Palabras inanes

Siete años para esto

Capitanes en retirada

De sabotaje a sedición

Una lección de política

Las armas, por favor

Tanta euforia

El político y el jurista

Después del 23-F: tres estampas

¡Viva la regeneración!

Un presidente interino

Una nueva situación

Desalmado capital

Fracaso de Espriu, camino a la independencia

Parados y en la calle, indefinidamente

Ni primarias, ni congreso

Una desgracia de diccionario

Bildu en el poder

El candidato, su discurso y su partido

Triste reforma

Rendir la escuela pública

La gran rapiña

Palabras inanes

07/11/2010

Es posible que el líder del Partido Popular no haya pasado una buena semana; es posible que algunos de sus correligionarios hayan torcido el gesto a modo de reproche por haber soltado por vez primera la lengua para exponer sus planes de futuro, su programa. Pero, hombre, con lo bien que iba todo, ¿para qué hablas? le habrán dicho los más íntimos. Si las cosas marchan por sí solas, si las expectativas de voto se han agigantado hasta superar la barrera que asegura una mayoría absoluta, ¿por qué no dejar que el curso del tiempo culmine su labor? ¿Por qué, para qué hablar?

Preguntas pertinentes, sobre todo cuando no se tiene nada que decir. Es evidente que la izquierda está aplicando, para hacer frente a la crisis económica, las mismas recetas que aplicaría la derecha en el caso de que disfrutara del poder. Cuando el presidente del Gobierno regresó de su noche triste, puso en marcha las políticas que, años antes, habían agitado los socialistas en las campañas electorales para infundir el miedo al retorno de la derecha. Cuidado, nos decían, estos vienen a congelar pensiones, bajar salarios, abaratar despidos, incrementar los impuestos indirectos, reducir el gasto social. Otro presidente quizá se habría sentido en la necesidad de explicar las razones de esa política, no simplemente de echar la culpa a poderes extranjeros; otro quizá hubiera apuntado también al fraude fiscal y a exigir algo a los poderes financieros, pero, en fin, eso fue todo lo que hubo: palabras inanes, destinadas a ahondar la desconfianza y extender el desánimo.

Con la puesta en marcha de aquellas políticas, los caladeros de voto socialista comenzaron a vaciarse a una impresionante velocidad. Nos habíamos acostumbrado a no esperar tampoco nada de la oposición, excepto que, de alcanzar el poder, haría lo mismo, solo que más a lo bestia, con aquella prepotencia que da el hecho de que otros ya han realizado el trabajo sucio y que la corrupción acumulada no pasa factura. El silencio era, pues, una opción plausible y desde el punto de vista de las expectativas electorales, una inversión rentable. A él se atenía el líder del PP, echando mano al repertorio del sentido común que dice que en boca cerrada no entran moscas.

Así estaban las cosas cuando se decidió a soltar la lengua para anunciar con insólita largueza sus planes de futuro. Primer punto, priorizar, como Cameron; segundo, ayudar a quienes pueden generar riqueza; tercero, generar confianza; cuarto, ayudar a quienes pueden crear empleo; quinto, generar confianza bis; sexto, ayudar a quienes pueden... Si no se entiende mal: ayudar a los empresarios a que generen riqueza con el propósito de generar confianza, como Cameron. Lo curioso de tanta generación de bienes materiales y de valores inmateriales es que, por arte de birlibirloque, se logrará al mismo tiempo que se reduce el déficit.

De todo lo cual resulta que las palabras del PP son tan inanes como las pronunciadas por el Gobierno antes de adoptar el programa que tiene ahora. También el Gobierno en los meses anteriores a la noche triste decía que había que generar confianza, y riqueza, y empleo. Más aún, ¡que ya lo estábamos generando! Luego cayó la noche, se esfumó el empleo y la riqueza y, con ellos, se perdió a chorros la confianza. Y comenzaron a aplicarse las medidas de reducción salarial, congelación de pensiones y demás. Y ahora viene el líder de la oposición con idéntica cantinela de generar confianza, empleo y riqueza, pero eso sí, sin tocar las pensiones, no en vano uno de cada cuatro electores es pensionista.

El Gobierno ha caído en la cuenta de que, para remontar el vuelo, es preciso reconstruir un discurso creíble y a ello se aplica con resultados que ya se verán. Al cabo, en política, la palabra solo vale como constructora y transmisora del sentido de la acción: el storytelling será muy posmoderno, pero se reduce a viejo cuento chino cuando no se refiere a una acción tangible y, aunque los posmodernos no se lo crean, la maciza realidad siempre acaba pesando más que la vacua palabrería. La oposición, por su parte, ya que se ha decidido a hablar sin saber qué historia contar, tendrá que afinar algo más antes de responder a la pregunta: y ustedes ¿qué van a hacer? con el latiguillo: pues vamos a generar riqueza, que genera empleo, que genera confianza. Porque eso, a los pensionistas, nos suena como aquella canción de nuestra lejana juventud: Parole, parole, parole, con Mina y Cameron en los papeles estelares.

Siete años para esto

21/11/2010

Después de siete años, iniciados con la solemne firma de un pacto entre grandes expectativas de cambio y de progreso, ninguno de los partidos que ha gobernado en Cataluña se encuentra en condiciones de defender no ya la continuidad de la fórmula que sostenía el pacto -el tripartito-, sino tampoco la obra realizada -triturada entre las ruedas de un Estatuto aborrecido por todo el mundo- ni el sustrato ideológico que le dio vida -lo que el presidente Montilla llamó catalanismo de izquierda. La coalición de los tres partidos de la izquierda catalana ha iniciado su mutis como si todos sus miembros estuvieran hartos de haberse conocido, con la única perspectiva de contener los daños que se ciernen sobre cada uno de ellos.

A medida que la fórmula de gobierno entraba en barrena, el grado de insatisfacción política de los ciudadanos catalanes, según los índices elaborados por la misma Generalitat, subía a magnitudes astronómicas. De un reparto por mitad entre satisfechos e insatisfechos en los últimos meses de 2006, las tijeras se han abierto hasta proporciones impensables: a finales de 2009, los insatisfechos rozaban el 90% del total. El presidente de la Generalitat habló entonces del desapego de Cataluña: más que un encabronamiento que sirviera de estímulo para alentar otras opciones, los catalanes parecían cansados de política y tan hartos de los políticos como lo estaban, unos de otros, los miembros del tripartito.

Tiempo habrá para un análisis más detenido de esta experiencia fallida. De momento, lo que parece causa de desafección, aparte del tiempo y las energías derrochadas para el mediocre resultado final del Estatuto, es la fórmula misma de la coalición gobernante, como si se repitiera una especie de fátum de las izquierdas: su incapacidad para gobernar en coalición más allá del ámbito municipal. Porque más que un gobierno compacto, unido en torno a un presidente con poder y autoridad, el tripartito ha logrado transmitir la imagen de que cada cual iba a su bola, sin sentirse vinculado a objetivos comunes. Más que un gobierno, han sido tres gobiernos diferentes administrando para sus fines cada una de las áreas respectivas, con la virguería, que a ellos habrá parecido muy lucida, de los dirigentes de Esquerra nadando en el poder al tiempo que guardaban la ropa en la oposición: lo mejor de ambos mundos sin pagar precio en ninguno.

Tal vez por eso, las tres formaciones de la izquierda abandonan el poder sin ánimo de volver y sin expectativas de mejorar sus resultados, todo lo contrario: mientras más responsabilidades desempeñaron en el gobierno, mayor se vislumbra la pérdida que se avecina. El problema, no ya para la izquierda sino para el conjunto del sistema de partidos es que el alto grado de insatisfacción ciudadana no permite apostar por una alternativa clara. La natural, la de CiU, está hoy lejos de suscitar una corriente de entusiasmo que la devuelva a los años de su dorada hegemonía, cuando obtuvo en las convocatorias de 1984 a 1992 la mayoría absoluta. A distancia todavía de ella en las encuestas, deberá además afrontar la competencia de nuevas formaciones políticas, netamente soberanistas, que pretenden alterar el sistema de partidos consolidado desde 1980.

De modo que todo va a depender de la afluencia de electores insatisfechos a las urnas. Si una sustancial proporción de habituales votantes socialistas optara por quedarse en casa y si la participación apenas superase la mitad del censo electoral, el sistema de partidos de Cataluña experimentará quizá una profunda mutación, con un fuerte descenso del PSC, un probable estancamiento del PP, la presencia testimonial de Ciutadans y con CiU sin mayoría absoluta. Es la situación ideal para alimentar tendencias centrífugas, de las que serían los más beneficiados los nuevos grupos independentistas que nada tienen que perder y mucho que ganar al recoger en un discurso populista buena parte de la insatisfacción que reflejan las encuestas.

Llegados a este punto, estará por ver qué ocurre con los dos partidos que durante estos 30 años han garantizado el equilibro del sistema y a los que espera una segunda vuelta en las municipales: si la presencia de nuevos competidores por el lado nacionalista puede alimentar en CiU las retóricas de independencia, en el PSC la administración de la derrota puede inaugurar un periodo de tensión entre las dos almas que han dado vida a este partido, uno de los más notables inventos de la transición. Habrán sido entonces siete años para hacer un pan como unas tortas.

Capitanes en retirada

05/12/2010

Fue, en los primeros pasos de la transición, un axioma indiscutible: el PSOE, junto con la UGT, o sea, el socialismo español, había cosechado desde su fundación un fracaso, calificado aquí mismo por Josep Benet como histórico, en Cataluña y ese, al parecer, sería de nuevo su destino. En los últimos meses de 1976, la Federación Catalana del PSOE representaba poca cosa si se comparaba con la pujanza de los comunistas del PSUC y de Comisiones, o con el arraigo de los socialistas de Convergència Socialista y hasta de los socialdemócratas del Reagrupement, procedentes ambos del mismo tronco, el MSC. El futuro del socialismo español parecía inscrito en su pasado: un partido marginal en Cataluña.

En solo unas semanas, sin embargo, los hechos se encargaron de arruinar las previsiones. La inteligente estrategia puesta en marcha, desde Barcelona, por Convergència Socialista, convertida en PSC-Congrés, y desde Madrid, por el refundado PSOE (Joan Reventós pactando con Felipe González) culminó en una coalición electoral con la desaparición de las respectivas siglas tras un nuevo rótulo, Socialistas de Cataluña, que consiguió llegar en cabeza en las primeras elecciones generales, 10 puntos por delante del PSUC y a gran distancia de las coaliciones nacionalistas de centro y de izquierda. El profetizado fracaso se convirtió en un triunfo en toda regla, que sirvió de base a la unificación orgánica del resto de grupos del socialismo catalán bajo la etiqueta PSC-PSOE.

¿Ha sonado el fin de esa historia? En realidad, hace años que los otrora Socialistas de Cataluña no son, o no se presentan, como PSC-PSOE sino como PSC a secas. Los electores catalanes han seguido otorgándoles su confianza mayoritaria en elecciones generales y en Ayuntamientos de grandes ciudades, pero se la han negado con la misma consistencia en las autonómicas. Incluso cuando obtuvo en 2003 su mejor resultado, unas décimas por delante de CiU en votos, el PSC quedó cuatro escaños por detrás, lo que no fue óbice para formar por vez primera gobierno, bajo la presidencia de Pasqual Maragall, responsable del gran giro estratégico de los socialistas de Cataluña: su coalición con Esquerra Republicana, muy crecida también en esas elecciones.

El salto desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona al de la Generalitat de Cataluña, sin un claro mandato de los electores, sustituido por la pértiga de Esquerra, se ha saldado con una estrepitosa derrota, anunciada ya en las elecciones de 2006, con la pérdida de casi un cuarto de millón de votos, y consumada el pasado domingo cuando el PSC ha retenido tan solo la mitad de los votos de 2003. Y si el primer tripartito se llevó por delante a un líder histórico del socialismo catalán, el segundo se ha cobrado la pieza mayor del grupo de sus capitanes: José Montilla ha decidido no ocupar su escaño y no presentarse a la reelección como primer secretario de su partido.

Dos presidentes de la Generalitat en solo siete años es un precio muy alto para una experiencia de poder finalmente fallida. ¿Es todo el precio que los socialistas de Cataluña habrán de pagar por una estrategia para la que no contaban con un nítido mandato de los electores ni con un socio muy de fiar? Es lo que se verá tras las próximas, demasiado próximas, elecciones municipales, último bastión de estos capitanes en retirada. Pues no han sido únicamente factores internos, errores estratégicos, disparidad de metas de los partidos coligados, los responsables de esta situación. En este sentido, suena como un sarcasmo que el errático Gobierno de Rodríguez Zapatero culpe de erráticos a los socialistas catalanes: en las sucesivas caídas de Maragall y Montilla algo, y aún mucho, han tenido que ver los bandazos en la política catalana del presidente del Gobierno.

Pero esta obvia constatación no sirve de lenitivo, y, menos aún, de remedio, para la derrota. Porque lo que demuestran las elecciones del pasado domingo es que los aparatos municipales de poder, construidos y manejados con solvencia por el PSC durante tres décadas, no son suficientes para alcanzar el gobierno y mantenerse en él; que para eso se necesita algo más: un proyecto político propio, compartido y sostenido por un amplio sector de la población. El PSC-PSOE lo tenía, allá por los años ochenta; lo perdió en alguna esquina del salón del Tinell. Y si no lo recupera o reconstruye, y no queda mucho tiempo, puede pagarlo no ya con la salida de la Generalitat, sino con la expulsión de los Ayuntamientos.

De sabotaje a sedición

19/12/2010

En nuestro léxico político falta algún concepto que defina la acción colectiva emprendida por los controladores aéreos en la tarde del pasado día 3: el abandono del puesto de trabajo por un sindicato, a una hora fijada de antemano y sin previo aviso. Por eso, se ha definido como huelga salvaje, pero las huelgas salvajes son explosiones de rabia al margen de, o contra los dirigentes sindicales y sin objetivo preciso y en este caso no hubo nada de explosión y sí mucho de premeditación y de obediencia a los líderes del sindicato.

Esta dificultad para definir lo ocurrido en términos políticos viene de lejos: el sindicato de controladores se ha especializado en utilizar de forma gratuita un viejo procedimiento de presión sin necesidad de recurrir a las figuras típicas de la confrontación laboral o política. Confiados en su ilimitado poder, no han necesitado declarar nunca una huelga ni organizar protestas; les ha bastado con recurrir al sabotaje, o sea, a una obstrucción disimulada del tráfico aéreo o a blandir su amenaza. El monopolio de oferta y la amenaza y la práctica del sabotaje han sido sus armas preferidas en los tratos con su empresa y con los gobiernos.

De ahí que hasta fechas recientes ningún gobierno se haya atrevido a poner un límite razonable a los privilegios en jornada laboral, retribuciones, descansos, jubilaciones, acumulados por los miembros de este sindicato por métodos que recuerdan las prácticas mafiosas. Pero de ahí también que cuando por vez primera un gobierno intenta, no ya poner un límite, sino recortar privilegios, los controladores -acostumbrados a no pagar nada por sus sabotajes: bajas injustificadas, brazos caídos, trastornos en el tráfico aéreo- decidieran que había sonado la hora de informar al gobierno de lo que su sindicato era capaz. Y ni cortos ni perezosos abandonaron sus puestos de trabajo, cerrando el espacio aéreo del Estado español.

Es claro que esta manifestación de poder sindical no es sólo una acción dirigida contra una empresa, ni siquiera contra un gobierno, o contra millones de ciudadanos; es una agresión al Estado. El abandono de sus puestos de trabajo -retribuidos en algún caso con la astronómica cifra de un millón de euros- adquiere así las notas propias del motín y hasta de la sedición, aunque no se haya visto acompañado de violencia ni haya dado lugar a movilización de multitudes en la calle: ellos aborrecen a la multitud y no necesitan poner bombas para demostrar hasta dónde llega su poder.

La acción colectiva del 3 de diciembre fue la respuesta fuera de la ley de un sindicato habituado a actuar fuera de la ley y que, por una discrepancia sobre el cómputo de horas trabajadas, decidió pasar del sabotaje a la sedición. Y porque con su acción habían atentado contra el Estado, era el Estado el que debía responder haciendo uso de todos los medios que la Constitución y las leyes ponen a su alcance. Estado quiere decir no solo gobierno, sino el conjunto del sistema político y, notoriamente, el Parlamento: no puede ser que un sindicato organice y ejecute, sin pagar ningún precio, una acción colectiva como la sufrida por el Estado español en la tarde del 3 de diciembre.

Lo cual implica a la oposición, que ha perdido de nuevo una ocasión de oro para mostrar su capacidad como alternativa de gobierno. La primera respuesta de su líder fue una broma de pésimo gusto: yo no sé nada de lo que ha ocurrido, se excusó, cuando lo que había ocurrido lo sabían hasta los niños de pecho, plantados en los aeropuertos. Y luego, cuando despertó de la inopia y se enteró de qué iba aquello, su principal objetivo no fue el sindicato, ante el que su gobierno hincó sus rodillas firmando el convenio de 1999, sino el gobierno actual, que recurría a medidas excepcionales para obligar a los controladores a volver a sus puestos de trabajo. Ante un atentado contra el Estado, la oposición solo vio la rentabilidad que podría obtener contra el gobierno: una invitación a los dirigentes sindicales para que persistieran en su actitud sediciosa.

Y es esta actitud la que había que atajar de manera quirúrgica. Sin duda, la manera plantea problemas, y la oposición está para discutirlos; pero el desafío era de tal magnitud que exigía aquella misma tarde una respuesta unánime que mostrara a ese sedicente y sedicioso sindicato todo el poder del Estado. Mofándose del gobierno, primero, y luego lavándose las manos, los portavoces del PP han confirmado su ineptitud para hacer frente a unos controladores que nos salen ahora con un papelito pidiendo árnica. ¿Habráse visto mayor desfachatez?

Una lección de política

02/01/2011

Como no todo en la política ha de ser causa de desaliento y cinismo, los dos partidos que han protagonizado el cambio de gobierno en Catalunya acaban de impartir una lección sobre como es preciso hacer las cosas para que renazca entre una ciudadanía desmoralizada por la mezcla de crisis económica y desorientación política, si no la euforia, al menos ciertas expectativas de futuro. En esta lección, ha correspondido un papel principal a los dos presidentes de la Generalitat, el saliente y el entrante, que han estado no ya a la altura, sino por encima de las difíciles circunstancias con las que han tenido que bregar: José Montilla, negociando el acuerdo de investidura; Artur Mas, formando su primer Gobierno.

No era fácil para el PSC, ni podía darse por descontado, mostrar ahora una coherencia y un sentido de la realidad que le llevara a asumir su nueva posición en la política catalana sin perder la cara ni el rumbo en el empeño. Más bien podía temerse que la magnitud de la derrota y, sobre todo, la sensación de que había dado suficientes motivos para merecerla, actuara desde el primer momento como un factor de división y de huida a los extremos. No ha sido así, por fortuna. Montilla, que no pudo liderar con autoridad y firmeza el tripartito, ha sabido alcanzar un acuerdo de investidura que se acerca mucho, en sus términos generales, a un razonable programa de Gobierno. Del resultado de las próximas elecciones municipales dependerá, en último término, que el papel que el PSC ha desempeñado en estos días sirva como punto de partida de una recuperación. Pero la sensación de normalidad y de responsabilidad, de saber estar, en definitiva, que ha transmitido el presidente en funciones, José Montilla, a lo largo de estas jornadas indican que esa recuperación es posible.

Naturalmente, en el cambio de Gobierno y la apertura de una nueva etapa en la política catalana, el papel de único protagonista ha correspondido al presidente investido, Artur Mas, que ha tenido buen cuidado en dejar claras algunas señas de su identidad: no es un salvador, no es un resistente, tampoco un liberador; es, o quiere ser, por el contrario, un paciente constructor, que reconoce lo bien que le han venido estos años de espera, no para volver, sino para llegar adonde ya había estado. No ha habido en sus discursos ni una sola concesión a la demagogia populista, a la que tan proclives son los nacionalistas, sino una percepción del tiempo en la que se cuentan los gobiernos por años, los estados por siglos, los pueblos y las naciones por milenios. La discutible metáfora constructivista de la nación se matiza por el énfasis en lo que Fernand Braudel llamaba la larga duración.

Siete años batallando en la oposición han permitido a Artur Mas llegar a la presidencia de la Generalitat cargado de experiencias y abierto de perspectivas. Ya no es el heredero de Jordi Pujol, ni ha de conducirse como tal: las elecciones las ha ganado él más por lo que ha sido en estos años de oposición que por lo que recordaran los electores de sus años de Gobierno. De ahí que se haya sentido con las manos libres para invitar a quienes mejor le ha parecido a ocupar las diferentes carteras de su gobierno. Afortunadamente, no parece que a Artur Mas le haya importado mucho la foto del día siguiente. Tampoco las cuotas, ni -lo que es más importante- los equilibrios entre sectores, facciones o sensibilidades de su coalición. Si acaso, el único equilibrio de este Gobierno se da entre consejeros que proceden de la política y consejeros que vienen de desempeñar importantes cargos en los mundos de la economía, la industria, la agricultura, el derecho, la sanidad o la educación.

Lo cual añade a este Gobierno, aparte de la contrastada solvencia de sus consejeros, otra nota digna de destacarse: si no es mera continuación del pasado ni se siente atado a sus servidumbres tampoco se sentirá tentado por hacer tabla rasa de ese pasado y alardear de que va a partir de cero: no suele ocurrir con gentes experimentadas en la gestión de realidades complejas, poco dadas a ejercer de aprendices de brujo.

Cumplida ya por la mayoría de ellos la cincuentena, procedentes de una generación que despertó a la conciencia política cuando la democracia daba sus primeros pasos, han alcanzado una madurez de la que se puede esperar ese equilibrio entre continuidad e innovación que tanto hemos echado de menos en los últimos Gobiernos del Estado.

Las armas, por favor

16/01/2011

Hace año y medio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al rechazar un recurso presentado por Batasuna contra el Estado español, argumentó que los actos de los demandantes debían analizarse como parte de una estrategia para llevar a término su proyecto político: completar y sostener políticamente la acción de una organización terrorista para alcanzar fines que consisten en perturbar el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública. Transcurrido año y medio de aquel fallo, una conclusión se impone: los dirigentes de la ilegalizada Batasuna no han hecho nada para demostrar que no forman parte de ese proyecto político.

En política, hacer y no hacer son siempre las dos caras de una estrategia y elaborar una estrategia es siempre optar por una acción entre varias posibles. Cuando todas las opciones se reducen a una, ya no hay opción, no hay política, hay guerra que, al final, es política por otros medios: exterminar al adversario, convertido en enemigo, con la meta de conquistar todo el poder. Mantener el lenguaje de guerra, como hace ETA cada vez que propone un “alto el fuego”, quiere decir que su estrategia no ha cambiado, que hasta el día de hoy lo único que cambia son sus movimientos tácticos.

La táctica actual, la que la lleva a proclamar el alto el fuego -sin adjetivos, porque ya sabemos por experiencia lo que quiere decir permanente para ETA: permanente mientras sirva a la táctica- consiste en poner término a la creciente debilidad de Batasuna, asfixiada por su exclusión de la legalidad -por sentencia del Tribunal Supremo, ratificada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- y del acceso a las instituciones públicas. No se trata solo de una cuestión de dinero, de que no cobran del Estado por sus concejales, alcaldes y demás. Esto cuenta, desde luego, pero no es lo que más importa. Lo que importa es que, en una democracia, no se puede hacer política solo desde la calle. Eso era posible y hasta obligado para la acción revolucionaria en Estados no democráticos: a Lenin le traían al pairo las elecciones. Pero no es posible en Estados democráticos, donde la “lucha de masas” exige a Batasuna, como acaba de decir Otegi, estar en “igualdad de condiciones con el resto de formaciones políticas”.

Bien, vale: hay que estar en igualdad de condiciones con el resto de las formaciones políticas. Esa es la primera regla del juego. Pues que empiecen, porque hasta ahora no lo han estado nunca. Batasuna es una organización política, sin duda; hoy ilegal, pero no por eso clandestina: sus dirigentes hablan por los codos, publican autoentrevistas cada semana y actúan a la luz del día. Pero es una organización política que forma parte de una estrategia en la que la presencia de una “organización armada” -como definen a ETA- ha sido y sigue siendo fundamental: no pueden vivir sin ella. Hacer política con las espaldas cubiertas por el permanente, general y verificable empleo o amenaza de bombas y pistolas introduce una pequeña diferencia con el resto de las formaciones políticas, ¿o no? Pues entonces, hasta que no acepten la igualdad de condiciones que reclaman, el único sitio desde el que podrán seguir haciendo política será el de la ilegalidad, que no es ni silencio ni clandestinidad: ser ilegal en democracia no comporta tantos inconvenientes como serlo en dictadura; tal vez algún engorro, el de disfrazarse de legales, pero poco más. Lo que ocurre es que siendo ilegal no se puede aspirar a hacer política desde las instituciones del Estado. Ese es el problema.

¿Puede volver Batasuna a la legalidad y ocupar concejalías, escaños y demás en las instituciones democráticas del Estado español? Pues claro que puede: en el momento en que lo decida. Es una cuestión de estrategia. Hasta hoy su estrategia consiste en formar parte de un proyecto que completa y sostiene políticamente a una organización terrorista, por repetirlo con las palabras del Tribunal Europeo. Desde hoy, cuando quiera, puede cambiar de estrategia y empezar a trabajar, en igualdad de condiciones con las otras formaciones políticas, por ese nuevo proyecto político que, en la senda de Aznar y de Carod, ha anunciado Otegi en su última autoentrevista desde la cárcel: una segunda transición.

Vamos a ello, las condiciones son propicias, las masas están listas, la comunidad internacional a partir un piñón, el Estado es débil y del Gobierno mejor no hablar. Todo incita a emprender por fin el gran proyecto de la segunda transición. Sólo que, no como la primera, con asesinatos a mansalva. Esta vez, por favor, depositen las armas a la entrada.

Tanta euforia

30/01/2011

Hay algo genuino, como salido de las entrañas, en esa euforia que se ha despertado en el Partido Popular y que ha estallado en su Convención Nacional -en realidad, un acto de propaganda electoral- celebrada hace unos días en Sevilla. Es como si no se llegaran a creer que después de toda la corrupción de los últimos años, sus expectativas electorales no solo no se han resentido, sino que se acrecientan y fortalecen a ojos vistas. Nada, ni que truene Aznar, ni que salude Camps, ni que se muestre en público el de Castellón, afecta en absoluto a la intención de voto de sus electores. Ya veis, vienen a decir: aquí estamos todos, sin movernos de nuestro sitio. ¡Y avanzamos!

El presidente del Partido, Mariano Rajoy, no sale de su asombro. Y con razón: esas mismas encuestas repiten una y otra vez que la mayoría de los que piensan votar al PP confían tanto en su líder como en el del PSOE, o sea, nada. En realidad, la ventaja en las encuestas no es resultado de una avalancha de nuevos votantes, sino del desistimiento de un considerable sector de la izquierda que no se imagina regalando otra vez su papeleta a Zapatero. La derecha, si todo transcurre como hasta ahora, retornará al poder más por ausencia o dejación de la izquierda que por sus propios méritos. Si no lo echan a perder, invitando a Aznar más de la cuenta, o sacando a pasear en exceso al señor de los trajes y al señor de los cohechos, al final resultará que la política de no decir nada, de no hacer nada, sino estar a verlas venir habrá sido la mejor ocurrencia que haya tenido nunca el líder del Partido Popular.

Es claro que si estas expectativas de triunfo se consolidan es porque los socialistas no están en condiciones de ofrecer un liderazgo económico y político que transmita confianza en su capacidad para encontrar el camino de salida de esta crisis de nunca acabar. La imaginativa solución puesta en práctica para taponar el derrumbe del presidente y de sus políticas -colocar a su lado a un primer ministro- puede haber dado aire a un moribundo, pero a costa de extender dudas y chismorreos sobre el secreto del futuro del mismo presidente y de su primer ministro, diversión ideal para tiempos de bonanza pero entretenimiento suicida para tiempos borrascosos. Dicen que el presidente es maestro en el arte de administrar los tiempos, los de bonanza y los de borrasca; él sabrá. Pero lo que está claro es que mientras deshoja la margarita, el Partido Popular, sin moverse de su sitio, no hace más que avanzar posiciones.

Por eso, la excitación del PP; y por eso también la pompa de jabón sobre la que cabalga. Como muestran los discursos pronunciados en Sevilla -sobre todo si se tiene la tonta ocurrencia de leerlos- el estado de euforia que viven los “populares” no obedece a que hayan dado con la fórmula para resolver la crisis; lo que celebran es más bien el triunfo de la pereza mental, del vacío de ideas, de la nada hecha discurso. Y esto, más que la vuelta de la derecha al poder, es lo preocupante. Porque lo que se cierne en el horizonte se parece mucho a una de aquellas situaciones que cuando éramos pequeños definíamos como una crisis económica que desemboca en una crisis política. No es solo que hayamos quedado exhaustos por el esfuerzo titánico de construir millones de viviendas que ahora no tenemos fuerzas ni recursos para ocupar. Es además una crisis política en sentido estricto: una pérdida de confianza en el sistema de partidos y en la clase política, pero también en los fundamentos de nuestra democracia y en las instituciones del Estado que hemos construido desde los lejanos tiempos de la transición.

Síntoma, y algo más, de esta rampante crisis política es que dos ex presidentes de gobierno, uno del Estado y otro de la Generalitat hayan coincidido en su denuncia del Estado que ellos mismos han gobernado durante años. Aznar, que ya había levantado la bandera de una segunda transición, proclama el fin del Estado de las autonomías, mientras Pujol plantea el futuro de Cataluña en términos de independencia o rendición. ¿Impaciencias de veteranos que no aceptan su jubilación y se revuelven contra el sistema que contribuyeron a crear? En todo caso, expresión desafortunada e irresponsable del deterioro de nuestras instituciones y de las corrientes de fondo que azuzadas por demagogos salen a la superficie aprovechando la ventana de oportunidad abierta por la crisis económica y contra las que nada valdrán palabras hueras y euforias de verbena.

El político y el jurista

13/02/2011

Uno habla en clave política, el otro lo hace en clave jurídica. El primero define en tres ocasiones su propuesta como un paso: un paso determinante y de no retorno; un paso coherente con anteriores decisiones y compromisos; un paso para depositar los cambios políticos y sociales en la voluntad de la ciudadanía. El segundo la define como una ruptura: una ruptura con los modelos organizativos y las formas de funcionamiento de la Izquierda Abertzale en el pasado; una ruptura nítida e indubitada con organizaciones ilegalizadas. Los dos suben a la tribuna cargados de servicios a esa Izquierda Abertzale, que escriben siempre con mayúscula, como si fuera un nombre propio, una organización. Y es una organización, condenada a la ilegalidad por ser parte de un entramado terrorista, pero organización al cabo, con sus dirigentes, sus asambleas, sus publicaciones, sus portavoces.

Rufi Etxeberria, el político, ha asumido la tarea de explicar a su organización que es preciso apostar por un proceso democrático que cierre un ciclo de confrontación y que, para conseguirlo, se necesita dar un paso. No se refiere para nada a lo que ha sido hasta ayer mismo su organización, parte activa de una estrategia que recurre al terror como instrumento de la política; lo único que le interesa es interpretar el pasado como un ciclo agotado, del que ya no es posible exprimir más sustancia, un ciclo cerrado. Los modelos anteriores cumplieron su tiempo: hasta aquí hemos llegado, punto de inflexión, se abre un nuevo ciclo, ahora dentro de la legalidad: todo muy limpio, muy aséptico, como quien cambia el traje viejo por otro recién salido del sastre.

Iñigo Iruin, el jurista, habla el lenguaje del derecho: ¿qué exigen los tribunales españoles a la Izquierda Abertzale para ser legalizada? Como el político, tampoco busca la confrontación ideológica: no tacha esa legalidad de franquista, ni ad hoc, ni restrictiva de derechos, ni nada por el estilo. Habla como un abogado del Estado: la nueva organización política se constituirá conforme al “canon de legalidad” configurado por el Art. 6 de la Constitución Española, la Ley de Partidos Políticos y la jurisprudencia del TS y del TC, y sus estatutos incluirán el célebre artículo 9 de la Ley de Partidos. Si para el político, el paso es el cierre de un ciclo, para el jurista, la ruptura es el rechazo de la violencia en los términos exigidos por la ley y por sus intérpretes autorizados.

Ni el político ni el jurista son nuevos en estas lides. Lo nuevo es su lenguaje: quieren ser legales y han asumido que deben aceptar la legalidad vigente. Lo que dicen entraña, pues, un reconocimiento del triunfo del Estado, de la Constitución y de las leyes y, muy en particular, de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, la misma que denunciaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La razón y la fuerza de esa ley han terminado por imponerse. El político y el jurista han tomado nota del irremediable derrumbe que espera a su organización si no procede a dar ese paso, a realizar esa ruptura, si persiste en vivir en los eriales de la ilegalidad.

Llevamos décadas reclamando a los nacionalistas vascos un rechazo expreso, y con efectos políticos, de la violencia y del terror diseminado por ETA. El PNV, sus dirigentes y sus obispos, tardaron lo que no está en los escritos en renunciar a la equidistancia; Batasuna, después de recorrer un camino sembrado de muerte, ha aceptado la legalidad con su exigencia de rechazo de la violencia y del terrorismo, “exteriorizado, sin equívocos ni circunloquios, respecto de la organización ETA”. Es lo que esperábamos: ETA rechazada por el mismo mundo que le ofreció cobijo, la alimentó e hincó ante ella la rodilla.

Entonces, ¿por qué no lo celebramos? Pues porque quienes nos comunican el paso y la ruptura fueron hasta ayer con ETA como la uña es a la carne. ¿Podían ser otros? No. ¿Podían haberlo hecho de otra manera? Sí. Por ejemplo, dedicando aunque solo fuera un minuto a las víctimas de la estrategia defendida por ETA y Batasuna en estrecho maridaje. El cuidado del jurista en afirmar que él dice lo que la ley le exige, rechazar, pero no lo que la ley no menciona, condenar, es el mismo que el político exhibe para certificar el paso a la vez que da por bueno el recorrido. Y el hecho de que ninguno de los dos, ni nadie desde ese mundo, eleve una voz de condena por los crímenes cometidos proyecta sobre esta nueva operación de incierto alcance una ominosa sombra que arrastraremos todavía durante años.

Después del 23-F: tres estampas

27/02/2011

Primera. Amaneció el 24 y madrugaron los obispos, reunidos en su 34ª Asamblea Plenaria. Tarancón, que se iba, y Díaz Merchán, que llegaba, y todos los demás, esperaron hasta las 10 de la mañana para examinar y aprobar un comunicado dirigido al pueblo y un telegrama enviado al Rey. Al pueblo le decían los obispos, aunque el pueblo no se enteró hasta mucho después, que seguían “con preocupación, serenidad y confianza los graves acontecimientos que amenazan perturbar la normalidad democrática de la nación”. Cuáles fueran esos graves acontecimientos no lo dijeron, pero sí aseguraron, como pastores de la Iglesia, su firme propósito de contribuir a la serenidad y a la responsabilidad de todas las instituciones.

Este monumento a la impostura fue todo lo que los obispos españoles, sumidos en meditación y susurros toda la tarde-noche del 23, tuvieron que decir el 24. Una vez confirmada la salida pacífica de los retenidos, los obispos pidieron a quienes los retenían que facilitaran su pacífica salida. Oyes, perdona, les habría dicho alguno de los pacíficos guardias civiles, pero si es que ya están fuera. Ah, si lo hubieran pedido 12 horas antes, a las 10 de la noche, por ejemplo, qué servicio habrían prestado al pueblo y a la Guardia Civil. Pero no, esperaron a que el sol estuviera en todo lo alto para consumar su hazaña.

Segunda. A diferencia de los obispos, el Rey no durmió aquella noche. No por eso dio muestra de fatiga el día después. Tuvo ánimo y humor para convocar por la tarde, después de recibir a la cúpula militar, a seis diputados que la prensa definió como de los partidos mayoritarios. Pero mayoritario solo había un partido, UCD, seguido de cerca por el PSOE; luego, como diría el Guerra (el torero), naide, y después todos los demás. Evidentemente, entre los mayoritarios no se contaba el PCE, que tenía 23 diputados, ni Coalición Democrática, que no pasaba de nueve, solo uno más que la minoría catalana, y dos más que el grupo vasco. Y sin embargo, Carrillo y Fraga fueron invitados a la reunión; no así Miquel Roca ni Marcos Vizcaya, portavoces de sus respectivos grupos.

De modo que no fue un encuentro con los partidos mayoritarios, sino con los de ámbito estatal. ¿Por qué? Quizá podría contarlo el mismo rey en alguna entrevista. Mientras tanto, cabe especular. El rey pidió a los reunidos que respondieran con serenidad y mesura ante el “encierro forzoso”, ante la “triste aventura”, y les invitó a la “reconsideración de posiciones que conduzcan a la mayor unidad y concordia de España y de los españoles”. Y eso, la necesidad de reconsiderar tales posiciones da pábulo a pensar que lo sucedido en aquellas interminables horas había sido resultado -condenable, sí, pero comprensible, sabe usted- de la necesidad de reconsiderar las posiciones que condujeran a una mayor unidad de España.

Tercera. El secretario general del PSOE, Felipe González, que durante el año anterior había intentado forjar una “nueva mayoría” con sectores del conglomerado centrista para la formación de un gobierno presidido por una personalidad independiente, no importaba si militar, salió del secuestro con una idea en la cabeza: ofrecer su partido para un gobierno de coalición, y hasta de concertación, como no había dejado de proponer Santiago Carrillo desde 1977. Para informar de ese giro estratégico, llamó a Leopoldo Calvo Sotelo que, con buen criterio, rechazó la oferta: no habría gobierno de salvación nacional; UCD, ya en la ruina, se bastaba para lidiar la situación.

Y, lo que son las cosas, ese PSOE que anduvo en el filo de la navaja con su disparatada política de formar una nueva mayoría presidida por un independiente, y que vio rechazada su propuesta de gobierno de coalición, será el mismo que año y pico después logre la primera mayoría absoluta de la democracia. Así que al final resultó que los obispos tenían razón: Dios escribe recto con renglones torcidos.

Y una coda. La tinta derramada sobre el golpe de Estado de 23 de febrero de 1981 forma ya un crecido caudal. Y, sin embargo, muchas preguntas perduran. Sería interesante saber qué cosa esperaban los obispos para esperar que su vomitivo (por aquello de que Yavé vomita a los tibios) documento apareciera muchas horas después de la salida del sol; qué dijeron los militares al rey para que el rey recomendara a los políticos que reconsideraran sus posiciones sobre la unidad de España; y qué pensó y habló el secretario general del PSOE en las reuniones celebradas en el verano y otoño de 1980 con vistas a la formación de una nueva mayoría.

¡Viva la regeneración!

13/03/2011

Cien años se acaban de cumplir de la muerte de Joaquín Costa y pronto se cumplirán 110 de su resonante presentación en el Ateneo de Madrid de la Memoria y del Resumen de la Información sobre “Oligarquía y caciquismo como la forma actual del gobierno en España”. Conocida es la elocuencia del señor Costa -escribió El Imparcial- “que arrebató a los oyentes, que muchas veces prorrumpieron en aplausos estruendosos”. Al terminar, exhausto, su Información, un buen puñado de esos oyentes decidió acompañar al gran tribuno, dando vivas por las calles a los hombres de buena voluntad, a Costa, a la regeneración y a los regeneradores y mueras a la oligarquía y al caciquismo, a los egoístas y a los políticos de profesión.

Quizá para celebrar el centenario de la muerte de Costa y de su agónica lucha por la regeneración de España, el Partido Popular ha tenido la santa ocurrencia de publicar un papel en el que, bajo el título de REGENERACIÓN, anuncia como uno de sus principales objetivos la lucha contra la corrupción, ya que -dice el papel- “el funcionamiento del sistema democrático no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos”. Cuáles sean esos comportamientos, no lo aclara, pero a todo el mundo se le ocurre que el sistema democrático ha quedado en entredicho con los comportamientos que rodean el origen, desarrollo y plenitud del caso Gürtel o Correa.

Pues el dichoso caso nunca habría existido si los dirigentes del Partido Popular, en Madrid y en Valencia, desde José María Aznar, en los primeros pasos de la trama, a Francisco Camps en su momento de mayor gloria, no hubieran derrochado actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias con los ahora principales encausados. Permisión e indolencia que alguna relación guardan quizás con los mecanismos de financiación irregular del partido; y exculpación que procede de los vínculos de amistad entre unos y otros, más densos a medida que la trama de intereses se desarrolla y robustece: Correa invitado de postín en la boda de la hija del presidente del Gobierno; un llamado Bigotes, amiguito del alma del presidente de la Comunidad de Valencia.

Hasta aquí, todo está más claro que el agua: sin esas amistades, la trama en ciernes hubiera acabado disolviéndose por falta de numerario. Pero el agua clara se enturbia cuando, una vez destapada la corrupción que intereses y amistades ocultaban, los actuales dirigentes del PP, ajenos, según afirman, a esas peligrosas relaciones, muestran una actitud permisiva, indolente o exculpatoria con una parte de la trama, la que cae del lado de la política, más a cubierto de la mirada de jueces y fiscales. En todo caso, y sea cual fuere el destino final de los procesos judiciales, la cuestión política es que sin Camps no hubiera existido el tal Bigotes; sin Aznar no hubiera existido Correa y sin los dos al unísono no habría existido Gürtel.

¿O sí? ¿O quizá todo se reduce a que el caso Gürtel no acaba en esas amistades peligrosas, sino que afecta e infecta a toda la dirigencia del Partido Popular? Porque si no fuera así, si Camps no fuera eslabón de una cadena que aprieta el cuello al resto de dirigentes del PP, no se explica la permisividad, la indolencia y la exculpación con la que han actuado no solo el heredero de Aznar, sino la cúpula entera de Valencia y Madrid al nombrarlo y confirmarlo como candidato a la presidencia de la Comunidad en una coyuntura que ni pintada para haberle dado una patada hacia arriba y quitárselo de en medio. Si Rajoy, en el peor momento de confusión y desorientación del PSOE, no lo ha hecho es porque políticamente no ha podido hacerlo, o sea, porque el Partido Popular en conjunto es políticamente responsable de esa trama de corrupción.

¿Regeneración? Lo que hay que tener es mucha cara para publicar, en el centenario de Costa, un papel con ese título anunciando contundencia y celeridad en la respuesta contra las prácticas corruptas en las administraciones públicas, e invitar a la firma a uno de los responsables políticos del peor caso de corrupción de las últimas décadas. Porque, una de dos, o se responde con contundencia a la corrupción y entonces Camps no puede presentarse a unas elecciones; o no se responde, y entonces toda la cúpula del PP es amiguita del alma del señor Camps, que es amiguito del alma del señor Bigotes. En resumen, Costa redivivo y su oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno en España.

Un presidente interino

27/03/2011

Todos los problemas políticos, dijo Manuel Azaña en su memorable discurso sobre el Estatuto de Cataluña, “tienen un punto de madurez, antes del cual están ácidos; después, pasado ese punto, se corrompen, se pudren”. Es lo que ha ocurrido con la eventual renuncia a una tercera candidatura del presidente del Gobierno cuando decidió convertir una cuestión política en un asunto privado: de la acidez, el problema político de su sucesión ha pasado a la putrefacción. Al día siguiente de comentar, para que todo el mundo lo supiera, que ya había tomado una decisión sobre su futuro, conocida por su esposa y un amigo, el presidente estaba obligado a hacerla pública, aunque solo fuera para evitar que el problema de su sucesión de ácido pasara en una noche a putrefacto.

Y si no estaba dispuesto a hacerla pública, por el prurito de alimentar esa bobada que se dice sobre su maestría en el manejo de los tiempos, mejor hubiera sido no haber comentado nada, porque hoy, tres meses después del comienzo del juego de adivina, adivinanza, a un buen número de electores, gente adulta, les trae sin cuidado que Rodríguez Zapatero se presente o no a las próximas elecciones: han decidido ya que en ningún caso lo van a votar. Quizás no sepan todavía a quién votarán, si lo harán en blanco o si se quedarán en casa. Pero una cosa es segura: que no votarán a Zapatero. Tal es el grado de irritación a que conducen estos juegos sin sentido.

De manera que este problema político en estado de putrefacción no afecta a los electores; afecta a la presidencia del Gobierno y al partido del que el presidente es secretario general. A la presidencia, porque en los críticos tiempos que corren, su ejercicio requiere una plenitud de autoridad que Zapatero ha perdido al declararse presidente interino. Y al partido, porque con las elecciones a la vuelta de la esquina, la incertidumbre sobre el futuro agravará los daños que hoy parecen irreparables. En un sistema tan presidencialista es una ilusión esperar que, por suprimir un mitin, los electores no tendrán en cuenta la desorientación que reina en la cima.

No es fácil, de hecho, nunca ha resultado exitosa, la sustitución en la dirección de un partido ni, de rechazo, la sucesión de la presidencia del Gobierno en un sistema como el nuestro. La renuncia forzada de Suárez alentó un golpe de Estado; la dimisión, forzada también, de Felipe González como secretario general se saldó con una derrota electoral sin paliativo; la renuncia, única voluntaria, de Aznar abrió las puertas al candidato de la oposición que habría necesitado una o dos legislaturas más para madurar, y ahora la de Rodríguez Zapatero se anuncia como una comedia de enredo de la que difícilmente resultará algún fruto para el partido, a no ser que se vayan aclarando los papeles que cada cual juega en esta pieza.

Sin renovadores a la vista, y con todos los conmilitones/conmilitonas de Zapatero con las alas chamuscadas en el brasero presidencial, quedan solo los mayores, los de la anterior generación, restos del naufragio causado precisamente por la sucesión mal resuelta de González. De ellos, solo uno cuenta, el vicepresidente primero que, es de suponer, mirará con gesto como de cansancio toda esta faramalla montada en torno al día en que por fin el presidente se digne informar al público de la decisión que más beneficia a su partido y a España. Si ya lo tiene difícil para remontar la derrota anunciada, solo faltaba, en medio de una crisis que no cesa y de una guerra que no acaba, que le organicen unas primarias con el único objetivo de mostrar que, en España, las mujeres están preparadas para gobernar.

De manera que la broma privada sobre una cuestión pública ha metido a la presidencia del Gobierno y al PSOE en un buen lío. Esta situación, soportable en tiempo de bonanza y en un sistema con mandatos limitados, no lo es en tiempo de crisis y en un sistema parlamentario en que, por necesidad, toda sucesión forzada tiene algo de traumático. Lo sensato sería acabar con la incertidumbre poniendo fin de una sola tacada a la interinidad en la presidencia y a la sucesión en la candidatura con una fórmula inédita, que un amigo periodista -préstamo de Miguel Ángel Aguilar- sugirió hace años para un caso similar: anunciar la renuncia y ejecutarla en el acto. Pero eso, que equivaldría a dar paso a un nuevo presidente del Gobierno sin primarias y sin disolución anticipada de las Cortes, quizá no sea la mejor solución ni para España, ni para el partido, ni para... Rodríguez Zapatero.

Una nueva situación

10/04/2011

Que el Gobierno se equivocaba al emprender una negociación basada en el supuesto de que ETA estaba pidiendo árnica para disolverse de manera indolora era algo de lo que todos estábamos al cabo de la calle mucho antes de que salieran a la luz esos papeles mal llamados actas. Lo que no sabíamos era que ETA también se equivocaba al emprender esas negociaciones convencida de que el Gobierno necesitaba de un acuerdo para subsistir y que, por tanto, estaba dispuesto a pagar el precio que se le exigiera.

Las estrategias basadas en cálculos erróneos sobre la capacidad y los movimientos del enemigo suelen conducir a resultados desastrosos. Cuando ETA percibió que el Gobierno no iba a hablar en serio más que de presos, dio un puñetazo en la mesa dinamitando un aparcamiento del aeropuerto de Madrid y matando a dos inmigrantes. Y cuando el Gobierno percibió que ETA no se iba a disolver gratis, aceleró los planes de caza y captura de sus dirigentes. El mal llamado proceso de paz saltó por los aires y cada cual reordenó sus primeras estrategias.

Es un cuento de hadas afirmar que porque hubo proceso de paz, negociación y finalmente ruptura, ha sido posible que ETA se encuentre ahora en un trance de extrema debilidad. Que semejante debilidad haya llegado después de, no quiere decir que ha llegado a causa de: el viejo principio post hoc ergo propter hoc es una conocida falacia. Más bien ha ocurrido que, como se abandonó aquel camino, hemos podido avanzar por este.

No pasa nada por admitirlo: la aplicación sin concesiones de la ley de partidos, la captura de varias cúpulas de ETA por acción policial, el trabajo político de los partidos socialista y popular de Euskadi, la firmeza en el postulado de que no habrá más negociaciones hasta que ETA anuncie su desistimiento del recurso al terror como instrumento de la política, aparte del punto final de aquella política nacionalista tan ejemplarmente teorizada con la metáfora del árbol y las nueces, constituyen los elementos fundamentales que han dado origen a una nueva situación.

Esta situación es nueva porque no es continuación ni fase de otra similar. Ha sido el conjunto de políticas seguidas desde el último atentado de ETA lo que ha sembrado en el mundo de la izquierda abertzale las dudas sobre la eficacia del permanente recurso a la bomba y la pistola. No se trata de sentimientos ni de valores, siempre tan volanderos; se trata de cálculos políticos de gentes que han visto pasar más de la mitad de sus vidas defendiendo una estrategia sin horizontes. Las dudas dieron lugar a debates que no versaron sobre el pasado, si mereció o no la pena, si son o no culpables de crímenes horrendos, si avanzaron hacia la meta. El debate fue sobre los costes y beneficios de mantener la misma política.

Y un sector no despreciable de ese mundo, no de otro, de ese, decidió que había llegado la hora de volver a la legalidad cumpliendo lo que la legalidad exige, el rechazo explícito, tajante, de la violencia, señaladamente de ETA. La respuesta del Estado ante esa llamada ha sido la que era de esperar: nadie ha dado brincos de júbilo por el hijo pródigo que vuelve a casa; nadie ha bajado la guardia ni propuesto una amnistía como la de 1977. El pasado es lo que es y nadie podrá borrar los crímenes cometidos. Pero si no es el día del festín en la casa paterna, tampoco es el momento de cerrar las puertas a cal y canto a quienes, procedentes de la izquierda abertzale, no de las nubes, pretenden ser legales y cumplen para serlo las exigencias establecidas por la Constitución y las leyes.

No es el momento del cierre, primero, porque el Estado dispone de suficientes recursos para echarlos de nuevo a la intemperie si resulta que los estatutos son papel mojado; y segundo, porque el Estado es el primer interesado en que la línea continua entre izquierda abertzale y ETA se rompa sin posibilidad de reparación. Por eso, no puede dejar de suscitar un sentimiento de adhesión el voto particular de los siete magistrados del Tribunal Supremo que, con impecable argumento, han disentido de un relato, el de la mayoría, basado en el axioma de que aquí no ha pasado nada, que esto es más de lo mismo. Y por eso, no se entiende -o se entiende demasiado bien- que el Partido Popular haya cometido la infamia de sobreimprimir en su televisión de cabecera, Telemadrid, el sello de ETA sobre imágenes de miembros del Gobierno: una infamia que dice más de la gentuza que la comete que de los políticos que la sufren.

Desalmado capital

24/04/2011

Parece como si sonara a nuevo: que los gobiernos no son ya depositarios de la soberanía nacional, sino meros ejecutores de órdenes que emanan de los centros del poder financiero; que los políticos han sucumbido ante las exigencias del capital, llamado ahora los mercados; que es preciso despertar y mostrar la rabia y el enojo a plena luz del día, en la calle; que hay que recuperar la autonomía de la acción política frente a los mandatos de poderes económicos.

Parece nuevo, pero a quien se haya dado una vuelta por el siglo XIX toda esta literatura le tiene que sonar más que familiar, pura rutina. Nadie expresó con más fuerza la confusa relación simbiótica entre poder del Estado y poder del capital que Karl Marx cuando atribuyó a una “superstición política” la ilusión de que “el Estado debe mantener ligada la vida burguesa, cuando en realidad es la vida burguesa la que mantiene ligada la cohesión del Estado”. Una superstición política, a eso se reduce creer que, ahora como en tiempos pasados, Estado y capital fueron o sean entes autónomos, cada uno con una esfera propia de actuación.

Lo nuevo hoy, como hemos comprobado en nuestras propias carnes, no es que el Estado venga en ayuda del capital; lo nuevo es que el capital ya no se personifica en la burguesía que inspiró al Viejo Topo su memorable canto. Aquella burguesía, que tuvo su origen en el frío cálculo racional de raíz calvinista, acabó por descubrir que era de su interés elevar el nivel de consumo del proletariado, favorecer la extensión de las clases medias y sostener la capacidad fiscal del Estado para producir bienes públicos. Mal que bien, después de la catástrofe de las dos guerras mundiales, esa burguesía, con su cohorte de aliados, se entendió con la clase obrera devenida socialdemócrata para mantener el llamado Estado de bienestar.

Pero esa burguesía ha desaparecido: en el desolador documento que es Inside Job no aparece ningún burgués, ningún propietario de medios de producción. Todos, desde el profesor de Harvard hasta el secretario de Economía de Obama, son profesionales de las finanzas; aparte del yate y de la mansión, ninguno es propietario más que del arte de fabricar unos papeles que no son ya dinero, ni crean dinero, pero de los que ellos se valen para nadar en montañas de dinero. Tipos más bien miserables, sin más pasión que la de colocar en el mercado sus productos-basura y... lamentar ante un comité de congresistas haber dejado el rastro de sus fechorías en un e-mail.

¿La diferencia con la burguesía? Entre otras, que cuando Ford fabricaba un coche, allí estaba el coche, nuevecito, reluciente, listo para ser adquirido por el obrero que lo había fabricado y circular por grandes autopistas. Pero cuando estos fabricantes de humo lanzan alguno de sus imaginativos productos al mercado, no hay nada detrás excepto codicia y rapiña; cuanto más basura sea el producto, más dinero apañan, como demuestra el analista financiero de Inside Job cuando presume de la bonita suma de dólares que se ha llevado al talego por plagiar un deleznable informe elaborado por un banco islandés.

Aquella en otro tiempo clase dominante tenía, a pesar de la racionalidad de sus cálculos, un alma, una pasión, la de crear riqueza, abandonando a la mano invisible del mercado el cuidado de repartirla; cuando el mercado reventó, se avino a que el Estado asumiera la función de gran redistribuidor. Por supuesto, seguía siendo una superstición política creer que el Estado se había vuelto autónomo en su relación con el capital; pero resultó una superstición provechosa, tanto para la burguesía como para el Estado y para quienes se beneficiaron de su papel redistributivo.

La nueva clase financiera, sin embargo, es desalmada: no bien el Estado ha acudido a su rescate y ya vuelve a repartirse, sobre las ruinas provocadas por ella misma, los millones de dólares como si aquí no hubiera pasado nada. Y si la vieja burguesía hubo de avenirse a un compromiso, es claro que a esta nueva clase el Estado no sabe o no puede protegerla de su propia codicia; no le queda más opción que destruirla. Pero cómo y quién pondrá el cascabel a un gato capaz de arrastrar en su caída a todo el sistema financiero es cosa que necesitaría de otro Viejo Topo para poner en claro. Y no es el menor de los éxitos de quienes circulan por las gélidas entrañas del desalmado mundo del capital financiero haber cegado todas las galerías que daban cobijo a las pobres crías de los viejos topos.

Fracaso de Espriu, camino a la independencia

08/05/2011

En la etapa final del debate sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña, Llibert Cuatrecases, diputado de CiU, atribuía en agosto de 1979 el camino recorrido hasta aquel momento “al contacto sistemático que, en situaciones difíciles para nuestras libertades y para nuestros derechos, hombres catalanes y no catalanes empezaron con voluntad de comprender, con voluntad de entender cuáles eran las respectivas realidades, cuál era la problemática a abordar, qué era necesario hacer para, con humildad, superar un problema de vieja raigambre que nos afectaba a todos, que realmente pesaba negativamente sobre el futuro concreto del Estado español”.

El futuro de aquel Estado español en el que catalanes y no catalanes comenzaron a dialogar era el presente que Cuatrecases celebraba como un logro. Y lo era, en efecto, una conquista que superaba el máximo de reivindicaciones de la Assemblea y del Consell de Forces Politiques de Catalunya, que no pasaba entonces de la restauración del Estatuto de 1932. Ahora, en 1979, el contacto sistemático, el diálogo, la voluntad de entender, el acuerdo sobre lo que era necesario hacer para construir el futuro Estado español había culminado en un Estatuto con un nivel de autonomía impensable en tiempos de la República: lo conquistado no era una restauración del pasado, sino el anuncio de otro futuro.

Treinta años después de este discurso, en noviembre de 2009, Pujol, presidente de la Generalitat desde 1980 hasta 2003, publicaba un hermoso artículo en el que daba por decaído y fracasado “el proyecto político y moral de la Cataluña de los años sesenta, setenta y también de los ochenta”. Era El fracaso de Espriu, el fracaso de “una gran afirmación de catalanidad y de voluntad catalana de ser y al mismo tiempo de españolidad generosa y constructiva”. Fracaso del sueño de una Sepharad en paz y en libertad. Una etapa se cerraba: en adelante, y puesto que en el resto de esa Sepharad “la solidaridad es palabra de engaño”, solo había que contar con los propios tesoros, los propios activos, la propia capacidad y la propia voluntad. Fin de la voluntad de entender, fin del diálogo; había sonado la hora de la urgencia y del atajo.

Cuatrecases hablaba tras una experiencia de oposición a la dictadura; Pujol escribía después de una experiencia casi tan larga de Gobierno en democracia. La lección de la oposición a la dictadura condujo a una voluntad de diálogo y de acuerdo; la del Gobierno en democracia terminó en una voluntad de separación y de ruptura. De la primera había fructificado un logro; de la segunda, un fracaso: el diálogo se había convertido en engaño. Resultado final: quiebra de un proyecto: catalanidad y españolidad se volvieron afirmaciones excluyentes.

No es posible entrar aquí en la cronología ni en los motivos de este proceso, pero una cosa es clara: el acta de El fracaso de Espriu y de la defunción de Sepharad se firmó un año antes de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre/contra el Estatuto reformado. Como también se puso en marcha antes de esa sentencia el procedimiento de los referendos por la independencia. Con toda seguridad, la sentencia agravó la sensación de fracaso; pero no fue ella la que determinó a los nacionalistas catalanes a llegar a la doble conclusión de que algo se había hecho mal desde el principio y de que era preciso emprender otro camino.

Ese camino conduce ya, únicamente, a la independencia. No hay otra solución, ha concluido Jordi Pujol en su reciente conferencia ¿Residuales o independientes? Que su partido se haya abstenido en la propuesta de declaración de independencia presentada en el Parlament después de haber hecho saber que votaba a su favor en los referendos significa únicamente que la masa todavía no está madura: que 80 catalanes de cada 100 no se hayan tomado la molestia de acudir a las urnas no significa que la cuestión de la independencia deja más bien fría a la mayoría; significa tan solo que queda mucho trabajo por hacer.

Lo que está claro es que ese trabajo se sitúa hoy para los nacionalistas en el camino a la independencia. ¿Por la sentencia del Constitucional? No; sino que la sentencia ha caído en tierra abonada, aportando un suplemento de legitimidad o de justificación, si falta hacía, al previo diagnóstico de que solo la separación permitirá terminar la construcción del edificio inacabado. Cuando una mayoría clara de catalanes lo vea y lo sienta así, será el momento de pasar a la acción, sin derramar ni una lágrima por el fracaso de la Sepharad un día soñada.

Parados y en la calle, indefinidamente

22/05/2011

Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), relativos al primer trimestre de 2011, son realmente devastadores. Y no solo porque rocemos ya los cinco millones de parados, sino porque esa magnitud no obedece a un aumento de población activa sino a una interminable destrucción de empleo. Que pasados tres años del comienzo de la crisis no cese la pérdida de puestos de trabajo mide bien la profundidad de este desastre y anuncia una larga e incierta recuperación. Nada, no hay trabajo. Y además, no hay perspectiva de que vaya a haberlo en un futuro previsible. Cinco millones de españoles se levantan cada mañana sin maldita la posibilidad de ponerse a trabajar, ni aunque estuvieran dispuestos a cobrar menos de los célebres mil euros mensuales.

No es habitual que quienes atraviesan por esa situación dispongan de oportunidades ni de recursos para manifestar su protesta en alguna de las formas de acción colectiva habituales en sociedades democráticas: nuestro mundo se ha construido de tal manera que vuelve invisible el drama por el que atraviesan los desocupados, los mayores que acaban de ser despedidos, o los jóvenes que no tienen manera de encontrar su primer empleo. Están ahí, lo sabemos, pero rápidamente los reducimos a un número más de una fastidiosa estadística. No aparecen sino en largas colas, silenciosos, sin que ninguna organización defienda sus intereses, atomizados, incapaces de actuar. Los sindicatos altamente burocratizados de nuestro tiempo defienden los intereses de los trabajadores con empleo y dan la espalda a quienes no lo tienen. En España, han sido además un factor decisivo en la consolidación de una enorme bolsa de trabajo llamado temporal, un eufemismo que oculta el perverso sistema de rotación de empleo-despido-empleo en la misma empresa, una rueda capaz de triturar las ganas de vivir del más pintado.

Tan invisibles se habían vuelto los parados que no faltaban voces que consideraran estos datos como cuentos de miedo fabulados por la EPA. Que no podía ser, vaya; que si fueran tantos, esto habría explotado ya hace tiempo. O bien, si hablaban los gobernantes: que era una situación transitoria, provocada por una crisis mundial; que nunca, de ninguna manera, llegaríamos a los tres, a los cuatro, y ahora a los cinco millones; que ya nos estábamos recuperando, y toda esa monserga oficial que ha servido para cavar un abismo de hartura y rechazo entre este sector de la ciudadanía y la clase política, sea cual fuere el color de que se vista. Cayo Lara, que la culpa es de la ley electoral; Zapatero, repitiendo el gesto de la ceja, o Rajoy, de rodillas ante la lista de corruptos, se han lucido en sus respectivas campañas.

¿Todos iguales? No, no todos son iguales, ya lo sabemos; lo que pasa es que las diferencias entre unos y otros no son visibles desde el pozo sin fondo en que se encuentran hundidos cinco millones de parados. Por eso han decidido salir a la superficie, no precisamente para votar, sino para elevar su voz desde la calle. Y lo hacen dirigiéndose a los centros simbólicos de poder con intención de quedarse. ¿Qué ocurrirá si se quedan para siempre, si un día todos los parados y desocupados de España deciden acampar en las plazas mayores y calles adyacentes de pueblos y ciudades? Puesto que no tienen que ir a trabajar y no pueden ser despedidos, no sería descabellado que decidieran volverse masivamente visibles en una nueva forma de acción colectiva que nada tiene que ver ni con los mayos del 68 ni con la manifestación bien ordenada, encuadrada por servicios de orden de sindicatos, con salida en un punto y dispersión en otro. ¿Podríamos soportar la visión de una acampada de duración indefinida, como es también sin fin su desocupación?

Nadie sabe qué será de esta nueva forma de presencia de gentes con razón airadas en la calle. En los sistemas de Estado de bienestar construidos desde la Segunda Guerra, los parados eran un resto de la fuerza de trabajo a cargo de la seguridad social. Pero eso se ha acabado: ahora, entre nosotros, son más del 20% de los activos y no hay seguridad social que aguante su peso. Ni ellos saben de momento qué hacer, más que salir a la calle y reclamar “democracia real ya”; ni los gobiernos, partidos, o sindicatos, saben qué contestar, más que mirarlos y esperar que despejen. Pero ¿y si no despejan, y si una vez que han salido a la calle ya no vuelven a casa a lamerse, ellos solos en su soledad, las heridas incurables del paro?

Ni primarias, ni congreso

05/06/2011

El error de los políticos -comentó hace años Felipe González- “consiste en pensar que lo que la gente percibe es lo que nosotros creemos que percibe, y la verdad es que a veces percibe cosas totalmente diferentes”. Así es: los políticos socialistas piensan que la gente percibe el proceso de designación de su candidato a la presidencia del gobierno como si se tratara de unas primarias, pero lo que la gente percibe es que el candidato ya ha sido elegido en una reunión de secretarios generales de las federaciones del partido no prevista en los estatutos; que ha sido ratificado por un comité federal controlado por esos mismos secretarios generales; y, en fin, que buena falta hace seguir con esta representación de unas primarias de ficción para proclamar como si se hubiera tratado de unas primarias de verdad a quien los secretarios generales consideran el mejor de los candidatos (aunque siendo el único nunca se sabrá si es el mejor porque nadie es el mejor cuando es el único).

El error a que se refería Felipe González no consiste exactamente en pensar sino en actuar como si la gente percibiera lo que los políticos creen que percibe o, todavía más, lo que los políticos quieren que la gente perciba. Para evitar ese error, en el que se ha hundido el actual secretario general del PSOE, arrastrando en su caída a todo el partido, mejor habría sido comenzar la nueva etapa llamando a las cosas por su nombre. Aquí lo que ha pasado es que, obligado a renunciar a una tercera legislatura, el presidente del gobierno pretendió mantener el control de su sucesión y del partido conservando la secretaría general. Para eso, decidió que el candidato a la presidencia se eligiera en unas primarias. El espectáculo estaba garantizado: un veterano contra una joven, ambos con una cualidad común: ¡son miembros del mismo gobierno!

La joven candidata se lo creyó y peregrinó por diversas asociaciones para medir los apoyos, a la vez que montaba un equipo de asesores mediáticos que le prepararon su salida a la palestra a la manera Obama, enarbolando un manifiesto en el que yes, we can se transmutaba en un quiero, repetido con la rotunda cadencia de un tam-tam: quiero, quiero. Pero el querer duró lo que un suspiro: la ministra de Defensa, con su incomprensible rueda de prensa -incomprensible por la convocatoria misma, por su etéreo contenido y por el infantil lenguaje facial, mitad contrariado mitad compungido- y obligada a leer en tiempo pasado su manifiesto electoral con la cadencia de un lamento: quería, quería, se limitó a dar fe de que todo su bagaje consistía en una operación de mercadotecnia de un producto todavía inmaduro para competir en el mercado político.

La frívola ocurrencia de enfrentar al ministro del Interior con la ministra de Defensa en unas primarias habría dejado al Gobierno y al partido noqueados para los restos y se habría saldado con una pérdida de autoridad de todos los implicados. El desaguisado se ha evitado finalmente gracias a la decisión de Rubalcaba de no entrar en semejante competición con Chacón. A cambio, ha tenido que aceptar la ficción de las primarias y dejar para más adelante la solución de la doble crisis de identidad y de poder por la que atraviesa el PSOE, que solo se podrá solventar, la primera, con una redefinición de lo que significa ser socialdemócrata hoy y, la segunda, con un congreso en el que se reconstruya la unidad de liderazgo.

El problema es que esta doble crisis afecta al PSOE en una coyuntura de caída hacia la irrelevancia. El partido ha perdido electores a chorros y, con ellos, todo el poder institucional en el mismo momento en que, como gobierno, se encuentra sin rumbo ni dirección. Una caída de esta profundidad y de tanto alcance habría exigido, por el clamor de las bases o la presión de los cuadros, la convocatoria de un congreso. No ha sido así: las bases permanecen en silencio y los cuadros se han avenido a una fórmula de compromiso, un apaño que pospone la solución de la crisis de liderazgo hasta después de las elecciones y adelanta la redefinición de lo que hoy signifique ser socialdemócrata a una conferencia que habría necesitado un año de debates.

Así que, después de todo este lío, los socialistas se enfrentan al inmediato futuro con unas seudoprimarias a las que seguirá un seudocongreso. El resultado más probable para lo que queda de mandato será que la gente perciba al Gobierno como un enfermo terminal, mientras contempla cómo en el partido se toman posiciones y se afilan las navajas para la batalla decisiva.

Una desgracia de diccionario

19/06/2011

Tendrían que ser ellos mismos los que, una vez advertidos del cúmulo de errores, del sesgo ideológico franquista y de la miseria teórica que arruina algunas de las entradas de su diccionario, tomaran la iniciativa, paralizaran su difusión y procedieran a una revisión de sus contenidos por medio de evaluadores externos. Que este diccionario haya sido objeto de preguntas parlamentarias de Izquierda Unida y del Partido Nacionalista Vasco, que haya tenido que intervenir el ministro de Educación o, en fin, que el grupo parlamentario socialista haya registrado en la Mesa del Congreso una proposición no de ley, añade una vergüenza más a la vergüenza que da leer algunas de sus entradas.

Porque una cosa es clara: hay entradas en el diccionario que, por ignorancia, por descuido, o por empacho ideológico de su autor, aparecen repletas de errores de hecho. Se ha dicho ya todo de la dedicada a Franco por el historiador menos capacitado de todos los posibles para escribirla. Pero la que se ocupa de otro jefe de Estado del siglo XX, el presidente de la República Manuel Azaña, contiene una colección tal de disparates que más valdría no haberla escrito. Y no se trata ya únicamente del tufo ideológico que despide, sino de los errores en que incurre desde que sitúa los “estudios iniciales” de Manuel Azaña con los agustinos en El Escorial hasta la ocurrencia de llevar a su viuda a morir “muchos años después” en Buenos Aires.

Es que, de verdad, no da ni una: Azaña no fue un funcionario con destino en el negociado de últimas voluntades, ni se presentó como candidato a diputado en las elecciones de 1913. Unamuno no viajó con él y otros intelectuales al frente de guerra francés en 1916; lo hizo al frente italiano en septiembre de 1917. España, la revista por antonomasia de la generación del 14, no era un diario, sino, como rezaba su subtítulo, un Semanario de la vida nacional. Margarita Xirgu no estrenó La Corona en 1930, sino en diciembre de 1931, en Barcelona y con Azaña de presidente del Gobierno. Azaña no realizó una “importante depuración del Ejército” sino que aprobó un decreto concediendo el pase a la reserva, con el sueldo íntegro, a generales, jefes y oficiales que lo solicitaran. Por supuesto, la “intentona” del general Sanjurjo fue una rebelión militar, no esa martingala que dice el diccionario. Y en fin, y porque no hay espacio para más: Azaña no pudo trabar una relación de amistad con el obispo de Tarbes, primero, porque el obispo en cuestión lo era de Montauban, recién entronizado; y segundo y principal, porque la única charla que mantuvo con él duró unos minutos: había sufrido varios infartos cerebrales, deliraba, y estaba a las puertas de la muerte.

Esta acumulación de errores se habría evitado si la Academia se hubiera atenido a la práctica obligada de someter todas las voces, comenzando por las asignadas a los mismos académicos, a los filtros necesarios antes de darlas a luz. La revisión externa es un requisito elemental para garantizar hoy la calidad científica de cualquier publicación académica, mucho más tratándose de un diccionario, y todavía más si es biográfico. No hay ninguna publicación de este tipo que se abandone al exclusivo cuidado y responsabilidad de un autor singular al que se encomienda su redacción. Desde la puesta en marcha del proyecto, con equipos encargados de alimentar bancos de datos, hasta su revisión final por expertos en cada materia y ajenos a la institución que lo promueve, la calidad de un diccionario debe descansar, aunque sea un autor el que redacte cada voz, en un trabajo colectivo.

Pero los académicos responsables de la edición decidieron saltarse a la torera todas las normas que hubieran garantizado la calidad científica del producto y que, de haberse aplicado, hubieran redundado en la recuperación del crédito perdido por una institución gravemente afectada por el virus nacional-cortesano destilado en sus últimas publicaciones. El resultado de su pretencioso encapsulamiento es una auténtica desgracia por la sencilla razón de que este no es un diccionario cualquiera; es el diccionario de la Academia, una institución pública que pretende hablar con autoridad sobre miles de españoles ilustres. El respeto debido a la institución, a los biografiados y a los profesionales solventes que han escrito muchas de las voces, es lo que está clamando por la paralización de la difusión y la revisión a fondo de esta desgracia de diccionario que, como es norma en el mundo académico, tiene que ser realizada por evaluadores externos a la misma institución.

Bildu en el poder

03/07/2011

De los 27 concejales que integran el Ayuntamiento de San Sebastián, solo ocho pertenecen a la formación soberanista Bildu. Los 19 restantes son del PSE (7), PNV (6), y PP (6), lo que quiere decir que Juan Ignacio Izagirre, de Bildu, es alcalde de la ciudad sostenido en un porcentaje de concejales que no llega a un tercio de la corporación. Sus primeras decisiones invitan a pensar, sin embargo, que se propone gobernar como si dispusiera de una holgada mayoría, más aún, de la representación efectiva de la nación vasca, con la que identifica su propia posición a la hora de justificar su política. Como era previsible, Izagirre es la patria.

Bildu repite ahora lo que Euskal Herritarrok experimentó 12 años atrás: la euforia de sentirse protagonista de un nuevo comienzo y hasta de un nuevo tiempo histórico. En ambos casos, fue un avance inesperado, incluso para ellos mismos; un avance que guarda estrecha relación con sendas declaraciones de ETA.

El 16 de septiembre de 1998, y por vez primera en su historia, ETA declaró una “tregua indefinida”. El 8 de enero de 2011, ETA decidió “declarar un alto el fuego permanente y de carácter general”. Las elecciones municipales se celebraron, pues, en 1998 y en 2011, rodeadas de la expectativa de que aquella tregua y de este alto el fuego anunciaban el fin a corto plazo de la organización terrorista. El resultado electoral de Euskal Herritarrok superó todas las expectativas, del mismo modo que lo ha superado para Bildu: 679 concejales entonces (a los que habría que añadir los 140 de EA); 953 ahora, muy por delante en ambos casos de los obtenidos por el PNV, por no hablar de socialistas y populares, siempre penalizados por el desigual comportamiento de sus votantes en elecciones municipales o legislativas.

Aquí acaban las similitudes y comienzan las incertidumbres. Las expectativas levantadas en las elecciones de junio de 1999 resultaron brutalmente frustradas tras el anuncio por ETA en noviembre de ese mismo año del fin de su tregua indefinida, al considerar que el PNV no avanzaba con pasos decididos hacia la soberanía de Euskadi: en el año 2000, ETA cometió 23 asesinatos.

La respuesta del gobierno y de la oposición fue rápida y unánime. Una vez celebradas las elecciones generales, el acuerdo que sirvió de base a la nueva ley de partidos dejó a Batasuna, su mundo y cualquiera de sus criaturas fuera de la ley, con el resultado final ahora conocido: las cosas están hoy, en reparto de votos y presencia en Ayuntamientos y diputaciones, más o menos como estaban en 1990.

Con una diferencia: si Bildu ha logrado alcanzar nuevas posiciones de poder -sobre todo, la alcaldía de San Sebastián y la Diputación de Guipúzcoa- no ha sido ni como efecto mecánico de los resultados electorales ni por la fortaleza de la retaguardia de ETA, sino por la política de alianzas del PNV, que a su vez está condicionado por el doble juego que ha convertido en su especialidad: acudir solícitamente en apoyo del gobierno del PSOE a la vez que niega el pan y la sal al PSE, pensando así obtener lo mejor de ambos mundos. En Madrid arranca siempre tajadas de la debilidad de su aliado, en situación de extrema necesidad, mientras en Euskadi erosiona el suelo de su adversario, sin que nada importe que aliado y adversario sean fragmentos del mismo partido.

Esta política, además de nutrir al PNV con la expectativa de una pronta recuperación del poder, favorece a Bildu y permite a su base social emplearse a fondo en una política de exclusión de los adversarios políticos, mientras sus dirigentes promueven una política de euskaldinización dirigida a levantar empalizadas que ni el AVE será capaz de atravesar. La imagen del único concejal del PP de Elorrio, rodeado de gentes de mirada iracunda y puño cerrado, dispuesto a descargarlo en la primera ocasión sobre la cara de su vecino, constituye un ominoso anuncio de lo que en adelante puede ser la confrontación política en el plano local en el País Vasco.

Una violencia difusa y continua ejercida impunemente sobre la oposición, mientras se repite por activa y pasiva que este no es el momento de exigir la desaparición definitiva de ETA y se avanza en el camino de la soberanía simbólica como prenda de un futuro de independencia.

El candidato, su discurso y su partido

17/07/2011

En este agobiante mar de palomas volando sobre el azul, no resultará fácil al candidato del PSOE construir un discurso político y una posición en su partido que identifique ante los ciudadanos un proyecto con posibilidades de recuperar el terreno perdido. El poder municipal de los socialistas se ha evaporado allí donde parecía sólido, y el de las comunidades autónomas ha quedado barrido de sus otrora inexpugnables fortalezas. No hay ninguna gran capital gobernada por el PSOE con mayoría absoluta y de las Comunidades, y como el desesperado y algo obsceno recurso de Cayo Lara a la memoria histórica -echando en cara a los comunistas extremeños su decisión de abrir las puertas de la Junta a los herederos de los asesinatos de hace 75 años- solo sirvió para ratificar su entrega al PP, no queda más que Andalucía, cuesta abajo, y Euskadi, en minoría y con los días contados.

¿Cómo se construye un proyecto político atractivo, con aspiraciones de poder, cuando su ausencia es fruto de una pérdida tan masiva de votos? Es fácil decir: hagamos autocrítica, o hay que reinventarse, o leña al capital, o cualquiera de esas abstracciones que acompañan los análisis sobre la crisis final de la izquierda o del socialismo, abundantes desde los años ochenta y reiterados sin pausa desde la caída del socialismo real. Es fácil y, además, engañoso, porque desde sus orígenes, la izquierda -que siempre han sido las izquierdas- ha estado en crisis y, en consecuencia, siempre ha existido una nueva izquierda, que se presenta realizando la consabida autocrítica, reinventado el socialismo, firme ante el capital y anunciando un nuevo comienzo.

Pero, como escribió Gracián, “la gloria de la novedad dura poco”. Vamos pues a lo de siempre. Y lo de siempre, en política, es el poder. ¿Qué será preciso hacer para recuperarlo? Ante todo, desechar la fascinación por los nuevos comienzos: la realidad, aquí como en el Reino Unido, se ha encargado de dar un bofetón a la nueva vía y al new labour. Es lo real, no lo que cada cual proyecte como espléndido futuro, lo que importa, porque es lo real el ámbito de la acción. Y es ahí, del reconocimiento de las constricciones de lo real de donde parte el político, como es fabulando sobre lo real como se arruina. Tal vez la amplitud de la derrota guarde alguna relación con la extendida percepción de que el Gobierno socialista había perdido el sentido de la realidad.

Por eso, quizá, en la primera intervención -no exactamente un discurso- de Rubalcaba como candidato, el lugar habitual que se dedica a la afirmación de lo nuevo lo haya ocupado la llamada al realismo y el enunciado de algunas políticas para hacer frente a algunos de los problemas actuales: creación de empleo, economía competitiva, sanidad, educación, ley electoral, urbanismo, corrupción. Es significativo, sin embargo, que no haya dedicado ni una sola línea a la cuestión territorial, ni a las instituciones en crisis del Estado, ni a la reforma constitucional que implican algunas de sus propuestas. Y esta ausencia de una palabra sobre cuestiones que afectan a la constitución misma del Estado, cuando se afirma la primacía de la política, mide bien la distancia que aún queda al candidato hasta convertir una intervención ante el comité nacional de su partido en un discurso dirigido a la sociedad. Sí, su intervención es un alivio, pero solo sirve para un dolor de cabeza, no para la recuperación del enfermo.

En todo caso, Rubalcaba sabe bien que en política no basta el discurso, que es preciso disponer de una herramienta de poder. No basta ser el candidato del partido; es preciso que el partido sea del candidato. Así ha sido siempre. Y a este respecto, que haya quedado en suspenso, para después de las elecciones, la sustitución de la actual cúpula dirigente, no constituye una buena señal contra las actuales previsiones de desastre. Si su intervención se quedó en discurso a medio construir, su proclamación trasmite una sensación de interinidad, como si gentes con poder en la maquinaria del PSOE le hubieran marcado un límite: candidato sin necesidad de primarias, sí; pero secretario general, por ahora, no. Probablemente, la designación de José Blanco como portavoz del Gobierno indica que las maniobras por el poder dentro del PSOE no han hecho más que empezar y que el destino del candidato depende del número de diputados que pueda levantar en las próximas elecciones: no es la mejor de las fórmulas posibles si de lo que se trata es de conseguir más de 150 escaños.

Triste reforma

11/09/2011

Es posible que la presión confluyente de lo que antes llamábamos capital y hoy llamamos mercados, del Banco Central Europeo y de la canciller Merkel y el presidente Sarkozy sobre el vulnerable presidente del Gobierno español haya hecho inevitable llevar cuestiones de política económica, como son el equilibrio presupuestario y la magnitud del déficit, hasta el mismísimo texto constitucional. Como los mercados no hablan sino que actúan y el BCE no puede exigir contrapartidas de esta clase, habrá que pensar que fueron Merkel y Sarkozy quienes pusieron a Zapatero entre la espada y la pared: o cumplía lo que se le ordenaba o le abandonaban a su suerte. Abrumado por semejante responsabilidad, y sin consultar a nadie, el presidente español sólo habría podido responder que muy bien, que ejecutaría las órdenes si Alemania y Francia exigían al líder de la oposición que arrimara el hombro.

No es posible -aquí todo son conjeturas porque desde la noche oscura de mayo de 2010, la ciudadanía es como el convidado de piedra de este drama- que el presidente imaginara que el PP, empecinado en oponerse a cualquier reforma, contestaría al tándem franco-alemán que de ninguna manera iba a lanzar ahora un salvavidas al náufrago. Si lo creyó, sería el primer error; en todo caso, el líder de la oposición cogió al vuelo la ocasión que, ni pintiparada, se le presentaba: lo venía reclamando desde hacía un año. Así que encantado de rescatar al presidente -y de paso salvar a España y satisfacer a Europa- de las aguas turbulentas que amenazaban engullirlo. Nada tenía que perder y sí mucho que ganar cambiando la crispación por ir del brazo para recorrer la senda de la reforma constitucional.

Puede imaginarse el rictus de incredulidad con que recibiría la doble noticia el candidato socialista a la presidencia del Gobierno: no solo porque, en fase agónica, su presidente se embarcara en una reforma de la Constitución, desechando otras posibilidades de responder a las presiones, sino porque contara para ello con el apoyo de la oposición y sólo se le llamara cuando ya estaba todo el pescado vendido. Y así, Rubalcaba ha probado también el amargo sabor de la bicefalia: con su manera de abordar el lance, el presidente ha hecho pagar al candidato la osadía de haber saltado por encima de su cabeza y de una irrelevante comisión ejecutiva para forzarle a suprimir las primarias por medio de un cónclave de secretarios generales de las federaciones. Y en política, ya se sabe, quien la hace, la paga.

Aunque sea a costa del elevado precio de reformar la Constitución de la manera más lamentable que imaginar se pueda. Esta Constitución, la primera de una larga historia que ha logrado consolidar una democracia en España, merecía otra reforma. Y no porque sea un texto sagrado, o porque lo realizado en tiempos de transición a la democracia sea intocable. Nada de eso. Hace cerca de ocho años, Zapatero propuso con toda solemnidad cuatro reformas constitucionales, dos de ellas de gran calado, la del Senado y la del Título VIII. En la consulta que su Gobierno dirigió al Consejo de Estado se afirmaba que el acierto en la revisión dependía de varios factores, entre otros, que respondiera a demandas consistentes y que generara un consenso asimilable al que concitó el texto que se quería reformar. No puede producir más que melancolía la enorme distancia entre aquel ambicioso y necesario proyecto y esta penosa realidad. No, esta Constitución no merecía esta reforma.

Por lo demás, la reforma y, más aún, el modo de anunciarla, tramitarla y aprobarla, allanan el camino a un triunfo por mayoría absoluta del Partido Popular. Ante todo, porque siega la hierba -no muy fresca ni muy lozana, pero en fin- bajo los pies del candidato socialista, que basaba su campaña en recuperar voto por la izquierda sin quebrar los muy debilitados anclajes en la indecisa izquierda del centro: la desmoralización de los diputados del PSOE el día de marras era nada comparada con la de sus potenciales votantes. Y luego, porque entrega al PP, antes de llegar a meta, la medalla de vencedor. Si la anunciada mayoría absoluta lograra consolidarse, nunca en nuestra historia reciente, ni siquiera tras el triunfo de los socialistas en 1982, habrá concentrado un solo partido tanto poder en todos los niveles del Estado. Cuando tal cosa ocurra, el cerco a los profesores de enseñanza pública y a los profesionales de sanidad montado por Aguirre y Cospedal parecerá un juego de niños ante lo que se nos vendrá encima. Todo muy triste, la verdad.

Rendir la escuela pública

25/09/2011

Dan la impresión de no saber de qué están hablando, pero lo saben demasiado bien. La presidenta y la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid han logrado exasperar con sus desplantes y ademanes autoritarios a padres, profesores y alumnos de los centros públicos. Despido en masa de profesores mal llamados interinos (en realidad, ejército industrial de reserva que llevan años presentándose y aprobando oposiciones sin obtener la plaza que desempeñan), aumento de horas lectivas, amenaza de supresión de tramos de enseñanza gratuita: parte del programa oculto del PP sobre la enseñanza pública sacado a la luz por estas intemperantes líderes madrileñas.

Por supuesto, saben de sobra qué es un interino y cuántas son las horas de jornada laboral; como saben también de qué va todo esto: infligir un daño irreparable a la escuela pública. La niña de sus ojos es, y siempre ha sido, la privada, que venía experimentando desde hace medio siglo un claro retroceso que ellas se han empleado en detener y revertir. El número total de centros públicos dedicados a enseñanzas de régimen general no universitarias (infantil, primaria, ESO, Bachillerato, FP) ascendía en Madrid a 1.235 en 1999, mientras los privados eran 809. Diez años después, en 2009, el número total de centros privados, que han experimentado una fortísima expansión en el nivel de enseñanza infantil, es 1.611, mientras los públicos se quedan en 1.573.

Esta inversión de la relación entre escuela pública y centros privados prueba bien la “gran sensibilidad hacia los problemas que afectan al sector de la enseñanza privada” mostrada por Esperanza Aguirre. Nada de extraño que la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada haya expresado con esas palabras su agradecimiento por la desgravación fiscal de gastos de enseñanza, con un máximo que ha subido este año de crisis de 500 a 900 euros, y que devuelve a los contribuyentes más de 60 millones de euros, suficientes para mantener en sus puestos a todos los interinos.

Y prueba, sobre todo, el éxito del proyecto educativo de su consejera de Educación cuando lamentaba en Italia, ante una asamblea de Comunión y Liberación, la “intromisión excesiva del Estado en la educación”, y celebraba que “en esta fase de expansión de centros concertados, muchos de los proyectos nuevos estén en manos de religiosos laicos”. Podía alardear la consejera, paladín de la escuela católica financiada por el Estado, que Madrid se encontraba a la cabeza de todas las regiones en el aumento de centros privados: 33% de concertados, de los que 2/3 corresponden a la escuela católica. A la gran sensibilidad de Aguirre y al proyecto educativo de Lucía Figar se debe que los alumnos madrileños de primaria y secundaria se dividan hoy por mitad entre centros públicos y privados cuando la media de España es de 69/31, la misma de Madrid hace una década.

Recuerdo bien los malos tiempos pasados, cuando cursé el bachillerato en el único instituto masculino entonces abierto en Sevilla, el San Isidoro. La casi totalidad del territorio de enseñanza secundaria estaba ocupado por una legión de órdenes y congregaciones religiosas: jesuitas, maristas, salesianos, escolapios, capuchinos, hermanos de las escuelas cristianas…Un siglo de abandono de la escuela a manos de la Iglesia, que, con el breve paréntesis de la República, solo comenzó a corregirse cuando los planes de desarrollo exigieron la elevación del nivel de escolarización. Luego, con el acuerdo de financiación de centros concertados, se estabilizó la relación entre pública y privada en una ratio aproximada de 70/30, en la espera de que aumentando la cantidad y elevando la calidad de la primera y financiando la segunda se alcanzarían porcentajes próximos a la media de la Unión Europea: 90% de escuela pública en primaria, alrededor de 86%en los dos niveles de secundaria.

Pero años de gobierno del PP han logrado que la escuela pública retroceda en Madrid hasta límites impensables hace 10 ó 15 años. Hoy resultaría imposible volver a un mapa escolar como el de Sevilla en 1950: las órdenes y congregaciones religiosas andan de capa caída. Pero Aguirre y Figar no desesperan: con el despido de miles de interinos y el bloqueo de concursos a plazas de enseñanza pública, dan un gran salto hacia la meta final: superar el listón del 70% para centros privados dejando que los públicos se hundan hasta la cota del 30%. Rendir la escuela pública a la invasión de Comunión y Liberación, kikos y demás “religiosos laicos”, y no cuestiones pedagógicas: eso es lo que está hoy en juego en la Comunidad de Madrid.

La gran rapiña

09/10/2011

Esto no va de los famosos mercados que con su mano invisible gobiernan nuestras vidas, esos mercados sin rostro, tantas veces invocados para ocultar las manos bien visibles de quienes se llevan el dinero. Esto va de personas de carne y hueso, hombres y mujeres sin diferencia de género que en los tiempos de la gran expansión inmobiliaria se transformaron en nueva clase dirigente y hasta en nueva clase dominante en algunas de las Comunidades Autónomas -ejemplarmente, en la Valenciana- forjadas en los últimos 30 años.

Su campo de operaciones no traspasa los límites de sus territorios regionales; no son, ni han pretendido ser, una clase dirigente de ámbito estatal. Pero lo limitado de su poder en términos de extensión se volvía ilimitado en términos de intensidad. En sus feudos nadie podía meter las narices, pues ellos y ellas disponían de todo el poder político, conseguido a base de mayorías absolutas en las urnas; eran fuertes además en poder cultural, con recursos sobrados para construir grandes ciudades de la luz, del progreso y de la modernidad; y para colmo, manejaban a placer el poder económico y financiero gracias al control de las Cajas, en otro tiempo depositarias del ahorro familiar y de las pequeñas empresas.

Los mecanismos de consolidación de esta nueva clase repiten a gran escala los de oligarquía y caciquismo de los tiempos de la Restauración: el poder político dispone de mayoría en los consejos de administración de las Cajas; los consejeros obtienen, por serlo, créditos a los que con un simpático eufemismo se llama blandos, o sea, sin interés o con un interés por debajo del mercado; abducidos por los créditos irregularmente obtenidos y por las sabrosas dietas de asistencia a los consejos, los consejeros aprueban remuneraciones de todo tipo -sueldos, indemnizaciones, privilegios- a los directivos y mantienen sus lindas bocas cerradas ante todo género de tropelías. Los directivos, por su parte, forrados de dinero, aprueban para los empleados remuneraciones extra con sabor de antiguo régimen, la mesada, por ejemplo, ese regalo de boda para el fomento de matrimonios endogámicos.

Así -y con el complemento de las redes de corrupción ya conocidas- es como se ha ido formando en la Comunidad Valenciana una auténtica oligarquía político-económico-financiera en la que los límites de lo privado y lo público no existen, o mejor, han sido borrados a conciencia no solo por la clase política sino por esos miembros -y miembras- de la sociedad civil que han logrado consolidar un entramado de intereses comunes, a resguardo de miradas ajenas. No se sabe de ningún representante de las administraciones, de los impositores ni de los empleados que haya elevado la voz para denunciar esta perversa mezcolanza de interés. Los líderes sindicales, que exigen airados las dimisiones de rigor, no fueron tan diligentes a la hora de aleccionar a los representantes de los sindicatos en los consejos de administración de las Cajas para que denunciaran el cúmulo de irregularidades destapadas ahora por la intervención del Estado. Ningún sindicalista miembro de ningún consejo de administración ha denunciado, que se sepa, ninguna irregularidad.

De ellas, las que han provocado mayor escándalo son las millonarias indemnizaciones que se han autoasignado los directivos de la CAM, sin que nadie haya dicho ni pío. Escándalo por el carácter de auténtica rapiña, de trinca el dinero y corre, que luce en esos millones conseguidos tras haber llevado a sus entidades a la ruina. Nadie con la antigüedad en el empleo ni con la edad de la señora Amorós ha creado riqueza suficiente para garantizarse de por vida una renta anual de 370.000 euros, más de 1.000 euros al día en cada día de toda la vida que le queda por delante. Pero es el caso que Amorós no solo no ha creado riqueza sino que ha contribuido a su destrucción: en los seis primeros meses de este año, la entidad de la que era directora general ha perdido 1.136 millones de euros. Que una directora general tan eficiente en la destrucción de riqueza pueda asignarse semejante renta no sería posible si no formara parte de un entramado de amigos que se sostienen unos a otros al modo de una oligarquía de socorros mutuos.

El final de esta historia es que esa nueva clase dirigente, después de llevar a la ruina a la CAM, se ha garantizado un futuro en el que cada mañanita despierta al dulce canto de 1.000 euros. Mil euros, un sueldo mensual que para sí quisieran cinco millones de españoles enfrentados cada mañana a otro día más en el paro.