas, muchas veces por la mera apariencia, por la delación de alguien con alguna cuenta personal pendiente, sin ningún control de organismos que garantizasen a los detenidos una mínima seguridad jurídica: por vez primera en la historia de las rebeliones populares madrileñas, algo semejante al terror que acompaña a los fenómenos revolucionarios se instauró en la vida ciudadana desde julio a diciembre de 1936. La alegría, el contento y la generosidad revolucionarias se trocaron pronto en terror sobre los sospechosos de connivencia o adhesión a los ideales defendidos por el enemigo, cuyos cadáveres se pudieron contar por centenares en los meses siguientes a la rebelión. No faltaron quienes alardeaban de cumplir por sí mismos y sobre la marcha la totalidad de las funciones policiales y judiciales: detención del sospechoso, juicio sumarísimo en el que el juez era el propio policía, ejecución inmediata por el mismo juez convertido en verdugo. No hay todavía ningún estudio sistemático de este estallido de violencia que algunos testigos, amargados por la transformación de la alegría revolucionaria de los primeros momentos en los paseos y tiros en la nuca de las semanas siguientes, atribuyeron a las causas más diversas, desde el sofocante calor de aquel verano, hasta la sed de venganza provocada por las acciones de los rebeldes o la implacable racionalidad de la historia, como razonaba uno de los personajes de la Velada en Benicarló. Lo cierto es, en todo caso, que la violencia adquirió la magnitud de verdaderas matanzas cuando, en agosto, los rumores de un incendio supuestamente provocado por los propios prisioneros recluidos en la Cárcel Modelo acabó en el asalto a sus instalaciones y en asesinato de decenas de detenidos y cuando, en noviembre, con la ciudad bombardeada y asediada, los responsables del orden público decidieron la «saca» de varios miles de prisioneros de las diversas cárceles madrileñas para ser conducidos a las inmediaciones de Paracuellos del Jarama y allí ejecutados, sin que hubiera recaído sobre ellos sentencia judicial alguna.

La dislocación y atomización del poder político se acompañó de una subversión del orden social, la única conocida en Madrid desde 1834. Los patronos ya no existen, anunciaban los milicianos. Por supuesto, en los primeros días nadie trabaja, como ya había ocurrido también en abril de 1931. Muchos, como los obreros de la construcción de la CNT, porque todavía estaban en huelga; otros, porque querían empuñar las armas y subir a la Sierra; otros, en fin, porque entre la rebelión militar y la respuesta popular, se han esfumado muchos patronos. Deberán pasar varios días para que el trabajo se reemprenda en los pequeños talleres y comercios, en las fábricas, en los servicios públicos. El sindicato único de la construcción, de la CNT, tendrá que emitir el 25 de julio un comunicado en el que autoriza la construcción de sepulturas «mientras duren las actuales circunstancias», mientras el de artes blancas da permiso a los afiliados para que acudan a su trabajo con objeto de que la ciudad no quede totalmente desabastecida de pan y los milicianos dispongan de bocadillos que llevar al frente.

Pero si se vuelve al trabajo, no será de la misma manera. Como en otras zonas leales a la República, también en Madrid, donde eran fuertes los sindicatos, se produce la incautación e intervención de empresas. En la capital no se habla, o se habla menos, de colectivización, palabra que adopta sobre todo en Cataluña lo que con más propiedad habría que llamar sindicalización de la economía. La pequeña propiedad subsiste: tenderos, artesanos, maestros de taller siguen al frente de sus pequeños negocios, pero las grandes empresas que en Madrid son, en buena medida, públicas, quedan incautadas por los sindicatos, que pasan a dirigirlas. Era éste otro de los tradicionales contenidos de la cultura obrera, que la revolución social consistía en que los trabajadores, organizados sindicalmente, pasaban a administrar la industria y los servicios, a dirigir toda la producción y distribución de bienes. Y esto es lo que ocurre en Madrid cuando, tras las llamadas que emanan de los dirigentes sindicales, los obreros vuelven al trabajo: sus empresas han sido incautadas e intervenidas y a su frente hay comités sindicales.

La incautación fue, en no pocas ocasiones, mera sustitución de los directivos o encargados que, temiendo por sus vidas, habían huido o buscado refugio. Todas las empresas periodísticas y los talleres de prensa de la derecha monárquica y católica pasaron a manos de los sindicatos obreros y los partidos de izquierda. Idéntico cambio de orientación ideológica se verificó también en los centros de enseñanza abandonados por las órdenes religiosas y ocupados por voluntarios que introdujeron en ellos, a veces con gran escándalo de su joven alumnado, las líneas pedagógicas impulsadas por los reformadores republicanos: una maestra voluntaria, Marisa Soler, explicaba a Ronald Fraser la conmoción provocada entre las alumnas de un centro regentado por religiosas por la coeducación o la introducción de medidas como la ducha sin ropa alguna en el cuerpo.

La ocupación de la ciudad por el pueblo alcanzó también a los reductos aristocráticos del centro y a los lugares en que discurría apacible en épocas anteriores el ocio de la clase media. Palacios y palacetes de la nobleza y conventos y residencias de religiosos abrieron sus puertas a nuevos y sorprendentes inquilinos: según las notas y recuerdos de Cela, las milicias avilesinas se instalaron en el palacio del marqués de la Eliseda, el parque móvil de Asalto ocupó el del marqués de Larios, las Obreras del hogar, de la CNT y UGT, hacían guardia en albornoz y con el mosquetón al hombro en el palacio de la marquesa de Elduayen, mientras el Ayuntamiento se trasladaba al palacio del marqués de Amboage; el colegio que los escolapios tenían en la calle de Hortaleza se convirtió en la prisión de San Antón, mientras que la cárcel de Porlier ocupaba el colegio Calasancio. Agustín de Foxá, que había definido la llegada de la República como una invasión del centro por el arrabal, describe ahora un Madrid desolado, diferente, pues de haberse atrevido a llegar al centro, los obreros, convertidos en horda, habían pasado a acampar en la Gran Vía, en la calle de Alcalá, ofreciendo una visión de las barriadas extremas de Cuatro Caminos y Vallecas entre los suntuosos palacetes de la Castellana o bajo los rascacielos de Conde de Peñalver. Foxá se escandalizaba de ver cómo los milicianos, con las pistolas ametralladoras al cinto, entraban en la cafetería Granja El Henar, célebre como sede de tertulias político-literarias y hasta en el más aristocrático Chicote y pedían cañas y cócteles y presumían de señoritos.

La parálisis de la administración pública, la incautación de los servicios públicos por sociedades sindicales, la falta de coordinación en el cumplimiento de tareas elementales para el normal desenvolvimiento de la ciudad, la multiplicación de comités y el tremendo calor que sufrió Madrid aquel verano dejaron como herencia un estado de ánimo en el que la confusión e incertidumbre comenzaron a dominar sobre la exaltación revolucionaria. El golpe se había producido y había sido derrotado, lo que además de liberar energías acumuladas durante al menos dos años abrió expectativas de nuevas y más hondas conquistas sociales. Pero aún no se había realizado lo que, en la teoría, debía acompañar a esos hechos, la conquista del poder. Se había vivido una honda revolución social sin que nadie se hubiera atrevido a llevar a término la revolución política. Ciertamente, la República del 14 de abril había sucumbido, pero sus ruinas seguían ahí humeando e impidiendo la formación de un gobierno que representara los intereses de la mayoría de los combatientes. Para colmo, no en toda España se había ahogado la rebelión con la misma contundencia que en Madrid. Los madrileños comenzaron a saber, entrado el mes de agosto, lo que muy pocos quisieron creer en julio: que los rebeldes, con una base territorial consolidada en el norte y en el sur y ocupando sin resistencia el oeste, habían iniciado una guerra en toda regla, cuyo principal objetivo consistía ahora en concentrar todas las fuerzas posibles para el definitivo asalto a la capital. Madrid, que había triunfado sobre la rebelión, se había convertido en meta de los insurrectos.

Las semanas siguientes no despejaron la confusa situación. Madrid a duras penas podía volver a lo que la prensa daba ya como adquirido: el desarrollo normal de las actividades ciudadanas. Durante el mes de agosto, las patrullas que vigilaban las calles de la ciudad tendieron a convertirse cada vez más en grupos fuera de todo control. La profusión de llamamientos de partidos y sindicatos para que cesaran sus indiscriminadas acciones represoras prueba bien que no controlaban la situación. A esta creciente sensación de inseguridad interna se añadía la inquietud procedente del exterior. Por mucha censura de prensa que hubiera y por mucho que los periódicos dieran cada día como seguro que la República no cosechaba más que triunfos y que el enemigo huía en todos los frentes, se multiplicaban los rumores de la irresistible subida en dirección a Madrid del ejército al mando del general Franco. De ciudad exultante por el triunfo sobre la rebelión, Madrid comenzó a adoptar el gesto de la ciudad amenazada por un enemigo al que nadie parecía capaz de contener.

La posibilidad de poner algo de orden dentro de la ciudad y trazar una eficaz línea de defensa en su exterior dependía de que se clarificara la compleja situación política creada por un gobierno que no representaba los intereses y las aspiraciones de la mayoría de quienes combatían a la rebelión. En Madrid actuaban demasiados organismos —comités de frente popular, comités sindicales, comités mixtos de sindicatos y partidos, grupos armados sin conexión real con ningún comité— que desempeñaban las funciones propias de organismos oficiales que por su parte no habían dejado de existir: tenencias de alcaldía, concejalías, dependencias del gobierno. Había además, para aumentar la confusión, no pocas personas que por su notoriedad o por haber ocupado cargos de responsabilidad habían entrado en los ministerios para ayudar y se habían acostumbrado a dar órdenes y disponer por su cuenta, Era urgente encontrar alguna fórmula que integrara todos los esfuerzos en una acción eficaz y pusiera remedio a la confusión que originaba mayor inseguridad e indefensión.

Lo inaplazable de esta decisión se puso trágicamente de manifiesto cuando, en los primeros días de septiembre, el ejército de África desplegó sus efectivos ante Talavera de la Reina y se dispuso a tomar este vital nudo de carreteras para situarse en posición de avanzar sin obstáculo alguno hasta Madrid. La defensa de Talavera, a cargo de oficiales incapaces de hacerse obedecer, milicias mal estructuradas y sin conocimientos tácticos, unidades de las fuerzas de seguridad y algunos soldados desplazados desde Madrid, no duró más de tres días. Los guardias civiles y de asalto llegados para reforzar a los milicianos no podían detener con armamento ligero el avance de un ejército regular. Y como había sido norma desde que comenzaron las batallas en campo abierto, las milicias, presas de pánico, huían, abandonando en su carrera importantes cantidades de material. Exaltadas en julio por los mandos militares, fueron acusadas ahora de cobardía y traición, de huir a la menor contrariedad, arrojando las armas que sólo un mes antes habían simbolizado el triunfo de la revolución. Los militares están de acuerdo en sus críticas: las milicias no sirven para hacer la guerra y como de una guerra es de lo que efectivamente se trata, si se quiere salvar a Madrid y a la República es preciso transformarlas de tal modo que en realidad, si se les escucha, habría que crear un ejército regular.

Pero no se les escucha o, al menos, no hasta la caída de Talavera. Es una ironía de esta historia que el dirigente sindical más opuesto a la reconstrucción de un ejército regular, Largo Caballero, fuera el mismo que a partir de los primeros días de septiembre, tarde ya para asegurar el éxito, asuma la responsabilidad de la empresa ante el inminente peligro que se cierne sobre la capital. Recibido con alivio, el nuevo gobierno, en el que se sentaban ya representantes de los partidos obreros —socialista y comunista— y de la UGT, perdió rápidamente el crédito que le concedía estar presidido por el más querido de los dirigentes sindicales, como definía el periodista ruso Koltsov al líder socialista. Madrid, en verdad, seguía sin gobierno, sólo que ahora esa sensación ya no se acompañaba de la alegría revolucionaria que un miliciano comunicaba a Arturo Barea en los últimos días de julio. El sentimiento colectivo de inquietud por la cercanía de los rebeldes se convirtió en sensación de impotencia, abandono e indefensión. Ante la evidencia de que ni siquiera un gobierno presidido por un dirigente sindical que había vestido el mono y las alpargatas de miliciano era capaz de detener a los rebeldes, muchos madrileños optaron por tomar la carretera de Valencia. Del gobierno sólo se llegó a esperar o a temer, mediado octubre y con los rebeldes acampados a quince kilómetros de la capital, que abandonase Madrid a su suerte.

¿Cómo fue posible la indefensión de una ciudad que había aplastado sin titubeo la rebelión tres meses antes? La respuesta es clara desde el punto de vista militar. Franco avanzó hacia los arrabales de Madrid moviendo el único ejército experimentado que actuó durante aquellos meses, el de África. Serán los «moros» quienes primero vadeen el Manzanares por las ruinas del Puente de los Franceses provocando como siempre la desbandada de los defensores. A ese ejército sólo se opuso el entusiasmo efímero de las milicias, unas fortificaciones elementales y unas contraofensivas precipitadamente montadas desde la capital y pregonadas a los cuatro vientos para mejor conocimiento de propios y extraños.

Pero hay, además de la militar, una razón política: el gobierno presidido por Largo Caballero careció de voluntad para coordinar eficazmente los recursos necesarios a la defensa. El gobierno llegó a creer que la capital de la República no era una plaza defendible y llegó a decir que la única defensa posible de Madrid habría de hacerse fuera de Madrid. Naturalmente, esta falta de voluntad política de defender Madrid en Madrid fue resultado de la manifiesta incapacidad para organizar con eficacia su defensa. Nada prueba mejor el escaso poder de que disponía el gobierno que su actuación en la propia capital. El 28 de septiembre, por un decreto que no llegó a publicarse de forma oficial, creó un organismo unitario cuya finalidad era defender Madrid. Esta primera Junta de Defensa estaría compuesta por representantes de todos los partidos y sindicatos y por delegados de las Juventudes, la Diputación, el Ayuntamiento y la Inspección Nacional de Milicias. Pero la amplitud de su representación se acompañó de una total carencia de atribuciones y de recursos para llevar a la práctica sus múltiples llamamientos.

Fue así como Madrid contempló el avance del ejército rebelde sin que existiera ningún organismo político o militar capaz de elaborar un plan de defensa y hacerlo cumplir. No acometió la tarea el comité de Frente Popular, organismo meramente auxiliar del gobierno y de enlace entre partidos; tampoco la Junta de Defensa, que carecía de competencias ejecutivas; ni, en fin, el propio gobierno, cuyos ministros daban por seguro, y así lo decían a quien quisiera escucharles, que Franco pasearía en sólo unos días por la Puerta del Sol y hablaban ya, por hablar de algo, de la necesidad de organizar la reconquista de Madrid, a la que todos daban por perdida. La diversidad de comités escasamente estructurados, sin competencias definidas, con pocos medios para hacerse obedecer, expresaba ciertamente una voluntad popular de resistir pero también, y no menos dramáticamente, una impotencia.

En tales circunstancias, la ampliación del gobierno de la República en los primeros días de noviembre con la incorporación de varios dirigentes de la CNT y su inmediata salida de Madrid en dirección a Valencia el día 6 no pudo ser sentida por los madrileños sino como un abandono, como una huida. Sorprendentemente, sin embargo, el hecho de sentirse de tal forma abandonada por el gobierno y los dirigentes sindicales y políticos, y de saberse indefensa ante los bombardeos de artillería y aviación que habían abierto ya grandes boquetes en su suelo y se habían cobrado la vida de cientos de niños y mujeres sorprendidos en sus juegos y en sus colas, no produjo en la ciudad pánico colectivo ni la presumible desbandada general. Al contrario, quizá la salida del gobierno y de los estados mayores de los partidos y sindicatos, al simplificar la dirección política y militar y al dejar ante los madrileños un solo organismo con poder político y militar en sus manos —la nueva Junta de Defensa presidida por el general Miaja— dispuesto a resistir fue lo que cambió el signo de la guerra o, más exactamente, lo que convirtió la conquista de Madrid de elemento de un golpe de Estado triunfante «en provincias» en objetivo final de una larga guerra de desgaste.

Nada, en efecto, de lo hasta entonces sucedido permitía esperar que la suerte de la capital fuera distinta a la de tantas ciudades y pueblos que habían resistido en un primer momento para sucumbir enseguida ante la superioridad del ejército expedicionario. En Madrid, sin embargo, la marcha del gobierno galvanizó todas las energías que por vez primera se dirigieron a un solo fin: resistir. Con aquellos milicianos anónimos que desde el 7 de noviembre se comportaron ya como soldados —según recuerda Rojo— Madrid aguantó el primer envite y, con la ayuda del armamento soviético y de las Brigadas Internacionales, rechazó los siguientes a pesar del duro castigo de artillería y de los bombardeos que, sin defensas aéreas, debió soportar cada día, deteniendo así el fulgurante avance de las columnas de Franco. Del «pueblo en armas» que recordaba y reproducía la pauta de las tradicionales revoluciones populares madrileñas, espontáneas, generosas, despilfarradoras de todas las energías, Madrid se convirtió, con la Junta de Defensa a su frente y cuando nadie daba ya nada por ella, en la capital del «no pasarán» que Machado cantó como rompeolas de todas las Españas.

Pero pasaron; tardaron en pasar, pero pasaron. Las «huestes reconquistadoras» evocadas por Giménez Caballero entraron por fin en la ciudad y la encontraron «reducida a aduar africano, a villa berberisca y oriental». Al presidente de la República, que lo había visitado en noviembre de 1937, Madrid le pareció, cuando entraba de noche por las Ventas y la calle de Goya, sin una luz, sin un alma viviente, «transferida a la tiniebla eterna». «Qué es de Madrid —se pregunta—, ¿dónde está? Duerme, o lo finge. ¡Qué drama en cada hogar, qué pesadumbres! Esta quietud tenebrosa, que parece olvido, indiferencia o desdén por el destino, qué angustias encubre. ¡Declara la actitud de aguardar, minuto por minuto, la visita de la muerte!» Y bien que la había visitado ya durante todo el año, la muerte. Cuando, al día siguiente, se dirija con su comitiva a Palacio, pasado el Ministerio de Hacienda aparecieron ya ante su mirada «los solares producidos por el bombardeo»: de algunas casas, nada queda en pie; de otras, las paredes maestras agujereadas. El Palacio ha sufrido mucho. Salen, y al subir por la calle de Bailén y la Plaza de España, entran en el barrio de Argüelles, que «parece haber padecido un terremoto». A la izquierda de la calle Princesa se ven manzanas enteras derruidas. En general —escribe— «circula por Madrid un reguero parduzco y desaliñado, como un residuo de las privaciones terribles y del cataclismo económico y social desencadenado por la guerra. Y uno mira, se admira, recuerda y se entristece».

Escritas en noviembre de 1937, exactamente un año después de su heroica resistencia, estas palabras ofrecen una imagen de Madrid bien distinta a la generosidad y entrega de la vida al sacrificio que el mismo presidente evocara en los primeros días de la guerra. Desde que los invasores fueron detenidos en ese arco sobre el Manzanares que iba desde Pozuelo hasta las cercanías de Vallecas, Madrid dejó de ser frente activo de la guerra, dejó de ser la ciudad del «no pasarán», aunque no faltasen carteles y colgaduras que así lo proclamaran, para convertirse en ciudad de las privaciones terribles y del cataclismo económico y social desencadenado por la guerra. Privaciones porque las fuentes de su abastecimiento quedaron parcial pero sustancialmente cegadas al cortarse el comercio con toda la España meridional y permanecer abierto únicamente el corredor de Levante y porque la población, disminuida a principios de 1937 por las evacuaciones, aumentó después con los refugiados. La escasez disparó los precios oficiales de los alimentos básicos —incluso el de las lentejas, que llegaron a ser conocidas como las píldoras del doctor Negrín— y volvió prohibitivos para la mayoría de la población el que la carne, los huevos, el pescado o la leche alcanzaban en el mercado negro.

Cataclismo económico y social durante la guerra, que será también cataclismo moral y político con la derrota de la República. El hambre, las privaciones, la llegada de refugiados, las noticias siempre adversas de los frentes de guerra tuvieron que hacer mella en una población que si había salido masivamente en defensa de la República en las jornadas de julio y había defendido la ciudad en las de noviembre, estaba obligada a reconstruir los marcos de su vida cotidiana en un clima de escasez y de miseria y sin ninguna perspectiva real de triunfo ni de una paz negociada. No se trata tanto de que una poderosa y bien organizada «quinta columna», con infiltraciones en las embajadas y hasta en los ministerios, fuera socavando el espíritu de resistencia, sino de que las mismas condiciones políticas en las que Madrid debió presenciar, ahora como testigo mudo, sin ejercer funciones activas de capital, el derrumbe de los frentes republicanos, provocaron un cansancio insoportable en el ánimo de sus gentes al cabo de dos años de guerra. Sobre todo porque era una guerra comenzada en la convicción exultante del triunfo y continuada durante meses sin fin contra toda razonable esperanza de victoria.

Al final, la República, o lo que de ella quedaba en las condiciones creadas por la guerra, sucumbió en Madrid no porque fuera tomada desde el exterior —que lo habría sido, en todo caso— sino por un nuevo golpe militar dado desde su interior con el beneplácito y hasta el explícito apoyo de socialistas y anarcosindicalistas desvinculados ya de su fidelidad al gobierno de Negrín. La resistencia que ofrecieron algunas unidades dirigidas por mandos comunistas dio lugar a nuevos combates en las calles de Madrid, con varias jornadas en las que nadie sabía bajo control de quién se encontraba su zona y que se saldaron con la muerte, en enfrentamientos callejeros o por fusilamiento, de más de doscientos de los antiguos defensores de la ciudad, todo ante la indiferencia o más bien el cansancio de la mayoría de la población, que se mantuvo ajena a las postreras luchas de poder.

El golpe de Estado dirigido por el coronel Casado y la resistencia de las unidades comunistas pusieron de manifiesto, por si quedaban dudas, otra cosa: que las divisiones entre los propios defensores de las Repúblicas eran hondas y no se habían salvado sino más bien enconado con el transcurso de la guerra. El pueblo en armas, imagen idealizada de la unidad de un agente colectivo contra los enemigos de la libertad, la democracia, o cualquier otro valor de progreso, se hizo trizas ante la realidad de actores políticos y sindicales enfrentados no sólo por cuestiones de táctica sino de objetivos finales. La guerra fue también, y más notoriamente en las retaguardias alejadas durante años de los frentes, lucha por el poder entre partidos y sindicatos, lo que contribuyó, con las privaciones, a la desmoralización del amplio sector de la población que no militaba en ningún partido o no era afiliado convencido de ningún sindicato y que sencillamente no podía entender —en el sentido de hacer suyas— las pugnas entre quienes se habían levantado para liquidar la insurrección.

La derrota de la República no fue, por tanto, lineal y única, sino compleja y doble: entre el 5 y el 12 de marzo, la República sufrió en Madrid una primera derrota interior infligida entre ellos mismos por anarcosindicalistas, socialistas y comunistas —con la marginación casi completa de republicanos—, seguida dos semanas después por la rendición incondicional que sellaba su derrota ante las huestes reconquistadoras. El Madrid hambriento, cansado de privaciones, penetrado por el hambre y la tuberculosis recibió a esas huestes con un sentimiento de resignación, si no de alivio, que se mantuvo en un plano privado ante la euforia y entusiasmo tan evidente en «los muchos y grandes grupos que avanzan hacia nosotros» —como escribió en su diario el coronel Losas, que recibía el 28 de marzo la rendición incondicional del «Ejército Rojo»— y en esas muchedumbres que Julián Marías vio desfilando por la calle con banderas, pancartas e himnos. Como en otras grandes ocasiones, jóvenes señoritas, ataviadas esta vez a la usanza falangista, dejaron ver su sonrisa y entusiasmo colgadas en los estribos de coches y camionetas. La calle y Madrid entero eran, por fin, suyos.

10. Capital de la Nueva España

El estado miserable que Madrid ofrecía en noviembre de 1937 al presidente de la República encarrilaba su imaginación «hacia todo lo que se ha ideado de útil o provechoso para el engrandecimiento de la villa y su mejora». No faltaba quien pensase que las destrucciones mismas allanaban el camino de la reforma porque eliminaban algunos problemas. Del mismo modo que hacía un siglo, las demoliciones y derrumbes, infligidos entonces con el propósito de incrementar la riqueza, se consideraron paso previo a las grandes reformas, también ahora creían algunos que de aquellos destrozos podría derivarse provecho para Madrid. Azaña, sin embargo, no era tan optimista. Pues, por una parte, la potencia económica de Madrid era muy limitada, «insuficiente no ya para impulsar con vigor el crecimiento de la villa, sino para acompañarlo por lento que fuese». En este punto, poco se había cambiado desde hacía un siglo: Madrid era más rápido en derruir que en construir. Así, con los conventos y palacios cuando la gran operación desamortizadora; así, con los proyectos de capital de la nación acariciados por la generación revolucionaria del 68; así, con la Gran Vía, que tardó veinte años en iniciarse y más de treinta en llegar a su destino; así, con el ensanche, aunque en este caso no hubiera necesidad de derribos, sólo de desmontes. Ahora, las destrucciones no significaban, como en esos casos, «traslado o nueva repartición de riqueza, sino pérdida seca, escombros, humo». Y el Estado poco podrá hacer, sin que se levante el enojo de otras capitales, por reponer cada piedra en su sitio. «El porvenir de la capital depende vitalmente del sistema político que en ella presida», concluye Azaña, sin percibir cabalmente la implicación final de su diagnóstico.

Pues a ese sistema político que acabará presidiendo en Madrid, año y pico después de que Azaña se entregara a estas tristes reflexiones, será al que deba la capital su inmediato porvenir, y no a las bases para el desarrollo del Plan Regional que el Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento, muy activo bajo la presidencia de Julián Besteiro, había publicado pocas semanas antes de la caída en manos de las huestes reconquistadoras. El nuevo sistema político decidió, ante todo, que Madrid debía purgar sus culpas: era preciso borrar un siglo de «liberalismo urbano» y rescatar a la ciudad abandonada a la «injuria de las hordas», en manos de los «estratos ínfimos del pueblo» que la habían convertido en un «emporio de pavorosa suciedad». Limpiar las calles de proletarios, limpiar las cabezas de ideas, borrar de la ciudad los recuerdos de su pasado inmediato: a la vez que se reprimía con la brutalidad característica de quienes se habían negado a firmar una paz honorable con los últimos defensores de Madrid y no quisieron hablar más que de victoria, se arrojaba de nuevo a las turbas a las afueras y se encendían hogueras con los libros que habían extraviado a los madrileños. De nuevo el terror, diseminado ahora por los vencedores, arrastrará a cientos de madrileños —2.800, según las estimaciones más benignas— hasta las tapias de los cementerios para recibir allí la descarga de los fusiles. Terror que no sabe de edades —60 jóvenes fueron fusilados el día 5 de agosto en el cementerio del Este— ni se limita a los cuerpos: en Madrid, recuerda Cela, nada sospechoso de hostilidad hacia los conquistadores, se queman las bibliotecas. Los libros de María Zambrano ardieron delante de su casa, en la plaza del Conde de Barajas, mientras en la calle de Medinaceli, entre el hotel Palace y la Junta para Ampliación de Estudios «los aficionados hicieron una pira con los libros que encontraron». Terror que se extiende, pues, a las ideas y que pretende ampliarse también a los lugares de la memoria popular para acabar —en palabras de Serrano Súñer— con «la españolería trágica del Madrid decadente y castizo, aunque hayan de desaparecer la Puerta del Sol y ese edificio de Gobernación que es un caldo de cultivo de los peores gérmenes políticos». No hay mejor manera de expresar los verdaderos propósitos de los vencedores: arrasar, por la muerte, la hoguera y el derribo, cualquier recuerdo de lo que había sido el Madrid proletario, profesional y republicano de los años anteriores.

«Sin fuerzas, abúlico, degenerado, seguiste tu vida de toros, cafés, motines, pronunciamientos, chistes y golfería. Y así pasó lo que tenía que pasar: la ruina absoluta de España»: ese Madrid que los franquistas llaman liberal y socialista, y que ellos han conquistado al final de una larga guerra, aparecía otra vez culpable, no ya de la decadencia de Castilla sino de la ruina de España y de la pérdida de su Imperio. Otra vez la mitología de la capital que ha perdido el curso de la historia, que ha renunciado a su tarea, prefiriendo sestear y amotinarse antes que cumplir la misión que desde los grandes siglos de España se le había encomendado. Madrid debía purgar su culpa si quería reconquistar una capitalidad para la que carecía de merecimientos. A punto se estuvo de que, por ejemplar castigo para el resto de las ciudades, se le arrebatara su capitalidad y se trasladara la capital de la Nueva España a alguna otra de mayor fidelidad. Al final, se impuso la historia y Madrid fue confirmado como capital de España, no sin que se le exigiera dolor de corazón por sus culpas pasadas y un manifiesto propósito de la enmienda, que debía consistir en dejar de mirarse en París, en el futuro, y contemplarse en Toledo y en El Escorial, en el pasado.

«Hoy te decimos señalando el horizonte: allí está Toledo, el del Alcázar de Carlos V y Moscardó. Allá, El Escorial cesáreo y católico, donde vigila místicamente José Antonio. Toledo: significa unidad española; El Escorial: Imperio. Y yo te anuncio y te proclamo que si sirves al Alcázar y El Escorial ¡recobrarás tu Destino, Madrid! ¡Serás grande, cesáreo, madre de nuevas naciones. Y el mundo será otra vez tuyo; y la maldición que sobre tu sino gravita será ahuyentada para siempre!» Madrid no podía seguir contemplándose a sí misma, satisfecha de su propia imagen, sino que olvidándose de sí, de su historia y de lo que había llegado a ser, tenía que mirar a Toledo para, imitándola, elevarse a la categoría de capital de España; y a El Escorial, para recobrar su calidad de capital imperial. Madrid, por fin capital de España, será también capital imperial: el futuro de Madrid consiste en retornar a Felipe II. Es la retórica fascista que encuentra en Giménez Caballero su exponente más extremoso, pero que, más allá de esas fantasías históricas, impregna una mirada sobre Madrid que se abrirá paso en los organismos oficiales y en los congresos y asambleas de arquitectos.

Ciertamente, incluso entre los fascistas no todo fue exaltación y propósito de exterminio. La vida intelectual madrileña, penosamente reanudada en algunas tertulias y refugiada en el Café Gijón, presenció desde noviembre de 1940 el animoso intento dirigido por Ridruejo, Laín, Rosales y Marichalar de tender algún puente entre un sector de Falange y los intelectuales que, desperdigados y abatidos por la guerra, permanecieron sin embargo en Madrid. La revista Escorial fue el resultado de esa diferente mirada hacia el pasado y del interés por recuperar lo que quedaba de una clase intelectual que en su mayor parte, cuando logró librarse de la cárcel o de la muerte, tuvo que emprender el camino del exilio. Con Rosales, Tovar, Ridruejo o Laín aparecieron en la revista las firmas de Dámaso Alonso, Azorín, Baroja, o Menéndez Pidal: restos de las generaciones que habían fraguado para Madrid una edad de plata, incapaces ahora de salvar algo más que su propia obra y, sobre todo, insuficientes para devolver a la ciudad un proyecto de futuro. En todo caso, la rápida marginación de este grupo de falangistas —suaves y dogmáticos, como los define Cela, asiduo entonces a las renacientes tertulias literarias—, su fracaso político-intelectual, que dice Laín, dejó todo el espacio del poder cultural en manos de la Iglesia y de los católicos, que entraron como en tierra de misión en las instituciones antes dirigidas por republicanos y liberales: depurándolas y haciéndose con ellas.

Pero la exaltación ideológica del momento y el clamor por un Madrid que purgase sus culpas pasadas no pueden reducirse tampoco a un visionario excéntrico como Giménez Caballero: sobre aquella ciudad arruinada, destrozada por las bombas, sin potencia económica para emprender un plan de reconstrucción, hambrienta, habitada —escribirá Dámaso Alonso cinco años después— por un millón de cadáveres, se construyó toda una teoría que la elevaba a centro del territorio de un imperio ordenado y jerarquizado. En su proyecto urbanístico más delirante —tal vez el elaborado por Antonio Palacios— Madrid debía ser sometido a una radical intervención quirúrgica que arrasara la Puerta del Sol y sus contornos para elevar allí una «sinfonía heroica» de quince millones de metros cúbicos de edificaciones monumentales, complementadas con una vía elíptica y con intervenciones imperiales de la envergadura de la Gran Vía Área, una calzada de 85 metros de ancho que discurriría desde el cerro de Garabitas a la montaña de Príncipe Pío, salvando el Manzanares pivotada sobre cuatro soportes capaces de alojar cada uno a cien mil personas.

Sin llegar a semejantes ensueños —que pocos podían tomar en serio en un Madrid depauperado— la Junta de Reconstrucción, creada al finalizar la guerra, atribuía a Madrid la misión de denotar la idea de capitalidad nacional y la del imperio, ideas que asomarán también en los discursos pronunciados en la I Asamblea Nacional de Arquitectura, celebrada en Madrid en junio de 1939. Pedro Bidagor, que había trabajado en el Madrid sitiado, combinó la retórica del nuevo urbanismo de los vencedores con el legado del racionalismo y funcionalismo que había recibido directamente de Zuazo: al liquidar un siglo de liberalismo urbano, era preciso volver a la concepción organicista de la ciudad, con sus tres núcleos claramente diferenciados, representativo de la capitalidad, central y satélites, relacionados entre sí jerárquicamente, y con las tres funciones de representación simbólica, dirección política y económica y exaltación de los valores tradicionales que toda capital debía cumplir.

El Plan General de Ordenación, presentado en 1941 por Bidagor desde la dirección de la Oficina Técnica que le había encomendado Muguruza, recogía estas ideas para ordenarlas en doce apartados que estudiaban la función de capitalidad, las conexiones ferroviarias, los accesos por vías rápidas de comunicación, la zonificación del espacio urbano, las reformas en el casco antiguo, la terminación de los ensanches tratando de introducir parques y jardines, la prolongación de la Castellana con reserva de suelo para usos comerciales que descongestionaran el centro, la ordenación de los núcleos del extrarradio y los suburbios, la delimitación de un recinto urbano entre el Manzanares, la vía del Abroñigal y el arroyo de los Pinos cerrado por anillos verdes, la previsión de zonas para la industria y los nuevos poblados satélites. Como se ve, idénticas preocupaciones que en los años veinte y treinta, con la misma propuesta de crecimiento hacia el norte, por la Castellana, aunque con una mayor previsión de espacios destinados al comercio y a la industria y una nueva percepción de lo que podría significar la vía del Abroñigal como nuevo eje de crecimiento, a la par que de cierre, de la ciudad.

Como ha señalado Fernando Terán, si se exceptúa la exaltación ideológica propia del momento, pocos elementos originales existen en el urbanismo del Gran Madrid elaborado por los arquitectos que trabajan en la Dirección General de Arquitectura y en la Oficina Técnica al finalizar la Guerra Civil. La mayor novedad consistía, si acaso, en que la representación simbólica de la capitalidad les inducía a revalorizar no tanto la Castellana como la llamada fachada imperial del siglo XVII, donde los Austrias levantaron el Alcázar. Allí deberían aparecer en perfecta comunión la religión, la patria y la jerarquía, simbolizadas a lo largo de la cornisa sobre el Manzanares por la catedral, el palacio y la casa del partido. La capitalidad exigía, además, un perfecto sistema de entradas representativas, bautizadas como Vía de la Victoria, que enlazaría la fachada imperial con El Escorial y el proyectado monumento a los Caídos; Vía de Europa, que serviría de acceso al tráfico procedente de Francia; y Vía del Imperio, que desviaría la carretera de Andalucía para alcanzar Atocha sin pasar por el paseo de las Delicias.

Todo esto no era más que retórica fascista para camuflar una vieja idea racionalista. Sobre la función de capitalidad y sus exigencias de representación simbólica y de centro de la política y la cultura habían construido también Secundino Zuazo y la generación de 1914 su idea de Gran Madrid, que preveía además de la apertura de un espacio para representar esa función y para señalar la dirección del futuro crecimiento de la ciudad, el paseo de la Castellana, un sistema de comunicaciones que permitieran cumplir a Madrid su función como centro de su región y de la Península. Sin duda, el tono está ahora alejado de la sobriedad característica del racionalismo de preguerra y el gusto arquitectónico es claramente fascista o pretendidamente imperial, aunque matizado por el intento casticista de integrar elementos tan característicos del Madrid de los Austrias como el ladrillo y la pizarra, la cornisa y el chapitel, de los que Gutiérrez Soto —autor, en 1930, de una de las obras ejemplares del racionalismo madrileño, el cinema Barceló— hará generoso uso en el edificio más representativo de la época, el Ministerio del Aire. Pero si se prescinde de la retórica trivial y pasadera de la «ciudad imperial» que sirve sobre todo para nutrir la exaltación ideológica, el fondo no era más que una continuación de las ideas recibidas de la anterior generación republicana de urbanistas y arquitectos. Los capítulos del Plan General y las preocupaciones por el tráfico, los accesos, la falta de solares, la vivienda insana, la anarquía de las construcciones y, en fin, el «tono general de pueblo que hoy tiene Madrid», que Bidagor manifiesta en 1945 son idénticos a los que desde 1929 aparecen en los planes y las reflexiones de Secundino Zuazo.

La diferencia más notable con el pasado radica en que la necesidad de segmentar funcionalmente el espacio urbano —que ya tuvo en Zuazo un convencido defensor— se tiñe entre los arquitectos falangistas de un más acuciante temor a los suburbios y se refuerza con el propósito de negar aquellos años recientes en que las masas populares podían acceder fácilmente al centro de la ciudad, ocuparlo y manifestar en él los contenidos de su protesta. Podría reconstruirse el discurso urbanista predominante en los años cuarenta a partir de la preocupación por el crecimiento de una población que —como se escribe en un libro colectivo titulado también El futuro Madrid— aglomera su miseria en el cinturón suburbano, «donde el marxismo y toda clase de odios regresivos tienen su natural medio de incubación» que después explotan en la mismísima Puerta del Sol, «zoco de maleantes en que el marxismo circulaba desahogadamente», como se escribía poco después de terminada la guerra. En todas las intervenciones de los nuevos planificadores de la ciudad, la voz «suburbio» equivale siempre a cinturón y a miseria. Se diría que los arquitectos madrileños sienten la ciudad asfixiada por un cinturón que la aprieta, que no la deja crecer a gusto y la amenaza.

La visualización de la ciudad como fortaleza sitiada responde a la sensación que entonces producía la entrada en Madrid: «yo he sentido siempre la tristeza —decía Francisco Franco— al entrar en Madrid, de contemplar esos suburbios miserables, esas barriadas que le rodean, esas casas de lata». En los años cuarenta, la capital aparece más que nunca rodeada de hambre y de miseria y penetrada de frío. Se produjo así un significativo desplazamiento semántico de la más neutra voz «extrarradio», con la que antes se designaba a los núcleos de población surgidos más allá del ensanche, hacia la voz «cinturón» con la que ahora se define esa misma zona, que comienza a formar ya un continuo mientras se acerca imparable, hasta llegar a absorber, a los antiguos pueblos limítrofes, anexionados a Madrid a partir de 1948 (Chamartín, Carabanchel Bajo y Alto, Canillas, Canillejas, Hortaleza, Barajas, Vallecas, El Pardo, Vicálvaro, Fuencarral, Aravaca y, en 1954, Villaverde), lo que incrementó en 330.229 habitantes y en 538,67 kilómetros cuadrados la población y la extensión del municipio hasta completar, al término de este proceso, una población de poco más de millón y medio de personas para una superficie de 607 kilómetros cuadrados. Desde los núcleos miserables, pero aislados, de los arrabales que pateó Baroja, hasta las barriadas de Cuatro Caminos y Tetuán de las Victorias que con su luminosidad deslumbraron a Sender, Madrid aparecía abrazado por una franja continua de miseria.

Frente a esta situación, que reproducía, ampliado por los destrozos de la guerra y el descenso de la actividad económica con su secuela de enfermedad y hambre, lo que antes se denominaba el magno problema del extrarradio, los arquitectos del nuevo régimen formularon una propuesta que acabará de redondear el círculo ya anunciado en los primeros proyectos del Gran Madrid, aunque con un complemento significativo: aislar por medio de un anillo verde el núcleo central de la ciudad de toda esa franja suburbial de chabolas surgidas en sus bordes. No es ya el Madrid que se sueña capital abierta al exterior, ciudad-nexo, sino el Madrid que se siente sitiado por una amenaza silenciosamente asentada en su entorno. De nuevo, el crecimiento posible se visualiza en imágenes circulares: un anillo verde protegerá a Madrid de un peligroso cinturón rojo.

El instrumento de protección aparece en ocasiones como elemento de un discurso ruralizante, muy característico de los años de la inmediata posguerra. Es curiosa la añoranza rural en una ciudad que se levanta en el centro de una árida meseta, donde no es precisamente el verde sino el ocre el color que domina. Y efectivamente, en alguna de las versiones entonces elaboradas, el anillo verde se transformaba en una amplia zona incluida en un radio de unos 25 kilómetros en la que se podrían asentar hasta 200.000 familias, a cada una de las cuales correspondería un huerto familiar de 10 áreas. Con este programa, que convertía los planes de urbanización en proyectos de colonización, se acabaría simultáneamente con el hacinamiento de Madrid y con las absurdas aglomeraciones de los pueblos limítrofes y se llevarían a la práctica las declaraciones V y VII del Fuero del Trabajo, que preveían la proliferación de huertos familiares. Era, sin necesidad de que lo explicitara, un alarde de imaginación «puesta al servicio apasionado de la armonía entre la ciudad y el campo».

Pero nostalgias ruralizantes aparte, la imagen del anillo verde es una nueva versión de la tradicional y hasta entonces inoperante idea de limitar el crecimiento de la ciudad, elevando alguna barrera en su entorno: primero fue la cerca, luego el foso que cerraba el ensanche, más tarde las grandes avenidas que marcaban en un amplio círculo el límite de la deseada expansión y, por fin, la cinta aisladora del primer plan regional. El anillo verde es sólo un añadido con el que estos urbanistas de después de la guerra evocaban los valores rurales, de pueblo sano, no contaminado, con los que pretendían purificar a la ciudad de morbos pasados. En todo caso, el meollo del proyecto, aligerado de la ganga rural, pasó a la letra del Plan General elaborado para Madrid en 1941, aprobado por la Ley de Bases de 25 noviembre de 1944 y regulado por una nueva ley de 1 de marzo de 1946. En resumen, Madrid quedaría rodeado de un anillo, con poblados satélites situados en una circunferencia alejada cinco kilómetros del núcleo central y unidos entre sí por carreteras y vías férreas. Si la expansión desbordara esta primera serie de poblados satélites, se iniciaría otro anillo verde y luego más poblados.

Naturalmente, las actuaciones urbanísticas de la primera década de la dictadura poco tuvieron que ver con las ensoñaciones imperiales o fascistas ni con la planificación orgánico-funcionalista. De la fachada imperial, quedaron durante años a la vista de los madrileños los huesos del esqueleto de la catedral que paradójicamente habrá debido esperar a que pasen más de cincuenta años de aquel Madrid, y casi veinte del fin de la dictadura, para ver rematadas sus obras. El Palacio siempre estará ahí, desde luego, pero de la casa del partido nada más se supo, mientras en un solar muy cercano a la fachada, y para destrozar definitivamente su perfil, subía y subía impulsada por los Otamendi la masa enorme del Edificio España y de la Torre de Madrid, que cerrarán la unión de la Gran Vía con la calle Princesa cuando ya van avanzados los años cuarenta, y que se convierten desde muy pronto en la mejor prueba de que el Madrid futuro no lo va a construir una idea, ni siquiera una idea fascista, sino los promotores y las grandes empresas inmobiliarias, nuevos protagonistas que comienzan a afirmar su presencia con actuaciones de esta contundencia y que harán el nuevo Madrid de espaldas a este y a cualquier otro Plan General que los organismos oficiales diseñen sobre la mesa de trabajo.

Además de la preocupación por una más nítida segmentación social del espacio y por la protección de la ciudad cerrada a base de anillos verdes, un segundo elemento, ausente en la generación del 14 y en los urbanistas de la República, conformará el proyecto de este nuevo Madrid. Se trata de la necesidad sentida ahora de forma acuciante, y expresada por vez primera con acentos de urgencia, de industrializar la capital. Con la República, Madrid había dejado de ser y definirse como Corte de la monarquía; era ya centro de comunicaciones, capital financiera y mercantil, capital política y cultural: sólo quedaba para completar su capitalidad transformarlo también en núcleo industrial. Estaba, por las ventajas derivadas de su situación y perfectamente percibidas por el capital extranjero, condenado a serlo aunque los planificadores de la República se hubieran limitado a prever un único recinto para uso industrial. En realidad, la generación del 14 tenía la misma fe que sus antecesores en el futuro industrial de Madrid, o sea, ninguna. Ni siquiera lo deseaban y hasta puede decirse que les producía cierto pavor ya que, intelectuales desvinculados de la empresa capitalista como eran, no unieron nunca su proyecto modernizador con una exigencia de industrialización. Pero en los planteamientos de sus urbanistas iba implícita la posibilidad de dar ese nuevo paso en la edificación final de la capital. De hecho, durante los años diez y veinte se habían establecido en su suelo algunas grandes industrias y todos eran conscientes de la necesidad de prever una zonificación del núcleo urbano de extensión con espacios claramente delimitados para usos industriales.

Pero el proceso de industrialización de Madrid habría de esperar, como el del resto de España, esos veinte años de recesión y marcha atrás que fueron las décadas de 1930 y 1940. El largo asedio, la guerra y el terror sistemático que se abatió sobre los intelectuales y las clases populares protagonistas en el Madrid de los años treinta paralizaron las transformaciones que la ciudad había experimentado desde la década de 1910. La parálisis, sin embargo, no podía durar indefinidamente. A medida que transcurría la primera década del nuevo régimen, y mientras el Instituto Nacional de Industria elegía a Madrid como sede de varias de sus empresas nacionales, se reanudaba también la corriente migratoria interrumpida por la crisis de los años treinta. Más que iniciarse una nueva etapa de dinamismo demográfico e industrial, que habría determinado la política fuertemente centralista del régimen, lo que sucede a medida que transcurren los años cuarenta es que Madrid vuelve a recuperar la dirección de la marcha que la Guerra Civil había quebrado.

En efecto, cuando se considera a largo plazo la llegada de inmigrantes a Madrid en los años cuarenta, aparece con toda claridad como la reanudación de un proceso perceptible desde principios de siglo y no como el inicio de una repentina oleada de inmigración. Tradicional núcleo de inmigración, desde 1900 los saldos migratorios de la provincia de Madrid —que a estos efectos se limitaba a la capital y a sus municipios limítrofes— ascendieron, en las tres primeras décadas del siglo y en números redondos, a 72.000, 158.000 y 220.000 nuevos habitantes, con una tendencia hacia arriba que se interrumpió en los años treinta, cuando el saldo migratorio bajó a 162.000. No hubo que esperar, como a veces se cree, a las primeras y tímidas medidas de liberalización económica de 1951 para que la corriente se reanudase, precisamente en el mismo nivel en que la línea ascendente se había quebrado: durante la década de 1940 llegaron a Madrid 225.000 emigrantes más de los que salieron, cifra muy similar a la de los años veinte. Luego, las cifras se disparan: 412.000 en los años cincuenta y 686.500 en los sesenta, una magnitud que superaba a la de toda la población de Madrid y de los municipios limítrofes a principios de siglo, y que se mantendrá durante el primer lustro de la siguiente década (310.000), para caer ya con carácter al parecer definitivo en el segundo (32.000), cerrando así el ciclo de la gran migración hacia Madrid, que habrá durado exactamente un siglo entre dos restauraciones monárquicas.

Los planificadores del futuro Madrid respondieron a esa riada con los dos tipos de propuestas complementarias derivadas de sus proyectos de crecimiento para la ciudad: segmentando con mayor decisión el espacio urbano para detener en las afueras a los inmigrantes e impulsando el proceso de industrialización concebido como una barrera de defensa de la ciudad. La primera línea de acción fue brutalmente expresada por el propio Franco cuando, al promulgar la Ley de Ordenación Urbana de Madrid, proclamó enfáticamente que había que «dividir Madrid, cortarlo en trozos por las grandes reformas, para darle una fisonomía distinta a la pasada». La segunda, estrechamente conectada con ésta, la expresó con elocuente metáfora militar uno de los responsables del urbanismo madrileño cuando aseguraba que la distribución de las zonas industriales del Plan General obedecía a la necesidad de localizar a las masas obreras en zonas de la ciudad y mejor aún en pueblos satélites que se convertían así en «baluartes defensivos contra la invasión de masas de población inactivas». Como el anillo, la urgencia de industrializar aparece, pues, directamente relacionada con el temor a la miseria suburbial. Pedro Bidagor lo expresó como necesidad de elegir entre cuidar con el mayor mimo su industrialización o bien renunciar a ella y cerrar sus puertas a la inmigración, limitando de manera draconiana la expansión urbana. Otros lo afirmaron de manera más rotunda: el dilema de Madrid es industrialización o miseria, pero el pensamiento es idéntico: Madrid no puede seguir recibiendo población si simultáneamente no se industrializa. No bastan los anillos ni las huertas familiares; la industria se concibe, igual de los poblados satélites, como «baluarte de Madrid contra la avalancha de miseria que la amenaza desde los suburbios». Es, de nuevo, la visión de una capital necesitada de murallas de protección.

En resumen, anillo verde que aísla e industrialización que protege son las dos propuestas para ordenar la dramática situación provocada por la guerra y prever un crecimiento racional hasta el año 2000. Era preciso desplazar a los trabajadores fuera de la vieja ciudad y había que disponer para ellos lugares de trabajo industrial. La incorporación de los trabajadores a la ciudad, que no habían conseguido la revolución de 1868, la Restauración ni la República, se lograría ahora confinándolos en barrios rodeados de verdor y metiéndolos en fábricas, un proyecto muy coherente con la ideología organicista y funcionalista de los vencedores, atravesada por el exasperado acento nacionalista que se dio entonces a la urgencia de la industrialización. Pues no sería comprensible un cambio tan llamativo en los arquitectos y urbanistas madrileños respecto a la necesidad de industrializar Madrid si no se tiene en cuenta el discurso autárquico predominante en los años cuarenta. Se impuso entonces la política —o la necesidad— de sustituir importaciones y producir todo lo que se consumía. De ahí procedía la utópica visión de una ciudad rodeada de huertos familiares que proveerían a su alimentación. De ahí también que la ciudad tuviera que fabricar la mayor parte de los productos industriales que consumiera. La capitalidad, que en los años treinta era afirmación de funciones intelectuales, culturales, representativas, políticas y mercantiles, se completaba ahora con la nueva función industrial. Era preciso poner a disposición de la ciudad solares «en condiciones completas para la instalación de una gran industria, es decir, que cuente con apartadero, agua, fuerza y desagüe». Bidagor no encontraba ni una sola de estas características en el Madrid de 1945.

Si el Plan General pretendía un crecimiento ordenado de la ciudad, los recursos para abordar su puesta en práctica escasearon hasta volverlo inoperante. A pesar de la creación, en 1939, del Instituto Nacional de la Vivienda, apenas se produjeron actuaciones oficiales y, por otra parte, la iniciativa privada se veía penalizada por disposiciones que congelaban drásticamente los alquileres, como la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1946, lo que hacía poco atractivo para el tradicional propietario de Madrid emplear sus ahorros en la edificación de un solar con objeto de asegurar una renta vitalicia. La decadencia del propietario individual y del casero que habían sido los verdaderos artífices del crecimiento madrileño, con muy contadas excepciones, hasta la Guerra Civil, se produjo cuando aún estaba por afirmarse la presencia del gran promotor inmobiliario que construirá el Madrid del desarrollo. La demanda estaba por los suelos, no había aún capitales, ni el Estado disponía de recursos financieros para emprender las grandes obras de ordenación de la ciudad contempladas en el Plan. Se sigue construyendo en el barrio de Salamanca, en Argüelles o en el ensanche del Sur, en torno a Delicias y, con las exenciones y ventajas de la Ley de Viviendas Bonificables de 1944, los primeros promotores —los Banús, Urbis, Vallehermoso— acometen la construcción de nuevas barriadas destinadas a las clases medias, como La Concepción, La Estrella o El Niño Jesús, tres de las novedades más significativas de los primeros diez años del régimen, pero nadie se atreve con los grandes espacios previstos para la expansión de la ciudad. Las actuaciones urbanísticas se limitaron a algunas obras de reforma interior, al ya mencionado enlace de Gran Vía con Princesa y a disponer los ensanches de la zona norte con la apertura en 1949 de la avenida del Generalísimo, que es como se denominará a la prolongación de la Castellana, y la inauguración ese mismo año del nuevo estadio del Real Madrid; y del noroeste con el ensanche en torno a General Mola, ambos con edificaciones destinadas a la clase media.

Pero por lo que se refería al problema de los suburbios, excepto alguna actuación acertadamente calificada de anecdótica, poco se hizo. La multiplicidad de organismos podría engañar respecto a la magnitud de lo realizado: Junta de Reconstrucción de Madrid, Obra Sindical del Hogar, Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid, Ayuntamiento y patronatos de diversos ministerios acometen la construcción o reconstrucción de algunos barrios particularmente dañados por la guerra. Desde 1954 se puso en marcha la construcción de los llamados «poblados de k», destinados a los chabolistas.

En un caso y otro, la ubicación lejos de la vieja ciudad y en zonas donde ya comenzaba a abundar el chabolismo —Fuencarral, Entrevías, Caño Roto, Orcasitas— parecía responder al propósito tantas veces proclamado por los urbanistas de los primeros años del franquismo de evitar por todos los medios las marchas de las masas populares hacia la ciudad. Sin conexión con ella, sin accesos, sin equipamientos mínimos, las viviendas protegidas y los poblados de absorción, por muy interesante que la experiencia fuese para los profesionales de la arquitectura, reflejan perfectamente lo más original de la propuesta de la dictadura para el futuro Madrid: alejar a los inmigrantes, aislarlos sin posibilidad de comunicación con la ciudad.

En tales circunstancias, fue inevitable que se produjera el destrozo de la utopía de la segunda versión —con retórica fascista e imperial y con sustancia funcionalista y organicista— del Gran Madrid y el definitivo colapso del proyecto racionalista de un crecimiento ordenado y bajo control, elaborado desde 1929 y continuado en sus puntos esenciales por el Plan General de 1941/46. Desde 1951, la política autárquica fue progresivamente sustituida por los comienzos de una incierta liberalización mientras se reducía el intervencionismo extremo en la agricultura. La política económica del gobierno salido de la crisis de 1951 se definió como voluntad de liberalizar el comercio exterior, favorecer las importaciones de bienes y de capital y acelerar el crecimiento económico sostenido en la producción industrial, lo que habría de provocar un ingente éxodo rural, de proporciones jamás conocidas en España. La posición central de Madrid, reafirmada administrativa y políticamente en los años cuarenta, habría de convertirlo simultáneamente en núcleo de expansión industrial y en foco de atracción de emigrantes que, procedentes de Andalucía, las dos Castillas y Extremadura, ocuparon de forma espontánea un suelo destinado sobre el papel a otros usos.

Las contradicciones surgidas entre la política liberalizadora y el mantenimiento de una fuerte dosis de intervencionismo y de nostalgia autárquica constituyen el marco de las tensiones que afloraron a principios de los años cincuenta. De ellas, la que más pudo afectar a ciudades que recibían un masivo —el futuro alcalde de la ciudad, Tierno Galván, dirá tumultuario— flujo de migrantes fue la que se produjo entre una política que exigía el éxodo de población rural y la concentración de masas de trabajadores en zonas urbanas, mientras permanecían las restricciones que dificultaban su asentamiento en la propia ciudad. Tal fue el origen de lo que se llamó problema de la vivienda. Sencillamente, los trabajadores que venían a Madrid no disponían de sitio donde vivir: en el interior era impensable encontrar casa, en el ensanche era demasiado cara y en el extrarradio no se edificaba al ritmo de las crecientes necesidades. De nada habían servido los planes, elaborados pero nunca aprobados, de Ordenación de Suburbios de 1948 y de Poblados Satélites de 1953. Las pensiones de mala muerte en las cercanías de las estaciones ferroviarias y de las paradas de autobuses, los realquileres y las chabolas fueron los principales cuchitriles desde los que los emigrantes que formaron el grueso del éxodo rural comenzaron a convertirse en la nueva clase obrera que cambiará la faz de Madrid en los años cincuenta y sesenta.

Precisamente, fue en los primeros años cincuenta cuando el número de chabolas en asentamientos marginales aumentó extraordinariamente hasta rodear toda la ciudad. En 1956 eran algo más de 28.000 y la tendencia señalaba un crecimiento incontrolado: pocos años después se habrán superado las 50.000 y todavía en 1973, cuando se cierre el ciclo de expansión económica, se contabilizarán hasta cerca de 35.000 chabolas circundando Madrid. Se trata de asentamientos espontáneos, muchos de ellos levantados de la noche al día, tras una rápida venta o alquiler a precios exorbitantes por los propietarios del suelo, que esperan a los llegados y les urgen a la construcción de la chabola antes de que, al amanecer, pase la pareja de la Guardia Civil o de la Policía Municipal. Esta auténtica creación de la ciudad allí donde ni el capital ni el Estado son capaces de hacerlo —en palabras de Manuel Castells— presenta, respecto a los asentamientos que tuvieron lugar en los años veinte y treinta, la novedad de que las chabolas no se levantan únicamente en las laderas de las antiguas carreteras sino que se continúan en una especie de círculo en torno a Madrid ocupando los espacios que en el Plan General y en las ordenanzas municipales se destinaban a zonas verdes, agrarias o industriales. Desde Tetuán a Carabanchel, ocupando intermitentemente la gran vaguada del Abroñigal que corre de norte a sur por toda la pared este de Madrid, y que se configuraba ya como proyecto de vía rápida, densificándose en Vallecas para volverse de nuevo masivas en Villaverde y Carabanchel, todo Madrid aparece en los últimos años cincuenta y durante toda la década siguiente rodeado de ese cinturón de chabolas en las que Martín Santos percibía la patente capacidad para la improvisación y la original fuerza constructiva del hombre íbero que con su soplo vivificador había hecho surgir del detritus y de la nada armoniosas e imponentes ciudades.

El mayor deterioro de la situación tuvo lugar, pues, cuando la política de autarquía llegó a su agotamiento mientras se incrementaba la corriente inmigratoria sin que se hubiera producido todavía el despegue del proceso industrializador. Reaparecieron, al mismo tiempo, las muestras de malestar obrero: la inflación que siguió inmediatamente a los primeros signos de reactivación económica y las condiciones generales de la vivienda provocaron protestas obreras en Barcelona, Bilbao y Madrid. La crisis política de 1957 tuvo mucho que ver con ese deterioro y, a la vez, marcará el punto de inflexión de las dos actuaciones que determinarán la transformación de la ciudad: la política de construcción de viviendas, bajo la casi exclusiva intervención del Estado y luego por una iniciativa privada que comenzaba a gozar de apetitosas subvenciones oficiales y, en segundo lugar, la decidida política de desarrollo industrial. Diseñada cada una de ellas por fuerzas políticas relativamente hostiles en el seno del régimen, se caracterizarán por la urgencia de los planes y por un ansia de actuación rápida que no tendrá en cuenta para nada la planificación anterior e incluso acabará por demoler sus más esenciales supuestos.

El primer indicio del alud que se avecinaba fue el Plan de Urgencia Social para Madrid aprobado en 1957 y que, en cierto modo, sirvió como respuesta del nuevo ministro falangista de la Vivienda, José Luis Arrese, a su evidente derrota política ante la ofensiva de los tecnócratas vinculados al Opus Dei. El Plan pretendía, de una parte, detener con la construcción de «poblados dirigidos» la llegada de nuevos inmigrantes en la periferia de Madrid e incluso se proponía devolver a su localidad de origen a todos aquellos que no pudieran demostrar que disponían de un puesto de trabajo en la capital. Arrese, por otra parte, quería demostrar a una Falange en horas bajas que todavía tenía por delante una gran obra de redención: construir viviendas para todos los que carecían de ellas, aspecto fundamental de la revolución nacionalsindicalista. Nada menos que 60.000 nuevas viviendas para Madrid en sólo dos años era el proyecto que acabaría, si lograba detenerse la llegada de nuevos emigrantes, con el cinturón de chabolas, crecido ya hasta alcanzar esa misma cifra en el año 1960.

El plan fracasó en el segundo de sus objetivos —detener la inmigración—, como era obligado supuesta la política de liberalización e industrialización que fomentaba el éxodo rural y la movilidad de la fuerza de trabajo, pero satisfizo a sus promotores en el primero: entre 1955 y 1960, el número de viviendas de Madrid pasó de 353.000 a 522.000, que serían 902.000 diez años después. El comienzo de la masiva construcción de viviendas por el Estado —que ocurría por vez primera en la historia de la ciudad— fue seguido inmediatamente por el despertar de los intereses privados, que supieron aprovechar hasta el límite de lo imaginable la nueva figura de la «vivienda subvencionada» aconsejada por la urgencia social para animar al capital privado a intervenir en la construcción de la ciudad. Si el propietario individual que edificaba para alquilar una finca, y que había sido el artífice del Madrid conocido hasta 1930, había entrado en franca decadencia después de la guerra, ahora será completamente barrido por el promotor inmobiliario y las grandes sociedades anónimas, que actúan sobre terrenos expropiados y edifican en inmensos polígonos —que tienen, pues, por vez primera amplios espacios para construir sin sentirse siempre al borde de la quiebra como le había ocurrido a Salamanca y a otros audaces constructores del siglo XIX, pues ahora el Estado no viene en su ayuda sólo con una legislación permisiva sino con sustanciosas subvenciones— sin que les importe nada la densidad de la población, la calidad de la vivienda, los equipamientos sociales y ni siquiera, lo que es ciertamente notable, las vías de comunicación y los accesos. Lo que importaba era sacar a la gente de las chabolas y los realquileres y meterla en un pisito de propiedad, con la ilusión de que habría de ser para toda la vida, sin preocuparse por saber cómo podrían salir del piso y llegar a la ciudad. Ya se las arreglarían como pudieran. La política de construir como fuera y a bajo coste para facilitar de 50 a 80 metros cuadrados de vivienda a cada familia acabará destrozando por completo la calificación de las zonas del primer plan general, los anillos verdes y la jerarquía funcional de los racionalistas.

Al término de un proceso cuyo objetivo consistía en convertir a todo el mundo en propietario de una vivienda a bajo precio y con amplias facilidades de pago, se habrá ocupado con este tipo de construcción, del que el Gran San Blas puede servir como ejemplo eminente, toda la periferia del sudoeste al sudeste con varias extensiones por el este y algunos polígonos al norte. Surgieron así grandes concentraciones urbanas que se unieron sin solución de continuidad a los más poblados de los antiguos municipios limítrofes anexionados por el municipio de Madrid entre 1948 y 1954 para formar el Gran Madrid. En 1970, algo más del 62 por ciento de todas las viviendas (que eran entonces 901.698) y cerca del 64 por ciento de una población que ascendía a 3,1 millones se concentraban en su nueva periferia, que había crecido vertiginosamente en solo quince años. La ciudad de Madrid, densa y concentrada hasta 1860, con una trama que comenzaba a segmentarse pero que conservaba una morfología relativamente homogénea con la Restauración y con el proyecto de crecimiento racional de la República, habrá destrozado en sólo veinte años toda esa historia en favor de un crecimiento regido por la política de vivienda y los intereses a ella vinculados.

11. Área metropolitana, capital industrial

A esas alturas, la corriente inmigratoria desbordaba los amplios limites que la capital había adquirido tras la anexión de los municipios limítrofes para asentarse en los de su primera corona, y comenzaba a afectar de forma dramática a municipios como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes por el norte; Coslada por el este; y Getafe, Leganés y Alcorcón por el sur y sudoeste. Con el desarrollo económico, la promoción inmobiliaria saltó de la periferia de la ciudad a su corona metropolitana, ofreciendo viviendas en terrenos cada vez más alejados, y configurando así un modelo territorial segregado, determinado por la oportunidad de disponer de grandes polígonos urbanizables, por los precios del suelo y por la lejanía de la capital. Mientras el sector noroeste confirmó su ya antigua tendencia a convertirse en el área residencial de las clases más acomodadas, los del sur y sudeste se destinaron a las clases trabajadoras.

A los diversos saltos desde la periferia a la primera corona, que dejaron sin coser el tejido de la capital a los municipios de su nuevo entorno, siguieron en muy pocos años, especialmente en el sur y en el este, los saltos desde estos a los municipios fronterizos: al espectacular crecimiento de los municipios antes mencionados se añadió, en los años setenta, la explosión demográfica de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares por el este y Fuenlabrada, Móstoles y Pinto por el sur. Si hubiera venido a Madrid por estos años, Richard Ford no habría podido escribir que depredaba su entorno ni Louis Blanc habría percibido a la capital levantándose, como Palmira, en medio de un desierto. La densa y todavía aislada ciudad de 1950, con sólo dos municipios en sus cercanías que superaban los 10.000 habitantes, aparecía rodeada en 1980 por cinco de más de 100.000 y por otros once que habían pasado de 20.000. Es significativo que catorce de estos municipios hayan multiplicado por cinco o seis veces el número de sus habitantes en sólo veinte o treinta años y que, por vez primera en su historia, la capital se haya convertido en los años setenta en foco de emigración neta, con un saldo migratorio negativo de cerca de 300.00 personas, la mayoría de ellas desplazadas hacia la corona metropolitana.

Si la construcción de barrios por toda su periferia rompió la morfología tradicional de la ciudad, el crecimiento de esta docena de municipios por toda su corona convertirá a Madrid de hecho en aglomeración o área metropolitana, desbordando por completo el plan que en 1941 establecía las líneas de su crecimiento. La segmentación blanda, rodeada de verdores, prevista en ese plan, se habrá convertido en la segmentación dura dirigida por las inmobiliarias. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, elaborado en 1961 y aprobado dos años después, no hará más que reconocer el incumplimiento del anterior y consolidar una situación muy diferente a la que aquel plan había previsto.

De todas formas, la fuerza visual del plano de Madrid elaborado por el primer racionalismo de los años veinte y confirmado por los burócratas de los cuarenta estaba tan arraigada que los urbanistas de los sesenta no renunciaron a proyectar la futura área metropolitana siguiendo, sobre el plano, idénticos criterios a los que ya había propuesto Zuazo para una extensión mucho más reducida. El sistema planetario no podía reducirse ahora a un núcleo central bien delimitado y rodeado por los municipios limítrofes convertidos en poblados satélites: esos municipios constituían ya parte de la ciudad central y los satélites pasaron a ser los 22 municipios que se consideraron, sin grandes elaboraciones teóricas, parte del área metropolitana, entendiendo por tal la zona sometida a la influencia demográfica, económica y cultural de la capital, aunque no pocos de los municipios incluidos en el Plan —Brunete, Paracuellos, Villanueva de la Cañada o Villanueva del Pardillo, entre otros— estaban lejos de experimentar esa influencia y al menos cuatro de los no incluidos —Alcalá de Henares, Móstoles, Fuenlabrada y Parla— la sufrirían antes y con mayor profundidad. En cualquier caso, lo que cambiaba era sólo la escala del proyecto, no su sustancia, incluso en la ya más que fantástica pretensión de delimitar la ciudad central con una nueva línea de cintura fabricada a base de repoblación forestal: Madrid se pensaba como centro de una región de la que le aislaría un cinturón verde que limitaría su crecimiento y a la que le unían las seis carreteras nacionales radiales atadas ahora, puesto que la extensión había crecido, por dos anillos, uno interior y otro exterior, que harían más fluido el tráfico de entrada y de circunvalación a la ciudad: vieja canción que sonaba desde hacía más de un siglo en los oídos de los madrileños.

El proyecto de área metropolitana se sumaba, por una parte, a los intentos ya anunciados en el Plan de Urgencia de 1957 y en el Plan de Descongestión de 1958 de detener en las puertas de Madrid el flujo migratorio y desviarlo hacia la corona exterior por medio del desplazamiento de las industrias desde el casco antiguo y el ensanche —sobre todo, las establecidas en los distritos de Chamartín y Arganzuela— a la periferia metropolitana, en la que se reservaría suelo para uso industrial, y la creación de polígonos industriales en municipios tan alejados como Aranda de Duero, Guadalajara, Alcázar de San Juan, Toledo y Manzanares. Por otra, el nuevo Plan favorecía la desconcentración del casco mediante la creación por toda la periferia de centros comerciales y de servicios educativos, sanitarios y de ocio y una más nítida zonificación de la residencia, con la construcción de viviendas para la población obrera en el sur y en el este y para las clases medias y burguesa en todo el cuadrante norte y noroeste. Parecería que los planificadores hubieran tenido a la vista, también para pensar la ciudad interior, el plano en que Zuazo había trazado en 1929 una gruesa línea divisoria que discurría desde la entrada en Madrid por la carretera de Extremadura hasta la salida por la de Barcelona, cubriendo la zona sur de esa línea con una trama indicativa de viviendas colectivas de la clase trabajadora y la norte con la destinada, en sus diferentes secciones, a viviendas de lujo, de clase media con garaje y de esa otra clase media —sin garaje— formada por oficinistas y empleados del Estado y del municipio. Las cosas se habían vuelto algo más complejas, desde luego, pues además de que todo el mundo empezaba a tener coche, los sucesivos cinturones y el crecimiento a saltos habían dejado bolsas de infravivienda en zonas destinadas en su conjunto a residencia burguesa, pero el proyecto era similar: un norte de lujo y de clase media acomodada y un sur para la clase obrera y para empleados de menor fuste.

Pero en urbanismo, como en industria, la planificación del desarrollo carecía de instrumentos para imponer lo proyectado a las decisiones de los agentes que actuaban sobre el territorio. En los años sesenta, esos agentes no eran ya los pequeños o medianos propietarios que edificaban aquí y allá una casa para obtener una renta: esa clase había entrado en definitiva decadencia desde el fin de la guerra y con ella decayó el alquiler como forma casi universal de ocupación de la vivienda. Tampoco existía una clase intelectual y política que hubiera pensado Madrid y propuesto para la capital las grandes perspectivas de la generación de preguerra: una clase así, como la que existió en el primer tercio de siglo, había desaparecido de la escena; quedaban, desde luego, algunos intelectuales y hasta algunos grupos de intelectuales, pero no una clase que fuera capaz de pensar su propia ciudad sin complejos de culpa, proyectar sus ideas sobre espacios abiertos e imponerlas a los poseedores de capital. Los tecnócratas del desarrollo eran, por su parte, completamente ciegos e insensibles a la ciudad, a su historia y a su carácter y carecían de voluntad para hacer cumplir sus propios proyectos.

Fueron, pues, las inmobiliarias, muy estrechamente vinculadas a los grandes bancos —al Español de Crédito, como CISA; al Popular, como URESA; al Vizcaya, como Inmobiliaria Metropolitana—, y que nunca se sintieron constreñidas por las decisiones de los planificadores, las que se erigieron en protagonistas omnipotentes de la nueva configuración del territorio, actuando sobre grandes extensiones de su propiedad: sin ninguna exageración, puede decirse que hicieron lo que más convenía a sus intereses, entendiendo por tales la rentabilidad máxima y a más corto plazo de sus inversiones. Los ayuntamientos, por su parte, se mostraron algo más que complacientes con las exigencias de los nuevos agentes urbanizadores: los permisos para edificar en terrenos previamente calificados como rústicos o como reserva urbana, aunque carentes de planes parciales, se multiplicaron, como también abundaron las autorizaciones para construcciones con alturas superiores a las legalmente permitidas. La ideología del desarrollo a cualquier precio, que dominó el panorama social y político de los años sesenta, se tradujo en sistemática vulneración de los planes urbanísticos, invadiendo los espacios rurales y destrozando el paisaje con la promoción de bloques de viviendas en los bordes de la ciudad, mal comunicados y peor equipados de servicios comunales.

La masiva oferta de vivienda en la periferia y en el área metropolitana y la política de desconcentración y descongestión del núcleo interior, aunque fracasadas en su intento de erradicar la industria de la propia ciudad y de sus cercanías, tuvieron un inmediato efecto en la especialización del casco antiguo con la localización de múltiples empresas de servicios y de actividades de dirección y con la edificación de nuevos bloques de viviendas donde antes existía una pequeña o mediana industria o una finca y hasta una manzana rápidamente declarada en ruina. El carácter nobiliario-burgués que había impregnado los bordes de la Castellana desapareció, con muchos de sus palacetes, a favor de su conversión en canal para el torrente circulatorio y de su nueva especialización terciaria: las torres de los grandes bancos, de sociedades anónimas, de compañías multinacionales comenzaron a ocupar el eje que la generación del 14 había proyectado como símbolo representativo de la capitalidad política y cultural. Tal vez no haya más elocuente metáfora de la transformación que la sucesiva cesión de su suelo por la casa ducal de Medinaceli que, a principios de siglo, abandonó su palacio de la Carrera de San Jerónimo a un gran hotel y, a mediados, cedió su nueva ubicación en la plaza de Colón a la banca internacional.

Al mismo tiempo que se desvanecía en el polvo de los derribos ese Madrid, sin embargo tan reciente, de la Restauración, el más viejo Madrid popular y barrios enteros de lo que antes se llamó extrarradio —y que de asentamientos marginales en la periferia pasaron a formar parte de la privilegiada «almendra central»— sufrían un galopante deterioro que a nadie interesaba detener: los expedientes de ruina permitían despejar golosos espacios para nuevos y más rentables inmuebles y servicios. Se puso así en marcha un proceso de segregación social y funcional entre el núcleo central y la periferia. Con la macización de los espacios que habían quedado desocupados en el crecimiento a saltos propiciado por la oferta de vivienda, y con la ubicación en el centro de la mayor parte de los empleos, se expulsó a la periferia o al área metropolitana, con la población de menos renta, a la más joven, generalmente sin posibilidad de acceder a la propiedad de su vivienda a no ser que se alejara del centro. La mayor densidad de habitantes del propio municipio, añadida al alud que cada mañana debía desplazarse desde los pueblos del área metropolitana a trabajar en la capital, creó una sensación de aglomeración y caos de los que se quejaban los madrileños en todas las encuestas que entonces comenzaban a pasarse para detectar su estado de ánimo: aglomeración por la mayor densidad, caos porque ese crecimiento no se había acompañado de un mejor equipamiento en infraestructuras de comunicación.

A los problemas para acceder a la urbe se añadieron, pues, los problemas para moverse dentro de ella. La opción por el transporte individual indujo al Ayuntamiento, presidido por Arias Navarro, a despejar el centro de obstáculos para facilitar y aligerar el torrente circulatorio. A la vez que se fomentaban los cruces a distinto nivel con la construcción de pasos elevados que destrozaban con su sola presencia no ya la visión de las plazas sino toda su historia y su carácter, se reducían los espacios de las aceras para sacar nuevos carriles en favor de los coches, a los que se sacrificó también todo el sistema de tracción eléctrica: los últimos tranvías que prestaron sus servicios, las líneas de Plaza de Castilla a San Blas y de Pueblo Nuevo a Ciudad Pegaso, lo hicieron el día 1 de junio de 1972. Era preciso dar muestras de dinamismo y por tal se entendía matricular más automóviles, consumir más gasolina, circular más rápido. A la quimera de que cada cual pudiera trasladarse a la velocidad que quisiera de un lugar a otro de la Villa, se sacrificaron entonces los restos que aún permanecían de las normativas del ensanche, los árboles que daban sombras a los bulevares o que cubrían en doble hilera las aceras y hasta se proyectó una Gran Vía Diagonal que arrasaría otra parte de la trama del Madrid antiguo. Que Madrid aumentara de habitantes se consideraba el gran éxito de la capital; que se matricularan cada vez más coches era símbolo inapelable del fin de la miseria y el comienzo de una era de prosperidad.

La especialización en actividades terciarias y el incremento del torrente circulatorio provocaron una transformación radical del talante de la urbe. Hasta muy poco antes de la guerra, Madrid había dado a sus visitantes la impresión de cierta alegría o contento de la vida, perceptible en el tráfago de sus calles: regocijo y confusión de las Españas, la había llamado Galdós, y Pla observó, no muchos años después, que los madrileños desprendían un extraño sentimiento de felicidad, incomprensible para el catalán. Con los efectos inducidos por su conversión en metrópoli, la confusión y el regocijo se convirtieron en aglomeración y caos del interior, en marginación e ínfima calidad de vida en la periferia. Madrid, sencillamente, perdió la calle como espacio en el que se desarrollaba la vida de algunas de las clases sociales que habían dejado su impronta en los cien años anteriores: los señoritos que vivían de las rentas, los intelectuales y literatos, los artesanos y obreros, los dependientes y las chicas de servir, los pobres: clases y sectores de la sociedad que buscaban o salían a la calle por cualquier pretexto no eran ya los que daban el tono a Madrid. Y con la calle como lugar de encuentro y de paseo, desaparecieron los viejos cafés y languidecieron las tertulias.

La transformación de la calle y del carácter de la Villa estaban relacionados con el clima económico en que el proceso de «metropolización» acontecía: la euforia desarrollista que siguió al Plan de Estabilización y Liberalización Económica de 1959 y que acabará por elevar a Madrid al rango de capital industrial. El índice de producción industrial del conjunto de la economía española, que ya había experimentado un notable crecimiento en los años cincuenta, se disparó durante la década siguiente. Y es a partir de entonces cuando Madrid culmina su proceso de industrialización, tímidamente iniciado con el tendido de la red ferroviaria, acelerado —aunque en clara dependencia del sector de la construcción— en los años diez y veinte, interrumpido en los treinta y reanudado gracias sobre todo a las inversiones públicas en los cuarenta. Como su dinamismo demográfico y su ya clara preeminencia en actividades terciarias y direccionales, el industrial debe concebirse también como culminación y cierre de un proceso iniciado desde que Madrid pasó a situarse realmente en el centro geográfico y político de un mercado nacional.

En la transformación industrial que Madrid presencia durante los veinte años que van de 1955 a 1975 ha jugado un papel primordial, en efecto, su situación como gran centro de servicios —administración pública y dirección de empresas privadas, enseñanza y sanidad, transportes y comunicaciones, finanzas y seguros—, y su crecimiento como metrópoli en expansión (con los atractivos que toda gran ciudad ofrece a la instalación de establecimientos industriales), aunque no fuera desdeñable tampoco el papel de la política intervencionista del nuevo régimen. La disponibilidad de suelo en sus cercanías —estuviera o no previamente destinado a tal uso— y la llegada a la ciudad de una fuerza de trabajo joven, numerosa y barata, se sumaron a la dirección centralizadora del régimen, a las ventajas de situar los negocios cerca de los centros de decisión política, cuya benevolencia y complicidad eran tan importantes para la concesión de licencias y subvenciones, y a las propias actuaciones directas del Estado para convertir a Madrid en una capital industrial. No que el Estado franquista se propusiera concentrar en Madrid sus inversiones con objeto de realzar su capitalidad, como en ocasiones se cree como si antes no existiera industria alguna en Madrid o como si Madrid fuera lugar privilegiado, sin parangón posible, de las inversiones públicas o como si no se hubiera intentado más bien «descongestionar» la capital favoreciendo la instalación de industrias en ciudades alejadas de ella. Sin duda, el Instituto Nacional de Industria eligió la capital para algunas de sus inversiones más interesantes sobre todo en industrias transformadoras: además de su participación mayoritaria en empresas establecidas en Madrid desde antes de la guerra, como Boetticher y Navarro, Marconi o Construcciones Aeronáuticas, el INI instaló en Madrid, entre otras, las empresas nacionales de Autocamiones, de Rodamientos y de Óptica. Pero, como han demostrado Comín y Martín Aceña, Andalucía, Galicia y Aragón recibieron hasta 1946 un porcentaje superior a Madrid del capital desembolsado por el INI, y en 1956, mientras Madrid había recibido el 8,5 por ciento de todo ese capital, la participación de Cataluña ascendía al 22,3 por ciento. Podría decirse, pues, que por esta vez el Estado no olvidó a Madrid en sus inversiones, pero no que lo eligiera como lugar netamente privilegiado, con detrimento de otras regiones.

Lo que ocurrió fue, más bien, que la centralización política y administrativa y las ventajas relacionadas con la situación de Madrid como centro de tráfico y del mercado nacional atrajeron inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras: el número de contribuyentes industriales subió de 10.572 en 1940 a 26.552 en 1960. La dimensión de la industria continuaba siendo pequeña, con cerca de la mitad de los industriales empleando a menos de cinco trabajadores, pero la presencia de algunas grandes fábricas elevaba la media en 1975 a 38 trabajadores, casi cuatro veces más que a principios de siglo y cerca del doble de la media española de ese momento. Madrid habrá sacado así partido sucesivamente a las dos políticas económicas del régimen, la autárquica y la liberalizadora. Su primer desarrollo industrial de posguerra, modesto al depender casi exclusivamente de inversiones estatales, se aceleró a un ritmo superior al del conjunto de la economía española cuando la inversión privada y la exterior pasaron a ocupar el primer puesto. Al final del proceso de industrialización, cuando vayan mediados los años setenta, la región de Madrid se habrá consolidado como segundo núcleo industrial del país, sólo detrás de Barcelona, con una participación del producto industrial en el total nacional en torno al 12 por ciento, cuatro puntos por encima de la que tenía veinte años antes, manteniendo durante todo el proceso su posición de cabeza en el sector de los servicios, con un 20 por ciento del total del terciario español.

Dos notas fundamentales distinguen este proceso del que había tenido lugar hasta la crisis de 1929: la estructura interna del sector industrial y la localización de las industrias. Hasta la guerra, las instalaciones industriales de Madrid habían surgido, si se exceptúan las grandes producciones tradicionales de las que se ocuparon ya Madoz o Monlau, determinadas por el propio crecimiento urbano, por las pautas de consumo de una reducida elite social y en clara dependencia del sector de la construcción. A partir de 1950, sin embargo, la industrialización se aprovecha de ese crecimiento, pero no está ya inmediatamente a su servicio, se libera de los límites del consumo interno y se diversifica para atender un mercado que es ya nacional e internacional. El tradicional predominio del sector de obras públicas y de la construcción se equilibra ahora con el auge de las industrias manufactureras y de ramas tan dinámicas como la química y, sobre todo, los transformados metálicos.

Un crecimiento tan notable de la producción industrial no podía dejar de afectar a la localización de talleres y fábricas, extendiendo la zona industrial iniciada desde el siglo XIX en torno a las estaciones de ferrocarril que rodeaban a la ciudad por el sur y sudoeste e impulsando varios ejes determinados por las carreteras radiales, excepto la N-VI, a La Coruña, ocupada de antiguo por residencia unifamiliar. De la primera dirección del crecimiento se ha seguido la industrialización de todo el arco sur-sudoeste de Madrid y la transformación en zonas industriales de los municipios que lo rodean, como Getafe, Leganés, Alcorcón y Móstoles. De la segunda se ha derivado la industrialización de municipios como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Arganda y, sobre todo, la creación de un corredor industrial desde la salida de la carretera de Barcelona hasta Torrejón y Alcalá de Henares. Madrid, por vez primera en su larga historia, ha dinamizado industrialmente su entorno: todas las ciudades cercanas hasta Guadalajara por el este o Toledo por el sur han experimentado un notable crecimiento económico. Es significativo que ambas zonas sean las que definan también el tipo de segmentación de la ciudad creado por la política de vivienda: el Plan de 1963 no hará más que ratificar, como hizo con la vivienda, una realidad consolidada y tratará únicamente de proyectar vías de comunicación por ferrocarril y carretera entre los núcleos industriales establecidos en Vicálvaro, Canillejas, San Fernando de Henares y Torrejón, Vallecas y Villaverde. Madrid consolida así una línea de zonificación industrial del este al sudoeste y otra residencial y de servicios del norte al oeste.

Los desarrollos en vivienda e industria determinaron no ya una nueva morfología de la ciudad sino una completa transformación de su estructura social. En el Madrid de antes de la guerra, era apabullante todavía el predominio de los servidores domésticos y de los trabajadores de la construcción, seguidos de cerca por los empleados del comercio. Apuntaban ya, desde luego, otras categorías ocupacionales pero los criados y criadas eran más que todos los trabajadores de la industria, si se exceptúa la construcción; y por lo que se refiere a la clase obrera industrial, su composición interna dividía claramente a los trabajadores de los oficios tradicionales —albañilería, gráficas, madera, alimentación, pequeña metalurgia— de un amplio sector de jornaleros sin cualificar que había crecido gracias al trabajo intermitente proporcionado por la edificación y las obras públicas.

En 1970, el panorama habrá cambiado sustancialmente. Sin duda, la población dedicada a los servicios mantiene su predominio aunque con una notable diferencia respecto a los censos de antes de la guerra: si existe todavía un significativo porcentaje de empleados en servicios personales y de los hogares (118.159), lo que más abunda ahora son los activos de servicios sociales y comunales (197.033) y del comercio (193.056), el transporte y comunicaciones (94.650), y las finanzas, los seguros y los servicios a empresas (69.185). Pero lo decisivo es el notable incremento de los activos de industrias manufactureras y, dentro de éstas, en la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo. Por vez primera en la historia laboral de Madrid, los activos de las industrias manufactureras censados en la capital llegaron casi a triplicar a los que engrosaban la rama de la construcción: 302.677 en las primeras por 114.481 en la segunda, mientras en los mayores municipios del entorno, los activos de la industria superaban siempre el 40 por 100 de toda la población activa. A la altura de 1970, Madrid era ya en todos los sentidos una metrópoli industrial.

Un vuelco tan espectacular en la composición de la población activa no podía dejar de afectar a la estructura interna de cada clase social y, claro está, a la propia clase obrera. Por decirlo de forma simplificada: el tono del Madrid obrero de la Restauración lo daba el trabajador de oficio, empleado en un pequeño taller o en una fábrica de medianas dimensiones y con una jerarquía interna del oficio muy estructurada. El Madrid obrero de la República pasó a estar dominado por los peones de la construcción que trabajaban con pequeños patronos y maestros de obras si se empleaban en la edificación de hotelitos o casas y con grandes sociedades anónimas si lo hacían en las obras públicas entonces acometidas. En los años de la dictadura, sin embargo, el obrero típico de Madrid trabajaba en el metal o en otras industrias manufactureras y aunque seguía haciéndolo en talleres y fábricas de pequeña y mediana dimensión, un número significativo había pasado ya a grandes fábricas situadas en el cinturón industrial a las que accedía desde una vivienda propia, que tal vez todavía estaba pagando, situada en las grandes barriadas edificadas en la periferia de la antigua ciudad o en los pueblos de su área metropolitana.

Con el cambio en la estructura interna de la clase obrera y en el nivel de su especialización se produjo también un notable cambio en su organización y práctica. En el Madrid de la Restauración, las sociedades de oficio agrupaban al tipo de obrero consciente que era el afiliado a la UGT, disciplinado, cauto en el uso de la huelga, proclive a la negociación con el patrono bajo el amparo del Estado; en el Madrid de la República se había producido un incremento sustancial del proletario de la construcción y una fascinación por la revolución inmediata que se tradujo en el aumento de afiliación de la CNT y la convocatoria de huelgas generales de industria que buscaban en su dinámica interna la declaración de una huelga general de toda la ciudad como pórtico de la esperada revolución; en el franquismo, tras la atomización y la desmoralización que fueron el amargo fruto de la derrota y la represión sufrida por la clase obrera, la primera oleada de inmigrantes aceptará en un primer momento la seguridad del trabajo y la perspectiva de una vivienda para toda la vida a cambio de una desmovilización en la que le sorprendió el inicio de las grandes huelgas de 1962 en Cataluña, Vizcaya y Asturias. Esta pasividad provocará el lamento de algún analista de la época que lo achacaba a la muy evidente razón de que entre los obreros madrileños «el nivel de conciencia de clase es bajo». Pero el crecimiento económico fue suficientemente duradero y sostenido para que los jornaleros que llegaban del campo pasaran de la chabola y del realquiler a la vivienda de promoción oficial y produjo una diversificación tan notable de las industrias que algunos de ellos y muchos de sus hijos pudieron transformarse en obreros calificados. Más asentados en la ciudad, únicamente los intereses económicos lograrán —de acuerdo con el mismo analista— despertar la inquietud y oposición de los trabajadores en los años 1964 y 1965. Sólo entonces, y debido al desacuerdo en las negociaciones de los convenios colectivos, aparecerá un nuevo tipo de movilización obrera que de las fábricas en las que se negocian los convenios salta a la totalidad de la industria y que no dudará en acudir a la huelga por mejorar su nivel de vida con reivindicaciones tales como cinco días más de vacaciones, participación en los beneficios o pagas extraordinarias. Los «intereses materiales», que el comentarista que escribía para los lectores de Ruedo Ibérico tenía por muestra del bajo nivel de conciencia de clase, comenzaban a actuar como acicate para la acción.

Madrid sufría mientras tanto un rápido proceso de segmentación espacial y social al elevarse, en sus márgenes, barrios enteros habitados por esta nueva clase obrera. Podría decirse que la primera clase obrera socialmente segmentada de la antigua ciudad y a la vez incorporada de por vida a la gran industria vio la luz en Madrid en los años sesenta; no que no hubiera antes obreros industriales, sino que no había una clase obrera industrial, trabajando en fábricas de tamaño medio y grande y habitando grandes barriadas homogéneamente obreras. Precisamente, la experiencia colectiva de vecinos— propietarios en grandes barriadas mal equipadas alentó, junto a la movilización por mejoras laborales, la aparición de un movimiento ciudadano reivindicativo que se extendió por la mayoría de los barrios periféricos de la ciudad. Las asociaciones de vecinos fueron el marco en que, al exigir para sus barriadas hospitales y escuelas, parques, transportes o vías de comunicación y al protestar por el rápido deterioro de sus viviendas, muchos de los nuevos madrileños salieron de la atomización a que les había sometido su reciente experiencia migratoria y despertaron por vez primera a la política. Pues, como en el caso de la movilización laboral, ese movimiento vecinal aprendió a usar un lenguaje de reivindicación de libertades y democracia, cuya conquista se pensaba imprescindible para remediar los atropellos inmobiliarios y las grandes carencias de dotaciones: exigir un parque o un hospital llegó a ser sinónimo de reivindicar la democracia.

Un proceso similar ocurrió con esas nuevas clases medias que a partir de los años sesenta no estarán formadas ya mayoritariamente, como durante el primer tercio de siglo, por profesionales liberales alienados del Estado, críticos de la sociedad capitalista y reticentes ante los efectos ambiguos del avance de la industrialización, muchos de ellos herederos del viejo lenguaje de la revolución popular contra la monarquía, sino por empleados de los servicios, economistas, vendedores, técnicos, directivos de grandes empresas, empresarios. Fue ésta la primera clase media madrileña que, al incorporarse profesional, orgánicamente, a la empresa capitalista dejó de ver en ella el paradigma de la ilegitimidad, el enemigo a destruir: en una encuesta realizada al final de la década, el 67 por ciento de los profesionales y el 49 por ciento de los empleados de Madrid (el 60 por ciento si eran altos empleados) opinaba que las cosas irían peor si el Estado fuera propietario de todas las industrias importantes, contra el 35 por ciento que, en ambas categorías, opinaba que irían mejor. Simultáneamente, al acceder muchos de sus miembros a la función pública después de demostrar sus méritos en oposiciones a los diferentes cuerpos, y al incorporarse a una administración relativamente diferenciada del gobierno, comenzó a considerarse políticamente neutra aun en el caso de saberse al servicio del Estado: fue la primera clase de funcionarios que pudo distinguir en España entre servicio al Estado y servicio al gobierno. Podría decirse que en los años sesenta la clase media, desde los tiempos de Larra dubitativa respecto a su verdadera posición, se incorporó definitivamente, segura de sí y de su fuerza, a la empresa capitalista y a la administración del Estado.

Es significativo que ni la nueva clase obrera, formada mayoritariamente por obreros calificados, ni las clases medias incorporadas a diversas formas de empresa capitalista recuperasen el lenguaje de la revolución que fue el propio del pueblo de Madrid durante el siglo XIX y el de sus inmediatos antecesores de los años veinte y treinta: ni revolución popular contra la dictadura; ni revolución obrera contra el capital. Aunque república y socialismo constituyeran la meta última de la nueva generación de dirigentes políticos y sindicales de la oposición de izquierda al franquismo, su lenguaje político dejó paso a una, primero vergonzante, luego más vigorosa reivindicación de la democracia, que en el fuero interno quedaba como estadio de transición hacia el socialismo. No que se reanudara un proceso de redemocratización, como herencia de una cultura política democrática brutalmente reprimida por el franquismo y que habría pervivido en las familias o en los barrios populares; sino que el lenguaje de la revolución popular o social del primer tercio de siglo, liquidado con el fin de la guerra, fue sustituido por un nuevo lenguaje de la democracia que se extendió desde el movimiento universitario hasta las asociaciones de vecinos: eso es lo que define el clima moral y político de los años sesenta. Más que recuperar una supuesta tradición democrática perdida o derrotada en la Guerra Civil, lo que aconteció fue la aparición de una nueva cultura democrática. Los críticos de izquierda discutían si esta incorporación de valores democráticos a la cultura política obrera y de clase media favorecía o no el proceso de reconstrucción del dominio del capital y de la burguesía sobre nuevas bases, pero lo que interesa es constatar que los valores democráticos, minoritarios antes de la Guerra Civil entre las clases obrera y media, fueron incorporados en la segunda mitad de los años sesenta y primera de los setenta mayoritariamente por ellas.

La incorporación de valores democráticos debe relacionarse, en lo que respecta a la clase obrera, con la nueva práctica sindical derivada del diferente espacio físico y social que ocupaba en la ciudad y del papel que asumieron los jurados de empresa y los enlaces sindicales en la negociación de los convenios colectivos desde los primeros años sesenta. La estrategia de negociación y lucha y la presencia de representantes elegidos por los obreros en los sindicatos oficiales condujeron a una práctica de presión por los tradicionales medios sindicales —declaración de huelgas, manifestaciones ante la sede de los sindicatos, llamamientos de solidaridad— combinada con la firma de acuerdos con la sección patronal. Es significativo de la ruptura con una específica tradición político/sindical que este resurgir de la acción reivindicativa obrera se produjera en el sector del metal —las mejoras de las condiciones de trabajo pero también las huelgas y manifestaciones fueron particularmente notables en empresas como Pegaso, Standard, Perkins, AEG, Marconi, Manufacturas Metálicas Madrileñas— y no en el de la construcción, y que no se apoyara en los dos grandes sindicatos que habían dirigido las luchas obreras desde la Restauración a la República —la UGT y la CNT— sino que fuera protagonizado por un sindicalismo de nuevo cuño y de reciente creación, Comisiones Obreras, que aparecía fuerte en los nuevos núcleos industriales y en los sectores de mayor expansión industrial.

Al defender mejoras laborales en el marco de una dictadura que no dudaba en emplear los más duros procedimientos de represión policial frente a las reivindicaciones de los trabajadores, los obreros acumularon una gran experiencia en la negociación de contratos de trabajo que condujo al desarrollo, si no de una conciencia revolucionaria, sí de valores democráticos, pues era condición de una defensa eficaz de sus intereses laborales disponer de sindicatos libres. De modo que la solidaridad con otros trabajadores en huelga, la libertad sindical y, de rechazo, la democracia política, comenzaron a incorporarse a las plataformas reivindicativas que se presentaban en la mesa de negociación: se iba a la huelga por motivos económicos, pero al defender esos intereses se reivindicaba también la libertad de organizarse para defenderlos o se mostraba solidaridad con quienes se encontraban ya en huelga para conquistarlos. Esa simple realidad llenó de otro contenido político la reivindicación obrera: el sindicato dejó de percibirse como agente de la revolución social mientras la misma revolución como objetivo político a largo plazo, siempre presente en el sindicalismo de la preguerra, dejó paso a la reivindicación de un marco de libertades democráticas. Nunca antes el sindicalismo madrileño se había relacionado con la política bajo esta óptica.

Si el horizonte político de la clase obrera más movilizada se dirigía a la obtención de un marco de libertades que le permitiera organizarse sindicalmente, el de la mayoría de la clase media no pasó del de una democracia compatible con el orden. Sin duda, era entre profesionales, cuadros medios y directivos de empresa donde más extendidos se encontraban los valores democráticos y donde más mayoritaria aparecía la actitud favorable al ingreso de España en el Mercado Común Europeo o a la existencia de partidos. El mismo desarrollo económico y el acceso masivo al consumo produjeron un cambio en la moral y las costumbres de la clase media, que sacudió en esta década la tutela de la Iglesia y experimentó un proceso de secularización en el que iba implícito el rechazo de la dictadura. Pero si se exceptúan los estudiantes universitarios —que convirtieron a la Universidad Complutense desde los sucesos de febrero de 1956 en el más señalado terreno de la oposición al régimen—, la ascendente clase media madrileña —ni española— no se movilizó de forma masiva contra el franquismo, como sí lo había hecho contra la monarquía alfonsina. La renovación de la vida intelectual, la mayor permisividad de publicaciones de oposición autocensurada, la aparición de corrientes literarias y artísticas tras el largo letargo anterior, no fue suficiente para que los partidos políticos clandestinos engrosaran sus filas y jugaran un decisivo papel contra la dictadura. Es cierto que la represión no bajó nunca la guardia y que en un régimen de estricta vigilancia policial pretender el éxito de una huelga general política o de una movilización masiva no pasaba de ser una quimera. Pero si los estudios sociológicos que ya entonces comenzaban a prodigarse no engañan, podría aventurarse una razón complementaria: la mayoría de los madrileños —como de los españoles— situó, de forma consistente aunque ligeramente decreciente, la paz y el orden como valores políticos prioritarios, muy por encima de la libertad y la democracia; se era demócrata siempre que serlo no implicara un desorden generalizado. Si se toman los valores de justicia, libertad y democracia como típicamente liberales, y los de estabilidad, orden y paz como conservadores, entonces resultaría que los madrileños, que en esto como en todo lo demás no se diferenciaban del resto de los españoles de las grandes ciudades, fueron impregnándose paulatinamente de valores liberales —antes de justicia que de democracia o libertad— sobre un fondo de consistente conservadurismo que perduró hasta más allá de la muerte de Franco y que pudo mostrarse en las larguísimas colas con las que el pueblo de Madrid despidió su cadáver expuesto en el Palacio Real.

Para los dirigentes de la oposición, el periodo que se abría con la agonía de la dictadura evocaba por más de un concepto al que 45 años antes había desembocado en la proclamación de la República. Bajo la estrategia global de ruptura con el régimen de Franco, el escenario previsto consistía en la inmediata formación de un gobierno provisional que aglutinara a todas las fuerzas de la oposición y que tomaría el poder en el marco de una acción democrática nacional o huelga general, dejando para un referéndum posterior la decisión popular sobre la forma de gobierno, si monárquica o republicana. Algunos indicios parecían avalar la plausibilidad de tal estrategia: después de la fuerte represión y el consiguiente declive del movimiento obrero en 1969, las huelgas y movilizaciones volvieron a engrosar las estadísticas desde, al menos, 1973. En Madrid, ese movimiento culminó en los primeros meses de 1976: el 6 de enero paró el Metro y en los días siguientes una huelga casi general se extendió por todo el metal, lo que quiere decir por todo el arco que va desde la carretera de Barcelona, por el sur, hasta la carretera de Extremadura. Esos mismos días iban a la huelga unos 60.000 obreros de la construcción y se producían paros masivos en Correos y Teléfonos: entre el 10 y el 19 de enero hubo en Madrid más de 300.000 trabajadores en huelga. Se sucedían, además, las convocatorias de la recién creada Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y las movilizaciones vecinales que culminaron en septiembre de ese año con la manifestación de 100.000 personas en Moratalaz. La perspectiva de una huelga general en la capital parecía ahora más próxima que nunca.

La huelga, sin embargo, nunca se produjo. La respuesta de los trabajadores y, en general, de los ciudadanos, a la convocatoria de huelga general para el 12 de noviembre de ese mismo año se saldó con un fracaso relativo que favoreció el cambio de estrategia de la oposición. En verdad, el nivel de afiliación y organización de los partidos de oposición y de los sindicatos obreros era claramente insuficiente para asegurar el éxito de la acción propuesta que, en el marco de una sociedad como la española de 1976, difícilmente podía producirse de forma espontánea si, por una parte, las fuerzas de seguridad del Estado no daban muestras de fisura interna, como en 1930, y si, por otra, el gobierno emprendía un camino eficazmente reformista, muy diferente de la errática política de los partidos monárquicos a la caída de Primo de Rivera. El gobierno dirigido por Adolfo Suárez convenció a la mayoría de la seriedad de su propósito reformista o de que el camino por él propuesto era el único posible para un cambio hacia la democracia dentro de la legalidad. El caso es que el 78,8 por ciento de los madrileños con derecho a voto acudió a depositar su papeleta en el referéndum para la reforma política convocado el 15 de diciembre de 1976, exactamente cuarenta y seis años después de la llamada a la huelga general y a la insurrección militar con las que el comité revolucionario pretendió proclamar la República en Madrid en el año 1930. Sólo un 3 por ciento, que votó «no», más otro 2,7 que votó en blanco, dejaron de depositar la papeleta afirmativa. Las razones que luego manifestó la mayoría de los votantes fueron más de índole pragmática que de convicción democrática: el referéndum les pareció un trámite por el que era necesario pasar para llegar a la democracia.

Un camino que no habría de revelarse fácil. En Madrid, y cuando ya era evidente que la transición desembocaría en un sistema democrático, se recrudecieron las acciones violentas de la extrema derecha. El 24 de enero de 1977, un grupo de terroristas de este signo asaltó un despacho de abogados laboralistas situado en la calle Atocha. Ocho abogados y un conserje fueron llevados contra la pared y fusilados con ráfagas de ametralladora que causaron la muerte de cinco de ellos y dejaron a los otros cuatro gravísimamente heridos. El atentado provocó una oleada de solidaridad con el Partido Comunista que dio, por su parte, pruebas de disciplina y contención al encauzar pacíficamente, con su propio servicio de orden y ante la mirada de la policía, a la multitud congregada en las plazas de Santa Bárbara y Colón para acompañar y despedir los féretros de los abogados asesinados. Era la primera manifestación presidida por banderas rojas y puños cerrados, pero acompañada en silencio y sin que nadie profiriera voces de venganza en un día plomizo y en un clima de profunda tristeza. El entierro de los abogados fue vivido por el Partido Comunista como prueba y símbolo de la reconciliación que había propugnado desde los años cincuenta como única salida a la dictadura y que los asesinatos de sus militantes, precedidos y seguidos casi inmediatamente por los de dos jóvenes estudiantes y cinco policías, ponían en peligro.

El cambio provocado por estos hechos en la difusión de los valores democráticos entre una mayoría de la población que hasta entonces se había mostrado sensible sobre todo a la preservación de la paz y el orden permitió que las primeras elecciones transcurrieran en un clima, si no de celebración festiva, sí de masiva y tranquila participación: hasta un 85,66 por ciento del censo electoral se acercó el 15 de junio de 1976 a depositar su voto en las urnas, rito que sólo los mayores recordaban, pues nada menos que 40 años habían transcurrido desde la última vez que pudo elegirse libremente un parlamento. En Madrid, donde no pocos esperaban y hasta habían vaticinado un resultado para la izquierda que reproduciría el modelo italiano de posguerra, con un triunfo del centro-derecha seguido de cerca por los comunistas, la sorpresa fue la espectacular irrupción de los socialistas como segundo partido, a sólo unas décimas de la Unión de Centro Democrático, flanqueados ambos a distancia de veinte puntos, y también con resultados muy cercanos, por el Partido Comunista y Alianza Popular. Si se dividiera por la línea derecha/izquierda, la suma de votos daría el 42,5 por ciento a UCD más AP y el 42,6 para PSOE más PCE, lo que aproximaba el resultado a la tradición electoral madrileña, dividida sin grandes abismos entre la derecha y la izquierda. La novedad, sin embargo, consistía en que la mayoría de electores encuestados se ubicaban en el centro de la escala y en que muchos de ellos no tenían la impresión de votar muy a la derecha cuando lo hacían por UCD ni demasiado a la izquierda si elegían al PSOE: en toda la historia política de la ciudad, nunca antes la línea entre partidos de izquierda y de derecha quedaría tan difuminada bajo la amplia zona ocupada por la tendencia hacia el centro.

Epílogo:
La Villa de Madrid es la capital del Estado

El crecimiento demográfico experimentado por Madrid desde 1875 y la gran corriente migratoria que se asentó en los municipios de sus alrededores desde 1960 convirtieron la vieja villa en metrópoli; la consolidación de una sólida estructura industrial y de un moderno sector de servicios consumó el proceso de formación de Madrid como capital con fuerza económica propia; el cambio de cultura política que llevó al abandono de la expectativa revolucionaria y del pueblo en armas como sujeto de revolución consumó el proceso de formación de Madrid como capital política de una democracia parlamentaria. Un largo camino se había recorrido: la ciudad-Corte del siglo XIX, en la que predominaban nobles y burgueses ennoblecidos y cuya masa laboral más impresionante eran los servidores personales, con una minoría de artesanos, muchos albañiles y peones de la construcción y escasos obreros de fábrica, había visto crecer a principios del XX una aristocracia financiera y asomar la cabeza a la primera burguesía industrial; con el ferrocarril, la banca y los constructores, Madrid había atraído a intelectuales, profesionales y proletarios que forjaron el proyecto del primer Gran Madrid, luego exaltado como capital de la República española.

En su camino de villa a metrópoli, quedaban en ese Madrid de los años treinta algo más que restos del pasado: artesanos, trabajadores de oficios, pequeños talleres y muy pequeño comercio, traperos, inmensas legiones de pobres le daban todavía cierto aire de ciudad provinciana, arrasado en los años sesenta, cuando la nueva capital industrial acabe por comerse los anillos verdes soñados como utópica protección del viejo Madrid. La población madrileña quedó sometida a la abstracta disciplina de la fábrica y la oficina; la calle dejó de ser lugar de encuentro del pueblo y, con ello, escenario privilegiado de la lucha política, para reducirse al irremediable espacio que media entre el dormitorio y el trabajo. La estructura de clase de la ciudad presentaba menos soluciones de continuidad: había relativamente muchos menos pobres, menos traperos y menos aristócratas financieros mientras se hinchaban las zonas medias de la pirámide social. En consecuencia, los intereses sociales perdieron sus nítidos contornos y se difuminaron en esa amplia clase media que con el tiempo ha acabado por dar su tono a la ciudad.

A pesar de su precario punto de partida, Madrid se había convertido, pues, al finalizar los años setenta, verdaderamente en una metrópoli y es sólo una ironía de su historia que «la Villa de Madrid» haya recibido en 1978 el reconocimiento constitucional como «la capital del Estado» precisamente cuando ha dejado de ser una villa. Una ironía o, tal vez, el sueño por recuperar un pasado que alienta aún en el recuerdo de los mayores y de cuya destrucción fue testigo la generación intermedia, la que llegó al poder político, estatal y municipal, con la democracia. Al salir del franquismo, la confluencia del movimiento reivindicativo de las asociaciones de vecinos con la fulgurante crecida de los partidos de izquierda se expresó en una nueva mirada sobre la ciudad. No fue, desde luego, un fenómeno exclusivo de Madrid, pero aquí adoptó acentos propios: el reciente pasado se percibió no ya como crecimiento y triunfo sino como pérdida y demolición, no como ordenado progreso que hubiera tenido en cuenta las necesidades de sus habitantes sino como saltos arbitrarios provocados por los intereses de las inmobiliarias. Sin duda, la preeminencia de la política de oferta de vivienda, dejada en manos privadas, sobre la planificación urbana proyectada desde organismos públicos no fue exclusiva de Madrid y ni siquiera de España, pero en un régimen como el español, sin control democrático alguno de las decisiones políticas, y en una ciudad como Madrid, capital de un Estado centralista y pastel que concitaba todos los intereses, los destrozos fueron de una magnitud incomparable y, en algunos casos, de efectos irreparables sobre el viejo casco de la ciudad y sobre su periferia. De ahí que inmediatamente que las autoridades municipales tuvieron que solicitar, para legitimar su presencia, el apoyo popular, el discurso urbanístico experimentara un vuelco radical: se comenzó a hablar de Villa de Madrid, más que de Gran Madrid; de proteger, en lugar de desarrollar; de recuperar, donde antes se decía demoler; y hasta, como si lo de metrópoli produjera sonrojo, de Madrid región donde antes se decía Madrid área metropolitana.

Recuperar la ciudad: en esas palabras se contiene todo el propósito de las nuevas autoridades que llegaron al Ayuntamiento en 1979, dos años después de las primeras elecciones generales. Ya los anteriores Ayuntamientos habían pensado un plan para proteger Madrid que, sin embargo, no se sintieron con fuerzas para llevar a la práctica. Pero ahora, en 1979, cuando la coalición del PSOE (622.971 votos) y el PCE (231.268) dio a la izquierda una mayoría sobre el partido ligeramente más votado, UCD (634.952), quienes llegaban al poder municipal eran los mismos que habían criticado el anterior urbanismo y dirigido las reivindicaciones del movimiento vecinal. Su primera tarea parecía consistir en paralizar el proceso que había provocado tanto deterioro y agudizado tantas carencias durante los últimos años. El Plan Villa de Madrid que elaboraron al poco de llegar al Ayuntamiento, fruto de un exacerbado sentimiento antidesarrollista, se proponía proteger los espacios urbanos, frenar la densificación y la sustitución de los usos del suelo, recuperar espacios para equipamientos e infraestructuras, negociar con las inmobiliarias la ejecución de algunas actuaciones previstas, impedir la expulsión de la población residente en el viejo casco y en lo que ahora se llamaba la «almendra central».

Si se cuentan los infinitivos con los que el responsable de urbanismo del nuevo equipo, Eduardo Mangada, enunciaba los «criterios y objetivos» que habrían de guiar su acción en el inmediato futuro y que impregnarán el Plan General de 1985, se percibirá el carácter claramente defensivo, como todavía de oposición, si no ya al poder, sí a una situación recibida, que impregnaba todo el documento: luchar contra la segregación social impidiendo la expulsión de las capas populares y confirmando el carácter popular de los barrios; proteger el patrimonio edificado; mantener y proteger el empleo industrial en el municipio; frenar la terciarización del centro y su utilización para edificar viviendas de lujo; limitar el acceso del coche privado potenciando la política de transporte público; defender, proteger y conservar los grandes espacios; mantener el carácter público del suelo que aún lo tuviera; mejorar la calidad ambiental; reducir los desequilibrios y limitar nuevas edificaciones en áreas consolidadas. Proteger, defender, mantener, impedir, limitar, frenar: ésos son los verbos que Mangada repetía sin parar y ésos son los que llenaron todas las publicaciones oficiales. Si dar la vuelta al proceso hasta entonces experimentado por la ciudad parecía ya imposible, había al menos que paralizarlo, bloquearlo y evitar que siguiera produciendo estragos. Una ideología conservacionista sustituyó en sólo dos o tres años a lo que había sido euforia desarrollista: un crecimiento cero que estaba muy a tono con las nuevas corrientes urbanistas, con la crítica entonces en boga del movimiento moderno y su acento en la calidad de vida, y —lo que no es desdeñable— con la convicción de que la economía en general y el capitalismo en particular habían entrado desde 1973 en una crisis no puramente coyuntural sino definitiva, estructural.

Recuperar socialmente la ciudad perdida: la mirada de izquierda sobre la ciudad no se limitaba a estas propuestas de freno y protección para un tiempo de crisis sino que se extendía a la recuperación de las llamadas señas de identidad y a la exaltación del carácter tradicional de la ciudad. Había que impedir que la gente abandonara el centro, desde luego, y que la almendra se convirtiera demográficamente en una especie de asilo de ancianos, pero además había que devolver su carácter a los barrios populares. Las fiestas tradicionales madrileñas —algunas de ayer mismo, como, aunque no lo parezca, la de la Paloma, que se diría secular— volvieron a celebrarse gracias al generoso fomento municipal. El Madrid castizo, con sus verbenas, sus zarzuelas y su jerga, volvió a contemplarse enamorado de sí, idealizado. Sin duda, la personalidad del nuevo alcalde, Enrique Tierno Galván, desempeñó un papel central en esta auténtica invención de la tradición que tuvo entre sus diferentes resultados, además de reconciliar a los madrileños con una ciudad hasta entonces denigrada, el despertar del interés por la historia de la ciudad y por su conservación, el renacimiento de la vida en la calle y el impulso a nuevos rumbos culturales que acabaron en la célebre movida madrileña, mezcla efímera de casticismo y posmodernismo. Había, como el alcalde recomendaba, que estar al loro y estarlo, a ser posible, en el mismísimo centro de la ciudad del que la política anterior había pretendido expulsar a las clases populares, reservándolo para servicios y viviendas de alto nivel.

La previsión de un crecimiento cero, el acento en los planes parciales, la escasa oferta de suelo, el descuido de las infraestructuras viarias, la negativa a cerrar por el norte el cinturón de la M-30 sustituyéndolo con esa especie de nueva Castellana que pretendió ser el bulevar ajardinado en el que el tráfico peatonal primara sobre el rodado, todo lo que, en fin, estaba relacionado con la ideología conservacionista y antidesarrollista que guió el Plan General de 1985 se daría de bruces al cabo de muy poco tiempo con la realidad de una imprevista recuperación económica, la reactivación del mercado inmobiliario y el auge de la demanda de oficinas y viviendas. Mientras, en la periferia, la presión del tráfico colapsaba los accesos a la ciudad, en la almendra central el precio del suelo subió hasta alturas prohibitivas para la mayoría de los madrileños. Lejos de «coser» el tejido metropolitano y de salvaguardar lo que quedaba del viejo Madrid, la evolución de la ciudad en los años ochenta ha consistido en una mayor especialización terciaria del centro —donde no hay ningún barrio claramente burgués y donde a todas las demás clases les resulta imposible comprar o alquilar un piso— y en el aumento de la segmentación social de la periferia: mientras las clases con mayor renta optaron por ocupar el arco oeste-norte, llenando el suelo de urbanizaciones con viviendas unifamiliares, la clase media se desplazó más bien hacia el este y la obrera y media baja consolidaron su ocupación del sur y sudoeste.

De ahí que, cinco años después de su aprobación, el Plan General haya vuelto de nuevo a la mesa de operaciones, desbordado como todos los anteriores por unos acontecimientos no previstos y unas previsiones no cumplidas. Ya con el Plan Felipe para los accesos, se revelaron las insuficiencias de la anterior planificación: la infraestructura viaria volvía a ocupar la atención prioritaria y a definir la forma de la futura ciudad. No sólo una M-30 cerrada por el norte como buenamente se pudiera sino, con toda urgencia, una M-40 que le sirviera de aliviadero y que no sólo no se permitiría ensoñaciones bulevardianas en ninguno de sus tramos sino que entraría, si preciso fuera, por el monte de El Pardo, al que por cierto, ni Zuazo ni Prieto tenían en tanta estima como sus sucesores al frente del urbanismo madrileño. Curiosamente, el renovado discurso desarrollista, en boca de los mismos protagonistas que pasaron del Ayuntamiento a la Comunidad, pretende ahora para Madrid grandes operaciones hasta hace bien poco desechadas: una gran ciudad aeroportuaria, una nueva ciudad para instalación de industrias y servicios al sur, un gran recinto ferial al este, otra autopista de circunvalación a 50 km de la almendra central.

Toda la reciente historia de Madrid ha oscilado así entre la nostalgia por la ciudad perdida —y las medidas adoptadas para su recuperación— y la necesidad de desempeñar con eficacia la función de capitalidad de un Estado de nueva planta, en el que es cada vez mayor el peso de las Comunidades Autónomas. Las tensiones surgidas entre ese doble discurso y la fuerza de los hechos permanecen sin resolver. Si Madrid puede ser a la vez una villa recuperada para sus habitantes y la potente capital de un Estado con fuertes corrientes centrífugas es cuestión todavía por decidir, cuando tras la evolución de los últimos años, con las inevitables fricciones entre una visión protectora y la expansión económica de la segunda mitad de los años ochenta, la llegada del Partido Popular a la alcaldía ha conducido a una revisión del Plan General de 1985. Pero esto, como bien se comprende, es historia abierta, o sea, política en estado puro, y debe quedar, por tanto, para mejor ocasión.

Cronología

854
Muhammad I funda Madrid.

1047
Fugaz conquista de Madrid por Fernando I.

1083
Alfonso VI inicia las campañas en la taifa de Toledo.

1085
Conquista de Toledo y de Madrid.

1095
Alfonso VI dona a Silos el vico de San Martín. Pedro Ansúrez es nombrado tenente de Madrid.

1099
Alfonso VI dona la Rinconada de Perales al arzobispo de Toledo.

1108
Batallas de Consuegra y Uclés.

1110
El alcázar de Madrid resiste los ataques almorávides.

1118
Madrid recibe el fuero de Toledo.

1126
Alfonso VII confirma la donación del vico de San Martín.

1152
Alfonso VII deslinda el alfoz de Segovia del de Madrid.

1176
Alfonso VIII confirma el deslinde de Alfonso VII.

1188
Madrid está presente en las Cortes celebradas en Carrión.

1202
Alfonso VIII otorga un fuero a Madrid.

1212
Las milicias concejiles madrileñas participan en las Navas de Tolosa.

1217
San Francisco de Asís funda en Madrid el monasterio de San Francisco.

1218
Santo Domingo de Guzmán funda el monasterio de Santo Domingo el Real.

1248
Fernando III confirma el deslinde entre Segovia y Madrid.

1254
Fernando III funda la parroquia de San Juan.

1264
Se nombra una junta de pecheros para controlar el gasto. Llegan a Madrid algunos de los mudéjares expulsados del valle del Guadalquivir-.

1309
Cortes en Madrid.

1327
Pinto y Torrejón de Velasco se separan del sexmo de Valdemoro, que se asigna a Madrid.

1329
Cortes en Madrid.

1339
Cortes en Madrid.

1345
La documentación recoge por primera vez el término «bienes de propios». El mayordomo se encarga de la administración de las finanzas municipales.

1348
En Alcalá de Henares se reúnen Cortes y promulgan un importante Ordenamiento. Con motivo de la epidemia de peste se hace un voto a la Inmaculada Concepción. Alfonso XI implanta el regimiento en Madrid.

1350
Se establece un portazgo en el puesto de Viveros.

1354
San Pedro se establece en su actual emplazamiento.

1368
Madrid se pasa al bando de Enrique de Trastámara.

1381
Juan I ordena a los regidores que elijan a algunos pecheros para informarles de los problemas de la hacienda municipal.

1383
Juan I da Madrid como señorío a León V de Armenia.

1391
Matanza de judíos.

1419
Cortes en Madrid.

1421
Se pide a Juan II que envíe a Madrid un nuevo juez pesquisidor.

1433
Cortes en Madrid.

1435
Cortes en Madrid. La Villa es reconocida como ciudad con representación en Cortes.

1436
Juan II dona el señorío del Real de Manzanares a la casa de Mendoza.

1442
Los caballeros se levantan ante los abusos de los regidores.

1444
Juan II ordena que el salario del juez y del corregidor se paguen con cargo a los propios de la Villa.

1452
Juan II se compromete a nombrar jueces y alguaciles entre las personas propuestas por el regimiento.

1454
Juan II establece que los regidores elijan un procurador entre ellos, y el otro entre los caballeros.

1460
Se inicia la ampliación de la plaza del Salvador.

1469
El concejo se resiste a que venga a Madrid Diego de Valderrábanos, encargado por el rey de restituir las usurpaciones de bienes.

1470
Los regidores se comprometen a no donar ni enajenar bienes de la Villa. Concordia entre San Martín y San Ginés por los límites de sus respectivas collaciones.

1473
Se funda en Vallecas el convento de la Piedad Bernarda.

1476
Madrid se pasa inicialmente al bando de Isabel la Católica, pero pronto vuelve a apoyar a Juana, en cuyo bando permanecerá hasta la batalla de Toro, que otorga definitivamente el trono a Isabel.

1477
Se establece de forma permanente un corregidor en Madrid.

1479
Pedro Zapata funda el monasterio de Rejas.

1481
Hay constancia de la procesión del Corpus Christi.

1485
Nueva concordia entre San Martín y San Ginés por la separación de sus collaciones.

1489
Se autoriza la construcción de un matadero municipal.

1491
Isabel la Católica depone por un año a los regidores madrileños.

1492
Expulsión de los judíos. Se inicia el empedrado de las calles de Madrid.

1493
Hay constancia de la procesión de la Inmaculada Concepción.

1495
Se inicia la construcción del matadero.

1502
Conversión de los mudéjares en moriscos.

1516
El concejo de Madrid recibe la comunicación de Carlos de titularse rey de Castilla en vida de su madre.

1518
El Papa autoriza la construcción de una capilla al beato Isidro.

1520
Madrid se une al movimiento comunero. Ordenanzas de la cofradía de San Sebastián.

1521
Madrid tiene que rendirse tras la derrota de Villalar.

1523
Los dominicos se instalan en la ermita de la Virgen de Atocha.

1525
Francisco I de Francia viene preso a la Torre de los Lujanes.

1528
Cortes en Madrid. La emperatriz Isabel ordena construir la ermita de San Isidro.

1543
Cortes en Madrid.

1547
Se fundan el convento agustino de San Felipe Neri y el convento de la Trinidad Descalza.

1550
Se funda la parroquia de San Sebastián.

1552
Se traslada a Madrid el convento de la Piedad Bernarda desde Vallecas. Antón Martín funda un hospital.

1561
Mayo: Madrid es designada como sede de la Corte por Felipe II. Junio: el Consejo de Castilla despacha en Madrid.

1562
Nacimiento de Lope de Vega.

1563
Febrero: colocación de la primera piedra del monasterio de El Escorial.

1566
Muralla de Felipe II.

1569
Entrada en Madrid de doña Ana de Austria, esposa de Felipe II.

1590
Construcción de la Casa de la Panadería.

1592
Construcción del convento de los Agustinos Recoletos.

1596
Construcción del primer Hospital General de la Villa. Entrada de doña Margarita, esposa del futuro Felipe III.

1598
Muere Felipe II, empieza el remado de Felipe III.

1599
Nacimiento de Diego de Velázquez. Construcción de la primera Puerta de Alcalá.

1601
Traslado de la Corte a Valladolid.

1606
Construcción del convento de Santa Bárbara. Vuelta de la Corte a Madrid.

1616
Colocación de la fuente de Diana-Mariblanca en la Puerta del Sol.

1616-1619
Construcción de la Plaza Mayor.

1621
Muere Felipe III, se inicia el remado de Felipe IV.

1622
Construcción del convento de la Encarnación.

1623
Carlos, príncipe de Gales, visita Madrid.

1632
Olivares presenta las llaves del Buen Retiro a Felipe IV.

1635
Muere Lope de Vega.

1643
Destierro del conde-duque de Olivares.

1653
Muralla de Felipe IV.

1660
Muere Diego de Velázquez.

1665
Muere Felipe IV, se inicia el reinado de Carlos II.

1700
Muere Carlos II, comienza a reinar Felipe V.

1702-1714
Guerra de Sucesión.

1710
Construcción del Palacio de Goyeneche.

1717
El Palacio de Uceda se convierte en Palacio de Consejos.

1718
Construcción de la iglesia del convento de San Felipe del Real.

1719
Reconstrucción del puente de Toledo.

1720
Construcción del Cuartel del Conde-Duque.

1722-1726
Construcción del Hospicio de San Fernando (actual Museo Municipal).

1734
Destrucción del Real Alcázar por un incendio.

1735-1764
Construcción del Palacio Real.

1742
Construcción del convento de San Hermenegildo/iglesia de San José.

1746
10 de octubre: entra en Madrid el futuro Fernando VI. Muere Felipe V, empieza el reinado de Fernando VI.

1749
Creación de intendencias en toda España.

1750-1758
Construcción del convento de las Salesas Reales.

1759
Muere Fernando VI, empieza el reinado de Carlos III.

1761-1770
Construcción de la basílica de San Francisco el Grande.

1766
Motín de Esquilache.

1766-1768
Construcción de la Casa de Correos (actual sede de la Asamblea de Madrid).

1767
El parque del Buen Retiro es abierto al público.

1769
Construcción de la Casa Real de la Aduana (actual sede del Ministerio de Hacienda).

1769-1778
Construcción de la Puerta de Alcalá actual.

1773
La Real Academia de Bellas Artes ocupa el Palacio de Goyeneche.

1775
Comienza la construcción del Salón del Prado.

1776
Reconstrucción del Hospital General (actual Centro Reina Sofía).

1777
Construcción del Palacio de Benavente (actual Ministerio de Defensa).

1778
Goya se traslada a Madrid definitivamente.

1781
Creación del Real Jardín Botánico.

1785-1854
Construcción del Palacio/Museo del Prado.

1788
Muere Carlos III. Comienza el reinado de Carlos IV. Construcción del Edificio de los Cinco Gremios Mayores.

1790-1854
Reconstrucción definitiva de la Plaza Mayor.

1791
Godoy es nombrado teniente general de los ejércitos.

1798
Construcción de la ermita de San Antonio de la Florida.

1808
Renuncia de Carlos IV, comienza el reinado de Fernando VII.

1808-1813
Ocupación francesa. Reinado de José I Bonaparte.

1812
«Año del hambre» en Madrid.

1813
Expulsión de los franceses.

1820-1823
Trienio Liberal.

1824-1826
Ocupación francesa.

1833
29 de septiembre: muere Fernando VII en el Palacio Real.

1834
16 al 18 de julio: matanza de religiosos y sacerdotes en el momento más agudo de la epidemia de cólera.

1835
14 de septiembre: Ministerio presidido por Álvarez Mendizábal que decreta un mes después la disolución de órdenes religiosas.

1836
19 de febrero: primer decreto desamortizador. Enajenación de bienes de las órdenes religiosas extinguidas. 12 al 15 de agosto: motín de los sargentos de La Granja, revolución popular y restablecimiento de la Constitución de 1812.

1837
11 de agosto: las tropas carlistas llegan a las puertas de Madrid

1839
17 de febrero: inauguración de la Caja de Ahorros en los locales del Monte de Piedad de la Plaza de las Descalzas. Ambas instituciones se fusionarán el 22 de abril de 1869.

1840
1 de septiembre: levantamiento progresista con la subida de Espartero al poder y la abdicación de María Cristina.

1843
23 de julio: batalla de Torrejón de Ardoz y huida del general Espartero. 8 de noviembre: mayoría de edad de Isabel II.

1844
8 de octubre: Real Orden que aprueba el proyecto de ordenación de la Plaza de Oriente, ratificado por el Ayuntamiento el 12 de noviembre.

1848
27 de marzo: levantamiento progresista en Madrid.

1851
9 de febrero: Isabel II inaugura la línea de ferrocarril Madrid-Aranjuez. 11 de agosto: comienzan las obras del Canal de Isabel II. Un mes después, se inaugura la Escuela de Ingenieros Industriales.

1852
17 de diciembre: el Ayuntamiento aprueba el primer proyecto de reforma de la Puerta del Sol.

1854
22 de abril: Real Orden que declara de utilidad pública la reforma de la Puerta del Sol. Comienzan los derribos, pero las obras no terminarán hasta 1862. En la noche del 17 de julio, se rompió en la Plaza Mayor el fuego que dio principio a la lucha durante las tres jornadas de aquella revolución, que culminó con la vuelta de Espartero al poder.

1855
1 de mayo: Ley de desamortización general de Madoz.

1856
14 de julio: jornadas de lucha entre la tropa y la Milicia y disolución de las Cortes Constituyentes.

1858
24 de junio: entre gran alborozo comienza a surtir el agua que desde el río Lozoya llega a Madrid por el Canal de Isabel II.

1860
19 de julio: Real Decreto por el que se aprueba el anteproyecto de ensanche de Madrid firmado por el ingeniero don Carlos María de Castro.

1865
10 de abril: enfrentamiento de estudiantes y policía que dará nombre a la noche de San Daniel.

1866
21 de abril: Isabel II coloca la primera piedra de la Biblioteca Nacional. Las obras no terminarían hasta 1892. El 22 de junio se produce una sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil.

1868
Septiembre: revolución «Gloriosa». Isabel II huye a Francia.

1870
Comienza la construcción del edificio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid en el solar del convento de San Martín.

1871
2 de enero: entra en Madrid el rey Amadeo I. 31 de mayo: inauguración de la primera línea de tranvías que uniría el barrio de Salamanca con los de Pozas y Argüelles pasando por Sol.

1873
11 de febrero: abdicación de Amadeo I y proclamación por las Cortes de la República Española.

1875
14 de enero: entrada de Alfonso XII en Madrid.

1879
2 de mayo: En un banquete de fraternidad internacional celebrado en una fonda de la calle de Tetuán se acordó dar por constituido el Partido Socialista Obrero.

1882
3 de febrero: primera huelga general de tipógrafos de Madrid.

1883
23 de diciembre: el rey Alfonso XII preside la inauguración de la nueva Cárcel Modelo en la Moncloa.

1884
En el solar antes ocupado por el Palacio de Alcañices comienza la construcción del Banco de España que finalizará en 1891.

1885
7 de marzo: en virtud del Concordato de 1851 con la Santa Sede, se crea la diócesis de Madrid-Alcalá.

1886
10 de enero: primer proyecto de Gran Vía presentado por el arquitecto Carlos Velasco. 2 de julio: estreno en el teatro Felipe de la zarzuela La Gran Vía, original de Felipe Pérez González y de los maestros Federico Chueca y Joaquín Valverde. 19 de septiembre: sublevación republicana protagonizada, entre la indiferencia general, por el brigadier Villacampa.

1888
15 de mayo: inauguración del Café Gijón en el Paseo de Recoletos.

1890
4 de mayo: primera manifestación convocada con motivo del Primero de Mayo.

1896
13 de mayo: primera exhibición de cinematógrafo en un salón del Hotel Rusia de la Carrera de San Jerónimo.

1898
Electrificación de la línea de tranvías que unía los barrios de Salamanca y Argüelles pasando por la Puerta del Sol. 3 de octubre: inauguración de los primeros trayectos electrificados de tranvías, Sol-Serrano y Recoletos-Hipódromo.

1901
30 de enero: estreno de Electra en el Teatro Español, Maeztu grita «¡Abajo los jesuitas!» y el público, enfervorizado, lleva a Galdós a hombros desde el Español a su casa de Hortaleza.

1904
27 de agosto: Real Decreto por el que se aprueba el proyecto de Gran Vía presentado por los arquitectos López Sallaverry y Octavio.

1905
1 de junio: primer número del diario ABC, fundado por Torcuato Luca de Tena.

1907
19 de agosto: comienza la matriculación de automóviles, que ya circulaban por Madrid desde 1898.

1910
4 de abril: tras numerosos proyectos, Alfonso XIII inaugura las obras de demolición para abrir la Gran Vía.

1917
19 de agosto: huelga general revolucionaria en toda España.

1919
17 de octubre: inauguración de la línea Sol-Cuatro Caminos del Ferrocarril Metropolitano por Alfonso XIII.

1923
2 de marzo: visita de Einstein a Madrid. Conferencias en la Universidad, sesiones en la Real Academia y en la Sociedad Matemática, y audiencia de los reyes.

1926
El Ayuntamiento de Madrid publica la Memoria de un Plan General de Extensión, que tras someterse a discusión pública no llegó a aprobarse.

1927
17 de mayo: Real Decreto por el que se crea la Ciudad Universitaria.

1929-1931
Construcción e inauguración del aeropuerto de Barajas

1926
16 de julio: publicación del «informe de la Ciudad» y de las Bases del concurso de anteproyectos para la urbanización del extrarradio y estudio de la reforma interior y de la extensión de la ciudad.

1930
15 de diciembre: convocatoria de huelga general y de rebelión militar contra la Monarquía.

1931
12 al 14 de abril: triunfo abrumador de la candidatura republicano-socialista en todos los distritos madrileños. El rey abandona Madrid y se proclama la República en la Puerta del Sol. 15 de abril: constitución del primer Ayuntamiento republicano-socialista presidido por Pedro Rico. 10 de mayo: primeros disturbios callejeros de la naciente República que acabaron en el incendio de varias iglesias. 9 de diciembre: la Constitución de la Re pública Española dice en su artículo 5: «La capitalidad de la República se fija en Madrid».

1932
10 de noviembre: creación de la Comisión de Enlaces Ferroviarios a la que seguirá, un mes después, el Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio.

1933
2 de enero: aprobación del Plan General de Extensión de Madrid, sometido a diversos informes desde noviembre de 1931.

1934
A medianoche del 4 de octubre, comienza la huelga general revolucionaria convocada por el PSOE y la UGT para impedir la entrada de la CEDA en el gobierno. Destitución del Ayuntamiento elegido en 1931.

1935
31 de octubre: promulgación de la Ley Municipal que prevé una ley especial para la capital de la República.

1936
15 de febrero: elecciones generales con el triunfo en Madrid de la candidatura de Frente Popular encabezada por Manuel Azaña. Reposición del Ayuntamiento destituido en octubre de 1934. 12 de julio: asesinato del teniente del Cuerpo de Asalto, José Castillo, seguido a las pocas horas del asesinato de José Calvo Sotelo, diputado de Renovación Española. 17 de julio: corren los rumores de la sublevación contra la República y comienzan las manifestaciones para exigir la distribución de armas. 22 de agosto: incendio en la Cárcel Modelo, seguido de un asalto y del asesinato de destacados dirigentes políticos del centro y de la derecha. 27 de agosto: comienzan los bombardeos sobre Madrid. 8 de octubre: creación de la primera Junta de Defensa de Madrid. 6 de noviembre: el gobierno decide abandonar Madrid y establecer en Valencia la capitalidad de la República. 7 de noviembre: comienza la «batalla de Madrid».

1937
2 de abril: creación del Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid que redactará el «Esquema y bases para el desarrollo del Plan Regional de Madrid».

1939
5 de marzo: golpe de Estado del coronel Casado, jefe del ejército del Centro, contra el gobierno presidido por Juan Negrín. 2 de marzo: entrada en Madrid de las tropas del general Franco.

1944
23 de noviembre: Ley de Bases por la que se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y sus alrededores. Creación de la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid.

1948
5 de junio: comienza, con Chamartín de la Rosa, el proceso de anexión a Madrid de los municipios limítrofes que finalizará el 31 de julio de 1954 con la anexión de Villaverde.

1963
26 de diciembre: Decreto por el que se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid.

1975
20 de noviembre: muere Francisco Franco en la Residencia Sanitaria de la Paz.

1976
15 de diciembre: con el 21,79 por ciento de abstenciones y el 92,19 por ciento de votos afirmativos, los madrileños aprueban en referéndum la Ley para la Reforma Política.

1978
29 de diciembre: promulgación de la Constitución Española que dice en su artículo 5, «La capital del Estado es la Villa de Madrid».

1979
3 de abril: primeras elecciones municipales democráticas. Enrique Tierno Galván es elegido alcalde de Madrid por la coalición del PSOE y PCE.

1983
8 de mayo: el Congreso de los Diputados aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

1985
7 de marzo: el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.

1991
26 de mayo: en las elecciones municipales, el PP obtiene el 47 por ciento de los votos, por el 34 por ciento del PSOE y el 10 por ciento de IU. José María Álvarez del Manzano es elegido alcalde de la ciudad.

1993
El Ayuntamiento presenta a información pública la Memoria para la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.

Bibliografía

Madrid en la Edad Media: génesis de una capital, por Cristina Segura

Hasta hace poco tiempo el estudio de Julio González González, Repoblación de Castilla la Nueva (Madrid, 1975, 2 vols.) era el único texto que aportaba una contribución a la historia del Madrid medieval basada en un profundo conocimiento y utilización exhaustiva de las fuentes. La mayoría de los otros títulos anteriores a esta fecha se limitaban a recoger las leyendas y fantasías vertidas en los cronicones antiguos. Entre estas historias locales habría que destacar a Jerónimo de la Quintana, autor de A la muy noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su Antigüedad, Nobleza y Grandeza (Madrid, 1629). Siguiendo el camino iniciado por Julio González se publicó un estado de la cuestión por algunos de los integrantes de la Asociación Cultural Al-Mudayna con el título de Madrid en la Edad Media (Cuadernos de Investigación Medieval, núm. 2, Madrid, 1986), en el que se reseñaba la bibliografía existente. Posteriormente Cristina Segura Graíño ofrecía un nuevo estado de la cuestión y la relación de los títulos aparecidos con posterioridad a la anterior publicación en «Madrid Medieval. Estado de la cuestión», incluido en Presente y futuro de la Historia Medieval en España (Universidad Complutense, Madrid, 1990, 313-321). También como trabajo de carácter introductorio es preciso señalar el presentado a las I Jornadas sobre Fuentes documentales para la Historia de Madrid por Al-Mudayna, «Fuentes medievales para la Historia de Madrid» (Madrid, 1990,155-165). Es también recomendable la consulta del libro El Madrid Medieval. Sus tierras y sus hombres (Madrid, Laya, núm. 6, 1990), en el que se recogen diversos trabajos sobre aspectos concretos y totalmente inéditos, debidos a investigadores centrados en la historia de Madrid, que proporcionan muchas interesantes novedades. Cuando me refiera a estos trabajos de forma pormenorizada los citaré con las siglas MM. Timoteo Domingo Palacios, archivero titular del Archivo de Villa, publicó el siglo pasado una todavía útil colección documental madrileña donde recogió los documentos que consideró de mayor interés, Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid (Madrid, 1888, 4 vols.). Asimismo es muy interesante la consulta de los Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, que desde 1932 publica el Ayuntamiento de Madrid. Dentro de este grupo de obras de carácter general es muy sugerente el estudio de Cristina Emperador Ortega, La imagen de Madrid en la Edad Media. La percepción de la Villa, todavía inédito.

Recientemente María Jesús Viguera ha publicado un documentado estudio sobre «Madrid en al-Andalus» (Actas III Jarique de Numismática Hispano-Árabe, 1990, 11-35), de lectura obligada, donde se encuentran referencias a los principales cronistas árabes que se refirieron a Madrid. Asimismo es aconsejable la lectura de la aportación de Cristina Segura Graíño, «El Madrid islámico» (Torre de los Lujanes, 23, 1993, 115-120).

Sobre las murallas madrileñas, islámica y cristiana, es necesaria la consulta de las obras de Manuel Retuerce Velasco, «Informe sobre la excavación arqueológica efectuada en el solar de la cuesta de la Vega-calle Mayor» (Villa de Madrid, XXIII, 1985, 53-72) y «Las murallas de Madrid. Excavaciones y estudios arqueológicos» (Estudios de Prehistoria y arqueología madrileños, 1983, 9-182), este último publicado junto a Luis Caballero Zoreda y Hortensia Larren Izquierdo.

Muy recomendable es el libro de Juan José Alonso Martín, Cristina Emperador Ortega y Carlos Travesi de Diego, Patrimonio histórico-artístico en la zona de confluencia de los ríos Henares-Jarama (Madrid, Ministerio de Agricultura, 1990), en el que se profundiza en la organización social de esta zona en parte perteneciente al alfoz madrileño. También sobre zonas próximas a la Tierra madrileña es el estudio de Cristina Segura Graíño «La Orden Militar de Santiago en la provincia de Madrid en la Baja Edad Media. Las encomiendas de la Ribera del Tajo» (Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XIX, 1982,349-362). Junto a estos trabajos que se ocupan de las tierras del alfoz o de las zonas circundantes es imprescindible el libro recientemente publicado Caminos y caminantes por las tierras del Madrid Medieval (Madrid, Laya, núm. 12, 1994), en el que se recogen varios importantes trabajos sobre caminería o sobre cuestiones relacionadas con ella que ofrecen las últimas investigaciones sobre este tema y contribuyen de forma decisiva al conocimiento de las tierras madrileñas y de instituciones tan importantes como la hacienda, la mensajería, el tráfico de mercancías o de viajeros y peregrinos.

Obras que pueden recibir el calificativo de clásicas son, sin duda, el pionero estudio de Rafael Gibert y Sánchez de la Vega, El concejo de Madrid. Su organización en los siglos XIII-XV (Madrid, 1949), la edición de El fuero de Madrid (Madrid, 1932) de Galo Sánchez, A. Millares Cario, R. Lapesa y A. Gómez Iglesias y el de Jaime Oliver Asín, Historia del nombre de Madrid (Madrid, 1960).

Sobre la hacienda municipal son destacables los varios trabajos de María Ángeles Monturiol González, «Estructura y evolución del gasto en la Hacienda Municipal de Madrid, último tercio del siglo XV» (En la España Medieval, IV, 1984, 651-692), «El ingreso en la Hacienda Municipal de Madrid, su estructura y evolución (1464-1497)», (En la España Medieval, IX, 1985, 1.025-1.058) y su reciente aportación en Caminos y caminantes... (op. cit.). Lamentablemente inédita se encuentra la memoria de licenciatura de Luis Martínez García, Los bienes de propios de la Villa de Madrid, leída en la Universidad Complutense y que supone la reconstrucción de esta parcela de la hacienda municipal desconocida hasta entonces para Madrid.

Sobre las relaciones con el poder central, aparte de las referencias que sobre la hacienda real se vierten en los trabajos citados en el párrafo anterior y en Caminos y caminantes..., está el trabajo de Cristina Segura Graíño, «El concejo de Madrid y las Cortes de Castilla» (MM, 37-44).

Para la demografía madrileña medieval no hay, actualmente, ningún título específico, por ello es muy útil la consulta de la obra de Alfredo Alvar Ezquerra, El nacimiento de una capital europea. Madrid entre 1561 y 1606 (Madrid, 1989). Sobre los grupos marginales tenemos el importante estudio de Juan Carlos de Miguel Rodríguez, La comunidad mudéjar de Madrid (Madrid, Laya, núm. 4, 1988) y la investigación inédita de Pilar Bravo Lledó sobre el grupo judío.

La sociedad madrileña requiere un estudio en profundidad aunque algunos aspectos son mejor conocidos como se deduce de los títulos que ha continuación se reseñan. Juan José Alonso Martín, Familias de las oligarquías madrileñas en la Baja Edad Media. Conflictos y parcialidades a principios del siglo XVI, investigación actualmente inédita, igual que la de Josefa San Román Riveyrant, La participación del concejo de Madrid en las Comunidades. Sobre la situación de las mujeres Cristina Segura Graíño ha publicado Espacios femeninos en el Madrid medieval (Madrid, Horas y Horas, 1993), «Un ejemplo de religiosidad femenina en Madrid en el tránsito del Medievo a la Modernidad» (XX Siglos, III, 1992, 57-62), y ha colaborado en el trabajo colectivo de Al-Mudayna «Presencia económica de la mujer en el Bajo Medievo madrileño» (MM, 123-133).

Muy poco se conoce sobre la economía madrileña en general; el trabajo de Carlos Travesi de Diego, «Las relaciones campo-ciudad en el Madrid medieval» (MM, 113-121), y las aportaciones de Juan Ramón Romero Fernández Pacheco, «Introducción al mundo rural madrileño de la Baja Edad Media. El monasterio de San Jerónimo el Real» (MM, 97-111), y su memoria de licenciatura sobre el citado monasterio, lamentablemente inédita, son los únicos intentos de evaluaciones globales sobre el desarrollo madrileño. A estos trabajos hay que unir el concienzudo de Tomás Puñal Fernández sobre El mercado de Madrid en la Edad Media (Madrid, Caja Madrid, 1992).

Ángela Muñoz Fernández ha defendido recientemente su tesis doctoral (Universidad Complutense, 1993) sobre Una ciudad ante el hecho religioso. Madrid en la Edad Media, que supone una valiosísima aportación sobre la religiosidad de la Villa y Tierra de Madrid. Se trata de un trabajo exhaustivo, al que hay que unir unos acertados análisis que ofrecen un modelo metodológico muy válido. Un adelanto de sus investigaciones sobre la religiosidad madrileña se encuentra en El Madrid medieval... (op. cit.). Es de desear que esta importante tesis doctoral esté pronto publicada.

Ritos funerarios en el Madrid medieval, de Leonor Gómez Nieto (Madrid, Laya, núm. 10, 1991), ofrece un interesante estudio de las costumbres de los madrileños en sus últimos momentos.

No quisiera terminar estas indicaciones bibliográficas sin manifestar que he tenido acceso a los trabajos inéditos, a los que he hecho referencia por haber sido realizados bajo mi dirección. A sus autores y a todos los demás citados agradezco sus aportaciones, gracias a las que he podido llevar a cabo esta reconstrucción del Madrid medieval.

Madrid, capital imperial, por David Ringrose

La idea de escribir este ensayo sobre Madrid provino de mi buen amigo Santos Juliá, autor de la parte tercera. La inspiración para organizar el ensayo en torno al simbolismo de un ritual cívico se la debo en buena medida a la profesora Virginia Tovar Martín, autora de varios libros importantes sobre la historia arquitectónica de Madrid. En particular, estoy en deuda con su edición de Los Cinco Gremios Mayores de Madrid, artífices de la «Entrada pública en la capital de España, de los reyes Don Fernando VI y Doña Bárbara de Braganza», octubre de 1746 (Madrid, Cámara Oficial de Comercio e Industria, 1980). El lector se habrá percatado de que las descripciones utilizadas en este libro han sido extraídas de la entrada de 1746, mientras que las mejores ilustraciones pertenecen a la entrada de Carlos III, trece años después. Los rituales de esta clase de festivales eran lo bastante repetitivos para que las disparidades sean menores.

Al margen de la historia inmediata de Madrid, hay tres libros muy diferentes que merecen lectura. El primero es Usos amorosos del dieciocho en España (Barcelona, Anagrama, 1972, 1987) de Carmen Martín Gaite, el segundo The Court Society (Nueva York, Pantheon, 1975) de Norbert Elias, y el tercero The History of the Family (Oxford, Blackwell, 1989) de James Casey. La mayor parte de los materiales de Carmen Martín Gaite corresponden a Madrid; Elias utiliza la Corte francesa como modelo de actuación cortesana en el Antiguo Régimen; Casey es un historiador británico que trabaja sobre España, y que ha escrito la primera historia general sobre la familia europea en la que se otorga al ejemplo español su debido lugar en el panorama general. Otro libro que aplica ideas antropológicas a Madrid es el de Catalina Buezo, El carnaval y otras procesiones burlescas del viejo Madrid (Madrid, Avapiés, 1992).

Existe un número limitado de trabajos monográficos más serios sobre Madrid. Los cinco que me resultaron particularmente útiles son, María Carbajo Isla, La población de la villa de Madrid. Desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX (Madrid, Siglo XXI, 1987); Concepción de Castro, El pan de Madrid: el abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen (Madrid, Alianza Editorial, 1987); Equipo Madrid, Carlos III, Madrid y la Ilustración (Madrid, Siglo XXI, 1988); Virginia Tovar Martín, El Real Pósito de la Villa de Madrid. Historia de su construcción durante los siglos XVII y XVIII (Madrid, Cámara de Comercio e Industria); David Ringrose, Madrid y la economía española, 1560-1850. Ciudad, Corte y País en el Antiguo Régimen (Madrid, Alianza Editorial, 1985). Los años de investigación que dieron el fruto del último de estos cinco libros proporcionaron a este forastero algunas de la ideas articuladas en este ensayo, sean o no correctas. El trabajo de María Carbajo Isla, si bien algo técnico, ofrece importantes correcciones al mío. La reciente colección de ensayos del Equipo Madrid contiene valiosas refutaciones de anteriores interpretaciones sobre el reinado de Carlos III.

Entre los libros más anecdóticos de interés, incluidos algunos muy bien ilustrados, yo sugiero: Néstor Luján, Madrid de los últimos Austrias (Barcelona, Planeta, 1989); Federico Bravo Morata, Historia de Madrid de Carlos III a la primera república (Madrid, La Unión C., 1984); Miguel Molina Campuzano, Fuentes artísticas madrileñas del siglo XVII —las diseñadas por Juan Gómez de Mora en 1617 y por Rutilio Gaci en 1618— (Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1970); Antonio Bonet Correa, Iglesias madrileñas del siglo XVII (Madrid, CSIC, 1984); A. Alvar Ezquerra, Felipe II, la Corte y Madrid en 1561 (Madrid, CSIC, 1985); y Ramón Guerra de la Vega, Madrid: guía de arquitectura, 1700-1800 (Madrid, ed. autor, 1984). En este último se examinan una serie de monumentos del siglo XVIII que aún existen, con una breve historia de cada uno. A todos estos podría añadirse el reciente y bien ilustrado catálogo confeccionado para una exposición del Museo del Ejército titulada Madrid, el 2 de mayo de 1808. Viaje a un día en la historia de España (Madrid, Consorcio para la Organización de Madrid Capital Europea de la Cultura, 1992). Un similar catálogo de exposición con una retrospectiva algo diferente sobre Madrid es Madrid hasta 1875. Testimonios de su historia (Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1979), publicado como catálogo de una exposición del Museo Municipal en 1979-80.

Para tres evocaciones muy diferentes, pero ilustrativas, de Madrid, el lector puede consultar: Fernando Chueca Goitia, Madrid, ciudad con vocación de capital (Santiago, Ed. Pico Sacro, 1974); Pedro Montoliú Camps, Madrid, Villa y Corte, vol. 1 (Madrid, Sílex, 1987); y Antonio Flores, Ayer, hoy y mañana: cuadros sociales de 1800, 1850 y 1899 (Barcelona, Montaner y Simón, 1892). Como se indicaba en el capítulo 8, Chueca Goitia es uno de los más ponderados y deliciosos historiadores de Madrid. El libro de Montoliú forma parte de una obra ilustrada en tres volúmenes, el primero de los cuales abarca el Antiguo Régimen. El volumen I del libro de Antonio Flores, titulado Ayer o la sociedad de la fe en 1800, es el más directamente pertinente para este ensayo, pero los otros volúmenes también son amenos.

Para concluir, permítanme dos últimas sugerencias que son algo diferentes. Uno de los mejores lugares para leer sobre una enorme variedad de temas de la historia de Madrid son los Anales del Instituto de Estudios Madrileños. Publicados todos los años, los Anales contienen artículos sobre tantos aspectos de Madrid que cualquier lector hallará algo con lo que disfrutar. Finalmente, querría sugerir un libro que a primera vista parece algo seco y tedioso. Es éste el trabajo de Pascual Madoz Madrid: Audiencia, Provincia, Intendencia, Vicaría, Partido y Villa. Publicado primeramente en 1848, este libro existe ahora en una moderna edición facsímil a cargo de José Ramón Aguado (Madrid, Ábaco, 1981). No es éste un libro para leer de modo continuado. Pero el lector con curiosidad sobre el Madrid del Antiguo Régimen deberá sencillamente abrirlo al azar por cualquier sitio y empezar a pasar las páginas; no tardará en encontrar algo que atraiga su atención, pues es una auténtica mina de información sobre la ciudad: sus edificios, su economía, su cultura, su gobierno. Está repleto de los cuadros y tablas que fascinaron a los reformistas ilustrados, y contiene una serie de grabados interesantes de lugares y gentes de la ciudad.

Madrid, capital del Estado, por Santos Juliá

Para entrar en Madrid por el siglo XIX quizá sea la de don Benito Pérez Galdós la mejor compañía: en sus novelas y en sus episodios nacionales ya vio casi todo lo que la investigación posterior ha confirmado. Sin duda, hay otros novelistas —Palacio Valdés, en La Espuma; Coloma, en Pequeñeces o, antes que ellos, Ayguals de Izco, en La Bruja de Madrid y, después, Valle-Inclán, con su trilogía del Ruedo Ibérico— que no pueden dejar de leerse. Para el final de siglo y principios del siguiente, la trilogía de Pío Baroja, La lucha por la vida, ha sido justamente celebrada por la exactitud de sus descripciones.

Por fortuna, hay mucho donde elegir cuando se quiere conocer Madrid a través de testimonios de la época. Las obras de Mesonero y de Larra son tan imprescindibles como útiles Mis Memorias íntimas de Fernando Fernández de Córdova, los Recuerdos de un anciano y Memorias de Antonio Alcalá Galiano o las Memorias del reinado de Isabel II, del marqués de Miraflores, todos publicados en la muy meritoria Biblioteca de Autores Españoles. La contribución de Juan Valera a la Historia de España, de Lafuente, es de capital importancia para el clima en que se desenvolvía la política madrileña. De Fernández de los Ríos son fundamentales El Madrid futuro (Madrid, Los libros de la Frontera, 1989, con la introducción de Antonio Bonet), y su Guía de Madrid (Madrid, Ábaco, 1976), pero su menos conocido Estudio histórico de las luchas políticas en la España del siglo XIX es también un tesoro para seguir la política madrileña.

Otros guías para esta primera entrada a Madrid son los viajeros. El ilustrado Antonio Ponz le dedica el tomo V de su Viaje de España (Madrid, Aguilar, 1988), pero la posición privilegiada para contemplar este periodo la ocupan Richard Ford y George Borrow con Manual para viajeros por Castilla y lectores en casa. Vol. 1, Madrid (Madrid, Turner, 1981) y Biblia en España (Madrid, Cid, 1967). En el Viaje por España de Duvillier y Doré (Madrid, Grech, 1988), o en el de Andersen (Madrid, Alianza Editorial, 1988) se encontrarán detalles de interés. Por supuesto, estas visiones deben proyectarse sobre la realidad de la villa tal como aparece en Pascual Madoz, Madrid: Audiencia, Provincia, Intendencia, Vicaría, Partido y Villa (Madrid, Giner, 1981), fuente de inagotable riqueza.

Si de los protagonistas y testigos se pasa a los investigadores, la cosecha comienza a ser cuantiosa. Una buena muestra de lo mucho que se ha trabajado en los últimos años son los volúmenes editados por Ángel Bahamonde y Luis E. Otero que recogen las ponencias y comunicaciones presentadas en dos coloquios, Madrid en la sociedad del siglo XIX y La Sociedad madrileña durante la Restauración (Madrid, Comunidad, 1988 y 1989). Hoy puede contarse con monografías muy documentadas y exhaustivas para casi todo, pero sobre todo para urbanismo. Entre lo mejor: Pedro Navascués, Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX (Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1973), Eulalia Ruiz Palomeque, Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX (Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1976); Clementina Díez de Baldeón, Arquitectura y clases sociales en el Madrid del siglo XIX (Madrid, Siglo XXI, 1986) y Dolores Brandis, El paisaje residencial en Madrid (Madrid, MOPU, 1983). Para cuestiones más específicas, Rafael Mas, El barrio de Salamanca (Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1982) y Pilar González Yanci, Los accesos ferroviarios a Madrid (Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1977). El Plan Castro, con estudio preliminar de Antonio Bonet, ha sido publicado por el Colegio de Arquitectos de Madrid, 1978. El mismo Colegio es editor de los dos volúmenes de Guía de Madrid. Arquitectura y Urbanismo de Madrid. Guía de arquitectura, publicaciones imprescindibles para documentar las edificaciones de la ciudad y orientarse en su desarrollo urbano.

Sobre sociedad, política y cultura no faltan excelentes artículos en los libros editados por Bahamonde y Otero. Jesús Cruz acaba de presentar una tesis de primera importancia, Gentlemen, Bourgeois, and Revolutionaries. Political Change and Cultural Persistence among the Madrid Dominant Groups, 1750-1850 (1993), que debería ver pronto la luz. Bahamonde, autor con J. Toro de Burguesía, especulación y cuestión social en el Madrid del siglo XIX (Madrid, Siglo XXI, 1978), ha seguido los avatares de las fortunas de nobles y burgueses madrileños y es autor, con José Cayuela, de Hacer las Américas (Madrid, Alianza Editorial, 1992). Jesús A. Martínez Martín ha publicado una historia social de la lectura, Lectura y lectores en el Madrid del siglo XIX (Madrid, CSIC, 1991) y Antonio Fernández, Epidemias y sociedad en Madrid (Barcelona, Vicens Vives, 1985) y un estudio sobre Abastecimiento de Madrid en el reinado de Isabel II (Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1971). El mundo de las finanzas está agudamente retratado por Alfonso de Otazu en Los Rothschild y sus socios en España, 1820-1850 (Madrid, O. Hs., 1987). A Sisinio Pérez Garzón se debe Milicia Nacional y revolución burguesa. El prototipo madrileño (Madrid, CSIC, 1978) y hay un excelente trabajo sobre La Revolución de 1854 en Madrid, de José R. Urquijo (Madrid, CSIC, 1984). El clima cultural de la época romántica está perfectamente captado por Robert Marrast en José de Espronceda y su tiempo (Barcelona, Crítica, 1989).

Para el siglo XX, los recuerdos y la literatura son abundantes: no hay casi nadie de las generaciones del 98, 14 y 27 que no haya escrito unos artículos, una novela o unas memorias de Madrid: Baroja, Desde la última vuelta del camino (Memorias), Ramón Gómez de la Serna, Automuribundia y Elucidario de Madrid; Arturo Barea, La forja de un rebelde; Corpus Barga, Los pasos contados y Paseos por Madrid; Ramón Pérez de Ayala, Troteras y danzaderas; Alberti, La arboleda perdida; Max Aub, La calle de Valverde; Sender, 7 domingos rojos; Moreno Villa, Vida en claro, son algunos de los más sugestivos. Blasco Ibáñez y, otra vez, Ramón Gómez de la Serna sitúan en diferentes espacios madrileños La horda y El chalet de las rosas. Los artículos de Azaña sobre Madrid están recogidos en sus Obras Completas y las notas de Josep Pla proceden de Madrid, 1921. Un dietario (Madrid, Alianza Editorial, 1986) y de Madrid, L'advinement de la República (Barcelona, Destino, 1980). Después de la guerra, Agustín de Foxá, Madrid de Corte a Checa; Camilo J. Cela, La Colmena; Luis Martín Santos, Tiempo de silencio; Juan Benet, Otoño en Madrid hacia 1950; Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama, Francisco Umbral, La noche que llegué al café Gijón, han sido algunos de los que más me han ayudado a comprender la ciudad y su tiempo. He citado también pasajes de las invectivas de Giménez Caballero, Madrid nuestro (Madrid, 1944) y de las memorias de González Ruano, Cela, Marías y Laín.

También para el siglo XX, lo más estudiado hasta hoy son los planes urbanísticos y la transformación morfológica de la ciudad. Fernando de Terán, Planeamiento urbano en la España contemporánea (1900-1980) (Madrid, Alianza Editorial, 1982), es el manual más autorizado. Fernando Chueca, en El semblante de Madrid y en Madrid, ciudad con vocación de capital, es fuente de continuas sugerencias. Madrid, urbanismo y gestión municipal, 1920-1940 contiene un amplio trabajo de Carlos Sambricio, «Las promesas de un rostro: Madrid, 1920-1940». Lilia Maure es autora del estudio introductorio a Zuazo-Jansen, Anteproyecto del trazado viario y urbanización de Madrid, 1929 (Madrid, COAM, 1986). Madrid: cuarenta años de desarrollo urbano, 1940-1980 es una excelente colección de artículos, como lo fue también Madrid, 1964 (Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1964). Estudios más específicos son los de Aurora Fernández Polanco, Urbanismo en Madrid durante la II República, 1931-1939 (Madrid, MAP, 1990); Sofía Diéguez Patao, Un nuevo orden urbano: «El gran Madrid» (1939-1951) (Madrid, MAP, 1991); Miguel Ángel Maure, La Ciudad Lineal de Arturo Soria; Paloma Barreiro, La vivienda social en Madrid, 1900-1939, y Juan A. Cortés, El racionalismo madrileño, estos tres últimos publicados por el COAM. Curioso y, en ocasiones, sorprendente, Madrid no construido, una serie de proyectos no ejecutados y recopilados por Alberto Humanes (Madrid, COAM, 1986). La revista Alfoz ha dedicado muchos trabajos (recopilados por Javier Echenagusia, Madrid, Punto seguido, 1991) al más reciente desarrollo urbano de la ciudad, de los que me han interesado especialmente los firmados por José María Ezquiaga. Una síntesis de las directrices del primer urbanismo de los Ayuntamientos socialistas inspirado por Eduardo Mangada puede verse en Recuperar Madrid (Madrid, Oficina Municipal del Plan, 1982).

Para la sociedad y la política hasta la guerra y en el franquismo me he permitido aprovechar, a veces literalmente, mis anteriores trabajos sobre la ciudad: Madrid, 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de clases (Madrid, Siglo XXI, 1984); «En los orígenes del Gran Madrid», en J. L. García Delgado, ed., (Madrid, Siglo XXI, 1992); «De cómo Madrid se volvió republicano», en íd., Los orígenes culturales de la II República (Madrid, Siglo XXI, 1993); «Le peuple en armes», en C. Serrano, ed., Madrid, 1936-1939 (París, Autrement, 1991); «Nascita di una capitale: segmentazione dello spazio e integrazione della classe operaia a Madrid», en L. Casali, ed., Per una definizione della dittatura franquista (Milán, Angeli, 1989); «Votar en Madrid» y «Pero el caso es que España necesita un Madrid», publicados por Revista de Occidente, 27-28 (agosto-septiembre 1983) y 128 (enero, 1992).

Para la condición de la ciudad a principios de siglo es fundamental Philip Hauser, Madrid bajo el punto de vista médico-social, del que hay una edición preparada por Carmen del Moral (Madrid, Editora Nacional, 1979). A. Bahamonde, J. A. Martínez y F. del Rey, La Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1887-1987 (Madrid, CCIM, 1988), es, aparte de lo que su título promete, una verdadera historia económica y social de la ciudad. Excelente por su documentación gráfica y por el nivel de sus colaboradores la serie Establecimientos tradicionales madrileños (Madrid, CCIM, 1985). Gloria Nielfa ha estudiado Los sectores mercantiles en Madrid en el primer tercio del siglo XX (Madrid, Ministerio de Trabajo, 1985). Para las etapas del desarrollo económico, José L. García Delgado, «La economía de Madrid en el marco de la industrialización española», en J. Nadal y A. Carreras, eds., Pautas regionales de la industrialización española (Barcelona, Ariel, 1990). A la industria dedica Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle una documentada monografía, Actividad industrial y estructura territorial en la región de Madrid (Madrid, Comunidad, 1986), que conviene completar, para lo que se refiere a la actuación del Instituto Nacional de Industria, con Pablo Martín Aceña y Francisco Comín, INI. 50 años de industrialización de España (Madrid, Espasa Calpe, 1991). Para la reciente evolución económica y con valiosas indicaciones sobre modelo territorial, José Estébanez, ed., Madrid, presente y futuro (Madrid, Akal, 1990). Entre los estudios sociológicos destaca Juan Salcedo, Madrid culpable (Madrid, Tecnos, 1977), y el Informe sociológico sobre la situación social de Madrid, publicado por la Fundación FOESSA en 1967. La condición obrera a principios de siglo, Alejandro Tiana, Maestros, misioneros y militantes. La educación de la clase obrera madrileña, 1898-1917 (Madrid, CIDE, 1992); para la experiencia de las Asociaciones de Vecinos, Manuel Castells, Ciudad, democracia y socialismo (Madrid, Siglo XXI, 1977).

Algunas nostalgias o celebraciones han dado pie a monografías con todo lujo de detalles: Carlos López Bustos, Tranvías de Madrid (Madrid, Aldaba, 1993) y Aurora Moya, El Metro de Madrid, 1919-1989. Setenta años de historia (Madrid, Metro de Madrid, 1990), son exhaustivas. El interés por la historia de la ciudad ha tenido su reflejo en las colecciones publicadas por El Avapiés y La Librería, con títulos que van de Los jardines de Madrid en el siglo XIX, de Carmen Ariza (1988), a La Castellana, escenario de poder, de Francisco Azorín y María Isabel Gea (1990). Esta última es también autora de El Madrid desaparecido (Madrid, La Librería, 1992), que reúne en fichas todos los edificios víctimas de los distintos planes de reforma interior.

En fin, y cuando ya no hay tiempo para que este libro se beneficie de sus contenidos, aparece, dirigida por Antonio Fernández y escrita por diversos autores de la Universidad Complutense y del Instituto de Estudios Madrileños, una Historia de Madrid que aborda con rigor académico los principales aspectos —economía, sociedad, política, urbanismo y cultura— de su larga evolución.

Anexo - Imágenes

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Cuando el viajero del siglo XVII se aproximaba a Madrid desde el norte o el oeste, entrando en la ciudad por vía del puente de Segovia, el horizonte urbano estaba dominado por el voluminoso bulto del Real Alcázar, representado aquí por Pieter van den Berge. A raíz de un desastroso fuego ocurrido en la década de 1730, el Alcázar fue sustituido por el monumental Palacio Real como hoy lo conocemos.

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En los festejos que acompañaban las entradas, matrimonios o nacimientos reales, y otros acontecimientos cívicos, figuraban muchas veces corridas de toros en la Plaza Mayor. Esta plaza podía acomodar entre 40.000 y 50.000 espectadores, y los vecinos con balcones a la misma tenían que permitir su uso por parte de los espectadores. En las corridas de la entrada de Fernando VI, se mataron 31 toros en un solo día.

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La estructura de la entrada real queda ilustrada por la del príncipe de Gales el 23 de marzo de 1623. La procesión es recibida a la entrada del palacio por un funcionario que porta la vara e insignia de la Villa de Madrid, y está encabezada por trompetas y músicos, seguidos por funcionarios de la Corte y jueces. Después vienen los Guardias de Corps, que preceden a los funcionarios que portan los reales símbolos de autoridad. A continuación aparecen los títulos y grandes del reino, seguidos por los heraldos reales. El punto central de la procesión es el grupo donde se encuentran el príncipe de Gales y el rey de España a caballo. Avanzan bajo palio llevado por los regidores del Ayuntamiento de Madrid. Inmediatamente detrás del palio van el duque de Olivares y el Almirante, que era principal consejero del príncipe Carlos. Éstos a su vez están seguidos por un grupo de embajadores especiales y después por la guardia personal del rey.

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El primer paso en la sucesión de un nuevo rey era su proclamación ante el público. En esta imagen de Tomás López Enguídanos, se proclama la ascensión de Felipe V ante una multitud en un lugar que podría sella Plazuela de la Villa, frente a la Casa Consistorial de Madrid. El emplazamiento contrasta con el de la proclamación de Fernando VI, que se realizó desde los balcones del Palacio Real.

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La pérdida del sentido de proporción provocada por la moderna urbanización es evidente en esta impresionante vista del paseo del Prado desde la plaza de Cibeles ejecutada por Isidro González Velázquez. El edificio más sobresaliente, la casa del duque de Béjar, ha sido sustituido por la enorme mole del Banco de España. El solar que hoy ocupa el recargado palacio de Correos se ve aquí como parte de los terrenos asociados al palacio del Buen Retiro. En un mundo construido a esta escala, los monumentos del Antiguo Régimen poseían una magnificencia que nos resulta difícil evocar. Actualmente, en cambio, se perciben empequeñecidos por la ciudad moderna que los rodea.

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Este plano muestra claramente las principales arterias de la ciudad, así como la lógica de las rutas ceremoniales más importantes. Se aprecia claramente la cantidad de suelo no urbanizado, pero sí incluido en el interior de la muralla de la ciudad, en las zonas este y norte.

Estuviera o no Madrid construido según un proyecto absolutista, poseía varias convenientes rutas que unían el centro con el campo, así como unas cuantas calles extraordinariamente anchas y abiertas para una ciudad de la época.

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La ruta ceremonial a través de la ciudad y el lujoso decorado utilizado para resaltar mensajes simbólicos podían adaptarse a múltiples usos. Aquí vemos un enorme carro y procesión fúnebre organizada en 1814 para conmemorar a los capitanes Luis Daoíz y Pedro Velarde, mártires del levantamiento de Madrid contra los franceses el 2 de mayo de 1808.

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Una vez terminado el palacio del Buen Retiro, el extremo occidental del eje ceremonial era la iglesia de Nuestra Señora de la Almudena, vista aquí a la derecha del Alcázar. En primer plano se encuentra el puente de Segovia, que llevaba el tráfico hacia la plaza de la Puerta Cerrada, la calle de Toledo y la Plaza Mayor. El cuadro se orienta visualmente hacia el palacio y la ciudad, mientras que se presta poca atención a los espacios verdes, aparte de los lavaderos del río. A fines del siglo XVIII, esta orientación se altera y las zonas abiertas se convierten en importantes paseos, modificando la geografía social de la ciudad.

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La Plaza Mayor podía adecuarse a muchas funciones con la finalidad de reforzar el orden social. En esta estampa, la plaza ha sido esmeradamente preparada para un juicio inquisitorial. Entre otros detalles, podemos observar el lugar de observación del rey y la reina, varios grandes del reino, las jaulas para los criminales que están siendo sentenciados y efigies de cartón de personas condenadas, muertas o ausentes

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La calle de Alcalá era la entrada ceremonial de la ciudad. Este dibujo muestra la Real Aduana (actualmente Hacienda) y la adyacente Real Academia de San Fernando de Bellas Artes, presidiendo una escena un tanto apagada, casi provinciana.

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Carlos III hizo su entrada oficial en Madrid en 1759. En la presente imagen podemos contemplar el elegante templo circular construido en torno a la fuente de la Mariblanca como parte de la decoración, así como un escuadrón de guardias de corps que anuncia la inminente llegada del nuevo monarca.

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Por las calles transitaban hombres y mujeres que vendían pequeñas cantidades de una inmensa variedad de artículos. Las cantidades eran pequeñas porque pocas personas podían permitirse comprar otra cosa que porciones diminutas de productos como uvas, ciruelas y peras. Aquí vemos también al vendedor ambulante que ofrece santos y altares en miniatura para los hogares pobres pero devotos.

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Esta escena en el entonces nuevo paseo de las Delicias ilustra el traslado de la vida social desde el centro de la ciudad a los paseos circundantes. Ramón Bayeu retrata aquí a algunos de esos burgueses y militares de nivel medio que, con sus familias, formaban parte de la continua afluencia de inmigrantes a todos los niveles de la sociedad.

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Aunque en muchos sentidos Madrid no era una ciudad integrada, la aristocracia y las familias financieras y burocráticas más acaudaladas la utilizaban para integrar sus redes familiares y de influencia. El baile de máscaras del Coliseo (representado aquí por Luis Paret) constituía algo más que una fiesta. Era un escenario lujoso donde la gente establecía contactos clientelistas y matrimoniales, y donde todo el mundo podía ver —y pagaba para ver— quién prestaba.

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Este cuadro anónimo de la romería de San Isidro de la primera mitad del siglo XIX ofrece una imagen más romántica que la del cuadro de Goya sobre la misma escena. Muestra también la diversidad de personas que componían la población de la ciudad, desde la familia próspera que toma la merienda en la parte inferior izquierda del cuadro, hasta los mendigos y vendedores ambulantes que hay entre la multitud que ocupa la plaza ante la iglesia.

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La proclamación oficial de Fernando VII en la Plaza Mayor el 24 de agosto de 1808 representa la entrada de España en la era contemporánea. España estaba perdiendo su imperio, la Corona había perdido su aura religiosa y Madrid perdía gran parte de su grandeza. En el fondo de este cuadro, dieciocho años después del fuego de 1790, se ve que la reconstrucción de la Plaza Mayor no está en modo alguno terminada. Su reconstrucción, y la regeneración de Madrid, no estaría completa hasta mediados del siglo XIX y, en algunos aspectos, todavía después.

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Esta Cibeles, grabada mirando al sur por David Roberts, marcará con su carro el límite oriental de la ciudad durante toda la primera mitad del siglo XIX. Carrozas dispuestas a iniciar el paseo ritual por el Prado, ociosos recostados en el suelo, mirones, lacayos y paseantes son como la quintaesencia de la ciudad nobiliaria y conventual de la que desesperaba Larra.

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Cerrada en su cerca, apelmazada, e incapaz de colmatar los espacios abiertos por Bonaparte, sin fuerza para extenderse por los paseos trazados en tiempos de Carlos III, Madrid, como lo verá casi un siglo después Manuel Azaña, no pasaba de ser en 1830 un poblachón mal construido, tendido perezosamente en medio de una árida escena: Gil de Palacios dejó con su modelo topográfico, aquí fotografiado, la irrefutable prueba de tal diagnóstico.

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El convento de Santa Teresa resistió en pie hasta la revolución de 1868, pero su mole es buen ejemplo de otros muchos conventos e iglesias desamortizados y derruidos en los años treinta. Excepto algunos nostálgicos, nadie lamentó su pérdida, que todos tenían como condición y signo de progreso: de los 131 sitios anotados en el plano geométrico de Madrid de 1800, 115 eran iglesias, conventos o capillas.

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Si se compara la litografía que Guesdon realizó en 1854 con la maqueta de Gil de Palacios, se apreciarán las primeras muestras de un Madrid financiero e industrial que emerge sobre los terrenos del antiguo convento de Agustinos: el palacio del marqués de Salamanca y el gran taller de coches de Recoletos, símbolos de un nuevo tiempo que tardará décadas en afirmarse.

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A pesar de que la fama de gran alcalde se la ha llevado Carlos III, fue en el reinado de Isabel II cuando Madrid comenzó a salir de un secular abandono. Se levantaron varios edificios públicos como el Congreso de los Diputados, el Teatro Real, la Universidad, ministerios, hospitales; llegó por fin el agua, se ensanchó la ciudad y se abrieron varias calles y plazas, entre ellas la Puerta del Sol. Charles Clifford captó en 1853 esta panorámica de la Carrera de San Jerónimo, eje del nuevo Madrid que aspiraba a convertirse en capital política de la monarquía.

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Presas, sifones, acueductos, depósitos: las obras para la traída a la Villa de las aguas del Lozoya fueron las de mayor envergadura emprendidas en Madrid durante el reinado de Isabel II. Comenzadas en 1851, tropezaron bien pronto con las habituales dificultades financieras hasta que se paralizaron a comienzos de 1854, provocando un incremento del paro que se tradujo en un creciente malestar social. Las Cortes Constituyentes de 1855 aprobaron la emisión de deuda por 65.000.000 de reales que permitieron continuar los trabajos hasta su finalización en 1858. Madrid, a partir de ese momento, podía pensar en su ensanche.

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Éste es el célebre proyecto de Carlos María de Castro para el ensanche de Madrid. Calificado muy agriamente por Fernández de los Ríos, tal vez sea la de Antonio Bonet la opinión más matizada: «Aunque carente de una verdadera articulación con el viejo núcleo, el ensanche supuso un avance en el concepto de nueva ciudad. Muy lento en llevarse a cabo, no pasó durante muchos años de ser una propuesta virtual en la que ni los propietarios del terreno ni el Ayuntamiento pusieron gran empeño en llevar adelante. Empero, fue gracias al proyecto de Castro que Madrid adquirió una fisonomía de ciudad europea y moderna [...] Sin los barrios de Salamanca, Retiro, Chamberí y Arguelles apenas se comprendería el Madrid actual».

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Para elevar a Madrid al rango de la capital soñada era preciso dotarla de edificios que le permitieran cumplir las diferentes funciones de centro político, económico, de comunicaciones...

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... ministerios y mercados son otras tantas muestras de un equipamiento hasta entonces ausente de la capital y que ahora se levanta con la evidente mezcla de estilos arquitectónicos y técnicas constructivas que muestran esta ilustración y la anterior.

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Mientras se abría en el corazón de Madrid su Gran Vía, en el extrarradio crecían sin mayor orden ni concierto los nuevos barrios obreros que tienen en Cuatro Caminos su mejor ejemplo: una vía larga, antigua carretera, que ve extenderse a partir de una espaciosa plaza edificaciones de una o dos plantas. Ése es también un nuevo Madrid que crecerá sin freno a partir de 1910.

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Pegadas a las chimeneas de las nuevas fábricas, los jornaleros recién emigrados no encontrarán mejor vivienda que míseras chozas, como éstas del barrio de las Peñuelas, fotografiadas en 1917. Desde principios de siglo, la ciudad comenzó a rodearse de un cinturón de miseria que acabará por cerrarse en los años sesenta.

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En España, el impulso final hacia la democracia procedió de la coalición de un amplio sector de la clase obrera y de las clases medias urbanas, que tuvo su más poderosa expresión en las manifestaciones populares que acompañaron —y provocaron— la caída de la monarquía y la proclamación de la República. En Madrid, la fuerza de las cosas exigía que la manifestación se celebrase en la Puerta del Sol, hacia donde dirigió sus pasos una variada mezcla de su renacido pueblo.

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El último tramo de la Gran Vía avanza en los años treinta hasta la Plaza de España. De 1931 es el proyecto del edificio Carrión, primer hotel por apartamentos de Madrid, dotado además de una sala de cine, cafetería y oficinas. El expresionismo de su fachada ha quedado con el tiempo amortiguado por los anuncios publicitarios que cargan sus terrazas y ocultan ignominiosamente su torreón.

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«Resistí cuantos requerimientos se me hicieron para visitar el patio donde el sol de Madrid calentaba, descomponiéndolos, los cadáveres de los vencidos [...] Si digo que en Madrid ejecutaron a muchas personas, no me atraeré el odio de nadie, ni confesaré nada que no se sepa», escribe también Julián Zugazagoitia, que atribuyó a la «infección anarquista» de Madrid la imposición de una «justicia de guerra a los oficiales vencidos».

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La voluntad de recuperar la ciudad perdida, con la llegada de los primeros ayuntamientos democráticos, se ha plasmado en los diferentes proyectos de rehabilitación de algunas zonas deprimidas del interior, de los que la Plaza de la Paja es uno de los más logrados ejemplos.

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Este escudo de Madrid conservado en la fachada de la Casa del Pastor, en la calle de Segovia, es posiblemente el más antiguo de los que han llegado a nuestros días. Se aprecian los motivos del oso, animal muy abundante en el monte de El Pardo, y del madroño, árbol característico de estas tierras.

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Felipe II (1527-1598), aquí representado todavía como príncipe de las Españas, resultó un monarca decisivo para Madrid, puesto que fue suya la decisión de convertir la Villa en capital. Esta elección es aún hoy causa de polémica y requiere examinar a fondo los siglos previos a este acontecimiento para rastrear las motivaciones del Rey Prudente.

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Al pie de la catedral de la Almudena se conserva uno de los testimonios más significativos del Madrid islámico: 118 metros de muralla. Las excavaciones efectuadas en dicha zona han permitido profundizar en el conocimiento de este periodo inicial de la futura capital de España.

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Tras la conquista cristiana de Madrid, existen testimonios de la permanencia de una población musulmana en la ciudad, como la torre de la parroquia de San Pedro, debida a alarifes mudéjares.

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La torre de San Nicolás, junto con la de San Pedro, constituyen los dos únicos testimonios de las muchas iglesias que se construyeron en la época medieval, a partir de la conquista cristiana. Ambas coinciden además en su factura mudéjar

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En los jardines de la Escuela de Arquitectura, se conserva una magnífica portada gótica, resto de lo que fue el Hospital de la Latina, que ocupaba el solar donde se encuentra actualmente el teatro del mismo nombre. Beatriz Galindo, consejera de Isabel la Católica, fue quien hizo erigir esta institución con el propósito de retirarse a ella en su viudedad. El nombre por el que era conocida esta notable humanista, la Latina, pasó a designar hasta la actualidad el barrio circundante a sus fundaciones.

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Escudo perteneciente a los Vargas, uno de los linajes que ven crecer su poder durante la Baja Edad Media y al que pertenecieron muchos de los regidores de la Villa.

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En la Plaza de la Villa —antes llamada del Salvador por la iglesia en cuyo pórtico se reunía el concejo— se hallan la casa de Cisneros y la de los Lujanes con su torre. La factura original de estos edificios —gótica tardía del primero y renacentista del segundo— ha sufrido varias transformaciones.

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Ruedas y anagramas de los privilegios reales concedidos a Madrid por los monarcas Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI.

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La representación en las Cortes fue también monopolizada por el patriciado urbano, que apetecía tanto la remuneración económica del cargo, como las oportunidades de acceder a puestos influyentes, privilegios y prebendas. Una convocatoria tras otra, se repetían los mismos apellidos entre los representantes madrileños: los Luján, Herrera, Vargas, Zapata, Lasso, etc.

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Esta inscripción conservada en la casa de los Vargas da fe de que San Isidro Labrador trabajó «como criado» de dicha familia, es decir, cultivó las tierras de un miembro de la oligarquía madrileña a cambio del pago de una renta estipulada. Posiblemente, la situación del santo era la más habitual entre el campesinado de la época, desvelando además uno de los rasgos fundamentales del Madrid medieval: el predominio de lo rural, pese al estatus urbano que poseía la Villa.

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La actual iglesia y claustro de San Jerónimo el Real constituyen una pequeña parte de lo que fue en su día una gran explotación monástica, exponente de un sector privilegiado diferenciado de la oligarquía local. A diferencia de otras explotaciones, en las monásticas existía la costumbre de conservar una parcela cercana al monasterio para el cultivo directo por parte de legas o legos y criadas o criados, dedicándose su producción enteramente al consumo interno.

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Puerta de la iglesia del antiguo monasterio de los Jerónimos, construido según las trazas del llamado gótico Isabel. Dicha iglesia fue modificada en el siglo XIX. La relación de un fiel con un monasterio era algo voluntario y libre, por lo que los monjes tenían que volcar sus esfuerzos en procurar ganarse estas fidelidades, práctica que fue intensificándose en los últimos siglos medievales, como ilustra el pulso de los jerónimos por acceder a una mayor presencia ciudadana, con el traslado de su sede. A finales del Medievo, los jerónimos, junto con los dominicos, acaparaban las preferencias tanto de los fieles como de la religiosidad oficial.

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La antigua Plaza del Salvador, hoy Plaza de la Villa, ha mantenido su función institucional a lo largo de la historia: desde ser la sede del concejo medieval, hasta albergar el Ayuntamiento de Madrid, además de otras diversas instancias administrativas.

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En torno al reinado de Carlos V se produjeron algunas de las muestras más destacadas de la participación madrileña en los asuntos políticos del reino. En primer lugar, el cardenal Cisneros eligió la Villa como residencia oficial durante su regencia, anterior a la llegada del monarca a España, en 1517. Asimismo, irá creciendo la influencia de la Villa, cuyo casco urbano será sometido a algunas mejoras. Se estaba preparando el terreno para el designamiento de la ciudad, en 1561, como sede de la Corte.

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La denominada casa de Cisneros obtuvo ese nombre por pertenecer a un sobrino del cardenal. Se conservan algunos rasgos renacentistas en el edificio actual, como la puerta y ventana que aparecen en la fotografía, si bien fue muy modificado en tiempos posteriores.